El juicio a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados en el caso Cuadernos retomará esta semana, segunda del receso invernal, con tres audiencias y una nueva tanda de testigos: entre ellos está programada la presencia en Comodoro Py de Juan Carlos Santos, el ex funcionario de la exAFIP que semanas atrás fue reemplazado por un homónimo citado en un insólito error. “Se equivocaron de Juan Carlos Santos”, dijo en esa audiencia el otro Santos ante el Tribunal Oral Federal 7. Para el próximo martes se convocó al correcto, ex subdirector de Grandes Contribuyentes Nacionales del organismo recaudador.

Con la feria judicial habilitada, el debate oral reiniciará con la presencia de Santos, esta vez correctamente citado, junto a otros testigos. Las audiencias continuarán el miércoles y jueves con nuevas declaraciones, en una etapa dedicada a reconstruir la tarea de la AFIP entre 2018 y 2019, cuando el organismo recibió oficios judiciales vinculados a la investigación por sobornos.

Los Santos

“¿Puedo aclarar algo? Se equivocaron de Juan Carlos Santos”, dijo el hombre de 73 años al juez Enrique Méndez Signori. Ese 7 de julio a las 8 el debate empezó antes y puntual. Era la víspera del partido Argentina-Egipto, pleno Mundial, y todos querían dar por terminado el asunto a más tardar pasado el mediodía. Por eso el traspié tuvo aún más significado.

Sorprendido, el presidente pidió disculpas e insistió en preguntarle por qué no aclaró que no era él. “No hay ningún problema, le pedimos disculpas, fue un error producto de un homónimo”. El testigo dijo que no le quisieron explicar de qué se trataba la causa cuando lo citaron por WhatsApp y se retiró. Antes aclaró que había vuelto del exterior especialmente para esa convocatoria.

El martes será el turno al fin del exsubdirector de Grandes Contribuyentes Nacionales, durante la gestión de Alberto Abad en la AFIP. El verdadero testigo ya conoce los pasillos de los tribunales de Retiro: en pandemia se presentó a declarar en persona en el caso Oil Combustibles. Por ese entonces el juicio se había retomado con un sistema mediante el cual se declaraba frente a los jueces y las restantes partes participaban remoto, vía Zoom.

Santos llegó a una sala de la planta baja del edificio para hablar ante el Tribunal Oral Federal 3 y respondió preguntas de todas las partes en ese debate oral.

La agenda prevista para la semana en Comodoro Py busca avanzar en el esclarecimiento de la actuación de funcionarios y ex funcionarios de la AFIP en el contexto de la causa que tiene como base los cuadernos redactados por el remisero arrepentido Oscar Centeno y los listados de presuntos pagadores de sobornos a exfuncionarios kirchneristas aportados por el financista Ernesto Clarens.

El juicio que comenzó en noviembre del año pasado ingresa en el segundo semestre de 2026 con varios interrogantes: qué pasará con la testigo Miriam Quiroga, la exsecretaria de Néstor Kirchner que por ahora consiguió no declarar por razones de salud. También es una incógnita la actitud que adoptará Claudio Uberti, el arrepentido que quedó preso en otra causa penal, la valija de Antonini Wilson, e insinuó que no hablaría en este juicio hasta obtener al menos, la prisión domiciliaria por temor a su seguridad.

El ex funcionario del kirchnerismo logró irse a su casa con tobillera electrónica por orden de la Cámara Federal de Casación. Habrá que ver si ahora cumple lo anticipado. “No soy traidor, pero tampoco me considero un valiente. No soy indemne y estoy sometido a una gran angustia. Me interesa decir que un arrepentido no es un traidor”, dijo de manera breve durante su indagatoria en el debate oral.

La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme la suspensión del juicio a prueba de Myriam Costilla, presidenta de la empresa Kank y Costilla S.A., procesada en la causa por defraudación al Estado a través de la obra pública vial adjudicada al grupo Báez en Santa Cruz, durante el kirchnerismo.

Se trata de otro tramo de la causa Vialidad, en cuyo expediente principal ya fueron condenados en juicio oral a seis años de prisión por administración fraudulenta la detenida ex presidenta Cristina Kirchner y el empresario Lázaro Báez, entre otros.

“La decisión fue adoptada por mayoría por la Sala IV del tribunal, integrada por los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña con el voto disidente del juez Gustavo Hornos, quien reclamó que haya juicio oral para la acusada.”

Cuatro horas por semana en un hogar de ancianos

Costilla pidió el beneficio de la “probation” al Tribunal Oral Federal 2 que en principio lo negó, pero luego lo aceptó ante una orden de Casación para revisar esa decisión. Ante esto, la fiscalía presentó un nuevo recurso contra ese beneficio y para que la empresaria llegue a juicio, que ahora fue declarado inadmisible.

La probation se concedió por dos años, con la obligación de fijar residencia y de realizar cuatro horas semanales de tareas comunitarias en el hogar de ancianos “Pablo VI” de la localidad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, cercano a la casa de la acusada. La fiscalía se opuso por la gravedad de la maniobra vinculada a la corrupción pública. La Unidad de Información Financiera (UIF), parte querellante, también se había opuesto al beneficio.

En el voto mayoritario de Casación se concluyó que el Tribunal Oral analizó el pedido en base a la acusación, que permitiría una eventual pena de ejecución condicional, y que la empresaria carece de antecedentes penales. También hizo una oferta de dinero como “reparación del daño”.

En disidencia, el juez Hornos consideró que la acusada debía llegar a juicio por “la gravedad institucional de los hechos investigados, donde un esquema defraudatorio fue diseñado y ejecutado desde la primera línea del Estado Nacional, involucrando a quienes ocuparon los cargos democráticos más relevantes”.

Costilla llegó a la etapa de juicio procesada como supuesta partícipe necesaria del delito de defraudación por administración fraudulenta, cometido entre enero de 2007 y agosto de 2013, cuando intervino “en la ejecución y subsistencia de la matriz de corrupción, posibilitando desde su rol de Presidente de Kank y Costilla S.A. que se sustrajeran en forma periódica y constante fondos públicos mediante la maniobra de defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública vial", según la acusación fiscal.

La empresa que presidía fue comprada por el grupo Báez y ofertó en licitaciones en violación de la normativa vigente, incumplió plazos, obtuvo anticipos financieros sin cumplir los requisitos legales y recibió certificados por obra no realizada.

La suspensión del Juicio a Prueba es una causal de extinción de la acción penal (art. 76 del Código Penal) y permite evitar la realización del debate oral. Se aplica para aquellos delitos que tienen una pena de hasta 3 años de prisión, o que podrían ser de ejecución condicional.

La Cámara Federal porteña ordenó determinar con “extrema celeridad” cuáles de unas 200 cajas de seguridad ubicadas en la sede de la financiera Sur Finanzas, en Adrogué, tienen relación con la causa penal que se sigue a su titular Ariel Vallejo por supuestas maniobras con el “rulo financiero” y cuáles son de clientes ajenos al caso, para habilitar el acceso de estos últimos a sus pertenencias.

Por mayoría, los jueces del Tribunal de Apelaciones Roberto Boico y Martín Irurzun declararon la “nulidad” de una decisión de la jueza del caso, María Eugenia Capuchetti, quien mantuvo la consigna policial frente a esa sede central de la firma donde están las cajas de seguridad. La resolución abrió la puerta a que los ahorristas recuperen sus pertenencias, y se tomó ante un planteo de la defensa de Vallejo, el financista ligado al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Los jueces ordenaron compulsar cada contrato de depósito que Sur Finanzas celebró con particulares para las cajas de seguridad e identificar cuáles tienen relación con el objeto de la pesquisa. Mientras tanto y si se considera necesario, podrá mantenerse la consigna policial. El juez Eduardo Farah votó en disidencia, al entender que el criterio de la jueza era razonable frente a las circunstancias del caso.

Sur Finanzas y el rulo cambiario

La causa tiene su origen en una investigación iniciada en 2021 sobre maniobras de “rulo financiero” e involucra a una empresa que habría adquirido unos 15 millones de dólares a valor oficial mediante escrituras públicas falsificadas que simulaban compromisos inexistentes, para luego operar esas divisas en el mercado informal, donde el precio de la divisa duplicaba al de su adquisición. El financista Vallejo, a través de casas de cambio, habría tomado parte en varias de esas transacciones, lo que motivó el allanamiento de la sede de Sur Finanzas.

Tras ese procedimiento, realizado en diciembre de 2025, se implantó una consigna policial que impidió el acceso y egreso de personas al inmueble. La medida tuvo por objeto resguardar las cajas fuertes y de seguridad del lugar, en tanto podrían albergar documentos de interés para la instrucción o bienes vinculados al delito.

La defensa de Vallejo, a cargo del abogado Pablo Parera, solicitó el cese de esa restricción el 27 de marzo pasado, pero el juzgado sólo lo tuvo presente sin decidir al respecto, ante “medidas probatorias pendientes”.

Al resolver sobre la apelación, la Cámara Federal señaló ahora que la restricción de acceso a la sede de la empresa afecta “derechos concretos” y que su permanencia sin verificar el cumplimiento de las pruebas pendientes “produce un agravio de envergadura” que el tribunal no puede desatender. Además, advirtió que la restricción recae sobre clientes que contrataron cajas de seguridad con la firma ajenos a la pesquisa y tienen allí pertenencias a las que no pueden acceder.

En su voto disidente, Farah sostuvo que la jueza se encontraba en el proceso de distinguir entre las cajas vinculadas al presunto delito y aquellas pertenecientes a usuarios genuinos del servicio, tarea que incluía declaraciones testimoniales de clientes y un pedido de colaboración a la Gendarmería Nacional Argentina.

La defensa de Vallejo solicitó que se levante la consigna policial y se permita el acceso con el argumento de que “la obstaculización en el ingreso produce que los clientes no puedan acceder a las cajas de seguridad que poseen en el interior de la sucursal, lo cual genera un incumplimiento contractual”, y que “la interrupción que la firma viene soportando en su funcionamiento, a raíz de la perpetuidad de la medida, genera un deterioro constante -posiblemente irreversible—" en sus finanzas.

La sede de Sur Finanzas fue allanada más de una vez, en el marco de los expedientes por maniobras de “rulo financiero” y también por el escándalo que involucra a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y clubes que tienen vínculos comerciales con la financiera, una causa que está a cargo del juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella.

A 32 años del atentado a la AMIA, el acto central de homenaje estuvo marcado el viernes último por fuertes críticas al Poder Judicial. La conmemoración, encabezada por el presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina, Osvaldo Armoza, reunió a familiares de víctimas, referentes comunitarios y autoridades nacionales, entre ellos el presidente Javier Milei.

Durante la ceremonia, Armoza reclamó que la Cámara Federal de Casación Penal resuelva de manera urgente la validez del juicio en ausencia y se apuntó al proceso de digitalización de los archivos y documentación de inteligencia sobre el ataque terrorista que el 18 de julio de 1994 dejó 85 muertos y centenares de heridos en la sede de la mutual judía de Pasteur 633, en el barrio porteño de Once.

Juzgar en ausencia

El juicio en ausencia está previsto en la Ley 27.784 que permitiría sentar al banquillo a diez ciudadanos iraníes y miembros de Hezbollah acusados del ataque, sin su presencia en el país. La norma, sin embargo, fue impugnada por el Ministerio Público de la Defensa.

Se trata de Alí Fallhijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Ahmad Reza Asghari, Mohsen Rabbani, Salman Rauf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar. Sobre ellos pesan circulares rojas de Interpol y se enviaron reiterados exhortos diplomáticos que nunca tuvieron respuesta.

Entre los acusados, Akbar Velayati era Ministro de Relaciones Exteriores de Irán al momento del atentado, Mohsen Rezai estaba a cargo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria (“Pasdaran”), Vahidi tenía en aquella época a cargo la fuerza de elite “Al Quds” perteneciente a la Guardia Revolucionaria), Rabbani era el Consejero Cultural de la Embajada iraní en Argentina, Reza Asghari era tercer secretario de la representación diplomática iraní en Argentina y Soleimanpour ejercía como Embajador de la República Islámica de Irán en Buenos Aires.

Casación fijó audiencia el próximo 10 de septiembre para escuchar a las partes de manera previa a resolver. La última novedad se conoció en febrero pasado cuando el defensor oficial ante esa instancia, Enrique María Comellas, mantuvo el recurso de inconstitucionalidad contra la ley. Argumentó que esta norma vulnera garantías porque “impediría a los acusados solicitar un nuevo juicio si en el futuro decidieran presentarse o fueran detenidos.” Además, sostuvo que la implementación del juicio en ausencia podría afectar la investigación y limitar la exploración de otras hipótesis no suficientemente analizadas.

El tema está en debate desde mediados de 2025: el 26 de junio del año pasado, el juez federal Daniel Rafecas aceptó los pedidos de familiares y fiscalía y ordenó el juicio en ausencia contra diez acusados. Pero el defensor oficial Hernán Silva apeló. La Cámara Federal porteña confirmó esa decisión en octubre y se presentó el recurso que desde entonces está en Casación. La decisión quedó en manos de los jueces Diego Barroetaveña, Ángela Ledesma y Carlos Mahiques.

En el medio, la Cámara Federal facultó al juez Rafecas para avanzar con los pasos necesarios para concretar la elevación del caso a juicio, pese a la falta de resolución en el máximo tribunal penal federal del país. El magistrado ya había conformado un equipo especial en el juzgado federal 6 que tiene el caso y que subroga este año porque está vacante desde la jubilación de su titular, Rodolfo Canicoba Corral en julio de 2020. Desde entonces no tiene magistrado titular y tuvo sucesivos cambios de jueces suplentes en los últimos años. Es uno de los cuatro juzgados de primera instancia, de un total de doce, con titularidad vacante desde hace años en Comodoro Py 2002. Fue otro de los puntos reclamados el viernes.

Los archivos de la causa y el asbesto

Respecto a los archivos y la documentación vinculada al atentado, a la que también se aludió en el acto, el último informe semestral del Área de Análisis de la UFI AMIA —elaborado para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por una demanda de la agrupación de familiares de víctimas “Memoria Activa”— detalla que gran parte del acervo documental fue trasladado del Palacio Barolo al edificio 23 del Espacio para la Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA). El proceso incluyó la numeración, embalaje, acondicionamiento y custodia de los documentos, con controles de seguridad y participación de la Escribanía General de Gobierno, Policía Federal y Bomberos.

Uno de los principales desafíos fue la presencia de altas concentraciones de asbesto en sectores del subsuelo del Palacio Barolo donde por décadas se guardó la documentación de inteligencia, lo que obligó a realizar procedimientos de descontaminación. Tras la intervención, se realizaron muestreos enviados a laboratorios para certificar la ausencia de contaminantes, aunque aún resta testear unas 451 cajas potencialmente afectadas por exposición a asbesto degradado. El informe advierte que, si bien la mayoría de los documentos críticos ya fue mudado, parte del material contaminado o pendiente de acondicionamiento sigue en el Palacio Barolo y su traslado definitivo depende de los resultados de los análisis ambientales.

Ya se trasladaron al edificio de la ex ESMA los documentos de inteligencia desclasificados de la ex SIDE sobre las bases “Salta” y “EEUU” y gran parte del Fondo Dirección de Terrorismo. “A la fecha, se inventariaron un total de 475 cajas: 17 de ellas contienen documentación en formato papel y 458 contienen documentación en soporte magnético (54.272 casetes)”, consignó el informe elaborado en junio último.

El equipo mantuvo el inventariado y sistematización de los documentos, con avances en la digitalización de más de 12.000 fojas y la organización de miles de casetes, VHS y archivos audiovisuales. En paralelo, la UFI AMIA a cargo del fiscal Sebastián Basso reiteró pedidos a la AFI, ex Secretaría de Inteligencia (SIDE), para acceder a bases de datos y registros históricos.

Los archivos desclasificados

En el primer semestre de este año se entregaron además dos informes elaborados en base a documentos desclasificados de la ex Secretaría de Inteligencia, uno sobre el llamado “Caso Trío” que “reconstruyó y sistematizó la información obrante en la documentación desclasificada relativa a la operación desarrollada por la SIDE entre 1994 y 1998 en torno a tres ciudadanos iraníes vinculados a la empresa IMANCO S.A.” También se abordó el rol del denominado “Testigo A” y las vinculaciones establecidas entre éste, agentes de inteligencia y funcionarios judiciales: se dio cuenta de las referencias sobre un supuesto pago a este testigo y las diferencias entre distintas áreas de la ex SIDE sobre su credibilidad.

También se hizo un informe de las agendas de Carlos Telleldín, para la Justicia el último poseedor de la camioneta Trafic usada como coche bomba en el atentado: se puso énfasis en un número de teléfono de un integrante del círculo íntimo del acusado Rabbani. Hubo averiguaciones pero nada habría sido informado al juzgado en ese momento, advierte el informe publicado en Fiscales.gob.ar y firmado por Pablo Ouviña, a cargo del área de Área de Análisis de la documentación desclasificada en sucesivos decretos presidenciales.

Telleldín fue absuelto dos veces en sucesivos juicios orales por el atentado y ahora su situación está bajo revisión en la Corte Suprema, otro de los reclamos que se escucharon en el acto por el 32 aniversario. El actual abogado intenta en la actualidad frenar el decomiso sobre sus bienes que se ordenó para que devuelva al Estado los 400 mil dólares que cobró de manera ilegal en 1996 a cambio de involucrar a un grupo de policías bonaerenses como parte de la conexión local. Todos pasaron casi una década presos y fueron absueltos en un primer debate oral cuando salió a la luz que el entonces reducidor de autos cobró antes de involucrarlos.

La Cámara Federal de Casación convocó a una audiencia para el próximo 10 de septiembre, donde escuchará argumentos antes de resolver si confirma la validez del juicio en ausencia para diez ciudadanos iraníes y libaneses acusados por el atentado a la AMIA.

La decisión fue del juez Diego Barroetaveña, de la sala II del máximo tribunal penal federal del país, y se fijó el 10 de septiembre a las 10. Se trata de la apelación que presentó la defensa oficial contra el juicio en ausencia resuelto para los acusados Alí Fallhijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Ahmad Reza Asghari, Mohsen Rabbani, Salman Rauf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar.

Por otro lado, se sorteó al juez que intervendrá en la decisión en reemplazo del camarista Alejandro Slokar, excusado en el caso AMIA desde 2011. Quedó designado el juez Carlos Mahiques, quien resolverá junto a la jueza Angela Ledesma y Barroetaveña.

Las críticas de la AMIA

La fecha para la audiencia se fijó este viernes, el mismo día en que desde la AMIA se dirigieron duras críticas hacia la Justicia, durante el acto por el 32 aniversario del atentado del 18 de julio de 1994 que dejó 85 muertos y centenares de heridos en la sede de la mutual judía de Pasteur 633.

Por la mañana, el titular de la mutual judía, Osvaldo Armoza, reclamó que la Cámara Federal de Casación Penal resuelva de manera urgente la validez del juicio en ausencia, un mecanismo previsto por la Ley 27.784 que permitiría juzgar a los diez exfuncionarios iraníes y miembros de Hezbollah acusados del ataque y que nunca pudieron ser indagados.

En febrero pasado, el defensor oficial ante Casación Enrique María Comellas mantuvo el recurso de inconstitucionalidad contra la ley. Argumentó que la norma vulnera garantías porque “impediría a los acusados solicitar un nuevo juicio si en el futuro decidieran presentarse o fueran detenidos.” Además, sostuvo que la implementación del juicio en ausencia podría afectar la investigación y limitar la exploración de otras hipótesis no suficientemente analizadas.

El tema está en debate desde mediados de 2025: el 26 de junio del año pasado, el juez federal Daniel Rafecas aceptó los pedidos de familiares y fiscalía y ordenó el juicio en ausencia contra diez acusados. Pero la defensa oficial a cargo de Hernán Silva apeló. La Cámara Federal porteña confirmó en octubre la decisión del juez de primera instancia y entonces la defensa presentó el recurso que ahora está en Casación.

La Cámara Federal porteña ordenó el mes pasado al juez Rafecas avanzar con los pasos necesarios para concretar la elevación del caso a juicio, pese a la falta de resolución en el máximo tribunal penal federal del país. El magistrado ya había conformado un equipo especial en el juzgado federal 6 que tiene el caso y que él subroga este año porque está vacante desde la jubilación de su titular, Rodolfo Canicoba Corral.

La Cámara Nacional en lo Civil resolvió que la Corte Suprema de Justicia debería intervenir para revisar el fallo que avaló la mudanza de la sede social de la AFA a Pilar, en caso de que se conceda un recurso extraordinario que presentó el Gobierno contra esa decisión.

Los mismos jueces que el 18 de junio pasado zanjaron a favor de la AFA el conflicto por el cambio de sede social, declararon ahora inadmisible un recurso del Estado Nacional que buscaba que el tema fuera revisado por el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires.

El fallo que dio por cancelada la inscripción en el Registro Público a cargo de la Inspección General de Justicia y declaró la nulidad de la designación de veedores en la entidad madre del fútbol argentino “genera un grave precedente que debilita el poder de policía de todas las personas jurídicas en la República Argentina, instalando un sistema de competencia asimétrica entre agencias estatales y propiciando la impunidad fiscalizadora a través de la relocalización de domicilios de fantasía”, advirtió la apelación que reclama revocar esa decisión.

Un tema federal

La resolución de los jueces de la Sala D Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset, declaró inadmisible el recurso con que el Estado pretendía llevar el tema ante el TSJ. El tribunal consideró que la causa reviste naturaleza federal en razón de la persona involucrada —la AFA— y que, por ese motivo, escapa a la competencia local y es materia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Para arribar a esa conclusión, se apoyaron en un precedente del propio TSJ, que había sostenido que el Tribunal “nunca dijo que fuera superior tribunal respecto de todas las sentencias que dicten las Cámaras Nacionales”. Además, los camaristas citaron la cláusula transitoria del Anexo I de la Ley 27.802, sancionada el 27 de febrero de 2026, que reserva la competencia del TSJ para los recursos extraordinarios contra decisiones de la justicia nacional ordinaria, “salvo que corresponda la jurisdicción federal en razón de materia o la persona”, según la resolución a la que accedió Infobae.

Los jueces dispusieron dar traslado al recurso extraordinario, lo que abre la vía para que el expediente llegue a la Corte Suprema en caso de ser concedido.

La mudanza a Pilar

El fallo de fondo que el Gobierno intenta revertir se firmó el 18 de junio pasado y declaró la nulidad de la Resolución Particular 140/26 de la Inspección General de Justicia (IGJ) —que cuestionaba la inscripción de la entidad en la provincia de Buenos Aires— y también de la resolución del entonces ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques que había designado veedores en la AFA por 180 días hábiles. Los camaristas sostuvieron que, tras el cambio de domicilio aprobado por unanimidad en la Asamblea General del 17 de octubre de 2024, el control de legalidad sobre la entidad pasó a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense, y que “la IGJ carece de facultades revisoras respecto de las decisiones” de ese organismo provincial.

La mudanza de la histórica sede de la calle Viamonte, en la ciudad de Buenos Aires, a Mercedes 1366, en Pilar, se formalizó mediante un contrato de comodato firmado el 27 de septiembre de 2024 con la Municipalidad de Pilar, que cedió el inmueble a la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

Esa decisión fue apelada a principios de julio mediante un recurso extraordinario: la Cámara en lo Civil debe decidir si lo concede y en caso contrario, sólo quedará la queja directa ante el máximo tribunal del país.

Impunidad y domicilios de “fantasía”

En la apelación, se advirtió que “se genera un grave precedente que debilita el poder de policía de todas las personas jurídicas en la República Argentina, instalando un sistema de competencia asimétrica entre agencias estatales y propiciando la impunidad fiscalizadora a través de la relocalización de domicilios de fantasía”.

El fallo que dio la razón a la AFA y derivó el control a la provincia de Buenos Aires convalidó un “domicilio provincial por encima de la realidad fáctica constatada por los inspectores del Estado (la inexistencia de oficinas reales de administración de la AFA en Pilar, al momento de la fiscalización)”, sostuvo además el recurso.

“Permitir que las grandes corporaciones y asociaciones de alcance nacional modifiquen unilateralmente su jurisdicción registral para eludir investigaciones o sumarios de fiscalización en curso abre una zona de exclusión de control estatal”, agregó el escrito firmado por el procurador del Tesoro Sebastián Amerio, el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia Nicolás Olivari y Susana Alvarez por la IGJ.

La disputa civil sobre la sede social se desarrolla en paralelo a investigaciones penales que involucran a dirigentes de la AFA. La Cámara Federal de Casación Penal convocó para el 12 de agosto a una audiencia para definir una vez más qué juez debe investigar la compra de una mansión en Pilar valuada en 17 millones de dólares y que se adjudica a testaferros de dirigentes de la entidad. Tapia, a su vez, está procesado junto al tesorero de la entidad Pablo Toviggino por retención indebida de aportes.

La Cámara Nacional de Casación revocó este viernes el sobreseimiento del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, imputado por supuesto abuso sexual y ordenó que se realice “a la mayor brevedad” el juicio oral por la denuncia de Melody Rakauskas, reinstalada como querellante en la causa.

El máximo tribunal penal nacional sostuvo que fue “arbitraria” la decisión de apartar a Rakauskas del proceso por carecer temporalmente de abogado, según la sentencia a la que accedió Infobae.

La denuncia se remonta al 10 de mayo de 2021. Rakauskas, quien se desempeñaba como secretaria privada de Espinoza desde fines de abril de ese año, acusó al jefe comunal de haberse presentado en su departamento con una excusa laboral e intentar abusar sexualmente de ella. El intendente siempre negó los hechos.

La decisión de Casación

La decisión por mayoría de la Sala 3 de Casación con los votos de los jueces Alberto Huarte Petite y Horacio Días revirtió una resolución del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 16 que, en febrero pasado, separó a Rakauskas de su rol de querellante y sobreseyó a Espinoza por “falta de acción”.

“La inconducta procesal de la víctima en esa época (reticente en términos generales) puede explicarse por su situación de indigencia letrada, que la colocaba en una posición de vulnerabilidad”, sostuvo el camarista Días.

La denunciante fue apartada como querella en la etapa de juicio oral porque no designó un nuevo abogado tras la renuncia de su letrado, ocurrida el 17 de diciembre de 2025. El tribunal la intimó a hacerlo en un plazo de 72 horas, en plena semana previa a las fiestas de fin de año y con la feria judicial de enero a días de comenzar, remarcó ahora Casación.

El camarista Huarte Petite concluyó que “la conducta desplegada por la querellante revela una intención de mantener su participación en las actuaciones y de continuar ejerciendo los derechos inherentes a su calidad de parte”.

“Por ello, la conclusión alcanzada por el tribunal en torno a una presunta falta de interés en la prosecución de la acción penal no aparece suficientemente respaldada por las constancias objetivas incorporadas al expediente ni por la normativa legal aplicable”, agregó.

El juez Pablo Jantus votó en disidencia por el rechazo del recurso y la confirmación del sobreseimiento para Espinoza. El magistrado cuestionó la figura del querellante exclusivo —aquella en que la acusación privada actúa sin el Ministerio Público Fiscal— y consideró que el apartamiento de Rakauskas no fue “antojadizo, intempestivo e inmotivado”, sino el resultado de “diversas diligencias llevadas a cabo por la directora del proceso penal que la querellante resistió activamente”.

El 11 de febrero de 2025, la fiscal de instrucción Mónica Cuñarro se pronunció por el sobreseimiento por falta de pruebas para Espinoza y la causa quedó desde entonces “con la actuación en solitario de la acusación privada”, como se recordó en la resolución judicial.

A fines de 2025 el abogado de la denunciante renunció y el Tribunal que debe llevar adelante el juicio la convocó en reiteradas ocasiones para que designara nuevo patrocinio, necesario para el rol de querellante. Incluso, se le informó las maneras de obtenerlo de manera gratuita por su calidad de presunta víctima. Ante la falta de respuesta, la separaron del rol de querella y como era la única parte acusadora, se sobreseyó a Espinoza por “falta de acción”.

Rakauskas designó luego nuevo abogado, Ignacio Barrios y recurrió a Casación: se realizó una audiencia el último jueves a la cual ella concurrió en persona y ahora se tomó la decisión de reponerla en su rol y seguir adelante con el futuro juicio oral.

La Cámara Federal porteña rechazó el pedido de un abogado canadiense procesado en la causa por lavado de USD 100 millones vinculados al fallecido secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, para dejar de ir cada 45 días al Consulado argentino en Miami como condición para seguir en libertad.

Se trata de Peter Michael Karam. El letrado vive en Turks and Caicos y cada 45 días viaja a la ciudad estadounidense para dar el presente en el Consulado por decisión de la Justicia argentina cuando le concedió la exención de prisión. Su defensa reclamó que esa obligación pase a ser cada 90 días por razones laborales y de residencia.

El planteo fue rechazado por el juzgado federal 11, decisión ratificada ahora por la Cámara, por lo cual el abogado deberá seguir presentándose cada 45 días en el Consulado.

Riesgos procesales y juicio oral

Según la resolución de los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, la defensa de Karam había solicitado reducir la frecuencia de las presentaciones a 90 días por razones laborales y de residencia. Los abogados destacaron el comportamiento procesal de su defendido, quien no registró incumplimientos ni intentos de eludir el proceso.

El tribunal sostuvo que las circunstancias personales del acusado ya fueron consideradas al fijar el régimen vigente y que los riesgos procesales que motivaron la medida se mantienen. La Cámara también señaló que el avance de la causa y la reciente elevación a juicio oral justifican la necesidad de mantener el control judicial sobre Karam.

“Las condiciones laborales y de traslado del imputado ya habían sido ponderadas al fijarse la periodicidad vigente. Asimismo, se registraron avances en el proceso y los riesgos procesales no han desaparecido”, indicó la resolución. El tribunal dejó abierta la posibilidad de revisar la situación en la etapa de debate oral.

La causa investiga operaciones de lavado de activos vinculadas a la estructura financiera de Daniel Muñoz, el secretario privado del fallecido ex presidente Néstor Kirchner. Karam enfrenta cargos por su presunta participación en el entramado internacional de blanqueo de fondos de origen ilícito.

Karam está procesado por supuesto “lavado de activos agravado” por supuestas maniobras con la compra de cuatro lotes de playa en un resort en construcción en las Islas, con dinero de la venta de propiedades atribuídas al entorno de Muñoz en Miami y Nueva York.

El futuro juicio

La causa fue enviada a juicio en junio pasado y se sentarán en el banquillo de los acusados 33 presuntos integrantes de la asociación ilícita que habría participado de las maniobras de lavado de dinero que enriquecieron al fallecido Muñoz entre 2003 y 2015, cuando recaudó dinero ilegal como parte del entramado de corrupción en el kirchnerismo, según la acusación.

Ese dinero se invirtió en sociedades, inmuebles, vehículos y cuentas dentro y fuera de la Argentina para aparentar un origen lícito, sostiene la imputación y se calcula que “el flujo de dinero que circuló dentro de dicha organización ilícita ascendió a una suma aproximada de USD 100.000.000”.

Además del abogado canadiense fueron a juicio la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, Víctor Manzanares, Carlos Cortez, Leonardo Llaneza, Rubén Llaneza, el abogado Miguel Plo y su hija María Jesús Plo, entre otros.

La Cámara Federal porteña revisará la decisión de apartar a los querellantes del caso $LIBRA tomada por el juez de la causa, Marcelo Martínez De Giorgi, y ya fijó fecha para que los afectados amplíen sus fundamentos, en principio por escrito o de manera oral si lo solicitan.

La decisión será de la sala I del Tribunal de Apelaciones integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi y se fijó el 10 de agosto como fecha para presentar los argumentos por parte de los querellantes desplazados, según supo Infobae en fuentes judiciales.

Esa sala del tribunal intermedio de apelación de Comodoro Py está a punto de tener cambios en su composición porque el presidente Javier Milei mandó al Senado los pliegos para designar al juez en lo penal económico Pablo Yaradola y al mismo Bertuzzi en dos vocalías vacantes. Esos puestos fueron cubiertos durante el macrismo con los traslados de Bruglia y Bertuzzi desde tribunales orales federales.

Pero, según estimaron fuentes judiciales, de concretarse el cambio el proceso demandará varias semanas, con lo cual la Cámara podría llegar a resolver el conflicto por la continuidad o no de los inversores como querellas en la causa $LIBRA con su actual composición.

Querellas apartadas

El juez Martínez De Giorgi concedió las apelaciones luego de apartar a cinco querellas de la causa por el fallido lanzamiento de la criptomoneda, al hacer lugar a un planteo del lobista acusado Mauricio Novelli, porque concluyó que no sufrieron un “perjuicio directo” en lo ocurrido ni tampoco acreditaron la titularidad de los tokens.

El magistrado hizo lugar a una “excepción de falta de acción” que presentó la defensa de Novelli y apartó como querellantes a Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo.

La controversia se originó a partir de esa presentación de Novelli, empresario cripto, lobista con llegada a Javier y Karina Milei y uno de los principales investigados en la causa.

Al apartar a las querellas, el juez argumentó que fallido lanzamiento de $LIBRA ocurrió “en el marco de operaciones vinculadas a una ‘memecoin’, es decir, a un ‘activo digital’ inserto en un ámbito caracterizado por una regulación limitada, una elevada volatilidad y una valoración que depende esencialmente de las condiciones del mercado y de la percepción que los propios participantes le asignan”. Ello supone que quienes invirtieron asumieron “riesgos inherentes”, agregó.

Frente a este escenario, los afectados apelaron para revertir la medida. Marchetto, Vega, Paris y Quintero están representados por el equipo legal del diputado nacional Juan Grabois, a cargo del abogado Nicolás Rechanik. El inversor Martín Romeo, en tanto, presentó su propio recurso a través de su letrado, Nicolás Oszust.

“Existió un acceso privilegiado a información reservada sobre el lanzamiento del token, lo que permitió a un grupo de billeteras virtuales realizar transacciones millonarias segundos antes de la difusión pública del proyecto.”, argumentaron.

El primer grupo sostuvo que su legitimación como querellante ya había sido reconocida previamente por la justicia —incluso, con un fallo de la Corte Suprema— y que la decisión de apartarlo prejuzga sobre el fondo del delito de estafa.

Según su presentación, las pruebas reunidas en la causa $LIBRA, que incluyen peritajes oficiales e informes de organismos especializados en cibercrimen, documentan una maniobra coordinada que excede por completo la fluctuación normal de un activo financiero.

Los inversores representados por Rechanik expusieron que existió un acceso privilegiado a información reservada sobre el lanzamiento del token, lo que permitió a un grupo de billeteras virtuales realizar transacciones millonarias segundos antes de la difusión pública del proyecto, a través de la cuenta de X del presidente Javier Milei.

En la causa se investiga si el creador de $LIBRA, el estadounidense Hayden Davis, logró acercarse a Milei a través de Novelli y otros imputados -entre ellos su socio Manuel Terrones Godoy- y ello derivó en la difusión del proyecto por parte del Presidente. La sospecha gira en torno a un multimillonario pago hecho por Davis.

Para el juez “la realización de una reunión en la que se habría acordado el lanzamiento de una memecoin, por cuya adquisición se pudieron haber producido pérdidas, y/o el presunto pago de sobornos en ese contexto, no configura la afectación directa a la que alude la norma” en lo referido a los inversores ahora desplazados como querellantes.

Ese rol permitía el acceso al expediente, pedir medidas de prueba y eventualmente participar en un futuro juicio oral. En la actualidad la investigación está delegada en la fiscalía federal de Eduardo Taiano.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó el congelamiento de 25 cuentas de criptoactivos vinculadas a la investigación por el caso $LIBRA y exigió a seis exchanges internacionales que revelen la identidad de sus titulares y entreguen el historial completo de movimientos. La resolución se dictó a pedido del fiscal Eduardo Taiano y se sustentó en un informe técnico del Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA).

Las medidas alcanzan a billeteras radicadas en Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex: diez direcciones en la primera plataforma, ocho en Bybit, dos en OKX, dos en CoinEx, una en FixedFloat y dos en Bitfinex. El magistrado ordenó además que cada exchange entregue el legajo completo de sus clientes bajo el estándar KYC (Know Your Customer), que incluye documentación de apertura de cuenta, memorandos internos, registros de conexiones IP, interacciones dentro de la plataforma, datos de cuentas bancarias vinculadas y el historial íntegro de transacciones asociadas a las direcciones señaladas. Los oficios serán diligenciados por el Departamento Técnico del Cibercrimen de la PFA.

La medida se dispuso ante “la ausencia de un ente rector en materia de criptomonedas” y para “evitar un perjuicio de imposible reparación ulterior”, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Además se la consideró “indispensable” para “prevenir manejos, transferencias o disposiciones de bienes que podrían constituir el producto o provecho del delito que se investiga, asegurar un eventual recupero de activos y evitar que se sigan cometiendo delitos durante el transcurso de la tramitación del sumario”.

El caso $LIBRA tiene como punto de partida el posteo en su cuenta en la red social X por parte del presidente Javier Milei el 14 de febrero de 2025, en la que promocionó el token.

Qué reveló el informe

La solicitud de la fiscalía, que tiene delegada la investigación, se apoyó en un informe que reconstruyó el flujo de fondos mediante la técnica de backward tracing —trazabilidad a la inversa— y análisis OSINT. Según ese trabajo, los fondos investigados partieron de un conjunto de billeteras denominadas “Team Libra Wallets”, desde las cuales se movilizaron millones de tokens hacia el protocolo descentralizado de liquidez Meteoro Libra entre el 14 y el 15 de febrero de 2025. Esos saldos confluyeron luego en una wallet intermediaria común que fue identificada.

Desde esa billetera se transfirieron fondos, el 25 de noviembre de 2025, hacia otra dirección catalogada por la plataforma de análisis forense Arkham como “Solana First Funder: Libra – Squads Vault – Milei CATA”.

El 10 de mayo de 2026, según el informe policial, se inició una salida masiva de fondos a través de un protocolo de interoperabilidad: 498.539,85 USDT llegaron a una billetera en la red Tron, luego de que el equivalente en USDC fuera depositado en Solana. La operación se ejecutó en apenas 16 segundos mediante un esquema de solvers —entidades automatizadas con liquidez en ambas redes— sin intervención de una casa de cambio tradicional.

Una vez radicados los fondos en la red Tron, el flujo ingresó a la cuenta de concentración. Desde allí, según el informe de Cibercrimen, se desplegó una estrategia de pitufeo digital o smurfing: la distribución diaria de montos fragmentados hacia múltiples billeteras con el fin de dificultar su rastreo. La investigación también identificó diecisiete “puentes” de criptoactivos USDC o USDT de la red Solana hacia la red Tron, todos depositados en una billetera.

Milei y el posteo

El caso $LIBRA tiene como punto de partida una publicación del presidente Javier Milei en su cuenta de X (@JMilei) el 14 de febrero de 2025, en la que promocionó el token. El precio del activo escaló desde U$S 0,01 hasta cerca de U$S 5 en pocas horas, para luego desplomarse tras operaciones de venta atribuidas a los creadores del token y a actores con acceso a información privilegiada. Más de 40.000 personas habrían sufrido pérdidas, y el retiro de fondos habría alcanzado aproximadamente 100 millones de dólares, según la denuncia.

Las empresas extranjeras Kip Network, representada por Julian Peh, y Kelsier Ventures, del estadounidense Hayden Davis, están señaladas como partícipes en la creación y el lanzamiento del token. La semana pasada el juez apartó a querellantes que se habían presentado como inversores damnificados, en una decisión que fue apelada ante la sala I de la Cámara Federal porteña.

En la investigación están imputados el lobista Mauricio Novelli, su socio Manuel Terrones Godoy y Davis.

Un tribunal condenó este lunes a penas de hasta siete años de prisión a empresarios y agentes aduaneros por un esquema de contrabando de ropa valuado en más de 4,5 millones de dólares, ejecutado mediante documentación falsa entre agosto de 2015 y enero de 2016. El veredicto del Tribunal en lo Penal Económico 3 se conoció al término de un juicio oral y las penas de prisión comenzarán a cumplirse si quedan firmes en las instancias de apelación.

La decisión fue de los jueces del tribunal Jorge Zabala, Karina Perilli y Fernando Machado Pelloni al término de un debate oral donde la acusación estuvo a cargo del fiscal general Gabriel Pérez Barberá y la querella de ARCA-Dirección General de Aduana.

Los condenados fueron encontrados responsables de contrabando agravado por la intervención de más de tres personas, de un funcionario del servicio aduanero, por la presentación de documentos adulterados y por el valor de la mercadería.

Las condenas se dictaron, entre otros, contra Jorge Fano, presidente de TT Cargo S.A., y Walter Moglianesi, señalados como organizadores principales. Ambos recibieron siete años de prisión y la pérdida de concesiones comerciales y beneficios aduaneros.

La sentencia incluyó la cancelación de la personería jurídica de TT Cargo S.A. y la prohibición de operar en el Registro Público de Comercio. En la misma línea, se condenó a Miguel Ángel Elnen, titular de Cuiper S.A., a siete años de prisión y la disolución de esa firma.

Para Moglianesi la fiscalía había pedido en su alegato final 8 años y 6 meses de prisión como presunto coautor de los 31 hechos consumados y del hecho tentado como uno de los supuestos máximos organizadores de la maniobra y destacó “la persistencia”, “la complejidad” y “el desprecio absoluto a su rol como auxiliar del servicio aduanero”.

La maniobra

La investigación determinó que los condenados importaron mercadería textil desde China simulando transportar carbonato de calcio para eludir controles y tributar aranceles mínimos. Según la fiscalía, la maniobra involucró la confección de declaraciones juradas falsas y la manipulación de la documentación aduanera, lo que permitió ingresar cantidades millonarias de ropa sin abonar los tributos. El esquema identificó 31 hechos consumados y uno en tentativa, en el que se interceptaron más de 80 mil prendas valuadas en 600 mil dólares con un arancel declarado de solo 3 mil.

En su alegato previo al veredicto, el fiscal general Pérez Barberá reclamó penas de hasta siete años de cárcel y la imposición de inhabilitaciones y decomisos. Además pidió que tras las condenas el tribunal “efectúe un seguimiento estricto respecto de la actuación de la Aduana en la ejecución de las multas y demás sanciones aduaneras”.

Entre los ahora condenados figuran también Eduardo Joaquín Urraco, apoderado de TT Cargo S.A., con seis años de prisión; José María Zaragoza, considerado coautor, con siete años; y sus hijas, María Gimena Zaragoza y María José Zaragoza, quienes recibieron tres años de prisión en suspenso como partícipes secundarias. Además, se sentenció a funcionarios aduaneros: Alejandra Delgado recibió cuatro años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Otros empleados aduaneros y operadores logísticos recibieron penas de entre cinco y seis años.

El tribunal ordenó el decomiso de la mercadería incautada y el retiro de concesiones. También dispuso la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer funciones en la administración pública y en fuerzas de seguridad, así como la imposibilidad de desarrollar actividades comerciales por plazos de entre uno y catorce años, según el caso.

Según la acusación, la estructura delictiva funcionó mediante un doble circuito documental y contó con la colaboración de personal de la Aduana para liberar mercadería pese a inconsistencias y alertas previas.

El exdirector de ARSAT, Facundo Leal, presentó un escrito en el que negó las acusaciones en su contra y no respondió preguntas, al ser indagado este lunes por presuntos hechos de corrupción en contrataciones en la empresa estatal de soluciones satelitales.

El ex funcionario que presidió la empresa durante los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei remarcó en el descargo que no participó de la licitación que se investiga porque por ese entonces no tenía cargo alguno -es planta permanente de la empresa- y además, sostuvo que la causa aún tiene medidas de prueba pendientes, explicaron a Infobae fuentes del caso. Leal estuvo al frente de ARSAT hasta 2025 cuando pasó al ORSNA, el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, pero renunció en febrero de 2026.

El ex funcionario está detenido porque al allanarse su departamento en esta causa penal se le encontró droga y se abrió otro expediente donde se lo procesó con prisión preventiva por presunta tenencia de estupefacientes para la comercialización. Al respecto, la defensa reclamó la prisión domiciliaria en un planteo que aún debe ser resuelto.

En el allanamiento a su vivienda en Palermo se encontraron US$650.000 en efectivo, ketamina, drogas sintéticas y cocaína. Además, en otra propiedad ubicada en Mendoza se le secuestraron US$1,7 millones. Sobre el hallazgo del dinero no pronunció palabra durante la indagatoria y tiene abierta una causa paralela por supuesto enriquecimiento ilícito.

El acusado fue trasladado a primera hora de la mañana desde la cárcel hasta el juzgado de San Isidro. Llegó a las 8.45, descendió de una camioneta del Servicio Penitenciario Federal y fue ingresado por una puerta lateral al tribunal en General Paz al 500, de ese partido del norte bonaerense. El trámite comenzó poco después de las 1030, solo dio sus datos personales y escuchó la lectura de la imputación en su contra. Luego se negó a responder preguntas y entregó el escrito. Todo duró unas horas pero luego tuvo que esperar en la alcaidía del juzgado para regresar al penal porque se lo trasladó junto a otros presos que tenían citas judiciales en la jornada.

La indagatoria fue ordenada por el juez federal Lino Mirabelli, quien hizo lugar a la solicitud del fiscal Fernando Domínguez. También fue indagado Gerardo Boschin, quien se desempeñó como subgerente de compras de ARSAT y en mayo de 2025 fue designado presidente de Trenes Argentinos Operaciones, cargo al que renunció meses más tarde.

Boschin llegó a los tribunales más de una hora antes del horario de la citación, a las 12, e ingresó sin hacer declaraciones. Poco después arribó el abogado de ambos acusados Marcelo Rochetti. En su caso también entregó un escrito y se negó a responder preguntas.

El origen de la causa

El caso comenzó a investigarse a raíz de un robo detectado el 4 de enero de 2024 en un predio de la localidad bonaerense de San Fernando, donde se guardaban materiales tecnológicos de alta complejidad pertenecientes a la firma pública. A partir de ese hecho, los investigadores descubrieron una serie de irregularidades en las contrataciones de los servicios de almacenamiento y logística.

La pesquisa judicial se centró en el vínculo comercial entre ARSAT y la compañía privada Argentina Logistic Services (ALS). Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, existió un acuerdo ilegal entre directivos estatales y empresarios para direccionar la adjudicación de los contratos de custodia y traslado de bienes estratégicos.

La fiscalía detectó que la aprobación de estos convenios se realizó sin la intervención del Directorio de ARSAT y careció de dictámenes técnicos que respaldaran la elección de la contratista. Además, se constató que la firma beneficiada no contaba con las medidas de seguridad mínimas para resguardar los equipos, lo que facilitó la sustracción y el deterioro de materiales valuados en 151.000 dólares.

Por estas prestaciones bajo sospecha, se emitieron al menos 14 órdenes de compra por un monto total que superó los 1,9 millones de dólares y los 40 millones de pesos. Los investigadores analizaron las comunicaciones telefónicas de los imputados y hallaron conversaciones que dieron cuenta de una supuesta planificación coordinada para beneficiar a la empresa privada, anulando la competencia real con otras compañías del sector.

Junto a Leal, la Justicia citó a declarar a otros exmiembros de la cúpula de ARSAT: Boschin, Pablo Gastón Pagani, Juan Navarro y Juan Álvarez. Todos están citados a indagatoria durante esta semana.

Como parte del proceso, el juez Mirabelli dictó diversas medidas cautelares. Entre ellas, ordenó la prohibición de salida del país para todos los involucrados, dispuso el embargo preventivo de sus bienes y decretó el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil con el fin de reconstruir la trazabilidad de sus patrimonios.

Leal llegó a la indagatoria preso. El exdirectivo fue arrestado luego de un allanamiento en su departamento del barrio porteño de Palermo, donde la Policía Federal Argentina incautó estupefacientes, entre ellos ketamina, cocaína y pastillas de MDMA.

Por este hallazgo, el juez Mirabelli lo procesó con prisión preventiva bajo el cargo de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Luego la causa pasó a los tribunales federales de Comodoro Py, y ahora tramita en el Juzgado Federal 6 que subroga Daniel Rafecas.

Durante los procedimientos en las propiedades de Leal, ubicadas en Buenos Aires y Mendoza, las fuerzas de seguridad secuestraron también un total de 2,4 millones de dólares en efectivo. La Justicia busca determinar si ese dinero proviene del cobro de dádivas.

Además se incautaron 19 dispositivos de inteligencia y espionaje, tales como micrófonos ocultos en anteojos y lapiceras. No obstante, un peritaje tecnológico realizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) concluyó que estos equipos no fueron utilizados para realizar tareas ilegales.

Caminaba a su casa después de trabajar cuando un grupo de efectivos de la Gendarmería Nacional la detuvo en la calle y le pidió que los acompañara como testigo a un procedimiento. La mujer, ciudadana boliviana residente en el barrio Padre Mujica de Retiro, aceptó sin saber -dijo a la Justicia- adónde iba ni para qué. Subió a una camioneta junto a otro testigo y fue trasladada hasta un edificio de la calle Ortega y Gasset al 1600, en el barrio porteño de Las Cañitas. Resultó ser el primer procedimiento al departamento de Jesica Cirio, ordenado de manera casi inmediata tras la difusión de los videos con miles de dólares escondidos en un vestidor que se cree se filmaron en ese lugar o en la mansión en San Vicente que compartió durante su matrimonio con el ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde.

Los dólares del vestidor en TikTok

Lo que la testigo vio esa noche en el piso 18 la dejó sin palabras porque, según le dijo el 3 de julio pasado al juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, era exactamente el mismo lugar que había visto antes en los videos, en su celular, en publicaciones en TikTok y otras redes sociales. Sus dichos fueron los que desencadenaron una nueva inspección ocular tres días más tarde, cuyos resultados esperan los investigadores.

En su declaración judicial posterior al primer allanamiento semanas atrás, la testigo mencionó el vestidor que se viralizó en redes sociales con fajos de dólares, relojes de lujo y objetos de alto valor. Contó que cuando los efectivos tocaron el timbre en el piso 18, nadie atendió. Derribaron la puerta. Al ingresar, le informaron que se trataba del domicilio de Cirio y que el allanamiento estaba dirigido “hacia ella y el señor Martín Insaurralde”, según el acta de su declaración a la que tuvo acceso Infobae.

A partir de ahí, los hallazgos se fueron acumulando enumeró: primero aparecieron cargadores de armas y municiones, luego tres cajas fuertes. En el interior de una había dos armas de fuego y dos envoltorios que aparentaban contener estupefacientes, sometidos a un test frente a ella. También se secuestraron monedas de oro y plata, aproximadamente 13.500 dólares en efectivo, billetes de distintas monedas extranjeras, joyas, anillos, aros y relojes de alta gama. “Luego de googlearlos, eran muy caros”, recordó la mujer. El oro fue pesado: cerca de 136 gramos, dijo en esa declaración.

Pero el momento que más la impactó, refirió, fue cuando los efectivos se adentraron en el vestidor. “Preguntada para que diga cómo era ese vestidor, dijo ‘es el que está en el video que se hizo viral’, para ella ser partícipe de ello fue impresionante porque estaba en el vestidor que había visto previamente en las redes”, se dejó constancia en el acta del trámite judicial. Lo reconoció de inmediato y se lo dijo espontáneamente a los efectivos de Gendarmería. Ellos no respondieron, declaró.

Ante una pregunta del defensor Claudio Caffarelo, que representa a Cirio, lo ratificó: “Afirma que resulta ser el mismo vestidor porque es igual al que vio por las redes, el largo, el lugar donde estaban las viseras”, también “los colgadores. Quien sea que vaya se va a dar cuenta que es el mismo lugar”, aseguró. Los herrajes, agregó, también coincidían, consta en su declaración. El abogado insistió en preguntarle si el video lo había visto en TikTok o en medios de comunicación. Ella confirmó que en ambos.

San Vicente o Las Cañitas

Hasta ese momento, la hipótesis principal apuntaba al vestidor de la mansión de San Vicente donde Cirio convivió con Insaurralde durante su matrimonio. Al respecto, dos policías federales que participaron de un allanamiento a esa propiedad, en octubre de 2023, declararon que el vestidor que encontraron era amplio y con vidrios esmerilados, mientras que el del video es angosto y sin ventanas. A esto se sumó el martes último el testimonio de una ex niñera de la familia, quien aseguró que nunca la dejaron subir al primer piso de la mansión de San Vicente, donde está el vestidor, y por eso no pudo identificarlo.

Peritos de Gendarmería extrajeron ya la información del celular que Cirio entregó a la Justicia, en busca de los archivos originales de las filmaciones. Además, Armella rechazó un planteo de las defensas que pidieron excluir como prueba esos videos.

En la causa se investiga al ex intendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense Insaurralde por supuesto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Está imputada Cirio y también Sofía Clerici, la modelo que se filmó con él cuando aún era funcionario a bordo de un lujoso yate Bandido en Marbella, imágenes que se difundieron y fueron el detonante del escándalo mediático, político y judicial.

Para la próxima semana el juzgado espera el resultado de una pericia sobre el patrimonio de Insaurralde que sería definitoria a la hora de resolver los próximos pasos a seguir luego de haber rechazado un pedido del fiscal Sergio Mola para detener a Insaurralde, Cirio y otros acusados. El juez sí les prohibió a todos salir del país.

Para la Justicia, Viviana Fein no fue la única responsable de lo ocurrido la noche/madrugada del fin de semana del 18 de enero de 2015, cuando se encontró al fiscal Alberto Nisman muerto con un balazo en la cabeza, en el baño de su departamento de las torres Le Parc en Puerto Madero. Así al menos lo dejó consignado la Cámara Federal porteña en la resolución donde confirmó esta semana el procesamiento de la ex fiscal, ahora jubilada, por el descontrol en la escena del hecho.

Fein quedó cerca de ser enviada a juicio oral pero los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah advirtieron que “otras personas con similar responsabilidad institucional” estuvieron en el departamento en esos momentos donde “aun resultaba prioritaria la preservación” de la prueba, pese a lo cual, y con la excusa de la “trascendencia institucional” de lo ocurrido, recorrieron los distintos ambientes e interfirieron en la tarea de los forenses. En esa sintonía reclamaron que se avance con celeridad en esta línea de la investigación.

Quiénes son y qué hicieron

Este grupo de personas habría actuado “sin ningún tipo de precaución ni función alguna vinculada al levantamiento de rastros” o cualquier otra tarea, ese fin de semana. Los camaristas se refirieron a ex funcionarios ya imputados por la fiscalía pero sobre quienes “pese al tiempo transcurrido” y los descargos espontáneos que presentaron, no se tomó todavía ninguna decisión.

“Se impone imprimir celeridad al trámite de esta ya dilatada causa llevando adelante las diligencias que resten para arribar a una definición de sus situaciones procesales en este proceso”, sostuvo en su voto el camarista Irurzun.

En el mismo sentido, el camarista Farah afirmó que “es indudable que otros funcionarios públicos, presentes en el lugar, actuaron a contramano de sus obligaciones funcionales, no sólo por la advertida demora a la hora de comunicar el hallazgo a las autoridades judiciales, sino también posteriormente interfiriendo de modo evidente en la actividad forense que debía llevarse a cabo”.

“Si bien no desconozco la complejidad que conlleva la dilucidación de hechos de esta naturaleza, resulta imprescindible que se avance sin más dilaciones a fin de deslindar las responsabilidades apuntadas, extendiendo también el impulso instructorio hacia los restantes expedientes que tramitan conexos al presente”, avanzó aún más el juez del Tribunal de Apelaciones.

Se trata en concreto de Luis Heiler y Román Di Santo (máximas autoridades de la Prefectura y de la Policía Federal, respectivamente al momento del hecho), el secretario de Seguridad del gobierno de Cristina Kirchner, Sergio Berni, y Darío Ruiz, Secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislativos de esa cartera. También del entonces juez interino del juzgado Nacional en lo Criminal 45 Manuel De Campos.

Di Santo, Heiler, Ruiz, Berni y De Campos presentaron descargos espontáneos donde negaron su responsabilidad en los hechos, pero desde entonces no se tomó ninguna decisión sobre sus personas. Además en la investigación se ordenó el cruce de llamadas telefónicas del entonces jefe del Ejército, César Milani.

La Justicia considera probado que Nisman fue víctima de un asesinato vinculado a sus funciones. La pesquisa está a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano, a quien el juez del caso Julián Ercolini delegó la investigación.

De manera paralela se tramita la investigación por las irregularidades en la preservación de la escena del hecho en la que ahora se procesó a Fein. Además, hay una causa conexa vinculada a los “sucesos anteriores” a la muerte de Nisman para determinar “la existencia de un posible plan delictivo diseñado por entonces funcionarios del Gobierno Nacional durante el año 2015, en relación con el fallecimiento del Fiscal General Natalio Alberto Nisman, así como también un supuesta zona liberada en el completo Le Parc Puerto Madero, con el objeto de perpetrar el homicidio del Dr. Nisman”, según recordó la Cámara.

En su lugar llegó otro Juan Carlos Santos, convocado por WhatsApp y que, según dijo, no fue informado del motivo de la citación cuando preguntó y por eso se presentó en Comodoro Py 2002 en la mañana del martes último, para sentarse a declarar. Incluso como parte del “blooper” contó que estaba de viaje en el exterior y regresó especialmente.

El Juan Carlos Santos que esperaban interrogar en el caso Cuadernos nunca recibió una convocatoria oficial para apersonarse ante el Tribunal Oral Federal 7 y por eso no se presentó, pese a que su nombre figuraba en el listado de testigos y de hecho, como sucede al final de cada audiencia, se anticipó el jueves pasado quienes serían llamados para la siguiente jornada.

Quién es el “verdadero” Santos

Se trata del exsubdirector de Grandes Contribuyentes Nacionales, durante la gestión de Alberto Abad en la AFIP. El verdadero testigo ya conoce los pasillos de los tribunales de Retiro: en pandemia se presentó a declarar en persona en el caso Oil Combustibles. Por ese entonces el juicio se había retomado con un sistema mediante el cual se declaraba frente a los jueces y las restantes partes participaban remoto, vía Zoom. Santos llegó a una sala de la planta baja del edificio para hablar ante el Tribunal Oral Federal 3 y respondió preguntas de todas las partes en ese debate oral.

Ahora el Tribunal del caso Cuadernos volverá a poner fecha a su cita, le enviará la notificación correspondiente y se dará por superado el malentendido.

El homónimo

El homónimo del ex funcionario llegó el último martes a la audiencia a las 830. “Se equivocaron de Juan Carlos Santos”, aclaró de manera insólita. “Nadie me explicó nada, me llegó un Whatsapp de que me iban a citar, yo estaba en el exterior con mi hija y me tuve que volver para esto”. Explicó que preguntó de qué se trataba pero aseguró que no le dijeron.

“¿Puedo aclarar algo? Se equivocaron de Juan Carlos Santos”, dijo el hombre de 73 años. “Estuve tres días en DGI en 1979 y me fui”, agregó. El presidente del Tribunal Enrique Méndez Signori pidió disculpas e insistió en preguntarle, sin éxito, por qué no aclaró antes que no era él.

El juez federal Daniel Rafecas ordenó este miércoles nuevas medidas de prueba sobre bienes y DDJJ de Francisco Adorni, diputado provincial y hermano del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la causa donde tiene un pedido fiscal de citación a indagatoria por supuesta falsedad en sus declaraciones juradas.

El magistrado requirió a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires que envíe a su juzgado la última DDJJ de Adorni. Además se cursó un oficio al Banco Provincia requiriendo información sobre todos los pagos desde 2024 a lo que va de 2026 de un crédito hipotecario.

También se pidieron informes al Registro de la Propiedad de la provincia de Buenos Aires para corroborar la titularidad de dos inmuebles que habrían ingresado a su patrimonio vía sucesión, informaron a Infobae fuentes judiciales.

Las medidas se ordenaron de manera previa a resolver si se da curso a un pedido de declaración indagatoria hecho el 18 de junio pasado por el fiscal federal Guillermo Marijuán en relación al delito de omisión maliciosa en las declaraciones juradas de Adorni entre 2023 y 2026.

En cuanto a la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, se trata de una parte de la pesquisa que está delegada en esa fiscalía donde ya se dispusieron medidas de prueba.

El reclamo de citación a indagatoria

Al pedir la declaración indagatoria de Francisco Adorni, el fiscal Marijuán advirtió que rectificó su declaración jurada después de que se abriera una causa judicial por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En esa corrección informó que posee $21 millones provenientes de una herencia que no había declarado antes ante la Oficina Anticorrupción.

La causa apunta a los movimientos patrimoniales de Adorni en su rol como funcionario: desde que asumió como Titular de la Unidad de Auditoría Interna, luego como Auditor Interno Titular de Defensa, y finalmente como presidente del Instituto de Ayuda Financiera (IAF). Para la fiscalía existen sospechas de ocultamiento de bienes y de sumas de dinero no declaradas.

Marijuán sostiene que Adorni presentó tres declaraciones juradas oficiales durante su paso por el Ministerio de Defensa y el IAF, entre febrero de 2024 y enero de 2026. En el dictamen donde se pidió la indagatoria se detalló que tras el inicio de la causa judicial, Adorni sumó rectificaciones para cada presentación obligatoria y llegó a modificar valores clave como el precio de su inmueble, la cantidad de dinero en efectivo y la existencia de nuevas cuentas bancarias y tarjetas de crédito.

“El funcionario omitió y falseó datos relevantes en sus declaraciones juradas patrimoniales correspondientes al período en que se desempeñó en el Ministerio de Defensa, ocultando sumas de dinero y cuentas bancarias y falseando montos sobre los que debía declarar con veracidad”, advirtió la fiscalía. Cada declaración jurada original fue corregida al menos dos veces, según la acusación.

Por ejemplo, la patrimonial inicial de 2024, firmada el 15 de febrero de ese año, describía un solo inmueble y un vehículo Chery Tiggo compartido con su esposa. Después, en mayo de 2026 (cuando la investigación ya había comenzado), Adorni declaró “haber tenido un millón de pesos en efectivo al inicio del mismo período”

A estos cambios le siguieron incorporaciones sucesivas de tarjetas, cuentas y valores. En su declaración rectificativa de Baja 2025 presentó, recién entonces, que tenía en su haber “dinero en efectivo por $24.500.000, de los cuales 21 millones correspondían a una herencia”. Además, se sumaron detalles de cuentas bancarias en pesos y en dólares tanto para él como para su esposa, así como nuevos instrumentos financieros.

En la última presentación rectificativa del 8 de junio de 2026, Adorni declaró varias cuentas y tarjetas adicionales, algunas a su nombre, otras a nombre de su cónyuge, que no figuraban en la documentación original presentada ante la Oficina Anticorrupción. La pesquisa identificó en total más de diez correcciones presentadas en distintos momentos, todas después de iniciada la auditoría patrimonial.

El hermano del ex jefe de Gabinete también es investigado en otra causa abierta en Comodoro PY por supuesta malversación de fondos en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y presuntas irregularidades con un préstamo de 40.000 millones de pesos.

La Cámara Federal porteña revocó por “prematuro” el sobreseimiento de Osvaldo Sanfelice, histórico socio de la familia Kirchner, y ordenó reabrir la investigación sobre el origen de los fondos que usó para la compra del Hotel Waldorf en la ciudad de Buenos Aires.

La causa se inició en 2016 y analiza si Sanfelice actuó como presunto testaferro del fallecido ex presidente Néstor Kirchner al adquirir el Hotel Waldorf en 2009 “en comisión”, es decir, a nombre de un tercero no identificado, y con pagos en efectivo.

El origen de los fondos

Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah de la sala II del Tribunal de Apelaciones ordenaron profundizar sobre el origen de los fondos utilizados por Sanfelice para la compra del paquete mayoritario de acciones del hotel.

Según se reconstruyó en la resolución a la que tuvo acceso Infobae, el 12 de diciembre de 2008 se suscribió un acuerdo de opción de compra por 100.000 dólares, seguido de la firma de un boleto de compraventa en abril de 2009 por el 88% de las acciones, con un compromiso de pago total de 1.750.000 dólares. Según el peritaje, “los pagos se realizaron en su totalidad durante 2009, aunque no existe documentación con fecha certera ni registro en la escribanía interviniente”. Posteriormente, Sanfelice aumentó su participación hasta alcanzar el 97,74% de la sociedad.

La Unidad de Información Financiera fue aceptada como querellante en la causa y por eso apeló el sobreseimiento del empresario. Ahora deberá precisar las nuevas medidas que considera pertinentes para avanzar en la pesquisa, ya que sigue como único impulsor de la acusación.

En la apelación se puso en duda la “capacidad económica” del empresario para comprar el hotel del centro porteño y además se cuestionó que “haya actuado solo en un principio de la maniobra en representación de terceras personas para luego terminar de adquirir por sí mismo la propiedad. Esto no descartaría una hipótesis de la investigación: un presunto ‘lavado de activos en carácter de testaferro’”.

Una parte del caso vinculada al supuesto uso ficticio del hotel para facturar por una falsa ocupación de habitaciones y encubrir presuntos pagos de sobornos quedó descartada luego de una intensa investigación que llevó adelante el juez federal Daniel Rafecas, donde se comprobó que el lugar estuvo siempre en funcionamiento real. El cierre de esta parte de la causa no fue objetado por la querella en su apelación y quedó firme.

La denuncia que originó la causa judicial tuvo como hipótesis central que Sanfelice apareció como comprador y dueño del Hotel Waldorf en 2009 cuando, en realidad, habría actuado como presunto testaferro de Néstor Kirchner.

La Cámara Federal porteña confirmó este martes el procesamiento de la ex fiscal Viviana Fein por las irregularidades en la escena de la muerte del ex investigador de la causa AMIA Alberto Nisman. El Tribunal cambió la calificación penal que se le había impuesto porque no consideró probada la existencia de “encubrimiento agravado”.

La decisión fue de los jueces de la sala dos del tribunal de apelaciones Martín Irurzun y Eduardo Farah, quienes confirmaron de manera parcial el procesamiento a Fein: no avalaron el “encubrimiento agravado” pero sí la acusaron por la falta de preservación de las pruebas, un delito previsto en el artículo 245 del Código Penal que prevé de un mes a cuatro años de prisión.

Además ordenaron avanzar con “celeridad” en la causa para resolver las situaciones de otros funcionarios que estuvieron en el departamento de Nisman ese fin de semana de enero de 2015 y están imputados.

En lo vinculado a la fiscal ya jubilada, la Cámara la dejó en condiciones de ser enviada a juicio oral, procesada por la “la innegable alteración de la escena como resultado de la presencia y circulación de decenas de personas sin ningún tipo de protección, de la deficiente preservación de los elementos y de la omisión de recolectar otros en tiempo oportuno”.

Todos son “indicios que revelan -con la certeza propia de la etapa que se transita- que su actuación estuvo voluntariamente dirigida a desestimar y excluir todo aquello que pudiera modificar su anticipada y conjetural hipótesis”, agregaron los jueces según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Fein fue procesada en mayo pasado por el juez federal Julián Ercolini, a pedido del fiscal Eduardo Taiano. En la investigación se consideró probado que Nisman fue asesinado por motivos vinculados a su rol en la investigación del atentado a la AMIA, en la cual había denunciado días antes por presunto encubrimiento a la entonces presidenta Cristina Kirchner y funcionarios de su gobierno por la firma del Memorandum con Irán.

Juan Carlos Santos se sentó en la sala de audiencias de Comodoro Py 2002, tomó un vaso de agua y dio sus datos personales. Hasta ese momento todo transcurrió con normalidad este martes en una nueva audiencia del caso Cuadernos, que comenzó a las 8:30, con una puntualidad inusual tal vez motivada por las urgencias del partido Argentina-Egipto a las 13.

“Hacemos ingresar a la sala al señor Juan Carlos Santos”, anunció el presidente del Tribunal Oral Federal 7 Enrique Méndez Signori. El primer testigo del día caminó hasta el estrado en la sala de audiencias del subsuelo de Comodoro Py 2002, dejó sobre la mesa su sobretodo marrón prolijamente doblado, tomó un vaso de agua, dio sus datos personales -contador público de 73 años-, dijo no conocer a ningún acusado de un listado que le mostraron antes de entrar y respondió con un “sí juro” al juramento de decir verdad.

¿Puedo aclarar algo?

Allí comenzó el interrogatorio de la fiscalía. “No”, respondió y volvió a responder con otro “no” medio risueño cuando se le preguntó si había trabajado en AFIP en 2018. Habían pasado diez minutos de audiencia. “¿Puedo aclarar algo? Se equivocaron de Juan Carlos Santos”.

La fiscalía pasó de inmediato la posta al presidente del Tribunal, sentado solo en la sala de audiencias ya que sus otros dos colegas, los jueces Germán Castelli y Fernando Canero, optaron en esta audiencia por la vía telemática, remota.

“Cuándo lo contactaron, ¿le explicaron los motivos de la citación?“, quiso saber incrédulo el juez Méndez Signori. “Nadie me llamó ni me explicó nada. Me llegó un WhatsApp de que me iban a citar, yo estaba en el exterior con mi hija y me tuve que volver”.

Sí dijo que trabajó en la DGI en el año 79. “Estuve tres días y me fui“.

“Bueno, entonces si no se trata del señor Santos que el tribunal pretende escuchar en este debate oral y público le voy a pedir las disculpas del caso y que se retire”, le informó el juez ante lo que definió como un “malentendido”.

Incluso no faltó el intento de reproche al testigo citado por error a Comodoro Py 2002. “Usted tampoco hizo saber al tribunal alguna circunstancia que permitiera que esto se aclarara antes” para advertir que “no era la persona buscada”, le dijo.

“Fue un error producto de un homónimo. Que tenga buenas tardes”, saludó áspero el juez poco antes de las 9. “Buenos días”, respondió el fallido testigo: tomó su sobretodo y caminó despacio al fondo de la sala para retirarse ante el silencio absoluto de los asistentes.

Fue entonces cuando se le preguntó a la secretaria del Tribunal: ella informó que si bien se lo contactó por WhatsApp se le enviaron todos los datos del expediente por el que se lo convocaba al estrado.

El rastro del dinero se perdió en la ventanilla del banco. Ese fue el límite que contadores y abogados de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), hoy ARCA, describieron ante el Tribunal Oral Federal 7 durante las últimas audiencias del juicio por los cuadernos de la corrupción: millones de dólares extraídos en efectivo por empresas investigadas, sin destino acreditable, en fechas que coincidían con presuntos pagos de sobornos.

Convocados como testigos, algunos con cargo político y otros funcionarios con más de tres décadas de carrera, revelaron el paso a paso de los procedimientos que se usaron para cumplir con los requerimientos de información que les enviaba el fallecido juez federal Claudio Bonadio, cuando estalló el escándalo de los escritos del remisero Oscar Centeno.

El financiamiento espurio

Algunos testigos recordaron la “manda” judicial más inusual de su carrera: el oficio del magistrado donde pidió detectar “financiamientos espurios” en un grupo de empresas y personas físicas vinculadas a la causa. “Recuerdo esa expresión porque no es habitual”, declaró el contador Pedro Puyo, ex funcionario del organismo en Córdoba, quien tuvo a su cargo la fiscalización del grupo Electroingeniería, de los empresarios Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra.

Un método de la investigación fue la circularización bancaria. Según explicó la contadora María Eugenia Lanza, quien en 2018 formaba parte de la División Comprobaciones Externas de la AFIP, el juzgado enviaba un listado con empresas, entidades bancarias y períodos a analizar. A partir de ese listado, el organismo requería a los bancos el detalle de todos los movimientos de las firmas en esos lapsos, con especial atención a las extracciones de efectivo por caja. El procedimiento se realizó sin contactar a las empresas investigadas, porque se trataba de una manda judicial y no de una fiscalización ordinaria.

La contadora Diana Guterman, directora de Investigación Financiera de la AFIP en 2018, precisó ante el tribunal que “se definió que circularizáramos a las entidades bancarias que habían operado con determinadas empresas en determinados períodos” y que luego “se informaba al juzgado quiénes habían respondido y quiénes no”. El punto de partida era siempre la planilla que el arrepentido financista Ernesto Clarens había entregado a la Justicia al convertirse en imputado colaborador, con fechas, firmas y montos de los supuestos pagos de coimas. La tarea de Lanza consistió en aparear esas fechas con las extracciones detectadas en los bancos.

El límite de la trazabilidad

El punto en que la investigación topaba con una pared era siempre el mismo. “La trazabilidad se termina cuando se saca por ventanilla”, afirmó Lanza ante el tribunal. El abogado de la expresidenta Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, intentó relativizar ese límite al preguntar si un contribuyente podía justificar un pago en efectivo en una jurisdicción sin banco. Lanza insistió: “Todo tiene que estar bancarizado. Cuando la plata sale de una ventanilla y se pierde la trazabilidad, ahí se terminó.”

El abogado de la AFIP José Luis Giordano precisó: “Nosotros no podemos saber dónde terminó el dinero. Nos concentramos en ver hasta dónde llegaba y si se perdía el rastro”. La fiscal Fabiana León, que sostiene la acusación, apunta a que esos fondos irrastreables corresponden a las sumas que se usaron para pagar sobornos a ex funcionarios del kirchnerismo, obtenidos tras el cobro de anticipos financieros para obra pública.

Facturas apócrifas y proveedores inexistentes

Junto con los retiros en efectivo, los testigos de la ex AFIP describieron otro mecanismo detectado: el uso de facturas apócrifas. El ex titular de la Dirección General Impositiva (DGI) Horacio Castagnola explicó ante el tribunal que las facturas de proveedores que no prestaron servicios “implícitamente generan salidas de dinero donde uno pierde la trazabilidad, porque si se pagó algo y el que lo recibió no existe, ese dinero se evaporiza para el seguimiento”. En la causa, afirmó, “sí hubo facturas apócrifas o salidas no documentadas”.

La contadora Lanza ratificó la existencia de facturación apócrifa en Isolux Corsán, firma cuyo ex CEO Juan Carlos de Goycoechea está sentado en el banquillo. En el análisis de otra empresa se detectaron facturas apócrifas por alrededor de 40 millones de dólares.

Castagnola recordó otro expediente que quedó grabado en su memoria: la detección de una transferencia de 4,2 millones de dólares a la banca privada de Andorra en el marco de la UTE Odebrecht-IECSA, empresa que en ese momento pertenecía al empresario Angelo Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri. “Uno sabía que se estaba afectando indirectamente a la familia y uno sabía que se exponía a que después podía haber algún tipo de comentarios. Pero se hizo igual”, declaró el ex funcionario. Añadió que la misma sociedad “había sido utilizada por Odebrecht en otros casos en América Latina para generar salidas espurias sin contraprestación efectiva”.

El sistema Memento

La ex jefa de Gabinete de la AFIP Jimena de la Torre, actual consejera del Consejo de la Magistratura de la Nación, aportó al juicio detalles sobre los mecanismos de control interno del organismo. Describió el sistema “Memento”, una base de datos con un listado de personas de relevancia pública —políticos, jueces, figuras mediáticas— que generaba una alerta automática cada vez que un funcionario consultaba la información fiscal de alguno de esos perfiles. “Cada vez que un funcionario consultaba la base de alguna persona de relevancia, nos llegaba una alerta inmediata. No era gratis entrar a cualquier lado”, explicó en alusión a posibles filtraciones de información.

De la Torre también relató que, tras el cambio de gobierno en diciembre de 2019, se abrieron auditorías y sumarios contra quienes habían trabajado en el caso Cuadernos. “Lo que ocurrió en 2020 fue llamativo”, dijo, y agregó que personalmente acumuló seis denuncias penales vinculadas a su paso por la AFIP, todas archivadas.

La fiscal León desistió de convocar a dos testigos que estaban previstos para la última jornada y que habían despertado expectativa, pero no serán escuchados en el juicio: el ex subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior Jaime Mecikovsky y el ex jefe de Asuntos Jurídicos Eliseo Devoto— al considerar que la prueba que podían aportar ya había quedado incorporada al debate con testimonios anteriores. El TOF 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, aceptó el desistimiento.

La Justicia argentina tiene que resolver si extradita a Estados Unidos a un acusado en ese país por robo de joyas, relojes, dinero y objetos de lujo de las casas de atletas de alto nivel de la NFL, la NBA y la NHL, es decir, las ligas nacionales de hockey, fútbol americano y baloncesto.

El hombre de nacionalidad chilena fue detenido en la ciudad de Buenos Aires luego de un robo a la casa del extenista argentino Juan Martín Del Potro en Tandil, en mayo pasado. Allí se descubrió que junto a tres cómplices tienen pedido de captura internacional con fines de extradición desde un tribunal del Distrito Medio de Florida, EEUU, acusados de asociación ilícita y transporte interestatal de bienes robados. La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires acaba de rechazar liberarlo.

Los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico fundamentaron su decisión en la gravedad de los hechos imputados y en la pena máxima aplicable, que asciende a diez años de prisión por cada uno de los cargos en ese país. El proceso de extradición está a cargo del juez federal Sebastián Ramos, quien le negó la excarcelación, en una decisión ahora confirmada por la Cámara.

Según la notificación roja emitida por Interpol, “entre octubre de 2024 y enero de 2025, en el Distrito Medio de Florida y en otros lugares, el detenido en Argentina y sus cómplices ”fueron responsables de varios robos en viviendas de atletas de alto nivel de la NFL, la NBA y la NHL". Se llevaron joyas, relojes, divisas estadounidenses y otros artículos de gran valor. El grupo de personas robó objetos de lujo por un valor de más de 2 millones de dólares. La orden de captura internacional menciona también el uso de un alias para evadir a la Justicia.

Ingreso ilegal

Al rechazar liberarlo, los jueces advirtieron que el acusado no registra movimientos migratorios, lo que indica que su ingreso a la Argentina se produjo por vías informales en fecha incierta. Fue detenido en la Terminal de Ómnibus de Retiro mientras aguardaba un micro con destino a la ciudad fronteriza de Posadas, provincia de Misiones. Intentaba dejar el país tras el robo a la casa de Del Potro. Por este hecho, tiene abierta otra causa penal en el Juzgado de Garantías 1 del Departamento Judicial de Azul con asiento en Tandil, donde se le dictó la prisión preventiva por robo agravado por efracción y por ser cometido en poblado y en banda.

La defensa había solicitado la excarcelación bajo caución o la aplicación de medidas menos gravosas. Argumentó que ni la gravedad del requerimiento extranjero ni la expectativa de pena justifican por sí solas la prisión.

“El riesgo de fuga que emerge del cuadro descripto, consolidado por la falta de arraigo en el país, impide de momento avalar las restricciones alternativas propiciadas por la defensa”, consideró sin embargo el Tribunal de Apelaciones al confirmar el rechazo de la excarcelación resuelto con anterioridad por el juez Ramos.

El fiscal federal Gerardo Pollicita emplazó a Binance y Lemon a que en un plazo de 72 horas informen movimientos en cuentas del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, como parte de nuevas medidas de prueba que ordenó en la causa donde lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito. Además, en un dictamen que firmó este viernes, el fiscal confirmó que se detectaron “inconsistencias” en la evolución patrimonial del ex funcionario.

En el tramo final de la pesquisa y de manera previa a pedirle un requerimiento de justificación patrimonial, la fiscalía ratificó que del resultado de las diversas pruebas que ya hay en la causa existen “inconsistencias detectadas en la evolución patrimonial” de Adorni, según informaron a Infobae fuentes del caso. La inminencia de este eventual requerimiento fue uno de los motivos que esgrimió la fiscalía al pedir que la defensa informe a la Justicia cualquier plan de del ex jefe de Gabinete de Javier Milei para salir del país, con el fin de evaluar su “pertinencia”, algo que ya fue dispuesto por el juez del caso, Ariel Lijo.

Este pedido de Pollicita se dio al mismo tiempo en que ordenaran al ex jefe de Gabinete a informar cada vez que quiera salir del país, para que en Tribunales evalúen “la pertinencia y razonabilidad”. Además, descartaron detenerlo, como habían pedido dos denunciantes.

Las cripto

La fiscalía recibió respuesta de Binance sobre la existencia de una cuenta asignada a Adorni abierta el 23 de junio de 2020 y pidió ante ello un detalle de los activos registrados desde esa fecha al 31 de mayo de 2021. En cuanto a Lemon, se le requirió que también en 72 horas envíe una ampliación de un informe sobre el usuario asignado a Manuel Adorni para el período 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022 que incluya el historial completo de los movimientos registrados en la cuenta, tanto en moneda nacional y/o extranjera como en activos virtuales, en particular operaciones con criptoactivos, con detalle de créditos, débitos, depósitos, retiros, transferencias, compras, ventas, conversiones, fecha, hora, monto, tipo de activo, cotización, concepto, cuentas o direcciones de origen y destino, CBU, CVU, wallets y datos identificatorios de las contrapartes.

También en relación a la vinculación con cuentas bancarias, billeteras virtuales, tarjetas de crédito, plataformas digitales, exchanges u otros intermediarios, así como también cualquier otro medio de fondeo y/o retiro utilizado para operar en la plataforma. Además se pidieron detalles de saldo y tenencias registradas durante ese período, de las interacciones intra plataforma y de los movimientos de fondos en blockchain, con indicación del “hash” de cada transacción, red utilizada, token, monto, fecha y direcciones de origen y destino.

Las inversiones del ex funcionario

Poco antes de dejar el cargo, en declaraciones periodísticas, el ahora ex jefe de Gabinete dijo haber ahorrado US$500.000 “en negro” a partir de inversiones en plataformas cripto.

A mediados de junio pasado, se pidió un informe técnico sobre la cotización del Bitcoin en los últimos 13 años para determinar si es posible que haya ganado USD 300 mil con una inversión que mantuvo “en negro” hasta ahora. La decisión se tomó luego que en la declaración jurada que presentó, Adorni blanqueó ingresos que corresponden a sus ahorros “en negro” durante esos años. Se busca determinar la trazabilidad del monto inicial de inversión, que según el funcionario fue de 200 mil dólares.

En cuanto al Bitcoin, la tarea de establecer un seguimiento de su cotización desde 2013 se encomendó a la DAFI, la dirección de Asistencia Fiscal en Investigaciones que ya realiza un informe sobre los ingresos y gastos de Adorni desde que fue nombrado vocero presidencial.

Adorni renunció a la Jefatura de Gabinete y al directorio de YPF pero sigue imputado en la investigación que avanzó la semana última con nuevas declaraciones de testigos en relación al uso de tarjetas de crédito de sus ahora ex empleados en Gobierno para compras particulares como consolas de videojuegos que luego el ex funcionario imputado les pagaba en efectivo.

En otro de los casos se facturó a nombre de una funcionaria de su área la compra de camas y blanquería para la casa del barrio privado Indio Cua de los Adorni por casi 8 millones de pesos que, según declaró la testigo, pagaron en efectivo en el comercio. Quienes pasaron a declarar bajo juramento de verdad por el quinto piso de Comodoro Py 2002, sede de la fiscalía de Pollicita, confirmaron que estos episodios existieron.

El Tribunal Oral Federal 2, que condenó a Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta en la causa Vialidad, aguarda una definición clave de la Corte Suprema de Justicia para avanzar en la ejecución del decomiso de bienes por un monto de $685.000 millones, cantidad que el máximo tribunal del país dejó firme esta semana. Esta medida alcanza a la ex presidenta, a Lázaro Báez y a otros condenados en el expediente, en carácter solidario, y pone en disputa 19 propiedades cedidas a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.

A mediados de mayo pasado, el tribunal solicitó a la Corte que precise si alguna de las propiedades sujetas a decomiso será destinada para su uso, para el del Consejo de la Magistratura o puede avanzarse con su remate. En el sexto piso de Comodoro Py 2002 aguardan respuesta. Además, el máximo tribunal del país tiene que decidir si habilita o no quejas directas que presentaron tanto la defensa de CFK como Báez y los demás condenados en el último intento por frenar el decomiso de 111 propiedades ya confirmado en tanto que una nueva tanda que pidió el fiscal Diego Luciani podría sumarse y está a estudio del TOF2.

El actual juez de ejecución de la condena a seis años de prisión de la expresidenta, Rodrigo Giménez Uriburu, detalló en la consulta a la Corte que parte de los inmuebles podría ser asignado a la justicia federal o destinarse a uso con fines sociales en Santa Cruz -provincia epicentro de los delitos que se juzgaron en la causa- o bien salir a remate público.

En el caso de Cristina Kirchner en lo inmediato están en juego 19 bienes a nombre de sus hijos Máximo y Florencia: 10 departamentos, 2 casas en Río Gallegos y varios terrenos en Lago Argentino, Santa Cruz.

La Cámara Federal de Casación Penal ya confirmó la validez del decomiso en abril de este año. El tribunal sostuvo que “el decomiso puede alcanzar bienes en poder de terceros no condenados cuando estos hubieran recibido activos provenientes del delito a título gratuito, incluso por vía hereditaria”. En el fallo, el camarista Gustavo Hornos remarcó que la finalidad de la medida no es castigar a los actuales titulares, sino recuperar para el Estado los bienes vinculados a hechos de corrupción ya juzgados. Contra esta decisión está pendiente de resolución una queja directa ante la Corte.

El primer listado de bienes fue elaborado por el fiscal Diego Luciani y comprende 111 propiedades de Lázaro Báez, Cristina Kirchner y las 19 transferidas a sus hijos, todas adquiridas entre mayo de 2003 y diciembre de 2015. También existe una segunda tanda vinculada a las sociedades Los Sauces y Hotesur, que están bajo análisis judicial. Entre ellas figura el inmueble de San José 1111, donde la ex presidenta cumple arresto domiciliario, y el chalet de Río Gallegos, residencia tradicional de la familia Kirchner.

En el expediente judicial se investigó una maniobra defraudatoria cometida entre 2003 y 2015 en la provincia de Santa Cruz, en el marco de 51 procesos licitatorios de obra pública vial. Según consta en la causa, esas obras fueron adjudicadas de forma sistemática al Grupo Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez, a través de la Dirección Nacional de Vialidad.

La Cámara Federal porteña resolvió que dos de las causas más voluminosas que investigan a Elías Piccirillo y Martín Migueles en Comodoro Py por maniobras multimillonarias con el dólar oficial y el “rulo cambiario” durante 2023 queden a cargo del juez Ariel Lijo.

La decisión fue del camarista de la sala segunda del Tribunal de Apelaciones, Roberto Boico, quien hizo lugar a un planteo de inhibitoria que Lijo había cursado a su par María Servini, para que la magistrada le envíe el expediente que investiga en su juzgado a Piccirillo, exmarido de Jesica Cirio, y a Migueles, pareja de Wanda Nara, por delitos cambiarios y “cuevas” financieras.

Servini había rechazado apartarse del caso y ahora la Cámara resolvió que ambas pesquisas deben seguir de manera conjunta en el juzgado federal 11, que está vacante y subroga Lijo.

Mismas maniobras y acusados

El juez Boico entendió que “existe una dependencia funcional y operativa entre los sujetos investigados en ambos legajos” y mencionó casas de cambio como ‘Arg Exchange S.A.’; ‘Gis Cambio S.A.’; ‘Banco Más Ventas’; ‘Stema Cambios S.A.’ y ‘Mega Latina S.A.’.” que aparecen en ambas causas.

Las dos investigaciones comparten un “idéntico patrón operativo: maniobras orientadas a acceder a divisas al tipo de cambio oficial, mediante la instrumentalización de casas de cambio y entidades financieras para su posterior colocación en el mercado paralelo”.

“A ello se suma la presunta participación de funcionarios del Banco Central de la República Argentina en la convalidación o en la omisión de control de esas operatorias. Además se inscriben en un mismo período temporal (año 2023)”, enumeró en la resolución a la que accedió Infobae. Desde que ambas causas se iniciaron hubo allanamientos múltiples a los mismos lugares, puso como ejemplo el juez y los delitos en ambos casos son de similar gravedad y pena prevista.

Por ello, en virtud de garantizar una “mejor y más pronta administración de justicia”, el camarista consideró que “objetivamente” el juzgado federal 11 a cargo del juez Lijo está “en mejores condiciones para conducir, de modo unificado, la investigación”.

Con esta decisión ambos expedientes quedarán también bajo la órbita del fiscal federal Franco Picardi.

Qué se investiga

En las causas se investigan maniobras con la compraventa de dólar a precio oficial y posterior reventa a valor blue, el conocido rulo cambiario, por cifras multimillonarias durante el cepo. Entre los imputados hay financistas, así como bancos y casas de cambio. Figuran Piccirillo, Migueles y Francisco Hauque, un ex socio del primero que podría convertirse en arrepentido si es eventualmente citado a declaración indagatoria, según anticipó su defensa en tribunales.

Piccirillo está procesado con prisión preventiva bajo arresto domiciliario por pagarle a policías para montar un operativo contra Hauque, a quien según la acusación le plantó droga y un arma, para evitar saldar una deuda de seis millones de dólares.

En la investigación que hasta ahora estaba a cargo de la jueza Servini los acusados están embargados por sumas millonarias a raíz de una presunta maniobra de adquisición ilegítima de dólares aprovechando el cepo cambiario impuesto en el gobierno de Alberto Fernández. Diecisiete de las “cuevas” investigadas habrían canalizado $141.596 millones provenientes de más de 2.700 personas físicas y 647 jurídicas con la sospecha de que parte de esos fondos sería de origen ilícito, según la acusación.

En el caso de “Arg Exchange SA”, que preside Migueles, la investigación señala compras de divisas por unos USD 67,9 millones entre el 3 y el 20 de octubre de 2023, con presuntas transferencias y extracciones en efectivo que forman parte del análisis judicial.

Por otro lado, en la causa que se lleva en el juzgado federal 11, el fiscal Picardi pidió levantar secreto fiscal, bancario y bursátil de nuevos sospechosos por supuestos pagos indebidos para acelerar tramites de permisos de importación durante el cepo cambiario en 2023 (las SIRA) y citó como testigos a funcionarios de ARCA para que den precisiones sobre cómo funcionaba el sistema, declaraciones que se concretaron en las últimas semanas.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi apartó este viernes a cinco querellas de la causa por el fallido lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA al hacer lugar a un planteo del acusado Mauricio Novelli, porque concluyó que no sufrieron un “perjuicio directo” en lo ocurrido ni tampoco acreditaron la titularidad de los tokens.

La investigación para determinar si hubo delito con el token que promocionó en su cuenta de X el presidente Javier Mieli seguirá adelante delegada en la fiscalía federal de Eduardo Taiano, aunque de quedar firme la medida los hasta ahora querellantes, todos inversores de la fallida criptomoneda, ya no tendrán acceso al expediente ni podrán pedir medidas de prueba.

El magistrado hizo lugar a una “excepción de falta de acción” que presentó la defensa de Novelli y apartó como querellantes a Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae. La decisión podrá ser apelada ante la Cámara Federal porteña.

Los argumentos

Al hacer lugar al planteo de Novelli, el juez advirtió que “la legitimación para intervenir como parte querellante exige la acreditación de una afectación concreta, directa y suficientemente individualizada, derivada del suceso investigado, extremo que no se encuentra debidamente demostrado en el estado actual del proceso”.

El fallido lanzamiento de $LIBRA ocurrió “en el marco de operaciones vinculadas a una ‘memecoin’, es decir, a un ‘activo digital’ inserto en un ámbito caracterizado por una regulación limitada, una elevada volatilidad y una valoración que depende esencialmente de las condiciones del mercado y de la percepción que los propios participantes le asignan”. Ello supone que quienes invirtieron asumieron “riesgos inherentes”, agregó.

Además el juez remarcó que “la información que hasta el momento han aportado” los querellantes “y las características técnicas de los medios empleados, no permiten tener por acreditada la titularidad de las billeteras virtuales que utilizaran para la compra de la criptomoneda en cuestión y el origen de los fondos utilizados para ello.”

“En efecto, sus manifestaciones se han sustentado únicamente en links y en alegaciones relativas a la tenencia o administración de las claves privadas; extremos que, por sí solos, resultan insuficientes para demostrar su titularidad y, en definitiva, el derecho que invocan”, agregó.

Las constancias que aportaron “resultan indiciarias, pero no determinantes ni consistentes para establecer su titularidad. Como así tampoco el origen de los fondos allí existentes, que luego fueran empleados para la compra de $LIBRA”.

En la causa se investiga si el creador de $LIBRA, el estadounidense Hayden Davis, logró acercarse a Milei a través de Novelli y otros imputados -entre ellos su socio Manuel Terrones Godoy- y ello derivó en la difusión del proyecto por parte del Presidente. La sospecha gira en torno a un multimillonario pago hecho por Davis a los ahora investigados.

Para el juez “la realización de una reunión en la que se habría acordado el lanzamiento de una memecoin, por cuya adquisición se pudieron haber producido pérdidas, y/o el presunto pago de sobornos en ese contexto, no configura la afectación directa a la que alude la norma” en lo referido a los inversores ahora desplazados como querellantes.

El planteo

Novelli, fundador de la academia N&W Professional Traders, organizador del Tech Forum y nexo entre empresarios cripto y la Casa Rosada, había solicitado desplazar a los denunciantes particulares bajo el argumento de que las pérdidas económicas fueron el resultado de la volatilidad propia de un mercado de riesgo no regulado y no de una estafa.

Las querellas rechazaron la pretensión de apartarlas del caso y argumentaron que fueron víctimas de lo ocurrido con el posteo de Milei acompañado de la difusión del contrato para adquirir el activo. Según expresaron, “el aval del Jefe de Estado fue el ardid consumado”, una acción que generó un fenómeno de urgencia y ansiedad por comprar que nubló el juicio de los ahorristas.

La querella introdujo el concepto de “engaño estructural” para demostrar que el desplome de la criptomoneda no respondió a un vaivén natural de las finanzas digitales, sino a una puesta en escena delictiva compleja y coordinada. Según los denunciantes, los acusados no compitieron bajo las reglas del libre mercado, sino que “alquilaron” la estructura del Estado para fabricar una falsa apariencia de legitimidad.

El fiscal federal Franco Picardi reclamó este jueves que el financista Elías Piccirillo siga preso con arresto domiciliario en su departamento de Banfield y se rechace un pedido para liberarlo. Argumentó que existen riesgos concretos de entorpecimiento de la investigación en su contra, por montar un falso operativo policial donde plantó armas y droga a un ex socio para no pagarle una deuda de 6 millones de dólares.

Piccirillo está procesado con prisión preventiva y se le concedió el arresto domiciliario con tobillera electrónica. Su defensa reclamó que quede libre y como segunda posibilidad, que se lo deje mudarse al departamento de su actual novia Florencia Epelbaum: a esto la fiscalía también reclamó que se le diga que no. La decisión final será del juez del caso, Ariel Lijo.

Riesgos concretos que persisten

Picardi advirtió que “persisten riesgos concretos de entorpecimiento de la investigación que no pueden ser neutralizados” y que impiden revocar la prisión preventiva del financista, en un dictamen al que tuvo acceso Infobae.

El ex marido de Jesica Cirio está acusado por planear y ejecutar una maniobra criminal entre el 16 y el 18 de enero de 2025 contra su ex socio Francisco Hauque: le debía 6 millones de dólares y para evitar saldar la deuda buscó un grupo de policías a los que pagó para montar un operativo. De manera previa le “plantó” droga y armas en el automóvil de su víctima, tras compartir una cena.

Según la acusación Piccirillo “ideó el plan criminal, aportó el motivo determinante para su ejecución, proporcionó información sobre las víctimas, facilitó la colocación del arma de fuego y los estupefacientes en el vehículo e impartió las directivas necesarias y pagó sumas indebidas para que el operativo pudiera concretarse”.

Intimidación y hostigamiento

Picardi se opuso a que Piccirillo quede libre porque hay en la causa denuncias de las víctimas que “dan cuenta de intimidaciones y hostigamientos” por parte del acusado y su entorno.

Además, advirtió que hay todavía medidas de prueba en curso y que de su resultado dependerá incluso que se revise la prisión domiciliaria si surge un “agravamiento de riesgos procesales”.

En particular la fiscalía se refirió a las vinculadas al análisis del teléfono celular del financista secuestrado en un allanamiento.

La defensa reclamó la libertad porque -argumentó- no hay riesgo de fuga y las pruebas ya están terminadas y a resguardo en la causa judicial.

Pero el fiscal no estuvo de acuerdo. Picardi recordó como un antecedente en su contra que cuando pidió la eximición de prisión dio como domicilio una casa en el barrio privado “El Yacht”, en Nordelta, Tigre, donde en realidad vivía en ese momento -febrero de 2025- el empresario Martín Migueles, investigado junto con él por maniobras con el dólar oficial durante el cepo cambiario del gobierno de Alberto Fernández.

También repasó lo ocurrido con celulares y dispositivos electrónicos atribuidos al empresario procesado y advirtió que “existen elementos objetivos para considerar que no todos los dispositivos utilizados por el imputado fueron habidos en el último registro domiciliario realizado en el domicilio donde Piccirillo cumple su detención domiciliaria“.

El teléfono que sí fue secuestrado todavía no pudo ser analizado y está pendiente la extracción forense, algo de “especial relevancia” para determinar si incumplió las condiciones de conducta de su arresto domiciliario.

Piccirillo está procesado con prisión preventiva por secuestro coactivo, transporte de estupefacientes agravado, encubrimiento agravado y portación ilegal de arma. La Cámara Federal porteña le otorgó el arresto domiciliario en octubre de 2025, medida que cumple en un departamento de Banfield.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi procesó por supuesta “promoción de la discriminación religiosa” al youtuber Eduardo Miguel Prestofelippo, “El Presto”, por presunta “promoción de la discriminación religiosa” contra la comunidad islámica con un embargo de 60 millones de pesos.

La denuncia fue del Centro Islámico República Argentina a raíz de una publicación en la cuenta personal en la red social Youtube de Prestofelippo donde se refirió en términos “negativos y despectivos” hacia una persona de origen egipcio y religión musulmana. Se trató de la publicación “Musulmanes en la TV abierta Argentina_ ¿PELIGRO EN PUERTA”, del 13 de febrero de 2025.

Al dictar el procesamiento, el juez concluyó que las expresiones del periodista pudieron configurar el delito de “promoción de la discriminación religiosa” y superaron el umbral de la libertad de expresión protegida por la Constitución Nacional.

Los argumentos

En el procesamiento se remarcó que la publicación tuvo 159.229 vistas en esa red social.

“Se profirieron opiniones extremadamente ofensivas y denigrantes acerca de la religión musulmana, a la que se calificó entre otras de ‘cultura inmunda y repulsiva’, y de la gente que profesa el Islam, a la que se calificó de ‘extremistas, basuras inmundas’”.

Para el magistrado se trató de manifestaciones que acarrean “una objetivación de los colectivos sociales y religiosos alcanzados, que conduce sin más a negarles la subjetividad humana o a asignarles una de naturaleza inferior”.

En la resolución se destacó la amplia protección a la libertad de expresión como derecho constitucional, pero “el medio y el modo elegidos por el autor han excedido, por mucho, el ámbito del ejercicio de ese derecho de raigambre constitucional”. Además, se consideró “imprescindible diferenciar la mera propagación de ideas –en la que el Estado no puede ni debe injerir y cuyo respaldo está garantizado por la letra de la Constitución Nacional y los pactos internacionales con jerarquía constitucional– de la difusión de amenazas concretas contra ciudadanos, cuya comisión, como en el caso, deviene intolerable”.

Qué dijo el acusado

En la publicación el ahora procesado manifestó “no querer que estas ratas inmundas pisen nuestra tierra, infecten con su veneno nuestro país (...) Europa está completamente tomada por estos parásitos. ¿Vos querés eso para la República Argentina, para nuestra patria? (...)”.

“El Islam no es una religión, es una secta. Todavía acá es un grupo reducido, pero tiene que ser vigilado, porque en cuanto te descuides, esto va a estar en las escuelas, esto va a estar en nuestros barrios” y tildó de “parásito” a un integrante de esa comunidad que había comenzado a trabajar en un programa televisivo e “infectado de su veneno, de la pantalla”. También usó el término “basuras inmundas”.

Al procesarlo, el juez entendió que “obró con el conocimiento sobre el tenor de las expresiones proferidas” y que tuvo como finalidad “alcanzar su exteriorización, publicación y difusión por redes sociales”.

“En este sentido, discursos como el cuestionado en este proceso, no ayudan a un objetivo que sí se presenta como un verdadero desafío por parte de toda la sociedad” vinculado a la lucha contra la discriminación. Este tipo de publicaciones “no es admitido por el ordenamiento jurídico, dado que resulta incompatible con el mantenimiento de la convivencia social”, concluyó el fallo.

Dos nuevos testigos de la ex AFIP reiteraron este jueves que se detectó facturación apócrifa en empresas investigadas por el caso Cuadernos y sumaron detalles sobre cómo se cumplía con los pedidos de información que llegaban al organismo desde el juzgado.

Una de las convocadas a declarar ante el Tribunal Oral Federal 7 ratificó además una investigación hecha en 2017, antes de que estallara el esçándalo de los cuadernos del remisero Oscar Centeno, sobre uno de los ahora acusados, Rudy Ulloa, empresario y ex chofer de Néstor Kirchner, por inconsistencias entre sus ingresos y acreditaciones bancarias calculadas en 31 millones de pesos.

El primer testigo fue el ex titular de la DGI Horacio Castagnola, quien rechazó haber recibido presiones.

Para esta jornada estaba previsto también que declaren Jaime Mecikovsky, ex subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior en la entonces AFIP y Eliseo Devoto, quien fue jefe de Asuntos Jurídicos del organismo durante la gestión de Alberto Abad pero al inicio de la audiencia la fiscal Fabiana León anunció ante los jueces que desistió de convocarlos porque ya con anteriores testigos se produjo la prueba que podían aportar.

Ante ello los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero resolvieron que no declaren en el juicio.

Terminó la audiencia de este jueves y el juicio sigue la próxima semana

La audiencia concluyó con un pedido de una de las defensas para realizar una nueva pericia contable ante los dichos de los testigos de la ex AFIP, al que se opusieron la fiscalía y la querella de la Unidad de Información Financiera.

La última testigo del día, la contadora Guterman, volvió a referirse al igual que ex colegas de la AFIP en audiencias anteriores a retiros en efectivo por caja por parte de empresas y dijo que en base a su experiencia no es común cuando “son cifras de magnitud” como por ejemplo las que implican reparto de dividendos.

Concluyó la declaración de la ex contadora de AFIP y habló de Rudy Ulloa

La testigo Guterman habló sobre un reporte hecho en 2017 sobre el acusado Rudy Ulloa, empresario y ex chofer de Néstor Kirchner. “Se había detectado que las acreditaciones bancarias excedían el monto de los ingresos”. La diferencia fue en ese momento de unos 31 millones de pesos. Para ello se compararon ingresos con acreditaciones bancarias y había un exceso “notorio”, detalló.

También ratificó el hallazgo de facturación apócrifa en la empresa Isolux Corsán.

Terminó la declaración del ex titular de la DGI Castagnola y continúa Diana Guterman

La segunda testigo del día, ya jubilada, fue directora de Investigación Financiera en AFIP en 2018. Contó que trabajó 42 años en el organismo.

Al comenzar su declaración recordó los oficios recibidos por el caso Cuadernos. “Se definió que nosotros circularizáramos a las entidades bancarias que habían operado con determinadas empresas en determinados períodos”. Se buscaron todos los movimientos de esas empresas con esas entidades en base a un listado enviado por el juzgado con operaciones realizadas en determinados períodos, detalló.

“Nunca recibí una presión por parte del Poder Ejecutivo en ningún caso en mis 40 años de carrera”, dijo Castagnola

El ex titular de la DGI recordó ante una pregunta de la fiscalía la existencia de una transferencia a un banco privado de Andorra por 4,2 millones de dólares.

“El caso conocido es la UTE Odebrecht. Fueron 4,2 millones de dólares derivados a la banca privada de Andorra. Uno se acuerda simplemente por la vinculación que había con el Presidente (en relación a Mauricio Macri). Vinculación informal, no es que estaba vinculado, pero al aparecer el nombre Calcaterra, no nos engañemos, uno sabía que se estaba afectando indirectamente a la familia y uno sabía que se exponía a que después podía haber algún tipo de comentarios. Pero se hizo igual”, dijo en relación a esa investigación y al primo de Macri, el empresario ahora juzgado Angelo Calcaterra.

También acotó que la misma sociedad que figuraba en la denuncia “había sido utilizada por Odebrecht en otros casos en otros países en América Latina para generar salidas espurias sin contraprestación efectiva.”

“¿Hay alguna presión del Poder Ejecutivo respecto a la AFIP para que se haga o se deje de hacer algo?“, preguntó a su turno el defensor José Manuel Ubeira. “Nunca recibí una presión por parte del Poder Ejecutivo en ningún caso en mis 40 años de carrera”, respondió el testigo.

Castagnola respondió preguntas del abogado de CFK Carlos Beraldi

El defensor de la ex presidenta Kirchner preguntó al testigo por el oficio de Bonadio donde se pidió buscar “financiamientos espurios”.

“No era habitual en estos términos” recibir oficios explicó Castagnola pero puntualizó que se buscaban facturas apócrifas porque “ implícitamente generan salidas de dinero donde uno pierde la trazabilidad, porque si se pagó algo y el que lo recibió no prestó el servicio o no existe, ese dinero se evaporiza para el seguimiento”.

En esta investigación “sí hubo facturas apócrifas o salidas no documentadas” precisó.

A pedido de Beraldi habló del sistema de registro de personas de trascendencia pública que luego se llamó “Memento”.

“Se hizo porque hay determinadas personas notorias o conocidas donde los ataques informáticos a la base de datos para acceder a información son muy frecuentes”. Se trata de funcionarios, artistas, políticos. Era una “especie de segunda barrera de control para evitar ataques” y se creó en principio durante la gestión de Carlos Silvani en AFIP. Después se hizo un sistema llamado Memento: “cuando un funcionario accedía a una determinada persona de ese universo se hacía una especie de advertencia” y se le pedían los motivos.

El ex titular de la DGI Castagnola habló de su separación del organismo y de los pedidos de información judicial por el caso Cuadernos

El testigo recordó la llegada del oficio del juzgado de Claudio Bonadio en agosto de 2018 con pedidos de información sobre la causa.

“¿Podemos afirmar que no se direccionó la investigación?“, le preguntó la fiscal de juicio Fabiana León. A lo cual el ex funcionario respondió que se cumplió con la manda judicial como era de rutina en todos los casos. También mencionó que el oficio llegó en agosto de ese año y fue separado del cargo en octubre por lo cual su intervención fue ”acotada".

“No tengo idea”, dijo sobre por qué lo separaron del cargo. “Me dijeron que era un cambio generacional, que había un cambio de perfiles”. Su sucesor fue Marcelo Costa.

Castagnola dijo que nunca supo “el detalle del caso” pero que sí recordaba de manera puntual a las empresas IECSA e Isolux. En esta última “estaba Lascurain, que era conocido” y en IECSA porque todos sabían que Calcaterra era primo hermano de Macri. Son los dos casos que más me acuerdo”.

“En ningún momento se me dijo nada al respecto”, agregó en respuesta a si su retiro del cargo fue por esta investigación.

Declara el ex titular de la DGI Horacio Castagnola

La audiencia se reanudó este jueves con la declaración como testigo del ex titular de la DGI Castagnola.

Poco antes se resolvió que no declaren otros testigos convocados para esta jornada, entre ellos el ex titular de Asuntos Jurídicos de la ex AFIP Eliseo Devoto. Sus testimonios habían sido pedidos por la fiscalía, que desistió de escucharlos.

El juez en lo penal económico Diego Amarante reclamó quedarse con la investigación por la suntuosa casaquinta de Pilar cuya propiedad se atribuye a testaferros de la AFA porque consideró que está vinculada a la causa por una multimillonaria retención indebida de aportes en la que ya procesó a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino.

Ante ello pidió a la jueza María Verónica Straccia, a cargo del juzgado en lo penal económico 10 donde quedó el caso contra los supuestos testaferros Luciano Pantano y Ana Conte, que se inhiba y le envíe el expediente. Si la magistrada se niega, una vez más el tema sería resuelto por la Cámara en lo Penal Económico.

Optimizar recursos

Para el juez, todas las investigaciones están relacionadas con los mismos acusados y la suya es la que investiga los delitos más graves, remarcó. “La concentración de los expedientes ante este Juzgado se presenta como la solución más adecuada para optimizar los recursos fácticos y técnicos disponibles, evitar la duplicación innecesaria de medidas probatorias comunes y resguardar de manera efectiva el derecho de defensa en juicio de las personas sometidas a investigación”, advirtió Amarante en la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

El pedido se concretó esta semana luego que el juez federal de Campana Adrián González Charvay envió el expediente de vuelta al fuero penal económico porteño por orden del Tribunal de Apelaciones y después del fracaso de un último intento de los acusados por frenar el nuevo cambio de juzgado con un recurso ante la Cámara Federal de Casación..

La causa quedó así en el juzgado a cargo de Straccia y ahora Amarante entendió que hay “conexidad subjetiva” entre todas las investigaciones y que la suya está más avanzada con procesamientos confirmados por la Cámara en lo Penal Económico contra Tapia y Toviggino y una ampliación de denuncia con medidas de investigación ya en marcha.

El juez había recibido otra denuncia en marzo por el tema de la mansión de Pilar basada en publicaciones periodísticas y el fiscal Claudio Navas Rial le pidió que la envíe a Campana, algo a lo que Amarante se negó y ahora reclama que la investigación por la mansión de Pilar se sume en su juzgado a esa causa y a la de retención indebida de aportes,

Al pedir a Straccia que se aparte del caso, advirtió que se trataría de los mismos imputados y que “los hechos más graves son los que se investigan” en su juzgado.

Qué se investiga

La denuncia por presunto lavado de activos se basa en una supuesta “maniobra de defraudación llevada adelante por las máximas autoridades de la AFA en perjuicio de esa entidad” con la contratación “infiel” de intermediarios y “desviación de fondos” para luego “en una fase posterior, la presunta implementación de un circuito complejo orientado a reintroducir dichos activos al patrimonio de quienes habrían intervenido en la maniobra inicial”.

Para ello se habrían usado “cuentas bancarias en el exterior como cuentas de tránsito, la posterior redistribución de sumas millonarias hacia un conjunto reducido y recurrente de destinatarios y la intervención de estructuras societarias interpuestas, incluyendo entidades financieras y sociedades constituidas en el extranjero que -según se refiere- no tendrían capacidad económica ni estructura real”.

La causa por la mansión de Pilar valuada en 17 millones de dólares, la flota de vehículos de colección y lujo que se cotizó en otros casi 4 millones y demás bienes derivó en una investigación sobre un “complejo entramado” de sociedades en principio “con un denominador común relacionado con distintas entidades vinculadas al fútbol profesional”.

Esta investigación va por el cuarto juez desde que se presentó la denuncia. Finalmente se ordenó que saliera del juzgado federal de Campana a cargo de Adrián González Charvay, donde los acusados pretenden que se investigue, y vuelva al fuero penal económico de CABA. Ahora quedó en el centro de una nueva disputa de competencia.

El viernes último, la Cámara confirmó los procesamientos de Tapia y Toviggino dispuestos por Amarante en la investigación por el no pago en el plazo legal de retenciones calculada en 19.000 millones de pesos. Los dos están embargados por 350 millones de pesos y tienen prohibida la salida del país. Tapia está de viaje por el Mundial en Estados Unidos con permiso judicial.

El ex jefe de Gabinete Manuel Adorni gastó entre diciembre de 2023 y marzo pasado un total de $139 millones en consumos con tarjetas de crédito, según cálculos de los investigadores, mientras se aguarda un informe oficial encomendado a un organismo especializado.

Se trata de una de las pruebas que se analizan en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el ahora ex funcionario y que está delegada en la fiscalía federal de Gerardo Pollicita.

Los investigadores tienen los resúmenes bancarios de los gastos con las tarjetas y, según pudo confirmar Infobae, en base a ellos realizaron una cuenta propia que arrojó el nivel de gasto por $139 millones de pesos en consumos, mientras era funcionario público, primero como vocero y luego como jefe de Gabinete .Además es investigado por haber usado plásticos de empleados suyos para compras de elementos de videojuegos, según ya declaró una de ellas como testigo en los tribunales federales de Retiro. El entonces funcionario devolvía el importe en efectivo.

La sumatoria de consumos de Adorni con tarjetas de crédito superaría el promedio del salario que percibió en la función pública, según estimaron las fuentes del caso. A esto se agregan los gastos en efectivo revelados por otros testigos, como fue el caso del contratista Matías Tabar en relación a los 245 mil dólares gastados cash en la refacción de su casa en el barrio privado Indio Cua.

Adorni percibió un salario de 3,5 millones de pesos por mes hasta fines de 2025 y luego aumentó a 7,6 millones. La Justicia accedió a toda la información tras el levantamiento del secreto bancario al entonces funcionario. Se trata de datos preliminares a la espera de un amplio trabajo que se encomendó a la DAFI, un organismo especializado en informes patrimoniales. Una vez que se reciba el resultado y en caso de considerarlo la fiscalía pedirá que se intime a Adorni a presentar una justificación patrimonial. Si esto no convence, se avanzará en un planteo para que se cite a declaración indagatoria al ex jefe de Gabinete, algo que tiene que decidir el juez del caso, Ariel Lijo.

El análisis de los gastos

Además de los consumos con tarjeta se analizan otros gastos pagados con tarjetas de crédito de al menos dos empleados públicos subordinados de Adorni. También compras como camas y blanquería facturadas en unos 8 millones de pesos a nombre de otra funcionaria y abonadas en efectivo. A esto se suma el pago en dólares de refacciones a propiedades y viajes también saldados en efectivo desde la llegada a la función pública de Adorni en 2023.

El estudio pericial que terminará de sellar la suerte del ex funcionario abarcará todas las pruebas que se fueron incorporando, desde el inicio de la investigación en cuanto a los gastos y el cruce con ingresos acreditados. Se hará sobre Adorni y también en relación a su grupo familiar.

Además, el fiscal pidió ya un informe técnico sobre la cotización del Bitcoin en los últimos 13 años para determinar si es posible que Adorni haya ganado USD 300 mil con una inversión que mantuvo “en negro” hasta ahora, como dijo en una entrevista periodística.

La investigación se amplió a períodos previos a su arribo a la función pública, en pedidos de informes que abarcan a su esposa Bettina Angeletti y también se pidió un informe sobre todas las declaraciones públicas de Adorni desde antes de su llegada al gobierno de Javier Milei vinculadas a criptomonedas luego que en la declaración jurada que presentó blanqueó ingresos que corresponden a sus ahorros “en negro” durante esos años. Se busca determinar la trazabilidad del monto inicial de inversión, que según el ex funcionario fue de 200 mil dólares.

Integrantes del equipo de la AFIP que investigó a empresas en el caso Cuadernos coincidieron este martes al ratificar que se detectaron multimillonarias extracciones de dólares en efectivo cuyo destino no se pudo rastrear y en algunos casos coincidentes con las fechas de pago de supuestos sobornos para adjudicarse obra pública en el kirchnerismo.

El Tribunal Oral Federal 7 que juzga a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados en el caso de los Cuadernos de la corrupción continuó este martes escuchando a contadores, abogados y ex funcionarios del equipo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), hoy ARCA, que investigó a empresas involucradas.

Declararon los contadores Pedro Puyo y María Eugenia Matilde Lanza y los abogados Jimena De La Torre y José Luis Giordano.

En esta etapa del debate oral se analizan presuntas inconsistencias detectadas en los controles fiscales a firmas cuyos responsables permanecen imputados en el proceso.

La acusación, sostenida por la fiscal Fabiana León, apunta a que parte del dinero que la AFIP consideró imposible de rastrear, y que en gran parte fue sacado en efectivo luego del cobro de anticipos financieros para obra pública, corresponde a sumas que se usaron para pagar sobornos a ex funcionarios del kirchnerismo.

Para el próximo jueves están previstos los testimonios de Jaime Mecikovsky, ex subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior en la entonces AFIP, y de Eliseo Devoto, quien fuera jefe de Asuntos Jurídicos del organismo bajo la gestión de Alberto Abad.

Terminó la audiencia

Con la declaración del testigo y abogado de la ex AFIP Giordano concluyó la audiencia y el debate seguirá el jueves próximo con una nueva tanda de funcionarios del organismo recaudador.

Declara un abogado de la ex AFIP

José Luis Giordano también aporta detalles sobre el pedido judicial para determinar posibles fuentes de “financiamiento espurio” de las empresas.

“Nosotros no podemos saber dónde termino el dinero. Nos concentramos en ver hasta dónde llegaba y si se perdía el rastro”, explicó.

Terminó la declaración de Jimena de la Torre

La ex funcionaria de AFIP terminó de declarar en el juicio luego de dar detalles sobre cómo se designaban los expertos del organismo para colaborar con las requisitorias judiciales.

“Había que tener alguito de cintura para decirle que no a un juez federal”, expresó al recordar que muchas veces los magistrados pedían por personas en particular para ciertos trabajos y no era posible.

“Cuando fue el oficio sobre el financiamiento espurio nos agarramos la cabeza”

La testigo De la Torre explicó que nunca supo sobre el contenido de las respuestas a Bonadio porque estaban amparadas en el secreto fiscal. Su rol era “velar porque se respondiera en tiempo y forma, pero no había manera de ver nada. Las respuestas estaban encriptadas”.

“Cuando fue el oficio sobre el financiamiento espurio, nos agarramos la cabeza. Nunca nos habían pedido algo así. La subdirección de fiscalización intentó encontrar patrones a partir de cruces de información”, explicó. La tarea fue “detectar algún tipo de patrón que llamara la atención. Después estaba en la tarea del fiscal y el juez decidir si era espurio o no. Se buscaba extracciones de dinero en efectivo que coincidieran con las fechas, se cruzaba la información”.

La testigo refirió que ocupó su cargo hasta el 10 de diciembre de 2019. Trabajar en los oficios que pedían información sobre el caso Cuadernos “era sumamente complejo, era mucha la gente que estaba abocada”.

La base Memento

Y sobre posibles filtraciones de información refirió que en AFIP existía una base llamada Memento, "un listado de personas de trascendencia: políticos, jueces, celebrities. Hoy podrían estar hasta los instagramers, gente que tiene cierta relevancia o nivel de conocimiento en la sociedad argentina, de cualquier color político".

“Cada vez que un funcionario consultaba la base de alguna persona de relevancia, nos llegaba una alerta inmediata. Recibía 300 mails por día, me avisaban que se había consultado la base de un juez federal, de una celebrity, y eso generaba una consulta puntual y si no había justificación adecuada se generaba un sumario. No era gratis entrar a cualquier lado”.

“Lo que ocurrió en 2020 fue llamativo”, dijo De la Torre

La ex funcionaria de AFIP contó que cuando cambió el Gobierno “la gente te llamaba y te decía: ‘Me corrieron’, ‘Me están investigando’”. Contó que según le dijeron se abrieron auditorías, sumarios “hasta a secretarias privadas”.

“Lo que ocurrió en 2020 fue llamativo”, dijo la abogada y ex funcionaria del organismo.

“Incluso preguntaban por las agendas, querían saber con quién te habías reunido”, recordó y ante una pregunta de la fiscal respondió que estos movimientos sí tenían relación con quienes trabajaron en el caso Cuadernos.

“Sé que incluso se abrieron auditorías. Me contaron, aclaro que no es algo que viví personalmente, que hasta miraban las agendas para ver con quién te habías reunido. Yo personalmente tuve seis denuncias penales a partir de mi paso por AFIP. Todas hoy están archivadas. Muchos tuvimos denuncias penales”, contó al Tribunal Oral Federal 7.

Sobre el caso Cuadernos dijo que llegaban oficios con pedidos de información judicial como llegaban con otras causas.

La audiencia se reanudó con la declaración de Jimena de la Torre

La actual consejera del Consejo de la Magistratura de la Nación comenzó a responder preguntas de la fiscalía en relación a su trabajo como jefa de Gabinete en la AFIP desde 2018, en la gestión de Leandro Cuccioli.

Tras casi dos horas de declaración terminó el testimonio de la contadora Lanza y hay cuarto intermedio de 30 minutos

La testigo Lanza terminó su declaración a las 13 y el Tribunal dispuso un cuarto intermedio de 30 minutos. El final de su intervención en el juicio estuvo centrado en intercambios con las defensas sobre si es legal o no extraer grandes sumas de efectivo de los bancos y la trazabilidad.

“Puedo ir a preguntarle al contribuyente qué hizo con esa plata, pero la trazabilidad se termina cuando se saca por ventanilla” del banco enfatizó.

Es decir, insistió el abogado de CFK Carlos Beraldi, “¿El contribuyente no puede decir en tal lugar tuve que hacer un pago en efectivo? ¿Por ahí en alguna jurisdicción donde no había banco para hacerlo?”. El letrado explicó que buscaba determinar “cuál es el nivel de certeza” que tiene la información que se le dio al juez Bonadio en respuesta a sus pedidos.

Lanza insistió en que “todo tiene que estar bancarizado, es una realidad” porque cuando “la plata sale de una ventanilla y se pierde la trazabilidad, ahí se terminó”.

La testigo describe cómo se investigó a las empresas

Lanza sigue su declaración iniciada una hora y media atrás y explica que al responder las mandas judiciales se hacía “una descripción de los pagos de Vialidad por un lado, por otro de los hechos descriptos por Clarens y después una columna con todos los movimientos de extracción, que pudieron ser por ventanilla en efectivo” de las empresas sospechadas.

“Describimos información como auxiliares de la Justicia. No puedo emitir ninguna opinión al respecto”, respondió ante la pregunta de un defensor. Y reiteró -sobre la trazabilidad del dinero- que con la “extracción de un dinero por ventanilla, se pierde”.

“Si uno está retirando en efectivo mucha plata, llama la atención, pero hay que verlo en la contabilidad de la empresa”. Llama la atención porque “estamos hablando de mucha plata retirando por ventanilla” y recordó que incluso consultó si hubo un camión de caudales en esos días para llevar esos montos.

“Para el fisco todo tiene que estar bancarizado”, contestó ante otra pregunta de las defensas vinculada a si usar efectivo es un delito. “El que retira dinero en efectivo para qué lo retira desconozco”, concluyó la testigo. Las defensas también preguntaron sobre la obligación de bancarización de las empresas y ella remarcó que “existe una resolución donde a partir de determinado monto todos los pagos tienen que estar bancarizados”.

La testigo explica cómo se contrastaban movimientos en efectivo de las empresas con los dichos del arrepentido Clarens

Lanza detalla que en todos los casos fueron sumas en dólares cobradas por ventanilla en los bancos. Se siguió un procedimiento similar para todas las empresas, “comparando los hechos descriptos por Clarens con la circularización de los bancos”.

En uno de los casos, la empresa Panedile, se obtuvo una extracción de dólares por caja que coincidió “con uno de los hechos narrados por Clarens”, recordó. “Se establecía qué persona retiraba el efectivo y buceábamos en las bases del organismo a ver qué obteníamos”.

En ese marco, explicó que no iban a las empresas investigadas porque se trataba de una “manda” judicial no de una fiscalización del organismo y se les había encomendado trabajar con información del organismo y circularizaciones a terceros.

Sobre las extracciones en efectivo dijo que se llegaba “hasta ahí” en relación a seguir la ruta de ese dinero que perdía la trazabilidad.

“Cuando uno tiene proveedores apócrifos, esa plata fue a algún lugar”

La contadora sigue declarando y ahora recordó a empresas con proveedores apócrifos. “La realidad es que cuando uno tiene proveedores apócrifos esa plata fue a algún lugar, hay que seguir la trazabilidad de esa plata, revela una salida de dinero”, advirtió.

“Si es efectivo se pierde el rastro”, explicó en relación a la mayoría de los casos cuando los dólares se sacaban “por ventanilla”.

Contadora de la ex AFIP también habla de retiros en efectivo por miles de dólares

La testigo Lanza habló de su trabajo como parte del equipo que respondía pedidos de información judicial en el caso Cuadernos.

El procedimiento incluyó la circularización de bancos con fechas próximas a supuestos pagos de sobornos que confesó el financista arrepentido Ernesto Clarens.

Clarens describió operaciones vinculadas a varias empresas, entre ellas Decavial. Durante un período de cuatro años, se registraron extracciones en dólares por un monto aproximado de 11,8 millones en esa firma, dijo la testigo. “El trabajo consistió en aparear esas extracciones con los hechos relatados por Clarens”, explicó. Se analizaron los hechos en relación con cada contribuyente, buscando coincidencias específicas.

En ese caso relatado no se pudo determinar el destino del dinero. “Lo retiran por ventanilla y no sabemos”.

El organismo determinó realizar los procedimientos de verificación hasta 30 días antes de los hechos señalados por Clarens. Entre las operaciones detectadas, se identificaron retiros de efectivo, como uno cercano a los 300 mil dólares, ejemplificó.

Terminó la declaración del testigo Puyó y comienza María Eugenia Lanza

Con la exhibición de informes enviados al juzgado durante la investigación del caso Cuadernos terminó la declaración como testigo del ex funcionario de la AFIP en Córdoba Pedro Puyó.

La segunda testigo del día, María Eugenia Lanza, es contadora y trabaja en la AFIP, hoy ARCA. En 2018 formaba parte de la división Comprobaciones Externas de la dirección fiscalización de Grandes Contribuyentes. Recordó que en el caso Cuadernos se le encomendó incorporarse al equipo que respondía los pedidos que llegaban del juzgado de Bonadio. En una primera etapa trabajaron Techint y Esuco.

Bonadio pidió determinar si hubo “financiamientos espurios”

El testigo Puyó recordó que cuando se inició la causa Cuadernos, el entonces juez del caso Claudio Bonadio pidió a la AFIP investigar a un grupo de empresas y personas físicas.

El objetivo era determinar si existían “financiamientos espurios. Recuerdo esa expresión porque no es habitual y debíamos buscar si había financiamiento espurio en esas empresas durante el período fiscalizado”, explicó ante una pregunta del defensor del empresario Ferreyra, Franco Mattiello.

Luego volvió a responder preguntas de la fiscalía en relación al retiro en efectivo de 2,4 millones de dólares para “atesoramiento” , según documentación que se le exhibió en la audiencia.

El testigo habló de un retiro de 2,4 millones de dólares en efectivo

Entre 2015 y 2016, previo al caso Cuadernos, se detectaron “algunas inconsistencias” en movimientos de fondos de Electroingeniería, de los empresarios Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra. “Enviaban fondos a empresas de medios de comunicación. Estas empresas no eran propiedad de los socios de Electroingeniería, sino de sus hijos, a través de otras empresas inversoras. No se llegó a una conclusión definitiva sobre estas operaciones”, relató el testigo Puyó. Sin embargo recordó que en una de ellas “se detectó un retiro en efectivo de unos dos millones de dólares, lo que llamó la atención”. Remarcó que esa empresa “daba pérdidas”. Después precisó que fueron 2,4 millones.

Comenzó una nueva audiencia y el primer testigo declara por videoconferencia

El juicio se reanudó con la declaración de Pedro Puyo, por Zoom, ya que se encuentra en el interior del país. El testigo explicó que integró el equipo de la ex AFIP, hoy ARCA, que realizó fiscalizaciones a empresas involucradas al comenzar a responder preguntas de la fiscal Fabiana León.

En su caso fiscalizó a la empresa Electroingeniería y su grupo.

judiciales/2026/06/25/juicio-de-los-cuadernos-continuan-las-declaraciones-de-funcionarios-de-la-ex-afip/

La Cámara Federal porteña ordenó que las dos investigaciones abiertas en Comodoro Py por presunto lavado de dinero y estafas a un millar de inversores de Generación Zoe, el conglomerado empresarial de Leonardo Cositorto, se unifiquen en un solo juzgado que investigará de ahora en más lo ocurrido entre 2019 y 2022.

Las dos causas tramitarán de manera conjunta a cargo del juez federal Ariel Lijo quien ya investigaba a Generación Zoe, que acumula más de mil denuncias por estafas.

La resolución, firmada por el camarista Roberto Boico, puso fin a una contienda de competencia que enfrentó al Juzgado Federal 4 con el 12. Ambos tenían a su cargo expedientes distintos pero relacionados: mientras el primero instruye desde 2021 posibles maniobras de lavado de activos e intermediación financiera no autorizada dentro de la estructura de Zoe, el segundo recibió en febrero pasado por orden de la Corte Suprema y, tras años de tramitación en la justicia ordinaria, la causa por las defraudaciones sufridas por los damnificados del conglomerado que fundó el ya procesado Cositorto.

Maniobras vinculadas

Las maniobras defraudatorias investigadas “se encuentran íntimamente vinculadas entre sí”, consideró el juzgado federal 12 a cargo del juez Julián Ercolini cuando declinó la compentecia. En una pesquisa se analiza la captación fraudulenta de fondos y en la otra, el circuito económico por el que esos activos circularon dentro del holding. Ambas investigaciones “se proyectan sobre un mismo núcleo fáctico, sobre una misma organización y sobre un mismo conjunto de operaciones económicas”.

Al resolver que se unifiquen en el juzgado federal 4, el camarista Boico mencionó un dictamen del Procurador General de la Nación del 5 de septiembre de 2025, al que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se remitió al definir la competencia federal. Allí se sostuvo que “la presunta actividad financiera de las empresas dirigidas por la organización investigada, en cuanto les otorgaba fiabilidad, habría sido el medio para cometer las defraudaciones denunciadas”, lo que establece una relación objetiva entre ambos expedientes.

El mismo dictamen subrayó que “le corresponde al fuero federal que interviene en la presunta intermediación financiera no autorizada investigar, además, si esa infracción constituyó el medio para cometer las defraudaciones sufridas por los damnificados en su patrimonio”.

El magistrado concluyó que asignar la investigación al juzgado que preside Lijo “se orienta a garantizar una mejor y más pronta administración de justicia”.

El periplo de los estafados

La causa por las estafas a los inversores tramitó durante años en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 1 del fuero ordinario hasta que la Corte Suprema definió la competencia federal. En el expediente paralelo que ya estaba radicado en Comodoro Py se investigan los presuntos delitos de lavado de activos e intermediación financiera no autorizada, mientras que en el primero el fuero ordinario ya dictó procesamientos por estafa y asociación ilícita.

Cositorto está procesado como presunto jefe de una asociación ilícita responsable de 1.095 hechos de estafa. El grupo, según consta en la resolución, diseñó una estructura que simulaba ser una empresa próspera, promoviendo cursos de coaching, trading, liderazgo y otros servicios educativos de carácter tecnológico. Está embargado por 10 mil millones de pesos y el daño calculado a los inversores es de U$S 16.062.089, $4.425.706 y €6500. Ofrecía oportunidades de inversión en supuestos criptoactivos y servicios inmobiliarios.

El creador de Zoe ya está detenido con dos condenas firmes por asociación ilícita y estafas reiteradas en Corrientes y Salta. Además, enfrenta procesos en Córdoba —donde se encuentra radicada la mayor de las causas— y en Santa Fe.

El juicio oral por la causa Cuadernos inició una nueva etapa centrada en testimonios del equipo de la ex AFIP y actual ARCA que investigó a las empresas y empresarios involucrados en los presuntos pagos de sobornos en el kirchnerismo.

El proceso, que tiene como principal acusada a la ex presidenta Cristina Kirchner, se concentra ahora en el análisis en las inconsistencias detectadas en los controles a firmas cuyos entonces responsables se encuentran en el banquillo.

En tan sólo dos de estas audiencias se escuchó ya hablar de millones de dólares a los que se les perdió el rastro, uso de facturas truchas de proveedores que nunca podrían haber prestado los servicios contratados y hasta de un recital de Ricky Martin pagado para promocionar un emprendimiento turístico privado, vinculado a un empresario que poco antes había cobrado un multimillonario anticipo de fondos públicos para una obra que no llegó a terminarse.

Según la acusación que ahora sostiene la fiscal de juicio Fabiana León, gran parte de este dinero que para los técnicos de la AFIP se volvió imposible de rastrear era el que recolectaron en concepto de sobornos funcionarios del kirchnerismo, como detalló el autor de los cuadernos y remisero arrepentido Oscar Centeno, en relación a su ex jefe Roberto Baratta.

Una semana de testigos clave

Para esta semana se esperan dos testimonios clave: los de Jaime Mecikovsky y Eliseo Devoto. El primero fue subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior de la entonces AFIP y ya declaró durante horas en la causa Vialidad, donde se condenó a seis años de prisión a Cristina Kirchner por administración fraudulenta. Devoto, por su parte, era el jefe de Asuntos Jurídicos del organismo durante la gestión de Alberto Abad.

Miembros del equipo fueron objeto de denuncias penales y en muchos casos pérdida de funciones durante 2020, según fueron recordando en las audiencias quienes ya declararon, entre ellos funcionarios de carrera con más de 30 años en el organismo.

Se los acusó, incluso, de haber sido parte de una “taskforce” del macrismo. Todos dijeron que se les asignó por sus funciones responder, por ejemplo, pedidos de información judicial que llegaban desde el juzgado federal 11, donde tramitaba el caso Cuadernos, a cargo del fallecido juez Claudio Bonadio.

El próximo martes 30 está prevista la declaración de Pedro Puyo, María Eugenia Matilde Lanza, Jimena de la Torre, José Luis Giordano y Marcelo Costa, mientras que el jueves 2 de julio se espera la presencia de Devoto, Horacio Castagnola, Mecikovsky, Pablo Paturlante, Diana Guterman y Ana María Prana.

Documentación secreta

A los testigos se les muestra documentación contable y financiera que hasta ahora permaneció bajo secreto fiscal y fue entregada a las partes poco tiempo atrás.

Durante las recientes audiencias ante el Tribunal Oral Federal 7, declararon entre otros Verónica Iglesias, Carlos Stafforini, María Marta Criscuolo y Diego Quintas, todos ex integrantes del equipo de fiscalización de Grandes Contribuyentes de la AFIP. Iglesias relató que, en los controles a la empresa Isolux Corsán, se detectó el uso de facturas apócrifas emitidas por proveedores sin capacidad operativa, lo que motivó allanamientos y la extensión de controles a otros contribuyentes.

Stafforini, por su parte, explicó que la empresa Fainser recurrió a proveedores identificados como apócrifos, y que uno de ellos llegó a emitir facturas por cerca de 80 millones de pesos sin respaldo de servicios reales.

Criscuolo, quien ocupó cargos de supervisión hasta 2020, detalló que empresas como IECSA, entonces en manos de Angelo Calcaterra, realizaron transferencias a bancos en Andorra y compraron unos tres millones de dólares en coincidencia con anticipos por obra pública.

Parte de ese dinero se retiró en efectivo a través de la firma Transcambio y se vinculó a una UTE que IECSA formó con JCR para la remodelación de la autopista Córdoba-Rosario. “Se compraron tres millones de dólares que fueron retirados de Transcambio en efectivo por Santiago Altieri por IECSA y Jorge Benolol por JCR”, afirmó Criscuolo ante el tribunal. A ese dinero se le perdió el rastro, dijo.

Uno de los testimonios más llamativos lo aportó Jorge Tesolin, quien recordó la investigación sobre Vertúa Servicios y el uso de anticipos financieros otorgados por la empresa pública Enarsa. Tesolin indicó que la firma recibió una multimillonaria suma equivalente a casi cinco millones de dólares al cambio de la época para el Gasoducto del Nordeste Argentino, fondos cuyo destino no pudo acreditarse en su totalidad y que, de manera llamativa, poco tiempo después hubo una inversión del dueño de la empresa y su esposa en un fideicomiso turístico, que luego contrató un espectáculo de Ricky Martin en Mar del Plata para promocionarse.

“No se pudo determinar qué pasó con los dólares comprados con esos fondos de Enarsa”, declaró Tesolin, en referencia a las extracciones en efectivo detectadas por parte de los responsables de Vertúa.

Las audiencias ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli seguirán martes y jueves y se resolvió que haya juicio la segunda semana de la feria judicial de julio.

El detenido ex presidente de ARSAT Facundo Leal pidió el arresto domiciliario para tratar su adicción a las drogas. La defensa hizo el planteo en los tribunales de Comodoro Py donde se lleva adelante la causa por los estupefacientes encontrados durante un allanamiento, en su departamento del barrio porteño de Palermo.

Desde entonces el ex funcionario está detenido y fue procesado con prisión preventiva por presunta tenencia para la comercialización. Argumentó que era para consumo personal y presentó certificados médicos dando cuenta de su adicción, pero por el momento la Justicia no le cree. Pidió al juez federal Daniel Rafecas que le conceda la prisión domiciliaria por su condición, algo que aún no tuvo respuesta.

Leal fue procesado y enviado a la cárcel por el primer juez que intervino en el caso, el federal de San Isidro Lino Mirabelli, quien luego se declaró incompetente y envió la causa por droga a Comodoro Py.

En San Isidro se investiga una megacausa por presunta corrupción durante la gestión del ex funcionario en ARSAT. En ese marco y a pedido del fiscal de ese partido Fernando Domínguez se ordenaron una serie de allanamientos que incluyeron la vivienda de Leal. Durante el procedimiento se encontró la droga y el acusado quedó detenido de inmediato por este hallazgo.

En el lugar había también US$650.000 en efectivo, monedas extranjeras, ketamina, drogas sintéticas y cocaína. Además, en una propiedad ubicada en Mendoza se le secuestraron US$1,7 millones.

La indagatoria por ARSAT

Leal tiene una próxima cita judicial el 13 de julio, cuando será indagado por el juez Mirabelli en la investigación por supuesta corrupción en la empresa estatal de comunicaciones. Las audiencias arrancarán el lunes 6 de julio y se extenderán hasta el 15. El lunes 13 declararán Leal y Gerardo Boschin, ambos ex directivos de ARSAT, y en los días siguientes comparecerán Pablo Pagani, Juan Navarro y Juan Álvarez, conocidos como la “banda de los mendocinos” por su origen provincial.

La investigación en ARSAT incluye acusaciones por presuntos incumplimientos de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles, fraude a la administración y cohecho. También fueron citados empresarios de ALS (Argentina Logistic Service), beneficiarios de un contrato bajo sospecha por el alquiler de un predio donde la empresa estatal almacenó equipos valiosos. Los investigadores sostienen que los funcionarios “se interesaron en las contrataciones sobre fletes, transportes y alquiler de grúa”, lo que habría derivado en un presunto direccionamiento sin cumplir condiciones esenciales.

Tres directivos de ALS serán indagados el lunes 6 de julio: Diego Padilla, Fernando Paredes y Gastón Padilla. Un día más tarde será el turno de una empleada de esa empresa. Esa misma semana el juez y el fiscal escucharán a un acusado de intermediar en la operación de alquiler del predio. Finalmente desde el 13 de julio se iniciará la ronda de indagatorias de los ex funcionarios de ARSAT: Leal, Boschín, Pablo Pagani, Juan Andrés Navarro y Juan Antonio Álvarez.

El robo

La causa penal se inició con una denuncia por el robo de materiales en ese predio de San Fernando. Se calcula que la pérdida para la empresa estatal fue de 151.000 dólares en bienes sustraídos o dañados que se guardaban en 17 shelters —contenedores tecnológicos utilizados para la conectividad de la Red Federal de Fibra Óptica— y que estaban por contrato bajo custodia en ese predio de la firma ALS. El robo se detectó el 4 de enero de 2024 durante una recorrida por el lugar, ubicado en Ex Combatiente Sánchez 1982, en San Fernando.

Cuando los investigadores comenzaron a tomar testimonios de trabajadores de ARSAT todos coincidieron en advertir las deficiencias del mantenimiento y la seguridad del lugar: hablaron de ratas que se comían cables, humedad, falta de iluminación y cámaras. Ante ello se puso la mira en el contratista del predio y la causa derivó en una presunta licitación direccionada. En la investigación que lleva el fiscal Domínguez se documentaron al menos 14 órdenes de compra por un valor total de USD 1.930.861,30 y $40.300.000.

También se sospecha que Leal, Boschin y Pagani “aceptaron y cobraron promesas de dádivas y beneficios económicos directos e indirectos por parte de los representantes de Argentina Logistic Service“, según la imputación fiscal.

La Justicia dejó firme este viernes el procesamiento del presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia en la causa por retención indebida de aportes calculada en 19.000 millones de pesos. La decisión fue de la Cámara en lo Penal Económico, que en su caso dio por desierta y no analizó la apelación de su defensa porque no se presentó a tiempo a una audiencia. El dirigente está embargado por 350 millones de pesos y tiene prohibida la salida del país. Está de viaje por el Mundial en Estados Unidos con permiso judicial. El Tribunal de Apelaciones confirmó también la acusación contra el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino Pablo Toviggino. Ambos quedaron más cerca de ser enviados a juicio oral. La AFA como persona jurídica también quedó con procesamiento firme.

Los motivos

En relación a Toviggino se dio por probada su responsabilidad en los delitos y se confirmó el procesamiento por la omisión de depositar en el plazo legal montos retenidos por la AFA en concepto de IVA, Ganancias y contribuciones a la Seguridad Social entre 2024 y 2025 por un monto calculado en 19.000 millones de pesos.

En cuanto a Tapia quedó firme la acusación por el mismo delito, además del embargo y prohibición de salida del país que le había impuesto el juez en lo penal económico Diego Amarante cuando lo procesó el 30 de marzo. En igual situación está la AFA como persona jurídica - procesada y embargada- , ya que tiene la misma representación legal que Tapia y la apelación también se declaró desierta.

Dinero en cuenta

La Asociación del Fútbol Argentino “durante todo el período en el que habrían tenido lugar los hechos investigados, contó con esos fondos en sus cuentas, lo que denota que tenía una situación financiera que le permitía cumplir con los depósitos de las sumas retenidas y percibidas” en tiempo y forma, advirtió la Cámara en la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Sin embargo, “transcurridos los plazos legales, dichos depósitos no se verificaron”. La falta de pago de las obligaciones “no resultaría ajena al ámbito de la organización que tenía a cargo” Toviggino. El tesorero “era quien daba la orden al sector correspondiente sobre qué obligaciones debían pagarse”, concluyó la resolución judicial.

Al ratificar lo resuelto por el juez Amarante, el Tribunal remarcó que la institución tenía plazos fijos bancarios con fondos que permanecieron depositados con sucesivas renovaciones y que " no fueron utilizados para atender las obligaciones pertinentes". Esas sumas “superaban holgadamente” el monto evadido y que fue cancelado después, fuera de vencimiento.

La querella de ARCA advirtió cuando presentó la denuncia que la entidad madre del fútbol argentino no depositó las obligaciones fiscales y de seguridad social “derivadas de su condición de agente de retención y/o de percepción, se recuerda, de fondos que no le eran propios”, a pesar de haber estado en condiciones de hacerlo pasados 30 días de los vencimientos, remarcó la sentencia.

Los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio revocaron el procesamiento de otros tres acusados y ordenaron profundizar la investigación sobre el rol que pudieron tener en la maniobra. Se trata de Víctor Blanco Rodríguez, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo.

Tapia y Toviggino son investigados además por supuesto uso de facturación falsa, con el fin de ocultar a los verdaderos destinatarios del dinero del impuesto a las Salidas No Documentadas por los períodos fiscales 2024 y 2025 por un total de $289.336.519,66. Se trata de una ampliación de denuncia que presentó ARCA y fue impulsada por la fiscalía.

Se mencionó proveedores inexistentes o no localizados, falta de estructura operativa, ausencia de empleados y bienes, inconsistencias bancarias, domicilios falsos y sociedades vinculadas entre sí. También “circuitos comerciales cerrados”, cheques con múltiples endosos y empresas que facturaban actividades ajenas a su objeto social.

Un Tribunal ordenó el envío “urgente” de la causa que investiga quienes son los verdaderos dueños de una mansión en Pilar, valuada en 17 millones de dólares y atribuida a testaferros de la AFA, al fuero en lo penal económico de CABA, algo que no ocurrió todavía pese a que hace casi dos semanas se ordenó que el caso salga de Campana.

La Cámara en lo Penal Económico rechazó un nuevo planteo de los acusados como supuestos testaferros, Luciano Pantano y su madre Ana Conte, quienes intentaron con un recurso llegar otra vez hasta un tribunal superior, Casación, para frenar la medida y que la investigación siga a cargo del juez federal de Campana Adrián González Charvay.

Los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio reiteraron que los conflictos por la competencia no frenan las investigaciones y, al advertir que todavía no se cumplió con lo decidido el 12 de junio y la causa sigue en Campana, ordenaron a la jueza Verónica Straccia, a cargo del juzgado federal de Garantías en lo Penal Económico 10 de CABA, que requiera a González Charvay “la remisión urgente” de la causa, según la resolución a la que accedió Infobae.

Cuando resolvieron el pase del caso, los camaristas encomendaron al juzgado de González Charvay remitir con “carácter muy urgente” a su par Straccia la causa entera, sus incidentes y la documentación reservada. Pantano y Conte presentaron un recurso de apelación ahora rechazado pero el envío no se concretó. Les queda ahora ir con un recurso de queja directo al máximo tribunal penal federal del país, pero los camaristas del fuero económico consideraron que mientras tanto la investigación debe cambiar de juzgado en forma inmediata.

Los dueños de caballerizas y autos de lujo

La causa busca determinar si la adquisición de la mansión ubicada en Villa Rosa, Pilar, junto con una flota de vehículos de colección valuada en casi cuatro millones de dólares y otros bienes, formó parte de maniobras de presunto lavado de activos. Los principales imputados son Pantano y Conte, integrantes de la firma Real Central SRL, propietaria del predio. La investigación intenta establecer si actuaron como presuntos testaferros de dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y si los fondos utilizados para adquirir esos bienes salieron de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

La pesquisa se inició a partir de una denuncia presentada por Elisa Carrió y Facundo Del Gaiso. Según la hipótesis inicial, Real Central habría adquirido la propiedad sin capacidad económica suficiente para justificar una operación de esa magnitud. La escritura de compra se realizó por 1,8 millones de dólares pero una valuación judicial fijó en 17 millones el valor real de la propiedad más la flota de vehículos descubierta en un galpón.

La investigación cambió ya cuatro veces de juez. En el último de los conflictos, Pantano y Conte lograron el pase del caso a Campana argumentando que los bienes investigados están en Pilar, jurisdicción del juzgado federal de Charvay. Así el caso salió en enero último del fuero en lo penal económico de CABA para ser investigado allí. Pero la fiscalía se opuso y el tema llegó a Casación, que anuló lo resuelto y ordenó dictar un nuevo fallo a la Cámara en lo Penal Económico.

Al resolver la disputa el 12 de junio último, los camaristas concluyeron que el objeto de la pesquisa excede la compra de un inmueble y abarca una serie de operaciones económicas, financieras y societarias que, al menos en parte, habrían sido desarrolladas en la Ciudad de Buenos Aires.

“El objeto procesal de aquellas actuaciones se encuentra conformado por la investigación de delitos presuntos, de naturaleza económica y financiera, que se habrían cometido cuanto menos en parte, en el ámbito territorial de competencia de este Fuero”, explicaron en ese momento.

El fallo también repasó las distintas ampliaciones de denuncia incorporadas al expediente y describió cómo la pesquisa evolucionó hacia el análisis de una serie de sociedades, movimientos patrimoniales, operaciones comerciales y vínculos económicos entre distintas personas físicas y jurídicas.

En ese contexto, los jueces consideraron que el eje de la causa se centra en “un complejo entramado societario y de relaciones económicas entre distintas personas físicas y jurídicas, en principio con un denominador común relacionado con distintas entidades vinculadas al fútbol profesional”.

Durante la instrucción se incorporaron referencias a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, integrantes de su entorno familiar y comercial y diversas sociedades bajo análisis. Cuando la propiedad en cuestión fue allanada por orden judicial también se secuestraron elementos que, según la investigación, estarían vinculados al dirigente.

Para la Cámara, la ubicación física de la mansión no resulta determinante para fijar la competencia del expediente. Los camaristas destacaron además que varias de las sociedades investigadas tienen domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y que allí se habrían desarrollado actos relevantes para la operatoria bajo sospecha. También remarcaron que la escritura mediante la cual se concretó la compra de la propiedad fue firmada en una escribanía porteña. Pantano pagaba gastos con una tarjeta corporativa de la AFA.

Funcionarios de la ex AFIP coincidieron al declarar este jueves que empresas investigadas en el caso Cuadernos pagaron facturas apócrifas a proveedores sin capacidad para prestar servicios, al iniciarse una nueva etapa de testigos en el juicio oral, centrada en fiscalizaciones del organismo.

Una testigo recordó además que una UTE que formó la empresa IECSA por entonces del acusado empresario Angelo Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri, hizo giros a un banco de Andorra y también aludió a la compra de unos tres millones de dólares en fecha coincidente con el cobro de un anticipo por parte de Vialidad Nacional para una obra vial cuando integraba otra unión transitoria de empresas.

Se trató de un anticipo financiero hacia la UTE que IECSA formó con otra firma, JCR, para la remodelación de la autopista Córdoba Rosario y que rondó los cien millones de pesos. Parte de ese dinero, unos diez millones de pesos, “se usó para comprar los dólares” y de las cuentas de la UTE “se sacó dinero” para adquirirlos, detalló María Marta Criscuolo.

La audiencia concluyó pasadas las 1530 y el juicio seguirá el martes próximo con más testigos de la ex AFIP, actual ARCA.

El debate que tiene como principal acusada a la ex presidenta Cristina Kirchner entró ahora en el análisis de inconsistencias que la actual ARCA encontró al fiscalizar a las empresas que tienen sentados en el banquillo a sus entonces titulares, procesados en gran parte por presuntos pagos de sobornos.

La primera testigo Iglesias, contadora de la ex AFIP (hoy ARCA) declaró sobre una fiscalización a la empresa Isolux Corsán y mencionó el uso de facturas apócrifas por parte de proveedores sin capacidad para brindar servicio. En el debate es juzgado su ex CEO Juan Carlos de Goycoechea.

Terminó la audiencia y sigue la próxima semana con más testigos de la ex AFIP

Con la breve declaración del último testigo del día Diego Quintas, abogado de ARCA y en 2018 jefe del área de División y Recursos de la Regional Centro culminó la audiencia de este jueves y el debate se retomará la próxima semana con más declarantes del organismo recaudador.

Tras casi cuatro horas terminó la declaración de Criscuolo

Antes de dejar la sala de audiencias, la testigo contó que entró a la AFIP en 1993 y en 2017 la nombraron supervisora de Investigaciones de Grandes Contribuyentes hasta mediados de 2020 cuando perdió el cargo. “No me dieron los motivos”, dijo ante una pregunta de la fiscal León y agregó que el cambio no significó una mejora en su carrera. Ante una pregunta de una de las defensas detalló que son cargos interinos.

La lista del arrepentido Clarens

Criscuolo, contadora de ARCA, sigue declarando y hace referencia a la lista de supuestos pagos ilegales por parte de empresas que aportó el arrepentido financista Ernesto Clarens. Recordó que a pedido del juzgado del caso Cuadernos se buscó establecer si existía una “correlación entre los montos informados por Clarens y las salidas de dinero” que el organismo ya había detectado.

‘Nosotros queríamos ver si había alguna correlación entre lo que informó Clarens y las salidas de dinero que habíamos identificado’, señaló. La lista de Clarens estaba en la AFIP, explicó y dijo no recordar después de ocho años cómo llegó al organismo.

Luego la defensa de los empresarios Calcaterra, Javier Sánchez Caballero y Altieri -por IECSA- le preguntó si encontró en sus casos alguna “fuente de financiamiento espurio”. “Yo no puedo concluir eso, lo único que hice fue circularizar bancos y ver qué pasó con el dinero de la UTE. No puedo dar esa conclusión, no me corresponde”, respondió la testigo.

“Se compraron tres millones de dólares” que se retiraron en efectivo

La testigo detalló al serle exhibidos gráficos que hizo durante su investigación en la ex AFIP que la UTE IECSA-JCR cobró un anticipo el 29 de octubre de 2008 por parte de la Dirección Nacional de Vialidad que neto de retenciones quedó en 98 millones de pesos. Con parte de ese dinero ”se compraron tres millones de dólares que fueron retirados de Transcambio en efectivo por el señor Santiago Altieri por IECSA y Jorge Benolol por JCR”, declaró Criscuolo.

La fiscal preguntó por el rastro del dinero en declaraciones juradas de importación de IECSA

“¿Se podía seguir el rastro del dinero?“, preguntó la fiscal Fabiana León a la testigo de ARCA Criscuolo en relación a la operatoria de IECSA como parte de la UTE que ganó la licitación para el fallido soterramiento. En el caso específico de las DJAI (declaraciones juradas anticipadas de importación) la testigo recordó que un banco informó ”que la plata había sido derivada a través de un intermediario en Nueva York a la banca privada de Andorra. Hasta ahí llegó nuestra labor investigativa”.

En relación a otra UTE, IECSA-JCR, recordó que ganó la licitación para la remodelación de la autopista Córdoba-Rosario. “Habían cobrado un anticipo financiero de cien millones aproximadamente. Lo que pudimos ver es que en ese mismo período la UTE había realizado operaciones de compra de dólares para tenencia” y la empresa que intervino, Transcambio, “informó que los dólares habían sido entregados a apoderados de la UTE en efectivo”. Se habían comprado unos tres millones de dólares, detalló.

Se reanudó la audiencia y el Tribunal decidió no aceptar los planteos de la defensa de Calcaterra

Tras deliberar por casi una hora, el Tribunal Oral Federal 7 por unanimidad rechazó los planteos de la defensa de Angelo Calcaterra que objetó preguntas sobre aspectos que se investigan en la causa por el fallido soterramiento del tren Sarmiento.

La fiscal federal Fabiana León podrá así seguir preguntando a la testigo Criscuolo sobre la ruta del dinero de declaración juradas de importación.

Los jueces Fernando Canero y Ernique Méndez Signori coincidieron en que las preguntas son pertinentes y no se observa vinculación directa con la causa por el soterramiento del Sarmiento. En su voto el juez Germán Castelli recordó que la funcionaria de ARCA ya declaró sobre el tema en la instrucción del caso y su testimonio fue admitido en el juicio oral.

“Nos informaron que la plata a través de un intermediario en Nueva York fue derivada a la banca privada de Andorra”, dijo la testigo al responder una nueva pregunta de la fiscal.

Tras breve cuarto intermedio se reanuda la audiencia con la tercer testigo del día

Se trata de la contadora y empleada de ARCA, ex AFIP, María Marta Criscuolo. Fiscalizó varias empresas a pedido del juzgado federal 11 a cargo entonces del ya fallecido juez Claudio Bonadio en la segunda mitad del 2018. Una de ellas fue SACDE, ex IECSA, detalló. En el caso puntual se concentró en una UTE vinculada al soterramiento del tren Sarmiento.

La audiencia registró un cruce entre la fiscalía y la defensa del empresario acusado Angelo Calcaterra, por la ex IECSA, cuando se preguntó a la testigo por las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) que forman parte de otra investigación judicial en la que está imputado.

La defensa, representada por los abogados Ricardo Rosental y Valeria Onetto, cuestionó la pertinencia de las preguntas. “Mis tres clientes están imputados sin decisión de mérito en esa causa. Es otra UTE, con otras empresas, y no tienen ninguna vinculación con el caso Cuadernos”, sostuvo Onetto.

Finalmente, la fiscalía insistió en que el objeto del interrogatorio era distinto al que se analiza en la causa por el soterramiento del Sarmiento y que se estaba examinando “un aspecto diferente” de las operaciones investigadas.

Terminó la declaración del segundo testigo y se dispuso un breve cuarto intermedio

El contador de ARCA Stafforini terminó su declaración y el Tribunal Oral Federal 7 dispuso un breve cuarto intermedio.

Poco antes, el defensor del empresario y ex titular de la UIA Lascurain, Marcelo Mónaco, le preguntó sobre el modo y el momento en que una empresa podía enterarse de manera fehaciente de que un proveedor estaba en una base de datos por facturas apócrifas o era poco confiable.

Ante esa consulta, el testigo respondió que “es muy difícil” detectar ese tipo de situaciones y explicó que los proveedores son incorporados a las bases de datos de apócrifos una vez finalizados los procesos de fiscalización, y no mientras están siendo investigados.

“Fainser les pagó a estas empresas apócrifas”

El contador de ARCA Stafforini declaró que como conclusión de una fiscalización la empresa Fainser “pagó a estas empresas apócrifas” como proveedoras que emitían facturas falsas.

Terminó la declaración de Iglesias y comienza el testigo Carlos Stafforini

Iglesias concluyó su declaración de casi una hora respondiendo preguntas de defensas y fiscalía. Dijo desconocer si la empresa Isolux Corsán participó en emprendimientos de parques eólicos como parte de alguna otra Unión Transitoria de Empresas. Remarcó que ella fiscalizó a la firma sólo como parte de la UTE que construyó la usina hidroeléctrica de Rio Turbio.

El contador Carlos Stafforini, de ARCA, fiscalizó la persona jurídica Fainser en relación a proveedores con facturas apócrifas. Se trata de otra de las empresas con directivos acusados en el juicio. En su caso se juzga a su ex titular Juan Carlos Lascurain, desde esta semana con arresto domiciliario condenado a cuatro años de prisión en otra causa penal por fraude en Rio Turbio.

Un proveedor emitió facturas por 80 millones sin capacidad para dar el servicio

Ante preguntas de la fiscalía sobre los motivos por los que una empresa o una UTE puede recurrir a facturación apócrifa, la ex jefa de División de Fiscalización de la AFIP explicó que una de las finalidades puede ser “buscar un incremento del crédito fiscal”. La testigo señaló que, durante las tareas de fiscalización, se detectaron proveedores que facturaban montos millonarios sin contar con capacidad económica ni operativa para prestar los servicios declarados.

Como ejemplo, mencionó el caso de Antonio Blua, un hombre que trabajaba en el Servicio Penitenciario y que comenzó a facturar a la UTE supuestos servicios de mano de obra en seguridad. Según indicó, en poco tiempo emitió facturas por alrededor de 80 millones de pesos. Sin embargo, “los empleados encuestados no reconocían a Antonio Blua”, sostuvo.

La ex funcionaria explicó que, para el organismo fiscal, resulta relevante determinar si un proveedor tiene capacidad para llevar adelante las prestaciones que factura, ya que de lo contrario se impugnan los créditos fiscales originados en “facturas que carecen en principio de veracidad”. Agregó que se realizó un seguimiento por muestreo de los fondos y que “aparecieron retiros de caja del banco”.

“Al determinarse que el proveedor que presta el servicio es apócrifo, esos fondos no tienen un destino cierto”, afirmó la testigo. En ese sentido, agregó que “se tiene que probar que esa persona haya prestado el servicio” y remarcó: “Esa persona no lo prestó”.

Además, señaló que “no se pudo determinar que el proveedor haya tenido un incremento patrimonial acorde a lo que pudo haber cobrado por este contrato”, circunstancia que, según explicó, reforzaba las sospechas sobre la inexistencia real de las prestaciones facturadas.

Finalmente, precisó que, tras la determinación de oficio practicada por la AFIP, el organismo avanzó con una denuncia penal.

La testigo habló de proveedores y facturas apócrifas

La testigo Iglesias recordó que estuvo a cargo de fiscalizaciones sobre la empresa Isolux y la UTE que integraba vinculada a la usina termoeléctrica de Río Turbio y explicó que durante las tareas de control detectaron la existencia de proveedores catalogados como apócrifos desde 2014.

Según relató estaba a cargo de directivos entre los que mencionó al acusado Juan Carlos Goycoechea. “Era un contribuyente muy importante y el control tenía que ser profundo”, sostuvo durante la audiencia.

En determinado momento, la empresa dejó de responder a los requerimientos formulados por el organismo recaudador, situación que derivó en la realización de un allanamiento, recordó.

Durante el interrogatorio de la defensa de Roberto Baratta, a cargo del abogado Marcos Aldazabal, la testigo confirmó que recibió distintos oficios judiciales solicitando información y que incluso existió un pedido para profundizar la investigación y evaluar la posibilidad de extender esos controles a otros contribuyentes relacionados con esa UTE.

El juicio se reanudó con la testigo Verónica Iglesias

En una nueva audiencia del juicio por presunta asociación ilícita y pago de sobornos durante el kirchnerismo, comenzó a declarar la contadora de la AFIP (hoy ARCA) Verónica Iglesias.

La testigo responde preguntas de la fiscal Fabiana León relativas a sus funciones en 2016, cuando era supervisora de fiscalización. En 2017 fue nombrada jefa de división. Comenzó a referirse a una fiscalización al grupo Isolux Corsán por uso de facturas apócrifas. Se trata de una de las empresas involucradas en la acusación.

El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella ordenó este miércoles una inspección ocular a la finca de San Vicente donde Jésica Cirio habría filmado fajos con miles de dólares dentro del vestidor de su exmarido, el exjefe de gabinete bonaerense Martín Insaurralde. Además, dispuso que Gendarmería Nacional perite el teléfono celular que la modelo entregó a la Justicia en busca de los originales de esos videos, entre una batería de medidas de prueba en el marco de la causa por supuesto enriquecimiento ilícito que se sigue al exfuncionario.

Las medidas se ordenaron luego de tomar declaración como testigo a un contador de una empresa vinculada al exintendente de Lomas de Zamora, Sasaxa Libero SA. Esa firma figura como propietaria de la casa de San Vicente donde convivió Insaurralde con Cirio. El contador, Walter de la Fuente, declaró ante el juez y el fiscal del caso Sergio Mola y dio detalles sobre los estados contables de esa empresa, firmados por él.

La inspección en el barrio San Vicente Club

A pedido del fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola, el juez autorizó la inspección en la finca 275 que ocupa dos lotes en el barrio “Fincas de San Vicente Club de Chacras”, en ese partido bonaerense. El objetivo es “constatar si las imágenes del video divulgado en los medios de comunicación” y las que en un futuro se agreguen a la causa judicial “han sido obtenidas en ese lugar”, según supo Infobae en fuentes judiciales.

Además declararán policías que participaron de un allanamiento al lugar cuando comenzó la investigación contra Insaurralde y los testigos de ese trámite para preguntarles si lo que vieron ese día coincide con “el espacio del cambiador que se observa en las imágenes” donde Cirio hablaba mostrando fajos de dólares escondidos en cajones de ropa, bolsas y valijas. También se convocó a dos ex empleadas domésticas del entonces matrimonio.

En cuanto a las refacciones y para constatar si entró personal de construcción con destino al lote para hacer reformas se pidió informes sobre ingresos y egresos a la administración del barrio privado desde 2022 al presente.

El celular de Cirio

En cuanto al celular que Cirio hizo llegar al juzgado por medio de su abogado, se dispuso que lo perite Gendarmería. Se trata de un “Apple, modelo Iphone 17 A 3523, que pertenecería a Jesica Wanda Judith Cirio y fuera aportado por su defensa”, detalló la orden judicial.

El aparato se entregó a la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses del Escuadrón “Buenos Aires” de la Gendarmería Nacional, se labró un acta y se ordenó que de manera “urgente” se realice un informe técnico con extracción del contenido de aplicaciones instaladas, “historial de navegación de internet, fotografías y videos, como cualquier otro tipo de archivos, con especial relevancia en la determinación de información relacionada con datos que evidencien la comisión del delito que en la presente causa se investiga”.

Además se ordenó la apertura, extracción y resguardo de datos (correos electrónicos, servicios de mensajería como WhatsApp, mensajería interna, documentación digital, registros de navegación e imágenes) respecto de otros dispositivos de almacenamiento secuestrados en allanamientos ordenados en los últimos días.

Se buscan conversaciones, transferencias, registros contables o material audiovisual (especialmente archivos de video de contenido patrimonial) “que vinculen a los investigados con las maniobras de lavado de activos o incremento patrimonial injustificado”, se detalló. También están bajo estudio filmaciones de cámaras de seguridad en busca de ingresos y egresos de los lugares investigados, transporte de bolsos, dinero y cualquier maniobra que resulte sospechosa.

Entre las medidas de prueba pedidas por el fiscal Mola figura también una pericia sobre las imágenes para intentar determinar cuánto dinero mostró Cirio. Para ello propuso la colaboración de expertos de la Procuración General de la Nación. Los fajos con dólares estaban debajo de remeras en prolijas bolsitas plásticas con cierre tipo “ziploc” o dentro de bolsas de tela y valijas.

Los videos de Cirio mostrando los dólares en un vestidor fueron publicados en el diario La Nación y las imágenes datarían de 2023. Insaurralde y Cirio se casaron en diciembre de 2014. Se separaron en noviembre de 2022 y el divorcio se formalizó en julio de 2023.

En la investigación está en curso una pericia sobre su patrimonio y el de otros imputados. Sobre esta pericia la fiscalía reclamó que se incluyan puntos que quedaron fuera, vinculados a familiares de Insaurralde como por ejemplo sus dos hijos, para reconstruir su actividad laboral y los ingresos que registraron, con el objetivo de establecer el origen de los fondos utilizados para adquirir acciones de una de las firmas de la que formaron parte y es propietaria de la casa.

La causa que tramita en Lomas de Zamora se inició en octubre de 2023 cuando se hizo público el viaje de lujo que el entonces jefe de Gabinete bonaerense hizo a Marbella con otra mediática, Sofía Clerici, en el yate “Bandido”, entre el 15 y el 20 de septiembre de ese año. El viaje, según reveló un dictamen del fiscal, costó 41.087,65 euros y 8.189,30 dólares. En octubre de 2024 la fiscalía reclamó citar a Insaurralde a declaración indagatoria, algo que aún no sucedió.

Mientras tanto, el fiscal federal porteño Franco Picardi evalúa un pedido que recibió para citar como testigo en Comodoro Py a Jésica Cirio en la causa que investiga a su otro exmarido, Elías Piccirillo, por maniobras con el rulo cambiario y la gestión de permisos de importación durante el cepo a dólar en el gobierno de Alberto Fernández. El planteo fue hecho por la defensa de otro imputado, Francisco Hauque.

El juicio oral por la causa de los Cuadernos de la Corrupción se reanudó este martes ante el Tribunal Oral Federal 7 con una nueva ronda de testimonios centrados en la operatoria de los vuelos presidenciales que unían Buenos Aires con Río Gallegos y El Calafate durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Además comenzaron a declarar funcionarios de ARCA que fiscalizaron empresas investigadas.

El primer testigo del día, el militar retirado José Molina, declaró por videoconferencia y reiteró que no siempre se controlaba el equipaje de la tripulación en los vuelos presidenciales. Luego fue el turno de un contador funcionario de ARCA, ex AFIP al momento de los hechos y de otro ex funcionario que recordó una contratación de un show de Ricky Martin para presentar un emprendimiento de otro de los acusados.

Las últimas audiencias estuvieron enfocadas en reconstruir cómo funcionaban los controles de equipaje en los vuelos oficiales hacia Santa Cruz. El eje de las declaraciones pasa por determinar si las valijas y bolsos transportados en esas aeronaves eran sometidos a los controles de seguridad habituales o si existían mecanismos excepcionales para determinados funcionarios y equipajes.

El debate oral, que comenzó en noviembre pasado, juzga a la ex presidenta Cristina Kirchner junto a ex funcionarios y empresarios acusados de integrar una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos vinculados con la adjudicación de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

Finalizó la audiencia

El TOF N° 7 dio por concluida la jornada.

El juicio continuará el jueves con más testigos.

“Una empresa contrató a Ricky Martin”

El ex jefe de fiscalización de AFIP confirmó que durante una revisión realizada sobre las cuentas del empresario Raúl Vertúa, uno de los acusados, comprobaron que había contratado al cantante para dar un show en Mar del Plata, en 2015.

Fue luego de haber cobrado 733 millones por la construcción del Gasoducto del Nordeste Argentino, una obra que no concretó, dijo el testigo.

La presentación de Ricky Martin que contrató el empresario fue para el lanzamiento de un emprendimiento inmobiliario en la Costa Atlántica, refirió además.

El testigo luego hizo un repaso de extracciones en efectivo que hizo el empresario acusado.

Declara un exfuncionario de AFIP

Se trata de Jorge Enrique Tesolin, supervisor del Área Fiscalización hasta 2018.

Terminó la declaración de Greco y se dispuso un cuarto intermedio antes de seguir con más testigos

La declaración del testigo Pablo Greco concluyó después de casi dos horas y el Tribunal dispuso un receso ante de continuar la audiencia de este martes con más testigos. El funcionario de ARCA ratificó lo hecho en un sumario a la firma ESUCO y las irregularidades detectadas.

El testigo de ARCA sigue respondiendo preguntas

El testigo Greco responde preguntas de las defensas y de la fiscal Fabiana León vinculadas a la fiscalización de oficio a ESUCO y da detalles sobre las ampliaciones de esa información que le pidió en 2018 el juez del caso Cuadernos, Claudio Bonadio.

El funcionario de ARCA lleva más de hora y media de declaración.

“Hubo una maniobra para engañar al fisco”

El testigo Greco relató que la unión transitoria de empresas que integró Esuco para una obra licitada por AYSA incurrió en una “maniobra para engañar al fisco mediante la simulación de una operación”.

“Para mí, este caso fue novedoso en ese sentido: contar con una factura de compra respaldada por una transferencia bancaria hacía presumir, a primera vista, que la operación era real. Incluso, si uno analiza la Ley del IVA, el hecho imponible se configura con la entrega del bien o con la emisión de la factura. Sin embargo, logramos demostrar que detrás de esa factura no existía ninguna contraprestación real. Se trataba, en definitiva, de una factura emitida para justificar la recepción de una transferencia de fondos”, explicó Greco.

El testigo detalló que “no existía ningún acto económico que respaldara la operación. Lo que se presentó como una transacción comercial era, en realidad, un anticipo financiero vinculado a una obra pública de AySA, sin que existiera una contraprestación real que justificara la emisión de la factura”.

“No existió ninguna contraprestación de servicios ni entrega de bienes, al menos hasta 2019. Lo que se acreditó en el expediente es que la factura no respondía a una operación comercial real, sino que había sido emitida para justificar una transferencia de fondos”.

El contador de ARCA recordó una fiscalización de oficio a Esuco

El testigo se refirió a un contrato de obra pública del año 2014 donde la empresa que integraba una UTE ganó una licitación y Aysa le transfirió dinero. “La UTE tenía que emitir una factura” por ese anticipo financiero. La UTE “no había declarado el débito fiscal” y se le reprochó en la fiscalización que como se trataba de una obra pública sobre inmueble ajeno “existía un débito fiscal a declarar a diciembre de 2014″.

Al responder preguntas de la fiscal Fabiana León, el testigo Greco habló sobre cómo se repartió el anticipo financiero entre los integrantes de la Unión transitoria formada por cuatro empresas. El funcionario intervino como “juez administrativo” para determinar si se cumplió con las obligaciones y en base a ellos fundaron los cargos, recordó.

Declara un contador de ARCA

Se trata de Pablo Greco, contador y funcionario de ARCA, ex AFIP. Trabajó en la fiscalización de una de las empresas investigadas por supuesto pago de sobornos en el caso Cuadernos, Esuco. Relató que es funcionario público de carrera en el organismo.

En los vuelos de cabotaje no siempre se controlaba el equipaje de la tripulación, dijo el testigo

Molina declaró que en los vuelos al exterior el equipaje era sometido a controles mediante un escáner móvil. “Nos escaneaban los bolsos y después el despachante subía el equipaje”, señaló.

Sin embargo, aclaró que no podía afirmar que esos controles se realizaran de manera sistemática en los vuelos de cabotaje. “En los vuelos dentro del país que me tocó realizar, no recuerdo que siempre se controlara el equipaje de la tripulación”, sostuvo.

Respecto del equipaje de los pasajeros, admitió no tener conocimiento directo: “Desconozco si las valijas de los pasajeros se controlaban o no”.

El primer testigo del día declara por videoconferencia sobre los vuelos presidenciales durante el kirchnerismo

Se trata de José Molina, militar retirado de la Fuerza Aérea, quien integró la flota presidencial entre 2010 y 2015. Al igual que testigos en audiencias pasadas relató que fue tripulante de vuelos a Santa Cruz, a las ciudades de Calafate y Rio Gallegos. Era mecánico y relató que el equipaje de los pasajeros iba en una bodega en la parte media del avión, los bolsos grandes. “El equipaje de mano lo llevaban a bordo”.

“A bordo iba el equipaje presidencial y Ceremonial era el encargado de subir y bajar lo que es el equipaje”, relató sobre cómo eran los procedimientos en el Tango 01.

El celular fue llevado al juzgado por un abogado de Cirio y entregado de manera formal para ser peritado en busca dar con los videos originales en los que aparece la voz de Cirio hablando y mostrando los fajos de miles de dólares guardados en bolsas selladas debajo de remeras de Insaurralde y en una bolsa de tela, entre otros sitios.

La Justicia intenta determinar si esas imágenes que datarían de 2023 se grabaron con el celular que aportó ahora Cirio. Fuentes del caso anticiparon que consideran difícil encontrar las filmaciones en ese teléfono.

El juez investiga al ex intendente de Lomas de Zamora por enriquecimiento ilícito e intimó a la modelo para que entregue su celular en 24 horas. En allanamientos el domingo último también se buscaron notebooks, tarjetas de memoria y cualquier dispositivo donde pudieran llegar a estar los videos almacenados.

Los allanamientos

El fiscal federal Sergio Mola, que investiga a Insaurralde a partir del “yate gate”, busca incorporar a la causa los videos originales que difundió La Nación para peritarlos. Con ese fin es que el juez Armella ordenó allanar a Cirio y a su último esposo, el financista Elías Piccirillo, quien supuestamente tenía en su poder el material.

Los allanamientos no arrojaron resultados positivos. Cirio no estaba en su departamento y Piccirillo, detenido con prisión preventiva por plantarle un arma y droga a un ex socio, no tenía almacenado en sus dispositivos ningún archivo de interés para la investigación, según pudo saber este medio de fuentes judiciales.

En el departamento de Palermo de Cirio la Gendarmería incautó 19.000 dólares y armas registradas a nombre de la actual pareja de la modelo, el empresario Nicolás Trombino, con quien espera un hijo.

Los videos de Cirio mostrando los dólares en un vestidor fueron publicados en el diario La Nación y las imágenes datarían de 2023. Insaurralde y Cirio se casaron en diciembre de 2014. Se separaron en noviembre de 2022 y el divorcio se formalizó en julio de 2023.

La causa que tramita en Lomas de Zamora se inició en octubre de 2023 cuando se hizo público el viaje de lujo que el entonces jefe de Gabinete bonaerense hizo a Marbella con otra mediática, Sofía Clerici, en el yate “Bandido”, entre el 15 y el 20 de septiembre de ese año. De las fotos que se conocieron se los ve en la embarcación tomando champagne y con carteras de lujo. El viaje, según reveló un dictamen del fiscal, costó 41.087,65 euros y 8.189,30 dólares.

En la causa hay un pedido fiscal desde octubre de 2024 para citar a Insaurralde a declaración indagatoria y se lleva adelante una pericia sobre su patrimonio y el de otros imputados. Sobre esta pericia la fiscalía reclamó que se incluyan puntos que quedaron fuera, vinculados a familiares de Insaurralde como por ejemplo sus dos hijos, destinados a reconstruir su actividad laboral y los ingresos que registraron, con el objetivo de establecer el origen de los fondos utilizados para adquirir acciones de una de las firmas investigadas.

Según la imputación fiscal, el ex intendente de Lomas de Zamora no podría justificar sus ingresos con sus salarios en la función pública, donde trabajó siempre. Por ejemplo en la causa se probó un gasto de 78.000 dólares en viajes en avión al exterior en sólo dos años.

La Cámara Federal de San Martín resolvió que la causa por drogas en la que se encuentra detenido el ex titular de Arsat, Facundo Leal, siga su curso en los tribunales federales de Comodoro Py, al definir una disputa de competencia entre juzgados de San Isidro y de la Ciudad de Buenos Aires.

De esta manera, la causa por presunta tenencia de estupefacientes para su comercialización quedará radicada en el Juzgado Federal 6 porteño y será la Cámara Federal de Comodoro Py la que intervenga como Tribunal revisor de las decisiones tomadas, según supo Infobae en fuentes judiciales. Mientras tanto, la investigación donde Leal está acusado por supuesta corrupción en Arsat sigue su trámite en San Isidro.

La decisión fue adoptada por la Sala I de la Cámara Federal de San Martín, que sostuvo que el expediente por el hallazgo de la droga debe tramitar en la ciudad de Buenos Aires porque los estupefacientes se encontraron en el departamento del ex funcionario en el barrio porteño de Palermo. Si bien el allanamiento se realizó vía exhorto del juzgado federal de San Isidro a cargo de Lino Mirabelli en busca de pruebas en otra causa por corrupción en ARSAT, cuando se encontró la droga se abrió una nueva investigación y se dispuso detener de inmediato a Leal, quien presidió la empresa estatal durante el gobierno de Alberto Fernández.

Mirabelli procesó a Leal con prisión preventiva por tenencia de droga con fines de comercialización y luego se declaró incompetente para seguir con esa investigación por un tema de territorio, decisión que ahora confirmó el tribunal superior. “La sustancia estupefaciente, objeto de imputación, fue secuestrada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, concluyó el camarista Marcelo Fernández. La Cámara entendió que el presunto delito vinculado al narcotráfico constituye un hecho autónomo y consideró razonable que ambas pesquisas continúen por separado.

Durante su declaración indagatoria, Leal sostuvo que las sustancias estaban destinadas a consumo personal y presentó un informe médico para acreditar un cuadro de adicción. Sin embargo, el juez consideró que la cantidad de droga hallada excedía ese supuesto y resolvió avanzar con el procesamiento y dictar su prisión preventiva.

En el departamento de Palermo se encontraron US$650.000 en efectivo junto a monedas de otros seis países, pero además había ketamina, drogas sintéticas en distintas presentaciones y cocaína. Por esto último el ex funcionario quedó preso de inmediato. En otro de sus domicilios, en Mendoza, se le secuestraron u$S 1,7 millones.

La causa ARSAT

En la causa que se lleva en su juzgado, el juez de San Isidro Mirabelli citó a declaración indagatoria a Leal y otros imputados por supuestos hechos de corrupción en la empresa estatal de comunicaciones.

Además de Leal están citados Gerardo Boschin, Pablo Pagani, Juan Navarro y Juan Álvarez, ex directivos de ARSAT conocidos como la “banda de los mendocinos” por ser todos oriundos de esa provincia. Se investigan presuntos incumplimientos de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública, fraude a la administración pública y sobornos.

También serán indagados los empresarios de ALS (Argentina Logistic Service) Diego Padilla, Fernando Paredes y Gastón Padilla, entre otros. Estos últimos resultaron beneficiarios de un contrato que está en la mira judicial para el alquiler de un predio en el cual ARSAT almacenó equipos de alto valor comercial y estratégico.

La hipótesis de los investigadores es que los entonces funcionarios “se interesaron en las contrataciones que ARSAT realizó sobre el servicio de fletes, transportes, alquiler de grúa, espacio de guardado asignado a ALS”, y todo derivó en un presunto direccionamiento de la contratación sin que el lugar cumpliera con condiciones mínimas.

La causa penal se inició con una denuncia por el robo de materiales en ese predio de San Fernando. En la investigación que lleva el fiscal federal de San Isidro Fernando Dominguez se documentaron al menos 14 órdenes de compra por un valor total de USD 1.930.861,30 y $40.300.000.

El tercero de los hechos se encuadra en la hipótesis de que Facundo Leal, Gerardo Boschin y Pablo Pagani “aceptaron y cobraron promesas de dádivas y beneficios económicos directos e indirectos por parte de los representantes de Argentina Logistic Service“.

Por otra parte, el juez Mirabelli impuso una serie de medidas cautelares sobre los bienes de los 10 imputados y dispuso el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil.

Dos de las causas más voluminosas que se investigan en Comodoro Py por maniobras multimillonarias con el dólar oficial y el “rulo cambiario”, durante el cepo del gobierno de Alberto Fernández en 2023, están a estudio de la Cámara Federal porteña para definir si siguen su curso por separado o se unifican. En ambas se investiga a Elías Piccirillo y a Martín Migueles.

El conflicto se originó con un planteo del juez federal Ariel Lijo para que su par María Servini le envíe su expediente. La magistrada se negó y el tema llegó al tribunal de apelaciones superior de ambos, la Cámara Federal. Ahora el fiscal ante esa instancia, José Luis Agüero Iturbe, dictaminó que por el momento ambas pesquisas deberían seguir por separado.

En las causas se investigan maniobras con la compraventa de dólar a precio oficial y posterior reventa a valor blue, el conocido rulo cambiario, por cifras multimillonarias durante el cepo. Entre los imputados hay financistas, así como bancos y casas de cambio. Figuran Piccirillo, Migueles y Francisco Hauque, un ex socio del primero que podría convertirse en arrepentido si es eventualmente citado a declaración indagatoria, según anticipó su defensa en tribunales.

Piccirillo está procesado bajo arresto domiciliario en otra causa penal, por montar un operativo para acusar falsamente por narcotráfico a Hauque, a quien le debía dinero. Como derivación, se llegó a los delitos cambiarios y luego a las supuestas maniobras con los SIRA, permisos de importación, entre 2022 y 2023.

El futuro de las investigaciones

Al requerírsele opinión como paso previo a resolver, Agüero Iturbe, fiscal ante la Cámara, concluyó que hay pruebas en marcha en las dos investigaciones y que por el momento es aconsejable que sigan separadas. La decisión será ahora del Tribunal revisor.

En el caso de la que lleva Lijo, está delegada en la fiscalía de Franco Picardi, quien además denunció supuestas maniobras de cobro de sobornos para agilizar los SIRA, permisos de importación con dólar a precio oficial durante el cepo, como otra pata de los ilícitos que cometían los acusados.

Entre las últimas medidas de prueba que ordenó el fiscal figura determinar quién visitó entre 2020 y 2024 a Piccirillo y Migueles en las casas donde vivieron en el barrio privado de Nordelta durante ese período. El fiscal contextualizó además las maniobras en los años de cepo cambiario, cuando la mayoría de los argentinos sólo podía acceder a USD 200 mensuales en el mercado oficial. También citó a nuevos testigos y pidió levantar el secreto fiscal de otros sospechosos.

En cuanto a la investigación que se lleva en el juzgado de Servini, Migueles está embargado, con restricciones para acceder a sus cajas de seguridad y modificar el paquete accionario de su empresa Arg Exchange SA. La denuncia apunta a compras de divisas por unos USD 67,9 millones entre el 3 y el 20 de octubre de 2023, con presuntas transferencias y extracciones en efectivo que forman parte del análisis judicial.

En total entre todos los imputados, se investigan maniobras ilegales con la compra de unos 1400 millones de dólares también durante 2023, a partir de una denuncia que detectó que al menos 18 casas de cambio operaron a través de dos bancos para acceder a grandes volúmenes de dólares al tipo de cambio oficial, sin justificación económica suficiente.

Diecisiete de estas firmas habrían canalizado $141.596 millones provenientes de más de 2.700 personas físicas y 647 jurídicas, con la sospecha de que parte de esos fondos sería de origen ilícito, según la acusación.

El fiscal federal Franco Picardi pidió levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil de nuevos sospechosos por supuestos pagos indebidos para acelerar tramites de permisos de importación durante el cepo cambiario en 2023 y citó como testigos a funcionarios de ARCA para que den precisiones sobre cómo funcionaba el sistema.

La fiscalía dispuso una batería de nuevas medidas de prueba en torno a la situación del imputado empresario Martín Migueles, expareja de Wanda Nara, e investigado por el “rulo cambiario” con el dólar oficial y presuntos cobros ilegales para intermediar en la tramitación de los SIRA que regían en el gobierno de Alberto Fernández, según supo Infobae en fuentes judiciales.

En un descargo que presentó en persona en Comodoro Py el 11 de mayo pasado, Migueles rechazó todas las acusaciones. “Yo no le pagué a ningún funcionario público”, sostuvo en ese escrito entregado en la causa al admitir que actuó como intermediario con los SIRA pero no supo de pagos indebidos.

Las medidas

Como testigos se citó a declarar a dos subdirectores de ARCA para que expliquen la operatoria concreta del sistema y el rol de los funcionarios intervinientes. Se convocó también a despachantes de Aduana identificados en las operaciones puntuales que se investigan. La fiscalía recibió respuestas a pedidos de informes sobre la operatoria pero consideró necesario precisar de qué modo concreto intervenían los distintos organismos.

Se trata del Sistema de Importaciones de la República Argentina (“SIRA”), y se investiga permisos gestionados para las firmas Nemes S.H. de Fuentes N. y Mazzarini C., Técnicas Ferroviarias Argentinas S.A. y Fizika S.R.L. Todo surgió del análisis del teléfono de Migueles, secuestrado en la causa.

Además, el fiscal pidió al juez federal Ariel Lijo que levante el secreto bancario, bursátil y fiscal de Patricio Guido Marre y Héctor Ezequiel Caputto, ambos señalados como presuntos partícipes en la aceleración irregular de permisos SIRA a cambio de comisiones indebidas. La misma medida se pidió para Lifetba S.R.L., una sociedad mencionada en chats de Migueles recuperados de su teléfono celular, en relación con la creación de una “cuenta espejo”. El objetivo es profundizar la investigación sobre la supuesta tramitación irregular de permisos y la aceleración del proceso para aprobarlos.

Sobre la sociedad investigada se sospecha que se podría haber usado para canalizar o dar apariencia de licitud a fondos obtenidos de manera ilícita, según la acusación fiscal.

El rulo cambiario

También se citó como testigo a Mario Leguizamón, alias “Pan Dulce”, quien habría sido el encargado de trasladar dinero por orden de Migueles. En esta parte del caso se pidió al juez levantar el secreto fiscal, bancario, bursátil e impositivo de otros cuatro investigados por sus presuntos vínculos con entidades involucradas en las maniobras.

Las nuevas medidas alcanzaron al financista Elías Piccirillo: el fiscal citó a declarar como testigo a Sergio Speroni, quien tenía autorización para manejar un automóvil de Piccirillo y registró reiterados ingresos a su casa. La fiscalía sospecha que podría haber sido su chofer o colaborador cercano.

En lo relativo a las multimillonarias maniobras con el “rulo” cambiario durante el cepo, se encomendó un análisis de sumarios financieros y cambiarios del Banco Central en relación a casas y agencias de cambio que están en la mira de la Justicia: esto incluirá perfiles patrimoniales y transaccionales e identificación de beneficiarios finales e inconsistencias si las hubiera. Este trabajo se pidió a la Procelac, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.

Además se le encomendó analizar información remitida por los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs) y por entidades financieras para “elaborar perfiles patrimoniales, financieros y transaccionales de las personas humanas y jurídicas investigadas”. Se apunta a reconstruir flujos de fondos en cuentas bancarias, comitentes y otros instrumentos financieros e identificar eventuales operaciones bursátiles vinculadas a las maniobras de compraventa de dólar a precio oficial y posterior reventa a valor blue.

Entre los imputados hay financistas, así como bancos y casas de cambio. Figuran Piccirillo, Migueles y Francisco Hauque, un ex socio del primero que podría convertirse en arrepentido si es eventualmente citado a declaración indagatoria, según anticipó su defensa en tribunales.

Piccirillo está procesado bajo arresto domiciliario en otra causa penal, por montar un operativo para acusar falsamente por narcotráfico a Hauque, a quien le debía dinero. Como derivación, se llegó a los delitos cambiarios y luego a las supuestas maniobras con los SIRA, permisos de importación, entre 2022 y 2023.

La Cámara Federal porteña resolvió que una denuncia por presunto amedrentamiento a vecinos del club privado de golf Indio Cua, donde Manuel Adorni tiene una casa que está en el centro de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito, tramite en la Justicia de la ciudad de Buenos Aires y no en Campana.

La decisión fue del juez del Tribunal de Apelaciones Eduardo Farah ante un conflicto de competencia entre dos juzgados, el federal 3 porteño y el de ese partido bonaerense, bajo cuya jurisdicción está el barrio privado ubicado en Exaltación de la Cruz. En la denuncia presentada en mayo pasado en Comodoro PY 2002, la diputada Marcela Pagano aludió al “despliegue permanente de efectivos” de Gendarmería Nacional en la puerta del barrio donde la familia Adorni compró una casa y la refaccionó a nueva. En los arreglos gastó 245 mil dólares en efectivo, según declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita en la causa por enriquecimiento ilícito, y ratificó anoche en una entrevista periodística el contratista Matías Tabar.

Esta semana el fiscal que investiga a Adorni y a su esposa Bettina Angeletti pidió los registros de entradas y salidas al lote 380 del Jefe de Gabinete para “reconstruir aspectos estrictamente patrimoniales vinculados con las reformas” que se hicieron en ese domicilio.

La denuncia

Cuando estalló el escándalo, según la denuncia de Pagano, se habría enviado a Gendarmería a custodiar la entrada sin “acto administrativo fundado, sin evaluación técnica de riesgo, sin requerimiento judicial y con presunta finalidad de amedrentamiento sobre los vecinos del complejo, sumado a la emisión por parte del propio funcionario denunciado de mensajes intimidatorios dirigidos a esos vecinos a través del grupo de WhatsApp del barrio”.

La legisladora pidió investigar las posibles responsabilidades de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, de Adorni y de integrantes de Gendarmería, entre otros involucrados.

El juzgado porteño se declaró incompetente y remitió la presentación a Campana, con lo cual se generó un conflicto que ahora resolvió la Cámara Federal.

El caso a Comodoro Py

Al decidir sobre la disputa jurisdiccional, el camarista Farah coincidió con el criterio de la fiscalía ante el Tribunal de Apelaciones, y consideró que la decisión de enviar el expediente desde Comodoro Py al juzgado federal de Campana fue prematura, porque la investigación se encuentra en una etapa inicial. “Ese temperamento fue adoptado cuando en la causa sólo obraba la denuncia y ni siquiera se había dado intervención al Ministerio Público Fiscal”, señaló el magistrado.

Farah remarcó que todavía se desconoce si la consigna de Gendarmería “existió o existe aún, quién la ordenó y en base a qué circunstancias y aplicando qué normas”, por lo que entendió que no hay elementos suficientes para determinar qué tribunal debe intervenir.

En esa línea, recordó la doctrina de la Corte Suprema según la cual una cuestión de competencia debe estar precedida por “una adecuada investigación que permita individualizar los hechos sobre los cuales versa, las circunstancias de modo y lugar en que habría ocurrido y las calificaciones que puedan ser atribuidas”.

Por ello, concluyó que, al menos por ahora, la causa debe permanecer en el juzgado federal 3 a cargo de Daniel Rafecas. El magistrado tiene también como juez subrogante de otro juzgado, el federal 6, la denuncia contra el hermano del Jefe de Gabinete. Se trata de Francisco Adorni, a quien el fiscal de ese caso, Guillermo Marijuán, pidió citar a declaración indagatoria por presunta omisión maliciosa en sus declaraciones juradas.

La Cámara Federal de Casación resolverá si la ex presidenta Cristina Kirchner debe seguir con tobillera electrónica y límites a las visitas en su prisión domiciliaria, que cumple como parte de la condena a seis años dispuesta en la causa Vialidad. El Tribunal Oral que le impuso la condenó por administración fraudulenta concedió un recurso a la defensa, por lo cual la negativa del 5 de junio pasado a flexibilizar las condiciones del arresto en San José 1111 será revisada por el máximo tribunal penal federal del país.

El juez de ejecución de la condena por el Tribunal Oral Federal 2, Rodrigo Giménez Uriburu, rechazó planteos para que se le retire la tobillera, se modifique el régimen de visitas actual y se le levanten las restricciones de acceso a la terraza del edificio, fijadas en la actualidad en dos horas por día.

Visitas y tobillera

Contra esas decisiones la defensa presentó un recurso para ir a Casación. Sostuvo que la resolución incurrió en “arbitrariedad”. En el tema visitas la razón “fundante” para limitarlas es preservar la tranquilidad del entorno pero ello “carece de sustento empírico” porque ningún vecino del edificio se quejó, advirtieron los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy. En el mismo sentido, se cuestionó el límite para el acceso a la terraza porque no se explica por qué una flexibilización alteraría la convivencia en el edificio.

Además, la defensa de CFK argumentó que no se ponderó de manera adecuada la “conducta irreprochable” de la ex presidenta durante su primer año de detención, que se cumplió ayer. Y mencionó una “situación paradojal” porque por un presunto incumplimiento -la visita simultánea de nueve economistas el 17 de noviembre pasado- se instauró un régimen más restrictivo de visitas pero, en sentido inverso, el acatamiento de todas las obligaciones impuestas no produjo efecto alguno. También se cuestionó en la apelación que se haya descartado aplicar a la condenada el principio de progresividad contemplado en la ley de Ejecución Penal 24660.

Sobre la tobillera, la defensa mencionó un relevamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación que, según sostiene, demostró que el uso de ese dispositivo electrónico es de “carácter excepcional” y que las condiciones impuestas a la ex presidenta “revisten una severidad que no guarda correspondencia con el tratamiento dispensado a la mayoría de las personas en prisión domiciliaria”. Al respecto reiteró que no hay riesgo de fuga que justifique su uso.

Las condiciones de la domiciliaria

El juez de ejecución confirmó el pasado miércoles que seguirá el régimen de prisión domiciliaria para la ex presidenta, al cumplirse un año de su detención. Lo hizo la misma semana en la cual le llamó la atención y le advirtió por un acto de apoyo frente al edificio, en el cual se desplegó una pancarta con una estructura que iba desde un balcón ubicado enfrente hasta el suyo, y puso en riesgo la seguridad.

El 5 de junio se rechazó el pedido que ahora llegó apelado a Casación. El juez mencionó la necesidad de preservar la tranquilidad del barrio y la convivencia pacífica de sus habitantes.

La defensa había solicitado el cese del régimen de visitas o, en todo caso, la vuelta a una modalidad anterior más flexible, sacar a la ex presidenta la tobillera electrónica y eliminar restricciones sobre el uso de la terraza. Entre los argumentos, los abogados valoraron el cumplimiento estricto de las reglas de conducta, el principio de progresividad de la pena y la ausencia de riesgos de fuga.

Pero el Tribunal rechazó los pedidos porque “el adecuado acatamiento de las reglas de conducta invocado por la defensa como fundamento de su pretensión no constituye, por sí solo, una circunstancia que habilite a concluir que las restricciones actualmente vigentes han perdido su razón de ser”.

Además, el juez destacó que “el régimen progresivo” en el cumplimiento de las penas se encuentra concebido para los casos dentro del sistema penitenciario. La prisión domiciliaria, “en cambio, constituye una modalidad excepcional de cumplimiento de la pena privativa de la libertad, sometida a un régimen jurídico propio y a mecanismos particulares de supervisión y control”.

La Cámara Nacional en lo Civil falló a favor de la AFA, dio por cancelada su inscripción en el Registro Público a cargo de la Inspección General de Justicia y declaró la nulidad de una resolución del Ministerio de Justicia que designó veedores en la entidad madre del fútbol argentino.

El Tribunal de Apelaciones consideró que los controles están ahora en manos de la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires a partir del cambio de sede social a Pilar resuelto en Asamblea en 2024 y de la inscripción de la “Asociación del Fútbol Argentino” en esa jurisdicción. “Quedó definitivamente consolidado bajo este organismo el control de legalidad y las facultades de fiscalización sobre esta entidad”, resolvieron los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset.

Se trata de la mudanza de la sede social que hasta esa fecha estuvo en la calle Viamonte en CABA a Mercedes 1366 en la localidad de Pilar. La decisión se tomó en pleno Mundial y mientras el presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia está de viaje en Estados Unidos.

Nulidades

La Cámara decidió “admitir” las quejas presentadas por la AFA y en consecuencia “declarar la nulidad de la Resolución Particular 140/26 emitida por el Sr. Inspector General de Justicia el 18 de febrero de 2026 y por ende tener por cancelada la inscripción de la Asociación Civil – “Asociación del Fútbol Argentino” del Registro Público a cargo de la Inspección General de Justicia” y además “declarar la nulidad de la RESOL-2026-128-APN-MJ dictada en fecha 16 de marzo de 2026 por el Sr. Ministro de Justicia de la Nación”, Juan Bautista Mahiques, que designó veedores por 180 días hábiles tras un informe de la IGJ que detectó irregularidades en el funcionamiento institucional de la entidad. .

Los camaristas recordaron que la Asamblea General de la AFA del 17 de octubre de 2024 aprobó por unanimidad la modificación del estatuto para establecer que el domicilio social de la asociación se encuentra en la provincia de Buenos Aires.

Según el fallo, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense autorizó la inscripción del cambio de jurisdicción mediante la Resolución 9000/2024 y posteriormente consolidó la radicación definitiva de la entidad en territorio provincial. Frente a ello, la Cámara sostuvo que la IGJ carece de competencia para realizar inspecciones, cuestionar la existencia de la sede social o revisar decisiones adoptadas por el organismo provincial.

“Si un organismo público provincial emite un acto administrativo, en tanto no resulte impugnado, goza de la misma validez que los actos de los organismos nacionales o federales en su órbita de competencia”, evaluaron los camaristas. Y ante ello “la IGJ carece de facultades revisoras respecto de las decisiones del Departamento de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires”. Por lo tanto y “al no haber sido cuestionada su validez, el domicilio social que motiva el cambio de jurisdicción goza de plena eficacia con sus consecuencias jurídicas”. En particular, “estar bajo el control de un organismo provincial a cargo del poder de policía de las personas jurídicas”, agregó el fallo al que tuvo acceso Infobae.

Estados contables

Sobre el control de los estados contables de la AFA, en la sentencia se advirtió que “no es resorte exclusivo de la IGJ el ejercicio de esta potestad sino que, en cambio, ella corresponde a quien posee la competencia territorial”. Ante ello “mal puede so pretexto de un proceso de fiscalización abierto dejar cautiva a una entidad en una jurisdicción” cuando el control puede “continuarse ante aquélla que corresponde conocer”.

“La responsabilidad por los estados contables no desaparece por el cambio de jurisdicción, sino que el nuevo organismo administrativo deberá ejercer las facultades que las disposiciones reglamentarias imponen a efectos salvar las inconsistencias que pudieran existir”, se agregó.

La sede fue otorgada por la Municipalidad de Pilar a la AFA mediante un contrato de comodato que se firmó el 27 de septiembre de 2024 y que le dio a la Asociación que preside Tapia el “uso y goce del inmueble” para oficinas y reparticiones.

La decisión no influye en la marcha de investigaciones penales abiertas contra la AFA y sus dirigentes por delitos como presunto lavado de dinero en base a propiedades que también están en Pilar, entre ellas una casaquinta valuada en 17 millones de dólares. La Cámara Nacional en lo Penal Económico resolvió el viernes último que esta pesquisa vuelva a la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires y salga de la órbita de la justicia federal de Campana, adonde había sido enviada.

Por otro lado tanto Tapia como el tesorero e la AFA Pablo Toviggino están procesados por retención indebida de aportes en la entidad, una decisión que está a estudio también de la Cámara en lo Penal Económico.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso presentado por la defensa del hijo mayor de Lázaro Báez, Martín Báez, y habilitó el avance de la ejecución de sus bienes para saldar una multa de u$s 274 millones impuesta como parte de la condena por lavado de dinero, en la causa conocida como la “ruta del dinero K” y que hasta el día de hoy está impaga.

La decisión fue tomada por la Sala IV del tribunal, con los votos de los jueces Javier Carbajo y Gustavo Hornos, mientras que un tercer magistrado, Mariano Borinsky, se pronunció en disidencia parcial.

El caso se centra en la ejecución de la pena económica fijada contra Báez, que asciende a más de 274 millones de dólares como parte de la condena a seis años y medio de prisión por lavado de dinero. El Tribunal Oral Federal 4 lo había intimado a pagar esa suma en un plazo de diez días, pero no se concretó, lo que habilitó avanzar con la ejecución de bienes embargados.

Pago en cuotas

Frente a eso, la defensa oficial cuestionó la decisión por prematura debido a que hay aún en análisis un planteo sobre la constitucionalidad de esa multa. Además, aludió a un “despojo patrimonial irreversible” y reclamó en todo caso que se le dé al condenado la posibilidad de pagar en cuotas. También sostuvo que en una de las propiedades sujetas a esa medida viven los hijos menores de edad de Báez.

Sin embargo, la mayoría de la Cámara rechazó esos argumentos. El juez Carbajo sostuvo que la multa “se encuentra firme y constituye por tanto un título ejecutivo que deberá hacerse efectivo sobre los bienes, sueldos u otras entradas del condenado”. Por su parte, Hornos analizó que el planteo de Báez es “prematuro” porque no se rechazó en forma definitiva la posibilidad de pagar en cuotas sino que se postergó considerarlo a una etapa futura del trámite de ejecución de la multa “supeditada al resultado de la intimación de pago y al cauce legal previsto para la satisfacción de la pena pecuniaria”.

El juez Borinsky votó en disidencia parcial y propuso anular lo actuado y devolver el caso al tribunal de origen. Según su criterio, el juez de ejecución del Tribunal Oral Federal 4 que llevó adelante el juicio oral avanzó sin analizar previamente la alternativa de pago en cuotas solicitada por la defensa, lo que implicó un “déficit en el trámite” y una falta de fundamentación.

La condena

Martín Báez fue condenado a nueve años de prisión por lavado de dinero en un juicio oral pero luego Casación redujo la pena a seis años y seis meses. En 2023, se le otorgó la excarcelación por haber cumplido más de dos tercios. El hijo mayor del empresario Lázaro Báez ya se encontraba bajo arresto domiciliario desde hacía dos años en Río Gallegos al momento de recuperar la libertad.

Su padre, dueño de “Austral Construcciones”, también fue condenado en esa causa penal a 10 años de prisión por las maniobras cometidas entre 2003 y 2015, durante el kirchnerismo, en un veredicto que dejó firme la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lázaro Báez está detenido cumpliendo 15 años de cárcel por esta pena más los seis años de la causa Vialidad, donde se lo juzgó y condenó junto a la ex presidenta Cristina Kirchner.

La investigación judicial por la “ruta del dinero” que llevaron adelante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán, logró reconstruir un esquema financiero que incluía la creación de sociedades offshore, el uso de paraísos fiscales, movimientos bancarios en Suiza y Panamá, y operaciones inmobiliarias. Se determinó que todo tuvo como objetivo dar apariencia legal a más de 55 millones de dólares.

Martín Báez, el hijo mayor del condenado dueño de Austral Construcciones Lázaro Báez, sufrió un nuevo revés judicial en su intento por frenar el decomiso de bienes que se ejecuta luego de haber quedado firme la condena a seis años y seis meses de prisión en la “ruta del dinero K”.

La Cámara Federal de Casación rechazó por inadmisible una nueva apelación en la que Báez buscaba suspender el avance sobre sus bienes. En su planteo, sostuvo, por un lado, que se incluyeron propiedades adquiridas con anterioridad a los hechos por los que fue condenado. Por otro, argumentó que aún no está firme la decisión que unificó en 15 años de prisión las condenas impuestas a su padre, Lázaro Báez, en esta causa y en la de Vialidad, y señaló que numerosas propiedades pertenecen a ambos.

El hijo mayor de Báez fue condenado por maniobras de lavado de activos cometidas entre diciembre de 2010 y abril de 2013.

Pena firme

La sala IV del máximo tribunal penal del país, integrada por Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, desestimó los argumentos y habilitó así a que se avance sobre la ejecución de los bienes. La pena ”se encuentra firme y constituye por tanto un título ejecutivo" sobre los bienes, sueldos u otras entradas del condenado, consideró el juez Carbajo.

El magistrado recordó que el Tribunal Oral Federal 4 ordenó el 25 de agosto de 2025 avanzar con la ejecución del decomiso dispuesto en una sentencia ya firme. Para ello se dispusieron medidas destinadas a la incautación de dinero depositado en cuentas bancarias, bienes inmuebles y fondos obtenidos en subastas judiciales. Además destacó que la fiscalía señaló que los bienes cautelados para ser decomisados fueron identificados durante el juicio oral y la medida fue luego confirmada por la propia Casación.

También rechazó el planteo vinculado con la situación procesal de Lázaro Báez y sostuvo que la falta de firmeza de la unificación de condenas no impide ejecutar las sanciones patrimoniales ya firmes respecto de Martín Báez.

En el mismo sentido votó Hornos, quien remarcó que parte de los inmuebles cuestionados fueron embargados para garantizar el cobro de la multa impuesta en la condena. Según el magistrado, las objeciones referidas a la fecha de adquisición de los bienes o a la necesidad de acreditar una relación directa con los hechos investigados resultan insuficientes para impedir la ejecución patrimonial.

“La unificación de penas dictada oportunamente por los magistrados respecto de Lázaro Antonio Báez se limita a las penas principales y accesorias legales de carácter general, sin comprender al decomiso”, sostuvo Hornos sobre el otro planteo.

En disidencia parcial, el juez Borinsky votó al igual que sus colegas por desestimar el recurso en los puntos principales, pero se pronunció a favor de hacer lugar a planteos de Báez vinculados a la fecha de compra de ciertos bienes y pedir al Tribunal que le dé respuesta, sin adelantar opinión sobre el asunto. El tribunal oral “ordenó la ejecución del decomiso de los bienes de Martín Antonio Báez sin hacerse cargo, debidamente, de parte de los planteos formulados” por la defensa, explicó.

“Si bien es cierto que, en principio, no resulta necesario una trazabilidad exacta de los bienes, dicho argumento no responde al concreto cuestionamiento defensista referido a la ausencia de nexo entre bienes adquiridos previamente al hecho delictivo y su calificación como provecho del mismo”, afirmó.

La multa

El 6 de mayo último, Casación rechazó otro recurso de la defensa del hijo mayor de Báez y habilitó el avance de la ejecución de sus bienes para saldar una multa de u$s 274 millones impuesta también como parte de la condena por lavado de dinero, que hasta el día de hoy está impaga.

El TOF 4 porteño condenó en 2021 al titular de Austral Construcciones a 12 años de cárcel, a su hijo Martín a 9 años y a otros 15 imputados, entre ellos Leonardo Fariña -que recibió 5 años como “arrepentido”-, por maniobras de lavado de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013, además de ordenar el decomiso de 54,8 millones de dólares y multas a las distintas firmas involucradas en las operaciones delictivas. Casación Federal, en 2023, confirmó el fallo, pero redujo varias condenas: Báez quedó en 10 años de cárcel y su hijo Martín en 6 años y medio.

A un año de quedar presa en la causa Vialidad, la Justicia intimó a la ex presidenta Cristina Kirchner a cumplir con las normas de su arresto domiciliario si busca conservar el beneficio. La advertencia llegó luego del despliegue de una bandera de grandes dimensiones desde un edificio frente a San José 1111 hasta el balcón de su departamento, mediante una estructura de cables tensores.

El episodio ocurrió el domingo pasado, cuando la bandera de Argentina fue instalada desde un balcón de un edificio ubicado frente al domicilio de la ex presidenta al del departamento del segundo piso de San José 1111, donde cumple la condena, en el marco de un multitudinario acto de apoyo.

Según el juez del Tribunal Oral Federal 2 a cargo del control de la ejecución de la pena, Rodrigo Giménez Uriburu, Fernández de Kirchner colaboró personalmente, se utilizó su balcón como punto de anclaje y ayudó a sujetar la estructura.

Ante ello, se la intimó a abstenerse “de realizar conductas que puedan implicar un incumplimiento de las reglas fijadas para el cumplimiento de su prisión domiciliaria”, luego de considerar que participó activamente en el despliegue de la bandera. La advertencia judicial se hizo “bajo apercibimiento de ley” en caso de verificarse nuevos incumplimientos. Es decir, podrían fijarse mayores restricciones e incluso revocar el beneficio.

El hecho ocurrió a un año de la prisión domiciliaria que cumple la ex presidenta condenada a seis años de cárcel en la causa Vialidad por administración fraudulenta. Tiene tobillera electrónica y entre las condiciones está la de no alterar la convivencia en el barrio ni la tranquilidad de los vecinos.

Al respecto, el Tribunal le recordó que, entre las reglas de conducta entonces establecidas, se ordenó expresamente que ”debía abstenerse de adoptar comportamientos que pudiesen perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes", según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

El magistrado destacó que el hecho se diferencia de manifestaciones de apoyo realizadas con anterioridad y que no derivaron en ninguna objeción judicial.

Riesgos para la seguridad

El juez afirmó que la instalación de la bandera generó un riesgo para la seguridad. “El tendido de una bandera de semejante dimensión, soportada por una estructura de cables que unía los balcones de dos edificios enfrentados -uno de ellos, el del domicilio de la causante-, atravesando la calzada y el espacio aéreo que la separa, generó un riesgo ostensible para la integridad física de la nombrada y de los usuarios de la vía pública”, advirtió.

Se los expuso “a situaciones de peligro cierto e innecesario, más allá de la consiguiente responsabilidad que de ello puede derivarse, ante la ocurrencia de un accidente”, sostuvo además.

Por otro lado, “el despliegue de una pancarta de tales características desde y hacia el domicilio de arresto perturba objetiva e indefectiblemente la tranquilidad del vecindario y altera la convivencia pacífica de sus habitantes, afectando de manera directa la condición de conducta cuya observancia fue expresamente impuesta a la condenada”.

Este tipo de instalaciones, agregó la resolución, se encuentra sujeto a autorización administrativa y de no haber contado con el permiso correspondiente, podría constituir una contravención.

Para el tribunal, la conducta resulta incompatible con las obligaciones impuestas al conceder el beneficio de la prisión domiciliaria y compromete los fundamentos sobre los cuales se sustenta esa modalidad de cumplimiento de la pena.

Por ello, se intimó a Fernández de Kirchner para que, en adelante, se abstenga de realizar comportamientos que puedan vulnerar las condiciones fijadas por la Justicia, bajo apercibimiento de adoptar las medidas previstas por la ley en caso de nuevos incumplimientos.

También dispuso librar un oficio a la Secretaría General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para poner en conocimiento de las autoridades la instalación de las estructuras observadas durante la manifestación del 14 de junio, a fin de que evalúen las actuaciones administrativas que correspondan.

El juicio oral por la causa conocida como los Cuadernos de la Corrupción se reanudó este martes con una nueva tanda de declaraciones testimoniales ante el Tribunal Oral Federal 7 que juzga a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados, entre ellos ex funcionarios de su gobierno y empresarios.

Se trata de ex comandantes de la Fuerza Aérea que formaron parte de la tripulación de los aviones presidenciales Tango 01 y Tango 10 durante el kirchnerismo. Uno de ellos ratificó que en una ocasión llevó al fallecido ex secretario privado de Néstor Kirchner Daniel Muñoz, quien viajó solo con una valija de 23 kilos que no quiso despachar y llevó con él en la cabina del avión.

En ese sentido declaró también la semana pasada el ex piloto presidencial Sergio Velázquez, quien dijo haber transportado a Muñoz llevando valijas cerradas con candado.

Además los testigos recordaron vuelos donde llevaban fines de semana la síntesis de prensa o los diarios. Otro eje del interrogatorio pasó por el control del equipaje a quienes viajaban, entre ellos Néstor y Cristina Kirchner. También se analizó cómo llegaban los pasajeros hasta la nave y cómo se trasladaban desde el avión hasta la salida del aeropuerto.

Con esta nueva jornada, el debate oral incorpora nueva prueba testimonial en una de las causas de corrupción más relevantes que tramita la Justicia federal, en la que se investigan presuntos pagos de sobornos vinculados con la adjudicación de obra pública y otros contratos estatales durante la gestión presidencial del matrimonio Kirchner.

Los últimos testigos describieron la logística de los vuelos presidenciales y las cargas que transportaban

Miguel Ángel Giamperi, vicecomodoro retirado de la Fuerza Aérea que integró la tripulación del Tango 10 entre 2001 y 2006, relató que los destinos más frecuentes de la aeronave eran Río Gallegos y El Calafate, aunque también participó de vuelos a distintos puntos del país y al exterior. Según explicó, los traslados al sur se realizaban habitualmente entre jueves o viernes y domingo o lunes, y tenían como pasajeros recurrentes a Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, Daniel Muñoz, Carlos Zannini y Alicia Kirchner.

Al ser consultado sobre la operatoria de esos viajes, el ex piloto recordó que el entonces presidente y su esposa solían llegar a la aeronave en helicóptero, mientras que el resto de la comitiva accedía por vía terrestre. Respecto del equipaje, indicó que generalmente era trasladado por secretarios o asistentes y cargado manualmente debido a las limitaciones de espacio del Tango 10. Preguntado sobre los controles de seguridad, respondió que no le constaba que los bolsos fueran sometidos a escáner. “Supongo que debería así haber sido, pero no he visto que ocurriera”, afirmó.

Giamperi también describió cómo era la recepción de las comitivas presidenciales en Santa Cruz. Según recordó, al aterrizar la aeronave era ubicada frente a la sala VIP del aeropuerto, donde ya aguardaban vehículos para trasladar a los pasajeros y su equipaje. “Eran dos o tres vehículos tipo 4x4”, precisó. En ese contexto mencionó a Roberto Sosa y recordó haber visto en distintas oportunidades a Fabián Gutiérrez y Ricardo Barreiro, a quienes identificó como colaboradores cercanos del entorno presidencial.

Además, sostuvo que recordaba haber realizado en una ocasión un vuelo en el que Daniel Muñoz viajó solo hacia Río Gallegos o El Calafate y regresó el mismo día. También declaró que durante su paso por la flota presidencial efectuó algunos traslados sin pasajeros para llevar diarios y síntesis de prensa a Santa Cruz. Según estimó, participó en al menos tres vuelos de esas características. Antes de finalizar su declaración, reconoció como propia la firma inserta en una orden de vuelo que le fue exhibida durante la audiencia.

Luego fue el turno de José Alberto Luna, militar retirado que se desempeñó como mecánico aeronáutico y responsable del soporte logístico del Tango 10 entre 2008 y 2011. El testigo explicó que su función consistía en realizar los controles técnicos de la aeronave y garantizar su operatividad antes de cada escala.

Durante su declaración, recordó haber conocido a Daniel Muñoz y destacó que también identificaba a Fabián Gutiérrez, Rudy Ulloa y Daniel Carbone, integrante de la custodia presidencial. A preguntas del abogado Carlos Beraldi, identificó a este último como “comisario” y “jefe de la custodia” de Cristina Kirchner. Consultado sobre si acompañaba a la comitiva en los vuelos oficiales, respondió: “Sí, muchas veces”.

Luna afirmó además que Gutiérrez solía encontrarse en El Calafate para recibir al matrimonio Kirchner cuando arribaba al sur y que Ulloa también viajó en alguna oportunidad a bordo de la aeronave presidencial.

Consultado sobre los elementos que se trasladaban en los vuelos, el ex mecánico aseguró que además del equipaje habitual de los pasajeros se cargaban diversos objetos en la bodega del avión. “Televisores, rollos de cable, el paragolpe de un auto, llevaban de todo”, declaró ante el tribunal.

El testigo recordó especialmente un traslado que le llamó la atención por el volumen de la carga. Según relató, un camión llegó hasta la aeronave con una importante cantidad de muebles desarmados que debían ser embarcados con rapidez. “Eran muebles prearmados para casa o para hotelería, eran en mucha cantidad, no para una casa”, dijo.

Al ser consultado sobre los controles aplicados a esa carga, Luna afirmó que los muebles fueron trasladados directamente desde un camión hasta la bodega de la aeronave. “Vinieron con un camión, con la gente de cargas, y cargaron. Ahí en la plataforma no los controló nadie”, declaró. No obstante, aclaró que desconocía si esos elementos habían sido inspeccionados previamente antes de ingresar al sector aeroportuario. “En la plataforma fue del camión al avión directo”, agregó.

Tras las preguntas formuladas por las distintas defensas al último testigo de la jornada, el presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori, dio por concluida la audiencia y convocó a las partes para este jueves a las 9, cuando continuará la etapa testimonial del juicio con nuevas declaraciones ante el Tribunal Oral Federal 7.

Otro ex piloto confirmó vuelos sin pasajeros para trasladar diarios e informes al sur

José Luis Bustos, vicecomodoro retirado de la Fuerza Aérea que declaró de manera virtual desde Tucumán, relató que integró la tripulación del Tango 10 entre diciembre de 2011 y mediados de 2016, período durante el cual participó de numerosos vuelos vinculados a la actividad presidencial.

Según explicó, los destinos comprendían distintos puntos del país, aunque recordó que los viajes hacia Santa Cruz eran habituales durante fines de semana y feriados. En ese marco, señaló que en algunas oportunidades trasladaban pasajeros hacia Río Gallegos o El Calafate, mientras que en otras el avión despegaba sin ocupantes.

“Hemos hecho vuelos con pasajeros al Calafate y a Gallegos, pero también vuelos sin pasajeros, llevando información periodística, diarios y alguna información en papel madera; entiendo que eran informes”, declaró.

El ex piloto describió además la rutina previa a esos traslados. Indicó que los vuelos estaban programados para despegar alrededor de las seis de la mañana, por lo que la tripulación llegaba con una hora de anticipación para preparar la aeronave. Luego arribaban los pasajeros, que abordaban con su equipaje personal.

Consultado sobre los controles de seguridad, Bustos sostuvo que en algunas ocasiones observó la presencia de personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con un escáner móvil utilizado para revisar equipajes. “Fuera de eso no recuerdo”, respondió al ser interrogado sobre el tema.

Un ex piloto de la Fuerza Aérea aportó detalles sobre la logística de los traslados presidenciales

Walter Humberto Brun, ex piloto de la Fuerza Aérea que integró la dotación del Tango 10, declaró este martes ante los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero que entre 2006 y 2011 se desempeñó como ayudante del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea y, paralelamente, participó de los vuelos asignados a la Presidencia de la Nación.

Según relató, entre los pasajeros habituales figuraban Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, el entonces ministro de Planificación Federal Julio De Vido y distintos secretarios presidenciales. Precisó además que cada uno de esos traslados quedaba asentado en los correspondientes manifiestos de vuelo confeccionados por la Fuerza Aérea.

El testigo indicó que la mayor parte de las operaciones tenía como destino Río Gallegos y El Calafate, especialmente durante los fines de semana, aunque también realizaban viajes vinculados con la agenda oficial a distintos puntos del país. En ese sentido, explicó que los vuelos eran ordenados por la Agrupación Aérea Presidencial, dependiente de la Casa Militar y, a través de ella, de la Secretaría General de la Presidencia.

Brun agregó que en algunas oportunidades el Tango 10 despegaba sin pasajeros para transportar diarios y síntesis informativas hacia Santa Cruz. Al avanzar su declaración, señaló que recordaba particularmente un vuelo realizado junto al entonces secretario privado presidencial Daniel Muñoz.

Otro ex piloto recordó los viajes casi semanales de los Kirchner a Río Gallegos

Luis María Sismondi, ex piloto del Tango 10 y ayudante del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea en 2003, declaró ante el Tribunal Oral Federal 7 que durante los primeros meses del gobierno de Néstor Kirchner participó de numerosos vuelos presidenciales hacia Santa Cruz.

“En el 2003 recuerdo haber trasladado al presidente en ese momento Néstor Kirchner. Iba con la hermana, con -Carlos- Zannini, la señora Cristina Kirchner en algunos vuelos; lo llevaba también a Daniel Muñoz, el secretario, y solía ir en algunos vuelos también el secretario general de la Presidencia”, relató.

Al ser consultado sobre el manejo del equipaje en los vuelos presidenciales, Sismondi explicó que el Tango 10 era una aeronave pequeña, con capacidad para siete pasajeros, que contaba con una bodega donde habitualmente se almacenaban los bolsos de mano y las valijas.

En ese contexto, recordó un episodio que le llamó la atención durante uno de los viajes realizados en 2003. “Lo único que yo noté raro en su momento fue que un auxiliar nuestro quiso poner algún equipaje en la bodega del avión y le pidió al señor Muñoz: ‘deme que le pongo el bolso en la bodega’, y él dijo: ‘no, esto lo llevo yo’”, declaró.

Según precisó, se trataba de un bolso que el entonces secretario privado de Néstor Kirchner mantuvo consigo durante todo el vuelo. “Es lo único que yo recuerdo. Eso fue en octubre. Era un bolso que llevaba él y dijo: ‘esto lo llevo yo’”, agregó.

El ex piloto aclaró que todos los vuelos en los que participó durante ese período fueron realizados con el entonces presidente Néstor Kirchner y su comitiva oficial.

El Tribunal rechazó planteos y siguieron las preguntas al testigo Paris

Tras el interrogatorio se dispuso un cuarto intermedio de 15 minutos.

Al testigo se le exhibieron planillas de vuelo desde Aeroparque a Rio Gallegos o Calafate y en los casos en los que no consta el traslado de pasajeros explicó: “podríamos haber llevado la síntesis de prensa o informativa”.

El juez del TOF7 Germán Castelli le preguntó sobre los controles a los equipajes y la existencia de un escáner móvil, pero el ex piloto Paris dijo no recordar en detalle cómo se hacía ni haberlo visto en los vuelos presidenciales. “No estábamos en contacto con el pasajero ni con quien traía las valijas”. Además sostuvo que nunca escuchó comentarios sobre falta de controles.

En relación a los bolsos de mano que llevaban los pasajeros, el testigo refirió por otro lado no haber visto que estuvieran sujetos a algún control.

Polémica por los diarios en avión al Sur

Los abogados defensores Carlos Beraldi, José Manuel Ubeira y Elizabeth Gómez Alcorta se opusieron a que se formularan preguntas relacionadas con el traslado de diarios y resúmenes de prensa en aviones presidenciales durante el kirchnerismo, al sostener que esos hechos ya se investigaron en otra causa penal que no prosperó y que en el caso Cuadernos no se juzga eso.

Argumentaron que cuestiones como quién pagaba el combustible o el traslado de una síntesis informativa no guardan ningún interés ni relación con los hechos que se están juzgando en el debate.

Frente a esa objeción, la fiscal federal Fabiana León reclamó que la dejen seguir preguntando. “Enarbolan banderas que luego no son fáciles de sostener. En algunas situaciones la averiguación de la verdad real aparece como un argumento determinante y, en otros momentos, se consideran impertinentes las preguntas de la fiscalía orientadas justamente a averiguar la verdad real”.

“Considero que el único motivo de la oposición fue interrumpir la línea de trabajo de la fiscalía. La fiscalía quiere llegar a la verdad real y, por eso, pidió que el debate se transmita en su totalidad para que todo el pueblo de la Nación pueda observar lo que aquí está pasando”.

El Tribunal se retiró a deliberar para dar una respuesta.

Declara otro ex piloto presidencial

Alejandro Paris recordó ante el Tribunal Oral Federal 7 que se llevaba de manera asidua a “gente de presidencia” junto al entonces presidente Néstor Kirchner y la primera dama. De manera principal, el avión presidencial se usaba para viajes a Rio Gallegos o Calafate los fines de semana, agregó.

El matrimonio presidencial llegaba siempre en helicóptero y caminaba hasta el avión. Sobre el equipaje dijo que “había un operativo previo dentro del avión y que era controlado por la PSA”. “Ellos bajaban con lo puesto, alguna cartera, un portafolio”.

“Me preocupaba que todo el equipaje pasara por los escáneres”

Zelaya recordó que como piloto le preocupaba de que todo el equipaje pasara por los escáneres. “Vi que había equipaje que no pasaba por el escáner”.

Consultado por la defensa de CFK sobre si esa situación ocurría en todos los vuelos, contestó: “La verdad que no lo sé. Yo estaba arriba en el avión. Lo vi dos o tres veces porque, por una eventualidad, estaba abajo y advertí esa novedad, la cual comuniqué a mi jefe”.

Ante la pregunta de qué fue lo que le llamó la atención, respondió: “Que ese equipaje no pasaba por el escáner”.

Precisó que pudo constatar esa situación en esas dos o tres oportunidades en las que se encontraba abajo, y explicó que se trataba del escáner de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Señaló que era un escáner móvil instalado en una camioneta ubicada en la puerta de ingreso a la aeronave. Agregó que dentro de la estación aérea existía otro escáner fijo, aunque “me parece que nunca lo usaban”.

Preguntado sobre si los pasajeros que no bajaban del helicóptero presidencial pasaban por el escáner fijo ubicado dentro de la estación militar, respondió: “No lo sé”.

Finalmente, al ser consultado sobre si sabía si existía algún control del equipaje antes de que la comitiva presidencial subiera al helicóptero, contestó: “No”.

Con una motocicleta al sur en el Tango

Zelaya relató un episodio ocurrido durante uno de los vuelos presidenciales en el que debieron descargar una motocicleta transportada en la aeronave.

Según su declaración, “en uno de los vuelos Sergio Velázquez me comenta que, al llegar a El Calafate, había que bajar una moto porque el avión seguía viaje hacia Río Gallegos. Estábamos apurados y queríamos irnos, así que entre todos los mecánicos y los tripulantes de cabina pusimos el hombro para descargarla”.

Ricardo Barreiro le había comprado esa motocicleta a Velázquez para su hijo, refirió que le explicaron.

También recordó que les solicitaron volar sin uniforme, pero las autoridades militares se negaron. “Cuando me nombraron para ser piloto del avión presidencial, en un principio fue un honor. Más allá del honor, me habían designado para volar un hermoso avión que muchos quieren volar y son pocos los que pueden hacerlo. Pero sinceramente me dolía que no nos saludaran. Hice un vuelo a la India de siete u ocho días y nunca nos saludaban”, dijo sobre los Kirchner.

En ese contexto, el testigo agregó que sentía que “a los militares no los querían”, al describir el trato que, según su percepción, recibía la tripulación de parte de las máximas autoridades durante esos viajes oficiales.

“Vi cuando llegaba el equipaje y no pasaba por el escáner”

Domingo Zelaya, militar retirado y ex piloto del Tango 01, recordó que El Calafate era el destino más frecuente durante los fines de semana y describió el estricto protocolo que regía para la tripulación cuando viajaba el matrimonio presidencial. “Teníamos la orden de que, cuando llegaba la Presidenta, la tripulación militar ya tenía que estar sentada en sus puestos y no nos podíamos mover hasta que ellos bajaban”, explicó.

También indicó que los mandatarios llegaban al avión en helicóptero o en automóvil, abordaban la aeronave y, una vez cerradas las puertas, comenzaba el vuelo.

El ex piloto señaló que Sergio Velázquez, coordinador de la flota aérea presidencial y primer piloto civil en cumplir funciones dentro de ese esquema, era quien recibía a los pasajeros y actuaba como nexo con la tripulación. “Todo era a través de Velázquez”, sostuvo.

“Ellos nunca nos saludaron. Estoy hablando de los Kirchner a los militares”, aseguró. Incluso recordó que durante los cinco años que integró la flota pasó Navidad y Año Nuevo en el sur sin recibir un saludo del entonces matrimonio presidencial.

Sobre el equipaje en el Tango 01 recordó que primero subía la policía con perros para detectar si había algún “explosivo o bomba”, luego se hacía un “barrido” del avión en busca de cámaras o dispositivos electrónicos que “grabaran algo”, especialmente “en el dormitorio presidencial”. La tripulación pasaba con su equipaje por el escáner de la policía.

“Vi cuando llegaba el equipaje y no pasaba por el escáner”, dijo sobre la llegada de los pasajeros.

Las preguntas se orientan al control de equipaje en los vuelos presidenciales

El abogado defensor de la ex presidenta Cristina Kirchner, Carlos Beraldi preguntó al testigo Videla si los tripulantes “tenían alguna misión específica que cumplir en cuanto al control de equipaje”. “No”, respondió el ex piloto de los aviones presidenciales.

El juez Castelli le preguntó si en el tiempo en que voló como tripulante se revisaba o no el equipaje de los secretarios presidenciales. “No que yo recuerde, si venían con el Presidente no”.

“Recuerdo que ha pasado equipaje por scanner pero en alguna circunstancia específica” como un acto en Rosario donde había regalos para el Presidente por razones de seguridad. “Pero si era propio generalmente no”.

Otro ex piloto del Tango 01 afirmó que todo se canalizaba a través de Sergio Velázquez

Domingo Zelaya, militar retirado y ex piloto del Tango 01, declaró que durante el último período de la presidencia de Néstor Kirchner y el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner todos los vuelos eran ordenados por la Casa Militar, que dependía de la Secretaría General de la Presidencia.

El ex piloto señaló que Sergio Velázquez, coordinador de la flota aérea presidencial y primer piloto civil en cumplir funciones dentro de ese esquema, era quien recibía a los pasajeros y actuaba como nexo con la tripulación. “Todo era a través de Velázquez”, sostuvo.

“Me llamó la atención que no quiso que fuera en bodega”, dijo un ex piloto sobre la valija que llevó Muñoz

Sobre la valija que llevó el ex secretario de Néstor Kirchner en un vuelo que hizo en solitario a Rio Gallegos, el testigo Videla refirió : “Me llamó la atención que no quiso que fuera en bodega y la tuvo al lado de él durante todo el vuelo, era el único pasajero”.

Al ser preguntado por el juez del tribunal Germán Castelli, también dijo que le llamó la atención que Muñoz “no bajara en la plataforma del aeropuerto sino que le habilitaron una plataforma próxima a una de las cabeceras”.

Además recordó haber escuchado a otro piloto, Sergio Velázquez, hablar de vuelos en los que llevó solo a Muñoz al sur. Velázquez es un piloto civil que fue incorporado por Kirchner para integrar la tripulación que siempre estuvo conformada por miembros de la Fuerza Aérea.

Al declarar en el juicio, Velázquez ratificó lo que dijo en la instrucción del caso: que llevó a Muñoz solo en vuelos en el avión presidencial y que llevaba valijas con candado.

Testigo recordó un vuelo en solitario de Daniel Muñoz con una valija que no despachó

José Videla, oficial retirado de la Fuerza Aérea, declaró que realizó vuelos para el traslado de autoridades nacionales. Explicó que en 2003 se desempeñó como ayudante del Jefe del Estado Mayor y luego pasó a la Jefatura III en el Edificio Cóndor, además de haber sido jefe de la base aérea de Río Gallegos.

También señaló que fue tripulante del Tango 10, aeronave que desde 2003 quedó afectada a la Presidencia de la Nación. Según relató, durante los primeros meses de la gestión de Néstor Kirchner el Tango 01 no se encontraba operativo, por lo que el Presidente utilizó el Tango 10 para sus traslados. Una vez que el avión presidencial volvió a estar en servicio, el Tango 10 pasó a ser utilizado principalmente para transportar a funcionarios y ministros.

Recordó un vuelo en el que viajó solo el secretario privado de Kirchner, Daniel Muñoz. “Recuerdo un vuelo donde fue él solo”, desde Aeroparque a Rio Gallegos, “solo con una valija que llevó adentro del avión, no dejó que la pusiéramos en bodega, para mi era para bodega, una valija mediana de las que son de 23 kilos. Dijo ‘no no la llevo yo’, y la dejó al lado de su asiento, eso me llamó la atención”. También recordó que cuando llegaron se retiró por un portón lateral, donde lo esperaban vehículos. “Entraron recogieron al pasajero y a su valija y se fueron”, dijo cuando la fiscal federal Fabiana León le preguntó si ese equipaje tuvo control.

Videla identificó entre los pasajeros habituales a los entonces secretarios privados Muñoz y Fabián Gutiérrez, este último secretario de quien en ese momento era la primera dama, Cristina Fernández de Kirchner.

Además, recordó que los fines de semana eran frecuentes los vuelos hacia Río Gallegos o El Calafate, en los que se trasladaba al matrimonio presidencial acompañado por sus secretarios privados. Y que también volaron para llevar síntesis de prensa al sur. Indicó que un viaje al sur tenía un costo aproximado de entre 2.500 y 3.000 dólares por hora. El trayecto hasta Río Gallegos demandaba unas 2 horas y 50 minutos, mientras que el vuelo hasta El Calafate se extendía alrededor de 3 horas y 30 minutos.

La compra de la mansión de Pilar, valuada en US$ 17 millones y vinculada a la AFA, quedó bajo sospecha de haber sido parte de un entramado de presuntas maniobras de lavado de activos, con testaferros vinculados a la dirigencia del fútbol argentino.

En la misma semana de inicio del Mundial y con Claudio “Chiqui” Tapia en Estados Unidos, la Justicia resolvió que el caso donde está denunciado el tesorero de AFA, Pablo Toviggino, vuelva a tramitar en el juzgado en lo penal económico 10 de la ciudad de Buenos Aires, en un revés para los ya imputados como supuestos testaferros, Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, quienes pretendían que se investigue en Campana.

Pero desde la próxima semana, la pesquisa no seguirá a cargo del mismo juez porteño que la impulsó el año pasado, Marcelo Aguinsky. Ahora tomará las riendas la magistrada María Verónica Straccia, quien asumió la suplencia de esa dependencia que tiene titularidad vacante.

El caso ya pasó por tres jueces y de hecho, la situación podría modificarse una vez más en los próximos meses. El Consejo de la Magistratura ya remitió al Poder Ejecutivo la terna para cubrir de manera definitiva ese juzgado, integrada por Ignacio Labadens, actual secretario del Tribunal Oral Federal 1 de Comodoro Py; María Juliana Márquez, secretaria de la Fiscalía Federal 1 de ese fuero; y Matías Latino, secretario de la Cámara Federal de San Martín.

Directivos en el “epicentro” de las maniobras

El regreso del expediente a la Ciudad de Buenos Aires se resolvió el último viernes minutos después de las 16, cuando la Cámara en lo Penal Económico firmó el fallo que ordenó remitir “con carácter muy urgente” desde el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, la causa junto con todos sus incidentes y documentación reservada. La decisión puso fin a un largo conflicto de competencia que comenzaron los acusados, Pantano y Conte, cuando pidieron y lograron el pase del caso al juzgado bonaerense con el argumento, ahora descartado, de la ubicación geográfica de las propiedades que la Justicia puso en la mira.

Hasta fines de enero pasado, el expediente estuvo en manos del juez Aguinsky, quien subrogaba el juzgado 10. Habrá que ver desde dónde retoma ahora la pesquisa la nueva magistrada. Antes de ser apartado, el juez había citado a Pantano y Conte para que, sobre la base de las pruebas reunidas, hicieran un descargo. La mañana en que debían presentarse enviaron por correo electrónico a Campana el pedido de inhibitoria que dejó todo en suspenso.

En una de sus resoluciones, además, Aguinsky ubicó a directivos de la Asociación del Fútbol Argentino en el “epicentro” de la investigación por presunto lavado de activos a partir de diversos elementos incorporados al expediente. Entre ellos destacó que una tarjeta de crédito utilizada por Luciano Pantano era corporativa de la AFA y registró consumos y pagos de servicios con un promedio cercano a los 50 millones de pesos mensuales durante 2025. Incluía el pago de peajes de varios vehículos de alta gama de una flota de 54 encontrada en un galpón dentro de la quinta de Pilar. El primer juez del caso, el federal Daniel Rafecas, allanó la quinta y encargó una valuación de todos los bienes: los vehículos quedaron cotizados en poco más de tres millones de dólares.

La Cámara reivindicó ahora el “trámite sostenido” que se dio al caso en esa etapa y advirtió, al repasar todo el expediente y las sucesivas ampliaciones de denuncia, que la investigación está en un estado “embrionario”, sin medidas que hayan marcado un avance “trascendente”.

Denunciados e investigados

Un informe del Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, incorporado a la causa, da cuenta que la operación de compraventa de la casa quinta de Pilar el 30 de mayo de 2024 entre Malte SRL y Central Park Drinks SRL, ahora Real Central SRL de los Pantano, se firmó en una escribanía porteña. En los diversos dictámenes fiscales se mencionó un “cúmulo de indicios vehementes” de que la compra de la estancia de Pilar “constituyó una operación de conversión y ocultamiento de fondos de origen ilícito, presuntamente mediante sociedades pantalla, ampliaciones artificiales de capital y el uso de presuntos testaferros y colaboradores vinculados al ámbito del fútbol".

Los denunciantes Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe ampliaron varias veces la denuncia para incorporar nuevos hechos y personas. Entre ellos solicitaron investigar al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y a distintos integrantes de su entorno societario, así como profundizar sobre presuntas transferencias efectuadas desde la firma TourProdEnter LLC, comercializadora de contratos de la AFA en el exterior, hacia sociedades vinculadas.

La ampliación también incorporó como nuevos denunciados, entre otros, a Javier Faroni y su esposa Erica Gillette por TourProdEnter, y diversas sociedades extranjeras que habrían intervenido en un circuito financiero internacional bajo análisis judicial. En todos los casos se emitió el dictamen fiscal para ampliar la investigación.

Se procura establecer ahora si a través de esas sociedades se montó “un complejo entramado societario y de relaciones económicas” destinado a la adquisición y usufructo de inmuebles, vehículos de alta gama y otros bienes que podrían estar vinculados con operaciones de lavado de dinero.

La resolución que definió la competencia concluyó que el objeto procesal excede la ubicación física del inmueble de Pilar y comprende presuntos delitos económicos y financieros que habrían sido cometidos, al menos parcialmente, en la ciudad de Buenos Aires.

La Justicia pidió un informe técnico sobre la cotización del Bitcoin en los últimos 13 años para determinar si es posible que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, haya ganado USD 300 mil con una inversión que mantuvo “en negro” hasta ahora, como dijo en una entrevista periodística. Se trata de una de las medidas de prueba que ordenó en las últimas horas el fiscal federal Gerardo Pollicita, al ampliar la investigación en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito del funcionario a períodos previos a su arribo a la función pública, en pedidos de informes que abarcan también a su esposa Bettina Angeletti.

Se buscará recopilar también todas las declaraciones públicas de Adorni desde antes de su llegada al gobierno de Javier Milei vinculadas a criptomonedas. Para ello pidió que se haga lo que se conoce como un estudio de “fuentes abiertas”: relevamiento de medios periodísticos y redes sociales, por ejemplo. La decisión se tomó luego que en la declaración jurada que presentó esta semana, Adorni blanqueó ingresos que corresponden a sus ahorros “en negro” durante esos años. Se busca determinar la trazabilidad del monto inicial de inversión, que según el funcionario fue de 200 mil dólares.

En cuanto al Bitcoin, la tarea de establecer un seguimiento de su cotización desde 2013 se encomendó a la DAFI, la dirección de Asistencia Fiscal en Investigaciones que ya realiza un informe sobre los ingresos y gastos de Adorni desde que fue nombrado vocero presidencial, para detectar si hay inconsistencias que justifiquen una intimación a realizar un descargo, paso previo a una eventual citación a declaración indagatoria. Con la nueva medida, se intentará establecer cuánto cotizaba la criptomoneda al momento en el que el jefe de Gabinete manifestó haber invertido y la evolución que tuvo hasta ahora.

El incremento patrimonial

La pesquisa también fue para atrás en relación a los trabajos del matrimonio Adorni: se pidieron informes a la ANSES, ARCA y otros organismos públicos desde 2012.

La decisión de ampliar el período bajo investigación se tomó luego de que el funcionario justificara un incremento patrimonial superior a los 500.000 dólares afirmando haber invertido unos 200.000 dólares en criptomonedas entre 2013 y 2018, con una apuesta “fuerte en 2014”, lo que, según sostuvo, le habría generado una ganancia cercana a los 300.000 dólares que mantuvo sin declarar.

La Oficina Anticorrupción ya remitió al fiscal la declaración jurada 2025 que presentó Adorni esta semana, aunque no envió el anexo reservado de su esposa porque ese documento no fue presentado aún por el jefe de Gabinete.

Adorni informó un patrimonio de casi 945 millones de pesos. En una entrevista de La Nación+ aseguró que su patrimonio aumentó al invertir en bitcoins USD 200.000 que tenía en ahorros y terminó con USD 500.000 en criptomonedas.

En cuanto a la declaración jurada de acceso público, Adorni admitió deudas por más de $317.000 y casi USD 188.000. Por otra parte, en la lista de propiedades incluyó la casa en el country Indio Cuá, valuada $156.926.249, y el departamento con cochera de la calle Miró al 500, en Caballito, por $255.844.500. Ambas propiedades se incorporaron al patrimonio familiar ya con Adorni en la función pública.

La Justicia peritó los equipos de espionaje secuestrados al ex presidente de ARSAT, Facundo Leal, durante un allanamiento en una causa por corrupción, que derivó además en el hallazgo de 2,4 millones de dólares en efectivo y drogas.

Se trata de 19 dispositivos profesionales de inteligencia militar: micrófonos ocultos en anteojos, lapiceras, mouses de computadora y también inhibidores de señal, localizadores satelitales y un teléfono Iridium, según confirmaron a Infobae fuentes judiciales.

Esta medida se sumó a otras de carácter patrimonial dispuestas por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, a pedido del fiscal del caso Fernando Domínguez, para comenzar a reconstruir la “trazabilidad” de los ingresos y bienes de Leal: se le embargaron dos propiedades y al igual que los restantes imputados en la causa, tiene prohibido salir del país. En su caso, está detenido desde que se encontró la droga en su departamento de Palermo: 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína, un vapeador con cannabis y 15 cucharas.

La ruta del dinero ARSAT

En concreto se intenta establecer de dónde sacó el extitular de ARSAT los 2,4 millones de dólares cash que se encontraron en su departamento de Palermo y en una casa de su propiedad en Mendoza.

Todo se precipitó en una investigación por supuesto cobro de sobornos para adjudicar el almacenamiento de costosos materiales de ARSAT, que era necesario preservar porque formaban parte del proyecto de Red Federal de Fibra Óptica.

La denuncia se presentó cuando se descubrió un robo en un predio de San Fernando, que manejaba la empresa Argentina Logistic Services (ALS), beneficiaria de un contrato con ARSAT para almacenar sus bienes.

El lugar no pertenece a la firma investigada sino que, según surgió durante la investigación, lo alquiló para poco después resultar adjudicataria por parte de la empresa estatal.

Se calcula que la pérdida para ARSAT fue de 151.000 dólares en bienes robados o dañados que se guardaban en 17 shelters -contenedores tecnológicos utilizados para la conectividad de la Red Federal de Fibra Óptica- y que estaban por contrato bajo custodia en ese predio de la firma ALS. El robo se detectó el 4 de enero de 2024 durante una recorrida por el lugar, ubicado en la calle Excombatiente Sánchez 1982, en San Fernando.

Los equipos almacenados son considerados bienes estratégicos para el desarrollo de proyectos de infraestructura de telecomunicaciones. Formaban parte del Proyecto Shelter-2 de ARSAT, destinado a la instalación de 250 shelters en distintas regiones del país para ampliar la cobertura de la Red Federal de Fibra Óptica.

Acuerdo venal

El fiscal Domínguez reclamó que se cite a declaración indagatoria a diez imputados y el juez hizo lugar este viernes al pedido.

En un dictamen advirtió que hay un “cuadro probatorio sólido que permite sostener la existencia de un acuerdo venal entre funcionarios públicos y empresarios privados, materializado posteriormente en la adjudicación irregular del contrato de custodia y traslado de bienes estratégicos para el desarrollo nacional, en este caso, pertenecientes a ARSAT”.

La aprobación del contrato se hizo sin pasar por el Directorio de ARSAT, sin dictámenes técnicos fundados para respaldar la elección de ese contratista. Hay “un indicio de direccionamiento deliberado del proceso contractual, en beneficio de una empresa determinada”, advirtió.

Al analizar chats intercambiados por los imputados, el fiscal consolidó la hipótesis de la existencia de “negociaciones previas, intereses personales involucrados y una planificación coordinada” para que ALS “obtuviera el contrato sin competencia real y con condiciones sumamente favorables, en desmedro de los intereses de la empresa pública”.

Mirabelli ya dispuso el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de los diez exfuncionarios de ARSAT y directivos de ALS imputados por presunto incumplimiento de deberes, negociaciones incompatibles y cohecho.

Leal estuvo al frente de la empresa durante el gobierno de Alberto Fernández y luego fue nombrado titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) hasta enero pasado.

El Tribunal Oral que condenó a cuatro años de prisión al ex titular de la Unión Industrial Argentina Juan Carlos Lascurain, por un multimillonario desvío de fondos destinados a una obra vial que nunca se concretó en Yacimientos Carboníferos Río Turbio, ordenó la detención del empresario luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firmes las penas impuestas.

Se le dio un plazo de cinco días hábiles para presentarse en la sede judicial y quedar preso, al igual que a otros dos condenados. La fiscal que actuó en ese debate oral concluido en 2019, Fabiana León, había reclamado la detención “inmediata” pero el Tribunal les otorgó ese plazo.

Lascurain tendrá que presentarse en “el término de 5 días hábiles” en la sede del TOF7, ubicada en el sexto piso del Palacio de Justicia, en Talcahuano 550, para “cumplir la pena de prisión que le fuera impuesta”, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Una vez concretadas las detenciones, serán ingresados como condenados a una cárcel del Servicio Penitenciario Federal. La defensa de Lascurain, de 79 años, podría pedir la prisión domiciliaria.

El “camino de los mineros”

Las detenciones de Lascurain y otros dos condenados, el ex interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio Atanacio Pérez Osuna y el ex asesor Juan Marcelo Vargas, se ordenaron luego de que la Corte Suprema dejara firmes las condenas de cuatro años de prisión impuestas en una causa por desvío de fondos, destinados a una obra vial que nunca se concretó, el llamado “camino de los mineros”, durante el kirchnerismo.

Todos fueron juzgados y condenados en 2019 por lo ocurrido con la empresa que presidía Lascurain al momento de los hechos, Fainser S.A. El empresario ya estuvo preso en el caso Cuadernos, durante 2018, pero luego se lo benefició con arresto domiciliario por su edad y posteriormente fue excarcelado. A los 79 años, es uno de los sometidos ahora a juicio oral por esta causa, procesado por un caso de cohecho activo.

La decisión del máximo tribunal del país dejó firme la condena a cuatro años de prisión por el desvío de fondos públicos destinados a la construcción de esa ruta de acceso a YCRT y, en la misma resolución, también quedó confirmada la absolución del excoordinador de YCRT Miguel Ángel Larregina.

A través del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron los recursos extraordinarios presentados por las defensas de Lascurain y Vargas, así como el planteo del Ministerio Público Fiscal contra la absolución de Larregina.

El Tribunal Oral Federal 7 había dispuesto que todos los condenados fueran detenidos una vez que las sentencias adquirieran firmeza y ordenó además la restitución de los fondos desviados junto con sus intereses, una suma estimada en alrededor de cincuenta millones de pesos a valores de 2015.

La investigación derivó en el primer juicio oral por irregularidades en YCRT. En paralelo, permanece pendiente otro debate por el supuesto desvío de al menos 264 millones de pesos destinados a obras en la mina de carbón de Río Turbio, expediente en el que está imputado el exministro de Planificación Federal Julio De Vido.

Qué se juzgó

La causa juzgada se centró en el desvío de fondos para la construcción de siete kilómetros de la denominada “Avenida de los Mineros”, entre Río Turbio y la localidad de 28 de Noviembre, una obra que nunca se realizó. La empresa adjudicataria era Fainser S.A., propiedad de Lascurain.

Durante el juicio oral celebrado en 2019, el Tribunal Oral Federal 7 dio por acreditado que Pérez Osuna, Larregina, Vargas, el entonces intendente de Río Turbio Horacio Mazú y Lascurain participaron en el desvío de 50 millones de pesos de YCRT, mediante el pago de tres cheques emitidos entre fines de noviembre y comienzos de diciembre de 2015, sin una justificación jurídica válida.

En el debate, Lascurain reconoció haber percibido el anticipo económico, aunque sostuvo que los fondos fueron utilizados para contratar personal y preparar el inicio de la obra. Por su parte, Pérez Osuna aseguró que “hubo una decisión política” de no realizar la obra.

En primera instancia, los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero condenaron por peculado a Lascurain, Pérez Osuna, Larregina, Horacio Mazú —fallecido con posterioridad— y Vargas, imponiéndoles penas de cuatro años de prisión y ordenando la devolución del dinero.

En 2023, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas aunque absolvió a Larregina.

Según se probó en el debate oral llevado adelante por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero -los mismos que ahora están al frente del juicio Cuadernos- entre el 30 de noviembre y el 9 de diciembre de 2015, Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) entregó a Fainser S.A. la suma de cincuenta millones de pesos ($50.000.000), mediante tres cheques librados bajo la apariencia de un adelanto de obra vinculado a la denominada “Readecuación de la Avenida YCF” de la localidad de Río Turbio, sin causa jurídica válida que justificara esa detracción de fondos públicos.

La maniobra se estructuró a través de la emisión de facturas por parte de Fainser S.A., órdenes de pago de YCRT y cheques finalmente depositados en cuentas de aquella sociedad. Esos fondos salieron de la esfera de custodia del Estado Nacional e ingresaron al giro económico de la empresa beneficiaria.

Los supuestos testaferros de dirigentes de la AFA, que dirige Claudio “Chiqui” Tapia, propietarios de la mansión de Pilar valuada en 17 millones de dólares, sufrieron este jueves un revés judicial en su estrategia para intentar que la causa judicial en su contra siga en un juzgado federal de Campana y no vuelva a la ciudad de Buenos Aires.

La Cámara Federal de Casación cerró la puerta de llegada a la Corte Suprema de Justicia a Luciano Pantano y su madre Ana Conte, quienes figuran como integrantes de la sociedad Real Central, compradora de la casaquinta y propietaria también de una flota de autos de lujo, entre otros bienes en la mira judicial.

Los camaristas Javier Carbajo, Angela Ledesma y Mariano Borinsky declararon inadmisible el recurso extraordinario con que, además, los acusados habían reclamado que se frene una decisión sobre el cambio de juzgado, hasta que haya un fallo del máximo tribunal del país.

Para los jueces no hay arbitrariedad ni “defectos graves” en una decisión que firmaron ellos mismos en la cual anularon el pase del caso al juzgado federal de Campana a cargo del juez Adrián González Charvay, y dispusieron que el conflicto vinculado a dónde debe seguir la investigación se resuelva en la Cámara en lo Penal Económico de CABA.

Ante esta decisión, este último Tribunal de Apelaciones quedó ya en condiciones de resolver si confirma que la pesquisa siga en Campana, como pretenden los acusados, u ordena su vuelta al juzgado en lo penal económico 10 donde tramitó antes.

La casaquinta en un laberinto judicial

Se trata de la disputa que está pendiente desde enero, cuando la Cámara Federal de San Martín resolvió el pase de la investigación, por una cuestión de territorio, al juzgado federal de González Charvay, en Campana. Todas las propiedades bajo la mira judicial por presunto lavado de activos están en Pilar, jurisdicción de este magistrado, según se argumentó al aceptar un planteo de los acusados.

La cuestión debería haberse resuelto con “celeridad”, según las directivas que dio Casación el 15 de mayo pasado. Ese día y a pedido de la fiscalía, el tribunal anuló el pase a Campana y decidió que el conflicto se resuelva en la Cámara en lo Penal Económico de CABA. Desde entonces no hubo definición. Se trata de decidir si la causa vuelve a CABA y a ese fuero especializado o sigue en Campana.

El tribunal de apelaciones ya tiene un dictamen del fiscal general Gabriel Pérez Barberá que postuló la vuelta de la causa al fuero penal económico.

Los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio recibieron un planteo de la defensa en el que se les reclamó no decidir hasta contar con una definición en la Corte sobre si estuvo bien o no el fallo de Casación que anuló el pase a Campana. Pero ahora se rechazó el recurso en esta instancia y sólo les quedaría ir en queja directa al máximo tribunal.

La causa ya pasó por tres jueces desde la denuncia inicial: primero estuvo en el juzgado federal de Daniel Rafecas, luego en el penal económico 10 que por entonces subrogaba Marcelo Aguinsky y ahora está a cargo de Verónica Straccia y finalmente, a pedido de los acusados, quedó en Campana.

Qué se investiga

La investigación intenta establecer si el predio y todo lo encontrado en su interior se compró en realidad con fondos de la Asociación del Fútbol Argentino que preside Tapia, como parte de maniobras de supuesto lavado de dinero.

El predio de la casaquinta de Villa Rosa está valuado en 17 millones de dólares y a esto debe sumarse poco más de tres millones de una flota de autos de colección encontrada en el lugar. También tiene helipuerto y caballerizas.

El juicio oral por los cuadernos de la corrupción se reanudó este jueves con la ampliación de declaración indagatoria del acusado ex subsecretario del Ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta, quien pidió la palabra para salir al cruce de los dichos de los testigos Roberto Lavagna y la ex mujer del remisero Oscar Centeno, Hilda Horovitz.

Al ex ministro de Economía durante la primera etapa del gobierno de Néstor Kirchner, Lavagna, lo tildó de “hipócrita”. Además negó haber respondido mensajes que le enviaba Horovitz y dijo que era una relación “unilateral”.

En su exposición donde no respondió preguntas, el acusado y ex jefe del remisero autor de los cuadernos Oscar Centeno mostró gráficos con informes del Banco Mundial para desmentir a Lavagna. Se trata de informes oficiales, remarcó, y en particular citó uno de 2010 donde el organismo “ponderó” la transparencia de los procesos en Argentina.

“¿El Banco Mundial hubiese continuado financiando obras viales luego de 2005 si se hubiese verificado ‘cartelización’ y ‘sobreprecios’ como afirmó aquí el ex ministro?”, se preguntó sobre los dichos de Lavagna cuando declaró como testigo en el juicio.

Concluida la intervención de Baratta declararon seis testigos, todos tripulantes de la flota de aviones presidenciales durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Uno de ellos recordó que en algunas ocasiones viajaban al sur para llevar los resúmenes de prensa y otro ratificó que había equipajes que no se controlaban: los del presidente y secretarios.

El juicio que tiene como principal acusada a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 procesados por supuesta asociación ilícita y sobornos continuará el martes próximo con una nueva tanda de testigos.

“Había equipaje que sí se controlaba y otro que no”

Un ex integrante de la tripulación del avión presidencial, Claudio Sacch, declaró que “había equipaje que sí se controlaba y otro que no se controlaba”.

“No se controlaba el del Presidente y los secretarios”, puntualizó y dijo desconocer el motivo, cuando le preguntó el abogado Mariano Galpern, por la querella de la Unidad de Información Financiera. “Tenemos el conocimiento que no se controlaba”, dijo pero aseguró desconocer de dónde provenía esa decisión ni el motivo.

También recordó viajes del fallecido ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, entre otros. El testigo confeccionaba el manifiesto de pasajeros.

Con su declaración terminó la audiencia y el juicio se reanudará el próximo martes.

Más declaraciones sobre los traslados al sur de Néstor y Cristina Kirchner

Sergio Bruno, retirado de la Fuerza Aérea y exjefe de Operaciones de la Agrupación Aérea Presidencia de la Nación, declaró que durante su función piloteó el Tango 01 y trasladó en numerosas oportunidades a Néstor y Cristina Kirchner.

En su testimonio señaló que los viajes más frecuentes eran hacia Río Gallegos. Se le preguntó por Sergio Velázquez, piloto que llegó con el arribo de Néstor Kirchner a la presidencia. “Estaba en todos lados del avión”. Precisó que se desplazaba por la aeronave y mantenía contacto tanto con la cabina como con la parte trasera, donde viajaban los funcionarios. “Él iba atrás, hablaba con los funcionarios. Velázquez era el enlace”, afirmó.

Las preguntas de la fiscal Fabiana León se orientaron a los equipajes que se despachaban y los que se subían a la cabina, cómo se controlaban y quién los veía.

Declaró un ex tripulante del Tango 01

Osvaldo Caeiro recordó que fue designado para integrar la tripulación del avión presidencial Tango 01 desde 2002 hasta febrero de 2008. Explicó que, a partir de 2003, la principal modificación en la conformación del equipo fue la incorporación de Sergio Velázquez, quien comenzó a desempeñarse pese a no ser oficial de la Fuerza Aérea.

En relación con el trato del entonces presidente Néstor Kirchner con la tripulación, recordó un episodio en el que un comandante fue a recibirlo y luego comentó que el mandatario no lo saludó. Según relató Caeiro, después de ese incidente el comandante dejó de bajar a recibirlo y Kirchner pasó a comunicarse siempre con Velázquez, mientras el resto de la tripulación permanecía en la cabina.

Consultado sobre los destinos habituales de los vuelos presidenciales durante los gobiernos kirchneristas, indicó que los trayectos que más se repetían eran los de los fines de semana hacia Río Gallegos o El Calafate.

Respecto del equipaje de los pasajeros, señaló que llegaban al avión con sus pertenencias y que Sergio Velázquez los recibía, arribando prácticamente al mismo tiempo que ellos.

Un despachante del avión presidencial dijo que los controles del equipaje los hacía Ceremonial

Tras un cuarto intermedio, la audiencia se reanudó con la declaración del testigo Hugo Balmaceda, conectado por videoconferencia desde Villa Mercedes, San Luis. Se trata de un despachante de aeronave que estuvo afectado a la flota presidencial entre 2004 y 20014.

El testigo refirió que “personal de Ceremonial y Protocolo realizaba el control del ingreso de pasajeros al Aeroparque tanto de los pasajeros como de lo que llevaban en el avión”.

“Lo que iba en la cabina lo subían ellos directamente”, explicó y recordó que participó de vuelos donde viajaron tanto Néstor como Cristina Kirchner y también el fallecido ex secretario privado Daniel Muñoz.

Declaró el piloto de la Fuerza Aérea Gustavo Valverde y dijo que a veces iban al sur para llevar la “síntesis de prensa”

El segundo testigo del día fue tripulante del avión Tango 10 y recordó que trasladó a la entonces presidenta Cristina Kirchner a diferentes destinos, entre ellos Santa Cruz.

Se trataba de vuelos ordenados por la Casa Militar y a veces llevaban pasajeros y otras iban con “información periodística” como la “síntesis de prensa” al sur. Valverde no dio precisiones sobre si existían controles a los equipajes.

Tras su declaración se dispuso un cuarto intermedio.

Declaró Hugo Fiocca, aviador y director de la escuela de aviación militar en Córdoba

Al término de la ampliación indagatoria del acusado Baratta, comenzó a declarar como testigo Hugo Fiocca, aviador militar, quien explicó ante preguntas de la fiscal Fabiana León que nunca trasladó a la ex presidenta Cristina Kirchner pero sí a funcionarios de su gobierno.

El piloto explicó que vio a efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria controlar la aeronave donde se viajaba.

“Hubo cambios pero no está en mi emitir juicios de por qué hubo cambios o no”, respondió ante una consulta sobre cambios en la policía de control aeronáutica.

El piloto recordó que transportó a funcionarios, secretarios, ministros y que sólo se intercambiaba a veces algún saludo. Los traslados eran a Calafate o Rio Gallegos desde el Aeroparque porteño. También ratificó que los equipajes pasaban el control de la PSA.

“No he visto ningún traslado de dinero, no se que se trasladaba realmente”, dijo además al responder preguntas y también explicó que no se escuchaban las conversaciones de los pasajeros.

“Lavagna no puede ser tan hipócrita”

Roberto Baratta cruzó al exministro de Economía luego de su declaración como testigo, en la que hizo hincapié sobre una advertencia del Banco Mundial sobre cartelización.

“Tenía que tomar intervención su propia gente”, denunció Baratta, en relación a un informe interno que Lavagna refirió encargó luego de una advertencia del Banco Mundial sobre posible cartelización y sobreprecios en la obra vial. Además Baratta remarcó que por esa época en el Ministerio de Economía trabajaban dos funcionarios que eran hijos de autoridades de la Cámara Argentina de la Construcción, apuntada en las acusaciones.

Baratta confronta a Hilda Horovitz

El exfuncionario afirmó que “no tenía vínculo personal o canal de comunicación” con la esposa de quien fue su chofer y autor de los cuadernos, Oscar Centeno.

“Nunca le contesté ni una llamada ni un mensaje, era una relación unilateral”, sostuvo.

Al declarar como testigo en los tribunales de Comodoro Py, la mujer había mostrado mensajes enviados a Baratta exigiéndole dinero a cambio de su silencio sobre las maniobras de corrupción.

Baratta amplía su indagatoria

El ex subsecretario del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, había pedido volver a declarar la semana pasada.

Dijo que quiere responder a “mentiras” que escuchó durante el debate.

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Después de la reaparición pública de Manuel Adorni con una entrevista en la que reveló haber ganado 300.000 dólares invirtiendo en criptomonedas, la Justicia pidió a la Oficina Anticorrupción (OA) que entregue las declaraciones juradas del jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti.

Según anunció el ministro coordinador en el canal LN+, anoche rectificó la documentación correspondiente a los años 2023 y 2024, y presentó su declaración del 2025. Lo mismo habría hecho con el anexo reservado en el que su cónyuge también está obligada a informar sus bienes.

Además, habría corregido las presentaciones impositivas que hizo ante el fisco desde 2020.

El fiscal federal Gerardo Pollicita firmó esta mañana, con carácter urgente, una solicitud para que el juez Ariel Lijo ordene la obtención de las declaraciones juradas. El trámite no demoraría y los papeles estarán en lo inmediato en poder de la Justicia, según adelantaron fuentes judiciales a Infobae.

Lo informado por Adorni en la documentación que entregó a la Oficina Anticorrupción será cotejado con los gastos, deudas e ingresos que está contabilizando la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).

Este organismo del Ministerio Público Fiscal prepara un informe contable que dirá si las cuentas del ministro coordinador cierran o no. Y, en caso de encontrar irregularidades, también podrá señalar el monto del presunto enriquecimiento ilícito.

Anoche, Manuel Adorni reveló que empezó a incursionar en el mundo del Bitcoin en 2013, y que al año siguiente ya invirtió más fuerte. Puso 200.000 dólares que tenía en ahorros “después de trabajar 25 años” y terminó con 500.000 dólares en criptomonedas que mantuvo fuera del sistema formal en todo momento, siempre según su versión.

Estas afirmaciones darán lugar a una nueva línea de investigación, adelantaron a este medio fuentes del caso.

Los investigadores quieren evaluar la capacidad de ahorro e inversión de Adorni y su esposa, además de buscar la trazabilidad de ese medio millón de dólares, para verificar si lo que contó tiene asidero alguno. Pero de momento mantienen las sospechas que tenían antes de escuchar sus explicaciones públicas: “Hay períodos donde los números no cierran”.

El jefe de Gabinete agregó otro dato relevante. Aseguró que Bettina Angeletti ocupó durante 15 años cargos gerenciales en una empresa privada, lo que le generó ingresos en relación de dependencia. Desmintió que solamente fuera monotributista de la categoría más baja hasta hace algunos años, cuando se lanzó con su propia consultora.

Además, en su declaración jurada actualizada, Adorni habría sumado a su patrimonio unos 57.000 dólares que obtuvo de la venta de una propiedad en La Plata que heredó de su padre fallecido.

También habría declarado un lote ubicado en el partido bonaerense de Daireaux, que formaba parte de la misma sucesión. Ese terreno fue vendido y le habría generado al funcionario un ingreso cercano a los 22.000 dólares.

Todo esto se contradice con lo que el jefe de Gabinete había afirmado en el Congreso de la Nación el pasado 29 de abril, durante su primer informe de gestión.

“En mis declaraciones juradas figuran todos los detalles de los bienes que integran mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna”, le había dicho a los legisladores en una encendida sesión, ya con las investigaciones judiciales en marcha.

Luego, en conferencia de prensa, Adorni reiteró: “Todo lo que tiene que estar declarado está declarado en cada uno de los organismos tal como corresponde”.

Ahora admitió tener una fortuna en negro. “Ahorramos en negro, como todos los argentinos”, se excusó el funcionario, quien a su vez defendió su inocencia: “No soy un chorro”.

Una vez que el fiscal Pollicita reciba el informe contable de la DAFI, estará en condiciones de pedir un requerimiento de justificación patrimonial. Es la primera instancia que tendrá Adorni para dar explicaciones a la Justicia.

Si con su respuesta el ministro coordinador no despeja la hipótesis delictiva que persigue el fiscal, entonces el próximo paso sería citarlo en los tribunales federales de Retiro para que preste declaración indagatoria.

Manuel Adorni tiene deudas por 335.000 dólares, que en su mayoría vencen antes de noviembre.

Desde 2022 hasta hoy cambió de auto, hizo una veintena de viajes por la Argentina y el mundo, se hospedó en hoteles del más alto nivel y all inclusive, y compró un semipiso en Caballito y una casa en el country Indio Cuá, la cual remodeló por 245.000 dólares, según declaró bajo juramento el contratista que hizo la obra. Todo esto sin haber vendido los departamentos que ya tenía en La Plata y Parque Chacabuco.

El juez Ariel Lijo también investiga a Adorni y Angeletti en otras dos causas. Una es por su vínculo con su amigo Marcelo Grandío, periodista de la TV Pública que desembarcó en los medios públicos a partir de la gestión libertaria.

El otro expediente puso la lupa sobre los clientes de MásBe, la consultora de coaching ontológico de la esposa del jefe de Gabinete, que presta servicios a tres empresas: Grupo Datco, National Shipping y Foggia Group. Todas esas compañías son contratistas del Estado, por lo que se sospecha que podría haber algún tipo de retorno en los pagos que efectuaron a Angeletti.

Carlos Telleldín se niega a devolver los 400 mil dólares que cobró de manera ilegal en 1996 para involucrar a un grupo de policías bonaerenses en el atentado a la AMIA. La revelación de este pago que salió de las arcas de la ex SIDE derivó en la absolución de todos los acusados en un juicio oral a la supuesta conexión local del ataque del 18 de julio de 1994 que causó 85 muertos en Pasteur 633.

El ex reducidor de autos y actual abogado pasó casi una década preso como supuesto partícipe necesario del atentado por haber sido el último poseedor de la camioneta Trafic que la Justicia considera probado se usó como cochebomba. Fue absuelto por este hecho en dos juicios orales. Pero finalmente quedó condenado a tres años y seis meses de prisión en febrero de 2019 por el delito de peculado, en otro debate que llevó adelante el Tribunal Oral Federal 2 por las irregularidades en la investigación del atentado mientras estuvo a cargo del destituido ex juez federal Juan José Galeano.

En ese juicio, a Telleldín lo condenaron junto a otros acusados, entre ellos Galeano. En el caso del ex reducidor de autos, se ordenó el decomiso de los 400 mil dólares que le pagaron cuando estaba preso para ampliar su declaración indagatoria en 1996 y mencionar a cuatro policías bonaerenses a quienes, según dijo, les entregó la Trafic como parte de pago de una presunta extorsión. Todos fueron presos durante años y resultaron absueltos en el primer juicio oral por el atentado cuando ex agentes de inteligencia relevados de la obligación de guardar secreto hablaron por primera vez ante el Tribunal Oral Federal 3 y contaron en detalle cómo se instrumentó el pago a Telleldín a instancias del entonces juez Galeano.

Un largo camino para los 400 mil dólares

Al condenarlo en febrero de 2019, el Tribunal Oral Federal 2 integrado en ese juicio por Jorge Gorini, Adriana Pallioti y Rodrigo Giménez Uriburu ordenó el decomiso de los 400 mil dólares. La sentencia quedó firme, pero el dinero todavía no volvió al Estado Nacional y ahora el tema será resuelto por la Cámara Federal de Casación.

El juez de ejecución de la condena, Jorge Gorini, rechazó el 18 de mayo pasado planteos de nulidad, prescripción y extinción del decomiso presentados por Telleldín y ordenó avanzar con una amplia investigación patrimonial para intentar recuperar los 400.000 dólares que recibió con fondos reservados del Estado durante la investigación del atentado contra la AMIA.

Se aceptó un pedido de Unidad Fiscal AMIA para avanzar con medidas para identificar bienes que puedan ser alcanzados por la ejecución del decomiso y se ordenó levantar el secreto bancario, financiero, fiscal y bursátil del condenado, familia y allegados.

Telleldín sostuvo que la pesquisa patrimonial carece de sustento legal, que la acción para ejecutar el decomiso está prescripta y que existe una imposibilidad material para cumplir con esa sanción porque no hay bienes identificables. Sin embargo, el juez rechazó los planteos por “manifiestamente infundados”. El tema será ahora revisado por el máximo tribunal penal federal del país.

Los USD 400.000 pagados con fondos reservados

Al fundamentar su decisión, el TOF recordó que la sentencia firme estableció que los 400.000 dólares provenientes de fondos reservados de la ex SIDE fueron entregados a Telleldín para que brindara una declaración previamente acordada en la investigación del atentado.

El decomiso, además, no se limita al dinero originalmente entregado, sino que puede extenderse a los bienes que lo hayan reemplazado o a las ganancias obtenidas a partir de esos fondos, se advirtió.

En ese sentido, el tribunal sostuvo que “el decomiso puede recaer sobre elementos por los cuales éstos hayan sido reemplazados, sustituidos o transformados así como también puede abarcar los ingresos u otros beneficios razonablemente vinculados”.

Los jueces añadieron que el objetivo de estas medidas es “evitar que el autor conserve, de modo directo o indirecto, por sí o interpósita persona, cualquier ventaja económica derivada del hecho delictivo”.

Para el tribunal, tratándose de dinero —un bien fungible— no resulta necesario demostrar el recorrido exacto de cada dólar desde 1996 hasta la actualidad. Por el contrario, “el decomiso no exige una correspondencia estricta e individualizada entre el bien originalmente obtenido y aquel sobre el cual finalmente se hace efectivo”, sino una relación razonable entre el producto del delito y el incremento patrimonial detectado.

Incluso se advirtió que exigir una reconstrucción lineal de esos activos “carece de sustento normativo” e “importa vaciar de contenido el mandato legal e internacional de asegurar un decomiso efectivo”.

El fallo también descartó que la ejecución del decomiso haya prescripto porque el plazo debe computarse desde que la sentencia quedó firme y no desde que se cometió el delito. Además, el atentado a la AMIA fue declarado imprescriptible.

Como consecuencia del rechazo de los planteos de Telleldín, el TOF 2 hizo lugar al pedido formulado por la Unidad Fiscal AMIA y ordenó el levantamiento del secreto bancario, financiero, fiscal y bursátil del condenado y de distintos integrantes de su entorno familiar y personal.

La medida busca reconstruir el circuito económico y detectar activos que eventualmente puedan ser ejecutados: se pidió información al Banco Central, a la ARCA y a la Comisión Nacional de Valores sobre movimientos y declaraciones correspondientes al período comprendido entre el 1 de julio de 1996, fecha de entrega del dinero, y la actualidad. Ahora el condenado recurrió a Casación en un nuevo intento por frenar el avance sobre sus bienes.

La defensa de la ex fiscal Viviana Fein reclamó este miércoles que se revoque su procesamiento por “encubrimiento agravado” en la causa por irregularidades en la investigación de la muerte del fiscal Alberto Nisman, encontrado con un balazo en la cabeza en su departamento de las torres Le Parc, en enero de 2015.

En una audiencia ante la Cámara Federal porteña, el abogado Lucio Simonetti advirtió que se pretende responsabilizar a la fiscal, ya jubilada, “por cuestiones abstractas, para después decir ‘no pudimos llegar a ningún resultado en la causa principal’”.

En esta última se investiga quién asesinó al fiscal a cargo de la causa AMIA, que pocos días antes había denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner por la firma del Memorandum con Irán. Según dio por probado la Justicia, se trató de un homicidio vinculado a sus funciones. El Tribunal de Apelaciones quedó ahora en condiciones de resolver.

Acusación conjetural

Fein fue procesada el 12 de mayo pasado en una pesquisa paralela que apunta a irregularidades en la escena del hecho, entre el 17 y 18 de enero de 2015. Durante la audiencia ante los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah, a la que asistió Infobae, el abogado defensor apuntó a una imputación “conjetural”. “No se dice qué se alteró, toda la imputación es completamente conjetural, no sabemos qué es lo que Viviana Fein habría hecho desaparecer” con su conducta al llegar al lugar del hecho.

Al reconstruir la línea temporal de lo ocurrido, el defensor enfatizó que, antes del arribo de Fein al departamento de Puerto Madero, estuvieron en el lugar el primer juez del caso, Manuel De Campos, y el por entonces secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni. Además, apenas llegó, ordenó filmar todo el procedimiento. “Si Fein hubiera querido encubrir, para qué filmó todo?”, se preguntó el abogado.

También recordó que la entonces fiscal en lo Criminal de instrucción “fue espiada por el propio Gobierno de aquel entonces, como está acreditado en otra causa”.

Para la defensa hubo un “gran déficit” en la acusación a Fein vinculado a la “falta de análisis serio de la cuestión temporal de todo lo sucedido”: se la procesó y embargó por 15 millones de pesos por ocho situaciones de falta de preservación de prueba pero “ninguna se analiza correctamente con lógica temporal al momento del hecho”.

Fue la fiscal la que dio “la directiva de filmar y grabar todo el procedimiento. Eso se omite en la resolución”, agregó. Sobre las 83 personas que estuvieron en la escena del hecho, sostuvo que unas 30 ingresaron antes de que ella tuviera conocimiento, entre ellas la madre de Nisman, el entonces juez de turno, De Campos, y Berni, además de agentes de Prefectura.

Y sobre el resto “no hay información de qué hacían” en el lugar. “No hay un desarrollo preciso de quiénes eran”, ni del momento en que ingresaron por lo cual es una “afirmación tramposa” porque “no sabemos que pasó y ni siquiera hacen el esfuerzo de tratar de determinarlo”.

Por qué se procesó a Fein

Tras la audiencia los jueces Farah e Irurzun quedaron en condiciones de resolver si confirman o no el procesamiento, resuelto por el juez federal Julián Ercolini tras la indagatoria que había sido pedida por el fiscal Eduardo Taiano.

Fein está procesada por presunto “encubrimiento agravado” por ser el delito previo “especialmente grave” y por su condición de funcionaria pública. Según la acusación, la ex fiscal “no preservó debidamente la escena del hecho ni recolectó todos los elementos probatorios que allí se encontraban”.

“A raíz de la muerte violenta del fiscal federal Natalio Alberto Nisman en el complejo Le Parc Puerto Madero” intervino la fiscalía que en ese entonces presidía Fein, y las conductas por las cuales ahora se la procesó “permitieron la alteración de la escena del crimen, perpetrada por el accionar de la propia fiscal y de quienes se encontraban allí presentes bajo su órbita, y afectó de este modo en forma directa el correcto desarrollo y el resultado de la investigación”, evaluó el magistrado.

Las “deficiencias” en las primeras horas dentro de la escena del hecho “generaron un grave perjuicio para el curso de la investigación del homicidio del fiscal federal N. Alberto Nisman”, dado que provocaron la pérdida y/o alteración de evidencias e impidieron reunir todos los elementos que se debían resguardar en una potencial escena del crimen, como lugar y momento trascendentales para la recolección de elementos probatorios”, agregó la resolución judicial donde se resolvió su procesamiento.

Cristina Kirchner podría obtener el beneficio de la libertad condicional en junio de 2029, cuando haya cumplido los dos tercios de su condena a seis años de prisión en la causa Vialidad. El 10 de junio del año pasado, la Corte Suprema dejó firme la pena por administración fraudulenta dictada por el Tribunal Oral Federal 2.

Además, se ratificó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de bienes. Este último punto está aún pendiente y quedó en medio de un entramado de recursos judiciales porque su defensa intenta evitar a toda costa el remate de 19 propiedades, que al día de hoy están a nombre de los hijos de la ex presidenta, Máximo y Florencia Kirchner. El próximo paso es la presentación de un recurso de queja ante el máximo tribunal del país.

Cuándo podrá salir Cristina

La pena a CFK se dará por cumplida en junio de 2031, aunque la ex mandataria podría acceder en junio de 2029 a la libertad condicional si reúne los requisitos legales y para ese momento no hay otra condena firme en su contra, algo que se presenta como extremadamente difícil: en la actualidad es juzgada como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho en el caso de los Cuadernos, un debate oral que comenzó en noviembre pasado y está en etapa inicial de testigos, sobre un listado de unos 600 convocados.

Si se llegara a un veredicto condenatorio por parte del Tribunal Oral Federal 7 al término del debate, que se calcula durará al menos dos años más, esa decisión entraría en etapa de revisión antes de quedar firme: primero pasaría por la Cámara Federal de Casación y luego la Corte.

Otros dos juicios que la tienen como acusada aún no tienen fecha de inicio: Hotesur-Los Sauces y el Memorandum con Irán por el atentado a la AMIA.

El juicio por la causa Vialidad comenzó el 21 de mayo de 2019 y el veredicto se conoció el 22 de diciembre de 2022. La pena quedó firme en la Corte Suprema dos años y medio más tarde.

Los días en domiciliaria

Durante este primer año de cumplimiento de la pena, la ex presidenta sólo abandonó su departamento en San José 1111 para ir a visitas médicas y urgencias, como la que ocurrió a fines de diciembre de 2025, cuando fue internada y operada por peritonitis. También salió el 17 de marzo pasado para prestar declaración indagatoria en el juicio Cuadernos, en Comodoro Py.

Tras la revisión periódica de las condiciones de detención, el tribunal resolvió mantener sin cambios sustanciales el régimen de prisión domiciliaria, con tobillera electrónica y controles trimestrales. También sigue el régimen de visitas restringido y la posibilidad de acceder a la terraza del edificio durante dos horas diarias.

La ex presidenta quedó formalmente detenida con prisión domiciliaria el 17 de junio de 2025. Apenas firmado el fallo de la Corte, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola reclamaron su inmediata detención, algo que rechazó el Tribunal.

La semana previa fue de alta tensión en Comodoro Py: se había dado a todos los condenados un plazo de cinco días para presentarse ante el Tribunal y, al filo del vencimiento, se pidieron refuerzos de seguridad y en muchos juzgados se dispensó al personal de concurrir el miércoles 11 de junio: CFK había anunciado su presencia ese día y se esperaba una manifestación masiva en su apoyo. Sin embargo, día antes, los jueces del TOF2 Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini resolvieron evitar ese trámite, le concedieron la prisión domiciliaria y la notificaron a la distancia.

El financista arrepentido Leonardo Fariña sostuvo este martes que su ex jefe Lázaro Báez era amigo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y en ese vínculo enmarcó la expansión de su empresa Austral Construcciones, basada en la obra pública vial. Además complicó la situación de uno de los acusados en el caso Cuadernos, el ex secretario de Obra Pública José López, porque recordó que Báez negociaba con él en persona los pagos.

“Báez levantaba un teléfono, iba y cobraba”, aseguró y tenía como interlocutor a López, el funcionario que en 2016 fue sorprendido intentando esconder de madrugada bolsos con 9 millones de dólares en un convento.

Bajo juramento de verdad el arrepentido que destapó las maniobras ilegales de multimillonario lavado de activos por parte de Báez en la causa por la “ruta del dinero K” aseguró ahora como testigo en el juicio por los Cuadernos que el empresario “era un depositario de confianza” del fallecido ex presidente Néstor Kirchner.

“Era amigo con todas las letras” y a su vez “tenían una relación comercial”, explicó.

El proceso judicial investiga el presunto sistema de recaudación y traslado de dinero ilegal descripto en los cuadernos del exchofer Oscar Centeno y tiene entre los acusados a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, exfuncionarios de su gobierno, empresarios y contratistas de la obra pública.

La declaración de Fariña es considerada una de las más esperadas de esta etapa del juicio por su rol como arrepentido en distintas investigaciones vinculadas a presuntas maniobras de corrupción y lavado de dinero durante el kirchnerismo.

Para esta jornada está previsto además que declaren tres pilotos de avión que trabajaron para la flota presidencial durante el kirchnerismo.

El Tribunal reprogramó un testimonio y cerró la audiencia

Luego de aproximadamente media hora de responder preguntas de las partes, concluyó la declaración del testigo Giosa. A continuación, el presidente del TOF N° 7 informó que no había sido posible establecer contacto con Hugo Balmaceda, otro de las personas llamadas a comparecer a la Sala AMIA de Comodoro Py, por lo que dispuso reprogramar su declaración para el próximo jueves. Tras esa comunicación, el tribunal dio por finalizada la audiencia.

Giosa afirmó que nunca observó bolsos ni controló equipajes en los vuelos presidenciales

En respuesta a preguntas de la fiscal, el ex oficial de la Fuerza Aérea Eduardo Giosa comentó que durante los años en que integró la flota presidencial como comandante del Tango 01 nunca observó bolsos o bultos que llamaran su atención en los vuelos oficiales.

“Yo no veía bultos. Nunca vi ningún bulto”, afirmó al ser consultado sobre los traslados realizados durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

El testigo explicó que al volar a Santa Cruz con frecuencia semanal los días viernes era habitual que hubiera varios vehículos esperando a la comitiva presidencial para trasladar a los pasajeros. “Siempre había unos cinco vehículos, más o menos, para trasladarlos”, señaló, aunque aclaró que no tenía conocimiento sobre quiénes los ocupaban ni mantenía contacto con las personas que intervenían en esos movimientos.

Giosa también aseguró que no tenía relación personal con Néstor Kirchner. “En absoluto. El presidente ni nos saludaba: pasaba de largo. Nunca hablé, nunca se acercó a la cabina”, declaró. Según relató, Kirchner solía arribar al aeropuerto en helicóptero junto a su esposa y las comitivas estaban integradas por funcionarios, periodistas y colaboradores del Gobierno, entre ellos algunos ministros a quienes recordó haber visto en distintos vuelos.

Consultado sobre la operatoria de la flota presidencial, explicó que las órdenes relativas a los itinerarios y a las personas que debían ser trasladadas provenían de la Agrupación Aérea Presidencial. También indicó que las tareas vinculadas a la planificación de los vuelos, los chequeos técnicos y las observaciones meteorológicas eran realizadas por la tripulación y remarcó que nunca recibió consultas directas del entonces presidente sobre esas cuestiones.

Respecto de la presencia de pilotos civiles dentro de la flota presidencial, señaló que él ejercía la función de comandante de la aeronave y recordó que, en ocasiones, cuando se registraban turbulencias, Kirchner hacía llamar al piloto civil para transmitirle inquietudes o recibir explicaciones. Sin embargo, aclaró que se trataba de situaciones menores y sin incidencia en la operación del vuelo.

Ante preguntas de las defensas, el ex comandante confirmó además que es veterano de la Guerra de Malvinas y precisó que durante el conflicto estuvo destinado en Comodoro Rivadavia. Finalmente, al ser consultado por los controles de equipaje, sostuvo que esa tarea no estaba bajo su responsabilidad. “Yo no controlaba el equipaje”, afirmó.

Comenzó a declarar Eduardo Giosa, ex comandante del Tango 01

Después del cuarto intermedio, Eduardo Giosa, ex oficial de la Fuerza Aérea y ex comandante del avión presidencial Tango 01, prestó juramento para su declaración como testigo ante el tribunal oral. El interrogatorio se inició con preguntas de la fiscal Fabiana León sobre las funciones que desempeñó en la flota presidencial y los vuelos realizados durante el kirchnerismo.

Velázquez negó haber observado irregularidades durante los vuelos presidenciales

Durante su declaración, Velázquez repasó su vínculo profesional con Néstor y Cristina Kirchner y aseguró que los trasladó en numerosas oportunidades tanto en Santa Cruz como durante los años de Presidencia. “Volé más de mil veces”, afirmó al recordar viajes oficiales a China, Francia, el Vaticano, Estados Unidos y distintas cumbres internacionales. También señaló que el ex ministro Julio De Vido integraba habitualmente las comitivas y que los viajes a Río Gallegos eran frecuentes, especialmente los fines de semana. Según relató, la confianza que Kirchner depositaba en él estaba vinculada exclusivamente a cuestiones aeronáuticas y destacó el interés permanente del ex presidente por conocer con detalle las condiciones meteorológicas de cada vuelo.

El ex piloto recordó además que transportó a Cristina Kirchner en numerosas ocasiones y que conoció al ex secretario privado presidencial Daniel Muñoz en Santa Cruz hacia el año 2000, a quien dijo haber llevado como copiloto en el Tango 10 en alrededor de diez oportunidades. Ante preguntas de las defensas, sostuvo que nunca observó situaciones irregulares durante los vuelos y describió al matrimonio Kirchner como “dos animales de trabajo” y “dos personas muy respetuosas”. También evocó un episodio ocurrido antes de la muerte de Néstor Kirchner, cuando, según contó, el ex mandatario le pidió previo a un vuelo: “No me la descuides a Cristina”, una situación que dijo haber vivido con emoción.

Más adelante, la fiscal Fabiana León exhibió un croquis elaborado por el propio Velázquez y le leyó fragmentos de una declaración testimonial prestada ante el juez Claudio Bonadio en agosto de 2018, en la que había relatado movimientos de equipaje vinculados al secretario presidencial Daniel Muñoz. Al ser consultado, recordó que en ocasiones el avión Tango 10 permanecía en un hangar mientras los Kirchner se encontraban en Río Gallegos o El Calafate y que Muñoz llegaba con varias valijas que eran cargadas en vehículos.

Según aquella declaración, tras permanecer unas dos horas fuera del aeropuerto, el entonces secretario privado regresaba y emprendían el vuelo de regreso a Buenos Aires. Velázquez explicó que esas esperas podían obedecer a cuestiones operativas o meteorológicas y señaló que, en algunas oportunidades, observó que Muñoz manipulaba ciertas valijas con mayor facilidad al regreso, lo que le hizo pensar que estaban más livianas. Sin embargo, aclaró que no prestaba atención al contenido del equipaje y que no le llamó la atención que las valijas tuvieran candado porque, según afirmó, “casi todo el mundo viaja con las valijas con candado”.

Luego de casi dos horas de testimonio, en las que respondió preguntas de la fiscalía, las querellas, las defensas y los integrantes del Tribunal Oral Federal N° 7, Velázquez concluyó su declaración testimonial. Ahí el juez Méndez Signori dio por finalizada su participación en el juicio y dispuso un cuarto intermedio de cinco minutos antes de continuar.

Velázquez recordó cómo llegó a convertirse en piloto del Tango 01

Al iniciar su exposición, Sergio Velázquez relató que conoció a Néstor Kirchner cuando se desempeñaba como comandante del avión Citation V de la provincia de Santa Cruz y que entre 2000 y 2004 acumuló unas 4.500 horas de vuelo junto al entonces gobernador, su familia y funcionarios provinciales.

Según contó, tras la asunción presidencial de Kirchner en 2003 se despidió de él en Aeroparque, pero el mandatario le anticipó que volverían a trabajar juntos. Meses después fue convocado a la Casa Rosada para iniciar la capacitación que le permitiría convertirse en piloto del avión presidencial Tango 01, pese a que hasta entonces esas aeronaves eran operadas exclusivamente por personal militar. Velázquez explicó que su incorporación se concretó a través del Ministerio de Defensa y recordó que, durante la etapa de Kirchner como gobernador, realizaban vuelos por todo el país.

Comenzó el testimonio del ex piloto presidencial Sergio Velázquez

Luego de un receso, el ex piloto oficial Sergio Velázquez comenzó a responder preguntas por parte de la fiscalía. Fue durante más de doce años uno de los pilotos de mayor confianza de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Proveniente de la Dirección Provincial de Aeronáutica de Santa Cruz, en 2004 se convirtió en el primer piloto civil habilitado para operar el avión presidencial Tango 01 y acompañó a los ex mandatarios en gran parte de sus desplazamientos oficiales.

Con referencias a Kirchner, concluyó la declaración de Fariña

A preguntas del juez Germán Castelli sobre si había conocido personalmente al ex presidente Néstor Kirchner, Leonardo Fariña relató que lo vio en dos oportunidades en la chacra de Lázaro Báez, en Santa Cruz. Según declaró, el primer encuentro ocurrió en 2010 durante un asado y un partido de fútbol organizados por el empresario, del que participaron, entre otros, Báez, su hijo Martín, Jorge Bringas, Claudio Bustos y Tito Martín. “Comimos un asado juntos, intercambiamos algunas palabras”, recordó al respecto.

Sobre una segunda ocasión, indicó que también se desarrolló en la chacra de Báez, aunque fue un encuentro más breve. “Nosotros nos fuimos al quincho y ellos estaban con un grupo de personas atrás de un invernadero”, explicó. Fariña aclaró que no mantenía una relación personal con el ex mandatario y señaló que “mi relación directa era con Lázaro”.

Tras constatar el presidente del Tribunal Oral Federal N° 7, Enrique Méndez Signori, que las partes no tenían más preguntas para formular, dio por concluida la declaración testimonial del financista arrepentido y dispuso un cuarto intermedio de 25 minutos antes de continuar la audiencia con el siguiente testigo.

Continúa la audiencia

El TOF N° 7 validó las preguntas de la fiscal Fabiana León, que habían sido cuestionadas por las defensas.

Hubo un cuarto intermedio de una hora para deliberar.

Cuarto intermedio en medio de los cuestionamientos entre fiscalía y defensas

El Tribunal dispuso un cuarto intermedio en la declaración como testigo de Leonardo Fariña antes de responder a cuestionamientos sobre el tenor de las preguntas que se le hacen al financista vinculadas a otros casos judiciales, como la conocida “operación puff” o el caso D’Alessio.

Fuerte contrapunto entre fiscalía y defensas por las preguntas a Fariña

La declaración de Fariña derivó en un duro enfrentamiento entre la fiscalía y las defensas a raíz de las preguntas vinculadas con la denominada Operación Puf, la investigación por presuntas maniobras destinadas a desacreditar la causa de los Cuadernos y la figura de los arrepentidos.

Las defensas objetaron reiteradamente esa línea de interrogatorio al considerar que era ajena al objeto del juicio. Sin embargo, la fiscal Fabiana León sostuvo que fueron los propios abogados quienes habían habilitado esos temas durante la audiencia.

“Son puertas que abrieron las defensas. Una defensa fue la que empezó con el tema D’Alessio. Hay que ser coherente”, respondió la representante del Ministerio Público.

La fiscal agregó que las preguntas resultaban relevantes para comprender el contexto de los hechos narrados por el testigo. “Aunque no quieran escuchar lo que tiene para decir, es importante lo que tiene para decir de lo que él vivió”, afirmó.

La fiscal insistió en que tampoco había sido ella quien introdujo las referencias al fiscal Carlos Stornelli y sostuvo que estaba facultada para continuar con ese tramo del interrogatorio. “Las preguntas sobre Stornelli tampoco son una puerta que yo abrí. Tengo derecho y estoy autorizada a continuar con esta línea de interrogatorio”, sostuvo.

Frente a las objeciones, el presidente del Tribunal Oral Federal 7, Enrique Méndez Signori, respaldó la continuidad de las preguntas al entender que derivaban de información aportada previamente por el propio Fariña.

“Las preguntas son consecuencia de información que produjo el testigo en el marco de su declaración por preguntas de otras partes. He sido muy amplio con el interrogatorio. No advierto que exista una doble vara; por el contrario, he sido muy amplio”, señaló el magistrado.

La decisión no conformó a las defensas. El abogado de la ex presidenta Cristina Kirchner Carlos Beraldi adelantó que mantendría su objeción y cuestionó especialmente una pregunta vinculada con la cobertura mediática de determinadas noticias.

“Estamos entrando en un terreno escandaloso. Que la pregunta vaya dirigida a qué medio cubre una determinada noticia y que haga referencia a C5N me parece una pregunta escandalosa, propia de la línea de conducta que lleva adelante esta fiscalía”, sostuvo.

Beraldi agregó que los medios de comunicación pueden pertenecer a cualquier persona, pero que no corresponde poner en discusión la labor de los periodistas que trabajan en ellos. “Si tiene algún cuestionamiento sobre algún periodista, que lo diga, pero no abramos preguntas de cualquier tipo”, reclamó.

“La fiscal confunde peras con melones”, dijo a su turno el abogado Juan Manuel Ubeira. Y por su parte, el defensor Maximiliano Rusconi afirmó que “es un escándalo lo que estamos advirtiendo” .

Al responder la fiscal advirtió que “este es un juicio en el que están interviniendo de cualquier forma”, dijo en alusión a las defensas. “Es escándalo que se haya insultado a un fiscal en esta sala y no haya pasado nada”, remarcó al pedir que se le permita continuar con sus preguntas.

Fariña habló de una de sus frases más célebres

Durante el interrogatorio, Fariña sostuvo que conoció al entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, en dos oportunidades por cuestiones vinculadas al programa de testigos protegidos.

“Conocí al señor Garavano. Lo vi dos veces por cuestiones que consideraba yo que había cierto avasallamiento o situaciones que eran muy complejas en la convivencia del programa de testigos e imputados protegidos”, declaró.

Las respuestas generaron nuevas discusiones en la sala. La fiscal Fabiana León cuestionó las interrupciones de las defensas durante el interrogatorio. “Se comienza una pregunta y cuando el testigo empieza a decir lo que la defensa no quiere escuchar se interrumpe. No puede estar interrumpiendo la respuesta del testigo porque queda una visión sesgada. El testigo tiene que poder contestar completa la pregunta”, sostuvo.

La defensora Elizabeth Gómez Alcorta rechazó el planteo y argumentó que las objeciones apuntaban a evitar referencias ajenas al objeto del proceso. “No se trata de que no me guste la respuesta. Habla sobre cuestiones que nos resultan ajenas y que no hacen al objeto”, respondió.

La defensa del remisero arrepentido en el caso Cuadernos Oscar Centeno también indagó sobre su incorporación al programa de protección de testigos e imputados colaboradores.

El abogado José Manuel Ubeira le preguntó por una de sus frases más recordadas durante las entrevistas que brindó años atrás: “Me pidieron ficción y les di ficción”. “Sí, es célebre esa frase. Fue en un contexto en el que estaba básicamente siendo enemigo público desde todos los ángulos del mundo por ciertas decisiones que tomé en mi vida. Equivocadas. Por esa estupidez de tener que ostentar. Era una frase elegante para sostener una mentira”, afirmó Fariña.

También al responder preguntas de la fiscal Fabiana León recordó lo que vivió durante la llamada causa “operación puff”, donde se lo vinculó a un presunto entramado para vincular su declaración como arrepentido a un armado. Poco antes le habían preguntado por el caso D’Alessio.

Sobre la “operación puff”, decían “que me mandaron a declarar con Stornelli, cosa que no fue verdad”, sostuvo el financista. “Nada de lo que hayan dicho con respecto a mi supuesto guionamiento o supuestas relaciones impropias con funcionarios judiciales es verdadero”.

Fariña responde preguntas de los abogados defensores

El financista responde preguntas de las defensas, entre ellas por parte del acusado ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal Rafael Llorens, quien ejerce su propia defensa porque es abogado.

Llorens lo interrogó sobre las menciones que lo ubicaban como uno de los presuntos gestores de pagos ilegales. Fariña respondió que esa referencia al ahora acusado provenía de información que le había suministrado su abogado de entonces, Franco Bindi.

Fariña recordó que fue por iniciativa propia a declarar en agosto de 2018 en el caso Cuadernos como testigo y se presentó en la fiscalía de Carlos Stornelli. “Toqué la puerta”, dijo sobre ese día en el que llevó un sobre con copia de sus anteriores declaraciones como arrepentido en la “ruta del dinero K”. “Yo estaba en el programa de testigos protegidos, no tenía libertad de moverme, tenía que hacer una petición. Lo que debe haber pasado es que tuve que informar mi voluntad de ir a tal lugar”, detalló luego de que se le leyó un acta al respecto. “No tuve una citación para ir”.

“Báez levantaba un teléfono, iba y cobraba”

Fariña también sostuvo que las empresas de Lázaro Báez contaban con una velocidad de cobro excepcional respecto de otros contratistas del Estado. “La empresa de Lázaro tenía una celeridad en el cobro de certificados”, afirmó, y agregó que, según su visión, existían “certificaciones que no eran reales”, vinculadas a “kilómetros de obra no realizados”.

“Báez levantaba un teléfono, iba y cobraba”, aseguró y tenía como interlocutor al por entonces secretario de Obra Pública de la Nación, José López.

Sobre cobros ilegales para acelerar pagos, dijo no tener casos puntuales pero que lo dijo en relación a los empresarios que estaban “dentro de la Cámara de la Construcción”.

Fariña habló de la “cartelización” en la Cámara Argentina de la Construcción

El Tribunal escuchó objeciones de los defensores José Manuel Ubeira y Carlos Beraldi por las respuestas de Fariña que consideraron ajenas a lo que se está juzgando. El Tribunal permitió que continuara el interrogatorio de la querella de la UIF

Fariña contó que en Austral Construcciones “para tratar de solucionar el problema financiero que había, se propone hacer un financiamiento. En ese cash flow se puso obra pública futura cuando no se sabía qué obra se iba a adjudicar. Ni siquiera estaba licitada”, explicó.

Y agregó: “Es una proyección de ventas del producto que vendo. ¿Cómo sabía que iba a tener esa obra? Esa es la relación que tenía Báez. Esa es la irregularidad que estoy marcando: futuros ingresos sobre cosas que aún no estaban licitadas”.

“Desconozco si bien el objeto de este juicio. La verdad es que van a salir con los números, los estados contables de esa empresa. Lo que puedo hacer es comparar experiencias que tuve yo analizando números de una empresa”.

Al referirse a la situación de Lázaro Báez en relación a la obra pública, sostuvo: “Báez tenía particularmente un problema porque, en su acuerdo operativo, no podía salir de Chubut, Santa Cruz y Chaco. Fue un marginado, un desplazado de todo lo demás”.

Según explicó, de allí surge que la Cámara Argentina de la Construcción tenía “un sistema de asignación predeterminado” de las obras. “Cierta división. Es lo mismo que hacía Lázaro en Santa Cruz. Había cierta cartelización. Se acordaba qué empresas se presentaban y cuáles no, para mostrar, desde los aspectos informativos y formales, que la licitación estuvo bien adjudicada”, afirmó.

“La Cámara Argentina de la Construcción, más allá de sus funciones formales, aglomeraba empresas y decidían entre ellos mismos quién ganaba una obra y quién no, quién entraba y quién no”.

Lázaro Báez “era un marginado de eso. Era una situación manifestada por él, con enojo, porque nunca pudo salir de esos tres lugares. Eran los acuerdos de negocios que él tenía”.

Finalmente, describió el funcionamiento de ese esquema: “Eran empresas que, en vez de competir, hacían una subdivisión de competencias. No es inventar la pólvora, se hizo toda la vida. El Estado no estaba al margen”.

“El señor Baez era un depositario de confianza” de Néstor Kirchner

Leonardo Fariña declaró bajo juramento de verdad que el empresario Lázaro Báez “era un depositario de confianza” del fallecido ex presidente Néstor Kirchner.

Al ser preguntado por la relación que tenía Lázaro Báez con el entonces presidente de la Nación, en los inicios de Austral Construcciones, Fariña dijo: “era amigo con todas las letras” y a su vez “tenían una relación comercial”.

“La totalidad de los ingresos venían por parte del Estado”

Fariña recordó sus inicios en la empresa de Lázaro Báez, “Austral Construcciones”. Mencionó que “la totalidad de los ingresos venían por parte del Estado” y que se “había armado un conglomerado de bienes muy grande”. “Te dabas cuenta de que los ingresos provenían del Estado y al meterte en la parte de los números básicamente no se podía financiar un caramelo”.

“Era imposible bajo los números fríos que se consiga un crédito para eso”, agregó y sobre los ingresos que provenían del Estado manifestó que eran por “obra pública”.

“El fuerte de la empresa era la obra pública”, contestó ante preguntas del abogado de la UIF Mariano Galpern.

Leonardo Fariña comenzó a declarar en el juicio a CFK

El financista Leonardo Fariña, arrepentido en la causa por la “ruta del dinero K” comenzó a declarar como testigo en el juicio Cuadernos. Tras dar sus datos personales al Tribunal Oral Federal 7 se le leyó la lista de acusados para que informe si conoce a alguno de manera personal. “No tengo amistad ni enemistad con ninguno de los imputados y conocerlos de manera directa no”, respondió.

Luego comenzó a responder preguntas de la querella de la Unidad de Información Financiera.

Los supuestos testaferros de la mansión de Pilar, atribuida a dirigentes de la AFA que preside Claudio “Chiqui” Tapia y valuada en 17 millones de dólares. presentaron un recurso para intentar frenar en la Corte Suprema de Justicia la ya demorada definición sobre dónde debe investigarse el caso. Actualmente, la causa se tramita, como ellos pidieron, ante la justicia federal de Campana.

Al allanarse el predio se encontró, además, una flota de autos valuada en poco más de tres millones de dólares y pertenencias que serían del entorno familiar del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

La defensa de quienes figuran como dueños presentó un recurso extraordinario para que la Cámara Federal de Casación les habilite la llegada al máximo tribunal del país. Se trata de los imputados Luciano Pantano y su madre Ana Conte, quienes reclamaron, además, que mientras esto se define no se tome ninguna nueva decisión y el expediente siga en Campana. El fiscal ante Casación, Mario Villar, ya se opuso a que se conceda el recurso.

La casaquinta en un laberinto judicial

Se trata de la disputa que está pendiente desde enero, cuando la Cámara Federal de San Martín resolvió el pase de la investigación, por una cuestión de territorio, al juzgado federal de Adrián González Charvay, en ese partido bonaerense. Todas las propiedades bajo la mira judicial por presunto lavado de activos están en Pilar, jurisdicción de este magistrado, según se argumentó al aceptar un planteo de los acusados.

La cuestión debería haberse resuelto con “celeridad”, según las directivas que dio Casación el 15 de mayo pasado. Ese día y a pedido de la fiscalía, el tribunal anuló el pase a Campana y decidió que el conflicto se resuelva en la Cámara en lo Penal Económico de CABA. Desde entonces no hubo definición. Se trata de decidir si la causa vuelve a CABA y a ese fuero especializado o sigue en Campana. El tribunal de apelaciones ya tiene un dictamen del fiscal general Gabriel Pérez Barberá que postuló la vuelta de la causa al fuero penal económico.

Los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio tienen a estudio ahora si aceptan este planteo de la defensa de quienes figuran como socios de “Real Central”, la compradora del predio, para paralizar todo hasta que la Corte decida o siguen adelante con el trámite del planteo.

La causa ya pasó por tres jueces desde la denuncia inicial: primero estuvo en el juzgado federal de Daniel Rafecas, luego en el penal económico 10 que por entonces subrogaba Marcelo Aguinsky y ahora está a cargo de Verónica Straccia y finalmente a pedido de los acusados, quedó en Campana por orden de la sala de feria de la Cámara Federal de San Martín, en enero pasado.

Qué se investiga

La investigación intenta establecer si el predio y todo lo encontrado en su interior se compró en realidad con fondos de la Asociación del Fútbol Argentino que preside Tapia, como parte de maniobras de supuesto lavado de dinero.

El predio de la casaquinta de Villa Rosa está valuado en 17 millones de dólares y a esto debe sumarse poco más de tres millones de una flota de autos de colección encontrada en el lugar. También tiene helipuerto y caballerizas.

El expediente busca determinar si la sociedad Real Central, de Luciano Pantano y su madre Ana Conte, adquirió la mansión de Villa Rosa y otros bienes como presuntos testaferros de autoridades de la AFA. La escritura se hizo por 1.8 millones de dólares.

El lugar fue allanado por el primer juez del caso, el federal Daniel Rafecas, y se encontraron pertenencias que apuntarían al tesorero Toviggino. Los únicos imputados son Pantano y Conte, quienes designaron defensa y lograron suspender una citación judicial que había cursado el segundo juez del caso, el penal económico Marcelo Aguinsky. Lo hicieron al presentar el planteo de inhibición por correo electrónico ese mismo día ante el juzgado federal de Campana, que les fue aceptado y abrió la puerta a un conflicto que sigue pendiente de resolución.

La fiscalía apeló el pase del caso a Campana porque sostiene que los hechos investigados exceden la ubicación geográfica de la quinta y que las maniobras pudieron haberse realizado también en la sede de AFA de la calle Viamonte y otros domicilios de la ciudad de Buenos Aires. De hecho, Pantano pagaba gastos de los autos y la quinta con una tarjeta de crédito corporativa cuyo resumen llegaba a la sede porteña de la Asociación del Fútbol Argentino, determinó la Justicia.

A casi un año de quedar presa en la causa Vialidad, la defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner abrió un nuevo frente judicial al pedir que se le apliquen los beneficios que prevé el régimen de progresividad de la pena, previsto por la Ley de Ejecución Penal 24660. Pero la Justicia le respondió que en principio, ese sistema cuenta para quienes están detenidos en cárcel común.

En base a este argumento, el planteo fue rechazado el viernes último por el juez del Tribunal Oral Federal 2 Rodrigo Giménez Uriburu, como parte de la resolución donde desestimó un nuevo pedido para quitarle la tobillera electrónica y terminar con los límites a sus visitas y a las salidas de dos horas diarias a la terraza de su edificio en San José 1111. Se descuenta que la defensa irá en apelación a la próxima instancia judicial, la Cámara Federal de Casación.

Prisión domiciliaria y régimen jurídico

El juez de ejecución de la pena, Giménez Uriburu, sostuvo que la prisión domiciliaria tiene un régimen jurídico propio y que las normas sobre progresividad no pueden trasladarse automáticamente a esa modalidad de cumplimiento. La defensa a cargo de los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy argumentó que, tras haber cumplido sin observaciones todas las reglas de conducta impuestas desde que quedó detenida el 17 de junio de 2025, a CFK le “corresponde una flexibilización gradual de las restricciones que pesan sobre ella, en línea con el principio de progresividad previsto en la Ley 24.660”.

Por un lado, la ex presidenta condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad “ha observado en todo momento estricto cumplimiento de la totalidad de las reglas de conducta que le fueran impuestas desde el inicio de la ejecución penal” y ello justificaría para la defensa una “morigeración” de las condiciones que rigen en la actualidad para su prisión domiciliaria en San José 1111. A ello deberían sumarse motivos vinculados al principio de progresividad, en virtud del cual la persona condenada transita etapas graduales de tratamiento durante el cumplimiento de la condena.

Se trata de permitir el avance hacia regímenes menos restrictivos de acuerdo con su evolución. La ley contempla períodos de observación, tratamiento, prueba y eventualmente libertad condicional.

Cumplir la pena en el domicilio

Pero el Tribunal que llevó adelante el juicio y condenó a CFK entendió que ese esquema se aplica en principio a quienes cumplen su condena en cárcel común. En su resolución, el juez Giménez Uriburu sostuvo que la progresividad busca “limitar la permanencia del condenado en establecimientos cerrados” y promover su incorporación gradual a instituciones semiabiertas o abiertas, algo que no resulta aplicable a quien ya cumple la pena en su domicilio.

Por eso concluyó que la prisión domiciliaria “constituye una modalidad excepcional” y que no existiría obligación legal de flexibilizar progresivamente las condiciones bajo las cuales se desarrolla.

“Si bien nuestra legislación prevé que la ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr una adecuada reinserción social del penado, el régimen progresivo regulado en dichas disposiciones se encuentra concebido para el cumplimiento de penas privativas de libertad dentro del sistema penitenciario, orientado a limitar la permanencia del condenado en establecimientos cerrados -instituciones de carácter totalizante- y a promover, conforme la evolución evidenciada durante el tratamiento, su incorporación a instituciones abiertas, semiabiertas o a secciones regidas por el principio de autodisciplina”, explicó el juez.

La prisión domiciliaria, en cambio, es “una modalidad excepcional de cumplimiento de la pena privativa de la libertad, sometida a un régimen jurídico propio y a mecanismos particulares de supervisión y control”. Por esa razón, “no es posible derivar automáticamente de las previsiones de los artículos citados una obligación de flexibilizar progresivamente las reglas de conducta que rigen su ejecución”.

Para el caso en que se pudiera admitir la aplicación de algunos de los principios generales del régimen penitenciario, el juez remarcó que hasta quienes están presos en cárcel común tienen pautas sobre cantidad de visitas, frecuencia, horarios y duración.

La defensa de la ex presidenta reclamó cesar con los límites a las visitas y el máximo de dos horas por día que tiene autorizado salir a la terraza del edificio de San José 1111, además de insistir con que deje de usar tobillera electrónica. Los pedidos fueron rechazados por el Tribunal Oral y ahora podría apelarse ante la Cámara Federal de Casación.

La condena en la causa Vialidad fue dejada firme por la Corte Suprema de Justicia el 10 de junio de 2025 y siete días más tarde, el 17 de ese mes, Cristina Kirchner quedó detenida bajo arresto domiciliario en su departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

En un nuevo revés para la estrategia de defensa del tesorero de la AFA Pablo Toviggino, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó al juez Diego Amarante al frente de la investigación por retención multimillonaria de aportes y facturación “trucha”, contra los principales dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino, entre ellos su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.

El camarista Roberto Hornos desestimó planteos de Toviggino sobre una presunta enemistad manifiesta y pérdida de imparcialidad del juez Amarante, quien ya lo procesó en la parte del caso vinculada a la retención indebida de aportes calculada en 19.000 millones de pesos.

La decisión se conoció en momentos en que Tapia viajó con autorización judicial al Mundial mientras que Toviggino no formuló ningún pedido al respecto.

Enemistad y forum shopping

La defensa de Toviggino sostuvo que el juez “ha perdido toda imparcialidad”, y que su accionar dejó en evidencia “un burdo ejemplo de ‘forum shopping’”, que se habría concretado al aceptar una ampliación de denuncia por parte de la querella de ARCA para que se investiguen nuevos delitos, como supuesto uso de facturas falsas para justificar contratación de servicios por parte de proveedores cuestionados. También se investiga una posible “asociación ilícita fiscal”.

El Tribunal de Apelaciones rechazó apartar a Amarante y remarcó que no se evidenció en la actitud del juez “una enemistad, una animosidad o una aversión” hacia los acusados, ni tampoco “una pérdida de la imparcialidad con la que se debe llevar adelante la magistratura, cualquiera sea la posición que pueda tenerse acerca de si la referida es la forma de proceder”.

El fallo también puntualizó que la enemistad manifiesta a la que aludió Toviggino exige hechos concretos y verificables “que acrediten una real animosidad” del magistrado, algo que no ocurrió en este caso, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Para el camarista Hornos no hay “elementos objetivos que permitan considerar acreditada una enemistad, una animosidad o una aversión del magistrado de la instancia anterior con relación a las partes recusantes, ni que autoricen a sospechar la pérdida de la imparcialidad que debe guiar a aquél”.

La defensa de Toviggino también había argumentado que en una publicación de un portal web se mencionó un supuesto contacto entre el juez Amarante y la querella para impulsar la presentación de una nueva denuncia. “De las constancias de la causa no surge, ni lo aporta la defensa, dato objetivo alguno que permita sostener que aquella información a la que alude la nota en cuestión, sobre un supuesto contubernio entre la parte querellante y el magistrado, tenga un soporte en acontecimientos que efectivamente hubieran acontecido”, indicó el fallo al descartar también este argumento.

Amarante procesó a Tapia, Toviggino y otros tres acusados en la parte de la causa que investiga retención indebida de aportes por parte de la AFA calculada en 19.000 millones de pesos. Esta decisión está bajo revisión de la Cámara en lo Penal Económico, que además tiene que decidir sobre pedidos de los acusados para que se les aplique la “reparación integral del daño”, es decir, que se considere que ya no hay delito porque pagaron la deuda con ARCA.

Bajo la órbita del mismo Tribunal de Apelaciones quedó resolver también si otra causa penal vinculada a los dirigentes de la AFA, la que investiga quienes son los reales dueños de una mansión en Pilar valuada en 17 millones de dólares sigue su trámite en un juzgado federal de Campana o vuelve al fuero penal económico de CABA.

Los nuevos cargos

A esta acusación inicial se sumó otra con una ampliación de denuncia de ARCA que fue impulsada por el fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial. Se sumó así una investigación por presunto uso de facturas falsas con el fin de ocultar a los verdaderos destinatarios del dinero correspondiente al impuesto a las Salidas No Documentadas por los períodos fiscales 2024 y 2025 por la suma que asciende a un total de $289.336.519,66.

En la denuncia se mencionaron una serie de irregularidades detectadas por la fiscalización: proveedores inexistentes o no localizados, falta de estructura operativa, ausencia de empleados y bienes, inconsistencias bancarias, domicilios falsos y sociedades vinculadas entre sí. También “circuitos comerciales cerrados”, cheques con múltiples endosos y empresas que facturaban actividades ajenas a su objeto social.

Ratas y humedad dentro de los contenedores. Pastizales tan altos que dificultaban el tránsito. Falta de iluminación nocturna y cámaras de seguridad que no grababan. Ese es el cuadro que describieron ante la Justicia empleados de ARSAT sobre el predio de Argentina Logistic Services (ALS) en San Fernando, donde se almacenaba equipamiento clave para la Red Federal de Fibra Óptica y cuyo estado de abandono quedó expuesto en la investigación por robo que derivó en una megacausa por supuesta corrupción.

En San Isidro se investiga desde hace varios años, pero el escándalo llegó a la prensa con la detención del ex presidente de ARSAT, Facundo Leal. No quedó preso por esta causa puntual –en la cual tiene un pedido de citación a declaración indagatoria por parte de la fiscalía– sino porque al allanarse una de sus viviendas en el barrio porteño de Palermo se encontraron droga y millones de dólares.

Poco después, en otros operativos en Mendoza hubo más hallazgos de dinero y en total se contaron 2.5 millones de dólares cash que ahora secuestró la Justicia.

Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli a pedido del fiscal Fernando Domínguez en un expediente que se abrió por denuncia de ARSAT, cuando se descubrió el faltante en el predio de San Fernando, que la empresa Argentina Logistic Services (ALS) alquiló, poco antes de ser beneficiada con el contrato de ARSAT para la guarda del material.

Se calcula que la pérdida para la empresa fue de 151.000 dólares en bienes robados o dañados que se guardaban en 17 shelters —contenedores tecnológicos utilizados para la conectividad de la Red Federal de Fibra Óptica— y que estaban por contrato bajo custodia en ese predio de la firma ALS. El robo se detectó el 4 de enero de 2024 durante una recorrida por el lugar, ubicado en Ex Combatiente Sánchez 1982, en San Fernando.

El lugar fue rentado por la empresa ahora investigada poco tiempo antes de la firma del contrato con ARSAT.

Los equipos almacenados son considerados bienes estratégicos para el desarrollo de proyectos de infraestructura de telecomunicaciones. Formaban parte del Proyecto Shelter-2 de ARSAT, destinado a la instalación de 250 shelters en distintas regiones del país para ampliar la cobertura de la Red Federal de Fibra Óptica.

Ratas, bichos y pastizales

Además de los faltantes, los testimonios incorporados al expediente revelaron las precarias condiciones en las que se encontraba el predio, según pudo saber Infobae.

Un empleado de ARSAT describió un escenario marcado por la falta de mantenimiento. Según dijo, el pasto crecía por debajo de los shelters y los llenaba de humedad. Además, advirtió que se metían ratas y entraban bichos.

En una inspección en diciembre de 2023, días antes de descubrirse los faltantes, se revisó cerca del 95% de los contenedores. Allí detectaron que muchos presentaban humedad provocada por el deterioro y resquebrajamiento de los selladores que debían proteger los equipos almacenados, contaron los testigos. Las observaciones coinciden con el testimonio de un jefe. El funcionario relató que durante una visita al predio encontró pasto muy crecido y que incluso dificultaba el tránsito.

La investigación también reveló que los shelters estaban emplazados sobre un playón de hormigón sin suministro eléctrico. Esa situación impedía también el funcionamiento de los sistemas de alarma y de los mecanismos de acceso mediante tarjetas magnéticas con los que estaban equipados los contenedores.

Varios de ellos se encontraban sin llave, con puertas entreabiertas o directamente trabadas por desniveles en el terreno, lo que dificultaba el cierre correcto de los pestillos y facilitaba el acceso a terceros.

Un ataque que demandó tiempo y logística

Según declararon otros empleados de la empresa estatal, el grado de vandalización detectado descarta una maniobra improvisada. Los testigos señalaron que para desmontar y retirar parte del equipamiento era necesario utilizar escaleras y herramientas especiales.

Además, sostuvieron que hicieron falta varias horas o incluso días, ya que los equipos no contaban con energía eléctrica por la noche.

Para los investigadores, las condiciones de abandono descritas por los propios trabajadores de ARSAT —entre humedad, malezas y presencia de roedores— constituyen una pieza clave a la hora de preguntarse por qué se adjudicó a esta empresa la custodia de los bienes.

Las respuestas comenzaron a surgir de la investigación y las sospechas derivaron en un pedido del fiscal Dominguez para citar a declaración indagatoria a diez imputados, entre ellos Leal.

El Tribunal que condenó a la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad rechazó este viernes un nuevo pedido de su defensa para que se le quite la tobillera electrónica y se flexibilicen las condiciones de su prisión domiciliaria, a pocos días de cumplirse un año de su detención el 17 de junio de 2025.

El juez del Tribunal Oral Federal 2 Rodrigo Giménez Uriburu negó los pedidos hechos el 28 de mayo último por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy y ratificó la vigencia de todas las condiciones bajo las cuales CFK cumple en la actualidad la pena de seis años de prisión por administración fraudulenta.

La decisión judicial sostuvo que las restricciones responden a finalidades “legítimas de organización y supervisión de la ejecución penal”, así como a la necesaria “preservación de la tranquilidad del barrio y la convivencia pacífica de sus habitantes”, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Qué pidió la defensa

La defensa había solicitado el cese del régimen de visitas o en todo caso la vuelta a una modalidad anterior más flexible, sacar a la ex Presidenta la tobillera electrónica y eliminar restricciones sobre el uso de la terraza del edificio donde Fernández de Kirchner cumple condena. Entre los argumentos, los abogados valoraron el cumplimiento estricto de las reglas de conducta, el principio de progresividad de la pena y la ausencia de riesgos de fuga.

Pero el Tribunal rechazó los pedidos porque “el adecuado acatamiento de las reglas de conducta invocado por la defensa como fundamento de su pretensión no constituye, por sí solo, una circunstancia que habilite a concluir que las restricciones actualmente vigentes han perdido su razón de ser”. “Antes bien, dicho comportamiento ha sido precisamente el presupuesto que justificó la continuidad de la modalidad domiciliaria de cumplimiento”, se concluyó.

Además, el juez destacó que “el régimen progresivo” en el cumplimiento de las penas se encuentra concebido para los casos dentro del sistema penitenciario. La prisión domiciliaria, “en cambio, constituye una modalidad excepcional de cumplimiento de la pena privativa de la libertad, sometida a un régimen jurídico propio y a mecanismos particulares de supervisión y control”.

Tobillera y terraza

Respecto a la solicitud de eliminar el monitoreo electrónico mediante la tobillera, el magistrado destacó que “la utilización del dispositivo constituye la regla legal establecida por el legislador, mientras que su dispensa reviste carácter estrictamente excepcional y exige la concurrencia de circunstancias —de orden médico, técnico u operativo— previamente acreditadas mediante informe de los órganos de control y del equipo interdisciplinario del juzgado o tribunal de ejecución", algo que no se verifica en el caso.

Sobre el uso de la terraza, Giménez Uriburu también rechazó el pedido para ampliar las dos horas diarias en las que la ex presidenta puede usarla. “No se advierte que las limitaciones actualmente vigentes frustren o desnaturalicen la finalidad que justificó la autorización oportunamente concedida”, concluyó. Por el contrario, Fernández de Kirchner “conserva la posibilidad de acceder diariamente a un espacio abierto apto para el desarrollo de actividades físicas y recreativas”.

Las restricciones en materia de horario y duración del acceso responden, “en cambio, a criterios de prudencia destinados a compatibilizar aquella posibilidad con el deber... de preservar la tranquilidad del vecindario y no perturbar la convivencia pacífica entre vecinos”.

La ex presidenta está condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad y fue detenida el 17 de junio del año pasado, luego que la Corte Suprema dejara firme ese veredicto. Desde entonces tiene prisión domiciliaria con tobillera electrónica en su departamento de San José 1111, en Constitución.

El ex ministro de Economía Roberto Lavagna recordó este jueves las advertencias que llegaron desde el Banco Mundial en 2005 por sospechas de cartelización y sobreprecios en la obra pública y que dieron origen a una investigación encargada por él.

De ese trabajo que encomendó surgieron evidencias de sobrecostos por un 20 por ciento en obras viales, mencionó al declarar como testigo en el juicio por los Cuadernos. Y recordó cómo advirtió sobre el tema en un discurso ante la Cámara Argentina de la Construcción.

También aseguró que informó de manera directa al entonces presidente Néstor Kirchner sobre esta “preocupación” y su intención de impulsar una investigación.

Lavagna fue Ministro de Economía de Néstor Kirchner hasta fines de noviembre de 2005 cuando el entonces Presidente le pidió la renuncia, dijo en la audiencia ante el Tribunal Oral Federal 7.

Tras la declaración de Lavagna, llegó el turno de la testimonial de la ex diputada nacional Mariana Zuvic.

Cierre de la jornada

Tras varias horas de debate, el presidente del Tribunal Oral Federal N° 7, Enrique Méndez Signori, dispuso el cierre de la jornada y convocó a las partes para el próximo martes a las 9, cuando continuará la producción de prueba con nuevos testimonios. Entre quienes deberán comparecer se encuentra el financista arrepentido Leonardo Fariña. Antes de finalizar el encuentro, la defensa de Roberto Baratta pidió que se le permita ampliar su declaración ante el tribunal.

Los vuelos oficiales a Santa Cruz

En otro tramo de su declaración, Zuvic relató una serie de vuelos oficiales que, según dijo, se realizaron entre 2003 y 2015 desde la Ciudad de Buenos Aires hacia Santa Cruz, generalmente los viernes. La ex diputada sostuvo que en el aeropuerto de Río Gallegos se observaban habitualmente a tres personas que esperaban a las aeronaves para descargar, y afirmó que también se utilizaban los aviones oficiales para transportar diarios hacia la provincia.

A preguntas de la fiscal León, comentó que esa operatoria continuó incluso después del fallecimiento de Néstor Kirchner y que esa información fue oportunamente aportada a la Justicia. Consultada sobre el aviador oficial de esos vuelos, indicó que, según conocía, había sido piloto de la Gobernación de Santa Cruz, tuvo un paso por la aviación privada y posteriormente se desempeñó como piloto de los viajes presidenciales. Su nombre era Sergio Vázquez, a quien describió como una persona de confianza de Kirchner desde la etapa en que éste gobernaba la provincia.

Finalmente, al ser consultada sobre las figuras de mayor confianza dentro del gobierno kirchnerista, identificó a Julio De Vido y Carlos Zannini como los principales colaboradores del entonces presidente.

“Néstor tenía absoluto control: era un obsesivo”

Tanto la fiscal León como el representante de la UIF Mariano Galpern preguntaron acerca del presunto esquema de corrupción forjado desde que Néstor Kirchner accedió a la intendencia de Río Gallegos hasta el momento que asumió la presidencia. Una de esas consultas tuvo que ver con la forma del ex presidente de gestionar los vinculados a la recaudación: “Tenía un absoluto control, era un obsesivo y llevaba esa tarea de manera cotidiana”, aseveró la testigo.

“Tenía obsesión con toda la parte económica y con el ingreso dinerario de las arcas del Estado”, dijo, y agregó: “llevaba un control permanente de eso”.

Luego comentó que el fallecimiento del ex jefe de Estado generó un “desmadre” dentro del entorno del matrimonio presidencial, ya que “si uno empieza a analizar el crecimiento patrimonial posterior a la muerte de Néstor Kirchner de las personas sospechadas de testaferros como sus secretarios se da cuenta de que el crecimiento continuó y que en otros casos fue mayor”.

“Fue el régimen político más perverso, destructivo y corrupto de la historia argentina”

Luego de un breve cuarto intermedio, inició la declaración de la ex legisladora nacional Mariana Zuvic, quien empezó respondiendo preguntas de la fiscalía. A una consulta sobre la familia Kirchner, a quien conoció en su juventud en la ciudad de Río Gallegos, de la cual el fallecido expresidente llegó a ser intendente, dijo: “A mí entender fue el régimen político más perverso, destructivo y corrupto de la historia argentina. Yo he sido testigo directa de lo que fue la destrucción cultural de la provincia de Santa Cruz”.

Más tarde mencionó el antecedente en su provincia natal del Instituto de Desarrollo Urbano y de Vivienda, un “laboratorio de lo que luego se conocería a nivel nacional” con el Ministerio de Planificación Federal. “Desde ahí se armó la matriz de la corrupción -expresó la ex diputada nacional-, estaban Julio De Vido, José López, Guillermo alias ‘el ñoqui’ Fernández (...); esas son las personas que estaban en el Instituto, que manejaban a discreción el listado de las personas que podían ser beneficiadas con los planes de vivienda, una herramienta política muy fuerte en el kirchnerismo”.

Terminó la declaración de Roberto Lavagna

El exfuncionario respondió preguntas de la fiscalía, la UIF y las defensas durante cuatro horas.

Fue dispensado por el TOF N° 7 una vez que concluyó el interrogatorio.

A continuación dará su testimonio la ex legisladora Mariana Zuvic.

“Los sobreprecios no eran hechos aislados”

El ex ministro de Economía recordó que “se hizo un estudio preliminar, una muestra lo más amplia posible, que permitió establecer que había promedios de sobreprecios del 20%, algunos mayores, y que no eran hechos aislados”.

Estas irregularidades, según Lavagna, “tenían que ver con una mecánica, que es lo que conducía a llamar a esto una cartelización”.

Lavagna dijo que informó a Néstor Kirchner sobre la advertencia del Banco Mundial

Ante la consulta sobre si se informó al entonces presidente Néstor Kirchner acerca de la situación, Lavagna respondió: “Exclusivamente al Presidente le dije que había una preocupación de ese tipo”.

Según relató, durante ese período, entre abril y junio, era especialmente sensible la relación que mantuviera el Gobierno con el Banco Mundial. “Así que el Presidente estuvo informado y punto. Le dijimos que íbamos a empezar un análisis preliminar para ver si eso tenía asidero”, afirmó.

Agregó que su impresión era que las autoridades del organismo internacional tenían más información al respecto que el propio Ministerio de Economía. Precisó además que su comunicación con Kirchner se limitó a informarle que iniciarían ese análisis para intentar adelantar cualquier problema que pudiera complicar la entrega de los bonos de la deuda.

“No tengo idea”, dijo Lavagna sobre qué pasó con la advertencia del Banco Mundial

Ante preguntas del defensor del empresario Patricio Gerbi, Manuel Garrido, sobre si el Banco Mundial tomó alguna medida ante las sospechas de cartelización que había trasmitido en 2005, Lavagna respondió “No tengo idea”.

Y al responder sobre los mecanismos de integridad del Banco Mundial, explicó que “el primer efecto normalmente es la interrupción del programa; se suspenden los desembolsos y, en algunos casos, se llega a la anulación y al pedido de reintegro de fondos”.

Ante una nueva pregunta sobre si le constaba que, a raíz de la presunta cartelización investigada, el Banco Mundial hubiera adoptado sanciones concretas para la Argentina, contestó: “No sabría decirle”.

Luego fue el turno de las preguntas del juez Germán Castelli. El testigo aclaró que no participó de la reunión con el Banco Mundial, sino que asistió la delegación argentina. Según relató, desde el organismo manifestaron su preocupación por la existencia de sobreprecios vinculados a un mecanismo de cartelización y advirtieron que no podrían continuar con el programa si esa situación se confirmaba. Precisó que la preocupación estaba específicamente relacionada con el área de Vialidad y la ejecución de rutas.

Consultado acerca de si esa advertencia había sido una manifestación expresa, respondió: “Son reuniones donde los países van a solicitar nuevos programas y ellos se sienten con el derecho de vigilar el funcionamiento de eso”. El testigo explicó que cada país cuenta con una oficina encargada del seguimiento de la relación con el organismo y que esas autoridades eran las responsables del vínculo con la Argentina.

Finalmente, señaló que la primera mención sobre estas preocupaciones de su parte surgió en una reunión más reducida realizada en Rosario en 2005 y que luego el tema volvió a plantearse en el ámbito de la Cámara de la Construcción.

Se retomó el interrogatorio a Lavagna tras negativa del Tribunal a exhibirle un informe de 2023

Roberto Lavagna volvió a la sala de audiencias para seguir respondiendo preguntas luego que el Tribunal Oral Federal 7 rechazó un pedido para exhibirle un dictamen de 2023 de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia sobre las denuncias de cartelización.

La fiscal Fabiana León se había opuesto, sostuvo que el documento cuya exhibición se pretendía es muy posterior a la salida de Lavagna del Gobierno en 2005, por lo que el ex ministro no tuvo intervención alguna en su elaboración. En ese sentido, consideró que la defensa del empresario acusado Carlos Wagner no logró demostrar la pertinencia ni la utilidad de la medida solicitada.

“Se trata concretamente de un documento elevado a Matías Tombolini, quien era secretario de Comercio y funcionario interviniente en casos de defensa de la competencia. No tiene ninguna pertinencia en términos de averiguación de la verdad. Nada tiene que decir el doctor Lavagna respecto de ese documento”, afirmó. A la oposición de la fiscalía se sumó la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF), representada por Mariano Galpern.

Finalmente, el Tribunal Oral Federal 7 rechazó el planteo por mayoría. Los jueces Fernando Canero y Enrique Mendez Signori mantuvieron la decisión adoptada por la presidencia del debate, mientras que el juez Germán Castelli emitió un voto con fundamentos propios.

“Usé el término cuidado con el capitalismo de amigos”, recordó Lavagna

Ante preguntas del defensor del ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, Lavagna volvió sobre el tema de la investigación por sobreprecios y recordó que se le había encomendado a la Comisión Nacional de la Competencia. También mencionó que en sus dichos ante empresarios aludió a la necesidad de tener “cuidado con el capitalismo de amigos”.

El juicio entró en un breve cuarto intermedio para incorporar a pedido del abogado Zenón Ceballos un dictamen de esa Comisión emitido del 29 de junio de 2023 con conclusiones al respecto. Al reanudarse la audiencia, el pedido de exhibición derivó en un debate entre las partes, previo al cual se pidió a Lavagna salir de la sala de audiencias.

“Yo no renuncié. Puse mi cargo a disposición a pedido del Presidente”, remarcó Lavagna

El ex ministro de Economía también recordó cómo fue su salida del Ministerio en noviembre de 2005 y se refirió a la relación que mantenía con el entonces presidente Néstor Kirchner.

“Siempre dije públicamente que, en caso de disidencia entre el Presidente y el ministro, el que se iba era el ministro. Y eso ocurrió efectivamente” el 30 de noviembre de 2005. “Es una obviedad, aunque a veces en la Argentina no ha funcionado así”, afirmó.

Sobre los motivos de su paso al costado, refirió que en ese momento lo dejó “plasmado”. “No voy a decir en la renuncia, porque yo no renuncié. Puse mi cargo a disposición a pedido del Presidente. Parece una sutileza, pero en la Argentina hay demasiados abandonos de cargos y no quise estar en esa situación. Como el pedido fue del Presidente, lo dejé en claro”, explicó.

Lavagna también describió cómo era su vínculo cotidiano con Kirchner. “No había intermediarios en la relación con el Presidente”, señaló.

Además, recordó que el propio Kirchner había reconocido la importancia política que tenía la continuidad del equipo económico dentro de su gobierno. “El propio Presidente reconocía, y lamento que él no pueda ratificarlo, que alrededor del 10 por ciento de los votos habían sido aportados por la continuidad del equipo económico, algo poco frecuente en la Argentina”, sostuvo Lavagna en alusión a su condición de Ministro de Economía del gobierno anterior, bajo la presidencia de Eduardo Duhalde.

Lavagna recordó su advertencia por la cartelización ante la Cámara Argentina de la Construcción en 2005

El abogado Beraldi preguntó al ex ministro de Economía si durante su gestión advirtió que se destinaran partidas para obra pública con el propósito de beneficiar a algún contratista del Estado en particular. “No, claramente no”, respondió.

Ante una nueva consulta sobre si detectó algún direccionamiento del gasto hacia contratistas específicos, Lavagna recodó lo ocurrido en 2005, antes de su salida del cargo, vinculado con advertencias del Banco Mundial sobre obras viales financiadas por ese organismo. Ello derivó en una investigación y finalmente, en su referencia a cartelización en un discurso en la Cámara Argentina de la Construcción.

Según recordó, entre abril y mayo de ese año, durante una de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la delegación argentina regresó con una preocupación transmitida por las autoridades del organismo internacional. Explicó que el Banco Mundial, que había aportado fondos importantes para obras de Vialidad, había manifestado sentirse “incómodo” con la forma en que se estaban ejecutando algunos programas y había anticipado la posibilidad de iniciar una investigación.

“Ni bien regresó la delegación tratamos el tema internamente y pedí que se hiciera un informe exploratorio, básicamente sobre el área que más preocupaba al Banco Mundial, que era Vialidad”, explicó.

Lavagna señaló que ese trabajo se realizó entre mayo y agosto de 2005 y que las conclusiones preliminares indicaban la existencia de dudas sobre posibles procesos de cartelización en las contrataciones y la presencia de sobreprecios que, en promedio, rondaban el 20 por ciento.

A partir de esos resultados, dijo que decidió solicitar con carácter urgente una investigación más profunda a los organismos estatales competentes en materia de defensa de la competencia.

“Tomé la decisión de pedirle al organismo del Estado que participaba en estas cuestiones de eventual cartelización que hiciera un informe completo”, afirmó.

Recordó que se investigaron distintos casos de prácticas anticompetitivas, entre ellos los de las empresas cementeras y el suministro de gas para hospitales, donde se comprobó la existencia de cartelización.

“Nuestra intención era no ser tomados por sorpresa por un eventual informe del Banco Mundial, porque ellos habían manifestado que iban a investigar”, sostuvo.

Lavagna también recordó su participación como expositor ante la Cámara Argentina de la Construcción. Allí, además de hablar sobre la situación económica, hizo referencia públicamente a los indicios detectados. “Dije que había algunos indicios preliminares de cartelización, de sobrecostos, y que se había tomado la decisión de involucrar a la Comisión de Defensa de la Competencia en el tema”, relató. Según contó, sus declaraciones fueron mal recibidas por varios de los asistentes. “Algunas de las autoridades más importantes de la Cámara, cuando terminé, me dijeron: ‘Ministro, justo acá viene a decir eso’. Y mi respuesta fue: ‘Sí, justo acá tenía que hacerlo’”, recordó.

La defensa de CFK pregunta sobre los presupuestos entre 2003 y 2006

La defensa de Cristina Fernández de Kirchner, a cargo del abogado Carlos Beraldi, preguntó a Lavagna sobre el proceso de elaboración de los presupuestos nacionales durante los años en los que estuvo al frente de Economía.

Ante una pregunta sobre en cuántos proyectos de ley de Presupuesto intervino como ministro, Lavagna respondió que participó en los correspondientes a los años 2003, 2004, 2005 y 2006, aunque aclaró que permaneció en el cargo hasta noviembre de 2005.

Al referirse a la discusión presupuestaria de esos años, explicó que en 2003 y 2004 la diferencia entre las necesidades planteadas por las distintas áreas y los recursos disponibles era “muy moderada”. Señaló que en ese momento el país enfrentaba problemas de gran magnitud, especialmente en materia de pobreza.

Según recordó, en 2005 la brecha entre los pedidos de gasto y las posibilidades reales del presupuesto comenzó a ampliarse, mientras que para el Presupuesto 2006 “desbordó”.

Lavagna destacó que las discusiones presupuestarias de 2003 y 2004 fueron relativamente sencillas, mientras que las de 2005 resultaron más complejas. En particular, señaló que el Presupuesto 2006 debió presentarse durante 2005, en plena etapa electoral, lo que generó una fuerte presión de distintos sectores para incrementar partidas. “Los pedidos eran muy fuertes y hacían muy difícil para el Ministerio de Economía atender la totalidad de las iniciativas”, afirmó.

Lavagna da detalles sobre la creación del Ministerio de Planificación

El ex ministro de Economía de los gobiernos de Eduardo Duhalde y del gobierno de Néstor Kirchner comenzó a declarar como testigo y responde preguntas de la fiscalía. Dio detalles sobre la creación del Ministerio de Planificación donde se nombró a Julio De Vido. “Yo no tenía relación con el nuevo Ministerio”, dijo.

Testimonios clave

La expectativa en torno a estos testimonios es elevada. Lavagna ya declaró anteriormente en el juicio por la causa Vialidad, donde recordó las circunstancias de su salida del Ministerio de Economía durante la presidencia de Néstor Kirchner y afirmó que desde su cartera se había impulsado una investigación por presuntas maniobras de cartelización en la obra pública vial.

Por su parte, Fariña es uno de los testigos más esperados del debate por su condición de arrepentido en la causa conocida como Ruta del Dinero K. Durante el juicio de Vialidad sostuvo que el dinero expatriado por el empresario Lázaro Báez pertenecía a Néstor Kirchner. “Lázaro me dijo que la plata que expatriábamos era de Néstor Kirchner”, declaró entonces ante el Tribunal Oral Federal 2.

Zuvic, por su parte, fue una de las principales denunciantes de hechos de corrupción vinculados con la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

El juicio oral continúa con la recepción de testimonios en el Tribunal Oral Federal 7, que tiene a su cargo el proceso en el que se investigan presuntos pagos de sobornos a ex funcionarios nacionales a cambio de contratos de obra pública y tiene como principal acusada a la ex presidenta Cristina Kirchner, juzgada como presunta jefa de asociación ilícita y cohecho.

Un juez advirtió sobre un vacío legal y la necesidad de impulsar una reforma penal que castigue la tenencia ilegal de inhibidores de señal usados para abrir y robar autos, aun cuando sus portadores no sean sorprendidos en pleno delito.

El juez federal Daniel Rafecas envió un oficio al Congreso Nacional para pedir el tratamiento legislativo de una norma que criminalice la “conducta de tenencia de artefactos electrónicos inhibidores de señales de comunicación”, dentro de los delitos contra la seguridad pública, contemplados en el Título VII del Código Penal.

“Considero que resulta propicio exhortar al Congreso de la Nación Argentina el debido tratamiento legislativo de una norma, de carácter penal, que tenga en miras la criminalización de la conducta de tenencia de artefactos electrónicos inhibidores de señales de comunicación, dentro de los delitos contra la seguridad pública”, señaló el magistrado.

Merodeando con inhibidor

Se trata de una causa en la que se investigó a dos detenidos en octubre de 2023 en la zona de las avenidas Santa Fe y Callao, en la ciudad de Buenos Aires. Durante el procedimiento, uno de ellos intentó escapar y arrojó un equipo de comunicación posteriormente identificado como un dispositivo apto para inhibir señales electrónicas utilizadas por los sistemas de cierre centralizado de vehículos.

Los inhibidores son equipos que interfieren la comunicación entre la llave electrónica y el sistema de seguridad del automóvil.

Los acusados fueron procesados sin prisión preventiva en otro juzgado que llevó adelante la investigación y el caso llegó a juicio ante el juzgado federal 6, a cargo de Rafecas. Ya en esta etapa, el magistrado sobreseyó a ambos sin realizar el debate, por entender que la figura penal por la que fueron acusados no se corresponde con lo sucedido.

El día de los hechos, policías observaron a los sospechosos merodeando vehículos estacionados sobre la avenida Santa Fe. Los agentes advirtieron que caminaban observando los autos y mirando reiteradamente hacia ambos lados. Cuando intentaron identificarlos, uno de ellos emprendió la fuga y descartó un equipo de comunicación tipo HT marca Baofeng.

Un informe técnico elaborado por especialistas de la Policía de la Ciudad concluyó que el dispositivo funcionaba correctamente, transmitía en la frecuencia 433.890 MHz y poseía una potencia de 8 watts, muy superior a la de un control remoto de apertura y cierre de automóviles. Los peritos determinaron que, a corta distancia, el aparato podía interferir efectivamente la señal de los sistemas de cierre centralizado que operan en frecuencias cercanas a los 433 MHz. De acuerdo con el análisis técnico incorporado al expediente, el equipo “podría obstruir/interferir la señal” de apertura y cierre de un vehículo cuando se encuentra a una distancia cercana.

La modalidad es utilizada para sustraer pertenencias del interior del vehículo o incluso para concretar el robo del automóvil sin necesidad de forzar cerraduras ni provocar daños visibles.

De qué delito se trata

La investigación avanzó bajo la hipótesis de que la conducta podía encuadrarse en el artículo 197 del Código Penal, que reprime a quien interrumpa o entorpezca comunicaciones telegráficas, telefónicas o de otra naturaleza. Sin embargo, al revisar el caso para el juicio oral, Rafecas concluyó que no se verificaba una afectación al bien jurídico protegido por esa norma.

El juez destacó que “para que una conducta pueda ser encuadrada en el delito reprimido en el artículo 197 del Código Penal, es condición esencial que se produzca o amenace producir un daño de carácter común en las comunicaciones generales”, por lo que la figura penal protege “la integridad de las comunicaciones, y no la interrupción individual”, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Ante esa conclusión, entendió que existe un vacío legal respecto de la tenencia de este tipo de dispositivos y por eso reclamó una reforma legislativa específica que permita sancionar su posesión ilegítima y facilite la intervención de la Justicia antes de que se concrete el delito.

El juicio por el caso de los Cuadernos se suspendió este martes por la falta de Internet en el edificio judicial de Comodoro Py 2002 y pese a que durante varias horas se intentó restablecer el servicio que permitiera una conexión estable para la modalidad mixta -presencial y zoom- de las audiencias.

El inconveniente que dejó sin servicio al edificio judicial impidió el inicio a las 9 de esta nueva jornada del debate que se realiza de manera semipresencial y tiene a la mayor parte de los abogados defensores conectados de manera remota a través de la plataforma Zoom.

Se esperaban las declaraciones del ex ministro de Economía Roberto Lavagna, el financista arrepentido Leonardo Fariña y la ex diputada nacional Mariana Zuvic.

Lavagna había llegado a tribunales temprano, esperó por más de una hora en el café de la planta baja y luego se retiró. Fariña estaba citado para poco antes del mediodía y se esperó hasta esa hora pero finalmente se resolvió suspender la audiencia.

El corte del servicio de internet ocurrió desde temprana hora de la mañana este martes y tuvo su origen en un problema con la fibra óptica que afectó a otras dependencias, como el edificio judicial de Avenida de los Inmigrantes 1950, también en el barrio porteño de Retiro.

Tras varias horas de espera el Tribunal Oral Federal 7 resolvió suspender la audiencia y reprogramar las declaraciones para el jueves próximo.

Las declaraciones en Vialidad

Lavagna tenía previsto volver a declarar este martes en un proceso judicial vinculado al kirchnerismo. Ya lo había hecho en el juicio por la causa Causa Vialidad, donde recordó las circunstancias de su salida del Ministerio de Economía durante el gobierno de Néstor Kirchner y reveló que desde su cartera se impulsó una investigación por presunta cartelización en la obra pública vial.

En aquel debate, que terminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta, Lavagna sostuvo que las sospechas de cartelización no se limitaban a Santa Cruz sino que alcanzaban distintas regiones del país. También señaló que unas veinte obras viales habían sido suspendidas y precisó que su ejecución dependía del entonces Ministerio de Planificación Federal encabezado por Julio De Vido, hoy también juzgado en el caso Cuadernos.

El arrepentido de la ruta del dinero K

Otro de los testimonios más esperados era el de Fariña, arrepentido en la causa conocida como Ruta del dinero K. Durante el juicio por Vialidad declaró ante el Tribunal Oral Federal 2 que el dinero expatriado por Lázaro Báez pertenecía a Néstor Kirchner. “Lázaro me dijo que la plata que expatriábamos era de Néstor Kirchner”, afirmó entonces.

Fariña también había declarado durante la instrucción del caso Cuadernos ante el fiscal Carlos Stornelli, oportunidad en la que señaló similitudes entre las maniobras investigadas en la Ruta del dinero K y el esquema de recaudación ilegal descripto en los cuadernos del remisero Oscar Centeno.

La audiencia del martes iba a completarse con la declaración de Mariana Zuvic, una de las principales denunciantes públicas de hechos de corrupción durante los gobiernos kirchneristas.

El juicio comenzó el 6 de noviembre del año pasado de manera virtual y pasó a un esquema semipresencial el 17 de marzo, con la primera declaración indagatoria de Cristina Fernández de Kirchner, acusada como presunta jefa de una asociación ilícita y por cohecho. Junto a la ex mandataria son juzgados 19 ex funcionarios, dos ex choferes y 65 empresarios.

Los jueces del TOF7, Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, habían programado para mayo la declaración de 43 testigos sobre un total de poco más de 600 previstos. Pero durante ese mes sólo pudieron pasar por la sala de audiencias de Comodoro Py 2002 ocho de ellos, debido a la extensión que demandaron algunos de los testimonios. El cronograma de testigos lleva así al menos un mes de atraso.

Uno de estos casos fue del de Hilda Horovitz, la ex mujer del remisero autor de los cuadernos Oscar Centeno. La testigo declaró durante dos días y algo similar ocurrió con Jorge Bacigalupo, el ex amigo del arrepentido a quien entregó los originales para que se los cuidara. Por ahora, las audiencias se realizan martes y jueves de manera semipresencial en la sala AMIA de los tribunales de Retiro.

El Tribunal, la fiscalía a cargo de Fabiana León, la querella de la Unidad de Información Financiera, a cargo del abogado Mariano Galpern y las defensas que lo desean asisten en persona, mientras que las restantes se conectan a través de la plataforma Zoom.

La Justicia intenta determinar quién visitó entre 2020 y 2024 a los empresarios Elías Piccirillo, ex marido de Jesica Cirio, y Martín Migueles, pareja de Wanda Nara, en las casas donde vivieron en el barrio privado de Nordelta durante ese período, como parte de una batería de nuevas medidas de prueba ordenadas en la causa por multimillonarias maniobras de “rulo cambiario” durante el cepo al dólar impuesto en el gobierno de Alberto Fernández.

Además, el fiscal federal Franco Picardi pidió al juez Ariel Lijo, a cargo del caso, que ordene un análisis de comunicaciones sobre un nuevo identificado en la pesquisa, quien habría actuado como intermediario a la hora de tramitar los permisos de importación, SIRA, a cambio de pago de presuntos sobornos, de acuerdo a lo que surgió del análisis del teléfono de Migueles, secuestrado en la causa.

Las visitas a Nordelta

La fiscalía investiga quienes visitaron a Piccirillo y Migueles en Nordelta entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024. Para ello, se requirió a la Asociación Vecinal que informe, en primer lugar, la totalidad de los domicilios donde Piccirillo y Migueles “hubieran revestido la calidad de propietarios, inquilinos, residentes autorizados o cualquier otro vínculo de ocupación, utilización o permanencia”.

Junto con esto, y sobre cada uno de estos domicilios en cada barrio o complejo, se pidió el envío a Comodoro Py 2002 de “la totalidad de los registros de ingresos y egresos de personas y vehículos vinculados a visitas cursadas a dichos inmuebles durante el período indicado”.

En particular, se busca determinar en cada acceso registrado: fecha y horario de ingreso y egreso, identidad declarada del visitante, documento informado, dominio del vehículo utilizado, domicilio de destino “y todo otro dato obrante en los sistemas de control y registro de accesos administrados por esa entidad”. Fuentes judiciales explicaron que la medida apunta a presuntas reuniones entre los investigados por la gestión irregular de permisos de importación.

El intermediario en las SIRA

También a raíz de lo que se descubrió en el celular de Migueles, la fiscalía identificó a un “intermediario” en las maniobras con los SIRA y pidió al juez que avance en un análisis de sus comunicaciones. Se trata de “Pato”, identificado así en las conversaciones del empresario.

“Pato obviamente nos hizo el vínculo”, mencionaban allí Migueles y otro interlocutor y lo ubicaban como nexo “entre los distintos intervinientes de la operatoria investigada en torno a las autorizaciones de SIRAs obtenidas a cambio de pagos indebidos”, remarcó la fiscalía. En esas conversaciones se hablaba además de la necesidad de asignar a “Pato” una parte de las ganancias por las gestiones.

A partir de la extracción forense del celular de Migueles se detectó un contacto agendado como “Pato Juli” y se rastreó al titular de la línea, que sería Patricio Guido Marre. “Asimismo, en el propio intercambio mantenido con ese contacto aparece un mensaje automático de identificación de cuenta en el que el usuario se presenta como “Patricio Marre”, circunstancia que refuerza la correspondencia entre el contacto “Pato Juli” y el nombrado Patricio Guido Marre“.

“En específico, del contenido de las conversaciones mantenidas entre Migueles y dicho contacto surge que, con posterioridad al cumpleaños de Marre celebrado entre los días 14 y 15 de enero de 2023, ambos coordinaron una reunión en la que también participaría Ezequiel Caputto (“Pipo”), la cual finalmente habría tenido lugar el día 18 de enero de 2023 en el local gastronómico “Canta el Gallo”, ubicado en Nordelta”, reseñó la fiscalía.

En un descargo que presentó en tribunales, Migueles reconoció que conoció a “Pato” por intermedio de una amiga de su expareja. “Así las cosas, la valoración conjunta de los elementos reseñados otorga coherencia y sustento a la hipótesis de que la persona mencionada como “Pato”, el contacto identificado como “Pato Juli” y Patricio Guido Marre serían la misma persona" y por ello la fiscalía pidió una reconstrucción de sus comunicaciones.

Picardi requirió además a la Dirección General de Aduana que “remita específicamente, de forma urgente, toda la información vinculada con la aprobación de SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina)” de las firmas NEMES S H de Fuentes N y Mazza; TEFASA y/o TEFA S.A. y Fizika S.R.L.A. También que aporte “un listado completo de los funcionarios que intervinieron en los procesos de aprobación de SIRA durante el año 2023, debiendo identificar específicamente a aquellos que participaron en la aprobación de las solicitudes vinculadas con las sociedades antes mencionadas”.

La investigación por corrupción en la empresa ARSAT, que derivó en la detención del ex titular del organismo, Facundo Leal, a quien le encontraron droga y más de dos millones de dólares en sus domicilios, entró en secreto de sumario el viernes último. Y en estas horas se define si el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, cita a declaración indagatoria a los involucrados, entre ellos Gerardo Boschin, exgerente de compras durante el gobierno de Alberto Fernández.

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, pidió la citación de una decena de acusados, entre ellos Boschin, pero todo se precipitó con la detención de Leal. A este último se lo indagó pero por la tenencia de droga en su domicilio de Palermo: dijo que era para consumo personal y se negó a responder preguntas.

El origen de los miles de dólares en efectivo encontrados en su departamento de Palermo y en su casa de Mendoza aún es una incógnita.

En el próximo paso de la causa, Mirabelli tiene que decidir si da curso al dictamen fiscal y ordena las indagatorias.

ARSAT y el presunto cohecho

En la causa penal se investigan las presuntas maniobras de corrupción en la empresa satelital, y sobre este aspecto hay un pedido de indagatorias y medidas cautelares presentado por parte de la fiscalía y ahora a resolución de Mirabelli. La decisión de reimplantar el secreto de sumario fue para realizar nuevas medidas de prueba.

Los investigadores imputan delitos como presunto cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública y otros vinculados a corrupción funcional por la manera en que se hicieron las contrataciones y los llamados a licitación, según supo Infobae de fuentes judiciales.

Leal presidió la empresa estatal entre 2022 y febrero de 2024,. Ahora el juez debe resolver su situación procesal pero en la causa abierta por la tenencia de 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína, un vapeador con cannabis, quince cucharas presuntamente utilizadas para consumo y quince bolsas tipo ziploc.

En ese mismo inmueble también fue hallada una importante cantidad de dinero en efectivo distribuida en distintas monedas. El detalle incluye 803.754 dólares estadounidenses, 2.486.200 pesos argentinos, 69.100 pesos uruguayos, 6.258 reales brasileños, 3.040 pesos mexicanos, 302.000 pesos colombianos, 165 euros y 2.000 chelines tanzanos.

En otro domicilio de Leal en Mendoza se secuestraron 1.787.600 dólares estadounidenses en efectivo, además de documentación y un teléfono celular. También se incautó un cuaderno con anotaciones.

Ese allanamiento al departamento del ex funcionario en Palermo se dio en simultáneo con otros 15 dispuestos en la causa que investiga la licitación para un depósito en San Fernando por parte de ARSAT.

La denuncia

El expediente se originó a partir de una denuncia por el presunto robo de equipamiento tecnológico de alto valor perteneciente a ARSAT, presentada al inicio de la gestión de Javier Milei.

Con el avance de las medidas de prueba, los investigadores comenzaron a analizar otras operaciones vinculadas al funcionamiento de la empresa estatal. Según fuentes vinculadas al caso, esas líneas de investigación pusieron bajo análisis distintos contratos y movimientos que actualmente forman parte de la pesquisa judicial.

Leal permaneció al frente de la empresa entre agosto de 2022 y febrero de 2024. Tras el cambio de administración, continuó ligado al Estado nacional y fue designado presidente ad honorem del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), el ente encargado de supervisar y controlar el sistema aeroportuario argentino.

Su nombramiento quedó formalizado mediante el Decreto 390, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Su salida del organismo se formalizó a fines de febrero de 2026, cuando presentó la renuncia. De acuerdo con la información incorporada al expediente, al momento de los allanamientos continuaba vinculado a ARSAT como empleado de planta permanente.

La Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos de exfuncionarios del entonces Ministerio de Desarrollo Social y de responsables de tres cooperativas por presuntas maniobras de defraudación con fondos destinados a la fabricación de guardapolvos escolares para sectores vulnerables. Según la resolución firmada por los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, existen elementos suficientes para sostener que se habría desarrollado una maniobra para desviar fondos públicos asignados a la Cooperativa de Trabajo 15 de Julio Ltda., mediante un convenio suscripto con el Ministerio de Desarrollo Social para la confección de 165.000 guardapolvos durante el gobierno de Alberto Fernández.

La resolución recae sobre los exfuncionarios Leonardo Sebastián Moyano, Osvaldo Eugenio Minervini, director de Organización Comunitaria, y Eliana Gisela Gladys Rodríguez, asesora administrativa. Y sobre miembros de las cooperativas investigadas: Paula Rosana Goroso, Mirta Lorena Zafra, Yesica Gabriela Goroso, Olga Edith Martínez, Matías Sebastián Celano, Lucas Marcelo Acosta, Marcela Verónica Campanella, Alexis Oscar Lugos, Gladis María Itatí Lugos y Mario Gustavo Figueroa.

Compleja maniobra de defraudación

La Cámara sostuvo que el esquema investigado operó en dos planos: por un lado, mediante el cambio del sistema de adquisición de guardapolvos, que pasó de la contratación directa a la modalidad de subsidio institucional, prevista en la Resolución 208/18, lo que habría permitido eludir controles y seleccionar discrecionalmente al beneficiario; y, por otro, a través de la subcontratación de las cooperativas Solutex Ltda. y General Mitre Manos Unidas Ltda., que, según la pesquisa, carecían de capacidad operativa real para cumplir con las tareas encomendadas.

Los camaristas ratificaron los procesamientos por presunta administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública y -en algunos casos- también por abuso de autoridad, que dictó el juez federal Sebastián Casanello, cuando estuvo a cargo del caso subrogando el juzgado federal 11, vacante desde la muerte de su titular, Claudio Bonadio.

Según la acusación, se atribuye a los acusados haber intervenido “al menos desde el mes de enero de 2023 hasta el mes de diciembre de 2024, en una compleja maniobra de defraudación por medio de la cual se desviaron fondos públicos asignados a la ‘Cooperativa de Trabajo 15 de julio LTDA’, a través del convenio celebrado con el entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para la implementación de un “Proyecto Social de Acción Conjunta”.

El objetivo era la producción de guardapolvos con una doble finalidad: fomentar el trabajo social productivo a través de la intervención de organismos no gubernamentales sin fines de lucro y el otorgamiento de los uniformes a los sectores más vulnerables de la sociedad.

“En representación del organismo nacional, todos los convenios fueron firmados por el titular de la Secretaría de Articulación de Política Social, Leonardo Sebastián Moyano”, recordó la acusación, y se hicieron bajo la gestión de la entonces Ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Moyano es uno de los exfuncionarios con procesamiento confirmado.

La Cooperativa 15 de Julio recibió un subsidio de $710.366.250 para producir los guardapolvos, pero no habría cumplido íntegramente con las entregas comprometidas, además de registrar irregularidades en las rendiciones, certificaciones y movimientos de fondos. La investigación detectó que parte del dinero habría sido derivado a terceros y utilizado para gastos ajenos al objeto del convenio.

Los cheques librados por la cooperativa 15 de Julio “fueron presentados al cobro por empresas que, en su mayoría, no guardan relación alguna con el sector textil”, remarcó el Tribunal de Apelaciones. Además, hubo aplicación de fondos a “gastos ajenos al rubro textil, como la compra de un vehículo y transferencias a personas no asociadas” a las cooperativas.

La Cámara hizo lugar parcialmente a planteos respecto de los embargos. Consideró que el monto de $3.130 millones fue fijado sin un análisis individualizado de la situación de cada imputado, y ordenó al juez de primera instancia dictar nuevos embargos diferenciados, según el grado de responsabilidad atribuido a cada uno. Esta decisión quedará a cargo del magistrado Ariel Lijo, quien subroga ahora el juzgado federal 11 donde se lleva el caso.

Además, se confirmó la prohibición de salida del país para los procesados, al entender que la medida resulta proporcional a la gravedad de los hechos investigados, al monto del perjuicio económico y al nivel de organización que habría tenido la maniobra.

La Justicia rechazó un planteo de la cúpula de la AFA para que una denuncia, por presunta facturación falsa y contrataciones dudosas de una veintena de proveedores, se investigue de manera separada a la de retención indebida de aportes por 19.000 millones de pesos. En esta última causa ya están procesados Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino y otros tres dirigentes del fútbol argentino, entre ellos el secretario general Cristian Malaspina.

La defensa de este último había reclamado que se declarara nula la decisión del juez federal en lo penal económico Diego Amarante de incorporar a la causa, por la falta de depósito de las retenciones en tiempo y forma contra la Asociación del Fútbol Argentino, una ampliación de denuncia impulsada por ARCA. Al planteo adhirieron las defensas del presidente de la AFA, Tapia, y del tesorero Toviggino. Sostienen que debería enviarse a sorteo para que intervenga otro juez.

El presidente de la AFA llegó en las últimas horas a Kansas, Estados Unidos, para sumarse a la concentración de la selección argentina, que se prepara para competir en el próximo Mundial. Si bien tiene prohibido viajar al exterior, la Justicia autorizó expresamente su salida del país.

Los nuevos delitos

A raíz de la denuncia de ARCA se amplió la investigación a nuevos delitos como presunta evasión agravada -por la utilización de facturación apócrifa- del Impuesto a las Salidas No Documentadas, por los períodos fiscales 2024 y 2025, por la suma que asciende a $289.336.519,66; y comenzó a investigarse la posible configuración de una asociación ilícita fiscal.

Las defensas sostuvieron que la nueva presentación del organismo recaudador introdujo “hechos, tributos, períodos fiscales y figuras penales completamente distintos” a los investigados originalmente en el expediente, por lo que consideraron que no podía tramitar como una mera “ampliación de denuncia”, sino que debía abrirse una causa nueva y sortearse otro juzgado.

Se habló incluso de posible “forum shopping” y se advirtió que mantener el caso en el mismo juzgado vulneraría la garantía del juez natural y el derecho de defensa. “La acusación carece de una individualización concreta de las conductas atribuidas a cada acusado”. La querella de ARCA reclamó desestimar el planteo y lo atribuyó a un nuevo intento para “dilatar” el avance de la investigación, que ya cuenta con impulso de la fiscalía.

Dos denuncias con “puntos de conexión”

El juez Amarante rechazó los argumentos de los acusados y confirmó que se investigará todo como parte de una misma denuncia, porque los hechos presentan “puntos de conexión relevantes” con la causa ya abierta, al involucrar “a la misma contribuyente y las mismas personas humanas que ya se encuentran sometidas a proceso”.

“No puede afirmarse, como pretenden las defensas, que el desglose y remisión a sorteo constituyera la única respuesta procesal posible”, y afirmó que la intervención de su juzgado resulta “compatible con las reglas de conexidad, con razones de celeridad y economía procesal”.

Se descuenta que es otro planteo que llegará apelado a la Cámara en lo Penal Económico, que tiene a estudio los procesamientos de Tapia, Toviggino y demás acusados por el no depósito de los aportes retenidos y, además, otro de reparación integral del daño con que las defensas pretenden cerrar el caso.

Impulso fiscal

El fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial amplió semanas atrás la acusación, tras la denuncia que aseguró que la AFA utilizó proveedores presuntamente falsos entre 2024 y 2025. El monto investigado asciende a $289.336.519,66, aunque la determinación de oficio fijó una base imponible total de $916.527.614,05, y un ajuste a favor del fisco de $320.784.664,61, más intereses y multas.

Navas Rial recordó en su dictamen, al que tuvo acceso Infobae, que ARCA argumentó que la nueva denuncia -más los cargos por los que ya están procesados los dirigentes futbolísticos por retención indebida de aportes- serían suficientes para investigar un nuevo delito, la presunta existencia de una “asociación ilícita fiscal”.

La fiscalía pidió medidas de prueba y concluyó que en la denuncia se alude a 24 proveedores, cuyas operaciones y pagos fueron cuestionados. Se mencionaron proveedores inexistentes o no localizados, falta de estructura operativa, ausencia de empleados y bienes, inconsistencias bancarias, domicilios falsos y sociedades vinculadas entre sí. También “circuitos comerciales cerrados”, cheques con múltiples endosos y empresas que facturaban actividades ajenas a su objeto social.

Como ejemplo se mencionó a Central Hotel S.R.L., que facturó $9,6 millones por “obras realizadas en el predio Ezeiza” pese a estar inscripta en actividades hoteleras. También a Capadoccia S.R.L., que habría emitido facturas por más de $56 millones sin poder justificar capacidad operativa, y a Prussian Blue S.R.L., vinculada a supuestos servicios digitales pese a que sus integrantes, según la denuncia, realizarían trabajos ocasionales y carecían de conocimientos técnicos.

La Cámara Federal de Casación Penal cerró este jueves el camino a la Corte Suprema para Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia en el intento por frenar el decomiso de sus bienes como parte de la condena a la ex presidenta en la causa Vialidad.

La sala IV de Casación rechazó recursos extraordinarios de la defensa de CFK y sus hijos y allanó el camino a la hora de continuar con los trámites para devolver al Estado Nacional 111 bienes de los Kirchner y Lázaro Báez. Desde el sexto piso de Comodoro Py 2002, sede del Tribunal Oral Federal 2 que condenó a la ex presidenta, ya se preguntó a la Corte si dispondrá de alguna de las propiedades.

Sólo la queja

A Cristina Kirchner y sus hijos sólo les queda ir en queja directa ante el máximo tribunal del país. En el caso de Máximo y Florencia Kirchner están en juego 19 propiedades heredadas o recibidas en cesión.

Se trata de cumplir con el decomiso por $684.990.350.139,86 impuesto como parte de la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta a la ex mandataria, que está bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica. La resolución de Casación alcanzó además bienes del ex dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez.

La decisión fue de los camaristas Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky. Este último magistrado votó en minoría a favor de conceder los recursos extraordinarios en lo relativo a determinados bienes en juego de Máximo y Florencia Kirchner y algunas empresas incluidas en el listado de Báez.

Decomiso y delito

Por mayoría, se desestimaron todos los recursos. “El decomiso de los beneficios de origen delictivo encuentra su fundamento en que el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida”, sostuvo el juez Hornos en su voto.

Se trata de un “ilícito comprobado” con una condena firme. Los delitos con la obra pública vial nacional en Santa Cruz durante el kirchnerismo generaron “un flujo económico de magnitud extraordinaria en perjuicio del erario público”, advirtió al reiterar los argumentos que expresó en el fallo de Casación que confirmó el decomiso.

Sobre los bienes de Máximo y Florencia, Hornos concluyó que ya hubo una “respuesta extensa, fundada y razonada” en la sentencia previa y que las defensas sólo expresaron una discrepancia con el criterio adoptado sobre el alcance de la medida.

También rechazó el argumento según el cual el decomiso de bienes heredados o recibidos gratuitamente vulneraría principios constitucionales como legalidad, inocencia, culpabilidad o propiedad. Según sostuvo, esos planteos ya fueron tratados y no se demostró ahora una “cuestión federal” que abriera el camino a la Corte Suprema.

Que los actuales titulares de los bienes en disputa no hayan sido sometidos a esta causa penal no impide el decomiso cuando hay “una vinculación razonable entre los bienes y el provecho económico derivado del delito”, reiteró y agregó que “la transmisión hereditaria o gratuita no neutraliza la posibilidad de ejecutar los bienes si éstos integran el circuito patrimonial alcanzado por el decomiso”.

Borinsky, por su parte, consideró inadmisible el recurso de Cristina Fernández de Kirchner, pero entendió que sí correspondía habilitar parcialmente la instancia extraordinaria respecto de algunos bienes vinculados a Máximo y Florencia Kirchner y a determinadas empresas de Báez.

Se trata de inmuebles adquiridos antes del 23 de abril de 2004, fecha tomada por el tribunal que ejecuta la condena como punto de partida para evaluar bienes alcanzados.

“El decomiso de los bienes indicados se dispuso sin debido sustento normativo, en tanto se apartó de los propios parámetros temporales fijados por el tribunal de juicio para evaluar la incorporación de bienes pasibles de decomiso, sin que la sentencia aquí cuestionada -en su conformación de mayoría- brindara tratamiento a esa circunstancia objetiva oportunamente introducida por las partes”, concluyó Borinsky.

Son diez departamentos en Mitre 535, Rio Gallegos, Santa Cruz y los cinco lotes del complejo hotelero Los Sauces, en Lago Argentino, también en esa provincia. Y en cuanto a los bienes de Lázaro Báez, de inmuebles de dos empresas que compró, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto.

Hilda Horovitz, la ex pareja del remisero Oscar Centeno, terminó este jueves de responder preguntas vinculadas a su relación con otros protagonistas del escándalo de los cuadernos de las coimas durante el juicio oral que se llevó adelante en los tribunales federales de Retiro. Centeno “hizo todo lo posible para que todos estemos acá hoy”, enfatizó. En la audiencia volvieron a mostrarse bolsos que ella guardó y que según se sospecha eran usados para transportar dinero.

Horovitz admitió que le pedía dinero a Centeno. “Mi especialidad no es mentir. Acá sé que me estoy mandando al muere sola por decir la verdad. Yo sí le pedía dinero a él, es verdad, y como no me escuchaba no me quedaba más remedio que pedirle a Baratta que haga de intermediario. Cuando salió todo esto al aire me quedé sin trabajo. Pedí que me diera una mano hasta que consiga trabajo”, declaró.

La mujer declaró durante seis horas el martes pasado y sumó casi tres horas más este jueves. En la primera ocasión se descompensó a media tarde cuando escuchaba audios que le envió al acusado ex funcionario de Planificación Federal Roberto Baratta y a Miriam Quiroga, empleada de Ceremonial de la Casa Rosada durante el gobierno de Néstor Kirchner.

El Tribunal Oral Federal 7 dispuso que su declaración siguiera este jueves, en una jornada en la que también declaró un ex vecino de los Kirchner en el edificio de Juncal y Uruguay, en Recoleta. La audiencia concluyó tras este testimonio.

Al final de la jornada se explicó en detalle la situación de salud de la testigo clave, la exsecretaria de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga. El Tribunal ofreció que declare vía Zoom, pero uno de sus hijos respondió que tampoco está en condiciones y envió certificados médicos. Los jueces tendrán la última palabra.

Qué pasa con Miriam Quiroga, testigo clave del juicio que seguirá el próximo martes

La audiencia concluyó poco antes del mediodía luego de leerse los informes médicos vinculados a la situación de salud de la testigo clave Miriam Quiroga, quien debía declarar en esta jornada pero no se presentó.

Para el próximo martes están previstos como testigos el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, el financista arrepentido de la ruta del dinero K Leonardo Fariña y Mariana Zuvic.

En cuanto a Miriam Quiroga se informó que el 23 de mayo tras una intensa búsqueda se la localizó en Córdoba. Se la notificó, aportó un número de celular pero nunca respondió a los llamados del Tribunal. Uno de sus hijos envió certificados médicos y se hizo llegar la oferta de declarar vía Zoom desde esa provincia. Pero la misma persona respondió que la ex funcionaria de Ceremonial durante la presidencia de Néstor Kirchner “no está en condiciones de declarar ni presencial ni telemáticamente. Según los certificados médicos “se encuentra bajo riguroso tratamiento médico por aneurisma aórtico, hipertensión, depresión, pánico, estrés severo y permanente”. El Tribunal evaluará qué decisión se toma al respecto.

“Nunca vi ningún bolso ni mucho movimiento”, dijo un ex vecino de Cristina Kirchner en Recoleta

Ignacio Laplacette respondió que nunca vio bolsos “ni mucho movimiento” en el edificio donde vivió en Juncal y Uruguay y cuyo quinto piso pertenece a la familia Kirchner.

Lo hizo al responder una pregunta de una de las defensas de los acusados, el abogado José Manuel Ubeira, relacionada a si hubo en el " comentarios de gente que entrara con valijas o bolsos al piso de los Kirchner, o algún movimiento irregular que llamara la atención".

“—No, por lo menos yo no lo vi. Nunca vi ningún bolso ni mucho movimiento. Nunca los vi a ellos, no los conocí“, respondió.

El empresario confirmó que vendió su departamento del primer piso y las tratativas las hizo con Osvaldo Sanfelice, un ex socio de Máximo Kirchner, pero que al momento de escriturar se presentó a hacerlo Osvaldo De Sousa, a quien mencionó como quien finalmente adquirió la propiedad.

Luego de vender, contó, “pasaba de vez en cuando” y refirió que “el living tenía como unos papeles tapando la ventana. Me llamaba la atención. Por lo menos tres o cuatro años seguía igual. Habrá sido del 2011, me imagino, al 2015″.

El abogado de la ex presidenta, Carlos Beraldi, lo interrogó sobre cómo llegó a declarar en calidad de testigo por primera vez en el caso Cuadernos el 8 de agosto de 2018.

El empresario refirió que lo llamó por teléfono el fiscal Carlos Stornelli para que declare y que poco tiempo antes había hablado con el periodista Diego Cabot, a quien le confirmó ser el vendedor del departamento.

Declara un ex vecino de los Kirchner en Juncal y Uruguay

Luego de un breve cuarto intermedio, la audiencia se reanudó con la declaración de Ignacio Laplacette, un ex vecino de los Kirchner en el edificio de Juncal y Uruguay, en Recoleta.

Laplacette residió en el primer piso desde el 2007 al 2011, recordó al empezar a describir cómo era el edificio ante preguntas de la fiscalía. “Sabía que en el quinto la presidenta tenía un departamento”, dijo sobre Cristina Kirchner. Recordó que “alguna vez” lo vio concurrir al secretario de la Presidenta. En este debate se juzga a CFK como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho.

Terminó la declaración de Hilda Horovitz

Con respuestas a las últimas preguntas del Tribunal Oral Federal 7 la ex mujer de Oscar Centeno, Hilda Horovitz, terminó su declaración en el juicio de los Cuadernos. El tramo final lo dedicó a responder a los jueces que llevan adelante el debate.

El juez Germán Castelli preguntó sobre los vínculos de Centeno con Roberto Baratta y los contactos que ella tuvo con el ex funcionario.

“Contacto nunca tuve. Si lo saludaba, lo saludaba a Centeno. Nosotros nos sentábamos en una mesa y ellos por otro lado. Era en el parque, al aire libre”, contó por ejemplo sobre una vez en que la pareja fue invitada a un bautismo en la casa de Baratta. Además remarcó que ella pensaba que ellos dos eran “muy amigos”.

A su turno, el juez Fernando Canero la interrogó sobre las quejas de Centeno vinculadas a las “migajas” que le daba Baratta. La testigo reiteró que su pareja se lo decía a veces “cuando estaba picado” y otras cuando llegaba a la casa “chinchudo”.

Ante la consulta sobre si podía recordar alguna referencia más puntual acerca de esas quejas y por qué Centeno consideraba que Baratta debía darle más dinero, respondió: “Eso pregúntele a Centeno”.

El magistrado insistió y ella respondió: “Decía que lo llevaba a las cuevas o a hacer cosas. A veces decía: ‘Y a mí viene y me tira migajas’” pero aclaró que su entonces pareja nunca le dio detalles concretos sobre lo que hacía para Baratta.

“Yo sí le pedía dinero a él, es verdad”, dijo Horovitz sobre Centeno

La ex mujer del remisero arrepentido explicó que le pedía dinero porque se había quedado sin nada y él la usó de “testaferro”.

“Mi especialidad no es mentir. Acá sé que me estoy mandando al muere sola por decir la verdad. Yo sí le pedía dinero a él, es verdad, y como no me escuchaba no me quedaba más remedio que pedirle a Baratta que haga de intermediario. Cuando salió todo esto al aire me quedé sin trabajo. Pedí que me diera una mano hasta que consiga trabajo”, declaró.

“Yo tenía que hacer algo, no lo iba a dejar a él arriba de los laureles con todo. Me usó como testaferro, hizo todo lo que hizo después de que me cagó a trompadas, me insultó y me agredió”. Contó también que avisó a su entonces jefe en el Ministerio donde trabajaba, Claudio Uberti, su intención de delatar a Centeno en Comodoro Py en 2017. Según relató él le dijo que se preparara para las consecuencias y poco después ella se quedó sin trabajo. Uberti es ahora uno de los arrepentidos del caso.

“Yo doy la cara, no voy por atrás y te clavo un puñal. Doy la cara, pongo todo al frente. Acá estoy”, continuó la mujer de 58 años mientras en la sala de audiencias Centeno la miraba de a ratos y escribía con birome sobre sus blocks.

Luego intervino el defensor público oficial adjunto de Centeno, Sergio Steizel quien le preguntó si ella tenía un límite en sus pedidos, ya que reclamaba “heladera, departamento, entrepiso”. Horovitz respondió: “Quería que me ayude”.

“El hizo todo lo posible para que todos estemos acá hoy”, dijo Horovitz sobre su ex pareja Centeno

La ex mujer del remisero autor de los cuadernos Oscar Centeno dijo que él “hizo todo lo posible para que todos estemos acá hoy”, al referirse a las acusaciones contra el chofer de Roberto Baratta, ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal en el kirchnerismo.

La repuesta la dio a la defensa oficial de Centeno, luego de haber visto una serie de imágenes que ella envió en 2017 al celular de Baratta, según reconoció en la audiencia.

Entre esas fotografías estuvo la de un bolso con un billete de cien dólares que reconoció era “trucho” y otra que mostraba banditas elásticas. “Se las mandaba a Roberto Baratta”, dijo al ser preguntada por la fiscal de juicio Fabiana León. También hubo imágenes del frente del barrio privado donde vivía el funcionario.

Ante una pregunta del abogado José Manuel Ubeira, la testigo explicó que ese billete de la imagen “era trucho”. “Había conseguido ese dólar trucho y se lo mandé a Baratta”, relató.

“Estoy muy nerviosa”

“Estoy muy nerviosa”, advirtió Hilda Horovitz cuando las defensas le hicieron escuchar audios con diferentes mensajes. Entre ellos uno donde hablaba de su ex pareja Centeno.

“No va a quedar acá, va a seguir. Tengo nueve años para hacerlo mierda”, se la escuchó decir en el audio que se pasó a pedido de la defensa del remisero.

La testigo reconoció el audio incorporado en el juicio y confirmó que la voz era suya, aunque dijo no recordar a quién se lo había enviado. Ante preguntas de las partes, aclaró que se refería a Centeno, quien al igual que el martes está presente en la sala de audiencias del subsuelo de Comodoro Py 2002.

También se le hicieron escuchar mensajes enviados a Miriam Quiroga con reclamos por unos papeles que le había dado y nunca le devolvió. Esos papeles “tenían cosas de Centeno y eran míos, que yo le había sacado a Centeno. Nunca me los devolvieron”, dijo ahora en la audiencia. Y recordó que cuando Quiroga le dijo a Baratta que ella reclamaba los papeles, él le dijo “perdelos”.

La ex mujer de Centeno retomó su declaración

En esta nueva audiencia del juicio oral, Hilda Horovitz escuchó un audio donde le agradeció a Miriam Quiroga, ex secretaria del ex presidente Néstor Kirchner por una salida con cena incluída. “Muy rico todo, muy lindo todo”. La testigo dijo no recordar específicamente esa salida. En otro audio se la escuchó preguntándole si pudo encontrarse con Roberto Baratta.

“Yo siempre hablaba con Miriam y Miriam hablaba con Roberto”, Roberto Baratta, aclaró.

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La ex secretaria de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga, presentó ante el Tribunal Oral Federal 7 un certificado médico para justificar la presunta imposibilidad por razones de salud de asistir a declarar como testigo en el juicio por el caso Cuadernos.

Los jueces que llevan adelante el debate, que tiene como principal acusada a la ex presidenta Cristina Kirchner, no tomaron aún ninguna decisión en relación al pedido de Quiroga, quien estaba citada para mañana a declarar bajo juramento de verdad. Por lo pronto, ya se confirmó que este jueves terminará de responder preguntas Hilda Horovitz, la ex pareja del remisero Oscar Centeno, el autor de los manuscritos que detallaron supuestos recorridos en busca de dinero de sobornos, que hizo durante el kirchnerismo junto a su jefe, el ex funcionario del Ministerio de Planificación Roberto Baratta.

Horovitz declaró el martes último, pero cuando promediaba la tarde y era interrogada por mensajes que enviaba tanto a Baratta como a Quiroga con reclamos y pedidos vinculados a su situación económica y de vivienda, se descompensó.

Durante su declaración, la ex mujer del remisero habló de su vínculo con Quiroga: detalló que le entregó documentación y papeles de Centeno para que ella a su vez se los diera a Baratta. También se leyeron mensajes que le enviaba.

Antes ratificó que el remisero la usaba de “testaferro”, ponía bienes a su nombre, y que vio los cuadernos que se guardaban en un placard pero nunca los leyó. También que su entonces pareja se quejaba por las “migajas” que le daba Baratta luego de sus recorridas.

Además detalló los bienes que fue comprando Centeno para él y su familia, y recordó que por intermedio de Baratta ella consiguió trabajo en la administración pública.

La fiscalía pidió reproducir en la audiencia distintos audios en los que Horovitz intentaba coordinar encuentros con Quiroga, hablaba de dinero que necesitaba para arreglar su vivienda, entre otros aspectos. Fue durante uno de esos mensajes, en el que mencionaba a un ser querido fallecido, cuando la testigo pidió interrumpir el interrogatorio y salir unos minutos de la sala del subsuelo de los tribunales federales de Retiro.

Al retomarse la sesión, el presidente del tribunal, el juez Enrique Méndez Signori, informó que la audiencia quedaba suspendida hasta este jueves debido al estado de salud de la mujer, que fue atendida por médicos del SAME.

La ex secretaria de Néstor Kirchner

Pero la expectativa estaba puesta en la declaración de Quiroga, quien debía referirse tanto a esos audios como a las acusaciones que realizó años atrás sobre presuntos movimientos de dinero y bolsos vinculados al kirchnerismo. Sin embargo, por ahora, su testimonio quedó postergado sin nueva fecha definida.

Quiroga fue otra figura que cobró notoriedad años antes, cuando en 2013 apareció en televisión denunciando supuestos traslados de dinero durante el gobierno de Néstor Kirchner. Se presentó como ex secretaria del entonces presidente y relató viajes a la Patagonia con bolsos que, según dijo, contenían dinero. En lo formal estaba asignada al área de Ceremonial de Presidencia.

Publicó un libro, “Mis años con Néstor y todo lo que vi”. En lo relativo al caso Cuadernos, declaró como testigo durante la investigación del fallecido juez federal Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli. Apuntó entonces al fallecido ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz.

“En una ocasión, Daniel Muñoz salió del despacho del presidente Néstor Kirchner a mediados de su mandato aproximadamente. En horas de la tarde, entró a mi despacho con un bolso, que yo reconocí porque era un bolso que le había regalado una ciudadana al presidente. Era de cuero de color marrón, muy bonito, de categoría. Me dijo ‘toma, pesalo’. Yo le pregunté qué había dentro y me dijo ‘hay muchos verdes’. Yo le respondí en broma ´dame unos para mí´, a lo cual él me respondió: ‘No, estás loca, los tiene todos bien contados’“, contó en ese momento. También habló de viajes al Sur en aviones oficiales.

El juicio

El juicio comenzó el 6 de noviembre del año pasado de manera virtual. Pasó a la semi presencialidad el 17 de marzo con la primera declaración indagatoria: la de la expresidenta Cristina Kirchner procesada como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho. Se trasladó desde el domicilio de San José 1111 donde cumple arresto domiciliario condenada en la causa Vialidad a los tribunales de Retiro.

Desde ese entonces fueron indagados los 86 acusados, muchos de los cuales -en especial los “imputados colaboradores”- guardaron silencio e hicieron uso de su derecho a no declarar. Fueron los casos por ejemplo del mismo Centeno -escriba de los cuadernos-, del financista Ernesto Clarens que aportó durante la investigación un listado de presuntos pagadores de sobornos y de empresarios como Miguel Aznar, Patricio Gerbi, Gabriel Losi, Angelo Calcaterray Aldo Roggio. Las defensas de otros acusados advirtieron que este silencio les impidió contrastar aquellas confesiones que perjudicaron a sus clientes.

El fiscal general ante la Cámara en lo Penal Económico Gabriel Pérez Barberá sostuvo este miércoles que la investigación por la casaquinta de Pilar vinculada a la AFA y valuada en 17 millones de dólares debe salir de la órbita del juez federal de Campana Adrián González Charvay y volver a la ciudad de Buenos Aires.

En concreto, postuló que la pesquisa que intenta determinar si el dinero para comprar la mansión salió de la AFA que preside Claudio “Chiqui” Tapia tiene que ser retomada por el juzgado en lo penal económico 10 de CABA, en la actualidad a cargo de la jueza Verónica Straccia. La última palabra será ahora de la Cámara Nacional en lo Penal Económico.

Un fuero especializado

En un dictamen presentado ante ese Tribunal, el fiscal consideró que la investigación a los supuestos testaferros Luciano Pantano y su madre Ana Conte tiene que salir del juzgado federal de Campana y volver a la ciudad de Buenos Aires, según supo Infobae en fuentes judiciales.

Ahora los camaristas Carolina Robiglio y Roberto Hornos quedaron en condiciones de decidir. La Cámara Federal de Casación ordenó que sea este Tribunal de Apelaciones del fuero penal económico el que ponga fin al conflicto de competencia en esta pesquisa y pidió que lo haga con “celeridad”. La causa ya pasó por tres jueces.

“No advierto razones que sean decisivas para considerar competente al Juzgado Federal de Campana”, expuso el fiscal en su dictamen sobre esa sede judicial donde desde enero tramita la causa por orden de la Cámara Federal de San Martín, en una decisión que Casación anuló y ordenó volver a revisar en el fuero en lo penal económico.

La investigación intenta establecer si el predio y todo lo encontrado en su interior se compró en realidad con fondos de la Asociación del Fútbol Argentino que preside Tapia, como parte de maniobras de supuesto lavado de dinero. Cuando la Justicia allanó el lugar se hallaron elementos que pertenecerían al tesorero Pablo Toviggino.

Pérez Barberá resaltó la “especialización técnica” del fuero en lo penal económico para investigar delitos como el supuesto lavado de activos. Y destacó que cuando se trata de hechos que pudieron abarcar varios territorios, debe primar “lo que mejor garantiza la eficacia de la investigación”.

El fiscal remarcó que de la causa surgen puntos de contacto con diferentes lugares donde pudieron cometerse maniobras de lavado de dinero que excederían el ámbito donde están los bienes, es decir, Pilar. Por ello sería “prematuro” sostener que como esta localidad está bajo jurisdicción del fuero judicial de Campana el caso debería seguir allí. Tanto en este último distrito como en CABA hubo avances en la pesquisa, destacó.

Veinte millones de dólares

El predio de la casaquinta de Villa Rosa está valuado en 17 millones de dólares y a esto debe sumarse casi cuatro millones de una flota de autos de colección encontrada en el lugar.

La disputa puede volver a cambiar de manos una investigación que ya pasó por tres jueces. El expediente busca determinar si la sociedad Real Central, de Luciano Pantanoy su madre Ana Conte, adquirió la mansión de Villa Rosa y otros bienes como presuntos testaferros de autoridades de la AFA. La escritura se hizo por 1.8 millones de dólares.

El lugar fue allanado por el primer juez del caso, el federal Daniel Rafecas, y se encontraron pertenencias que apuntarían al tesorero Toviggino. Los únicos imputados son Pantano y Conte, quienes designaron defensa y lograron suspender una citación judicial que había cursado el anterior juez del caso, el penal económico Marcelo Aguinsky. Lo hicieron al presentar el planteo de inhibición por correo electrónico ese mismo día ante el juzgado federal de Campana, que les fue aceptado.

El 15 de mayo pasado, Casación anuló el envío de la causa a ese juzgado a cargo de González Charvay, una decisión que había tomado durante la feria judicial de enero el camarista de San Martín Alberto Lugones. La nulidad no se basó en el fondo del planteo sino en una cuestión formal: como el expediente estaba radicado hasta entonces en el fuero penal económico porteño, debía ser la Cámara Nacional en lo Penal Económico la encargada de resolver el conflicto y no la Federal de San Martín.

La fiscalía apeló el pase del caso a Campana porque sostiene que los hechos investigados exceden la ubicación geográfica de la quinta y que las maniobras pudieron haberse realizado también en la sede de AFA de la calle Viamonte y otros domicilios de la ciudad de Buenos Aires. De hecho Pantano pagaba gastos de los autos y la quinta con una tarjeta de crédito corporativa cuyo resumen llegaba a la sede porteña de la Asociación del Fútbol Argentino, determinó la Justicia.

La expareja del autor de los cuadernos Oscar Centeno, Hilda Horovitz, sostuvo este martes que fue “testaferro” del remisero mientras él se desempeñaba como chofer del ex funcionario Roberto Baratta y ratificó que vio los cuadernos en la casa donde convivían pero no los leyó.

En una extensa declaración en el juicio de los Cuadernos ante el Tribunal Oral Federal 7 habló de golpes, infidelidades y de episodios donde por ejemplo Baratta habría hecho “desaparecer” documentos que ella entregó a la ex secretaria presidencial Miriam Quiroga. En todo este contexto enmarcó su decisión de delatar a Centeno, pero negó haberlo hecho por “despecho”.

Sobre el vínculo entre ambos, concluyó que él la usó como “pantalla”. Y ejemplificó: la llevaba ”a firmar el 08, a comprar un Toyota, íbamos juntos, yo firmaba”.

Al inicio de la audiencia respondió preguntas de la fiscal Fabiana León y fue entonces cuando se definió como “testaferro”. “Él usó mucho mi nombre para hacer cosas”, agregó.

En otro tramo de su declaración recordó que Centeno llegaba con bolsos que “decía que eran de Baratta”. El remisero aparecía “con valijas, portafolios, todo tipo de bolsitos”, y le explicaba cómo podía acomodar dinero: “Me decía: ‘Ponés así y entran tantos billetes; ponés así y entran tantos’”.

Consultada sobre cómo sabía Centeno la cantidad de dinero que podía entrar en los bolsos, respondió: “Lo habrá visto, qué sé yo. Yo escuchaba, no le preguntaba”.

La audiencia tuvo uno de sus momentos más tensos cuando el Ministerio Público Fiscal comenzó a exhibir y reproducir mensajes y audios de WhatsApp enviados por Horovitz al ex funcionario Roberto Baratta y a otros interlocutores entre 2016 y 2017.

En esos intercambios aparecieron referencias a supuestos bolsos con dinero, “cuevas” financieras, reclamos económicos tras su separación de Oscar Centeno y menciones explícitas a los cuadernos atribuidos al ex chofer. La testigo, ya afónica, ratificó uno por uno los mensajes y explicó que habían sido enviados en medio de conflictos personales y años de violencia física y psicológica que, según declaró, sufrió durante su relación con Centeno.

Los audios y la suspensión de la audiencia

Luego de un cuarto intermedio de aproximadamente treinta minutos, la fiscalía reprodujo en la sala AMIA distintos audios de WhatsApp atribuidos a Hilda Horovitz y dirigidos a diferentes interlocutores. El primero de ellos, según se ventiló durante la audiencia, había sido enviado al ex subsecretario de coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta.

En ese mensaje, la testigo hacía referencia a documentación y fotografías que, según afirmaba, estaban en poder de un periodista. “Hable con Oscar y que le diga a la hija que se quede tranquila, porque yo los papeles que tengo de prueba no los tengo yo, ni los tiene Miriam, los tiene un periodista. Todas las pruebas que tengo, de los recibos, de las fotos que le mandé a usted, las tiene un periodista. Solo tengo que ir y decirle que actúe”, se escuchó en la grabación.

En el mismo audio agregó: “Así que dígale que se deje de joder, que no haga nada, que no me mande la Justicia, porque no tiene por qué meterse y por qué mandarme a la Justicia. El padre me cagó nueve años: me cagó a trompadas, me re insultó, me cagó con María y con cuantas mujeres se le cruzaban en el medio”.

Y concluyó: “Así que dígale que no haga nada, que se quede quieta, porque a mí no me van a hacer caso. Si usted le habla quizás pueda ser que le hagan caso; y si tampoco le hace caso a usted, saldré en la televisión, no me quedará otra”.

Tras escuchar la grabación, Horovitz ratificó que era su voz y explicó ante el tribunal que el audio había sido enviado a Baratta. Vinculó ese intercambio con una discusión mantenida con Gisela Centeno, hija del ex chofer Oscar Centeno.

“Como le comenté hace un rato a la doctora, ella quería mandarme a la Justicia: Gisela Centeno, la hija mayor de Centeno. Ella me dijo que me quedara quieta porque me iba a llevar a la Justicia, entonces le repetí yo a ella: ‘Bueno, si querés, vamos juntas así te ahorrás tiempo y vamos a la Justicia todos juntos’”, sostuvo.

Más adelante relativizó parte del contenido de la grabación y afirmó: “Lo del periodista es mentira, lo dije por decir”.

La fiscalía también reprodujo otros audios dirigidos a Miriam Quiroga -ex secretaria privada de Néstor Kirchner- y a otros interlocutores.

Fue durante uno de esos mensajes, en el que Horovitz intentaba coordinar un encuentro con Quiroga y mencionaba a un ser querido ya fallecido, cuando la testigo se quebró emocionalmente en plena audiencia y pidió salir de la sala durante unos minutos.

Al retomarse la sesión, el presidente del tribunal, el juez Enrique Méndez Signori, informó que la audiencia quedaría suspendida hasta el jueves próximo y que la declaración continuaría desde las 9 de la mañana debido al estado de salud de la testigo.

“La señora Horovitz está descompensada. Pensamos que se iba a recuperar. Se llamó a una ambulancia del SAME (...). El tribunal entiende que es conveniente suspender la audiencia hasta el día jueves (...) por razones humanitarias y de salud de la testigo, doy por concluida la audiencia del día de hoy”, expresó el magistrado.

“¿Cómo un chofer de viceministro puede hacer tanto?"

Uno de los tramos más delicados de la audiencia llegó cuando la fiscal Fabiana León comenzó a exhibir una decena de mensajes de WhatsApp enviados por Hilda Horovitz a Roberto Baratta entre 2016 y 2017. La secuencia, incorporada como prueba en el juicio oral, mostró referencias explícitas a los cuadernos escritos por Oscar Centeno, a bolsos con dinero, supuestas visitas a “cuevas” financieras y reclamos económicos de la ex pareja del remisero tras la ruptura de la relación.

Los mensajes fueron leídos en audiencia tal como fueron incorporados al expediente, respetando la redacción original de la testigo Horovitz.

La mujer, ya afónica, ratificó uno por uno los intercambios exhibidos por la fiscalía y explicó el contexto en el que fueron enviados: un período atravesado por peleas, reclamos patrimoniales y, según sostuvo ante el Tribunal Oral Federal N°7, años de violencia física y psicológica por parte de Centeno.

Uno de los primeros mensajes incorporados correspondía al 18 de noviembre de 2016. Allí Horovitz escribió: “Me mudo el 16/12. Por favor no le diga nada a Oscar, porque me dijo que no hable más”. Inmediatamente después aparecía otro texto: “Gracias por hacer posible lo del departamento”.

Ante preguntas de la fiscal León, explicó que Baratta “le dio una mano” porque Centeno no quería asistirla económicamente tras la separación. “Yo le pedía a Baratta que me dé una mano, que hable con él para que no me deje en la calle”, declaró.

En uno de los mensajes del 27 de enero de 2017 escribió: “Lo hago para ensuciarlo el me cago 9 años me reputiaba me pegaba. Yo recien voy un año en hacerlo todo lo que el me hizo”.

En otro tramo agregaba: “De todo lo que fui contando es verdad sino el no me hubiera comprado el departamento mire todo lo que afano y ahora no me quiere depositar en el banco más. Todo lo que me falta para hacerlo mier…”.

Consultada sobre esos textos, Horovitz explicó que necesitaba dinero para arreglar el departamento donde vivía y sostuvo que en aquel momento estaba profundamente resentida con Centeno.

La fiscalía también incorporó mensajes donde aparecían referencias a presuntas maniobras de recaudación ilegal. Uno de ellos decía: “Esto nunca se lo dije, se quejaba de las migajas que usted le daba cuando iban al lugar top secret. Y yo le decia bueno pero por lo menos te tira algo. rezongar usted se llevaba lo mejor y lo arreglaba con migaja”.

Cuando la fiscal le pidió precisiones sobre el significado de “top secret”, Horovitz respondió ante los jueces: “Las famosas cuevas”.

En otro intercambio afirmó: “GRACIAS AL OS QUE USTED LE DABA Y LOS TESTAFERROS PUDO LOGRAR TODO LO QUE TIENE ACÁ Y EN SALTA”.

Y en otro mensaje escribió: “TODOS AYUDAMOS A QUE EL DISFRUTE LO QUE TIENE Y VAYA BIEN. ACÁ YO SALÍ PERDIENDO PORQUE TODOS USTEDE VIVEN BIEN , SALEN DE VACACIONES Y LA BUENA VIDA. YA CON ESTO NO LO MOLESTO MÁS. ESTO RECIÉN EMPIEZA”.

Fue en ese contexto que apareció otro de los mensajes enviados por Horovitz: “El que avisa no traiciona”.

La fiscal León le pidió entonces que explicara qué había querido decir con esa frase. La testigo respondió: “En este caso, mirá que te estoy avisando lo que voy a hacer: vos vas a saber lo que yo voy a hacer. No te estoy traicionando y clavando un puñal por la espalda: vos ya sabés que yo voy a hacer esto”.

Luego profundizó: “Yo ya lo tenía en mente, no es que yo me levanté el 1ro de noviembre de 2017, cuando vine a hacer la denuncia, y dije ‘voy a hacer esto’. Más que nada fue por todo lo que hizo, no es que fue por despecho, porque él me usó como pantalla… Fui juntando hasta que la olla a presión voló”.

La explicación funcionó como introducción a una serie de mensajes incorporados inmediatamente después por la fiscalía, todos fechados en mayo de 2017, donde Horovitz mencionaba explícitamente la existencia de los cuadernos varios meses antes de que el expediente se hiciera público.

Uno de ellos, del 11 de mayo de 2017, decía: “El tenia o tiene cuadernos escrito con cada cosa donde hivan con direcciones fotos ectc. Usted está en el cantri mapuche yo se que con lo que le mando me pone en DESPIOLE O PROBLEMAS CON OSCAR”.

Cuatro días después, el 15 de mayo de 2017, volvió a escribirle a Baratta: “Hola!Buen dia. Le queria contarle porque escribí a Oscar todo lo que hacían y cuando hivan a la cueva con feche y horario sacaba foto. Porque el decia que cuando termine la gestion si sutep le daba una patada lo usaba eso que escribía. Yo le pedí que lede para hacer un entre piso, me dijo que va a ver cuanto me da. yo ya le mande el presupuesto mejor que lede todo”.

La fiscal León le pidió entonces que aclarara esa referencia y Horovitz respondió: “Si lo dejaban sin trabajo él iba a mostrar esos cuadernos”.

En otro mensaje del 20 de mayo de 2017 escribió: “Mientras todos viven de lujo yo tengo esto y no es justo. Usted flor de casa tiene en el Cantri mapuche yo fui con él lo conozco”.

Y dos días después envió otro de los mensajes más sensibles incorporados durante la audiencia: “Oscar decía que estos bolsos traían los Dólares Robados de la cueva. Y que usted ledaba migaja estos son algunos de los bolsos porque el llevaba muchos a casa de Bartolomé Mitre y acá en olivos. Lo que nunca le conté que la casa de Bartolomé Mitre en once el departamento lo fue pagando en dólares en el banco icbc de rivadavia al 2400 yo hiva a depositar la plata. y esa casa de olivos también la compró en dolares todo al contado, y esta que me compró también la compró en dólares $55.00. Cómo un chofer de viceministro puede hacer tanto?”

La fiscalía le exhibió además fotografías de bolsos que Horovitz había enviado a Baratta y la mujer confirmó que eran las mismas imágenes incorporadas durante la investigación judicial.

“Yo no veía qué hacían con los bolsos”

Consultada por las defensas, Horovitz dijo que “le mandó las fotos” de los bolsos a Roberto Baratta para convencerlo de que “la ayude” económicamente.

Reiteró que nunca vio dinero en ellos, pero “escuchaba comentarios” de parte de Centeno sobre cómo acomodaba fajos de billetes en su interior.

“Me mostró uno específicamente y me explicaba cómo entraban”, aclaró.

Le exhibieron bolsos a la testigo

La fiscal Fabiana León pidió mostrarle una serie de bolsos que Horovitz entregó a la Justicia durante la investigación.

Al ser consultada por ellos, dijo que los recordaba, pero que nunca vio dinero en ellos, y que los usó para mudarse en dos oportunidades.

También indicó que les sacó fotos y que esas imágenes se las mandó a Baratta. El equipaje habría sido usado por Centeno en sus diligencias como chofer del entonces funcionario de Planificación Federal.

Las migajas de Baratta

“Yo no vi el bolso con plata”, dijo Horovitz pero agregó que escuchaba decir a Centeno que Baratta le daba “migajas”. “Él hablaba de las migajas que le tiraba Baratta, nunca dijo de qué era”, acotó en alusión al ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal y ex jefe del remisero, acusado junto con él en el caso.

En otro tramo de su declaración detalló que “en alguna oportunidad” y “cuando estaba medio picadito”, Centeno se quejaba: “Mirá lo que me tiró, yo lo llevé a afanar o a la cueva, lo llevé y me tiró migajas”.

“¿Usted vio cuadernos?” preguntó la fiscal León. “Los cuadernos sí los vi, estaban en el armario del dormitorio y ahí tenía todo, los cuadernos, las libretas, las carpetas de los autos, las casas, todo”. La testigo dio que no los leyó.

Luego detalló que cuando los encontró, hizo “como que abría las hojas, pasándolas, pero no leí”. “El una vez dijo que lo escribía por si lo dejaban sin trabajo”.

“Yo no sabía lo que decían los cuadernos”, respondió después ante la pregunta de una de las defensas y aseguró que se enteró “cuando explotó todo”, por las noticias.

A la hora de responder a una de las defensas reiteró: “No tengo la menor idea lo que escribía. Para no tener problemas no leía los cuadernos”.

Centeno y Baratta “eran muy amigos”, graficó: iban a jugar a la pelota, salían a comer. “Lo ayudaba mucho Baratta a Centeno”.

La testigo también contó que le enviaba mensajes a Baratta porque necesitaba ayuda económica y quería arreglar un departamento. “Baratta no me respondía. Centeno me decía: ‘Dejá de joder, no molestes más’”, sostuvo.

Ofuscada por preguntas que consideró reiterativas o de índole personal, se trenzó en discusiones en varias ocasiones con los defensores. “Con todo el que se le cruzaba me engañó”, dijo sobre Centeno. “Me cagó a trompadas, me pegó en el pecho”, agregó.

El fin del romance

—“¿Usted tenía ganas de continuar la relación con Centeno?“, quiso saber cerca del mediodía el defensor oficial del remisero. ”Creo que sí. Fueron casi once años y me parece que a cualquiera de nosotros le hubiese gustado seguir. No sé si estaba enamorada, pero lo quería, lo apreciaba, estábamos bien. Después me fui dando cuenta de que él me usó como una pantalla".

“No estoy despechada. Hablé porque él me cagó a trompadas. Cuando terminó de hacer la casa de Olivos estaba muy borracho. Otro día casi me tira por la escalera”, relató, mientras detallaba golpes y agresiones. Centeno dejó por un segundo de escribir en el block de hojas que llevó a la audiencia y la miró. El defensor trató de interrumpirla pero ella no lo dejó. “Ahora quiero hablar. Me jodió con cualquiera que se le cruzaba. Cuando terminó todas sus cosas, logró tener su casa y mandarle plata a la hija en Salta, dijo: con ”la infeliz ya se terminó, te vas a Ezeiza y no te quiero ver más’”.

Centeno ya mantenía una relación con otra mujer, aseguró. “El señor ya estaba con la que está ahora, porque ya tenía todo planeado. ‘Listo para vos, listo para mí’”, declaró. La defensa oficial de Centeno le preguntó si consideraba que él ya no quería seguir con ella. “No tuvo los suficientes huevos para decirme las cosas”, respondió.

Horovitz llegó a los tribunales de Retiro para declarar como testigo en el caso de los Cuadernos. La mujer de 58 años comenzó a hablar pasadas las 9:30 ante el Tribunal Oral Federal 7, prestó juramento de verdad y dijo ser desocupada. “Conozco a Centeno, estuve conviviendo con él, fui pareja desde 2006 a 2016”, informó sobre el remisero que está presente en la sala de audiencias.

El arrepentido Centeno concurrió a esta jornada del juicio y ella entró sin mirarlo a la sala de audiencias. El remisero tomó nota durante toda la declaración de su ex mujer, sentado detrás de su defensor oficial.

“El me perjudicó a mi con las trompadas, los insultos”, respondió cuando la defensa oficial de su ex pareja preguntó si quiso perjudicarlo. “Si, por todo lo que me hizo, hacemos esto, decimos esto y después cuando terminó, si te he visto no me acuerdo. El me usó a mi”, afirmó.

Tras dar personales, comenzó a responder preguntas de la fiscal León. “Lo conocí a él cuando estaba trabajando en un apart hotel en Parque Centenario”, comenzó a narrar. Alquiló una pieza y ahí empezó una relación, explicó. Tuvo que dejar su trabajo cuando el dueño del lugar se enteró de la relación y se fueron a vivir a Martínez.

“Me enteré que estaba trabajando con ‘Chelita’, la mamá de De Vido, así le decía él, la llevaba a los médicos y después empezó a ser chofer de Baratta”, puntualizó. De las anotaciones que hacía Centeno se enteró de “casualidad”, dijo ante una pregunta de la fiscal. “Yo no sabía que anotaba, me enteré después de un tiempo”.

“Cuando él se fue a Salta yo entré a revisar unas cosas para juntar, porque yo sabía que la relación siempre fue mala del momento uno, había momentos buenos, pero había más malos que buenos”, dijo.

“Yo era testaferro de él, me cubrí en sacarle los recibos de lo que hacía él con los autos”, explicó y luego detalló que la puso a nombre de autos que formaban parte de la flota que trabajaba para el Ministerio de Planificación, por ejemplo.

Su primera vez en Comodoro Py

A la hora de responder preguntas de la defensa de Baratta, encabezada por la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, relató cómo llegó a contactar al fiscal Carlos Stornelli y afirmó que nunca vio escribir al ex chofer en los cuadernos.

Según declaró, antes del 1° de noviembre de 2017, día en que fue a Comodoro Py, nunca había hablado con Stornelli. Explicó que abrió una computadora y buscó la causa de Gas Licuado porque quería denunciar “las agresiones y las cosas que Centeno me hacía”.

“Yo sabía que alguien ahí me iba a escuchar, que era Stornelli. Quizá le iba a interesar el tema”, afirmó. Contó que preguntó dónde estaba el fiscal, le dijeron que en el cuarto piso, habló con una secretaria y luego la hicieron pasar. “Dije que yo quería venir a denunciar a Oscar Centeno, el chofer de Baratta”, relató.

La mujer sostuvo que nunca le avisó a Centeno que iba a declarar. También explicó que entregó papeles vinculados a la documentación a Miriam Quiroga, ex secretaria de Néstor Kirchner, y que incluso habló con un hijo de Quiroga para pedirle si podía guardarlos. Dijo que hizo copias cerca de donde trabajaba, en Yacimientos Carboníferos, y luego volvió a dejar los originales donde estaban.

Horovitz aseguró que Quiroga le entregó esa documentación a Baratta y que después “los hizo desaparecer”. Ante la pregunta de cómo sabía eso, respondió: “En una noticia salieron chats de ellos diciendo ‘a esta pirucha hay que callarla y hay que hacer desaparecer los papeles’”.

También explicó que decidió darle los documentos a la ex secretaria porque ella “iba a todos los canales” y la veía frecuentemente en televisión. Quiroga está citada como testigo el jueves pero según trascendió intentará evitar asistir presentando un certificado médico.

Quién es la ex pareja de Centeno

La mujer llegó a tribunales con una amiga y aguardó durante casi una hora en el bar de la planta baja hasta que fue convocada.

El juicio comenzó en noviembre pasado, tiene entre los acusados a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a 19 exfuncionarios, a dos de sus choferes y a 65 empresarios.

Se les imputa haber liderado, organizado o conformado una asociación ilícita que, entre 2003 y 2015, habría recaudado dinero de diversas empresas de los sectores de la construcción, energía y transporte, a cambio de beneficiarlas con la adjudicación de contratos estatales.

Horovitz es la expareja de Centeno, quien fue chofer del exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta. Centeno es, además, el autor de los cuadernos que dieron origen a la causa.

Según ya declaró en la investigación, Centeno guardaba en la casa de Olivos los cuadernos donde registraba con detalle sus recorridos como chofer del exfuncionario, en presuntas maniobras de recaudación de sobornos empresariales durante el kirchnerismo. Sostuvo que anotaba “todos los movimientos que hacía con Baratta”. Ella afirma que nunca los leyó. También recordó que estaban guardados “en un ropero situado frente a la cama” que compartían.

Centeno la denunció por una supuesta extorsión y en el juicio Bacigalupo también contó que su amigo le refería que la mujer presionaba a Baratta para obtener dinero a cambio de guardar silencio. “Pedía dádivas para no abrir la boca”, dijo según comentarios del remisero acusado. En los teléfonos del exfuncionario kirchnerista que peritó la Justicia, se encontraron mensajes vinculados a esta versión de los hechos.

Un nuevo análisis del teléfono de Mauricio Novelli concluyó que el lobista imputado en la causa $LIBRA trabajó sobre un borrador de nota que detallaba puntos principales de un presunto acuerdo por 5 millones de dólares, condicionado a pasos que debían darse en torno al presidente Javier Milei en relación a compromisos con Hayden Davis, el creador de la fallida criptomoneda.

En sus conclusiones, la DATIP sostuvo que “se confirma que el contenido textual estuvo presente en la aplicación Apple Notes del dispositivo y que el usuario interactuó con dicha nota —mediante apertura, edición o modificación— en los momentos registrados”.

“Hola amigos, este es el acuerdo final discutido con H.”, en posible alusión a Hayden Davis, impulsor del token $LIBRA. Así comenzaba el “memo” encontrado como una imagen en el teléfono en un primer análisis de la DATIP a fines del año pasado. Y seguía: “$1,5 M de tokens líquidos o cash como adelanto”, “$1,5M de tokens líquidos o cash = Milei anuncia en Twitter que su asesor es Hayden Davis/Kelsier/la familia Davis”, “$2M en tokens o cash = contrato firmado en persona con Milei por asesoría en blockchain/AI para el gobierno argentino y/o Javier Milei y revisión con Javier y Karina”.

El nuevo informe fue recibido por el fiscal federal Eduardo Taiano el 18 de mayo pasado, en respuesta a un requerimiento que hizo en abril sobre esa nota. También preguntó si fue “remitida o recibida por algún contacto, ya sea por mensaje o por e-mail, o en caso de ser posible se indique el contexto en donde fue hallada la misma”.

Las conclusiones

Ahora, la fiscalía incorporó a la investigación por el escándalo de la criptomoneda cuyo lanzamiento promocionó Milei en su cuenta de la red social X el 14 de febrero de 2025 la respuesta a su pedido: se concluyó que las imágenes analizadas -la nota- existieron “en la aplicación Apple Notes del dispositivo” de Novelli.

“En síntesis, se concluye que las imágenes analizadas son artefactos generados por el subsistema Intents de iOS que contienen el texto de una nota que existió en la aplicación Apple Notes del dispositivo. Si bien no es posible acreditar su envío a terceros por las aplicaciones examinadas, se confirma que el contenido textual estuvo presente en la aplicación Apple Notes del dispositivo y que el usuario interactuó con dicha nota —mediante apertura, edición o modificación— en los momentos registrados", detalló el informe al que tuvo acceso Infobae.

Los expertos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal informaron que " no se detectó ningún registro ni referencia que vincule los nombres de los archivos analizados con una actividad de envío o recepción".

“Por lo tanto, no hemos encontrado evidencia técnica que permita confirmar que estas imágenes específicas hayan sido transmitidas o traficadas a través de los canales de comunicación del dispositivo” como por ejemplo SMS, WhatsApp, WhatsApp Business o Facebook Messenger, detallaron.

El nuevo informe de la DATIP concluyó así que las imágenes con el texto “hi guys, this is the final agreement as discussed with H” no fueron halladas en chats ni correos electrónicos, sino que eran “artefactos” generados automáticamente por el sistema operativo iOS a partir de la interacción del usuario -Novelli- con la aplicación Apple Notes. Se analizaron dos archivos PNG encontrados en un primer estudio del iPhone de Novelli. Los especialistas explicaron que la carpeta donde se encontró la imagen de la nota funciona como un “repositorio de previsualizaciones que el sistema crea para Siri, widgets y sugerencias contextuales”.

Los detalles del análisis

También determinaron que las imágenes fueron generadas mientras el usuario utilizaba la aplicación Notes de Apple. Para llegar a esa conclusión cruzaron registros de las bases de datos “knowledgeC” y “Biome”, que almacenan actividad del sistema, y detectaron coincidencias temporales entre la creación de las imágenes y el uso de la app “com.apple.mobilenotes”.

Según la DATIP, las imágenes no fueron capturas de pantalla hechas manualmente sino miniaturas “renderizadas automáticamente por iOS” mientras el usuario abría, editaba o modificaba notas.

El informe también señala que la nota original ya no estaba almacenada en la base principal de Apple Notes (“NoteStore.sqlite”). Los especialistas analizaron tanto la base activa como restos eliminados, páginas libres y archivos WAL para intentar recuperar el contenido, pero no encontraron rastros adicionales del texto investigado.

Taiano ya preguntó al Gobierno en febrero sobre la existencia de algún contrato, y desde la Secretaría General de la Presidencia le respondieron que no hay registros de ningún acuerdo “confidencial” entre el creador de LIBRA y Milei para la implementación y desarrollo de Blockchain y criptomonedas en el país.

El 30 de enero de 2025, poco antes del lanzamiento de Libra, se registró un encuentro en la Casa Rosada entre el Presidente, Novelli, el estadounidense Hayden - que había viajado al país especialmente- y otros especialistas cripto. Hubo foto y posteo presidencial en X al respecto. Y casi de inmediato transferencias por montos millonarios del creador de LIBRA a cuentas vinculadas a los investigados. La imagen del supuesto acuerdo encontrada en el iPhone de Novelli se generó el 11 de febrero de 2025. El lanzamiento de la criptomoneda con el tuit de Milei ocurrió el 14 de ese mes.

Hilda Horovitz tal vez cuente el próximo martes los motivos que la llevaron a delatar a Oscar Centeno. Nadie sabe lo que ella vivió, suele lamentarse. Fue pareja durante 9 años del remisero autor de los bautizados “cuadernos de las coimas”. Se conocieron en un hotel de la zona de Parque Centenario, donde ella trabajaba y él llegó como huésped luego de una separación.

Convivieron y se mudaron a una casa en Olivos. Cuando el amor se acabó, fue por ella que el escándalo de los cuadernos terminó en Tribunales: receloso en medio de sus constantes peleas Centeno entregó la caja con ocho originales a un amigo para que se los cuidara. De allí pasaron a manos del periodista que los investigó y luego denunció en Comodoro Py. Para ese entonces, Horovitz se convirtió en la principal delatora de su ex concubino. Ahora, casi una década después de su primera revelación al respecto, la mujer se sentará como testigo en el juicio por los Cuadernos.

Las visitas a Comodoro Py

Hilda Horovitz subió las escalinatas de Comodoro Py 2002 en reiteradas ocasiones. La primera fue el 1 de noviembre de 2017, cuando con su pareja en total crisis llegó hasta el cuarto piso y golpeó a la puerta del juzgado federal de Claudio Bonadio, para declarar en la causa que investigaba importaciones de Gas Licuado. Habló por primera vez de la existencia de anotaciones por parte de Centeno. Aclaró que ella nunca las leyó como así tampoco vio jamás bolsos con dinero.

Allí estaba acusado el jefe del remisero, el ex secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal en el kirchnerismo, Roberto Baratta. Por entonces, ella misma era empleada pública, un trabajo conseguido gracias al vínculo.

Lo que siguió fue la historia que se va reconstruyendo en el juicio oral a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados, Centeno y Baratta incluidos: el remisero sacó los cuadernos de la casa en una caja cerrada que dio a su entonces amigo y ex policía Jorge Bacigalupo. Este último, más de un año después, la entregó al periodista Diego Cabot. Y de allí las fotocopias de esos escritos llegaron meses más tarde a tribunales. Los originales habían sido devueltos a Centeno que los reclamaba.

En agosto de 2018, mientras detenían al remisero, Horovitz volvió a declarar en Comodoro Py, esta vez en el caso Cuadernos, ante Bonadio y el fiscal federal Carlos Stornelli.

La hora del juicio

La mujer llegará este martes al debate oral como testigo, bajo juramento de verdad, y tal vez vuelva a verse cara a cara con Centeno, después de tantos años.

El acusado está bajo un régimen de protección especial porque es arrepentido. Sin embargo, resolvió presentarse en ciertas audiencias junto a su defensor oficial. Lo hizo, por ejemplo, para escuchar a su ex amigo Bacigalupo y es probable que tome una decisión similar con su ex pareja. Se ubica siempre en primera fila en la sala de los tribunales de Retiro y guarda silencio: sólo anota todo con insistencia. Al igual que otros arrepentidos, calló cuando fue el turno de su declaración indagatoria.

Esta visita a tribunales será diferente para Horovitz: ya no estará ante un juez o un fiscal en un despacho o frente a algún periodista en una entrevista. Se trata de un debate oral donde tendrá obligación de contestar preguntas de los jueces, la fiscalía, la querella y las defensas de 86 acusados. También podrán contrastarla con su declaración en la investigación, si se detectan contradicciones.

Anticipándose a lo que seguramente ocurrirá en cuanto a complejidad y extensión, los jueces del Tribunal Oral Federal 7 Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero decidieron que sea la única testigo de la jornada que empezará a las 9. Su antecesor, Bacigalupo, declaró durante dos largos días. Mejor suerte tuvo el encargado del edificio donde los Kirchner tienen un departamento en Recoleta, Julio Silva. Se desdijo de parte de lo que declaró en 2018, desmintió haber dicho que vio bolsos y valijas llevados con cierta frecuencia al quinto piso por el fallecido secretario de Néstor Kirchner Daniel Muñoz, y se fue de Comodoro Py después de declarar dos horas y media el jueves pasado.

Los dichos de la ex pareja

La ex mujer de Centeno dijo muchas veces que cuando el vínculo se desmoronó, ella pensó que él ya estaba con otra, habló también de maltratos y humillaciones. El, según relató, había querido sacarla de la casa que compartían en Olivos: le consiguió primero una vivienda en Ezeiza y después, un monoambiente del barrio de Once que se sospecha costeó el ex jefe Baratta para garantizar su silencio. Sobre todo esto, se descuenta, le preguntarán el martes.

Según ya declaró en la investigación, Centeno guardaba en la casa de Olivos los cuadernos donde registraba con detalle sus recorridos como chofer del ex funcionario, en presuntas maniobras de recaudación de sobornos empresariales durante el kirchnerismo. Sostuvo que anotaba “todos los movimientos que hacía con Baratta”. Ella afirma que nunca los leyó.

También recordó que estaban guardados “en un ropero situado frente a la cama” que compartían.

Centeno la denunció por una supuesta extorsión y en el juicio Bacigalupo también contó que su amigo le refería que la mujer presionaba a Baratta para obtener dinero a cambio de guardar silencio. “Pedía dádivas para no abrir la boca”, dijo según comentarios del remisero acusado. En los teléfonos del ex funcionario kirchnerista que peritó la Justicia, se encontraron mensajes vinculados a esta versión de los hechos.

La Cámara Federal de Tucumán dio por desistida una apelación fiscal y quedó firme así la decisión de enviar a Campana una denuncia por supuesto lavado de activos y asociación ilícita contra el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. La denuncia fue impulsada por el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, quien había reclamado incluso detener a los dos dirigentes y otros acusados.

Poco antes de ser apartado del caso, el juez federal de esa provincia, Sebastián Argibay, rechazó los planteos, se declaró incompetente y derivó el caso a Campana, donde ya se investiga a supuestos testaferros de propiedades y automóviles que podrían pertenecer en realidad a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino. Esta decisión fue apelada por el fiscal Simón.

Así llegó a estudio de la Cámara Federal de Tucumán, pero el fiscal ante esa instancia, Rafael Vehils Ruiz, decidió no sostener la apelación contra la resolución de Argibay, quien además de rechazar abrir la investigación se declaró incompetente por razón de territorio y remitió la causa al juez federal de Campana, González Charvay.

En la resolución firmada por los jueces de la Cámara Federal de Tucumán, Patricia Moltini, Fernando Poviña, Mario Leal y Marina Cossio, se recordó que el artículo 443 del Código Procesal Penal habilita al Ministerio Público Fiscal a desistir de sus recursos, incluso cuando hubieran sido presentados por un fiscal de grado inferior. “Corresponde tener por desistido el recurso de apelación oportunamente impetrado”, señalaron los camaristas, en la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

El reclamo fiscal

Antes de que el fiscal general retirara el recurso, Simón había reclamado que la causa siguiera en Santiago del Estero y que se ordenara la apertura formal de la investigación. También pidió que se diera intervención al Consejo de la Magistratura para analizar la conducta de Argibay.

Con el desistimiento de la apelación, quedó confirmado el traslado del caso al juzgado federal de Campana. Además, el Tribunal de Apelaciones tucumano declaró “inoficioso” pronunciarse sobre otros planteos vinculados al caso.

En su dictamen, el fiscal Simón había reclamado abrir la causa penal en Santiago del Estero y detener a Tapia, Toviggino y una veintena de imputados señalados como supuestos testaferros o prestanombres para las sociedades por las que habría pasado dinero espurio. Al tesorero de AFA lo imputó como supuesto jefe de asociación ilícita.

Según surgió de su dictamen, el gobierno de Santiago del Estero habría transferido más de $1.243 millones en dos años a una empresa de seguridad llamada SEGON SRL, vinculada al círculo íntimo de Pablo Toviggino. La firma ganó en junio de 2024 una licitación para proveer vigilancia en el Hospital Regional Ramón Carrillo, el mayor establecimiento sanitario de la capital provincial, por $380.160.000 a doce meses. Pero las transferencias comenzaron cinco meses antes de la firma del decreto de adjudicación y superaron ese monto: $633.550.169 en 2024 y otros $609.385.635 en 2025. La investigación se abrió a partir de una denuncia recibida en diciembre de 2025.

Apenas rechazó el dictamen fiscal, el juez Argibay fue apartado del caso por la Cámara Federal de Tucumán por supuestos vínculos de un familiar suyo con una operación comercial vinculada a parientes de Toviggino que podrían afectar su imparcialidad. Lo había pedido el fiscal Simón al argumentar que una hija del juez vendió una propiedad a allegados del tesorero de la AFA. Según la fiscalía, el dinero utilizado para adquirir el bien habría tenido un origen ilícito, y está conectado al circuito que se investiga.

El futuro de la causa que investiga si una casaquinta en Pilar valuada en 17 millones de dólares está a nombre de presuntos testaferros de dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino, entre ellos su tesorero Pablo Toviggino, quedó este viernes más cerca de una definición final.

En lo inmediato y luego de la orden que Casación dio el 15 de mayo pasado para que decidan la cuestión con “celeridad”, los camaristas en lo penal económico Carolina Robiglio y Roberto Hornos pidieron opinión al fiscal ante esa instancia, Gabriel Pérez Barberá.

Ocurrió días después de que el máximo tribunal penal federal dispuso que sean ellos quienes resuelvan el conflicto de competencia que mantiene paralizada la discusión sobre qué juez debe quedarse con el caso.

Antes, el tribunal del fuero económico pidió opinión al fiscal, quien tiene plazo hasta el miércoles próximo para presentar su dictamen, según explicaron a Infobae fuentes judiciales.

Tres juzgados para una quinta

La disputa puede volver a cambiar de manos una investigación que ya pasó por tres jueces distintos. El expediente busca determinar si la sociedad Real Central, de Luciano Pantano y su madre Ana Conte, adquirió la mansión de Villa Rosa y otros bienes como presuntos testaferros de autoridades de la AFA.

El lugar fue allanado por el primer juez del caso, el federal Daniel Rafecas, y se encontraron pertenencias que apuntarían al tesorero Toviggino. Los únicos imputados son Pantano y Conte, quienes designaron defensa y lograron suspender una citación judicial que había cursado el anterior juez del caso, el penal económico Marcelo Aguinsky. Lo hicieron al presentar el planteo de inhibición por correo electrónico ese mismo día ante el juzgado federal de Campana, que les fue aceptado.

El 15 de mayo pasado, Casación anuló el envío de la causa a ese juzgado a cargo del juez federal Adrián González Charvay, una decisión que había tomado durante la feria judicial de enero el camarista de San Martín Alberto Lugones. La nulidad no se basó en el fondo del planteo sino en una cuestión formal: como el expediente estaba radicado hasta entonces en el fuero penal económico porteño, debía ser la Cámara Nacional en lo Penal Económico la encargada de resolver el conflicto de competencia y no la Federal de San Martín.

Ahora el tribunal deberá elegir entre posturas contrapuestas. Por un lado, la defensa de los supuestos testaferros reclamó que la investigación siga en Campana porque los bienes están ubicados en Pilar, dentro de esa jurisdicción.

Esta postura fue la aceptada por González Charvay, quien le pidió el expediente a Aguinsky. Como este último juez se negó, el conflicto lo zanjó el Tribunal de San Martín a favor del magistrado de Campana, quien lleva el caso desde entonces.

Del otro lado, la fiscalía apeló y sostiene que los hechos investigados exceden la ubicación geográfica de la quinta y que las maniobras pudieron haberse realizado también en la sede de AFA de la calle Viamonte y otros domicilios de la ciudad de Buenos Aires vinculadas a posibles operaciones de lavado de dinero.

Si la Cámara decide devolver el expediente al fuero penal económico, la causa quedará a cargo de María Verónica Straccia, quien reemplazó a Aguinsky en el juzgado donde estaba radicada la investigación, el penal económico 10, que está vacante. Una tercera posibilidad sugerida por el fiscal ante Casación Mario Villar, sería que retome la investigación el primer juez que intervino, el federal porteño Daniel Rafecas.

La quinta, los autos y el helipuerto

La pesquisa apunta además a una flota de autos de colección hallada en un galpón dentro del predio, que cuenta con helipuerto y caballerizas. Los investigadores intentan establecer si todos esos bienes pertenecen en realidad a algún dirigente de la AFA que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

La decisión de Casación fue adoptada por mayoría por los jueces Angela Ledesma y Javier Carbajo. En disidencia votó Mariano Borinsky, quien consideró inadmisible la apelación fiscal y advirtió que se estaba generando una “solución dilatoria” contraria a los principios de economía y celeridad procesal.

Mientras continúa la discusión sobre la competencia, González Charvay avanzó en Campana con nuevas medidas de prueba para reconstruir el origen del dinero utilizado para comprar la propiedad, la colección de vehículos de lujo, caballos árabes y construir el helipuerto.

Cuando el expediente estuvo en manos del juez Aguinsky se detectó que Pantano utilizaba una tarjeta corporativa de AFA cuyo resumen llegaba a la sede porteña en la calle Viamonte con la que se pagaban entre muchos otros gastos los telepases de los autos guardados en el predio.

Por orden de Rafecas se tasó la propiedad y todo lo hallado en su interior y los peritos oficiales concluyeron que el valor asciende a 20 millones de dólares. Cuando lo compró, la sociedad de Pantano escrituró el predio por 1.8 millones.

La Cámara Federal porteña ordenó este jueves avanzar en el proceso de envío a juicio oral en ausencia de los ciudadanos iraníes y libaneses acusados por el atentado a la AMIA, pese a que todavía hay pendiente un planteo de inconstitucionalidad de la ley a estudio de otro tribunal superior, Casación Penal.

La decisión fue de los jueces de la sala I del Tribunal de Apelaciones integrado para esta causa por Mariano Llorens y Martín Irurzun quienes revocaron una decisión previa del juez federal Daniel Rafecas, vinculada a la necesidad de esperar el fallo de Casación antes de continuar con el trámite del caso. El máximo tribunal penal federal del país tiene a estudio una apelación de la defensa oficial desde octubre de 2025, cuando se concedió el recurso. En febrero pasado las partes presentaron sus argumentos. Ahora, la defensa también podría apelar esta nueva resolución que habilita a decidir situaciones procesales sin esperar ese fallo.

La Cámara Federal consideró que puede avanzarse en el camino a decidir la elevación a juicio en ausencia al remarcar que los acusados están rebeldes, según supo Infobae en fuentes judiciales.

La defensa oficial de los acusados a cargo de Hernán Silva presentó un recurso Casación para plantear la inconstitucionalidad de la Ley 27784.

El titular de la Unidad Fiscal AMIA, Sebastián Basso, había pedido a Rafecas seguir adelante y reclamó en un dictamen procesar a los acusados. Pero el magistrado consideró que debía aguardarse la confirmación de la validez del juicio en ausencia por parte del máximo tribunal penal federal del país. Un equipo del juzgado trabaja desde hace meses en el avance de esta parte del caso.

La validez del juicio en ausencia ya fue resuelta por Rafecas, en una decisión confirmada en la Cámara Federal porteña el año pasado.

Necesidad de celeridad

Ahora la Cámara Federal ordenó seguir adelante con el caso aunque no esté aún el fallo de Casación. Para el camarista Llorens debe priorizarse “la necesidad de dotar de celeridad a la causa a través de un proceso que tumbe las barreras formales que distancian el conflicto de la reacción judicial esperada”.

El magistrado remarcó además que el atentado a la AMIA “no constituye un delito ordinario susceptible de ser sanado por el mero transcurso del tiempo” y recordó que “ya han pasado más de treinta años desde el atentado contra la sede de la AMIA y este deber estatal aún no ha sido cumplido”.

Llorens citó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Asociación Memoria Activa vs. Argentina” y enfatizó que el Estado debe “hacer todo lo necesario para conocer la verdad de lo ocurrido”. También recordó que la Corte IDH ordenó “remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantienen la impunidad total en este caso”.

En otro tramo del fallo, el camarista defendió la aplicación de la ley de juicio en ausencia y advirtió que “paralizar la prosecución de la causa en ese contexto implica diluir las metas de la ley”. Añadió que “es hora de que la magistratura asuma el rumbo del caso, asegurando, gracias a la legítima herramienta obtenida, el avance del trámite de una vez por todas”.

Irurzun, por su parte, sostuvo que “asiste razón a la fiscalía en lo medular de su planteo” y remarcó que la ley 27.784 fue creada para “permitir el avance de enjuiciamientos por los crímenes más graves contra los derechos humanos, cuando aquello se encuentre obstaculizado por la rebeldía de los implicados”.

También afirmó que “no es admisible anteponer obstáculos formales de derecho interno que puedan contribuir a que se impida la investigación, juzgamiento y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de los derechos humanos”.

La Sala I finalmente resolvió “revocar la resolución apelada y avanzar conforme lo peticionado por el representante del Ministerio Público Fiscal”.

Basso, titular de la UFI AMIA, había pedido el procesamiento de diez iraníes y libaneses acusados en la causa por el atentado a la mutual judía del 18 de julio de 1994 que causó 85 muertos y centenares de heridos en la sede de Pasteur 633, del barrio porteño de Once. Además imputó y pidió la captura internacional de Alí Asghar Hejazi, uno de los jerarcas del régimen.

Los diez acusados están prófugos de la Justicia argentina y con alertas rojas de Interpol vigentes desde 2006. Se trata de Alí Fallahijan, Ali Akbar Velayati, Moshen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Ahmad Reza Ashari o Mohsen Randjbaran, Mohsen Rabbani, Salman Rauf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar.

El encargado del edificio donde vivió el matrimonio Kirchner en Recoleta, Julio César Silva, desmintió haber visto bolsos y valijas en manos del fallecido ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, cuando ingresaba para ir al departamento de su jefe en el quinto piso. Casi de inmediato admitió que pudo cometer un delito cuando firmó sin estar de acuerdo una declaración en 2018, donde quedó consignada la afirmación que ahora negó.

“Eso yo no lo dije”, aseguró el encargado del edificio de Juncal y Uruguay sobre su declaración del 14 de agosto de 2018 ante el juez federal Claudio Bonadioy el fiscal Carlos Stornelli. Declaró durante dos horas y media en el juicio a CFK por el caso Cuadernos ante el Tribunal Oral Federal 7.

Silva, de 68 años, había contado poco antes que en ese trámite le recordaron que “tenía dos hijas” y tenía que declarar todo lo que sabía. “No sentía que lo que respondía estaba bien”, dijo. El Tribunal le leyó el tramo de esa declaración donde aseguró: “entre 2007 y 2010 he visto movimientos de bolsos y valijas con una frecuencia semanal o a veces de 15 días. No puedo precisar cuántas veces, Muñoz venía con dos o tres personas y luego se retiraban”.

Luego de escucharlo, el encargado dijo: “Ahí es donde cometí un delito y lo acepto que firmé pero no estaba de acuerdo ni lo leí”. Acto seguido, negó haber dicho eso.

Sobre ese día de 2018 en los tribunales de Comodoro Py, contó que estuvo con el juez y el fiscal y que, dijo, le recordaban que tenía dos hijas. “Uno entraba y el otro salía, así fue el interrogatorio mío. Lo pasé muy mal y después que me fui de ahí en el barrio iban a insultarme al edificio, hijo de mil puta me decían, vos debés ser otro chorro como ella me decían. Lo pasé muy mal con toda mi familia”.

El allanamiento al departamento de CFK

Silva también contó por primera vez en el juicio algo que, según él, ocurrió durante un allanamiento al departamento de los Kirchner en el edificio de Uruguay y Juncal. Fue ante una pregunta del abogado defensor del acusado ex director de Yacyretá Oscar Thomas, José Manuel Ubeira. “Sí, habían allanado. Estuve en ese allanamiento 11 horas y media. Y hubo un momento, a las 18.30, no me puedo olvidar, cuando llamó el juez al comisario inspector a cargo. A los gritos, que se sentían, le dijo que no había nada en el edificio y el juez le dijo: ‘Se van a quedar hasta mañana, hasta que encuentren algo’”.

“Lo escuchaba claro. Llamó al juez y le dijo: ‘Señor, acá no hay nada, damos por terminado el operativo si usted está de acuerdo’. Y le contestó: ‘Si no encuentran algo, hasta mañana se van a quedar ahí’”. “A los gritos hablaba la persona que estaba del otro lado. El que contestó, la persona que estaba del otro lado, era el que gritaba por el celular y se escuchaba clarito”.

Sobre Daniel Muñoz precisó: “siempre andaba con un portafolio y a veces andaba con un bolsito de mano”, dijo ahora. Explicó que el fallecido secretario de Néstor Kirchner “tenía llave del piso” de la familia presidencial. “Ingresaba por Juncal o Uruguay, tenía acceso con las dos llaves”, detalló y explicó que “en el caso del señor Muñoz a veces lo veía y a veces no”.

Sobre el vínculo entre ambos, contó que como encargado recibía cientos de cartas que personas dejaban a los Kirchner pidiendo trabajo y que incluso, el ex secretario privado le consiguió empleo a sus dos hijas en sendos Ministerios. Una trabajó desde los 18 años hasta que asumió la presidencia Mauricio Macri, cuando “la sacaron”, recordó.

Al responder a la fiscal Fabiana León, el encargado contó que conoció a Néstor, Cristina, Máximo y Florencia Kirchner y que dejaron de vivir allí un mes después de la llegada a la presidencia del primero. La ex presidenta volvió cuando dejó su cargo como Vicepresidenta. “No era encargado de Cristina Kirchner o Néstor Kirchner, soy encargado del edificio”, afirmó y dijo que nunca tuvo llave del departamento del quinto piso, propiedad de la ex presidenta.

El encargado dijo que trabaja en el edificio desde 1989. Durante la investigación, en 2018, declaró haber visto “movimientos de bolsos y valijas con una frecuencia semanal o a veces de quince días”, algo que hoy desmintió.

Este no fue el debut de Silva como testigo en un juicio oral en relación a quienes habitaron ese departamento del quinto piso, en el edificio de Uruguay 1306 en el que el encargado trabaja desde 1989. En noviembre de 2021 declaró en la causa Vialidad.

Cuando se presentó en ese juicio oral, donde finalmente se condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta, la pena que le valió a la ex presidenta el actual arresto domiciliario y el multimillonario decomiso de sus bienes, el encargado no hizo alusión a bolsos o valijas, pero sí habló de Muñoz. “No venía muy seguido”, refirió. “Muy esporádicamente venía. Venía correspondencia de gente que solicitaba trabajo y cada 15 o 20 días le daba lo que le había juntado, unas 500 o 600 cartas, que le entregaba. Todo el mundo quería trabajo. Todo lo que declaré es verdad”, dijo en ese debate oral.

Ahora, en el caso Cuadernos, respondió bajo juramento de verdad, de manera puntual, sobre lo que declaró durante esta investigación en 2018, ante el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. Las preguntas llegarán tanto desde la fiscalía como desde la querella, los defensores y los jueces del Tribunal Oral Federal 7.

La acusación fiscal sostiene que al departamento presidencial, en el barrio de Recoleta, llegaban bolsos con dinero proveniente de las coimas, y que eran recibidos por Muñoz.

La declaración de Silva estaba prevista para el martes pasado, pero no pudo concretarse por la extensión que demandó la de quien lo antecedió, Jorge Bacigalupo, el ex policía que recibió la caja que contenía los originales de los cuadernos, de manos del remisero Oscar Centeno, y la guardó durante más de un año hasta que se la dio la periodista Diego Cabot.

A su vez, se pasó el testimonio de Hilda Horovitz, expareja de Centeno, para el martes de la semana que viene.

En el juicio oral, a cargo de los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Méndez Signori, la expresidenta está acusada como supuesta jefa de una asociación ilícita, que habría funcionado dentro del Poder Ejecutivo Nacional entre 2003 y 2015. Le imputan 205 hechos de presunto cobro de sobornos, vinculados al pago por parte de empresarios para obtener adjudicaciones de obra pública. Junto con la exjefa de Estado se juzga a 19 exfuncionarios, dos de sus choferes y 65 empresarios.

El fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial amplió la acusación contra el presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y otros tres acusados por presunta evasión agravada e impulsó una investigación por uso de facturas falsas en base a una denuncia de ARCA. El organismo pidió determinar además si existió una “asociación ilícita fiscal”.

En la denuncia que está a cargo del juez en lo penal económico Diego Amarante, la jefa de la Sección Penal de la División Jurídica Dirección Control Grandes Contribuyentes de ARCA, Vanina Vidal, sostuvo que los responsables de la Asociación del Fútbol Argentino habrían utilizado facturación apócrifa, con el fin de ocultar a los verdaderos destinatarios del dinero correspondiente al impuesto a las Salidas No Documentadas por los períodos fiscales 2024 y 2025 por la suma que asciende a un total de $289.336.519,66.

Proveedores en la mira

Se aseguró que la AFA utilizó proveedores presuntamente falsos entre 2024 y 2025. El monto investigado asciende a $289.336.519,66, aunque la determinación de oficio fijó una base imponible total de $916.527.614,05 y un ajuste a favor del fisco de $320.784.664,61, más intereses y multas.

Navas Rial recordó en su dictamen al que tuvo acceso Infobae que ARCA argumentó que la nueva denuncia más los cargos por los que ya están procesados los dirigentes futbolísticos por retención indebida de aportes impositivos y a la seguridad social serían suficientes para investigar un nuevo delito, la presunta existencia de una “asociación ilícita fiscal”.

La fiscalía pidió medidas de prueba y concluyó que en la denuncia se alude a 24 proveedores, cuyas operaciones y pagos fueron cuestionados. “Las actuaciones administrativas darían cuenta de un accionar presuntamente ilícito, en el marco de la actividad habitual de la contribuyente Asociación del Fútbol Argentino, en atención a haberse detectado erogaciones, salidas de dinero, cuyo respaldo documental es inconsistente”, evaluó.

La acusación

En la denuncia se mencionaron una serie de irregularidades detectadas por la fiscalización: proveedores inexistentes o no localizados, falta de estructura operativa, ausencia de empleados y bienes, inconsistencias bancarias, domicilios falsos y sociedades vinculadas entre sí. También “circuitos comerciales cerrados”, cheques con múltiples endosos y empresas que facturaban actividades ajenas a su objeto social.

Como ejemplo, en el dictamen se mencionó a Central Hotel S.R.L., que facturó $9,6 millones por “obras realizadas en el predio Ezeiza” pese a estar inscripta en actividades hoteleras. También a Capadoccia S.R.L., que habría emitido facturas por más de $56 millones sin poder justificar capacidad operativa, y a Prussian Blue S.R.L., vinculada a supuestos servicios digitales pese a que sus integrantes, según la denuncia, realizaban trabajos ocasionales y carecían de conocimientos técnicos.

El fiscal sostuvo que existen elementos suficientes para investigar si se cometió el delito de evasión agravada previsto en el Régimen Penal Tributario, por supuesta utilización de facturas falsas. Además, señaló que “las maniobras habrían sido reiteradas y sostenidas por un lapso ininterrumpido de tiempo”.

La presentación apunta a las autoridades de la AFA: Tapia, Toviggino, Víctor Blanco, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo, a quienes ARCA pidió investigar por su rol en la administración y también a la entidad rectora del fútbol argentino como persona jurídica.

En su requerimiento, Navas Rial solicitó nuevas medidas de prueba, entre ellas la remisión completa de los legajos de proveedores cuestionados y la documentación bancaria vinculada a los cheques utilizados en las operaciones bajo sospecha.

En la investigación el juez Amarante ya procesó a los cinco dirigentes y ahora esa decisión está a estudio de la Cámara Nacional en lo Penal Económico. Además Tapia fue autorizado a viajar al Mundial por el magistrado, ya que tiene prohibición de salida del país y debe pedir permiso ante cada ida al exterior.

El ex funcionario kirchnerista Claudio Uberti, arrepentido clave que incriminó a Cristina Kirchner en el caso Cuadernos, reclamó que le concedan la prisión domiciliaria luego de quedar detenido, condenado a 4 años y seis meses de prisión, por intento de contrabando de casi 800 mil dólares en una valija que trató de ingresar al país el venezolano Guido Antonini Wilson, en 2007.

Uberti está preso en la cárcel de Ezeiza desde el 11 de febrero pasado, luego de que la Corte Suprema de Justicia dejó firme la pena por el intento de contrabando de 790.550 dólares ocurrido en agosto de 2007 en Aeroparque, cuando Antonini Wilson llegó al país con el maletín en un vuelo privado donde también viajó Uberti, por entonces titular del Organo de Control de Concesiones Viales.

A la hora de reclamar que salga de prisión y vaya a su casa a terminar de cumplir la condena, la defensa del ex funcionario de 68 años argumentó además de razones de salud, su temor por amenazas que denunció haber recibido para que no vuelva a declarar en la causa Cuadernos, donde con sus dichos incriminó a la ex presidenta Cristina Kirchner. De hecho, el propio Uberti anticipó en una de las audiencias que no hablará ni responderá preguntas hasta que se defina el tema de su detención.

La prisión domiciliaria

El fiscal de la Unidad Fiscal de Ejecución Penal, Nicolás Czizik, se opuso a concederle el beneficio al considerar que no reúne los requisitos legales para abandonar el penal de Ezeiza. Al respecto sostuvo que no existen “circunstancias que habiliten modificar la modalidad de cumplimiento de pena ya dispuesta por el Tribunal de sentencia” y afirmó que el estado de salud de Uberti no alcanza el “umbral de gravedad” requerido por la ley. Según el dictamen, un informe del Cuerpo Médico Forense determinó que el exfuncionario se encuentra “clínicamente compensado” y mantiene “íntegra su capacidad” para valerse por sí mismo.

Respecto de los temores por su seguridad, el fiscal consideró que la condición de “imputado colaborador” no constituye por sí sola una causal para otorgar la prisión domiciliaria. Señaló además que el tratamiento psicológico sugerido para Uberti puede realizarse dentro del penal, que dispone de un equipo de salud mental.

En el dictamen también se descartó que la edad del condenado implique automáticamente el acceso al beneficio. El fiscal sostuvo que el arresto domiciliario es “un instituto fundado en razones humanitarias” y que su procedencia exige “una valoración que excede la mera verificación de la edad cronológica”.

Pero en paralelo, el Servicio Penitenciario Federal informó a la Justicia que no cuenta con un lugar para alojar a un interno de sus características, a raíz de las amenazas de muerte que denunció haber recibido, tanto él como miembros de su familia, por su rol de arrepentido en Cuadernos. Desde que quedó preso está en el hospital de la cárcel de Ezeiza bajo condiciones de seguridad especiales. Durante un breve período estuvo alojado en un pabellón que había sugerido el SPF, pero luego pidió volver al hospital.

Sigue participando de manera virtual desde la cárcel en el juicio oral por Cuadernos, que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal 7, y de hecho estuvo conectado a la audiencia de este martes. Los jueces y la fiscalía fueron puestos en conocimiento de las presentaciones por parte del Tribunal a cargo del caso Antonini Wilson. La decisión sobre el beneficio que reclama deberá tomarla la jueza de ejecución de su condena en el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1, Sabrina Namer.

Qué dijo Uberti en el caso Cuadernos

El ex funcionario kirchnerista quedó preso con este juicio oral en marcha y, hasta ahora, optó por guardar silencio. Cuando fue el turno de su declaración indagatoria, en marzo pasado, sólo habló para decir que vive “en un estado de terror permanente” desde que quedó preso, con temor a “que se abra la puerta del hospital del penal de Ezeiza” y lo manden “con la población carcelaria común” donde lo consideran “un buchón”.

“No soy un cobarde, tampoco soy un valiente, estoy sometido a una enorme angustia desde 2007, pero me interesa decir que un arrepentido no es un traidor”, acotó en esta audiencia y anticipó que declararía en Cuadernos cuando su situación carcelaria “esté resuelta”.

Su abogado Guillermo Armani sostuvo a su vez en el juicio que “hasta el día de hoy” Uberti “sigue siendo arrepentido y sigue siendo colaborador” y agregó: “Oportunamente el señor Uberti dirá lo que tenga que decir”.

Cuando declaró en la investigación ante el fiscal federal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio, quien homologó el acuerdo de colaboración, complicó a la ex presidenta que ahora es juzgada junto con él. “Yo le llevaba a Néstor Kirchner bolsos con el dinero que recaudaba de las concesionarias viales que estaban bajo mi órbita. Las entregas se hacían en el despacho presidencial de la Casa Rosada o en la Quinta de Olivos. También hubo entregas en el domicilio de De Vido” y acotó que “Cristina Kirchner estuvo presente varias veces en las que yo fui a dejar los bolsos, ella sabía todo lo que se hacía”.

Un contador y ex apoderado de la firma Austral Construcciones de Lázaro Báez tendrá que pagar una multa de poco más de 100 millones de dólares como parte de su condena a tres años de prisión en suspenso por lavado de activos, en la causa por la ruta del dinero K. Se trata de Claudio Bustos, un cordobés que fue juzgado junto a su ex jefe y otros acusados, y que si bien evitó ir preso porque la condena fue en suspenso, tendrá que afrontar ese pago confirmado ahora por la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.

Pesos o dólares

Los jueces Javier Carbajo, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos rechazaron un planteo de la defensa que buscaba recalcular el monto y pasarlo a pesos argentinos tomando la cotización del dólar oficial que regía en 2010, fecha en la cual -según se concluyó en el juicio oral- comenzaron a cometerse los delitos de lavado de activos por parte de los Báez.

El planteo quedó descartado y la multa a pagar se fijó en 109.745.733 dólares, que podrán abonarse en pesos pero a la cotización oficial del dólar vendedor al momento del pago efectivo.

La defensa había planteado que resultaba “absolutamente arbitrario expresar en dólares estadounidenses un depósito bancario realizado en pesos argentinos” y sostuvo que, por aplicación del principio de legalidad, “la pena de multa impuesta debía calcularse no sólo tomando el valor de la operación al momento de la comisión del hecho sino en moneda de curso legal”. En esa línea, pidió que “se ordenara fijar el monto de pena de multa según la cotización vigente al momento de los hechos”.

Sin embargo, los jueces ratificaron el criterio del juez de ejecución de la pena, que había fijado la multa “en la cantidad de pesos equivalentes a U$S 109.745.733,38, conforme la cotización oficial del dólar minorista vendedor que fije el Banco Central de la República Argentina, al momento de su efectivo pago”.

Casación sostuvo que la actualización no agrava la pena sino que preserva su valor real frente a la inflación y recordó que el monto de la operación de lavado ya quedó con condena firme, por ende es cosa juzgada y no puede revisarse.

La condena

Bustos fue condenado al término de un juicio oral por la llamada “ruta del dinero K” como partícipe necesario desde “Austral Construcciones”, en el montaje de un “complejo circuito de expatriación y reingreso de fondos” que se fijó en un total de U$S 54.872.866,69.

En ese juicio oral fueron condenados Lázaro Báez, su hijo Martín y otros acusados como el arrepentido Leonardo Fariña. Todas las penas quedaron firmes por decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y comenzó la etapa de ejecución de la sentencia, que incluye las multas.

En el caso del hijo mayor de Báez, Martín, Casación también intervino la semana pasada y le rechazó un recurso para pagar en cuotas el monto de u$s 274 millones que se le impuso, con lo cual al estar impaga podría avanzarse en el remate de sus bienes.

Lázaro Báez fue condenado a 10 años de prisión por las maniobras cometidas entre 2003 y 2015, durante el kirchnerismo, y está detenido cumpliendo 15 años de cárcel por esta pena más los seis años de la causa Vialidad, donde se lo juzgó y condenó junto a la ex presidenta Cristina Kirchner.

El juez en lo penal económico Diego Amarante autorizó este lunes al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, a viajar al Mundial a cambio de depositar una caución de 30 millones de pesos, en la causa en la que está procesado por presunta retención indebida de aportes.

Tapia podrá ausentarse del país desde el 27 de mayo al 21 de julio próximos, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae. En primer lugar viajará a Hungría por “compromisos deportivos e institucionales” que debe cumplir como miembro del Consejo Directivo de la Conmebol y como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Desde allí partirá a Estados Unidos, México y Canadá. Primero asistirá a la final del torneo ‘UEFA Champions League’ y luego participará de las distintas actividades oficiales y protocolares vinculadas a la Copa Mundial FIFA 2026.

UEFA, amistosos de la Selección y el Mundial

En primer término Tapia irá a la final de la ‘UEFA Champions League’ en Budapest el 30 de mayo con ceremonia prevista para el 29; luego verá los partidos amistosos que la Selección Argentina disputará frente a Honduras y a Islandia el 6 y 9 de junio, respectivamente, en Estados Unidos. Finalmente participará de las diversas actividades oficiales y protocolares vinculadas al Mundial, entre el 10 de junio y el 19 de julio en ese país, México y Canadá.

El juez que procesó a Tapia y lo embargó por 350 millones de pesos por supuesta retención indebida de aportes de la AFA consideró que “no existen elementos objetivos que impidan la salida del territorio nacional en las concretas condiciones informadas”.

Tapia “dio adecuado cumplimiento, en tiempo y forma, a las condiciones impuestas por el tribunal” en autorizaciones anteriores para salir del país, agregó además.

El juez advirtió que cualquier “modificación, desvío o apartamiento de las condiciones” que se establecieron para autorizar el viaje derivará en “una violación directa a los compromisos de sujeción al proceso” asumidos por Tapia. El titular de la AFA tendrá que informar su regreso al país dentro de las 48 horas de concretado.

La causa judicial

Tapia está procesado desde el 30 de marzo pasado sin prisión preventiva pero con prohibición de salida del país, por lo cual debe pedir permiso ante cada viaje al exterior.

Amarante mencionó en su resolución que en las fechas previstas para el viaje no hay ningún compromiso judicial al que deba asistir el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Su procesamiento está a estudio de la Cámara Nacional en lo Penal Económico al igual que el del tesorero Pablo Toviggino y otros tres acusados.

En el caso de Tapia y de la AFA se declaró desierta su apelación porque no se presentaron a tiempo sus fundamentos pero igualmente la situación será revisada por el Tribunal de Apelaciones que además tiene que decidir si acepta un planteo de la fiscalía y la querella de ARCA para agravar la acusación y sumar hechos de evasión dejados de lado al resolver las situaciones procesales. Las defensas reclamaron los sobreseimientos.

Además del presidente y el tesorero de AFA están acusados Cristian Malaspina (actual secretario general) y los ex directivos Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Lorenzo. A todos se los consideró responsables del delito de apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, agravado por la intervención de más de dos personas en una estructura organizada. La AFA como persona jurídica también está procesada y embargada por 350 millones de pesos.

La Justicia constató que la suma de la documentación sobre pagos a proveedores que entregó Matías Tabar, el contratista que refaccionó la casa del jefe de Gabinete Manuel Adorni en el club de golf Indio Cua en Exaltación de la Cruz, coincide con los 245 mil dólares que el testigo declaró que se gastaron.

El viernes último, Tabar se presentó de manera espontánea en la fiscalía federal de Gerardo Pollicita que investiga al funcionario nacional por supuesto enriquecimiento ilícito y dejó todos los comprobantes -remitos y recibos- de las compras a proveedores y mano de obra por los trabajos que se fueron realizando. Según afirmó, el Jefe de Gabinete le pagó en persona, en efectivo con dólares y sin recibo.

Cuando declaró por primera vez se presentó en Comodoro Py con un listado de cada item pero sin ningún tipo de comprobante para demostrar el monto al que hizo referencia: y que el jefe de Gabinete negó de manera rotunda: refacciones por 245 mil dólares. Esto lo subsanó el viernes cuando dejó la documentación que los proveedores le entregaban a su empresa como intermediaria y además copias de mensajes que mantuvo con quienes iba convocando para los trabajos. Durante el fin de semana, la fiscalía se dedicó a sumar todo y el resultado coincide con los 245 mil dólares que el contratista declaró que se gastó, según explicaron a Infobae fuentes del caso.

Tabar se ocupó de recuperar todos los datos que podrían servir para corroborar su versión de los hechos, después de los comentarios del presidente Javier Milei que lo calificó de “militante kirchnerista” y de “mentiroso”. El contratista declaró bajo juramento de verdad que Adorni le pagó en efectivo, en negro y sin recibos por la renovación de su casa de Exaltación de la Cruz.

En ese acto, aportó un listado de todos los trabajos que se hicieron en la vivienda, y dejó fotos y videos del antes y después, pero sin recibos ni remitos de compras y pagos a proveedores que ahora sí entregó a la Justicia. El jueves de la semana pasada Tabar habló ante la prensa y dijo confiar en la inocencia de Adorni. Un día más tarde y sin aviso, volvió a Comodoro Py con remitos y recibos de proveedores de Indio Cua.

La marcha de la causa

Tabar es socio del grupo Alta Arquitectura. Ubicó el período de trabajo entre octubre de 2024 y julio de 2025 y aclaró que no solo se dedicó a las refacciones de obra, sino también a la renovación de otros aspectos del hogar, como los muebles.

La casa se renovó en la entrada, garaje, galería, escaleras, pintura interior, enduido y reparación de paredes; hubo cambio de pisos por porcelanato, revestimiento exterior tipo tarquini, reforma de parrilla, remodelación de la pileta con cascada.

Por otro lado, la investigación avanza además con nuevos pedidos de informes a dos billeteras cripto y un relevamiento sobre gastos de tarjetas de crédito de los imputados Adorni y su esposa Bettina Angeletti. Además la fiscalía tiene bajo la lupa una veintena de viajes -por Argentina y el mundo- que hizo la familia desde 2022 a la fecha. Una vez que la búsqueda de información esté completa, se terminará con el envío de los datos a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, a la que se encomendó un estudio de la evolución patrimonial del matrimonio.

Cuando se reciba el resultado y si se detectan inconsistencias, se intimará al Jefe de Gabinete a justificarlas, para lo cual tiene un plazo de 15 días prorrogables por igual período. Si la respuesta no es considerada satisfactoria, se podría avanzar en un reclamo de citación a declaración indagatoria, que debe hacerse ante el juez del caso, Ariel Lijo.

La Cámara Federal de Casación Penal anuló una decisión que daba luz verde a continuar con desmontes en bosques nativos de la provincia del Chaco y ordenó que se dicte un nuevo fallo. La decisión fue adoptada por la Sala IV, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, en una causa que investiga presuntas irregularidades y hechos de corrupción vinculados al otorgamiento de permisos.

El tribunal hizo lugar a los recursos presentados por la fiscalía y la querella de la "Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas" contra la resolución de la Cámara Federal de Resistencia que había confirmado el levantamiento parcial de una medida cautelar dictada en agosto de 2024, que había frenado la tala de bosques, ante la sanción de una ley provincial en la materia.

En su voto, Borinsky sostuvo que el fallo cuestionado no explicó de manera suficiente por qué la sanción de una nueva ley provincial implicaba un cambio real en el riesgo ambiental que justificara levantar la cautelar. El magistrado advirtió que “no se examinó si el nuevo régimen establece un estándar de protección más riguroso o, por el contrario, habilita mayores superficies de desmonte”. La causa analiza supuestas maniobras irregulares en la autorización de desmontes en bosques nativos chaqueños. Según destacó Casación, la investigación remite “a un eventual fenómeno de corrupción en la administración de tales autorizaciones”.

Protección efectiva de los bosques

Borinsky remarcó además que el tribunal inferior omitió responder agravios centrales planteados por la fiscalía y la querella, entre ellos que el levantamiento de la cautelar dejaría sin protección efectiva los bosques involucrados y que durante la vigencia de la medida ya se habían detectado desmontes ilegales. La Sala IV cuestionó también el estándar probatorio exigido por la Cámara de Resistencia.

El fallo recordó que el principio precautorio ambiental impide exigir certeza científica absoluta cuando existe riesgo de daño grave o irreversible. Citó el precedente “Mamani” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según el cual “la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces”.

Real magnitud del daño

En otro tramo, Borinsky defendió la intervención del fuero penal en causas ambientales y sostuvo que la facultad de dictar medidas preventivas “no constituye una indebida intromisión” sobre competencias provinciales sino el ejercicio del rol judicial de garantizar derechos constitucionales como la protección del ambiente prevista en el artículo 41 de la Constitución.

El juez Hornos sostuvo por su parte que debía mantenerse directamente la cautelar porque todavía no hay un peritaje que determine “la real magnitud del daño” ocasionado por los desmontes denunciados y afirmó que levantar la medida implicaría consolidar “un riesgo ambiental potencialmente irreparable”.

Hornos agregó que las modificaciones regulatorias posteriores “no neutralizan, por sí solas, el deber jurisdiccional de prevenir daños ambientales de incidencia colectiva” y advirtió que los organismos provinciales encargados del control son justamente algunos de los investigados en el expediente. El derecho a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado “afecta al conjunto de la comunidad de vida, al ser humano actual y a las generaciones por venir”, advirtió.

“En las condiciones actuales y atendiendo a las particulares circunstancias del caso, entiendo que los magistrados de la instancia anterior omitieron ponderar de qué modo la nueva normativa aplicable garantizaría una protección eficaz del bien jurídico tutelado, sin siquiera haber determinado previamente la magnitud del daño presuntamente ocasionado”, concluyó.

Al apelar, la fiscalía sostuvo que el levantamiento parcial de la medida cautelar basada en una nueva ley provincial resulta contradictorio cuando el riesgo de daño irreversible sigue vigente y se han detectado múltiples incumplimientos. También consideró “ilógico” que se delegue el control de los desmontes en la Dirección de Bosques y el Poder Ejecutivo provincial, “cuando estos organismos y sus funcionarios están siendo investigados como partícipes de la asociación ilícita en la misma causa”.

La Sala IV resolvió anular la resolución y reenviar el expediente al tribunal de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento conforme a los parámetros fijados por Casación.

La investigación por supuesto enriquecimiento ilícito a Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, avanzó con un procedimiento en el Ministerio de Defensa, en busca de su designación en los distintos cargos que ocupó e información sobre los sueldos del actual diputado provincial.

Se trató de una orden de presentación que firmó el juez federal Sebastián Casanello a pedido del fiscal del caso Guillermo Marijuán, según supo Infobae de fuentes judiciales. Los efectivos policiales que concurrieron al organismo a fines de la semana pasada se llevaron documentación sobre los nombramientos del hermano de Manuel Adorni y su historial de ingresos por sueldos en cada cargo que ocupó y eventuales retenciones.

La denuncia fue impulsada por la fiscalía luego de una presentación de la diputada Marcela Pagano. Según sostuvo, el hermano del jefe de Gabinete fue nombrado funcionario público poco después de la llegada al gobierno del presidente Javier Milei, en diciembre de 2023, y asumió como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa de la Nación.

En junio de 2025 se lo designó al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF). En las últimas elecciones consiguió una banca en la Cámara de Diputados bonaerense e integra el bloque de La Libertad Avanza.

La documentación será analizada en Comodoro Py como parte de la evidencia que ya se ordenó recolectar y que la fiscalía consideró “indispensable” para reconstruir la evolución patrimonial del actual diputado. Esta causa tramita de manera independiente a la que se sigue a su hermano, el jefe de Gabinete, también por presunto enriquecimiento ilícito en la fiscalía federal de Gerardo Pollicita y a cargo del juez Ariel Lijo.

La investigación al hermano de Adorni quedó radicada en el juzgado federal 6 y la semana pasada las medidas fueron ordenadas por el juez federal Sebastián Casanello, quien reemplazó por una licencia a su par Daniel Rafecas, quien desde este lunes quedó a cargo del expediente.

Los cargos públicos del hermano de Adorni

El fiscal Marijuán tiene delegada la investigación y estimó indispensable contar con la documentación relativa a “designaciones, funciones e ingresos por cargos públicos de Francisco Jorge Adorni”. Por eso pidió librar la orden de presentación en busca de copias del legajo personal, “de los actos administrativos sobre sus designaciones en los cargos que ocupara desde el año 2023 a la fecha y constancias de presentación de Declaraciones Juradas Patrimoniales Inicial, Integral Anual y de Baja (en caso de corresponder) como Titular de la Unidad de Auditoría Interna y como Titular del Instituto de Ayuda Financiera (IAF)”.

La semana pasada se dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario. Según la denuncia de la diputada Pagano, habría tenido un aumento en su patrimonio de un 84 por ciento en un año. El fiscal Marijuán ya pidió informes a más de 30 organismos o entidades, entre ellas la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) desde 2020 a la actualidad, con precisiones sobre declaraciones juradas y pagos, bienes registrables, regímenes de facturación y eventuales sanciones por infracciones aduaneras, entre otros.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) deberán informar sobre la existencia de registros relacionados con el hermano de Adorni, incluyendo impuestos activos, operaciones realizadas y bienes. Respecto a los impuestos asociados a automotores e inmuebles, el fiscal pidió saber quiénes los pagan y si existen deudas.

Marijuán también cursó un oficio a Migraciones para conocer cuántas veces y con qué destino salió del país el imputado, y solicitó que, si hubiera cruces por tierra, se incluya la identidad de sus acompañantes.

Un fiscal pidió duras condenas a prisión y sanciones económicas contra un grupo de empresarios y agentes aduaneros acusados por un multimillonario contrabando de ropa mediante declaraciones de importación falsas entre agosto de 2015 y enero de 2016. Se calcula que el perjuicio al Estado fue de unos 4,5 millones de dólares en seis meses.

El fiscal general Gabriel Pérez Barberá también reclamó que las penas no queden reducidas a condenas simbólicas, en su alegato final en el juicio que se sigue a todos los procesados y advirtió que las demoras judiciales generan una “percepción social de impunidad”. Se juzga a los acusados de integrar una organización que importó mercadería textil simulando ser carbonato de calcio para eludir controles y tributar aranceles mínimos, mediante la confección de falsas DDJJ.

La operatoria siguió la misma mecánica que lo investigado en la megacausa por la “mafia de los contenedores” y es un desprendimiento de esta pesquisa principal, que estuvo a cargo del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky.

Percepción de impunidad

En su alegato la semana última ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 de la ciudad de Buenos Aires, el fiscal reclamó penas de entre 5 y 8 años y seis meses de prisión y expuso que “la obligación legal de tener que aguardar a que la Corte Suprema deje firme una sentencia de condena para que pueda ser ejecutada una pena de cumplimiento efectivo genera una percepción social de impunidad a la que no se puede responder con la Constitución, porque no es verdad que la Constitución exija semejante cosa”.

Pérez Barberá agregó que esa percepción de impunidad es aún más fuerte en los delitos de contrabando y por eso solicitó al tribunal que, “en caso de condena, efectúe un seguimiento estricto respecto de la actuación de la Aduana en la ejecución de las multas y demás sanciones aduaneras”.

En las próximas semanas será el turno de las defensas en el juicio oral. De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, la organización coordinaba el ingreso de productos textiles desde China y declaraba un falso contenido de los contenedores mediante la manipulación de la documentación a su llegada a la Argentina.

Ropa desde China

Se juzga a empresarios, despachantes de aduana, operadores logísticos y funcionarios aduaneros acusados del contrabando sistemático de mercadería textil importada desde China mediante documentación falsa, ropa de manera principal. El esquema permitía pagar aranceles mínimos y eludir controles aduaneros más estrictos.

La investigación identificó 31 hechos consumados y uno en tentativa. En este último caso, la Aduana interceptó un contenedor que había sido declarado como carbonato de calcio pero que en realidad transportaba 80.554 prendas de vestir distribuidas en 415 bultos. El valor estimado de la mercadería y de los tributos rondaba los 600 mil dólares, mientras que el arancel que se intentaba pagar era de apenas 3 mil.

En los restantes contenedores, la fiscalía sostuvo que se importaron en promedio unos 2.500 rollos de tela por operación, equivalentes a unos 25 mil kilos de mercadería. El perjuicio fiscal total estimado supera los 4,5 millones de dólares.

El modus operandi

De acuerdo con el alegato, la organización funcionaba mediante un doble circuito documental. En los “Master Bill of Lading” (MBL) emitidos en origen la carga seguía figurando como textil, mientras que en los “House Bill of Lading” (HBL) y en la documentación presentada ante la Aduana argentina aparecía como carbonato de calcio.

Para la fiscalía, la maniobra quedó acreditada mediante correos electrónicos, documentación secuestrada en allanamientos, diferencias entre los conocimientos de embarque y la intercepción física de contenedores.

Las penas reclamadas

El pedido de pena más alto recayó sobre Walter Moglianesi, para quien la fiscalía solicitó 8 años y 6 meses de prisión como presunto coautor de los 31 hechos consumados y del hecho tentado. Pérez Barberá lo señaló como uno de los supuestos máximos organizadores de la maniobra y destacó “la persistencia”, “la complejidad” y “el desprecio absoluto a su rol como auxiliar del servicio aduanero”.

Para Jorge Fano, presidente de la empresa TT Cargo, pidió 8 años de prisión. Según el fiscal, desde esa firma se introducían sistemáticamente falsificaciones en la cadena documental utilizada para importar mercadería. En el caso de Miguel Ángel Elnen, presidente de la firma Cuiper S.A., considerada por la acusación una empresa ficticia utilizada para ejecutar las operaciones, solicitó 7 años de prisión.

Para José María Zaragoza, acusado de actuar de hecho como despachante junto a sus hijas, el Ministerio Público pidió 7 años y 6 meses de prisión. Pérez Barberá incorporó como agravante el hecho de haber utilizado a sus hijas en las maniobras investigadas. “Un derecho penal con perspectiva de género no puede dejar de tomar en consideración una circunstancia como esta”, sostuvo.

Las hijas del despachante dedicadas a la misma profesión enfrentan pedidos de 5 años y 6 meses de prisión cada una. La fiscalía sostuvo que ambas participaron en la confección de facturas y despachos adulterados indispensables para consumar los hechos. Para Eduardo Urraco, apoderado de TT Cargo, el pedido fue de 6 años de prisión.

La acusación también alcanzó a funcionarios aduaneros señalados como parte de un presunto esquema interno de corrupción que permitió liberar la mercadería pese a inconsistencias y alertas previas. Para la verificadora aduanera Alejandra Delgado, acusada de intervenir en un hecho vinculado a un canal rojo, la fiscalía solicitó 6 años de prisión. Pérez Barberá afirmó que su actuación habría sido “clave para mantener intacta una verdadera estructura interna de corrupción”. También pidió condenas para cuatro guardas aduaneros, que según la acusación permitieron la salida de mercadería distinta de la declarada en la documentación oficial.

Además de las penas de prisión, la fiscalía solicitó inhabilitaciones para ejercer cargos públicos y actividades comerciales, pérdida de concesiones y beneficios aduaneros y el retiro de la personería jurídica de las firmas TT Cargo S.A. y Cuiper S.A. Finalmente, Pérez Barberá pidió el decomiso de la mercadería secuestrada en el contenedor interceptado, así como de computadoras y demás instrumentos utilizados para concretar las maniobras investigadas.

La Cámara Federal de Casación Penal anuló el envío de la investigación por la casaquinta de Pilar valuada en 17 millones de dólares y atribuida a presuntos testaferros de dirigentes de la AFA al juzgado federal de Campana y resolvió que el conflicto de competencia sea definido por la Cámara Nacional en lo Penal Económico de la ciudad de Buenos Aires.

El futuro del caso será resuelto así por este Tribunal de Apelaciones intermedio, decidió por mayoría la sala I de Casación, al hacer lugar a un planteo de la fiscalía contra la decisión de la Cámara Federal de San Martín que en enero pasado envió el expediente al juzgado federal de Campana a cargo del juez Adrián González Charvay. El magistrado seguirá al frente de la pesquisa hasta que haya una nueva decisión judicial que podría confirmarlo en la causa o bien dar la razón a la fiscalía y devolver el expediente al fuero en lo penal económico en CABA.

Una decisión dilatada

Se trata de una disputa clave que podría cambiar otra vez de manos la investigación, que va por su tercer juez desde que se presentó la denuncia ante la sospecha de que la sociedad Real Central de Luciano Pantano y su madre Ana Conte habría comprado la mansión como presuntos testaferros de autoridades de la AFA.

Si se resolviera la vuelta del caso al fuero en lo penal económico quedaría en manos de otra magistrada, María Verónica Straccia, quien reemplazó a su colega Marcelo Aguinsky en la subrogancia del juzgado 10 del fuero, que está vacante y donde estaba radicada la investigación.

La pesquisa incluye una flota de autos de colección encontrada en un galpón durante un allanamiento al lugar, que además tiene helipuerto y caballerizas y está orientada a establecer si todo pertenece en realidad a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino que preside Claudio “Chiqui” Tapia, entre ellos su tesorero Pablo Toviggino.

La decisión abrió un nuevo capítulo en las idas y vueltas del caso y volvió a dilatar una resolución. Por mayoría, con los votos de los jueces que integraron para este caso la sala I del máximo tribunal penal federal del país, Angela Ledesma y Javier Carbajo, se decidió que la apelación de la fiscalía contra esa decisión de mandar el caso a Campana sea resuelta por otro tribunal, la Cámara en lo Penal Económico. Este último está integrado por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio. Son los mismos magistrados que analizan por estos días si confirman los procesamientos de Tapia, Toviggino y la AFA por supuesta retención indebida de aportes de la seguridad social e impositivos.

Al hacer lugar a lo planteado por el fiscal ante Casación Mario Villar, los camaristas consideraron que era allí donde debió debatirse el asunto y no en San Martín, porque el último juzgado que intervino, el penal económico 10 por entonces subrogado por Aguinsky, es de ese fuero. En disidencia, el juez Mariano Borinsky postuló que el recurso fiscal debía declararse inadmisible porque no se trató de una sentencia definitiva ni “equiparable a tal” y no se advirtió una cuestión federal que habilitara la intervención de Casación.

Además sostuvo que no se demostró “acabadamente una afectación sustancial a la garantía del juez natural” y que se incurrió en un “excesivo rigor formal en desmedro de una eficiente administración de justicia” que derivó en una “solución dilatoria que atenta contra los principios de economía y celeridad procesal”.

Borinsky sí acompañó la postura del juez Carbajo a la hora de resolver que la nueva decisión se tome de manera colegiada y “con celeridad” en la Cámara Nacional en lo Penal Económico.

La competencia y la causa

El voto mayoritario de Casación concluyó que el juez federal de San Martín durante la feria de enero Alberto Lugones no tenía jurisdicción para resolver esa disputa que se originó por un planteo del acusado Pantano, quien pidió que el caso se lleve en Campana. La jueza Ledesma sostuvo que “las cuestiones de competencia que se susciten entre jueces federales de primera instancia deben ser resueltas por la Cámara de Apelaciones de la que dependa el juez que hubiere prevenido en la causa”.

En esa línea, el tribunal advirtió que apartarse de esas reglas “compromete la garantía del juez natural consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional”.

Carbajo reforzó ese criterio al señalar que “la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín no tenía jurisdicción para resolver el conflicto de competencia positivo entre el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana y el Juzgado Nacional en lo Penal Económico n° 10”. También destacó que la causa ya estaba radicada en el juzgado penal económico cuando Pantano promovió la inhibitoria ante Campana y remarcó que “ése es el ‘juez que previno’”.

Qué había pedido la fiscalía

Desde el 18 de marzo pasado, cuando la Sala I de Casación aceptó una queja y reabrió la discusión por la competencia entre González Charvay y Aguisnky, quien se había negado a dejar el caso, el tema estaba en discusión.

El fiscal ante Casación Mario Villar mantuvo la apelación de su colega de San Martín Carlos Cearras. Pidió que la causa por la mansión de Pilar volviera al primer juez que intervino tras la denuncia de Elisa Carrió, el federal porteño Daniel Rafecas, como segunda posibilidad pidió que siguiera en el juzgado penal económico 10 y como tercera, que se decidiera en la Cámara en lo Penal Económico. Esta fue la opción que tomó ahora Casación.

La marcha del caso

En Campana, el juez González Charvay ordenó la semana pasada una batería de nuevas medidas de prueba para rastrear el origen del dinero con que se compró la propiedad en Villa Rosa, una flota de autos de colección, caballos árabes y se construyó un helipuerto.

Cuando el caso estuvo a cargo de Aguinsky se comprobó que Pantano usaba una tarjeta de crédito corporativa de AFA, donde se cargaban los telepases de los vehículos de lujo guardados en un galpón de la casaquinta y otros consumos que están en la mira judicial. Por su parte, el primer juez del caso, Rafecas, allanó el lugar y mandó tasar todo. Allí se estableció que los bienes rondan los 20 millones de dólares, casaquinta incluida. La sociedad de los Pantano escrituró por 1,8 millones de dólares.

González Charvay, por su parte, ordenó peritajes contables y tasaciones de bienes, y dispuso un exhaustivo análisis de todos los giros de dinero de la AFA, así como de la documentación secuestrada en allanamientos, para determinar si el dinero para la quinta pudo haber salido de allí.

El juez de Campana recibió el caso porque ante el pedido de Pantano, reclamó la inhibición de la Justicia de CABA por un tema de territorio: la mansión y otras propiedades investigadas están en Pilar, bajo su jurisdicción. Pero al apelar, el fiscal Villar advirtió que las maniobras investigadas “darían cuenta de un trazado de fondos bajo figuras jurídicas y físicas que podrían encubrir su origen como fondos lícitos de la entidad no declarados y/o desviados a fines privados, o nuevas aplicaciones de sumas de origen ilícito” en un entramado de lavado de activos que excede el lugar físico donde están las propiedades.

El ex policía Jorge Bacigalupo, el hombre que guardó en su casa los ocho cuadernos del remisero Oscar Centeno, recordó este jueves que su entonces amigo le contó haber visto bolsos “llenos de billetes de 500 euros” en uno de sus viajes a la residencia de Olivos junto a su ex jefe y funcionario de Planificación Federal Roberto Baratta. Además, ratificó que Centeno le entregó una caja cerrada para guardar porque temía que trascendiera el contenido y que un año y medio después se la dio al periodista Diego Cabot. Recién en ese momento se abrió y vio los cuadernos, consignó al declarar como testigo en el juicio oral que se sigue a la ex presidenta Cristina Kirchner, ex funcionarios y empresarios procesados por supuestos sobornos.

Sin embargo, antes de iniciar el interrogatorio de este jueves en la Sala AMIA del subsuelo de Comodoro Py, en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro, el presidente del TOF 7 Enrique Méndez Signori advirtió que al finalizar la jornada de la audiencia anterior había quedado un micrófono abierto y que mientras aún se grababa se llegó a escuchar un insulto. Se trataba, detalló, del abogado José Manuel Ubeira, que llamaba “hijo de puta” a alguna persona.

“Imagino que pensó que el micrófono estaba silenciado, pero lo cierto es que la frase se pudo escuchar. Desconozco la motivación del insulto y el destinatario”, agregó el juez dirigiéndose al defensor del imputado Oscar Thomas. “Corresponde exhortarlo puntualmente a que se abstenga de hacer manifestaciones que puedan resultar injuriantes o descalificatorias de cualquiera de las partes en el marco del juicio. Son impertinentes, no tienen que ver con el objeto del debate y conspiran contra el correcto y normal desarrollo de las audiencias”, advirtió Méndez Signori.

Como respuesta, Ubeira pidió disculpas y aclaró: “Salió el nombre de Stornelli y dije: ‘Sí, ese hijo de puta’. Eso fue lo que pasó”.

Los euros y la caja

El testigo dijo que Centeno le contó que “una de las tantas veces que lo llevaba a Baratta a la Quinta Presidencial de Olivos, en el asiento de atrás tenía unos bolsos, abrió uno y vio que estaban llenos de billetes de 500 euros. Me dijo ‘tengo una tentación de robármelos y le digo ‘negro no vas a llegar vivo ni a Maipú ni Libertador, ni se te ocurra’”. Recordó el episodio ante una pregunta de Mariano Galpern, representante de la querella por la Unidad de Información Financiera.

Sobre la caja que Centeno le entregó, dijo que cuando la recibió no la abrió pero “tenía una idea clara de lo que había adentro”, expresó Bacigalupo al comienzo de su declaración como testigo en el juicio oral por el caso Cuadernos al responder preguntas de la fiscal Fabiana León.

El testigo de 81 años ratificó que Centeno le pidió guardar la caja cerrada con cinta de embalar por los problemas que tenía por entonces con su ex pareja Hilda Horovitz. Además recordó que luego la mujer, siempre en base a lo que le contó Centeno, fue al juzgado federal de Claudio Bonadio donde tramitaba otra investigación penal por la compra de Gas Licuado en el kirchnerismo y lo denunció.

“Me enteré por boca del señor Centeno, se presenta, lo denuncia, tenían inconvenientes de pareja, lo denuncia respecto de conductas que él tenía y punto. No punto no. En un momento dado la señora Horovitz les pedía dádivas para no abrir la boca tanto al señor Baratta como al señor Centeno. Estoy repitiendo todas palabras del señor Centeno”, aclaró.

Bacigalupo refirió que “no hay ninguna prueba más allá del testimonio”. Horovitz logró los fondos para comprarse un departamento y “el señor Centeno la denunció por extorsión”, narró sobre los hechos previos que derivaron en la entrega de la caja que luego se supo contenía los cuadernos para que la guardara.

Centeno concurrió a la audiencia y escuchaba en primera fila a Bacigalupo. De hecho al inicio y al responder las preguntas de rigor, el testigo dijo ser sargento retirado de la Policía Federal e informó que de los acusados sólo conoce al remisero arrepentido. “Al que conozco está aquí en la sala”, manifestó y lo señaló con el dedo. “Es el sargento retirado del Ejército Argentino Oscar Bernardo Centeno”.

“El señor Centeno en un momento dado me pide si le puedo guardar un material, una caja con papelería que tenía. Tenía miedo de que esto trascendiera porque estaba en problemas con Horovitz. No la abrí pero tenía una idea clara de lo que había adentro”, explicó y recordó que le preguntó a Centeno. “Son todas anotaciones que hice día a día respecto de mi trabajo”, contó que le respondió su amigo.

La apertura de la caja

Luego contó en detalle cómo y por qué le entregó la caja más de un año después al periodista Diego Cabot, que era su vecino y refirió que fue en ese momento cuando se abrió por primera vez.

Ambos estaban en el departamento de Bacigalupo. “Tengo una caja que me entregó el chofer de Baratta. No sé qué hay adentro, está a tu disposición si querés venir a verla. Un día me dijo que sí y subimos los dos juntos a mi departamento”, refirió.

Adentro de la caja estaban los cuadernos. “Una cosa curiosa. Yo jamás puse mano en los cuadernos en ningún momento. Veo que el hombre abría los ojos como vaca mirando el tren. Me dijo: ‘¿Vos sabés lo que es esto? Es tremendo esto. ¿Qué querés hacer?“, recordó.

Bacigalupo le respondió que él hiciera lo que considerara que tenía que hacer y entonces el periodista se llevó la caja. Era enero de 2018.

Poco después, el ex funcionario de Planificación Roberto Baratta y el ex jefe de esa cartera Julio De Vido recuperaron la libertad en la causa Gas Licuado y Centeno le pidió la caja. “¿Por qué? Tendría que responderlo él", acotó ante otra pregunta de la fiscalía.

“La caja estaba en poder de Cabot. Lo llamo y le digo que me la tiene que devolver porque Centeno me la está reclamando. Lo entretuve a Centeno con excusas hasta que Cabot me trae la caja un día. Centeno estaba en mi casa. Vivo en un tercer piso con balcón a la calle. Baja Cabot, me entrega la caja abierta, subo y se la doy a Centeno. Ahí se produce un cruce de palabras. Me dice algo así como: ‘¿Cómo que la caja está abierta?’. Le respondí: ‘Es lógico, ¿cómo no va a estar abierta? Yo tenía que saber lo que había adentro’. Entonces me dijo: ‘Vos estuviste haciendo negocios con esto’. Se fue, se llevó la caja y no lo volví a ver", refirió.

Bacigalupo contó que vio a su ex amigo una vez más luego de ese episodio, cuando fue a declarar a tribunales “sobre una propiedad que Baratta había comprado para poner un salón de fiestas. Centeno era el hombre de confianza de Baratta y seguía trabajando con él cuando dejó el Gobierno. Seguía supervisando esa obra junto con la esposa de Baratta.”, dijo.

La declaración judicial

Luego contó cómo declaró en la causa judicial y en ese marco refirió que el fiscal federal Carlos Stornelli fue a su casa junto al periodista Cabot para hablar del tema.

Según relató, el periodista lo llamó un día para explicarle que el caso había llegado a la Justicia y era necesario que declarara como testigo. Le dijo que sí y entonces fue a su casa junto a Stornelli. “Lo pongo en conocimiento de que su amigo Oscar Centeno está preso. Es necesario que usted preste una declaración testimonial porque, sino, se nos complica la causa’, refirió Bacigalupo que le habría dicho el fiscal.

“Le respondí que sí. Cabot se ofreció a llevarme. Les dije: ‘¿Por qué no ahora?’. Y así fue: salimos de mi casa, el doctor Stornelli me trasladó a Comodoro Py y me llevó al despacho del doctor Claudio Bonadio. Allí presté esta declaración testimonial, en presencia del doctor Bonadio. "Ratifico plenamente esa declaración." Sobre ese trámite judicial mencionó que “solamente” le “quedó grabada una frase”. “Lo tenía a Bonadio sentado frente a mí y me dijo: ‘Le agradezco mucho. Si usted no hubiera declarado, esto no podía continuar’. Y agregó: ‘Esta es la frutilla que le faltaba a la torta de mi vida para completar’. Al doctor Bonadio no lo vi nunca más.”

A la hora de preguntar las defensas buscaron saber por qué entregó la caja a un periodista y no a la Policía, como dijo poco antes que había pensado como posibilidad en un primer momento. El abogado de Roberto Baratta, Marcos Aldazábal, le preguntó por su carrera en la policía, manifestó que estuvo en el área de Asuntos Jurídicos. Luego, fue remisero y en ese marco conoció a Centeno, quien lo llevó a trabajar al Ministerio de Planificación Federal. “El ya era chofer exclusivo del señor Baratta”, refirió.

La audiencia entró en un cuarto intermedio poco después de las 11 ante un planteo vinculado al tipo de preguntas que se le hacían al testigo y retomó pasado el mediodía con el interrogatorio de las defensas.

La defensa de Baratta le preguntó si estaba al tanto de la obligación de un policía de denunciar al tomar conocimiento de un delito de acción pública, en alusión a lo que había contado sobre los dichos de Centeno vinculados a los “billetes de 500 euros” en la quinta de Olivos. “Cómo iba a denunciar un supuesto? No se olvide que el doctor Kirchner era el presidente de la Nación y Baratta el segundo de Julio De Vido, cómo lo pruebo?”, respondió.

Los planteos previos

Al inicio de la jornada el abogado defensor del empresario Armando Loson, Ricardo Gil Lavedra, reclamó que se evite interrogar a Bacigalupo sobre la denuncia que presentó este acusado vinculada a supuestas adulteraciones en los escritos de Centeno y que tramita de manera paralela en otro juzgado penal. El ex policía tiene falta de mérito en el caso.

Bacigalupo respondió preguntas bajo juramento de verdad ante el Tribunal Oral Federal 7 pero llegó a la audiencia mientras continúa bajo investigación en esta otra causa paralela que busca determinar si hubo adulteraciones en las anotaciones originales de Centeno y si él fue el responsable.

Bacigalupo y Centeno

El caso Cuadernos nunca hubiera llegado a Comodoro Py de la manera en que lo hizo de no ser por la decisión que tomó Bacigalupo un año y medio después de recibir los escritos de Centeno en una caja. Le pidió que se los cuidara porque temía un allanamiento en su casa por otra causa penal, Gas Licuado, en la que su pareja hasta entonces, Horovitz, había ido a declarar y mencionó la existencia de bolsos, recorridas y anotaciones al respecto.

Bacigalupo y Centeno se conocían del trabajo en una remisería. En enero de 2018 el primero le dio la caja al periodista de La Nación, Diego Cabot.

Desde que comenzó el juicio oral, el arrepentido Centeno guardó silencio. Asistió a unas pocas audiencias, entre ellas la de la declaración de Cabot. Sólo tomó notas sentado junto a su defensor oficial. Pero durante la investigación que estuvo a cargo del fallecido juez federal Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli dijo en su indagatoria que entregó sus escritos a Bacigalupo porque quería “resguardarlos” de su ex pareja en una relación que andaba mal.

Su ex jefe en el ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta estaba detenido en la causa Gas Licuado. Cuando fue excarcelado, Centeno le reclamó los cuadernos a Bacigalupo. Fue entonces que el periodista los fotografió para luego devolverlos. Se perdió el rastro y tiempo después, cuando el caso ya estaba en instancia de juicio oral, Cabot recibió un llamado de un desconocido que lo citó para devolverle seis de los ocho cuadernos originales, según contó en el juicio oral.

Esa documentación fue llevada al fiscal Stornelli, quien los remitió al TOF7 y desde entonces se guardaron en una caja fuerte en la sede del Tribunal, en el Palacio de Justicia. De allí salieron rumbo a Comodoro Py por primera vez y mucho tiempo después, cuando comenzaron las declaraciones de los testigos de manera presencial.

“Mi amigo se perjudicó él, no yo”

En otro pasaje del largo interrogatorio al ex sargento retirado de la Policía Federal, el defensor José Manuel Ubeira, tomó la palabra para sumarse a la ronda de preguntas. Allí le consultó al testigo si, al momento de entregarle los cuadernos al periodista Cabot no había evaluado si con esa acción podía llegar a perjudicar “a su amigo Centeno”. Bacigalupo contestó: “Mi amigo se perjudicó él, no lo perjudico yo”.

Ubeira insistió con la consulta. “Yo lo que evalué era el daño que se provocó a nuestro país. Si Centeno tiene un perjuicio, él es el causante, no yo, ¿está claro?“, respondió.

“¿Usted consideraba que él era parte de la maniobra?“, continuó el abogado. “Sí, porque él fue el autor de llevar esa correlatividad de los hechos que sucedieron. ¿Cuál era el fin por el que Centeno lo hizo? Pregúnteselo a Centeno”, expresó el testigo de 81 años.

Luego Bacigalupo comentó que al enterarse de la detención del autor de las anotaciones pensó que era “lo lógico”, ya que “estaba bien consciente de lo que sucedía” tras consignar “como en un libro de guardia” los distintos viajes y pagos.

“Acá hay una responsabilidad sobre lo producido en los cuadernos y lo que hoy se está juzgando; hay una responsabilidad muy grande que nos afectó a todos los que estamos en este país, a los que vivimos acá. Vuelvo repetir: a todos”, aseveró el testigo.

Cuarto intermedio mediante para almorzar, otro de los defensores que pidió la palabra fue Gabriel Palmeiro, representante de Julio De Vido y Juan Pablo Schiavi, quien solicitó más precisiones respecto a lo que Centeno le había contado a Bacigalupo respecto al contenido de los “apuntes” que guardó durante meses en su dormitorio a pedido de su dueño. “Yo no tuve acceso a los cuadernos: lo que sabía respecto a ellos, lo repito por enésima vez, fue lo que Centeno me dijo (...); que anotaba todo lo que sucedía en el trabajo día por día. El fin específico de esos cuadernos no lo sé y nunca me lo dijo”.

Poco después, respecto a la entrega del material, aclaró: “Todos los acontecimientos -relatados- en los cuadernos justifican lo que yo hice”.

Suspensión de la audiencia

Tras casi ocho horas de declaración testimonial y luego de un nuevo receso solicitado por el testigo, el Tribunal Oral Federal N° 7 porteño decidió interrumpir la audiencia y retomarla el próximo martes a las 9 de la mañana. La determinación fue comunicada por el presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori, quien fundamentó la medida en la extensión de la jornada, el cansancio acumulado y la necesidad de resguardar el normal desarrollo del debate.

“El tribunal tomó la decisión de suspender la audiencia en esta oportunidad y continuar el martes próximo en razón de distintas circunstancias que ha ponderado”, señaló el magistrado al cierre de la jornada. A continuación, precisó que “la declaración se ha extendido por casi 8 horas” y remarcó que el testigo, Jorge Bacigalupo, “tiene 81 años”, lo que “genera, obviamente, la fatiga tanto para el declarante como para todas las personas presentes en esta sala y conectadas de manera virtual”.

Méndez Signori, acompañado por los jueces Germán Castelli y Fernando Canero, indicó además que durante la extensa exposición el testigo “se ha explayado largamente sobre los temas centrales por los cuales ha sido convocado para este debate” y advirtió que, hacia el final de la jornada, comenzaron a aparecer “precisiones de las defensas que no han tenido oportunidad de preguntar”, situación que derivó en incidencias y demoras adicionales.

“En razón de la confusión que puede generar en el testigo a partir del cansancio derivado de estas 8 horas, entendemos que es razonable hacer una suspensión en este momento de este acto y continuar el martes próximo”, añadió el titular del debate.

En ese contexto, el magistrado exhortó a las partes a formular preguntas concretas y evitar reiteraciones durante la sesión prevista para la próxima semana. “Les pido a las partes que en la audiencia que comenzará el martes a las 9 horas sean precisas en las preguntas y evitemos reiteraciones sobre lo que ha declarado largamente en estas 8 horas”, manifestó Méndez Signori, quien consideró que de esa manera “se va a asegurar plenamente el ejercicio de la defensa”.

Durante el intercambio posterior, la abogada Laura Fechino, defensora de Hernán Gómez, consultó si existía la posibilidad de habilitar una audiencia excepcional para este viernes, al sostener que “la incomunicación del testigo es la norma”. Sin embargo, el planteo fue rechazado en el acto. “El tribunal tiene una agenda sumamente compleja, así que, como dije, nos vamos a volver a ver el día martes a las 9 horas. Los planteos pendientes formulados por las partes quedan para la audiencia próxima”, respondió Méndez Signori.

Antes de finalizar la jornada, el abogado Carlos Beraldi, defensor de Cristina Kirchner, pidió que, “en la medida de esta reprogramación”, también se reorganice “la agenda de los próximos testigos”.

Hasta antes de la suspensión dispuesta por el TOF 7, el cronograma del juicio preveía que el próximo 19 de mayo compareciera Hilda Horovitz, ex pareja del chofer Centeno. Para el 21 de mayo estaban convocados la ex secretaria de Néstor Kirchner Miriam Quiroga, Julio César Silva, Ignacio Laplacette y Orlando Ramón Jancik.

En tanto, el 26 de mayo tenían previsto declarar el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, el financista arrepentido en la causa conocida como la “ruta del dinero K”, Leonardo Fariña, y la ex diputada Mariana Zuvic.

La causa por las adulteraciones

En ese expediente, la Sala I de la Cámara Federal de Buenos Aires revocó el procesamiento que pesaba sobre el ex policía Bacigalupo por los delitos de encubrimiento agravado y falsificación de documento público, y le dictó una falta de mérito.

En esa decisión, se consideró “imperioso” que el tribunal oral que tiene bajo resguardo los cuadernos originales los remita para realizar una nueva pericia caligráfica que permita determinar si las adulteraciones detectadas fueron realizadas por Bacigalupo.

En paralelo, el empresario querellante en esa denuncia y uno de los juzgados ahora en el debate oral Armando Losón puso el foco en las conclusiones del peritaje realizado sobre los cuadernos originales, actualmente bajo custodia del Tribunal Oral Federal 7. Su abogado, Ricardo Gil Lavedra, había pedido sostener el procesamiento “más allá de que no podía afirmarse categóricamente la autoría de Bacigalupo en las diversas enmiendas halladas”.

El juicio se desarrolla ante los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori.

El debate oral comenzó el 6 de noviembre del año pasado. La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner está siendo juzgada como presunta jefa de una asociación ilícita que habría funcionado dentro del Poder Ejecutivo Nacional entre 2003 y 2015. También está acusada por 205 hechos de presunto cohecho pasivo, vinculados al supuesto pago de sobornos por parte de empresarios para obtener adjudicaciones de obra pública.

Junto con la ex mandataria se juzga a 19 exfuncionarios, dos de sus choferes y 65 empresarios.

La Cámara en lo Penal Económico rechazó el intento de la Asociación del Fútbol Argentino y de su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, para revertir la decisión que declaró desierta su apelación en la causa. La asociación y el dirigente están procesados, con embargos de 350 millones de pesos, por presunta retención indebida de aportes impositivos y de la seguridad social vinculada a clubes del fútbol argentino.

La Sala “A” del tribunal de apelaciones confirmó que la defensa no cumplió con presentar su ampliación de argumentos en el plazo fijado para sostener la apelación y, ante ello, rechazó dos recursos que el abogado Luis Charro había presentado contra esa decisión. Uno de ellos era un recurso de reposición para que los mismos jueces dieran marcha atrás con su resolución y, el otro, para llegar con el planteo hasta la Cámara Federal de Casación, instancia superior de revisión.

El faltazo de la AFA y “confusión”

En la resolución, los camaristas Carolina Robiglio y Roberto Hornos recordaron que se había fijado una audiencia y quienes buscaron postergarla hicieron planteos que fueron resueltos de manera individual, previa a la fecha, y que tenían validez para cada caso en particular. No fue lo ocurrido con Tapia y la AFA como persona jurídica.

“La asistencia a la audiencia señalada o la presentación de un memorial en sustitución de aquella audiencia es la manera de exteriorizar la vigencia del interés del recurrente ante el tribunal revisor”, explicaron en la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Tanto el fiscal ante la Cámara, Gabriel Pérez Barberá, como la querella de ARCA se opusieron a revisar lo resuelto en torno a la AFA y Tapia, que desde ahora dependerán de la suerte que corran las apelaciones de sus consortes de causa, entre ellos el tesorero Pablo Toviggino, porque los jueces no analizarán de manera particular los argumentos de su apelación.

Sobre los procesados pesa un pedido para agravar la acusación por parte de la fiscalía y ARCA, mientras que las demás defensas reclamaron los sobreseimientos. El Tribunal de Apelaciones ya recibió los argumentos y quedó desde esta semana en condiciones de resolver.

La defensa de AFA y Tapia no asistió a la audiencia fijada en primer lugar sin pedir prórroga a tiempo y esa “falta de presentación por parte del mismo de un memorial sustitutivo de la audiencia oral, es asimilable a una deserción del recurso de apelación”, sostuvo la Cámara.

La defensa de Tapia había argumentado que existió una confusión respecto de la fecha de la audiencia, ya que entendió que la postergación concedida a otras partes alcanzaba también a la AFA. Sin embargo, la Cámara rechazó ese planteo y afirmó que “las postergaciones de la audiencia fueron concedidas únicamente para quienes lo habían solicitado, sin dejar margen de interpretación a las partes restantes”.

En ese sentido, el tribunal consideró “elocuente” que “las tres partes restantes que no solicitaron la postergación de la audiencia presentaron el memorial respectivo en forma previa a aquel acto”.

Los camaristas advirtieron que el cumplimiento de los términos, las formas y los modos previstos por el ordenamiento procesal constituyen una garantía para las partes.

Por último, rechazaron el recurso de Casación presentado por la defensa al considerar que la resolución no constituye una sentencia definitiva ni genera un perjuicio irreparable.

Lo ocurrido impedirá a Tapia y la AFA seguir defendiéndose de la acusación por no depositar en el plazo legal los 19.000 millones de pesos que fueron retenidos en aportes, y que derivó en el procesamiento resuelto por el juez en lo penal económico Diego Amarante. También rige un embargo por 350 millones de pesos y, en el caso del presidente de la Asociación, prohibición de salida del país.

Su defensa sostuvo que no hubo desinterés ni abandono del planteo, sino en todo caso “un error de interpretación” en medio de una secuencia procesal confusa, con audiencias reprogramadas y múltiples imputados.

En esa línea, advirtió que la sanción aplicada resultó desproporcionada porque “no existe afectación alguna al trámite del proceso ni perjuicio para las restantes partes”, mientras que sí implica la pérdida de una instancia de revisión judicial.

La audiencia, que había sido fijada para el 24 de abril, buscaba escuchar los argumentos en persona o por escrito, pero la defensa se presentó recién el 28 de abril, fuera del plazo legal.

“El cumplimiento de los términos constituye una garantía para las partes y al exigirse estrictamente el respeto de aquellos se garantiza el principio de bilateralidad que forma parte de la garantía del debido proceso, se asegura a los litigantes el derecho de defensa en juicio establecido por la Constitución Nacional.”, argumentaron los camaristas al declarar desierto el recurso de Tapia y de la AFA como persona jurídica.

El empresario Martín Migueles habría pagado para hacer insertar con “Photoshop” datos falsos en facturas de servicios públicos de gas, luz y telefonía, para constituir o regularizar agencias de cambio y asociar a distintas personas con sociedades bajo sospecha, en el entramado delictivo que investiga el fiscal federal Franco Picardi.

Se trata de presuntas maniobras multimillonarias de “rulo cambiario” con la compra de dólar a precio oficial durante el cepo y su posterior venta a valor blue, en 2023.

Una conversación, rescatada de la extracción de datos de su celular, mostraría cómo pide a un contacto al que llegó a través de un familiar que altere facturas de servicios mediante Photoshop.

En el descargo que presentó el lunes último de manera espontánea en Comodoro Py, el empresario se refirió al tema como las “facturas editadas con Photoshop”, admitió que existieron pero dijo no recordar “con precisión si esos archivos fueron efectivamente utilizados”, pero creía que finalmente no se usaron. “Considero indispensable que se verifique si tales documentos fueron o no presentados ante algún organismo”, agregó.

El pedido de las facturas

“Ale querido ¿qué hacés? Martín Migueles“, se presentó. “Escuchame, boludo, necesito un favor, obviamente te lo pago. Es yo te paso una factura de Edenor y de Metrogas y le tenés con Photoshop cambiarle el nombre, la dirección y hacer un par de cosas. ¿Me lo podés hacer eso amigo? Te pago, te transfiero la plata y demás. Es para hacerlo para cuatro personas, una factura para cada uno… cuatro facturas en total. Por ahora eso. ¿Se puede?”. Su interlocutor le dio el ok y el tema avanzó.

Según la acusación, las facturas apócrifas de luz, gas y telefonía eran utilizadas para constituir o regularizar agencias de cambio vinculadas al entramado investigado y asociar a distintas personas con sociedades bajo sospecha.

Los investigadores sostienen que, tras ese primer contacto, coordinó la confección a nombre de personas y firmas relacionadas también con su socio e imputado, Elías Piccirillo, exmarido de la vedete Jésica Cirio.

Las imágenes de estas facturas se encontraron en el celular de Migueles, al igual que el comprobante de pago por esos “servicios”. Hubo instrucciones concretas sobre qué documentación debía falsificarse y a nombre de quiénes. Entre los nombres mencionados figuraban familiares de Piccirillo y agencias de cambio.

Agencias como fachada

En la acusación fiscal, conocida luego de levantarse el secreto de sumario en la causa. que también abarca presuntos pagos de sobornos para acelerar trámites de importación y acceso a dólar oficial, se remarcó que estos diálogos “refuerzan la idea de que muchas de las cadenas de transacciones entre las agencias de cambio eran falsas o simuladas”, y que varias de esas firmas actuaban como “fachadas” sin actividad cambiaria real, destinadas a comprar dólares al tipo de cambio oficial y luego venderlos en el circuito paralelo, además de ocultar la trazabilidad del dinero.

Horas después del pedido inicial, Migueles recibió en su teléfono los archivos con las facturas de servicios falsas emitidas a nombre de dos familiares de Piccirillo y otros dos implicados en la investigación, todas correspondientes a luz y gas. Luego, realizó nuevos encargos vinculados a facturas telefónicas, lo que para la fiscalía demuestra “la continuidad y perfeccionamiento de la práctica”.

Se daban instrucciones de los requerimientos necesarios para que resultaran idóneas “a fin de generar el engaño ante le organismo o entidad en la que serían presentadas, presumiblemente el propio BCRA o la Inspección General de Justicia“.

La fiscalía destacó que varias de las personas y empresas utilizadas en las facturas falsas estaban directamente relacionadas con la casa de cambio de Migueles, ARG Exchange S.A., ya sea por integrar su directorio, poseer acciones o mantener vínculos con otras agencias que operaban junto a esa firma. También remarcó los lazos familiares con Piccirillo. “La producción de facturas apócrifas de servicios no constituye un hecho aislado ni neutral, sino que se inserta de manera directa en la maniobra delictiva bajo investigación”, sostiene la investigación fiscal. La falsificación de facturas revela la intención de “evitar la utilización de datos reales o verificables” en una actividad sometida a controles estrictos.

Qué dijo Migueles

El lunes pasado, a primera hora, Migueles junto a su abogado Yamil Castro Bianchi se presentaron en la mesa de entradas de la fiscalía de Picardi en Comodoro Py 2002 y dejaron un descargo escrito.

Allí la ahora ex pareja de Wanda Nara explicitó no recordar si esos archivos digitales fueron efectivamente utilizados y pidió que se determine si alguna documentación de la mencionada fue realmente presentada ante organismos oficiales. “No debe confundirse la existencia de un archivo digital o una conversación con su efectiva utilización en un trámite administrativo”, argumentó.

Según la imputación fiscal, ARG Exchange S.A. “habría actuado como un intermediario en operaciones de compra y venta de dólares para canalizar divisas hacia el mercado paralelo”, facilitando “la extracción de divisas del mercado oficial y su eventual desvío hacia circuitos paralelos”. El fiscal sostuvo además que, de acuerdo con información del Banco Central, durante 2023 la firma realizó 729 operaciones por más de USD 251 millones.

Migueles sostuvo que nunca compró dólares personalmente y afirmó que la agencia operaba “bajo las normas del Banco Central, con boletos diarios y registros respaldatorios”. También aseguró que ARG Exchange realizaba operaciones “por mayor entre entidades financieras o agencias habilitadas” y que, si otras casas de cambio retiraban dólares o los destinaban a otra finalidad, “eso no era decidido por mí ni estaba bajo mi control”.

Otro de los ejes centrales del expediente son las conversaciones vinculadas a las SIRA y presuntas gestiones informales para agilizar importaciones. Picardi interpretó esos diálogos como parte de un circuito irregular asociado a contactos con funcionarios y operadores. Migueles negó haber pagado sobornos o tenido vínculos directos con funcionarios públicos. Según su versión, actuó únicamente como intermediario y los porcentajes mencionados en chats eran referencias sobre “lo que cobraban terceros”.

El fiscal contextualizó además las maniobras en los años de cepo cambiario, cuando la mayoría de los argentinos sólo podía acceder a USD 200 mensuales en el mercado oficial.

Migueles reclamó que cualquier evaluación sobre su patrimonio se haga sobre “documentación objetiva: titularidad registral, contratos, transferencias, comprobantes, mutuos, declaraciones impositivas, extractos bancarios y pericias contables”.

El juez federal Julián Ercolni procesó este martes a la ex fiscal Viviana Fein por presunto “encubrimiento agravado” por ser el delito previo “especialmente grave” y por su condición de funcionaria pública en la causa que investiga irregularidades en la investigación de la muerte del fiscal Alberto Nisman. La decisión incluyó un embargo por 15 millones de pesos, de acuerdo a la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

La ex fiscal ya jubilada “no preservó debidamente la escena del hecho ni recolectó todos los elementos probatorios que allí se encontraban”, concluyó el juez en la resolución donde reiteró que para la Justicia está probado que Nisman fue asesinado en su departamento de Puerto Madero el fin de semana del 17 y 18 de enero de 2015.

“A raíz de la muerte violenta del fiscal federal Natalio Alberto Nisman en el complejo Le Parc Puerto Madero” intervino la fiscalía que en ese entonces presidía Fein y las conductas por las cuales ahora se la procesó “permitieron la alteración de la escena del crimen, perpetrada por el accionar de la propia fiscal y de quienes se encontraban allí presentes bajo su órbita y afectó de este modo en forma directa el correcto desarrollo y el resultado de la investigación”, evaluó el magistrado.

Nisman investigaba el atentado a la AMIA y días antes de aparecer muerto con un disparo en la cabeza en el baño de su departamento había denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner por supuesto encubrimiento de ese ataque terrorista a raíz de la firma del Memorandum con Irán.

Las “deficiencias” en las primeras horas dentro de la escena del hecho “generaron un grave perjuicio para el curso de la investigación del homicidio del fiscal federal N. Alberto Nisman”, dado que provocaron la pérdida y/o alteración de evidencias e impidieron reunir todos los elementos que se debían resguardar en una potencial escena del crimen como lugar y momento trascendentales para la recolección de elementos probatorios”, agregó la resolución judicial.

En la resolución de 114 carillas se enumeraron las falencias que contribuyeron al descontrol que para la acusación hubo en la escena del hecho, como por ejemplo lo ocurrido con el arma de la que salió el disparo, Según reconstruyó el juez, estuvo en diferentes lugares del departamento sin la debida cadena de custodia.

Situación de descontrol

En su defensa, Fein argumentó que no tenía control sobre las tareas concretas de las fuerzas de seguridad que llegaron al lugar. Pero en el procesamiento se advirtió que por su función, en la investigación de causas con autor desconocido, “no podía resultar ajena a la actuación de aquellos agentes que intervinieron en carácter de auxiliares de la justicia”.

El juez enumeró las falencias atribuidas a la entonces fiscal, como “directora de la investigación”: “circunscribió de manera deficiente la escena del hecho limitándose únicamente al interior del departamento donde residía el Dr. Nisman; tardó casi una hora y media en arribar al lugar". Al llegar, “no adoptó medidas para revertir la situación de descontrol en la cual se encontraba la escena del crimen, ni dejó constancia de ello y/o certificó la identidad de la totalidad de las personas que de manera injustificada allí se encontraban y los motivos de su presencia en el lugar”. Además “ingresó a la escena del hecho sin la vestimenta debida para tal fin; permitió la libre circulación en el lugar del hecho de personas que carecían de roles asignados, sin identificación, control o registro suficiente, sin haber fiscalizado su accionar”.

“También permitió el ingreso a la escena del hecho de individuos sin la vestimenta debida para el trabajo pericial; manipuló y/o permitió la manipulación y alteración de elementos probatorios sin la debida autorización ni el correcto resguardo y; no recopiló ni advirtió la existencia de elementos de prueba esenciales para la investigación”, enumeró.

En base a todo ello “se pudieron determinar aquellas situaciones que afectaron el lugar del hecho y los posibles indicios o rastros que se perdieron, todo lo cual fue debidamente precisado y acreditado”, concluyó.

Encubrimiento agravado

El juez procesó a la ex fiscal por la figura penal que había reclamado el fiscal del caso Eduardo Taiano en un dictamen entregado de manera posterior a la declaración indagatoria de Fein. La decisión podrá ser apelada por la defensa a cargo del abogado Lucio Simonetti ante la sala II de la Cámara Federal porteña.

Al ser indagada Fein rechazó las acusaciones, defendió su accionar en la investigación y reclamó ser sobreseída. En su indagatoria el 24 de febrero pasado sostuvo que la acusan en base a “conjeturas” y para buscar “una respuesta” a lo que para ella fue el fracaso de la causa por la muerte de Nisman “a partir de responsabilizar a aquellos que realizaron la investigación en un primer momento”.

En la causa están procesados como supuesto partícipe necesario del hecho el técnico informático Diego Lagomarsino, quien según relata llevó a pedido de Nisman el arma de la que salió el disparo y los custodios que entonces estaban asignados a proteger al fiscal de la UFI AMIA por supuesto incumplimiento de deberes.

El Tribunal que condenó a la expresidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión en la causa Vialidad aguarda una respuesta de la Corte Suprema de Justicia para avanzar con el decomiso de bienes, que fue parte de ese veredicto y quedó confirmado por la Cámara Federal de Casación.

En concreto, el Tribunal Oral Federal 2 envió un oficio a la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura del máximo tribunal del país para que considere y determine si alguno de los bienes inmuebles sujetos a decomiso “será afectado y asignado, por razones de un mejor servicio de justicia, para su propio uso o para el del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación”, según el texto al que accedió Infobae.

La misiva fue firmada por el juez del TOF2 Rodrigo Giménez Uriburu en el marco de la puesta en marcha de decomiso, contra el que la defensa de la ex presidenta presentó esta semana un recurso extraordinario ante la Corte.

Se trata de propiedades de los condenados Cristina Kirchner y el dueño de “Austral Construcciones”, Lázaro Báez, quien también recibió una pena de seis años de prisión por administración fraudulenta, a raíz de la adjudicación irregular a su favor de obras viales en Santa Cruz durante el kirchnerismo.

El destino de los bienes

Apenas se firmó el fallo de Casación que validó el decomiso sobre 111 bienes, incluidas 19 propiedades heredadas o recibidas en cesión por Máximo y Florencia Kirchner, el TOF2 informó de ello a la Corte y requirió la información sobre si hay bienes sobre los cuales dispondrá el máximo tribunal.

Cuando ordenó el decomiso el año pasado, el Tribunal que llevó adelante el juicio Vialidad destacó que la Corte Suprema es administradora de los bienes recuperados y evaluó que se podría -por estrictas razones de justicia- destinar parte de ellos a la ciudadanía santacruceña, afectada por la maniobra de corrupción.

La expresidenta presentó ya un recurso extraordinario federal contra la resolución de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal que confirmó el decomiso de bienes, tanto para ella como para Máximo y Florencia Kirchner. Ese último tribunal debe resolver si concede el recurso o lo deniega. Si se da esta última posibilidad, solo quedaría ir en queja directa ante la Corte.

El monto actualizado para el decomiso de todos los condenados es de $684.990.350.139,86, una decisión que para la defensa no está firme todavía.

Los hijos de la expresidenta pidieron conservar 19 bienes, que incluyen 10 departamentos y 2 casas en Río Gallegos, y varios terrenos ubicados en Lago Argentino, provincia de Santa Cruz.

Cuando apeló la decisión del TOF2, el apoderado de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, Luis Goldín, alegó que los hijos de Cristina Kirchner no están condenados y por ende no corresponde incluir sus propiedades entre los bienes sujetos a futuros remates o a fines sociales. Y advirtió por una lesión al derecho de propiedad y vulneración del principio de inocencia y del debido proceso.

Decisión de Casación

Casación ratificó en abril último la recuperación efectiva de activos por corrupción y consolidó el criterio de que “los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aún cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados”.

El Tribunal ratificó que la ley contempla que la medida pueda ir más allá de la persona del condenado. “El decomiso no persigue castigar a los actuales titulares, sino recuperar para el Estado aquellos bienes cuya causa jurídica se encuentra afectada por su vinculación con el delito ya juzgado”, sostuvo el camarista Gustavo Hornos en su voto.

Cuando ordenó avanzar con la sentencia, el Tribunal Oral fijó una ventana temporal y ordenó a la fiscalía a cargo de Diego Luciani identificar bienes inmuebles adquiridos por los condenados entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, período delimitado por el tribunal como relevante para la maniobra delictiva. El fiscal incluyó los bienes de los hijos de CFK en este listado.

El celular del contratista que hizo la reforma en la casa del club de golf Indio Cua del jefe de Gabinete Manuel Adorni será peritado por un cuerpo especializado luego de un primer intento infructuoso para abrirlo e intentar recuperar mensajes que ambos intercambiaron sobre los trabajos que el testigo valuó en 245 mil dólares. Se hará en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito abierta al funcionario nacional.

Se trata del iPhone 15 de Matías Tabar, entregado al fiscal federal Gerardo Pollicita el día en que declaró como testigo y detalló ítem por ítem los trabajos que se hicieron en la casa de Exaltación de la Cruz que figura a nombre de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti. Según explicaron a Infobae fuentes del caso, no pudo accederse al contenido del teléfono en un primer intento en otro organismo, la DATIP, y ahora se derivó al Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal porteño. Del procedimiento participarán un perito de parte designado por la defensa de Adorni, a cargo del abogado Matías Ledesma, y otro de la fiscalía. Mientras tanto, el celular que entregó Tabar permanece bajo custodia en sede judicial.

Mensajes borrados

El objetivo es intentar recuperar los mensajes borrados luego que durante su declaración el mismo Tabar mostró al fiscal dos intercambios de WhatsApp con Adorni y la existencia de una llamada por esa vía de tres minutos de duración. Durante su testimonio, el contratista aportó pruebas clave sobre los intercambios con el funcionario. Según dijo bajo juramento de verdad, antes de presentarse a declarar recibió los mensajes y una llamada de Adorni, donde le habría ofrecido asesoramiento antes de presentarse en Comodoro Py.

Tabar dijo que Adorni le habría dicho que necesitaba hablar con él y que luego de eso dialogaron por teléfono. El funcionario le habría ofrecido ayuda o la posibilidad de que su equipo lo contactara por el tema de la declaración. El contratista le dijo al fiscal que inicialmente lo consideró, pero luego consultó con una persona que lo asesoró y decidió rechazar ese contacto para evitar que pareciera que estaban elaborando una estrategia común.

El testigo dejó su celular y aportó la clave para que sea sometido a una pericia. También se buscarán mensajes vinculados a las refacciones en la casa de Indio Cua, que declaró se pagaron en efectivo, y también a parte de lo que el contratista contó que hizo en el otro departamento de los Adorni en Caballito.

Las criptomonedas

Por otro lado, la semana pasada la fiscalía recibió un informe de una billetera virtual que dio cuenta de operaciones con criptomonedas vinculadas al Jefe de Gabinete, principalmente desde fines de 2024 a principios de 2025, según supo Infobae de fuentes judiciales. Las operaciones de 2024 no fueron incluidas en la declaración jurada de ese año del funcionario. La investigación avanza en la trazabilidad de esos movimientos. Según se detalló, se informó “entrada y salida” con activos como BTC, ETH y USDT.

En la última declaración jurada presentada por el funcionario no figuran operaciones con criptomonedas para el periodo fiscal cerrado el 31 de diciembre de 2024. La normativa establece que este tipo de activos digitales deben consignarse entre los bienes personales del funcionario.

La Justicia también rastrea la trazabilidad de los fondos utilizados en viajes y remodelaciones. Testigos y documentación bancaria acreditan, entre otros gastos, USD 4.800 para un vuelo a Punta del Este, USD 5.140 para el regreso de Angeletti desde Nueva York a Buenos Aires, USD 5.800 para un viaje a Aruba en diciembre de 2024 y USD 8.900 en hospedaje en ese destino. El contratista Tabar afirmó bajo juramento que las remodelaciones de la casa en Indio Cua insumieron USD 245.000 en efectivo y sin factura.

Pollicita avanza en la consolidación de la información pendiente: aguarda nuevos datos de billeteras virtuales y exchanges de criptomonedas para precisar el monto total involucrado en las operaciones asociadas a Adorni y a Angeletti.

La defensa de Adorni sostiene que la publicación de su declaración jurada de 2025 permitirá esclarecer los montos movilizados y el origen de los fondos bajo investigación.

Martín Migueles rechazó este lunes las acusaciones en la causa que lo investiga por supuestas maniobras con el “rulo cambiario” durante el cepo del gobierno de Alberto Fernández, en un descargo que llevó en persona a los tribunales federales de Retiro. El empresario admitió que actuó como intermediario en gestiones con permisos de importación pero negó haberle pagado a algún funcionario público.

“Yo no le pagué a ningún funcionario público”, sostuvo en el descargo entregado en la causa que investiga el fiscal federal Franco Picardi. Migueles, pareja de Wanda Nara, explicó que tuvo contactos con una persona de nombre “Pipo” por el tema de la tramitación de los SIRA, permisos de importación, pero “si él luego hacía pagos a terceros o no, eso no era de mi conocimiento directo ni estaba bajo mi control”, enfatizó. Se presentó a primera hora, 7.30, junto a su abogado defensor.

Según explicó en el descargo al que accedió Infobae, un conocido lo consultó en relación a si conocía a alguien “pudiera ayudarlo con una SIRA. En ese contexto contacté a una persona conocida como Pipo, a quien había conocido por intermedio de Pato“, reconstruyó en el descargo. Migueles admitió que intervino como intermediario pero aseguró que no tuvo “contacto directo con funcionarios públicos ni con la persona que supuestamente podía resolver el trámite, si es que existía”.

El empresario dijo que “en el marco de “estar en la calle”“, las situaciones de intermediación ”son habituales: alguien quiere comprar un vehículo, lo contacto con un vendedor y me llevo un porcentaje; alguien quiere realizar un trámite, lo contacto con un contador, y solicito una comisión por la referencia; y así pudiera seguir al infinito", graficó. “Pero: jamás, intermedio en situaciones que sean contrarias a la Ley”, aseguró.

“Sobre los porcentajes mencionados en conversaciones vinculadas a SIRA, aclaro que esos porcentajes eran los que, según me decían terceros, se cobraban para acelerar la realización del trámite. En ese momento se hablaba de demoras de aproximadamente noventa días y se ofrecía una gestión para obtener una resolución en un plazo menor. Desconozco si esas situaciones implicaban la interposición de amparos, o reclamos administrativos”, explicó en el escrito que ya está en manos de la justicia.

Validez de la prueba

De manera paralela, la defensa reclamó “el acceso integral, efectivo y técnicamente controlable a la prueba digital” que se usó para imputarlo en la causa por el “rulo cambiario”.

Se investigan maniobras a través de casas de cambio para acceder a dólar a valor oficial durante el cepo en el gobierno de Alberto Fernández y otras con permisos de importación con igual objetivo.

La defensa pidió al respecto individualizar todos los actos procesales que habrían autorizado la obtención, secuestro, extracción forense, remisión, recepción, incorporación y utilización de esa evidencia, centralizada en su teléfono celular.

El juez federal Ariel Lijo levantó el viernes último el secreto de sumario luego de disponer allanamientos a pedido del fiscal, quien tiene delegada la investigación. A raíz de ellos se conocieron los detalles de la causa por supuestas maniobras multimillonarias con la compraventa de dólares a precio oficial para revender a valor del blue durante el cepo cambiario.

El “rulo” cambiario

Migueles está imputado, además, en otra causa penal que tiene en la mira a financistas y cambistas por más maniobras de “rulo cambiario” que lleva adelante la jueza federal María Servini, quien inhibió sus bienes. En esta última causa, como reveló Infobae, la Cámara Federal porteña confirmó restricciones para acceder a cajas de seguridad y modificar el paquete accionario de su empresa, aunque ordenó suplantar su inhibición general de bienes por un embargo.

En la pesquisa que lleva adelante Picardi se investiga a Migueles y a su socio Elías Piccirillo, el exmarido de Jesica Cirio, en base a un pendrive que aportó un expolicía arrepentido que trabajaba con este último y quedó involucrado en una causa por secuestro. Por este caso, Piccirillo está procesado bajo arresto domiciliario por montar un operativo para acusar falsamente por narcotráfico a un acreedor al que le debía dinero, Francisco Hauque. Como derivación de esta causa, se llegó a los delitos cambiarios y luego a las supuestas maniobras con los SIRA entre 2022 y 2023.

El abogado de Migueles, Yamil Castro Bianchi, sostuvo que busca “ejercer adecuadamente el derecho de defensa en juicio, controlar la legalidad, integridad, autenticidad, trazabilidad y pertinencia de la prueba digital utilizada”. Además, dejó planteada una “expresa reserva de nulidad y exclusión probatoria respecto de todo elemento que hubiera sido obtenido, extraído, trasladado, incorporado o valorado sin autorización judicial suficiente”.

La defensa cuestionó particularmente el uso del contenido del celular atribuido a Migueles y advirtió que “un teléfono celular no es un simple documento” porque contiene “una enorme cantidad de información personal, profesional, patrimonial y comunicacional”. En ese sentido, remarcó que “su análisis no puede transformarse en una búsqueda general, abierta e ilimitada”.

También reclamó conocer “cómo, cuándo, por quién, con qué autorización, con qué límites y bajo qué resguardos técnicos esa información fue obtenida e incorporada al proceso”.

En otro tramo, la presentación sostuvo que la extracción forense del teléfono habría sido utilizada de manera parcial y selectiva. “No puede consolidarse una imputación seria ni fundarse la adopción de medidas gravosas sobre una lectura parcial, fragmentaria o selectiva de una extracción digital de gran volumen”, planteó.

Además, pidió acceder a la totalidad del material técnico para verificar “la integridad de la extracción; la autenticidad de los chats; la autenticidad de los audios; la existencia o inexistencia de ediciones; la identificación de los interlocutores; el contexto anterior y posterior de cada conversación”.

Sobre el rol del ex policía arrepentido en el caso, Carlos Smith como imputado colaborador, el escrito advirtió que sus dichos “no pueden ser utilizados como soporte autónomo o suficiente para validar la expansión de una pesquisa”. También recordó que la ley del arrepentido exige que la información aportada sea “precisa, comprobable y verosímil”.

La defensa solicitó además que se incorporen “la declaración completa” del arrepentido, el eventual acuerdo de colaboración y “las constancias de corroboración de sus dichos”.

Finalmente, pidió que no se adopten “medidas gravosas” contra Migueles basadas “exclusiva o sustancialmente en fragmentos de chats, audios, imágenes, videos o transcripciones provenientes de una extracción digital cuya legalidad, integridad, autenticidad y contexto completo aún no han sido verificados por esta defensa”.

También advirtió que “la evidencia digital atribuida a Migueles proviene de otra causa”.

La acusación

Del análisis del teléfono celular de Migueles se habría determinado que, además de un complejo entramado montado a través de financieras y agencias de cambio para acceder a divisas al tipo de cambio oficial durante el cepo cambiario, habría otra operatoria con los permisos de importación. En el teléfono se encontraron conversaciones que llevan a la fiscalía a sospechar que Migueles habría intervenido en gestiones destinadas a facilitar el acceso a dólares oficiales mediante la intermediación entre empresas privadas y funcionarios estatales.

La investigación estuvo bajo secreto de sumario hasta el viernes último cuando se conocieron los pormenores del caso que involucra a Migueles y en el cual el fiscal Franco Picardi consideró que hay elementos para sostener que hubo maniobras para acceder al dólar oficial de manera irregular con los SIRA, el Sistema de Importaciones de la República Argentina. En concreto se investiga a cinco empresas, según explicaron fuentes del caso a Infobae.

Según la evidencia que maneja la fiscalía, “todo se realizaba a través de un contacto en un organismo estatal, que ofrecía gestionar la autorización de trámites a cambio del pago de sumas de dinero indebidas”: por cada gestión de aprobación se habría pagado entre un diez y un quince por ciento como retorno, en relación al valor de las importaciones en dólares valuadas al tipo de cambio oficial o “blue”.

Del teléfono de Migueles se desprendería que junto a otros investigados se ofrecía o gestionaba la posibilidad de acelerar y/o garantizar el acceso al mercado oficial de cambios a empresas importadoras mediante la tramitación rápida y favorable de solicitudes en el marco del SIRA.