El arrepentido contador de la familia Kirchner, Victor Manzanares, afirmó este viernes que responderá ante la sociedad por los delitos cometidos y que espera un veredicto condenatorio que sea “sanador” en el juicio Hotesur-Los Sauces.

“Hubiese preferido morir antes que llevar esta cruz”, dijo a la prensa antes de entrar a la sala de audiencias.

Manzanares llegó a los tribunales de Retiro junto a sus abogados Roberto Herrera y Mariano Di Giuseppe para estar en persona en la primera audiencia. “Me preparo para un veredicto adverso, condenatorio”, dijo a la prensa antes de ingresar.

“Ya estoy preparado, vengo a estar a derecho, a responder ante la sociedad, ante la Justicia por lo que he cometido. Vengo a recibir la sentencia en el momento que corresponda. Necesito cerrar este capítulo de mi vida”, expresó el ex contador de los Kirchner, arrepentido en otra causa penal, la de los “cuadernos de la corrupción”.

Además anticipó que cuando llegue el momento declarará y contestará preguntas del Tribunal Oral Federal 5 y las demás partes del juicio.

“Me arrepiento, me pregunto qué hubiera pasado sino hubiera existido la denuncia, con el diario del lunes pero por suerte ocurrió”, dijo.

Manzanares ingresó a la sala de audiencias con sus abogados, se ubicó entre los demás defensores mientras que sus exclientes la ex presidenta Cristina Kirchner y Máximo Kirchner siguieron las alternativas a la distancia, conectados de manera remota.

En un cuarto intermedio, el contador tomó un café en el bar de la planta baja de Comodoro Py 2002 y distendido se lo vio conversar con ocasionales clientes del lugar, ante quienes recordó las circunstancias en que fue detenido en Santa Cruz y llevado al penal de Marcos Paz, el allanamiento a su estudio contable y otras peripecias que pasó cuando estallaron los escándalos legales en torno al matrimonio Kirchner.

Luego, pasado el mediodía, le tocó escuchar la lectura de la acusación concreta sobre su persona, como integrante de una asociación ilícita. Viajó especialmente desde Santa Cruz para estar presente en Comodoro Py.

El juicio a la expresidenta Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kirchner por las causas Hotesur-Los Sauces comenzó este viernes en los tribunales federales de Retiro con los acusados conectados vía remota. Se trata del tercer debate oral que enfrenta la ya condenada ex mandataria y del primero para el Diputado nacional.

“Hubo una compleja maniobra de corrupción” montada por “una organización criminal”, cuyos “jefes fueron los ex primeros mandatarios Néstor Kirchner y Cristina Fernández” y tuvo como “organizador” a su hijo Máximo, sostuvo el dictamen fiscal acusatorio que comenzó a leerse en la audiencia.

“Néstor Kirchner y Cristina Fernández aportaron al plan criminal el poder y la jerarquía”, continuó la acusación que se leyó en la sala de audiencias del subsuelo de los tribunales federales de Retiro, en Comodoro Py 2002, ante el Tribunal Oral Federal 5 y una sala colmada de abogados defensores convocados con obligación de presencialidad. También estuvieron el fiscal Diego Velasco y su equipo además de la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF). Los únicos excusados de ir a tribunales por ahora son los acusados.

De acuerdo a lo que se escuchó durante la lectura de requerimiento de elevación a juicio, los “planes criminales” incluyeron “elaborar un sistema destinado a transferir y disimular parte de las ganancias” a los expresidentes y su núcleo familiar.

La acusada Cristina Kirchner “en el marco de la sociedad ilícita” de la cual es considerada presunta jefa “diseñó, ejecutó y dirigió un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito” a través de Los Sauces, lo que incluyó el departamento de San José 1111 donde ahora cumple arresto domiciliario condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad.

La lectura avanzó sobre el tramo que corresponde a la causa Los Sauces y se prevé que concluya durante las próximas audiencias, hasta que se cumpla el plazo legal de diez días hábiles para dar comienzo a Hotesur. Esta planificación se dio luego que la Cámara Federal de Casación ordenó unificar ambas investigaciones.

El debate se realiza ante el Tribunal integrado por los jueces José Michilini, Adriana Pallioti y Fernando Machado Pelloni, y como cuarto juez suplente Santiago Schiopetto.

El Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal general Diego Velasco, el fiscal federal interino Juan Argibay Molina y el auxiliar fiscal Diego Puñet. Como querellante actúa la Unidad de Información Financiera, encabezados por el director de Litigios Penales Mariano Galpern y la abogada Marianela Teich.

Las causas Los Sauces y Hotesur fueron elevadas a juicio por el juez Julián Ercolini, con la intervención de los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Bautista Mahiques, actualmente ministro de Justicia de la Nación. Los mismos funcionarios estuvieron a cargo de la causa Vialidad por la que Cristina Fernández de Kirchner resultó condenada.

A todo esto, en el inicio del expediente de Los Sauces, la instrucción tramitó con el fallecido juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Rívolo, quienes en su momento estuvieron de acuerdo en que ambos expedientes debían unificarse.

Modalidad virtual excepcional

Al comienzo de la jornada del juicio, Michilini advirtió que la modalidad virtual prevista para los imputados tiene carácter excepcional y solo se aplica a la apertura del proceso. Tras concluir la lectura de las piezas acusatorias, las audiencias serán presenciales, excepto que se otorguen autorizaciones particulares.

Víctor Manzanares, excontador de la familia Kirchner, fue uno de los dos acusados presentes en la audiencia. El otro fue Osvaldo Sanfelice.

Durante la instrucción de este proceso, Manzanares —imputado colaborador en la causa de los Cuadernos de la Corrupción— anticipó y reconoció su participación activa en las maniobras de lavado de activos.

Antes de ingresar al debate, Manzanares afirmó que se prepara para un veredicto condenatorio “sanador también”.

Cuarto intermedio hasta el lunes

Tras la lectura del primer tramo del requerimiento de elevación a juicio en el expediente Los Sauces, el tribunal oral dispuso un cuarto intermedio hasta el lunes 26 de octubre a las 10.

El presidente del TOF 5, José Michilini, anunció que continuarán con la lectura de la acusación del Ministerio Público Fiscal. En cuanto a la audiencia que estaba prevista para el sábado, quedó suspendida ante un planteo que formuló la defensa del acusado empresario Lázaro Báez.

Romina Mercado habría comprado el departamento de San José 1111 para entregarlo a Florencia Kirchner

La hipótesis fiscal imputó a Romina Mercado, hija de Alicia Kirchner y sobrina de Cristina Fernández, como miembro de la presunta asociación ilícita que lavó dinero a través de Los Sauces.

Como presidenta de la firma, en reemplazo de Máximo Kirchner, se encargó de la compra del departamento de San José 1111, en la ciudad de Buenos Aires, y se lo entregó a Florencia Kirchner “sin contraprestación ni tratamiento del órgano de administración, para su uso como vivienda particular”.

Esa propiedad es donde actualmente la ex presidenta cumple prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad.

Cristina Kirchner “diseño, ejecutó y dirigió” un esquema para reciclar fondos “ilícitos”

Cristina Kirchner “en el marco de la sociedad ilícita diseñó, ejecuto y dirigió un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito” a través de Los Sauces, donde se incluyó el departamento de San José 1111 donde ahora cumple arresto domiciliario condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad.

Sobre San José 1111 la acusación recordó que lo compró Los Sauces y lo ocupó su hija Florencia Kirchner sin pagar ningún tipo de canon a la sociedad.

“Se buscaba legitimar una porción del dinero ilícito” que recibía de las empresas de Báez, López y De Sousa.

La sociedad que formó la ex presidenta con su esposo e hijo usó a Los Sauces como “mecanismo permanente para el reciclaje de fondos ilícitos” que “provenían de la defraudación al Estado Nacional” con la obra pública en el caso de Báez. Y hubo un “esquema de lavado de activos” para la “aceptación de las dádivas” que ofrecieron los empresarios López y De Sousa a cambio de otros beneficios.

La lectura avanza con las responsabilidades individuales de cada acusado en la causa Los Sauces, la ex presidenta, Máximo Kirchner y los empresarios, entre ellos Lázaro y Martín Báez.

Se recordó por ejemplo que este último construyó departamentos en terrenos de la familia Kirchner y usó una “sociedad pantalla”.

Tras un cuarto intermedio, la audiencia se reanuda y sigue la lectura de la acusación fiscal en Los Sauces

La audiencia se reanuda tras un cuarto intermedio y sigue la lectura de la acusación fiscal en la causa Los Sauces.

Hubo un “mecanismo de lavado de activos” que permitió incrementar el patrimonio neto de Los Sauces y se “canalizaron distintos contratos de locación simulados” para “alquilar sin justificación alguna a la familia presidencial distintas propiedades ”innecesarias" para los grupos económicos.

Los acusados Cristóbal López y Carlos Fabián De Sousa a través de sus firmas le alquilaron a Los Sauces propiedades que posee en Puerto Madero, un dúplex con cinco cocheras y un departamento con tres unidades complementarias por un total de poco más de 18 millones de pesos.

El grupo Báez “canalizó y legitimó” para la familia presidencial poco más de 4 millones de pesos, enumeró la acusación.

Hubo un “engranaje permanente de lavado de activos para canalizar” fondos a la exfamilia presidencial, a través de “propiedades y hoteles” de los Kirchner e incorporar ese “dinero de procedencia ilícita a su patrimonio”.

Cada integrante realizó su aporte a la organización criminal

Los fiscales acusaron a los ex presidentes y su hijo Máximo de “llevar adelante las operaciones” necesarias para incorporar al patrimonio el dinero ilegal. “Una de las modalidades elegidas por la familia fue la aplicación de los fondos” a empresas inmobiliarias y hoteleras.

Las empresas beneficiarias de obra pública rentaron desde enero de 2009 a marzo de 2016 propiedades a los Kirchner y su firma Los Sauces facturó por alquileres de propiedades un total de 25 millones de pesos. “La mayor parte de la facturación de la firma Los Sauces, 88 por ciento, correspondía a su relación comercial con las empresas” de los grupos Báez e Indalo, remarcó la acusación.

“Transferir ganancias” a los expresidentes en un “plan criminal”

Los empresarios acusados habrían transferido ganancias a los expresidentes mediante los falsos alquileres de propiedades en la causa Los Sauces.

“Néstor Kirchner y Cristina Fernández aportaron al plan criminal el poder y la jerarquía”, continúa la acusación que se lee en la sala de audiencias del subsuelo de los tribunales federales de Retiro, en Comodoro Py 2002.

Los “planes criminales” incluyeron “elaborar un sistema destinado a transferir y disimular parte de las ganancias” a los expresidentes y su núcleo familiar.

“Una compleja maniobra de corrupción”

Se lee la acusación que hicieron en la investigación los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.

“Hubo una compleja maniobra de corrupción” por “más de doce años que permitió a los responsables sustraer de las actas públicas millones y millones”, escribieron.

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El Tribunal respondió planteos de las partes y comenzó la lectura de la acusación en la causa Los Sauces

El presidente del Tribunal José Michilini explicó que la lectura de la acusación por la causa Los Sauces se realizará hasta que se cumplan los diez días hábiles necesarios para el plazo de dar inicio a Hotesur en el mismo debate y ratificó que finalmente no habrá audiencia este sábado.

Luego comenzó la lectura de la acusación a la expresidenta Cristina Kirchner, su hijo Máximo y los demás acusados en Los Sauces, entre ellos Lázaro y Martín Báez. En total son 25 acusados en este tramo.

En la sala de audiencias están Carlos Beraldi, abogado de la expresidenta y los demás defensores.

Comenzó el juicio a las 10.12 en los Tribunales de Retiro

El presidente del Tribunal Oral Federal 5 José Michilini dio por iniciado el juicio a la expresidenta Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kirchner, ambos conectados por Zoom.

En la sala de audiencias están presentes todos los abogados y el contador arrepentido Victor Manzanares, quien anticipó a la prensa que espera una condena y va a declarar y responder preguntas.

Michillini aclaró que la virtualidad del debate para esta jornada es “excepcional”.

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La expresidenta Cristina Kirchner revisaba papeles mientras hablaba con su secretario privado, conectada de manera remota desde San José 1111, presa y condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad. Su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, fumaba un cigarrillo frente a cámara y lo apagó después de iniciada la trasmisión oficial. Así se los vio por vía remota en el juicio que comenzó este viernes en los tribunales federales de Retiro por “Los Sauces-Hotesur”. Había iniciado la lectura del requerimiento de elevación a juicio, firmada por los fiscales que investigaron el caso, los federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. La audiencia duró 2 horas y 50 minutos.

El debate es el tercer juicio oral que enfrenta la expresidenta y el primero para su hijo Máximo. En esta oportunidad, se investigan presuntas maniobras de lavado de dinero a través de las sociedades inmobiliarias y hoteleras de la familia Kirchner, mediante operaciones comerciales con empresarios que mantuvieron vínculos contractuales con el Estado durante sus gobiernos.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, existió una “compleja maniobra de corrupción” desarrollada por una presunta organización criminal que habría utilizado contratos de alquiler y otras operaciones para transferir fondos a los expresidentes y su entorno familiar. La acusación atribuye a Cristina Kirchner la conducción de un esquema destinado a incorporar dinero de origen ilícito al patrimonio de las sociedades investigadas. Esos hechos deberán ser examinados durante el juicio.

Los detalles

Todos los acusados conectados vía remota tuvieron que validar antes del comienzo sus datos ante funcionarios del Tribunal Oral Federal 5: el secretario de CFK exhibió a la cámara el DNI de la acusada. Casi de inmediato y con extrema puntualidad -inusual en Comodoro Py 2002-, a las 10.12, doce minutos después del horario previsto, se sentaron en la sala de audiencias los jueces José Michilini, Adriana Pallioti, Fernando Machado Pelloni y el magistrado suplente Santiago Schiopetto. Este último juró como juez de Tribunal Oral en Comodoro Py el 10 de septiembre pasado.

En la sala también estuvieron presentes el fiscal Diego Velasco, acompañado por su equipo, y los representantes de la Unidad de Información Financiera (UIF), que interviene como querellante. Los abogados defensores debieron concurrir personalmente a los tribunales de Retiro, mientras que los imputados recibieron autorización para seguir de manera remota esta primera etapa del debate.

Se informó entonces un problema de conexión del dueño de Austral Construcciones Lázaro Báez, desde la cárcel. Se lo vio ubicado en el cubículo de trasmisión del penal. Está condenado al igual que la expresidenta en la causa Vialidad y además por lavado de dinero en la llamada “ruta del dinero K”. Solucionado el inconveniente, el presidente del Tribunal Michilini remarcó que la virtualidad tiene “carácter excepcional”.

El abogado de CFK, Carlos Beraldi, concurrió en persona al igual que los demás letrados y se sentó en primera fila de la sala. Suele estar allí todos los martes y jueves desde el 6 de noviembre del año pasado, durante las audiencias del caso Cuadernos, donde su clienta también es juzgada.

Otros dos acusados sí estuvieron presentes en Comodoro Py: Víctor Manzanares, excontador de la familia Kirchner, y el empresario Osvaldo San Felice. Antes de ingresar, Manzanares, quien declaró como imputado colaborador en la causa Cuadernos, anticipó que espera un veredicto condenatorio al que describió como “sanador también”.

La lectura de la acusación comenzó por el expediente Los Sauces, en el que los fiscales investigaron presuntos contratos de alquiler simulados entre la sociedad familiar y empresas vinculadas con Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. Según la hipótesis fiscal, esas operaciones habrían permitido canalizar fondos de origen ilícito hacia el patrimonio de los Kirchner. La acusación también comprende la actividad hotelera investigada en la causa Hotesur.

La lectura de la acusación seguirá el próximo lunes desde las 10 y por ahora, los acusados pueden seguirla por videoconferencia.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi sobreseyó al presidente Javier Milei, a su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y los demás acusados en la causa por la fallida criptomoneda $LIBRA por inexistencia de delito.

La decisión alcanzó a los traders Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, al creador de la criptomoneda, el estadounidense Hayden Davis, a Chyi Haur Peh (Julian Peh), María Alicia Rafaele, María Pia Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino porque los sucesos “no encuadran en una figura legal”, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Martínez De Giorgi tomó la decisión luego de un pedido de sobreseimiento de los imputados que hizo el fiscal del caso, Eduardo Taiano. Las querellas fueron excluidas del caso y ahora están pendientes de resolución recursos de queja directa ante la Cámara Federal de Casación.

La causa investigó la promoción del lanzamiento de la criptomoneda por parte de Milei mediante una publicación en la red social X y el posterior desplome de $LIBRA.

Martínez De Giorgi sostuvo que la petición fiscal fue fundada y que no existe una acusación autónoma que justifique continuar el proceso luego del apartamiento de los inversores que habían sido aceptados como querellantes. Los imputados quedaron sobreseídos sin haber sido llamados a declaración indagatoria.

Sin estafa por falta de un engaño comprobado

La causa se originó por denuncias vinculadas al lanzamiento de $LIBRA el 14 de febrero de 2025. Ese día, Milei publicó en su cuenta de X un mensaje en el que presentaba el proyecto Viva la Libertad Project como una iniciativa privada destinada a financiar emprendimientos argentinos.

Según reconstruyó la resolución, el valor del token subió de forma acelerada después de esa publicación y, horas más tarde, se desplomó. Las denuncias planteaban que la maniobra había provocado pérdidas entre quienes compraron el activo, mientras que un grupo reducido de tenedores habría retirado alrededor de USD 100 millones.

Sin embargo, el juez coincidió con la fiscalía en que la secuencia de promoción, suba y caída de la cotización no alcanza para configurar una estafa. Para ello, señaló, debía acreditarse una “maniobra engañosa concreta, un error inducido en los compradores y un perjuicio patrimonial causado directamente por ese engaño”, según la resolución a la que accedió Infobae.

El juez remarcó que la investigación no logró identificar “una afirmación falsa específica que hubiera determinado a los adquirentes a comprar $LIBRA”. También argumentó que se trata de un mercado de “alta volatilidad, propio de las denominadas memecoins, y que una pérdida económica no equivale por sí sola a la comisión de un delito”.

El posteo de Milei

El fallo también descartó que la conducta del presidente Javier Milei haya configurado el delito de abuso de autoridad o negociaciones incompatibles con la función pública porque no se probó que la difusión de $LIBRA hubiera sido un acto oficial “ni que existiera una resolución, una orden administrativa o una intervención estatal” vinculada con el proyecto. La Secretaría Legal y Técnica informó que no había registros de actuaciones administrativas sobre el criptoactivo, remarcó el juez.

Además tomó en cuenta una conclusión de la Oficina Anticorrupción, que consideró que la publicación en X fue realizada desde “una cuenta personal, sin uso de recursos públicos ni difusión a través de los canales institucionales de la Presidencia”.

En ese marco, Martínez de Giorgi entendió que el mensaje no demostró una intervención de Milei “en una operación estatal ni un interés particular dentro de un contrato gestionado por la administración pública”. La resolución también indicó que no se encontró documentación que acreditara un acuerdo confidencial entre el Presidente y el creador de la criptomoneda, el estadounidense Hayden Davis.

La situación de Karina Milei

Respecto de Karina Milei, el juez descartó un posible tráfico de influencias. Se analizaron documentos y archivos extraídos del celular del trader Mauricio Novelli. Entre ellos, una oferta de acuerdo “sin firmas” y una nota recuperada mediante imágenes que hacía alusión a un supuesto “acuerdo final” conversado con una persona identificada como “H”, quien sería Davis, el creador de LIBRA.

El fallo indicó que la única constancia documental directa vinculaba a la secretaria general de la Presidencia con la autorización de ingresos de Davis y Bartosz Lipinski a la Casa Rosada, en julio de 2024. Según la resolución, ese dato no demuestra por sí mismo la existencia de un acuerdo ilícito.

También se analizaron documentos y archivos extraídos del celular de Mauricio Novelli. Entre ellos, había una oferta de acuerdo sin firmas y una nota recuperada mediante imágenes que hacía alusión a un supuesto “acuerdo final” conversado con una persona identificada como “H”.

“La existencia de documentación que alude al Gobierno, así como las referencias al Tech Forum y a determinadas personas, no basta para demostrar que se hubiera acordado remunerar a Karina Milei por facilitar reuniones con el presidente. Máxime cuando dicho documento carece de firmas, lo cual hace que que tal elemento en términos probatorios, carezca de valor documental”, concluyó.

Los peritajes determinaron que esa nota había existido en la aplicación Apple Notes del dispositivo, pero no pudieron comprobar que hubiera sido enviada a terceros ni que hubiera sido recibida o aceptada por alguno de los involucrados. Por eso, el juez concluyó que no se acreditó un intercambio ilícito ni una intermediación remunerada atribuible a Karina Milei.

La resolución también menciona la decisión de un tribunal federal de Nueva York que rechazó en septiembre una demanda civil contra Kelsier Labs y otros acusados vinculados con el token, por motivos procesales y de fondo. Con el sobreseimiento, el juzgado ordenó archivar el expediente.

El financista Ariel Vallejo, vinculado al titular de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia, fue detenido este viernes por orden del juez federal de Lomas de Zamora Tomás Rodríguez Ponte en la causa que lo investiga por asociación ilícita y lavado de dinero porque no cumplió las condiciones que se le impusieron para seguir libre.

Vallejo “no cumplió con las comparecencias mensuales ni con la efectiva residencia en el domicilio declarado”, según la resolución a la que accedió Infobae.

Al disponerse su detención el financista se presentó en la sede del juzgado federal de Lomas de Zamora, donde quedó preso.

Nueva prueba

La decisión se tomó luego de la llegada de nueva prueba a la investigación: se descubrió la compra de una casa en un country por USD 500 mil en efectivo. Por eso el juez amplió la acusación contra Vallejo como presunto " jefe de la organización y principal beneficiario de los fondos" producto de los delitos. Se citó a declarar a otras 21 personas y 17 empresas.

El juez advirtió que el dueño de “Sur Finanzas”, firma que prestó dinero y fue sponsor de clubes de fútbol, está acusado por delitos que no permiten una pena de ejecución condicional. Sin embargo, el empresario seguía en libertad bajo ciertas condiciones, que no cumplió. Se lo detuvo para que amplíe su declaración indagatoria y luego -al definir su situación procesal-, se resolverá si sigue preso o es excarcelado.

Vallejo no se presentó ante el Departamento de Investigaciones Especiales como debía hacer una vez por mes ni entregó la totalidad de los “rodados cuyo secuestro se encuentra vigente y que fuera intimado y respecto de otros lo hizo, pero en forma extemporánea a lo requerido”. Al respecto el juez dispuso semanas atrás que esos vehículos pasen a uso de la Corte Suprema de Justicia.

“Las constancias de la causa muestran que no cumplió con las comparecencias mensuales ni con la efectiva residencia en el domicilio declarado”, advirtió el magistrado.

Una casa en un country

Los nuevos informes dan cuenta de “operaciones, bienes y sociedades” que no fueron parte de la acusación inicial, entre ellos la compra de una casa en el Saint Thomas Este Country Club de Canning por U$S 500.000 “que habrían sido pagados en efectivo”.

También las compras de inmuebles y rodados en efectivo por la sociedad Cluster Palace Beach S.A., sin cuentas bancarias; las operaciones del Centro de Inversiones Concordia S.R.L. con otras agencias de cambio durante 2022; el volumen de fondos que circuló por la billetera virtual de Sur Finanzas PSP S.A. y el avance de la determinación de los impuestos omitidos por esa sociedad, por Cluster Palace Beach S.A. y por Sur Finanzas Group S.A.

Como agravante, también se mencionó la venta de una Ferrari California descapotable por parte de Vallejo, dos días después de individualizada en la causa judicial. Era el vehículo personal del financista y se encontró en un garaje en un edificio de Puerto Madero, tapado y sin chapas patente. El vehículo, valuado en aproximadamente USD 320.000, había sido transferido a nombre de una jubilada de 73 años. La fiscal del caso, Cecilia Incardona, pidió su secuestro.

Un barrio privado donde no vivía

Como una de las condiciones para quedar en libertad, Vallejo dio un domicilio donde no vive hace más de un año. “Sugestivamente en el acta de derechos donde fijó domicilio de residencia” se informó que no reside.

Cuando se lo fue a notificar, personal de seguridad del barrio cerrado informó que hacía un año no vivía allí, “desconociendo su lugar actual de residencia”. Luego Vallejo se presentó e informó que vive una casa en Banfield, lo que confirmó su madre cuando la policía fue al lugar. Pero no se lo encontró.

“Esas omisiones no son meros descuidos formales. Muestran que el imputado se desentendió de las condiciones bajo las cuales se le permitió transitar el proceso en libertad, y que hoy el Juzgado no tiene certeza del lugar en que reside”, advirtió el magistrado. La situación se agravó ante la nueva prueba que se encontró en la investigación y que derivó en las nuevas citaciones a declaración indagatoria.

La Cámara Federal de Casación Penal puso fin este jueves al intento de medio centenar de acusados en el juicio por los “cuadernos de la corrupción”, entre ellos decenas de empresarios, para evitar seguir sometidos al proceso a cambio de pagos millonarios como reparación del daño.

Entre los peticionantes están los acusados Ángelo Calcaterra, Aldo Roggio, el financista Ernesto Clarens, Juan Orazi, Hugo Dragonetti y Patricio Gerbi. Todos intentaron antes del inicio del juicio que el Tribunal Oral Federal 7 aceptara pagos millonarios como reparación integral para extinguir la acción penal y ser sobreseídos.

Los 46 planteos que derivaron en extensas audiencias orales en octubre de 2025 se toparon con la oposición de la fiscal Fabiana León y la querella de la Unidad de Información Financiera. Tampoco estuvo de acuerdo el remisero Oscar Centeno, arrepentido en la causa, quien hizo saber a través de su defensa, en la audiencia de octubre de 2025 ante el Tribunal Oral Federal 7, que le parecía “injusto” dar un beneficio basado en un “poderío económico” que él no tenía.

Los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canerlo rechazaron todos los pedidos y el juicio empezó el 6 de noviembre del año pasado con 85 acusados que son juzgados en la actualidad junto a la expresidenta Cristina Kirchner.

Los ofrecimientos

Las defensas de empresarios, financistas y exfuncionarios del kirchnerismo fueron en apelación al máximo tribunal penal federal del país que este jueves, a casi un año de inicio del debate, rechazó los recursos por inadmisibles y mantuvo vigente así la decisión que impidió a decenas de acusados cerrar el expediente.

La decisión fue adoptada por la Sala I, integrada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar

Las defensas buscaban aplicar el artículo 59, inciso 6, del Código Penal, que prevé la extinción de la acción ante una reparación integral del daño.

Varios empresarios ofrecieron pagar sumas equivalentes a sus embargos actualizados (en algunos casos, superiores a los mil millones de pesos) para evitar el juicio. Por ejemplo, Cristóbal López ofreció 1.010.752.449 pesos, Aldo Roggio 1.875.907.639 pesos, Hugo Dragonetti 1.421.195.500 pesos, y otros montos proporcionales. En uno de los casos, el financista arrepentido Ernesto Clarens llegó a ofertar un yate y departamento en Miami.

Los motivos de la decisión

El voto principal fue del juez Petrone, quien consideró que las decisiones cuestionadas no son sentencias definitivas ni pueden equipararse a una por sus efectos. Tampoco integran los motivos que habilitan recurrir ante Casación. El juicio “permitirá precisar los hechos atribuidos y las responsabilidades de cada acusado”, explicó la resolución judicial.

La resolución se adoptó por mayoría, con la adhesión de Diego Barroetaveña al voto de Petrone. Alejandro Slokar consideró que antes correspondía escuchar a las partes, sin adelantar opinión sobre el fondo.

Entre los acusados cuyas defensas recurrieron el rechazo de la reparación integral figuran Cristóbal López, Carlos Fabián De Sousa, Ángelo Calcaterra, Aldo Roggio, Armando Loson, Juan Carlos de Goycoechea, Mario Ludovico Rovella, Héctor Javier Sánchez Caballero, Roberto Juan Orazi, Mario Maxit, Benjamín Gabriel Romero, Francisco Rubén Valenti, Oscar Abel Sansiñena, Guillermo Escolar, Jorge Neira, Ricardo Repetti, Gabriel Losi, Pablo José Gutiérrez, Hugo Alberto Dragonetti, Patricio Gerbi y Osvaldo Manuel De Souza.

También apelaron las defensas de Adrián y Mauricio Pascucci, Julio José Paolini, Claudio Javier Glazman, Santiago Altieri, Juan Manuel Collazo, Jorge Juan Mauricio Balán, César Arturo de Goycoechea, Walter Rodolfo Fagyas, Osvaldo Antenor Acosta, Fabián Ezequiel García Ramón, Carlos Román, Carlos Arroyo, Jorge Sergio Benolol, Daniel Claudio Pitón, Ricardo Santiago Scuncia, Rodolfo Armando Poblete y Miguel Ángel Marconi, entre otros.

El juez federal Ariel Lijo citó a declaración indagatoria a Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presidente y vicepresidente de la Droguería Suizo Argentina y a otros empresarios acusados en la investigación por presunta corrupción en la ex Agencia Nacional de Discapacidad. Además, decretó la inhibición general de bienes para todos ellos.

Los Kovalivker serán los primeros en presentarse en los tribunales de Retiro el próximo jueves 29 de octubre, a las 930 y 1030. Ese mismo día a las 1130 será indagado Diego Viner, director de Compras de la droguería.

A partir de la semana siguiente se convocó a los demás acusados, a razón de tres declaraciones por día tres veces por semana, según supo Infobae en fuentes judiciales. En ese marco ampliarán sus declaraciones los ya procesados Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete y Andrés Horacio Arnaudo. En total serán 39 indagatorias.

Inhibición de bienes

La decisión se tomó ante los hechos descriptos en un dictamen del fiscal que lleva la investigación, Franco Picardi y la prueba recolectada y " al encontrarse reunido el grado de sospecha exigido" para citar a declaración indagatoria, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Además se ordenó la inhibición general de bienes porque las hipótesis delictivas investigadas “asoman la posibilidad de que acontezcan maniobras tendientes al desprendimiento de activos”, advirtió la decisión judicial.

El escenario probatorio descripto por la fiscalía “impone la necesidad de adoptar, con la mayor premura posible, medidas cautelares de naturaleza patrimonial, a fin de resguardar aquellos bienes que eventualmente pudieran ser objeto de decomiso en una etapa posterior del proceso, o bien quedar comprendidos frente a la determinación de algún tipo de responsabilidad pecuniaria o de una eventual reparación”, agregó el magistrado.

También recordó que desde el 2000, Argentina integra el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF), “en cuya cuarta recomendación se ha realzado el deber de adoptar medidas para combatir la criminalidad económica”, incluido el rastreo de bienes para su eventual decomiso.

El juez Lijo hizo lugar al pedido de la fiscalía en la causa que investiga presuntos direccionamientos de licitaciones y corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Además en el trabajo de la fiscalía se incorporaron nuevas evidencias de presuntos pagos de sobornos al ex titular de la ANDIS Spagnuolo, ya procesado en la causa.

El planteo para indagar a los dueños de la Suizo Argentina se basa en presuntos hechos de corrupción ocurridos entre mayo de 2024 y agosto de 2025. Esa empresa habría sido la principal contratista de la Agencia por un total de $ 137.118.708.357, según la acusación.

Según el dictamen fiscal, que supera las 300 páginas, la investigación detectó un mecanismo que habría permitido anticipar información sobre las compulsas de precios, definir qué empresas serían adjudicatarias y establecer los valores de venta de tratamientos de alto costo.

La fiscalía afirmó que el esquema incluyó a 14 firmas que habrían operado bajo una coordinación común. El expediente atribuye a los investigados la presunta administración de pagos, la asignación de adjudicaciones y demoras en las transferencias como una herramienta para disciplinar a empresas que no siguieran las condiciones acordadas.

Uno de los ejemplos incorporados refiere a un medicamento para tratar la esclerosis múltiple. De acuerdo con la acusación, la empresa lo había adquirido a $92.000 por unidad y luego lo vendió a la ANDIS por valores de entre $3.870.392 y $4.063.912.

Los investigadores también analizaron el crecimiento por ejemplo de la droguería Génesis S.A., una firma que, de acuerdo con la fiscalía, pasó de tener escasa actividad en 2023 a ubicarse entre las diez compañías con mayores pagos estatales entre 2024 y 2025. En ese lapso habría obtenido adjudicaciones por $34.066.729.176.

Entre los citados a indagatoria en el juzgado federal 11 de Comodoro Py 2002 que subroga Lijo están al director de Compras de la Suizo Argentina, Diego Viner; el de Asuntos Corporativos, Sebastián Nuner Uner; el gerente de la División Tratamientos Especiales, Gonzalo Zarbo; y el coordinador de esa área, Fernando Domínguez.

El dictamen atribuye a esta droguería un supuesto control sobre las compras de medicamentos de alto costo y señala que recibió órdenes de compra por $137.118.708.357 entre mayo de 2024 y agosto de 2025.

La lista se completa con directores, gerentes y socios de las droguerías presuntamente cartelizadas y, según la acusación fiscal, encolumnadas detrás de la Suizo Argentina S.A.: Dihemo S.A., Droguería 20 de Junio S.A., Lowsedo S.R.L., Soldist S.R.L., Seguermed S.R.L., Luley S.A., Droguería Meta S.A., Ultra Pharma S.A., Droguería Del Sud S.A., Droguería Disval S.R.L., Hemipharm S.R.L, Medipharma S.A., Droguería Génesis S.A., y Scienza Argentina S.A.

Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner enfrentarán desde este viernes un juicio oral unificado por las causas Los Sauces y Hotesur: la acusación fiscal sostiene que la familia presidencial montó circuitos inmobiliarios y hoteleros para canalizar y blanquear dinero ilícito, obtenido a través de empresarios beneficiados con la obra pública vial.

El proceso reúne acusaciones contra la expresidenta, su hijo, los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, entre otros imputados. El juicio apuntará a determinar si los contratos inmobiliarios y hoteleros fueron negocios comerciales genuinos o si, como sostiene la acusación, integraron un mecanismo de lavado de activos.

“Dinero de la corrupción”

La investigación fue enviada a juicio por el juez federal Julián Ercolini y los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Según la acusación, hubo una “organización criminal” a la que el matrimonio presidencial incorporó a su hijo Máximo Kirchner, “quien formaría junto a su padre (el fallecido expresidente Néstor Kirchner) la firma Hotesur y junto a sus dos progenitores la empresa Los Sauces, de la que a su vez sería presidente”, detalla la acusación de los instructores que será leída en el inicio del debate oral.

Ercolini y Pollicita llevaron adelante también la investigación en la causa Vialidad, donde ya se juzgó y condenó a la expresidenta a seis años de prisión por administración fraudulenta e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por delitos con la obra pública en Santa Cruz, otorgada a Lázaro Báez y su conglomerado empresario.

Por esta condena, Cristina Kirchner llega a este nuevo juicio bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica en su casa de San José 1111. Desde el 6 de noviembre del año pasado se la juzga además en la causa Cuadernos.

El origen del dinero

A través de empresarios cercanos beneficiados con contratos multimillonarios, los acusados habrían canalizado “el dinero que era sustraído al Estado a través de la obra pública vial otorgándole así, la apariencia de provenir de una actividad lícita”.

Ello los habilitó a “poder disponer de una parte del dinero de la corrupción, ya que ante los ojos de las autoridades fiscales y anticorrupción dichos fondos contarían con un ropaje de licitud que enmascararía el verdadero origen”.

Máximo Kirchner, en nombre de sus padres y en representación de las sociedades, “se ocupó de la adquisición de propiedades, la firma y cobro de cheques con los que se canalizaban los fondos, la firma de contratos de locación, y todos los demás actos a los fines de configurar, ejecutar y sostener la asociación delictiva, beneficiándose a su vez con su producido”. Esta imputación forma parte de la acusación que se leerá mañana en la primera audiencia ante el Tribunal Oral Federal 5.

Alquileres y turismo

La investigación por Los Sauces se concentra en los alquileres de propiedades de la inmobiliaria familiar a empresas relacionadas con Báez y con el Grupo Indalo, de López y De Sousa. La fiscalía sostiene que esos contratos no respondían a una lógica comercial ordinaria, sino que habrían permitido justificar ingresos para la familia Kirchner bajo la apariencia de cánones locativos.

En Hotesur, la acusación analiza el manejo de los hoteles Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea del Chaltén. Según el requerimiento fiscal de elevación a juicio firmado en 2018 y cuyas partes principales se leerán en la primera audiencia del juicio, la empresa Valle Mitre —vinculada al grupo Báez— administró establecimientos de la familia Kirchner y recibió fondos de otras compañías del conglomerado empresario antes de pagar alquileres a Hotesur, Los Sauces y a la sucesión de Néstor Kirchner.

La Corte Suprema dejó firme en diciembre de 2024 la continuidad del proceso oral al rechazar los recursos contra el fallo de Casación que revocó los sobreseimientos sin juicio dictados en 2021. Florencia Kirchner, la hija menor de los expresidentes, estaba acusada pero quedó excluida porque su sobreseimiento permaneció firme.

Hotesur

La causa Hotesur tiene como eje la compra y explotación de hoteles de la familia Kirchner, principalmente el Alto Calafate y Las Dunas en zonas turísticas de Santa Cruz. La fiscalía sostuvo que, luego de adquirir esos establecimientos, la familia cedió su administración a Valle Mitre, una firma ligada al Grupo Báez.

De acuerdo con el requerimiento fiscal de 2018, Valle Mitre habría funcionado como una empresa intermediaria. El esquema descripto por los fiscales partía de fondos procedentes de compañías de Báez, entre ellas Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, Badial, Don Francisco, La Estación, Alucom Austral y Diagonal Sur Comunicaciones.

Los grupos empresarios beneficiarios de obra pública nacional “cumplieron un papel fundamental en la tarea de provisión de fondos a la ex familia presidencial durante los años 2007 y 2008. Para ello, a través de la entrega de dinero en mutuo y mediante la compra de propiedades que tenían los ex presidentes, les garantizaron los fondos sin los cuales Néstor, Cristina y Máximo Kirchner no hubieran podido adquirir su cadena hotelera”, acusaron los fiscales.

La acusación afirma que esas empresas transfirieron recursos a Valle Mitre mediante contratos por alojamiento, uso de salones, consultorías, marketing y proyectos turísticos. La fiscalía cuestionó varias de esas operaciones: por ejemplo, señaló que algunas compañías justificaban reservas de habitaciones para trabajadores de obras viales situadas a cientos de kilómetros de El Calafate.

Según la reconstrucción contable incluida en el dictamen, Valle Mitre recibió $ 75.870.060,24 de empresas del Grupo Báez entre 2007 y 2015. Austral Construcciones, la firma insignia de Báez, habría aportado $ 70.949.170,95, el 93,53 % del total calculado por los peritos.

Para los fiscales, Valle Mitre recibía fondos de otras compañías de Báez, afrontaba gastos propios de la actividad hotelera y luego pagaba alquileres a las sociedades o integrantes de la familia Kirchner. Esa secuencia, según la acusación, buscaba alejar el dinero de su origen y presentarlo como resultado de negocios lícitos, es decir, blanquearlo.

El requerimiento consignó que Valle Mitre pagó a Hotesur $ 28.597.624 por la cesión y explotación del Hotel Alto Calafate entre 2008 y 2013. También identificó pagos por $ 6.909.708 por la Hostería Las Dunas. En el caso del Hotel La Aldea del Chaltén, propiedad de Los Sauces, la investigación consignó un flujo de $ 2.836.724.

La fiscalía remarcó que el resultado económico de Hotesur creció luego de que Valle Mitre tomara la administración del Alto Calafate. La acusación compara las ganancias de la firma antes de la operación con los ingresos posteriores por cánones: en 2008, antes de la nueva estructura, Hotesur había reportado una ganancia anual de $ 469.866,66; luego pasó a recibir pagos mensuales cercanos al medio millón de pesos por el alquiler del establecimiento.

La acusación a Cristina Kirchner

En Hotesur, la fiscalía atribuyó a la ex presidenta haber participado como accionista de la empresa familiar y haber intervenido o prestado asentimiento en operaciones patrimoniales que, según la acusación, permitieron financiar la adquisición de hoteles.

La acusación menciona ventas de inmuebles de la familia a empresas de Báez, préstamos de Austral Construcciones y créditos del Banco Santa Cruz. La hipótesis fiscal indica que esas operaciones facilitaron la compra de Las Dunas y de la sociedad Hotesur, titular del Hotel Alto Calafate.

También se le atribuye haber aprobado ejercicios contables, designaciones de autoridades y la continuidad de la relación entre Hotesur y Valle Mitre. De acuerdo con la acusación, retiró de Hotesur $ 4.874.848,68 bajo la modalidad de créditos o cuentas particulares de socios, mecanismo que los fiscales cuestionaron por considerar que evitaba las formalidades habituales para distribuir dividendos.

En Los Sauces, el rol atribuido a la expresidenta se vincula con su condición de accionista y beneficiaria de una sociedad que, para los acusadores, recibió pagos de empresas vinculadas a Báez, López y De Sousa por alquileres de propiedades que habrían sido simulados.

La acusación a Máximo Kirchner

Respecto de Máximo Kirchner, la fiscalía sostiene que tuvo intervención directa en la administración y en operaciones patrimoniales de las sociedades familiares. El requerimiento lo ubica como representante de sus padres mediante poderes, participante de ventas inmobiliarias y accionista de Hotesur.

También le atribuye haber participado en la compra de Las Dunas y Hotesur, haber firmado contratos de locación, aprobado balances y designado autoridades. Tras la muerte de Néstor Kirchner, habría intervenido en la administración de la sucesión y en la continuidad de los contratos vinculados a los hoteles.

En el caso Hotesur, los fiscales identificaron retiros de fondos por $ 2.443.845,18 en concepto de créditos. Además, señalaron que depositó cheques emitidos por Valle Mitre en cuentas de la sucesión de su padre y de Los Sauces.

En Los Sauces, la acusación lo sitúa como presidente de la sociedad y como responsable de actos de administración, adquisiciones, contratos de alquiler y movimientos de fondos. La causa será su primer juicio oral en un expediente por presunta corrupción.

Los Sauces

Los Sauces S.A. fue constituida en 2006 por Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner. Tras la muerte del expresidente, la participación accionaria quedó distribuida, según la instrucción, entre Cristina Fernández, Máximo y Florencia Kirchner.

La hipótesis de la acusación es que la sociedad funcionó como una inmobiliaria que recibió pagos de firmas vinculadas con empresarios que, a la vez, habían sido beneficiados por decisiones estatales durante los gobiernos kirchneristas. El expediente registra ingresos de empresas de Báez y del Grupo Indalo por alquileres de propiedades en Río Gallegos, El Calafate, El Chaltén y la Ciudad de Buenos Aires.

Entre los inmuebles más relevantes figuran un dúplex en el edificio Madero Center, en Puerto Madero, ocupado por sociedades vinculadas a Cristóbal López, como Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia.

La fiscalía también cuestionó retiros de fondos de Los Sauces por parte de sus accionistas y el uso de inmuebles de la firma sin contraprestación. La acusación ubica a la expresidenta como presunta jefa de la asociación ilícita y a Máximo Kirchner como supuesto organizador, dentro de una estructura que habría utilizado contratos de alquiler para incorporar fondos al patrimonio familiar que en realidad habrían sido coimas encubiertas por parte de empresarios de la obra pública, según la acusación.

La Cámara Federal porteña confirmó el cierre por inexistencia de delito de una denuncia contra la diputada nacional Lilia Lemoine por su participación en un programa de streaming donde se aludió entre burlas a los “Vuelos de la Muerte” durante la última dictadura militar, comentarios a los que ella respondió en tono jocoso.

Sin embargo, el Tribunal advirtió por la “censurable liviandad” con que se refirieron a episodios “terribles” de la historia argentina.

Los camaristas Eduardo Farah y Mariano Llorens, con la disidencia de Roberto Boico, ratificaron la desestimación de la denuncia a la diputada de La Libertad Avanza y los conductores del ciclo y la negativa a aceptar como querellantes a quienes la presentaron, familiares de víctimas de la represión ilegal.

Se trata de lo ocurrido el 20 de diciembre de 2025 en el canal de streaming Ánima Digital, durante la emisión del programa FDC bajo la conducción del abogado Alejandro Sarubbi Benítez, también denunciado. Los jueces señalaron que no hubo “apología del delito”.

En la resolución, el juez Farah advirtió que comprende “las graves afectaciones que, como consecuencia de la emisión y de las palabras empleadas”, pudieron haber sufrido los denunciantes, “familiares de víctimas de sucesos nefastos” ocurridos en Argentina y que le ha tocado juzgar.

En ese marco, explicó que la resolución que se tomó “no equivale a decir que los hechos no puedan ser constitutivos de algún otro delito de acción privada, o que, por su grado de desatino, acaso no merezcan reparación en otro tipo de sede y proceso”.

Comentarios y festejos

En esa entrevista, Lemoine explicó que “los proyectos que se tienen que presentar son de desregulación, de modernización, de derogación”, a lo cual el conductor del programa agregó “y de tirar gente de aviones”. Ante ello, la diputada aclaró “nunca dijimos eso... era un deseo”, porque “si hubiéramos querido hacer eso hubiéramos adquirido más Hércules y no F-16”.

Otro participante acotó “igual hay tres Hércules en funcionamiento en este momento”, a lo cual Lemoine respondió “y con eso nos alcanza” y “son enormes, entra bocha, como 90”.

En otro tramo del programa una columnista manifestó “los kukas no son waterproof (a prueba de agua)” y otro comentó “Con lo único que les va mal es con el agua. Cuando van a las marchas los bañan, si los tiran de los aviones no saben nadar y, si se tiran por algún lado por el sur, también se ahogan”, “todo ello ante los festejos de la diputada nacional”, según se recordó en la resolución sobre la denuncia.

Liviandad e impertinencia

La denuncia se presentó por lo ocurrido en el programa de streaming y la decisión de confirmar la desestimación que se tomó en primera instancia “no implica que ampare la manifiesta impertinencia de las frases utilizadas en ese programa bajo un supuesto legítimo de ejercicio de la libertad de expresión”, agregó la resolución judicial.

Tampoco significa pasar por alto “la censurable liviandad y el a todas luces inconveniente tono sarcástico que allí se empleó para referir, entre risas, lo que constituyen terribles episodios de la historia nacional”, agregó la resolución.

Los dichos vertidos, el contexto, “el particular tenor con que se dijeron” y, además, la observación de que lo que habría sido lesivo fue dicho a “modo de mero comentario lateral o incidental en el marco de una entrevista cuyo objeto era otro”, demuestra, en conjunto, que “la emisión no tuvo la envergadura suficiente para configurar el delito denunciado”.

En disidencia el juez Boico votó en minoría a favor de revocar la desestimación de la denuncia por prematura y seguir adelante con la investigación ante el “tenor de las manifestaciones”. El magistrado entendió que no puede afirmarse sin más y sin un examen más detenido que estén amparadas por la libertad de expresión.

“Se trata de expresiones vertidas en un medio público, referidas a graves situaciones vivenciadas en nuestro país por las cuales cabe recordar que los impugnantes –en su condición de hijos y hermano de víctimas de los denominados ‘vuelos de la muerte’ e integrantes de la asociación civil ‘Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz’ denunciaron la presunta comisión del delito de apología del crimen cometido en un contexto discriminatorio”, consideró.

La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazó planteos del ex diputado José Luis Espert en la causa que lo investiga por presunto lavado de activos, a raíz de u$s200.000 que le habría pagado una empresa vinculada a Federico “Fred” Machado, un empresario extraditado a Estados Unidos acusado por delitos vinculados al narcotráfico en ese país. Con esta decisión, la causa seguirá su curso y deberá definirse su situación procesal.

En agosto pasado, el ex legislador nacional de La Libertad Avanza amplió su declaración indagatoria ante el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli en la investigación presunto lavado de activos, que le costó su candidatura en 2025. Presentó un descargo de 65 páginas con documentación que, según sostuvo, permitiría demostrar que no recibió dinero ilícito. Además, reclamó ser sobreseído.

Ahora, en dos resoluciones, el tribunal de apelaciones confirmó el rechazo de un incidente de nulidad y desestimó una queja vinculada con un pedido para apartar al fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez. La Sala II concluyó que no se acreditaron irregularidades capaces de afectar las garantías constitucionales en relación a Espert.

Prueba cuestionada

La defensa objetó la prueba ordenada por el fiscal, entre ellas la producción de medidas de descargo después de la declaración indagatoria, testigos escuchados sin notificación previa, pedidos de información patrimonial, la incorporación de informes de inteligencia reservados y el análisis de extracciones forenses de dispositivos electrónicos secuestrados.

Los jueces Néstor Barral y Alberto Lugones sostuvieron que el fiscal conservaba la dirección de la pesquisa cuando ordenó las medidas cuestionadas, dado que el pedido defensivo para que el juzgado reasumiera la investigación no suspendió sus facultades. Además, señalaron que esa delegación fue ratificada luego por el juez de primera instancia.

Respecto de los testimonios, la Cámara indicó que la defensa no identificó con precisión cuáles declaraciones pretendía anular ni explicó un daño irreparable. Consideró que se trata, en principio, de actos reproducibles y que la defensa puede solicitar que vuelvan a realizarse.

El tribunal también afirmó que los pedidos de información bancaria, fiscal, bursátil y financiera habían contado con autorizaciones judiciales previas y estaban vinculados con el objeto de la investigación. Sobre los informes de inteligencia clasificados, entendió que no se probó que hubieran sido utilizados como prueba de cargo.

En cuanto a los dispositivos electrónicos, la Sala II remarcó que las copias forenses fueron notificadas a la defensa y que se establecieron límites para resguardar información privada, familiar o ajena al caso.

El juez Lugones rechazó, por su parte, un planteo para apartar al fiscal por supuesta pérdida de objetividad y la “exteriorización de un interés ajeno al proceso”.

La pesquisa está vinculada a una transferencia de USD 200.000 que, según el expediente, Espert recibió en enero de 2020 en una cuenta bancaria a su nombre en Estados Unidos, desde Wright Brothers Aircraft Title Inc., una de las firmas utilizadas por una red acusada de blanquear dinero del narcotráfico, ligada a “Fred” Machado.

En la causa, el ex diputado ya pidió el sobreseimiento o la falta de mérito, algo que debe resolver el juez Mirabelli.

Un testigo ratificó este martes haber ido a la casaquinta del exministro de Planificación Federal Julio De Vido en una fecha coincidente a la que anotó el remisero Oscar Centeno, al declarar en una nueva audiencia del juicio por los “Cuadernos de la corrupción”.

El testigo Horacio Mizrahi, exfuncionario del organismo, respondió preguntas de la fiscal Fabiana León, quien quiso saber si el 6 de agosto de 2010 fue a la casa del entonces ministro De Vido en la localidad bonaerense de Lima, partido de Zárate.

La fiscal le preguntó primero si conocía la casa de De Vido. “Conozco la casa desde cuando debo haber ido alguna vez, no recuerdo, en la época del Ministerio”. Ante ello León le preguntó si fue el 6 de agosto de 2010.

“Si, eso está en los cuadernos, no recuerdo si fui en esa fecha pero sí que fui en esa época”, contestó el testigo.

Esa visita figura entre las anotaciones del remisero Centeno, exchofer del acusado exfuncionario de Planificación Federal Roberto Baratta. Sobre ese día, a las 13 horas, Centeno escribió que esperó a su jefe Baratta en su domicilio porque “de ahí salimos para la quinta del ministro De Vido en Lima: fue a almorzar”. Enumeró a los asistentes, entre quienes incluyó al testigo.

El debate se sigue contra la expresidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados ante el Tribunal Oral Federal 7 y la audiencia concluyó con un reclamo de careo entre otros dos testigos, el periodista de La Nación Diego Cabot y un fotógrafo de ese medio, en relación a supuestas versiones contradictorias que dieron en audiencias pasadas sobre dónde y cómo se fotografiaron los originales de los escritos del remisero arrepentido hasta que se entregaron a la Justicia. El pedido fue realizado por la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, defensora de Baratta.

El juicio seguirá el jueves próximo.

La audiencia pasada volvieron a exhibirse los originales de los cuadernos escritos por el remisero arrepentido, Oscar Centeno. y un reportero gráfico ratificó que fueron los que fotografió para el diario La Nación en 2019.

El debate se lleva adelante ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero, Germán Castelli y el cuarto juez suplente Néstor Costabel y comenzó el 6 de noviembre del año pasado. Se juzga a CFK, ex funcionarios de su gobierno, empresarios y otros acusados por supuestos sobornos pagados durante el kirchnerismo para acceder a obra pública nacional y a concesiones viales.

La defensa del acusado exfuncionario de Planificación Federal Roberto Baratta reclamó un nuevo careo

La abogada Elizabeth Gómez Alcorta, defensora de Baratta - ex jefe del remisero arrepentido autor de los cuadernos Oscar Centeno- reclamó un careo entre dos testigos, el periodista del diario La Nación Diego Cabot y el fotógrafo de ese medio Fernando Gutiérrez, por diferencias en torno a dónde y cómo fueron fotografiados los originales de los cuadernos que llegaron a manos del primero antes de ser entregados a la Justicia.

La defensa de Baratta tiene además pendiente de resolución un anterior reclamo para carear a su cliente con los ejecutivos de Techint que declararon haberle pagado un millón de dólares en sobornos, Luis Betnaza y Héctor Zabaleta.

Testigo admitió haber ido a la casa de De Vido en la época en que lo nombró Centeno

El testigo Mizrahi respondió preguntas de la fiscal Fabiana León, quien quiso saber si el 6 de agosto de 2010 fue a la casa del entonces ministro De Vido.

La fiscal le preguntó si conocía la casa de De Vido. “Conozco la casa desde cuando debo haber ido alguna vez, no recuerdo, en la época del Ministerio”. Ante ello León le preguntó si fue el 6 de agosto de 2020.

“Si eso está en los cuadernos, no recuerdo si fui en esa fecha pero si que fui en esa época”, contestó.

El testigo trabajó luego con De Vido en la Cámara de Diputados hasta fines de 2017 y luego de manera independiente hasta que en el gobierno de Alberto Fernández se lo nombró director de la Secretaría de Medios y luego pasó a ENARSA, hasta hace dos años.

Durante su paso por Planificación Federal recordó que viajó con Olazagasti a Venezuela, Estados Unidos y otros países.

“Usted en el 2016 intervino en una campaña en mi contra?”, quiso saber la fiscal. “No”, fue la respuesta.

Declara un exfuncionario del Ministerio de Planificación en la gestión del acusado Julio De Vido

Se trata del periodista Horacio Mizrahi, quien trabajó en el Ministerio de Planificación Federal en el área de prensa. “Seguí en contacto estos años con De Vido y Olazagasti”, explicó en relación a los acusados exministro Julio De Vido y José María Olazagasti. La defensa de este último lo pidió como testigo.

“Reportaba a De Vido”, dijo sobre sus tareas de prensa y Olazagasti era secretario privado del Ministro, manejaba su agenda, actos, reuniones, firma de convenios, viajes, detalló.

De Vido “era un ministro que marcaba una agenda de trabajo muy intensa”. Olazagasti se fue del Ministerio para ir a la SIDE recordó el testigo.

La defensa de Olazagasti le preguntó si lo vio alguna vez “transportando bolsos”, si supo de visitas del funcionario al domicilio particular de los Kirchner en Recoleta o si se encargaba de la “recaudación o financiamiento de campañas”. Todas las respuestas fueron negativas.

Declaró el excoordinador de la Jefatura de Gabinete de Ministros en el gobierno de Cristina Kirchner

El primer testigo del día, el abogado Marcelo Bufacchi, trabajó con el acusado exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner, Juan Manuel Abal Medina. Fue convocado a declarar en el juicio a pedido de la defensa.

El testigo fue coordinador de gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros y trabajó con Abal Medina en Casa de Gobierno.

Definió como una “buena gestión” el pase de Abal Medina por esa función. La defensa le leyó el listado de empresarios acusados y le preguntó si Abal Medina se reunió con alguno de ellos. “No en absoluto no recuerdo, ni tampoco haberlas visto, no me suenan, más allá del conocimiento público”, dijo el testigo.

Tampoco recibió llamados de estas personas para reunirse con el entonces funcionario ni pedidos de Abal Medina al respecto, declaró sobre el período agosto-octubre de 2013. “Había elecciones de medio término, era un momento de elecciones”.

La audiencia se reanudó con un debate sobre testigos vinculados al empresario sobreseído por incapacidad Enrique Pescarmona

Los testigos familiares del empresario que no es juzgado por incapacidad y fue sobreseído fueron desistidos por la defensa que los había propuesto, pero la fiscalía y la querella de la UIF sostuvieron que buscan escucharlos. El tribunal deliberará y tomará una decisión.

La fiscal Fabiana León explicó que los testigos estuvieron presentes en situaciones “que Pescarmona relató en su indagatoria y como arrepentido. Estas personas se encontraban en el lugar donde ocurrieron los hechos que se están juzgando, consideramos necesario poder interrogarlos”. La UIF se manifestó en el mismo sentido y quien era el abogado defensor de Pescarmona, Marcelo Nardi, explicó que se pidieron esos testigos cuando el empresario estaba acusado y “estaban determinados a editar aspectos personalísimos de la situación del ingeniero”, un “interés que desaparece por el sobreseimiento”.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, apeló la multa diaria de $100.000 que se le impuso por el presunto incumplimiento de la medida cautelar que ordenó actualizar salarios docentes y no docentes y el monto de becas, en el marco de la Ley de Financiamiento Universitario.

Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) pidió al juez en lo penal económico Martín Cormick elevar ese monto al considerarlo exiguo frente a las cifras involucradas.

La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ya tiene a estudio la apelación del Gobierno contra la resolución que consideró incumplida la medida cautelar.

Consecuencias patrimoniales

Con el patrocinio de los abogados Adrián Maloney y Julio Virgolini, Santilli solicitó la suspensión de la ejecución de las astreintes —las multas destinadas a forzar el cumplimiento de una orden judicial— hasta que la Cámara resuelva el recurso de apelación. Y también planteó de manera subsidiaria que se revoque esa decisión judicial.

En el escrito, la defensa sostuvo que la medida busca evitar “consecuencias patrimoniales de difícil reparación ulterior”.

La defensa cuestionó además la “falta de fundamento normativo concreto para la atribución personal de la responsabilidad” al jefe de Gabinete.

Santilli sostuvo que la sanción puede afectar “el principio republicano de separación de poderes”.

La multa había sido fijada en $ 100.000 por cada día de incumplimiento, en forma personal contra el jefe de Gabinete, hasta que el Estado adecue las partidas presupuestarias necesarias para cumplir la cautelar.

La presentación de Santilli argumentó que la sanción se dirigió al titular de la Jefatura de Gabinete sin que, según su postura, “se hubiera realizado antes una intimación individualizada” que precisara la conducta que debía adoptar.

La defensa también objetó la falta de una base normativa concreta para atribuirle responsabilidad personal y alegó una posible afectación al principio de división de poderes. Por eso pidió que se suspenda el trámite de ejecución de la cautelar y toda sanción derivada del supuesto incumplimiento hasta que el tribunal de alzada trate la apelación.

Requirió que se tenga presente una decisión del tribunal de apelaciones que se concedió la apelación con efecto suspensivo.

El CIN reclamó una suba

Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional apeló el importe de la multa y pidió que se eleve el monto diario. En su presentación, sostuvo que las astreintes deben guardar proporción con la obligación cuyo cumplimiento buscan asegurar.

El monto fijado ”es más que exiguo en comparación con los importes en juego”, planteó el CIN. La entidad reconoció que una parte de la cautelar fue cumplida, pero afirmó que la multa diaria de $ 100.000 actual no alcanza para compeler al Estado a completar las obligaciones pendientes.

El organismo citó las estimaciones incorporadas en el Decreto 759/2025. Para la actualización salarial prevista en el artículo 5 de la ley, el decreto calculó un costo de $ 617.847.532.000 durante el ejercicio en curso y de $ 2.008.377.852.000 para 2026.

En cuanto a las becas contempladas en el artículo 6, la norma estimó $ 72.840.933.495 para el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano y $ 76.614.000.000 para el Programa de Becas Progresar.

Los jueces de los tribunales orales federales de la Ciudad de Buenos Aires cuestionaron una eventual unificación de sus funciones con las de los magistrados de garantías durante la implementación del Código Procesal Penal Federal prevista para febrero próximo. Advirtieron que esa medida podría afectar la continuidad de juicios complejos, recargar agendas ya comprometidas y desnaturalizar el rol de los magistrados de debate.

En una nota dirigida al presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación y presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, el Colegio de Jueces de Tribunales Orales Federales de la CABA reclamó ser convocado a las mesas de trabajo previas a cualquier modificación de competencias. El documento también cuestiona las proyecciones sobre una posible baja de trabajo en esos tribunales y destaca que las agendas de debates para 2027 ya están completas.

“Podría correrse el riesgo de una toma de decisiones apresuradas, basadas en necesidades concretas o consideraciones teóricas pensadas para otro tipo de delitos, objetivos o jurisdicciones”, señalaron los magistrados en la nota que remitieron.

Diferencias entre jurisdicciones

El planteo se produce ante la inminente aplicación del sistema acusatorio en la justicia federal de la CABA. Los jueces sostuvieron que la adecuación del nuevo procedimiento a causas de criminalidad organizada requiere la intervención de quienes conducen los debates orales y resuelven los expedientes más complejos.

Según indicaron, la experiencia del fuero puede aportar a cuestiones prácticas que inciden en la etapa de juicio, como la incorporación de expedientes administrativos extensos, documentación voluminosa y peritajes cuya reproducción íntegra en audiencia oral resulta difícil.

También alertaron que una solución idéntica para todas las jurisdicciones no contemplaría las diferencias en volumen y tipo de casos. Mencionaron, entre otros factores, la existencia de procesos por corrupción y criminalidad organizada, la competencia multifuero de algunos magistrados y el impacto de delitos como el narcomenudeo.

“La búsqueda de una solución uniforme para situaciones tan disímiles sería infructuosa”, afirmaron en la presentación.

Estadísticas cuestionadas

Los jueces objetaron las estadísticas que calculan la carga laboral de los tribunales orales únicamente a partir de las horas de audiencia. Indicaron que esa evaluación deja afuera tareas habituales como el estudio de informes periciales, el análisis de prueba documental, la redacción de sentencias y las decisiones vinculadas con la ejecución de las condenas.

El documento afirma que las agendas para 2027, tanto de juicios colegiados como unipersonales, ya están cubiertas. “Se han fijado audiencias de juicios de relevancia incluso en días sábados”, señalaron los magistrados. Esto acaba de ocurrir por ejemplo para el juicio en la causa Los Sauces que tiene como acusada a la expresidenta Cristina Kirchner.

La nota describe que, ante vacantes, recusaciones y excusaciones, los integrantes de distintos tribunales orales federales debieron coordinar agendas e integraciones para sostener los debates. Para los firmantes, esa dinámica consolidó en los hechos un funcionamiento similar al de un colegio único de jueces.

Tiempo destinado a los debates y las sentencias

Los jueces advirtieron que la asignación de nuevas competencias sobre cronogramas ya comprometidos puede afectar la capacidad de celebrar debates, dictar sentencias y preparar los próximos juicios.

“La viabilidad de la reforma requiere que los jueces de juicio dispongan del tiempo y de los medios necesarios para cumplir su función”, expresaron.

Además, remarcaron que la puesta en marcha del CPP Federal no eliminará de inmediato los expedientes iniciados bajo el esquema procesal anterior. Esa carga residual, señalaron, se combinará con las nuevas causas y con el control de la ejecución de las penas.

En ese punto, plantearon que las audiencias vinculadas con condenas y acuerdos se acumularán con el paso de los años, debido a la duración de las penas. También rechazaron que las salidas alternativas vayan a reducir de manera sensible los juicios orales en todos los distritos, especialmente en causas por delitos complejos.

“Los jueces de juicio del fuero federal de la CABA, al momento del inicio de la implementación del sistema acusatorio, vamos a contar con una relevante carga de trabajo residual”, señalaron.

La presentación menciona las acordadas 2 y 4 de 2025 de la Cámara Federal de Casación Penal, que encomendaron la puesta en funcionamiento de una Oficina Judicial para el Colegio de Jueces y la elaboración de un reglamento propio.

Los magistrados solicitaron que se retomen las gestiones relativas a ese reglamento y a la designación de un director general. Además, pidieron que antes de resolver cambios que afecten su rol se habiliten canales de consulta.

“Pedimos que de manera previa a la adopción de decisiones que podrían reformar nuestras funciones o regulen la etapa del proceso en la que nos venimos desempeñando, se nos convoque a mesas de trabajo o se generen vías o canales de escucha”, concluyó la carta firmada por la jueza Sabrina Namer, presidenta del Colegio de Jueces de Tribunales Orales de CABA y su vicepresidente, el juez Néstor Costabel.

El extitular de ARSAT Facundo Leal guardaba dólares en efectivo por un total de 2,6 millones en dos domicilios, uno en Palermo y otro en Mendoza, allanados por la Justicia en la investigación por presunta corrupción en la empresa estatal de telecomunicaciones, según se confirmó en el procesamiento que se le dictó esta semana. El exfuncionario estaba a cargo del proyecto para extender la banda ancha de Internet a todo el territorio nacional.

Según detalló el juez federal Lino Mirabelli en una extensa resolución de 182 carillas, en el departamento del piso 16 en Ortiz de Ocampo al 2600 en la ciudad de Buenos Aires -donde vive Leal y tiene ahora arresto domiciliario en otra causa por droga- se secuestraron U$S 813.754. También había estupefacientes, cinco celulares, dos notebooks, documentación vinculada a la licitación que se investiga en esta causa y efectivo en pesos argentinos, uruguayos, colombianos, reales brasileros, chelines tanzanos, mexicanos y euros.

En otra vivienda allanada por orden de Mirabelli a pedido del fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, esta vez en Mendoza y también perteneciente a Leal se encontraron U$S 1.787.600 en efectivo. En total el entonces funcionario guardaba USD 2.601.354 cash.

El origen de ese dinero es eje de otra investigación paralela que se le abrió en el juzgado de San Isidro por presunto enriquecimiento ilícito. Por lo pronto, quedó ahora procesado por el supuesto cobro de sobornos para el direccionamiento de la licitación a favor de una empresa predeterminada, a la que se dio la custodia de bienes estratégicos de ARSAT en un galpón en San Fernando. Terminó en robo y deterioro.

El proyecto Shelter 2: banda ancha para todos

Todo ocurrió en el marco del Plan Nacional de Telecomunicaciones ‘Argentina Conectada’, en el cual ARSAT tenía a su cargo el aprovechamiento de los recursos necesarios para el desarrollo, la implementación y la operación de la Red Federal de Fibra Óptica. Fue ese el contexto, reconstruyeron el juzgado y la fiscalía, en el que se desarrolló el Proyecto Shelter -2, que preveía la distribución e instalación de 250 shelters en distintas regiones del país a fin de garantizar la conexión a la Red que extiende la banda ancha de internet en todo el territorio nacional.

El juez remarcó que consideró necesario explicar esto en el dictado del procesamiento de Leal y otros acusados porque es la manera de entender lo que pasó: la contratación de la empresa ALS para guardar parte de los shelters. A su vez, esta firma alquiló poco antes el predio donde llevó adelante esa tarea.

Desde diciembre de 2020 al mismo mes de 2024, durante los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei, el funcionario mendocino y otros tres procesados exintegrantes de ARSAT, entre ellos su entonces segundo Gerardo Boschin -también de esa provincia- “se interesaron, en razón de su cargo” en las contrataciones que ARSAT realizó “sobre los servicios que prestaría a ALS, incluyendo aquellos asignados al depósito de la localidad de San Fernando”.

En un “marco marginal” se extendieron 16 órdenes de compra autorizadas en todos los casos por Boschin y respecto de las cuales ARSAT abonó un total de U$S 1.695.667,44 y $32.210.287,09. “Ello a fin de obtener un ilegítimo beneficio patrimonial propio, de la persona jurídica mencionada, sus directivos y socios de hecho”, remarcó la resolución judicial.

Con estas supuestas contrataciones direccionadas a favor de Argentina Logistic Services SA los exfuncionarios acusados que tenían bajo su responsabilidad los bienes públicos de ARSAT “quebraron dolosamente su deber de fidelidad y custodia, disponiendo en forma abusiva de fondos públicos mediante la adjudicación, aprobación y sostenimiento de un procedimiento contractual amañado desde su origen”.

Instalaciones “baratas”

La firma estatal pagó un total de U$S 1.695.667,44 y $32.210.287,09 a ese proveedor seleccionado “por fuera de los canales oficiales habilitados” y que, al menos, en lo atinente al espacio de guardado en el depósito de San Fernando no cumplió con las condiciones mínimas de seguridad para preservar bienes estratégicos del Estado, circunstancia que derivó en su deterioro y en el robo que dio origen a la causa penal.

Empleados de ARSAT declararon que las sustracciones de material de cobre valuado en miles de dólares se produjeron en “shelters” distribuidos en distintos espacios abiertos del predio donde existían aproximadamente cuatro cámaras. Ninguna funcionaba para grabar entre el 21 de diciembre de 2023 y el 4 de enero de 2024, cuando ocurrieron los robos.

El proveedor informó que debido a fallas en el equipo no se había logrado almacenar las grabaciones para el período de tiempo que resultaba de interés. Un testigo de esa firma declaró que a ALS se le vendieron e instalaron 25 cámaras (tres afuera y el resto dentro del depósito) y un receptor de todas las imágenes que grababa las mismas. Aclaró que no quiso contratar el servicio de mantenimiento que incluía el seguimiento de las cámaras.

“A mi me consta que nadie les daba seguimiento a las cámaras”, declaró y dijo que no se instalaron en ninguna PC o monitor. “Fue una instalación barata”.

“Total desinterés”

El predio tenía un cerco perimetral electrificado, ubicado por arriba de los paredones, pero se encontraba “en desuso y cortado por tramos”. En cuanto a la seguridad, una cooperativa informó que se les contrató un guardia por turno para el acceso principal. Estos vigiladores declararon que las puertas de los “shelters” se abrían a veces por el viento.

Un técnico de ARSAT declaró que el galpón de ALS no era un lugar “adecuado”. Los equipos “fueron trasladados a San Fernando porque se suponía que iban a estar mejor...Esto no es así”. Los shelters no se colocaron contra el piso sino sobre tacos de madera y no se podía cerrar las puertas con llave por el desnivel que había. A veces quedaban con las puertas trabadas. Tampoco estaban energizados y eso impedía que ARSAT los monitoreara.

“Ha quedado en evidencia que esa selección de ALS por parte de los funcionarios de ARSAT se hizo con total desinterés acerca de si el proveedor podría suministrar adecuadamente los servicios contratados” y se basó en “negociaciones marginales” entre funcionarios públicos y particulares “mediante el pago de ‘coimas’”, concluyó el procesamiento que ahora será revisado por la Cámara Federal de San Martín.

El juez federal Ariel Lijo amplió el procesamiento y agravó la situación judicial del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo, por nuevas maniobras de corrupción en contrataciones de insumos médicos y ortopédicos del Programa Incluir Salud, dirigidos a sectores vulnerables, desde diciembre de 2023 a mediados de 2025.

La resolución dispuso también el procesamiento sin prisión preventiva de 19 personas y amplió la acusación contra Spagnuolo y otros cuatro acusados ya procesados en febrero pasado. Se trata del ex segundo del extitular de la ANDIS, Daniel Garbellini y del lobista Miguel Ángel Calvete, a quienes acusó también como presuntos jefes de asociación ilícita. A Spagnuolo se le fijó un embargo por $47.100.829.143,44.

Además se amplió el procesamiento de Andrés Arnaudo y Federico Santich, señalados como integrantes de esa organización

La pesquisa se concentra en contrataciones del Incluir Salud, que brinda cobertura a personas sin obra social que reciben pensiones no contributivas. Las nuevas maniobras abarcaron adquisiciones de insumos médicos y ortopédicos.

Diferencias de precios de insumos

En esta parte del caso, un relevamiento técnico del Ministerio de Salud identificó diferencias de precios por al menos $1.849.277.963 en operaciones vinculadas con seis segmentos de insumos: amputaciones, cardiología, implantes auditivos y audífonos, neurocirugía, sillas y andadores, y traumatología.

Esa cifra se incorporó a los $5.984.594.394,24 que la causa ya había determinado de manera provisoria en el rubro medicamentos. De ese modo, el monto conjunto bajo análisis asciende a $7.833.872.357,24, aunque el juzgado aclaró que se trata de una estimación parcial, limitada a contrataciones que pudieron cotejarse con valores de referencia.

En la decisión judicial de más de 500 carillas se advirtió que los sobreprecios no son el único eje de la investigación porque se busca establecer si existió una “estructura organizada para influir sobre procedimientos de contratación estatal y beneficiar a determinados proveedores”, según supo Infobae en fuentes judiciales.

Spagnuolo presidió la Agencia Nacional de Discapacidad desde diciembre de 2023 -nombrado por el presidente Javier Milei- hasta agosto de 2025, cuando dejó el organismo en medio del escándalo por la difusión periodística de audios donde hablaría de un supuesto esquema de coimas entre laboratorios y la Agencia que llegaría a altos funcionarios del Gobierno nacional. En las grabaciones se escucha a quien habla mencionar a “Lule” Menem y Karina Milei.

El abogado ya está con procesamiento confirmado en la Cámara Federal porteña, en un primer tramo de la investigación por sobreprecios y supuestos sobornos en la compra de medicamentos, como presunto jefe de asociación ilícita, defraudación, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.

Organización delictiva

Lijo dio por probada en esta nueva decisión “la existencia de una organización delictiva que habría operado dentro y fuera de la ANDIS, integrada por funcionarios del organismo —principalmente Spagnuolo y Garbellini, junto con otros agentes que cumplían funciones estratégicas—, operadores externos como Calvete y Pablo Atchabahian (otro de los ya procesados en febrero), empresarios vinculados con las firmas proveedoras y personas encargadas de recibir, trasladar y canalizar los fondos provenientes de las maniobras investigadas”, según la resolución judicial.

Sus integrantes habrían actuado coordinadamente, mediante una distribución de funciones destinada “a favorecer intereses particulares en perjuicio del Estado Nacional”.

La operatoria habría consistido en la “manipulación sistemática de los procedimientos de contratación de medicamentos e insumos PACBI” -alto costo y baja incidencia-, mediante la selección arbitraria de proveedores, la circulación de información privilegiada, la simulación de competencia, el direccionamiento de adjudicaciones y la gestión de pagos en favor de determinadas empresas.

“A través de ese mecanismo se habrían generado beneficios económicos indebidos para los proveedores favorecidos y retornos destinados a funcionarios y otros integrantes de la organización”, consideró el juez.

No se trató de irregularidades aisladas sino que hubo “reiteración de estas prácticas en los distintos segmentos” con “vínculos entre sus protagonistas” de lo que da cuenta “las numerosas comunicaciones y operaciones económicas documentadas”.

En la resolución se mencionaron mensajes entre los acusados como los mantenidos por Calvete y su hija Ornella, ex funcionaria del Ministerio de Economía de la Nación ya procesada en el primer tramo de la causa. Hablaron de un supuesto pago “de un ´3%´“ por parte de un proveedor. Sería el mismo porcentaje al que habría aludido Spagnuolo en los audios.

Empresarios y agentes de ANDIS

La medida alcanzó a empresarios vinculados con firmas proveedoras de la ANDIS, entre ellos Emilio César Olguín, asociado a Expo Trauma S.A.; Evangelina Ileana García y Martín Goncalo Armella, vinculados con Artrobone Ortopedia S.A. y Cirugía y Ortopedia Imnova S.A.; Claudio Alejandro Kahn, relacionado con Ortopedia Alemana Insumos Médicos S.A.; y Osmar Mariano Caballi, de Farma Salud S.R.L.

También fueron procesados Mariano, Christian y Vicente Eduardo Sagués, vinculados con Laboratorio Ortopédico Sagués S.R.L., Probock S.R.L. y Prolite Orthopedics S.R.L.; Humberto Gabriel Maone, de Med-El Latino América S.R.L.; Nicolás Luna, de Meridius S.A.; Fabián César Piedimonte, de Neurosalud S.A.; Gustavo David Bernat, de Ortopedia Bernat S.R.L.; y Patricio Oscar Acosta, relacionado, entre otras sociedades, con Bymax Medical S.R.L. y Sistemas Médicos Globales S.R.L.

El juez procesó además a Fabián Parlakian, Matías Palotti Bertola y Alberto Denholm, quienes habrían tenido tareas relevantes en la estructura administrativa del organismo. La resolución los vincula con el manejo de invitaciones a proveedores, la coordinación de trámites, el acceso a información interna y el seguimiento de pagos.

Por otra parte, Alan Pocovi fue procesado por supuesta asociación ilícita y lavado de activos agravado. El tramo los relaciona con circuitos financieros y comerciales investigados en torno de Calvete. Por último, Lautaro Brítez fue procesado como presunto miembro de la asociación ilícita.

La resolución también dictó la falta de mérito para 11 personas que habían sido indagadas. El juzgado consideró que corresponde profundizar la investigación sobre su eventual participación.

La primera tanda de procesamientos fue resuelta en febrero por el anterior juez del caso Sebastián Casanello, en la causa que está delegada en la fiscalía de Franco Picardi.

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió este martes enviar un exhorto internacional a Suiza para que la FIFA informe sobre transferencias por un total de USD 189.000 que cursó a favor del titular de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia entre 2018 y 2020, en el marco de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito que se abrió al dirigente en su calidad de funcionario en el CEAMSE. También se investigan un depósito en efectivo de USD 620.000 detectado en su cuenta bancaria y pagos que recibió del sindicato de camioneros.

Informes a la FIFA

La fiscalía solicitó librar un exhorto internacional a las autoridades de la Confederación Suiza a fin de que la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), con sede en Zúrich, ”informe el concepto y la causa de las transferencias que cursó a favor de Claudio Fabián TAPIA por USD 49.585,53 (19/12/2018) y USD 124.583,56 (27/06/2019) y una tercera por USD 15.408,09, enviada el 27 de marzo de 2020 y liquidada en pesos por $ 985.049,15″. Todas se acreditaron en una caja de ahorros a su nombre en un banco argentino, según supo Infobae de fuentes judiciales.

También se busca que la FIFA remita a través de la Justicia suiza “el detalle de la totalidad de los pagos, honorarios, dietas, viáticos o cualquier otra suma abonada al nombrado desde 2016, con indicación de los cargos o comisiones en virtud de los cuales se efectuaron y las cuentas de destino”.

La fiscalía justificó la necesidad del exhorto en que el cuadro de operaciones de comercio exterior que envió a la Justicia el banco donde se recibieron estos importes identifica como ordenante de esos giros “a la “FEDERATION INTERNAT.”, con origen en Suiza, por un total de USD 189.578″. Tapia “no consignó ingresos provenientes de esa entidad en las declaraciones juradas incorporadas”.

Los pedidos se hicieron en el marco de una batería de medidas que solicitó Pollicita en la investigación y que tendrán que ser ordenadas por el juez de la causa, Ariel Lijo.

La ex esposa de Tapia

Entre otras medidas, el fiscal pidió levantar el secreto fiscal, bursátil, bancario y financiero a la ex esposa de Tapia, Paola Moyano, desde 2016 al presente porque la hija del sindicalista Hugo Moyano fue incorporada como firmante de cuentas de Tapia el mismo día en que se registró un depósito de USD 620.000; también figura como cotitular de una caja de seguridad y como usuaria de tarjetas adicionales. El planteo se hizo “teniendo en cuenta que la mayor parte de los bienes consignados en las declaraciones juradas de Claudio Fabián Tapia revisten carácter ganancial”, explicó la fiscalía.

En ese sentido, pidió que se requiera al Sindicato de Choferes de Camiones una explicación sobre 37 acreditaciones por $1.494.678,79 realizadas entre enero de 2016 y enero de 2019 en una cuenta sueldo de Tapia. También que remita el legajo laboral, cargos o funciones, recibos de sueldo, liquidaciones de otros pagos y fechas de alta y baja del presidente de la AFA. En base a la información que ya llegó a tribunales la fiscalía advirtió que esos depósitos fueron los únicos ingresos de esa cuenta y no estaban consignados entre los ingresos declarados.

Tarjetas de crédito

Pollicita pidió al juzgado que solicite a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que remita “actas, resoluciones o normas internas que autorizaron la emisión a nombre de Claudio Fabián TAPIA de las tarjetas adicionales” de crédito corporativas “junto con sus límites, la política de uso y las rendiciones de gastos con sus comprobantes”. También reclama que precise si los consumos se imputaron como remuneración, retribución en especie o adelantos.

El pedido incluye explicaciones sobre transferencias de la AFA a cuentas de Tapia efectuadas entre 2020 y 2023, así como la liquidación de $ 30.000.000 en viáticos que el titular de la entidad declaró haber percibido.

El listado de medidas contempla la remisión de declaraciones juradas y anexos reservados presentados por Tapia ante la Ciudad de Buenos Aires entre 2016 y 2022. También pide información sobre los vehículos que tuvo registrados o respecto de los cuales figuró como autorizado.

Se requirió que ARCA informe si Tapia y su ex esposa Moyano ingresaron al régimen de regularización de activos de la Ley 27.743 o al régimen especial de Bienes Personales. En caso de que hayan adherido, pidió las declaraciones presentadas, los bienes exteriorizados, las cuentas utilizadas y los pagos realizados.

La investigación se abrió en septiembre pasado tras una denuncia del empresario Guillermo Tofoni y el juez Lijo ya ordenó medidas de prueba como el envío de un exhorto a la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), con sede en Asunción, Paraguay, para que “remita copias del legajo personal” de Tapia, informe los cargos que ejerció o ejerce, sus ingresos hasta el presente, períodos y cuentas bancarias usadas para el pago.

Tapia es presidente de la AFA, un cargo ad honorem. Se integró al directorio del CEAMSE entre los años 2016 y 2025, inclusive, en cuyos períodos se desempeñó como vicepresidente en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -hasta 2024- y como presidente en representación de la Provincia de Buenos Aires, a partir de enero de 2025, según la denuncia.

El CEAMSE es una empresa pública interjurisdiccional que gestiona los residuos sólidos urbanos del AMBA y administra el peaje del Camino del Buen Ayre.

El juez federal Ariel Lijo ordenó enviar un exhorto a Suiza en busca de información sobre tres transferencias de la FIFA por un total de USD 189.578 recibidas en una cuenta del titular de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia, entre otras medidas de prueba que dispuso en la investigación que se le sigue por supuesto enriquecimiento ilícito.

La decisión se tomó en momentos en que Tapia se encuentra en ese país, donde ayer asistió a una reunión del Consejo de la FIFA en Zurich. Viajó con permiso judicial en otra causa penal en la que está procesado por presunta retención indebida de impuestos y tiene prohibición de salida de Argentina. Debe volver mañana.

En la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito por el rol del dirigente del fútbol argentino como funcionario en el CEAMSE, Lijo hizo lugar este viernes a las medidas pedidas por el fiscal del caso Gerardo Pollicita, según supo Infobae en fuentes judiciales.

Entre otras pruebas, se dispuso requerir al Sindicato de Choferes de Camiones que explique 37 acreditaciones por $1,49 millones realizadas en una cuenta de Tapia entre 2016 y 2019, además de aportar su legajo laboral, funciones y recibos. El magistrado levantó el secreto fiscal de la ex esposa de Tapia, Paola Moyano, hija del sindicalista Hugo Moyano, ante un pedido de la fiscalía al detectarse un depósito en efectivo por USD 620 mil en una cuenta a nombre de ambos.

Los pagos de la FIFA

El juez dispuso librar un exhorto a Suiza para que FIFA informe el motivo de pagos a Tapia por más de USD 189.000 entre 2018 y 2020.

La Justicia argentina busca el detalle del “concepto y la causa de las transferencias” que cursó a favor de Tapia por USD 49.585,53 (19/12/2018) y USD 124.583,56 (27/06/2019)”, acreditadas en su caja de ahorros en dólares del Banco Credicoop, y “por USD 15.408,09 (27/03/2020), liquidada en pesos ($985.049,15)” en su caja de ahorros de esa entidad. También que remita “la totalidad de los pagos, honorarios, dietas, viáticos o cualquier otra suma abonada” a Tapia desde 2016, “con indicación de los cargos o comisiones en virtud de los cuales se efectuaron y las cuentas de destino”.

La fiscalía justificó la necesidad del exhorto en que el cuadro de operaciones de comercio exterior que envió a la Justicia el banco donde se recibieron estos importes identifica como ordenante de esos giros “a la “FEDERATION INTERNAT.”, con origen en Suiza, por un total de USD 189.578″. Tapia “no consignó ingresos provenientes de esa entidad en las declaraciones juradas incorporadas”, se advirtió.

Además se pidió a la AFA documentación sobre tarjetas corporativas emitidas a nombre de Tapia y sus gastos; si esos consumos fueron considerados parte de su remuneración, transferencias a sus cuentas y pormenores sobre la liquidación de $30 millones en viáticos declarados.

La ex esposa

El juez accedió a levantar el secreto fiscal, bursátil, bancario y financiero a la ex esposa de Tapia, Paola Moyano, desde 2016 al presente porque fue incorporada como firmante de cuentas de Tapia el mismo día en que se registró un depósito en efectivo de USD 620.000; también figura como cotitular de una caja de seguridad y como usuaria de tarjetas adicionales. El planteo se hizo “teniendo en cuenta que la mayor parte de los bienes consignados en las declaraciones juradas de Claudio Fabián Tapia revisten carácter ganancial”, explicó la fiscalía al solicitar la medida. Además se ordenó prueba para investigar la situación patrimonial de la mujer.

Estas medidas se sumaron a otras ordenadas ya por el juez, entre ellas el envío de un exhorto a la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), con sede en Asunción, Paraguay, para que “remita copias del legajo personal” de Tapia, informe los cargos que ejerció o ejerce, sus ingresos hasta el presente, períodos y cuentas bancarias usadas para el pago. La investigación se abrió en septiembre pasado tras una denuncia del empresario Guillermo Tofoni.

Tapia es presidente de la AFA, un cargo ad honorem. Se integró al directorio del CEAMSE entre los años 2016 y 2025, inclusive, en cuyos períodos se desempeñó como vicepresidente en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -hasta 2024- y como presidente en representación de la Provincia de Buenos Aires, a partir de enero de 2025.

En un último intento para que la investigación por la casaquinta de Pilar vinculada a dirigentes de la AFA y valuada en USD 17 millones salga del juzgado federal de Campana y vuelva a la ciudad de Buenos Aires, el fiscal ante la Cámara Federal de Casación Mario Villar presentó una queja directa ante la Corte Suprema.

Lo hizo ante el rechazo de un recurso extraordinario que había presentado contra la decisión de la Cámara Federal de Casación, que devolvió el caso al juez federal de Campana Adrián González Charvay, porque se investiga un presunto lavado de dinero a través de testaferros, delito de ese fuero.

Hasta ese momento, el expediente estuvo en la justicia en lo penal económico de CABA, en medio de un largo derrotero de idas y vueltas entre juzgados que está por cumplir un año. Villar reclamó a la Corte que intervenga en el asunto, revoque la resolución de la sala IV de Casación que envió a Campana el expediente que investiga a los supuestos testaferros Luciano Pantano y su madre Ana Conte, y ordene que se dicte una nueva decisión.

El fiscal sostiene que la investigación tiene que llevarse adelante en un juzgado de la ciudad de Buenos Aires, porque se trata de un entramado de presuntos delitos que comenzaron en esta jurisdicción y terminaron con la compra de la casaquinta de Pilar y la flota de 54 autos y motos de alta gama que se encontró en su interior, esta última valuada en otros USD 4 millones. Cuando recibió el expediente, el juez de Campana ordenó una nueva tasación de la casa y todos sus bienes.

Arbitrariedad y forum shopping

Al reclamar que la investigación salga de Campana, el fiscal Villar advirtió que las “causas en trámite contra los dirigentes de la AFA y personas allegadas no se limitan a las presentes actuaciones, sino que comprenden un entramado de causas, que en su mayoría están bajo pedidos de inhibitoria por el Juez Federal de Campana”.

También recordó que González Charvay sobreseyó “a una serie de personas y empresas vinculadas con Pablo Toviggino (tesorero de la AFA), en una causa proveniente de la jurisdicción de Santiago del Estero”.

“¿Cómo no crearía suspicacias en la opinión pública que a un juez incompetente se le asigne un caso tan trascendente?”, se preguntó porque “el apartamiento del juez de la causa no es una mera discrepancia interpretativa, sino que se demuestra una manifiesta arbitrariedad que puede producir la acumulación de causas de gravedad e interés público en un juez incompetente, pudiendo producir, de hecho, una especie de forum shopping”, analizó en el dictamen al que accedió Infobae.

La Corte no suele intervenir en conflictos de competencia entre juzgados pero, según planteó el fiscal, en este caso hay interés institucional suficiente para que lo haga. “Se ha denunciado nada menos que a la Asociación del Fútbol Argentino, ente de indudable e indiscutible interés de la comunidad toda, ya que trasciende el marco natural de la causa y los intereses de las partes aquí comprometidas”.

Investigación en EEUU

Además, el fiscal remarcó que a su criterio se “refuerza el interés institucional” porque hay abierta una investigación judicial en Estados Unidos por supuesto lavado de activos y fraude bancario sobre los mismos investigados en Argentina, entre ellos el presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Toviggino. Cuando se allanó la casaquinta se encontraron pertenencias de este último.

Villar reiteró que debe intervenir la justicia federal de CABA por “materia y territorio”. “Conformarse con la afirmación de que el delito de lavado de dinero es de competencia de la justicia federal, como si esta frase tuviera algún contenido mágico que implicara que no debe observarse la competencia territorial, es insostenible”, agregó.

La investigación se abrió por denuncia de Elisa Carrió, Facundo Del Gaiso y Matías Yofre contra Pantano y Conte, a quienes se les atribuyó haber adquirido, a través de la firma Real Central S.R.L., un inmueble ubicado en la calle Misiones 4097 de la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar, provincia de Buenos Aires, sin que existiera —según los denunciantes— capacidad económica suficiente para justificar dicha operación. Sobre esa base, se postuló la posible comisión del lavado de activos.

En un principio quedó a cargo del juez federal porteño Daniel Rafecas pero luego por una declaración de incompetencia pasó al fuero Penal Económico y de allí comenzó un derrotero que terminó ahora con la causa en Campana a pedido de la defensa de los acusados.

El juicio oral por los Cuadernos de la corrupción se reanudó este jueves ante el Tribunal Oral Federal 7 con el testimonio del reportero gráfico que fotografió los originales de los cuadernos del remisero Oscar Centeno a pedido de sus jefes en el diario La Nación.

El testigo Fernando Gutiérrez ratificó que los originales de los escritos del exchofer del acusado exfuncionario de Planificación Federal Roberto Baratta que se le mostraron en la audiencia fueron los que fotografió en la casa del periodista Diego Cabot, antes de entregarlos a la Justicia.

De manera posterior declaró el exfuncionario de Planificación Federal Luis Vitullo, a pedido de la defensa del acusado Roberto Baratta y definió como “conflictivo” al chofer de este último y autor de los cuadernos donde detalló presuntos recorridos en busca de sobornos que pagaban empresarios beneficiarios de obras y concesiones públicas, que dieron origen a la causa judicial.

También dijo “no saber” de pagos “para la política” durante el kirchnerismo.

La audiencia concluyó poco después del mediodía y el juicio seguirá el martes próximo.

A puertas cerradas

El martes pasado la audiencia fue a puertas cerradas porque declararon agentes de inteligencia de la Policía Federal vinculados al análisis de los teléfonos de los acusados durante la investigación de la causa entre 2018 y 2019.

En lo principal esos testimonios se centraron en determinar si los teléfonos celulares de ciertos acusados estuvieron en los lugares donde el remisero arrepentido Centeno indicó en sus escritos que se habría ido a buscar dinero del pago de sobornos en sus recorridas como chofer de Baratta.

Vitullo dijo no saber de “pagos para la política” y que Centeno era “conflictivo”

“Que yo sepa no”, respondió el exfuncionario de Planificación Federal Luis Vitullo cuando la fiscalía le preguntó si sabía de “pagos para la política” en el kirchnerismo.

El testigo fue convocado por la defensa de Baratta y respondió preguntas de todas las partes sobre el funcionamiento del ex Ministerio de Planificación Federal. Explicó que estudió con Baratta en la universidad y luego trabajó con él en Planificación, al igual que con otros acusados.

También recordó que conoció al remisero arrepentido Oscar Centeno, quien era uno de los choferes del Ministerio aunque dijo que el vínculo era “prácticamente nulo”.

Centeno “era uno de los choferes conflictivos”, dijo en relación a un conflicto por la cantidad de horas trabajadas por los choferes y la que pasaban al cobro. “Un tema netamente administrativo”, refirió. “Había un grupo de choferes heredados más conflictivos que otros. Todos los choferes debían anotar sus horas y ahí venían los problemas” cuando trabajaban para una remisería tercerizada.

Declara el segundo testigo del día Luis Vitullo

Trabajó con el acusado Roberto Baratta en el Ministerio de Planificación Federal durante el kirchnerismo y su testimonio fue solicitado por la defensa del exfuncionario.

Terminó la declaración del reportero gráfico luego de dar precisiones sobre cómo se fotografiaron los cuadernos

El testigo concluyó su declaración luego de responder preguntas de todas las partes sobre el estado de los cuadernos originales que fotografió. También se lo interrogó sobre si al momento de realizar el registro fotográfico se convocó a un escribano o se buscó alguna manera de certificar el acto, a lo que respondió de manera negativa.

El Tribunal dispuso un cuarto intermedio de diez minutos antes de continuar con otro testimonio previsto para la jornada.

Se le exhiben al testigo los cuadernos originales de Centeno

Los cuadernos originales del remisero Oscar Centeno se le exhiben al testigo para que diga si son los que fotografió. Respondió de manera positiva.

Los cuadernos están a resguardo en la caja fuerte del Tribunal Oral Federal 7 y cada vez que se muestran en la audiencia son exhibidos en la misma bolsa de una casa deportiva en la que fueron entregados a la Justicia. Los manipula un secretario judicial que usa guantes. También se le exhibieron CDs que se entregaron a la fiscalía.

Declara el reportero gráfico que fotografió los originales de los cuadernos de Oscar Centeno

El fotógrafo del diario La Nación, Fernando Gutiérrez Hermello, es el primer testigo de la jornada y recordó que fue convocado para ir a la casa del periodista Diego Cabot y fotografiar los originales de los cuadernos del remisero Oscar Centeno.

Explicó que luego los entregaron en la fiscalía de Carlos Stornelli en Comodoro Py 2002. El testigo dijo no recordar con exactitud cuántos cuadernos eran y que fue convocado para esa “sesión de fotos” por la jefa de redacción del diario.

“Estábamos en el diario y después nos fuimos a la casa de Diego”, donde hicieron las fotos, explicó ante preguntas de la fiscalía. Los cuadernos “estaban adentro de una bolsa de plástico”, los sacaron y como eran varios “había que hacer reproducciones de todas las páginas”.

“Los apoyé en el piso y empecé uno por uno a sacar la tapa y hacer hoja por hoja, con todos”. No recordó si hubo papeles sueltos. “Era todo manuscrito, lleno de anotaciones”. Dijo que el periodista le refirió que “se los había entregado un anónimo”.

La audiencia comenzó con planteos sobre 71 testigos desistidos por la UIF

La audiencia de este jueves comenzó con planteos relativos a 71 testigos que fueron desistidos por la querella de la Unidad de Información Financiera. Al respecto la fiscalía a cargo de Fabiana León no presentó objeciones.

Por su parte el abogado Carlos Beraldi, defensor de la ex presidenta Cristina Kirchner, explicó no tener inconveniente con el desistimiento de los testigos pero rechazó que sus testimonios sean incorporados por lectura. “Lo que no vamos a consentir es que se incorporen por lectura sus declaraciones”, planteó.

Beraldi argumentó que, si la UIF pretende que esos dichos formen parte del debate, deberá convocar a los testigos a declarar en el juicio. “Una cosa es incompatible con la otra”, afirmó.

Ante ello la querella de la UIF respondió que teniendo en cuenta la oposición de Beraldi y otra defensa “no tenía inconveniente en no incorporar por lectura sus declaraciones , dado que la mayoría son testigos civiles de allanamientos y todas sus actas ya están incorporadas”. Sin embargo aclaró que “de ninguna manera un desistimiento de un testigo es incompatible con la incorporación por lectura” puesto que el mismo Código Procesal Penal lo dispone cuando hay conformidad.

Ante estas posturas y la ausencia de controversia, el Tribunal aceptó desistir de 70 testigos cuyas declaraciones previas no se incorporarán al debate y ratificó la declaración de uno de ellos.

/judiciales/2026/10/08/juicio-de-los-cuadernos-se-reanudo-la-audiencia-con-declaraciones-de-nuevos-testigos/

El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli procesó sin prisión preventiva a los exfuncionarios de ARSAT Facundo Leal y Gerardo Boschín, entre otros acusados, por una presunta trama de corrupción vinculada a contrataciones en la empresa estatal de telecomunicaciones entre 2020 y 2024.

La decisión alcanzó a diez acusados y a la empresa Argentina Logistic Services (ALS). En el caso de Leal y Boschín se los procesó por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae. Además se los embargó por $3.000 millones.

Respecto de Leal, no se aceptó un reclamo de la fiscalía para procesarlo con prisión preventiva aunque continúa con arresto domiciliario en otra causa, vinculada a presunta venta de droga encontrada en un allanamiento a su departamento en Palermo, junto a miles de dólares: había US$650.000 en efectivo, ketamina, drogas sintéticas y cocaína. Además, en otra propiedad ubicada en Mendoza se le secuestraron US$1,7 millones. Tiene abierta una causa paralela por supuesto enriquecimiento ilícito.

Leal presidió ARSAT durante los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei mientras que Boschín se desempeñó como subgerente de compras de ARSAT y en mayo de 2025 fue designado presidente de Trenes Argentinos Operaciones, cargo al que renunció meses más tarde

Qué se investiga: el robo a ARSAT

La investigación comenzó por el robo y daño de equipos de ARSAT —principalmente materiales de cobre almacenados en shelters— en un predio de ALS en San Fernando, detectado en enero de 2024. El perjuicio inicial denunciado fue estimado en USD 151.126,29, más $5.034.852,66.

A partir de ese hecho, la Justicia investigó la contratación de ALS como proveedora de servicios de depósito, logística, transporte, grúas, carga y descarga.

Al dictar los procesamientos Mirabelli sostuvo que se montó “un circuito para direccionar contratos hacia esa empresa, simular competencia, inflar servicios y canalizar retornos”. Según la resolución, ARSAT emitió 16 órdenes de compra a favor de ALS. La empresa estatal habría pagado, de acuerdo con la documentación analizada, USD 1.695.667,44 y $32.210.287,09.

Para el juez, esos montos integran el presunto “perjuicio patrimonial contra el Estado”, al considerar que las contrataciones se habrían concretado mediante maniobras irregulares.

Las pruebas

Entre las principales evidencias figuran comunicaciones de WhatsApp, llamados telefónicos, geolocalizaciones, documentación administrativa y peritajes sobre dispositivos electrónicos. El fallo destaca mensajes en los que se hablaría de “cerrar” el contrato del depósito antes de la licitación formal, de “dibujar” servicios, de conocer precios de competidores y de entregar dinero a funcionarios de ARSAT.

También se investigó una supuesta simulación de competencia en la contratación del depósito. La resolución señala que se habría creado una casilla de correo atribuida a otra empresa para enviar una oferta apócrifa. Esa firma informó luego que no participó en procesos de contratación con ARSAT. La tercera firma invitada a cotizar estaba vinculada a familiares de integrantes de ALS.

El predio de ALS, donde fueron almacenados los shelters, no habría cumplido los requisitos de seguridad previstos en el pliego: las cámaras no grababan, no existía monitoreo, el cerco electrificado estaba fuera de uso por sectores y había un único vigilador por turno. Para el juez, esas falencias habrían facilitado el robo y los daños denunciados.

Todos los procesamientos fueron dictados sin prisión preventiva, con prohibición de salida del país y alcanzaron además a otros ocho acusados: Pablo Pagani, exsubgerente de Servicios Corporativos y Logística de ARSAT; Juan Andrés Navarro, exsubgerente de Administración y gerente comercial de la empresa estatal; Juan Antonio Álvarez, empleado de ARSAT y comprador semi senior; Diego Padilla, director titular de Argentina Logistic Services (ALS); Fernando Paredes, presidente de ALS; Sofía Varela Vizgarra, empleada de ALS; Santiago Pando, intermediario en el vínculo comercial entre ALS y ARSAT; Gastón Padilla, director suplente de ALS; y la propia firma Argentina Logistic Services (ALS), procesada como persona jurídica.

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal Raúl Pleé desistió de mantener una queja contra el archivo de la causa penal por el préstamo de USD 57.100 millones otorgado a la Argentina por el FMI durante el macrismo, ante lo cual esa decisión quedaría firme.

La resolución se tomó ante la falta de una “hipótesis delictiva concreta” y por considerar que se trató de decisiones políticas “ajenas al control judicial”.

En la causa fueron denunciados el expresidente Mauricio Macri, el ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, y dos actuales integrantes del gabinete nacional: el ministro de Economía, Luis Caputo (entonces secretario de Finanzas y luego presidente del BCRA), y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger (por entonces titular del Banco Central).

Desacuerdo con un modelo económico

La Cámara Federal porteña confirmó el 4 de septiembre pasado el archivo resuelto en la justicia de primera instancia y esta decisión llegó en apelación con una queja directa a Casación.

Ahora el fiscal Pleé no mantuvo ese recurso de sus pares en las instancias precedentes porque “no se ha podido fundamentar ninguna hipótesis delictiva concreta, de modo que lo único que queda en pie de esta acusación es el desacuerdo con un modelo económico determinado”.

El fiscal fundamentó su decisión en un dictamen de 28 carillas al que accedió Infobae y en el cual entendió que se pretende llevar ante la Justicia “la adopción y las consecuencias de un determinado modelo económico” y tanto el juzgado como la Cámara Federal al archivar el caso “han hecho una adecuada aplicación de la doctrina de las cuestiones políticas que escapan al control judicial”.

La fiscalía ante Casación entendió que la apelación “no se condice con el objeto del proceso en esta etapa, que se reduce a comprobar si existe un hecho delictuoso mediante las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad”.

En relación con la acusación concreta sobre supuesta falta de trazabilidad de los fondos, el fiscal advirtió que “confunde el respaldo normativo con el respaldo contable. En efecto, no se ha indicado una infracción concreta en la aplicación de los fondos, sino que se ha planteado un cuestionamiento general a la política pública sobre su destino”.

El archivo de la causa

El fiscal concluyó que la resolución que archivó la denuncia “cuenta con los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes, que impiden su descalificación como acto judicial válido” y por eso corresponde desistir de la apelación “en resguardo de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad” y en “relación con la necesidad de tener una racional y objetiva administración de justicia”.

“No se ha podido fundamentar ninguna hipótesis delictiva concreta, de modo que lo único que queda en pie de esta acusación es el desacuerdo con un modelo económico determinado”, concluyó.

La resolución de la Cámara que confirmó el archivo en septiembre explicó que “tal como lo expuso con acierto la jueza de grado al trazar los límites de esa doctrina, cuando se sospecha que alguno de esos actores se apartó del marco legal preexistente para procurarse beneficios económicos personales, la competencia judicial no opera como revisora de la política pública sino para verificar si las conductas individuales configuran delitos tipificados.”

La investigación por la deuda con el Fondo Monetario Internacional se inició en 2019 por presunta defraudación, quedó archivada en febrero pasado en el juzgado de la jueza federal de primera instancia María Eugenia Capuchetti, en una decisión ratificada por los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, de la sala I del Tribunal de Apelaciones.

El planteo fue presentado ante la Sala IV de la máxima instancia penal federal del país, integrada por los camaristas Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, que tiene bajo análisis la queja presentada por el Ministerio Público Fiscal. Antes de resolver si corresponde habilitar la revisión, el tribunal le corrió traslado a Pleé, que es el fiscal general que interviene ante dicha sede.

El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick impuso este miércoles una multa (astreinte) de 100 mil pesos por día al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli, por el “incumplimiento verificado” de una medida cautelar que ordenó actualizar salarios docentes y no docentes, además de garantizar el fondo para becas en base a los parámetros que establece la Ley de Financiamiento Universitario.

Cormick fijó en una primera etapa la suma de $ 100.000 diarios que pagará Santilli “pudiéndose modificar los funcionarios alcanzados y el monto”, advirtió.

La decisión judicial se tomó tras dos advertencias previas hechas al Gobierno y a sólo horas de la quinta Marcha Federal Universitaria, que se realizará este jueves en reclamo por el cumplimiento de la Ley.

“En concordancia con lo proveído en el marco de la causa principal, atento el incumplimiento verificado, corresponde hacer efectivo el apercibimiento dispuesto en fecha 30/9/2026 y disponer la aplicación de astreintes diarias al funcionario titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina”, cargo que ocupa Santilli, resolvió el juez en la resolución a la que accedió Infobae.

Cautelar vigente

Se trata de una medida cautelar que sigue vigente, pese a que el expediente principal donde se debate la validez de un Decreto que condicionó la aplicación de la Ley está bajo estudio de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

Cormick concedió la apelación del Estado Nacional contra el fallo que declaró inconstitucional la cláusula del decreto 759/2025, con la que el Poder Ejecutivo condicionó la puesta en marcha de la ley de Financiamiento Universitario, rechazó un planteo de “reposición” del Gobierno y elevó el expediente al Tribunal de Apelaciones.

Al fijar las multas, el juez hizo lugar ahora a un planteo del Consejo Interuniversitario Nacional, desde donde se sostuvo que “el Estado Nacional continúa sin cumplir la medida cautelar” que fue “confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 25 de junio de 2026”.

Cormick había intimado al Estado por el plazo de cinco días, que se cumplieron el 22 de septiembre pasado, bajo apercibimiento de fijar las multas, advertencia que se prorrogó por igual plazo después. “Este plazo está vencido y los pagos aún no se registraron”, sostuvo la demandante y por eso pidió que “se haga efectivo el apercibimiento y se apliquen las astreintes diarias y progresivas por cada día de demora”.

La Ley de Financiamiento establece adecuar “las remuneraciones del personal docente y no docente de las universidades públicas en septiembre de 2025 para reflejar la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre enero de 2023 y julio de 2025″. Ello implicaría otorgar un incremento salarial del 40,25 % sobre los básicos liquidados en julio de 2025”.

De manera adicional se dispone que las remuneraciones sean actualizadas mensualmente conforme el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sobre las becas estudiantiles deben recomponerse y actualizarse.

La postura del Gobierno

El Gobierno sostuvo en su apelación que se afecta el normal funcionamiento del Estado Nacional porque se lo obliga a afrontar “pagos compulsivos sin que se hayan determinado con precisión las sumas presuntamente adeudadas ni el alcance concreto de la obligación”. Por ese motivo, pidió que la apelación sea concedida con efecto suspensivo, algo que rechazó el juez.

Según planteó, la cautelar le impone una carga económica indeterminada, ya que la resolución no establece qué monto o porcentaje debería abonar para considerar cumplida la medida, que quedó firme en junio de 2026. Afirmó además que ya presentó, el 21 de septiembre, un informe sobre lo hecho para cumplir con la decisión judicial.

Al respecto, señaló que desde diciembre de 2023 se otorgaron aumentos en las partidas destinadas a los salarios del personal universitario. Indicó que, con la suba del 21,33 % dispuesta en junio de 2026, el incremento acumulado llegó al 226,80 %, por encima del 226,40 % que —según su interpretación— correspondía para el período comprendido entre diciembre de 2023 y agosto de 2025.

También remarcó que, una vez firme la cautelar, convocó a la paritaria trimestral prevista en la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (LFEU). En ese marco, detalló que se propuso una recomposición del 3 % para septiembre de 2026, complementaria de otra suba del 3 % acordada en junio, con impacto en los haberes de octubre. Para el Gobierno, ambas medidas proyectaban una actualización superior al 6 % y respondían al piso de recomposición vinculado con la inflación del período junio-agosto.

Por último, cuestionó la interpretación que llevaría a exigir un aumento salarial acumulado del 312,19 % entre diciembre de 2023 y junio de 2026. Consideró que ese criterio contradice la Ley de Presupuesto 2026, que no contempló fondos para una suba de esa magnitud, por lo que —afirmó— el Estado no cuenta con partidas aprobadas por el Congreso para afrontarla.

Claudio “Chiqui” Tapia participará mañana de una reunión del Consejo de la FIFA en Suiza, país al que el presidente de la AFA viajó autorizado por la Justicia argentina, en la causa donde está procesado por presunta apropiación indebida de tributos.

El viaje se concretó en momentos en que un fiscal pidió en otra causa penal que se libre un exhorto en busca de datos sobre transferencias que recibió en su cuenta bancaria desde la Federación Internacional de Fútbol.

Se trata de un total de USD 189.000 recibidos en tres transferencias entre 2018 y 2020 y el fiscal federal Gerardo Pollicita pidió que se libre un exhorto a la justicia suiza para que se requieran detalles a la FIFA sobre esos pagos, en el marco de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito que se abrió a Tapia por su rol como funcionario público en el CEAMSE.

Un nuevo viaje

El 8 de octubre la defensa de Tapia pidió un nuevo permiso para salir del país al juez en lo penal económico Diego Amarante, quien procesó al dirigente del fútbol argentino por no depositar en tiempo y forma tributos retenidos por la AFA. Tiene prohibición de salida de Argentina y debe pedir autorización en cada viaje.

En esta ocasión se solicitó para ir al exterior, desde el 11 al 17 de octubre inclusive, con destino a Paraguay y Suiza “con motivo de los compromisos deportivos” que tiene que cumplir como presidente de la AFA y miembro del Consejo Directivo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL).

Tapia adjuntó una invitación remitida por el Consejo Directivo de la Confederación Sudamericana de Fútbol, para asistir a una reunión de trabajo con la Dirección de Asociaciones Miembro y la Dirección de Competiciones y Operaciones y una copia de la orden del día 15 de octubre del Consejo de FIFA. Como en anteriores ocasiones, se lo autorizó con una caución real de $ 30.000.000.

La investigación se lleva en el fuero penal económico y Tapia está acusado por supuesta “apropiación indebida de tributos agravado reiterado en 34 oportunidades, en concurso real con el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravado reiterado en 17 oportunidades” con un embargo de $ 350.000.000 que cubrió con un seguro de caución. Esta es la única causa en la que está procesado.

En el mismo juzgado se investiga una ampliación de denuncia por presunta evasión agravada por uso de facturación falsa del Impuesto a las Salidas No Documentadas, por los períodos fiscales 2024 y 2025, por la suma que asciende a $289.336.519,66; y una posible asociación ilícita fiscal, una parte del caso que está en etapa de recolección de evidencia.

La causa por presunto enriquecimiento

Tapia es investigado además por otros juzgados y, al respecto, el fiscal Pollicita pidió en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito -y como parte de las medidas de prueba bajo estudio ahora del juez federal Ariel Lijo- que se les requiera a todos los juzgados donde Tapia “se encuentre o haya sido investigado” que remitan copias a Comodoro Py 2002.

El objetivo de la medida es buscar “cualquier constancia que se vincule con cuestiones patrimoniales del investigado, en el periodo comprendido entre los años 2016 y la actualidad, como ser bienes inmuebles y muebles (registrables); participaciones comerciales, societarias; situación financiera: deudas, medidas cautelares, etc.; activos financieros; productos bancarios; etc”.

Esa información “permitirá conocer de una manera más acabada el patrimonio de Claudio Fabián TAPIA cuyo incremento resulta materia de investigación en las presentes actuaciones”, explicó y mencionó siete expedientes judiciales donde aparece mencionado.

El pedido para librar un exhorto internacional a las autoridades de la confederación suiza tiene como objetivo que la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), con sede en Zúrich, ”informe el concepto y la causa de las transferencias que cursó a favor de Claudio Fabián TAPIA por USD 49.585,53 (19/12/2018) y USD 124.583,56 (27/06/2019) y una tercera por USD 15.408,09, enviada el 27 de marzo de 2020 y liquidada en pesos por $ 985.049,15″. Todas se acreditaron en una caja de ahorros a su nombre en un banco argentino.

La Justicia resolvió que siga abierta una investigación por un presunto fraude de 30 mil millones de pesos en subsidios estatales otorgados a empresas de colectivos, en base a una supuesta maniobra con el cobro de trayectos mayores a los que en realidad hacían pasajeros.

Ex choferes de las líneas involucradas declararon como testigos bajo juramento de verdad que los amenazaban con sanciones si no cobraban por viajes más largos a los pasajeros y además se constató que más de un centenar de usuarios reclamaron ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte por “cobros indebidos o a la incorrecta asignación de secciones tarifarias”, en el período investigado, según advirtió el juez federal Sebastián Casanello en una resolución donde rechazó apartar como querellantes a cámaras del sector que denunciaron los hechos. Además, ratificó la continuidad de la pesquisa donde hay reclamos de citación a declaración indagatoria que deben resolverse.

El juez rechazó un planteo de “excepción de falta de acción” presentado por una de las tres empresas denunciadas y ratificó a los querellantes. “Hoy no hay menos sino más razones para reconocer a quienes promovieron la actuación del órgano administrativo en defensa de los intereses representados -y luego, formalizaron la denuncia penal- el derecho que la ley les otorga para acceder a la jurisdicción y litigar”, enfatizó en la resolución a la que accedió Infobae.

Casanello sostuvo que la investigación registra hasta ahora “un avance sustancial” en materia de prueba. “El cuadro probatorio no se encuentra agotado, pero las pruebas ya recabadas le otorgan a la hipótesis un grado de verosimilitud que ha justificado un pedido de audiencias indagatorias y que exige legalmente la continuidad de la pesquisa y no descartarla como pretende el apoderado de la empresa denunciada”, puntualizó.

La investigación se abrió hace nueve meses y en un principio estuvo en otro juzgado, el federal a cargo de Julián Ercolini y delegada en la fiscalía federal de Franco Picardi, desde donde se ordenaron medidas de prueba como un relevamiento del funcionamiento de los equipos instalados en los colectivos de las líneas denunciadas.

Luego la Cámara Federal porteña ordenó el pase al juzgado de Casanello, porque allí tramita otra denuncia previa que presentó una empresa imputada contra las cámaras autoras de esta presentación por un presunto intento de perjudicarla.

Choferes y pasajeros

Los choferes citados a declarar en los tribunales federales de Retiro coincidieron en que recibieron instrucciones para marcar secciones mayores, “bajo amenazas de sanciones, independientemente del recorrido real efectuado por los pasajeros”.

En la causa hay informes de la Gerencia de Calidad y Prestación de Servicios de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte sobre reclamos de usuarios vinculados a cobros indebidos o a la incorrecta asignación de secciones tarifarias, registrados entre mayo de 2025 y febrero de 2026. “Es posible observar a través de quejas efectuadas por los pasajeros, un ejercicio de cobro tarifario similar a lo descripto por los choferes”, evaluó el juzgado. En total se informaron 136 reclamos sobre las líneas de colectivos de la misma empresa.

Según la denuncia, al cobrar a los pasajeros una tarifa superior a la que correspondía al viaje solicitado, se altera además la distribución de la suma fija de subsidios por parte del Estado y se obtendría un “beneficio indebido en desmedro del resto de las empresas”. El impacto económico de la maniobra se estimó para los denunciantes en 30.000 millones de pesos y señalaron que las autoridades competentes habrían omitido realizar los controles adecuados, a pesar de las advertencias técnicas, reclamos sectoriales e informes presentados por algunas cámaras empresariales.

Denuncias cruzadas

“Existe un claro grupo beneficiado en detrimento de otro, que resultó perjudicado”, concluyó la decisión judicial que mantuvo como querellantes a la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) en la denuncia que presentaron contra las empresas. Una de las denunciadas, a su vez, había denunciado antes a los directivos de estas cámaras por una nota que presentaron alertando sobre el tema en la Secretaría de Transporte de la Nación donde hacían saber del incremento de la denominada distancia media abonada en distintas líneas de transporte automotor de pasajeros operadas por ella.

Según la denuncia de la firma Sargento Cabral, el escrito “fue dirigido expresamente a provocar la intervención de la autoridad administrativa” y de ese modo perjudicarla. En esta última causa, el fiscal federal Guillermo Marijuán pidió también que se cite a declaración indagatoria a Luis Pierrini (secretario de transporte al tiempo del hecho), Roberto Rodríguez (CTPBA), Daniel De Ingeniis (CETUBA), Daniel Tenisci (CEAP) y Luis Brusca (CETUPBA) por haber presuntamente ocasionado un perjuicio económico concreto al “Grupo Metropol” e intentar provocar “una disposición ilegítima de fondos públicos para apropiárselos”.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el rechazo de la prisión domiciliaria para Mauricio Collareda, uno de los exfuncionarios condenados junto a la expresidenta Cristina Kirchner en el juicio oral por la causa Vialidad. El exjefe del distrito Santa Cruz de Vialidad Nacional en el kirchnerismo cumple una pena de cuatro años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Intentó salir de la cárcel común favorecido con arresto domiciliario, pero la Sala IV del máximo tribunal penal federal del país, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, desestimó el recurso de la defensa y mantuvo la decisión del Tribunal Oral Federal 2, que rechazó el pedido el 21 de agosto pasado.

Collareda, de 51 años, está detenido desde el 16 de junio de 2025, tras quedar firme la condena, en una unidad penal en Río Gallegos, Santa Cruz. Si cumple la totalidad de la pena sin cambios en su régimen de ejecución, el vencimiento operaría el 16 de junio de 2029. Fue condenado al término de un juicio oral que lo sentó al banquillo junto a la ex presidenta Cristina Kirchner, quien recibió una pena de seis años de cárcel y se le dio prisión domiciliaria y tobillera electrónica, en su domicilio de San José 1111.

Casación descartó una situación familiar excepcional

La defensa había pedido que el condenado dejara la Unidad 15 del Servicio Penitenciario Federal, en Río Gallegos, para cumplir la pena en su domicilio. Argumentó que su encarcelamiento había afectado los ingresos familiares, la organización cotidiana del hogar y la continuidad de los estudios de su hijo de 22 años que no trabaja.

Los jueces consideraron, sin embargo, que no se acreditó una situación de vulnerabilidad o desamparo que justificara un régimen excepcional. Según el fallo, la esposa de Collareda tiene empleo formal, su padre percibe una jubilación y la familia cuenta con vivienda propia, servicios básicos y una red de contención.

El tribunal señaló que el hijo del condenado es mayor de edad y que la continuidad de sus estudios, aun cuando no cuente con ingresos propios, no habilita por sí sola la aplicación de la causal de prisión domiciliaria prevista para madres de niños menores de cinco años o personas con discapacidad a cargo.

La cárcel es la regla

En su voto, el juez Hornos afirmó que la prisión domiciliaria constituye una excepción y que debe estar respaldada por circunstancias concretas de salud, edad, vulnerabilidad o riesgos que vuelvan inadecuada la permanencia en un establecimiento penitenciario.

“He sostenido a lo largo del tiempo que el cumplimiento de una pena privativa de libertad bajo la modalidad prisión domiciliaria es excepcional y debe otorgarse cuando el juez de ejecución lo considere pertinente”, sostuvo Hornos.

Además mencionó un “principio rector”: “las penas privativas de libertad se cumplen en establecimientos penitenciarios, mientras que la prisión domiciliaria constituye una excepción de interpretación restrictiva, que requiere justificación suficiente y control riguroso”.

Este análisis es “aún más delicado en casos especialmente graves, como los delitos de corrupción que afectan directamente al funcionamiento del sistema democrático y al patrimonio público”, advirtió.

La Cámara entendió que la disminución de ingresos, la reorganización de tareas domésticas y las dificultades para la familia son consecuencias que deben ser consideradas, aunque aclaró que no alcanzan, por sí mismas, para reemplazar el cumplimiento de una pena en prisión.

El fallo también descartó que las medidas solicitadas por la defensa —como una audiencia, informes actualizados, una evaluación sobre una tobillera electrónica y la declaración de la esposa del exfuncionario— pudieran modificar los elementos centrales que llevaron a rechazar la petición.

Casación dejó abierta la posibilidad de revisar el régimen de detención si surgen cambios relevantes en las condiciones familiares, sociales o sanitarias del condenado.

Mauricio Collareda fue jefe del Distrito 23 Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad, cargo que ocupó entre mayo de 2006 y mayo de 2016. En la causa Vialidad fue condenado como autor de administración fraudulenta contra el Estado, con una pena de cuatro años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La sentencia quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema desestimó la queja de la defensa.

A once meses del inicio del juicio a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados entre exfuncionarios, empresarios, financistas y choferes por la causa Cuadernos, el listado de testigos se redujo en casi un centenar, los arrepentidos siguen sin hablar ante el Tribunal y aún se espera por testimonios clave y reclamos de careos.

Más de 100 testigos del listado inicial fueron desistidos y no serán convocados: la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF) resolvió la semana última no escuchar a 71 personas, con lo cual se aceleró la marcha de las testimoniales en el debate que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 7 dos veces por semana, martes y jueves, de manera semipresencial.

La tendencia al desistimiento se consolidó en la última audiencia del jueves 8 de octubre, cuando la UIF —una de las querellas del juicio— comunicó que prescindía de 71 testigos de su lista. Esa decisión se sumó a las que habían tomado previamente la fiscalía a cargo de Fabiana León y varias defensas y todos coinciden en que se avanza más rápido de lo pensado.

Arrepentidos en silencio

Desde el 6 de noviembre del año pasado y luego de la etapa de declaraciones indagatorias donde guardaron silencio, ninguno de los imputados colaboradores —los llamados “arrepentidos”— amplió aún su declaración ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero, Germán Castelli y el cuarto magistrado suplente Néstor Costabel.

El capítulo más sensible del proceso sigue abierto: los imputados colaboradores que acordaron con la fiscalía durante la instrucción por ahora no declararon en el juicio oral. En algunos casos, sus aportes de la etapa de investigación fueron incorporados como prueba. El exfuncionario Claudio Uberti, extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), quien en su indagatoria en marzo solo dijo vivir “en un estado de terror permanente” desde que quedó detenido en la cárcel de Ezeiza, condenado por el caso de la valija de Guido Antonini Wilson. En ese momento dio a entender que su declaración en Cuadernos dependía de la resolución de su situación carcelaria.

En julio, la Cámara Federal de Casación Penal le concedió la prisión domiciliaria —con tobillera electrónica— tras ponderar su deterioro de salud y el cuadro de angustia e hipervigilancia que le generó su condición de arrepentido. Su abogado Guillermo Armani sostuvo en el juicio que Uberti “sigue siendo arrepentido y sigue siendo colaborador” y que “oportunamente dirá lo que tenga que decir”. Sin embargo, pese a que ya cuenta con la domiciliaria que reclamaba como condición, a once meses del inicio aún no habló.

Otros acusados de peso también se negaron a declarar en sus indagatorias. Entre ellos, el financista Ernesto Clarens —quien durante la instrucción aportó el listado de presuntos pagadores de sobornos— y empresarios como Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Miguel Aznar y el propio Oscar Centeno, el remisero cuyas anotaciones dieron origen a la causa. El exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, en cambio, sí hizo uso de la palabra en abril para desmentir a los arrepentidos que lo involucraron, a quienes acusó de haber declarado bajo “una figura extorsiva”.

Sí se vieron en la sala de audiencias los cuadernos originales escritos por el remisero Oscar Centeno y que permanecen a resguardo en una caja fuerte del Tribunal en su sede en el Palacio de Justicia, Talcahuano 550. De hecho, es inminente la mudanza del TOF7 a Comodoro Py, en Retiro: ya se acondicionaron oficinas en la plata baja y eso aceleraría también los tiempos del debate, esperan sus protagonistas.

El acusado que con más frecuencia se sienta en la sala de audiencias del subsuelo de Comodoro Py 2002, que suele permanecer semi desierta, es el exsubsecretario del Ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta. A diferencia del resto de los imputados, amplió su indagatoria en dos oportunidades —en junio y en septiembre— para salirle al cruce a testigos que lo incriminaron.

En la segunda ampliación, el 10 de septiembre, apuntó directamente contra los exdirectivos de Techint Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, quienes habían declarado haberle entregado paquetes con pesos equivalentes a cerca de USD 1.000.000 en concepto de sobornos, pagados para gestionar ayuda oficial durante la expropiación de la firma siderúrgica Sidor en Venezuela. “Jamás recibí fondos ilegales”, sostuvo Baratta, quien además calificó la causa de “clara y evidente operación de inteligencia”. Sus defensores Elizabeth Gómez Alcorta y Marcos Aldazábal, mantienen asistencia presencial perfecta en cada audiencia.

Cristina Kirchner

La primera declaración presencial del debate fue la de la ex presidenta Cristina Kirchner el 17 de marzo. Se presentó ante el TOF 7 en Comodoro Py y realizó un extenso monólogo en el que negó las acusaciones, cuestionó al fiscal Carlos Stornelli y al fallecido juez Claudio Bonadio, y rechazó responder preguntas. “Me parece sinceramente un gran disparate esta causa”, dijo al cierre. También afirmó que hubo “prácticas mafiosas” para obtener testimonios contra ella y que “metían presa gente para que dijeran que yo era la responsable de todo”.

Desde entonces no volvió a tribunales, se conectó a las audiencias donde estuvo obligada a hacerlo por vía remota desde San José 1111, donde está detenida con arresto domiciliario condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad.

Dos de los momentos más intensos del debate ocurrieron en las últimas semanas cuando se exhibieron imágenes de los allanamientos ordenados en 2018 a su departamento de Juncal y Uruguay y a sus casas en Santa Cruz, una en Río Gallegos y otra en El Calafate. Por primera vez se vieron esas imágenes y los policías que participaron confirmaron como testigos la existencia de puertas blindadas en diferentes accesos a vestidores y habitaciones.

A la espera de careos

Las contradicciones testimoniales dieron lugar a dos pedidos de careo que el TOF 7 tiene pendientes de resolución. La defensora de Baratta, Elizabeth Gómez Alcorta, solicitó que su cliente sea confrontado cara a cara con Betnaza y Zabaleta. La fiscal León, por su parte, pidió un careo entre el comisario Juan Carlos Barrales —quien dirigió el allanamiento al departamento de Fernández de Kirchner en Juncal y Uruguay el 23 de agosto de 2018— y el encargado del edificio, Julio Silva. “Solo uno puede estar diciendo la verdad”, sostuvo. Es que el portero declaró en mayo que la tarde del allanamiento a la casa de CFK escuchó al policía hablar con el entonces juez del caso, Claudio Bonadio, y recibir órdenes de quedarse en el lugar hasta “encontrar algo”. El efectivo dijo que no habló de manera directa con el juez ese día.

“Estuve en ese allanamiento 11 horas y media. Y hubo un momento, a las 18.30, no me puedo olvidar, cuando llamó el juez al comisario inspector a cargo. A los gritos, que se sentían, le dijo que no había nada en el edificio y el juez le dijo: ‘Se van a quedar hasta mañana, hasta que encuentren algo’”, declaró el encargado como testigo en el juicio oral.

La fiscalía busca confrontar al policía y al encargado histórico del edificio de Uruguay y Juncal, quien además se desdijo ante el Tribunal y negó haber visto lo que declaró durante la instrucción en 2018: movimientos de bolsos vinculados al matrimonio presidencial. Sostuvo que se sintió presionado en el juzgado, donde le hablaron de sus hijas y firmó su declaración “sin leer”.

El giro de Silva fue uno de los episodios más comentados del debate. Según la acusación, en ese departamento se habrían concretado 87 entregas por cerca de USD 70.000.000. Otro momento de impacto fue en abril, cuando el empresario Daniel Pitón, integrante de la firma José Eleuterio Pitón S.A., reconoció ante el tribunal que mintió durante la instrucción. “Lo que dije fue para no quedarme ahí preso”, afirmó. Pitón explicó que inicialmente presentaron un escrito “sin mentir”, pero que su defensa les advirtió que no era suficiente para evitar la detención.

Los testigos

Entre los testigos pendientes más aguardados figuran Paolo Rocca, CEO de Techint, y Miriam Quiroga, exsecretaria de Néstor Kirchner. Rocca presentó certificados médicos que impidieron hasta ahora su comparecencia; la defensa de Baratta insiste en su citación presencial para confrontar las versiones de Betnaza y Zabaleta.

En el caso de Quiroga, quien denunció públicamente en 2013 la supuesta circulación de bolsos con dinero, los informes médicos son contradictorios: un peritaje concluyó que puede declarar de manera remota, pero el Cuerpo Médico Forense desaconsejó su exposición. Los jueces deben resolver ambas situaciones.

En la última audiencia del jueves, el debate ingresó en el tramo de los entrecruzamientos de llamadas, con agentes de inteligencia de la Policía Federal Argentina (PFA) que declararon a puertas cerradas y sin transmisión pública por disposición del tribunal.

Además de la expresidenta Cristina Kirchner, se juzga al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, a su ex mano derecha Baratta, al exsecretario de Obra Pública José López, a los arrepentidos Uberti, Clarens y Centeno, y a los empresarios sospechados de haber pagado sobornos.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió de manera provisoria los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, la disposición que derogó la Ley de Tierras Rurales. La medida del máximo tribunal del país permanecerá vigente hasta que el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche defina la legitimación de quienes promovieron el amparo y trate su pedido de cautelar.

La decisión se dictó en la causa iniciada por la Asociación Civil Árbol de Pie, la exlegisladora rionegrina María Magdalena Odarda y representantes de las comunidades indígenas Lafkenche y Lof FVTA Anecon. El voto mayoritario fue suscripto por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. El vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, votó en disidencia parcial.

Qué se cuestiona en esta demanda

Los demandantes solicitaron que se declare la inconstitucionalidad y la “nulidad absoluta e insanable” del artículo 154 del decreto, además de la suspensión cautelar de sus efectos. Fundaron el planteo en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho a un ambiente sano y equilibrado.

La presentación sostuvo que “la derogación de la Ley de Tierras por DNU compromete este derecho fundamental y la utilización racional de los recursos naturales”, y advirtió que la norma podía incidir “negativamente en la preservación del patrimonio natural y cultural, así como en la diversidad biológica”.

El fallo mayoritario de la Corte reconstruyó el recorrido del expediente. El Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche lo remitió a la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata al advertir la existencia del caso CECIM, el Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas, que también impugnaba el artículo 154, pero con eje en el peligro para la soberanía. La Corte rechazó su demanda por entender que carecen de legitimación para litigar.

Ante esto el 30 de septiembre los impulsores de la causa en Bariloche se presentaron ante el máximo tribunal y pidieron aclarar si esa decisión los alcanzó también a ellos. Solicitaron que siga su causa, se inscriba en el Registro de Procesos Colectivos y se resuelva la medida cautelar porque su planteo era diferente al de los ex combatientes. En este punto la Corte les dio la razón: en aquel caso se aludía a la soberanía territorial, mientras que este amparo invoca la tutela específica del ambiente prevista en los artículos 41 y 43 de la Constitución.

Planteos sin respuesta

El voto mayoritario entendió que el modo en que actuaron los tribunales inferiores dejó sin respuesta los pedidos de la demanda. “El particular trámite impreso a esta causa por parte de los tribunales intervinientes ha dejado sin respuesta las peticiones formuladas en la demanda”, sostuvo.

Sobre esa base, la Corte consideró necesario dictar una medida interina para resguardar el acceso a una decisión judicial en tiempo oportuno y la protección ambiental. Citó el artículo 32 de la Ley General del Ambiente y disposiciones de la ley 26.854 sobre medidas cautelares contra el Estado.

El máximo tribunal señaló que cuenta con facultades para preservar los bienes jurídicos invocados aun cuando el expediente haya sido remitido de modo defectuoso desde instancias inferiores. También vinculó la decisión con el Acuerdo de Escazú, incorporado al derecho argentino por la ley 27.566, que exige procedimientos ambientales “efectivos, oportunos, públicos, transparentes, imparciales y sin costos prohibitivos”.

Así, en el punto 10, la mayoría resolvió suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023 hasta que el juez competente se pronuncie sobre la legitimación de todos los demandantes y examine la cautelar. La resolución no define la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras ni adelanta criterio sobre el fondo del amparo.

En el último tramo de los fundamentos, la mayoría recordó que el “primer deber” de los jueces es ser “celosos custodios de la Constitución Nacional y de las leyes”. Agregó que deben hacer efectivos los derechos y garantías constitucionales de acuerdo con las circunstancias de cada expediente.

Ese razonamiento llevó a adoptar una solución transitoria y ahora el juzgado de Bariloche deberá retomar el caso, determinar si los demandantes están habilitados para promover la acción colectiva y pronunciarse sobre la cautelar. Mientras tanto, queda sin efecto la disposición del decreto que había derogado el régimen de tierras rurales.

La disidencia de Rosenkrantz

El juez Rosenkrantz coincidió en que el expediente debía volver al juzgado federal de Bariloche, pero rechazó que la Corte dictara una cautelar o una medida interina. Según su voto, el tribunal “carece de competencia para ello” en esta etapa, ya que una decisión sin pronunciamiento previo de un tribunal inferior supondría ejercer competencia originaria fuera de los casos taxativamente previstos por el artículo 117 de la Constitución.

El juez sostuvo que los demandantes reclamaron la medida cautelar por el riesgo para “la integridad del territorio de las comunidades originarias” y no en condiciones que exige la ley 26.854 para conceder una medida contra el Estado. Por ello, consideró que no era posible otorgar ni una cautelar ni una tutela interina.

También cuestionó que se invocara la Ley General del Ambiente. Aunque esa norma habilita a los jueces a adoptar medidas precautorias sin petición de parte, afirmó que no elimina el deber de justificar los requisitos de toda cautelar. “En la demanda no hay una sola indicación que permita inferir, siquiera mínimamente, que habría un peligro ambiental grave o irreversible”, afirmó en su voto.

Para Rosenkrantz, los demandantes tampoco explicaron qué vínculo existiría entre la nacionalidad de un propietario rural y una afectación ambiental. “El simple cambio de titularidad de la tierra no es indicativo de peligro ambiental per se alguno”, expresó, y advirtió que una referencia genérica al ambiente no puede funcionar como “coartada” para disponer medidas excepcionales.

El magistrado cerró su disidencia al señalar que el malestar que pudo generar el fallo previo en la causa CECIM no habilita decisiones que la Constitución y las leyes no permiten.

Qué límites establece la Ley de Tierras Rurales

La Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales, establece restricciones para la adquisición y titularidad de campos por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.

La norma fija un tope del 15 % para la titularidad extranjera de tierras rurales, calculado tanto a nivel nacional como en cada provincia y municipio. A su vez, las personas o empresas de una misma nacionalidad no pueden concentrar más del 30 % de ese cupo.

También dispone que un mismo titular extranjero no puede poseer más de 1.000 hectáreas en la denominada zona núcleo, o su equivalente según la ubicación y la productividad del suelo. Prohibe además que extranjeros sean propietarios de predios que contengan o linden con ríos, lagos o glaciares. Para las zonas de seguridad de frontera, impone controles y autorizaciones especiales.

A los efectos de la ley, se considera extranjera a la persona que no tenga diez años de residencia permanente en la Argentina. En el caso de las sociedades, la condición se aplica cuando más del 51 % del capital social o de los derechos de voto esté en manos extranjeras.

El artículo 154 del DNU 70/2023 derogó la Ley. Sin embargo, la medida interina dictada por la Corte Suprema suspendió ahora de manera provisoria esa norma dictada en el gobierno de Javier Milei, devolvió la causa al Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche y le ordenó pronunciarse.

El juez federal Martín Cormick concedió este viernes la apelación del Estado Nacional contra el fallo que declaró inconstitucional la cláusula del decreto 759/2025 con la que el Poder Ejecutivo condicionó la puesta en marcha de la ley de Financiamiento Universitario y elevó el expediente a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

Sin embargo esa decisión no frenó las medidas de “ejecución de cumplimiento de la cautelar vigente”, que ordenó recomponer salarios docentes y becas, según decidió el magistrado, en la resolución a la que accedió Infobae.

El fallo apelado alcanzó al Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno promulgó formalmente la Ley de Financiamiento Universitario, aunque supeditó su aplicación a que el Congreso determinara las fuentes de recursos e incorporara las partidas correspondientes al Presupuesto nacional.

Gravedad institucional

La resolución judicial fue apelada por el Ministerio de Capital Humano con el patrocinio letrado del subprocurador del Tesoro de la Nación Santiago Castro Videla y se advirtió que la sentencia causa “agravios concretos y de significativa gravedad institucional, pues ordena la ejecución inmediata de la Ley 27.795 sobre la base de una interpretación arbitraria y fragmentaria del régimen presupuestario aplicable y sin dar adecuada respuesta a defensas centrales oportunamente introducidas por el Estado Nacional”.

La decisión “proyecta efectos presupuestarios de gran magnitud y compromete el equilibrio de las cuentas públicas, sin haber analizado de manera integral el bloque normativo aplicable ni las circunstancias presupuestarias vigentes al momento de sentenciar”, agregó la apelación a la que tuvo acceso Infobae.

Para el Gobierno la cuestión decisiva “no es si el Poder Ejecutivo suspendió materialmente la ejecución de la Ley 27.795 como injustificadamente plantearon las actoras y sostuvo la sentencia recurrida, sino, en cambio, si el ordenamiento vigente permitía ejecutarla sin una fuente de financiamiento específica y suficiente”.

“La sentencia no responde adecuadamente ese interrogante y reduce el análisis del régimen presupuestario a una lectura aislada e irrazonable del artículo 9° de la LFEU”, se agregó en el escrito que ahora será analizado por el Tribunal de Apelaciones del fuero.

El Decreto 759/2025 que firmó Milei “no exterioriza una voluntad de desconocer la ley insistida por el Congreso. Por el contrario, la promulga y reconoce simultáneamente la aplicación de las reglas generales de legalidad presupuestaria que condicionan la ejecución de nuevos gastos a la existencia de recursos y créditos legalmente disponibles”, argumentó la apelación.

La decisión apelada

En su fallo, el juez Cormick cuestionó la frase “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley 24.629” de Administración Financiera, incluida en el decreto con el que el Gobierno promulgó la ley 27.795. Ese punto había condicionado la aplicación de la norma a que el Congreso definiera las fuentes de recursos con las que se financiaría e incorporara las partidas correspondientes al presupuesto nacional.

El magistrado sostuvo que el decreto funcionó, en los hechos, como una herramienta para detener la vigencia efectiva de una ley que el Congreso había ratificado tras rechazar un veto presidencial. El fallo dispuso que el Ejecutivo deberá dictar las medidas reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la norma.

La decisión judicial unificó dos expedientes que tramitaban por separado. Por un lado, la acción de amparo colectiva iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a docentes y diversas instituciones académicas del país. Por el otro, la demanda promovida de forma individual por la Universidad de Buenos Aires (UBA), que describió un escenario de asfixia financiera en sus facultades, colegios preuniversitarios y centros de salud.

La Cámara Federal porteña sobreseyó por inexistencia de delito al jefe de sistemas de la droguería Suizo Argentina que había sido acusado por supuesta “desobediencia”, al negarse a habilitar el blanqueo de claves para el acceso a casillas de correo electrónico de directivos de la empresa. Fue durante un allanamiento en la causa por corrupción por la compra estatal de medicamentos de alto costo para discapacidad.

El acusado había sido indagado y se le dictó falta de mérito, una decisión que fue apelada por el fiscal federal Carlos Rívolo, quien reclamó el procesamiento, según supo Infobae en fuentes judiciales.

El fiscal apeló ante la Cámara Federal por presunta “desobediencia a un funcionario público”. Rivolo entendió que la “voluntad” de no colaborar fue “autónoma y determinante del fracaso de la medida”.

Pero al decidir sobre ese recurso, el Tribunal de Apelaciones hizo lugar a un planteo de la defensa, sobreseyó al acusado, Hernán Daniel Díaz, y lo desvinculó de la investigación por inexistencia de “dolo” en su accionar.

La opinión del abogado

En la resolución, los camaristas sostuvieron que el jefe de sistemas siguió directivas de un abogado que estaba presente en el lugar y que antes existió una “negativa de los directivos de la empresa a autorizar el acceso a sus casillas de correo electrónico” que fue “avalada y comunicada a viva voz por el letrado de la firma”, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Fue en ese contexto, interpretaron los camaristas Pablo Bertuzzi, Pablo Yadarola y Mariano Llorens, que el responsable del área de sistemas “quien no es abogado ni posee formación jurídica alguna, y cuya intervención en el procedimiento obedecía exclusivamente a sus conocimientos técnicos” decidió con la “opinión concreta y expresada públicamente por un profesional del derecho presente en el lugar, quien sostuvo que no tenía obligación de colaborar en ese punto puntual”.

Por ende lo que hizo el empleado jerárquico al “ajustar su conducta a esa indicación, proveniente de quien ejercía la asistencia letrada de la firma para la que trabajaba y que se encontraba autorizado a intervenir en el procedimiento, no constituye una decisión arbitraria, caprichosa o manifiestamente descabellada”, agregó la resolución.

La Cámara puntualizó además que la orden judicial decía “podrá” brindar colaboración y no era “una fórmula imperativa” sobre la asistencia del personal técnico, y contemplaba “expresamente un mecanismo alternativo -el secuestro de los equipos y del respaldo del servidor- para el supuesto de que no se lograra el acceso mediante el blanqueo de claves”.

El allanamiento

El episodio ocurrió el 29 de agosto de 2025 durante un allanamiento en la sede de la empresa ordenado en la causa ANDIS a pedido del fiscal que tiene delegada la investigación, Franco Picardi. Se le pidió al personal técnico de la firma que habilitara el acceso a casillas de correo institucionales con restablecimiento de contraseñas.

El jefe de sistemas de manera inicial colaboró y entregó las credenciales de administrador del servidor de la firma y la ejecución de las tareas necesarias para el secuestro de su respaldo. Pero cuando se le pidió el blanqueo de las contraseñas de los correos electrónicos institucionales de los directivos dijo que si bien podía, no iba a hacerlo porque no tenía permiso de los titulares. Ante ello el entonces juez a cargo de la causa, Sebastián Casanello, lo denunció y se abrió una investigación en otro juzgado.

El juez federal Julián Ercolini lo citó a declaración indagatoria a pedido del fiscal Rivolo y luego dictó la falta de mérito para profundizar la pesquisa con nuevas medidas de prueba que ordenó. La decisión fue apelada.

En su descargo escrito al ser indagado, el jefe de sistemas hizo hincapié en que no estaba autorizado por los dueños de los mails a revelar las claves. Argumentó que no podía ceder esa información ante la autoridad judicial, ya que su deber es guardar el secreto.

El operativo estuvo a cargo de la Superintendencia de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad, en la sede de la Droguería Suizo Argentina, ubicada en Monroe 801.

Ese día, la orden del juez federal Sebastián Casanello fue obtener una copia de los correos electrónicos institucionales que habían enviado y recibido una decena de directivos de la firma, con el objetivo de encontrar nuevas evidencias vinculadas a la investigación sobre irregularidades en la compra de medicamentos destinados a personas con discapacidad.

El 22 de septiembre pasado la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del ex titular de ANDIS Diego Spagnuolo y otros 18 acusados por presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad para la compra de medicamentos de alto costo a determinadas droguerías, con pago de sobreprecios, desde diciembre de 2023 a octubre de 2025. Los remedios se destinaban a sectores vulnerables.

En la causa hubo una segunda tanda de declaraciones indagatorias que tomó el nuevo juez del caso, el federal Ariel Lijo, cuyas situaciones procesales deben resolverse. Los directivos de la droguería Suizo Argentina están imputados pero aún no se tomó ninguna decisión sobre sus personas mientras continúa la investigación y no integran el listado de indagados.

El ex funcionario kirchnerista Roberto Baratta apeló su procesamiento por supuesto enriquecimiento ilícito, pidió que se dicte la falta de mérito y cuestionó la pericia contable que sustentó un supuesto incremento patrimonial injustificado.

El recurso fue presentado por su abogado Rodolfo Iglesias, quien solicitó a la Cámara Federal porteña que revoque el procesamiento resuelto por el juez Julián Ercolini, ordene medidas de prueba pendientes y disponga una nueva pericia. Además, planteó la nulidad de la resolución por una presunta fundamentación aparente.

El ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal y ex segundo de Julio De Vido en esa cartera quedó procesado sin prisión preventiva y se ratificó la inhibición general sobre sus bienes.

La apelación sostiene que el cálculo oficial se apoyó en premisas definidas por el juzgado y no en una reconstrucción independiente de la documentación. Según el escrito, la perito tomó como ciertos determinados valores, operaciones y personas que debían ser incluidos en el análisis.

La casa del country Mapuche

El principal planteo se concentró en el inmueble de Mapuche Country Club, cuya compra y construcción fueron atribuidas económicamente a Roberto Baratta. La defensa afirmó que ese rubro representa una suma cercana a la totalidad de los fondos que no podría justificar con sus sueldos de funcionario público, según el procesamiento.

Para la defensa, la pericia no estableció de manera autónoma el costo histórico de la construcción ni el origen de los fondos. También señala que la escritura del lote está a nombre de Marta Rosa Girola y Palmino Baratta, padres del ex funcionario, y reclama que se reconstruyan sus ingresos, depósitos bancarios, fondos laborales y haberes previsionales.

“La pericia no fue orientada a decidir entre hipótesis contrapuestas, sino a calcular una hipótesis seleccionada de antemano”, sostuvo el recurso.

Baratta ya había sido llamado a declaración indagatoria en 2021, pero ese trámite se suspendió a la espera de esta pericia contable que ahora cuestiona la defensa, que reclama hacer una nueva. En la causa hay un planteo de prescripción por el paso del tiempo pendiente de resolución.

La presentación también cuestiona la atribución de operaciones vinculadas a otros inmuebles y compraventa de vehículos. El abogado de Baratta sostuvo que se rechazaron de forma conjunta medidas de prueba de distinta naturaleza, entre ellas pedidos de información bancaria, laboral, previsional, fiscal, notarial y sucesoria. A su criterio, esas diligencias podían determinar el origen de fondos, la existencia de pasivos, la procedencia de ingresos y la trazabilidad de pagos vinculados con los bienes analizados.

La acusación

El juez Ercolini procesó a Baratta con un embargo de $1.500 millones. Lo dispuso por considerar probado, en esta etapa de la investigación, un incremento patrimonial “apreciable”, que no se correspondió con ingresos legítimos comprobables.

El núcleo central de la acusación es la casa en el Mapuche Country Club, en Pilar, ubicada en un lote comprado el 19 de septiembre de 2012 por USD 70.000, supuestamente en efectivo, y que quedó registrado a nombre de la madre de Baratta. Allí se construyó una vivienda familiar de alrededor de 380 metros cuadrados, con subsuelo, planta baja y primer piso.

El arquitecto que hizo las obras declaró que Baratta era quien le daba las indicaciones y que los pagos, calculados en aproximadamente $3,7 millones a valores de entonces, fueron realizados en efectivo por el propio ex funcionario o por su entonces secretario privado, Nelson Lazarte.

Además, el servicio de cable e internet de la propiedad estaba a nombre de Oscar Centeno, el ex chofer de Baratta. La empresa prestadora, Telered, informó que fue contratado desde enero de 2015 a nombre de “Oscar Bernardo Centeno, quien se desempeñaba como chofer de Baratta”, remarcó la resolución.

Centeno es el autor de los cuadernos donde dio cuenta de presuntas recorridas con su entonces jefe Baratta, en busca de supuestas coimas de empresarios de la obra pública en el kirchnerismo. Dos testigos de la empresa Techint declararon en el juicio oral por los cuadernos que pagaron en total un millón de dólares en coimas al ex funcionario. Durante este proceso oral, Baratta tildó de “mentiroso” a su ex chofer y además reclamó un careo con los ex directivos de Techint que lo incriminaron, que aún está pendiente.

El juicio oral por los Cuadernos de la corrupción tuvo lugar este jueves sin difusión casi por el canal de Youtube del Poder Judicial y con parte de la audiencia a puertas cerradas, en el inicio del tramo dedicado a analizar los entrecruzamientos de llamadas que se hicieron en la investigación.

El Tribunal Oral Federal 7 que juzga a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados tomó la decisión de no transmitir la audiencia por planteos de las defensas vinculados a preservar números de teléfonos de acusados y otras personas ajenas al caso. Además debido a que dos de los testigos son agentes de inteligencia de la Policía Federal se decidió también en sus casos desalojar la sala de público y escucharlos a puertas cerradas.

Se trató de dos policías que dieron detalles sobre los gráficos de frecuencia de llamadas entre acusados. También se les preguntó en relación a la cadena de custodia de la información y el funcionamiento del sistema informático con que se hizo el entrecruzamiento.

En la sala de audiencias del subsuelo de Comodoro Py 2002 permaneció el Tribunal, la querella de la Unidad de Información Financiera, la fiscalía a cargo de Fabiana León, el abogado Carlos Beraldi defensor de CFK y otros letrados defensores.

El primer testigo del día fue un subcomisario de la PFA que firmó el acta del inicio de los entrecruzamientos pero dijo no haber participado de esta tarea técnica.

Una lista que se acorta

Al inicio de la jornada se informó que la querella de la UIF desistió de 71 testigos, que se sumaron a otras decisiones similares de la fiscalía y las defensas, con lo cual se acortaría la lista de personas a escuchar y se aceleraría el desarrollo del debate oral que empezó el 6 de noviembre del año pasado y cumplió 11 meses.

El Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero, Germán Castelli y Néstor Costabel (este último como magistrado sustituto), lleva adelante el debate que se le sigue a la expresidenta por supuesta asociación ilícita y sobornos.

En las últimas semanas se mostraron por primera vez imágenes de los allanamientos a las viviendas de la familia Kirchner en Santa Cruz y en la ciudad de Buenos Aires.

El jueves de la semana pasada un comisario que estuvo al frente de allanamientos a las casas de Cristina Kirchner en las ciudades santacruceñas de Río Gallegos y Calafate ratificó que en la vivienda de esta última localidad turística se halló un cuarto que parecía ser una bóveda y hubo que llamar a Gendarmería para que colaborase en su apertura con herramientas especiales.

Durante la declaración del comisario retirado Adrián Lotocki se exhibieron por primera vez los videos y fotos tomadas durante esos procedimientos por orden del fallecido juez de la causa, Claudio Bonadio.

El juicio comenzó el 6 de noviembre y se juzga la supuesta existencia de una asociación ilícita, que recaudaba sobornos por parte de empresarios vinculados a la obra y servicios públicos entre 2003 y 2015, durante los gobiernos kirchneristas, para adjudicarse contrataciones.

La querella en la causa que investiga en Argentina a Nicolás Maduro y a los principales jerarcas de su gobierno en Venezuela por delitos de lesa humanidad cometidos en ese país pidió a la Cámara Federal de Casación Penal que la investigación siga adelante en base al principio de jurisdicción universal. También solicitó que se rechacen planteos de uno de los acusados, el excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana Justo José Noguera Pietri.

En una audiencia oral realizada este miércoles en los tribunales federales de Retiro, el abogado Tomás Farini Duggan solicitó a los camaristas Carlos Mahiques, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci que confirmen el rechazo a eximir de prisión al acusado y descarten el planteo de nulidad de la causa que se sigue en Argentina. Tras escuchar los argumentos, los jueces quedaron en condiciones de resolver.

Jurisdicción universal

En su presentación, Farini Duggan sostuvo que la causa argentina puede avanzar bajo el principio de jurisdicción universal, ante la comisión sistemática de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y citó informes de organismos internacionales y ONG sobre asesinatos, presos políticos, persecuciones y desplazamientos forzados.

También descartó que exista una violación al principio de doble juzgamiento por una investigación abierta en la Corte Penal Internacional. Según la querella, las certificaciones remitidas por la Fiscalía de la CPI indican que las personas y los hechos examinados en La Haya son distintos de los investigados en Argentina. Bajo esa interpretación, Noguera Pietri no estaría alcanzado por la pesquisa internacional y no habría identidad de persona, objeto ni causa que configure una doble persecución penal.

Respecto de la eximición de prisión, la querella afirmó que subsisten riesgos de fuga y de entorpecimiento. Señaló que el imputado permanece en Venezuela, no se habría puesto a disposición de la Justicia argentina y tendría vínculos que podrían afectar la producción de prueba o la seguridad de testigos y víctimas.

Farini Duggan invocó la gravedad de los delitos y pidió rechazar cualquier “alegación de inmunidad personal o funcional” por parte de Noguera Pietri quien “no fue jefe de Estado, jefe de Gobierno ni ministro de Relaciones Exteriores, únicos cargos alcanzados por la inmunidad personal durante el ejercicio de sus funciones”, remarcó.

El abogado de la querella sostuvo que los crímenes de lesa humanidad “no pueden considerarse actos estatales legítimos amparados por inmunidad funcional y que, en todo caso, ese privilegio corresponde al Estado y no al imputado en forma individual”.

Los acusados

La causa tiene como imputados al expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro -preso en Estados Unidos- su ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y otros 14 funcionarios de ese país, entre los que se incluyen mandos de la Guardia Nacional Bolivariana, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

El juez federal Sebastián Ramos requirió la extradición de Maduro a los Estados Unidos, con el objetivo de trasladarlo a la Argentina para someterlo a declaración indagatoria. El exmandatario venezolano se encuentra detenido en Nueva York, donde enfrenta un juicio por narcoterrorismo.

La querella Foros por la Democracia FADER y FADD pidió así rechazar la queja que presentó la defensa de Noguera Pietri, a cargo del abogado Fernando Sicilia, quien solicitó que se evalúe si los jueces argentinos pueden investigar al acusado.

Entre las víctimas que representa la querella figuran dirigentes políticos, periodistas, estudiantes, manifestantes, personas que expresaron críticas en redes sociales y militares considerados opositores. En esa nómina está incluido el gendarme Nahuel Gallo, quien se presentó en el caso, tras denunciar torturas físicas y psicológicas durante su cautiverio de 448 días, en uno de los centros clandestinos de detención venezolanos.

El juez federal Julián Ercolini procesó al exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta por presunto enriquecimiento ilícito con un embargo de $1.500 millones. Lo dispuso por considerar probado, en esta etapa de la investigación, un incremento patrimonial “apreciable”, que no se correspondió con ingresos legítimos comprobables.

El exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal y ex segundo de Julio De Vido en esa cartera quedó procesado sin prisión preventiva y se ratificó la inhibición general sobre sus bienes.

La resolución consideró que existe, con el grado de probabilidad requerido para esta etapa de la investigación, un presunto desfasaje entre ingresos legítimos comprobables y sus gastos durante su paso por la función pública, en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

La casa en el Mapuche Country Club

El núcleo central de la acusación es una casa en el Mapuche Country Club, en Pilar, ubicada en un lote comprado el 19 de septiembre de 2012 por USD 70.000, supuestamente en efectivo, y que quedó registrado a nombre de la madre de Baratta. Allí se construyó una vivienda familiar de alrededor de 380 metros cuadrados, con subsuelo, planta baja y primer piso.

El arquitecto que hizo las obras declaró que Baratta era quien le daba las indicaciones y que los pagos, calculados en aproximadamente $3,7 millones a valores de entonces, fueron realizados en efectivo por el propio exfuncionario o por su entonces secretario privado, Nelson Lazarte.

Baratta y su esposa reconocieron en sus declaraciones juradas aportes a esa construcción por unos $604.546, cifra que el juez consideró insuficiente frente al costo total informado por el arquitecto, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

El cable e internet, a nombre del exchofer Centeno

Según se estableció en la investigación, las facturas de la obra estaban emitidas a nombre de Baratta, su grupo familiar usaba el inmueble, y las expensas, impuestos y otros gastos del country se vinculaban con él y con su esposa. La cuenta del club, aunque estaba a nombre de su madre, registraba egresos a nombre de Baratta.

Además, el servicio de cable e internet de la propiedad estaba a nombre de Oscar Centeno, el exchofer de Baratta. La empresa prestadora, Telered, informó que fue contratado desde enero de 2015 a nombre de “Oscar Bernardo Centeno, quien se desempeñaba como chofer de Baratta”, remarcó la resolución.

Centeno es el autor de los cuadernos donde dio cuenta de presuntas recorridas con su entonces jefe Baratta, en busca de supuestas coimas de empresarios de la obra pública en el kirchnerismo. Ambos son juzgados por esta acusación en la actualidad y el exremisero es arrepentido. Durante este proceso oral, Baratta lo tildó de “mentiroso” al rechazar las acusaciones.

Entre otras pruebas para procesar al exfuncionario por supuesto enriquecimiento ilícito, el juez tomó como indicio adicional una oferta de donación a favor de Baratta por parte de su madre, instrumentada en 2013, y la declaración de la expareja de Centeno, Hilda Horovitz, quien se refirió al inmueble como “la casa de Baratta en Mapuche” y proporcionó de manera correcta el nombre de pila del arquitecto que hizo las refacciones.

La defensa afirmó que el lote y la vivienda fueron comprados y construidos por los padres de Baratta, con fondos de una indemnización de su padre, un plazo fijo, ahorros y otros recursos familiares. Pero el juez sostuvo que no se acreditó el recorrido de ese dinero hasta la operación y que la prueba indica que la madre habría actuado como persona interpuesta para disimular la verdadera disponibilidad económica de Baratta sobre el inmueble.

La acusación incluyó un departamento, cochera y baulera en José Hernández 2043/45, adquiridos en 2010, una baulera y cochera adicionales en el mismo edificio, compradas en 2014 y 2015, y dos departamentos y cocheras en Thames 674/76, comprados a nombre de la pareja del entonces funcionario. También tres vehículos y el dinero secuestrado en un allanamiento.

Defensa y prescripción

Al ser indagado en Comodoro Py 2002, Baratta rechazó las acusaciones, sostuvo que los bienes estaban respaldados por sus ingresos, los de su esposa y fondos de sus padres.

Respecto de Mapuche, afirmó que el lote y la vivienda fueron adquiridos por sus padres como un proyecto de casa de fin de semana para toda la familia y por eso él intervino activamente en la supervisión de la construcción. También alegó que las unidades de Thames se financiaron con la actividad comercial y una herencia de su pareja, y que los vehículos fueron adquiridos con ingresos propios y la venta de autos anteriores.

Además, la defensa planteó la nulidad de la citación a indagatoria porque hay pendiente un recurso en la Corte Suprema de Justicia donde se planteó que la causa debe cerrarse por prescripción, a raíz del paso del tiempo.

El juez consideró que varias de esas fuentes existieron, pero señaló que no se acreditó de manera suficiente su trazabilidad ni su aplicación concreta a las operaciones cuestionadas. La prueba reunida durante la investigación “permite verificar un incremento patrimonial apreciable no correspondido con los ingresos legítimos comprobables”, se concluyó en el procesamiento que podrá ser apelado ante la Cámara Federal porteña.

“El requerimiento de justificación y la declaración indagatoria brindaron al imputado la oportunidad de aportar una explicación acerca de ese cuadro. Esa explicación fue ampliamente ejercida, acompañada de documentación y sometida a examen técnico, pero no incorporó elementos capaces de remover, en lo sustancial, el desfasaje previamente evidenciado”, se advirtió.

Con elementos de prueba valorados de manera conjunta como “el resultado de la reconstrucción patrimonial, la evolución temporal de los déficits, las operaciones concretamente verificadas, la modalidad de los desembolsos, la utilización de familiares en determinadas adquisiciones, la prueba testimonial y documental vinculada con el inmueble de Mapuche y las explicaciones y objeciones formuladas por la defensa, se encuentra reunido el grado de probabilidad necesario para tener por acreditado, en esta etapa, el enriquecimiento patrimonial apreciable e injustificado atribuido a Roberto Baratta”, concluyó el juez.

La investigación se lleva en el juzgado federal 12 de Comodoro Py 2002, que está vacante y es subrogado por el juez Ercolini con intervención de la fiscal federal Alejandra Mángano. Se abrió en 2017 y la Cámara Federal de Casación rechazó un planteo de prescripción, que ahora está a estudio de la Corte.

Baratta fue subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal entre 2003 y 2015 y había sido convocado por primera vez a indagatoria en esta causa en 2021, por el juez que por entonces estaba a cargo del juzgado federal 12, Ariel Lijo. El trámite no se concretó en ese momento porque faltaba la pericia contable que se dispuso a pedido de la defensa luego de que el exfuncionario presentó su justificación patrimonial.

La Corte Suprema deberá resolver sobre la validez del DNU 366/2025, que trasladó la competencia para otorgar la ciudadanía argentina desde la Justicia a la Dirección Nacional de Migraciones, y fue declarado nulo por la Cámara Nacional Electoral en junio pasado.

Este último tribunal concedió el 24 de septiembre último el recurso extraordinario presentado por el Ministerio de Seguridad Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones contra la sentencia que declaró nulo el decreto de necesidad y urgencia. El expediente ya ingresó a estudio a una secretaría del máximo tribunal del país, según supo Infobae en fuentes judiciales.

En la apelación del Gobierno de Javier Milei se sostuvo que la sentencia de la CNE fue “arbitraria” y que el caso “reviste una gravedad institucional manifiesta”, según el texto al que accedió Infobae.

El conflicto se originó en la causa “Yang, Liping s/Nacionalidad y Ciudadanía”, iniciada por un comerciante chino en Entre Ríos, que solicitó su carta de ciudadanía y obtuvo en primera instancia un rechazo bajo el nuevo régimen instaurado por el decreto. La CNE revirtió esa decisión y declaró la nulidad del DNU 366/2025, firmado el 28 de mayo de 2025, por considerar que fue dictado en exceso de las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo Nacional.

Este conflicto se suma al planteo sobre la Ley de Tierras, también bajo estudio de la Corte por la presentación de una asociación ambientalista.

El DNU migratorio

La Cámara Nacional Electoral declaró nulo el decreto en junio pasado por regular aspectos directamente vinculados con la adquisición de derechos políticos. Sobre esa base, aplicó el artículo 99, inciso 3° de la Constitución Nacional, que prohíbe al Poder Ejecutivo emitir decretos de necesidad y urgencia en esa materia “bajo pena de nulidad absoluta e insanable”. También recordó que el artículo 76 de la Carta Magna prohíbe la delegación legislativa en el Ejecutivo.

Además, la CNE señaló que el gobierno no acreditó las razones de “rigurosa excepcionalidad y urgencia” que la Constitución exige como condición para recurrir a este tipo de normas: la imposibilidad de seguir el trámite legislativo ordinario. Sin ese presupuesto, el decreto carecía de sustento constitucional válido.

Frente a ese fallo, el Ministerio de Seguridad Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones interpusieron el recurso extraordinario que fue concedido el 24 de septiembre pasado y ya está en la Corte.

El máximo tribunal con competencia electoral del país admitió la existencia de una cuestión federal —la interpretación de normas de esa naturaleza— y abrió el camino a la Corte, pero rechazó el planteo de arbitrariedad, al señalar que la sentencia cuestionada cuenta con fundamentos suficientes que impiden descalificarla como acto jurisdiccional válido. En cuanto al planteo de gravedad institucional, la Cámara precisó que su evaluación corresponde exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El DNU 366/2025 transfirió a la DNM la competencia para tramitar y otorgar cartas de ciudadanía, función que hasta entonces correspondía a los jueces federales con competencia electoral. La norma también introdujo modificaciones al régimen de recursos en materia migratoria y estableció que el recurso judicial directo debe presentarse ante las cámaras de apelaciones del fuero que corresponda y no ante los juzgados de primera instancia.

La Justicia de Lomas de Zamora pidió informes a organismos públicos y bancos privados sobre movimientos financieros del dueño de Sur Finanzas Ariel Vallejo, el financista ligado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y otros investigados por presunto lavado de activos, evasión y defraudación.

Las medidas se sumaron a la prohibición que se impuso a Vallejo para prestar servicios financieros y la orden para que su flota de vehículos, entre ellos una Ferrari descapotable negra, motos, tres camiones de caudales y otros autos de alta gama sean entregados en custodia provisoria para uso con fines sociales o de interés público a la Corte Suprema de Justicia, como informó Infobae el lunes último.

En el caso de la Ferrari, era el vehículo personal de Vallejo y se encontró en un garaje de un edificio de Puerto Madero, tapado con una cubierta y sin chapas patente. El vehículo, valuado en aproximadamente USD 320.000, había sido transferido a nombre de una jubilada de 73 años.

La ruta del dinero

El juez federal de Lomas de Zamora Tomás Rodríguez Ponte dispuso las nuevas pruebas en la causa que investiga a Vallejo, junto a ex dirigentes del club Banfield y allegados por presunto " lavado de activos agravado, evasión tributaria y defraudación por administración fraudulenta" con el objetivo de “establecer la trazabilidad del dinero y la reconstrucción analítica de los flujos financieros”, explicó en la resolución a la que accedió Infobae.

Entre las medidas se dispuso comunicar a Binance Latinoamérica la prohibición de innovar e inmovilización de cuentas bancarias y billeteras virtuales del dueño de Sur Finanzas.

Al Banco Central se pidieron informes sobre las entidades financieras, cambiarias y proveedores de servicios de pago en las que registren o hayan registrado operatoria desde 2018, con fecha de alta, fecha de baja y sucursal en relación a las personas físicas y sociedades que están en la mira de la Justicia: entre ellas familiares y socios de Vallejo y Centro de Inversiones Concordia SRL.

El pedido de informes incluye desde 2019 a ex dirigentes de Banfield como Eduardo y Federico Spinosa y Oscar Tucker, al Club Atlético Banfield como Asociación Civil, al Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña y Banfileños S.A.

El juzgado requirió datos sobre operaciones de compra y venta de moneda extranjera -fecha, entidad interviniente, moneda, monto, concepto y beneficiario o contraparte en el exterior-, desde 2018 de Ariel Vallejo, su madre, socios, Sur Finanzas Group S.A. y Sur Finanzas PSP S.A, Sur Valores SA y Sur Crypto SA, entre otras.

Entre las 41 medidas figura la tasación de una propiedad de Sur Finanzas en Adrogué para comparar el precio que figura en la operación con el valor real de mercado. Se solicitó a ARBA las valuaciones fiscales históricas y actuales del inmueble, y a ARCA la documentación COTI de esa operación.

Qué se investiga

Se investiga una presunta asociación ilícita, cobro de tasas usurarias, lavado de activos y administración fraudulenta en perjuicio del Club Atlético Banfield.

Los imputados ya fueron indagados por el anterior juez del caso, el subrogante de Lomas de Zamora Luis Armella, y negaron las acusaciones. En el caso de los ex dirigentes de Banfield se les dictó la falta de mérito.

La causa gira en torno a contratos de mutuo celebrados en julio y octubre de 2023 con Sur Finanzas Group S.A., por los que Banfield se comprometió a devolver en menos de seis meses un total de USD 1.150.000, de los cuales USD 150.000 correspondían a intereses. Al ser indagado por el anterior juez del caso, Vallejo proclamó su inocencia y dijo que su empresa era “sponsor” del club de fútbol.

La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires reiteró que es inconstitucional el tope de 50 años de edad para postularse a cargos titulares en la docencia y advirtió que pese a sus numerosos fallos al respecto todavía no se debatió ni decidió sobre la derogación de ese artículo del Estatuto docente bonaerense.

Esta situación deriva en que cada vez que se genera este problema cada docente debe iniciar una causa judicial y una vez obtenido un fallo favorable, pagar su parte de los gastos del juicio.

Ante ello el máximo tribunal bonaerense exhortó “al Poder Ejecutivo y a la Legislatura provincial a que, dentro de un plazo razonable, propongan a debate y decidan sobre la revisión o derogación del artículo de la ley 10.579 declarado inconstitucional en este pronunciamiento”, según la sentencia a la que accedió Infobae.

La maestra paga los gastos

En el caso puntual se volvió a declarar inconstitucional la norma y se habilitó a una maestra de Lomas de Zamora a presentarse por la titularidad de un cargo a los 54 años. La docente ya tenía una medida cautelar dictada a su favor y ahora la Suprema Corte falló sobre el fondo de la cuestión.

El Gobierno bonaerense demandado se allanó a la pretensión de la maestra, como ya hizo en anteriores ocasiones pero pese a ello por mayoría la Suprema Corte dispuso que cada parte pague sus gastos de juicio.

En este aspecto el juez Sergio Torres votó en disidencia y entendió que las costas debían imponerse a la parte demandada porque “ha omitido adoptar, desde que el precepto legal fuera declarado inconstitucional, las medidas tendientes a remover el obstáculo legal que obligó” a la docente a ir a la Justicia.

Un límite “incompatible con la dignidad”

El máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires advirtió en la sentencia que pese al tiempo transcurrido desde que se declaró por primera vez la inconstitucionalidad de ese artículo de la Ley, un criterio que se reiteró en numerosas causas iguales, “hasta el momento ni el Poder Ejecutivo como tampoco la Legislatura han propiciado la modificación o derogación del precepto tantas veces fulminado”.

Por eso se exhortó a ambos poderes “a que, dentro de un plazo razonable, propongan a debate y decidan sobre la revisión o derogación del art. 57 inc. “e” de la ley 10.579, toda vez que contiene una limitación incompatible con la dignidad y la igualdad de trato que la Constitución garantiza”.

Edad e idoneidad

La docente explicó en la demanda que se le negó la inscripción en el listado oficial para el ingreso a la docencia porque tiene más de 50 años y pidió que se condene a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, a que se abstenga “de realizar cualquier medida que pudiera privarla de ser incluida, por razones de edad, en los listados oficiales de ingreso a la docencia para el año 2026 y siguientes, en todos los cargos que su título habilite en la jurisdicción antes mencionada”

En la presentación judicial explicó que es maestra de grado en una escuela primaria de Lomas de Zamora desde 2011 y que cuando intentó inscribirse en el listado oficial del ciclo lectivo 2026, se le negó dicha posibilidad por ser mayor de 50 años.

Ese límite “lesiona derechos y garantías reconocidos en las constituciones nacional y provincial, tales como el principio de razonabilidad, el derecho a no ser discriminada, a trabajar y a enseñar”, argumentó.

La Suprema Corte volvió a advertir que la norma propicia una “desigualdad de trato” y “no guarda adecuada proporción con la necesidad de asegurar los fines que la educación pública persigue, pues la edad no revela por sí sola la falta de idoneidad para acceder al ejercicio de la docencia en los niveles referidos, ni autoriza a presumir que resultará un obstáculo para la consecución de aquellos fines”.

“La desigualdad proviene de la norma que, en forma arbitraria, fijó una línea que divide a quienes tienen más o menos de cincuenta años”, concluyó la sentencia firmada por la Suprema Corte integrada por la jueza Hilda Kogan y los jueces Sergio Torres, Eduardo Kohan (presidente del Tribunal de Casación Penal) y Daniel Soria.

El juez federal de Lomas de Zamora Tomás Rodríguez Ponte prohibió este lunes al titular de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, prestar servicios financieros y ordenó que su flota de vehículos, entre ellos una Ferrari descapotable negra, motos, tres camiones de caudales y otros autos de alta gama, sean entregados a la Corte Suprema de Justicia.

En el caso de la Ferrari, era el vehículo personal de Vallejo y se encontró en un garaje de un edificio de Puerto Madero, tapado con una cubierta y sin chapas patente. El vehículo, valuado en aproximadamente USD 320.000, había sido transferido a nombre de una jubilada de 73 años. La fiscal del caso, Cecilia Incardona había solicitado su secuestro.

El juez instrumentó una batería de nuevas pruebas en la investigación por supuesto lavado de activos y otros delitos en Sur Finanzas, la financiera de Vallejo, vinculado al presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Se investiga una presunta asociación ilícita, cobro de tasas usurarias, lavado de activos y administración fraudulenta en perjuicio del Club Atlético Banfield.

La flota de autos va a la Corte

Rodríguez Ponte dejó sin efecto la entrega en depósito judicial al acusado de 13 vehículos y se le dio un plazo de tres días para ponerlos a disposición del juzgado a través de la Policía Federal. Estos rodados sumados a otros que ya estaban secuestrados serán puestos a disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para su eventual asignación provisoria.

El listado incluye cuatro camionetas Toyota, tres Audi y la Ferrari descapotable. En total son 24 vehículos.

“Habré de poner a disposición del máximo tribunal los vehículos que se encuentran a la fecha incautados, procediendo de similar manera respecto de los cuales deben ser puestos a disposición de esta sede, una vez que se efectivice la medida”, decidió el juez.

Los bienes pueden ser asignados de manera provisoria a la Corte para que cumplan una utilidad social en diferentes áreas de la Justicia u organismos de seguridad, algo que es decisión del máximo tribunal del país.

Prohibición de prestar servicios

A Vallejo se le prohibió como medida cautelar prestar servicios financieros “por sí o por interpósita persona”, inscribirse, constituir, integrar o participar como socio, accionista, director, administrador, apoderado o empleado en entidades financieras y se ordenó comunicar la decisión a la Comisión Nacional de Valores.

“Las maniobras que se investigan habrían requerido la utilización, o el control, de estructura de prestación de servicios financieros. Ese tipo de estructura puede reconstituirse con rapidez bajo otra denominación, mediante otra persona jurídica o a través de terceros”, explicó el juez.

A ello “se suma que los servicios con activos virtuales permiten transferir valores de manera casi instantánea, sin intermediación bancaria tradicional y con escasa trazabilidad. Si Maximiliano Ariel Vallejo conserva la posibilidad de prestar servicios financieros, o de integrar entidades que los presten, subsiste el riesgo concreto de que se reiteren las operaciones aquí investigadas”, advirtió.

Las maniobras de lavado de activos habrían sido canalizadas por “sumas multimillonarias” a través de la billetera virtual que manejaba Sur Finanzas.

Las medidas de prueba

Entre las 41 medidas que dispuso el juzgado figura la tasación de la sede de Sur Finanzas en Adrogué para comparar el precio que figura en la operación con el valor real de mercado. Se solicitó a ARBA las valuaciones fiscales históricas y actuales del inmueble, y a ARCA la documentación COTI de esa operación.

Además se exigió concretar el congelamiento y la inmovilización de fondos vinculados a Sur Finanzas PSP, Sur Finanzas Group y personas investigadas.

El juez también requirió al Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense que informe, con carácter urgente, bienes registrables de numerosas personas físicas y jurídicas, incluidos ex dirigentes de Banfield, Sur Finanzas, clubes y otras sociedades. Se pidió información de automotores, prendas e inmuebles a organismos registrales.

Los imputados ya fueron indagados por el anterior juez del caso, el subrogante de Lomas de Zamora Luis Armella, y negaron las acusaciones. En el caso de los ex dirigentes de Banfield se les dictó la falta de mérito.

El fiscal federal Guillermo Marijuán pidió este martes que se cite a declaración indagatoria por presunto “peculado” al ex diputado kirchnerista Emiliano Estrada, acusado de montar una usina de “fake news” con fondos del Congreso Nacional.

En un dictamen entregado al juez federal Sebastián Casanello a cargo de la causa penal, el fiscal reclamó indagar al salteño Estrada por “haber utilizado trabajos o servicios pagados por la administración pública en provecho propio”, según el texto al que accedió Infobae.

En concreto se lo denunció por el trabajo que hicieron dos asesores pagados con fondos del Congreso cuando era Diputado nacional. “Dichas tareas implicaban la confección y difusión de videos falsos, de manera clandestina y amparado en el anonimato de las redes sociales, suceso que encuadraría “prima facie” en el delito de peculado de trabajo y servicios", concluyó la fiscalía.

Cuando culminó su mandato y ya fuera de la función pública, el dirigente salteño y economista fue uno de los nueve profesionales que visitó a la detenida ex presidenta Cristina Kirchner en San José 1111, reunión que le valió a la expresidenta un endurecimiento en las condiciones de su prisión domiciliaria.

Tik Tok con dinero público

En sus comienzos la investigación se llevó en Salta pero la Cámara Federal porteña ordenó luego el pase a Comodoro Py 2002 ante el origen de los fondos públicos involucrados y el lugar donde se habría montado la usina de desinformación, las oficinas de Estrada en Diputados.

El origen del caso se remonta al 16 de enero de 2025, cuando se presentó una denuncia formal contra el legislador por la provincia de Salta. La acusación central sostuvo que el funcionario empleó fondos estatales para financiar la creación de cuentas anónimas en redes sociales, específicamente en la plataforma TikTok. Según el texto de la denuncia, estas maniobras tuvieron como objetivo realizar “operaciones difamatorias” mediante la publicación de información falsa dirigida contra funcionarios, empresarios y periodistas.

El contenido, principalmente, vinculaba al gobierno salteño con el narcotráfico. La Fiscalía Federal de Salta, a cargo de Carlos Amad, sostuvo que esta maniobra buscó intimidar a la población o manipular la opinión pública, lo que el dirigente kirchnerista habría usado para su beneficio político.

Los dos colaboradores que manejaban las cuentas admitieron ante la Justicia el trabajo que hacían contratados por el entonces Diputado salteño.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó condenas impuestas por el colapso de Bolsafe Valores y BV Emprendimientos en Santa Fe, una causa que tuvo 459 personas físicas y jurídicas damnificadas por la pérdida de dinero y títulos valores.

Por mayoría, la Sala I del máximo tribunal penal federal del país rechazó el recurso del principal responsable, Mario José Enrique Rossini, y mantuvo la pena de 15 años de prisión que le impuso un Tribunal Oral en esa provincia, en agosto de 2022.

Rossini fue condenado como autor de 459 hechos de administración fraudulenta, captación de ahorro público sin autorización, agravado por la utilización de medios masivos de difusión. Además de la pena de prisión, se mantuvo la inhabilitación especial por seis años y una multa equivalente a tres veces el monto de las operaciones realizadas.

La sentencia valoró la publicidad que Rossini realizaba en radio, televisión y medios gráficos. Según la causa, esa exposición contribuía a generar confianza entre personas que llevaban sus ahorros a Bolsafe por la imagen pública de su presidente.

El fallo de los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques, también ratificó las condenas a otros dos acusados: Omar Santos Francisco Rossini, sentenciado a tres años y seis meses de prisión, y la contadora y ex vicepresidenta de la sociedad, María Mercedes Leiva, quien recibió tres años de prisión en suspenso.

Acción fría y calculada

Según la reconstrucción judicial de los hechos, Mario Rossini utilizó el prestigio, la estructura y la publicidad de Bolsafe Valores S.A. para atraer a ahorristas e inversores. Después, las operaciones se canalizaban mediante BV Emprendimientos S.A., una firma que no estaba autorizada para operar como agente bursátil.

La prueba permitió acreditar “la existencia de un plan delictivo llevado a cabo por Mario Rossini”, que aprovechó la cartera de clientes de la sociedad de bolsa para desapoderar de títulos y valores a numerosos inversores, consideró en su voto el juez Barroetaveña.

“El diversificado despliegue fraudulento de que hizo gala se exterioriza como una acción fría, calculada evolutivamente con precisión, premeditada no solo para cometerla sino también para sostenerla en el tiempo y evitar su descubrimiento”, agregó según la resolución a la que accedió Infobae.

La sentencia sostuvo que Bolsafe y BV Emprendimientos actuaban como una misma estructura comercial. Según el fallo, Bolsafe funcionaba como una “pantalla” para captar clientes, que luego eran derivados a BV Emprendimientos para realizar operaciones de alquiler de títulos.

La maniobra tuvo tres modalidades principales. La primera consistía en contratos de “alquiler” de títulos valores. Los clientes entregaban bonos, acciones u otros papeles a cambio de una renta mensual, pero la Justicia entendió que no recibían información suficiente sobre las consecuencias de esa operación. Para los jueces, el llamado alquiler implicaba que los inversores perdían la titularidad de sus títulos. La sentencia sostuvo que “efectivamente el inversor cedía la titularidad de los cartulares” a BV Emprendimientos y que, al pedir la restitución o “desalquiler”, pasaba a depender de que la firma reconociera esa solicitud.

La segunda modalidad abarcó transferencias de títulos desde cuentas de clientes de Bolsafe hacia BV Emprendimientos sin que mediara un contrato de alquiler ni una autorización de los titulares. El fallo indicó que, en esos casos, los valores quedaban “a disposición libre y plena” de Rossini.

La tercera modalidad incluyó casos en los que los inversores no habían firmado contratos de alquiler ni tenían vínculo con BV Emprendimientos, pero al cierre de Bolsafe ya no encontraban los títulos que creían haber adquirido o no podían recuperar los saldos de dinero de sus cuentas.

La Cámara consideró que “directamente y sin consentimiento ni conocimiento de sus propietarios, los títulos eran transferidos a BV Emprendimientos SA”. También dio por probado que uns parte de esos valores fue luego liquidada mediante cuentas de otras empresas bursátiles.

Las empleadas

La resolución también rechazó el recurso de la querella contra las absoluciones de cinco empleadas. Los jueces entendieron que no se acreditó una participación dolosa de las trabajadoras. Valoraron que cumplían funciones administrativas, recibían directivas y no tenían facultades para ordenar transferencias, librar cheques o disponer de fondos y títulos de los clientes.

“No puede sostenerse una postura acusatoria contra un puñado de mujeres con sueldo y régimen de empleadas de comercio, con horarios fijos y órdenes precisas y limitadas”, sostuvo Casación.

Durante el juicio oral, la fiscalía no acusó a las empleadas porque concluyó que el principal acusado las usó como “se aprovechó de sus vulnerabilidades, en algunos casos de sus inexperiencias, de la juventud de alguna de ellas y en un contexto laboral en el que él mandaba y todas las mujeres obedecían”, por lo que consideró que estos hechos constituían un acto de violencia de género en forma de violencia laboral.

Un “cri” para reclamar una firma pendiente, conversaciones sobre el depósito de San Fernando, referencias a dejar dinero para “los muchachos” y mensajes por USD 6.000 destinados a “Gerardo” integran las comunicaciones que la Fiscalía incorporó como nueva prueba en sustento del pedido de procesamiento, en la causa por las contrataciones de ARSAT con Argentina Logistic Services S.A. (ALS).

Se investigan contratos de fletes, transporte, grúas, depósito y servicios asociados a un predio en San Fernando otorgados entre diciembre de 2020 y diciembre de 2024. La Fiscalía Federal de San Isidro y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas sostienen que la firma privada habría sido favorecida mediante un acuerdo con funcionarios de la empresa estatal para la renta del lugar donde se almacenaron equipos de alto costo de la empresa de telecomunicaciones estatal, hasta que un robo derivó en una megacausa por supuesta corrupción.

Se guardaban en contenedores tecnológicos (shelters) usados para la conectividad de la Red Federal de Fibra Óptica y eran considerados bienes “estratégicos” para el desarrollo de proyectos de infraestructura de telecomunicaciones.

La fiscalía pidió procesar a todos los acusados y en el caso puntual del ex titular de ARSAT Facundo Leal, reclamó que la medida sea con prisión preventiva.

La acusación reúne mensajes, listados de llamadas, registros de antenas, documentación administrativa y declaraciones testimoniales. El planteo fiscal es que esas piezas deben ser leídas de manera conjunta y no como episodios aislados.

El “cri” y una firma de “Facu”

El 20 de octubre de 2021, según surge de las comunicaciones citadas en el pedido de procesamiento, Diego Padilla, directivo de ALS, le envió al entonces funcionario de ARSAT Gerardo Boschin un mensaje breve: “cri”.

La Fiscalía interpretó esa expresión como un reclamo por el paso del tiempo sin avances en la contratación del galpón. Boschin respondió: “Perdón, estaba con gente. Está a la firma de Facu. Ya lo veo con él y te aviso”. Para la acusación, la referencia a “Facu” alude a Facundo Leal, el por entonces director de ARSAT y además -remarcó el fiscal federal Fernando Domínguez- a cargo del área de “Compliance” de la empresa. En allanamientos a sus domicilios en el barrio porteño de Palermo y en Mendoza se secuestró droga y USD 2,4 millones en efectivo. Al ser indagado por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli negó todas las acusaciones.

Boschin, por su parte, se desempeñó como subgerente de Compras y Contrataciones de la empresa estatal desde el 28 de febrero de 2020. En septiembre de 2022 asumió como gerente de Compras y Contrataciones y, en 2024, pasó a la Gerencia de Administración y Finanzas. El funcionario se presentó a declaración indagatoria, pero no brindó explicaciones sobre el fondo de los hechos imputados. Su defensa indicó que no había tenido acceso a la totalidad de la prueba incorporada en el expediente.

Una reunión en Nordelta y el “tema depósito”

La Fiscalía también reconstruyó una comunicación del 27 de abril de 2021 en la que Boschin le propuso a Padilla reunirse en un bar de Nordelta. Dos días después, el 29 de abril, Padilla le escribió a su socio de ALS, Fernando Paredes: “Cerrado tema depósito. Avancemos a full. Tendríamos que hacer un contrato entre ALS y ARSAT, ¿no? ¿Se lo tendrías que pedir?”.

Para los fiscales, el mensaje es relevante porque fue enviado antes de la formalización del procedimiento que concluyó con la contratación del predio de San Fernando. La hipótesis es que la decisión de favorecer a ALS ya se encontraba en marcha y que el trámite administrativo sirvió para instrumentarla.

Los empresarios Padilla y Paredes en sus descargos, sostuvieron que ALS buscaba desde 2020 un predio propio por motivos operativos y comerciales. También afirmaron que la posterior necesidad de ARSAT coincidió con ese proyecto, sin que ello demostrara un conocimiento anticipado de la contratación.

“Que quede algo para los muchachos”

Otro de los mensajes citados por la Fiscalía fue enviado el 21 de diciembre de 2020. Después de una reunión presencial en ARSAT, Padilla le escribió a Sofía Varela Vizgarra, empleada de ALS: “Estoy en ARSAT. Viene todo perfecto... Tenemos que hacer un par de cosas para que quede algo para los muchachos”.

La acusación encuadra ese diálogo dentro de su hipótesis sobre la existencia de pagos indebidos y retornos vinculados con los contratos otorgados a ALS. Según el pedido de procesamiento, parte de los fondos abonados por la empresa estatal habría sido utilizada para beneficiar a funcionarios y al intermediario Santiago Pando.

Varela Vizgarra negó conocer entregas de dinero o retornos. Afirmó que cumplía tareas operativas y administrativas, que no definía contrataciones ni precios y que tampoco manejaba fondos de la sociedad.

USD 6.000 para “Gerardo” tras pagos de ARSAT

Una de las comunicaciones centrales de la acusación está fechada el 16 de mayo de 2022. Poco antes, ARSAT había cancelado facturas por diferentes conceptos asociados al depósito de San Fernando.

En ese contexto, Paredes le escribió a Padilla: “Hoy vimos todo con Sofi. El jueves vamos a ARSAT para darle 6 mil dólares a Gerardo, de los in y out del depósito y del movimiento de suelo. Otra cosa cobrada no hay”.

La Fiscalía sostiene que ese mensaje debe ser valorado junto con los demás diálogos, los registros de comunicaciones telefónicas y la documentación relativa a las contrataciones. Su planteo es que las referencias a entregas de dinero formarían parte de un esquema de contraprestaciones indebidas.

Padilla y Paredes negaron haber dado dinero, bienes o beneficios a empleados de ARSAT. Ambos reconocieron que ALS abonó una comisión a Pando, pero afirmaron que se trató de una retribución comercial válida por haber acercado el negocio con la empresa estatal.

“Esto es para Pando por negocios ARSAT”

El expediente también cita una conversación del 2 de marzo de 2022 entre los dos directivos de ALS. Paredes le informó a Padilla que habría fondos disponibles y preguntó cuándo debía realizarse la entrega. “Dieguito vamos a tener disponible en lo de Mati 15 mil dólares de operaciones realizadas, más 15 mil dólares por tres meses de depósito, llamame cuando hay que entregarlo”. Luego agregó: “Esto es para Pando por negocios ARSAT”.

Paredes sostuvo en su descargo que Pando era un intermediario privado y que la comisión constituía el pago por la obtención de un cliente. También argumentó que las alusiones a ARSAT en las discusiones internas sobre montos no prueban que el dinero hubiera tenido como destino a funcionarios de la compañía estatal.

La Fiscalía plantea lo contrario: considera que las comunicaciones, analizadas junto con el resto de los elementos reunidos, pueden permitir determinar si los pagos presentados como comisiones encubrían retornos ligados a las contrataciones.

La urgencia por obtener la orden de compra

Otra secuencia bajo análisis corresponde al 6 de octubre de 2021, cuando avanzaban las gestiones para cerrar el contrato del depósito. Según la reconstrucción fiscal, Pando le escribió a Boschin: “Hola Gerardo, ¿cómo va? Me tienen con una pistola en la cabeza”.

Boschin respondió: “No se puede creer. Échalo y ponete a laburar”.

En esa misma jornada, ante la pregunta “¿Tenemos novedades del depósito?”, Boschin contestó: “Sí, me dijeron de legales que mañana me mandan el dictamen y sacamos la OC. Te confirmo mañana sin falta”.

La “OC” refiere, según el expediente, a la orden de compra. Para los investigadores, los mensajes y las llamadas registradas ese día conectan las gestiones de los privados con el avance de un trámite interno de ARSAT.

Leal y el compliance

Facundo Leal está detenido con prisión domiciliaria en otra causa vinculada a la droga hallada en su departamento de Palermo. Al ser indagado en San Isidro alegó que no tenía facultades de decisión cuando comenzó el vínculo entre ALS y la empresa estatal.

También sostuvo que no existen comunicaciones que lo muestren participando de manera directa en la presunta maniobra y cuestionó que se pretenda derivar responsabilidad penal de referencias a su nombre en diálogos de terceros.

La Fiscalía contrapuso que ocupó posiciones jerárquicas en ARSAT durante la continuidad de las contrataciones. Según el expediente, fue designado presidente del directorio en 2022 y, el 20 de febrero de 2024, asumió como “responsable del área de Compliance” de la compañía.

Para la acusación, esa última función resulta especialmente relevante porque implicaba deberes de integridad, prevención y control interno. El escrito refiere además a comunicaciones en las que Leal se habría interesado por la situación de ALS una vez iniciada la investigación.

De acuerdo con la Fiscalía, Leal habría dicho que alguien se había “ido de boca en la fiscalía” y pidió averiguar qué dependencia intervenía en el expediente. Los fiscales sostienen que ese comportamiento debe ser analizado frente a las “particulares obligaciones de integridad, prevención y control” que pesaban sobre él como responsable de Compliance.

Llamadas frecuentes y una hipótesis de retornos

Los listados de llamadas incorporados a la causa muestran, según la Fiscalía, que integrantes de ALS, funcionarios de ARSAT y Pando mantenían canales de comunicación telefónica asiduos. A esos registros se sumaron los impactos de antenas y datos de geolocalización de los dispositivos.

El pedido de procesamiento afirma que los mensajes, las llamadas, los trámites administrativos y las reuniones permiten reconstruir un acuerdo destinado a favorecer a ALS. En esa línea, los fiscales señalaron que “las maniobras tendían a justificar los precios de ALS y cristalizan las negociaciones espurias”. La hipótesis acusatoria es que el beneficio para la firma privada luego se habría traducido en retornos para funcionarios públicos.

ALS está imputada por supuestas contrataciones irregulares por U$S 1.912.000 y $130.600.000 con ARSAT, pero además hay que sumar “el perjuicio económico que se habría generado por la sustracción de numerosos elementos de ARSAT que estaban almacenados en el predio de San Fernando de ALS S.A., episodio ocurrido entre diciembre de 2023 y enero de 2024, el cual asciende a las sumas de USD 151.126, $1.651.047,66 y $3.383.805, según la valuación de la damnificada”, se recordó la semana última en una resolución de la Cámara Federal de San Martín, el tribunal de apelaciones que revisa la causa.

El sobreseimiento de Luis Caputo por la presunta omisión de declarar vínculos con sociedades beneficiadas a la hora de emitir un bono a 100 años, durante su gestión en la cartera de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri, será revisado por la Cámara Federal de Casación, con lo cual aún no quedó firme.

La sala I de la Cámara Federal porteña concedió este viernes la apelación de la fiscal ante esa instancia Eugenia Anzorreguy, quien reclamó llegar hasta el máximo tribunal penal federal del país para que se revoque esa decisión, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Los jueces del tribunal intermedio de apelaciones Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola declararon “admisible” la apelación y remarcaron que la confirmación del sobreseimiento que se decidió el 7 de septiembre pasado es una sentencia definitiva que “pone fin a la acción y cierra definitiva e irrevocablemente el proceso”, con lo cual se cumple uno de los requisitos para una nueva revisión en Casación.

El camarista Mariano Llorens votó en cambio por rechazar el recurso porque los argumentos de la apelación tendieron a “reeditar” razones ya esgrimidas y resultan “insuficientes” para que intervenga Casación, consideró.

Qué se investigó

El actual Ministro de Economía de la Nación fue investigado por sus vínculos con el conglomerado financiero Noctua, y la emisión de un bono a 100 años, la supuesta omisión de información en sus declaraciones juradas y un eventual uso de información privilegiada durante su paso por la Secretaría y el Ministerio de Finanzas en el macrismo.

Durante la investigación, el fiscal federal Carlos Rívolo pidió su citación a declaración indagatoria pero el juez del caso, Julián Ercolini, rechazó el planteo y sobreseyó a Caputo por entender que no existió delito. Esta es la decisión que el 7 de septiembre confirmó la Cámara Federal y ahora revisará Casación.

La denuncia

Caputo fue denunciado por supuesta omisión de consignar en sus DDJJ originales y rectificativas de los períodos 2014, 2015 y 2016, presentadas ante la Oficina Anticorrupción, el haber sido uno de los dueños y principales accionistas de “Princess International Group Ltd.”, una sociedad radicada en Islas Caimán, dueña y controlante del conglomerado financiero “Noctua Partners” que administraba fondos de inversión, y que incluía dentro de su estructura a la sociedad “LC Advisors SA”, radicada en Argentina.

Se sostuvo que en su condición de funcionario público habría perseguido encubiertamente un interés particular y privado, en la emisión de títulos de deuda pública -bonos en dólares del tesoro nacional “2019, 2021, 2026, y 2046” emitidos de acuerdo al artículo 7 de la Ley 27.249-, excediendo los objetivos que justificaban el acto, con el fin de intentar favorecer los negocios de su conglomerado financiero que omitió declarar.

También se lo imputó por el presunto suministro de información privilegiada a raíz de “su doble condición simultánea: por un lado funcionario de alto rango encargado de la emisión de los bonos del tesoro nacional y, por el otro, director y beneficiario final de un conglomerado financiero con sede en territorio de Islas Caimán”, y empresas afiliadas en Argentina, también de su titularidad, que suscribió dichos bonos.

Por qué se confirmó el sobreseimiento

Al confirmar el sobreseimiento, la Cámara Federal concluyó que no se probó ni la “malicia” exigida para castigar una omisión en declaraciones juradas ni una “confusión de intereses públicos y privados” en la colocación de bonos.

Para el tribunal, el hecho de que la vinculación con LC Advisors surgiera del perfil fiscal del contribuyente y de las declaraciones de bienes personales operó como un indicio en contra de cualquier intención de ocultamiento.

La resolución añadió que Caputo había rectificado sus presentaciones y que, en ese marco, informó su relación con Noctua Asset Management hasta diciembre de 2015 y su paso por Axis, asociada a la compradora de bonos.

Además se indicó que la emisión de deuda respondió a una decisión de política económica con intervención de varios actores y no a la sola voluntad del entonces secretario.

A su vez, el fallo sostuvo que la fiscalía no logró demostrar cuál habría sido la ventaja que habría obtenido la administradora de fondos de inversión Noctua Partners LLC, compradora de los bonos argentinos.

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que el conflicto por la forma en que se juzgará a la expresidenta Cristina Kirchner y a su hijo Máximo en las causas Hotesur y Los Sauces sigue abierto. El tribunal ratificó que habrá una audiencia, en principio programada para el 15 de octubre, de manera previa a que ese tribunal resuelva sobre la fecha y el modo en que deben realizarse esos debates orales.

El máximo tribunal penal federal del país decidió así sobre un planteo del fiscal ante esa instancia, Mario Villar, quien había pedido postergar esta audiencia convocada semanas atrás cuando se apeló la negativa del Tribunal Oral Federal 5 a ponerle fecha de inicio al juicio para los dos casos juntos.

Pero en septiembre pasado, los jueces que estarán al frente del debate, José Michilini, Adriana Paliotti y Fernando Machado Pelloni, decidieron separar ambas investigaciones unificadas en 2019 con aval de Casación y fijar dos fechas de inicio: para Los Sauces el próximo 23 de octubre y Hotesur el 7 de marzo de 2027.

Esta última decisión también está apelada por el fiscal ante el TOF5 Diego Velasco y si bien aún no llegó a Casación porque está en trámite, Villar pidió reprogramar la audiencia del 15 de octubre para tratar juntos los dos recursos por ser parte de la misma controversia.

Ante este planteo, los jueces de la sala I de Casación decidieron confirmar la fecha de la audiencia para no demorar más una resolución frente a la inminencia del inicio del primero de los juicios, Los Sauces, fijado para el 23 de octubre. La decisión fue tomada por mayoría con los votos de los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña ante “las particulares circunstancias que presenta el caso, especialmente, aquellas vinculadas con el posterior desdoblamiento del proceso y la fijación de fechas de audiencia diversas”.

Por eso se consideró “necesario aclarar, de manera preliminar, que, al menos en este estado del trámite, no ha desaparecido el interés que sustenta la intervención de esta instancia”, consideró en su voto el juez Petrone.

Plazo razonable

Los jueces, con disidencia de Alejandro Slokar, entendieron que el conflicto “conserva actualidad” porque lo que se resuelva tendrá efecto “sobre la prosecución del proceso y sobre la posibilidad de que el Ministerio Público Fiscal obtenga una respuesta jurisdiccional respecto de la específica pretensión acusatoria que oportunamente promovió, dentro de un plazo razonable”.

Luego del primer reclamo fiscal para poner fecha de inicio al juicio, el Tribunal separó ambas causas penales y dispuso dos juicios orales separados. Ello “no permite, sin más, considerar agotada la controversia”, advirtió ahora Casación. “Permanece vigente el interés en obtener una respuesta” sobre el reclamo para agilizar la marcha de este juicio.

“No ha perdido virtualidad la pretensión que sustenta la intervención de esta instancia casatoria”, consideró por su parte el juez Barroetaveña, y advirtió que “por el contrario” el asunto conserva actualidad a la hora de que la fiscalía obtenga “una respuesta jurisdiccional respecto de su concreta pretensión, que no era otra más que se asigne una fecha para iniciar el debate en el juicio de las causas acumuladas”.

El fiscal reclama un solo juicio

El primer recurso cuestionó el rechazo del Tribunal Oral Federal 5 a la hora de fijar una fecha de inicio cuando Hotesur y Los Sauces eran una sola causa. El que ahora presentó Velasco y está en camino a Casación se dirige contra la decisión de esos mismos jueces que desdoblaron los legajos y pusieron fechas separadas para los juicios.

El fiscal reclama que se vuelvan a unificar y para ambos casos el juicio empiece el 23 de octubre. Sostuvo que la decisión del TOF 5, en lugar de acelerar el proceso, demora casi cinco meses el juicio de Hotesur. Remarcó que la prueba fue ofrecida hace más de seis años y que, según su criterio, las dos causas están en condiciones de iniciar el debate oral.

Ante la inminencia del comienzo del primero de ellos, “Los Sauces”, Casación consideró “prudente” dejar la fecha del 15 de octubre para la audiencia, aunque si es necesario y en base a lo que suceda con el trámite del recurso contra el desdoblamiento que aún está en el Tribunal Oral, podría reprogramarse.

Qué se investiga

En la causa Los Sauces SA se investigan presuntos delitos en la inmobiliaria de la familia Kirchner y el alquiler de propiedades a contratistas del Estado entre 2009 y 2015, principalmente a Lázaro Báez y Cristóbal López.

En la causa Hotesur, la acusación atribuye una maniobra destinada a ocultar o incorporar al circuito legal dinero de origen ilícito. Esos fondos habrían provenido de la adjudicación irregular de obras viales en Santa Cruz a empresas del Grupo Báez. La hipótesis sostiene que parte de ese dinero habría ingresado al patrimonio de la familia Kirchner a través de la actividad hotelera y de contratos con Valle Mitre, una firma vinculada con Lázaro Báez.

Al separar las causas, el Tribunal Oral entendió que no se modifican las acusaciones ni las pruebas ya admitidas. También señaló que permitirá organizar mejor los testimonios y acelerar el proceso. Además, indicó que Los Sauces se encuentra más avanzado y que en Hotesur todavía resta un informe de expertos contables sobre la documentación financiera.

Ese análisis debe determinar si hubo alquileres simulados entre las empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López y las sociedades administradas por los Kirchner, como un presunto mecanismo para recibir ingresos de origen ilegal.

La Cámara Federal de San Martín confirmó que una empresa investigada por la presunta contratación irregular multimillonaria con ARSAT, durante la gestión de Facundo Leal, no podrá vender su flota de vehículos. Advirtió, además, que al daño por los contratos y supuestos “retornos” a funcionarios en la mira de la Justicia, debe sumarse el perjuicio económico que sufrió la firma estatal de telecomunicaciones por el robo de insumos de alto valor.

Se trata de equipos que estaban almacenados en un galpón de San Fernando bajo custodia por contrato de la empresa acusada, ALS, y fueron robados: se guardaban en contenedores tecnológicos (shelters) usados para la conectividad de la Red Federal de Fibra Óptica y eran considerados bienes “estratégicos” para el desarrollo de proyectos de infraestructura de telecomunicaciones.

Leal, en cuyos domicilios se encontraron USD 2,4 millones en efectivo, está acusado por supuestos delitos con la firma de los contratos para la contratación de ese predio. El Tribunal de Apelaciones ratificó ahora una decisión del juez de la causa, Lino Mirabelli, quien rechazó levantar la prohibición de innovar que dispuso sobre la flota de automotores y moto vehículos de esa empresa privada.

La firma pretendía cesar con esta medida para disponer de esos bienes pero los camaristas Néstor Barral y Alberto Lugones rechazaron el planteo.

La acusación

Los camaristas advirtieron que ALS está imputada por contrataciones irregulares por U$S 1.912.000 y $130.600.000 con ARSAT, pero además hay que sumar “el perjuicio económico que se habría generado por la sustracción de numerosos elementos de ARSAT que estaban almacenados en el predio de San Fernando de ALS S.A., episodio ocurrido entre diciembre de 2023 y enero de 2024, el cual asciende a las sumas de USD 151.126, $1.651.047,66 y $3.383.805, según la valuación de la damnificada”.

Este robo fue el que inició la causa judicial y luego se avanzó sobre contratos supuestamente direccionados y otros delitos. Además se comprobó que el predio no estaba bien mantenido, había deficiencias y falta de seguridad.

Al rechazar levantar la medida, el juez Mirabelli había advertido que “se ha podido verificar un perjuicio verosímil para las arcas del Estado Nacional de U$S 1.912.061,3 y $40.300.000 que son las cifras totales de los servicios contratados por ARSAT a la firma ALS en condiciones que se presumen irregulares”. El magistrado tiene a estudio un pedido fiscal para procesar a todos los acusados y el juzgado trabaja en una resolución de situaciones procesales, según supo Infobae de fuentes judiciales.

Retornos y canales marginales

Cuando el 26 de mayo pasado se negó a levantar la prohibición a ALS, el juez explicó que la hipótesis de investigación a la que se sumaron nuevas pruebas permite asignar “un alto grado de probabilidad de que aquellas cifras sean el producto de un presumible hecho de corrupción de funcionarios de ARSAT en connivencia con empresarios y otros particulares”. Así lo recordó la Cámara de San Martín al confirmar esa decisión.

Ese accionar con supuesto pago de “retornos” habría operado por “canales marginales” y por eso no intervenir sobre los bienes de los involucrados “en forma inmediata”, podría implicar “una eventual modificación de la propiedad de ellos que importaría, nada menos, que un irreparable perjuicio para la consecución de los fines del proceso”.

El Tribunal de Apelaciones ratificó lo resuelto por el juez de primera instancia en cuanto a que la empresa no podrá cambiar la titularidad de los bienes pero sí puede usarlos en sus actividades cotidianas.

El pedido fiscal

Leal tiene un pedido de procesamiento con prisión preventiva por parte de la fiscalía por presuntos hechos de corrupción en la empresa estatal de soluciones satelitales. Fue tras concluir que hubo un “direccionamiento complejo y deliberado” para beneficiar a la firma privada en la contratación del predio de San Fernando.

El exfuncionario ya está detenido procesado con prisión preventiva y bajo arresto domiciliario en otra causa penal que se lleva en los tribunales federales de Retiro, por supuesta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, a raíz del hallazgo de droga en su departamento de Palermo durante un allanamiento que había ordenado el juzgado de San Isidro, en el marco de la causa ARSAT.

En ese departamento se encontraron US$650.000 en efectivo, ketamina, drogas sintéticas y cocaína. Además, en otra propiedad ubicada en Mendoza se le secuestraron US$1,7 millones. Tiene abierta una causa paralela por supuesto enriquecimiento ilícito.

Leal presidió ARSAT durante los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei. Los fiscales pidieron además procesar sin prisión preventiva a los demás indagados en el caso.

Durante la declaración del comisario retirado Adrián Lotocki como testigo en el juicio por los “cuadernos de la corrupción” se exhibieron por primera vez los videos y fotos tomadas durante esos procedimientos por orden del fallecido juez de la causa, Claudio Bonadio.

La fiscalía le preguntó en primer lugar por el allanamiento en Rio Gallegos y luego por el de Calafate. Cuando llegó a los detalles de la casa de los Kirchner en esa localidad turística de Santa Cruz, el policía recordó haber encontrado un ambiente que “llamó la atención”.

Estaba en una subida al primer piso de la casa y se veía una puerta chica, con una especie de contramarco. “La puerta se abrió por orden del juzgado y había mucha documentación y cosas de valor”.

“No sé cómo llamarlo, si bóveda o ambiente privatizado, donde había elementos de interés de la familia”, dijo.

En agosto de 2018, cuando ocurrieron los procedimientos, Lotocki era jefe de la delegación Río Gallegos de la PFA. Respondió preguntas de la fiscalía sin acordarse de casi nada y entonces se le mostraron las fotos tomadas durante el allanamiento a la casa de Río Gallegos, en la calle Mascarello y videos de la casa de Calafate. Dijo no recordar si se encontraron bolsos. Mantuvo a raíz de ello un entredicho con la fiscal Fabiana León ante sus reiterados “no recuerdo” sobre esos operativos que estuvieron a su cargo.

El cuarto de Calafate

Sobre ese cuarto que parecía ser una bóveda en la casa de Calafate, en las imágenes se vio cómo personal de Gendarmería trabajó con una masa y otras herramientas por orden del juzgado. Allí se encontraron bastones presidenciales del matrimonio, medallas, obsequios y biblioratos con documentación. También un documento histórico, una carta de San Martín. “Se secuestró todo por orden del juzgado”, dijo el testigo.

Según recordó el policía el juez Bonadio lo llamó y se montó un operativo de traslado de todo lo secuestrado a los tribunales federales de Comodoro Py 2002, en la ciudad de Buenos Aires. En la investigación se determinó luego que en esos biblioratos había entre otras cosas informes sobre jueces, entre ellos el propio Bonadio, empresarios, medios de comunicación y otros vinculados a tareas de inteligencia sobre temas específicos.

La querella de la Unidad de Información Financiera, a cargo del abogado Mariano Galpern, le preguntó si alguna vez vio “alguna habitación o un acceso con características así“. La respuesta fue negativa.

La declaración de Lotocki terminó con un entredicho con la fiscal León luego de varios “no me acuerdo” del policía. “Quiero que me dé una explicación de por qué no recuerda nada”, le dijo la acusadora en la audiencia. El policía se excusó en el paso del tiempo.

Estas nuevas imágenes se sumaron a las que se exhibieron ya en una audiencia anterior sobre el allanamiento al departamento de la expresidenta en Uruguay y Juncal, en la ciudad de Buenos Aires.

La audiencia de este jueves terminó con la declaración de un ex piloto del avión presidencial y seguirá el martes próximo en los tribunales federales de Retiro.

El Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, juzga a 86 acusados por supuestos sobornos en la obra pública nacional entre 2003 y 2015, entre ellos la expresidenta Cristina Kirchner.

Declaró un expiloto del avión presidencial

El expiloto presidencial y brigadier de la Fuerza Aérea, Alfredo Amaral, fue el último testigo del día y declaró que cuando viajaba el fallecido expresidente Néstor Kirchner al sur también lo hacía el secretario privado Daniel Muñoz, pero dijo no recordar viajes en solitario de este último.

El testigo confirmó que Miriam Quiroga, exfuncionaria de la Casa de Gobierno y testigo clave en la causa que aún no declaró en el juicio oral, viajó en el avión presidencial en el lugar asignado a la tripulación. Explicó que, en el sector VIP, se decidía quiénes viajaban y que en el área destinada a la tripulación había espacio disponible.

Indicó que la única persona que bajaba a recibir y despedir a los pasajeros era el piloto Sergio Velázquez, a pedido de Kirchner. Para poder volar el Tango 01, Velázquez debió ingresar como personal civil de la Fuerza Aérea, a partir de ese pedido presidencial. Esa condición lo habilitaba a volar el avión presidencial.

El testigo dijo desconocer en qué se basaba esa incorporación. También señaló que no veía el ingreso del equipaje al sector del avión y que toda comunicación o enlace se realizaba a través de Velázquez.

Además, añadió que todos aceptaron que la incorporación de Velázquez respondía a una directiva presidencial.

Velázquez ya declaró como testigo en el juicio y dijo que en algunas ocasiones el fallecido secretario privado Muñoz viajó sin el presidente Néstor Kirchner con dos o tres valijas con candado.

Qué había en la bóveda de la casa en Calafate: desde bastones presidenciales a biblioratos con documentación

El comisario retirado Lotocki recordó que la puerta del cuarto que se encontró cerrado en la casa de Cristina Kirchner en Calafate estaba cerrada con llave, era de un “material duro”.

Luego que Gendarmería trabajó con una masa y otras herramientas para abrirla por orden del juzgado se encontraron los bastones presidenciales del matrimonio, medallas, obsequios y biblioratos con documentación. “Se secuestró todo por orden del juzgado” dijo el testigo.

Se exhibió un video sobre cómo Gendarmería trabajó para abrir una puerta de bóveda “con herramientas especiales” en la casa de CFK en Calafate

En la audiencia se exhibió el video del allanamiento a la casa en Calafate, Santa Cruz, de la expresidenta Cristina Kirchner. Se trató del tramo en el que personal de Gendarmería tuvo que acudir con herramientas especiales para la apertura de lo que, según el testigo Lotocki, parecía una bóveda.

En el juicio se mostraron los videos de los allanamientos a la casa en Calafate de la expresidenta Cristina Kirchner

Se exhibieron filmaciones de un cuarto que se encontró con una puerta reforzada y que tuvo que ser abierta por Gendarmería, explicó el testigo. “La puerta la abrió Gendarmería”, explicó el comisario retirado Lotocki.

Las imágenes del allanamiento a la casa de la expresidenta en Río Gallegos

A pedido de la fiscalía se exhibieron al testigo fotos tomadas durante el allanamiento a la casa de la expresidenta Cristina Kirchner en Río Gallegos en agosto de 2018. El comisario dijo no recordar detalles al respecto.

En la audiencia también se mostró el acta labrada ese día

Declara el policía que allanó las casas de Cristina Kirchner en Santa Cruz

Se trata del comisario retirado de la Federal Adrián Lotocki. Encabezó por orden del juez federal Claudio Bonadio los allanamientos a las casas en Rio Gallegos y Calafate de la expresidenta en agosto de 2018.

Responde preguntas de la fiscalía y se le exhiben actas y fotos de esos allanamientos, entre ellas cajas fuertes que había en la casa de Río Gallegos.

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Dos fiscales pidieron procesar con prisión preventiva al extitular de ARSAT, Facundo Leal, por presuntos hechos de corrupción en la empresa estatal de soluciones satelitales. Fue tras concluir que hubo un “direccionamiento complejo y deliberado” para beneficiar a una firma privada en la contratación de un predio, destinado a almacenar y preservar materiales de alto costo y valor estratégico.

Según la hipótesis judicial, el perjuicio para las arcas del Estado Nacional habría sido de U$S 1.912.061,3 y $40.300.000, las cifras totales de los servicios contratados por ARSAT a la firma ALS en condiciones que se presumen irregulares.

El fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez, reclamaron que se procese a Leal como supuesto coautor de administración fraudulenta, autor de negociaciones incompatibles y cohecho pasivo e incumplimiento de deberes, según el dictamen al que tuvo acceso Infobae.

La decisión será del juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, quien ya indagó a todos los acusados por la contratación del predio en la localidad bonaerense de San Fernando, donde se guardaban materiales tecnológicos de alta complejidad pertenecientes a la firma pública.

Los investigadores descubrieron una serie de supuestas irregularidades los servicios de almacenamiento y logística. El punto de partida de la investigación fue la denuncia de un robo en ese lugar de materiales de alto costo pertenecientes a ARSAT.

Leal ya está detenido procesado con prisión preventiva y bajo arresto domiciliario en otra causa penal que se lleva en los tribunales federales de Retiro, por supuesta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, a raíz del hallazgo de droga en su departamento de Palermo durante un allanamiento que había ordenado el juzgado de San Isidro, en el marco de la causa ARSAT.

En ese departamento se encontraron US$650.000 en efectivo, ketamina, drogas sintéticas y cocaína. Además, en otra propiedad ubicada en Mendoza se le secuestraron US$1,7 millones. Tiene abierta una causa paralela por supuesto enriquecimiento ilícito.

Leal presidió ARSAT durante los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei y, cuando fue indagado, su abogado defensor Marcelo Rochetti presentó un escrito donde aseguró que no participó de la licitación que se investiga porque por ese entonces no tenía cargo alguno -era planta permanente de la empresa- y además, sostuvo que la causa aún tiene medidas de prueba pendientes. “Se encuentra acreditado ya que no existe una sola constancia que indique mi intervención en el asunto, tal como correo electrónico, mensaje, nada que se me haya dirigido, que yo haya contestado o que yo haya enviado”, sostuvo Leal en ese descargo.

Los acusados

Los fiscales pidieron procesar sin prisión preventiva a los demás indagados en el caso, Gerardo Boschin, Pablo Pagani, Juan Antonio Álvarez, Diego Padilla, Fernando Diego Paredes, Gastón Padilla, Sofía Varela Vizgarra, Santiago Pando y Juan Andrés Navarro, así como a la persona jurídica Argentina Logistic Services SA, la firma contratista del predio.

Boschin se desempeñó como subgerente de compras de ARSAT y en mayo de 2025 fue designado presidente de Trenes Argentinos Operaciones, cargo al que renunció meses más tarde. La fiscalía pidió procesarlo por presunta “administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública y autor del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”, además de cohecho pasivo e incumplimiento de deberes.

La pesquisa judicial se centró en el vínculo comercial entre ARSAT y ALS. Según la hipótesis de los fiscales, existió un acuerdo ilegal entre directivos estatales y empresarios para direccionar la adjudicación de los contratos de custodia y el traslado de bienes estratégicos.

Los fiscales dieron por probado “una disposición patrimonial perjudicial para ARSAT, el interés particular de funcionarios en las operaciones en las que intervinieron por razón de sus cargos, el apartamiento consciente de sus deberes funcionales y la existencia de contraprestaciones indebidas vinculadas con tales actos”.

La prueba “permite reconstruir la existencia de un direccionamiento complejo y deliberado, que de ningún modo se agotó en una maniobra ejecutada aisladamente, mediante un único acto funcional ni bajo el dominio exclusivo de una sola persona”, agregaron.

Acuerdo venal

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, se sostuvo que entre diciembre de 2020 y diciembre de 2024, “funcionarios de ARSAT y miembros de la empresa ALS articularon una relación, a través de un acuerdo venal, destinada a asegurar, mediante 12 procedimientos de contratación irregulares, que esta última sociedad fuera contratada por la empresa pública y permaneciera como proveedora de servicios de fletes, transportes, grúas, espacio de guardado (depósito) y prestaciones asociadas de la empresa estatal”.

La decisión de favorecerla “precedió al procedimiento formal administrativo que tramitó en la empresa pública; fue sostenida mediante contactos, transmisión de información interna, una competencia aparente construida con ofertas de empresas vinculadas o directamente apócrifas, y, durante la ejecución del servicio, a través de la tolerancia de deficiencias relevantes en la prestación del mismo, que culminaron con el robo de material estratégico para el desarrollo de la Red Federal de Fibra Óptica gestionado por la empresa pública”.

En ejecución de ese acuerdo se emitieron, entre otras, órdenes de compra con fondos abonados por ARSAT, los que, en parte, “fueron utilizados por ALS y sus directivos y empleados para retribuir con pagos indebidos a los funcionarios y al intermediario Santiago Pando mediante entregas en efectivo, moneda extranjera, pasajes, colocaciones laborales y otros beneficios”, sostuvo la acusación fiscal que es analizada por el juez Mirabelli.

La Cámara Federal porteña resolvió que siga adelante la investigación contra los acusados de mantener vínculos con Hezbollah en la zona de la Triple Frontera, en la causa por el atentado a la AMIA, y rechazó objeciones por la validez de esta parte de la imputación fiscal.

La decisión de los jueces Pablo Yadarola y Mariano Llorens ratificó una resolución del juez federal Daniel Rafecas, quien el 10 de agosto pasado desestimó de entrada el planteo de la defensa oficial de iraníes y libaneses que la Justicia argentina considera prófugos.

La Sala I del Tribunal de Apelaciones sostuvo que las objeciones requieren evaluar pruebas y discutir el alcance de la acusación, un análisis que no corresponde resolver mediante un recurso como la excepción de falta de acción, que presentó la defensa para que no continúe la persecución penal en estos puntos.

“Para decidir si la organización (Hezbollah) fue constituida con la finalidad de cometer delitos indeterminados, si su accionar contribuyó a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional, cuál fue la posición de cada imputado respecto de la estructura investigada o si medió una finalidad persecutoria, es necesario ingresar en el análisis de los hechos y de los elementos que los sustentan”, es decir, avanzar en el proceso penal, explicaron los camaristas en la resolución a la que accedió Infobae.

Se trata de cuestiones que “no admiten una respuesta puramente normativa y hacen a la sustancia de la imputación, por lo que su discusión corresponde a las etapas ulteriores del proceso”, concluyó la Cámara.

La apelación fue presentada por el defensor oficial Hernán Silva, quien objetó dos puntos del pedido de procesamiento que hizo el titular de la Unidad Fiscal AMIA Sebastián Basso. Según la defensa, en esas acusaciones se atribuyó a integrantes del gobierno de Irán el patrocinio de Hezbollah y se imputó a personas residentes en la Triple Frontera por haber integrado o colaborado con esa organización.

El defensor cuestionó que esas conductas hayan sido consideradas como una asociación ilícita agravada. Además, objetó la aplicación del agravante de la ley antidiscriminatoria.

Para Yadarola y Llorens, esas cuestiones “hacen a la sustancia de la imputación” y no admiten una respuesta automática por lo que confirmaron el rechazo de los planteos.

La investigación principal por el atentado contra la AMIA tiene procesados ya a ocho ciudadanos iraníes y libaneses, por sus presuntas intervenciones en la planificación y ejecución del ataque del 18 de julio de 1994 que causó 85 muertos en Pasteur 633. Todos van camino a ser juzgados en ausencia.

Entre ellos se encuentran Alí Fallahijan, exministro de Inteligencia iraní; Alí Velayati, exministro de Relaciones Exteriores; Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria; y Ahmad Vahidi, entonces responsable de la Fuerza Al Quds.

El juez los consideró autores mediatos por las funciones que habrían desempeñado dentro de las estructuras superiores del Estado iraní. También fueron procesados como cómplices necesarios Hadi Soleimanpour, exembajador de Irán en la Argentina; Mohsen Rabbani, exconsejero cultural de la embajada iraní en Buenos Aires; Ahmad Reza Asghari, tercer secretario de esa representación y señalado como agente de inteligencia; y Salman Raouf Salman, ciudadano libanés conocido también como Samuel El Reda e identificado como integrante de Hezbollah.

Según la reconstrucción judicial, Rabbani habría reunido información sobre posibles objetivos y mantenido contactos con la estructura iraní. Asghari habría actuado como enlace entre la embajada y el aparato de inteligencia iraní, mientras que Salman fue acusado de coordinar la fase final de la operación en territorio argentino. La hipótesis que sostiene los procesamientos atribuye el ataque a una operación internacional con participación de estructuras estatales iraníes y Hezbollah.

Al resolver los procesamientos el juez Rafecas dio por probado que la ciudad brasileña de Foz de Iguazú en la Triple Frontera funcionó como punto regional de coordinación.

El juicio por los Cuadernos de la corrupción tuvo una nueva audiencia este martes ante el Tribunal Oral Federal 7 con el testimonio de un empresario sanjuanino que habló del pago de “retornos” para cobrar en tiempo y forma, algo que aseguró su firma no hizo y por eso estuvo al borde de la quiebra.

Además relató que cuando fue indagado en el juzgado federal de Claudio Bonadio en febrero de 2019 sintió un “mensaje atemorizante” porque le sentaron al lado a otro empresario preso y en condiciones “deplorables”.

El testigo, el empresario de la construcción Fernando Palluchini, estuvo imputado y luego fue sobreseído durante la investigación que estuvo a cargo del juzgado federal 11. Según él todo ocurrió porque su empresa apareció en la “lista” que entregó al juzgado para ser aceptado como arrepentido el financista del kirchnerismo Ernesto Clarens.

“Si uno integraba la camarita y aportaba el dinero que ellos pedían que era un retorno de esa manera te agilizaban el pago de certificado”, declaró ahora como testigo bajo juramento de verdad y advirtió que su empresa nunca participó de ello. Al momento de los hechos era presidente de una constructora en San Juan.

Además recordó que su hermano y socio estaba al tanto de que el acusado financista Ernesto Clarens era el que podía destrabar pagos y que la respuesta cuando su familiar hablaba con él por teléfono era: “La forma de cobrarlo es que te pongas con lo que hay que poner, y de esa forma se destraba”. Como no lo hicieron acumularon retrasos en los pagos de hasta 200 días y tuvieron que ir a juicio para cobrar, refirió. Relató que casi se funden.

Sobre el día de su citación a declaración indagatoria, el 27 de febrero de 2019, recordó que cuando esperaban llevaron al lugar detenido al empresario Hugo Dragonetti, en condiciones “deplorables”. “Para mí fue un mensaje atemorizante, como decir: ‘No se hagan los locos o acepten las cosas’“, dijo el constructor sanjuanino.

Por otro lado, otro comisario que participó del allanamiento al departamento de Cristina Kirchner en Uruguay y Juncal el 23 de agosto de 2018, Eduardo Agostini, negó haber recibido alguna orden del fallecido juez federal Claudio Bonadio vinculada a quedarse en el lugar hasta “que encuentren algo”, como declaró en el juicio el encargado del edificio Julio Cesar Silva.

La audiencia concluyó con un último testigo que declaró a puertas cerradas, sin trasmisión por el canal de Youtube del Poder Judicial y sin público, por tratarse de un ex agente de inteligencia.

El debate oral se desarrolla desde noviembre del año pasado ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli en los tribunales federales de Retiro y tiene 86 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, procesada como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho.

Declaró un testigo bajo confidencialidad

El TOF N° 7 le toma declaración a un agente del Cuerpo de Inteligencia Criminal de la Policía Federal Argentina, que está amparado bajo el secreto profesional.

Es por eso que cortaron la transmisión de la audiencia y certificaron que no haya público presente en la sala. Luego de su testimonial habrá un cuarto intermedio hasta el jueves.

Otro policía que allanó el departamento de CFK declaró en el juicio

Se trata del comisario de la Federal Mauro Ezequiel Amhed.

El procedimiento estaba dividido en sectores, explicó al dar detalles de ese operativo cuyas imágenes se mostraron en una audiencia pasada, cuando declaró el comisario Barrales.

El testigo dio detalles del departamento, que recorrió en su totalidad, dijo. También describió el dormitorio matrimonial de Néstor y Cristina Kirchner.

En lo relativo a su rol, Amhed contó que ingresó al departamento y recordó la consuta con el juzgado por parte de Barrales -previa a iniciar el registro- y que por disposición del juez se le pidió al abogado de la ex presidenta, Carlos Beraldi, quien los había recibido, que esperara afuera del departamento.

Ante pregunas de la fiscal Fabiana León ratificó que el ingreso al vestidor tenía una puerta blindada.

El testigo dio detalles sobre los llamados al juzgado

Ante preguntas del juez Germán Castelli, el comisario ratificó que labró el acta del allanamiento a CFK de manera íntegra y que las consultas con el juzgado eran sin altavoz.

Las preguntas se orientan a verificar los dichos del encargado del edificio sobre presuntas instrucciones que escuchó dar a Bonadio. El encargado “deambulaba” , reiteró consultado sobre si pudo haberlos escuchado hablar con el juzgado. “Hasta nos dio agua caliente para tomar mate, puede ser que haya estado al lado mío”, refirió pero aclaró no recordarlo con certeza.

El testigo dio detalles sobre el allanamiento al departamento de CKF y el encargado

El comisario Agostini recordó que el encargado del edificio de Uruguay y Juncal, Julio Cesar Silva, iba y venía el día del allanamiento. También negó haber mantenido alguna conversación con el juez Bonadio y dijo que siempre habló con uno de los secretarios del juzgado.

Cuando declaró en el juicio, el encargado refirió: “hubo un momento, a las 18.30, no me puedo olvidar, cuando llamó el juez al comisario inspector a cargo. A los gritos, que se sentían, le dijo que no había nada en el edificio y el juez le dijo: ‘Se van a quedar hasta mañana, hasta que encuentren algo’”.

Pero el comisario dijo que nunca habló con el juez y que Barrales tampoco. “No, no se hizo eso”, contestó cuando se le preguntó sobre la existencia de esa llamada.

Declara otro policía que participó del allanamiento al departamento de CFK en Uruguay y Juncal

El comisario de la Policía Federal Eduardo Agostini participó del allanamiento al departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner en Uruguay y Juncal en agosto de 2018. Refirió que se informó al encargado, quien no puso reparos y habilitó el acceso al edificio.

En el departamento ya estaba el abogado de la ex presidenta. “Fui el encargado de leer el acta de allanamiento”. También recordó que se pidió dejar los celulares para “preservar lo más posible el procedimiento” y evitar la filtración de fotos ante la “trascendencia pública bastante importante”.

Agostini recordó que fue él quien hizo algunas consultas judiciales y otras las realizó el comisario a cargo, Juan Carlos Barrales, quien ya declaró en el juicio durante la audiencia en las que se exhibieron imágenes del departamento durante ese procedimiento.

El testigo dijo que nunca habló con el juez Claudio Bonadio durante el procedimiento y que según su conocimiento, Barrales tampoco lo hizo. Lo hizo al responder preguntas de la fiscal Fabiana León.

Concluyó la declaración del empresario sanjuanino

Tras responder preguntas del juez Germán Castelli y de defensas vinculadas a precisiones sobre el día de su declaración indagatoria y contextualizar algunos de sus dichos terminó la declaración de Palluchini.

Se dispuso un cuarto intermedio de cinco minutos.

“No era nuestra intención entrar en ningún círculo de retornos sea con Néstor Kirchner o con la ex presidenta”

Ante una pregunta de la abogada defensora Marta Nercellas, el constructor Palluchini dio más detalles sobre el significado de “estar en el juego” al que se refirió al inicio de su declaración.

“A lo de la camarita”, dijo haberse referido. “El juego era eso, lo sabíamos. Sabíamos que eran todas obras con retorno, con anticipo, renunciamos a la Cámara Argentina de la Construcción pese a que mi padre la había presidido”.

Y agregó: “No era nuestra intención entrar en ningún círculo de retornos sea con Néstor Kirchner o con la ex presidenta”.

Luego ante preguntas de la defensa del financista Clarens dijo que nunca lo conoció en persona y que su hermano sólo habló con él por teléfono. También negó haberle hecho alguna vez algún pago.

El constructor dijo que sintió un “mensaje atemorizante” en el juzgado y tuvo “pánico”

Al ser preguntado por la defensa del exfuncionario acusado Roberto Baratta, el testigo recordó el día de su declaración indagatoria en el juzgado que por entonces presidía Claudio Bonadio. La abogada Elizabeth Gómez Alcorta quiso saber los detalles de la llegada al juzgado del empresario Hugo Dragonetti detenido mientras otros aguardaban ser indagados.

“Se me cruzaron mil cosas por la cabeza cuando lo vi en el estado deplorable en el que se encontraba. Lo traían a rastras, con esposas, chaleco y cadenas en las muñecas. ¿Qué necesidad hay de que una persona que no es peligrosa esté de esta manera? Para mí fue un mensaje atemorizante, como decir: ‘No se hagan los locos o acepten las cosas’“, dijo el constructor sanjuanino.

“Pensé si estaba bien lo que uno había preparado o presentado. Yo era inocente, no tenía nada que ocultar. Era una sensación de temor: ‘¿De acá saldré? ¿Me llevarán a algún lado?’. Después de verlo a Dragonetti en ese estado, fue un malestar que me duró mucho. Me impactó mucho", refirió.

“¿Evaluó modificar la declaración?“, preguntó la defensora. “Es una forma de decir que nunca lo hubiera hecho. Me acuerdo de que aparecían estas cuestiones de la figura del arrepentido, donde más de un arrepentido ha investigado cosas, como pasó con Clarens, que entregó un listado en el que no teníamos que estar”, contestó.

Sobre ese día, en febrero de 2019, dijo que la sensación “era mentir o decir lo que el juez quiere escuchar, o ir con la verdad”.

Dijo que los abogados decían ese día se había montado “‘un circo romano” y que él tuvo “pánico”.

Para cobrar había que “poner lo que hay que poner” dijo un testigo que decía el financista Ernesto Clarens

El testigo Palluchini recordó que su hermano y socio de la empresa estaba al tanto de que el acusado financista Ernesto Clarens era el que podía destrabar pagos y que la respuesta cuando su familiar hablaba con él era: “La forma de cobrarlo es que te pongas con lo que hay que poner, y de esa forma se destraba”.

“Nunca pusimos un centavo de lo que había que poner y así nos fue: casi nos fundimos. Entregar obras a tiempo y no poder cobrarlas era una cosa de locos. No estábamos jugando en ninguna camarita para hacer estos pagos. Eran las opciones que nos daban como empresarios ahorcados quienes no nos estaban pagando y no nos pensaban pagar”, declaró.

La indagatoria en el juzgado de Bonadio

El empresario refirió que el día de la citación a indagatoria en Comodoro Py 2002 fue un día “trágico”.

“Me encontré con un show, un espectáculo desagradable. Me encontraba en el pasillo de las salas de Comodoro Py y, de repente, llegó un montón de policías armados, uniformados, y nos hicieron correr hacia el lugar a los abogados y a los que estábamos para la indagatoria”.

Contó que “de repente trajeron a una persona. Me acuerdo patente: Hugo Dragonetti. Lo traían con casco, esposas y chaleco antibalas. Parecía un delincuente o alguien muy peligroso, como si nos fuera a matar. Lo hicieron pasar y lo sentaron al lado mío. Lo conocía de obras en San Juan; no sabía si tocarlo o saludarlo. Estaba como ido, ausente, con las manos esposadas”.

“Ese 27 de febrero (de 2019) me quedó mucho miedo hacia lo que es Comodoro Py, fecha imborrable. Al momento de la indagatoria, se me paró detrás el juez Bonadio. Para mí fue un día atípico, feo: un preso que era un conocido, que simplemente estaba ahí esposado, con casco y chaleco”, dijo.

La fiscal León le recordó que ese día Dragonetti quedó libre. El testigo recordó que Bonadio nunca le dirigió la palabra y que para él lo “amenazante” fue sentar a Dragonetti de esa manera junto a los que “iban a ser indagados”.

Declara por videoconferencia el primer testigo del día

El empresario Fernando Palluchini responde preguntas de la fiscal Fabiana León.

El testigo declara por videoconferencia. Estuvo acusado en la causa y luego fue sobreseído. Es director de la empresa constructora Mapal con base en San Juan y durante la investigación era el presidente. En la actualidad es sólo accionista. “Después de este tema de Comodoro Py me retiré”.

“Me pareció de locos, por un listado que arrimó un señor Clarens, donde aparecía un ranking de empresas y nosotros demostramos que no teníamos nada que ver”, recordó sobre por qué fueron citados en la causa. Dijo que la empresa estuvo a punto de fundirse por este motivo. “Nunca tuvimos parte ni nada que ver con una ‘camarita’”, dijo sobre la acusación.

Contó que la empresa llegó a estar 200 días sin cobrar y un gestor en Buenos Aires les hablaba de empresas que habían cobrado. “Sabíamos que estaba ese juego”, sobre los cobros más rápidos de unas empresas por sobre otras. “Si uno integraba la camarita y aportaba el dinero que ellos pedían que era un retorno de esa manera te agilizaban el pago de certificado”.

El testigo refirió que su empresa no percibía anticipos de obra.

La audiencia comenzó con nuevos pedidos para desistir testigos

El Tribunal informa sobre nuevos pedidos para desistir una decena de testigos que habían sido convocados a declarar en el juicio.

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Los jueces Alejandro Catania y Juan Pedro Galván Greenway juraron este martes como camaristas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, durante un acto realizado en el edificio judicial de avenida De Los Inmigrantes 1950 y encabezado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.

La jura contó además con las presencias de jueces, fiscales, abogados y familiares de los nuevos integrantes del tribunal que ya integran la jueza Carolina Robiglio y el juez Roberto Hornos.

El acto se concretó en una sala reacondicionada recientemente por el Consejo de la Magistratura, colmada de jueces, abogados, integrantes del Consejo y funcionarios. Robiglio, presidenta de la Cámara, fue la encargada de tomar los juramentos: tras la lectura de los decretos por los que se resolvieron sus designaciones, primero juró Catania y luego Galván Greenway. Ambos eran hasta ahora jueces de instrucción del mismo fuero.

La ceremonia tuvo un momento emotivo cuando la camarista Robiglio invitó a la hija del juez Catania, de 11 años, a suscribir el acta de designación de su padre y la niña subió al estrado para estampar su firma.

Presencias

En el estrado se ubicaron Rosatti; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el viceministro y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo Santiago Viola; y el juez de la Cámara en lo Penal Económico Roberto Hornos. Se trató de la primera jura en casi una década que se tomó para integrar ese Tribunal de Apelaciones.

Asistieron los miembros de la Cámara Federal de Casación Penal Diego Barroetaveña -también consejero-, Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Daniel Petrone y los jueces de la Cámara Federal Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi, Pablo Yadarola y Roberto Boico además del fiscal ante la Cámara en lo Penal Económico Gabriel Pérez Barberá.

También estuvieron los jueces federales de Comodoro Py 2002 Daniel Rafecas, María Eugenia Capuchetti, Sebastián Ramos y Marcelo Martínez De Giorgi; los jueces en lo penal económico Diego Amarante y Marcelo Aguinsky; la jueza del tribunal oral de ese fuero Karina Perilli; y el ex camarista Marcos Grabivker. Además, participaron los fiscales ante la Cámara Federal de Casación Penal Javier De Luca y Mario Villar; el juez del tribunal oral en lo federal José Antonio Michilini; y el fiscal federal de Dolores Juan Pablo Curi.

Se acercaron a la jura los integrantes del Consejo de la Magistratura, los jueces Alejandra Provítola y Agustina Díaz Córdero y los aspirantes a ingresar a ese organismo el juez Juan Manuel Culotta y el abogado Alberto Biglieri.

Un Tribunal estratégico

Ambos magistrados eran hasta este martes titulares de juzgados en lo penal económico de primera instancia. El Decreto 1092/2026 designó a Catania como vocal de la Sala B de la Cámara de Apelaciones y el Decreto 1093/2026 nombró a Galván Greenway como vocal de la Sala A del mismo tribunal. Las designaciones fueron oficializadas el lunes en el Boletín Oficial y los decretos llevaron las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia, Mahiques.

Los pliegos recibieron el acuerdo del Senado el 17 de septiembre, con 66 votos afirmativos y sin debate. Ambos expusieron ante la Comisión de Acuerdos del Senado el 6 de mayo. Catania es juez de primera instancia desde 2008 y Galván Greenway, desde 2011.

El fuero Penal Económico tiene a su cargo la investigación de evasiones tributarias multimillonarias, contrabando de droga y mercadería, apropiaciones indebidas, maniobras cambiarias ilegales y otros delitos contemplados en los regímenes penal cambiario, penal tributario y penal aduanero. Cuenta con once juzgados, repartidos en el edificio judicial de Avenida de los Inmigrantes 1950 y la calle Sarmiento 1118. Sus causas son revisadas por la Cámara Penal Económico, que hasta hoy estaba integrada solo por Hornos y Robiglio.

El Tribunal de Apelaciones es el revisor, entre muchas otras, de las decisiones que toma el juez en lo penal económico Diego Amarante en la causa donde procesó al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero, Pablo Toviggino, por presunta retención indebida de aportes de la seguridad social en la entidad. La causa está radicada en la sala A del Tribunal.

La Justicia ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) reforzar el cierre y la señalización de los tramos no habilitados de la Autopista Presidente Perón, además de revisar y corregir fallas concretas en los sistemas de contención de los sectores que ya están abiertos al tránsito. La medida cautelar tendrá una vigencia de seis meses.

La resolución fue dictada por el juez federal Civil, Comercial y Contencioso Administrativo subrogante de San Martín, Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, a partir de un amparo presentado por la provincia de Buenos Aires, representada por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos Gabriel Katopodis, contra el Estado nacional y la DNV.

El tribunal aceptó de forma parcial el pedido provincial, que advirtió sobre riesgos de seguridad vial, falta de mantenimiento y accesos informales en sectores de la traza que permanecen inconclusos.

Impedir accesos no autorizados

El juez dispuso que la DNV mantenga y, de ser necesario, refuerce “las medidas de cierre, señalización y prevención existentes en los sectores de la Autopista Presidente Perón que no se encuentren habilitados al tránsito”.

La orden obliga al organismo a tomar las medidas materiales necesarias para evitar que vehículos y peatones ingresen a las áreas que continúan en obra, además de identificar de manera adecuada esos puntos para quienes circulan por la traza.

La Autopista Presidente Perón funciona como tercer anillo de circunvalación en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) -atravesando distintos partidos del conurbano- y conecta el Acceso Oeste con el corredor de la Autopista Buenos Aires-La Plata. La demanda planteó que varios sectores permanecen sin terminar o sin habilitación formal, aunque existen áreas pavimentadas a las que pueden acceder personas y vehículos.

En su presentación, la Provincia mencionó situaciones de riesgo en zonas de los partidos de Ituzaingó, Merlo, La Matanza, Ezeiza, San Vicente, Presidente Perón y Florencio Varela. También señaló la existencia de sectores con residuos, vehículos abandonados y accesos sin control.

La cautelar también abarca los tramos habilitados donde los relevamientos técnicos de la Dirección Nacional de Vialidad hayan detectado deficiencias concretas en barandas u otros sistemas de contención que puedan afectar la seguridad de los usuarios.

En esos casos, la DNV deberá verificar el estado de las estructuras y, si confirma la falla, aplicar la reparación, reposición o adecuación técnica. La resolución no fija qué obra debe realizarse en cada punto y deja la definición en manos del organismo vial.

El fallo remarcó que la documentación presentada por ambas partes no permite establecer, de manera uniforme para toda la autopista, “qué elemento se encuentra faltante, cuál se encuentra deteriorado, en qué progresiva se ubica, cuál es el riesgo concreto que presenta y cuál es la solución técnicamente adecuada”.

Por ese motivo, el magistrado rechazó ordenar la colocación generalizada de dispositivos de contención, tal como había solicitado la administración bonaerense.

El tribunal rechazó ordenar obras generales y desvíos alternativos

La Provincia había pedido que la cautelar obligara a Vialidad a completar la señalización e iluminación, colocar reductores de velocidad y defensas, realizar bacheo y consolidación de calzadas, establecer desvíos seguros e informar el grado de avance, presupuesto y cronogramas de cada tramo.

Sin embargo, el juzgado entendió que la situación de la obra es diferente según el sector involucrado. La DNV informó que el Tramo I registra un avance físico del 88,88%, el Tramo II del 96,73% y el Tramo III del 89,77%. El cuarto tramo, proyectado hacia la Autopista Buenos Aires-La Plata, permanece sin ejecución por cuestiones judiciales, ambientales y técnicas vinculadas al trazado.

La resolución sostuvo que “no existen elementos suficientes para imponer judicialmente la ejecución generalizada de obras de señalización, iluminación, contención, bacheo, consolidación o desvíos” en toda la infraestructura.

También rechazó el pedido de establecer desvíos alternativos por vía judicial, al considerar que esa decisión requiere evaluaciones sobre trazado, capacidad, transitabilidad, señalización y compatibilidad con los frentes de obra.

La denuncia

La Provincia había denunciado un abandono de la autopista y alertó sobre problemas de seguridad, ambientales y de mantenimiento. Entre sus argumentos, informó sobre la muerte de un niño de diez años en febrero de 2026 en un sector no habilitado del Tramo I, la falta de servicios de seguridad vial desde mayo de 2024 y deficiencias en barandas, iluminación y cartelería.

Vialidad respondió que no existe una inacción total: informó tareas de conservación, limpieza, señalización, iluminación y obras en ejecución durante 2026. También indicó que hay dificultades pendientes por expropiaciones, relocalizaciones, intrusiones e interferencias de servicios públicos.

El juez concluyó que, en esta etapa del proceso, no hay prueba suficiente para afirmar que existe “una situación uniforme de abandono o inactividad respecto de la totalidad de la Autopista Presidente Perón”. Aun así, consideró acreditado un riesgo puntual en los tramos no habilitados y en aquellos con problemas concretos de contención.

La Dirección Nacional de Vialidad deberá presentar ante el juzgado, dentro de los quince días posteriores a la notificación, un informe sobre las medidas adoptadas. Tendrá que detallar los sectores alcanzados, las condiciones de cierre y señalización y, cuando corresponda, las deficiencias detectadas en los sistemas de contención y las acciones tomadas para corregirlas.

La cautelar regirá durante seis meses, aunque podrá ser objeto de una prórroga si alguna de las partes la solicita y el tribunal lo resuelve. La causa principal, en la que Buenos Aires reclama la reactivación, finalización o eventual transferencia de la autopista, continuará en trámite.

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió este lunes verificar las direcciones de las ocho billeteras bitcoin que proporcionó el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, de las cuales dijo haber obtenido USD 591.544,61 que mantuvo en negro en su casa y luego usó para pagar en efectivo diferentes gastos, desde su arribo a la función pública en diciembre de 2023.

Además el fiscal amplió la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito y requirió informes a partir del inicio de la vida económicamente activa del ex funcionario y su esposa desde la mayoría de edad. En el caso de Adorni a partir de 1998, cuando cumplió 18 años.

Hasta ahora se investigó desde enero de 2012 pero el fiscal decidió ir para atrás 14 años en busca del origen de los dólares que según las explicaciones que se dieron a la Justicia formaron parte de la inversión inicial en criptomonedas.

El grueso de la inversión se concentró en 2017, cuando el matrimonio destinó USD 199.883,20 a la compra de criptomonedas, lo que representó más del 99% del capital total invertido. Antes de dar ese salto financiero, en 2014 habrían probado con los primeros USD 1.897,20.

Cuando justificó su patrimonio, la defensa explicó que “Manuel Adorni y Bettina Angeletti optaron deliberadamente por ‘vivir como si no lo tuvieran’, privilegiando el ahorro y la prudencia patrimonial por sobre cualquier cambio en su nivel de consumo”.

Pero la llegada de Adorni a la vida pública cambió el plan y el matrimonio decidió usar ese dinero que nunca declaró para mudarse a otro departamento en la ciudad de Buenos Aires y para la compra de la casa de fin de semana en Indio Cuá, por razones de seguridad y privacidad.

Los detalles del procedimiento por los bitcoins

La Fiscalía dispuso una comprobación técnica de la titularidad de las ocho direcciones mediante un procedimiento criptográfico supervisado, para lo cual citó al abogado defensor Matías Ledesma para la apertura del sobre lacrado que tendría las claves privadas.

El abogado deberá firmar un mensaje para cada dirección, que luego será verificado por personal técnico de la Policía Federal. La medida será grabada, con preservación de las claves privadas, a las que —según lo dispuesto— solo accederá la defensa técnica. El fiscal pidió al juez federal Ariel Lijo que autorice formalmente este procedimiento de verificación de las billeteras.

En base a lo informado en la respuesta al requerimiento de justificación patrimonial, una vez que la medida esté autorizada por el juez, el defensor tendrá que ir a la fiscalía junto a un perito de parte “muñido del sobre en cuestión y de una computadora portátil propia, en miras de que el especialista de la defensa ingrese a las cuentas a través de billetera de administración —como ser Sparrow o Electrum—y consigne en la función ‘Sign’ o ‘Verify Message’, en cada una de estas direcciones de bitcoin, un mensaje que será proporcionado por esta parte en el mismo acto”, explicó Pollicita en la resolución a la que accedió Infobae.

“Luego, mediante la intervención de personal técnico especializado de la Policía Federal Argentina, se llevará a cabo una verificación criptográfica mediante una herramienta compatible donde se cargarán las direcciones correspondientes, el mensaje proporcionado y la firma obtenida por la defensa a partir del procedimiento anterior, dejándose debida constancia del resultado obtenido para cada una de las ocho (8) direcciones de bitcoin”, detalló.

Todo el proceso será grabado “con el debido resguardo de las claves privadas pertenecientes al imputado —a las que solo tendrá acceso su defensa técnica— y en observancia de las buenas prácticas que hacen a la conservación de evidencia digital”.

Investigar desde la mayoría de edad

Esta medida forma parte de una ampliación de la pesquisa para reconstruir los ingresos y el patrimonio de Adorni y su esposa, ante la explicación de la defensa en el requerimiento de justificación patrimonial sobre la existencia de un ahorro familiar previo a 2014.

El fiscal pidió además levantar el secreto fiscal de Adorni y su esposa “por el período comprendido desde el 28 de febrero de 1998 y el 31 de diciembre de 2011 y el 10 de octubre de 2000 y el 31 de diciembre de 2011 respectivamente”.

Las nuevas medidas se ordenaron luego de que el ex funcionario presentó sus respuestas al requerimiento de justificación patrimonial que le había cursado Pollicita con 20 puntos donde se marcaron inconsistencias.

Justificó la mayoría de sus gastos en efectivo con la ganancia que obtuvo en criptomonedas y que, dijo, tenía guardada en dólares en su casa sin declarar.

“Considerando que, entre las explicaciones brindadas por la defensa, se atribuyó el capital aplicado a partir del año 2014 a un ahorro familiar formado con anterioridad a partir de la actividad profesional de ambos cónyuges, a fin de corroborar la justificación brindada, corresponde reconstruir la situación patrimonial y los ingresos del matrimonio conformado por Manuel Adorni y Bettina Angeletti”, resolvió ahora el fiscal. Es decir, amplió la investigación desde “el inicio de su vida económica activa” con la mayoría de edad.

Para ello pidió a la ANSES la historia laboral de Adorni y Angeletti: aportes registrados, remuneraciones declaradas, empleadores, períodos trabajados, altas y bajas en el Sistema Integrado Previsional Argentino y actividad autónoma o monotributista, “así como toda prestación, asignación o ingreso que conste a su nombre”.

También requirió al Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires que informen “la totalidad de los inmuebles” que ambos hayan registrado a su nombre entre 1998 y 2011.

Todas las medidas se ordenaron de manera previa a resolver si se pide la declaración indagatoria del ex funcionario.

Los 19 acusados por supuestos sobornos, sobreprecios y direccionamiento en licitaciones para compras de medicamentos de alto costo en la Agencia Nacional de Discapacidad bajo la gestión de Diego Spagnuolo quedaron incriminados por mensajes y audios que exhibirían coordinación para delinquir entre funcionarios, empresarios y lobistas vinculados a droguerías proveedoras.

“Todo lo que tenga papá”, pedía el 23 de diciembre de 2023 -poco después del cambio de Gobierno- Ornella Calvete, hija del lobista Miguel Calvete, a una interlocutora sobre “un listado” para ofrecer en el ámbito de la salud, incluyendo droguerías, prótesis y sillas de ruedas. Dijo que había “un interesado grande” en considerar proveedores.

La Cámara Federal porteña valoró esas y otras conversaciones que dan cuenta de órdenes para sumar o excluir firmas de las compulsas, demorar pagos, conocer cotizaciones y resolver adjudicaciones fuera de los circuitos formales en el direccionamiento de compras del programa Incluir Salud. Lo hizo al confirmar los procesamientos por presunta asociación ilícita, cohecho y otros delitos.

Sobre los sobreprecios para la compra de los medicamentos, un informe encargado por la intervención del organismo en diciembre de 2025 a la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia advirtió por una “merma de costos tras la desarticulación del grupo” ahora acusado y que encabezaba Spagnuolo como titular del ANDIS.

A esto se sumó el relevamiento de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas que advirtió sobre 21 licitaciones auditadas “diversos sobreprecios en las ofertas presentadas por la Droguería Profarma SA.”. Esas “inconsistencias se proyectan también al rubro de insumos, destacándose Indecomm SRL como una de las firmas con mayores adjudicaciones”, remarcó la Cámara.

“Todo lo que tenga papá”

Una de las acusadas, la hija del lobista Miguel Calvete y ex funcionaria del Ministerio de Economía de la Nación, Ornella Calvete, quedó registrada en un audio que mandó a Patricia Canavesio el 23 de diciembre de 2023. Pidió “un listado de todo lo que tenga papá para ofrecer en el ámbito de la salud”, incluyendo droguería, prótesis y sillas de ruedas, en relación a su padre. Dijo que había “un interesado grande” en considerar proveedores y que, si no conseguía el listado, se lo pediría a su papá o a “Lore” y “Pino”, en alusión a Lorena Di Giorno y Eduardo González, también imputados.

Según el tribunal, mantenía contacto frecuente con las oficinas de su padre y con otros integrantes del grupo durante el lapso en que las empresas relacionadas con él incrementaron sus ingresos a través de las contrataciones cuestionadas. La Cámara también valoró que Diego Spagnuolo, nombrado en ANDIS por decreto del presidente Javier Milei, estaba entre sus contactos y que ella buscaba información sobre quiénes quedarían a cargo de la Agencia y sobre posibles negocios con el Estado.

“Con esta droguería no se va a trabajar más”

Uno de los intercambios que la Cámara consideró relevante fue el mantenido entre el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud Daniel Garbellini y Diego D’Giano, exdirector de Prestaciones Médicas de ANDIS.

El 18 de julio de 2025, Garbellini le escribió: “Con esta droguería no se va a trabajar más”. D’Giano respondió que le habían pedido demorar firmas de proveedores que no eran “de las nuestras”: “Yo no lo vengo haciendo pero quería constatarlo con vos, cualquier cosa decime y lo voy haciendo”.

Para los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico, ese diálogo permitió inferir “una intervención ajena a criterios médicos o administrativos” en el tratamiento de los expedientes y pagos de las droguerías.

El fallo también transcribe otras instrucciones atribuidas a Garbellini. El 23 de mayo de 2025, ante una consulta, indicó: “No lo autoricen. Objetá todo, pedí documentación”. Días después, envió otra orden: “Todo observado. No va”.

En otra conversación del 11 de junio, el entonces funcionario pidió: “Fijate de sacar todo lo que sea de Medifarma y avisale a Pato cuando lo sacás para que lo movilice. Bueno, después todo lo demás bien, Génesis y lo de siempre”, según se reconstruyó en la investigación delegada en la fiscalía federal a cargo de Franco Picardi, en los tribunales federales de Retiro.

Otro mensaje que los jueces destacaron ocurrió el 13 de agosto de 2024. Garbellini le informó a otra procesada: “Hay compulsa esta semana, te doy un regalo, el usuario es (...) y la clave (...)”. Luciana Ferrari preguntó: “¿Con ese usuario puedo hacer todo?”. Garbellini respondió que era un acceso genérico para consultas y que podía habilitarle perfiles particulares si los necesitaba.

Los contactos con Miguel Ángel Calvete y las referencias a pagos

La decisión judicial ubica a Miguel Ángel Calvete como uno de los presuntos articuladores privados del esquema. Entre las pruebas mencionadas figuran conversaciones con funcionarios de ANDIS, planillas sobre pagos a proveedores y referencias a porcentajes que la Cámara vinculó con supuestas comisiones.

Respecto de Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS, el tribunal ponderó conversaciones que aluden a una pago de $ 5 millones y al pago de muebles mediante una empresa asociada a Calvete.

En un mensaje, Patricia Canavesio le escribió a Calvete: “Me dijo ok a la factura de Indecomm por los muebles, pero por el efectivo me pregunta por qué, si siempre fue así. ¿Querés que le responda algo particular o preferís llamarlo?”. Para los jueces, la referencia era parte de una secuencia que incluyó el pago de mobiliario para Spagnuolo y la entrega de los cinco millones de pesos al entonces funcionario.

Otro intercambio, fechado el 11 de junio de 2025, fue valorado en el mismo sentido. Calvete le dijo a Canavesio: “Hablás con Play [Julio Viera], mañana a primera hora te lo manda a donde le digas o mandale al Fercho y lo pone en algún lugar disimulado”.

Calvete “conocía de antemano el momento en el que saldrían las compulsas, sobre qué productos, qué empresas serían invitadas y cuándo se liberarían los pagos, confeccionando en base a todo ello cuadros en los que, además de los pagos, se exhiben porcentajes del orden del 15%, 10%, 5% o 3%”, que estarían vinculados al pago de sobornos, remarcó la Cámara.

Las órdenes para poner y sacar empresas

La Cámara señaló que otro acusado, Roger Grant, quien intervenía en el uso del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), reconoció que cargaba tickets y seleccionaba droguerías de acuerdo con las indicaciones de Garbellini.

Entre los mensajes incorporados, el 26 de noviembre de 2024 Garbellini le indicó: “Vicmor alta prestador. Como está. INSUMOS”. Ese mismo día, también le ordenó acelerar la incorporación de esa firma a una compulsa.

En otro diálogo, del 4 de diciembre de 2024, Garbellini ordenó desestimar una convocatoria completa relacionada con procesadores cocleares. Grant preguntó si la decisión alcanzaba a todos los tickets y recibió la respuesta: “Sí, correcto. Los 12. Toda la compulsa completa. DESESTIMADA”. Luego, Garbellini le instruyó: “Mañana sacala nuevamente por los mismos plazos”.

El tribunal también citó un audio de Grant que, según su valoración, mostraba conocimiento de la irregularidad atribuida al mecanismo. “Lo adjudico mañana para no adjudicar hoy mismo que cerró, así también demostramos como que hay algo de análisis”, dijo el acusado en un mensaje enviado el 21 de noviembre de 2024.

“Pasame los valores...si podés por llamada mejor”

En el caso de Lorena Di Giorno, empleada de ANDIS, el fallo transcribe un diálogo del 3 de septiembre de 2025 con Calvete. El empresario le pidió información sobre valores y cotizaciones de insumos. “Pasame los valores de amput y sillas. Si podés por llamada mejor. ¿Están reunidos?”, le escribió.

Di Giorno respondió que no tenía los datos en ese momento y añadió: “Tengo que salir a la calle. En un ratito salgo y te paso”. Cuando Calvete insistió con las cotizaciones, la imputada contestó: “No quiero bajar nada de papeles” y propuso encontrarse para hablar del tema.

El tribunal señaló que, tras ese encuentro, Calvete le escribió: “Me olvidé de darte la guita. Mañana te la doy”. Después de una reunión en la que, siempre según el fallo, participaron Calvete, Patricio Rama, Di Giorno y Eduardo González, la funcionaria adjudicó una provisión a Droguería Floresta, vinculada con Droguería New Farma.

La Cámara también confirmó el procesamiento de Pablo Atchabahian, aunque modificó su grado de responsabilidad en la acusación por asociación ilícita. Los jueces evaluaron un mensaje que envió a Garbellini el 13 de noviembre de 2024: “Por favor, invitá a 20 de Junio. Gracias. Frená y dormí los pagos de Dhiemo. Están jugando mal”.

Para el tribunal, la conversación revela que Atchabahian intervenía en decisiones ligadas a proveedores y pagos pese a no ocupar entonces un cargo formal en ANDIS.

Otro mensaje citado por la resolución consistió en el envío de un listado de expedientes a Atchabahian, con la aclaración: “Esto es de New Farma (Pato)”. En el mismo intercambio se detallaba el estado de trámites y firmas pendientes para que los pagos fueran enviados a la Agencia.

La hipótesis de las empresas privilegiadas

Los magistrados entendieron que estas comunicaciones, junto con otras pruebas documentales y pericias telefónicas, respaldarían la hipótesis de que un grupo limitado de empresas recibía información previa sobre compulsas, ofertas y pagos.

Con el análisis de esta prueba -más decenas de cajas con documentación secuestrada que el Tribunal de Apelaciones pidió de manera física al juzgado instructor y analizó-, los jueces Boico y Farah ratificaron los procesamientos, sin utilizar como prueba de cargo los audios atribuidos a Spagnuolo hablando de un supuesto esquema de pago de sobornos. Estas grabaciones donde se mencionarían presuntos retornos de un “3 por ciento” y se aludiría a Karina Milei y “Lule” Menem se filtraron a la prensa y fueron el puntapié inicial de la denuncia. Su autenticidad es materia de una pericia en la actualidad.

La organización operaba bajo un nombre de fantasía y difundía sus servicios de caza a turistas extranjeros en una página web, redes sociales, un foro internacional de zafaris y plataformas de subastas. La propuesta incluía alojamiento, traslados, guiadas de caza en distintos establecimientos y gestiones aduaneras para sacar los “trofeos”. Para ello había también un servicio de taxidermia en talleres que, según la justicia, eran clandestinos.

Los cotos estaban en provincia de Buenos Aires y Santiago del Estero. Llegaron a encontrarse animales en pésimas condiciones que eran “guardados” hasta la llegada de los turistas. En Santiago del Estero la Justicia los rescató vivos, confinados en condiciones precarias para “facilitar” la caza. En allanamientos se secuestraron restos de pumas, pecaríes de collar, gatos monteses, zorros, tiricas y aves, entre otras especies.

Los “cazadores” eran recibidos en el aeropuerto de Ezeiza y desde allí llevados a los campos: los paquetes ofrecían el ingreso de armas de los clientes al país o el acceso a las provistas por integrantes del grupo. También se vendía la posterior tramitación del envío de los trofeos a los países de origen de los turistas.

Este último “servicio” contaba con la colaboración de una empresa exportadora. Había talleres donde se “preparaban” cueros y cráneos para sacarlos del país: se hacía taxidermia para la limpieza, montaje y embalaje. En allanamientos ordenados por la justicia federal de Lomas de Zamora se encontraron piezas de fauna silvestre, armas, municiones, pólvora y un silenciador de uso prohibido: había cráneos, astas, cueros y ejemplares taxidermizados de especies exóticas, además de restos y piezas de animales protegidos.

La Cámara Federal de La Plata confirmó procesamientos de los acusados aunque alivió su situación al cambiar la figura penal y dejar de lado el delito de asociación ilícita. También ordenó liberar a uno de los imputados que permanecía detenido con arresto domiciliario.

Videos y escuchas

En la investigación se halló un video de un turista estadounidense cazando un puma y un pecarí de collar. Y una escucha telefónica advirtió por la caza de búfalos en un coto bonaerense, prohibida en la provincia de Buenos Aires.

“M. A.: Bueno, pero pará, en ese caso no vamos a poder hacer lo mismo que el mexicano. MASCULINO: ¿Por? M. A.: Porque en Buenos Aires no se puede cazar búfalo. Sí. Así que no tenemos guía. De hecho, todos los clientes de N. y de G. Y. (fon) ¿viste que salieron? MASCULINO: Sí. M. A.: Todos habían cazado búfalo y los búfalos los tuve que dejar. MASCULINO: ¿Y cómo piensan hacer eso? M. A.: Sí, bueno, eso es problema de cada uno, nosotros lo sacamos por Córdoba. Buenos Aires no se puede cazar carnero ni búfalo porque no te dan la guía, viste, no está legislado”.

Ciervos, pumas y búfalos de agua

La investigación que hizo la división de Delitos Ambientales de la Policía Federal determinó que se ofrecía “activamente a extranjeros brindar experiencias de cacería en diversas jurisdicciones del territorio nacional, abarcando tanto especies autóctonas como exóticas”, concluyeron los camaristas Laureano Durán y Roberto Lemos Arias.

Se usaban al menos tres establecimientos rurales que “en su mayoría operaban sin el registro ni la renovación exigida por la Dirección General de Bosques y Fauna local” y promocionaban la “caza de especies silvestres protegidas en esas jurisdicciones”.

La oferta “se complementaba con servicios en la Patagonia mediante un albergue en la ciudad de Bariloche, trámites aduaneros para introducir armamento de los clientes o, alternativamente, alquiler informal de armas de fuego y silenciadores de uso prohibido, y la gestión de exportación de los trofeos a sus países de origen a través de canales de comercio exterior tercerizados”.

Había “documentación falsificada para posibilitar la exportación final de las piezas obtenidas de la caza furtiva”, según la acusación.

En talleres clandestinos dedicados a la taxidermia se encontraron “cueros, cráneos y astas pertenecientes a diversas especies de fauna silvestre exótica (ciervos axis, ciervos dama, ciervos colorados, antílopes de la India, carneros y búfalos de agua), piezas que se encontraban acondicionadas en cajas de madera para su exportación irregular”. Había búfalos de agua, antílopes de la India, carneros, impalas, ñúes y múltiples variedades de ciervos. También se rescató un puma vivo, “en cautiverio dentro de un barril de mínimas dimensiones”.

Cráneos, garras y colmillos

A eso se sumaron 23 cráneos en el domicilio de uno de los acusados y otros 15 más 4 partes de esqueletos y 61 garras en un taller. En la casa de otro de los imputados había 31 cráneos con astas. Se halló una bolsa con tres pieles completas de gato montés. Y se secuestraron colmillos, dos ojeras y una pata de un elefante africano.

“Las pruebas producidas y los secuestros realizados muestran que se empleaban armas con silenciadores y miras telescópicas, cuyo uso se encuentra prohibido”, remarcó el Tribunal. Además “se cuenta con fuertes sospechas de que se falseaban permisos de caza de los turistas, puesto que las fechas consignadas no coinciden con las entradas y salidas de los registros migratorios”, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Los acusados quedaron ahora con procesamiento confirmado en la Cámara Federal de La Plata que consideró que hay pruebas para afirmar que se trató de un presunto esquema de “depredación organizada de fauna silvestre y la provisión ilegal habitual de armas”.

La Cámara descartó el delito de asociación ilícita por el que habían sido procesados los integrantes de la organización y confirmó la acusación por “depredación de fauna silvestre agravada, al tratarse de una actividad organizada, con más de tres personas y con armas o medios prohibidos”. También mantuvo las imputaciones por provisión ilegal de armas de fuego agravada por habitualidad para varios acusados.

La Cámara Federal porteña negó un permiso para viajar a Brasil de vacaciones al exfuncionario kirchnerista Germán Nivello, ex segundo de José López en Obras Públicas, y a su pareja en una causa donde se lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito.

El Tribunal de Apelaciones revocó la autorización que se le había dado de manera previa e hizo lugar a una apelación del fiscal Gerardo Pollicita que consideró que hay riesgos para la investigación si Nivello o su pareja, que también está acusada y había pedido la misma autorización, salen del país.

Nivello es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y además es uno de los 86 juzgados en el caso Cuadernos. En esta última causa está acusado como supuesto miembro de la asociación ilícita que recibió multimillonarios sobornos por parte de empresarios vinculados a la obra pública nacional entre 2003 y 2015.

Vacaciones en Porto Seguro

Junto a su pareja Romina Iacovino pidió permiso para salir del país hacia Brasil desde el 27 de septiembre al 5 de octubre y suministró una reserva en el Club Med de Porto Seguro.

La fiscalía se opuso y recordó que de acuerdo a constancias obtenidas en Estados Unidos, uno de los inmuebles bajo investigación ubicado en Miami habría sido vendido el 24 de septiembre de 2021, cuando la mujer viajó a ese país con permiso judicial en esta misma causa penal. Desde entonces, el Tribunal de Apelaciones rechazó diferentes pedidos de salida del país.

Los camaristas Eduardo Farah y Mariano Llorens remarcaron que “no ha finalizado el intercambio de información con las autoridades de Estado Unidos y que aún no ha sido posible conocer el destino del producido de las mencionadas operaciones, incluyendo en qué jurisdicción habría podido ser relocalizado” el bien en cuestión.

Además el viaje tiene una “mera motivación vacacional” y por eso “no se observa fundamento suficiente alguno que, en el actual estado del proceso, justifique apartarse del criterio aplicado hasta aquí ni tampoco torne irrazonable lo decidido frente a los riesgos que objetivamente se deducen del comportamiento previo de los imputados”, concluyeron en la resolución a la que accedió Infobae.

Quién es Nivello

Nivello fue mano derecha del ex secretario de Obras Públicas en el kirchnerismo José López durante una década. Este último ya fue condenado por enriquecimiento ilícito tras ser descubierto una madrugada de junio de 2016 intentando esconder bolsos con miles de dólares en un convento bonaerense. Ambos son juzgados ahora en el caso Cuadernos.

En la causa donde se revocó su permiso para ir a Brasil, se investiga a Nivello por el incremento patrimonial que habría tenido durante su paso por la función pública. Su pareja está imputada porque “lo habría asistido a incrementar y disimular su patrimonio, y en las diversas maniobras comerciales y de adquisición de bienes muebles e inmuebles relevadas en la investigación”.

Nivello trabajó junto a López durante diez años, entre agosto de 2005 y el 10 de diciembre de 2015. Inició su carrera como coordinador del Programa de Gestión de Obras Públicas, luego ejerció como jefe de Gabinete de la secretaría de Obras Públicas, perteneciente al Ministerio de Planificación Federal encabezado por Julio De Vido.

Su nombre apareció en los cuadernos del remisero Oscar Centeno y en 2018 quedó involucrado en esa causa penal. En 2019, la ex AFIP advirtió inconsistencias en su patrimonio y ello derivó en la apertura de otra causa que fue sorteada en el juzgado federal 11 donde tramita en la actualidad. La pesquisa analiza las declaraciones juradas que presentaron el exfuncionario y su pareja, donde exhibieron un patrimonio neto que pasó de $632.741 en el 2008 a $13.585.694 en 2018, en un período que tuvo a Nivello dentro de la administración pública.

Según determinó la entonces AFIP, el 90 por ciento de la facturación de su pareja en calidad de monotributista estuvo ligada a distintos organismos estatales vinculados, de manera directa o indirecta, con áreas bajo la órbita de la Secretaría de Obras Públicas durante la gestión de López.

Diego Spagnuolo, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, recibió un nuevo revés judicial en su estrategia de defensa contra las acusaciones por presunta corrupción en la compra de medicamentos para el organismo. La Cámara Federal porteña le negó ahora un pedido para ser querellante en un rol de víctima, en otra causa penal que investiga si hubo espionaje ilegal en la filtración a la prensa de los audios que se le atribuyen.

En ellos se lo escucharía hablar de supuestos pagos de sobornos por parte de droguerías para hacerse con licitaciones en la ANDIS, que presidió desde diciembre de 2023 a agosto de 2025.

Se trata de una pesquisa paralela que investiga el origen y la obtención de esos mismos audios, iniciada en septiembre de 2025, luego de la difusión de las grabaciones en la prensa. El Gobierno nacional presentó una denuncia por la posible existencia de una organización dedicada a realizar tareas de inteligencia ilegal, obtener conversaciones privadas y luego difundirlas o manipularlas.

Desde que las grabaciones se filtraron a la prensa -y llegaron a manos de la Justicia en un pendrive con 50 audios- el ex funcionario aportó diferentes versiones y dijo que el material fue editado con IA. Todo ello es en la actualidad materia de una pericia.

El silencio de Spagnuolo

Spagnuolo pretende ser querellante en esta investigación que llevan el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Carlos Stornelli por la filtración de esos audios pero evita confirmar si la voz que se escucha es la suya, por lo cual no puede ser considerado víctima de nada todavía, concluyeron los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico al confirmar el rechazo al pedido por parte del juez Ercolini.

Es más, Farah cuestionó que el exfuncionario libertario haya evitado precisar cuestiones que, “por lógica, debería conocer bien: si es o no es él quien habla, qué fue dicho y qué no, ante quién, cuándo, dónde”. Esa ambigüedad, razonó, puede tolerarse en un acusado —en resguardo de sus garantías—, pero resulta “inconciliable con el rol del querellante y con su deber de atestiguar”.

En la otra causa penal donde su rol es de principal acusado, se confirmó este martes su procesamiento como supuesto jefe de asociación ilícita y cohecho. Allí se desarrolla una pericia para establecer si la voz de los audios le pertenece o no. Además, Spagnuolo se negó a aportar una muestra para cotejo, un cuadro de situación en el que “resulta jurídicamente imposible reconocerle la condición de víctima de las escuchas que él mismo cuestiona”, concluyó el Tribunal de Apelaciones.

“Hasta tanto no se defina ese aspecto, mal puede pretender ser tenido como ‘particular ofendido’ en esta investigación cuyo objeto es establecer si han existido maniobras de captación de conversaciones de funcionarios públicos en presunta violación a la ley de inteligencia”, sostuvo Boico en su voto. El magistrado remarcó que la legitimación como querellante exige acreditar —“aunque sea como hipótesis”— haber sido destinatario de esas supuestas intromisiones.

Cuando reclamó ser parte acusadora, la defensa de Spagnuolo argumentó que “del contenido de aquellos audios surge que la voz del interlocutor pareciera ser la del suscripto, luciendo evidente que soy el sujeto que habría sido víctima de la maniobra de espionaje aquí investigada”.

Pero el camarista Farah concluyó que la hipótesis que dan “sobre el origen de los audios que cuestionan es tan diversa e imprecisa que impide dar por cumplido uno de los requisitos esenciales que el CPPN establece para la admisibilidad de una querella: la ‘relación sucinta del hecho en que se funda’”.

En el expediente por corrupción donde Spagnuolo y otros 18 acusados quedaron con procesamiento confirmado, el juez federal Ariel Lijo ordenó en abril una pericia técnica sobre los registros sonoros a cargo de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional, para determinar su autenticidad, integridad y eventual manipulación mediante inteligencia artificial. Spagnuolo se negó a aportar muestras de su voz para el cotejo y ante ello la fiscalía propuso en cambio comparar los audios con entrevistas públicas del exfuncionario en canales de televisión.

Claudio “Chiqui” Tapia obtuvo este miércoles autorización del juez en lo penal económico Diego Amarante para salir del país y asistir mañana a una reunión de clubes en la sede de la CONMEBOL en Paraguay, ante un pedido que su defensa hizo con “premura” porque el presidente de la AFA no tenía previsto ir al evento pero fue convocado por una autoridad del organismo.

Tapia está procesado por supuesta apropiación indebida de tributos de la AFA y tiene prohibida la salida del país en esta causa penal. Por ello debe pedir autorización ante cada viaje al exterior, como ocurrió durante el último Mundial de fútbol. Su defensa presentó el escrito en el juzgado en lo penal económico 10 el mismo día del viaje, este miércoles, con fecha de vuelta el viernes próximo. El destino es la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), en la ciudad paraguaya de Luque.

Estará presente mañana en reuniones de los clubes semifinalistas de la CONMEBOL Sudamericana y de la CONMEBOL Libertadores 2026. La defensa explicó que el dirigente había recibido una invitación el 18 de septiembre, pero no tenía previsto ir. Sin embargo, este miércoles “una autoridad de la CONMEBOL requirió su presencia, circunstancia que motivó la formulación inmediata de la petición” al juzgado, según supo Infobae de fuentes judiciales.

El juzgado autorizó el viaje con una caución de 30 millones de pesos depositada en una cuenta bancaria. En un escrito que firmó él mismo, Tapia se comprometió a cumplir las condiciones impuestas. En esta ocasión y ante la “escasa antelación” del pedido no se requirió opinión a la fiscalía, teniendo en cuenta que en oportunidades anteriores no hubo objeciones.

Pedidos de informes

El 16 de septiembre pasado, en el marco de otra causa penal que lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito en su rol como funcionario público en el CEAMSE, se ordenó enviar un exhorto internacional a la CONMEBOL para que “remita copias del legajo personal” de Tapia, informe los cargos que ejerció o ejerce, sus ingresos hasta el presente, períodos y cuentas bancarias usadas para el pago.

La decisión fue del juez federal Ariel Lijo, quien dispuso esa medida a pedido del fiscal del caso Gerardo Pollicita, como parte de la investigación en la cual también levantó los secretos fiscal, bancario y bursátil de Tapia. El organismo con sede en Paraguay deberá responder al juzgado en cuanto reciba la rogatoria internacional.

Retención de aportes

En la causa a cargo de Amarante donde tiene prohibida la salida del país, que se lleva en el fuero en lo penal económico, Tapia ya está procesado sin prisión preventiva por “apropiación indebida de tributos” en 34 oportunidades y de recursos de la seguridad social agravada en otras 17 por no depositar en tiempo y forma en ARCA retenciones que hizo la AFA por esos rubros. Está embargado por 350 millones de pesos. La decisión quedó firme en la Cámara en lo Penal Económico. En la misma situación está el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino.

Además, se los investiga por una ampliación de denuncia que hizo ARCA por supuesta evasión agravada con el uso de facturas truchas. Se trata del Impuesto a las Salidas No Documentadas, por los períodos fiscales 2024 y 2025, por una suma que asciende a $289.336.519 y una posible “asociación ilícita fiscal”. Esta parte de la investigación está en etapa de prueba.

El juez federal Daniel Rafecas firmó una nueva orden de captura internacional en la investigación del atentado a la AMIA con el objetivo de indagar a un sospechoso libanés al que se vincula con la fase operativa del ataque cometido el 18 de julio de 1994 y que dejó 85 muertos en Pasteur 633.

Se trata de un acusado que ingresó al país poco antes del atentado con un pasaporte paraguayo a nombre de Hassan Bailoun -también identificado como Hassan Atef Bailoun- aunque aún faltan precisiones sobre su identidad y el origen de este documento.

La nueva orden de captura se libró junto con el procesamiento el lunes último de ocho acusados iraníes y libaneses que van camino a ser juzgados en ausencia, de acuerdo a la ley que habilitó este tipo de procesos en el país. Como se desconoce su paradero actual, se cree que viviría en el Líbano y resulta “imprescindible contar con su presencia durante la sustanciación” de la causa, se ordenó la captura internacional.

El rol del acusado

Bailoun está mencionado en el expediente desde 2023 y se lo vincula con un ingreso a la Argentina 17 días antes del ataque, con documentación paraguaya y desde un vuelo procedente de San Pablo.

La resolución también prevé solicitar al Líbano su detención provisoria con miras a una eventual extradición y requerir a Interpol la emisión de una circular roja. Además, se ordenó insistir ante Paraguay en busca de precisiones sobre la emisión del pasaporte.

Según la investigación, el hombre con el pasaporte a nombre de Bailoun ingresó al país el 1 de julio de 1994 por el aeropuerto internacional de Ezeiza a bordo del vuelo AF 238 de Air France, procedente de San Pablo, y declaró residencia en el Líbano.

Los investigadores ubicaron su llegada al país en una secuencia de llamados telefónicos atribuidos a Salman Raouf Salman, conocido también como Samuel El Reda, agente libanés de Hezbollah, quien acaba de ser procesado como responsable de haber coordinado la etapa final del atentado. Según la causa, lo estaba esperando en Ezeiza.

“No se trata de examinar, de manera aislada, el ingreso al país de una persona de origen libanés con documentación paraguaya no corroborada, sino de determinar si ese desplazamiento, colocado en su contexto temporal, territorial, documental y comunicacional, presenta rasgos compatibles con la dinámica de actuación que se atribuye al grupo operativo de Hezbollah asentado o apoyado en la zona de la Triple Frontera”, explicó el juez en la resolución.

Desde el locutorio del espigón internacional de Ezeiza hubo comunicaciones de Salman -antes y después de la llegada del vuelo- hacia líneas de Foz de Iguazú, en la Triple Frontera. Una de esas llamadas fue dirigida al celular registrado a nombre de “André Marqués”, una identidad que la investigación asocia con la coordinación regional de la estructura investigada.

Después del ataque, el 20 de julio de 1994, una persona identificada como Hassan Atef Bailoun salió de Brasil con el mismo pasaporte paraguayo con el que llegó a la Argentina.

La circulación de Bailoun por el eje Argentina-Brasil-Triple Frontera resulta compatible con los movimientos que se atribuyen al grupo operativo que perpetró el atentado, agregó la decisión judicial.

Ventana crítica

El acusado estuvo en Argentina en “la ventana crítica de la fase final de atentado” y debe procurarse “de manera completa su individualización, localización y sometimiento al proceso”, por eso se ordenó la captura “sin perjuicio de la ulterior precisión que corresponda efectuar sobre su identidad completa, nacionalidad, documentación utilizada y eventual pertenencia orgánica o funcional al grupo ejecutor”.

El juez ordenó que, más allá del tiempo que pasó, se intente el secuestro del pasaporte “y de toda otra documentación identificatoria vinculada con Hassan Bailoun, Hassan Atef Bailoun, Hassan Bailoun o Hassan Bailoon, por constituir no solo eventuales medios de circulación internacional, sino también objetos probatorios centrales para determinar la regularidad o irregularidad de la identidad empleada”.

El lunes pasado, a pedido del titular de la Unidad Fiscal AMIA Sebastián Basso, Rafecas procesó a siete ciudadanos iraníes y un libanés por el atentado y los acusó de homicidios y lesiones reiteradas, agravadas por haber sido cometidas por odio racial o religioso, mediante el empleo de un elemento idóneo para generar un peligro común, sumado al delito de daño agravado por motivos discriminatorios.

Además, hay otro jerarca iraní que fue requerido para un futuro juicio en ausencia. Se trata de Alí Asghar Hejazi, mano derecha del líder supremo Alí Khamenei, asesinado el pasado 28 de febrero en un ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel. Hejazi fue imputado y llamado a indagatoria en abril, desde cuando también rige una orden de captura internacional.

La Cámara Federal porteña confirmó este martes el procesamiento de Diego Spagnuolo por presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad para la compra de medicamentos de alto costo a determinadas droguerías, con pago de sobreprecios, desde diciembre de 2023 a octubre de 2025. Los remedios se destinaban a sectores vulnerables.

El abogado y extitular de ANDIS en el gobierno de Javier Milei quedó más cerca de ser enviado a juicio oral como presunto jefe de asociación ilícita, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.

Asociación ilícita

Los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah ratificaron también los procesamientos de otros 18 acusados, entre ellos el lobista Miguel Angel Calvete y su hija y ex funcionaria del Ministerio de Economía Ornella. Se dio por probada la existencia de una “asociación ilícita conformada por funcionarios públicos y particulares”, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae. Además se consideró acreditado que hubo “direccionamiento de contrataciones a favor de determinadas empresas” en la compra de medicamentos de alto costo para sectores vulnerables con “pago de sobornos a funcionarios” entre ellos el propio Spagnuolo. Esa fue la base de la acusación del fiscal que lleva el caso, Franco Picardi. Los camaristas instaron a que se avance sobre más responsables.

Spagnuolo fue designado en ANDIS en diciembre de 2023 por decreto del presidente Javier Milei y lo echaron en agosto de 2025, jaqueado por el escándalo de la difusión periodística de audios atribuidos a su persona, donde hablaría de un supuesto esquema de coimas entre laboratorios y la Agencia que llegaría a altos funcionarios del Gobierno nacional. En las grabaciones se escucha a quien habla mencionar a “Lule” Menem y Karina Milei.

Al respecto, los camaristas rechazaron nuevos planteos de nulidad de la causa en base a la presunta ilegalidad de esos audios que dieron origen a la investigación porque, remarcaron, se ordenó y está en marcha ya una pericia para establecer si quien habla es Spagnuolo.

Los procesamientos fueron resueltos por el anterior juez del caso, Sebastián Casanello en febrero pasado ya que la causa tramita en el juzgado federal 11 que está vacante y ahora es subrogado por Ariel Lijo, quien quedó a cargo de la investigación.

Se investigan direccionamientos y retornos en las compras de medicamentos de alto costo y baja incidencia a por lo menos cuatro droguerías sospechadas por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La denuncia judicial se produjo tras la difusión de los audios atribuidos a Spagnuolo en los cuales se mencionaba un esquema de pago de “retornos” dentro del organismo.

Cómo fue la maniobra

Más allá de los audios los camaristas dieron por probado con otra prueba generada en la investigación como mensajes extraídos de teléfonos celulares y documentación secuestrada, que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 en la Agencia Nacional de Discapacidad “se habrían realizado contrataciones direccionadas y con sobreprecios -en insumos y medicamentos-, que tuvieron como contrapartida la promesa y entrega de dádivas a funcionarios públicos, en un contexto asociativo ilícito cuya finalidad era la obtención de ganancias indebidas”.

Para ello, en concreto, los acusados usaron un sistema de compras conocido como SIIPFIS “que habría sido manipulado de modo de resultar invitadas a cotizar sólo las droguerías y firmas proveedoras vinculadas a los miembros de la organización delictiva”. Además hubo simulación de competencia entre droguerías, cuyos integrantes conocían de antemano quien sería el ganador y usaban oferentes “pantalla”. Se confirmó el procesamiento de varios integrantes de estas empresas.

Se tejieron vínculos entre privados y funcionarios y las fechas de las licitaciones, cotizaciones y pagos se definían “por fuera de los mecanismos legítimos otorgándoseles a personas ajenas a la administración pública un poder de decisión impropio con el objetivo de obtener ventajas económicas indebidas en perjuicio del Estado Nacional”.

El principal referente externo de las maniobras era Calvete: se usaban empresas con las que tenía vínculos para competencias simuladas, entre ellas Indecomm SRL, Resposane Salud SA, Bymax Medical SRL, Smart Medical Image SRL, Droguería Profarma SA y Profusión SRL/Profusión Marketing SRL. Para ello contaba con los entonces funcionarios de ANDIS ahora también procesados que le pasaban la información sobre compras y licitaciones de las contrataciones PACBI, los medicamentos de alto costo y baja incidencia.

Los acusados que colaboraban eran, entre otros, Spagnuolo, Garbellini y otros cuatro funcionarios de la agencia de discapacidad Roger Grant, Lorena Di Giorno, Eduardo González y Diego D’ Giano que sabían “de antemano el momento en el que saldrían las compulsas, sobre qué productos, qué empresas serían invitadas y cuándo se liberarían los pagos, confeccionando en base a todo ello cuadros en los que, además de los pagos, se exhiben porcentajes del orden del 15%, 10%, 5% o 3%”, que dan indicios de pago de sobornos.

Una misma droga, en igual presentación y marca, en compras ‘grandes’ fue cotizada y adjudicada por un precio unitario de $21.000.000 en los meses de abril y mayo y $25.012.000 en el mes de julio de 2025, remarcaron los jueces para dar un ejemplo de los sobreprecios.

Spagnuolo tenía todo “frente a sus ojos”

Spagnuolo no se limitaba a validar y acompañar “todo el proceso que transcurría frente a sus ojos”. Además, tuvo una intervención “activa” para lograr concretar los planes delictivos y proporcionó las herramientas que tenía gracias a su cargo. Para ello también estaba otro de los procesados, Daniel Garbellini, designado en ANDIS en su gestión y articulador de “las finalidades ilícitas del grupo investigado”.

Se recordó el intercambio de mensajes del estilo “Con esta droguería no se va a trabajar más” o “Las que no son de las nuestras demorale la firma”.

Otro de los acusados, el lobista Miguel Calvete tuvo un “rol preponderante” a la hora de manejar los contactos con droguerías y funcionarios del ANDIS, remarcó el fallo.

La investigación está en la actualidad a cargo del juez Lijo, quien debe decidir la situación procesal de una nueva tanda de indagados. En tanto para mañana miércoles se espera la declaración como testigo desde Bolivia de Nadia Beller, la abogada ex amante de Fernando Cerimedo, quien sobrevivió a un ataque a balazos en ese país. Por el hecho está preso el ex consultor libertario argentino. La mujer declarará por videoconferencia ante el fiscal Picardi luego de haber dicho tener pruebas sobre quién filtró a la prensa los audios de Spagnuolo.

Los acusados

Entre los 19 acusados está también la ex funcionaria del Ministerio de Economía Ornella Calvete, a quien se secuestraron casi USD 700.000 en su departamento. Según su declaración, los fajos de billetes encontrados en un allanamiento eran, en gran parte, propiedad de su padre, Miguel Angel Calvete.

Los jueces recordaron que la mujer era por entonces funcionaria del Ministerio de Economía de la Nación, primero como directora de Análisis de Cadena de Valor y luego como Directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial, hasta que también por el escándalo de las coimas de ANDIS dejó su cargo. " Existen suficientes elementos que acreditan que también participaba de los negocios ilícitos que su padre, Miguel Angel Calvete, tenía en derredor del ANDIS", concluyeron.

El listado completo

1. Diego Spagnuolo: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), cohecho (art. 256), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita como organizador o jefe (art. 210, segundo párrafo).
2. Daniel Garbellini: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita como organizador o jefe.
3. Miguel Ángel Calvete: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita como organizador o jefe.
4. Pablo Atchabahian: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita.
5. Diego Martín D’ Giano: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita.
6. Roger Edgar Grant: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita.
7. Eduardo Nelio González: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita.
8. Lorena Vanesa Di Giorno: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita.
9. Andrés Horacio Arnaudo: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita.
10. Silvana Vanina Escudero: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita.
11. Alejandro Gastón Fuentes Acosta: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita.
12. Patricio Gustavo Rama: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita.
13. Federico Maximiliano Santich: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita.
14. Guadalupe Ariana Muñoz: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita.
15. Julio Cesar Viera: cohecho y asociación ilícita.
16. Ornella Calvete: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita.
17. Patricia Liliana Canavesio: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita.
18. Ruth Noemí Lozano: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita.
19. Luciana Ferrari: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita.

El ex jefe de Gabinete Manuel Adorni atribuyó a su ahorro en dólares que guardó en su casa sin declarar, préstamos y sueldos el nivel de vida que mostró desde que llegó a la función pública, en el gobierno de Javier Milei, hasta su renuncia el 27 de junio pasado.

“Manuel Adorni y Bettina Angeletti optaron deliberadamente por ‘vivir como si no lo tuvieran’, privilegiando el ahorro y la prudencia patrimonial por sobre cualquier cambio en su nivel de consumo”, justificó la defensa.

Sobre el origen de los dólares no declarados producto de la inversión en criptomonedas, el abogado Matías Ledesma encontró explicación “en el contexto del ahorro familiar informal extendido en la Argentina de esos años: la costumbre de mantener ahorros personales en efectivo y en moneda extranjera, por fuera del sistema bancario y del radar de ARCA, no es una práctica excepcional ni indicativa de un propósito ilícito, sino una conducta extendida en amplios sectores de la sociedad argentina”.

Problemas con vecinos y altercados

El abogado contó en el escrito que el matrimonio había optado por no usar ese dinero y destinarlo al futuro de sus hijos y el suyo propio, a la hora de la jubilación. Pero la llegada de Adorni a la vida pública cambió el plan.

Esa decisión, “debió ser forzosamente modificada una vez que mi asistido ingresó a la función pública. En primer lugar, por razones de seguridad: el departamento de la calle Asamblea en el que residía el matrimonio no contaba con cochera y, al encontrarse en primer piso, sus vecinos le arrojaban objetos a su patio, circunstancia que motivó la mudanza al inmueble de Miró 550″.

Luego y en segundo lugar, y a raíz de un altercado que Adorni protagonizó en la vía pública, “el matrimonio entendió que, como familia, y a fin de preservar a sus hijos menores de edad, lo más conveniente era contar con una casa de fin de semana en el barrio Indio Cuá -que ya conocían- que les permitiese disfrutar, junto a los niños del aire libre”. Por eso se resolvió usar ese dinero que guardaban para las compras inmobiliarias, refirió.

Las inconsistencias

El fiscal federal Gerardo Pollicita exigió aclarar inconsistencias en 20 puntos de su evolución patrimonial, entre los principales figuran la compra y refacción de su casa en el country Indio Cuá, un departamento en Caballito y gastos que hizo con tarjetas de crédito de sus empleados en la Casa de Gobierno.

Sobre este último punto, dijo que las compras y pagos que hizo con la tarjeta de crédito de su por entonces secretaria Gisela Kocsis, como un lavarropas, formaban parte de las tareas de asistencia personal y laboral de esta última y que le reintegraba esos gastos en efectivo. Lo mismo argumentó de la compra de otra empleada, Laura Schiuma: que le prestó una tarjeta para una compra puntual y que le devolvió el dinero cuando llegó el resumen. En relación a la compra de colchones y ropa blanca por 8 millones de pesos dijo que Kocsis organizó el pedido y que fue pagado por su esposa Bettina Angeletti en el local, en efectivo.

Sobre las consolas y proyectores de videojuegos que se le atribuyen haber adquirido en su cuenta de Mercado Libre con la tarjeta de otro amigo, Luis Aluju, dijo que eran para este último.

También justificó con la ganancia de las criptomonedas viajes a Aruba y al hotel Llao Llao en Bariloche, entre otros gastos.

Las propiedades

En relación a los pagos a la escribana Adriana Nechevenko por las escrituras de compraventa de sus propiedades explicó que abonó todo en efectivo y se facturó a nombre de su esposa Bettina Angeletti porque ella hizo los trámites.

Sobre el departamento de Miró 550 en Caballito atribuyó los USD 30.000 en efectivo abonados en la escritura a los mismos ahorros en dólares de las criptomonedas. El valor restante se solventó con un mutuo. Sobre los muebles adquiridos a Matías Tabar, también dijo que se pagaron con esos fondos y que las refacciones fueron valuadas a partir de la estimación de Pablo Feijoo, dueño anterior del departamento, quien las habría calculado entre USD 30.000 y USD 40.000. La diferencia declarada se atribuyó a una obligación de pago de USD 62.500 con Feijoo.

Compra del lote 380 del Country Indio Cuá y tasa de ingreso. Según la defensa, el lote costó USD 120.000: USD 100.000 provinieron de un mutuo con garantía hipotecaria sobre el departamento de los Adorni en Asamblea 1132 y los otros USD 20.000 fueron pagados en efectivo con dinero de su esposa. Sobre la falta de inclusión inicial del bien en las declaraciones juradas, explicó que fue rectificada el 10 de junio de 2026 para asignar el 50% del activo y el 50% de la deuda hipotecaria a cada cónyuge, conforme al régimen de comunidad de bienes. La tasa de ingreso de USD 5.000 al country fue imputada a los ahorros en dólares.

Refacción de la vivienda de Indio Cuá y pagos a Matías Tabar. Adorni afirmó que los desembolsos provinieron de los mismos ahorros en dólares obtenidos con las inversiones en cripto. La defensa cuestionó que la obra hubiera costado USD 245.000 —o USD 245.929, según distintas referencias—, como declaró el contratista Tabar. Enumeró presuntas inconsistencias en planillas, facturas, remitos y presupuestos: errores aritméticos; montos diferentes en documentos sucesivos; gastos sin respaldo; entregas de materiales a domicilios distintos; facturas emitidas a nombre del contratista; y falta de planos, dirección técnica o presupuesto integral. La presentación sostuvo que los pagos efectivamente identificados ascendieron a USD 175.000 y que un informe de un arquitecto de parte estimó el valor técnico de mercado de la obra en USD 174.954,58.

Nivel de vida, préstamos y autos

Sobre los gastos cotidianos, viajes, educación y alquileres varios sostuvo que se pagaron con sus ingresos salariales y la facturación de su esposa, rendimientos financieros y los ahorros en dólares. “No se verifica, en ningún semestre del período examinado, un nivel de consumo o inversión que exceda los recursos lícitos disponibles del matrimonio”, advirtió la defensa. En el escrito se detallaron pagos de decoración, tratamientos odontológicos, servicios de telecomunicaciones, viajes y seguridad. En algunos casos dijo que se abonaron en efectivo; en otros, con tarjetas o transferencias.

La defensa presentó cuadros para 2024, 2025 y el primer semestre de 2026 con los ingresos, gastos, compras de dólares, tarjetas, transferencias internas, saldos bancarios, billeteras virtuales, efectivo y fondos al cierre de cada período. Sostuvo que los gastos se explicaban por el sueldo de Adorni, los ingresos de Angeletti, la facturación vinculada a Agropecuaria Las Helenas, rendimientos financieros y ahorros previos en dólares.

Mutuos con Silvia Pais y Norma Zuccolo

Adorni argumentó que se trató de préstamos privados —incluido uno con su madre, Silvia Pais—, cuya validez no exigiría escritura pública, registración ni pacto de intereses. Señaló que esas obligaciones figuraban en sus declaraciones juradas impositivas y que la falta de documentación adicional es habitual en préstamos intrafamiliares. La defensa citó jurisprudencia comercial para sostener que la ausencia de un contrato formal no demostraría mala fe cuando el préstamo se celebra entre familiares.

Compra de la Jeep Compass por $21,5 millones

La defensa negó que $18,3 millones hubieran sido abonados en efectivo. Dijo que la operación fue una permuta: entregaron una Renault Captur que el matrimonio había comprado en 2021. Informó como pagos adicionales: dos transferencias de $1 millón —una desde una cuenta de Adorni y otra desde la de su esposa— y un pago con tarjeta Visa en seis cuotas de $200.000. Indicó que esas operaciones están respaldadas por resúmenes bancarios y de tarjeta de crédito.

El ex jefe de Gabinete Manuel Adorni negó haber pagado USD 245 mil por las refacciones a su casa de Indio Cuá, dijo que fueron USD 175 mil y que su dinero en efectivo provino de ahorros por USD 600 mil que justificó en la liquidación de Bitcoin entre 2017 y 2018, al presentar las explicaciones a los 20 puntos del requerimiento de justificación de su patrimonio que le cursó el fiscal federal Gerardo Pollicita. El ex funcionario nacional argumentó que guardó parte de esa ganancia no declarada en dólares en su casa.

En el documento de 78 carillas sostuvo que su evolución patrimonial entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026 “encuentra sustento razonable y verificable en la prueba documental, contable y técnica que se acompaña, y en la que oportunamente se incorporará, sin que exista enriquecimiento apreciable alguno que no admita explicación”, según el escrito al que tuvo acceso Infobae.

Los ahorros en Bitcoin

El ex funcionario del gobierno de Javier Milei sostuvo que los dólares que usó en sus pagos en efectivo provienen de la liquidación de bitcoin entre 2017 y 2018. Afirmó que ocho billeteras le generaron USD 591.544,61 y que sus claves privadas fueron acreditadas mediante un acta notarial. “Se trata, en consecuencia, de un activo preexistente al ejercicio de la función pública”, argumentó su abogado Matías Ledesma. Según la defensa, esas direcciones registraron movimientos entre octubre de 2014 y septiembre de 2018 y ya no conservan saldo.

Con ese dinero, dijo, pagó también viajes a Aruba, el hotel Llao Llao en Bariloche y uno de su esposa Bettina Angeletti a España.

“El origen de los fondos declarados bajo el rubro ‘venta de activos’” se vincula con “el producto de la liquidación” de esas billeteras. La defensa estimó el total obtenido en USD 591.544,61 y sostuvo que una porción de ese dinero permaneció guardada en efectivo fuera del circuito bancario.

La presentación reconoce que la compra y la liquidación de las criptomonedas se habrían realizado mediante encuentros personales y pagos en efectivo, es decir, sin intervención de entidades financieras y sin declarar. También afirma que los dólares fueron conservados en el domicilio de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. “Los dólares así percibidos fueron parte reinvertidos bajo la misma modalidad y luego conservados por mi asistido y su cónyuge por fuera del sistema bancario, en su domicilio”, explicó el abogado en el escrito.

Además se insinuó que si hubo algún delito de orden tributario por esos dólares no declarados, debería investigarlo en todo caso ARCA o la justicia en lo penal económico y no el fuero federal.

La presentación se produce a 137 días de la entrevista con el periodista Alejandro Fantino en la que había dicho que estaba trabajando en el tema, luego de que se conociera que pagó en efectivo refacciones onerosas que se realizaron en su casa del barrio privado Indio Cuá.

El 10 de agosto pasado, el fiscal Pollicita exigió a Adorni que justifique su patrimonio como parte de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito y luego de haber detectado inconsistencias por 43 millones en pesos argentinos y USD 400.000.

La casa de Indio Cuá

Sobre la compra de la casa del country Indio Cuá y los pagos en efectivo, Adorni sostuvo que se financió con un préstamo hipotecario de USD 100.000 y USD 20.000 en efectivo. “La compra del lote 380 del Country Indio Cuá, por un valor de USD 120.000, se financió mediante el mutuo con garantía hipotecaria sobre el inmueble de la calle Asamblea 1132 (Escritura N.º 119) por USD 100.000, abonándose el saldo de USD 20.000 con dinero en efectivo bajo la custodia de Bettina Angeletti”, esposa del exfuncionario, explicó.

La presentación cuestiona los USD 245.000 que el contratista Matías Tabar declaró como testigo que le pagó en efectivo por las refacciones en la vivienda y sostiene que el desembolso fue por un total de USD 175.000, que salieron de la cuenta bancaria de Adorni y provenían de sus ahorros.

También aludió a diferentes montos que informó el contratista y a que más de quince ítems de una planilla final “carecen de fecha de registro”. “La suma de los rubros que Tabar mismo consignó en su primera planilla (‘mov. 380 final’) arroja USD 285.929,00, y no los USD 245.929,00 que el testigo declaró como costo total de la obra.”

Las respuestas

El abogado Ledesma, presentó el requerimiento de justificación y anexos con documentación, al filo del vencimiento de la prórroga del primer plazo de 15 días hábiles que le había concedido el juez federal Ariel Lijo, a cargo de la causa.

Adorni respondió cada uno de los 20 puntos que la fiscalía marcó como inconsistencias en su evolución patrimonial con explicación y respaldo documental y expuso “las razones jurídicas por las cuales corresponde tener por debidamente satisfecha la carga de justificación que la norma impone”.

La defensa también explicó que la tasa de ingreso al country Indio Cuá por USD 5.000, quedó incluida en la reconstrucción del flujo de fondos en dólares. Las declaraciones juradas rectificativas de junio de 2026 incorporaron el activo y la deuda hipotecaria en mitades iguales para cada integrante del matrimonio.

Según el planteo, esa rectificación buscó “reflejar correctamente la situación de la sociedad conyugal” y no obedeció a un intento de ocultamiento patrimonial.

De acuerdo con el documento, los ahorros declarados en efectivo pasaron de USD 513.000 al cierre de 2023 a USD 388.961,52 al cierre de 2024 y a USD 209.961,52 al finalizar 2025.

La defensa planteó que esos fondos que ahorraban “para el futuro de sus hijos” fueron utilizados para la adquisición y la mejora de los inmuebles de Indio Cuá y un departamento en Caballito que compró Adorni durante su paso por la función pública. “Ese mismo dinero que venían ahorrando con miras al futuro de sus hijos pasó a destinarse, en cambio, a la adquisición y refacción de la casa de Indio Cuá y a la adquisición del departamento de Miró”, afirma la presentación.

El escrito sostiene que la diferencia patrimonial bajo análisis, calculada por la fiscalía en $43.068.549, representa una brecha residual y no un enriquecimiento apreciable. La defensa señala que equivale al 15,8% de los egresos reconstruidos y afirma que los anexos contables y técnicos aportados cubren esa diferencia. Toda la documentación presentada quedará ahora bajo análisis de la fiscalía y si las explicaciones no convencen, se avanzará en un planteo ante el juez para que Adorni sea citado a declaración indagatoria.

Por un lado, la fiscalía solicitó un careo entre Juan Carlos Barrales, el comisario que dirigió el allanamiento al departamento de Cristina Kirchner el 23 de agosto de 2018, y el encargado del edificio, Julio Silva.

“Solo uno puede estar diciendo la verdad”, sostuvo la fiscal Fabiana León. Es que el portero declaró en mayo que la tarde del allanamiento a la casa de CFK escuchó al policía hablar con el entonces juez del caso, Claudio Bonadio, y recibir órdenes de quedarse en el lugar hasta encontrar algo.

El segundo pedido fue formulado por la defensa de Roberto Baratta. El ex número dos del Ministerio de Planificación Federal, pretende enfrentar a los exdirectivos de Techint Luis Betnaza y Héctor Zabaleta. Ambos declararon como testigos que entregaron un millón de dólares en coimas a Baratta, quien negó esos hechos y los acusó de mentir.

El encargado y el policía

El planteo para carear al encargado y al policía se produjo durante la declaración de Barrales, quien era jefe de la División Operaciones Federales el 23 de agosto de 2018, cuando se realizó el allanamiento al domicilio que entonces ocupaba Fernández de Kirchner en Recoleta.

La audiencia incluyó una discusión previa entre la fiscal y Carlos Beraldi, abogado defensor de la ex presidenta, a raíz de la exhibición de la filmación del procedimiento. Beraldi objetó la proyección de imágenes del interior del departamento —entre ellas, sectores como la cocina, el baño, vestidor con puerta blindada y el escritorio— y reclamó que se preservara la intimidad de su defendida.

León respondió que el video había sido ofrecido como prueba y admitido antes del comienzo del debate. Tras un cuarto intermedio, los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero autorizaron por mayoría la continuidad de la exhibición.

Según la acusación, en el inmueble de Juncal y Uruguay se habrían concretado 87 entregas por cerca de 70 millones de dólares. En ese contexto, Barrales recordó que durante el allanamiento se detectó una puerta blindada detrás de la habitación principal, que comunicaba con un vestidor o placard.

La fiscalía busca confrontar al policía y al encargado histórico del edificio de Uruguay y Juncal, quien se desdijo ante el Tribunal y negó haber visto lo que declaró durante la instrucción en 2018: que vio movimientos de bolsos vinculados al matrimonio presidencial. Sostuvo que se sintió presionado en el juzgado, donde le hablaron de sus hijas y firmó su declaración “sin leer”.

La fiscalía remarcó que Silva brindó ante el TOF 7 una reconstrucción detallada de episodios ocurridos años atrás, mientras que Barrales no ratificó varios aspectos de esa versión. Entre otros puntos, el comisario negó haber recibido gritos del entonces juez federal Claudio Bonadio y no recordó que el encargado hubiera presenciado un contacto suyo con el tribunal para pedir instrucciones.

“Estuve en ese allanamiento 11 horas y media. Y hubo un momento, a las 18.30, no me puedo olvidar, cuando llamó el juez al comisario inspector a cargo. A los gritos, que se sentían, le dijo que no había nada en el edificio y el juez le dijo: ‘Se van a quedar hasta mañana, hasta que encuentren algo’”, declaró el encargado como testigo en el juicio oral.

La fiscal entiende que esas divergencias justifican el careo. La medida, si es autorizada por los jueces, permitiría que ambos testigos expongan sus versiones frente a frente sobre aspectos centrales de la investigación inicial.

Baratta versus Techint

La defensora de Baratta, Elizabeth Gómez Alcorta, solicitó un careo entre su cliente y Betnaza y Zabaleta. El pedido se apoya en las contradicciones que la defensa dice haber detectado entre las declaraciones de los exejecutivos de Techint y la ampliación indagatoria que el exfuncionario acusado concretó el 10 de septiembre para salirles al cruce.

Zabaleta declaró que entregó a Baratta paquetes con pesos equivalentes a cerca de un millón de dólares, una suma que, según dijo, respondía a instrucciones de Betnaza. El exdirectivo afirmó que los pagos se realizaron en moneda local porque no podía acceder al mercado de cambios.

Betnaza, por su parte, confirmó que dio la orden para esos desembolsos. Según su declaración, el objetivo era conseguir ayuda para sacar de Venezuela a empleados de Techint durante el proceso de nacionalización de la siderúrgica Sidor.

Baratta rechazó los dichos de ambos y pidió confrontarlos directamente. La defensa sostuvo que existen diferencias sobre la modalidad, las circunstancias y la mecánica de las supuestas entregas de dinero.

La secretaria de Néstor Kirchner y el CEO

A los dos pedidos de careo se suma la situación de testigos que todavía no declararon y cuya comparecencia permanece bajo análisis. Entre ellos se encuentran Miriam Quiroga, exsecretaria de Néstor Kirchner, y Paolo Rocca, director ejecutivo de Techint, quienes alegaron problemas de salud.

Baratta, exjefe del remisero autor de los cuadernos Oscar Centeno, salió al cruce de Zabaleta y Betnaza porque “repitieron mentiras del año 2018″, cuando se abrió la causa por los cuadernos. Además reclamó que declare como testigo Rocca, quien presentó un certificado médico para -por ahora- no concurrir a tribunales. Al igual que sus entonces ejecutivos, el CEO de Techint estuvo procesado en la investigación pero luego fue sobreseído.

En cuanto a Miriam Quiroga, presentó un certificado médico para justificar la presunta imposibilidad por razones de salud de asistir a declarar como testigo. La mujer reside en Córdoba, no asistió a una primera convocatoria y fue sometida a un amplio examen por orden de los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, quienes quedaron en condiciones de decidir. El informe psiquiátrico y psicológico concluyó que puede ser interrogada como testigo de manera remota aunque otro elaborado por el Cuerpo Médico Forense lo desaconsejó.

En caso de declarar, será interrogada por las acusaciones que realizó años atrás sobre presuntos movimientos de dinero y bolsos vinculados al kirchnerismo. Su figura cobró notoriedad años atrás, cuando en 2013 apareció en televisión denunciando supuestos traslados de dinero durante el gobierno de Néstor Kirchner. Se presentó como ex secretaria del entonces presidente y relató viajes a la Patagonia con bolsos que, según dijo, contenían dinero. En lo formal estaba asignada al área de Ceremonial de Presidencia.

Publicó un libro, “Mis años con Néstor y todo lo que vi”. En lo relativo al caso Cuadernos, declaró como testigo durante la investigación del fallecido juez federal Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli. Apuntó entonces al fallecido ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz.

“En una ocasión, Daniel Muñoz salió del despacho del presidente Néstor Kirchner a mediados de su mandato aproximadamente. En horas de la tarde, entró a mi despacho con un bolso, que yo reconocí porque era un bolso que le había regalado una ciudadana al presidente. Era de cuero de color marrón, muy bonito, de categoría. Me dijo ‘toma, pesalo’. Yo le pregunté qué había dentro y me dijo ‘hay muchos verdes’. Yo le respondí en broma ´dame unos para mí´, a lo cual él me respondió: ‘No, estás loca, los tiene todos bien contados’“, contó en ese momento. También habló de viajes al Sur en aviones oficiales.

La Cámara Federal de Casación rechazó un recurso de Máximo y Florencia Kirchner y dejó firmes embargos preventivos de los bienes de las sociedades Hotesur y Los Sauces de las que ambos son accionistas, dispuestos en la causa Vialidad como parte del trámite de ejecución del decomiso de la condena a su madre, Cristina Kirchner. Entre estas propiedades está el departamento de San José 1111 donde la ex presidenta cumple arresto domiciliario.

Casación desestimó por “inadmisible” el planteo contra esa decisión del Tribunal Oral Federal 2 que hicieron los hijos de la expresidenta, condenada a seis años de prisión.

La resolución fue firmada por mayoría en la sala IV del máximo tribunal penal federal del país con los votos de los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, mientras que Mariano Borinsky se pronunció en disidencia por habilitar el tratamiento de la apelación, según el fallo al que tuvo acceso Infobae.

Los embargos preventivos

El apoderado de los hijos de CFK, Luis Goldín, presentó el recurso contra la decisión del Tribunal Oral Federal 2 que ejecuta el decomiso en la causa Vialidad donde fue condenada la ex presidenta y que el 11 de agosto pasado ordenó el embargo preventivo de los bienes de las sociedades Hotesur y Los Sauces, que tienen como accionistas a Máximo y Florencia Kirchner.

En el listado está el departamento de San José 1111, en Constitución. También hay dúplex, un departamento y cocheras en el Complejo Madero Center e inmuebles en Río Gallegos y El Calafate; y el Hotel La Aldea del Chaltén. La medida se dictó mientras se resuelve el pedido de decomiso sobre esos bienes hecho por la fiscalía. El lunes pasado Casación rechazó una queja de la defensa de la ex presidenta por el mismo tema.

En la decisión que tomaron este viernes sobre el planteo de los hijos, que no fueron acusados en Vialidad, los camaristas Hornos y Barroetaveña reiteraron que se trata de un embargo preventivo y que el Tribunal Oral Federal 2 aún no decidió si corresponde o no decomisar estos bienes. “La distinción resulta dirimente, pues el examen de admisibilidad que aquí debe practicarse versa sobre una medida cautelar y no sobre un pronunciamiento que defina el destino final de los activos”, sostuvieron.

El voto mayoritario remarcó que, como regla, las resoluciones vinculadas con medidas cautelares no habilitan una revisión por Casación. “Tales decisiones no ponen fin al proceso ni impiden su continuación y, salvo casos excepcionales, no ocasionan un agravio imposible de reparar ulteriormente”, afirmaron los magistrados.

En su voto, el juez Mariano Borinsky consideró que la apelación debía ser admitida. Señaló que las medidas precautorias buscan garantizar un eventual decomiso de bienes de personas que no fueron condenadas y recordó una intervención anterior en la que cuestionó la fundamentación sobre la relación temporal entre la compra de los bienes y la maniobra investigada.

El argumento de los hijos de CFK

El apoderado de Máximo y Florencia Kirchner cuestionó que los embargos no fijaron un monto y alegó que afectan el giro comercial de las compañías. También planteó que Los Sauces y Hotesur tienen personalidad jurídica y patrimonio propios, diferenciados de los de sus accionistas, y que los hijos de la expresidenta no fueron condenados en este expediente. Además advirtió que se “afecta el derecho de propiedad” y hay gravedad institucional.

También cuestionó los embargos por “excesivos”. Según planteó, las participaciones de Máximo y Florencia Kirchner en ambas empresas están embargadas desde 2017 y las firmas ya tienen otras restricciones vigentes, como embargos preventivos, inhibiciones generales de bienes y límites para distribuir dividendos. Por eso, sostuvo que los nuevos embargos son innecesarios, superabundantes y afectan la seguridad jurídica. Finalmente, sostuvo que la resolución vulnera el derecho de propiedad, la defensa en juicio y el debido proceso, por lo que pidió que se revoquen los embargos.

En la causa Vialidad ya se ordenó avanzar en una primera etapa sobre 111 bienes de la ex presidenta y de otro condenado, el empresario Lázaro Báez, que en la actualidad están bajo tasación.

La medida se inscribe en la ejecución de la condena por la que la expresidenta cumple seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, como autora del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Esa pena quedó firme el 10 de junio de 2025. En ese marco, el Tribunal Oral Federal 2 lleva adelante el proceso destinado a hacer efectivo el decomiso, cuyo valor fue actualizado en $684.990.350.139,86. En el listado los fiscales incluyeron bienes a nombre de los hijos de la ex presidenta por considerar que fueron comprados con el provecho del delito por el que fue condenada su madre.

Todo comenzó con un posteo que se viralizó en la red social Twitter (actual X). Un usuario advirtió que un banco estaba “regalando plata ilimitada” y dio instrucciones sobre cómo obtenerla mediante una transferencia desde la aplicación de la entidad hacia billeteras virtuales.

“Atención, el Banco Nación está regalando plata ilimitada. Tienen que transferirse desde BNA+ a Mercado Pago o un CVU de Fintech, poniendo en el motivo de la transferencia la opción de expropiación y no se le va a descontar lo transferido. Pueden repetirlo infinitamente. Abrazo”, instruía el usuario en abril de 2022. Casi de inmediato y aprovechando lo que luego se determinó fue una falla informática se acreditaron miles de transferencias en billeteras virtuales sin que el dinero se debitara de las cuentas de origen.

La división Ciberpatrullaje de la Policía Federal detectó el posteo que le dio difusión pública a esa vulnerabilidad informática y se abrió una causa penal que terminó con catorce procesados, una decisión que confirmó este viernes la Cámara Federal porteña.

En la investigación a cargo del juez federal Sebastián Casanello se advirtió que hubo un beneficio indebido porque se acreditó el saldo transferido en la cuenta de destino sin debitarse de la de origen y ello derivó en que el Banco tuviera que “afrontar con sus recursos esa diferencia de dinero”. En uno solo de los casos, el acusado hizo 242 transferencias en dos días.

A los acusados se les atribuyó “haber defraudado el patrimonio del Banco de la Nación Argentina mediante la realización y/o recepción de diversas transferencias efectuadas a través de la aplicación BNA+ entre fines de marzo y mediados de abril de 2022″, según la resolución a la que accedió Infobae.

Los jueces del Tribunal de Apelaciones Eduardo Farah y Roberto Boico avalaron la acusación pero cambiaron el delito, pasó de estafa a defraudación mediante manipulación informática agravada en perjuicio de la administración pública.

Error y posteo en redes

La investigación comenzó cuando se detectó el mensaje en la red social.

Según informó el banco que es querellante en la causa penal, el error se originó tras cambios implementados el 31 de marzo de 2022 en los sistemas de pagos y transferencias de Red Link. Una descoordinación en la comunicación entre el banco y la red provocaba un funcionamiento irregular ante determinadas transferencias.

La maniobra consistía en enviar fondos desde una cuenta BNA+ hacia una billetera virtual o una cuenta virtual bancaria —como Mercado Pago, Ualá o Personal Pay— y consignar el concepto “ESE”, correspondiente a “Estado expropiaciones u otros”.

Ese código estaba destinado a operaciones de personas jurídicas. Cuando era utilizado desde cuentas de personas humanas, el sistema bancario debía rechazar la transferencia bajo el código de error 91, denominado “Destino no disponible”. Sin embargo, por la falla, la operación llegaba a acreditarse en la cuenta de destino, aunque el débito no impactaba de manera inmediata en la cuenta de origen.

El mecanismo tenía “un doble efecto en el sistema”: por un lado, “se admitía la operación”, razón por la que “el dinero se acreditaba en la cuenta destinataria”; por otro, “se rechazaba en el origen”, donde el débito no se aplicaba.

Difusión masiva

La anomalía se volvió pública y se difundió ampliamente al día siguiente. De acuerdo con los informes incorporados a la causa, cerca del 95% de las transacciones vinculadas al episodio se concentró en ese período.

En total, el Banco detectó movimientos de 10.410 clientes por $1.558.582.727. La entidad recuperó alrededor del 25% de ese monto, mientras que quedaron pendientes de recupero $1.161.732.215, según la resolución.

La pesquisa se enfocó en distinguir las operaciones que podían responder a un uso deliberado de la falla. Se consideró relevante la repetición de transferencias, el incremento progresivo de los importes, los ingresos frecuentes a las billeteras virtuales y la falta de correlación entre los montos operados y la actividad económica habitual de las personas investigadas.

En los casos confirmados, hubo transferencias repetidas en lapsos breves, por valores que llegaron hasta los $120.000 por operación. Algunos fondos fueron enviados a cuentas propias y otros a cuentas de terceros; además, parte del dinero fue retirado o reenviado antes de los procesos de compensación nocturna del banco.

Uno de los procesados concretó entre el 2 y 4 de abril de 2022 desde su cuenta en la aplicación bancaria 211 transferencias bajo el concepto “ESE” por $1.677.100. La mayoría se enviaron a otra cuenta propia en la Fintech Ualá Bis. En otro de los casos, entre el 31 de marzo y 1 de abril de 2022, se ejecutaron 242 transferencias bajo ese concepto por $1.557.450 desde la aplicación BNA+ hacia la cuenta del acusado en la plataforma de Mercado Pago para luego, desde allí, efectuar otras transferencias a distintas cuentas. El modus operandi se repitió entre los restantes procesados. Todos quedaron embargados y tienen que presentarse una vez por mes en el juzgado o en una comisaría.

Estafa o fraude informático

La defensa sostuvo que no existió un ardid dirigido a engañar a empleados del banco, porque la duplicación de acreditaciones se produjo exclusivamente a raíz de una falla informática.

La Cámara coincidió en que no correspondía aplicar la figura de estafa tradicional, prevista en el artículo 172 del Código Penal, que requiere engaño y error de una persona pero para los jueces hubo en cambio manipulación informática. “Esta modalidad comisiva se diferencia de la estafa tradicional”, indicó el tribunal, porque “el engaño y el error son reemplazados por el empleo de cualquier técnica de manipulación informática”.

La resolución remarcó que la hipótesis de la acusación se apoya en “la reiteración de esa manipulación informática y en el resultado que generó la acción”.

Para los magistrados, el uso del concepto “ESE” en transferencias entre personas humanas supuso la incorporación deliberada de “un dato que no correspondía a la operación intentada”, con el objetivo de provocar una respuesta anómala conocida en el sistema.

El Tribunal Oral Federal 7 autorizó por primera vez la exhibición de imágenes del interior del departamento de Uruguay y Juncal donde vivió la ex presidenta Cristina Kirchner y que fue allanado el 23 de agosto de 2018 en el caso Cuadernos. Se dispuso a pedido de la fiscal Fabiana León durante la declaración como testigo del comisario que estuvo a cargo de ese operativo y que confirmó que en el dormitorio principal había un vestidor con puerta blindada.

Se vieron obras de arte, el interior de los dormitorios y comedores del quinto piso del departamento propiedad de los Kirchner y señalado por el remisero Oscar Centeno en sus escritos como el lugar donde se dejaban bolsos con dólares provenientes del presunto cobro de coimas.

Llegó a verse la puerta blindada del vestidor en el dormitorio principal que había sido mencionada por el policía. También se documentó el inicio del operativo, cuando la policía llegó al departamento y fue recibida de brazos cruzados por el abogado de CFK, Carlos Beraldi, quien les franqueó el ingreso luego de escuchar la lectura de la orden de allanamiento. Posteriormente se filmó cómo el letrado debió salir de la unidad y esperar en el hall del edificio a raíz de una orden telefónica impartida por el juzgado, que el letrado cuestionó en ese momento por ilegal.

“Era un allanamiento sensible, la vivienda de dos figuras muy importantes, dos ex presidentes de la Nación Argentina. Debíamos documentar muy bien todo”, explicó al Tribunal el comisario de la Policía Federal Juan Carlos Barrales, quien estuvo al frente del operativo ese día.

Cuando promediaba la exhibición del segundo video, el abogado de la ex presidenta reclamó que cese la proyección de las imágenes en la audiencia por ser violatorio de la intimidad. Tras escuchar los argumentos de todas las partes, los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli dispusieron un cuarto intermedio antes de dar a conocer su decisión. Poco antes de las 14 regresaron a la sala de audiencias en Comodoro PY 2002. Por mayoría con los votos de los jueces Méndez Signori y Canero se dispuso continuar con la reproducción de las imágenes porque son prueba admitida en el juicio.

Una vez zanjado el conflicto continuó el interrogatorio al comisario Barrales. El policía negó que el fallecido juez Claudio Bonadio lo haya llamado esa tarde para ordenarle seguir con el operativo “hasta encontrar algo”. Así entró en contradicción con lo declarado por el encargado del edificio de Recoleta Julio Silva, quien en mayo pasado dijo haber escuchado al magistrado decirle al comisario la frase “se van a quedar hasta encontrar algo”.

Ante la contradicción, la fiscal León reclamó un careo entre ambos testigos.

El comisario a cargo de allanar a CFK en 2018 desmintió al encargado del edificio de Recoleta

Una vez proyectadas las imágenes del allanamiento al departamento de Uruguay y Juncal, siguió el interrogatorio al testigo Juan Carlos Barrales, quien dijo que nunca recibió un llamado del juzgado ni del juez Bonadi para ordenarle seguir con el procedimiento hasta que encontraran algo. Eso fue lo que declaró en mayo pasado el encargado del edificio, Julio Silva. Y ante la contradicción la fiscalía exigió un careo entre ambos.

La audiencia finalizó y seguirá el martes próximo con una nueva tanda de testigos.

El Tribunal autorizó mostrar las imágenes del allanamiento a CFK en 2018

Por mayoría los jueces Méndez Signori y Canero rechazaron el recurso de la defensa de la ex presidenta y autorizaron la proyección de las imágenes del allanamiento. El juez Castelli se opuso y en minoría se pronunció por hacer lugar al planteo de Beraldi. Se retomó la proyección pero limitada a los segmentos de utilidad para la prueba fiscal, resolvió el Tribunal.

El testigo que comandó el operativo, el comisario Barrales, negó haber recibido un llamado del fallecido juez del caso Claudio Bonadio pidiendo continuar con el allanamiento “hasta encontrar algo”.

La defensa de CFK pidió cesar con la exhibición de los videos

El abogado de la ex presidenta Carlos Beraldi pidió suspender la exhibición del video del allanamiento y la fiscal León se opuso porque se trata de un juicio oral y público.

El letrado argumentó que se vulnera la intimidad de la ex presidenta pero la fiscal pidió mostrar la parte en que se encuentra una puerta blindada en el vestidor del departamento de Uruguay y Juncal, propiedad de la familia Kirchner.

El presidente del Tribunal Enrique Méndez Signori autorizó que siga la proyección y Beraldi pidió que esa decisión sea revisada por los tres jueces para no “cometer excesos”.

Tras escuchar argumentos, los jueces dipusieron un cuarto intermedio de diez minutos para deliberar y decidir al respecto.

El primer video ya se proyectó y los planteos comenzaron con el segundo video del allanamiento.

Se exhiben videos del allanamiento al departamento de CFK en 2018

A pedido de la fiscalía, se exhiben en la audiencia videos del allanamiento al departamento de Juncal y Uruguay donde vivió la ex presidenta Cristina Kirchner.

Fue luego de que el abogado de CFK Carlos Beraldi recordó cómo ese día el testigo Barrales le indicó que debía esperar fuera del departamento durante el allanamiento por orden del juzgado de Claudio Bonadio y él manifestó no estar de acuerdo.

“Es la primera vez que veo el video”, expresó el policía.

El comisario que allanó a CFK confirmó que en el dormitorio había una puerta blindada

Barrales recordó que participó personalmente del allanamiento al departamento de la ex presidenta, en el edificio de Uruguay y Juncal. " Siempre se trabajó en bloque. Todos los participantes dejaban sus aparatos de telefonía en una caja. Además, se convocó a Gendarmería, que cuenta con equipamiento —como endoscopios— que permite revisar el interior de las paredes. La propiedad fue registrada también mediante ese método".

El jefe policial recordó que “la casa es grande y tenía muchos objetos de valor, tanto económico como sentimental, por lo que hubo que actuar con mucho cuidado. El procedimiento se hizo de manera escalonada: se revisaron las habitaciones, el living y un comedor amplio. Encontramos obras de arte que podrían ser valiosas”.

La puerta blindada

“En lo que supusimos que era la habitación matrimonial, ocupada por la señora ex presidenta, había almohadones con las iniciales del doctor Néstor Kirchner y de la ex presidenta. Detrás de la cama había una puerta blindada que daba a lo que sería un vestidor o placard tipo vestidor”, refirió.

Esa puerta blindada “se cerró accidentalmente y quien manifestó ser secretario privado de la ex presidenta la volvió a abrir para que pudiera continuar el registro. Esta persona estaba en el edificio y nos acompañó para esa apertura, aunque no se encontraba dentro de la unidad.”, recordó.

Según la acusación, el departamento del quinto piso donde vivía Cristina Kirchner habría funcionado como lugar de almacenamiento de bolsos con dólares del pago de sobornos.

Para la Justicia, solo en ese domicilio se totalizaron 87 entregas por un total de 69,7 millones de dólares. Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, escribió en sus cuadernos sobre traslados de bolsos hacia el edificio de Recoleta.

Declara un jefe policial que comandó el allanamiento al departamento de Cristina Kirchner en 2018

El comisario Juan Carlos Barrales recordó que estuvo a cargo de operativos ordenados en el marco del caso Cuadernos y que fue en persona al allanamiento al departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner en 2018, en Recoleta.

Barrales era por ese entonces jefe de la División Operaciones Federales de la Policía Federal y encabezó personalmente el procedimiento. Recordó que estaba presente en el lugar el abogado de CFK, Carlos Beraldi y que se consultó al juzgado, desde donde se dispuso que el letrado esperara en el hall.

“Le cuento una particularidad, todas las imágenes y fotografías tomadas nunca nos fueron entregadas a nosotros, se entregó todo a la autoridad judicial”, refirió ante preguntas de la fiscal Fabiana León. “Estoy en condiciones de asegurar que las fotografías tomadas en el interior del departamento fueron colocadas con normas de seguridad e inviolabilidad y entregadas a la autoridad judicial”.

En el lugar vieron cuadros y el juzgado decidió enviar peritos del Banco Ciudad para definir si se trataba de “obras de arte”.

Un ex ejecutivo de Techint declaró sobre un allanamiento a la empresa

Federico Luis Barroetaveña Duhau trabajó en Techint 38 años y figura como testigo en uno de los allanamientos a una de sus empresas, en la que se buscaba información sobre un “Héctor”, quien resultó ser Héctor Zabaleta, quien dijo al declarar como testigo que hubo pagos ilegales al acusado Roberto Baratta.

El exejecutivo explicó que durante el procedimiento los policías subieron al piso 16 del edificio y los recibieron porque buscaban información sobre una persona llamada Héctor. Ante la consulta sobre si había algún dato más, señaló que había varios “Héctores”. Las personas que conducían el procedimiento se comunicaron y luego les indicaron que buscaban datos sobre Héctor Zabaleta.

Zabaleta pertenecía a otra empresa del grupo algo que atribuyó a “una confusión bastante habitual en Techint. Muchas empresas del grupo se llaman Techint y tienen una añadidura que explica la función”, explicó ante una consulta del juez Germán Castelli.

Declaró otro suboficial de la PFA que allanó a Centeno

Gabriel Marino recordó que el día del procedimiento en la vereda de la casa del remisero Centeno en Olivos había “fácil 20 periodistas”. “Teníamos totalmente prohibido hablar con esas personas”.

Su testimonio fue breve y se pasó a un cuarto intermedio de diez minutos.

El comisario de la Federal respondió preguntas sobre un allanamiento a Techint

El testigo Cabada respondió preguntas sobre un allanamiento a Techint. En particular la defensa del acusado Baratta a cargo del abogado Marcos Aldazábal quiso saber si le pareció habitual llegar al lugar, ser atendidos por un abogado de la empresa que los guió hasta una oficina. Una vez allí manifestó tener algo de lo requerido y se comprometió a aportarlo al día siguiente. El policía refirió que se consultó con el juzgado y que recibió autorización para realizar de es forma el procedimiento.

La defensa de Baratta quiso saber si es habitual que en un allanamiento un abogado “diga que hay o no hay y se lo deje aportarlo otro día”.

Declara un policía que allanó la casa del remisero Oscar Centeno

El comisario Gustavo Cabada recordó el allanamiento y detención del autor de los cuadernos, el remisero Centeno. Por ese entonces estaba a cargo de una brigada de Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal.

Dijo no recordar si Centeno estaba en el jardín realizando acciones como para irse del lugar, según consta en el acta de ese procedimiento que se le recordó en el debate, ante preguntas de la defesa del acusado exfuncionario Roberto Baratta, ex jefe del remisero.

Además explicó que no se hallaron cuadernos ese día en el lugar y que desde el juzgado federal de Claudio Bonadio les indicaron que siguieran buscando más información y por eso hicieron una segunda requisa en la casa de Centeno en Olivos.

El mismo efectivo participó también del allanamiento al departamento de Baratta y su detención.

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El inmueble fue allanado el 23 de agosto de 2018 por orden del entonces juez federal Claudio Bonadio, en la investigación por los “cuadernos de la corrupción”. El operativo duró varias horas y fue filmado de principio a fin por la Policía Federal. Las imágenes mostraron obras de arte y el interior de los dormitorios y comedores del departamento señalado por el remisero Oscar Centeno en sus escritos como uno de los lugares donde se dejaban bolsos con dólares provenientes del presunto cobro de coimas durante el kirchnerismo.

Un allanamiento sensible

“Era un allanamiento sensible, la vivienda de dos figuras muy importantes, dos ex presidentes de la Nación Argentina. Debíamos documentar muy bien todo”, explicó ante el Tribunal Oral Federal 7 el testigo y comisario de la Policía Federal Juan Carlos Barrales, quien estuvo al frente del operativo ese día. “Nos fuimos y la vivienda quedó en las mismas condiciones”.

La fiscal federal Fabiana León pidió exhibir las imágenes cuando promediaba la declaración de Barrales y las defensas formulaban preguntas sobre distintos aspectos del procedimiento.

Entonces comenzó la proyección. Se vio al abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, recibir a los policías en la puerta, de brazos cruzados, escuchar la lectura del acta de allanamiento y permitirles el ingreso. Las imágenes mostraron un primer comedor, objetos personales, ropa colgada y manzanas verdes en una frutera. “Ustedes digan por dónde quieren pasar. Esta es el área de servicio”, guiaba el letrado, hasta que uno de los policías mantuvo una conversación telefónica con el juzgado y le dijo que ordenaban que se retire del lugar.

También se filmó la puerta blindada del vestidor del dormitorio principal mencionada por el policía. Quedaron registrados, además, los diálogos entre los efectivos y los funcionarios del juzgado que impartían instrucciones por teléfono. En uno de ellos se refirieron a las estatuillas y los cuadros. “No sé si son valiosos o no”, explicaba un policía en una conversación coloquial que concluyó con un “macanudo, doctor. Hasta luego”. Había recibido la indicación de esperar la llegada de peritos tasadores del Banco Ciudad.

Objeciones por la intimidad

Cuando terminó un primer video, comenzaron las objeciones en la sala de audiencias. “Hemos sido muy pacientes en dejar que la Fiscalía muestre el video sin explicar cuál era el propósito. Si hay una cuestión puntual, debería indicarla e ir al minuto específico. Están mostrando toda la casa de mi defendida, cuestiones que tienen que ver con su intimidad, su ropa. No tiene ningún punto de contacto con este expediente”, advirtió el defensor de CFK.

“Esto es un exceso. No soy muy proclive a hacer calificaciones, pero muestra la mala fe con la que está procediendo”, agregó Beraldi.

“La Fiscalía tenía la mala intención de verificar si lo que yo había relatado era correcto o no. Se escuchó nítidamente cuando, de una manera totalmente ilegal, el juez ordena mi expulsión del domicilio. Yo me opongo y fue objeto de una denuncia penal”, recordó el abogado.

La fiscal León respondió de inmediato. “Toda la vida se mostraron videos de allanamientos, fotos y secuestros. No veo por qué tiene que ser diferente en esta ocasión. Se cuestionó la forma en que se llevó adelante el procedimiento y luego se dijeron cosas que no se condicen con este video, de forma tal que por eso la Fiscalía lo está exhibiendo”.

Tras una extensa discusión, el Tribunal autorizó la continuidad de la exhibición, aunque para entonces gran parte de las imágenes ya habían sido proyectadas.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este jueves una queja de la defensa de Facundo Leal y dejó firme el procesamiento del extitular de ARSAT y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) en la causa en la que está acusado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La decisión fue firmada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar, integrantes de la Sala I del máximo tribunal penal federal del país. Leal tiene prisión preventiva, pero la cumple en su domicilio con tobillera electrónica.

El exfuncionario fue procesado como presunto autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y se le trabó un embargo por $30 millones.

La investigación se inició a partir de un allanamiento realizado en el departamento de Leal, en Palermo, en el marco de otra causa penal vinculada con una supuesta defraudación en ARSAT. Allí se encontraron USD 650.000, monedas de seis países, 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína, un vapeador con cannabis y 15 cucharas.

La defensa sostuvo que las sustancias eran para consumo personal y presentó certificados médicos para cuestionar la hipótesis de comercialización. Leal quedó detenido, fue procesado con prisión preventiva y luego obtuvo el arresto domiciliario para poder tratar su adicción a las drogas.

Las otras causas del ex funcionario mendocino

Leal, oriundo de Mendoza, presidió ARSAT durante los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei y está imputado en una causa que tramita ante el Juzgado Federal N.º 2 de San Isidro, a cargo del juez Lino Mirabelli, por presuntas irregularidades en la contratación de un predio para almacenar bienes del organismo.

El caso comenzó a investigarse a raíz de un robo detectado el 4 de enero de 2024 en un predio de la localidad bonaerense de San Fernando, donde se guardaban materiales tecnológicos de alta complejidad pertenecientes a la empresa estatal. A partir de ese episodio, los investigadores detectaron una serie de presuntas irregularidades en las contrataciones de los servicios de almacenamiento y logística.

La pesquisa judicial se centró en el vínculo comercial entre ARSAT y la compañía privada Argentina Logistic Services (ALS). Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, habría existido un acuerdo ilegal entre directivos estatales y empresarios para direccionar la adjudicación de contratos de custodia y traslado de bienes estratégicos.

Por esas prestaciones bajo sospecha, se emitieron al menos 14 órdenes de compra por un monto total superior a USD 1,9 millones y $40 millones.

En 2025, Leal pasó al ORSNA, pero renunció en febrero de 2026. También tiene abierta otra causa penal en el fuero federal porteño por supuesto enriquecimiento ilícito.

En ese expediente se lo acusa, además, de haber provocado un “desplazamiento sistemático de los gerentes de carrera -agentes idóneos y de planta permanente- para reemplazarlos por personas de su entorno, ajenas a la especificidad técnica del organismo, con el objeto de concentrar y controlar la toma de decisiones”.

La investigación está a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.

El juez federal Daniel Rafecas resolvió que el jerarca iraní Alí Asghar Hejazi sea juzgado en ausencia por la Justicia argentina a raíz de su presunta participación en el atentado a la AMIA, que causó 85 muertes el 18 de julio de 1994 en la sede de la mutual judía de Pasteur 633.

“Frente a la actitud obstructiva del imputado y la ausencia de cooperación efectiva” por parte de la República Islámica de Irán en relación al pedido de detención preventiva para una futura extradición, el magistrado consideró que están dadas las condiciones para “declarar que el proceso puede proseguir válidamente en ausencia del acusado”, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Hejazi fue un estrecho colaborador del líder supremo Alí Khamenei, asesinado el pasado 28 de febrero en un ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel y según la investigación presidía el Comité Vijeh, organismo estatal donde se recogió información, se analizó el objetivo y se elaboró la propuesta para atentar contra la AMIA en Argentina.

Sustraerse a la Justicia

El juez hizo lugar a un pedido del fiscal titular de la UFI AMIA Sebastián Basso, mientras se aguarda una definición de la Cámara Federal de Casación sobre la validez del juicio en ausencia que ya se dispuso contra diez prófugos iraníes y libaneses.

El nuevo acusado tiene pedido de captura internacional desde abril pasado y, al disponer que se lo someta también al juicio en ausencia, se excluyó “toda posibilidad razonable de desconocimiento del proceso judicial”. Para el juez Rafecas, el acusado “adoptó una conducta orientada deliberadamente a sustraerse de la acción de la justicia argentina, eludiendo comparecer en el proceso pese a su efectivo y demostrado conocimiento”.

En la resolución se hizo un repaso de todo lo hecho desde que se lo imputó y se recordó que el 10 de abril último se lo citó a declaración indagatoria y se ordenó su captura nacional e internacional. También se pidió a Interpol “que procediese a la inscripción de la respectiva difusión roja respecto de Alí Asghar Hejazi”.

Además, se publicaron edictos y se requirió de manera formal a Irán la detención provisoria para una futura extradición en base a la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal 24.767. También se notificó al Ministerio de Asuntos Exteriores iraní de todas las medidas. En mayo se notificó su declaración de rebeldía, todo a través de exhortos.

Ante ello se dieron por cumplidos los requisitos para considerar que se lo puede someter al juicio en ausencia. Hejazi tuvo a su cargo, entre otras instituciones, al Ministerio de Asuntos Exteriores iraní. “Resulta prácticamente imposible que una figura de tamaña relevancia para el régimen iraní no haya sido informada de los requerimientos dispuestos por quien suscribe”, advirtió el juez.

“Puede afirmarse que Hejazi, pese a tener conocimiento, optó por eludir, no presentarse, responder o acatar los requerimientos de esta autoridad judicial”, concluyó.

Además se destacó que la causa por el atentado a la AMIA es objeto de una “gran atención internacional” con exposición mediática, factor que combinado con “el rango jerárquico que revestía, y aún reviste, el imputado dentro del aparato estatal iraní, torna inverosímil cualquier alegación de desconocimiento”.

La acusación

Según la acusación fiscal, la “planificación, decisión y ejecución” del atentado estuvo a cargo de agencias del régimen iraní “estrechamente ligadas a las oficinas del fallecido Líder Supremo Alí Khamenei”. La decisión en concreto de atentar contra la AMIA se habría definido en Teherán, en el ámbito de un comité especial al que denominó “Vijeh” encabezado por el Líder Supremo y “cuya dirección se hallaba a cargo de la mano derecha y principal representante de aquél; es decir, a cargo de Alí Asghar Hejazi”, el ahora prófugo de la Justicia argentina.

El comité al momento del atentado estaba integrado por otros líderes iraníes que ya fueron enviados a juicio en ausencia en Argentina y también tienen pedidos de captura internacional. Entre ellos estaban Mohsen Rezai (comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica), Ahmad Vahidi (responsable de la sección especial de ese cuerpo encargada de las operaciones fuera de las fronteras de Irán, esto es, la Fuerza Al Quds), Alí Fallahian (a cargo del Ministerio de Inteligencia) y Alí Akbar Velayati (responsable del departamento encargado de los Asuntos para el Extranjero o Ministerio de Asuntos Exteriores).

El juicio en ausencia está previsto en la Ley 27.784 y en la causa AMIA se habilitó para los acusados iraníes y libaneses Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Ahmad Reza Asghari, Mohsen Rabbani, Salman Rauf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar.

El exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta rechazó este miércoles las acusaciones en su contra al ser indagado por supuesto enriquecimiento ilícito y reiteró que una casa en un country de Pilar fue comprada por sus padres, con recursos propios.

Baratta es juzgado en la actualidad en la causa por los “cuadernos de la corrupción”, era el jefe del remisero arrepentido Oscar Centeno y además, tiene abierta esta investigación por presunto enriquecimiento. Su defensa planteó la nulidad de la citación a indagatoria que le cursó el juez federal Julián Ercolini porque hay pendiente un recurso en la Corte Suprema de Justicia donde se planteó que la causa debe cerrarse por prescripción. Además, recusó al magistrado.

Pese a ello se presentó en Comodoro Py 2002 junto a su abogado Rodolfo Iglesias, dejó un escrito y expuso sobre los detalles de esa presentación: dijo que la casa en el country Mapuche de Pilar la compraron sus padres para tener una vivienda de fin de semana y que él participó de la remodelación porque se trataba de un proyecto familiar. Se ofreció a responder preguntas pero no le hicieron ninguna.

Sobre un departamento en la ciudad de Buenos Aires que también se le pide justificar, dijo que lo compró su actual esposa en 2006 en dos pagos en una operación de la familia de ella como compensación de herencia y que cuando se concretó él estaba casado con otra mujer. Es decir, fue anterior a ese matrimonio. Sobre su actual vivienda, refirió que se adquirió con un crédito hipotecario.

La acusación

La citación a indagatoria se ordenó días después de la confirmación por parte de la Cámara Federal porteña de la validez de un peritaje contable sobre el patrimonio del exfuncionario del Ministerio de Planificación Federal y mano derecha de su ex titular Julio De Vido.

La investigación se lleva en el juzgado federal 12 de Comodoro Py 2002, que está vacante y es subrogado por el juez Ercolini con intervención de la fiscal federal Alejandra Mángano. Se abrió en 2017 y días atrás la Cámara Federal de Casación rechazó un planteo de prescripción por el paso del tiempo, que ahora está a estudio de la Corte Suprema. Por eso su defensa planteó la nulidad de la citación a indagatoria.

Baratta fue subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal entre 2003 y 2015 y había sido convocado ya por primera vez a indagatoria en esta causa en 2021, por el juez que por entonces estaba a cargo del juzgado federal 12, Ariel Lijo. El trámite no se concretó en ese momento porque faltaba la pericia contable que se dispuso a pedido de la defensa luego de que el exfuncionario presentó su justificación patrimonial.

La casa del country

Está acusado por un presunto incremento patrimonial injustificado entre 2003 y 2015, durante su paso por la función pública en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que incluye inmuebles, vehículos y dinero en efectivo. La imputación abarca departamentos y cocheras en la ciudad de Buenos Aires además de un lote en el barrio Mapuche Country Club de Pilar y la posterior construcción de una vivienda allí. También se incluyen vehículos Peugeot, Renault y Chevrolet adquiridos durante ese período y dólares y euros que se le secuestraron en un allanamiento.

La defensa de Baratta sostiene que la casa en el country Mapuche es de los padres del exfuncionario que contaban con capacidad económica suficiente para esa adquisición. La propiedad está embargada y fracasaron intentos judiciales de la familia por recuperarla.

En la imputación se sostuvo que el lote en el “Mapuche Country Club”, en Pilar, se compró por USD 70.000 el 19 de septiembre de 2012, en efectivo; y la posterior construcción en el terreno de una vivienda familiar implicó una inversión de $3.700.000, abonado entre los meses de diciembre de ese mismo año y enero de 2015, también, en su mayoría, en efectivo, tanto en pesos argentinos como en dólares estadounidenses. La madre de Baratta figuró como titular de la propiedad. El arquitecto que construyó la casa fue contratado por Baratta y recibía las indicaciones del entonces funcionario que también hacía los pagos, según la investigación judicial.

En el juicio oral por Cuadernos un exejecutivo de Techint declaró bajo juramento de verdad ante el Tribunal Oral Federal 7 que entregó en total un millón de dólares de manera ilegal a Baratta, en la cochera de las oficinas de esa empresa. En la última audiencia el acusado reclamó un careo con los dos ejecutivos de esa empresa que lo incriminaron, Héctor Zabaleta y Luis Betnaza.

El juez federal Ariel Lijo levantó los secretos fiscal, bancario y bursátil y ordenó una batería de medidas de prueba en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que se abrió al presidente de la AFA y funcionario del CEAMSE, Claudio “Chiqui” Tapia.

El juzgado dispuso levantar los secretos fiscal, bancario, bursátil y financiero respecto de Tapia y ordenó veinte medidas para reconstruir su situación patrimonial, fiscal, financiera y laboral. Incluye pedidos de información a CEAMSE, ARCA, ANSES, Migraciones, BCRA, bancos, billeteras virtuales, exchanges de criptoactivos, CNV, UIF, registros de propiedades, automotores, sociedades, aseguradoras y CONMEBOL, entre otros organismos.

El magistrado hizo lugar a lo requerido por el fiscal del caso Gerardo Pollicita y pidió las declaraciones juradas de Tapia en su carácter de funcionario público en el CEAMSE, informes de salidas del país, de sus sueldos en ese organismo y en la CONMEBOL.

El juzgado reclamó “todas las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por Tapia en todos los períodos en los que prestó funciones en el CEAMSE, junto con sus anexos reservados”, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Lijo ordenó librar un exhorto internacional a la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), con sede en Asunción, Paraguay, para que “remita copias del legajo personal” de Tapia, informe los cargos que ejerció o ejerce, sus ingresos hasta el presente, períodos y cuentas bancarias usadas para el pago.

Tapia es también presidente de la AFA, un cargo ad honorem y que no forma parte de esta investigación. Se integró al directorio del CEAMSE entre los años 2016 y 2025, inclusive, en cuyos períodos se desempeñó como Vicepresidente en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -hasta 2024- y como Presidente en representación de la Provincia de Buenos Aires, a partir de enero de 2025, según la denuncia del empresario Guillermo Tofoni, que dio origen a la causa penal.

Evolución fiscal y patrimonial

En la resolución se pidió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que remita las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales, datos de inscripción tributaria, bienes registrados, pasivos, facturación emitida y recibida, retenciones, consumos y vínculos económicos que figuren en sus bases de datos sobre Tapia.

El pedido abarca información sobre inmuebles, vehículos, cuentas, depósitos, participaciones societarias, créditos, activos financieros y bienes en el exterior. También solicitó datos de eventuales operaciones con contribuyentes incluidos en la base de facturación apócrifa de ARCA.

Además deberá informarse al juzgado si los incrementos patrimoniales, los activos declarados, los gastos y los movimientos económicos registrados guardan relación con la capacidad contributiva exteriorizada por el dirigente futbolístico en los períodos en que percibió sueldos del CEAMSE.

Bancos y entidades financieras

El juzgado instruyó al Banco Central para que distribuya una circular entre las entidades bajo su órbita en busca de establecer si Tapia tuvo productos bancarios o crediticios en cualquier carácter, como titular, cotitular, apoderado, autorizado o firmante.

En caso de existir registros, los bancos deberán entregar información sobre cuentas corrientes, cajas de ahorro, plazos fijos, préstamos, operaciones de cambio, tarjetas, cajas de seguridad y transferencias al exterior. El requerimiento incluye los movimientos de crédito y débito, las fechas de apertura y cierre, los domicilios asociados y los antecedentes de apertura de cada cuenta.

También se solicitó información sobre billeteras virtuales, CVU, alias y cuentas de pago, además de los productos registrados por las entidades que integran el Sistema Nacional de Pagos. La Compensadora Electrónica S.A. (COELSA) deberá aportar los datos disponibles sobre cuentas, transferencias, destinatarios, originantes y trazabilidad de fondos.

La pesquisa incluye criptoactivos

La Comisión Nacional de Valores (CNV) deberá requerir datos a los proveedores de servicios de activos virtuales inscriptos en su registro. El oficio contempla la identificación de cuentas o billeteras, documentación de conocimiento del cliente, movimientos, saldos mensuales, direcciones de billeteras externas, transacciones en cadena y datos técnicos de acceso.

En paralelo, el juzgado libró pedidos a Binance, Ripio, Belo, Ualá, OKX y otras plataformas de criptoactivos para que informen dentro de las próximas 72 horas si Tapia operó en ellas. Si hubiera registros, deberán remitir el legajo completo del cliente, las cuentas bancarias vinculadas, las direcciones de activos virtuales, las conexiones IP y las operaciones realizadas.

La resolución también requiere información a Visa, Mastercard y American Express sobre posibles cuentas y resúmenes vinculados con el investigado. Western Union, Correo Argentino, Banco Piano y otras empresas remesadoras deberán informar sobre envíos o recepciones de dinero, con identificación de las partes, montos y agencias intervinientes.

Datos laborales al CEAMSE, ANSES y Conmebol

El CEAMSE deberá entregar el legajo personal de Tapia, los ingresos que percibió desde su incorporación al organismo, los cargos que ejerció, las cuentas donde se acreditaron los fondos y las declaraciones juradas que hubiera presentado.

El organismo que preside Tapia es una empresa pública interjurisdiccional que gestiona los residuos sólidos urbanos del AMBA y administra el peaje del Camino del Buen Ayre.

A la Dirección Nacional de Migraciones se le solicitó el detalle de los cruces fronterizos registrados durante el período bajo análisis.

Las medidas alcanzan a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor, los registros de la propiedad inmueble de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, el Registro General Inmobiliario de San Juan, el Registro Nacional de Buques y el Registro Nacional de Aeronaves. El juez pidió que se informen las titularidades actuales e históricas de bienes muebles e inmuebles vinculadas con Tapia, junto con la documentación registral.

La Unidad de Información Financiera (UIF), por su parte, deberá elaborar un informe de colaboración con los antecedentes que obren en sus registros, incluidos reportes de operaciones sospechosas, pedidos judiciales y solicitudes de información provenientes de unidades antilavado del exterior.

El fiscal federal Carlos Stornelli impulsó una investigación penal contra la petrolera británica Desire Petroleum Limited por la posible realización de actividades de exploración o explotación de hidrocarburos sin autorización argentina en áreas de la Plataforma Continental Argentina próximas a las Islas Malvinas. La actuación se originó en una denuncia del canciller Pablo Quirno y también abarca a sociedades vinculadas con la compañía y a las personas físicas que eventualmente hubieran intervenido en su nombre o beneficio.

El requerimiento de instrucción fue presentado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, actualmente subrogado por Ariel Lijo, donde tramita la causa CFP 4492/2026. Allí, la fiscalía propuso una serie de medidas destinadas a establecer si existieron conductas alcanzadas por la Ley 26.659, que sanciona las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en la Plataforma Continental Argentina sin la correspondiente habilitación nacional.

En su dictamen, Stornelli delimitó de manera expresa el objeto del expediente: “Conforme la denuncia formulada por el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Lic. Pablo Quirno Magrane, constituirá el objeto procesal de autos establecer la posible existencia de actividades hidrocarburíferas de exploración y/o explotación en la Plataforma Continental Argentina, concretamente en áreas próximas a las Islas Malvinas, por parte de la empresa ‘Desire Petroleum Limited’ -antes, ‘Desire Petrolium Públic Limited Company’-, sin contar con la autorización de la autoridad competente de la República Argentina, ello al menos a partir del año 2012”.

La presentación de Cancillería se apoya en antecedentes que se remontan a más de una década. En mayo de 2012, la Secretaría de Energía dictó la Resolución 130, que declaró ilegales las actividades atribuidas a la compañía en la plataforma continental y la consideró clandestina por operar sin permiso argentino. Un año después, mediante la Resolución 457/2013, la firma fue inhabilitada durante 20 años para desarrollar actividades en el país por utilizar, según ese acto administrativo, una licencia otorgada por autoridades británicas establecidas en las islas.

Sin embargo, de acuerdo con la denuncia reproducida por la fiscalía, pese a esos antecedentes y a posteriores modificaciones en su estructura societaria, Desire Petroleum continuaría vinculada con licencias hidrocarburíferas correspondientes a distintas áreas de exploración y explotación en la zona. A marzo de este año figuraría con una participación del 32% en las licencias PL003a y PL003b; del 30% en PL004a, PL004b y PL004c; y del 35% en PL005. El documento también menciona su relación con sociedades pertenecientes al Grupo Rockhopper.

La Ley 26.659, sancionada en 2011 y modificada en 2013, prohíbe realizar o facilitar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización nacional. La norma contempla responsabilidades para personas humanas y jurídicas y establece penas de prisión de entre 5 y 15 años, según se trate de maniobras de exploración o extracción.

A partir de ese marco, Stornelli no limitó la pesquisa a una única hipótesis delictiva. En el requerimiento señaló: “Las conductas denunciadas podrían resultar constitutivas, prima facie, de los delitos reprimidos y contemplados en el artículo 7, incs. 1 y 2 y bajo las circunstancias contempladas en los arts. 8 y 9, de la Ley 26.659, sin perjuicio de toda otra calificación legal que pudiera determinarse de la instrucción sumarial, sin descartarse en esta instancia, tal como así lo sugiere el funcionario denunciante y conforme el devenir del proceso, la eventual configuración de otros tipos penales tales como delitos contra el medio ambiente (Ley 24.051), posibles infracciones aduaneras como así el posible lavado de activos procedentes de las actividades denunciadas, entre otros probables”.

El caso, además, se inscribe en una serie de medidas anunciadas por el presidente Javier Milei en una cadena nacional emitida al 3 de septiembre, centrada en la cuestión Malvinas y en las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en la zona. En ese mensaje, el mandatario anticipó acciones diplomáticas, económicas, judiciales y legales y puso el foco, entre otros proyectos, en Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

Como parte de esa estrategia, el Gobierno avanzó con el fortalecimiento del esquema sancionatorio previsto por la Ley 26.659 y con la centralización de actuaciones en la Cancillería. En ese contexto se dictó el Decreto 868/2026, publicado el 4 de septiembre, que designó al Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad de aplicación y estableció un procedimiento específico para tramitar eventuales infracciones.

En cuanto a las medidas de prueba, la fiscalía reclamó a la Secretaría de Energía los expedientes completos que dieron origen a las resoluciones de 2012 y 2013, además de documentación sobre la constitución, objeto, modificaciones estatutarias, composición accionaria y autoridades actuales y anteriores de Desire Petroleum. También solicitó informes que permitan reconstruir los actos concretos atribuidos a la empresa, con sus circunstancias de modo, tiempo y lugar.

Por otra parte, requirió a la Jefatura de Gabinete que informe si existen denuncias, expedientes u otras actuaciones por posibles actividades peligrosas para el medio ambiente atribuidas a la petrolera desde 2012. Al Ministerio de Seguridad le encomendó verificar si alguna de las fuerzas bajo su órbita registró actuaciones vinculadas con exploración, explotación u otras tareas hidrocarburíferas en zonas próximas a las islas y, en caso afirmativo, individualizar eventuales intervenciones judiciales.

La fiscalía procuró, además, determinar si existen antecedentes vinculados con la compañía en la Procuración del Tesoro de la Nación y en la Procuración General de la Nación.

Uno de los puntos centrales del requerimiento apunta al exterior. El fiscal Stornelli solicitó librar un exhorto al Reino Unido mediante los mecanismos de cooperación penal internacional para obtener información societaria completa de Desire Petroleum, identificar a sus directivos y representantes legales desde 2012 y reunir documentación sobre las licencias concedidas para operar en la zona. La medida alcanza también al Grupo Rockhopper. En una etapa posterior, planteó recabar información bancaria vinculada con la explotación comercial y con las personas físicas que hubieran actuado en nombre o beneficio de las sociedades investigadas.

Finalmente, el representante del Ministerio Público pidió consultar otra causa penal iniciada a partir de una denuncia presentada el 7 de septiembre, que tramita ante el Juzgado Federal N° 12 y que, según informó Cancillería, guarda relación con el caso Desire Petroleum. La finalidad es establecer si ese expediente contiene información o pruebas útiles para esta pesquisa.

Nadia Beller, la ex pareja del ex asesor libertario Fernando Cerimedo que sobrevivió a un atentado contra su vida en Bolivia, declarará como testigo ante la Justicia argentina el próximo miércoles 23 de septiembre, en el marco de la causa por presunto pago de sobornos para la compra de medicamentos de alto costo en la ex Agencia Nacional de Discapacidad. Lo hará desde Bolivia por videoconferencia y responderá preguntas del fiscal federal Franco Picardi.

La fecha se fijó a sugerencia de la fiscalía de Bolivia, ante un pedido cursado a ese país por la necesidad de escucharla luego de múltiples noticias periodísticas en relación a dichos de Beller vinculados a que tiene evidencia que aportar, según supo Infobae en fuentes judiciales. Entre otros aspectos, la víctima del atentado asegura saber quién filtró los audios atribuidos al ex titular de ANDIS Diego Spagnuolo donde se lo escuchó hablar de pago de sobornos y se refirió a supuestos manejos corruptos, de los cuales afirmó tener conversaciones grabadas con Cerimedo. Este último está detenido con prisión preventiva en Bolivia como supuesto autor intelectual del intento de femicidio de la mujer. Luego sumó otra causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Cómo será el trámite

Picardi citó a Beller como testigo y libró un exhorto a la Fiscalía General de Bolivia para solicitar colaboración. La respuesta llegó casi de inmediato y se ofreció como fecha el miércoles 23 de este mes. La declaración será por videoconferencia y “reservada”.

La ex pareja de Cerimedo se conectará desde Bolivia y responderá las preguntas que le haga desde los tribunales federales de Retiro el fiscal que tiene delegada la investigación del caso ANDIS. Ante el estado de salud de la víctima, se pidió resguardar su seguridad y derechos y que para ello el día de la declaración estén presentes los fiscales que investigan el atentado que sufrió y por el cual quedó preso Cerimedo en Bolivia, acusado del presunto intento de femicidio.

El fiscal explicó que decidió citar a Beller como testigo a raíz de las noticias periodísticas que dieron cuenta de afirmaciones de la víctima sobre evidencia que tendría vinculada al caso ANDIS, donde se investigan presuntos pagos de sobornos por parte de droguerías a funcionarios para conseguir contratos de venta de medicamentos de alta complejidad y baja incidencia en el organismo nacional. En declaraciones públicas a medios de Argentina y Bolivia, Beller dijo tener información, saber quién filtró audios y habló de presuntas grabaciones con dichos de Cerimedo al respecto.

En ese marco se recordó que se investigan presuntas maniobras ilícitas desarrolladas -al menos- desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025 dentro de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En la causa se procesó ya a Spagnuolo y otros acusados, una decisión que es revisada en la actualidad por la sala II de la Cámara Federal porteña, ante las apelaciones de las defensas.

En la acusación se advierte sobre presuntos hechos de corrupción vinculados a funcionarios del sector y droguerías y proveedores de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia, que no son vendidos en farmacias. El fiscal sostuvo que se montó una “estructura delictiva” que les habría permitido “obtener sumas millonarias de forma ilegal, afectando directamente a la administración pública y, en particular, a un colectivo especialmente vulnerable: la población con discapacidad, enfermedades graves y crónicas y en situación de pobreza”.

Tras el atentado contra su vida, Beller aseguró a la prensa que Cerimedo le contó que la ex pareja de Spagnuolo y ex funcionaria en ANDIS Natalia Basil, fue quien difundió las grabaciones que ahora son objeto de una pericia judicial para determinar su autenticidad, ordenada por el juez del caso, el federal Ariel Lijo.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi sobreseyó por inexistencia de delito a tres hermanos del ministro de Economía Luis Caputo, investigados por supuesto financiamiento a la agrupación de ultraderecha Revolución Federal y envió a juicio oral a cinco de sus integrantes acusados por incitación a la violencia colectiva y amenazas, que precedieron al intento de asesinato de la ex presidenta Cristina Kirchner, el 1 de septiembre de 2022.

Luis Caputo, actual funcionario nacional y ex Ministro de Finanzas en el macrismo, nunca estuvo involucrado en esta causa penal.

Martínez De Giorgi sobreseyó a Flavio, Hugo y Rosana Caputo porque el hecho investigado “no se cometió” y no se pudo acreditar que el dinero que pagaron al acusado impulsor de Revolución Federal Jonathan Morel por la compra de muebles para un complejo que construían en Vaca Muerta, Neuquén, haya tenido como objetivo financiar las actividades de la agrupación, como sostuvo la acusación inicial, según supo Infobae en fuentes judiciales.

Los hermanos Caputo

Martínez De Giorgi sobreseyó a los hermanos Flavio Luis Nicolás Caputo, Hugo Luis Pascual Caputo y Rosana Pía Caputo, a quienes se investigó por el supuesto financiamiento de la agrupación Revolución Federal a través de contrataciones realizadas por Caputo Hermanos y los fideicomisos Santa Clara del Sur y Espacio Añelo.

La causa apuntó a determinar si los pagos realizados a Jonathan Morel, impulsor de Revolución Federal, y a personas de su entorno habían sido en realidad una maniobra para financiar las actividades de la organización.

El magistrado concluyó que esa hipótesis no pudo ser corroborada con la prueba reunida durante la investigación. En particular, sostuvo que no apareció ningún elemento que permitiera considerar que el trabajo realizado por Morel de provisión de muebles ni las ganancias obtenidas hubieran tenido una finalidad delictiva o hubieran sido destinadas a financiar las actividades ilícitas atribuidas a Revolución Federal.

La investigación comenzó después de que la Unidad de Información Financiera detectó transferencias de los fideicomisos “Espacio Añelo” y “Santa Clara del Sur”, administrados por Caputo Hermanos, por más de 6,5 millones de pesos durante 2022, con destino a cuentas de Morel y dos allegadas, Ailen Vallero y Evelyn Balboa. A partir de esos movimientos se buscó determinar si se trataba de pagos comerciales genuinos o escondían un mecanismo de financiamiento de Revolución Federal.

Las querellas de Cristina Fernández de Kirchner y Juan Grabois sostuvieron que la contratación de Morel como proveedor era una operación simulada destinada a ocultar el financiamiento de la agrupación.

Uno de los argumentos centrales fue que Morel no contaba con capacidad técnica ni experiencia suficiente para realizar el volumen de trabajo que se le había encargado para el edificio Espacio Añelo, ubicado en Añelo, Neuquén, y que la carpintería se encontraba a más de 1.200 kilómetros del lugar de destino. También cuestionaron los valores abonados por los muebles y la modalidad de facturación utilizada por Morel y las personas que trabajaban con él.

El juez sobreseyó a los tres integrantes de la familia Caputo porque argumentó que los proveedores existían, que los bienes y servicios fueron prestados y que los muebles terminaron en el edificio de Espacio Añelo. Según la resolución, las operaciones comerciales “fueron respaldadas, en su mayoría, por facturas, órdenes de pago y transferencias bancarias”. Además, “las tareas de investigación permitieron verificar la entrega y recepción de los productos y su posterior traslado e instalación en el edificio”. Un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCo) identificó 16 operaciones comerciales y reconstruyó la trazabilidad de los fondos, incluyendo los cobros, la cancelación de acuerdos comerciales y el destino final del dinero.

El juicio

Martínez De Giorgi rechazó un pedido de sobreseimiento de uno de los procesados de Revolución Federal, Gastón Guerra, también enviado a juicio. La elevación alcanza a Nilda Sabrina Basile, Leonardo Sosa y Lidia Casciano. El expediente reúne además investigaciones conexas por amenazas atribuidas a Morel contra Victoria Donda, el periodista Víctor Hugo Morales y los dirigentes Maia Daer, Claudia Neira y Jorge Ferraresi.

Se consideró probado que Morel y Sosa organizaron desde mayo hasta octubre de 2022 una agrupación denominada Revolución Federal, de la que también habrían participado Basile y Guerra.

La hipótesis judicial sostiene que el grupo utilizó redes sociales y medios de comunicación para divulgar mensajes intimidatorios y expresiones violentas contra las entonces autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y sus seguidores. La calificación inicial por asociación ilícita fue modificada luego por la Cámara Federal porteña, que confirmó los procesamientos bajo la figura de incitación a la violencia colectiva, prevista en el artículo 212 del Código Penal.

Amenazas

La resolución incorporó tres causas conexas en las que Morel fue procesado por amenazas. Los hechos investigados incluyen publicaciones o expresiones dirigidas contra Victoria Donda, Víctor Hugo Morales, Maia Daer, Claudia Neira y Jorge Ferraresi.

Por esos episodios, el referente de Revolución Federal fue procesado sin prisión preventiva como presunto autor del delito de amenazas e incitación a la violencia colectiva.

Entre otros episodios, en julio de 2022, Revolución Federal organizó en Plaza de Mayo una marcha con antorchas y una guillotina con el logo de la coalición peronista. También usaban lemas como “Que los kirchneristas tengan miedo de ser kirchneristas”, “Todos presos, muertos o exiliados”, “No vamos a cantar el himno. Vamos a exigir renuncias” o “Al kirchnerismo cárcel o bala”, entre otros.

Cristina Fernández de Kirchner intervino como querellante, Juan Grabois también presentó un requerimiento de elevación a juicio, mientras que el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó el envío del caso a debate oral en octubre de 2025.

La defensa del acusado exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta reclamó este martes un careo entre su cliente y dos ex ejecutivos de Techint que declararon como testigos haberle pagado un millón de dólares de manera ilegal, en el marco del juicio por los “cuadernos de la corrupción”.

La abogada Elizabeth Gómez Alcorta pidió al Tribunal Oral Federal 7 que ordene la medida para confrontar a Luis Betnaza y Héctor Zabaleta con Baratta ante supuestas contradicciones entre sus dichos y los del acusado, quien el 10 de septiembre pasado los tildó de “mentirosos” cuando amplió su declaración indagatoria.

La fiscal de juicio Fabiana León sostuvo que en caso de autorizarse, la medida debería postergarse para el final del debate oral mientras que la querella de la Unidad de Información Financiera a cargo de Mariano Galpern se opuso. El Tribunal dio por finalizada la audiencia y deberá dar una respuesta en las próximas jornadas.

Al fundamentar el pedido, la defensa del ex segundo de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación Federal entre 2003 y 2015 aludió a presuntas contradicciones en las declaraciones de Zabaleta y Betnaza y también a la desmentida que dio Baratta el 10 de septiembre pasado, cuando pidió ampliar su declaración indagatoria para salir al cruce de sus dichos. La defensa enumeró puntos del careo, referidos a cómo se hicieron las supuestas “entregas” de dinero que Baratta negó. Para ello confrontó textuales de las declaraciones de los testigos con la indagatoria del exsubsecretario de Planificación Federal.

La postura fiscal

Al responder al pedido, la fiscal León consideró “esperable y predecible” que el acusado niegue los dichos de los testigos. En caso de que el tribunal acepte el pedido de careo debería confrontarse con la versión original de los dichos de unos y otros, puntualizó. “Es evidente que en la preparada declaración que acompañó el imputado Baratta, su tercera, venía preparado para que se establecieran estas contradicciones. Es lo esperable en una declaración de un imputado que busca solución satisfactoria a su pretensión”.

Además pidió a los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli que evalúen el pedido " bajo parámetros de seriedad” y con el fin de “evitar que se vulnere nuevamente el principio de continuidad del debate” propuso postergar la medida hasta el final.

El abogado Galpern, de la querella de la UIF, advirtió que se trata de “discrepancias” entre dos testigos que hablaron bajo juramento de verdad y un acusado. “No debe ser resuelto con un careo sino con valoración de la prueba, que sí existe, y evaluará el Tribunal al momento” del veredicto, dijo.

Los pagos

Zabaleta declaró como testigo el 25 de agosto pasado y dijo bajo juramento de verdad que entregó paquetes a Baratta con dinero, en pesos, porque no podía acceder al mercado de cambios y las entregas debían totalizar el equivalente a un millón de dólares.

“La instrucción que me había dado Betnaza era que tenía que ser cerca de un millón de dólares, si mal no recuerdo se cumplió. Se entregó en pesos”, relató. “¿Qué iba a decir, que Baratta venía a tomar mate? Yo a Baratta le di dinero”, dijo.

A su turno Luis Betnaza confirmó al declarar también como testigo que le dio la orden para los pagos con el objetivo de lograr ayuda para sacar de Venezuela a empleados de Techint durante la nacionalización de SIDOR.

El juicio oral comenzó en noviembre pasado contra 85 acusados, entre ellos la ex presidenta Cristina Kirchner, procesada como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho.

Roberto Baratta quiere un careo con Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, ex ejecutivos de Techint

Elizabeth Gómez Alcorta, abogada del ex segundo del Ministerio de Planificación Federal en el kirchnerismo Roberto Baratta, reclamó un careo de su cliente con los dos ex ejecutivos de Techint que declararon como testigos haberle pagado un millón de dólares de manera ilegal.

Baratta quiere confrontar a Luis Betnaza y Héctor Zabaleta luego de haberlos tildado de mentirosos el 10 de septiembre pasado cuando amplió su declaración indagatoria.

Tras un cuarto intermedio el Tribunal sigue escuchando a policías

El cabo de la Policía Federal Marcelo Gabriel Romero participó también de operativos en la empresa Techint, durante la investigación de la causa. Declaró como testigo y respondió preguntas de la defensa del acusado Roberto Baratta.

Declaró un policía que allanó Techint

El agente Julián Pardo respondió sobre el allanamiento a la empresa Techint que ordenó el juzgado de Claudio Bonadio, cuando se investigaba el caso Cuadernos. Mencionó que se les ordenó buscar información sobre el ex ejecutivo Héctor Zabaleta y las defensas preguntaron cómo se llegó a ese nombre, en relación a si lo proporcionó el juzgado.

En el allanamiento a Oscar Centeno no se encontraron “cuadernos”

El policía retirado Antonio Azarco declaró que el 31 de julio de 2018 participó del allanamiento a la casa del remisero Oscar Centeno en la localidad bonaerense de Olivos.

Refirió que se encontró documentación sobre vehículos pero no había cuadernos. Desde el juzgado federal de Claudio Bonadio les ordenaron volver a revisar pero “era todo lo que había”.

Un policía dijo no saber cómo se enteró la prensa de un allanamiento a Roberto Baratta

El policía Sergio Romero declaró como testigo y dijo no saber cómo se enteró la prensa de un allanamiento a la casa del ex segundo de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación Federal durante el kirchnerismo, Roberto Baratta. Recordó que fue al lugar con una orden de allanamiento, detención e incomunicación de Baratta y cuando se fueron la prensa estaba en la puerta de calle.

Declaró un policía que allanó el departamento de Hilda Horowitz

El policía Adrián García dio detalles sobre un allanamiento al departamento de Hilda Horowitz, ex mujer del remisero Oscar Centeno, autor de los cuadernos. Fue el 31 de julio de 2018 y desde allí la llevaron al juzgado federal de Claudio Bonadio.

El testigo respondió que no vio bolsos ni cuadernos en el lugar, al ser preguntado por la defensa del ex jefe de Centeno, el exfuncionario de Planificación Federal Roberto Baratta.

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La casaquinta de Pilar vinculada a presuntos testaferros de dirigentes de la AFA se quedó de manera definitiva sin custodia policial, en tanto avanza una segunda pericia para determinar el valor de mercado de la propiedad, los 54 vehículos y bienes de lujo encontrados en el lugar.

Se trata de dos decisiones que tomó el juez federal de Campana Adrián González Charvay y que acaban de ser confirmadas por la Cámara Federal de San Martín.

El Tribunal de Apelaciones recuperó el rol revisor sobre el expediente luego que la Cámara Federal de Casación dispuso que la causa penal salga del fuero en lo penal económico porteño y vuelva al juzgado federal de Campana, como había reclamado la defensa de los supuestos testaferros Luciano Pantano y Ana Conte.

La consigna policial

Cuando quedó a cargo por primera vez de la investigación en enero pasado, el juez González Charvay ordenó el cese de la consigna policial que hasta entonces controlaba los ingresos y egresos de personas y vehículos en la propiedad de la calle Misiones 4097, en Villa Rosa.

La decisión se basó en que la finalidad original de esa medida -el control sobre quienes accedían al predio- ya se encontraba resguardada por otras disposiciones: los embargos preventivos sobre el inmueble y los vehículos y la “prohibición de innovar” sobre esos bienes.

La resolución de sacar a la policía del lugar fue apelada por la fiscalía por “prematura” porque “podría dar lugar a que se frustre la finalidad” que tuvo en cuenta el primer juez del caso, el federal porteño Daniel Rafecas, cuando dispuso la medida en diciembre de 2025 para asegurar la “custodia y conservación” de los bienes. Por su parte, los camaristas de San Martín Juan Pablo Salas y Alberto Lugones rechazaron la apelación y ratificaron la decisión de González Charvay.

Otra tasación

Casi en simultáneo, el juez de primera instancia de Campana ordenó el 28 de enero una nueva tasación integral de los bienes. Se encomendó al cuerpo de peritos tasadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación realizar una valuación de mercado que abarca el predio de Villa Rosa y sus instalaciones, las obras de arte (pinturas, esculturas y piezas similares) y los bienes muebles relevados en el interior de la mansión, además de los vehículos y motovehículos encontrados en el galpón de la propiedad.

La casaquinta, de unos 105.000 metros cuadrados, incluye una mansión, un haras y un helipuerto. Durante un allanamiento se hallaron 54 vehículos de alta gama y de colección, valorados en conjunto en cerca de cuatro millones de dólares.

Una tasación pericial anterior que ordenó Rafecas fijó el valor total de la propiedad en aproximadamente 17 millones de dólares, muy por encima de los 1,8 millones de dólares por los que fue escriturada. Pero ahora está en marcha la segunda pericia que se dispuso en enero y que tuvo una reunión de peritos de parte el 7 de septiembre pasado. La Fiscalía objetó puntos periciales y el modo de realización del estudio, pero el planteo fue rechazado también por el Tribunal de Apelaciones bonaerense.

Los jueces de Cámara Juan Pablo Salas y Alberto Lugones confirmaron el criterio del juez de primera instancia. El tribunal señaló que “las cuestiones relativas a la disposición y el modo de realización de las medidas de instrucción son de resorte exclusivo del magistrado”.

En un incidente paralelo, la Cámara rechazó además un planteo de la defensa de Luciano Pantano y su madre Ana Conte -imputados como presuntos testaferros-, quienes habían pedido que la tasación de los inmuebles ubicados en la Provincia de Buenos Aires fuera realizada por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) en lugar del cuerpo pericial de la Corte Suprema. El juzgado rechazó esa petición e invitó a las partes a proponer peritos propios y puntos periciales adicionales.

La Cámara sostuvo que no se verificó vulneración de garantías constitucionales, y destacó que la propia defensa designó una martillera como perito de parte, quien ya participó de una reunión de peritos.

La causa, iniciada en diciembre de 2025 a partir de una denuncia de Elisa Carrió, Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, investiga si Pantano y Conte adquirieron la propiedad de Villa Rosa mediante la firma Real Central SRL como presuntos testaferros de dirigentes de la AFA. La pesquisa busca establecer el origen de los fondos utilizados y su eventual vinculación con Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino, de quien se encontraron pertenencias personales durante el allanamiento.

Durante casi nueve meses fue centro de un conflicto entre juzgados por el lugar donde debe investigarse hasta que la Cámara Federal de Casación resolvió que siga en Campana. Esta resolución fue apelada por la fiscalía ante esa instancia, que busca llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que el caso tramite en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires.

Siete de cada diez expedientes iniciados en el fuero Civil y Comercial Federal durante el primer semestre de 2026 estuvieron vinculados con la salud. La estadística expone la dimensión que adquirieron los reclamos de pacientes contra obras sociales y empresas de medicina prepaga por afiliaciones, medicamentos, internaciones y prestaciones de alta complejidad.

El relevamiento de la Oficina de Estadística del Consejo de la Magistratura de la Nación muestra que la mayor parte de esos casos tramita como amparo o proceso sumarísimo, dos vías que buscan una respuesta judicial rápida frente a situaciones que pueden afectar la continuidad de un tratamiento o de una cobertura.

Esa foto queda explícita con solo mirar en los tribunales las tensiones estructurales detrás de la judicialización de la salud en la Argentina con el repaso por las causas en el fuero en lo Civil y Comercial Federal, encargado de analizar la conflictividad entre pacientes y prepagas u obras sociales.

La dimensión de los reclamos

La estadística expone la dimensión que adquirieron los reclamos de pacientes contra obras sociales y empresas de medicina prepaga por afiliaciones, medicamentos, internaciones y prestaciones de alta complejidad.

En el fuero funcionan once juzgados de primera instancia y tres salas de Cámara. Allí se analizan conflictos de marcas y patentes, demandas por accidentes o daños en transportes aéreos, marítimos o terrestres internacionales, demandas contra el Estado por incumplimiento de contratos y casos que involucran operaciones de importación o exportación. Pero desde hace años son los cuestionamientos por falta de atención en salud de obras sociales y prepagas los que concentran la mayor cantidad de expedientes, remarcan fuentes judiciales.

Los números lo demuestran: entre el 6 de abril y el 8 de mayo de 2026, la Cámara dictó 912 sentencias sólo sobre prestaciones de salud, un promedio de 30 resoluciones por día. De esos fallos, más de la mitad (486) fueron medidas cautelares. Sólo afiliaciones e internaciones representaron 6 de cada 10 resoluciones.

Si se analizara un solo mes de las causas que llegan a la Cámara, se podría ver que la mayor concentración radica en demandas por la quita de afiliaciones, pedidos de internación geriátrica o asistencia domiciliaria, reclamos por falta de medicación en enfermedades crónicas, quejas por aumentos de cuota que habilitó el DNU 70/23 o cuestionamientos a la negativa a prestaciones de complejidad. Es decir: temas vinculados con el acceso y permanencia en la cobertura.

Especulación y juicios

Para intentar explicar el fenómeno, fuentes judiciales que conocen el fuero advirtieron sobre la existencia de una práctica extendida donde las entidades prefieren litigar a pesar de tener la certeza de perder. Un ejemplo citado es el de un abogado que concentró el 70 por ciento de los juicios contra una obra social. Según explican fuentes del fuero, el cálculo empresario es financiero: al rechazar tratamientos oncológicos —cuya cobertura del 100 por ciento está amparada por ley— o sostener desafiliaciones por supuesta falsificación de datos, las obras sociales ganan tiempo.

Saben que muchos pacientes no judicializarán el reclamo y que, aun perdiendo en los tribunales, el ahorro inicial compensa el pago posterior de costas y los honorarios de los letrados, evalúan.

Los reclamos

La judicialización se activa, en muchos casos, ante una desafiliación, la interrupción de una prestación o la negativa de una entidad a cubrir un tratamiento. La vía del amparo permite a los pacientes pedir una solución urgente cuando entienden que hay una vulneración del derecho a la salud. Entre las causas que llegan a la Cámara aparecen reclamos por la baja de afiliados debido a presuntas declaraciones juradas incompletas o falsificación de datos de salud. También hay pedidos de cobertura de internaciones, servicios de enfermería, acompañamiento terapéutico, medicación y tratamientos de rehabilitación.

En el caso de pacientes oncológicos, la cobertura de determinados tratamientos puede estar prevista por normas específicas. Aun así, algunos reclamos llegan a los tribunales después de rechazos administrativos o demoras en la autorización de medicamentos y prácticas indicadas por los equipos médicos. El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 también sumó litigios por los incrementos de las cuotas de la medicina prepaga. En esos expedientes, los afiliados cuestionan el impacto de las subas y piden que se revise su aplicación o que se preserve su continuidad dentro del sistema.

La Justicia como filtro económico

Fuentes judiciales describieron una práctica recurrente: entidades que sostienen el litigio aun en casos en los que existe jurisprudencia consolidada o normas que respaldan la prestación solicitada. El cálculo, según esas fuentes, incluye el tiempo que puede transcurrir entre el rechazo inicial y una resolución judicial. No todos los pacientes cuentan con información, recursos o patrocinio jurídico para presentar un amparo. En consecuencia, una negativa puede reducir el número de prestaciones que la entidad finalmente debe afrontar.

También pesan los costos de tratamientos de alto valor. Las fuentes señalaron que, en algunos casos, una orden judicial es requerida como respaldo interno para habilitar un pago extraordinario o para limitar el alcance de una cobertura que, de extenderse a otros afiliados, tendría impacto financiero. La lógica genera una tensión entre el derecho individual del paciente y la administración de recursos de las entidades. Para quienes judicializan, el proceso suele comenzar cuando la respuesta administrativa no llega a tiempo frente a una necesidad médica inmediata.

Las medidas cautelares

La cantidad de cautelares dictadas por la Cámara permite dimensionar el carácter urgente de los expedientes. Estas resoluciones no cierran el litigio, pero pueden ordenar una cobertura provisoria mientras avanza la causa principal. En tratamientos de fertilización asistida, radioterapia, internaciones o provisión de fármacos, la medida cautelar puede definir el acceso efectivo a una prestación durante meses. Por eso, en numerosos casos, la discusión central queda resuelta en esa primera etapa y la sentencia definitiva pierde relevancia práctica para el paciente.

El proceso, de todos modos, no es uniforme. Existen reclamos en los que la entidad invoca inconsistencias en la afiliación, exclusiones contractuales o la falta de indicación médica suficiente. Cada expediente requiere evaluar las circunstancias clínicas, la normativa aplicable y el riesgo que implica una eventual interrupción de la cobertura. Curiosamente, en un escenario de crisis donde las demandas crecen al compás de los problemas económicos, los especialistas admiten que una negativa inicial también puede funcionar como un filtro frente a medicamentos de alto costo.

En rigor, hay que distinguir entre los amparos que se agotan de manera anticipada en la medida cautelar (como tratamientos de fertilización o aplicaciones de rayos, donde la sentencia de fondo suele llegar cuando el objeto del litigio ya es abstracto) y aquellos que se prolongan en el tiempo, como disputas por afiliación o asistencia de enfermería.

Un amparo de salud no debería demorar más de una semana. Sin embargo, en la práctica se extienden durante años debido a la apertura de prueba y planteos procesales que desnaturalizan la figura original. En primera instancia, la sobrecarga laboral impide un análisis profundo de los expedientes, reduciendo el trabajo diario a un ritmo casi mecánico que invisibiliza el impacto humano de los tribunales, advirtieron fuentes del fuero.

En los fallos se reitera la imposición de multas. La repetición masiva de sentencias en contra parecen no disuadir. La respuesta en los pasillos judiciales es de escepticismo. Las obras sociales operan muchas veces bajo “una lógica temeraria”, dicen, y la falta de unificación de criterios o de resortes de control efectivos deja abierta una puerta donde el derecho a la salud queda supeditado a la estrategia financiera de la cobertura médica.

La emergencia en discapacidad

La conflictividad por la cobertura de salud también atraviesa la discusión por la emergencia nacional en discapacidad. El 9 de septiembre, mientras la Cámara de Diputados avanzó con el emplazamiento de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda para tratar una prórroga de la ley hasta el 31 de diciembre de 2027, familias, prestadores y organizaciones se movilizaron frente al Congreso.

Durante la protesta, los manifestantes denunciaron dificultades para sostener terapias, transporte y atención en centros de día, además de pagos atrasados a profesionales y prestadores. La Ley 27.793, que declaró la emergencia en discapacidad, rige hasta fines de 2026.

La Cámara de Diputados aprobó el emplazamiento para que las comisiones traten la iniciativa. El cronograma prevé una reunión informativa el 16 de septiembre y otra el 23 de septiembre, con el objetivo de emitir dictamen. Las organizaciones reclaman que la emergencia se extienda hasta el 31 de diciembre de 2027. También cuestionan demoras en pagos, aranceles que consideran insuficientes y problemas para garantizar la continuidad de servicios de atención. La oposición logró que Diputados fijara fechas para discutir la prórroga en comisión.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó una queja de la condenada ex presidenta Cristina Kirchner y avaló los embargos preventivos de propiedades de sus hijos como accionistas de las sociedades Hotesur y Los Sauces, entre ellos el departamento de San José 1111 donde cumple arresto domiciliario, en el marco de la causa Vialidad.

La sala IV del máximo tribunal penal federal del país, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, tomó esta decisión porque se trata de una medida preventiva que no causa un perjuicio imposible de reparar. El Tribunal Oral Federal 2 la ordenó en agosto pasado para preservar los bienes pero aún no resolvió si corresponde decomisar esta nueva tanda de propiedades que integran un segundo listado. Ya se ordenó avanzar en una primera etapa sobre 111 bienes de la ex presidenta y de otro condenado, el empresario Lázaro Báez, que en la actualidad están bajo tasación.

La medida se inscribe en la ejecución de la condena por la que la expresidenta cumple seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, como autora del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Esa pena quedó firme el 10 de junio de 2025. En ese marco, el Tribunal Oral Federal 2 lleva adelante el proceso destinado a hacer efectivo el decomiso, cuyo valor fue actualizado en $684.990.350.139,86.

El TOF 2 ordenó el 11 de agosto embargar preventivamente diversos inmuebles de Hotesur y Los Sauces mientras se resuelve si corresponde su decomiso definitivo. Entre ellos se encuentra el departamento de San José 1111 donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria, además de propiedades ubicadas en Puerto Madero y distintas localidades de Santa Cruz. Las sociedades tienen actualmente como accionistas a Máximo y Florencia Kirchner.

La defensa de Cristina Kirchner sostuvo que esos inmuebles no constituyen instrumentos, producto ni provecho del delito investigado en Vialidad y cuestionó que puedan ser cautelados con miras a un eventual decomiso. También afirmó que la expresidenta tenía legitimación para recurrir pese a que los bienes pertenecen a las sociedades de sus hijos, ya que la afectación patrimonial derivaría de su propia condena y porque uno de los inmuebles embargados es la vivienda en la que reside.

Según su planteo, la medida podía conducir a la privación definitiva de los bienes e incluso al desapoderamiento de ese departamento, por lo que debía ser considerada equiparable a una sentencia definitiva.

La situación habitacional de Cristina Kirchner

La Sala IV descartó esos argumentos. Señaló, en primer lugar, que lo sometido a revisión fue únicamente el embargo preventivo y no el decomiso definitivo de los bienes, cuestión sobre la que el tribunal oral todavía no se pronunció. Recordó que, como regla, las medidas cautelares no constituyen sentencias definitivas ni habilitan por sí mismas la intervención de Casación.

En particular, el tribunal consideró que el eventual perjuicio sobre la situación habitacional de Cristina Kirchner es, por el momento, “meramente eventual y conjetural”, dado el carácter cautelar, patrimonial y provisional del embargo.

Casación tiene pendiente de resolución otra apelación que presentaron Máximo y Florencia Kirchner contra esos mismos embargos de los bienes de Hotesur y Los Sauces como únicos accionistas de las sociedades.

Los jueces del caso Vialidad ya avanzaron con una primera etapa de decomiso sobre 111 bienes que están siendo tasados. Esta segunda fase en la que ahora se ordenaron los embargos había sido impulsada en febrero por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

El fallo del TOF N°2 también alcanzó a un dúplex, siete cocheras, un departamento y una baulera ubicados en el Complejo Madero Center del barrio porteño de Puerto Madero que la familia Kirchner posee a través de sociedades comerciales. En la provincia de Santa Cruz se embargaron múltiples terrenos y edificaciones. Dentro de este listado figura el predio donde se emplaza el Hotel La Aldea del Chaltén, ubicado en esa localidad patagónica.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 rechazó este lunes nuevos planteos de Máximo y Florencia Kirchner y de las sociedades donde son accionistas, Hotesur y Los Sauces, para intentar suspender el avance del trámite de decomiso sobre sus bienes, como parte de la condena a su madre, la ex presidenta Cristina Kirchner, en la causa Vialidad.

De manera paralela, la Cámara Federal de Casación rechazó una queja de la defensa de CFK, condenada a seis años de prisión, y dejó firmes los embargos preventivos que ordenó el Tribunal en agosto pasado sobre una segunda tanda de bienes que la fiscalía exige decomisar y está pendiende de resolución, entre ellos el departamento de San José 1111 donde cumple arresto domiciliario.

Las propiedades heredadas

En una resolución firmada por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, el Tribunal que juzgó la causa Vialidad rechazó en primer lugar un planteo del apoderado de Máximo y Florencia Kirchner, Luis Goldín, quien pidió suspender cualquier decisión sobre una eventual ejecución de los bienes de los hijos de CFK hasta que se resuelva una queja que intenta frenar todo. Están en juego 19 propiedades heredadas o recibidas en cesión.

Se trata de cumplir con el decomiso por $684.990.350.139,86 impuesto como parte de la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta a la ex mandataria, que está bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica.

Los jueces remarcaron que la sentencia está firme y que las apelaciones sobre el monto o sobre los bienes alcanzados no suspenden el trámite de ejecución ni impiden adoptar medidas para garantizar su eficacia. El objetivo es “ejecutar una sanción penal, impuesta mediante sentencia firme y pasada en autoridad de cosa juzgada”, remarcaron en la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Goldin pidió además suspender el avance sobre otros bienes y embargos a la espera de la resolución de recursos que presentó para evitarlo. Para ello comparó la situación con lo ocurrido en la Cámara Civil y Comercial Federal, donde se puso en pausa un reclamo multimillonario de honorarios por parte de abogados que defendieron a los condenados en Vialidad en una demanda civil iniciada por el Estado nacional hasta que la Corte Suprema decida si confirma la caducidad de instancia -el cierre del caso por falta de impulso de la parte demandante-, que habilitaría a los letrados a cobrar. El TOF2 remarcó que son temas diferentes.

En la causa penal por delitos con la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015 se juzgó y condenó a la ex presidenta a seis años de prisión por administración fraudulenta y se dispuso ya el decomiso de 111 bienes que están siendo tasados.

Ahora se debe decidir sobre una segunda tanda reclamada por los fiscales del caso Diego Luciani y Sergio Mola. Al respecto, los planteos sobre el monto o qué propiedades o dinero pueden afectarse no suspenden el trámite “ni impiden adoptar las medidas precautorias necesarias para preservar su eficacia”, concluyeron los jueces en relación a los embargos.

La defensa de los hijos de la ex presidenta objetó además un pedido de informes que se hizo al Banco Galicia para ratificar si en esa entidad están aún bajo resguardo 5,5 millones de dólares secuestrados a Florencia Kirchner, cuando se la investigaba en la causa Hotesur, donde resultó sobreseída. La entidad confirmó que ese dinero sigue allí, en cajas de seguridad franjadas. Los fiscales consideran que debe afectarse al decomiso.

El Tribunal rechazó también este planteo porque se pidieron los datos con “carácter informativo” y no derivó ni en un desapoderamiento de fondos ni anticipó una decisión sobre su eventual decomiso.

Por su parte, el director titular de las sociedades de los Kirchner, Hotesur SA y Los Sauces SA, Sebastián Sánchez cuestionó que el Tribunal hubiera diferido el tratamiento de su pedido para suspender la ejecución.

El TOF 2 respondió que las sociedades no quedaron privadas de su derecho de defensa. El requerimiento fiscal presentado en febrero para decomisar bienes de esas empresas todavía está en trámite y se les dará intervención cuando llegue el momento. También cuestionaron los embargos pero para los jueces fue una decisión “cautelar” que no cambió la titularidad registral de los bienes, no ordenó su venta y no resolvió aún si serán decomisados.

Otra denuncia por supuesto lavado de dinero que involucra al titular de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia y a su tesorero Pablo Toviggino se investigará en el juzgado federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay. La misma se acumuló a la causa por la compra de la mansión de Pilar, valuada en 17 millones de dólares y atribuida a presuntos testaferros de dirigentes del fútbol argentino.

La investigación que ahora el juez Alberto Lugones de la Cámara Federal de San Martín envió a Campana estaba a cargo de la jueza federal porteña María Servini y se inició por una denuncia que en marzo pasado presentó el empresario Guillermo Tofoni. Fue en base a publicaciones periodísticas que dieron cuenta del funcionamiento de un presunto esquema de lavado de dinero con fondos de la Asociación del Fútbol Argentino, a través de casas de cambio y financieras porteñas.

Justicia “más expedita”

En su resolución, el juez Lugones del Tribunal de Apelaciones de San Martín concluyó que enviar también esta denuncia a Campana es “la solución que favorece una mejor, más expedita y uniforme administración de justicia”, según la decisión a la que tuvo acceso Infobae.

En el juzgado de Campana se concentran las denuncias por la mansión de Pilar, otra que se originó en Santiago del Estero por supuesto lavado de activos y asociación ilícita en torno a los bienes del tesorero Toviggino, y ahora esta pesquisa relativa a presuntas maniobras financieras a través de financieras y casas de cambio.

El expediente pasó por el juzgado en lo penal económico a cargo del juez Diego Amarante, quien se declaró incompetente y lo envió a Comodoro Py, por ser el lavado de activos un delito federal. El magistrado concluyó que en este caso particular los delitos podrían haberse cometido en la ciudad de Buenos Aires. Pero la Cámara Federal de San Martín optó ahora por el envío a Campana, al decidir sobre un planteo previo del juez de ese partido bonaerense, que había reclamado la causa. La jueza Servini tenrá que enviar el expediente a González Charvay.

Qué se denunció

La denuncia aludió a un presunto esquema de lavado de activos con desvío de fondos desde el exterior -España y EEUU- a intermediarias de la AFA que luego los enviaban a financieras en el microcentro de CABA. El destino final del efectivo en dólares habría sido la sede central de la AFA de la calle Viamonte.

Se describió un supuesto “circuito donde los fondos habrían ingresado a través de financieras situadas en el microcentro porteño, habrían sido trasladados a un estudio jurídico, y finalmente habrían tenido como destino la sede central de la AFA en la calle Viamonte o el domicilio particular de uno de sus dirigentes”, recordó el juez Amarante cuando decidió que el eje de lo denunciado estaba en CABA.

En lo relativo a la investigación central que tiene a cargo el juzgado federal de Campana, la mansión de Pilar, el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación, Mario Villar, reclamó que la Corte Suprema de Justicia deje sin efecto la decisión de devolver la causa a esa jurisdicción. Lo hizo a través de un recurso extraordinario que presentó y que está pendiente de resolución en la Cámara Federal de Casación.

Esta investigación pasó a Campana a pedido de la defensa de los imputados que figuran como compradores del predio, Luciano Pantano y su madre Ana Conte, en función de que la propiedad está en Pilar, jurisdicción del juzgado de González Charvay. La fiscalía se opone porque considera que la compra fue una de las consecuencias de presuntos delitos que se ejecutaron antes y que tuvieron como epicentro la ciudad de Buenos Aires.

Al ex jefe de Gabinete de Javier Milei, Manuel Adorni, se le vence a principios de esta semana la prórroga de 15 días hábiles que pidió para explicar veinte inconsistencias detectadas en su patrimonio por el fiscal federal Gerardo Pollicita. Si sus justificaciones no convencen, podría avanzarse hacia un pedido de declaración indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito que será resuelto por el juez del caso, el federal Ariel Lijo.

Con el mismo fiscal y el mismo juez acaba de abrirse ahora la investigación por el mismo delito contra Claudio “Chiqui” Tapia y se descuenta que el camino judicial será similar. Una batería inicial de medidas de prueba, a las que seguirá una vez recibidas las respuestas -si no conforman o hay dudas- la citación de testigos y como final, un amplio estudio que terminaría -o no- en un requerimiento fiscal para que el investigado justifique el origen de sus bienes.

A Tapia no se lo investiga por su rol como dirigente futbolístico y presidente de la AFA, sino como funcionario público. Se lo considera así desde 2016 cuando llegó al CEAMSE, una sociedad estatal integrada por los gobiernos porteño y bonaerense concebida para gestionar los residuos sólidos urbanos, la basura.

Los primeros pasos

Como primer paso, se pidió levantar los secretos protegidos por las normas tributarias, bancarias, de mercado de capitales y de prevención de lavado de activos. La habilitación resulta necesaria para que organismos como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero(ARCA), el Banco Central de la República Argentina(BCRA), la Comisión Nacional de Valores(CNV), la Unidad de Información Financiera(UIF) y entidades privadas puedan entregar información reservada sobre Tapia.

La medida apunta a acceder a datos fiscales, movimientos de cuentas, inversiones, créditos, transferencias, cajas de seguridad, tarjetas y activos declarados en el país o en el exterior. La fiscalía definió como período de interés los años comprendidos desde 2016 hasta la actualidad, es decir, desde el ingreso de Tapia a la función pública en CEAMSE. Solicitó que las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia remitan todas las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por Tapia durante su desempeño en CEAMSE, incluidos los anexos que tengan carácter reservado.

También busca acceso al legajo personal del dirigente, las resoluciones que respaldaron sus designaciones, los cargos ejercidos, los períodos en los que trabajó y las declaraciones juradas internas que pudiera haber presentado. El organismo deberá informar cada ingreso que recibió Tapia desde su incorporación hasta la actualidad, con el detalle de montos y conceptos abonados. La solicitud alcanza las cuentas bancarias donde se acreditaron los pagos.

Impuestos, bienes, ingresos y consumos

Uno de los pedidos más extensos recayó sobre ARCA. La Fiscalía requirió el envío de toda la información disponible sobre la situación fiscal, económica, patrimonial y financiera de Tapia. El organismo deberá entregar las declaraciones juradas de los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales, junto con formularios, anexos, papeles de trabajo, acuses de presentación y eventuales rectificativas. También se solicitó información sobre ingresos por salarios, honorarios, rentas, dividendos, intereses, diferencias de cambio, utilidades, préstamos, mutuos, donaciones, herencias, aportes de capital y otras fuentes de fondos que aparezcan en sus registros.

La pesquisa apunta a comparar los ingresos declarados con el patrimonio, el nivel de gastos y las operaciones económicas del investigado.

El fiscal pidió conocer si existieron relaciones con contribuyentes vinculados a facturación apócrifa, en caso de que esos datos aparezcan en las bases oficiales. Además, solicitó que se informe si Tapia presentó declaraciones de ingreso o egreso de dinero ante el Sistema de Ingreso y Egreso de Valores y si registra antecedentes o sanciones aduaneras.

El Banco Central deberá consultar a bancos, financieras y proveedores de pago. Se pidió que el organismo circule una orden a las entidades bancarias y crediticias bajo su órbita para saber si Tapia fue titular, cotitular, autorizado, apoderado, firmante o representante de productos financieros. El pedido incluye cuentas corrientes, cajas de ahorro, plazos fijos, préstamos, compra y venta de divisas, transferencias al exterior, tarjetas de crédito y débito, fondos fiduciarios y cajas de seguridad. De existir registros, las entidades deberán aportar el detalle de créditos y débitos de cada cuenta, la documentación de apertura, los datos de los demás intervinientes, las fechas de alta y baja, los domicilios declarados y los extractos bancarios.

La solicitud también alcanza las billeteras virtuales, cuentas de pago, CVU y alias. Los bancos deberán identificar las plataformas o proveedores de servicios de pago que hubieran tenido relación con Tapia. Pollicita pidió, además, información sobre operaciones de cambio y sobre el registro de operadores de cambio administrado por el Banco Central.

Recorrido del dinero

Para seguir el recorrido de los fondos, el fiscal requirió que la Compensadora Electrónica S.A.(Coelsa) aporte datos sobre CBU, CVU, alias, transferencias cursadas, cuentas de origen y destino, fechas, montos y entidades participantes. Se pedirán resúmenes de tarjetas de crédito y constancias de las cuentas.

La fiscalía busca determinar si hubo inversiones bursátiles o activos digitales. El requerimiento incluye a la Caja de Valores. Pollicita pidió que informe si Tapia tuvo cuentas comitentes, con qué agentes de bolsa operó, qué tenencias registró y cuáles fueron sus operaciones bursátiles. Una vez identificados los intermediarios, la Fiscalía prevé solicitar los legajos de cliente, los reportes de cuenta corriente y los documentos que respaldaron las operaciones realizadas en el período bajo análisis.

Criptoactivos

En paralelo, se pidió a la CNV que consulte a los proveedores de servicios de activos virtuales inscriptos si Tapia posee o poseyó cuentas o billeteras digitales. También requiere los registros de validación de identidad, cuentas bancarias asociadas, direcciones IP, datos de acceso y la identificación técnica de los dispositivos usados.

La lista de empresas a consultar incluye Binance, Ripio, Belo, Bitex, OKX, Satoshi Tango, Ualá, ArgenBTC, Athena, Bitinka, Buda, Decrypto y otras plataformas de servicios con criptoactivos.

Bienes AMBA y en San Juan

Pollicita solicitó a la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor que detalle los vehículos que Tapia tiene o tuvo a su nombre, como titular, cotitular, autorizado u otra modalidad de vinculación. El informe debe incluir marca, modelo, tipo, fecha de inscripción, estado registral, período de titularidad y datos de transmisión en los casos de vehículos vendidos o transferidos. La medida se extiende al Registro Nacional de Buques, el Registro Nacional de Aeronaves y los registros inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y San Juan. La fiscalía pidió que esas oficinas informen las titularidades actuales e históricas de Tapia y aporten los folios reales o documentos registrales de cada inmueble, embarcación o aeronave que aparezca asociado a su nombre. También se pedirá información sobre bienes, cuentas bancarias, cajas de seguridad y tenencias accionarias.

Conmebol

El fiscal pidió librar un exhorto internacional a la Confederación Sudamericana de Fútbol(Conmebol), con sede en Asunción, Paraguay. La entidad deberá remitir el legajo personal de Tapia, precisar los cargos que ejerció, informar todos los ingresos que percibió desde su incorporación y detallar los conceptos de pago y las cuentas bancarias donde se depositaron esos fondos. La solicitud incluye las resoluciones que respaldaron sus designaciones, declaraciones juradas que pudiera haber presentado y otros documentos de su relación con la confederación. La Fiscalía también pidió que Conmebol informe si Tapia tuvo funciones ante la Federación Internacional de Fútbol Asociación(FIFA), en qué carácter las ejerció, a quién representó y si obtuvo ingresos por esa actividad.

El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó hoy una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito a Claudio “Chiqui” Tapia en su calidad de funcionario público como presidente del CEAMSE y pidió ordenar una batería de medidas de prueba vinculadas a su patrimonio.

El pedido incluye informes sobre Declaraciones Juradas que presentó Tapia como funcionario público por su rol en el CEAMSE, bienes, cuentas bancarias y nivel de consumo, según supo Infobae en fuentes judiciales. La investigación quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo, quien deberá resolver al respecto, y de la fiscalía de Pollicita luego de un conflicto de competencia entre juzgados resuelto esta semana en la Cámara Federal porteña.

El fiscal pidió al juez que levante el secreto bancario y fiscal de Tapia y el vinculado al mercado de capitales, además del deber de reserva previsto para la Unidad de Información Financiera. En total solicitó al magistrado que ordene 20 medidas de prueba para luego, una vez recibida la información, avanzar con un análisis patrimonial, económico y financiero que reconstruya la evolución de bienes, fondos y vínculos “relevantes” de Tapia.

Como parte del impulso del caso, Pollicita pidió que se curse un pedido al CEAMSE para que remita a Comodoro Py 2002 el legajo personal de Tapia. También que se requiera a la Dirección Nacional de Migraciones los datos sobre sus salidas del país.

Informes a la CONMEBOL

Tapia es también presidente de la AFA, un cargo ad honorem y que no forma parte de esta investigación. Se integró al directorio del CEAMSE entre los años 2016 y 2025, inclusive, en cuyos períodos se desempeñó como Vicepresidente en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -hasta 2024- y como Presidente en representación de la Provincia de Buenos Aires, a partir de enero de 2025, según la denuncia.

La fiscalía incluyó entre las medidas de prueba sugeridas al juez un pedido para librar un exhorto internacional a la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), con sede en Asunción, Paraguay, para “que remita copias del legajo personal” de Tapia e informe qué cargos ocupó desde que ingresó hasta la actualidad y cuánto cobró por ello.

Se pidió incluir un “detalle de los montos y rubros abonados -por cualquier concepto, identificación de los cargos ejercidos, los períodos en los que se desempeñó, las cuentas bancarias en las que se acreditaron dichos fondos, copias de sus declaraciones juradas si las tuviere, resoluciones que dieron lugar a su nombramiento en cada uno de los períodos en los que prestó funciones y cualquier otra información de registro laboral con el que se cuente”.

El fiscal también consideró que podría consultarse a esa Confederación si Tapia ejerce o ejerció cargos directivos, electivos y de cualquier naturaleza ante la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y “en dicho caso indique en qué fecha, en qué carácter, a quien representa o representó, si percibe o percibió ingresos por dicha actividad y remita toda la información con la que cuente al respecto”, según el requerimiento de instrucción que entregó al juez Lijo.

Tapia está ya procesado en otra causa penal por supuesta retención indebida de aportes por parte de la Asociación del Fútbol Argentino calculada en 19.000 millones de pesos. Por esta investigación del juez en lo penal económico Diego Amarante ya tiene procesamiento firme en segunda instancia, la Cámara del fuero, y podría ser enviado a juicio oral.

La denuncia

La denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito fue presentada el 7 de abril pasado por el empresario Guillermo Tofoni que sostiene que Tapia habría incrementado su patrimonio de manera injustificada en un 1000% en ocho años.

El CEAMSE es una empresa pública interjurisdiccional que gestiona los residuos sólidos urbanos del AMBA y administra el peaje del Camino del Buen Ayre. Según la denuncia, Tapia declaró percibir ingresos anuales por $100.233.144, con una dedicación de 15 horas semanales al organismo.

Tofoni presentó esta acusación en el marco de otras denuncias que impulsó contra Tapia y dirigentes de la AFA, luego de que su empresa, World Eleven, perdió el contrato que tenía con la entidad deportiva para organizar y comercializar los partidos amistosos de la Selección Argentina.

La Justicia ordenó al escribano que intervino en la compraventa del departamento del primer piso de San José 1111, adquirido por la militante kirchnerista María Soledad Calle, que remita a Comodoro Py 2002 una copia certificada de la escritura y detalle el precio pactado y los medios de pago utilizados.

La medida forma parte de una batería de pruebas que dispuso el juez federal Julián Ercolini como parte de la investigación por supuesta defraudación, en la que también está imputado el desplazado titular de la Unión Obrera Metalúrgica Abel Furlán, a raíz de presuntas irregularidades en la contratación de una empresa vinculada a Calle, denunciadas por opositores al sindicalista.

Escritura y precio

El juzgado envió un oficio a la escribanía donde se concretó la operación de compraventa del departamento para que remita una “copia certificada de la escritura” del 1 de septiembre de 2025, mediante la cual Calle “adquirió la unidad funcional correspondiente al primer piso del inmueble sito en San José 1111/15″. Se trata del departamento ubicado debajo del de Cristina Kirchner. La ex presidenta cumple allí arresto domiciliario condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad.

Además se solicitó copia de toda documentación respaldatoria de esa operación: en particular la relacionada con el precio pactado, modalidad y medios de pago, según supo Infobae en fuentes judiciales.

La semana pasada, la Justicia ordenó diferentes medidas y entre ellas cursó un pedido de informes al Registro de la Propiedad Inmueble sobre el departamento de San José 1111, con un requerimiento de detalle de adquisiciones, escribanías, registros notariales y documentación registral del primer piso que, según la denuncia de opositores gremiales fue comprado por Calle, algo que luego ella admitió en tribunales. Tras identificarse al escribano, se avanzó ahora con el reclamo de la copia de la escritura para saber cuánto figura allí que se pagó por el inmueble.

La militante kirchnerista reconoció en los tribunales que compró el departamento vecino al de Cristina Fernández de Kirchner. En un escrito presentado ante Ercolini, la exempleada de la UOM explicó que la adquisición fue “realizada con recursos propios y tuvo como proyecto su afectación a un espacio destinado a una fundación de estudios para el desarrollo argentino”.

Qué se investiga

En la causa se investiga si se generó un perjuicio para el gremio y su obra social con la firma de un contrato para ceder el control financiero y la administración de los aportes de los trabajadores a USEM S. A., sociedad vinculada a Calle, que percibía una comisión del 0,5 % en concepto de honorarios. Esto equivaldría a unos 100 millones de pesos, según la denuncia iniciada por un sector opositor del gremio encabezado por Ángel Derosso.

A Calle se la señaló, en particular, por desempeñarse en simultáneo como empleada en relación de dependencia de la UOM —en el área de relaciones internacionales— y, al mismo tiempo, tener una participación societaria como directora de USEM S. A., la firma contratada por el sindicato. En un escrito que presentó su abogado defensor Pablo Slonimsqui, se rechazaron todas las acusaciones y se explicó el origen de sus bienes.

Por su parte, la defensa de Furlán reclamó el sobreseimiento y advirtió que debe evitarse que la causa penal se convierta en una “excursión de pesca” sobre toda la administración de la UOMRA o el patrimonio de sus dirigentes, en un escrito que presentaron sus abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort.

Propiedades, vehículos, viajes al exterior y nivel de vida de Claudio “Chiqui” Tapia quedaron en la mira judicial desde ese viernes a partir de una denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito, que cuestiona la evolución de su patrimonio desde que asumió como funcionario público en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) en 2016. Se trata de determinar si existió un incremento patrimonial “apreciable” que no pueda justificarse con ingresos legales, ya sea de manera directa o por medio de terceros.

La presentación se originó en una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, enfrentado con Tapia pero por un tema contractual en su rol de presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, cargo por el que no percibe salario y que no forma parte de la investigación que abrió el fiscal federal Gerardo Pollicita.

Tofoni planteó en su denuncia diferencias entre las declaraciones juradas patrimoniales de Tapia, sus ingresos y la adquisición, venta o registración de inmuebles, vehículos y activos líquidos durante el período bajo análisis. La denuncia ubica el salto patrimonial en 2019.

La investigación -una vez que el juez federal Ariel Lijo resuelva si ordena las medidas que le pidió el fiscal- apuntará al patrimonio declarado por Tapia como funcionario en el CEAMSE. Según la documentación citada por Pollicita, fue vicepresidente del organismo en representación de la Ciudad de Buenos Aires hasta 2024 y pasó a presidirlo en nombre de la provincia de Buenos Aires gobernada por Axel Kicillof desde enero de 2025.

El salto de 2019

Tofoni tomó como referencia la declaración jurada de 2017, en la que Tapia habría informado cuatro propiedades, con un valor fiscal conjunto cercano a $17 millones; un vehículo y activos líquidos por debajo de $1,5 millones. Según la denuncia, al tipo de cambio de entonces esa liquidez equivalía a unos US$43.000.

El planteo central es que en 2019 se habrían incorporado cuatro inmuebles al patrimonio declarado. La denuncia menciona una casa de 315 metros cuadrados en Beccar, partido de San Isidro; un departamento de 291 metros cuadrados en Caballito; una propiedad en Cardales o Ingeniero Maschwitz; y un terreno de 2.430 metros cuadrados en Campana, que habría sido comprado con crédito hipotecario.

El denunciante sostuvo que esos bienes están ubicados en zonas de alto valor de mercado y advirtió que la información disponible no permitiría reconstruir con precisión las fechas, los montos de compra y las fuentes de financiamiento. La fiscalía recogió esos elementos como hipótesis iniciales que deben ser verificadas mediante medidas de prueba.

También se menciona la venta, en 2020, de una casa de Tapia en Caballito por US$950.000. Para Tofoni, la diferencia entre esa operación y el valor declarado al momento de adquisición requeriría ser examinada junto con los ingresos informados en el período.

Además, depósitos declarados en 2024 y su ausencia en 2025 forman parte de la pesquisa. Al respecto, se pide esclarecer la evolución de los activos líquidos. La declaración jurada de 2024 habría registrado más de $1.002 millones en depósitos bancarios, $39 millones en efectivo y US$246.206 en una caja de ahorro valuados al tipo de cambio oficial.

La presentación calcula que ese conjunto representaba una liquidez cercana al millón de dólares. Sin embargo, señala que en la declaración jurada presentada en julio de 2025 se habría consignado cero pesos en efectivo y cero en depósitos bancarios.La investigación buscará determinar el origen y destino de esos fondos, así como establecer si los movimientos guardan relación con ingresos, consumos, créditos, inversiones, ventas de activos o transferencias que puedan ser documentadas.

Los sueldos de Tapia

La denuncia también cuestionó cambios en la registración de bienes ubicados en San Juan. Dos inmuebles que antes figuraban como propios habrían aparecido luego dentro del patrimonio ganancial, con valores fiscales menores a los informados en declaraciones anteriores. Uno de los bienes, además, habría cambiado su descripción de vivienda a terreno.

Entre los elementos mencionados también figura un predio en Exaltación de la Cruz. Tofoni sostuvo que una propiedad declarada en 2006 con una superficie de 230 metros cuadrados se habría ampliado mediante dos parcelas linderas hasta alcanzar aproximadamente 6.100 metros cuadrados.

Los ingresos de CEAMSE y Conmebol serán objeto de contraste. En el requerimiento, Pollicita detalló, según la denuncia, los ingresos que Tapia habría declarado en julio de 2025. La documentación citada incluye una remuneración anual de $100.233.144 por su cargo en CEAMSE, con una dedicación declarada de 15 horas semanales.

A ello se sumaría una retribución anual de $718.536.500 de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), donde Tapia figura como vicepresidente segundo y habría declarado una dedicación de dos horas semanales. La función en la AFA, según esa declaración, fue consignada como ad honorem.

El denunciante Tofoni calculó ingresos anuales superiores a $818 millones, además de otros conceptos: unos $44 millones por la venta de un vehículo, $30 millones en viáticos de la AFA por viajes internacionales y alrededor de $130 millones por intereses de plazos fijos y diferencias de cambio. La fiscalía pidió que esos montos sean contrastados con los datos oficiales, bancarios, tributarios y laborales disponibles. El objetivo es establecer si existe una correspondencia razonable entre el patrimonio exteriorizado, las disponibilidades, los gastos y las fuentes de fondos declaradas.

El acusado ex funcionario kirchnerista Roberto Baratta amplió este jueves su declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 7 para “aclarar distintas mentiras” entre ellas haber recibido un millón de dólares en sobornos por parte del grupo Techint.

Baratta, exjefe del remisero autor de los escritos Oscar Centeno, salió al cruce de dichos de testigos de la empresa Techint en las últimas audiencias, de manera principal Héctor Zabaleta y Luis Betnaza. Dijo que “repitieron mentiras del año 2018″, cuando se abrió la causa por los cuadernos. Además reclamó que declare como testigo el CEO de la empresa Paolo Rocca, quien presentó un certificado médico para -por ahora- no concurrir a tribunales.

“Esta causa fue una clara y evidente operación de inteligencia”, agregó el exfuncionario y aseguró que podrá probarlo al final del juicio. El ex segundo de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación Federal en el kirchnerismo pidió hablar ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli pero sin responder preguntas. Durante su exposición volvió a decir que su exchofer Centeno fue autor de “mentiras escritas” y mostró filminas con síntesis de sus respuestas a las acusaciones.

Los ejecutivos de la empresa Techint declararon bajo juramento de verdad en audiencias pasadas que le entregaron sobres con dinero por un total equivalente a un millón de dólares que el entonces funcionario buscaba en persona llevado por Centeno en las cocheras del edificio de esa empresa. El objetivo habría sido logar ayuda para sacar a personal argentino de Venezuela a raíz de la nacionalización de SIDOR, controlada por Techint, durante el gobierno de Hugo Chávez en ese país en un clima de amenazas y hostilidad, según declararon.

“A mí no me pagaron nada”. Terminó de declarar Baratta y el juicio sigue el martes próximo

Baratta sostuvo que a él no le pagaron nada y dijo que el relato de los ejecutivos de Techint es “ciencia ficción, imposible de verificar”. También marcó contradicciones entre las declaraciones bajo juramento de verdad de los testigos Héctor Zabaleta y Luis Betnaza, en relación al motivo de esos presuntos pagos y a si hubo inconvenientes para la salida de los empleados argentinos de Venezuela, durante el conflicto por la nacionalización de SIDOR en el gobierno de Hugo Chávez.

“No existe una sola razón” por la cual podrían haberle pagado un soborno, agregó y recordó las causas que tuvo abiertas el grupo Techint en Italia. Zabaleta con “soberbia e impunidad total” dijo que la Justicia argentina no lo encontró para notificarlo de esas investigaciones, acotó Baratta.

Sobre los bolsos que supuestamente contenían el dinero de los pagos ilegales, dijo: “Yo vine a declarar y traje un bolso, tengo la computadora, mis elementos personales, lo mismo hacía cuando trabajaba seguramente era más grande porque mis responsabilidades eran otras. Pero eso no significa nada, absolutamente nada”. Techint “fue sobreseído en un acto de impunidad total por razones humanitarias, nadie apeló, ni el fiscal (Carlos) Stornelli ni la UIF, que llamativamente llegó tarde a la apelación”.

“En ninguna ocasión les solicité o pedí algo, es mentira”, dijo sobre Betnaza y Zabaleta. Y se preguntó: “Cómo hacía Baratta para destrabar la salida de la gente de Venezuela? Hablaba con Chávez?”.

“Es de ciencia ficción”, concluyó.

Tras su exposición concluyó la audiencia y el juicio seguirá el martes próximo.

“Esta causa fue una clara y evidente operación de inteligencia”, dijo el acusado Roberto Baratta

El ex segundo de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación Federal en el kirchnerismo apuntó contra los exdirectivos de Techint que lo incriminaron, dijo que tanto Luis Betzana como Héctor Zabaleta, “mintieron” y que la empresa tuvo un trato diferencial en la Justicia.

“Esta causa fue una clara y evidente operación de inteligencia”, agregó y aseguró que podrá probarlo al final del juicio.

Recordó que por sus funciones como subsecretario de Planificación se reunió con “muchos empresarios” e incluso compartió cenas en la casa del CEO de Techint Paolo Rocca junto al entonces ministro de Planificación Federal Julio De Vido para hablar de trabajo en un “clima cordial”.

También apuntó al Poder Judicial por una “clara asimetría procesal” en relación a Techint y otros empresarios, “algunos igual de importantes que el holding Techint y otros menos importantes pero hubo una clara diferenciación en el trato”. Mencionó que fue citado a declaración indagatoria en otra causa penal que está en trámite y que se le sigue por supuesto enriquecimiento ilícito “un día después” de la declaración de Zabaleta en el caso Cuadernos. Baratta será indagado el próximo 16 de septiembre en esta investigación.

Además aludió a las “mentiras escritas” de su ex chofer Oscar Centeno, el autor de los cuadernos con detalles de recorridas que hacía con su entonces jefe en busca de sobornos.

Amplía su declaración indagatoria Roberto Baratta

El ex funcionario de Planificación Federal Baratta dijo que los ejecutivos de Techint que declararon en el juicio mintieron. “Techint por su amplio espectro de actividades fue una de las empresas con las cuales más me reuní”, dijo.

Baratta anticipó que no responderá preguntas del Tribunal Oral Federal 7 ni de las partes. “He ido a cenar a la casa de Paolo Rocca acompañando al ministro Julio De Vido, cenas cordiales donde se evaluaba el trabajo”.

Declara una ex funcionaria del Ministerio de Transporte

La letrada Gabriela Winick era Directora Nacional de Gestión de Fondos Fiduciarios y trabajaba en el Ministerio de Transporte en 2018. Recibió los oficios con pedidos de informes del juzgado federal de Claudio Bonadio sobre subsidios al transporte público.

“Pudimos constatar todas las planillas presentadas al banco”, explicó y se aportaron al juzgado. Explicó que el pago de subsidios se había a través del Banco Nación. Desde el 2019 se empezó a pagar con un fideicomiso, relató. Con anterioridad se pagaba a través del Tesoro Nacional. Confirmó que se pagaban subsidios a Ferrovías y Metrovías.

Había “una contribución política” que los contratistas estaban “obligados a hacer” dijo un testigo

El testigo Huergo recordó sus encuentros con Clarens, el financista vinculado a los Kirchner, y dijo que le pidió una “contribución política que los contratistas estábamos obligados a hacer”.

Era “una pequeña contribución que hacíamos de tipo político”, agregó.

“¿La hacían alegremente esa contribución? ¿Le salía del corazón? ¿Estaban de acuerdo?”, quiso saber la fiscal ante el Tribunal Oral Federal 7 Fabiana León.

“No, pero hay muchas cosas que uno tiene que hacer, no por que está de acuerdo sino por usos y costumbres”, respondió el testigo y dijo que no lo interpretó como una exigencia del acusado Clarens sino como un “uso y costumbre”.

En esta etapa del juicio declaran empresarios que figuran en los listados entregados por Ernesto Clarens con supuestos pagadores de sobornos cuando se convirtió en arrepentido en la causa.

Declara otro empresario que estuvo acusado y fue sobreseído

Se trata de Enrique Huergo, un ingeniero jubilado de 83 años que presidió la firma DICASA y estuvo acusado en el caso pero luego fue sobreseído. Dijo que conoció al financista Ernesto Clarens, a quien vio “un par de veces” en un hotel y se remitió a lo que recordó que declaró en su declaración indagatoria durante la investigación, cuando estaba acusado.

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La Cámara Federal de Casación Penal quedó este jueves en condiciones de resolver si habilita el juicio en ausencia para ciudadanos iraníes y libaneses acusados del atentado a la AMIA, tras recibir los argumentos de las querellas, fiscalía y defensa oficial, que cambió su postura inicial y no cuestionó la constitucionalidad de la norma.

El defensor oficial Enrique Comellas aclaró al inicio de la audiencia que recondujo el recurso de apelación y no puso en duda la constitucionalidad de la ley de juicio en ausencia en general, sino que su reclamo pasa por “garantizar un nuevo juicio ante la posibilidad de que un condenado en ausencia se presente”.

“El juicio en ausencia en sí no es inconstitucional en la medida que se garantice un nuevo juicio. Reclamo que se respete ese estándar. No es inconstitucional si se anuncia que se va a garantizar un nuevo juicio en el caso de que sean condenados y habidos”, explicó el defensor ante el máximo tribunal penal federal del país.

Comellas fue el único expositor en la audiencia ante los camaristas Diego Barroetaveña, Angela Ledesma y Carlos Mahiques, mientras que las querellas de familiares de víctimas y la AMIA presentaron escritos.

Las querellas insistieron con el avance del juicio

Por su parte la querella de los familiares de las víctimas Luis Czyzewski y Mario Averbuch, representada por el abogado Tomás Farini Duggan, advirtió en su escrito que “las modificaciones introducidas al Código de forma mediante la ley de juicio en ausencia representan un significativo progreso para las víctimas, que demandan justicia, y para el Estado, que tiene el deber de proporcionarla.”

Los imputados saben de la “existencia del proceso y prefieren mantenerse prófugos”, es decir, “no tienen ninguna voluntad de ejercer su defensa material”, agregaron.

A su vez la querella de la AMIA también reclamó desestimar la apelación de la defensa y seguir adelante con el juicio en ausencia, en el escrito firmado por el presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina Osvaldo Armoza y el abogado Miguel Bronfman.

“Surge de las actuaciones que los acusados poseen conocimiento efectivo y pleno sobre la existencia de la causa en su contra. El estándar internacional no exige una notificación formal personada si se acredita fehacientemente que las personas conocían los cargos imputados”, se sostuvo en relación a que los acusados saben de la imputación que se les dirige.

Además, se remarcó que la sanción de la Ley 27.784 “no solo es válida constitucionalmente, sino que responde directamente al cumplimiento de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Por su parte, el fiscal ante Casación Raúl Pleé remitió a los argumentos a favor de la confirmación de la constitucionalidad de la ley que estableció el juicio en ausencia presentados en febrero último, en la etapa conocida como “términos de oficina”. “La incomparecencia de los acusados no vulnera su defensa en juicio porque fue una decisión propia”, dijo la fiscalía en esa ocasión.

Los argumentos de la defensa oficial

El defensor Comellas explicó que recondujo el planteo inicial de apelación y evitó cuestionar la constitucionalidad de la Ley 27.784 de juicio en ausencia. Sí sostuvo que “el problema esencial es que el sistema judicial debe ofrecer un mecanismo claro y efectivo para obtener una revisión”.

Y agregó: “Esta defensa no se opone a la realización de un juicio en ausencia, más en un hecho tan grave, pero el sistema reclama que en todos los casos se garantice un nuevo juicio”, argumentó. Y ante ello marcó la necesidad de “dejar asentado de antemano que en caso de ser condenados, si en algún futuro son detenidos o habidos podrán solicitar realizar un nuevo juicio sin objeciones ni obstáculos y de esta manera se eliminarían los obstáculos constitucionales”.

Los acusados deben tener “derecho a un nuevo juicio que pueda dar lugar a la revocación de la decisión original” y no es suficiente con las instancias de apelación previstas luego del veredicto en un primer debate oral, detalló.

El planteo llegó a Casación a partir de la apelación de la defensa oficial contra la resolución que habilitó el juicio en ausencia para Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Ahmad Reza Asghari, Mohsen Rabbani, Salman Rauf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar. Todos están acusados por el ataque terrorista que el 18 de julio de 1994 dejó 85 muertos y centenares de heridos en Pasteur 633.

El juicio en ausencia es un mecanismo excepcional que permite que un proceso penal avance y eventualmente llegue a sentencia aunque el acusado no esté físicamente presente ante el tribunal.

La herramienta fue incorporada al Código Procesal Penal de la Nación y al Código Procesal Penal Federal mediante la Ley 27.784, sancionada en febrero de 2025 y publicada en marzo de ese año.

El desplazado titular de la Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlán, insistió este jueves en su reclamo para ser sobreseído en la causa por presunta defraudación a raíz de la contratación de una empresa vinculada a la militante kirchnerista Soledad Calle, compradora del departamento vecino al de Cristina Kirchner, y dijo que debe evitarse una “excursión de pesca”.

A través de sus abogados defensores Alejandro Rúa y Graciana Peñafort presentó un nuevo escrito en el juzgado federal de Julián Ercolini, en el que anexó la certificación ISO obtenida en su gestión de control de calidad sobre procedimientos de recaudación y pagos, y reclamó que la causa penal “no se convierta en una excursión de pesca sobre toda la administración de la UOMRA o el patrimonio de sus dirigentes, tal como promueven los extraviados querellantes ya apartados”, según supo Infobae en fuentes judiciales.

Otro pedido de sobreseimiento

Furlán reiteró el pedido para ser sobreseído y recordó que la investigación se orienta a establecer si se celebró un contrato perjudicial para los afiliados de la UOM “al ceder el control financiero de los recursos colectivos a una empresa privada vinculada a ellos”, es decir USEM SA, ligada a Calle, la compradora del departamento ubicado debajo del de la ex presidenta en San José 1111.

La defensa remarcó que “no existe así en lo actuado por UOMRA ni OSUOMRA, ni por ninguno de sus dirigentes, los que dispusieron, firmaron y aprobaron los acuerdos del caso, ninguna irregularidad como las que se pretende en el manejo de la gestión del aporte sindical o de la cuota social”, según supo Infobae en fuentes judiciales.

También sostuvo que la organización tenía sus libros y registros contables al día. “La certificación ISO 9001:2015 obtenida por la UOM constituye la validación externa e independiente de que los procesos de recaudación y pagos del Secretariado Nacional cumplen con los estándares internacionales de gestión de calidad”, se agregó.

La UOM “decidió someter sus procesos internos al escrutinio de un estándar internacional de calidad, y lo aprobó”, destacó la defensa al volver a pedir el sobreseimiento de Furlán porque “el hecho investigado no se cometió”.

La investigación

La presentación se sumó a otra hecha el martes último donde pidió el sobreseimiento y, de manera paralela, la defensa de Calle reconoció que compró con “fondos propios” el departamento vecino al de Cristina Fernández de Kirchner, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria para que funcionara allí una fundación.

En la causa el juez Ercolini ordenó ya una batería de pruebas sobre su patrimonio como un detalle de adquisiciones, escribanías, registros notariales y documentación registral del primer piso de San José 1111, que según la denuncia de opositores gremiales fue comprado por Calle, algo que la acusada primero desmintió en declaraciones a la prensa y luego admitió en su presentación judicial.

En relación con Calle, Furlán y otros dos imputados en la causa, Adalberto Braconi y Osvaldo Lobato, se abrió una investigación fiscal-patrimonial y se pidió a ARCA información sobre sus declaraciones de bienes personales entre 2022 y 2025, domicilios e ingresos. También se deberá informar al juzgado ingresos provenientes de UOMRA, OSUOMRA, USEM y Grupo Vértice.

Respecto de USEM, la empresa vinculada contratada por la UOM y Grupo Vértice, se requirieron declaraciones juradas, actividades, domicilios, facturación, compras y ventas. En particular se pidió información sobre la facturación de USEM al sindicato y de operaciones de esa firma con el grupo Vértice.

El fiscal federal Franco Picardi citó a declarar como testigo a Nadia Beller, la ex pareja del ex asesor libertario Fernando Cerimedo que sobrevivió a un atentado contra su vida en Bolivia, en el marco de la causa por presunto pago de sobornos para la compra de medicamentos de alto costo en la ex Agencia Nacional de Discapacidad.

La decisión se tomó ante las múltiples noticias periodísticas en relación a dichos de Beller vinculados a que tiene evidencia que aportar, según supo Infobae en fuentes judiciales. Entre otros aspectos, la víctima del atentado dijo saber quién filtró los audios atribuidos al ex titular de ANDIS Diego Spagnuolo donde se lo escuchó hablar de pago de sobornos y se refirió a supuestos manejos corruptos, de los cuales afirmó tener conversaciones grabadas.

Cerimedo quedó detenido con prisión preventiva en Bolivia acusado como supuesto autor intelectual del intento de femicidio de Beller. Luego se sumó otra causa por enriquecimiento ilícito.

Cómo será el trámite

Picardi citó a Beller como testigo y libró un exhorto a la Fiscalía General de Bolivia para solicitar colaboración. La declaración será por videoconferencia y “reservada”. La ex pareja de Cerimedo se conectará desde Bolivia y responderá las preguntas que le haga desde los tribunales federales de Retiro el fiscal que tiene delegada la investigación del caso ANDIS.

Ante el estado de salud de la víctima, se pidió resguardar su seguridad y derechos y que para ello el día de la declaración estén presentes los fiscales que investigan el atentado que sufrió y por el cual quedó preso Cerimedo en Bolivia, acusado del presunto intento de femicidio.

Evidencia indispensable

El fiscal explicó que decidió citar a Beller como testigo a raíz de las noticias periodísticas que dieron cuenta de afirmaciones de la víctima sobre evidencia que tendría vinculada al caso ANDIS, donde se investigan presuntos pagos de sobornos por parte de droguerías a funcionarios para conseguir contratos de venta de medicamentos de alta complejidad y baja incidencia en el organismo nacional.

En declaraciones públicas a medios de Argentina y Bolivia, Beller dijo tener información, saber quién filtró audios y habló de presuntas grabaciones con dichos de Cerimedo al respecto.

En ese marco se recordó que se investigan presuntas maniobras ilícitas desarrolladas -al menos- desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025 dentro de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En la causa se procesó ya a Spagnuolo y otros acusados, una decisión que es revisada en la actualidad por la sala II de la Cámara Federal porteña, ante las apelaciones de las defensas.

En la acusación se advierte sobre presuntos hechos de corrupción vinculados a funcionarios del sector y droguerías y proveedores de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia, que no son vendidos en farmacias. El fiscal sostuvo que se montó una “estructura delictiva” que les habría permitido “obtener sumas millonarias de forma ilegal, afectando directamente a la administración pública y, en particular, a un colectivo especialmente vulnerable: la población con discapacidad, enfermedades graves y crónicas y en situación de pobreza”.

Tras el atentado contra su vida Beller aseguró a la prensa que Cerimedo le contó que la ex pareja de Spagnuolo y ex funcionaria en ANDIS Natalia Basil, fue quien difundió las grabaciones que ahora son objeto de una pericia judicial para determinar su autenticidad, ordenada por el juez del caso, el federal Ariel Lijo.

“Ellos filtraron los audios para que caiga la corrupción de Javier Milei, eso lo tengo grabado. Él sabe que lo tengo grabado”, dijo Beller a radio Rivadavia. Cerimedo declaró como testigo en la investigación ante Picardi y refirió que Spagnuolo le había dicho sobre un supuesto circuito de pago de sobornos y desvío de fondos. La diputada nacional Marcela Pagano pidió entonces que se cite a la abogada como testigo.

La Cámara Federal porteña confirmó el archivo por falta de pruebas de una denuncia de la senadora por Tierra del Fuego Cándida Cristina López, a raíz de agresiones que sufrió cuando intentó ingresar a su despacho el 1 de diciembre de 2025 y lo encontró con la cerradura cambiada.

El Tribunal de Apelaciones ratificó que la prueba reunida no alcanzó para acreditar las agresiones ni para identificar a sus responsables, al decidir sobre una apelación de la legisladora, querellante en la causa.

La Cámara avaló el archivo por imposibilidad de proceder resuelto por la jueza federal de primera instancia María Eugenia Capuchetti. La decisión fue de los integrantes de la sala I Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.

El conflicto

El episodio se remonta a fines de 2025 cuando la senadora kirchnerista denunció que la vicepresidenta y titular de la Cámara Alta Victoria Villarruel había ordenado cambiar la cerradura del despacho que le correspondía ocupar.

El 28 de noviembre de 2025, López regresó a la oficina 742 del edificio anexo del Senado y encontró la puerta cerrada, fajada y custodiada por personal de seguridad. Según relató en su denuncia, los agentes le impidieron el ingreso por orden de la Vicepresidenta. Su placa identificatoria había sido retirada del lugar.

El 1° de diciembre, al persistir el impedimento, se presentó con un cerrajero para recuperar sus pertenencias. Denunció haber sido empujada, golpeada y sometida a tocamientos. También aseguró que al cerrajero le patearon las herramientas y le profirieron la frase “te vamos a meter preso”, según recordó el Tribunal de Apelaciones en la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

El tribunal concluyó que las pruebas no permitieron reconstruir el episodio ni determinar la identidad de sus autores. La causa podrá ser reabierta si aparecen nuevas evidencias.

“Las medidas producidas durante la investigación han permitido reconstruir el contexto general en el que se desarrollaron los acontecimientos y acreditar la existencia de una controversia respecto del acceso a la oficina 742, pero no han permitido reunir elementos objetivos suficientes para sostener una imputación penal concreta”, sostuvo la resolución.

La apelación

La querella apeló el archivo por prematuro y arbitrario. Argumentó que la resolución de primera instancia hizo una “valoración fragmentaria de la prueba” y omitió analizar la posible existencia de violencia política e institucional de género además de un eventual abuso de autoridad. También cuestionó que se hubiera descartado la pericia psicológica forense y que el cierre del despacho fuera tratado como una mera controversia administrativa. Además remarcó que hay prueba pendiente.

La Cámara sostuvo al responder esos argumentos que se requirió al Senado toda la documentación relativa a la asignación, cierre y custodia del despacho, así como la identificación de las autoridades y agentes que estuvieron ese día en el lugar.

“Si bien la investigación permitió establecer la existencia de un conflicto en torno al acceso a la oficina 742 y la presencia de personal de seguridad en el lugar, las constancias reunidas no lograron evidenciar que, en ese contexto, la querellante hubiera sido efectivamente agredida en los términos denunciados”, agregó la decisión judicial.

El episodio se enmarcó en un decreto impulsado por la vicepresidenta y titular del Senado Victoria Villarruel que dispuso que los senadores cuyo mandato concluía el 10 de diciembre de 2025 restituyeran sus despachos. López había acordado con el senador saliente Sergio Leavy el traspaso de esa oficina.

Un empresario aseguró este martes que el acusado financista Ernesto Clarens le pidió una coima del diez por ciento sobre el valor total de la concesión de la ruta nacional 3 en La Matanza y que se le presentó -palabra más palabra menos- como “el hombre que recaudaba para el Gobierno” durante el kirchnerismo, según declaró como testigo en el juicio por los “cuadernos de la corrupción”.

Se trató del segundo testigo de la jornada, Juan Manuel Saavedra Vertiz, quien también habló de “presiones” para no presentarse a esa licitación que ganó su firma “Construmex SA” como parte de una UTE (unión transitoria de empresas).

“Recaudar para la causa”

Sobre el pedido de Clarens de un diez por ciento del monto total recordó que el financista le dijo que había una “política del gobierno de recaudar para la causa”. Dijo que el nexo con Clarens fue el entonces segundo de Vialidad Nacional, Sandro Férgola. También afirmó que la decisión de la UTE fue no pagar.

“Las palabras exactas no me lo acuerdo pero como ‘el hombre que recaudaba para el gobierno’”, dijo el testigo sobre la manera en que se presentó Clarens cuando lo conoció, ante una pregunta de la querella de la Unidad de Información Financiera, poco antes de terminar su declaración.

La audiencia comenzó con la declaración de otro empresario, Jorge Cibraro, quien también complicó a Clarens porque refirió que le hizo pedidos de dinero a cambio de ayudar con licitaciones y que decía tener llegada a funcionarios del Gobierno. Recordó que fue varias veces a ver al ahora arrepentido financista a su oficina en el microcentro porteño porque enfrentaban demoras en los pagos de las obras públicas, pero que nunca llegaron a un acuerdo.

En ambos casos se trata de empresarios que figuraron en los listados de supuestos pagadores de sobornos que aportó Clarens en tribunales para lograr ser aceptado como arrepentido y por eso entre 2018 y 2019 fueron citados a declaración indagatoria en el juzgado federal por entonces a cargo del fallecido juez Claudio Bonadio. Estuvieron acusados y luego fueron sobreseídos. Por eso pudieron declarar ahora bajo juramento de verdad en el juicio oral.

Baratta hablará otra vez en el juicio

La defensa del ex funcionario kirchnerista Roberto Baratta pidió ampliar su declaración indagatoria y el Tribunal decidió que lo haga el próximo jueves, cuando concluya la declaración de los testigos previstos para ese día.

El ex funcionario de Planificación Federal era el jefe del remisero arrepentido Oscar Centeno, autor de los cuadernos con detalles del recorrido en busca de sobres con dinero pagados por empresarios, que dieron origen a la causa penal en 2018. El acusado ya habló con anterioridad ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli y ahora pidió una vez más hacer uso de la palabra. En audiencias pasadas ex directivos de la empresa Techint declararon que le entregaron pagos ilegales.

El Tribunal Oral Federal 7 que juzga a la ex presidenta Cristina Kirchner como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho reanudó este martes las audiencias en un tramo del juicio dedicado a escuchar a empresarios, muchos de los cuales estuvieron acusados durante la investigación pero después quedaron desvinculados con sobreseimientos. El debate seguirá el jueves próximo.

El acusado Roberto Baratta volverá a declarar el jueves próximo

El acusado Roberto Baratta ampliará su declaración indagatoria el próximo jueves, decidió el Tribunal a pedido de su defensa al final de la audiencia de este martes.

Por otro lado los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero resolvieron sobre un planteo para desistir de casi 200 testigos en el juicio, hecho por la fiscalía, lo que acortaría los tiempos del debate iniciado el 6 de noviembre del año pasado. Se decidió mantener la convocatoria de gran parte de ellos.

La audiencia terminó luego de planteos de las partes sobre la incorporación de las declaraciones de empresarios fallecidos que estuvieron acusados en la causa y luego fueron sobreseídos. La fiscal Fabiana León pidió que se incorporen y algunas defensas se opusieron. Quedó a resolución del Tribunal.

Pablo Quantín, de Vial Agro, apuntó contra el ex titular de la Cámara Argentina de la Construccción en el kircherismo Carlos Wagner

Sobre el ahora acusado constructor Wagner el testigo dijo que era un “mentiroso” y que permaneció en su cargo durante ocho años de manera “ilegítima”, porque el máximo era dos años.

Si bien negó que en su segmento de obras haya habido “cartelización” de la obra pública sí dijo que Wagner “estuvo ocho años ilegítimamente, porque los cargos eran por dos años. Fui presidente de la delegación Bahía Blanca. Teníamos una mala relación porque teníamos una mirada diferente sobre la política gremial empresaria”

“Wagner generó condiciones para una mayor concentración en pocas empresas que pudieran disputar una licitación pública; eso no es cartelización”, acotó.

Sobre el financista vinculado al gobierno kirchnerista, Ernesto Clarens, al igual que los dos testigos que lo precedieron este martes dijo que se sabía que “tenía funcionarios conocidos” y ofrecía gestiones para acelerar pagos. Pero remarcó que a él nunca le pidió dinero de manera ilegal y que no le consta que sus gestiones hayan tenido algún resultado.

Sobre el camino del dinero en la obra pública, detalló: “La línea del dinero iba de Economía al Ministerio (de Planificación Federal), del Ministerio a la Secretaría de Obras Públicas y de la Secretaría de Obras Públicas bajaba a Vialidad. Hay cosas que quizás no es necesario que nos expliquen específicamente cuando uno conoce cómo es el camino del dinero que llegaba a Vialidad para que fuera afectado a certificados de obra”. En ese sentido recordó que durante todo el gobierno kirchnerista el resopnsable de Obras Públicas fue el ahora también acusado José López.

Declara otro empresario que estuvo acusado y fue sobreseído

“Era de público y notorio conocimiento que Clarens ofrecía algún tipo de servicio para mejorar la situación de los pagos, que a la postre no era así”, dijo el empresario Pablo Quantín, de Vial Agro sobre el financista acusado y arrepentido en la causa Ernesto Clarens.

“Las palabras exactas no me lo acuerdo pero como ‘el hombre que recaudaba para el gobierno’”, dijo el testigo sobre cómo se le presentó el financista Clarens

El empresario Saavedra Vertiz terminó de declarar como testigo y antes de concluir respondió a una última pregunta de la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF), presidida por el abogado Mariano Galpern. Estuvo a cargo de su compañera de equipo Laura Taboada.

“Cuando usted se renunió con Clarens, dijo que se presentó pero no aclaró en calidad de qué. Podría decirnos en calidad de qué se presentó Clarens?”, quiso saber la letrada.

Si bien dijo no recordar las palabras exactas fue como “el hombre que recaudaba para el Gobierno”, respondió el testigo.

El testigo habló de un listado con empresas que tenía prioridad para cobrar

El presidente de Construmex recordó que otro acusado, el ex gerente administrativo de Vialidad Nacional el contador Sergio Pasacantando, le mostró en una ocasión un listado con empresas que tenían prioridad para cobrar. “Donde tenía un hueco trataba de ayudar a las demás”, dijo. En ese listado estaban Austral Construcciones, Rovella y Carranza, entre otras que dijo no recordar.

El testigo Saavedra Vertiz recordó que cuando lo citaron a declaración indagatoria en el juzgado federal de Claudio Bonadio “estaba muy preocupado”, “asustado”, por su situación pero nunca pensó en convertirse en arrepentido. “Empezaba a hablarse de los empresarios arrepentidos y yo dije que no había cometido ningún delito y quería ir a declarar”.

El pedido de Clarens y las llamadas

El testigo recordó que en 2005, su empresa ganó como parte de una UTE junto a Coarco y Equimac la licitación de la Ruta Nacional 3, en La Matanza. “Yo no recibí un llamado, pero sé por Patricio Gerbi, que era mi socio y presidente de Coarco, que había recibido llamados para que nos corramos y nos bajemos de esa licitación”.

Para Construmex era la primera licitación en Vialidad Nacional, refirió pero tenían una participación minoritaria. Coarco lideraba la UTE.

“La empresa que se presentó y a la que le ganamos fue Esuco y Decavial”, refirió y recordó que su socio le contó que lo llamó el entonces presidente de Esuco y acusado Carlos Wagner para pedirle que no cotizaran.

Explicó que el entonces intendente de La Matanza, Alberto Balestrini, tenía mucho interés en la obra. “Me lo presentaron. Me comentó la importancia que tenía la obra. El intendente tenía mucho interés en que se hiciera en tiempo y forma. El día en que lo conocí, le pregunté si podía seguirla de cerca para cobrarla en tiempo y forma, y así fue. Tuvo mucho que ver el apoyo del entonces intendente Balestrini”, detalló a la hora de interpretar por qué pese a que se negaron a pagar los sobornos, igual cobraron casi en tiempo y forma.

El llamado

“Cuando ganamos, un día me llaman de Vialidad. La secretaria del ingeniero Férgola me cita a una reunión para mí solo. Me pasa el teléfono de este señor Ernesto Clarens y me dice que me tengo que comunicar con él por unos temas de la obra. Le pregunté dónde lo veía; pensé que era alguien del equipo técnico de Vialidad. Me dice: “No, llamalo y te vas a reunir”. Me pasa teléfono y dirección", dijo.

“Es un tema que, después de todo lo que pasó, quiero borrar de mi vida y de mi memoria. Mi padre me dijo el día que nos imputaron: “En mi vida tuve un cheque rechazado, no puedo creer lo que pasamos”“, dijo sobre su progenitor ya fallecido.

“Sí, lo conocí a Clarens y lo fui a ver. Me hace mal esto. Mi padre la pasó muy mal, sobre todo con esto. Se vio imputado y no conocía los tribunales. Tenía 80 años y no se lo merecía: un tipo que se hizo de abajo, un tipo de laburo”.

“Recaudar para la causa”

El empresario Saavedra Vertiz declaró bajo juramento de verdad que el subadministrador de Vialidad Nacional en el kirchnerismo Sandro Férgola lo citó a una reunión en el organismo y le dio el teléfono de Ernesto Clarens. Le dijo que llamara al financista sin explicarle por qué.

El presidente de Construmex recordó que lo llamó y se reunió en las oficinas del financista acusado en Maipú y Corrientes. Habían ganado una licitación para la ruta nacional 3 en La Matanza.

Clarens era “un tipo muy simpático, agradable, nos pusimos a hablar de fútbol, le gustaba mucho el fútbol parece, y ”en un momento me comenta que hay una política del Gobierno de recaudar para la causa, esas fueron las palabras". Narró que le pidió el 10 por ciento del monto de la obra y que sus socios en la UTE le dijeron que también habían recibido el pedido y se negaron.

“El tenía una planilla con el precio en el que habíamos cotizado el contrato”.

También contó que tiempo después se cruzó con Férgola en Vialidad y le dijo: “le debés una respuesta a Ernesto” (por Clarens).

Testigo ratificó que Clarens le pidió dinero, al responder preguntas de la defensa del acusado

El testigo de la empresa ICF ratificó que el financista Clarens pidió dinero en reuniones para realizar gestiones y que además, ofrecía descontar certificados de obra. “Las dos cosas”, respondió ante preguntas del defensor Hugo Pinto.

Cibraro dijo no saber para quién era ese dinero, remarcó que nunca aceptaron la propuesta y que no supo si era una influencia “mentida”.

El segundo testigo de la jornada, Juan Manuel Saavedra Vertiz, habló de “presiones” para no presentarse a una licitación. También estuvo imputado en la investigación y luego fue sobreseído.

El empresario de la firma Construmex refirió que recibieron llamados para bajarse de una licitación porque el Gobierno tenía como favorita a otra empresa.

“Nos hicieron requerimientos dinerarios”, declaró un empresario

El testigo Jorge Cibraro, de la empresa ICF, recordó al comenzar a declarar como testigo en una nueva audiencia del juicio que se reunió varias veces con el financista Ernesto Clarens por problemas y demoras en los pagos de obra pública.

“Las reuniones con Clarens fueron muy buenas, era un hombre muy empático, pero no pudimos llegar a ningún resultado concreto a pesar de que fui en muchas ocasiones”, contó y en ese marco refirió ante preguntas de la fiscal de juicio Fabiana León, que el ahora acusado financista “ofrecía ayudas en adjudicaciones y no tanto en adelantar los pagos porque nos había dicho dentro de lo posible”.

“Pero nos hicieron requerimientos dinerarios que nosotros no accedimos”, afirmó. Ante una pregunta de la fiscal, detalló que ese pedido provino de Clarens y que no supo para quién era ese dinero.

Por los dichos del financista, el testigo dejudco que tenía “relación con funcionarios de Vialidad”, pero “si en la realidad” los tenía dijo no saberlo porque “no accedimos a sus pedidos”.

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El juez federal Julián Ercolini quedó a cargo este martes de la denuncia del Gobierno nacional contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. La presentación se basa en presuntas infracciones a la Ley 26.659, que sanciona las actividades no autorizadas por la Argentina en esa zona, fue sorteada en la Cámara Federal porteña y quedó a cargo del juzgado federal 12, que está vacante y es subrogado por Ercolini. El fiscal que interviene en el caso es Eduardo Taiano.

El expediente 4437/2026 se inició por la denuncia del canciller Pablo Quirno y las investigadas serán las empresas “Navitas Petroleum Development & Production LTD”, “Navitas Petroleum Atlantic Limited”-“Navitas Petroleum LP”- “JHL Associates Inc” y “ECO Atlantic Oil & Gas LTD”.

La denuncia

El texto sostiene que tres de las firmas —Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc.— habrían recibido permisos del Reino Unido para desarrollar tareas de búsqueda y extracción de hidrocarburos en el área, bajo el proyecto conocido como Sea Lion. Para la Casa Rosada, esas autorizaciones implicarían una vulneración de la normativa argentina sobre los recursos naturales situados en torno a las islas Malvinas.

La acusación no se limitó a las sociedades mencionadas. El Gobierno indicó que incluyó a “todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados” que hayan participado de los hechos bajo investigación.

La Ley 26.659 establece sanciones para quienes realicen exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin la autorización de las autoridades nacionales.

La Oficina del Presidente afirmó en un comunicado que la medida busca “proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina” sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

Se denunció la presunta violación del artículo 2° de la Ley 26.659, que prohíbe actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en el archipiélago sin autorización de la autoridad argentina competente. La administración nacional informó que investigará cada caso y que aplicará sanciones si comprueba el incumplimiento.

Según el planteo judicial, los elementos reunidos hasta ahora permiten inferir, en forma preliminar, “la existencia de un entramado societario” integrado por diversas personas jurídicas que habrían participado bajo distintas modalidades, en la ejecución o explotación de actividades hidrocarburíferas sin habilitación de las autoridades argentinas.

Ahora el magistrado dará vista a la fiscalía para que dictamine si corresponde impulsar la investigación y sugiera medidas de prueba.

La Justicia ratificó el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri y de los ex responsables del área de inteligencia de su gobierno, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en otra denuncia por presunto espionaje ilegal. En este caso, se investigaba la infiltración, sin orden judicial, de correos electrónicos de dirigentes políticos, periodistas y miembros de fuerzas policiales.

La Cámara Federal ratificó el cierre para todos los imputados, entre ellos agentes de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), al considerar que la prueba central del expediente quedó afectada por fallas en su “preservación, trazabilidad e integridad”, en el mismo sentido que lo resuelto por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quien investigó la causa.

Falta de resguardo

Los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi recordaron que el juez descartó como prueba por falta de resguardo dos discos rígidos sobre los que se apoyó la investigación. La querella no logró probar que el contenido de esos soportes “hubiera sido resguardado de modo tal que permitiera garantizar su autenticidad e integridad”.

En mayo de 2020, la intervención de la AFI denunció la “recolección sistemática de correos electrónicos privados” de numerosas personas. Además se aludió a la supuesta infiltración de “una agente encubierta” en el espacio político Kolina.

Al confirmar el cierre del caso y la desvinculación de los imputados, la Cámara Federal remarcó que “no ha logrado sortear el principal escollo que afectó a la prueba que dio origen a la presente causa: la forma en que fue obtenida”, según la resolución a la que accedió Infobae.

En esa línea, recordó que no hubo acceso “a documentación alguna que permita inferir la utilización de protocolo o metodología alguna que asegure la integridad de la prueba”. También valoró el testimonio de un perito que señaló que uno de los discos carecía de “documentación de adquisición ni registro de su trazabilidad”, mientras que el otro tampoco tenía constancias sobre su preservación.

De acuerdo con el fallo, los expertos establecieron que los archivos hallados en formato .PST habrían sido modificados en 2017 mediante la incorporación manual de correos electrónicos desde medios externos y concluyeron que “resultaba factible adulterar el contenido de un disco rígido, así como las fechas de creación, acceso o modificación”.

El tribunal señaló además que “no se registró ni documentó el lugar en el que fueron hallados los discos rígidos”, una omisión que, a su criterio, impidió reconstruir con certeza el origen del material y las condiciones de su secuestro.

El fallo agregó que tampoco fue posible determinar con precisión quiénes habían accedido a la información, ya que se habrían utilizado las credenciales de un usuario genérico. En paralelo, las conclusiones periciales no lograron establecer si los discos formaban parte de la red informática oficial de la AFI.

La Cámara consideró decisivo que “no existe un curso de investigación independiente que permita acreditar los hechos denunciados con prescindencia de los elementos digitales impugnados”. A partir de esa premisa, concluyó que, excluidos los discos rígidos, “la imputación queda desprovista de sustento” y confirmó los sobreseimientos.

El juez federal Ariel Lijo rechazó suspender la pericia de los audios atribuidos al ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, en los que se menciona un presunto circuito de pago de sobornos entre el organismo, droguerías y funcionarios del Gobierno nacional.

La defensa había pedido la suspensión de la medida pericial que comenzó el 26 de agosto, pero el magistrado negó el planteo porque concluyó que los argumentos no son novedosos ni responden a una “modificación sobreviniente del objeto de la experticia”, según supo Infobae en fuentes judiciales.

La defensa tuvo conocimiento suficiente del alcance de la medida y sin embargo “no cuestionó oportunamente la individualización del material” y, “antes bien, participó de su desarrollo mediante la designación de un experto y la proposición de puntos de pericia”, agregó el magistrado en relación a planteos para que se excluya del análisis un pendrive aportado a la causa por el periodista Mauro Federico, primero en difundir los audios.

Lealtad y buena fe

Lijo reiteró lo que ya había señalado cuando rechazó un anterior planteo de nulidad de la pericia: “Las amplias facultades que asisten a las partes para ejercer su defensa y promover las medidas que consideren conducentes deben ser ejercidas de modo compatible con los principios de lealtad, probidad, buena fe y coherencia procesal”.

Y esos principios “resultan incompatibles con la adopción sucesiva de posiciones objetivamente contradictorias cuando ello conduce a obstaculizar injustificadamente el normal desenvolvimiento del proceso”.

En el caso, luego de reclamar estudios para determinar la autenticidad de los audios, “no resulta compatible con una actuación procesal coherente pretender ahora paralizar la experticia sobre la base de una objeción relativa a su objeto material que pudo —y debió— ser introducida oportunamente”, agregó la resolución.

La pericia de voz intentará determinar la autenticidad de los audios en los que Spagnuolo se refirió a presuntos pedidos de sobornos a droguerías para la compra de medicamentos de alto costo y baja incidencia destinados a personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad.

Ya iniciada, la defensa presentó por segunda vez un pedido para suspenderla y reclamó que se haga sobre los audios difundidos por la prensa y no sobre todos los incluidos en ese pendrive.

El camino a la pericia

El magistrado recordó que los cuestionamientos sobre la “autenticidad, integridad, origen y eventual manipulación de los registros sonoros” que se atribuyen a Spagnuolo fueron planteados desde el inicio mismo de la investigación. “Incluso, ya el 26 de agosto de 2025 la defensa de los hermanos Kovalivker (de la droguería Suizo Argentina) había solicitado la realización de un estudio pericial respecto de los audios que venían siendo mencionados en el expediente”, remarcó.

En ese contexto, fue precisamente la defensa de Spagnuolo la que insistió en cuestionar la validez de aquellos registros sonoros y acompañó un estudio pericial privado elaborado a su instancia, en el que se sostenía que los audios presentaban cortes, ediciones, manipulaciones e incluso trazas compatibles con la utilización de inteligencia artificial. Y sobre esa base promovió la nulidad y pidió excluir los audios como prueba y la “invalidez” de todo lo hecho en la causa penal a raíz de ello.

En la investigación delegada en la fiscalía federal de Franco Picardi ya están procesados Spagnuolo y otros acusados y la Cámara Federal porteña debe resolver si confirma esa decisión que tomó el anterior juez del caso, Sebastián Casanello.

Al respecto, se recordó ahora que fue la sala II de ese Tribunal de Apelaciones la que ordenó establecer el “origen y veracidad” de los audios, y ante ello el 30 de abril Lijo ordenó la pericia que ahora comenzó en Gendarmería Nacional sobre los audios “aportados oportunamente a la fiscalía instructora por el periodista Mauro Federico”, que fueron los difundidos.

Se dispuso “determinar, además, si habían sido objeto de adulteración, edición mediante inteligencia artificial o cualquier otro procedimiento semejante” y “desde el mismo momento en que fue ordenada la experticia quedó expresamente individualizado el material sobre el cual debía recaer. No existió, por ende, una modificación posterior de su objeto ni una decisión sorpresiva adoptada durante el desarrollo de las tareas periciales”, concluyó el juez en relación a los argumentos de la defensa cuando pidió la suspensión.

La resolución que ordenó la pericia “no fue genérica ni remitió indeterminadamente a cualquier audio difundido públicamente, sino que individualizó concretamente los registros aportados a la fiscalía instructora por Mauro Federico como objeto del examen técnico”.

La defensa de Spagnuolo no concretó en ese momento ningún cuestionamiento y, además, siguió con una intervención activa en la producción de esa prueba: designó un perito de parte, este aceptó el cargo y posteriormente promovió la incorporación de diversos puntos periciales destinados a profundizar el análisis técnico de los registros sonoros sometidos a estudio, algunos de los cuales fueron aceptados.

“En esas condiciones, no resulta atendible que recién una vez iniciadas las operaciones periciales la defensa pretenda introducir una distinción entre los registros sonoros difundidos por distintos medios de comunicación y aquellos aportados por Mauro Federico, para sostener sobre esa base que estos últimos deberían ser excluidos del estudio”, concluyó la decisión judicial.

Raúl Martins, el ex agente de inteligencia extraditado desde México para ser juzgado en Argentina por lavado de dinero y explotación de la prostitución ajena, seguirá preso por decisión de la Cámara Federal porteña, que este lunes se negó a excarcelarlo.

De manera paralela, su defensa presentó un planteo de arresto domiciliario ante el juzgado que lleva su causa y está pendiente de resolución.

Un largo proceso de extradición

Martins, de 77 años, llegó al país a fines de agosto y enfrenta una investigación por lavado de dinero agravado, una figura penal que en caso de llegar a una condena tiene una “elevada expectativa de pena”, remarcó el camarista Mariano Llorens en la resolución que firmó junto a su colega de la sala I del Tribunal de Apelaciones Pablo Bertuzzi. La investigación se lleva en el juzgado federal 1 a cargo de la jueza María Servini.

Además ya fue enviado a juicio ante el Tribunal Oral Federal 7 como presunto jefe de asociación ilícita y explotación de la prostitución ajena, un debate que tiene fecha de inicio pendiente. Desde que llegó al país, está detenido a disposición de ambos tribunales.

Riesgo de fuga

Al rechazar liberarlo, el juez Llorens sostuvo que hay riesgo de fuga. Martins recién se presentó voluntariamente en la causa una vez que regresó al extranjero, “oportunidad en la que solicitó que se lleve a cabo la audiencia indagatoria en México mediante exhorto, aprovechándose de las demoras que dicho trámite incurre”, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae. Su edad y estado de salud son temas que deberán valorarse cuando se decida sobre la prisión domiciliaria que pidió.

El 27 de agosto pasado el juzgado federal de primera instancia le negó la libertad que había pedido su abogado particular Facundo Álvarez. La defensa argumentó que no hay riesgos de fuga ni de entorpecer la investigación.

Martins fue detenido en 2019 en el aeropuerto de Cancún cuando intentaba dejar México sin ser reconocido, con una peluca. Desde entonces Argentina pidió su extradición. La defensa también sostuvo que sus reiterados intentos por evitar volver al país fueron “herramientas legítimas” de su defensa y que, después, la demora fue por la pandemia de COVID-19 y una reforma constitucional que dispuso cambios estructurales en el sistema judicial mexicano, dos factores que no pueden endilgársele a Martins. El ex agente de inteligencia pasó detenido con prisión domiciliaria en Cancún 6 años y casi 11 meses y ese tiempo debería computarse como prisión preventiva, argumentó también.

Explotación sexual y lavado

La acusación sostiene que lideró una banda dedicada a la explotación sexual de mujeres y al posterior blanqueo de las ganancias obtenidas. En la causa también está acusada su ex mujer Estela Percival.

Martins será juzgado por haberse dedicado de manera “sostenida e ininterrumpida en el tiempo” a ofrecer servicios de prostitución en diversos locales de la ciudad de Buenos Aires, para luego reintroducir el dinero obtenido ilícitamente en el mercado legal, ocultando su verdadero origen desde noviembre de 2010 a octubre de 2014 bajo la fachada de “whiskerías, bares o clubes nocturnos”.

En un dictamen conjunto que elaboraron en 2018 la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) y la fiscalía federal 6, a cargo por entonces del fallecido fiscal Federico Delgado, el negocio de la prostitución que encabezaría Martins se llevó adelante tanto en Argentina como en Cancún, México.

La Cámara Federal de Casación Penal realizará este jueves una audiencia clave para resolver sobre la validez del juicio en ausencia en la causa por el atentado a la AMIA, en la que están acusados diez ciudadanos iraníes y libaneses que nunca comparecieron ante la Justicia argentina.

Todo indica que, en lugar de una exposición oral, las partes presentarán sus argumentos por escrito. De esa manera la querella entregará su memorial de manera previa a que la sala II del máximo tribunal penal federal del país defina si confirma o no el mecanismo. Según anticiparon fuentes del caso a Infobae, insistirán en el reclamo de juicio en ausencia. Por su parte, la defensa oficial se opondrá mientras que la fiscalía a cargo de Raúl Pleé ya manifestó en un dictamen presentado en febrero pasado que debe seguirse adelante con el juicio en ausencia.

La audiencia fue fijada por el juez Diego Barroetaveña, integrante de la sala II, para este jueves a las 10. El planteo llegó a Casación a partir de la apelación de la defensa oficial contra la resolución que habilitó el juicio en ausencia para Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Ahmad Reza Asghari, Mohsen Rabbani, Salman Rauf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar.

Un mecanismo excepcional

El juicio en ausencia es un mecanismo excepcional que permite que un proceso penal avance y eventualmente llegue a sentencia aunque el acusado no esté físicamente presente ante el tribunal.

La herramienta fue incorporada al Código Procesal Penal de la Nación y al Código Procesal Penal Federal mediante la Ley 27.784, sancionada en febrero de 2025 y publicada en marzo de ese año.

El artículo 431 ter del Código Procesal Penal de la Nación establece que este mecanismo solo puede aplicarse en causas vinculadas con determinados delitos contemplados por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional —genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión— o con determinados instrumentos internacionales contra el terrorismo. El atentado del 18 de julio de 1994 que causó 85 muertes y centenares de heridos en la mutual judía de Pasteur 633 fue declarado delito imprescriptible y de lesa humanidad por la Justicia argentina.

El juez federal Daniel Rafecas, en la actualidad a cargo de la causa penal, habilitó el juicio en ausencia para los acusados iraníes y libaneses, todos ellos declarados rebeldes en el expediente por el ataque contra la AMIA. Esa decisión fue apelada por el defensor oficial Hernán Silva, confirmada en la instancia intermedia de apelación, la Cámara Federal porteña y el caso llegó así al máximo tribunal penal federal del país, que ahora deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad y validez del procedimiento.

Para esta definición también fue sorteado el juez que intervendrá en lugar del camarista Alejandro Slokar, excusado en la causa AMIA desde 2011. El magistrado designado fue Carlos Mahiques, que deberá resolver junto con Ángela Ledesma y Barroetaveña.

Qué argumenta la defensa

La convocatoria a la audiencia se resolvió después de que la AMIA volviera a reclamar una definición judicial en julio pasado durante el acto por un nuevo aniversario del atentado. El presidente de la entidad, Osvaldo Armoza, reclamó que la Cámara de Casación resuelva con urgencia la validez del juicio en ausencia para poder avanzar en el trámite de la causa.

En febrero pasado, el defensor oficial ante Casación Enrique María Comellas mantuvo el recurso de inconstitucionalidad contra la ley. Argumentó que la norma vulnera garantías porque “impediría a los acusados solicitar un nuevo juicio si en el futuro decidieran presentarse o fueran detenidos.” Además, sostuvo que la implementación del juicio en ausencia podría afectar la investigación y limitar la exploración de otras hipótesis no suficientemente analizadas.

El tema está en debate desde mediados de 2025: el 26 de junio del año pasado, el juez Rafecas aceptó los pedidos de familiares y fiscalía y ordenó el juicio en ausencia contra los diez acusados. Pero la defensa oficial a cargo de Hernán Silva apeló. La Cámara Federal porteña confirmó en octubre la decisión del juez de primera instancia y entonces la defensa presentó el recurso que ahora está en Casación.

La Cámara Federal porteña ordenó avanzar con los pasos necesarios para concretar la elevación a juicio. Rafecas ya conformó un equipo especial para trabajar en el procesamiento de los acusados prófugos, en el juzgado federal 6 que tiene el caso y que él subroga este año porque está vacante desde la jubilación de su titular, Rodolfo Canicoba Corral.

Entre los acusados, Akbar Velayati era Ministro de Relaciones Exteriores de Irán al momento del atentado, Mohsen Rezai estaba a cargo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria (“Pasdaran”), Vahidi tenía en aquella época a cargo la fuerza de elite “Al Quds” perteneciente a la Guardia Revolucionaria), Rabbani era el Consejero Cultural de la Embajada iraní en Argentina, Reza Asghari era tercer secretario de la representación diplomática iraní en Argentina y Soleimanpour ejercía como Embajador de la República Islámica de Irán en Buenos Aires.

El fiscal federal Franco Picardi pidió informes sobre cada operador del sistema que habilitaba la autorización de importaciones SIRA durante el cepo cambiario en 2023 y también en relación a los funcionarios que intervinieron en el caso puntual de dos empresas investigadas por presuntos pagos ilegales para acelerar los permisos, en la causa en la que está acusado Martín Migueles, pareja de Wanda Nara. Se trata de una parte de lo que se investiga en la megacausa por el llamado rulo cambiario.

La fiscalía requirió a la Dirección Nacional de Gestión Comercial Externa del Ministerio de Economía el envío de “la identidad de los funcionarios o usuarios que hubieran intervenido, el carácter y alcance de cada intervención, las fechas correspondientes y toda otra información vinculada con su trámite, análisis, evaluación, aprobación, observación o rechazo” de los permisos de importación, que se implementaron para acceder al dólar oficial durante el cepo cambiario del gobierno de Alberto Fernández.

Los investigadores tienen ya una primera respuesta a sus pedidos de informes pero advirtieron que “no satisface de manera íntegra lo requerido”. Se investigan supuestos pagos de sobornos de entre el 10 y el 15 por ciento del monto de las operaciones.

La mira en los permisos

La mira está puesta en el Sistema de Importaciones de la República Argentina (“SIRA”), y en particular en relación a Migueles sobre permisos gestionados para las firmas Nemes S.H. de Fuentes N. y Mazzarini C., Técnicas Ferroviarias Argentinas S.A. y Fizika S.R.L.

Al ordenar nuevas medidas de prueba, Picardi requirió que se le informe el “cargo desempeñado y el alcance concreto de los permisos asignados a cada usuario autorizado para operar el Sistema Informático Malvina (“SIM”) y, en particular, para habilitar o intervenir en la autorización de importaciones durante la vigencia del Sistema de Importaciones de la República Argentina (“SIRA”), como así también cualquier otro detalle relativo a la asignación de usuarios a la Secretaría de Comercio y sus dependencias”. La fiscalía busca conocer qué funcionarios o usuarios del sistema intervinieron en las solicitudes SIRA.

Además, se pidieron informes sobre cuáles fueron los “parámetros, criterios, variables o condiciones utilizados para la aprobación, observación o rechazo de las solicitudes SIRA, junto con la descripción del procedimiento administrativo y/o informático aplicable durante el período de vigencia del sistema”, según supo Infobae en fuentes judiciales.

En relación a las dos empresas investigadas la fiscalía busca conocer qué funcionarios o usuarios del sistema intervinieron, “el carácter y alcance de cada intervención, las fechas correspondientes y toda otra información vinculada con su trámite, análisis, evaluación, aprobación, observación o rechazo”.

Las llamadas de Migueles

La fiscalía también avanzó sobre los llamados que recibieron dos sospechosos de haber intervenido en la gestión irregular de los permisos, según la información obtenida del celular de Migueles. La fiscalía avanzó sobre la base de los listados de llamadas entrantes y salientes de Patricio Marre y Héctor Caputto, supuestos intermediarios en la gestión por la cual se habría cobrado entre un diez y un quince por ciento de comisión. Esta prueba ya está en los tribunales y ahora se pidieron informes sobre los titulares de los abonados telefónicos que registraron llamados con ellos en los días bajo investigación.

Según la imputación fiscal y en base a las conversaciones de Migueles surge que, con posterioridad al cumpleaños de Marre celebrado entre los días 14 y 15 de enero de 2023, ambos coordinaron una reunión en la que también participaría Ezequiel Caputto (“Pipo”), la cual finalmente habría tenido lugar el día 18 de enero de 2023 en el local gastronómico “Canta el Gallo”, ubicado en Nordelta”, reseñó.

El “rulo cambiario”

El fiscal reiteró además pedidos para levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil de otros imputados en el tramo de la causa que se vincula a maniobras de financieras con la compraventa de dólar a valor oficial para luego venderlo a valor blue y que está a cargo del Juzgado Federal 11 en Comodoro Py 2002, que subroga el juez Ariel Lijo.

La Cámara Federal porteña resolvió ya que las causas que investigan a Elías Piccirillo y Migueles por maniobras multimillonarias con el dólar oficial y el “rulo cambiario” durante 2023 queden a cargo de Lijo.

Se investiga la compraventa de dólar a precio oficial y posterior reventa a valor blue, el conocido rulo cambiario, por cifras multimillonarias durante el cepo. Entre los imputados hay financistas, así como bancos y casas de cambio. Figuran Piccirillo, Migueles y Francisco Hauque, un ex socio del primero que podría convertirse en arrepentido si es eventualmente citado a declaración indagatoria, según anticipó su defensa en tribunales.

Piccirillo está procesado con prisión preventiva bajo arresto domiciliario acusado de un presunto pago a policías para montar un operativo contra Hauque, a quien según la acusación le plantó droga y un arma, para evitar saldar una deuda multimillonaria que mantenía con él. Migueles preside “Arg Exchange SA”, una financiera que según la investigación habría hecho compras de divisas por unos USD 67,9 millones entre el 3 y el 20 de octubre de 2023, con presuntas transferencias y extracciones en efectivo que forman parte del análisis judicial.

El Poder Ejecutivo formalizó este miércoles los nombramientos de los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola como titulares en la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires, el tribunal intermedio que revisa todas las decisiones de los juzgados de primera instancia en Comodoro Py 2002.

Los magistrados prestarán juramento mañana a las 12 ante el actual vicepresidente de la Cámara a cargo de la presidencia, el juez Eduardo Farah. El acto se realizará en la sala AMIA, la más grande del edificio sede del fuero federal porteño y se prevé una masiva concurrencia.

El rol de la Cámara

Tras el acuerdo del Senado a los pliegos el 27 de agosto, los nombramientos se formalizaron a través de los decretos 848/2026 y 847/2026 firmados por Milei y el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, y publicados en el Boletín Oficial.

La Cámara Federal revisa las decisiones adoptadas por los jueces de Comodoro Py en causas por corrupción pública, narcotráfico, trata de personas, lavado de activos y otros delitos complejos.

Su intervención resulta determinante en apelaciones contra procesamientos, sobreseimientos, medidas de prueba y otras resoluciones que suelen marcar el rumbo de investigaciones de alto impacto político e institucional.

En el caso de la sala primera, quedará desde mañana integrada por el ya juez titular Mariano Llorens, Bertuzzi -quien ocupaba ese puesto pero trasladado por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri- y Yaradola, hasta hoy magistrado en el fuero en lo penal económico.

Entre los casos que les tocará tratar destaca la investigación por la fallida criptomoneda $LIBRA, que involucra al presidente Milei: en lo inmediato deberán decidir si convalidan la decisión del juez del caso, Marcelo Martínez De Giorgi, de apartar como querellantes a inversores que denunciaron haber sido estafados.

Por este tema ya hubo una audiencia en el segundo piso de Comodoro PY, sede de la Cámara, a la que asistieron Llorens, Bertuzzi y el juez Leopoldo Bruglia, quien también había sido trasladado por decreto presidencial desde un Tribunal Oral a ese puesto una década atrás. Ahora su vocalía será ocupada por Yadarola y el magistrado retornará al Tribunal del que es juez titular. El planteo en el caso $LIBRA está aún pendiente de resolución.

Por otro lado, en la sala II de ese Tribunal que hasta ahora tenía sus tres jueces titulares se abrió la vacante del camarista Martín Irurzun, quien cumplió 75 años en julio pasado sin que el Gobierno haya enviado su pliego al Senado para obtener un nuevo acuerdo que le permita seguir en el cargo otros cinco años.

Esa sala quedó conformada por los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah. En caso de disidencias, deberían convocar a alguno de sus colegas de la sala I. Entre las causas que llevan está por ejemplo el expediente ANDIS.

El final de un largo proceso

El origen de este proceso se remonta a la controversia generada por los traslados de magistrados realizados durante el gobierno de Mauricio Macri. En 2018, Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados desde el Tribunal Oral Federal 4 a la Cámara Federal porteña.

La situación derivó en una disputa institucional que llegó hasta la Corte Suprema. En noviembre de 2020, el máximo tribunal concluyó que esos traslados tenían carácter excepcional y no podían equipararse a una designación definitiva cuando implicaban cambios de jurisdicción o competencia.

Al mismo tiempo, dispuso que los magistrados permanecieran en sus cargos hasta que las vacantes fueran cubiertas mediante el procedimiento constitucional previsto para la designación de jueces.

A partir de esa decisión, el Consejo de la Magistratura impulsó distintos procesos de selección para regularizar la situación de los cargos involucrados. El Concurso N° 461 quedó destinado a las dos vocalías de la Sala I que hoy ocupan Bruglia y Bertuzzi y resultaron designados este último, quien se presentó a concursar y Yadarola.

La Cámara Federal porteña confirmó el archivo de la causa penal por el préstamo de USD 57.100 millones otorgado a la Argentina por el FMI durante el macrismo y rechazó un planteo de la fiscalía para reabrir la pesquisa.

La investigación por la deuda con el Fondo Monetario Internacional se inició en 2019 por presunta defraudación, quedó archivada en febrero pasado en el juzgado de la jueza federal de primera instancia María Eugenia Capuchetti, en una decisión ahora ratificada por los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, de la sala I del Tribunal de Apelaciones.

La denuncia incluyó al expresidente Mauricio Macri, al ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, y a dos actuales integrantes del gabinete nacional: el ministro de Economía, Luis Caputo (entonces secretario de Finanzas y luego presidente del BCRA), y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger ( por entonces titular del Banco Central).

“La confirmación del archivo no vulnera el principio acusatorio ni las obligaciones internacionales asumidas por la Argentina en materia de lucha contra la corrupción. Tras más de cinco años de pesquisa, la fiscalía no logró articular una hipótesis delictiva que, sobre la base de la prueba reunida, permita afirmar con entidad suficiente la existencia de los delitos invocados”, sostuvo la resolución a la que accedió Infobae.

Urgencia financiera

El tribunal sostuvo que no corresponde revisar decisiones de política pública sin prueba de delitos, en sintonía con los argumentos de la jueza cuando archivó la pesquisa, cuya decisión fue apelada por el fiscal del caso, Franco Picardi.

La Cámara argumentó también que el acuerdo se gestionó “en un contexto de urgencia financiera reconocida” y en ese marco “no es posible inferir que el proceder de los imputados haya estado guiado por el propósito de violar la ley”, según la resolución a la que accedió Infobae.

Se mencionó también la doctrina de la Corte Suprema sobre las materias propias de otros poderes del Estado que quedan fuera del control judicial, una limitación que cede cuando bajo la apariencia de una política pública pueden esconderse beneficios personales para funcionarios, algo que según la resolución, no se probó en este caso. Para la Cámara no fue posible inferir el dolo específico exigido para el delito de abuso de autoridad.

Respecto de la figura de administración fraudulenta, el tribunal examinó la referencia fiscal al informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que estimó un perjuicio patrimonial para el Estado de USD 29.618 millones. La Cámara afirmó que ese deterioro, por sí solo, no permitía acreditar que hubiera existido una disposición patrimonial consciente de su carácter ruinoso ni una sustracción de fondos en beneficio propio o ajeno.

La denuncia giraba en torno a la ausencia de decreto presidencial para formalizar el acuerdo, falta de intervención del jefe de Gabinete, participación del Ministerio de Hacienda en lugar del Ministerio de Finanzas, la omisión de un dictamen del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sobre el impacto en la balanza de pagos y la apertura tardía de expedientes administrativos.

Otro de los ejes de la apelación fiscal fue que el archivo fue dispuesto antes de agotar diligencias que podían arrojar luz sobre la trazabilidad de los desembolsos y los vínculos entre funcionarios y operadores beneficiados por la salida de divisas.

El fallo destacó que la instrucción se extendió durante más de cinco años y reunió informes de la Auditoría General de la Nación (AGN), de la SIGEN y del BCRA, además de expedientes administrativos, testimonios, datos sobre formación de activos externos y la documentación suscripta con el organismo internacional.

La causa buscaba determinar si existieron delitos por parte de los funcionarios argentinos en el proceso de negociación, firma y ejecución del préstamo stand-by pactado en 2018, primero por USD 50.000 millones y luego ampliado hasta USD 57.100 millones.

La Cámara Federal porteña confirmó este viernes el apartamiento de las querellas en la investigación por el fallido lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, promocionado con un posteo en X por el presidente Javier Milei en febrero de 2025 y advirtió que quienes la compraron asumieron la “fuerte exposición al riesgo” de un “negocio de por sí volátil”.

“Compartimos el criterio sostenido por el juez de grado en cuanto a que la operatoria examinada se desenvolvió en el marco de un negocio de por sí volátil, caracterizado por la ausencia de regulación financiera y una fuerte exposición al riesgo, circunstancias que resultaban conocidas por quienes decidieron operar en ese ámbito”, concluyeron los camaristas de la sala I del Tribunal de Apelaciones Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.

De esta manera ratificaron la decisión del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, cuando el 3 de julio pasado apartó a cinco inversores que habían sido aceptados como querellantes, con lo cual la pesquisa quedó solo bajo el impulso de la fiscalía de Eduardo Taiano, quien tiene delegada la investigación.

Se trató de una de las primeras resoluciones que firmó Bertuzzi como juez titular de ese Tribunal de Apelaciones, cargo que juró ayer, jueves, tras concursarlo. El magistrado ya integraba la sala I de la Cámara Federal pero había sido trasladado por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri desde un Tribunal Oral.

Un ardid no demostrado

Los ahora ex querellantes Alan Vega, Braian Emanuel Quintero, Matías Alejandro Paris, Juan Patricio Marchetto y Martín Romeo ya no podrán tener acceso a la causa penal.

En su resolución firmada en la mañana de este viernes, los camaristas consideraron que “ninguno de los aquí apelantes ha logrado demostrar, a los fines de su legitimación, el ardid o la afirmación falsa concreta que los hubiera determinado a adquirir el token, ni la existencia de un nexo que conecte esa presunta maniobra perniciosa con la disposición patrimonial que habrían ejecutado”.

Más allá de la publicación del “tuit” de Milei, “aunque analizable desde otros extremos” , los apelantes “solo se han limitado a describir una sucesión de eventos sin identificar la falsedad concreta que los impulsó a efectuar la compra”, agregaron los jueces sobre el posteo en la red social X que hizo el Presidente el día del lanzamiento de la criptomoneda.

La venta del activo virtual se produjo “en un entorno que funciona como una suerte de libro contable”, donde se registra de “manera inmutable toda la información concerniente a la operatoria del mercado”, lo cual facilita a los actores una estimación del nivel de riesgo del producto, así como de la probabilidad de observar fluctuaciones pronunciadas en la cotización, se analizó en la resolución judicial.

Riesgo voluntario

Quienes compraron el token “asumieron voluntariamente los riesgos inherentes a esa clase de compra y, en el caso de los aquí apelantes, la pérdida patrimonial invocada no resulta sino una consecuencia de ese riesgo asumido”, advirtió el fallo. También se aclaró que si bien en un inicio del caso se los admitió en ese rol, el devenir de la pesquisa puede justificar un cambio en esa decisión.

Se investiga lo ocurrido con la criptomoneda cuya cotización subió apenas lanzada y luego se desplomó, horas después, “por las ventas del equipo creador, circunstancia que habría habilitado el retiro de unos USD 100.000.000″, recordó la resolución.

En el lanzamiento del token habrían intervenido Julian Peh y Hayden Davis, con representación local a través de Mauricio Novelli, a raíz de un contacto previo entre Peh, Davis y el Presidente en el “Tech Forum” de octubre de 2024. Este evento estuvo organizado por Novelli y Manuel Terrones Godoy. Todos ellos están bajo investigación.

Qué argumentaron los inversores

En julio pasado, el juez Martínez De Giorgi aceptó el planteo del lobista y trader Novelli porque advirtió que “la legitimación para intervenir como parte querellante exige la acreditación de una afectación concreta, directa y suficientemente individualizada, derivada del suceso investigado, extremo que no se encuentra debidamente demostrado en el estado actual del proceso”.

En la causa se investiga si el creador de $LIBRA, el estadounidense Hayden Davis, logró acercarse a Milei a través de Novelli y otros imputados -entre ellos su socio Manuel Terrones Godoy- y ello derivó en la difusión del proyecto por parte del Presidente en el posteo del 14 de febrero de 2025. La sospecha gira en torno a un multimillonario pago hecho por Davis a los ahora investigados.

Novelli, fundador de la academia N&W Professional Traders, organizador del Tech Forum y nexo entre empresarios cripto y la Casa Rosada, había solicitado desplazar a los denunciantes particulares bajo el argumento de que las pérdidas económicas fueron el resultado de la volatilidad propia de un mercado de riesgo no regulado y no de una estafa.

Las querellas rechazaron la pretensión de apartarlas y argumentaron que fueron víctimas de lo ocurrido con el posteo de Milei acompañado de la difusión del contrato para adquirir el activo. Según expresaron, “el aval del Jefe de Estado fue el ardid consumado”, una acción que generó un fenómeno de urgencia y ansiedad por comprar que nubló el juicio de los ahorristas.

Los jueces Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi juraron este jueves como integrantes de la sala I de la Cámara Federal porteña, un tribunal clave en Comodoro Py 2002, en un masivo acto que convocó a autoridades del Gobierno nacional y funcionarios judiciales, ante un auditorio colmado.

Entre muchos otros asistieron el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti; los ministros de Seguridad Alejandra Monteoliva y de Justicia Juan Bautista Mahiques y el viceministro de esa cartera Santiago Viola y los jueces de la Cámara Mariano Llorens y Eduardo Farah. El restante integrante de ese Tribunal, el juez Roberto Boico, no asistió a la jura por un tema de salud.

Todos ellos fueron quienes se ubicaron en el estrado junto a los desde ahora jueces titulares del Tribunal de Apelaciones que revisa todas las decisiones de los doce juzgados federales de primera instancia.

La toma de juramento estuvo a cargo del juez Farah, vicepresidente de la Cámara en ejercicio de la presidencia y se desarrolló en un clima informal con palabras de bienvenida del magistrado a sus colegas. En el caso de Bertuzzi ya tiene despacho en el segundo piso del edificio judicial de Retiro porque fue trasladado a esa vocalía de la Cámara por decreto presidencial durante el gobierno de Mauricio Macri. El juez concursó para el cargo y desde ahora lo ocupará como titular.

A cada “si juro” siguió un cerrado aplauso del público, que se extendió por varios minutos. Concluido el acto se formaron dos largas hileras de asistentes para saludar a Yadarola y Bertuzzi.

Jueces, fiscales y funcionarios

En primera fila se ubicaron los jueces de la Cámara Federal de Casación Diego Barroetaveña, Javier Carbajo, Gustavo Hornos, Carlos Mahiques y también asistió la magistrada de ese tribunal ya jubilada Liliana Catucci.

La sala Auditorio en el subsuelo del edificio judicial rebalsó de público al igual que el entrepiso, por lo general reservado para la prensa. Los jueces federales de primera instancia -cuyas decisiones revisa la Cámara- ocuparon una hilera de sillas en la sala: estuvieron Ariel Lijo, Julián Ercolini, Sebastián Casanello, María Eugenia Capuchetti y Marcelo Martínez De Giorgi. Entre sus ex colegas se ubicó además el senador por la provincia de Buenos Aires, Guillermo Montenegro, ex juez federal porteño.

Además asistieron a la jura, entre otros, jueces de Tribunales Orales Federales como Andrés Basso y José Michilini y fiscales, entre ellos el de Casación Raúl Pleé, de primera instancia porteño Ramiro González y Miguel Osorio, ante tribunales orales como Fabiana León y Diego Velasco y el de San Martín Carlos Cearras. También fueron parte del evento los jueces federales de San Isidro Lino Mirabelli y de Lomas de Zamora Federico Villena y por el fuero penal económico, donde hasta hoy era parte Yadarola, estuvieron los jueces Gustavo Meirovich y Ezequiel Berón de Astrada. Además estuvieron los jueces del Tribunal Oral Federal 7 que lleva adelante el juicio “Cuadernos”, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero. La jura fue presenciada por decenas de integrantes de juzgados y fiscalías además de abogados del fuero.

Los nombramientos se formalizaron a través de los decretos 848/2026 y 847/2026 firmados por el presidente Javier Mileiy el ministro de Justicia Mahiques, y publicados en el Boletín Oficial. Fueron leídos de manera previa a la jura de cada magistrado.

Qué función tiene la Cámara Federal

La Cámara Federal porteña revisa las decisiones adoptadas por los jueces de Comodoro Py en causas por corrupción pública, narcotráfico, trata de personas, lavado de activos y otros delitos complejos.

Su intervención resulta determinante en apelaciones contra procesamientos, sobreseimientos, medidas de prueba y otras resoluciones que suelen marcar el rumbo de investigaciones de alto impacto político e institucional.

En el caso de la sala primera, quedó integrada por el ya juez titular Mariano Llorens, Bertuzzi -quien ocupaba ese puesto pero trasladado por decreto durante el gobierno de Macri-y Yadarola, hasta hoy magistrado en el fuero en lo penal económico.

Entre los casos que les tocará tratar destaca la investigación por la fallida criptomoneda $LIBRA: en lo inmediato deberán decidir si convalidan la decisión del juez del caso, Marcelo Martínez De Giorgi, de apartar como querellantes a inversores que denunciaron haber sido estafados.

Por otro lado, en la sala II de ese Tribunal que hasta ahora tenía sus tres jueces titulares se abrió la vacante del camarista Martín Irurzun, quien cumplió 75 años en julio pasado sin que el Gobierno haya enviado su pliego al Senado para obtener un nuevo acuerdo que le permita seguir en el cargo otros cinco años.

Esa sala quedó conformada por los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah. En caso de disidencias, deberían convocar a alguno de sus colegas de la sala I que quedó integrada desde ahora por tres jueces titulares nombrados por concurso. Entre las causas que llevan está por ejemplo el expediente ANDIS.

El juez federal Julián Ercolini pidió informes al Registro de la Propiedad sobre el departamento del primer piso de San José 1111, ubicado debajo del de la expresidenta Cristina Kirchner y que se atribuye a la sindicalista de la UOM María Soledad Calle- Además, ordenó una batería de pruebas sobre su patrimonio y el del ex titular del gremio Abel Furlán.

Entre las medidas ordenadas en la investigación por presunta defraudación, el magistrado pidió al Registro de la Propiedad Inmueble de la ciudad de Buenos Aires un informe histórico completo del primer piso de San José 1111. En ese edificio, un piso más arriba, cumple arresto domiciliario, condenada en la causa Vialidad, la ex presidenta.

El juez pidió un detalle de adquisiciones, escribanías, registros notariales y documentación registral del primer piso, que según la denuncia de opositores gremiales habría sido comprado por Calle.

Propiedades y autos

También requirió a ARCA que informe si Calle trabaja o trabajó en relación de dependencia para UOMRA desde 2022, y sus remuneraciones y declaraciones juradas presentadas en caso de respuesta positiva.

En relación a Calle, Furlán y otros dos imputados en la causa, Adalberto Braconi y Osvaldo Lobato, abrió una investigación fiscal-patrimonial y pidió también al organismo recaudador información sobre sus declaraciones de bienes personales entre 2022 y 2025, domicilios, ingresos. También se deberá informar al juzgado ingresos provenientes de UOMRA, OSUOMRA, USEM y Grupo Vértice.

Respecto de USEM, la empresa vinculada a Calle que habría sido contratada por la UOM y Grupo Vértice, se requirieron declaraciones juradas, actividades, domicilios, facturación, compras y ventas, según supo Infobae en fuentes judiciales. En particular se pidió información sobre la facturación de USEM al sindicato y de operaciones de esa firma con el grupo Vértice.

El juez pidió detalles sobre la propiedad de diferentes vehículos, un Peugeot 3008 y BMW M135 xDrive vinculados con Calle; ocho autos de la UOMRA mencionados en la denuncia y “todos los automotores/motovehículos registrados desde 2022 por Furlán, Calle, Braconi, Lobato, UOMRA, OSUOMRA, USEM y Grupo Vértice, incluso como autorizados a conducir”, con foco en el año 2025. También sobre aeronaves, embarcaciones y otras propiedades.

Las medidas incluyen pedidos de informes sobre cuentas y productos financieros de los imputados, el sindicato y las empresas investigadas. Además se puso el foco en los viajes internacionales y se requirieron datos migratorios desde 2022.

La denuncia

El 26 de agosto último los denunciantes Ángel Derosso, Pablo González y Gerardo Piva, con el patrocinio del abogado Yamil Castro Bianchi, concretaron nuevas presentaciones donde pidieron ampliar el objeto procesal de la investigación para abarcar en forma total la supuesta maniobra “de desapoderamiento patrimonial que habría afectado tanto a la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina como a su Obra Social OSUOMRA”.

Pidieron sumar a la causa un contrato firmado entre la empresa USEM SA y la obra social, investigar el impacto sobre el patrimonio y las prestaciones, “como así también el conocimiento o intervención que pudiera haber tenido la autoridad estatal de control”. Además se refirieron a publicaciones periodísticas que dieron cuenta de la formación de sociedades y compra de bienes por parte de Calle, “los cuales potencialmente podrían provenir, a juicio de los nombrados, del provecho de las maniobras investigadas”.

La fiscalía dictaminó que se puede avanzar con las nuevas medidas de prueba en base a la imputación que se realizó en marzo pasado y que dio impulso a la investigación penal.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi sobreseyó al ex director de la AFI en el macrismo Gustavo Arribas, a su segunda Silvia Majdalani y otros dos imputados en una investigación por presuntas maniobras de inteligencia ilegal durante la cumbre de la Organización Mundial de Comercio en 2017 y el G20 en 2018 al concluir que no hubo delito.

El magistrado sostuvo que las tareas realizadas por el organismo estuvieron vinculadas a la seguridad de esos encuentros, según la resolución a la que accedió Infobae, tomada en una causa que se inició por denuncia en 2020 de la entonces interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño.

“Las hostilidades observadas en los antecedentes extranjeros de tales reuniones evidenciaban un grave problema que requería la atención inexcusable del Estado argentino”, fundamentó el juez en el fallo de 97 carillas. Argentina, como país anfitrión, debía “adoptar las decisiones estratégicas necesarias para contrarrestar el riesgo potencial de que esos incidentes se repitieran, garantizando la seguridad de las personas, lugares y recursos de su infraestructura crítica y, en particular, el normal desenvolvimiento de las convenciones y la integridad física de los asistentes”, puntualizó.

Y en ese marco, lo hecho por la AFI “bajo una estricta relación de medio a fin” fue un “recurso válido para alcanzar esos objetivos”.

Informes sobre periodistas y organizaciones sociales

La denuncia sostuvo que en dependencias de la AFI se hallaron fichas e informes sobre periodistas, académicos, organizaciones sociales, partidos políticos y otros participantes vinculados a la reunión ministerial de la OMC y a la cumbre del G20.

Pero el juez concluyó que los hechos investigados “se circunscriben específicamente a las tareas desplegadas por el personal de la entonces Agencia Federal de Inteligencia” durante la Reunión Interministerial de la OMC y la Cumbre del G-20.

En ese marco, sostuvo que la intervención del organismo estuvo justificada por la necesidad de seguridad ante la “envergadura de los eventos que tuvieron lugar en nuestro país en los años 2017 y 2018″ y remarcó que en el caso no se requería autorización judicial previa que sí hubiera sido necesaria ante otro tipo de tareas como la interceptación de comunicaciones, el acceso a documentos privados no públicos o el ejercicio de funciones policiales o de investigación criminal en una causa concreta, enumeró.

“La naturaleza de tales intervenciones, adecuadas entonces a las previsiones de la Ley Nacional de Inteligencia N° 25.520, habilitaban su realización sin orden judicial”, concluyó.

Datos de la web

Al respecto, Martínez De Giorgi remarcó que gran parte de la información provenía de fuentes abiertas y “su recolección no puede ser considerada como una invasión a la esfera de la intimidad de los afectados”: está disponible en redes sociales y es “pública y de consulta irrestricta”. En muchos casos se trataba de datos extraídos de sitios web, publicaciones periodísticas y perfiles públicos en redes sociales.

Además, argumentó que no se probó un espionaje por razones ideológicas. “No existe entre todos los informes encontrados un patrón común que permita concluir que las averiguaciones estuvieron motivadas en un determinado posicionamiento político o ideológico” mientras que el único punto de conexión pasó por esos eventos.

En la causa, la fiscal federal Paloma Ochoa había reclamado en marzo de 2021 la declaración indagatoria de Arribas, Majdalani y los otros dos por entonces funcionarios de la AFI imputados, Martín Coste y Carlos Tonelli Banfi. En su planteo sostuvo que, bajo conocimiento de las autoridades de la AFI, se había producido, reunido y almacenado información sobre periodistas, académicos, organizaciones sociales, sindicales y partidos políticos con el objeto de definir “sus perfiles ideológicos, opiniones políticas y de adhesión o pertenencia”.

Tonelli Banfi estaba a cargo de la Dirección de Eventos Especiales, donde se confeccionaron “fichas” de distintas personas que habían solicitado acreditarse a estos eventos internacionales, habían sido luego remitidas a Contrainteligencia, cuyo responsable era Coste, y desde allí se hizo una especie de “visado” y a partir de eso se negó el acceso de manera “subjetiva y arbitraria” a esos eventos, sostuvo la acusación.

El juez federal Julián Ercolini condenó a seis meses de prisión en suspenso al exdirector de Personal de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Pablo Brula, por omisión maliciosa de datos en su declaración jurada patrimonial, al dar por probado que no declaró una sociedad en Florida, Estados Unidos, ni los inmuebles, cuentas y movimientos vinculados con esa estructura.

Además de la pena de ejecución condicional, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 10 le impuso a Brula inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, reglas de conducta por seis meses y la prohibición de salida del país, con retención de sus pasaportes argentino y esloveno. La sentencia se conoció al término de un juicio oral celebrado el 26 de agosto pasado, llevado adelante por el juez de manera unipersonal y en el que la acusación estuvo a cargo del fiscal federal Franco Picardi, en los tribunales federales de Comodoro Py 2002.

Omisión reiterada

Ercolini sostuvo que el acusado omitió “de manera reiterada y sostenida” consignar en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción su participación en B&Q Investments LLC, una sociedad constituida el 2 de mayo de 2011 junto con su esposa, en partes iguales.

Según el fallo al que tuvo acceso Infobae, el entonces funcionario de carrera quedó obligado a presentar declaración jurada patrimonial integral a partir de su designación como director interino de la Dirección de Personal de AFIP, el 17 de diciembre de 2015. A partir de allí presentó siete declaraciones, pero la causa se concentró en tres: la inicial “2014 Original”, presentada el 29 de febrero de 2016; la “2015 Original”, presentada el 6 de junio de 2016; y la “ANUAL 2016 Original”, presentada el 1 de agosto de 2017.

“La omisión no se limitó a una única declaración jurada: se trató de una conducta reiterada y sostenida a lo largo de las tres declaraciones que forman parte de la acusación”, advirtió la sentencia.

Departamentos en Florida

La resolución detalló que, en la declaración inicial, Brula no informó la existencia de la sociedad ni un inmueble ubicado en Riviera Beach, Florida, adquirido por un valor aproximado de 65.000 dólares.

En la presentación siguiente, siempre según la sentencia, tampoco declaró que esa propiedad había sido vendida el 4 de junio de 2015 y que el dinero se había transferido a una cuenta abierta en Citibank, sucursal Surfside Beach, Florida.

A su vez, en la declaración correspondiente a 2016, el magistrado señaló que Brula omitió consignar la compra de un segundo inmueble, ubicado en Pompano Beach, Florida, por 90.000 dólares, su venta posterior por un monto aproximado de 80.926 dólares y el dinero en efectivo percibido por esa operación.

El exfuncionario omitió declarar “la existencia de la sociedad B&Q Investments LLC”, el primer inmueble, la venta de esa propiedad, la cuenta bancaria donde se depositó el producido, la compra y venta del segundo inmueble, “el dinero en efectivo percibido como producto de esa venta” y “los resultados de la explotación en alquiler de ambos inmuebles”, enumeró la sentencia.

Patrón sostenido o error

Uno de los ejes del fallo fue la discusión sobre el carácter doloso o involuntario de la omisión. La defensa sostuvo que había existido un error al confeccionar la primera declaración, pero el juez descartó esa explicación porque “no se trató de un olvido puntual circunscrito a una sola presentación, sino de un patrón sostenido frente a dos organismos de control distintos”, en referencia a la Oficina Anticorrupción y al propio organismo recaudador.

El juez agregó que la omisión tampoco había sido subsanada en las presentaciones posteriores y remarcó que la falta de declaración de la sociedad ya se verificaba antes del ingreso de Brula al régimen de declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción, porque tampoco había sido informada ante AFIP entre 2011 y 2020.

Para el magistrado, ese cuadro permitió descartar la hipótesis de una equivocación aislada. En esa línea, concluyó que la reiteración de omisiones reveló “el necesario conocimiento de sus omisiones y la deliberada intención de inducir a error a los organismos de control sobre su verdadera situación patrimonial”.

El deber de declarar

Ercolini también apoyó su decisión en la trayectoria del condenado. Recordó que Brula es licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en Dirección de Recursos Humanos por la Universidad del CEMA y otra en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de San Andrés.

A eso sumó que ingresó a AFIP en 1990, trabajó en áreas de auditoría, fue jefe del Departamento Administración de Personal entre 2004 y 2015, director de Personal desde diciembre de 2015 y luego subdirector general de Recursos Humanos. “Esa formación universitaria y esa extensa trayectoria de más de treinta años en el organismo nacional permiten descartar que Brula pudiera desconocer, por impericia o inexperiencia, el alcance de su deber de declarar la totalidad de su patrimonio”.

También sostuvo que “quien alcanzó los cargos de Director de Personal y, luego, de Subdirector General de Recursos Humanos en el propio ente recaudador nacional, no podía ignorar que la normativa vigente exige declarar el patrimonio integral del funcionario público, tanto en el país como en el extranjero”.

La conducta se encuadró en el delito previsto en el artículo 268, inciso 3, del Código Penal, que reprime la omisión maliciosa de datos en la declaración jurada patrimonial de un funcionario público. “Decidió ocultar toda su situación patrimonial en el extranjero en sus declaraciones ante el propio organismo en el que se desempeñaba” y esa conducta resultó “claramente contraria al código de ética de la institución”, advirtió la sentencia.

El juez añadió que Brula presentó sus declaraciones “en discordancia con su real situación patrimonial, ocultando de manera sistemática” la existencia de la sociedad en el extranjero, los inmuebles adquiridos por su intermedio, la cuenta bancaria y el dinero obtenido.

Se lo condenó a seis meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. También se le impusieron reglas de conducta por seis meses, entre ellas, fijar domicilio, no ausentarse por más de 24 horas sin avisar al tribunal, comparecer una vez por mes ante el juzgado y presentarse cada vez que sea citado.

La sentencia ordenó, además, la prohibición de salida del país y la retención de sus pasaportes. Brula había informado en sus últimas palabras que tenía previsto viajar a Eslovenia 48 horas después del veredicto, algo que ahora no podrá hacer.