El juicio oral a la ex presidenta Cristina Kirchner, exfuncionarios de su Gobierno y empresarios procesados por supuesto pago de sobornos entre 2003 y 2015 entrará desde mayo en una nueva etapa, la declaración de los testigos. El Tribunal Oral Federal 7 programó ya las audiencias y citará a Comodoro Py 2002 a quienes deban declarar cada martes y jueves de manera presencial.

Entre los primeros convocados está Hilda Horovitz, la ex esposa del arrepentido Oscar Centeno, autor de los manuscritos donde dejó asentados los viajes en busca de dinero de supuestas coimas pagadas por empresarios en su rol de chofer del ex funcionario Roberto Baratta, que ahora es juzgado junto con él.

También declararán la ex secretaria de Ceremonial de la Casa Rosada en el gobierno de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga, y Jorge Bacigalupo, el amigo del remisero, que le “guardó” una caja con los cuadernos, según el cronograma al que tuvo acceso Infobae.

Todos tendrán que presentarse ante el Tribunal Oral Federal 7 para hablar bajo juramento de verdad y no podrán evitar responder preguntas de los jueces, de la fiscalía a cargo de Fabiana León, la querella de la Unidad de Información Financiera y los abogados defensores.

Los últimos acusados indagados

Para lo que resta de abril, los jueces Germán Castelli, Fernando Canero y Enrique Méndez Signori programaron escuchar en declaración indagatoria a los acusados que aún faltan. Entre ellos están los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, cuyas defensas anticiparon que hablarán ante el Tribunal. Ambos llegarán a Comodoro Py el martes próximo, en el caso de Jaime será desde la cárcel porque está detenido en otra causa penal.

Las indagatorias cerrarán el jueves 30 en una convocatoria que incluye al ex secretario de Obra Pública José López, detenido con condena firme en la causa Vialidad. Se pidió al Tribunal Oral Federal 2 que arbitre su traslado desde el penal a primera hora de la mañana de ese día. Se trata del ex funcionario kirchnerista que saltó a la fama cuando intentó ocultar 9 millones de dólares ocultos en bolsos una madrugada de junio de 2016 en un convento de General Rodríguez. En el caso Cuadernos, es arrepentido.

Nueva etapa, con igual modalidad

A partir del 5 de mayo, el juicio a la ex presidenta, al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, otros exfuncionarios y empresarios de la obra pública -86 acusados en total- entrará en una nueva etapa, las declaraciones de testigos. Para ese día están convocados tres periodistas del diario La Nación, entre ellos Diego Cabot, cuya investigación fue el puntapié inicial para el caso. El jueves 7 será el turno de la ex esposa de Centeno, Hilda Horowitz y de la exsecretaria de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga además de Jorge Bacigalupo. El cronograma, que podría sufrir modificaciones, prevé escuchar a 43 testigos durante mayo. En el listado al que tuvo acceso Infobae están Roberto Lavagna, Mariana Zuvic y el financista arrepentido en la causa por la “ruta del dinero K”, Leonardo Fariña.

El Tribunal seguirá con audiencias martes y jueves de manera semipresencial en la sala Auditorium en el subsuelo de Comodoro Py 2002. Allí tendrá que presentarse cada testigo el día de su citación, habrá abogados presentes y otros seguirán la jornada de manera remota, vía Zoom. Al respecto, habrá prioridad para los letrados que hayan ofrecido como prueba los testigos que sean citados en cada jornada. También, si lo desean, podrán ir en persona los acusados, todo sujeto a la capacidad de la sala de audiencias, se aclaró.

El silencio de los arrepentidos

El juicio comenzó el 6 de noviembre del año pasado de manera virtual. Pasó a la semi presencialidad el 17 de marzo con la primera declaración indagatoria: la de la expresidenta Cristina Kirchner procesada como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho. Se trasladó desde el domicilio de San José 1111 donde cumple arresto domiciliario condenada en la causa Vialidad a los tribunales de Retiro.

Desde ese entonces fueron indagados gran parte de los 86 acusados, muchos de los cuales -en especial los “imputados colaboradores”- guardaron silencio e hicieron uso de su derecho a no declarar. Fueron los casos por ejemplo del mismo Centeno -escriba de los cuadernos-, del financista Ernesto Clarens que aportó durante la investigación un listado de presuntos pagadores de sobornos y de empresarios como Miguel Aznar, Patricio Gerbi, Gabriel Losi, Angelo Calcaterra y Aldo Roggio. Las defensas de otros acusados advirtieron que este silencio les impidió contrastar aquellas confesiones que perjudicaron a sus clientes.

El juez en lo penal económico Diego Amarante rechazó este viernes un nuevo intento del presidente de la AFA Claudio Tapia y del tesorero Pablo Toviggino para cerrar la causa penal por retención indebida de aportes, en la que ambos están procesados y tienen prohibido salir del país. Ambos dirigentes pretendían que se les concediera una “reparación integral del daño” porque la deuda reclamada por el fisco ya fue saldada.

El magistrado no hizo lugar al planteo de “excepción por falta de acción”, con lo cual la causa seguirá adelante. Se encamina a una definición en la Cámara Nacional en lo Penal Económico, que tiene bajo análisis los procesamientos de los dirigentes futbolísticos y fijó audiencia para el 5 de mayo.

Al rechazar lo postulado por la defensa de Toviggino, a quien luego se sumaron los demás acusados, el juez Amarante advirtió que hay “imposibilidad de acordar esta clase de beneficios en los casos de delitos de apropiación de tributos y de recursos de la seguridad social”.

Conceder ese beneficio cuando se cumplió de “manera extemporánea” con las obligaciones de pago sería “contrariar la política criminal que subyace a la tipificación de estos delitos, orientada precisamente a reprimir la conducta del agente de retención o percepción que desvía para fines ajenos los importes que obran en su poder y que debían ser ingresados al Fisco”.

El planteo defensista sostuvo que la cancelación de las obligaciones reclamadas por el fisco —incluidos los intereses resarcitorios— debía ser equiparada a una reparación total del perjuicio económico, lo que habilitaría el cierre del proceso penal.

Pero Amarante advirtió que el “desvalor” de esas conductas “se proyecta sobre intereses de mayor amplitud y contenido social que trascienden el perjuicio estrictamente pecuniario”.

El “simple pago” no alcanza

El fiscal de la causa, Claudio Navas Rial, había dictaminado ya por rechazar el pedido y continuar adelante con la causa penal que investiga presuntas irregularidades por la retención indebida de aportes al IVA e Impuesto a las Ganancias por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Para el acusador, el pago de la deuda no constituye una “reparación integral” del daño causado. El fiscal argumentó que “el simple pago del monto adeudado no alcanza ni reviste en sí mismo el carácter integral” exigido por la ley, ya que no contempla “el daño global ocasionado al sistema tributario y de la seguridad social”.

En particular, se remarcó que la AFA actuaba como agente de retención, es decir, como representante del Estado en la recaudación, “lo que agrava la responsabilidad por la falta de ingreso de los fondos en tiempo y forma”.

El fiscal también advirtió que aceptar ese criterio implicaría “hacer entrar por la ventana conductas no contempladas” dentro de este mecanismo excepcional de extinción de la acción penal. En esa línea, subrayó que “una verdadera reparación integral debe incluir no solo el capital omitido, sino también una evaluación más amplia del perjuicio: el impacto sobre los trabajadores y beneficiarios del sistema, el daño al equilibrio previsional y los costos generados para los organismos de control y el sistema judicial”.

Además, el dictamen puso el acento en el efecto disuasivo que deben tener este tipo de acuerdos. El monto tiene que ser tal que deje en claro la gravedad de lo sucedido, tanto para quien paga como para la sociedad en general, a fin de evitar la reiteración de conductas similares, enfatizó la fiscalía. Tapia y Toviggino están procesados con embargos por 350 millones de pesos y tienen prohibida la salida del país.

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó este viernes establecer si la causa penal que se abrió por supuestos delitos con la financiación estatal de la telenovela de Andrea Del Boca “Mamá Corazón” durante el kirchnerismo prescribió por el paso del tiempo sin sentencia firme. Tanto la actriz como el ex ministro Julio De Vido resultaron absueltos en un juicio oral y esa decisión fue apelada por la fiscalía.

El máximo tribunal penal federal del país suspendió ahora el trámite de apelación que presentó la fiscal de juicio Fabiana León y dispuso que antes de seguir adelante con el análisis del expediente, se determine si el caso está prescripto y debe cerrarse.

El 25 de septiembre de 2025 el Tribunal Oral Federal 7 absolvió a Del Boca, al exministro de Planificación Julio De Vido y otros acusados. Los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero concluyeron que no hubo perjuicio económico para el Estado Nacional. La fiscalía había pedido condenar a 3 años y 6 meses de prisión a la actriz por supuesta administración fraudulenta y apeló el veredicto.

El tiempo que pasa

Ahora los camaristas Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Alejandro Slokar devolvieron la causa al Tribunal para que, previa consulta a todas las partes, determine si está prescripta. Lo resolvieron al tener en cuenta el tiempo que pasó desde que se abrió la investigación. “La acción penal podría encontrarse prescripta”, advirtió Casación y esa cuestión “de orden público” debe resolverse antes de avanzar en el análisis vinculado a las absoluciones resueltas en el juicio oral.

El Tribunal que llevó adelante el juicio absolvió a todos los acusados porque concluyó que “Mamá Corazón” se realizó, que no existió perjuicio económico para el Estado, que la contratación entre la Universidad Nacional de San Martín y la productora de Del Boca se ajustó a la normativa y que no se acreditó la existencia de ninguna maniobra fraudulenta ni la intervención personal del entonces Ministro de Planificación Federal.

“La realización de la novela Mamá Corazón no sólo no ha sido controvertida durante el debate, sino que además se encuentra probada tanto administrativa como materialmente”, escribieron los jueces el año pasado, al dar a conocer los fundamentos.

A lo largo del proceso se exhibieron y se incorporaron los capítulos 1 al 16, almacenados en discos rígidos y DVD, junto con 2.560 planos sin editar correspondientes a los capítulos 16 al 26. Ese material, sumado a contratos, facturas, recibos de pago, constancias gremiales y documentación laboral, permitió reconstruir que la producción avanzó y que la actividad artística y técnica se desarrolló sin irregularidades, evaluaron.

Sobre la situación de Andrea del Boca, los jueces concluyeron que la productora y actriz no había participado de ninguna maniobra ilícita, que su rol estuvo limitado a la firma del contrato con la Universidad Nacional de San Martín y a la ejecución de las tareas propias de la productora.

“La acusación incurrió en una errada valoración al afirmar que la contratación habría eludido los procedimientos de selección, pues la modalidad empleada se encontraba expresamente prevista en el régimen de contrataciones y se sustentaba en la especialidad del objeto”, consideraron los jueces del Tribunal. La absolución alcanzó también a los funcionarios de la UNSAM y del Ministerio de Planificación involucrados en la causa. Tras estos fundamentos, la fiscal León apeló ante Casación en febrero pasado.

La Cámara en lo Penal Económico ratificó este viernes al juez Diego Amarante al frente de la investigación por supuesta evasión en la que procesó al presidente de AFA Carlos “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino.

Significó otro revés para la estrategia defensiva del tesorero de la AFA, quien había reclamado sacar al magistrado del caso. El Tribunal de Apelaciones rechazó la recusación porque no hay pruebas de enemistad ni de pérdida de imparcialidad, concluyó.

“Por ninguna de las circunstancias invocadas se revela la existencia de elementos objetivos que permitan considerar acreditada una enemistad” del juez hacia el tesorero, advirtió el camarista Roberto Hornos. También recordó que la recusación es un mecanismo excepcional y que no puede utilizarse para cuestionar decisiones procesales ni para intentar cambiar al juez natural de la causa. “No basta la mala opinión o malquerencia”, sino que debe acreditarse una “mutua animosidad, real y notoria”, algo que no se verificó en el caso.

Respecto de los hechos concretos, descartó que la organización de la salida del edificio o el operativo policial del día de la declaración indagatoria de Toviggino tengan relevancia para acreditar parcialidad porque se trata de cuestiones ajenas al proceso.

También descartó un trato discriminatorio del juez Amarante hacia el tesorero por mantener su prohibición de salida del país mientras que a otros procesados se les levantó esta restricción. Además, Hornos negó que la falta de producción de ciertas pruebas pedidas por la defensa implique parcialidad: “Los jueces no están obligados a producir todas las medidas de prueba solicitadas”, ya que esa evaluación forma parte de su “discrecionalidad”, advirtió el camarista.

En cuanto a un supuesto prejuzgamiento, concluyó que “no se encuentra acreditado que el juez haya divulgado a los medios de comunicación información” antes de resolver, y las publicaciones periodísticas sobre el futuro del caso fueron sólo “estimaciones”.

Finalmente, descartó que la elaboración previa de la resolución que dictó los procesamientos implique alguna irregularidad como postuló Toviggino. “Elaborar un proyecto de resolución no es prejuzgar, sino trabajar en la decisión”, concluyó la resolución a la que tuvo acceso Infobae. La Cámara rechazó así la recusación y ratificó a Amarante como juez de la causa.

Esto se sumó a un planteo de la fiscalía ante el Tribunal de Apelaciones que reclamó este viernes agravar la acusación por la que están procesados Tapia, Toviggino y otros tres dirigentes acusados.

Los argumentos del tesorero

La defensa de Toviggino había intentado apartar al juez por supuesta “enemistad manifiesta” y riesgo de pérdida de imparcialidad basada en una serie de episodios que a su criterio ocurrieron durante la investigación.

Entre esos argumentos, sostuvo que durante su declaración indagatoria el juez rechazó que pudiera retirarse por una salida alternativa del edificio, lo que —según planteó— buscaba exponerlo mediáticamente. Según la recusación, esa decisión formaba parte de un “plan preconcebido de deslegitimación, hostigamiento y persecución personal”.

También cuestionó un supuesto trato desigual respecto de otros imputados. Señaló que, mientras a él se le mantuvo la prohibición de salida del país, a otros coimputados en una situación similar se les levantó esa restricción, lo que —a su criterio— violaba el principio de igualdad ante la ley.

Otro de los ejes fue la falta de producción de prueba solicitada por la defensa. Toviggino argumentó que el juez dictó su procesamiento sin haber ordenado un peritaje contable clave que había sido requerido, lo que interpretó como una muestra de “animosidad manifiesta”.

Además, planteó un supuesto escenario de prejuzgamiento. Sostuvo que algunos medios de comunicación anticipaban decisiones judiciales antes de que fueran firmadas, lo que —según su postura— evidenciaba que el magistrado ya tenía definido el resultado del expediente con anterioridad.

En esa línea, también cuestionó la rapidez con la que se dictó el procesamiento, al señalar que el juez habría tenido la resolución “redactada con anterioridad y absoluta prescindencia” de sus dichos.

El Tribunal descartó todos los argumentos y ratificó al magistrado. Los procesamientos están apelados, la fiscalía reclamó agravar la acusación y las defensas que sean revocados. Se fijó una audiencia para el 5 de mayo próximo y luego se conocerá la decisión.

El fiscal general ante la Cámara en lo Penal Económico Gabriel Pérez Barberá reclamó este viernes agravar la acusación contra el presidente de la AFA Claudio Tapia y el tesorero Pablo Toviggino por supuesta retención indebida de aportes. Pidió sumar a los delitos una parte de la acusación que fue dejada de lado en el procesamiento y que representa el 77 por ciento del monto total denunciado.

En un dictamen entregado al Tribunal de Apelaciones, Pérez Barberá mantuvo la apelación al respecto de su colega de primera instancia Claudio Navas Rial porque en el procesamiento se excluyó el tramo relativo a la falta de depósito en el plazo legal de una “alícuota aplicada sobre los ingresos derivados del patrocinio oficial –con fines publicitarios– de los torneos organizados por la AFA o la Liga Profesional de Fútbol, destinada a la cancelación de las cotizaciones con destino a los regímenes de la seguridad social", explicó en el escrito al que accedió Infobae.

Se trata del llamado “subconcepto 551″ y que representa, en la mayoría de los periodos objeto de reclamo entre 2024 y 2025 “un porcentaje significativo del total de fondos que debían ser ingresados al sistema de la seguridad social” y en términos globales, el 77 por ciento del monto denunciado.

El dictamen fue presentado ante los camaristas Carolina Robiglio y Roberto Hornos, quienes deben resolver si confirman los procesamientos que dictó el juez en lo penal económico Diego Amarante. El Tribunal no tomará ninguna decisión hasta mayo porque hubo defensas que pidieron una prórroga de la audiencia que estaba fijada para este viernes y se reprogramó en su caso para el 5 del mes próximo.

La acusación fiscal

En una postura unificada del Ministerio Público Fiscal, Pérez Barberá mantuvo la apelación de primera instancia y amplió los fundamentos. En ese marco advirtió que los montos dejados fuera de la acusación son “una de las principales fuentes de financiamiento del sistema”.

El 30 de marzo pasado, el juez en lo penal económico Diego Amarante procesó a Tapia, Toviggino y a los dirigentes Víctor Blanco Rodríguez, Cristian Ariel Malaspina y Gustavo Roberto Lorenzo. También a la AFA como persona jurídica por presunta apropiación indebida de tributos y de recursos de la seguridad social agravadas. Se consideró que no depositaron dentro de los 30 días que prevé la ley lo retenido en concepto de IVA e Impuesto a las Ganancias. En la decisión judicial se descartó la acusación hecha por la querella de ARCA vinculada a los importes autorretenidos en el rubro contribuciones de la Seguridad Social proveniente de ingresos publicitarios.

El magistrado de primera instancia entendió que esos importes no podían ser incluidos dentro de la figura penal que tipifica la omisión de depósito de las retenciones porque el régimen aplicable los califica como “supuestos de autorretención y no de retención o percepción”.

En esa línea, “consideró que su equiparación a estos últimos implicaría una extensión analógica del tipo penal en perjuicio de los imputados, violatoria del principio de legalidad, por lo que correspondía excluirlos del objeto de la imputación”, recordó ahora Pérez Barberá. Esta parte de la resolución fue apelada por la fiscalía y también por ARCA.

El fiscal ante la Cámara resaltó al respecto que esas sumas autorretenidas están destinadas a clubes y trabajadores vinculados a la actividad futbolística y la AFA es una “intermediaria” de esos fondos que no le pertenecen.

Esta autorretención se remonta al Decreto 510/2023 dictado para “dotar de mayor eficacia, control y previsibilidad el cumplimiento de las obligaciones previsionales en el ámbito del fútbol profesional, procurando a su vez brindar seguridad jurídica a los trabajadores dependientes de las instituciones nucleadas en la AFA”, remarcó la fiscalía.

La fiscal federal Alejandra Mángano pidió este jueves archivar por inexistencia de delito una denuncia penal por el viaje de la esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, Bettina Angeletti, con la comitiva oficial en el avión presidencial rumbo a Nueva York para la “Argentina Week” en marzo pasado.

El viaje de Angeletti en el avión presidencial “no implicó ninguna erogación presupuestaria particular o extraordinaria, menos aun cuando existían más de 10 plazas disponibles para cada uno de los tramos aéreos realizados entre el 6 y el 11 de marzo”, concluyó.

En un dictamen entregado al juez federal Daniel Rafecas, la fiscal concluyó que “la información relevada en esta investigación permite descartar la comisión de conductas delictivas en los términos planteados”. Ante ello la pesquisa quedó sin impulso acusatorio.

Mángano tenía delegada la investigación iniciada por denuncia del abogado Gregorio Dalbón y llegó a esa conclusión luego de ordenar una batería de medidas de prueba que incluyeron pedidos de informes a organismos oficiales, según el dictamen al que tuvo acceso Infobae.

Adorni es investigado en otras causas penales, por presunto enriquecimiento ilícito y por supuestas dádivas a raíz de un viaje en avión privado a Punta del Este que habría costeado un periodista amigo del funcionario y contratista de la TV Pública. Estas dos causas están en etapa de prueba en el juzgado federal de Ariel Lijo y la fiscalía de Gerardo Pollicita.

Pero hubo una tercera denuncia: la del viaje de su esposa como invitada a Nueva York en el avión presidencial junto a la comitiva oficial que acompañó a Javier Milei a la “Argentina Week”. “Vengo a deslomarme y quería que me acompañe”, justificó Adorni aunque luego pidió disculpas por haber usado esa frase. En una buena noticia para el Jefe de Gabinete, ahora la fiscalía pidió cerrar el caso.

La invitación presidencial

Al analizar la evidencia la fiscal concluyó que el cotejo entre el número de integrantes de la comitiva oficial y la capacidad del avión Boeing 757-200 (39 plazas), “permite verificar que la decisión de Presidencia de la Nación de cursar una invitación a Bettina Julieta Angeletti para viajar en el avión oficial constituye un uso razonable de la discrecionalidad de las decisiones presidenciales y carece de entidad para configurar algunos de los delitos denunciados”.

La denuncia se presentó por supuesta “malversación de caudales públicos”, un delito que ocurre cuando un funcionario público desvía fondos bajo su administración y ocasiona un perjuicio a las arcas del Estado, algo que según el dictamen, no ocurrió con el viaje a Estados Unidos.

La presencia de la esposa de Adorni como acompañante en el avión presidencial “debidamente autorizado por el Poder Ejecutivo” no alteró la finalidad pública del vuelo, agregó.

Base doble

Sobre el pago de la hotelería, Mángano concluyó que la presencia de Angeletti no encareció el viaje porque los alojamientos se pagan en base doble, por lo cual hubiera costado igual si Adorni estaba solo o acompañado.

También analizó el viaje de vuelta que el matrimonio hizo en un avión de línea, en primera clase. El pasaje de Adorni lo pagó la Jefatura de Gabinete, algo que -destacó la fiscal- está previsto por la normativa para funcionarios de “alta jerarquía” quienes “se encuentran autorizados a optar por clases superiores (ejecutiva o primera) en vuelos oficiales, circunstancia que incide directamente en el costo del pasaje, sin que ello implique irregularidad alguna”.

“En este punto, el Jefe de Gabinete es uno de los funcionarios de más alta jerarquía en la administración pública nacional, tal como lo establece el artículo 100 de la Constitución Nacional, lo cual torna pertinente la aplicación de la reglamentación vigente”, concluyó. En cuanto al pasaje de Angeletti en ese vuelo, no fue adquirido con fondos públicos.

El pasaje de vuelta de Adorni costó US$ 4910,35 y el de su esposa US$ 5154,55 por Delta Airlines.

Para la fiscalía se acreditó que la presencia de Angeletti en ese viaje oficial a Nueva York “no generó un costo adicional para el Estado” y que la administración pública se limitó a pagar el hospedaje y traslado de Adorni.

Las pruebas pedidas

Antes de dictaminar por el archivo del caso, la fiscalía solicitó a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación la documentación vinculada a la conformación de la comitiva presidencial del viaje oficial iniciado el 6 de marzo, así como la normativa aplicable en materia de integración de comitivas y utilización de la flota aérea oficial.

También se incorporó información técnica del vuelo realizado en el avión presidencial ARG-01, detallando su capacidad y los manifiestos de pasajeros en cada tramo del itinerario entre Buenos Aires, Miami, Nueva York y Santiago de Chile, lo que permitió verificar la cantidad de pasajeros transportados y la participación de Adorni y Angeletti en los primeros tramos.

Con posterioridad, la fiscalía solicitó a la Jefatura de Gabinete de Ministros que informe el presupuesto asignado en concepto de viáticos y movilidad para el viaje, los gastos asociados a la misión oficial, los conceptos vinculados a su designación en la comitiva y los resúmenes de las tarjetas corporativas utilizadas durante la estadía en Estados Unidos, ante lo cual se informó que no se registraron viáticos, que los únicos gastos correspondieron al alojamiento en hoteles de Miami y Nueva York abonados con tarjeta corporativa y que no hubo otros consumos durante el viaje.

También se incorporó la factura del pasaje aéreo de regreso de Manuel Adorni desde Nueva York a Buenos Aires adquirido mediante la empresa Optar, y se consultó a dicha firma sobre la eventual emisión de un pasaje a nombre de Angeletti: la respuesta fue negativa.

El jefe de Gabinete Manuel Adorni gastó 8.874 dólares en una estadía en Aruba con su familia para recibir el Año Nuevo 2025. Se pagó en efectivo a una agencia de viajes de la ciudad de Buenos Aires desde donde se respondió a un pedido de informes cursado por la fiscalía federal de Gerardo Pollicita, en el marco de la causa que investiga al funcionario por supuesto enriquecimiento ilícito. Este monto se suma a los pasajes de avión hacia ese destino que se compraron en la empresa Latam.

Según la información, la contratación de la estadía se realizó a través de esa intermediaria y fue abonada en efectivo: una persona se presentó en el local y entregó el dinero, explicaron a Infobae fuentes del caso.

En el expediente también se dejó constancia que, durante la estadía en Aruba, no se registran consumos con tarjeta de crédito a nombre de Adorni ni de su esposa. A partir de ese dato, los investigadores analizan la posibilidad de que los gastos en destino hayan sido también realizados en efectivo.

El viaje, que tuvo lugar entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025, incluyó alojamientos en el Embassy Suites Hilton Aruba Beach y en el Divi Dutch Village Resort, por un total de 8.874 dólares, a lo que se suman 5.800 dólares en cuatro pasajes de ida y vuelta adquiridos a través de LATAM Airlines.

El costo global de esas vacaciones asciende así a 14.696 dólares.

Qué se dispuso en la investigación

En la investigación el juez federal Ariel Lijo ordenó ya a pedido de la fiscalía el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, con el objetivo de reconstruir sus movimientos financieros. Además, los investigadores aguardan información vinculada a otros viajes realizados por el funcionario, en busca de determinar si se repiten patrones similares en la modalidad de pago.

El viaje se produjo cuando Adorni se desempeñaba como vocero del presidente Javier Milei y percibía un salario mensual cercano a los 3 millones de pesos.

La fiscalía ya recibió extractos bancarios y resúmenes de tarjetas de crédito de la pareja que fueron analizados y en base a los cuales esta semana se pidieron nuevas medidas de prueba. Se busca determinar si el matrimonio registró billeteras virtuales, cuentas sueldo o de pago, CVU, alias, tarjetas, líneas de crédito, tenencia o transferencia de criptoactivos, o cualquier otro producto o servicio ofrecido por la plataforma, desde el 1 de enero de 2022 hasta la actualidad. También se enviaron oficios al Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. para ampliar información relacionada con las cajas de seguridad cuya titular es Bettina Angeletti, esposa del ministro coordinador.

En la investigación declaró ayer el hijo de una de las jubiladas que vendió al Jefe de Gabinete su departamento en Caballito por 230 mil dólares: 30 mil pagados en efectivo y otros 200 mil a pagar en noviembre próximo sin interés. Pablo Martín Feijoo dijo bajo juramento de verdad que Adorni le debe por esa operación 65.000 dólares que no están documentados.

Feijoo dijo que él se hizo cargo de todas las obras y que le costaron, en total, 65.000 dólares. Esa parte del presupuesto, declaró el testigo, acordó recuperarla “por afuera” con el jefe de Gabinete, cuando éste pudiera vender su departamento ubicado en avenida Asamblea, barrio porteño de Parque Chacabuco.

¿Por qué Feijoo le vendió el departamento casi al costo a Adorni? El testigo explicó ante la Justicia que le venía bien mostrarse cerrando negocios con “gente importante”. La investigación busca determinar si el crecimiento en el nivel de vida del jefe de Gabinete es compatible con sus ingresos formales.

La Cámara Federal porteña confirmó este miércoles el procesamiento por presunto enriquecimiento ilícito del ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo Julio De Vido y su esposa Alessandra Minnicelli, en una decisión que abrió el camino para el envío del caso a juicio oral.

Se trata de una investigación impulsada por el fiscal federal Carlos Stornelli y que se centró en el incremento patrimonial registrado por el matrimonio durante los años en que De Vido ocupó cargos públicos, en un período que abarca las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner.

El procesamiento fue resuelto por el juez federal Sebastián Casanello, en una decisión que ahora fue confirmada por los camaristas Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, integrantes de la sala I de la Cámara Federal porteña.

“Ha quedado demostrado que Julio Miguel De Vido aumentó de manera apreciable e injustificada su patrimonio mientras se desempeñó en la función pública”, concluyó el Tribunal de Apelaciones, que también avaló el embargo conjunto por 998 millones de pesos.

Qué se investigó

De Vido está procesado como presunto autor y su esposa como supuesta partícipe necesaria. Sobre Minnicelli, la Cámara advirtió que “habría realizado operaciones que incrementaron el patrimonio del ex funcionario, utilizando fondos que no tendrían origen en ingresos legítimos”.

El período investigado abarca desde mayo de 2003 a octubre de 2017 y “con el grado de provisoriedad que requiere la etapa que se transita” ha quedado demostrado “que Julio Miguel De Vido aumentó de manera apreciable e injustificada su patrimonio” mientras se desempeñó en la función pública, “y durante los dos años siguientes, para lo cual contó con la colaboración de su esposa y de terceras personas”, concluyó la Cámara.

El monto cuestionado asciende, de acuerdo al análisis judicial, a unos 690.000 dólares. De Vido está detenido en la cárcel de Ezeiza cumpliendo condena firme por la tragedia del tren de Once y se le rechazó la semana pasada un nuevo pedido de prisión domiciliaria basada en motivos de salud.

La investigación pasó por tres jueces y retomó distintos elementos investigados en otras causas, entre ellos los hechos que se debaten en el Tribunal Oral Federal 7 en el caso Cuadernos, donde De Vido es en la actualidad juzgado y la condena por lavado de dinero dictada en un juicio oral contra Nélida Caballero, ex cocinera de la residencia del entonces ministro de Planificación Federal.

El departamento de Avenida Del Libertador

Uno de los ejes centrales del procesamiento es la compra de un departamento sobre la avenida Del Libertador, adquirido entre 2007 y 2009 mediante una estructura societaria que, según la pesquisa, habría buscado ocultar la titularidad real del inmueble.

El juez sostuvo que el matrimonio habría utilizado fondos sin justificación lícita para adquirir la propiedad, que fue registrada a nombre de la empresa Uni-Vite Argentina S.A., cuyo capital no habría permitido afrontar una operación de esa magnitud. De acuerdo con la causa, pese a ser los verdaderos propietarios, De Vido y Minnicelli habrían simulado ser inquilinos hasta octubre de 2018 y continuaron ocupando el inmueble hasta marzo de 2023.

“La investigación desarrollada implicó la producción de un gran número de medidas de prueba que permitieron comprender las maniobras y las conductas presuntamente desarrolladas por los implicados”, agregó el Tribunal de Apelaciones. Al resolver los procesamientos, Casanello atribuyó a De Vido haber incrementado su patrimonio de forma apreciable durante el período en que ejerció la función pública en el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación y como Diputado nacional “sin justificación en sus ingresos legítimos o recursos lícitos registrados y declarados, por un monto total que ascendería, al menos, a USD 687.000”.

En cuanto a su esposa, Minnicelli cumplió funciones en la Sindicatura General de la Nación entre el 19 de junio de 2003 y el 20 de noviembre de 2007 y se la procesó porque habría “actuado con su cónyuge para incrementar y disimular su patrimonio por fuera de sus ingresos legítimos”. También se confirmaron los procesamientos de dos supuestos testaferros Juan Manuel Sebastián Pérez y Susy Inés Bello Knoll y se dictó falta de mérito para Raquel Irene Flanzbaum, sobre quien se dispuso profundizar la pesquisa.

El fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial pidió rechazar un nuevo intento del presidente de la AFA Claudio Tapia y del tesorero Pablo Toviggino para cerrar la causa penal por retención indebida de aportes en la que ambos están procesados y tienen prohibido salir del país. Las defensas argumentan que como se pagó la deuda hubo una “reparación integral del daño”. Ahora, la decisión será del juez en lo penal económico Diego Amarante.

La querella de ARCA también se pronunció por el rechazo del pedido.

El primer planteo partió de la defensa del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino y luego adhirieron las de Tapia y los demás acusados: reclamaron la extinción de la acción penal por reparación integral con el argumento de haber saldado la totalidad de lo reclamado por el fisco.

Para la fiscalía “el simple pago no alcanza”

En un duro dictamen, el fiscal Navas Rial pidió rechazar el planteo y continuar adelante con la causa penal que investiga presuntas irregularidades por la retención indebida de aportes al IVA e Impuesto a las Ganancias por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Para el acusador, el pago de la deuda no constituye una “reparación integral” del daño causado.

El planteo defensivo sostuvo que la cancelación de las obligaciones reclamadas por el fisco —incluidos los intereses resarcitorios— debía ser equiparada a una reparación total del perjuicio económico, lo que habilitaría el cierre del proceso penal.

El fiscal argumentó que “el simple pago del monto adeudado no alcanza ni reviste en sí mismo el carácter integral” exigido por la ley, ya que no contempla el daño global ocasionado al sistema tributario y de la seguridad social. En particular, se remarcó que la AFA actuaba como agente de retención, es decir, como representante del Estado en la recaudación, lo que agrava la responsabilidad por la falta de ingreso de los fondos en tiempo y forma.

El fiscal también advirtió que aceptar ese criterio implicaría “hacer entrar por la ventana conductas no contempladas” dentro de este mecanismo excepcional de extinción de la acción penal.

En esa línea, subrayó que “una verdadera reparación integral debe incluir no solo el capital omitido, sino también una evaluación más amplia del perjuicio: el impacto sobre los trabajadores y beneficiarios del sistema, el daño al equilibrio previsional y los costos generados para los organismos de control y el sistema judicial”.

Además, el dictamen puso el acento en el efecto disuasivo que deben tener este tipo de acuerdos. El monto tiene que ser tal que deje en claro la gravedad de lo sucedido, tanto para quien paga como para la sociedad en general, a fin de evitar la reiteración de conductas similares, enfatizó.

Por último, se aclaró que este planteo no puede confundirse con la extinción de la acción penal por pago prevista en el Régimen Penal Tributario, ya que se trata de figuras distintas con requisitos y alcances diferentes.

Con estos argumentos, la fiscalía concluyó que no se cumplen las condiciones para aplicar la reparación integral y solicitó al juzgado que rechace el pedido de las defensas y continúe la investigación.

Audiencia clave

Tras los procesamientos que alcanzaron al presidente de la AFA Claudio Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y otros tres acusados resueltos el 30 de marzo, la causa penal entró en una etapa de decisiones clave ante la Cámara Penal Económico.

El próximo 5 de mayo habrá una audiencia donde los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio recibirán los argumentos de las defensas que reclaman revocar los procesamientos y los de la fiscalía y AFIP que postularon, por el contrario, agravar la acusación y elevar el monto de los embargos.

Una vez cumplida esta instancia que podrá ser escrita u oral, quedarán en condiciones de resolver sobre las apelaciones a lo decidido por el juez Amarante. Además, el Tribunal tiene pendiente decidir un planteo de Toviggino para apartar al juez del caso por presunta “enemistad manifiesta”, algo que rechazó el magistrado.

La investigación se abrió ante una denuncia de ARCA por la presunta retención indebida de aportes calculada en 19.300 millones de pesos a raíz de la omisión de depósito dentro de los plazos legales de impuestos y contribuciones entre 2024 y 2025.

La Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires confirmó restricciones para acceder a cajas de seguridad y modificar el paquete accionario de su empresa impuestas a Martín Migueles, actual pareja de Wanda Nara, en una causa penal por presuntas maniobras ilícitas vinculadas al mercado cambiario. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones ordenó suplantar su inhibición general de bienes por un embargo.

Los jueces de la sala I de la Cámara Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens avalaron la “prohibición de innovar” que rige desde diciembre pasado sobre las cajas de seguridad y el paquete accionario de la firma “Arg Exchange SA” que preside Migueles y que resolvió la jueza del caso, María Servini.

El empresario está imputado por una presunta maniobra de adquisición ilegítima de dólares aprovechando el cepo cambiario durante 2023, como parte de una investigación que involucra a más de treinta casas de cambio y entidades financieras. Diecisiete de estas firmas habrían canalizado $141.596 millones provenientes de más de 2.700 personas físicas y 647 jurídicas con la sospecha de que parte de esos fondos sería de origen ilícito, según la acusación.

En el caso de “Arg Exchange SA”, que preside Migueles, la investigación señala compras de divisas por unos USD 67,9 millones entre el 3 y el 20 de octubre de 2023, con presuntas transferencias y extracciones en efectivo que forman parte del análisis judicial.

Medidas cautelares

El 26 de diciembre pasado, Servini dispuso la inhibición general de bienes de Migueles y de la firma, así como la prohibición de innovar sobre la totalidad del paquete accionario de “Arg Exchange SA”. Posteriormente, el 29 de diciembre, se amplió la medida para incluir la prohibición de innovar respecto al contenido de las cajas de seguridad que posean los involucrados. Estas medidas buscan evitar que, ante el avance de la investigación, los imputados se desprendan de bienes que podrían ser objeto de decomiso, justificó en ese momento.

La jueza explicó que “a partir de las distintas medidas probatorias desplegadas hasta el momento se pudo establecer la existencia de un gran entramado de personas físicas y jurídicas, cuya participación mancomunada habría permitido montar una estructura para realizar las conductas ilícitas" que les habrían permitido “hacerse de millonarias sumas de dólares estadounidenses en efectivo”.

A la hora de resolver sobre una apelación de la defensa, la Cámara Federal confirmó ahora lo relativo a las cajas de seguridad y las acciones de la firma. Advirtió que de “no adoptarse en este estadio procesal las medidas precautorias tendientes a conservar el patrimonio de las personas investigadas, podría facilitarse la realización de maniobras de elusión o frustración de las acciones jurisdiccionales dirigidas sobre los eventuales productos del delito”.

Advertencia: precisar el delito

En cuanto a la inhibición de bienes, el Tribunal de Apelaciones ordenó suplantarla por un embargo cuyo monto deberá fijar la magistrada. Para ello, “deberán precisarse también de manera más concreta los alcances del suceso aquí investigado y su significación jurídica, presupuestos todos ellos necesarios para la determinación de tales cuantías”, advirtieron en su voto los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

La inhibición de bienes seguirá vigente hasta que se concrete el embargo, resolvieron.

El juez Mariano Llorens remarcó por su parte que en la narración de los hechos investigados no se explica “en dónde reside el componente espurio del caso que respaldaría la intervención de este fuero, ni su significación jurídica, de modo de enmarcar la senda del expediente y de las decisiones que corresponden adoptar en su seno”.

Llorens sostuvo que hay “urgente necesidad de que los magistrados que intervienen en la causa satisfagan ese reclamo de precisión que permita encauzar adecuadamente la senda de la investigación, así como los derechos de las personas convocadas al sumario”, pese a lo cual respaldó la decisión de confirmar las medidas cautelares con el reemplazo de la inhibición de bienes por el embargo.

El juez federal Ariel Lijo ordenó medidas de prueba y una auditoría a la AGN en la investigación por los créditos hipotecarios otorgados desde el Banco Nación a funcionarios, legisladores y personas con vínculos políticos.

Las medidas incluyen la recolección de documentación, como informes técnicos y datos bancarios, y fueron solicitadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita cuando dictaminó a favor de impulsar las denuncias recibidas al respecto. Lijo pidió una auditoría a la Auditoría General de la Nación (AGN) para determinar si existieron beneficios indebidos en la concesión de esos préstamos en el Banco Nación.

Qué se ordenó en la causa

El juez dispuso la entrega por parte del Banco Nación de los legajos completos de los créditos investigados, los registros de ingreso de los beneficiarios y las evaluaciones crediticias realizadas. También ordenó que se le remita un informe sobre los cambios normativos desde diciembre de 2023 y los mecanismos internos de aprobación de préstamos.

El juez Lijo pidió al Banco Nación que remita la “documentación física y digital completa relativa tanto a los legajos de cliente como a las carpetas correspondientes a los créditos hipotecarios otorgados, en el período comprendido entre diciembre de 2023 y la actualidad, con relación a: Federico Furiase, Juan Pablo Carreira, Juan Pedro Inchauspe, Felipe Núñez, Emiliano José Mongilardi, Mariano Campero, Santiago Santurio, Lorena Villaverde, Alejandro Bongiovanni, Sharif Menem, María Frías y Alejandro Carrancio”.

Además, al hacer lugar a las medidas de prueba pedidas por la fiscalía, el juez requirió que la entidad detalle el “número total de créditos hipotecarios efectivamente otorgados, desde el mes de diciembre de 2023 hasta la actualidad, a empleados y/o funcionarios de la administración pública nacional, de organismos descentralizados/autárquicos y/o legisladores nacionales, discriminándose la cantidad nominal de créditos y el monto dinerario insumido para ello”.

El Banco deberá aportar la documentación “que dé cuenta de la efectiva compra de los inmuebles, así como las constancias de evaluación crediticia, copia de las escrituras traslativas de dominio correspondientes, forma de pago de los montos abonados por el cliente, comisiones abonadas y demás constancias agregadas al legajo del cliente en el marco de dicho acto”, se detalló.

El magistrado reclamó además a la Jefatura de Gabinete y la Cámara de Diputados datos precisos sobre los cargos y roles de los beneficiarios. En las denuncias presentadas se sostuvo que algunos de los créditos de mayor magnitud fueron otorgados a personas que ya poseían bienes inmuebles previamente declarados.

Qué se investiga

La investigación se inició tras denuncias apoyadas tanto en investigaciones periodísticas como en datos extraídos de la Central de Deudores del BCRA, vinculados a la entrega de créditos millonarios. Las sumas cuestionadas alcanzan montos equivalentes a USD 350.000, remarcó el fiscal en su dictamen.

El expediente está enfocado en determinar si hubo alguna inobservancia de las normativas que permitió el otorgamiento de estos créditos hipotecarios que beneficiaron, entre otros, a funcionarios públicos y legisladores.

“Corresponde impulsar la investigación para determinar si, desde la gestión al mando del Banco de la Nación Argentina de Daniel Tillard, a partir de la inobservancia de la normativa financiera específica en la materia y/o concediendo privilegios indebidos, se otorgaron ilícitamente créditos hipotecarios irregulares, beneficiando así a empleados y/o funcionarios públicos y/o legisladores, en detrimento de las arcas de la entidad”, puntualizó el fiscal en su dictamen.

“Los montos de deuda/créditos allí referenciados fueron obtenidos a partir de la base pública del BCRA identificada como Central de Deudores del Sistema Financiero”, lo que refuerza el carácter verificable de la pesquisa, remarcó el fiscal Pollicita al impulsar la investigación.

Se busca “determinar o descartar si, a partir de la inobservancia de la normativa financiera aplicable, y/o concediendo privilegios indebidos, desde el Banco de la Nación Argentina se otorgaron ilícitamente créditos hipotecarios irregulares, beneficiando así a empleados y/o funcionarios públicos y/o legisladores, en detrimento de las arcas de la entidad”, precisó la fiscalía.

La Cámara Federal porteña declaró extinguida por prescripción a raíz del paso del tiempo la causa penal por presuntas irregularidades en la prórroga de la concesión a precios “irrisorios” de los locales comerciales y estacionamientos de la estación de trenes de Once, resuelta al final del kirchnerismo.

A raíz de esta decisión el Tribunal de Apelaciones revocó el procesamiento y sobreseyó a uno de los dos acusados, el extitular de la concesionaria Claudio Glories y ordenó al juez federal Sebastián Casanello resolver en el mismo sentido la situación del otro, el ex funcionario Esteban Weisbeck.

Este último se desempeñó como funcionario público entre el 31 de enero y el 1 de octubre de 2020 en el cargo de Director de Habilitaciones de la Seguridad Privada, en la provincia de Buenos Aires y por eso el magistrado sostuvo que no correspondía declarar prescripto el caso. Al momento de los hechos trabajaba en la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

La causa penal tuvo como eje la prórroga de la concesión de la explotación de locales comerciales y estacionamiento en la estación de trenes de Once a cánones “irrisorios” concedida el 25 de noviembre de 2015, tres días después de la segunda vuelta electoral por la elección presidencial en la que ganó Mauricio Macri.

Cánones “irrisorios”

Durante la investigación se procesó en cuatro oportunidades a ambos imputados pero el Tribunal de Apelaciones revocó estas decisiones y pidió más medidas de prueba que se fueron completando en cada ocasión. Finalmente, el juez procesó a Glories y Weisbeck por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública. La defensa del primero planteó la prescripción de la investigación.

El planteo fue aceptado por la Sala I del tribunal, con los votos de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes revocaron el fallo de primera instancia y dispusieron el sobreseimiento. El juez Mariano Llorens votó en disidencia por seguir adelante con la investigación.

Según interpretó la postura mayoritaria, no se acreditó que el cargo que tuvo Weisbeck de manera posterior a los hechos hubiera tenido la capacidad de influir o entorpecer la investigación, especialmente porque se trataba de una función en la órbita provincial, mientras que los hechos investigados correspondían a la administración nacional.

Los jueces también señalaron que, aún si se aceptara esa hipótesis, la causa igualmente estaba prescripta. El llamado a indagatoria —único acto con efecto interruptivo— se realizó el 29 de marzo de 2019, y desde entonces transcurrió el plazo máximo de seis años previsto para el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

“La extinción de la acción penal es de orden público y se produce de pleno derecho por el transcurso del plazo pertinente”, sostuvo el tribunal. Con esta decisión la investigación quedó cerrada sin ir a juicio oral, salvo que el fallo sea apelado ante la Cámara Federal de Casación.

Qué se investigó

El expediente analizó una adenda firmada el 25 de noviembre de 2015, tres días después del balotaje presidencial, que extendió por ocho años la concesión —hasta 2033— pese a que el contrato original no preveía prórrogas. Esa modificación fijó cánones considerados “irrisorios” y se realizó sin estudios técnicos ni evaluaciones económicas independientes.

A días del final del gobierno de Cristina Kirchner, se extendió así el plazo de concesión de la explotación de locales ubicados en la planta baja, primer y segundo subsuelo, hall central y tres plantas en la estación Once del ferrocarril Sarmiento. Todavía faltaba una década para el vencimiento de la concesión, que operaba recién en 2025.

La adenda estableció como plazo hasta el 11 de julio de 2033 y fijó un canon mensual que al año 27 de la explotación del lugar sería de 226.291 pesos, estableció la investigación. Al dictar los procesamientos en agosto del año pasado, el juez Casanello consideró probado que “a días de dejar la función pública”, uno de los imputados suscribió esa adenda que “produjo efectos jurídicos concretos, en tanto prorrogó el plazo de una concesión cuyo contrato establecía expresamente que era improrrogable, fijó cánones irrisorios y modificó los espacios originalmente concesionados”.

En julio de 2025 el gobierno de Javier Milei dejó sin efecto la prórroga que favoreció al fallecido empresario Néstor Otero y anuló la concesión.

El Gobierno consideró que fue “otorgada de forma irregular” porque establecía “cánones fijos irrisorios para la concesión que iban desde los 197.000 a los 226.000 pesos mensuales para el período extendido”.

La zona de concesión incluía una superficie total comercial en uso de casi 21.000 m² que cuenta con 82 locales en planta baja, otros 39 en el entrepiso y dos estacionamientos comerciales con más de 11 mil metros cuadrados. Se resolvió licitarlos “a valores razonables”. Las áreas que aún manejaba la empresa Nueva Estación Once S.A. fueron desalojados por orden judicial en diciembre pasado.

El 11 de marzo pasado, el tesorero de la AFA Pablo Toviggino se sentó frente al juez en lo penal económico Diego Amarante y le dijo que gana 5 millones de pesos al mes y que esa suma le alcanza para “subsistir”.

“Preguntado respecto de sus condiciones personales de vida, contestó: ‘Vivo en el domicilio indicado precedentemente, en Pilar. Es un domicilio alquilado. Vivo solo. No tengo nadie a cargo. Soy trabajador autónomo. A mí nadie me paga un sueldo. Percibo $5.000.000 como consta en mi declaración jurada ante ARCA. Me alcanza para subsistir’”. La información quedó asentada en el acta de su indagatoria en la causa por retención indebida de aportes a la que accedió Infobae. Ese día se negó a declarar y entregó un escrito de descargo, pero no pudo evitar dar sus datos personales, entre ellos informar su modo de vida.

El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, pidió el viernes pasado detenerlo junto a Claudio “Chiqui” Tapia por supuesta asociación ilícita y lavado de dinero, acusado de montar a través de testaferros -prestanombres- un entramado de empresas para defraudar a la AFA y disimular el origen ilícito de millones de dólares. Pablo Toviggino “ejecuta el verdadero comando de las empresas”, sostuvo esa acusación.

Procesamiento y audiencia clave

El 30 de marzo el tesorero de AFA quedó procesado junto a Tapia y otros tres acusados en la investigación por la falta de depósito en los plazos legales de retenciones impositivas por al menos 19.300 millones de pesos, una decisión que está ahora bajo revisión de la Cámara en lo Penal Económico. Se fijó una audiencia el próximo 5 de mayo en la cual los jueces Carolina Robiglio y Roberto Hornos escucharán argumentos de las partes.

Antes, el próximo miércoles, el Tribunal de Apelaciones convocó a la defensa de Toviggino para abordar otro asunto, su recusación y pedido de apartamiento del juez Amarante.

Pero los 5 millones de ingresos por mes que aseveró ganar el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino contrastan con la acusación en su contra que hizo el viernes último el fiscal de Santiago del Estero Simón.

En ese documento —de más de 100 páginas— se describe la adquisición de bienes de alto valor, como una avioneta (LV-FUT) comprada a través de una de las sociedades investigadas SOMA S.R.L., además de una flota de vehículos y el uso reiterado de vuelos privados, tanto en aeronaves con matrícula nacional como extranjera, con destinos como Brasil, México, Países Bajos y el Caribe por parte de Toviggino y sus familiares.

“El dinero obtenido también fue aprovechado mediante bienes de consumo, en particular viajes. Así, se constató que Pablo Toviggino registra vuelos privados” en más de diez avionetas, sostuvo la fiscalía.

Se mencionan supuestos viajes de Toviggino, sus hijos y otros imputados a “Brasil, Cabo Verde, México, Holanda, Antigua y Barbuda, Uruguay, Paraguay” que “fueron concretados en aeronaves con matrícula extranjera”.

El dictamen también señala como parte de un entramado de testaferros la existencia de emprendimientos considerados de lujo, como la bodega La Vigilia en Mendoza, el local “Neurus by La Vigilia” en Santiago del Estero y hasta un centro de estética “La Fleur de Sartí” en la Ciudad de Buenos Aires. Todo estaría, según la acusación, a nombre de presuntos prestanombres de Toviggino.

Se describe una operatoria financiera basada en una red de sociedades —entre ellas SOMA S.R.L., HT S.R.L. y otras firmas vinculadas— que habrían registrado un crecimiento patrimonial exponencial. Según el dictamen fiscal, algunas de estas empresas multiplicaron sus ingresos y activos en porcentajes extraordinarios en pocos años.

El análisis también menciona la circulación de fondos entre compañías vinculadas, emisión de facturación considerada sin respaldo económico y la utilización de personas interpuestas, testaferros, para la conformación de sociedades.

“El entrecruzamiento prueba que existe una unidad de dirección y administración, lo que sugiere que la voluntad social de todas estas firmas es manejada por un mismo equipo contable o directivo, facilitando la creación de gastos ficticios y el movimiento circular de dinero”, agregó el dictamen.

A esta circunstancia “se adiciona el hecho de que existe una repetición y rotación de los mismos socios en todas las estructuras, que permiten afirmar que Pablo Toviggino ejecuta el verdadero comando de las empresas”.

También se incorporó un informe del Banco Central que da cuenta de una imputación en sede administrativa por presuntas infracciones al régimen penal cambiario, con montos que superan los USD 54 millones y €80 millones.

Con esos elementos, la fiscalía de Santiago del Estero concluyó que existiría una estructura organizada destinada a la captación, circulación y posterior inserción en el mercado formal de fondos de origen presuntamente ilícito, mediante la simulación de operaciones comerciales y el uso de sociedades y que el jefe de esa asociación ilícita sería Toviggino, quien ante la Justicia de la ciudad de Buenos Aires afirmó en marzo pasado que vive con cinco millones de pesos por mes y que le alcanza para “subsistir”.

Los dueños de la inmobiliaria que vendió a dos jubiladas el departamento de Caballito comprado meses después por el jefe de Gabinete Manuel Adorni declaran este lunes como testigos en Comodoro Py para aportar información sobre esa primera operación con el inmueble, en el marco de la causa por supuesto enriquecimiento ilícito abierta al funcionario.

Será el inicio de una semana clave en la investigación. Se trata de la martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi

En una entrevista con Infobae, Rucci recordó que el departamento de Caballito perteneció desde la década del ‘90 al entonces futbolista Hugo Morales, figura en Lanús y Huracán, y con un paso por la Selección argentina. “Huguito” compartió vestuario en el Granate con el esposo de la mujer, Marcelo Trimarchi. En 2024, Morales se decidió a vender el departamento, ubicado en una de las zonas mejor cotizadas del barrio porteño de Caballito. Llamó a su excompañero y empezaron el trámite. La martillera explicó en la entrevista que el valor inicial al que se había publicado la propiedad fue de 340.000 dólares. Luego de algunas rebajas se vendió en 200 mil a las jubiladas que meses después hicieron la compraventa con Adorni por 230 mil dólares.

Para el miércoles se espera al hijo de una de las jubiladas que vendió luego el departamento a Adorni y fue mencionado como el organizador de toda la operación de compraventa.

Se trata de Pablo Martín Feijoo, señalado como amigo del funcionario por testigos y quien acercó a las partes, su madre y otra jubilada y el funcionario, para concretar la operación escriturada en 230 mil dólares: 30 mil pagados en efectivo y otros 200 mil sin intereses que el jefe de Gabinete tiene que cancelar en noviembre próximo.

Feijoo está citado para este miércoles 22 de abril por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien tiene delegada la causa por presunto enriquecimiento que se tramita en el juzgado de Ariel Lijo. Al testigo se le anticipó que tiene que llegar al quinto piso de Comodoro Py 2002 con su celular y comprobantes de todos los gastos realizados en la propiedad. Los investigadores creen que su testimonio puede ser determinante para entender cómo se estructuró la operación desde su origen.

La ronda de citaciones de la semana cerrará el viernes 24. Para las 9 de la mañana fue convocado el contratista Matías Tabar, de la empresa Grupo AA, quien —según la información incorporada al expediente— estuvo a cargo de las obras en otra propiedad comprada por los Adorni, el lote 380 del country Indio Cua, que figura a nombre de la esposa, Bettina Angeletti.

En la citación, la fiscalía le requirió a Tabar que se presente con documentación que permita reconstruir el circuito completo de contratación, ejecución y financiamiento de los trabajos realizados en el predio. En paralelo, el fiscal reiteró un pedido a la administración del country para que remita información sobre el pago de expensas de esa propiedad.

Las claves del caso

La causa acumula medidas en las últimas semanas. El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, así como también de seis mujeres identificadas como prestamistas o acreedoras: Silvia Pais; Norma Zuccolo; las jubiladas vinculadas al departamento de Caballito Beatriz Viegas y Claudia Bibiana Sbabo; y las otras dos mujeres que prestaron dinero a cambio de interés contra hipoteca de otro departamento de los Adorni en Parque Chacabuco, Graciela Molina y Victoria Cancio.

En paralelo, la fiscalía intenta incorporar al expediente los chats y registros de llamadas entre todos los involucrados, una prueba considerada clave para reconstruir los vínculos y el circuito de las operaciones. En ese punto, la escribana Adriana Nechevenko —quien intervino en las transacciones— no aportó su teléfono celular cuando se presentó en tribunales: primero no lo llevó a su declaración y luego dijo haberlo olvidado en el auto cuando regresó con documentación adicional. Bajo juramento, afirmó que conoce a Adorni desde hace más de 25 años y que fue ella quien acercó a las partes para concretar los préstamos en el caso de la hipoteca de Parque Chacabuco por 100 mil dólares que se usaron ese mismo día para escriturar una casa en un barrio de golf privado de Exaltación de la Cruz, Indio Cuá.

Ese esquema es uno de los ejes de la investigación. El departamento de la calle Miró al 500 había sido adquirido previamente por las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo en torno a los 200.000 dólares —luego de haberse publicado a la venta en USD 340.000—, con intervención de la inmobiliaria y el pago de comisión. Además, el inmueble fue refaccionado antes de ser vendido a Adorni por 230.000 dólares, lo que abrió interrogantes: cómo se explica la rentabilidad de la operación si se suman los costos de compra, comisión y obras, y por qué se otorgó una financiación sin interés por la mayor parte del valor.

En sus declaraciones, Viegas y Sbabo aseguraron desconocer los detalles de la operación y señalaron que la gestión estuvo a cargo de sus hijos —entre ellos Feijoo—, quienes además participan en emprendimientos inmobiliarios. Ambas dijeron haber utilizado ahorros propios para la compra inicial, pese a percibir haberes jubilatorios cercanos a los 350.000 pesos mensuales.

Otro punto bajo análisis es el financiamiento de otras adquisiciones del funcionario. Según consta en la causa, Adorni tomó un préstamo de 100.000 dólares aportado en un 85% por la excomisaria de la Policía Federal Graciela Molina y en un 15% por su hija Victoria Cancio. El crédito habría sido pactado a dos años, con una tasa del 11% anual y pagos mensuales, y garantizado con una hipoteca sobre un departamento en Parque Chacabuco. Ese dinero se usó para comprar una casa en un country de Exaltación de la Cruz el mismo día en que se formalizó la hipoteca, en noviembre de 2024.

Además, surgieron datos sobre el vínculo personal entre las partes: Feijoo visitó a Adorni en Casa Rosada el 22 de octubre de 2025, un mes antes de la compraventa del departamento. Según los testigos que ya declararon, existe una relación de confianza previa porque sus hijos concurren al mismo colegio.

Una mujer de 94 años recuperó la propiedad de su vivienda en Chascomús luego de que la Justicia revocó la donación que había realizado a favor de dos vecinos porque no cumplieron con su deber de “gratitud”, es decir, acompañarla en su vejez, asistirla y cubrir sus necesidades.

Según dio por probado la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Dolores, existió “ingratitud” y una vulneración grave a las obligaciones asumidas en el contrato de donación que tenían que ver con acompañarla, ya que la anciana no tiene ningún familiar.

Sola y sin hijos

La mujer relató en la demanda que no tiene hijos y que residía sola en su casa. Por su avanzada edad y problemas de salud, comenzó a necesitar asistencia cotidiana. En ese contexto, un vecino quien vivía frente a su vivienda, comenzó a ayudarla con tareas domésticas y trámites, incluso colaborando con el cobro de su jubilación. Con el tiempo, él y su pareja la convencieron de trasladarse a un geriátrico. Poco después, la persuadieron de donarles el inmueble que había quedado desocupado, argumentando que era necesario para afrontar los gastos del hogar de ancianos. La donación quedó bajo la condición de que los beneficiarios garantizaran su asistencia y cuidado.

Las amigas

Después de la escrituración, la relación personal con sus vecinos se deterioró. Los beneficiarios comenzaron a aislar a la mujer; aunque le entregaban la medicación en el geriátrico, dejaron de visitarla con frecuencia. La situación en el hogar de ancianos se tornó adversa. “Comencé a sufrir maltratos e insultos”, sostuvo en su testimonio. En 2022, ante el agravamiento de su estado y el abandono, un grupo de amigas intervino para sacarla del geriátrico. Desde entonces, reside con una de ellas, quien la acompaña y asiste diariamente. Según consta en la causa, las une una “profunda amistad”.

La situación económica de la demandante es precaria. Solicitó a los beneficiarios de la donación el pago de una cuota alimentaria, pero estos se negaron a asumir esa responsabilidad. Tras la negativa, la mujer los intimó mediante carta documento y, al no obtener respuesta, inició una acción judicial por alimentos y luego otra para revocar la donación por ingratitud.

Gratitud como deber moral

El fallo de la Cámara Civil y Comercial describe que la obligación de cuidado personal no puede interpretarse de manera meramente formal, sino que exige una conducta activa y sostenida en el tiempo. Los jueces remarcaron: “El traslado de la donante a un geriátrico, sin supervisión ni acompañamiento por parte de los beneficiarios de la donación, evidencia un claro apartamiento de la finalidad del acto jurídico celebrado”. La sentencia estableció que el abandono configuró un supuesto de ingratitud, dado que la beneficiaria quedó desatendida en una etapa de especial vulnerabilidad.

El contrato de donación establece una obligación general de gratitud para quien recibe el bien. Esa obligación implica que el beneficiario debe mantener una conducta respetuosa y abstenerse de realizar actos de notoria ingratitud. El Código Civil y Comercial prevé la revocación de la donación cuando el donatario incumple deberes esenciales hacia el donante, especialmente si este se encuentra en situación de vulnerabilidad y sin otros familiares obligados a prestarle alimentos, destacó la sentencia.

Ante la prueba, se dispuso la revocación de la donación y la restitución del inmueble a su patrimonio. La sentencia remarca la vigencia de la obligación alimentaria hacia el donante como “consagración del deber moral de gratitud”, que existe siempre que el donante carece de medios de subsistencia y no existen otros obligados a prestar alimentos.

La “ingratitud” se mide por la conducta asumida frente al estado de necesidad del donante, advirtió el Tribunal al descartar como argumento a favor de los demandados que cumplían con pagos de cuota de alimentos provisorios que fijó la Justicia.

La mujer, que atraviesa una situación económica delicada y depende de la ayuda de su entorno cercano, volvió a ser reconocida como propietaria de la vivienda que había cedido bajo promesa de cuidado y contención, en una decisión confirmada por los camaristas Santiago Cremonte y Mauricio Janka.

La productora Imhouse celebró seis contratos de coproducción con RTA —cinco vinculados a TV Pública y uno a Radio Nacional— que incluyeron ciclos de entrevistas a cargo de Marcelo Grandio, el amigo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Los contratos y sus expedientes ya llegaron al juzgado federal de Ariel Lijo, donde ambos son investigados por supuestas “dádivas” a raíz del viaje en avión privado a Punta del Este que hizo Adorni con su familia en el último feriado de Carnaval y que, según declararon testigos, habría pagado Grandio como una “invitación”.

Según el detalle, al que accedió Infobae, los acuerdos comprenden ciclos de entrevistas y programas de streaming, con distintos esquemas de financiamiento y reparto de ingresos publicitarios. En todos los casos, RTA aportó el aire, estudios, maquillaje, vestuario, escenografía, equipo de producción, personal técnico y seguridad, mientras que Imhouse asumió la organización integral de los contenidos, el equipamiento técnico, el personal necesario, los aranceles a entidades como Argentores, SADAIC y SADEM, y eventuales costos derivados de reclamos judiciales o extrajudiciales.

Los contratos

Uno de los acuerdos fue firmado el 27 de agosto de 2024 con el presidente de Imhouse, Horacio Silva. Se trata de la producción del ciclo “Giros en Línea Recta”, conducido por Grandio, por diez capítulos a partir del 5 de septiembre de ese año. El costo total de producción fue fijado en $5.883.995 más IVA. Imhouse percibiría los ingresos publicitarios hasta cubrir ese monto y, una vez alcanzado, se repartirían en partes iguales con RTA. Si no se alcanzara esa suma, la productora asumiría el costo del ciclo

Otro contrato firmado el 27 de marzo de 2025, corresponde también a “Giros en Línea Recta”, por otros diez capítulos desde el 31 de marzo de ese año. En este caso, el costo es de $900.000 más IVA por capítulo, con igual esquema de recuperación vía publicidad y posterior reparto 50/50. El tercer acuerdo fue suscripto el 11 de septiembre de 2025 por 16 nuevos capítulos del mismo ciclo a partir del 15 de septiembre. El costo ascendió a $1.097.500 más IVA por capítulo, con idéntico mecanismo de cobertura y distribución de ingresos.

El cuarto contrato contempló la producción del programa de streaming “Enredados”, por 20 capítulos a emitirse en las plataformas digitales de la TV Pública —Twitch, YouTube, Facebook e Instagram— desde el 2 de septiembre de 2025 a $900.000 más IVA por capítulo, con el mismo esquema de recupero y reparto publicitario.

El quinto acuerdo, del 13 de octubre del año pasado, corresponde al programa de streaming “La Sala”, con 50 capítulos desde esa fecha. El costo de producción se fijó en $950.000 más IVA por programa, bajo el mismo sistema de financiamiento.

En cuanto a un sexto contrato de Imhouse, en este caso no fue para un ciclo televisivo sino para un programa emitido por AM 870 y repetidoras de FM, a cargo de otro periodista y se firmó en abril de 2024.

Lijo ya pidió un listado de llamadas entrantes y salientes entre Grandio y Silva, quien figura como presidente de Imhouse.

En esta investigación también llegaron informes bancarios que dan cuenta de pagos que la productora hizo al jefe de Gabinete antes de su llegada a la función pública. Son diez transferencias por un total de 1.670.900 pesos entre el 1 de diciembre de 2022 y diciembre 2023. Hubo una de 60 mil y otra de 50 mil pesos, cuatro de 121 mil pesos, 3 de 157.300 mil pesos y una última de 605 mil pesos, según el detalle con que cuenta la Justicia que buscará determinar cuál fue el motivo.

El 10 de diciembre de 2023 Javier Milei asumió la presidencia de la Nación y Adorni fue nombrado vocero de su Gobierno. Según los contratos recibidos en la causa, cuatro meses más tarde la productora Imhouse firmó el que correspondía al programa de radio y en agosto de 2024 el primero que llevó a Grandio a la TV Pública.

El juez en lo penal económico Diego Amarante autorizó a la Asociación del Fútbol Argentino a reemplazar con un seguro de caución el embargo por 350 millones de pesos que se le fijó el 30 de marzo pasado, cuando fue procesada como persona jurídica por retención indebida de aportes calculada en 19.300 millones de pesos.

La AFA optó por esta solución y fue aceptada por el magistrado que entendió que el seguro “resulta suficiente para garantizar el pago de las contingencias... (pena pecuniaria, indemnización civil y costas).”

Con ello se sustituyó el monto del embargo por la póliza de seguro de caución, un mecanismo habitual, contemplado para que el deudor pueda optar por una medida cautelar que le resulte menos perjudicial “siempre que ésta garantice suficientemente el derecho del acreedor”, recordó el juez en la resolución donde aceptó la medida.

“Corresponde hacer lugar a lo requerido por la defensa de la A.F.A., autorizando que el embargo decretado a su respecto sea cumplido en la forma de un seguro de caución” por $350.000.000, se explicó en la decisión judicial.

A la espera de decisiones clave

Tras los procesamientos que alcanzaron al presidente de la AFA Claudio Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y otros tres acusados resueltos el 30 de marzo, la causa penal entró en una etapa de decisiones clave ante la Cámara Penal Económico.

El próximo viernes 24 de abril habrá una audiencia donde los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio recibirán los argumentos de las defensas que reclaman revocar los procesamientos y los de la fiscalía y AFIP que postularon, por el contrario, agravar la acusación y elevar el monto de los embargos.

Una vez cumplida esta instancia que podrá ser escrita u oral, quedarán en condiciones de resolver sobre las apelaciones a lo decidido por el juez Amarante. Además, el Tribunal tiene pendiente decidir un planteo de Toviggino para apartar al juez del caso por presunta “enemistad manifiesta”, algo que rechazó el magistrado.

La investigación se abrió ante una denuncia de ARCA por la presunta retención indebida de aportes calculada en 19.300 millones de pesos a raíz de la omisión de depósito dentro de los plazos legales de impuestos y contribuciones entre 2024 y 2025.

A los acusados se los consideró responsables del delito de apropiación indebida de tributos y de recursos de la seguridad social, agravado por la intervención de más de dos personas en una estructura organizativa en 34 oportunidades, en concurso real con la apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravada reiterada en otras 17.

Si bien la deuda se encuentra regularizada o en vías de estarlo, el delito se configura igualmente cuando no se cumple con el pago en tiempo y forma, es decir, dentro de los 30 días posteriores a la retención de las obligaciones, sostuvo el procesamiento.

Además, el magistrado destacó que durante todos los meses en los que se registraron vencimientos hubo “significativas transferencias” de sponsors a cuentas bancarias de la AFA, lo que evidenciaba una “amplia disponibilidad” de fondos para cumplir con el fisco en los plazos legales.

Al salir al cruce de la acusación en su contra, la defensa de Tapia sostuvo en su apelación que “no hay un solo dato que le asigne injerencia personal en los hechos” ni se encontró “una sola instrucción concreta” de su parte vinculada al presunto incumplimiento. Tanto el presidente de AFA como el tesorero Toviggino siguen con prohibición de salida del país y deben pedir autorización para cada viaje al exterior.

La Justicia analiza documentación vinculada al viaje a Uruguay en avión privado de Manuel Adorni y su familia que habría financiado el contratista de la TV Pública Marcelo Grandio en el último feriado de Carnaval. Entre la información llegada al juzgado federal de Ariel Lijo figuran una serie de transferencias bancarias realizadas desde la productora de Grandio a Adorni, antes de la llegada del Jefe de Gabinete a la función pública, en diciembre de 2023.

Son diez transferencias por un total de 1.670.900 pesos que se hicieron entre el 1 de diciembre de 2022 y diciembre 2023. Hubo una de 60 mil y otra de 50 mil pesos, cuatro de 121 mil pesos, 3 de 157.300 mil pesos y una última de 605 mil pesos, según el detalle con que cuenta la Justicia en la causa en la que interviene el fiscal federal Gerardo Pollicita.

El 10 de diciembre de 2023 Javier Milei asumió la presidencia de la Nación y Adorni fue nombrado funcionario de su Gobierno. Según los contratos recibidos en la causa, cuatro meses más tarde la productora Imhouse de Grandio firmó su primer contrato con la TV Pública.

Adorni y Grandio son amigos desde hace años. El informe bancario aporta un indicio más sobre la relación que precedió a la firma de contratos con la TV Pública, cuando esta última estaba ya bajo la órbita de Adorni y ahora se intentará determinar a qué correspondieron esos pagos, explicaron a Infobae fuentes del caso. Luego llegó el viaje familiar a Punta del Este en febrero pasado, que según ya declararon testigos, habría sido invitación del periodista. Se investigan supuestas dádivas.

Contratos e informes fiscales

En el juzgado se recibieron además respuestas a requerimientos hechos a Radio y Televisión Argentina sobre los expedientes de los contratos de la productora Imhouse. También se analiza documentación enviada desde la Oficina Nacional de Contrataciones de la Jefatura de Gabinete y Secretaría General de Presidencia, ANAC, IGJ y la empresa de aviación Jag Executive, que vendió los vuelos de ida y vuelta. Ya se cuenta con lo requerido a ARCA y a la Dirección Nacional de Migraciones, en este último punto vinculado a los viajes al exterior de Adorni.

También se pidió un listado de llamadas entrantes y salientes entre Grandio y Horacio Silva, quien figura como presidente de Imhouse, la productora que se vincula al periodista, en siete contratos que se firmaron con la TV Pública. El juzgado recibió ya esos expedientes completos.

La contratación del viaje

El viernes 27 de marzo pasado, una gerenta comercial del broker que vendió los vuelos privados aseguró como testigo que el periodista pagó los viajes y que le refirió que la familia que viajaría con ellos era su invitada.

Se trata de Vanesa Tossi, quien contó al juez Lijo y al fiscal Pollicita que conocía a Grandio con anterioridad y que el periodista le pidió cotización porque quería “invitar a una familia a Punta del Este”. Una vez que ella pasó las tarifas, se enteró de que la familia invitada sería la del jefe de Gabinete Adorni, según declaró bajo juramento de verdad en la causa que investiga supuestas dádivas.

En conferencia de prensa, esa semana Adorni había asegurado que pagó los pasajes de los integrantes de su familia, algo que se contradice con los dichos de Tossi.

La testigo que trabaja en Jag Executive Aviation contó a los funcionarios judiciales que Grandio no quería que se facturara ningún vuelo, pero que luego acordaron hacerlo solo con los tickets de la ida. Además, aportó el chat donde el periodista le refirió que debía facturarse a nombre de Imhouse, la productora y contratista de la TV Pública.

Tossi agregó que, incluso, el periodista le pidió que intentara vender alguna plaza vacía del vuelo para bajar costos porque “era una invitación”.

En la causa, el fiscal Pollicita pidió nuevas medidas de prueba para determinar si Adorni y Grandio compartieron otros viajes juntos o “hacia los mismos destinos en fechas coincidentes o próximas”.

El funcionario también es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito en un expediente que Lijo delegó en la fiscalía federal de Pollicita y que avanza con declaraciones de testigos sobre la compraventa de propiedades por parte del funcionario y su esposa Bettina Angeletti. En esta última causa se confirmó que toda la familia viajó a Aruba para pasar Año Nuevo del 29 de diciembre de 2024 al 10 de enero de 2025, cuando Adorni era vocero del Gobierno.

El Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó en su último plenario el concurso para cubrir seis vacantes en los Tribunales Orales del fuero federal con sede en Comodoro Py 2002 y envió las ternas de candidatos al Ministerio de Justicia de la Nación.

Se trata de una decisión que derivó en expectativas casi inmediatas en el sexto piso del edificio de Retiro, donde la mayoría de sus integrantes tienen despacho. En Comodoro Py hay un Tribunal Oral que desde 2020 no tiene jueces titulares, sus tres cargos están vacantes. En otros casos, hay lugares vacíos desde hace años.

Son los jueces que sientan al banquillo a procesados en causas de alto voltaje político, vinculadas a corrupción en la función pública nacional y juzgan también delitos de lesa humanidad, narcotráfico, trata de personas y secuestros extorsivos, entre otros delitos. Es común ver a estos magistrados por los pasillos rodeados de custodia rumbo a las salas de audiencia. Hasta el momento, los tribunales con cargos vacantes se van completando con subrogancias. A esto se suma la necesidad de contar con cuarto juez suplente en debates orales largos, como pasa en el caso Cuadernos.

La definición estaba pendiente desde febrero de 2022. Ahora el Poder Ejecutivo tendrá que elegir los nombres que enviará al Senado. Se trata del concurso 389 aprobado en el Consejo por 19 votos a favor y uno en contra para cubrir los tres cargos del Tribunal Oral Federal 6 y en otros tres, el 2, 4 y 5, con una vacante cada uno. En un futuro, si las investigaciones avanzan y se alcanza el grado de sospecha requerido para enviar a juicio oral, alguno de estos Tribunales podría quedar sorteado para juzgar causas que ocupan por estos días un lugar primordial en la agenda de Comodoro Py como ANDIS, $LIBRA y las que investigan al jefe de Gabinete Manuel Adorni.

La más cercana a esta etapa es ANDIS, la investigación por presuntos sobornos por parte de droguerías a ex funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad durante el gobierno de Javier Milei. Está procesado, entre otros, el ex titular del organismo Diego Spagnuolo y la Cámara Federal porteña definiría a fin de mes si confirma esta decisión que habilitaría a comenzar los pasos para el envío del caso a juicio.

Los candidatos

El Consejo de la Magistratura envió al Ministerio de Justicia a cargo de Juan Bautista Mahiques las ternas de candidatos, junto con una lista complementaria de postulantes, tras la finalización del concurso y la definición del orden de mérito.

En total, se conformaron seis ternas integradas por tres aspirantes cada una. La primera quedó encabezada por Agustina Inés Rodríguez, acompañada por Nicolás Pacilio y Mariano Cartolano. En la segunda terna fueron incluidos Nicolás Schiavo, Nicolás Ceballos y Valeria Rico. La tercera está integrada por Luis Alcides Arnaudo, Gabriel Gonzalo Rey y Albertina Carón. En tanto, la cuarta terna la conforman Ignacio Labadens, Nicolás Grappasonno y Diego Perone; la quinta, Marcelo Peluzzi, Vanesa Alfaro y Juan Carlos Palacios; y la sexta, Ivana Quinteros, Santiago Schiopetto y Raúl Roust.

Además, se aprobó una lista complementaria con otros 20 candidatos que también participaron del proceso de selección: María Celeste Cumbeto, Carlos Fabián Cuesta, Hugo Fabián Decaria, Ramiro Velasco, Diego Arce, Leonel Gómez Barbella, Juan Ernesto Rozas, José Ignacio Polizza, Juan Manuel Grangeat, María Elisa Gaeta, Sergio Delgadillo, Tomás Cisneros, Claudio Silvestri, Fernando Buján, Francisco María Posse, Cynthia Cicchetti, Javier Scollo, Nicolás Czizik, Matías Alejandro Latino y Marcos Tedin.

Según el orden de mérito definido por el Consejo, los cinco postulantes mejor posicionados son Agustina Inés Rodríguez, quien se desempeña como coordinadora general de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres; Nicolás Schiavo, juez de garantías de San Martín; Luis Alcides Arnaudo, fiscal penal de la Ciudad de Buenos Aires; Ignacio Labadens, secretario del Tribunal Oral Federal 1 de Comodoro Py; y Marcelo Peluzzi, juez nacional de ejecución penal.

Un dato que atraviesa el proceso es que la mayoría de los candidatos incluidos en las ternas ya cuentan con pliegos que acaban de ser enviados al Senado para ocupar otros cargos. Es el caso entre muchos otros de los secretarios de la Cámara Federal porteña Ivana Quinteros (sala I) y Nicolás Pacilio (sala II), propuestos por el Poder Ejecutivo como jueces de Cámara en tribunales orales de la Capital Federal, lo que podría incidir en la resolución final de las vacantes que se definiría con la lista complementaria. Ahora será el turno del Poder Ejecutivo de elegir a los seis postulantes y remitir los pliegos al Senado. No está obligado a seguir el orden de mérito.

Un fuero jaqueado por la falta de jueces

Estas no son las únicas vacantes en Comodoro Py: hay cuatro lugares vacíos en la Cámara Federal de Casación y cuatro juzgados de primera instancia del fuero sin juez titular desde hace años.

En el caso del máximo tribunal penal federal del país uno de sus integrantes, Carlos Mahiques, cumplirá en noviembre 75 años -límite constitucional para permanecer en el cargo-. El Gobierno ya envió al Senado el pliego del padre del ministro de Justicia en busca del aval que le permita seguir cinco años más.

La Cámara Federal porteña, tribunal intermedio de apelación, está en una situación similar. Uno de sus seis integrantes, el camarista Martín Irurzun, cumple 75 también este año y ya pidió al Ejecutivo el envío de su pliego al Senado para continuar cinco años más en su puesto. Si esto no ocurre, habrá una nueva vacante.

En los cuatro juzgados federales de primera instancia vacantes, una vez por año se sortea un subrogante entre los demás jueces. Es así como causas penales de trámite complejo y larga duración cambian de juez instructor en varias ocasiones, como de hecho acaba de pasar en el juzgado federal 11 sin magistrado titular desde la muerte de Claudio Bonadio. Allí tramita, entre muchas otras y sólo por dar un ejemplo el caso Seguros con el ex presidente Alberto Fernández entre los procesados. En tres años pasaron tres jueces por el expediente: Julián Ercolini, Sebastián Casanello y en la actualidad Ariel Lijo. El primero comenzó la investigación y citó a indagatorias, el segundo procesó y el tercero -si se confirma esta decisión- quedaría encargado de resolver un eventual envío a juicio oral.

Semanas atrás, el Ejecutivo envió un paquete de 62 pliegos de jueces, fiscales, defensores y conjueces al Congreso para que sean tratados, pero ninguno es de Comodoro Py.

Entre ellos sí están los que prevén cubrir otras dos vacantes sensibles. Se trata de la Cámara en lo Penal Económico que funciona con dos de sus seis titulares. Los candidatos son los jueces de ese fuero Alejandro Catania y Juan Galván Greenway. Este Tribunal de Apelaciones es el que revisa, entre otras, la investigación a la dirigencia de la AFA por una millonaria retención de aportes previsionales. Están procesados su presidente Claudio “Chiqui” Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y otros tres acusados. Los dos integrantes titulares del Tribunal de Apelaciones, Roberto Hornos y Carolina Robiglio, convocaron a una audiencia el próximo 24 de abril para comenzar a revisar esta decisión.

Un empresario dijo este jueves que se vio obligado a mentir durante la investigación del caso Cuadernos para no ir preso y que nunca le pagó nada a nadie, al declarar de manera breve y sin responder preguntas en el juicio oral a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros 85 acusados por supuesto pago de sobornos.

Se trata de Daniel Pitón, de 60 años, integrante de José Eleuterio Pitón S.A., acusado como coautor de cohecho activo, quien habló sin responder preguntas para desmentir sus dichos en la etapa de investigación a cargo del fallecido juez federal Claudio Bonadio.

“Lo que no queríamos era quedar presos”, dijo sobre el día de su indagatoria en el juzgado a la que fue con su hermano, quien era presidente de la empresa. Presentaron un escrito “sin mentir” pero luego su abogado les advirtió que no alcanzaba. Entonces para no quedar presos, declaró en un sentido que “no refleja la verdad”, dijo ahora. “Lo que dije fue para no quedarme ahí preso”, aseguró.

El financista Clarens

En otro tramo de la exposición se refirió al arrepentido y también juzgado financista Ernesto Clarens, quien entregó durante la investigación un listado de supuestos empresarios pagadores de sobornos. Recordó que se lo nombraron cuando trataba de cobrar pagos atrasados. “Me decían por qué no hablás con un señor Clarens.”

Consiguió el teléfono y fue a su oficina. “Sorpresivamente me ofreció que tenían una financiera que podía comprar los certificados de obra”. También dijo que le ofreció seguros de caución. Además “nos salió ofreciendo alquilar equipos de una empresa del sur que necesitaba una mano”. Según relató, tiempo después lo volvió a contactar por si había alguna novedad con los pagos y Clarens le respondió que “estaba complicada la situación y que los pagos estaban atrasados”. El empresario le hizo saber que no necesitaba ninguno de sus servicios y no se volvió a contactar, declaró ahora. “A Clarens no le entregué ni un peso, ni a Clarens ni a nadie”, remarcó.

Fue el único en esta jornada que habló ante los jueces, en una audiencia que otra vez fue breve porque los restantes convocados se negaron a declarar.

Esto derivó en una reiteración del planteo por la vulneración del derecho a defensa de los acusados que no pueden defenderse de los dichos de los arrepentidos. Ocurrió luego de la negativa a ser indagado de Francisco Valenti.

Como ocurrió en audiencias anteriores, las defensas de algunos procesados entre ellos la del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido hicieron reserva de acudir a la Cámara Federal de Casación con este planteo.

“Se vulnera específicamente el derecho de defensa de De Vido teniendo en cuenta el tenor de las referencias hechas por Valenti en ocasión de prestar declaracion como arrepentido o delator premiado”, advirtió de manera puntual la defensa del ex funcionario.

Desde el inicio de la audiencia se negaron a declarar otros empresarios como Roberto Juan Orazi, de 72, presidente de Hidraco S.A., y Julio José Paolini, de 63, presidente de Paolini Hnos. S.A., señalado como autor y coautor —según el caso— de ocho hechos de pago de sobornos. Tampoco hablaron Carlos Román y Carlos Arroyo.

“Quisiera manifestar que soy inocente, que no he cometido ningún delito y esperaremos la mejor oportunidad para declarar con mis abogados”, se limitó a decir Paolini a los jueces.

Antes de finalizar la audiencia la defensa del ex secretario privado de De Vido, José María Olazagasti, pidió al Tribunal que lo releve de su obligación de guardar secreto para que pueda defenderse. Lo hizo porque se comprobó que al momento de los hechos por los cuales está acusado era agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado, que no aceptó todavía una petición al respecto.

El juicio seguirá el próximo martes 21 de abril desde las 9.

Empresarios callados y planteos de las defensas

El martes pasado, el juicio tuvo la audiencia más breve desde el inicio de la etapa de indagatorias: se extendió por poco más de una hora y todos los empresarios convocados se negaron a declarar, incluidos varios arrepentidos, imputados colaboradores.

La decisión generó nuevos planteos de las defensas, que advirtieron sobre una posible afectación del derecho de defensa. Los abogados cuestionaron que no pueden contrainterrogar a quienes durante la instrucción brindaron confesiones como arrepentidos y ahora optan por guardar silencio en el debate oral. Según señalaron, existe una “imposibilidad de contrainterrogar a un imputado que ha prestado declaración como colaborador”, lo que podría traducirse en una vulneración de garantías.

En esa misma línea, la defensa del ex funcionario de Vialidad Nacional Sandro Férgola sostuvo que el silencio en esta etapa impide otorgar valor probatorio a los dichos previos de los arrepentidos, por lo que los acuerdos de colaboración podrían volverse “estériles”.

El juicio

El debate oral está a cargo del Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori, con la intervención de la fiscal Fabiana León y la querella de la Unidad de Información Financiera.

El expediente investiga un presunto sistema de recaudación de sobornos vinculado a la adjudicación de obra pública entre 2003 y 2015. En la causa, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner está acusada como presunta jefa de una asociación ilícita, además del delito de cohecho.

Desde el inicio de las indagatorias a los 86 acusados, se desarrolla bajo una modalidad mixta, con el tribunal, la fiscalía y la querella en la sala de audiencias de Comodoro Py y los imputados y sus defensas participando de manera presencial o remota según cada caso.

La estrategia judicial de Mauricio Novelli, el trader y lobista imputado en la causa por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, sumó un nuevo capítulo: intentó presentarse como querellante para intervenir en la investigación por la presunta filtración de la pericia de su teléfono celular. Sin embargo, la Cámara Federal porteña rechazó ese planteo y confirmó que, por ahora, no podrá asumir ese rol en el expediente.

La decisión fue de los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico. Los camaristas consideraron que el estado incipiente de la investigación impide reconocerle legitimación como parte acusadora, al confirmar lo ya resuelto por el juez del caso, Julián Ercolini.

En concreto, el tribunal sostuvo que “no es posible sostener, objetivamente, la presencia de un perjuicio directo” que habilite a Novelli a convertirse en querellante. Para asumir ese rol, la ley exige acreditar un daño concreto derivado del hecho investigado, algo que —según los jueces— no se verifica en esta etapa.

En caso de recibir una respuesta positiva en el futuro, Novelli a través de su abogado Daniel Rubinovich podría tener acceso a la causa, asistir a trámites como declaraciones y pedir medidas de prueba.

La resolución también subraya que la causa avanza, por ahora, sobre la base de delitos de acción pública impulsados por la fiscalía, lo que limita la posibilidad de intervención de particulares como acusadores. En ese contexto, los camaristas concluyeron que los argumentos de Novelli “no satisfacen esos estándares ni rebaten los fundamentos del fallo”.

Anular la prueba

El intento de Novelli de ingresar como querellante se inscribe en una estrategia para incidir en el expediente en torno al manejo de evidencia digital clave que lo vincula de manera directa al presidente Javier Milei en los días previos y posteriores al lanzamiento de la criptomoneda: el contenido de su iPhone y las reiteradas comunicaciones que mantuvieron. El 14 de febrero de 2025 Milei promocionó $LIBRA en su cuenta en X asociado al código para adquirirla y se detectaron reiteradas comunicaciones entre ambos. Novelli intenta ahora con el argumento de la filtración y violación de la cadena de custodia que se declare nulo el valor como prueba de esta evidencia.

La Procuración General de la Nación, encabezada por Eduardo Casal, denunció en Comodoro Py posibles “filtraciones” en la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), el área encargada del análisis técnico del dispositivo. Este es el caso radicado en el juzgado de Ercolini y del que Novelli intentó -sin éxito por ahora- ser parte acusadora.

La causa $LIBRA

En paralelo, el juez Marcelo Martínez De Giorgi —a cargo de la causa principal— avanzó con medidas de manera previa a evaluar un planteo del trader para nulificar todo el trabajo de la DATIP. Ordenó una batería de requerimientos dirigidos a la Procuración para reconstruir cómo se realizó y preservó la pericia sobre el teléfono.

Entre otras medidas, pidió el envío del sumario administrativo completo por la presunta filtración y la preservación de toda la “huella digital” del proceso: logs, accesos, auditorías, backups, correos y registros en la nube. También solicitó un detalle exhaustivo de los usuarios que tuvieron acceso al material y de los protocolos técnicos aplicados durante el análisis.

El objetivo es doble: por un lado, determinar si hubo irregularidades en la manipulación de la evidencia; por otro, garantizar la validez de una prueba que podría ser central en la causa.

Martínez De Giorgi ya rechazó suspender el valor probatorio de la pericia, tal como había pedido la defensa. Consideró que hacerlo en esta etapa sería “prematuro” y podría afectar el esclarecimiento de los hechos.

La causa sigue delegada bajo la órbita de la fiscalía de Eduardo Taiano, que en los últimos días ordenó nuevas medidas, incluida una revisión adicional del celular. Entre los elementos bajo análisis figura un supuesto “memo” encontrado en el Iphone de Novelli con un detalle de un borrador de acuerdo por 5 millones de dólares a pagarse en etapas y atado a decisiones de Milei en relación con el creador de la criptomoneda, Hayden Davis y contratos con el Estado argentino.

El fiscal federal Gerardo Pollicita le tomó declaración testimonial a Claudia Sbabo en el marco del expediente que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete Manuel Adorni.

La testigo sostuvo que el dinero que usó para comprar el departamento de la calle Miró en Caballito, que meses después vendió al funcionario provino de una operación inmobiliaria anterior “de pozo”, explicaron fuentes del caso. Además dijo que tenía un vínculo con la otra jubilada que ahora presta declaración, Beatriz Viegas.

Sbabo llegó a las 7:15 a los tribunales de Comodoro Py, casi dos horas antes de lo que se la esperaba. Se retiró minutos antes de las 11 con custodia policial y sin realizar declaraciones a la prensa.

Según explicaron fuentes judiciales, su cita era a las 9 pero pidió permiso para llegar antes y aguardar dentro de la fiscalía con el fin de evitar el acoso periodístico, algo que finalmente no logró.

Sbabo esperó casi dos horas en las dependencias judiciales y su declaración testimonial comenzó a las 9 con la llegada del abogado de Adorni, Matías Ledesma.

Dos horas más tarde y casi detrás de ella, ingresó a la fiscalía la segunda testigo del día, Viegas. Ambas mujeres son las jubiladas que le financiaron el pago del departamento que compró el funcionario del gobierno nacional, junto con su esposa Bettina Angeletti, en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito.

La operación fue certificada el 18 de noviembre de 2025, por un valor de 230.000 dólares. Adorni pagó un adelanto de 30.000 dólares y se endeudó por los restantes 200.000 dólares.

Ahora, por requerimiento de la fiscalía, Viegas y Sbabo presentaron en la audiencia de este miércoles sus teléfonos celulares con el fin de acceder a sus registros de llamadas, mensajes, audios, correos electrónicos e imágenes relacionadas con las operaciones que se están investigando.

Los próximos testigos

La prueba testimonial avanzará la semana próxima con los dueños de la inmobiliaria que intervino en la operación de compraventa en Caballito, Natalia Rucci y su esposo, Marcelo Trimarchi. Ambos fueron citados el lunes 20 a partir de las 9 de la mañana.

Pollicita dispuso también nuevas citaciones vinculadas a los viajes de Adorni y su esposa. Citó para el 4 de mayo al representante legal de la agencia de viajes Optar que facturó los pasajes de Adorni.

En tanto, el miércoles 22 de abril será el turno de Pablo Martín Feijoo, hijo de Beatriz Viegas, una de las jubiladas que figura como vendedora del departamento.

La escribana Adriana Nechevenko señaló que Feijoo es amigo de Adorni, porque sus hijos van al mismo colegio. En ese sentido, justificó que las mujeres le otorgaron una hipoteca a un año sin intereses debido a la confianza que había entre las partes.

Según la declaración del futbolista Hugo Morales, el antiguo titular del inmueble, Feijoo lo había reservado para que luego lo compre su madre.

La pesquisa continuará con la adquisición y refacción de otra propiedad atribuida a Adorni en el country Indio Cuá, con la declaración del ex dueño Juan Ernesto Cosentino.

Además, deberá comparecer Matias Tabar, el contratista que llevó adelante la remodelación del inmueble. En la citación, el fiscal Pollicita le pide que lleve a Tribunales distintos presupuestos, órdenes de trabajo, adicionales de obra y toda otra documentación que permita establecer el alcance de las tareas de construcción encomendadas.

La causa

La investigación por el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni se inició con la acumulación de denuncias que apuntaban contra su viaje en avión privado a Punta del Este, más las supuestas inconsistencias en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.

En relación a la hipoteca de la vivienda ubicada en Asamblea al 1100, las policías Isabel Molina y Victoria María José Cancio confirmaron en sede judicial que Adorni les debe 70 mil dólares más intereses, y que la deuda vencerá en noviembre de este año.

Mientras tanto, el juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del ex vocero presidencial, su esposa Angeletti y sus cuatro acreedoras.

En el mismo sentido, el representante del Ministerio Público solicitó información patrimonial y financiera a ARCA para establecer si tenían capacidad económica para justificar los créditos y/o garantías hipotecarias que surgen de la documentación reunida en la causa.

La Cámara Federal porteña sobreseyó a un acusado por supuesta incitación a la violencia colectiva a raíz de un posteo en un grupo de Facebook llamando a “prender fuego” a una sucursal del Correo Argentino. Si bien fue una expresión “repudiable” no constituyó delito, concluyó el Tribunal de Apelaciones al revocar el procesamiento. Además, y en lo relativo a la trascendencia del mensaje y las proyecciones de su impacto, la repercusión fue “prácticamente nula” porque, entre otros aspectos, de más de 4000 integrantes del grupo, sólo seis dieron “like”.

El posteo

“Hay que prender fuego Brandsen, con el traidor de C.B. adentro!!”, posteó el hasta ahora acusado en el grupo de esa red social llamado “Yo trabajo...en el correo argentino” en abril de 2024. La empresa lo denunció días después por supuesta incitación a la violencia colectiva. Terminó procesado y con una causa penal abierta en Comodoro Py 2002.

Cuando esa decisión llegó a revisión del Tribunal de Apelaciones, el procesamiento fue revocado y se dispuso el sobreseimiento. “No se advierte que la solitaria expresión publicada adquiera esas especiales notas que requiere la figura, sino que evidencia, en términos desafortunados, una disconformidad con cierta política empresaria con la que habría existido una relación laboral”, advirtieron los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens.

De hecho, “como destaca la defensa, en lo que concierne a la trascendencia del mensaje y las proyecciones de su impacto, es un dato importante la prácticamente nula repercusión de sus términos en la medida en que, de entre los más de 4000 miembros, solo seis reaccionaron” dándole “me gusta” al posteo.

Una expresión sin entidad

El Tribunal de Apelaciones evaluó que la expresión difundida en Facebook, si bien fue “desacertada y hasta repudiable”, no tuvo la entidad suficiente para configurar delito.

Según se explicó en la causa, la referencia a “Brandsen” aludía a una sucursal ubicada en el barrio porteño de Barracas, donde trabajan cerca de 680 empleados.

A partir de distintas medidas de prueba, se logró vincular la cuenta desde la cual se realizó la publicación con el imputado, quien fue procesado en primera instancia por incitación a la violencia colectiva.

Sin embargo, la defensa apeló la decisión y sostuvo que no se trató de una convocatoria real a cometer actos violentos, sino de “un mero insulto abstracto proferido impulsivamente por enojo”. Además, remarcó que la publicación careció de impacto, ya que dentro de un grupo de más de 4.300 integrantes apenas obtuvo seis “me gusta”.

Los camaristas coincidieron con ese planteo y explicaron que el tipo penal exige una conducta “objetivamente idónea para estimular, movilizar o provocar” a otras personas a cometer hechos violentos, algo que no se verificó en este caso.

En ese sentido, destacaron que no hubo evidencia de que el mensaje haya generado acciones concretas, como movilizaciones o medidas de seguridad por parte de la empresa. Incluso, remarcaron que el contenido fue advertido por las autoridades varios días después de su publicación, lo que también relativiza su gravedad.

“El delito exige incitar públicamente, estimular, alentar o impulsar para que se haga algo violento o agresivo en contra de otros. Frente a esas exigencias, no se advierte que la solitaria expresión publicada adquiera esas especiales notas”, sostuvieron los jueces.

También hicieron hincapié en la falta de dolo directo, es decir, la intención concreta de provocar violencia colectiva, elemento indispensable para la configuración del delito.

En esa línea, recordaron que la propia fiscal del caso había considerado que los hechos no encuadraban en figuras penales como amenazas, criterio que -según el tribunal- resulta trasladable al análisis de la imputación por incitación a la violencia.

En la causa penal no hubo pruebas que permitieran “comprobar si se desplegaron acciones como consecuencia de la publicación, ya sea desde los particulares -movilizaciones, réplicas, marchas- que hayan sido conmovidos por los dichos del imputado, ni por parte de la empresa en aras de preservar la vida de los trabajadores o sus propios bienes”.

No se llamó a los bomberos ni se implementaron medidas de mayor seguridad en el edificio o “controles destinados a afrontar una situación de catástrofe o de atentado que avalen la denuncia”, concluyó la resolución judicial que desvinculó del caso al autor del mensaje.

El juez en lo penal económico Diego Amarante rechazó los argumentos del tesorero de la AFA Pablo Toviggino, quien busca apartarlo de la causa penal por una multimillonaria retención de aportes, descartó tener “enemistad manifiesta” o falta de imparcialidad y adjudicó los planteos a la disconformidad del procesado con la marcha de una investigación “que no es de su agrado”.

El planteo de Toviggino para recusar al magistrado está en estudio de la Cámara en lo Penal Económico. Por otra parte, el Tribunal de Apelaciones citó a las partes para el 24 de abril próximo para escuchar argumentos sobre las apelaciones a los procesamientos que resolvió Amarante el 30 de marzo pasado, en la investigación por la presunta retención indebida de aportes calculada en 19.300 millones de pesos, donde es querellante ARCA.

Un planteo inadmisible

Toviggino pidió apartar a Amarante por supuesta “enemistad manifiesta” y se definió víctima de un “complot administrativo, mediático y judicial”.

En un extenso informe elevado a la Cámara en lo Penal Económico, Amarante descartó la existencia de “enemistad manifiesta” o pérdida de imparcialidad, y consideró que el planteo responde a una “manifiesta discrepancia y disconformidad” del imputado con el avance de una investigación “que no es de su agrado”.

Amarante calificó el intento de apartarlo como “inadmisible” y sostuvo que los argumentos no encuadran en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación. “No denota una arbitrariedad ni una falta de imparcialidad del suscripto”, afirmó.

“No se observa de modo alguno que el actuar de este magistrado haya sido irrazonablemente tardío, desmedido o haya menoscabado arbitrariamente las garantías de la parte; tampoco de la actividad procesal cumplida puede avizorarse que la misma haya provenido de una enemistad manifiesta con quien resulta investigado”, concluyó en el escrito al que tuvo acceso Infobae.

Hechos graves y complejos

El juez remarcó que todas las medidas adoptadas en el expediente fueron debidamente fundadas en las constancias del sumario, en la necesidad de profundizar la investigación de hechos que describió como “graves y sumamente complejos”, y dentro de los límites de legalidad y razonabilidad. En ese sentido, rechazó que su actuación haya sido “tardía, desmedida” o violatoria de garantías.

También negó cualquier trato desigual o discriminatorio hacia Toviggino y sostuvo que la actividad procesal desplegada “no proviene de una enemistad manifiesta” ni evidencia pérdida de imparcialidad o mal desempeño.

Uno de los ejes de la recusación giró en torno a las condiciones de seguridad durante la declaración indagatoria del dirigente futbolístico, realizada el 11 de marzo. Sobre ese punto, Amarante explicó que las medidas adoptadas —incluida la presencia reforzada de la Policía Federal— respondieron a un pedido expreso de la propia defensa, que había advertido sobre posibles riesgos, incluso la eventual presencia de barras.

Según el magistrado, fueron temores que “la realidad se ocupó de desmentir”, ya que no se registraron incidentes y las audiencias se desarrollaron con normalidad.También cuestionó la intención de la defensa de utilizar accesos no habilitados para el ingreso o egreso del imputado, lo que —según indicó— hubiera generado riesgos de seguridad y alterado el funcionamiento del edificio judicial.

Amarante sugirió que detrás de algunos planteos podría haber existido un intento de obtener un trato diferencial respecto del resto de los justiciables.Incluso citó expresiones del propio Toviggino en las que manifestaba su intención de evitar aparecer en imágenes a la salida de los tribunales.

Sobre la forma en que se realizó la indagatoria al tesorero, el juez remarcó que ingresó “a la sede judicial sin mayores inconvenientes” y en un marco de “absoluta tranquilidad” al igual que las declaraciones a otros imputados en días previos.

“Lejos de configurarse la enemistad alegada por el señor Toviggino en su presentación y pese a no recaer en cabeza de esta judicatura la superintendencia del edificio, se arbitraron oportunamente las medidas necesarias a fin de garantizar la tranquilidad y el normal desarrollo, en general, de los actos procesales en cuestión, y en el particular, de la declaración indagatoria de Pablo Ariel Toviggino”.

No hubo en esos días “ningún episodio que pusiera en riesgo la seguridad o la integridad física o moral de los participantes”, agregó y al respecto mencionó la actitud del presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia quien el día de su indagatoria manifestó su deseo de salir por la puerta principal donde lo aguardaba la prensa porque no quería “ningún trato privilegiado”.

El juez recordó que Toviggino había pedido sin éxito declarar por videoconferencia.“Medió una permanente intencionalidad de obtener un tratamiento diferenciado al que corresponde al común de los justiciables”.

Todo indicaría, resaltó, que lo que en verdad procuraba evitarse “es -en palabras del propio recusante- “mi foto en la primera plana de todos los medios gráficos y digitales de la República Argentina saliendo de los Tribunales”.

En el planteo para apartarlo también se aludió a la información del caso publicada en medios periodísticos. El juez rechazó que ello implique prejuzgamiento y advirtió sobre el riesgo de afectar el principio de juez natural si se admitieran recusaciones basadas en la repercusión pública de las causas. Subrayó que se trata de una investigación que involucra a la máxima entidad del fútbol argentino, lo que justifica el interés público.

Por otra parte, defendió otro de los planteos para recusarlo, la vigencia de la prohibición de salida del país dictada contra Toviggino, al considerar que es una medida idónea para garantizar su sujeción al proceso. Señaló que su rol dentro de la AFA, su intervención en la administración de recursos y la existencia de otros procesos judiciales en trámite constituyen indicadores relevantes para evaluar el riesgo procesal.

Los procesamientos

Las defensas del presidente de la AFA, Claudio Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino apelaron los procesamientos dictados en su contra por la presunta retención y omisión de depósito de impuestos y contribuciones por más de 19.000 millones de pesos entre 2024 y 2025.

La causa será revisada por los jueces de la Cámara en lo Penal Económico Carolina Robiglio y Roberto Hornos, quienes deberán analizar los planteos junto con el resto de los recursos presentados.

También apelaron sus procesamientos Cristian Malaspina (actual secretario general de la AFA) y los exdirectivos Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo. A todos se los consideró responsables del delito de apropiación indebida de tributos y de recursos de la seguridad social, agravado por la intervención de más de dos personas en una estructura organizativa.

Además, se dispuso el embargo de bienes de la AFA por 350 millones de pesos, al considerarla responsable como persona jurídica por el delito de apropiación indebida de tributos agravado reiterado en 34 oportunidades, en concurso real con la apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravada reiterada en 17 oportunidades.

Al dictar los procesamientos, Amarante sostuvo que, si bien la deuda —calculada en unos 19.300 millones de pesos— se encuentra regularizada o en vías de estarlo, el delito se configura igualmente cuando no se cumple con el pago en tiempo y forma, es decir, dentro de los 30 días posteriores a la retención de las obligaciones.

Además, el magistrado destacó que durante todos los meses en los que se registraron vencimientos hubo “significativas transferencias” de sponsors a cuentas bancarias de la AFA, lo que evidenciaba una “amplia disponibilidad” de fondos para cumplir con el fisco en los plazos legales.

El tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, busca apartar al juez en lo penal económico Diego Amarante de la investigación por presunta retención indebida de aportes calculada en 19.300 millones de pesos: argumenta “enemistad manifiesta” y sostiene que hay un “complot administrativo, mediático y judicial” en su contra. El planteo ya fue rechazado por el magistrado que lo procesó, la defensa apeló y el tema está a estudio de la Cámara en lo Penal Económico, explicaron a Infobae fuentes del caso.

El Tribunal de Apelaciones sólo tiene dos de sus seis vacantes cubiertas con los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio y debe también decidir si confirma los procesamientos que dictó Amarante a Toviggino, al presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia y a otros tres acusados el 30 de marzo pasado.

“El objetivo: la foto del reo en tribunales”

Toviggino recusó al magistrado por presunta “enemistad manifiesta” pero en el escrito dio por anticipado que el planteo “más que seguro” sería rechazado.

“Va de suyo que en el marco del complot administrativo, mediático y judicial que existente en mi contra, este planteo más que seguro habrá de ser rechazado, pero no puedo seguir simulando distracción y no puedo callar por segunda vez, debiendo actuar en resguardo de las garantías que me asisten”, advirtió en la presentación que hizo junto a su abogado Marcelo Rocchetti.

A la hora de enumerar motivos para reclamar que se aparte a Amarante del caso recordó por ejemplo que el día de su declaración indagatoria en el edificio judicial de Avenida de los Inmigrantes 1950 el juez se negó a dejarlo salir por una puerta trasera para evitar el acoso periodístico. Esa, dijo, fue la “primera exteriorización de enemistad manifiesta”.

“Claramente el objetivo era una maniobra más del plan preconcebido de deslegitimación, hostigamiento y persecución personal, con clara intencionalidad lesiva, que vengo sufriendo: la foto del reo en Tribunales”, criticó, algo “absolutamente innecesario y evitable, pero claramente una de las etapas del plan”.

También apuntó que el 30 de marzo pasado cuando lo procesó, Amarante ratificó al igual que para el presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia la prohibición de salida del país pero se las revocó a los otros tres acusados, Víctor Blanco Rodríguez, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo “sin dar argumentos válidos que lleven a continuar con dicha medida”.

Entre los motivos mencionó además presuntas filtraciones de información judicial a medios de comunicación lo que constituye, dijo, “una de las formas más graves de quebrantamiento de la imparcialidad”.

Las apelaciones

La defensa de Toviggino apeló ya el procesamiento y reclamó el sobreseimiento. “En la peor de las lecturas, no puede más que estimarse que AFA, en todo caso, habría incurrido en una errónea interpretación de las resoluciones administrativas dictadas” por el Ministerio de Economía “respecto del momento en que debía haberse liquidado la deuda que jamás ocultó y que pagó con intereses antes de la denuncia”.

Además del tesorero apelaron los otros cuatro procesados pero también el fiscal Claudio Navas Rial y la querella de ARCA. Estos dos últimos reclaman agravar la acusación y subir el monto de embargos porque sostienen que se dejó afuera uno de los delitos vinculado a la falta de pago en tiempo y forma de retenciones por publicidad en los clubes de fútbol.

Los dirigentes fueron procesados por supuesta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, agravado por la intervención de más de dos personas en una estructura organizativa.

“Se encuentra verificada, con el grado de probabilidad propio de esta etapa procesal, la intervención material y culpable de Claudio Fabián Tapia y Pablo Ariel Toviggino en los hechos investigados, en tanto ambos contaban con facultades decisorias y de administración que les permitían incidir de manera directa en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.”, fundamentó Amarante cuando dictó los procesamientos.

La ex fiscal Viviana Fein se mostró este lunes como un “chivo expiatorio” en la investigación del caso Nisman, calificó de “delirante” la acusación en su contra por supuesto encubrimiento agravado y lo asoció a un pedido de juicio político presentado contra el fiscal del caso Eduardo Taiano por la causa LIBRA.

Fein volvió a Comodoro Py para ampliar su declaración indagatoria en la investigación por supuestas irregularidades en el departamento del fiscal Alberto Nisman cuando se lo encontró muerto de un disparo en la cabeza en enero de 2015. Había pedido hacerlo ante el juez del caso, Julián Ercolini, luego de conocerse un dictamen fiscal en el que se reclamó su procesamiento.

La ex fiscal declaró durante media hora, hizo una exposición y no recibió preguntas de las partes. En la audiencia estuvieron el juez Ercolini, Taiano junto al auxiliar fiscal Hernán Kleiman y el defensor Lucio Simonetti.

“Las acusaciones fueron direccionadas para arribar a un encuadre que resulta un absurdo legal y hasta delirante“, comenzó Fein.

La ex fiscal dijo ser un “chivo expiatorio” y se preguntó si ello ocurre porque es “jubilada, retirada y no tiene cargo público ni político”, según supo Infobae de fuentes del caso.

También cuestionó al fiscal Taiano. “Me llamó la atención que el fiscal, luego de haberle sido solicitado juicio político por la causa cripto LIBRA, con total ligereza y con posterioridad se haya despachado con semejante pretensión”, contra su persona en el caso Nisman, dijo.

“Nunca esperé ser llamada encubridora”, remarcó y advirtió que no podía permitir que se diga que tuvo intención de “encubrir a los autores” de un hecho como el que se investiga.

“Vivo una pesadilla”

En otro tramo de su declaración, la ex fiscal dijo que vive una “pesadilla”. No se demostró de modo alguno intencionalidad para cometer algún delito en una causa que estuvo durante mucho tiempo paralizada porque las pruebas son mínimas y luego de diez años únicamente se le achaca a ella “semejante delito”.

Se preguntó por qué no se llamó a los demás imputados, en relación a otros funcionarios que estuvieron en la casa de Nisman ese fin de semana y que hace siete meses presentaron descargos en la causa.

En esa situación están por ejemplo el ex secretario de Seguridad de la Nación Sergio Berni y el juez Manuel De Campos. “Algunos habían llegado antes que yo al procedimiento” e incluso, habían entrado al departamento, cuestionó.

La acusación habla de “simular un suicidio”. “¿Qué es simular un suicidio?“, preguntó. Eso “jamás ocurrió”. Las acusaciones “son conjeturas que no constituyen prueba directa ni presunciones graves”, concluyó al reclamar ser sobreseída.

Al declarar por primera vez en indagatoria el 24 de febrero pasado, Fein respondió a todas las preguntas y en un escrito de descargo sostuvo que se busca justificar “el fracaso de la investigación” de lo ocurrido al investigador del atentado a la AMIA responsabilizando a quienes tuvieron a cargo el caso inicialmente.

La acusación fiscal

El pedido de procesamiento fue realizado la semana pasada por el fiscal federal Taiano, quien sostuvo que la actuación de Fein durante las primeras horas tras el hallazgo de Nisman generó la pérdida de pruebas esenciales. En su presentación ante Ercolini, Taiano argumentó que la ex fiscal habría manipulado elementos probatorios y permitido la adulteración del escenario, lo que impidió esclarecer ciertos aspectos centrales del caso.

De acuerdo al dictamen oficial registrado en el expediente, la fiscalía sostuvo que el hecho no se trató de errores fortuitos, sino de “acciones deliberadas tendientes a alterar y ocultar pruebas del delito”.

“El plan criminal implicaba simular un suicidio. No fue casual que luego de la muerte del Dr. Nisman el Poder Ejecutivo Nacional en su totalidad, utilizando el aparato y el poder del Estado -como por ejemplo, la entonces Agencia Federal de Inteligencia-, haya intentado por todos los medios a su alcance imponer públicamente la hipótesis suicida”, advirtió el escrito.

La fiscalía remarcó que permitió la presencia de personas sin una función definida en el departamento de Le Parc, donde se registró el hecho, y que ese comportamiento contribuyó directamente a la alteración y pérdida de evidencias fundamentales.

La investigación por la muerte de Nisman que, según sostiene la Justicia, se trató de un asesinato vinculado a sus funciones, está delegada en la fiscalía de Taiano.

Nisman fue hallado muerto el 18 de enero de 2015, con un tiro en la cabeza, en el baño de su vivienda. Días antes, había acusado públicamente a la entonces presidenta Cristina Kirchner y a funcionarios de su administración de encubrimiento, en relación al Memorándum con Irán vinculado al atentado a la AMIA.

La Cámara Federal porteña avaló en 2018 la hipótesis de asesinato y descartó la del suicidio, después de que un peritaje multidisciplinario de Gendarmería Federal así lo concluyera. El dictamen aseguró que la muerte estuvo vinculada a la tarea de Nisman como investigador del atentado a la AMIA. En el expediente principal, el técnico informático Diego Lagomarsino, dueño de la pistola calibre .22 utilizada, es hasta ahora el único procesado.

Las dos mujeres policías acreedoras de Manuel Adorni confirmaron este lunes en su declaración ante el fiscal Gerardo Pollicita que el jefe de Gabinete les debe 70 mil dólares más intereses, y que la deuda debe ser cancelada para noviembre de este año.

A las 8:20 llegaron a los tribunales de Comodoro Py Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, quienes evitaron hacer declaraciones a la prensa. Casi tres horas después, a las 11:30, salieron de la Fiscalía Federal N° 11 luego de aportar su testimonio, chats y documentación.

Son madre e hija y figuran como prestamistas de 100.000 dólares del jefe de Gabinete, quien puso como garantía una hipoteca sobre su primer departamento en la avenida Asamblea, en el barrio porteño de Parque Chacabuco.

Molina es una comisario retirada y aportó 85.000 dólares. Su hija, que es contadora pero no ejerce porque se encuentra en actividad dentro de la fuerza, prestó los 15.000 restantes. El ministro coordinador se comprometió a devolver el dinero en dos años, con un interés anual del 11%.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, las policías acreedoras contaron ante el fiscal que Adorni empezó pagando cuotas -por esos intereses- de 900 dólares, gasto con el que cargó desde noviembre de 2024.

Ahora el pago mensual se redujo a 600 dólares, luego de que Adorni cancelara una parte del capital total con un pago directo de 30.000 dólares. Así, la deuda remanente del jefe de Gabinete es de 70.000 dólares, y vence en noviembre de 2026.

El “préstamo” de los 100.000 dólares que hicieron Graciela Molina y Victoria Cancio se hizo en efectivo. Aquel día las policías conocieron personalmente a Manuel Adorni en la escribanía de Adriana Nechevenko, cuando el funcionario aún era apenas vocero presidencial.

Según pudo reconstruir Infobae de fuentes del caso, precisamente fue la escribana quien “consiguió” el negocio, ya que conocía personalmente a las policías. De hecho, la comisario retirada Molina recibió esta mañana un mensaje de WhatsApp de Nechevenko, con un emoji para enviarle fuerzas durante su paso por Comodoro Py.

Ese mensaje y todo el chat entre la escribana y las acreedoras quedaron incorporados a la causa.

De acuerdo a lo que se desprende del expediente, Adorni usó los 100.000 dólares que le dieron las policías para comprar la casa de Indio Cuá, operación que se dio ese mismo mes. De hecho, la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, habría llevado directamente el efectivo a una sucursal del Banco Galicia para depositarlo y luego transferirlo a Juan Ernesto Cosentino, vendedor de la propiedad en el country de Exaltación de la Cruz.

El origen del dinero

El fiscal Pollicita dictó medidas para esclarecer de dónde sacaron el dinero todos los involucrados en la trama, ya sean sospechosos o testigos. Para reconstruir la ruta de los fondos, el juez Ariel Lijo hizo lugar a un pedido de la fiscalía y levantó el secreto fiscal y bancario de Adorni, su esposa y las acreedoras.

Se pidió información fiscal, patrimonial y económica a ARCA para establecer si tenían capacidad económica para justificar los “mutuos, créditos y/o garantías hipotecarias que surgen de la documentación reunida” en la causa.

Además, la fiscalía busca obtener “toda otra constancia útil para verificar la efectiva existencia, magnitud y sustento económico de las acreencias y financiamientos vinculados, entre otros, con las operaciones relativas a los inmuebles” de Adorni.

Las policías Molina y Cancio se anticiparon al análisis de esa documentación y dieron explicaciones de cómo obtuvieron el dinero que le prestaron a Adorni.

Además de ahorros, explicaron que recibieron fondos por un juicio sucesorio y otra demanda por diferencia salarial, luego del fallecimiento del esposo de la comisario retirada.

El miércoles les tocará a otras dos testigos. Se trata de las jubiladas Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo, quienes le vendieron a Adorni su nuevo departamento en Caballito, sobre la calle Miró. El funcionario escrituró con hipoteca entre privados, les pagó 30.000 dólares y quedó debiendo 200.000 a saldar en noviembre próximo, sin intereses.

En esa operación intervino, sin firmar la escritura, el hijo de Viegas, Pablo Feijoo, quien también deberá presentarse en Comodoro Py el 22 de abril.

La suerte judicial del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, del tesorero Pablo Toviggino y de otros tres procesados por presunta retención indebida de aportes y tributos empezó a definirse en la Cámara en lo Penal Económico. Las cinco defensas desplegaron una batería de cuestionamientos que apuntan tanto a la falta de pruebas como a la supuesta construcción “forzada” de responsabilidades por el solo hecho de ocupar cargos directivos.

Así, apuntaron contra la decisión del juez en lo penal económico Diego Amarante en un intento por lograr que se revoquen los procesamientos y embargos por 350 millones de pesos dispuestos por el magistrado. En los casos de Tapia y Toviggino también esperan que quede sin efecto la prohibición de salida del país, que los obliga a pedir permiso al juez cada vez que quieren viajar al exterior.

Tapia: “No hay un solo dato” que lo vincule

Las apelaciones coincidieron en un eje central: el fallo de primera instancia carece de sustento. En el caso de Tapia, su defensa sostuvo que el procesamiento “exhibe fundamento aparente” y responde a “un fuerte preconcepto”, al tiempo que remarcó que “no hay un solo dato que le asigne injerencia personal en los hechos” ni “una sola instrucción concreta” vinculada al presunto incumplimiento calculado en 19.300 millones de pesos, según la denuncia de ARCA.

El abogado del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Luis Charró, sostuvo que el fallo “no menciona un correo, una orden, una nota o una decisión puntual” atribuible al dirigente, y que las conclusiones “no son sino consecuencia formal del cargo que ocupa”.

Sobre la deuda, reiteró que fue “cancelada íntegramente antes de tomar conocimiento de la causa” y que no está probado “en modo alguno” que diferir ese pago haya redundado en un beneficio económico para la Asociación, como sostuvo el juez. “La idea de ‘financiarse con el fisco’ hubiera sido un acto ruinoso”, agregó la defensa, según el recurso al que accedió Infobae.

Otro eje de las apelaciones apunta a la supuesta imputación automática por el rol institucional dentro de la AFA. En ese sentido, la defensa de Tapia denunció que se pretende “sustentar responsabilidad penal objetiva derivada exclusivamente del cargo”. Sobre el embargo millonario, calificó la medida como de “extrema magnitud” y “desprovista de fundamento suficiente”.

La defensa del tesorero Toviggino, por su parte, reclamó el sobreseimiento porque “en la peor de las lecturas, no puede más que estimarse que AFA, en todo caso, habría incurrido en una errónea interpretación de las resoluciones administrativas dictadas” por el Ministerio de Economía “respecto del momento en que debía haberse liquidado la deuda que jamás ocultó y que pagó con intereses antes de la denuncia”.

Una decisión clave

En su apelación, el secretario general de la AFA, Cristian Malaspina, advirtió que “tener un cargo no implica responsabilidad penal automática” y que para imputar “se debe demostrar participación directa, conocimiento y dolo”. Los abogados Lucio Simonetti y Carlos Villar afirmaron que la resolución parte de “una interpretación incorrecta del estatuto de la AFA” y de una equivocada postura “sobre la acreditación material de los hechos”.

“No se puede someter a una persona a un proceso penal bajo la premisa de ‘investigar para ver cuánto debe’”, agregaron.

Los otros dos procesados que apelaron y pidieron que se revoque la decisión de Amarante son los ex directivos Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo.

Tanto el fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial como la querella de ARCA fueron a la Cámara para cuestionar la decisión de excluir de la acusación delitos vinculados a la falta de pago en término de retenciones por publicidad a los clubes de fútbol. Pidieron agravar la acusación en ese aspecto y elevar los embargos.

Con estos planteos sobre la mesa, la Cámara en lo Penal Económico deberá definir si confirma los procesamientos o hace lugar a los recursos y revoca —total o parcialmente— la decisión. El fallo será clave para determinar si la investigación avanza hacia un juicio oral o si, por el contrario, se desmorona la acusación contra los principales dirigentes del fútbol argentino.

La investigación judicial sobre el patrimonio y las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ingresará en una etapa decisiva este lunes, cuando comiencen a declarar bajo juramento de verdad las mujeres identificadas como acreedoras de hipotecas sobre dos departamentos del funcionario.

Se trata de operaciones que se analizan en la investigación del fiscal federal Gerardo Pollicita por el supuesto enriquecimiento ilícito de Adorni. Para este lunes a las 9 y a las 11 están citadas como testigos Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio. Son madre e hija y figuran como prestamistas de 100.000 dólares al Jefe de Gabinete, quien puso como garantía una hipoteca sobre su primer departamento en la calle Asamblea, en el barrio porteño de Parque Chacabuco. El jueves último y a pedido de Pollicita, el juez federal Ariel Lijo, a cargo del caso, levantó el secreto fiscal sobre ambas.

El miércoles será el turno de otras dos testigos: en esta ocasión, las jubiladas que le vendieron a Adorni su nuevo departamento —sin desprenderse del anterior—, esta vez en Caballito. El funcionario escrituró con hipoteca entre privados, les pagó 30 mil dólares y quedó debiendo 200 mil a saldar en noviembre próximo, sin intereses. A Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo también se les levantó el secreto fiscal.

A tribunales con el celular

Sobre las cuatro testigos se pidió información fiscal, patrimonial y económica a ARCA para establecer si tenían capacidad económica para justificar los “mutuos, créditos y/o garantías hipotecarias que surgen de la documentación reunida” en la causa.

En particular, se requirieron detalles de su situación fiscal, declaraciones juradas impositivas presentadas, ingresos declarados, bienes y activos, facturación —si la hubiere— y “toda otra constancia útil para verificar la efectiva existencia, magnitud y sustento económico de las acreencias y financiamientos vinculados, entre otros, con las operaciones relativas a los inmuebles” de Adorni.

Pero para el día de la citación, el fiscal les hizo saber, sobre todo en el caso de las vendedoras de la calle Miró, que tienen que llegar a tribunales listas para facilitar el acceso al contenido de sus teléfonos celulares, “incluyendo mensajes, audios, correos electrónicos, imágenes y registros de llamadas vinculados a las operaciones investigadas”.

Las testigos del lunes

Adorni obtuvo un préstamo por 100.000 dólares que fue aportado en un 85% por la comisario retirada de la Policía Federal Graciela Molina y en un 15% por su hija, también integrante de la fuerza, Victoria Cancio. La devolución habría sido pactada a dos años, con una tasa de interés del 11% anual y pagos mensuales, según consta en la escritura de hipoteca del departamento de Parque Chacabuco.

La hipoteca, formalizada en noviembre de 2024, quedó garantizada por la propiedad, que figura a nombre de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, y ese dinero se habría usado para comprar una casa en un club privado en Exaltación de la Cruz en noviembre de 2024.

En la última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, el jefe de Gabinete detalló una deuda de 43.860.000 pesos con Molina de Cancio y otra de 7.740.000 pesos con Cancio, ambas garantizadas con el inmueble de Asamblea. La fiscalía ahora busca contrastar ese dato con la trazabilidad real de los fondos.

La primera testigo del caso, la escribana Adriana Nechevenko, explicó en una entrevista con Infobae que ella presentó a las prestamistas con el Jefe de Gabinete y que la hipoteca del departamento de Parque Chacabuco se hizo el 15 de noviembre de 2024, para comprar ese mismo día la casa en el club de golf. “Tengo clientes y acerqué a las partes”, dijo.

La causa judicial se abrió por una denuncia de la diputada Marcela Pagano, está delegada en la fiscalía de Pollicita y a cargo del juez Lijo. Este magistrado investiga también al jefe de Gabinete por presuntas dádivas a raíz de un viaje en avión privado ida y vuelta a Punta del Este que hizo con su familia en el feriado de Carnaval y habría pagado Marcelo Grandío, un periodista que obtuvo a través de su productora Imhouse contratos con la TV Pública, bajo la órbita de Adorni.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este viernes apartar a la jueza Angela Ledesma de la causa que investiga cómo se compró y quiénes son los verdaderos dueños de la casaquinta de Pilar valuada en 17 millones de dólares y vinculada a supuestos testaferros de dirigentes de la AFA. Con esa decisión dio así un paso clave antes de resolver si el expediente sigue en Campana o vuelve a la ciudad de Buenos Aires.

Los jueces Javier Carbajo y Mariano Borinsky desestimaron una recusación presentada por Elisa Carrió, denunciante en la causa, para apartar a la magistrada por falta de fundamentos concretos y por apoyarse en “hipótesis conjeturales” sin respaldo objetivo.

De esta manera la sala I de Casación, a cargo de resolver si la investigación sigue en el juzgado federal de Adrián González Charvay en Campana o cambia de juez y vuelve al ámbito de la ciudad de Buenos Aires, quedó integrada por estos dos magistrados más Ledesma y en condiciones de decidir al respecto.

Conjeturas

Al rechazar la recusación, los jueces advirtieron que “los motivos en los que se ha sustentado el pedido de apartamiento de la magistrada están basados en hipótesis conjeturales, sin anclaje alguno en circunstancias objetivas y verificables que permitan entender plausible el temor de parcialidad meramente alegado”, advirtieron Carbajo y Borinsky.

La recusación fue presentada por Carrió, quien argumentó que la trayectoria profesional y vínculos académicos de Ledesma en Santiago del Estero podían afectar su imparcialidad en relación a que en el caso es investigado el tesorero de AFA Pablo Toviggino, oriundo de esa provincia.

Sin embargo, la propia jueza al rechazar inhibirse negó cualquier relación con personas o hechos investigados y sostuvo que no mantiene vínculos actuales que comprometan su actuación.

Campana o CABA

La investigación por la quinta de Villa Rosa y otras propiedades en Pilar, está en la actualidad a cargo del juez de Campana González Charvay, a pedido del imputado y supuesto testaferro Luciano Pantano.

Esta decisión por razón de territorio que tomó en enero último el juez Alberto Lugones de la Cámara Federal de San Martín fue apelada por el fiscal ante esa instancia Carlos Cearras, llegó en queja a Casación y el Tribunal abrió el recurso para tratarlo.

El fiscal ante Casación Mario Villar pidió ya que el expediente vuelva adonde tramitó en los inicios en CABA, el juzgado federal de Daniel Rafecas o en todo caso al del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, el segundo magistrado que intervino antes del pase al ámbito de Campana.

En su dictamen advirtió que se investiga una red internacional de intermediarios financieros que habrían operado entre 2021 y 2025 y que el delito excede el ámbito territorial de Pilar, fundamento para derivar el caso a Campana.

La investigación apunta contra la cúpula de la AFA y su entorno, entre ellos el presidente Claudio “Chiqui” Tapia, el tesorero Pablo Toviggino, su hermano Darío Toviggino, el exdirector ejecutivo Juan Pablo Beacon, la ex tesorera y pareja de Toviggino Florencia Sartirana y los responsables de la intermediaria TourProdEnter: quien figura como su titular Erika Gillette y su esposo Javier Faroni, entre otros, enumeró en su escrito ante Casación.

En CABA “se halló documentación relevante vinculada a los sucesos denunciados”, mencionó la fiscalía, incluidos contratos con intermediarios financieros como TroudProdCenter. También llegaba a la sede central de AFA el resumen de la tarjeta de crédito corporativa a nombre de Pantano con la que se pagaban los peajes de los vehículos y llegó a tener consumos mensuales por 50 millones de pesos.

A su entender, las pruebas reunidas muestran que no sólo las decisiones, sino también las maniobras de presunto blanqueo de dinero, ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires. “Es posible sostener que en este ámbito capitalino se habrían realizado actos jurídicos que habrían implicado el desvío y el posterior ingreso de parte de esos fondos al sistema económico legal con la intención de otorgarles una apariencia de origen lícito”, afirmó.

La maniobra se habría cometido a través de una red de empresas locales e internacionales. En la investigación —aún en etapa preliminar— se menciona a Q22 Services Limited, Stratega Consulting USA LLC, Odeoma Gestión SL y TourProdEnter LLC, además de sociedades consideradas “pantalla” como Velp LLC, Velpasalt LLC, Marmasch LLC y Soagu Services LLC. También aparecen firmas como Global FC LLC, BIBOP SA, WICCA SAS, LINDOR SRL, Servicios Lindor SA, Mendoza Wines SA, Malte SRL y Soma SRL, entre otras.

La fiscalía resalta que gran parte de estas firmas y personas tiene domicilio en CABA, incluida la sociedad Real Central de Pantano y su madre, que figura como compradora de la casaquinta de Pilar que dio origen a la investigación.

La exfiscal Viviana Fein ampliará su declaración indagatoria el próximo lunes en la causa donde se la acusa por presuntas irregularidades en la preservación de la escena de la muerte de Alberto Nisman en enero de 2015.

Fein había pedido a través de su abogado Lucio Simonetti volver a declarar luego de la difusión de un dictamen del fiscal federal Eduardo Taiano, en el que reclamó su procesamiento. El juez federal Julián Ercolini la convocó para el próximo lunes 13 de abril a las 10.30 en los tribunales federales de Retiro, según informaron a Infobae fuentes del caso.

La exfuncionaria ya jubilada busca salir al cruce de las acusaciones por encubrimiento agravado. Al declarar por primera vez en indagatoria el 24 de febrero pasado, Fein respondió a todas las preguntas y en un escrito de descargo sostuvo que se busca justificar “el fracaso de la investigación” de lo ocurrido al investigador del atentado a la AMIA responsabilizando a quienes tuvieron a cargo el caso inicialmente.

La acusación fiscal

El pedido de procesamiento fue realizado la semana pasada por el fiscal federal Taiano, quien sostuvo que la actuación de Fein durante las primeras horas tras el hallazgo de Nisman generó la pérdida de pruebas esenciales. En su presentación ante Ercolini, Taiano argumentó que la exfiscal habría manipulado elementos probatorios y permitido la adulteración del escenario, lo que impidió esclarecer ciertos aspectos centrales del caso.

También señaló que “no fue casual” que el gobierno de Cristina Kirchner haya planteado inicialmente la hipótesis del suicidio.

De acuerdo al dictamen oficial registrado en el expediente, la fiscalía sostuvo que el hecho no se trató de errores fortuitos, sino de “acciones deliberadas tendientes a alterar y ocultar pruebas del delito”.

“El plan criminal implicaba simular un suicidio. No fue casual que luego de la muerte del Dr. Nisman el Poder Ejecutivo Nacional en su totalidad, utilizando el aparato y el poder del Estado -como por ejemplo, la entonces Agencia Federal de Inteligencia-, haya intentado por todos los medios a su alcance imponer públicamente la hipótesis suicida”, advirtió el escrito.

La hipótesis del encubrimiento

La fiscalía remarcó que permitió la presencia de personas sin una función definida en el departamento de Le Parc, donde se registró el hecho, y que ese comportamiento contribuyó directamente a la alteración y pérdida de evidencias fundamentales.

El dictamen de Taiano atribuye la gravedad de las presuntas irregularidades al ejercicio de la función pública: “Quedó demostrado de forma palmaria que a través de su deficiente accionar como directora de la investigación alteró y provocó la pérdida de evidencias trascendentales para la pesquisa”.

La investigación por la muerte de Nisman que según determinó la Justicia se trató de un asesinato vinculado a sus funciones, está delegada en la fiscalía de Taiano e incluye diferentes líneas. Entre ellas, se investiga el posible involucramiento de agentes de inteligencia del Ejército en la zona durante ese fin de semana, así como presuntas maniobras de inteligencia ilegal y encubrimiento.

De la hipótesis inicial a la confirmación de asesinatoNisman fue hallado muerto el 18 de enero de 2015, con un tiro en la cabeza, en el baño de su vivienda. Días antes, había acusado públicamente a la entonces presidenta Cristina Kirchner y a funcionarios de su administración de encubrimiento, en relación al Memorándum con Irán vinculado al atentado a la AMIA.

La Cámara Federal porteña avaló en 2018 la hipótesis de asesinato y descartó la del suicidio, después de que un peritaje multidisciplinario de Gendarmería Federal así lo concluyera. El dictamen aseguró que la muerte estuvo vinculada a la tarea de Nisman como investigador del atentado a la AMIA. En el expediente principal, el técnico informático Diego Lagomarsino, dueño de la pistola calibre .22 utilizada, es hasta ahora el único procesado.

En la misma causa, también resultaron imputados el entonces secretario de Seguridad de la Nación Sergio Berni y otros altos mandos de fuerzas federales, acusados por el manejo de la escena donde fue hallado el cuerpo.

Los investigadores destacaron que “no se trató de un procedimiento ‘normal’ y no se tomaron los recaudos más elementales, lo cual generó pérdidas irreparables de evidencias”. Entre las citadas fallas señaladas por la acusación se incluyen la demora en la llegada de Fein al sitio, la ausencia de control del área y la falta de recolección de pruebas decisivas.

El fiscal federal Gerardo Pollicita citó a prestar declaración testimonial al contratista de las refacciones que se hicieron en la casa de Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, comprada en noviembre de 2024 por la esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, Bettina Angeletti.

Se trata de Matías Tabar, de la empresa “Grupo AA” y que, según la información llegada a la fiscalía, estuvo a cargo de las obras en el lote 380 de Indio Cuá. Además, el fiscal reiteró un reclamo a la administración del barrio para que le envíen información sobre el pago de expensas de esa propiedad, algo que aún no fue respondido.

El contratista

El contratista fue convocado para el próximo 24 de abril a las 9:00 en la sede de la fiscalía en Comodoro Py 2002 y se le informó por escrito en la citación que tendrá que concurrir con documentación destinada a reconstruir el circuito completo de contratación, ejecución y financiamiento de los trabajos realizados en el predio.

Deberá aportar presupuestos, cotizaciones y propuestas comerciales vinculadas a la obra, así como también contratos y órdenes de trabajo. Además, se le requirió la totalidad de la documentación contable y financiera asociada, incluyendo facturas emitidas y recibidas, recibos, órdenes de compra, certificados de avance de obra y comprobantes de pago.

También se le pidió “toda otra documentación que permita establecer el alcance de los trabajos encomendados”, precisó la fiscalía e incluye “toda constancia respaldatoria de pagos, sean éstos en efectivo, transferencia, cheque, tarjeta, permuta o cualquier otra modalidad” con un detalle de “cuentas bancarias, billeteras virtuales, CBU/CVU, cheques o instrumentos utilizados para percibir sumas vinculadas con la obra, con identificación de fechas, montos y pagadores”, además de “planos, renders, fotografías” y comunicaciones con la administración del barrio.

Además se le adelantó en la citación que deberá ir ese día al quinto piso de los tribunales federales de Retiro con “la totalidad de las comunicaciones mantenidas con Bettina Julieta Angeletti, Manuel Adorni o con cualquier persona que hubiera intervenido por ellos o en su representación, por correo electrónico, WhatsApp, mensajes de texto u otros medios, en tanto se vinculen con la contratación, presupuesto, ejecución, pagos, modificaciones o finalización de la obra”.

El requerimiento también alcanza a la identificación completa del personal que intervino en los trabajos y documentación relativa a la compra y provisión de materiales y otros bienes utilizados en la obra, detallando proveedores, cantidades, precios y fechas de adquisición.

Se incluyó “toda constancia respaldatoria de pagos, sean éstos en efectivo, transferencia, cheque, tarjeta, permuta o cualquier otra modalidad”.

Las expensas

En paralelo, el fiscal requirió a la administración del barrio que informe, respecto del lote 380, de qué modo fue cancelada la tasa de ingreso por U$S 5.000 consignada en un recibo fechado el 30 de noviembre de 2024. Para ello, deberá remitir la totalidad de la documentación respaldatoria relativa a ese pago, incluyendo recibos, comprobantes de transferencia, constancias de depósito, cheques o pagos en efectivo, junto con la identificación de la persona que lo efectuó, las cuentas de origen y destino y cualquier otro antecedente útil.

Además y ante la falta de respuesta a un requerimiento previo, también se solicitó que se informe el modo de pago de las expensas del lote durante todo el período investigado con un detalle completo de pagos realizados, con fechas, montos, eventual saldo de deuda y la documentación respaldatoria. En caso de haberse abonado mediante efectivo, transferencias, depósitos u otros medios, la administración deberá precisar esas modalidades, identificar las cuentas de origen de los fondos, acompañar los comprobantes correspondientes e individualizar cualquier otra constancia que permita establecer el origen del dinero utilizado.

Indio Cuá es un club de golf que además tiene canchas de tenis, fútbol, jockey y un sector hípico. Según promociona en su página web es “un sereno entorno campestre de 61 hectáreas” con restaurante, piscinas con solarium y seguridad, entre otros amenities.

Los próximos testigos

Después del paso esta semana por tribunales de la escribana de Adorni, Adriana Nechevenko, sin lograr en ninguna de las dos ocasiones en que compareció que mostrara su celular, la fiscalía ordenó notificar a los futuros convocados a declarar bajo juramento de verdad que deben llegar a Comodoro Py “con toda la documentación relativa al origen de los fondos vinculados con las operaciones inmobiliarias en las que intervinieron”.

También tendrán que facilitar “la compulsa, extracción, copia, preservación y resguardo del contenido de sus teléfonos celulares vinculado con las referidas operaciones inmobiliarias”, incluyendo “chats, audios, mensajes de texto, correos electrónicos, imágenes, documentos, registros de llamadas y cualquier otro archivo digital de interés, con la debida preservación de cadena de custodia”.

Se trata de Claudia Sbabo, Beatriz Viegas -las vendedoras del departamento que compró Adorni en Miró al 500 en Caballito-, Pablo Martín Feijoo -hijo de una de ellas- y Juan Consentino, este último vendedor de la casa en el barrio privado de Exaltación de la Cruz.

Las dos primeras mujeres compraron al futbolista Hugo Morales el departamento de Caballito y en noviembre de 2025 lo vendieron a Adorni por 230 mil dólares: 30 mil se pagaron al momento de la escritura y los restantes 200 mil se financiaron con una hipoteca privada sin interés que el funcionario deberá saldar en noviembre próximo.

Feijoo, hijo de Viegas, habría reservado en la inmobiliaria el inmueble que luego compraría su madre al exfutbolista. En diálogo con Infobae la escribana Nechevenko explicó que Feijoo es amigo de Adorni, “porque los chicos van al mismo colegio”, y justificó el crédito sin intereses a un año por “la confianza” que hay entre las partes.

Pollicita ordenó que se informe a los testigos que a las declaraciones tendrán que llegar “con toda la documentación relativa al origen de los fondos vinculados con las operaciones inmobiliarias en las que intervinieron, percibieron, entregaron, financiaron, administraron o intermediaran, en particular las referidas a los inmuebles sitos en Miró 546/48/50/52/54/56, Av. Asamblea 1130/32 y lote 380 del barrio Indio Cua, según corresponda”.

Además deberán aportar copia de las declaraciones juradas impositivas presentadas ante ARCA correspondientes a los ejercicios fiscales 2022, 2023, 2024 y 2025, o bien las constancias que acrediten su situación fiscal y, en su caso, la inexistencia de obligación de presentarlas.

Las medidas se dispusieron en la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito abierta al Jefe de Gabinete por denuncia de la diputada Marcela Pagano. El juez federal Ariel Lijo dispuso a pedido de la fiscalía levantar el secreto fiscal de Adorni y su esposa.

El ex titular de Vialidad Nacional durante el kirchnerismo Nelson Periotti sostuvo este jueves que nunca recibió instrucciones de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner ni de ningún funcionario para “beneficiar a alguna empresa o para direccionar una obra”.

El ex funcionario fue uno de los indagados en una nueva audiencia del juicio oral a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados, que terminó pasadas las 13. El debate continuará el próximo martes desde las 9.

Los dichos de Periotti

“Nunca”, enfatizó el ex titular de Vialidad Nacional Periotti en relación a que jamás recibió instrucciones sobre las obras bajo su órbita, al prestar declaración indagatoria sin responder preguntas. “Quiero aclarar con especial énfasis que nunca recibí instrucciones del entonces presidente de la Nación Néstor Carlos Kirchner, tampoco de la ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner en sus dos mandatos. Tampoco recibí instrucciones del ex Ministro de Planificación Federal Julio De Vido ni de otros funcionarios para que hiciera o dejara de hacer algo o para beneficiar a alguna empresa o para direccionar una obra. Nunca”.

“Mi nombre no figura en ninguno de esos cuadernos de esta causa”, dijo además sobre los escritos del remisero Oscar Centeno. “No entiendo la acusación por la que ya hace siete años tuve que pasar por un allanamiento, secuestro de mis bienes” y “casi un mes de cárcel”.

Periotti, de 80 años, está detenido con prisión domiciliaria condenado en la causa Vialidad y se trasladó a Comodoro Py 2002 para prestar declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 7. El ex funcionario recordó cómo fue detenido y también dijo que le ofrecieron ser arrepentido y se negó.

Además mencionó que estuvo doce años y medio al frente de Vialidad Nacional y en ese marco conoció a muchos empresarios, en licitaciones y eventos. “Ninguna de las personas que declaran o van a declarar en este juicio puede decir que el ingeniero Periotti los haya condicionado, les haya exigido hacer algo o dejar de hacer algo en beneficio de alguien. Ninguno. Ninguno puede opinar en contrario a lo que yo les estoy expresando”, dijo ante los jueces del Tribunal Oral Federal 7 Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli.

“Entenderán las dificultades que yo tengo para defenderme de algo que no existió”, agregó.

Otro empresario negó coimas

A su turno,el empresario Rubén David Aranda, presidente de la firma Chimen Aike S.A., negó haber pagado sobornos a funcionarios y calificó como “una mentira” la acusación de haber entregado dinero en Buenos Aires mientras, según dijo, se encontraba en Santa Cruz.

“¿Haber entregado 250 mil dólares a 2.600 kilómetros de donde yo estaba? Eso es mentira”, dijo sobre el “papelito” donde está anotado el supuesto delito.

Según explicó, en la fecha señalada él estaba en Río Gallegos:“Estaba en Río Gallegos cuando decían en un papelito que yo estaba entregando dinero en Buenos Aires”.

Aranda también se refirió a las comunicaciones con el exfuncionario Roberto Baratta, incorporadas al expediente, y aseguró que respondían exclusivamente a cuestiones operativas vinculadas a obra pública: “Las cuarenta y pico de llamadas que tengo con Baratta están relacionadas estrictamente a la presión que ejercía para que terminemos el Centro de Medicina Nuclear” del INVAP.

En ese sentido, vinculó esas gestiones con la inauguración del proyecto, que —según afirmó— estaba prevista como un acto oficial:“Creo que fue el último acto previo a las elecciones de la presidenta Cristina Kirchner. Por eso tanta presión, no solo de Baratta sino también de INVAP”.

“Esas llamadas eran para coordinar la inauguración del centro de medicina nuclear, no para la entrega de plata”, reiteró y dijo que “nunca” fueron “para entregar dinero a nadie. A mí jamás me pidieron un peso para nada”.

“No me puedo defender tan fácil de una mentira, pero es fácil ocultar una verdad. Esto es una mentira”.“Creo en ustedes, creo en la Justicia. Es mi deber expresar con énfasis lo que considero una injusticia tremenda. Soy inocente”, concluyó.

Al inicio de la audiencia, el empresario Alberto Ángel Padoán (integrante del directorio de Vicentin SAIC y expresidente de la Cámara de Comercio de Rosario) se negó a declarar al igual que otros citados para esta jornada.

Los descargos

Durante la jornada se generó un contrapunto por la incorporación de escritos de descargo presentados durante las indagatorias en la etapa de investigación. Tras un cuarto intermedio, el Tribunal resolvió por mayoría aceptar como parte de las declaraciones indagatorias esos escritos. La discusión se dio en el caso concreto del ex funcionario de Vialidad Nacional Sandro Férgola, quien se negó a declarar y a raíz de ello se leyó en la audiencia un escrito de ampliación de indagatoria donde rechazó las acusaciones y que había presentado durante la instrucción del caso.

La fiscal Fabiana León se había opuesto pero los jueces Castelli y Méndez Signori por mayoría entendieorn que cuando un imputado presenta un escrito con ese carácter debe ser entendido como una ampliación de su indagatoria, ya que de lo contrario el juez habría debido fijar una audiencia para que el acto se realizara de manera oral, algo que no ocurrió, por lo que concluyeron que su incorporación fue válida y que rechazarla implicaría incurrir en un exceso de rigor formal que afecta el derecho de defensa.

En disidencia el juez Canero, en línea con lo señalado por la fiscal general, sostuvo que los escritos presentados por fuera del acto formal no constituyen declaraciones, al remarcar que la indagatoria exige la manifestación personal del imputado ante el juez y no simples presentaciones escritas realizadas junto a la defensa a lo largo del proceso, por lo que concluyó que no corresponde darles ese carácter ni incorporarlos como tales.

El juicio

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner es juzgada como supuesta jefa de asociación ilícita que, entre 2003 y 2015, habría recaudado dinero de empresas de los sectores de la construcción, energía y transporte, a cambio de la adjudicación de contratos estatales.

Entre los imputados principales hay ex funcionarios de su gobierno como el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Obra Pública José López. Las audiencias continúan en base a un cronograma dispuesto por los jueces. La fiscal de juicio es Fabiana León y actúa como querellante la Unidad de Información Financiera.

En la audiencia del martes último, Jorge Balán, presidente de Industrias Secco, declaró ante el tribunal y aceptó responder únicamente las preguntas de su defensa. Balán explicó el rol de su empresa durante el kirchnerismo y detalló cómo participaban en licitaciones públicas. Durante su testimonio, afirmó: “Roberto Baratta me pidió que hiciera un aporte para la campaña del oficialismo. Sí o sí debía aportar, no me pidió monto ni nada. Decidí hacerlo, fue una decisión mía. Cometí la falta de no haber pedido recibo”. Reconoció haber realizado tres entregas de dinero, pero sostuvo que ninguna de ellas estuvo vinculada a que los funcionarios “hicieran o dejaran de hacer” algo relacionado con sus funciones.

En una jornada previa, el empresario Alberto Tasselli relató ante los jueces un esquema de pedidos de dinero atribuidos también al acusado ex funcionario del ex Ministerio de Planificación Federal Baratta. Tasselli vinculó estos pedidos a supuestos aportes de campaña y describió presiones para concretarlos: “Cuando uno está obligado a pagar, que lo intiman a pagar, uno se siente que no tiene salida”.

El empresario recordó una frase que atribuyó al entonces mano derecha de De Vido: “No te hagas el boludo porque esto es en dólares y no en pesos”. Tasselli declaró que le informaron que los pagos eran para la campaña, y reconoció haber entregado un total de 300 mil dólares. Tasselli señaló que dejó de pagar cuando ya no encontró formas de continuar haciéndolo.

Fue el remisero de Baratta, Oscar Centeno, quien escribió los cuadernos durante los viajes que hacía para el funcionario y detalló el recorrido para recolectar esos supuestos pagos ilegales. El chofer arrepentido ya pasó a prestar declaración indagatoria pero optó por guardar silencio, lo que derivó en planteos de las defensas que se reiteraron ante cada negativa a declarar de los imputados colaboradores porque no pueden preguntarles y confrontar así sus acusaciones.

El fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial reclamó agravar la acusación en la causa que investiga una millonaria retención indebida de aportes y en la que ya fueron procesados el presidente de la AFA Claudio Tapia, su tesorero Pablo Toviggino y otros tres acusados. Presentó una apelación porque se dejaron de lado delitos, sostuvo.

En concreto, al apelar lo resuelto por el juez Diego Amarante, el fiscal advirtió que hubo un recorte de la acusación original y se dejó afuera un componente central del caso, vinculado a retenciones por publicidad en clubes de fútbol. Por eso pidió ampliar los procesamientos y elevar el monto de los embargos que se fijaron en 350 millones de pesos para Tapia y Toviggino.

Patrocinio de torneos

La presentación a la que tuvo acceso Infobae apunta contra la decisión de excluir de la acusación el denominado “subconcepto 551” del impuesto 353, vinculado a los ingresos por patrocinio oficial de los torneos. Según el fiscal, ese punto no es accesorio sino “parte inescindible” de la maniobra investigada, ya que concentra los montos más significativos.

“El recurso se basa en la alteración de la plataforma fáctica que integra los hechos imputados”, advirtió Navas Rial, al cuestionar que el juez haya delimitado de manera “arbitrariamente restrictiva” el alcance del caso.

El corazón del conflicto

La causa gira en torno a presuntas retenciones y percepciones no depositadas al sistema de seguridad social calculadas en 19.000 millones de pesos. En ese esquema, la AFA y la Liga Profesional actuaban como agentes obligados a retener ciertos porcentajes de ingresos para destinarlos a aportes y contribuciones de clubes, futbolistas y personal.

El punto en discusión es que el juez dejó afuera del procesamiento el dinero proveniente del patrocinio comercial —publicidad de los torneos— que, según el fiscal, debía incluirse dentro de esas obligaciones.

Ese concepto implica la aplicación de una alícuota del 7,5% sobre ingresos millonarios, que luego deben imputarse a cargas previsionales. Para Navas Rial, esos fondos “nunca integraron el patrimonio disponible del agente”, sino que pertenecen a terceros desde el momento en que se generan.

“Un cierre anticipado del proceso”

En su apelación, el fiscal advirtió que la decisión judicial no es una diferencia menor de criterio sino que afecta la estructura misma del caso. “Esta forma de resolver importa un cierre anticipado del proceso”, advirtió. Y agregó: “No se cuestiona el procesamiento sino su indebida restricción por el análisis fragmentario de la maniobra”.

Según su planteo, al excluir el subconcepto 551 se reduce el monto total investigado, se achican los embargos y se limita la posibilidad de reconstruir integralmente los hechos. “No se debe simplificar en sólo ‘bajar el monto’, sino en una reducción artificial del suceso fáctico base de la imputación”, afirmó.

Tanto la apelación del fiscal como la de los cinco procesados y la de la AFA como Asociación serán analizadas por la sala A de la Cámara en lo Penal Económico integrada por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio. Estos magistrados ya convalidaron la decisión del juez Amarante relativa a la prohibición de salida del país para Tapia y Toviggino y también rechazó esta semana un planteo de inexistencia de delito que habían hecho las defensas. Los acusados reclamaron que se revoque el procesamiento por retención y omisión de depósito de impuestos y contribuciones por más de $19.000 millones entre 2024 y 2025.

También apelaron los procesados Cristian Malaspina (actual secretario general) y los ex directivos Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo.

“Se encuentra verificada, con el grado de probabilidad propio de esta etapa procesal, la intervención material y culpable de Claudio Fabián Tapia y Pablo Ariel Toviggino en los hechos investigados, en tanto ambos contaban con facultades decisorias y de administración que les permitían incidir de manera directa en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.”, fundamentó el juez Amarante en su resolución.

La escribana Adriana Nechevenko volvió este jueves a los tribunales de Retiro para entregar más documentación en la fiscalía federal de Gerardo Pollicita en el marco de su rol como testigo en la causa que investiga por supuesto enriquecimiento ilícito al jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Nechevenko llegó sola antes de las 8 a Comodoro Py 2002 y se dirigió a la fiscalía para ampliar su declaración como testigo y entregar documentación que se le había requerido durante la audiencia del miércoles. Se retiró pasadas la 9.

Qué dijo ayer

La escribana declaró bajo juramento de verdad en su primera visita a tribunales que el jefe de Gabinete Adorni compró su departamento del barrio porteño de Caballito con un adelanto de 30.000 dólares y otros 200.000 que “debe” y deberá pagar sin interés en noviembre próximo. La operación se hizo con una hipoteca entre privados firmada con las dos vendedoras, las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas. Ambas están citadas a declarar el miércoles de la semana próxima.

Nechevenko también escrituró el departamento que el jefe de Gabinete tiene sobre la calle Asamblea en Parque Chacabuco y que luego fue hipotecado por 100.000 dólares que habrían aportado la comisario retirada de la policía Graciela Isabel Molina y su hija, Victoria Cancio, también integrante de esa fuerza de seguridad.

Molina es acreedora del 85% del crédito y Cancio del 15%. La devolución se pactó en 24 cuotas, con un interés del 11%, según indicó la escribana a la Justicia. Esa operación se realizó en noviembre de 2024, lo que coincide con la compra de la casa en Indio Cuá que el vocero presidencial concretó junto a su esposa, Bettina Angeletti.

“Pregúntenle a él”, respondió la escribana ante la prensa cuando se le consultó sobre el origen del dinero de Adorni.

Ayer, al retirarse, Nechevenko improvisó una breve conferencia de prensa en un pasillo del quinto piso de Comodoro Py 2002. Aseguró que no hubo ninguna irregularidad. Mencionó que en la compraventa del departamento de Caballito “no hubo préstamo de dinero en efectivo sino que se trató de una hipoteca normal sin ningún problema”.

También consideró habitual que se hipotequen propiedades por un 90 por ciento de su valor, en relación al porcentaje que las vendedoras accedieron a financiarle a Adorni, con una “hipoteca con saldo de precio”, precisó. Ambas mujeres están citadas a declarar el miércoles próximo, también como testigos, para hablar sobre esa venta del departamento.

“Todas las operaciones están explicadas”, agregó la escribana sobre su declaración en la fiscalía. En relación a siete visitas que hizo a la Casa de Gobierno, se negó ante la prensa a responder sobre los motivos. “No lo puedo decir, a mi cliente no le gustaría que yo lo diga”.

La escribana Adriana Mónica Nechevenko sostuvo hoy que no hubo “ninguna irregularidad” en las operaciones de compraventa de propiedades del jefe de Gabinete Manuel Adorni en las que intervino y que todas fueron normales.

“Eso pregúntenle a él”, respondió a la prensa al retirarse de los tribunales cuando se la consultó sobre el origen del dinero con que Adorni compró un departamento del barrio porteño de Caballito en noviembre del año pasado. La profesional declaró como testigo en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito abierta al funcionario.

Durante casi tres horas y bajo juramento de verdad dio precisiones y mostró documentación al fiscal federal Gerardo Pollicita, en un trámite al que asistió también el defensor de Adorni, Matías Ledesma.

Al retirarse, Nechevenko improvisó una breve conferencia de prensa en un pasillo del quinto piso de Comodoro Py 2002. Aseguró que no hubo ninguna irregularidad. Mencionó que en la compraventa del departamento de Caballito “no hubo préstamo de dinero en efectivo sino que se trató de una hipoteca normal sin ningún problema”.

También consideró habitual que se hipotequen propiedades por un 90 por ciento de su valor, en relación al porcentaje que las vendedoras -dos jubiladas- accedieron a financiarle a Adorni con una “hipoteca con saldo de precio”, precisó. Ambas mujeres están citadas mañana a declarar, también como testigos para hablar sobre esa venta del departamento de casi 200 metros cuadrados por 230 mil dólares, de los cuales financiaron 200 mil.

“Todas las operaciones están explicadas”, agregó la escribana sobre su declaración en la fiscalía. En relación a siete visitas que hizo a la Casa de Gobierno, se negó ante la prensa a responder sobre los motivos. “No lo puedo decir, a mi cliente no le gustaría que yo lo diga”.

La escribana ingresó a las 10 a la fiscalía de Pollicita, en el quinto piso de los tribunales federales de Comodoro Py 2002 convocada para dar detalles bajo juramento de verdad sobre las operaciones de compraventa inmobiliaria del funcionario en las que intervino. Se retiró cuando faltaban pocos minutos para las 13.

Nechevenko arribó a tribunales muy temprano, poco antes de las 9. Se dirigió al pasillo en el quinto piso y luego optó por aguardar tomando un café en el bar de la planta baja del edificio, junto a dos acompañantes. A las 10 volvió a la fiscalía y entró sola con una carpeta llena de documentación.

La citación

Ante el fiscal, la escribana dio detalles sobre su intervención tanto en la compra de la casa en el club de campo Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz, como en la del departamento de la calle Miró al 500, en Capital Federal.

La operación del departamento de Caballito fue certificada el 18 de noviembre de 2025, por un valor de 230.000 dólares. Adorni pagó solo un adelanto y se endeudó con un crédito hipotecario por 200.000 dólares con las dos mujeres que aparecen como vendedoras, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo. Ambas prestamistas ya fueron convocadas para declarar mañana en calidad de testigos.

En relación a la escritura de la casa del country en Exaltación de la Cruz, fue firmada en noviembre de 2025 a nombre de la esposa del jefe de Gabinete, Julieta Bettina Angeletti.

Según figura en el registro de visitas de la Casa Rosada, la escribana Nechevenko se entrevistó con Manuel Adorni al menos siete veces entre julio de 2024 y septiembre de 2025, un período simultáneo al que se realizaron las rúbricas.

La fiscalía requirió a la escribana que presente la documentación vinculada con las operaciones inmobiliarias en las que intervino para preparar el cuestionario que presentó este miércoles en la audiencia testimonial.

Por otro lado, en el avance de la investigación surgió una nueva hipoteca por 100.000 dólares que Adorni había tomado para adquirir su antigua vivienda familiar en la calle Asamblea, en el barrio porteño de Parque Chacabuco. En esta ocasión, fueron señaladas como las prestamistas la excomisaria de la Policía Federal Graciela Isabel Molina de Cancio y su hija Victoria Cancio, también integrante de la fuerza. Ambas deberán presentarse a declarar el próximo lunes 13 de abril.

En la jornada de ayer, el exfutbolista Hugo Morales aportó nuevos datos sobre los antecedentes del departamento de Miró, donde actualmente vive Manuel Adorni.

Morales dijo que llevaba tiempo queriendo vender esa propiedad con la intención de obtener 250.000 dólares, pero después de dos años aceptó la oferta por 200.000. A su vez, confirmó que el departamento estaba deteriorado y necesitaba varios arreglos.

Conectado vía telemática desde Corrientes, el ex jugador aclaró que se lo vendió a Sbabo ya Viegas, las dos jubiladas que seis meses más tarde se lo cedieron a Adorni a través de un préstamo hipotecario privado.

Pollicita ya ordenó medidas de prueba y envió oficios a registros de la propiedad inmueble, automotor y entidades bancarias.

La fiscalía fundamentó la solicitud en la existencia de “motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial” del funcionario, según el expediente que tramita el juez federal Ariel Lijo.

El mismo magistrado investiga de manera paralela a Adorni por los vuelos privados a Punta del Este que habría pagado el periodista y contratista de la TV Pública Marcelo Grandío.

La Justicia le pidió a la TV Pública los expedientes completos de los contratos que se firmaron con la productora del amigo del jefe de Gabinete Manuel Adorni, Marcelo Grandío. Además, se requirió precisar información sobre los ingresos que generaron esas contrataciones, las áreas por las que circuló la documentación y funcionarios que intervinieron.

La medida se tomó en la causa penal a cargo del juez federal Ariel Lijo por los vuelos privados de ida y vuelta a Punta del Este durante el feriado de Carnaval, que se sospecha Grandío habría pagado como “invitación” a la familia Adorni.

También se pidió un listado de llamadas entrantes y salientes entre Grandío y Horacio Silva, quien figura como presidente de Imhouse, la productora del periodista, en seis contratos que se firmaron con la TV Pública.

El juzgado recibió ya los contratos firmados con la productora de Grandío, pero se resolvió ampliar el requerimiento de información, según supo Infobae de fuentes de la investigación.

Los contratos se firmaron luego del trámite de expedientes y lo que se busca es analizar desde cero el inicio de cada uno de ellos. También se pidió el envío de la documentación contable y presupuestos que se hayan generado.

La solicitud judicial incluye la entrega de información precisa sobre cada uno de los funcionarios que participaron en el proceso, desde instancias de evaluación hasta la firma final.

La TV Pública está bajo la órbita del jefe de Gabinete Adorni y, según declararon testigos, el periodista Grandío -contratista de la emisora- habría pagado vuelos privados ida y vuelta a Punta del Este, Uruguay, para invitar al funcionario y su familia. “En el viaje de ida se trasladaron ambas familias y en el de vuelta regresaron sólo los Adorni.”

La investigación

El viernes 27 de marzo pasado, una gerenta comercial del broker que vendió los vuelos privados aseguró como testigo que el periodista pagó los viajes y que le refirió que la familia que viajaría con ellos era su invitada.

Se trata de Vanesa Tossi, quien contó al juez Lijo y al fiscal Gerardo Pollicita que conocía a Grandío con anterioridad y que el periodista le pidió cotización porque quería “invitar a una familia a Punta del Este”. Una vez que ella pasó las tarifas, se enteró que la familia invitada sería la del jefe de Gabinete Adorni, según declaró bajo juramento de verdad en la causa que investiga supuestas dádivas.

En conferencia de prensa, esa semana Adorni había asegurado que pagó los pasajes de los integrantes de su familia, algo que se contradice con los dichos de Tossi.

La testigo que trabaja en Jag Executive Aviation contó a los funcionarios judiciales que Grandío no quería que se facturara ningún vuelo, pero que luego acordaron hacerlo sólo con los tickets de la ida. Además, aportó el chat donde el periodista le refirió que debía facturarse a nombre de Imhouse, la productora y contratista de la TV Pública.

Tossi agregó además que, incluso, el periodista le pidió que intentara vender alguna plaza vacía del vuelo para bajar costos porque “era una invitación”.

Tossi ratificó así que el viaje de vuelta se cobró en efectivo a Grandío, como ya había declarado su jefe Agustín Issin.

Un día después de la declaración de Tossi, se impuso una restricción de contacto para Grandío, luego que la testigo habló de presiones e incluso recibió un llamado y mensajes del periodista en plena audiencia judicial.

En la causa, la semana pasada el fiscal federal Gerardo Pollicita pidió nuevas medidas de prueba para determinar si Adorni y Grandío compartieron otros viajes juntos o “hacia los mismos destinos en fechas coincidentes o próximas”.

Adorni también es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito y ya designó como abogado defensor a Matías Ledesma en la causa que también está a cargo del juez Lijo y el fiscal Pollicita.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi pidió informes a la Procuración General de la Nación sobre cómo se realizó y preservó la pericia al celular del trader y lobista Mauricio Novelli en la investigación por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. Lo hizo de manera previa a decidir sobre un planteo de nulidad de la defensa.

Sin embargo, el magistrado rechazó suspender el valor como prueba del análisis sobre el Iphone de Novelli, como le había reclamado la defensa por entender que se trataría de una medida “prematura”.

El trader imputado en la causa había pedido adoptar medidas preventivas y suspender la incorporación del análisis de la DATIP como prueba hasta que se resolviera su validez, pero el juez no hizo lugar a este pedido.

“Proceder en el sentido pretendido implicaría privar al proceso de elementos cuya gravitación probatoria se encuentra sujeta, en definitiva, a las resultas de las medidas oportunamente ordenadas, con el consiguiente riesgo de afectar el adecuado esclarecimiento de los hechos”, explicó el magistrado en la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Martínez De Giorgi advirtió que “la eventual trascendencia y valoración pública que pudiera realizarse respecto de tales constancias resulta ajena a la ponderación que, en su caso, deba efectuarse en el marco del presente proceso, la cual habrá de circunscribirse a los elementos incorporados y conforme a las reglas que rigen la materia”.

Las pruebas

Antes de comenzar a evaluar el pedido de nulidad que presentó el abogado de Novelli, Daniel Rubinovich, el juez dispuso medidas de prueba que habían sido pedidas por este letrado. Están orientadas a preservar el peritaje y determinar las circunstancias en las que se filtró información de ese trabajo.

Al respecto, se requirió que la Procuración General de la Nación remita una copia íntegra del sumario administrativo y todos los registros digitales vinculados a la investigación de la supuesta filtración interna, junto con la preservación urgente de archivos, logs, auditorías, backups, hashes, correos institucionales, enlaces a la nube, registros de acceso, copias locales y “cualquier otra huella digital relevante”.

Martínez De Giorgi solicitó que la PGN, de la que depende la DATIP, informe en detalle acerca de los usuarios, credenciales, perfiles, permisos y roles de todas las personas que accedieron al expediente, a los documentos periciales, a las evidencias originales y a las estaciones de trabajo o servicios en la nube de la DATIP (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal). El juez también ordenó la elaboración de un informe documentado sobre el método utilizado en cada punto de la pericia, incluyendo consultas, filtros, validaciones, tratamiento de falsos positivos y protocolos de exclusión de material protegido.

Según consta en la resolución, se requirió a la DATIP que detalle si durante la recepción, resguardo, análisis y conservación de los dispositivos y su contenido se cumplieron las condiciones mínimas de seguridad y trazabilidad. El juez pidió aclarar el lugar físico exacto donde permaneció el objeto peritado (el Iphone), los espacios en los que se desarrollaron las tareas técnicas y si esos ambientes contaban con cámaras de seguridad, registros de acceso, controles físicos y lógicos, así como la identidad de las personas autorizadas a intervenir en los procedimientos.

La resolución judicial también exige a la PGN que informe sobre posibles incidentes, anomalías, reportes o investigaciones internas relacionados con accesos, copias, descargas, aperturas o almacenamiento del material peritado, acompañando la documentación respectiva.

La investigación está delegada en la fiscalía de Eduardo Taiano, quien la semana pasada ordenó nuevas medidas de prueba con foco en una nueva revisión del teléfono de Novelli. El pedido incluye un análisis específico sobre un “memo” en el que el trader explicaba a sus “amigos” los puntos principales de un presunto acuerdo por 5 millones de dólares, destinado a pasos que debía dar el presidente Javier Milei en relación a compromisos con Hayden Davis, el creador de la criptomoneda.

Las defensas del presidente de la AFA Claudio Tapia y del tesorero Pablo Toviggino apelaron los procesamientos por retención y omisión de depósito de impuestos y contribuciones por más de $19.000 millones entre 2024 y 2025.

Los escritos fueron presentados ante el juez Diego Amarante, quien los derivará a la Cámara en lo Penal Económico. Además, el magistrado autorizó a Tapia a viajar a Paraguay, Ecuador y Canadá.

En el caso de Toviggino su defensa recusó además al juez Amarante y pidió que se lo aparte de la investigación. La causa será revisada ahora por los jueces Carolina Robiglio y Roberto Hornos, quienes tienen pendiente de resolución otro planteo previo por inexistencia de delito hecho por las defensas.

También apelaron los procesados Cristian Malaspina (actual secretario general) y a los ex directivos Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo. Las defensas reclamaron revocar la decisión del juez Amarante.

Los procesamientos

A todos se los consideró responsables del delito de apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, agravado por la intervención de más de dos personas en una estructura organizativa.

El plazo para presentar las apelaciones venció este martes a primera hora de la mañana. “Se encuentra verificada, con el grado de probabilidad propio de esta etapa procesal, la intervención material y culpable de Claudio Fabián Tapia y Pablo Ariel Toviggino en los hechos investigados, en tanto ambos contaban con facultades decisorias y de administración que les permitían incidir de manera directa en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.”, fundamentó Amarante cuando dictó los procesamientos.

Además se embargaron los bienes de la AFA por 350 millones de pesos; al hacerla responsable como persona jurídica de apropiación indebida de tributos agravado reiterado en 34 oportunidades, “en concurso real con el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravado reiterado en 17 oportunidades”.

Cuando dictó los procesamientos, Amarante sostuvo que si bien esa deuda de 19.300 millones de pesos está regularizada o camino a serlo, el delito se concreta cuando no se paga en tiempo y forma, en un plazo de 30 días una vez que son retenidas las obligaciones. Además, resaltó que en todos los meses donde hubo vencimientos se registraron “significativas transferencias por parte de distintos sponsors de la Asociación del Fútbol Argentino” a cuentas bancarias de la AFA. Es decir, había una “amplia disponibilidad” de fondos para cumplir en tiempo y forma las obligaciones con el fisco

Los viajes de Tapia

Por otra parte, Tapia fue autorizado por Amarante a salir del país rumbo a la ciudad de Luque, República del Paraguay, entre el 8 y 9 de abril; a la ciudad de Quito, República del Ecuador, entre los días 23 y 26; y a la ciudad de Vancouver, Canadá, del 29 de abril al 1° de mayo.

Los dos primeros viajes responden a invitaciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) para participar de la reunión de trabajo vinculada a los “Fondos Evolución” y del Congreso Ordinario 82 de dicha confederación, respectivamente. El tercer viaje es por invitación de la Federación Internacional del Fútbol Asociación (FIFA) para participar del 76° Congreso de dicho organismo.

La autorización se concedió limitada a esas fechas de manera estricta y cualquier “modificación, desvío o apartamiento de las condiciones” establecidas se considerará “una violación directa a los compromisos de sujeción al proceso” y derivará en la “inmediata” revocación de los beneficios y ejecución del dinero depositado como caución, advirtió el juez.

Tapia está procesado sin prisión preventiva desde el 30 de marzo pasado como supuesto coautor de apropiación indebida de tributos agravado reiterado en 34 oportunidades, en concurso real con el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravado reiterado en 17 oportunidades. Se lo embargó por 350 millones de pesos.

Tiene prohibición de salida del país ratificada por la Cámara en lo Penal Económico y debe pedir autorización para cada viaje.

El fiscal federal Gerardo Pollicita citó como testigo al ex futbolista Hugo Morales en la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito abierta al jefe de Gabinete Manuel Adorni, como parte de nuevas medidas de prueba sobre propiedades y viajes del funcionario que ordenó en la causa penal.

Morales declarará mañana martes vía Zoom ante el fiscal que tiene delegada la pesquisa. Lo hará en relación a un departamento del barrio porteño de Caballito que el 18 de noviembre de 2025 Adorni compró a dos jubiladas por 230.000 dólares, pagado en su mayor parte con un crédito que le dieron ambas mujeres.

El ex futbolista era el anterior dueño de esa propiedad, que vendió en 200.000 dólares en abril de ese mismo año a las jubiladas. Meses después, se concretó la operación con Adorni por el departamento de casi 200 metros cuadrados en Miró al 500.

Para este miércoles está convocada también como testigo en Comodoro Py 2002 la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en noviembre en la compraventa del bien por parte del jefe de Gabinete de Javier Milei.

Las propiedades

Además, la fiscalía requirió un “historial completo de dominio” de inmuebles vinculados a Adorni y su esposa Bettina Angeletti, tanto en ciudad como en provincia de Buenos Aires: solicitó informes sobre titulares, transferencias, escrituras, hipotecas y todo antecedente registral.

A la hora de buscar quién paga los gastos, pidió a los consorcios de las propiedades bajo investigación detalles sobre las expensas, desde qué cuentas bancarias se abonan y si hubo “eventuales obras o mejoras”. También se buscan boletas de ABL y otros impuestos.

Se trata del departamento de Caballito y una casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Según la denuncia ambos bienes se habrían comprado sin desprenderse de anteriores propiedades: otro departamento en Parque Chacabuco y un inmueble en La Plata.

Los viajes

En cuanto a los viajes al exterior, el fiscal envió oficios a la Dirección Nacional de Migraciones para que se amplíe información vinculada a salidas del país de Adorni y poder así reconstruir “con mayor precisión los itinerarios y modalidades de traslado”.

La fiscalía requirió también datos más precisos como planes de vuelo, rutas, escalas y horarios. También se pidió a compañías aéreas que aporten información para determinar quién contrató y abonó los viajes. En concreto se busca información sobre reservas, tickets, check-in, equipaje, facturación y medios de pago.

También se dispuso la “compulsa e incorporación” a la causa judicial de las declaraciones juradas patrimoniales públicas presentadas por Adorni.

Causas y defensa

Al presentar la denuncia, la diputada nacional Marcela Pagano aludió a “severas discrepancias entre la declaración jurada inicial y la anual, verificándose la omisión de activos financieros y depósitos en el exterior por sumas superiores a los dieciséis millones de pesos ($16.000.000) declarados al inicio de su gestión”.

Adorni ya contrató al abogado penalista Matías Ledesma para defenderlo en las causas abiertas en Comodoro Py: es investigado por supuesto enriquecimiento a raíz de la compra de las propiedades y en otra causa penal por el vuelo privado que hizo a Punta del Este en el feriado de Carnaval y que se sospecha pagó el periodista contratista de la TV Pública Marcelo Grandío.

En esta pesquisa que no está delegada, Pollicita pidió nuevas medidas de prueba para determinar si hubo más viajes conjuntos entre Adorni y el titular de la productora Imhouse, a nombre de la cual se facturó el vuelo de ida que compartieron ambas familias a Punta del Este.

Según declararon ya los responsables de la empresa contratista de los vuelos, “el viaje fue pagado por Grandío, quien habría manifestado que se trataba de una invitación”. Adorni tiene bajo su órbita al canal de televisión pública que contrataba a la productora de su amigo.Ambas investigaciones están a cargo del juez federal Ariel Lijo y como fiscal actúa Pollicita.

El fiscal federal Eduardo Taiano ordenó nuevas medidas de prueba en la causa que investiga el lanzamiento y colapso de $LIBRA, con foco en una nueva revisión del teléfono del lobista Mauricio Novelli. El pedido incluye un análisis específico sobre un “memo” en el que el trader explicaba a sus “amigos” los puntos principales de un presunto acuerdo por 5 millones de dólares, destinado a pasos que debía dar el presidente Javier Milei en relación a compromisos con Hayden Davis, el creador de la criptomoneda.

El “memo” se rescató del Iphone de Novelli como parte del análisis encomendado a la DATIP y se intentará determinar si fue compartido con más personas y, en ese caso, con quiénes.

En concreto, Taiano requirió establecer “si dicha nota fue remitida o recibida por algún contacto, ya sea por mensaje o por e-mail, o en caso de ser posible se indique el contexto en donde fue hallada la misma”.

“Hola amigos”

“Hola amigos, este es el acuerdo final discutido con H.”, en posible alusión a Hayden Davis, impulsor del token $LIBRA. Así comenzaba el “memo” encontrado en el teléfono. Y seguía:“$1,5 M de tokens líquidos o cash como adelanto”, “$1,5M de tokens líquidos o cash = Milei anuncia en Twitter que su asesor es Hayden Davis/Kelsier/la familia Davis”, “$2M en tokens o cash = contrato firmado en persona con Milei por asesoría en blockchain/AI para el gobierno argentino y/o Javier Milei y revisión con Javier y Karina”.

Taiano ya preguntó al Gobierno en febrero sobre la existencia de algún contrato, y desde la secretaría general de la Presidencia le respondieron que no hay registros de ningún acuerdo “confidencial” entre el creador de LIBRA y Milei para la implementación y desarrollo de Blockchain y criptomonedas en el país.

A este escrito se sumó el hallazgo de otros documentos en el teléfono, todos sin firmas. En un caso se trató del contrato entre Novelli, sus dos socios y Davis para intermediar los negocios de su empresa en Argentina. Y, en otro, un modelo de contrato entre Keysler y el Gobierno para un asesoramiento “ad honorem”.

El 30 de enero de 2025, días antes del lanzamiento de Libra el 14 de febrero, se registró un encuentro en la Casa Rosada entre el Presidente, Novelli, el estadounidense Hayden - que había viajado al país especialmente- y otros especialistas cripto. Hubo foto y posteo presidencial en X al respecto. Y casi de inmediato transferencias por montos millonarios del creador de LIBRA a cuentas vinculadas a los investigados.

Otras medidas

Pese a que la defensa de Novelli presentó un planteo de nulidad del trabajo de la DATIP, y reclama que no se lo tome como prueba, Taiano resolvió ahora avanzar con más medidas vinculadas a su contenido. Por su parte, las querellas cuestionan al fiscal y sostienen que hay elementos suficientes como para avanzar hacia la etapa de declaraciones indagatorias.

Además del informe sobre el memo, la fiscalía que tiene delegada la investigación requirió a la aerolínea American Airlines los listados de pasajeros de los vuelos en los que Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy habrían viajado a Estados Unidos y regresado al país.

Según la información incorporada al expediente, la ida habría sido el 5 de febrero de 2025 y el regreso el 16 de febrero, fechas que rodean el lanzamiento del token el 14 de febrero, con un posteo de Milei.

También pidió a las compañías telefónicas que administran las líneas de Novelli, Terrones Godoy y el tercer socio, Sergio Morales, que remitan los registros completos de llamadas entrantes y salientes entre el 13 y el 16 de febrero de 2025. El objetivo es reconstruir las comunicaciones en los días clave en los que se gestó y lanzó $LIBRA.

De los peritajes ya realizados sobre el teléfono de Novelli surge que el lobista mantuvo un intenso intercambio con el presidente Milei en los minutos previos y posteriores al posteo promocional del token. Ese intercambio, según consta en la causa, se habría extendido luego con Karina Milei y el asesor Santiago Caputo.

A su vez, Taiano encomendó a la DATIP que unifique en una sola carpeta toda la actividad registrada en el celular de Novelli durante esos días. “Entre otros elementos se deberán aportar mensajes, llamadas, fotografías tomadas y recibidas, notas y calendarios”, precisó el fiscal.

El fiscal federal Eduardo Taiano pidió procesar a la ex fiscal en lo Criminal Viviana Fein, por el presunto delito de encubrimiento agravado en la investigación por la muerte de Alberto Nisman.

En un dictamen presentado ante el juez del caso, Julián Ercolini, la fiscalía consideró que la actuación de Fein el fin de semana de la muerte de Nisman en enero de 2015 alteró y provocó la pérdida de evidencias trascendentales para la pesquisa, al tiempo que sostuvo que su descargo no logró desvirtuar el cuadro probatorio en su contra.

Taiano aludió a un supuesto plan criminal que habría incluído simular un suicidio.

“El plan criminal implicaba simular un suicidio. No fue casual que luego de la muerte del Dr. Nisman el Poder Ejecutivo Nacional en su totalidad, utilizando el aparato y el poder del Estado -como por ejemplo, la entonces Agencia Federal de Inteligencia-, haya intentado por todos los medios a su alcance imponer públicamente la hipótesis suicida”, dice expresamente el dictamen, según reconstruyeron las fuentes consultadas con acceso al expediente.

En ese momento, Cristina Kirchner era presidenta y en un primer mensaje publicado en redes sociales habló de suicidio. Luego, su mirada cambió y admitió la posibilidad de un crimen. Un dirigente de su máxima confianza, Oscar Parrilli, estaba al frente de la AFI.

En base a una pericia de Gendarmería, en la causa se dio por probado que se trató de un asesinato vinculado a las funciones de Nisman como investigador del atentado a la AMIA. Días antes de morir, había denunciado a la entonces presidenta y funcionarios de su gobierno por supuesto encubrimiento del atentado, a raíz de la firma del Memorándum con Irán. Pero el expediente aún está en etapa de investigación.

Nisman fue encontrado muerto, con un disparo en la cabeza, en el baño de su departamento el domingo 18 de enero de 2015. Tres años después, en 2018, la Cámara Federal porteña avaló la hipótesis de asesinato y descartó el suicidio, en línea con la postura de Ercolini y Taiano, basada en un peritaje multidisciplinario de la fuerza de seguridad.

La causa por la muerte del titular de la UFI AMIA permanece delegada en la fiscalía de Taiano. Avanza en distintas líneas. Se investiga el rol de agentes de inteligencia del Ejército que habrían estado en las inmediaciones del departamento ese fin de semana, así como presuntas maniobras de inteligencia ilegal y encubrimiento.

Pero hasta ahora, el único procesado en la causa principal es el técnico informático Diego Lagomarsino, dueño de la pistola Bersa calibre .22 de la que salió el disparo. También fueron imputados por el manejo de la escena del hecho el entonces secretario de Seguridad Sergio Berni y otros ex jefes de fuerzas federales.

La acusación a la ex fiscal

La ex fiscal fue indagada el 24 de febrero último en la investigación por las supuestas irregularidades cometidas cuando se encontró el cuerpo.

El día de su indagatoria, a más de una década de los hechos, Fein se presentó en Comodoro Py, dejó un escrito y respondió todas las preguntas: reclamó el sobreseimiento y advirtió junto a su abogado Lucio Simonetti que se busca justificar el “fracaso” de la investigación para esclarecer qué le pasó a Nisman, culpando a quienes tuvieron a cargo el caso en un primer momento.

El fiscal evaluó que el descargo de Fein no logró desvirtuar las pruebas y que la ex funcionaria incurrió en irregularidades graves durante las primeras horas de la investigación en el departamento de Le Parc, donde fue hallado sin vida el fiscal Nisman.

“Desde un comienzo el plan criminal consistió en postular la muerte violenta del Dr. Natalio Alberto Nisman como un suicidio, para así desviar la atención de la hipótesis homicida”, se agregó.

Y para “ejecutar ese plan resultaba esencial una investigación que no profundizara sobre las circunstancias que rodearon su muerte y es en este marco en el que se desarrolló el procedimiento aludido con Fein como su directora”.

En el escrito, Taiano sostuvo que se la debe procesar por encubrimiento agravado por tratarse de una funcionaria pública que habría cometido el delito en ejercicio de sus funciones. La decisión será del juez Ercolini.

“Quedó demostrado de forma palmaria que a través de su deficiente accionar como directora de la investigación alteró y provocó la pérdida de evidencias trascendentales para la pesquisa”, reiteró la fiscalía.

Se volvieron a enumerar las fallas que, según la acusación, hubo ese fin de semana en el lugar del hecho: “habría tardado casi una hora y media en arribar al lugar”, “no habría adoptado medidas para revertir la situación de descontrol en la cual se encontraba la escena del crimen” y “habría permitido la libre circulación en el lugar del hecho de personas que carecían de roles asignados”.

En ese contexto, Fein “habría manipulado y/o permitido la manipulación y alteración de elementos probatorios” y “no habría recopilado ni advertido la existencia de elementos de prueba esenciales”.

Para la fiscalía, no fueron errores. “No nos encontramos frente a simples errores, sino ante acciones deliberadas tendientes a alterar y ocultar pruebas del delito”, concluyó el dictamen.

El fiscal también subrayó que “el deficiente trabajo provocó la alteración, desaparición y ocultamiento de rastros que hubieran sido determinantes para esclarecer el homicidio”, y que “muchos elementos trascendentales no pudieron ser dilucidados como consecuencia del accionar de la fiscal Fein en los albores de la investigación”.

“No se trató de un procedimiento ‘normal’ y no tomó los recaudos más elementales, lo cual generó pérdidas irreparables de evidencias”, dijo.

En otro tramo de su escrito, preguntó con respecto a la labor de Fein: “¿No le pareció irregular que el Secretario de Seguridad de la Nación, miembro y referente del Poder Ejecutivo Nacional denunciado, estuviera en la escena del hecho aunque él personalmente no había sido denunciado por el Dr. Nisman? ¿Qué hacía allí?“, en alusión a Sergio Berni.

La Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó la prohibición de salida del país para los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Ariel Toviggino, en el marco de una causa en la que esta semana fueron procesados por retención indebida de aportes.

La medida, ordenada en febrero por el juez Diego Amarante y ratificada ahora por la Sala A del tribunal, consideró que la restricción es razonable para asegurar la sujeción de los imputados al proceso judicial.

El fallo podría ser un obstáculo para la presencia de Tapia y Toviggino en el Mundial de Fútbol 2026, que comenzará el 11 de junio y se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Si la prohibición se mantiene hasta entonces, el presidente y el tesorero de la AFA dependerán de la autorización del juez Amarante para viajar.

Una prohibición “no absoluta”

Las defensas de Tapia y Toviggino argumentaron que la prohibición que les impuso el juez Amarante carecía de fundamentación y era arbitraria.

Los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, de la Cámara en lo Penal Económico, concluyeron tras analizar las apelaciones que la decisión de primera instancia se apoya en razones válidas y no tiene contradicciones con el estado de la causa.

Las defensas plantearon una mera “discrepancia con los criterios” del juez de grado, resolvieron los camaristas.

Un aspecto relevante en la consideración de la Cámara fue, precisamente, el procesamiento sin prisión preventiva a Claudio Tapia y Pablo Toviggino, que Amarante firmó el último lunes.

El presidente y el tesorero de la AFA fueron acusados como presuntos coautores penalmente responsables de apropiación indebida de tributos agravada, reiterada en 34 ocasiones, y de apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravada, reiterada en 17 oportunidades.

La Cámara en lo Penal Económico, sin emitir una opinión sobre el fondo de la decisión de procesamiento -que aún no está firme y será objeto de una apelación paralela-, evaluó la situación procesal actual de Tapia y Toviggino y concluyó que la medida de prohibición de salida del país, en las condiciones particulares del caso, es razonable para garantizar que los imputados permanezcan a disposición del proceso judicial.

El tribunal aclaró que esta medida no constituye una prohibición absoluta de salida del país. Lo que implica es que los imputados deben solicitar autorizaciones específicas al Juzgado en lo Penal Económico N° 5 para ausentarse del territorio nacional, una disposición que busca asegurar la comparecencia de los imputados cuando su presencia sea requerida por el juez.

Noticia en desarrollo

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, advirtió que el intento de la AFA por mudarse a Pilar y el uso de ese hecho como argumento para que la causa que investiga si hubo testaferros en la compra de una casaquinta valuada en 17 millones de dólares se investigue en Campana, no altera el lugar donde se habrían cometido delitos previos como lavado de activos, su sede histórica de la calle Viamonte en CABA.

Lo hizo en el escrito en el que esta semana reclamó que el caso regrese a la Justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires, una definición que ahora deberá tomar la Cámara Federal de Casación.

Villar pidió que el expediente vuelva adonde tramitó en los inicios, el juzgado federal de Daniel Rafecas o en todo caso al del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, el segundo magistrado que intervino antes del pase al ámbito de Campana.

Pero para fundamentarlo, el fiscal pasó en limpio de qué se trata la causa que se lleva ahora en el juzgado del juez Adrián González Charvay en ese partido bonaerense: remarcó que en la calle Viamonte 1366 en CABA funcionó la sede central de negocios, administrativa y comercial de AFA “en la época de los hechos y hasta la actualidad”, y que allí “se habrían llevado a cabo los actos de gobierno de la entidad, de disposición y administración de los fondos”. También de toda aquella actividad “marginal que habría implicado el desvío” de esos fondos.

Sede real para delitos reales

En ese contexto, Villar advirtió que “la intención de formalizar un cambio de sede social no modifica las consideraciones efectuadas en cuanto al lugar real” en el que se habrían llevado a cabo los delitos que se investigan: presunto lavado de activos y administración fraudulenta.

Se investiga una red internacional de intermediarios financieros que habrían operado entre los años 2021 y 2025, recordó Villar, al describir en detalle el circuito mediante el cual se habrían canalizado fondos de la AFA fuera del sistema bancario local.

El fiscal también destacó que la sede de la AFA en la calle Viamonte fue allanada en varias oportunidades, incluso por González Charvay, quien se quedó con la causa cuando le pidió la inhibitoria a su colega Aguinsky, por decisión de la Cámara Federal de San Martín y en base a un pedido inicial del imputado como supuesto testaferro Luciano Pantano.

“El cambio de domicilio que pretende la AFA habría sido resuelto supuestamente por sus asociados en asamblea extraordinaria el 17/10/2024 y asentado de manera unilateral en el registro de personas jurídicas de la Pcia de Buenos Aires el 15/11/2024.”

Este acto se encuentra cuestionado por la IGJ, pero para la fiscalía lo determinante “no es el domicilio que figura en la documentación o páginas institucionales de AFA sino el lugar donde realmente funcionó y funciona en los hechos la sede principal de gobierno, administrativa, contable y comercial”.

En el nuevo domicilio en la calle Néstor Kirchner (ex Mercedes) 1366 de Pilar “no existían hasta el 18/01/2026 oficinas en las cuales se haya podido llevar a cabo la actividad propia de la institución”. Por ejemplo, en los boletines de la Asociación hasta el 26 de enero pasado figura la calle Viamonte como sede de una reunión del Comité Ejecutivo y también ese es el domicilio fijado para presentar ofertas para la adjudicación de los derechos de televisación de los partidos de los Campeonatos del Ascenso, “se especifica en el segundo piso, Oficina de Secretaría”, calle Viamonte.

En CABA “se halló documentación relevante vinculada a los sucesos denunciados”, mencionó la fiscalía, incluidos contratos con intermediarios financieros como TroudProdCenter. También llegaba a la sede central de AFA el resumen de la tarjeta de crédito corporativa a nombre de Pantano con la que se pagaban los peajes de los vehículos y llegó a tener consumos mensuales por 50 millones de pesos.

A su entender, las pruebas reunidas muestran que no sólo las decisiones, sino también las maniobras de presunto blanqueo de dinero, ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires. “Es posible sostener que en este ámbito capitalino se habrían realizado actos jurídicos que habrían implicado el desvío y el posterior ingreso de parte de esos fondos al sistema económico legal con la intención de otorgarles una apariencia de origen lícito”, afirmó.

Entre esos indicios mencionó operaciones con financieras de la avenida Corrientes, movimientos de efectivo en domicilios de la Ciudad y registros periodísticos con “videos y fotos de personas contando dinero en efectivo”, que —dijo— deben ser profundizados judicialmente.

En la misma línea, subrayó que el supuesto nuevo domicilio en Pilar carece de actividad real: “No existían oficinas en las cuales se haya podido llevar a cabo la actividad propia de la institución”, y recordó que incluso la IGJ rechazó la inscripción del cambio de sede.

Con ese planteo, el fiscal pidió que la causa vuelva a tramitar en el fuero federal porteño, al sostener que “en este ámbito de la Ciudad de Buenos Aires es la jurisdicción en la cual se habrían llevado a cabo la mayoría de los actos constitutivos del delito de lavado”.

Qué y a quiénes se investiga

La investigación apunta contra la cúpula de la AFA y su entorno, entre ellos el presidente Claudio “Chiqui” Tapia, el tesorero Pablo Toviggino, su hermano Darío Toviggino, el exdirector ejecutivo Juan Pablo Beacon, la ex tesorera y pareja de Toviggino Florencia Sartirana y los responsables de la intermediaria TourProdEnter: quien figura como su titular Erika Gillette y su esposo Javier Faroni, entre otros, enumeró en su escrito ante Casación.

La maniobra se habría cometido a través de una red de empresas locales e internacionales. En la investigación —aún en etapa preliminar— se menciona a Q22 Services Limited, Stratega Consulting USA LLC, Odeoma Gestión SL y TourProdEnter LLC, además de sociedades consideradas “pantalla” como Velp LLC, Velpasalt LLC, Marmasch LLC y Soagu Services LLC. También aparecen firmas como Global FC LLC, BIBOP SA, WICCA SAS, LINDOR SRL, Servicios Lindor SA, Mendoza Wines SA, Malte SRL y Soma SRL, entre otras.

La fiscalía resalta que gran parte de estas firmas y personas tiene domicilio en CABA, incluida la sociedad Real Central de los Pantano, que figura como compradora de la casaquinta de Pilar que dio origen a la investigación.

La última palabra ahora la tiene la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá definir si hace lugar al planteo del fiscal o confirma el traslado del expediente fuera de CABA.

La escribana que intervino en la operación de compraventa del departamento del barrio porteño de Caballito por parte del jefe de Gabinete Manuel Adorni fue citada como testigo por el fiscal federal Gerardo Pollicita, en la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito del funcionario.

La fiscalía tiene delegada esta causa y la decisión se tomó luego de conocerse el valor por el cual se escrituró el bien, 230 mil dólares y que parte de ese dinero provino de un préstamo de dos mujeres, entre ellas una jubilada que dijo a la prensa no conocer al funcionario. La escribana deberá presentarse el 8 de abril, según supo Infobae.

El valor y la existencia de ese crédito privado consta en los documentos legales del departamento y por eso el fiscal convocó a la profesional que intervino, Adriana Mónica Nechevenko. Se trata de la primera testigo llamada en esta investigación.

Según fuentes judiciales, también habría intervenido en la escrituración de otra propiedad por parte del matrimonio Adorni en la localidad de Exaltación de la Cruz.

El préstamo

El departamento donde vive el funcionario se compró el 18 de noviembre del año pasado. Tiene casi 200 metros cuadrados y era propiedad de dos mujeres que la habían adquirido el 30 de abril del mismo año. Antes, perteneció al exfutbolista Hugo Alberto Morales.

Esas vendedoras, identificadas como Beatriz Viegas, jubilada de 72 años domiciliada en el barrio de Flores, y Claudia Sbabo, figuraron no sólo como titulares del bien sino también como acreedoras de un préstamo hipotecario utilizado para concretar la compra. En el Registro de la Propiedad Inmueble consta que ambas aportaron el 50% cada una de un crédito total de USD 200.000, es decir, casi el 90% del monto total de la operación.

La estructura financiera de la operación fue consignada en el informe registral. Allí se detalla que el crédito hipotecario por USD 200.000 le permitió a Adorni completar la adquisición del departamento, quedando las dos jubiladas como acreedoras en partes iguales.

En noviembre de 2025, además de la operación en Caballito, el funcionario adquirió una propiedad en el country Indio Cuá Golf Club, partido de Exaltación de la Cruz, que figura a nombre de su esposa.

Las causas contra el funcionario

Pollicita ya ordenó medidas de prueba y envió oficios a registros de la propiedad inmueble, automotor y entidades bancarias. Se investiga al funcionario y a su esposa Julieta Bettina Angeletti.

La fiscalía fundamentó la solicitud en la existencia de “motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial” del funcionario, según el expediente que tramita el juez federal Ariel Lijo pero quedó delegado.

El mismo magistrado investiga de manera paralela a Adorni por los vuelos privados a Punta del Este que habría pagado el periodista y contratista de la TV Pública Marcelo Grandío.

En esta pesquisa que no está delegada, Pollicita pidió nuevas medidas de prueba para determinar si hubo más viajes conjuntos entre Adorni y el titular de la productora Imhouse, a nombre de la cual se facturó el vuelo de ida que compartieron ambas familias a Punta del Este en el último feriado de carnaval.

Según declararon ya los responsables de la empresa contratista de los vuelos, “el viaje fue pagado por Grandío, quien habría manifestado que se trataba de una invitación”. Adorni tiene bajo su órbita al canal de televisión pública que contrataba a la productora de su amigo.

Las dos investigaciones avanzan de manera paralela en un mismo juzgado y fiscalía de Comodoro Py.

La causa causa “Cuadernos” sumó una nueva jornada de audiencias con la decisión de los empresarios Ángelo Calcaterra y Aldo Roggio de no declarar ante el Tribunal Oral Federal N° 7, en una sesión realizada en la sala Auditorium de Comodoro Py. Ambos imputados optaron por guardar silencio o reservar su exposición para una instancia posterior, en el marco del avance de las indagatorias en el debate oral que tiene entre sus principales acusados a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La audiencia se desarrolló ante el tribunal integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, y comenzó con un planteo de la fiscal Fabiana León, quien cuestionó la existencia de canales informales de comunicación -Whatsapp- entre el tribunal y las defensas sin acceso para el Ministerio Público Fiscal. En ese sentido, reclamó “acceso igualitario a la información” y advirtió que esa situación generaba “conflicto y controversia”.

En ese contexto, otros imputados sí prestaron declaración. El empresario Carlos Mundin negó las acusaciones vinculadas a las anotaciones del remisero Oscar Centeno y afirmó que “lo que escribió Centeno fue un invento”, al sostener que podía probarlo con registros de antenas de telefonía. También encuadró sus reuniones con funcionarios como parte de la actividad normal vinculada a la ejecución de las distintas obras.

Por su parte, el ex titular de la UIA Juan Carlos Lascurain rechazó haber participado en maniobras irregulares y cuestionó los hechos incluidos en su elevación a juicio. “Esto que fue incluido en mi elevación a juicio no fue real”, sostuvo, y agregó que una inspección posterior no detectó facturación apócrifa. También relativizó los dichos de Centeno al señalar que “habló de un paquete, no de dinero”.

En la misma audiencia, el empresario Alberto Tasselli describió un esquema de pedidos de dinero por parte del exfuncionario Roberto Baratta, que vinculó a aportes de campaña y relató haber recibido presiones para concretarlos. “Cuando uno está obligado a pagar, que lo intiman a pagar, uno se siente que no tiene salida”, afirmó. También sostuvo que se le exigía que los pagos fueran en dólares: “No te hagas el boludo porque esto es en dólares y no en pesos”.

Además de Calcaterra y Roggio, otros imputados como Armando Loson optaron por no declarar o diferir su exposición. En el caso de Hernán Del Río, se incorporó su testimonio previo, en el que había denunciado amenazas y expresado temor: “Me dijeron que el silencio es salud… estoy aterrado”.

Fin de la audiencia

Tras la última declaración indagatoria, el presidente del Tribunal Oral Federal 7, Enrique Méndez Signori, dio por finalizada la jornada y convocó a todas las partes para el próximo martes a las 9.

300 mil dólares “para la campaña”

“A mí me dijeron que era para la campaña, después si la usaron para otra cosa yo no lo sé. Yo tengo que contar lo que me dijeron: no puedo cambiar la versión de la situación”, declaró el empresario Taselli ante una pregunta del juez Castelli acerca de las entregas de dinero. Relató, además, que sus pagos equivalieron a un total de 300 mil dólares, y que Nélson Lazarte, mano derecha de Julio De Vido, era el encargado de retirarlos. Dijo que un día dejó de pagar porque “no tenía más formas” de hacerlo.

“Baratta me pidió un aporte para la campaña y estaba prácticamente obligado a aceptarlo”

El empresario Alberto Taselli, de 79 años, nacido en Italia, de profesión industrial y titular de una empresa dedicada a la construcción de transformadores eléctricos, declaró ante el tribunal y describió un pedido de dinero que -según afirmó- le realizó el exfuncionario Roberto Baratta en el contexto de una campaña electoral. “Quisiera confirmar que Baratta me llamó en un momento por teléfono, en donde me solicitó un aporte para la campaña”, sostuvo.

Según relató, el planteo incluyó una referencia al monto, aunque sin mayores precisiones: “Me puso un papelito sobre el escritorio en el que había un ‘1’. Me extrañó un poco la cosa, traté de ver qué era eso. ‘No, mirá, esto es para la campaña’, me dijo”. Taselli explicó que la situación le generó desconcierto, en particular porque no se especificaba la moneda: “Era una cifra que no sabía en qué moneda estaba”.

El empresario señaló además que, con el paso del tiempo, comenzaron a insistirle para concretar el pago. Afirmó que el exfuncionario lo “apestillaba” para que cumpliera con el requerimiento. “Empezaron a apretarme para el tema del pago”, dijo, y explicó: “Cuando uno está obligado a pagar, que lo intiman a pagar, uno se siente que no tiene salida”.

En ese marco, sostuvo que incluso hubo exigencias respecto de la moneda en la que debía realizarse el aporte. “Nosotros pagábamos en pesos, y me llamó Baratta y me dijo: ‘no te hagas el boludo porque esto es en dólares y no en pesos’”. Y agregó: “Esto no es menos que una apretada. Toda mi entrega fue siempre en pesos, por más que él me exigiera dólares. Yo sentía que estaba frente a una exigencia”.

Taselli indicó que no comprendía el motivo del pedido ni la intervención de ese funcionario en su actividad. “Yo decía, no entiendo por qué razón me venía el pedido de ahí y no de otro lado, porque Baratta para mí no era nadie, no era alguien que licitaba o compraba”. En esa línea, explicó que su actividad no le permitía intervenir en procesos licitatorios ni influir en adjudicaciones: “Yo no tenía ninguna manera de arreglar alguna licitación”.

También precisó que las compras de los equipos que fabricaba su empresa dependían de las compañías del sector eléctrico. “Las compras las hacían cada ente eléctrico, Edesur, Edenor… ellos eran los que nos compraban. Para comprar un transformador había que llenar documentación técnica que debía ser evaluada para adjudicar. Baratta no estaba en condiciones de evaluar una cosa de estas características”.

A su vez, describió su situación empresarial como fuertemente dependiente del sector público, lo que -según dijo- condicionaba su margen de decisión frente a ese tipo de pedidos. “Esos pedidos venían en forma apretada, insistente, para que paguemos esto”, afirmó. “Estaba prácticamente obligado a aceptarlo, porque mi único cliente era el Estado. Lo único que yo producía en proporción muy importante eran máquinas de 500 kW, y el único que podía comprármelas era el Estado; no había nadie más que pudiera adquirir estos equipos”.

En ese contexto, reforzó la falta de alternativas frente a esa situación. “Estábamos obligados a hacerlo porque era el Estado, era mi único cliente, y si yo dejaba de hacerlo estábamos en peores condiciones”, sostuvo. Y agregó: “Todos los meses teníamos que pagar los sueldos, que nunca dejé de pagarlos en 35 años”.

“Realmente estoy indignado. He tenido que pagar lo que he pagado (…) y realmente creo que no lo merecía”, expresó. En ese sentido, negó haber recibido contraprestaciones o beneficios por parte del Estado a raíz de esos pagos.

Lascurain negó irregularidades en su empresa y sostuvo que no existieron facturas apócrifas

El ex presidente de la UIA, Juan Carlos Lascurain, rechazó durante su declaración las acusaciones en su contra en la causa y negó haber participado en maniobras de facturación apócrifa, por las que se lo vincula con operaciones por alrededor de 400 millones. “Lo que quiero señalar es que esto que fue incluido en mi elevación a juicio no fue real”, sostuvo, y remarcó que una inspección realizada en junio de 2019 “determinó que no hubo facturas apócrifas por contraprestaciones inexistentes”.

En esa línea, cuestionó la hipótesis de que su empresa se hubiera beneficiado de adjudicaciones públicas como contrapartida de pagos indebidos. A su vez, al describir la actividad de su firma, Fainser, puso como ejemplo un trabajo realizado para Dow Chemical: “Nos compró una caldera de 175 toneladas, la transportamos en un mes y diez días a Bahía Blanca, con toda una estructura y una logística, no son cosas sencillas las que nosotros hacemos”.

Durante su exposición, también repasó su trayectoria personal y empresarial. Relató que comenzó a trabajar a los 18 años, que manejó un taxi durante ocho años y que luego se volcó a la actividad industrial. Indicó que desde 1980 participó en el ámbito gremial empresario representando a fabricantes de acero, que en 1998 fue designado presidente de ADIMRA y que en 2007 asumió la conducción de la UIA. Sobre ese período, recordó la crisis energética de ese año, la estatización de las AFJP -que, según explicó, fue apoyada por el consejo directivo de la entidad- y el conflicto con el sector agropecuario en 2008, frente al cual la UIA adoptó una postura “equidistante”, promoviendo el diálogo.

Asimismo, mencionó su participación en viajes oficiales durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, incluyendo misiones a Rusia y España, donde señaló haber recibido una condecoración, y encuentros bilaterales con Brasil orientados a fortalecer la industria en el Mercosur. “Esto es todo lo que he hecho en mi vida, de lo cual estoy absolutamente conforme y lo volvería a hacer”, expresó.

Por último, volvió a referirse a los hechos que se le imputan en el expediente y negó haber entregado dinero. “El señor Centeno dijo que yo entregué un paquete; no habló de dinero. El juez Bonadio y Stornelli hablaron de dinero, pero no encontré en ningún lado una justificación que hablara de dinero”, afirmó. Y concluyó: “Yo entregué unos catálogos”. En ese sentido, insistió en que su actividad siempre dependió de contrataciones derivadas de terceros: “Yo siempre fui subcontratado y dependía de que alguien haya ganado una licitación pública”. Luego de ello, cerró su declaración ante el tribunal.

Tras un cuarto intermedio, declara Juan Carlos Lascurain

El expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y dueño de Fainser S.A. adelantó que hará uso de la palabra, aunque no responderá preguntas.

Se negó a declarar el chofer del secretario de De Vido

Hernán Diego Del Río, quien asistía a José María Olazagasti, evitó responder preguntas.

Contó que actualmente hace changas, no tiene un sueldo ni un empleo fijo. Está acusado de ser partícipe necesario en el cobro de una coima.

Luego, a diferencia del resto, pasaron a leer la declaración indagatoria que hizo durante la investigación: “Quiero decirles que quiero colaborar, que estoy asustado, que a los dos días que apareció mi nombre en la televisión, me han amenazado a dos cuadras de mi casa en una moto, dos muchachos. Me dijeron que el silencio es salud, por eso estoy aterrado y hace tres días que no duermo y quería solicitarle al tribunal 72 horas para aportar todo lo que sé”, dijo por entonces Del Río.

Aldo Roggio también guardó silencio

El empresario arrepentido no declaró, y se limitó a decir ante el TOF N° 7: “Ratifico y mantengo todos los cuestionamientos jurídicos que mis abogados plantearon como cuestión preliminar”.

El empresario Armando Loson no declaró

Quien fuera dueño del Grupo Albanesi evitó hacer declaraciones en su indagatoria, aunque aseguró que lo hará “posteriormente”, tal como lo tiene permitido.

La mano derecha de Calcaterra también se negó

Javier Sánchez Caballero, principal colaborador de Ángelo Calcaterra en Iecsa, se negó a responder preguntas.

Se negó a declarar Ángelo Calcaterra

El empresario, primo de Mauricio Macri y dueño de la constructora Iecsa al momento de los hechos, utilizó su derecho a guardar silencio.

Varias defensas hicieron reserva del caso federal, en línea con los cuestionamientos a los arrepentidos que no refrendaron sus dichos en juicio ni aceptaron respuestas.

Mundin concluyó una larga exposición y negó pagos ilegales

El empresario sostuvo que sus reuniones con el ex funcionario de Planificación Federal Roberto Baratta referidas por el remisero Centeno en sus escritos fueron encuentros parte de “instancias normales de trabajo” vinculadas a la ejecución de obra pública. Explicó que la empresa BTU participó en proyectos clave de infraestructura energética, como la construcción de plantas compresoras y tramos del gasoducto entonces denominado Néstor Kirchner, hoy Perito Moreno.

Según detalló, estos encuentros formaban parte de lo que en la jerga del sector se conoce como “reuniones de seguimiento”, en las que participaban funcionarios y empresas constructoras. “Eran reuniones presenciales, cara a cara, que duraban medio día y eran estrictamente ejecutivas. Uno de los éxitos de estas obras fue justamente ese esquema de trabajo”, afirmó.

También se refirió a los encuentros realizados en el restaurante Croque Madame, en el Museo de Arte Decorativo, donde —según dijo— se abordaban cuestiones técnicas como avances de obra, inauguraciones, reprogramaciones y dificultades para la importación de insumos.

Centeno documentó algunas de esas idas al restaurante y mencionó bolsos con dinero. “Es inverosímil pensar en maniobras de ese tipo en un lugar abierto y a la vista de todo el mundo”, desmintió Mundin. Además, señaló que “Centeno nunca dejó asentado en sus cuadernos la existencia de bolsos en ese restaurante”.

En esa línea, remarcó que existen registros fílmicos -hechos por el remisero- en los que se lo observa retirándose del lugar “sin portar ningún bolso, sino únicamente una carpeta de trabajo”.

“Nunca se me ocurrió ni pasó por mi cabeza hacer una oferta de dinero para evitar este juicio. Esperé este momento durante ocho años”, sostuvo al finalizar.

Lo que escribió Centeno “fue un invento”

Mundin sigue declarando y sostiene que, en base a prueba suplementaria y a la ubicación de antenas de telefonía, se demuestra que lo que escribió Centeno “es un invento, no pasó”.

Según explicó, los registros de activación de antenas demostrarían que era imposible que hubiera estado en el lugar señalado en los cuadernos como encontrándose con el entonces funcionario y jefe de Centeno, Roberto Baratta para entregarle dinero que era llevado en bolsos.

“En base a dónde se captaron mis celulares, era imposible llegar al lugar marcado por Centeno en ese horario” y por eso “nuestro dinero mal podía estar en el bolso del señor Roberto Baratta”.

Lo que escribió Centeno “fue un invento”, dijo.

“Puedo probar fehacientemente que estas cosas no sucedieron”, sostuvo el empresario Carlos Mundin sobre los escritos de Centeno

El dueño de la constructora BTU SA, Carlos Mundin, declara y relata el impacto personal y empresarial que tuvo su detención en la causa. “Nos sacaron esposados ante las cámaras de TV. Fue un show mediático, desde mi punto de vista, innecesario”.

Recordó que se negó a ser un arrepentido. “Me hubiera permitido recuperar la libertad en forma inmediata. Como me acusaban de asociación ilícita, podía quedar detenido dos años”.

“Yo siempre negué los hechos. No estaba dispuesto a mentir”.

“Me sostiene el no haber traicionado a mis principios y la convicción de mi inocencia”, dijo tras repasar el tiempo que pasó detenido, la crisis de su empresa y a nivel familiar. Luego comenzó a negar los hechos en base a prueba que, según el acusado, desmiente los escritos del exchofer de Baratta.

La fiscal Fabiana León pidió acceso igualitario a la información

La fiscal ante el Tribunal Oral Federal 7 Fabiana León cuestionó la existencia de canales informales de comunicación entre las defensas y el tribunal.

“Hay un canal de comunicación de los señores defensores con el Tribunal que excluye al Ministerio Público Fiscal —desconozco si también a la querella—”, expresó al inicio de la audiencia.

En ese sentido, remarcó que la fiscalía se mantiene permanentemente controlando los escritos de los imputados, pero que no tiene acceso a información relevante que circula por fuera del expediente:

“La fiscalía todo el tiempo está controlando los escritos de los imputados que van a declarar o que no van a declarar. No obstante, no conoce la situación de otros que sí lo harían, pero lo comunican por un carril diferente”.

León pidió evitar “situaciones que generan conflicto y controversia”.

Además, cuestionó un episodio ocurrido en la sala de audiencias vinculado al ingreso de elementos como un portatraje. “Ingresó, violando cuestiones de seguridad, un elemento como una valija o un portatrajes. Por seguridad de los asistentes no debía haber ingresado a la sala ni debía haber sido exhibido en función de lo resuelto en el proveído de prueba”.

También objetó la incorporación de prueba sin las debidas garantías procesales, en referencia a un video de la declaración del remisero arrepentido Oscar Centeno ante la Justicia española en una causa abierta en ese país por el pago de sobornos en Argentina por parte de la empresa Isolux. “Se debía haber certificado”, dijo sobre esa prueba que se exhibió en la audiencia pasada.

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El juicio a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados por supuesta asociación ilícita y cohecho en el caso “Cuadernos” se reanudará esta mañana con una serie de declaraciones indagatorias presenciales que incluye a grandes empresarios, entre ellos el primo del ex presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra y Aldo Roggio.

En sus casos, ambos son “imputados colaboradores” -arrepentidos- y tendrán que presentarse en persona desde las 9 en Comodoro Py 2002 para sentarse ante el Tribunal Oral Federal 7, más allá de su eventual decisión de hablar o guardar silencio en el juicio.

Roggio, de 81 años, está procesado como presunto autor de tres episodios de pago de sobornos y como coautor de otros doce. Calcaterra, de la empresa IECSA y con 67 años, llegó a juicio apuntado por 20 hechos de supuesto cohecho. En su caso intentó sin éxito quedar fuera del debate oral argumentando que los pagos que hizo fueron aportes a campañas políticas, pero el planteo fue desestimado.

También estará en el banquillo en esta audiencia Armando Loson, de 78 años. Por el momento es el único del listado de convocados que anticipó que va a declarar ante los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli. Loson, del grupo Albanesi SA, está procesado por diez hechos de cohecho: este empresario tuvo un rol relevante durante la investigación porque fue quien encargó una pericia en busca de adulteraciones en los escritos del remisero Oscar Centeno.

A raíz de ello se abrió una causa penal paralela donde se dio por probado que hubo tachaduras y enmiendas en los ya famosos cuadernos. Centeno, ex chofer del también acusado ex funcionario kirchnerista Roberto Baratta es imputado colaborador y está bajo un régimen de protección especial. Cuando le tocó ser indagado, guardó silencio y fue uno de los episodios que derivó en cuestionamientos de las defensas, entre ellas la de Cristina Kirchner, que advierten por no poder interrogar a quienes incriminaron a los acusados con sus “confesiones” en la instrucción de la causa.

Liquid paper

Según la hipótesis de Loson, se cubrió con “liquid paper” el nombre de otro involucrado que tendría oficinas en el mismo edificio que las suyas y se buscó inculparlo. Admitió pagos pero no todos los que registró Centeno y dijo que los que hizo fueron aportes de campaña. La maniobra de sobreescritura de los cuadernos se atribuyó a un amigo de Centeno que los tuvo “en guarda”, Oscar Bacigalupo. Este último está procesado en esa causa a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.

Además de Calcaterra, Roggio y Loson serán indagados también Raúl Vertúa, Alberto Taselli, Hernán Del Río, Néstor Otero, Juan Carlos Lascurain y quien fuera segundo del primo de Macri en IECSA, Héctor Sánchez Caballero.

Hasta el momento y desde que se inició la ronda de indagatorias solo un arrepentido, el empresario Juan Carlos de Goycochea, representante en Argentina de la española Isolux al momento de los hechos, dio su versión y respondió preguntas. Ratificó que hubo pagos pero dijo que no fueron los 17 que anotó Centeno y además también habló de aportes de campaña.

El juicio a Cristina Kirchner y otros 85 acusados entró en fase presencial en la etapa de las indagatorias. La primera fue la de la ex presidenta en los tribunales federales de Retiro.

Se juzga la presunta existencia de una asociación ilícita que durante los gobiernos kirchneristas montó un esquema de cobro de sobornos a empresarios para beneficiarlos con contratos de obra pública.

El Tribunal pasó de la virtualidad a extensas jornadas presenciales que se llevan a cabo los martes y jueves.

El debate oral comenzó el 6 de noviembre del año pasado. La ex presidenta es juzgada como supuesta jefa de una asociación ilícita que habría funcionado en el seno del Poder Ejecutivo Nacional entre 2003 y 2015. También por 205 hechos de presunto cohecho pasivo, es decir, recibir sobornos que en este caso habrían pagado empresarios para adjudicarse obras públicas.

El juez penal económico Diego Amarante procesó este lunes a la cúpula directiva de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entre ellos a su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero Pablo Toviggino por la retención y omisión de depósito de impuestos y contribuciones por más de $19.000 millones entre 2024 y 2025.

“Se encuentra verificada, con el grado de probabilidad propio de esta etapa procesal, la intervención material y culpable de Claudio Fabián Tapia y Pablo Ariel Toviggino en los hechos investigados, en tanto ambos contaban con facultades decisorias y de administración que les permitían incidir de manera directa en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.”, advirtió la resolución.

Para el juez “la conducta desplegada por los nombrados implicó la omisión deliberada de ingresar en término los tributos retenidos, generando con ello una mayor disponibilidad de fondos para la entidad.”

La resolución alcanza a Cristian Ariel Malaspina (actual secretario general) y a los ex directivos Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo por considerarlos responsables del delito de apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, agravado por la intervención de más de dos personas en una estructura organizativa.

Embargos multimillonarios

Amarante embargó los bienes de la AFA por 350 millones de pesos; al hacerla responsable como persona jurídica de apropiación indebida de tributos agravado reiterado en 34 oportunidades, “en concurso real con el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravado reiterado en 17 oportunidades”, según la resolución de 140 carillas a la que tuvo acceso Infobae.

El mismo embargo impuso a Tapia y Toviggino. Los procesamientos fueron sin prisión preventiva pero no podrán irse de sus domicilios más de 72 horas sin pedir permiso, tendrán prohibido mudarse sin avisar antes al juzgado y deberán presentarse si son citados. Se mantuvo la prohibición de salida del país. Como hasta ahora tendrán que comunicar al juzgado cada viaje con información detallada para ser autorizados.

En los casos de los otros tres acusados, se fijaron diferentes montos de embargo y se les levantó la prohibición de salida del país. La decisión podrá ser apelada ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico y de quedar confirmada podría iniciar el camino para el envío a juicio oral.

El rol de Tapia

Sobre el rol de Tapia en las maniobras, el juez afirmó que el presidente de la AFA “detenta la representación legal de la entidad” y tiene “una posición central en la estructura de toma de decisiones”. Este rol “magnifica su responsabilidad”, advirtió.

Tapia sabía “de la falta de pago”, agregó la resolución y tuvo “conocimiento y participación” en lo ocurrido porque autorizó la “gran mayoría de los giros relativos a pago de volantes electrónicos”.

“En su carácter de presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, detenta la representación legal de la entidad y, en consecuencia, una posición central en la estructura de toma de decisiones, lo que no puede ser soslayado al momento de evaluar su responsabilidad en los hechos investigados.”, agregó.

El rol central “no sólo le otorgaba facultades decisorias, sino que además lo colocaba en una posición de garante respecto del correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales y previsionales.”

Tapia “conocía no sólo la mecánica de pagos sino también la existencia de incumplimientos reiterados en el ingreso de los tributos retenidos" y contaba con la “capacidad de decidir acerca del destino de los fondos y, en particular, sobre la priorización o postergación del cumplimiento de las obligaciones fiscales”.

El tesorero de la AFA

Sobre el tesorero Toviggino, el magistrado advirtió que su firma apareció en la totalidad de los cheques de la AFA y “se encuentra autorizado para operar y firmar operaciones de transferencia”.

“Tenía a su cargo la intervención directa en la administración de los fondos de la entidad, lo que lo colocaba en una posición determinante respecto del cumplimiento de las obligaciones tributarias”, agregó la resolución. Toviggino es la persona autorizada a operar las cuentas bancarias de la Asociación, suscribir transferencias y otros instrumentos de pago. Tenía “un control efectivo sobre los movimientos financieros”.

La falta de pago en tiempo y forma de estos importes retenidos les generó “una mayor disponibilidad de fondos”, advirtió sobre un posible beneficio económico buscado con la maniobra.

El magistrado sostuvo que si bien esa deuda de 19.300 millones de pesos está regularizada o camino a serlo, el delito se concreta cuando no se paga en tiempo y forma, en un plazo de 30 días una vez que son retenidas las obligaciones. Además, resaltó que en todos los meses donde hubo vencimientos se registraron “significativas transferencias por parte de distintos sponsors de la Asociación del Fútbol Argentino” a cuentas bancarias de la AFA. Es decir, había una “amplia disponibilidad” de fondos para cumplir en tiempo y forma las obligaciones con el fisco.

El 12 de marzo pasado había declarado Tapia, en la última de las indagatorias. A partir de ese momento, comenzaron a correr los plazos procesales —diez días hábiles— para que el magistrado defina la situación de los acusados.

En todos los casos los acusados presentaron escritos y se negaron a responder preguntas. Sus defensas plantearon la inexistencia de delito que les fue rechazada y fueron en apelación a la Cámara Nacional en lo Penal Económico, que aún no decidió al respecto.

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió nuevas medidas de prueba en la investigación por el viaje en avión privado a Punta del Este del jefe de Gabinete Manuel Adorni y su familia junto al periodista Marcelo Grandío en el feriado de Carnaval. La investigación se orienta a determinar si ambos compartieron otros viajes juntos o “hacia los mismos destinos en fechas coincidentes o próximas”.

Después de la declaración clave de Vanesa Elizabeth Tossi, gerenta comercial de JAG Executive Aviation S.A., el viernes último la fiscalía impulsó nuevas pruebas que tendrán que ser dispuestas por el juzgado a cargo del caso.

Tossi confirmó el viernes bajo juramento de verdad que vendió los viajes de ida y vuelta a Punta del Este del 12 al 17 de febrero a Grandío, que le pidieron no facturarlos y que el periodista le manifestó que era invitación. La testigo acompañó los chats por WhatsApp que intercambió con el contratista de la TV Pública durante esas tratativas.

Adorni aseguró en conferencia de prensa que él pagó su parte de los viajes.

Las medidas que pidó el fiscal

En ese marco se pidió el cruce la información sobre viajes de los investigados para determinar si hubo algún otro hecho en forma conjunta o hacia los mismos destinos en fechas iguales o próximas, además del ya conocido vuelo a Uruguay.

La fiscalía requirió al respecto enviar un oficio a la Dirección Nacional de Migraciones con el fin de documentar “la totalidad de los registros de egreso del país” y, en su caso, la vuelta, de Adorni y Grandío desde el 1 de enero de 2023 a la actualidad, según supo Infobae de fuentes judiciales. Además se tendrá que incluir un detalle de fechas, horarios, pasos fronterizos y medios de transporte usados.

También se pidieron los registros de egreso e ingreso al país de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti en el caso puntual del vuelo a Punta del Este en Carnaval y el de “toda otra persona que hubiera integrado” esos viajes entre el 12 y 17 de febrero pasados.

La fiscalía apunta a individualizar además qué funcionarios de Migraciones intervinieron en los trámites de rigor para la salida y vuelta al país de los Adorni.

Presunto enriquecimiento

Además de la causa por el viaje a Uruguay que según se sospecha habría sido pagado por Grandío y su productora Imhouse, contratista de la TV Pública, que está bajo la órbita de Adorni, en el mismo juzgado y la misma fiscalía tramita una denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito.

El juez federal Ariel Lijo delegó esta investigación en la fiscalía de Pollicita, quien ya dio curso a medidas que había solicitado al magistrado. Se enviaron oficios en busca de información a registros de la Propiedad y otros vinculados a detalles de los gastos de una casa en el Country Indio Cuá Golf, partido de Exaltación de la Cruz.

Según esta denuncia impulsada por la diputada Marcela Pagano, el patrimonio de Adorni habría experimentado un incremento del 500% en un único período fiscal.

La diputada señaló “severas discrepancias entre la declaración jurada inicial y la anual, verificándose la omisión de activos financieros y depósitos en el exterior por sumas superiores a $16.000.000”.A estos movimientos se suma la incorporación de USD 24.500 en efectivo, cuya procedencia se habría justificado formalmente mediante “mutuos”, es decir, préstamos, con su madre y una tía.

La presentación inicial también menciona dos viajes recientes de Adorni. Uno a Nueva York como miembro de la comitiva presidencial, acompañado por su esposa, con cobertura de gastos cuestionada. El segundo, a Punta del Este en un avión privado, quedó vinculado a otra causa penal que tramita en el mismo juzgado de Lijo.

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Mario Villar sostuvo este lunes que la investigación por el origen del dinero con que se compró la casaquinta de Pilar valuada en 17 millones de dólares y vinculada a la AFA debe volver a la órbita del juez federal Daniel Rafecas, en la ciudad de Buenos Aires.

“La solución de enviar la causa al Juzgado de Campana no sólo es equivocada sino que sembraría la duda acerca de la transparencia e imparcialidad”, sostuvo Villar en el dictamen al que tuvo acceso Infobae.

Pese a que el fiscal presentó su escrito, Casación suspendió luego la audiencia ante una recusación que presentó la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió para que se aparte del caso AFA la jueza Angela Ledesma, designada para resolver el tema, con lo cual se dilatará una decisión clave para el futuro del caso penal.

Sus colegas Mariano Borinsky y Javier Carbajo tienen que resolver si confirman a Ledesma o se debe sortear otra vez un tercer integrante para zanjar el conflicto de competencia.

Carrió pidió que Ledesma se aparte por vínculos que atribuye a la magistrada con sectores judiciales de Santiago del Estero, provincia de la que es oriundo el tesorero de AFA Pablo Toviggino. “Las conexiones políticas de la Dra. podrían coincidir con los del Sr. Toviggino, aunque ello no implique denuncia alguna o duda respecto de la solvencia de la Dra. Ledesma”, sostuvo la dirigente de la Coalición Cívica, denunciante en la causa.

Lavado de activos

A la hora de postular que el caso vuelva a Rafecas, Villar entendió que las maniobras investigadas “darían cuenta de un trazado de fondos bajo figuras jurídicas y físicas que podrían encubrir su origen como fondos lícitos de la entidad no declarados y/o desviados a fines privados, o nuevas aplicaciones de sumas de origen ilícito”.

El fiscal postuló ante la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que la causa no debe seguir investigándose en el juzgado federal de Campana a cargo del juez Adrián González Charvay y debe revocarse una decisión de la Cámara Federal de San Martín que envió el expediente a ese distrito. Villar apoyó así un recurso de queja del fiscal de ese distrito, Carlos Cearras.

La defensa de los dos imputados como supuestos testaferros Luciano Pantano y su madre Ana Conte reclama que todo siga a cargo de González Charvay.

La casaquinta de los 17 millones

Se trata del futuro del caso por la casaquinta de Pilar que la Justicia valuó en 17 millones de dólares más una flota de autos de lujo que se encontró en un galpón. Además, tiene helipuerto y caballerizas.

Rafecas fue el primer juez que intervino en la investigación, pero luego se declaró incompetente y giró el expediente al fuero penal económico porteño, con lo cual quedó a cargo del juez Marcelo Aguinsky.

Este último magistrado tuvo que enviar el expediente a González Charvay en enero último, a raíz de una decisión del juez de feria de la Cámara Federal de San Martín Alberto Lugones, quien respaldó el planteo de inhibitoria que le había cursado el juez de Campana.

Cuando el caso estuvo en el juzgado de Rafecas se ordenaron los allanamientos a la casaquinta, se dispuso custodia permanente y se encomendó la pericia que arrojó el valor real de la propiedad, que había sido escriturada en 1.8 millones de dólares.

El origen del conflicto: un mail

Villar dictaminó ahora que la cuestión de competencia “debe ser resuelta, en razón del objeto de la causa y la especialización en materia de lavado de activos, en favor de la Justicia en lo Criminal Federal de esta ciudad” y por eso el expediente debería volver al juzgado de Rafecas.

Como segunda posibilidad y de no ser compartida su postura, el fiscal planteó que el caso debe regresar en todo caso al juzgado en lo penal económico de Marcelo Aguinsky, también en CABA. Y como tercera solución que el conflicto de competencia lo resuelva la Cámara en lo Penal Económico de CABA y no la de San Martín.

Sobre el inicio del episodio que derivó en el planteo de inhibitoria cursado por el juez de Campana, el fiscal advirtió que se trató de un correo electrónico enviado al juzgado por parte de la defensa del imputado Pantano, el día en que debía presentarse a declarar ante el juez que por entonces tenía el caso, Aguinsky. Charvay le reclamó la causa y esa declaración quedó sin efecto.

Villar advirtió que en Campana no existía una causa previa a ese correo electrónico. “No es una actuación o prevención policial, no es un requerimiento de instrucción y no es una denuncia. No puede existir una cuestión de competencia entre una causa y una no causa”, cuestionó. La situación, esta “apariencia de causa”, afecta “necesariamente los demás argumentos acerca de la competencia”.

La garantía del juez natural “no sólo impide el juzgamiento por comisiones especiales, sino una alteración direccionada de las reglas de competencia territorial”, acotó y recordó que la sede central de la AFA al momento de los hechos investigados es la de la calle Viamonte, en CABA.

Qué se investiga

A la hora de pasar en limpio de qué se trata la investigación que vincula a dirigentes de AFA como su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y su tesorero Pablo Toviggino a la quinta de Pilar, el fiscal remarcó que se trata de la supuesta “ existencia de una red internacional de intermediarios financieros que habrían operado entre los años 2021 y 2025, que habrían canalizado fuera del circuito bancario argentino fondos lícitos obtenidos por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) mediante un complejo circuito financiero”.

Estos fondos “bajo el pretexto del cepo cambiario y mediante mecanismos irregularmente onerosos (comisiones del 30%) se habrían desviado y ocultado del patrimonio de AFA, valiéndose de empresas constituidas en el exterior (algunas en paraísos fiscales y con cuentas bancarias off shore), con participación o aquiescencia de dirigentes de AFA y/o personas allegadas a la dirigencia”.

Los ingresos de AFA se vincularían con el pago de derechos comerciales, de auspiciantes extranjeros de la Selección Nacional de fútbol, de derechos de transmisión de los partidos, entre otros. Se trata del tramo de la investigación que involucra a TourProdEnter LLC, de Javier Faroni.

Los fondos habrían sido “desviados ilícitamente a sociedades constituidas en EEUU, Reino Unido y República Oriental del Uruguay. Se presume que esas sociedades serían meras fachadas, ligadas a las mismas personas o allegados de la dirigencia de la AFA”, agregó la fiscalía ante Casación.

En ese contexto, la compra de la casaquinta de Pilar por parte de la sociedad Real Central de los Pantano habría sido una maniobra posterior de lavado de activos que abarcó también a unidades funcionales en el barrio privado Ayres Plaza en Pilar y los 54 vehículos encontrados en el galpón del predio de Villa Rosa, caballos árabes y de pura sangre, y otros bienes de valor en el mercado.

Fabián Rossi podría salir de la cárcel de Marcos Paz para continuar cumpliendo su condena bajo prisión domiciliaria en la causa por “la ruta del dinero K”, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal ordenó revisar un rechazo de ese beneficio a la luz de nuevos elementos sobre su estado de salud.

Por mayoría, los jueces de la Sala IV del máximo tribunal penal federal, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, resolvieron devolver el expediente al juez de ejecución del Tribunal Oral Federal 4. para que dicte una nueva decisión con base en informes médicos actualizados.

Rossi, de 61 años y ex marido de la vedette Ileana Calabró, cumple una condena de 4 años y 6 meses de prisión por lavado de activos agravado, en la causa donde también se condenó al dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez.

El ex apoderado de la financiera SGI, conocida como “La Rosadita” en Puerto Madero, se entregó en los tribunales federales de Retiro para quedar detenido el 2 de junio del año pasado, luego de que la Corte Suprema confirmó las condenas dictadas en el caso de corrupción, y rechazó su recurso extraordinario. La sentencia lo consideró partícipe necesario del delito de lavado de activos agravado.

En la investigación se comprobaron maniobras de lavado de activos por 55 millones de dólares, por medio de transferencias a bancos del extranjero y el reingreso de esos fondos a través de la compra de bonos. Báez, dueño de “Austral Construcciones” y beneficiario de casi la totalidad de la obra pública vial nacional en Santa Cruz durante el kirchnerismo, recibió en esta causa por lavado una pena de 10 años de prisión.

La situación de Rossi

El eje de la decisión fue la aparición de circunstancias que no habían sido evaluadas al momento del rechazo original. “Estas circunstancias novedosas, que no han podido ser valoradas por el juez de ejecución al momento de decidir, ameritan y demandan un nuevo tratamiento del caso”, sostuvo el voto del juez Carbajo, al que adhirió para conformar una mayoría Borinsky.

Este último magistrado se había mostrado favorable a conceder la prisión domiciliaria. Borinsky entendió que correspondía otorgar el beneficio porque “se encuentran acreditadas las condiciones clínicas que justifican la concesión de la prisión domiciliaria”. Además advirtió que “la modalidad actual de ejecución resulta incompatible con los fines de la pena”.

Pero ante la oposición del juez Gustavo Hornos, quien mantuvo que Rossi debe seguir preso en una cárcel común, adhirió al voto de Carbajo para conformar mayoría y habilitar la revisión por parte del Tribunal Oral. En esa línea, se decidió que “corresponde devolver las actuaciones a la instancia anterior a fin de que, con la celeridad que el caso requiere y munido de informes médicos actualizados, se decida sobre la materia planteada”.

En su voto en minoría Hornos postuló rechazar el recurso y confirmar así la decisión del Tribunal Oral. “No nos encontramos frente a una enfermedad aguda” y “el debido tratamiento puede ser garantizado” dentro del ámbito carcelario, consideró.

En septiembre pasado los mismos magistrados habían rechazado un primer intento de Rossi por obtener la prisión domiciliaria.

Deterioro del estado de salud

En ese contexto, la defensa de Rossi describió un deterioro progresivo de su estado físico durante la detención y apuntó contra las condiciones de alojamiento en el penal de Marcos Paz. “La pierna de Rossi se ha reducido a la mitad de su tamaño… al no poder apoyarse en ella y renguear desde hace meses”, señalaron los abogados, quienes además advirtieron que el establecimiento penitenciario no tendría “las condiciones, la aparatología ni el personal adecuado para tratarlo”.

Como ejemplo de esa situación, detalló un episodio ocurrido el 9 de febrero pasado. “Ante la carencia de herramientas de ejercicio terapéutico adecuadas y estando reducido junto con otros treinta internos, Rossi perdió el equilibrio y cayó al suelo, chocó su cabeza con una ventana interior con marco de hierro”, indicaron. Según la presentación, el golpe le provocó una herida que requirió sutura y “los puntos fueron cocidos sin anestesia”.

La defensa también advirtió sobre la falta de tratamientos específicos para su rehabilitación. “Existe falta de aparatología, herramientas y lugares adecuados para llevar a cabo la rehabilitación del tendón de Aquiles, ni tampoco el tratamiento de magnetoterapia que ayuda a reducir las secuelas de dolor e hinchazón”, plantearon.

A esos argumentos se sumaron nuevos diagnósticos médicos que vincularon con las condiciones de detención.

En base a ese cuadro, los abogados insistieron en que se trata de hechos nuevos que obligan a revisar la decisión previa. “Estas circunstancias novedosas… ameritan y demandan un nuevo tratamiento del caso”, remarcaron, y agregaron que “resulta de aplicación la teoría de los recursos, según la cual es ineludible el principio que ordena que estos sean resueltos de conformidad con las circunstancias existentes”.

El pedido de domiciliaria había sido rechazado en primera instancia bajo el argumento de que no se trataba de un cuadro de gravedad. “No nos encontramos frente a una enfermedad aguda”, sostuvo entonces el juez de ejecución, quien consideró además que “el debido tratamiento puede ser garantizado… dentro del ámbito carcelario”.

Ahora, el juez de Ejecución de la condena, Néstor Costabel, deberá analizar nuevamente el estado de salud de Rossi y definir si las nuevas circunstancias justifican que continúe cumpliendo su condena fuera de la cárcel.

La causa penal por la presunta retención indebida de aportes por más de $19.000 millones en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) entrará esta semana en un tramo decisivo. Tras la última indagatoria a Claudio “Chiqui” Tapia el 12 de marzo pasado, el juez en lo penal económico Diego Amarante quedó en condiciones de resolver la situación procesal de los cinco imputados, mientras la Cámara del fuero debe definir un planteo clave que podría cambiar el rumbo del expediente.

Indagatorias cerradas y cuenta regresiva

El 12 de marzo declaró el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en la última de las indagatorias. A partir de ese momento, comenzaron a correr los plazos procesales —diez días hábiles— para que el magistrado defina si procesa, dicta falta de mérito o sobresee a los acusados.

Tapia, al igual que el tesorero Pablo Toviggino y los demás dirigentes imputados —Gustavo Lorenzo, Víctor Blanco y Cristian Malaspina—, presentó un escrito, negó los cargos y evitó responder preguntas. En su defensa, sostuvo que no existió delito ni responsabilidad personal ni institucional, cuestionó la difusión mediática del caso y pidió medidas de prueba.

Sin embargo, todos debieron escuchar la lectura completa de la imputación. Se detallaron 51 hechos, uno por cada período fiscal en el que se habrían retenido y no depositado aportes al fisco entre 2024 y 2025. Además, se expuso un informe de 15 carillas con la prueba acumulada desde la denuncia de ARCA.

Dos frentes abiertos

El expediente avanza en paralelo en dos planos. Por un lado, el juez Amarante ya puede definir la situación de los imputados. Por otro, la Cámara en lo Penal Económico debe resolver si hay delito o si corresponde cerrar la causa por inexistencia de acción.

Este último punto es central. La Sala A, integrada por los jueces Carolina Robiglio y Roberto Hornos, tiene pendiente decidir sobre el planteo de las defensas. Aunque se había previsto una audiencia, las partes presentaron memoriales escritos, el último de ellos la semana pasada. Los magistrados ya están en condiciones de resolver.

El dictamen fiscal: la causa debe seguir

El fiscal general ante la Cámara, Gabriel Pérez Barberá, dictaminó al respecto que los pedidos de sobreseimiento deben ser rechazados y que la investigación debe continuar. Sostuvo que si la AFA retuvo fondos que no le pertenecían y no los depositó en término, el delito se configura, más allá de cualquier medida administrativa.

“La consumación se produce cuando, vencido el plazo, el obligado omite efectuar su depósito”, sostuvo.

El fiscal también rechazó el principal argumento de la defensa, que sostiene que la suspensión de ejecuciones fiscales dispuesta por el Ministerio de Economía volvió inexigible la deuda. “La exigibilidad de una obligación no depende de la disponibilidad inmediata de los mecanismos de ejecución”, advirtió.

Además, remarcó un punto clave: no se trata de impuestos propios, sino de dinero retenido a terceros que debía ser transferido al Estado, lo que implica un deber jurídico particularmente intenso.

El núcleo de la discusión

El caso gira sobre una discusión jurídica de fondo: cuándo se configura el delito tributario.

Para la fiscalía, se trata de un delito omisivo que se consuma cuando vence el plazo y no se deposita lo retenido. En esa línea, considera que las decisiones administrativas sobre cómo cobrar la deuda no alteran esa obligación.

Para las defensas, en cambio, no hay delito sin una obligación exigible. Sostienen que la suspensión de ejecuciones implicó, en los hechos, una postergación de los vencimientos y que, si no hay deuda exigible, no puede haber incumplimiento penal.

En esa línea, plantearon la atipicidad de la conducta y afirmaron que el tipo penal no se configura por la mera existencia de una deuda tributaria, sino por el transcurso de treinta días desde el vencimiento del plazo de ingreso.

También sostuvieron que si el propio ordenamiento jurídico había postergado el vencimiento del plazo de ingreso, no puede sostenerse que se haya configurado el delito.

Los próximos pasos

Con las indagatorias cerradas, el juez Amarante está en condiciones de resolver en cualquier momento. En paralelo, la Cámara debe pronunciarse sobre la validez misma de la acusación.

El escenario abre tres posibles caminos: procesamientos que en caso de ser confirmados en la etapa de apelación impulsen la causa hacia el juicio oral, una falta de mérito que lleve a seguir con la investigación y postergue definiciones o sobreseimientos si prospera la tesis de inexistencia de delito.

Mientras tanto, los dirigentes continúan con prohibición de salida del país, una medida que también está bajo revisión. Con el Mundial a la vuelta de la esquina, Tapia pidió sin éxito que se le otorgue un permiso para entrar y salir de Argentina sin tener que pedir autorización en cada ocasión durante 60 días.

La empleada del broker que vendió los vuelos privados en los que Manuel Adorni viajó con su familia a Punta del Este, en el feriado de Carnaval, complicó hoy la situación del jefe de Gabinete de Javier Milei al asegurar que el periodista que pagó los viajes, Marcelo Grandío, le refirió que la familia que viajaría con ellos era su invitada.

Vanesa Tossi contó al juez federal Ariel Lijo y al fiscal Gerardo Pollicita que conocía a Grandío con anterioridad y que el periodista le pidió cotización porque quería “invitar a una familia a Punta del Este”. Una vez que ella pasó las tarifas, se enteró que la familia invitada sería la del jefe de Gabinete Adorni, según declaró bajo juramento de verdad en la causa que investiga supuestas dádivas.

En conferencia de prensa, esta semana Adorni había asegurado que pagó los pasajes de los integrantes de su familia, algo que se contradice con los dichos de Tossi.

La testigo que trabaja en Jag Executive Aviation contó a los funcionarios judiciales que Grandío no quería que se facturara ningún vuelo, pero que luego acordaron hacerlo sólo con los tickets de la ida. Además, aportó el chat donde el periodista le refirió que debía facturarse a nombre de Imhouse, su productora y contratista de la TV Pública -empresa que se encuentra bajo la órbita de funciones de Adorni-, según explicaron fuentes del caso.

Tossi agregó además que, incluso, el periodista le pidió que intentara vender alguna plaza vacía del vuelo para bajar costos porque “era una invitación”.

El vuelo de regreso de Adorni y su familia del 17 de febrero debía abonarse en efectivo. Tras el viaje, el lunes 23, la testigo recordó que reclamó el pago a Grandío. El periodista la remitió a alguien llamado Horacio, quien ya había hecho la transferencia del vuelo de ida y, a su vez, éste le pasó su contacto a una tercera persona, Marcelo, quien le escribió por WhatsApp para entregarle el sobre con el dinero.

El video del viaje y los llamados

La testigo advirtió que, cuando se hizo público el viaje de Adorni del 12 al 17 de febrero, y se difundió el video que lo mostró subiendo al vuelo privado con su familia, Grandío comenzó a llamarla “varias veces muy nervioso” y ella dejó de atenderlo.

Uno de esos llamados ocurrió este viernes en plena audiencia y quedó asentado en el acta de la declaración.

El intento de comunicación se produjo en medio del trámite judicial en el tercer piso de Comodoro Py 2002, sede del juzgado de Lijo, mientras la testigo exponía en la secretaría a cargo del caso.

Recibió en su celular mensajes de Grandío y un llamado que no respondió.

Además, la empleada entregó al juzgado la copia de una carta documento que Grandío le mandó a su jefe para desconocer la factura emitida por un vuelo y el servicio, y reclamó la generación de una nota de crédito.

Tossi ratificó así que el viaje de vuelta se cobró en efectivo a Grandío, como ayer declaró su jefe Agustín Issin.

La mujer declaró desde primera hora de este viernes en el juzgado federal a cargo de Lijo, y se retiró de tribunales poco antes del mediodía.

Su testimonio es muy importante para la causa porque fue quien tuvo trato directo con Grandío para coordinar la venta de los vuelos y su pago.

Según dijo ayer Issin, el primer viaje que compartieron Grandío y Adorni -el de ida- se facturó a la productora del periodista Imhouse. Esta firma es contratista de la TV Pública. El juez Lijo ordenó este viernes la búsqueda de esos contratos en la sede de la empresa pública.

El vuelo de vuelta de Adorni, según estas declaraciones, lo pagó Grandío de manera directa en efectivo.

Quiénes pagaron según los testigos

El broker se presentó ayer por iniciativa propia ante Lijo y declaró por más de cuatro horas: confirmó que ambos tramos del viaje los abonó el periodista.

Al respecto, Issin detalló que el vuelo de ida se facturó a la productora de Grandío, Imhouse, directamente desde la operadora de aviación Alpha Centauri, a la que el piloto y empresario compra paquetes de vuelos para la reventa.

Respecto del viaje de vuelta, declaró al igual que lo hizo ahora su secretaria, que Grandío lo pagó en efectivo directamente a su empresa.

El broker aportó distintas conversaciones desde el celular comercial de la empresa que se mantuvieron con Grandío, donde se gestionó la contratación de los vuelos privados.

Según las conversaciones aportadas, el amigo de Adorni pagó 3000 dólares, ya que pudieron ubicar en el viaje de ida a otros dos pasajeros con la modalidad “de pata vacía” –asientos libres- y uno a la vuelta, lo que generó un descuento en el precio”, explicaron fuentes del caso sobre esa declaración.

El testigo manifestó que Marcelo Grandío pidió que vendieran algún tramo para obtener un descuento, y por eso se le generó una quita en el precio. Respecto a si tenía algún recibo del pago en efectivo, mencionó que tomó como comprobante el mensaje enviado por chat de WhatsApp confirmando el ingreso del dinero.

La Justicia ordenó hoy retirar de la TV Pública contratos y toda documentación relacionada al vínculo laboral que mantiene el periodista Marcelo Grandio, amigo del jefe de Gabinete Manuel Adorni, con el canal, que se encuentra bajo la órbita de funciones del ministro.

Grandio habría pagado los vuelos privados de ida y vuelta a Punta del Este que el funcionario realizó con su familia en la semana de Carnaval.

El procedimiento a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria fue ordenado por el juez federal Ariel Lijo con el fin de acceder a los contratos de la productora Imhouse, de Grandio, con la emisora estatal, en la causa que investiga presuntas dádivas, según informaron a Infobae fuentes judiciales.

De manera paralela comenzó a declarar este viernes como testigo en los tribunales federales de Retiro una secretaria del piloto y bróker de vuelos Agustín Issin, quien ayer dijo a la Justicia que esos viajes los abonó Grandio.

La empleada, Vanesa Tossi, ya llegó a tribunales y comenzó a ser interrogada bajo juramento de verdad. Según se explicó, fue la persona que realizó la gestión directa de la venta y pago de los vuelos con Grandio. La testigo ratificó que el viaje en el que volvió Adorni lo pagó Grandio, según adelantaron fuentes del caso.

Qué le dijo el bróker a la Justicia

Su jefe se presentó ayer por iniciativa propia ante Lijo y declaró por más de cuatro horas: confirmó que ambos tramos del viaje los abonó el periodista.

Al respecto, Issin detalló que el vuelo de ida se facturó a la productora de Grandio, Imhouse, directamente desde la operadora de aviación Alpha Centauri.

Respecto del vuelo de vuelta, declaró que Grandio lo pagó directamente a su empresa y por eso se lo facturó al periodista. El pago se hizo en efectivo y el dinero lo entregó una persona que mandó Grandio llamada “Horacio” a la empleada de la empresa.

El bróker aportó distintas conversaciones desde el celular comercial de la empresa que se mantuvieron con Grandio, donde se gestionó la contratación de los vuelos.

Según las conversaciones aportadas, el amigo de Adorni pagó 3000 dólares, ya que pudieron ubicar en el viaje de ida a otros dos pasajeros con la modalidad “de pata vacía” –asientos libres- y 1 a la vuelta, lo que generó un descuento en el precio", explicaron fuentes del caso sobre esa declaración.

El testigo manifestó que Marcelo Grandio pidió que vendieran algún tramo para obtener un descuento y por eso se le generó una quita en el precio. Respecto a si tenía algún recibo del pago en efectivo, mencionó que tomó como comprobante el mensaje enviado por chat de WhatsApp confirmando el ingreso del dinero.

Apenas terminó el primer Tech Forum en octubre de 2024, con Javier Milei como orador principal, los organizadores Mauricio Novelli y sus socios activaron una agenda de negocios que incluía un ciclo de eventos exclusivos para 2025, entre ellos una “Expo Finance” con acceso VIP en un lugar secreto. Desde septiembre de ese año ya había en marcha proyectos de merchandising: desde anteojos con la marca “Milei” hasta banderines, mochilas, remeras y bebidas energizantes.

La explotación comercial de la imagen presidencial se transformó en un emprendimiento de eventos con diferentes tipos de membresías que podían superar los 50.000 dólares, cocktails en locaciones secretas y accesos VIP.

El éxito del encuentro inaugural, que reunió a empresarios, funcionarios y representantes del sector tecnológico en Buenos Aires, aceleró la organización de una segunda edición del foro y el lanzamiento de la Expo Finance, ambos con el uso de la figura de Milei como punto central de la promoción. Se ofrecían experiencias reservadas para sponsors y líderes de la industria, quienes podían acceder a cócteles privados en espacios exclusivos de la ciudad.

El valor máximo era de 50 mil dólares pero había un escalón más -el Diamond-: quienes aspiraban a esa membresía debían negociar condiciones particulares de manera directa con los organizadores. Todo se detallaba en flyers promocionales, cuyos borradores y proyectos se encontraron en el teléfono de Novelli. La Expo Finance tenía fecha de inicio el 10 de octubre de 2025 bajo el lema “donde el mundo del Forex se encuentra con América Latina”.

Gorro, bandera y vincha

En paralelo, los impulsores delinearon un plan comercial de productos vinculados a la figura presidencial. Un documento interno titulado “Project: Merchandise JM”, fechado en septiembre de 2024, detalla la producción de remeras, gorras, mochilas y anteojos de sol con la marca Milei, además de una línea de bebidas energizantes con el logo de un león. Hasta se encontró un proyecto de diseño de góndola en un supermercado, todo tildado como “confidencial”. La distribución sería a gran escala en Argentina, España y Estados Unidos. El documento destacaba: “El aspecto más importante será el logo/emblema, el slogan y los colores principales”.

La estructura comercial incluía el desarrollo de una base de datos de clientes. “En el pasado, las personas influyentes licenciaban sus nombres a grandes marcas para que estas crearan líneas de productos subordinados”, arrancaba la propuesta para “licenciar” la marca Milei.

Los intercambios internos que constan en el análisis de la DATIP incorporado a la causa señala que el sistema de gestión permitiría obtener información sobre las preferencias políticas de los consumidores y difundir mensajes alineados con el gobierno de Milei. El lanzamiento inicial se planificó a través de Mercado Libre y una tienda online propia.

Para todo debía obtenerse la aprobación del Presidente, quien según el plan iba a firmar un contrato con la empresa dueña de la idea. Novelli explicaba a sus dos responsables vía WhatsApp que de eso podía ocuparse él pero tenía resistencias del entorno presidencial. El programa de negocios también contemplaba como ya publicó Infobae la acuñación de monedas de oro.

El primer proyecto que logró ver la luz a principios de ese 2025 fue la criptomoneda $LIBRA, promocionada a las 19.01 del 14 de febrero por un posteo en la red X de Javier Milei, acompañado del enlace para adquirirla. Los proyectos de eventos VIP y productos asociados a la imagen presidencial avanzaron hasta la etapa de borradores de acuerdos legales y modelos de producción, pero todo se terminó tras el escándalo de $LIBRA.

Prueba en riesgo

La investigación judicial sobre la explotación de la imagen presidencial derivó en la extracción y análisis de 812,72 GB de información digital. El informe final de la pericia incluyó 8.669 páginas de comunicaciones y 4.193 archivos,

La defensa de Novelli, a cargo del abogado Daniel Rubinovich, impugnó la validez de la pericia realizada por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DATIP).

Argumenta que se incluyó información privada y comunicaciones protegidas por secreto profesional. Al respecto solicitó que se suspenda cualquier utilización judicial o extrajudicial del material hasta que se resuelva la nulidad, incluso para “comunicación”. La defensa sostiene que hubo inclusión de información no relevante y afectación de la privacidad de los involucrados y terceros. Ante este planteo comenzó un camino judicial cuyo primer paso será pedir opinión al fiscal del caso, Eduardo Taiano.

El juicio oral por la causa Cuadernos se reanudó este jueves en los tribunales de Comodoro Py, con la declaración indagatoria de ocho exfuncionarios del kirchnerismo y empresarios acusados de integrar el entramado de recaudación ilegal de sobornos en la obra pública, entre 2003 y 2015.

Al inicio de la audiencia se reiteraron planteos de nulidad de la incorporación por lectura de declaraciones de arrepentidos que se negaron a prestar indagatoria en el juicio oral, entre ellos el financista Ernesto Clarens y el remisero autor de los cuadernos, Oscar Centeno.

El presidente del Tribunal Enrique Méndez Signori anunció el rechazo “in limine” de la nueva petición e impuso las costas al abogado que lo formuló, a pedido de la fiscal de juicio Fabiana León, porque el tema ya se había tratado en la audiencia anterior.

El ex director del Ente Binacional Yacyretá durante el kirchnerismo, Oscar Thomas, aceptó declarar y responder preguntas.

“Nunca integré una asociación ilícita ni manejé dinero ni emití cheques ni tenía fondos reservados, ni delinquí, ni fui funcionario público. Mi tarea siempre fue dentro del escenario” de Yacyretá, comenzó a explicar.

Durante su indagatoria, Thomas se refirió a los contactos que tuvo con Roberto Baratta y los circunscribió a episodios puntuales, alejados -según su versión- de cualquier circuito de recaudación ilegal. Ante preguntas del tribunal, señaló que el exsubsecretario de Planificación Federal “fue dos veces” a su domicilio en la ciudad de Buenos Aires cuando él viajaba desde Posadas.

Según detalló, en una de esas ocasiones Baratta se acercó para retirar un libro de su autoría -“seguro quería tener la primicia”, afirmó- y en otra oportunidad pasó a buscar paquetes de yerba que Thomas traía desde Misiones. “Bajé a entregarle en la planta baja. Fue la única vez”, dijo al describir ese encuentro, y negó que esas visitas hayan tenido otro propósito.

El ex subsecretario de Obras Públicas Germán Nivello, se negó a declarar. El mismo curso de acción adoptó el empresario desarrollista Claudio Glasman.

Entre los citados para esta jornada estuvo el empresario Juan Carlos De Goycoechea, exdirectivo de Isolux Corsán y arrepentido en la causa, quien está procesado por un hecho de cohecho activo y su defensa anticipó que aceptaría hablar ante los jueces Fernando Canero, Enrique Médez Signori y Germán Castelli.

Otro de los imputados que declaró fue Hernán Camilo Gómez, exfuncionario de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, acusado como partícipe necesario en tres hechos de cohecho pasivo.

La lista se completa con Fabián Ezequiel García Ramón y Walter Rodolfo Fagyas, exasesor de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, quien también decidió declarar en la Sala Auditorium.

Del lado empresarial, el listado contemplaba el testimonio de Carlos José Mundín, presidente de BTU, así como de Claudio Javier Glazman, imputado colaborador y exdirector de Sociedad Latinoamericana de Inversiones S.A. (Grupo SLI).

Todos ellos habrían tenido distintos niveles de participación en el circuito de pago y recaudación de sobornos que, de acuerdo con la fiscalía, funcionó de manera sistemática desde el Estado hacia empresarios contratistas.

Cierre de la jornada en la Sala Auditorium

Pasadas las 18:30, y terminados todos los testimonios, el juez Enrique Méndez Signori dio por cerrada la audiencia hasta el próximo martes a las 09:30 para seguir recibiendo indagatorias.

Un ex representante de Isolux admitió pagos a Baratta, los vinculó a aportes de campaña en Río Turbio y mencionó “temor a represalias”

Luego de un cuarto intermedio de poco más de media hora, el exrepresentante de la empresa española Isolux en Argentina, Juan Carlos De Goycoechea, declaró como imputado colaborador y detalló el origen de los pagos investigados en la causa. Señaló que en 2009 fue convocado por Roberto Baratta, quien le planteó que la empresa debía realizar aportes para campañas electorales tras la adjudicación de la central térmica de Río Turbio. Según explicó, trasladó ese pedido a la casa matriz en España —donde se tomaban todas las decisiones— y, tras deliberar, recibió la instrucción de avanzar con los pagos por “expreso temor a represalias”, como la interrupción de certificados de obra o perjuicios en la ejecución del contrato.

El empresario afirmó que, a partir de esa decisión, retiraba dinero de casas de cambio y lo entregaba personalmente entre 2009 y 2014. “Sí que hice las entregas”, admitió, aunque aclaró que no tiene certeza sobre los montos ni sobre la cantidad exacta de operaciones. En ese sentido, revisó su declaración anterior y expresó que las entregas “no deben haber sido más de siete”, pese a que en el expediente se consignaron 17 o 19, y explicó que no llevaba registros porque era el único dentro de la empresa que conocía ese circuito. También precisó que los pagos se concretaban en la dirección de Maipú 741 y que el dinero le era remitido desde el exterior a través de canales que él conocía.

En su exposición, De Goycoechea intentó delimitar su rol dentro de la empresa —a la que describió como una sucursal sin autonomía respecto de la casa matriz española— y sostuvo que no era dueño ni directivo con poder de decisión. Afirmó además que “nunca” solicitó a Baratta gestiones en favor de la empresa y que su intervención se limitó a cumplir instrucciones. También cuestionó las anotaciones de Oscar Centeno: “lo que asentó respecto a Isolux no condice con lo que pasó”, dijo. A su vez, recordó que su detención, que se extendió por tres días tras una orden de captura, le provocó “un estrés y un quiebre emocional muy grave”, cuyas consecuencias —según señaló— aún persisten.

Poco después, solicitó transmitir en la pantalla de la sala de audiencias un video de nueve minutos con una declaración del chofer Centeno ante el juzgado de Daniel Rafecas, donde responde preguntas y asevera que desconoce a los integrantes de Isolux en Argentina. La aceptación de esa solicitud acarrió previamente una deliberación del tribunal, que por mayoría aceptó admitir el pedido e incorporar la filmación al cúmulo de pruebas del expediente.

Al terminar el video, el imputado, para finalizar, remarcó: “Las entregas de dinero fueron exclusivamente para evitar cualquier tipo de perjuicios con Isolux. (...) No tomé yo ninguna decisión de entrega de estos dineros, ya que en definitiva escapaba a mi decisión, y sí obré como un mensajero material que seguía instrucciones”.

Un ex presidente de ENARSA negó haber recaudado coimas y dijo que el “famoso bolso” era un portatraje

En una larga indagatoria, con preguntas de distintos abogados y jueces del tribunal, Walter Fagías, exfuncionario del área energética, expresidente de ENARSA y exdirector suplente de CAMMESA, negó haber intervenido en maniobras de recaudación ilegal y cuestionó los hechos que se le imputan en la causa. Con más de 20 años de trayectoria en el sector, sostuvo que su rol fue siempre técnico y remarcó que esperaba este momento para defenderse: dijo que aguardó “ocho años esta oportunidad” para impugnar “los hechos que se le imputan”. En ese marco, rechazó las acusaciones en su contra: “A mí me imputan que he recaudado, no sé cómo lo pude haber hecho”, afirmó ante el tribunal.

En relación a las menciones en los cuadernos de Oscar Centeno, Fagías cuestionó su contenido, se refirió al llamado “famoso bolso” y ofreció una explicación alternativa sobre los episodios que lo involucran. Incluso exhibió ante los jueces un portatraje y sostuvo que era el mismo que, según dijo, Roberto Baratta le pedía prestado cada vez que viajaban. “Para Centeno era un bolso con dinero, pero era un portatraje”, afirmó. También remarcó que su situación judicial se basa exclusivamente en esas anotaciones: “Hasta ahora yo solamente estoy sentado acá por dos anotaciones de un cuaderno: no hay ninguna otra prueba”. Además, impugnó el requerimiento de elevación a juicio del fiscal Carlos Stornelli y de la UIF, al sostener que lo acusan en calidad de presidente de ENARSA en un período en el que —según indicó— aún no ocupaba ese cargo.

El imputado recordó que aparece en las anotaciones del chofer de Baratta, su jefe de entonces, un total de 120 veces en 97 fechas distintas.

Un exsubordinado de Baratta dijo que estuvo cinco meses preso, denunció presiones para arrepentirse y afirmó: “Esto es una película”

Hernán Gómez, exfuncionario de la Subsecretaría de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal, inició su declaración con un repaso de su trayectoria y negó cualquier participación en hechos de corrupción. Explicó que ingresó en 2003 “como pasante en mesa de entradas” y que luego se desempeñó en el área hasta 2016, siempre bajo la órbita de Roberto Baratta. “Nunca tuve relación con empresarios. Yo no conocía a ninguno. Nunca tuve relación con ningún funcionario, solo con quien era mi jefe”, afirmó. También rechazó las imputaciones: “Estoy imputado por tres hechos de cohecho. Las únicas pruebas que hay son fotocopias de un cuaderno”.

En un tramo más personal, Gómez describió su detención —que se extendió durante cinco meses— y denunció presiones durante las primeras semanas. “Hemos estado 20, 24 horas en calabozos, totalmente muertos de frío, donde cada cierta cantidad de horas nos invitaban a arrepentirnos”, sostuvo. “La verdad que hubiese estado buenísimo tener algo para arrepentirse, porque realmente lo que viví no se lo recomiendo a nadie”, agregó. También aseguró que vive el proceso como algo ajeno: “Siento que esto es una película que me pasa por adelante”. Y cerró con una definición enfática sobre su conducta: “Nunca me llevé un peso que no venía de mi sueldo, nunca, jamás. Nunca le pedí dinero a nadie. Nunca le robé un centavo a nadie”.

Concluyó la indagatoria de Thomas

La indagatoria del ex directivo de Yacyretá Oscar Thomas concluyó poco antes de las 13 y el Tribunal dispuso un cuarto intermedio.

El acusado también fue interrogado por el presidente del Tribunal Enrique Méndez Signori. Ante preguntas del magistrado refirió que conoció a Héctor Sánchez Caballero, de IECSA, la empresa del primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra.

“Una vez me vino a preguntar si podían adelantar los pagos financieros de un certificado. Yo le dije que no manejo eso”, recordó.

Una empresa “angurrienta” y contactos con Baratta por yerba y libros

Thomas respondió preguntas del juez Germán Castelli.

Sobre el ex funcionario de Planificación Federal Roberto Baratta dijo que el ex jefe del remisero Centeno -autor de los cuadernos- fue dos veces al domicilio en que vivía cuando viajaba desde Posadas a la ciudad de Buenos Aires. En una ocasión le entregó un libro de su autoría, “seguro quería tener la primicia”, dijo. En otra, paquetes de yerba.

“Usted dijo que estaba a tiro de decreto, ¿podían no estar conformes con su actividad?”, preguntó Castelli y Thomas respondió que el único mandato que tenía era terminar la obra: “Cumplimos lo que nos indicó la alta parte”.

Sobre el ex ministro De Vido, Castelli preguntó: “Usted destaca que no era empleado público, que nadie le daba órdenes pero usted reportaba la energía al ministro De Vido de mañana y de tarde?”. “La energía era para ver cuánto iba a disponer el sistema eléctrico argentino de energía de Yacyretá”, respondió.

Thomas aseguró que la empresa IMPSA intentaba hacer lobby para obtener contratos, aunque él evitaba recibirlos. Mencionó a Enrique Pescarmona y Francisco Valenti, a quienes dijo haber conocido de manera ocasional.

Cuando le tocó preguntar, Castelli quiso saber más detalles sobre cómo buscaban hacer lobby. “Querían. Yo no los recibía”.

“Venían a pedir audiencia a mi scretaria. A Pescarmona y Valenti los conocí, me invitaron una vez a conocer la fábrica”

“Eran muy angurrientos, quería que todo le contratemos directamente a ellos más o menos. Si quiere le cuento algunos ejemplos”, ofreció. “Brevemente”, respondió Castelli.

Thomas se refirió a una licitación para un sistema inteligente de administración energética en la que IMPSA fue la única oferente, tras comprar otra compañía para poder presentarse, pero cuya propuesta fue observada durante meses hasta ser finalmente declarada desierta. También mencionó otro caso con una central hidroeléctrica, donde la firma quedó precalificada pero, al mismo tiempo, inició acciones contra Yacyretá por esa misma licitación: “sino salía ganadora, ya tenía la espada puesta”, graficó.

Pescarmona fue sobreseído al inicio del juicio oral por razones de salud y Valenti es uno de los acusados. Thomas contó que la empresa estaba en el mismo edificio, tres pisos más abajo, de donde Yacyretá tenía oficinas en Puerto Madero.

“Bonadio no me conocía pero tenía algo contra mí”

“Bonadio no me conocía pero tenía algo contra mí, alguien le dijo que me tenía que liquidar más o menos”, expresó Thomas en su indagatoria al responder preguntas de su abogado defensor José Manuel Ubeira.

El ex director de Yacyretá en el kirchnerismo vinculó su acusación en el caso Cuadernos con críticas que hizo sobre cómo siguió la gestión de Yacyretá en el gobierno de Mauricio Macri, incluída una condonación de una deuda millonaria a Paraguay. “Yo creo que estoy acá por eso”, sostuvo. “Es mi convicción”, insistió.

En cuanto a sus vínculos políticos, negó relación con el expresidente Néstor Kirchner y relativizó su cercanía con Cristina Fernández: “Con Cristina, una vez me saqué una foto en una visita”.

En relación a las menciones a su persona en los cuadernos de Centeno donde aparece citado en al menos 15 oportunidades en relación con supuestas visitas de Roberto Baratta a su domicilio o a su oficina en Puerto Madero, salió al cruce de los escritos del remisero. “No. Lo niego totalmente”.

A pedido de su defensor, el exfuncionario detalló números de su gestión en Yacyretá. Aseguró que la central pasó de generar entre “11.000 y 12.000 gigavatios hora” a “21.000” al momento de su salida. En términos económicos, afirmó que hubo ingresos por unos 8.200 millones de dólares, de los cuales “invertimos 4.000 millones en obras y expropiaciones” y quedaron “2.550 millones como crédito a favor de Yacyretá”, asentados en el presupuesto nacional.

Sobre su situación judicial, rechazó haber estado prófugo y relató cómo fue detenido. Dijo que se enteró por televisión de una orden de captura en su contra apenas 24 horas después de haber sido notificado de una absolución en otra causa. “Fui al juzgado federal de Posadas y no tenían conocimiento”, señaló. Luego viajó a Buenos Aires, buscó abogado y solicitó la eximición de prisión.

En ese contexto, denunció presiones para involucrar a terceros. Recordó que su abogado le refirió que “tenía que implicar a alguien en algún ilícito o iba preso”. También aludió a una conversación atribuida al fiscal Carlos Stornelli, quien le habría dicho a Ubeira que “había sortija para pocos” y que podía tomarle declaración como arrepentido incluso en su domicilio. “Yo le dije que no, que no tenía nada que decir”, afirmó.

“No tuve trato ni conocía cómo se manejaba el Gobierno nacional”, acotó.

Thomas estuvo preso en la causa, primero en el penal de Marcos Paz y luego bajo arresto domiciliario hasta que fue excarcelado.

Relató que cuando viajaba desde Misiones traía yerba de esa provincia para funcionarios y empleados. Y que en ese contexto el ex funcionario de Planificación Baratta, ex jefe del remisero Centeno, pasó por su domicilio en una ocasión a buscarla. “Bajé a entregarle en la planta baja”. “Fue la única vez”.

Thomas: “le escribía todos los días a De Vido” para informar la generación diaria de energía

El ex director de Yacyretá responde preguntas de los jueces del Tribunal y de la fiscal Fabiana León.

A requisitoria de la fiscalía, detalló que mantenía contactos diarios con el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, también juzgado en Cuadernos.

Con De Vido tenía contacto “para pedirle alguna reunión”, respondió y además “tenía que escribirle todos los días a las seis de la mañana cuánto se iba a generar en el día y a la noche. Tenía que informarle por mensajito cuanto se generó y con cuanta energía se iba a continuar al otro día, todos los días, 4500 días”.

Ante una pregunta del presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori, sobre su vínculo con los entonces funcionarios, sostuvo: “Era un intercambio de información, yo no recibía órdenes de ellos”.

Según explicó, ese contacto se canalizaba con De Vido y muchas veces la comunicación terminaba en el subsecretario Roberto Baratta. Cuando De Vido “no tenía agenda para atenderme le entregaba la información a Baratta, que manejaba el tema de energía”.

Durante el interrogatorio de la fiscal León, también negó vínculos con los empresarios involucrados en la causa: “Conocí a algunos al principio en la Casa Rosada, en actos oficiales”.

También confirmó que varias de esas firmas fueron contratistas de Yacyretá: “Ganaron la licitación, eran las mejores empresas argentinas, estaban haciendo obra que nosotros necesitábamos”.

Se refirió a una de las obras más relevantes: la construcción del puente internacional y sus accesos, un compromiso asumido por Argentina con Paraguay en 1981. Según detalló, la licitación fue adjudicada a las empresas JCR e IECSA.

“Monumento a la corrupción”

Thomas defiende su gestión al frente de Yacyretá en una extensa exposición. “Yo en mi gestión no he manejado dinero, no he firmado cheques, no tenía caja; todo el dinero que se manejaba en Yacyretá era bancarizado”, sostuvo.

Al hacer un repaso de su llegada a la entidad binacional en 2003, describió un escenario de fuerte deterioro operativo e institucional. Según explicó, la empresa “estaba funcionando en condiciones inadecuadas respecto del proyecto” y arrastraba una serie de problemas técnicos, financieros y sociales que condicionaban su funcionamiento.

En ese marco, remarcó que su rol dentro del comité ejecutivo —que integraba junto al director paraguayo— era “resolver las cosas” en un contexto de alta conflictividad. Mencionó, entre otros episodios, cortes de puente, protestas sostenidas durante años frente a la sede en Posadas, cabildos abiertos tanto en Argentina como en Paraguay y un creciente malestar social por las consecuencias de la obra.

También apuntó contra estructuras de gasto que consideró injustificadas. “Teníamos una consultora que cobraba 800 mil dólares por mes por estar y no por hacer”, afirmó.

Destacó los resultados energéticos alcanzados. Señaló que durante su administración se generó “un 72 por ciento más de energía que entre 1994 y 2003”, en un contexto de fuerte demanda energética en la Argentina.

En ese sentido, calificó la demora en la finalización de la obra como “el peor monumento a la corrupción”, al recordar que el proyecto estaba previsto para completarse en ocho años pero terminó demorando 31. “La energía que no entró eso nunca más se va a recuperar”, enfatizó.

Subrayó que su gestión se desarrolló bajo la directiva de concluir el emprendimiento y que, en ese proceso, además de mejorar la producción energética, se impulsaron transformaciones en las zonas de influencia tanto del lado argentino como paraguayo.

Declara Oscar Thomas

“Nunca integré una asociación ilícita ni manejé dinero ni emití cheques ni tenía fondos reservados, ni delinquí, ni fui funcionario público. Mi tarea siempre fue dentro del escenario” de Yacyretá, un organismo binacional, comenzó a explicar Thomas, quien anticipó que responderá preguntas.

El arquitecto misionero negó “las 17 veces que se me nombró en los cuadernos rotundamente. Yo no recibí, no di dinero a nadie, no fui apretado por nadie. Mi único rol era trabajar en Yacyretá como Director Ejecutivo bajo las normas de la empresa”.

Ex funcionario Nivello se negó a declarar

El ex funcionario del ex Ministerio de Planificación Federal en el kirchnerismo German Nivello se negó a declarar aunque descartó “rotundamente haber integrado una asociación ilícita”.

" En esta oportunidad me voy a negar a declarar, lo voy a hacer más adelante en el transcurso del juicio. En su momento voy a declarar voy a contestar todas las preguntas de todas las partes",, anticipó y explicó que por ahora desconoce cuáles son las pruebas en su contra.

El Tribunal rechazó “in limine” los pedidos de nulidad por tema arrepentidos

El Tribunal Oral Federal 7 rechazó “in limine” los nuevos planteos de nulidad que hicieron las defensas contra la incorporación por lectura de las declaraciones indagatorias de los arrepentidos que se han negado por el momento a hablar en el juicio, entre ellos el financista Ernesto Clarens y el remisero Oscar Centeno.

Según anunció el presidente del Tribunal, Enrique Médez Signori y ante un pedido de la fiscal Fabiana León se impusieron las costas del planteo al defensor que lo formuló porque se trató de una cuestión que ya había sido resuelta en la audiencia pasada.

La defensa de Ernesto Clarens contesta los planteos

El defensor del financista Ernesto Clarens, Hugo Juvenal Pinto, sostuvo que los planteos de nulidad de la incorporación por lectura de las declaraciones de los imputados colaboradores resultan “prematuros” y defendió la validez de los acuerdos ya homologados en la causa.

Durante su exposición, Pinto reconoció que “el régimen de la ley de colaboración no quedó del todo armonizado con el régimen procesal”, pero subrayó que se trata de un esquema “muy particular” que tiene una lógica propia: comienza con un acuerdo de colaboración y concluye con una resolución judicial que da por cumplido el rol del imputado colaborador.

En ese sentido, remarcó que en el caso concreto “las declaraciones de los colaboradores han sido confirmadas con otras comprobaciones”, lo que —según su criterio— refuerza su validez probatoria.

“El régimen de colaboración quedó cerrado cuando el juez aprobó, dentro del plazo legal, la situación corroborada con otra prueba. El compromiso del colaborador fue cumplido y ya es colaborador”, afirmó el letrado.

Además, apuntó contra las defensas que ahora cuestionan esos acuerdos: “Incluso quienes hoy se manifiestan en contra consintieron, junto con sus abogados, esa resolución en la cual se tuvo por cumplida la colaboración”.

Con ese argumento, Pinto concluyó que “está claro que el planteo de nulidad es prematuro”.

Comenzó una nueva audiencia del juicio

Una nueva audiencia del juicio a la ex presidenta Cristina Kirchner comenzó este jueves con una nueva tanda de declaraciones indagatorias.

De manera previa, abogados defensores realizan planteos de nulidad de la incorporación por lectura de los legajos de los arrepentidos. Lo hicieron en relación a la decisión que se tomó al respecto en la audiencia pasada luego de la negativa del arrepentido remisero Oscar Centeno, autor de los “cuadernos de las coimas” a declarar en el juicio oral.

El juez en lo penal económico Diego Amarante rechazó hoy un pedido de salida del país por 60 días con carácter “general”, es decir sin tener que pedir autorización en cada ocasión, que presentó el titular de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia en la causa por presunta retención indebida de aportes.

La defensa de Tapia argumentó que la actividad pública del dirigente “resulta incompatible con los tiempos que demanda la tramitación de autorizaciones individuales”.

Tapia ya fue indagado en la causa, se le dictó prohibición de salida del país y debe pedir permiso para cada viaje al exterior. Amarante tiene que resolver su situación procesal así como la de los otros cuatro imputados en la causa por retención indebida de aportes calculada en 19.000 millones de pesos denunciada por ARCA, entre ellos el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino.

Evitar “burocracia excesiva”

Tapia ya obtuvo con anterioridad permisos para viajar al exterior pero en una ocasión Amarante rechazó un requerimiento para ir a Venezuela, por inconsistencias en la información suministrada sobre el propósito de ese viaje y ahora este fue uno de los argumentos en base a los cuales negó el pedido genérico para irse al exterior sin restricciones durante dos meses.

La solicitud buscaba reemplazar el esquema de permisos individuales por una habilitación general que permitiera a Tapia viajar sin requerir autorización previa en cada caso. Según argumentó la defensa, la medida “no importa en modo alguno la supresión de la medida cautelar oportunamente dispuesta, sino únicamente una modalidad de instrumentación más razonable, eficaz y menos gravosa”.

En esa línea, sostuvo que “toda limitación a la libertad ambulatoria debe aplicarse con criterio restrictivo y proporcional” y remarcó que, ante la ausencia de antecedentes penales, “una eventual condena sería de ejecución condicional, lo que desvanece cualquier pronóstico de fuga”. También invocó el “sólido arraigo institucional, familiar y laboral” de Tapia y cuestionó la “carga burocrática excesiva” que implicaría gestionar autorizaciones caso por caso.

La defensa incluso ofreció medidas alternativas para mitigar riesgos, como comparecencias periódicas, informes de viaje y el compromiso de regresar al país en un plazo de 48 horas ante cualquier requerimiento judicial.

El fiscal del caso, Claudio Navas Rial, adoptó una postura favorable a la flexibilización. En su dictamen, consideró que el tribunal “puede hacer lugar a una autorización extendida por el plazo requerido”, aunque aclaró que debía articularse con “medidas de sujeción al proceso adecuadas y suficientes”.

Inconducta y falta de precisiones

Sin embargo, el juez Amarante desestimó el planteo. En su resolución, advirtió que el pedido “se proyecta bajo una modalidad genérica que difiere sustancialmente de los permisos excepcionales y acotados” otorgados previamente y sostuvo que una autorización de ese tipo “requiere una observancia rigurosa de las pautas de conducta, exigencia que no se verifica” en el caso de Tapia.

El magistrado recordó que en una oportunidad anterior, tras recibir autorización para viajar a destinos específicos, “pretendió modificar su itinerario de forma unilateral”, una conducta que calificó como un “indicio de riesgo procesal”.

Se trata del viaje a Venezuela en el que regresó al país el gendarme Nahuel Gallo, en un vuelo privado de AFA y al que se negó permiso de viaje a Tapia.

El dirigente de AFA había primero intentado ir directo a ese país desde otro destino y luego pidió autorización que le fue negada e informó que el objetivo de ese viaje era participar de la inauguración de obras de un centro de alto rendimiento deportivo en Venezuela.

Amarante cuestionó que no se hubieran informado todas las circunstancias relevantes de esos viajes, lo que —según señaló— impide confiar en una autorización sin control previo.

En ese contexto, concluyó que otorgar un permiso amplio “diluiría el control jurisdiccional efectivo y necesario para asegurar los fines del proceso”.

Otro de los ejes del rechazo fue la falta de precisión en la solicitud. El juez remarcó que “la indeterminación de los destinos y la falta de una agenda cerrada obstaculizan el objetivo de velar por la constante sujeción del encausado” y descartó que el análisis de cada viaje implique un desgaste innecesario para el tribunal: “no debe ser interpretado como un dispendio administrativo, sino como el mecanismo para garantizar la función cautelar”.

Además, consideró que la documentación presentada por la defensa no acreditó la urgencia. Señaló, por ejemplo, que uno de los eventos mencionados ya había sido suspendido -la Finalissima- y que otras invitaciones fueron informadas con demora, lo que debilitó el argumento de la imprevisibilidad de los compromisos.

El fallo también incluyó una referencia llamativa a la propia declaración indagatoria de Tapia, quien había señalado que pasó 141 días fuera del país en 2024 y 139 en 2025. Para el juez, ese dato demuestra que “su ausencia física en el territorio nacional no ha resultado un impedimento para el ejercicio de los cargos”.

En la causa ya fueron indagados todos los acusados y está pendiente de resolución sus situaciones procesales. Además la Cámara Nacional en lo Penal Económico tiene que decidir sobre un planteo de inexistencia de delito hecho por las defensas.

El fallido lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA a las 19.01 del 14 de febrero de 2025, acompañado por un posteo promocional en X de Javier Milei, derivó en un escándalo que incluyó mensajes de usuarios indignados enviados al trader Mauricio Novelli. Fueron sólo una muestra del inicio del fin para un modelo de negocios que se construyó en torno al Presidente: incluía desde un documental de tono épico, a una nueva edición del evento Tech Forum para abril de 2025 y el uso de la imagen presidencial para catapultar la academia cripto, según se desprende de mensajes recuperados por la Justicia en un peritaje, a los que tuvo acceso Infobae.

“Chanta!!! Estafaste a la gente con $LIBRA”, escribió el 17 de febrero de 2025 un usuario a Mauricio Novelli, la cara visible de NW Professionals Traders, la empresa de cursos cripto donde Javier Milei daba clases y conferencias antes de jurar como Presidente.

Minutos después, el mismo remitente amplió: “Manchaste a la argentina con unos ineptos”. En su teléfono quedó otro mensaje, esta vez de alquien que planeaba tomar algún curso en su academia: “Hola, con todas las barbaridades que escuché de usted, ya dudo estudiar con ustedes tema $LIBRA. Espero se aclare. Y pase lo que pase no cuidaron al Presidente”. Los días posteriores a LIBRA fueron el fin de todos los proyectos.

“Milei: Más Allá de las Palabras”

Pía Novelli, hermana de Mauricio, llegó a autopercibirse como parte del equipo de Milei, en un borrador de propuesta para un documental que planeaba enviar a una productora de primera línea. “Es un placer dirigirme a Usted. Mi nombre es Pía Novelli y me comunico en representación del equipo de Javier Milei. La razón de mi mensaje es expresar nuestro interés en la posibilidad de desarrollar una película documental que narre la trayectoria de Javier Milei, desde sus inicios hasta alcanzar la presidencia”, ofrecía el 18 de enero de 2024. Saludó y firmó “Pía Novelli Equipo de Javier Milei”.

El texto surge de los mensajes laborales que intercambió con su hermano Mauricio y que constan en el informe de la DATIP en la causa judicial. Sin embargo algo le habría hecho ruido porque cuando compartió el texto le preguntó a su familiar y jefe: “No se si está ok lo del equipo de Milei, eso decime”.

En otro mensaje de WhatsApp enviado a su hermano pocos días después, el 24 de enero, el documental ya tenía sinopsis y nombre, “Milei: Más Allá de las Palabras”.

“Nos sumerge en la vida y trayectoria extraordinaria de Javier Milei, un hombre cuya elocuencia y determinación lo llevaron desde sus humildes comienzos hasta la cima de la política argentina. La película nos transporta a los primeros años de Milei, explorando sus raíces, influencias y la formación de sus ideas económicas y políticas” y prometía entrevistas exclusivas, material de archivo y testimonios de amigos, familiares y colegas. “El estudiante apasionado, el economista audaz y el defensor incansable de sus convicciones. A medida que la narrativa se desarrolla, seguimos el ascenso meteórico de Milei en el panorama político, desde sus primeras incursiones como activista hasta convertirse en una figura polarizadora de la escena nacional”.

En el período de análisis de las comunicaciones, entre 2021 y 2025, Milei aparece nombrado entre los hermanos 74 veces, siempre como parte de diferentes proyectos y materiales de promoción, entre ellos los cursos virtuales. “Llegamos a 110 alumnos… probablemente 6 vinieron por Milei… sirve muchísimo”.

El segundo Tech Forum

Apenas concluido el primer Tech Forum con la presencia de Milei y sus encuentros y foto con empresarios cripto que según se sospecha habrían pagado para conocer al Presidente argentino, el grupo empresario comenzó a organizar un segundo evento de tecnología y finanzas. Estaba previsto para abril de 2025, con lugar reservado, oradores y patrocinadores. Pero el fallido lanzamiento de LIBRA de la mano del estadounidense Hayden Davis lo dejó en la nada.

Hasta ese momento, la participación de Milei en el primer evento fue casi la única carta de presentación para esta nueva propuesta.

En una propuesta de participación en el nuevo evento que iba a dirigirse a Morgan Stanley, Pía Novelli escribió en representación de NW Professional Traders, como Gerente de Marketing.

“NW Professional Traders es un instituto líder en inversiones y educación financiera en Latinoamérica, y nos encantaría explorar la posibilidad de organizar un webinar con Steve Edwards, enfocado en educación financiera y las proyecciones de Morgan Stanley para los mercados financieros en los próximos cuatro años”, explicaba.

También le contó en esa propuesta del 14 de noviembre de 2024 que en octubre habían organizado el primer Tech Forum “que fue reconocido como uno de los eventos más destacados en la historia de Argentina. Contamos con la presencia del presidente Javier Milei, quien fue el orador principal. El éxito de este evento nos ha llevado a confirmar una segunda edición para abril de 2025″. Luego adelantaba el deseo de contar con Edwards como orador destacado.

El 21 de noviembre de 2024 aparece fechado un modelo de documento de “oferta irrevocable” de asociación entre Mauricio Novelli y sus coimputados en la causa penal por la fallida LIBRA, Manuel Torres Godoy y Sergio Morales, por parte de KELSIER GROUP CO. Se trata de la empresa de Hayden Davis, creador de la criptomoneda cuyo lanzamiento promocionó el presidente Javier Milei.

El borrador de esa propuesta que luego según fuentes del caso, se habría plasmado en contrato por sumas multimillonarias, fue recuperado del celular de Novelli y casualmente el mismo día en que aparece fechado, el lobista intercambió mensajes de WhatsApp con una funcionaria de la Presidencia de la Nación que le agradeció un regalo, un perfume traído de un viaje a Estados Unidos.

Los intercambios siguieron y días más tarde, Novelli volvió a escribir a ese contacto en presidencia para preguntarle si le había gustado la fragancia y -ya que estaba-, averiguar por un empresario desconocido para él que se había aparecido en el Tech Forum del 19 de octubre de ese año, con la intención de sacarse una foto con Javier Milei.

Los cuatro imputados de LIBRA

Se trata por ahora de coincidencias que se reflejan en el análisis que el fiscal federal Eduardo Taiano encomendó a la DATIP sobre el celular de Novelli. Tanto él como Torres Godoy, Morales y el estadounidense Davis están imputados en la investigación por supuestos delitos detrás del lanzamiento de $LIBRA y tienen designados abogados defensores.

El borrador del contrato entre los cuatro encontrado en el celular - sin firmas como se remarca en el informe de la DATIP-, fijaba objetivos concretos: lograr acuerdos “de 10 millones de dólares a alcanzar antes del 30 de abril de 2025. Una vez aprobado, extender a un período de 2,5 años el acuerdo”, “promover la postura progresista de Argentina sobre la innovación en blockchain/web3/AI”, “lanzar un programa piloto para una iniciativa de blockchain argentina, replicable en otras regiones que incluiría el lanzamiento de una “Moneda de Libertad” y “establecer el diálogo con las autoridades gubernamentales para debatir sobre temas relevantes relacionados con blockchain/web3/AI: Javier Milei, Karina Milei, miembros del gabinete y del Congreso”.

También se estipulaba que debía prepararse un segundo evento Tech Forum, durante 2025, que quedó trunco ante el escándalo LIBRA.

Los chats con la Casa Rosada

En paralelo a esa hoja de ruta, los chats mostrarían una presunta dinámica del vínculo de Novelli con el entorno presidencial. El 3 de diciembre, le escribió a la funcionaria de presidencia: “Justo recién me agarró la duda. El señor que molestaba mucho con reunirse con Javier en el evento. ¿Siguió insistiendo?”.

Su interlocutora le respondió: “No, no, después de la foto en tu evento no llamó más”. Y entonces él dejó en claro su interés en monitorear ese tipo de contactos: “Genial !! Cualquier duda de esas avísame. Más que nada si viene del rubro crypto o blockchain”.

Ese intercambio se produjo días después de otro diálogo entre ambos, también incorporado al informe de la DATIP. “Hola Mauricio, muchas gracias por el perfume no tenías que haberte molestado”, escribió ella el 21 de noviembre de 2024, en referencia a un regalo que el lobista le había traído desde Nueva York, ciudad a la que viajó tras el Tech Forum donde estuvo Milei el 19 de octubre.

Previamente y sobre ese evento le había enviado: “Mauricio, no te pude saludar, pero quería agradecerte por todo, salió todo bárbaro, muchas gracias por todo. Saludos !!!!!”. Novelli respondió más tarde, ya desde Estados Unidos, con una disculpa y una foto desde el New York Stock Exchange: “que es donde estoy ahora”, le informó.

Lo volcado en el trabajo de DATIP se trata de indicios cuyo valor probatorio deberá ser evaluado por los investigadores en el futuro, explicaron fuentes judiciales.

Para el Tech Forum de octubre 2024 se ofrecieron niveles de patrocinio (sponsorship tiers) que iban de 5 mil a 50 mil dólares, en el nivel black. Se promocionaba en un flyer que se rescató también del celular de Novelli, donde se presentó al evento como “en colaboración con Argentina.gob.ar” y con el presidente Milei como uno de los “speakers”.

Las coincidencias

Mientras la “oferta irrevocable” fechada el 21 de noviembre planteaba la necesidad contractual de “establecer el diálogo” con Milei y su entorno, los chats -incluídos los de ese mismo día- reflejarían que Novelli ya habría tenido una intervención activa para seguir de cerca —y eventualmente filtrar— intentos de acercamiento al Presidente por parte de actores del sector cripto sin pasar de manera previa por su intermediación.

Todo ocurrió en los meses previos al lanzamiento de $LIBRA, concretado el 14 de febrero de 2025 y acompañado por un mensaje en la cuenta de la red social X de Milei, donde la promocionó.

En el análisis de la DATIP se determinó que el lobista mantuvo ocho contactos con el Presidente ese 14 de febrero. Las primeras comunicaciones se registraron a las 18.44, 18.54, 18.56 y 18.58, mientras que el mensaje de Milei promocionando el token se publicó a las 19.01. Apenas dos minutos después volvió a registrarse otra comunicación a las 19.03. Luego hubo nuevos contactos a las 19.32, 22.00 y 22.05.

Cuando se ordenó analizar los teléfonos secuestrados en la causa, la fiscalía incluyó la búsqueda de mensajes y archivos vinculados al “Tech Forum Argentina”, encuentro tecnológico organizado por Novelli en el que el Presidente había conocido meses de su tuit sobre LIBRA a Davis y a Terrones Godoy.

Se pidió rastrear una extensa lista de palabras clave relacionadas con el mundo de las criptomonedas, incluyendo términos como “crypto”, “token”, “memecoin”, “$libra”, “solana”, “usdt”, “usdc” y “pump and dump”, además de nombres de plataformas de intercambio como Binance, Coinbase o Kraken, y referencias políticas como “presidente”, “milei”, “karina milei”, “olivos” y “casa rosada”. Muchas de ellas aparecieron en el informe del organismo especializado que ahora analizan el fiscal y el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.

La causa judicial intenta determinar si detrás del lanzamiento del token existió una maniobra financiera para inflar artificialmente su valor y permitir que un grupo reducido de operadores obtuviera ganancias extraordinarias antes del desplome del precio.

Según la denuncia que originó el expediente, tras el posteo del Presidente el valor de la criptomoneda pasó de unos centavos a cerca de cinco dólares en pocas horas y luego se desplomó, lo que habría generado ganancias millonarias para quienes participaron en las primeras operaciones y pérdidas para inversores que ingresaron más tarde, en muchos casos, incentivados por el posteo presidencial.

El Gobierno respondió a la Justicia que no tiene registros de la existencia de un acuerdo “confidencial” entre el creador de LIBRA, Hayden Davis y el presidente Javier Milei para la implementación y desarrollo de Blockchain y criptomonedas en el país.

“Cumplo en informar que, realizadas las consultas pertinentes en el ámbito de competencia de esta Secretaría General de la Presidencia de la Nación, no obran en sus registros antecedentes, constancias ni documentación vinculada con la existencia del acuerdo referido en el requerimiento judicial”, respondió el subsecretario legal de la Presidencia Juan Manuel Galli.

Lo hizo en representación de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a cargo de Karina Milei.

La respuesta a la que accedió Infobae se dio en el marco de un oficio enviado por el fiscal del caso LIBRA, Eduardo Taiano, el 24 de febrero último donde se pidieron informes vinculados a si en los registros de la Secretaría “obra un acuerdo confidencial entre el Sr. Hayden Davis y el Sr. Presidente de la Nación, Javier Milei, relativo a la implementación y desarrollo de soluciones tecnológicas e innovadoras vinculadas con Blockchain y Criptomonedas, presuntamente suscripto con anterioridad al lanzamiento del Token “$Libra”“.

La fallida criptomoneda se lanzó el 14 de febrero de 2025 y Milei lo promocionó con una publicación en su cuenta de X.

La existencia de este supuesto contrato surge de un peritaje al teléfono celular del lobista Mauricio Novelli y Taino buscaba que en caso de estar en poder de Presidencia se remitiera “el documento original”.

Dentro del teléfono de Novelli se encontró un archivo con un borrador del acuerdo confidencial sin firma alguna, fechado el 29 de enero de 2025. Había intentado borrarlo pero los expertos de la DATIP lo recuperaron.

El 30 de enero se registró un encuentro en la Casa Rosada entre el Presidente, Novelli, el estadounidense Hayden - que había viajado al país especialmente- y otros especialistas cripto. El borrador encontrado daba cuenta de una oferta que Davis hacía “ad honorem” al Gobierno argentino para asesorarlo.

En el teléfono también aparecieron borradores de otros contratos, notas sobre proyectos vinculados al sector y propuestas para organizar reuniones con empresarios del rubro. En el informe preliminar de la pericia se remarcó que ninguno de estos contratos tenía firma alguna.

La investigación

La Justicia recibió un peritaje del celular de Novelli donde se encontró un borrador de este presunto contrato previo al lanzamiento de $LIBRA y además se determinó que el lobista mantuvo ocho contactos con el Presidente el 14 de febrero de 2025. Las primeras comunicaciones se registraron a las 18.44, 18.54, 18.56 y 18.58, mientras que el mensaje de Milei promocionando el token se publicó a las 19.01. Apenas dos minutos después volvió a registrarse otra comunicación a las 19.03. Luego hubo nuevos contactos a las 19.32, 22.00 y 22.05.

El análisis del teléfono también detectó comunicaciones entre Novelli y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien tuvo al menos siete contactos con el empresario durante esa misma jornada.

Además, la pericia registró una videollamada por WhatsApp a las 23.37 entre Novelli, Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo, que se extendió durante poco más de cuatro minutos. En los registros también aparece una llamada de Novelli con el economista y exasesor presidencial Demian Reidel alrededor de las 22.12.

Cuando se ordenó el peritaje, la fiscalía incluyó la búsqueda de mensajes y archivos vinculados al evento “Tech Forum Argentina”, encuentro tecnológico en el que el Presidente había conocido meses antes a varios de los impulsores del proyecto cripto, entre ellos Davis y el empresario Manuel Terrones Godoy.

Pidió rastrear una extensa lista de palabras clave relacionadas con el mundo de las criptomonedas, incluyendo términos como “crypto”, “token”, “memecoin”, “$libra”, “solana”, “usdt”, “usdc” y “pump and dump”, además de nombres de plataformas de intercambio como Binance, Coinbase o Kraken, y referencias políticas como “presidente”, “milei”, “karina milei”, “olivos” y “casa rosada”.

La causa judicial intenta determinar si detrás del lanzamiento del token existió una maniobra financiera para inflar artificialmente su valor y permitir que un grupo reducido de operadores obtuviera ganancias extraordinarias antes del desplome del precio.

Según la denuncia que originó el expediente, tras el posteo del Presidente el valor de la criptomoneda pasó de unos centavos a cerca de cinco dólares en pocas horas y luego se desplomó, lo que habría generado ganancias millonarias para quienes participaron en las primeras operaciones y pérdidas para inversores que ingresaron más tarde.

El arrepentido remisero Oscar Centeno, autor de los “Cuadernos de las coimas”, se negó a declarar este mediodía ante el Tribunal Oral Federal N° 7, a cargo del juicio.

El imputado colaborador, el primero de los arrepentidos de la causa, está bajo un programa de protección y por eso llegó a Comodoro Py 2002 desde un paradero desconocido y bajo custodia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Ya declararon ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Cantero y Germán Castelli los exfuncionarios kirchneristas Claudio Uberti y Rafael Llorens.

El juicio a Cristina Kirchner y otros 85 acusados entró en fase presencial el martes pasado, con la indagatoria de la ex presidente en los tribunales federales de Retiro.

Se juzga la presunta existencia de una asociación ilícita que durante los gobiernos kirchneristas montó un esquema de cobro de sobornos a empresarios para beneficiarlos con contratos de obra pública.

El Tribunal pasó de la virtualidad a extensas jornadas presenciales que se llevan a cabo los martes y jueves.

Terminó otra jornada de juicio

El Tribunal Oral Federal N° 7 dio por concluida la audiencia tras la declaración de Gutierrez.

El debate se reanudará el jueves 26 de marzo a las 9.

Un imputado dijo que fue preso por no arrepentirse

Gerardo Luis Ferreyra, exvicepresidente de Electroingeniería, describió el episodio que vivió apenas fue aprehendido: “Antes de ver al juez me recibe el fiscal Carlos Stornelli. Yo no conocía la ley del arrepentido”, comenzó.

Según su versión, el fiscal le habría dicho: “Si vos te arrepentís, te vas con tu compañera y tus hijos. Si no te arrepentís, lamentablemente vas a tener que ir a la cárcel”.

“¿Arrepentirme de que?”, contestó Gutierrez. “De haber colaborado estos mugrientos”, aseguró que le respondió Stornelli, señalado la Casa Rosada y en referencia al matrimonio Kirchner.

“Si es por eso yo no tengo nada de lo que arrepentirme porque lo único que hice durante 12 años fue competir, ganar y perder licitaciones”, continuó el exvicepresidente de Electroingeniería

“Ahí terminó el diálogo, me hacen esposar y me llevan a la cárcel de Marcos Paz”.

Declara el exvicepresidente de Electroingeniería

Gerardo Luis Ferreyra hará un descargo oral, pero no responderá preguntas. Empezó recordando que estuvo preso nueve años durante la última dictadura.

El Tribunal rechazó planteos de las defensas y Wagner se negó a declarar

Los jueces del Tribunal Oral Federal 7 rechazaron los planteos de las defensas y ratificaron la incorporación por lectura de las indagatorias que prestaron los imputados colaboradores durante la instrucción, en este caso concreto la de Centeno.

Poco después subió al estrado el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción y también arrepentido en la causa Carlos Wagner, quien se negó a declarar y otra vez dio lugar a planteos de las defensas.

Cuarto intermedio en medio del conflicto por las indagatorias previas de Centeno

El Tribunal entró en un cuarto intermedio luego de escuchar a la fiscal Fabiana León y a la querella de la UIF que piden rechazar los planteos de las defensas y confirmar la decisión de incorporar por lectura las anteriores declaraciones indagatorias del remisero Oscar Centeno.

El arrepentido se negó hoy a declarar en su indagatoria, dijo que lo hará más adelante.

La fiscal León solicitó al Tribunal que mantenga la decisión de incorporar por lectura las declaraciones indagatorias de los imputados colaboradores, en el marco del juicio. Según sostuvo, la cuestión ya fue saldada.

“El Tribunal ya se expidió, pueden patalear, hacer lo que quieran, el Tribunal ya se expidió”, afirmó. En la misma línea, remarcó que “los acuerdos ya están incorporados”.

Las defensas quieren que Centeno hable en la audiencia

Tras la negativa del remisero Centeno a declarar ante el Tribunal, las defensas reclaman que no se incorporen como prueba sus anteriores indagatorias en la investigación del caso y que el autor de los cuadernos hable en el juicio.

“Estamos frente a un juicio de enorme trascendencia pública, estamos frente a un tribunal que ha manifestado en reiteradas oportunidades su apego a las garantías constitucionales”, advirtió el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi.

Las manifestaciones de Centeno fueron obtenidas “durante una etapa instructoria cargada de irregularidades que nos avergüenzan”, según señaló el letrado.

Beraldi, al igual que otros defensores, reclamó que los dichos de Centeno “de ninguna manera sean incorporados” y que “hable en el juicio en presencia de todos y bajo el control de las partes” para que “podamos saber si cada una de las cosas que dijo Centeno tienen lógica, coherencia y sustento probatorio”.

La defensa de Julio De Vido a cargo de Gabriel Palmeiro se sumó a los reclamos y cuestionó que se haya validado la incorporación por lectura de las indagatorias de los arrepentidos. Centeno “se remite a lo declarado en el marco de un legajo como arrepentido”, advirtió.

Se negó a declarar el chofer Oscar Centeno

El exchofer de Roberto Baratta, autor de los cuadernos de las coimas, evitó hacer declaraciones.

Reapareció hoy en Comodoro Py después de años sin ser visto, ya que se encuentra bajo un programa de protección de testigos.

Juan Manuel Abal Medina se negó a declarar

El ex jefe de Gabinete de ministros no hizo ningún descargo ni respondió preguntas.

Su exsecretario Hugo Martín Larraburu se sentó en el banquillo a continuación y también se negó a hacer declaraciones.

Uberti, amenazado: “Vivo en un estado de terror permanente”

El ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) contó que sufrió múltiples amenazas para que deje de ser imputado colaborador, y afirmó que desde hace un mes está aislado en el Hospital Central Penitenciario de la cárcel de Ezeiza.

“Ratifico plenamente mi condición de colaborador arrepentido en este juicio. Hoy no estoy en condiciones de ampliar mi declaración”, comenzó el acusado, ante una sala casi vacía.

En el penal, pasa sus días “sin posibilidad de realizar alguna actividad, con la excepción de 15 minutos para llamar y otros 15 minutos para ducharme”, relató.

“Vivo en un estado de terror permanente. Para muchos soy un buchón y no un imputado colaborador”, siguió Uberti.

Y completó: “No soy un traidor, tampoco me considero un valiente, pero sí me siento indemne y con miedo, estoy cansado y sometido a una gran angustia desde 2007″.

A Calcaterra “lo fui a apretar”, confesó Llorens

El imputado arrepentido relató una reunión ocurrida en el 2016 con el empresario y primo del expresidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra: “Él tenía tres o cuatro contratos de sumo interés. El soterramiento del Tren Sarmiento, una central térmica en La Plata, con la que teníamos muchos problemas técnicos, y alguna otra obra más”.

Según Llorens, el Gobierno tenía “un interés y una necesidad práctica de que se ejecutara lo antes posible, porque teníamos problemas de luz y gas”.

Entonces, dijo, lo fue a ver “en un rol político”. Y se sinceró: “Lo fui a apretar”. Sorprendida, la fiscal Fabiana León le pidió que lo repitiera, y Llorens volvió a decirlo con una sonrisa.

“Le fui a decir que necesitábamos que se terminara la obra. Una central térmica implica que mucha gente tenga luz, en el marco de una crisis energética”, completó el exfuncionario.

Rafael Llorens admitió hechos relatados en los cuadernos

Consultado por el juez Germán Castelli, el exencargado de Asuntos Jurídicos de Planificación Federal reconoció que “alguno de los acontecimientos que el señor Centeno señala en los cuadernos efectivamente puede haber sucedido”.

Recordó varios episodios descriptos que se constatan con reuniones y viajes que efectivamente se hicieron, aunque remarcó que puede haber matices: “Él marca dos veces que fui a comer con Otero en Puerto Madero, yo recuerdo una sola”.

También señaló: “Me ha llevado a Olivos, con Baratta, he viajado muchas veces con él”.

“Hay lugares -de los mencionados en los cuadernos- que uno intuye que puede haber estado, pero no puedo aseverarlo”, concluyó Llorenes

“A Centeno lo conocía”, respondió Llorens

El ex funcionario respondió que conocía al arrepentido remisero autor de los cuadernos, Oscar Centeno, quien también está en la sala de audiencias para ser indagado.

“A Centeno lo conocía por el trabajo en el Ministerio, era el chofer de Roberto (Baratta) y en algún momento me ha llevado a mí a algunos lugares”, refirió.

De Vido “nunca” le dio instrucciones contrarias a su función, dijo Llorens

Gabriel Palmeiro, abogado del ex ministro de Planificación Julio De Vido, preguntó a Llorens si su ex jefe alguna vez le pidió algo contrario a sus funciones. “Nunca me lo pidió ni sucedió”, respondió.

“Entre las bondades de haber ocupado el cargo público, tuve la suerte de que De Vido siempre me respetó mucho profesionalmente, nunca me hubiera planteado una cosa así”.

El letrado avanzó entonces sobre un punto central de la acusación y preguntó de manera directa si De Vido lo había instruido para recibir dinero. “No”, respondió Llorens.

Finalmente, ante la consulta sobre si tenía conocimiento de que el ex ministro hubiera percibido dinero, reiteró: “No”.

“No lo conozco ni quiero conocerlo”, dijo Llorens sobre Leonardo Fariña

El acusado admitió que mantuvo reuniones fuera del ámbito formal del Ministerio en el marco de la ejecución de contratos. “¿Es lo ideal? No, pero no cometí ningún delito”, sostuvo. En ese contexto, mencionó un encuentro con Ángelo Calcaterra, al que vinculó con “problemas en la ejecución de los contratos”.

También explicó que, en distintas oportunidades, intervino directamente para destrabar obras públicas. “He ido a apurar a empresarios para que llevaran adelante la obra. Por lo general eran obras absolutamente relevantes para resolver problemas que tenía el Estado en ese momento”, afirmó. En la misma línea, indicó que representó al Ministerio en conciliaciones obligatorias en distintos puntos del país.

“No era mi función, pero lo hice porque había que resolver problemas”.

Ante preguntas de la querella de la Unidad de Información Financiera cuestionó con dureza al financista arrepentido en la causa por la “ruta del dinero K” Leonardo Fariña. “No lo conozco ni quiero conocerlo”, aseguró. Y agregó que lo pidió como testigo en el juicio Cuadernos para “que venga a participar de este proceso” porque lo acusó sin conocerlo.

“Sin haber venido siquiera a mi despacho, me estuvo embadurnando con la comisión de delitos sin conocerme, que es una de las cosas raras de esta causa”.

Llorens habló de sus vínculos con empresarios ante preguntas de la fiscal León

Llorens, ex secretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación Federal en el kirchnerismo, respondió preguntas a la fiscal Fabiana León vinculadas a encuentros con empresarios y control de licitaciones.

“He tenido reuniones dentro del Ministerio, fuera del Ministerio, en restaurantes, en oficinas de abogados de las empresas”, sostuvo al ser consultado sobre su vínculo con empresarios.

El ex funcionario explicó que, en el marco de sus funciones, se encargaba de revisar aspectos formales de los procedimientos. “Revisaba pasos de los procesos licitatorios”, indicó.

Ante la mención de los registros del chofer Oscar Centeno, que documentan supuestos encuentros en distintos lugares, Llorens no negó esos contactos y los encuadró en una dinámica habitual de trabajo y relaciones personales.

“En los cuadernos del señor Centeno se mencionan varios lugares donde he ido a comer. Hay infinidad de reuniones que se mencionan, que pueden ser formales e informales. Informales implican ir a comer con una persona con la que uno tiene relación”, afirmó.

Llorens desmintió al remisero Centeno

Rafael Llorens recordó que pasó diez meses preso y negó “rotundamente” lo que consignó en sus escritos el remisero Centeno, en relación a su participación en el presunto cobro de un soborno por parte del empresario Gerardo Ferreyra, también citado para ser indagado este jueves.

“Se me imputa en función de una nota del señor Centeno en la que teóricamente habría concurrido a un domicilio en la calle Lavalle al 400 donde funcionaban teóricamente las oficinas del señor Gerardo Ferreyra”, dijo.

Y cuestionó a Centeno: “Ese hecho que comenta el señor Centeno lo niego rotundamente, nunca estuve en la calle Lavalle al 400 con el señor Ferreyra ni con ninguno de sus empleados ni sus socios”.

También hizo una encendida defensa de la gestión de la que formó parte. “Nunca he visto que a (Norberto) Baratta le hayan dado nada y menos en presencia mía. No me puedo hacer cargo de las anotaciones del señor Centeno que opina de su trabajo y donde se dirige pero en forma alguna participa de esas supuestas entregas de dinero”.

El acusado Rafael Llorens comenzó a declarar

El ex funcionario del kirchnerismo y abogado Rafael Llorens comenzó a prestar declaración indagatoria ante el Tribunal del caso cuadernos. “Estoy orgulloso de haber participado de la gestión del doctor Kirchner y del arquitecto Julio De Vido” en esos períodos.

“De Vido transformó parte de la infraestructura argentina” bajo el gobierno de Néstor Kirchner, remarcó y reivindicó lo hecho durante los doce años del kirchnerismo.

El ex subsecretario legal del ex Ministerio de Planificación Federal dijo estar convencido de que no hizo “nada malo” y negó “haber participado de cualquier asociación ilícita. Nadie me exigió que formara parte de una asociación ilícita, ni De Vido ni Baratta ni nadie”.

En la sala también está presente Juan Manuel Abal Medina, citado para declarar en esta jornada.

Comenzó el juicio con el arrepentido remisero Centeno en la sala

El juicio por los “cuadernos de las coimas” se reanudó este jueves con la presencia del arrepentido remisero y autor de los manuscritos Oscar Centeno en la sala de audiencias, citado a prestar declaración indagatoria.

Centeno es imputado colaborador y está en un programa de protección y se sentó en la primera fila de cara a los jueces, en medio de sus abogados.

Según anticipó su defensa oficial se negaría a hablar ante los jueces. En la sala también están el ex funcionario Claudio Uberti y el financista Ernesto Clarens, también convocados para ser indagados en en esta jornada.

La Cámara Federal de Casación Penal reabrió este miércoles la disputa por la competencia en la causa que investiga si una valiosa casaquinta ubicada en Pilar pertenece a testaferros de dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino y fijó una audiencia clave para escuchar los argumentos.

El máximo tribunal penal federal del país decidirá si el caso se sigue investigando en el juzgado federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, o vuelve al juzgado en lo penal económico de Marcelo Aguinsky, en la Ciudad de Buenos Aires.

El expediente, que tiene como imputados a los supuestos testaferros Luciano Pantano y su madre, se envió a Campana por decisión del juez Alberto Lugones, de la Cámara Federal de San Martín, quien zanjó un conflicto basado en que las propiedades investigadas están en Pilar, jurisdicción del juzgado de Charvay.

Pero esta decisión fue resistida por Aguinsky y por los diferentes fiscales del caso, incluído el fiscal de San Martín Carlos Cearras, quien llegó en queja a Casación.

Su planteo fue admitido ahora por la Sala I de ese Tribunal, integrada por los jueces Javier Carbajo, Ángela Ledesma y Mariano Borinsky. Declararon “erróneamente denegado” el recurso de casación y habilitaron su tratamiento, sin adelantar opinión sobre el fondo del conflicto.

Como próximo paso, los jueces fijaron una audiencia para el 30 de marzo a las 11.30. Allí, escucharán a las partes antes de resolver qué juzgado debe investigar el expediente.

Una causa con ramificaciones múltiples

La investigación gira en torno a la compra de una propiedad de grandes dimensiones en Pilar, atribuida a la firma Real Central SRL, de los Pantano. Según la denuncia, la empresa no podría justificar el origen de los fondos y habría actuado como pantalla de sus verdaderos titulares, quienes, según se sospecha, serían dirigentes de la AFA, como su tesorero, Pablo Toviggino.

La investigación menciona a Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte como intermediarios y pone bajo análisis la trazabilidad del dinero utilizado en la operación, en un contexto de posibles vínculos con el mundo del fútbol profesional.

El eje del litigio no es aún el fondo del caso, sino qué juez debe investigarlo.

El juez federal de Campana reclamó la causa por la ubicación del inmueble, mientras que el juzgado penal económico porteño sostuvo su intervención. La Cámara Federal de San Martín resolvió que el expediente debía tramitar en Campana.

Sin embargo, el fiscal cuestionó esa decisión al considerar que fue adoptada con una “fundamentación solo aparente” y sin respetar reglas básicas de competencia.

También advirtió que se trata de una maniobra compleja y extendida en distintas jurisdicciones y que la sede de la AFA se ubica en CABA, en la calle Viamonte. Allí llegaba por ejemplo un resumen de tarjeta de crédito corporativa emitida a favor de Pantano, con la que se pagaban gastos vinculados a la quinta y a la flota de autos de lujo que se encontró en el lugar.

“Nos encontraríamos ante complejas maniobras de lavado de dinero que se habrían cometido en múltiples jurisdicciones”, advirtió la fiscalía.

En esa línea, sostuvo que reducir el caso a la ubicación del inmueble implica ignorar la verdadera dimensión del expediente, que incluiría operaciones societarias y financieras en la Ciudad de Buenos Aires y otros puntos de la provincia.

Garantías en juego

Para la Casación, aunque las cuestiones de competencia no suelen habilitar este tipo de recursos, en este caso hay elementos suficientes para hacer una excepción.

El tribunal entendió que están en discusión garantías constitucionales como el debido proceso y el juez natural, lo que justifica su intervención temprana: se encuentran involucradas “cuestiones de neta índole federal” que habilitan la revisión, sostuvo.

El fiscal general ante la Cámara en lo Penal Económico, Gabriel Pérez Barberá, dictaminó que deben rechazarse los pedidos de sobreseimiento por inexistencia de delito del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, del tesorero Pablo Toviggino, y de los demás imputados por una multimillonaria retención indebida de aportes.

“Si la AFA retuvo dinero que no le pertenece y no lo depositó en las fechas legales –que es lo que está bajo investigación–, entonces eso no ‘desaparece’ por obra de una mera tregua administrativa: no si la deuda es exigible, si el plazo venció y si, como consecuencia de ello, el dinero en cuestión no llegó al Estado en el tiempo exigido por ley“, advirtió.

La fiscalía sostuvo que la causa por la deuda impositiva iniciada por denuncia de ARCA debe seguir adelante y reclamó que se confirme la decisión del juez en lo penal económico Diego Amarante, quien se negó a dictar los sobreseimientos por inexistencia de delito.

“La consumación se produce cuando, vencido el plazo, el obligado omite efectuar su depósito”, agregó en relación a cuándo hay delito.

Pérez Barberá advirtió que “la exigibilidad de una obligación no depende de la disponibilidad inmediata de los mecanismos procesales de ejecución, sino de la existencia de un deber jurídico de cumplimiento cuyo vencimiento habilita al acreedor a reclamar su satisfacción”, afirmó.

La sala A del Tribunal de Apelaciones en lo Penal Económico integrada por la jueza Carolina Robiglio y el juez Roberto Hornos había fijado una audiencia este miércoles para escuchar los argumentos, pero todos presentaron memoriales escritos. De todas maneras, no habrá una decisión antes del 25 de marzo, porque uno de los acusados pidió prórroga y le fue concedida.

Los cinco acusados integrantes de la comisión directiva de la Asociación del Fútbol Argentino fueron ya indagados por el juez Amarante. En todos los casos entregaron escritos, reclamaron ser sobreseídos y no respondieron preguntas. El magistrado ya está en condiciones de decidir si procesa, dicta falta de mérito o los desvincula.

Mientras tanto, el Tribunal de Apelaciones tiene pendiente esta resolución sobre el planteo de inexistencia de delito en el marco del cual la fiscalía reclamó ahora que la pesquisa siga adelante.

La discusión de fondo

La causa se originó por la denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por la falta de depósito de sumas retenidas por la AFA en concepto de IVA, Ganancias y aportes de la seguridad social entre 2024 y 2025, calculada en 19.000 millones de pesos.

La defensa intentó frenar el avance del caso con una excepción de falta de acción. Sostuvo que, como el Ministerio de Economía suspendió las ejecuciones fiscales contra ciertas entidades —entre ellas asociaciones civiles—, la deuda no podía considerarse vencida ni exigible.

El fiscal ante la Cámara rechazó lo planteado. “La argumentación de la defensa parte de una premisa incorrecta al equiparar la suspensión de la ejecución fiscal con la inexigibilidad de la obligación tributaria”.

En la misma línea, remarcó que “la defensa confunde la exigibilidad de la obligación tributaria con la ejecutabilidad de la deuda por vía de la ejecución fiscal”.

Sin prórroga, con deuda vigente

Uno de los ejes del dictamen es que nunca hubo una prórroga real de los vencimientos. “La normativa en cuestión no dispuso prórroga alguna de los plazos de ingreso” sino que “se limitó a regular el ejercicio de determinadas facultades administrativas del organismo recaudador”, explicó. “Los vencimientos de las obligaciones no sufrieron modificación alguna”, advirtió la fiscalía.

“Aceptar la interpretación propuesta” implicaría “desnaturalizar el régimen jurídico de las obligaciones tributarias”, concluyó.

Pérez Barberá también se detuvo en la cuestión penal. Recordó que los delitos tributarios investigados son omisivos: se configuran cuando no se paga lo retenido dentro del plazo legal. “La consumación se produce cuando, vencido el plazo el obligado omite efectuar su depósito”, sostuvo.

Y aclaró que las decisiones del Estado sobre cómo cobrar no cambian esa situación: “Las decisiones administrativas relativas al ejercicio de las acciones de ejecución no alteran la existencia del deber jurídico ni el incumplimiento”.

El dictamen puso énfasis en la naturaleza del dinero involucrado. “No se trata del pago de una obligación tributaria propia, sino de la transferencia al Estado de fondos retenidos a terceros”, explicó el fiscal. Por eso, advirtió que “el deber jurídico de ingreso de esas sumas reviste un carácter particularmente intenso”.

“Que el Estado suspenda temporalmente los procedimientos para cobrar deudas fiscales no significa que la obligación de pagar haya desaparecido”, concluyó.

Con estos argumentos, el Ministerio Público pidió que se confirme la resolución de primera instancia y que la investigación continúe.

Los dirigentes de AFA tienen prohibida la salida del país, una decisión que también está bajo revisión de la Cámara Nacional en lo Penal Económico.

La investigación por una multimillonaria estafa a dos facultades de la UBA con un desvío de fondos de más de $1.590 millones, mediante correos y documentos apócrifos que lograron engañar al Banco Nación, ya fue enviada de manera parcial a juicio oral. Ahora, uno de los detenidos intentó sin éxito ser liberado o acceder al arresto domiciliario.

Se trata de Enrique Cutrona, quien seguirá preso a la espera del juicio oral, al igual que otros cuatro acusados. La Cámara Federal de Casación rechazó por inadmisible un pedido de la defensa.

La decisión, adoptada por mayoría en la Sala I del máximo tribunal penal federal del país, dejó firme un rechazo previo del Tribunal Oral Federal 6, que ya prepara el futuro juicio y convocó a las partes a ofrecer prueba.

Una maniobra millonaria y estructurada

La defraudación fue cometida contra las Facultades de Derecho y de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, que en septiembre de 2024 fueron víctimas de un desvío de fondos por un total de 1.591.382.140,18 pesos.

En este contexto, Cutrona está procesado con prisión preventiva y acusado porque habría recibido “dos transferencias producto de una maniobra defraudatoria instrumentada mediante la utilización de notas apócrifas con membrete y firmas falsificadas de autoridades universitarias”.

Esas operaciones se concretaron en septiembre de 2024 por montos de $275.480.000 y $172.990.533, transferidos desde una cuenta oficial del Banco Nación perteneciente a la Facultad de Derecho hacia la firma Eksplodo S.A., vinculada al acusado.

A partir de allí, comenzó un circuito destinado a ocultar el origen del dinero. Según la reconstrucción judicial en la investigación que estuvo a cargo del juez federal Sebastián Ramos y del fiscal Eduardo Taiano, los fondos fueron objeto de “diversas y sucesivas transacciones destinadas a ocultar su origen ilícito y dificultar su trazabilidad y rastreo”.

En concreto, se realizaron transferencias por $200 millones, $150 millones, $50 millones y más de $21 millones hacia la firma Aigle S.A., señalada como una cuenta recaudadora utilizada para canalizar el dinero, además de otros giros a empresas y personas físicas por más de $21 millones adicionales.

El tramo final del circuito incluyó la conversión de los fondos en activos digitales: “los fondos remitidos fueron posteriormente aplicados a la compra de 311.851 unidades de la criptomoneda USDT… configurando de ese modo un claro circuito de lavado de activos”, sostiene la acusación.

Para la Justicia, Cutrona habría tenido un rol clave en ese esquema, con presunta participación en la disposición ilegítima de fondos públicos y en su posterior “reciclaje” mediante operaciones financieras diseñadas para ocultar su origen.

Gravedad del delito

En su voto, el camarista de la sala I de Casación Daniel Petrone remarcó “la gravedad de la maniobra delictiva que incluye la participación de numerosas personas“. A esa postura adhirió su colega Javier Carbajo.

El fallo al que tuvo acceso Infobae también destacó que se trató de una operatoria orientada a la “disposición ilegítima y el posterior reciclaje de fondos públicos” y a “ocultar y legitimar el origen ilícito del dinero”, en el marco de un esquema típico de lavado.

A eso se sumó la complejidad de la maniobra, con “participación de numerosas personas y… otros sujetos involucrados aún no individualizados”, lo que, según los jueces, refuerza los riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación en caso de conceder la libertad de los acusados.

El tribunal advirtió que se trata de un caso en el que deben resguardarse no solo los fines del proceso sino también el interés social, al recordar que “el legítimo derecho de la sociedad” habilita a adoptar medidas para asegurar que “no se frustre la investigación ni la eventual condena”.

También se valoraron elementos de prueba como escuchas telefónicas que darían cuenta del conocimiento del acusado sobre la causa y de posibles maniobras para influir en su desarrollo. Se concluyó que ninguna medida alternativa —como el arresto domiciliario— resulta suficiente para garantizar su sujeción al proceso.

Cutrona está detenido desde febrero de 2025 y fue procesado por defraudación a la administración pública, uso de documento falso y lavado de activos.

Fue enviado a juicio con otros cuatro acusados y la investigación sigue sobre otros sospechosos de haber intervenido en las maniobras.

Cómo fue la maniobra

Todo comenzó con el envío de correos electrónicos desde falsas casillas de la UBA con requerimientos de transferencias. También se habilitaron líneas telefónicas para simular órdenes genuinas impartidas por presuntos funcionarios autorizados de la UBA y solicitar transferencias MEP.

Ese tipo de operación no es utilizado por las facultades, que realizan sus pagos únicamente a través del homebanking institucional y con respaldo en el sistema contable, se enfatizó en la investigación.

Sin embargo, la documentación apócrifa resultó suficiente para inducir en error a los empleados bancarios y lograr la salida del dinero.

Los acusados utilizaron direcciones de correo que imitaban las institucionales. En vez de enviarse desde los dominios oficiales “@uba.ar” o los internos de las facultades, los mails provenían de casillas creadas en servicios gratuitos, pero con nombres muy similares a los reales de las personas autorizadas. La fiscalía señaló que las órdenes de transferencia ingresaron desde direcciones como “secretaria.finanzas.odontologia@gmail.com” y “administracion.derecho.uba@outlook.com”, casillas inexistentes en la estructura universitaria. Para darle verosimilitud, los correos reproducían la forma de escribir de los funcionarios, el tono administrativo y hasta copiaban la firma electrónica.

Uno de los mensajes analizados por los peritos aparecía acompañado por un archivo PDF con la orden falsa y decía: “Por indicación del Sr. Secretario, solicitamos dar curso urgente a la transferencia MEP adjunta a favor de la firma Elysium. La operación fue autorizada por la superioridad. Favor confirmar recepción.” La fiscalía destacó que la frase “fue autorizada por la superioridad” fue utilizada reiteradamente para reforzar la apariencia de una decisión interna ya tomada.

Las “notas falsas remitidas por correo electrónico y luego entregadas en soporte papel” fueron “idóneas y suficientes para inducir en error a los empleados bancarios”, consideró la fiscalía en su pedido de envío a juicio oral.

El caso se descubrió cuando la Facultad de Odontología observó movimientos sin respaldo contable. Al revisar la documentación, las autoridades notaron que no existían órdenes de pago que justificaran las operaciones y que los mails supuestamente enviados por funcionarios no se correspondían con las direcciones oficiales. En la Facultad de Derecho se constató lo mismo: ningún área había solicitado operaciones MEP y las firmas insertas en las notas no coincidían con las auténticas.

“La jefa”, se escuchó responder al público desde el fondo de la sala de audiencias de Comodoro Py 2002 cuando a Cristina Kirchner le preguntaron si tenía algún apodo. En su respuesta formal ella dijo que no. Fue en medio del interrogatorio personal que hizo el presidente del Tribunal Oral Federal 7, Enrique Méndez Signori, por la causa Cuadernos que investiga corrupción en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

Se trató de una de las perlitas del pase a la presencialidad de un juicio que por primera vez tuvo público en la sala, en su mayoría referentes sociales, ex funcionarios y legisladores que acudieron a mostrar su apoyo a la ex presidenta en su declaración indagatoria. Estuvieron Adolfo Perez Esquivel, Wado De Pedro, Mariano Recalde, entre muchos otros.

Todos se ubicaron en el sector para el público de la planta baja, mientras que la prensa estuvo en la tribuna superior de la sala con capacidad total para 200 personas.

Hubo también aplausos para coronar alguna de las frases de Cristina durante su exposición de 40 minutos y algún que otro comentario aislado proveniente desde atrás, el lugar donde se ubicó el público, cuando hablaron los jueces del Tribunal. Detalles de la presencialidad que no llegaron a reflejarse en la transmisión que se realizó por Zoom para el resto de los imputados y por YouTube para el público en general.

El Tribunal llevó adelante la audiencia integrado por los jueces Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli y la presencia del cuarto juez suplente, Néstor Costabel.

Los tres primeros no tienen despachos en Retiro porque trabajan en el Palacio de Justicia de Talcahuano 550. Por eso, y a su pedido, se les asignó otra sala de audiencias más pequeña, en la planta baja, que usaron en los cuartos intermedios del debate oral.

En la sala también estuvo el detenido Julio De Vido, mientras que desde la cárcel de Ezeiza se conectó el ex secretario de Obra Pública, José López, condenado también en la causa Vialidad.

Para garantizar la seguridad, se montó un operativo con la custodia del edificio a cargo de la Policía Federal, mientras que el Servicio Penitenciario se encargó del traslado de y hacia la cárcel de Ezeiza del ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo.

“Muy buenos días a todos y todas”

La ex presidenta llegó a Comodoro Py 2002 con su escolta personal desde San José 1111, donde cumple el arresto domiciliario con tobillera electrónica condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en el caso Vialidad. Ingresó directo desde un estacionamiento lateral a la sala de audiencias y se ubicó entre sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy.

Poco después saludaba desde el banquillo. “Muy buenos días a todos y a todas, la verdad es que... ” y ahí llegó una primera interrupción por parte de Méndez Signori, “Tengo que cumplir con algunas formalidades”, le explicó el juez antes de comenzar con el interrogatorio de doce preguntas.

“Estoy sentada acá para venir a hablar y hacer mis manifestaciones claramente”, respondió en relación a su voluntad de declarar y nuevamente el juez intervino: “Aguarde un segundo, ya va a tener la oportunidad de hablar, doctora”. Y le explicó que se trataba de un interrogatorio de identificación que marca la ley “independientemente de que usted es una figura conocida”.

Se le preguntó nombre completo, edad, estado civil, apodo. “Mire, eh, no. Me dicen Cristina, podría decirle algunos otros, pero no me parecen adecuados”.

Otro momento tenso se vivió cuando le preguntaron dónde vive. Dio el domicilio de San José 1111. “Es de público y notorio, mis condiciones de vida también”.

A la hora de los antecedentes penales, repreguntó: “Perdón, ¿qué me dijo?” y siguió: “Bueno, si usted me deja hablar, le voy a contar, porque usted sabe que yo estoy detenida acá. Me parece que todas estas preguntas son de público y notorio”.

“Doctora Fernández, es un interrogatorio que marca la ley, no es un capricho personal”, remarcó Méndez Signori.

“Bien, adelante doctor, el único antecedente penal que tengo es la condena Vialidad de la que pienso hablar en este momento”, terminó de responder antes de iniciar su indagatoria. Cuarenta minutos después concluyó que la causa Cuadernos es un “gran disparate” y provocó un último aplauso cerrado desde el fondo de la sala.

¿Me puedo retirar?, preguntó Cristina Kirchner al presidente del Tribunal Oral Federal 7 Enrique Méndez Signori, al final de un extenso monólogo de unos 40 minutos, con el que dio por cumplida su declaración indagatoria presencial en el juicio por los “Cuadernos de las coimas”. Acababa de anunciar como broche final que no respondería preguntas en medio de críticas hacia el Poder Judicial.

Pero el juez le pidió que permaneciera un minuto más sentada en el banquillo. “Doctora Fernández, yo quiero decir lo siguiente”, expresó Méndez Signori de cara a la acusada ex presidenta: “Con mis colegas, los jueces Germán Castelli y Fernando Canero, integramos un tribunal de justicia independiente, en una república democrática y estamos acá para garantizar un juicio justo para usted y para todas las partes que están imputadas”, remarcó.

Poco antes de la respuesta de los jueces, CFK se había referido a los dichos del presidente Javier Milei en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional. “Anunció que voy a seguir presa. Me puedo morir presa en este Poder Judicial, pero esto en algún momento se va a terminar”, dijo sobre los dichos de Milei.

Cuando finalizó la breve exposición del juez, CFK carraspeó y volvió a preguntar si podía retirarse, se despidió con un “muchas gracias, buenos días”, se levantó y cruzó el pasillo. Pero antes de llegar a la puerta lateral por la que ingresó y debía salir, fue nuevamente interrumpida. Ahora el vocal del Tribunal Germán Castelli había expresado también su intención de hablar.

”No es el primer presidente que se refiere a la causa 9608 (Cuadernos), pero eso en nada conmueve la actitud y el compromiso de este Tribunal de Justicia en administrar justicia humana con fortaleza, prudencia y coraje, realizando un juicio justo a cada persona rica o pobre, débil o poderosa, sometida a proceso en el tribunal", enfatizó.

El juez resaltó que hizo un juramento al respecto por la Constitución Nacional y esas garantías son extensivas “a cada una de las personas imputadas en este juicio”.

Poco antes la ex presidenta se había dirigido de manera directa a Méndez Signori. “Me pregunta el sr. presidente, ¿usted es el presidente del Tribunal?”, dijo mirándolo. “Me pregunta cuándo iba a contestar preguntas. ¿Sabe cuándo voy a contestar?”, preguntó, antes de reponder: “El día que un fiscal lo llame a Stornelli a que declare sobre las barbaridades” que, según ella, hizo en el caso, o cuando avance la causa por los parques eólicos en el gobierno de Mauricio Macri, que está “dormida” en Comodoro Py, enumeró.

Cristina Kirchner fue la primera de los 86 acusados que deberán presentarse en las próximas semanas ante los jueces para prestar declaración indagatoria. En el proceso están imputados 22 exfuncionarios y 64 empresarios, acusados por la fiscal de juicio Fabiana León y por el querellante de la Unidad de Información Financiera, Mariano Galpern.

La ex jefa de Estado llega a esta instancia bajo arresto domiciliario en su departamento de la calle San José 1111, en el barrio Constitución, donde cumple una condena firme de seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad, ligada a un esquema de corrupción forjado en torno a la obra pública en Santa Cruz.

Roberto Baratta, el ex subsecretario de Coordinación del ex Ministerio de Planificación Federal en el kirchnerismo, trató este martes de mentiroso y cuestionó la salud mental de su ex remisero Oscar Centeno, autor de los cuadernos que contenían detalles sobre cómo supuestamente recaudó miles de dólares en sobornos pagados por empresarios.

“¿Alguien puede, desde la sana razón, pensar que yo, para manejar un supuesto camión de caudales, iba a contratar a una persona con esa personalidad?”, ironizó Baratta en una extensa exposición durante su declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 7.

El ex funcionario comenzó su indagatoria poco antes del mediodía, luego de la negativa a declarar expresada por su ex jefe y ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, juzgado junto con él y con la ex presidente Cristina Kirchner. Terminó pasadas las 16 horas.

Sobre Centeno: “Habilidad para simular”

En un extenso monólogo, acompañado por cuadros explicativos y gráficos, apuntó entre muchos otros aspectos contra su ex chofer Centeno. Sostuvo que lo conoció a través de una remisería que trabajaba con el Ministerio y describió su vínculo laboral: “Era un típico trabajador. Nuestras jornadas arrancaban a las 7 de la mañana y terminaban a las 10 u 11 de la noche”.

Baratta se negó a “convalidar sus mentiras”, en alusión al remisero ahora arrepentido y avanzó sobre la personalidad de su ex chofer, apoyándose en pericias psicológicas incorporadas a la causa. “Tenía habilidad para simular y encubrir de manera astuta e hipócrita. Habilidad para disimular, que es peor que ser mentiroso. Tenía las dos cosas. No lo digo yo, lo dicen las pericias”, afirmó. Y agregó: “Es asqueroso ver cómo esta personalidad se repite a lo largo de toda esta mentira”.

En ese sentido, reclamó nuevas medidas de prueba: “¿Es un exceso pedir la pericia grafológica de los cuadernos 5 y 6? Algo que no está hecho?”, cuestionó ante el tribunal.

También puso el foco en supuestas contradicciones de Centeno en otras jurisdicciones. Recordó que en una causa abierta en España vinculada a la empresa Isolux Corsán, el chofer declaró que había quemado los cuadernos, luego dijo que no los quemó y finalmente sostuvo que no sabía cómo habían aparecido. “Escribía ‘Isolux Corsán’ con nombre y apellido y dijo que no conocía a nadie”, ironizó.

Baratta mencionó además antecedentes personales de Centeno, como su desvinculación del Ejército y un episodio en el que —según dijo— fue declarado inimputable. También habló de “toxicidad etílica avanzada”.

“¿Quién le habrá dictado todas estas mentiras?”, se preguntó sobre su ex chofer.

”Delatores mentirosos"

En otro tramo de su indagatoria, el exfuncionario apuntó contra el sistema de imputados colaboradores. “Entiendo la situación de los delatores: eran apretados, eran extorsionados y nadie está obligado a ser valiente”, sostuvo, aunque advirtió que “sus mentiras llevaron tanto a mí como a la gente que trabajaba conmigo a bancarse injusticias enormes”.

Baratta apuntó directamente contra empresarios que declararon en la causa. “Voy a empezar a sacar el velo de la mentira de algunos de ellos”, advirtió, antes de mencionar de manera explícita a Juan Carlos de Goycoechea, Francisco Valenti y Claudio Glazman.

Según sostuvo, sus testimonios como arrepentidos estuvieron condicionados por presiones judiciales: “Fueron apretados, fueron extorsionados”, insistió, en línea con su planteo general de que las declaraciones que sostienen la causa están viciadas.

Baratta se refirió a las “mentiras de los arrepentidos” y también apuntó contra el ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, Juan Manuel Abal Medina, acusado en el debate.

“Voy a hablar una por una de las mentiras de Abal Medina, porque son varias, son muchas y están en el expediente”, anticipó porque avisó que continuará declarando y hablando en el juicio. “No estuvo preso, tuvo un trato evidentemente preferencial”.

Además mostró correos electrónicos que mandaban en esa época diferentes empresarios que ahora son juzgados por supuesto pago de sobornos tanto a él como a su ex jefe De Vido con diferentes pedidos como reuniones y favores incluidos. “¿Yo era el apretador serial?”, se preguntó.

El ex funcionario y ex mano derecha de De Vido fue el tercer indagado en la primera jornada presencial del juicio Cuadernos, anticipó que seguirá hablando en lo sucesivo y que expondrá a todos los que “mintieron” si persisten en esa actitud. “Hoy la situación es muy diferente, no me va a temblar el pulso y el carácter para mostrar cada una de las pruebas que tengo contra cada uno de los delatores mentirosos”, les advirtió.

Luego de su declaración, siguieron Nelson Lazarte, José María Olazagasti y Rudy Ulloa, quienes se negaron a declarar o hicieron breves declaraciones solamente para ratificar su inocencia. Rafael Llorens, el último previsto para este martes, fue pospuesto para la próxima audiencia.

Video: la declaración completa de Cristina Kirchner en el Caso Cuadernos

Cristina Kirchner declaró este martes en el juicio por los Cuadernos de la Corrupción en condición de imputada. Está acusada de liderar una asociación ilícita que cobraba coimas a empresas ligadas a las obras públicas que su gobierno adjudicaba.

La ex jefa de Estado no aceptó preguntas. Durante su exposición criticó duramente a jueces y fiscales, especialmente a Carlos Stornelli, el titular del Ministerio Público Fiscal que estuvo a cargo de la etapa de instrucción.

Durante su discurso, la ex Presidenta dijo que la “mafia” coaccionó a empresarios para que declararan en su contra y la incriminaran. Calificó la investigación como un “disparate” y aseguró que le cuesta creer en las instituciones.

“Con este Poder Judicial me puedo morir presa”, planteó antes de cerrar su alocución. La ex mandataria pidió autorización para irse de la sala una vez finalizada la indagatoria. No se quedó a escuchar las declaraciones de otros imputados, entre ellos el ex ministro de Planificación Julio De Vido, quien la sucedió en el orden de indagatorias.

Cristina Kirchner y De Vido no se saludaron cuando llegaron a la Sala AMIA de Comodoro Py pese a los años que compartieron en el poder y la cercanía que mantuvieron durante años.

La ex jefa de Estado también criticó al gobierno de Javier Milei durante su declaración y planteó que el actual Presidente violó la Constitución Nacional al plantear durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso que Cristina Kirchner continuará presa.

Luego de declarar, regresó a su departamento de la calle San José. Su hijo, Máximo Kirchner, y otros dirigentes de su entorno estuvieron cerca de ella durante toda la jornada. También hubo militantes que fueron a saludarla a la puerta de su casa.

El cierre de la declaración: “Me parece un gran disparate esta causa”

Al final de su declaración, CFK calificó a la causa Cuadernos como un “gran disparate” y dijo que responderá preguntas el día en que se juzgue a muchos de los mencionados por ella como responsables de delitos en la Justicia.

“Quiero decir señores jueces y a todos los que están escuchando que me parece sinceramente un gran disparate esta causa”, concluyó antes de retirarse de la sala de audiencias para volver a San José 1111, donde cumple arresto domiciliario.

Antes de dejarla retirarse, los jueces hicieron una exposición sobre las garantías de imparcialidad que tendrá el juicio.

El cuestionamiento a Milei

“El 1 de marzo en la Asamblea Legislativa el presidente de la República anuncia que voy a seguir presa por esta causa y por el Memorándum con Irán”, recordó la expresidenta.

Y sostuvo: “Yo invito a cualquiera de ustedes a que me traigan alguna manifestación de algún presidente que haya anunciado en una asamblea legislativa que un ciudadano argentino iba a ir preso por causas judiciales en trámite”.

Aplauso cerrado del público

La indagatoria derivó en un breve aplauso cerrado por parte de diputados y otros referentes sociales que presencian el juicio en la planta baja de la sala. Fue cuando CFK dijo que se la condenó por estar vinculada a un empresario, Lázaro Báez, en la causa Vialidad y ahora se la busca condenar porque “tiene negocios con todos los empresarios”, en Cuadernos.

“Vialidad es un poroto al lado de esto”. Cuadernos “ha desalojado del podio a Vialidad”.

“Metían presa gente para que dijeran que yo era la responsable de todo”

CFK avanza en su indagatoria en un monólogo con duras críticas a la Justicia y a quienes la investigaron en el caso Cuadernos. “Metían presa gente para que dijeran que yo era la responsable de todo”.

Y en concreto se refirió a las más de 200 acusaciones por presunto cohecho que enfrenta. “¿Cuándo, cómo, quién la recibió?, ¿yo?, ¿de quién?”, se preguntó mirando a los jueces del Tribunal. “Me dieron vuelta mi casa de Río Gallegos, mi departamento de Juncal y Uruguay y me rompieron la casa de Calafate”.

“¿Ustedes saben cómo vivo yo? ¿Cómo viven mis hijos? ¿Qué es esto de que se robó un PBI?“, siguió: “Si me hubiera robado miles de millones, no estaría sentada acá“.

En Cuadernos hubo un “manejo delictivo o criminal”

CFK aludió a un “manejo delictivo o criminal que tuvieron sobre la figura del arrepentido” en el caso Cuadernos con un “manejo mafioso”, mientras se dedicó a cuestionar la investigación, a jueces y fiscales.

“Hay jueces que responden a directivas políticas, económicas, inclinan la cancha a favor o en contra, pero acá estamos ante un estadio superior: no es que condenan sin pruebas, fraguan y construyen las pruebas que no son pruebas y que van a finalmente a condenar a una persona”, siguió exponiendo.

“Mafia pura y dura”, dijo también.

CFK arremetió contra Bonadio y Stornelli

Luego de repasar sus cuestionamientos a la causa Vialidad, la expresidenta afirmó que este expediente “ya no se trata de jueces que no son imparciales, estamos ante una causa donde el juez Bonadio y el fiscal Stornelli son directamente mafiosos”.

“Ya no estamos ante una persecución política, estamos ante prácticas mafiosas por parte de jueces y fiscales”, siguió.

Luego se refirió al caso D’Alessio, nombrado así por el falso abogado condenado por el TOF 8.

“En esa asociación ilícita, el vínculo entre Marcelo D’Aessio y Carlos Stornelli era un activo muy importante”, resaltó CFK respecto del fallo condenatorio en esa causa.

La ex presidenta comenzó hablando de su condena en Vialidad

Sostiene que “la condenaron sin pruebas” en el caso Vialidad, con duras críticas a los jueces de ese caso, menciones a partidos de fútbol jugados con el ex presidente Mauricio Macri.

Pero Cuadernos la superó, sostuvo. “Estamos ante una causa donde el juez de instrucción Bonadio y el fiscal de instrucción Stornelli son directamente mafiosos. Estamos inmersos en prácticas mafiosas por parte de jueces y fiscales”.

CFK da sus datos personales

La ex presidenta da sus datos personales. “Usted sabe que estoy detenida, he venido en calidad de detenida con prisión domiciliaria, todas estas preguntas son de público y notorio”. En el primer encontronazo con el Tribunal, el juez Méndez Signori le explicó que se trata de un interrogatorio legal.

“La jefa” gritaron desde el fondo cuando se le preguntó si tenía algún apodo. Ella dijo que no y dio su nombre “Cristina”.

También dijo que dirá si contestará o no preguntas al final de su declaración.

Aplauden a Cristina

Cristina Kirchner se sentó en el banquillo de los acusados en medio de aplausos y vítores del publico presente en la planta baja, a quienes saludó con la mano. “Bueno muy buenos días a todos y a todas”, arrancó su declaración indagatoria. Pero el presidente del Tribunal Ernique Méndez Signori la interrumpió para realizarle las preguntas previas de rigor.

Comenzó la audiencia con CFK en la sala

El Tribunal Oral Federal 7 dio comienzo a la audiencia con la ex presidenta Cristina Kirchner sentada en medio de sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, en primera fila.

Cristina Kirchner llegó a Comodoro Py

La ex presidenta ingresó a la sala de audiencias AMIA en Comodoro Py, donde será indagada por la causa Cuadernos.

El ex ministro de Planificación, Julio De Vido, también citado para declarar hoy, se encontraba en el interior de la sala, a pocos metros del lugar en donde se sentó CFK. Sin embargo, los dirigentes no se saludaron.

De Vido sí fue trasladado por el Servicio Penitenciario Federal desde la cárcel de Ezeiza y permanecía custodiado. La ex presidenta llegó con su custodia habitual.

También está presente el acusado ex funcionario Roberto Baratta, quien sí intercambió un apretón de manos con la ex presidenta.

CFK se sentó en primera fila entre sus dos abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy.

El juicio por el multimillonario fraude con fondos nacionales destinados a construir viviendas sociales durante el kirchnerismo, a través del programa “Sueños Compartidos” de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, entrará desde mañana en etapa de declaración de testigos. En el listado está programada para el miércoles 18 la presencia del ex presidente Mauricio Macri.

La convocatoria a una primera tanda de doce testigos, informada por la titular del Tribunal Oral Federal 5 Adriana Palliotti, abre mañana martes desde las 9.30 con el intendente de Tigre Julio César Zamora.

Macri fue pedido como testigo por Schoklender en 2021, cuando se requirió la prueba para el debate oral que comenzó este mes, a 15 años de los hechos investigados. Será interrogado bajo juramento de decir verdad en relación a su calidad de ex Jefe de Gobierno de CABA, para que detalle que pasó con las obras hechas en ciudad de Buenos Aires con fondos de la Fundación y del programa “Sueños Compartidos”.

El juicio

El debate se realiza de manera presencial en la sala SUM del subsuelo de Comodoro Py 2002. Además de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, son juzgados el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, su ex secretario de Obra Pública, José López, y el ex subsecretario del área Abel Fatala, entre otros acusados.

Todos llegaron a juicio acusados por presunta defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, con distintos grados de participación.

El Tribunal está integrado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg.

Se investigó el destino de 748 millones de pesos transferidos entre marzo de 2008 y junio de 2011 a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, para la construcción de viviendas sociales a través del programa Sueños Compartidos.

La hipótesis fiscal sostiene que al menos 206 millones de pesos habrían sido desviados hacia empresas, bienes y gastos personales de los Schoklender y su entorno, en lugar de emplearse en las obras previstas. Los proyectos debían ejecutarse en la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Santiago del Estero, Misiones y los municipios bonaerenses de Almirante Brown, Tigre y Ezeiza, además de Bariloche y Rosario.

La indagatoria de Schoklender

“Cuando murió Néstor se desmadró todo”, dijo en su declaración indagatoria la semana pasada el acusado Sergio Schoklender y definió como “un curro” a la obra pública, aunque rescató que Sueños Compartidos “no era solo para construir viviendas, jamás lo fue. Era construir ciudadanía”.

Schoklender cargó las tintas contra Hebe de Bonafini y su vínculo con el poder: “Estaba extremadamente cooptada por Cristina (Kirchner), Parrilli (Oscar, por entonces secretario general de la Presidencia), Zannini (Carlos, ex secretario Legal y Técnico) y toda esa runfla. Venían las demandas insólitas, delirantes”, aseguró el acusado.

Según el exapoderado de la fundación, el kirchnerismo ordenaba movilizar a la gente contratada para las obras a distintos actos y eventos políticos, para que oficiaran de militantes: “Esos eran días que no se trabajaban”, recordó.

Y siguió: “Mientras hacíamos todo esto, los amigos de Planificación Federal nos ahogaban financieramente porque retrasaban los pagos. Teníamos una deuda de cargas sociales, debíamos 70 millones, que actualizados son los 200 millones de los que hablan”.

Según Sergio Schoklender, la deuda del Ministerio que conducía De Vido con la fundación ascendía a más de 140 millones de pesos. Entonces, dijo, se reunió con el entonces ministro de Economía Amado Boudou para regularizar la situación con un plan de facilidades que, posteriormente, se habría dado de baja por orden de Hebe de Bonafini.

“Cuando todavía vivía Néstor Kirchner, vaya uno a saber si por convencimiento o por qué motivo, apoyaba este programa. Entonces nadie se animaba a demorar pagos ni a pedir coimas; ya después de que él se murió, la cosa se desbandó”, siguió Schoklender.

“Él (por Néstor) tenía una lógica: todos roban, él robaba, él hacía robar, pero tenía límites, no se metía con los guardapolvos ni los comedores ni la fundación. Después de que él se murió, se desmadró todo, pero nosotros no le pagamos una coima a nadie”, remató.

Ante el TOF N° 5, Schoklender aseguró que renunció a Madres de Plaza de Mayo por “Hebe y los parásitos, por las demandas politiqueras que caían sobre la fundación”.

“A mí me absolvió y me absolverá la historia, y a ustedes los va a condenar la historia”. Con esa frase, pronunciada al levantarse del estrado tras su indagatoria en el juicio por la causa Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner cerró el 2 de diciembre de 2019 una de las escenas más recordadas de aquel proceso. Era vicepresidenta electa y enfrentaba por primera vez un juicio oral sentada en el banquillo de los acusados.

Seis años después, la ex presidenta volverá a ocupar este martes el mismo sillón, en el mismo lugar, en la misma sala de audiencias del subsuelo de los tribunales federales de Retiro, de cara a otros jueces que la juzgan como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho en el caso Cuadernos.

Una indagatoria para todos

La audiencia está prevista para este martes desde las 9 ante el Tribunal Oral Federal 7. La indagatoria también será presencial pero transmitida en vivo por YouTube, por lo que podrá ser seguida en directo por el público.

A fines del 2019 y sin que nadie pudiera anticipar la virtualidad obligada que llegaría con la pandemia de Covid, la regla en Comodoro Py 2002 era la presencialidad. La defensa a cargo del abogado Carlos Beraldi había reclamado sin éxito la transmisión en vivo de esa declaración.

“¿Preguntas? Preguntas tienen que responder ustedes, no yo”, sentenció CFK también ese día de 2019, cuando se levantó al finalizar su declaración, y los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso quisieron saber si iba contestar preguntas después de casi tres horas de una exposición ininterrumpida.

La segunda cita

Este martes 17 desde las 9 la escena será otra: comparecerá detenida, ya que se encuentra bajo prisión domiciliaria y con tobillera electrónica. Ya tiene condena firme a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad, aquella donde cuestionó de esa manera a los magistrados.

Los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero, integrantes del tribunal que lleva adelante el juicio de los Cuadernos, coordinaron ya su traslado con el Tribunal Oral Federal 2, que es el que controla la ejecución de la pena en Vialidad. Saldrá de su casa en San José 1111 con su custodia habitual y un radio extendido de alcance para su tobillera electrónica por el tiempo que dure el trámite judicial.

Será el primer desafío del pase a un sistema mixto -presencial y virtual- para el juicio que empezó en noviembre pasado por Zoom. Además, el Tribunal se trasladará de su sede en el Palacio de Justicia a Comodoro Py.

El secretario general de la Cámara Federal de Casación Penal, Juan Montesano Rebón, estuvo a cargo de tramitar los pedidos de asistencia y colaboración del Tribunal como el operativo de seguridad que será estricto, la seguridad de los jueces y sus empleados, un lugar donde instalarse, además de la sala de audiencias.

En la sala de audiencias estarán mañana la fiscal general de juicio Fabiana León y su equipo de trabajo, las defensas de los acusados convocados a declarar, público y prensa que se acrediten. Hay lugar para 200 personas en total.

Tras la declaración de Cristina Kirchner, será el turno del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, detenido en la cárcel de Ezeiza por la tragedia de Once. Será trasladado desde el penal y según anticipó su defensa se negará a declarar pero tendrá que sentarse ante los jueces y dar sus datos personales.

En la semana última se rechazó un pedido de sus abogados para que se lo deje hablar por videoconferencia desde la cárcel ante cuestiones de salud.

El listado de esta primera jornada se completa con el ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de Planificación Federal en el kirchnerismo, Roberto Baratta; su ex secretario privado Nelson Lazarte; el exsubsecretario de Asuntos Jurídicos del ex Ministerio de Planificación Federal, Rafael Llorens; el ex secretario privado de De Vido, José María Olazagasti, y el ex chofer de Néstor Kirchner, Rudy Ulloa.

En todos los casos podrán aceptar hablar ante el Tribunal, responder o no preguntas, o bien hacer uso de su derecho a no declarar con opción a hacerlo más adelante, en cualquier tramo del debate oral. Lo que no podrán evitar es la visita a tribunales para presentarse ante los jueces el día de la citación.

Finalizada esta audiencia se establecerá un cronograma para los restantes 78 acusados.

El debate oral comenzó el 6 de noviembre del año pasado. La ex presidenta es juzgada como supuesta jefa de una asociación ilícita que habría funcionado en el seno del Poder Ejecutivo Nacional entre 2003 y 2015. También por 205 hechos de presunto cohecho pasivo, es decir, recibir sobornos que en este caso habrían pagado empresarios para adjudicarse obras públicas.

Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino se sentaron esta semana frente al juez en lo penal económico Diego Amarante y respondieron con un “no” tajante cuando se les consultó si estaban dispuestos a contestar preguntas. Ambos se remitieron a los escritos de descargo que presentaron en su declaración indagatoria, con los fundamentos para reclamar el cierre del caso y el sobreseimiento.

Sin embargo, no pudieron evitar escuchar la lectura de cada uno de los cargos y de la prueba que se acumuló en el expediente desde que ARCA presentó la denuncia penal por supuesta retención indebida de aportes por 19.300 millones de pesos, entre 2024 y 2025.

Pruebas y definiciones

“A continuación, se le exhiben e informan la totalidad de pruebas y constancias acumuladas en la presente causa”, reza el acta de las declaraciones indagatorias a la que tuvo acceso Infobae. Se trató de la lectura de 15 carillas con un detalle de la evidencia. Antes se les exhibió un cuadro con 51 hechos, uno por cada período de aportes de cada impuesto retenido y no depositado al fisco en tiempo y forma, que forman parte de la acusación.

La causa entró en etapa de definiciones con dos frentes abiertos: por un lado, el juez en lo penal económico Diego Amarante cerró con Tapia el jueves la ronda de declaraciones indagatorias y quedó en condiciones de definir las situaciones procesales de los cinco imputados: Tapia, Toviggino, Gustavo Lorenzo, Víctor Blanco y Cristian Malaspina. El magistrado podría procesarlos, dictar falta de mérito o sobreseerlos, como reclamaron todos.

De manera paralela la Cámara en lo Penal Económico citó para el próximo miércoles a una audiencia previa a resolver sobre el planteo de inexistencia de delito hecho por la defensa de Tapia y al que adhirieron los demás acusados. Se basa en la existencia de una normativa que según sus argumentos, permitía a la AFA diferir esos pagos al fisco.

El juez rechazó el planteo y avanzó con la investigación e indagatorias. La defensa apeló y la decisión está en manos de los camaristas Carolina Robiglio y Roberto Hornos.

Además, el jueves pasado, mientras la atención mediática estaba puesta en la indagatoria de Tapia en el edificio de Avenida de los Inmigrantes 1950, los jueces del Tribunal de Apelaciones recibieron escritos que pidieron revocar la prohibición de salida del país de los dirigentes, algo sobre lo cual también tienen que decidir.

La acusación del juzgado

A los dirigentes de AFA se les leyeron cargos atribuidos a la presunta omisión de depósito, dentro de los 30 días posteriores al vencimiento de los plazos legales, de sumas retenidas en concepto de Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Ganancias y contribuciones destinadas al Sistema Único de la Seguridad Social.

La Asociación y sus dirigentes sostuvieron que ya regularizaron esos pagos.

La causa reúne una importante cantidad de documentación incorporada durante los últimos meses. Entre las pruebas que se les leyeron figuran informes del Banco Credicoop, que detallan las cuentas que la AFA mantiene en esa entidad, los movimientos registrados, las personas autorizadas a operar fondos, formularios de apertura de cuentas, registros de firmas e incluso imágenes del frente y dorso de cheques librados y presentados al cobro.

También se sumaron datos sobre transferencias realizadas para el pago de haberes, además de información sobre cuentas corrientes, cajas de ahorro, cuentas comitentes, tarjetas de crédito, créditos otorgados y depósitos a plazo fijo vinculados tanto a la AFA como a algunos de los directivos mencionados en la investigación.

A pedido de la Justicia, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) remitió además un informe con el detalle de pagos efectuados por AFA, eventuales planes de facilidades solicitados para cancelar obligaciones impositivas y previsionales, y datos técnicos como las direcciones IP desde las cuales se habrían realizado operaciones vinculadas a esas cancelaciones.

El expediente también incorporó documentación institucional remitida por la Inspección General de Justicia y por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires, entre ella el estado contable de la AFA cerrado el 30 de junio de 2025, el informe de auditoría independiente y el dictamen de la comisión fiscalizadora.

Entre los elementos analizados por los investigadores aparecen además planillas con el detalle de las retenciones vinculadas a contribuciones de la seguridad social correspondientes a los períodos fiscales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, junto con registros de intimaciones y notificaciones de deuda cursadas a la entidad.

A ese material se sumó también un oficio remitido por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°41 con certificaciones de una causa por presunta administración fraudulenta, en la que se investigan hechos vinculados a la gestión de fondos, en una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni.

Qué le contaron los dirigentes al juez

Al inicio del trámite y como ocurre en todas las declaraciones indagatorias, el juzgado preguntó por datos personales sobre los cuales hay obligación de responder más allá de que luego haya una negativa a hablar o a contestar preguntas sobre la imputación.

Tapia dijo ser “empleado y a su vez dirigente deportivo, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino”. Cuando lo interrogaron sobre si sabía de anteriores procesamientos contra la Asociación del Fútbol Argentino, respondió: “la verdad no sé si procesada. Sé que cuando asumí pague los aportes de dos gestiones anteriores que se debían, Luis Segura y Armando Pérez, que fueron los de la Comisión Normalizadora”.

Un día antes, Toviggino también se había negado a contestar preguntas y sólo contó que estudia abogacía en la Universidad de Morón, que es Presidente Ejecutivo del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino y cuando le preguntaron recordó que estuvo procesado en una causa similar a la que ahora se investiga. “Fui finalmente sobreseído por la Corte Suprema en el año 2025. Lo que recuerdo es que la denunciante había sido la AFIP contra la Asociación del Fútbol Argentino. Fui procesado en primera instancia, sobreseído en la Cámara, sobreseído en Casación y sobreseído en la Corte Suprema”, enumeró.

El juicio Cuadernos entrará desde el próximo martes en una nueva etapa con el abandono de la virtualidad total para reemplazarla por un sistema mixto, que tendrá como primer desafío la presencia ese día de la detenida ex presidenta Cristina Kirchner en los tribunales federales de Retiro, para ser indagada.

Apenas anunciaron su decisión al final de la audiencia por Zoom del martes pasado, los jueces del Tribunal Oral Federal 7 Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero comenzaron con los preparativos. Ya hubo visitas de alguno de los magistrados a la sala Auditorium (conocida como AMIA) donde serán las audiencias.

Seguridad y traslado de detenidos

En concreto se pidió a la Cámara Federal de Casación Penal, que ejerce la superintendencia del edificio de Comodoro Py 2002, que brinde asistencia y colaboración en la coordinación de las audiencias. El Tribunal Oral mencionó de manera puntual cuestiones relacionadas al traslado de quienes están detenidos en otras causas penales y van a ser indagados en persona en el juicio Cuadernos.

La lista de indagatorias del martes 17 comienza con Cristina Kirchner, bajo arresto domiciliario con condena firme a seis años de prisión en la Causa Vialidad.

El traslado se coordinará con el Tribunal Oral Federal 2 que ejecuta esa pena y, como se trata de una prisión en su domicilio de San José 1111 con tobillera electrónica, se autorizaría la salida del lugar para ir a Comodoro Py y luego regresar.

Desde el TOF7 hubo también pedidos para garantizar la seguridad de los jueces y funcionarios judiciales que tienen sus despachos en Talcahuano 550, sede del Palacio de Justicia. Desde ahora y al menos en la etapa de las declaraciones indagatorias, todos los martes y jueves desde las 9 trabajarán en el edificio de Retiro, sede de la sala de audiencias con capacidad para 200 personas.

Por ello se solicitó además que de ser posible se otorguen al Tribunal salas o recintos para los jueces y el personal de la secretaría, además de lugar para estacionar en esos días.

El sistema mixto

No todos los acusados -86 en total- ni sus defensores estarán presentes. Se prevé un sistema mixto y sólo concurrirán de manera presencial cuando sean convocados a declarar. El resto seguirá las alternativas a la distancia, como se hace desde noviembre pasado cuando comenzó el juicio.

Sí estará en la sala de audiencias la fiscal general de juicio Fabiana León y su equipo de trabajo.

Ante ello el Tribunal también requirió colaboración para la coordinación de las audiencias y su transmisión tanto vía Zoom como por el canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación.

Tras la declaración de Cristina Kirchner, será el turno del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, detenido en la cárcel de Ezeiza por la tragedia de Once.

En su caso debería ser trasladado desde el penal. La semana pasada De Vido comenzó a ser juzgado en otra causa penal, el caso Sueños Compartidos -un debate que también es presencial- y su defensa solicitó que lo siga por videoconferencia desde el penal por razones de salud, algo que fue concedido.

El listado del martes 17 se completa con el ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de Planificación Federal en el kirchnerismo, Roberto Baratta; su ex secretario privado Nelson Lazarte; el exsubsecretario de Asuntos Jurídicos del ex Ministerio de Planificación Federal, Rafael Llorens; el ex secretario privado de De Vido José María Olazagasti y el ex chofer de Néstor Kirchner, Rudy Ulloa.

En todos los casos podrán aceptar hablar ante el Tribunal, responder o no preguntas o bien hacer uso de su derecho a no declarar con opción a hacerlo más adelante, en cualquier tramo del debate oral. Lo que no podrán evitar es la visita a tribunales para presentarse ante los jueces el día de la citación.

Finalizada esta audiencia se establecerá un cronograma para los restantes 78 acusados.

Una sala remodelada

La sala donde desde el martes se hará el juicio fue totalmente remodelada durante 2025 con reparación de cielorrasos, el reemplazo de alfombrado con materiales de alto tránsito para garantizar condiciones acústicas adecuadas, la adecuación del tendido eléctrico y el relevamiento y reposición de luminarias. Ya está inaugurada y se usó en los últimos meses para actos protocolares, videoconferencias, capacitaciones y audiencias en general.

El debate oral comenzó el 6 de noviembre del año pasado. La ex presidenta es juzgada como supuesta jefa de una asociación ilícita que habría funcionado en el seno del Poder Ejecutivo Nacional entre 2003 y 2015. También por 205 hechos de presunto cohecho pasivo, es decir, recibir sobornos que en este caso habrían pagado empresarios para adjudicarse obra pública.

El presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia se defendió por escrito este jueves en su declaración indagatoria por la supuesta retención indebida de aportes calculada en 19.000 millones de pesos: afirmó que no hubo delito ni a nivel personal ni desde la Asociación del Fútbol Argentino, cuestionó la difusión mediática del caso y pidió medidas de prueba.

El dirigente del fútbol reclamó además al juez en lo penal económico Diego Amarante que se aplique la ley de Inocencia Fiscal y si esto no prospera, pidió ser sobreseído por inexistencia de delito.

Difusión pública que responde a “intereses”

El titular de la AFA aludió a la cantidad de notas que le dedicaron las portadas de los medios en los últimos meses y las comparó incluso con las de la guerra en Irán.

El escrito comenzó con una crítica a la difusión mediática de las acusaciones en su contra. “No lo he constatado, pero estimo que ni la guerra que actualmente afecta a Israel y otros países ha tenido tantas menciones como esta cuestión”, dijo Tapia.

Cuestionó la “abrumadora difusión pública que ha tenido este caso, difusión que, además, no ha estado exenta de valoraciones anticipadas e infundadas”.

Inocencia Fiscal

Tapia coincidió con la defensa de Pablo Toviggino a la hora de pedir la aplicación la Ley 27.799 (de Inocencia Fiscal) “por resultar más benigna”, argumentó.

En base a ello “esta causa debe concluir de forma inmediata por cuanto, insisto, no puede ser promovida conforme al nuevo texto legal”, agregó en el descargo al que tuvo acceso Infobae.

Recurrió al mismo argumento usado ayer en su indagatoria por el tesorero y de hecho, remitió a ese escrito a la hora de invocar cuestiones técnicas.

“Niego de manera expresa, categórica y circunstanciada haber decidido, ordenado, ejecutado o consentido deliberadamente la falta de ingreso de tributos o recursos de la seguridad social retenidos por la Asociación del Fútbol Argentino”, sostuvo Tapia.

También rechazó “haber tenido intervención, injerencia o decisión personal alguna sobre la materia objeto de cuestionamiento“, afirmó en el escrito entregado al juez durante su declaración indagatoria en Tribunales.

La AFA “en su carácter de contribuyente no sólo no ha actuado anti-jurídicamente, sino que exteriorizó en tiempo y forma sus declaraciones juradas, exhibiendo la totalidad de las obligaciones que eventualmente correspondía abonar, sin distorsiones ni ocultamientos. Tan es así que esas declaraciones no fueron objeto de impugnación alguna", remarcó.

Asesorado por su abogado Luis Charro, Tapia sostuvo que la acusación “no puede jurídicamente mantenerse”.

Más allá de eso, aclaró que “es imperativo reiterar desde estos albores que más allá del cargo institucional que desempeño, no tengo ni personal ni legalmente intervención decisoria en la materia tributaria que constituye el objeto de esta causa”.

“La actividad del Presidente -al menos desde que yo ejerzo el cargo y del mismo modo ocurría con anterioridad- torna materialmente imposible participar en la cotidianidad de la operatoria burocrática interna”, agregó.

El dirigente aludió a sus viajes al exterior que lo mantienen fuera del país gran parte del año y definió su rol como “protocolar”.

Críticas a ARCA

Además, incluyó cuestionamientos al rol de ARCA, denunciante y querellante en el caso. Para Tapia, el organismo recaudador tuvo en este casi particular un “accionar oscuro y contradictorio”.

“Pese al accionar oscuro y contradictorio que en el caso particular ha exhibido la ARCA estamos ante una situación que, en rigor, no difiere mucho de aquella habitualmente presentada cuando el pago de un servicio contiene primer y segundo vencimiento”, ejemplificó.

Según el descargo del dirigente futbolístico, ARCA " no informó al Tribunal la existencia del acto administrativo de alcance general (MECON Res 17/24 y sus prórrogas) al presentar la denuncia, lo cual constituye una evidencia del oscuro accionar del ente recaudador en la actuación ante la justicia".

“Se trata de una situación de hecho especialmente significativa, que a causa del indebido accionar estatal descripto, se exhibe a una reprochable “prisión por deudas”, incompatible con los principios que inspiran nuestro ordenamiento jurídico", agregó y dirigiéndose al juez le pidió no convalidar " semejante violación de las garantías constitucionales".

No hubo “perjuicio fiscal material consolidado, en tanto las obligaciones fueron abonadas y regularizadas con sus correspondientes intereses resarcitorios (no punitorios)”.

La AFA “es imputada como sospechosa de una conducta dolosa respecto de obligaciones que nunca ocultó, nunca disimuló y que además regularizó sin haber conocido aún la existencia de la causa”

“Y lo más grave que la ARCA ocultó y muy probablemente motivó que V.S. de forma inmediata hiciera lugar a su pedido de convocatorias, es que el accionar reprochado fue cumplido amparado por una norma expresa que lo permite. Es decir, no hubo acción antijurídica ni indebida. Solo una conducta permitida", remató.

Su defensa pidió medidas al juez: que requiera a ARCA que informe si en los pagos efectuados y en los planes de facilidades “por la totalidad de las obligaciones aquí cuestionadas se han incluido intereses y en su caso, si se trata de resarcitorios impuestos como accesorios del capital”.

También requirió que detalle al juzgado si Tapia aparece como “autor material” de la generación de volantes de pago y presentación de declaraciones juradas.

Amarante concluyó la ronda de declaraciones indagatorias y tiene diez días hábiles para resolver si procesa, sobresee o dicta la falta de mérito de Tapia y los demás integrantes de la comisión directiva de AFA. Para el 18 de marzo se espera una audiencia clave en la Cámara en lo Penal Económico que debe resolver un planteo de inexistencia de delito hecho por la defensa de los acusados.

Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presentó un escrito y no respondió preguntas al ser indagado este jueves en la causa que investiga una presunta retención indebida de aportes por $ 19.000 millones.

“Cumplimos con lo que quería el juez”, afirmó al retirarse de los tribunales, en medio del tumulto de la guardia periodística ubicada en la Avenida de los Inmigrantes 1950. Además, acotó: “y nos vamos a poner a trabajar con España porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental”.

El dirigente llegó a la sede de la Justicia en lo Penal Económico a bordo de una camioneta blanca. Saludó a la prensa, pidió que no se agolparan y se dirigió al segundo piso del edificio. Allí lo aguardaba el juez Diego Amarante. Según indicaron fuentes judiciales, la audiencia se desarrolló en un clima de absoluta cordialidad.

El descargo de Tapia y el comunicado de la AFA

Tras la indagatoria, Tapia publicó un mensaje en la red social X. El dirigente aseguró que la institución actuó “dentro del marco de la legalidad” e hizo uso de “derechos reconocidos por el Estado”. Explicó que presentaron todas las declaraciones y pagos tributarios “sin omitir aportes del personal en relación de dependencia”.

Frente a la “difusión de información distorsionada”, el presidente puso a la entidad a disposición de la Justicia. Remarcó que los pagos se realizaron “con intereses resarcitorios, sin sanciones punitivas”. Ratificó al abogado Luis Charró como único representante legal en el expediente. Destacó su enfoque en el trabajo para los clubes y la preparación nacional para “la Finalissima y el Mundial”.

A continuación, la AFA publicó un texto oficial. La institución ratificó que “no solo no cometió delito alguno, sino que además, hizo uso de un derecho acordado por el Estado”. El escrito precisó que presentaron todas las declaraciones juradas y detalló que los montos retenidos “en ningún caso, refieren a los aportes del personal en relación de dependencia”.

La asociación apuntó contra la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), querellante en la causa. El comunicado acusó al organismo de promover la denuncia y de omitir la información al juez de que la norma estatal sobre los plazos de pago “es vigente y aplicable”. La AFA definió esta acción como el punto inicial del “irreparable perjuicio que provoca la campaña de desprestigio a la institución”.

La entidad remarcó que la denunciante aceptó la totalidad de los pagos y planes de deuda con la sola aplicación de intereses resarcitorios y “sin aplicar sanción punitiva alguna”. Por este motivo, le solicitaron al magistrado “la pronta conclusión de esta causa que en rigor, nunca debió haber sido promovida”.

La llegada a tribunales

Tapia llegó a la sede de la justicia en lo Penal Económico en Avenida De los Inmigrantes 1950 a bordo de una camioneta Toyota SW4 blanca, y saludó a la guardia periodística que lo esperaba con un “buenos días” y un pedido de “no nos agolpemos”, pero no pudo evitar el tumulto en su ingreso al edificio.

De inmediato se dirigió a uno de los tres ascensores del hall central y subió al segundo piso, donde fue indagado por el juez en lo penal económico Diego Amarante. Para la citación se montó un fuerte operativo de seguridad policial

Su indagatoria cerró la ronda de declaraciones ordenada en la investigación y Amarante quedará en condiciones de resolver las situaciones procesales de todos los acusados integrantes de la comisión directiva de la Asociación, entre ellos Tapia y el tesorero Pablo Toviggino.

Su defensor Luis Charró asumió la semana pasada a horas de la citación original, ya que el presidente de AFA debía abrir la ronda de declaraciones, pero el cambio de abogado le permitió pedir prórroga y quedó último en el listado.

Su primer defensor fue el abogado Lucio Simonetti, quien presentó un recurso por inexistencia de delito y reclamó el sobreseimiento. El juez Amarante lo rechazó y siguió adelante con las indagatorias y ahora el tema está a estudio de la Cámara en lo Penal Económico, que convocó a una audiencia el 18 de marzo próximo.

El expediente investiga la falta de pago de impuestos retenidos durante los años 2024 y 2025. La deuda original alcanza los $ 19.350 millones. El monto comprende obligaciones del impuesto al valor agregado, el impuesto a las ganancias y los aportes de la seguridad social.

En su indagatoria de ayer y por escrito el tesorero Toviggino pidió ser sobreseído porque sostuvo que no hubo delito y, en caso de serle rechazado este planteo, reclamó quedar comprendido dentro de la ley de Inocencia Fiscal. AFA regularizó su situación impositiva. Abonó una parte de la deuda en efectivo y suscribió planes de pago por el saldo restante, mencionó en su descargo.

El delito por el que se imputó a Tapia prevé penas de dos a seis años de prisión. El presidente de AFA está mencionado e investigado en otras causas penales pero quedó imputado formalmente por primera vez en esta investigación por retención de impuestos iniciada por denuncia de ARCA, querellante en el caso.

El juez federal Julián Ercolini citó a declaración indagatoria al jefe de sistemas de la droguería Suizo Argentina, Hernán Daniel Díaz, en una causa por presunta “desobediencia” ante un allanamiento judicial dispuesto en el marco de la investigación por la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante la gestión de Diego Spagnuolo.

Díaz fue convocado para el próximo lunes 6 de abril por Ercolini, al hacer lugar a un pedido del fiscal Carlos Rívolo en el expediente que tramita en su juzgado y que fue abierto tras una denuncia penal por supuesta obstrucción de justicia que presentó el juez que al momento de los hechos estaba a cargo del caso ANDIS, Sebastián Casanello.

El jefe de Sistemas será indagado por supuesta “desobediencia” a una orden judicial luego de una investigación delegada en la fiscalía que concluyó que hay elementos de sospecha como para convocarlo.

La acusación

Según la denuncia y la imputación fiscal, al jefe de Sistemas de la droguería bajo investigación en ANDIS se lo acusa por haber impedido el acceso a los correos electrónicos de los directivos de la empresa.

Todo ocurrió el 29 de agosto del año pasado, cuando los investigadores llegaron a la sede de la empresa de la familia Kovalivker en el barrio porteño de Belgrano con una orden de allanamiento firmada por Casanello. Se buscaba acceder a “copias espejo” de los correos electrónicos de los propietarios y otros investigados.

El jefe de Sistemas manifestó en primer lugar no tener las contraseñas de acceso. En el procedimiento estaba presente el comisario Lucas Alberetti, de la Superintendencia de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad, y ante aquel experto, el empleado admitió que la única posibilidad era “blanquear” las claves, es decir, anular las vigentes y establecer nuevas para poder acceder a las cuentas.

Sin embargo, según la acusación, sostuvo que no tenía autorización de sus superiores para hacerlo. Como medida alternativa, la Policía secuestró los CPU de todos los directivos investigados.

En su denuncia el entonces juez del caso ANDIS aludió a “una situación inédita y de grave obstrucción" el día del allanamiento. El empleado tuvo una “conducta obstructiva tendiente a ocultar prueba de un posible delito cometido por uno u otros, junto al apartamiento de sus deberes como testigo”.

El antecedente Nordelta

El responsable del área de Sistemas de la empresa no es el primer acusado de haber colaborado con los Kovalivker en presuntos intentos de obstrucción de la pesquisa. Y es que el jefe de Seguridad de Nordelta, Claudio Ariel De Vincentis, habría tenido un rol similar cuando la Justicia fue a buscar los celulares de los empresarios Jonathan y Emmanuel Kovalivker al barrio “La Isla” y está procesado por “desobediencia a la autoridad, estorbo de un acto funcional y encubrimiento”, una decisión confirmada por la Cámara Federal de San Martín.

Según la acusación, De Vincentis “optó por interferir” en la ejecución de la orden judicial “procurando frustrar su debido cumplimiento”.

La causa ANDIS tramita en el juzgado federal 11 de Comodoro Py 2002, que está vacante y desde febrero es subrogado por el juez federal Ariel Lijo, quien está ahora a cargo de la causa.

Antes de dejar el caso Casanello procesó al ex titular de ANDIS Diego Spagnuolo y otros acusados, en una decisión que ahora está bajo revisión de la Cámara Federal porteña.

El tesorero de la AFA Pablo Toviggino reclamó este miércoles ser sobreseído por inexistencia de delito, al ser indagado en la causa por presunta retención indebida de aportes calculada en la menos 19.000 millones de pesos.

“La denuncia de ARCA, y la imputación formulada en este proceso, es un ejemplo latente de una persecución penal arbitraria e irrazonable”, advirtió el dirigente del fútbol en el escrito entregado al juez en lo penal económico Diego Amarante, al que tuvo acceso Infobae.

Toviggino entregó el escrito sin responder preguntas en la causa penal por presunta retención indebida de aportes. También está acusado el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, citado para mañana jueves a las 11.

En su descargo, el tesorero de AFA detalló que “la omisión del pago en forma de los tributos de esta causa encuentra una explicación, la que, como ya se dijo, se ve reforzada a partir de que no hubo de parte del organismo recaudador ninguna intimación o acción tendiente al cobro de esas deudas que difiriera de aquellas que automáticamente realiza el sistema informático”.

Además al salir al cruce de la denuncia de ARCA, querellante en el caso, sostuvo que la AFA “efectuó pagos correspondientes a los períodos fiscales investigados, tanto con anterioridad como con posterioridad a la denuncia del 12/12/2025 y su ampliación del 18/12/2025. conforme lo expuesto respecto de la inexigibilidad de las obligaciones tributarias y previsionales”.

El rol de la AFA

En su descargo, Toviggino defendió el rol de la Asociación del Fútbol Argentino como “ente rector del fútbol nacional”, el “deporte más popular de la República Argentina”.

“Sus funciones más conocidas, que todos ven, consisten en gestionar las Selecciones Nacionales y organizar los campeonatos entre los distintos clubes de todas las categorías. Pero su verdadera misión es desarrollar y fomentar el deporte como herramienta de inclusión, que forma la base de la pirámide social de nuestra patria”, se explayó.

Y aunque se suele " ver a la AFA a través de la pantalla y los grandes estadios, su función social es el cimiento de su estructura. En Argentina, el fútbol no es sólo un deporte, es un tejido que mantiene unidas a las comunidades" y la Asociación, resaltó, sostiene a clubes “humildes del ascenso y del interior”, muchos de los cuales “reciben subsidios o apoyo logístico”, otros tienen colegios y centros médicos “también subsidiados” por AFA.

“La AFA saca a los chicos de la calle y les ofrece una vida sana en comunidad”, remarcó.

Voluntad de pago

A la hora de volver a referirse a la denuncia que motivó su indagatoria reclamó ser sobreseído. “Nada dice el denunciante -que no ignora tal circunstancia- acerca de que AFA por una resolución del propio Ministerio de Economía de la Nación tenía, y todavía tiene, plazo hasta el 31 de julio de 2026, para el depósito de tales tributos. Tampoco dice nada respecto de que ya se ha producido el pago de parte de esas obligaciones; lo que demuestra la voluntad de pago que siempre tuvo la entidad”.

“La decisión de no depositar aún parte de las obligaciones adeudadas, lejos de constituir un delito es una herramienta financiera válida que el propio Poder Ejecutivo promueve y tolera en el marco de la política de Estado actual de alivio fiscal, tolerancia, inclusión”, agregó.

Ante ello aseguró que no puede haber delito " en la conducta atribuida en tanto todavía no ha ocurrido el plazo de exigibilidad de acuerdo a la citada resolución en la que el Ministerio de Economía le ha quitado a ARCA la potestad de reclamar las deudas generadas por entidades sin fines de lucro, como lo es la Asociación del Fútbol Argentino".

Seguridad reforzada

El trámite se cumplió en medio de un fuerte operativo de seguridad que rodeó la llegada del dirigente futbolístico a los tribunales de Avenida de los Inmigrantes 1950.

El dirigente de AFA ingresó a las 11.05 los tribunales para cumplir con el trámite judicial asesorado por su abogado Marcelo Rocchetti y se dirigió al segundo piso, sede del juzgado en lo penal económico del juez que lleva el caso, Amarante. La indagatoria concluyó pasadas las 12.

Antes de retirarse la defensa pidió al juez que instruyera a la Policía Federal para que el tesorero pudiera irse de la sede judicial por una puerta trasera y evitar así “tumultos y caídas” producto de la guardia periodística, como según dijo había ocurrido al ingresar al edificio. El fiscal presente en la audiencia, Claudio Navas Rial, accedió al pedido pero el magistrado lo denegó y Toviggino tuvo que irse por el mismo lugar por el que llegó, el ingreso principal de los tribunales.

El tesorero evitó hacer declaraciones a la prensa en medio de un fuerte tumulto y se subió a una camioneta Jeep gris sin patente que lo estaba esperando.

El despliegue de policías resultó inusual para esa sede judicial. También se reservó desde media hora antes uno de los tres ascensores destinados al público en el hall central.

Quienes intentaron usarlo en ese lapso fueron derivados a otros elevadores ubicados en un área diferente del edificio. Se les informaba que el ascensor que finalmente utilizó Toviggino para llegar hasta el segundo piso estaba “parado”. El operativo incluyó también policías apostados a metros del acceso a la zona del juzgado.

Toviggino había pedido declarar por videoconferencia por razones de seguridad pero el juez se negó al planteo y esa decisión quedó confirmada luego en la Cámara en lo Penal Económico.

La defensa quería que declare por Zoom para evitar una “innecesaria exposición” y preservar su “tranquilidad al declarar” sin ser "acosado al momento de concurrir al llamado del Señor Juez…”. Además argumentó que “la comparecencia personal en este caso representa un factor de riesgo, debiéndose preservar también su integridad física”.

El pedido fue rechazado y el trámite finalmente se cumplió este miércoles con normalidad.

Posteo en X

Antes de declarar, el tesorero de AFA recurrió a la red social X para compartir una frase vinculada al Papa Francisco, asociando el gesto a valores como la búsqueda de la verdad y la justicia.

En su perfil en X, destacó una cita que atribuyó al Papa Francisco como preámbulo a su comparecencia judicial. La difusión tuvo lugar antes de ingresar al tribunal.

“Vivir es intentar. Y quien intenta, inevitablemente tropieza. Caemos cuando fallamos, cuando nos equivocamos, cuando confiamos en quien no debíamos o cuando nuestras propias decisiones no dan el fruto esperado. Pero la caída no define nuestra historia; lo que realmente la define es la decisión que tomamos después”, citó en el posteo.

Qué se investiga

La investigación se abrió por denuncia de ARCA, querellante en el caso, por un delito que prevé penas de dos a seis años de cárcel vinculado a la falta de pago de la multimillonaria suma en concepto de retenciones al Impuesto a las Ganancias, IVA y aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Para mañana está citado Tapia y luego el juez quedará en condiciones de resolver situaciones procesales mientras que la Cámara en lo Penal Económico tiene que decidir si ratifica la continuidad de la pesquisa o la cierra por inexistencia de delito, como planteó la defensa de los dirigentes acusados.

La Cámara Nacional en lo Penal Económico convocó a una audiencia clave el próximo 18 de marzo para escuchar los argumentos de las defensas que buscan cerrar por inexistencia de delito el caso por supuesta multimillonaria retención indebida de aportes contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y los demás acusados.

Los camaristas Carolina Robiglio y Roberto Hornos fijaron en realidad dos audiencias: la primera será este jueves 12 de marzo, el mismo día en el cual el juez en lo penal económico Diego Amarante citó a declaración indagatoria a Claudio “Chiqui” Tapia. Se tratarán las apelaciones a las prohibiciones de salida del país.

Para el 18 de marzo se citó otra vez a las partes, esta vez para debatir el planteo de fondo: el pedido de cierre de la investigación por inexistencia de delito. Una vez escuchados los argumentos, los camaristas quedarán en condiciones de resolver.

En la causa penal se investiga la supuesta falta de ingreso de retenciones impositivas y de la seguridad social que debían pagarse a ARCA, por $19.353.546.843,85 y que, según la denuncia, fueron descontadas pero no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Qué está en juego

En la audiencia del jueves próximo se analizarán las apelaciones que se presentaron contra la prohibición de salida del país que dispuso el juez para todos los imputados.

Esta decisión obligó a pedir permiso para viajes al exterior como fue el caso de Tapia, a quien se le concedió autorización para ir a Brasil pero se le negó para un viaje a Venezuela. El presidente de AFA no estuvo presente en la vuelta al país del gendarme Nahuel Gallo a bordo de un avión privado contratado por la Asociación.

Todas las defensas apelaron la restricción impuesta por el juez.

Pero la cita clave será el 18 de marzo. Los jueces del Tribunal fijaron para ese día las exposiciones de los abogados que buscan cerrar la causa por inexistencia de delito. Este planteo ya fue rechazado por Amarante y llegó en apelación a la Cámara.

Para ese momento el juez ya habrá indagado a todos los acusados. El tesorero Toviggino está citado para mañana miércoles 11 y Tapia para el jueves 12, en el final de la ronda de declaraciones.

Hasta el momento se presentaron otros tres dirigentes futbolísticos, quienes entregaron escritos sin responder preguntas y en todos los casos rechazaron las acusaciones con reclamos de sobreseimiento.

Uno de quienes declaró, el secretario general de AFA, Cristian Malaspina planteó en su escrito que cumplía con ese trámite, pese a que aún no está resuelto el planteo que definirá si la causa sigue o no adelante.

“Antes de ingresar al análisis de los hechos que se me intiman en este acto como imputación, corresponde señalar que al momento de la presente audiencia se encuentra pendiente de resolución ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, una cuestión que incide directamente en la habilitación misma del ejercicio de la acción penal en estas actuaciones”, sostuvo en su escrito, al presentarse con su abogado Lucio Simonetti.

Los detalles del planteo

El planteo de “excepción de falta de acción por atipicidad manifiesta” llegó en apelación a la sala A de la Cámara del fuero Penal Económico y fue presentado por el primer abogado que tuvo Tapia en el caso, Simonetti. Ahora cambió su defensa.

El juez Amarante ratificó la vigencia de la causa penal que investiga la falta de pago en término de las retenciones. Tapia insiste en ser sobreseído.

En el planteo se sostuvo que la denuncia de ARCA debe cerrarse por inexistencia de delito a raíz de resoluciones del Ministerio de Economía que suspendieron las ejecuciones fiscales contra clubes, de las cuales derivaría la imposibilidad del Estado para exigir el cobro por la vía penal.

En concreto se mencionó la Resolución 17/2024 y sus prórrogas (que extienden beneficios hasta julio de 2026), mediante las cuales el Gobierno ordenó a ARCA (ex AFIP) suspender el inicio de juicios de ejecución fiscal contra asociaciones civiles sin fines de lucro.

Para la defensa, si el Estado no puede ejecutar la deuda civil, entonces el contribuyente tendría “derecho” a no ingresarla y no hay delito.

La fiscalía y la querella de ARCA se opusieron y el juez les dio la razón. “La circunstancia de que el organismo recaudador haya recibido instrucciones para suspender transitoriamente el inicio de ejecuciones fiscales (...) no implica, en modo alguno, que la obligación tributaria no se encontrara vencida ni que el contribuyente se encontrara jurídicamente habilitado a omitir su ingreso”, sentenció el magistrado.

Para el juez, la prueba de que la deuda era exigible es que la propia normativa de alivio fiscal prevé el cobro de intereses resarcitorios. “El interés resarcitorio (...) no tiene otra génesis que la circunstancia que esa misma parte pretende desconocer: que las obligaciones habían vencido”, explicó.

Los delitos tributarios son definidos por el Congreso de la Nación y una resolución del Ministerio de Economía no puede “desincriminar” una conducta ni modificar el Código Penal, agregó. “Admitir que resoluciones emanadas del Poder Ejecutivo puedan incidir sobre la vigencia o alcance de una norma penal tributaria importaría una afectación directa al principio de legalidad”.

Además, recordó la naturaleza del delito imputado (artículos 4 y 7 del Régimen Penal Tributario): lo que se castiga no es tener una deuda, sino quedarse con dinero de terceros. La AFA actuó como agente de retención: descontó dinero a sus empleados y proveedores en concepto de Ganancias, IVA y Seguridad Social, pero no lo depositó en las arcas públicas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, según la denuncia.

Todo esto entró ahora a revisión en el Tribunal de Apelaciones del fuero que convocó a una audiencia luego de la cual quedará en condiciones de resolver.

La ex presidenta Cristina Kirchner será indagada de manera presencial el martes próximo en los tribunales federales de Retiro, tras el rechazo de los jueces del caso Cuadernos a todos los planteos de las defensas que buscaron invalidar el debate.

El juicio seguirá adelante con las declaraciones indagatorias de los 86 acusados que comenzarán el próximo martes desde las 9 de manera presencial en la sala de audiencias Auditorium (conocida como AMIA) en el subsuelo de Comodoro Py 2002, tribunales de Retiro. La primera en ser indagada será la ex presidenta Cristina Kirchner y luego seguirá el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.

El listado para ese día, salvo que se pida alguna reprogramación, se completará con los acusados ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de esa cartera, Roberto Baratta; su ex secretario privado Nelson Lazarte; el exsubsecretario de Asuntos Jurídicos del ex Ministerio de Planificación Federal, Rafael Llorens; el ex secretario privado de De Vido José María Olazagasti y el ex chofer de Néstor Kirchner, Rudy Ulloa.

El Tribunal pidió a sus defensas que de ser posible informen con anterioridad si aceptarán hablar ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli.

Algunos en persona, otros por zoom

La ex presidenta y De Vido están detenidos con condena firme en diferentes causas, ante lo cual se tendrán que coordinar sus traslados con los tribunales responsables de la ejecución de las penas.

En el caso de CFK cumple seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad y tiene arresto domiciliario en su departamento de San José 1111, Constitución. De Vido está detenido en la cárcel de Ezeiza por la tragedia del tren de Once.

El juicio tendrá desde ese día una modalidad mixta y sólo estarán en la sala de audiencias de cara a los jueces los acusados citados para ser indagados en cada fecha junto a sus defensores. Los demás abogados seguirán las alternativas de manera remota, por Zoom.

Cada uno de los 86 acusados -incluídos los empresarios y el arrepentido remisero autor de los cuadernos Oscar Centeno- tendrá que ir el día en que le corresponda de manera presencial a los tribunales de Retiro para sentarse ante los jueces, dar sus datos personales y luego informar si hará uso o no de su derecho a declarar en ese momento.

El debate oral comenzó el 6 de noviembre del año pasado. La ex presidenta es juzgada como supuesta jefa de una asociación ilícita que habría funcionado en el seno del Poder Ejecutivo Nacional entre 2003 y 2015. También por 205 hechos de presunto cohecho pasivo, es decir, recibir sobornos que en este caso habrían pagado empresarios para adjudicarse obra pública.

La defensa de CFK cuestionó dichos de Javier Milei

En la audiencia de este martes el Tribunal Oral Federal 7 rechazó planteos de nulidad del caso Cuadernos hechos en la etapa de las llamadas “cuestiones preliminares”.

Cuando finalizaba la jornada, el abogado de CFK Carlos Beraldi cuestionó con dureza los dichos del presidente Javier Milei durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional. El abogado exhibió la parte de la grabación de esa noche en la cual Milei sostuvo que Cristina Kirchner “va a seguir presa por la causa de los cuadernos , va a seguir presa por el Memorandum de Irán, porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia”.

Beraldi advirtió que el Presidente “ha vertido expresiones que afectan de manera directa al proceso” y actuó “anunciando que en esta causa que ustedes tienen que resolver, mi defendida va a terminar presa. Lo hace desde el atril presidencial cuando abre nada más y nada menos que las sesiones legislativas”.

“Es un hecho de gravedad institucional sin precedentes y no puede pasar desapercibido”, concluyó. Diferentes defensas adhirieron a sus dichos y a su turno el presidente del Tribunal Méndez Signori le respondió garantizando que se hará “un juicio justo que se adecue estrictamente a la Constitución y a las leyes”.

Planteos rechazados

El Tribunal Oral Federal 7 resolvió sobre 55 planteos hechos durante la etapa de cuestiones preliminares, entre ellos la nulidad total del caso Cuadernos, prescripción por el paso del tiempo y pedidos de sobreseimiento hechos por las defensas.

En primer lugar se rechazó un planteo de nulidad de la causa que presentó la defensa de la ex presidenta y el juicio seguirá adelante.

Los jueces desestimaron planteos de prescripción por el paso del tiempo y violación de la garantía a ser juzgado en un plazo razonable, para apartar a la UIF como querella en el juicio y otros relativos a la validez de la Ley del Arrepentido y a las confesiones de los imputados colaboradores en este caso.

Como sucedía desde el inicio el debate oral la audiencia se llevó adelante de manera virtual, con los jueces en la sala de audiencias en su sede del Palacio de Justicia, y las restantes partes conectadas a un Zoom. Desde el martes próximo se trasladará presencial a Comodoro PY 2002.

Planteo de la defensa de CFK

El abogado de la ex presidenta Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, pidió al inicio de la audiencia hacer una breve exposición por un “hecho seriamente relevante que va a afectar el desarrollo de esta audiencia y todo el juicio”. El Tribunal lo escuchará al final de la audiencia de este martes.

El Tribunal rechazó planteo de nulidad de la defensa de CFK

El presidente del Tribunal Oral Federal 7 Enrique Méndez Signori empezó a leer la resolución que da respuesta a planteos de las defensas para intentar declarar la nulidad de la causa Cuadernos.

Comenzó con la exigencia de nulidad total del caso planteada por la defensa de CFK cuyo abogado afirmó que “estamos en presencia de un proceso nulo” con un juez y un fiscal elegidos “a dedo”, un planteo al que adhirieron los abogados de otros acusados.

“La lectura del expediente no evidencia los vicios” a los que aluden los planteos, concluyó el Tribunal y descartó violación a las garantías constitucionales de los acusados.

Los jueces advirtieron que el análisis de los planteos formulados “sobre la base de prueba aún no producida en el debate resulta prematuro”.

Arrepentidos y Oscar Centeno

El Tribunal rechazó planteos que buscaban invalidar las confesiones de los imputados colaboradores y advirtió que la validez de estas declaraciones como prueba “se verá en la instancia de discusión final, una vez rendida la prueba en su totalidad”.

En la resolución sobre las cuestiones preliminares se recordó que el Tribunal “ya se ha expedido” al respecto en decisiones luego confirmadas por la Cámara Federal de Casación que “determinó que no corresponde declaración de nulidad alguna” y el valor probatorio de los dichos de los arrepentidos “se evaluará en su momento”.

Otro planteo para invalidar la confesión del remisero autor de los cuadernos Oscar Centeno, también fue denegado. Se trató de su declaración indagatoria ante el fiscal del caso Carlos Stornelli en 2018.

Centeno “en todo momento estuvo acompañado por su letrado de confianza y respetando las garantías. Las irregularidades marcadas no pasan de ser meras conjeturas”, concluyeron los jueces al rechazar este planteo de nulidad.

El Tribunal ratificó a la Unidad de Información Financiera como querella

Los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero ratificaron el rol de querellante en el juicio de la UIF y rechazaron planteos para apartarla.

Se trata de una “cuestión sellada en esta instancia”, concluyeron al recordar anteriores pronunciamientos al respecto.

El “derecho a ser juzgado en plazo razonable”

Se rechazaron planteos de prescripción por el paso del tiempo sin sentencia firme. Las defensas de algunos acusados, entre ellos el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, sostuvieron que se violó el “derecho a ser juzgado en un plazo razonable”.

Según el criterio del Tribunal, el planteo no forma parte de las cuestiones comprendidas como preliminares y además “no guarda lógica procesal que las defensas hayan esperado el inicio del juicio para formular un planteo así”.

El tema podrá ser planteando al momento de los alegatos y posterior sentencia y se “difiere para dicha oportunidad” una decisión al respecto.

Los jueces remarcaron que la causa se inició el 12 de junio de 2018, hubo más de un centenar de convocados a declaración indagatoria, se superó el “extraordinario contexto de la pandemia y la escasez de recursos humanos del Tribunal” y el 6 de diciembre de 2024 se fijó fecha para iniciar el juicio el 6 de noviembre de 2025.

Declaraciones indagatorias

Las declaraciones indagatorias serán recibidas en forma presencial en el salón Auditorium del subsuelo de Comodoro PY 2002 desde el martes 17 de marzo y comenzarán con la de la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex ministro de Planificación Julio De Vido.

La defensa de CFK advirtió por dichos de Milei

El Tribunal llamó a algunas defensas, entre ellas la de Cristina Kirchner, a tener “prudencia” a la hora de dirigirse a los jueces, en base a dichos durante los planteos preliminares.

De manera posterior, el abogado de CFK Carlos Beraldi hizo uso de la palabra como se había anticipado al inicio para referirse a manifestaciones del presidente Javier Milei durante su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional

Se proyectó el video de Milei en esa ocasión cuando dijo que Cristina Kirchner “va a seguir presa por la causa de los cuadernos , va a seguir presa por el Memorandum de Irán, porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia”.

Beraldi advirtió que “el presidente de la Nación, en uno de los actos más importantes que se dan en el inicio de nuestro sistema democrático y en presencia de todo el cuerpo legislativo y de los demás ministros del Poder Ejecutivo y nada menos que de los tres jueces que hoy integran la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha vertido expresiones que afectan de manera directa al proceso”.

Milei actuó “anunciando que en esta causa que ustedes tienen que resolver, mi defendida va a terminar presa. Lo hace desde el atril presidencial cuando abre nada más y nada menos que las sesiones legislativas”.

“Es un hecho de gravedad institucional sin precedentes y no puede pasar desapercibido”, concluyó. Diferentes defensas adhirieron al planteo.

La fiscal de juicio Fabiana León recordó que “lamentablemente” en los años que lleva de función ha escuchado “a varios presidentes y presidentas expedirse sobre causas en trámite y es una conducta que debe ser advertida como impropia”.

También aludió a defensores que se expresan “con palabras que atribuyen actividades delictivas” a miembros del Poder Judicial. “Coincido con el doctor Beraldi en lo impropio que ello significa” y trasmitió que “no existe ninguna posibilidad de que el Poder Ejecutivo Nacional, ni del Legislativo” puedan hacerla expresar o tomar decisiones que no sean las que considere que corresponden. “He sido siempre una persona de absoluta independencia. Esa preocupación no debe existir para el tratamiento de este debate”, concluyó León.

A su turno, el presidente del Tribunal Méndez Signori respondió que se garantizará “un juicio justo que se adecue estrictamente a la Constitución y a las leyes”.

El debate seguirá el próximo martes 17 con el inicio de las declaraciones indagatorias.

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El secretario general de la AFA Cristian Malaspina y su antecesor en ese cargo, Víctor Blanco, reclamaron este lunes ser desvinculados de la causa penal por presunta multimillonaria retención indebida de aportes, porque por su función no tuvieron injerencia en este tipo de decisiones de pago.

Ambos se presentaron a declaración indagatoria en el juzgado en lo penal económico a cargo de Diego Amarante, entregaron escritos sin responder preguntas y reclamaron ser sobreseídos.

Se investiga la supuesta falta de ingreso de retenciones impositivas y de la seguridad social que debían pagarse a ARCA, por $19.353.546.843,85.

Por su parte, el juez en lo penal económico Diego Amarante, a cargo de la investigación, rechazó planteos de nulidad contra su decisión de citar a todos a declaración indagatoria. Para el miércoles está convocado el tesorero Pablo Toviggino y para el jueves el presidente de AFA Claudio “Chiqui” Tapia.

El planteo fue hecho por la defensa de Tapia, de la AFA y de otros dos imputados y luego se plegaron los restantes.

“Cargo protocolar”

Blanco, ex presidente de Racing, llegó a tribunales y estacionó su vehículo frente a la entrada principal de avenida De Los Inmigrantes 1950. Junto a su abogado Fernando Díaz Cantón respondieron preguntas de los periodistas de manera previa a ingresar al juzgado.

Fue el primero en llegar poco antes de las 1030. El dirigente futbolístico estuvo poco menos de una hora ante el juez Amarante y entregó un escrito donde negó “terminantemente” las acusaciones.

“No tuve a mi cargo ninguna de las funciones vinculadas a la gestión tributaria y previsional de la Asociación del Fútbol Argentino”, según el escrito al que tuvo acceso Infobae. También remarcó que como Secretario General de la Asociación del Fútbol Argentino no tuvo “injerencia alguna en la operatoria de la entidad que aquí se está investigando”.

Patrocinado por Díaz Cantón y por Marcelo Sgro, el dirigente aclaró que coincide con las explicaciones que se dieron desde la AFA en cuanto a que no hubo delito.

En base a ello, -a la hora de ejercer su defensa a nivel personal- remarcó que “aún si errada e injustamente se siguiera afirmando que tales delitos omisivos han ocurrido al menos probablemente, yo jamás podría ser tenido por sujeto penalmente responsable por ellos y, en consecuencia, incluso en tal caso deberé ser sobreseído luego de mi declaración”.

Gran parte de las omisiones pretendidas habrían tenido lugar cuando cesó en su función como Secretario General en diciembre de 2024, argumentó, ante lo cual “por obvias razones, jamás podría ser responsable por ellas”.

También remarcó que “no practicaba ni era informado por quienes las practicaban de ninguna retención de impuestos o aportes o contribuciones previsionales, ni calculaba ni era informado de los cálculos sobre montos retenidos o percibidos, ni acerca de cuándo y cómo debían depositarse en favor de la A.R.C.A”.

Tampoco impartió, según enfatizó, " ni tenía el poder de impartir instrucciones o dar órdenes referidas a esos asuntos impositivos y previsionales". Blanco no operaba clave fiscal y su cargo era “esencialmente institucional y protocolar”, se defendió.

Malaspina deslindó responsabilidades

Cristian Malaspina también entregó un escrito sin responder preguntas. En su caso, ingresó a tribunales por un acceso trasero y pudo evitar la foto en las escalinatas de avenida de los Inmigrantes 1950. Declaró acompañado por su abogado Lucio Simonetti.

Al igual que Blanco, el actual secretario general de AFA deslindó responsabilidades sin mencionar a nadie en particular y en base a que el estatuto de la AFA dispone que " las decisiones y acciones relativas a la administración y pago de los impuestos no es una función que recaiga en el secretario general”.

En su descargo recordó que está pendiente de resolución un planteo por inexistencia de delito ante la Cámara en lo Penal Económico y que asumió el 3 de abril del año pasado con lo cual no puede responsabilizarse por períodos anteriores a esa fecha.

“La falta de pago de todos esos períodos, al ser previa a mi asunción en el cargo, era una decisión de la asociación previa sobre la que el suscripto carecía de injerencia”, expresó en el escrito de defensa. Al igual que Blanco remarcó que el estatuto de AFA establece que las “decisiones y acciones relativas a la administración y pago de los impuestos no es una función que recaiga en el secretario general”.

“Mientras dentro de las funciones del presidente están las de celebrar acuerdos, convenios, convenciones, firmar títulos, documentos públicos y privados, contratos, actas, órdenes de pagos, balances, correspondencia y cualquier otro acto o documento de acuerdo con las prescripciones establecidas en este estatuto o reglamentos de la AFA, las funciones y responsabilidades del secretario general no incluyen esa responsabilidad", aclaró.

Además explicó que “en todos los casos, la sola firma del Presidente no será válida si la misma no es refrendada por el Secretario General; y en las órdenes de pago será indispensable la firma del Tesorero, tal como lo establece el artículo 45.3 del estatuto".

Planteo rechazado por el juez

Luego de asistir a las declaraciones indagatorias de Blanco y Malaspina, el juez Amarante rechazó por la tarde un planteo de nulidad presentado por las defensas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), de Tapia y los demás imputados para dejar sin efecto las citaciones a declaración indagatoria.

Se pretendía suspender las indagatorias hasta que la Cámara en lo Penal Económico resuelva un recurso pendiente sobre la existencia de delito y la validez de la causa penal. Pero Amarante no hizo lugar porque no existe impedimento legal para que la investigación continúe mientras se tramitan planteos, ya que el Código Procesal establece que esas cuestiones deben resolverse por separado.

“El artículo 340 del Código Procesal Penal de la Nación establece que las excepciones se sustanciarán y resolverán por incidente separado, ‘sin perjuicio de continuarse la instrucción’, previsión que evidencia la decisión legislativa de evitar que la articulación de planteos incidentales paralice el curso del proceso principal”, sostuvo en la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Con esta decisión quedaron en pie las convocatorias a Tapia y Toviggino.

Las defensas argumentaron que el juez avanzó con las citaciones a indagatoria mientras la Cámara aún debe resolver un recurso contra el rechazo de una excepción de falta de acción por inexistencia de delito. Según los abogados, avanzar hacia la indagatoria en ese contexto “consolida una imputación formal mientras se encuentra cuestionada la habilitación jurídica misma del ejercicio de la acción penal”. También cuestionaron que el pedido de indagatoria hubiera sido impulsado por la querella de ARCA y no por el fiscal.

Amarante descartó esos argumentos y señaló que la indagatoria es un acto propio de la etapa de instrucción que no depende de que la discusión sobre la acción penal esté firme. “La interposición del recurso deducido no altera esa eficacia ni comporta, en el régimen vigente, una paralización automática del procedimiento”, afirmó.

“La citación a indagatoria no implica pronunciamiento de mérito ni consolidación definitiva de la persecución penal, sino la apertura de un espacio de contradicción y explicación por parte del encausado”, explicó.

También rechazó el argumento sobre el rol de la querella y recordó que la decisión de convocar a un imputado a indagatoria es una facultad del juez, que puede ejercerla cuando considera que existen elementos suficientes de sospecha.

El turno de Tapia y Toviggino

Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de AFA y Pablo Toviggino, el tesorero, declararán también esta semana.

Para el próximo miércoles a las 11 está citado el tesorero de AFA Toviggino y la ronda de indagatorias cerrará el jueves a las 12 con la presencia de Tapia.

El viernes pasado declaró Gustavo Lorenzo, director general de la Asociación del Fútbol Argentino(AFA), quien entregó un escrito pero no respondió preguntas.

Según fuentes del caso, Lorenzo negó cualquier vinculación con la falta de pago y detalló el organigrama de la AFA para argumentar que, por las competencias propias de su cargo, su rol es ajeno al área encargada de la liquidación o el depósito de impuestos y contribuciones.

En la causa se investiga la supuesta falta de ingreso de retenciones impositivas y de la seguridad social que debían pagarse a ARCA, por $19.353.546.843,85 y que, según la denuncia, fueron descontadas pero no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. La denuncia fue presentada por ARCA que es querellante en la causa.

La disputa judicial por el futuro de los bienes de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos atraviesa una etapa decisiva. La Cámara Federal de Casación Penal se encamina a resolver los recursos presentados contra una primera orden de decomiso de 111 propiedades de los Kirchner y del también condenado Lázaro Báez. Entre ellas están 19 inmuebles en Santa Cruz a nombre de Máximo y Florencia Kirchner.

Mientras tanto, el tribunal que llevó adelante el juicio en la causa Vialidad dispuso nuevas medidas de prueba antes de decidir sobre otro pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, para sumar bienes y que incluye la incautación de casi cinco millones de dólares.

El caso se tramita en la etapa de ejecución de la sentencia que concluyó con la condena de la ex mandataria y otros acusados, por delitos en la adjudicación del 80 por ciento de la obra pública vial nacional en Santa Cruz, entre 2003 y 2015 a empresas de Báez. En ese fallo se dispuso un decomiso millonario cuyo monto actualizado, ya confirmado por Casación, alcanza los $684.990.350.139,86 de pesos.

El mismo fue ordenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 y se trata de la suma de dinero que la Justicia busca recuperar.

La discusión sobre las propiedades

La decisión del tribunal oral incluyó una primera tanda de 111 bienes inmuebles, cuya realización permitiría cubrir parte de la suma fijada en la sentencia. Dentro de ese listado aparecen 19 propiedades registradas a nombre de los hijos de la ex presidenta, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner. Todo está bajo revisión de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, de la sala IV de Casación.

La defensa de CFK cuestionó duramente la resolución del tribunal. En su planteo sostuvo que avanzar sobre esas propiedades sería “manifiestamente arbitraria y contraria a los principios constitucionales que rigen la ejecución penal”. Además remarcó que no está firme el monto de decomiso porque hay recursos pendientes en la Corte.

Además se habría dispuesto “el decomiso de bienes legítimamente adquiridos por terceros —Máximo y Florencia Kirchner— sin que existiera una sentencia firme que habilitara ese desapoderamiento”.

Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy también sostuvieron que el tribunal habría aplicado un criterio de decomiso que excede lo previsto por la legislación vigente. En ese sentido, afirmaron que se habría utilizado “un denominado ‘modelo de decomiso amplio’ que no estaría previsto en el artículo 23 del Código Penal ni en el derecho positivo vigente”.

Para la defensa, esa interpretación permitiría afectar bienes que no guardan relación directa con el delito investigado. En el memorial se advierte que ese esquema “transformaría ilegítimamente el decomiso en una suerte de mecanismo resarcitorio general o de confiscación encubierta, prohibida expresamente por la Constitución”.

El planteo fiscal

El dictamen del fiscal ante Casación Mario Villar recordó que la condena en la causa quedó firme en junio de 2025 y que el decomiso responde al perjuicio económico causado al Estado.

En ese contexto, la fiscalía sostiene que los bienes identificados forman parte del proceso de ejecución de la sentencia, que busca recuperar el dinero derivado de la maniobra de corrupción.

El decomiso es un " instrumento indispensable para asegurar la eficacia material de la condena, especialmente en delitos complejos de corrupción organizada", advirtió.

El fiscal mencionó la gravedad institucional de los hechos juzgados y puso énfasis en la necesidad de asegurar que la respuesta penal no quede reducida a “una sanción meramente simbólica”. El eventual remate de los bienes es una “respuesta adecuada” frente “a la magnitud del daño ocasionado”.

El nuevo pedido por bienes y dólares

Mientras la Cámara de Casación analiza esos recursos, el Tribunal Oral Federal 2 avanza en paralelo con nuevos planteos presentados por la fiscalía ante esa instancia, a cargo de Diego Luciani, para ampliar el alcance del decomiso.

En esa nueva presentación, se identificaron 141 inmuebles, 46 automotores y sumas de dinero que, a su criterio, también deberían ser alcanzados por el decomiso.

Entre los bienes mencionados aparecen 10 inmuebles —tres en la Ciudad de Buenos Aires y siete en Santa Cruz— pertenecientes a la firma Los Sauces S.A., además de tres propiedades en Santa Cruz vinculadas a Hotesur S.A., sociedades relacionadas con la familia Kirchner. Uno de ellos es el departamento de San José 1111, donde la ex presidenta cumple arresto domiciliario.

El planteo también incluye numerosos activos vinculados a Lázaro Báez, entre ellos decenas de propiedades registradas a nombre de empresas vinculadas.

Uno de los puntos más sensibles del pedido fiscal es el dinero que aparece a nombre de Florencia Kirchner. En concreto, se pidió avanzar con el decomiso de USD 4.664.000 guardados en una caja de seguridad bancaria, además de USD 992.134 depositados en una cuenta y una suma menor en pesos, fondos que actualmente se encuentran embargados.

Antes de resolver sobre ese nuevo pedido, el Tribunal Oral Federal 2 dispuso la realización de medidas previas para verificar la situación de los bienes señalados por la fiscalía, entre ellas la titularidad registral y la eventual vinculación con las sociedades investigadas.

Después de completar esas diligencias se dará vista a las partes para que expongan sus posiciones.

De esta manera, mientras Casación entra en la etapa final para decidir si confirma o modifica el decomiso de las 111 propiedades —incluidas las de los hijos de la ex presidenta—, el tribunal que llevó adelante el juicio analiza en paralelo nuevos bienes y millones de dólares que podrían quedar alcanzados por la ejecución del fallo.

Se descuenta que el conflicto escalará hasta la Corte Suprema de Justicia e incluso tribunales internacionales como anuncia la defensa de CFK. Se trata de un largo proceso que, como repiten en los pasillos de tribunales, por los montos en juego y sus protagonistas es inédito para la Justicia argentina.

La defensa de la condenada ex presidenta Cristina Kirchner reclamó este viernes que se deje sin efecto el decomiso de 19 propiedades en Santa Cruz de sus hijos Máximo y Florencia, ordenado en la causa Vialidad, y advirtió que hay un “acto de persecución política enmascarado bajo el ropaje de una pretendida resolución judicial”.

Por su parte, el fiscal ante la Cámara Federal de Casación, Mario Villar, postuló que deben rechazarse todos los recursos de las defensas y seguir adelante con la incautación y futuro remate de 111 bienes pertenecientes a la ex presidenta, sus hijos y al también condenado Lázaro Báez como parte del decomiso fijado en $684.990.350.139,86.

La sala IV del máximo tribunal penal federal del país tenía prevista una audiencia para este viernes a las 11 pero todas las partes optaron por presentar “breves notas” y no exponer de manera oral. Ahora los camaristas Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña quedaron en condiciones de resolver.

En esta parte del caso se juega el destino de 111 bienes de la ex presidenta, sus hijos, el dueño de “Austral Construcciones” Lázaro Báez y empresas, entre ellas el hotel Los Sauces. El decomiso de todos ellos se ordenó el 18 de noviembre de 2025 por parte del Tribunal Oral Federal 2. Esto ocurrió luego de que Casación confirmó la actualización del monto a decomisar fijado en casi 685 mil millones de pesos.

Bienes “legítimos” de los hijos de CFK

Los abogados defensores de CFK, quien cumple bajo arresto domiciliario la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta, reclamaron que se deje sin efecto ese decomiso ordenado por el Tribunal Oral Federal 2.

La medida “no constituye una derivación razonada del derecho vigente y de las constancias de la causa, sino importa una nueva expresión del denominado derecho creativo, inventado hace años para perseguir a nuestra representada” y que ahora es “utilizado para castigar también a su núcleo familiar”.

“Indudablemente, estamos frente a un acto de persecución política enmascarado bajo el ropaje de una pretendida resolución judicial”, agregaron los letrados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy.

Los abogados sostuvieron que todavía “no existen decisiones judiciales firmes en torno a la cuantía del decomiso dispuesto” ni sobre cuáles son los bienes sujetos a la sanción penal, porque hay recursos de apelación pendientes, incluso en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por ello todo trámite al respecto debe suspenderse para “evitar perjuicios de imposible reparación ulterior”, advirtieron en su escrito. Por eso pidieron a Casación que revoque la decisión del TOF2 y ordene la suspensión de todas las actividades administrativas y ejecutivas que buscan concretar la entrega de esos bienes a la Corte Suprema como administradora.

Si se avanza se trataría de una “confiscación de bienes legítimamente adquiridos por Máximo y Florencia Kirchner“.

“Todos los bienes que conforman el patrimonio de Máximo y Florencia Kirchner tienen origen lícito, lo cual ha sido acreditado por la justicia con calidad de cosa juzgada en diversos fallos. Lo propio ocurre con los actos jurídicos a través de los cuales, legalmente y con total buena fe, Máximo y Florencia Kirchner recibieron estos activos por parte de sus progenitores“, argumentó la defensa.

En relación a ello, al “no mediar sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada en torno a estas cuestiones, que conllevan al desapoderamiento definitivo de bienes legítimamente adquiridos por Máximo y Florencia Kirchner, deberá suspenderse la tasación, la inscripción registral, la puesta a disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación o de cualquier otra entidad, la realización y la ejecución de las propiedades aludidas”, enumeraron.

De lo contrario, “se concretará una privación del derecho de propiedad sin una sentencia judicial firme y fundada en ley anterior al hecho del proceso, en franca violación a lo previsto en el art. 17 de la Constitución Nacional”, concluyeron los defensores.

La decisión sobre los bienes de los hijos “avasalla el derecho de propiedad, el principio de legalidad, el principio de inocencia, el modelo acusatorio, el derecho de defensa en juicio, el valor de la cosa juzgada y el principio de culpabilidad“ y de ser necesario podrían recurrir a organismos internacionales, concluyeron.

“Evitar la impunidad”

El fiscal ante Casación Mario Villar postuló por su parte el rechazo de todos los recursos que se presentaron para intentar evitar la ejecución de la condena en relación a los bienes.

También apeló la defensa del condenado Lázaro Báez y las de los exfuncionarios Nelson Periotti y Raúl Pavesi. A su vez Máximo y Florencia Kirchner interpusieron sus propios recursos.

La medida, argumentó la fiscalía, “no constituye una sanción autónoma ni una pena nueva, sino la consecuencia necesaria y legal de una condena penal firme, dictada tras un proceso que respetó plenamente las garantías del debido proceso”, según el escrito fiscal al que tuvo acceso Infobae.

Villar advirtió que el decomiso “no aparece como una extensión indebida de la pena, sino como un instrumento indispensable para asegurar la eficacia material de la condena, especialmente en delitos complejos de corrupción organizada”.

El Tribunal Oral Federal 2 que llevó adelante el juicio oral y tiene que ejecutar la pena “señala correctamente que, en el caso en estudio, el decomiso fue expresamente dispuesto en la sentencia condenatoria y cuantificado en una suma determinada, quedando pendiente únicamente su ejecución concreta mediante la identificación y realización de bienes aptos para satisfacer ese monto”.

La resolución no modifica el contenido de la condena ni introduce nuevas obligaciones, “sino que se limita a hacer operativa una consecuencia penal ya establecida, conforme a las reglas propias de la etapa de ejecución”.

“Se pretende, de esta manera, evitar la impunidad en estos hechos graves, privar a las personas implicadas del producto de sus actividades delictivas y generar conciencia de la gravedad de estos sucesos en el rumbo de los pueblos”, concluyó la fiscalía.

El caso Vialidad

La condena contra la ex presidenta y los demás acusados en la causa Vialidad quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó los recursos extraordinarios y confirmó el veredicto emitido por el TOF 2 y ratificado por la Casación Federal.

La expresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Actualmente cumple su pena en prisión domiciliaria, en un departamento de la calle San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires.

En la misma sentencia fueron condenados Lázaro Báez; el ex secretario de Obras Públicas José Francisco López; el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Guillermo Periotti; los ex funcionarios de Vialidad Provincial de Santa Cruz Raúl Gilberto Pavesi, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, José Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe.

A todos se los halló responsables del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. en el marco de la adjudicación de contratos de obra pública vial nacional en la provincia de Santa Cruz, a favor de empresas vinculadas a Báez, con direccionamiento, sobreprecios y otras irregularidades, según dio por probado la Justicia.

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, mantuvo el recurso que reclama que la causa por la casaquinta de Pilar valuada en 17 millones de dólares y vinculada a dirigentes de la AFA vuelva a ser investigada en el fuero en lo penal económico de la ciudad de Buenos Aires.

Al responder a un pedido de opinión cursado desde la sala I del máximo tribunal penal federal del país, que tiene que resolver dónde seguirá la investigación, Villar mantuvo el recurso de queja que presentó su colega, el fiscal general ante la Cámara Federal de San Martín Carlos Cearras.

El fiscal ante Casación lo hizo sin fundamentar al respecto, pero se trató de un paso imprescindible para mantener vigente el reclamo.

Casación tiene que decidir si abre la queja y analiza el tema o la declara inadmisible, ante lo cual quedaría firme la decisión del camarista de San Martín Alberto Lugones, quien en enero pasado resolvió que la investigación salga del juzgado en lo penal económico a cargo de Marcelo Aguinsky y se lleve en el federal de Campana, cuyo juez titular es Adrián González Charvay.

La decisión que se tomó en San Martín se fundamentó en un tema de territorio, ya que tanto la quinta como otras propiedades en la mira de la justicia están en Pilar, partido bajo jurisdicción judicial de Campana.

Pero la fiscalía ante ese juzgado y la que actúa frente al Tribunal de Apelaciones se opusieron y reclamaron que la pesquisa continúe en el ámbito de la justicia en lo penal económico de CABA porque el epicentro de los presuntos delitos de lavado de activos mediante testaferros ubica a la sede de la calle Viamonte en CABA de la Asociación del Fútbol Argentino en un rol central.

Se busca determinar el origen del dinero con que una sociedad a nombre de Luciano Pantano y su madre, ambos imputados, compró esa propiedad -escriturada por 1.8 millones de dólares pero valuada en 17 millones-, un lote de medio centenar de autos de alta gama y otras casas en un barrio cerrado de ese partido bonaerense.

Derrotero judicial

El tema llegó a Casación y desde entonces cambió dos veces la integración de jueces que se ocuparán del expediente. El martes pasado se aceptó una inhibición presentada por el juez Daniel Petrone, quien invocó “cuestiones de decoro” debido a que conoce a un imputado en otra causa penal que tramita conexa con esa, Javier Faroni, el empresario responsable de Tourprodenter, designada como agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior y bajo investigación judicial.

Ante ello quedaron dos camaristas, Javier Carbajo y Angela Ledesma. Esta última solicitó que se haga un nuevo sorteo para definir al tercer integrante que resolverá en el caso, algo que todavía no se concretó. Si hay acuerdo entre los dos jueces, no haría falta convocar a un tercero.

Ledesma resultó a su vez elegida por todos sus colegas de Casación la semana pasada para integrar como subrogante la sala I hasta junio, luego de la renuncia a ese puesto del juez Carlos Mahiques, titular en otra sala del máximo tribunal penal federal del país.

Tres juzgados para una causa

Se investiga a los supuestos testaferros Luciano Pantano y su madre Ana Conte porque no podrían justificar el origen de los fondos con los que una sociedad a su nombre compró el predio o cómo lo mantuvieron. Eso abarca una flota de autos de alta gama y colección encontrados en un galpón dentro del lugar.

El 20 de enero pasado, la Cámara Federal de San Martín resolvió de manera unipersonal con el voto del juez Lugones que la investigación quede a cargo de González Charvay, quien ya ordenó nuevas medidas de prueba.

El juez en lo penal económico porteño Marcelo Aguinsky dejó de estar al frente del caso y remitió el expediente.

La decisión se tomó por una cuestión de territorio: todas las propiedades bajo la lupa judicial en la causa por supuesto lavado de activos están en Pilar, partido bonaerense bajo jurisdicción del fuero federal de Campana.

“El punto determinante en la configuración del delito de lavado de activos (…) habría tenido lugar en la localidad de Villa Rosa, Partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires, donde presuntamente se habrían utilizado fondos ilegales para ingresarlos al sistema formal mediante la adquisición de un inmueble", analizó la resolución en enero.

En el lugar hay “autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre de carrera, pista de entrenamiento equino, helipuerto e instalaciones deportivas múltiples”, y esto marca, según la denuncia, “la imposibilidad evidente para afrontar dicha compra de semejante envergadura económica” por parte de la sociedad propietaria, Real Central, de Luciano Pantano y su madre Ana Conte.

El juez del Tribunal de Apelaciones sostuvo que se “enfoca sobre el Partido de Pilar el eje desde el cual habrían encontrado su origen las maniobras a investigar” y por eso le dio la razón a la defensa de Pantano y también al juez Charvay, quien había reclamado el caso a su par porteño Aguinsky.

Este último magistrado se negó a ceder la competencia por entender que se investiga presunto lavado de activos proveniente de un delito anterior, una posible defraudación a los asociados a la AFA por parte de algunos de sus dirigentes y que ante ello el epicentro del caso está en la ciudad de Buenos Aires, en base a la sede de la calle Viamonte de la entidad rectora del fútbol argentino. Esta postura estuvo respaldada por la fiscalía tanto de CABA como de Campana.

Avalado por la Cámara en lo Penal Económico, Aguinsky habilitó la feria y avanzó en la causa. A instancias de la fiscalía, amplió su objeto procesal y abarcó presuntas maniobras en el exterior con dinero de la AFA, mediante intermediarios que están bajo investigación, entre ellos Faroni.

Cearras, fiscal ante la Cámara de San Martín, apeló el cambio de juzgado y al serle rechazado el recurso llegó con una queja directa a la Casación Federal. Este es el conflicto que está pendiente de resolución.

En un principio la causa quedó por sorteo a cargo del juez federal porteño Daniel Rafecas, quien ordenó las primeras medidas de prueba como el allanamiento al lugar, secuestro y tasación de todo lo encontrado y dispuso la prohibición de salida del país a los imputados. El magistrado declinó la competencia al fuero penal económico.

El tesorero de la AFA Pablo Toviggino tendrá que ir en persona a prestar declaración indagatoria el próximo 11 de marzo, imputado por una supuesta multimillonaria retención indebida de aportes por parte del organismo. Lo ratificó la Cámara en lo Penal Económico al denegar este jueves una queja de su defensa, que buscaba evitar la visita al juzgado y cumplir el trámite por videoconferencia.

El Tribunal de Apelaciones intervino así para revisar esa decisión del juez en lo penal económico Diego Amarante y ratificó lo resuelto por el magistrado.

Los camaristas de la sala A, Carolina Robiglio y Roberto Hornos advirtieron que si el juez que lleva adelante una investigación entiende que “la comparecencia de la persona convocada a prestar declaración indagatoria debe ser presencial en los estrados del tribunal a su cargo, el acto debe tener lugar de la manera establecida”, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Esta decisión no puede verse como causa de “perjuicio alguno” al imputado, agregaron.

Además, se recordó que ya se ordenaron medidas para garantizar la seguridad de los convocados a declarar en la sede del juzgado en Avenida de los Inmigrantes 1950, entre ellos el titular de AFA Claudio “Chiqui” Tapia citado para el 12 de marzo.

Evitar una “innecesaria exposición”

Al pedir que el trámite se cumpla de manera remota por Zoom, la defensa apuntó a evitar una “innecesaria exposición” para Toviggino y advirtió que “debe tener tranquilidad al declarar, la que sin ninguna duda perderá de verse acosado al momento de concurrir al llamado del Señor Juez…”. Además argumentó que “la comparecencia personal en este caso representa un factor de riesgo, debiéndose preservar también su integridad física”.

Cuando rechazó el pedido, el juez Amarante evaluó que “las circunstancias invocadas no resultan atendibles para que este tribunal se aparte del criterio reiteradamente aplicado en orden a la necesaria presencialidad del imputado para dar cumplimiento al acto procesal establecido por el artículo 294 del código de forma”, es decir, la indagatoria.

Entre las medidas ordenadas por el juez para reforzar la seguridad para los días en que están citados Tapia y los demás dirigentes, se pidió a la Secretaría de Superintendencia de la Cámara del fuero que disponga los medios necesarios para “evitar el tránsito o la permanencia de personas en las adyacencias del ingreso” al juzgado, incluidos pasillos y escaleras, para “garantizar la tranquilidad y el normal desarrollo de los actos procesales dispuestos”.

La acusación: multimillonaria retención de aportes

En la causa se investiga la supuesta falta de ingreso de retenciones impositivas y de la seguridad social que debían pagarse a ARCA, querellante en el caso, por $19.353.546.843,85 y que, según la denuncia, fueron descontadas pero no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Tapia debía presentarse este jueves pero cambió de abogado defensor y el trámite se reprogramó para el 12 de marzo.

La Cámara del fuero tiene a estudio la apelación de la defensa de Tapia y de la AFA, que hasta ayer ejercían los abogados Norberto Frontini y Lucio Simonetti, contra el rechazo al sobreseimiento y cierre de la denuncia por “excepción de falta de acción”, es decir, inexistencia de delito. Los defensores plantearon que las indagatorias debían suspenderse hasta que el Tribunal resuelva, pero el juez también denegó este reclamo.

También debe decidir apelaciones que buscan revocar la prohibición de salida del país impuesta por Amarante.

La causa penal se inició el 12 de diciembre de 2025, a partir de una denuncia de ARCA. Los abogados Matías Gentile Brezigar y Felicitas Achábal detectaron una omisión sistemática en el pago de tributos. La querella documentó que la entidad omitió retener y depositar aportes de la seguridad social, con un perjuicio fiscal superior a $19.350.000.000 durante 19 meses.

Las maniobras ilícitas se habrían producido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 con retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones patronales.

El juicio oral por el presunto desvío millonario de fondos en la Fundación Madres de Plaza de Mayo, para la construcción de viviendas sociales en el kirchnerismo dentro del programa “Sueños Compartidos” comenzó este miércoles en los tribunales de Retiro, con los acusados Sergio y Pablo Schoklender, y el detenido ex secretario de Obra Pública del kirchnerismo, José López, presentes en la sala de audiencias.

El Tribunal Oral Federal 5 inició el debate a las 9.30 en una sala del subsuelo de Comodoro Py 2002 y, contra lo que suele suceder en los últimos tiempos donde se priorizan los debates virtuales, resolvió que todo sea presencial.

Vía Zoom se conectó desde la cárcel de Ezeiza el detenido ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Está preso por la tragedia del tren de Once y pidió seguir la audiencia de manera virtual. En la sala de audiencias se ubicaron sus abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro.

López -detenido en el caso Vialidad- sí aceptó la presencialidad y fue trasladado desde el penal. Ello derivó en un operativo de seguridad montado por el Servicio Penitenciario Federal que lo custodia.

El ex secretario de Obra Pública del kirchnerismo, que saltó a la fama cuando fue sorprendido intentando esconder en un convento millones de dólares dentro de bolsos, quedó sentado casi al fondo junto a uno de los Schoklender, Pablo.

Su hermano Sergio Shocklender se ubicó a algunos metros de distancia, en la segunda fila de cara al Tribunal.

Terminada la lectura de las elevaciones a juicio en la etapa de instrucción, la defensa de este último reclamó la absolución por violación del plazo razonable para ser juzgado, en base a convenios internacionales. La causa lleva 15 años de trámite.

La fiscalía a cargo de Diego Velasco y la querella de la Unidad de Información Financiera pidieron que se rechace el planteo. El Tribunal integrado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg tiene que resolver al respecto.

Casi de inmediato comenzó la ronda de declaraciones indagatorias, la mayoría de los acusados se negó a hablar, algunos manifestaron que lo harán en un futuro y otros quedaron para la próxima audiencia porque anticiparon que responderán preguntas.

Desde la cárcel De Vido pidió declarar de inmediato porque lo haría de manera breve y sin responder preguntas. “Rechazo total y categóricamente la acusación”, dijo.

El escándalo “Sueños Compartidos”

Durante el proceso se debatirán millonarias maniobras de desvío de fondos públicos tras 15 años de investigación y repetidas postergaciones. La audiencia comenzó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la fiscal federal de instrucción Paloma Ochoa.

Se investigó el destino de 748 millones de pesos transferidos entre marzo de 2008 y junio de 2011 a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, para la construcción de viviendas sociales a través del programa Sueños Compartidos.

La hipótesis fiscal sostiene que al menos 206 millones de pesos habrían sido desviados hacia empresas, bienes y gastos personales de los Schoklender y su entorno, en lugar de emplearse en las obras previstas. Los proyectos debían ejecutarse en la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Santiago del Estero, Misiones y los municipios bonaerenses de Almirante Brown, Tigre y Ezeiza, además de Bariloche y Rosario.

El proceso oral cuenta con una lista de acusados que incluye, junto a los Schoklender, a ex funcionarios emblemáticos del kirchnerismo como el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López. Este último saltó a la fama mediática cuando fue filmado intentando ocular bolsos con millones de dólares de madrugada en un convento de General Rodríguez.

Ambos ex funcionarios comparten desde noviembre otro juicio oral, el caso Cuadernos.

También había sido enviada a juicio procesada como supuesta “partícipe necesaria” del delito Hebe de Bonafini, histórica titular de la fundación, quien falleció en 2022.

Como testigos pasarán por Comodoro Py figuras políticas de peso, entre ellas el senador y ex gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, el intendente de Tigre, Julio Zamora, el ex gobernador de Misiones, Maurice Closs y el ex intendente de Almirante Brown, Darío Giustozzi.

Si bien todos ellos fueron investigados en su momento resultaron sobreseídos al determinarse que para recibir los fondos debían como condición ejecutar las obras a través de la fundación por indicación del gobierno nacional.

“Los fondos comprometidos provenían del Estado Nacional y desde la Secretaría de Obras Públicas se les requería a las jurisdicciones locales la contratación de la Fundación Madres de Plaza de Mayo como condición excluyente para su asignación”, según se sostuvo en el fallo que en su momento firmó el juez del caso, Marcelo Martínez De Giorgi.

Las provincias y los municipios fueron relegados en este aspecto a un “rol inerte”. Según la acusación la suscripción de los convenios de obras adjudicadas en forma directa a la Fundación, “permitió que los (hermanos Sergio y Pablo) Schoklender, apoderados, manejaran la suma de 748.719.414,64 de pesos”, de los cuales, según la acusación, se habrían desviado “206.438.454,05 de su destino específico”.

Una pericia contable determinó que ese dinero terminó en empresas ligadas a los hermanos Schoklender —como la constructora Meldorek S.A.— . También se probó el uso de dinero público para gastos personales, compra de bienes suntuarios y financiamiento de actividades que no eran parte del rol de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

En mayo de 2019, el juez Martínez de Giorgi clausuró la instrucción y elevó la causa a juicio oral.

El magistrado quedó al frente del caso luego que en 2013 la Cámara Federal porteña apartó al ya fallecido juez federal Norberto Oyarbide por serias irregularidades en el trámite del caso.

El juicio continuará el próximo miércoles 11 de marzo a las 1230 y entre los acusados está también el ex funcionario Abel Fatala, defendido por el abogado Lucio Simonetti.

El juez federal Sebastián Ramos citó como testigo en fecha a determinar al gendarme Nahuel Gallo en la causa que investiga en Argentina delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela y en la que tiene pedido de captura internacional Nicolás Maduro.

El magistrado hizo lugar a un pedido de la querella patrocinada por el abogado Tomás Farini Duggan, ante la posibilidad de que el gendarme que pasó más de 400 días cautivo en Venezuela pueda aportar nueva prueba a esta causa penal.

Resulta “pertinente y útil a la presente investigación escuchar en calidad de testigo” a Gallo, concluyó el magistrado en la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

El gendarme liberado “podría aportar su conocimiento sobre los sucesos que aquí se pesquisan, denunciados como ejecutados por la estructura del Estado venezolano” y contribuir así a reforzar la prueba acumulada en relación a la denuncia por violación sistemática “de los derechos humanos fundamentales” por parte del régimen de Nicolás Maduro.

Lo ocurrido a Gallo en calidad de víctima se investiga en otra causa abierta en Mendoza, explicaron fuentes judiciales. En esa provincia se hizo lugar a fines de 2024 a un habeas corpus impulsado por Gendarmería para obligar a Venezuela a informar lo ocurrido.

Condiciones previas

Antes de fijar fecha para la audiencia el juzgado federal porteño solicitó a Gendarmería Nacional Argentina la elaboración de un informe vinculado a si Gallo está en condiciones de declarar bajo juramento, en cuánto tiempo y bajo qué modalidad. Además se pidieron detalles sobre si está obligado a guardar secreto del cual deba ser relevado antes. Los investigadores quieren evitar cualquier tipo de revictimización, explicaron fuentes del caso.

En la causa se investigan delitos de lesa humanidad perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

La querella que representa a las víctimas de la dictadura chavista, integrada por la Fundación de Ayuda a las Democracias en Riesgo (FADER) y el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADD), patrocinada por el abogado Farini Duggan, había pedido la declaración.

A principios de febrero, Ramos requirió la extradición de Maduro, detenido en los Estados Unidos, para ser indagado en suelo argentino. En la causa también están acusados Diosdado Cabello y otros dirigentes del régimen venezolano.

El escrito presentado por la querella, firmado por el abogado Tomás Farini Duggan y el legislador porteño Waldo Wolff, citó un comunicado de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el que “consideró la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo como ‘un crimen de lesa humanidad’”.

Nahuel Gallo estuvo detenido 448 días en la cárcel El Rodeo 1 y en el Helicoide. Regresó al país en la madrugada del lunes.

Cuando lo capturaron en Venezuela, “tanto Nicolás Maduro como Diosdado Cabello lo acusaron públicamente de espionaje y dispusieron su traslado a los centros clandestinos de detención”, recordó la querella para fundamentar su pedido.

En las cárceles venezolanas, “las personas privadas de su libertad son sometidas a torturas, amenazas y traslados recurrentes para quebrar su voluntad, sin proceso formal ni asistencia legal propia ni consular”, continuó el documento.

A menos de un mes de su detención, el gendarme fue procesado por una presunta “actividad terrorista” contra el régimen, hipótesis que fue difundida públicamente por el ex fiscal general Tarek William Saab.

La Justicia avanzará con las declaraciones indagatorias a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la causa que se les sigue por presunta apropiación indebida de aportes. El juez Diego Amarante, titular del Juzgado Penal Económico 5, rechazó este martes el pedido de la defensa técnica para suspender las audiencias programadas.

El magistrado calificó como “improcedente” el reclamo interpuesto por los abogados de Claudio “Chiqui” Tapia, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo. La estrategia de la defensa buscaba dejar sin efecto las citaciones bajo el argumento de que todavía existe una instancia pendiente de resolución.

La estrategia de la defensa

El requerimiento de los abogados Norberto Frontini y Lucio Simonetti se basó en que aún resta conocer la decisión de la Cámara Nacional en lo Penal Económico. Ante ese tribunal superior, los representantes de la AFA presentaron una apelación donde sostienen que el juez debe dictar el sobreseimiento de los imputados por inexistencia de delito. Según su postura, no hubo una conducta criminal que justifique el avance del proceso penal y las indagatorias no deberían realizarse hasta que la Cámara defina el fondo del asunto.

Sin embargo, el juez Amarante decidió no interrumpir el curso de la investigación. Con esta resolución, el cronograma oficial de las audiencias se mantiene firme y el presidente de la AFA deberá presentarse a declarar en los tribunales de Avenida de los Inmigrantes 1950 este jueves 5 de marzo.

El cronograma

El esquema de presentaciones continuará de la siguiente manera:

• Viernes 6 de marzo: declarará el directivo Gustavo Lorenzo.
• Lunes 9 de marzo: comparecerán Víctor Blanco y Cristian Malaspina.
• Miércoles 11 de marzo: cerrará la ronda el tesorero Pablo Toviggino.

Toviggino logró modificar su fecha inicial tras la designación de su nuevo abogado, Marcelo Rocchetti, quien solicitó tiempo para analizar el expediente. No obstante, el juez Amarante rechazó el pedido para que el directivo declare mediante videoconferencia y ratificó la presencialidad obligatoria en la sede judicial. Para garantizar el normal desarrollo de las jornadas, se ordenó un refuerzo de la seguridad y restricciones de circulación en los pasillos del juzgado.

La denuncia de ARCA

La causa se inició el 12 de diciembre pasado tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo acusó a la AFA de descontar tributos a terceros y omitir su depósito al fisco dentro del plazo legal de 30 días. La maniobra bajo investigación comprende 69 hechos registrados entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Según la querella, la asociación que dirige Tapia no presentaba dificultades financieras que justificaran la falta de pago. El informe técnico de ARCA detalló que la entidad recibió acreditaciones bancarias por $ 45.072.435.530 solo en diciembre de 2024, además de mantener inversiones en plazos fijos en pesos y dólares.

La acusación sostiene que la AFA ejecutó una “bicicleta financiera” con dinero que pertenecía a la seguridad social de sus 1.225 empleados y a retenciones impositivas. Las deudas detectadas son:

• Recursos de la seguridad social: $ 8.675.262.968,47.
• Retención de tributos (IVA y Ganancias): $ 10.678.283.875,38.

Posibles penas y situación procesal

El fiscal Claudio Navas Rial respaldó el avance de la investigación sobre la base de los cuadros de vencimientos aportados por el organismo recaudador. Los delitos investigados se encuadran en los artículos 4º y 7º del Régimen Penal Tributario, que contemplan penas de dos a seis años de prisión.

Una vez que finalice la última indagatoria el 11 de marzo, el juez contará con un plazo legal de 10 días hábiles para resolver la situación de los acusados. En esa instancia, deberá decidir si dicta el procesamiento, el sobreseimiento o la falta de mérito de los directivos involucrados.

Un contador acusado por el presunto montaje de una estructura que habría permitido a dos sociedades “fantasma” perpetrar maniobras millonarias de lavado de dinero con contratos de limpieza de grafitis en subtes y escuelas, pidió quedar fuera de la causa penal con una probation, es decir, suspensión del juicio “a prueba”.

El profesional procesado como supuesto coautor del delito ofreció tareas comunitarias y el pago de una suma como donación. En concreto, estaba dispuesto a ir ocho horas por mes a trabajar gratis a una parroquia de Pilar y donar cinco millones de pesos en cinco cuotas a una fundación o al hospital Garrahan. La Justicia le dijo que no.

“Vínculo de confianza”

Según la acusación en camino a juicio oral, el contador tenía un “estrecho vínculo de confianza” con los beneficiarios finales de las maniobras de las firmas pantalla, “asesoró y guió” en la presentación de declaraciones juradas de impuestos que no reflejaban la situación real de las empresas y “prestó” su dirección para que allí se constituyera el domicilio fiscal.

El juez federal Sebastián Casanello rechazó conceder el beneficio, una decisión que fue apelada ante la Cámara Federal porteña. Este tribunal de apelaciones confirmó el año pasado los procesamientos y la fiscalía formuló su pedido de envío a juicio.

De acuerdo a la investigación, tanto el contador como otros profesionales que asesoraron a las empresas habrían ocupado una “figura central” en el “acontecer delictivo” con un rol técnico en el marco de un plan “común y ejercido con división del trabajo en fraude a las normas”.

El contador fue procesado en febrero de 2025 como supuesto coautor de lavado de activos por “haber puesto sus conocimientos especiales al servicio del esquema delictivo”.

Se trató del reciclaje de unos $28.000.000 de pesos “proveniente de la presunta evasión tributaria y actos de corrupción pública” para lo cual, según el expediente judicial, se crearon “sociedades pantalla -Citepa SA y Varberg SA-, utilizaron prestanombres y armaron una estructura financiera que posibilitó alejar el dinero de su origen ilícito, dificultar su trazabilidad y, así, generar las condiciones para que retornara a los verdaderos beneficiarios finales bajo apariencia de licitud”.

Todo habría ocurrido a través de contratos para la limpieza de grafitis en vagones del subte y escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires entre 2013 y 2018. Entre los procesados hay empresarios de las firmas adjudicatarias, contadores y directivos de una sociedad bursátil implicada.

Contador y apoderado

El contador era apoderado de las sociedades. De acuerdo a la acusación, habría intervenido como asesor contable e impositivo. “Formó parte de la toma de decisiones respecto a la operatoria espuria de éstas junto con los beneficiarios finales y otros imputados”.

También “elaboró y fiscalizó las declaraciones juradas de IVA y de impuesto a las ganancias, presentadas ante la AFIP, que no reflejaban la realidad societaria ni patrimonial de las empresas, cuya simulación permitió la operatoria regular de estas -en particular, que abrieran sus cuentas bancarias y financieras y que pudieran facturar como prestadoras de servicios”.

La defensa pidió la suspensión del juicio a cambio de tareas comunitarias pese a que el delito de lavado de activos tiene una previsión de condena que supera los tres años, límite para acceder a este beneficio procesal. Sostuvo que hay jurisprudencia que dejó atrás este criterio “restrictivo” y que el contador no tiene antecedentes penales, por lo cual en caso de haber condena en el futuro, podría ser de ejecución condicional.

“Arte al servicio del delito”

Al rechazar el pedido, el juez advirtió sobre la “gravedad” de los hechos que se investigaron: exceden el ámbito privado y afectaron “bienes jurídicos de carácter supraindividual”.

Esos bienes “de ningún modo pueden considerarse reparables a través de una mera prestación de carácter económico (incluso, a todas luces, insuficiente), en tanto exceden el daño a una víctima concreta”.

“No es posible desatender la seriedad del hecho ni el grado de reproche, en la medida en que se trata de un profesional al que se lo acusa de haber puesto su arte al servicio del delito”, analizó el magistrado en la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Sobre la oferta económica, consideró en todo caso “exigua” la suma ofrecida “que en modo alguno alcanza para cubrir el monto mínimo de la multa prevista” para el delito “ni para reparar el daño ocasionado”.

El monto propuesto “apenas araña” los gastos de un proceso complejo “que insumió muchos recursos del Estado”, puso como ejemplo. Aceptar una probation en un caso así, concluyó Casanello, “enviaría una señal negativa respecto de la solidez del sistema institucional”.

La Justicia rechazó un nuevo pedido de permiso del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, para viajar a Venezuela desde hoy y hasta el 3 de marzo, con el fin de participar de la inauguración del inicio de obras de un centro nacional de alto rendimiento en ese país.

La defensa del dirigente futbolístico informó al juez en lo penal económico Diego Amarante que Tapia fue designado por la Conmebol como representante de la entidad para “participar del Acto de Inauguración de la Federación Venezolana de Fútbol para el inicio de las obras en el Centro Nacional de Alto Rendimiento que se desarrollará en Barquisimeto, República Bolivariana de Venezuela”.

Tapia está citado a declaración indagatoria para el jueves 5 de marzo en la causa por supuesta retención indebida de aportes por una suma multimillonaria. El juez tiene que resolver sobre un planteo de nulidad absoluta que presentó su abogado, Lucio Simonetti, contra esa citación.

Pero mientras esto ocurre el juzgado recibió un nuevo pedido de salida del país por parte de Tapia, quien tiene prohibido viajar al exterior al igual que los restantes imputados en la causa. Este punto también está apelado y a estudio de la Cámara Nacional en lo Penal Económico.

El juez consideró “dudosas las circunstancias del nuevo viaje solicitado”.

“Corresponde no hacer lugar a la petición de autorización de viaje efectuada por la defensa técnica” de Tapia “para ausentarse del país con destino a la ciudad de Barquisimeto, República Bolivariana de Venezuela, entre los días 28 de febrero y 3 de marzo del corriente año”, resolvió el juez en la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

A Venezuela no

El acto al que pidió asistir Tapia iba a realizarse ayer en Venezuela pero se postergó para los primeros días de marzo y por eso se solicitó la nueva autorización para viajar a Barquisimeto, en ese país, del 28 de febrero al 3 de marzo inclusive.

Tapia regresó ayer a la Argentina tras un primer permiso concedido para viajar al exterior. Fue a un evento oficial de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla, y asistió a una reunión del Consejo de la Conmebol en Río de Janeiro, Brasil.

Pero en esta segunda ocasión, el juez rechazó la petición. Uno de los aspectos que tomó en cuenta es la situación en Venezuela.

“Tampoco puede desconocerse la situación de inestabilidad política existente en el país al que se pretende viajar, que incluye -como es de público conocimiento- denuncias de detenciones arbitrarias contra múltiples personas (entre ellas, ciudadanos argentinos)”, sostuvo en la resolución a la que accedió Infobae.

En ese marco, “también debe ponderarse que las relaciones diplomáticas entre nuestro país y la República Bolivariana de Venezuela se encuentran en un estado tal que tampoco existe garantía alguna que en la eventualidad que debieran cursarse requerimientos en miras de lograr la sujeción del peticionante al proceso, los mismos sean atendidos”, advirtió.

Pero Amarante remarcó también a la hora de la negativa una supuesta “intención de alterar las circunstancias oportunamente informadas para la autorización de viaje acordada en su favor” en la primera ocasión.

" En ese aspecto, se observa que la defensa simplemente “informó” que el nombrado “se trasladará desde Rio de Janeiro, Brasil, a Caracas, República Bolivariana de Venezuela excediendo así los límites impuestos”. Ese traslado no se concretó porque se postergó la fecha del acto que estaba previsto para el 27 de febrero pero pasó a marzo.

“No era ese ni el destino ni el itinerario autorizado por esta judicatura mediante la resolución de fecha 23 de febrero de 2026. Y debe también destacarse que la única razón por la que no se materializó la realización de ese acto que implicaba una violación a las condiciones oportunamente impuestas, fue por el presunto cambio de fecha del evento informado, y no por la debida observancia por parte del peticionante de los compromisos asumidos”, agregó la decisión judicial.

Ante todo ello, Amarante calificó como “dudosas las circunstancias del nuevo viaje solicitado”.

Indagatorias programadas

La causa penal se inició el 12 de diciembre de 2025, a partir de una denuncia de ARCA. Los abogados Matías Gentile Brezigar y Felicitas Achábal detectaron una omisión sistemática en el pago de tributos. La querella documentó que la entidad omitió retener y depositar aportes de la seguridad social, con un perjuicio fiscal superior a $19.350.000.000 durante 19 meses.

Las maniobras ilícitas se habrían producido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 con retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones patronales.

El juez Amarante fijó un cronograma de audiencias indagatorias que se inicia el 5 de marzo de 2026, con Tapia y la AFA como Asociación, seguirá el 6 con Gustavo Lorenzo, el 9 de marzo cuando deberán comparecer Víctor Blanco Rodríguez y Cristian Malaspina y el 11 con el tesorero de AFA Pablo Toviggino.

Todos apelaron la prohibición de salida del país que se les impuso y en el caso de Tapia su defensa fue a la Cámara Nacional en lo Penal Económico con un reclamo de sobreseimiento por inexistencia de delito, pendiente de resolución.

La investigación por el supuesto pago de sobornos por parte de droguerías a ex funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), entre ellos su extitular Diego Spagnuolo, ingresó esta semana en una etapa clave. Un Tribunal de Apelaciones se prepara para revisar todo lo hecho en la causa: llegó a esa instancia cuestionado por los 19 procesados. Las apelaciones ya están en el segundo piso de Comodoro Py 2002, sede de la sala II de la Cámara Federal porteña.

Los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah fijaron el 26 de marzo próximo como fecha límite para que las defensas presenten memoriales escritos y, en caso de solicitarlo, expongan de forma oral sus argumentos. Luego comenzarán a deliberar y de allí saldrá una decisión que podría marcar el futuro del caso: la confirmación o no de los procesamientos que firmó el juez federal Sebastián Casanello antes de dejar el juzgado federal 11, que está vacante y subrogó durante un año. Ahora quedó al frente por idéntico período otro magistrado, Ariel Lijo.

Asociación ilícita y miles de dólares en juego

La investigación delegada en la fiscalía federal de Franco Picardi se centra en la existencia de una supuesta asociación ilícita, negociaciones incompatibles y cohecho, con un marco de escuchas, allanamientos, millonarios embargos y cientos de miles de dólares secuestrados.

La defensa de Spagnuolo planteó que el procesamiento se basó en conjeturas y que no existe prueba suficiente. Su abogado Pablo Parera afirmó ante la Cámara que no puede sostenerse una acusación de asociación ilícita ni de cohecho sobre la base de visitas a domicilios o la portación de bolsos, como el que según la acusación habría usado para llevarse cinco millones de pesos de la casa de otro acusado, Miguel Angel Calvete.

La acusación es “una mera conjetura que a lo sumo podría dar curso a la toma de medidas para su esclarecimiento pero, bajo ningún punto de vista, reúne los elementos para constituir un fundamento en términos incriminatorios para avanzar hacia un procesamiento”, sostuvo la defensa.

Spagnuolo quedó procesado como presunto jefe de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada y cohecho pasivo.

Además, tanto a él como a los principales acusados se les fijaron embargos por 202.247.451.393 millones de pesos.

Entre las 19 apelaciones está también la de la ex funcionaria del Ministerio de Economía, Ornella Calvete, quien aseguró que los casi USD 700.000 secuestrados en su domicilio no le pertenecen.

Según su declaración, los fajos de billetes encontrados durante un allanamiento en su departamento de la calle México 55 eran, en gran parte, propiedad de su padre, Miguel ángel Calvete.

Medicamentos de alto costo para discapacidad

La causa investiga presuntos direccionamientos y retornos en las compras de medicamentos de alto costo y baja incidencia a por lo menos cuatro droguerías sospechadas por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)

El expediente comenzó tras la difusión de audios donde se escuchó a Spagnuolo hablar de un supuesto esquema de pago de retornos en la agencia. La defensa sostiene que las grabaciones fueron editadas y cuestionó su validez, mientras que los investigadores subrayaron que existen pruebas independientes que justifican los procesamientos.

Los mismos jueces de la Cámara Federal ya intervinieron en otros aspectos del caso: por ejemplo confirmaron la decisión de no devolver a Spagnuolo 80.000 dólares encontrados durante un allanamiento en una caja de seguridad bancaria a su nombre.

Pero por otro lado, reiteraron una orden para que el juzgado de instrucción de una respuesta fundada sobre el origen y validez legal de los audios que derivaron en la denuncia penal y que la defensa sostiene fueron editados con IA. Esta es una decisión pendiente, que recaerá sobre el nuevo juez de la causa.

También quedaron para un futuro nuevas citaciones a indagatoria de otros acusados y para los representantes de las droguerías Profarma, Génesis, Floresta y New Farma, cuestionadas en lo atinente a la responsabilidad empresaria por todo lo ocurrido.

La defensa del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia reclamó hoy que se declare la “nulidad” de su citación a declaración indagatoria prevista para el próximo jueves 5 de marzo en la causa por una presunta multimillonaria retención indebida de aportes, en la que ARCA es querellante.

El planteo fue hecho por el abogado Lucio Simonetti, en la causa penal se investiga la supuesta falta de ingreso de retenciones impositivas y de la seguridad social que debían pagarse a ARCA, por $19.353.546.843,85 y que, según la denuncia, fueron descontadas pero no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

El juez en lo penal económico Diego Amarante deberá resolver ahora si concede la nulidad o ratifica la citación a indagatoria.

El defensor de la Asociación del Fútbol Argentino y de Tapia. Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo reclamó la “nulidad absoluta” de la citación de todos ellos a indagatoria, resuelta el 19 de febrero y que ese trámite se suspenda hasta que la Cámara Nacional en lo Penal Económico resuelva si se debe seguir adelante con la investigación.

Los motivos

El planteo de la defensa de Tapia se basa en que aún está pendiente de resolución una apelación presentada ante la sala A del Tribunal de Apelaciones contra la decisión del juez que rechazó sobreseer a Tapia por inexistencia de delito.

La citación a indagatoria se decidió “cuando se encuentra pendiente de resolución ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico el recurso interpuesto contra la decisión que rechazó la excepción de falta de acción por atipicidad manifiesta”, argumentó la defensa en la presentación a la que tuvo acceso Infobae.

Citar a Tapia y a los otros acusados “significa consolidar de manera formal la acción penal” mientras aún se encuentra sin resolver en la instancia de apelación si el caso debe o no seguir abierto, “circunstancia que vulnera las garantías del debido proceso y del derecho de defensa en juicio”, advirtió el abogado.

La declaración indagatoria “no se trata de una diligencia instructoria orientada a la producción de prueba, sino del acto procesal de garantía que introduce formalmente al imputado en el procedimiento, delimita la imputación y habilita -a partir de ese umbral- la adopción de decisiones de mérito”.

Es por ello que su realización “presupone, lógicamente, que se encuentre habilitado el ejercicio de la acción penal en los términos en que fue promovida”.

Por todo ello, la defensa argumentó que en caso de que el Tribunal de Apelaciones revoque lo decidido por el juez y admita el planteo de inexistencia de delito “la indagatoria y las decisiones que de ella pudieran derivarse quedarían privadas de sustento jurídico”.

" La realización del acto en tales condiciones no sólo resulta innecesaria desde la perspectiva de la economía procesal, sino que expone a los imputados a la formal consolidación de una imputación cuya legitimidad se encuentra aún pendiente de definición por el tribunal competente para revisarla", concluyó.

Decidir si hay o no delito

El juez Amarante rechazó la “excepción de falta de acción” y ratificó la vigencia de la causa penal que investiga la falta de pago en término de las retenciones. Tapia insiste en ser sobreseído y apeló.

El Tribunal de Apelaciones ya recibió el incidente y ayer se sumó otra apelación -esta vez de todos los imputados- contra la decisión de prohibirles la salida del país.

La defensa de Tapia sostiene que la denuncia de ARCA debe cerrarse por inexistencia de delito a raíz de resoluciones del Ministerio de Economía que suspendieron las ejecuciones fiscales contra clubes, de las cuales derivaría la imposibilidad del Estado para exigir el cobro por la vía penal.

En concreto se mencionó la Resolución 17/2024 y sus prórrogas (que extienden beneficios hasta julio de 2026), mediante las cuales el Gobierno ordenó a ARCA (ex AFIP) suspender el inicio de juicios de ejecución fiscal contra asociaciones civiles sin fines de lucro.

Para la defensa, si el Estado no puede ejecutar la deuda civil, entonces el contribuyente tendría “derecho” a no ingresarla y no hay delito.

La fiscalía y ARCA se opusieron y el juez les dio la razón. “La circunstancia de que el organismo recaudador haya recibido instrucciones para suspender transitoriamente el inicio de ejecuciones fiscales (...) no implica, en modo alguno, que la obligación tributaria no se encontrara vencida ni que el contribuyente se encontrara jurídicamente habilitado a omitir su ingreso”, sentenció el magistrado.

Para el juez, la prueba de que la deuda era exigible es que la propia normativa de alivio fiscal prevé el cobro de intereses resarcitorios. “El interés resarcitorio (...) no tiene otra génesis que la circunstancia que esa misma parte pretende desconocer: que las obligaciones habían vencido”, explicó.

Los delitos tributarios son definidos por el Congreso de la Nación y una resolución del Ministerio de Economía no puede “desincriminar” una conducta ni modificar el Código Penal, agregó. “Admitir que resoluciones emanadas del Poder Ejecutivo puedan incidir sobre la vigencia o alcance de una norma penal tributaria importaría una afectación directa al principio de legalidad”.

Además, recordó la naturaleza del delito imputado (artículos 4 y 7 del Régimen Penal Tributario): lo que se castiga no es tener una deuda, sino quedarse con dinero de terceros. La AFA actuó como agente de retención: descontó dinero a sus empleados y proveedores en concepto de Ganancias, IVA y Seguridad Social, pero no lo depositó en las arcas públicas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, según la denuncia.

Todo esto entró ahora a revisión en el Tribunal de Apelaciones del fuero y la defensa de Tapia sostuvo que la citación a declaración indagatoria resuelta un día después de la apelación, es nula hasta que no se conozca cuál será la decisión sobre este planteo.

El magistrado tiene previsto el inicio de las indagatorias el próximo jueves, de manera presencial y ya pidió que se refuercen las medidas de seguridad en el edificio de Avenida de los Inmigrantes 1950, sede de su juzgado.

El Tribunal Oral Federal 7 comenzó a escuchar desde hoy las respuestas a los planteos de nulidades del juicio Cuadernos, objeciones a la forma en que se obtuvieron las confesiones de los imputados colaboradores durante la investigación y demás cuestiones que introdujeron las defensas durante casi un mes de planteos preliminares.

La querella de la Unidad de Información Financiera, a cargo del abogado Mariano Galpern, advirtió que " no existe ninguna nulidad que invalide este proceso".

Los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero deberán resolver una vez que escuchen a la UIF y a la fiscal Fabiana León en el juicio contra la ex presidenta Cristina Kirchner, ex funcionarios de su gobierno y empresarios, además del remisero y autor de los manuscritos, Oscar Centeno.

En rigor, son juzgados la ex jefa de Estado junto a 19 exfuncionarios, dos de sus choferes -entre ellos Centeno- y 65 empresarios, por presuntamente liderar, organizar o conformar -según cada caso- una asociación ilícita que, entre 2003 y 2015, recaudó dinero de distintas empresas de los sectores de la construcción, energía y transporte, a cambio de beneficiarlos con la adjudicación de contratos estatales.

A lo largo de cinco audiencias virtuales las defensas de los imputados objetaron, entre otros aspectos, la legitimidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) para intervenir como querellante en el proceso, la constitucionalidad y aplicación del régimen del imputado colaborador y la nulidad de distintos actos procesales, seguido del pedido de sobreseimiento de sus defendidos.

Para la UIF no existen nulidades que invaliden el proceso

La querella de la Unidad de Información Financiera comenzó a responder los planteos de las defensas y postuló el rechazo a los pedidos.

“Lo que aquí se ha pedido es la nulidad absoluta de toda la causa y eso requiere algo más que afirmaciones enfáticas”, dijo el abogado Mariano Galpern.

La querella afirmó además que “la mayoría de las cuestiones ya fueron tratadas y rechazadas” en otras etapas de la investigación.

“Aquí no existe ninguna nulidad que invalide este proceso. Ninguna de las defensas ha logrado demostrar la existencia de un acto concreto afectado”, argumentó y remarcó: “Este proceso superó todas las instancias de control”.

La legitimidad del caso Cuadernos

La UIF refuta planteos destinados a cuestionar la legitimidad de la causa. “Afirmar que el proceso nació viciado es una afirmación grave pero no se sostiene en lo más mínimo”

“No hay acto concreto viciado”, sostuvo el abogado del organismo querellante. “La defensa de Cristina Fernández habló de matriz pero la nulidad no se declara por matriz, se declara por perjuicio concreto y acá no se probó ninguno”.

Sobre los cuestionamientos al fiscal federal Carlos Stornelli, mencionó que fue sobreseído en diferentes causas abiertas a raíz del caso D’Alessio, donde se condenó al falso abogado Marcelo D’Alessio por espionaje ilegal. “No hay decisión que anule” el caso Cuadernos, remarcó.

“Se trae como novedosa la sentencia D’Alessio para invalidar este proceso”, pero muchos abogados que actúan ahora en Cuadernos intervinieron en ese juicio como querellantes. “Quienes estuvieron en ese juicio saben perfectamente que lo ocurrido allí no tiene injerencia jurídica en ese proceso”, agregó la querella.

Sobre la autenticidad de los cuadernos

La UIF pide rechazar los cuestionamientos y planteos de nulidad estructural del juicio basados en la supuesta adulteración de los cuadernos de Centeno. “Para que exista nulidad debe demostrarse perjuicio concreto”.

“Las detenciones no fueron consecuencia de los cuadernos, fueron consecuencia de una investigación que corroboró lo que allí se consignaba”.

Para la querella “existe abundante prueba en el expediente que no se reduce a cuadernos, es una simplificación que no refleja la realidad probatoria”.

“La causa paralela vinculada a la supuesta adulteración no convierte en automáticamente nulo el proceso principal” y en todo caso, acotó, el lugar para discutir la validez de una prueba “es el juicio oral”.

La UIF como querella

El Decreto presidencial que retira a la UIF como querella en causas penales en “ningún pasaje ordena desistir de las querellas ya iniciadas.

En ese decreto ”siempre se habló a futuro”, afirmó el abogado del organismo al rechazar planteos de las defensas para que sea apartado de ese rol.

La presencia de la UIF como querella en el caso Cuadernos “ya se resolvió” y esa decisión quedó firme en la Corte Suprema, remarcó. “La estabilidad de las decisiones forma parte del debido proceso y esta causa llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la querella de la UIF”.

“Los informes técnicos aportados por la UIF” en el caso fueron utilizados, destacó al refutar argumentos de diferentes defensas contra su participación como acusadora en el juicio.

El Decreto 274 “no ordenó el apartamiento” en causas por corrupción o lavado de activos en trámite sino que “impide actuar a futuro”, interpretó la querella. “La decisión que mantiene a la UIF está consolidada” en este proceso penal con un control jurisdiccional que ya se ejerció, concluyó.

Sobre los acuerdos de los arrepentidos

La UIF se refirió a los cuestionamientos de las defensas sobre presunta inconstitucionalidad de la Ley del Arrepentido, el hecho de que esas declaraciones no fueron filmadas y supuestas presiones, entre otros puntos.

“Pretenden convertir discusiones de valoración probatoria y credibilidad en una nulidad estructural” , advirtió. Se reitera un “planteo ya agotado” sobre la constitucionalidad de la Ley.

Sobre la supuesta “estafa de los arrepentidos” sostuvo que “resulta francamente difícil sostener que abogados de la trayectoria y experiencia de los que intervienen en este proceso hayan sido víctimas de un engaño estructural” y que “empresarios de primer nivel y funcionarios públicos hayan sido engañados al momento de resolver acogerse a un régimen legal vigente”.

“No son personas que no están acostumbradas a la hostilidad, si se quiere llamarla así. Los acuerdos no se celebraron en una habitación oscura”. Y “si hubo estafa, donde estuvo el engaño? Ahora algunos dicen haber fingido, que mintieron por conveniencia. El régimen era claro, las reglas eran claras y las consecuencias eran claras”.

Presiones a los imputados colaboradores

“No pueden obtenerse beneficios y luego invocar una nulidad estructural”, advirtió la querella de la UIF sobre las denuncias por presiones o falta de filmación de las declaraciones de los arrepentidos del caso.

Sobre las presuntas presiones o mecanismos extorsivos denunciados por las defensas en las cuestiones preliminares: “Tales afirmaciones requieren correlato real en el legajo, no especulaciones”, advirtió la querella.

En concreto, mencionó el acuerdo con el arrepentido remisero Centeno: la Cámara Federal sostuvo ya que sus indagatorias “no reflejan” las presiones que se denuncian y que concurrió “varias veces con asistencia letrada” a declarar “sin indicios de coacción”.

Y en relación a la falta de registro fílmico de las declaraciones indagatorias de los arrepentidos, aseguró que “no hay sanción nulificante prevista por la ley” para esto. También aludió a que en instancias de apelaciones se concluyó que “no hay perjuicio concreto” y que las declaraciones “están transcriptas” y la normativa “no establece nulidad por registración defectuosa”.

Conclusión de la UIF

Las nulidades “no se fundan en expresiones mediáticas” ni frases “altisonantes”. “Se intentó trasladar al plano de la nulidad lo que en realidad es materia de debate”, agregó la querella.

“Durante años este expediente fue objeto de control estructural intenso”, acotó, “hubo revisión permanente, no estamos ante un proceso clandestino, estamos ante un proceso exhaustivamente controlado”.

El proceso “ha respetado las garantías” y por todo ello corresponde rechazar los planteos formulados y “dar inicio al debate oral”.

La querella de la UIF concluyó así su exposición minutos después de las 11 y tras un cuarto intermedio será el turno de la fiscal general Fabiana León.

La fiscalía adhiere a los planteos de la UIF y defiende el inicio del juicio

La fiscal general Fabiana León inició su exposición ante el Tribunal Oral Federal 7 tras un cuarto intermedio. “Adhiero absolutamente a todo”, afirmó al comenzar su respuesta, en referencia a los argumentos de la Unidad de Información Financiera (UIF) contra los pedidos de nulidad de las defensas.

La funcionaria judicial calificó el comienzo del debate como un “hito” en la historia de la justicia federal. Destacó que la fiscalía presentó entre 500 y 600 dictámenes durante casi siete años para sostener la acción penal y llegar a esta instancia de juicio oral.

León cuestionó los intentos por evitar el debate y denunció la existencia de “operaciones de prensa” durante la instrucción. Según la fiscal, los obstáculos interpuestos buscaron impedir que la sociedad conozca los hechos y las pruebas que sostienen la acusación.

La fiscalía adelantó que la exposición será extensa. Su tarea consiste en responder de forma individual a 55 defensores que representan a 68 de los imputados en la causa.

“¿A quién se juzga?”: la respuesta de la fiscalía ante los ataques de las defensas

La fiscal Fabiana León cuestionó lo que denominó una “inversión de términos” por parte de los abogados defensores. “¿Quiénes son los que están juzgados en este debate? ¿Es la justicia federal o son las personas imputadas por delitos serios contra el Estado nacional?”, preguntó ante el tribunal.

La funcionaria rechazó los intentos de poner a los investigadores en el lugar de sospechosos. Aseguró que la etapa de perseguir a los funcionarios y jueces que llevan adelante los procesos “se acabó”. Según la fiscalía, las exposiciones de las defensas buscan desviar el foco de las conductas ilegales que se debaten en el juicio.

León también advirtió sobre la utilización de la “contracausa” como una estrategia de “forum shopping inverso”. Se refirió así al expediente que tramita en el juzgado de Marcelo Martínez De Giorgi por la presunta adulteración de los cuadernos de Oscar Centeno. Para la fiscal, esta maniobra pretende que las pruebas no sean evaluadas por los jueces del tribunal oral, sino que ingresen “por la ventana” a través de otras investigaciones.

La mencionada causa paralela fue impulsada por el imputado colaborador Armando Loson. En ese marco, se encuentra procesado Jorge Bacigalupo, un expolicía y amigo de Centeno, bajo la sospecha de haber manipulado los manuscritos originales.

“Imaginación y fantasía”: la fiscalía denunció la construcción de “escenarios de cartón”

La fiscal Fabiana León calificó como “falsedades” los argumentos presentados por las defensas en las audiencias previas. Aseguró que los planteos de nulidad no se basan en verdades, sino en “imaginación y fantasía” que no coinciden con las pruebas del expediente.

“Se montaron escenarios de cartón”, afirmó la funcionaria judicial. Cuestionó el uso repetitivo de la palabra “escándalo” por parte de los abogados de los imputados y señaló que esa expresión se utilizó como un “mantra” subjetivo para desviar la atención de los hechos que se juzgan.

León también advirtió que las defensas intentan sostenerse en fallos que no están firmes. Mencionó específicamente el caso D’Alessio y el procesamiento de Jorge Bacigalupo en la causa paralela por los cuadernos. Además, rechazó las acusaciones sobre presuntas inconductas de un defensor oficial durante la etapa de investigación.

La fiscalía denunció un plan para “ensuciar” el juicio

La fiscal Fabiana León comparó la estrategia de las defensas con lo ocurrido en el juicio de la AMIA y en la causa contra Ricardo Echegaray. Según la funcionaria, se generó un expediente paralelo para “ensuciar” el debate principal y crear “perturbaciones” en la jurisdicción del Tribunal Oral Federal 7.

“Consiste en acudir a otros magistrados, acaso magistrados amigos”, lanzó la fiscal. El planteo alude al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien lleva adelante la investigación por la presunta adulteración de los cuadernos de Oscar Centeno. Para León, este esquema busca el procesamiento de testigos y coimputados para evitar que el TOF evalúe la prueba.

La fiscalía cuestionó también las sucesivas denuncias contra el remisero Centeno. Señaló que las garantías que los abogados reclaman para sus defendidos se vulneran cuando se trata de terceros. “Este esquema lo hemos visto, lamentablemente, por demasiado tiempo”, afirmó la fiscal ante los jueces del tribunal.

La fiscalía reivindicó a Stornelli y Casal: “Esto se tiene que terminar”

La fiscal Fabiana León sostuvo que el intento de utilizar el caso D’Alessio para anular la causa Cuadernos “ha fracasado”. Durante su exposición ante el Tribunal Oral Federal 7, recordó que las acusaciones contra el fiscal de instrucción Carlos Stornelli terminaron en sobreseimientos confirmados por todas las instancias judiciales.

“¿Acaso las instituciones de la Nación fueron puestas al servicio de la defensa de algunos imputados?”, cuestionó la funcionaria. En ese sentido, destacó la figura del procurador general interino, Eduardo Casal, por resistir el pedido de juicio político en su contra al “no entregar la cabeza de un fiscal”. León vinculó estas presiones con el posterior intento de remoción de los jueces de la Corte Suprema para debatir las nulidades del caso en una comisión legislativa.

La fiscalía enumeró una serie de maniobras destinadas a “minar la credibilidad” del proceso. Mencionó el intento de que el periodista Diego Cabot revelara sus fuentes, las pericias privadas a los cuadernos por fuera de la jurisdicción y la persecución al defensor oficial Gustavo Kollmann. “No puede ser que por actuar con prudencia nos dejemos ver la cara; esto tiene que terminar”, enfatizó ante el tribunal.

Sobre el cierre de este tramo, León garantizó que la fiscalía pondrá “todas las cartas sobre la mesa” durante el debate oral. Comparó la relevancia de la publicidad del juicio con el proceso por la tentativa de homicidio contra Cristina Kirchner. “Ese debate se vio entero; que este se vea entero”, concluyó la fiscal para reafirmar su decisión de avanzar con el juzgamiento de los hechos.

La fiscalía rechazó los pedidos de nulidad por “forum shopping”

La fiscal Fabiana León sostuvo ante el tribunal que las nulidades en el proceso son “excepcionales y taxativas”. Durante su exposición, remarcó que la función de los jueces en esta instancia es verificar obstáculos manifiestos y no realizar un análisis de fondo sobre las pruebas.

La funcionaria judicial pidió rechazar los planteos por el supuesto “forum shopping” en la asignación del juzgado de instrucción. Según la fiscalía, estas objeciones ya fueron resueltas en etapas anteriores y no presentan hechos nuevos que justifiquen su tratamiento actual. Consideró que los argumentos de las defensas resultan “improcedentes”.

León también desestimó los cuestionamientos al requerimiento de elevación a juicio. Las defensas habían alegado “imputaciones genéricas” y falta de precisión en los delitos atribuidos. La fiscal rechazó estos agravios y el pedido del empresario Gerardo Ferreyra para excluir los cuadernos de Oscar Centeno como prueba del proceso.

La audiencia sufrió una interrupción cuando el abogado Guillermo Armani advirtió que su defendido, el imputado Claudio Uberti, no tenía conexión a internet en el penal para seguir el debate. Tras un cuarto intermedio de 15 minutos, el Tribunal Oral Federal 7 normalizó la comunicación y la fiscalía retomó su exposición a través del auxiliar fiscal Nicolás Codromaz.

“Litigación limpia”: la fiscalía pidió rechazar todas las nulidades y avanzar con el juicio

La fiscal general Fabiana León y el auxiliar fiscal Nicolás Codromaz finalizaron su respuesta a los planteos de las defensas. El Ministerio Público Fiscal solicitó al Tribunal Oral Federal 7 que desestime los pedidos de nulidad, prescripción y suspensión del debate. La fiscalía denunció una “retórica de parálisis” por parte de los abogados de los imputados.

Rechazó también los pedidos de extinción de la acción penal por prescripción solicitados por la defensa de Ricardo Jaime. La fiscalía sostuvo que la causa se mantiene vigente. También descartó los planteos de Julio De Vido y Juan Pablo Schiavi sobre el principio de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, al considerar que se trata de una “reedición” de temas ya resueltos.

Sobre la Ley del Arrepentido, la fiscal León defendió la validez de las declaraciones de los imputados colaboradores. Aseguró que la ausencia de filmaciones no configura una nulidad, ya que la ley no prevé esa sanción. La funcionaria negó que existiera una “instrumentación extorsiva” y afirmó que las defensas confunden la coerción de las prisiones preventivas con la voluntad de declarar bajo el régimen de colaboración.

La fiscalía ratificó la validez del acuerdo de Oscar Centeno. Sostuvo que las críticas sobre la supuesta falsedad de sus dichos no aportan hechos nuevos y son “conjeturas” inadmisibles en esta etapa. Además, rechazó el apartamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante, al señalar que la estabilidad de esa decisión ya fue confirmada por instancias superiores.

Al cierre de la audiencia, León exigió una “litigación limpia” para el resto del debate. Pidió al tribunal que declare inadmisibles los planteos que no superan el umbral procesal y que postergue para la sentencia final cualquier discusión que requiera valoración de pruebas. Los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero dispusieron un cuarto intermedio hasta el próximo martes 10 de marzo a las 9.

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y los demás dirigentes citados a declaración indagatoria por una supuesta multimillonaria retención indebida de aportes apelaron la prohibición de salida del país que les impuso el juez en lo penal económico Diego Amarante y el tema será resuelto por un Tribunal superior.

Además, la defensa del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino, pidió reprogramar su declaración indagatoria prevista para el 6 de marzo y logró una postergación para el 11 del mismo mes, con el objetivo de tener acceso al expediente. Sin embargo, se le rechazó un planteo para declarar por videoconferencia, sin asistir en persona al juzgado ubicado en avenida de los Inmigrantes 1950 de la Ciudad de Buenos Aires.

En la causa penal se investiga la supuesta falta de ingreso de retenciones impositivas y de la seguridad social que debían pagarse a ARCA, querellante en el caso, por $19.353.546.843,85 y que, según la denuncia, fueron descontadas pero no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Salidas del país

El juez concedió las apelaciones a la prohibición de salir del país sin efecto suspensivo, es decir, seguirá vigente hasta que se pronuncie la sala A de la Cámara en lo Penal Económico.

Las apelaciones fueron presentadas por la defensa de “Chiqui” Tapia, Cristian Malaspina, Gustavo Lorenzo y también la de Toviggino.

Desde que rige esa decisión judicial, Tapia ya concretó un primer pedido de permiso para viajar al exterior y obtuvo autorización para participar en un evento oficial de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla y luego asistir a una reunión del Consejo de la Conmebol en Río de Janeiro, Brasil, del 23 al 28 de febrero.

La negativa a Toviggino

El tesorero Toviggino designó como abogado defensor a Marcelo Rocchetti y en ese marco se pidió una prórroga a la citación para conocer la causa judicial, algo que fue concedido por el juez. La nueva fecha será el 11 de marzo a las 11. Lo que no logró la defensa es que la audiencia indagatoria se lleve a cabo de manera virtual.

“Las circunstancias invocadas no resultan atendibles para que este tribunal se aparte del criterio reiteradamente aplicado en orden a la necesaria presencialidad del imputado para dar cumplimiento al acto procesal establecido por el artículo 294 del código de forma", es decir, la indagatoria, resolvió el magistrado.

El juez sí ordenó reforzar la seguridad para los días en que están citados Tapia y los demás dirigentes. Al respecto, pidió a la Secretaría de Superintendencia de la Cámara del fuero que disponga los medios necesarios para “evitar el tránsito o la permanencia de personas en las adyacencias del ingreso” al juzgado, incluídos pasillos y escaleras, para “garantizar la tranquilidad y el normal desarrollo de los actos procesales dispuestos”.

Tapia y la AFA como Asociación están citados para el 5 de marzo; el también integrante de la comisión directiva Gustavo Lorenzo, al día siguiente; en tanto que Víctor Blanco Rodríguez y Cristian Malaspina -el anterior secretario general de la entidad y el actual- lo harán el 9 del mismo mes. Toviggino acudirá a tribunales el 11.

Mientras tanto la Cámara del fuero tiene a estudio la apelación de la defensa de Tapia a cargo de los abogados Norberto Frontini y Lucio Simonetti, contra el rechazo al sobreseimiento y cierre de la denuncia por “excepción de falta de acción”. Ahora se sumarán los incidentes por las prohibiciones de salida del país.

El Tribunal a cargo del juicio a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros 85 acusados, por supuestos sobornos con la obra pública en el llamado caso Cuadernos, rechazó por “improcedente” un intento de la defensa del exsecretario de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime de apartar del debate a uno de sus integrantes, el juez Fernando Canero, a casi cuatro meses del inicio del debate oral.

“De la simple lectura de los argumentos que sustentan el planteo efectuado por la defensa del imputado Jaime, su improcedencia luce manifiesta", resolvieron los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castellli y el propio Canero, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae y que se firmó a última hora del martes, luego de finalizada una nueva audiencia del debate oral y público que se realiza vía zoom.

“Temor de parcialidad”

Jaime está preso en otra causa penal, la tragedia del tren de Once. A casi cuatro meses del inicio del juicio Cuadernos y cuando se concluye con la etapa de las llamadas cuestiones preliminares, la defensa del ex Secretario de Transporte de la Nación, a cargo de la abogada Abril Semorile, presentó un escrito a las 12.56 del martes, casi al filo del inicio de una nueva audiencia, para que el juez Canero se inhiba de seguir interviniendo y en caso de una negativa, lo recusó por “temor de parcialidad”.

El argumento fue que el magistrado formó parte de otro Tribunal, el Oral Federal 6, que impuso a Jaime una pena de ocho años de prisión. Se trató del juicio por la compra de trenes “chatarra” a España y Portugal y enriquecimiento ilícito. Parte de los delitos se declararon prescriptos pero hubo condena por otros. Este veredicto fue revisado en la Cámara Federal de Casación que ordenó llamar a una nueva audiencia para reformular la pena, algo que aún el TOF6 todavía no concretó, según se sostuvo en la recusación.

La abogada argumentó “que debía hacer hincapié en la parcialidad demostrada por los jueces intervinientes” en ese juicio oral que tuvo veredicto en abril de 2022 y reseñó “algunas cuestiones vinculadas al juicio y trámite de aquellas actuaciones”, mencionó el Tribunal del caso Cuadernos. La defensa argumentó que ya pasó más de un año y medio sin que ese Tribunal que integró Canero convoque a la audiencia que ordenó Casación, algo que sería “una muestra sobradamente clara de la falta de parcialidad, siendo que la realización de la misma le impondría una pena menor que podría resultar en la inmediata libertad de mi defendido Jaime”.

Conjeturas infundadas

Los jueces Canero, Méndez Signori y Castelli respondieron en el mismo día y calificaron de “ostensiblemente extemporánea” la recusación porque la oportunidad para presentar un planteo semejante fue en 2021, cuando se citó a juicio. Además remarcaron que existe “numerosa jurisprudencia que impide la procedencia de la recusación de un magistrado cuando el reclamo se funda en la intervención que le cupo en un anterior pronunciamiento emitido tempestivamente y en ejercicio de sus funciones legales”.

“Las opiniones dadas por los magistrados del Tribunal como fundamento de la atribución específica de dictar sentencia importan juzgamiento y no prejuzgamiento”, advirtió la resolución. Sobre el temor de parcialidad invocado por la defensa de Jaime, concluyeron que es “meramente conjetural” y “resulta infundado” y que los argumentos son “notoriamente ineficaces para sustraer de la causa a un juez natural”.

También remarcaron que la intervención de Canero en ese juicio como parte de ese Tribunal terminó cuando se leyeron los fundamentos de la condena y desde esa fecha “es completamente ajeno al trámite de la causa”.

El Tribunal sostuvo que “no se advierte, ni la parte ha logrado demostrar, que en el transcurso de su intervención en esta causa el magistrado indicado haya evidenciado un desapego a la imparcialidad”.

El temor de parcialidad es “meramente conjetural” e “infundado” y los argumentos son “notoriamente ineficaces”, reiteraron al rechazar “in limine” el planteo porque “los pedidos de recusación manifiestamente inadmisibles deben ser desestimados de plano”, incluso “por los mismos jueces cuya recusación se pretende”.

El futuro del juicio

El juicio seguirá el jueves próximo y será el turno de la querella de la Unidad de Información Financiera y de la fiscalía a cargo de Fabiana León de comenzar a responder los planteos que hicieron todos los defensores en la etapa de “cuestiones preliminares”.

Durante casi un mes, las defensas reclamaron la nulidad del caso, denunciaron presiones y “aprietes” a quienes aceptaron ser “imputados colaboradores”, reclamaron que se anulen de manera total o parcial algunas de estas indagatorias, entre otros planteos.

El Tribunal resolverá una vez que haya escuchado a la parte acusadora y luego dará a conocer el cronograma sobre cómo continuará el juicio, ante reiterados reclamos por dotarlo de presencialidad, al menos en la etapa de las declaraciones indagatorias.

Hasta el momento y desde el inicio en noviembre pasado, todas las audiencias se realizaron de manera remota, vía Zoom.

La ex fiscal Viviana Fein rechazó hoy los cargos en su contra por “serias falencias” en la preservación de la escena de la muerte de Alberto Nisman, reclamó ser sobreseída y afirmó que se la acusa en base a “conjeturas” que vinculó a una supuesta falta de avances en la causa principal.

Desde poco después de las 10 y durante dos horas, la ex funcionaria judicial ya jubilada prestó este martes declaración indagatoria, contestó todas las preguntas y dejó un escrito de descargo ante el juez federal Julián Ercolini y el fiscal federal Eduardo Taiano.

A la hora de responder preguntas de la fiscalía, Fein defendió su accionar la noche del 18 de enero de 2015, desde que llegó a la casa de Nisman, luego del hallazgo del cuerpo del investigador del caso AMIA con un balazo en la cabeza en el baño de su departamento en Puerto Madero. Dijo también que todo estuvo supervisado por el juez que intervino, el criminal Manuel De Campos, según explicaron fuentes judiciales.

En el escrito sostuvo que en la causa por la muerte de Nisman “no se puede, ni siquiera con el grado de probabilidad que requiere la instancia, arribar a una conclusión coherente acerca de lo sucedido” ante lo cual “no puede dejar de suponerse que se pretenda buscar una respuesta a ese fracaso a partir de responsabilizar a aquellos que realizaron la investigación en un primer momento”.

“Es errado sostener que mientras estuve a cargo de la instrucción, existió una propensión de mi parte a entender que se trataba de un suicidio”, agregó además y dijo que ordenó prueba tendiente “a demostrar o descartar cualquier hipótesis posible”.

En la investigación ya se considera probado que Nisman fue asesinado, en base a una pericia de Gendarmería Nacional.

Fein ingresó a Comodoro Py 2002 poco antes de las 10 y se dirigió junto a su abogado Lucio Simonetti al cuarto piso del edificio, sede del juzgado de Ercolini. Respondió preguntas durante casi dos horas y luego permaneció en tribunales hasta media tarde junto a su defensor para concluir con el trámite

“Hipótesis conjetural”

A la hora de defenderse la ex fiscal argumentó que en “ninguna parte” de la acusación en su contra “se precisa qué normas habrían sido incumplidas, por qué, y, mucho menos, en qué habría perjudicado la investigación.”, aseguró en el escrito de descargo que al que tuvo acceso Infobae. “Se trata de una hipótesis acusatoria conjetural", advirtió.

“Pareciera que se me exige la realización de todas las tareas del procedimiento, desde tomar la temperatura del cadáver hasta verificar qué personas ingresan y egresan en el perímetro del edificio, lo que es un absurdo desde todo punto de vista”, agregó en esa presentación.

Al ser preguntada durante la declaración por qué esa noche del 18 de julio de 2015 no se buscaron otros ingresos al departamento de Nisman que pudieran haber servido como vía de escape para los asesinos, respondió que no había ningún indicio de violencia en el lugar y por eso no miró entradas ni salidas alternativas, explicaron fuentes judiciales.

En ese aspecto, explicó que se enteró después de la existencia de un acceso a través de un conducto donde estaban los aires acondicionados y comunicaba con una propiedad vecina en la misma torre.

Sobre una reunión que mantuvo luego del hecho con la entonces procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, respondió que la entonces funcionaria la convocó para preguntarle si necesitaba sumar gente a su equipo de trabajo y ella le dijo que no.

Y en relación a la definición del fuero de competencia -criminal ordinario o federal- apuntó que era un tema del juez y que el magistrado de instrucción Manuel De Campos ya estaba actuando y llegó primero que ella al lugar.

“También cabe preguntarse cómo fue posible que no sólo la suscripta sino también el resto de los funcionarios judiciales, de la Policía Federal y de la Prefectura Naval Argentina no hayan evitado la “contaminación” de la escena o que ninguno de ellos, en particular el juez a cargo, tampoco se haya mostrado contrario a las directivas que indiqué esa noche o haya declarado algo que dé a entender que se había realizado algo de manera irregular en el procedimiento esa noche", postuló por otra parte en el escrito de descargo.

De Campos también es investigado en la causa por las supuestas irregularidades cometidas al igual que el entonces secretario de Seguridad de la Nación Sergio Berni y jefes de fuerzas federales al momento del hecho.

En el escrito pidió ser sobreseída porque se le imputan " una serie de actos y omisiones que no se encuentran determinadas, esto es, que carecen de la precisión necesaria que se exige respecto de toda imputación penal".

“Se trata de una hipótesis acusatoria conjetural que no tiene ningún sustento fáctico que la respalde”, agregó y advirtió que “en ninguna parte del dictamen se precisa qué normas habrían sido incumplidas, por qué, y, mucho menos, en qué habría perjudicado la investigación.”

Al respecto enfatizó: “No puede sostenerse que haya existido ningún tipo de conducta de mi parte que haya tenido la más mínima intención de entorpecer la investigación”. Tampoco se describe en la acusación “qué pruebas o evidencias podrían haberse borrado o perdido, sino que sólo se conjetura que ello podría haber sucedido”, agregó.

“El problema de este dictamen es que en ningún momento explica de qué forma no se habría preservado la escena del supuesto crimen y mucho menos cómo habría ello ‘impactado’ en la investigación del suceso.”, aseguró además.

Para la ex fiscal “la única verdad es que las conclusiones a las que se arribó en el auto de procesamiento se construyeron sobre la base de las pruebas realizadas la noche del procedimiento que ahora se cuestiona.”

“Mal puede afirmarse que estas irregularidades existan, por la simple razón de que es el propio dictamen el que nunca las puede describir”, concluyó al reclamar el sobreseimiento porque se la acusa de " una serie de sucesos que no tuvieron lugar.”

El juez Ercolini quedó ahora en condiciones de definir su situación procesal.

La acusación

Las imputaciones giran en torno a la actuación de Fein durante las primeras horas posteriores al deceso del investigador de la causa AMIA, hallado con un balazo en la cabeza en el baño del departamento que alquilaba en las torres Le Parc, en Puerto Madero. Según el dictamen fiscal, esas deficiencias “generaron un grave perjuicio e impactaron de manera directa en el curso de la investigación del homicidio del fiscal”.

La fiscalía a cargo de Taiano sostiene que existió un “plan criminal” destinado a “desviar la atención de la hipótesis homicida” en relación con la muerte de Nisman y en ese marco resultó “esencial” montar la escena para una investigación que “no profundizara sobre las circunstancias que rodearon la muerte”.

El eje de la imputación contra Fein apunta a su rol como “directora del procedimiento” la noche del 18 de enero de 2015. De acuerdo con la acusación, no preservó adecuadamente la escena del hecho ni recolectó todos los elementos probatorios. También se le atribuye haber circunscripto “de manera deficiente” la escena únicamente al interior del departamento y no al complejo en su totalidad.

El dictamen fiscal sobre el que se fundó la citación a declarar remarcó que cuando Fein arribó al lugar había muchas personas en el departamento y que no se adoptaron medidas para restringir la circulación ni preservar rastros. “Se llevaron a cabo cientos de diligencias sin el más mínimo control”, sostuvo la imputación. Además, se mencionó una “palmaria manipulación del mobiliario en la escena del hecho” y la “irreversible pérdida y alteración de evidencias”.

Para los investigadores, esas conductas “permitieron la alteración de la escena del crimen, afectando de este modo en forma directa el correcto desarrollo y el resultado de la investigación”.

Lo que pasó entre la noche del 18 y la tarde del 19 de enero de 2015, el fin de semana durante el cual la Justicia da por probado que Nisman fue asesinado, provocó " la irreversible pérdida y alteración de evidencias”.

Fein era por entonces titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción 45 de la Capital Federal, estaba de turno y por ende era “directora del procedimiento” que comenzó la noche del 18 de enero de 2015 en el complejo Le Parc de Puerto Madero.

Se la acusa de “no haber preservado debidamente la escena del hecho ni recolectado todos los elementos probatorios que allí se encontraban”.

La muerte de Nisman

Nisman fue hallado con un disparo en la cabeza en el baño del departamento que alquilaba en Puerto Madero el domingo 18 de enero de 2015. Tres años después, en 2018, la Cámara Federal porteña avaló la hipótesis de asesinato y descartó el suicidio, en línea con la postura de Ercolini y Taiano, basada en un peritaje multidisciplinario de Gendarmería.

Al momento de su muerte, el fiscal estaba a cargo de la investigación del atentado contra la AMIA y había denunciado días antes a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros funcionarios por presunto encubrimiento a través del Memorándum con Irán. El lunes siguiente a su fallecimiento tenía previsto exponer su acusación en el Congreso.

La causa por su muerte permanece delegada en la fiscalía de Taiano y avanza en distintas líneas. Se investiga el rol de agentes de inteligencia del Ejército que habrían estado en las inmediaciones del departamento ese fin de semana, así como presuntas maniobras de inteligencia ilegal y encubrimiento.

Hasta ahora, el único procesado en la causa principal es el técnico informático Diego Lagomarsino, dueño de la pistola Bersa calibre .22 de la que salió el disparo.

El director técnico del laboratorio HLB Pharma Group, José Maiorano, seguirá detenido con prisión preventiva en la investigación por la adulteración de fentanilo que causó decenas de muertes en diferentes centros de salud. La Cámara Federal de Casación Penal declaró este lunes “inadmisible” un recurso que presentó su defensa para intentar obtener la excarcelación.

Tras resultar sorteada para resolver la situación de Maiorano, la sala IV del máximo tribunal penal federal del país resolverá de ahora en más todos los planteos relativos a este expediente que lleguen hasta esa instancia de apelación.

Un acusado que sigue preso

En concreto, los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo declararon “inadmisible” un planteo de la defensa que buscaba la excarcelación de Maiorano, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

La Cámara Federal de La Plata se había negado ya a liberar al acusado, detenido en agosto pasado por orden del juez federal de esa ciudad bonaerense, Ernesto Kreplak, quien lleva adelante la investigación por las ampollas de fentanilo adulteradas.

Según la imputación, el medicamento —utilizado como potente analgésico en ámbitos quirúrgicos y de terapia intensiva— se distribuyó contaminado o adulterado, lo que derivó en cuadros graves y muerte de pacientes. Se investiga si esa fue la causa de 111 decesos.

La causa analiza posibles fallas en los controles de calidad, la trazabilidad del producto, la cadena de elaboración y la eventual eliminación de registros internos tras inspecciones oficiales. En ese contexto, la Justicia investiga si hubo adulteración deliberada de sustancias medicinales y responsabilidades penales dentro del laboratorio.

La investigación judicial abarca los lotes 31202 y 31244 del Fentanilo HLB que habrían sido contaminados con bacterias multirresistentes durante el proceso de fabricación. El medicamento, un opioide de uso hospitalario frecuente en terapias intensivas y cirugías, fue distribuido a centros de salud de distintas jurisdicciones.

El procesamiento y los fundamentos

Maiorano fue procesado con prisión preventiva el 25 de septiembre pasado por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales que resultó en la muerte de al menos 20 personas, “en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor”.

En la resolución se recordó el rol y cargo que ocupaba Maiorano al tiempo de los hechos como Director Técnico de HLB Pharma Group, titular del certificado de especialidad medicinal N° 53100 habilitante para la producción de fentanilo, lo que evidenciaría “una relación concreta con los registros documentales correspondientes al proceso de elaboración de la mencionada sustancia medicinal”.

Casación recordó ahora que cuando se le negó la liberación en diciembre, la Cámara Federal de La Plata sostuvo que “el lugar que el encausado ocupaba dentro del laboratorio, sumado a la información que manejaba en torno a lo que podría interpretarse como intentos de eliminación de posibles elementos de prueba y a la cercanía al principal investigado y su familia, lleva a pensar que, recuperada la libertad podría interferir con los testigos o tener acceso a registros, documentación o material relevante, contribuyendo con ello a la obstaculización del curso de la pesquisa”.

El Tribunal de Apelaciones de La Plata concluyó así que hay riesgos procesales vigentes y que el tiempo que Maiorano lleva detenido no es desproporcionado frente a la gravedad de los hechos, la complejidad del expediente y la pena en expectativa. Ahora Casación declaró “inadmisible” un recurso de la defensa contra esta decisión.

La investigación

El director técnico del laboratorio seguirá detenido mientras avanza la investigación. La Cámara Federal de La Plata tiene pendientes de resolución las apelaciones presentadas por los procesados. La causa supera las 6.000 fojas en su cuerpo principal y continúa acumulando informes técnicos y médicos.

También están detenidos y acusados Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, y su hermano Diego García; además de su madre Nilda Furfaro, esta última con prisión domiciliaria, entre una veintena de acusados. Las imputaciones incluyen los delitos de adulteración de sustancias medicinales en concurso real con adulteración peligrosa para la salud, con una expectativa de pena de 10 a 25 años de prisión.

El origen del caso se remonta al 8 de mayo de 2025, cuando la ANMAT emitió una alerta nacional tras una denuncia del Hospital Italiano de La Plata, donde al menos 15 pacientes fallecieron luego de recibir el anestésico. El organismo prohibió el uso del lote cuestionado, clausuró las plantas y presentó la denuncia penal que dio inicio a la investigación.

Horas antes de estampar su firma a la citación a declaración indagatoria del titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y demás dirigentes, acusados por una presunta multimillonaria retención indebida de aportes al fisco nacional, el juez en lo penal económico Diego Amarante recibió una apelación contra su rechazo al cierre del caso por inexistencia de delito. Tapia insiste en ser sobreseído.

Esa apelación llegó ahora a la Cámara Nacional en lo Penal Económico y de su decisión dependerá más temprano que tarde el futuro inmediato de la pesquisa. Los abogados de la AFA y de Tapia sostienen que no hay delito. La querella de ARCA y la fiscalía postularon lo contrario y sus argumentos fueron respaldados por el juez. Esto dio lugar al recurso.

Dos jueces para un Tribunal

La causa se tramita en un contexto particular, una situación crítica por la falta de cobertura de vacantes en la Justicia. En el fuero penal económico este cuadro lleva años, pero los despachos de Avenida de los Inmigrantes 1950 están mucho más lejos del radar mediático que su primo cercano, el federal de Comodoro Py 2002. Salvo excepciones. Y ahora, la causa AFA parece ser una de ellas.

El tribunal de apelaciones que debe definir el futuro procesal de la causa cuenta sólo con dos miembros de un total de seis, lo que genera cuatro vacantes. Sus titulares son la jueza Carolina Robiglio y su par Roberto Hornos. Cuando no logran llegar a un acuerdo, uno de ellos se aparta del expediente, se toma vacaciones o licencia por algún otro motivo, es necesario convocar magistrados de la Cámara Federal porteña.

El Tribunal de apelaciones del fuero federal está completo con seis jueces titulares. Todos son subrogantes en penal económico y se resuelve por sorteo quién interviene en cada ocasión. Este sistema ha permitido avanzar con resoluciones en decenas de expedientes y ahora podría ser el caso del que involucra a la conducción de la AFA si los dos camaristas de penal económico lo llegan a considerar necesario. Si esto sucede, será el bolillero el que defina qué juez subrogante pondrá la firma.

Qué está en juego

La apelación ya fue concedida. Los abogados de Tapia, Norberto Frontini y Lucio Simonetti, insistieron con el sobreseimiento y cierre de la denuncia en base a resoluciones del Ministerio de Economía que suspenden las ejecuciones fiscales contra clubes, de las cuales derivaría la imposibilidad del Estado para exigir el cobro por la vía penal.

En concreto se mencionó la Resolución 17/2024 y sus prórrogas (que extienden beneficios hasta julio de 2026), mediante las cuales el Gobierno ordenó a ARCA (ex AFIP) suspender el inicio de juicios de ejecución fiscal contra asociaciones civiles sin fines de lucro.

Para la defensa, si el Estado no puede ejecutar la deuda civil, entonces el contribuyente tendría “derecho” a no ingresarla y no hay delito.

La fiscalía y ARCA se opusieron y el juez de primera instancia les dio la razón. Amarante rechazó la “excepción de falta de acción” y ratificó la vigencia de la causa penal que investiga la falta de ingreso de retenciones por $19.353.546.843,85.

“La circunstancia de que el organismo recaudador haya recibido instrucciones para suspender transitoriamente el inicio de ejecuciones fiscales (...) no implica, en modo alguno, que la obligación tributaria no se encontrara vencida ni que el contribuyente se encontrara jurídicamente habilitado a omitir su ingreso”, sentenció el magistrado.

Para el juez, la prueba de que la deuda era exigible es que la propia normativa de alivio fiscal prevé el cobro de intereses resarcitorios. “El interés resarcitorio (...) no tiene otra génesis que la circunstancia que esa misma parte pretende desconocer: que las obligaciones habían vencido”, explicó.

Los delitos tributarios son definidos por el Congreso de la Nación y una resolución del Ministerio de Economía no puede “desincriminar” una conducta ni modificar el Código Penal, agregó. “Admitir que resoluciones emanadas del Poder Ejecutivo puedan incidir sobre la vigencia o alcance de una norma penal tributaria importaría una afectación directa al principio de legalidad”.

Además, recordó la naturaleza del delito imputado (artículos 4 y 7 del Régimen Penal Tributario): lo que se castiga no es tener una deuda, sino quedarse con dinero de terceros. La AFA actuó como agente de retención: descontó dinero a sus empleados y proveedores en concepto de Ganancias, IVA y Seguridad Social, pero no lo depositó en las arcas públicas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, según la denuncia.

Poco después de suscripta esta resolución, el juez avanzó con dos declaraciones clave en la causa, la de una gerenta y una empleada contable de AFA. En calidad de testigos y bajo juramento de verdad, coincidieron en ubicar al tesorero Pablo Toviggino como quien daba orden de concretar los pagos al fisco, como adelantó Infobae.

Tras este trámite y a pedido de ARCA, el juez avanzó el jueves último con las citaciones a declaración indagatoria que comenzarán el 5 de marzo con la AFA como Asociación y Tapia en su calidad de presidente.

En un comunicado, la AFA sostuvo que la citación a indagatoria es “prematura” y que la Asociación “no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia” porque ya fueron canceladas con pago voluntario que se hizo “en forma previa a su vencimiento”.

Una adolescente de 15 años fue rescatada en plena madrugada de un micro de larga distancia cuando intentaban sacarla del país sin documentación y bajo los efectos de sustancias que la mantenían en un estado de somnolencia y le impedían reaccionar con claridad. El operativo se activó tras la denuncia de un pasajero que notó una situación extraña durante el viaje porque uno de los adultos iba “a los besos” con la chica, que tenía gorra y una capucha que le tapaba la cara.

Un hombre y una mujer que viajaban con ella quedaron detenidos y ahora la Justicia confirmó el procesamiento con prisión preventiva de ambos por trata de personas.

Pasajero en alerta

El colectivo había salido desde Once con destino al norte del país. En el interior, un pasajero observó a un hombre y a una mujer mayores que viajaban con una chica que aparentaba ser menor de edad. Lo que lo inquietó fue la actitud del hombre: “Iban a los besos, constantemente, iban abrazados”, declaró más tarde. También señaló que la adolescente llevaba gorra y capucha y que “no le dejaban que se le vea la cara”.

Según su relato, el hombre ejercía presión para que la joven no hablara. “Yo veía que este señor le daba presión, que esté callada, que no intentara hablar nada”, afirmó. La sospecha fue suficiente para que avisara a la Gendarmería.

“A mí me pareció raro ver una nena, yo calculaba entre 14 y 15 años aproximadamente. Y que este señor le daba besos”, declaró el pasajero después.

El micro fue interceptado en la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 152 en septiembre pasado. Cuando los efectivos subieron, detectaron que la adolescente no figuraba en la lista de pasajeros. No tenía pasaje, ni equipaje, ni documentación que acreditara su identidad.

El personal de Gendarmería solicitó a los conductores el listado de pasajeros y constató la presencia a bordo de J. J. M. E. y su madre E. M. E. C., quienes viajaban con la chica, pero ella no figuraba. Los dos adultos quedaron detenidos.

Los gendarmes describieron que la joven presentaba un “cuadro de somnolencia aguda” y que era difícil mantenerla despierta para responder preguntas básicas. Primero dijo ser mayor de edad; luego aseguró tener 17 años y dio un nombre falso. Incluso mostró un certificado de discapacidad a nombre de otra persona.

Una gendarme declaró que “se hallaba profundamente dormida y que resultó difícil despertarla”. También advirtió que el hombre respondía por ella cada vez que le preguntaban algo. Cuando lograba hablar, la chica miraba constantemente al imputado antes de contestar.

Viajaba a Perú amenazada

Finalmente, en una entrevista a solas, la adolescente reveló que tenía 15 años y que la estaban llevando a Perú para transportar droga. Contó que vivía en la calle con su madre y que le habían prometido dinero, una vivienda y un auto a cambio de volver al país con la droga pero que luego comenzaron a amenazarla si se negaba a hacerlo.

La Cámara Federal porteña, con la firma de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, confirmó el procesamiento con prisión preventiva del acusado y de su madre, quienes viajaban con la menor.

En el expediente se incorporaron además informes de la Dirección Nacional de Migraciones y de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que dan cuenta de movimientos migratorios irregulares de los detenidos hacia y desde Perú.

También se constató que tras quedar detenido, el hombre amenazó a la joven en una videollamada por WhatsApp.

Para los camaristas, el contexto en que fue hallada —sin documentos, sin pasaje, visiblemente sedada y bajo control de adultos—, sumado a la denuncia espontánea del pasajero y al relato posterior de la víctima, constituyen indicios suficientes de un intento de trata agravada.

A once años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la ex fiscal Viviana Fein deberá presentarse este martes 24 de febrero ante la Justicia para responder como acusada por las irregularidades en la escena del hecho.

La ex funcionaria ya jubilada había sido convocada para el 15 de diciembre del año pasado, pero su defensa pidió una postergación y el trámite se reprogramó. Ahora sí tendrá que cumplir con la declaración indagatoria ante el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano en los tribunales de Comodoro Py 2002.

Fein fue imputada por presuntas irregularidades y “serias falencias” en su actuación durante las primeras horas posteriores al hallazgo del cuerpo del entonces titular de la UFI AMIA en su departamento de las torres Le Parc, en Puerto Madero. Según el dictamen fiscal, esas deficiencias “generaron un grave perjuicio e impactaron de manera directa en el curso de la investigación del homicidio del fiscal”.

La ex funcionaria judicial podrá optar por declarar o abstenerse. Hasta el momento no presentó un descargo formal, pese a haber sido notificada de la imputación meses atrás. Su defensa pidió tiempo para conocer el expediente.

Un “plan criminal”

La fiscalía sostiene que existió un “plan criminal” destinado a “desviar la atención de la hipótesis homicida” en relación con la muerte de Nisman y en ese marco resultó “esencial” montar la escena para una investigación que “no profundizara sobre las circunstancias que rodearon la muerte”.

El eje de la imputación contra Fein apunta a su rol como “directora del procedimiento” la noche del 18 de enero de 2015. De acuerdo con la acusación, no preservó adecuadamente la escena del hecho ni recolectó todos los elementos probatorios. También se le atribuye haber circunscripto “de manera deficiente” la escena únicamente al interior del departamento y no al complejo en su totalidad.

El dictamen fiscal sobre el que se fundó la citación a declarar remarcó que cuando Fein arribó al lugar había muchas personas en el departamento y que no se adoptaron medidas para restringir la circulación ni preservar rastros. “Se llevaron a cabo cientos de diligencias sin el más mínimo control”, sostuvo la imputación. Además, se mencionó una “palmaria manipulación del mobiliario en la escena del hecho” y la “irreversible pérdida y alteración de evidencias”.

Para los investigadores, esas conductas “permitieron la alteración de la escena del crimen, afectando de este modo en forma directa el correcto desarrollo y el resultado de la investigación”.

Lo que pasó entre la noche del 18 y la tarde del 19 de enero de 2015, el fin de semana durante el cual la Justicia da por probado que Nisman fue asesinado, provocó " la irreversible pérdida y alteración de evidencias”.

Fein era por entonces titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción 45 de la Capital Federal, estaba de turno y por ende era “directora del procedimiento” que comenzó la noche del 18 de enero de 2015 en el complejo Le Parc de Puerto Madero.

Se la acusa de “no haber preservado debidamente la escena del hecho ni recolectado todos los elementos probatorios que allí se encontraban”.

La muerte de Nisman

Nisman fue hallado con un disparo en la cabeza en el baño del departamento que alquilaba en Puerto Madero el domingo 18 de enero de 2015. Tres años después, en 2018, la Cámara Federal porteña avaló la hipótesis de asesinato y descartó el suicidio, en línea con la postura de Ercolini y Taiano, basada en un peritaje multidisciplinario de Gendarmería.

Al momento de su muerte, el fiscal estaba a cargo de la investigación del atentado contra la AMIA y había denunciado días antes a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros funcionarios por presunto encubrimiento a través del Memorándum con Irán. El lunes siguiente a su fallecimiento tenía previsto exponer su acusación en el Congreso.

La causa por su muerte permanece delegada en la fiscalía de Taiano y avanza en distintas líneas. Se investiga el rol de agentes de inteligencia del Ejército que habrían estado en las inmediaciones del departamento ese fin de semana, así como presuntas maniobras de inteligencia ilegal y encubrimiento.

Hasta ahora, el único procesado en la causa principal es el técnico informático Diego Lagomarsino, dueño de la pistola Bersa calibre .22 de la que salió el disparo. También fueron imputados por el manejo de la escena del hecho el entonces secretario de Seguridad Sergio Berni y otros ex jefes de fuerzas federales.

La causa se concentra en una dependencia especial que funciona fuera de Comodoro Py 2002, bajo la coordinación del auxiliar fiscal Hernán Kleiman, quien encabeza un equipo de siete funcionarios judiciales que desde hace años impulsa las principales líneas.

El juez en lo penal económico Diego Amarante citó hoy a declaración indagatoria al presidente de la AFA Claudio Tapia y al tesorero Pablo Toviggino y les prohibió salir del país en la causa que investiga presunta apropiación indebida de aportes por $19.353.546.843,85 vinculada a retenciones impositivas y de seguridad social que, según la denuncia, fueron descontadas pero no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

El magistrado hizo lugar a un pedido de la querella de ARCA y convocó a la AFA como asociación y a Tapia para el 5 de marzo mientras que el tesorero Toviggino deberá presentarse el 6 de ese mes. La citación abarca a la totalidad de la comisión directiva y además se les prohibió la salida del país, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

“En orden a lo solicitado y existiendo motivos suficientes para sospechar la participación de los nombrados en los hechos investigados, cítese a la Asociación del Fútbol Argentino y a Claudio Fabián Tapia a las audiencias que se fijan para el día 5 de marzo de 2026 a las 10:30 y 12:00 horas, respectivamente”, resolvió el juez.

Al tesorero Toviggino y al también integrante de la comisión directiva Gustavo Lorenzo se los citó para el 6 de marzo a las 10:30 y 12:00; en tanto que Víctor Blanco Rodríguez y Cristian Malaspina, deberán presentarse el 9 de marzo a las 10:30 y 12:00 en el juzgado con sede en avenida de los Inmigrantes 1950 de la ciudad de Buenos Aires.

En su resolución, el magistrado advirtió sobre " la gravedad de los hechos investigados" y la “severidad de la pena en expectativa” y prohibió salir del país a todos los acusados.

Hasta el momento sólo tienen defensa designada en la causa la AFA y su titular, Tapia, ante lo cual el juez invitó a los demás imputados a nombrar abogados de su confianza dentro del tercer día de notificados. De no hacerlo se les designará Defensor Público Oficial.

De manera paralela, los abogados de AFA apelaron ya ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico el rechazo del juez a dictar sobreseimientos en base a un planteo de “excepción de falta de acción”, con lo cual la cuestión será revisada por el Tribunal de Apelaciones.

Un pedido de ARCA

La decisión surge luego de un pedido de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) , que encabeza Andrés Vázquez, que había solicitado más temprano la citación en un expediente que investiga la presunta apropiación indebida de $19.353.546.843,85 vinculada a retenciones impositivas y de seguridad social que, según la denuncia, fueron descontadas pero no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

La presentación, realizada ante el fuero en lo Penal Económico, sostiene que existe un “grado de sospecha suficiente” para citar a los directivos en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación. La denuncia original fue presentada el 12 de diciembre de 2025 y ampliada el 18 del mismo mes. La investigación abarca 69 hechos independientes ocurridos en ese período, según consta en el expediente al que accedió Infobae.

De acuerdo con la documentación judicial, el monto total surge de la presunta falta de ingreso de distintos conceptos que la AFA, en su carácter de agente de retención y percepción, habría retenido pero no transferido al fisco. El expediente desglosa los importes mes a mes: retenciones de IVA, retenciones del Impuesto a las Ganancias —incluido el régimen del artículo 79— y retenciones de contribuciones a la seguridad social.

Entre los totales acumulados investigados figuran: $663.340.652,50 en retenciones de IVA, $1.998.652.056,40 en retenciones de Ganancias, $8.016.291.166,48 bajo el régimen del artículo 79 de Ganancias y $8.675.262.968,47 en contribuciones a la seguridad social. Julio de 2025 fue el mes con la cifra más alta, con $2.854.022.660,98, seguido por septiembre, con $1.730.951.796,37. Según la hipótesis fiscal, estos montos habrían sido efectivamente retenidos o percibidos, pero no ingresados dentro del plazo legal de 30 días corridos tras su vencimiento.

La querella invoca los artículos 4° y 7° del Régimen Penal Tributario vigente al momento de los hechos, que prevén penas de dos a seis años de prisión para los agentes de retención o percepción que no depositen, total o parcialmente, los importes retenidos cuando superan determinados mínimos mensuales. Se recuerda que la Corte Suprema de Justicia, en el precedente “Lambruschi”, caracterizó este delito como de omisión instantánea, consumado cuando el depósito no se realiza dentro del plazo establecido.

ARCA afirma que en este caso se verifican los tres elementos estructurales del delito de omisión: el deber jurídico de actuar, la capacidad fáctica de cumplir con ese deber y la ausencia de la acción esperada. Uno de los puntos centrales del planteo radica en la presunta capacidad financiera de la AFA durante el período investigado. El escrito sostiene que la entidad registró “abultadas acreditaciones bancarias” y que, solo en diciembre de 2024, habría recibido más de $45.000 millones. Además, durante 2024 y 2025 constituyó múltiples plazos fijos en pesos y dólares.

La querella sostiene que estos elementos descartarían una imposibilidad material de pago y reforzarían la hipótesis de que la falta de ingreso fue una decisión deliberada. Se cita jurisprudencia que establece que los importes retenidos no pertenecen a la entidad, sino a los contribuyentes afectados, y que el agente de retención actúa como intermediario ante el fisco.

El pedido de indagatoria alcanza, además de Tapia y Toviggino, al secretario general Cristian Ariel Malaspina (desde 2025), al director general Gustavo Roberto Lorenzo y al ex secretario general Víctor Blanco Rodríguez. El escrito reconstruye el esquema interno de decisiones a partir de testimonios del personal administrativo. Según el expediente, la gerencia de Administración y Control confeccionaba las declaraciones juradas y comunicaba los vencimientos al tesorero, quien daba la orden de pago y generaba el Volante Electrónico de Pago (VEP). Las testigos indicaron que el tesorero tomaba las decisiones financieras y contables, mientras que el presidente y el secretario general firmaban los estados contables anuales.

La querella argumenta que resulta “difícil suponer” que una decisión de no ingresar sumas de tal magnitud durante 19 meses consecutivos pudiera adoptarse sin el conocimiento del resto de la conducción. Se destaca que los balances correspondientes a 2023 y 2024 fueron firmados por el presidente, el tesorero y el secretario general, lo que, según la acusación, indicaría que estaban al tanto de la situación financiera y de las deudas registradas.

El planteo también subraya la continuidad temporal de la conducta investigada: la presunta omisión se habría extendido durante 19 meses consecutivos, de marzo de 2024 a septiembre de 2025, lo que, según la querella, descarta que se trate de una situación excepcional o un error administrativo y permitiría inferir la existencia de dolo en esta etapa procesal.

La declaración indagatoria constituye el primer acto formal de defensa en el proceso penal, en el que el juez comunica los hechos y las pruebas, y el imputado puede declarar o abstenerse. ARCA enfatiza que la indagatoria garantiza el derecho de defensa y contribuye a la averiguación de la verdad. Para que proceda, el juez debe considerar que existe una “sospecha bastante” basada en elementos objetivos de convicción, umbral que, según la querella, estaría cumplido.

El 26 de diciembre de 2025, el fiscal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 11 formuló el requerimiento de instrucción, impulsando formalmente la acción penal. El juzgado debe ahora resolver si hace lugar al pedido de citación a indagatoria, lo que, de concretarse, sería la primera vez que el actual presidente de la AFA enfrenta una instancia de este tipo por presuntas infracciones al Régimen Penal Tributario vinculadas a su gestión. El expediente se enmarca en un contexto de mayor escrutinio sobre el cumplimiento fiscal de grandes contribuyentes y entidades con alto volumen de operaciones.

Por el momento, el planteo de ARCA constituye una acusación en etapa preliminar. La eventual responsabilidad penal de los involucrados deberá determinarse a lo largo de la instrucción y, en su caso, en un eventual juicio oral.

Un joven quedó procesado con prisión preventiva bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica por amenazas agravadas por persecución u odio, acusado por la publicación en redes sociales de mensajes discriminatorios contra la comunidad judía.

“Es por eso que quiero morir como mártir”. “Realmente quiero un arma”. Por este y otros posteos en la red social X se abrió la causa penal que terminó con la detención en enero último del titular de la cuenta, quien se autodefinía en redes como “musulmán converso”. Si el procesamiento queda firme será enjuiciado por diferentes delitos, entre ellos incitar a la persecución u odio por raza, religión, nacionalidad o ideas políticas en base a la ley 23592 contra Actos Discriminatorios.

Se lo acusa por “haber efectuado amenazas de muerte contra la comunidad judía y, al mismo tiempo, haber alentado el ejercicio de la violencia e incitado al antisemitismo y promovido la discriminación racial y/o religiosa mediante diversas expresiones efectuadas en redes sociales”.

Según la causa judicial, el ahora detenido difundió amenazas de muerte, mensajes de incitación a la violencia y expresiones antisemitas desde su usuario en X en las que, de acuerdo a la resolución judicial, “se verificaron manifestaciones intimidatorias contra la comunidad judía y expresiones que exaltaban la violencia y el martirio”.

Entre los posteos señalados aparecen mensajes como “That’s why I wanna die a martyr” (“es por eso que quiero morir como mártir”), la reproducción de textos religiosos que incluían la frase “mátalo”, y publicaciones donde manifestaba interés en conseguir un arma, como “I want a gun so bad” (“realmente quiero un arma”). En otra ocasión manifestó necesitar unos 500 dólares para adquirirla.

El 29 de diciembre de 2025, publicó en inglés: “Si tan solo supiera como hacer una bomba” y en otra ocasión posteó una captura de pantalla con un mensaje también en ese idioma que en un tramo decía “Hay un judío escondido detrás mío, así que mátalo”.

Peligro concreto

Al resolver el procesamiento el juez federal Sebastián Casanello sostuvo que las expresiones difundidas “contenían referencias directas a la muerte violenta y al uso de armas, lo cual incrementa sensiblemente la gravedad del cuadro indiciario y excede con holgura el marco de la mera opinión o manifestación ideológica”.

En esa línea, remarcó que la reiteración de mensajes que exaltaban la violencia y la hostilidad hacia la comunidad judía, sumada a publicaciones posteriores vinculadas a la compra de un arma de fuego, permitió “superar el umbral de una mera exteriorización de opiniones o ideas, para situarse en un terreno de conductas que resultan idóneas para generar un peligro concreto”.

La investigación se inició a partir de una denuncia del asesor de seguridad de la DAIA, que alertó sobre el contenido de las publicaciones. Para el juez, ese dato demuestra que los mensajes alcanzaron un nivel de gravedad suficiente como para generar alarma y activar la intervención de las autoridades.

“Tonteras” en internet

En su indagatoria, el acusado negó haber tenido intención de amenazar o fomentar el antisemitismo. “Yo con lo que posteaba no tenía intención alguna de amenazar a nadie (…) eran tonteras en internet que subía”, declaró.

Sin embargo, el juez consideró que la conducta investigada no fue un hecho aislado. “Traspasó la barrera de la violencia discursiva” y la reiteración de mensajes “refuta la idea de un acto impulsivo, revelando más bien una conducta deliberada y planificada”, agregó el procesamiento al que tuvo acceso Infobae.

Además, el magistrado reiteró la orden para que se le coloque la tobillera electrónica en el arresto domiciliario en la vivienda familiar junto a su madre, en la localidad bonaerense de Ingeniero Adolfo Sourdeaux y lo embargó por tres millones de pesos.

La investigación se lleva adelante en el juzgado federal 4 de Comodoro Py 2002, secretaría a cargo de Martín Canero, cuyo titular es el juez Ariel Lijo pero que fue subrogado durante una licencia por el magistrado firmante del procesamiento, Casanello.

La pesquisa sigue con un análisis de los llamados del abonado telefónico que utilizaba el acusado para profundizar en torno a las personas con las que se comunicaba, mientras que su procesamiento ya fue apelado por la defensa ante la Cámara Federal porteña.