Carol Borda, que hace parte de la bancada provida, señaló las posibles contradicciones éticas en congresistas que dicen defender a las mujeres, pero luego son vistas respaldar a hombres señalados por agresiones de género.

La intervención de la parlamentaria se produjo durante una sesión en la Comisión Primera de la Cámara, momento que posteriormente compartió en sus canales digitales para argumentar el distanciamiento que muchos sectores ciudadanos mantienen frente a los colectivos tradicionales del movimiento de mujeres.

En su declaración en el recinto legislativo, Borda sustentó las críticas que recaen sobre estas corrientes: “Esta es la razón por la cual tantas mujeres están siendo críticas con ese feminismo. Las mujeres sí usaron el sujeto político de la mujer para llegar a lugares y espacios de poder. Están protegiendo a un victimario. Ver a una mujer que dice ser feminista y defender los derechos de la mujer y atrás el victimario como lo que es, un cobarde detrás de una mujer diciendo: ‘Hay que dejarlo hablar’, al que ya había manifestado que borracho le pegaba a la mujer”.

La invitación de Isabel Zuleta a ‘Matador’ que sigue desatando críticas

La congresista hizo referencia a la invitación que la senadora Isabel Zuleta extendió al caricaturista Julio César González, conocido como “Matador”, para asistir al Congreso el 28 de octubre. Su presencia generó controversia por las críticas y señalamientos que realizó contra la primera dama, Ana Lucía Pineda, así como por los cuestionamientos sobre su comportamiento y sus antecedentes personales.

El rechazo de varios dirigentes políticos también estuvo relacionado con las acusaciones de misoginia por sus caricaturas sobre mujeres líderes políticas y con la denuncia que presentó su expareja Alejandra María Valencia por presunta violencia intrafamiliar tras un episodio de agresión física. Estos antecedentes reavivaron las críticas contra el caricaturista y su participación en el escenario legislativo.

El pronunciamiento de la congresista estuvo acompañado por un fragmento audiovisual en el que se aprecia el momento en que el senador Jota Pe Hernández confrontó en las instalaciones del Congreso al caricaturista y allí le decía: “Así le mandaba besos a su esposa y después la golpeaba”.

A partir de ese episodio en los pasillos legislativos, la representante de Salvación Nacional reprochó la falta de debate político de fondo y la utilización de ataques personales basados en sátiras gráficas para desacreditar a figuras públicas.

Sobre este asunto, Borda afirmó que la oposición acude al agravio ante la ausencia de argumentos: “Que no solamente por lo que ha pasado con la primera dama, que tiene indignado al país, la incapacidad del debate para atacarla de la forma que la ataca, porque como no hay argumentos, entonces utilizan las caricaturas que expresan que es un misógino y un machista declarado y está detrás de una mujer feminista”.

La legisladora arremetió de forma directa contra las dirigentes que asumieron la vocería de las causas de género en las corporaciones públicas: “Esas personas que dijeron que nos iban a representar, que hablaban en nombre de todas, que hoy promueven este color que aquí vemos pensando que todas pensamos igual”.

Carol Borda cuestionó el silencio de algunas dirigentes frente a las denuncias de violencia contra las mujeres

“A ese feminismo que no ha tenido la grandeza de poder pronunciarse sobre ese tema, o dicen: ‘No, nosotros lo rechazamos con un trino’, y no como les hemos visto hacer ese activismo político, digital, de confrontación, de incidencias. Allá deberían estar los pañuelos verdes haciendo plantón”, dijo la representante a la Cámara.

En su discurso, Borda resaltó que las banderas que promueven los colectivos de izquierda no agrupan la diversidad del pensamiento femenino en Colombia, señalando un doble rasero frente a conductas ocurridas en el entorno del gobierno anterior.

Al fijar esa posición ideológica, la representante aseveró: “El feminismo no nos representa a todos y mucho menos ese feminismo petrista que por tantos años se calló no solamente los mensajes, las indirectas, otras muy directas, del mismo presidente de la República, sino todas estas pruebas y, en vez de manifestarse en contra, lo que hacen es respaldar al misógino atrás”.

“Y esta es la razón por la cual vamos a seguir alzando la voz. Las mujeres que tenemos otra visión y otra forma de entender lo que significa ser mujer, no vamos a renunciar a nuestra voz y no vamos a dejar de dar los debates que son realmente relevantes”, dijo la congresista.

El representante a la Cámara Julio César Triana, por Cambio Radical, defendió la viabilidad del proyecto conocido como ‘Ley Anticapuchos’ tras su aprobación en primer debate en la Comisión Primera de la corporación.

Triana aseguró que la iniciativa no prohíbe cubrirse la cara durante una manifestación pacífica, sino que castiga penalmente a quienes ocultan su identidad para cometer actos vandálicos y destrozos en el espacio público.

El congresista aclaró que el articulado legislativo no criminaliza la protesta ciudadana, al responder a las críticas de sectores de oposición que advierten una vulneración de garantías constitucionales.

En una entrevista para el diario El Tiempo, Triana explicó cómo funcionará la figura jurídica en los tribunales: “Propone crear un nuevo tipo penal en la ley de Colombia, que es el ocultamiento de la identidad para realizar actos vandálicos en medio de una protesta. Este nuevo delito tiene tres elementos: que ocurra en medio de una protesta; que la persona oculte su rostro, con una capucha, una máscara o cualquier otro elemento; y, lo más importante, que realice actos vandálicos o violentos. Esto no criminaliza ni restringe la protesta”.

Lo que busca la Ley Anticapuchos para el país

El legislador marcó una línea divisoria para evitar abusos o interpretaciones erradas durante las jornadas ciudadanas, insistiendo en que el texto respeta los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre el derecho fundamental a marchar.

“Se ha tratado de tergiversar la ley diciendo que se criminaliza el uso de la capucha. No es así: una persona puede salir a una protesta y ocultar su rostro, como lo ha permitido la Corte Constitucional en distintas sentencias, siempre y cuando lo haga de manera pacífica”, se leyó del diálogo.

Triana contrastó las motivaciones de los manifestantes pacíficos frente a quienes salen a generar violencia: “Una cosa es usar la capucha para protegerse de los gases lacrimógenos o para ocultar la identidad porque no se quiere que lo vean, y otra muy distinta es utilizarla para delinquir, apuñalar funcionarios públicos, incendiar sistemas de transporte o violentar la propiedad privada y pública. Una persona puede usar capucha y participar en la protesta; si no incurre en esas actuaciones, no se le aplicará este tipo penal”.

Y es que el articulado contempla cinco puntos normativos que endurecen las sanciones legales y fijan límites estrictos contra las obstrucciones viales prolongadas que afecten derechos fundamentales.

Al detallar el castigo penitenciario, el parlamentario explicó: “La pena para quien oculte el rostro durante una protesta y cause actos vandálicos sería superior a los 54 meses. Lo mismo aplicaría para quienes se excedan en los bloqueos, vulneren derechos de los demás y afecten gravemente la prestación de un servicio público o la atención de una persona enferma. En ambos casos, la pena sería superior a los 54 meses y no sería excarcelable”.

“En otros países, como Italia y Guatemala, se prohíbe el uso de la capucha o el ocultamiento del rostro para marchar. Aquí no se prohíbe la capucha para marchar: se establece un tipo penal y un agravante para quien la use para delinquir y cometer actos vandálicos o criminales”, señaló el congresista para el medio en mención.

Julio César Triana respaldó los recortes del Gobierno en su propuesta de reforma tributaria

Durante la misma entrevista, el legislador fijó la posición de Cambio Radical frente a la ley de ajuste fiscal presentada por la administración de Abelardo de la Espriella: “Al iniciar la próxima semana tendremos una reunión de bancada con analistas y asesores económicos para fijar una posición”.

“Entendemos que el Gobierno de Abelardo de la Espriella encontró un país en crisis financiera, con una deuda que supera los $1.100 billones. Tenemos que decir, con responsabilidad, que todos los colombianos debemos asumir la crisis que dejó un grupo que gobernó este país”, explicó.

Triana respaldó las propuestas de austeridad burocrática del Ejecutivo: “En la ley de rescate encontramos tres elementos. El primero es un ajuste en los gastos del Gobierno, que nos parece importante. No puede ser posible que la Agencia Nacional de Tierras, que funcionaba con 1.400 contratistas en todo el territorio nacional, hubiera llegado a tener 11.000 en el gobierno anterior”.

“Hay que reducir esos contratos de prestación de servicios. También encontramos la propuesta de reducir el Estado, que nos parece importante: hay entidades con duplicidad de funciones y embajadas y consulados cuyos resultados vale la pena revisar”, señaló.

No obstante, el dirigente expresó sus reparos frente al impacto tributario sobre los hogares: “En cuanto a la carga impositiva, que es la manera de recoger recursos, tenemos que dar una discusión profunda. En el partido creemos —y algunos congresistas, entre los que me encuentro— que productos como el café no deben ser gravados con un impuesto del 19%, ni se deben adoptar medidas que afecten la canasta familiar de los colombianos”.

La representante a la Cámara por el Pacto Histórico María Fernanda Carrascal lanzó una advertencia directa al presidente Abelardo de la Espriella frente a la reforma tributaria, radicada en el Congreso de la República, al señalar que la ciudadanía podría retomar la movilización social en las calles en caso de que la iniciativa afecte el bolsillo de la clase trabajadora.

El proyecto, denominado oficialmente por el Poder Ejecutivo como “Ley de Rescate Fiscal y Económico”, inició su trámite legislativo con mensaje de urgencia para sesiones conjuntas en las comisiones económicas de Senado y Cámara, en medio de duros reparos de los sectores de oposición parlamentaria.

A través de la red social X, la congresista cuestionó las modificaciones sustanciales planteadas para las personas naturales y jurídicas, señalando que el articulado beneficia a los sectores con mayores capitales mientras traslada el costo del ajuste a los ingresos medios y bajos.

“La reforma tributaria, eufemísticamente bautizada como ‘Ley de Rescate Económico’, es una afrenta directa al bolsillo de la clase trabajadora colombiana. Resulta indignante que se elimine el impuesto al patrimonio de quienes superan los $3.770 millones y, al mismo tiempo, se reduzca la tarifa de renta a las empresas que más ganancias obtienen, pasando del 35% al 31%”, denunció la legisladora.

En su post, Mafe Carrascal puso de relieve el incremento en las cargas laborales y parafiscales, así como la ampliación del impuesto sobre las ventas a productos básicos de consumo diario: “Mientras se les aliviana la carga tributaria a los más ricos y a las grandes empresas, se pretende aumentar al 8 % la cotización a salud e imponer una nueva carga a quienes reciben ingresos de $5,5 millones mensuales, como si ese ingreso representara una fortuna (sic)”.

“Y, por si fuera poco, se propone gravar con IVA alimentos y productos de consumo cotidiano como el café, el azúcar, el aceite, las pastas, las verduras y la sal”, sostuvo la congresista del Pacto Histórico.

La advertencia sobre la movilización ciudadana como en 2021

La representante recordó el estallido social registrado en el país tras la propuesta fiscal que presentó el gobierno del expresidente Iván Duque, al enfatizar que la ciudadanía ya demostró su capacidad de freno legislativo ante iniciativas consideradas lesivas.

“El presidente Abelardo de la Espriella y su ministro Miguel Gómez parecen haber olvidado una lección de nuestra historia reciente: hace apenas unos años, millones de colombianos salimos a las calles y logramos frenar una reforma tributaria igualmente regresiva, que terminó con la salida del entonces ministro Alberto Carrasquilla”, afirmó la legisladora.

Asimismo, Carrascal manifestó que las organizaciones sociales y sindicales se encuentran en alerta para vigilar el debate legislativo en el Capitolio Nacional: “No olvidamos esa experiencia ni las razones que nos llevaron a movilizarnos. Si pretenden hacer que la clase trabajadora pague la cuenta mientras alivianan los impuestos de los más ricos, encontrarán un país dispuesto a defender sus derechos. Esa lucha ya la dimos y, si es necesario, volveremos a darla”.

De qué se trata la ‘Ley de Rescate Fiscal’

El proyecto radicado por la administración central consta de 105 artículos orientados a corregir un déficit fiscal de entre $40 y $45 billones, combinando una drástica contracción del gasto estatal con incentivos tributarios al sector corporativo.

Según el diseño del Gobierno, el 70% del ajuste provendrá del recorte del gasto burocrático, que contempla una reducción de hasta el 50% en contratos de prestación de servicios, el cierre de dependencias redundantes y la eliminación de viáticos y misiones superfluas en el exterior.

El 30% restante corresponderá a la reconfiguración tributaria, donde se propone generalizar el IVA a una tarifa general del 19% para productos actualmente excluidos, complementado con el mecanismo EfectIVA, un sistema diseñado para devolver este tributo a cerca de 19 millones de colombianos vulnerables.

La propuesta también reduce la tasa de renta corporativa y flexibiliza el gravamen a los grandes patrimonios para estimular la inversión privada, mientras amplía la base gravable para que personas naturales tributen a partir de ingresos de $5 millones.

El debate legislativo en torno al proyecto de rescate económico marcará la agenda del Congreso en las próximas semanas, donde las distintas bancadas definirán si respaldan los recortes propuestos o si exigen cambios en los artículos más sensibles para el consumo familiar.

La respuesta de la funcionaria se conoció el jueves 5 de noviembre de 2026 tras la difusión de un pronunciamiento del colectivo Sembrando Vida, en el que se acusó a la dirección de la entidad de promover el archivo de expedientes sobre predios públicos que involucran a dirigentes políticos señalados durante la administración anterior.

La controversia se originó el 3 de noviembre cuando la organización de la sociedad civil emitió una comunicación pública en la que alertó sobre supuestas directrices para detener los procesos agrarios sobre bienes estatales en diferentes zonas del país.

En su declaración, el colectivo ciudadano calificó como de máxima gravedad los presuntos hechos y exigió explicaciones formales a la administración de la ANT sobre los fundamentos jurídicos de las actuaciones adelantadas en relación con los terrenos baldíos de la Nación.

Asimismo, la organización advirtió que las investigaciones administrativas sobre predios de uso público no pueden suspenderse mediante decisiones discrecionales que vulneren los derechos de las comunidades rurales.

“Los baldíos son bienes de la Nación y deben servir para garantizar el acceso a la tierra de quienes la trabajan: las campesinas y los campesinos. Su defensa exige transparencia y respeto al debido proceso”, sostuvo el colectivo Sembrando Vida en su comunicado.

La respuesta de Lina María Garrido a las denuncias sobre el presunto archivo de expedientes de baldíos

Frente a estos cuestionamientos, Lina María Garrido sostuvo una reunión formal con los abogados y asesores de la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras de la entidad para fijar los lineamientos que orientan los procesos de recuperación y administración de bienes rurales.

En dicho espacio de trabajo, la directora negó haber impartido cualquier instrucción destinada a favorecer a congresistas, dirigentes partidistas o personas particulares, garantizando que su gestión no permitirá la manipulación de los procedimientos administrativos.

“No voy a favorecer a nadie. En mí no encontrarán una instrucción distinta a que las cosas se hagan bien. Lo que esté acorde con la ley debe seguir, y lo que esté mal hecho se debe corregir. Nosotros no vamos a lavarle la cara a nadie ni a legalizar lo que esté mal hecho”, enfatizó Garrido ante los apoderados judiciales, por medio de un video compartido en Instagram.

La funcionaria aseguró que las decisiones sobre las tierras públicas se adoptarán con estricto apego al marco normativo vigente, sin conceder privilegios a ningún sector político o económico.

El cruce frente a la administración de Felipe Harman

Durante el encuentro, la titular de la entidad identificó al colectivo denunciante como un espacio impulsado por el exdirector de la institución Juan Felipe Harman, durante el pasado gobierno de Gustavo Petro, y pidió a los funcionarios de carrera y contratistas no responder a lealtades partidistas ni a presiones de gestiones anteriores.

Garrido exhortó a los abogados a proteger el patrimonio estatal y solicitó denunciar cualquier irregularidad interna que pretenda desviar el curso de las indagaciones sobre los baldíos nacionales.

“No les pido lealtad conmigo ni con ninguna administración anterior. La lealtad tiene que ser con la Agencia Nacional de Tierras y con los recursos del pueblo colombiano. Si alguien de esta administración les da una instrucción incorrecta, denúncienla. De mí no esperen una presión para hacer algo que esté mal”, manifestó la directora.

Con esta directriz, la funcionaria instó a los equipos técnicos a mantener la independencia en la sustanciación de las providencias y a blindar las decisiones de cualquier interferencia externa.

En su pronunciamiento, la directiva rechazó de manera categórica las versiones que han intentado vincularla con estructuras armadas ilegales o redes del narcotráfico en el marco de la discusión sobre la tenencia de tierras.

Garrido expuso detalles sobre su patrimonio personal para descartar cualquier interés en la adquisición irregular de predios agrícolas en las distintas regiones colombianas.

“Yo no tengo tierra, no tengo ganado, no tengo absolutamente nada. Lo único que tengo es mi casa allá en Arauca. No conozco al primero de esos narcotraficantes ni a esa gente con la que hoy me quieren relacionar”, explicó la funcionaria en su video.

La Agencia Nacional de Tierras mantendrá las auditorías jurídicas sobre los expedientes abiertos, al garantizar que la titulación y recuperación de bienes baldíos se desarrolle conforme a las competencias institucionales.

La Contraloría General de la República inició una investigación interna dentro de las dependencias del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) para esclarecer presuntas irregularidades en procesos de contratación y manejo de recursos públicos suscritos durante la administración gubernamental anterior.

La instalación formal de la comisión de control fiscal se llevó a cabo este jueves 5 de noviembre por parte del director general del Sena, Ricardo Torres Castro, quien facilitó el ingreso de los peritos en la sede central para dar seguimiento directo a las alertas expuestas por el presidente Abelardo de la Espriella.

Las labores de fiscalización y custodia quedaron en manos de un equipo especializado de Policía Judicial perteneciente a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), el cual permanecerá de forma permanente en las oficinas de la entidad con el propósito de asegurar material físico y soportes digitales.

Los 12 procedimientos de la Contraloría para rastrear posibles irregularidades en los contratos del Sena

Los investigadores del ente de control fiscal ejecutarán un plan metodológico de intervención técnica que contempla una docena de protocolos estandarizados para verificar la legalidad y transparencia de los expedientes administrativos tramitados por las distintas áreas directivas.

“En el marco de las funciones de Policía Judicial venimos a desarrollar un plan de trabajo en el cual vamos a implementar los 12 procedimientos que nosotros tenemos preestablecidos, como es la inspección técnica a lugares, recolección de imágenes forenses; también vamos a hacer entrevistas y recolección de elementos de material probatorio en evidencia física”, explicó el vocero de la Diari durante la rueda de prensa oficial.

El portavoz del organismo de fiscalización indicó que el cronograma de trabajo institucional se formuló a partir de insumos reservados que serán contrastados con la ejecución presupuestal en las diferentes sedes del territorio nacional.

“Todo esto, previo a un plan de trabajo que tenemos estipulado según una información que goza de confidencialidad que vamos a desarrollar durante este tiempo, vamos a mirar el margen de tiempo que necesitamos junto con el equipo técnico de trabajo de la Policía Judicial de la Contraloría”, agregó el representante técnico sobre las etapas de inspección.

Pagos, sobrecostos y documentos: las pruebas que buscan recopilar los investigadores

La presencia de los auditores y peritos forenses en el Sena responde a lo dispuesto en la Directiva Presidencial 04, expedida el pasado 7 de octubre de 2026, mediante la cual el presidente De la Espriella instruyó a los directores y funcionarios de mayor rango del Estado a emprender procesos inmediatos de revisión sobre la contratación celebrada durante 2026 y en el gobierno de Gustavo Petro.

La directriz del Gobierno nacional está orientada a que las oficinas de control interno examinen de manera detallada si los acuerdos contractuales se encuentran en regla, si fueron ejecutados en su totalidad o si continúan en desarrollo dentro de los plazos establecidos.

Asimismo, la orden gubernamental busca certificar que los desembolsos económicos correspondan a bienes o servicios efectivamente recibidos, corroborando que cada contratista haya cumplido a cabalidad con el objeto pactado con la institución educativa pública.

En el mismo documento oficial, el presidente exigió a los funcionarios responsables elaborar un registro documental riguroso de cada verificación y solicitar la inmediata intervención de los organismos de control ante cualquier indicio de inconsistencia o falta a las normas presupuestales.

El recaudo de elementos probatorios y las posibles sanciones

Hasta el momento, la Diari mantiene en reserva los detalles específicos de las alertas iniciales que motivaron el inicio de la actuación institucional en la sede del Sena.

Los delegados de la Contraloría comenzarán a recopilar libros contables, actas de liquidación y testimonios de supervisores para confirmar o descartar la existencia de sobrecostos o pagos indebidos en los programas formativos.

En caso de hallar pruebas contundentes que evidencien un detrimento al patrimonio público o faltas disciplinarias cometidas por funcionarios de la administración anterior, los informes serán remitidos a las dependencias investigativas competentes y a la Fiscalía General de la Nación para iniciar las acciones sancionatorias y penales correspondientes.

La congresista contrastó de manera directa la disposición al diálogo y el entendimiento institucional que mostró la nueva presidencia del alto tribunal frente a la postura distante que mantuvo el anterior mandatario de la entidad durante las citaciones a debates sobre la asignación de recursos en el Congreso de la República.

En su pronunciamiento, la congresista celebró que la actual dirección del tribunal especial reconozca la compleja situación fiscal por la que atraviesa el país y adopte determinaciones inmediatas para concentrar los esfuerzos de la entidad en su misión esencial como tribunal de justicia, suprimiendo rubros operativos que consideró desmedidos.

Entre las determinaciones administrativas concretas que destacó la legisladora se encuentran la entrega formal y renuncia a la sede que ocupaba el organismo judicial, la terminación del 85% de los contratos de prestación de servicios, la implementación preferente del trabajo virtual y la reestructuración a la baja en los esquemas de protección y seguridad asignados a los funcionarios del despacho.

“Qué diferencia la actitud del nuevo presidente de la JEP, Danilo Rojas, frente a la arrogancia de Alejandro Ramelli, que quiso imponer su voluntad en el Congreso y abstenerse de rendir cuentas”, señaló la senadora María Clara Posada al evaluar la transición institucional dentro del órgano de justicia transicional.

De acuerdo con los cálculos señalados por la congresista, este paquete de medidas permitirá ahorrarles a las finanzas del Estado miles de millones de pesos anuales, al ratificar los cuestionamientos y reparos que diversos sectores del Legislativo venían exponiendo sobre la operación administrativa de la corporación.

“Tal y como lo advertimos, la opulencia de la JEP no era un mito. Cuando exigían recursos exorbitantes y pretendían que nadie pudiera vigilarlos, auditarlos ni cuestionarlos, aquí alzamos la voz”, aseguró Posada al recordar los debates sostenidos sobre las partidas presupuestales solicitadas para vigencias anteriores.

El reclamo por las garantías procesales a integrantes de la fuerza pública

Pese a valorar de forma positiva el giro en materia de austeridad y contención del gasto público adoptado por el magistrado Danilo Rojas, la senadora advirtió que la reestructuración financiera no agota ni resuelve las discusiones de fondo que están pendientes alrededor del modelo integral de justicia transicional.

María Clara Posada solicitó de manera puntual a la nueva dirección de la JEP una revisión rigurosa del debido proceso y las garantías judiciales efectivas que se brindan a los integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional que comparecen ante las distintas salas y secciones del alto tribunal.

En particular, la congresista expresó su preocupación por la situación jurídica de aquellos uniformados que no han reconocido responsabilidad en los hechos del conflicto armado sometidos a conocimiento del tribunal y que mantienen procesos activos para demostrar su inocencia en derecho ante los magistrados.

“Invito al magistrado Rojas a escuchar nuestro llamado para actuar en derecho, conforme a la Constitución y la ley”, sostuvo la senadora, al hacer un llamado público a mantener el equilibrio procesal y el respeto irrestricto por los principios legales en cada una de las providencias judiciales que se profieran.

La agenda de rendición de cuentas y vigilancia institucional

La congresista concluyó que el Congreso y la opinión pública nacional continúan a la espera de explicaciones completas y respuestas documentadas sobre decisiones contractuales asumidas durante las etapas previas del alto tribunal especial de paz.

Para la legisladora, las determinaciones financieras recién anunciadas deben servir como punto de partida indispensable para consolidar una entidad más abierta al escrutinio ciudadano, a las auditorías fiscales y a los controles ordinarios de los entes competentes del Estado.

El replanteamiento operativo de la JEP se produce en un momento de intensas discusiones legislativas sobre el uso eficiente de los recursos asignados a las altas cortes, donde se evalúa el equilibrio entre la optimización presupuestal y la garantía efectiva de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas de la violencia en el territorio colombiano.

La representante a la Cámara Catherine “Cathy” Juvinao cuestionó al senador Iván Cepeda por evitar pronunciarse sobre el video que difundió Deicy Jiménez, de 29 años, en el que presuntamente aparece junto al expresidente Gustavo Petro. La grabación sería, según la denunciante, un elemento clave para respaldar sus señalamientos sobre una supuesta red de mujeres que habrían recibido contratos estatales a cambio de favores personales, los llamados “sexocontratos”.

La controversia se intensificó tras la evasiva del excandidato presidencial del Pacto Histórico frente a las preguntas formuladas por la prensa nacional, situación que llevó a la congresista a cuestionar la falta de postura crítica por parte de las principales figuras de la izquierda colombiana frente a las acusaciones que rodean a su colectividad política.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la legisladora de Alianza Verde reprochó la postura asumida por el congresista cercano al expresidente Petro y rechazó los señalamientos que habitualmente se dirigen desde dicho sector hacia los partidos de centro.

“Y luego el petrismo dice que el centro es ‘acomodado’. ¿Quiénes más acomodados que ellos y ellas, absolutamente incapaces de ejercer la autocrítica? ¿Callan incluso ante aberraciones con tal de no contradecir a su líder? Colombia merece un proyecto de cambio distinto a esto”, escribió Cathy Juvinao al compartir las imágenes donde el senador evitaba responder sobre el caso.

El pronunciamiento de la representante generó una ola de reacciones en el escenario digital y reavivó los debates entre las diferentes fuerzas partidistas del Congreso respecto al manejo ético y administrativo dentro de las entidades gubernamentales.

Varios usuarios le comentaron a Juvinao: “Qué quiere que diga Cepeda? No puede afirmar que sea un delito porque le compete a la justicia”; “No existe tal cosa como criticar al líder. Petro es la quintaesencia de la izquierda”; “Vos ni te pronuncias cuando haces un ‘manguito’ en el congreso ¿entonces?”; “No defienden principios: administran la moral según les convenga. Hipocresía política en estado puro”; “La que le completa el quorum a los proyectos de ley de gobierno, pero celebra el triunfo de Lula hablando de acomodados JAJAJAJAJAJA”.

La divulgación del video y los señalamientos de Deicy Jiménez

La polémica central cobró nueva fuerza durante la noche del 4 de noviembre, cuando Deicy Jiménez compartió una grabación en sus plataformas digitales donde estaría conversando directamente con el expresidente Petro en un espacio privado.

Según afirmó la propia denunciante, la pieza audiovisual busca respaldar las versiones que viene entregando ante la opinión pública y los estrados judiciales sobre la supuesta relación íntima que mantuvo con el antiguo mandatario a cambio de estabilidad y vinculaciones laborales en el Estado.

“Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad, confío en la justicia y le pido a esa justicia y al Gobierno que no permitan que ni a mi familia ni a mí nos pase nada, pues si algo nos llega a suceder, hago responsable a Petro”, escribió Jiménez en su cuenta de Instagram, donde publicó el material.

Además, la defensa técnica de Jiménez anunció de manera paralela que el video será entregado formalmente ante la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de que los peritos forenses determinen su autenticidad, la fecha de grabación y el contexto en el que se originó el registro audiovisual.

Los “sexocontratos” que salpicaron a Gustavo Petro

Este episodio se suma a las afirmaciones que la misma mujer había realizado previamente en medios masivos, donde expuso chats y fotografías de prendas de vestir para intentar corroborar los vínculos personales en la sede de gobierno.

La situación adquirió alcance legislativo cuando el actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Andrés Ríos Puerta, denunció ante el Congreso de la República la posible instrumentalización de 48 mujeres a través de órdenes de prestación de servicios durante el cuatrienio presidencial anterior.

De allí nacieron los conocidos mediáticamente como “sexocontratos”; hace referencia a las denuncias sobre una presunta red de mujeres que habrían recibido contratos estatales a cambio de favores personales y encuentros íntimos con Petro.

La Fiscalía abrió una indagación preliminar para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades. Mientras avanzan las investigaciones, Petro, por su parte, rechazó las acusaciones y negó que existieran contratos públicos otorgados a cambio de relaciones personales.

La difusión del material audiovisual se conoció el jueves 5 de noviembre, tras confirmarse que los tres sospechosos cuentan con prontuarios judiciales por delitos como homicidio y hurto agravado, mientras las unidades de inteligencia buscan a un cuarto individuo que vigilaba el colegio de los hijos del funcionario estatal.

A través de los canales institucionales de la Presidencia de la República, el Ejecutivo condenó los actos de amedrentamiento dirigidos contra el director del Dapre y su núcleo familiar inmediato: “Carlos Andrés Ríos Puerta denunció los graves hechos de intimidación hacia él y su familia, tras dar a conocer ante el Senado la presunta instrumentalización de 48 mujeres con contratos estatales durante la administración anterior [Gustavo Petro], caso que ya investiga la Fiscalía General de la Nación”.

“En hechos que son materia de investigación, las autoridades sorprendieron dentro de la residencia del funcionario a tres individuos con antecedentes por homicidio y hurto agravado, hecho al que se suma la presencia sospechosa de otra persona cerca del colegio de sus hijos, quien huyó ante la llegada de uniformados”, precisó la Presidencia en su cuenta de X.

Desde el Ejecutivo se señaló que desplegará todas las capacidades institucionales de protección para resguardar la seguridad del funcionario y evitar presiones sobre las investigaciones en curso.

“El Gobierno Nacional rechaza categóricamente cualquier intento de amedrentamiento por proteger el patrimonio público y desplegará todas las capacidades institucionales para garantizar la seguridad del doctor Ríos y su núcleo familiar, porque ningún servidor público debe ver amenazada su tranquilidad ni la de sus hijos por cumplir con su deber”, agregó el pronunciamiento de la Casa de Nariño.

Las declaraciones del vocero Miller Soto

En el mensaje en video divulgado por los canales de la Presidencia, el portavoz gubernamental expuso de forma detallada la cronología de los acontecimientos que rodearon la interceptación de los tres sujetos en la propiedad privada.

“Unos pocos días después de esas denuncias del director Carlos Ríos, el 28 de octubre, el asunto cambió de escenario. Las autoridades de protección encontraron a tres personas dentro de la casa del director del Dapre. No en la esquina, no a unos cuantos metros, no en la acera de enfrente, dentro, en las mismas instalaciones internas de la residencia del doctor Ríos”, dijo el portavoz del Gobierno de Gustavo Petro.

Y agregó: “Fueron identificadas y fueron también puestas a disposición de las autoridades. Es gente que entre sus antecedentes tiene registros por múltiples homicidios, otro, por múltiples hurtos agravados”.

“Cerca del establecimiento educativo de los hijos del director fue vista otra persona. Cuando llegó la policía, huyó. No alcanzó a quedar a disposición de las autoridades como las tres que les mencioné previamente y se está actualmente trabajando para identificar a esta persona”, contó Soto.

Y agregó: “Miren ustedes la secuencia: un funcionario denuncia contratos del gobierno de Gustavo Petro; días después, tres personas con antecedentes graves aparecen dentro de su casa y otra aparece cerca del colegio de sus hijos. Esto es grave”.

El origen de las denuncias en el Congreso y las pesquisas judiciales

Las situaciones de riesgo contra el director del Dapre se desencadenaron luego del debate de control político adelantado el 21 de octubre en la Comisión Segunda del Senado de la República.

En esa sesión, Ríos sostuvo que durante la gestión de Gustavo Petro se utilizaron órdenes de prestación de servicios para vincular laboralmente a 48 mujeres a cambio de favores personales y encuentros en la sede gubernamental, acusación que se formalizó luego del testimonio de Deicy Jiménez, en el que dijo que ella tenía encuentros con el exmandatario y hacía parte de este grupo.

A raíz de dichas revelaciones, la Fiscalía General de la Nación abrió de oficio una indagación preliminar liderada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, disponiendo inspecciones directas a las carpetas contractuales del Dapre e inspecciones de policía judicial para recolectar elementos materiales probatorios.

El ente acusador anunció que citará a declarar a Ríos y a las exfuncionarias Laura Sarabia y Angie Rodríguez —que salieron salpicadas por presunto conocimiento de la red de mujeres—, mientras las investigaciones penales continúan para ubicar al prófugo y determinar quiénes ordenaron la incursión en la vivienda familiar.

Durante 2024, Colombia alcanzó una cifra llamativa y preocupante en materia de trata de personas. De acuerdo con el Ministerio del Interior, se documentaron 436 víctimas, el número más alto desde 2008; esa cantidad representa el 20% del total registrado en los últimos 16 años, lo que evidencia un aumento considerable en este fenómeno, que las autoridades vinculan con estructuras criminales consolidadas y redes internacionales.

Según una investigación publicada por el diario El Tiempo, el delito está siendo ejecutado principalmente por el Clan del Golfo, el Tren de Aragua, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la banda AK-47. Estas organizaciones incorporaron la trata como parte de sus economías criminales, junto con actividades como el narcotráfico, la extorsión y el secuestro. La Fiscalía General de la Nación y organismos de inteligencia coinciden en que se trata de un modelo que utiliza a las personas como bienes explotables, trasladadas como mercancía y sometidas a distintas formas de abuso.

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El informe de la cartera que lidera Armando Benedetti muestra que el 74% de las víctimas de trata son mujeres, principalmente explotadas sexualmente. No obstante, también se reportan casos de trabajo forzado, mendicidad ajena y servidumbre. Así, la Fiscalía advirtió que muchos hombres también son víctimas, pero sus casos no se denuncian con la misma frecuencia por temor a la estigmatización.

La trata ocurre en dos modalidades: interna y externa. La primera se da cuando las víctimas son explotadas dentro del país; la segunda, cuando son trasladadas a destinos internacionales. Las rutas identificadas por el organismo judicial incluyen destinos como México, República Dominicana, Chile, Perú, España, Italia, Grecia y países de la península balcánica. Zonas como Medellín, Bogotá, Cartagena y el eje cafetero presentan los mayores registros de captación y tránsito.

Uno de los puntos más sensibles del informe periodístico es la relación directa entre este delito y el financiamiento de los grupos armados. La Fiscalía determinó que los ingresos derivados de la explotación sexual pueden alcanzar entre 10.000 y 20.000 euros semanales por víctima, dependiendo del país de destino. Esta rentabilidad explica, en parte, el interés de los grupos armados en mantener operativas las redes de trata.

Aunque desde el Ministerio del Interior se reconoce la gravedad del fenómeno, también se señala que el aumento en las cifras podría estar vinculado a una mejor capacidad institucional para registrar los casos. Sin embargo, distintas organizaciones sociales insisten en que el subregistro sigue siendo amplio y que miles de víctimas aún no son identificadas.

La modalidad ‘loverboy’ para fines de explotación

Uno de los casos que tomó notoriedad por la complejidad de su dinámica es el de una joven -cuya identidad se preserva- que fue captada por medio de plataformas digitales mientras realizaba modelaje webcam. Allí conoció a Jonathan Ángel Justo, un usuario que se presentó como cubano residente en Miami (Estados Unidos) y que utilizó una técnica conocida como loverboy, basada en el engaño afectivo.

A través de promesas emocionales y económicas, el hombre logró generar una relación de dependencia con la joven, que terminó viajando a distintas ciudades del país, hasta quedar finalmente sometida a condiciones de explotación.

Según su madre, tras un encuentro con Jonathan en Cartagena, la joven regresó a su hogar con actitudes completamente distintas, afirmando haber sido víctima de abuso en su niñez y culpando a su familia, así documentó el diario en mención. Poco después, narró que el hombre la llevó a una finca, donde habría sido inducida a un estado de trance.

Desde entonces, su comportamiento cambió radicalmente, hasta el punto de abandonar el hogar y cortar la comunicación directa, en la actualidad, su familia la considera víctima de trata con fines de matrimonio servil en Estados Unidos.

Claudia Quintero, directora de la Fundación Empodérame, señaló que estos patrones responden a una forma de manipulación emocional frecuente en la trata: “Son indicadores típicos de un proceso de manipulación emocional o adoctrinamiento coercitivo”. Explica que estas herramientas psicológicas buscan aislar completamente a la víctima, destruir sus vínculos familiares y crear una dependencia emocional con el captor.

El pronunciamiento jurídico se conoció a través de un documento formal en el que la jurista asumió la defensa de la ciudadana de 29 años, en el que solicita la intervención inmediata de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección para evitar agresiones contra la denunciante y su nuevo equipo legal.

La abogada detalló que las labores de vigilancia irregular ocurrieron a comienzos de semana en lugares públicos donde su cliente adelantaba diligencias privadas: “El 3 de noviembre, personas aún sin identificar siguieron a mi representada y la fotografiaron mientras realizaba actividades cotidianas, y esas imágenes fueron difundidas posteriormente”.

Malo cuestionó la exposición pública del material captado por desconocidos y reclamó el derecho a la privacidad de la testigo en el territorio nacional: “Ninguna víctima está obligada a explicar dónde se encuentra ni qué hace en el país; lo que sí debe esclarecerse es quién la sigue, quién la fotografía y por orden de quién”.

Seguimientos, fotografías y amenazas: las alertas de seguridad de Deicy Jiménez

La abogada advirtió que la gravedad de la situación obligó a activar mecanismos de socorro estatal debido a intimidaciones previas contra la joven: “Mi representada ha sido objeto de amenazas, razón por la cual cuenta actualmente con un esquema de protección, recordando que corresponde al Estado garantizar su vida, su integridad y su seguridad”.

“Cualquier hecho que las afecte deberá investigarse de inmediato, considerando su posible relación con la denuncia presentada contra el exmandatario”, se lee en el documento que compartió en sus redes sociales.

La denuncia cobija también la seguridad de los profesionales del derecho que han intervenido en el caso, recordando la renuncia forzada de la anterior defensa técnica por presiones armadas: “Su anterior apoderado, el abogado Pipe Caballero, renunció a causa de las amenazas recibidas”.

Ante ese precedente, la abogada Malo radicó una solicitud formal de amparo especial para su propia seguridad personal: “Solicito desde ahora a las autoridades competentes la adopción de medidas de protección en favor de la suscrita, pues la intimidación a quienes representan a una víctima no puede convertirse en un medio para silenciarla”.

El origen de las alertas de seguridad se produjo pocos minutos después de la publicación que hizo Deicy Jiménez en sus redes sociales, donde difundió una grabación de una conversación privada con Gustavo Petro para ratificar su relato ante la opinión pública y los despachos judiciales.

No obstante, el seguimiento del que hace referencia la togada fue cuando se conoció que la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Angie Rodríguez se reunió el miércoles 4 de noviembre de 2026 con Deicy Jiménez, encuentro que se llevó a cabo cuando la joven no asistió a la diligencia que tenía programada el día anterior.

Y es que las dos mujeres tienen algo en común: estuvieron contratadas con el Estado y ambas emprendieron denuncias y fuertes señalamientos contra el expresidente Gustavo Petro.

El video con Gustavo Petro que será incorporado a la investigación

Lo llamativo del caso fue el mensaje con el que Deicy Jiménez acompañó la grabación en la que aparece con Petro. Además, la joven dejó constancia sobre los riesgos que afronta su núcleo familiar: “Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad, confío en la justicia y le pido a esa justicia y al Gobierno que no permitan que ni a mi familia ni a mí nos pase nada, pues si algo nos llega a suceder, hago responsable a Petro”.

En la pieza audiovisual se aprecia a ambos personajes conversando de manera informal, con menciones directas sobre el estado de salud y la condición física del dirigente político durante su periodo en la Casa de Nariño.

Sobre la autenticidad y el trámite probatorio de esta grabación, la apoderada confirmó la entrega formal del archivo digital a los fiscales del caso: “Confirmo la existencia del video divulgado por mi representada, el cual será puesto a disposición de las autoridades el 5 de noviembre para que sea incorporado a la investigación y valorado conforme a la ley”.

El caso de Jiménez hace parte de un conjunto de denuncias radicadas ante la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, donde se indaga la existencia de presuntos intercambios de contratos públicos por favores personales en el gobierno anterior, línea que también respaldó en testimonios previos Angie Rodríguez.

La apoderada concluyó su comunicación al asegurar que la causa se mantendrá en los tribunales pese a las intimidaciones reportadas: “Esta representación actuará ante las instancias competentes con apego a la Constitución y a la ley, con pleno respeto por el debido proceso, porque la voz de una mujer que denuncia no puede ser silenciada por el miedo”.

El fiscal General de la Nación encargado, Gilberto Javier Guerrero Díaz, explicó ante los magistrados que la transformación inicial consistió en modificar el indicador de gestión con el cual la entidad evaluaba el rendimiento de los fiscales delegados en todo el territorio colombiano, desmontando un esquema que premiaba la privación de la libertad sobre cualquier otra salida procesal.

Al justificar este giro en la política penal, Guerrero Díaz expuso que la entidad detectó distorsiones operativas originadas en la administración anterior: “Aparte de esta descongestión, la Fiscalía ha implementado otras estrategias institucionales enfocadas en impactar este tema de la congestión carcelaria, y empieza, por ejemplo, por cambiar el indicador de gestión que encontramos cuando llegamos a la entidad”.

El funcionario detalló la forma en que esa calificación laboral incidía directamente en el hacinamiento: “A un fiscal se lo calificaba por el número de detenciones o de imputaciones que hacía, lo que obviamente impacta el número de personas a las que se les solicita una medida privativa de la libertad”.

Con el nuevo modelo de gestión, el ente acusador ordenó reservar el encarcelamiento físico exclusivamente para situaciones indispensables, priorizando salidas concertadas.

“También se ha promovido el uso excepcional de la privación de la libertad y fortalecimiento, más la alternatividad penal, fomentando la terminación anticipada del proceso con el objeto de disminuir el ingreso de estas personas al sistema y agilizar la definición de su situación jurídica”, señaló durante la audiencia.

Para evitar que los funcionarios acudan a los juzgados de control de garantías a solicitar reclusiones automáticas, la institución diseñó módulos obligatorios en sus escuelas judiciales: “Incluso se ha incorporado en los cursos de formación de fiscales y de altos estudios planes para capacitar a los fiscales en el manejo de audiencias preliminares y medidas de aseguramiento, referidas incluso al tema de evitar la solicitud de medidas de aseguramiento innecesarias”.

Guerrero advirtió además sobre las consecuencias financieras que estas detenciones sin sustento acarrean para el patrimonio público: “Esto representa un problema grave para la entidad en cuanto a todas las demandas que por daño antijurídico tenemos nosotros pendientes por atender”.

“En realidad, figuras como el principio de oportunidad han ido creciendo. Por ejemplo, empezamos en 2024 con 13.000 principios de oportunidad, en 2025 suscribimos 18.000 y en 2026 van más de 13.800 sin que cierre el año”, señaló el fiscal General (e) en materia de resultados numéricos.

Principio de oportunidad y detenciones domiciliarias: las alternativas para reducir el hacinamiento

El fiscal encargado agregó que esta estrategia procesal vino acompañada por otras opciones de vigilancia legal que evitan el encierro carcelario: “Igualmente, se ha incrementado la solicitud de detenciones domiciliarias y las detenciones no privativas de la libertad, evitando así el tema de la congestión carcelaria”.

“Estas cifras evidencian el uso de medidas menos restrictivas cuando resultan procedentes, lo que contribuye a reducir el ingreso al sistema carcelario. Teníamos, por ejemplo, que las solicitudes de medidas de aseguramiento intramural en el año 2024 fueron de 45.352 y pasaron a 39.708 en 2025. En 2026, estas medidas van en disminución porque vamos en 26.631”, explicó durante su intervención.

Respecto a las celdas de paso administradas por el CTI, Guerrero aseguró que la entidad mantiene niveles controlados: “Debido a las gestiones que se han adelantado hace mucho tiempo por parte de las diferentes dependencias de la Fiscalía General de la Nación, y en especial de la dirección del Cuerpo Técnico de Investigación para lograr la descongestión en esta ocupación de celdas, tenemos que desde mayo de 2026 ninguno de estos espacios supera la capacidad real y va en disminución”.

“En enero teníamos el 32% y en septiembre estamos en el 26% de ocupación”, reveló el alto funcionario del organismo judicial.

La jornada ante la Corte Constitucional incluyó la intervención del director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, que expuso los problemas de cupos en los penales nacionales y la recepción de internos desde centros transitorios.

Además, la diligencia contó con las exposiciones de Vivían Lilibeth Bernal Izquierdo, directora encargada de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), y del brigadier general de la Policía Nacional Giovanni Cristancho Zambrano, quienes detallaron la situación de orden público en las estaciones de policía y la asignación de recursos para alimentación, sanidad y mantenimiento de las salas de detención temporal del país, además de la defensora del Pueblo, Iris Marín.

La exsuperintendente de Industria y Comercio Cielo Rusinque llamó la atención luego de mostrar el viaje que hizo a Estados Unidos, un año después de haber anunciado públicamente su renuncia a la visa oficial de ese país en rechazo al retiro del mismo documento al expresidente Gustavo Petro por parte de las autoridades norteamericanas.

El recorrido vacacional de la exfuncionaria por territorio estadounidense incluyó visitas a sitios de interés en Boston, Salem, Nueva York y Washington, actividades que la propia Rusinque documentó a través de imágenes compartidas en su cuenta de X.

La presencia de la exdirectora de la entidad de vigilancia en territorio norteamericano generó cuestionamientos ciudadanos en redes sociales debido a su postura pública asumida el 30 de septiembre de 2025, fecha en la cual devolvió su documento oficial expedido durante sus funciones en el Ejecutivo nacional.

En aquel momento, Rusinque definió su entrega de la visa como un acto de dignidad institucional ante las medidas tomadas por la diplomacia estadounidense frente a las declaraciones oficiales sobre el conflicto en Oriente Medio (entre Palestina e Israel).

“Es una humillación lo que le hicieron al presidente de la República [Gustavo Petro para ese momento], es una humillación que sometan a toda una nación a un chantaje por rechazar actos que son condenables a la luz del derecho internacional”, dijo el su momento.

Ante los reclamos de los usuarios por su presencia en el país al que había cuestionado diplomáticamente meses atrás, la exfuncionaria publicó un mensaje de respuesta para rechazar las críticas recibidas y aclarar su estatus migratorio actual frente a las autoridades de Washington.

La explicación de Cielo Rusinque de su visa norteamericana

En su pronunciamiento, Rusinque se refirió en primer lugar a los comentarios sobre su aspecto personal y las comparaciones con otros destinos de la región: “Son de manual, definitivamente, los mismos que la semana pasada se dedicaron a enviarme toda clase de vulgaridades y comentarios de odio porque les parezco fea; ahora andan por ahí reclamando que por qué visité Estados Unidos y no Cuba, incluso dicen que van a pedir que me quiten la visa americana y no sé cuántas cosas más”.

Frente a las menciones sobre viajes a la isla caribeña, la abogada añadió: “En lo de Cuba tienen razón, hace rato quiero conocerla; apenas encuentre la oportunidad, me pego la escapada y les comparto unas fotos”.

La exservidora pública explicó enseguida la vía jurídica que le permitió entrar sin impedimentos a suelo estadounidense pese a su decisión de 2025: “En cuanto a la visa, lamento informarles que, aunque había renunciado a la visa oficial que me había sido otorgada en calidad de ministra, por mi nacionalidad francesa no necesito ese documento para ingresar a Estados Unidos”.

Rusinque complementó su explicación jurídica revelando la existencia de otro documento consular que mantiene activo en sus registros consulares: “Y, por si acaso la necesitara, tengo una visa diplomática vigente hasta 2031”.

“Paren de sufrir, que mientras ustedes lo hacen, yo seguiré siendo libre, progresista, digna y, para colmo de males, bella🤗🥰 ”, escribió en su cuenta de X, donde justificó su viaje al país norteamericano del que ella en su momento dijo que no se le ‘arrodillaría’.

Entre las imágenes que Cielo Rusinque compartió de su itinerario por Nueva York se observa su visita al edificio The San Remo, estructura residencial ubicada frente a Central Park en la isla de Manhattan.

La exfuncionaria también publicó fotografías en el distrito financiero neoyorquino junto a la escultura conocida como La Niña Sin Miedo, obra de Kristen Visbal ubicada frente a la sede principal de la Bolsa de Valores.

En su paso por la capital federal estadounidense, la exdirectora de la Superintendencia de Industria y Comercio visitó el National Mall de Washington, lugar donde posó frente a la estatua de Abraham Lincoln en el interior del monumento dedicado al expresidente de los Estados Unidos.

El pronunciamiento ocurrió durante una dinámica de preguntas e interacción abierta con sus seguidores en su cuenta de Instagram, canal donde habitualmente responde inquietudes sobre su vida cotidiana, hasta sexual —tema del que ella es abierta a la hora de hablarlos—, pero que en esta ocasión se concentró en lo político y en las controversias que envuelven a su núcleo familiar.

Uno de los momentos con mayor repercusión en la red social se produjo cuando un internauta le consultó sin rodeos sobre la conducta privada del ex jefe de Estado: “Tu papá es un putero, pareciera que sí”.

Ante ese mensaje, Andrea Petro descartó de plano la acusación contra el exmandatario y reaccionó con tono desinhibido: “No, él no, pero yo sí”, para luego rematar entre risas: “Sí, me voy a poner a putear, hace rato no lo hago”.

La consulta de los usuarios guarda estrecha relación con las denuncias públicas que aseguran la existencia de una red conformada por más de 40 mujeres que presuntamente habrían accedido a contratos estatales tras sostener encuentros íntimos con el exgobernante, una hipótesis que se encuentra bajo indagación preliminar en los despachos de la Fiscalía General de la Nación para determinar responsabilidades penales.

En el transcurso del intercambio, los usuarios insistieron en conocer los motivos por los cuales el expresidente prefirió guardar silencio legal y no instaurar una querella penal directa contra la comunicadora Vicky Dávila, que dio amplia difusión a uno de estos testimonios, específicamente por la exfuncionaria Deicy Jiménez.

Andrea Petro le restó trascendencia al conflicto y contestó de forma irónica: “Espere, espere, que esto toca ponerle drama”, agregando enseguida que “hay 1.000 cosas más importantes que ella, bebé”.

Andrea Petro y su distanciamiento con Verónica Alcocer

La conversación digital avanzó hacia otros integrantes del círculo más cercano del exmandatario, deteniéndose en la figura de la ex primera dama Verónica Alcocer —también exesposa de Gustavo Petro—, sobre quien pesan cuestionamientos por supuestos excesos de gastos protocolarios y por los señalamientos de la exasesora presidencial catalana Eva Ferrer en torno a supuestos manejos de recursos y traslados hacia territorio venezolano.

Al ser interrogada sobre su percepción frente a Alcocer, Andrea Petro fijó un distanciamiento radical y definitivo frente a cualquier contacto presente o futuro: “Voy a ser clara y contundente con ese tema, ella y yo no tenemos ningún tipo ni índole de relación”, sentenció la joven, aclarando que no le corresponde emitir opiniones sobre la vida de quien no considera parte de su círculo afectivo.

La hija mayor del ex jefe de Estado enfatizó su postura explicando que no tiene motivos para intervenir en asuntos ajenos: “No tengo por qué estar hablando de ella ni estar comentando temas que le corresponden y le competen a ella o a mis hermanas, porque sencillamente no me incumben”.

Andrea recordó que tiene una madre distinta y que su consideración hacia Alcocer se limita exclusivamente al hecho de ser la mamá de Sofía y Antonella: “Solo la respeto por ser la madre de mis hermanas, pero se queda ahí el tema, no me interesa y ya”.

Andrea Petro no quiso responder por la relación que tiene con sus hermanos

El ambiente familiar y el vínculo entre los hermanos Petro también fue materia de debate entre los seguidores, teniendo en cuenta la composición diversa del hogar, integrado por Andrés (de misma mamá), Nicolás, Sofía, Antonella y Nicolás Alcocer, hijo adoptivo del exmandatario.

Cuando una persona indagó directamente si mantenía conversaciones frecuentes con sus hermanos, exceptuando a Andrés, la CEO de la marca Bachué irónicamente negó cualquier puente de comunicación con él.

“¿Pero a ustedes quién les dijo que yo hablaba con ese man? [Andrés] O sea, ¿yo hablar con ese man? ¿Qué les pasa? Ni abate. Y lo pongo acá pa’ que lo escuche. Y con esta hermosa foto que hace poco vi”, palabras que acompañó con la publicación de una imagen de su hermano.

La interacción Instagram —sobre su familia— culminó con aclaraciones sobre versiones digitales que circulan desde hace varios años, en las cuales se asegura que Andrea Petro adquirió una mansión cotizada en miles de millones de pesos, pese a que en el pasado tanto ella como su familia han declarado que se trata de una fake news; en redes aún la cuestionan sobre el tema.

Frente a la insistencia ciudadana sobre la supuesta propiedad, la hija del mandatario desmintió la posesión de cualquier bien de lujo apelando al sarcasmo popular: “Hagamos una cadena de oración para que un día sí pueda comprar una”.

“Por el momento estoy mondada. Y con deudas que ni son mías”, dijo, aunque esta vez por escrito.

La Defensoría del Pueblo reportó ante la Corte Constitucional que los centros de detención transitoria en Colombia albergan a 18.824 personas en una infraestructura diseñada para recibir únicamente a 9.686 reclusos.

Los registros oficiales indican que 17.292 de estos ciudadanos permanecen en estaciones de policía y unidades de reacción inmediata por lapsos superiores al límite legal de 36 horas, mientras que 674 personas continúan en estas instalaciones a pesar de tener sentencias condenatorias en firme.

Durante las inspecciones realizadas por la entidad en 94 centros de reclusión temporal a lo largo del año, los delegados encontraron que el 94% de la población privada de la libertad supera el tiempo máximo fijado por la ley y un 59% acumula más de tres meses bajo custodia en áreas destinadas exclusivamente al paso transitorio.

Deberían estar 36 horas, pero llevan meses: la crisis de hacinamiento

La defensora del Pueblo, Iris Marín, intervino en la audiencia pública convocada por el alto tribunal para explicar las razones del colapso del sistema y señalar las fallas institucionales que impiden acatar los fallos judiciales.

“Para la Defensoría del Pueblo, la garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad no es un asunto más de la agenda: es una prioridad institucional. El Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) no persiste por una falta de diagnóstico, persiste porque la cadena que debe conectar las órdenes de la Corte Constitucional con el goce efectivo de derechos se rompe en los eslabones que ya podemos identificar”, dijo la funcionaria.

El organismo identificó como detonante del hacinamiento la falta de precisión jurídica sobre las competencias y el dinero que deben aportar los municipios y departamentos para atender a los sindicados. Desde 2022 el Congreso no aprueba la ley que distribuye estas cargas económicas, lo cual impide a las administraciones locales costear alimentación, custodia y mantenimiento en estas sedes.

La titular de la entidad explicó el obstáculo que afrontan las autoridades regionales: “La causa de fondo es un bloqueo institucional. Las entidades territoriales tienen responsabilidades frente a la población sindicada, pero no cuentan con una fuente de financiación claramente definida”.

Las inspecciones evidenciaron dificultades para remitir a las personas con condena hacia las cárceles nacionales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). La institución reportó que la autoridad penitenciaria registra episodios donde rechaza el ingreso de internos que requieren condiciones diferenciadas de custodia, entre ellos adultos mayores, mujeres gestantes y personas con limitaciones físicas o psicosociales.

En el sistema penitenciario nacional, las cifras del organismo muestran un rezago operativo sostenido durante la última década. La capacidad general de cupos carcelarios pasó de 78.420 plazas disponibles en 2016 a 81.025 en junio de 2026, lo que representa una variación del 3,32%. Adicionalmente, las clausuras de pabellones deteriorados restaron 1.027 lugares utilizables desde el año 2024.

Obras inconclusas y falta de financiación: las fallas detrás de la crisis carcelaria

Respecto a la construcción de infraestructura, los registros del documento Conpes 4082 formulado en 2022 contemplaban la entrega de 9.896 plazas en nueve establecimientos nuevos. Ninguno de estos proyectos concluyó obras, cuatro complejos no registran labores en terreno y el balance global de ejecución del programa ronda el 20%.

La funcionaria cuestionó la metodología oficial para contabilizar las celdas terminadas sin personal de custodia ni servicios básicos: “Un cupo físico no implica de por sí un cupo habilitado. En el complejo carcelario de Cúcuta, por ejemplo, existen 576 cupos habilitados para más de 3.280 personas privadas de la libertad”.

Para atender la crisis, la Defensoría pidió al Gobierno nacional terminar 14 proyectos en ejecución, fijar metas de infraestructura carcelaria dentro del presupuesto nacional y formalizar un esquema de financiación concurrente para respaldar a los municipios con menores ingresos.

El pliego de solicitudes de la entidad incluyó habilitar bienes bajo custodia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) como espacios temporales de detención, convocar mesas de descongestión con la Policía Nacional, la Fiscalía y el Consejo Superior de la Judicatura, e implementar modelos de asociación público-privada para edificar infraestructura penitenciaria.

La decisión legislativa avala el monto que financiará obras públicas, programas territoriales y mecanismos de ahorro durante los próximos dos años en los departamentos y municipios de Colombia.

El articulado establece que $25,9 billones corresponden a proyectos de inversión pública en los territorios, mientras que $964.000 millones se asignarán a los mecanismos de ahorro del sistema y $643.000 millones a labores de administración, seguimiento, evaluación y control institucional.

Dentro de los dineros destinados a inversión, la ley contempla $7,28 billones para programas de alcance regional, $5,77 billones para compromisos de paz, $5,37 billones en asignaciones directas a zonas productoras, $3,21 billones para desarrollo local y $2,14 billones para ciencia, tecnología e innovación.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, intervino durante la sustentación técnica para explicar el alcance de los recursos y la distribución del gasto: “El proyecto de ley busca priorizar inversiones de alto impacto territorial mediante la financiación de proyectos estratégicos que contribuyan a mejorar la productividad y cerrar brechas en las regiones, profundizando la descentralización y fortaleciendo la autonomía de los territorios”.

La iniciativa incluye una destinación específica para atender los municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2026, así como partidas orientadas a la seguridad energética, la protección ambiental y el desarrollo sostenible.

En materia de distribución geográfica, el presupuesto asigna $16,25 billones divididos en seis zonas del país:

• La región Caribe recibirá $5,18 billones.
• El Llano recibirá $3,72 billones.
• La región de centro-oriente tendrá $2,35 billones.
• El Pacífico podrá tener $1,92 billones.
• El Eje Cafetero recibirá $1,60 billones.
• La región centro-sur y Amazonía dispondrá de $1,48 billones.

Menos recursos por la caída en las proyecciones del sector minero-energético

El monto global de $27,54 billones representa una disminución del 11% frente a los $30,96 billones ejecutados en el periodo 2025-2026. Este ajuste responde a la variación en los cálculos oficiales sobre precios internacionales del crudo, cotización de divisas y volumen de producción del sector minero-energético.

Tras superar esta votación en comisiones conjuntas, los proyectos de ley 422 de 2026 Cámara y 290 de 2026 Senado pasarán a segundo debate en las plenarias de ambas corporaciones. Las dos corporaciones deberán discutir y votar el articulado antes de finalizar el periodo ordinario de sesiones.

Si surgen diferencias entre lo aprobado por senadores y representantes, comisiones accidentales conciliarán un texto único que será remitido al presidente de la República para su sanción oficial antes del 31 de diciembre de 2026, fecha límite para asegurar su vigencia desde el primero de enero de 2027.

La importancia del proyecto de Presupuesto del Sistema General de Regalías

El Sistema General de Regalías es la alcancía donde entra la compensación económica que pagan las empresas por extraer recursos no renovables en Colombia, como petróleo, carbón, gas y minerales. Como esa riqueza bajo tierra pertenece a todos los colombianos y no se vuelve a recuperar, el Estado cobra una contraprestación para redistribuirla en el territorio.

A diferencia del presupuesto ordinario del país, el de regalías se planifica y aprueba cada dos años. Es una bolsa independiente que no se junta con los impuestos comunes y se divide en varios bolsillos: un porcentaje va directo a las zonas productoras y portuarias, otra parte a las regiones más necesitadas y montos específicos a ciencia, medio ambiente y ahorro para épocas de crisis.

Su propósito central es transformar un recurso que se agota en obras duraderas que mejoren la calidad de vida. Estos fondos financian proyectos clave de desarrollo, como la pavimentación de vías terciarias, la construcción de acueductos, alcantarillados, colegios, puestos de salud y programas de apoyo al campo, buscando reducir la desigualdad entre regiones.

Por ley, esta plata no se entrega como cheque en blanco ni para pagar gastos del día a día de alcaldías o gobernaciones. Los mandatarios locales deben formular proyectos técnicos concretos; una vez viabilizados y aprobados según su impacto social, los recursos se desembolsan de manera controlada conforme avanza la construcción de las obras.

Ante un juez de control de garantías, una fiscal de la Dirección Especializada Contra la Corrupción le atribuyó a Brenez Vanegas los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, cargos que el funcionario no aceptó durante la diligencia.

De acuerdo con el expediente presentado en audiencia, dos informes técnicos emitidos el mismo día arrojaron conclusiones contradictorias respecto a la capacidad operativa de la compañía técnica asociada a la ejecución del contrato por un valor de USD32 millones (más de $104.034 millones, al cambio actual).

Las pruebas recolectadas señalan que el procesado se trasladó a Estados Unidos para realizar verificaciones en el marco de la renovación de licencias operativas de la firma interesada.

Las 19 inconformidades que no impidieron el aval de Aerocivil

“Entre el 11 y el 15 de noviembre de 2024, el funcionario viajó a Florida (Estados Unidos) para adelantar una inspección dentro del trámite administrativo de renovación del certificado de funcionamiento y la solicitud de nuevas capacidades de una compañía que participaba en el proceso de adjudicación del mencionado contrato”, precisó la fiscal.

Durante la imputación, el ente acusador reveló que el inspector avaló las capacidades técnicas pese a que existían observaciones pendientes de solución en el proceso de inspección: “Señor Juan Brenez observa el cronograma y, con la existencia de las 19 inconformidades a las que la Organización de Mantenimiento Aeronáutico aún no había presentado el correspondiente PAC y que no se habían verificado ni aceptado las acciones correctivas derivadas de los hallazgos”.

“Juan Enrique Brenez Vanegas, ese mismo 20 de noviembre de 2024, suscribió la lista de capacidades OMA 1-78, revisión número 2, mediante la cual avaló la incorporación de nuevas capacidades de mantenimiento, incluyendo actividades de mantenimiento mayor o general o el overhaul”, detalló el fiscal.

El ente judicial argumentó que ese trámite conllevó un engaño administrativo a la propia autoridad aeronáutica para facilitar la entrega de las licencias: “El señor Juan Enrique Brenez Vanegas solicitó ante la Dirección de Autoridad de los Servicios Aéreos la expedición del correspondiente certificado de funcionamiento, como si el procedimiento de constatación y subsanación de no conformidades hubiese culminado satisfactoriamente y como si los requisitos regulatorios exigidos para la ampliación de capacidades hubieran sido cumplidos integralmente por la organización inspeccionada”.

“Procedió a expedir el 26 de noviembre de 2024 el certificado de funcionamiento OMA uno sesenta y ocho, mediante el cual autorizó la renovación y adición de las nuevas capacidades solicitadas”, aseguró la Fiscalía.

De la parálisis a las sanciones: la crisis que golpea a los Mi-17 del Ejército

El caso de estas certificaciones se inserta en una crisis operativa y logística que afecta a la aviación del Ejército Nacional desde hace varios años con su flota de helicópteros Mi-17 de fabricación rusa.

Colombia adquirió 25 de estas aeronaves entre 1996 y 2007 para tareas de abastecimiento, evacuación médica y transporte de tropas en zonas de difícil acceso geográfico. Históricamente, los mantenimientos mayores y el suministro de repuestos de estos aparatos se realizaban directamente con las casas matrices estatales rusas.

Ese esquema de sostenimiento se paralizó a partir de 2022 tras la invasión de Rusia a Ucrania, hecho que motivó sanciones económicas internacionales por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (Ofac), bloqueando los giros financieros hacia empresas rusas e impidiendo la importación legal de piezas aeronáuticas.

Ante la imposibilidad de contratar con los fabricantes originales, el Ministerio de Defensa —en ese momento bajo el gobierno de Gustavo Petro— recurrió a contratistas privados internacionales como Vertol Systems Company para intentar rescatar la operatividad de los helicópteros.

Esa alternativa derivó en nuevos tropiezos cuando la firma contratada incumplió los plazos de entrega y las especificaciones de calidad acordadas para las aeronaves militares.

Por esas fallas, el Ministerio de Defensa declaró en noviembre de 2025 el incumplimiento contractual parcial, ordenó hacer efectiva la garantía de cumplimiento e impuso una sanción de aproximadamente USD9 millones a la compañía, además de exigir el reintegro de más de USD13 millones desembolsados como anticipo sobre el presupuesto original pactado.

La parálisis de los mantenimientos redujo de forma sustancial la flota activa en el fuerte militar de Tolemaida, obligando a las Fuerzas Militares a limitar las operaciones aéreas y a reasignar misiones a otras aeronaves disponibles mientras la justicia determina responsabilidades penales en la cadena de contratación.

El manejo de la Nueva Licorera de Boyacá, una de las entidades públicas con mayor rentabilidad y peso presupuestal de ese departamento, desató un fuerte remezón político tras confirmarse la designación de María Elena Ortiz Nova como su nueva gerente general.

La posesión fue formalizada por el gobernador Carlos Amaya y provocó inmediatos cuestionamientos entre la dirigencia local debido a que la recién nombrada es hermana de Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones del gobierno de Gustavo Petro procesada penalmente por las irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El anuncio oficial se conoció el martes 3 de noviembre de 2026 sobre las 4:00 p. m., momento en que el mandatario seccional publicó las imágenes de la toma de juramento a varios funcionarios clave para la segunda etapa de su administración.

“Hoy, grandes profesionales asumen nuevas responsabilidades en el equipo de la #BoyacáGrande (sic)”, comunicó Amaya en su cuenta oficial de la red social X al anunciar las modificaciones directivas.

El gobernador presentó de manera pública a los posesionados: “Le damos la bienvenida a:

✅María Elena Ortiz Nova, gerente de la @LicoreraBoyaca.

✅Sara Gabriela Boada Alameda, secretaria privada.

✅Ángela Patricia Velandia Novoa, gerente de @RegionesBoyaca, quien iniciará sus funciones a partir del viernes.

✅William Orlando Vargas Contreras, asesor del despacho del gobernador. Les deseo muchos éxitos en esta nueva etapa. ¡A seguir trabajando duro por esta tierra! (sic)”.

Gobernador de Boyacá ‘saltó’ en defensa de María Elena Ortiz

La llegada de Ortiz a la factoría departamental despertó suspicacias por el músculo comercial que representa la empresa dentro de las finanzas territoriales. La licorera comercializa más de un millón de botellas cada año y genera miles de millones de pesos en utilidades e impuestos destinados a la salud y la educación del departamento.

Ante las críticas que surgieron en Boyacá, el gobernador Carlos Amaya defendió el nombramiento en declaraciones entregadas al diario El Tiempo y negó cualquier tipo de pacto con la familia Ortiz.

“Yo conocí a María Elena Ortiz mucho tiempo antes de que conociera a Sandra porque fue mi secretaria cuando fungí como representante a la Cámara por Boyacá, en 2013”, sostuvo el mandatario departamental para el medio en mención.

Amaya recordó que sus antecedentes en las urnas frente a la exconsejera de la Casa de Nariño estuvieron marcados por enfrentamientos políticos en varias campañas electorales. “Sandra Ortiz siempre ha hecho una oposición férrea a mi proyecto político”, puntualizó Amaya en el medio de comunicación.

El gobernador explicó los momentos de distanciamiento con la exfuncionaria: “Empezó en 2015 cuando aspiré a la gobernación. Y después, cuando fuimos candidatos a la Cámara, yo en el verde y ella en ese entonces en el partido de ‘la U’. Nunca hemos hecho ningún tipo de acuerdo político”.

El mandatario enfatizó que la Constitución no castiga a los ciudadanos por los líos legales de sus familiares y recalcó que no existen los delitos de sangre en el marco jurídico colombiano.

Y Amaya reiteró que la nueva gerente reúne las credenciales profesionales para dirigir la empresa pública y recordó que la situación penal de Sandra Ortiz todavía no cuenta con una decisión judicial en firme.

¿Quién es María Elena Ortiz, la nueva gerente de la Licorera de Boyacá?

María Elena Ortiz Nova es oriunda de Paz de Río (Boyacá) y desarrolló buena parte de su trayectoria profesional y política en ese departamento. Su recorrido incluye cargos de dirección, asesoría y gestión en distintas entidades públicas.

Su experiencia en la administración departamental se remonta, al menos, a 2016, cuando fue identificada por la Gobernación de Boyacá como secretaria de Minas y Energía. En ese momento, la entidad también la presentó como exalcaldesa de Paz de Río y exdirectora financiera y fiscal del departamento.

En enero de 2024 fue nombrada gerente del Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá (Ideboy). Posteriormente, mediante el Decreto 1213 del 30 de diciembre de 2024, fue designada nuevamente secretaria de Minas y Energía del departamento, y otra vez por Carlos Amaya.

Su permanencia en ese cargo quedó registrada en actos administrativos de 2025. Sin embargo, mediante el Decreto 0102 del 3 de febrero de 2026, la Gobernación aceptó su renuncia, efectiva a partir del 6 de febrero de ese año.

La representante a la Cámara Nelly Patricia Mosquera Murcia radicó una proposición modificativa dentro del debate del proyecto de ley de sometimiento a la justicia para limitar las rebajas de penas a los integrantes de grupos armados ilegales que incurran en el delito de reclutamiento de menores de edad.

La propuesta legislativa generó controversia en el Congreso de la República y en redes sociales luego de que la cuenta oficial del partido Centro Democrático compartiera la constancia de radicación y, minutos más tarde, procediera a eliminar la publicación de sus plataformas digitales.

El motivo del retiro del mensaje digital radicó en que el texto firmado por la congresista no eliminaba de raíz los descuentos de condena para los reclutadores, sino que contemplaba mantener rebajas punitivas de hasta el 10% y el 15% para quienes cometan este delito a partir de la entrada en vigencia de la norma.

La proposición fue radicada formalmente ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes el martes 3 de noviembre de 2026, a las 12:42 p. m., dentro del trámite del Proyecto de Ley 433 de 2026 Cámara y 296 de 2026 Senado.

Esta iniciativa tramita la prórroga y modificación de la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público, marco jurídico que establece las bases del modelo de sometimiento y entrega de organizaciones armadas a la justicia ordinaria.

A través de su cuenta en la red social X, Mosquera anunció la presentación del documento legislativo, asegurando que su compromiso central está en la protección de la infancia: “En el marco de la discusión de la ley de sometimiento, radiqué una proposición que restringe beneficios a aquellos que incurran en el horrible delito del reclutamiento de niños”.

La representante concluyó su mensaje señalando la prioridad de su agenda: “La defensa de los derechos de la niñez es mi prioridad”.

La ‘letra pequeña’ de la proposición de Nelly Mosquera sobre reclutamiento de menores

El documento oficial suscrito por Mosquera proponía modificar el inciso segundo del numeral 1 del artículo 16 del texto proyectado para segundo debate en la plenaria de la Cámara.

“Para el actor armado ilegal o terrorista que, a partir de la entrada en vigencia de esta ley, reclute nuevos menores de edad, la rebaja de la pena no podrá exceder del diez por ciento (10%) para quienes hayan ejercido funciones de mando dentro de la organización y del quince por ciento (15%) para quienes no ejerzan un rol de mando”, señala el texto de la modificación radicada.

En la exposición de motivos de la constancia, la legisladora argumentó que su intención era recortar los porcentajes de rebajas generales contemplados en la ponencia inicial, los cuales alcanzaban hasta un 30% para los mandos y niveles operativos de las estructuras ilegales.

La sustentación añadía que el reclutamiento forzado vulnera de manera grave los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, por lo que resultaba necesario limitar las rebajas penales en concordancia con el artículo 44 de la Constitución Política.

Por el momento, el proyecto de sometimiento a la justicia continúa su debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, donde las bancadas deberán definir si excluyen por completo cualquier descuento punitivo para quienes vinculen a menores a las organizaciones delictivas, aunque en el Senado ya fue aprobado.

Propuesta de ley de sometimiento a la justicia

El proyecto de ley de sometimiento a la justicia busca desmantelar organizaciones criminales mediante su entrega voluntaria y comparecencia ante la justicia ordinaria. A diferencia de los procesos de paz, no contempla negociaciones políticas ni suspende las operaciones de la fuerza pública.

La iniciativa establece rebajas de penas de hasta el 50% para mandos medios y combatientes, y hasta el 30% para cabecillas, siempre que colaboren con la justicia y contribuyan al desmantelamiento de las estructuras criminales.

Para acceder a estos beneficios, los integrantes deberán entregar las armas, abandonar las actividades ilegales, suministrar información verificable y entregar los bienes obtenidos ilícitamente para contribuir a la reparación de las víctimas.

El proyecto también contempla modelos de reclusión diferenciados y exige la participación de las víctimas en las decisiones judiciales. Además, mantiene las órdenes de captura y los procesos de extradición, sin otorgar inmunidad a los sometidos.

La iniciativa legislativa busca reglamentar las causales de falta absoluta por incapacidad física o mental permanente, estableciendo una ruta institucional técnica e independiente para evaluar si los gobernantes electos cuentan con las aptitudes funcionales para el ejercicio del cargo.

El congresista explicó los alcances de la propuesta en declaraciones entregadas a la emisora Caracol Radio, donde comparó las exigencias que el marco legal le impone a trabajadores de diversos sectores frente a la ausencia de controles hacia quienes dirigen los destinos de los territorios.

¿En qué consiste el proyecto que busca poner a prueba a los mandatarios?

“Buscamos a través del proyecto de ley que reglamente las faltas absolutas por incompetencia del presidente, gobernadores y alcaldes, que esas personas que tienen a su cargo la vida, la salud, la seguridad de miles y, en el caso del presidente, millones de personas, pues se sometan a unos exámenes cuando existan condiciones que médicamente así lo establezcan”, explicó el legislativo.

Zuluaga puntualizó sobre la disparidad de requisitos entre servidores de elección popular y ciudadanos comunes en el país: “No podemos seguir en un país donde se le exige demasiado a un conductor de un vehículo, pero quien gobierna después de las elecciones parece tener patente de corso para hacer lo que le dé la gana”.

El representante a la Cámara agregó que es indispensable dotar al ordenamiento jurídico de mecanismos precisos para evitar situaciones de vacío de poder derivadas del consumo de sustancias o conductas que alteren el desempeño del mando público.

“Hoy tenemos que reglamentar esa causal que quedó establecida, pero que no dice más y que mucho bien le puede hacer al país, viendo los casos de gobernantes que han sido completamente incapaces por sus vicios y adicciones con el alcohol, con la droga, con las mujeres, con diferentes actividades y sustancias que comprometen la vida y ponen en riesgo la decisión, las decisiones para el bien y futuro de toda la población colombiana y las personas que gobiernan”, sostuvo el legislador.

En forma complementaria, el autor de la iniciativa compartió un video en sus cuentas oficiales de redes sociales en el que profundizó en los argumentos que sustentan el proyecto de ley y expuso la lógica operativa que plantea la norma.

“En Colombia, a las personas que trabajan con el transporte público, atienden pacientes, manejan maquinaria, el Estado les puede exigir pruebas toxicológicas, de alcohol o de sustancias psicoactivas. ¿Saben por qué? Por una razón muy sencilla: tienen vidas a cargo, ponen en riesgo la vida de muchas otras personas", señaló Zuluaga en la grabación.

El congresista extendió la comparación hacia las máximas responsabilidades de la administración territorial y nacional: “Ahora pensemos en otra persona, la que tiene a su cargo la seguridad, la salud, el presupuesto de un país, de un departamento, de un municipio. Es que son esas personas las que tienen la responsabilidad de manejar miles de millones en presupuesto, estar preparadas para una emergencia y una contingencia, manejar la fuerza pública”.

Pruebas toxicológicas y valoraciones médicas: así funcionaría la iniciativa

El dirigente del Centro Democrático recalcó que la iniciativa no busca promover persecuciones políticas ni alimentar conjeturas mediáticas, sino crear un conducto probatorio basado en la medicina legal y la ciencia: “Cuando existen serias dudas de las capacidades o aptitudes mentales, físicas o funcionales sobre la capacidad de un alcalde, un gobernador o incluso el presidente, no hay una ruta clara que permita tener, a través de criterios científicos y médicos, una manera de comprobar esa incapacidad. Y eso tiene que cambiar”.

Zuluaga detalló el blindaje que propone la normativa frente a eventuales señalamientos partidistas: “No a punta de rumores, no a punta de acusaciones políticas. Tiene que existir una valoración médica seria, técnica e independiente”.

“¿Quién dijo que gobernar un territorio es un privilegio? Es una responsabilidad gigante frente a la cual se tiene que responder, no con menos exigencias que los demás, sino al contrario, con mayores exigencias frente a la sociedad”, explicó en sus redes sociales.

El proyecto de ley iniciará su trámite legislativo en las comisiones constitucionales de la Cámara de Representantes, donde se asignarán los ponentes que presentarán el informe para el primer debate de la iniciativa en el Capitolio Nacional, solo si logra pasar por el primer filtro.

La congresista opositora afirmó que el representante supuestamente desconoce el articulado radicado y advirtió que la redacción actual abre la puerta para otorgar rebajas punitivas a integrantes de grupos armados ilegales responsables de reclutar menores de edad en el territorio nacional, pese a que él funge como ponente del proyecto.

El debate se originó en el trámite de la propuesta de sometimiento a la justicia, mecanismo que se tramita contrarreloj en el Congreso de la República vinculado a la renovación de la Ley de Orden Público, conocida como Ley 418.

A través de un video difundido en la red social X, Carrascal criticó la postura “doctrinaria” del partido de gobierno frente a las garantías judiciales contempladas para los comparecientes: “Aquí le están dando beneficios a los reclutadores de niños y de niñas de los grupos armados. Nosotros seguimos preguntándonos desde la bancada del Pacto Histórico si lo que pasa se hace con dolo o se hace por falta de experiencia”.

La representante prosiguió con sus señalamientos hacia la conducción del proyecto legislativo: “Y en definitiva, eso es lo que parece no solo de la mesa directiva, sino del ponente, que se estrena muy mal en esta plenaria. Usted dice que no están de acuerdo con negociar con delincuentes, con criminales. Ustedes desde el Centro Democrático han hablado siempre de la mano dura”.

Reclutamiento de menores desata el enojo de Carrascal

En su intervención, la legisladora invocó las bases normativas de protección a la niñez consagradas en la Constitución de 1991 y cuestionó la consistencia ideológica de la iniciativa gubernamental.

“¿En qué momento pasamos de reconocer que los niños y niñas son sujetos de derechos? ¿En qué momento pasamos de discusiones en la constituyente del 91, un estado social de derecho donde prevalecen los derechos de los niños y de las niñas y donde el señor Cancino, el doctor Cancino, no el ministro, sino su padre [Antonio José Cancino], ponía por encima los derechos de las personas más vulnerables?”, señaló directamente a los promotores de la iniciativa.

Carrascal increpó de manera directa al ponente por el alcance de los descuentos penales: “Aquí le están dando beneficios a los reclutadores de niños y de niñas de los grupos armados. Le están dando beneficios que no existen. Hoy está prohibido dar rebajas de penas y ustedes lo están haciendo. Dígame usted, representante Briceño, ¿cómo usted le puede dar la cara al país y a todas esas familias que lloran porque no tienen a sus niños y a sus niñas en las casas?”.

En respuesta a las alertas planteadas en el recinto, Daniel Briceño defendió la ponencia y aseguró que el texto cuenta con restricciones legales expresas para castigar las agresiones contra la infancia, fragmento de su intervención que Mafe Carrascal compartió en su video.

“Los beneficios de esta ley no se aplicarán para ninguna persona que haya sido condenada por sentencia judicial por el reclutamiento de menores de 14 años”, aseveró el legislador del Centro Democrático en la sesión plenaria.

No obstante, Carrascal refutó esa afirmación sosteniendo que la exclusión únicamente opera cuando existe una condena previa ejecutoriada, dejando un margen procesal para quienes no cuentan con fallo judicial en firme: “Usted mintió, porque no está excluido el delito de reclutamiento. Van a dar entre 50% y 30%. Claro que está excluido quien tiene condena en firme, pero sin condena previa, quienes recluten niños entre los 14 y los 17 años van a entrar al tratamiento”.

La legisladora concluyó señalando fallas en la preparación del ponente frente al articulado: “A mí no me hicieron sino perseguirme por subir a una niña a la tarima con permiso de su padre y de su madre. Dos jueces fallaron a mi favor, porque definitivamente no se estaba instrumentalizando a la niña, pero ustedes sí le quieren dar beneficios a los reclutadores de niños entre 14 y 17 años. Señor Briceño, parece que el que no leyó la ponencia que le escribieron fue usted”.

ABC del proyecto de ley de sometimiento

El proyecto de ley de sometimiento a la justicia tramitado en la Cámara de Representantes y el Senado de Colombia establece un marco judicial para el desmantelamiento de organizaciones criminales.

A. ¿De qué trata? Es una iniciativa que busca desmantelar organizaciones criminales mediante el sometimiento a la justicia ordinaria, sin negociaciones políticas ni reconocimiento de estatus de beligerancia. Las operaciones de la fuerza pública continúan y no se eliminan las órdenes de captura ni los procesos de extradición.

B. ¿Qué beneficios ofrece? Establece rebajas de hasta el 50% de la pena para mandos medios y combatientes, y hasta el 30% para cabecillas, siempre que colaboren con la justicia, entreguen información y contribuyan al desmantelamiento de las estructuras criminales.

C. ¿Cuáles son las condiciones? Los sometidos deberán entregar las armas, abandonar las actividades ilegales, entregar sus bienes ilícitos y colaborar con el esclarecimiento de los delitos y la reparación de las víctimas. Además, deberán cumplir las condiciones de reclusión establecidas y garantizar la participación de las víctimas en el proceso.

El dibujante acudió al Congreso con una pancarta gráfica sobre la primera dama Ana Lucía Pineda, en medio de su controversia con la esposa del presidente Abelardo de la Espriella. El hecho provocó el rechazo de congresistas de varias bancadas.

El artista asistió como invitado de la bancada del Pacto Histórico, cuyos integrantes buscaban concederle el uso de la palabra desde el atril principal para que expusiera sus cuestionamientos sobre la gestión gubernamental. González los ha planteado desde que llamó “ratita” a la primera dama, en referencia a las donaciones que recibió su fundación para ayudar a la comunidad pereirana tras el terremoto del 10 de agosto de 2026.

La iniciativa fue objetada por senadores del Centro Democrático, Salvación Nacional y otros sectores afines al Gobierno nacional, quienes exigieron la salida inmediata del recinto del dibujante debido a los señalamientos por mensajes considerados desobligantes hacia la primera dama en redes sociales.

Isabel Zulelta ‘saltó’ en defensa del caricaturista

Ante la negativa del sector opositor a desalojar el espacio, la mesa directiva y varios legisladores solicitaron el ingreso de miembros de la Policía Nacional para gestionar el retiro del invitado. En ese instante, la congresista Zuleta se interpuso físicamente entre los uniformados y el caricaturista para bloquear la orden de desalojo; en algunos momentos sostenía en sus manos la ilustración que “Matador” llevó al Capitolio.

La actuación de la senadora desató reclamos de sus colegas de corporación, quienes calificaron la escena como un quebrantamiento del orden institucional en el legislativo, además de un irrespeto.

Durante la retirada del caricaturista escoltado por personal de seguridad, el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández, confrontó de manera verbal a “Matador” gritándole el término “bandido”, a lo que el dibujante respondió lanzando besos al aire con sus manos, lo que calentó cada vez más la situación.

De hecho, Hernán Cadavid difundió grabaciones en las que se aprecia a los uniformados pidiendo la salida voluntaria al caricaturista y allí se veía cómo Isabel Zuleta se ubicaba al frente para impedir el procedimiento policial; allí ella alegaba: “no me toque (...) es que no me pueden sacar porque soy senadora”.

Isabel Zuleta no solo defendió a ‘Matador’ en el Senado, también en redes sociales

Tras el altercado, la legisladora del Pacto Histórico publicó un pronunciamiento en su cuenta oficial de la red social X para justificar su respaldo y advertir sobre supuestos hechos de censura estatal.

“La censura y el autoritarismo están llegando al Senado. En plenaria, los senadores de derecha, entre ellos Jota Pe Hernández, intentaron intimidar y maltratar al caricaturista Matador por exhibir un cartel que denuncia irregularidades de la primera dama en el manejo de la tragedia del terremoto”, escribió la senadora.

Zuleta agregó en su mensaje que los órganos legislativos deben admitir los reparos de la ciudadanía frente a la administración pública: “Es gravísimo que se pretenda silenciar la crítica mediante la intimidación y el uso de la fuerza contra un ciudadano en el Congreso. A esto se suman las denuncias de persecución laboral contra su esposa”.

“El presidente ilegítimo no manda en el Senado. La libertad de expresión no se somete al poder ni se silencia con amenazas. De inmediato trabajaremos en un debate de control político sobre la censura a la prensa, represalias por el ejercicio de la crítica al poder Ejecutivo y violaciones a la libertad de expresión en Colombia”, escribió para referirse a Abelardo de la Espriella.

Zuleta señaló en su post al referirse a la caricatura de la discordia, la cual ella compartió en una foto sosteniendo desde el atril del Senado: “Este es el cartel que han querido censurar. Les pido que lo compartan. La censura no puede imponerse sobre el derecho a denunciar. ¿En dónde está la plata de los damnificados?”.

La legisladora del Pacto Histórico denunció que el directivo de la corporación portaba un pañuelo azul celeste en su muñeca, símbolo representativo de los colectivos provida, lo que a su juicio vulnera la neutralidad obligatoria en la conducción de las sesiones legislativas.

Carrascal sustentó su reclamación en el artículo 101 de la Ley 5.ª de 1992, reglamento interno del Congreso de la República que prohíbe a los integrantes de la mesa directiva intervenir en debates sin haber delegado previamente sus funciones.

A través de su cuenta en la red social X, la congresista expuso los motivos formales de su desacuerdo frente a la conducción de la jornada legislativa: “El artículo 101 de la Ley 5.ª de 1992 establece que, si el presidente o vicepresidente de una comisión desea intervenir en el debate, debe apartarse de la presidencia y no retomarla hasta que concluya la discusión del asunto”.

En su pronunciamiento, la congresista equiparó el uso de distintivos ideológicos con una toma de postura anticipada en el estrado principal: “Hoy, al portar un pañuelo azul durante este debate, usted ha tomado partido públicamente frente a una discusión que exige garantías para todas las posiciones”.

Mafe Carrascal añadió: “¿Qué pasaría si yo presidiera la Comisión Primera y llevara un pañuelo a favor del aborto? ¿Se me permitiría hacerlo sin cuestionamientos? Las reglas deben ser iguales para todos. Presidente, garantice la imparcialidad en la dirección del debate y respete las garantías de quienes participamos en él”.

La exigencia de imparcialidad en el debate de Mafe Carrascal

De manera paralela, la congresista publicó un video en el que amplió sus cuestionamientos hacia la presidencia de la célula legislativa y citó jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre los principios de imparcialidad funcional.

“¿Qué dirían mis colegas de la Comisión Primera si yo fuera su presidenta y utilizara este pañuelo verde en el puño durante la conducción del debate? Esto precisamente es lo que está haciendo José Jaime Uscátegui, presidente de la Comisión Primera, con un pañuelo azul celeste de los provida atado a su muñeca", declaró en la grabación.

Carrascal citó nuevamente la normatividad parlamentaria para pedir el relevo en la mesa: “Cuando el presidente o alguno de los vicepresidentes desearen tomar parte en el debate, abandonarán su lugar en la mesa y no volverán a ocuparlo hasta que haya concluido la discusión del tema que se trate. Usted, presidente, está tomando partido con el hecho de llevar ese pañuelo. Usted debe ser neutral”.

La representante invocó antecedentes judiciales para respaldar su solicitud a los integrantes de la célula constitucional: “Ya lo ha dicho la corte en la sentencia 1041 del 2005. Usted no está siendo imparcial, así que le pido a mis colegas en la Comisión Primera de todas las bancadas que exijan garantías para que este debate se desarrolle de la mejor manera posible”.

La legisladora concluyó con un llamado sobre el alcance social de la propuesta: “Usted, José Jaime, ya no debería presidir este debate. A toda la sociedad colombiana quiero hacerle una alerta: los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas gestantes están en riesgo”.

¿Qué propone la reforma constitucional sobre el aborto y la vida desde la fecundación?

El proyecto que se disputa y que es la ‘manzana de la discordia’, la cual hasta ahora se está debatiendo en la comisión, es una propuesta de reforma constitucional que busca modificar el artículo 11 de la Carta Política para consagrar la protección del derecho a la vida desde el momento exacto de la fecundación.

La medida plantea reconocer al ser humano en gestación como titular de derechos y sujeto de especial protección por parte del Estado, con el objetivo de fijar un límite constitucional que busque dejar sin efecto las sentencias de la Corte Constitucional sobre la despenalización del aborto, incluida la Sentencia C-055 de 2022.

La iniciativa es liderada en el Congreso por congresistas de sectores de derecha y movimientos provida, encabezados por los representantes a la Cámara Luis Miguel López (Partido Conservador) y José Jaime Uscátegui (Centro Democrático), junto a senadores como Christian Garcés, Sara Castellanos (ambos del Centro Democrático) y Jota Pe Hernández (Alianza Verde).

El proyecto también cuenta con el respaldo ciudadano de plataformas como Unidos por la Vida e iglesias cristianas y católicas, y para entrar en vigencia deberá superar un trámite de ocho debates en dos periodos legislativos consecutivos por tratarse de una reforma a la Constitución.

La iniciativa proyecta la realización de 126 eventos culturales durante 2027 en la capital del Valle del Cauca, con el objetivo de generar una derrama económica superior a los $800.000 millones y movilizar a más de 530.000 asistentes locales y extranjeros tras las afectaciones dejadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026.

El anuncio se conoció durante una mesa de trabajo celebrada el miércoles 28 de octubre en Bogotá, escenario en el que la administración caleña articuló compromisos con representantes del Gobierno nacional y los principales promotores de conciertos del país.

“Lanzamos la Alcaldía de Cali junto a Billboard y a los principales productores de grandes eventos del país el plan para la recuperación anímica y económica de nuestra ciudad”, informó el alcalde Alejandro Eder ante medios de comunicación.

126 eventos, 530.000 asistentes y una apuesta económica de $800.000 millones

El mandatario detalló el alcance de la programación cultural prevista para el territorio: “Estamos impulsando esta iniciativa, que serán ciento veintiséis eventos en Cali el año entrante culturales. Eso incluye 6 eventos de estadio, es decir, de llenar el estadio 6 veces, 20 de arena y 100 de teatros”.

Eder precisó además los cálculos financieros y de aforo que proyectan el sector público y privado para la ciudad: “De esta manera esperamos generar un espacio que moverá alrededor de quinientas treinta mil personas y que puede generar un derrame económico de más de $800.000 millones”.

El mandatario aseveró: “Estas son las iniciativas y el tipo de iniciativas que necesitamos para reconstruir a Cali. Y esta es la mejor manera que los colombianos, que el resto del país, también en Cali, podemos apoyar la reconstrucción y es activando la ciudad y apostándole a la cultura”.

“Este proyecto hace parte de una iniciativa que esta alcaldía ha tenido desde que iniciamos, pero que se hizo más relevante luego del terremoto. Estamos trabajando además en recuperar nuevos espacios para darle a la ciudad una transformación cultural que se traduzca en crecimiento económico”, agregó Eder.

Para facilitar la llegada de productoras, la Corporación de Eventos, Ferias y Espectáculos de Cali (Corfecali) actuará como canal directo con los organizadores privados para flexibilizar tarifas de escenarios públicos, acelerar trámites de permisos y consolidar una agenda anual ininterrumpida.

Al encuentro asistieron delegados de firmas promotoras como Tu Boleta, BeatHub Entertainment, Páramo Presenta, ALS Eventos, Villalón Group, Stage Eventos y Fénix Entertainment, junto al gerente de Corfecali, Felipe Salcedo.

Incentivos tributarios y apoyo empresarial para reactivar los espectáculos en Cali

Desde el Gobierno nacional, la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Paola Holguín, expuso las herramientas de estímulo tributario a través de la convocatoria CoCrea, mecanismo que otorga beneficios fiscales a inversionistas del sector creativo.

La funcionaria destacó la reducción de la contribución parafiscal para promotores de conciertos, medida excepcional adoptada tras la emergencia sísmica de agosto.

A su turno, el viceministro de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Manuel Alejandro Naranjo, señaló las líneas de apoyo productivo habilitadas con entidades financieras estatales.

Naranjo explicó que, pese a los límites presupuestales derivados de la coyuntura fiscal, el Gobierno activó acuerdos con Bancóldex e Innpulsa para respaldar a pequeñas y medianas empresas de la cadena del entretenimiento.

El funcionario recordó la vigencia del Decreto 1417, normativa que otorga auxilios directos a las nóminas de empleadores afectados por el terremoto, y resaltó la meta de estructurar un gremio consolidado para espectáculos en vivo.

“De la mano de Billboard estamos trabajando en consolidar este proyecto, que responde a una necesidad que tiene el país”, manifestó el viceministro durante su intervención.

Como parte del calendario inicial impulsado bajo este esquema, los organizadores ratificaron la realización del concierto de Nicky Jam para el 21 de noviembre de 2026 y el tradicional Superconcierto de la Feria de Cali programado para el 27 de diciembre de 2026.

La Presidencia de la República anunció que la expedición de pasaportes y visas en Colombia y en los consulados en el exterior está plenamente asegurada mediante un contrato transitorio por 15 meses. A través de sus canales oficiales, la Casa de Nariño ratificó que el servicio esencial continuará operando sin contratiempos, manteniendo las tarifas vigentes para los usuarios, al conservar los precios unitarios de periodos anteriores.

Desde la cuenta de X de la Presidencia se enfatizó que este esquema transitorio permite proteger a los ciudadanos mientras el Gobierno nacional avanza de forma paralela en la licitación pública que definirá al operador definitivo.

“La Cancillería garantiza la continuidad del servicio de pasaportes en Colombia y los consulados en el exterior mediante un contrato transitorio de 15 meses, que mantiene los valores unitarios anteriores y permite avanzar hacia la licitación para seleccionar al operador definitivo. Los ciudadanos pueden consultar requisitos, citas y tarifas vigentes en los canales oficiales”, comunicó el Ejecutivo.

Desde el Gobierno nacional aseguraron que los ciudadanos pueden estar tranquilos, ya que no se prevén interrupciones en la expedición de pasaportes, pese a las disputas legales que se mantienen por la impresión y distribución del documento.

La disputa contractual que mantiene en vilo el modelo de expedición de pasaportes

El contrato 959-2026, gestionado a través del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores bajo las directrices del Ejecutivo, proyectó un presupuesto máximo de hasta $40.352 millones con la firma Thomas Greg & Sons (TGS). La ejecución tiene como fecha límite el 17 de diciembre de 2027 y contempla la emisión de entre 160.000 y 170.000 libretas mensuales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la medida se adoptó mediante la Resolución 12973 del 17 de septiembre de 2026, acto administrativo que declaró la urgencia manifiesta para dar estricto cumplimiento a una orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que suspendió de forma provisional el modelo contractual previo.

El Ejecutivo fundamentó la contratación en tres factores técnicos determinantes: tiempo, seguridad documental y estabilidad en los costos. En materia de tiempos, las autoridades alertaron que el inventario disponible de libretas se agota en noviembre de 2026.

Habilitar a un nuevo proveedor internacional requería meses para registrar y certificar una nueva planta ante la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci), mientras que la firma convocada podía reactivar la línea de producción en 20 días hábiles.

Frente a la seguridad, el Gobierno explicó que en la actualidad circulan dos diseños oficiales de pasaporte colombiano y que introducir un tercer formato temporal generaría traumatismos severos en los filtros migratorios aeroportuarios del mundo. En el aspecto económico, se fijó que los valores unitarios no tendrán reajustes por inflación ni por fluctuaciones en la tasa de cambio, garantizando que el ciudadano no pague cobros adicionales en sus trámites.

La adjudicación directa quedó formalizada con la Unión Temporal Documentos de Viaje 2027, consorcio conformado por Thomas Greg & Sons de Colombia S. A. con una participación del 68%, la firma tecnológica Thales Colombia S. A. con el 28,9% y Thomas Greg & Sons Limited con el 3,1% restante.

La cuantía máxima autorizada de $240.352 millones de pesos funciona como un techo presupuestal y no como una asignación fija. Los desembolsos se realizarán únicamente contra la entrega efectiva de documentos y la prestación de los servicios a satisfacción, concentrando $145.357 millones en libretas ordinarias electrónicas y $91.753 millones en actividades de personalización, custodia, almacenamiento y distribución.

¿Qué ocurrió con los pasaportes que actualmente hay incertidumbre por la distribución del documento?

El conflicto por la expedición de pasaportes en Colombia inició con la Licitación Pública 001 de 2023, valorada en cerca de $600.000 millones, proceso en el que varias empresas interesadas desistieron tras denunciar presuntos pliegos diseñados a favor de TGS, dejando a la multinacional como única oferente.

Bajo la postura de no adjudicar contratos cuantiosos con un solo proponente, el entonces canciller Álvaro Leyva declaró desierta la licitación en septiembre de 2023 y decretó una urgencia manifiesta para prorrogar el servicio, medida que detonó una demanda de la empresa contra el Estado por $117.000 millones y la posterior suspensión del ministro ordenada por la Procuraduría, durante el gobierno de Gustavo Petro.

La controversia escaló a choques internos en el Ejecutivo con la renuncia de Martha Lucía Zamora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado por respaldar una conciliación, y la destitución del secretario general José Antonio Salazar luego de que este intentara revocar la declaratoria y adjudicar el contrato a la firma privada.

Para superar la coyuntura, la Cancillería bajo Luis Gilberto Murillo trazó una hoja de ruta con prórrogas técnicas a la empresa operadora y una alianza con la Imprenta Nacional de Portugal para transferir tecnología hacia un esquema de manejo estatal de los documentos.

Pese a ese plan, diagnósticos técnicos y alertas de control evidenciaron que la Imprenta Nacional carecía de la infraestructura y el personal necesarios para asumir de inmediato más de un millón y medio de libretas anuales, obligando a prolongar esquemas de transición para garantizar la atención a los ciudadanos.

El paradero de Jorge Luis Agudelo Apreza, excandidato a la Alcaldía de Santa Marta por el movimiento Fuerza Ciudadana, se desconoce desde la mañana del lunes 26 de octubre de 2026, cuando se trasladó a Barranquilla para asistir a una cita comercial.

La desaparición movilizó operativos conjuntos entre el Gaula de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, mientras la Alcaldía de Santa Marta anunció una recompensa de hasta $50 millones por información verídica que permita dar con su localización.

Lo que se conoce es que Agudelo habría salido a las 5:45 a. m. de su residencia en el edificio Torre Panorama, en la capital del Magdalena, a bordo de un servicio de transporte con destino al departamento del Atlántico.

Hacia las 8:20 a. m., el dirigente se comunicó telefónicamente con su esposa para informarle su llegada a la capital atlanticense, y a las 10:00 a. m. notificó haber alcanzado el sitio previsto para el encuentro, perdiéndose todo contacto posterior con su familia.

Dentro de los elementos bajo verificación de las autoridades figura un movimiento financiero registrado a las 12:52 p. m. del mismo lunes en el establecimiento comercial Calzado Jhon Sport, ubicado en Barranquilla, realizado presuntamente con una tarjeta de crédito a nombre de la esposa del excandidato, sin que se confirme hasta el momento si él estuvo presente en el local.

Así reaccionó el país a la desaparición del excandidato de Fuerza Ciudadana

Frente a la alerta ciudadana, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, fijó la recompensa económica y ratificó la articulación institucional para acelerar las tareas de búsqueda.

“Ante la desaparición del señor Jorge Agudelo Apreza, desde el Distrito ofrecemos una recompensa de hasta $50 millones por información que permita dar con su paradero”, declaró el mandatario distrital en su cuenta de X.

Pinedo agregó: “Como alcalde de Santa Marta, desde el primer momento que conocí la situación, junto a mi equipo hemos estado en coordinación con el Gaula de la Policía y solicité a las autoridades competentes adelantar con la máxima celeridad todas las investigaciones correspondientes. Esperamos su pronto y sano regreso al hogar”.

Por su parte, la Gobernación del Magdalena informó que activó enlaces de emergencia con los organismos judiciales y las alcaldías de Barranquilla y Soledad.

“Desde nuestra responsabilidad institucional estamos respetando los protocolos y manejando la prudencia frente a la información, para no afectar las labores de búsqueda e investigación”, precisó la administración seccional en sus canales oficiales.

En la Comisión Segunda del Senado, el presidente de la corporación, Honorio Henríquez, expresó su solidaridad a los familiares y mencionó que existen reportes preliminares bajo reserva investigativa.

“Él se movilizó de la ciudad de Santa Marta a la ciudad de Barranquilla. En la ciudad de Barranquilla es el último reporte que se tiene, pero hay unos hechos anteriores que están siendo materia de investigación”, expuso Henríquez durante la sesión de la Comisión Segunda.

El congresista concluyó: “Yo espero que aparezca lo antes posible y que se aclare todo para el bien de él y de su familia”.

Su padre, quien comparte su mismo nombre, narró en declaraciones al medio regional Hoy Diario del Magdalena las últimas novedades del caso y pidió respaldo a los organismos de inteligencia.

“Fue a encontrarse con un empresario en Barranquilla y la esposa estuvo en contacto con él hasta el mediodía. Estaba lloviendo en Barranquilla. Se le apagó el celular. No hubo más comunicación desde el lunes en la tarde”, explicó el padre del dirigente.

Asimismo, añadió: “Pasó el día martes y entonces se hizo la denuncia en la Fiscalía sobre su desaparición física. Queremos hacerle un llamado perentorio a la Fiscalía y a todas las autoridades de policía para que hagan el rastreo y la búsqueda física de mi hijo”.

De manera complementaria, la senadora Carmen Patricia Caicedo radicó una solicitud formal pidiendo la activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente ante la Dirección Seccional de Fiscalías de Atlántico.

La petición de la legisladora exige verificar los registros de transporte, revisar las cámaras de videovigilancia en los peajes y coordinar acciones con la Alcaldía de Barranquilla y centros hospitalarios.

“A la Policía Metropolitana de Barranquilla y al Departamento de Policía Atlántico solicitamos intensificar las labores de búsqueda, reconstruir sus últimos desplazamientos y verificar toda la información que permita establecer su paradero”, señaló Caicedo en su cuenta de X.

Además, la exalcaldesa de Santa Marta Virna Johnson también se unió a las voces públicas y pidió a la ciudadanía suministrar cualquier dato útil para facilitar las labores de rescate: “Mis oraciones para Jorge y su familia; que su regreso a casa sea pronto, sano y salvo”.

“Pedimos a las autoridades del Atlántico y Magdalena atender la desaparición de Jorge Agudelo y a las personas que tengan algún tipo de información que ayude a dar con su paradero, comunicarla a las autoridades y familia. Por favor, ayúdennos a difundir esta información”, escribió en X.

Por ahora, los investigadores del Gaula centran sus labores en la recopilación de cámaras de seguridad del corredor comercial donde se produjo la transacción bancaria y en el rastreo técnico de las señales emitidas por el teléfono móvil del exfuncionario antes de apagarse.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia inadmitió la demanda de casación presentada por la defensa del abogado Diego Javier Cadena, en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez ―cuando él fungía como su abogado―, el cual está condenado a 8 años y 8 meses (104 meses) de prisión domiciliaria.

Con este pronunciamiento, el alto tribunal dejó en firme su condena por el delito de soborno en la actuación penal respecto al episodio del testigo Juan Guillermo Monsalve Pineda.

La decisión judicial quedó consignada en el auto AP6959-2026, bajo ponencia del magistrado José Joaquín Urbano Martínez. El alto tribunal confirmó que el recurso extraordinario interpuesto por los abogados de Cadena no superó los presupuestos de técnica jurídica exigidos por la ley procesal penal.

El caso contra el jurista se originó por hechos ocurridos en 2017 y 2018, época en la que ejerció labores jurídicas para el expresidente Álvaro Uribe Vélez en indagaciones sobre la conformación de grupos armados ilegales.

La Fiscalía demostró en juicio que Cadena visitó centros carcelarios para gestionar declaraciones falsas y cartas de retractación a cambio de prebendas legales y dineros en efectivo.

En el capítulo específico de Juan Guillermo Monsalve, el fallo acreditó que el 22 de febrero de 2018 el litigante acudió a la cárcel La Picota de Bogotá para ofrecer asesoría jurídica gratuita, tramitar la revisión de su condena y gestionar su ingreso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). A cambio de esos beneficios, el interno debía retractarse de sus afirmaciones contra el ex jefe de Estado y señalar al senador Iván Cepeda de haberlo instrumentalizado.

Por estos hechos, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bogotá condenó a Diego Cadena el 30 de septiembre de 2025 a 84 meses de prisión -en ese momento- domiciliaria como coautor de soborno en la actuación penal. Dicha condena fue ratificada el 5 de marzo de 2026 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

Los argumentos de la defensa que llevaron a la Corte a inadmitir la casación de Diego Cadena

Al estudiar la demanda de casación, la Corte Suprema de Justicia desestimó los cuatro cargos formulados por la defensa del abogado. El alto tribunal argumentó que los alegatos no acreditaron errores en la valoración del testimonio de Monsalve ni demostraron ilegalidad en la incorporación de las interceptaciones telefónicas o en la dosificación punitiva.

“Inadmitir la demanda de casación presentada por la defensa de DIEGO JAVIER CADENA RAMÍREZ contra la sentencia del 5 de marzo de 2026, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en cuanto confirmó su condena por soborno en la actuación penal relacionada con los hechos de Juan Guillermo Monsalve Pineda (sic)”, resolvió la corporación en el primer punto.

A la defensa del litigante únicamente le resta hacer uso del mecanismo extraordinario de insistencia ante los magistrados de la Sala Penal o ante el Ministerio Público, sin que este trámite frene la ejecutoria de la decisión.

De manera simultánea, la providencia de la Corte Suprema declaró la extinción de la acción penal y la preclusión definitiva en favor de Juan José Salazar Cruz, socio de Cadena en las visitas a las cárceles. La Registraduría Nacional del Estado Civil certificó que Salazar falleció el 10 de agosto de 2026 en la ciudad de Cali.

“Declarar extinguida la acción penal por la muerte del procesado JUAN JOSÉ SALAZAR CRUZ. En consecuencia, precluir la actuación seguida en su contra por los delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal (sic)”, precisó el alto tribunal en el fallo.

El otro frente judicial de Cadena: la condena por el episodio de alias Víctor sigue pendiente de revisión definitiva

Por otra parte, el proceso judicial contra Diego Cadena mantiene abierta una etapa procesal respecto al segundo episodio del expediente, vinculado con el exparamilitar Carlos Enrique Vélez Ramírez, conocido con el alias de “Víctor”. En este frente, el juzgado de primera instancia había absuelto al abogado, pero el Tribunal Superior de Bogotá revocó esa decisión y lo condenó por primera vez por soborno y fraude procesal a una pena acumulada de 104 meses de prisión.

Al haberse dictado esa condena por primera vez en segunda instancia, Cadena tiene derecho a la garantía constitucional de la doble conformidad a través del recurso de impugnación especial. La Corte Suprema de Justicia dispuso que ese recurso será resuelto de fondo una vez se surtan los trámites de insistencia y quede ejecutoriada la preclusión de su socio fallecido.

El representante a la Cámara por Bogotá Daniel Mauricio Monroy, del Pacto Histórico, radicó un incidente de desacato contra el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, al solicitar su arresto y la imposición de sanciones económicas por el presunto incumplimiento de un fallo de tutela relacionado con el manejo del Fondo Milagro.

La acción jurídica fue presentada ante el juez 38 laboral del circuito de Bogotá, Marcos Javier Cortés Riveros, despacho que el 20 de octubre de 2026 concedió el amparo al derecho fundamental de petición y ordenó a la cartera económica entregar respuestas de fondo en un plazo perentorio de 48 horas.

El congresista del Pacto Histórico denunció a través de su cuenta en X que los términos procesales vencieron el 23 de octubre de 2026 sin que la entidad ministerial remitiera los informes solicitados sobre los recursos destinados a la atención de los damnificados del terremoto del 10 de agosto.

“¡PEDIMOS ARRESTO AL MINISTRO DE HACIENDA MIGUEL GÓMEZ! El @MinHacienda se NIEGA a cumplir una tutela que radicamos para que nos responda por el Fondo Milagro (sic)”, expresó el representante Monroy en su post.

El legislador continuó su reclamo sobre la gestión administrativa del patrimonio autónomo: “Por eso he presentado un incidente de desacato contra el ministro Miguel Gómez. Llevo más de 40 días exigiéndole al Ministerio de Hacienda respuestas sobre el Fondo Milagro. ¿Qué quieren esconder? ¿Que no tienen plata? ¿Que no quieren responderles a los damnificados del terremoto? Si usted desacata nuestra tutela, puede implicar hasta su arresto y multas económicas. RESPONDA (sic)”.

De acuerdo con el documento judicial aportado por el congresista en su publicación, el proceso se originó el 16 de septiembre de 2026, fecha en la que radicó una solicitud formal de información amparada en el artículo 23 de la Constitución Política y en la Ley Quinta de 1992.

El requerimiento contiene seis preguntas puntuales sobre el funcionamiento del vehículo financiero creado mediante el Decreto Legislativo 1379 de 2026 para responder a la emergencia por grave calamidad pública.

¿Qué sanciones podría enfrentar el ministro si se comprueba el desacato?

Entre los puntos exigidos figuran la copia del contrato de fiducia mercantil del fondo, el monto consolidado de sus fuentes de financiación y el registro de sesiones y decisiones adoptadas por su consejo directivo. El cuestionario incluye la designación y asignación salarial del gerente, la apertura de la convocatoria para la auditoría internacional independiente y el balance de los dineros girados, comprometidos o ejecutados hasta la fecha.

Ante la falta de respuesta dentro de los plazos legales ordinarios, Monroy interpuso la acción de tutela. El juzgado admitió el recurso el 9 de octubre de 2026 y ofició al Ministerio de Hacienda, despacho que guardó silencio durante el trámite procesal.

El fallo judicial del 20 de octubre ordenó resolver de fondo, punto por punto, la petición del congresista. La orden estipuló que la contestación debía ser clara, precisa y congruente, abarcando desde la conformación del patrimonio autónomo hasta los soportes de ejecución presupuestal.

En el escrito de desacato, Monroy invocó los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991, normatividad que faculta a los jueces constitucionales a imponer sanciones de hasta seis meses de arresto y multas de hasta 20 salarios mínimos legales mensuales a las autoridades que desatiendan las órdenes judiciales.

El trámite procesal quedó radicado, correspondiéndole al juez de conocimiento abrir formalmente el incidente y requerir al titular de la cartera de Hacienda para que rinda sus descargos.

¿De qué se trata el Fondo Milagro del Gobierno de Abelardo de la Espriella?

El Fondo Milagro, creado por el Gobierno nacional para atender la emergencia provocada por el terremoto de agosto de 2026, busca centralizar los recursos destinados a la atención humanitaria y la reconstrucción de las zonas afectadas, entre ellas Valle del Cauca, Risaralda y Caldas. El mecanismo contempla ayudas para las familias damnificadas, recuperación de viviendas e infraestructura y proyectos de reactivación económica.

El fondo funciona como un patrimonio autónomo administrado mediante un contrato fiduciario y se financia con recursos del Presupuesto General de la Nación, créditos internacionales, donaciones y aportes territoriales.

Su dirección operativa está a cargo de un gerente designado por el presidente de la República, mientras que un consejo directivo tiene la responsabilidad de definir prioridades y aprobar los proyectos.

Sin embargo, su estructura provocó cuestionamientos por la concentración de las decisiones en delegados de la Presidencia, la participación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) sin derecho a voto y las posibles presiones fiscales sobre gobernaciones y alcaldías que aporten recursos para la reconstrucción.

También existen inquietudes sobre los tiempos de ejecución de las ayudas y la transparencia en la contratación, de allí la decisión del congresista opositor de hacer uso de los mecanismos de participación ciudadana para exigir respuestas sobre el Fondo Milagro.

El senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa afirmó que la Fiscalía General de la Nación heredó un panorama complejo en materia de seguridad, tras las amenazas reportadas contra el registrador Nacional, Hernán Penagos, y el procurador General, Gregorio Eljach.

A través de un pronunciamiento emitido en su cuenta de la red social X, el congresista analizó los riesgos que enfrentan los titulares de los organismos de control y electorales del país frente a las investigaciones en curso.

“Esta semana el país conoció amenazas contra el Registrador, el Procurador y otros altos funcionarios”, escribió Motoa al comienzo de su mensaje.

El congresista advirtió sobre la vulnerabilidad que esta clase de presiones proyecta hacia otros sectores del territorio colombiano: “Lo que revela un panorama muy complejo... porque si integrantes del Estado lidian con semejante zozobra, ¿qué pueden esperar líderes sociales, comunitarios, periodistas y ciudadanía en general?”.

En el mismo pronunciamiento, el legislador vinculó los hechos intimidatorios con el clima de polarización social y respaldó las labores investigativas del ente acusador para esclarecer las alertas tempranas: “Cada vez más evidente que @FiscaliaCol heredó una situación complicada, en la que la polarización (mediante acoso y señalamientos) continúa muy enquistada en el seno de la sociedad colombiana (sic)”.

El senador de Cambio Radical concluyó su balance expresando respaldo al organismo judicial: “Confío en capacidades y objetividad del ente acusador”.

Hernán Penagos y Gregio Eljach, bajo alertas de seguridad: las medidas que se anunciaron

La reacción en el Congreso se dio luego de que el registrador Hernán Penagos contara a Caracol Radio que él contaba con información sobre un presunto plan orquestado desde un centro carcelario para atentar contra su vida, lo que encendió las alarmas y desde el Gobierno de Abelardo de la Espriella se pronunciaron.

Y es que el ministro de Justicia, Iván Cancino, puso al tanto de la situación al presidente Abelardo de la Espriella, al vicefiscal y encargado de la Fiscalía General de la Nación, Gilberto Guerrero, además de que advirtieron que iban a tomar medidas de seguridad para el funcionario.

Luego de conocerse estas presuntas amenazas, el jefe del organismo electoral abordó el tema durante el acto de lanzamiento oficial del calendario comicial de 2027 y declaró que se encuentra tranquilo en el ejercicio de su cargo. Penagos señaló que, hasta la fecha, no dispone de reportes adicionales a los datos entregados por los organismos de inteligencia del Estado, por lo que mantendrá sin alteraciones sus compromisos de planeación en todo el país.

A la alerta del registrador se sumaron las declaraciones del procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, que advirtió que su esquema de protección personal y el de su núcleo familiar debieron ser ajustados por riesgos inminentes.

El titular del Ministerio Público se refirió a estas medidas preventivas al retomar sus labores presenciales en la sede principal de la Procuraduría, luego de permanecer ausente de las instalaciones durante un mes.

“Estamos tomando medidas muy serias y muy profundas para evitar un peligro muy grave que se cernía sobre mi persona y sobre mi equipo de trabajo”, afirmó Eljach a su llegada a la dependencia oficial, cuando fue abordado por diferentes medios de comunicación.

El jefe del órgano disciplinario expresó sus expectativas frente a su retorno al despacho: “Espero poder volver con la tranquilidad que uno se merece”.

El procurador detalló además que los indicios preliminares bajo verificación involucrarían a personas vinculadas a la misma entidad de control, por lo que sostuvo: “Ya muy comprometida mi seguridad y la de mi familia. Por razones que, sin tener conclusiones definitivas, involucran a gente que trabaja acá”.

Pese a sus advertencias, el funcionario no entregó nombres específicos ni profundizó en los detalles de las indagaciones internas para no entorpecer los procedimientos de las autoridades forenses y de inteligencia.

Los casos expuestos por Penagos y Eljach encendieron el debate político en el Congreso, donde diversas bancadas reclamaron garantías institucionales para el normal desarrollo de las elecciones y la vigilancia disciplinaria.

Los esquemas de custodia asignados a las sedes de la Registraduría Nacional y de la Procuraduría General permanecen bajo monitoreo especial por parte de la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección (UNP), mientras la Fiscalía recopila testimonios para determinar el origen de los presuntos planes delictivos.

El concejal Jairo Avellaneda, perteneciente al Pacto Histórico, denunció que el Gobierno nacional retirará recursos tributarios pertenecientes a la capital para trasladarlos al denominado Fondo Milagro —iniciativa del Gobierno de Abelardo de la Espriella orientada a financiar programas y proyectos sociales—, mientras la administración del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, mantiene silencio, según dijo, sobre el impacto económico real de la medida.

De acuerdo con la denuncia formulada por el cabildante distrital, la sustracción de estos dineros públicos se encuentra sustentada en el Decreto Legislativo 1382 expedido el 9 de septiembre de 2026 bajo el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

La norma presidencial ordena modificar temporalmente la destinación de la sobretasa al Acpm para atender la emergencia en los departamentos afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2026, el cual tuvo como epicentro al Chocó, aunque afectó a otras ciudades y departamentos.

El punto de discordia es que el artículo 15 del decreto legislativo fija que la mitad del 50% de la sobretasa que corresponde a Bogotá y a departamentos de categorías especial, primera y segunda sea girada al vehículo financiero de la emergencia.

En términos fiscales, la disposición representa para las arcas de la capital una reducción equivalente al 25% de los recursos causados por este tributo entre octubre de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.

Frente a este escenario financiero, el concejal Avellaneda cuestionó de forma pública la postura asumida por el mandatario distrital ante las decisiones adoptadas desde la Casa de Nariño: “¿Dónde está el alcalde Galán que confrontaba a Petro por la autonomía territorial?”.

¿Cuánto dinero perdería Bogotá y qué obras podrían verse afectadas?

Avellaneda continuó con su reclamo, el cual hizo por medio de un comunicado y señaló: “Hoy el Gobierno de Abelardo de la Espriella expide un decreto para quitarle a Bogotá una parte de los recursos del Acpm y llevarlos al Fondo Milagro, y no conocemos una sola posición del alcalde. ¿Por qué antes levantaba la voz y ahora guarda silencio cuando están en juego los recursos de la ciudad?”.

El concejal denunció que el Distrito Capital todavía desconoce el impacto monetario de la retención y qué proyectos de infraestructura vial o movilidad se verán postergados por falta de fondos.

“Esto es gravísimo. No estamos hablando de una simple redistribución en abstracto. El Gobierno nacional está retirando recursos que le corresponden a Bogotá para llevarlos al Fondo Milagro, y la ciudad todavía no sabe cuánto representa esa decisión en pesos”, aseguró.

El cabildante insistió en la necesidad de cifras precisas: “¿Cuántos millones dejarán de ingresar? ¿Qué inversiones estaban previstas con esa plata? ¿La Alcaldía tendrá que modificar sus proyecciones financieras? El alcalde debería responderles esas preguntas a los bogotanos”.

En su denuncia, el líder político recordó que el artículo 287 de la Constitución Política protege la autonomía de las entidades territoriales para administrar sus propios recursos: “Aquí estamos viendo una falta de carácter para defender los intereses de la capital”.

Jairo Avellaneda le cobra a Carlos Fernando Galán su postura sobre la autonomía territorial

“Cuando gobernaba [Gustavo] Petro, Galán hablaba de autonomía territorial y cuestionaba cualquier decisión que pudiera afectar los recursos de Bogotá. Ahora, con Abelardo, le quitan plata a la ciudad para llevarla al Fondo Milagro y el alcalde no dice nada. ¿La autonomía de Bogotá depende de quien esté sentado en la Presidencia?”, cuestionó el concejal.

Jairo Avellaneda aclaró que la capital debe respaldar a las poblaciones damnificadas por el desastre natural, pero advirtió que la solidaridad nacional no puede anular el deber de rendir cuentas: “Nadie está diciendo que Bogotá no deba ser solidaria con las regiones afectadas”.

El cabildante enfatizó que: “Lo que no podemos aceptar es que se le quite plata a la capital, se la traslade al Fondo Milagro y el alcalde se quede callado. La solidaridad no puede convertirse en una excusa para que los bogotanos no sepan cuánto dinero pierden ni qué consecuencias tendrá la decisión”.

Por esta razón, el cabildante radicó un derecho de petición exigiendo a la Secretaría Distrital de Hacienda y al alcalde Carlos Fernando Galán hacer pública la cuantificación exacta en pesos de los recursos que saldrán de la ciudad.

La solicitud de control político pide certificar qué porcentaje de ese recaudo ya contaba con compromisos contractuales vigentes y detallar los ajustes fiscales contemplados para cubrir ese faltante presupuestal.

“Necesita que explique cuánto dinero le están quitando a la ciudad, qué consecuencias tendrá el traslado de esos recursos al Fondo Milagro y qué piensa hacer para proteger los intereses de los bogotanos. Con Petro confrontaba; con Abelardo, hasta ahora, guarda silencio. La defensa de Bogotá no puede depender de las afinidades políticas”, sentenció Jairo Avellaneda.

Aunque el decreto presidencial establece que el esquema ordinario de giro de la sobretasa al Acpm se restablecerá a partir del 1 de enero de 2028, los sectores de control político del Concejo anunciaron que citarán a debate a los secretarios del gabinete distrital para evaluar los efectos de la medida en las obras de la ciudad.

La revelación se conoció durante el inicio del debate legislativo sobre el proyecto de acto legislativo —el cual fue radicado por el mismo Gómez— que busca poner fin definitivo al funcionamiento de la justicia transicional en 2028, impidiendo cualquier prórroga temporal o adición de mandato.

Durante su intervención del martes 27 de octubre de 2026, el congresista presentó las cifras del gasto operativo del tribunal y cuestionó los balances entregados a la ciudadanía frente al presupuesto asignado.

“Esta cifra es determinante. La nómina paralela de la justicia para la paz, la nómina paralela de la paz, pasó en el inicio de esta corporación judicial de 134 cargos a 1.218”, afirmó Enrique Gómez ante la Comisión Primera del Senado.

El legislador precisó el costo que representan estas vinculaciones contractuales para las finanzas del Estado y su proporción frente a la planta de personal establecida: “¿Cómo le explicamos al pueblo colombiano esto?”.

Los números de la contratación que puso Enrique Gómez sobre la mesa

“Que este costo de contratos en 2026 ya suma 72.000 millones y la correlación entre OPS, nómina paralela y la planta es del 25%, lo cual sitúa a esta corporación judicial también frente a otras corporaciones de objeto equivalente, en una situación ostensiblemente mayor a la que tienen todas las demás corporaciones judiciales del país, que tienen que lidiar con la congestión de la justicia ordinaria”, dijo Gómez en su intervención.

El senador enfatizó que el incremento de personal no guarda relación directa con el número de decisiones de fondo adoptadas por las salas y secciones del tribunal de paz: “Un aumento de 1.084 contratistas en menos de siete años. Eso, visto el resultado que se ha venido evidenciando a nivel de sentencias y de resoluciones de situación jurídica y de resoluciones de conclusión, pues no tiene en la práctica ninguna justificación”.

El congresista advirtió que el diseño judicial actual genera preocupación entre las víctimas debido a la falta de sanciones efectivas y a la lentitud en la resolución de los expedientes del conflicto armado: “Y la ciudadanía está indignada, aburrida, porque además anticipa el resultado que va a terminar siendo un mega resultado de impunidad”.

“No solo por la calidad de las penas, que no son privativas de la libertad que impone la JEP, sino porque existe una imposibilidad real en el esquema procesal que adoptó la JEP para llegar a conclusiones de hecho sobre las decenas de miles y cientos de miles, millones de casos de violaciones al derecho humanitario y crímenes de guerra de las Farc”, puntualizó Gómez.

Esto es lo que busca el proyecto legislativo contra la JEP

La propuesta legislativa de Salvación Nacional modifica las normas constitucionales vigentes que contemplan una vigencia de 10 años para la JEP y un periodo posterior de 5 años adicionales para concluir actuaciones procesales.

El texto radicado eliminaría la posibilidad de que los magistrados soliciten al Congreso una extensión adicional del tiempo de labores o que se aprueben leyes para prolongar el mandato más allá del 2028.

En su lugar, el proyecto dispone que los expedientes e investigaciones que no alcancen a ser resueltos por la JEP pasen a conocimiento de los jueces de la justicia ordinaria.

Para cumplir con esta transición, el Congreso deberá tramitar una ley estatutaria que fije la ruta técnica y procesal del traslado de los procesos judiciales pendientes.

La reforma aclara que las personas y hechos que asuma la justicia ordinaria seguirán rigiéndose bajo los parámetros de la justicia transicional, garantizando que ninguna sanción resulte más gravosa que las contempladas en los acuerdos iniciales.

El articulado también estipula que los comparecientes que deban presentarse después de 2028 quedarán bajo la jurisdicción de los despachos judiciales comunes, aplicando los beneficios y mecanismos acordados en el Acuerdo de Paz de 2016.

El Gobierno del Reino Unido otorgó el beneplácito diplomático a Miguel Uribe Londoño, papá del senador asesinado a mediados de 2025 Miguel Uribe Turbay, para asumir la jefatura de la misión de Colombia en Londres como embajador extraordinario y plenipotenciario.

La aceptación formal de las autoridades británicas desbloquea el trámite exterior y permite a la Casa de Nariño expedir el decreto de nombramiento para formalizar su llegada a la capital inglesa.

La decisión de Londres resuelve un compás de espera de poco más de dos meses desde que la Cancillería colombiana radicó la postulación oficial ante el Foreign Office (el Ministerio de Relaciones Exteriores de Reino Unido).

El proceso de evaluación se adelantó dentro de los plazos y protocolos regulares que exige el servicio exterior británico para avalar la designación de los jefes de misión diplomática en su territorio.

El aval representa un paso reglamentario indispensable en el derecho internacional, pues certifica la conformidad del Estado receptor con la persona propuesta por el Gobierno que encabeza el presidente Abelardo de la Espriella, quien respaldó de forma directa a Uribe Londoño para asumir la interlocución política y comercial en territorio europeo.

Una vez formalizado el decreto presidencial en Bogotá, Uribe Londoño viajará a Londres para entregar las cartas credenciales ante las autoridades de la Corona británica y el Ministerio de Asuntos Exteriores, trámite protocolario que marca el inicio de sus funciones en el Reino Unido.

Sin visa de turismo e inversiones: los retos que tendrá en Londres

Dentro de la hoja de ruta que el nuevo embajador llevará a territorio británico, destaca el restablecimiento de las conversaciones políticas en los niveles institucionales más altos. Su gestión buscará recomponer las relaciones diplomáticas y asegurar nuevos mecanismos de cooperación técnica en materia económica, comercial y de seguridad.

Una de las prioridades centrales que asumirá la embajada será la revisión técnica del régimen migratorio, con miras a evaluar las condiciones necesarias para que los ciudadanos colombianos puedan ingresar nuevamente al Reino Unido sin la exigencia de un visado de turismo. Esta medida busca facilitar la movilidad de viajeros, estudiantes, académicos y profesionales que se desplazan con frecuencia entre ambos países.

Asimismo, Uribe Londoño gestionará el respaldo financiero e inversionista de entidades británicas para proyectos de infraestructura estratégica en Colombia.

La meta apunta a vincular al sector corporativo de ese país con la construcción del corredor férreo proyectado para conectar los puertos de la costa Caribe con el departamento de Antioquia.

La designación de Uribe Londoño se suma a otros movimientos en las sedes diplomáticas de Colombia en Europa durante el actual mandato presidencial. En la actualidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores aguarda la respuesta a la solicitud de beneplácito remitida al Gobierno de España para que el exsenador del Centro Democrático Carlos Felipe Mejía asuma la conducción de la embajada en Madrid.

Del legado de su hijo a la representación diplomática de Colombia

De manera previa a la notificación del aval internacional, Uribe Londoño lideró la creación del Centro de Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay, una plataforma formativa creada en memoria de su hijo. La iniciativa busca capacitar a nuevas generaciones en gestión pública, ética ciudadana y liderazgo social a través de talleres y metodologías comunitarias.

El proyecto tuvo su primer encuentro masivo el 7 de octubre de 2026 en Bogotá durante el Summit para el Liderazgo Valiente, certamen que contó con la presencia de directivos de medios de comunicación, representantes de la administración nacional y delegaciones cívicas.

Según voceros de la organización, revelados por Canal 1 Noticias, Uribe Londoño continuará vinculado al desarrollo de este centro de formación mientras ejerce sus responsabilidades en la sede diplomática en Londres.

Con la aprobación del beneplácito confirmada por las autoridades de ambos países, la Cancillería prepara la documentación legal para que el nuevo embajador asuma sus funciones en la capital británica y represente los intereses del Estado colombiano en el escenario europeo.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), bajo la dirección de Carolina Restrepo, denunció que el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) estaría realizando presiones e intimidaciones sobre la contratación estatal en esa región. La entidad advirtió que estas acciones ponen en riesgo la continuidad del servicio de atención integral para más de 9.600 niños y adolescentes en el departamento del Cauca.

A través de un pronunciamiento oficial emitido desde su sede central en Bogotá el martes 27 de octubre de 2026, la institución rechazó las exigencias formuladas por la organización tradicional para renovar convenios al margen de los requisitos legales vigentes.

“El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) rechaza categóricamente las amenazas, presiones e intimidaciones que presuntamente estaría haciendo el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), dirigidas a obtener la continuidad de contratos de aporte por fuera del marco jurídico que rige la contratación estatal”, comunicó la entidad al inicio de su declaración.

La disputa por los contratos que tiene en alerta al Icbf

El desacuerdo contractual se concentra en el vencimiento de los esquemas operativos actuales, programado para el 31 de octubre, fecha límite en la que deben suscribirse los nuevos compromisos para garantizar la atención en los resguardos y zonas rurales.

“La organización ha amenazado con dejar sin atención a más de 9.600 niños y adolescentes, pues exige al Icbf que los nuevos contratos mantengan las condiciones vigentes hasta el 31 de octubre para seguir con la prestación de servicios; sin embargo, la actual administración ha requerido que la celebración de estos nuevos contratos se haga bajo el estricto cumplimiento de la ley”, precisó el reporte institucional.

La dirección del Bienestar Familiar enfatizó que la administración pública no puede ceder ante mecanismos de coacción que busquen eludir las normas fiscales y de transparencia en la ejecución de los recursos destinados a la infancia.

“El Instituto reitera que las decisiones de una entidad pública no se imponen mediante amenazas ni se negocian al margen de la ley. Esta administración tiene un compromiso irrenunciable: trabajar por, para y con los niños y adolescentes de Colombia, garantizando sus derechos con transparencia, equidad y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos”, agregó el documento.

Frente a las mesas de concertación con las autoridades tradicionales, el instituto enfatizó que las disposiciones administrativas se mantendrán sujetas a los estatutos generales de contratación, descartando tratos diferenciados que vulneren los principios de igualdad y control fiscal: “Por ello, las decisiones contractuales se adoptarán con estricto apego al ordenamiento jurídico, sin privilegios ni excepciones. Ningún acuerdo o condición particular puede justificar el desconocimiento de las normas vigentes”.

Asimismo, la institución cuestionó que se recurra a la interrupción de los programas de alimentación, cuidado y desarrollo psicosocial como mecanismo de negociación política frente al Gobierno nacional.

“La protección de la niñez no puede utilizarse como instrumento de presión, ni como argumento para exigir condiciones contrarias a la ley. Por el contrario, garantizar sus derechos implica actuar con responsabilidad y asegurar que los recursos públicos cumplan su finalidad”, advirtió el pronunciamiento.

Pese a las discrepancias jurídicas sobre las minutas contractuales, la dirección general del Icbf aseguró que mantiene la disposición para dialogar con los voceros del movimiento indígena, siempre que las conversaciones se desarrollen dentro de los márgenes normativos.

El organismo concluyó que continuará implementando los lineamientos de austeridad y supervisión de los dineros públicos en todos los departamentos del territorio nacional: “En Colombia, la ley es para todos y todos estamos obligados a cumplirla. Sin distinciones, sin privilegios y sin excepciones. La niñez merece instituciones que actúen con integridad, firmeza y coherencia. Ese es nuestro compromiso y esa será nuestra línea de actuación”.

¿Qué exige el Cric y por qué amenaza con movilizarse?

El Cric exigió que la atención a niños pequeños, mujeres gestantes y madres lactantes indígenas respete sus tradiciones y su modelo educativo propio, conocido como Semillas de Vida. También pidió que las autoridades indígenas tengan autonomía para elegir a quienes trabajan en estos programas.

Además, reclamó que los convenios se firmen directamente con las organizaciones indígenas, sin intermediarios, y que se garantice el presupuesto necesario. Los alimentos deben comprarse, en lo posible, a productores locales y responder a las costumbres de las comunidades, evitando que falten raciones o servicios.

De hecho, la Cric pidió una mesa de diálogo con representantes nacionales del Icbf y de los ministerios involucrados, con capacidad para tomar decisiones. La fecha límite para cumplir las exigencias era el 31 de octubre; de no obtener respuestas y acuerdos concretos, las comunidades advirtieron que podrían retomar las movilizaciones y bloquear la vía Panamericana (de allí que el instituto haya compartido el comunicado).

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, condenó el asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta y hermano del excongresista Jairo Castellanos, perpetrado la noche del lunes 26 de octubre de 2026 sobre el Anillo Vial Occidental de la capital de Norte de Santander.

El jefe de Estado ordenó a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación desplegar todas las capacidades institucionales para capturar a los autores del crimen, al advertir que en el país no se tolerarán acciones de impunidad.

A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario nacional repudió el atentado contra el exfuncionario municipal y envió condolencias a sus allegados: “¡EL ASESINATO DE MIGUEL CASTELLANOS NO PUEDE QUEDAR IMPUNE! (...) Mi solidaridad y mis más sentidas condolencias a su familia. Que Dios les conceda fortaleza en este momento de profundo dolor (sic)“.

“¡QUE LO TENGAN CLARO LOS CRIMINALES: EN COLOMBIA NO HABRÁ ESPACIO PARA LA IMPUNIDAD! Vamos a perseguir a los responsables con toda la capacidad del Estado y a llevarlos ante la justicia (sic)”, afirmó en su post.

Además, el ministro de Defensa, Jorge Mora, se pronunció en sus redes sociales, en donde no solo condenó el asesinato, sino que aseveró que desde su cartera y con las autoridades se comprometía a encontrar a los responsables del crimen contra Miguel Castellanos.

“Condeno con absoluta contundencia el asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta. La @PoliciaColombia, en coordinación con la Fiscalía, deberá actuar con toda la capacidad investigativa para identificar, perseguir y capturar a los responsables de este crimen. Los vamos a buscar, los vamos a encontrar y tendrán que responder ante la justicia. No habrá tregua frente a quienes atentan contra la vida de los colombianos (sic)”, se lee en su publicación.

Y se unió al dolor de los seres queridos del líder político: “Mi solidaridad con su familia y seres queridos”.

Así fue la emboscada en el Anillo Vial Occidental; esta es la millonaria recompensa que ofrecen las autoridades

De manera paralela, la Alcaldía de Cúcuta, la Gobernación de Norte de Santander y la Policía Nacional anunciaron el ofrecimiento de una recompensa de hasta $100 millones por información ciudadana que conduzca a la ubicación y captura de los homicidas.

La Gobernación señaló en su cuenta en X: “Solicitamos a las autoridades competentes adelantar las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y garantizar que se haga justicia. Norte de Santander exige respeto por la vida”.

Además, compartieron un video de la Policía en el que advierten que: “Se activó un plan candado y desplegó sus capacidades operativas e investigativas para esclarecer el homicidio de Miguel Castellanos, ocurrido en la noche del 26 de octubre en el sector del pórtico, en el anillo vial occidental”.

“La ciudadanía puede aportar información a través de la línea de emergencia uno dos tres con absoluta reserva. La Policía Nacional, junto a la Fiscalía General de la Nación, dispuso de todas sus capacidades institucionales para la captura de los responsables de este hecho cuando Castellanos se desplazaba hacia su lugar de residencia en un vehículo blindado”, señalaron sobre la recompensa y lo que esperan para esclarecer el crimen.

Según las primeras informaciones, el exsecretario detuvo la marcha en el establecimiento para abastecerse de combustible y allí fue abordado mediante una maniobra provocada por un motociclista.

“La camioneta, que es una camioneta blindada, la golpean; él se baja a mirar qué fue lo que pasó, a hablar con la persona de la motocicleta, y es esa persona la que comete los disparos a él”, explicó George Quintero, secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Norte de Santander, ante los diferentes medios de comunicación que se encontraban en el lugar.

El funcionario departamental lamentó lo ocurrido y señaló que la víctima no contaba con sus escoltas en el instante del ataque: “Castellanos contaba con esquema de seguridad, pero desafortunadamente en ese momento no lo tenía. Desde la Gobernación de Norte de Santander, reprochamos estos actos violentos”.

En declaraciones entregadas a la emisora Caracol Radio, el secretario departamental confirmó que el hijo menor de edad de Miguel Castellanos viajaba en el vehículo y presenció el momento en que dispararon contra su padre: “Él venía escasamente con su hijo, según la información. Es un menor de edad”.

Frente a las hipótesis sobre las causas del homicidio, las autoridades investigan los antecedentes de amenazas y ataques armados dirigidos previamente contra el entorno familiar de la víctima en la región oriental del país.

“Analizan los antecedentes que hemos tenido, obviamente con la familia Castellanos, su hermano, que también hace unos meses tuvo un atentado en Arauca donde fallecieron unos escoltas de él”, reveló el titular de la cartera de seguridad de Norte de Santander.

La precisión se conoció tras una investigación periodística de la revista Cambio que reveló presuntos gastos con tarjetas corporativas de una empresa textil vinculada al grupo Coosalud.

De acuerdo con la publicación del medio de comunicación, las transacciones bajo la lupa se habrían realizado desde cuentas bancarias de Inversiones Portichelly, una compañía del conglomerado dedicada a la confección de uniformes.

Los extractos bancarios de 2025 al parecer habrían registrado consumos por $5 millones en el establecimiento Texas Luxury Casino, ubicado en el barrio El Bosque, así como dos supuestos desembolsos de $400.000 en el local nocturno El Paraíso del Marino, en el sector de Vista Hermosa, lo que habría sumado $5,8 millones.

Frente a la controversia pública, Navarro explicó el origen corporativo de los fondos y desestimó que se tratara de dineros destinados a la atención médica de los usuarios de Coosalud EPS.

“Es importante aclarar que estos pagos no corresponden a recursos de la salud. Se trata de operaciones cuestionadas realizadas por el gerente de una empresa de confección de uniformes vinculada a la Cooperativa Coosalud. Cuando el agente interventor me informó de estos hechos, mi orientación fue que se denunciaran ante la Fiscalía, como efectivamente lo hizo la intervención en febrero de 2026”, puntualizó la exfuncionaria.

La investigación expuso una serie de presuntos 42 retiros de dinero en efectivo entre agosto y diciembre de 2025 desde las cuentas de la misma compañía de confecciones, los cuales habrían ascendido a $56,7 millones de pesos.

Retiros en efectivo y falta de soportes contables

Sumando los pagos en los locales comerciales y las extracciones por ventanilla denunciados, los movimientos observados habrían alcanzado $62,5 millones, transacciones que no contarían con los soportes de justificación requeridos en las actas de empalme.

Asimismo, las revisiones administrativas tras la entrega de la cooperativa habrían salpicado a otra sociedad del grupo denominada Soluinnova, dedicada al mantenimiento y adecuación de inmuebles. En esa filial se habrían identificado anticipos contractuales por aproximadamente $399,7 millones ejecutados durante 2025, dentro de los cuales figuran $100 millones que al parecer fueron entregados en efectivo sin soportes documentales de avance o finalización de obras.

El informe de empalme contable detalló además la supuesta presencia de 26 embargos judiciales contra la entidad solidaria por un valor acumulado de $16.272 millones, sumado a descuadres por 7.479 millones de pesos entre los extractos de las cuentas bancarias y los balances contables de la organización.

“No puede ser una cortina de humo”: el desfalco estructural de fondo

Ante este panorama financiero, Navarro advirtió que la discusión mediática sobre los gastos de la empresa de confección no debe desviar la atención sobre las investigaciones estructurales de desvío de recursos públicos durante administraciones previas de la entidad.

“Estas revelaciones no pueden convertirse en una cortina de humo, porque fue una denuncia que nosotros mismos hicimos en su momento. El foco debe estar en conocer quiénes realmente se robaron los recursos de Coosalud, y nosotros también ya presentamos esa denuncia y las pruebas a las autoridades competentes”, aseveró la exsuperintendente.

Navarro recordó que la Cooperativa Coosalud fue intervenida por la Superintendencia de la Economía Solidaria en diciembre de 2024, tras evidenciar presuntas anomalías en el manejo de capitales con Coosalud Inversa, lo que derivó en la apertura de un proceso sancionatorio formal contra el expresidente de la entidad Jaime González y los miembros del consejo de administración.

Dichas pesquisas institucionales se habrían complementado con una denuncia radicada por la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) ante la Fiscalía en agosto de 2026, la cual indaga un presunto desfalco a los recursos del sistema de salud, incluyendo un crédito de $221.000 millones concedido a Coosalud Inversa respaldado con garantías de la EPS.

Las autoridades judiciales y los organismos de control continuarán con la verificación de los soportes contables y las pruebas financieras aportadas para determinar las responsabilidades penales e individuales en el manejo de las empresas filiales del grupo solidario.

La excongresista colombiana María Fernanda Cabal, actual militante del Partido Republicano de Colombia, justificó la postura de reserva asumida por distintos líderes de la derecha regional tras confirmarse la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en la presidencia de Brasil.

A través de sus redes sociales, la dirigente política respaldó la decisión de aquellos mandatarios y sectores ideológicos afines a Lula da Silva que optaron por no felicitar al gobernante progresista luego del conteo de votos.

La controversia se produjo tras la jornada de balotaje del 25 de octubre de 2026 en territorio brasileño, comicios en los cuales Lula da Silva se impuso con el 51,7% de los sufragios, frente al 48,2% obtenido por el senador Flávio Bolsonaro. La diferencia entre ambos aspirantes se ubicó en más del 3,54%, consolidando la continuidad del Partido de los Trabajadores al frente del Palacio de Planalto.

Cabal viajó directamente al país sudamericano durante los días previos a las elecciones para acompañar de forma presencial las actividades de campaña de Flávio Bolsonaro. Tras anunciarse los resultados electorales adversos para su corriente partidista, tanto la dirigencia de la derecha colombiana como la Casa de Nariño mantuvieron distancia de los saludos diplomáticos tradicionales.

Cabal apoya estar en silencio ante el triunfo de Lula da Silva

El debate sobre la ausencia de felicitaciones inmediatas se encendió en la red social X a partir de una publicación realizada por la periodista María Laura Assis, analista de la actualidad política en el Cono Sur, que destacó la actitud reservada del mandatario argentino Javier Milei frente al desenlace de las urnas en Brasilia.

“Gracias @JMilei por ser el único mandatario en la región que aún no salió a reconocer el afano de Lula y de su Corte Suprema. Aproveche que Brasil se hunde para estrechar lazos comerciales con los EUA, atraer inversiones de brasileños que se quieran ir de su país”, escribió la comunicadora en su cuenta digital.

Frente a este planteamiento sobre la falta de reconocimiento institucional al mandatario reelecto, la excongresista contestó de forma contundente en el mismo hilo de discusión para justificar el mutismo de los líderes de la oposición continental.

“Absolutamente de acuerdo. El silencio también habla”, escribió la dirigente colombiana al validar la decisión de no emitir mensajes de felicitación frente a un proceso electoral que actualmente es blanco de duros reparos por parte de los sectores conservadores.

Ordenan a Flávio Bolsonaro entregar sus pasaportes

Flávio Bolsonaro aseguró que un juez del Tribunal Supremo le ordenó entregar sus pasaportes por sospechas de que podría abandonar Brasil. Según el político, la decisión le fue comunicada este lunes 26 de octubre por agentes de la Policía Federal.

La orden fue emitida por el juez Alexandre de Moraes, que estuvo a cargo del proceso judicial contra su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado y actualmente bajo prisión domiciliaria. Flávio afirmó que acatará la medida, pero la calificó de intimidación y aseguró que continuará defendiéndose.

El líder cuestionó que la decisión se basara en comentarios de su hermano Eduardo Bolsonaro, quien el pasado 23 de octubre sugirió que Flávio podría abandonar el país si perdía las elecciones. El excandidato negó haber anunciado esa intención y criticó que la orden se emitiera poco después de conocerse los resultados electorales.

Según información divulgada por la televisión Globonews, la medida estaría relacionada con una investigación por presunto blanqueo de capitales vinculada a Willer Tomaz, abogado y cercano al senador. Además de entregar sus pasaportes, Flávio tendría prohibido mantener contacto directo o indirecto con Tomaz. El caso permanece bajo secreto de sumario.

El político también figura en una investigación del Tribunal Supremo por la presunta financiación ilegal de la película biográfica sobre su padre, titulada Dark Horse. Las autoridades deberán esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades penales. Flávio Bolsonaro no precisó públicamente cuál de las investigaciones motivó la orden de entrega de sus documentos de viaje.

La Aeronáutica Civil confirmó el fallecimiento de uno de sus trabajadores en las instalaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, luego de que su cuerpo fuera hallado en la mañana de este lunes 26 de octubre de 2026.

Las autoridades judiciales y los organismos de emergencia adelantan las investigaciones técnicas para esclarecer los móviles del suceso y determinar si se trató de un accidente laboral, una decisión individual u otra circunstancia.

De acuerdo con los reportes iniciales conocidos sobre el caso, el funcionario laboraba como verificador meteorológico dentro de la Dirección de Operaciones de Navegación Aérea de la entidad.

Las primeras versiones indican que el hombre habría caído en horas de la madrugada, hacia las 3:00 a. m., desde la estructura de la torre de control de la terminal aérea, una edificación que alcanza una altura aproximada de 89 metros.

El hallazgo en el Centro de Gestión Aeronáutico

Pese a que el hecho se habría registrado durante la madrugada, el cuerpo del trabajador no fue divisado de inmediato por el personal de turno, sino hasta alrededor de las 9:00 a. m., cuando otros empleados del aeropuerto se percataron de la situación y dieron aviso urgente a los equipos de seguridad de la terminal y a la Policía Nacional.

Horas después del hallazgo, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil emitió un pronunciamiento formal para confirmar la identidad laboral del funcionario y la activación inmediata de los protocolos institucionales de atención.

“La Aeronáutica Civil lamenta informar el fallecimiento de un funcionario de la entidad, cuyo cuerpo fue encontrado en el techo del edificio del Centro de Gestión Aeronáutico de Colombia (CGAC), según los reportes preliminares. Ante lo ocurrido, se activaron los protocolos internos y se dio aviso a las autoridades competentes, que adelantan los procedimientos correspondientes”, comunicó la entidad a través de un boletín de prensa.

En el mismo pronunciamiento, la autoridad aeronáutica del país extendió un mensaje de apoyo para los allegados del trabajador y solicitó prudencia frente al manejo de versiones no verificadas que comenzaron a circular en redes sociales.

“La Aeronáutica Civil expresa sus condolencias y solidaridad a los familiares, amigos y compañeros de trabajo del funcionario. Por respeto a su familia y mientras avanzan las investigaciones, no se entregará información adicional ni se divulgarán versiones o detalles que no hayan sido confirmados oficialmente”, se lee en el escrito.

Además, dejó en claro que “cualquier información relacionada con el caso será comunicada exclusivamente a través de los canales oficiales”.

Pese a que no se conocen detalles de lo sucedido, lo cierto es que cuando se halló el cuerpo, peritos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación llegaron a la zona para realizar la inspección judicial, el levantamiento del cuerpo y el acopio de grabaciones de cámaras de seguridad instaladas en los diferentes niveles de la torre y del Centro de Gestión Aeronáutico.

Los problemas que se han presentado en el aeropuerto El Dorado

El suceso generó consternación entre los trabajadores de la terminal aérea más importante del país, escenario que en los últimos meses ha sido objeto de atención por cuenta de diversos incidentes que han alterado la cotidianidad de sus usuarios y operarios.

Hace cerca de un mes, en inmediaciones de la puerta 10 del primer piso de la terminal, se registró una fuerte discusión entre conductores de servicio de taxi que escaló a las vías de hecho. La disputa concluyó en un tiroteo luego de que uno de los involucrados desenfundara un arma de fuego y disparara en repetidas ocasiones, lo que provocó pánico entre decenas de pasajeros y transeúntes que corrían hacia las salas de espera y los locales comerciales para salvaguardarse, operativo que culminó con la captura del presunto agresor por parte de la Policía Metropolitana.

Las labores de las autoridades forenses continuarán durante las siguientes horas para establecer la trayectoria de la caída, las condiciones de acceso del personal a las áreas restringidas de la torre durante los turnos nocturnos y la causa definitiva del fallecimiento.

La Imprensa Nacional-Casa da Moeda de Portugal radicó un escrito de oposición formal ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para desmentir las acusaciones de la Cancillería de Colombia en el litigio por los pasaportes.

La entidad europea reveló que el informe técnico que valida el modelo de expedición de libretas diseñado en el gobierno de Gustavo Petro fue elaborado y concertado de manera conjunta entre todas las partes, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores se negó a firmarlo en el último momento.

El pronunciamiento de la Casa de la Moneda de Portugal surge como respuesta directa a los memoriales presentados por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, dependencia que solicitó al magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón desestimar el informe pericial.

La Cancillería alegó que el documento se radicó sin su consentimiento y denunció el supuesto uso indebido de los logotipos oficiales de la cartera diplomática para inducir en error a la autoridad judicial, según la información que obtuvieron los diarios El Tiempo y El Espectador.

Frente a estos señalamientos, la delegación europea acreditó ante el tribunal que el texto definitivo ya contaba con la aprobación de los equipos técnicos y jurídicos de las entidades demandadas, certificando que la primera fase del modelo de pasaportes está concluida, opera con estabilidad y fue funcionalmente aceptada.

Las pruebas de Portugal: el correo que evidenciaría el consenso previo

Para respaldar su postura, Portugal aportó como prueba un correo electrónico interno con fecha del 14 de octubre de 2026, enviado con copia directa a Andrés Sarmiento, jefe de la oficina jurídica de la Cancillería. En dicha comunicación digital se remitió el texto final consolidado para que cada entidad procediera a estampar su firma antes de entregarlo al despacho del magistrado.

“De acuerdo con el correo y la conducta de las partes, es claro, por lo menos para la IMPRENSA NACIONAL – CASA DA MOEDA S.A., que los involucrados con el informe estábamos de acuerdo en los términos definitivos, pactando, incluso, una forma de suscripción del mencionado documento (sic)”, argumentó la entidad portuguesa a través de su apoderado judicial, Felipe de Vivero Arciniega, según conocieron las fuentes citadas.

El abogado de la Casa de la Moneda aclaró que, tras la negativa intempestiva del Ministerio colombiano para plasmar su rúbrica, el informe se radicó el 16 de octubre de 2026 únicamente a nombre de la Imprenta Nacional de Colombia y de la delegación de Portugal, sin suplantar ni atribuir la presentación a la Cancillería.

“El texto de dicho informe fue concertado entre las partes de manera previa a su presentación, sin embargo, en el último momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores y su fondo rotatorio se negó a firmarlo, y en esa medida, en ningún momento se indicó en dicho informe que el Ministerio de Relaciones Exteriores y su fondo rotatorio hiciera parte de quienes lo presentaban”, puntualizó De Vivero Arciniegas en el escrito.

Choque por la prórroga y fractura en el Gobierno nacional

Por su parte, la Cancillería justificó su rechazo argumentando que un día antes del vencimiento del término judicial, el 15 de octubre, solicitó una prórroga de 20 días para allegar sus valoraciones técnicas. En sus memoriales del 20 y 21 de octubre, la cartera exterior sostuvo que la entrega adelantada por los otros involucrados desconoció su solicitud de tiempo adicional y creó una falsa apariencia de consenso.

“Se pretende inducir en error al Tribunal al dar apariencia de un acuerdo entre las demandadas respecto de la información que reposa en el informe, que incluso fue remitido desconociendo la solicitud de prórroga elevada de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio”, señaló la representación jurídica del ministerio.

A estos reparos, la Casa de la Moneda portuguesa respondió señalando que las afirmaciones oficiales de la Cancillería no corresponden a la realidad de lo sucedido en las mesas de trabajo. Los delegados europeos recordaron que la orden judicial de presentar un documento conjunto no fue una opción acordada entre las partes, sino un mandato estricto del propio Tribunal Administrativo de Cundinamarca que vencía de manera improrrogable en los plazos fijados por el despacho.

“Debe aclararse que la presentación del informe de manera conjunta no fue un acuerdo con mi poderdante, pues fue el Tribunal quien ordenó la forma como debía elaborarse y presentarse dicho documento y conforme a ello se construyó el documento”, explicó la entidad europea.

Asimismo, Portugal cuestionó que el abogado del Fondo Rotatorio de la Cancillería radicó la solicitud de prórroga procesal sin informar ni consultar previamente a las otras partes procesales, incumpliendo los deberes de lealtad procesal estipulados en el Código General del Proceso y en el Código de Procedimiento Administrativo.

“Debe señalarse que existía una orden del Tribunal, la cual debía cumplirse, y que el memorial presentado por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO no tenía la potencialidad de suspender el término concedido para dar cumplimiento a la mencionada orden (sic)”, enfatizó el escrito de oposición presentado por Portugal, de acuerdo con los diarios en mención.

Esta disputa jurídica profundiza la fractura interna en el Gobierno nacional respecto al futuro de los pasaportes. Mientras la Imprenta Nacional de Colombia, bajo la gerencia encargada de Iván Rojas y vinculada al sector del Ministerio del Interior, avaló formalmente la capacidad técnica del esquema junto a los expertos portugueses, la Cancillería insiste en desvirtuar el trámite.

Al concluir su intervención judicial, la Casa de la Moneda de Portugal pidió al tribunal dar plena validez al informe radicado el 16 de octubre por quienes efectivamente lo suscribieron y ordenar el levantamiento inmediato de la medida cautelar que mantiene suspendido el modelo, con el fin de proteger la prestación continua del servicio público a la ciudadanía.

La excongresista María José Pizarro, militante del Pacto Histórico, rechazó los señalamientos en su contra por presuntos contratos a cambio de favores sexuales en el gobierno de Gustavo Petro. Además, denunció una supuesta campaña orientada a generar una condena social y un linchamiento mediático en plataformas digitales.

La dirigente política se pronunció luego de que su nombre fuera incluido en una denuncia radicada ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia por estas presuntas irregularidades en el Congreso de la República.

A través de un pronunciamiento publicado en su cuenta en la red social X, Pizarro sostuvo que las versiones difundidas en medios de comunicación carecen de sustento y buscan apartarla del ejercicio de la representación ciudadana.

“Cero y van dos. En un mes he tenido que afrontar señalamientos sin fundamento, dentro de una estrategia planeada para acabar moralmente con mi nombre. ¿Cuál es la estrategia? Convertir una mención sin pruebas en una condena social y linchamiento mediático y digital de la prensa sensacionalista al servicio de intereses oscuros, sin sustento ni pruebas”, posteó la exlegisladora en el inicio de su escrito público.

María José Pizarro denunció una supuesta campaña de desprestigio en su contra

La excongresista vinculó los ataques informativos con los discursos promovidos por sectores contradictores y recordó los antecedentes de persecución política que afectaron a su familia durante décadas anteriores, teniendo en cuenta que su papá fue Carlos Pizarro, excomandante del extinto M-19 y candidato presidencial asesinado en 1990.

“Esto es lo que De la Espriella llamó el ‘destripamiento’. Quieren sacarme de la carrera política como hicieron con mi padre, pero se equivocan, aquí estoy para enfrentar esta arremetida baja, coordinada con un medio que opera sin verificación, al servicio de la viralidad”, expresó la dirigente en X.

En su declaración, María José Pizarro enfatizó que su trayectoria pública ha tenido como eje el respaldo a los sectores poblacionales femeninos y negó cualquier participación en hechos relacionados con retribuciones contractuales indebidas: “Lamentablemente toca salir e insistir: jamás cohonestaré con una situación como la que se insinúa. He defendido los derechos de las mujeres no de palabra, sino como causa de vida; esa ha sido, es y seguirá siendo una convicción central de mi ejercicio político”.

“Mi trabajo, mis luchas y mi trayectoria hablan por mí. No van a borrar lo que soy ni lo que represento con insinuaciones malintencionadas. Mi compromiso con las mujeres y con las causas populares no se negocia”, enfatizó en su publicación.

La excongresista formuló además llamados de atención dirigidos a los equipos de prensa y a los directores de medios de comunicación sobre el tratamiento de la información que involucra procesos en fase preliminar: “El país espera del periodismo un ejercicio serio y responsable, que no es posible si se sustenta en montajes, especulaciones y tergiversaciones. A los medios de comunicación les exijo rigor, verificación y respeto”.

“Ninguna mención puede llevar a asociaciones tendenciosas y construir narrativas acusatorias; ninguna insinuación equivale a una condena. La libertad de prensa es fundamental, pero no puede confundirse con linchamiento ni con la difusión irresponsable de señalamientos”, reclamó la dirigente.

Asimismo, la Pizarro convocó a los usuarios y lectores digitales a no aceptar relatos construidos a partir de interpretaciones sin verificación en los estrados judiciales: “A la ciudadanía: ¿Vamos a permitir que la prensa amarillista y mercenaria sea el nuevo juez de la sociedad colombiana? Rechacemos que una interpretación sustituya la verdad y que los intereses oscuros se impongan sobre el debate democrático”.

“De ser necesario, ante cada afirmación falsa o relación que se haga con mi nombre y mis actuaciones, sin sustento, acudiré a los estrados judiciales. Aquí estoy y aquí sigo, enfrentando con dignidad y sin miedo lo que hemos logrado”, escribió la dirigente en su mensaje.

El nombre de la excongresista llegó a la Corte Suprema de Justicia: esta es la razón

La controversia tiene su origen en una denuncia formal presentada por la veeduría Colombia Transparente ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. La acción legal solicita establecer si existió tráfico de influencias para tramitar contratos de prestación de servicios en dependencias legislativas durante el periodo en que Gustavo Petro ejercía funciones como senador.

El recurso legal cita las declaraciones entregadas por Deicy Alejandra Jiménez, joven de 29 años, en una entrevista con la revista Semana, en la cual la mujer aseguró que recibió vinculaciones laborales en el Senado y otras entidades por aceptar tener relaciones sexuales con el expresidente Gustavo Petro; además, mencionó la gestión de documentos en la unidad legislativa durante la permanencia de Pizarro en la mesa directiva de la corporación, cuando ella fungía como vicepresidenta.

Por ahora, la Corte Suprema de Justicia deberá revisar los documentos aportados por la veeduría ciudadana y valorar las declaraciones de las partes involucradas para determinar si abre una indagación preliminar sobre los contratos asignados en la rama legislativa.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el humorista cotizó precios de alimentos, bebidas y productos locales con el fin de contrastar las versiones sobre un presunto estilo de vida ostentoso atribuido a la expareja presidencial en territorio sueco.

Durante su recorrido por las calles de la capital sueca, el creador de contenido y crítico político revisó los menús expuestos al público y calculó los precios con base en una tasa de cambio cercana a los $400 por cada corona sueca.

Según las cifras verificadas en las pizarras de los restaurantes locales, los platos tradicionales de albóndigas suecas (köttbullar) rondan las 180 coronas suecas, equivalentes a unos $72.000 o $75.000, mientras que las opciones más costosas del menú alcanzan las 259 coronas, unos $100.000.

“Me encuentro en Estocolmo, en el lugar exacto en donde encontraron a Verónica Alcocer dándose una vida de multimillonaria gastándose los impuestos de los colombianos, ¿o no? Vamos a ver qué tan lujoso es este lugar y cuánto vale gastar cualquier cosa por acá”, señaló Miguel Rivera en la apertura de su video grabado desde la zona céntrica europea.

En el contenido audiovisual, Rivera mostró las cartas de varios locales comerciales para comparar las tarifas con los precios de consumo habituales en zonas exclusivas de Colombia: “En un lugar tan turístico como Estocolmo, en un lugar lleno de lujos como lo es este lugar, en donde encontraron a Verónica Alcocer. Y pagar $70.000, creo que incluso en lugares del parque de la 93 en el norte de Bogotá, sale muchísimo más caro, ¿no?”.

La comida y bebida en Estocolmo no resultó ser tan costosa, dijo el comediante

El comediante también registró el costo de las bebidas, evidenciando cervezas de barril y embotelladas entre 89 y 96 coronas suecas, valores cercanos a los $38.000.

“Mire el precio de cerveza, totalmente normal. No vale ni siquiera $40.000. Les repito, puede ser más cara en muchos lugares de Colombia, de Medellín y demás. Y ahí lo tienen, amiguitos. Esta es la forma en la que nos manipulan, porque nos hicieron creer que Verónica Alcocer vino aquí a Suecia, a estos lugares, a gastarse toda la plata de los colombianos y que, mejor dicho, estaba desangrando a Colombia”, añadió Rivera durante la grabación.

Para contrastar su percepción con la de los residentes locales, el comediante consultó a un ciudadano sueco que transitaba por el sector sobre el nivel socioeconómico de la zona. El habitante respondió que Gamla Stan no es una zona de lujo exorbitante ni inaccesible para los transeúntes comunes.

“No, no, no. Quizás en el lugar equivocado; si hablas con la persona equivocada en un callejón, tal vez tengas que pagar cinco mil coronas por una hamburguesa. Pero de lo contrario, en realidad es bastante barato aquí”, comentó el ciudadano entrevistado en inglés y sueco ante la cámara.

Cuando Verónica Alcocer fue vista en Estocolmo

Y es que la controversia sobre la presencia de Verónica Alcocer en Suecia se originó a mediados de noviembre de 2025, cuando periodistas del diario sueco Expressen la abordaron en una vía pública de Estocolmo mientras realizaba compras personales. En ese momento, la ex primera dama evitó responder a las preguntas sobre el motivo y financiamiento de su estadía pronunciando la frase: “No hablo inglés”, mientras su acompañante, el asesor empresarial catalán Manuel Grau Pujadas, intervino para frenar a los reporteros.

La estancia de Alcocer coincidió temporalmente con la inclusión de su nombre en la denominada Lista Clinton por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en octubre de 2025, medida sancionatoria que también afectó al expresidente Gustavo Petro —ahora su exesposo— y a Nicolás Petro Burgos. Dicha medida restringió el acceso a cuentas internacionales y abrió debates sobre el uso de recursos públicos por parte de familiares presidenciales en el exterior.

Hacia el final del video del humorista, Rivera aclaró que su intención no radica en defender la gestión personal de la ex primera dama, sino en invitar a la ciudadanía a verificar los datos antes de aceptar discursos polarizados. “Miguelito show” cuestionó además las narrativas de la contienda política reciente y el manejo de los gastos de la actual administración.

“Este video no es para defender a Verónica Alcocer como si fuera la mejor mujer del mundo y que es una pobre víctima, no. Pero lo que sí es necesario defender es el hecho de que la verdad es que nos quieren manipular y quieren manipular nuestra emoción”, puntualizó el comediante.

La victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta presidencial de Brasil, el domingo 25 de octubre, generó una inmediata y polarizada ola de reacciones en el escenario político colombiano.

Con el 99,90% de las mesas escrutadas por el Tribunal Superior Electoral de Brasil, el líder del Partido de los Trabajadores alcanzó el 51,77% de los sufragios con 64.169.977 votos, al superar a su oponente Flávio Bolsonaro, que obtuvo el 48,23%, equivalente a 59.789.320 votos, marcando una diferencia superior al 3,54%.

El resultado de las urnas en el gigante sudamericano movilizó de inmediato a congresistas, expresidentes y líderes de opinión en Colombia, quienes interpretaron las cifras como un punto de inflexión para el rumbo ideológico de toda América Latina.

Mientras los sectores vinculados al progresismo y a la izquierda celebraron el triunfo de manera masiva, voceros de la derecha cuestionaron la transparencia del proceso electoral brasileño y otros sectores independientes analizaron el impacto de los discursos radicales en la región.

Así reaccionaron en Colombia al resultado de las elecciones en Brasil

Desde las filas del progresismo colombiano, el expresidente Gustavo Petro fue uno de los primeros en pronunciarse a través de sus canales digitales oficiales para resaltar la importancia continental del veredicto electoral.

“Se ha detenido el fascismo en América Latina en Brasil. El pueblo brasileño libre logró frenar la avalancha de los bots falsos y el sistema electoral con software público y bien cuidado por la gente evitó fraudes, se salva la justicia social en Brasil y el intento extranjero de quedarse con sus recursos naturales”, escribió Petro en X.

A renglón seguido agregó: “Muy bien Lula. Este es un triunfo para la humanidad y una derrota estratégica para las fuerzas de la oscuridad”.

En contraste, la senadora del partido Salvación Nacional Sara Castellanos expresó un rechazo categórico hacia la jornada democrática en el país vecino y denunció irregularidades en la conducción jurídica de los comicios.

“Se robaron las elecciones en Brasil. El magistrado Zanin, abogado de Lula y coordinador de su campaña política en 2022, hoy ordenó cambiar las reglas de la jornada electoral en Brasil. Se están robando la democracia en Brasil”, escribió la legisladora en la red social.

Luego añadió: “Querían hacer lo mismo en Colombia, pero aquí tenemos una institucionalidad fuerte. ¡Ladrones, no pasarán!”.

En una línea de análisis crítico hacia ambos extremos del espectro político, Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe, formuló reflexiones sobre las disputas discursivas que caracterizaron las campañas recientes.

“La ‘nueva derecha’ tiene la misma arrogancia moral del ‘wokismo’. Ambos igual de fastidiosos. Pierden el sentido práctico y el sentido común por enfrascarse en ‘batallas culturales’”, escribió.

Y añadió: “Ambos se olvidan de principios básicos que le han hecho bien a la especie humana: Libertad, Solidaridad, Diversidad, Eficiencia. Dos caras de la misma moneda”.

Aunque la excongresista María Fernanda Cabal no se ha pronunciado directamente, sí lo hizo en su cuenta de X al repostear un mensaje de la comunicadora Luisa Gómez Grisales, en el que señaló: “¿De verdad creen que Lula ganó en franca lid? Les conviene leer sobre el Foro de São Paulo, el origen de Chávez, el salto al Grupo de Puebla y por qué ese hombre es el más peligroso de todos los comunistas. La ideología por moda es bacana, pero la doctrina es necesaria también".

Presente en territorio brasileño durante el recuento de los votos, la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, por el Pacto Histórico, grabó una declaración en video donde resaltó la movilización de distintas organizaciones políticas de la región.

“Bueno, en este momento estamos felices, tenemos el corazón muy contento, muchísima esperanza en América Latina y esto lo está consiguiendo el pueblo brasileño”, dijo Carrascal.

En su video añadió: “Por supuesto, también todo el pueblo latinoamericano, porque todos y todas le hemos metido toda nuestra fuerza, toda nuestra energía, también hasta trabajo de los colombianos, de los venezolanos, de los argentinos, de los uruguayos, de todos y todas quienes nos hemos movilizado por esta causa común”.

La excongresista María José Pizarro también celebró la permanencia del mandatario brasileño y valoró la dimensión simbólica de su respaldo popular frente a las estrategias digitales de la campaña opositora.

“#LulaOMaiorDeTodos nos demostró que la esperanza es posible y el amor el único camino para tocar cada corazón de nuestro pueblo”, posteó.

La exsenadora del Pacto Histórico agregó: “¡El fascismo no es invencible! Perder por un punto duele, pero no nos confunde. Somos millones y seremos millones más, volveremos con más fuerza”.

A su turno, el expresidente Ernesto Samper comparó el liderazgo de Lula con los íconos de la cultura popular brasileña y ubicó su victoria dentro del tablero geopolítico global: “Felicitaciones al presidente @LulaOficial quien hoy se consagró como el Pelé del progresismo latinoamericano (sic)”.

“Su triunfo es la victoria de la libertad, la igualdad y la soberanía contra el hegemonismo neoliberal que está haciendo tanto daño en el mundo. Ojalá que su ejemplo sea imitado en las próximas elecciones de Israel y Estados Unidos cuando se decidirá si el mundo sigue gobernado por la razón de la fuerza o la fuerza de la razón. ¡Bora Lula!”, escribió el exmandatario.

Asimismo, la senadora Jennifer Pedraza dirigió su mensaje a la excongresista María Fernanda Cabal, que estuvo en Brasil apoyando a Flávio Bolsonaro, por lo que, tras confirmarse el balance de las mesas de votación, escribió: “A llorar a la llorería. Lula Da Silva Presidente de Brasil y vocero continental de la lucha por la soberanía de los países latinoamericanos”.

“Aunque las big tech y del Trumpismo hicieron de todo para detener su victoria, no pudieron. ¡Lo que hace un gran liderazgo como el de Lula!”, expresó la congresista.

En esta misma línea de críticas y burlas a María Fernanda Cabal, actual militante del Partido Republicano de Colombia, se sumó la excongresista Angélica Lozano, que no dudó en responder al apoyo de su excolega.

“Mafe lo salaste, gracias de corazón ❤️ ”, escribió en X.

Tras varias horas de silencio, el expresidente Gustavo Petro rechazó las acusaciones formuladas en su contra sobre la presunta entrega de contratos estatales a cambio de relaciones íntimas. A través de una publicación compartida en la red social X, el exmandatario calificó las versiones como un intento coordinado por invadir su vida privada tras el fracaso de sus contradictores políticos en demostrar hechos de corrupción o nexos con el narcotráfico durante su trayectoria pública.

El pronunciamiento se produjo luego de la publicación de una entrevista en la revista Semana, en la cual Deicy Alejandra Jiménez afirmó haber sostenido un vínculo personal con el dirigente político y aseguró que recibió órdenes de prestación de servicios en entidades oficiales como retribución, al señalar la existencia de una red de decenas de mujeres en condiciones similares.

“Ante el intento de intromisión en mi vida íntima y sexual, dado que no pudo comprobar ningún hecho de corrupción o narcotráfico en mi existencia”, escribió el ex jefe de Estado en la apertura de su mensaje.

Junto a estas palabras, Gustavo Petro compartió un comunicado en el que argumentó que las denuncias en su contra obedecerían a una campaña financiada desde sectores afines a la actual administración gubernamental.

“Después de que han intentado mostrarme como corrupto y narcotraficante, intención expresada por personas como Abelardo de la Espriella y Donald Trump, sin poder presentar una sola prueba de corrupción o narcotráfico, porque nunca me he robado un peso del erario y he luchado durante más de dos décadas contra los narcotraficantes, poniendo al descubierto sus relaciones políticas, ahora pasan a indagar constantemente sobre mi vida íntima y sexual”, afirmó el exgobernante.

En el mismo documento, el exmandatario negó haber cometido actos ilegales en el ámbito personal y rechazó el uso de los recursos del Estado para fines particulares: “Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales. Vomitaría sobre mí mismo si alguna vez hiciera algo semejante. En mi vida personal no he sometido a ninguna mujer. Siempre he puesto la libertad como principio fundamental de mis relaciones. Nunca he obligado a nadie”.

Petro explicó que las políticas sociales implementadas durante su mandato presidencial buscaron beneficiar a sectores vulnerables mediante programas institucionales transparentes, marcando una distancia entre las ayudas estatales y las acusaciones formuladas por la joven de 29 años Deicy Jiménez.

Gustavo Petro negó haber pagado relaciones sexuales a cambio de contratos

“Ayudar a mujeres pobres, madres cabeza de hogar y que realizan trabajo sexual, para que tengan opciones de vida diferentes, como he demostrado en la administración pública mediante programas concretos y financiados, es algo muy distinto a entregar contratos a cambio de relaciones sexuales. Jamás una persona que haya participado en esos programas públicos podrá decir que yo he hecho algo semejante”, agregó en su extenso comunicado.

El exmandatario también cuestionó la cobertura informativa del medio de comunicación y la conducta de la periodista Vicky Dávila, al señalar que el tratamiento periodístico vulnera las garantías básicas de la intimidad ciudadana.

En el comunicado se lee: “Lo que tengo que decir sobre el intento de la revista Semana de invadir mi vida íntima y sexual es lo siguiente: nunca he cometido delitos en mi vida sexual. Creo que, sin el poder de quienes pagan por esas entrevistas, no buscarían invadir mi vida íntima y sexual. El intento de invadir la vida íntima de las personas acaba con la libertad de cualquier ser humano en Colombia”.

Además, ante la denuncia de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), durante una charla con el periodista Daniel Samper, en la que cuestionó a Petro sobre supuestas relaciones con “niños travestis”, el expresidente dejó en claro: “Soy heterosexual, pero no critico a quienes tienen una orientación homosexual o bisexual, ni a quienes practican el poliamor. Han existido presidentes homosexuales y jamás los he criticado por ello”.

Petro habló de su actuar “revolucionario” y de su fidelidad

“Cuando me enamoro, soy fiel. Y cuando no existe el amor, lo busco, aunque he aprendido que llega cuando tiene que llegar”, escribió en su comunicado.

Petro también defendió su visión de la sexualidad, basada en la libertad y el respeto por los derechos de los demás. En medio de los señalamientos en su contra, señaló: “Nunca he utilizado el poder público para obtener sexo, aunque sé lo que el poder puede provocar”.

El exjefe de Estado relacionó su postura con la necesidad de combatir las desigualdades que afectan a las mujeres, por lo que, en medio de esta polémica que lo rodea a menos de dos meses de haber dejado el poder, escribió: “Cuando en esa búsqueda encuentro vidas destruidas por una sociedad machista, que discrimina económica y socialmente a las mujeres, hago lo que un revolucionario debe hacer: ayudar, entregarse al máximo y transformar la realidad”.

Por su parte, el equipo jurídico del exmandatario, encabezado por el abogado Alejandro Carranza, anunció que interpondrá acciones legales contra la revista y la periodista Vicky Dávila por los delitos de injuria y calumnia.

A través de dos pronunciamientos publicados en su cuenta de la red social X, la empresaria descalificó las declaraciones de la denunciante y rechazó que los relatos coincidan con las preferencias individuales de su padre.

En su primer mensaje, Andrea Petro cuestionó la credibilidad del testimonio y afirmó que las declaraciones corresponden a la creación de un personaje para llamar la atención, como se dice coloquialmente, por sus ‘cinco minutos de fama’: “No eres ni remotamente el tipo de mujer que le gusta. Pero entiendo que, cuando no se tiene nada auténtico que ofrecer, toca inventarse un personaje”.

“A él le gustan las mujeres con carácter, dignidad y personalidad, no las que venden sus principios por conveniencia”, escribió la hija del ex jefe de Estado al referirse al perfil de la contratista.

No obstante, en su segundo post, Andrea Petro recurrió al sarcasmo para responder a las fotografías exhibidas en el informe periodístico como soporte probatorio, como para ‘limar las asperezas’ y restarle importancia; escribió: “🤣🤣🤣🤣 mi ex me hizo lo mismo y ni siquiera era mi brasier".

Las imágenes presentadas por la joven como supuestas pruebas corresponderían a prendas de vestir que, según ella, pertenecerían a Gustavo Petro.

A raíz de ello, la empresaria y CEO de la marca de sostenibilidad Bachué reaccionó con ironía y aseguró que a ella también le habría ocurrido una situación similar.

Además, la hija mayor del expresidente decidió hablar sobre el tema en su cuenta de Instagram; por medio de una historia dijo irónicamente: “Yo aquí reflexionando, sabiendo que mi papá no rompe un plato en temas de sexo, ¿mhm? Y que yo rompo toda la vajilla, ¿qué vendría siendo yo? (...) Jueputa".

Este es el nuevo escándalo que rodea al expresidente Petro

La reacción de Andrea Petro se desencadenó a raíz de una extensa entrevista publicada por la revista Semana, conducida por la periodista Vicky Dávila, donde Jiménez aseguró haber formado parte de un esquema de entre 30 y 40 mujeres jóvenes que presuntamente accedían a órdenes de prestación de servicios tras asistir a reuniones y encuentros íntimos con el exmandatario.

Durante la conversación grabada, la mujer de 29 años relató que conoció a Petro en 2019 a través de una plataforma de internet y que posteriormente se trasladó a Bogotá, ciudad en la que obtuvo contratos de apoyo a la gestión en entidades como el Senado de la República, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

“Muchas chicas son conscientes de las fiestas de Gustavo, o sea, esa es la red en la que todas participan en las fiestas y todas se prestan para eso, y tienen contratos. Pues él teniendo el poder, claro que sí. Porque le daba los contratos”, relató la mujer.

Al ser interrogada sobre las razones que la llevaron a guardar silencio durante el cuatrienio presidencial y hablar tras la culminación del mandato de Petro, Jiménez expuso que tenía “miedo” frente a la capacidad de influencia del exmandatario.

“No estoy de acuerdo con el abuso de poder que hubo durante el gobierno de Gustavo Petro; usaba a mujeres jóvenes para sus beneficios propios, personales, a cambio de contratos. No estoy de acuerdo con eso, con el abuso de poder”, afirmó Deicy Jiménez durante la mencionada entrevista.

La denunciante agregó detalles sobre presuntas entregas de dinero para la adquisición de sustancias psicoactivas y el traslado de paquetes en vuelos comerciales durante la etapa en la que Petro se desempeñaba como senador, a su vez que entregó copias de chats de redes sociales y registros audiovisuales de los presuntos encuentros.

La relevancia de sus declaraciones llevó al Gobierno nacional a pronunciarse este domingo 25 de octubre de 2026. Por orden del presidente Abelardo de la Espriella, el ministro de Justicia y encargado de la cartera del Interior, Iván Cancino González, informó que se pondrá en marcha una ruta de protección urgente, en coordinación con la Unidad Nacional de Protección (UNP), con el propósito de salvaguardar la integridad de la testigo ante posibles amenazas o represalias.

El abogado del expresidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, más conocido como Hombre Jurista, anunció la radicación de una demanda judicial de carácter penal y patrimonial contra la revista Semana y la periodista Vicky Dávila. La acción legal responde a la publicación de un reportaje que vincula al exmandatario con supuestos pagos de favores íntimos mediante contratos estatales y la presunta compra de sustancias ilícitas durante su paso por el poder público.

A través de un pronunciamiento difundido en su cuenta de la red social X, el abogado desestimó las acusaciones presentadas en el medio de comunicación y aseguró que la pieza periodística carece de sustento probatorio.

Alejandro Carranza argumentó que el contenido vulneró el principio de presunción de inocencia y se estructuró a partir del relato de una sola persona, sin contrastar las versiones con el propio ex jefe de Estado: “El reportaje de odio de Dávila se basó solo en el relato de una persona, sin pedirle su versión al expresidente. Muestra chats que no demuestran nada y no hay evidencia de que los contratos se dieran a cambio de favores sexuales, todo un escándalo editorializado”.

El litigante señaló además inconsistencias en la cronología expuesta por la publicación informativa y cuestionó los motivos detrás de la difusión de las declaraciones una vez concluido el mandato presidencial. Afirmó que las preguntas formuladas durante la entrevista indujeron afirmaciones sin contar con decisiones judiciales en firme.

Las razones para interponer la demanda por parte del abogado de Petro

“Lo más grave no lo dice la entrevistada: lo formula Dávila sin ética ni respeto al mínimo estándar periodístico. En sus preguntas afirma, condena e imputa, induciendo la respuesta por la que tendrán que responder penal y patrimonialmente”, escribió Carranza en su extenso mensaje.

Carranza escribió en su post: “¿Para qué explica Dávila cómo contactó la fuente? Eso genera más dudas que certezas al presentarla, como si quisiera dejar claro que esto no es un montaje orquestado por la podadora de Petro. Ahí pasa algo y lo averiguaremos. Eso no es periodismo de investigación, es periodismo de acusación y de desprestigio"

El jurista señaló en su intervención que llevarán el caso ante los tribunales correspondientes en los próximos días: “La presunción de inocencia, señora Victoria Eugenia y @RevistaSemana, no se suspende por un titular populista para preparar a sus lectores como borregos para las próximas elecciones. Ya estamos hartos de la infamia y el odio de Semana. Esto formará parte de la multimillonaria demanda que radicaremos esta semana contra Semana y Dávila (sic)”.

¿Qué dice el reportaje sobre Gustavo Petro?

La disputa legal se originó tras la difusión de una entrevista en video y un texto periodístico firmados por Vicky Dávila, donde se expuso el testimonio de Deicy Alejandra Jiménez. La mujer, de 29 años, aseguró que sostuvo una relación íntima con Petro desde 2019 y afirmó que recibió contratos de prestación de servicios en diversas dependencias oficiales como retribución personal.

En la publicación, la denunciante sostuvo que conoció al dirigente político por medio de una plataforma digital y que posteriormente accedió a vinculaciones laborales en el Senado de la República, la Superintendencia de Vigilancia y el Ministerio del Interior. Asimismo, Jiménez aseveró que en la administración pública existía un grupo de entre 30 y 40 mujeres jóvenes contratadas bajo esquemas similares para fines privados.

Durante la conversación grabada, la mujer también relató supuestos episodios relacionados con la adquisición y el transporte de estupefacientes en equipaje de mano, indicando que cuenta con archivos digitales, chats y fotografías que respaldarían sus afirmaciones.

Por su parte, Vicky Dávila justificó la divulgación del material al señalar que las denuncias involucran el manejo de dineros del presupuesto nacional y posibles extralimitaciones en el ejercicio de funciones públicas. La ex precandidata presidencial explicó que el primer contacto con la fuente se dio a finales de julio de 2026 vía correo electrónico, pero que la entrevista se formalizó semanas después a petición de la declarante por razones de seguridad personal.

“El expresidente Gustavo Petro tiene derecho a una vida privada, como cualquier ciudadano. Pero si siendo presidente, esa intimidad interfería con sus funciones y de por medio había además pagos con plata pública, presuntos abusos de poder y hasta posibles delitos, el país debe conocer esa información y la justicia debe investigar”, expuso la periodista al presentar el trabajo ante la audiencia.

El reportaje incluyó referencias a denuncias realizadas ante el Congreso de la República por el actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ríos, que reportó ante los legisladores la presunta instrumentalización de más de 40 mujeres mediante órdenes de prestación de servicios en el gobierno pasado.

El caso de Deyci Alejandra Jiménez Ramírez se convirtió en una pieza central dentro de las investigaciones sobre una presunta red de mujeres contratadas de manera irregular en el gobierno de Gustavo Petro (2022-2026), un escándalo denunciado inicialmente por la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

Cabe precisar que, aunque en los documentos de contratación estatal el nombre de la joven aparece como “Deyci”, en distintos medios de comunicación e incluso en publicaciones de entidades oficiales se utiliza la grafía “Deicy”. Por esta razón, en adelante se hará referencia a ella con esta última forma.

Su testimonio cobró relevancia institucional debido a que es la primera persona en declarar públicamente haber recibido asignaciones laborales del Estado a cambio de favores personales para el exmandatario, al señalar la existencia de un grupo de entre 30 y 40 jóvenes vinculadas bajo esquemas similares en distintas dependencias oficiales.

La trascendencia de sus declaraciones motivó un pronunciamiento del Gobierno nacional el domingo 25 de octubre de 2026. Por instrucción directa del presidente Abelardo de la Espriella, el ministro de Justicia y ministro del Interior encargado, Iván Cancino González, anunció la activación urgente de una ruta de seguridad junto a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para proteger a la testigo frente a eventuales amenazas o represalias.

“La protección de la vida no admite dilaciones. Ninguna persona debe sentir temor por ejercer su actividad política, social o periodística, ni por expresar libremente su testimonio. En Colombia, nadie debe ser silenciado mediante amenazas, intimidaciones o represalias”, comunicó el Ministerio del Interior al confirmar las medidas de resguardo para la denunciante.

El testimonio de Jiménez, difundido por la revista Semana, relata encuentros privados, fiestas y el presunto uso de recursos institucionales para sostener acuerdos personales. Ante estas denuncias, la revisión de los archivos contractuales públicos constató que la mujer de 29 años suscribió cinco compromisos laborales durante el cuatrienio anterior que sumaron $100 millones, a los que se añaden otros vínculos previos que elevan el balance contractual a más de $130 millones a lo largo de un lustro.

Deicy Jiménez: los contratos estatales que firmó durante el gobierno de Gustavo Petro

El rastreo documental evidencia que los contratos de Jiménez se ejecutaron mediante la modalidad de contratación directa en el Senado de la República, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior. Todos los acuerdos fueron formalizados para brindar servicios asistenciales de archivo, digitación y apoyo logístico.

En el Congreso de la República, la joven obtuvo dos asignaciones directas. La primera se pactó en marzo de 2023 por un valor de $7 millones para apoyar la unidad de archivo institucional. El segundo compromiso, registrado bajo el radicado CDPS-SEN-695-2023 en septiembre de 2023, ascendió a $34 millones con vigencia hasta julio de 2024, periodo en el cual desempeñó labores de apoyo en la Primera Vicepresidencia del Senado, a cargo entonces de María José Pizarro.

Las vinculaciones de Deicy Jiménez continuaron en el poder ejecutivo a partir de 2025. En junio de ese año, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada le asignó un contrato por $18 millones para tareas de archivo y organización documental en la delegatura para el control.

Meses después, el 28 de agosto de 2025, la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior emitió un certificado de idoneidad que avaló su perfil para el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon). Con ese soporte se firmó el contrato de prestación de servicios número 1826 de 2025 por un valor de $11.151.338.

“Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, apoyando en la consolidación de los informes que se requieran para los proyectos y/o contratos que se encuentran en la etapa de ejecución y liquidación, financiados y/o cofinanciados con recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSECON (sic)”, estipuló la cláusula principal del contrato ministerial.

Posteriormente, el 21 de enero de 2026, el Ministerio del Interior renovó la orden de servicio bajo las mismas funciones por un monto de $30 millones y con una vigencia programada hasta el 31 de diciembre. Los soportes laborales de la contratista registran un título de bachiller académico del colegio Capacitación 2.000 y experiencia laboral en el sector audiovisual independiente.

Ahora, será la Fiscalía General de la Nación y los entes de control quienes deberán analizar el acervo probatorio, los testimonios y las carpetas contractuales aportadas para esclarecer si las órdenes de prestación de servicios correspondieron a contraprestaciones personales y delimitar las responsabilidades legales derivadas de los pagos con recursos públicos, sobre todo cuando la revista que reveló este testimonio aseguró que la joven tiene videos íntimos con el exmandatario.

Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro Burgos y testigo central de la Fiscalía General de la Nación en el proceso judicial por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra el exdiputado del Atlántico, cuestionó la postura de sectores políticos que intervienen en los comicios presidenciales de otros países.

A través de su cuenta en la red social X, la exnuera del expresidente Gustavo Petro —el único líder de izquierda en Colombia en llegar a la Casa de Nariño— señaló la contradicción de quienes rechazan la injerencia extranjera, pero toman partido activo en votaciones foráneas.

El pronunciamiento se hizo durante el desarrollo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil el 25 de octubre de 2026, una jornada electoral en la que se enfrentan Luiz Inácio Lula da Silva (que busca la reelección) y el senador Flávio Bolsonaro. El resultado de estas votaciones resulta clave para la correlación de fuerzas ideológicas y el balance de poder en el continente sudamericano.

En medio de los mensajes y posturas emitidas por figuras públicas de distintas corrientes sobre la contienda brasileña, Day Vásquez lanzó una crítica directa hacia los dirigentes y activistas que opinan y buscan incidir en procesos electorales ajenos.

“Tanto que criticaron a Trump y allá están metidos en las elecciones de Brasil. La doble moral…”, escribió la barranquillera.

Day Vásquez es reconocida por sus declaraciones en medios de comunicación en 2023 sobre el ingreso de recursos no registrados a la campaña presidencial de 2022 liderada por Gustavo Petro, supuestamente dinero que su entonces esposo Nicolás Petro habría manejado.

Aunque en su momento respaldó las aspiraciones de su exsuegro, las revelaciones financieras entregadas a los estrados judiciales provocaron un distanciamiento definitivo con ese sector político y un acercamiento hacia posturas de la derecha nacional.

La declaración de Vásquez hace alusión a los continuos reparos dirigidos contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a quien diversos sectores de izquierda reprochan sus declaraciones públicas y su respaldo explícito a candidaturas afines a los postulados del Partido Republicano en la región.

Donald Trump y su injerencia extranjera

El mandatario estadounidense promueve iniciativas de seguridad hemisférica como el denominado Escudo de las Américas, una estrategia orientada a coordinar acciones contra el terrorismo y las estructuras del narcotráfico entre varios gobiernos aliados del continente.

Dicha política internacional recibe respaldos de administraciones de derecha y cuestionamientos de movimientos progresistas que la consideran una forma de intromisión en los asuntos internos de los países latinoamericanos.

En el contexto colombiano, la postura de Donald Trump influyó de cierta manera en los comicios presidenciales de mayo y junio de 2026, cuando el actual presidente Abelardo de la Espriella obtuvo el triunfo en las urnas frente a las propuestas de la izquierda, en ese momento lideradas por Iván Cepeda.

Por esta razón, el péndulo político hacia la derecha también se vio influenciado por Estados Unidos y por los ideales que representa, los cuales han encontrado respaldo entre determinados sectores de la ciudadanía. Sin embargo, desde la perspectiva de sus opositores, esta cercanía política genera críticas cuando se percibe como una forma de injerencia extranjera en los asuntos internos de otros países, lo que plantea interrogantes sobre los límites de la influencia internacional en los procesos democráticos.

Por eso, se conoce que la reacción de Donald Trump ante los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil evidenció su cercanía política con el clan Bolsonaro, ya que, tras el resultado favorable del candidato del Partido Liberal (PL) frente a Lula da Silva, el mandatario estadounidense calificó el desempeño del senador como una “gran victoria”, destacando que había sido ajustada, pero “muy, muy grande e increíble”.

No obstante, ante la proximidad de la segunda vuelta, Trump mantuvo una posición más cautelosa y evitó anunciar un respaldo explícito a Flávio Bolsonaro. Al ser consultado por periodistas sobre si apoyaría al candidato brasileño, respondió: “Estamos observando esa elección muy de cerca”.

El domingo 25 de octubre de 2026, Brasil vivirá una jornada electoral decisiva en la segunda vuelta presidencial que definirá al jefe de Estado para el periodo 2027–2031. La definición del balotaje se dio tras la primera vuelta que se llevó a cabo el 4 de octubre, en la cual ningún candidato alcanzó la mayoría absoluta del 50% más uno de los votos válidos.

Los datos del Tribunal Superior Electoral (TSE) confirmaron la victoria de Flávio Bolsonaro, representante del Partido Liberal (PL), que dio la sorpresa al obtener el 47,03% de los sufragios (56.104.503 votos). El actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, abanderado del Partido de los Trabajadores (PT), se ubicó en el segundo lugar con el 45,16% de los apoyos (53.879.538 votos).

Con una ventaja inicial de 2,2 millones de votos a favor de la derecha, la contienda internacional no solo reconfigura las dinámicas internas brasileñas, sino que genera importantes cuestionamientos sobre el futuro geopolítico de América Latina.

Para entender los posibles escenarios en la relación bilateral con Colombia y la administración del presidente Abelardo de la Espriella, Infobae Colombia consultó a David Fernando Varela, doctor en Asuntos Internacionales de Johns Hopkins University (Sais), especialista en derecho económico de la Universidad Javeriana y consultor internacional de organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El pulso por el equilibrio de poder en América Latina

La llegada al tramo final de las campañas contrapone dos visiones divergentes del escenario internacional. Según explica el doctor David Fernando Varela para Infobae Colombia, “es evidente que los resultados de las elecciones en Brasil tienen impacto en toda América Latina, más en Sudamérica y sin duda en Colombia”, debido a que “hay intereses compartidos en torno a la cuenca amazónica y muy fuertes también en lo que podríamos llamar el equilibrio del poder en América Latina en general”.

Al evaluar la tradición diplomática brasileña, el internacionalista señala que “Lula da Silva ha tratado de mantener siempre una independencia frente a Estados Unidos; es parte de la tradición de la política brasileña a nivel internacional”. Por el contrario, explica que los Bolsonaro “han preferido un alineamiento más estrecho con Estados Unidos” y destacó que “Flávio ha ofrecido vincularse al Escudo de las Américas, una idea que ya cuenta con el respaldo de Abelardo de la Espriella”.

De acuerdo con Varela, la postura de Lula da Silva responde a que “se ha resistido a algo que percibe como una dependencia del poder de Washington en todo el hemisferio”.

Esta divergencia ideológica dibuja dos escenarios de relacionamiento bilateral. “Es cuestión de énfasis que se puede traducir también en encuentros o desencuentros, en decisiones concretas de cooperación, en la lucha contra el narcotráfico, en la protección de los recursos naturales de la zona fronteriza, en general, de cómo van a alinearse las decisiones de política exterior de cada país”, advirtió Varela.

En ese sentido, el experto señaló que “el alineamiento ideológico con Abelardo de la Espriella ofrecería unas oportunidades de cooperación más estrecha”, mientras que la relación con Lula da Silva “ha sido más bien fría, distante y continuaría siéndolo en caso de triunfar en las elecciones de la segunda vuelta”.

La estabilidad del comercio frente a la brecha en seguridad

Pese a los roces o acercamientos políticos, la relación económica entre ambos países muestra dinámicas de resistencia institucional. Varela sostuvo que “la relación económica entre Brasil y Colombia tiene elementos claros de complementariedad”, motivo por el cual ha mantenido “flujos de comercio, importación y exportación bilateral más bien estables y crecientes, porque los negocios favorecen a empresarios de ambos lados”.

“Porque los negocios favorecen a empresarios de ambos lados. Exportaciones de productos básicos de Colombia y de algunos manufacturados de Brasil han mantenido unos flujos estables”, señaló el experto para Infobae Colombia.

El académico enfatiza que las exportaciones “dependen de marcos ya definidos de regulación tarifaria y del comercio internacional de carácter multilateral, las que aplican a América Latina, Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), que son comunes entre los dos países”.

Así que David Valera aseguró: “Creo que esos flujos no deberían verse afectados por el triunfo de uno u otro candidato, porque realmente están determinados más por ventajas comparativas de carácter económico”.

Sin embargo, el escenario cambia radicalmente en materia de seguridad, por lo que el experto señaló que “donde es evidente que podría haber mayores impactos de uno u otro resultado en la elección es en la cooperación para seguridad”. Al analizar el modelo del actual mandatario brasileño, afirmó que “la política de Lula ha sido de independencia y más bien un manejo policivo”, ya que prefiere ver el narcotráfico “como un problema que se resuelve a través de medidas como la asfixia financiera de los carteles, más que como un tema de seguridad nacional que requiera de fuerte intervención, por ejemplo, por parte de Washington, como en el modelo del Escudo de las Américas”.

“Es allí donde podríamos encontrar la mayor diferencia y seguramente una cercanía mayor entre Abelardo de la Espriella y Flávio Bolsonaro podría llevar a una mayor cooperación en ese campo de la lucha contra el narcotráfico, de acuerdo con una política más decidida y más enérgica contra esos carteles que la de Lula, que ha sido considerada un poco más tibia, más acomodaticia, más dispuesta a enfrentarlos”, explicó Varela para Infobae Colombia.

Para el experto, Lula da Silva mantiene un enfoque más moderado frente al narcotráfico, centrado en la gestión interna y las acciones policiales, en lugar de una estrategia que implique una intervención militar y “una actitud más de manejo interno de carácter policivo y no de carácter militar e internacional como el que alinea a Abelardo de la Espriella con Donald Trump”.

Soberanía y combate transnacional en el Escudo de las Américas

La integración al Escudo de las Américas se posiciona como una de las principales bifurcaciones estratégicas tras las elecciones presidenciales de . Varela resaltó que “el Escudo de las Américas ya está encontrando un apoyo mayoritario en la región” y nota que “son pocos los países que se están quedando por fuera y que han mostrado objeciones ideológicas en contra de esa propuesta”. Según el especialista, existe “un péndulo general de América Latina hacia la derecha”, donde “se percibe una visión nueva respecto a la necesidad de responsabilidades compartidas”.

Es preciso explicar que el Escudo de las Américas es una iniciativa impulsada por Donald Trump para fortalecer la cooperación entre Estados Unidos y gobiernos latinoamericanos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Para Washington, también representa una oportunidad de ampliar su influencia en la región. Brasil es clave por su peso estratégico en Sudamérica, pero Lula ha mantenido distancia frente a la propuesta.

En contraste, Flávio Bolsonaro expresó su interés en sumarse, lo que podría facilitar una mayor coordinación con Estados Unidos y el gobierno colombiano de Abelardo de la Espriella.

Desde la perspectiva del analista, “ninguno de los países tiene la capacidad de abordar desafíos enormes de seguridad por sí solo, y compartir esas responsabilidades con Washington les ha parecido a estos gobiernos de derecha una buena idea”. Considera además que esta estrategia representa “una oportunidad para evitar que la guerra contra las drogas se eternice y más bien como buscarle un cierre estratégico a un fenómeno que lleva décadas y que ha desestabilizado a los países de América Latina, que no cuentan con los recursos para manejar el problema y resolverlo”.

Esto permitiría un enfoque “más decidido, menos coyuntural, más destinado a atacar el fondo del asunto y a resolverlo con cooperación multilateral, con inteligencia y, por supuesto, con el apoyo financiero y logístico del gobierno de Estados Unidos”.

Frente a las críticas por presuntas pérdidas de autonomía, Varela reconoce que “habrá, por supuesto, objeciones desde el punto de vista de la soberanía y quienes consideren que ese tipo de arreglos todavía no son tratados, sino simplemente como entendimientos entre dos gobiernos, puede limitar la capacidad de maniobra de los gobiernos latinoamericanos y volverlos más dependientes de Washington”.

Sin embargo, contrapone una visión pragmática: “La realidad es esa. La realidad es que los países de América Latina no cuentan con los recursos para resolver el problema por sí solos”, recordando el peso de “carteles transnacionales que operan en todos ellos, como los carteles mexicanos que controlan el tráfico de drogas en Colombia”. Por consiguiente, el experto señaló para Infobae Colombia que “el problema va más allá de lo que cada país puede hacer separadamente y es comprensible que se esté buscando un nuevo enfoque: es un intento nuevo para resolver un problema viejo”.

La Amazonía: compromisos multilaterales y matices en la explotación

La protección ambiental de la Amazonía constituye otro eje fundamental en la agenda común. Varela fue enfático al señalar que en la cuenca —el territorio que comprende el río Amazonas y sus afluentes en varios países de Sudamérica— “ya hay herramientas operantes que, por ejemplo, incluyen también al Perú, otro país amazónico clave”, las cuales “van a continuar independientemente de los signos ideológicos, porque son en beneficio de todos”. Y añadió que “los actores externos, otros países, organizaciones no gubernamentales, continuarán monitoreando muy de cerca el desempeño de los gobiernos en materia de protección de recursos naturales”.

El analista sostuvo que “el concepto mismo de la soberanía en materia de recursos naturales queda un poco limitado por la capacidad para controlarlos de Estados que han probado ser débiles frente a cadenas internacionales de explotación ilegal”, que abarcan “la exportación de especies en vía de extinción” y “la deforestación para el aprovechamiento agroindustrial de miles o centenares de miles de kilómetros”; por esta razón, insistió en que “esas modalidades de cooperación van a subsistir aparte de cualquier preferencia ideológica”.

Aun así, Varela advirtió que existen diferencias entre los candidatos en sus prioridades ambientales y en la manera de abordar la explotación de los recursos naturales: “Los énfasis cambian, las prioridades también. Cada presidente trata de imprimirle un sello distintivo a su enfoque”.

Sobre las diferencias entre ambos, el académico explicó: Bolsonaro, pues en una actitud más abierta a la explotación de esos recursos, pero tampoco abiertamente en contra de la protección del medioambiente y de la biodiversidad. Y la de Lula sí más comprometida con herramientas multilaterales, tratados existentes y, digámoslo, menos revisionista.

Para Varela, estas diferencias no significan que un eventual gobierno pueda ejecutar sin obstáculos todas sus propuestas ambientales. Las decisiones presidenciales también están condicionadas por los intereses económicos y los contrapesos institucionales de cada país.

“Ningún presidente tampoco puede llevar a un extremo ninguna de sus propias promesas de campaña, porque va a tener que enfrentar los pesos y contrapesos internos de su propio país”, aseveró para Infobae Colombia.

El experto también advirtió que la capacidad de los mandatarios para impulsar sus programas puede reducirse con el paso del tiempo, lo que influye en el cumplimiento de sus compromisos electorales: “El capital político se va extinguiendo a medida que avanzan los periodos y que se complican los factores y su relación recíproca en una relación de diseño y ejecución de políticas públicas”.

“Vemos diferencias en el punto de partida de ambos. Y, claro, sí hay un énfasis mayor en la protección por el lado de Lula da Silva que por el lado de Bolsonaro”, analizó sobre lo que encontrara tanto el continente como Colombia las elecciones presidenciales de Brasil.

A través de la dinámica de ‘cajita de preguntas’ en Instagram con sus seguidores, la empresaria y CEO de la marca de ropa sostenible Bachué descartó que el exmandatario deba dar un paso al costado de la vida pública y desestimó las acusaciones sobre presuntos vínculos con menores de edad.

Durante la actividad, los usuarios le consultaron si consideraba conveniente que el dirigente de izquierda se retire de los escenarios políticos, teniendo en cuenta que ya terminó su mandato presidencial de cuatro años el 7 de agosto de 2026.

Frente a esta inquietud, la hija del exmandatario respaldó la permanencia de su padre en el panorama electoral de Colombia: “No, para nada, él todavía es una personalidad política sumamente importante y necesaria en el país”.

La empresaria recalcó que, desde su perspectiva familiar, el ex jefe de Estado todavía dispone de tiempo y facultades para intervenir en las decisiones del país. En ese orden de ideas, insistió en que su figura sigue siendo relevante para las discusiones ciudadanas y los proyectos colectivos de su sector político.

“Él todavía tiene años por delante en la política, así que no, a mí no me parece que debería retirarse de la política”, expresó la empresaria antes de recalcar su postura con una frase concluyente: “Al contrario, él mientras pueda tiene que estar ahí”.

Pero no solo esto, políticamente, contestó, ya que en sus historias también abordó las acusaciones formuladas en medios de comunicación por Angie Rodríguez, que sostuvo que en el entorno de la Casa de Nariño se presentaron conductas indebidas y lanzó afirmaciones sobre la supuesta presencia de menores de edad trans en reuniones privadas.

Sobre las polémicas declaraciones de Angie Rodirguez, esto dijo Andrea Petro

La controversia escaló luego de una entrevista concedida por Rodríguez al periodista Daniel Samper Ospina, en la cual la exfuncionaria exigió respuestas directas al exmandatario sin aportar soportes documentales.

“Cuenten qué era lo que pasaba, ¿había niños travestis ahí? Contésteme, señor presidente. ¿Había niños travestis? Le estoy haciendo una pregunta y tengo todo el derecho de hacerla. ¿Había? Y si no había, compruebe que lo que yo estoy diciendo es mentira”, aseguró Rodríguez durante la transmisión.

Ante la afirmación, el periodista intervino de inmediato para recordarle los principios jurídicos sobre la carga probatoria al formular denuncias de esa naturaleza ante la opinión pública: “¿Cómo va a comprobar él una acusación que tú lanzas de si él estaba con niños travestis? Al revés, el peso de la prueba lo tienes tú que lo estás acusando”.

“Tú tendrías que tener la foto de Petro con un niño travesti; ¿cómo le vas a decir a él ‘pruébeme que usted no tenía sexo con niños travestis’? Es imposible que él te lo compruebe”, replicó Samper.

En medio de ese dilema que escaló hasta la Fiscalía General de la Nación, un seguidor le preguntó directamente a Andrea Petro su opinión sobre lo que calificó como versiones falsas alrededor de la figura de su papá.

“Yo sé muy bien quién es mi papá, entonces no me interesa cuál calumnia, cuál maricada estén diciendo de él, porque yo sé que no es cierto. Unas vainas que, a ver (...) Yo a mi papá ya le conocí a sus parejas, entonces, pues no jodan tanto”, contestó de manera enfática durante la dinámica.

Asimismo, al ser indagada de forma puntual sobre la exdirectora del Dapre, Andrea Petro evitó emitir una respuesta sonora, pero gesticuló con los labios la frase “está loca”, al dejar clara su postura frente a las afirmaciones de la exfuncionaria.

El Gobierno nacional, en cabeza del presidente, Abelardo de La Espriella, inició el trámite formal para designar a Ricardo Arias Macías como titular de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

La hoja de vida del funcionario fue publicada en la plataforma oficial de aspirantes de la Presidencia de la República el 23 de octubre de 2026, paso reglamentario indispensable para expedir el decreto de nombramiento en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

Arias Macías es una persona de confianza del mandatario, con el que trabajó durante la contienda electoral presidencial. Además de su labor política en la campaña, el nuevo consejero aspiró a la Cámara de Representantes en los comicios legislativos de 2026 con el aval del partido cristiano Colombia Justa y Libres, colectividad fundada y liderada por su papá, Ricardo Arias Mora.

Con la llegada de Arias a la Consejería de Derechos Humanos, tendrá la responsabilidad de asesorar al presidente de la República y articular las políticas del Gobierno nacional orientadas a promover, proteger y garantizar los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) -funciones propias de este departamento-. Entre sus principales retos estará replantear el esquema de garantías territoriales, de acuerdo con las directrices de la administración de De la Espriella.

Y es que el Ejecutivo busca transformar los mecanismos creados tras el Acuerdo de Paz de 2016 y apartarse de la política de seguridad del gobierno anterior de Gustavo Petro.

El propio jefe de Estado desmontó la política de ‘Paz Total’, por medio de varios decretos, bajo el argumento de que este esquema facilitó el fortalecimiento de organizaciones al margen de la ley dedicadas al narcotráfico y a la extorsión en zonas rurales, por lo que el nuevo consejero deberá seguir con esta línea de política de seguridad que tiene el mandatario.

El perfil de Ricardo Arias que podría asumir la estrategia del Gobierno

El expediente laboral radicado ante la Función Pública certifica que Arias es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, título obtenido en septiembre de 2012.

Su formación de posgrado incluye una Maestría en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo, culminada en agosto de 2015, y estudios de posgrado en Gobierno y Políticas Públicas finalizados en mayo de 2025. En su registro de competencias lingüísticas reporta dominio de los idiomas inglés, francés e italiano.

La trayectoria en la administración pública de Arias supera los 10 años de servicio en distintas entidades estatales. Su paso institucional más reciente fue en la Defensoría del Pueblo, donde ejerció como defensor en el área del Sistema de Alertas Tempranas desde septiembre de 2020 hasta septiembre de 2024, durante la administración de Carlos Camargo Assis, entre los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro.

Además, entre marzo de 2019 y septiembre de 2020, se desempeñó como director técnico en el Ministerio del Interior bajo la gestión de Nancy Patricia Gutiérrez en el mandato de Iván Duque.

Su recorrido por organismos del Estado incluye también labores como profesional universitario en la Procuraduría General de la Nación en el área de acompañamiento a víctimas entre 2015 y 2017, vinculaciones con la Cámara de Representantes y un paso por la Presidencia de la República como secretario de despacho entre 2013 y 2014.

La llegada de Arias al alto gobierno consolida la presencia de figuras con pertenencia a sectores confesionales y cristianos dentro de la estructura de la Casa de Nariño. Esta orientación se suma a nombramientos previos como el del entrante ministro del Interior, Alejandro Ordóñez.

Una vez se cumpla el tiempo de publicación de la hoja de vida exigido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el jefe de Estado firmará el decreto de posesión para que Ricardo Arias Macías asuma las funciones de la consejería.

A través de un recorrido de inspección ocular adelantado en la zona insular, la funcionaria expuso el deterioro de las instalaciones mediante registros fotográficos y audiovisuales donde se aprecian pisos colapsados, techos caídos y paredes agrietadas.

Lina María Garrido responsabilizó directamente a las decisiones de la administración pasada, entidad que fue liderada por Juan Felipe Harman, por no implementar medidas de custodia real sobre los bienes estatales tras los operativos de recuperación.

“Estamos haciendo inspección en todas las islas del Rosario y estamos aquí en Isla Fiesta, una propiedad que estaba en muy buenas condiciones, dicho por los moradores, y tenemos el registro fotográfico, ustedes lo pueden ver aquí, que el anterior director, Felipe Harman, bajo el liderazgo de la ANT, lo recuperó en el mes de enero y quiero que vean ustedes las condiciones en las que en este momento se encuentra el predio”, dijo la alta funcionaria por medio de un video compartido en sus redes sociales.

Lina María Garrido cuestionó la gestión anterior

Luego señaló: “Aquí trajeron cámaras, hicieron el show como estaba acostumbrado él, pero sin ningún plan B. Aquí la ANT nunca tuvo posesión para salvaguardar o proteger lo que había aquí. Hoy está totalmente desmantelado”.

Garrido advirtió que la falta de protocolos de seguridad física y posesión material no solo derivó en el desmantelamiento de la propiedad, sino que expone a la entidad a consecuencias fiscales en caso de que las instancias judiciales emitan un fallo contrario al Estado en las acciones legales en curso.

“Actualmente, este caso se encuentra en estudio de la Corte Constitucional en la verificación del debido proceso, pero lo que no se puede admitir es que la autoridad de tierras, como la Agencia Nacional de Tierras, haya llevado a cabo un procedimiento de recuperación sin proteger y salvaguardar lo que aquí estaba dispuesto, al punto de que encontramos un total desastre”, dijo Garrido en su video.

El procedimiento administrativo sobre Isla Fiesta se remonta al 24 de enero de 2026, fecha en la que Felipe Harman, el entonces director de la ANT, firmó la resolución que comisionó a personal de la entidad para ejecutar el desalojo y tomar control del terreno.

Posteriormente, en abril de 2026, el Tribunal Administrativo de Bolívar determinó no retirar la posesión del predio al empresario Andrés Jorge Lisocky Fryde hasta tanto no se emitiera una decisión de fondo sobre el contrato de arrendamiento.

Dicha medida cautelar fue cuestionada en su momento por Harman, que argumentó que el arrendatario cancelaba un canon mensual de $280.000 pese a que las actualizaciones comerciales tasaban el valor del arriendo en $11 millones mensuales, sumado a que el vínculo contractual había vencido en 2023.

Durante la actual jornada de revisión técnica, la comisión directiva de la ANT sostuvo un primer encuentro formal con los representantes del Consejo Comunitario de Islas del Rosario con el fin de acordar una metodología de trabajo para el cuatrienio.

“Es un momento de reacomodación, no venimos aquí a tomar ninguna decisión, no. Solamente venimos a hacer un tema de presentación, de acercamiento, que sepan que es nuestro interés que todas las comunidades que tienen que ver con la Agencia Nacional de Tierras se sientan que son escuchadas, se sientan que son atendidos sus requerimientos”, dijo Garrido.

El integrante de la banda surcoreana BTS Jungkook encendió las redes sociales y se posicionó en las principales tendencias digitales en Colombia tras publicar una serie de fotografías protagonizadas por su compañero de agrupación Taehyung, conocido artísticamente como V.

En las imágenes compartidas en su perfil de Instagram, el cantante aparece sosteniendo un libro del escritor colombiano y premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, un detalle que desató de inmediato miles de reacciones entre los seguidores del grupo en Colombia —conocidas como Armys— y en toda América Latina.

La publicación fue realizada mientras la agrupación de K-pop continúa con las presentaciones de su gira mundial BTS World Tour Arirang 2026, la cual incluyó dos fechas en Bogotá el 2 y 3 de octubre en el estadio El Campín.

Aunque los artistas se encuentran cumpliendo con sus compromisos artísticos en Argentina, las fotos con la literatura colombiana revivieron el entusiasmo de las Armys en todas las redes sociales.

En el carrete de fotos conceptuales publicadas por el cantante, Taehyung posa con un ejemplar de la obra Todos los cuentos, un volumen editado en 1996 que reúne 41 relatos del autor nacido en Aracataca (Magdalena).

La composición fotográfica, capturada con la cámara de Jungkook, muestra al vocalista en distintos ángulos mientras hojea las páginas del libro, lo que generó asombro entre los usuarios que no esperaban ver una referencia literaria nacional en las plataformas oficiales de las estrellas del pop asiático, sobre todo cuando actualmente se encuentran en sus presentaciones en el cono sur.

Así reaccionaron en redes sociales a la publicación de JK con V como protagonista

La respuesta de las seguidoras no se hizo esperar en la sección de comentarios de la publicación original en Instagram, donde los mensajes se multiplicaron en cuestión de minutos con felicitaciones, mensajes coquetos; otras personas hablaban de un romance y varios emojis.

“Gracias por tremendas pics ❤️”; “que viva esta pareja que está enamorada”; “X favor ya confirmen!! Los amooooo”; “Ese libro es buenísimo!!! Creeré que lo está leyendo!!! 😅😅😅🥰🥰🥰”; “Independiente si el modelo es Tae, un objeto o cualquier otra persona, ver las fotos de Jk me hace sentir esa vibra preciosa! 🔥🔥”; “Quédate con quién te presuma, como JK presume a Tae😍😍”.

La conversación se trasladó rápidamente a la plataforma de X, donde los nombres de Jungkook, Taehyung y Gabriel García Márquez acumularon decenas de miles de publicaciones. Las Armys compartieron capturas de pantalla de la publicación y señalaron que ni en sus “sueños con fiebre” habrían imaginado eso.

Lo que más llamó la atención fue la ola de comentarios en redes sociales sobre la supuesta química entre dos integrantes de la banda surcoreana de K-pop, conformada por siete artistas. Entre risas, sus seguidores expresaron cuánto les gustaba verlos juntos e incluso compartieron imágenes y videos virales de la selección Colombia bailando y celebrando; así mostraron su alegría porque su grupo favorito hubiera tenido en cuenta a Colombia y compartido fotografías relacionadas con el país en sus redes sociales.

El impacto de las imágenes se produce apenas unas semanas después del paso de BTS por la capital colombiana, donde los conciertos congregaron a más de 80.000 espectadores durante las dos jornadas consecutivas en el escenario deportivo bogotano. En esa visita, los integrantes del grupo tuvieron contacto con expresiones culturales del país y dejaron mensajes de agradecimiento para el público local.

Por ahora, el BTS World Tour Arirang 2026 continuará su recorrido por Sudamérica, pues les queda una fecha más en Argentina y les queda una parada en Brasil, donde concluiría su gira por Latinoamérica con tres fechas. Durante su paso por la región, el grupo quedó buenamente sorprendido debido al recibimiento del público, debido a las distancias entre los países y las diferencias idiomáticas.

La acción legal interpuesta por la esposa del jefe de Estado se suma a una petición previa presentada ante el ente acusador por un grupo de 25 senadores para que se investiguen los mensajes difundidos por el influenciador.

La confirmación sobre la denuncia personal de la primera dama se dio luego de que Rincón afirmara en sus plataformas digitales que la solicitud de los legisladores carecía de validez procesal al considerar que únicamente la presunta víctima directa podía interponer la querella formal.

“25 congresistas firman una solicitud ante la Fiscalía por injuria y calumnia contra mí, o sea, contra Levy Rincón. Señores congresistas, les digo desde acá, así firmen 100 senadores, ninguno puede sustituir por ese solo hecho la querella de quien legalmente debe presentarla, que es la señora Ana Lucía Pineda”, sostuvo el creador de contenido en una de sus grabaciones.

Jota Pe Hernández reveló que la primera dama ya hizo sus movimientos judiciales

Ante ese pronunciamiento, el legislador del Partido Verde –aunque mantiene una corriente de derecha- publicó un video en sus cuentas oficiales donde precisó el tipo de delito por el cual se adelanta el proceso penal.

En su video, Jota Pe Hernández señaló: “Señor, quiero darle varios datos importantes: primero, informo a usted, a los ciudadanos, a los medios de comunicación, que la víctima, en este caso la primera dama, Ana Lucía Pineda, ya interpuso la denuncia contra Levy Rincón en la Fiscalía”.

“Pero lo más importante, que la interpuso por hostigamiento agravado. ¿Le suena el artículo 134b? No es querellable y se tiene que abrir una investigación de oficio. Pueden sentirse ofendidos por las expresiones de Levy Rincón. No, señor, ninguna expresión. Lo que Levy Rincón hizo fue injuriar, calumniar y hostigar a la primera dama”, afirmó el senador.

El conflicto escaló luego de que 25 senadores radicaran un oficio ante la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, con el propósito de requerir actuaciones judiciales frente a los pronunciamientos emitidos por Rincón en plataformas digitales.

La iniciativa fue promovida exclusivamente por congresistas masculinos como un acto de respaldo institucional hacia las mujeres y hacia la figura de la primera dama: “Le estamos solicitando a través de este oficio que haga respetar a las mujeres. Queremos contar con el apoyo de la fiscal general de la Nación para que esto sea un mensaje contundente. Que a las mujeres de Colombia, y en este caso a la primera dama de la Nación, se les respeta. Se acabó el tiempo en el que los hombres podían coger y hacer con las mujeres lo que quisieran y tratarlas a las patadas”.

“Así es que unos tres Doritos después: Levy Rincón va a recibir una espectacular bienvenida a la ‘Patria Milagro’ (...) Este señor cree que va a seguir haciendo lo que le da la gana. No, señor, estamos en la patria milagro y aquí los que la hacen, la pagan”, concluyó el legislador.

De acuerdo con el documento de los congresistas, el activista político realizó comentarios relacionados con presuntas irregularidades en el recaudo de donaciones para atender la emergencia por el terremoto del 10 de agosto en el país. Asimismo, los senadores argumentaron que en varios videos se formularon señalamientos que vinculaban al presidente Abelardo de la Espriella con supuestas actividades al margen de la ley.

Levy Rincón dijo que lo querían “silenciar”

Por su parte, Levy Rincón aseguró en sus redes que la ofensiva legal impulsada desde el Congreso representa una medida para silenciar sus cuestionamientos ciudadanos frente a la gestión de los dineros asistenciales.

“Por orden de Abelardo de la Espriella, Jota Pe Hernández y otros 24 senadores, todos pertenecientes a la ultraderecha que lleva la agenda del señor ‘Tigre’ de Temu, buscan callarme, buscan amenazarme y me quieren silenciar. ¿La razón? Preguntar dónde está la plata de las donaciones. ¿Qué hicieron con la plata que entró a la fundación que creó la señora Ana Lucía Pineda un mes antes de la posesión de Abelardo? ¿Y dónde está la plata del fondo Milagro?“, cuestionó Levy Rincón en un video compartido en sus redes sociales.

Rincón insistió en que mantendría sus preguntas sobre el destino de los recursos administrados por una fundación vinculada a la primera dama, argumentando discrepancias entre los valores ingresados y las cifras reportadas al público.

No obstante, las autoridades judiciales deberán verificar las cuentas bancarias, los registros contables y los soportes de la entidad sin ánimo de lucro para corroborar o desestimar dichas versiones en el marco de la investigación.

La difusión de las imágenes, presentadas como un viaje de descanso de la pareja presidencial, fue realizada por la revista Semana y desató reclamos de dirigentes de la oposición y de ciudadanos en plataformas digitales, lo que provocó que fuera eliminada la publicación, pero ya era muy tarde porque en las redes sociales grabaron el post.

Sin embargo, el video que suscitó los reclamos corresponde a un contenido antiguo grabado y publicado originalmente el 1 de mayo de 2026 en las cuentas oficiales de la pareja. A pesar de que no se trataba de un viaje reciente, la difusión del material en internet bastó para que líderes políticos y ciudadanos reaccionaran contra el mandatario al asumir que se encontraba de vacaciones.

Así arremetieron contra la pareja presidencial por su romántico video en San Andrés

Una de las primeras en expresar su molestia fue la exsenadora y militante del Pacto Histórico María José Pizarro, que cuestionó la difusión de las imágenes en su cuenta de X y lanzó reparos directos frente a la gestión de las ayudas para los damnificados del desastre natural.

“Muy romántico y todo lo que quieran el videito, pero la gente sigue durmiendo en carpas, les entregan llaves de cartón como promesa, los colegios están destruidos y estos dos de luna de miel presidencial. ¡Francamente!”, escribió la excongresista en la red social.

A los señalamientos se sumó el caricaturista Julio César González, conocido públicamente como “Matador”, que dirigió cuestionamientos hacia los recursos económicos recolectados para la atención de la emergencia.

El dibujante, que ya había protagonizado disputas públicas previas con la primera dama, al calificarla como “ratita” por el manejo de su fundación social, reaccionó al contenido difundido en internet.

“Celebro que nuestro presidente Abelardo de la Espriella y la primera dama estén en San Andrés, bronceándose las patitas y las colitas, mostrando su lado romántico y brindando con una buena copa de Ron Defensor. Pero… ¿Dónde está la plata de los damnificados del terremoto?”, posteó el caricaturista en su cuenta oficial de X.

En esa misma línea, el congresista de la oposición Alejandro Ocampo, integrante de la coalición del Pacto Histórico, vinculó las imágenes con los reclamos presupuestales y las peticiones de información enviadas a la Presidencia de la República: “Tal cual como se ven las publicaciones del que te debe plata y no te quiere pagar. A 75 días del terremoto, miles de familias en Cali y Pereira siguen esperando una solución de vivienda; muchas, en carpas”.

“Mientras tanto, quienes deben rendir cuentas andan de paseo, posando felicidad. La Fundación de la Primera Dama reportó las ayudas en toneladas, pero no dice cuánto dinero recibió en la cuenta que publicitó ‘Colombia, un solo corazón’. No respondió nuestro derecho de petición”, escribió el congresista.

En X, el legislador añadió a su crítica: “¿Dónde está la plata de las donaciones? No es como ella quiera contarlo: es como la ley le obliga a revelarlo”.

El debate en los canales digitales también incluyó comparaciones con episodios registrados en gobiernos anteriores. El activista político y de corriente de izquierda Manuel Andrés Zamudio cuestionó el rasero con el que se juzgan las actividades de los mandatarios frente a la opinión pública, sobre todo con el expresidente Gustavo Petro.

“Oigan no sean descarados… si fuera Petro ya lo hubieran crucificado en la Plaza de Bolívar… ¿Entonces que el presidente y la primera dama se vayan a pasear a San Andrés, está bien?”, comentó el creador de contenido.

Pese a la verificación del origen del material grabado en mayo, el debate en las plataformas de interacción se mantuvo concentrado en el balance de la reconstrucción y el destino de los fondos oficiales y privados destinados a mitigar el impacto del terremoto en el occidente colombiano.

Las tropas del Ejército Nacional localizaron con vida al soldado profesional Andrés Casterbondo Macías en la vereda Las Palmas, jurisdicción del departamento de Antioquia. El uniformado completaba seis días desaparecido luego de una acción armada registrada en zona rural del municipio de Segovia, en la subregión del nordeste antioqueño.

El rescate del militar se habría concretado durante el sábado 24 de octubre de 2026 en medio de los barridos de área que sostenían las unidades militares en este territorio. La institución armada confirmó el éxito de las operaciones de búsqueda a través de los canales informativos de la Primera División.

“Tras seis días de intensa búsqueda, las tropas hallaron con vida a nuestro soldado Andrés Casterbonde Macías en la vereda Las Palmas, del departamento de Antioquia. El hallazgo se produjo este sábado durante las labores de registro y control detallado que se adelantaban en la zona”, comunicó oficialmente el Ejército Nacional en su cuenta de X.

La desaparición del uniformado ocurrió el 18 de octubre de 2026 en la vereda Villa Severa, mientras unidades adscritas al Comando de la Fuerza de Despliegue Rápido Número 9 cumplían labores de control militar. Durante la misión de seguridad, las tropas fueron blanco de una ofensiva armada mediante artefactos explosivos lanzados desde drones.

Inmediatamente después de la detonación de los explosivos, los mandos en el terreno perdieron todo tipo de comunicación con Casterbondo Macías. La situación encendió las alertas en el mando militar, lo que obligó a desplegar un dispositivo de rastreo por tierra y aire en toda la zona montañosa del nordeste antioqueño.

Los reportes operacionales del Ejército señalaron, en su momento, como presuntos autores de la emboscada a los integrantes de la estructura 37 de las disidencias de las Farc. Este grupo armado organizado mantiene presencia delictiva en varios municipios del departamento de Antioquia, donde recurre a herramientas tecnológicas para atacar a la fuerza pública.

Durante los seis días en que no se tuvo rastro del soldado, las patrullas mantuvieron retenes de control, rastreos en cañadas y patrullajes en caminos veredales. El propósito de las maniobras tácticas era descartar una posible retención ilegal por parte del grupo armado y ubicar al soldado en el menor tiempo.

De manera paralela a las maniobras en terreno, el comando militar dispuso un equipo interdisciplinario para atender a los familiares del soldado, ya que las áreas de apoyo psicosocial e institucional brindaron acompañamiento continuo a los allegados del uniformado en su lugar de residencia durante las jornadas de espera.

Según se conoció, el personal de inteligencia de la institución castrense mantiene activas las indagaciones para reconstruir la cronología de lo sucedido entre la fecha de la detonación y el momento del rescate; los testimonios del militar y de los integrantes de su pelotón servirán para precisar cómo logró desplazarse hasta la vereda Las Palmas luego del estallido.

El uso de drones equipados con cargas explosivas representa una de las modalidades más complejas de contrarrestar para las unidades desplegadas en el terreno. Por esta razón, las Fuerzas Militares evalúan ajustes operacionales y la utilización de equipos de inhibición de señal en las zonas de mayor riesgo del departamento.

Las disidencias de las Farc se pelean por el control territorial

El Frente 37 de las disidencias de las Farc, conocido históricamente como “Martín Caballero” o “Mario Morales”, hace parte del Bloque Magdalena Medio. Tras las divisiones internas del Estado Mayor Central (EMC), esta estructura quedó vinculada a la facción que se distanció de la línea de alias Iván Mordisco.

Su principal zona de operación se concentra en el sur de Bolívar, especialmente en municipios como Morales, Santa Rosa del Sur, Arenal, Simití, San Pablo, Cantagallo y Montecristo. También tiene presencia e intereses en la serranía de San Lucas y en corredores del Magdalena Medio, territorios estratégicos por la minería de oro, los cultivos de coca y las rutas de economías ilegales.

Cabe mencionar que, aunque esta estructura tiene presencia también en Segovia, el nordeste de Antioquia es el Frente 4 de las disidencias el que mantiene enfrentamientos con otras organizaciones armadas ilegales por el control de este territorio.

En esta región, el Frente 37 enfrenta disputas armadas con el Clan del Golfo por el control territorial y las zonas mineras, además de registrar tensiones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) por intereses económicos y actividades ilícitas. Estos enfrentamientos contribuyen a la inestabilidad y aumentan los riesgos para las comunidades, especialmente en zonas rurales afectadas por la presencia de grupos armados ilegales.

La exsenadora y actual militante del Partido Republicano de Colombia María Fernanda Cabal intervino en la controversia política surgida entre la legisladora del Centro Democrático María Clara Posada y la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

La discusión comenzó luego de que la titular del organismo humanitario le solicitara a la congresista retractarse de varios señalamientos emitidos contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

A través de su cuenta en la red social X, María Fernanda Cabal respaldó la posición de la legisladora y dirigió duros cuestionamientos contra la dirección de la Defensoría del Pueblo; la excongresista vinculó la actuación de Marín Ortiz con decisiones administrativas previas y relaciones familiares de funcionarios en zonas de conflicto territorial.

“No olvidar la responsabilidad de la defensora -que solo defiende a sus amigos- con las actuaciones del defensor de Norte de Santander, primo de Silvana Guerrero (la sociópata jefe terrorista del ELN)”, publicó la líder que mantiene diferencias con el sector del uribismo en la red social.

La excongresista se refirió a Ever Jesús Pallares Baene, exdefensor regional del Pueblo en Ocaña, que renunció a su cargo tras las denuncias relacionadas con su parentesco con Luz Amanda Pallares, alias “Silvana Guerrero”, cabecilla del Ejército de Liberación Nacional.

En ese momento, la Fiscalía adelanta investigaciones para establecer si hubo filtración de información confidencial y posibles amenazas contra líderes sociales. Pallares negó cualquier vínculo ilegal y aseguró que sus encuentros con integrantes de la guerrilla se dieron en unas misiones humanitarias, al señalar su disposición a colaborar con la justicia para esclarecer los hechos.

Pese a las controversias y a las aclaraciones realizadas en su momento, estos hechos fueron suficientes para que la excongresista retomara lo sucedido y cuestionara la actuación de la Defensoría del Pueblo.

Cabal se pronunció tras la defensa de María Clara Posada a la petición de rectificación sobre la JEP

El pronunciamiento de Cabal se produjo en respuesta a una carta pública enviada por la senadora María Clara Posada a la defensora Iris Marín. En la misiva, la integrante del Centro Democrático rechazó de manera formal la solicitud de rectificación y advirtió que la postura de la funcionaria vulnera sus garantías parlamentarias en el ejercicio de la oposición.

En el documento, Posada afirmó que el requerimiento de la entidad no tiene sustento jurídico y aseguró que este tipo de pronunciamientos institucionales terminan afectando su seguridad personal. La congresista defendió su derecho constitucional a la libertad de expresión y a las tareas de control político sobre los dineros del Estado.

“No tengo que pedirle permiso para decidir qué hechos investigar, qué gastos cuestionar ni qué opiniones expresar sobre una entidad financiada con recursos públicos”, escribió María Clara Posada en su comunicación dirigida al despacho de la Defensoría.

La legisladora argumentó además que las autoridades no pueden exigirle rectificar opiniones ni interpretaciones sobre hechos de interés general.

Posada sostuvo que no ha difundido información falsa sobre la JEP y calificó la solicitud como un intento por limitar los juicios críticos que resultan incómodos para los funcionarios públicos: “La Constitución protege el disenso, no solo la coincidencia con las autoridades. Me ratifico en mi apreciación sobre las imágenes divulgadas”.

En su carta, Posada insistió en señalar asimetrías en las actuaciones de los magistrados de justicia transicional al momento de escuchar a los distintos comparecientes. La senadora sostuvo que exintegrantes de grupos insurgentes contaron con audiencias de carácter reservado, mientras que miembros de la fuerza pública fueron sometidos a diligencias abiertas, en referencia a las declaraciones de Rodrigo Londoño, más conocido como “Timochenko”, en las que se reía y señalaba que no hubo malos tratos en los cautiverios de las extintas guerrillas de las Farc-EP.

“Considero impropio el trato observado hacia quien integró la dirección de una organización responsable de secuestros y crímenes atroces. Ninguna decisión judicial posterior borra esa historia ni impide contrastar dicho trato con el dispensado a una víctima”, declaró la legisladora del Centro Democrático.

La senadora incluyó en su balance reparos sobre el porcentaje de entrega de bienes por parte de las antiguas Farc y los modelos de contratación de la JEP mediante agencias internacionales. Asimismo, recordó el paso laboral de Iris Marín como magistrada auxiliar dentro de la jurisdicción especial antes de llegar a la Defensoría.

“Muchos informes y advertencias de la Defensoría me parecen sesgados, descontextualizados y próximos a una orientación ideológica reconocible. Jamás se me ocurriría exigirles que adopten mi punto de vista: sería irrespetuoso institucionalmente. Espero que quienes dirijan la entidad en el futuro examinen el panorama nacional con mayor contexto y objetividad. Mi desacuerdo no me autoriza a dictarles qué pensar”, puntualizó la congresista.

Los resultados se derivaron de cuatro auditorías de cumplimiento adelantadas por la Dirección del Sector Educación del ente de control fiscal. Dos de las revisiones se enfocaron en los presupuestos ejecutados por la Secretaría de Educación, mientras que las otras dos examinaron la gestión financiera e institucional de la Universidad Distrital.

El desglose del informe oficial muestra que en la Secretaría de Educación se configuraron 10 hallazgos fiscales valorados en $3.143 millones. Por su parte, en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas se registraron 7 hallazgos fiscales por una suma acumulada de $3.756 millones.

Cristian Nicolay Rodríguez, director del Sector Educación de la Contraloría de Bogotá, explicó la distribución y el alcance de las anomalías detectadas en las dos entidades de la capital: “A través de la Dirección del Sector Educación, se configuraron hallazgos fiscales por cerca de siete mil millones de pesos obtenidos a través de ejercicios auditores practicados en la Secretaría de Educación del Distrito y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”.

“Esto durante el tercer trimestre del 2026. En total, el organismo de control fiscal estableció diecisiete hallazgos fiscales enmarcados en cuatro temas principales: obras públicas, educación inclusiva, contratación en el Ideux, que es el Instituto de Extensión de la Universidad, y deficiencias en el recaudo de cuotas partes pensionales”, afirmó el funcionario.

Entre las irregularidades de mayor cuantía en la Universidad Distrital sobresale un hallazgo por pagos sin soporte documental por más de $1.430 millones. Este desembolso se efectuó en el marco de un convenio interadministrativo suscrito entre la institución de educación superior y la Alcaldía Local de Kennedy.

Cuotas pensionales y contratación: las otras alertas de la Contraloría

De igual forma, el análisis fiscal reveló fallas en la gestión del recaudo oportuno de cuotas partes pensionales por cobrar en la institución universitaria, un rubro donde las deficiencias superan los $829 millones. Los demás hallazgos corresponden a fallas de gestión, planeación y supervisión de contratos financiados con recursos públicos en el Instituto de Extensión de la Universidad (Ideux), que mencionó el funcionario.

Por el lado de la Secretaría de Educación del Distrito, el informe del organismo de control puso en evidencia sobrecostos y fallas en la infraestructura escolar. Específicamente, se identificó un detrimento patrimonial superior a los $849 millones en las obras de construcción de la Institución Educativa Cardenal Luque, ubicada en la localidad de Engativá.

Según el organismo fiscalizador, los problemas en este colegio de Engativá se debieron a falencias en la fase inicial de planeación, estudios y diseños de la obra. Dichos errores técnicos hicieron necesarias correcciones improvisadas en la cimentación de la estructura y derivaron en pagos adicionales sin justificación técnica suficiente.

Estas actuaciones de control se suman a fallos previos proferidos por la Contraloría de Bogotá, entre los cuales destaca una sanción en segunda instancia a la Universidad Distrital por más de $30.000 millones debido al manejo irregular de recursos entre 2012 y 2019. El órgano fiscalizador confirmó que mantendrá la supervisión continua sobre las entidades para proteger el patrimonio de la capital.

Es imperativo señalar que el manejo de la Universidad Distrital debe fundamentarse en la transparencia administrativa y la sostenibilidad financiera, fortaleciendo la rendición de cuentas, la inversión en infraestructura y la formalización de su planta docente para garantizar una educación pública de alta calidad.

A su vez, requiere un modelo participativo e incluyente que priorice el bienestar estudiantil, fortalezca los protocolos contra la violencia de género y promueva un diálogo continuo entre la comunidad académica y la ciudad para resolver los problemas reales de Bogotá.

El senador Rafael Nieto Loaiza, integrante de la bancada del Centro Democrático, mostró su rechazo al uso de los impedimentos legislativos como un mecanismo para restringir la participación de los sectores de oposición en el Congreso de la República.

El pronunciamiento del congresista se produjo tras la discusión del proyecto de ley de sometimiento a la justicia, contexto en el cual respaldó el derecho a opinar y votar de los senadores Iván Cepeda e Isabel Zuleta, pertenecientes a la coalición del Pacto Histórico.

A través de un post público difundido en la red social X, el congresista de la oposición sostuvo que el trámite de los impedimentos tiene una función legal específica que no debe ser instrumentalizada con fines de exclusión política en las sesiones legislativas.

“Los impedimentos no son, no deben ser, instrumentos políticos para silenciar a los contradictores. Usarlos con ese propósito no solo es contrario al espíritu de la norma, sino además es antidemocrático y va en contra de la naturaleza misma del Congreso”, sostuvo Rafael Nieto Loaiza.

El legislador precisó que, si bien mantiene diferencias conceptuales y políticas de fondo con los representantes de la izquierda, la normativa democrática exige la evaluación rigurosa y objetiva de cada solicitud de inhibición para no vulnerar las garantías de las minorías en el recinto del Senado.

“El argumento de que Cepeda o Zuleta estaban impedidos para deliberar y votar el proyecto de ley de sometimiento porque participaron en diálogos con grupos violentos constituye, además, un pésimo antecedente. Es una soberana tontería que impediría que precisamente quienes tienen alguna experiencia o conocimiento de una materia puedan participar en la redacción y votación de esos proyectos”, añadió el senador Nieto.

Las críticas del senador al uso de los impedimentos

Nieto agregó a su extensa publicación: “¿En adelante un congresista debe declararse impedido porque en el pasado estudió o trabajó sobre una materia que desarrolla un proyecto de ley? Es una soberana tontería que impediría que precisamente quienes tienen alguna experiencia o conocimiento de una materia puedan participar en la redacción y votación de esos proyectos”.

“En una democracia siempre debe actuarse respetando a las minorías y sus derechos. Y cuando se es mayoría, hay que decidir considerando la forma en que quisiéramos que nos trataran si fuéramos minoría. Una regla ética y política que, desafortunadamente, se olvida con frecuencia”, añadió el legislador que hace parte de la bancada de Gobierno.

El congresista uribista señaló al concluir su publicación: “Una reflexión final: los bodegueros y fanáticos de extrema derecha se comportan como los de la extrema izquierda que tanto dicen combatir. A veces peor”.

Qué contempla el proyecto de sometimiento a la justicia aprobado en primer debate

El debate reglamentario coincidió con la aprobación en primer debate del proyecto de ley de sometimiento, una de las iniciativas normativas centrales de la administración del presidente Abelardo de la Espriella para la estructuración de su política de seguridad e intervención frente a las organizaciones armadas al margen de la ley.

La iniciativa legislativa tuvo un trámite acelerado en las comisiones correspondientes, donde en una sola jornada de casi 10 horas de discusión se votaron y aprobaron las ponencias presentadas junto con el articulado compuesto por 28 puntos. La coordinación de la ponencia principal estuvo a cargo del senador Hernán Cadavid, fundamentada en el borrador estructurado conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior.

Entre las modificaciones introducidas durante la sesión se destaca el ajuste al tiempo de vigencia de la norma. Mientras el texto original buscaba extender las facultades por un lapso de 10 años, la plenaria acogió una proposición para reducir dicho periodo a cuatro años, coincidiendo con el mandato presidencial de la actual administración.

Asimismo, la célula legislativa aprobó modificaciones respecto a las penas aplicables a delitos específicos. En el caso del lavado de activos, se aumentó la sanción mínima de prisión efectiva de uno a tres años antes de permitir el acceso a la libertad condicional.

En relación con el delito de reclutamiento forzado de menores de edad, el articulado final mantuvo la posibilidad de otorgar beneficios punitivos condicionados. La reducción máxima de la pena quedó fijada en un 30% para integrantes ordinarios de las organizaciones y en un 10% para quienes hayan ejercido labores de mando o jefatura.

El texto aprobado incluyó un parágrafo estricto enfocado en la exigencia del aporte a la verdad detallada y la colaboración con las autoridades judiciales por parte de las personas que busquen acogerse al marco normativo.

El proyecto también incorporó disposiciones dirigidas a garantizar la protección a la intimidad de las víctimas de violencia sexual y encomendó a la Defensoría del Pueblo la asistencia jurídica para los afectados durante los procesos de juzgamiento.

En el aspecto sustancial, la norma ratifica que no se adelantarán negociaciones de carácter político con los grupos armados, sino procesos de sometimiento a la justicia ordinaria. La legislación aclara que las condiciones son fijadas de manera exclusiva por el Congreso de la República, restringiendo la negociación con los voceros de las estructuras criminales únicamente a la definición del cronograma operativo para el desarme, la entrega de bienes y la liberación de menores.

La activista política, creadora de contenido y estudiante de Derecho e Historia Jerome Sanabria desencadenó una fuerte ola de reacciones y críticas en plataformas digitales tras publicar un mensaje en el que comparó el caso de la isla de Jeffrey Epstein con las controversias que rodean al expresidente Gustavo Petro.

Pese a que la publicación se difundió el 21 de octubre, se mantiene entre las principales tendencias de conversación en redes sociales durante la jornada del 22 de octubre.

El origen de la controversia ocurrió cuando la activista de derecha escribió un comentario en su cuenta de X enfocado en cuestionar la postura ideológica de sectores de izquierda frente a delitos de explotación y abuso.

En su mensaje, la creadora de contenido buscó vincular el expediente judicial del magnate estadounidense con los señalamientos lanzados por la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Angie Rodríguez.

“La izquierda molesta por la isla de Epstein, ¿qué dice ahora con la casa de Petro?”, posteó Jerome Sanabria, lo que desató una ola de miles de interacciones y respuestas de usuarios de distintas corrientes.

La comparación utilizada por la activista generó un rechazo generalizado entre internautas, quienes señalaron que la gravedad de los delitos atribuidos a la red de Jeffrey Epstein no debe ser analizada bajo sesgos políticos o partidistas.

Memes, críticas y respuestas: así reaccionaron los usuarios a la publicación

Diversos usuarios respondieron que la indignación frente a las redes internacionales de tráfico sexual de menores es un asunto de derechos humanos que involucra a la sociedad en general y no una postura exclusiva de un sector ideológico.

A raíz del comentario, las redes sociales se llenaron de memes, cuestionamientos y mensajes de rechazo hacia Jerome por utilizar un expediente de explotación infantil para hacer debate político.

Algunos de los comentarios más llamativos se encuentran: “¿Entonces bajo esta óptica a Jerome no le molestan los archivos Epstein?”; “En la primera hay pruebas en cuanto a testimonios, fotos, emails, videos y hasta una isla; en la segunda solo personas cuya evidencia se basa nada más en su palabra, lo que otros le dijeron o alcanzaron a oír”; “Esperen… ¿La izquierda? O sea, ¿las personas de derecha como esta mujer no estaban ‘molestos’ por el crimen de pedofilia que perpetraron en la isla Epstein?”.

Cabe señalar que cuando Beto Coral cuestionó a la creadora de contenido por sus palabras, ella se defendió y señaló: “A ver, Beto, es más que obvio que a todos nos indignan los menores de Epstein, pero ustedes se hacen los que no entienden porque les gana la mala intención. Mi pregunta: ¿A ustedes les indignan los menores de Petro?”.

Las diferencias entre el caso Epstein y los señalamientos sobre Petro

El trasfondo del mensaje de Jerome Sanabria hace referencia al expediente de Jeffrey Epstein, el financiero estadounidense que operó una red internacional de abuso y tráfico sexual de menores de edad en propiedades de Nueva York, Florida y su isla privada en las Islas Vírgenes.

Epstein fue arrestado por cargos federales en 2019 y falleció en su celda en agosto de ese mismo año, mientras que su socia Ghislaine Maxwell fue condenada a 20 años de prisión en 2021 por su participación en los mismos hechos.

Por otra parte, la mención a la residencia presidencial se relaciona con las declaraciones entregadas por la exfuncionaria del Dapre Angie Rodríguez en entrevistas periodísticas.

Rodríguez aseguró que en el entorno gubernamental existía una presunta red de mujeres jóvenes con influencia en la contratación pública e hizo alusiones a imágenes en computadores, además de señalar que el exmandatario había estado con “niños travestis”, aunque la propia exdirectora aclaró posteriormente que no contaba con pruebas digitales ni podía comprobar la presencia de menores de edad.

“¿Había niños travestis ahí en esas fotos? Presidente Petro, responda si en su computador del despacho presidencial hay videos e imágenes de menores de edad”, dijo Rodríguez. Sin embargo, ante la presión sobre la veracidad de lo dicho, la propia Rodríguez reconoció más adelante en la misma transmisión que no tenía cómo demostrarlo: “Yo no puedo asegurar que eran menores de edad, no tengo las imágenes ni las pruebas en la mano para confirmarlo”.

Esta ausencia de soportes fue ratificada por diversos medios de comunicación y por la defensa del Gobierno, que señalaron que “la exfuncionaria no aportó ningún documento, archivo digital ni denuncia formal ante la Fiscalía que respalde sus afirmaciones”, catalogando los señalamientos como especulaciones sin sustento probatorio.

Asimismo, organizaciones de la comunidad Lgbti+ denunciaron presuntos ofrecimientos de dinero a mujeres trans en sectores de Bogotá para rendir testimonios falsos, situación que el exmandatario calificó como un montaje promovido por sectores de la oposición.

La denuncia pública sobre los presuntos pagos provino directamente de la Fundación Las Libertarias y de su directora, a través de sus canales oficiales de comunicación: “Sujetos a bordo de una camioneta blindada llegaron al barrio Santa Fe de Bogotá a ofrecerle dinero a trabajadoras sexuales trans para rendir testimonios falsos que respalden los señalamientos de Angie Rodríguez. A las personas trans no se nos instrumentaliza y menos para generar más odio”.

Pese a todo y a los implicados en ambos casos, la publicación de Jerome Sanabria continuó acumulando reproducciones y comentarios de rechazo en las redes sociales. Las interacciones en torno a su mensaje reflejan el nivel de polarización que generan las discusiones sobre denuncias públicas y figuras de la política nacional.

Durante su intervención en la capital risaraldense, el mandatario defendió la gestión del Gobierno nacional frente a los cuestionamientos por los tiempos de ejecución, bajo el argumento de que la constitución legal del fondo financiero requería trámites administrativos complejos que se lograron agilizar en un tiempo récord.

El jefe de Estado explicó que la puesta en marcha de los mecanismos presupuestales para la atención de la emergencia demandó un mes y medio de gestiones, en contraste con procesos similares de administraciones anteriores.

De la Espriella sostuvo que el despliegue institucional para coordinar los recursos de infraestructura pública requiere cumplir con requisitos legales estrictos antes de iniciar las obras en las zonas afectadas: “Colombia, que es orgullo de la patria. He querido comenzar precisamente esa reconstrucción aquí”.

“La gente dice: ‘¿Pero cuándo van a empezar?’. Miren, el trámite de un fondo como el que montamos en otras circunstancias se demoró ocho meses. Nosotros nos demoramos un mes y medio. Usted va a sacar aquí la placa de un carro y es un lío. Imagínense montar todo esto”, afirmó el presidente durante su intervención pública.

El mandatario enfatizó que el equipo de gobierno ha mantenido jornadas continuas de trabajo para acelerar la entrega de materiales y la contratación de las firmas constructoras: “Pero lo hicimos porque no paramos de trabajar. Son 20 horas al día, con toda la responsabilidad, con todo el compromiso y con toda la determinación de ayudarnos a levantarnos”.

El impacto del terremoto y el mensaje del presidente a la población

El evento telúrico del 10 de agosto de 2026 tuvo su epicentro en el departamento del Chocó, pero sus ondas sísmicas causaron daños materiales en viviendas, vías e infraestructura pública en varias ciudades del occidente y centro del país, incluida la capital de Risaralda.

Frente a las afectaciones registradas en las estructuras urbanas, el presidente dirigió un mensaje a los habitantes de la región sobre la continuidad de los programas de asistencia gubernamental.

“Porque les digo una cosa, el terremoto tumbó estas edificaciones, pero no acabó con el espíritu, con la ardentía del pueblo colombiano y de los pereiranos que están dispuestos a levantarse. Y para eso está el ‘Tigre’ aquí, para apoyarle a este pueblo maravilloso que se merece lo mejor”, dijo De la Espriella en su intervención.

La presencia del mandatario y de la primera dama, Ana Lucía Pineda, en Pereira formó parte de la agenda de revisión de los avances en los censos de damnificados y la evaluación de los inmuebles con riesgo de colapso.

De la Espriella anunció $4.000 millones para recuperar instituciones educativas

El Gobierno nacional destinó $4.000 millones provenientes del ‘Fondo Milagro’ para la recuperación e infraestructura de varias instituciones educativas en Risaralda, de acuerdo con el mismo mandatario y su equipo de trabajo. Con este presupuesto se busca readecuar las aulas de clase y restablecer las condiciones operativas de los planteles educativos afectados.

Como parte del plan de intervención, la administración central iniciará una fase de inspección y diagnóstico técnico que contará con la asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Durante noviembre, equipos especializados de las autoridades locales efectuarán 80 visitas de campo en diferentes sedes escolares para evaluar los daños estructurales.

En el transcurso de la actividad oficial, el presidente De la Espriella destacó la participación de organizaciones privadas y del sector productivo en las tareas de reconstrucción. El mandatario señaló que la cooperación entre la administración pública y el sector privado ha resultado fundamental para atender a las comunidades impactadas por el movimiento telúrico.

“Esto no podría ser posible sin la solidaridad del pueblo colombiano y de los empresarios que se han metido la mano al bolsillo para ayudarnos”, afirmó el jefe de Estado.

El primer mandatario recalcó que la ciudad de Pereira constituye un punto clave para la dinamización de la economía en el Eje Cafetero. En ese sentido, resaltó la coordinación existente entre la Alcaldía de Pereira, la Gobernación de Risaralda y los directivos del fondo de reconstrucción para definir las prioridades en la ejecución de los trabajos.

Las obras de infraestructura en los establecimientos educativos comenzarán una vez concluyan las evaluaciones técnicas programadas para las próximas semanas. Las autoridades territoriales y nacionales mantendrán mesas de trabajo continuas para supervisar el avance de las intervenciones presupuestadas para la zona.

María José Valenzuela, esposa del saliente ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, respaldó públicamente la labor del líder tras oficializarse su salida del gabinete. A través de un mensaje publicado en Instagram, la mujer reaccionó al cierre de la gestión menos de cuatro meses del funcionario al frente de la entidad política.

La publicación incluyó la carta de renuncia que Lara Restrepo remitió al presidente Abelardo de la Espriella y, en el texto que acompañó la imagen del documento, Valenzuela compartió su apoyo personal e hizo una valoración sobre el trabajo desarrollado durante los más de 70 días de permanencia en el cargo.

“Hoy la vida me confirma que me casé con un caballero. Así es mi Rodri, un hombre de principios, que actúa con respeto y dignidad”, escribió María José Valenzuela en sus redes sociales.

En la misma publicación, la esposa de Lara Restrepo dirigió unas palabras directas al ahora exministro para cuestionar de forma reflexiva lo que vendrá en su trayectoria laboral. El mensaje cerró con una declaración de afecto hacia el exintegrante del gabinete ejecutivo: “Te quiero con toda mi alma y estoy profundamente orgullosa de ti. Si esto pudiste hacer en 76 días, ¿te imaginas todo lo que puedes lograr?”.

La reacción familiar se produjo luego de que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara en su cuenta de X la llegada de Alejandro Ordóñez Maldonado a la cabeza del Ministerio del Interior en la noche del 21 de octubre. El mandatario confirmó el cambio institucional en reemplazo de Lara Restrepo sin detallar públicamente las razones de la decisión.

Esta fue la carta de renuncia de Rodrigo Lara Restrepo

Lo llamativo del caso es que el relevo en la cartera política se dio horas después de que se conociera la caída del Presupuesto General de la Nación 2027, por más de $634 billones, por una falla en forma. La situación generó malestar en el alto Gobierno debido al impacto del trámite presupuestal.

En su carta de renuncia con fecha del 22 de octubre de 2026, Rodrigo Lara Restrepo aclaró la postura del Ministerio del Interior frente al inconveniente surgido con el proyecto presupuestal; allí resaltó la división de funciones entre los despachos del gabinete.

“Sobre el presupuesto, me permito precisar que el Ministerio del Interior no es ni ha sido nunca responsable del cotejo y la compilación de los textos. Esa tarea, como lo sabe todo el país político, corresponde a otra cartera, y nadie puede responder por lo que no controla”, argumentó Lara Restrepo en el documento.

En el mismo escrito dirigido al jefe de Estado, Lara Restrepo puso a disposición su equipo para realizar el traspaso formal de la información administrativa y legislativa con el nuevo titular designatorio.

“Me pongo a su disposición, y a la de quien sea designado para sucederme, para adelantar un proceso de empalme ordenado y entregar de manera completa la información sobre los asuntos en curso del Ministerio”, añadió en la carta.

A lo largo del documento de nueve páginas, el exministro detalló un balance de diez puntos sobre las tareas ejecutadas en 76 días. Entre las ejecutorias, destacó la supresión de 557 contratos de prestación de servicios, la devolución de $103.000 millones al Ministerio de Hacienda y la expedición del Decreto 1525 de 2026 sobre protesta social.

Lara Restrepo también mencionó la radicación de la norma denominada Ley Antimermelada para regular la transparencia legislativa y los avances en la reforma a la consulta previa. Asimismo, enumeró acciones en la atención de emergencias por el terremoto en Chocó y los incendios forestales en Tolima y Villa de Leyva.

El saliente ministro agradeció al presidente De la Espriella por la oportunidad brindada y reiteró su compromiso de respaldo a las iniciativas del poder ejecutivo: “Serví con lealtad a la campaña, a usted y a este Gobierno. Trabajé en armonía con mis colegas del gabinete, entre quienes encontré personas maravillosas, y serví a mi patria con inmenso amor y compromiso”.

Ahora, Alejandro Ordóñez Maldonado iniciará la recepción de la información del Ministerio del Interior en los próximos días. El nuevo ministro asumirá las relaciones con el Congreso de la República, la coordinación con las entidades territoriales y el seguimiento a los proyectos presentados ante el legislativo.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al Ministerio del Trabajo reglamentar el acceso de las mujeres rurales y campesinas del país al Sistema de Seguridad Social Integral cuando no lo hagan bajo la modalidad contributiva, así como reconocer los riesgos ocupacionales asociados a sus labores.

Infobae Colombia tuvo acceso al fallo judicial emitido por la Subsección B de la Sección Primera de dicha corporación, el cual resolvió una demanda de cumplimiento interpuesta para hacer efectiva la aplicación del artículo 32 de la Ley 2466 de 2025, normativa que adicionó el artículo 103C al Código Sustantivo del Trabajo.

La decisión judicial determina que la cartera laboral, bajo el liderazgo de Natalia Eugenia López, deberá adelantar los estudios y gestiones administrativas necesarias para evaluar los riesgos que enfrentan las trabajadoras del campo, al considerar sus particularidades biológicas, sociales y las extensas jornadas dedicadas al cuidado del hogar y de personas dependientes.

En el texto de la providencia se especifica que la entidad debe valorar las actividades vinculadas a la preparación de alimentos, atención a familiares, personas con discapacidad o enfermas y la producción agrícola desarrollada en los territorios.

El proceso jurídico fue promovido por los ciudadanos Carlos Mario Salgado Morales y Jhonathan Felipe Córdoba Fajardo, mediante la firma SPL Salgado Abogados y Consultores S.A.S., cuyos voceros destacaron la trascendencia de la sentencia para la protección de la población femenina en el sector rural.

“Las mujeres campesinas sostienen buena parte de la vida productiva y del cuidado en nuestros territorios. Reconocer los riesgos que enfrentan en esas jornadas es un paso necesario para que su protección social responda a las condiciones reales en las que trabajan”, señaló Carlos Mario Salgado, director jurídico de la firma demandante.

Los plazos fijados por la autoridad judicial

El Tribunal fijó un cronograma de obligatorio cumplimiento para que el Ministerio del Trabajo ejecute las órdenes contenidas en la sentencia de primera instancia.

La entidad gubernamental dispondrá de un mes, contado a partir de la ejecutoria de la providencia, para realizar los análisis técnicos sobre los factores de riesgo laboral de las mujeres campesinas.

Una vez vencido dicho periodo, la cartera ministerial contará con tres meses adicionales para expedir la reglamentación formal que garantice la cobertura e ingreso al sistema de seguridad social para quienes no aportan de forma contributiva.

“Con esta acción logramos que el cumplimiento de la ley tenga una orden judicial y plazos concretos. El Ministerio debe reconocer los riesgos ocupacionales de las mujeres rurales y campesinas y reglamentar su acceso a la seguridad social cuando no lo hagan de manera contributiva”, agregó el abogado Carlos Mario Salgado.

Argumentos jurídicos y debate presupuestal

Durante el desarrollo del trámite procesal, el Ministerio del Trabajo solicitó declarar la improcedencia del medio de control, argumentando que la expedición de la norma requería análisis técnicos complejos y comprometía recursos del erario público.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó las excepciones planteadas por la entidad al precisar que la orden de reglamentar el mecanismo de acceso no equivale a disponer directamente una erogación presupuestal o fijar la financiación de las cotizaciones.

La corporación judicial aclaró en su providencia que el fallo no otorga una afiliación automática e inmediata al sistema, sino que compele al Gobierno nacional a estructurar los instrumentos normativos que permitan materializar los derechos consagrados en la ley.

Asimismo, el magistrado ponente César Giovanni Chaparro Rincón dispuso la desvinculación del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, dentro de esta causa, al determinar que la responsabilidad legal de expedir la reglamentación recae de forma directa e idónea sobre la cartera del Trabajo.

El enfrentamiento se produjo en la antesala de la discusión de la Ley de Sometimiento, cuando los dos congresistas fueron captados en video mientras discutían en forma acalorada, llegando a los manotazos y a los empujones antes de ser separados por su colega de partido, el representante Daniel Briceño.

De acuerdo con las aclaraciones conocidas sobre el incidente registrado en el Salón Elíptico, el altercado comenzó cuando el representante Arizabaleta cuestionó a Uscátegui por la no inclusión de la iniciativa que prohíbe el uso de capuchas dentro del orden del día.

Frente a los reclamos formulados en los pasillos, Uscátegui le explicó que los actos legislativos tienen prelación constitucional en la agenda sobre los demás proyectos de ley, situación que desencadenó momentos de tensión y reclamos verbales entre ambos legisladores.

Las imágenes del altercado se difundieron rápidamente en las redes sociales, donde diferentes usuarios expresaron fuertes cuestionamientos hacia la conducta de los legisladores en medio de un debate de interés para el país.

Pese a la intensidad del altercado en los pasillos, desde el equipo de los congresistas se aclaró para Infobae Colombia que la diferencia fue un hecho puntual por el orden de los debates y que la situación fue subsanada entre ambos dirigentes.

Usuarios en X señalaron al respecto: “Jaja y Briceño con el primer sueldo de congresista compró un traje decente y ya no usa esa chaqueta inflable que se ponía todos los días”; “Eso parece una plaza de mercado; por eso cuando votan, lo hacen irresponsablemente”; “El congreso está lleno de gamines y locos. trabajan para mafiosos, banqueros, empresarios, menos para el pueblo”.

El rápido anuncio de la reconciliación y la rectificación

Tras la viralización de las imágenes en las plataformas digitales, el representante Jaime Arizabaleta difundió una nueva declaración para anunciar que restableció las relaciones personales y políticas con su compañero de partido.

El congresista reconoció que la reacción no fue la adecuada durante la jornada de trabajo legislativo e indicó que conversó de forma directa con Uscátegui para superar lo ocurrido:

“Hay momentos en los que uno tiene que reflexionar, y hay actitudes de uno que no son las mejores y que se deben corregir”, expresó el congresista Jaime Arizabaleta en X al confirmar que acordaron dejar el episodio atrás sin guardar ningún rencor.

Ambos congresistas continuaron con sus labores en las comisiones, asegurando que la bancada opositora mantendrá su unidad frente a las iniciativas parlamentarias que se tramitan en el Capitolio.

Los alcances del proyecto de Ley Anticapuchos

El proyecto de Ley Anticapuchos es una iniciativa de carácter multipartidista promovida por Arizabaleta junto a los congresistas Miguel Ángel Pinto, Daniel Briceño, Julio César Triana y Guillermo Alvira, representantes de distintas colectividades.

La propuesta busca modificar la normatividad penal para tipificar como delito el uso de capuchas, máscaras, pasamontañas u otros elementos destinados a ocultar la identidad de las personas durante movilizaciones públicas cuando se cometan actos vandálicos.

El texto contempla sanciones que van desde los 54 hasta los 96 meses de prisión, acompañadas de multas económicas fijadas entre los 50 y los 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes para quienes resulten responsables.

Asimismo, la iniciativa incluye agravantes punitivos cuando las personas involucradas utilicen explosivos, sustancias corrosivas, elementos de fabricación artesanal o artefactos peligrosos que pongan en riesgo bienes públicos, privados o la vida humana.

“Aquí lo que queremos es fortalecer el derecho a la protesta. El 99% de las personas que salen a protestar no salen ocultando su identidad, no salen a protestar con capucha, no salen a hacer vandalismo, salen a ejercer ese derecho constitucional que es protestar; pero se sabe que quien usa una capucha en medio de una protesta sale a delinquir”, sostuvo el representante Arizabaleta sobre el objetivo central del proyecto.

La medida legal fija sanciones para quienes inciten, dirijan o faciliten medios para la obstrucción de vías e infraestructura de transporte de forma temporal o permanente, cuando se atente contra la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo en el territorio nacional.

La ratificación de la medida quedó consignada en un auto administrativo con fecha del 13 de octubre de 2026, mediante el cual el organismo de control fiscal determinó que la edificación no cumplió el propósito institucional para el cual fue contratada ni presta atención a la comunidad.

El informe técnico de la entidad reveló que el edificio presenta fallas en sus sistemas de comunicaciones, logística y seguridad industrial, además de la omisión en la construcción de baños públicos para los usuarios y presuntos daños en predios vecinos a la edificación.

El cálculo del daño fiscal se consolidó al sumar el valor invertido en la obra inconclusa, el pago del contrato de interventoría, los estudios de consultoría posteriores y los cánones de arrendamiento que la Alcaldía de Teusaquillo debió seguir pagando por sedes temporales al no poder ocuparla.

“La Contraloría de Bogotá confirmó en segunda instancia la responsabilidad fiscal por irregularidades en la construcción de la nueva sede de la alcaldía local de Teusaquillo. Estamos hablando de una obra por más de $36.400 millones que quedó inconclusa”, dijo el director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Arístides Herrera.

Y añadió: “Que no cumplió el propósito esperado y que no presta el servicio para el que fue contratado, lo que sigue afectando el funcionamiento de la alcaldía local y la atención a los ciudadanos”.

El funcionario confirmó además que la Contraloría de Bogotá dispuso el envío inmediato de copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las pesquisas penales a que haya lugar en el marco de sus competencias institucionales.

¿Elefante blanco?: el origen de la obra y las fallas en la supervisión

El proyecto de infraestructura se formalizó mediante el contrato de obra 088 de 2016 suscrito con el Consorcio JR Sede por un monto de 22.298 millones de pesos, asignando las labores de interventoría técnica a la empresa Velnec GNG en la vigencia 2017.

La estructura consiste en un edificio de 13 pisos y 3 niveles de sótano situado en la carrera 30 con calle 40A, cuya fase de construcción inició en 2017 con una fecha inicial de entrega fijada para comienzos de 2019.

A pesar de que las autoridades locales concedieron adiciones de tiempo para extender el plazo de entrega hasta 2021, los trabajos quedaron totalmente frenados desde 2020 a raíz de dictámenes periciales que evidenciaron inconsistencias técnicas e inundaciones en los sótanos por estancamiento de agua.

Los organismos de fiscalización establecieron que la falta de controles efectivos en la supervisión del contrato impidió advertir las fallas operativas a tiempo, permitiendo la paralización progresiva de la edificación.

El dinero faltante para terminar el proyecto y el seguimiento de la Personería

Con el objetivo de rescatar la estructura abandonada, las autoridades locales liberaron cerca de $7.000 millones pertenecientes a una etapa anterior del proyecto y solicitaron a la administración distrital una suma superior a los $8.000 millones.

Sin embargo, los resultados de un estudio de consultoría contratado para evaluar la edificación indicaron que terminar la sede administrativa y dejarla operativa demandará un presupuesto adicional estimado en $16.000 millones.

El personero de Bogotá, Andrés Castro Franco, realizó una inspección directa a las instalaciones de 13 pisos para constatar el estado físico de la infraestructura y anunció la creación de una mesa de seguimiento permanente junto con las entidades involucradas.

A pesar de las gestiones administrativas para buscar recursos de terminación, la falta de avance real en la construcción llevó a la Contraloría de Bogotá a cerrar la vía fiscal con la confirmación de la responsabilidad sobre los contratistas e interventores.

El anuncio fue oficializado por la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), que confirmó que el país vuelve a conectarse plenamente con la red integrada por más de 186 unidades de inteligencia financiera de todo el mundo para combatir en forma coordinada el lavado de activos, el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado transnacional.

La reincorporación de Colombia a la plataforma internacional se hizo efectiva tras la verificación del estricto cumplimiento de un plan de acción concertado con el organismo global, el cual estuvo enfocado en restablecer las garantías de protección de datos y la confidencialidad en el manejo de la información estratégica.

La directora general de la Uiaf, Martha Luz Reyes Ferro, destacó que la medida representa un aval técnico de escala internacional para el sistema financiero del país y permite recuperar el flujo constante de datos con agencias aliadas en el exterior: “Significa restablecer la confianza de nuestros aliados internacionales y acceder a información para identificar los movimientos de recursos vinculados con actividades ilícitas”.

“Este resultado reafirma nuestro compromiso con la cooperación internacional, la confidencialidad de la información y una inteligencia financiera cada vez más efectiva”, expresó Reyes en un video compartido en redes sociales.

La funcionaria agregó que el levantamiento de la sanción constituye un logro estratégico para la administración del presidente Abelardo de la Espriella, la cual permitió a las autoridades judiciales e investigativas detectar transacciones sospechosas que buscan utilizar el circuito bancario nacional e internacional para movilizar capitales de origen ilícito.

El origen de la sanción y la polémica difusión de un documento confidencial

La desconexión de Colombia del sistema internacional se remonta al 13 de septiembre de 2024, cuando la dirección del Grupo Egmont determinó suspender de manera temporal a la Uaif colombiana de la red Egmont Secure Web como respuesta directa a la ruptura de los protocolos internacionales de reserva.

La medida disciplinaria fue adoptada nueve días después de que el entonces presidente Gustavo Petro utilizara una alocución transmitida en televisión nacional el 4 de septiembre de 2024 para leer en forma íntegra un informe de inteligencia de carácter confidencial enviado por la unidad financiera de Israel conocida como Impac.

En esa intervención, realizada justo cuando el país presenciaba un paro de transportadores, el exmandatario expuso detalles sobre la presunta compra del software de interceptación Pegasus en 2021 -en el gobierno de Iván Duque- por un valor de USD11 millones en efectivo transportados en un avión privado desde Bogotá hacia Tel Aviv, bajo el argumento de razones de seguridad nacional y el derecho a la verdad por parte de la ciudadanía.

Para ese momento, el entonces presidente señaló que el software habría sido utilizado presuntamente para interceptar a dirigentes políticos durante el Paro Nacional de 2021 y las movilizaciones del Estallido Social contra el gobierno de Iván Duque.

Sin embargo, la revelación en señal abierta vulneró los códigos de confidencialidad y la cadena de custodia que obligan a las agencias adscritas a compartir datos exclusivamente con fines de investigación penal, lo que provocó la congelación de alertas financieras hacia Colombia y el bloqueo preventivo en la red global de cooperación.

El impacto de la red internacional y el funcionamiento del Grupo Egmont

El Grupo Egmont es una organización internacional unificada creada para integrar a las Unidades de Inteligencia Financiera de más de 180 países y jurisdicciones, que facilita la circulación rápida, segura y reservada de reportes sobre movimientos de dinero y operaciones financieras irregulares.

Colombia se incorporó formalmente a esta red de cooperación interinstitucional en el año 1996, convirtiendo a la Uaif en el nodo receptor y emisor para el rastreo de fondos vinculados con el tráfico de estupefacientes, la corrupción administrativa y la financiación de organizaciones al margen de la ley.

Durante los dos años en que se mantuvo la sanción internacional, las autoridades colombianas estuvieron privadas de consultar la base de datos unificada, lo que generó un aislamiento institucional que limitó la rastreabilidad de activos sospechosos y bienes ocultos en el exterior.

Con la reactivación completa del canal seguro, el sistema de inteligencia financiera de Colombia recupera la capacidad operativa de solicitar y enviar requerimientos técnicos en tiempo real, fortaleciendo los procesos judiciales adelantados por la Fiscalía General de la Nación y consolidando las herramientas de control fiscal en el territorio nacional.

El excanciller de la República Álvaro Leyva Durán respaldó públicamente las declaraciones entregadas por la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Angie Rodríguez, sobre el denominado ‘Pacto de Valledupar’, al afirmar que cree de manera absoluta en la veracidad de la orden presidencial denunciada para señalar a figuras de la oposición.

Durante su participación en el espacio El Debate de la revista Semana, el exministro de Relaciones Exteriores se refirió a las revelaciones sobre las supuestas instrucciones emitidas durante el gobierno de Gustavo Petro para que ex jefes paramilitares rindieran testimonios en contra de Abelardo de la Espriella, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras.

Al ser consultado sobre los señalamientos formulados por la exdirectora del Dapre, Leyva señaló que confía plenamente en el testimonio de la exfuncionaria y respaldó las afirmaciones hechas por excomandantes de las Autodefensas sobre las reuniones celebradas.

“Primero, establecer que fue cierto. Ya vio usted a Mancuso, que dijo que él es testigo, y yo a Angie Rodríguez le creo todo. Absolutamente todo. Angie dice la verdad. Hay que saber quién es quién, de dónde sale cada quien, en dónde estudia y qué representa cada quien. Yo le creo a Angie. Pero no le creo en un 90%, le creo en un 100%”, sostuvo Leyva durante la entrevista.

Es importante señalar que Álvaro Leyva rompió relaciones políticas con Gustavo Petro y lo acusó en 2025 de tener problemas de adicción a las drogas, ausentarse de sus responsabilidades y mostrar inestabilidad para gobernar. También cuestionó algunas decisiones del presidente y el papel de sus colaboradores.

Señalamientos que llegaron a la Comisión de Acusaciones del Congreso; sin embargo, Leyva reconoció que no tenía pruebas médicas ni documentales que demostraran sus acusaciones. Petro negó los señalamientos y afirmó que eran una represalia política por la salida del funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, tras la polémica por la licitación de los pasaportes.

En la actualidad, el excanciller condenó las actuaciones denunciadas en medio de los procesos de paz que se adelantaron en el gobierno Petro, al cuestionar la demora de las instituciones judiciales para investigar las presuntas conductas punibles atribuidas a los responsables de la convocatoria.

“Se me hace una absoluta vagabundería. Eso es un delito. Lo que pasa es que aquí hay una demora para establecer responsabilidades a partir de acciones punibles y eso es una lástima, porque el país lo que necesita es la verdad”, agregó el ex jefe de la diplomacia colombiana para la revista en mención.

Las críticas al supuesto plan contra dirigentes políticos

En el desarrollo de sus declaraciones, el exministro enfatizó que la utilización de las negociaciones de paz para fines de persecución política destruye la credibilidad del Estado y afecta las garantías institucionales del país.

“Yo no me expreso así, mucho menos en un canal como el suyo, pero estuvimos en vísperas de algo realmente dañino, corrompido; nosotros no podemos seguir así”, aseveró Leyva al calificar los hechos denunciados por Angie Rodríguez.

Las afirmaciones de Leyva se dieron luego de que se conocieran nuevos detalles entregados por la exdirectora del Dapre ante la Fiscalía General de la Nación y la opinión pública sobre la reunión en la que participó junto al exministro del Interior Armando Benedetti.

De acuerdo con el testimonio de Rodríguez, el propósito inicial presentado ante los ex jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) buscaba el cierre de los compromisos de Santa Fe de Ralito, pero se transformó en una exigencia de acusaciones directas contra líderes políticos.

“Gustavo Petro me dio la orden y era que teníamos que hacer el cierre de la negociación de Ralito con el pretexto de su política de paz total. Obviamente creí, en su momento, de manera ingenua que ese era el propósito. Después me enteré de que el enfoque era otro”, relató Angie Rodríguez sobre el origen del encuentro.

La exfuncionaria detalló que, durante la reunión con los excomandantes, les solicitó señalar directamente a De la Espriella, Uribe y Vargas Lleras, provocando el rechazo de los asistentes y la interrupción de la propuesta oficial.

“Muchos estaban molestos; se les notaba en la cara. Hubo un silencio muy fuerte. Uno de ellos se iba a parar y se iba a ir del recinto. Otro dijo: ‘No nos vamos a prestar para eso porque ya hablamos con la justicia’. Yo me percaté y dije: ‘No, eso no está bien’. Cambié el tema y les manifesté: ‘Esta es la propuesta del gobierno, ¿cuál es la de ustedes?’”, confesó Rodríguez en su escrito.

El representante a la Cámara por el Centro Democrático Daniel Briceño radicó una proposición formal frente a las discusiones sobre el Presupuesto General de la Nación 2027, con la que se busca aplicar un recorte superior a los $11.400 millones al presupuesto asignado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y reorientar esos fondos de manera directa hacia el sector defensa para el pago de indemnizaciones.

La iniciativa económica fue presentada durante los debates del proyecto presupuestal de la Nación, el cual asciende a un monto global proyectado de $634,9 billones y se tramita de forma conjunta en las plenarias del Senado de la República y la Cámara de Representantes.

Según los detalles consignados en la proposición formulada por el congresista, los recursos financieros extraídos del tribunal de justicia transicional tendrían como propósito exclusivo atender obligaciones pendientes con las familias de los integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional que perdieron la vida en hechos atribuidos a la extinta guerrilla de las Farc-EP.

“Acabo de firmar esta proposición del Centro Democrático que busca hacerle una nueva reducción a la JEP por $11.402.272.009 para llevarlos al Ministerio de Defensa para pagar las indemnizaciones pendientes de las familias de los militares y policías asesinados por las FARC. Justicia”, escribió el representante Daniel Briceño en su cuenta de X al dar a conocer el documento oficial.

La medida del congresista propone reducir en ese monto el presupuesto de inversión del programa “Fortalecimiento y apoyo a la gestión institucional” de la JEP e incrementar en idéntica proporción el presupuesto de funcionamiento del Ministerio de Defensa, con destino exclusivo al pago de sentencias ejecutoriadas por la muerte de miembros de la fuerza pública.

En la exposición de motivos de la proposición se cita una respuesta oficial del Ministerio de Defensa del 8 de septiembre de 2026, donde se revela que existen pendientes de pago 850 sentencias ejecutoriadas por la muerte de uniformados, las cuales suman $685.778 millones de pesos entre capital, intereses y costas.

El documento advierte que actualmente se están pagando turnos asignados en 2019, acumulando siete años de demora que le han costado al Estado $114.999 millones en intereses sobre 358 sentencias.

A su vez, el texto señala que la JEP recibió $1,23 billones de inversión desde 2018 y que, según respuesta oficial de esa misma entidad, dicha inversión no financia proyectos restaurativos ni reparación directa a las víctimas.

Asimismo, se argumenta que los $11.402 millones recortados corresponden a herramientas administrativas y soluciones tecnológicas, y se advierte que a 28 de septiembre de 2026 la JEP solo había obligado el 62% de su presupuesto de inversión.

ONG de víctimas de las Farc-EP agradecieron a Daniel Briceño por su proposición

La solicitud de modificación presupuestal presentada en la Cámara de Representantes generó una reacción positiva en diversos sectores de víctimas del conflicto armado, de manera particular entre los integrantes de la corporación Rosa Blanca, organización no gubernamental que representa a mujeres víctimas de reclutamiento infantil, violencia sexual y abusos cometidos por la antigua estructura de las Farc.

A través de X, la organización respondió a Briceño y celebró el planteamiento y respaldó la idea de redireccionar el gasto público hacia la reparación directa, cuestionando la intermediación de organismos internacionales en el manejo del presupuesto estatal.

“Excelente propuesta. Ese es el camino para que las víctimas sean reparadas y la plata no se quede en la burocracia internacional inauditable del PNUD”, se lee en el post de la ONG.

Y añaden: “A través de la Patria Milagro esperamos que su gobierno corrija la mayor injusticia en contra de las víctimas de las Farc, perpetrada por el Secretariado”.

La proposición de Briceño es la única opción que tiene sobre la JEP porque la justicia transicional no puede desaparecer

Las modificaciones presupuestales representan la vía de acción legislativa disponible para los congresistas frente a la JEP, debido al blindaje jurídico que ampara la existencia de la corte transicional creada tras el Acuerdo de Paz de 2016, firmado entre el Estado y las Farc-EP.

El tribunal fue incorporado a la Constitución Política con el objetivo de investigar, juzgar y sancionar delitos atroces como secuestros, ejecuciones extrajudiciales y reclutamiento forzado, estableciendo un esquema de sanciones restaurativas para quienes aporten verdad y penas de hasta 20 años de prisión para quienes rechacen su responsabilidad.

Jurídicamente, no es viable eliminar de forma arbitraria la JEP mediante leyes ordinarias, dado que requeriría una reforma constitucional de alto nivel con revisión obligatoria por parte de la Corte Constitucional.

Asimismo, su existencia responde a compromisos internacionales depositados ante la ONU; en caso de que el Estado suprimiera este mecanismo, se activaría la competencia subsidiaria de la Corte Penal Internacional (CPI).

Cabe recordar que la JEP cuenta con un periodo de 10 años para adelantar sus investigaciones, contado desde su puesta en marcha oficial en marzo de 2018, por lo que esta etapa concluiría en marzo de 2028; sin embargo, la Constitución estableció un plazo total de 15 años para completar el proceso, que incluye investigaciones, juicios, resoluciones y sentencias, término que se cumpliría en marzo de 2033.

El Juzgado 8011 Penal del Circuito de Bogotá emitió un fallo condenatorio en contra de Ricardo Rafael González Castro y Juan Carlos Suárez Ortiz por el homicidio de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de los Andes atacado en la madrugada del 31 de octubre de 2025 en la localidad de Chapinero.

La decisión judicial se produjo casi un año después de los hechos registrados a las afueras de un establecimiento nocturno, donde el joven universitario de 20 años fue agredido de manera física hasta causarle la muerte.

Aunque la representación de la familia solicitó una condena superior a los 45 años de prisión para los implicados por el delito de homicidio agravado a título de dolo, el juez condenó a ambos a 450 meses de prisión, equivalentes a 37 años y seis meses, al establecer que el homicidio se cometió cuando la víctima estaba en condiciones de indefensión.

Debido a la duración de la pena, los condenados deberán permanecer privados de la libertad, mientras que el Inpec determinará el centro penitenciario en el que cumplirán la condena.

Abogado de la familia de Jaime Esteban Moreno se pronuncia sobre la condena

Tras la audiencia, el apoderado de la familia de la víctima, Camilo Rincón, calificó el fallo condenatorio contra Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro como un “bálsamo” de justicia tras la muerte del estudiante universitario Jaime Esteban Moreno.

En la entrevista en Noticias Caracol, el abogado destacó que el juez desestimó en forma categórica la pretensión de la defensa de catalogar el hecho como un homicidio preterintencional, confirmando la responsabilidad a título de dolo con circunstancias de agravación por la indefensión de la víctima.

“Jaime Esteban no muere por un solo golpe. Jaime Esteban muere por una continuidad de golpes mortales que, de manera deliberada, Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro tomaron esa decisión de acabar con la vida de una persona que no tuvo ni siquiera la intención de defenderse. Fue de manera miserable, cruel y despiadada”, afirmó Rincón en la transmisión.

El representante legal confirmó que solicitó una pena de 550 meses de prisión (más de 45 años) sin beneficios para los procesados y señaló que continúan las labores para capturar a Paola Fernández, acusada de ser la instigadora del crimen.

“Cualquier condena sería insuficiente cuando se pierde un ser querido, pero la justicia respondió con prontitud. Esto debe llevarnos a una reflexión para bajar las banderas de la violencia y del odio”, concluyó el jurista.

Las pruebas y la calificación del delito

Durante el desarrollo del juicio oral, la Fiscalía General de la Nación presentó el material probatorio recopilado por los investigadores, el cual incluyó videos de cámaras de seguridad públicas y privadas del sector de la calle 64 con carrera 15, así como testimonios de testigos presenciales y dictámenes médicos de Medicina Legal.

El ente acusador imputó formalmente a González y Suárez el delito de homicidio agravado, al sustentar la acusación en las circunstancias de indefensión de la víctima, la desproporción de la fuerza utilizada y la sevicia ejercida durante el ataque.

Con base en la solidez de las evidencias científicas y testimoniales expuestas ante el despacho, tanto la Fiscalía como la representación legal de la familia de la víctima solicitaron al juez del caso imponer una pena de hasta 37 años de prisión para cada uno de los procesados.

Los hechos registrados en la noche de Halloween

La agresión ocurrió hacia las 3:20 a. m. del 31 de octubre de 2025, cuando Jaime Esteban Moreno abandonó el establecimiento Before Club, luego de asistir a una fiesta llamada ‘Relaja la pélvis’, en compañía de un amigo para buscar transporte con destino a sus viviendas.

Según la reconstrucción del expediente, a los pocos metros de la salida del recinto, el estudiante fue alcanzado por un grupo de personas disfrazadas que lo atacaron por la espalda, propinándole un impacto inicial que lo derribó sobre la acera en estado de inconsciencia.

Posteriormente, estando la víctima indefensa en el suelo, los agresores continuaron la golpiza con patadas y puños dirigidos hacia la cabeza y el tórax. Aunque su acompañante intentó intervenir para auxiliarlo, también resultó agredido por los presentes en la zona.

Al llegar las patrullas de la Policía Nacional tras la llamada de alerta de la comunidad, los uniformados encontraron al joven con traumatismos severos y sangrado constante, procediendo a su traslado de urgencia a un centro asistencial al que ingresó sin signos vitales.

El proceso de identificación de los agresores

Las labores de indagación adelantadas por las autoridades de policía judicial permitieron rastrear el recorrido de los sospechosos en el sector de la zona rosa de Chapinero tras registrarse un leve cruce de palabras dentro del bar.

Inicialmente, las autoridades retuvieron a tres personas en el marco de las verificaciones preliminares; sin embargo, una de las dos mujeres fue desvinculada de la acción penal directa al comprobarse que no participó de los golpes que causaron el deceso del estudiante.

No obstante, en el caso de Paola Fernández, el abogado de la familia confirmó que se encuentra prófuga de la justicia tras ser señalada dentro del expediente como la presunta instigadora o determinadora de la agresión. En el desarrollo del proceso penal se expuso que ella habría promovido el ataque contra el estudiante, por lo que la Fiscalía, la Policía Nacional e Interpol mantienen activa su búsqueda.

El foco de la investigación penal se concentró en Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González, quienes fueron capturados y llevados ante los jueces de control de garantías para responder por la agresión mortal.

La Fiscalía General de la Nación imputó formalmente los delitos de acto sexual violento y acoso sexual al periodista y presentador deportivo Ricardo Orrego Arboleda, durante una audiencia de carácter reservado adelantada por un fiscal adscrito al Grupo de Tareas Especiales del ente investigador.

Durante la diligencia judicial, el comunicador no aceptó los cargos formulados por las autoridades y se declaró inocente de las conductas atribuidas por el organismo acusador.

El expediente de la Fiscalía identifica a cinco mujeres como presuntas víctimas de violencia basada en género cometida en el entorno laboral de los medios de comunicación. Las afectadas corresponden a tres periodistas, una practicante y una estudiante universitaria.

De acuerdo con el informe oficial del ente de control penal, las conductas materia de juzgamiento se habrían registrado de manera continua a lo largo de un periodo de doce años, comprendido entre julio de 2012 y junio de 2024.

“El comunicador en algunas ocasiones, al parecer, realizó contactos físicos sin consentimiento de las afectadas y les envió mensajes de carácter sexual a través de redes sociales”, informó la Fiscalía en su cuenta de X.

El uso de la posición laboral y la tipificación penal

El organismo de investigación señaló que el procesado se habría aprovechado de su trayectoria profesional y de su jerarquía dentro de la organización de medios para abordar a las trabajadoras y estudiantes.

“De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el entonces presentador deportivo, al parecer, se valió de su experiencia y posición de poder dentro de la empresa a la que estaba vinculado para acercarse a las víctimas y, en diferentes ocasiones, mantener contacto físico sin consentimiento, así como enviarles mensajes de carácter lujurioso a través de redes sociales”, detalló la entidad en su reporte público.

Ante la pluralidad de episodios documentados en el proceso penal, la representación del ente acusador formuló cargos específicos agrupados en distintas modalidades delictivas: “En ese sentido, un fiscal del Grupo de Tareas Especiales para la investigación y judicialización de violencias basadas en género en entornos de medios de comunicación imputó a Orrego Arboleda los delitos de acto sexual violento en concurso homogéneo y sucesivo, en concurso heterogéneo con el delito de acoso sexual en concurso homogéneo y sucesivo”.

Así se destapó esta ‘olla podrida’ que también salpicó al periodista Jorge Alfredo Vargas

El proceso contra Ricardo Orrego forma parte de un expediente judicial que se destapó en marzo de 2026, cuando comenzaron a difundirse denuncias en redes sociales por parte de excolaboradoras de medios de comunicación como Caracol Televisión y RCN, quienes señalaron patrones de hostigamiento laboral, contacto físico no deseado y solicitudes impropias a cambio de estabilidad laboral.

La acumulación de testimonios de periodistas en ejercicio generó un movimiento de denuncias sobre las relaciones de poder en las salas de redacción, escenario que condujo a que Caracol Televisión iniciara indagaciones internas y decidiera finalizar de manera unilateral los contratos laborales de Ricardo Orrego, subdirector de Deportes, y de Jorge Alfredo Vargas, presentador del noticiero central y director radial de Blu Radio.

En su momento, Jorge Alfredo Vargas emitió un mensaje de respuesta argumentando que sus tratos personales solían ser de carácter afectivo y cercano, pronunciamiento que derivó en cuestionamientos por parte de la opinión pública antes de que la Fiscalía formalizara en julio de 2026 la imputación de cargos en su contra por el delito de acoso sexual frente a cuatro víctimas.

A medida que se conocieron los testimonios, surgió el movimiento “Yo te creo, colega”, impulsado por periodistas como Mónica Rodríguez, Juanita Gómez, Catalina Botero y Laura Palomino, entre otras. La iniciativa comenzó a recopilar evidencias y a acompañar a las presuntas víctimas en sus procesos legales, además de brindarles apoyo para hacer públicos sus casos y visibilizar sus denuncias.

Las comunidades académicas de la Universidad Nacional de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad del Rosario emitieron pronunciamientos públicos de rechazo frente a la decisión del Gobierno nacional, en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella, de retirar cerca de 50 piezas y contenidos de las salas de exposición permanente del Museo Nacional de Colombia.

Las manifestaciones institucionales se dieron tras la orden ejecutiva ejecutada por la ministra de las Culturas, Paola Holguín, que derivó en el desmonte de objetos, fotografías y documentos históricos vinculados a movimientos feministas, comunidades Lgbti+, víctimas del conflicto armado y acuerdos de paz.

Esto desencadenó una ola de rechazo y varias jornadas de manifestaciones frente al Museo Nacional, que se extendieron durante varios días. La protesta llegó al punto de que estudiantes y docentes de las universidades de los Andes y Nacional realizaron clases al aire libre en la tarde del 19 de octubre.

El pronunciamiento de la Universidad Nacional de Colombia

Desde la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, la comunidad académica calificó el procedimiento gubernamental como un presunto acto de censura y afectación al trabajo técnico de la entidad patrimonial.

“Expresa su más sentida preocupación y su profundo rechazo ante las decisiones tomadas por el Gobierno nacional que conducen al retiro de contenidos y al silenciamiento de memorias en el Museo Nacional de Colombia”, se lee en el escrito de tres páginas.

La unidad académica agregó: “Consideramos que la exclusión de relatos, objetos y testimonios por razones ideológicas o políticas constituye una afrenta para quienes entendemos los museos como espacios de investigación, reflexión crítica, encuentro y construcción plural de lo común”.

En su comunicado, titulado No hay memoria común donde solo una voz decide qué merece ser recordado, la facultad enfatizó que las exhibiciones de los museos no deben depender de la línea ideológica de la administración de turno.

“La experiencia de las víctimas y supervivientes del conflicto armado, las luchas sociales, las reivindicaciones feministas y aquellas de las diversidades sexuales y de género, así como las múltiples formas de resistencia y organización comunitaria, hacen parte de las historias que atraviesan nuestra sociedad”, se lee en el comunicado.

“Su presencia en los museos no debería depender de su correspondencia con la orientación ideológica de un gobierno de turno”, agregó el texto institucional.

La maestría expresó su solidaridad con los equipos de curaduría, educación, conservación y registro del Museo Nacional, al destacar que los guiones desmantelados respondían a más de dos décadas de investigación científica y procesos participativos mantenidos a lo largo de cinco administraciones presidenciales.

La posición de la Pontificia Universidad Javeriana

Por su parte, la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana instó al Ejecutivo a respetar el trabajo de investigación que sustentó el montaje de las salas “Hacer sociedad”, “Memoria y Nación” y “Fuerza, fe y sustancia”.

“La censura de las salas del Museo no es un medio para sanar heridas; todo lo contrario, es un motor que le resta credibilidad a la institución, que deja en entredicho cualquier material cultural que se ponga en el lugar de los objetos que fueron desmontados sin el debido proceso, y en este sentido, es un ejercicio de violencia simbólica del Gobierno nacional a la ciudadanía”, sostuvo la facultad de la institución jesuita.

El pronunciamiento javeriano advirtió sobre los riesgos institucionales que genera el desconocimiento de los marcos normativos y los criterios técnicos en la gestión del patrimonio público.

“Vemos con profunda preocupación el desconocimiento de los marcos normativos vigentes, del carácter profesional de nuestras instituciones culturales y, sobre todo, el reduccionismo con el que se están abordando nuestra historia, nuestra memoria, nuestras culturas y nuestra propia sociedad”, señaló el documento.

La postura de la Universidad del Rosario

En la misma línea, la Facultad de Creación de la Universidad del Rosario expresó su inquietud por el desmonte de las colecciones e insistió en que la presencia de objetos históricos en las galerías cumple una función de conocimiento académico y no de adhesión política.

“Las colecciones de los museos permiten estudiar la historia, examinar sus conflictos y discutir sus distintas interpretaciones. La exhibición de una pieza ofrece la oportunidad de analizar críticamente las ideas, los movimientos o las personas con los que está relacionada. Su presencia en una sala tiene un propósito de conocimiento y discusión, distinto del homenaje o la adhesión”, precisó la facultad rosarista.

La institución solicitó revisar de manera pública las medidas adoptadas sobre el Museo Nacional para garantizar la autonomía curatorial y el pluralismo en la representación de la historia colombiana.

“Nos sumamos al llamado de la comunidad museal para que se revisen públicamente las decisiones adoptadas y se garanticen las condiciones necesarias para que el Museo Nacional cumpla su misión”, concluyó el comunicado del claustro universitario.

La Fiscalía General de la Nación ordenó el archivo definitivo de la investigación penal que el ex fiscal general Eduardo Montealegre Lynett había promovido en contra de Enrique Vargas Lleras —hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras—, en su condición de presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, y otros directivos de la institución.

La resolución judicial fue adoptada por la Fiscalía 381 Seccional de la Unidad de Fe Pública y Orden Económico, despacho que determinó la inexistencia de las conductas punibles de destrucción, supresión u ocultamiento de documento privado, prevaricato por omisión y falsedad ideológica en documento privado atribuidas a los integrantes de la corporación.

El trámite penal comenzó a partir de la acción interpuesta por Montealegre Lynett en representación de su cónyuge, Tania Marcela Malely Hernández Guzmán, quien ejerció como exvicepresidenta jurídica de la Cámara de Comercio de Bogotá.

En el escrito acusatorio, la parte denunciante señalaba la ocurrencia de supuestas anomalías cometidas durante el desarrollo de la sesión extraordinaria de la junta directiva celebrada el 30 de enero de 2025. No obstante, las verificaciones adelantadas por el ente acusador permitieron constatar que la documentación de la sesión no fue alterada, extraviada ni oculta por los directivos de la entidad mercantil.

El despacho judicial confirmó que el texto íntegro del acta se encuentra custodiado en el libro oficial de la Secretaría General y dispone de acceso público mediante las anotaciones del registro mercantil.

Las resoluciones de la Superintendencia de Sociedades y el sustento del archivo

Para fundamentar el cierre definitivo del caso, la Fiscalía tuvo en cuenta las decisiones previas emitidas por la Superintendencia de Sociedades en sede administrativa. El organismo de inspección, vigilancia y control desestimó las quejas en primera y segunda instancia —esta última ratificada el 24 de mayo de 2026— tras concluir que las actuaciones de la junta directiva se ajustaron a los estatutos de gobierno corporativo y a la normatividad vigente.

El dictamen formal del ente investigador concluyó que la parte acusadora no presentó elementos materiales probatorios ni evidencia física apta para sustentar la existencia de delitos, configurándose la atipicidad de los hechos denunciados.

La providencia judicial restableció la idoneidad legal y el nombre de los directivos vinculados al proceso: Enrique Vargas Lleras, Alberto Preciado Arbeláez, Guillermo Botero Nieto y Gustavo Andrés Piedrahita Forero.

Las declaraciones de Enrique Vargas Lleras en redes sociales

Tras ser notificado de la decisión que puso fin al proceso penal, el dirigente empresarial y hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras se pronunció a través de una serie de publicaciones en su cuenta de la red social X para analizar el fallo a su favor.

“La estrategia de fabricar montajes en mi contra fracasó una vez más: no le funcionó a Petro ni a su amigo el exfiscal Montealegre. La justicia me dio la razón y archivó definitivamente la falsa denuncia que Eduardo Montealegre, como apoderado de su esposa Tania Hernández, interpuso contra mí y directivos de la Cámara de Comercio de Bogotá”, afirmó el directivo en su primer mensaje de un hilo de tres partes.

En un segundo mensaje difundido en sus canales digitales, Vargas Lleras subrayó el alcance del dictamen emitido por la Fiscalía Seccional sobre las actuaciones del equipo directivo.

“El ente investigador determinó con total claridad que los denunciados jamás cometimos los delitos de destrucción, supresión u ocultamiento de documento privado, prevaricato por omisión, ni falsedad ideológica. Se demostró que todas nuestras actuaciones fueron transparentes y conforme a la ley”, sostuvo el profesional del derecho.

Como último post, el presidente de la Junta Directiva concluyó su pronunciamiento haciendo referencia a la falta de soporte probatorio presentado por los denunciantes durante el curso del proceso.

“La Fiscalía confirmó que los denunciantes no aportaron una sola prueba ni evidencia física real. Ante la absoluta ausencia de motivos, se ordenó el archivo definitivo. Desenmascaramos otra maniobra de engaños que solo buscaba dañar mi buen nombre”, puntualizó Vargas Lleras.

El Ministerio de Educación Nacional puso en consulta pública un proyecto de decreto destinado a modificar el Decreto 1075 de 2015 —Único Reglamentario del Sector Educación—. La iniciativa busca redefinir la prestación y administración del servicio educativo en las entidades territoriales certificadas.

Aunque la norma técnica fue dada a conocer mediante borrador firmado por la entonces ministra Viviane Morales, la discusión sigue latente bajo la gestión de la actual titular de la cartera, Ilva Myriam Hoyos, y plantea interrogantes de fondo: la posible entrega de la gestión de colegios oficiales a operadores privados por plazos de hasta 12 años y la firma de convenios pedagógicos con iglesias y confesiones religiosas.

La propuesta gubernamental reabrió una histórica tensión en el país: ¿se trata de un avance en eficiencia y cobertura para las zonas de difícil acceso o de un paso hacia la privatización y el debilitamiento de la educación laica?

Para analizar los alcances del proyecto, Infobae Colombia consultó a representantes del magisterio, expertos en derecho constitucional e historia jurídica, autoridades territoriales de educación y especialistas en modelos pedagógicos. Desde sus respectivas experiencias y áreas de conocimiento, los consultados expusieron las fortalezas, los riesgos y los desafíos de este modelo educativo, que, aunque plantea nuevos mecanismos de administración, ya opera en Colombia bajo la modalidad de ‘Cobertura Educativa Contratada’.

La oposición del magisterio: constitucionalidad, laicismo y estabilidad laboral

Desde la acera sindical, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) rechazó de manera tajante el borrador de decreto. Miguel Pardo, ejecutivo de la organización, advirtió que el texto presentado por el Gobierno incurre en serias contradicciones con el marco constitucional e institucional vigente.

En diálogo con Infobae Colombia, Pardo comenzó fijando la postura del gremio: “En primer lugar, un saludo vital, fraternal y pedagógico a Infobae y agradecerle esta entrevista. Desde la federación tenemos que decir que, como está planteado el proyecto de decreto que la ministra saliente presentó a consulta ciudadana sobre la contratación de la educación con el sector privado, tenemos que llegar en primer lugar a que es inconstitucional. Y en segundo lugar, que es profundamente regresivo”.

Según el dirigente, la propuesta vulnera lo conquistado en el Acto Legislativo 03 de 2024, norma que reformó el Sistema General de Participaciones (SGP) para blindar los recursos del sector oficial. Pardo señala que “como está planteado el proyecto de decreto que la ministra saliente presentó a consulta ciudadana sobre la contratación de la educación con el sector privado (...) es inconstitucional y profundamente regresivo”.

A su juicio, el parágrafo dos del artículo primero de dicha reforma no deja margen de duda: los fondos de las transferencias nacionales deben canalizarse hacia los establecimientos públicos. “Allí no hay tutía”, enfatizó.

El punto neurálgico del reclamo de Fecode radica en lo que denominan el “corrimiento de la cerca” sobre la noción de insuficiencia. La Ley 715 de 2001 autoriza de forma excepcional la contratación de privados únicamente cuando la capacidad del Estado sea insuficiente. No obstante, el vocero sindical argumenta que el decreto desdibuja esta restricción al justificar contrataciones de entre 2 y 12 años amparándose en problemas de orden público o en la figura del operador como “colaborador” del sistema.

“A mí me enseñaron que cuando algo grazna como pato y camina como pato, es un pato. Si le entrego recursos públicos, llámese operador o administrador, a un particular, eso es privatización”, sentenció Miguel Pardo.

Luego señaló: “En segundo lugar, corren la cerca de la insuficiencia, porque señalan allí donde hay problemas de orden público. ¿Pero es que luego los problemas de orden público afectan a las instituciones oficiales, pero no a las privadas que están en el mismo sitio? Curiosidad: Dice que la insuficiencia nos podrá llevar a contratos hasta de doce años. ¿Cómo se establece una insuficiencia durante doce años?”.

La crítica del magisterio va más allá de la asignación presupuestal y toca la soberanía pedagógica y el laicismo de la escuela pública:

• Pérdida de la gratuidad y la autonomía: Fecode sostiene que, al entregar la administración a un privado, “si se entregan los recursos públicos a los particulares, quien define qué se enseña, cómo se enseña, cuánto se paga, cómo se labora y qué se cobra es el dueño del colegio”, lo que terminaría erosionando la gratuidad garantizada por el Estado. Pardo evoca la experiencia de Bogotá entre 2004 y 2015, donde se redujeron miles de cupos en colegios de convenio para financiar la construcción de infraestructura pública y la vinculación de miles de maestros por concurso público.
• El retorno al oscurantismo y la pérdida de laicidad: La posibilidad de establecer convenios pedagógicos con iglesias y confesiones religiosas representa, según el sindicato, una amenaza directa a la libertad de cátedra y a la pluralidad religiosa. “Entramos en terreno de reversar el carácter laico de la educación. El énfasis es entregarle los colegios especialmente a confesiones religiosas. (...) Estaríamos en la etapa del oscurantismo”, sostuvo Pardo.

“Coincide con lo que dijo Abelardo de la Espriella de que este gobierno reiterará la época de la Regeneración en Colombia (1886-1930), donde se disolvió la Universidad Nacional, las facultades pasaron a los ministerios y lo que se enseñaba lo definía un estado extranjero a través del Concordato”, explicó el ejecutivo.

• Ataque a la estabilidad del docente: Frente a los cuestionamientos sobre los resultados del sistema educativo, el vocero resalta que los maestros oficiales ingresan por estrictos concursos de méritos y evaluaciones continuas. Defiende que la estabilidad laboral protege al docente de los vaivenes políticos locales y asegura que el verdadero problema de la educación pública obedece a deficiencias estructurales acumuladas: falta de agua potable en la mitad de los colegios del país, déficit de infraestructura por 130 billones de pesos y una necesidad no cubierta de más de 125.000 maestros adicionales.

“Algunos funcionarios pactaban con dueños de colegio: ‘te entrego cien o trescientos cupos, pero el favor se paga con que las familias en futuras elecciones votan por los candidatos’. Durante los gobiernos populares (2004-2015) heredamos 146.000 chicos en colegios de convenio y los reducimos a 15.000. Esos recursos sustraídos contribuyeron a construir por lo menos 50 colegios más, reconstruir 250 e ingresar por concurso a 18.300 maestros”, explicó Pardo para Infobae Colombia.

Para Fecode, este proyecto reglamentario se articula con iniciativas legislativas paralelas, como el proyecto de ley de bonos escolares o propuestas de evaluación punitiva (como el Proyecto de Ley 074), las cuales, a su juicio, buscan desmantelar el sistema educativo estatal en lugar de tramitar proyectos como la Ley Orgánica 119 del Senado, concebida para aumentar progresivamente los giros directos a las regiones.

El dirigente señaló que la crisis del sector obedece al desfinanciamiento estatal y no a la labor docente: “Entre 2002 y 2026 le dejaron de girar 421 billones de pesos a la educación. El 50% de los establecimientos públicos no tienen agua potable y el 72% de las escuelas rurales tampoco. En lugar de este decreto o del proyecto de ley 074 del señor (Daniel) Briceño —que nos volvería a la Colonia porque los maestros no podríamos ni hablar—, lo que deben hacer es acelerar el proyecto de Ley 119 del Senado para que los recursos vayan directamente a los municipios a 12 años y resuelvan la insuficiencia de raíz”.

La mirada del derecho constitucional: entre el Estado aconfesional y los límites reglamentarios

Ante las complejas dudas jurídicas que genera la posibilidad de que entidades confesionales entren a operar o dictar contenidos en colegios del Estado, Infobae Colombia consultó a Hernán Alejandro Olano-García, profesor de la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Javeriana, vaticanista y miembro de la Real Academia Española.

En primer lugar, Olano-García propone una precisión conceptual fundamental sobre la naturaleza del Estado colombiano. Aunque la jurisprudencia de la Corte Constitucional (a partir de la Sentencia C-350 de 1994) suele referirse a Colombia como un Estado laico, el jurista prefiere caracterizarlo doctrinalmente como un Estado aconfesional.

“Considero necesario comenzar con una precisión conceptual: desde mi perspectiva doctrinal, prefiero caracterizar a Colombia como un Estado aconfesional, es decir, un Estado que no adopta una religión oficial y que debe garantizar la igualdad de las confesiones religiosas”, explicó el experto.

A renglón seguido señaló: “Debo reconocer, sin embargo, que la Corte Constitucional ha empleado expresamente la categoría de Estado laico, particularmente desde la Sentencia C-350 de 1994. En cualquier caso, la consecuencia jurídica fundamental es la misma: ninguna confesión puede apropiarse de la función pública ni recibir un privilegio incompatible con el pluralismo constitucional”.

Al evaluar la participación de organizaciones religiosas en colegios oficiales, el especialista establece una clara línea divisoria entre la colaboración legítima y la imposición dogmática: “La participación de las iglesias en la educación no está prohibida por sí misma. Las confesiones religiosas pueden contribuir al bien común (...) siempre que se respeten la Constitución, la ley y los derechos fundamentales. El límite aparece cuando la colaboración se convierte en adoctrinamiento obligatorio, cuando se privilegia una confesión sobre las demás o cuando se condiciona el acceso, la permanencia o el trato de un estudiante a la aceptación de determinadas creencias”.

El experto sostiene que, en los colegios oficiales, “la libertad de conciencia y de cultos de los estudiantes y sus familias debe prevalecer frente a cualquier pretensión confesional del operador”. En ese sentido, advirtió que “no sería constitucionalmente admisible que un niño perteneciente a otra religión, o cuya familia no profese ninguna, se encuentre sometido a prácticas religiosas obligatorias o sea objeto de discriminación”.

Asimismo, aclaró que “la cuestión no consiste en excluir a las iglesias de la vida pública”, sino en establecer “garantías verificables de neutralidad institucional, pluralismo, libertad de conciencia y respeto por la diversidad”. Para el experto, la participación de organizaciones religiosas en la educación pública debe desarrollarse bajo condiciones que protejan las convicciones de todos los estudiantes y sus familias, pues, como concluye, “la cooperación es legítima; la imposición religiosa, no”.

Respecto al debate sobre si un cambio de este impacto puede tramitarse mediante un decreto del Ejecutivo o si exige el debate parlamentario de una ley, Olano-García aclara que la Ley 715 de 2001 ya habilita la contratación del servicio educativo ante situaciones comprobadas de insuficiencia.

Por ende, expedir una reglamentación no es inconstitucional en sí mismo. No obstante, el académico advierte que el Gobierno no puede desbordar la potestad reglamentaria: “Una cosa es desarrollar esa habilitación y otra muy distinta ampliar sus alcances, alterar sustancialmente el régimen de administración de los establecimientos oficiales o modificar por vía reglamentaria las condiciones jurídicas y laborales de los docentes al margen de la ley. El decreto puede desarrollar la ley, pero no sustituir al Congreso ni modificar la Constitución”.

Asimismo, el docente desestimó la tesis de que el proyecto reviva automáticamente el Concordato de 1973 firmado con la Santa Sede, explicando que se trata de figuras jurídicas distintas. Si bien recuerda que, tras la Sentencia C-027 de 1993 de la Corte Constitucional, aún subsisten 16 artículos y medio vigentes de dicho tratado internacional, aclara que ello no representa un aval automático para transferir la gestión de la escuela pública a entes religiosos.

Sobre la autonomía del operador privado para contratar a sus educadores bajo el derecho privado, Olano-García enfatiza que la naturaleza pública del colegio no desaparece: “La intervención del operador no elimina la responsabilidad constitucional del Estado. La autonomía administrativa no puede utilizarse como pretexto para restringir la autonomía intelectual del educador”.

“El proyecto actual responde formalmente a un esquema de contratación y colaboración público-privada. Sin embargo, la pregunta de fondo es si la participación de entidades confesionales se limita a aportar capacidades pedagógicas o si puede trasladarles decisiones sustanciales sobre la orientación institucional de los colegios oficiales. No afirmaría que se revive jurídicamente el Concordato, pero sí advertiría que la iniciativa obliga a revisar históricamente cómo se distribuyen las responsabilidades educativas entre el Estado y las organizaciones religiosas”, dijo el docente.

Y añadió a su postura: “La colaboración puede ser legítima, pero no puede interpretarse como una recuperación de privilegios confesionales propios de etapas anteriores de nuestra historia jurídica”.

El docente advirtió que la autonomía de los operadores privados “no es absoluta”, especialmente cuando administran recursos públicos y prestan un servicio esencial como la educación. En ese sentido, recordó que la libertad de cátedra “protege la autonomía intelectual y pedagógica del educador”, por lo que la contratación privada no puede justificar “restricciones ideológicas arbitrarias” ni la imposición de una determinada confesión religiosa.

Asimismo, resaltó que un colegio oficial “continúa siendo público aunque su administración se encomiende a un tercero”, por lo que el Estado mantiene su responsabilidad constitucional. Por eso, insisitió en que “la autonomía administrativa no puede utilizarse como pretexto para restringir la autonomía intelectual del educador” y precisó que “la contratación privada puede modificar el vínculo laboral, pero no suspende la Constitución ni autoriza la vulneración de derechos fundamentales”.

La realidad del territorio: la Cobertura Educativa Contratada en Antioquia

Frente a la discusión teórica y jurídica, las entidades territoriales aportan una visión pragmática basada en las complejidades de la geografía nacional. En departamentos con alta dispersión poblacional, la contratación de la oferta escolar no se percibe como una concesión ideológica, sino como la única vía para garantizar el derecho a la educación en parajes apartados.

Mónica Patricia Ospina, secretaria de Educación de Antioquia —entidad territorial que gestiona el servicio en 116 municipios no certificados, supervisa a 22.000 docentes y atiende más de 4.200 sedes—, detalló cómo funciona en la práctica la ‘Cobertura Educativa Contratada’.

“A nosotros como departamento nos ha funcionado muy bien poder tener esa matrícula contratada, porque cerca del 96% de los estudiantes que atiende está en zonas rurales muy apartadas y donde realmente para nosotros es muy difícil llegar y administrar. Atendemos 116 municipios con gran escala, diversidad y dispersión. Tener estos cerca de 20.000 estudiantes mediante matrícula contratada resulta una gran ayuda y colaboración”, explicó la funcionaria para Infobae Colombia.

Actualmente, Antioquia opera este modelo en 31 municipios, abarcando 293 sedes y 19.260 estudiantes, con un enfoque prioritario en subregiones como Urabá y el Bajo Cauca. La funcionaria explicó que la figura permite ofrecer niveles de posprimaria en centros rurales que originalmente solo dictaban hasta quinto de primaria.

Además, resaltó que los contratos —que por exigencia del Ministerio deben tener una duración mínima de dos años— facilitan la vinculación de profesores pertenecientes a las mismas comunidades, lo que genera arraigo y reduce la rotación docente.

“Muchos de esos docentes son de las mismas regiones o municipios, y eso es muy valorado por las comunidades. Hoy tenemos 31 municipios con cobertura contratada, 293 sedes y 19.260 estudiantes”, explicó la lideresa.

Al evaluar el proyecto de decreto propuesto por la cartera nacional, la secretaria respalda la distinción técnica entre la prestación del servicio y la administración operacional: “Nos parece muy pertinente poder separar la prestación de la administración, porque la Secretaría de Educación sigue siendo la prestadora del servicio, mantiene la gobernanza, la vigilancia y el seguimiento, pero nos da herramientas para atender sedes rurales con mayor flexibilidad. Por ejemplo, nos permitiría implementar la jornada única en zonas rurales o ajustar los calendarios escolares según las épocas de cosecha”.

“La discusión en general favorece a las zonas urbanas y grandes colegios, pero en la ruralidad la dispersión ayuda mucho si se puede separar la prestación de la administración, porque la Secretaría de Educación sigue siendo el prestador, mantiene la gobernanza, vigilancia y seguimiento, pero nos da herramientas para atender sedes rurales. Nos permitiría flexibilidad para tener docentes itinerantes, implementar la jornada única adaptada a calendarios de cosechas o mejorar la atención”, argumentó sobre la metodología que mantienen en el departamento.

La Secretaria de Educación antioqueña sustentó la necesidad de esquemas flexibles en cifras contundentes: el departamento cuenta con cerca de 380 sedes con menos de 4 estudiantes, casi 1.400 con menos de 15 alumnos y alrededor de 3.000 sedes con menos de 50 niños. Bajo las rigideces del régimen oficial, la incapacidad médica de un único docente en una escuela unidocente puede dejar a los niños semanas sin clase, dado que la ley prohíbe nombrar reemplazos para ausencias menores a un mes.

Desde la perspectiva territorial, la administración delegada dota a la gestión pública de agilidad operativa para mantener las aulas abiertas sin perder la supervisión del Estado.

La discusión en el aula: la calidad educativa más allá de la figura administrativa

Mientras el debate político se centra en quién debe firmar los contratos y administrar los presupuestos, desde la práctica pedagógica surge un interrogante de fondo: ¿cambia realmente la calidad de la enseñanza cuando un colegio público pasa a ser gestionado por un privado?

Para abordar esta inquietud, Infobae Colombia conversó con la docente Solanyi Peña, directora del United Language Christian Academy (Ulca) y fundadora del jardín infantil Class Kids, institución con 17 años de trayectoria en la transición entre la educación de primera infancia y los modelos personalizados (homeschooling).

Para Peña, la discusión sobre si la administración debe ser pública o privada resulta secundaria frente a los problemas estructurales del modelo educativo colombiano:

“El problema va mucho más allá de permitir que un privado lo maneje. Va, inclusive, desde la formación docente. Hay muchos profesores que no están calificados para abordar a niños con necesidades educativas especiales (como Tdah, autismo o sobreestimulación por pantallas), y no hay un apoyo real en el aula. De que lo maneje un privado o un público no va a haber un cambio real si no se cambia la manera de cómo se enseña. La metodología en Colombia no ha cambiado desde hace cuántos años, mientras que los niños de hoy han cambiado radicalmente”, explicó la docente.

Explicó que el sistema tradicional penaliza las debilidades en lugar de fortalecer habilidades: “Si a un niño se le dificulta la matemática, lo que hacen es forzarlo a pasar una evaluación de memoria, no a desarrollar la habilidad. La matemática se puede abordar a través del arte o en una clase de cocina con medidas para que el niño entienda para qué le sirve. Eso es lo que hacemos: darles una experiencia por encima de la temática”.

Desde su experiencia con pedagogías alternativas (como Montessori y Loris Malaguzzi), Peña señala las limitaciones de los entornos masivos tradicionales, donde un maestro debe atender aulas de 35 a 40 estudiantes. En su concepto, el sistema oficial insiste en un modelo estandarizado volcado a la memorización de contenidos teóricos en lugar del desarrollo de competencias transversales:

• Enfoque en habilidades vs. memorización de contenidos: La educadora sostiene que la escuela actual se concentra en evaluar contenidos conceptuales y penalizar las debilidades del alumno (como las dificultades en matemáticas), en lugar de potenciar sus talentos naturales o enseñar a través del aprendizaje práctico y experiencial.
• Acompañamiento familiar y clima escolar: Destaca que la educación personalizada logra avances significativos porque involucra de forma directa a los padres en el proceso formativo, un vínculo que suele fracturarse en la educación pública masiva.

Peña fue enfática para Infobae Colombia que delegar la gestión a un operador privado no garantiza una transformación sustancial si no se modernizan los currículos, no se incorporan las herramientas tecnológicas para el pensamiento crítico y no se reforma de raíz la capacitación pedagógica de los maestros

“De que lo maneje un privado o un público no va a haber un cambio real si no se cambia la manera de cómo se enseña. La metodología de educación en Colombia no ha cambiado desde hace cuántos años, mientras que los niños han cambiado porque tienen acceso a la tecnología. La educación no puede seguir siendo la misma ni en contenidos ni en formas. Hay que aprovechar la tecnología para desarrollar la inteligencia emocional y habilidades para la vida. No creo que haya un cambio real simplemente porque lo administre un privado, va mucho más allá de eso”, explicó la docente.

Balance de la propuesta: entre la viabilidad técnica y los reparos constitucionales

El análisis del borrador reglamentario expone un agudo contrapunto entre la factibilidad operativa y los límites constitucionales de la iniciativa. Por un lado, la medida encuentra un margen de viabilidad técnica y territorial. Desde la perspectiva del constitucionalista Hernán Alejandro Olano-García, el esquema resulta viable jurídicamente en su origen, dado que el artículo 27 de la Ley 715 de 2001 faculta al Estado para contratar la prestación del servicio educativo cuando se demuestre insuficiencia en la oferta oficial.

Esta lectura coincide con la visión pragmática de la secretaria de Educación de Antioquia, Mónica Patricia Ospina, que defiende la viabilidad operativa del modelo al sostener que separar la administración de la titularidad del servicio le permite a las entidades territoriales llevar educación a zonas rurales muy dispersas, garantizar la permanencia de los maestros en el territorio y flexibilizar la atención frente a las rigideces de la planta estatal.

Por otro lado, la iniciativa enfrenta severos reparos de inviabilidad legal y política. Desde la acera del magisterio, Miguel Pardo insiste en que el proyecto es inconstitucional por transgredir el Acto Legislativo 03 de 2024, distorsionar la figura excepcional de la insuficiencia para habilitar contratos de hasta 12 años y abrir la puerta a una privatización encubierta que debilita el carácter laico de la escuela pública. A estas alertas se suma la advertencia del propio Olano-García, quien enfatiza que un decreto del Ejecutivo no puede desbordar la potestad reglamentaria, invadir competencias del Congreso ni alterar las garantías laborales docentes o la libertad de cátedra.

No obstante, el debate choca con un límite estrictamente pedagógico. Tal como lo advierte la educadora Solanyi Peña, la discusión administrativa sobre si un colegio debe ser gestionado por un operador público, privado o confesional resulta insuficiente si no se transforman de fondo las metodologías en el aula.

La Veeduría para la Transparencia Ciudadana radicó una denuncia penal, una queja disciplinaria y una solicitud de control fiscal preventivo ante los organismos de control para que se investigue la gestión del alcalde de Arauca, Juan Alfredo Qüenza Ramos, y del exgerente de Emserpa -empresa de acueducto- César Alessander Gutiérrez Rojas.

Las acciones buscan esclarecer presuntas irregularidades en la contratación de obras de acueducto y alcantarillado por un valor de $43.382 millones, así como determinar si existen posibles responsabilidades por parte de los funcionarios involucrados.

Las acciones de control se centran en el Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos No. 1481 de 2025, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Alcaldía de Arauca, y en el posterior Contrato de Obra No. 144 de 2026 adjudicado por Emserpa a la firma Mopen S.A.S.

Las presuntas irregularidades en el proceso de contratación

De acuerdo con el documento de denuncia y el requerimiento preventivo emitido por la Procuraduría Regional de Instrucción de Arauca, al que tuvo acceso Infobae Colombia, el proceso de selección IP-005-2026 se adelantó bajo la modalidad de invitación pública de régimen especial, omisión que permitió declarar el proyecto exento de la aplicación obligatoria de los pliegos y documentos tipo del sector de agua potable y saneamiento básico.

La veeduría ciudadana y el organismo de control señalaron que la entidad contratante fijó un cronograma de tan solo cuatro días hábiles entre la publicación de los pliegos y el cierre de la convocatoria, sin realizar audiencias públicas de asignación de riesgos ni de adjudicación.

Pese a que el proceso en la plataforma Secop II registró 16 visualizaciones de interesados, se presentó únicamente una propuesta correspondiente a la empresa Mopen S.A.S., a la cual se le adjudicó el contrato por el 99,97% del presupuesto oficial asignado.

De igual forma, la Procuraduría identificó que en el Registro Único de Proponentes y en el certificado de matrícula mercantil de la firma seleccionada consta que la entidad figura bajo la razón social Mopen S.A.S. en liquidación, con una reincorporación de registro efectuada apenas 21 días antes del cierre del proceso licitatorio.

Concentración del presupuesto y el rol de los mandatarios locales

Otro de los hallazgos puestos en conocimiento de las autoridades judiciales y fiscales se relaciona con la estructura de costos del proyecto de infraestructura.

En el análisis de la composición presupuestal se detectó que el ítem destinado exclusivamente al transporte de material pétreo asciende a $23.390 millones, cifra que equivale al 53,9% del valor total de la obra pública.

Frente al rol del alcalde Juan Alfredo Qüenza, la denuncia solicita investigar su responsabilidad en calidad de determinador por haber formulado y presupuestado el proyecto ante el Ministerio de Vivienda, designar a Emserpa como entidad ejecutora y abstenerse de ejercer el control de tutela sobre la empresa municipal para evitar el riesgo en los recursos del Estado.

Respecto a César Alessander Gutiérrez, exgerente de Emserpa, se pide examinar su conducta penal, disciplinaria y fiscal por haber aprobado el pliego de condiciones, fijado los requisitos de experiencia, aceptado la oferta única y firmado el contrato estatal.

Recomendación de suspender giros y solicitar informes oficiales

Ante la gravedad de los hechos expuestos, el procurador Regional de Instrucción de Arauca, Reinel Jaar Molina Martine, expidió un pliego de requerimientos y recomendaciones preventivas dirigidas a la administración municipal y a la gerencia de Emserpa, hoy a cargo de Germán Javier Castro.

El órgano de control recomendó formalmente a la empresa de servicios públicos abstenerse de tramitar, aprobar o desembolsar cualquier tipo de anticipo o pago con cargo al Contrato No. 144 de 2026 hasta tanto se aclare la legalidad del procedimiento de selección y la capacidad jurídica de la sociedad contratista.

“Poner en conocimiento del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de su supervisor, de la sociedad fiduciaria y de la interventoría el contenido de este oficio, a fin de que, en el ámbito de sus competencias, evalúen la pertinencia de diferir cualquier aval o desembolso mientras se adopta una decisión sobre los aspectos en verificación”, sostuvo la Procuraduría en su pronunciamiento preventivo.

La entidad otorgó un plazo de tres días hábiles a la Alcaldía y a Emserpa para remitir los estudios previos, las justificaciones técnicas de los pliegos, los soportes del transporte de material y las copias de los registros de ingreso de visitantes al despacho del alcalde relacionados con la estructuración del proyecto de acueducto.

La Unidad Nacional de Protección (UNP) tomó la decisión el lunes 19 de octubre de 2026 de hacer efectivo el retiro del esquema de seguridad asignado al exministro del Interior Armando Benedetti, así como a los integrantes de su núcleo familiar.

La determinación fue dada a conocer de manera directa por el propio exfuncionario a través de sus canales oficiales en redes sociales, donde manifestó su inconformidad con el procedimiento ejecutado por la entidad estatal.

“Sin que se hayan resuelto los recursos de ley y sin hacer un nuevo estudio de riesgo, se acaba de hacer efectivo el retiro del esquema de protección mío y de mi familia”, informó Benedetti a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

El exministro del Interior de la administración de Gustavo Petro sostuvo que la decisión de la UNP se implementó en forma sorpresiva, argumentando que las evaluaciones técnicas sobre su integridad personal se mantenían en niveles de vulnerabilidad.

De acuerdo con lo expresado por el exservidor público, las autoridades de protección habían confirmado de manera reciente el peligro al que se encuentra expuesto en el territorio nacional: “Hace dos meses fue calificado como extraordinario”.

El retiro de la protección abarca la totalidad de las unidades de escolta, vehículos blindados y esquemas de apoyo asignados previamente a su círculo familiar por parte de la dependencia estatal.

Lo que más llamó la atención del anuncio del exministro del Interior fue que relacionó el retiro de su esquema de seguridad con el cruce de declaraciones que sostuvo con el presidente Abelardo de la Espriella: “Después de mi respuesta de hoy al Presidente, ¿será casualidad? No en vano dije hace unos minutos que lo hago responsable de cualquier cosa que suceda a mí o a mi familia”.

Este fue el altercado entre Abelardo de la Espriella y Armando Benedetti

El presidente de la República y el exministro del Interior protagonizaron un duro choque de declaraciones luego de las revelaciones hechas por el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso sobre el denominado ‘Pacto de Valledupar’.

Mancuso afirmó que, durante una reunión celebrada en el gobierno anterior de Gustavo Petro, delegados gubernamentales —entre ellos Armando Benedetti y la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Angie Rodríguez— les pidieron acusar a De la Espriella, al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a Germán Vargas Lleras, propuesta que no fue aceptada por los exintegrantes de ese grupo armado.

Frente a estas declaraciones, el jefe de Estado reaccionó de manera categórica a través de su cuenta en X para cuestionar la gestión del exfuncionario: “Esto es lo menos grave de todas las ilegalidades que ha cometido Benedetti. Él cree que, porque está callado, pasará de agache. Ni perdón ni olvido para ese criminal que tanto daño le ha hecho a la patria. En la Patria Milagro, la justicia le dará a Benedetti lo que se merece”.

Por su parte, el exministro no se quedó callado y se pronunció en la misma red social para rechazar los calificativos del presidente y anunciar acciones judiciales en defensa de su honra.

“Estas no pueden ser las palabras de un presidente de la República hacia ningún ciudadano. Solo la justicia juzga a los ciudadanos. Por lo tanto, interpondré las acciones legales en defensa de mi honra y buen nombre. Este es un perfilamiento de graves dimensiones y desde hoy lo hago responsable de cualquier cosa que me suceda a mí o a mi familia”, sostuvo el exfuncionario.

Benedetti concluyó al señalar que su inactividad pública respondía a un periodo de descanso, pero advirtió que responderá ante las instancias legales y políticas que correspondan.

El Juzgado 24 de Familia de Bogotá admitió el lunes 19 de octubre de 2026 una acción de tutela presentada contra el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes (nombre que está en proceso de cambio) y el Museo Nacional de Colombia, tras el retiro de cerca de 50 piezas y obras de arte de las salas de exposición de la entidad cultural.

La instancia judicial fue promovida por Gabriel Becerra Yáñez, en su condición de secretario general de la Unión Patriótica; Jorge Virviescas, integrante del colectivo León Zuleta; y Kevyn Muñoz Torres, miembro del colectivo Revolución en Rosa, en respuesta a la instrucción del presidente Abelardo de la Espriella de desmontar elementos históricos e ideológicos del recinto.

En el auto de admisión, la sede judicial otorgó un plazo de un día hábil al Ministerio de las Culturas y al Museo Nacional de Colombia para que rindan informe detallado y envíen copia de las actuaciones administrativas que motivaron la remoción de las piezas.

“Aunado a lo anterior, se requiere al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y al Museo Nacional de Colombia para que informen el acto administrativo mediante el cual se adoptó que los elementos objeto de esta tutela fuesen expuestos, se precise su objetivo, finalidad, la fecha en que fueron exhibidos y remitan copia de ello”, señala la resolución del juzgado.

Del mismo modo, el despacho ordenó aclarar si la medida adoptada dentro de las instalaciones del museo se formalizó por escrito o bajo qué sustento legal se procedió con el desmonte de las obras.

“De igual manera, deberán precisar a esta sede judicial si la decisión de retirar las piezas o elementos de las exposiciones del Museo Nacional se tomó a través de un acto administrativo y se allegue el mismo al expediente, o se identifique la razón que motivó dicha decisión”, precisa el documento oficial.

Exigencia sobre la autonomía del Museo Nacional

El despacho de familia solicitó al Ministerio de las Culturas certificar el margen de independencia que tiene la institución frente a las órdenes emitidas por el Poder Ejecutivo nacional. “Así mismo, se requiere al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para que informe si dicha entidad cuenta con autonomía frente a las decisiones que se adoptan dentro del Museo Nacional, del cual deberá precisar y allegar el marco normativo y jurisprudencial de la misma”, dispone el Juzgado 24 de Familia.

El fallo ordena además verificar las condiciones de conservación de las piezas desmontadas de las salas permanentes para garantizar la integridad del patrimonio público nacional mientras se resuelve el fondo de la acción constitucional.

Vinculación del presidente de la República y de entidades distritales

La instancia judicial vinculó al proceso al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, con el fin de que se pronuncie en el término de un día hábil sobre los hechos planteados en la solicitud de amparo: “A quien se le concede el término de un (1) día hábil contado a partir de la notificación efectiva de este proveído para que proceda a pronunciarse respecto de la acción de tutela”.

Asimismo, el juzgado vinculó a la Secretaría Distrital de Planeación, a la Dirección de Diversidad Sexual, a la Secretaría Distrital de la Mujer, a la Secretaría Distrital de Integración Social, a la Fundación Sí Mujer y al Partido Comunista Colombiano.

El despacho ordenó a la Dirección de Diversidad Sexual notificar en un plazo de tres horas a los colectivos activistas, agrupaciones feministas y comunidades Lgbti+ vinculadas a los programas distritales, así como publicar la actuación judicial en la página web institucional para conocimiento de las organizaciones sociales.

Verónica Alcocer, ex primera dama de Colombia y exesposa de Gustavo Petro, se pronunció sobre las graves acusaciones lanzadas por Eva Ferrer, asesora catalana, en su contra, al asegurar que sus declaraciones son completamente falsas y desmintiendo haber mantenido una amistad íntima o haber transportado maletas con dinero desde Venezuela.

En una entrevista concedida al director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, Alcocer se refirió de manera directa al distanciamiento con la exconsejera presidencial para la Reconciliación, al señalar que los señalamientos responden a intereses personales no cumplidos.

Al ser cuestionada sobre si Ferrer era una persona de su entera confianza o su amiga cercana, Alcocer desmintió esa versión y precisó que la relación entre ambas se mantuvo únicamente en el terreno estrictamente profesional.

“Eva Ferrer no era una persona de confianza mía. Era una persona cercana y me generaba algo de tranquilidad porque teníamos amigos en común. La relación de Eva y mía era profesional”, afirmó la ex primera dama al explicar el origen del vínculo.

Alcocer detalló que hospedó a Ferrer en su vivienda para trabajar en un proyecto de empoderamiento femenino, pero aseguró que su exasesora comenzó a involucrarse de manera voluntaria en las reuniones políticas celebradas en su residencia durante la contienda electoral.

“La gente que se acerca a mí, tal vez con muchos intereses personales y, al no verlos cumplidos, termina decepcionada, termina sintiéndose traicionada por cosas que jamás se ofrecieron, por cosas que nunca se dijeron. Yo no era la candidata, yo no podía disponer ni hacer ningún tipo de ofrecimiento”, agregó.

Uno de los puntos centrales del cuestionamiento hacia Alcocer radicó en las declaraciones de Eva Ferrer, que sostuvo que la ex primera dama habría regresado de un viaje a Venezuela en enero de 2023 con cerca de 2,5 millones de dólares en efectivo destinados a financiar campañas políticas del entorno gubernamental.

Frente a esta versión, Alcocer negó tajantemente la existencia de dicho dinero e indicó que la agenda oficial cumplida en el país vecino no requirió el traslado de equipaje de carga: “Nunca en mi vida he tenido 2,5 millones de dólares. Es falso. Es más, el señor Manel Grau (su amigo, también catalán), en declaraciones públicas, acaba de desmentir esa afirmación. Él lo que dice es: nunca jamás le ha contado a Eva Ferrer de tal situación. Fue un viaje de ida y vuelta. Tanto así que no se llevaron ni maletas, precisamente porque fue un viaje corto. No hubo maletas en ese viaje. Yo llegué con mi cartera de mano, que es como siempre viajo, y me devolví con la misma cartera”.

De igual forma, desmintió la existencia de una red de contactos que utilizara su nombre para solicitar nombramientos o puestos en dependencias públicas como Ecopetrol, ProColombia o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), así como la existencia del denominado grupo de ‘Los Verónicos’.

“No tuve participación en el nombramiento de funcionarios públicos. Que haya gente cercana o conocida vinculada por el Gobierno no tiene nada que ver con una decisión de Verónica. Nunca autoricé a nadie a hablar a mi nombre, ni a pedir contratos, ni a pedir puestos. Quien tomó decisiones de contratar, de desvincular, de cambiar, era el señor presidente de la República”, puntualizó durante la entrevista.

Alcocer aseguró que los señalamientos relacionados con sus viajes a Venezuela, los cargos que otros señalan que tuvieron por ella y otras acusaciones pueden verificarse mediante registros oficiales, como las agendas y los itinerarios de la fuerza pública, así como otros documentos que quedaron consignados en su momento.

Alcocer habló de sus polémicas visitas a cárceles, la lista Ofac y la negociación de los aviones Gripen

En relación con sus actividades sociales e intervenciones en centros de reclusión, del cual se empezó a consolidar la teoría de un ‘Pacto de La Picota 2.0′ que surgió en el gobierno Petro, Alcocer explicó que sus desplazamientos se realizaron como parte de de agendas humanitarias sin privilegios irregulares.

“A las cárceles iba porque me encantaba escuchar y darle una oportunidad, darle una mano. Iba a ungir a los presos, porque el don de la unción existe. Siempre fue documentado bajo la legalidad, con todos los requisitos que se pedían en el Inpec. Para mí no es un trabajo servir y ayudar a la gente”, relató sobre su supuesta labor social en los penales.

En cuanto a la adquisición de la flota de aviones de combate suecos Gripen, la operación fue cuestionada durante el gobierno de Gustavo Petro debido a su elevado costo y, especialmente, porque Estocolmo fue la ciudad donde Alcocer pasó sus últimos meses de gobierno, tras su separación del mandatario.

“Me enteré de que había habido una negociación del Estado colombiano con el Estado sueco el día que intentaron involucrarme en ese hecho. Jamás participé en una conversación que tuviera como objeto la compra de esos aviones. No tenía ni idea que se había hecho”, dijo durante la conversación.

Sobre su inclusión en la lista Ofac de los Estados Unidos, más conocida como la lista Clinton, junto a otros integrantes del entorno presidencial, como Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, el exministro del Interior Armando Benedetti, entre otros, Alcocer confirmó que solicitó formalmente la revisión independiente de su nombre ante las autoridades norteamericanas.

“Inmediatamente me dijeron que sí, que retomaban mi caso, que recibían el caso y están en el proceso de revisión. Mi caso es independiente del de Gustavo. Me vinculan directamente, pero colateralmente por ser la esposa de Gustavo Petro. Estoy segura de que la verdad va a salir a flote”, indicó.

El acuerdo de divorcio y la relación actual con Gustavo Petro

Al finalizar la conversación, Alcocer compartió detalles de su vida sentimental y confirmó que formalizó el divorcio del expresidente Gustavo Petro, con quien estuvo casada durante más de dos décadas. Aunque la separación sentimental entre ambos se habría producido años atrás, el expresidente afirmó en octubre de 2025 que la relación había terminado mucho antes, sin precisar una fecha exacta. Sin embargo, la ex primera dama dio a conocer cuándo se concretó legalmente el divorcio.

“Mire, nuestro matrimonio se acaba el 10 de agosto de 2026. Tenemos una relación cordial. Luché por mi relación, luché por mantener una familia, la unidad, los hijos, pero finalmente terminó el matrimonio. Ahora vivo del acuerdo de divorcio al que llegamos por mutuo acuerdo y en tranquilos términos”.

Asimismo, expresó que mantiene un canal de comunicación respetuoso con el exmandatario por el bienestar de los hijos de la pareja (Sofía y Antonella), al concluir que atenderá cualquier requerimiento de las autoridades judiciales para defender su nombre.

La presencia colombiana marcó una parte destacada en la edición 2026 del famoso Victoria’s Secret Fashion Show, evento realizado en las instalaciones de Sony Pictures Studios en Culver City, Los Ángeles, California, en el que se reúnen los rostros de las modelos más cotizadas del mundo para lucir sus reconocidas prendas de lencería.

La representación nacional en el desfile internacional de moda íntima estuvo liderada por la modelo Honey Ordóñez en la pasarela y por la cantante y actriz Juliana Velásquez en calidad de invitada especial en la zona de asistencia.

La modelo colombiana Honey Ordóñez integró el grupo de figuras seleccionadas para lucir los diseños del segmento Pink, la submarca juvenil de la firma estadounidense enfocada en el mercado de público joven de entre 13 y 25 años.

Durante su presentación en la pasarela principal del estudio en California, Ordóñez lució un atuendo compuesto por lencería en tonos pastel, una chaqueta corta de textura afelpada, accesorios plateados y un bolso de mano brillante, completando el recorrido frente a las cámaras de transmisión internacional.

La participación de la modelo en la pasarela internacional representa el posicionamiento del talento local en los principales escenarios de la industria de la moda global, mientras se presentaba la reconocida banda KATSEYE.

Mientras sonaba 캣츠아이 (Animal), la colombiana desfiló con una amplia sonrisa, luciendo un panty de talle alto en color lila con pequeños lunares blancos. Acompañó su atuendo con un bolso y un celular, dándole a la pasarela un toque más coqueto, desenfadado y fresco, que suele acompañar a la línea Pink.

Por su parte, la artista bogotana Juliana Velásquez asistió al recinto de Culver City tras ser convocada como parte del selecto grupo de invitadas especiales para la cobertura presencial de la pasarela de la marca.

La intérprete de El achantado, De nada me arrepiento, Mar adentro, entre otros, presenció el desarrollo del espectáculo desde la zona preferencial junto a creadores de contenido, figuras del espectáculo internacional y delegados de la industria textil global.

Velásquez registró su presencia en California a través de su cuenta en Instagram, al destacar la importancia de la representación de figuras colombianas en las plataformas de entretenimiento internacional de mayor visibilidad mediática.

Aunque la artista no mostró en sus publicaciones de esta noche el resultado final de su atuendo ni de su maquillaje, sí dejó ver que estuvo presente en el evento y que disfrutó de la velada mientras compartía con algunas de las figuras más destacadas de la industria del modelaje.

Lo más destacado de la noche del Victoria’s Secret 2026

La pasarela del Victoria’s Secret Fashion Show 2026 reunió a algunas de las modelos más reconocidas de la industria, en una noche marcada por el glamour, los diseños llamativos y los regresos más esperados. Bella Hadid fue la encargada de abrir el desfile, acompañada por figuras como Barbara Palvin, que reapareció a menos de dos meses de dar a luz con dos atuendos que captaron todas las miradas, además de sus alas.

A la lista de estrellas también se sumaron Adriana Lima, Candice Swanepoel, Ashley Graham, Paloma Elsesser, Imaan Hammam, Abby Champion, Alex Consani, Devyn Garcia y Anok Yai, que aportaron su estilo y personalidad a uno de los espectáculos más comentados del mundo de la moda.

Sin embargo, una de las grandes protagonistas de la noche fue Kylie Jenner, quien debutó en la pasarela de Victoria’s Secret luciendo una de las piezas más exclusivas de la historia de la marca: el icónico Fantasy Bra, un sujetador de alta joyería valorado en 50 millones de dólares y adornado con miles de diamantes.

La empresaria y referente de la industria de la belleza sorprendió con un conjunto compuesto por una minifalda, tacones transparentes y unas imponentes alas blancas con plumas. No obstante, fue la lujosa prenda la que concentró la atención durante su participación en el esperado desfile, además de que ella, como invitada, lo luciera.

La aparición del Fantasy Bra marcó un momento especial para la firma de lencería, pues esta emblemática pieza no formaba parte de la pasarela desde 2018. Su regreso, en manos de Jenner, añadió un elemento de exclusividad y espectáculo a una edición que reunió a destacadas figuras de la moda internacional.

En el fragmento de la conversación publicado en redes sociales, la presentadora cuestionó a la exparticipante de Master Chef Celebrity sobre si en algún momento estuvo cerca de convertirse en primera dama de la Nación, ante lo cual la actriz paisa explicó la historia que la une con el exmandatario desde la adolescencia.

Durante un adelanto de la entrevista que Eva Rey comparte en redes sociales, la periodista sorprendió a la actriz al mostrarle un saludo grabado en el que el expresidente elogió su trayectoria artística y su trabajo de crecimiento personal.

“Quiero mandarle un saludo muy especial a Mafe, no solamente felicitándola por su carrera maravillosa que ha tenido, sino por ser un ser humano increíble. Por dejar siempre el nombre de nuestro país en alto y que siga también trabajando su espiritualidad”, dijo Iván Duque en su mensaje.

Tras observar la grabación, Yepes aclaró que su vínculo con Duque comenzó en Bogotá durante la época de colegio, luego de que su familia decidiera trasladarse desde Medellín por motivos de seguridad en la década de 1990.

“Nos sacan del colegio a mitad de año y entré a un colegio en Bogotá. Yo iba a estas fiestitas y el único que no me hizo el ‘fo’ fue Iván Duque. Me preguntó de dónde era, le dije que paisa y me dijo que él también. Yo le dije: ‘No jodas, sos más rolo’. Fue mi único amigo en Bogotá”, recordó la actriz.

El ‘amor platónico’, los besos y las proyecciones políticas

La artista confirmó que entre ambos existió un nivel de cercanía que se mantuvo en el tiempo, al punto que el propio ex jefe de Estado llegó a mencionar en campañas anteriores que ella había sido su amor de juventud.

Ante la pregunta directa de Eva Rey sobre si existió algún contacto afectivo en esa etapa, la actriz respondió entre risas confirmando el acercamiento.

“Pues un besito. Ay, Iván, la verdad, esquiniadito. Yo debo decir una cosa: a mí lo que más me agradó de ser su amiga era su inteligencia. Él a mí desde esa edad me decía que iba a ser presidente de Colombia, te lo juro. Años después de que él se vuelve presidente, yo, sin hablar con él, dije: ‘Guau, no puede ser que este chico cumplió su sueño’”, relató la actriz.

Sin embargo, al ser consultada sobre si votó por su amigo de la infancia para llegar a la Casa de Nariño, la actriz prefirió mantener la reserva de su postura política personal, lo que causó aún más risas durante la entrevista.

El proceso personal frente a la maternidad y su salud

En otro tramo del diálogo de entretenimiento, la actriz de 46 años abordó las preguntas sobre la posibilidad de ser madre y detalló los problemas de salud que enfrentó en su útero antes de contraer matrimonio con su esposo Nicolás.

“Ya me estaba acercando a mis 40 y sí, es, y es una realidad, hay un reloj biológico que el cuerpo te empieza a decir como: ‘Bueno, ¿vas a ser o no?’ Y la mujer que me diga que no, está mintiendo o está muy peleada con su femenino”, contó la actriz.

Yepes explicó que durante las grabaciones de la producción María Magdalena decidió hacer una pausa en su rutina laboral para atender su salud, momento en el que detectaron una condición médica compleja: “Me di cuenta de que estaba llena de miomas en el útero, que estaba muy enferma. Empecé un proceso natural con plantas y alimentación que nunca funcionó, y terminé en una cesárea sacándome estos miomas hace dos años. Pude mantener mi útero porque el deseo de ser mamá en ese momento estaba latente”.

La actriz reconoció que, aunque la inquietud por la maternidad se mantiene presente, se encuentra en una etapa de aceptación sobre las posibilidades biológicas en su vida actual.

“Voy a decirlo sin ninguna emocionalidad: sigue latente (el deseo de ser mamá), pero ya no sé si va a ser posible. Ahora estoy en ese punto donde estoy a esto de soltar esa emoción y decir que no pasa nada”, dijo María Fernanda Yepes en otro adelanto de la entrevista.

La Contraloría General de la República emitió un informe de alerta sobre un pago realizado por el Ministerio de Defensa a la empresa aeroespacial sueca Saab debido al proceso de adquisición de los aviones de combate Gripen, el cual habría generado un cobro adicional por 2.130 millones de pesos al erario público, según los documentos que conoció y divulgó Caracol Radio.

La advertencia del organismo de control fiscal, revelada tras dar respuesta a un derecho de petición formulada por la fuente citada, precisa que en la transacción presupuestal efectuada el 20 de enero de 2026 se aplicó una tasa de cambio del euro superior a la cifra fijada por las autoridades monetarias de la Nación.

De acuerdo con los registros de la Contraloría, la operación se liquidó mediante la orden de pago presupuestal No. 7787826, en la que se convirtió la divisa europea a una tasa de 4.936,96 pesos por euro. Sin embargo, la tasa de cambio representativa de mercado publicada oficialmente por el Banco de la República para esa misma fecha se ubicó en 4.339,41 pesos por euro.

La diferencia representó una variación de casi 600 pesos adicionales por cada euro desembolsado a la firma extranjera, valor equivalente a un costo del 14% por encima de la tasa monetaria oficial del país.

“Existe el riesgo de afectación al patrimonio del Estado debido a la utilización de una tasa de cambio del euro superior a la publicada oficialmente por el Banco de la República”, señaló expresamente el ente de fiscalización en su informe técnico sobre el caso de los aviones de guerra.

El alcance de la advertencia y el contrato con Saab

El organismo de control enfatizó que el pronunciamiento emitido el 28 de agosto de 2026 constituye una advertencia preventiva para evitar daños al erario y no representa por el momento una sanción formal contra funcionarios del sector defensa.

La operación investigada forma parte del contrato oficializado por el gobierno de Gustavo Petro para la adquisición de una flota de 17 aeronaves de combate JAS 39 Gripen E/F para la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), proyecto valorado en aproximadamente 16,5 billones de pesos.

La transacción de los cazas fue proyectada para financiarse a lo largo de un período de siete años mediante el mecanismo de vigencias futuras, incluido en su valor el soporte logístico inicial, repuestos, armamento, entrenamiento técnico y programas de transferencia tecnológica para la industria nacional.

El proceso de reemplazo de los cazas IAI Kfir de origen israelí se argumentó técnicamente en el cumplimiento del ciclo de vida útil de dichas naves tras más de 30 años de servicio y en los menores costos por hora de vuelo del modelo sueco frente a otras propuestas internacionales.

Problemas adicionales en el mantenimiento de helicópteros para las Fuerzas Militares

A la par con los cobros en la compra de los aviones Gripen, la Contraloría remitió un informe de 14 páginas al Congreso de la República donde documenta serias dificultades en la capacidad operativa de la flota de helicópteros del Ejército Nacional.

El documento, firmado por la auditora Doris Noemí Pizarro Melgarejo, examinó el contrato 012 de 2024 suscrito con la firma Vertol Systems Company por un valor de USD32,4 millones (aproximadamente 102.926 millones de pesos -al cambio actual-) para el mantenimiento de aeronaves en la base militar de Tolemaida.

Tras realizar inspecciones físicas en las instalaciones militares desde el 2 de julio de 2025, el ente de control advirtió que varias unidades continúan fuera de servicio pese a los desembolsos girados por la Nación.

“No obstante haberse recuperado los recursos entregados, aún existen helicópteros de la flota MI-17 que están pendientes de mantenimiento”, señala el texto oficial sobre el estado de la aviación del Ejército, según la divulgación de la fuente citada.

El balance del informe sobre el estado global del parque aéreo militar revela que de 510 aeronaves adscritas a las Fuerzas Militares, únicamente 227 se encuentran totalmente operativas, lo que equivale a un 44,5 % de disponibilidad total. El restante 55,5 %, correspondiente a 283 unidades, permanece inactivo por fallas técnicas, falta de repuestos o procesos pendientes de mantenimiento en talleres especializados.

La situación se acentúa en el segmento de helicópteros de combate y transporte, donde de 108 unidades existentes en los batallones, solo 45 están habilitadas para misiones oficiales. En el detalle por modelo de helicóptero, la fuerza pública cuenta únicamente con 8 de 20 unidades MI-17 disponibles, 22 de 53 flota UH-60 Black Hawk operativas y 15 de 35 aeronaves Huey II habilitadas para operaciones en el territorio nacional.

El expresidente Juan Manuel Santos se pronunció sobre el retiro de cerca de 50 piezas y objetos del Museo Nacional de Colombia, por orden del Gobierno nacional, en cabeza de Abelardo de la Espriella, al señalar que los elementos exhibidos en las instituciones culturales forman parte de la memoria del país y deben protegerse por encima de las confrontaciones políticas.

A través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X, el exmandatario se refirió a las decisiones adoptadas en la institución cultural tras la orden presidencial que desencadenó el desmonte de obras y posteriores manifestaciones ciudadanas en la capital del país.

En su pronunciamiento, Santos enfatizó la necesidad de preservar las colecciones y el patrimonio histórico como un eje fundamental para la construcción de la identidad nacional y la cohesión social.

“La historia y la memoria de un país no se borran. Por el contrario, se protegen y se utilizan para unirnos como nación, no para dividirnos. Cuidar nuestro patrimonio es honrar lo que somos, lo que fuimos y lo que podemos ser juntos”, posteó el expresidente.

La declaración del ex jefe de Estado se sumó a las constantes reacciones emitidas por diversos sectores políticos, la red de museos de arte moderno del país y múltiples colectivos culturales frente a las modificaciones aplicadas a los guiones expositivos del espacio de la Carrera Séptima.

El origen de la orden y la remoción de las obras

La controversia comenzó el jueves 15 de octubre de 2026, cuando el presidente Abelardo de la Espriella, durante un recorrido de inspección por las sedes institucionales de los ministerios de Hacienda, Interior y Cultura, ordenó de forma explícita a la ministra Paola Holguín retirar de instalaciones gubernamentales y espacios públicos cualquier elemento alusivo al exguerrillero Carlos Pizarro, bajo el argumento de su rechazo a lo que consideró una apología al “terrorismo”.

Ese mismo día, el personal técnico del Museo Nacional de Colombia ejecutó la remoción de casi 50 elementos de sus salas de exposición permanente, incluidas piezas pertenecientes a la sala Hacer Sociedad, afiches sobre la memoria del M-19 y de los acuerdos de paz, así como material documental sobre derechos Lgbti+ y movilizaciones feministas.

Frente a las primeras denuncias formuladas por organizaciones como Colombia Diversa y colectivos del sector, el Ministerio de las Culturas justificó los cambios el viernes 16 de octubre bajo un esquema de rediseño orientado a evitar la revictimización de la ciudadanía. En paralelo, de manera interna, las directivas del recinto empezaron a implementar restricciones para impedir que los visitantes tomaran fotografías de las paredes intervenidas.

Protestas ciudadanas y pronunciamiento de la red de museos

El desmonte de las piezas motivó el rechazo institucional de la red de museos de arte moderno de Colombia, donde entidades como el Museo de Arte Moderno de Bogotá (Mambo), el Museo de Arte Moderno de Medellín (Mamm), el Museo de Arte Moderno de Barranquilla (Mambq) y los museos de Cartagena y Tolima publicaron un comunicado conjunto en el que señalaron que el retiro de las obras respondió a motivos ideológicos y de censura estatal.

A la par de las críticas expresadas por figuras políticas de la oposición como María José Pizarro –debido a que la medida se tomó, inicialmente, por la representación de su papá en la extinta guerrilla del M-19–, grupos de ciudadanos iniciaron plantones en las afueras de la institución que derivaron en concentraciones masivas durante la jornada del sábado 17 y domingo 18 de octubre.

Cabe señalar que las manifestaciones en la parte externa del museo provocaron bloqueos continuos en la carrera Séptima, lo que requirió la intervención de la fuerza pública a través de unidades de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undemo) para despejar la vía mediante el uso de gases lacrimógenos.

María Paz Gaviria, excandidata al Senado por el Partido Liberal y exdirectora de la Feria Internacional de Arte de Bogotá (ArtBo), calificó como un “episodio de censura” el retiro masivo de cerca de 50 piezas de arte e instrumentos históricos de las salas de exhibición del Museo Nacional de Colombia, orden del Gobierno nacional, en cabeza del presidente Abelardo de la Espeiella.

En entrevista concedida a la emisora Caracol Radio, la especialista en gestión cultural e hija del expresidente César Gaviria cuestionó los procedimientos técnicos aplicados por las directivas del recinto cultural, al señalar la aparente ausencia de comités de curaduría y la implementación de restricciones para que el público pueda fotografiar las salas.

Durante su intervención, María Paz Gaviria detalló las fallas operativas registradas en el procedimiento de desmonte y puso en duda los criterios ideológicos utilizados para retirar elementos representativos de la historia social y política del país.

“Hablemos de Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo. Sus pósters fueron removidos, pero la improvisación es evidente, porque se dejó una camisa de Bernardo Jaramillo. Si es un tema ideológico, es una orden que pareciera ni siquiera haber sido cumplida a cabalidad”, argumentó la exdirectora de ArtBo –por más de 10 años- al señalar la falta de rigor técnico en las salas.

La dirigente política detalló que la decisión del espacio museal afectó negativamente piezas de valor cotidiano y deportivo que formaban parte del guion narrativo de la institución.

“Quitan una camisa de ciclismo de Lucho Herrera. Quitan un paraguas de caballo viejo. Un traje de Arturo Calle; simplemente se narraban diferentes episodios en la historia de nuestro país”, afirmó Gaviria al describir parte de los elementos desmontados.

Cuestionamientos sobre la Séptima Papeleta y la Constitución Política

La hija del director del Partido Verde dirigió sus críticas hacia la remoción de símbolos vinculados al movimiento ciudadano que dio origen a la Carta Política de 1991, calificando el hecho como una medida de gravedad para la memoria institucional de la Nación.

“¿Por qué arrancar de las paredes del Museo Nacional de Colombia la Séptima Papeleta? ¿Eso qué significa? ¿Hay alguna incomodidad con la Constitución de 1991?”, cuestionó de manera directa la excandidata al Senado durante el diálogo con los periodistas.

La Séptima Papeleta fue un movimiento estudiantil colombiano surgido en 1990 que promovió incluir una papeleta adicional en las elecciones para impulsar la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, con el propósito de reformar la Constitución de 1886 y abrir el camino a la Constitución Política de 1991.

Frente a los señalamientos de voceros gubernamentales que justificaron el retiro argumentando que algunas piezas podían constituir una “apología a la violencia”, Gaviria rechazó la eliminación del contexto histórico y defendió el rol educativo de las colecciones públicas.

“El país debe conocer su historia, debe conocer su memoria para no volver a repetir los procesos que la han sumido en violencia”, aseveró, al tiempo que criticó que permanezcan exhibidos objetos vinculados al narcotraficante Pablo Escobar mientras se retiran expresiones asociadas a movimientos sociales, víctimas del conflicto y luchas históricas de las mujeres.

Rechazo a la postura del Ministerio de las Culturas

Al final de sus declaraciones para el medio radial citado, María Paz Gaviria cuestionó la postura asumida por la dirección del Ministerio de Cultura y Patrimonio, en cabeza de Paola Holguín, frente a las decisiones adoptadas en el Museo Nacional.

“La ministra defendió el retiro de las obras el día viernes, y para mí eso merece un rechazo”, afirmó la exdirectora de ArtBo (gestión desde la cual lideró procesos de curaduría, relacionamiento con galerías internacionales y promoción del patrimonio plástico de Colombia), al solicitar explicaciones sobre el rumbo institucional de las entidades del sector público cultural.

María Paz Gaviria señaló que el gremio artístico exige garantías de conservación del patrimonio y la presentación oficial de una política transparente en el manejo de los bienes culturales del Estado: “Yo creo que todos en Colombia y todos en el sector cultural estamos esperando que se le presente un plan al país en materia cultural”.

María Claudia Tarazona, viuda del asesinado senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, acudió el 18 de octubre al parque antes llamado El Golfito, en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá, para llevar a su hijo menor, Alejandro, a conocer el monumento erigido en memoria de su padre en el mismo lugar donde fue víctima de un atentado sicarial.

La visita de la lideresa se realizó en compañía del niño y de una de sus hijas, más de un año después del ataque armado perpetrado el 7 de junio de 2025 por un menor de edad capturado en la escena, hecho que desencadenó la muerte del dirigente político el 11 de agosto de ese mismo año tras permanecer internado en la Fundación Santa Fe.

A través de su cuenta en Instagram, Tarazona hizo públicas las fotografías del encuentro familiar junto a la estructura conmemorativa e incluyó un mensaje dedicado a su hijo sobre la trayectoria de su padre.

“Llevarte, amor mío, a conocer el monumento de tu papá ha sido uno de los momentos más emotivos y, al mismo tiempo, más dolorosos de mi vida. La vida es también la historia que yo quiero contarte, amor mío, es que este fue el último lugar donde tu papá, con amor, entrega, valentía y un profundo sentido de propósito, señaló el rumbo que soñaba para nuestro país”, escribió Tarazona en la red social.

“Un país donde tú y todos los niños de Colombia pudieran crecer en paz, vivir seguros y ser verdaderamente libres. Hoy nos corresponde a nosotros honrar ese sueño. Hacer que su legado trascienda su muerte y que su vida siga teniendo sentido a través de la nuestra”, escribió.

En ese mismo post añadió: “Honrarlo siendo honestos, fieles a nuestros principios y valores, siendo buenos seres humanos y, sobre todo, viviendo para servir, ayudar y hacer el bien”.

La promesa de la viuda de Miguel Uribe Turbay sobre el legado de su padre

En la publicación, la viuda reafirmó el compromiso de preservar la memoria del excongresista en la crianza de su hijo: “Alejandro, amor de mi vida, te prometo que voy a cuidarte, amarte, acompañarte y guiarte en cada paso de este camino, como se lo prometí a tu papá. Y aunque me duela el alma saber que tendrás que crecer sin su presencia, haré todo lo que esté en mis manos para que nunca crezcas sin su amor”.

Y añadió: “Porque tu papá no es solamente parte de tu historia. Es parte de quien eres, de tus raíces y del amor inmenso del que naciste. Y si hay una promesa que voy a cumplir mientras tenga vida, es que nunca te falte amor, que nunca olvides cuánto te amó tu papá y que aprendas a honrar su legado, no solo llevando su nombre, sino viviendo con la misma bondad, valentía y nobleza con las que él vivió”.

En la parte final de su mensaje, dedicó unas emotivas palabras a su hijo, quien la acompañó a visitar el monumento ubicado en el mismo lugar donde su esposo fue víctima de la violencia en el país. Allí, reafirmó su compromiso con estas palabras: “Te amo, Alejandro. Por ti, por tu papá y por los sueños que nos quedaron por cumplir, seguiré caminando. Siempre con amor, siempre con propósito”.

¿Qué dice el monumento a Miguel Uribe Turbay en Bogotá?

La estructura conmemorativa instalada en el espacio público del barrio Modelia cuenta con una placa grabada que registra las fechas de nacimiento y fallecimiento del exsenador del Centro Democrático.

“Miguel Uribe Turbay. 28 de enero de 1986 - 11 de agosto de 2025. En memoria del senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, víctima del magnicidio que enlutó a Colombia el 7 de junio de 2025. Honramos su compromiso con la libertad, con la democracia y resaltamos su mayor sueño, resumido en una de sus frases: ‘Un país sin violencia, mi propósito de vida’. Ley 2576 de 2026. Autor: Senador Jota Pe Hernández”, consigna la inscripción del monumento.

El homenaje en la localidad de Fontibón forma parte de los avances en la memoria del caso, mientras las investigaciones penales sobre la autoría intelectual continúan su trámite en los despachos de la Fiscalía General de la Nación.

Ley que honra a Miguel Uribe Turbay: el parque donde lo asesinaron lleva su nombre

Las obras y el levantamiento de la escultura en el escenario de los hechos fueron respaldados por la Ley 2576 de 2026, iniciativa de autoría del senador Jota Pe Hernández aprobada por el Congreso de la República para rendir honores a la trayectoria de Uribe Turbay en el servicio público.

Dentro de sus disposiciones, la ley autorizó la instalación de una placa conmemorativa en el Capitolio Nacional, en la parte exterior de la oficina que ocupó el congresista entre 2022 y 2025.

De igual forma, la normativa dispuso bautizar el Salón de Medios ubicado frente al patio Álvaro Gómez Hurtado del Capitolio con la denominación “Salón Miguel Uribe Turbay”.

En relación con el espacio urbano, la ley facultó a la Alcaldía Mayor y al Concejo Distrital de Bogotá para rebautizar oficialmente el parque “El Golfito” bajo el nombre de “Parque Miguel Uribe Turbay”.

Laura Sarabia rechazó la etiqueta de haber sido la mujer más poderosa durante la administración del expresidente Gustavo Petro, al asegurar que dicha definición le generó problemas personales y tensiones políticas a lo largo de su paso por las distintas dependencias del Estado.

Las declaraciones fueron entregadas durante una entrevista en el programa De Frente, del medio digital Tercer Canal, donde la exservidora pública abordó los cuestionamientos sobre su trayectoria, los escándalos que marcaron su gestión y los señalamientos contra el entorno presidencial, en una conversación con la periodista Paola Herrera.

Y es que el paso de Sarabia por la administración pública inició en agosto de 2022 al asumir como jefa de Gabinete de la mano de Petro, cargo que desempeñó hasta mediados de 2023, cuando salió de la Casa de Nariño tras el caso de las pruebas de polígrafo aplicadas a su exniñera Marelbys Meza en el sótano del edificio oficial por la pérdida de un maletín con una importante suma de dinero.

Meses después —aún con la controversia viva y las respectivas investigaciones en curso—, Laura Sarabia retornó al Gobierno para asumir la dirección del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y posteriormente la titularidad del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

Su ciclo de nombramientos concluyó en el Ministerio de Relaciones Exteriores como canciller, periodo salpicado por la investigación sobre la licitación para la impresión y distribución de pasaportes con la firma Thomas Greg & Sons, antes de asumir su último encargo como embajadora de Colombia en el Reino Unido, hasta el final de ese periodo presidencial; es decir, ella fue funcionaria durante toda la administración Petro.

La respuesta sobre el poder en la Casa de Nariño

Al ser consultada por la periodista Paola Herrera sobre la percepción pública que la situaba como la figura con mayor influencia en el gabinete, Sarabia descartó asumir esa caracterización y comparó su rol con las funciones administrativas de pasadas y presentes administraciones.

“Nunca. Yo creo que esa categoría me ha traído más odios, envidias y, por definirlo de alguna forma, problemas que beneficios. Pues en la práctica era la mujer que estaba al lado del presidente, como lo estuvo María Lorena Gutiérrez en el gobierno Santos, como hoy lo está Nicolás Gómez en el gobierno de Abelardo de la Espriella, o Carlos Ríos, director del Dapre”, dijo Sarabia.

Luego señaló: “Entonces, la figura como tal es la persona más cercana al presidente, la persona que está casi 24/7 con un presidente y la que está en la oficina de al lado. Pero es muy curioso porque nunca hablamos del hombre más poderoso del Palacio”.

Reacción a las denuncias de Eva Ferrer y Angie Rodríguez

Durante la entrevista, Sarabia abordó las acusaciones formuladas por Eva Ferrer —la reconocida asesora catalana y examiga de Verónica Alcocer— y Angie Rodríguez —exdirectora del Dapre— sobre supuestos viajes y traslados de equipaje con dinero en efectivo que involucrarían a la exprimera dama hacia Venezuela.

Frente a la veracidad de estos testimonios, la exministra sostuvo que no se deben desestimar los señalamientos, pero exigió que la evidencia sea entregada a los jueces y no se mantenga de forma tardía en los medios.

“Hay una diferencia gigante entre lealtad y encubrimiento. Y si lo que dice Eva Ferrer es cierto, ella encubrió un delito durante tres años. Estamos hablando de algo demasiado serio. Son denuncias de suma gravedad que no podemos minimizarlas ni obviarlas”, dijo la exfuncionaria durante la entrevista.

Laura Sarabia añadió: “Si Eva Ferrer dice que Laura Sarabia le dijo que Verónica Alcocer movía cantidades de dinero o hacía vuelos irregulares, la obligación de la Fiscalía o la Procuraduría es llamarme a mí a preguntarme si es verdad o no es cierto”.

Postura sobre la renovación de liderazgos políticos

En otro tramo del diálogo, la exembajadora fue indagada sobre las voces que piden un relevo en las dirigencias del movimiento progresista y una reorganización de los perfiles públicos. Sin instar al retiro del expresidente Petro, la exfuncionaria concluyó que la ciudadanía reclama la incorporación de perfiles jóvenes en la toma de decisiones estatales.

“Yo no sería quién para decir que el presidente Gustavo Petro deba hacerse a un lado o no, pero sí coincido en que la gente le está apostando a nuevos liderazgos y a una renovación de la clase política. La gente está agotada de lo mismo de siempre y hay que darle la oportunidad a líderes jóvenes y a las bases que han entregado su vida por las causas sociales”, puntualizó Sarabia.

La propuesta de reforma constitucional plantea modificaciones a los artículos 180, 182, 183 y 346 de la Carta Magna, con el propósito de establecer registros públicos obligatorios para los proyectos de inversión postulados por los parlamentarios, así como para los financiadores de sus campañas electorales y la declaración formal de sus intereses económicos.

El jefe de la cartera explicó que el objetivo central de la iniciativa es acabar con las negociaciones informales de partidas presupuestales, conocidas popularmente como ‘mermelada’ —intercambio de favores y recursos del Gobierno por apoyo legislativo—, garantizando que el origen y destino de los fondos públicos puedan ser consultados de forma abierta por cualquier ciudadano.

“La regla de este Gobierno es la transparencia. Todos los colombianos conocen la palabra mermelada, y todos saben qué significa, es el proyecto de inversión que aparece en una región sin que nadie sepa quién lo pidió, por qué se aprobó y a cambio de qué”, sostuvo el ministro Rodrigo Lara durante la presentación del documento institucional.

El alto funcionario del gobierno de Abelardo de la Espriella precisó que la reforma busca transformar la “asignación oscura de proyectos de inversión en las regiones”, al permitir que la gestión de iniciativas locales se desarrolle mediante mecanismos de control público y trazabilidad institucional.

Límites entre postulación de obras y ejecución de contratos

Uno de los ejes principales del texto radicado establece una clara frontera entre la facultad de los parlamentarios para gestionar necesidades territoriales y la prohibición absoluta de intervenir en la adjudicación, celebración o ejecución de los contratos derivados.

De acuerdo con el proyecto, ni el congresista postulante ni los financiadores de su campaña política podrán obtener un beneficio particular o determinado a partir de los recursos aprobados para las regiones.

“Cualquier congresista podrá postular proyectos de inversión en beneficio de los municipios, pero lo hará mediante un registro público que cualquier colombiano podrá consultar”, indicó el ministro, al destacar que el Ejecutivo conservará la responsabilidad de formular el presupuesto nacional de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo.

Reglamentación del ‘lobby’ y del régimen de conflictos de interés

El acto legislativo delimita el concepto de conflicto de intereses para evitar la pérdida de investidura en gestiones parlamentarias legítimas, precisando que este solo se configura ante un beneficio particular y determinado para el congresista, su cónyuge, sus familiares o sus socios.

La norma aclara que la financiación de campañas legalmente registradas o los intereses comunes de un sector económico, social o regional no constituirán por sí solos una causal de inhabilidad, abriendo la puerta a la reglamentación formal del cabildeo en el Congreso de la República.

“Este acto legislativo nos va a permitir por primera vez reglamentar el lobby en Colombia. Hoy en día, un congresista no puede recibir a personas que representan determinado sector, porque si gestiona un proyecto en su beneficio, podrían quitarle la investidura. Como habrá esta declaración de intereses de un sector económico, el congresista podrá tranquilamente defender a esos sectores”, sostuvo Lara Restrepo.

Sanciones por ocultar información y trámite legislativo

El proyecto fija como causal de pérdida de investidura la omisión o falsedad en la declaración pública de intereses y en el registro de financiadores de campaña, con el fin de endurecer el régimen disciplinario para los miembros del Senado y la Cámara de Representantes.

De igual forma, el documento establece un plazo de doce meses a partir de su entrada en vigencia para que el Congreso expida la ley orgánica que reglamentará el funcionamiento de los registros públicos y los procedimientos de postulación de obras en el presupuesto general.

Con la radicación de esta iniciativa, que forma parte del paquete de transparencia del Gobierno nacional, el proyecto iniciará su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

La iniciativa del congresista busca frenar el impacto comercial que enfrentan los productores nacionales de confecciones, calzado y textiles debido al incremento en el volumen de paquetes que ingresan al país bajo regímenes postales simplificados.

Durante su intervención ante la célula legislativa, Berrío argumentó que los industriales y comerciantes colombianos compiten en condiciones de desigualdad tarifaria frente a las plataformas de comercio electrónico internacionales.

“Los empresarios no están pidiendo ni más ni menos. Lo que están diciendo es: nosotros pagamos IVA, nosotros pagamos aranceles para traer la tela, para traer los hilos. Que ellos también paguen aranceles, que ellos también paguen IVA”, dijo el congresista.

“No estamos sino pidiendo nivelar la cancha; no se está pidiendo más. Yo creo que se está pidiendo apenas lo justo por parte de estos empresarios, que son los que están generando empleo en Colombia”, sostuvo el representante.

El legislador solicitó formalmente al Ministerio de Hacienda, en cabeza de Miguel Gómez Martínez, y al Ministerio de Comercio, que lidera Mauricio Gómez Amín, instalar una mesa de trabajo junto a la Comisión Accidental y los gremios del sector moda para definir los ajustes tributarios e impuestos aduaneros.

“Le solicito de manera respetuosa también, señor viceministro, que en esa mesa de trabajo invite a la Comisión Accidental, que para eso la conformamos, y en esa Comisión Accidental también hagamos acompañarnos de los gremios y empresarios acá presentes. Y que por favor, vuelvo y repito, no le demos mucha vuelta a esta problemática tan delicada que tiene el sector confección textil y moda”, agregó Berrío.

Citación a audiencia pública y advertencias por pérdidas de empleo

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el congresista confirmó la citación a una audiencia pública en la Comisión Tercera de la Cámara con la presencia de altos funcionarios del Gobierno nacional y autoridades de control aduanero.

A la cita fueron convocados los titulares del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Comercio, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) para evaluar medidas de protección a la mano de obra local.

“No podemos permitir que se sigan perdiendo miles de puestos de trabajo en el sector confección textil y moda a raíz de las importaciones a través de las plataformas asiáticas. Debemos buscar pronta solución a esta grave problemática que amenaza con acabar la empleabilidad en Colombia”, dijo en un video.

El congresista agregó a su petición: “Debemos nosotros proteger el empleo en Colombia y no premiar el empleo en la China”.

El funcionamiento actual del cobro de tributos y la regla de ‘de minimis’

En la actualidad, la legislación aduanera colombiana establece que las compras realizadas en plataformas con sede en China deben pagar el 19% correspondiente al IVA, cobro que las aplicaciones como Temu, Shein y AliExpress calculan directamente en la pasarela de pago al momento de finalizar la transacción digital.

Sin embargo, los envíos internacionales cuyo valor comercial sea inferior a USD200 ingresan al territorio nacional bajo la modalidad de tráfico postal o envíos urgentes, lo que los exime del pago de aranceles aduaneros ordinarios.

La exención de IVA para envíos menores de ese valor aplica en Colombia únicamente para mercancías provenientes de países con los que se mantiene un Tratado de Libre Comercio (TLC) que incluya explícitamente dicho beneficio, como es el caso de los Estados Unidos.

Cuando una encomienda individual supera el umbral o cuando la Dian determina que la mercancía debe pasar a revisión ordinaria por su volumen comercial, el destinatario debe asumir tanto el 19% del IVA como el arancel correspondiente a la subpartida del producto importado.

Las declaraciones se conocieron luego de que salieran a la luz nuevos detalles sobre los avances de las investigaciones para identificar a los autores intelectuales del ataque sicarial, ocurrido el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá.

Honorio Henríquez anunció este nuevo diálogo tras la divulgación de nuevos chats y conversaciones por parte de María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, que aportarían elementos sobre los determinadores de la acción criminal.

Las declaraciones oficiales del presidente del Senado

En atención a los medios de comunicación en las instalaciones del Capitolio Nacional, Henríquez calificó como altamente delicados los elementos revelados en las últimas horas y solicitó celeridad en la identificación de los autores intelectuales del homicidio.

“Sí, es muy grave lo que seguimos conociendo en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. He solicitado, y lo haré en el marco del Consejo de Política Criminal, que está citado para esta tarde, el dialogar con el fiscal encargado para pedirle celeridad y que se aclare esta situación, que insisto, es de toda la gravedad”, señaló el senador en un video que compartió en su cuenta de X en donde habla frente a los micrófonos de la prensa.

Honorio Henríquez señaló: “Lo que se necesita más es que se defina la certeza de quién envió el mensaje. Eso le corresponde a la Fiscalía y, de ser así, tiene que proceder de conformidad con lo que ustedes indican”.

El dirigente del Congreso enfatizó que la justicia colombiana debe establecer con rigor y pruebas técnicas la procedencia de los mensajes de texto conocidos en el expediente para proceder a las capturas correspondientes.

María Claudia Tarazona fue quien reveló mensajes y chats inéditos que entregó a la Fiscalía General de la Nación. En las conversaciones se advertía sobre un posible atentado y, después del crimen, se cuestionaba la seguridad del dirigente político.

Tarazona afirmó que la información recibida apuntaría a que la orden de asesinar a Uribe Turbay habría salido del Senado y que la financiación del crimen habría provenido de Venezuela; también señaló a Luis Alberto Albán, conocido como “Marcos Calarcá”, y mencionó presuntos vínculos de la Segunda Marquetalia con labores de inteligencia y logística. Estas afirmaciones constituyen señalamientos que deben ser verificados por las autoridades.

La Fiscalía recibió el material y deberá evaluar su autenticidad y veracidad para determinar si aporta pruebas a la investigación. Por su parte, el presidente del Senado solicitó esclarecer si el crimen fue ordenado desde el Congreso, mientras que exintegrantes de las Farc y miembros del partido Comunes rechazaron las acusaciones.

La solicitud de investigación desde la Presidencia del Congreso

A raíz de las declaraciones y las hipótesis sobre presuntas conexiones políticas en el crimen, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, informó que remitió un oficio formal a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, solicitando celeridad en los despachos judiciales.

El congresista del Centro Democrático requirió al ente juzgador establecer de forma urgente la veracidad de las versiones que vinculan a sectores del parlamento con la planificación del atentado contra Uribe Turbay.

“Estas afirmaciones requieren, a la mayor brevedad, una investigación rigurosa, exhaustiva y prioritaria que permita establecer su veracidad, identificar los posibles determinadores del magnicidio y esclarecer cualquier participación de personas vinculadas al Congreso de la República”, sostuvo Henríquez.

El titular de la corporación añadió que la administración del Congreso y los legisladores de las diferentes bancadas se encuentran prestos a colaborar con el material probatorio, documentos y testimonios que requiera el cuerpo de investigadores asignado al expediente.

La pronunciación de Becerra se realizó mediante un mensaje en video publicado en sus redes sociales, en el que manifestó su indignación por los ataques lanzados contra la esposa del presidente Abelardo de la Espriella tras la polémica iniciada el domingo 11 de octubre de 2026.

En su intervención, la exfuncionaria pública rechazó que se recurra a ofensas sobre el aspecto físico de las mujeres en el marco de las discusiones políticas y el debate social del país: “Las mujeres no somos burla ni insulto, ni en la política ni en ningún lugar. Mi solidaridad con la primera dama Ana Lucía Pineda y mi llamado a que, como país, dejemos de normalizar estas ofensas”.

“‘Matador’, el respeto no es negociable. Burlarse del cuerpo de una mujer y humillarla no es crítica, es cobardía. Primera dama, usted no está sola; tiene mi respaldo de mujer a mujer. Ninguna diferencia política justifica estas ofensas. A las mujeres se nos respeta, a todas”, aseveró Becerra en su video.

El pronunciamiento de Becerra se suma a las reacciones emitidas por la Presidencia de la República, instancia que calificó las publicaciones del caricaturista como misóginas, sexistas y denigrantes por apelar a la animalización y descalificación física de la primera dama.

El origen de la polémica con la primera dama

La controversia se desató cuando “Matador” cuestionó en la red social X el manejo de los recursos recolectados por la fundación de Ana Lucía Pinda —que piden se divulguen las cuentas de todas las ayudas que recibieron— para los damnificados del terremoto de magnituf 7,4 registrado el 10 de agosto, especialmente en Pereira.

En dicha publicación, el caricaturista utilizó las expresiones “ratita” y “patirraquítica” para referirse a la primera dama, lo que provocó que el Gobierno nacional elevara una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que investigue si estos mensajes constituyen conductas sancionables por las normas penales.

A pesar de los rechazos expresados por diversos sectores, el caricaturista concedió una entrevista el 14 de octubre a los periodistas Daniel Coronell y Yezid Daniel Baquero, en la que se negó a disculparse o retractarse de lo escrito.

La postura de ‘Matador’ sobre sus expresiones

Durante el diálogo periodístico, el caricaturista intentó matizar el alcance del término empleado contra Ana Lucía Pineda, al asegurar que sus palabras no buscaban señalar un delito formal.

“Yo no la llamé rata. Ratita, que es muy diferente. Es más ofensivo decir rata que ratita. Ratita es una rata pequeña. Yo simplemente le dije ratita. Las ratas tienden a embolatar las cosas, a llevarse cosas. A la gente le indignó más eso, pero hay que preguntarse por la gente que sufre”, sostuvo “Matador” al ser cuestionado por su lenguaje.

De igual manera, el dibujante aseguró que recurrió a este tipo de términos punzantes con el objetivo explícito de obligar a los integrantes del Gabinete Ministerial a pronunciarse sobre los fondos de ayuda destinados a Risaralda.

“¿Por qué le digo yo que la palabra ratica fue la que detonó todo esto? Y me encanta, porque obligó a todo el Gobierno, desde los ministros pasando por todos, a salir de su madriguera y a exponerse. Si esto sirvió para que todo el Gobierno saliera a rasgarse las vestiduras, les pregunto: ¿por qué no nos pueden decir cuánto recogieron?”, agregó “Matador” en la entrevista que fue transmitida por YouTube.

Frente a este actuar, las palabras de Lina María Becerra mantienen encendido el debate público sobre los límites del respeto hacia las mujeres en la opinión y el alcance del lenguaje dentro de la sátira política.

El sorpresivo cambio de imagen del histórico capitán de la selección Colombia generó una avalancha de reacciones, varios memes y comentarios de figuras públicas, incluida la respuesta de su antiguo compañero de equipo René Higuita.

La histórica cabellera ensortijada que lo acompañó en los mundiales de Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998 dejó de existir mediante un procedimiento que el propio exfutbolista decidió documentar y difundir en sus redes oficiales. El mismo día de la publicación, el 13 de octubre de 2026, muchos pensaron que era un video hecho con inteligencia artificial.

En la grabación se observa que fue su esposa la encargada de operar la máquina de afeitar para retirar los rizos dorados que se convirtieron en un símbolo del deporte nacional durante más de tres décadas.

Durante la sesión del corte, la esposa del exdeportista bromeó frente a la cámara señalando que a partir de ese momento pasaría a llamarse “el calvo Valderrama”, ante lo cual el excapitán observó su nuevo aspecto y mostró conformidad con la transformación.

“Se ve bacano”, declaró Valderrama al finalizar el rasurado, dando paso a una oleada de mensajes por parte de seguidores que recordaron sus anteriores afirmaciones donde aseguraba que jamás se desprendería de sus rizos.

La respuesta de René Higuita y figuras públicas

La reaparición del exfutbolista sin su tradicional estilo afro llamó la atención de excompañeros de la época dorada del fútbol colombiano y personalidades del ámbito político y social.

El exportero René Higuita, recordado por la maniobra del ‘escorpión’, reaccionó a la publicación del video con un mensaje de respaldo hacia su amigo de cancha. “Mi hermano, el que es lindo es lindo, te quedó chévere”, le escribió el exdeportista en la sección de comentarios del video original publicado en redes sociales.

Por su parte, Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, también se pronunció en la red social X sobre el impacto de la noticia en la opinión pública.

“El Pibe Valderrama ya no tiene su melena. Ahora sí todo se fue a la mierda”, escribió el mayor de los hijos del ex jefe de Estado para describir la sorpresa colectiva que causó el fin del rasgo estético del exjugador, además de una pulla por el actual Gobierno, teniendo en cuenta su postura política pública.

Los memes y el chiste político en redes sociales

Las imágenes del excapitán con la cabeza rapada se convirtieron en el insumo principal de cientos de memes que circularon a lo largo del día en diversas plataformas digitales.

Una de las imágenes más compartidas por los internautas utilizó el cambio de aspecto para hacer un paralelo sobre la situación política del país, ubicando a la izquierda una foto con su melena bajo el rótulo “gobierno Petro” y a la derecha su foto rapada con el texto “en la patria milagro”.

Otras publicaciones compararon el nuevo rostro de Valderrama con la figura de Julio César Navarrete Pulido, conocido artísticamente como Julio Nava, músico y actor caleño que formó parte de la banda de rock Santa Sangre.

Aunque varios seguidores manifestaron nostalgia por la pérdida de un símbolo visual del fútbol colombiano, un sector de usuarios destacó en sus comentarios que el estilo rapado le otorga una imagen fresca al referente deportivo a sus 65 años.

En los comentarios del video de la rapada de “El Pibe”, se lee: “El que es bello, es bellos! Y el que es leyenda, es leyenda! Abrazo, jefe adorado!”; “Te queda bacano!!!! Pibe!!! 🔥Espectacular"; “El mejor 🔥🔥🔥“; ”Yerdaaaaaaaaa!!!!!! mono cuco, todo bien todo bien"; “Que vaina bacana 🤣👏🏼👏🏼👏🏼🫂“; ”Leyenda!! Con o sin melena 💪 Le luce el nuevo look a nuestro Pibe!“.

Las declaraciones se dieron durante una entrevista concedida a los periodistas Daniel Coronell y Yezid Daniel Baquero, tras la controversia originada por una publicación en la red social X donde cuestionó la gestión de los recursos destinados a los damnificados del terremoto del 10 de agosto en el Eje Cafetero.

La polémica se inició el domingo 11 de octubre, cuando “Matador” publicó un trino indagando por el destino de las ayudas recolectadas por la fundación de Pineda, la esposa de Abelardo de la Espriella, para atender la emergencia en Pereira, utilizando los términos “ratita” y “patirraquítica” para referirse a la primera dama.

Durante la conversación periodística, que se llevó a cabo tres días después de la controversia, Coronell cuestionó la necesidad de recurrir a ese tipo de descalificaciones personales dentro de la crítica política, ante lo cual el caricaturista descartó realizar una autocrítica o retractarse de lo escrito.

“Sí, y le voy a explicar por qué, Daniel. Si no hubiese sido por ese trino, claro, desafortunado, palabras ofensivas, sí, la gente no tendría la mirada hoy en la gente de Pereira, en la gente de Manizales, en la gente de Dosquebradas, que son los que están sufriendo y que se quedan callados”, argumentó “Matador”.

Al ser consultado puntualmente por el uso del término “ratica”, el caricaturista sostuvo que no constituyó una acusación directa de delito, argumentando diferencias de matiz en el lenguaje empleado: “Yo no la llamé rata. Ratita, que es muy diferente. Es más ofensivo decir rata que ratita. Ratita es una rata pequeña. Yo simplemente le dije ratita. Las ratas tienden a embolatar las cosas, a llevarse cosas. A la gente le indignó más eso, pero hay que preguntarse por la gente que sufre”.

La respuesta del Ejecutivo y las denuncias penales: así fue la actitud de ‘Matador’

Ante la difusión del mensaje y la caricatura, la Presidencia de la República emitió un pronunciamiento institucional, calificando los comentarios como misóginos, sexistas y denigrantes, al considerar que recurren a la animalización y a ataques sobre la apariencia física de una mujer para descalificar su rol público.

El Gobierno nacional confirmó que las expresiones fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que determine si las publicaciones configuran conductas sancionables a la luz del derecho penal.

Frente a la reacción de ministros y altos funcionarios que rechazaron el lenguaje de los comentarios, “Matador” aseguró que su objetivo era forzar un pronunciamiento oficial sobre las ayudas humanitarias en Risaralda: “¿Por qué le digo yo que la palabra ratica fue la que detonó todo esto? Y me encanta, porque obligó a todo el Gobierno, desde los ministros pasando por todos, a salir de su madriguera y a exponerse. Si esto sirvió para que todo el Gobierno saliera a rasgarse las vestiduras, les pregunto: ¿por qué no nos pueden decir cuánto recogieron?”.

En el desarrollo del diálogo en el canal de YouTube de Daniel Coronell, los periodistas señalaron que la fiscalización sobre los fondos públicos es un ejercicio legítimo, pero cuestionaron que se apelara a estereotipos sobre el aspecto físico de las personas o a términos despectivos para ejercer la crítica.

“Matador” justificó el uso de la palabra “raquítica” asociándola a la velocidad de la respuesta estatal frente a las familias que permanecen en albergues temporales y en el parque Olaya de la capital risaraldense: “Este Gobierno ha sido muy acelerado para firmar convenios, pero ha sido raquítico para la gente que se está mojando allí en el parque. Eso es raquitismo. Son muy lentos, no han hecho nada. En dos meses no han girado para que esta gente tenga carpas buenas”.

Aunque los periodistas insistieron en que cuestionar las decisiones políticas y exigir explicaciones sobre el manejo de los recursos era válido, también señalaron que recurrir a expresiones ofensivas o atacar la apariencia física de una persona no era apropiado. Frente a estas críticas, el caricaturista sostuvo que, si no lo hacía de esa manera, nadie prestaría atención al problema que consideraba central: exigirle a la primera dama que presente un balance de los recursos que recibió para ayudar a los damnificados.

El hotel colombiano Sofitel Legend Santa Clara Cartagena fue seleccionado en el quinto puesto de los mejores hoteles de Suramérica dentro de los Readers’ Choice Awards 2026, escalafón elaborado anualmente por la revista internacional Condé Nast Traveler.

El establecimiento ubicado en la capital del departamento de Bolívar alcanzó esta posición tras obtener una calificación de 98,83 sobre 100 puntos posibles, evaluación basada directamente en el voto de miles de lectores y viajeros frecuentes de la publicación especializada en turismo de lujo.

La distinción resalta la propuesta de hospedaje del antiguo convento construido en el siglo XVII, el cual combina el patrimonio arquitectónico de la época colonial con la hospitalidad del Caribe colombiano y los estándares de la hotelería francesa.

Los Readers’ Choice Awards miden de forma continua variables como la calidad en el servicio, la infraestructura de las habitaciones, la ubicación geográfica y la oferta gastronómica ofrecida a los visitantes internacionales.

Con este puntaje, el alojamiento cartagenero se mantuvo en el grupo de propiedades más valoradas de la región, consolidando una tendencia de figuración continua que incluye su permanencia previa en la Gold List global y en el ranking de las diez mejores alternativas de alojamiento en América del Sur.

No es solo el quinto puesto: los premios internacionales que distinguen a este hotel de Cartagena

A la par de su posición en Condé Nast Traveler, el Sofitel Legend Santa Clara acumula reconocimientos en los World Travel Awards, certamen conocido como los Premios Óscar de la Industria Turística Internacional.

En las ediciones de 2020, 2021, 2022, 2025 y 2026, la propiedad obtuvo el título de South America’s Leading Hotel como principal referente continental del sector.

Asimismo, en la edición 2026 de este mismo certamen, el establecimiento fue galardonado en la categoría South America’s Leading Heritage Hotel por sus labores de conservación del inmueble histórico, mientras que la Suite Presidencial Fernando Botero recibió el premio a South America’s Leading Hotel Suite.

Anteriormente, en 2016 y 2021, el lugar había sido ratificado como Colombia’s Leading Hotel al registrar los indicadores de servicio más altos del territorio nacional.

Los Readers’ Choice Awards de la revista Condé Nast Traveler son uno de los reconocimientos más influyentes del turismo global. A diferencia de otros galardones, este escalafón se construye a partir de los votos y experiencias reales de miles de viajeros internacionales.

Estas son las características que se tienen en cuenta a la hora de calificar los hoteles

Los Readers’ Choice Awards de la revista Condé Nast Traveler representan uno de los referentes más influyentes del turismo de alta gama global. A diferencia de las clasificaciones otorgadas por comités o jurados cerrados, este escalafón se construye a partir de las calificaciones y comentarios directos de cientos de miles de viajeros internacionales, lo que permite medir la calidad real de la experiencia de hospedaje.

Para que un establecimiento logre ingresar al listado de los mejores hoteles del mundo y obtener puntuaciones sobresalientes, debe demostrar un desempeño excepcional en cinco aspectos clave que evalúan los lectores:

• Servicio e intencionalidad: La atención debe ser ágil, cálida y personalizada. El personal de la propiedad debe anticipar las necesidades del huésped de forma intuitiva, sin caer en formalismos excesivos o invasivos.
• Infraestructura y conservación: Se valora el diseño de interiores, el confort de las habitaciones, el aislamiento acústico y la preservación arquitectónica, aspecto fundamental cuando se trata de inmuebles con valor histórico o patrimonial.
• Gastronomía de autor: La propuesta culinaria del hotel debe destacar por su calidad, ofreciendo cartas estructuradas, ingredientes locales de primera línea y maridajes especializados en sus restaurantes.
• Bienestar y relajación: Mide la oferta de servicios en las áreas de spa, zonas de descanso y actividades complementarias diseñadas para garantizar una estancia de alto nivel.
• Autenticidad y ubicación: Se premia la conexión del hotel con su entorno, garantizando que el viajero viva una experiencia con identidad cultural propia y no la propuesta genérica de una cadena estandarizada.

La combinación consistente de estos factores es lo que diferencia a una propiedad convencional de un referente de la hotelería internacional. Cuando un alojamiento logra ubicarse en los primeros lugares de este ranking, ratifica que la inmensa mayoría de sus visitantes calificó la experiencia como prácticamente impecable.

En el contexto global, la propiedad que ha logrado posicionarse en la cima de los escalafones más exigentes del sector es Passalacqua, una emblemática villa aristocrática del siglo XVIII ubicada a orillas del lago de Como, en Italia.

Con tan solo 24 habitaciones rodeadas de jardines barrocos históricos, Passalacqua lidera las clasificaciones mundiales gracias a su modelo de lujo íntimo, enfocado en la privacidad absoluta, la atención artesanal y la conservación cuidadosa del patrimonio cultural italiano.

María Claudia Tarazona, viuda del asesinado senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, afirmó que el expresidente Gustavo Petro tenía conocimiento previo del plan para asesinar a su esposo, al sostener que el financiamiento del crimen provino de territorio venezolano con la articulación de grupos armados ilegales.

Las declaraciones fueron entregadas durante una entrevista concedida a Caracol Radio, en la que Tarazona detalló los avances de las investigaciones sobre los autores intelectuales del magnicidio perpetrado el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito del barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

Durante la conversación radial, la viuda del dirigente político señaló directamente las redes de financiamiento que habrían operado desde el exterior para ejecutar el atentado sicarial contra Uribe Turbay, que falleció el 11 de agosto de 2025 tras permanecer internado en la Fundación Santa Fe tras el atentado.

“Pero todos sabemos realmente de dónde viene esto. Es decir, Gustavo Petro sabía que a Miguel lo iban a matar. El dinero viene de Venezuela”, dijo Tarazona en la mencionada conversación.

“En Venezuela no se mueve un peso y menos estas cantidades de dinero que salen de Venezuela hacia Colombia sin autorización del régimen (Nicolás Maduro, que estaba en el poder en ese momento). Tenemos además los comandos de frontera, que son los que autorizan el tránsito del dinero, de la droga, de las armas que pasan de Venezuela a Colombia y de Colombia a Venezuela”, afirmó Tarazona.

La viuda agregó que la Fiscalía General de la Nación alcanzó a interrogar en prisión a alias Araña, máximo cabecilla de la estructura Comandos de la Frontera, antes de que el presidente Abelardo de la Espriella autorizara su extradición hacia los Estados Unidos, con el fin de obtener detalles sobre la logística y la cancelación de la suma destinada al crimen.

La Fiscalía adelanta las investigaciones sobre el magnicidio

Las investigaciones sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay han avanzado en la identificación de los presuntos autores intelectuales, la financiación y la organización del atentado, además de las capturas que ya adelantaron.

Según las hipótesis investigativas y los testimonios mencionados, el crimen habría sido ordenado por integrantes de la Segunda Marquetalia, disidencia de las Farc. Entre los señalados aparece alias Zarco Aldinever, identificado como un presunto articulador del plan criminal. Asimismo, se mencionó una suma cercana a los $1.000 millones para financiar la operación, aunque la responsabilidad individual debe establecerse mediante pruebas judiciales.

La conexión con Venezuela constituye otra línea relevante de investigación, debido a los presuntos vínculos de los mandos señalados con zonas fronterizas. Las autoridades han buscado establecer desde dónde se impartieron las órdenes, cómo se coordinaron los participantes y qué redes facilitaron la logística del atentado.

En cuanto a la seguridad del candidato, la Fiscalía investiga posibles fallas y eventuales responsabilidades de integrantes del esquema de protección, conformado por personal de distintas entidades; entre los elementos que se busca esclarecer figuran registros de llamadas efectuadas poco antes del ataque y comunicaciones que podrían haber permitido transmitir información sobre los movimientos de Uribe Turbay.

La solicitud de investigación desde la Presidencia del Congreso

A raíz de las declaraciones y las hipótesis sobre presuntas conexiones políticas en el crimen, el presidente del Senado de la República, Honorio Henríquez, informó que remitió un oficio formal a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, solicitando celeridad en los despachos judiciales.

El congresista del Centro Democrático requirió al ente juzgador establecer de forma urgente la veracidad de las versiones que vinculan a sectores del parlamento con la planificación del atentado contra Uribe Turbay.

“Estas afirmaciones requieren, a la mayor brevedad, una investigación rigurosa, exhaustiva y prioritaria que permita establecer su veracidad, identificar los posibles determinadores del magnicidio y esclarecer cualquier participación de personas vinculadas al Congreso de la República”, sostuvo el presidente del Senado, Henríquez.

El titular de la corporación añadió que la administración del Congreso y los legisladores de las diferentes bancadas se encuentran prestos a colaborar con el material probatorio, documentos y testimonios que requiera el cuerpo de investigadores asignado al expediente.

La resolución judicial abarca los hechos cometidos entre 1996 y 2016 por los Bloques Oriental y Sur de la guerrilla; la decisión documenta 1.134 victimizaciones, al dejar al descubierto un vacío de juzgamiento en los tribunales ordinarios frente a los daños causados a las comunidades indígenas de la región.

Uno de los hallazgos principales revelados por el tribunal especial radica en que ninguno de los diez máximos responsables imputados registraba investigaciones penales previas o procesos abiertos en la justicia ordinaria por los hechos victimizantes acreditados en esta investigación.

Entre el grupo de comparecientes imputados por la Sala de Reconocimiento de Verdad figuran integrantes del antiguo secretariado de las Farc, así como mandos intermedios del Bloque Oriental, entre ellos Elmer Caviedes, conocido como “Albeiro Córdoba”, y mandos operativos del Frente 48 del Bloque Sur, como Gustavo Cuéllar Pajoy, alias Manuel Político, y Liberman Imbachi Chilito, alias Norbey Ramírez.

Esta falta de antecedentes judiciales evidenció el desamparo institucional que enfrentaron los pueblos originarios de la Amazonía y la Orinoquía durante las dos décadas evaluadas por la magistratura.

Durante su intervención ante la JEP, uno de los líderes indígenas celebró que el Estado colombiano reconozca finalmente el impacto profundo de la guerra sobre sus comunidades. Explicó que la violencia superó la pérdida individual de vidas, señalando que “cuando se atenta contra un abuelo sabedor, contra un cantor o contra una maloca, no solamente se mata a una persona, sino que se intenta matar el conocimiento, la lengua y el territorio”.

El vocero destacó la importancia de que el tribunal de paz haya acogido la visión de sus pueblos sobre la naturaleza y sus costumbres tradicionales. Agradeció a la JEP por haber escuchado “con respeto nuestro sistema de conocimiento propio, nuestra palabra dulce de vida, nuestro yagé, nuestro mambe y nuestro ambil”, al enfatizar que el tribunal logró comprender que para sus comunidades el territorio “no es solo tierra; es cuerpo, es espíritu y es memoria viva”.

El líder reafirmó la dignidad de los pueblos originarios tras años de persecución y envió un mensaje claro a los grupos armados del país. Recordó que durante décadas sufrieron en silencio el despojo de sus tierras y la quema de sus malocas en lo que definió como un “intento de exterminio”, pero concluyó con una postura de reconciliación: “No queremos venganza, queremos verdad para equilibrarnos (…) para que haya paz verdadera en Colombia, debe haber paz con la selva y con los pueblos que cuidamos”.

Reconocimiento del territorio como víctima y afectaciones culturales

Para la estructuración del fallo, la JEP incorporó los principios de la Ley de Origen, el Derecho Propio y los sistemas de conocimiento ancestrales, concluyendo que el territorio constituye un sujeto de derechos afectado por los combates, los bombardeos y la instalación de explosivos.

La decisión identificó con sus nombres ancestrales los espacios sagrados impactados por el accionar armado de las estructuras guerrilleras.

• Territorio Mãi Chējā (pueblo Korebajü): sometido a ataques constantes.
• Territorio Mãi Yija (pueblo Siona): afectado por derrames de hidrocarburos.
• Hitnüpe Pe As (pueblo Hitnü, Arauca): contaminado con minas antipersonal.
• Piejax Shath Matxoela (pueblo Jiw): utilizado como corredor de paso del Bloque Oriental.
• Territorio Ancestral Nükak Baká: los recorridos seminómadas quedaron suspendidos por el desplazamiento forzado.

Ataques a líderes espirituales y desastres ambientales por derrames

El expediente de la JEP documentó la persecución sistemática contra autoridades médicas y sabedores tradicionales cuya desaparición puso en riesgo la supervivencia cultural de sus comunidades.

En el pueblo Jiw, entre 2000 y 2003, integrantes del Frente 44 del Bloque Oriental asesinaron al docente bilingüe Saúl Enrique Niño, al promotor de salud Luis Carlos González y al etnoeducador Jorge Santos Aguilar, generando además el desplazamiento de líderes comunitarios.

En el pueblo Hitnü de Arauca, la siembra de minas cobró la vida en enero de 2011 del cacique y médico ancestral Rafael Pérez Pérez y causó heridas graves a una menor en julio de 2007 en Caño Güiriche.

Asimismo, la investigación detalló las afectaciones ambientales causadas por los ataques contra la infraestructura petrolera en el departamento del Putumayo, destacando las voladuras sobre el oleoducto San Miguel-Orito que contaminaron el río Luzón.

El fallo registró que el 8 de junio de 2015, en el corredor Puerto Vega-Teteyé, la guerrilla obligó el vertimiento de 3.210 barriles de petróleo transportados en 23 carrotanques, sumado al derrame de otros 722 barriles el 11 de junio en el sector de La Alea.

Según la cosmovisión del pueblo Siona, la contaminación de las fuentes hídricas impidió la realización de ceremonias sagradas de yagé y los ritos de medicina tradicional.

Plazos legales y fases del proceso en la JEP

Tras la notificación oficial con enfoque étnico y cultural, los diez imputados disponen de un término de 30 días hábiles para indicar si aceptan o rechazan la responsabilidad atribuida por la Sala de Reconocimiento.

En caso de aceptación, la JEP convocará a una audiencia pública de reconocimiento de verdad para proceder a la imposición de sanciones propias con componente restaurativo a través del Tribunal para la Paz.

De no aceptar los cargos, los expedientes serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) para dar inicio a un juicio contradictorio.

Laura Ojeda, pareja del exdiputado del Atlántico Nicolás Petro Burgos —primogénito del expresidente Gustavo Petro Urrego—, anunció que interpondrá acciones legales contra Germán Burgos Dueñas, primo hermano de su compañero sentimental, denunciando presuntas amenazas de muerte y afectaciones directas a su buen nombre.

El anuncio se produjo a través de su cuenta en la red social X, en la que la barranquillera confirmó que radicará los recursos correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen los hechos descritos.

En su pronunciamiento, Laura Ojeda declaró que acudirá a las vías institucionales para defender su dignidad e integridad frente a las conductas recibidas por parte del familiar de su pareja y papá de su hijo, Luka Samuel: “En el día de hoy iniciaré las acciones legales correspondientes contra Germán Burgos Dueñas por las presuntas amenazas de muerte recibidas, así como por los hechos que considero constituyen afectaciones a mi buen nombre, injuria y calumnia”.

“Estos hechos serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes para que se investiguen y se proceda conforme a la ley. Defenderé mi integridad, mi dignidad y mi buen nombre por las vías legales correspondientes”, sostuvo la exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele (2017) en X.

La acción judicial genera sorpresa en el entorno cercano a Nicolás Petro, toda vez que Burgos Dueñas se venía desempeñando como una figura central dentro de la estrategia de defensa del hijo del expresidente Gustavo Petro en el proceso que se le sigue por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

El rol de Germán Burgos en el expediente financiero

Germán Burgos Dueñas es hijo de una hermana de Katia Burgos, madre de Nicolás Petro, y su nombre figura como uno de los testigos solicitados por la defensa técnica del exdiputado del Atlántico para la etapa de juicio oral.

Nicolás Petro Burgos es investigado por presuntas irregularidades relacionadas con el origen de recursos que habrían ingresado a su patrimonio y su posible relación con dineros entregados por personas señaladas de aportar a la campaña presidencial de su padre en 2022.

Además, la Fiscalía indaga posibles anomalías en contratos de la Gobernación del Atlántico y en el manejo de recursos vinculados a la Fundación Conciencia Social, que presuntamente habrían sido desviados de su finalidad, todo luego de las revelaciones que hizo Day Vásquez -exesposa de Nicolás Petro- en los medios de comunicación.

Dentro de las investigaciones financieras, el despacho judicial consideró que la declaración de Burgos Dueñas guarda directa relación con el debate probatorio, razón por la cual aceptó su testimonio junto al de otros testigos de la defensa, entre los que figuraron Máximo Noriega, Samuel Santander Lopesierra —conocido como “El hombre Marlboro”-, Gabriel Hilsaca y la propia Laura Ojeda.

El propósito de su testimonio, según la lista presentada por la representación del exdiputado, es certificar aspectos del entorno familiar y social de Nicolás Petro y Laura Ojeda, al buscar aportar elementos que respalden la teoría defensiva frente a los cargos imputados por la Fiscalía.

Pese a esta función probatoria y a mantenerse como un testigo admitido en el estrado judicial, la denuncia de Ojeda marca una ruptura en la relación con quien pertenecía al círculo de apoyo directo de la pareja en Barranquilla.

Los otros frentes judiciales de Laura Ojeda

La controversia con el primo de su pareja se suma a los litigios penales que Laura Ojeda enfrenta de manera paralela con la exesposa de Nicolás Petro, Day Vásquez.

Dentro de ese proceso, Day Vásquez interpuso una denuncia penal contra Ojeda por supuesta violación de datos personales, acusándola de haber contratado maniobras de ciberataque para acceder de forma ilegal a la información de su teléfono celular.

Dicha denuncia se presentó como una contraofensiva judicial luego de que Ojeda formulara inicialmente acusaciones similares contra Vásquez ante los organismos de control.

Con el anuncio de las acciones contra Burgos Dueñas, las autoridades penales deberán llamar a rendir versión a las partes involucradas para determinar el alcance de las presuntas amenazas denunciadas y la veracidad de los hechos que motivaron la ruptura en el entorno familiar.

En su mensaje, el exmandatario rechazó que el Estado colombiano se encuentre desprotegido frente a la sequía proyectada para el cierre de 2026 e inicio de 2027, al calificar las declaraciones de su sucesor como infundadas y producto de una falta de revisión sobre los documentos entregados en la transición de gobierno.

Al inicio de la réplica audiovisual, el ex jefe de Estado hizo referencia a las decisiones de los altos tribunales sobre las alocuciones presidenciales, señalando que la actual administración supuestamente goza de un margen de difusión que le fue limitado durante su período constitucional.

“Fíjense ustedes que ahora ni el Consejo de Estado ni la Comisión Nacional de Telecomunicaciones censuran al presidente. Puede hablar todas las veces que quiera, todo lo que quiera y sobre episodios de información, cuando a mí me exigían que solo podía hablar sobre lo que sobrevenía con urgencia. Voy a hablar de lo que sobreviene y de lo que es urgente y voy a usar los medios disponibles por la ley para replicar la sequía que viene”, manifestó Petro.

Antes de lanzar sus argumentos, Petro señaló que: “Han transformado el Consejo de Estado en una oficina trasera del Palacio de Nariño”.

El exmandatario cuestionó la inasistencia de De la Espriella al proceso de empalme presidencial, sosteniendo que dicha situación impidió la continuidad de las medidas diseñadas para la mitigación climática en las regiones del país.

“El señor Abelardo de la Espriella ha dicho que no tiene ni idea, que no le dejaron un dinero, que nosotros no dejamos el país preparado. ¡Mentiroso, Abelardo! Usted no fue a mi oficina a recibir mi informe. Le dio miedo hablar conmigo y por eso ahora usted no tiene ni idea de qué hacer con la sequía. Y le voy a recordar lo que hicimos, lo que tiene entre manos y podría aún hoy utilizar”, agregó el ex jefe de Estado.

El Decreto 0802 y los traslados presupuestales por $8 billones

Para fundamentar su réplica, el ex jefe de Estado citó la firma del Decreto 0802 del 23 de julio de 2026, amparado en la Ley 1523 de 2012, mediante el cual su gabinete autorizó reasignaciones presupuestales por $8 billones de vigencias futuras para atender la emergencia climática.

El expresidente explicó que la prioridad de dicha norma era garantizar el suministro de agua potable y la producción agrícola antes que financiar las plantas térmicas generadoras a gas: “Abelardo, no por las termoeléctricas de gas, piense en la gente. En primer lugar, el peligro de la megasequía es gente que se muere de hambre, gente que se muere de sed. Se llama agua y alimentos. Métaselo en la cabeza, hermano. Primer problema de la megasequía: agua potable y alimentos. Segundo problema: posibilidad de desabastecimiento de energía eléctrica”.

Dentro de las partidas del decreto, Petro detalló un subsidio de $1 billón para fertilizantes agrícolas y el traslado de recursos al programa Colombia Solar para la instalación masiva de paneles solares en los techos de las viviendas del Caribe y la Orinoquía.

“Si se autogenera energía solar, que es la más barata, diez veces más barata que el gas, entonces complementamos la caída de los embalses de agua y su capacidad de generar energía. Solo era invertir en paneles solares en masa”, precisó el exjefe de Estado.

Cuestionamientos por la suspensión judicial de la norma

En el tramo final de su pronunciamiento, Petro responsabilizó a las medidas cautelares dictadas por el magistrado del Consejo de Estado, Pablo Andrés Córdoba, “por nombre propio” dijo Petro, por la parálisis en la ejecución de los traslados presupuestales destinados a las obras de infraestructura hídrica.

El exmandatario le pidió al presidente De la Espriella solicitar el levantamiento de dichas restricciones judiciales para habilitar el uso inmediato de los recursos en la perforación de pozos en La Guajira, la operación de la desalinizadora de Santa Marta y la compra de fertilizantes.

“Usted suspendió el programa Colombia Solar. Usted suspendió las desalinizadoras. Usted no permitió el subsidio a fertilizantes. El mismo magistrado le dejó a usted la posibilidad de llevar ocho billones de pesos. Hágalo. Hable con el magistrado. Dígale al magistrado Pablo Andrés Córdoba por qué no levanta la medida cautelar. Por lo menos se puede lograr que la ingeniería nacional pueda poner paneles solares para generar energía eléctrica limpia y barata”, sostuvo Petro.

El expresidente dio su réplica de más de 11 minutos defendiendo la necesidad de una transición energética basada en energías renovables y asegurando que las afectaciones que sufra la población en la temporada seca responderán a decisiones de la actual administración.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, confirmó que el Gobierno nacional pondrá en marcha el miércoles 14 de octubre de 2026 el nuevo decreto que reforma y regula la protesta social en Colombia.

El anuncio se produjo tras un consejo de seguridad liderado por el presidente Abelardo de la Espriella en la sede de la Dirección General de la Policía Nacional en Bogotá, donde el gabinete de Defensa y la cúpula militar evaluaron las medidas de orden público para la jornada de movilizaciones convocada por sectores de la oposición.

A la salida de la reunión oficial, el jefe de la cartera del Interior explicó a los medios de comunicación que la normativa ya se encuentra lista para su expedición y entrada en vigencia, coincidiendo con la primera gran manifestación nacional contra la actual administración.

“Ya está listo para mañana. Es un decreto garantista y democrático. Obviamente, el suroccidente es una zona de especial atención por el historial de bloqueos. El presidente ha sido claro: se respeta la protesta social, pero no se toleran los bloqueos. Ahí estamos perfectamente preparados”, declaró el ministro Lara Restrepo.

El funcionario precisó que los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño contarán con un monitoreo especial por parte de las Fuerzas Militares y la Policía, con el objetivo de evitar el cierre de corredores estratégicos como la Vía Panamericana.

Los puntos centrales de la regulación del Ejecutivo

La nueva reglamentación busca fijar los límites normativos entre el ejercicio de la manifestación pacífica y la comisión de conductas delictivas durante las jornadas de marcha en el territorio nacional.

Según lo expuesto por la Casa de Nariño, el texto prohíbe de manera explícita el uso de bloqueos permanentes en carreteras, la afectación a los sistemas de transporte masivo, la retención de ciudadanos y la utilización de menores de edad en las marchas.

De igual manera, la directriz gubernamental establece que la fuerza pública no intervendrá en concentraciones que transcurran sin violencia, manteniendo el diálogo institucional con los organizadores y las autoridades locales como primera vía de atención.

“Ni un derecho menos para quien protesta en paz, ni un espacio más para quien hace terrorismo urbano”, sostuvo el presidente De la Espriella al defender los alcances del instrumento normativo en su alocución presidencial del 12 de octubre.

Abelardo de la Espriella firmó el decreto para regular la protesta social en Colombia

El Decreto 1525 del 13 de octubre de 2026 modifica y adiciona disposiciones al Protocolo de Reacción, Uso de la Fuerza y Protección del Derecho a la Protesta Pacífica (Decreto 003 de 2021) en Colombia.

La medida busca ponderar el ejercicio del derecho a la manifestación con la protección simultánea de los derechos de la ciudadanía que no participa en ella, priorizando la gestión anticipada de conflictos y el diálogo, sin que la molestia o alteración propia de la protesta sea considerada por sí misma como un acto de violencia.

Asimismo, el decreto establece causales objetivas para el agotamiento del diálogo y define un protocolo claro ante hechos violentos. En situaciones donde se evidencie el empleo de armas, agresión a terceros o misiones médicas, retención de personas o destrucción de infraestructura, las autoridades de policía quedan facultadas para intervenir de forma inmediata y focalizada contra los agresores.

Además, se ordena garantizar siempre corredores solidarios para el tránsito de ambulancias, insumos hospitalarios, alimentos y grupos vulnerables.

La norma refuerza la trazabilidad, transparencia y rendición de cuentas de las autoridades. Los Puestos de Mando Unificado (PMU) deberán registrar en bitácoras cada decisión adoptada, y las autoridades locales tendrán un plazo máximo de 72 horas tras las manifestaciones para publicar un balance oficial de las afectaciones causadas tanto a ciudadanos, bienes e infraestructura como de las actuaciones de la fuerza pública.

Convocatoria de manifestaciones nacionales en oposición al Gobierno de Abelardo de la Espriella

La iniciativa de regular las manifestaciones llega con la convocatoria de marchas en todo el territorio nacional realizada por el Pacto Histórico —que lidera el expresidente Gustavo Petro— y centrales obreras como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).

Entre los participantes confirmados para las concentraciones en Bogotá figuran el propio expresidente y el senador Iván Cepeda, mientras que otras organizaciones del sector sindical, como la Confederación General del Trabajo (CGT), anunciaron que no se sumarán a la marcha.

Frente a la convocatoria, la Cancillería y el Ministerio del Interior indicaron que las autoridades locales y los gestores de convivencia coordinarán los desvíos viales y los esquemas de movilidad para permitir el tránsito de la ciudadanía en los puntos donde no hay horarios confirmados de cierre.

Dispositivo de seguridad y control judicial

El Gobierno nacional reiteró que la orden dada a las Fuerzas Militares y a la Policía exige actuar bajo los principios de proporcionalidad, necesidad y estricta legalidad frente a cualquier alteración del orden público que se pueda presentar el 14 de octubre.

El ministro Lara señaló que los actos de violencia, la destrucción de infraestructura pública o las agresiones contra los miembros de la fuerza pública serán procesados penalmente con el acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación, garantizando la recolección de material probatorio en los sitios de protesta.

Una solicitud de rectificación jurídica le fue notificada a la dirigente de oposición Ángela Benedetti ―hermana del exministro del Interior Armando Benedetto― tras cometer una equivocación en redes sociales al atribuirle presuntos actos de corrupción en el Fondo de Adaptación al abogado penalista Mauricio Pava, confundiéndolo con el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Javier Pava.

El requerimiento legal fue presentado por la abogada penalista Lina Sandoval Echavarría, que actúa en representación de Mauricio Pava, al advertir sobre el inicio de acciones penales por los delitos de injuria y calumnia si no se realiza la aclaración correspondiente.

El error de la dirigente política ocurrió en medio de la controversia provocada por las declaraciones de la exconsejera presidencial Eva Ferrer y la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Angie Rodríguez, que expusieron supuestas irregularidades e injerencias en la asignación de nombramientos durante la administración del expresidente Gustavo Petro.

A través de su cuenta oficial en X, Ángela Benedetti vinculó equivocadamente al jurista Mauricio Pava, quien ejerció la representación legal de la ex jefa de gabinete Laura Sarabia, con el manejo de nombramientos e influencias dentro del Fondo de Adaptación.

“Eva Ferrer en su entrevista de Semana, dice que entre las entidades donde Verónica Alcocer tenía ‘injerencia’ era el Fondo de Adaptación. Este fondo maneja los recursos de la UNGRD. Hoy Angie Rodríguez, en entrevista en Vértice Noticias, dice que Pava, amigo sentimental de Laura Sarabia y abogado de la ex primera Dama, tenía ‘fichas claves’ en el fondo de adaptación (sic)”, se lee en su post.

Luego señala: “Recordemos a Daniela Andrade, que fue quien firmó compra de Carro tanques para la Guajira. Sandra Ortiz siempre se ha referido a dos mujeres que eran cercanas al presidente Petro, las calificaba como muy poderosas, quienes tenían injerencia en la UNGRD. Blanco es, gallina lo pone. ¿Laura y Verónica están implicadas en ese caso también? Si así es, ¿por qué nadie las menciona? (sic)”, afirmó Benedetti.

La exigencia de la defensa y la aclaración probatoria

Poco después de la publicación del mensaje, la abogada Lina Sandoval Echavarría desmintió las afirmaciones y aclaró que las declaraciones rendidas por Angie Rodríguez ante los medios de comunicación hacían referencia a Javier Pava, exfuncionario encargado de la gestión de la Ungrd y del Fondo de Adaptación.

“Ángela, he recibido poder del Dr. Mauricio Pava para exigir su rectificación e iniciar las acciones judiciales correspondientes. Angie Rodríguez se refiere (como lo ha hecho en múltiples entrevistas) a Javier Pava, anterior gerente encargado del Fondo Adaptación, no a Mauricio Pava. Rectifique públicamente o responda ante la justicia. En su correo encontrará la pertinente”, respondió la penalista Sandoval en la red social X.

Para respaldar el reclamo, la defensa jurídica adjuntó el extracto del video de la entrevista donde la exdirectora del Dapre alude específicamente al exdirector de la Ungrd Javier Pava, detallando las decisiones administrativas y presupuestales adoptadas durante su paso por esa entidad pública.

Quién es Mauricio Pava y cuál es su rol en el entorno del Gobierno

El abogado penalista Mauricio Pava es un reconocido jurista de la escena legal colombiana que asumió la representación técnica y la defensa principal de la ex jefa de gabinete Laura Sarabia frente a diversas investigaciones penales, incluyendo las indagaciones derivadas del escándalo del polígrafo a su exniñera Marelbys Meza.

A través de su firma Mauricio Pava L. Abogados, el penalista ha coordinado las estrategias jurídicas ante la Fiscalía General de la Nación en procesos que involucran señalamientos por presunto abuso de función pública y concierto para delinquir, además de que fue designado como conjuez de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en febrero de 2025.

A pesar de su perfil público como litigante en estrados judiciales, Mauricio Pava no ha ejercido cargos ejecutivos ni funciones de ordenamiento de gasto dentro del Fondo de Adaptación ni en la estructura del Ministerio de Hacienda.

Los señalamientos sobre Javier Pava que lanzó Angie Rodríguez

Las denuncias expuestas por la exfuncionaria Angie Rodríguez se centran en forma directa en el ingeniero Javier Pava, que se desempeñó como director de la Ungrd y estuvo a cargo del manejo institucional del Fondo de Adaptación durante la primera etapa del pasado gobierno de Gustavo Petro.

En sus intervenciones ante los medios de comunicación, Rodríguez explicó que durante su gestión al frente del Fondo de Adaptación enfrentó bloqueos institucionales motivados por la presencia de funcionarios vinculados a las administraciones de Carlos Carrillo y de Javier Pava, según reveló.

“Dos, porque muchas personas que estaban ahí eran de Carrillo y de Pava. Y tercero, porque yo decía: ‘Es mejor que el nuevo gobierno decida qué hacer con la plata’. Fácil. Entonces, yo nunca saqué ningún contrato. Esa gente que anda inventando cuentos, que es una corrupta, que mírela, que no sé qué, qué tal. No saqué contrato en el fondo porque yo no soy boba, yo no estudié ni me preparé para ir a cometer brutalidades”, dijo Angie Rodríguez en su entrevista en Vértice Noticias, el 12 de octubre.

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, realizó una nueva alocución presidencial el 12 de octubre de 2026 para presentar el plan de contingencia del Gobierno nacional frente a la amenaza de racionamiento energético por el fenómeno de El Niño, detallar la ejecución de los recursos para la reconstrucción del país tras el terremoto del 10 de agosto y los frutos del banco de talentos.

En su intervención, el jefe de Estado cuestionó la gestión de la administración anterior de Gustavo Petro, al señalar que heredó un aparato estatal desfinanciado y expuesto a emergencias de gran magnitud por falta de planeación presupuestal y de infraestructura.

Abelardo de la Espriella advirtió que los informes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) proyectan un incremento en la intensidad del fenómeno de El Niño para el último trimestre de 2026 y el primer trimestre de 2027, lo que reducirá los niveles de agua en los embalses del país.

Para evitar un racionamiento de energía, el presidente anunció la creación de un equipo de respuesta rápida con fecha límite al 31 de diciembre para poner en marcha un plan de refuerzo en la generación térmica de electricidad.

“Empiezo por la energía, porque ahí la irresponsabilidad del gobierno anterior pudo llevar al país a un apagón. El fenómeno de El Niño no es una sorpresa para nadie. Se sabía que venía, se anunció con meses de anticipación. Aun así, el gobierno que nos precedió no dejó reservas suficientes, no dejó un plan de respaldo térmico y dejó el sistema expuesto a un racionamiento”, sostuvo De la Espriella.

En cuanto a la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto, confirmó que el Fondo Milagro dispone del primer billón de pesos bajo la gerencia de Jaime Uribe para la intervención de viviendas, colegios, vías y centros de salud, garantizando que los recursos llegarán sin intermediarios a las comunidades.

Transformación del Estado y vinculación por mérito

En materia de empleo público, De la Espriella presentó el balance del banco de talentos, informando que 145 profesionales ya se posesionaron en distintas carteras por mérito y sin recomendación política.

La distribución abarca 25 vinculaciones en Agricultura, 22 en la Presidencia de la República, 15 en la Función Pública, 15 en Vivienda, 12 en Interior, 11 en Defensa, 11 en Relaciones Exteriores y asignaciones en los ministerios de Justicia, Minas, Ciencias, Comunicaciones, Hacienda, Prosperidad Social, Transporte, Cultura, Deporte y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

De igual forma, el presidente anunció la selección de personal independiente para 132 jefaturas de control interno y la apertura de 15 posiciones en el exterior para dirigir las oficinas de ProColombia con residentes locales de los países de destino.

“Entran al Estado por mérito, no por la recomendación con la que se gobernó antes, no por la rosca de los de siempre. A los 145 funcionarios que ya están adentro les digo: no los traje a calentar un escritorio ni a repetir los vicios del Gobierno anterior. Los traje a servir. El que llegue a cobrar sin trabajar, se va. El que llegue a recomendar al primo, se va”, enfatizó el mandatario.

Ofensiva de la fuerza pública y balance de seguridad

El jefe de Estado presentó el balance consolidado de las operaciones militares y policiales adelantadas desde el inicio de su mandato el 7 de agosto de 2026. En la lucha contra las finanzas ilícitas, las autoridades reportaron la incautación de 125.182 kilogramos de cocaína, 60.101 kilogramos de marihuana, 14.607 kilogramos de pasta base y la destrucción de 679 infraestructuras para el procesamiento de drogas.

Frente a los grupos armados ilegales, el reporte registra 32.503 capturas en total, 1.117 afectaciones a estructuras criminales, la neutralización de 33 cabecillas —entre ellos alias La Morocha, alias Lobo, alias Max Max y alias Ruso— y el decomiso de 3.456 armas de fuego.

“En estos dos meses hemos afectado a 33 cabecillas de organizaciones narcoterroristas. En la lucha contra el narcotráfico, el balance registra la incautación de ciento veinticinco mil ciento ochenta y dos kilogramos de cocaína. Estamos dándole al narcotráfico más duro que nunca”, aseveró el presidente.

Estatuto antiterrorista y regulación de la protesta social

De la Espriella anunció la firma de un decreto para regular la protesta social y la radicación ante el Congreso de un proyecto de ley para crear el Estatuto Antiterrorista.

El nuevo marco normativo busca penalizar el uso de drones en ataques armados, castigar las asonadas contra la fuerza pública, congelar bienes de financistas de la violencia y prohibir los bloqueos permanentes en vías públicas y sistemas de transporte.

De cara a las movilizaciones anunciadas para el 14 de octubre, el Ejecutivo garantizó la protección a las marchas pacíficas, advirtiendo que los actos de violencia, el uso de niños en las marchas o el bloqueo a servicios esenciales serán procesados penalmente.

“Ni un derecho menos para quien protesta en paz, ni un espacio más para quien destruye y hace terrorismo cultural. Quienes promueven el paro y buscan con él volver a causar el caos y desestabilizar al Gobierno son los mismos que dejaron al país quebrado. Si pretenden incendiar a Colombia, se van a encontrar con la determinación del tigre y su gobierno para hacer lo que en derecho corresponde”, advirtió el mandatario.

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República Dapre y exgerente del Fondo Adaptación Angie Rodríguez entregó nuevas declaraciones sobre presuntos actos de corrupción y desórdenes internos registrados en la Casa de Nariño durante la administración del expresidente Gustavo Petro.

Las revelaciones se dieron durante sus intervenciones en el espacio digital Vértice Noticias y en una entrevista concedida a Caracol Radio, donde respaldó las denuncias previas hechas por la exasesora catalana Eva Ferrer sobre el manejo de influencias de la ex primera dama Verónica Alcocer, quien habría sido su amiga.

En sus declaraciones, la exfuncionaria afirmó que dentro de la sede de gobierno funcionó una red de mujeres jóvenes que pasaron de ser acompañantes del entorno privado, “mujeres de la vida alegre”, como dijo Rodríguez, a ocupar cargos de alta dirección pública en distintas entidades del Estado.

La exfuncionaria conversó en Vértice Noticias con el senador Germán Rodríguez, de Salvación Nacional, donde señaló que advirtió personalmente al expresidente sobre las inconsistencias académicas en la hoja de vida de Juliana Guerrero para ser nombrada viceministra de Juventudes, recibiendo descalificaciones por parte del exmandatario.

“El presidente me da la orden de nombrar a Juliana Guerrero viceministra de Juventudes. Yo le digo: ‘Presidente, es que ella no tiene título profesional, por lo tanto, no se puede posesionar’. Él me pasa el celular y tenían una conversación vulgar ahí ellos dos. Y le digo: ‘Presidente, con todo el respeto, pero esos títulos son falsos’. Y él me mira y me dice que eso ‘era mentira y que la orden era publicar y publicar’”, relató la exdirectora del Dapre.

Angie Rodríguez aseguró que Juliana Guerrero había llegado al “corazón de la Casa de Nariño”, al referirse a la presencia de mujeres en los círculos más cercanos al poder.

Rodríguez señaló que la llegada de mujeres sin perfil técnico a cargos públicos fue un proceso gradual. Aunque no mencionó otros nombres, las declaraciones reavivaron las versiones sobre la cercanía de Petro con figuras como la misma Juliana Guerrero, Gabriela Muñoz y Laura Sarabia, quienes fueron vinculadas al entorno del poder presidencial.

“Tengo en mi cabeza cómo es la red y tengo en mi cabeza cómo ellas, muchas de ellas, dejaron de ser solamente las acompañantes para llegar a cargos muy importantes dentro del gobierno (...) Eran mujeres de la vida fácil que se dedicaban a una de las profesiones más antiguas del mundo”, afirmó en la transmisión.

“Es que yo les voy a decir algo. Ese término de ‘mariposa’ no sé por qué se le pusieron, porque a las cosas hay que llamarlas como son. Ellas son mujeres de la calle. Perdóneme”, expresó Rodríguez.

Angie Rodríguez sostuvo que la situación había escalado a otro nivel, según sus palabras, ya no se trataba de mujeres alejadas del gobierno, sino de su presencia en el “corazón del poder”.

El ‘pacto de silencio’ que Petro y Verónica Alcocer tienen, según Angie Rodríguez

Respecto a las dinámicas entre el expresidente y la ex primera dama, Rodríguez aseguró que entre ambos existía un acuerdo de impunidad mutua para protegerse frente a sus actuaciones públicas y privadas.

“Existe un pacto de silencio criminal entre ellos dos. Si alguien hablaba del uno, el otro lo protegía, pero no había sentido de ética ni de respeto por el país”, sostuvo la exfuncionaria en entrevista con la cadena radial, agregando que Alcocer mantenía intereses en el manejo de recursos y contratos en dependencias como la Consejería Presidencial para la Reconciliación.

De igual forma, la exdirectora del Dapre afirmó haber presenciado episodios de agresiones verbales y físicas dentro de las instalaciones de la Casa de Nariño: “Ese día la primera dama me agredió, me coge y me zarandea en mi oficina. Luego, en presencia de varias funcionarias, me empieza a insultar y a humillar. Y más tarde se escuchaban los golpes; ella estaba golpeando al presidente, lo insultaba con palabras soeces y le tiraba cosas”.

“La pelea era porque me nombran a mí directora del Dapre y por la molestia que causó la presencia de estas mujeres en el corazón de la Casa de Nariño”, detalló la exdirectora.

Gustavo Petro se pronunció sobre la presunta red de ‘prostitutas’ dentro de su gobierno

El expresidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X en respuesta a las declaraciones de Angie Rodríguez, que se refirió a una presunta red de mujeres que habría llegado a los círculos más cercanos al poder e influido en el mandatario.

En su publicación, Petro respondió con ironía a las afirmaciones y rechazó la idea de que pudiera ser manipulado por personas de su entorno: “Jajaja. Como no. En la vida aprendí una cosa: no soy un hombre estúpido (sic)”.

“No soy como quienes se enamoran y se entregan al paramilitarismo, no llego a tan alto grado de estupidez”, afirmó el exmandatario.

Una demanda de pérdida de investidura fue radicada ante el Consejo de Estado contra el congresista Agmeth Escaf, el 12 de octubre de 2026, tras las declaraciones entregadas por la española Eva Ferrer contra el gobierno de Gustavo Petro y en especial contra la ex primera dama Verónica Alcocer, en una entrevista concedida a la revista Semana.

La petición jurídica fue presentada por el presidente de la Veeduría Ciudadana Nacional, Control Social y Efectivo (VER-Control), Juan Carlos Calderón España, bajo el radicado procesal 11001032800020260035100, en el que solicitó despojar al legislador del Pacto Histórico de su investidura e inhabilitarlo de forma permanente de sus funciones parlamentarias.

De acuerdo con el documento presentado ante el alto tribunal y al que tuvo acceso la revista en mención, la acción se fundamenta en la presunta incursión en la causal de tráfico de influencias, contemplada en el numeral 5 del artículo 183 de la Constitución Política de Colombia.

La demanda sostiene que, según lo expuesto por Ferrer en la publicación periodística, Escaf habría ejercido presiones e injerencias indebidas sobre entidades del orden nacional mientras se desempeñaba como congresista de la bancada del Pacto Histórico.

“La señora Ferrer afirmó que el entonces representante Escaf Tijerino y el señor Mario Fernández Alcocer, primo de la ex primera dama Verónica Alcocer, formaban parte del círculo cercano de esta y ejercían control sobre entidades públicas del orden nacional durante el gobierno Petro”, señala el texto del recurso radicado ante los magistrados, que fue expuesto por la fuente citada.

El presunto apoderamiento de entidades y movimientos de dinero por parte del congresista

En la entrevista citada dentro del expediente judicial, la exconsejera presidencial afirmó que el congresista y Fernández Alcocer mantuvieron injerencia en la remoción y nombramiento de altos directivos en instituciones clave de la rama ejecutiva.

“Se apoderan del Icbf. Hacen sacar a esta señora. Acaban sacando también a la subdirectora del Dapre, que termina siendo Luz Karime, que luego acaba siendo la consejera de Reconciliación. Esa es la ficha de Mario. Se meten en ProColombia. Carmen Caballero sufre un acoso constante de Mario Fernández Alcocer, de Agmeth y de Manel (Grau)”, reveló Eva Ferrer.

Ferrer agregó que el entorno cercano a Alcocer estaría involucrado en la presunta movilización de USD 2,5 millones desde Venezuela hacia Colombia en enero de 2023 —cuando Nicolás Petro aún mantenía un régimen sobre el país vecino—, al señalar disputas económicas entre el congresista y la ex primera dama.

El recurso ante el Consejo de Estado expone que el grupo de colaboradores de la ex primera dama buscó intervenir en otras seis instituciones públicas, entre las que figuran Ecopetrol, el Banco Agrario, la Sociedad Portuaria de Cartagena, la Agencia Nacional de Infraestructura, el Fondo Adaptación y el Icetex, junto a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La respuesta del congresista Agmeth Escaf

Ante las acusaciones expuestas por la exasesora catalana y el inicio de las acciones legales en su contra, el representante Agmeth Escaf emitió un pronunciamiento público negando cualquier participación en actos ilícitos y anunciando acciones judiciales por injuria y calumnia contra la denunciante.

“Continúa la campaña de señalamientos de Eva Ferrer en mi contra. Me atribuye delitos gravísimos sin presentar públicamente pruebas que los sustenten y pretende involucrarme en sus conflictos y venganzas personales. La justicia tendrá la última palabra: la demanda civil y la denuncia penal por injuria y calumnia en su contra están en curso”, dijo el congresista del Pacto en su cuenta de X.

Asimismo, el legislador solicitó formalmente el derecho a réplica ante el medio de comunicación que difundió las declaraciones para controvertir los señalamientos sobre la gestión de fondos e influencias en el Estado.

“A los colombianos les digo, de frente: soy un hombre honrado, que ha construido su vida con trabajo, esfuerzo y sacrificio. Niego categóricamente cualquier vínculo con narcotraficantes o traficantes de armas. Jamás le he robado un peso a nadie”, escribió en su extensa publicación.

Escaf añadió en su post: No tengo nada que ocultar ni de qué esconderme. Daré la cara y ejerceré mi defensa ante la justicia, donde corresponde esclarecer estos hechos y establecer responsabilidades”.

La solicitud de pruebas presentadas al alto tribunal

Dentro de las pretensiones de la demanda, el veedor Juan Carlos Calderón España solicitó al Consejo de Estado que llame a rendir testimonio a Eva Ferrer para que ratifique y amplíe sus declaraciones ante el despacho judicial.

De igual forma, la acción pide incorporar como material probatorio la entrevista periodística, citar a declarar a exdirectivas de las entidades públicas señaladas y solicitar informes oficiales a la Presidencia de la República, la Fuerza Aérea Colombiana y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El senador Germán Rodríguez, del partido Salvación Nacional, reaccionó de forma polémica contra el expresidente Gustavo Petro luego de que este emitiera un extenso pronunciamiento en redes sociales defendiendo a su exesposa Verónica Alcocer frente a graves señalamientos de narcotráfico y tráfico de armas.

El congresista, mayor retirado de la Armada Nacional, respondió directamente a la publicación del exmandatario utilizando expresiones despectivas sobre su vida personal y sugirió que Petro terminará privado de la libertad en centros penitenciarios de Estados Unidos junto al dictador venezolano Nicolás Maduro.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el congresista Rodríguez arremetió contra el ex jefe de Estado y descalificó los argumentos planteados por Gustavo Petro en defensa de la ex primera dama mientras desempeñó este cargo en su mandato.

“Cállese guerrillero gay. Más bien aliste el uniforme naranja este Halloween y no olvide llevarle un regalito a Nicolás Maduro cuando estén de Vecinos (sic)”, escribió el senador de Salvación Nacional en la plataforma digital.

El mensaje del congresista se produjo después de que Petro acusara al actual Gobierno nacional, encabezado por Abelardo de la Espriella, y a medios de comunicación de promover un montaje calumnioso contra su familia y los uniformados que velaron por su seguridad institucional.

Ante las denuncias de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer, Gustavo Petro se pronunció

La arremetida de Germán Rodríguez hacia Gustavo Petro se desencadenó tras las declaraciones entregadas a la revista Semana por la estratega catalana Eva Ferrer, que con sus revelaciones dejó en claro que su amistad con Verónica Alcocer, la cual fue pública, estaba quebrada.

En la entrevista, Ferrer sostuvo que Alcocer habría aprovechado desplazamientos oficiales entre Colombia y Venezuela para transportar sustancias ilícitas, armamento y sumas de dinero en efectivo en aeronaves del Estado, además de intervenir en la adjudicación de nombramientos y contratos públicos.

Ante estas afirmaciones, Petro calificó el informe periodístico como una infamia carente de sustento probatorio y anunció que sus hijas —dentro de ese matrimonio—, Sofía y Antonella Petro, interpondrán acciones penales contra el propietario de la revista, Gabriel Gilinski.

“La revista Semana ha cometido la peor canallada de su existencia. Ha sido sindicada una persona, la madre de mis hijas, de delitos graves. El propietario de la revista será demandado por mis hijas al afectarles en lo más profundo de su existencia. El infundio será respondido con acción penal; el señor Gabriel Gilinski debe responder por su osadía calumniosa contra mis hijas y su madre”, escribió el exmandatario.

En su escrito, el expresidente sostuvo que la versión sobre el supuesto traslado de “maletas grises” en vuelos oficiales del 31 de enero de 2023 queda desmentida por registros audiovisuales difundidos en plataformas digitales, los cuales muestran que Alcocer viajó acompañada por una delegación institucional para sostener encuentros de trabajo con Nicolás Maduro.

Asimismo, Petro arremetió contra Eva Ferrer, al señalar que la exasesora actuó motivada por desavenencias personales relacionadas con vinculaciones laborales durante su administración.

“El único sustento de tamaña calumnia es que la señora que entrevista la revista solo dice que alguien se le dijo y no más”, aseveró Petro, tildando de irresponsable la difusión de la entrevista.

De igual manera, el ex jefe de Estado vinculó este episodio con una presunta persecución estatal ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella contra los miembros de la fuerza pública que custodiaron a la familia presidencial durante su mandato.

“Así empiezan a perseguir a capitanes, coroneles y generales que solo cumplieron con el deber y la orden que les asignaron sus superiores: cuidar a la familia presidencial. Abelardo puede echar a los miembros de la fuerza pública que me cuidaron; hasta los ponen en sitios de alta probabilidad de muerte. Relaciones con el narcotráfico ha tenido Abelardo y muchas. Viene a limpiarse sus uñas con mi honradez”, puntualizó el exmandatario en X.

La representante a la Cámara Cathy Juvinao rechazó los señalamientos del caricaturista Julio César González, conocido como Matador, contra la primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, al advertir que los constantes episodios de violencia de género continuarán impunes hasta que la Fiscalía General de la Nación y los jueces sienten precedentes judiciales claros contra los agresores.

La postura de la congresista se dio en respaldo al comunicado oficial de la Presidencia de la República, en el que el Gobierno nacional y su gabinete ministerial exigieron la retractación del caricaturista por calificar a la primera dama con expresiones como “ratita” y “pati raquítica” ante sus críticas por la ejecución de los recursos del Fondo Milagro, al considerar su actitud “misógina”.

Los comentarios del caricaturista en torno a la primera dama surgieron por cuestionamientos sobre la situación legal y tributaria de su fundación y la transparencia en el manejo de las donaciones para los damnificados del terremoto del 10 de agosto de 2026; no obstante, las palabras que usó y los señalamientos abrieron la puerta a una discusión mucho más amplia.

La advertencia de Cathy Juvinao a la justicia

A través de una serie de publicaciones en la red social X, la legisladora enfatizó que la falta de sanciones efectivas por parte de la justicia permite la proliferación de agresiones verbales, simbólicas y digitales contra las mujeres en el ejercicio público.

“Hombres como Matador, los cuales pululan en todas las orillas políticas, perpetran violencia contra las mujeres a sus anchas, con la tranquilidad de saber que la justicia nunca les hará nada. Hasta que la Fiscalía y los jueces sienten precedentes, esto solo empeorará”, sostuvo la representante Juvinao.

La legisladora destacó que la violencia de género degrada el debate político y debe ser sancionada de forma social y legal, sin importar la tendencia ideológica de las personas afectadas.

“Rechacé la misoginia de Matador en el gobierno de Gustavo Petro. Lo hago también ahora en el Gobierno de ADLE. La violencia machista degrada el debate público, desfigura y corrompe el control político y perpetúa imaginarios sobre las mujeres que son inaceptables”, dijo Cathy Juvinao en otra publicación.

“La violencia contra las mujeres NUNCA es aceptable: sean de izquierda, de derecha, de centro o lo que sea. Y cuando la validamos contra una mujer que no es de nuestros afectos, estamos validando que luego se use contra nosotras mismas (sic)”, enfatizó la congresista en respuesta al comunicado de la Presidencia de la República.

En el mismo post, la congresista defendió el ejercicio del control político y reconoció que también ha formulado preguntas al Gobierno y a la primera dama sobre su papel durante la atención a los damnificados del terremoto. Sin embargo, advirtió que “esta labor no se puede confundir con promover violencia basada en género” y sentenció: “Escrutar y exigir, sí. Ejercer violencia machista, sexista, verbal, simbólica y digital, no”.

La exigencia de coherencia al Gobierno y al debate político

La congresista insistió en que cuestionar la gestión de la primera dama es legítimo y hace parte del ejercicio de control político. No obstante, cuestionó las actuaciones del caricaturista Matador, al considerar que sus publicaciones desvían la atención de los interrogantes sobre el manejo de las ayudas destinadas a los damnificados.

En ese sentido, afirmó que “lo único que logran personajes como Matador, con su violencia y misoginia constantes, es poner el foco en las formas mientras se esquivan las preguntas de fondo y, por ende, las respuestas”.

“La violencia política no solo es innecesaria: entorpece el control político en una sociedad que reclama rendición de cuentas”, escribió Juvinao en X.

Al tiempo que respaldó el pronunciamiento del Ejecutivo, la legisladora pidió al Gobierno nacional mantener la misma firmeza frente a los ataques digitales que simpatizantes del oficialismo dirigen hacia mujeres de la oposición.

“Acompaño a la Presidencia en su rechazo a la violencia política contra la Primera Dama. Pero asimismo le pido rechazar la violencia política que sus propios seguidores ejercen contra mujeres críticas de este gobierno. Seamos coherentes: respeto siempre para todas las mujeres”, escribió la representante.

Estas palabras de Juvinao se producen al tener en cuenta que la congresista se identifica como una figura política de centro y se destaca por ejercer control político sobre el Gobierno de Abelardo de la Espriella. En medio de esa labor, es objeto de ataques en redes sociales, una situación que explica su llamado a diferenciar las críticas políticas legítimas de las agresiones basadas en género.

El balance oficial fue presentado por el vocero del Gobierno nacional, Miller Soto, que informó además sobre la localización y destrucción de 46 válvulas clandestinas instaladas para perforar y extraer hidrocarburos de los poliductos que atraviesan la región.

Activada en octubre de 2026 bajo el mandato del presidente Abelardo de la Espriella, Urano es una unidad militar y policial de capacidad estratégica diseñada para proteger la infraestructura crítica del Estado y golpear las finanzas de grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

En la publicación de la Presidencia de la República en la red social X, se informó: “El robo de combustible es el motor de la cocaína y las balas contra nuestros héroes. Con la reactivación de la Fuerza de Tarea Conjunta Urano, el Estado retoma el control. Ya van más de 100.000 galones recuperados, 46 válvulas destruidas y 21 capturados. Cero complacencias con el terrorismo. Se acabó la caja menor del crimen”.

Con sede operativa en el municipio de Aguachica, Cesar, la unidad concentra sus patrullajes en el sur del departamento, el Magdalena Medio y los corredores que comunican con el Catatumbo y Norte de Santander, abarcando tramos viales prioritarios como Tamalameque-Aguachica y Tamalameque-Ocaña.

El contingente operativo reúne a cerca de 1.200 uniformados pertenecientes al Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, los cuales trabajan en articulación técnica con la Fiscalía General de la Nación, los organismos de inteligencia del Estado y el personal especializado de Ecopetrol, bajo el mando único del coronel Óscar Fernando Reyes.

“El presidente le dio la primera orden a Urano, el Estado sentado encima del tubo que le estaban robando al país. Se acabó el desorden (...). Hay crímenes que dejan un cadáver y crímenes que dejan un hueco. Le perforan el poliducto a este país y por ese hueco no solo se escapa el combustible, se escapa también la plata con la que se fabrica cocaína y con la que se compran las balas que matan policías, soldados e incluso civiles”, dijo el vocero Miller Soto en su habitual reporte en redes sociales.

Investigación técnica y desarticulación de la cadena delictiva

A diferencia de operativos anteriores, la estrategia de la unidad Urano incluye la persecución penal de toda la estructura implicada en el apoderamiento de combustible, abarcando a quienes financian las perforaciones, los encargados del transporte y las redes de comercialización final.

Para garantizar la efectividad de los procesos en estrados judiciales, la fuerza especial incorporó un laboratorio de caracterización técnica que analiza químicamente los insumos incautados, aportando elementos materiales probatorios a las investigaciones de la Fiscalía.

“Quien hurta hidrocarburos hace parte de la cadena terrorista, así lo dijo el presidente, porque ese combustible robado termina financiando la producción de cocaína y quien participe de esa cadena será tratado exactamente como lo que es: un terrorista”, agregó Soto.

Durante la presentación de los resultados, el Ejecutivo enfatizó que la unidad conjunta fue resucitada tras haber sido disuelta en noviembre de 2024 durante la administración anterior, medida que dividió los esfuerzos de la fuerza pública y facilitó el incremento de las perforaciones sobre los ductos.

Con la puesta en marcha de este dispositivo de seguridad, el Gobierno busca restablecer el control territorial en los corredores energéticos y proteger las comunidades locales afectadas por las disputas de las organizaciones criminales.

“Este Gobierno no estrenó una idea, resucitó una que funcionaba y que la indolencia del gobierno anterior decidió apagar. Con el terrorismo no hay complacencias ni hay negociaciones. Cada galón robado es un atentado al bolsillo de los colombianos. Urano está ahí para que ese tubo deje de ser caja menor de la delincuencia”, concluyó el vocero institucional.