En el Congreso de la República se ha presentado el Proyecto de Ley N.º 9653/2024-CR, iniciativa respaldada por miembros de la bancada de Fuerza Popular. Este proyecto, titulado “Ley de Desarrollo Sostenible de las Actividades Agrarias en la Amazonía”, plantea profundizar aspectos similares a la controvertida Ley Antiforestal, actualmente cuestionada por una demanda de inconstitucionalidad pendiente de pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional (TC). Las propuestas legislativas han generado preocupación al compartir un objetivo común: regularizar actividades agrícolas en zonas designadas como de aptitud forestal y permitir, en la práctica, la expansión de la deforestación en la región amazónica.

La iniciativa del nuevo proyecto tiene como propósito, según el Artículo 1 del documento, establecer “medidas de promoción para un desarrollo agrario sostenible, inclusivo y competitivo en la Amazonía”. Sin embargo, la mención explícita de actividades previas al 31 de diciembre de 2020, y su enfoque en la formalización y adecuación ambiental de dichas actividades, ha desatado críticas por el riesgo latente de legitimación de la deforestación pasada.

La propuesta excluye áreas protegidas, territorios indígenas y zonas concesionadas para actividades legales, como los bosques de producción permanente. No obstante, flexibiliza procesos de formalización en zonas clasificadas como de aptitud forestal, lo que podría alentar la ocupación ilegal de nuevos territorios con la expectativa de futuras regularizaciones.

Fuerza Popular, los promotores

La iniciativa cuenta con la firma de congresistas de Fuerza Popular, incluyendo a Jeny Luz López Morales (proponente principal), Raúl Flores Ruiz, Nilza Merly Chunga, Tania Estefany Ramírez, Eduardo Enrique Castillo Rivas, y otros coautores. El articulado establece beneficios para productores agrícolas que inscriban sus terrenos en un registro administrativo manejado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI). Entre los incentivos se destacan el acceso prioritario a procesos de titulación y la posibilidad de obtener permisos ambientales mediante aprobaciones automáticas sujetas a control posterior.

El “Régimen de Promoción de Actividades Agrarias Sostenibles” (REPAAS), que forma parte del articulado, ofrece regularizar actividades incluso si no se cumplió con disponer de reservas forestales mínimas del 30% en los predios afectados. Además, otorga un plazo de hasta cinco años para compensar áreas deforestadas mediante reforestación o iniciativas agroforestales.

• Facilidades administrativas cuestionables: La inscripción automática en el REPAAS, que incluye revisiones posteriores, suscita preocupaciones respecto a la capacidad logística y técnica del Estado para verificar la legalidad de las actividades registradas. Este procedimiento podría abrir espacio para validar ocupaciones irregulares o expandidas tras la fecha límite de diciembre de 2020.
• Promoción de usos incompatibles: A pesar de prever zonas diferenciadas—forestales y agropecuarias—, la creación de esquemas que permitan actividades productivas dentro de áreas de bosque degrada los compromisos de conservación ambiental.
• Impactos acumulativos con la Ley 31973: Activistas ambientales y especialistas han advertido cómo, en conjunto, estas normas podrían debilitar las directrices existentes sobre ordenamiento territorial y gestión sostenible de los recursos amazónicos, incrementando la presión sobre ecosistemas vulnerables.

TC aún no responde al pedido de inconstitucionalidad de la Ley Antiforestal

El movimiento ecologista del Perú alertó del nuevo Proyecto 9653/2024-CR. Algunos expertos sostienen que se está legislando en favor de intereses particulares vinculados a grandes actividades agrícolas y pecuarias, lo que amenaza a comunidades indígenas y contribuye al deterioro ambiental. El reciente aumento de incendios forestales y pérdida de cobertura boscosa en el país ha intensificado las alertas respecto al impacto de políticas públicas insuficientemente sostenibles.

Además, preocupa que el Tribunal Constitucional simplemente no se ha pronunciado aún sobre la demanda contra la Ley 31973. Este silencio crea un escenario incierto en el que nuevas iniciativas legislativas parecen replicar o incluso ampliar los efectos polémicos de la norma previa.

Dilemas a futuro

Perú enfrenta importantes desafíos socioeconómicos en la Amazonía, que exigen intervenciones estratégicas y sostenibles. Sin embargo, las leyes propuestas sugieren un modelo de desarrollo que prioriza intereses económicos sobre la conservación de recursos naturales. En un contexto de acelerada crisis climática, estas propuestas podrían socavar irreversiblemente los esfuerzos para proteger el mayor bosque tropical del país y cumplir con compromisos internacionales de lucha contra el cambio climático.

La discusión y aprobación de estas leyes en el Congreso pone en debate el equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad, un dilema cuya resolución tendrá profundas implicancias para el futuro ambiental y social de la región amazónica. Mientras tanto, la atención se centra en la responsabilidad del TC y de los organismos de control para frenar políticas que podrían allanar el camino al colapso ecológico en una de las áreas más ricas en biodiversidad del planeta.

Un devastador incendio en Barrios Altos, en Cercado de Lima, ha dejado a su paso destrucción, familias damnificadas y una ciudad enfrentando serias interrogantes sobre su capacidad de respuesta ante emergencias. El siniestro, que comenzó la noche del lunes 3 de marzo, afectó gravemente cuatro edificios, los cuales ahora presentan daños estructurales significativos y están en riesgo de colapso. Más de 300 miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) han trabajado sin descanso para controlar el fuego, que aún persiste en algunos puntos tras más de 42 horas.

El incendio, que se originó en un edificio que funcionaba como almacén clandestino, se propagó rápidamente debido a las altas temperaturas y la presencia de materiales inflamables, como plásticos y juguetes. Las autoridades han señalado que las labores para extinguir completamente las llamas podrían extenderse hasta el jueves, mientras que los escombros aún representan un riesgo de reactivación del fuego.

De acuerdo con El Comercio, el edificio donde se originó el incendio había sido clausurado en al menos tres ocasiones previas por operar como almacén clandestino. Este tipo de establecimientos, que funcionan al margen de la ley, suelen representar un alto riesgo por la falta de medidas de seguridad adecuadas. La reincidencia en las actividades ilegales de este inmueble pone en evidencia la necesidad de un control más estricto por parte de las autoridades locales para prevenir tragedias de esta magnitud.

El siniestro también ha expuesto serias deficiencias en la infraestructura de la ciudad. La presión residual del agua en Lima no fue suficiente para enfrentar una emergencia de esta magnitud, lo que complicó aún más las labores de los bomberos. Estas carencias han generado cuestionamientos sobre la planificación urbana y la capacidad de respuesta ante desastres en la capital peruana.

Familias damnificadas y una comunidad en crisis

El incendio ha dejado a decenas de familias fuera de su hogar, quienes ahora enfrentan la incertidumbre de no saber cuándo podrán recuperar sus vidas. Muchas de estas personas han pasado las últimas noches en carpas improvisadas, mientras esperan ayuda y soluciones por parte de las autoridades. “Nos quedamos con lo que teníamos puesto”, relató uno de los afectados. La tragedia ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las comunidades que habitan en zonas con edificaciones precarias y sin medidas de seguridad adecuadas.

El colapso de la principal estructura afectada ha obligado a las autoridades a reforzar la vigilancia en la zona para evitar mayores tragedias. La Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentra resguardando el área, mientras que los bomberos continúan trabajando para mitigar cualquier posible reactivación del fuego. Cerca de 50 unidades del CGBVP han sido desplegadas para atender la emergencia, en un esfuerzo que no ha cesado desde el inicio del siniestro.

Impacto ambiental y monitoreo de la calidad del aire

El incendio no solo ha dejado daños materiales y humanos, sino que también ha generado un impacto ambiental significativo. Las autoridades han comenzado a monitorear los niveles de contaminación del aire en los distritos cercanos, como Rímac, El Agustino y San Juan de Lurigancho, debido a la gran cantidad de humo y partículas liberadas durante el siniestro. Según las condiciones meteorológicas actuales, se espera que la dispersión de los contaminantes sea favorable, aunque el riesgo para la salud de los habitantes de estas zonas sigue siendo una preocupación.

El incendio en Barrios Altos ha puesto en evidencia problemas estructurales más amplios en la ciudad de Lima. La falta de planificación urbana, el incumplimiento de normas de seguridad y la insuficiencia de infraestructura básica, como los hidrantes, son factores que han agravado las consecuencias de esta tragedia. Además, la falta de recursos adecuados para los sistemas de emergencia plantea serias interrogantes sobre la capacidad de la ciudad para responder a desastres de gran escala.

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) confirmó que las lluvias intensas, huaicos y deslizamientos han provocado el bloqueo de 30 puntos en diversas carreteras de 13 regiones del país. Las zonas afectadas corresponden a las regiones de Puno, Apurímac, Huancavelica, Junín, Pasco, Lima, Huánuco, Áncash, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, Piura y Tumbes.

En Amazonas, los huaicos ocurridos en el distrito de Ocalli, provincia de Luya, causaron daños importantes en viviendas y la vía Camporredondo-Ocalli. Ante esta emergencia, el gobierno local recibió asesoramiento técnico por parte de la Dirección Desconcentrada de Indeci Amazonas para atender la situación.

En Áncash, las precipitaciones han activado quebradas y provocado huaicos en múltiples sectores. En el tramo Chimbote-Huallanca (vía nacional PE-12A), un huaico en los sectores Tablones y Cóndorcerro mantiene bloqueado el paso de vehículos pesados debido a la caída de grandes rocas; los vehículos menores aún pueden transitar con restricciones.

Otro caso crítico ocurrió en el sector Chaupijirca, distrito de Ticllos, provincia de Bolognesi, donde una quebrada afectó la red vial AN-112. Aunque el gobierno local habilitó un carril tras trabajos de limpieza, la restauración total sigue en proceso. En Huaylas, la activación de la quebrada Choquechaca destruyó un puente peatonal en Huandoy, distrito de Caraz, lo que llevó a la instalación de una oroya para evacuar a dos familias cercanas a la quebrada.

La vía nacional PE-14A también reporta daños. Un deslizamiento restringió el tránsito en el centro poblado de Ashancay, distrito de Rahuapampa. En la vía vecinal entre Tuma y Chinilla, deslizamientos y la destrucción de un puente peatonal en Tuma, distrito de Acochaca, complican el acceso. Además, en la vía departamental AN-107 (Carhuaz-Chacas), las lluvias dañaron 100 metros de carretera y destruyeron 10 metros de un tramo, dejando la vía completamente interrumpida.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Áncash reportó que, hasta el momento, se han registrado 461 emergencias este año, 215 de ellas causadas por lluvias intensas. Entre las consecuencias figuran el fallecimiento de dos personas, daños a 21 instituciones educativas y perjuicios significativos a la infraestructura vial.

Pronósticos meteorológicos y riesgos

Según el Senamhi, 314 distritos de la costa norte y la sierra están en riesgo de huaicos y deslizamientos debido a lluvias intensas previstas hasta el 5 de marzo. Estas precipitaciones incluyen fenómenos como granizo por encima de los 2800 metros sobre el nivel del mar, nieve en altitudes mayores a 4000 m.s.n.m., descargas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) recuerda a los ciudadanos que pueden consultar el estado de las carreteras a través de su mapa interactivo de vías nacionales, disponible aquí. Este visor permite ver en tiempo real las condiciones de transitabilidad y sugiere rutas alternas en casos de interrupciones o bloqueos.

Por otro lado, las autoridades han implementado un “Cuarto de Emergencia”, liderado por el Ministerio de Defensa, que coordina acciones para responder a los desastres. Entre sus funciones está la intervención inmediata para garantizar la operación vial y la atención a los damnificados en zonas urbanas y rurales.

En las próximas semanas, se espera un nuevo decreto que declarará el estado de emergencia en más distritos, lo que permitiría acelerar las labores de ayuda y rehabilitación. El Ejecutivo ya declaró emergencia en 659 distritos desde enero, y planea incorporar 90 nuevos municipios de 18 regiones.

Los bloqueos en las 13 regiones mencionadas han generado dificultades para el tránsito vehicular, especialmente en las zonas rurales y montañosas. Las autoridades regionales y locales, con apoyo del gobierno central, continúan trabajando en la limpieza de escombros y habilitación de rutas alternas, mientras se supervisan continuamente nuevas amenazas meteorológicas que podrían agravar la situación.

Del 1 al 5 de marzo, el carnal de Ayacucho contagió de colores y alegría. Las comparsas aprovechan para abordar temas sociales y políticos. Este año, Las Candys le cantaron a los congresistas, a quienes acusan de no trabajar en beneficio del país. En uno de sus cánticos, que se ha viralizado en redes sociales, se escucha: “No trabajan, no hacen nada, solo cobran rico. Sí, sí, sí, sí y abren su chonguito”.

El contenido de los versos no se limita a criticar la inacción de los congresistas, sino que también hace referencia a escándalos recientes que han sacudido al Parlamento. Entre ellos, se alude a las investigaciones por corrupción y a un caso polémico que reveló la existencia de una presunta red de prostitución dentro del Congreso. Con frases como “Esos qanras (sucios) congresistas qué se habrán creído. Way way way way, la mano nos han metido”, la agrupación denuncia lo que consideran un abuso de poder y una traición a la confianza ciudadana.

El carnaval como escenario de crítica social

El Carnaval Ayacuchano no es solo una celebración de música y danza, sino también un espacio donde las comunidades expresan sus preocupaciones y demandas. Esta tradición de incluir críticas sociales y políticas en las coplas se ha mantenido viva a lo largo de los años, convirtiendo al carnaval en una plataforma de protesta pacífica. Este año, el foco en el Congreso refleja el malestar generalizado hacia una institución que, según muchos ciudadanos, no ha cumplido con sus responsabilidades.

Con actividades programadas que incluyen pasacalles, comparsas y presentaciones musicales, el carnaval será una oportunidad para que los ayacuchanos celebren su identidad cultural mientras reflexionan sobre los desafíos que enfrenta el país. Según lo reportado, la participación de agrupaciones como Las Candys asegura que esta edición del carnaval no solo será recordada por su alegría, sino también por su capacidad de dar voz a las inquietudes de la población.

El Carnaval Ayacuchano es un ejemplo de cómo las festividades populares pueden convertirse en un espacio para el diálogo y la crítica social. En un país donde las tensiones políticas y sociales son frecuentes, actos como el de Las Candys demuestran que el arte y la cultura tienen el poder de unir a las comunidades y de generar conciencia sobre temas importantes.

Con la llegada de marzo, Ayacucho se prepara para recibir a miles de visitantes que, además de disfrutar de la música y la danza, serán testigos de cómo una tradición ancestral se adapta a los tiempos modernos para seguir siendo relevante y significativa.

Artesano ayacuchano gana concurso de máscaras de Dina Boluarte

Un artesano ayacuchano, Reynaldo Quispe, ganó un concurso de máscaras en los Carnavales 2025, inspirándose en la presidenta Dina Boluarte. Su creación reflejó una protesta artística en respuesta a las manifestaciones entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, que dejaron más de 50 muertes.

La máscara hacía alusión a las investigaciones contra Boluarte, como el caso de los relojes Rolex que ella habría recibido del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a quien llamó su “wayki”. La Fiscalía investiga un supuesto enriquecimiento ilícito en este caso. Según Quispe, su obra simboliza el sentir del pueblo ayacuchano hacia la coyuntura política.

Durante los carnavales, ciudadanos recorrieron las calles de Ayacucho en comparsas con música y trajes típicos, complementados con cánticos de protesta. Un grupo de mujeres parodió el escándalo de los Rolex con un verso satírico: “Wayki Oscorima, me mandas tu Rolex, dile es prestadito”. Otras estrofas mencionaron la supuesta extravagancia de Boluarte: “Unique es la marca, miran su cajita”.

Por su parte, en Cajamarca, el alcalde Joaquín Ramírez, investigado por lavado de activos, emitió una ordenanza para el Carnaval 2025 que prohíbe parodias de figuras públicas o políticas, incluyendo a Boluarte y el ministro del Interior, Juan José Santiváñez. La normativa también restringe representaciones religiosas que puedan considerarse ofensivas. Según el edicto, el objetivo es garantizar respeto y evitar ataques al buen nombre de las personas durante las celebraciones denominadas “Carnaval Inigualable”.

De acuerdo con Sedapal, la presión del agua fue incrementada de 10 a 18 metros de columna de agua (m.c.a.), lo que permitió un suministro más eficiente sin comprometer la infraestructura sanitaria. Además, se realizaron más de 30 viajes de camiones cisterna para abastecer a las unidades de bomberos, que utilizaron escaleras telescópicas para combatir las llamas desde las alturas. Estas acciones fueron coordinadas estrechamente con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), en un esfuerzo conjunto para movilizar los recursos necesarios y atender la emergencia.

El presidente del directorio de Sedapal, Jorge Gómez Reátegui, se trasladó al lugar del incendio junto con otras autoridades gubernamentales para supervisar las operaciones. Según detalló la empresa, una cuadrilla de 25 especialistas de Sedapal ha estado trabajando por turnos en la zona afectada, brindando apoyo logístico y técnico a los bomberos. Este equipo permanecerá en el lugar mientras sea necesario para garantizar el suministro de agua y colaborar en el control total del incendio.

El siniestro, que movilizó a un gran número de efectivos y recursos, ha puesto de manifiesto la importancia de la coordinación interinstitucional en situaciones de emergencia. Sedapal destacó su compromiso social al asumir un rol activo en la gestión de la crisis, reiterando su disposición para apoyar con logística y personal en este tipo de eventos.

La emergencia en el jiron Cangallo ha requerido una respuesta rápida y efectiva, en la que la colaboración entre los bomberos, Sedapal y las autoridades gubernamentales ha sido clave para evitar una mayor propagación del fuego. Aunque el incendio ya ha sido confinado, las labores para extinguirlo por completo continúan, y las cuadrillas de Sedapal permanecen en el lugar para garantizar el abastecimiento de agua hasta que los bomberos concluyan su trabajo.

Este evento subraya la importancia de contar con infraestructura adecuada y recursos disponibles para enfrentar emergencias de gran escala. La capacidad de Sedapal para incrementar la presión del agua y movilizar camiones cisterna ha sido fundamental para apoyar a los bomberos en su ardua labor, demostrando la relevancia de la planificación y la cooperación en situaciones críticas.

Incendios de gran magnitud en Lima: un patrón que persiste desde 2019

El incendio de gran intensidad que afecta a Barrios Altos desde la noche del 3 de marzo evidencia un problema recurrente en Lima Metropolitana. Clasificado como Código 4 por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), el siniestro se originó en tres almacenes informales de juguetes y plásticos ubicados en el Cercado de Lima. A pesar del despliegue de más de 50 unidades de bomberos, las labores para controlar el incendio aún continúan.

Este tipo de tragedias, catalogadas como “emergencias locales” por el CGBVP, no son aisladas en la capital peruana. Según reportes, desde 2019 se han registrado al menos cuatro incendios de magnitud similar en Lima, todos ellos en espacios comerciales o de almacenamiento. El evento más reciente ocurrió en el mismo Barrios Altos, en noviembre de 2022, mientras que otros casos se reportaron en San Juan de Lurigancho en 2020 y 2022, así como el devastador incendio en Mesa Redonda en 2019.

Características comunes de los incendios de gran magnitud

Los siniestros clasificados como Código 4 comparten elementos que explican su recurrencia. Generalmente, se producen en zonas comerciales informales donde la falta de regulación y la acumulación de materiales inflamables agravan la situación. Un caso emblemático fue el incendio de 2022 en San Juan de Lurigancho, cuando una fábrica de insumos químicos ubicada en medio de viviendas residenciales evidenció los riesgos asociados a la ubicación irregular de espacios industriales.

En la actualidad, el incendio en Barrios Altos cuenta con estas mismas características. Los almacenes afectados operaban de manera informal, careciendo de medidas de seguridad, lo que contribuyó a la propagación de las llamas. Esta situación, presente también en el incendio en Mesa Redonda en 2019, subraya los peligros del hacinamiento, la ausencia de rutas de evacuación y la falta de regulación en espacios comerciales.

El incendio, clasificado en Código 4 debido a su complejidad, se habría originado en un almacén clandestino de juguetes en el último nivel de un edificio situado en el jirón Cangallo, a pocos metros del Instituto Nacional Materno Perinatal. Sin embargo, residentes de la zona han indicado que junto a los juguetes también se almacenaban productos inflamables como textiles y aceites, lo que aceleró la propagación del fuego hacia otras edificaciones de la zona.

Hasta el momento, se han registrado 17 personas atendidas debido a la inhalación de humo, según informaron los equipos de emergencia. Afortunadamente, no se ha reportado la pérdida de vidas humanas ni heridos de consideración. Sin embargo, decenas de familias han quedado damnificadas, perdiendo sus hogares y todas sus pertenencias.

La situación ha generado alarma entre los vecinos, quienes intentaron rescatar sus pertenencias y evacuar hacia zonas más seguras. Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), además del monitoreo constante del incendio, se están llevando a cabo evaluaciones de daños y análisis de necesidades (EDAN) con el objetivo de identificar la cantidad de damnificados y coordinar asistencia humanitaria.

Despliegue de recursos y desafíos en la emergencia

Para combatir el incendio en el jirón Cangallo, han sido necesarias 50 unidades del Cuerpo General de Bomberos, incluyendo autobombas, cisternas y ambulancias. Por su parte, Sedapal facilitó cisternas con agua para apoyar en las labores de extinción. Según el vocero de la Municipalidad de Lima, Mario Casaretto, la magnitud del incendio escaló rápidamente de Código 3 a Código 4, lo que demandó un despliegue significativo de recursos.

Uno de los principales desafíos que enfrentan las brigadas que trabajan en el lugar es la presencia de material flamable en las edificaciones antiguas, hecho que recuerda la tragedia de Mesa Redonda. Además, los accesos estrechos y la alta densidad poblacional de la zona dificultan las operaciones y aumentan el riesgo de propagación del fuego.

Preocupación por el Instituto Nacional Materno Perinatal

Otra situación que genera preocupación es la cercanía del incendio al Instituto Nacional Materno Perinatal, ubicado a solo media cuadra del lugar del siniestro. De acuerdo con el Ministerio de Salud, hasta el momento no existe peligro de que el fuego afecte al centro médico, dado que los vientos soplan en dirección contraria. No obstante, las citas médicas han sido canceladas como medida preventiva hasta que la situación esté bajo control.

“Los bebés y madres del instituto no están en riesgo directo por las llamas, dada la dirección de los vientos. Sin embargo, continuamos monitoreando para garantizar la seguridad de todos”, aseguró David Aponte, director general de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud.

A pesar de estas garantías, las autoridades han recomendado revisiones periódicas del incendio y un monitoreo constante para evaluar si sería necesario activar un plan de evacuación.

Intervención del Indeci y otras entidades

En las primeras horas de esta emergencia, el Indeci informó que más de 49 unidades de bomberos trabajan en el lugar, mientras que personal de su Dirección Desconcentrada para Lima Metropolitana y Callao brinda asistencia técnica a las autoridades locales.

Por otro lado, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables desplegó personal del Programa Nacional Aurora para identificar y atender a las poblaciones vulnerables afectadas por la emergencia, a quienes se les brinda soporte socioemocional.

Asimismo, la Municipalidad Metropolitana de Lima ha realizado la evacuación de personas en zonas de riesgo, trabajando en conjunto con las autoridades para realizar las evaluaciones correspondientes de daños en las estructuras afectadas.

Los vecinos damnificados han solicitado con urgencia ayuda humanitaria que les permita superar esta tragedia. Además del resguardo de quienes han quedado sin hogar, se requiere con urgencia la entrega de alimentos, ropa y materiales básicos para las personas afectadas. También se espera que las instituciones competentes diseñen un plan para proteger las edificaciones cercanas, evitando que el fuego las alcance mientras las llamas persistan.

La emergencia mantiene en vilo a Lima y, si bien aún no se logran controlar por completo las llamas, las autoridades han solicitado mantener la calma y evitar acercarse a las zonas afectadas para no entorpecer el trabajo de los bomberos y equipos de rescate. La situación continuará en monitoreo constante por todas las entidades involucradas.

El ministro de Salud, César Vásquez, ha realizado al menos diez viajes a Cajamarca, su región natal, desde que asumió el cargo en julio de 2023. Estas visitas, financiadas con recursos públicos, han generado cuestionamientos sobre si responden a su labor como funcionario o si forman parte de una estrategia para posicionarse políticamente de cara a las próximas elecciones regionales. Según un reportaje de Punto Final, Vásquez ha utilizado estos desplazamientos para realizar anuncios de obras de infraestructura sanitaria, como hospitales y centros de salud, aunque hasta el momento no se han concretado avances significativos en los proyectos prometidos.

De acuerdo con el reportaje, Vásquez ha combinado su rol institucional con actividades que recuerdan a una campaña electoral. En sus visitas, se le ha visto interactuar con la población, entregar regalos y posar para fotografías que luego son difundidas en sus redes sociales personales, donde cuenta con más de 106.000 seguidores. Estas publicaciones, que no aparecen en las cuentas oficiales del Ministerio de Salud (Minsa), han sido criticadas por mezclar intereses personales con su función pública. Además, se ha señalado que algunos de los videos y mensajes difundidos en sus redes personales son elaborados por personal vinculado al Minsa lo que ha levantado sospechas sobre el uso de recursos públicos para fines ajenos a la gestión ministerial.

Durante sus visitas a Cajamarca, Vásquez ha anunciado una serie de proyectos de infraestructura sanitaria, como centros de salud en localidades como San Pablo, Cutervo y Celendín. Sin embargo, según el reportaje, muchos de estos anuncios no han pasado de ser promesas. Las obras, en su mayoría, se encuentran en etapas iniciales, como la elaboración de perfiles o expedientes técnicos, lo que no garantiza su ejecución. Vásquez ha explicado que cada proyecto requiere la firma de convenios en distintas etapas, lo que puede retrasar su desarrollo. A pesar de ello, las críticas apuntan a que estos anuncios podrían ser utilizados como una estrategia para ganar apoyo político en la región.

En uno de sus viajes, Vásquez colocó una piedra simbólica en Tabaconas, Cajamarca, como señal de inicio de un centro de salud. En otra ocasión, en San Pablo, entregó regalos a niños durante las festividades navideñas, lo que generó dudas sobre la procedencia de estos obsequios y si fueron adquiridos con fondos públicos. Según el reportaje, el ministro deberá presentar un registro de los beneficiarios y justificar el origen de los regalos, ya que ningún ministerio está autorizado para destinar recursos a este tipo de actividades.

Uso de redes sociales y equipo de campaña

Uno de los aspectos más controvertidos de la gestión de Vásquez es el uso de sus redes sociales personales para difundir su trabajo como ministro. Según Punto Final, estas cuentas son administradas por su asistente privado, quien no forma parte del MINSA, aunque algunos mensajes habrían sido elaborados por personal contratado por el ministerio. Además, se ha reportado que trabajadores del MINSA han recibido solicitudes para interactuar con las publicaciones del ministro, lo que ha sido interpretado como un intento de aumentar su visibilidad en redes.

Otro punto que ha generado suspicacias es la contratación de Pablo Ariel Cabas, un politólogo argentino con experiencia en campañas electorales, quien trabajó como asesor de Vásquez durante su intento fallido de alcanzar la presidencia regional de Cajamarca en 2022. Cabas fue contratado por el MINSA en 2023 con un salario mensual de 15.000 soles, aunque, según registros migratorios, solo permaneció en Perú durante seis meses de ese año. Vásquez ha defendido la contratación de Cabas, calificándolo como un “extraordinario comunicador político”, pero las críticas apuntan a que su rol en el ministerio podría haber estado más relacionado con la promoción de la imagen del ministro que con la gestión de políticas de salud.

¿Campaña electoral en marcha?

El historial político de César Vásquez incluye su candidatura a la presidencia regional de Cajamarca en 2022 por el partido Alianza para el Progreso, liderado por César Acuña, aunque no logró ganar las elecciones. Desde entonces, su regreso frecuente a la región ha alimentado las especulaciones sobre una nueva postulación. Consultado al respecto, Vásquez ha evitado descartar la posibilidad de participar en las próximas elecciones, afirmando que “como político, no podemos descartar nada”.

El reportaje de Punto Final detalla que, durante sus visitas a Cajamarca, Vásquez ha sido recibido con pancartas, cánticos y muestras de apoyo que recuerdan a un acto proselitista. En algunas ocasiones, ha sido cargado en hombros por simpatizantes mientras se escuchaban consignas como “César, amigo, el pueblo está contigo”. Estas escenas, sumadas a la difusión de su imagen en redes sociales y a los anuncios de obras que aún no se concretan, han llevado a cuestionar si el ministro está utilizando su cargo para posicionarse políticamente en la región.

¿Malversación de recursos públicos?

El uso de recursos públicos para financiar los viajes y actividades de Vásquez en Cajamarca ha sido uno de los puntos más polémicos del caso. Según el reportaje, el ministro se ha hospedado en hoteles como el Casa Andina y el Costa del Sol, con tarifas de 353 y 420 soles por noche, respectivamente. Aunque Vásquez ha argumentado que sus viajes responden a un encargo del gobierno, que asigna a cada ministro la coordinación de una región, las críticas apuntan a que estas visitas podrían tener un trasfondo político más que administrativo.

Además, se ha señalado que varios miembros del equipo de campaña de Vásquez en 2022 ahora ocupan cargos en el MINSA, lo que ha generado sospechas sobre un posible direccionamiento en las contrataciones. Aunque esto no constituye un delito penal, el uso de recursos públicos para fines electorales sí podría ser considerado una irregularidad grave.

El caso de César Vásquez pone en evidencia los desafíos de separar las funciones públicas de las aspiraciones políticas en un contexto donde los recursos del Estado pueden ser utilizados para beneficio personal. Mientras el ministro continúa sus visitas a Cajamarca y otros puntos del país, las preguntas sobre sus verdaderas intenciones persisten. Según Punto Final, Vásquez ha señalado que “vale la pena esforzarse y dejar la piel en la cancha”, pero para muchos, estas palabras podrían estar más relacionadas con su ambición política que con su compromiso con la salud pública.

El pasado viernes 28 de febrero, las personas de Tambogrande, en la región de Piura, llevaron a cabo un paro en rechazo al proyecto minero El Algarrobo, impulsado por la empresa Buenaventura. Según informó el Observatorio de Conflictos Mineros (OCM), la protesta se centró en la defensa de los recursos hídricos y la agricultura, principales fuentes de sustento de la zona. Durante la jornada, se reportó el cierre del mercado central, en señal de apoyo por parte de los comerciantes locales, y la detención de seis personas en el sector La Tranca, quienes fueron trasladadas a la ciudad de Sullana.

De acuerdo con el pronunciamiento emitido por el Comité Ejecutivo Nacional de Unidad Popular (UP), la movilización responde al rechazo de la población hacia lo que consideran un modelo extractivista impuesto por el gobierno de Dina Boluarte. Este modelo, según el comunicado, pone en riesgo los recursos naturales, la vida de las comunidades y la soberanía territorial. La protesta también incluyó un llamado a la ciudadanía de Piura y del resto del país para unirse en defensa de la tierra, el agua y la dignidad del pueblo peruano.

Una lucha histórica contra la minería. La resistencia de Tambogrande frente a los proyectos mineros no es nueva. En 2002, esta localidad se convirtió en la primera ciudad de América Latina en realizar una consulta vecinal sobre minería, logrando frenar el ingreso de la empresa Manhattan Minerals a su territorio. Según el OCM, este precedente marcó un hito en la defensa de los derechos de las comunidades frente a la minería. Más de dos décadas después, la población enfrenta nuevamente un desafío similar con el proyecto El Algarrobo, que busca desarrollarse en una región caracterizada por su alta productividad agrícola.

El comunicado de Unidad Popular destacó que Piura es una región fértil y cuna de agricultores que contribuyen significativamente a la seguridad alimentaria del país. Sin embargo, advirtieron que la minería podría generar contaminación de las fuentes de agua, destrucción de ecosistemas y desplazamiento de comunidades, afectando directamente a miles de familias que dependen de la agricultura.

Detenciones y tensiones en el paro

Durante las manifestaciones, el OCM reportó la detención de seis personas en el sector La Tranca, quienes fueron trasladadas a Sullana. Aunque no se han brindado mayores detalles sobre las circunstancias de estas detenciones, el hecho refleja la tensión que se vive en la zona debido al conflicto entre las comunidades y los intereses mineros.

El paro también contó con el respaldo del Frente de Defensa Urbano de Tambogrande (FREDUR), que convocó a la población a movilizarse en defensa de los recursos naturales. Según el pronunciamiento de Unidad Popular, la lucha de Tambogrande no solo representa los intereses de esta localidad, sino que simboliza una causa nacional en defensa de la agricultura y la vida frente a los intereses de las grandes corporaciones.

Rechazo al modelo extractivista

El pronunciamiento de Unidad Popular calificó al gobierno de Dina Boluarte como “entreguista” y lo acusó de priorizar los intereses privados sobre el bienestar de las comunidades. En este contexto, el proyecto El Algarrobo es visto como una amenaza directa a la soberanía de la región y a su principal actividad económica, la agricultura.

El comunicado también recordó que hace 24 años, la población de Tambogrande logró expulsar a la empresa Manhattan Minerals de su territorio, un logro que consideran un ejemplo de resistencia frente a los intereses extractivistas. Ahora, con el proyecto El Algarrobo, la comunidad enfrenta nuevamente el desafío de proteger sus recursos y su modo de vida.

Un llamado a la movilización nacional

El paro del 28 de febrero no solo buscó visibilizar la oposición al proyecto El Algarrobo, sino también generar un movimiento más amplio en defensa de los recursos naturales del país. Según el comunicado de Unidad Popular, la lucha de Tambogrande es representativa de una problemática que afecta a diversas regiones del Perú, donde los proyectos extractivos generan conflictos sociales y ambientales.

El llamado a la movilización incluyó una invitación a la militancia y a la población de todo el país para unirse en defensa de la tierra, el agua y la dignidad del pueblo peruano. “La lucha de Tambogrande es la lucha de todo el Perú”, concluyó el pronunciamiento, reafirmando el compromiso de las comunidades con la protección de sus recursos frente a los intereses de las grandes corporaciones.

Un análisis reciente de las declaraciones juradas de los congresistas ha revelado un fenómeno inusual: varios legisladores han registrado una significativa disminución en el valor de sus bienes desde que asumieron sus cargos en 2021. Según analizó Ojo Público, entre los casos más destacados se encuentran los de Digna Calle Lobatón (Podemos Perú), Héctor Valer Pinto (Somos Perú), María del Carmen Alva Prieto (no agrupada) y Jorge Montoya Manrique (Renovación Popular), quienes han declarado reducciones patrimoniales que oscilan entre S/1 millón y más de S/20 millones.

De acuerdo con el medio, esta tendencia contrasta con la situación de otros parlamentarios que, en el mismo periodo, han incrementado su patrimonio. El análisis, basado en las declaraciones juradas presentadas entre 2021 y 2024, detalla que Digna Calle Lobatón reportó una disminución de S/8′260.000, mientras que Héctor Valer Pinto declaró una reducción de S/1′072.000. Por su parte, María del Carmen Alva Prieto y Jorge Montoya Manrique informaron caídas de S/939.706 y S/753.530, respectivamente.

Investigaciones fiscales y denuncias constitucionales

El contexto de estas reducciones patrimoniales se complica aún más debido a que varios de los congresistas mencionados enfrentan investigaciones legales. Según consignó Ojo Público, Digna Calle Lobatón está siendo investigada preliminarmente por el Ministerio Público por presunto lavado de activos. En tanto, Héctor Valer Pinto ha sido objeto de investigaciones fiscales relacionadas con corrupción y otros delitos.

Por otro lado, María del Carmen Alva Prieto y Jorge Montoya Manrique han sido denunciados constitucionalmente por la Fiscalía de la Nación. En el caso de Alva, la acusación está vinculada al delito de peculado, mientras que Montoya enfrenta cargos por presunto aprovechamiento indebido del cargo. Estas denuncias han generado un intenso debate público sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el Congreso peruano.

Contraste con otros legisladores

El medio destacó que, mientras este grupo de congresistas ha declarado una reducción de su patrimonio, otros parlamentarios han experimentado un incremento en sus bienes desde que asumieron sus funciones. Este contraste ha suscitado interrogantes sobre las razones detrás de estas variaciones y ha puesto en el centro del debate la necesidad de un mayor escrutinio sobre las finanzas de los representantes públicos.

La disminución patrimonial declarada por Digna Calle, Héctor Valer, María del Carmen Alva y Jorge Montoya plantea preguntas sobre las circunstancias que han llevado a estas reducciones. Aunque las declaraciones juradas son un mecanismo clave para garantizar la transparencia, los datos revelados por Ojo Público subrayan la importancia de fortalecer los sistemas de control y supervisión en el ámbito político.

Contexto y repercusiones

El análisis de las declaraciones juradas de los congresistas peruanos no solo arroja luz sobre sus finanzas personales, sino que también pone de relieve las tensiones y desafíos que enfrenta el sistema político del país. Las investigaciones y denuncias en curso contra algunos de estos legisladores podrían tener implicaciones significativas para sus carreras políticas y para la percepción pública del Congreso.

Además, este fenómeno se produce en un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones públicas en Perú. La reducción patrimonial de ciertos congresistas, combinada con las acusaciones legales que enfrentan, podría intensificar las demandas ciudadanas por una mayor transparencia y rendición de cuentas en el ámbito político.

Según detalló Ojo Público, el caso de estos congresistas es un recordatorio de la importancia de los mecanismos de control y supervisión en la política peruana. La publicación subrayó la necesidad de continuar investigando y monitoreando las finanzas de los representantes públicos para garantizar que actúen en beneficio del interés colectivo y no en función de intereses personales.

En un momento en que la confianza en las instituciones está en juego, los hallazgos de este análisis podrían servir como un llamado a la acción para fortalecer la transparencia y la integridad en el sistema político del país.

Un deslizamiento de tierra de grandes proporciones ha interrumpido de manera indefinida el tránsito en la vía Huarocondo-Pachar, una ruta estratégica que conecta con la estación de trenes Ollantaytambo-Machu Picchu. Según informó el medio local, el evento ocurrió en el kilómetro 6+700 de la carretera, afectando aproximadamente 80 metros lineales con un volumen estimado de 15.000 metros cúbicos de tierra y rocas de gran tamaño. Este bloqueo ha dejado intransitable el paso para vehículos de carga, transporte de pasajeros locales y turistas que se dirigen hacia el emblemático sitio arqueológico o retornan de él.

El deslizamiento, provocado por las intensas lluvias que han azotado la región del Cusco, ha generado preocupación tanto en las autoridades como en los sectores turísticos y locales. Técnicos del Proyecto Plan Copesco y del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) se desplazaron al lugar para evaluar la magnitud del daño y determinar las acciones necesarias para restablecer el tránsito. Sin embargo, hasta el momento no se ha definido una fecha para la limpieza y reapertura de la vía, según detallaron las autoridades regionales.

El Gobierno Regional del Cusco, en coordinación con la municipalidad distrital de Huarocondo, trabaja en la planificación de las labores de limpieza y rehabilitación de la carretera. No obstante, debido a la complejidad del deslizamiento y las condiciones climáticas, no se ha podido establecer un cronograma concreto para la reapertura de la vía.

Ante esta situación, las autoridades han exhortado a la población y a los transportistas, especialmente aquellos vinculados al turismo, a utilizar rutas alternas para los desplazamientos interprovinciales. Entre las opciones recomendadas se encuentran las rutas Cusco-Chinchero-Urubamba y Cusco-Izcuchaca-Cruzpata, tanto para el trayecto de ida como de retorno. Estas vías, aunque más largas, permiten mantener la conexión con el Valle Sagrado de los Incas y otros destinos turísticos de la región.

Importancia de la vía Huarocondo-Pachar

La carretera Cusco-Huarocondo-Pachar es una de las principales rutas de acceso al Valle Sagrado de los Incas, sirviendo como una alternativa a la vía Cusco-Cachimayo-Urubamba. En la última década, esta ruta ha adquirido una relevancia significativa debido a su conexión con la estación de trenes Ollantaytambo, punto de partida hacia Machu Picchu, y con la vía Ollantaytambo-Quillabamba, que permite el ingreso a la provincia de La Convención.

El cierre de esta carretera no solo afecta a los turistas que buscan llegar a uno de los destinos más emblemáticos del Perú, sino también a las comunidades locales que dependen de esta vía para el transporte de bienes y servicios. Además, el bloqueo podría tener un impacto económico considerable en el sector turístico, uno de los pilares de la economía regional.

Condiciones climáticas y desafíos en la región

Las intensas lluvias que han provocado este deslizamiento son un fenómeno recurrente en la región del Cusco, especialmente durante la temporada de lluvias, que suele extenderse entre noviembre y marzo. Estas condiciones climáticas representan un desafío constante para la infraestructura vial de la región, que a menudo enfrenta deslizamientos, inundaciones y otros eventos naturales que interrumpen el tránsito y afectan a las comunidades.

El deslizamiento en la vía Huarocondo-Pachar pone de manifiesto la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y respuesta ante emergencias en la región. Las autoridades locales y regionales deberán trabajar en conjunto para garantizar la seguridad de las rutas y minimizar el impacto de futuros eventos climáticos en la conectividad y el turismo.

Impacto en el turismo y la economía local

El cierre de esta vía ocurre en un momento crítico para el turismo en el Cusco, una región que depende en gran medida de los visitantes nacionales e internacionales que llegan para explorar el Valle Sagrado de los Incas y Machu Picchu. La interrupción del tránsito hacia la estación de trenes de Ollantaytambo, uno de los principales puntos de acceso al sitio arqueológico, podría generar pérdidas económicas significativas para los operadores turísticos, hoteles, restaurantes y otros negocios locales.

Además, las comunidades que habitan en las zonas aledañas a la carretera también se ven afectadas, ya que dependen de esta vía para el transporte de productos agrícolas y otros bienes esenciales. La situación subraya la importancia de mantener una infraestructura vial resiliente y de contar con planes de contingencia efectivos para garantizar la continuidad de las actividades económicas y sociales en la región.

Mientras las autoridades trabajan para resolver esta emergencia, el evento destaca la vulnerabilidad de las infraestructuras viales en regiones montañosas como el Cusco, donde las condiciones geográficas y climáticas representan desafíos constantes. La pronta rehabilitación de la vía Huarocondo-Pachar será crucial no solo para restablecer la conectividad, sino también para garantizar el flujo de turistas y bienes hacia y desde el Valle Sagrado de los Incas.

En el distrito de Ferreñafe, los vecinos reportaron que las lluvias torrenciales han causado el desplome de muros de adobe en varias viviendas, mientras que el agua acumulada ha alcanzado niveles preocupantes, llegando hasta las rodillas en algunos sectores. Los residentes denunciaron que la falta de drenaje adecuado y la mala ejecución de obras públicas han contribuido al ingreso de agua a sus hogares, lo que ha acelerado el deterioro de las estructuras. Una familia, mientras intentaba retirar el agua de su vivienda, presenció el colapso de una de sus paredes.

Daños en viviendas y afectación al ganado

El impacto de las lluvias no se limita a las viviendas. Según detalló Latina Noticias, las inundaciones también han afectado a los animales de granja de las familias locales, como cuyes y cerdos, algunos de los cuales han muerto debido a las condiciones adversas. Los residentes expresaron su preocupación por la falta de respuesta inmediata por parte de las autoridades, ya que, hasta el mediodía, no se había enviado una motobomba para drenar el agua acumulada.

En el sector Fundo Añí, ubicado en el distrito de Pueblo Nuevo, los ciudadanos solicitaron ayuda urgente a las autoridades municipales debido a la inundación de sus viviendas. La situación ha generado un llamado generalizado para que se tomen medidas inmediatas que permitan mitigar los daños y evitar mayores pérdidas.

Infraestructura hospitalaria en riesgo

El Hospital de Ferreñafe también ha sufrido las consecuencias de las lluvias. Según reportó Exitosa Noticias, el techo del área de emergencias presenta un deterioro significativo, el cual se agravó con las precipitaciones de la noche anterior. Ante esta situación, los pacientes tuvieron que ser reubicados para garantizar su seguridad.

Mientras tanto, en otros distritos de Lambayeque, como Motupe, las lluvias han provocado la caída de árboles, lo que evidencia la magnitud de los daños en la región. Además, desde Huaca Rivera, en el distrito de Pacora, los pobladores captaron imágenes de una tormenta eléctrica que se desplazaba hacia Ferreñafe, lo que refleja la intensidad de las condiciones climáticas actuales.

Alcalde de Ferreñafe exige presupuesto para atender la emergencia

En medio de esta crisis, el alcalde de Ferreñafe, Polanski Carmona, expresó su preocupación por la falta de recursos para enfrentar la emergencia. En declaraciones a Exitosa Noticias, el funcionario exigió la asignación de un presupuesto que permita atender los daños ocasionados por las lluvias. Sin embargo, criticó que las autoridades nacionales exijan la presentación de una ficha de damnificados como requisito previo para otorgar financiamiento.

El alcalde señaló que, aunque cuentan con maquinaria para realizar trabajos de emergencia, enfrentan obstáculos burocráticos que dificultan su uso. Por ejemplo, durante la madrugada, tuvieron que gestionar combustible de manera urgente para operar los equipos necesarios. “Maquinaria tenemos, presupuesto es lo que nos falta. (...) Tuve que exigir al grifo que no atiende en la madrugada que nos atiendan para poder distribuir el combustible a las maquinarias y puedan ayudarnos”, declaró Carmona.

Falta de un fondo de contingencia

Carmona también destacó que Ferreñafe carece de un fondo de contingencia para emergencias, lo que complica aún más la respuesta ante desastres naturales recurrentes como las lluvias. Según explicó, en 2024 solicitaron un presupuesto para prevenir este tipo de situaciones, pero no obtuvieron los recursos necesarios debido a los requisitos burocráticos. “No nos han asignado y he venido a exigir ese apoyo, tener un fondo de contingencia de emergencia. No tenemos. Ferreñafe no tiene, y nunca hemos tenido”, afirmó el alcalde.

En las últimas horas, las autoridades locales y regionales se han reunido para coordinar acciones en los distritos afectados por las lluvias. Sin embargo, los vecinos de Ferreñafe y otras localidades de Lambayeque esperan una respuesta más rápida y efectiva que permita atender las necesidades inmediatas, como el drenaje de las aguas acumuladas y la entrega de ayuda humanitaria.

Un grupo de ciudadanos peruanos ha decidido dar un paso más en su búsqueda de justicia internacional. Según informó un comunicado firmado por diversas personalidades, el 27 de febrero de 2025 se presentó una ampliación de la denuncia contra la presidenta de Perú, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, y otras altas autoridades del gobierno peruano ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). La denuncia original, presentada el 20 de agosto de 2024, se centra en los hechos que resultaron en la muerte de 49 personas y al menos 344 heridos entre enero de 2022 y febrero de 2023.

De acuerdo con el documento, esta ampliación responde a la necesidad de incluir información adicional sobre los acontecimientos ocurridos en los últimos meses, así como sobre la situación actual de las víctimas. Los denunciantes argumentan que, hasta la fecha, no se ha procesado judicialmente a ningún responsable por los hechos denunciados, lo que consideran una grave omisión de justicia. Según el comunicado, esta actualización se realiza en estricto cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos.

Nuevos elementos y ausencia de justicia en Perú

El grupo de firmantes, entre los que se encuentran figuras como Walter Albán Peralta, Harold Forsyth, Marisol Pérez-Tello e Indira Huilca Flores, señala que desde agosto de 2024 han surgido nuevos elementos que refuerzan la denuncia. Según detallaron, estos hechos evidencian la conducta de las autoridades peruanas frente a los crímenes cometidos, destacando que hasta ahora no se ha llevado a juicio a ningún implicado ni se han presentado acusaciones formales ante el Poder Judicial.

El comunicado subraya que esta situación no solo afecta a las víctimas y sus familias, sino que también pone en entredicho el compromiso del Estado peruano con los principios de justicia y derechos humanos. Los denunciantes consideran que la falta de acciones concretas por parte de las autoridades nacionales justifica la intervención de instancias internacionales como la CPI.

Propuesta para una Comisión de la Verdad

Además de la ampliación de la denuncia, los firmantes anunciaron su intención de promover la creación de una Comisión de la Verdad. Este organismo tendría como objetivo principal esclarecer la magnitud de los hechos ocurridos, identificar a todos los responsables y contribuir a la reparación integral de las víctimas. Según el comunicado, esta iniciativa cuenta con el respaldo de diversas organizaciones internacionales que comparten la preocupación por la falta de justicia en el caso.

La propuesta de una Comisión de la Verdad busca no solo documentar los hechos, sino también generar un espacio de memoria y reconciliación para la sociedad peruana. Los denunciantes consideran que este mecanismo es fundamental para garantizar que los crímenes denunciados no queden impunes y para evitar que se repitan en el futuro.

Firmantes de la denuncia

El documento presentado ante la CPI cuenta con la firma de un grupo diverso de personalidades peruanas, entre las que se encuentran exfuncionarios, activistas, académicos y defensores de derechos humanos. Entre los firmantes destacan nombres como Mesías Guevara Amasifuen, Mirtha Vásquez Chiquilín, Sonaly Tuesta, Antonio Maldonado, Cecilia Israel La Rosa, Francisco Eguiguren Praeli, Oswaldo de Rivero Barreto, Ricardo Giesecke Sara LaFosse, Pepi Patrón Costa, Carlos Rivera Paz, Eduardo González Viaña, Marisa Glave Remy, Patricia Paniagua Gutiérrez y Oscar Vidarte Arévalo.

Hechos denunciados

La denuncia presentada ante la CPI se centra en los hechos ocurridos entre enero de 2022 y febrero de 2023, un periodo marcado por intensas protestas sociales y enfrentamientos en diversas regiones del Perú. Según los denunciantes, la respuesta del gobierno peruano a estas manifestaciones resultó en un uso desproporcionado de la fuerza, lo que derivó en la muerte de 49 personas y dejó a más de 344 heridos.

Los firmantes consideran que estos hechos constituyen graves violaciones a los derechos humanos y que las autoridades peruanas, encabezadas por la presidenta Dina Boluarte, tienen responsabilidad directa en los mismos. La denuncia busca que la CPI investigue estos crímenes y determine las responsabilidades correspondientes.

La Ley N° 30200, promulgada en Perú en 2014, es una normativa clave que regula los derechos de los consumidores en diversos ámbitos, incluyendo los centros comerciales y establecimientos públicos de concurrencia masiva. Esta ley introduce medidas destinadas a garantizar la seguridad de los usuarios y establece responsabilidades claras para los administradores y dueños de tales espacios. Conocer sus disposiciones resulta esencial, especialmente si visitas regularmente estos lugares, ya que ello permite estar informado sobre tus derechos y las condiciones de seguridad que deberían ofrecerte.

La Ley 30200, que modifica artículos del Código de Protección y Defensa al Consumidor, refuerza las garantías para las personas que realizan compras o utilizan servicios en locales comerciales. Una de sus características más destacadas es que obliga a los centros comerciales y otros establecimientos masivos a proporcionar condiciones mínimas de seguridad para prevenir accidentes o incidentes que puedan afectar a los consumidores.

Entre estas condiciones figuran sistemas adecuados de evacuación, señalización visible, presencia de protocolos ante emergencias como incendios o sismos, así como infraestructura en buen estado. De no cumplir con estas medidas, los responsables de los centros comerciales podrían enfrentar sanciones administrativas, multas o incluso procesos legales en caso de que ocurra algún evento perjudicial.

Por ejemplo, en situaciones de emergencias como incendios o desastres naturales, la ley establece que los administradores de estos espacios deben contar con rutas de evacuación claras y seguras, además de otros elementos como extintores accesibles y personal preparado para actuar en casos de emergencia.

Derechos del consumidor en centros comerciales

La Ley 30200 también enfatiza el derecho de los consumidores a recibir información clara sobre los productos y servicios que adquieren. Esto incluye aspectos como precios visibles, condiciones de devolución o cambios, así como la seguridad de las instalaciones donde se realiza la compra.

Otro punto importante de la normativa es el derecho al trato justo, lo que implica que ningún consumidor puede ser discriminado al ingresar, transitar o adquirir productos dentro de un establecimiento comercial. Asimismo, prohíbe la solicitud innecesaria de documentos personales para acceder a un local o para validar garantías, condiciones importantes que buscan proteger al consumidor de prácticas abusivas.

¿Qué debes verificar como consumidor?

Si haces uso frecuente de centros comerciales, la ley establece diversos criterios que como usuario puedes observar para asegurarte de que tus derechos están siendo respetados. Algunos de estos puntos son:

• Seguridad e infraestructura adecuada: Corrobora las condiciones de salidas de emergencia, señalización de zonas de riesgo y la presencia de personal de seguridad capacitado.
• Información transparente: Los precios deben ser accesibles, y toda promoción o descuento debe ser explícito y aplicado correctamente al momento de pagar.
• No discriminación: Todos los clientes deben tener acceso a los servicios sin distinción alguna relacionada con raza, género, condición social o cualquier otro motivo.
• Responsabilidad ante accidentes: Si sufres algún accidente dentro del establecimiento debido a negligencia o fallas en las condiciones del local, tienes el derecho a reclamar y buscar compensaciones.

Importe de la Ley 30200 para los administradores

La normativa no solo tiene implicancias para los consumidores, sino también para las empresas propietarias y operadores de centros comerciales. Estas entidades están sujetas a regulaciones específicas que deben cumplir para evitar sanciones. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) son algunas de las instituciones responsables de supervisar el cumplimiento de esta ley.

El objetivo primordial de la Ley 30200 es promover una cultura de consumo responsable e informado, en la que las personas conozcan sus derechos y puedan exigirlos en los establecimientos a los que acuden. Además, busca reducir los riesgos de incidentes y garantizar la seguridad de todos los involucrados durante su visita a espacios concurridos como centros comerciales o tiendas por departamentos.

En resumen, conocer la Ley 30200 de Perú no solo te brinda una mayor garantía de seguridad sino también te permite identificar tus derechos al frecuentar estos lugares. Así, podrás actuar de manera informada y exigir condiciones adecuadas en cada visita.

La posibilidad de que el Congreso de la República del Perú modifique la ley de extinción de dominio ha generado una fuerte advertencia por parte de la Fiscalía. Según informó el Ministerio Público, esta herramienta legal, clave para la recuperación de bienes obtenidos ilícitamente a través de delitos como la corrupción, el narcotráfico, el lavado de activos y el terrorismo, podría quedar severamente limitada. De aprobarse los cambios propuestos, solo se permitiría actuar sobre los bienes de los implicados una vez que exista una condena firme, lo que pondría en riesgo la recuperación de activos en casos de alto perfil.

De acuerdo con el Ministerio Público, esta situación afectaría directamente a seis casos emblemáticos en los que ya se han incautado bienes de gran valor. Entre los implicados se encuentran figuras políticas y personajes vinculados a organizaciones criminales, cuyos bienes han sido intervenidos bajo la actual normativa de extinción de dominio. La Fiscalía advierte que, de prosperar las modificaciones, el Estado peruano no podría recuperar estos activos, beneficiando así a los involucrados en actos ilícitos.

Cabe recordar que en 2024, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, presentó ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo 1373, que regula la extinción de dominio de bienes ilícitos. La medida coincide con un proceso que busca extinguir más de 1.4 millones de soles de cuentas bancarias de Vladimir Cerrón, exlíder de Perú Libre y exdefendido de Gutiérrez, acusado de corrupción.

Gutiérrez argumenta que la norma afecta derechos como la propiedad y la presunción de inocencia, mientras que fiscales y jueces sostienen que el decreto es crucial para combatir la corrupción y el crimen organizado, habiendo permitido al Estado recuperar bienes por más de 271 millones de soles en los últimos años.

Vladimir Cerrón: más de 1,5 millones de soles en cuentas bancarias incautadas

Uno de los casos destacados es el de Vladimir Cerrón, exgobernador de Junín y líder político, quien enfrenta investigaciones por presuntos actos de corrupción y lavado de activos. Según detalló el Ministerio Público, se han incautado más de 1,5 millones de soles en cuentas bancarias vinculadas a Cerrón. Estos fondos, presuntamente obtenidos de manera ilícita, quedarían fuera del alcance del Estado si las modificaciones a la ley de extinción de dominio entran en vigor.

Rodolfo Orellana: propiedades millonarias bajo amenaza de quedar fuera del control estatal

Otro caso relevante es el de Rodolfo Orellana, acusado de liderar una red de criminalidad organizada. Entre los bienes incautados a su nombre se encuentran tres inmuebles en Lima, registrados a través de testaferros, y la denominada “Hacienda Cazaderos”, valorada en 130 millones de soles (aproximadamente 33,8 millones de dólares). Según el Ministerio Público, estos bienes representan una parte significativa de los activos obtenidos mediante actividades ilícitas, y su recuperación sería imposible si se exige una condena firme para proceder con la extinción de dominio.

Alejandro Toledo: propiedades de lujo en peligro de ser devueltas

El expresidente Alejandro Toledo, investigado por delitos de lavado de activos y criminalidad organizada, también figura en la lista de casos afectados. Según informó la Fiscalía, se han incautado propiedades de lujo, entre ellas inmuebles en Las Casuarinas, Punta Sal, Camacho y la Torre Omega, cuyo valor supera los 5 millones de dólares. Estas propiedades, presuntamente adquiridas con fondos ilícitos, podrían quedar fuera del alcance del Estado si se aprueban las modificaciones legislativas.

Pedro Pablo Kuczynski: inmuebles incautados en San Isidro y Cieneguilla

El exmandatario Pedro Pablo Kuczynski también enfrenta investigaciones por presunto lavado de activos. Entre los bienes incautados se encuentran un inmueble en San Isidro y una casa en Cieneguilla. Aunque el valor de estos bienes no ha sido especificado, la Fiscalía subraya que su recuperación sería inviable bajo las nuevas condiciones propuestas por el Congreso.

Caso Artemio: un inmueble vinculado al terrorismo

En el ámbito del terrorismo, el caso de Artemio, integrante de la organización Sendero Luminoso, también se vería afectado. Según el Ministerio Público, se ha incautado un inmueble relacionado con este caso, el cual podría quedar fuera del control estatal si se exige una condena firme para proceder con la extinción de dominio. Este caso es especialmente relevante debido a su conexión con actividades terroristas y el tráfico ilícito de drogas.

Martín Vizcarra: 15 inmuebles incautados en Lima y Moquegua

Finalmente, el expresidente Martín Vizcarra enfrenta investigaciones por delitos contra la administración pública, relacionados con los casos del Hospital de Moquegua y Lomas de Ilo. Según la Fiscalía, se han incautado 15 inmuebles ubicados en Lima y Moquegua. Estos bienes, presuntamente obtenidos mediante actos de corrupción, también estarían en riesgo de quedar fuera del alcance del Estado si se aprueban las modificaciones a la ley.

En Perú, los astilleros ilegales representan un problema creciente, especialmente en la construcción de embarcaciones pesqueras que operan fuera del marco normativo. Según informes del Ministerio de la Producción (Produce), estas instalaciones no cuentan con la autorización correspondiente ni cumplen con las regulaciones ambientales y de seguridad. La construcción ilegal de embarcaciones fomenta la pesca no declarada y no reglamentada, dificultando el control de las actividades extractivas y poniendo en riesgo los ecosistemas marinos del país.

En La Tortuga, una caleta de pescadores en el distrito de Paita, región Piura, la construcción ilegal de embarcaciones pesqueras se ha convertido en una actividad que desafía las leyes peruanas y pone en riesgo la sostenibilidad de los recursos marinos. Según un reportaje de Mongabay Latam, esta práctica, prohibida desde 2015, se sostiene gracias a un lucrativo mercado negro de matrículas y permisos de pesca, que facilita la operación de barcos construidos clandestinamente.

La normativa vigente en Perú permite únicamente la sustitución de embarcaciones inservibles por otras de las mismas dimensiones, con el objetivo de evitar el crecimiento descontrolado de la flota pesquera. Sin embargo, en La Tortuga, la construcción de barcos nuevos parece ser una actividad constante. Según el medio, en esta localidad se pueden observar astilleros ilegales donde se ensamblan embarcaciones de hasta 32 toneladas, con precios que oscilan entre 150.000 y 240.000 soles (40.000 y 64.000 dólares).

Astilleros ilegales y el mercado negro de documentos

La construcción de barcos en La Tortuga no es un fenómeno aislado. Según Mongabay Latam, esta actividad se extiende a otras localidades como Yacila y La Islilla, donde astilleros clandestinos operan sin mayores restricciones. En estos lugares, los barcos son ensamblados en terrenos abiertos, corralones y hasta en las calles, utilizando madera de especies protegidas como el faique.

El negocio ilegal no se limita a la construcción de embarcaciones. La venta de permisos y matrículas de pesca, prohibida por las autoridades, es otro eslabón clave en esta cadena. Según el reportaje, los precios de estos documentos varían según el tamaño y la capacidad del barco. Por ejemplo, un expediente completo para una embarcación de 20 toneladas puede costar entre 10.000 y 20.000 soles, mientras que para barcos de mayor capacidad los precios pueden alcanzar hasta 120.000 soles (32.000 dólares).

En algunos casos, los documentos vendidos corresponden a embarcaciones que ya no están operativas, como barcos hundidos o varados. En otros, se trata de permisos obtenidos de manera irregular durante el primer Sistema de Formalización Pesquera Artesanal (Siforpa I), implementado en 2016. Este programa, que buscaba formalizar embarcaciones artesanales, permitió la emisión de permisos sin inspecciones previas, lo que facilitó la construcción de barcos ilegales posteriormente.

Impacto en los recursos marinos y la economía pesquera

El crecimiento descontrolado de la flota pesquera artesanal en Perú ha tenido consecuencias devastadoras para los recursos marinos y la economía de los pescadores formales. Según Carlos Yenque, pescador artesanal y gerente de la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal (Sonapescal), la sobrepesca ha reducido drásticamente las capturas. “Antes llegábamos con 15 toneladas tras 15 días en altamar. Hoy apenas alcanzamos una tonelada y media”, afirmó al medio.

El problema no solo radica en el aumento de barcos, sino también en el uso de documentos que no corresponden a las dimensiones reales de las embarcaciones. Según Juan Carlos Sueiro, director de Pesquerías de la organización internacional Oceana en Perú, esta práctica incrementa el esfuerzo pesquero y presiona aún más los recursos marinos.

Además, la falta de fiscalización y los presuntos actos de corrupción agravan la situación. Según Edwin Houghton, presidente de la Asociación de Armadores Pesqueros Artesanales Mar de Paita (Apamarpa), la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) no ha ejercido un control efectivo sobre la flota pesquera.

Operativos contra la ilegalidad

En un intento por frenar la construcción ilegal de barcos, el gobierno peruano promulgó en enero de 2024 una ley que establece penas de cárcel de tres a cinco años para quienes fabriquen o encarguen la construcción de embarcaciones sin autorización. La normativa también sanciona a quienes adquieran barcos sin certificados válidos y dispone la destrucción de las naves ilegales.

A pesar de estas medidas, los operativos realizados hasta ahora han tenido un impacto limitado. Según el medio ambiental, en agosto de 2023, el Ministerio de la Producción intervino un astillero ilegal en La Tortuga, donde se encontraron 23 embarcaciones en construcción. En noviembre del mismo año, otro operativo en la misma localidad permitió el hallazgo de 42 barcos más. Sin embargo, la fabricación de naves continúa en diversos puntos de la región.

La devastación del faique y el impacto ambiental

La construcción de barcos ilegales también tiene un impacto significativo en los bosques secos de la región. Según el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), la madera de faique, una especie protegida, es el principal material utilizado en los astilleros clandestinos. Para fabricar un barco de 30 toneladas se requieren unas 300 trozas de esta madera, que son transportadas de manera ilegal desde los bosques de Piura.

Entre 2017 y 2024, el Serfor realizó ocho operativos en astilleros ilegales, decomisando más de 300 trozas de faique y maquinaria para su procesamiento. Sin embargo, la falta de recursos y estadísticas precisas sobre la devastación de esta especie dificultan un control efectivo.

El futuro de la pesca artesanal en Perú

El crecimiento de la flota pesquera artesanal en Perú es evidente. Según la Cuarta Encuesta Estructural de la Pesquería Artesanal en el Litoral Peruano (Enepa IV), publicada en julio de 2024, el país cuenta actualmente con 23.138 embarcaciones, un aumento de 5.218 respecto a 2015. Piura es la región con mayor cantidad de barcos, con 7.722 registrados.

Sin embargo, este crecimiento no siempre refleja una formalización adecuada. Según expertos consultados por Mongabay Latam, la ampliación de plazos para el sistema de formalización (Siforpa II) podría permitir la legalización de más embarcaciones construidas ilegalmente.

Mientras tanto, la crisis de ilegalidad sigue afectando tanto a los recursos marinos como a la economía de los pescadores formales. La falta de control en altamar y la proliferación de barcos ilegales son desafíos que el gobierno peruano deberá enfrentar con mayor contundencia para garantizar la sostenibilidad de la pesca artesanal en el país.

El Colegio de Alto Rendimiento (COAR) de Moquegua, que desde su creación en 2014 ha funcionado en instalaciones compartidas, cuenta ahora con una moderna infraestructura propia que promete transformar la experiencia educativa de sus estudiantes. Según informó el Ministerio de Educación, la nueva sede fue construida bajo la modalidad de obras por impuestos, con una inversión superior a los S/102 millones, aportados por la empresa Southern Perú Copper Corporation. Este proyecto beneficiará a 283 estudiantes de alto desempeño académico, quienes podrán acceder a un entorno diseñado para potenciar su desarrollo integral.

La inauguración oficial de las instalaciones, que abarcan un área de 33.870,06 m², estará a cargo del ministro de Educación, Morgan Quero, quien destacó la importancia de los COAR como espacios que promueven la excelencia académica y el compromiso con el desarrollo local, regional y nacional. Este nuevo centro educativo no solo representa un avance en términos de infraestructura, sino que también refuerza el compromiso del gobierno con la implementación de escuelas modernas, inclusivas y seguras, en colaboración con el sector privado.

COAR Moquegua, un diseño integral para el desarrollo académico

El nuevo COAR Moquegua está dividido en diversas zonas que responden a las necesidades académicas, recreativas y de bienestar de los estudiantes. Entre sus principales instalaciones se encuentran aulas académicas, un comedor, áreas administrativas, espacios recreativos y una residencia estudiantil. Este último espacio, diseñado para garantizar la comodidad y seguridad de los alumnos, cuenta con tres niveles. En el primer nivel se encuentran salas de usos múltiples, una sala de televisión, 16 habitaciones con servicios higiénicos, cuatro habitaciones adaptadas para estudiantes con discapacidad y dos estaciones de monitores. Los niveles superiores albergan 21 y 22 habitaciones, respectivamente, todas diseñadas para ser funcionales y cómodas.

El polideportivo, una de las áreas más destacadas del complejo, incluye una piscina, una losa y una cancha multiusos, un gimnasio, baños y vestidores diferenciados por género. Además, cuenta con un taller de música, un depósito para instrumentos musicales y un área de primeros auxilios. Estas instalaciones no solo fomentan el desarrollo físico, sino también el artístico y cultural de los estudiantes, promoviendo una formación integral.

Un modelo educativo que apuesta por la excelencia

El ministro Morgan Quero subrayó que los COAR están dirigidos a estudiantes con habilidades sobresalientes y alto rendimiento académico, ofreciendo un servicio educativo de calidad que busca potenciar sus capacidades. Según detalló el Ministerio de Educación, el COAR Moquegua cuenta con 12 secciones para los grados de tercero, cuarto y quinto de secundaria. Un dato relevante es que el 32 % de los estudiantes proviene de zonas rurales, mientras que el 18 % pertenece a familias clasificadas como pobres o en situación de pobreza extrema. Este enfoque inclusivo refuerza el compromiso del gobierno con la equidad educativa y la reducción de brechas sociales.

El modelo de obras por impuestos, utilizado para la construcción de esta infraestructura, ha sido destacado como una herramienta clave para garantizar la participación del sector privado en proyectos de impacto social. Según explicó el ministro Quero, esta modalidad permite agilizar la ejecución de obras y asegurar que los recursos se destinen a iniciativas prioritarias, como la educación.

¿Qué es el COAR?

El Colegio de Alto Rendimiento (COAR) es una institución educativa en Perú dirigida a estudiantes destacados del tercer, cuarto y quinto año de secundaria. Su objetivo principal es ofrecer una formación integral de calidad, potenciando las capacidades académicas, artísticas y personales de los alumnos con alto rendimiento, bajo un modelo de residencia. Los COAR operan en distintas regiones del país, brindando un currículo diversificado que incluye el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional y el enfoque en habilidades para liderar y contribuir al desarrollo de la sociedad.

Los pasos para postular a un Colegio de Alto Rendimiento (COAR)

Es importante revisar las fechas y requisitos específicos para cada año en la convocatoria oficial. A continuación, una guía sobre los pasos y requisitos a seguir:

1. Convocatoria oficial: El Ministerio de Educación (Minedu) publica cada año la convocatoria para los COAR. Los interesados deben estar atentos al portal oficial del Minedu (https://www.gob.pe/minedu).
2. Requisitos: Los postulantes deben cumplir los siguientes criterios:
   Tener entre 14 y 16 años de edad (sin cumplir 17 antes del 31 de marzo del año en curso).
   Haber cursado el segundo de secundaria en una institución educativa pública en el año anterior a la postulación.
   Haber ocupado uno de los diez primeros puestos de rendimiento académico en su colegio o haber alcanzado un nivel sobresaliente en la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) en el segundo de secundaria.
3. Inscripción: La inscripción es gratuita y se realiza en línea o en las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL). Los postulantes deben presentar su certificado oficial de estudios y otros documentos que establezca la convocatoria.
4. Proceso de selección: El proceso consta de dos etapas:
   Primera etapa: Evaluación de competencias académicas y habilidades socioemocionales.
   Segunda etapa: Entrevista personal y actividades grupales para medir habilidades interpersonales y liderazgo.
5. Resultados: Los resultados son publicados en el portal del Minedu, y los seleccionados deben confirmar su matrícula y seguir las instrucciones para su incorporación al colegio.
   

“Nosotros, desde el primer momento, tenemos un equipo que está permanentemente en Trujillo. Hemos ido a buscar a las víctimas, tanto a los familiares de los fallecidos como a los hospitalizados e incluso a las personas que han sido dadas de alta”, afirmó.

Sin embargo, los familiares de Daniela de la Cruz, su esposo y su hija; y Jarumi Carbajal han declarado a los medios que no han recibido ninguna ayuda por parte de la empresa. Ante esto, Shimizu insistió en que la empresa sí ha brindado apoyo, pero reconoció que podría haber problemas de comunicación: “Entendemos que es un momento de mucha confusión y dolor. En el caso de la familia Chávez de la Cruz, hemos canalizado la ayuda a través de su abogada, Beatriz Robles. Quizás no todos los miembros de la familia están enterados de esto”.

Real Plaza asume responsabilidad civil de las víctimas

El gerente general de Real Plaza aseguró que la empresa ha asumido la responsabilidad civil de todas las víctimas y que cubrirá los gastos médicos y psicológicos. “Absolutamente, desde el principio hasta el final de su proceso de recuperación. No solamente la recuperación física, sino también psicológica”, enfatizó.

Shimizu detalló que la empresa ha identificado a 99 personas afectadas, de las cuales 29 siguen hospitalizadas y 70 han sido dadas de alta. “Nosotros hemos recorrido todas las clínicas y hospitales, sabemos dónde están y tenemos un listado con nombre y apellido”, sostuvo.

Para mejorar la comunicación con los afectados, la empresa habilitó una línea telefónica para que los heridos y sus familias puedan contactarse directamente.

“Hemos abierto una línea telefónica: 601 4000, opción 9. Es un call center donde vamos a recibir todas las llamadas de las familias que aún no hemos contactado. Está disponible las 24 horas”, anunció.

El compromiso de Real Plaza, según Shimizu, es inalterable: “Nosotros vamos a estar con todas las familias, tanto de los fallecidos como de los heridos, desde el inicio hasta el final”.

¿Real Plaza asume la responsabilidad de la tragedia en Trujillo?

Sobre la causa del colapso del techo del patio de comidas, el gerente general indicó que Real Plaza había pasado una inspección técnica de seguridad en edificaciones (ITSE) entre septiembre y octubre de 2024, obteniendo la certificación en noviembre del mismo año. No obstante, reconoció que se trata de un documento que ahora está en cuestión: “La explicación exacta está en investigación. Nosotros estamos 100% colaborando con las autoridades para esclarecer qué ocurrió”.

Consultado sobre la posibilidad de una falla estructural, Shimizu evitó especular, pero admitió que es una hipótesis que no puede descartarse. “Puede haber sido el diseño de la estructura, la ejecución, la supervisión, o modificaciones que no hemos hecho. Hay muchas posibles explicaciones, y sería irresponsable de mi parte adelantarme a los estudios técnicos”, explicó.

Asimismo, negó que la tragedia haya sido ocasionada por acumulación de agua en el techo debido a lluvias recientes. “Vemos muy difícil que haya sido la acumulación de agua, porque en los días previos no ha habido mayores lluvias en Trujillo. Lo que se vio en las imágenes fue el agua que cayó de las tuberías del sistema contraincendios cuando el techo colapsó”, aclaró.

Para investigar lo sucedido, Real Plaza ha contratado a un equipo de ingenieros privados, pero hasta el momento no ha revelado el nombre de la empresa encargada. “Es un estudio reservado por ahora”, se limitó a decir Shimizu.

Investigación y cierre de otros centros comerciales

El Ministerio Público ha iniciado una investigación por homicidio culposo contra los responsables del colapso del centro comercial, y el administrador del Real Plaza en Trujillo ya ha sido citado a declarar. La Municipalidad también ha interpuesto una denuncia penal contra la empresa.

“Nosotros vamos a colaborar en todo lo que sea necesario para llegar hasta el final”, aseguró Shimizu. Sin embargo, evitó asumir una responsabilidad directa en la tragedia, indicando que será la justicia quien lo determine. “La responsabilidad que corresponda a Real Plaza, Real Plaza la va a asumir, pero la definición de esa responsabilidad la harán las autoridades”, sostuvo.

Debido a la tragedia, las autoridades han realizado inspecciones en otros establecimientos de la cadena Real Plaza en el país. Como resultado, cuatro centros comerciales y dos patios de comida han sido cerrados por observaciones técnicas. “Entendemos la preocupación de las autoridades y estamos trabajando para levantar las observaciones. En ningún caso han determinado un riesgo inminente”, afirmó.

Indemnizaciones y medidas a futuro

Shimizu confirmó que la empresa no solo asumirá los gastos médicos y funerarios, sino que también ha iniciado el proceso de indemnización para las víctimas. “Nosotros nos vamos a hacer cargo, eso implica no solo los gastos de corto plazo, sino también el proceso de recuperación. Ya hemos empezado con la primera indemnización para un herido”, señaló.

Respecto a la supervisión de las obras en sus centros comerciales, el gerente general aseguró que la empresa ha seguido todas las normativas vigentes, pero reconoció la necesidad de una revisión más exhaustiva. “Siempre se pueden hacer mejor las cosas. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo en el país se diseñan y supervisan este tipo de construcciones a lo largo del tiempo”, comentó.

Finalmente, reiteró el compromiso de Real Plaza con las víctimas y sus familias. “Estamos aquí para asumir lo que nos corresponde y garantizar que algo así no vuelva a ocurrir”, concluyó.

Durante los meses de mayor calor, las infecciones gastrointestinales se incrementan significativamente debido a las altas temperaturas, las cuales favorecen el crecimiento y proliferación de bacterias, virus y parásitos. Estos microorganismos, responsables de afecciones como la diarrea, encuentran en las condiciones extremas de calor un ambiente ideal para prosperar, afectando la conservación de alimentos y potenciando el riesgo de enfermedades relacionadas con el sistema digestivo.

La deshidratación, una complicación frecuente en climas calurosos, puede agravar los síntomas de una infección gastrointestinal, principalmente en niños y adultos mayores. Según la doctora Romy Mayta, especialista en salud de B Braun, “el calor puede afectar la cadena de suministro de alimentos, alterando su conservación y aumentando la probabilidad de consumo de productos contaminados”. Asimismo, hizo hincapié en los factores de riesgo más comunes durante el verano y ofreció una serie de recomendaciones para prevenir estas afecciones estomacales.

Principales factores de riesgo

1. Condiciones de conservación de alimentos.Las altas temperaturas dificultan la adecuada conservación de alimentos, especialmente aquellos que requieren refrigeración. Durante el verano, el consumo de alimentos contaminados por bacterias como Salmonella o Escherichia coli es más frecuente, lo que puede desencadenar intoxicaciones alimentarias.
2. Falta de higiene en el manejo de alimentos.En mercados al aire libre o en contextos domésticos sin las condiciones adecuadas de higiene, la manipulación inadecuada de alimentos aumenta considerablemente el riesgo de contaminación.
3. Agua contaminada.Las olas de calor empeoran la calidad del agua, un recurso esencial para evitar infecciones gastrointestinales. El acceso limitado a agua potable segura en muchas zonas acentúa el riesgo de diarrea, especialmente en regiones con infraestructuras de agua deficientes.
4. Deshidratación.El calor extremo promueve la pérdida excesiva de líquidos y electrolitos, generando cuadros de deshidratación que agravan los síntomas de la diarrea y ponen en riesgo la salud de quienes ya son vulnerables.
5. Bajas defensas del organismo.Durante los meses calurosos, las personas suelen consumir alimentos frescos y crudos con mayor frecuencia, lo que, sumado a los cambios en el estilo de vida como la exposición a el sol, puede debilitar el sistema inmunológico, haciéndolos más susceptibles a infecciones gastrointestinales.

Consejos para prevenir afecciones estomacales en verano

1. Higiene adecuada. Lavar las manos frecuentemente con agua y jabón, especialmente antes de comer o manipular alimentos, reduce significativamente el riesgo de contraer enfermedades.
2. Conservación de alimentos. Asegurarse de mantener los alimentos perecederos en refrigeración constante y evitar exponerlos a temperaturas ambiente por más de dos horas.
3. Consumo de agua potable. Beber exclusivamente agua tratada o embotellada. Evitar consumir agua proveniente de fuentes dudosas o sin tratamiento adecuado que asegure su potabilidad.
4. Hidratación constante. Mantener el cuerpo hidratado es esencial, especialmente en climas calurosos. Beber agua y líquidos que reemplacen la pérdida de electrolitos puede prevenir complicaciones. Opciones como bebidas hidratantes con 50 miliequivalentes de sodio son altamente recomendadas.
5. Evitar alimentos crudos. Preferir alimentos debidamente cocidos, especialmente mariscos, carnes y productos lácteos. Esto disminuye el riesgo de consumir productos contaminados.

En la temporada de verano, resulta fundamental adoptar medidas preventivas que prioricen la higiene, la conservación de alimentos y el consumo de agua pura. La implementación de estos hábitos básicos puede reducir significativamente la incidencia de diarrea y otras afecciones gastrointestinales, protegiendo la salud de toda la población durante los meses más calurosos del año

Minsa sobre cómo evitar infecciones estomacales en verano

El Ministerio de Salud (Minsa) alerta sobre el aumento de enfermedades gastrointestinales durante el verano debido a las altas temperaturas, que favorecen la proliferación de bacterias y virus en alimentos y agua. Entre las medidas clave de prevención destacan el lavado de manos con agua y jabón, el consumo de agua segura (hervida o embotellada) y la correcta manipulación de alimentos. También recomienda evitar la comida callejera y priorizar alimentos bien cocidos.

El infectólogo César Cabezas enfatiza la importancia de una hidratación adecuada en casos de diarrea, donde no solo se debe beber agua, sino también reponer electrolitos con sueros de rehidratación oral o preparaciones caseras. Asimismo, advierte sobre los riesgos graves en personas inmunocomprometidas y posibles complicaciones, como el síndrome de Guillain-Barré. El Minsa insta a adoptar hábitos de higiene y buscar atención médica inmediata ante síntomas severos.

Este lunes 24 de febrero, la Municipalidad de Villa María del Triunfo clausuró de manera temporal el centro comercial Real Plaza del distrito, ubicado en la avenida Pachacútec. La medida, ejecutada por la Subgerencia de Fiscalización, Control y Sanción Administrativa Municipal, fue acompañada por efectivos policiales, quienes procedieron a evacuar a los consumidores presentes en el establecimiento.

La clausura se da en el marco de una serie de inspecciones a nivel nacional, emprendidas luego del colapso de la cúpula en el Real Plaza Trujillo, ocurrido el pasado viernes 21 de febrero. Este trágico hecho dejó un saldo de seis fallecidos y más de 80 heridos, además de generar serios cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad en los centros comerciales.

La tragedia en Trujillo, que tuvo lugar a las 8:40 p.m. en el patio de comidas del centro comercial, puso en evidencia fallas estructurales al desplomarse repentinamente una cúpula metálica que cubría la zona de restaurantes. El desprendimiento fue atribuido preliminarmente a una sobrecarga de agua acumulada en el techo, lo que habría debilitado las bases metálicas de la estructura.

Ante esta situación, el gobierno ha ordenado operativos de fiscalización en centros comerciales de diferentes puntos del país. En Lima y provincias, inspectores de Defensa Civil, municipalidades y el Ministerio de Vivienda han iniciado evaluaciones técnicas que incluyen la revisión de techos, estructuras metálicas, conexiones eléctricas y planes de evacuación. El objetivo es garantizar el cumplimiento estricto de las normativas de seguridad vigentes y evitar futuros incidentes similares.

En el distrito de Villa María del Triunfo, la clausura del Real Plaza responde a estas directrices preventivas. Las autoridades municipales han señalado que este centro comercial será sometido a una inspección exhaustiva para determinar si las condiciones estructurales cumplen con los estándares de seguridad necesarios para reabrir al público.

Paralelamente, la tragedia de Trujillo ha generado protestas y reclamos por justicia de parte de los familiares de las víctimas, quienes exigen sanciones contra los responsables. Esta situación ha llevado a un debate amplio sobre la necesidad de reforzar los controles en infraestructuras de uso masivo y establecer nuevos mecanismos de supervisión que prioricen la integridad de los usuarios.

Antecedentes de clausura en el Real Plaza de Villa Maria

Esta tarde, personal de fiscalización y defensa civil de la Municipalidad de Villa María del Triunfo clausuró de manera temporal el centro comercial Real Plaza Villa María por incumplir las medidas técnicas de seguridad al no respetar el plano de distribución declarado en establecimientos mayores a 100 metros cuadrados, poniendo en riesgo la seguridad de los visitantes.

Durante el operativo, liderado por la Subgerencia de Fiscalización, Control y Sanción Administrativa Municipal, también se clausuraron restaurantes y locales de comida rápida que operaban en condiciones insalubres, y se decomisaron utensilios de cocina deteriorados. Además, un conocido cine dentro del centro comercial fue clausurado por razones similares.

El antecedente del Real Plaza Villa María se remonta a 2010, cuando la gestión municipal de entonces entregó, bajo un polémico contrato de concesión, un terreno de 22 mil metros cuadrados en la zona de Nueva Esperanza a la empresa privada Pazos MB SAC. Posteriormente, en 2015, durante la gestión del alcalde Carlos Palomino, se firmó una adenda que autorizó a la empresa usufructuar el predio por 35 años, afectando los ingresos municipales. Según esta adenda, Pazos MB SAC solo debería pagar 30 mil soles anuales por arbitrios municipales, mientras que el impuesto predial, que asciende a 4 millones de soles anuales, no ha sido abonado hasta ahora.

El actual alcalde, Eloy Chávez, ha iniciado un proceso anticorrupción para revisar esta adenda que, según su gestión, perjudicó a los habitantes de Villa María del Triunfo al ceder el terreno bajo condiciones desventajosas para el municipio. “Vamos a recuperar este importante terreno para el beneficio del vecino villamariano y hacer frente a la corrupción”, manifestó Chávez, dejando claro el compromiso de su administración con la transparencia y la recuperación de recursos públicos.

Este caso evidencia fallos históricos en la fiscalización y el manejo administrativo de espacios que deberían estar al servicio de la ciudadanía. La clausura temporal del Real Plaza Villa María no solo responde a incumplimientos de seguridad y salubridad actuales, sino que también pone en el centro de atención antiguos contratos cuestionados que afectan los ingresos municipales y la adecuada gestión de servicios en beneficio de los vecinos de la localidad.

La Municipalidad Provincial de Trujillo emitió un comunicado actualizado en relación con el trágico suceso acontecido en el centro comercial Real Plaza. En el documento, la institución expresó su postura y las acciones que se están llevando a cabo para atender esta situación.

En primer lugar, reiteraron sus más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas afectadas. La municipalidad compartió su pesar y se comprometió a trabajar incansablemente para que se haga justicia.

Como parte de las medidas adoptadas, informaron que han interpuesto una denuncia penal contra los propietarios y administradores del centro comercial. Asimismo, la acción legal se extendió a los funcionarios municipales responsables de emitir la licencia de construcción y obra del lugar siniestrado. Según indicaron, la finalidad de esta denuncia es garantizar la responsabilidad y la rendición de cuentas en este trágico caso.

Además, la municipalidad señaló que la clausura del Real Plaza permanecerá vigente hasta que se realice el pago íntegro de los daños y se otorguen las indemnizaciones respectivas a los afectados. Indicaron que no cesarán en su labor hasta asegurar que se garantice la reparación integral de los perjudicados.

De manera adicional, el municipio informó que ha solicitado al Poder Ejecutivo y Legislativo la implementación de reformas estructurales. Plantearon que se devuelva la responsabilidad de verificar estructuras confinadas u ocultas a entidades neutrales, como el Colegio de Ingenieros o el mismo municipio.

Esto incluye la exigencia de una normativa estricta que, según declararon, fue debilitada con la flexibilización de los certificados ITSE. En paralelo, remitirán una propuesta para mejorar los procedimientos de inspección.

Estas medidas buscan garantizar la seguridad de la comunidad y prevenir sucesos similares en el futuro. La situación permanece en desarrollo mientras las autoridades locales continúan con las investigaciones y los procesos legales necesarios.

Indecopi impone medidas cautelares contra Real Plaza Trujillo

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha tomado acciones inmediatas contra el centro comercial Real Plaza Trujillo, ubicado en la región de La Libertad, luego de que el pasado viernes 21 de febrero se registrara el colapso del techo del patio de comidas, un incidente que dejó un saldo de seis personas fallecidas, entre ellas una bebé, y más de un centenar de afectados. Según informó Infobae, la institución ha iniciado un procedimiento administrativo sancionador y ha dispuesto medidas cautelares, incluyendo el cierre temporal del establecimiento.

De acuerdo con el comunicado emitido por Indecopi, la Comisión de la Oficina Regional de La Libertad comenzó una investigación preliminar de oficio tras el trágico suceso. Este procedimiento busca determinar posibles responsabilidades relacionadas con infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor, específicamente en lo que respecta al deber de idoneidad, la seguridad de las personas y la obligación de brindar información adecuada.

Investigación preliminar y fundamentos legales

El colapso del techo, que ocurrió cerca de las 9 de la noche, generó una rápida movilización de las autoridades. Según detalló Infobae, la investigación preliminar identificó indicios de que el centro comercial podría haber incumplido varios artículos del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Entre ellos, se destacan los artículos 18 y 19, que establecen el deber de idoneidad en la prestación de servicios; el artículo 25, que regula la seguridad de las personas; y el artículo 2, que exige a los proveedores informar de manera clara y suficiente a los consumidores.

El procedimiento sancionador tiene como objetivo determinar si Real Plaza S.R.L., la empresa operadora del centro comercial, incurrió en negligencias que contribuyeron al accidente. Además, busca garantizar que se adopten medidas para evitar que hechos similares se repitan en el futuro.

Las protestas se han desarrollado en la plaza central y también frente al centro comercial, donde ayer, domingo 23 de febrero, los ciudadanos realizaron una vigilia en homenaje a las víctimas. “¡Justicia ahora!” y “Solo el pueblo salva al pueblo”, se lee en los carteles.

Los ciudadanos de Trujillo responsabilizan a las autoridades políticas, judiciales y a los dueños del establecimiento por la tragedia. Los muros del Real Plaza se han convertido en lugar de expresión, repletos de afiches que narran el dolor de los familiares y exigen por respuestas inmediatas.

El colapso, que ocurrió cerca de las avenidas Vallejo y Fátima, ha puesto en evidencia serias deficiencias en los protocolos de construcción, mantenimiento y fiscalización. Pese a la magnitud del desastre, ningún representante del centro comercial ni funcionarios públicos ha asumido responsabilidad concreta, lo que ha incrementado la ira de los ciudadanos. Los manifestantes denuncian una grave omisión de funciones de las autoridades locales, así como de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad en espacios públicos.

La indignación ha escalado en toda la ciudad no solo por la tragedia en sí, sino también por la sensación de abandono frente a las víctimas. Las demandas incluyen una auditoría rápida y transparente del incidente, sanciones severas para los responsables y medidas para prevenir futuros desastres en otros espacios públicos. Trujillo, una vez más, se erige como símbolo de resistencia ciudadana, dejando claro que el sufrimiento de las víctimas no quedará impune.

Fiscalía investiga responsabilidades

El colapso del techo del patio de comidas del centro comercial Real Plaza Trujillo, ocurrido la noche del viernes 21 de febrero, dejó seis muertos y más de 80 heridos, generando conmoción en la comunidad. Ante la magnitud de la tragedia, el Ministerio Público inició una investigación preliminar para determinar responsabilidades, focalizándose en el representante legal del establecimiento, Luis Alonso Santa María Torres, pero extendiendo su alcance a posibles implicados como la municipalidad de Trujillo y personal del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).

Según el presidente de la Junta de Fiscales de La Libertad, Gustavo Guillermo Bringas, el proceso analizará la documentación relacionada con las inspecciones técnicas de seguridad (ITSE) y la emisión de permisos que permitieron el funcionamiento del centro comercial. El fiscal subrayó que se esclarecerá quiénes autorizaron las condiciones de operación y anunció que, conforme se obtengan pruebas, más personas podrían ser implicadas, incluido el representante del grupo de inversionistas del Real Plaza, Misael Shimizu.

Bringas aseguró transparencia total en el proceso, enfatizando que no se encubrirá ni excluirá a nadie arbitrariamente. Al mismo tiempo, destacó la necesidad de actuar con seriedad, evitando acusaciones sin fundamentos sólidos. Esta investigación preliminar busca establecer con rigor las causas del colapso y determinar si hubo negligencia por parte del centro comercial o de las autoridades regulatorias.

El incidente, que ocurrió en un momento de alta concurrencia, generó pánico entre el público y dejó severos daños humanos y materiales, reacondicionando el debate sobre la seguridad estructural en espacios de uso masivo. Las conclusiones de la investigación tendrán implicaciones legales cruciales para sancionar a los responsables, así como sociales, alentando una revisión exhaustiva de los procesos de supervisión para evitar futuras tragedias similares.

El colapso del techo del patio de comidas del centro comercial Real Plaza Trujillo, que dejó 82 heridos, seis fallecidos confirmados y la posibilidad de más víctimas bajo los escombros, ha generado cuestionamientos sobre las inspecciones de seguridad realizadas en este tipo de infraestructuras. Según expertos e ingenieros, las fallas en el proceso de verificación podrían haber influido en el desenlace de este desastre.

Jaime Limonchi Guerrero, gerente de Gestión del Riesgo de Desastres del distrito de Puente Piedra, explicó que los centros comerciales están clasificados dentro del nivel de “muy alto riesgo”. Por lo tanto, quienes desean obtener una licencia de funcionamiento deben pasar por inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones (ITSE). Estas verificaciones son realizadas por brigadas de inspectores especializados, que pueden incluir ingenieros civiles, arquitectos y especialistas en seguridad, entre otros.

Estas inspecciones evalúan puntos clave como conexiones eléctricas, señalización, extintores, luces de emergencia, aforo permitido y estabilidad superficial de la infraestructura. Sin embargo, Limonchi señaló que “estas inspecciones suelen ser demasiado generales en casos de alto riesgo, ya que no profundizan en la resistencia estructural ni en la calidad de los materiales utilizados”.

El especialista añadió que, si bien las edificaciones deben renovar sus certificados de defensa civil cada dos años, esto no garantiza que la estructura esté en óptimas condiciones para soportar cargas críticas. “Los inspectores deben verificar que no existan rajaduras, humedad o signos de salitre, pero también es fundamental realizar estudios detallados sobre la capacidad de soporte, los sistemas de drenaje y la calidad de los materiales empleados en la construcción inicial”, afirmó Limonchi.

Por otro lado, Gelqui Gómez, comandante e inspector departamental de los bomberos de La Libertad, destacó que las fallas estructurales podrían ser resultado de procesos constructivos deficientes. “Aspectos como una mala mezcla de cemento, fierros o proporciones incorrectas durante la edificación pueden acabar en resultados devastadores”, aseguró.

Tras el colapso, Gómez solicitó equipos especializados como gatos hidráulicos industriales para retirar las vigas pesadas que aún dificultan las labores de rescate. Según el comandante, la falta de recursos adecuados ha ralentizado las operaciones, sumándose a la preocupación de que podría haber más víctimas bajo los escombros.

Este desastre deja en evidencia la importancia de fomentar inspecciones más exhaustivas para estructuras calificadas de muy alto riesgo. Limonchi enfatizó que los ingenieros civiles certificados como inspectores ITSE son claves en la evaluación de puntos críticos, como la resistencia estructural y las condiciones de construcción previamente al otorgamiento de licencias.

Consecuencias penales tras el colapso en Real Plaza Trujillo

Según el abogado penalista Carlos Caro, el Ministerio Público debe iniciar investigaciones preliminares por homicidio, lesiones graves y estragos, según los artículos 276 y 278 del Código Penal en el caso del colapso del techo del centro comercial Real Plaza Trujillo. Dependiendo de los hallazgos, incluso podría configurarse homicidio calificado, tipificado en el artículo 108.4, que contempla penas de 15 a 35 años de prisión al tratarse de un acto con un medio que pone en peligro la vida o la salud de las personas.

Este caso no puede ser considerado como un accidente fortuito; involucra presuntas omisiones de responsabilidades tanto de la empresa administradora como de las autoridades públicas. En situaciones de este tipo, las competencias en prevención recaen también en los gobiernos municipales y en Defensa Civil, quienes tienen el deber de garantizar las condiciones de seguridad en establecimientos abiertos al público. Esto incluye la arquitectura, ingeniería, resistencia de los materiales y solidez de la infraestructura, considerando eventos previsibles como sismos de intensidad moderada, habituales en la zona.

La falta de supervisión exhaustiva, no solo al momento de otorgar licencias sino en inspecciones periódicas, plantea preguntas clave: ¿cumplieron las autoridades municipales y Defensa Civil con sus obligaciones legales y técnicas?, ¿fue realizada la fiscalización por personal capacitado?

Por su parte, la empresa administradora del centro comercial tiene el deber de garantizar la seguridad de los usuarios, identificando y mitigando riesgos. Si el fallo estructural era cognoscible o previsible y no se tomaron medidas adecuadas, la responsabilidad penal podría escalar a una imputación por dolo, entendiendo este como conocimiento del peligro concreto y la inacción deliberada ante dicho riesgo. La sola existencia de licencias o permisos no exime de responsabilidad.

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El colapso del techo del patio de comidas en el centro comercial Real Plaza Trujillo continúa dejando en evidencia la falta de recursos adecuados para enfrentar un desastre de esta magnitud. Según denunció el comandante departamental de los bomberos de La Libertad, Gelqui Gómez, las primeras grúas enviadas al lugar resultaron inútiles para levantar los pesados escombros, ya que estaban diseñadas para remolcar vehículos y no para desmontar estructuras complejas y de alto tonelaje.

“Necesitamos grúas de anclaje o plumas de alto tonelaje como las que se utilizan en construcciones de edificios, no estas grúas de remolque que no sirven para nada”, indicó Gómez, mientras solicitaba mayor intervención del gobernador regional, César Acuña. Según el comandante, el gobernador, aunque no es un especialista, es la autoridad política responsable y quien debe gestionar los recursos necesarios para las labores de rescate de manera eficiente.

Las tareas de búsqueda se han visto ralentizadas debido a la carencia de maquinaria especializada, como gatos hidráulicos y grúas apropiadas. Las estructuras caídas en el patio de comidas presentan dimensiones críticas, y su peso limita el acceso de los equipos de rescate a algunas zonas. “No sabemos si hay cinco o más personas atrapadas bajo los escombros, pero sin estas herramientas adecuadas no podemos trabajar con la rapidez que necesitamos”, añadió el comandante Gómez.

La emergencia ha requerido la llegada del equipo de élite de búsqueda y rescate USAR Grau de la Marina de Guerra del Perú, compuesto por 28 especialistas entrenados en desastres de gran magnitud. Este grupo utiliza tecnología avanzada y protocolos internacionales para localizar sobrevivientes y asegurar estructuras dañadas. Sin embargo, incluso con su participación, la falta de equipamiento pesado ha dificultado sus operaciones.

Asimismo, se informó que en toda la ciudad de Trujillo no existen grúas de anclaje disponibles y que la maquinaria más cercana estaría en Chimbote, situación que expone una preocupante carencia de recursos en una ciudad grande como esta. “Esta tragedia ha evidenciado que no estamos preparados para enfrentar desastres de esta magnitud”, señaló Gómez en una entrevista.

El ministro de Defensa, Walter Astudillo confirmó que la cifra extraoficial de fallecidos se habría elevado a seis, cinco de ellos en el propio centro comercial y uno en el Hospital Belén de Trujillo. Mientras tanto, el Gobierno Regional de La Libertad decretó dos días de duelo oficial, 22 y 23 de febrero, en homenaje a las víctimas y al esfuerzo incansable de los equipos de rescate.

El centro comercial Real Plaza permanece acordonado y bajo estrictas medidas de seguridad. Equipos de la Policía Nacional, brigadistas, bomberos, ingenieros estructuralistas y otros especialistas continúan trabajando sin descanso, conscientes de que el rescate y recuperación total podría extenderse por días o incluso semanas.

Plumas de alto tonelajes para el colapso del Real Plaza Trujillo

En desastres donde estructuras de gran magnitud colapsan, como el reciente accidente en el Real Plaza Trujillo, es imprescindible contar con maquinaria pesada adecuada para realizar tareas de rescate y desescombro de manera eficiente y segura. Entre los equipos más necesarios destacan las grúas de alto tonelaje y las plumas especializadas, herramientas diseñadas para levantar y mover grandes cantidades de escombros en condiciones extremas.

Las grúas de alto tonelaje son equipos de gran capacidad que se utilizan principalmente en construcciones de edificios o industrias pesadas. Estas grúas poseen brazos telescópicos o articulados que permiten maniobrar cargas muy pesadas, alcanzando alturas elevadas y accediendo a espacios difíciles. Están diseñadas para trasladar vigas de acero, bloques de hormigón u otras partes de una estructura colapsada, permitiendo liberar zonas críticas en un desastre.

Por su parte, las plumas de alto tonelaje son un tipo de grúa que cuenta con un brazo largo y recto que se ancla firmemente al suelo o a una base fija. Este tipo de maquinaria garantiza estabilidad durante el levantamiento de cargas extremadamente pesadas y es capaz de soportar toneladas de peso sin comprometer la seguridad. Su precisión es clave para evitar derrumbes adicionales en estructuras inestables.

Además de las grúas y plumas, también son necesarios gatos hidráulicos que emplean alta presión para levantar vigas o losas de menor tamaño, así como excavadoras para retirar escombros más pequeños. Estas herramientas deben ser operadas por personal especializado y estar acompañadas de ingenieros estructuralistas que evalúen la estabilidad del terreno y los restos de la edificación.

El comandante departamental de la Compañía de Bomberos de La Libertad, brigadier Luis Fernando Roncal Carranza, explicó que los trabajos de rescate se realizan con extrema precaución debido al alto riesgo de que el resto del techo colapse. Según detalló, todo el patio de comidas se encuentra en condiciones inestables. Para garantizar la seguridad de los rescatistas, se cuenta con el apoyo técnico del Colegio de Ingenieros, quienes han evaluado las áreas críticas y autorizado el uso de una grúa para intervenir en las zonas más comprometidas.

“La estructura metálica está sumamente debilitada, pero seguimos trabajando sin descanso desde las 8:00 p.m. de ayer. Estamos evaluando y asegurando el área para no exponer más vidas en el proceso. Hasta ahora hemos podido rescatar a varias personas gracias al uso de la técnica del ‘triángulo de vida’, que les permitió evitar impactos letales”, afirmó Roncal.

Triángulo de vida salvó a varias personas atrapadas

El “triángulo de vida”, según explicó el brigadier, se forma cuando la caída de una estructura crea un ángulo o espacio que puede proteger a las personas del peso total del colapso. Varias víctimas lograron refugiarse en estos espacios naturales y salvaron sus vidas, mientras que otras quedaron atrapadas bajo vigas o escombros metálicos que dificultan las operaciones de rescate.

Durante la madrugada, los bomberos continuaron buscando señales de vida entre los escombros del techo colapsado del Real Plaza. Sin embargo, el comandante Roncal confirmó que tres de las víctimas mortales se encuentran bajo una pesada viga y no presentan signos vitales. El peso del techo y las dimensiones de la estructura han retrasado los esfuerzos por recuperar los cadáveres, pero se mantiene el compromiso de garantizar que cada zona sea revisada meticulosamente.

En el lugar trabajan más de 80 rescatistas entre bomberos, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y personal técnico del Gobierno Regional. Este último ha aportado maquinaria pesada, como grúas, para agilizar las operaciones. Además, las autoridades continúan evaluando la cantidad de personas que podrían seguir atrapadas.

El Real Plaza Trujillo fue evacuado en su totalidad y permanece acordonado mientras las unidades de emergencia persisten en sus labores. La magnitud de la tragedia ha movilizado a múltiples instituciones, y los equipos de rescate trabajan sin descanso para localizar a más víctimas bajo los restos del techo. Se espera que las acciones se intensifiquen a lo largo de la mañana.

¿Qué es el “triángulo de vida” y cómo protege en un colapso estructural?

El “triángulo de la vida” es un concepto crucial utilizado en situaciones de colapso estructural, como la caída de un techo, para explicar cómo ciertos espacios pueden proteger a las personas atrapadas bajo los escombros y aumentar sus posibilidades de sobrevivir. Este fenómeno ocurre cuando una estructura que colapsa forma un ángulo o espacio protegido debido a los elementos que no se desploman por completo o que quedan apoyados sobre objetos resistentes, como muebles, paredes o vigas.

Cuando un techo cae de manera abrupta, algunas partes de la estructura no se aplanan completamente, sino que descansan sobre puntos de apoyo sólidos, como mesas, escritorios o incluso electrodomésticos. Esto genera un espacio en forma de triángulo que puede ser lo suficientemente grande para resguardar a una persona del peso total de los escombros. Por este motivo, el “triángulo de vida” es considerado una zona segura dentro de un colapso estructural, ya que el impacto de los escombros no llega directamente a quienes se encuentran en esos espacios.

Este principio ha sido clave en la tragedia ocurrida en el centro comercial Real Plaza Trujillo. Según los rescatistas, varias personas lograron sobrevivir porque la caída de la estructura generó estos espacios protectores, donde pudieron refugiarse hasta ser auxiliados. Sin embargo, quienes no tuvieron acceso a estos triángulos fueron golpeados directamente por los escombros, lo que en muchos casos resultó en heridas graves o la pérdida de vidas.

Para los bomberos y equipos de rescate, es fundamental identificar el “triángulo de vida” al momento de proceder con las labores de búsqueda. Estos espacios ayudan a localizar posibles sobrevivientes y reducir los riesgos durante las maniobras, ya que permiten un acceso más seguro y estable a las áreas más peligrosas. Además, al centrarse en estas zonas, los rescatistas optimizan el tiempo y los recursos al priorizar los lugares con mayor probabilidad de encontrar personas con vida.

En situaciones de colapso, como el del Real Plaza Trujillo, los rescatistas también recurren a esta técnica para planificar el uso de maquinaria pesada, como grúas, asegurándose de no comprometer la estabilidad de los “triángulos de vida” y evitando causar nuevos derrumbes sobre las víctimas atrapadas. Por esta razón, el conocimiento y aplicación del “triángulo de vida” no solo salva vidas, sino que también facilita y organiza las estrategias de rescate en medio de desastres.

La noche del viernes, el techo del patio de comidas del centro comercial Real Plaza, en Trujillo, colapsó, dejando un saldo trágico de tres fallecidos y 78 personas heridas. Según las autoridades, entre los heridos hay 11 menores de entre 2 y 10 años con lesiones de gravedad, quienes están siendo atendidos en distintos centros de salud.

El incidente ocurrió mientras decenas de personas se encontraban en el centro comercial, incluyendo familias con niños que jugaban en una zona de juegos infantiles. Según el gerente regional de Salud de La Libertad, Aníbal Manuel Morillo, entre las lesiones más frecuentes en los menores se reportan cortes profundos y fracturas múltiples.

Un niño de 8 años permanece atrapado debido a que una de sus piernas quedó bajo la estructura metálica. Las labores de rescate se complican debido al riesgo de que el techo ceda aún más. Equipos de rescate y médicos especializados trabajan en la zona para liberar al menor.

Autoridades del Ministerio de Salud viajaron a Trujillo

Los heridos fueron trasladados a diversos hospitales y clínicas, como la Clínica San Pablo, el Hospital Regional Docente de Trujillo, el Hospital Víctor Lazarte, el Hospital Belén de Trujillo, el Hospital H. Albrecht, la Clínica Peruano Americana y la Clínica Sanna. En varios de estos establecimientos se encuentran los menores recibiendo atención especializada.

El ministro de Salud, César Vásquez, informó desde el Grupo Aéreo N.° 8 que un equipo compuesto por médicos emergenciólogos, rescatistas y funcionarios del gobierno se encuentra camino a Trujillo para coordinar las labores de rescate y, de ser necesario, trasladar a algunos pacientes a Lima para una mejor atención. Vásquez también señaló que la cifra final de víctimas podría variar tras la culminación de las labores de rescate.

La estructura del centro comercial Real Plaza ha sido completamente evacuada, mientras personal especializado evalúa las condiciones de seguridad en el área.

Bomberos reanudarán rescate en el Real Plaza Trujillo con técnica ‘triángulo de vida’

La madrugada del 21 de febrero de 2025, las labores de rescate continúan tras el colapso del techo del patio de comidas del centro comercial Real Plaza Trujillo, ubicado en la avenida Fátima 1345. El incidente dejó tres muertos, 78 heridos y al menos cuatro personas atrapadas bajo los escombros, una de ellas en estado crítico.

Desde las 6:00 a.m., el proceso de búsqueda y rescate se reanudará con la participación de más de 80 rescatistas, entre bomberos, Policía Nacional y personal del Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (COEP). Los bomberos han indicado que emplearán la técnica del “triángulo de vida” para garantizar la extracción segura de los atrapados. Por su parte, el gobernador César Acuña, acompañado por los ministros de Defensa, Salud y MIDIS, supervisa las acciones directamente en el lugar del siniestro.

El área ha sido completamente acordonada, y las autoridades han instalado un puesto de comando a cargo del COEP. Se activaron protocolos de la Gerencia Regional de Defensa Civil, incluidas evaluaciones de daños y necesidades (EDAN) para priorizar las acciones de emergencia. Los equipos de rescate trabajan en condiciones altamente riesgosas debido a la inestabilidad de las estructuras colapsadas.

Los heridos han sido trasladados a diversos centros médicos de la ciudad, como los hospitales Belén, Albrecht y Regional, además de clínicas como San Pablo y Sanna. Entre los afectados se encuentran 11 niños con lesiones graves, lo que aumenta la preocupación en medio de los esfuerzos de atención médica.

Este suceso ha dejado a la ciudad de Trujillo conmocionada, mientras se coordina con intensidad la atención a las víctimas y se buscan esclarecer las causas de este lamentable incidente. Autoridades nacionales han tomado el control de la situación para garantizar una respuesta integral a esta emergencia.

Aunque estar en un juicio por alimentos no necesariamente define a una persona, si ya tiene una deuda registrada en el REDAM, significa que ha incumplido una orden judicial de pago. Esto puede ser un factor importante a considerar en relaciones personales y en decisiones patrimoniales o financieras compartidas.

Gracias a la tecnología, ahora es posible verificar esta información de manera sencilla a través de la plataforma del Poder Judicial. Esta herramienta permite tomar decisiones más informadas, protegiendo tanto a los beneficiarios de las pensiones como a quienes desean conocer los antecedentes de una persona en temas de obligaciones alimentarias.

Si deseas conocer si una persona enfrenta un juicio por pensión de alimentos o figura como deudor en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), el Poder Judicial de Perú pone a disposición una plataforma digital que permite realizar esta verificación de manera rápida y sencilla.

El REDAM es un registro público donde se inscriben aquellos que han incumplido con el pago de la pensión de alimentos por tres meses consecutivos o intercalados. Esta herramienta busca garantizar que los beneficiarios, como hijos menores de edad, padres y personas con discapacidad, reciban el sustento que les corresponde.

¿Cómo consultar si una persona es deudora de alimentos?

Para realizar la consulta, puedes acceder a la web oficial del REDAM en el siguiente enlace:👉 https://casillas.pj.gob.pe/redam/#/

El sistema permite hacer la búsqueda de dos maneras:

• Por nombre completo Ingresa al portal del REDAM. Escribe los nombres y apellidos completos de la persona. Introduce el código de verificación que aparece en pantalla. Presiona “Consultar”.
• Por número de documento de identidad Accede nuevamente al sitio web. Selecciona el tipo de documento: DNI, carnet de extranjería o pasaporte. Ingresa el número correspondiente. Completa el código de verificación y haz clic en “Consultar”.

Si la persona tiene una deuda registrada, aparecerá un cuadro con detalles sobre el monto adeudado y la fecha de inscripción en el REDAM. Si no existen registros, el sistema mostrará el mensaje: “No se encontraron registros con los datos ingresados”.

Es importante tener en cuenta que este registro solo incluye a quienes ya han sido declarados deudores morosos por incumplimiento. Si una persona tiene un juicio en curso, pero aún no se ha dictado una resolución en su contra, su nombre no aparecerá en la base de datos del REDAM.

¿Cómo inscribir a un deudor en el REDAM?

Si alguien no cumple con el pago de la pensión de alimentos establecida por un juez, la parte afectada puede solicitar su inscripción en el REDAM. Para ello, debe presentar un requerimiento ante el juzgado correspondiente.

Proceso de inscripción:

• El juez recibe la solicitud y notifica al deudor.
• Se le otorga un plazo de tres días para presentar una respuesta.
• Si no cumple con el pago, el juez ordena su inscripción en el REDAM en un plazo máximo de tres días adicionales.
• Una vez inscrito, el deudor es reportado a las centrales de riesgo privadas, como Infocorp y la Cámara de Comercio, afectando su historial crediticio.

Además, el juez puede disponer la retención o embargo de bienes y cuentas bancarias para garantizar el pago de la deuda alimentaria.

Requisitos para presentar una demanda por alimentos

Si deseas iniciar una demanda por pensión de alimentos, deberás reunir la siguiente documentación:

• Copia del DNI del solicitante.
• Partida de nacimiento del menor.
• Nombre completo y dirección del demandado (domicilio o lugar de trabajo).
• Constancia de estudios del hijo o hija.
• Documentos que acrediten los gastos del menor, como boletas o recibos de pago de salud, alimentación, educación, vestimenta y recreación.

¿Cómo afecta estar en el REDAM?

Las personas inscritas en el REDAM enfrentan diversas restricciones, entre ellas:

• Limitaciones en el sistema financiero: No podrán acceder a servicios de intermediación financiera, lo que impide la obtención de créditos bancarios.
• Retención de fondos: Los depósitos en billeteras digitales a su nombre serán retenidos cada dos meses y transferidos al juzgado correspondiente.
• Prohibición de importación: No podrán realizar importaciones de bienes suntuarios, según la normativa aduanera vigente.

Más restricciones para deudores

El Congreso de la República ha planteado diversas iniciativas para reforzar las medidas contra los deudores de alimentos inscritos en el REDAM. Los proyectos de ley buscan restringir aún más el acceso a ciertos derechos y servicios hasta que se regularicen las deudas alimentarias.

• Restricciones bancarias y retención de fondos

Una de las propuestas establece que quienes figuren en el REDAM no podrán acceder a créditos bancarios ni a servicios financieros. Además, los depósitos en billeteras digitales serán retenidos cada dos meses y puestos a disposición del juzgado correspondiente.

Para garantizar el cumplimiento de esta norma, se propone que las entidades financieras verifiquen el estado del solicitante en el REDAM antes de aprobar cualquier transacción o crédito.

• Prohibición de importación de bienes de lujo

Otro punto del proyecto de ley prohíbe a los deudores alimentarios importar bienes suntuarios, como vehículos de alta gama, relojes de lujo y otros productos considerados de alto valor. Las autoridades aduaneras estarían obligadas a verificar el REDAM antes de autorizar cualquier operación de importación.

Si una persona inscrita en el registro intenta realizar una importación, los bienes podrían ser incautados y subastados para destinar los fondos al pago de la deuda alimentaria.

• Restricción de ingreso a eventos y espectáculos

Otro proyecto de ley plantea prohibir que los deudores alimentarios morosos accedan a eventos deportivos, conciertos y espectáculos de entretenimiento. Para ello, se modificarían los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 28970, que regula el REDAM.

Según esta iniciativa, las empresas organizadoras de eventos y las plataformas de venta de entradas deberán verificar si una persona figura en el registro antes de venderle un boleto. La actualización de estos datos en los sistemas de las empresas deberá realizarse de manera trimestral, en marzo, junio, septiembre y diciembre.

¿Cuánto es la pensión mínima por alimentos en 2025?

El monto de la pensión de alimentos se calcula en función de los ingresos del padre o madre demandado. En Perú, el porcentaje mínimo que se puede fijar es el 20 % del sueldo del deudor, mientras que el máximo puede alcanzar el 60 % de sus ingresos.

Para determinar el monto exacto, el juez evalúa factores como el nivel de ingresos del demandado y las necesidades del menor o beneficiario.

La reciente decisión del Ministerio de Educación (Minedu) de modificar la dirección de la Universidad Nacional de Música (UNM) ha generado una ola de críticas y preocupación en la comunidad académica y artística del país. La pianista y pedagoga Lydia Hung Wong, quien lideraba la Comisión Organizadora de esta institución, fue destituida de su cargo mediante la Resolución Viceministerial N.° 011-2025-MINEDU. En su lugar, se designó a Wilder Braul, un profesional con formación en administración y economía agrícola, lo que ha desatado cuestionamientos sobre la idoneidad de este nombramiento.

En una carta dirigida a la opinión pública, Lydia Hung Wong manifestó su desacuerdo con la decisión del Minedu y cuestionó la falta de sustento técnico en el nombramiento de su sucesor. Hung Wong destacó que la UNM, desde sus inicios como Academia Nacional de Música, ha sido dirigida por músicos de reconocida trayectoria, lo que ha permitido posicionar a la institución como un referente en la escena musical nacional y regional. Según la exdirectora, la designación de un profesional ajeno al ámbito artístico y académico representa un retroceso para la universidad.

En su misiva, Hung Wong agradeció el apoyo recibido por parte de la comunidad universitaria y afirmó sentirse satisfecha por haber culminado la presentación del expediente de licenciamiento ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), un paso clave para garantizar las condiciones básicas de calidad en la institución. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades para que designen a un líder comprometido y con conocimiento en el ámbito musical, en beneficio de la universidad y de su misión educativa.

Designación de Wilder Braul y críticas al proceso

El nombramiento de Wilder Braul, especialista en administración y economía agrícola, ha sido señalado como una decisión que carece de coherencia con la naturaleza de la Universidad Nacional de Música. Según el comunicado, la elección de un perfil técnico no relacionado con el arte musical pone en riesgo la continuidad de los avances logrados en los últimos años y podría afectar la calidad educativa de la institución.

La controversia se suma a una serie de cuestionamientos hacia el Minedu por decisiones similares en otras instituciones educativas. En este caso, la comunidad de la UNM ha expresado su preocupación por lo que consideran una falta de respeto hacia la especialización y el prestigio de la universidad. Estudiantes y docentes han denunciado públicamente que las autoridades no están prestando atención a las necesidades específicas de la institución ni a las demandas de su comunidad.

Lydia Hung Wong en la UNM

En su carta, Hung Wong destacó que su labor al frente de la UNM se centró en fortalecer la institucionalidad y en representar a su alma mater en un momento decisivo para su desarrollo. Su destitución, anunciada en el Artículo 1 de la Resolución Viceministerial N.° 011-2025-MINEDU, ha generado un amplio respaldo hacia su figura y críticas hacia el proceso de designación de su sucesor.

Durante su gestión, Lydia Hung Wong lideró un periodo de transformación y crecimiento en la Universidad Nacional de Música, señala en el documento escrito. Reconocida por su trayectoria como pianista y pedagoga, Hung Wong asumió la dirección de la Comisión Organizadora con el objetivo de consolidar el licenciamiento de la institución, un proceso que busca garantizar estándares de calidad en la educación superior.

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se pronunció este miércoles tras la denuncia constitucional interpuesta en su contra por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien la acusa de haber filtrado información reservada de una investigación en curso. Según informó RPP, la denuncia fue presentada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso y solicita, además, la inhabilitación de Espinoza por un periodo de diez años para ejercer funciones públicas.

En declaraciones exclusivas al medio, Espinoza aseguró que la denuncia no tendrá consecuencias, ya que, según afirmó, el Ministerio Público ha seguido el debido proceso en la investigación preliminar que se le realiza al ministro por presunto abuso de autoridad. La fiscal también subrayó que no se ha vulnerado ninguna norma ni derecho fundamental en el procedimiento llevado a cabo por su institución.

“Que lo demuestre. Nosotros nos sometemos siempre a cualquier investigación, pero que no se desvíe el procedimiento regular. Nada más. Estamos en una investigación regular y quien debe controlar esa investigación o cualquier afectación a los derechos es la judicatura”, apuntó.

La denuncia constitucional de Santivañez

De acuerdo con RPP, la denuncia constitucional presentada por el ministro Santiváñez se centra en la supuesta filtración de información privada contenida en la providencia número 70, relacionada con la investigación preliminar en su contra. Sin embargo, Espinoza explicó que no puede ofrecer detalles sobre el caso debido a que este se encuentra en curso. Pese a ello, enfatizó que el procedimiento seguido por el Ministerio Público es regular y se ajusta a lo establecido en el Código Procesal Penal.

La fiscal de la Nación también señaló que, en su experiencia, los fiscales están acostumbrados a recibir denuncias de los investigados, quienes, según ella, podrían actuar motivados por temor o preocupación. “Entiendo que hay temor, preocupación o algún tipo de situación que debe estar afrontando el señor investigado”, declaró Espinoza en el programa Ampliación de Noticias de RPP.

El Ministerio Público defiende su actuación

Espinoza reiteró que el Ministerio Público continuará con la investigación mientras no exista una resolución judicial que declare irregular el procedimiento. “Nosotros vamos a continuar; por lo tanto, las denuncias que pueda presentar el señor. Bueno, es su derecho, se evaluará. Todavía no se me notifica nada, porque no se ha vulnerado nada”, afirmó.

Asimismo, la fiscal hizo un llamado a que no se desvíe el curso del procedimiento regular y aseguró que el control de cualquier posible afectación a los derechos fundamentales corresponde a la judicatura. “Está en la providencia. Estamos en una investigación regular y quien debe controlar esa investigación o cualquier afectación a los derechos es la judicatura”, puntualizó.

A pesar de la gravedad de la denuncia, que incluye la solicitud de inhabilitación por diez años, Espinoza descartó que exista un conflicto entre el Ministerio Público y otros poderes del Estado. La fiscal negó categóricamente que su institución esté enfrentada con el Ejecutivo o con alguna otra entidad autónoma. “Nosotros deseamos lo mejor. Y recalco también el tema de la unidad para seguir trabajando en nuestras respectivas funciones, pero lamentablemente hay medios y personas que se empeñan en hablar de guerra y enfrentamientos, ¡para nada!”, declaró.

Preocupación por cambios en la Ley de Extinción de Dominio

En otro tema, la fiscal de la Nación expresó su inquietud por las modificaciones propuestas por el Congreso a la Ley de Extinción de Dominio. Según explicó, estos cambios podrían debilitar la lucha contra el crimen organizado y favorecer la corrupción, al reducir los efectos de las medidas destinadas a combatir los bienes obtenidos de manera ilícita. Espinoza informó que el Ministerio Público ha remitido al Congreso un informe sustentado que detalla la inviabilidad de las modificaciones planteadas.

La fiscal subrayó la importancia de mantener herramientas legales efectivas para enfrentar a la delincuencia organizada y proteger los recursos del Estado. Aunque no ofreció detalles adicionales sobre las propuestas legislativas, dejó claro que cualquier debilitamiento de la normativa actual podría tener consecuencias negativas en la lucha contra la corrupción y otros delitos graves.

En un fallo que subraya la importancia de los derechos fundamentales, el Juzgado de la Investigación Preparatoria de Chupaca, en la región Junín, declaró fundada una demanda de hábeas corpus presentada por Juan Roberto Cueva Soto en favor de Zucy Mery Ynderique Balbin, quien fue detenida el 30 de mayo de 2024 bajo circunstancias que el tribunal calificó como una vulneración a sus derechos constitucionales. Según la resolución emitida el 4 de septiembre de 2024, la intervención policial que derivó en la detención de Ynderique Balbin no cumplió con los requisitos legales establecidos, lo que llevó a la declaración de ilegalidad de dicho procedimiento.

De acuerdo con los documentos judiciales, la demanda fue dirigida contra el comandante PNP Manuel Teodoro Rodríguez Altamirano, jefe de la Comisaría de Chupaca, y se basó en la alegación de que la detención de la ciudadana se realizó mediante un procedimiento arbitrario. Según el demandante, los efectivos policiales involucrados solicitaron el celular de la intervenida, accedieron a su información sin su consentimiento y verificaron el código IMEI del dispositivo, lo que resultó en su detención por presunta receptación de un equipo reportado como sustraído.

El incidente ocurrió en la intersección de los jirones Pedro Aliaga y Bartolomé, en la provincia de Chupaca, cuando efectivos policiales realizaban un patrullaje a pie. Según el acta de intervención policial, los agentes solicitaron el celular de Zucy Mery Ynderique Balbin y verificaron su código IMEI en la base de datos de OSIPTEL, donde el dispositivo apareció reportado como sustraído. Esto motivó su traslado a la comisaría y su detención bajo el presunto delito de receptación.

El demandante, Juan Roberto Cueva Soto, argumentó que la intervención vulneró los derechos fundamentales de la detenida, específicamente su derecho a la libertad personal y a la intimidad. Según la demanda, los agentes no informaron a Ynderique Balbin sobre el motivo de la intervención ni obtuvieron su consentimiento para acceder a su celular. Además, se señaló que no existía una orden judicial que respaldara la acción ni evidencia suficiente que justificara la detención en flagrancia.

Respuesta del comandante de la PNP

El comandante PNP Manuel Rodríguez Altamirano, señalado como responsable en la demanda, negó haber estado presente en el lugar de la intervención y afirmó que se encontraba en la comisaría desempeñando labores administrativas. En su defensa, sostuvo que las acciones realizadas por los agentes bajo su mando se llevaron a cabo en cumplimiento de sus funciones y conforme a las disposiciones legales vigentes.

La Procuraduría Pública del Sector Interior, representada por Verónica Nelsi Díaz Mauricio, defendió la actuación policial, argumentando que la detención se realizó en el marco de una investigación preliminar por el presunto delito de receptación. Según la Procuraduría, el procedimiento estuvo justificado debido a que el celular de la intervenida estaba reportado como sustraído, lo que constituía un indicio razonable para proceder con la detención y dar aviso al Ministerio Público.

Fundamentos legales del fallo

El tribunal, presidido por el juez Gilmar Leonidas Zeballos Hurtado, analizó la intervención policial a la luz del artículo 200 de la Constitución Política del Perú, que regula el hábeas corpus como mecanismo de protección de la libertad individual. Asimismo, se consideraron las disposiciones del Nuevo Código Procesal Constitucional, que establece que las intervenciones policiales deben respetar estrictamente los derechos fundamentales de las personas.

En su resolución, el juez concluyó que la intervención y posterior detención de Zucy Mery Ynderique Balbin no cumplió con los requisitos legales de flagrancia delictiva. Según el fallo, la Policía Nacional no tenía motivos fundados para realizar el registro del celular de la intervenida ni para proceder con su detención, ya que la verificación del IMEI se realizó sin autorización judicial ni consentimiento de la propietaria del dispositivo.

El tribunal también destacó que la flagrancia delictiva, según la jurisprudencia nacional, requiere la concurrencia de dos elementos: inmediatez temporal e inmediatez personal. En este caso, la detención no cumplió con dichos requisitos, ya que la información sobre el estado del celular fue obtenida mediante un procedimiento que vulneró los derechos de la intervenida.

Medidas dispuestas por el juez

Aunque el tribunal no encontró responsabilidad directa en el Comandante PNP Manuel Rodríguez Altamirano, dispuso que se remitan los actuados al Ministerio Público para que investigue posibles responsabilidades penales o administrativas relacionadas con la intervención. Además, se exhortó a la Jefatura de la Región Policial Junín y al Comisario de Chupaca a informar al personal policial sobre la prohibición de realizar intervenciones similares en el futuro, bajo apercibimiento de sanciones disciplinarias o penales.

El fallo también subrayó la importancia de respetar los derechos fundamentales durante las intervenciones policiales, recordando que el acceso a dispositivos personales, como celulares, solo puede realizarse con autorización judicial o consentimiento expreso del propietario.

El servicio de transporte público Aerodirecto conectará diversas zonas de Lima y Callao con el nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, cuya inauguración está programada para este 30 de marzo. Este moderno sistema busca facilitar el traslado de pasajeros y trabajadores, ofreciendo precios accesibles y tramos específicos en rutas establecidas.

El costo del pasaje en el Aerodirecto oscilará entre S/ 1.20 y S/ 5.00, dependiendo de la distancia recorrida por los pasajeros. Según anunció la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), estas tarifas iniciales podrían ser reajustadas en un futuro por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

El servicio estará operativo desde las 5:30 a.m. hasta las 10:00 p.m., permitiendo atender tanto a quienes realizan viajes desde el aeropuerto como a quienes trabajan en sus instalaciones o acuden a recibir a familiares y amigos.

Asimismo, se contempla la posibilidad de implementar un carril exclusivo para los buses del Aerodirecto, a fin de garantizar recorridos más rápidos y organizar mejor el tránsito en las principales avenidas que conectan con el aeropuerto.

Rutas y cobertura

El modelo de transporte Aerodirecto integrará cinco rutas específicas que conectarán puntos estratégicos de Lima y Callao con el nuevo aeropuerto a través de buses equipados y monitoreados.

1. Aerodirecto Quilca - Callao: Esta ruta partirá de la avenida Quilca, pasando por las avenidas Faucett y Morales Duárez hasta llegar al terminal aéreo. Su tarifa será de S/ 1.20, según lo informado por la ATU.
2. Aerodirecto Norte: Este servicio iniciará en el cruce de las avenidas Carlos Izaguirre y Universitaria, en Los Olivos, recorriendo arterias como Panamericana Norte, Tomás Valle y Faucett. Los paraderos intermedios incluyen puntos como Plaza Norte, Megaplaza y Dominicos, con precios accesibles según los tramos.
3. Aerodirecto Sur: Se desplazará desde el cruce de las avenidas Brasil y República Dominicana.
4. Aerodirecto Este y Aerodirecto Oeste: Estas rutas conectarán otros sectores de la ciudad, aunque los detalles específicos están pendientes de confirmación.

Todos los buses contarán con áreas de embarque y desembarque señalizadas, tanto en el aeropuerto como en los paraderos establecidos, para facilitar la orientación de los pasajeros.

Características de los buses

Los autobuses Aerodirecto estarán pintados en colores blanco, azul y rojo, con el logotipo y la identificación de la ruta en sus costados y parte frontal para facilitar su visibilidad. Estarán equipados con:

• Sistemas de monitoreo en tiempo real.
• Cámaras internas.
• Wi-Fi gratuito a bordo.
• Paneles electrónicos con información de la ruta.
• Sistema de anuncios de paradas en alta voz.

Además, funcionarán con tecnologías sostenibles, utilizando gas natural vehicular (GNV) o energía eléctrica, y tendrán una antigüedad máxima de 10 años.

Para comodidad de los usuarios, se aceptará el pago del pasaje con tarjetas de crédito, promoviendo métodos de pago más prácticos.

Limitaciones en el equipaje

El servicio está diseñado para pasajeros que viajen con mochilas, bolsos de mano o maletas carry-on, ajustadas a las medidas permitidas como equipaje en cabina de avión. Aquellos que necesiten transportar equipaje de mayor tamaño, superiores a 20 kilos, deberán optar por servicios particulares, según explicó el presidente de la ATU, David Hernández.

“Este servicio está pensado para viajes locales de corta duración, como los que se realizan frecuentemente a destinos como Arequipa, Tumbes o Trujillo”, explicó Carlos Rivera, representante de la empresa operadora.

Paraderos del Aerodirecto Norte

En la ruta del Aerodirecto Norte se han establecido paraderos clave para facilitar el acceso de los usuarios al aeropuerto. Entre ellos destacan:

1. Izaguirre: Cruce de las avenidas Carlos Izaguirre y Universitaria.
2. Municipalidad: Cruce de Carlos Izaguirre y Las Palmeras.
3. Megaplaza: Puente peatonal que conecta al centro comercial.
4. Plaza Norte: Panamericana Norte antes de llegar a avenida Tomás Valle.
5. Dominicos y Aduanas: Puntos de intersección en las avenidas Tomás Valle y Faucett.
6. Monark: Av. Faucett frente al outlet Monark.
7. Embarque Aeropuerto: Boulevard principal dentro del nuevo aeropuerto.

Conexiones con otros transportes

El Aerodirecto Norte conectará con diversos servicios de transporte público para facilitar el traslado desde otros puntos de la ciudad hacia el aeropuerto:

• Metropolitano: Los usuarios de alimentadores como Izaguirre, Antúnez de Mayolo o Los Olivos podrán acceder al Aerodirecto en distintos puntos de la avenida Izaguirre y Universitaria.
• Transporte convencional: Las avenidas principales como Panamericana Norte, Tomás Valle y Faucett cuentan con rutas habilitadas de empresas como ETUPSA 73 y otras líneas de movilidad urbana.

Beneficiarios del servicio

Se estima que unas 85.000 personas se desplazan diariamente al aeropuerto entre pasajeros y trabajadores. Este servicio buscará agilizar su traslado, brindando una alternativa práctica y sostenible para quienes no cuentan con transporte privado o no desean usar taxis.

Con la inauguración del Aeropuerto Jorge Chávez y la entrada en funcionamiento del Aerodirecto, se espera un cambio significativo en la movilidad de Lima y Callao hacia uno de los principales centros de conexión aérea del país.

El Congreso de la República promulgó el pasado 20 de diciembre la Ley N° 32210, una norma que modifica la Ley de Trabajo del Cirujano Dentista, ampliando y precisando los derechos de los odontólogos. Esta decisión ha generado una fuerte polémica en el sector salud, especialmente por la oposición del Colegio Médico del Perú (CMP), que considera que la nueva legislación podría poner en riesgo la seguridad de los pacientes al permitir que los dentistas realicen procedimientos médicos para los cuales no están capacitados. La ley fue aprobada por insistencia, a pesar de haber sido observada previamente por el Ejecutivo.

Este miércoles 19 de febrero, la Comisión Permanente del Parlamento ha puesto en agenda la votación de su derogación. “Saludamos la decisión de los portavoces de nueve bancadas del Congreso de incluir en la agenda de la sesión de la Comisión Permanente el debate y votación del dictamen relacionado a los proyectos de ley 9947/2024-CR, 9955/2024-CR, 9957/2024-CR, 10124/2024-CR, 10126/2024-CR y 10130/2024-CR”, publicó el CMP

A través de sus redes sociales el Colegio de Médicos señaló también que estas iniciativas buscan restituir la exclusividad del acto médico para los médicos cirujanos y “derogar la Ley 32210, medida de gran relevancia para garantizar el correcto ejercicio profesional en el ámbito de la salud en el país”, publicó el CMP, quienes realizaron un plantón esta tarde frente al Congreso para “alzar su voz en defensa del acto médico y de los pacientes”.

Por otro lado, el Colegio Odontológico de Lima anunció una denuncia penal contra el congresista Waldemar Cerrón, de Perú Libre, por presunto tráfico de influencias. La decisión surge tras la difusión de un video donde Cerrón habría admitido influir en los votos del Congreso para priorizar la derogación de la ley

Según José Rojas Rueda, decano del Colegio Odontológico, estas declaraciones podrían evidenciar un direccionamiento de votos que compromete la ética legislativa y podría constituir un delito.

El video muestra a Cerrón hablando sobre la “disciplina” de los votos y sugiriendo que es posible influir en decisiones legislativas. Para los odontólogos, esto refleja manipulaciones políticas que beneficiarían a sectores médicos y promoverían la burocratización y potencial privatización del sistema de salud, lo que consideran perjudicial para la población y el sistema público.

Tras las declaraciones de Cerrón, el proyecto de ley en cuestión fue puesto en la agenda legislativa para el miércoles 19 de febrero, contando incluso con el respaldo de Fuerza Popular, generando sospechas sobre posibles negociaciones políticas para modificar decisiones. Esto ha intensificado críticas contra Cerrón, quien ahora enfrenta cuestionamientos éticos y una posible investigación penal.

Los argumentos en disputa del proyecto de ley

De acuerdo con la información publicada, uno de los cambios más significativos introducidos por la Ley N° 32210 es la modificación del artículo 4 de la antigua Ley de los Cirujanos Dentistas (Ley N° 27878). Este artículo ahora reconoce el trabajo de los odontólogos como una práctica médica, lo que ha encendido el debate sobre los límites de las competencias profesionales en el ámbito de la salud. El Colegio Médico del Perú ha expresado su preocupación por las implicancias de esta modificación, señalando que podría abrir la puerta a que los odontólogos realicen procedimientos médicos especializados que exceden su formación académica.

El decano del Colegio Médico del Perú, el Dr. Pedro Riega, declaró a El Comercio que ya existen casos documentados de odontólogos que ofrecen procedimientos médicos con fines estéticos, como blefaroplastias, bichectomías y lipopapadas. Según el Dr. Riega, estas prácticas no solo son ilegales, sino que también representan un riesgo significativo para la salud de los pacientes, ya que no se estarían cumpliendo las normativas diseñadas para garantizar su seguridad.

Riega también advirtió sobre las posibles consecuencias en el sector público, específicamente en los centros de salud. Aunque reconoció que los odontólogos están capacitados para realizar cirugías odontológicas especializadas, enfatizó que esto no los convierte en médicos. En sus declaraciones, subrayó que la capacidad de ejecutar un procedimiento quirúrgico no implica que el profesional esté preparado para manejar las complejidades médicas que pueden surgir en estos casos.

Contexto legislativo y oposición

La Ley N° 32210 tiene su origen en un proyecto de ley presentado en 2022. Este proyecto fue observado por el Ejecutivo en 2023, pero finalmente fue aprobado por insistencia en el Congreso. La decisión de promulgar la norma a pesar de las observaciones ha sido duramente criticada por el Colegio Médico del Perú, que considera que no se tomaron en cuenta los riesgos asociados a la ampliación de las funciones de los odontólogos.

Riega señaló que esta situación refleja una falta de regulación efectiva en el sector salud. Según sus declaraciones, la normativa vigente no está siendo aplicada de manera rigurosa, lo que permite que algunos profesionales realicen procedimientos para los cuales no están debidamente capacitados. Esta falta de control, según el decano del CMP, pone en peligro la seguridad de los pacientes y socava la confianza en el sistema de salud.

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) ha lanzado una convocatoria nacional para cubrir 17 plazas laborales dirigidas a egresados, bachilleres y estudiantes de diversas disciplinas, con remuneraciones que oscilan entre los 1130 y los 5500 soles. Según informó la entidad, las vacantes están distribuidas en distintas zonas registrales del país y abarcan tanto prácticas preprofesionales como contratos bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).

Entre las oportunidades destacadas se encuentra una plaza para un profesional del Órgano de Control Institucional en la Zona Registral N° VIII, con un salario de 5500 soles. Este puesto requiere formación universitaria completa en áreas como Contabilidad, Administración, Economía, Derecho, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas o afines, además de colegiatura y habilitación profesional. La ubicación de esta vacante es en la Oficina Desconcentrada de Chilca, en Huancayo, y la fecha de postulación está programada para el 21 de febrero de 2025.

Convocatorias en distintas zonas registrales

De acuerdo con la información proporcionada por Sunarp, las plazas disponibles se distribuyen en diversas zonas registrales del país, cada una con requisitos específicos. En la Zona Registral N° XI, por ejemplo, se ofrecen varias vacantes, entre ellas la de un abogado para la Unidad de Asesoría Jurídica en la Oficina Registral de Ica, con un sueldo de 3000 soles. Este puesto exige título universitario en Derecho, colegiatura y habilitación profesional, y las postulaciones estarán hasta el 18 de febrero de 2025.

En la misma zona, se busca un especialista en catastro con formación en Arquitectura, Ingeniería Civil, Ingeniería Geógrafa o Ingeniería de Sistemas. Este puesto, también ubicado en Ica, ofrece una remuneración de 2500 soles y estará disponible para postulaciones hasta el 21 de febrero de 2025.

Por otro lado, en la Zona Registral N° IX, se requiere un técnico en redes y comunicaciones con formación técnica superior en Computación, Sistemas, Software, Informática o Electrónica. Este puesto, con un salario de 4000 soles, estará ubicado en la Unidad de Tecnologías de la Información en Jesús María, Lima, y las postulaciones se recibirán hasta el 20 de febrero de 2025.

Oportunidades en Arequipa, Tacna y otras regiones

En la Zona Registral N° XII, con sede en Arequipa, se han abierto dos vacantes. Una de ellas es para un analista en abastecimiento con un salario de 3500 soles, mientras que la otra corresponde a un auxiliar registral con una remuneración de 2200 soles. Ambas posiciones requieren formación en Derecho o carreras afines y estarán disponibles hasta el 18 de febrero de 2025.

En la Zona Registral N° XIII, que incluye la ciudad de Tacna, se busca un operador registral y un profesional de apoyo, ambos con formación en Derecho. Los salarios para estas posiciones son de 2000 y 3000 soles, respectivamente, y las fechas de postulación están programadas hasta el 21 de febrero de 2025.

Plazas para prácticas preprofesionales

Además de las oportunidades laborales bajo el régimen CAS, Sunarp también ha convocado a estudiantes para prácticas preprofesionales. En la Zona Registral N° VI, se ofrece una vacante para estudiantes de Contabilidad, Administración o Economía, con una remuneración de 1130 soles. Estas prácticas se desarrollarán en la oficina ubicada en el Jr. Progreso N° 150, y las postulaciones estarán abiertas el 20 de febrero de 2025.

Requisitos y principios del proceso

Sunarp ha destacado que todos los procesos de selección se regirán por los principios de transparencia, mérito e igualdad de oportunidades, con el objetivo de garantizar que los candidatos seleccionados sean los más idóneos para cada puesto. Los interesados pueden consultar las bases y cronogramas completos de cada convocatoria a través de los enlaces proporcionados por la entidad.

Esta convocatoria representa una oportunidad significativa para profesionales y estudiantes que buscan integrarse al sector público en áreas relacionadas con el registro y la administración. Con plazas distribuidas en diversas regiones del país, Sunarp busca fortalecer su equipo de trabajo y garantizar un servicio eficiente en sus oficinas registrales.

La deforestación en la Amazonía peruana, impulsada por la conversión de bosques en áreas modelo, representa el 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el país, según un informe reciente de Oxfam titulado “El laberinto verde”. Entre 2015 y 2022, se perdieron aproximadamente 773.000 hectáreas de bosque en las unidades agropecuarias más extensas, lo que equivale a 468,1 gigagramos de dióxido de carbono equivalente (GgCO2e) emitidos a la atmósfera. Este fenómeno no solo tiene implicaciones ambientales, sino que también agrava los conflictos sociales y pone en riesgo a las personas defensoras del ambiente, especialmente a los pueblos indígenas.

De acuerdo con el informe, las inconsistencias en las políticas nacionales han permitido que los agronegocios de gran escala se expandan sin control, particularmente en el cultivo de commodities como la palma aceitera. Este modelo de desarrollo agrícola, que muchas veces opera bajo una aparente legalidad, perpetúa la desigualdad estructural en la tenencia de tierras y genera graves conflictos en la región amazónica. Según Oxfam, solo el 34% de las tierras agrícolas en el Perú cuentan con títulos de propiedad, y en departamentos amazónicos como Madre de Dios y Amazonas, esta cifra desciende a menos del 5%.

Riesgos para los defensores ambientales

El avance de los agronegocios no solo afecta los ecosistemas, sino que también incrementa los riesgos para las personas defensoras del ambiente. Según el informe, el 40% de las personas defensoras en situación de riesgo en el Perú pertenecen a pueblos indígenas de la Amazonía. Estas comunidades enfrentan amenazas constantes relacionadas con actividades ilegales como la tala y el tráfico de tierras, que se ven exacerbadas por la expansión de los agronegocios.

Alejandra Alayza, directora de Oxfam en Perú, señaló que este modelo de desarrollo agrícola favorece a grandes empresas en detrimento de las comunidades indígenas, quienes deben atravesar procesos largos y complejos para obtener el reconocimiento de sus territorios. “Los agronegocios a gran escala están generando mayores desigualdades en la tenencia de tierras, al favorecer a grandes empresas en desmedro de las comunidades indígenas. Esta situación no solo aumenta la vulnerabilidad de las comunidades, sino que también las expone a graves conflictos y violaciones de derechos humanos”, afirmó Alayza.

Grandes plantaciones evaden la regulación ambiental

El informe detalla cómo las grandes plantaciones agrícolas han encontrado formas de eludir la regulación forestal y ambiental en el Perú. Muchas empresas aprovechan normativas diseñadas para pequeños agricultores con el fin de formalizar grandes extensiones de tierras previamente deforestadas. Este proceso comienza con la deforestación y la instalación de cultivos en áreas boscosas. Posteriormente, las parcelas se formalizan como pequeñas propiedades agrícolas, y finalmente, las grandes empresas adquieren estas tierras ya tituladas, evitando así cumplir con los requisitos ambientales y forestales.

Una de las principales fallas en la regulación es que no distingue si las tierras formalizadas contienen bosques o no. Según el informe, muchas de estas parcelas son inicialmente ocupadas por traficantes de tierras, quienes buscan titularlas para luego venderlas a grandes empresas. Este vacío legal permite que los agronegocios se expandan sin cumplir con las normativas ambientales, lo que agrava la deforestación y los conflictos sociales en la región.

Propuestas para un enfoque integral en la Amazonía

Ante esta problemática, el informe “El laberinto verde” subraya la necesidad de implementar un enfoque integral para la Amazonía peruana. Este enfoque debe incluir el ordenamiento territorial, la conservación de los bosques y el respeto a los derechos humanos, involucrando tanto al Estado como al sector privado y los mercados internacionales. Entre las medidas prioritarias, Oxfam propone evitar la promoción de agronegocios en bosques primarios, fortalecer la titulación integral de tierras colectivas y garantizar el control y monitoreo participativo de los territorios forestales.

Además, el informe destaca la importancia de fortalecer la certificación y fiscalización ambiental de los agronegocios, así como de implementar políticas que aseguren la sostenibilidad de las cadenas de valor. Estas acciones son fundamentales para frenar la deforestación y proteger los derechos de las comunidades indígenas, quienes son las principales afectadas por la expansión descontrolada de los agronegocios.

Un modelo insostenible para el futuro de la Amazonía

El modelo de agronegocios a gran escala en la Amazonía peruana no solo pone en riesgo los ecosistemas y la biodiversidad, sino que también perpetúa las desigualdades sociales y amenaza los derechos de las comunidades indígenas. Según Oxfam, la falta de regulación efectiva y las inconsistencias en las políticas nacionales han permitido que este modelo se expanda sin control, generando graves consecuencias ambientales y sociales.

La deforestación causada por la conversión de bosques en áreas agropecuarias no solo contribuye significativamente a las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también pone en peligro el futuro de la Amazonía como uno de los principales pulmones del planeta. En este contexto, resulta urgente adoptar medidas integrales que prioricen la conservación de los bosques, el respeto a los derechos humanos y la sostenibilidad de las actividades económicas en la región.

Perú enfrenta un incremento alarmante de la criminalidad, con 266 homicidios registrados hasta el 17 de febrero, según datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) del Ministerio de Salud. La violencia ha escalado en distintos puntos del país, dejando a la población en un estado de inseguridad constante.

La madrugada del miércoles 19 de febrero fue particularmente trágica con tres incidentes mortales en menos de 24 horas, mientras se sigue cuestionando la incapacidad del gobierno para garantizar la seguridad, con un ministro del Interior que registra 68 % de desaprobación por parte de la ciudadanía

Ataque con arma a joven del Callao

En la provincia constitucional del Callao, un joven identificado como Kevin Espinoza, de 26 años, fue baleado mientras esperaba en un paradero de transporte público ubicado en la avenida Pérez Salmon. Según los reportes policiales, sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon al menos siete veces antes de huir con rumbo desconocido.

Espinoza fue trasladado de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión, donde su estado se mantiene reservado. La policía ha iniciado investigaciones para esclarecer este intento de asesinato, que se suma a la ola de violencia creciente en la región. Las calles del Callao, frecuentemente marcadas por este tipo de incidentes, reflejan el deterioro de la seguridad pública en una de las áreas históricamente más golpeadas por la actividad criminal en el país.

Posible ajuste de cuentas en San Juan de Miraflores

En San Juan de Miraflores, un ataque armado registrado en la zona de Pamplona Alta dejó dos hombres muertos y un tercero gravemente herido. Las víctimas se encontraban dentro de un automóvil estacionado cerca del estadio El Amauta, cuando fueron sorprendidas por atacantes desconocidos que, sin mediar palabra, dispararon múltiples veces a quemarropa.

Uno de los fallecidos intentó refugiarse en una vivienda cercana, donde perdió la vida, mientras otro hombre fue abatido al intentar repeler el ataque. El tercer ocupante del vehículo fue trasladado de urgencia a un hospital. Vecinos de la zona relataron que escucharon más de 20 disparos, generando escenas de pánico en el barrio. Según las autoridades, este ataque podría estar relacionado con un ajuste de cuentas, aunque las investigaciones siguen en curso.

La Victoria: asesinato de un presunto taxista

En el distrito limeño de La Victoria, un hombre fue asesinado al interior de un vehículo sobre la calle Bélgica, frente al colegio Saco Oliveros, alrededor de las 2:30 de la madrugada. Testigos informaron haber escuchado un disparo, pero no se registró ninguna discusión previa. Al llegar al lugar, la policía encontró el cadáver del hombre dentro del automóvil con las puertas abiertas.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada, pero se confirmó que el vehículo pertenece a Luis Fernando Loyola Leiva. El caso está siendo investigado como un posible acto de sicariato.

Aumento de inseguridad

Estos episodios violentos refuerzan la percepción de inseguridad entre los peruanos. Este año se han registrado 266 homicidios en menos de dos meses, cifra que evidencia un clima de violencia sostenida. Las autoridades enfrentan críticas por no abordar eficazmente el problema de la criminalidad, dejando a los ciudadanos vulnerables ante actos de violencia extrema.

Las mesas de trabajo interinstitucionales y los recientes operativos policiales no han logrado disminuir los índices de criminalidad. Expertos en temas de seguridad señalan la falta de estrategias integrales y de prevención para atacar las raíces del problema, como el narcotráfico, el sicariato y las redes delictivas que operan con impunidad en diversas regiones del país.

El impacto de la delincuencia no solo se refleja en las cifras de homicidios, sino también en el aumento de pacientes heridos por armas de fuego que llegan a los hospitales. Según declaraciones del ministro de Salud, César Vázquez, los centros de salud han experimentado un incremento en la atención de este tipo de casos, lo que pone de manifiesto la presión adicional que enfrenta el sistema sanitario.

A pesar de este aumento en la demanda, el ministro aseguró que los hospitales se mantienen operativos y preparados para atender a las víctimas de la violencia. No obstante, esta situación plantea desafíos significativos para el sector salud, que debe lidiar con las consecuencias de la creciente inseguridad en el país.

César Hildebrandt criticó el informe de la Contraloría General de la República que exonera a la presidenta Dina Boluarte de un presunto desbalance patrimonial, pese a que sus ingresos tienen un incremento sin sustento claro. La mandataria pasó de reportar S/ 160,415 en 2021 a S/ 792,167 en 2024, lo que representa un aumento de S/ 631,752 en solo tres años. Sin embargo, la Contraloría no encontró irregularidades ni trasladó el caso a la Fiscalía.

Hildebrandt señaló que las explicaciones ofrecidas por Boluarte no justifican los números. “Ella dice que no ha recibido préstamos ni herencias y asegura que no alquila vivienda. Pero las cifras no cuadran porque sus ingresos como presidenta, con los descuentos, ascienden a S/ 11,800 mensuales. De tal manera que la coartada de los ahorros personales no es suficiente”, afirmó el periodista.

El informe que exime a la presidenta fue elaborado por la Subgerencia de Fiscalización de la Contraloría y aprobado por César Aguilar Surichaqui, actual contralor. Según Hildebrandt, esta situación está vinculada con presuntas maniobras políticas. “Por dudar de estas cuentas es que botaron al contralor anterior, Nelson Shack. En su lugar, pusieron a este siervo del Congreso y de Palacio, César Aguilar”, agregó.

Designación cuestionada

La subgerente que firmó el informe, Vanessa Walde Ortega, también fue objeto de críticas. Según revelaciones de medios de investigación, la funcionaria no cumpliría con los requisitos de experiencia necesarios para el cargo. El puesto exige al menos ocho años de experiencia profesional, cinco de ellos en áreas específicas, pero el historial laboral de Walde no acredita dicho perfil.

Walde Ortega, de 32 años, habría sido designada como subgerente pese a estas carencias debido a sus vínculos con César Aguilar. Su padre, el exjuez supremo Vicente Walde Jáuregui, fue jefe de Aguilar cuando trabajaban juntos en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Más adelante, cuando Aguilar asumió como contralor, nombró a Walde Ortega en el puesto de confianza pese a las observaciones.

Vinculación con “Los Cuellos Blancos”

La familia de Vanessa Walde también enfrenta cuestionamientos por presuntos vínculos con César Hinostroza, exjuez supremo y prófugo de la justicia, señalado como miembro de la red criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Estas conexiones han generado mayores sospechas sobre la imparcialidad del informe y el blindaje frente a posibles investigaciones fiscales.

Además, se reveló que Walde Ortega se encuentra en Estados Unidos desde el 14 de enero de este año, pero sigue percibiendo su sueldo de manera íntegra mientras ocupa su cargo dentro de la Contraloría. Esto ha llevado a especialistas a exigir que el Ministerio Público inicie una investigación en torno a su rol y las circunstancias del caso.

Piden acciones por parte de la Fiscalía

El cuestionado informe de la Contraloría no ha sido derivado a la Fiscalía pese al extraordinario aumento de patrimonio de Dina Boluarte en tres años. Distintas voces, como la de Hildebrandt, han pedido una revisión exhaustiva de los registros patrimoniales y transacciones financieras de la mandataria para determinar si cumplen con los principios de transparencia y legalidad. “La Contraloría, autorizada por el Congreso, ha dado un veredicto que beneficia claramente a la presidenta. Esto ha sido una maniobra para evitar investigaciones”, sostuvo el periodista.

Por su parte, el experto legal José Antonio Trelles indicó que el caso presenta irregularidades desde su manejo inicial. Respecto a la subgerente Walde Ortega, enfatizó: “Ella carece de la experiencia requerida para el puesto, pero es la responsable de evaluar y fiscalizar las declaraciones juradas de bienes, ingresos y rentas de altos funcionarios públicos”.

Contraloría bajo la lupa

César Aguilar Surichaqui, actual contralor general de la República, fue propuesto al cargo por la misma presidenta Dina Boluarte y aprobado por el Congreso. Según Hildebrandt y otros críticos, este proceso de designación genera conflictos de interés, dado que Aguilar ahora debe actuar como fiscalizador de los ingresos y bienes de quien impulsó su nombramiento. “Este contralor no fue elegido por su trayectoria ni su experiencia, sino por su lealtad política a quienes están en el poder”, afirmó el periodista.

Aguilar ha defendido los resultados del informe, asegurando que no encontraron indicios de desbalance patrimonial en las cuentas de Boluarte. No obstante, los expertos exigen que se realicen auditorías independientes para asegurar la transparencia en la gestión pública.

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) ha comenzado a implementar un servicio de pago de pensiones a domicilio, que se llevará a cabo entre el 14 y el 23 de febrero de 2025. Este servicio, completamente gratuito, beneficiará a 9.462 pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), quienes recibirán sus pagos de manera segura y sin necesidad de desplazarse. Según informó la ONP, esta medida busca facilitar el acceso a las pensiones, especialmente para aquellos afiliados con movilidad reducida o dificultades para acudir a las entidades bancarias.

El cronograma de visitas a domicilio se ha dividido por zonas geográficas en Lima Norte y Lima Sur. En el caso de Lima Norte, las visitas se realizarán entre el 14 y el 17 de febrero, abarcando distritos como Ancón, Comas, Los Olivos, San Martín de Porres y otros. Por su parte, en Lima Sur, el servicio se llevará a cabo los días 18 y 19 de febrero, cubriendo distritos como Chorrillos, Villa El Salvador, Santiago de Surco y más. La ONP destacó que este sistema de pago a domicilio forma parte de los servicios gratuitos que ofrece la entidad, los cuales también incluyen la emisión de constancias de pago de pensiones.

Calendario de pagos para febrero de 2025

De acuerdo con el cronograma publicado por la ONP, los pagos correspondientes al mes de febrero se realizarán en fechas específicas según el régimen y la modalidad de cobro. Para los pensionistas del Régimen 19990, los pagos se distribuirán de la siguiente manera: aquellos cuyos apellidos comienzan con las letras A a C recibirán su pensión el viernes 7 de febrero; los apellidos D a L, el lunes 10; los apellidos M a Q, el martes 11; y los apellidos R a Z, el miércoles 12. En cuanto al pago a domicilio, el abono inicial se realizará el 7 de febrero, mientras que las visitas a los hogares se extenderán del 14 al 23 del mismo mes.

Por otro lado, los beneficiarios del Régimen 20530 y de regímenes especiales recibirán sus pagos el jueves 13 de febrero. La ONP recomendó a los pensionistas estar atentos a las fechas asignadas y tomar las precauciones necesarias al momento de retirar sus fondos, especialmente en el caso de quienes optan por el cobro presencial.

Incremento en las pensiones mínimas y proporcionales

Desde enero de 2025, la ONP ha implementado un aumento en las pensiones mínimas y proporcionales del Sistema Nacional de Pensiones, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los jubilados y fortalecer la seguridad social en el país. Según detalló la entidad, la pensión mínima mensual para jubilación e invalidez ha pasado de S/ 500 a S/ 600, beneficiando a más de 227.000 jubilados y cerca de 17.600 pensionistas con discapacidad para el trabajo.

Asimismo, las pensiones proporcionales también han experimentado un ajuste significativo. Los afiliados que aportaron entre 10 y menos de 15 años, quienes anteriormente recibían S/ 250 mensuales, ahora perciben S/ 300. De igual manera, aquellos que contribuyeron entre 15 y menos de 20 años han visto un incremento de S/ 350 a S/ 400. Este ajuste se aplica de manera automática, sin que los beneficiarios deban realizar trámites adicionales, y los montos actualizados se incluyen en los pagos regulares desde enero.

Transferencia de la administración del Régimen 20530 a la ONP

En otro anuncio relevante, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó la transferencia de la administración del Régimen 20530 a la ONP mediante la Resolución Directorial Nº 0005-2025-EF/53.01, publicada el 25 de enero de 2025. Este cambio implica que la ONP asumirá la gestión de las pensiones correspondientes a este régimen, que regula los derechos de jubilación y compensaciones para trabajadores del sector público no incluidos en el Decreto Ley 19990.

La implementación de esta medida coincide con un reciente ajuste en los montos de las pensiones para los beneficiarios de la Ley 20530, quienes recibirán un incremento de S/ 30 a partir de enero de 2025. Este aumento se verá reflejado en los pagos correspondientes al mes de febrero, según informó la ONP. Cabe recordar que esta transferencia de administración ya estaba contemplada en el Decreto Legislativo Nº 1666, que establece lineamientos para la gestión fiscal de los recursos humanos en el sector público.

Acceso a servicios virtuales y consultas

La ONP también recordó a los afiliados que pueden acceder a diversos servicios gratuitos a través de su plataforma digital. Para ello, es posible solicitar una clave virtual en onpvirtual.pe, ingresando a la opción “tu zona segura” y seleccionando “quiero mi clave virtual”. Este acceso permite gestionar servicios como el pago a domicilio y la obtención de constancias de pago de pensiones.

En caso de dudas o consultas, los pensionistas pueden comunicarse con el servicio ONP Te Escucha al número (01) 634 2222, disponible a nivel nacional de lunes a viernes, entre las 8:00 y las 17:30 horas. La entidad reafirmó su compromiso de garantizar un servicio eficiente y accesible para todos los afiliados del Sistema Nacional de Pensiones.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), inició la entrega de títulos habilitantes para la operación de rutas de transporte público, en el marco del reglamento del régimen excepcional de otorgamiento o renovación de autorizaciones. Este nuevo marco, vigente desde febrero, busca modernizar y ordenar el transporte en la capital. Hasta el momento, 23 empresas han recibido estas autorizaciones, mientras que aún restan más de 300 por ser evaluadas.

El ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes, calificó la entrega de los títulos como un hito para el sector. “Tras 21 años, hemos implementado un régimen de autorizaciones que marca el inicio de una era de estabilidad jurídica, modernidad y orden en el transporte público”, señaló. El funcionario destacó además que estas medidas no solo son administrativas, sino también compromisos en favor de los usuarios, la sostenibilidad y la calidad del servicio.

El reglamento del régimen excepcional exige que las empresas de transporte implementen sistemas como GPS, cobro electrónico, identificación adecuada y la adopción de vehículos sostenibles, como buses eléctricos o impulsados por gas natural vehicular (GNV). Estas condiciones buscan no solo mejorar el servicio, sino también reducir las emisiones contaminantes en Lima y Callao.

Según el nuevo plan regulador de rutas aprobado por la ATU, existen 364 empresas de transporte que operan 462 rutas con aproximadamente 27,000 unidades habilitadas. Sin embargo, se espera que la renovación y modernización de flotas permita una transición hacia buses de mayor capacidad, lo que reduciría el número total de unidades a 17,000 en los próximos años.

David Hernández, presidente ejecutivo de la ATU, destacó la previsión de insertar 4,000 nuevos buses de gran capacidad entre 2026 y 2029. “Este cambio hacia la macromovilidad permitirá avanzar hacia un transporte más eficiente y sostenible”, aseguró. Asimismo, resaltó que la normativa ofrece estabilidad jurídica a los operadores, promoviendo inversiones a largo plazo para mejorar el sistema.

Durante la ceremonia de entrega de los títulos habilitantes, también estuvo presente el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana. Sin embargo, las autoridades se retiraron del lugar sin brindar declaraciones a la prensa, generando cuestionamientos sobre los pasos concretos que se darán para abordar los pedidos del sector.

Desafíos pendientes: autorizaciones y lucha contra la informalidad

Si bien la entrega de títulos habilitantes representa un avance, el reto es amplio: más de 300 empresas todavía deben pasar por el proceso de otorgamiento o renovación de autorizaciones dentro del plazo establecido. De no cumplir los requisitos, podrían verse imposibilitadas de operar, lo que genera preocupación entre transportistas y usuarios.

Además, persisten desafíos como la erradicación de la informalidad, que históricamente ha afectado al sector. Según especialistas, la falta de regulación clara y el aumento de la criminalidad han complicado la implementación de un transporte verdaderamente formal y eficiente. “El problema de la informalidad debe ser resuelto de raíz para garantizar que los operadores ofrezcan un servicio ordenado y seguro”, comentó una fuente vinculada al sector.

Próximos pasos del MTC y ATU

El reglamento establece un plazo que vence el 15 de abril de 2025 para que todas las empresas que deseen operar cumplan con los requisitos. Esta medida, establecida mediante resolución directoral, también extiende temporalmente autorizaciones previas, salvo aquellas que hayan sido revocadas por incumplimientos.

En paralelo, el trabajo conjunto entre el MTC, la ATU y los gremios de transportistas busca garantizar que estas transiciones se realicen de forma progresiva y eficiente. Entre las metas inmediatas se encuentran formalizar las condiciones laborales de trabajadores y promover el cumplimiento de estándares de calidad, como flotas modernas, servicios digitalizados y conductores debidamente capacitados.

La implementación del régimen es un paso significativo, pero el éxito dependerá del compromiso de las autoridades y operadores de transporte para superar las barreras existentes, consolidando un sistema que brinde seguridad, eficiencia y sostenibilidad para todos los usuarios.

Empresas de transporte autorizadas con licencia de 5 años

A continuación, algunas de las empresas que asistieron a la entrega de autorizaciones por 5 años para la operación de rutas de transporte regular de Lima y Callao:

• Inversiones y Representaciones El Polo S.A.C
• Empresa de Transporte y Servicios Múltiples Sátelite S.A
• Empresa de Transporte y Servicios El Rápido S.A
• Empresa de Transporte Patrón San Sebastián S.A.C
• Empresa de Transportes Veintidós S.R.L
• Vargasant S.A.C
• Empresa de Transportes y Servicios Lima Chorrillos S.A
• Corporacion Avagon S.A.C

La reciente aparición de Vladimiro Montesinos, exasesor presidencial peruano condenado por crímenes de lesa humanidad y corrupción, en la plataforma TikTok ha despertados críticas sobre si ello podría configurar algún tipo de delito, como apología a la violencia o exaltación del reo. Los videos publicados en esta red social, que culminan con mensajes que sugieren su posible regreso a la política, ello en adición con su presunta candidatura a un partido político sin inscripción Por Amor al Perú apertura una serie de cuestionamientos.

Fernando Ugaz, abogado penalista del estudio Ugaz Zegarra, en diálogo con Infobae Perú, resaltó que de acuerdo con el artículo 316 del Código Penal peruano, se considera apología cuando alguien “públicamente exalta, justifica o enaltece un delito o a una persona condenada por sentencia firme como autor o partícipe”. En este contexto, cualquier contenido que respalde o justifique los crímenes como asesinato, desaparición forzada y corrupción podría ser considerado apología

Montesinos cumple una condena hasta junio 2026 en el penal de la Base Naval en el Callao y aún no ha pagado el monto de reparación civil que se le impone por los delitos cometidos.

El uso de redes sociales desde prisión: un vacío legal

Otro punto que ha generado controversia es cómo un ciudadano privado de su libertad puede tener presencia en redes sociales. Estela Valdivia, la abogada de Montesinos confirmó al diario Peru21 que el contenido publicado en TikTok cuenta con su respaldo, aunque no es él quien lo gestionaría directamente desde el penal. En teoría, las personas encarceladas no deberían tener acceso a dispositivos móviles ni a internet por razones de seguridad penitenciaria. Sin embargo, en este caso, el manejo de la cuenta parece estar a cargo de terceros en libertad, lo que técnicamente no violaría las normas penitenciarias, detalla Ugaz.

El abogado penalista destacó que, aunque la ley peruana no prohíbe explícitamente que una persona condenada tenga presencia en redes sociales, las publicaciones deben evitar incurrir en delitos como la apología. En este caso, el contenido de los videos y su posible impacto en la opinión pública han puesto en el centro del debate la necesidad de revisar las regulaciones existentes.

Impedimentos legales para un regreso político

Además de los cuestionamientos sobre la legalidad de su presencia en redes sociales, la opinión pública ha dado cuenta que los videos de TikTok han planteado la posibilidad de un regreso de Montesinos a la política. Sin embargo, Ugaz resalta que esta opción enfrenta múltiples obstáculos legales. Según el artículo 33 de la Constitución peruana, el ejercicio de la ciudadanía se suspende por sentencia con pena privativa de libertad. Esto significa que Montesinos no podría postularse a ningún cargo público mientras cumpla su condena.

Asimismo, la Ley 30153 establece que quienes no hayan cumplido con el pago de su reparación civil tampoco pueden postularse a cargos de elección popular. En el caso de Montesinos, aún debe pagar una reparación civil de 500.000 dólares, lo que refuerza su inhabilitación. Además, la jurisprudencia peruana ha extendido la interpretación de la inhabilitación, aplicándola no solo para ser elegido, sino también para votar o formar parte de partidos políticos.

El debate sobre la resocialización y la libertad de expresión

El caso de Montesinos también ha reavivado el debate sobre los derechos de las personas condenadas una vez que cumplen sus penas. El jurista del estudio Ugaz señala que la legislación peruana no contempla la “muerte civil” total, lo que significa que, tras cumplir su condena y pagar su reparación civil, una persona podría recuperar sus derechos, incluida la posibilidad de expresarse en redes sociales. Sin embargo, en el caso de Montesinos, su condena aún no ha concluido, y enfrenta otros procesos judiciales que podrían extender su tiempo en prisión.

Este caso pone en evidencia un vacío legal en la regulación de la actividad pública de personas condenadas. Aunque la crítica social y ética hacia estas acciones es fuerte, la normativa actual no prohíbe explícitamente que alguien en prisión tenga presencia mediática a través de terceros. Esto plantea la necesidad de revisar las leyes para evitar que estas situaciones generen confusión o afecten la percepción pública de la justicia.

De acuerdo con los datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), en enero de 2025 se contabilizaron 203 homicidios, mientras que en las dos primeras semanas de febrero se sumaron otros 59. Estas cifras, que corresponden exclusivamente a muertes violentas por asesinato, han sido objeto de controversia debido a las declaraciones del ministro Santiváñez, quien afirmó que los datos de homicidios incluyen también muertes por accidentes de tránsito. Sin embargo, el Ministerio de Salud (Minsa) desmintió esta afirmación, asegurando que las estadísticas del Sinadef diferencian claramente entre homicidios, accidentes de tránsito y otras causas de muerte.

Un incremento sostenido de homicidios

El aumento de homicidios en el país no es un fenómeno aislado de 2025. Según los registros oficiales del Sinadef, el número de asesinatos ha crecido de manera sostenida en los últimos años. En 2024, se reportaron 2.056 homicidios, mientras que en 2023 la cifra fue de 1.507. En 2022 se registraron 1.516 asesinatos, y en 2021, 1.317. Comparativamente, en 2020, el número de homicidios fue de 1.002, lo que evidencia un incremento significativo en un lapso de cinco años.

Un reportaje de Punto Final también señala que, desde el 7 de diciembre de 2022, fecha en la que Dina Boluarte asumió la presidencia tras el fallido golpe de Estado, se han registrado 3.900 homicidios en el país. Este dato subraya la magnitud de la crisis de seguridad que enfrenta el Perú y plantea interrogantes sobre las políticas implementadas para combatir la violencia.

El Minsa desmiente al ministro del Interior

En medio de esta crisis, las declaraciones del ministro Santiváñez han generado polémica. Según informó La República, el titular del Interior, quien asumió el cargo en mayo de 2024, intentó justificar el aumento de homicidios argumentando que las cifras del Sinadef estarían “mezcladas” con otras causas de muerte, como los accidentes de tránsito. Sin embargo, el Minsa desmintió esta afirmación, aclarando que el Sinadef clasifica de manera independiente cada tipo de muerte violenta.

El sistema del Sinadef, que se basa en los certificados de defunción emitidos por médicos, distingue claramente entre homicidios y accidentes de tránsito. En el caso de muertes violentas, los certificados son elaborados exclusivamente por médicos del Ministerio Público, lo que garantiza la precisión de los datos. Según el Minsa, en lo que va del año se han registrado 262 homicidios y 336 muertes por accidentes de tránsito, cifras que no se superponen ni se confunden.

Cuestionamientos a la transparencia de las cifras oficiales

Las declaraciones del ministro Santiváñez también han sido objeto de críticas por la falta de transparencia en la presentación de las cifras. Según el reportaje de Punto Final, el ministro afirmó que “solo en el ámbito de homicidios relacionados a conductas criminales no es más de 60″. Sin embargo, esta cifra contrasta con los datos oficiales del Sinadef, que reporta un total de 262 homicidios en lo que va de 2025.

La discrepancia entre las cifras oficiales y las declaraciones del ministro ha generado dudas sobre la gestión del gobierno en materia de seguridad. Además, ha puesto en evidencia la necesidad de contar con información precisa y transparente para abordar de manera efectiva la creciente ola de violencia en el país.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria resolvió declarar infundada la excepción de improcedencia de acción presentada por la defensa del exjuez supremo César Hinostroza Pariachi, investigado por el presunto delito de organización criminal en el marco del caso de Los Cuellos Blancos del Puerto, así como por otros delitos en agravio del Estado. La resolución, emitida el 10 de febrero de 2025, estuvo a cargo del Juez Supremo (p) Juan Carlos Checkley Soria y la especialista judicial Pilar Nilda Quispe Chura.

La defensa de Hinostroza buscaba anular la acción penal argumentando que, tras las modificaciones introducidas por el Congreso de la República al artículo 317° del Código Penal peruano, los hechos imputados no configuraban los elementos delictivos específicos del tipo penal de organización criminal, que requiere una “estructura compleja” y “mayor capacidad operativa”. No obstante, el tribunal determinó que los cargos formulados por el Ministerio Público sí cumplen con los requisitos establecidos en el marco legal vigente, incluyendo los nuevos elementos normativos.

Juzgado sostiene delito de organización criminal contra Hinostroza

El tribunal desestimó los argumentos de la defensa al concluir que los hechos atribuidos a César Hinostroza y su presunta participación como líder de la organización denominada Los Cuellos Blancos del Puerto cumplen con las características del delito de organización criminal, tal como quedó redefinido en las últimas modificaciones legislativas. Según la resolución, se comprobó que la organización tenía carácter estable, permanencia en el tiempo, una estructura compleja y capacidad operativa suficiente para coordinar actos ilícitos orientados a la obtención de beneficios para sus integrantes.

Además, el juzgado señaló que los delitos asociados a esta organización, como el cohecho pasivo específico y el cohecho activo específico, cumplen con el requisito de penalidad mínima (igual o mayor a cinco años de privación de libertad) que exige el artículo 317° del Código Penal reformado.

Los argumentos del Ministerio Público

Durante el proceso, el Ministerio Público argumentó que las imputaciones en contra de Hinostroza están sólidamente fundamentadas en investigaciones y declaraciones de colaboradores eficaces, las cuales revelan que este habría actuado como cabecilla de la red Los Cuellos Blancos del Puerto. Según el informe fiscal, esta organización operaba en el Poder Judicial, el ex Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y otros organismos, ejecutando actos de corrupción como la venta de fallos judiciales o la manipulación de nombramientos y ratificaciones de magistrados.

En el marco de esta investigación, se identificaron varios actores clave de la presunta organización. Entre ellos, además del exjuez supremo César Hinostroza, se encuentran los exmiembros del CNM Guido César Águila Grados, Orlando Velásquez Benítez, Iván Noguera Ramos y Julio Atilio Gutiérrez Pebe, así como otros magistrados y abogados vinculados a la estructura criminal.

El informe incluyó detalles sobre la estructura de la organización, que contaba con una red interna (integrada por magistrados), una red externa (incluyendo abogados como José Luis Castillo Alva) y una lista de personas que se habrían beneficiado de sus servicios ilícitos. Además, se desplegaba un lenguaje codificado entre los participantes, lo que refuerza la hipótesis de una estructura compleja y organizada.

Los argumentos de la defensa y su rechazo

La defensa de César Hinostroza sostenía que los nuevos elementos normativos del artículo 317° del Código Penal, introducidos por la Ley N°32108 y modificaciones posteriores, no se correspondían con las conductas imputadas. Según su interpretación, la fiscalía no había logrado demostrar elementos como el control de una cadena de valor de un mercado ilegal, la permanencia en el tiempo ni una mayor capacidad operativa de la organización. También alegaron que los delitos fin atribuibles a la organización carecían de la gravedad sancionada en la ley vigente.

El tribunal desmontó estos argumentos al enfatizar que la descripción de los hechos ofrecida por la fiscalía detalla la pluralidad de participantes, su repartición de roles, los periodos de actividad de la organización (que se remontan al menos a 2013) y los delitos graves cometidos en perjuicio del sistema judicial. En consecuencia, consideró que los hechos imputados configuran el delito de organización criminal, tal como estipula la norma penal vigente.

El juez también señaló que no es indispensable la existencia de una “cadena de valor de una economía ilegal” tras la última modificación legal al artículo 317°. En cambio, bastaba con que la organización buscara obtener beneficios económicos o materiales ilícitos, lo que se verificó en la investigación.

Implicancias del caso Los Cuellos Blancos

La resolución reafirma la posibilidad de procesar penalmente a Hinostroza Pariachi por este caso, que refleja uno de los escándalos más notorios de corrupción en el sistema judicial peruano en los últimos años. De acuerdo con los investigadores, la red Los Cuellos Blancos del Puerto habría instrumentalizado entidades judiciales y administrativas con fines ilícitos, poniendo en jaque los principios de imparcialidad y transparencia en el sistema de justicia.

Uno de los pasajes citados en la resolución menciona que “se señala en el Informe Pacori (...) que los investigados pertenecerían a una organización criminal (...) destinada al nombramiento, selección y ratificación de magistrados, incrementando los alcances de esta organización para el nombramiento de personas afines a sus intereses”.

El caso constituye un hito en los esfuerzos del sistema de justicia peruano por combatir la criminalidad organizada en instituciones públicas. Además, la resolución marca un precedente en la interpretación jurídica del delito de organización criminal bajo las nuevas normativas penales.

Por ahora, César José Hinostroza Pariachi y otros involucrados seguirán siendo investigados por su participación en el caso. Este fallo, que rechaza la excepción de improcedencia, permite que la causa continúe su curso legal hacia etapas posteriores del proceso judicial.

La Municipalidad Metropolitana de Lima ha dispuesto la publicación de un proyecto de ordenanza que busca regular la circulación de transporte de carga y mercancías en el distrito del Cercado de Lima, según lo establece la Resolución de Alcaldía N.º 064, firmada el 13 de febrero de 2025 por el alcalde Rafael López Aliaga. Este proyecto, que estará disponible para consulta pública durante un plazo de quince días calendario, tiene como objetivo principal recibir comentarios, opiniones y aportes de la ciudadanía antes de su eventual aprobación.

De acuerdo con la resolución, el proyecto de ordenanza y su exposición de motivos serán publicados en el Portal Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima y en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano. Esta medida se enmarca en el Decreto Supremo N.º 009-2024-JUS, que regula la publicación y difusión de normas jurídicas de carácter general, garantizando la transparencia y la participación ciudadana en el proceso normativo.

El proyecto de ordenanza se sustenta en el marco normativo establecido por la Ley N.º 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que otorga a los gobiernos locales autonomía política, económica y administrativa para gestionar asuntos de su competencia. Según esta normativa, la alcaldía, como órgano ejecutivo del gobierno local, tiene la facultad de aprobar y resolver asuntos administrativos mediante resoluciones de alcaldía.

Asimismo, el Decreto Supremo N.º 009-2024-JUS establece que los proyectos normativos deben ser puestos en conocimiento de la ciudadanía para recabar sus comentarios y garantizar los principios de transparencia y máxima divulgación. Según este reglamento, el plazo mínimo para la recepción de aportes es de quince días calendario, y las entidades públicas deben habilitar tanto canales virtuales como físicos para facilitar la participación de los ciudadanos.

Detalles del proyecto y su proceso de publicación

El proyecto de ordenanza fue propuesto por la Gerencia de Movilidad Urbana de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que presentó un informe técnico y legal a través de su Subgerencia de Estudios y Regulación. Este informe, respaldado por la Oficina General de Planificación y Finanzas y la Oficina General de Asuntos Jurídicos, concluyó que la publicación del proyecto es viable y necesaria para garantizar un gobierno abierto y participativo, en línea con la Política Nacional de Modernización al 2030.

La resolución establece que los comentarios, opiniones y aportes sobre el proyecto podrán ser remitidos a través de la Mesa de Partes Virtual o de manera presencial en la sede ubicada en el Pasaje Acisclo Villarán N.º 288-294, en el Cercado de Lima. También se habilitó el correo electrónico paolo.velverde_0@munlima.gob.pe para recibir aportes de los ciudadanos interesados.

Sistematización y difusión de los aportes ciudadanos

La Gerencia de Movilidad Urbana, en coordinación con la Oficina de Gobierno Digital, será la encargada de recibir, procesar y sistematizar los comentarios y aportes de la ciudadanía. Este proceso busca garantizar que las opiniones de los ciudadanos sean consideradas en la formulación final de la ordenanza.

Por otro lado, la difusión de la resolución y del proyecto de ordenanza estará a cargo de la Oficina General de la Secretaría del Concejo, que publicará la resolución en el diario oficial El Peruano. Además, la Oficina General de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales se encargará de difundir el proyecto y su exposición de motivos en los portales digitales mencionados, asegurando así el acceso público a la información.

La publicación de este proyecto de ordenanza no solo responde a la necesidad de regular el transporte de carga en el Cercado de Lima, sino que también se alinea con los objetivos de la Política Nacional de Modernización al 2030. Según el informe de la Oficina de Planificación, Modernización y Gestión Financiera, esta medida refuerza la legitimidad de las intervenciones públicas al promover la transparencia y la inclusión en la toma de decisiones.

Más de 200 familias de las comunidades asháninkas ubicadas en la cuenca del río Ene, en el distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, región Junín, enfrentan una grave emergencia tras las intensas lluvias que han provocado el desbordamiento del río y sus afluentes. Según reportes del Sistema de Alerta Temprana de la Central Asháninka del Río Ene (Care), las inundaciones han afectado severamente viviendas, cultivos y el acceso a recursos básicos, dejando a estas comunidades en una situación crítica.

De acuerdo con la información proporcionada por Care, las comunidades más afectadas son Quempiri, Puerto Shampintiari y Pamaquiari, donde se han registrado daños en al menos 1.420 hectáreas de cultivos, incluyendo plantaciones de cacao y yuca, que son esenciales para la economía y la alimentación local. Además, el agua ha inundado viviendas, dejando a las familias sin un lugar seguro donde refugiarse. La falta de acceso a agua potable agrava aún más la situación, ya que las comunidades dependen del río, que actualmente está contaminado con lodo y sedimentos.

Las autoridades comunales han alertado sobre la magnitud de la emergencia, detallando que 130 familias de Quempiri, 40 familias de Puerto Shampintiari y 30 familias de Pamaquiari han sido directamente afectadas. Las lluvias persistentes han bloqueado el acceso terrestre a estas localidades, lo que dificulta la llegada de ayuda humanitaria. Según CARE, el cruce del río Ene desde la vía nacional está completamente interrumpido debido a la crecida del caudal.

Daños en cultivos y viviendas

El impacto en los cultivos es uno de los aspectos más alarmantes de esta emergencia. Según los reportes, 900 hectáreas de tierras agrícolas en Quempiri, 270 hectáreas en Pamaquiari y 250 hectáreas en Puerto Shampintiari han quedado bajo el agua. Estas áreas incluyen plantaciones de cacao y yuca, productos que no solo son la base de la alimentación de estas comunidades, sino también su principal fuente de ingresos.

Las imágenes enviadas por las autoridades locales al Sistema de Alerta Temprana de CARE muestran viviendas completamente inundadas y campos agrícolas devastados. Las familias afectadas han perdido no solo sus hogares, sino también los medios para garantizar su sustento diario.

Llamado urgente a las autoridades

Ante esta situación, CARE ha solicitado la intervención inmediata de las autoridades locales, regionales y nacionales. La organización ha instado a la Municipalidad Provincial de Satipo, las municipalidades distritales, el Gobierno Regional de Junín, la Dirección Regional de Salud de Junín y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) a evaluar los daños y coordinar acciones de ayuda.

Entre las medidas urgentes que se requieren, CARE ha destacado la necesidad de distribuir alimentos, agua potable, insumos de primera necesidad y abrigo para las familias damnificadas. La falta de recursos básicos pone en riesgo la salud y la seguridad de las comunidades, especialmente en un contexto donde el acceso terrestre está bloqueado y las lluvias continúan.

Monitoreo y coordinación

CARE ha asegurado que continuará monitoreando la situación y trabajando en coordinación con las comunidades afectadas para gestionar el apoyo necesario. La organización ha reiterado su llamado a las autoridades y a las organizaciones aliadas para que brinden una respuesta efectiva ante esta crisis que golpea a los pueblos indígenas de la cuenca del río Ene.

La emergencia, registrada el 15 de febrero de 2025, ha sido documentada en la alerta N° 002-2025-SAT_CARE, que detalla la afectación de viviendas, áreas de cultivo y viveros de plantaciones en las comunidades de Quempiri, Puerto Shampintiari y Pamaquiari. Las evidencias enviadas por las autoridades locales incluyen imágenes de viviendas y cultivos inundados, que reflejan la magnitud del desastre.

La situación actual no solo representa una pérdida material para las comunidades asháninkas, sino también un desafío para su supervivencia. La dependencia del río Ene para el consumo de agua y la producción agrícola hace que estas inundaciones tengan un impacto devastador en su calidad de vida. Además, la falta de acceso a vías terrestres complica la llegada de ayuda y la posibilidad de evacuar a las familias en riesgo.

La Comisión Especial del Congreso encargada de la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 ha convocado para este lunes al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y al ministro de Educación, Morgan Quero, con el objetivo de explicar la decisión de extinguir el Proyecto Especial Legado. Este organismo estuvo a cargo de 40 sedes deportivas construidas o rehabilitadas para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, como el Estadio Nacional, el Polideportivo de Villa El Salvador, la Videna y otros.

La reunión está programada para el 17 de febrero de 2025, a las 11:00 a.m., en la Sala 5 “Gustavo Mohme Llona” del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, en el Congreso. El propósito de la convocatoria es que ambos funcionarios expongan los fundamentos técnicos, legales y presupuestales que respaldan la decisión de extinguir el Proyecto Especial Legado, así como un análisis del costo-beneficio de dicha medida.

La decisión del gobierno de Dina Boluarte implica la transferencia del presupuesto y los bienes del Proyecto Especial Legado al Instituto Peruano del Deporte (IPD). Esta medida ha despertado críticas por parte de figuras ligadas al deporte, como Carlos Neuhaus, expresidente del Comité Organizador de Lima 2019, quien cuestiona la falta de debate público y transparencia. El Proyecto Legado había mantenido operativas y en óptimo estado sus sedes deportivas desde los Juegos Panamericanos y había asegurado la sede de los Juegos Lima 2027. Su cierre, según diversos sectores, pone en duda la capacidad del IPD para garantizar una adecuada administración rumbo al próximo evento deportivo.

Un historial de irregularidades en el IPD

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) no está exento de controversias. Informes recientes de la Contraloría General de la República revelan diversas irregularidades en su gestión. Entre ellas, la no ejecución de más de 10 millones de soles de su presupuesto en 2024, lo que habría afectado planes de promoción y desarrollo deportivo. Además, se detectaron pagos a proveedores inhabilitados que presentaron información falsa, denuncias sobre clientelismo político y presuntas vinculaciones con la organización criminal conocida como “Los Waykis en la Sombra”. Estas acusaciones generan dudas sobre la capacidad institucional del IPD para asumir las responsabilidades del disuelto proyecto.

La falta de rendición de cuentas también ha salido a la luz. La Contraloría señala retrasos en los informes sobre el uso de fondos asignados para infraestructura deportiva. Al mismo tiempo, deportistas y asociaciones han denunciado deficiencias en el mantenimiento de instalaciones clave, algunas de las cuales presentan deterioros a pesar de contar con recursos destinados para estas tareas.

Congresistas envían oficio a PCM

Parlamentarios de ocho bancadas, miembros de la Comisión de Seguimiento a los Juegos Lima 2027, enviaron un oficio a la Presidencia del Consejo de Ministros expresando su profunda preocupación por la posible extinción del Proyecto Especial Legado. En el documento se destaca que dicho proyecto es un modelo de gestión de infraestructura deportiva reconocido internacionalmente, clave para la obtención de eventos como los Juegos Bolivarianos 2025 y los Juegos Panamericanos, asegurando el mantenimiento de las instalaciones y evitando su abandono o deterioro.

También se resalta que el proyecto ha gestionado más de 1,500 eventos nacionales e internacionales y cuenta con personal calificado con experiencia en los Juegos Lima 2019. Los congresistas consideran que eliminar el proyecto sería un error estratégico, afectando los próximos megaeventos deportivos.

La cancelación del Proyecto Legado no solo afecta a la infraestructura deportiva, sino también a cientos de atletas peruanos que utilizaban estas instalaciones para sus preparaciones. En las últimas semanas, diferentes voces han alertado sobre el impacto que esta decisión podría tener en la participación de deportistas en competencias internacionales.

La designación del IPD como único responsable de estas instalaciones deportivas llega en un momento crítico. La institución no solo enfrenta cuestionamientos por mala gestión, sino también por presuntos actos de corrupción y administración ineficiente de sus recursos. El reciente traspaso de las sedes y bienes del Proyecto Legado amplificará sus responsabilidades, lo que genera dudas sobre su capacidad para cumplir con los objetivos trazados.

Un bus articulado del sistema de transporte Metropolitano quedó atascado en la subida hacia Plaza Unión, bloqueando el tránsito en el sentido norte-sur. Según lo informado, el percance se habría producido debido a una maniobra incorrecta del conductor, lo que dejó a los pasajeros atrapados dentro del vehículo mientras esperaban asistencia.

De acuerdo con los reportes, el incidente tuvo lugar cerca del óvalo Ramón Castilla, un área de alto flujo vehicular. El bus quedó inclinado, con su sección articulada, conocida como “tipo acordeón”, atravesada sobre el muro de concreto que separa los carriles de circulación. Este detalle estructural del vehículo complicó aún más la situación, ya que la posición en la que quedó varado impidió el paso de otros buses del Metropolitano, afectando el tránsito en ambos sentidos.

Pasajeros atrapados y retrasos en el servicio

Los pasajeros que se encontraban a bordo del bus quedaron atrapados dentro del vehículo tras el incidente. Según lo informado, permanecieron en el interior mientras esperaban la llegada de personal de emergencia, como bomberos o policías, para resolver la situación. Hasta el momento, no se ha reportado si hubo heridos, pero el bloqueo del tránsito ha generado un impacto significativo en los horarios de los usuarios del sistema de transporte.

El incidente no solo afectó a los pasajeros del bus involucrado, sino también a otros usuarios del Metropolitano, ya que el bloqueo de los carriles en el sentido norte-sur provocó la detención de otros vehículos del sistema. Esto ha generado retrasos en el servicio, afectando a cientos de personas que dependen de este medio de transporte para desplazarse por la ciudad.

Impacto en el tránsito: buses con retraso

El bloqueo de los carriles en la avenida Alfonso Ugarte ha tenido un impacto considerable en el tránsito vehicular de la zona. Esta avenida es una de las principales arterias del Centro de Lima, y cualquier interrupción en su flujo afecta no solo a los usuarios del Metropolitano, sino también a otros conductores y peatones que transitan por el área.

Aunque no se han confirmado las causas exactas del incidente, las primeras informaciones apuntan a una maniobra incorrecta por parte del conductor del bus. La posición en la que quedó varado el vehículo, con su sección articulada atravesada sobre el muro de separación de carriles, sugiere que el conductor pudo haber calculado mal el giro o la inclinación en la subida hacia Plaza Unión.

Hasta el momento, no se han emitido declaraciones oficiales por parte de las autoridades del Metropolitano o de la Municipalidad de Lima, que administra el sistema de transporte. Sin embargo, se espera que se tomen medidas para investigar las causas del incidente y evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

Números de emergencia en caso de accidentes en el Metropolitano

• Central de Emergencias de la ATU: 0800-00-504 (línea gratuita).
• Policía Nacional: 105.
• Bomberos: 116.
• SAMU (Servicio de Atención Médica de Urgencia): 106.
• Central de operaciones del Metropolitano: Consultar con la operadora correspondiente al bus involucrado.

Guía ante accidentes en el Metropolitano

Según las normas establecidas por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) para casos de accidentes en el Metropolitano, se debe seguir el siguiente procedimiento:

1. Seguridad de los pasajeros y ocupantes: Priorizar la seguridad de los pasajeros. Si es necesario evacuar el bus, hacerlo de manera ordenada, evitando riesgos.
2. Comunicación inmediata: El conductor del bus debe informar de inmediato a la central de operaciones para reportar el accidente. La central coordinará con las autoridades competentes y los servicios de emergencia necesarios.
3. Presencia de autoridades: Se debe contar con el apoyo de personal policial, agentes de tránsito o inspectores de la ATU para resguardar el área y realizar el peritaje.
4. Atención médica: Si hay heridos, los operadores deben coordinar la atención con los servicios de emergencia para el traslado al establecimiento de salud más cercano.
5. Registros e informes: Se debe elaborar un informe detallado del accidente para remitirlo a la ATU, indicando las causas, las medidas tomadas y los daños.

El Proyecto Especial Legado, responsable de la gestión de las infraestructuras deportivas de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, ha sido oficialmente disuelto por el Gobierno de Perú. Según el Decreto Supremo N° 020-2025-PCM, publicado el 12 de febrero de 2025, la administración de sus recursos, bienes y funciones será transferida al Instituto Peruano del Deporte (IPD) y a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Esta decisión, que busca reorganizar las competencias estatales, ha generado preocupación debido a los antecedentes de gestión del IPD y la proximidad de los Juegos Panamericanos Lima 2027.

De acuerdo con el decreto, la transferencia de los recursos presupuestales, bienes y acervo documentario del Proyecto Especial Legado deberá completarse en un plazo máximo de 30 días calendario. Mientras tanto, la PCM asumirá las funciones relacionadas con los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (Centros MAC), una de las iniciativas clave del proyecto. Para garantizar el cumplimiento de este proceso, se ha conformado una Comisión de Transferencia integrada por representantes de la PCM, el IPD, el Ministerio de Educación y el propio Proyecto Especial Legado.

Un legado deportivo en riesgo

El Proyecto Especial Legado fue creado en 2015 con el objetivo de gestionar las infraestructuras y actividades relacionadas con los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. Durante su existencia, administró cinco recintos de nivel internacional y 40 sedes de competencia. Además, organizó cientos de eventos internacionales y desempeñó un papel crucial durante la pandemia de COVID-19, al habilitar sus instalaciones como centros de atención y aislamiento, así como una planta de oxígeno que producía 28 toneladas diarias, detalló un reportaje de Canal N.

Sin embargo, la decisión de extinguir el proyecto ha generado críticas y dudas sobre el futuro de estas instalaciones, especialmente considerando que Perú será sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2027. Según El Peruano, el presupuesto asignado para este evento asciende a 369 millones de dólares, lo que subraya la magnitud del desafío que ahora recae en el IPD.

Argumentan cierre por “cumplirse objetivos”

El decreto que ordena la extinción del Proyecto Especial Legado se fundamenta en la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, y en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Según estas normativas, los proyectos especiales deben ser de carácter temporal y extinguirse una vez cumplidos sus objetivos. En este caso, una evaluación realizada por la Secretaría de Gestión Pública de la PCM identificó una duplicidad de funciones entre el Proyecto Especial Legado y el IPD, lo que motivó la decisión de transferir las competencias al organismo deportivo.

El ministro de Educación, Morgan Quero, defendió la medida argumentando que busca garantizar una gestión más eficiente y transparente. Asimismo, el decreto establece que la PCM asumirá la responsabilidad de los Centros MAC, una estrategia clave en la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030, cuyo objetivo es mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios estatales.

Preocupaciones sobre la capacidad del IPD

A pesar de las justificaciones del Ejecutivo, la transferencia de funciones al Instituto Peruano del Deporte ha generado inquietudes debido a los antecedentes de esta entidad. Según un informe de la Contraloría General de la República, el IPD dejó de ejecutar más de 10 millones 176 mil soles de su presupuesto en 2024, lo que afectó el cumplimiento de sus objetivos. Además, se detectaron irregularidades como el pago de 29.500 soles a un proveedor inhabilitado, quien presentó declaraciones juradas falsas.

Por otro lado, investigaciones fiscales han vinculado al IPD con presuntas influencias ilícitas relacionadas con la organización criminal “Los Waykis en la Sombra”. Según documentos del caso, el IPD habría sido utilizado para beneficiar intereses privados y políticos, lo que pone en entredicho su capacidad para gestionar de manera eficiente y transparente las funciones transferidas.

Reacciones de expertos y deportistas

Gracias al Proyecto Legado de los Juegos Panamericanos, Perú logró gestionar la postulación y obtención de la sede Lima 2027. Durante su funcionamiento, varias figuras deportivas nacionales consolidaron sus trayectorias, como Stefano Peschiera, medallista olímpico en París 2024, quien entrenó en la sede de Punta Rocas. Otros destacados incluyen a Alexia Sotomayor (natación), Ángelo Caro (skateboarding), Luca Mesinas (surf), Angélica Espinoza (parataekwondo) y Efraín Sotacuro (paraatletismo).

La decisión de disolver el Proyecto Especial Legado también ha generado críticas en el ámbito deportivo. Carlos Neuhaus, expresidente del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019, señaló que el proyecto siempre fue un “bocado apetitoso” para quienes buscaban aprovecharse de sus recursos. Según Neuhaus, la intención original era mantener al Proyecto Legado alejado de los problemas administrativos del IPD.

Por su parte, el velerista olímpico Stefano Peschiera destacó que el Proyecto Legado había administrado las sedes deportivas de manera satisfactoria, con un presupuesto anual de aproximadamente 40 millones de dólares, en contraste con los 2,5 millones asignados al IPD. Estas declaraciones subrayan las dudas sobre la capacidad del IPD para asumir la gestión de las infraestructuras deportivas de cara a los Juegos Panamericanos 2027.

El Ministerio de Salud (Minsa) ha desmentido las declaraciones del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien afirmó que las cifras de homicidios en el país incluyen muertes por accidentes de tránsito. Según el Minsa, los registros del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) clasifican de manera separada las muertes violentas, distinguiendo entre homicidios, accidentes de tránsito y otras causas. Este pronunciamiento surge en medio de una alarmante ola de violencia que ha dejado 236 homicidios en el país durante los primeros 40 días de 2025.

El ministro Santiváñez, quien ocupa el cargo desde mayo de 2024, ha intentado justificar el incremento de asesinatos señalando que los datos del Sinadef estarían “mezclados”. Sin embargo, el Minsa ha aclarado, en diálogo con La República, que esta afirmación es falsa, ya que el sistema registra de manera independiente cada tipo de muerte violenta. Según el portal del Sinadef, los homicidios y los accidentes de tránsito se encuentran categorizados por separado, y los certificados de defunción son registrados exclusivamente por médicos, en el caso de muertes violentas, por médicos del Ministerio Público.

Cifras alarmantes: Lima lidera los homicidios en el país

El aumento de la violencia en el país se refleja en las cifras proporcionadas por el Sinadef. Hasta la segunda semana de febrero de 2025, se han registrado 236 homicidios en todo el territorio nacional. Lima encabeza la lista con 79 asesinatos, seguida por La Libertad con 31, Callao con 26, Piura con 15 y Puno con 13. Estas cinco regiones concentran la mayor cantidad de muertes violentas, lo que evidencia una preocupante tendencia en la criminalidad.

El incremento de homicidios ha generado una creciente preocupación en la ciudadanía y ha puesto en el centro del debate la efectividad de las políticas de seguridad implementadas por el gobierno. Según La República, esta es la gestión con los peores resultados en términos de seguridad en los últimos 25 meses de gobierno.

El ministro del Interior culpa a los medios de comunicación

En medio de la crisis de seguridad, el ministro Santiváñez ha señalado a los medios de comunicación como responsables de una supuesta “campaña de desprestigio” contra su gestión y el trabajo de la Policía Nacional. Según el funcionario, algunos medios estarían “comprometidos con la criminalidad”. Estas declaraciones han generado controversia, ya que desvían la atención de los problemas estructurales que enfrenta el país en materia de seguridad.

El ministro también ha insistido en que las cifras de homicidios están siendo manipuladas para perjudicar su gestión. Sin embargo, tanto el Minsa como los datos del Sinadef contradicen esta versión, dejando en evidencia la falta de sustento en sus afirmaciones.

El rol del Sinadef en la transparencia de los datos

El Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), administrado por el Ministerio de Salud, es una herramienta clave para el registro de muertes en el país. Según el Minsa, el sistema clasifica las muertes violentas en categorías específicas, como homicidios, accidentes de tránsito, suicidios y otros tipos de accidentes. Esta clasificación permite un análisis detallado de las causas de muerte y contribuye a la transparencia en la gestión de datos.

El Minsa ha reiterado que los registros del Sinadef son realizados por médicos con acceso restringido al sistema, lo que garantiza la precisión de la información. Además, los datos están disponibles para su consulta en el portal web del Sinadef, lo que refuerza la transparencia del proceso.

Manejo ineficiente contra el crimen

El aumento de los homicidios en Perú no está siendo controlado por el gobierno. Las cifras reflejan no solo un incremento en la violencia, sino también una crisis en la capacidad del Estado para garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

Mientras tanto, las declaraciones del ministro Santiváñez han generado críticas por parte de diversos sectores, que consideran que sus afirmaciones carecen de fundamento y desvían la atención de los problemas reales. La situación exige una respuesta integral que aborde las causas estructurales de la violencia y fortalezca las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.

Las intensas lluvias y la densa neblina que afectan a la región de Arequipa han provocado la cancelación y el retraso de más de 30 vuelos en el Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón, según información recopilada a través del rastreador de vuelos FlightAware. Desde el domingo 9 de febrero, los vuelos con destino a otras regiones del Perú han sido suspendidos, y la situación se ha extendido durante casi cuatro días consecutivos, afectando tanto las salidas como las llegadas de aeronaves.

De acuerdo con el último reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), las precipitaciones pluviales continuarán al menos hasta el jueves 13 de febrero, lo que podría agravar aún más la situación en el aeropuerto y en las vías de transporte terrestre de la región.

Pasajeros varados y denuncias por falta de equipamiento

Los pasajeros afectados han expresado su frustración ante la falta de soluciones inmediatas. Una usuaria denunció que el vuelo Sky 5101, programado para aterrizar en Arequipa a las 4:45 a.m., no pudo hacerlo debido a la ausencia de un radar antinieblas en el aeropuerto. “¿Cómo es posible que un aeropuerto internacional no tenga este equipo esencial para la seguridad aérea?”, cuestionó la pasajera.

Por otro lado, algunos viajeros han optado por trasladarse por vía terrestre, pero también han enfrentado dificultades. Un usuario señaló que la empresa de transporte Flores ofreció un servicio deficiente a un precio elevado para cubrir el trayecto entre Arequipa y Lima, un viaje que tomó 18 horas. Según el pasajero, los trabajadores de la empresa argumentaron que no podían hacer nada al respecto, ya que la situación escapaba de su responsabilidad.

Advertencias del Gobierno Regional y riesgos en las vías

El Gobierno Regional de Arequipa emitió una advertencia urgente instando a los ciudadanos a evitar viajes no esenciales debido a las condiciones climáticas adversas. Las lluvias han generado deslizamientos de tierra, derrumbes de rocas y otros peligros en las carreteras de la región, lo que representa un riesgo significativo para quienes intentan desplazarse.

La Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) están monitoreando la situación y trabajando en coordinación con las autoridades locales para implementar medidas de emergencia. Asimismo, se ha recomendado a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales y tomar las precauciones necesarias antes de emprender cualquier viaje.

Indecopi recuerda los derechos de los consumidores

Ante la cancelación de vuelos y el cierre de carreteras, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) recordó a las empresas de transporte aéreo y terrestre su obligación de informar con precisión a los consumidores sobre las reprogramaciones de itinerarios.

Indecopi puso a disposición de la ciudadanía su “Guía para los consumidores en situaciones de emergencia en el Perú”, una herramienta digital que ofrece orientación sobre los derechos de los usuarios en sectores como transporte, turismo, salud, seguros y educación durante emergencias climatológicas.

Perspectivas para los próximos días

Con las lluvias previstas hasta el jueves 13 de febrero, la situación en el aeropuerto de Arequipa y en las vías terrestres podría prolongarse, afectando a más pasajeros y residentes de la región. Las autoridades continúan trabajando para mitigar los impactos de esta emergencia climática, mientras los usuarios exigen soluciones inmediatas y mejoras en la infraestructura aeroportuaria para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

La combinación de condiciones meteorológicas adversas, limitaciones en el equipamiento del aeropuerto y problemas en el transporte terrestre ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de movilidad en Arequipa frente a fenómenos climáticos extremos.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha oficializado la distribución de escaños para el nuevo Congreso bicameral que debutará en las Elecciones Generales 2026. Este cambio, que marca el retorno a la bicameralidad en el sistema legislativo peruano, contempla un total de 60 senadores y 130 diputados, distribuidos entre las 27 circunscripciones electorales del país, que incluyen los 24 departamentos, Lima Provincias, la Provincia Constitucional del Callao y los Peruanos Residentes en el Extranjero.

De acuerdo con la Ley N.º 31988, que restablece la bicameralidad en el Congreso, el JNE tiene la responsabilidad de determinar la asignación de escaños en función de lo estipulado en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones, recientemente modificada por la Ley N.º 32245. Según informó el organismo electoral, esta distribución se ha realizado tomando como base la última actualización del padrón electoral proporcionada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

El Senado: una combinación de distritos múltiples y un distrito único nacional

El nuevo Senado estará compuesto por 60 escaños, cuya distribución se divide en dos modalidades. Según la Resolución N.º 053-2025-JNE, los primeros 30 escaños se asignarán bajo el esquema de distrito electoral múltiple, otorgando un escaño por circunscripción. La única excepción es Lima Metropolitana, que recibirá cuatro escaños, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 de la LOE.

Los restantes 30 escaños del Senado serán elegidos en un distrito electoral único nacional, lo que significa que los votos de todos los electores del país se contabilizarán en un solo padrón para esta asignación. Este modelo busca garantizar una representación más amplia y equitativa en la cámara alta del Congreso.

La Cámara de Diputados: representación proporcional y escaños fijos

En el caso de la Cámara de Diputados, el JNE ha establecido una primera asignación de 28 escaños, distribuidos con un escaño por circunscripción, salvo en el caso de los Peruanos Residentes en el Extranjero, quienes tendrán dos escaños garantizados. Este enfoque asegura que todas las circunscripciones tengan representación directa en la cámara baja.

Los restantes 102 escaños se distribuirán de manera proporcional al número de electores registrados en las otras 26 circunscripciones, según lo estipulado en la LOE. Para este cálculo, se utilizó la última actualización del padrón electoral proporcionada por el Reniec, que se remite trimestralmente al JNE en cumplimiento del artículo 204 de la misma ley.

Un cambio histórico en el sistema legislativo peruano

El retorno a la bicameralidad, aprobado mediante la Ley N.º 31988, representa un cambio significativo en la estructura del Congreso peruano, que desde 1993 había funcionado bajo un modelo unicameral. Este nuevo sistema busca fortalecer la representación política y mejorar los procesos legislativos, dividiendo las funciones entre dos cámaras con roles diferenciados.

La implementación de este modelo en las Elecciones Generales 2026 será un hito en la historia política del país, marcando el inicio de una nueva etapa en la que la representación de los ciudadanos estará distribuida entre senadores y diputados. Según lo establecido por el JNE, esta distribución de escaños busca garantizar una representación equitativa y proporcional, adaptándose a las características demográficas y electorales de cada circunscripción.

El padrón electoral

El Reniec ha desempeñado un rol crucial en este proceso, al proporcionar la información actualizada del padrón electoral que sirvió como base para la asignación proporcional de escaños. Este padrón, que se actualiza trimestralmente, permite al JNE realizar cálculos precisos y garantizar que la distribución de escaños refleje la realidad demográfica del país.

La asignación proporcional es especialmente relevante en la Cámara de Diputados, donde los 102 escaños restantes se distribuyen en función del número de electores en cada circunscripción. Este enfoque busca equilibrar la representación entre regiones con diferentes tamaños de población, asegurando que todas las voces sean escuchadas en el Congreso.

Lima Metropolitana y los Peruanos en el Extranjero: casos especiales

Dos circunscripciones destacan por su tratamiento especial en la distribución de escaños. Por un lado, Lima Metropolitana recibirá cuatro escaños en el Senado, una asignación que responde a su alta densidad poblacional y su importancia como capital del país. Por otro lado, los Peruanos Residentes en el Extranjero tendrán dos escaños garantizados en la Cámara de Diputados, reconociendo la creciente influencia de esta comunidad en los procesos electorales peruanos.

El juez supremo Juan Carlos Checkley Soria rechazó el pedido de la Fiscalía de imponer 36 meses de prisión preventiva contra el exvocal supremo César Hinostroza Pariachi, acusado por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y otros cometidos dentro del sistema judicial peruano. En su lugar, el magistrado dispuso que el exjuez involucrado en el mega caso de corrupción ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, ahora prófugo asilado en Bélgica, afronte la investigación preparatoria bajo un régimen de comparecencia con restricciones por 18 meses.

La Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos consideró que existían elementos suficientes para solicitar la prisión preventiva por su presunta participación en el ascenso de Elizabeth Peralta Santur al cargo de Fiscal Superior Titular Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio en 2015.Sin embargo, Checkley determinó que no había indicios fundados que justificaran la medida. Medida que despierta críticas.

Mientras tanto, la Fiscalía ha anunciado que evaluará las acciones legales pertinentes para revertir la decisión del juez Checkley. En un contexto donde la lucha contra la corrupción es una demanda constante de la ciudadanía, este fallo reaviva el debate sobre la independencia del Poder Judicial y su compromiso con la justicia en casos de alto perfil.

Hinostroza se fugó de Perú el 7 de octubre de 2018 rumbo a España, atravesando Ecuador pese a tener una orden de impedimento de salida del país, cuando afrontaba acusaciones relacionadas con su presunta participación en la red de corrupción que involucraba a funcionarios de la Corte Superior de Justicia del Callao, Consejo Nacional de la Magistratura y abogados empresarios.

Los principales delitos por los que era investigado e imputado incluían:

• Organización criminal: Se le señalaba como miembro de una red dedicada al tráfico de influencias y manipulación de decisiones judiciales.
• Cohecho: Presuntamente habría aceptado sobornos para beneficiar a terceros.
• Tráfico de influencias: Favorecer a personas en procesos judiciales a cambio de beneficios.
• Negociación incompatible: Uso indebido del cargo para fines particulares.

El caso de Elizabeth Peralta y su vinculo con Hinostroza y los Cuellos Blancos

En enero de 2025, la Fiscalía de la Nación solicitó al Poder Judicial imponer comparecencia con restricciones por 36 meses a la fiscal suspendida Luz Peralta Santur, investigada por su presunta vinculación con la red de corrupción conocida como “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Las restricciones incluyen control biométrico mensual, prohibición de salir de su residencia sin autorización judicial y la imposibilidad de comunicarse con el exjuez supremo César Hinostroza, testigos o declarantes del caso. Además, se pidió una caución económica de 30 mil soles. Según la Fiscalía, estas medidas buscan garantizar su participación en las diligencias, advirtiendo que el incumplimiento podría llevar a su captura nacional e internacional.

Peralta está bajo investigación desde 2022 por su presunta implicación en el archivo de un caso de lavado de activos vinculado a la Federación Peruana de Fútbol y por presuntas irregularidades en su nombramiento como fiscal superior. No obstante, tanto la exfiscal de la Nación Patricia Benavides como su sucesor, Juan Carlos Villena, habrían bloqueado avances en las investigaciones contra la fiscal, según información revelada por IDL-Reporteros.

Recientes hallazgos profundizan las acusaciones. En septiembre de 2024, durante una inspección de su despacho autorizada por Peralta, se encontró un USB con un video relevante. Este muestra a un interlocutor, cuya identidad se desconoce, admitiendo haber comprado un examen de conocimientos para favorecer a Peralta en un concurso para obtener su nombramiento, y mencionando a otros postulantes beneficiados. El video también implica a exintegrantes del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), como Máximo Herrera e Iván Noguera, este último conocido como “Doctor Rock”. Peralta afirma en la grabación haber recibido apoyo de políticos como César Acuña y José Luna Gálvez para facilitar su nombramiento.

El contenido del USB será investigado en un expediente separado. Mientras tanto, el abogado de Peralta, Benji Espinoza, busca anular la diligencia donde se obtuvo el dispositivo. Al concluir, se supo que el fiscal Franklin Tomy fue autorizado a formalizar una de las investigaciones más recientes contra Peralta.

En declaraciones a Canal N, John Cisneros, especialista en meteorología del Senamhi, explicó que la temperatura varía dependiendo de la ubicación geográfica de los distritos. “Los distritos más alejados del océano tienden a registrar temperaturas más elevadas debido a la falta del efecto termorregulador del mar”, señaló.

La influencia del mar en las temperaturas

Cisneros detalló que la proximidad del mar ayuda a estabilizar las temperaturas en los distritos costeros. Sin embargo, en zonas más alejadas, como Lima Este y Lima Norte, las temperaturas suelen ser más elevadas.

“En Jesús María, por ejemplo, ya estamos registrando 28 grados Celsius a primeras horas del día, mientras que en distritos como San Borja la temperatura llega a 29 grados. En cambio, en zonas cercanas al mar, como Miraflores o Barranco, los valores oscilan entre 25 y 27 grados”, precisó.

Además, Cisneros explicó que el incremento de la humedad genera una sensación térmica mayor. “Si observamos que la temperatura marca 26 o 27 grados, la sensación térmica puede elevarse 2 o 3 grados más, lo que significa que la percepción del calor en la población podría alcanzar los 30 grados Celsius en algunos sectores de Lima”, sostuvo.

Uno de los factores que influyen en esta sensación térmica es la alta concentración de humedad en la atmósfera, combinada con la falta de vientos. “Los vientos del norte traen consigo condiciones cálidas y húmedas, y esto hace que el bochorno sea más intenso. La humedad impide la rápida evaporación del sudor, lo que provoca que sintamos más calor del que realmente marca el termómetro”, explicó Cisneros.

Febrero, el mes más caluroso del año

Por su parte, Grinia Ávalos, subdirectora de Predicción Climática del Senamhi, confirmó que febrero es el mes más caluroso del año y que esta tendencia continuará hasta marzo. “Ya hemos superado los 31 grados en distritos como La Molina, lo que confirma que estamos en el periodo más cálido del verano. Se espera que las altas temperaturas continúen hasta inicios de marzo, cuando comiencen a descender progresivamente”, indicó.

Además, Ávalos advirtió que la temperatura promedio en Lima y la costa peruana se encuentra por encima de los valores normales. “Estamos en un periodo en el que la temperatura está superando los promedios históricos. Esta situación no solo afecta la costa, sino también la selva norte, donde se han registrado temperaturas cercanas a los 40 grados Celsius”, explicó.

Impacto en el inicio del año escolar

El inicio del año escolar, programado para fines de febrero y principios de marzo, coincidirá con este periodo de altas temperaturas, lo que podría afectar a los escolares. Por ello, Ávalos recomendó a los colegios tomar precauciones para proteger a los estudiantes de la exposición prolongada al sol.

“Es importante que las clases de educación física y las formaciones se realicen en las primeras horas de la mañana o en espacios con sombra. La exposición prolongada a las altas temperaturas puede provocar golpes de calor y deshidratación, por lo que es fundamental que los niños cuenten con hidratación adecuada y usen ropa ligera”, señaló.

La subdirectora también recordó que el Senamhi actualizará constantemente sus pronósticos para alertar a la población sobre los cambios en el clima. “Es importante que los ciudadanos se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y sigan las recomendaciones de las autoridades”, enfatizó.

Lluvias en la sierra y riesgo de activación de quebradas

Además del calor extremo, el Senamhi advirtió sobre un aumento en las lluvias en la sierra sur y en la parte alta de Lima. Según Ávalos, febrero y marzo también representan el pico de la temporada de lluvias, lo que podría generar activaciones de quebradas y deslizamientos en algunas zonas.

“En la sierra suroccidental ya se han registrado precipitaciones por encima de lo normal, y hemos emitido alertas ante el posible incremento de lluvias en estas regiones. También se esperan lluvias puntuales en la parte alta de Lima, por lo que recomendamos a las autoridades locales tomar precauciones ante posibles desbordes o deslizamientos”, explicó.

Alerta naranja en Lima y 17 regiones

Desde el martes 11 de febrero, Lima y otras 17 regiones de Perú estarán bajo alerta naranja debido a un fenómeno meteorológico que podría generar precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra, según el Senamhi. La advertencia, contenida en el aviso meteorológico N.° 049, estará vigente hasta el jueves 13 de febrero e incluye lluvias, nieve, granizo y aguanieve en zonas situadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar, así como nevadas en localidades que superen los 4.000 metros. También se prevén descargas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 35 km/h, con posibilidad de lluvias ligeras en la costa centro y sur.

Las precipitaciones variarán según la región y el día. Para el martes, se esperan acumulados de hasta 28 mm/día en la sierra norte, 16 mm/día en la sierra centro y más de 23 mm/día en la sierra sur. El miércoles, las lluvias alcanzarían 22 mm/día en la sierra norte y centro, y 18 mm/día en la sierra centro. El jueves, las cifras llegarían a 22 mm/día en la sierra norte, 14 mm/día en la sierra centro y más de 23 mm/día en la sierra sur.

Los departamentos afectados incluyen Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno y Tacna. Las autoridades han instado a la población a tomar precauciones ante posibles afectaciones.

Recomendaciones para afrontar la ola de calor

Ante este panorama, el Senamhi brindó algunas recomendaciones para que la población pueda enfrentar el calor extremo de manera segura:

• Hidratación constante: Beber agua regularmente para evitar la deshidratación. Se recomienda evitar bebidas azucaradas o alcohólicas, ya que pueden contribuir a la pérdida de líquidos.
• Evitar la exposición al sol entre las 10 a. m. y las 4 p. m.: Durante estas horas, la radiación solar es más intensa y puede causar golpes de calor o quemaduras en la piel.
• Usar ropa ligera y de colores claros: Las prendas de algodón permiten una mejor ventilación y reducen la sensación térmica.
• Aplicar protector solar: Se recomienda utilizar bloqueador con factor de protección alto para evitar daños en la piel por la radiación UV.
• Ventilar los espacios cerrados: Abrir ventanas y utilizar ventiladores o aire acondicionado para mejorar la circulación del aire en el hogar y evitar el sobrecalentamiento de los ambientes.
• Evitar la actividad física intensa en exteriores: Especialmente en niños y adultos mayores, quienes son más vulnerables a los efectos del calor extremo.

Para garantizar que tu hijo reciba educación en una institución que cumpla con los requisitos legales establecidos por el Ministerio de Educación (Minedu), es fundamental verificar si el colegio está autorizado por dicha entidad. Aquí te explicamos cómo realizar esta verificación a través de la plataforma Identicole, y los pasos a seguir en caso de que descubras irregularidades.

Identicole es una plataforma digital creada por el Minedu, que permite a los padres y tutores consultar la situación legal de los colegios en Perú. A través de esta herramienta, puedes saber si la institución educativa en la que está matriculado tu hijo está registrada y autorizada por el Minedu para brindar servicios educativos.

Pasos para verificar si el colegio está autorizado:

• Accede a la plataforma Identicole: Visita la página oficial de Identicole en https://www.identicole.pe.
• Selecciona la opción “Buscar Colegio”: En el sitio principal, encontrarás una opción para buscar el colegio. Haz clic en ella.
• Ingresa los datos del colegio: En el campo de búsqueda, deberás ingresar el nombre completo del colegio o el código de la institución educativa, si lo tienes disponible.
• Revisa la información: Una vez ingresado el nombre del colegio, el sistema te mostrará los datos relevantes de la institución, como su registro en el Minedu, su dirección, su modalidad educativa y, lo más importante, si está autorizado o no para operar.
• Verifica la autorización: Si el colegio está debidamente autorizado, aparecerá como “En regla”. Si no está autorizado, el sistema te lo indicará claramente.

¿Qué hacer si el colegio no está autorizado?

Si, después de realizar la consulta, descubres que el colegio de tu hijo no está autorizado por el Minedu, es importante tomar acción. El funcionamiento de instituciones educativas sin autorización es ilegal y puede poner en riesgo la calidad educativa que tu hijo recibe.

Pasos para denunciar:

• Recopila evidencia: Toma nota de todos los detalles sobre el colegio (nombre completo, dirección, matrícula, entre otros) y guarda cualquier documento o prueba que demuestre que la institución no está cumpliendo con los requisitos.
• Dirígete a la UGEL correspondiente: La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) es el organismo encargado de supervisar las instituciones educativas. Acércate a la UGEL de tu localidad con los documentos necesarios y presenta tu denuncia.
• Realiza la denuncia en línea: También puedes realizar la denuncia de manera virtual a través de la plataforma del Minedu o mediante el portal de atención al ciudadano del gobierno, que ofrece la opción de presentar quejas y denuncias relacionadas con la educación.
• Contacta al Minedu: En caso de no obtener respuesta o de que el asunto no se resuelva de manera efectiva, puedes comunicarte directamente con el Minedu a través de sus canales de atención al público. Ellos podrán guiarte en los procedimientos adecuados.

¿Por qué es importante verificar la autorización?

Asegurarse de que el colegio de tu hijo esté autorizado por el Minedu es esencial para garantizar que cumpla con los estándares educativos nacionales, que los profesores estén debidamente capacitados y que el establecimiento tenga la infraestructura necesaria para ofrecer una educación de calidad. Además, un colegio no autorizado podría estar operando fuera del marco legal, lo que podría traer consecuencias negativas para la educación de tu hijo y para tu seguridad como padre o tutor.

Recuerda, como padre o tutor, tienes el derecho y la responsabilidad de velar por el bienestar y la educación de tu hijo. No dudes en verificar y denunciar si es necesario.

Consulta pensiones, infraestructura y calidad educativa de colegios

Identicole también permite buscar, comparar y elegir colegios públicos y privados en todo el país. Este servicio ayuda a tomar decisiones informadas sobre la educación de los hijos, considerando aspectos como la ubicación, el costo de la pensión, los turnos y los niveles educativos.

A través de Identicole, los usuarios pueden conocer diversas características de las instituciones educativas, como su modalidad (regular, especial o alternativa), el número de estudiantes, la infraestructura, el acceso a tecnología e internet, la accesibilidad para personas con discapacidad y los logros de aprendizaje. Además, es posible verificar si un colegio privado cuenta con la autorización para operar y reportar aquellos que funcionan ilegalmente.

El portal permite realizar búsquedas por nombre o ubicación y ofrece información detallada sobre cada colegio, incluyendo su teléfono de contacto, el nombre del directivo, la cantidad de alumnos por aula y los idiomas que se enseñan. También facilita el registro de consultas y reclamos ante la UGEL en caso de detectar irregularidades.

Para las familias que deseen cambiar de colegio, Identicole ofrece un simulador para calcular el monto de la devolución de la cuota de ingreso en instituciones privadas. Además, brinda acceso a normativas y reglamentos sobre educación básica.

El clima adverso no solo afecta a los vuelos, sino que también ha causado un bloqueo en la Carretera Panamericana Sur, específicamente en el kilómetro 723, en el distrito de Atico, provincia de Caraveli, Arequipa. Este bloqueo se debe a un deslizamiento de tierra que ha obstaculizado el tránsito, poniendo en riesgo la seguridad de los viajeros, pues el área afectada es un acantilado. La concesionaria vial COVISUR está trabajando para habilitar la carretera, pero el tiempo de espera para su restablecimiento es incierto.

Desde el domingo 9 de febrero hasta el lunes 10, se reportaron al menos siete vuelos cancelados. La falta de visibilidad y las condiciones climáticas extremas han sido los principales factores que han afectado la salida de aeronaves desde el aeropuerto arequipeño.

Los pasajeros atrapados en el aeropuerto y en la ciudad se encuentran en una situación incómoda debido a la falta de opciones de transporte. La cancelación de vuelos y el cierre de rutas terrestres han dejado a cientos de personas sin alternativas para continuar su viaje.

Hasta el momento, se desconoce cuándo se reanudarán las operaciones aéreas y terrestres. Los viajeros afectados están esperando información adicional de las autoridades locales y las empresas de transporte. Según fuentes de RPP, los esfuerzos continúan para normalizar la situación, aunque la neblina y las lluvias continúan complicando las condiciones climáticas en la zona.

Cancelaciones y vuelos suspendidos desde el domingo 10 de febrero

Según información oficial, cinco vuelos fueron suspendidos el domingo 9 de febrero, y otras dos cancelaciones se produjeron en las primeras horas del lunes 10. Entre los vuelos más afectados figuran el vuelo 2329 con destino a Cusco y el vuelo 2108 con rumbo a Lima, programado para las 17:15 del domingo.

Los pasajeros de estos vuelos, entre otros, se vieron sorprendidos por los imprevistos cambios en sus itinerarios, quedando varados en el aeropuerto sin opciones claras de reprogramación o asistencia.

Cientos de pasajeros se han visto afectados por la situación, especialmente aquellos con destinos hacia Lima y Cusco. Muchos de ellos permanecen en el terminal aéreo, y algunos incluso pasaron la noche allí debido a la falta de información clara por parte de las aerolíneas. “No hay información clara. Esperamos respuestas sobre la reprogramación”, comentó uno de los viajeros, quien esperaba abordar el vuelo 2349 a las 19:50. La falta de comunicación oportuna y la incertidumbre sobre los nuevos horarios de vuelo están generando frustración entre los afectados.

Comunicado de Aeropuertos Andinos del Perú

Frente a la crisis, la concesionaria Aeropuertos Andinos del Perú emitió un comunicado instando a los usuarios a ponerse en contacto directamente con las aerolíneas para obtener información actualizada sobre sus vuelos. En su declaración, la empresa explicó que los retrasos y las cancelaciones eran consecuencia de las condiciones climáticas extremas que azotaban la región. No obstante, la falta de detalles sobre los vuelos reprogramados ha aumentado la incertidumbre entre los pasajeros varados.

Pronóstico desalentador

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó que las malas condiciones climáticas persistirán hasta el jueves 13 de febrero. Se esperan lluvias intermitentes y una continua reducción de la visibilidad, lo que genera preocupación sobre posibles nuevas cancelaciones de vuelos.

Mientras tanto, LATAM, la aerolínea más afectada, trabaja en ajustar su programación para hacer frente a los imprevistos. Los pasajeros afectados exigen soluciones rápidas y compensaciones por los retrasos.

Decenas de pasajeros varados en Arequipa

Antonio Pampa Pari, junto a varios pasajeros, se encuentra varado desde el lunes a las 9:00 p. m. cerca del puente Ocoña, en la provincia de Camaná, Arequipa. El bloqueo de la carretera se debe a deslizamientos de piedras y rocas provocados por las fuertes lluvias en la región.

El afectado contó que optó por la vía terrestre debido a la cancelación de vuelos en Arequipa, sin imaginar que su viaje también sería interrumpido. La situación es crítica, especialmente para los adultos mayores y menores de edad, quienes requieren mayor atención en un entorno sin servicios básicos.

Aunque las autoridades lograron limpiar la zona y permitir la reanudación del tránsito, varias localidades de Arequipa enfrentan el mismo problema.En el distrito de Atico, provincia de Caravelí, Isabel Bravo y otros pasajeros también están varados por otro derrumbe. Hasta el momento, no han recibido información clara sobre la reanudación de su viaje.

“La vía está bloqueada desde el kilómetro 729 hasta el km 733 por deslizamientos de piedras y rocas”, informó la Policía de Carreteras.El jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Arequipa, José Luis Barrezueta, en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, anunció que la limpieza de la vía está en marcha y los viajes podrían reanudarse cerca de las 9:00 a. m.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, pidió públicamente que la ONG feminista Manuela Ramos se disculpe por supuestamente haber negado haber recibido financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en 2009. Según el alcalde, dicha organización habría utilizado de manera irregular fondos provenientes de esta agencia, una acusación que la ONG ha rechazado categóricamente.

En respuesta, Rocío Gutiérrez, directora de la ONG Manuela Ramos, reconoció que la organización ha recibido financiamiento de diversas agencias internacionales, incluido USAID, para proyectos enfocados en la mejora de la calidad de vida de mujeres en zonas rurales del Perú. Sin embargo, afirmó que las acusaciones del alcalde carecen de sustento. Gutiérrez atribuyó estos señalamientos a una “campaña de desinformación y acoso” promovida por sectores conservadores, destinada a debilitar la legitimidad de organizaciones que defienden derechos humanos y la igualdad de género.

“La narrativa que atacan contra nosotras se basa en mentiras y manipulaciones, con el único objetivo de minar nuestra labor y reducir la organización social. Este tipo de hostilidad responde a una estrategia global basada en modelos autoritarios que intentan legitimar las desigualdades, desmovilizar a la ciudadanía y ocultar las profundas brechas que afectan a las mujeres y otras poblaciones vulnerables”, indicó Gutiérrez en una columna de opinión para La República

Manuela Ramos es una organización con más de 40 años de trayectoria, fundada en 1979, que ha trabajado con alrededor de 200,000 mujeres en regiones del Perú, promoviendo la autonomía económica, la participación política y la educación para reducir la violencia de género. En 2023, reportaron haber colaborado con 44,000 mujeres, incluyendo jóvenes, indígenas y personas LGBTIQ+, en programas relacionados con el acceso a derechos y el fortalecimiento de su autonomía.

Desmienten al alcalde de Lima y advierten medidas legales

Por otro lado, la ONG anunció que emprenderá acciones legales contra López Aliaga por las acusaciones vertidas en su contra. “Todo lo que el señor López Aliaga ha dicho en varias entrevistas es absolutamente falso. Vamos a proceder legalmente y denunciamos esta campaña de desinformación que busca deslegitimar nuestra labor”, declaró la directora al respecto.

El pronunciamiento de Manuela Ramos destacó además que las ONG dedicadas a derechos humanos y enfoque de género están siendo blanco de una campaña sostenida por sectores políticos y sociales conservadores en el Perú. Consideraron que este tipo de acusaciones responde a un esfuerzo por desarticular a la sociedad civil organizada, señalando que “la defensa de los derechos de las mujeres parece incomodar profundamente a quienes impulsan modelos jerárquicos y desiguales”.

López Aliaga, por su parte, reiteró sus acusaciones en entrevistas con diversos medios de comunicación. En sus declaraciones, sostuvo que la ONG habría administrado inadecuadamente fondos de USAID, aunque no presentó pruebas concretas sobre estos señalamientos. Además, pidió que Manuela Ramos “detalle públicamente el uso” de los recursos recibidos de agencias internacionales.

En este contexto, la polémica se inserta dentro de un debate más amplio sobre el rol de las ONG en el país y los desafíos a los que se enfrentan en un entorno político polarizado. Desde Manuela Ramos han subrayado que su trabajo continuará enfocándose en la lucha por los derechos de las mujeres y sectores históricamente discriminados, con énfasis en el cierre de brechas de género, la autonomía económica y el acceso a la justicia, mientras defienden la integridad de su historia institucional y las acciones realizadas bajo el marco de la legalidad.

Las acusaciones de Rafael López Aliaga

El 9 de febrero de 2025, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, envió una carta notarial al movimiento Manuela Ramos exigiendo una rectificación inmediata por declaraciones realizadas por la ONG durante el programa televisivo Cuentas Claras. López Aliaga afirmó que, si no se cumple su solicitud, emprenderá acciones legales por difamación agravada.

La disputa se originó tras acusaciones del burgomaestre de presunto mal uso de fondos por parte de Manuela Ramos, específicamente de recursos provenientes de USAID. Durante sus declaraciones televisivas, expresó que los fondos destinados a ayuda social habrían sido usados para “planillas y consultorías”, refiriéndose a un supuesto mal manejo de un millón de dólares. Además, usó como referencia un reportaje del diario Expreso que cuestiona el porcentaje de recursos asignados a gastos administrativos dentro de un proyecto financiado por USAID.

Una representante de Manuela Ramos negó haber recibido un millón quinientos mil dólares de USAID en 2009, declaración que López Aliaga calificó como falsa. En el programa se presentó un documento de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), el cual, según el alcalde, confirmaría el financiamiento. En su carta notarial, López Aliaga sostuvo que las afirmaciones de la ONG, donde lo acusan de cometer difamación, son “contrarias a la realidad”, amparándose en la legitimidad de la libertad de información cuando esta se basa en hechos verificables.

El Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (Saludpol), adscrito al Ministerio del Interior, enfrenta cuestionamientos graves por parte de policías activos y en retiro quienes denuncian deficientes servicios médicos, largas esperas, falta de medicamentos y reembolsos demorados, detalló un reportaje de Cuarto Poder. Estas carencias afectan a pacientes con condiciones graves como diabetes, enfermedades crónicas y aquellos que necesitan tratamientos como hemodiálisis.

Jorge Espinosa, exintegrante del grupo de élite División Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) que resultó herido durante la operación Libertad en 2012, en el Vraem, relató al medio televisivo su difícil experiencia como paciente de Saludpol. Tras luchar contra el terrorismo y servir más de 30 años, Espinosa enfrenta ahora otro tipo de batalla: recuperar los gastos destinados a su tratamiento médico. Según sus declaraciones, cada trámite de reembolso se convierte en un enfrentamiento contra la burocracia, donde pequeños errores como una coma mal colocada son razones para rechazar solicitudes.

La situación es particularmente grave para pacientes con enfermedades críticas. Jorge Cassiano, mayor en retiro y paciente en hemodiálisis, señaló que se vio obligado a trasladarse de una clínica en San Miguel a otra en Chorrillos por una decisión administrativa de Saludpol. Este cambio, basado en una licitación, implicó largas distancias y horarios inviables para un tratamiento esencial.

Además, un informe de supervisión reveló que la clínica Mesón de Santé, encargada de brindar este servicio, no cumple los estándares mínimos necesarios. Las inspecciones evidenciaron equipamiento inoperativo, medicamentos vencidos y la inexistencia de elementos básicos como balones de oxígeno.

Alta rotación en Saludpol

Las denuncias apuntan también a un constante cambio de directivos en Saludpol ligado a rotaciones ministeriales. Este dinamismo administrativo no solo merma la continuidad de las políticas, sino que incrementa las dificultades para los usuarios. Inspectores de calidad del sistema han afirmado sufrir represalias laborales luego de emitir informes críticos sobre condiciones inadecuadas en las instalaciones supervisadas.

Mientras tanto, los pacientes de hemodiálisis continúan enfrentando horarios extremos, como sesiones de medianoche a madrugada, que ponen en serio riesgo su salud. La clínica cuestionada rechazó las observaciones del informe, calificándolas de represalia de otros competidores. Este conflicto pone en duda la confiabilidad de las auditorías de Saludpol, dejando a los pacientes en el limbo.

Numerosas denuncias por falta de medicinas y malos tratos

Los policías han compartido experiencias que reflejan una lucha constante contra la burocracia en el proceso de reembolso de gastos médicos. Según sus testimonios, cada reembolso se convierte en un desafío, donde enfrentan la indiferencia del sistema de salud. Por ejemplo, mencionan que al presentar solicitudes de reembolso, a menudo se encuentran con críticas sobre detalles menores, como la falta de una coma o un punto, lo que resulta en la negativa del reembolso.

Además, hay un sentimiento generalizado de frustración, ya que muchos policías y sus familias sienten que no merecen el trato que reciben de parte de Salud Pol. Se quejan de la falta de medicamentos y de la dificultad para obtener citas médicas, lo que agrava su situación. Un policía retirado, por ejemplo, expresó su decepción al sentir que la institución no se preocupa por su salud, a pesar de haber servido durante muchos años.

Deudas no cubiertas por Saludpol

El capitán PNP en retiro Víctor Bustillos, de 62 años, enfrenta una deuda de 54,156 soles con la clínica Maison de Santé en Chorrillos por los 10 días que estuvo internado tras contraer Covid-19 en 2021. Esta deuda, que derivó en una carta notarial con amenaza de embargo, se origina por la falta de pago por parte de Saludpol, a pesar de que Bustillos cuenta con documentos que acreditan su estado de salud y el convenio supuestamente vigente en ese periodo entre Saludpol y la clínica.

Rosa Virreyra, directora de financiamiento y planes de Saludpol, afirmó que no se emitieron cartas de garantía durante la pandemia debido a procesos definidos, declaración que contrasta con un convenio publicado en la plataforma digital del Estado destinado a cubrir casos de Covid-19. Sin embargo, la clínica reporta más de 58 millones de soles en deudas de Saludpol por atenciones brindadas entre 2020 y 2022 a más de 600 asegurados. Aunque Saludpol afirma estar al día con los pagos de 2023, los montos pendientes de la pandemia permanecen sin resolverse.

La clínica La Luz de un Ángel, que atiende niños con autismo, también reporta retrasos en los pagos de Saludpol, obligando a los pacientes a renovar cartas de garantía cada pocos meses, con esperas de hasta cuatro meses para continuar tratamientos. Estas demoras afectan tanto a niños como a pacientes en riesgo, quienes deben luchar contra procesos burocráticos para recibir atención.

Según el reporte de Canal N desde la frontera en Aguas Verdes, la promesa de reapertura para este mediodía no se cumplió. En su lugar, se informó que la medida se extendería hasta la medianoche, decisión que cayó como “un balde de agua fría” entre los comerciantes peruanos, quienes expresaron su indignación ante la falta de claridad en las disposiciones del gobierno ecuatoriano.

Las restricciones han generado un impacto económico severo. De acuerdo con testimonios recogidos en la zona, los comerciantes de ambos países han registrado pérdidas diarias cercanas al millón de dólares debido a la paralización del comercio binacional. Además, los trabajadores que dependen de la actividad fronteriza, como estibadores y pequeños comerciantes, han visto afectado su sustento diario.

“Nos dijeron que hoy al mediodía abrían, pero ahora dicen que será recién a la medianoche. Llevamos tres días sin trabajo”, declaró un comerciante peruano a Canal N. Otro de los entrevistados pidió al gobierno ecuatoriano que agilice la reapertura: “Estamos viendo que solo los ecuatorianos pueden cruzar, pero los peruanos no. Nos han dejado sin poder trabajar”.

Controles estrictos y presencia militar en la frontera

El despliegue de seguridad en la zona es notable. Canal N informó que tanto militares como policías ecuatorianos mantienen un estricto control en la frontera, limitando el tránsito de ciudadanos peruanos. Durante la transmisión, se observó la rotación del personal militar ecuatoriano, quienes patrullan la zona y supervisan los accesos.

En contraste, no se ha registrado una presencia significativa de efectivos peruanos en la zona, lo que ha generado cuestionamientos entre los afectados. “Solo los ecuatorianos pueden cruzar con su cédula, mientras que a los peruanos no se les permite el acceso”, señalaron los reporteros en el lugar.

La tensión en la frontera ha ido en aumento, especialmente entre familias binacionales que han quedado separadas debido al cierre. “Estamos esperando desde el mediodía con mis nietas y mi hija, pero no hay ninguna señal de que vayan a abrir”, expresó una mujer que busca cruzar hacia Ecuador.

Pérdidas millonarias por cierre de la frontera

El cierre fronterizo ha afectado gravemente la economía de Aguas Verdes, una localidad peruana cuyo comercio depende en gran medida del tránsito con Ecuador. Empresarios y comerciantes locales han señalado que la actividad comercial ha caído en un 50% desde que se implementó la restricción, afectando a miles de trabajadores que dependen de las ventas diarias.

Si bien la Cancillería peruana había asegurado que el tránsito de mercancías no se vería afectado, en la práctica, los comerciantes indican que las restricciones han provocado un bloqueo total. “Se suponía que el comercio estaba asegurado, pero no es así. No nos dejan pasar y eso nos afecta directamente”, expresó un comerciante.

En la transmisión de Canal N, se evidenció cómo algunos ecuatorianos lograban ingresar productos desde Perú sin mayores inconvenientes, mientras que los peruanos no podían hacer lo mismo en dirección contraria. “Ellos sí pueden pasar con sus compras, pero a nosotros nos bloquean el acceso”, denunció un trabajador de la zona.

Expectativa por reapertura de la frontera Perú - Ecuador

Las elecciones en Ecuador se desarrollaron con normalidad y sin incidentes relevantes, por lo que muchos esperaban que la frontera se reabriera según lo anunciado. Sin embargo, la falta de información clara ha generado incertidumbre entre los ciudadanos afectados.

Se espera que en las próximas horas las autoridades de ambos países emitan un pronunciamiento oficial sobre la situación. Mientras tanto, los comerciantes y trabajadores fronterizos continúan a la espera de una solución urgente que les permita retomar sus actividades y mitigar las pérdidas económicas de los últimos días.

La situación en la frontera refleja la importancia del comercio binacional y la interdependencia entre ambas naciones. Aguas Verdes, en Perú, y Huaquillas, en Ecuador, son consideradas prácticamente una misma ciudad separada solo por un puente, por lo que la libre circulación es clave para la economía y la vida cotidiana de miles de personas.

Por el momento, la incertidumbre persiste, y la frontera permanecerá cerrada al menos hasta la medianoche, dejando en vilo a comerciantes, trabajadores y familias que esperan cruzar.

Un testimonio reciente ha puesto en el centro de la polémica al congresista Guillermo Bermejo, quien aspira a la presidencia en 2026 con el partido Voces del Pueblo. Según un colaborador eficaz identificado como CE 11-2024, el parlamentario habría pactado con el juez Andrés Arturo Churampi Garibaldi para obtener su absolución en un caso de presunta afiliación terrorista. Este fallo, emitido en enero de 2022, fue celebrado por el legislador y su entorno cercano, según un reportaje del programa dominical Panorama.

De acuerdo con el testimonio del colaborador, Bermejo se reunió con el juez Churampi en un café ubicado en la avenida Caminos del Inca, en el distrito limeño de Surco. En el encuentro también estuvieron presentes los abogados Raúl Martínez y Ronald Atencio, este último defensor del congresista. Durante la reunión, el magistrado habría ofrecido su apoyo en el proceso judicial que enfrentaba Bermejo.

Según el relato del colaborador, tras una breve conversación, el juez aseguró que coordinaría los detalles del caso con los abogados presentes. Posteriormente, Bermejo y su equipo habrían celebrado el fallo en un evento privado, donde se destacó que el camino estaba despejado para su candidatura presidencial: “Ahora sí están listos para el partido Político Voces del Pueblo y está listo como candidato a la Presidencia”.

El colaborador eficaz no solo señaló a Bermejo, sino que también involucró a Lenin Romero Casavilca, presidente del Comité de Disciplina de Voces del Pueblo. Según el testimonio, Romero habría facilitado el contacto entre el congresista y el juez Churampi. “Tengo conocimiento que Guillermo Bermejo Rojas, por intermedio de su asesor ligado a su partido político, el abogado Lenin Romero Casavilca, lo presentó al abogado de nombre Raúl, creo que su apellido es Martínez”, afirmó el colaborador.

Caso por afiliación a Sendero Luminoso sigue en curso

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional del Poder Judicial confirmó, en agosto de 2024, la resolución del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria, que declaró infundada la tutela de derechos presentada por el congresista Guillermo Bermejo. Este recurso buscaba la nulidad del acta de declaración del colaborador eficaz “Pionero 2″, bajo el argumento de una supuesta violación al derecho de defensa, pero el tribunal determinó que no hubo tales vulneraciones y que la resolución se efectuó conforme a derecho.

Bermejo enfrenta acusaciones de afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso entre 2008 y 2009, durante su estadía en el VRAEM. En enero de 2022, fue absuelto por la Segunda Sala Penal Transitoria debido a insuficiencia de pruebas, pero la Corte Suprema anuló este fallo y ordenó un nuevo juicio. Bermejo alega ser víctima de persecución política, argumentando la falta de pruebas sólidas.

El juez y el abogado rechazan las acusaciones

Tanto el juez Andrés Churampi como el abogado Ronald Atencio han negado categóricamente las afirmaciones del colaborador eficaz. Atencio, quien fue mencionado como testigo de la reunión en el café, aseguró que es la primera vez que escucha sobre este testimonio. “No tengo ningún tipo de conocimiento de esa declaración, no nos han notificado, no sabemos el contexto”, declaró el abogado en una entrevista. Al ser consultado sobre si conocía al colaborador eficaz, respondió: “Sí, es la primera vez”.

Por su parte, el juez Churampi también rechazó las acusaciones y negó haber tenido contacto con Bermejo o su equipo. “Rechazo totalmente lo que se está diciendo. Nunca he tenido contacto con esas personas”, afirmó en declaraciones a la prensa. Además, expresó su sorpresa ante las acusaciones, señalando que nunca ha estado en un café con las personas mencionadas. “Veo que tratan de hacerme daño, que usen mi nombre completo, incluso, no sé, me causa extrañeza la declaración de esta colaboración. (...) Nunca, nunca, nunca, yo vivo en Surco, pero nunca en un café ni nada, en ningún café y en ninguna parte”, enfatizó el magistrado.

En paralelo, junto a Guido Bellido, enfrenta una investigación por obstrucción a la justicia. La Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal sostiene que ambos intentaron impedir que el exmilitar Bobby Eddy Villarroel Medina, alias “Sacha”, declarara como testigo. Según la investigación, a través del abogado Jhon Benites Tangoa, vinculado a Perú Libre, se habría persuadido a Villarroel en una reunión ocurrida en un spa en La Victoria, ofreciéndole asilo político y protección, y empleando un tono intimidante aludiendo al poder político de ambos legisladores.

Tras este intento de intimidación, Villarroel no asistió a declarar a la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), aunque luego informó a la Fiscalía sobre la reunión. Las autoridades corroboraron el encuentro con registros de seguridad, continuando con las investigaciones por presunta obstrucción a la justicia.

La respuesta de Bermejo: “No me entran balas”

En medio de las acusaciones, Bermejo ha adoptado una postura desafiante. En un video difundido recientemente, el congresista defendió su integridad moral y aseguró que las críticas no lo afectan. “No me entran balas”, afirmó, en referencia a su historial de enfrentamientos con la justicia, en los que ha sido detenido y procesado en varias ocasiones, pero siempre resultó absuelto.

El legislador también ha utilizado este episodio para reforzar su narrativa política, presentándose como una figura que ha superado adversidades legales y que ahora busca consolidar su liderazgo en Voces del Pueblo, partido con el que planea postularse a la presidencia en las elecciones de 2026.

Si estás en proceso de obtener tu licencia de conducir, es importante que conozcas los requisitos y evaluaciones necesarias. En Perú, el trámite incluye tres pruebas obligatorias: examen médico, examen de reglas de tránsito y examen de manejo.

De estos, el examen de reglas de tránsito es uno de los más desafiantes, ya que evalúa el conocimiento del postulante sobre normas de tránsito, infracciones, sanciones y conducción eficiente. Para muchos, esta prueba representa un reto debido a la cantidad de preguntas y el tiempo limitado para responderlas.

A continuación, te explicamos en detalle en qué consiste la prueba, cómo inscribirte y qué estrategias puedes seguir para aprobarla en el menor tiempo posible.

¿En qué consiste el examen de reglas de tránsito?

El examen de reglas de tránsito es una prueba teórica compuesta por 40 preguntas y tiene una duración máxima de 40 minutos. Para aprobar, es necesario responder correctamente al menos 35 preguntas.

El objetivo del examen es evaluar si el postulante conoce los principios básicos de la conducción responsable y el cumplimiento de las normas de tránsito. Entre los temas evaluados se encuentran:

• Obligaciones del conductor en materia de tránsito
• Inspección Técnica Vehicular
• Reglamento Nacional de Vehículos
• Seguros Obligatorios de Accidentes de Tránsito (SOAT)
• Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje
• Primeros auxilios en caso de accidentes de tránsito

¿Cómo inscribirse y dónde rendir el examen de reglas de tránsito 2025?

Dependiendo de la ciudad en la que te encuentres, puedes rendir el examen en los siguientes centros:

• En Lima: Inscríbete a través de la web del Touring Automóvil Club del Perú o llamando al (01) 615-9315. Las pruebas se realizan de lunes a sábado, en el horario de 7:00 a. m. a 4:45 p. m.
• En regiones: Debes acercarte al Centro de Evaluación de tu localidad, que es administrado por la Dirección Regional de Transporte Terrestre de tu Gobierno Regional.

Recuerda que antes de rendir el examen de reglas, es obligatorio haber aprobado el examen médico.

Requisitos para el examen de reglas de tránsito 2025

Para presentarte a la evaluación, debes llevar contigo alguno de los siguientes documentos de identidad vigente y en original:

• DNI
• Carnet de Extranjería
• Carnet de Permiso Temporal de Permanencia (CPP)
• Carnet de solicitante o asilado de refugio

Además, deberás haber realizado el pago del examen en los bancos autorizados.

Costo del examen de reglas de tránsito 2025

En Lima (Touring Automóvil Club del Perú):

• Nuevo brevete: S/ 67.32
• Revalidación Clase A: S/ 25.00
• Recategorización: S/ 67.32
• Canje de licencia extranjera: S/ 67.32

Los pagos pueden realizarse en las oficinas del Touring, o en los bancos Scotiabank, Interbank y BIF (solo en Lima).

En regiones:

• El costo del examen varía según el Gobierno Regional, ya que la evaluación y el pago están a cargo de la Dirección Regional de Transporte Terrestre.

Preguntas frecuentes sobre el examen de reglas de tránsito

• ¿Cuántas oportunidades tengo para aprobar el examen de reglas?

Cada postulante tiene derecho a dos intentos con el mismo pago. Si desaprueba en el primer intento, puede programar la segunda evaluación.

Si no aprueba en ambas oportunidades, deberá realizar un nuevo pago y volver a rendir la prueba.

• ¿Qué debo estudiar para rendir el examen?

Es fundamental leer el Reglamento de Tránsito y el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito, ya que las preguntas del examen se basan en estos documentos.

Algunas de las preguntas que podrías encontrar en la prueba son:

• ¿Qué luces debe utilizar un conductor que circula en las vías públicas urbanas por la noche?
• ¿Qué debe hacer si un vehículo de transporte escolar se encuentra detenido recogiendo o dejando escolares?
• ¿Después de cuánto tiempo de haber cometido la misma infracción se considera reincidencia?
• ¿Cuántos carriles puede utilizar un conductor en una vía de un solo sentido con múltiples carriles?

Balotario de examen de regl... by Infobae Perú

• ¿Cuántas preguntas puedo fallar?

Solo puedes fallar un máximo de 5 preguntas. Si te equivocas en más de 5, no aprobarás el examen y deberás programar una segunda oportunidad.

Si no estás seguro de una respuesta, lo recomendable es pasar a la siguiente pregunta y regresar a ella después, para no perder tiempo.

Consejos para aprobar el examen de reglas de tránsito

🔹 Estudia con anticipación. No esperes hasta el último momento para leer el Reglamento de Tránsito. Dedica tiempo a repasar las normas de conducción y las señales de tránsito.

🔹 Realiza simulacros de examen. Existen plataformas en línea que ofrecen pruebas similares a las del examen real. Esto te permitirá familiarizarte con el formato de las preguntas.

🔹 Presta atención a cada pregunta. Algunas preguntas pueden ser confusas o contener términos técnicos. Lee con calma antes de responder.

🔹 Evita distracciones. Durante el examen, es importante concentrarte al 100 %. La prueba se realiza en silencio absoluto, así que mantén la calma y administra bien tu tiempo.

🔹 Si tienes dudas, deja la pregunta para el final. En caso de que no estés seguro de una respuesta, pasa a la siguiente pregunta y regresa a ella al final.

La Municipalidad Metropolitana de Lima, bajo la gestión del alcalde Rafael López Aliaga, ha firmado convenios con el Ejército que comprometen una inversión de al menos S/ 210 millones para la ejecución de obras en dos importantes vías de la capital. Según informó Epicentro TV, los proyectos incluyen la pavimentación de cinco kilómetros de la ampliación de la Vía Expresa, conocida como el “Zanjón”, y el asfaltado de cuatro kilómetros de la autopista Ramiro Prialé, además de trabajos de limpieza y perfilado en esta última.

De acuerdo con los documentos suscritos, la pavimentación de la ampliación de la Vía Expresa, ubicada en la zona sur de Lima, tendrá un costo mínimo de S/ 150 millones. Sin embargo, el monto total de la obra no ha sido confirmado, ya que en octubre de 2024 un funcionario municipal declaró a Panamericana TV que el proyecto podría alcanzar los S/ 800 millones. Por otro lado, las intervenciones en la autopista Ramiro Prialé, situada en el este de la ciudad, requerirán una inversión referencial de S/ 60 millones, según lo estipulado en el convenio específico.

Obras de alto costo y poca claridad en la Vía Expresa

El convenio entre la Municipalidad de Lima y el Ejército Peruano establece que la pavimentación de cinco kilómetros de la Vía Expresa tendrá un costo inicial de S/ 150 millones. Sin embargo, el alcance financiero de este proyecto ha generado interrogantes. Según lo reportado por Epicentro TV, un funcionario municipal indicó previamente que el costo total de la obra podría ascender a S/ 800 millones, aunque esta cifra no ha sido confirmada oficialmente en los documentos del convenio.

La ampliación de la Vía Expresa, conocida popularmente como el “Zanjón”, es una obra clave para mejorar la conectividad en la zona sur de Lima. No obstante, la falta de claridad sobre el presupuesto total y la ausencia de pronunciamientos por parte de la Contraloría General de la República han generado cuestionamientos sobre la transparencia en la gestión de los recursos públicos destinados a este proyecto.

Autopista Ramiro Prialé

En el caso de la autopista Ramiro Prialé, el convenio firmado con el Ejército Peruano contempla la limpieza, perfilado y asfaltado de cuatro kilómetros de esta vía, con un costo referencial de S/ 60 millones. Según lo informado por Epicentro TV, estas obras originalmente debían ser ejecutadas por la concesionaria Rutas de Lima, pero la administración de Rafael López Aliaga decidió asumirlas con fondos públicos.

La autopista Ramiro Prialé es una arteria vial fundamental para el tránsito en la zona este de Lima, y su ampliación ha sido un tema recurrente en las agendas municipales. Sin embargo, la decisión de transferir la responsabilidad de estas obras al Ejército Peruano y financiar el proyecto con recursos públicos ha suscitado dudas sobre el cumplimiento de los compromisos establecidos con la concesionaria y el impacto que esto podría tener en las finanzas municipales.

La Contraloría y la falta de supervisión

A pesar de la magnitud de los recursos comprometidos en estos proyectos, la Contraloría General de la República no ha emitido hasta el momento un pronunciamiento sobre los convenios firmados entre la Municipalidad de Lima y el Ejército Peruano. Según lo publicado por Epicentro TV, esta ausencia de supervisión ha generado inquietudes sobre la transparencia y la correcta utilización de los fondos públicos en estas obras de infraestructura.

La falta de claridad en los costos totales, especialmente en el caso de la ampliación de la Vía Expresa, y la decisión de financiar con recursos municipales las obras en la autopista Ramiro Prialé, que inicialmente estaban a cargo de una concesionaria, son aspectos que podrían requerir una mayor fiscalización por parte de las autoridades competentes.

La violencia contra las mujeres en Perú suma un nuevo caso alarmante. En el distrito de Comas, una mujer identificada como Jennifer Sulca fue víctima de feminicidio en el hospedaje “Picaflor”, ubicado en la avenida Héroes del Alto Cenepa. Según informó la Policía Nacional del Perú (PNP), el cuerpo de la víctima fue hallado en la habitación 301 con cortes en el rostro y el cuello, lesiones que le provocaron una hemorragia fatal. En el mismo lugar, su pareja fue encontrada dentro del baño con heridas en los brazos y en estado crítico, lo que sugiere un intento de autolesión tras el ataque.

De acuerdo con las autoridades, el hombre fue trasladado de emergencia al Hospital Sergio Bernales, donde permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Mientras tanto, la escena del crimen fue acordonada para permitir el trabajo de los peritos forenses y el inicio de las investigaciones correspondientes. Este caso se suma a una preocupante estadística de feminicidios en el país, lo que subraya la necesidad de implementar medidas más efectivas para prevenir la violencia de género y garantizar justicia para las víctimas.

Según detalló la PNP, efectivos del Escuadrón Verde y la Unidad de Rescate acudieron al lugar tras recibir una alerta sobre el incidente. Las primeras hipótesis indican que se trataría de un feminicidio seguido de un intento de suicidio por parte del agresor. Sin embargo, las autoridades continúan recolectando pruebas y testimonios para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias exactas del crimen.

En la escena también se contó con el apoyo de unidades policiales de Santa Luzmila y del Grupo de Intervención Rápida, quienes resguardaron el área ante la posibilidad de reacciones por parte de familiares de la víctima. Este despliegue busca garantizar la seguridad y preservar las evidencias necesarias para el desarrollo de las investigaciones.

Hospedajes clandestinos

Los vecinos de la zona expresaron su inquietud ante el incremento de actos violentos en hospedajes y hoteles que operan de manera clandestina. Según manifestaron, estos establecimientos suelen ser escenarios de delitos graves, lo que pone en evidencia la falta de control por parte de las autoridades locales.

Los residentes hicieron un llamado urgente para que se refuercen las inspecciones y se tomen medidas que regulen el funcionamiento de estos lugares, con el objetivo de prevenir futuros crímenes.

Feminicidios y mujeres desaparecidas

Perú registró un grave aumento de la violencia de género, según el informe de la Defensoría del Pueblo. Durante el año 2024, se registraron 170 feminicidios, un 13% más que en 2023. Este incremento, que suma más de 450 casos entre 2022 y 2024, refleja una crisis sostenida que afecta a las mujeres. Entre las víctimas, 10 eran niñas o adolescentes, lo que destaca la vulnerabilidad de este grupo.

Además, se documentaron 69 tentativas de feminicidio y 35 muertes violentas de mujeres aún no clasificadas como feminicidios. La Defensoría demandó acciones intersectoriales urgentes para detener este fenómeno y proteger a las víctimas.

Otro dato alarmante del informe es el aumento de desapariciones de mujeres. En 2024 se emitieron 7,097 alertas, un 37% más que el año anterior. Muchas de estas corresponden a niñas y adolescentes, lo que resalta la necesidad de fortalecer las medidas de protección y búsqueda. La Defensoría señaló que este incremento refleja fallas en los mecanismos de prevención y la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades.

Canales de ayuda

En medio de esta tragedia, es importante recordar que existen líneas de ayuda disponibles para quienes enfrentan situaciones de violencia. La Policía Nacional del Perú (PNP) pone a disposición el código 105 para emergencias generales y la línea 110 para reportar incidentes en carreteras. Además, el Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) puede ser contactado a través del número 106 en diversas regiones del país.

Por otro lado, EsSalud ofrece atención médica y apoyo psicológico para mujeres víctimas de violencia y sus familias. Las personas interesadas pueden comunicarse al (01) 411 8000, opción 6, o a los números de alerta médica: (01) 261 0502 y (01) 265 8783. Estas herramientas buscan brindar asistencia inmediata y contribuir a la protección de las víctimas.

El fallo fue emitido por el juez Christian Azabache Vidal, de la Corte Superior de Justicia de Piura, quien determinó que Montaño cometió el delito de cohecho pasivo impropio. Además de la pena privativa de libertad suspendida, el exrector fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante el mismo periodo de tres años y cuatro meses.

El caso contra Montaño salió a la luz gracias a un video difundido en agosto de 2024 por el programa dominical Cuarto Poder, en el que se observa al entonces rector recibiendo una suma de 10.000 soles en efectivo de un proveedor de servicios de la universidad. Según el material audiovisual, el encuentro tuvo lugar en una oficina alterna al despacho del rector y en presencia de un asesor.

En las imágenes, el proveedor le entrega el dinero a Montaño mientras menciona que previamente una funcionaria de la universidad habría tomado 20.000 soles, asegurando que esa cantidad estaba destinada al rector. Este hecho, según el video, generó una queja por parte del proveedor antes de proceder con la entrega de los 10.000 soles.

Reparación civil y sanciones adicionales

Además de la pena privativa de libertad suspendida y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, el juez Azabache Vidal ordenó que Montaño pague una reparación civil de 60.000 soles como compensación por los daños ocasionados. Asimismo, se le impuso una multa equivalente a 271 días de salario.

La sentencia se dictó bajo la figura de la terminación anticipada, un mecanismo legal que permite reducir la duración del proceso judicial cuando el acusado acepta su culpabilidad y colabora con la justicia. Este procedimiento fue clave para agilizar el fallo en este caso de corrupción que involucra a una de las principales universidades públicas del país.

Estudiantes denunciaron corrupción sistemática en la Universidad

La comunidad estudiantil de la UNP manifestó su rechazo a través de una serie de protestas en el patio central de la universidad en agosto de 2024. Según informó Canal N, una dirigente estudiantil expresó su indignación al señalar que este escándalo no es una sorpresa para los alumnos, quienes ya sospechaban de la existencia de prácticas corruptas dentro de la institución.

“Nos da vergüenza como estudiantes, porque están tomando el nombre de nuestra universidad. Esta noticia de que tenemos autoridades corruptas, todos los universitarios se la saben, pero ahora a nivel nacional ya todos lo saben”, declaró la representante.

Los estudiantes han planteado cinco demandas principales en respuesta a este caso. Estas incluyen la intervención de oficio por parte de la Fiscalía, la declaración de vacancia del rector, la convocatoria a nuevas elecciones, la garantía de que las protestas estudiantiles puedan realizarse sin restricciones, el rechazo de los profesores a estas malas prácticas y el llamado a la sociedad piurana para que defienda la integridad de la universidad.

El reportaje de Cuarto Poder detalló que la entrega del dinero se habría realizado en una oficina alterna del rector. Además, la presencia de un asesor cercano de Montaño en el momento de la entrega refuerza las sospechas de que este acto no fue un hecho aislado, sino parte de un esquema más amplio de irregularidades

Este no es el único indicio de posibles actos ilícitos en la gestión de Montaño. En grabaciones previas, el rector habría afirmado que sus conexiones le permitían facilitar ciertos procesos, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y la ética en su administración.

En Perú, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) es la entidad encargada de la identificación de los ciudadanos y el registro de eventos civiles como nacimientos, matrimonios y defunciones. Una de las preguntas más frecuentes es si se puede acceder a información sobre los hijos que una persona tiene registrados en Reniec. Sin embargo, debido a las normativas de protección de datos personales, esta información no es de acceso público, especialmente en el caso de menores de edad.

Esto significa que, aunque Reniec almacena los datos de filiación de todos los peruanos, no cualquier persona puede acceder a esta información. La privacidad de los registros está garantizada por la ley, y solo los propios padres o personas con autorización legal pueden obtener estos datos. En caso de litigios de filiación o herencias, un juez puede solicitar esta información, pero fuera de estos casos, no es posible averiguar si alguien tiene hijos a través de Reniec de manera libre y directa.

Los datos están protegidos por ley

La información contenida en Reniec está protegida por la Ley de Protección de Datos Personales (Ley N° 29733), que establece que los datos relacionados con la identidad de una persona solo pueden ser consultados por el titular o por quienes tengan una autorización expresa. Esto significa que no es posible acceder libremente a la información sobre los hijos de otra persona, salvo en casos excepcionales regulados por la ley.

En particular, los datos de menores de edad están aún más protegidos, ya que su difusión no autorizada podría poner en riesgo su seguridad. Ni siquiera a través de plataformas oficiales de Reniec es posible conocer cuántos hijos tiene una persona sin su consentimiento o sin un proceso legal de por medio.

Existen algunas circunstancias en las que sí se puede solicitar esta información, como:

• Cuando el propio padre o madre solicita información sobre sus hijos registrados.
• En casos judiciales, cuando un juez ordena la verificación de la filiación de un menor.
• Para trámites de herencia o procesos legales donde se requiera establecer parentesco.

Fuera de estas situaciones, cualquier intento de acceder a esta información sin la debida autorización podría ser sancionado por la ley.

¿Cómo se registran los nacimientos en Reniec?

El registro de nacimientos en Perú es un trámite fundamental que permite otorgar identidad legal a los recién nacidos y garantizar sus derechos. Para ello, Reniec establece los siguientes procedimientos y plazos:

• Plazo máximo para registrar a un recién nacido: 60 días si el parto ocurrió en un centro de salud; 90 días si el nacimiento ocurrió en una zona de difícil acceso, como comunidades nativas o centros poblados alejados.
• Personas autorizadas para realizar la inscripción: Los padres del menor. En su ausencia, un familiar directo como hermanos mayores, abuelos o tutores con documentación legal.
• Costo del trámite: Gratuito en todos los casos.

Los datos del menor quedan registrados en Reniec y pueden ser consultados por sus padres, pero no son accesibles para terceros sin una justificación legal.

¿Qué sucede si un padre no reconoce a su hijo?

En Perú, la ley permite que una madre registre a su hijo sin la presencia del padre. Según la Ley N° 28720, si el progenitor no está presente en el momento de la inscripción, la madre puede indicar su nombre para que el menor reciba los apellidos de ambos. En estos casos:

• Reniec notificará al presunto padre en un plazo de 30 días.
• Si el hombre niega la paternidad, puede iniciar un proceso legal por usurpación de nombre.
• Si la madre ha proporcionado información falsa, puede recibir sanciones civiles o penales.

En caso de disputa, la única forma de establecer la paternidad es mediante un proceso judicial y pruebas de ADN, ordenadas por un juez.

El rol del Sistema en Línea del Certificado de Nacido Vivo (CNV)

Para mejorar la seguridad y evitar errores en los registros de nacimiento, el Ministerio de Salud y Reniec implementaron el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea (CNV). Este sistema permite que, al momento del parto, el médico u obstetra registre automáticamente los datos del recién nacido y de su madre en la plataforma oficial. Las ventajas de este sistema incluyen:

• Menos errores en el registro de identidad del bebé.
• Mayor seguridad al evitar la falsificación de documentos.
• Validación de la identidad del profesional de salud que atendió el parto.
• Facilidad para obtener el DNI del menor y acceder a servicios de salud y programas sociales.

Este registro contribuye a una identificación más segura, pero no cambia las restricciones sobre quién puede acceder a la información sobre los hijos de una persona.

Debido a las leyes vigentes, no es posible averiguar cuántos hijos tiene una persona en Reniec sin su consentimiento o sin un proceso judicial que lo justifique. La protección de datos personales impide que esta información sea de acceso público, especialmente cuando involucra a menores de edad.

Solo los propios padres, las autoridades judiciales o personas con autorización legal pueden acceder a estos registros. Cualquier intento de obtener esta información sin los permisos correspondientes podría conllevar sanciones legales.

Si necesitas conocer esta información por motivos legítimos, lo recomendable es acudir a Reniec o iniciar un trámite legal para solicitar el acceso.

Con la proximidad del Día de San Valentín, muchas personas buscan el amor en aplicaciones de citas, pero también aumentan los riesgos de ser víctima de fraudes emocionales, como Cinthia, una mujer de 46 años, que creyó haber encontrado el amor de su vida en una aplicación de citas. Durante seis meses, mantuvo una relación virtual con Christian, un supuesto ciudadano estadounidense que le prometió amor eterno y un futuro juntos en Perú. Sin embargo, todo fue una estafa meticulosamente planeada. La Policía Nacional del Perú (PNP) ha detectado un incremento en este tipo de fraudes, conocidos como ‘estafas de amor’, donde las víctimas no solo han perdido dinero, sino que también han sufrido un fuerte impacto emocional.

Las aplicaciones de citas han transformado la forma en que las personas se relacionan. En América Latina, su uso ha aumentado significativamente, y según Grand View Research, se espera que el mercado global de estas plataformas alcance un valor de 12.250 millones de dólares para 2030.

Pero esta popularidad ha venido acompañada de un aumento en los fraudes y delitos digitales. La facilidad con la que los estafadores pueden crear perfiles falsos, manipular emociones y ganar la confianza de sus víctimas ha convertido a estas plataformas en un blanco atractivo para el crimen.

Los peligros no solo incluyen las estafas amorosas, sino también ciberacoso, suplantación de identidad e incluso trata de personas.

La ‘Estafa del amor’: el caso de Cinthia

Para Cinthia, la historia con Christian parecía sacada de un cuento de hadas. Tras meses de conversaciones románticas, el hombre le prometió viajar a Perú para formalizar la relación y comenzar una vida juntos. Como prueba de su compromiso, le dijo que enviaría una maleta con documentos de una herencia para que ella la recibiera.

Días después, Christian le informó que la maleta había quedado retenida en el aeropuerto y le pidió que contactara a un agente aduanero que supuestamente podía agilizar los trámites.

“Primero me pidieron 500 soles para que el equipaje pudiera llegar a su destino. Luego, otros 500 soles más por impuestos y seguros. Al final, entre transacción y transacción, me quitaron cerca de dos mil soles. Y Christian desapareció”, contó Cinthia a RPP Noticias en el 2024.

Cómo operan los estafadores

Los ciberdelincuentes han perfeccionado su estrategia para captar víctimas. Generalmente, analizan la actividad en redes sociales, identifican datos personales, intereses y vulnerabilidades antes de iniciar el contacto.

Una vez establecida la comunicación en la app de citas, trasladan rápidamente la conversación a WhatsApp o Telegram, donde el control es mayor y las plataformas tienen menos filtros de seguridad.

Los estafadores utilizan patrones bien definidos para engañar a sus víctimas:

• Declaran amor rápidamente, incluso sin haber tenido contacto físico.
• Aseguran vivir o trabajar en el extranjero como médicos, militares o ingenieros en plataformas petroleras.
• Inventan problemas financieros y piden dinero para gastos de viaje, emergencias médicas o trámites administrativos.
• Evitan las videollamadas o reuniones en persona, poniendo excusas constantes.

Un caso emblemático de este tipo de fraude es el del ‘falso Brad Pitt’, donde varias mujeres en Europa fueron engañadas por un estafador que suplantó la identidad del actor. Convencidas de su autenticidad, algunas llegaron a perder más de 800 mil euros en transferencias bancarias.

El riesgo de compartir datos en apps de citas

Aplicaciones como Tinder, Bumble, HER, Hinge y OkCupid manejan gran cantidad de datos personales de sus usuarios, desde la ubicación hasta información de sus perfiles sociales. Si un usuario no configura adecuadamente su privacidad, puede exponerse a ciberdelincuentes que rastrean información para estafas, suplantación de identidad o incluso extorsiones.

“La web está repleta de personas que no son quienes dicen ser, y muchas de ellas tienen intenciones fraudulentas, como engañarnos para obtener nuestro dinero o información personal. Estos estafadores son expertos en manipular emociones, aprovechándose de la confianza y vulnerabilidad de sus víctimas para ganarse su simpatía y credibilidad. Sin embargo, a pesar de sus tácticas cada vez más sofisticadas, muchas de estas estafas siguen un patrón predecible”, advierte Jorge Zeballos, gerente general de ESET Perú.

Cómo evitar ser víctima de una estafa amorosa

Para protegerse de estos fraudes, es fundamental estar informados, ser críticos con la información que recibimos y aplicar medidas de seguridad que nos ayuden a detectar señales de alerta antes de convertirnos en víctimas. El experto en ciberseguridad de ESET Perú recomienda:

• Desconfiar de perfiles que parecen demasiado perfectos. Suelen usar fotos de modelos o imágenes robadas de internet.
• No compartir información personal sensible, como dirección, trabajo o datos financieros.
• Evitar vincular la cuenta de citas con redes sociales, para limitar la exposición de información personal.
• Nunca enviar dinero a alguien que no se ha conocido en persona. Ninguna situación justifica una transferencia sin pruebas verificables.
• Confirmar la identidad de la persona en una videollamada antes de considerar cualquier encuentro.
• Reportar perfiles sospechosos directamente en la aplicación o a las autoridades.

El auge de las aplicaciones de citas en Perú ha abierto nuevas oportunidades para socializar, pero también ha generado un alarmante aumento de fraudes digitales. Casos como el de Cinthia evidencian cómo los estafadores construyen una falsa realidad para explotar la confianza de sus víctimas. Sin embargo, con prevención, educación digital y medidas de seguridad adecuadas, es posible reducir los riesgos y disfrutar de las plataformas de citas de manera más segura.

Hasta la fecha, 34 connacionales ya han sido retornados al Perú, y se estima que más de 300 serán deportados en las próximas semanas, en línea con las políticas migratorias reforzadas durante el gobierno de Donald Trump.

De acuerdo con declaraciones de Pedro Bravo, director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares aproximadamente 500 peruanos han sido intervenidos en diferentes estados del país norteamericano.

Un primer grupo de peruanos fue detenido y deportado de EE.UU

Las detenciones de los migrantes peruanos en Estados Unidos responden a diversas circunstancias, entre ellas el cruce reciente de la frontera, la existencia de órdenes de deportación previas o la participación en redadas migratorias, según explicó el embajador Pedro Bravo. Estas acciones forman parte de un esquema de control migratorio que ha llevado a un aumento en el número de deportaciones.

Durante la madrugada del 1 de febrero de 2025, el gobierno peruano atendió la llegada de 34 connacionales, cifra menor a la registrada en otros países de la región. El canciller Elmer Schialer anunció que los retornados recibirán permanente apoyo y asistencia para su reintegración en la sociedad peruana. La regularización del Documento Nacional de Identidad (DNI) y afiliación al SIS fueron algunas de las medidas dispuestas para facilitar su reintegro a la sociedad.

“Hemos empezado el mes de febrero, habrá dos vuelos y la fecha se coordina con las autoridades estadounidenses”, indicó. Asimismo, aclaró que el último vuelo que arribó al Perú con ciudadanos deportados fue de carácter militar, un caso excepcional, ya que los retornos regulares se efectúan mediante vuelos programados.

Migrantes peruanos no tenían requisitoria por ningún delito

El internacionalista Farid Kahhat, en diálogo con Epicentro TV, destacó que los peruanos deportados no tienen requisitorias por delitos en su mayoría. “En el primer embarque que ha llegado no hay uno solo que tenga requisitoria por ningún delito (...) entraron a trabajar en su abrumadora mayoría”, afirmó. Estas declaraciones subrayan que muchos de los deportados son personas que buscaban oportunidades laborales en Estados Unidos.

El endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos ha generado un impacto significativo en la comunidad peruana residente en ese país. Según las cifras proporcionadas por la Cancillería, el número de deportaciones podría incrementarse en las próximas semanas, lo que refleja un panorama complejo para los migrantes que enfrentan procesos legales y administrativos en territorio estadounidense.

Canciller se presenta ante la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso

La situación de los migrantes peruanos en Estados Unidos ha generado preocupación tanto en el ámbito político como en el social. Durante su intervención en el Congreso, el canciller Elmer Schialer enfatizó la importancia de brindar apoyo consular a los connacionales afectados y de garantizar que los procesos de deportación se lleven a cabo respetando los derechos humanos.

“He solicitado al Canciller que mantenga una comunicación permanente con la Comisión de Relaciones Exteriores, congresistas PEX y la Presidencia para abordar esta situación”, ha señalado el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana.

El canciller Elmer Schialer informó que hoy llegará un segundo vuelo con 141 peruanos deportados de Estados Unidos Unidos y confirmó que es ‘factible’ que el número de vuelos con expulsados se incremente en los próximos meses

Link de ICE para conocer la situación de un pariente o amigo

Para quienes necesiten verificar si un peruano ha sido detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), existe una plataforma en línea disponible. Se puede acceder directamente a través del enlace oficial: https://locator.ice.gov/odls/#/search o buscando en Google “Ice.gob/es” y seleccionando la primera opción.

Dentro del sitio, es necesario dirigirse a la sección ‘Localizador de detenidos’ u ‘Online Detainee Locator System’. Luego, en la opción ‘Búsqueda por información biográfica’, se deben ingresar el nombre, apellido, país y fecha de nacimiento de la persona en cuestión. Una vez completado el proceso, la plataforma informará si el individuo se encuentra detenido.

De acuerdo con declaraciones de Marco Enciso, vocero del Ministerio del Ambiente (Minam), la presencia inusual de estos crustáceos podría deberse a un fenómeno natural de migración, aunque también se evalúa el impacto de las modificaciones realizadas en la playa. La remodelación, conocida como “arenización”, consistió en la remoción de piedras y la colocación de arena para convertir el espacio en un lugar más adecuado para los bañistas.

Enciso explicó que los cangrejos estarían buscando un nuevo hogar tras la alteración de su entorno, y no descartó que factores como el cambio en el oleaje también hayan influido en este comportamiento.

¿Qué pasará con los cangrejos de La Herradura?

El fenómeno ha generado un debate sobre las consecuencias ambientales de las intervenciones humanas en ecosistemas costeros. En diálogo con ATV, Luis Icochea, exjefe de Imarpe y docente de la Facultad de Pesquería de la Universidad Nacional Agraria, señaló que la ruta de migración de los cangrejos fue alterada debido a la remoción de piedras, lo que podría haber provocado su desplazamiento masivo hacia la playa. El especialista advirtió que detrás de estos ejemplares podrían llegar más individuos de la misma especie, y advirtió que siempre se deben realizar estudios previos antes de modificar cualquier espacio natural.

Aunque esta especie no es comestible para los seres humanos, sí forma parte de la dieta de aves locales, lo que resalta su importancia dentro del ecosistema.

El especialista recalcó que esta migración de cangrejos no es fortuita y que se debe mostrar las pruebas de que hubo estudios previos. Asimismo, agregó que, al contrario de lo que dice la municipalidad de Chorrillos, sí se puede ayudar a que lleguen a su nuevo destino, que es a un kilómetro al sur de donde se encuentran actualmente.

Medidas de evaluación ambiental

En tanto La Municipalidad de Chorrillos, en coordinación con el Minam y el Instituto del Mar del Perú (Imarpe), ha iniciado una serie de acciones para evaluar las causas de este fenómeno de los cangrejos o arañas de mar y mitigar sus posibles impactos. Según informó ATV, especialistas han tomado muestras de arena y agua de mar para analizar factores como la salinidad, la temperatura y otros parámetros físico-químicos que podrían haber influido en la migración de los cangrejos.

El director científico de Oceana Perú, Juan Carlos Riveros, instó a que el Imarpe fiscalice la afectación a las especies marinas en la zona. Por su parte, Andrés Cruz, gerente de imagen de la Municipalidad de Chorrillos, confirmó que se están llevando a cabo conversaciones con el Minam para evaluar el impacto de las obras y determinar las medidas necesarias para proteger la fauna silvestre.

Enciso también señaló que se está revisando el estudio de impacto ambiental realizado por la municipalidad antes de la intervención en la playa. Sin embargo, hasta el momento, los resultados de estas evaluaciones no han sido publicados.

La Herradura amanece con escasos cangrejos

En la mañana de hoy, jueves 6 de febrero, la presencia de cangrejos en la playa ‘La Herradura’ había disminuido considerablemente, según reportó ATV. No obstante, las autoridades han reiterado la importancia de respetar el cierre temporal de la playa para garantizar la seguridad de los animales y evitar mayores alteraciones en el ecosistema.

“Es mínimo el movimiento de cangrejos debido a la cantidad de cangrejos que están muriendo. Estamos dejando que se desplacen naturalmente”, sostuvo el representante de la municipalidad de Chorrillos.

Agregó que la remoción de las piedras no tiene nada que ver con la migración o aparición de miles de cangrejos en la playa. “Estamos esperando los resultados para saber las causas”.

El Minam hizo un llamado a la ciudadanía para que respete las medidas implementadas y contribuya a la protección del medio ambiente. Este caso pone en evidencia la necesidad de equilibrar las intervenciones humanas con la conservación de los ecosistemas naturales, especialmente en zonas costeras que albergan una rica biodiversidad.

La situación en La Herradura continúa siendo monitoreada por las autoridades, mientras se espera que los estudios en curso arrojen más luz sobre las causas de este fenómeno y las acciones necesarias para mitigar sus efectos.

Un informe de la Red de Medios Regionales del Perú difundió que en el año 2024 se registraron 17.737 denuncias por desapariciones, según datos oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP). La mitad de este grupo de personas no ha sido hallados

Se registran 9.286 personas que fueron localizadas, pero 8.451 siguen sin ser encontradas, en su mayoría adolescentes y mujeres. Delitos como la trata de personas están detrás de muchos de estos casos, señala el reporte periodístico.

De acuerdo con el Sistema Informático de Registro de Denuncias Policiales (Sidpol), las adolescentes de entre 12 y 17 años son el grupo más afectado por las desapariciones. En 2024, se reportaron 10.278 denuncias de mujeres desaparecidas, de las cuales 825 ocurrieron solo en diciembre.

La Defensoría del Pueblo ha señalado un preocupante aumento en los casos de feminicidio y desapariciones de mujeres en los últimos años, lo que refleja una crisis de seguridad que afecta de manera desproporcionada a este grupo.

Las regiones más afectadas

El problema de las desapariciones no se distribuye de manera uniforme en el país. Según los datos de la PNP, Lima encabeza la lista con 6.615 denuncias en 2024, seguida por regiones como Cusco, Arequipa, Junín, Lambayeque, Piura, La Libertad, Puno, Ica, Ayacucho y Loreto. Estas cifras reflejan una realidad alarmante que afecta tanto a zonas urbanas como rurales, con patrones específicos en cada región.

En Cusco, por ejemplo, se reportaron 651 desapariciones en 2024, siendo los adolescentes de 12 a 17 años el grupo más afectado, con 336 casos. Entre los desaparecidos se encuentra Erlis Velazque Vicencio, un joven de 19 años cuyo paradero sigue siendo desconocido desde noviembre de ese año. En esta región, de las 1.144 denuncias presentadas, solo 650 personas fueron localizadas, dejando a 420 aún desaparecidas.

En Arequipa, las denuncias alcanzaron las 989, con los adolescentes y jóvenes como los grupos más vulnerables. Un caso destacado es el de Yuri Flores Mendoza, una adolescente de 16 años que desapareció en noviembre mientras se dirigía a su colegio. De las personas desaparecidas en esta región, 475 no han sido encontradas.

Historias de dolor y violencia

En Junín, se registraron 934 denuncias de desapariciones en 2024. Un caso que conmocionó a la región fue el de Luis Oswaldo Poma Campos, un joven de 28 años que desapareció tras ser visto en una discoteca en Huancayo. Su cuerpo fue hallado una semana después en el río Mantaro, con signos evidentes de violencia. Este caso ilustra la brutalidad que puede estar detrás de algunas desapariciones.

En Lambayeque, las desapariciones también afectan principalmente a adolescentes. Entre los 854 casos reportados, destaca el de Saray del Rosario López Suclupe, una joven de 15 años que desapareció en enero mientras visitaba a un familiar. A pesar de los esfuerzos de su familia, su paradero sigue siendo un misterio

La violencia y el crimen organizado como telón de fondo

En regiones como La Libertad, el problema de las desapariciones se entrelaza con la violencia derivada de la minería ilegal y el crimen organizado. En 2024, se reportaron 740 desapariciones en esta región, y el hallazgo de una fosa común con 12 cadáveres en Pataz ha generado temor entre la población. Según el general José Zavala, jefe de la III Macro Región Policial, los cuerpos podrían haberse acumulado durante tres años, y no se descarta la existencia de más fosas en la zona.

En Piura, las desapariciones están vinculadas a delitos como la trata de personas y la explotación laboral en actividades ilegales. En 2024, se registraron 691 denuncias, siendo los adolescentes y jóvenes los más afectados. La comunidad ha respondido con marchas y actividades de concientización, pero el problema persiste.

Un problema nacional con raíces profundas

En Puno, se denunciaron 644 desapariciones en 2024, con un promedio de 20 casos por día. La región enfrenta múltiples problemas, como la pobreza y la violencia, que agravan la situación. En Loreto, donde el narcotráfico y el tráfico de especies son problemas graves, se reportaron 389 desapariciones, de las cuales solo 141 personas fueron localizadas.

En Ica, una región con altos índices de criminalidad, se registraron 395 denuncias de desapariciones, mientras que en Ayacucho se reportaron 330 casos. En ambas regiones, los adolescentes son el grupo más afectado, lo que subraya la vulnerabilidad de este sector de la población.

El congresista Américo Gonza Castillo, miembro de Perú Libre, ha presentado un proyecto de ley que establece como requisito obligatorio que los historiadores estén inscritos y habilitados en el Colegio Profesional de Historiadores del Perú para poder ejercer. Este colegio fue creado en 2022 mediante la Ley N.º 31393, pero hasta ahora no se había exigido la afiliación como condición para la práctica profesional.

El proyecto cuenta con el respaldo como coautores de los parlamentarios Américo Gonza Castillo, Cruz Mamani, Flavio Taipe Coronado, María Elizabeth Mita Alanoca, Isaac Portalatino Ávalos, Kelly Roxana Cerrón Rojas y Waldemar José Cerrón Rojas, quienes figuran como impulsores de la propuesta legislativa en el Congreso.

De acuerdo con el texto del proyecto, los historiadores deberán cumplir con una serie de requisitos formales para ejercer legalmente. Entre ellos, se incluye la obtención de un título profesional de Licenciado en Historia otorgado por instituciones educativas reconocidas en el Perú. En el caso de títulos obtenidos en el extranjero, será necesaria su revalidación ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Además, la inscripción en el Colegio Profesional de Historiadores del Perú será obligatoria. Este organismo, creado en 2022, se encargará de supervisar el cumplimiento de las normativas y de garantizar un marco ético y funcional para los profesionales de la Historia.

Reacciones y críticas a la propuesta

La iniciativa ha generado opiniones divididas entre los especialistas y la ciudadanía. Según el historiador peruano José Ragas, investigador de la Universidad Católica de Chile, criticó duramente el proyecto, a través de cuenta de X (antes Twitter) calificándolo como una medida que no aporta a la investigación ni a la divulgación histórica. Según Ragas, esta ley solo beneficiaría a un grupo que busca controlar puestos y recursos financieros, creando clientelas políticas en el Congreso.

En redes sociales, varios usuarios también expresaron su descontento, cuestionando la utilidad de los colegios profesionales en general. Algunos señalaron que estas instituciones suelen imponer cobros sin contribuir al desarrollo de las áreas profesionales, mientras que otros lamentaron que las Ciencias Sociales no sean consideradas en concursos de investigación nacional.

¿Qué señala el PL de Américo Gonza?

El proyecto de ley, titulado “Ley del Ejercicio Profesional en Historia”, tiene como objetivo principal regular formalmente la profesión de historiador en el Perú. Según el documento, esta regulación busca fortalecer la calidad y el reconocimiento de la disciplina en los ámbitos sociales, culturales y académicos. Además, se plantea como una medida para contribuir al desarrollo social, consolidar la identidad nacional y preservar el patrimonio cultural del país.

El proyecto de ley también define un campo de acción para los historiadores. Según el documento, las principales funciones de estos profesionales incluyen:

• Investigación histórica con rigor académico.
• Gestión y supervisión de museos, archivos y bibliotecas.
• Conservación documental y estrategias para preservar fuentes primarias.
• Docencia en niveles educativos diversos, con enfoques didácticos innovadores.
• Asesorías y consultorías en políticas públicas, planes culturales y proyectos sociales desde una perspectiva histórica.

El artículo 3 del proyecto subraya que el trabajo de los historiadores es crucial para la comprensión y preservación de la identidad nacional. Asimismo, se espera que estos profesionales promuevan el diálogo social y reflexiones sobre el pasado, con el objetivo de construir bases sólidas para un futuro informado.

Los motivos para hacer obligatorio que los historiadores esten colegiados

El proyecto de ley argumenta que es necesario debido a una serie de problemáticas que afectan actualmente a los historiadores en el Perú. Entre estas se destacan:

• La ausencia de un marco regulatorio que dificulta el reconocimiento formal de los historiadores y debilita la calidad de la disciplina.
• La proliferación de estudios históricos superficiales realizados por personas ajenas a la carrera, lo que ha contribuido a la desinformación.
• La precariedad laboral y la falta de oportunidades, que han menoscabado el estatus de los historiadores en el país.

Informes de la Contraloría General de la República advierten que la ministra habría cometido irresponsabilidades funcionales y supuestos actos de corrupción cuando dirigía la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural (DGPA). Estas acusaciones están relacionadas con la adquisición de hitos de concreto para la delimitación de sitios arqueológicos prehispánicos.

Según la Fiscalía, Urteaga y otros cinco funcionarios, entre ellos Luis Enrique Espinoza Gálvez, excoordinador de Administración de la DGPA, presuntamente formaron una red para defraudar al Estado, sobrevalorando los hitos e involucrando a José Suárez, un anciano de escasos recursos, como falso proveedor. La supuesta ferretería que se le atribuye habría recibido 200,000 soles.

La esposa de Suárez denunció que, tras esto, perdieron beneficios sociales esenciales por su vulnerabilidad económica y la discapacidad de su hijo. Señala también que el funcionario Espinoza lo habría manipulado para firmar documentos y gestionar elementos como su RUC y tarjeta bancaria, utilizados para operar los pagos.

Esos son los hechos relacionados con la investigación por negociación incompatible. Fiscalía precisa que Urteaga habría intervenido de manera irregular en la contratación para la adquisición de 1.500 hitos de concreto por un monto de S/27.075 (aproximadamente 7.000 dólares estadounidenses).

Asimismo, se señala una segunda compra de hitos de concreto por S/14.250 (alrededor de 3.700 dólares), destinados a la delimitación de sitios arqueológicos prehispánicos en Lima Metropolitana. Según el documento fiscal citado por Canal N, estas adquisiciones habrían sido realizadas sin contar con la aprobación de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal, lo que podría haber generado una sobrevaloración en los costos y, en consecuencia, un perjuicio económico para el Estado.

Sobre denuncia por discriminación: “no he sido notificada”

La actual ministra del Midis ha declarado que no ha recibido notificación alguna sobre el inicio de este proceso por la denuncia por presunta discriminación presentada por la Asociación Falun Dafa, dedicada a la promoción de una disciplina espiritual de origen chino a través de la práctica de ejercicios de meditación y enseñanzas filosóficas con el objetivo de mejorar la salud física, mental y espiritual de los practicantes.

Las actividades de Falun Dafa en el Perú suelen incluir talleres gratuitos, sesiones de meditación en espacios abiertos y eventos culturales. Además, la agrupación busca concienciar sobre la persecución y violaciones a los derechos humanos que enfrentan sus practicantes en China desde 1999.

Este caso, que se encuentra en etapa de investigación, ha sido asignado a la Tercera Fiscalía Supraprovincial especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad, según detalló Canal N. Sin embargo, Urteaga

Omisiones en declaración jurada

Leslie Urteaga envió un mensaje escrito al programa “Ocurre Ahora” de ATV, en el que afirmó haber incluido en su declaración jurada la información correspondiente a la carpeta fiscal 243-2021, relacionada con la investigación por presunta negociación incompatible. Respecto a la denuncia por discriminación, la ministra aseguró que no ha sido notificada oficialmente sobre el inicio de ninguna investigación en su contra.

Por otro lado, ATV detalló que Urteaga también fue denunciada en julio de 2024 por el procurador de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), durante el premierato de Gustavo Adrianzén, por presuntamente haber omitido información en su declaración jurada cuando ejercía como ministra de Cultura. Sin embargo, la funcionaria señaló que este caso fue archivado por el Ministerio Público el 1 de octubre de 2024, lo que, según ella, demuestra que no incurrió en irregularidades en ese momento.

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha informado que todo su personal contratado directamente será colocado en licencia administrativa a nivel mundial a partir del 7 de febrero de 2025. Esta medida incluye a los funcionarios desplegados en el extranjero, salvo aquellos designados para funciones críticas, liderazgo esencial o programas especialmente designados. Según un comunicado publicado en el sitio web de la agencia, la decisión afectará tanto a las oficinas centrales como a las misiones internacionales.

De acuerdo con el mensaje oficial difundido por USAID, la medida entrará en vigor el viernes 7 de febrero de 2025, a las 11:59 p.m. (hora del Este). El comunicado especifica que el personal esencial que continuará trabajando será notificado por la dirección de la agencia antes del jueves 6 de febrero a las 3:00 p.m. (hora del Este). Este grupo reducido estará compuesto por aquellos responsables de funciones críticas para la misión de la agencia, así como por líderes clave y personal asignado a programas específicos.

Plan de retorno para personal en el extranjero

Para los empleados actualmente destacados fuera de los Estados Unidos, USAID, en coordinación con las misiones internacionales y el Departamento de Estado, está elaborando un plan para gestionar su regreso al país. Este plan contempla que la agencia cubrirá los costos de viaje de retorno dentro de un plazo de 30 días, además de proceder con la terminación de contratos de Personal de Servicios Personales (PSC) y Contratos de Servicios Institucionales (ISC) que no sean considerados esenciales.

El comunicado también señala que se evaluarán excepciones caso por caso para extender el plazo de retorno, teniendo en cuenta factores como dificultades personales o familiares, preocupaciones de seguridad o movilidad, y otras circunstancias específicas. Entre las razones que podrían justificar una extensión se incluyen necesidades médicas personales o familiares, embarazo, o la finalización del ciclo escolar de los dependientes. La agencia indicó que en los próximos días se proporcionarán directrices adicionales sobre cómo solicitar estas excepciones.

Impacto en Perú, país receptor de fondos de USAID

La decisión de USAID podría tener implicaciones significativas para los países que dependen de sus programas de asistencia. Por ejemplo, Perú, que recibe el 6% de los fondos destinados por esta agencia, podría enfrentar desafíos en la continuidad de los proyectos financiados por la entidad.

Aunque el comunicado no detalla el impacto directo en las operaciones internacionales, el cierre de oficinas en el extranjero y la reducción de personal podrían afectar la implementación de programas en diversas áreas, como desarrollo económico, salud, educación y asistencia humanitaria.

El mensaje oficial concluye con un agradecimiento al personal de USAID por su servicio, destacando la importancia de su labor en el cumplimiento de la misión de la agencia. Sin embargo, no se ofrecieron detalles adicionales sobre las razones detrás de esta decisión ni sobre el futuro de la agencia más allá de las medidas anunciadas.

Esta decisión marca un momento crítico para USAID, una de las principales agencias de desarrollo internacional del mundo, y plantea interrogantes sobre el futuro de sus operaciones y el impacto en las comunidades que dependen de su apoyo.

Suspensión de ayuda exterior de EE.UU. pone en riesgos a programas sociales y ambientales en Perú

La reciente decisión de la administración de Donald Trump de suspender la ayuda exterior por 90 días ha generado un impacto negativo en diversas organizaciones sociales y ambientales en Perú. Según reportó Convoca, esta medida, que busca “revaluar y realinear” los programas de cooperación internacional, ha obligado a instituciones como Capaz, que trabaja con personas con discapacidad, a detener sus proyectos y despedir a su personal.

Deborah Grandez Seminario, directora de Capaz, detalló que la suspensión afecta directamente a personas con discapacidad, un colectivo que enfrenta serias dificultades en el país. “Ante una crisis, los primeros relegados somos nosotros”, afirmó. La organización, que recibía apoyo indirecto de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), ha tenido que cerrar programas educativos, culturales y de promoción del empleo por la falta de recursos.

Esta situación es especialmente crítica en un contexto donde más de 3.5 millones de peruanos tienen alguna discapacidad y solo uno de cada diez tiene empleo. Muchas ONG, como Capaz, emplean a personas con discapacidad en roles fundamentales, quienes ahora se encuentran sin trabajo, profundizando la desigualdad laboral en este sector.

El alcance del impacto no se limita a las personas con discapacidad. Según Convoca, la suspensión también afecta programas sociales y ambientales que dependen de la cooperación estadounidense. Esta medida ha generado incertidumbre sobre la continuidad de iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida en comunidades vulnerables.

Mientras Estados Unidos defiende su revisión de los programas de ayuda exterior, organizaciones locales en Perú enfrentan serios desafíos para mantener sus operaciones, lo que pone en jaque a sectores históricamente marginados.

El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que asumirá temporalmente la dirección de USAID y justificó la reestructuración al señalar que la agencia ha operado “al margen de las directrices del gobierno”. Rubio acusó a sus responsables de “insubordinación” y aseguró que sus funciones continuarán, pero con un mayor control. “Deben estar alineadas con la política exterior del país”, afirmó.

La controversia se intensificó luego de la renuncia del director de USAID, Matt Hopson, y la destitución de dos responsables de seguridad, tras un incidente en el que impidieron el acceso de funcionarios del Departamento de Eficiencia Gubernamental, dirigido por Musk, a una zona restringida con material clasificado. Mientras tanto, Trump insiste en que la agencia está manejada por “lunáticos radicales” y que su gobierno está tomando medidas al respecto.

¿Qué es USAID?

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) es una institución federal independiente creada en 1961 durante la administración del presidente John F. Kennedy. Su propósito es coordinar las iniciativas de desarrollo internacional del gobierno estadounidense, con la meta de reducir la pobreza, fortalecer las instituciones democráticas, atender crisis humanitarias y promover el progreso económico y social en diversas regiones del mundo. Aunque depende del financiamiento del gobierno de Estados Unidos, se asemeja en ciertos aspectos a una organización no gubernamental por su enfoque operativo en terreno.

USAID trabaja en múltiples áreas, incluyendo salud global, educación, cambio climático, seguridad alimentaria, igualdad de género y derechos humanos. También desempeña un papel importante en la respuesta a desastres naturales y conflictos, entregando asistencia humanitaria a comunidades afectadas. Sus esfuerzos abarcan más de 100 países, con una marcada presencia en regiones como América Latina, África Subsahariana, Asia y Medio Oriente.

En América Latina, sus proyectos han abarcado desarrollo agrícola, combate al narcotráfico, fortalecimiento del sistema judicial, programas educativos y construcción de infraestructura. Por ejemplo, en Colombia, USAID ha sido un actor clave en iniciativas relacionadas con el desarrollo rural y la erradicación de cultivos ilícitos.

USAID ha obtenido reconocimiento por intervenciones como la lucha contra enfermedades infecciosas (incluyendo el VIH/Sida), la promoción de la educación en regiones vulnerables, y la asistencia humanitaria en desastres como el terremoto en Haití en 2010. Sin embargo, también es objeto de críticas, tanto internas como externas, respecto a su papel en la política exterior de Estados Unidos. Entre los puntos controvertidos destacan las acusaciones de que algunos de sus programas han servido a intereses geopolíticos de Washington bajo el disfraz de proyectos humanitarios.

Perú entre los países que recibió más ayuda de USAID

La reciente decisión del gobierno de Donal Trump de paralizar fondos destinados a proyectos de ayuda internacional ha afectado considerablemente a varios países de América Latina, incluyendo Perú, uno de los principales beneficiarios de estos recursos. Según el canciller peruano Elmer Schialer, esta medida representa una pérdida de aproximadamente 150 millones de dólares anuales para el país, lo que pone de manifiesto la relevancia de la asistencia de USAID para el desarrollo de proyectos nacionales.

En 2023, USAID destinó más de 1.700 millones de dólares a América Latina, siendo Perú uno de los mayores receptores, con un total de 111 millones de dólares, superando significativamente a otros países como México (71 millones), República Dominicana (49 millones) y Ecuador (46 millones). En contraste, países como Panamá y Bolivia recibieron montos considerablemente menores, de apenas 0,9 millones y 0,6 millones de dólares, respectivamente. En el extremo inferior de la lista, Chile recibió únicamente 0,3 millones, lo que lo convierte en el país con la menor asignación de fondos en la región.

La asistencia financiera proporcionada por USAID ha jugado un papel fundamental en el apoyo a diversos programas de desarrollo social, económico y de infraestructura en Perú. Sin embargo, esta nueva paralización de fondos pone en riesgo la continuidad de muchos de estos proyectos, afectando potencialmente a miles de peruanos que dependen de la cooperación internacional para mejorar su calidad de vida.

Esta situación destaca la vulnerabilidad de las economías latinoamericanas ante la reducción de los fondos internacionales y subraya la necesidad de diversificar las fuentes de financiamiento para garantizar la estabilidad y el progreso de los proyectos en la región.

Críticas a USAID

USAID ha enfrentado señalamientos de utilizar la ayuda internacional como un instrumento de influencia. Especialistas académicos han señalado que la agencia, en ciertos contextos, ha promovido reformas políticas y económicas alineadas con los intereses estratégicos de Estados Unidos.

Por ejemplo, durante la Guerra Fría, sus proyectos buscaban contrarrestar la expansión del comunismo, fomentando modelos políticos y económicos pro-occidentales. Asimismo, en la lucha contra el narcotráfico en Colombia y Perú, el desarrollo comunitario promovido por USAID estuvo vinculado con operativos de contrainsurgencia y acciones militares.

Investigaciones también han revelado operaciones controversiales en países con regímenes adversos. Un caso referido fue el programa “ZunZuneo” en Cuba en 2014, que simulaba ser una red social para influir políticamente en su población. Estas acciones han llevado a debates sobre si su misión humanitaria se encuentra condicionada por objetivos políticos.

¿Qué pasará con USAID en el futuro?

Bajo la administración de Donald Trump, USAID ha sido objeto de profundas críticas. acusó a la agencia de actuar como una ONG global en lugar de velar por los intereses nacionales de Estados Unidos. En 2023, propuso una reestructuración, incluyendo la posibilidad de fusionarla con el Departamento de Estado. Además, emitió órdenes para congelar parte significativa de la ayuda exterior, paralizando proyectos en todo el mundo. Este enfoque forma parte de su política de “América Primero”, que busca redirigir los recursos a intereses prioritarios de la nación.

La situación ha causado tensiones tanto dentro del Congreso como entre empleados y contratistas de la agencia. Algunos grupos políticos han argumentado que desmantelar USAID requeriría la aprobación del poder legislativo debido a su rol estratégico en la diplomacia internacional. Ante esta incertidumbre, algunos de sus aliados clave han manifestado preocupación por el impacto que tendría el cierre o reducción de sus operaciones, ya que USAID representa el mayor donante mundial en asistencia humanitaria.

La reestructuración de USAID probablemente afectaría regiones como América Latina, donde sus fondos sostienen programas esenciales en derechos humanos, salud, educación y atención a crisis humanitarias. La reducción abrupta de su presupuesto podría generar un vacío en la ejecución de proyectos clave, lo que, según expertos, tendría consecuencias negativas, no solo para los beneficiarios directos, sino también en términos de estabilidad regional, incrementando fenómenos como la desigualdad y la migración masiva.

Con base en datos disponibles, Estados Unidos destinó 72 mil millones de dólares a asistencia humanitaria en 2023, de los cuales una porción significativa fue canalizada a través de USAID. La incorporación de estos fondos a otras estructuras gubernamentales o su redistribución aún presenta interrogantes sobre su eficiencia y alcance futuro.

El Camino Inca, una de las rutas de senderismo más emblemáticas del mundo, permanecerá cerrado durante todo el mes de febrero debido a las intensas lluvias de la temporada y a los trabajos de mantenimiento que se realizarán en su infraestructura. Según informó la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, esta medida busca garantizar la seguridad de los turistas y preservar el estado de este histórico camino que conduce a la ciudadela de Machu Picchu, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

De acuerdo con declaraciones de Jorge Luis Moya Cohaguila, director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, aproximadamente 30 trabajadores especializados comenzarán las labores de conservación a partir del 1 de febrero. Estas tareas incluirán la limpieza y reparación de muros, escalinatas, canales, fuentes y otros elementos arquitectónicos que forman parte de la ruta. Además, se intervendrán los espacios arqueológicos más destacados del recorrido, como Patallaqta, Sayacmarca, Phuyupatamarca, Wiñay Wayna e Intipunku.

Trabajos de mantenimiento

El cierre del Camino Inca en febrero no solo responde a las condiciones climáticas adversas, sino también a la necesidad de realizar un mantenimiento integral en los sectores más vulnerables de la ruta. Se priorizarán áreas como los campamentos de Huayllabamba, Pacaymayo Alto y Wiñay Wayna, donde se reforzarán las estructuras y se mejorarán las condiciones para los visitantes.

Entre las labores previstas se encuentran la limpieza de los caminos empedrados, la reparación de cunetas, pontones de piedra y madera, y la mejora de los pasamanos y zonas de descanso. También se trabajará en los servicios higiénicos y en el sistema de señalización, con el objetivo de ofrecer una experiencia más segura y cómoda a los turistas que retomen la ruta a partir de marzo.

Alternativas para llegar a Machu Picchu

Para quienes deseen visitar la ciudadela en febrero, existen alternativas como el viaje en tren a través del Valle Sagrado de los Incas o la ruta por la vía alterna de Hidroeléctrica, que implica una caminata más larga pero igualmente llena de aventura. Además, otras opciones de senderismo como el Salkantay Trek, el Inca Jungle o el Lares Trek ofrecen experiencias únicas para llegar a Machu Picchu durante este periodo.

El Camino Inca, que abarca 43 kilómetros y se recorre en un promedio de cuatro días y tres noches, es una de las rutas más demandadas por turistas de todo el mundo. Según la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, los permisos para ingresar a esta ruta deben adquirirse con al menos cinco meses de anticipación, ya que la capacidad es limitada y la demanda es alta.

Es importante destacar que el acceso al Camino Inca solo es posible a través de agencias de turismo autorizadas, que se encargan de gestionar los permisos y organizar los recorridos. Además, los meses de junio, julio, agosto y septiembre son considerados los mejores para realizar esta caminata, debido a las condiciones climáticas favorables, con lluvias escasas y temperaturas agradables durante el día.

Preservación del patrimonio y seguridad de los visitantes

Según explicó Jorge Luis Moya Cohaguila, las lluvias intensas de esta temporada pueden volver el camino inaccesible y peligroso, por lo que es fundamental realizar trabajos de conservación y mantenimiento antes de reabrirlo al público.

Entre las acciones de preservación se incluyen la reparación de terrazas y áreas de campamento, así como la limpieza y restauración de los monumentos arqueológicos que forman parte del recorrido. Estas medidas buscan proteger el legado cultural y natural del Camino Inca, considerado una de las cinco mejores caminatas del mundo.

Aunque el Camino Inca estará cerrado durante febrero, tanto Machu Picchu como la montaña Huayna Picchu seguirán recibiendo visitantes. Según informó la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, los boletos para ingresar a estos destinos deben adquirirse con varios meses de anticipación, especialmente en el caso de Huayna Picchu, que es una de las caminatas cortas más populares del mundo.

Segundo día de protestas en Huancavelica. Las movilizaciones por el asfaltado de la carretera Huancavelica - Santa Inés - Rumichaca han generado enfrentamientos y bloqueos en diversas zonas de la región. Según informó la Dirección Regional de Salud de Huancavelica, el personal sanitario desplegó brigadas para atender a los afectados por la represión policial, que desplegaron con bombas lacrimógenas a las comunidades y gremios manifestantes.

De acuerdo con la Red de Salud Huaytará, los enfrentamientos en el sector de Rumichaca, entre la PNP y los protestantes, dejaron a decenas de personas con afectaciones a la salud. Para atender la emergencia, se formaron cuatro brigadas médicas que asistieron a un total de 177 pacientes. Entre los síntomas más comunes reportados se encuentran dolor de cabeza, náuseas, insuficiencia respiratoria, mal de altura, ardor en los ojos y vías respiratorias, además de desmayos.

Entre los casos más graves, se trasladó a siete personas al Centro de Salud de Pilpichaca. Entre ellas, un paciente con quemaduras, tres con dolor abdominal y dos con insuficiencia respiratoria aguda. Según detalló la Red de Salud Huaytará, estas personas están recibiendo atención especializada en el establecimiento sanitario. Para garantizar la cobertura médica, 15 servidores de salud se desplazaron al área afectada a bordo de una ambulancia.

Por otro lado, la Red de Salud Huancavelica informó que, pese a la dispersión de manifestantes en las inmediaciones de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, donde se utilizaron gases lacrimógenos, no se registraron casos de asfixia ni heridos en los centros de salud de Santa Ana, Ascensión y San Cristóbal. Asimismo, las redes de salud de Angaraes, Churcampa y Tayacaja reportaron que las actividades en sus jurisdicciones se desarrollan con normalidad, sin movilizaciones ni bloqueos de vías.

Las protestas, que comenzaron el lunes 3 de febrero, han sido impulsadas por organizaciones de base, gremios de construcción civil y comunidades locales. Desde las primeras horas del paro regional indefinido, los manifestantes bloquearon el ingreso a la ciudad de Huancavelica y otras zonas estratégicas, como la carretera de ingreso a la vía Los Libertadores. Según consignó la Dirección Regional de Salud, el principal reclamo de los manifestantes es el asfaltado definitivo de la carretera Huancavelica - Santa Inés - Rumichaca, una obra que consideran esencial para el desarrollo de la región.

Agentes de la PNP reprimieron a los manifestantes

El lunes, la Policía Nacional del Perú (PNP) intervino para despejar los bloqueos en la vía Los Libertadores. Según imágenes y videos, lanzaron bombas lacrimógenas, y se produjeron enfrentamientos que dejaron a varios pobladores afectados, lo que motivó la intervención del personal de salud. A pesar de la represión, las comunidades han continuado con las movilizaciones y han expresado su rechazo a los acuerdos alcanzados entre Provías Nacional y algunas autoridades regionales en una mesa de diálogo realizada en Pilpichaca.

Los manifestantes han calificado de “traidores” a los dirigentes y autoridades que participaron en las negociaciones, argumentando que los acuerdos no reflejan las demandas de la población. En este contexto, las comunidades han intensificado sus acciones, dirigiéndose en marcha hacia el Gobierno Regional de Huancavelica para exigir la presencia del ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, y una solución concreta al problema vial.

Pobladores rechazan acuerdos del MTC

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes, se pronunció desde Huancayo sobre el paro indefinido en Huancavelica, informando que se había alcanzado un acuerdo preliminar con Provías Nacional, comprometiendo la intervención de maquinaria para mejorar las rutas y resolver problemas de mantenimiento. Sin embargo, explicó que no asistió a la reunión con los dirigentes locales debido a su viaje a Lima, delegando la negociación al director ejecutivo de Provías. Según el ministro, los compromisos se firmarían más tarde.

Pese a los anuncios del MTC, los pobladores y dirigentes de algunas comunidades de Huancavelica rechazaron los acuerdos alcanzados, señalando que no participaron en la reunión y calificando de “traidores” a algunas autoridades y dirigentes que sí lo hicieron. En respuesta, los habitantes bloquearon vías principales como la que conecta Huancavelica con Santa Inés y Huancayo, continuando con las medidas de protesta mientras marchaban hacia la sede del gobierno regional.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ha fijado el inicio del juicio oral contra el expresidente José Pedro Castillo Terrones, la ex primera ministra Betssy Betzabet Chávez Chino y otros seis acusados, entre ellos los exministros Aníbal Torres, Willy Huerta y Geiner Alvarado para el martes 4 de marzo de 2025.

Según la resolución emitida el 31 de enero de 2025, las audiencias se llevarán a cabo de manera presencial en el penal de Barbadillo, en Ate Vitarte, Lima. Las sesiones se desarrollarán tres veces por semana, los martes, jueves y viernes, en un horario de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

De acuerdo con la resolución judicial, el proceso se deriva de las acusaciones formuladas contra Pedro Castillo y Betssy Chávez, por delitos graves que incluyen rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. En el caso de Castillo, se le imputa el rol de coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, específicamente rebelión, tipificado en el artículo 346° del Código Penal peruano.

El Ministerio Público ha solicitado para Pedro Castillo una pena de 34 años de prisión efectiva, junto con una inhabilitación de tres años y seis meses para ejercer cargos públicos. Asimismo, se le exige el pago de una reparación civil de más de 65 millones de soles a favor del Estado peruano.

Por su parte, Betssy Chávez enfrenta acusaciones similares en calidad de coautora del delito de rebelión, por lo que la Fiscalía ha solicitado una condena de 25 años de prisión efectiva, además de una inhabilitación de dos años y seis meses. También se le ha impuesto el pago de una reparación civil solidaria de más de 64 millones de soles

Ambos acusados contarán con representación legal durante el juicio. Pedro Castillo será defendido por el abogado Luis Walter Medrano Jirón, mientras que Betssy Chávez estará representada por el abogado Edgar Jhon Vargas Vargas.

El juicio oral, que se desarrollará en el penal de Barbadillo, será clave para determinar la responsabilidad penal de los acusados. Según lo establecido por el Poder Judicial, las audiencias se realizarán de manera presencial, lo que permitirá a las partes procesales presentar sus argumentos y pruebas ante el tribunal.

Detalle sobre los acusados y penas

• José Pedro Castillo Terrones: Rebelión (coautoría), abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública; pena solicitada de 34 años.
• Betssy Chávez Chino, Willy Huerta Olivas, Roberto Sánchez Palomino, Manuel Elías Lozada Morales, Justo Jesús Venero Mellado y Eder Antonio Infanzón Gómez: Todos enfrentan cargos de rebelión como coautores, con penas solicitadas de 25 años.
• Aníbal Torres Vásquez: También acusado de rebelión como coautor, con una pena solicitada de 15 años.

Conformación de la Sala Penal Especial

Mediante la Resolución Administrativa N.° 000001-2025-P-PJ, se designó a los jueces José Antonio Neyra Flores, Iván Salomón Guerrero López y Norma Beatriz Carbajal Chávez como miembros de la SPE, la cual se especializa en el juzgamiento de altos funcionarios, conforme a su competencia jurisdiccional en instancias de primera instancia.

Situación jurídica de los procesados

• José Pedro Castillo cumple prisión preventiva prorrogada (18 meses).
• Betssy Chávez enfrenta igual medida hasta marzo de 2026.
• Willy Huerta, Roberto Sánchez, Manuel Lozada, Justo Venero y Eder Infanzón cuentan con comparecencia con restricciones.
• Aníbal Torres tiene impedimento de salida del país por 18 meses y comparecencia con restricciones.

El fallido autogolpe del 7 de diciembre

Este se dio 2022, cuando el entonces presidente de Perú anunció la disolución del Congreso, la reorganización del sistema judicial y la instauración de un estado de emergencia nacional. Esto fue rechazado rápidamente por el Congreso, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas y amplios sectores de la sociedad, lo que resultó en su destitución y posterior arresto por el presunto delito de rebelión y conspiración.

Betssy Chávez, quien era presidenta del Consejo de Ministros durante el intento de autogolpe, es señalada como una de las principales responsables. Según investigaciones, Chávez habría estado al tanto de las intenciones de Castillo y no tomó acciones para disuadirlo, además de haber participado activamente en la redacción del discurso del autogolpe. La Fiscalía de Perú la investiga por los delitos de rebelión y conspiración, junto con otros exfuncionarios.

Aníbal Torres, exjefe de gabinete y asesor cercano a Castillo, también enfrenta acusaciones por su posible complicidad en los hechos. Según testimonios, Torres habría participado en reuniones previas en las que se planificaron acciones vinculadas al fallido autogolpe. La Fiscalía también lo incluye en la investigación por conspiración.

Varios exintegrantes del gabinete de Castillo están siendo investigados por presunta complicidad en el caso. Entre los señalados se encuentran algunos ministros que habrían apoyado la decisión de disolver el Congreso o que participaron en la elaboración del mensaje presidencial.

La medida de fuerza, organizada por el Comité de Lucha de Huancavelica, busca presionar tanto al gobierno regional como al gobierno central para que atiendan una problemática que, según los manifestantes, ha sido ignorada durante años. El deterioro de la carretera no solo ha provocado numerosos accidentes de tránsito, sino que también afecta el comercio y el transporte de productos agrícolas, pilares fundamentales de la economía local.

De acuerdo con lo informado por los medios regionales, los manifestantes han utilizado piedras y neumáticos en llamas para bloquear el paso de vehículos, generando largas filas de buses interprovinciales, automóviles y camiones de carga pesada.

Cierre de mercados y suspensión de actividades públicas

El impacto del paro no se limita a las carreteras. En la ciudad de Huancavelica, los mercados centrales han cerrado sus puertas en apoyo a la protesta, mientras que instituciones públicas como el Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial de Huancavelica han suspendido sus actividades. Según detalló el medio, trabajadores de diversos gremios y comunidades campesinas se han sumado a una marcha pacífica que recorre las calles de la ciudad, mostrando su respaldo a las demandas del Comité de Lucha.

El bloqueo de la carretera Los Libertadores, que conecta Lima con Ayacucho y Huancavelica, ha dejado a decenas de vehículos varados, afectando a cientos de pasajeros que se han visto obligados a caminar largas distancias para llegar a sus destinos. Entre los puntos más críticos se encuentra el puente Rumichaca, donde se concentra la mayor parte de los manifestantes. Además, otras rutas importantes como Huancayo – Huancavelica y Huancavelica – Lircay también han sido bloqueadas, intensificando el aislamiento de la región.

Denuncian abandono de la carretera

El principal reclamo de los manifestantes es el asfaltado de la carretera Huancavelica – Santa Inés – Rumichaca, una obra que consideran esencial para garantizar la seguridad de los usuarios y mejorar las condiciones de transporte en la región. Según consignó el medio, el mal estado de esta vía ha sido responsable de numerosos accidentes de tránsito, además de dificultar el comercio y el traslado de productos agrícolas hacia otras regiones.

La región, que depende en gran medida de sus vías de comunicación para el desarrollo económico y social, ha enfrentado históricamente el abandono por parte de las autoridades. Transportistas y gremios locales han denunciado en reiteradas ocasiones la falta de atención a esta problemática, que consideran una muestra de la desigualdad que afecta a las regiones más pobres del país.

Demandas al gobierno central

El paro indefinido ha generado caos y preocupación entre los viajeros, además de afectar la economía local debido al cierre de mercados y la suspensión de actividades públicas. Según informó el medio, el Frente de Defensa de Huancavelica y otros gremios han exigido al Gobierno Central una respuesta inmediata a sus demandas, advirtiendo que las protestas continuarán hasta que se inicien los trabajos de asfaltado en la carretera.

La situación en Huancavelica refleja una problemática más amplia que afecta a las regiones más vulnerables del Perú, donde la falta de infraestructura adecuada limita las oportunidades de desarrollo y pone en riesgo la vida de los ciudadanos. Mientras tanto, los pobladores de la región esperan que sus demandas sean escuchadas y que las autoridades tomen medidas concretas para solucionar el conflicto.

El futuro del policlínico municipal de San Isidro continúa siendo incierto, a pesar de que su construcción se inició hace casi una década. Actualmente, en 2024, el proyecto sigue envuelto en cuestionamientos. Según nuevas revelaciones del programa Panorama, el Ministerio de Salud (Minsa) habría modificado la normativa que inicialmente impedía la instalación del centro médico, lo que ha generado reclamos de vecinos y denuncias de posibles intereses políticos detrás de este cambio.

El policlínico, ubicado a solo 82 metros de una estación de servicio de combustible Repsol y de otras edificaciones, contravenía la norma técnica sanitaria N.° 113 del Minsa, que exigía una distancia mínima de 100 metros para esta clase de instalaciones. Sin embargo, en septiembre de 2024, el municipio de San Isidro solicitó una revisión de la normativa.

Poco después, el Minsa ajustó los parámetros, reduciendo la distancia mínima permitida a 50 metros, lo que habilitó al centro para operar en dicho espacio. Lily Morey, exregidora y crítica del proceso, señala que esta modificación responde a intereses políticos y socava las garantías para la correcta zonificación de centros de atención médica.

Pese a estos cambios normativos, el policlínico no ha sido inaugurado. El municipio asegura que se trató de una “corrección” en lugar de una modificación, alimentando aún más la polémica entre las partes involucradas. Mientras tanto, los vecinos exigen su inmediata apertura, resaltando que el retraso perjudica su salud y calidad de vida.

Un largo historial de irregularidades

Una serie de informes de Sudaca revelaron que el proyecto, que inicialmente fue declarado viable en la gestión de Manuel Velarde Dellepiane como alcalde (2015-2018), tenía como objetivo principal el “mejoramiento de los servicios de salud y bienestar de la gerencia de desarrollo humano de San Isidro”. El plan incluía mejoras de infraestructura en instalaciones existentes y la adquisición de un nuevo inmueble para un centro médico en la urbanización Corpac. Con un presupuesto inicial de S/ 21,491,037.27, el proyecto contemplaba una partida de S/ 4,860,000 para la compra del terreno y S/ 1,425,454.07 para su acondicionamiento. Sin embargo, Velarde dejó el cargo sin haber dado inicio al proyecto.

Con la llegada de Augusto Cáceres como alcalde en 2019, el presupuesto del proyecto fue incrementado a S/ 23,331,937.20. Durante su gestión, se llevó a cabo la contratación directa N.° 6-2019-SL-MSI-1 para adquirir un inmueble en la avenida Guardia Civil por S/ 6,595,842.24, a través de la empresa Arte Inversiones S.A. Sin embargo, este predio fue objeto de cuestionamientos por parte de los vecinos, quienes argumentaron que su cercanía a una gasolinera, un colegio y otros espacios públicos infringía la normativa vigente del Minsa.

La construcción comenzó con la demolición del inmueble adquirido, lo cual fue señalado ante la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Centro y el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad de San Isidro como una irregularidad, ya que el terreno no cumplía los requisitos establecidos para un centro médico.

Mario Altuna, vecino del distrito y denunciante del caso, declaró a medios locales que las advertencias de la Diris fueron ignoradas. “El lugar no cumplía con la norma técnica ni con los requisitos de adecuación. A pesar de ello, demolieron la vivienda existente y comenzaron la construcción de un edificio de cinco pisos que no está aprobado oficialmente”, explicó. Hasta la fecha, la obra sigue en curso sin una fecha clara de inauguración.

La gestión actual y la persistencia del problema

Nancy Vizurraga, actual alcaldesa de San Isidro, ha sido objeto de críticas por no detener la obra, a pesar de haber sido regidora durante la gestión de Cáceres y haber tenido conocimiento de las irregularidades alrededor del proyecto. Según Mario Altuna, los vecinos temen que el costo total del policlínico supere los S/ 35 millones, lo que representa un gasto significativo para el municipio en un proyecto que no cumpliría con los estándares normativos ni de zonificación.

El municipio sostiene que el nuevo edificio, actualmente inconcluso, sería utilizado como un centro de salud de primer nivel que beneficiaría a los vecinos del distrito. Sin embargo, persisten las dudas sobre la legalidad de la ubicación del inmueble, mientras entidades como la Contraloría, el Minsa y otras autoridades no han emitido fallos concluyentes respecto al caso.

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) de Perú atraviesa un momento de luto tras el asesinato de uno de sus funcionarios, el médico veterinario Manuel Sánchez Aurich, quien fue atacado a tiros mientras regresaba a su localidad desde el puerto de Tabatinga, en Brasil. Según informó RPP, el crimen ocurrió cuando Sánchez Aurich viajaba en una embarcación por el río Amazonas, en la frontera entre ambos países. El ataque fue perpetrado por desconocidos que, desde otra lancha, abrieron fuego contra el funcionario antes de huir con rumbo desconocido.

De acuerdo con las autoridades, el hecho tuvo lugar en una zona cercana a la localidad de Santa Rosa, en la provincia de Ramón Castilla, región Loreto. Sánchez Aurich, quien se desempeñaba como analista en sanidad de productos pecuarios en el Puesto de Control Externo Santa Rosa, había partido desde Tabatinga y se dirigía de regreso a Perú cuando fue interceptado por los atacantes. Según detalló RPP, los sicarios dispararon varias veces contra la víctima, causándole la muerte en el acto.

El cuerpo de Sánchez Aurich fue trasladado inicialmente a la ciudad de Iquitos, donde se realizaron los preparativos para su posterior traslado a Chiclayo, su ciudad natal. En un esfuerzo conjunto entre diversas instituciones, incluyendo la Fuerza Aérea del Perú (FAP), se logró organizar un vuelo humanitario que permitió que los restos del funcionario llegaran a su destino final.

Este traslado contó con el apoyo del Comandante General del Ala Aérea N°5, Coronel Carlos Eduardo Cerna Barra, y del Coronel Carlos Chávez Arevalo, quienes facilitaron los medios necesarios para que la familia pudiera despedirlo en su tierra natal.

Su hijo pide que no quede impune el crimen

El hijo de la víctima, Manuel Sánchez Vergara, expresó su profundo dolor por la pérdida de su padre y exigió a las autoridades que el crimen no quede impune. En declaraciones recogidas por RPP, agradeció las muestras de solidaridad recibidas por parte de los compañeros de trabajo de su padre, los pobladores de Santa Rosa y la comunidad loretana en general. Asimismo, destacó el aprecio que muchas personas tenían hacia su progenitor, quien dedicó su vida al servicio público y a la sanidad agraria.

El traslado del cuerpo de Sánchez Aurich a Chiclayo fue posible gracias a la colaboración de diversas personas e instituciones. Además del apoyo de la FAP, se contó con la ayuda de Jorge Linares, representante de Iquitos Cultural, y de la cónsul del Perú en Leticia, Gloria Bernardino. También participaron en este esfuerzo autoridades locales como el Juez de Paz y el Teniente Gobernador de Santa Rosa, quienes se unieron para garantizar que los restos del funcionario pudieran llegar a su destino final.

Senasa lamenta la pérdida de un profesional comprometido

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) emitió un comunicado expresando sus condolencias a la familia y amigos de Manuel Sánchez Aurich. La institución destacó el compromiso y profesionalismo del médico veterinario, quien dedicó su carrera a garantizar la sanidad de los productos pecuarios en la región amazónica. Según informó RPP, Senasa también señaló que se encuentran trabajando en coordinación con las autoridades competentes para esclarecer los hechos y dar con los responsables del crimen.

El suceso pone de manifiesto los riesgos a los que se enfrentan los funcionarios que trabajan en zonas fronterizas, muchas veces expuestos a situaciones de inseguridad y violencia.

Investigaciones en curso

Las autoridades peruanas y brasileñas han iniciado investigaciones para determinar las circunstancias exactas del asesinato y dar con los responsables. Según consignó RPP, los atacantes huyeron en una embarcación tras cometer el crimen, lo que ha dificultado su identificación. Por el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre los posibles móviles del ataque ni sobre los avances en las pesquisas.

El Ministerio Público presentó todos los indicios probatorios que implican a la joven de 25 años en este delito luego de realizar en solo dos días alrededor de 15 transferencias bancarias a otras cuentas bancarias de unas cinco personas.

Inicio del fraude y modus operandi

El 21 de enero de 2025, Chávez Palomino habría comenzado a ejecutar operaciones fraudulentas dentro de su horario laboral. Utilizó todas las herramientas de acceso que el banco le había proporcionado para ingresar a la cuenta de fondos mutuos de un cliente. Con los datos obtenidos, realizó transferencias a nombre de las otras personas implicadas por un monto de 18,650 soles sin la presencia del cliente.

Las transacciones no se limitaron a una sola cuenta. La fiscal encargada del caso indicó que la cajera realizó 15 abonos en cuentas digitales que no contaban con saldo oficial y efectuó transferencias interbancarias al BCP. Se detectaron depósitos fraudulentos a por lo menos cinco personas, con montos que oscilaban entre 12 mil y 19 mil soles. Apenas el dinero ingresaba a las cuentas, los beneficiarios lo retiraban rápidamente. Todos los involucrados han sido identificados como ciudadanos peruanos.

El descubrimiento del fraude financiero

El 22 de enero, un día después de haber iniciado sus maniobras fraudulentas, María Christina Chávez Palomino intentó abandonar la entidad bancaria alegando que su madre se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital. Sin embargo, el subgerente de la agencia no le permitió retirarse hasta que presentara el balance de su caja y dejara todo en orden.

Fue en ese momento cuando se descubrió un desbalance de más de 306 mil soles. Al ser consultada, la cajera aseguró desconocer la falta de dinero y continuó insistiendo en salir. La gerente del banco, al notar su comportamiento sospechoso, ordenó una revisión detallada de los montos y abonos. Al revisar las cámaras de seguridad, se evidenció la manera en que la joven realizó los movimientos financieros fraudulentos.

Las imágenes de seguridad revelaron que Chávez Palomino intentó sustraer 50 mil soles escondidos en su chaleco. No obstante, ella negó los hechos pese a las evidencias en video. En el registro personal se le encontraron vouchers, tickets de atención del BCP, hojas con anotaciones de montos de dinero y otros documentos.

Para intentar extraer los 50 mil soles, habría pedido ayuda a una compañera bajo el pretexto de que era un encargo para un cliente. Sin embargo, la trabajadora que la auxilió declaró que el supuesto cliente salió a atender una llamada y que posteriormente recibiría el dinero.

Víctima de extorsión

Durante la audiencia de prisión preventiva, Chávez Palomino alegó que no tuvo intención de huir y que era víctima de una red de criptomonedas. También mencionó que había recibido llamadas extorsivas y que en varias ocasiones tuvo que ir al baño a llorar debido a las amenazas que recibía.

Su defensa argumentó que no se ha determinado con exactitud el perjuicio económico para el banco, ya que muchas de las cuentas utilizadas fueron cerradas tras la extracción del dinero. Además, aseguró que su clienta entregó voluntariamente su teléfono celular y los vouchers que tenía en su poder.

En sus declaraciones, la acusada señaló que nunca realizó movimientos en beneficio propio y que ha colaborado en todo momento con las investigaciones. “No tengo ninguna intención de huir. Pido estar en libertad para trabajar y poder devolver el efectivo sustraído”, manifestó ante la jueza del caso.

Prisión preventiva

Pese a su defensa, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo de la magistrada Ángela Zamudio Navarro, ordenó nueve meses de prisión preventiva para María Cristina Chávez Palomino. La investigación está a cargo del Ministerio Público y busca esclarecer su presunta participación en los delitos de fraude informático, abuso de mecanismos y dispositivos informáticos.

El periodo de la prisión preventiva se contará desde el día de su detención, el 22 de enero de 2024, y culminará el 21 de octubre de 2025. La jueza dispuso su traslado inmediato al centro penitenciario de Pucallpa.

Mientras continúa la investigación, las autoridades analizan la posibilidad de que haya más implicados en la red de fraude financiero que operaba en la región. Entretanto, el banco ha reforzado sus medidas de seguridad para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.

Canales de ayuda

El fraude financiero perpetrado por trabajadores dentro de las instituciones bancarias es una de las amenazas más serias para el sistema financiero, ya que involucra el acceso privilegiado a datos sensibles. Es importante que el dinero se encuentre en una entidad segura.

• Comunícate con la PNP al 105.
• Denuncia el acto en cualquier dependencia policial.
• Denuncia el caso en la Fiscalía de la Nación.

Siguen los cuestionamientos contra Juan José Canales Durand, jefe de Gabinete de Asesores de la Defensoría del Pueblo, quien está bajo una investigación interna debido a su presunta vinculación con un caso de tráfico ilícito de menores ocurrido en 2013. De acuerdo a lo revelado por la Unidad de Investigación de Canal N, la mano derecha de del defensor Josué Gutierrez estaría involucrado en esta acusación desde su tiempo como funcionario de Migraciones, cargo del que fue destituido hace una década.

En aquel entonces, fue acusado de colaborar con dos mujeres extranjeras en un intento de sacar ilegalmente a dos menores de edad del país, utilizando documentos falsificados. Canales Durand además de ser destituido, se le inhabilitó para ocupar cargos públicos durante cinco años.

Los testimonios de la investigación judicial lo apuntaban directamente como parte clave en el esquema de tráfico ilícito de menores. Según los documentos a los que tuvo acceso el medio, una de las acusadas, Yolanda Vera Barzallo, señaló a Canales como la persona que le entregó pasaportes falsificados con las fotografías de los menores. Además, afirmó que le pagó 3.000 dólares por este servicio y que él aseguró que todo estaba arreglado para pasar los controles en el aeropuerto.

En el aeropuerto internacional Jorge Chávez, donde las extranjeras Gisella Balladares, Yolanda Vera Barzallo y Karina Morales Gómez, fueron intervenidas mientras intentaban abordar un vuelo hacia Estados Unidos con los menores. Según los declarantes, consignados en la resolución judicial, Vera Barzallo habría entregado previamente los pasaportes y las fotografías de los menores a Canales, quien se encargó de insertar las imágenes en los documentos ecuatorianos.

Vínculos con Los Cuellos Blancos del Puerto

A pesar de las acusaciones y de que inicialmente se dictó una orden de detención preventiva contra Canales, la Segunda Sala Penal de la Corte Judicial del Callao decidió levantar las órdenes de ubicación y captura en su contra meses después. En su lugar, se le impuso un mandato de comparecencia restringida. Esta decisión fue tomada por los magistrados César Hinostroza Pariachi, Víctor León Montenegro y Miguel Fernández Torres, quienes posteriormente enfrentaron sus propios escándalos judiciales.

Hinostroza y León Montenegro fueron vinculados a la red criminal conocida como Los Cuellos Blancos del Puerto, mientras que Fernández Torres fue destituido en 2020 por absolver a un presunto narcotraficante. Estas conexiones han generado dudas sobre la imparcialidad de las decisiones judiciales que beneficiaron a Canales en su momento.

Los descargos de Canales Durand

Consultado sobre las acusaciones, Juan José Canales Durand aseguró que los señalamientos en su contra carecían de pruebas y que, por ello, el caso fue archivado. Además, afirmó haber puesto su cargo a disposición del Defensor del Pueblo, indicando que estaría dispuesto a retirarse de la función pública si fuera necesario.

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, anunció una investigación interna para esclarecer los hechos relacionados con su jefe de Gabinete. Sin embargo, hasta el momento no se han presentado resultados ni avances concretos en dicha indagación.

Jugada inmobiliaria a favor de César Acuña

De otro lado, una investigación reveló que una propiedad en Jesús María, adquirida en 2016 por Juan José Canales Durand, actual jefe de gabinete de la Defensoría del Pueblo, fue financiada presuntamente por César Acuña, líder de Alianza para el Progreso. Según el programa Cuarto Poder, la vivienda, valorada en 1.2 millones de dólares, estaría bajo titularidad de Acuña mediante un acuerdo notarial de 2018 en el que Canales y su esposa reconocieron que el dinero utilizado provenía del político.

Canales confirmó que la adquisición fue realizada bajo un “contrato de mandato sin representación”, actuando en nombre de Acuña, pero sin registrarlo oficialmente como propietario. El reportaje señala que, tras la compra, Canales obtuvo contratos públicos en La Libertad por más de 240,000 soles, generando cuestionamientos sobre posibles beneficios derivados de su relación con Acuña.

Canales también enfrenta investigaciones por presunto lavado de activos y vínculos con una banda criminal, lo que incrementa las dudas sobre esta transacción. El caso ha puesto en debate la idoneidad de los funcionarios públicos y la transparencia en las relaciones político-financieras, además de exponer el uso de figuras legales como los contratos de mandato para ocultar la titularidad de bienes.

El pasado 22 de enero de 2025, la comunidad originaria de Tintaya Marquiri, ubicada en la provincia de Espinar, en el departamento de Cusco, presentó una denuncia formal ante la Fiscal Superior de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos Medioambientales contra la empresa minera Antapaccay, subsidiaria de la transnacional suiza Glencore, a la que acusan de ser responsable de graves daños ambientales en su territorio. Según los comuneros, la contaminación ha afectado tanto al medio ambiente como a la salud de los habitantes de la zona, quienes han reportado la presencia de metales pesados en sus cuerpos.

De acuerdo con lo informado, la denuncia se sustenta en los informes de Evaluación Ambiental de Causalidad (EAC) elaborados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en 2023. Estos documentos concluyen que existe contaminación ambiental en Espinar, y señalan a la minera como responsable. Según el informe OEFA N° 00144, la empresa acumuló más de 60 denuncias ambientales entre 2012 y 2022, lo que refuerza las acusaciones de los comuneros.

Falta de consulta previa y permisos irregulares

Representantes de Tintaya Marquiri viajaron a Lima para realizar una conferencia de prensa en la que denunciaron públicamente las irregularidades en las operaciones de la planta industrial de óxidos de Antapaccay. Según los comuneros, esta planta, que busca reiniciar sus actividades, no fue incluida en la consulta previa realizada en 2015 y aprobada en 2019. Julio Ccapa Ccamaqque, presidente de la comunidad, expresó su indignación al señalar que la empresa no informó sobre el inicio de operaciones de esta planta, lo que constituye una violación a los derechos de las comunidades.

Además, los comuneros indicaron que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) confirmó que la planta de óxidos no cuenta con los permisos necesarios para operar. Ante esta situación, exigieron que la consulta previa sea declarada nula, el cierre definitivo de la unidad minera Antapaccay y el desmantelamiento de la planta hasta que se resuelvan las irregularidades detectadas.

Impactos ambientales y de salud en la comunidad

Durante la conferencia, los comuneros denunciaron que llevan más de 40 años enfrentando las consecuencias negativas de la actividad minera en su territorio. Entre los principales problemas mencionaron la contaminación de fuentes de agua y la presencia de metales pesados en la sangre de los habitantes, lo que representa un grave riesgo para la salud pública. Según los comuneros, estas afectaciones han sido documentadas en los estudios de causalidad realizados por el OEFA, que concluyen que la empresa minera es responsable de los daños.

Edith Cahuana Aparicio, presidenta del Comité de Autodefensa de los Intereses de la comunidad, informó que ya se ha presentado una demanda ante la Fiscalía de la Nación para que Antapaccay sea sancionada por los daños causados. Asimismo, destacó que la lucha por justicia ha implicado grandes sacrificios para los comuneros, quienes deben viajar a Lima, dejando atrás sus trabajos y familias, para hacer valer sus derechos.

Compromisos del OEFA

“No somos antimineros, exigimos minería responsable”. El 22 de enero, los comuneros sostuvieron una reunión con representantes del OEFA, en la que solicitaron información sobre las sanciones y medidas adoptadas contra Glencore-Antapaccay por la contaminación generada en su territorio. Durante el encuentro, el organismo se comprometió a proporcionar información completa sobre los informes de Evaluación Ambiental de Causalidad y los Procesos Administrativos Sancionadores (PAS) relacionados con la empresa minera.

Además, el OEFA anunció que realizará una visita inopinada a la unidad minera Antapaccay para verificar las denuncias de los comuneros sobre el posible reinicio de operaciones de la planta de óxidos y los riesgos ambientales asociados. Este compromiso fue recibido con expectativa por los representantes de Tintaya Marquiri, quienes esperan que las autoridades actúen con celeridad y firmeza para garantizar la protección de su territorio.

Cipriani ha cuestionado la legitimidad de las sanciones, alegando que no se le permitió defenderse ni conocer los detalles de la denuncia. Sin embargo, la Santa Sede ha respondido a estas declaraciones, subrayando que el cardenal firmó y aceptó un precepto penal que establece las medidas disciplinarias en su contra. Además, el Vaticano ha enfatizado que estas disposiciones no han sido revocadas y permanecen en vigor.

“No he cometido ningún delito, ni he abusado sexualmente de nadie, ni en 1983, ni antes, ni después. Se recogen unas acusaciones presentadas (...) en 2018, referentes a unos hechos presuntamente acaecidos en 1983. En agosto de 2018 fui informado de que había llegado una denuncia que no se me entregó″, señaló.

Las sanciones de El Vaticano siguen vigentes

La Santa Sede confirmó que, tras aceptar la renuncia de Cipriani como arzobispo de Lima, se le impusieron restricciones disciplinarias, las cuales el cardenal aceptó por escrito. Sin embargo, recientemente Cipriani negó las acusaciones y cuestionó la sanción del Papa, alegando que no fue escuchado ni informado formalmente del proceso en su contra. Ante sus declaraciones, el Vaticano aclaró que las medidas siguen vigentes.

A pesar de su sanción, Cipriani regresó a Perú este mes y el 7 de enero recibió la medalla al mérito del Ayuntamiento de Lima, entregada por el alcalde Rafael López Aliaga, también miembro del Opus Dei. Tras conocerse la sanción papal, el alcalde defendió al cardenal y calificó la acusación de pederastia como una “gravísima difamación”. Tanto la Municipalidad de Lima como la Conferencia Episcopal Peruana han guardado silencio sobre el caso.

La denuncia contra Cipriani fue tramitada por Juan Carlos Cruz, miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, quien facilitó la carta al Papa Francisco. El Vaticano investigó el caso y consideró las acusaciones creíbles, ordenando su retiro inmediato en 2019, cuando Cipriani cumplió 75 años y debía presentar su renuncia.

Al respecto, el abogado Alberto González, especialista en derecho canónico, señaló que la sanción impuesta al cardenal Juan Luis Cipriani, denunciado por presunto abuso, debe considerarse una medida cautelar y que es necesario concluir con una investigación formal.

Según González, Cipriani reclama no haber tenido un debido proceso, lo que indicaría que la sanción aplicada por el Vaticano se ha mantenido en el tiempo sin una resolución definitiva. Además, el abogado consideró que un proceso adecuado es fundamental para garantizar la tranquilidad en el país, dado el rol que Cipriani ha desempeñado en la Iglesia Católica peruana.

Asimismo, afirmó que la aceptación de las medidas cautelares impuestas al cardenal Juan Luis Cipriani no implica un reconocimiento de responsabilidad sobre las acusaciones en su contra.

González explicó que la vida de un clérigo, ya sea secular o regular, tiene una finalidad distinta a la de los laicos, lo que puede llevar a aceptar sanciones en silencio, incluso si la persona se considera inocente, como una forma de ofrecerse “como víctima frente a Dios ante un acto de injusticia”.

Asimismo, señaló que Cipriani, independientemente del proceso eclesiástico, deberá responder en su fuero interno ante Dios. Además, aseguró que la Iglesia ha seguido sus protocolos y que la denuncia ha sido atendida dentro de su estructura.

¿Cipriani puede ir preso?

El abogado penalista Hugo Mendoza explicó el significado del “precepto penal” impuesto al cardenal Juan Luis Cipriani y aclaró su situación legal.

Según Mendoza, la posibilidad de que Cipriani enfrente un proceso penal y vaya a prisión es lejana, pero no imposible. Para que esto ocurra, primero tendría que ser expulsado del estado clerical, lo que solo sucedería si se comprueba plenamente su responsabilidad y se sigue el procedimiento interno establecido por la Santa Sede.

El abogado también señaló que, aunque se trata de un delito grave y de naturaleza imprescriptible, la apertura de un proceso penal solo sería viable si existen elementos mínimos suficientes para justificarlo. Sin embargo, esto resulta difícil de determinar, ya que el procedimiento dentro de la Iglesia es estrictamente privado.

El papel del Opus Dei y la denuncia de la víctima

El caso también ha puesto en el centro de atención al Opus Dei en Perú. La víctima intentó en 2018 contactar al vicario regional de la organización, Ángel Gómez-Hortigüela, para informar sobre los abusos sufridos. Sin embargo, el vicario se negó a recibirlo, lo que llevó a la víctima a buscar otras vías para denunciar los hechos. En un comunicado emitido el sábado, el vicario pidió disculpas por no haber atendido a la víctima en su momento, reconociendo la gravedad de la situación.

La negativa inicial del Opus Dei para escuchar a la víctima ha generado cuestionamientos sobre la gestión de las denuncias de abuso dentro de la organización. Este caso se suma a una serie de escándalos que han sacudido a la Iglesia católica en los últimos años, poniendo de relieve la necesidad de mecanismos más efectivos para abordar y prevenir los abusos sexuales en su seno.

La respuesta del Vaticano

Tras la publicación de la noticia por parte de El País, Cipriani declaró públicamente su inocencia y criticó al Papa Francisco por imponerle sanciones sin haber sido escuchado. Estas declaraciones han sido desmentidas por la Santa Sede, que aseguró que el cardenal tuvo conocimiento de las acusaciones y aceptó las medidas disciplinarias impuestas en su contra. La oficina de prensa del Vaticano reafirmó que las sanciones fueron el resultado de un proceso interno basado en las denuncias presentadas.

El Gobierno de Dina Boluarte implementó una nueva normativa que redefine las condiciones laborales en el sector público desde este 2025, fijando un límite de edad para los trabajadores estatales. Según la Ley N.º 32199, los empleados del Estado deberán cesar sus funciones al alcanzar los 70 años.

La normativa establece que los trabajadores bajo el régimen del Decreto Legislativo N.º 276 deberán dejar sus puestos al finalizar el año calendario en el que cumplan 70 años. Por ejemplo, si un empleado alcanza esa edad en marzo de 2025, podrá continuar desempeñando sus funciones hasta el 31 de diciembre de este 2025. Este margen temporal tiene como objetivo permitir a las instituciones públicas planificar con antelación el reemplazo del personal, evitando interrupciones en la prestación de servicios.

La implementación de esta ley responde a la necesidad de estandarizar las políticas de retiro en el sector público, ya que anteriormente existían discrepancias en la aplicación de normas relacionadas con la edad máxima para laborar. Esta disposición busca garantizar mayor equidad entre los trabajadores estatales y establecer un proceso de retiro más transparente y predecible.

Además de fijar el límite de edad, la Ley N.º 32199 incluye disposiciones relacionadas con otros aspectos laborales, como las licencias sin goce de haber y la compensación por tiempo de servicios (CTS).

Entre las principales modificaciones, se amplía el periodo máximo de las licencias sin goce de haber a tres años, continuos o discontinuos, dentro de un lapso de cinco años, permitiendo a los trabajadores gestionar mejor sus necesidades personales.

En relación con la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), la nueva ley establece un cálculo uniforme que equivale al 100% de la remuneración total por cada año completo de trabajo o fracción mayor a seis meses. Este ajuste busca estandarizar los beneficios laborales y facilitar su aplicación en todo el sector público

Lo que se debe saber sobre esta ley

• Permisos y licencias: Hacer uso de permisos o licencias por causas justificadas o motivos personales. Las licencias sin goce de haber pueden extenderse hasta por tres años continuos o discontinuos, contabilizadas dentro de un período de cinco años
• Edad límite: Límite de edad de setenta años, pudiendo continuar en su puesto hasta el 31 de diciembre del año en que cumple el servidor dicha edad
• Benficios de trabajadores estatales: Compensación por Tiempo de Servicios: Se otorga al personal una Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), al momento del cese por el importe del cien por ciento (100%) de su remuneración total o íntegra, por cada año completo o fracción mayor de seis meses contados desde su ingreso hasta su fecha de cese
• Cese y posterior reingreso: la cantidad pagada surte efecto cancelatorio del tiempo de servicios anterior para este beneficio. Para los que cesen a partir del año 2022, para el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios la remuneración principal equivale al cien por ciento (100%) del promedio mensual del monto resultante del importe del Monto Único Consolidado (MUC), más el cien por ciento (100%) de la Escala Base del Incentivo Único - CAFAE, establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas, y pagado en cada mes durante los últimos treinta y seis (36) meses de servicio efectivamente prestado.
• Personal de los gobiernos locales: en su remuneración total o íntegra, referidas en el párrafo primero de este literal, solo se consideran todos los conceptos que perciban permanentemente hasta el mes de su cese

El TC y los límites de edad para la relación laboral en el Perú

El Tribunal Constitucional ha emitido importantes fallos en torno a la edad como causal de extinción o restricción de la relación laboral, destacando puntos clave sobre los derechos fundamentales de los trabajadores, como el derecho al trabajo, la igualdad y la no discriminación, entre otros. En particular, los casos relacionados con la extinción obligatoria de la relación laboral al cumplir los 70 años de edad en diversos ámbitos laborales han generado un amplio debate. Una vez más, surgen cuestionamientos sobre si estas medidas son constitucionales o vulneran derechos garantizados por la normativa nacional e internacional.

El análisis más reciente, condicionado por interpretaciones previas, aborda dos escenarios principales: la presunción de ineptitud al alcanzar cierta edad y las razones vinculadas al mercado laboral. Según la legislación peruana vigente, la relación laboral se extingue de manera automática al cumplir los 70 años en tanto en el sector público como en el privado. Esto está estipulado en el artículo 35 de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Sin embargo, no se han explicitado, tanto en la normativa nacional como en la jurisprudencia, los fundamentos que justifiquen tal restricción.

El texto objeto de análisis, elaborado por Javier Neves Mujica, profesor principal de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y miembro del Comité Consultivo Nacional de la Asociación Civil Ius et Veritas, sostiene que esta concepción legal parte de la presunción de que, al alcanzar una edad avanzada, el trabajador pierde capacidades esenciales. No obstante, el Tribunal Constitucional ha excluido de esta regla a ciertas categorías, como los profesores universitarios y diplomáticos, argumentando que sus labores son predominantemente intelectuales y no necesariamente reducen la aptitud con la edad.

¿Presunción de ineptitud?

Uno de los puntos más controvertidos del argumento legislativo es que se presume una incapacidad general para todos los trabajadores al cumplir 70 años, algo que el Tribunal Constitucional español ya calificó en el pasado como “irrazonable”. Este tribunal explicó que la ineptitud no puede ser asumida de manera general para todos los trabajadores dependientes al alcanzar una misma edad. El fallo 22/1981 de dicho tribunal aclara que, aunque algunas actividades puedan requerir condiciones físicas o intelectuales susceptibles de empeorar con el tiempo, esto solo podría justificarse en base a situaciones específicas y no de forma homogénea.

Para ilustrar este punto, Neves Mujica destaca que “es evidente que el solo hecho de llegar a una edad determinada no disminuye necesariamente las aptitudes que se requieren para el ejercicio de las labores propias de un académico,” criterio avalado por sentencias precedentes en el Perú. Por ejemplo, el Expediente 594-99-AA/TC subraya que imponer un límite general sin considerar las capacidades individuales vulnera derechos como la protección contra el despido arbitrario.

Implicancias en los derechos fundamentales

La normativa peruana, según el análisis de Neves Mujica, presenta desafíos significativos al equilibrio entre la búsqueda de un reparto razonable del mercado laboral y la protección de derechos como el trabajo y la igualdad. En un aspecto individual, el derecho al trabajo protege la estabilidad y continuidad laboral del empleado, mientras que colectivamente implica que el Estado debe promover políticas de pleno empleo. No obstante, la jubilación obligatoria y automática por límite de edad no tiene garantías de responder a un equilibrio constitucional que priorice el reparto de oportunidades entre generaciones, ni requiere que la plaza ocupada sea transferida a sectores vulnerables del mercado.

Neves recalca en su análisis que la omisión legislativa de fundamentos específicos para el límite de los 70 años, como mecanismo de redistribución laboral, constituye una infracción potencial tanto al artículo 2 de la Constitución sobre la igualdad y no discriminación, como al artículo 22 que protege el derecho al trabajo. Además, recuerda que estas obligaciones están respaldadas por tratados internacionales ratificados por el Perú, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) y su Protocolo Adicional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1988).

Diplomáticos y profesores universitarios

Una categoría que ha tenido trato diferenciado ante esta normativa son los profesores universitarios y diplomáticos. Según el Expediente 1485-2001-AA/TC, la Ley Universitaria incorpora limitaciones distintas al considerar que la extinción por edad no aplica a los docentes, dado que las labores académicas no necesariamente están condicionadas por la edad cronológica.

Por otro lado, en el caso de los diplomáticos, la restricción al servicio exterior al cumplir 65 años, junto con la limitación de sus funciones a ser asesores, ha sido interpretada como una discriminación por edad directa, según el Expediente 8200-2005-PA/TC. Aquí, el Tribunal Constitucional enfatizó que esta limitación no considera de manera exhaustiva los antecedentes profesionales ni las capacidades individuales de los afectados.

El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) ha convocado para este jueves 30 de enero una movilización nacional en protesta contra la Ley 32242, normativa que consideran perjudicial para los derechos de los docentes. Según informó el sindicato, la marcha principal se llevará a cabo en Lima, con un recorrido hacia la sede del Ministerio de Educación, donde se entregará el pliego nacional de reclamos del magisterio. La preconcentración está programada en el Metro de la Avenida Canadá a las 10:30 a. m., mientras que en las regiones del país se realizarán acciones similares.

De acuerdo con declaraciones de Héctor Sinche, secretario de Organización del SUTEP, la Ley 32242 establece la destitución automática y la inhabilitación permanente de directores, profesores, auxiliares y personal administrativo de instituciones educativas, tanto públicas como privadas, que sean condenados por delitos graves. Sin embargo, el dirigente sindical señaló que esta normativa vulnera derechos fundamentales, como el debido proceso y la presunción de inocencia, al permitir el despido en primera instancia. “Esta ley es lesiva para el magisterio porque no permite un debido proceso a la defensa, además viola un derecho constitucional de la presunción de la inocencia y lo que es más, despide al maestro en primera instancia”, afirmó Sinche en el programa Enlace Educativo de RCR.

Demandas incluye derechos laborales y económicos

El pliego de reclamos que el SUTEP entregará al Ministerio de Educación incluye una serie de demandas relacionadas con la mejora de las condiciones laborales y económicas de los docentes, auxiliares y directivos de las instituciones educativas. Según detalló Sinche, el sindicato busca utilizar la negociación colectiva, que se lleva a cabo entre marzo y julio, como una herramienta para revertir los efectos de lo que calificó como un modelo económico neoliberal que ha desregulado los derechos laborales en el sector educativo.

El dirigente sindical destacó que el SUTEP ha recolectado más de 350.000 fichas de docentes y 10.000 fichas de auxiliares de educación, lo que, según él, reafirma al sindicato como el único interlocutor válido para abordar los problemas laborales y académicos del magisterio peruano. “Todo lo que el magisterio considera que debe ser cambiado o modificado será planteado en esta negociación colectiva”, señaló Sinche, quien también subrayó la importancia de buscar nuevos beneficios para los trabajadores del sector educativo.

Propuesta de una defensoría para docentes y auxiliares

En respuesta a las críticas hacia la Ley 32242, el SUTEP ha propuesto la creación de una defensoría específica para docentes y auxiliares de educación. Según explicó Sinche, esta institución tendría como objetivo garantizar que los trabajadores del sector educativo cuenten con una defensa adecuada en casos de acusaciones o procesos legales. “No es justo que habiendo personas inocentes tengan que ser catalogadas como culpables de algo que no hicieron”, enfatizó el dirigente sindical.

La propuesta de la defensoría surge como una medida para contrarrestar los efectos de la Ley 32242, que, según el SUTEP, no solo afecta a los derechos laborales de los docentes, sino que también pone en riesgo la estabilidad de sus carreras profesionales. El sindicato considera que esta normativa podría generar situaciones de injusticia al no garantizar un proceso adecuado para determinar la culpabilidad o inocencia de los acusados.

Movilización nacional con respaldo de las bases

El SUTEP ha destacado que la movilización del 30 de enero cuenta con el respaldo de sus bases en todo el país. Según informó el sindicato, delegaciones de diversas regiones ya se encuentran en Lima para participar en la marcha hacia el Ministerio de Educación. Además, se espera que las acciones de protesta se repliquen en las principales ciudades del país, donde el sindicato tiene presencia activa.

El sindicato ha reiterado su compromiso de trabajar en conjunto con las bases para garantizar que las demandas del magisterio sean escuchadas y atendidas por las autoridades. “Todo con las bases, nada sin ellas”, es uno de los lemas que el SUTEP ha utilizado para convocar a los docentes y auxiliares a participar en esta jornada de protesta.

El Sindicato de Trabajadores del Congreso respondió con firmeza a las recientes declaraciones de la vicepresidenta del Legislativo, Patricia Juárez, quien sugirió que el Parlamento podría operar con la mitad del personal actual, puesto que la institución enfrenta un “incremento inusitado” en los últimos años, con aproximadamente 3,900 trabajadores.

El dirigente sindical Tulio Vizcarra expresó su desacuerdo y señaló que, en lugar de reducir el personal general, debería revisarse el número de trabajadores asignados a los despachos congresales y las comisiones parlamentarias. Vizcarra destacó que, en los últimos años, el número de trabajadores en los despachos de los congresistas ha crecido significativamente. Según detalló, anteriormente estos despachos funcionaban con cuatro personas, pero ahora cuentan con siete. Además, mencionó que las comisiones ordinarias también han incrementado su personal de confianza, lo que, en su opinión, ha contribuido al aumento del personal en el Congreso.

El dirigente sindical también criticó la creación de 25 comisiones especiales en el Congreso, las cuales, según él, solo han servido para justificar la contratación de más personal en los despachos de los congresistas. Incremento no responde a necesidades reales de trabajo legislativo, sino a intereses políticos.

Juárez pide reorganización del personal

Juárez señaló que el Congreso “podría perfectamente funcionar con el 50% del personal que tiene actualmente”. Además, destacó que la situación actual exige una reorganización del personal, especialmente considerando que, a partir de 2026, el número de legisladores aumentará con la incorporación de 60 nuevos senadores y diputados, lo que también implicará la creación de más comisiones.

La legisladora explicó que la Mesa Directiva del Congreso, presidida por Eduardo Salhuana, ya ha planteado medidas para abordar esta problemática. Entre las propuestas se encuentra la limitación del número de trabajadores asignados a los despachos congresales, con el objetivo de optimizar los recursos humanos disponibles. “Tenemos que restringir para los senadores un número acotado de personas que tienen que trabajar en sus oficinas”, afirmó Juárez, quien insistió en la necesidad de una reorganización integral del personal.

Las seis jefaturas del Fujimorismo

La actual distribución de jefaturas por la Mesa Directiva ha puesto de relieve la influencia de Fuerza Popular en la estructura administrativa del Parlamento, al ocupar seis departamentos, según reveló un informe del diario La República.

Entre las posiciones asignadas a personas relacionadas con el partido naranja destacan el Departamento de Biblioteca, el Departamento de Investigación Parlamentaria, el Fondo Editorial del Congreso y la Oficina de Participación Ciudadana. Estas áreas son fundamentales para el funcionamiento administrativo y legislativo del Parlamento, lo que subraya la relevancia de los nombramientos realizados.

El Departamento de Biblioteca está bajo la dirección de Diethell Columbus, excongresista y figura conocida dentro del ámbito político. Su experiencia en el Congreso ha sido reconocida, aunque su designación no ha estado exenta de críticas debido a la percepción de que responde a intereses partidarios. Por otro lado, el Departamento de Investigación Parlamentaria está a cargo de José Francisco Recoba, un médico pediatra cuya trayectoria profesional se centra en el ámbito de la salud. Este nombramiento ha generado controversia, ya que su perfil no parece alinearse con las competencias técnicas necesarias para liderar un área de investigación legislativa.

El Fondo Editorial del Congreso, otra de las jefaturas ocupadas por Fuerza Popular, está dirigido por la excongresista Karina Beteta, mientras que la Oficina de Participación Ciudadana es liderada por Milagros Salazar, también vinculada a esta agrupación política. Estas designaciones han sido señaladas como ejemplos de cómo el partido ha consolidado su influencia en la estructura administrativa del Parlamento.

El Ministerio Público ha recortado presupuesto destinado a la Dirección de Derechos Humanos e Interculturalidad, lo que pone en riesgo los avances en casos emblemáticos de crímenes de lesa humanidad y las búsquedas de desapariciones forzadas ocurridas entre 1980 y 2000. Con ello han cesado biólogos y otros profesionales especializados en análisis genético en Ayacucho, una de las regiones donde las organizaciones terroristas y las fuerzas de seguridad del Estado atentaron contra la vida en el periodo de conflicto armado interno.

La Oficina General de Planificación y Presupuesto del Ministerio Público notificó que no se asignaron recursos para la continuidad de los gastos relacionados con derechos humanos en el presente año fiscal. Esta decisión ha derivado en la extinción de vínculos laborales de los especialistas en el laboratorio de biología molecular y genética de Ayacucho, quienes desempeñaban un papel crucial en la identificación de restos humanos mediante análisis de ADN mitocondrial.

El ADN mitocondrial es una herramienta esencial en la identificación forense, especialmente en contextos de crímenes de lesa humanidad. Su resistencia a la degradación y su abundancia en restos óseos y dentales lo convierten en un recurso invaluable para recuperar la identidad de las víctimas halladas en fosas clandestinas. Sin embargo, con la salida de los biólogos, el laboratorio de Ayacucho pierde la capacidad de procesar este tipo de análisis, lo que afecta directamente a los familiares que esperan la restitución de los restos de sus seres queridos.

En las instalaciones del Ministerio Público en Ayacucho, donde operan el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la Unidad de Biología Molecular y Genética, los trabajadores han colocado carteles con mensajes como “Sin justicia forense no hay verdad”. Estas expresiones reflejan la preocupación por el impacto que estas decisiones tendrán en los procesos de búsqueda de justicia y verdad para las víctimas y sus familias.

La situación ha generado indignación entre activistas y familiares de las víctimas. Gisela Ortiz, exministra de Cultura y hermana de una de las víctimas del caso La Cantuta, expresó su rechazo a través de redes sociales. Ortiz señaló que las decisiones políticas recientes, como el recorte presupuestal y la disminución de funciones de la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas, amenazan los derechos a la verdad y la justicia. “Hay cuerpos por identificar y familiares esperando restituciones”, afirmó.

Fiscal de la Nación

La medida contrasta con las declaraciones realizadas hace un mes por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien, durante una ceremonia de restitución de restos hallados en la zona denominada La Hoyada, del fuerte Los Cabitos, en Ayacucho, se comprometió a continuar con la labor de búsqueda e identificación de víctimas de la violencia.

Este compromiso asegurado en la catedral de Huamanga, ahora parece estar en entredicho, dado que las acciones recientes del Ministerio Público dificultan la continuidad de estas tareas, y el reconocimiento público de los derechos de los afectados y de la reparación integral de la cual son merecedores quienes sufrieron consecuencias de violaciones a los derechos humanos.

El conflicto armado en Perú dejó más de 148.000 víctimas

El conflicto armado interno que sacudió a Perú durante dos décadas dejó un saldo devastador de más de 148.000 víctimas. Este registro incluye a personas fallecidas, desaparecidas, torturadas, secuestradas, desplazadas y afectadas por violencia sexual. La magnitud de este periodo de violencia supera incluso a las dictaduras de países como Argentina y Chile, y se acerca a las cifras de las guerras civiles en Centroamérica.

De acuerdo con el análisis de Ojo Público, las organizaciones terroristas y las fuerzas de seguridad del Estado fueron responsables de al menos 33.000 víctimas mortales, entre muertos y desaparecidos. De estas, el 92% eran civiles, lo que evidencia el impacto desproporcionado que tuvo el conflicto sobre la población no combatiente. Además, el 70% de los casos se concentraron en las regiones de Ayacucho, Huánuco y Junín, mientras que un 12% de las víctimas eran menores de edad.

Las áreas más afectadas incluyen el jirón Lima, el jirón Piérola, el mercado Túpac Amaru, la avenida Circunvalación y calles aledañas. Estas zonas quedaron prácticamente intransitables debido a la acumulación de agua, que transformó las calles en verdaderas lagunas. Tanto el transporte público como los vehículos particulares se vieron gravemente perjudicados, con decenas de automóviles atrapados en el agua. En algunos casos, los propietarios tuvieron que recurrir a grúas para retirar sus vehículos.

Los peatones también enfrentaron serias dificultades para desplazarse, mientras que vecinos de las zonas periféricas denunciaron que el agua ingresó a sus viviendas, poniendo en riesgo la estabilidad de las estructuras. Los residentes han señalado que la falta de un sistema de drenaje adecuado agrava la situación cada vez que se registran lluvias intensas.

A pesar de la magnitud del desastre, hasta el momento no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Puno. Tampoco se ha realizado una evaluación formal de los daños, lo que ha generado preocupación entre los afectados, quienes exigen una respuesta inmediata de las autoridades.

Inundaciones también afectan a la ciudad de Puno

La capital de la región, Puno, también sufrió los estragos de las lluvias intensas. Según detalló el medio, una de las zonas más perjudicadas fue la intersección entre el jirón Echenique y la avenida Simón Bolívar, cerca del terminal terrestre Interregional. En este punto, el agua acumulada impidió el tránsito tanto de vehículos como de peatones durante la mañana.

Otro sector crítico fue el jirón Cipreses, en el centro poblado, donde las calles quedaron completamente anegadas. Los vecinos reportaron que cruzar estas áreas implicaba caminar directamente sobre el agua acumulada, lo que dificultó aún más la movilidad en la ciudad.

Emergencias en otras provincias del altiplano puneño

Las lluvias no solo afectaron a Juliaca y Puno, sino que también generaron emergencias en otras provincias de la región. Según publicó el medio, en las provincias selváticas de Carabaya y Sandia se registraron deslizamientos de tierra que han puesto en riesgo a las comunidades locales. Además, varias carreteras de trocha carrozable quedaron intransitables, aislando a numerosas localidades.

En la provincia de Yunguyo, al sur de Puno, la caída de granizo impactó gravemente en el centro poblado de Chimbo, ubicado en el distrito de Cuturapi. Más de 40 hectáreas de cultivos de papa fueron destruidas, dejando a los agricultores en una situación crítica. Según el testimonio de una agricultora afectada, sus cultivos ya habían sufrido heladas previas, lo que prácticamente arruinó toda su producción.

El teniente gobernador de Chimbo, junto con líderes comunitarios y exautoridades locales, hizo un llamado urgente a Defensa Civil de Cuturapi, Yunguyo y al gobierno regional de Puno para que se desplacen a la zona afectada y realicen una evaluación precisa de los daños. Los pobladores exigieron medidas de mitigación para prevenir futuros desastres y estrategias que permitan la recuperación de los agricultores afectados.

Falta de infraestructura y prevención agravan la crisis

Los habitantes de las zonas afectadas subrayaron que la falta de infraestructura adecuada y un sistema de prevención eficiente han intensificado los efectos de estos fenómenos climáticos. Las lluvias y otros eventos meteorológicos han dejado a muchas comunidades vulnerables, con accesos bloqueados y dificultades para abastecerse o trasladar productos agrícolas.

La población continúa a la espera de un plan de emergencia que permita enfrentar esta difícil situación. Mientras tanto, las autoridades locales han instado a Defensa Civil a coordinar acciones inmediatas a nivel distrital, provincial y regional para evitar que la crisis se agrave.

De acuerdo con el último informe “América Latina y el Caribe - Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición 2024″, publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 7% de la población en Perú enfrenta problemas de subalimentación. Este porcentaje equivale a aproximadamente 2.4 millones de personas que no logran consumir la cantidad mínima de energía alimentaria necesaria para llevar una vida activa y saludable.

El informe detalla que la subalimentación se mide a partir de datos oficiales proporcionados por los países, los cuales incluyen información sobre el suministro y consumo de alimentos, así como las necesidades energéticas de la población. Estos cálculos consideran factores demográficos como la edad, el sexo y los niveles de actividad física. Según la FAO, este indicador es clave para evaluar el progreso hacia la meta 2.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que busca erradicar el hambre y garantizar el acceso a alimentos suficientes para todas las personas.

La subalimentación, tal como se define en el documento, ocurre cuando una persona no consume alimentos suficientes para satisfacer sus necesidades energéticas durante al menos un año. Esto implica que no solo se trata de la cantidad de alimentos, sino también de su calidad nutricional, lo que afecta directamente el desarrollo físico y mental de quienes la padecen.

La inseguridad alimentaria afecta más a las mujeres peruanas

Otro aspecto destacado en el informe de la FAO es la prevalencia de la inseguridad alimentaria en Perú, que afecta de manera desproporcionada a las mujeres. Según los datos presentados, el 57.7% de las mujeres en el país enfrenta inseguridad alimentaria, en comparación con el 45.8% de los hombres. Esta brecha de género refleja desigualdades estructurales que agravan la vulnerabilidad de las mujeres frente a la falta de acceso a alimentos adecuados.

El documento señala que las mujeres suelen priorizar la alimentación de otros miembros de la familia, especialmente de los niños, lo que las deja en una posición de mayor riesgo de malnutrición. Además, enfrentan barreras como menor acceso a recursos económicos y responsabilidades desproporcionadas en el cuidado del hogar, factores que limitan su capacidad para garantizar una dieta suficiente y balanceada.

La inseguridad alimentaria, según la FAO, no solo implica la falta de alimentos, sino también la incertidumbre sobre su disponibilidad futura. Esto puede generar estrés y afectar la calidad de vida de quienes la padecen, especialmente en contextos de desigualdad como el que enfrentan muchas mujeres peruanas.

Un desafío para el desarrollo sostenible

Los datos presentados por la FAO subrayan la urgencia de abordar la subalimentación y la inseguridad alimentaria en Perú como parte de los esfuerzos globales para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La meta 2.1 de los ODS busca garantizar el acceso a alimentos suficientes para todas las personas, especialmente las más vulnerables, como las mujeres y los niños.

El informe también destaca la importancia de implementar políticas públicas que promuevan la igualdad de género y mejoren el acceso a recursos económicos y educativos para las mujeres. Estas medidas son esenciales para reducir las brechas de género en la seguridad alimentaria y garantizar que todas las personas puedan llevar una vida activa y saludable.

En un contexto donde millones de peruanos enfrentan dificultades para satisfacer sus necesidades alimentarias básicas, los datos de la FAO son un llamado a la acción para gobiernos, organizaciones internacionales y la sociedad en general. La lucha contra el hambre y la malnutrición no solo es un imperativo moral, sino también una condición indispensable para el desarrollo sostenible del país.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se encuentra bajo el escrutinio de la Fiscalía de la Nación debido a una intervención quirúrgica realizada en junio de 2023, que, según las autoridades, podría haber generado un vacío de poder. De acuerdo con la fiscal general, Delia Espinoza, la investigación no se centra en el hecho de haberse sometido a la cirugía, sino en la presunta omisión de informar al Congreso sobre el procedimiento, lo que habría constituido un abandono de funciones.

La mandataria ha defendido públicamente la necesidad de la operación, asegurando que se trató de un procedimiento médico imprescindible para su salud y no de una intervención estética. Durante la inauguración de nueva avenida Tomás Valle en el distrito del Callao este lunes 27 de enero, Boluarte reiteró que nunca dejó de trabajar, incluso durante el periodo en que se sometió a la cirugía.

Desde diciembre, Boluarte continúa afirmando que la cirugía no le generó incapacidad: “Jamás dejé de atender mis responsabilidades como presidenta”, declaró, enfatizando que incluso ingresó al hospital en horas nocturnas para no interferir con sus labores diarias.

La jefa de Estado sostiene que fue para corregir un tabique desviado y reducir el tamaño de los cornetes, una condición que, según la mandataria, le impedía respirar adecuadamente. La intervención, que duró aproximadamente 40 minutos y se realizó bajo anestesia local, fue revelada públicamente meses después, el 3 de diciembre, por su exjefe de gabinete, Alberto Otárola, durante una comparecencia ante una comisión del Congreso.

Abandono de cargo y no notificación al Congreso

El punto central de la investigación radica en la falta de notificación al Congreso sobre la cirugía. Según la Constitución , cualquier situación que pueda generar una incapacidad temporal del presidente debe ser informada al Legislativo, ya que podría derivar en un vacío de poder. En el caso de Boluarte, esta omisión ha llevado a que se le investigue por presunto abandono de cargo y omisión de funciones en agravio del Estado.

La fiscal general explicó que el problema no es la cirugía en sí, sino la falta de comunicación oficial. “No se le está investigando porque haya pasado una cirugía, se está investigando porque, presuntamente, habría hecho abandono del cargo por horas o días sin justificación, sin haber comunicado al Congreso como corresponde”, sostuvo Espinoza.

Este vacío de poder adquiere mayor relevancia debido a que Boluarte no cuenta con un vicepresidente que pueda asumir sus funciones en caso de incapacidad. Esto se debe a que ella misma ocupaba ese cargo cuando asumió la presidencia tras la destitución de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.

Implicaciones legales y políticas

El caso ha generado un debate sobre las posibles consecuencias legales y políticas para la presidenta. Algunos juristas han señalado que la omisión de informar al Congreso podría constituir una infracción constitucional, lo que abriría la puerta a un proceso de destitución. Según la Constitución peruana, el Congreso tiene la facultad de declarar la vacancia presidencial en caso de incapacidad moral o física del mandatario.

Este no es el único frente judicial que enfrenta Boluarte. La mandataria está siendo investigada por varios casos, entre ellos, las muertes ocurridas durante las protestas antigubernamentales de finales de 2022 y principios de 2023, así como por presunto cohecho pasivo en el denominado “Rolexgate”, relacionado con la posesión de relojes y joyas de lujo no declarados.

Además, el Ministerio Público indaga en un caso de corrupción en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social durante su gestión como ministra, así como en la desactivación de un equipo policial anticorrupción que investigaba a su hermano. Otro caso pendiente involucra el supuesto uso de su vehículo oficial en la fuga del líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha emitido un aviso sobre la intensificación de las condiciones climáticas en la región de la Sierra, donde se prevé un aumento significativo en la velocidad del viento, alcanzando ráfagas superiores a los 45 kilómetros por hora (28 millas por hora). Este fenómeno estará acompañado de precipitaciones en forma de nieve, granizo, aguanieve y lluvias de intensidad moderada a fuerte. Según informó el Senamhi, estas condiciones se mantendrán desde el martes 28 hasta el jueves 30 de enero, afectando a diversas provincias de los departamentos de la Sierra y otras regiones del país.

El Senamhi ha identificado varias provincias que estarán bajo alerta debido a las ráfagas de viento que podrían superar los 45 kilómetros por hora (28 millas por hora). Entre los departamentos afectados se encuentran Amazonas, con provincias como Chachapoyas, Bongará y Luya; Áncash, que incluye localidades como Huaraz, Carhuaz, Pomabamba y Yungay; y Apurímac, donde se encuentran provincias como Abancay, Andahuaylas y Chincheros.

Asimismo, el aviso se extiende a Ayacucho, con provincias como Huamanga, Cangallo y Vilcashuamán; Cajamarca, que incluye localidades como Cajamarca, Jaén y Santa Cruz; y Huancavelica, con provincias como Acobamba, Angaraes y Tayacaja. También se verán afectadas regiones como Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco y Piura, abarcando una amplia extensión del territorio nacional.

Precipitaciones sólidas y líquidas en la Sierra

Además de los fuertes vientos, el Senamhi ha advertido sobre la ocurrencia de precipitaciones en forma de nieve y granizo en zonas ubicadas por encima de los 2.800 metros (9.186 pies) y 4.000 metros (13.123 pies) de altitud, respectivamente. Estas condiciones estarán vigentes entre el martes 28 y el miércoles 29 de enero, afectando principalmente a las regiones de la Sierra norte, centro y sur.

El pronóstico incluye acumulaciones de lluvia que podrían alcanzar los 20 milímetros por día en la Sierra norte, 14 milímetros por día en la Sierra centro y hasta 24 milímetros por día en la Sierra sur. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 kilómetros por hora (22 millas por hora). Además, no se descarta la posibilidad de lluvias dispersas en algunas zonas de la Costa.

Provincias bajo riesgo por lluvias intensas

El impacto de las lluvias afectará a una amplia lista de departamentos, entre ellos Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna. Las precipitaciones podrían generar complicaciones en estas regiones, especialmente en áreas rurales y de difícil acceso.

El Senamhi ha señalado que las condiciones climáticas adversas podrían ocasionar deslizamientos, interrupciones en las vías de comunicación y afectaciones en las actividades agrícolas y ganaderas, que son fundamentales para la economía de estas regiones.

Recomendaciones ante el fenómeno climático

Ante este panorama, el Senamhi ha instado a las autoridades locales y a la población a tomar medidas preventivas para mitigar los posibles impactos de estos fenómenos meteorológicos. Se recomienda asegurar techos y estructuras vulnerables, evitar actividades al aire libre durante las ráfagas de viento y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Además, se sugiere a los agricultores y ganaderos proteger sus cultivos y animales, especialmente en las zonas más altas, donde las nevadas y el granizo podrían causar daños significativos. Las autoridades locales también han sido alertadas para que implementen planes de contingencia y brinden apoyo a las comunidades más afectadas.

Este tipo de fenómenos meteorológicos no son inusuales en la Sierra durante esta época del año, pero la intensidad de los vientos y las precipitaciones previstas para esta semana representan un desafío adicional para las comunidades de la región. Según el Senamhi, estos eventos están relacionados con patrones climáticos estacionales que afectan a la región andina, aunque su intensidad puede variar dependiendo de factores locales y globales.

De acuerdo con un reportaje emitido por Cuarto Poder, la Fiscalía analiza una serie de audios que podrían ser clave en el caso Qali Warma, un programa estatal peruano envuelto en denuncias de corrupción. Las grabaciones, que habrían sido realizadas el 18 de diciembre de 2022, exponen conversaciones entre Carlos Guillén Anchayhua, señalado como emisario del Gobierno, y una testigo clave del caso, quien ahora busca colaborar con la justicia.

En los diálogos, Guillén habría solicitado información comprometedora para facilitar la salida del entonces ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, en lo que se describe como una posible pugna de poder dentro del entorno presidencial.

Según el reportaje, Guillén habría mencionado que la presidenta Dina Boluarte y su círculo cercano, incluido Morgan Quero, actual ministro de Educación, estarían interesados en remover a Demartini. En los audios, Guillén afirma que “quien coordina ahorita con Dina es Morgan Quero, él es brazo, confianza”. Además, señala que tanto Boluarte como Quero “se lo quieren bajar a Demartini” y que existe un “celo de poder” en torno al caso.

El caso Frigoinca y las conexiones con Qali Warma

El contexto de estas conversaciones se enmarca en el caso Frigoinca, una investigación que involucra a la empresa proveedora de conservas para el programa Qali Warma. La compañía fue señalada por distribuir productos que contenían carne de caballo, lo que derivó en un escándalo de salud pública y corrupción. Según las evidencias presentadas por la testigo, Guillén habría visitado su domicilio con el propósito de obtener información sobre los implicados en este caso, incluido Nilo Burga, propietario de Frigoinca, quien falleció días después de la reunión.

En los audios, Guillén también habría expresado su intención de “voltear todo Qali Warma” y “chapar sus cabezas”, en referencia a Burga y otros involucrados. Estas declaraciones refuerzan las sospechas de que las acciones del supuesto emisario no solo buscaban encubrir irregularidades, sino también consolidar el control político sobre el programa estatal.

Carlos Guillén y su cercanía con el entorno presidencial

El reportaje de Cuarto Poder detalla la relación de Carlos Guillén Anchayhua con el entorno de la presidenta Dina Boluarte. Aunque Guillén ha negado tener una amistad cercana con la mandataria, las evidencias muestran su proximidad con su hermano, Nicanor Boluarte, y otros miembros de su círculo familiar. Guillén admitió haber conocido a Nicanor durante la campaña de segunda vuelta presidencial, gracias a la intermediación del exviceministro de Desarrollo e Inclusión Social, William Contreras.

El programa periodístico presentó imágenes del 8 de octubre de 2023, en las que Guillén fue captado ingresando a la casa de Nicanor Boluarte para celebrar su cumpleaños número 63. En esta ocasión, Guillén estuvo acompañado por Adolfo Ramírez, primo de la presidenta, lo que refuerza su vínculo con la familia presidencial. Además, durante el velorio de William Contreras, Guillén fue visto en un círculo cercano a Dina Boluarte, aunque él insiste en que su relación con la mandataria es meramente circunstancial.

Negaciones y contradicciones en las declaraciones de Guillén

Pese a las pruebas presentadas, Guillén ha negado las acusaciones en su contra. Según el reportaje, el supuesto emisario rechazó haber ofrecido a la testigo, Noemí Alvarado, una reunión con el ministro Demartini. “Nunca le he ofrecido, porque ni yo mismo puedo entrar a una reunión con el ministro, es difícil. Cómo le voy a ofrecer”, declaró Guillén. Sin embargo, registros indican que Guillén sí se reunió con Demartini el 7 de enero, aunque asegura que no discutieron temas relacionados con Qali Warma ni con Alvarado.

Guillén también expresó su malestar por las acusaciones de Alvarado, a quien consideraba su amiga. Según el comunicador, la visita a la casa de Alvarado el 18 de diciembre fue a solicitud de ella, quien buscaba asesoramiento sobre la venta de su vivienda y problemas familiares. No obstante, Alvarado entregó a la Fiscalía audios que, según su testimonio, evidencian presiones y ofrecimientos por parte de Guillén para silenciarla.

Un fuerte oleaje anómalo registrado en las costas del Callao durante la madrugada del domingo 26 de enero ha generado múltiples afectaciones en la región, incluyendo el cierre parcial de la Costa Verde y la suspensión de actividades en diversas playas y puertos. Según informó la Municipalidad del Callao, las condiciones marítimas extremas han obligado a tomar medidas preventivas para garantizar la seguridad de los ciudadanos y mitigar los daños en la infraestructura local.

De acuerdo con el reporte, el oleaje arrastró piedras y escombros hacia los carriles de la Costa Verde, específicamente en el tramo que va desde Chucuito hasta la avenida Santa Rosa, en el distrito de La Perla. Esta situación ha provocado el cierre temporal de la vía en sentido norte-sur, mientras personal de limpieza trabaja en la remoción de los materiales acumulados. Las autoridades locales han señalado que el tránsito vehicular permanecerá restringido en esta zona hasta que las condiciones del mar se estabilicen y se complete la limpieza de las vías.

Cierre de la Plaza Grau y tres playas

El impacto del oleaje no se limitó a las vías de tránsito. Según detalló la Municipalidad del Callao, la Plaza Grau, uno de los puntos más emblemáticos del distrito, amaneció inundada, lo que ha llevado a las autoridades a restringir el acceso de visitantes al menos hasta la próxima semana. Además, se ha ordenado el cierre de las playas Abtao, La Arenilla, Santa Rosa y Cantalao, como medida preventiva ante el riesgo que representan las condiciones marítimas actuales.

Estas restricciones no solo afectan a los residentes y turistas que frecuentan estas áreas, sino también a las actividades económicas que dependen del acceso al mar. Según el comunicado oficial, se ha prohibido la salida de embarcaciones turísticas y pesqueras desde cualquier playa o puerto del distrito, lo que ha dejado a más de 3.000 pescadores y a numerosos negocios locales en una situación crítica.

Coordinación con la Marina de Guerra del Perú

En respuesta a esta emergencia, la Municipalidad del Callao ha informado que se encuentra en constante coordinación con la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú para monitorear el estado del mar y adoptar medidas adicionales en caso de ser necesario. Según el comunicado emitido por la Marina, el oleaje moderado proveniente del noroeste, que afecta actualmente a las costas desde Tumbes hasta Salaverry, se intensificará a fuerte durante la madrugada, aunque se espera que disminuya progresivamente a moderado y luego a ligero en la mañana del lunes 27 de enero.

El informe también señala que las condiciones marítimas podrían estar influenciadas por la fase lunar actual. Actualmente, la luna se encuentra en cuarto menguante y se espera que entre en fase de luna nueva el lunes 27 de enero. Este fenómeno podría contribuir al incremento del nivel de la marea en algunas zonas costeras, lo que agrava la situación en regiones vulnerables como el Callao.

Impacto económico y social

El cierre de playas y la prohibición de actividades marítimas han generado un impacto significativo en la economía local. Más de 3.000 pescadores, que dependen directamente de la actividad pesquera, se han visto gravemente afectados, al igual que los negocios que operan en torno al turismo y la gastronomía en la zona. Estas medidas, aunque necesarias para garantizar la seguridad de la población, representan un duro golpe para las familias que dependen de estas actividades para su sustento diario.

Por otro lado, el cierre de la Costa Verde en el tramo afectado ha generado inconvenientes para los conductores que utilizan esta vía como una de las principales rutas de conexión en la región. Las autoridades han instado a los ciudadanos a tomar precauciones y a utilizar rutas alternas mientras se realizan los trabajos de limpieza y se espera la normalización de las condiciones marítimas.

El emporio comercial Gamarra, conocido como el más grande de Perú, está listo para dar un paso significativo hacia la digitalización. La Asociación de Empresarios Gamarra Perú ha anunciado el lanzamiento de una plataforma de comercio electrónico que permitirá a los consumidores adquirir productos al por mayor y menor de manera completamente virtual. Este proyecto, que busca modernizar la experiencia de compra, estará disponible en una fase de prueba durante el Día de la Madre, una de las temporadas más importantes para el comercio en el país.

La nueva plataforma no solo facilitará las compras en línea, sino que también incluirá un mapa interactivo que ayudará a los usuarios a ubicarse dentro de las numerosas galerías que conforman Gamarra. Este recurso busca resolver uno de los principales desafíos del emporio: su compleja distribución, que a menudo resulta confusa para los visitantes. Además, el servicio será gratuito, lo que permitirá a los empresarios, micro y pequeñas empresas (mypes) de todo el país conectarse con proveedores y acceder a una oferta más amplia sin necesidad de desplazarse físicamente.

Un impulso para las mypes y el comercio digital

Susana Saldaña, presidenta de la Asociación de Empresarios Gamarra Perú, destacó que esta iniciativa tiene como objetivo principal fortalecer la conexión entre las mypes y sus proveedores. Según explicó, la plataforma busca atraer a un segmento de consumidores que priorizan la comodidad de realizar compras desde cualquier lugar, lo que representa una oportunidad para que los negocios de Gamarra amplíen su alcance y diversifiquen sus canales de venta.

El comercio electrónico ha demostrado ser una herramienta clave para el crecimiento de las empresas en Perú. Según el medio, categorías como Moda y Belleza se encuentran entre las más demandadas en el ámbito digital, lo que posiciona a Gamarra como un actor estratégico para satisfacer estas necesidades. Además, la participación en eventos de comercio electrónico como los Cyber Wow podría permitir a los negocios duplicar o incluso triplicar sus ventas en comparación con días regulares.

El crecimiento del comercio electrónico en Perú

El auge del comercio digital en Perú ha sido impulsado por diversos factores, entre ellos la alta penetración de internet y el acceso masivo a dispositivos móviles. Según Marilea Saldarriaga , Country Manager de Flow Pagos, detalló en Caretas, cada vez más peruanos utilizan sus teléfonos inteligentes para realizar compras en línea, lo que ha transformado los hábitos de consumo en el país. La diversidad de productos disponibles y la sofisticación de las plataformas digitales han contribuido a consolidar esta tendencia.

Saldarriaga también señaló que la confianza en las transacciones digitales ha mejorado gracias a innovaciones tecnológicas como la tokenización, el open banking y las soluciones basadas en blockchain. Estas herramientas no solo garantizan la seguridad de las operaciones, sino que también las hacen más rápidas y personalizadas. Además, la incorporación de métodos de pago más variados, como billeteras digitales y opciones de financiamiento, ha reforzado la confianza de los consumidores en el comercio electrónico.

Un mercado en transformación

El lanzamiento de la plataforma de Gamarra refleja un momento de transformación digital en el comercio peruano. Según destacó La República, esta iniciativa no solo busca modernizar el emporio comercial, sino también posicionarlo como un referente en el ámbito digital. La creciente madurez del mercado y la adopción de tecnologías innovadoras están marcando el camino hacia un futuro donde el comercio electrónico jugará un papel central en la economía del país.

Con esta apuesta por la digitalización, Gamarra no solo se adapta a las nuevas demandas del mercado, sino que también abre la puerta a nuevas oportunidades para empresarios y consumidores. La fase de prueba durante el Día de la Madre será clave para evaluar el funcionamiento de la plataforma y realizar los ajustes necesarios antes de su implementación definitiva.

El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) ha expresado su rechazo a una reciente contrarreforma implementada en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), que pone en riesgo la autonomía de este medio público. De acuerdo con el CPP, el nuevo reglamento, aprobado mediante un Decreto Supremo, elimina los contrapesos institucionales que anteriormente protegían al IRTP de posibles presiones gubernamentales, lo que podría facilitar injerencias políticas en su funcionamiento.

El cambio más significativo radica en la eliminación de las dos principales instancias de gobierno corporativo del IRTP: el Consejo Directivo y la Presidencia Ejecutiva. Estas estructuras han sido reemplazadas por una figura denominada “jefatura”, que concentra el poder en una sola persona. Según detalló el CPP, el esquema anterior, compuesto por cinco profesionales entre ambas instancias, garantizaba un nivel de jerarquía y consenso interno que ahora se pierde. La nueva estructura, al depender directamente de la Presidencia de la República y el Ministerio de Cultura, carece de los balances necesarios para evitar posibles presiones políticas.

Amenazas a la independencia del IRTP

El CPP ha señalado que este cambio resulta especialmente preocupante debido a denuncias previas de censura y presiones políticas dentro del IRTP. Según el Consejo, el canal y la radio pública, que deberían representar a todos los peruanos, corren el riesgo de convertirse en herramientas al servicio del gobierno de turno. La eliminación de los contrapesos institucionales, que anteriormente obligaban a la toma de decisiones mediante consensos y mecanismos democráticos internos, podría debilitar aún más la independencia de este medio estatal.

El Consejo también destacó que el esquema anterior protegía al Presidente Ejecutivo del IRTP de posibles injerencias externas, al contar con un Consejo Directivo que actuaba como un órgano colegiado. Ahora, con la figura de la jefatura, esta protección desaparece, dejando al IRTP más expuesto a las decisiones unilaterales del Ejecutivo.

Una propuesta ignorada por las autoridades

Hace cuatro meses, el Consejo de la Prensa Peruana presentó un anteproyecto de ley con el objetivo de fortalecer la independencia y autonomía del IRTP. Esta propuesta incluía medidas para blindar al instituto frente a presiones políticas y garantizar su funcionamiento como un medio público al servicio de la ciudadanía. Según informó el CPP, el documento fue enviado al Despacho Presidencial, al Ministerio de Cultura y a la Presidencia del Consejo de Ministros, pero no recibió respuesta de las dos últimas entidades.

Finalmente, el anteproyecto fue asumido por el congresista Carlos Anderson, quien realizó algunas modificaciones antes de presentarlo. Sin embargo, el CPP manifestó su sorpresa al observar que, en lugar de avanzar en la dirección propuesta, el gobierno aprobó un nuevo reglamento que, según el Consejo, va en sentido contrario al fortalecimiento de la independencia del IRTP.

Críticas al proceso de aprobación del nuevo reglamento

El CPP también cuestionó el proceso mediante el cual se aprobó el nuevo reglamento del IRTP. Según la organización, la aprobación mediante Decreto Supremo se realizó sin consultar a actores clave ni abrir un espacio para el debate público. El Consejo lamentó que no se les haya invitado a presentar su propuesta ni a emitir una opinión sobre los cambios, a pesar de haber trabajado en un proyecto que buscaba precisamente garantizar la autonomía del IRTP.

El Consejo de la Prensa Peruana subrayó que los peruanos merecen un canal y una radio públicos que operen con independencia y transparencia, alejados de cualquier tipo de influencia política. En este sentido, calificaron los recientes cambios como un retroceso que compromete la misión del IRTP como medio de comunicación público.

El CPP ha instado a las autoridades a reconsiderar el nuevo reglamento y a abrir un espacio de diálogo para discutir el futuro del IRTP. Según el Consejo, es fundamental que se adopten medidas que garanticen la independencia de este medio público, en lugar de debilitarla. Asimismo, reiteraron la importancia de que el IRTP opere como un canal y una radio al servicio de todos los peruanos, y no como una herramienta de propaganda gubernamental.

Once congresistas enfrentan una denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación, que los acusa de haber favorecido indebidamente la aprobación de un proyecto de ley que les permitió recibir simultáneamente sueldo y pensión sin restricciones a parlamentarios militares y policías retirados.

Según informó la Fiscalía, la denuncia fue interpuesta ante el Congreso de la República y está dirigida contra quienes integraron la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas durante el período 2021-2022.

De acuerdo con la Fiscalía, los congresistas involucrados son José Daniel Williams Zapata, Jorge Carlos Montoya Manrique, Roberto Enrique Chiabra León, José Ernesto Cueto Aservi, Alfredo Azurín Loayza, Hamlet Echevarría Rodríguez, Américo Gonza Castillo, Carmen Patricia Juárez Gallegos, Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu, Pedro Martínez Talavera y Lucinda Vásquez Vela. A todos ellos se les atribuye el presunto delito de negociación incompatible, en perjuicio del Estado peruano.

La denuncia se centra en el dictamen relacionado con el Proyecto de Ley N.° 319/2021-CR, que fue aprobado con un texto sustitutorio. Según la Fiscalía, esta normativa permitió que cinco de los congresistas denunciados, quienes además son pensionistas de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú, pudieran percibir simultáneamente su sueldo como legisladores y su pensión como jubilados, sin ningún tipo de límite o restricción en el monto total.

Entre los beneficiados por esta medida se encuentran José Daniel Williams Zapata, Jorge Carlos Montoya Manrique, Roberto Enrique Chiabra León y José Ernesto Cueto Aservi, quienes son pensionistas de las Fuerzas Armadas, así como Alfredo Azurín Loayza, pensionista de la Policía Nacional. Según la denuncia, estos congresistas habrían actuado en su propio beneficio al interesarse directamente en la aprobación de la norma

Los privilegios económicos

Los legisladores José Williams, Jorge Montoya, José Cueto, Roberto Chiabra y Alfredo Azurín habían renunciado inicialmente a sus pensiones al asumir sus cargos en el Congreso en 2021; sin embargo, modificaciones a la Ley N.º 19846 les permitieron percibir tanto su sueldo congresal como una pensión por sus anteriores roles en las fuerzas armadas o la policía.

Esta reforma fue promovida inicialmente por la legisladora María del Carmen Alva y sufrió diversas alteraciones en la Comisión de Defensa Nacional, en la que los mismos beneficiarios formaban parte, para incluir excepciones como la eliminación del tope salarial y su aplicación a cargos de elección popular.

Una investigación de IDL Reporteros reveló que estas modificaciones fueron aprobadas a pesar de que beneficiaban directamente a sus impulsores, quienes participaron en los debates y votaciones. Aunque algunos de ellos optaron por abstenerse formalmente en la sesión plenaria del 28 de abril de 2022, se documentó que también promovieron activamente la prioridad del proyecto.

El proyecto legislativo permitió a los legisladores acceder a montos que ascienden hasta los 34,500 soles, plantea cuestionamientos éticos y legales sobre el uso del poder congresal para beneficios personales, generando amplias críticas desde diversos sectores de la opinión pública.

Perjuicio al Estado

La Fiscalía de la Nación sostiene que las acciones de los congresistas denunciados constituyen un agravio al Estado, ya que habrían utilizado su posición como integrantes de la Comisión de Defensa Nacional para promover una legislación que favorecía sus intereses personales. Este tipo de conducta, según la denuncia, encuadra en el delito de negociación incompatible, que sanciona a los funcionarios públicos que se interesan indebidamente en asuntos en los que tienen un conflicto de interés.

La denuncia también pone de relieve el impacto económico que esta medida podría tener para el Estado peruano, al permitir que los legisladores beneficiados acumulen ingresos provenientes de dos fuentes públicas sin restricciones.

Los trabajadores y pensionistas del sector público que reciben sus ingresos en el Banco de la Nación pueden solicitar el Préstamo Clásico Multired, de libre disponibilidad, en cualquier agencia. Este préstamo permite acceder a montos de hasta S/ 99.999, con plazos de hasta 72 meses según evaluación crediticia y condiciones específicas.

El desembolso es directo a la cuenta de ahorros en el banco, y las cuotas incluyen intereses, comisión y amortización del capital, pudiendo pagarse en ventanilla o descontarse automáticamente desde la cuenta de ahorros del solicitante.

Entre los beneficios del préstamo destacan la posibilidad de renovarlo pagando solo el 5% del capital vigente, solicitar periodos de gracia en abril y diciembre, y acceder al crédito sin aval sujeto a evaluación crediticia. Las tasas de interés son competitivas, con una TCEA desde 14,61% y TEA de 12,99%, ajustadas a los montos, plazos y situaciones contractuales, como nombrados o CAS.

Estos son los montos y plazos según la edad

El Préstamo Multired Clásico está diseñado para quienes deseen acceder a montos que oscilan entre S/ 300 y S/ 99.999, de acuerdo con las características específicas mencionadas.

1. En cuanto a los plazos de pago, los clientes que soliciten un préstamo con un periodo máximo de 60 meses podrán hacerlo “hasta el mismo día que cumplan 60 años”, con un importe disponible entre S/ 300 y S/ 99.999.
2. Para aquellos que se encuentren en el rango de “60 años hasta un día antes de cumplir 75 años”, el importe máximo disponible desciende, permitiendo solicitudes de S/ 300 a S/ 40.000. Una estructura similar se aplica a los plazos que alcanzan los 48, 36 y 24 meses, aunque ajustados al aumento gradual de edad de los solicitantes.
3. A partir de 78 años o más, el importe máximo permitido baja considerablemente. Para este grupo, los montos otorgables se limitan a entre S/ 300 y S/ 3.000, siempre sujeto a las normativas internas de evaluación crediticia.

Préstamo a trabajadores CAS

Un aspecto relevante para los asalariados regidos por el Contrato Administrativo de Servicios (CAS) es que los plazos máximos de estas operaciones se limitan a 36 meses, mientras que para otros plazos existe la opción de un “periodo de gracia sin amortización, ni pago de intereses en los meses de abril y diciembre”. En este sentido, la entidad se muestra flexible ante las particularidades de este segmento de clientes.

Pasos para solicitar un préstamo en el Banco de la Nación

• Precalificación Escribe al WhatsApp 966 216 942 con tu número de DNI y consulta si calificas para acceder al préstamo. Si no calificas en esta etapa, no podrás continuar con el proceso.
• Dirígete a la entidad Si logras la precalificación, acércate a la agencia más cercana del Banco de la Nación (en Lima o provincias) dentro del horario de atención establecido.
• Evaluación crediticia Presenta los documentos requeridos ante el personal del banco. Según la evaluación, podrías acceder a un préstamo con un monto y plazo específico.
• Desembolso del préstamo Si tu solicitud es aprobada, el monto será depositado directamente en tu cuenta de ahorros del Banco de la Nación. Firmarás los documentos contractuales que el personal entregará para completar la operación.

Requisitos

• Documentos personales: DNI original o carnet de extranjería (con copia). Tarjeta de débito del Banco de la Nación.
• Documentación laboral: Última boleta de pago física o virtual con una antigüedad no mayor a 4 meses. Para trabajadores CAS contratados desde el 10/03/2021, presentar el último contrato original y las adendas correspondientes o copias fedateadas, que acrediten una antigüedad laboral mínima de 13 meses.
• Calificación crediticia: Tener una calificación “Normal”, “No definida” o “No reportado” en la Central de Riesgos (SBS).

El Perú ocupa el tercer lugar en Sudamérica como uno de los países con mayor riesgo de sufrir desastres naturales, de acuerdo con el World Risk Index 2023, que le asigna un índice de riesgo de 27,1. Este indicador mide tanto la exposición de la población a fenómenos naturales extremos como la vulnerabilidad social, evidenciando que el país enfrenta graves desafíos debido a su ubicación geográfica, su alta biodiversidad y los efectos cada vez más intensos del cambio climático. Entre los desastres naturales de mayor impacto, las inundaciones destacan como una de las principales amenazas, afectando a miles de familias cada año, seguido de deslizamientos de tierra, sequías y huaicos.

América Latina, región a la que también pertenece Perú, es una de las áreas más afectadas por el cambio climático a nivel mundial. Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), solo en 2023, 11 millones de personas en la región sufrieron directamente los efectos de fenómenos climáticos extremos, resultando en pérdidas económicas que ascienden a 21.000 millones de dólares.

En Perú, dichos efectos se manifiestan a través de eventos como el derretimiento acelerado de los glaciares andinos, la intensificación de lluvias que resultan en devastadoras inundaciones y la prolongación de sequías que impactan severamente la seguridad alimentaria. Estos fenómenos amenazan comunidades enteras, comprometiendo incluso el acceso al agua potable, el desarrollo económico y la salud pública.

El impacto del cambio climático también se extiende al ámbito agrícola, uno de los sectores más vulnerables en Perú debido a su alta dependencia de patrones climáticos estables. Las alteraciones en las lluvias, combinadas con el aumento de las temperaturas, han reducido la productividad agrícola en zonas clave.

Inseguridad alimentaria por factores climáticos

Este escenario no solo afecta los ingresos de los pequeños agricultores, sino que también incrementa las tasas de inseguridad alimentaria, un problema que afecta al 38 % de la población latinoamericana, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En territorios como los Andes peruanos, el retroceso de los glaciares compromete las fuentes de agua esenciales para la agricultura de subsistencia y el riego de cultivos, lo que agrava las desigualdades sociales y económicas en comunidades rurales.

Las lluvias intensificadas por fenómenos como El Niño representan otra gran preocupación. En Perú, estas condiciones meteorológicas han causado daños en infraestructura vial, viviendas, áreas agrícolas y vías de comunicación. Los huaicos, que se generan por la combinación de lluvias torrenciales y suelos inestables, han arrasado con comunidades enteras en zonas vulnerables, dejando tras de sí un saldo de muertes, desplazamientos y elevados gastos en reconstrucción.

Impactos en la migración

Un aspecto alarmante es el impacto del cambio climático en la migración forzada. Según el Banco Mundial, se estima que para 2050 más de 140 millones de personas en América Latina podrían convertirse en migrantes climáticos, desplazados por desastres naturales o la pérdida de tierras agrícolas. En Perú, comunidades ubicadas en zonas rurales y de alta montaña ya están experimentando este fenómeno. El desplazamiento interno hacia zonas urbanas incrementa la presión sobre los recursos en las ciudades, agrava las desigualdades y genera tensiones sociales debido a la falta de preparación de las instituciones para gestionar este tipo de crisis climáticas.

En este contexto, es fundamental analizar las implicancias políticas del cambio climático, especialmente en países como Perú, donde las profundas brechas sociales y económicas dificultan el desarrollo de respuestas institucionales eficaces. Las comunidades más vulnerables, aquellas con menor acceso a servicios básicos, suelen ser las más afectadas por los desastres naturales, lo que eleva el riesgo de descontento social, protestas o conflictos por recursos limitados, como el agua y la tierra.

El impacto de estos fenómenos naturales y climáticos subraya la urgencia de tomar medidas proactivas. En Perú se debe priorizar políticas que aseguren la sostenibilidad local, como programas de reforestación, mejora del acceso al agua y la promoción de prácticas agrícolas adaptativas que reduzcan la dependencia de patrones climáticos adversos.

Según un informe reciente de la Contraloría General de la República, el desabastecimiento de medicamentos afecta a 26 de los 27 hospitales y centros médicos del Seguro Social de Salud (EsSalud) supervisados en 14 regiones del país. Esta situación, detectada durante visitas de control realizadas entre el 20 y el 27 de noviembre de 2024, pone en riesgo la atención oportuna de los pacientes, especialmente aquellos con enfermedades graves como VIH, cáncer y otras patologías que requieren tratamientos especializados.

El informe detalla que el 85% de las farmacias de los establecimientos inspeccionados, es decir, 23 de 27, carecían de algunos medicamentos esenciales. Además, el 78% de estos centros tenía un stock de fármacos inferior a dos meses de consumo promedio mensual, lo que podría dificultar la cobertura de la demanda de los asegurados. Entre los hospitales más afectados se encuentran el Hospital Edgardo Rebagliati Martins en Lima, el Hospital III Yanahuara y el Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo en Arequipa, así como el Hospital Daniel Alcides Carrión en Tacna.

Ante las observaciones de la Contraloría, EsSalud emitió un comunicado en el que reconoció el rol fiscalizador del organismo, pero expresó su preocupación por el impacto que el informe podría tener en la percepción de los asegurados. Según EsSalud, la presentación de los hallazgos podría generar alarma innecesaria y afectar la confianza en los servicios de salud.

La institución aseguró que garantiza el abastecimiento continuo de medicamentos en todo el país y que sus procesos se realizan de manera dinámica y permanente, cumpliendo con la normativa de contrataciones del Estado. Además, destacó que, frente a eventuales escaseces, demoras o nulidades en los procesos de abastecimiento, se implementan estrategias inmediatas como la redistribución de medicamentos entre redes, adelantos de entregas y compras directas. Estas medidas buscan asegurar que las necesidades de los asegurados sean atendidas sin interrupciones.

EsSalud también reafirmó su compromiso con el bienestar de los asegurados y con la gestión transparente y eficiente de los recursos destinados a su atención. Asimismo, señaló que continuará trabajando para atender las observaciones planteadas por la Contraloría y garantizar la disponibilidad de medicamentos en sus establecimientos.

Medicamentos próximos a vencer y pérdidas económicas

La Contraloría también inspeccionó 13 almacenes centrales de redes asistenciales de EsSalud en regiones como Cajamarca, Áncash, Lima, Lambayeque, San Martín, Puno y Junín. De estos, 10 presentaron medicamentos, insumos médicos y productos sanitarios con un stock superior a seis meses, lo que representa un valor de S/ 36.626.726 en riesgo de vencimiento.

Cinco de estos almacenes, correspondientes a las redes de Cajamarca, Almenara, Rebagliati, Sabogal y Arequipa, tienen medicamentos con fechas de expiración próximas, lo que podría ocasionar un perjuicio económico de S/ 1.783.110. Además, los almacenes de las redes asistenciales de los hospitales Edgardo Rebagliati y Alberto Sabogal en Lima, así como la red de Puno, también reportaron desabastecimiento de ciertos medicamentos.

La Contraloría subrayó que esta situación ocurre a pesar de la existencia de la directiva n.°017-GG-ESSALUD-2010, que establece que, al detectarse un abastecimiento superior a tres meses, deben tomarse medidas como la redistribución de medicamentos a otros centros médicos y la suspensión de órdenes de compra.

Hospitales y centros médicos supervisados

El informe de la Contraloría incluyó una lista detallada de los hospitales y centros médicos supervisados, entre los que se encuentran el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo en Lambayeque, el Hospital Daniel Alcides Carrión en Tacna y el Hospital III Yanahuara en Arequipa. También se inspeccionaron centros de atención primaria como el CAP III Metropolitano Tacna y el CAP III Metropolitano Ayacucho, entre otros.

En cuanto a los almacenes centrales, se evaluaron instalaciones en redes asistenciales de regiones como Cajamarca, Áncash, Lima, Lambayeque, San Martín, Puno y Junín. Entre los almacenes inspeccionados se encuentran los de las redes Cajamarca, Almenara, Rebagliati, Sabogal y Arequipa, que presentaron problemas tanto de desabastecimiento como de sobreabastecimiento de medicamentos.

En un fallo emitido el 15 de enero de 2025, la Sala Mixta Descentralizada de Canchis de la Corte Superior de Justicia de Cusco determinó que la minera Antapaccay, perteneciente al conglomerado Glencore, vulneró los derechos fundamentales de la comunidad campesina de Huisa, ubicada en la provincia de Espinar, región Cusco. La sentencia, que corresponde a un proceso de amparo iniciado en 2015, establece que los derechos reconocidos en la Constitución peruana y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) fueron transgredidos.

Según informó el medio, el fallo judicial señala que la minera, junto con el Ministerio de Energía y Minas, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros y el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), incurrieron en la vulneración de derechos relacionados con la consulta previa, el territorio, los recursos naturales y la autodeterminación de los pueblos indígenas. La resolución también ordena la realización de una consulta posterior al estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto minero, así como de las actividades actuales de explotación en el proyecto Antapaccay – Expansión Tintaya.

Derechos vulnerados según la sentencia

El fallo de la Sala Mixta de Canchis detalla que los derechos vulnerados incluyen el derecho a la consulta previa, libre e informada, el derecho al territorio y la propiedad comunal, el uso y disfrute de los recursos naturales esenciales para la subsistencia, la elección del modelo de desarrollo y el proyecto de vida colectivo, así como la autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas. Estos derechos están protegidos tanto por la legislación nacional como por tratados internacionales ratificados por el Perú, como el Convenio 169 de la OIT.

La sentencia también establece que la consulta previa debió realizarse antes de la aprobación del proyecto minero y de las actividades de explotación en el área. En este sentido, la Sala ordena que se lleve a cabo una “consulta ex-post” para evaluar el impacto ambiental y social del proyecto en curso, que incluye un tajo y un botadero ubicados en el distrito de Espinar.

Limitaciones del fallo: solo se reconoció la vulneración de derechos

Aunque la comunidad campesina de Huisa solicitó la anulación de todos los actos administrativos relacionados con el proyecto minero debido a la falta de consulta previa, el fallo no accedió a este pedido. Según el medio, la Sala declaró fundada únicamente la parte de la demanda que reconocía la vulneración de derechos, pero desestimó otros requerimientos importantes.

Entre los pedidos rechazados se encuentran la nulidad de los actos administrativos que no fueron consultados, la exigencia de un proceso de consulta previa por parte del INGEMMET y el Ministerio de Energía y Minas, y la inaplicación de normas legales que permiten la notificación de concesiones mineras a través del Diario Oficial El Peruano.

Antecedentes de afectaciones a comunidades campesinas

El conflicto entre la comunidad de Huisa y la minera Antapaccay no es un caso aislado. En 2019, un fallo de la Corte Superior de Justicia del Cusco ordenó al Ministerio de Salud implementar un programa de atención médica y vigilancia epidemiológica para las comunidades afectadas por la actividad minera en Espinar, incluida Huisa. Este programa debía incluir monitoreo constante de la calidad del agua y asistencia sanitaria para identificar a personas expuestas a contaminación por metales pesados.

Además, entre 2022 y 2023, informes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) vincularon directamente las operaciones de la minera Antapaccay con casos de contaminación ambiental en Espinar. Según el medio, uno de estos informes, identificado como 438-2022-OEFA/DEAM-STECl, reveló concentraciones de material particulado (PM10) que superaban los estándares de calidad ambiental. Este polvo tóxico, según el OEFA, se originaría en las actividades mineras de Antapaccay, afectando el aire, el agua y la vegetación de la zona.

Sobre el proyecto Antapaccay – Expansión Tintaya

El proyecto Antapaccay – Expansión Tintaya, operado inicialmente por XSTRATA Tintaya S.A., comprende actividades de explotación minera en un tajo y un botadero ubicados en Espinar. Estas operaciones han sido objeto de controversia desde hace años debido a su impacto ambiental y social en las comunidades campesinas cercanas.

La comunidad de Huisa, junto con la Federación Unificada de Comunidades Campesinas de Espinar (FUCAE) y con el apoyo de organizaciones como el Instituto de Defensa Legal (IDL) y Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), presentó la demanda de amparo en 2015. Este proceso buscaba proteger los derechos colectivos de la comunidad frente a las actividades mineras que, según los demandantes, se llevaron a cabo sin consulta previa y con graves consecuencias para su territorio y recursos naturales.

El Poder Judicial ha emitido una orden de impedimento de salida del país por un periodo de 24 meses contra el abogado José Luis Castillo, quien está siendo investigado por su presunta vinculación con ‘Los cuellos blancos del puerto’.

Castillo Alva enfrenta acusaciones por los delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias por su presunto liderazgo en “Cuellos Blancos” y obtener ventajas para clientes como Joaquín Ramírez, exsecretario de Fuerza Popular, aprovechando su relación con el exjuez César Hinostroza.

La medida fue dictada por la jueza Soledad Barrueto, quien notificó a la Policía Nacional del Perú y a la Superintendencia Nacional de Migraciones para garantizar su cumplimiento. La orden estará vigente hasta el 30 de diciembre de 2026.

La decisión judicial responde a un requerimiento presentado por el Primer Despacho Supraprovincial del Equipo Especial de Fiscales, encargado de investigar este caso de corrupción. Inicialmente, el despacho fiscal había solicitado que el impedimento de salida del país se extendiera por un plazo de 36 meses. Sin embargo, la jueza Barrueto declaró fundado el pedido solo en parte, reduciendo el periodo a 24 meses.

En respuesta a la decisión judicial, el abogado José Luis Castillo presentó un recurso de apelación con el objetivo de que una instancia superior revoque la medida. La defensa busca que se declare infundado el requerimiento fiscal que inicialmente solicitaba un impedimento de salida por 36 meses. Este recurso fue admitido por la jueza Soledad Barrueto el 13 de enero, quien dispuso su remisión a la Sala Penal de Apelaciones Nacional correspondiente.

El vínculo con Patricia Benavides

El Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop) tiene en sus manos un revelador testimonio que expone presuntos nexos entre la exfiscal de la Nación Patricia Benavides y el abogado José Luis Castillo Alva, también conocido como “Pepe Lucho”, quien es investigado por su implicación en el caso “Cuellos Blancos”. El exfiscal Jorge Vargas Sueldo declaró el 2 de mayo de este año ante el fiscal Christian Niño Torres, jefe del equipo N°3 de Eficcop, confirmando detalles de esta conexión, según reveló IDL Reporteros

Vargas Sueldo, quien pasó por el Ministerio Público entre 2018 y 2022, relató haber sido objeto de presiones poco después de asumir como fiscal provincial del Primer Despacho del Equipo Especial “Cuellos Blancos” en julio de 2023. Según su testimonio, Miguel Girao, entonces asesor de Benavides, lo invitó a una reunión donde se encontraba Castillo Alva, investigado por delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

El encuentro tuvo lugar en un departamento en San Isidro, donde, según Vargas Sueldo, el abogado solicitó medidas en beneficio de su caso, expresando su descontento con decisiones del fiscal Andy Junior Rodríguez, predecesor de Vargas Sueldo. Castillo Alva habría mostrado especial preocupación por la citación a policías que realizaron videovigilancias vinculadas a su investigación en “Cuellos Blancos”. Vargas Sueldo, sintiéndose presionado, rechazó el pedido, pero resaltó la importancia de dichos testimonios.

Presiones

Días después, Vargas Sueldo retomó los procedimientos para citar a los policías involucrados, pero en septiembre de 2023 su sucesora, Angie Tavara Roque, anuló estas disposiciones. La fiscal fue promovida al cargo titular por Benavides, en un contexto que ahora se investiga por presuntas irregularidades.

La defensa de Castillo Alva

Castillo Alva, actualmente en prisión preventiva, ha negado conocer a Vargas Sueldo y cuestiona la existencia de la reunión. Además, subraya que Miguel Girao, señalado como intermediario, estaría fuera del país en las fechas indicadas. Sin embargo, el exfiscal sostiene que la cita ocurrió días posteriores a su designación, sin precisar una fecha exacta.

Un reciente informe del programa Punto Final reveló que más de 9,000 familias en condición de pobreza y pobreza extrema en Lima y Callao no recibieron el subsidio cruzado focalizado en sus tarifas de agua entre septiembre de 2022 y septiembre de 2024. Esta situación generó un perjuicio económico superior a los 2 millones de soles, afectando principalmente a hogares de distritos como Comas, Los Olivos, El Rímac, Independencia, San Martín de Porres, Puente Piedra y Carabayllo.

Según el informe, las irregularidades comenzaron a ser evidentes cuando los usuarios afectados notaron inconsistencias en sus recibos de agua. Algunos reportaron montos significativamente altos, mientras que otros recibieron facturas con un saldo de cero soles sin explicación previa.

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), la empresa Sedapal excluyó unilateralmente a estos beneficiarios del subsidio, lo que resultó en un cobro adicional promedio de 240 soles por familia durante el periodo señalado.

Sedapal niega haber retirado subsidios, pero reconoce errores en la aplicación

En respuesta a las acusaciones, Sedapal emitió un comunicado en el que negó haber retirado el subsidio a los usuarios beneficiarios. Según la empresa, la única entidad autorizada para determinar la condición de pobreza o pobreza extrema de los usuarios es Sunass, y no existen casos en los que Sedapal haya tomado decisiones unilaterales al respecto.

Sin embargo, la empresa reconoció que, durante un proceso de fiscalización realizado por Sunass en 2024, se identificaron errores en el registro de nuevos beneficiarios. Estos errores afectaron al 3.6% de la población beneficiaria actual, lo que equivale a más de 9,000 hogares en Lima y Callao.

Ante esta situación, Sedapal aseguró que ha iniciado la devolución de los montos cobrados en exceso. Según el comunicado, los ajustes se están reflejando en los recibos mensuales de los usuarios afectados, y la empresa ha informado sobre estos cambios a través de cartas y notificaciones en las facturas.

El subsidio cruzado focalizado: un beneficio esencial para familias vulnerables

El subsidio cruzado focalizado es un mecanismo implementado por Sunass para reducir las tarifas de agua de los hogares en condición de pobreza y pobreza extrema. En promedio, una familia beneficiaria consume 15 m³ de agua al mes, lo que equivale a un costo de 65 soles. Con el subsidio, estas familias deberían pagar aproximadamente 11 soles menos al mes.

Según datos de Sunass, el 17% de los usuarios de Sedapal en Lima califican para este beneficio. Sin embargo, las irregularidades detectadas en los últimos dos años dejaron a miles de hogares sin acceso a esta ayuda, incrementando su carga económica en un contexto de vulnerabilidad.

Impacto económico y posibles consecuencias para los usuarios

El informe de Punto Final también destacó que, de acuerdo con el Decreto Supremo 009-2024 del Ministerio de Vivienda, cualquier multa impuesta a Sedapal por estas irregularidades podría ser trasladada a las tarifas de los usuarios. Esto significa que, aunque en pequeñas fracciones, todos los consumidores podrían terminar asumiendo los costos derivados de los errores de la empresa.

Por su parte, Sedapal reafirmó su compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes y aseguró que trabaja en estrecha coordinación con Sunass para mejorar los mecanismos de aplicación del subsidio.

Recomendaciones para los usuarios afectados

Ante esta situación, Sunass ha instado a los usuarios a verificar si son beneficiarios del subsidio revisando sus recibos de agua. En estos documentos, debería figurar la categoría «usuario doméstico beneficiario». Además, las familias que consideren haber sido afectadas pueden presentar sus denuncias tanto ante Sedapal como ante Sunass para garantizar que reciban las devoluciones correspondientes.

El caso pone en evidencia la importancia de una gestión eficiente y transparente en la administración de los subsidios, especialmente cuando estos están dirigidos a los sectores más vulnerables de la población. Mientras tanto, miles de familias esperan que las devoluciones prometidas por Sedapal se concreten y que se implementen medidas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

En un nuevo episodio de tensiones políticas en el Congreso peruano, Alejandro Soto, expresidente del Parlamento, ha comunicado oficialmente su negativa a asistir a la Comisión de Fiscalización y Contraloría, presidida por el congresista Juan Burgos. La citación, programada para el jueves 23 de enero de 2025 a las 9 a. m. en la Sala Miguel Grau Seminario del Palacio Legislativo, buscaba que Soto respondiera por presuntas irregularidades durante su gestión, en relación con el caso de red de prostitución.

Sin embargo, el parlamentario ha argumentado que existen razones legales y éticas que le impiden comparecer ante dicho grupo de trabajo. Según un oficio enviado por Soto este lunes 20 de enero de 2025, el congresista sostiene que la Comisión de Fiscalización carece de facultades para investigarlo, señalando que las diligencias relacionadas con los casos en cuestión están siendo llevadas a cabo por la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, organismos que, según él, son los únicos competentes para abordar estas denuncias. Además, Soto ha cuestionado la imparcialidad de la comisión, acusando a su presidente, Juan Burgos, de actuar como juez y parte en el proceso.

Las razones detrás de la negativa de Soto

En el documento oficial, Soto expone cinco puntos principales que sustentan su decisión de no asistir. En primer lugar, menciona que la Contraloría General de la República ya está realizando investigaciones sobre la contratación de varios funcionarios durante su gestión, entre ellos Andrea Vidal Gómez, Isabel Cajo Salvador y Jorge Torres Saravia. Soto asegura que los informes de este organismo serán objetivos e imparciales, por lo que considera innecesario someterse a una investigación paralela por parte de la Comisión de Fiscalización.

En segundo lugar, el congresista argumenta que el presunto delito relacionado con una supuesta red de prostitución en el Congreso es competencia exclusiva del Ministerio Público, y no de la comisión parlamentaria

El tercer punto señalado por Soto se refiere a la falta de facultades de la Comisión de Fiscalización para investigar a congresistas, según lo dispuesto por un acuerdo del Consejo Directivo del 11 de abril de 2008. En este sentido, el parlamentario sostiene que la comisión no puede actuar como una comisión investigadora en este caso.

Asimismo, Soto destaca que Juan Burgos, presidente de la comisión, figura como testigo en la carpeta fiscal N° 406-2024, que investiga las denuncias en su contra. Según el oficio, esta situación compromete la imparcialidad de Burgos, quien no debería desempeñar un rol dual en el proceso.

Finalmente, Soto señala que Burgos ha sido denunciado penalmente ante la Fiscalía de la Nación por el delito de usurpación de funciones, al investigar asuntos que, según él, no son de su competencia. Este hecho, asegura, deslegitima aún más a la comisión y refuerza su decisión de no asistir.

Contexto de la citación y los casos investigados

La citación de Alejandro Soto por parte de la Comisión de Fiscalización tenía como objetivo abordar tres temas principales. Según el oficio enviado por la comisión, el primero de ellos es el presunto vínculo de Jorge Torres Saravia con una red de prostitución dentro del Congreso. Este caso ha generado gran repercusión mediática y ha puesto en el centro del debate la transparencia en las contrataciones realizadas durante la gestión de Soto.

El segundo tema está relacionado con el atentado contra Andrea Vidal Gómez, exservidora del Legislativo, un hecho que también ha sido objeto de investigaciones por parte de las autoridades competentes. Finalmente, la comisión buscaba esclarecer las circunstancias en torno a la contratación de personal durante el mandato de Soto, un aspecto que ha sido cuestionado por posibles irregularidades.

En el oficio de citación, la comisión subrayó que su labor se enmarca en la lucha contra la corrupción, de acuerdo con la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. Sin embargo, Soto ha rechazado cualquier responsabilidad en la designación de Torres Saravia, argumentando que las contrataciones administrativas fueron delegadas al entonces Oficial Mayor, Giovanni Forno.

Ocho horas después del atentado con explosivos en la sede del Ministerio Público en Trujillo, el Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que reafirmó su compromiso de combatir la delincuencia y garantizar la seguridad de las autoridades en Trujillo. Según el documento, el ministro Juan José Santiváñez, acompañado por el Alto Mando de la Policía Nacional del Perú (PNP), viajaría a la ciudad para implementar un plan de acción inmediato que incluye medidas estratégicas, operativas y de inteligencia.

El ataque a la sede fiscal sucedió la madrugada del lunes 20 de enero, ubicada en la avenida Jesús de Nazareth, a pocos minutos del Centro Histórico de la ciudad. Se conoce de por lo menos dos explosiones, una de ellas vinculada a un vehículo. Esto ocurre en medio del estado de emergencia decretado por el gobierno de la presidenta Dina Boluarte para combatir la delincuencia.

De acuerdo con el comunicado oficial del Ministerio del Interior (Mininter), el atentado es interpretado como una represalia de organizaciones criminales contra las autoridades, en respuesta a las acciones emprendidas para desarticular redes delictivas tanto nacionales como transnacionales. La institución aseguró que no retrocederá en su lucha contra el crimen y anunció el envío de un contingente de 100 efectivos especializados de las unidades Grecco y Diroes, provenientes de Lima, para reforzar la seguridad en Trujillo.

Fiscalía exige mayor protección tras el ataque

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, expresó su preocupación por la falta de medidas de seguridad para los fiscales y el personal administrativo del Ministerio Público.

“Pedimos al Ministerio del Interior que asigne inmediatamente toda la seguridad al Ministerio Público, que se resguarde la integridad de nuestros fiscales y personal administrativo. A nivel nacional estamos llevando casos muy delicados, y en el proceso de realizar diligencias e investigaciones corremos riesgos. Estamos desamparados ante la criminalidad”, afirmó Espinoza.

La fiscal también subrayó que las sedes del Ministerio Público en todo el país requieren protección urgente, dado que los casos que manejan involucran a organizaciones criminales de alto perfil, lo que incrementa los riesgos para el personal.

Una ola de criminalidad sin precedentes

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, calificó el pasado viernes que la situación actual en Perú como una “ola criminal nunca antes vista”. Este contexto ha llevado al gobierno a declarar el estado de emergencia en varias regiones del país, incluyendo La Libertad, donde se encuentra Trujillo.

El atentado contra la sede del Ministerio Público pone de manifiesto la magnitud del desafío que enfrenta el gobierno en su lucha contra el crimen organizado. Las autoridades han prometido intensificar los operativos policiales y reforzar la presencia de las fuerzas del orden en las zonas más afectadas, pero los recientes acontecimientos han generado preocupación entre la población y las instituciones encargadas de impartir justicia.

Creciente inseguridad y crimen en Trujillo

Trujillo, una de las principales ciudades del norte de Perú, se ha convertido en un foco de actividad delictiva en los últimos años. Las organizaciones criminales han extendido su influencia en la región, involucrándose en actividades como el narcotráfico, la extorsión y el sicariato.

El ataque a la sede del Ministerio Público no solo representa un desafío directo a las autoridades, sino que también evidencia la capacidad de estas organizaciones para operar con impunidad. Este hecho ha generado alarma entre los residentes y ha puesto en el centro del debate la necesidad de medidas más efectivas para garantizar la seguridad en la región.