La Justicia ratificó el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri y de los ex responsables del área de inteligencia de su gobierno, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en otra denuncia por presunto espionaje ilegal. En este caso, se investigaba la infiltración, sin orden judicial, de correos electrónicos de dirigentes políticos, periodistas y miembros de fuerzas policiales.

La Cámara Federal ratificó el cierre para todos los imputados, entre ellos agentes de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), al considerar que la prueba central del expediente quedó afectada por fallas en su “preservación, trazabilidad e integridad”, en el mismo sentido que lo resuelto por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quien investigó la causa.

Falta de resguardo

Los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi recordaron que el juez descartó como prueba por falta de resguardo dos discos rígidos sobre los que se apoyó la investigación. La querella no logró probar que el contenido de esos soportes “hubiera sido resguardado de modo tal que permitiera garantizar su autenticidad e integridad”.

En mayo de 2020, la intervención de la AFI denunció la “recolección sistemática de correos electrónicos privados” de numerosas personas. Además se aludió a la supuesta infiltración de “una agente encubierta” en el espacio político Kolina.

Al confirmar el cierre del caso y la desvinculación de los imputados, la Cámara Federal remarcó que “no ha logrado sortear el principal escollo que afectó a la prueba que dio origen a la presente causa: la forma en que fue obtenida”, según la resolución a la que accedió Infobae.

En esa línea, recordó que no hubo acceso “a documentación alguna que permita inferir la utilización de protocolo o metodología alguna que asegure la integridad de la prueba”. También valoró el testimonio de un perito que señaló que uno de los discos carecía de “documentación de adquisición ni registro de su trazabilidad”, mientras que el otro tampoco tenía constancias sobre su preservación.

De acuerdo con el fallo, los expertos establecieron que los archivos hallados en formato .PST habrían sido modificados en 2017 mediante la incorporación manual de correos electrónicos desde medios externos y concluyeron que “resultaba factible adulterar el contenido de un disco rígido, así como las fechas de creación, acceso o modificación”.

El tribunal señaló además que “no se registró ni documentó el lugar en el que fueron hallados los discos rígidos”, una omisión que, a su criterio, impidió reconstruir con certeza el origen del material y las condiciones de su secuestro.

El fallo agregó que tampoco fue posible determinar con precisión quiénes habían accedido a la información, ya que se habrían utilizado las credenciales de un usuario genérico. En paralelo, las conclusiones periciales no lograron establecer si los discos formaban parte de la red informática oficial de la AFI.

La Cámara consideró decisivo que “no existe un curso de investigación independiente que permita acreditar los hechos denunciados con prescindencia de los elementos digitales impugnados”. A partir de esa premisa, concluyó que, excluidos los discos rígidos, “la imputación queda desprovista de sustento” y confirmó los sobreseimientos.

Un empresario aseguró este martes que el acusado financista Ernesto Clarens hizo pedidos de dinero a cambio de ayudar con licitaciones y que decía tener llegada a funcionarios del Gobierno. El testigo, Jorge Cibraro, recordó que fue varias veces a ver al ahora arrepentido a su oficina en el microcentro porteño porque enfrentaban demoras en los pagos de las obras públicas, pero que nunca llegaron a un acuerdo.

El segundo testigo de la jornada, Juan Manuel Saavedra Vertiz, habló de “presiones” para no presentarse a una licitación.

El Tribunal Oral Federal 7 que juzga a la ex presidenta Cristina Kirchner reanudó este martes las audiencias en un tramo del juicio dedicado a escuchar a empresarios, muchos de los cuales estuvieron acusados durante la investigación pero después quedaron desvinculados con sobreseimientos.

En la audiencia del jueves último, Jorge Stocker contó ante el Tribuna Oral Federal 7 que según le refirió su suegro, luego de una licitación entre 2003 y 2004 comenzaron los reclamos desde el OCCOVI que conducía el acusado Claudio Uberti. Lo definió como “una imposición”.

Otros testigos coincidieron a la hora de hablar de presiones desde ese organismo como llamadas para obligarlos a echar a directivos de sus empresas, aunque negaron haber recibido pedidos de dinero.

Testigo ratificó que Clarens le pidió dinero, al responder preguntas de la defensa del acusado

El testigo de la empresa ICF ratificó que el financista Clarens pidió dinero en reuniones para realizar gestiones y que además, ofrecía descontar certificados de obra. “Las dos cosas”, respondió ante preguntas del defensor Hugo Pinto.

Cibraro dijo no saber para quién era ese dinero, remarcó que nunca aceptaron la propuesta y que no supo si era una influencia “mentida”.

El segundo testigo de la jornada, Juan Manuel Saavedra Vertiz, habló de “presiones” para no presentarse a una licitación. También estuvo imputado en la investigación y luego fue sobreseído.

El empresario de la firma Costrumex refirió que recibieron llamados para bajarse de una licitación porque el Gobierno tenía como favorita a otra empresa.

“Nos hicieron requerimientos dinerarios”, declaró un empresario

El testigo Jorge Cibraro, de la empresa ICF, recordó al comenzar a declarar como testigo en una nueva audiencia del juicio que se reunió varias veces con el financista Ernesto Clarens por problemas y demoras en los pagos de obra pública.

“Las reuniones con Clarens fueron muy buenas, era un hombre muy empático, pero no pudimos llegar a ningún resultado concreto a pesar de que fui en muchas ocasiones”, contó y en ese marco refirió ante preguntas de la fiscal de juicio Fabiana León, que el ahora acusado financista “ofrecía ayudas en adjudicaciones y no tanto en adelantar los pagos porque nos había dicho dentro de lo posible”.

“Pero nos hicieron requerimientos dinerarios que nosotros no accedimos”, afirmó. Ante una pregunta de la fiscal, detalló que ese pedido provino de Clarens y que no supo para quién era ese dinero.

Por los dichos del financista, el testigo dejudco que tenía “relación con funcionarios de Vialidad”, pero “si en la realidad” los tenía dijo no saberlo porque “no accedimos a sus pedidos”.

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El juez federal Ariel Lijo rechazó suspender la pericia de los audios atribuidos al ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, en los que se menciona un presunto circuito de pago de sobornos entre el organismo, droguerías y funcionarios del Gobierno nacional.

La defensa había pedido la suspensión de la medida pericial que comenzó el 26 de agosto, pero el magistrado negó el planteo porque concluyó que los argumentos no son novedosos ni responden a una “modificación sobreviniente del objeto de la experticia”, según supo Infobae en fuentes judiciales.

La defensa tuvo conocimiento suficiente del alcance de la medida y sin embargo “no cuestionó oportunamente la individualización del material” y, “antes bien, participó de su desarrollo mediante la designación de un experto y la proposición de puntos de pericia”, agregó el magistrado en relación a planteos para que se excluya del análisis un pendrive aportado a la causa por el periodista Mauro Federico, primero en difundir los audios.

Lealtad y buena fe

Lijo reiteró lo que ya había señalado cuando rechazó un anterior planteo de nulidad de la pericia: “Las amplias facultades que asisten a las partes para ejercer su defensa y promover las medidas que consideren conducentes deben ser ejercidas de modo compatible con los principios de lealtad, probidad, buena fe y coherencia procesal”.

Y esos principios “resultan incompatibles con la adopción sucesiva de posiciones objetivamente contradictorias cuando ello conduce a obstaculizar injustificadamente el normal desenvolvimiento del proceso”.

En el caso, luego de reclamar estudios para determinar la autenticidad de los audios, “no resulta compatible con una actuación procesal coherente pretender ahora paralizar la experticia sobre la base de una objeción relativa a su objeto material que pudo —y debió— ser introducida oportunamente”, agregó la resolución.

La pericia de voz intentará determinar la autenticidad de los audios en los que Spagnuolo se refirió a presuntos pedidos de sobornos a droguerías para la compra de medicamentos de alto costo y baja incidencia destinados a personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad.

Ya iniciada, la defensa presentó por segunda vez un pedido para suspenderla y reclamó que se haga sobre los audios difundidos por la prensa y no sobre todos los incluidos en ese pendrive.

El camino a la pericia

El magistrado recordó que los cuestionamientos sobre la “autenticidad, integridad, origen y eventual manipulación de los registros sonoros” que se atribuyen a Spagnuolo fueron planteados desde el inicio mismo de la investigación. “Incluso, ya el 26 de agosto de 2025 la defensa de los hermanos Kovalivker (de la droguería Suizo Argentina) había solicitado la realización de un estudio pericial respecto de los audios que venían siendo mencionados en el expediente”, remarcó.

En ese contexto, fue precisamente la defensa de Spagnuolo la que insistió en cuestionar la validez de aquellos registros sonoros y acompañó un estudio pericial privado elaborado a su instancia, en el que se sostenía que los audios presentaban cortes, ediciones, manipulaciones e incluso trazas compatibles con la utilización de inteligencia artificial. Y sobre esa base promovió la nulidad y pidió excluir los audios como prueba y la “invalidez” de todo lo hecho en la causa penal a raíz de ello.

En la investigación delegada en la fiscalía federal de Franco Picardi ya están procesados Spagnuolo y otros acusados y la Cámara Federal porteña debe resolver si confirma esa decisión que tomó el anterior juez del caso, Sebastián Casanello.

Al respecto, se recordó ahora que fue la sala II de ese Tribunal de Apelaciones la que ordenó establecer el “origen y veracidad” de los audios, y ante ello el 30 de abril Lijo ordenó la pericia que ahora comenzó en Gendarmería Nacional sobre los audios “aportados oportunamente a la fiscalía instructora por el periodista Mauro Federico”, que fueron los difundidos.

Se dispuso “determinar, además, si habían sido objeto de adulteración, edición mediante inteligencia artificial o cualquier otro procedimiento semejante” y “desde el mismo momento en que fue ordenada la experticia quedó expresamente individualizado el material sobre el cual debía recaer. No existió, por ende, una modificación posterior de su objeto ni una decisión sorpresiva adoptada durante el desarrollo de las tareas periciales”, concluyó el juez en relación a los argumentos de la defensa cuando pidió la suspensión.

La resolución que ordenó la pericia “no fue genérica ni remitió indeterminadamente a cualquier audio difundido públicamente, sino que individualizó concretamente los registros aportados a la fiscalía instructora por Mauro Federico como objeto del examen técnico”.

La defensa de Spagnuolo no concretó en ese momento ningún cuestionamiento y, además, siguió con una intervención activa en la producción de esa prueba: designó un perito de parte, este aceptó el cargo y posteriormente promovió la incorporación de diversos puntos periciales destinados a profundizar el análisis técnico de los registros sonoros sometidos a estudio, algunos de los cuales fueron aceptados.

“En esas condiciones, no resulta atendible que recién una vez iniciadas las operaciones periciales la defensa pretenda introducir una distinción entre los registros sonoros difundidos por distintos medios de comunicación y aquellos aportados por Mauro Federico, para sostener sobre esa base que estos últimos deberían ser excluidos del estudio”, concluyó la decisión judicial.

Raúl Martins, el ex agente de inteligencia extraditado desde México para ser juzgado en Argentina por lavado de dinero y explotación de la prostitución ajena, seguirá preso por decisión de la Cámara Federal porteña, que este lunes se negó a excarcelarlo.

De manera paralela, su defensa presentó un planteo de arresto domiciliario ante el juzgado que lleva su causa y está pendiente de resolución.

Un largo proceso de extradición

Martins, de 77 años, llegó al país a fines de agosto y enfrenta una investigación por lavado de dinero agravado, una figura penal que en caso de llegar a una condena tiene una “elevada expectativa de pena”, remarcó el camarista Mariano Llorens en la resolución que firmó junto a su colega de la sala I del Tribunal de Apelaciones Pablo Bertuzzi. La investigación se lleva en el juzgado federal 1 a cargo de la jueza María Servini.

Además ya fue enviado a juicio ante el Tribunal Oral Federal 7 como presunto jefe de asociación ilícita y explotación de la prostitución ajena, un debate que tiene fecha de inicio pendiente. Desde que llegó al país, está detenido a disposición de ambos tribunales.

Riesgo de fuga

Al rechazar liberarlo, el juez Llorens sostuvo que hay riesgo de fuga. Martins recién se presentó voluntariamente en la causa una vez que regresó al extranjero, “oportunidad en la que solicitó que se lleve a cabo la audiencia indagatoria en México mediante exhorto, aprovechándose de las demoras que dicho trámite incurre”, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae. Su edad y estado de salud son temas que deberán valorarse cuando se decida sobre la prisión domiciliaria que pidió.

El 27 de agosto pasado el juzgado federal de primera instancia le negó la libertad que había pedido su abogado particular Facundo Álvarez. La defensa argumentó que no hay riesgos de fuga ni de entorpecer la investigación.

Martins fue detenido en 2019 en el aeropuerto de Cancún cuando intentaba dejar México sin ser reconocido, con una peluca. Desde entonces Argentina pidió su extradición. La defensa también sostuvo que sus reiterados intentos por evitar volver al país fueron “herramientas legítimas” de su defensa y que, después, la demora fue por la pandemia de COVID-19 y una reforma constitucional que dispuso cambios estructurales en el sistema judicial mexicano, dos factores que no pueden endilgársele a Martins. El ex agente de inteligencia pasó detenido con prisión domiciliaria en Cancún 6 años y casi 11 meses y ese tiempo debería computarse como prisión preventiva, argumentó también.

Explotación sexual y lavado

La acusación sostiene que lideró una banda dedicada a la explotación sexual de mujeres y al posterior blanqueo de las ganancias obtenidas. En la causa también está acusada su ex mujer Estela Percival.

Martins será juzgado por haberse dedicado de manera “sostenida e ininterrumpida en el tiempo” a ofrecer servicios de prostitución en diversos locales de la ciudad de Buenos Aires, para luego reintroducir el dinero obtenido ilícitamente en el mercado legal, ocultando su verdadero origen desde noviembre de 2010 a octubre de 2014 bajo la fachada de “whiskerías, bares o clubes nocturnos”.

En un dictamen conjunto que elaboraron en 2018 la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) y la fiscalía federal 6, a cargo por entonces del fallecido fiscal Federico Delgado, el negocio de la prostitución que encabezaría Martins se llevó adelante tanto en Argentina como en Cancún, México.

La Cámara Federal de Casación Penal realizará este jueves una audiencia clave para resolver sobre la validez del juicio en ausencia en la causa por el atentado a la AMIA, en la que están acusados diez ciudadanos iraníes y libaneses que nunca comparecieron ante la Justicia argentina.

Todo indica que, en lugar de una exposición oral, las partes presentarán sus argumentos por escrito. De esa manera la querella entregará su memorial de manera previa a que la sala II del máximo tribunal penal federal del país defina si confirma o no el mecanismo. Según anticiparon fuentes del caso a Infobae, insistirán en el reclamo de juicio en ausencia. Por su parte, la defensa oficial se opondrá mientras que la fiscalía a cargo de Raúl Pleé ya manifestó en un dictamen presentado en febrero pasado que debe seguirse adelante con el juicio en ausencia.

La audiencia fue fijada por el juez Diego Barroetaveña, integrante de la sala II, para este jueves a las 10. El planteo llegó a Casación a partir de la apelación de la defensa oficial contra la resolución que habilitó el juicio en ausencia para Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Ahmad Reza Asghari, Mohsen Rabbani, Salman Rauf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar.

Un mecanismo excepcional

El juicio en ausencia es un mecanismo excepcional que permite que un proceso penal avance y eventualmente llegue a sentencia aunque el acusado no esté físicamente presente ante el tribunal.

La herramienta fue incorporada al Código Procesal Penal de la Nación y al Código Procesal Penal Federal mediante la Ley 27.784, sancionada en febrero de 2025 y publicada en marzo de ese año.

El artículo 431 ter del Código Procesal Penal de la Nación establece que este mecanismo solo puede aplicarse en causas vinculadas con determinados delitos contemplados por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional —genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión— o con determinados instrumentos internacionales contra el terrorismo. El atentado del 18 de julio de 1994 que causó 85 muertes y centenares de heridos en la mutual judía de Pasteur 633 fue declarado delito imprescriptible y de lesa humanidad por la Justicia argentina.

El juez federal Daniel Rafecas, en la actualidad a cargo de la causa penal, habilitó el juicio en ausencia para los acusados iraníes y libaneses, todos ellos declarados rebeldes en el expediente por el ataque contra la AMIA. Esa decisión fue apelada por el defensor oficial Hernán Silva, confirmada en la instancia intermedia de apelación, la Cámara Federal porteña y el caso llegó así al máximo tribunal penal federal del país, que ahora deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad y validez del procedimiento.

Para esta definición también fue sorteado el juez que intervendrá en lugar del camarista Alejandro Slokar, excusado en la causa AMIA desde 2011. El magistrado designado fue Carlos Mahiques, que deberá resolver junto con Ángela Ledesma y Barroetaveña.

Qué argumenta la defensa

La convocatoria a la audiencia se resolvió después de que la AMIA volviera a reclamar una definición judicial en julio pasado durante el acto por un nuevo aniversario del atentado. El presidente de la entidad, Osvaldo Armoza, reclamó que la Cámara de Casación resuelva con urgencia la validez del juicio en ausencia para poder avanzar en el trámite de la causa.

En febrero pasado, el defensor oficial ante Casación Enrique María Comellas mantuvo el recurso de inconstitucionalidad contra la ley. Argumentó que la norma vulnera garantías porque “impediría a los acusados solicitar un nuevo juicio si en el futuro decidieran presentarse o fueran detenidos.” Además, sostuvo que la implementación del juicio en ausencia podría afectar la investigación y limitar la exploración de otras hipótesis no suficientemente analizadas.

El tema está en debate desde mediados de 2025: el 26 de junio del año pasado, el juez Rafecas aceptó los pedidos de familiares y fiscalía y ordenó el juicio en ausencia contra los diez acusados. Pero la defensa oficial a cargo de Hernán Silva apeló. La Cámara Federal porteña confirmó en octubre la decisión del juez de primera instancia y entonces la defensa presentó el recurso que ahora está en Casación.

La Cámara Federal porteña ordenó avanzar con los pasos necesarios para concretar la elevación a juicio. Rafecas ya conformó un equipo especial para trabajar en el procesamiento de los acusados prófugos, en el juzgado federal 6 que tiene el caso y que él subroga este año porque está vacante desde la jubilación de su titular, Rodolfo Canicoba Corral.

Entre los acusados, Akbar Velayati era Ministro de Relaciones Exteriores de Irán al momento del atentado, Mohsen Rezai estaba a cargo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria (“Pasdaran”), Vahidi tenía en aquella época a cargo la fuerza de elite “Al Quds” perteneciente a la Guardia Revolucionaria), Rabbani era el Consejero Cultural de la Embajada iraní en Argentina, Reza Asghari era tercer secretario de la representación diplomática iraní en Argentina y Soleimanpour ejercía como Embajador de la República Islámica de Irán en Buenos Aires.

El fiscal federal Franco Picardi pidió informes sobre cada operador del sistema que habilitaba la autorización de importaciones SIRA durante el cepo cambiario en 2023 y también en relación a los funcionarios que intervinieron en el caso puntual de dos empresas investigadas por presuntos pagos ilegales para acelerar los permisos, en la causa en la que está acusado Martín Migueles, pareja de Wanda Nara. Se trata de una parte de lo que se investiga en la megacausa por el llamado rulo cambiario.

La fiscalía requirió a la Dirección Nacional de Gestión Comercial Externa del Ministerio de Economía el envío de “la identidad de los funcionarios o usuarios que hubieran intervenido, el carácter y alcance de cada intervención, las fechas correspondientes y toda otra información vinculada con su trámite, análisis, evaluación, aprobación, observación o rechazo” de los permisos de importación, que se implementaron para acceder al dólar oficial durante el cepo cambiario del gobierno de Alberto Fernández.

Los investigadores tienen ya una primera respuesta a sus pedidos de informes pero advirtieron que “no satisface de manera íntegra lo requerido”. Se investigan supuestos pagos de sobornos de entre el 10 y el 15 por ciento del monto de las operaciones.

La mira en los permisos

La mira está puesta en el Sistema de Importaciones de la República Argentina (“SIRA”), y en particular en relación a Migueles sobre permisos gestionados para las firmas Nemes S.H. de Fuentes N. y Mazzarini C., Técnicas Ferroviarias Argentinas S.A. y Fizika S.R.L.

Al ordenar nuevas medidas de prueba, Picardi requirió que se le informe el “cargo desempeñado y el alcance concreto de los permisos asignados a cada usuario autorizado para operar el Sistema Informático Malvina (“SIM”) y, en particular, para habilitar o intervenir en la autorización de importaciones durante la vigencia del Sistema de Importaciones de la República Argentina (“SIRA”), como así también cualquier otro detalle relativo a la asignación de usuarios a la Secretaría de Comercio y sus dependencias”. La fiscalía busca conocer qué funcionarios o usuarios del sistema intervinieron en las solicitudes SIRA.

Además, se pidieron informes sobre cuáles fueron los “parámetros, criterios, variables o condiciones utilizados para la aprobación, observación o rechazo de las solicitudes SIRA, junto con la descripción del procedimiento administrativo y/o informático aplicable durante el período de vigencia del sistema”, según supo Infobae en fuentes judiciales.

En relación a las dos empresas investigadas la fiscalía busca conocer qué funcionarios o usuarios del sistema intervinieron, “el carácter y alcance de cada intervención, las fechas correspondientes y toda otra información vinculada con su trámite, análisis, evaluación, aprobación, observación o rechazo”.

Las llamadas de Migueles

La fiscalía también avanzó sobre los llamados que recibieron dos sospechosos de haber intervenido en la gestión irregular de los permisos, según la información obtenida del celular de Migueles. La fiscalía avanzó sobre la base de los listados de llamadas entrantes y salientes de Patricio Marre y Héctor Caputto, supuestos intermediarios en la gestión por la cual se habría cobrado entre un diez y un quince por ciento de comisión. Esta prueba ya está en los tribunales y ahora se pidieron informes sobre los titulares de los abonados telefónicos que registraron llamados con ellos en los días bajo investigación.

Según la imputación fiscal y en base a las conversaciones de Migueles surge que, con posterioridad al cumpleaños de Marre celebrado entre los días 14 y 15 de enero de 2023, ambos coordinaron una reunión en la que también participaría Ezequiel Caputto (“Pipo”), la cual finalmente habría tenido lugar el día 18 de enero de 2023 en el local gastronómico “Canta el Gallo”, ubicado en Nordelta”, reseñó.

El “rulo cambiario”

El fiscal reiteró además pedidos para levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil de otros imputados en el tramo de la causa que se vincula a maniobras de financieras con la compraventa de dólar a valor oficial para luego venderlo a valor blue y que está a cargo del Juzgado Federal 11 en Comodoro Py 2002, que subroga el juez Ariel Lijo.

La Cámara Federal porteña resolvió ya que las causas que investigan a Elías Piccirillo y Migueles por maniobras multimillonarias con el dólar oficial y el “rulo cambiario” durante 2023 queden a cargo de Lijo.

Se investiga la compraventa de dólar a precio oficial y posterior reventa a valor blue, el conocido rulo cambiario, por cifras multimillonarias durante el cepo. Entre los imputados hay financistas, así como bancos y casas de cambio. Figuran Piccirillo, Migueles y Francisco Hauque, un ex socio del primero que podría convertirse en arrepentido si es eventualmente citado a declaración indagatoria, según anticipó su defensa en tribunales.

Piccirillo está procesado con prisión preventiva bajo arresto domiciliario acusado de un presunto pago a policías para montar un operativo contra Hauque, a quien según la acusación le plantó droga y un arma, para evitar saldar una deuda multimillonaria que mantenía con él. Migueles preside “Arg Exchange SA”, una financiera que según la investigación habría hecho compras de divisas por unos USD 67,9 millones entre el 3 y el 20 de octubre de 2023, con presuntas transferencias y extracciones en efectivo que forman parte del análisis judicial.

El Poder Ejecutivo formalizó este miércoles los nombramientos de los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola como titulares en la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires, el tribunal intermedio que revisa todas las decisiones de los juzgados de primera instancia en Comodoro Py 2002.

Los magistrados prestarán juramento mañana a las 12 ante el actual vicepresidente de la Cámara a cargo de la presidencia, el juez Eduardo Farah. El acto se realizará en la sala AMIA, la más grande del edificio sede del fuero federal porteño y se prevé una masiva concurrencia.

El rol de la Cámara

Tras el acuerdo del Senado a los pliegos el 27 de agosto, los nombramientos se formalizaron a través de los decretos 848/2026 y 847/2026 firmados por Milei y el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, y publicados en el Boletín Oficial.

La Cámara Federal revisa las decisiones adoptadas por los jueces de Comodoro Py en causas por corrupción pública, narcotráfico, trata de personas, lavado de activos y otros delitos complejos.

Su intervención resulta determinante en apelaciones contra procesamientos, sobreseimientos, medidas de prueba y otras resoluciones que suelen marcar el rumbo de investigaciones de alto impacto político e institucional.

En el caso de la sala primera, quedará desde mañana integrada por el ya juez titular Mariano Llorens, Bertuzzi -quien ocupaba ese puesto pero trasladado por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri- y Yaradola, hasta hoy magistrado en el fuero en lo penal económico.

Entre los casos que les tocará tratar destaca la investigación por la fallida criptomoneda $LIBRA, que involucra al presidente Milei: en lo inmediato deberán decidir si convalidan la decisión del juez del caso, Marcelo Martínez De Giorgi, de apartar como querellantes a inversores que denunciaron haber sido estafados.

Por este tema ya hubo una audiencia en el segundo piso de Comodoro PY, sede de la Cámara, a la que asistieron Llorens, Bertuzzi y el juez Leopoldo Bruglia, quien también había sido trasladado por decreto presidencial desde un Tribunal Oral a ese puesto una década atrás. Ahora su vocalía será ocupada por Yadarola y el magistrado retornará al Tribunal del que es juez titular. El planteo en el caso $LIBRA está aún pendiente de resolución.

Por otro lado, en la sala II de ese Tribunal que hasta ahora tenía sus tres jueces titulares se abrió la vacante del camarista Martín Irurzun, quien cumplió 75 años en julio pasado sin que el Gobierno haya enviado su pliego al Senado para obtener un nuevo acuerdo que le permita seguir en el cargo otros cinco años.

Esa sala quedó conformada por los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah. En caso de disidencias, deberían convocar a alguno de sus colegas de la sala I. Entre las causas que llevan está por ejemplo el expediente ANDIS.

El final de un largo proceso

El origen de este proceso se remonta a la controversia generada por los traslados de magistrados realizados durante el gobierno de Mauricio Macri. En 2018, Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados desde el Tribunal Oral Federal 4 a la Cámara Federal porteña.

La situación derivó en una disputa institucional que llegó hasta la Corte Suprema. En noviembre de 2020, el máximo tribunal concluyó que esos traslados tenían carácter excepcional y no podían equipararse a una designación definitiva cuando implicaban cambios de jurisdicción o competencia.

Al mismo tiempo, dispuso que los magistrados permanecieran en sus cargos hasta que las vacantes fueran cubiertas mediante el procedimiento constitucional previsto para la designación de jueces.

A partir de esa decisión, el Consejo de la Magistratura impulsó distintos procesos de selección para regularizar la situación de los cargos involucrados. El Concurso N° 461 quedó destinado a las dos vocalías de la Sala I que hoy ocupan Bruglia y Bertuzzi y resultaron designados este último, quien se presentó a concursar y Yadarola.

La Cámara Federal porteña confirmó el archivo de la causa penal por el préstamo de USD 57.100 millones otorgado a la Argentina por el FMI durante el macrismo y rechazó un planteo de la fiscalía para reabrir la pesquisa.

La investigación por la deuda con el Fondo Monetario Internacional se inició en 2019 por presunta defraudación, quedó archivada en febrero pasado en el juzgado de la jueza federal de primera instancia María Eugenia Capuchetti, en una decisión ahora ratificada por los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, de la sala I del Tribunal de Apelaciones.

La denuncia incluyó al expresidente Mauricio Macri, al ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, y a dos actuales integrantes del gabinete nacional: el ministro de Economía, Luis Caputo (entonces secretario de Finanzas y luego presidente del BCRA), y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger ( por entonces titular del Banco Central).

“La confirmación del archivo no vulnera el principio acusatorio ni las obligaciones internacionales asumidas por la Argentina en materia de lucha contra la corrupción. Tras más de cinco años de pesquisa, la fiscalía no logró articular una hipótesis delictiva que, sobre la base de la prueba reunida, permita afirmar con entidad suficiente la existencia de los delitos invocados”, sostuvo la resolución a la que accedió Infobae.

Urgencia financiera

El tribunal sostuvo que no corresponde revisar decisiones de política pública sin prueba de delitos, en sintonía con los argumentos de la jueza cuando archivó la pesquisa, cuya decisión fue apelada por el fiscal del caso, Franco Picardi.

La Cámara argumentó también que el acuerdo se gestionó “en un contexto de urgencia financiera reconocida” y en ese marco “no es posible inferir que el proceder de los imputados haya estado guiado por el propósito de violar la ley”, según la resolución a la que accedió Infobae.

Se mencionó también la doctrina de la Corte Suprema sobre las materias propias de otros poderes del Estado que quedan fuera del control judicial, una limitación que cede cuando bajo la apariencia de una política pública pueden esconderse beneficios personales para funcionarios, algo que según la resolución, no se probó en este caso. Para la Cámara no fue posible inferir el dolo específico exigido para el delito de abuso de autoridad.

Respecto de la figura de administración fraudulenta, el tribunal examinó la referencia fiscal al informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que estimó un perjuicio patrimonial para el Estado de USD 29.618 millones. La Cámara afirmó que ese deterioro, por sí solo, no permitía acreditar que hubiera existido una disposición patrimonial consciente de su carácter ruinoso ni una sustracción de fondos en beneficio propio o ajeno.

La denuncia giraba en torno a la ausencia de decreto presidencial para formalizar el acuerdo, falta de intervención del jefe de Gabinete, participación del Ministerio de Hacienda en lugar del Ministerio de Finanzas, la omisión de un dictamen del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sobre el impacto en la balanza de pagos y la apertura tardía de expedientes administrativos.

Otro de los ejes de la apelación fiscal fue que el archivo fue dispuesto antes de agotar diligencias que podían arrojar luz sobre la trazabilidad de los desembolsos y los vínculos entre funcionarios y operadores beneficiados por la salida de divisas.

El fallo destacó que la instrucción se extendió durante más de cinco años y reunió informes de la Auditoría General de la Nación (AGN), de la SIGEN y del BCRA, además de expedientes administrativos, testimonios, datos sobre formación de activos externos y la documentación suscripta con el organismo internacional.

La causa buscaba determinar si existieron delitos por parte de los funcionarios argentinos en el proceso de negociación, firma y ejecución del préstamo stand-by pactado en 2018, primero por USD 50.000 millones y luego ampliado hasta USD 57.100 millones.

La Cámara Federal porteña confirmó este viernes el apartamiento de las querellas en la investigación por el fallido lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, promocionado con un posteo en X por el presidente Javier Milei en febrero de 2025 y advirtió que quienes la compraron asumieron la “fuerte exposición al riesgo” de un “negocio de por sí volátil”.

“Compartimos el criterio sostenido por el juez de grado en cuanto a que la operatoria examinada se desenvolvió en el marco de un negocio de por sí volátil, caracterizado por la ausencia de regulación financiera y una fuerte exposición al riesgo, circunstancias que resultaban conocidas por quienes decidieron operar en ese ámbito”, concluyeron los camaristas de la sala I del Tribunal de Apelaciones Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.

De esta manera ratificaron la decisión del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, cuando el 3 de julio pasado apartó a cinco inversores que habían sido aceptados como querellantes, con lo cual la pesquisa quedó solo bajo el impulso de la fiscalía de Eduardo Taiano, quien tiene delegada la investigación.

Se trató de una de las primeras resoluciones que firmó Bertuzzi como juez titular de ese Tribunal de Apelaciones, cargo que juró ayer, jueves, tras concursarlo. El magistrado ya integraba la sala I de la Cámara Federal pero había sido trasladado por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri desde un Tribunal Oral.

Un ardid no demostrado

Los ahora ex querellantes Alan Vega, Braian Emanuel Quintero, Matías Alejandro Paris, Juan Patricio Marchetto y Martín Romeo ya no podrán tener acceso a la causa penal.

En su resolución firmada en la mañana de este viernes, los camaristas consideraron que “ninguno de los aquí apelantes ha logrado demostrar, a los fines de su legitimación, el ardid o la afirmación falsa concreta que los hubiera determinado a adquirir el token, ni la existencia de un nexo que conecte esa presunta maniobra perniciosa con la disposición patrimonial que habrían ejecutado”.

Más allá de la publicación del “tuit” de Milei, “aunque analizable desde otros extremos” , los apelantes “solo se han limitado a describir una sucesión de eventos sin identificar la falsedad concreta que los impulsó a efectuar la compra”, agregaron los jueces sobre el posteo en la red social X que hizo el Presidente el día del lanzamiento de la criptomoneda.

La venta del activo virtual se produjo “en un entorno que funciona como una suerte de libro contable”, donde se registra de “manera inmutable toda la información concerniente a la operatoria del mercado”, lo cual facilita a los actores una estimación del nivel de riesgo del producto, así como de la probabilidad de observar fluctuaciones pronunciadas en la cotización, se analizó en la resolución judicial.

Riesgo voluntario

Quienes compraron el token “asumieron voluntariamente los riesgos inherentes a esa clase de compra y, en el caso de los aquí apelantes, la pérdida patrimonial invocada no resulta sino una consecuencia de ese riesgo asumido”, advirtió el fallo. También se aclaró que si bien en un inicio del caso se los admitió en ese rol, el devenir de la pesquisa puede justificar un cambio en esa decisión.

Se investiga lo ocurrido con la criptomoneda cuya cotización subió apenas lanzada y luego se desplomó, horas después, “por las ventas del equipo creador, circunstancia que habría habilitado el retiro de unos USD 100.000.000″, recordó la resolución.

En el lanzamiento del token habrían intervenido Julian Peh y Hayden Davis, con representación local a través de Mauricio Novelli, a raíz de un contacto previo entre Peh, Davis y el Presidente en el “Tech Forum” de octubre de 2024. Este evento estuvo organizado por Novelli y Manuel Terrones Godoy. Todos ellos están bajo investigación.

Qué argumentaron los inversores

En julio pasado, el juez Martínez De Giorgi aceptó el planteo del lobista y trader Novelli porque advirtió que “la legitimación para intervenir como parte querellante exige la acreditación de una afectación concreta, directa y suficientemente individualizada, derivada del suceso investigado, extremo que no se encuentra debidamente demostrado en el estado actual del proceso”.

En la causa se investiga si el creador de $LIBRA, el estadounidense Hayden Davis, logró acercarse a Milei a través de Novelli y otros imputados -entre ellos su socio Manuel Terrones Godoy- y ello derivó en la difusión del proyecto por parte del Presidente en el posteo del 14 de febrero de 2025. La sospecha gira en torno a un multimillonario pago hecho por Davis a los ahora investigados.

Novelli, fundador de la academia N&W Professional Traders, organizador del Tech Forum y nexo entre empresarios cripto y la Casa Rosada, había solicitado desplazar a los denunciantes particulares bajo el argumento de que las pérdidas económicas fueron el resultado de la volatilidad propia de un mercado de riesgo no regulado y no de una estafa.

Las querellas rechazaron la pretensión de apartarlas y argumentaron que fueron víctimas de lo ocurrido con el posteo de Milei acompañado de la difusión del contrato para adquirir el activo. Según expresaron, “el aval del Jefe de Estado fue el ardid consumado”, una acción que generó un fenómeno de urgencia y ansiedad por comprar que nubló el juicio de los ahorristas.

Los jueces Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi juraron este jueves como integrantes de la sala I de la Cámara Federal porteña, un tribunal clave en Comodoro Py 2002, en un masivo acto que convocó a autoridades del Gobierno nacional y funcionarios judiciales, ante un auditorio colmado.

Entre muchos otros asistieron el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti; los ministros de Seguridad Alejandra Monteoliva y de Justicia Juan Bautista Mahiques y el viceministro de esa cartera Santiago Viola y los jueces de la Cámara Mariano Llorens y Eduardo Farah. El restante integrante de ese Tribunal, el juez Roberto Boico, no asistió a la jura por un tema de salud.

Todos ellos fueron quienes se ubicaron en el estrado junto a los desde ahora jueces titulares del Tribunal de Apelaciones que revisa todas las decisiones de los doce juzgados federales de primera instancia.

La toma de juramento estuvo a cargo del juez Farah, vicepresidente de la Cámara en ejercicio de la presidencia y se desarrolló en un clima informal con palabras de bienvenida del magistrado a sus colegas. En el caso de Bertuzzi ya tiene despacho en el segundo piso del edificio judicial de Retiro porque fue trasladado a esa vocalía de la Cámara por decreto presidencial durante el gobierno de Mauricio Macri. El juez concursó para el cargo y desde ahora lo ocupará como titular.

A cada “si juro” siguió un cerrado aplauso del público, que se extendió por varios minutos. Concluido el acto se formaron dos largas hileras de asistentes para saludar a Yadarola y Bertuzzi.

Jueces, fiscales y funcionarios

En primera fila se ubicaron los jueces de la Cámara Federal de Casación Diego Barroetaveña, Javier Carbajo, Gustavo Hornos, Carlos Mahiques y también asistió la magistrada de ese tribunal ya jubilada Liliana Catucci.

La sala Auditorio en el subsuelo del edificio judicial rebalsó de público al igual que el entrepiso, por lo general reservado para la prensa. Los jueces federales de primera instancia -cuyas decisiones revisa la Cámara- ocuparon una hilera de sillas en la sala: estuvieron Ariel Lijo, Julián Ercolini, Sebastián Casanello, María Eugenia Capuchetti y Marcelo Martínez De Giorgi. Entre sus ex colegas se ubicó además el senador por la provincia de Buenos Aires, Guillermo Montenegro, ex juez federal porteño.

Además asistieron a la jura, entre otros, jueces de Tribunales Orales Federales como Andrés Basso y José Michilini y fiscales, entre ellos el de Casación Raúl Pleé, de primera instancia porteño Ramiro González y Miguel Osorio, ante tribunales orales como Fabiana León y Diego Velasco y el de San Martín Carlos Cearras. También fueron parte del evento los jueces federales de San Isidro Lino Mirabelli y de Lomas de Zamora Federico Villena y por el fuero penal económico, donde hasta hoy era parte Yadarola, estuvieron los jueces Gustavo Meirovich y Ezequiel Berón de Astrada. Además estuvieron los jueces del Tribunal Oral Federal 7 que lleva adelante el juicio “Cuadernos”, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero. La jura fue presenciada por decenas de integrantes de juzgados y fiscalías además de abogados del fuero.

Los nombramientos se formalizaron a través de los decretos 848/2026 y 847/2026 firmados por el presidente Javier Mileiy el ministro de Justicia Mahiques, y publicados en el Boletín Oficial. Fueron leídos de manera previa a la jura de cada magistrado.

Qué función tiene la Cámara Federal

La Cámara Federal porteña revisa las decisiones adoptadas por los jueces de Comodoro Py en causas por corrupción pública, narcotráfico, trata de personas, lavado de activos y otros delitos complejos.

Su intervención resulta determinante en apelaciones contra procesamientos, sobreseimientos, medidas de prueba y otras resoluciones que suelen marcar el rumbo de investigaciones de alto impacto político e institucional.

En el caso de la sala primera, quedó integrada por el ya juez titular Mariano Llorens, Bertuzzi -quien ocupaba ese puesto pero trasladado por decreto durante el gobierno de Macri-y Yadarola, hasta hoy magistrado en el fuero en lo penal económico.

Entre los casos que les tocará tratar destaca la investigación por la fallida criptomoneda $LIBRA: en lo inmediato deberán decidir si convalidan la decisión del juez del caso, Marcelo Martínez De Giorgi, de apartar como querellantes a inversores que denunciaron haber sido estafados.

Por otro lado, en la sala II de ese Tribunal que hasta ahora tenía sus tres jueces titulares se abrió la vacante del camarista Martín Irurzun, quien cumplió 75 años en julio pasado sin que el Gobierno haya enviado su pliego al Senado para obtener un nuevo acuerdo que le permita seguir en el cargo otros cinco años.

Esa sala quedó conformada por los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah. En caso de disidencias, deberían convocar a alguno de sus colegas de la sala I que quedó integrada desde ahora por tres jueces titulares nombrados por concurso. Entre las causas que llevan está por ejemplo el expediente ANDIS.

El juez federal Julián Ercolini pidió informes al Registro de la Propiedad sobre el departamento del primer piso de San José 1111, ubicado debajo del de la expresidenta Cristina Kirchner y que se atribuye a la sindicalista de la UOM María Soledad Calle- Además, ordenó una batería de pruebas sobre su patrimonio y el del ex titular del gremio Abel Furlán.

Entre las medidas ordenadas en la investigación por presunta defraudación, el magistrado pidió al Registro de la Propiedad Inmueble de la ciudad de Buenos Aires un informe histórico completo del primer piso de San José 1111. En ese edificio, un piso más arriba, cumple arresto domiciliario, condenada en la causa Vialidad, la ex presidenta.

El juez pidió un detalle de adquisiciones, escribanías, registros notariales y documentación registral del primer piso, que según la denuncia de opositores gremiales habría sido comprado por Calle.

Propiedades y autos

También requirió a ARCA que informe si Calle trabaja o trabajó en relación de dependencia para UOMRA desde 2022, y sus remuneraciones y declaraciones juradas presentadas en caso de respuesta positiva.

En relación a Calle, Furlán y otros dos imputados en la causa, Adalberto Braconi y Osvaldo Lobato, abrió una investigación fiscal-patrimonial y pidió también al organismo recaudador información sobre sus declaraciones de bienes personales entre 2022 y 2025, domicilios, ingresos. También se deberá informar al juzgado ingresos provenientes de UOMRA, OSUOMRA, USEM y Grupo Vértice.

Respecto de USEM, la empresa vinculada a Calle que habría sido contratada por la UOM y Grupo Vértice, se requirieron declaraciones juradas, actividades, domicilios, facturación, compras y ventas, según supo Infobae en fuentes judiciales. En particular se pidió información sobre la facturación de USEM al sindicato y de operaciones de esa firma con el grupo Vértice.

El juez pidió detalles sobre la propiedad de diferentes vehículos, un Peugeot 3008 y BMW M135 xDrive vinculados con Calle; ocho autos de la UOMRA mencionados en la denuncia y “todos los automotores/motovehículos registrados desde 2022 por Furlán, Calle, Braconi, Lobato, UOMRA, OSUOMRA, USEM y Grupo Vértice, incluso como autorizados a conducir”, con foco en el año 2025. También sobre aeronaves, embarcaciones y otras propiedades.

Las medidas incluyen pedidos de informes sobre cuentas y productos financieros de los imputados, el sindicato y las empresas investigadas. Además se puso el foco en los viajes internacionales y se requirieron datos migratorios desde 2022.

La denuncia

El 26 de agosto último los denunciantes Ángel Derosso, Pablo González y Gerardo Piva, con el patrocinio del abogado Yamil Castro Bianchi, concretaron nuevas presentaciones donde pidieron ampliar el objeto procesal de la investigación para abarcar en forma total la supuesta maniobra “de desapoderamiento patrimonial que habría afectado tanto a la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina como a su Obra Social OSUOMRA”.

Pidieron sumar a la causa un contrato firmado entre la empresa USEM SA y la obra social, investigar el impacto sobre el patrimonio y las prestaciones, “como así también el conocimiento o intervención que pudiera haber tenido la autoridad estatal de control”. Además se refirieron a publicaciones periodísticas que dieron cuenta de la formación de sociedades y compra de bienes por parte de Calle, “los cuales potencialmente podrían provenir, a juicio de los nombrados, del provecho de las maniobras investigadas”.

La fiscalía dictaminó que se puede avanzar con las nuevas medidas de prueba en base a la imputación que se realizó en marzo pasado y que dio impulso a la investigación penal.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi sobreseyó al ex director de la AFI en el macrismo Gustavo Arribas, a su segunda Silvia Majdalani y otros dos imputados en una investigación por presuntas maniobras de inteligencia ilegal durante la cumbre de la Organización Mundial de Comercio en 2017 y el G20 en 2018 al concluir que no hubo delito.

El magistrado sostuvo que las tareas realizadas por el organismo estuvieron vinculadas a la seguridad de esos encuentros, según la resolución a la que accedió Infobae, tomada en una causa que se inició por denuncia en 2020 de la entonces interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño.

“Las hostilidades observadas en los antecedentes extranjeros de tales reuniones evidenciaban un grave problema que requería la atención inexcusable del Estado argentino”, fundamentó el juez en el fallo de 97 carillas. Argentina, como país anfitrión, debía “adoptar las decisiones estratégicas necesarias para contrarrestar el riesgo potencial de que esos incidentes se repitieran, garantizando la seguridad de las personas, lugares y recursos de su infraestructura crítica y, en particular, el normal desenvolvimiento de las convenciones y la integridad física de los asistentes”, puntualizó.

Y en ese marco, lo hecho por la AFI “bajo una estricta relación de medio a fin” fue un “recurso válido para alcanzar esos objetivos”.

Informes sobre periodistas y organizaciones sociales

La denuncia sostuvo que en dependencias de la AFI se hallaron fichas e informes sobre periodistas, académicos, organizaciones sociales, partidos políticos y otros participantes vinculados a la reunión ministerial de la OMC y a la cumbre del G20.

Pero el juez concluyó que los hechos investigados “se circunscriben específicamente a las tareas desplegadas por el personal de la entonces Agencia Federal de Inteligencia” durante la Reunión Interministerial de la OMC y la Cumbre del G-20.

En ese marco, sostuvo que la intervención del organismo estuvo justificada por la necesidad de seguridad ante la “envergadura de los eventos que tuvieron lugar en nuestro país en los años 2017 y 2018″ y remarcó que en el caso no se requería autorización judicial previa que sí hubiera sido necesaria ante otro tipo de tareas como la interceptación de comunicaciones, el acceso a documentos privados no públicos o el ejercicio de funciones policiales o de investigación criminal en una causa concreta, enumeró.

“La naturaleza de tales intervenciones, adecuadas entonces a las previsiones de la Ley Nacional de Inteligencia N° 25.520, habilitaban su realización sin orden judicial”, concluyó.

Datos de la web

Al respecto, Martínez De Giorgi remarcó que gran parte de la información provenía de fuentes abiertas y “su recolección no puede ser considerada como una invasión a la esfera de la intimidad de los afectados”: está disponible en redes sociales y es “pública y de consulta irrestricta”. En muchos casos se trataba de datos extraídos de sitios web, publicaciones periodísticas y perfiles públicos en redes sociales.

Además, argumentó que no se probó un espionaje por razones ideológicas. “No existe entre todos los informes encontrados un patrón común que permita concluir que las averiguaciones estuvieron motivadas en un determinado posicionamiento político o ideológico” mientras que el único punto de conexión pasó por esos eventos.

En la causa, la fiscal federal Paloma Ochoa había reclamado en marzo de 2021 la declaración indagatoria de Arribas, Majdalani y los otros dos por entonces funcionarios de la AFI imputados, Martín Coste y Carlos Tonelli Banfi. En su planteo sostuvo que, bajo conocimiento de las autoridades de la AFI, se había producido, reunido y almacenado información sobre periodistas, académicos, organizaciones sociales, sindicales y partidos políticos con el objeto de definir “sus perfiles ideológicos, opiniones políticas y de adhesión o pertenencia”.

Tonelli Banfi estaba a cargo de la Dirección de Eventos Especiales, donde se confeccionaron “fichas” de distintas personas que habían solicitado acreditarse a estos eventos internacionales, habían sido luego remitidas a Contrainteligencia, cuyo responsable era Coste, y desde allí se hizo una especie de “visado” y a partir de eso se negó el acceso de manera “subjetiva y arbitraria” a esos eventos, sostuvo la acusación.

El juez federal Julián Ercolini condenó a seis meses de prisión en suspenso al exdirector de Personal de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Pablo Brula, por omisión maliciosa de datos en su declaración jurada patrimonial, al dar por probado que no declaró una sociedad en Florida, Estados Unidos, ni los inmuebles, cuentas y movimientos vinculados con esa estructura.

Además de la pena de ejecución condicional, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 10 le impuso a Brula inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, reglas de conducta por seis meses y la prohibición de salida del país, con retención de sus pasaportes argentino y esloveno. La sentencia se conoció al término de un juicio oral celebrado el 26 de agosto pasado, llevado adelante por el juez de manera unipersonal y en el que la acusación estuvo a cargo del fiscal federal Franco Picardi, en los tribunales federales de Comodoro Py 2002.

Omisión reiterada

Ercolini sostuvo que el acusado omitió “de manera reiterada y sostenida” consignar en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción su participación en B&Q Investments LLC, una sociedad constituida el 2 de mayo de 2011 junto con su esposa, en partes iguales.

Según el fallo al que tuvo acceso Infobae, el entonces funcionario de carrera quedó obligado a presentar declaración jurada patrimonial integral a partir de su designación como director interino de la Dirección de Personal de AFIP, el 17 de diciembre de 2015. A partir de allí presentó siete declaraciones, pero la causa se concentró en tres: la inicial “2014 Original”, presentada el 29 de febrero de 2016; la “2015 Original”, presentada el 6 de junio de 2016; y la “ANUAL 2016 Original”, presentada el 1 de agosto de 2017.

“La omisión no se limitó a una única declaración jurada: se trató de una conducta reiterada y sostenida a lo largo de las tres declaraciones que forman parte de la acusación”, advirtió la sentencia.

Departamentos en Florida

La resolución detalló que, en la declaración inicial, Brula no informó la existencia de la sociedad ni un inmueble ubicado en Riviera Beach, Florida, adquirido por un valor aproximado de 65.000 dólares.

En la presentación siguiente, siempre según la sentencia, tampoco declaró que esa propiedad había sido vendida el 4 de junio de 2015 y que el dinero se había transferido a una cuenta abierta en Citibank, sucursal Surfside Beach, Florida.

A su vez, en la declaración correspondiente a 2016, el magistrado señaló que Brula omitió consignar la compra de un segundo inmueble, ubicado en Pompano Beach, Florida, por 90.000 dólares, su venta posterior por un monto aproximado de 80.926 dólares y el dinero en efectivo percibido por esa operación.

El exfuncionario omitió declarar “la existencia de la sociedad B&Q Investments LLC”, el primer inmueble, la venta de esa propiedad, la cuenta bancaria donde se depositó el producido, la compra y venta del segundo inmueble, “el dinero en efectivo percibido como producto de esa venta” y “los resultados de la explotación en alquiler de ambos inmuebles”, enumeró la sentencia.

Patrón sostenido o error

Uno de los ejes del fallo fue la discusión sobre el carácter doloso o involuntario de la omisión. La defensa sostuvo que había existido un error al confeccionar la primera declaración, pero el juez descartó esa explicación porque “no se trató de un olvido puntual circunscrito a una sola presentación, sino de un patrón sostenido frente a dos organismos de control distintos”, en referencia a la Oficina Anticorrupción y al propio organismo recaudador.

El juez agregó que la omisión tampoco había sido subsanada en las presentaciones posteriores y remarcó que la falta de declaración de la sociedad ya se verificaba antes del ingreso de Brula al régimen de declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción, porque tampoco había sido informada ante AFIP entre 2011 y 2020.

Para el magistrado, ese cuadro permitió descartar la hipótesis de una equivocación aislada. En esa línea, concluyó que la reiteración de omisiones reveló “el necesario conocimiento de sus omisiones y la deliberada intención de inducir a error a los organismos de control sobre su verdadera situación patrimonial”.

El deber de declarar

Ercolini también apoyó su decisión en la trayectoria del condenado. Recordó que Brula es licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en Dirección de Recursos Humanos por la Universidad del CEMA y otra en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de San Andrés.

A eso sumó que ingresó a AFIP en 1990, trabajó en áreas de auditoría, fue jefe del Departamento Administración de Personal entre 2004 y 2015, director de Personal desde diciembre de 2015 y luego subdirector general de Recursos Humanos. “Esa formación universitaria y esa extensa trayectoria de más de treinta años en el organismo nacional permiten descartar que Brula pudiera desconocer, por impericia o inexperiencia, el alcance de su deber de declarar la totalidad de su patrimonio”.

También sostuvo que “quien alcanzó los cargos de Director de Personal y, luego, de Subdirector General de Recursos Humanos en el propio ente recaudador nacional, no podía ignorar que la normativa vigente exige declarar el patrimonio integral del funcionario público, tanto en el país como en el extranjero”.

La conducta se encuadró en el delito previsto en el artículo 268, inciso 3, del Código Penal, que reprime la omisión maliciosa de datos en la declaración jurada patrimonial de un funcionario público. “Decidió ocultar toda su situación patrimonial en el extranjero en sus declaraciones ante el propio organismo en el que se desempeñaba” y esa conducta resultó “claramente contraria al código de ética de la institución”, advirtió la sentencia.

El juez añadió que Brula presentó sus declaraciones “en discordancia con su real situación patrimonial, ocultando de manera sistemática” la existencia de la sociedad en el extranjero, los inmuebles adquiridos por su intermedio, la cuenta bancaria y el dinero obtenido.

Se lo condenó a seis meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. También se le impusieron reglas de conducta por seis meses, entre ellas, fijar domicilio, no ausentarse por más de 24 horas sin avisar al tribunal, comparecer una vez por mes ante el juzgado y presentarse cada vez que sea citado.

La sentencia ordenó, además, la prohibición de salida del país y la retención de sus pasaportes. Brula había informado en sus últimas palabras que tenía previsto viajar a Eslovenia 48 horas después del veredicto, algo que ahora no podrá hacer.

La Justicia abrió una causa penal y procesó al pasajero de un avión que en enero pasado encendió un cigarrillo electrónico en uno de los baños y activó la alarma de humo. Se lo acusó por presunto “entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte aéreo” y quedó embargado por dos millones de pesos.

Al momento del hecho, la aeronave estaba a 35.000 pies de altura y el comandante recibió el alerta en la cabina: provenía del baño trasero. El piloto envió a los auxiliares de vuelo y se encontraron con el pasajero vapeando. El objeto le fue retenido y cuando aterrizaron en Aeroparque se dio intervención a la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

¿Por qué es delito?

El pasajero fue procesado por la justicia de primera instancia, en una decisión que ahora confirmó la Cámara Federal porteña. “La prohibición de fumar cigarrillos y de utilizar vapeadores electrónicos durante los vuelos comerciales responde a una política adoptada uniformemente por casi todas las aerolíneas comerciales del mundo” y en el caso concreto, esa condición estaba publicada en la página web de la empresa, remarcó el juez Eduardo Farah.

Los dos jueces de la sala II del Tribunal que analizaron la causa, Farah y Roberto Boico no llegaron a un acuerdo ya que este último votó por revocar el procesamiento, ante lo cual se convocó a un tercer magistrado para desempatar, Pablo Bertuzzi de la sala I, quien adhirió a la postura confirmatoria de la acusación.

Se aludió tanto a razones de “seguridad como de salud pública” dispuestas por las autoridades reguladoras del sistema aerocomercial a nivel nacional e internacional para prevenir incendios que pueden provocarse ya sea por uso de fuego para encender un cigarrillo, la manipulación o descarte de una colilla encendida, o bien “por el sobrecalentamiento o desperfecto de la batería de un dispositivo electrónico”.

Aun cuando fumar o vapear no genere en el momento un peligro concreto -más allá de lo que en potencia representa- tanto el humo como el vapor activan los sensores de los baños con alertas falsas y alarma en la tripulación, analizó la resolución judicial a la que accedió Infobae.

Lo ocurrido provocó la activación de un dispositivo que distrajo al personal a bordo, que dejó sus tareas habituales para atender la emergencia y ocuparse de “algo que no debiera”.

Si bien los jueces descartaron que se haya puesto en riesgo la seguridad, sí dieron por probado que hubo un estorbo en el normal funcionamiento del medio de transporte, un delito que si bien es leve corresponde confirmar teniendo en cuenta que hay soluciones alternativas que ofrece la ley para una “adecuada y proporcionada” reparación del conflicto penal sin que haya que llegar a juicio oral.

La defensa oficial había pedido revocar el procesamiento y sobreseer al pasajero porque el piloto del avión declaró que el vuelo transcurrió con normalidad y llegó al Aeroparque porteño desde Colombia sin inconvenientes.

Deber de información

En el voto en disidencia, el juez Boico ratificó que está prohibido el uso de cigarrillo electrónico en los aviones, porque funciona mediante un sistema de calentamiento que “eleva la temperatura de un líquido hasta transformarlo en vapor. Ese proceso requiere la generación de calor a través de una batería (generalmente de litio), la cual, ante una falla, sobrecalentamiento o desperfecto, podría generar una reacción incendiaria dentro de la aeronave, comprometiendo potencialmente la seguridad operacional del vuelo y la integridad de los pasajeros”, según el informe de un inspector de la Administración Nacional de Aviación Civil.

En ese sentido, el comandante de la aeronave explicó además que la situación puso en riesgo la seguridad del vuelo, aun cuando luego transcurrió con normalidad y arribó a su destino sin inconvenientes.

En el caso puntual, el juez advirtió que “no ha logrado determinarse” si el pasajero conocía los límites y si “había sido previamente impuesto de la prohibición que emana de las normas de seguridad -específicamente en lo que hace a la prohibición de utilizar cigarrillos electrónicos durante el vuelo- y pese a ello actuó del modo verificado”.

Para el camarista no alcanza con el ícono “prohibido fumar” colocado en los aviones y es necesario probar por qué medios y con qué alcance la compañía aérea informó sobre la prohibición de uso del cigarrillo electrónico para evaluar luego si el pasajero actuó con “dolo”. Por ello postuló en minoría revocar el procesamiento y profundizar la investigación.

Un constructor rosarino complicó este martes al financista Ernesto Clarens al declarar que el acusado lo llamó para ofrecer sus servicios a la hora de obtener obra pública y otro testigo, presidente de la firma Supercemento, confirmó que un ejecutivo le habló de pagos ilegales por un total de 150 mil dólares para la “campaña”.

Clarens dijo “que tenía mucha relación con el Gobierno”, contó el testigo Franco Gagliardo ante el Tribunal Oral Federal 7 en una nueva audiencia del juicio a la expresidenta Cristina Kirchner, exfuncionarios de su gobierno, empresarios vinculados a la obra pública y al remisero arrepentido y autor de los cuadernos que dieron origen a la investigación, Oscar Centeno.

En la audiencia declararon también ex ejecutivos de Techint que confirmaron el clima de hostilidad y la “xenofobia” que había hacia los argentinos tras la nacionalización de SIDOR en Venezuela. Según la acusación los pagos ilegales de esa empresa fueron para lograr gestiones a la hora de sacar a sus empleados de ese país.

Miriam Quiroga

Además el tribunal avanzó a la hora de definir si cita como testigo a la ex secretaria de Ceremonial durante el gobierno de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga.

La mujer no asistió a una primera convocatoria por motivos médicos y ahora fue sometida a un amplio examen médico por orden de los jueces Enrique Méndéz Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, quienes quedaron en condiciones de decidir. El informe psiquiátrico y psicológico concluyó que puede ser interrogada como testigo de manera remota aunque otro elaborado por el Cuerpo Médico Forense lo desaconsejó.

Terminó la audiencia y el juicio sigue el jueves próximo

El presidente de Supercemento concluyó su declaración como testigo y el juicio seguirá el próximo jueves.

Antes de concluir la jornada se informó sobre la situación de dos testigos: la ex secretaria de Ceremonial en el gobierno de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga y el CEO de Techint Paolo Rocca. Sobre este último se entregaron al Tribunal certificados médicos que dan cuenta de la imposibilidad de tomarle declaración testimonial.

Declara el presidente de la empresa Supercemento y ratifica que supo de tres pagos de 50 mil dólares

El presidente de Supercemento, Raúl Ibarra, declara como testigo. Estuvo acusado en la causa y fue sobreseído. Su empresa fue mencionada en las anotaciones del remisero arrepentido Oscar Centeno.

Declaró que cuando estalló el escándalo Cuadernos supo de tres episodios en los que se habría entregado dinero, porque se lo contó otro directivo de la empresa en ese momento. Miguel Marconi “me comentó que lo habían llamado, que tenían que comunicarse con él y entregar un sobre. Esto sucedió tres veces. Sé que alguien hablaba con (Ignacio) Moresco”, afirmó en relación a otros dos directivos.

Según relató, Moresco le dijo a Marconi que ese dinero era “para la campaña”. Marconi “no abrió los sobres, pero creía que contenían importes cercanos a los 50.000 dólares cada uno”, relató. Dijo que lo contactó un “tal Nelson” para las entregas que se hicieron en el edificio de Supercemento.

“Sé que fue por insistencia”, dijo sobre esos pagos. “¿A cambio de qué?“, preguntó la fiscal Fabiana León. ” No tengo la más remota idea. Sé que Marconi me dijo que eran aportes para la campaña”, respondió.

Ante la pregunta de si sufrió presiones en el juzgado cuando declaró en 2018 respondió: “Cero”.

“Primero fue una sorpresa total que yo estuviera detenido en esta causa. No lo hubiera imaginado. No estaba en la diaria de la empresa en 2018, era director general. Imagino que me convocaron por eso y porque me encontraron por LinkedIn; también supuse eso”, dijo.

“Si hay una palabra que no me suena es presión”, agregó además sobre cómo fue su declaración durante la investigación en 2018.

“Fue muy traumático” figurar en la planilla de Clarens, dijo el constructor rosarino

Gagliardo terminó su declaración y se dispuso un cuarto intermedio de 20 minutos. Antes recordó que se enteró por la televisión que figuraba en la lista de Clarens, en el puesto “70 o 75″ de empresas y con una obra pública que habían ganado.

Se trata del listado que el financista entregó al juez federal Claudio Bonadio cuando se convirtió en arrepentido y que contenía empresas o empresarios que según él habían pagado sobornos. El testigo dijo que cuando Clarens lo llamó él ya había escuchado que “era un lobista del Gobierno”.

Clarens manifestó que “tenía mucha relación con el Gobierno”

El testigo dijo que el financista Clarens mencionó en la reunión que “tenía mucha relación con el Gobierno” al ofrecer sus servicios para ayudarlos a conseguir obras en Santa Fe.

“Dijo que tenía acercamiento con el Gobierno, relaciones con Vialidad”, recordó sobre su encuentro con el acusado y arrepentido el constructor Gagliardo. Dijo que nunca acudieron a sus servicios porque no lo necesitaron. “Para qué lo necesitamos a Clarens?” dijo y acotó que pudieron siempre resolver los temas sin esa intermediación.

Un constructor rosarino complica al acusado financista Ernesto Clarens

El constructor rosarino Franco Gagliardo narra ante el Tribunal un llamado del financista acusado y arrepentido Ernesto Clarens donde le ofreció “dar una mano” con Vialidad Nacional.

El testigo de la empresa Obring declara por videoconferencia y explicó que se presentaron a dos licitaciones de obra pública nacional y después de ello recibió un llamado de Clarens, a quien no conocía.

El financista le ofreció reunirse en Buenos Aires, algo que pasó poco después en una oficina del centro porteño.

Gagliardo estuvo imputado durante la investigación de la causa Cuadernos y luego fue sobreseído.

“Nos presentamos en licitaciones y un día recibí un llamado de Ernesto Clarens”. “Dijo que él veía que nos presentábamos, me contaba que había un plan de obra importante para adelante, que si quería charlar él nos podía dar una mano con Vialidad”.

“Me encontré con él en una oficina por el centro y me comentó el plan de obras, que había muchas, que iban a pasar por Santa Fe, que había obras para todas las empresas y que en algún momento iba a ganar una”. En ese marco, Clarens le dijo que “estaba disponible para una mano con Vialidad en la adjudicación o ayuda financiera, que él tenía contactos”. Relató que no se llegó a nada y volvió a Rosario para seguir con obras municipales y provinciales.

Otro ex ejecutivo de SIDOR habla de xenofobia en Venezuela en 2008

Daniel Novegil recordó cómo fue la evacuación del personal argentino de Techint en Venezuela con la nacionalización de SIDOR en el gobierno de Hugo Chávez.

Coincidió a la hora de narrar agresiones de “fuerte contenido xenofóbico”. Agregó que había amenazas de no dejarlos salir de Venezuela y temor a quedar detenidos.

Ante preguntas de la fiscalía, quien fue el primer presidente ejecutivo de SIDOR con la privatización dijo no saber si hubo pagos desde Techint al Gobierno argentino y que uno de los designados para negociar la evacuación fue Luis Betnaza.

Consultado por la defensa del acusado Roberto Baratta, ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal y ex jefe del remisero autor de los cuadernos, Oscar Centeno, el testigo declaró que “no hubo impedimento físico ni en Migraciones para la salida del personal” de Venezuela tras la nacionalización de SIDOR.

Según la acusación, Baratta habría recibido pagos millonarios de Techint para gestionar la salida segura de sus empleados de Venezuela.

Concluyó la declaración del testigo Prosperi

El ejecutivo de Techint recordó que el día que Hugo Chávez anunció la nacionalización de SIDOR en Venezuela llamó de madrugada al CEO de Techint Paolo Rocca para avisarle, hicieron una carta para el presidente venezolano intentando revertir la decisión pero “ya no había nada que hacer”.

“La reunión con De Vido creería que fue a través de Betnaza”

Prosperi dijo creer que la reunión con De Vido en Venezuela fue gestionada “a través de (LUis) Betnaza”, otro ex directivo de la empresa que cuando declaró en el juicio semanas atrás -también como testigo- ratificó ante el Tribunal Oral Federal 7 que dio instrucciones para el pago de un presunto soborno al ex funcionario Roberto Baratta.

“Muerte a los argentinos”, el testigo Prosperi recuerda las pintadas y la “xenofobia” previa a la nacionalización de SIDOR

En 2008 el testigo Prosperi era presidente de Sidor y lo fue hasta el momento de la entrega de la empresa. “La situación era muy compleja. Había agresiones, insultos, pintadas de muerte contra los argentinos; la xenofobia se había exacerbado muchísimo. Quemaban muñecos en la entrada. Había amenazas concretas en el portón de Sidor de que había que matar a un argentino. A principios de marzo de 2008 nos habían quemado once buses en la entrada de Sidor”, recordó.

Había preocupación por sacar a la gente y eso le contó a De Vido, refirió. “Había mucho hostigamiento en las escuelas, en la calle, autos con pintadas en las lunetas traseras, letreros de ‘muerte a los argentinos’. En los colegios hubo muchos problemas; también en supermercados, cuando escuchaban que uno hablaba con acento argentino”.

“En mi caso particular, vivía con mi familia en Caracas y teníamos la casa de presidencia de Sidor en Puerto Ordaz. La casa tenía capacidad para que nos quedáramos todos ahí, tenía seguridad y garita, pero igual entraron a mi casa, incluso a mi habitación. Cerré la casa, pasé por varias habitaciones en distintos hoteles, andaba en camioneta blindada y dormía en distintos hoteles sin avisarle a nadie”, añadió al responder preguntas de la fiscal Fabiana León.

Declara el ex presidente de la empresa SIDOR en Venezuela

Ricardo Prosperi relata ante el Tribunal Oral Federal 7 el “escenario muy complicado” que se vivió en SIDOR, del grupo Techint, antes de la nacionalización en Venezuela. Contó una reunión que tuvo como presidente de la firma con el entonces ministro de Planificación Federal Julio De Vido que había viajado a ese país.

“Me pidieron una reunión para interiorizarse de cómo iba todo el proceso, me hicieron muchas preguntas al respecto y entiendo que tenían reuniones con el gobierno venezolano”, contó el testigo sobre lo ocurrido en 2008.

De Vido es uno de los acusados en el juicio.

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Cinco acusados por una multimillonaria estafa a dos facultades de la UBA con un desvío de fondos de más de $1.590 millones, mediante correos y documentos apócrifos que lograron engañar al Banco Nación en septiembre de 2024, fueron condenados a penas de dos a tres años y dos meses de prisión efectiva.

La decisión fue del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 de la ciudad de Buenos Aires, que homologó un acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre la fiscalía, las defensas y la querella del Banco Nación.

Una maniobra coordinada para estafar

En la sentencia, el tribunal dio por probado que hubo una maniobra coordinada para desviar fondos de la UBA mediante documentación y correos falsos, mover ese dinero por cuentas de empresas y convertir parte en criptomonedas para ocultar su origen. Todos los acusados aceptaron el acuerdo de juicio abreviado, reconocieron los hechos y fueron condenados, según el fallo firmado por el juez subrogante Diego García Berro al que accedió Infobae.

Desde sus lugares de detención se conectaron por Zoom con el Tribunal y admitieron ante el juez su participación en lo ocurrido en septiembre de 2024 cuando mediante engaños lograron que se les gire una millonaria suma de dinero desde las cuentas bancarias de dos facultades de la Universidad de Buenos Aires.

El juez remarcó que los imputados “han admitido tanto la existencia de los hechos atribuidos como sus respectivas participaciones”. También dejó asentado que los acusados “ratificaron el contenido del acuerdo, reconocieron la existencia de los hechos y sus participaciones en aquél y manifestaron comprender sus alcances y sus consecuencias”.

De qué se los acusó

La causa giró en torno a una maniobra de defraudación contra la administración pública que tuvo como damnificada a la UBA, a través de transferencias ejecutadas desde cuentas del Banco Nación pertenecientes a las facultades de Derecho y Odontología durante dos días, en septiembre de 2024.

Para eso usaron “notas apócrifas con membrete y firmas falsificadas de autoridades universitarias”, dirigidas al Banco Nación. A eso se sumó la creación de correos electrónicos con un dominio similar al de la UBA y comunicaciones telefónicas para darle apariencia de legitimidad a las órdenes de transferencia.

El tribunal dio por acreditado que parte del dinero fue enviado a cuentas de las firmas Eksplodo S.A. y Elysium Capital S.A., luego redireccionado principalmente hacia otra sociedad Aigle S.A., y finalmente usado para la compra de criptomonedas USDT, en una secuencia que encuadró como lavado de activos.

La ruta del dinero

Dos de los condenados, Lucas Rigoni y Enrique Cutrona, eran responsables de Eksplodo S.A. y recibieron en la cuenta de esa firma dos transferencias provenientes de la cuenta de la Facultad de Derecho de la UBA por $275.480.000 el 12 de septiembre de 2024 y $172.990.533 un día después, el 13 de septiembre.

Según la sentencia, una vez acreditados esos fondos, “realizaron diversas y sucesivas transacciones destinadas a ocultar su origen ilícito y dificultar su trazabilidad y rastreo”. Entre otras operaciones, transfirieron a Aigle S.A. $200 millones, $150 millones, $21,1 millones y $50 millones. Los fondos fueron luego aplicados a la compra de 311.851 unidades de la criptomoneda USDT, lo que configuró “un claro circuito de lavado de activos”, concluyó la sentencia. La acusación los ubicó como partícipes necesarios en la defraudación y autores del lavado.

Un tercer acusado, Alex Heredia, era apoderado de Elysium Capital y recibió en la cuenta de esa empresa dos transferencias enviadas desde la cuenta de la Facultad de Odontología de la UBA por $496.720.000 el 13 de septiembre de 2024 y $451.901.000 el 16 de septiembre de ese año. Después transfirió todo a Aigle S.A. Esos fondos fueron después aplicados a la compra de 694.974 USDT y enviados a una billetera electrónica. El tribunal afirmó que Heredia participó “de manera necesaria y coordinada en la maniobra defraudatoria en perjuicio de la UBA”.

El acusado Ángel Martín fue quien ideó la “simulación” que hizo creer que la UBA estaba “canalizando órdenes de transferencias de fondos emitidas por los funcionarios de las facultades autorizados a operar las cuentas bancarias”. Ese ardid se desplegó “a través de comunicaciones telefónicas y por correo electrónico, utilizando dos abonados telefónicos y cuentas de correo electrónico con un dominio similar al de la UBA”.

El tribunal detalló que el dominio ubatec.net.ar y varias casillas como tesoreria@ubatec.net.ar y economia@ubatec.net.ar fueron creados el 10 de septiembre de 2024 por un usuario identificado como “Pablo García”, a través de Donweb, y que los accesos informados por la empresa estaban vinculados a una línea atribuida a Martín. “Su aporte fue primordial, al brindar un canal de contacto con la víctima que se asemejaba al real, asegurando la concreción del ardid desplegado”.

Por último, Micaela Bounchanavong fue condenada por su rol de coordinación en la maniobra. “Brindó la información necesaria y dio las instrucciones para que se realizaran determinadas transferencias en favor de Eksplodo S.A. y Elysium Capital S.A.”. También se la señaló como quien ordenó los movimientos posteriores para dificultar la trazabilidad del dinero. El tribunal afirmó que instruyó a Enrique Aníbal Cutrona y Lucas Rigoni para que transfirieran a Aigle $421.100.000 y a Heredia para que transfiriera $937.000.000. Fue condenada como partícipe necesaria de la defraudación y autora del lavado.

Las penas impuestas fueron pactadas en el juicio abreviado. Rigoni recibió 3 años y 2 meses de prisión efectiva; Cutrona: 3 años y 2 meses de prisión efectiva; Heredia: 3 años y 2 meses; Bounchanavong: 3 años y 2 meses y Martín: 2 años y 3 meses.

El juez explicó en la sentencia que, en este tipo de trámite, no pudo imponer una pena más grave que la acordada por las partes. También remarcó “la particular sofisticación de las maniobras” y “la extensión del daño causado”.

El ex intendente de Pilar Nicolás Ducoté sufrió un nuevo revés judicial ante la Cámara Federal de Casación que descartó un planteo para suspender el juicio oral, que se le sigue por supuesta “malversación de caudales públicos” en programas de microcréditos para ese Municipio del norte bonaerense.

El debate comenzó el 3 de agosto pasado ante el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín y en una de las primeras audiencias el ex intendente se negó a prestar declaración indagatoria. Se lo juzga junto a otros nueve acusados por supuesta “malversación de caudales públicos” y “violación de los deberes de funcionario público” en el manejo de fondos otorgados por la Nación al Municipio.

La Cámara Federal de Casación rechazó por “inoficioso” un planteo de la defensa para suspender o postergar el inicio del debate hasta que concluyan pericias pendientes. Lo decidió porque el juicio ya había comenzado cuando la queja fue analizada.

En la última audiencia presencial, la semana pasada, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín rechazó seis planteos preliminares de las defensas con diferentes reclamos como la suspensión del juicio hasta que se conozca el resultado de pericias contables, y la nulidad de toda la investigación por vulneración del derecho a defensa.

Para el Tribunal no se demostraron “afectaciones constitucionales” en la investigación ni riesgo concreto al debido proceso o a la imparcialidad del juez que realizó la investigación. Luego, escuchó a los acusados en la etapa destinada a las declaraciones indagatorias. El debate seguirá el próximo 2 de septiembre de manera virtual.

Qué se investigó

Antes del inicio del juicio oral la defensa del ex intendente de Pilar pidió al Tribunal suspenderlo hasta que concluya una pericia sobre microcréditos. El planteo fue rechazado y la defensa llegó en queja al máximo tribunal penal federal del país, que ahora descartó tratar el asunto por “inoficioso”, debido a que el debate ya comenzó.

La investigación fue enviada a juicio por el juez federal de Campana Adrián González Charvay, luego de la confirmación de procesamientos por parte de la Cámara Federal de San Martín por presunta “malversación de caudales públicos” y “violación de los deberes de funcionario público” en el manejo de los fondos otorgados por la Nación al Municipio entre 2017 y 2019.

En el juicio se ventilan supuestas irregularidades en la ejecución de tres convenios que se firmaron en 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, con el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación. Uno de ellos era para otorgar microcréditos a vecinos vulnerables con el objetivo de remodelar viviendas y costear el acceso a servicios básicos. Otro se destinó a urbanizar un asentamiento precario y el tercero a mejoras en redes cloacales e instalación de una planta depuradora.

A lo largo de la investigación se sostuvo que las obras no se habrían concluido y los fondos se derivaron a una estructura administrativa que resultó cuestionada.

Según el procesamiento dictado en julio de 2021, los acusados habrían actuado de manera “coordinada y funcionalmente” para concretar actos jurídicos que “obligaron y comprometieron abusivamente al erario cuya administración le fuera confiada”, con lo que se habría generado “en forma directa un grave e irreversible perjuicio patrimonial”.

Al confirmar esa decisión la Cámara Federal de San Martín consideró que los imputados “efectuaron sus aportes para lograr la desviación de recursos girados desde el ex Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación a la Municipalidad de Pilar en favor de terceros y en perjuicio de la Administración Pública Nacional”.

Un fiscal dictaminó que las nuevas denuncias sobre contratos firmados con la Unión Obrera Metalúrgica y el patrimonio de María Soledad Calle, la sindicalista que compró el departamento de abajo de Cristina Kirchner, serían “distintas aristas” de una única maniobra delictiva que se investiga desde en marzo pasado. Ante ello, sostuvo que el juez del caso está en condiciones de ordenar las medidas de prueba que considere necesarias en torno a estas nuevas acusaciones sin que haga falta ampliar la acusación.

Calle, empresaria y militante de La Cámpora, es investigada desde marzo junto con el sindicalista Abel Furlán en una causa judicial por presunta administración fraudulenta de fondos de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Quedó en la mira esta semana luego de la revelación periodística del diario La Nación vinculada a la compra de un departamento en San José 1111, ubicado debajo del de la ex presidenta, quien cumple allí la condena a seis años de prisión en la causa Vialidad, con arresto domiciliario y tobillera electrónica.

La ampliación de denuncia

El 26 de agosto último los denunciantes Ángel Derosso, Pablo González y Gerardo Piva, con el patrocinio del abogado Yamil Castro Bianchi, concretaron nuevas presentaciones donde pidieron ampliar el objeto procesal de la investigación para abarcar en forma total la supuesta maniobra “de desapoderamiento patrimonial que habría afectado tanto a la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina como a su Obra Social OSUOMRA”. Pidieron sumar a la causa un contrato firmado entre la empresa USEM SA y la obra social, investigar el impacto sobre el patrimonio y las prestaciones, “como así también el conocimiento o intervención que pudiera haber tenido la autoridad estatal de control”. Además se refirieron a publicaciones periodísticas que dieron cuenta de la formación de sociedades y compra de bienes por parte de Calle, “los cuales potencialmente podrían provenir, a juicio de los nombrados, del provecho de las maniobras investigadas”.

Ante esto el juzgado pidió opinión a la fiscalía y en un dictamen firmado este lunes, el fiscal federal Ramiro González interpretó que “los nuevos sucesos ventilados serían distintas aristas de la maniobra original, por lo que se encontrarían comprendidos en la hipótesis delictiva oportunamente delimitada, consistente en presuntos actos de administración fraudulentos a la hora de gestionar fondos concernientes a la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (UOMRA)”, según el texto al que tuvo acceso Infobae.

Los imputados “habrían violado sus deberes y perjudicado los intereses confiados al gestionar de manera infiel el manejo de los fondos”.

La fiscalía no consideró ahora necesario ampliar la acusación porque los nuevos hechos ya están comprendidos dentro del abanico de posibles delitos que se mencionaron en marzo pasado, cuando se impulsó la pesquisa radicada en la fiscalía federal de Eduardo Taiano, quien está de licencia y es reemplazado por González.

Ante este dictamen fiscal, el juez Ercolini quedó habilitado a ordenar -si lo considera necesario- nuevas medidas de prueba, entre ellas las que pidieron los denunciantes.

El magistrado dispuso desde marzo diferentes medidas, incluido el allanamiento a la sede de la UOM, a raíz de la firma de un contrato “perjudicial”. Según la denuncia, Furlán cedió el control financiero de los recursos a una empresa privada vinculada a Calle a cambio de una retribución desproporcionada y sin contraprestación equivalente.

La denuncia fue impulsada por opositores de Furlán que aportaron además en los últimos días a la Justicia informes sobre 114 viajes internacionales que hizo Calle entre 2010 y 2026 a destinos como Uruguay, Brasil, España, Estados Unidos, Francia y México. Además de la compra del departamento de San José 1111 y de un auto BMW M135 X Drive, un vehículo de lujo valuado en USD 70.000, la imputada tiene dos propiedades más a su nombre en Campana, una en la calle Belgrano y otra en un importante country.

Angel Derosso, el candidato que enfrentó a Furlán en las elecciones en la UOM Zárate-Campana, anuladas por la Justicia debido a serias irregularidades, fue quien, junto con otros dirigentes de la Agrupación Metalúrgica 25 de Febrero Azucena Villaflor, presentó en febrero pasado la denuncia judicial por presunta administración fraudulenta, fraude y asociación ilícita por la cesión del manejo de los aportes de la UOM a la empresa USEM, propiedad de dirigentes ligados a La Cámpora como Calle, que recaudaba más de 100 millones de pesos por mes provenientes de unos 200 mil afiliados.

El caso adquirió más relevancia cuando esta semana salió a la luz que Calle compró el departamento de abajo de Cristina Kirchner, a partir de lo cual Derosso y los otros denunciantes pidieron a la Justicia que disponga, entre otras medidas, el allanamiento de esa propiedad en San José 1111.

El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación, Mario Villar, reclamó que la Corte Suprema de Justicia deje sin efecto la decisión de devolver a un juzgado de Campana la investigación por la casaquinta de Pilar, valuada en 17 millones de dólares y que se sospecha sería de testaferros de dirigentes de la AFA.

Para ello, presentó lo que se conoce como “recurso extraordinario” ante la sala de la Cámara Federal de Casación que tomó esa decisión y ahora esos mismos jueces tendrán que decidir si lo conceden y el caso llega al máximo tribunal del país. Caso contrario, al fiscal sólo le quedará ir en una queja directa para intentar que la pesquisa vuelva a la ciudad de Buenos Aires.

“Se otorgó competencia a un tribunal que no es el juez natural de la causa, argumentando sólo sobre la base de la competencia material y sin discutir la competencia territorial, por lo que se niega la jurisdicción federal competente”, advirtió Villar en el recurso.

Para la fiscalía “si se hubiera discutido correctamente el territorio, la resolución estaría admitiendo su atribución por la mera existencia de un inmueble (la quinta de Villa Rosa), sin atender a la hipótesis delictiva total objeto de investigación. La que determina, sin lugar a dudas, la competencia del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, reclamó en la presentación a la que accedió Infobae.

La investigación aparece estructurada sobre una pluralidad de actos jurídicos, financieros y societarios que solo adquieren significado cuando son analizados de manera conjunta y no sólo en el hecho aislado de la compra de la casaquinta en Pilar, remarcó.

“Cuando los hechos presentan puntos de conexión con diversas jurisdicciones, corresponde identificar aquella que guarda una relación más directa con el núcleo de la actividad investigada y permite su conocimiento integral. En el caso, ese centro de gravedad se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, remarcó.

Desde que se presentó la denuncia ya van nueve meses de conflicto entre diferentes juzgados en relación a quién debe investigar el origen del dinero para la compra de la casaquinta que la Justicia valuó en 17 millones de dólares más otros 4 millones si se suma la flota de autos de colección que se encontró en un galpón durante un allanamiento que ordenó el primer juez que tuvo el caso, el federal porteño Daniel Rafecas.

Una situación de “gravedad”

Villar postuló que la Corte tiene que intervenir en el conflicto por la competencia porque la decisión de Casación produjo “un perjuicio de tardía e insuficiente reparación ulterior” al asignar el caso al juez federal de Campana Adrián González Charvay.

En el recurso se advirtió que la decisión de los camaristas de Casación Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, con disidencia de Alejandro Slokar, “no constituyó una derivación razonada del derecho vigente, en la medida en que no atendió a la totalidad del objeto de investigación y no respetó debidamente los estándares establecidos por la Corte en materia de conflictos de competencia”.

En ese fallo, el camarista Slokar se pronunció por declarar el recurso “inadmisible” por motivos formales -no se trató de una sentencia definitiva ni equiparable a tal-aunque coincidió al evaluar que el lavado de activos es un delito que debe investigarse en el fuero federal y resulta ajeno al penal económico.

Los jueces de Casación destacaron que la competencia del fuero penal Económico es la establecida por ley (evasión tributaria, contrabando, balance falso, régimen penal cambiario, entre otros) y no incluye al delito de lavado de activos que, también por ley, se atribuye al fuero federal penal.

Para el fiscal Villar la “situación amerita, por su naturaleza y gravedad, una consideración inmediata” por parte de la Corte “en tanto ésta constituye la única oportunidad para la adecuada tutela de la garantía constitucional de juez natural”.

Un largo derrotero judicial

En la investigación ya intervinieron cuatro jueces de primera instancia en dos fueros, federal y penal económico, además de los magistrados de tribunales superiores en la discusión relativa a dónde debe seguir la causa y ante un planteo de la defensa de los supuestos testaferros, Luciano Pantano -un monotributista ligado a la AFA- y su madre jubilada Ana Conte que pretenden que quede en Campana: el caso pasó por tre Cámaras de Apelaciones -la Federal porteña, la de San Martín y la Penal Económico- y por Casación, el máximo tribunal penal federal del país.

Esta última resolvió semanas atrás que el expediente debía volver al juzgado federal de Campana a cargo del juez Adrián González Charvay, como pretendió desde el inicio la defensa de Pantano, porque se trata de una investigación de supuesto lavado de activos, delito del ámbito federal y no penal económico. Así, la causa salió del juzgado en lo penal económico 10 porteño rumbo a ese partido bonaerense.

Ante la Corte, Villar busca revertir esa decisión y que la investigación quede en un juzgado federal pero de la ciudad de Buenos Aires, en Comodoro Py 2002. Argumentó que Casación se basó en el delito y no analizó la ubicación geográfica que indica dónde se pudo haber cometido: la fiscalía parte de la hipótesis de que la compra de la casaquinta donde se hallaron efectos personales del tesorero de AFA Pablo Toviggino fue uno de los resultados de un supuesto delito que comenzó mucho antes en la ciudad de Buenos Aires, con maniobras de presunto lavado de activos en financieras porteñas y envíos de dólares en efectivo a domicilios en CABA. De hecho durante la investigación se descubrió que muchos gastos del lugar y de los autos que allí se guardaban eran solventados con una tarjeta de crédito corporativa de AFA a nombre de Pantano, cuyo resumen llegaba cada mes a la sede de la calle Viamonte, en CABA.

La denuncia fue presentada por Elisa Carrió, Facundo Del Gaiso y Matías Yofe contra Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, a quienes se les atribuyó haber adquirido, a través de la firma Real Central SRL, la casaquinta ubicada en Misiones 4097 de la localidad de Villa Rosa, Pilar, partido de Pilar, sin que existiera -según los denunciantes- capacidad económica suficiente para justificar la operación, en lo que podría haber sido un caso de lavado de activos.

Representantes de fiscalías en todo el país aceptaron que usan Inteligencia Artificial, pero en un 96 por ciento de los casos siempre revisan los resultados y, a la hora de integrarla a su trabajo, advierten que es indispensable la supervisión humana y la garantía de protección de datos personales. Además, en el ámbito de sus investigaciones ven como tareas más “riesgosas” en el uso de la IA el análisis de pruebas o evidencias, investigación penal, elaboración de dictámenes, resoluciones o escritos judiciales e inteligencia criminal.

Además, entre quienes perciben algún nivel de riesgo, lo más mencionado fue “la calidad o precisión de los resultados” y la “dependencia excesiva con pérdida de juicio crítico”. También la transparencia es un tema a considerar.

El Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF) dio a conocer así los resultados de un relevamiento realizado entre agosto y septiembre de 2025 que consultó a 2.339 integrantes del organismo sobre sus conocimientos, usos y percepciones respecto a la IA.

IA en lo personal, lejana en lo profesional

La encuesta revela que un 83% del personal declaró utilizar herramientas de IA en su vida cotidiana. Sin embargo, apenas el 33% las emplea en sus tareas laborales dentro del MPF. “Existe un saber-hacer consolidado a nivel individual que aún no permeó plenamente la práctica institucional”, señala el informe publicado en Fiscales.gob.ar.

Entre aquellos que sí han realizado alguna incursión profesional, ChatGPT es el dominador común: 9 de cada 10 usuarios de IA en el trabajo emplean la popular herramienta de OpenAI, muy por encima de otros chatbots como Gemini o Copilot. Sin embargo, solo el 15,9% de los profesionales reporta un uso diario, mientras que la mayoría lo hace de modo esporádico. Además, el personal emplea la IA de manera supervisada: el 60% utiliza las respuestas únicamente como consulta para luego redactar de cero, y un 36% las toma como base pero revisa y adapta.

Datos personales y sensibles

El 93% de los encuestados apoyaron que las fiscalías avancen con el uso de IA en los próximos años, aunque casi un 40% pide hacerlo “con precauciones”.

La protección de datos personales y sensibles aparece como uno de los ejes centrales del debate sobre la IA en el ámbito judicial.

Ocho de cada diez encuestados reclamaron principios generales para un uso responsable, políticas de resguardo de la privacidad e instrucciones claras sobre qué está permitido. Más de la mitad sostiene que los protocolos de buenas prácticas deberían aplicarse “en todos los casos”.

El 53% consideró que los riesgos “dependen del contexto y tipo de tarea”. Los más mencionados son la calidad y precisión de los resultados, la privacidad y la posible dependencia excesiva que erosione el juicio crítico. La mayoría respondió que siempre debe haber intervención humana en cada etapa del uso de la IA.

Se trató de un Relevamiento institucional sobre Inteligencia Artificial entre personal del Ministerio Público Fiscal con respuestas completas de 2.339 personas, lo que representa casi un 40% de los integrantes del organismo.

La Cámara Nacional en lo Civil rechazó este viernes una apelación del Gobierno Nacional y cerró así el camino para llegar hasta la Corte Suprema de Justicia en el intento por revertir el respaldo judicial que se dio a la mudanza de la sede social de la AFA a Pilar.

“No existe cuestión federal que autorice la habilitación de la instancia extraordinaria”, concluyeron los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset en la resolución a la que accedió Infobae.

El Estado Nacional apeló la decisión tomada el 18 de junio pasado por estos mismos magistrados que otorgaron validez a la mudanza resuelta en Asamblea en la AFA, anularon decisiones de la Inspección General de Justicia (IGJ) y dejaron bajo la órbita de la provincia de Buenos Aires el control de la Asociación del Fútbol Argentino. También se dejó ese día sin efecto la decisión de enviar veedores por 180 días a la entidad madre del fútbol argentino. Ante el rechazo del recurso, sólo quedará ahora ir en queja directa al máximo tribunal del país.

La razón a la AFA

La sala D del Tribunal de Apelaciones concluyó que su decisión en respaldo del cambio de sede social desde la calle Viamonte en CABA a Pilar resuelto en asamblea por la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia “está sostenida en argumentaciones que no pueden considerarse expresiones discrecionales sin correlato con las constancias del expediente, ni constituyen un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista”.

“No surgen desaciertos que permitan tacharla de arbitraria o afirmar que ha sido emitida sobre la base de la mera voluntad de los magistrados votantes”, razones que habilitarían la intervención de la Corte, concluyeron los jueces al rechazar el recurso extraordinario que presentaron la Inspección General de Justicia y el Estado Nacional.

En la misma sintonía, la AFA había reclamado que no se concediera la apelación al Estado Nacional ante la inexistencia de “cuestión federal alguna que habilite la competencia excepcional de la CSJN”. Además sostuvo que la apelación no plantea un tema constitucional sino una discrepancia con un fallo adverso sobre “cuestiones de hecho, prueba, derecho común y derecho administrativo”.

La AFA aseguró que la acusación referida a que el traslado fue “absolutamente simulado” y constituyó un caso de “fraude y abuso del derecho” carece de sustento. También sostuvo que, una vez inscripto el cambio de jurisdicción por parte de la autoridad bonaerense, el control permanente sobre la entidad quedó radicado en la provincia de Buenos Aires y ya no en la órbita nacional.

La discusión de fondo gira alrededor del cambio de domicilio de la entidad desde su histórica sede de la calle Viamonte, en la ciudad de Buenos Aires, hacia un inmueble ubicado en Pilar. Ese traslado fue aprobado por unanimidad en la Asamblea General del 17 de octubre de 2024 y luego inscripto por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense. La Cámara Nacional en lo Civil entendió que el control de legalidad de la Asociación pasó a la provincia de Buenos Aires.

Los argumentos de la apelación

Al apelar, el Estado nacional planteó que el fallo que avaló la mudanza convalidó “un domicilio provincial por encima de la realidad fáctica constatada por los inspectores del Estado” y cuestionó que se haya aceptado el traslado pese a la “inexistencia de oficinas reales de administración de la AFA en Pilar, al momento de la fiscalización”.

El fallo que dio por cancelada la inscripción en el Registro Público a cargo de la Inspección General de Justicia y declaró la nulidad de la designación de veedores “genera un grave precedente que debilita el poder de policía de todas las personas jurídicas en la República Argentina, instalando un sistema de competencia asimétrica entre agencias estatales y propiciando la impunidad fiscalizadora a través de la relocalización de domicilios de fantasía”, advirtió la apelación de la IGJ y el Ministerio de Justicia de la Nación. Se buscaba que la Corte Suprema revoque esa sentencia.

La Cámara Federal porteña confirmó este viernes el procesamiento con prisión preventiva de un hombre que amenazó al presidente Javier Milei en un video subido a la red social TikTok y que anticipó poder “mandar matar a muchas personas”.

El Tribunal de Apelaciones rechazó una apelación de la defensa oficial y ratificó la medida mientras se realiza un estudio médico psiquiátrico del acusado a cargo del Cuerpo Médico Forense para definir si es imputable o, también, si requiere internación psiquiátrica como ya había dispuesto un juzgado civil de Quilmes por otros motivos, antes de la grabación del video en la casa del ahora detenido.

“Javier Milei quiero que me cumplas. ¿Javier Milei tu vida tiene precio? No tiene precio tu vida… Javier Milei plata o plomo, te voy a secuestrar a toda tu familia…”, sostuvo en ese posteo según la resolución de los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico, quienes ratificaron lo resuelto por el juez del caso, el federal Sebastián Casanello.

Amenaza “seria e idónea”

El tribunal de apelaciones remarcó que el “carácter intimidatorio derivó finalmente en la intervención del Departamento Unidad Investigación Antiterrorista” y a la apertura de la causa penal, “lo que revela la seriedad e idoneidad de la amenaza”, según la resolución a la que accedió Infobae.

El acusado quedó procesado por “amenazas coactivas agravadas” con un embargo de cinco millones de pesos. Cuando se allanó su casa y quedó detenido se encontraron el gorro, los anteojos de sol y los auriculares que usó en la filmación subida el 6 de agosto pasado. También dos rifles de aire comprimido aptos para el uso y una réplica de una escopeta.

Cuando llegó la policía a su casa en la zona sur del conurbano bonaerense “profirió en voz alta diversas manifestaciones dirigidas contra el presidente de la Nación”, advirtió también la resolución judicial.

La defensa oficial pidió que se lo libere por “inexistencia de peligro real, ya que no tenía armas de fuego, capacidad ni medios para atentar contra el Presidente de la Nación, ni consta que este lo supiera” y además porque se trató de una “descarga o exabrupto impulsivo en redes sociales” derivado de su afección psiquiátrica. Reclamó el sobreseimiento y que se evalúe si es imputable. Según informes incorporados a la causa, el acusado tenía orden médica de internación psiquiátrica por representar “riesgo para sí y para terceros” desde meses antes, pero al momento de los hechos estaba en su casa.

El video

En la filmación se lo vio con el rostro cubierto, se identificó como “sicario” y “general de la mafia” y “profirió amenazas de muerte y secuestro dirigidas al titular del Poder Ejecutivo Nacional y su familia”.

“Lo primero que quiero decirle es que yo soy el sicario de los kirchneristas. Soy una persona peligrosa con mucho poder político, puedo mandar a matar a muchas personas, Javier Milei quiero que me cumplas. ¿Javier Milei tu vida tiene precio? No tiene precio tu vida. Bueno entonces me vas a tener que hacer caso a mí. ¿Sabes quién soy yo? El general de la mafia", arrancaba el acusado.

Y entre otras amenazas siguió: “Si mi gente no te quiere yo tampoco te quiero. Javier Milei plata o plomo, te voy a secuestrar a toda tu familia. Mayra no tengas miedo, nadie te va a hacer nada. Sos presidenta Mayra. Villa del Monte presente. Javier Milei tengo sicarios de mi lado, toda la vida tuve sicarios, gente que mata porque le gusta matar, Javier Milei es mi último video para vos, bajate como presidente, te quedan horas de vida para vos y tu familia”.

Cuando quedó detenido y “en reiteradas oportunidades y frente al personal policial, manifestó – en voz alta-: “voy a matar a Milei”, entre otros insultos y amenazas de similar tenor, algo que también tuvieron en cuenta los jueces a la hora de resolver que por el momento siga preso.

La aprobación del convenio de transferencia de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo a la ciudad de Buenos Aires derivará, cuando se implemente, en un cambio concreto para trabajadores, empleadores y abogados en el ámbito porteño: cada nueva demanda dejará de ingresar a los tribunales nacionales y pasará a la Justicia del Trabajo de CABA, una vez que el nuevo fuero comience a funcionar.

La Legislatura porteña aprobó el convenio de traspaso el pasado jueves, con 36 votos a favor, 2 en contra y 20 abstenciones.

El cambio no será retroactivo. El acuerdo firmado entre Nación y Ciudad establece una transición para evitar que miles de expedientes en trámite deban cambiar de tribunal. El nuevo sistema tendrá sus propios juzgados, su Cámara de Apelaciones y un Código Procesal laboral de la Ciudad.

Las nuevas demandas individuales

Un trabajador que inicie su juicio antes de la puesta en funcionamiento del nuevo fuero lo seguirá en la Justicia Nacional del Trabajo. Quien demande después, deberá radicar su expediente en el fuero laboral porteño.

Además, el traspaso no cambiará el juzgado donde tramitan juicios ya iniciados. Es decir, una demanda no trasladará su expediente a los nuevos tribunales de la Ciudad. La Justicia Nacional conservará esos expedientes hasta el dictado de la sentencia en primera o segunda instancia si hay apelación.

Se trata de la transferencia de la función judicial en materia laboral del ámbito nacional a la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El convenio fue firmado el 9 de febrero pasado por el ministro de Justicia de CABA, Gabino Tapia, y la Jefatura de Gabinete de la Nación. Luego fue aprobado por el Congreso, en el marco de la sanción de la ley 27.802 de Reforma Laboral.

“La Justicia Laboral local va a ser completamente distinta a lo que conocemos hoy, con sentencias más rápidas gracias a modernizaciones procedimentales y tecnológicas”, explicó Tapia y detalló que “está pensada para que los conflictos laborales no sean un freno al desarrollo productivo de la Ciudad, dando respuestas rápidas y oportunas tanto para los trabajadores como para quienes generan empleo”.

Desde el gobierno porteño que preside Jorge Macri, el traspaso es visto como la concreción, en materia laboral, de una autonomía judicial reconocida constitucionalmente en 1994 y postergada durante más de tres décadas.

El tema abrió frentes judiciales que están en pleno trámite: esta semana el juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico dejó sin efecto una medida cautelar que suspendió la aplicación del acuerdo de transferencia, por una demanda que presentó la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. La causa sigue su curso.

Desde despidos a reclamos por salarios

Las nuevas demandas laborales deberán presentarse ante la Justicia del Trabajo de CABA y alcanzarán, entre otros casos, a los conflictos derivados de las relaciones individuales de trabajo, como despidos; reclamos de indemnizaciones; diferencias salariales; créditos derivados de la relación laboral; accidentes y cuestiones vinculadas con las comisiones médicas, dentro de las competencias asignadas al nuevo fuero.

La Ley 6.789 creó diez juzgados de primera instancia y una Cámara de Apelaciones del Trabajo integrada por seis jueces, divididos en dos salas.

Otra diferencia importante es que las nuevas causas ya no se tramitarán bajo el esquema procesal de la Justicia Nacional del Trabajo. La Ciudad cuenta con su propio Código Procesal para la Justicia del Trabajo, aprobado por la Ley 6.790. Por lo tanto, los abogados que presenten nuevas demandas deberán litigar bajo las reglas procesales porteñas.

El traspaso tampoco significa que toda la Justicia laboral pase a la Ciudad. El acuerdo excluye, entre otros, los conflictos colectivos de trabajo, medidas de acción sindical o que impliquen al Estado nacional. Esas cuestiones continuarán dentro de la órbita del fuero del trabajo nacional. Para determinar dónde deberá iniciarse una demanda, será fundamental distinguir entre un conflicto individual, que irá al nuevo fuero porteño, y aquellos que quedaron reservados a la Justicia nacional.

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad será el encargado de intervenir en los recursos previstos por la legislación porteña respecto de la Justicia Nacional ordinaria con asiento en CABA, en materia de derecho local y común, en sintonía a lo ya establecido en el fallo Levinas de la Corte Suprema de Justicia.

Los plazos

Aunque la Legislatura ya aprobó el traspaso, el nuevo sistema todavía requiere completar su puesta en funcionamiento. El plazo previsto es de hasta 180 días desde la entrada en vigencia del acuerdo.

Además, Nación y Ciudad deben avanzar en los convenios en materia de recursos. La Ley 27.802 ordena al Estado Nacional transferirlos y garantizar, durante la transición, el funcionamiento de la Justicia Nacional del Trabajo.

Así, durante varios años convivirán dos sistemas: la Justicia Nacional, que terminará de resolver los miles de expedientes que ya tiene, y la nueva Justicia porteña, que comenzará a recibir las demandas laborales individuales que se presenten a partir de la fecha de corte.

La Cámara Federal porteña confirmó que la jurisdicción universal habilitada en Argentina para investigar crímenes de lesa humanidad no alcanza a los reclamos de indemnización por daños y rechazó así el intento de un grupo de integrantes de la comunidad rohinyá para ser aceptados como actores civiles en una causa abierta por hechos denunciados en Myanmar.

La decisión fue de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, integrantes de la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal. El tribunal confirmó la decisión de la jueza federal que lleva el caso, María Servini, y sostuvo que la habilitación excepcional de los tribunales argentinos bajo el principio de jurisdicción universal tiene alcance penal y no autoriza, por sí misma, una pretensión patrimonial, según la resolución a la que accedió Infobae.

Evitar la impunidad

La jurisdicción universal “importa una solución de carácter excepcional y de interpretación restrictiva, cuyo fundamento reside en la naturaleza de los crímenes investigados y en la necesidad de evitar la impunidad. Esa lógica es, por definición, ajena a la acción civil resarcitoria”, advirtieron los camaristas.

La apelación fue presentada por la Burmese Rohingya Organisation UK, junto con otros denunciantes, contra el rechazo de su pedido para intervenir como actores civiles. Se planteó que el deber de garantizar y reparar violaciones a los derechos humanos, previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, permitía abrir también la vía resarcitoria dentro del proceso penal en Argentina.

“La competencia de los tribunales argentinos para conocer en una acción civil emergente de hechos ocurridos fuera del territorio nacional —en los que ni los autores ni las víctimas poseen vínculo de nacionalidad con el Estado argentino— no puede presumirse ni inferirse de la mera conexidad con una causa penal de jurisdicción universal”, agregó la resolución de la Cámara.

En ese marco, el fallo remarcó que la investigación abierta en Buenos Aires por hechos ocurridos fuera del territorio argentino responde a una lógica excepcional, ligada a la persecución de crímenes de derecho internacional y a la necesidad de evitar impunidad. Para la Sala I, esa base no alcanza para incluir una demanda de reparación económica contra los acusados.

El tribunal también retomó antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Citó un precedente vinculado a una demanda contra Venezuela, donde el máximo tribunal del país interpretó que el artículo 118 de la Constitución Nacional se refiere a juicios criminales y no a reclamos indemnizatorios, aun cuando exista conexión con hechos de gravedad internacional.

Órdenes de captura

En la causa, la jueza Servini ordenó el año pasado, a pedido del fiscal federal Guillermo Marijuán, la captura internacional de 25 exfuncionarios y jefes militares de Myanmar, entre ellos su ex presidente Htin Kyaw, por crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos entre 2012 y 2018 contra los rohingya, minoría étnica perseguida en ese país. Los delitos van desde violaciones de niñas hasta la quema de aldeas y matanzas. En la causa está pendiente de resolución un pedido de embargo.

La orden de captura internacional se basa en el principio de justicia universal que habilita al Poder Judicial argentino a investigar delitos cuando se demuestre que no se ha hecho en su país de origen.

La denuncia en los tribunales de Comodoro Py fue formulada el 13 de noviembre de 2019 por Maung Tun Khin, presidente de “Burmese Rohingya Organization UK” (BROUK). La acusación incluía matanzas, violaciones grupales y destrucción de aldeas, forzando a los rohingyas a huir a Bangladesh.

Los rohingyas son una minoría étnica predominantemente musulmana. Antes de la crisis de 2017, se calcula que un millón vivía en Birmania. En agosto de 2018, más de 723.000 refugiados habían huido a Bangladesh. Muchos se asentaron en el campamento de refugiados de Kutupalong, ahora el más grande del mundo. Las huidas del país han continuado.

Aunque viven en Myanmar desde hace generaciones, el gobierno de ese país insiste en que son inmigrantes ilegales de Bangladesh. Se niega a reconocerlos como ciudadanos, lo que en la práctica los convierte en apátridas.

Al ordenar las capturas, la magistrada argentina remarcó que “los hechos cometidos contra la población rohingya en territorio de Myanmar constituyen crímenes que vulneran los derechos humanos reconocidos en distintos instrumentos de derecho penal internacional”.

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó al fiscal que interviene en la investigación contra el juez federal suspendido de Rosario, Gastón Salmain, al declarar inadmisible el recurso que buscaba el “inmediato apartamiento” de Federico Reynares Solari. La resolución dejó firme el rechazo previo dictado por la Cámara Federal de Apelaciones de esa ciudad santafesina.

El fallo de la Sala II de Casación integrada por Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Alejandro Slokar, sostuvo que la defensa de Salmain no logró rebatir los argumentos de la instancia anterior y que su planteo se limitó a expresar desacuerdos con la decisión apelada. El tribunal señaló además que ya existía doble conformidad judicial, porque la resolución había sido revisada por la Cámara de Apelaciones rosarina.

Los jueces afirmaron que no se argumentó de forma suficiente la existencia de una cuestión federal que habilitara la intervención de Casación como tribunal intermedio. Por ese motivo, el recurso fue declarado inadmisible.

A la espera del juicio político

La decisión impacta sobre una de las derivaciones del expediente que tiene como figura central a Salmain, juez federal de Rosario suspendido de sus funciones y a la espera del inicio del juicio político en su contra. El magistrado atraviesa investigaciones penales y administrativas por presuntos hechos de corrupción ligados al trámite de causas judiciales.

Entre esos antecedentes, el Consejo de la Magistratura desestimó hace poco tres denuncias presentadas por Salmain contra Carlos Vera Barros, el juez que lo procesó ocho meses atrás por un presunto intento de cobro de sobornos en el manejo de un expediente.

A ese cuadro se sumó en los últimos días una nueva imputación. En esa causa, a Salmain se le atribuye haber ofrecido supuesta protección judicial a Carlos Vaudagna, exdirector regional de la actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en Santa Fe, a cambio de una presunta coima de 100.000 dólares que no habría llegado a cobrar, según la acusación del fiscal a quien el juez investigado intentó apartar sin éxito.

El pago no ocurrió, pero sin embargo, según la acusación fiscal, el juez habría dictado diversas resoluciones destinadas a procurar que los expedientes que involucraban a Vaudagna fueran remitidos a su juzgado. La maniobra no se habría concretado debido a las recusaciones promovidas por distintos fiscales.

Vaudagna pasó el año pasado a la condición de imputado colaborador y desde entonces admitió una serie de hechos de corrupción que, según la acusación, comprometieron a Salmain.

Con la resolución del máximo tribunal penal federal del país, el fiscal Federico Reynares Solari seguirá al frente de la investigación cuestionada por la defensa del magistrado suspendido.

Otro revés en Casación

La semana pasada, Salmain sufrió otro revés judicial en los tribunales de Comodoro Py cuando Casación declaró inadmisibles recursos con los que buscaba anular parte de la causa en la que está imputado por supuesto abuso de autoridad en cumplimiento de los deberes de funcionario público.

Quedaron validados así allanamientos ordenados por el Juzgado Federal 1 de Rosario, en los que se secuestraron documentos oficiales, equipos informáticos institucionales y el teléfono celular del magistrado. En el marco del sistema acusatorio vigente en esa ciudad santafesina, estos cuestionamientos ya habían sido desestimados por el juez de garantías durante la audiencia de formalización de la investigación en diciembre de 2025.

Salmain fue suspendido en junio por el Consejo de la Magistratura y el plenario del organismo decidió por unanimidad enviarlo a juicio político para debatir su destitución.

El juez federal Julián Ercolini citó a declaración indagatoria al exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta por presunto enriquecimiento ilícito y deberá presentarse el próximo miércoles 16 de septiembre en los tribunales federales de Retiro.

La citación se ordenó días después de la confirmación por parte de la Cámara Federal porteña de la validez de un peritaje contable sobre el patrimonio del exfuncionario del Ministerio de Planificación Federal y mano derecha de su ex titular Julio De Vido, según informaron a Infobae fuentes judiciales.

La investigación se lleva en el juzgado federal 12 de Comodoro Py 2002, que está vacante y es subrogado por el juez Ercolini con intervención de la fiscal federal Alejandra Mángano.

Baratta es juzgado además en la causa Cuadernos en la que ayer un exejecutivo de Techint declaró bajo juramento de verdad que le entregó en total un millón de dólares de manera ilegal, en la cochera de las oficinas de esa empresa.

La pericia contable

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito se abrió en 2017 y días atrás la Cámara Federal de Casación rechazó un planteo de prescripción por el paso del tiempo. La defensa argumentó que el caso está prescripto y que se afectó el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.

El máximo tribunal penal federal del país declaró inadmisible este planteo y poco después la Cámara Federal porteña ratificó la validez de una pericia contable que ya se entregó en la causa penal y que la defensa buscaba declarar nula para realizar una nueva.

Baratta fue subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal entre 2003 y 2015 y había sido convocado ya por primera vez a indagatoria en esta causa en 2021, por el juez que por entonces estaba a cargo del juzgado federal 12, Ariel Lijo. El trámite no se concretó en ese momento porque faltaba la pericia contable que se dispuso a pedido de la defensa luego de que el ex funcionario presentó su justificación patrimonial.

Está acusado por un presunto incremento patrimonial injustificado entre 2003 y 2015, durante su paso por la función pública en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que incluye inmuebles, vehículos y dinero en efectivo. La imputación abarca departamentos y cocheras en la ciudad de Buenos Aires además de un lote en el barrio Mapuche Country Club de Pilar y la posterior construcción de una vivienda allí. También se incluyen vehículos Peugeot, Renault y Chevrolet adquiridos durante ese período y dólares y euros que se le secuestraron en un allanamiento.

La casa en el country

La defensa de Baratta sostiene que la casa en el country Mapuche es de los padres del ex funcionario que contaban con capacidad económica suficiente para esa adquisición. La propiedad está embargada y fracasaron intentos judiciales de la familia por recuperarla.

En la imputación se sostuvo que el lote en el “Mapuche Country Club”, en Pilar, se compró por USD 70.000 el 19 de septiembre de 2012, en efectivo; y la posterior construcción en el terreno de una vivienda familiar implicó una inversión de $3.700.000, abonado entre los meses de diciembre de ese mismo año y enero de 2015, también, en su mayoría, en efectivo, tanto en pesos argentinos como en dólares estadounidenses. La madre de Baratta figuró como titular de la propiedad. El arquitecto que construyó la casa fue contratado por Baratta y recibía las indicaciones del entonces funcionario que también hacía los pagos, según la investigación judicial.

El ex gerente administrativo de Techint Héctor Zabaleta confirmó este martes al declarar como testigo en el juicio por los “cuadernos de la corrupción” que pagó un millón de dólares en coimas al ex subsecretario de Planificación Federal Roberto Baratta y que las entregas de dinero en paquetes coincidieron con fechas que anotó en sus cuadernos el remisero arrepentido Oscar Centeno.

“Sí, es cierto”, respondió el contador de 80 años a la fiscal de juicio Fabiana León cuando le preguntó sobre la entrega de “paquetes” al entonces funcionario de Planificación Federal Baratta, ex segundo del exministro de Planificación Federal Julio De Vido. El testigo explicó que la orden provino de Luis Betnaza, otro ex ejecutivo de Techint.

Zabaleta declaró desde poco después de las 9 hasta las 1430. Por su parte Betnaza, ex director de Relaciones Institucionales del grupo empresario, arribó poco después de las 10 a los tribunales federales de Retiro para hablar también como testigo y aguardó ser convocado en una sala dispuesta por el Tribunal. Comenzó a declarar pasadas las 15 y cerró su testimonio pasadas las 18.

La aparición de Techint en los cuadernos de Centeno fue una primicia publicada por este medio, en 2018, días después de que estallara el escándalo.

El Tribunal cerró la audiencia y citó a cuatro testigos para este jueves

Poco más de tres horas después del inicio de la declaración de Luis Betnaza, el presidente del Tribunal Oral Federal 7, Enrique Méndez Signori, dio por finalizada la audiencia de este martes y convocó a las partes para continuar el juicio este jueves 27 de agosto a las 9.

Para esa jornada fueron citados como testigos Hugo Marcelo Cruz, Miguel Ángel Punte, Hugo Solís Tobar y Carlos Rezzonico.

Antes de cerrar, Méndez Signori se refirió además al incidente que se había producido durante la declaración de Héctor Zabaleta, a raíz del cruce entre la fiscal Fabiana León y Elizabeth Gómez Alcorta, defensora de Roberto Baratta.

El tribunal exhortó a las partes a que enmarquen su actuación dentro del respeto y de las reglas de la retórica forense, luego de la discusión que se generó durante el debate sobre la posibilidad de confrontar a Zabaleta con sus declaraciones anteriores como imputado colaborador.

“Ustedes nunca nos dan nada”: Betnaza recordó el reclamo que le hizo Uberti en nombre de Kirchner

Ante preguntas de Marcos Galpern, representante de la UIF, Luis Betnaza volvió sobre el episodio que había relatado al comienzo de su declaración, ocurrido durante una visita oficial a Venezuela en la que participaba Néstor Kirchner.

El exdirectivo de Techint precisó que el planteo que le hizo Claudio Uberti en ese contexto era económico. “Ustedes nunca nos dan nada”, recordó que le dijo el entonces funcionario, al transmitirle que Kirchner estaba supuestamente enojado porque la empresa no realizaba aportes.

El testigo había explicado antes que ese intercambio se produjo durante una recorrida vinculada a actividades petroleras en Venezuela y que, frente al planteo, respondió que ese no era el modo de relacionarse de Techint con la política. También sostuvo que Uberti no le mencionó un monto concreto.

El exdirector corporativo de Techint contó que rechazó declarar como arrepentido y explicó por qué fue sobreseído

Luis Betnaza ubicó el final de los pagos a Roberto Baratta, ex mano derecha del entonces ministro De Vido, hacia fines de 2008. “El último pago que realizó Zabaleta supongo que fue a fines de 2008, nunca más me pidió autorización respecto del tema. Cuando se fue la gente se terminó el tema”, declaró.

Después recordó el momento en que, en agosto de 2018, se hizo pública la causa de los Cuadernos. Dijo que inicialmente en Techint creyeron que la investigación estaba vinculada con obra pública y corrupción, pero que comenzaron a asociarla con esos pagos cuando fue detenido Héctor Zabaleta.

El exdirectivo contó que entonces decidió presentarse para explicar lo ocurrido y que declaró ante los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo. Afirmó que en esa oportunidad mencionó que había sido él quien le dio a Zabaleta la instrucción de realizar los pagos.

Betnaza vinculó los pagos a Baratta con las gestiones para sacar al personal de Venezuela

Al responder preguntas de Elizabeth Gómez Alcorta, defensora de Roberto Baratta, Luis Betnaza aseguró que las gestiones por la situación en Venezuela se canalizaban a través del Ministerio de Planificación Federal y no de la Cancillería.

Consultado sobre cómo evaluaron sacar a los empleados argentinos que permanecían en el país, sostuvo que no se trató de una estrategia judicial. “El camino legal era conseguir la posibilidad de sacarlos físicamente. No era un tema para presentar un habeas corpus”, afirmó. Y resumió la decisión de la empresa: “Dijimos: saquémoslos. ¿Cómo? Como podamos”.

En ese contexto, Betnaza relató la instrucción que le dio a Héctor Zabaleta, quien había declarado antes en la audiencia. “Te va a venir a ver Baratta y te va a hacer un pedido de dinero por un tema que necesitamos resolver”, recordó que le dijo, y ubicó esa comunicación “al principio de 2008”.

Según explicó, se realizaron sucesivos pagos por el equivalente a USD 100.000 cada uno. Betnaza afirmó además que fue él quien dio la orden de efectuarlos: “La di yo la instrucción de ese pago”.

El exdirector corporativo señaló que no sabía de qué fondos concretos salió el dinero porque no intervino en esa parte de la operatoria. Explicó que Zabaleta manejaba fondos del grupo y de sus integrantes y era quien determinaba con qué recursos se cubrían esos gastos.

Ante una pregunta de la abogada Gómez Alcorta sobre si consideraba que podía estar cometiendo un delito al ordenarle a Zabaleta que le pagara a Roberto Baratta -entonces subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal-, Betnaza respondió: “Era una emergencia, no era un hecho delictivo”.

Cómo fue el operativo para sacar a los empleados de Venezuela durante la crisis por SIDOR

Al continuar respondiendo preguntas de la fiscal Fabiana León, Luis Betnaza describió ante el Tribunal Oral Federal 7 el operativo que, según dijo, organizó Techint para sacar de Venezuela a sus empleados y familiares durante el período más crítico del conflicto por la nacionalización de SIDOR.

El exdirectivo sostuvo que entre 2007 y 2008 la situación en Puerto Ordaz se volvió cada vez más violenta. “Fue una época muy agresiva, llegamos a situaciones donde nos quemaban los colectivos para no movilizar al personal, violencia física, pintadas en la planta”, declaró. Y agregó que “cada mes se fue haciendo más agresivo”.

Según relató, uno de los episodios que encendió las alarmas fue la aparición de un diputado oficialista que propuso impedir la salida del país de los empleados argentinos. Betnaza dijo que la empresa mantenía informadas a las autoridades argentinas sobre esa situación y que el entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, estaba al tanto e involucró a Roberto Baratta en las gestiones.

“Pedimos el pedido concreto al gobierno argentino para que nos ayudara a sacar a las personas”, sostuvo. Sobre Baratta, agregó: “Lo traté mucho porque diría que, en términos de situación de cosas operativas, era el que estaba más cerca”.

Betnaza explicó que Techint contrató una empresa especializada en este tipo de evacuaciones, que elaboró una hoja de ruta para retirar a los trabajadores de manera escalonada. “Nos hicieron una hoja de ruta de lo que se debía hacer en estos casos y cómo había que hacerlo parcialmente, no a todos juntos, ir haciéndolo a distintos destinos hasta que finalmente, gracias a Dios, pudimos sacar a todos”, declaró.

El testigo señaló que la evacuación se extendió durante varios meses y que Techint afrontó los gastos. También distinguió ese período de la etapa posterior, cuando ya se había firmado el acuerdo de salida de Venezuela y las conversaciones con Cristina Fernández de Kirchner estaban más vinculadas, según dijo, con la negociación de las indemnizaciones.

Betnaza dijo que Néstor y Cristina Kirchner intercedieron ante Chávez y contó un pedido de Uberti

El exdirector de Relaciones Institucionales de Techint, Luis Betnaza, comenzó a declarar como testigo ante el Tribunal Oral Federal 7. Antes de las preguntas, el presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori, le recordó que había estado imputado y luego fue sobreseído en la causa y le advirtió que podía negarse a responder si consideraba que alguna contestación podía resultar autoincriminante.

Ante preguntas de la fiscal Fabiana León, Betnaza explicó que fue vicepresidente de la Unión Industrial Argentina durante más de 20 años y que conoció a distintos dirigentes políticos tanto por esa actividad institucional como por sus 45 años dentro de Techint. Entre 2007 y 2009, dijo, se desempeñaba como director institucional corporativo, con responsabilidad sobre distintos países y como representante del grupo ante entidades empresariales y políticas.

Betnaza recordó que comenzó a involucrarse personalmente en Venezuela a medida que avanzaba el proceso de nacionalizaciones impulsado por el gobierno de Hugo Chávez. Explicó que el grupo tenía allí distintas operaciones y que SIDOR, controlada por Ternium, era la más importante.

“Cercano a 2004 o 2005 comienza a haber ciertas rispideces casi ideológicas porque el gobierno de Venezuela había comenzado el proceso de nacionalizaciones sucesivas”, declaró. Según explicó, desde entonces comenzaron a preocuparse ante las señales de que SIDOR podía ser alcanzada por ese proceso.

Consultado sobre si Techint pidió asistencia al gobierno argentino, respondió que sí. “En varias oportunidades”, dijo, y recordó una gestión durante una cumbre iberoamericana en Mar del Plata: “Nos apersonamos para hablar con el presidente Kirchner y la senadora Kirchner para pedirle que intercediera ante Chávez por el tema de la eventual nacionalización de la empresa”.

Betnaza sostuvo que ambos colaboraron y que participaron de una reunión con Chávez. “Sí, colaboraron”, afirmó. Según su relato, “en ese momento se zanjó la crisis” y la empresa continuó operando normalmente, aunque la situación volvió a agravarse hacia 2007 y 2008.

Luego relató otro episodio ocurrido durante una visita oficial a Venezuela, en la que participaba Néstor Kirchner. Según Betnaza, el entonces funcionario Claudio Uberti se le acercó durante una recorrida por un pozo petrolero y le transmitió un planteo: que Kirchner estaba molesto porque Techint no había realizado ninguna contribución.

“Nosotros no hacemos este tipo de cosas, no es nuestro habitual modus operandi hacer negocios con la política, no es por ahí que va la cosa”, recordó Betnaza que le respondió a Uberti.

La fiscal León le preguntó si en ese intercambio se había mencionado alguna cifra concreta. Betnaza respondió que no. “Nos dijo que el Presidente estaba enojado por no hacer ninguna contribución con él”, declaró.

De acuerdo al testigo, el planteo se produjo en el marco de una visita oficial a Venezuela y no estuvo acompañado por un pedido de monto específico. Betnaza vinculó luego ese episodio con la relación de Techint con el Estado y sostuvo que la participación del grupo en la obra pública nacional era “absolutamente marginal”, cercana, según estimó, al 1%.

También mencionó que la compañía sí tenía contratos privados y obras públicas en distintas jurisdicciones y citó, entre otros ejemplos, trabajos adjudicados por la Ciudad de Buenos Aires y por la provincia de San Juan.

Paquetes con pesos

En la audiencia, Zabaleta confirmó que dentro de los paquetes que le daba a Baratta había dinero, en pesos, porque no podía acceder al mercado de cambios y las entregas debían totalizar el equivalente a un millón de dólares.

“La instrucción que me había dado Betnaza era que tenía que ser cerca de un millón de dólares, si mal no recuerdo se cumplió. Se entregó en pesos”, relató bajo juramento de verdad.

Narró sus encuentros con Baratta y hasta contó llamadas del funcionario donde se “enojó” porque no tenía dólar billete y debía darle pesos. “Me tenés que dar dólares porque sino te voy a cortar el gas en la planta de Campana”, contó que le decía el funcionario, “enojado, quejoso porque yo no le daba dólares”.

“Yo no sabía por qué le estaba pagando a ese funcionario, sabía que era de nivel, el segundo de De Vido, pero no sabía por qué le estaba pagando, me bastaba la palabra de Luis (Betnaza) para pagarle”, agregó aunque en su declaración como arrepentido en agosto de 2018 aludió a dichos de Betnaza sobre un “compromiso con el Gobierno” ante un peligro de corte de luz y gas en las plantas de SIDERAR y SIDERCA.

Zabaleta recordó que los encuentros con Baratta eran en el estacionamiento de la sede de Techint en el segundo subsuelo porque allí no había cámaras de seguridad.

También ratificó que las fechas coinciden con las anotaciones del remisero arrepentido Oscar Centeno.

Tras más de una hora de cuarto intermedio donde se debatió si debían confrontarlo con contradicciones en su declaración como arrepentido en agosto de 2018, algo que finalmente se permitió, ratificó su declaración de ese momento cuando contó que Betnaza lo llamó y le dijo que “tenía un compromiso con el Gobierno porque sino le iba a cortar la luz y el gas de las plantas de Siderca”.

Este martes ratificó que “sí, esa fue la explicación que me dio Luis”.

“Yo no le pregunté por qué le iban a cortar el gas o la luz pero fue exactamente lo mismo que Baratta me dijo cuando yo no le quería dar dólares”, asoció el testigo.

La aparición de Techint en los cuadernos de Centeno fue una primicia publicada por este medio, en 2018, días después de que estallara el escándalo.

Al inicio de la declaración poco después de las 9, el testigo, de 80 años y contador público, fue informado por el presidente del Tribunal Oral Federal 7 Enrique Méndez Signori de su obligación de decir la verdad y del derecho a no responder preguntas que considere autoincriminantes en relación a que estuvo imputado en la causa, donde fue sobreseído.

Luego está prevista la declaración de Betnaza. Los dos ex directivos de Techint estuvieron acusados y procesados pero luego fueron sobreseídos y declaran este martes como testigos ante el Tribunal Oral Federal 7 en el juicio que tiene como principal acusada a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Luis Betnaza y Héctor Zabaleta reconocieron durante sus declaraciones indagatorias como acusados, en 2018, presuntos pagos de sobornos que habrían llegado al millón de dólares, para que funcionarios del kirchnerismo intercedieran ante Venezuela en diferentes etapas de la negociación por la nacionalización de la siderúrgica SIDOR en ese país, ordenada por Hugo Chávez.

Ambos ejecutivos de la siderúrgica fueron sobreseídos en 2021, luego de que la Justicia concluyó que los pagos ilegales existieron pero fueron en el marco de una situación de emergencia y por “razones humanitarias”, vinculadas a la necesidad de contar con las gestiones que permitieran el regreso al país de los empleados de la empresa y sus familiares.

Concluyó la declaración de Zabaleta y el próximo es Luis Betnaza, ex responsable de Relaciones Institucionales de Techint

El ex gerente administrativo de Techint terminó de declarar minutos antes de las 1430 y se dispuso un cuarto intermedio de 20 minutos para luego comenzar con la testimonial del ex responsable de Relaciones Institucionales del grupo empresario, Luis Betnaza, quien aguarda desde poco después de las 10 en los tribunales para ser oído como testigo.

El ex gerente de Administración de Techint contó en detalle cómo llegaba Baratta a Techint a buscar el dinero

Ante preguntas del abogado Mariano Galpern, de la querella de la Unidad de Información Financiera, Zabaleta contó en detalle cómo llegaba Baratta en auto a buscar los paquetes.

“Jamás tuve otro trato con Baratta” dijo, salvo “los momentos en que pasó por mi oficina y retiró los paquetes”.

Baratta le manifestó que “no quería ser visto” y por eso hubo “dos o tres formas diferentes” para las entregas.

“En la primera fui hasta la puerta de entrada a la cochera, él me dijo que iba a ir en auto y cuando se arrimó a la barrera me arrimé y ahí le conocí la cara. Ahí me subí al auto y bajamos al segundo subsuelo”.

Luego, dos o tres veces después bajó solo con el chofer y que “hubo una vez que estaba lloviendo” y entonces Zabaleta se arrimó y subió al auto. “El no quería que se lo enfocara” recordó.

En 2018 declaró como arrepentido que Baratta antes de cada entrega lo llamaba por teléfono y le exigía dólares porque los pesos no le servían. “Advertía con cortes de gas o importación de tubos de China. Vas a ver donde te vas a meter los tubos que tenés en Campana”, refirió Zabaleta que le dijo Baratta cuando declaró como arrepentido. Fragmentos de esa declaración se leyeron en la audiencia.

“Lo que dije hace ocho años no me desdigo ahora”, aclaró pero ocho años después dijo tomar “esas amenazas de una forma diferente” y recordó las circunstancias en que fue detenido en ese momento.

“Había una gran bronca porque el Gobierno de turno no nos había dado una sola obra”, refirió. “Tal vez lo dije con más bronca que ahora ocho años después. No pagamos por una obra, no pagamos por nada, era para tratar de salvar a nuestra gente para que pudiera salir de Venezuela”, declaró ahora.

“¿Que iba a decir? Que Baratta venía a tomar mate?”

Zabaleta sigue respondiendo preguntas de la defensa del ex segundo de Julio De Vido. Sobre por qué declaró como arrepentido en agosto de 2018 en el juzgado federal por entonces a cargo del fallecido juez Claudio Bonadio dijo que tomó él la decisión y que quería decir la verdad.

“¿Qué iba a decir? Que Baratta venía a tomar mate? A Baratta le di dinero en seis o siete oportunidades”, ratificó.

“¿Le pidió un recibo?” preguntó la defensora. “No le pedí recibo porque Luis Betnaza me dijo dale el dinero y cumplí lo que me dijo, me bastó la palabra y me sigue bastando”.

También explicó que cuando se publicaron las anotaciones de Centeno y apareció un Héctor, vio las fechas de las visitas a Techint y coincidían con un listado que tenía en su casa, en su computadora. Entonces supo que lo iban a allanar.

“En ningún momento Paolo Rocca habló conmigo de eso”, dijo sobre los pagos a Baratta

El testigo dijo que con el CEO de Techint sólo hablaba de sus temas personales y no de los empresariales.

“Aclaré de entrada que el que me dio la instrucción fue Luis Betnaza, que en ningún momento Paolo Rocca habló conmigo de eso. El no hablaba conmigo por temas operativos de la compañía. Hablaba conmigo solamente por cosas personales”, dijo.

La decisión de ser arrepentido la tomó él, agregó ante preguntas de la defensa de Baratta. “Lo que no quería era mentir, nada más”.

“Lo que puede pasar es que ahora ocho años después me olvide de algo”, agregó sobre las contradicciones que le marcaron.

Zabaleta explicó de dónde sacaron el dinero para pagar 1 millón de dólares a Baratta

Al retomar su declaración y mientras responde a las preguntas de la defensa de Baratta sobre las contradicciones entre sus declaraciones, el exejecutivo de Techint explicó de dónde sacaron el dinero para los pagos que refirió haber hecho a Roberto Baratta.

“Coinciden las escrituras del señor Centeno en las fechas en que el señor Centeno visitó las cocheras” de la sede de Techint en Puerto Madero. “Esas eran las fechas en que el señor Centeno bajó a la cochera”, dijo además.

Sobre el origen del dinero que usó para pagar, dijo que había un fondo que provenía de dividendos de una sociedad de accionistas en una cuenta de Techint Financial. “ Cuando esa sociedad distribuía dividendos dejaba una masa de dividendos en una cuenta en el exterior a la que yo tenía acceso, saqué los fondos de ahí”.

“Cuando Luis (Betnaza) me pide que haga ese pago hablé a la oficina en el exterior, creo que a la de Lugano (Suiza) y les dije necesito en Buenos Aires el contravalor de un millón de dólares en pesos”, relató. “Pedí fondos cada vez que los necesitaba” a los administrativos de la oficina del exterior. No voy a recordar ahora a qué persona", dijo ante la insistencia al respecto de la defensa. El contador y ex responsable administrativo dijo que custodiaba el dinero hasta “pagárselo a Baratta”.

El dinero llegó en paquetes en “tres o cuatro tandas diferentes” a su oficina y le pagó a Baratta en seis o siete ocasiones, dijo. “Era una persona desconocida” que llegaba a dejar el dinero, preguntaba por él y lo hacían pasar, relató.

Zabaleta contó además que eran fondos reservados para emergencias o ciertos episodios, como por ejemplo el pago del rescate de un miembro de la empresa que fue secuestrado por la guerrilla colombiana, ejemplificó. Agregó que fue la primera vez que tuvo que usar fondos de los dividendos para “eso”.

La defensa de Baratta marcó dos contradicciones de Zabaleta entre su declaración de este martes y la que hizo como arrepentido

La abogada Elizabeth Gómez Alcorta preguntará al ex ejecutivo de Techint sobre dos supuestas contradicciones. Una “la supuesta llamada del señor Baratta que sucedió el mismo día en que había realizado el supuesto primer pago” mientras que en su declaración como arrepentido en 2018 " dice que recibió un llamado diez días o una semana antes de la primera entrega".

La segunda está referida a cuándo Luis Betnaza lo instruyó para entregar los paquetes, si antes o después de un llamado de Baratta al respecto. La defensora advirtió que la fiscalía “no le preguntó por las razones de esos pagos”.

El Tribunal reanudó la audiencia tras más de una hora de cuarto intermedio y habilitó confrontar al testigo Zabaleta con sus declaraciones como arrepentido

En dos votos separados, los jueces Enrique Méndez Signori y Germán Castelli -por un lado- y Fernando Canero -por otro- habilitaron confrontar al ex ejecutivo de Techint Zabaleta con las declaraciones que prestó en la causa cuando estuvo detenido y en calidad de imputado colaborador, sin prestar juramento de verdad.

De esta manera hicieron lugar al recurso de reposición y se podrá seguir interrogando a Zabaleta, quien al inicio de la audiencia ratificó que entregó en persona pagos ilegales que totalizaron 1 millón de dólares, al entonces subsecretario del Ministerio de Planificación Federal y acusado en el juicio, Roberto Baratta.

La defensora de Baratta pidió sancionar a la fiscal León y hay cuarto intermedio

La defensora de Roberto Baratta, Elizabeth Gómez Alcorta, pidió sancionar a la fiscal León porque habló de que se “carpeteó” al testigo Zabaleta a la hora de interrogarlo.

El presidente del Tribunal Enrique Méndez Signori dispuso un cuarto intermedio para resolver si avalan la lectura de anteriores declaraciones del ex ejecutivo de Techint.

“Que diga que esta defensa carpetea es grave”, dijo exaltada Gómez Alcorta. “Respeto nos merecemos todos, estoy defendiendo a una persona que hasta el día de hoy es inocente”.

“Nada importa más a esta fiscal que poder probar la verdad”, dijo Fabiana León

La fiscal ante el Tribunal Oral Federal 7 Fabiana León sostuvo que “no se ha afectado” el derecho a defensa del acusado Roberto Baratta.

“No se está violando el derecho de defensa”, dijo al responder a las defensas que reclaman que se lean al testigo sus declaraciones durante la investigación del caso Cuadernos.

León explicó que las anteriores declaraciones de Zabaleta no fueron bajo juramento de verdad. “Nada importa más a esta fiscal que poder probar la verdad” y “hay que ser honestos nada importa más a otros participantes del debate que ocultar la verdad”.

La fiscal no se opuso a confrontar al testigo con sus declaraciones como arrepentido.

Defensores reclaman al Tribunal que permita leer declaraciones como arrepentido de Zabaleta

Los abogados defensores reclaman al pleno del Tribunal que permita leerle al testigo sus declaraciones anteriores. El defensor de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, remarcó que la ex presidenta no está acusada por estos hechos y tiene falta de mérito pero adhiere a los planteos por la necesidad de resguardar el derecho a defensa de Baratta.

“Se trata de verificar si el testigo que declara en este momento en nuestra presencia brindó alguna otra manifestación como arrepentido que tiene una versión contradictoria”, dijo.

Beraldi remarcó que “es uno de los primeros casos donde vemos que alguien como testigo aparece en este juico y antes cumplió función de imputado colaborador”.

El testigo se retiró de la sala mientras se discute si se le pueden exhibir sus declaraciones anteriores

Zabaleta se retiró de la sala ante un planteo de la defensa de Baratta sobre la necesidad de exhibirle sus declaraciones anteriores, durante la investigación en 2018.

La abogada remarcó la necesidad de señalar “contradicciones” y confrontar los dichos del ex gerente de Techint. “Estamos ante un caso inédito con el señor Zabaleta, tenemos un imputado arrepentido que reconoce delitos, que es sobreseído” y por estos hechos “los van a usar como cargo”. “Es inédito”, dijo.

“En este caso este señor es un testigo, ¿tampoco vamos a poder preguntarle a él, a alguien que fue privilegiadamente sobreseído en esta causa, el único arrepentido que recibió el privilegio”, dijo la abogada Gómez Alcorta. “¿Qué más nos van a impedir a las defensas?”, se preguntó.

“Hay una obstrucción sostenida” a la hora de llegar a la verdad. “No llego a comprender a quién buscan proteger en cada hecho en el que a la defensa nos atan las manos”, agregó.

La abogada advirtió que “le están vulnerando a Roberto Baratta el derecho a defenderse”.

Antes de resolver el Tribunal Oral Federal 7 escucha los argumentos de más abogados defensores que adhieren al planteo de la defensa de Baratta.

Zabaleta responde preguntas de la defensa de Roberto Baratta

El ex ejecutivo de Techint contó sobre sus inicios en la compañía cuando estudiaba en la facultad en 1969 hasta su jubilación. También habla de su vínculo con el CEO de la empresa Paolo Rocca al responder preguntas de la abogada de Baratta, Elizabeth Gomez Alcorta.

“Entiendo que el señor que manejaba” el dinero “le habrá informado a Roca” dijo sobre los pagos.

La defensa lo interroga sobre diferentes sociedades vinculadas a Techint y el rol del testigo en cada una de ellas. También sobre personas integrantes de esas sociedades y su grado de conocimiento sobre ellas.

Son “preguntas para entender su rol y su capacidad de tomar decisiones”, precisó la letrada.

“Me tenés que dar dólares” contó Zabaleta que le exigía Baratta

“Me tenés que dar dólares porque sino te voy a cortar el gas en la planta de Campana”, contó que le decía el funcionario, “enojado, quejoso porque yo no le daba dólares”.

Zabaleta recordó cómo fue detenido en la causa y dijo que las fechas de las entregas coinciden con las anotaciones de los cuadernos del remisero arrepentido Oscar Centeno, quien trabajaba para el ex funcionario de Planificación Federal Baratta.

Comenzó a declarar como testigo el ex ejecutivo de Techint Héctor Zabaleta

El contador de 80 años responde preguntas de la fiscal Fabiana León luego de prestar juramento de verdad y ser informado de su derecho a no responder preguntas que puedan autoincriminarlo porque estuvo imputado en el caso.

Zabaleta comenzó recordando cómo fue detenido en el caso por el ya fallecido juez federal Claudio Bonadio. “Si si era cierto”, respondió sobre paquetes que le entregó al acusado Roberto Baratta. Las visitas del ex funcionario a la empresa figuran en los cuadernos del remisero Oscar Centeno.

“Me instruyó de entregar esos paquetes Luis Betnaza”, por entonces director de Relaciones Institucionales de Techint. “Las entregas eran de dinero y cada entrega estaba en el orden de 600, 700 mil pesos”. “La instrucción que me había dado Betnaza era que tenía que ser cerca de un millón de dólares, si mal no recuerdo se cumplió. Se entregó en pesos”.

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Dos ex directivos de Techint que estuvieron acusados y procesados pero luego fueron sobreseídos fueron citados como testigos para mañana por el Tribunal Oral Federal 7 en el juicio de los “cuadernos de la corrupción” que tiene como principal acusada a la expresidenta Cristina Kirchner. Tendrán que responder preguntas por primera vez bajo juramento de verdad.

Luis Betnaza y Héctor Zabaleta reconocieron durante sus declaraciones indagatorias como acusados y sin obligación de decir verdad en 2018 presuntos pagos de sobornos que habrían llegado al millón de dólares para que funcionarios del gobierno de la entonces presidenta Cristina Kirchner intercedieran ante Venezuela en diferentes etapas de la negociación por la nacionalización de la siderúrgica SIDOR en ese país, ordenada por Hugo Chávez.

La semana pasada otro testigo del holding que lidera el empresario Paolo Rocca, Pablo Brizzio, reconoció al declarar como testigo en los tribunales federales de Retiro que hubo gestiones con funcionarios del gobierno argentino que había asumido tres meses antes para intentar evitar perder la empresa en Venezuela porque para la firma representaba un activo de suma importancia, pero dijo no saber nada de pedidos de pagos por ese motivo. Lo mismo declaró en relación a las dificultades que hubo luego para sacar de Venezuela a un centenar de empleados y sus familias, cuando se concretó la nacionalización de SIDOR.

Brizzio declaró el jueves último que uno de los participantes en otra etapa de las negociaciones, vinculada con la compensación a la empresa argentina por la nacionalización, fue el acusado José María Olazagasti, exsecretario privado del exministro de Planificación Federal Julio De Vido.

Según explicó, la gestión ante Venezuela fue exitosa porque permitió evitar un reclamo ante el tribunal internacional CIADI y abrió una negociación que culminó con un acuerdo económico. Sin embargo, reiteró que nunca tuvo conocimiento de pedidos de dinero a cambio de esas gestiones.

Razones humanitarias

El remisero arrepentido Oscar Centeno, chofer del exfuncionario de Planificación Federal del kirchnerismo Roberto Baratta, anotó en sus cuadernos nueve supuestas visitas a la sede de Techint en la ciudad de Buenos Aires entre abril y noviembre de 2008.

Los testigos citados para mañana, Betnaza y Zabaleta, fueron sobreseídos en 2021 cuando la causa principal ya había sido enviada a juicio sin ellos entre los acusados. Paolo Rocca había sido desvinculado también con anterioridad.

La Justicia concluyó que los pagos ilegales existieron pero fueron en el marco de una situación de emergencia y por “razones humanitarias” vinculadas a la necesidad de contar con las gestiones que permitieran el regreso al país de los empleados de la empresa y sus familiares.

Cuando fue indagado por el fallecido juez federal Claudio Bonadio, el por entonces director institucional de Techint Betnaza explicó que ordenó a otro exdirectivo, Zabaleta, pagar las “contribuciones” que se les habrían pedido. Mencionó diez cuotas de 100 mil dólares cada una entregadas a Baratta, en esa época subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de Planificación Federal. Según dijo, se buscaba una negociación para evitar la expropiación de SIDOR. La empresa finalmente acordó el pago de una compensación.

Los acusados no tienen obligación de decir verdad en su declaración indagatoria, que es un acto de defensa. Pero ahora ambos fueron convocados como testigos y lo primero que hará mañana el presidente del TOF7 Enrique Méndez Signori será tomarles el juramento de verdad y -como se hace con cada testimonial- informar las penas previstas para el falso testimonio.

El ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pidió una prórroga a la Justicia para responder más adelante el requerimiento de justificación patrimonial que elaboró el fiscal Gerardo Pollicita, quien lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito. El plazo previsto originalmente se vence este miércoles.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, la defensa de Adorni presentó un escrito ante el juez Ariel Lijo argumentando que necesitan acceder a un conjunto de pruebas que aún no pudieron revisar. Son archivos y conversaciones citadas por el fiscal en el requerimiento.

Esta etapa de la causa es la primera instancia que tiene el ex funcionario libertario para justificar el origen de su patrimonio. Si no logra despejar las 20 inconsistencias que detectaron los investigadores, entonces el fiscal estará en condiciones de dar un paso más y pedir que el juez lo cite a declaración indagatoria.

Ahora el titular del Juzgado Federal N° 4 de Comodoro Py puede escuchar la opinión de la fiscalía antes de resolver si prorroga o no el plazo de la justificación patrimonial. La defensa, a cargo del abogado Matías Ledesma, sugirió extenderlo otros 15 días más.

Las 20 inconsistencias

El requerimiento del fiscal se firmó el pasado 10 de agosto. En un dictamen de 207 páginas, Pollicita enumeró una veintena de interrogantes sobre los bienes del ex funcionario. La investigación abarca el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 —fecha en la que ingresó a la función pública nacional como vocero de Javier Milei— y el 27 de junio de 2026, día en que formalizó su renuncia al cargo.

De acuerdo con la investigación que llevó a cabo el fiscal, el matrimonio tuvo ingresos por $229.752.283,20 en concepto de haberes del exfuncionario y de su esposa.

Sin embargo, los gastos registrados en moneda nacional —que incluyeron expensas, servicios, impuestos, viajes, seguros automotores, electrodomésticos y tarjetas de crédito— habrían ascendido a $272.820.832,20, siempre según el dictamen del fiscal. Esta diferencia generó un saldo de $43.068.549 que aún está pendiente de explicación.

Asimismo, Pollicita detectó gastos en moneda extranjera por un valor de USD 402.578,12, supuestamente destinadas a la adquisición y refacción del lote 380 del country Indio Cuá, la compra de un departamento en la calle Miró 550, el mobiliario de estas propiedades, alquileres temporarios y viajes al exterior.

Entre los veinte puntos que Adorni deberá aclarar, se destaca el origen de los dólares en efectivo declarados bajo el rubro “venta de activos”, detallando qué bienes enajenó, a qué compradores y con qué respaldo documental. Ese dato coincide con la explicación pública del ex ministro coordinador que reveló que desde hace una década tenía medio millón de dólares en criptomonedas que nunca declaró ni gastó hasta que llegó al poder.

También se le solicitó acreditar la existencia real de préstamos familiares otorgados por Silvia Pais y Norma Zuccolo, la procedencia de los fondos para adquirir un vehículo Jeep y las razones por las cuales el lote del Country Indio Cuá figura exclusivamente a nombre de su cónyuge. En esta última propiedad, la fiscalía exigió justificar los USD 245.000 abonados en efectivo al contratista Matías Tabar por la remodelación de la vivienda.

El requerimiento judicial también exige explicaciones sobre la operatoria con criptoactivos del ex jefe de Gabinete.

La fiscalía detectó fondos en una billetera virtual que Adorni validó con su identidad, pero omitió declarar ante la Oficina Anticorrupción, además de inconsistencias en las declaraciones rectificativas del ejercicio 2023.

Por último, Adorni tendrá que aclarar el uso de terceras personas para realizar pagos y consumos con tarjetas de crédito ajenas, la cancelación de deudas con el Banco Galicia y el origen de acreditaciones no salariales en su cuenta sueldo del Banco de la Nación Argentina.

En base al resultado de esta justificación patrimonial, cuando finalmente se realice, el juez Lijo deberá decidir si acepta estas explicaciones o lo convoca a indagatoria.

Una nueva denuncia por supuesto lavado de activos con fondos de la AFA que se presentó contra su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y su tesorero Pablo Toviggino quedó a cargo este lunes de la jueza federal porteña María Servini, quien tendrá que resolver si acepta investigarla o la remite al juzgado federal de Campana. A este último distrito, la Cámara Federal de Casación resolvió enviar la pesquisa por la compra de la casaquinta de Pilar valuada en 17 millones de dólares y atribuida a presuntos testaferros.

El juzgado federal 1 de Comodoro Py 2002 a cargo de la magistrada resultó sorteado para ocuparse de la denuncia que en marzo pasado presentó el empresario Guillermo Tofoni, en base a publicaciones periodísticas que dieron cuenta del funcionamiento de un presunto esquema de lavado de dinero con fondos de la Asociación del Fútbol Argentino.

La causa estuvo a cargo hasta la semana pasada del juez en lo penal económico porteño Diego Amarante, quien se declaró incompetente y la remitió al fuero federal porteño.

El juez Amarante decidió que si bien el fuero federal es el que tiene que investigar la nueva denuncia, le corresponde a la ciudad de Buenos Aires por el lugar donde se habrían cometido los delitos. Mientras tanto está pendiente de resolución en la Cámara Federal de San Martín un planteo por la competencia que se originó cuando el juez de Campana González Charvay reclamó sumar también este expediente y Amarante se negó a enviarlo a esa jurisdicción.

Qué se investiga

En la denuncia se aludió a “presuntas maniobras de lavado de activos” que se habrían ejecutado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La hipótesis delictiva “describe un circuito donde los fondos habrían ingresado a través de financieras situadas en el microcentro porteño, habrían sido trasladados a un estudio jurídico, y finalmente habrían tenido como destino la sede central de la AFA en la calle Viamonte o el domicilio particular de uno de sus dirigentes, según recordó Amarante. Todos son ” ámbitos geográficos sujetos a la jurisdicción territorial de la Capital Federal”, sostuvo en esa decisión a la que accedió Infobae.

Se pidió investigar en base a publicaciones periodísticas si “existió en el ámbito de esta Ciudad un enorme esquema de lavado de activos que comenzaba con el desvío de los fondos desde el exterior (España y EE.UU principalmente) a las empresas ‘intermediarias’ , luego llegaba a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de un grupo de financieras, ubicadas en el microcentro de esta Ciudad, se trasladaba nuevamente a un estudio jurídico en el cual era contado el efectivo y finalmente terminaba en la sede Central de la AFA y/o un departamento” de uno de sus dirigentes, todo en CABA.

Al enviar el caso a Comodoro PY, el juez Amarante destacó que “a la fecha, no se encuentra determinada la prelación temporal entre los hechos objeto de la presente denuncia y aquellos que son materia de investigación ante el Juzgado Federal de Campana, por lo que en definitiva será materia de decisión de los tribunales competentes en discernir -llegado el caso- si corresponde unificar la presente causa con la N° CFP 5277/2025 (mansión de Pilar) y en esa hipótesis, en qué jurisdicción”. Ahora la jueza Servini decidirá a su vez si envía el expediente a Campana o reclama asumir la investigación.

Mientras tanto los conflictos por las causas que involucran a la AFA están por llegar a la Corte Suprema de Justicia: la Cámara Nacional en lo Civil tiene que decidir si concede un recurso del Gobierno Nacional contra la mudanza de la sede social a Pilar y, en el caso de la casaquinta de Pilar, el fallo de Casación que devolvió la pesquisa a Campana será apelado ante el máximo tribunal del país por el fiscal ante esa instancia Mario Villar.

La decisión de la Cámara Federal de Casación que esta semana mudó a un juzgado federal de Campana la pesquisa que intenta probar si una casaquinta en Pilar valuada en 20 millones de dólares pertenece a dirigentes de la AFA no cerró la pelea por las investigaciones a la Asociación del Fútbol Argentino, su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y su tesorero Pablo Toviggino.

El máximo tribunal penal federal del país determinó en esa sentencia que se investiga un posible lavado de activos mediante testaferros, un delito ajeno al fuero penal económico donde se llevaba el caso y que pertenece al ámbito federal. Por eso devolvió el expediente al juzgado federal de Campana, en la provincia de Buenos Aires.

Esta decisión va camino a ser apelada ante la Corte Suprema de Justicia por el fiscal ante Casación, Mario Villar. Si su recurso extraordinario no prospera, quedaría la vía de la queja directa al máximo tribunal del país. El eje del planteo pasa por dónde debe investigarse el caso, si en los fueros penal económico o federal, y ante esta última opción, si en Campana o en la Ciudad de Buenos Aires, donde estuvo por primera vez.

Otra vez Comodoro Py

En las últimas horas, un juez penal económico de la Ciudad de Buenos Aires envió a Comodoro Py 2002 una nueva causa que tiene a los mismos protagonistas por presuntos delitos que involucran a casas de cambio y financieras porteñas. Reconoció que el lavado de activos es un delito federal -en sintonía con la decisión de Casación-, pero en este caso particular concluyó que le toca al fuero federal porteño y no al bonaerense de Campana.

Por eso remitió la nueva denuncia contra Toviggino y Tapia a la Cámara Federal de CABA para que se sortee un juzgado. La resolución fue del juez en lo penal económico Diego Amarante, el mismo que ya procesó, embargó y prohibió salir del país a al titular de la AFA y el tesorero por evasión de impuestos, a raíz de no haber depositado a tiempo 19.000 millones de pesos en retenciones, pese a contar con los fondos para cumplir con ese compromiso.

Ahora, el magistrado actuó ante una denuncia que se recibió en su juzgado sobre un presunto esquema de lavado de activos con desvío de fondos desde el exterior -España y EEUU- a intermediarias de la AFA que luego los enviaban a financieras en el microcentro de CABA. El destino final del efectivo en dólares habría sido la sede central de la AFA de la calle Viamonte. El fallo recogió la doctrina fijada por Casación, según la cual el artículo 303 del Código Penal que castiga el lavado de dinero no está asignado por ley, en forma general, al fuero penal económico.

Sin embargo el juez advirtió que la maniobra “habría sido llevada a cabo en el ámbito de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Al momento de resolver sobre la casaquinta de Pilar, Casación no tenía elevada esta nueva denuncia y “por consiguiente, no integró” su resolución.

Tampoco se sabe, resaltó Amarante, qué ocurrió primero: si el supuesto lavado transnacional de divisas o la compra de la propiedad en Pilar por parte de la sociedad Real Central, de Luciano Pantano y Ana Conte, los supuestos testaferros imputados en esa pesquisa, en la actualidad a cargo del juez federal de Campana Adrián González Charvay.

“Lo expuesto adquiere particular relevancia si se tiene en cuenta que, a la fecha, no se encuentra determinada la prelación temporal entre los hechos objeto de la presente denuncia y aquellos que son materia de investigación ante el Juzgado Federal de Campana, por lo que en definitiva será materia de decisión de los tribunales competentes en discernir -llegado el caso- si corresponde unificar la presente causa con la N° CFP 5277/2025 y en esa hipótesis, en qué jurisdicción", concluyó el juez en la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

La casaquinta y la sede social

Los fiscales que se opusieron a que la investigación por la casaquinta, la flota de autos de lujo y los caballos de raza que se encontraron allí pase a Campana argumentaron que esas compras fueron el resultado de maniobras más amplias de lavado de dinero que se originaron en toma de decisiones en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires.

Para adquirir esa propiedad se habrían desviado fondos de la AFA a través de sociedades con sede en Capital Federal, según la hipótesis acusatoria. Bajo esa lectura, el eje de la operatoria no estaría en el inmueble, sino en el circuito previo del dinero y en las firmas que habrían intervenido. Si el fiscal Villar presenta el recurso extraordinario, Casación deberá resolver si lo concede. Caso contrario, quedará el camino de la queja directa.

Otro foco de conflicto está en el fuero civil. La Cámara Nacional en lo Civil está en condiciones de decidir si abre el camino a la Corte en la pelea que mantiene la Inspección General de Justicia con la AFA por la mudanza de la sede social a un predio de Pilar. El Tribunal de Apelaciones le dio la razón a la entidad que preside Tapia, avaló el cambio de sede social y anuló decisiones de la IGJ. El Gobierno apeló ante el máximo tribunal y debe decidirse si se le concede el recurso y el expediente comienza a ser analizado en esta última instancia.

La fiscalía que investiga el atentado contra la abogada y activista Nadia Beller en Bolivia pedirá que el consultor libertario argentino Fernando Cerimedo quede con detención preventiva en ese país “sin plazos”, en base al peligro de entorpecer la investigación, riesgo para la víctima y medidas de prueba pendientes. Si esta opción no prospera, se postuló que se le fije el máximo previsto de 180 días.

Entre los motivos que se remarcaron en un dictamen oficial acusatorio se explica que el exasesor de La Libertad Avanza no logró acreditar aún una “actividad lícita” en Bolivia. Cerimedo no cuenta hasta ahora con documentación que dé cuenta de un arraigo en ese país y “no ha manifestado ni acreditado tener una actividad lícita”, más allá de haberse presentado como “consultor político” sin dar detalles concretos de dónde desempeña ese trabajo, según la acusación de los fiscales Herlan Rodríguez Cuevas y Yolanda Aguilera Lijerón.

Cruces de llamados y reconstrucción del hecho

La prueba pendiente es uno de los motivos por los cuales la fiscalía departamental de Santa Cruz, Bolivia, reclama que siga detenido. Entre las medidas que se realizarán figura la triangulación de llamadas entre los teléfonos de la víctima y el acusado; la reconstrucción de los hechos, la toma de declaración a testigos -como empleados del hotel y paramédicos que llegaron al lugar-. También se buscará peritar el “flujo de llamados” de Cerimedo para “determinar con quienes se contactó el día del hecho” y se hará una pericia informática sobre el celular y la computadora secuestrados al acusado, se adelantó en la acusación fiscal, según supo Infobae en fuentes del caso.

Beller mantenía una relación sentimental con Cerimedo en Bolivia, y la noche del lunes último fue baleada en la entrada de un hotel en Santa Cruz de la Sierra por dos sicarios armados que se hicieron pasar por repartidores de una empresa de delivery y llegaron al lugar en motocicleta y con los rostros ocultos por los cascos.

Según declaró la víctima, llegó allí para encontrarse con un supuesto informante que la había contactado por WhatsApp para ofrecerle datos sobre un presunto caso de violación a una menor de 13 años vinculado a Evo Morales. Según la declaración de la abogada, ella había desistido de concurrir pero su “pareja” la convenció y fue.

“Absoluto desprecio por la vida”

La fiscalía advirtió además que hay “peligro efectivo” para la víctima. Cerimedo “lejos de proteger a su pareja” embarazada de cuatro semanas, “actuó con un absoluto desprecio por la vida”. Según la acusación fiscal la habría manipulado “sistemáticamente” y coordinó de manera remota y “bajo engaños” su traslado al Swissotel Santa Cruz de la Sierra, “para que terceros atentaran contra su vida”. Para los fiscales, lo ocurrido evidencia una “total peligrosidad criminal”, según lo dejaron asentado en la imputación formal que expondrán ante un juzgado.

Hay “peligro efectivo para la sociedad y para el entorno familiar de la víctima”, y las mujeres pertenecen a un grupo de atención “prioritaria y vulnerable”, agregaron. Los investigadores aseguran contar con información “precisa, confiable y circunstanciada aportada en la investigación” y remarcaron que Cerimedo habría intentado irse de manera “desesperada” de Santa Cruz de la Sierra y fue bajado de un avión por la policía. Esto indicaría su intención de no estar a derecho y por eso se haría “imperativa” su detención preventiva.

También sostienen que “existen elementos de convicción suficientes” para considerar que el consultor argentino “facilitó y dirigió remotamente la emboscada”. Remarcaron que aún no se ha encontrado la cartera ni el celular de Beller y que si el acusado conoce a los agresores aún prófugos, de recuperar la libertad podría “destruir, modificar” u ocultar esos objetos. Si queda libre podría presionar, amenazar u ofrecer “dádivas” a testigos, agregaron. La investigación en Bolivia está a cargo del Ministerio Público Fiscal especializado en Delitos contra la Vida en Santa Cruz de la Sierra.

El fiscal federal Franco Picardi pidió rechazar un pedido del detenido financista Elías Piccirillo para declarar nula la reconstrucción de lo ocurrido la noche del 17 de enero de 2025, cuando según la acusación plantó droga y un arma en el auto de un exsocio. A esa persona le debía 6 millones de dólares y, para evitar pagarle, habría montado un operativo policial para lograr su detención.

La reconstrucción se hizo con un Audi Q8 similar al que manejaba la supuesta víctima, Francisco Hauque, y que -de hecho- fue alquilado y pagado por el propio Piccirillo para este trámite que ordenó la Cámara Federal porteña. Se concretó el 10 de junio pasado y el rol del financista fue asumido por un actor de similar contextura contratado para la ocasión. Pero, cuando se conocieron los resultados, la defensa planteó la nulidad, reclamó que se haga otra reconstrucción o se amplíe la ya realizada.

Piccirillo más complicado

En un dictamen entregado al juez federal Ariel Lijo, el fiscal sostuvo que la reconstrucción confirmó que era posible ocultar la droga y el arma en el auto. Pidió rechazar el intento de la defensa para anular esa medida como prueba y también se opuso a que se repita.

Según el planteo fiscal, la reconstrucción determinó que era posible depositar los paquetes con cocaína en el baúl a través del espacio entre la bandeja portaobjetos y el respaldo trasero, y también debajo de la butaca del conductor. La medida fue ejecutada por la Policía Federal. Su resultado quedó plasmado en un informe pericial que, de acuerdo con el Ministerio Público, refutó de forma directa la hipótesis de imposibilidad material que había sostenido la defensa.

El eje del caso pasa por la acusación que mantiene detenido a Piccirillo, quien está procesado con prisión preventiva por plantar la droga y el arma dentro del vehículo de Hauque, algo que el acusado niega haber hecho.

Un hecho posible

El fiscal remarcó además que la mecánica descripta por la acusación fue verificada como posible, tanto con el vehículo en movimiento como detenido. Sumó que esa conclusión no fue aislada, ya que un informe previo de la Gendarmería Nacional Argentina había señalado que desde el asiento trasero del Audi Q8 era posible acceder al baúl. Al reclamar la nulidad, para la fiscalía la defensa solo expresó desacuerdos con la forma en que se llevó adelante la diligencia y con su resultado.

Entre otros argumentos, la defensa cuestionó que la reconstrucción no haya sido ejecutada por el propio acusado, quien tiene arresto domiciliario con tobillera electrónica en un departamento de la localidad bonaerense de Banfield.

También sostuvo que no se reprodujo el recorrido interno dentro del restaurante al que habían concurrido ambos poco antes, y que no se instaló una cámara a la altura del espejo retrovisor del auto. Además objetó el peso de las réplicas de los paquetes con droga usadas en la reconstrucción, la vestimenta del actor y la falta de exactitud con lo ocurrido en la noche de los hechos.

La droga, el actor y el auto

La fiscalía respondió que el acusado tiene derecho a pedir la reconstrucción, pero no a imponer de manera unilateral cómo debe realizarse ni a ejecutarla personalmente. Para la medida se eligió, según el dictamen, a un actor con características físicas similares a las de Piccirillo, sobre la base del informe médico legal citado por la propia defensa: 1,84 metros de altura, 87,95 kilos y 95 centímetros de perímetro abdominal.

Otro de los puntos cuestionados por la defensa fue el vehículo empleado. Sobre eso, la fiscalía señaló que el rodado fue alquilado y pagado por Piccirillo y que el informe verificó mediante la numeración VIN que se trataba del mismo modelo que el secuestrado, un Audi Q8 Quattro 3.0.

El dictamen también respondió al planteo sobre el espacio disponible para pasar uno de los paquetes con droga al baúl. En ese tramo, el fiscal destacó un dato técnico central: la separación entre la bandeja portaobjetos y el respaldo trasero era de 8 centímetros con el asiento en posición vertical, frente a un paquete de 6 centímetros de espesor. El informe agregó que ese espacio podía ampliarse al rebatir el perfil de la bandeja. Para la fiscalía, la defensa sostuvo que el respaldo podía haber estado reclinado, pero no aportó evidencia sobre esa situación.

Picardi se opuso también a una nueva reconstrucción o a una ampliación de la ya realizada. La fiscalía consideró que no aparecieron elementos nuevos que justifiquen repetir la diligencia y sostuvo que varias de las cuestiones pendientes pueden revisarse sobre el material ya incorporado, como los registros fílmicos, las fotografías y los relevamientos planimétricos. La decisión final sobre esos planteos deberá adoptarla el juez Lijo.

La Cámara Federal porteña confirmó la validez de un peritaje contable sobre el patrimonio del exfuncionario del Ministerio de Planificación Federal en el kirchnerismo Roberto Baratta, quien quedó así más cerca de ser citado a declaración indagatoria por supuesto enriquecimiento ilícito.

La defensa del ex número dos de ese organismo que condujo Julio De Vido reclamó la nulidad del estudio contable que llevó varios años y, además, pretendía que se hiciera uno nuevo. El planteo fue rechazado en primer lugar por el juez federal Julián Ercolini, a cargo de la investigación, y ahora esa decisión quedó confirmada en el Tribunal de Apelaciones, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

La casa del country

El conflicto se originó, entre otros puntos, a la hora de determinar quiénes son los verdaderos propietarios de una lujosa casa en el Country Mapuche. La defensa sostiene que fue comprada por los padres del ex funcionario con capacidad económica suficiente para esa adquisición, mientras que los acusadores sospechan que habrían actuado como prestanombres de su hijo. La propiedad está embargada y fracasaron intentos judiciales de la familia por recuperarla.

Los jueces del Tribunal de Apelaciones Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, ratificaron ahora la validez de la pericia que ya está en el juzgado federal 12, donde desde 2017 se investiga el patrimonio de Baratta, y ahora el próximo paso sería la citación a indagatoria del exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal entre 2003 y 2015. El Tribunal de Apelaciones reclamó “celeridad”.

La defensa cuestionó la metodología aplicada en el estudio, la documentación tomada en cuenta y varias conclusiones vinculadas con la evolución patrimonial bajo análisis. La fiscal del caso, Alejandra Mangano, se pronunció por rechazar todos esos planteos y confirmar la validez del estudio contable.

Entre los puntos discutidos está la propiedad de Mapuche Country Club. También hubo reparos sobre el tratamiento de otros bienes inmuebles y aclaraciones formuladas por la perito oficial en torno a montos, documentación y valuaciones. La defensa también objetó conclusiones sobre un departamento en Huergo al 200, en CABA, porque sostuvo que el bien pertenecía a la esposa de Baratta desde antes del inicio de la relación y no debió haberse incorporado a la pericia.

Los jueces afirmaron que las críticas se refieren al contenido técnico del informe y a su valor como prueba, una discusión que deberá resolverse en la etapa procesal que corresponda. El fallo remarcó que la mera discrepancia con el dictamen oficial no alcanza para declarar su nulidad, sobre todo porque en el expediente también intervino un perito de parte, que ya presentó sus propias conclusiones. Esa circunstancia, según el tribunal, permite que las objeciones sean consideradas más adelante sin necesidad de invalidar todo el estudio.

En junio pasado, cuando rechazó el pedido de la defensa del ex funcionario, el juez Ercolini advirtió que no se demostró “el peritaje sea inexistente, incontrolable, incomprensible o formalmente inválido” sino que lo que se plantea es “que debería realizarse nuevamente con otros parámetros, con otra documentación, con una lectura distinta de la sociedad conyugal, con otra ponderación de ciertos ingresos y con un análisis diverso de determinados valores”, Todos aspectos que “podrán ser objeto de contradicción técnica y valoración judicial, pero no imponen la anulación del dictamen ni la realización automática de un nuevo peritaje”.

Reclamo de celeridad

La Cámara dejó firme ahora ese rechazo al pedido de una nueva pericia patrimonial y reiteró “una vez más la necesidad de imprimir celeridad” a la causa penal para definir la situación de Baratta. La investigación se abrió en 2017 cuando el juzgado federal 12 estaba a cargo del juez Sergio Torres, quien dejó ese puesto para ir a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. En la actualidad es uno de los juzgados vacantes en Comodoro Py 2002 y a lo largo de los años pasaron diferentes magistrados como subrogantes. La Cámara Federal de Casación rechazó ya un planteo de prescripción.

Baratta era jefe del arrepentido remisero Oscar Centeno, autor de los cuadernos en los que dio cuenta de recorridos en busca de supuestos sobornos que pagaban empresarios, a pedido del entonces funcionario de Planificación Federal. Ambos son juzgados en la actualidad en esta causa penal junto a la ex presidenta Cristina Kirchner, De Vido y otros exfuncionarios.

Un directivo de la empresa Techint negó este jueves haber estado al tanto de pedidos de dinero por parte de funcionarios argentinos o venezolanos para interceder en las negociaciones por la nacionalización de Sidor en este último país, al declarar como testigo en el juicio de los “cuadernos de la corrupción”, ante el Tribunal Oral Federal 7.

Se trata de Pablo Brizzio, directivo de Techint, quien dio detalles del proceso de nacionalización en 2008 y el clima de tensión en el cual un centenar de empleados argentinos con sus familias tuvo que dejar Venezuela durante el chavismo. Dijo que los contactos a nivel político estuvieron a cargo de Luis Betnaza, responsable de Relaciones Institucionales de la siderurgica.

Betnaza y el ex director de Techint Héctor Zabaleta declararán como testigos en el juicio el martes próximo. Ambos estuvieron procesados en la investigación del caso Cuadernos por el pago de sobornos en el kirchnerismo pero fueron sobreseídos porque la Justicia entendió que lo hicieron por motivos “humanitarios”, para que funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner intercedieran ante Hugo Chávez y lograran la salida del país de los empleados argentinos.

En las anotaciones del remisero arrepentido Oscar Centeno -los “cuadernos”- figuran ocho supuestos episodios de pago de sobornos y presuntos contactos de directivos de Techint con el ex funcionario de Planificación Federal del kirchnerismo Roberto Baratta, quien sí está procesado por estos pagos ilegales. Fueron en total entre 15 y 20 millones de pesos.

El testigo Brizzio dijo este jueves que uno de los participantes en otra etapa de las negociaciones -la compensación a la empresa argentina por la nacionalización-, fue el acusado José María Olazagasti, ex secretario privado del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido. Mencionó que esa gestión ante Venezuela fue exitosa porque se evitó tener que recurrir a un tribunal internacional (el CIADI) a reclamar y comenzó en cambio una negociación que terminó con un acuerdo económico. Sin embargo, aseguró que nunca supo de pedidos de dinero a cambio de ello.

Estaba previsto escuchar en esta jornada a cuatro testigos, pero al inicio de la audiencia y cuando el primero de ellos ya estaba presente en Comodoro Py 2002 la fiscalía anunció que desistía de su testimonio y de otros dos convocados. Ante ello se dispuso un cuarto intermedio para esperar la llegada del único testigo que quedó para la jornada.

En el debate se juzga a la ex presidenta Cristina Kirchner como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho, a ex funcionarios de su gestión y a empresarios. En total hay 86 acusados.

El directivo de Techint habló de reuniones con Olazagasti pero negó que le hayan pedido dinero

La declaración del testigo concluyó poco antes del mediodía. Antes Brizzio recordó que uno de los funcionarios que intervino en las negociaciones durante el intento para evitar llegar al CIADI por el conflicto por la nacionalización de Sidor dispuesta por el gobierno de Hugo Chavez fue el ex secretario privado del ex ministro de Planificación Julio De Vido, José María Olazagasti.

La gestión “fue exitosa” porque comenzó una negociación que permitió llegar a una compensación para Techint, recordó y negó que en ese marco le hayan pedido dinero.

El testigo respondió preguntas de la defensa del acusado Roberto Baratta

El ingeniero de Techint respondió preguntas del abogado Marcos Aldazábal, defensor del ex funcionario del kirchnerismo y ex jefe del remisero Oscar Centeno, Roberto Baratta.

Sidor “era una pata muy importante para nosotros. Industrialmente producía un producto que usábamos en México y en Argentina. Perder esa compañía generaba un problema operativo bastante fuerte, habíamos invertido muchísimo tiempo, muchísima plata. La intención era seguir operando”, dijo el testigo sobre lo ocurrido durante el chavismo.

Declara un directivo de Techint sobre la nacionalización de Sidor en Venezuela en 2008

Consultado por la fiscal Fabiana León, Pablo Brizzio explicó que tras la privatización y compra de Sidor en Venezuela se enviaron muchísimos trabajadores argentinos.

“Más de cien personas de Argentina fueron a trabajar en Sidor. Era una compañía que no estaba muy bien manejada antes de nuestro ingreso: producía menos de dos millones de toneladas de acero por año. Uno de los objetivos y condiciones de la privatización era que la empresa produjera más de dos millones y medio. Al momento de la nacionalización, producíamos más de cuatro millones y medio de toneladas. Mucha gente fue a Venezuela desde todas las áreas para llevar a la compañía al nivel al que llegó”

“¿Pudieron retirarse sin ningún problema?“, quiso saber la fiscal. ”Se retiraron todos, pero no fue sencillo. Había mucha animosidad por parte del gremio y de algunas autoridades contra los funcionarios argentinos, y tampoco fue un proceso inmediato. La entrega fue a fines de junio de 2008. Ese período no fue sencillo porque ya estaban en proceso de tomar posesión. El gremio estaba muy a favor de eso y quería hacerlo muy rápido. Había muchas manifestaciones contra los argentinos, incluso públicas”., respondió el testigo.

Pintadas de “fuera argentinos”

“Muchos estaban en Venezuela con sus familias. Fue un período bastante complejo: había pintadas de “Fuera argentinos”, manifestaciones en la ciudad donde estaba la empresa e incluso irrupciones en las oficinas", dijo Brizzio quien por esa época estaba en Puerto Ordaz, sede de la compañía.

El testigo explicó que Paolo Rocca, CEO de Techint, viajó a Venezuela durante la negociación para intentar evitar la nacionalización pero luego dejó de ir.

“No, yo nunca supe nada de eso”, contestó cuando se le preguntó si supo de algún pedido de dinero para facilitar la extracción de los ciudadanos argentinos.

“¿En algún momento representantes del gobierno de Venezuela o de Argentina hicieron saber a la empresa la necesidad de algún aporte económico?“, volvió a preguntar la fiscal. ”No, que yo tuviera conocimiento", respondió Brizzio. Dijo que las negociaciones a nivel relaciones institucionales y políticas estuvieron a cargo de Luis Betnaza.

En las anotaciones del remisero Oscar Centeno -los “cuadernos”- figuran ocho supuestos episodios de pago de sobornos y contactos con el ex funcionario de Planificación Federal del kirchnerismo Roberto Baratta.

El Tribunal rechazó un planteo de la defensa de Olazagasti para que se limite la declaración del testigo y comienza a ser interrogado

El testigo Pablo Brizzio volvió a ingresar a la sala de audiencias luego de un cuarto intermedio de casi media hora. El Tribunal deliberó y rechazó el planteo de la defensa del exsecretario privado de Julio De Vido para limitar las preguntas y que no se refiera a Olazagasti.

Ante ello se inició la declaración de Brizzio y responde preguntas de la fiscal Fabiana León. El testigo trabaja en la empresa Techint y da detalles sobre la compra de la firma Sidor, en Venezuela, en 1996.

La defensa de un ex secretario privado de De Vido plantea que el testigo no responda preguntas sobre su cliente

El testigo Pablo Brizzio, ingeniero relacionado con Techint y Sidor, salió de la sala de audiencias ante un planteo de la defensa del exsecretario privado de Julio De Vido, José María Olazagasti. Se pide que no responda preguntas sobre este acusado porque se violaría su derecho a defensa. La fiscal León y la querella de la UIF se opusieron y el presidente del Tribunal Méndez Signori resolvió que el testigo declare.

“Lo que se juzga es lo que está en el requerimiento de elevación de este juicio y no la parte que ha quedado en la instrucción. Entendemos que no hay afectación de ningún derecho”, expresó León.

Ante ello el defensor pidió que resuelva el Tribunal en pleno, es decir, los tres magistrados que lo integran. Se dispuso un cuarto intermedio de diez minutos para tomar una decisión.

La fiscal respondió al planteo por los testigos desistidos

La audiencia se reanudó y la fiscal ante el Tribunal Oral Federal 7 Fabiana León respondió a los comentarios previos del abogado Ubeira sobre los testigos desistidos. “Esta fiscal no acepta sugerencias de los abogados particulares, sobre todo de aquellos que han insultado de forma agraviante a miembros del Ministerio Público Fiscal, sobre todo cuando la fiscalía está cumpliendo su función con la debida diligencia”.

De manera previa al inicio del debate oral, “la fiscalía entregó una lista de 200 testigos para desistir, se vio impedida por el abogado ‘parlante’” quien “dijo que se iba a oponer porque quería escuchar a todos. Esto quería dejar en claro.”

El presidente del TOF 7 Enrique Méndez Signori dio por cerrada la cuestión. “Mi exhortación fue general para todas las partes, para el mejor uso del tiempo, para todos, sin distinción de ninguna situación en particular; exhortación que mantengo para el mejor aprovechamiento del tiempo y evitar molestias a los testigos, descontando las dificultades propias del volumen de esta causa.”

Apenas empezó la audiencia se dispuso un cuarto intermedio de media hora para esperar al único testigo que quedó en esta jornada

El juicio comenzó minutos después de las 9 y la fiscalía informó que desistía de escuchar a tres de los cuatro testigos convocados para la jornada. El primero de ellos ya estaba por ingresar a la sala de audiencias en Comodoro Py 2002. Ante ello y como fueron testimonios requeridos sólo por la parte acusadora y no hubo objeciones, el Tribunal Oral Federal 7 hizo lugar. Se dispuso un cuarto intermedio de 30 minutos a la espera del único testigo que quedó en esta jornada.

El abogado defensor José Manuel Ubeira pidió la palabra para pedir que el Tribunal recuerde a las partes los parámetros que pidió cumplir relativos a notificar con anticipación decisiones vinculadas a los testigos, a fin de optimizar el tiempo del debate y evitar molestias a quienes son convocados.

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La fiscalía apeló este miércoles el sobreseimiento de la modelo Sofía Clerici en la causa por el “Yategate”, donde era investigada por presunto lavado de dinero junto al ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y advirtió que la decisión de desvincularla fue “prematura y arbitraria”.

Los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco presentaron la apelación ante el nuevo juez del caso, Juan Tomás Rodríguez Ponte, y será resuelta por la Cámara Federal de La Plata. Se cuestionó, entre otros puntos, que el anterior magistrado que subrogó el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, Luis Armella, haya desvinculado a Clerici un día antes del cambio.

Medidas de prueba que faltan

La decisión de sobreseer a la modelo en base al resultado de un peritaje contable fue prematura y arbitraria, explicaron los fiscales, y se tomó sin “efectuar una investigación suficiente ni agotar las medidas de prueba útiles”, según el texto al que tuvo acceso Infobae.

Se trata de una decisión que cerró la causa penal para la modelo cuyas imágenes en el yate “Bandido”, junto a Insaurralde en Marbella, dieron origen a la imputación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que se investiga en Lomas de Zamora.

Armella sobreseyó a Clerici a partir de un peritaje contable que determinó que no existen pruebas que conecten el patrimonio de la mujer con las actividades económicas o los fondos de Insaurralde, con quien realizó el viaje a Marbella, España, en septiembre de 2023.

La fiscalía se había opuesto y ahora reclamó que se revoque esa decisión. “La resolución cuestionada se aparta de las constancias de la causa al tener por descartada la relación de las inconsistencias que presenta el patrimonio de Clerici con el delito de lavado de dinero y la conducta que aquí se investiga de Martín Insaurralde”.

“Es indudable que para poder sostener que los bienes hallados en poder de ella tienen o no relación con la conducta de Martin Insaurralde, es necesario profundizar la investigación”, agregó la apelación.

Los fiscales remarcaron que no se ordenaron pruebas para determinar si es verdad que Clerici obtuvo su dinero con ingresos como modelo o acompañante de viajes, tal como argumentó en su defensa. Pidieron revocar el sobreseimiento y ordenar cruces de llamada entrantes y salientes de la modelo y otros imputados, también medidas sobre viajes al exterior y la forma en que obtuvo su patrimonio.

El sobreseimiento se dictó sobre “la premisa de que la vinculación entre Clerici e Insaurralde se limitó a ‘la relación personal que los habría unido y del viaje realizado a la ciudad de Marbella’, presentándola como un vínculo ocasional o reciente”, criticaron.

Sin embargo, “omite por completo ponderar—ni siquiera mencionar—la circunstancia puesta de resalto por este Ministerio Público Fiscal en su dictamen, según la cual los registros de ingreso al barrio Fincas de San Vicente acreditan que la relación entre ambos data de tiempo antes al viaje a Marbella en septiembre de 2023″.

Insaurralde tiene una casa en ese barrio privado, donde convivió durante su matrimonio con Jésica Cirio. Según un peritaje de la Policía Federal, allí se filmaron imágenes que mostraron fajos de miles de dólares escondidos en un vestidor del ex funcionario.

Las fotos del yate Bandido

La causa judicial comenzó luego de que la modelo publicara fotos en redes sociales a bordo del yate “El Bandido”. Clerici fue allanada en su casa del barrio cerrado Los Lagos, en Nordelta, donde le incautaron la suma de 569.911 dólares en efectivo y artículos de lujo.

Armella ordenó enviar a los tribunales de San Isidro las actuaciones correspondientes a sus inconsistencias financieras particulares, para que se investiguen de forma independiente en una nueva causa. Esta última decisión fue a su vez apelada por la defensa de la modelo.

La diputada nacional Marcela Pagano pidió este miércoles que se le tome declaración como testigo de manera urgente a la abogada y activista Nadia Beller, baleada en la noche del lunes por sicarios en Bolivia, en un hecho por el cual quedó preso en ese país su ex pareja y ex consultor libertario argentino Fernando Cerimedo.

En un escrito presentado en los tribunales federales de Retiro, Pagano sostuvo que en todo caso se la escuche como testigo por videoconferencia y se requiera a la mujer la entrega de grabaciones que dijo tener relativas a cómo se difundieron los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, hablando de supuestos pagos de sobornos por parte de laboratorios de medicamentos. También se reclaman medidas para preservar esa evidencia digital.

El planteo será evaluado por los investigadores del caso ANDIS, una pesquisa que está a cargo del juzgado federal 11, subrogado por el juez Ariel Lijo y delegada en la fiscalía de Franco Picardi.

Los dichos de la víctima

La víctima “sobrevivió a un atentado con armas de fuego que ella misma vincula, públicamente, con lo que sabe y con lo que tiene registrado; y los agresores le sustrajeron, precisamente, su teléfono celular, soporte en el que verosímilmente podrían obrar los registros aludidos o sus vías de acceso. Existe, pues, un riesgo cierto e inminente de destrucción, sustracción o borrado —incluso remoto— de la evidencia digital”, fundamentó la Diputada en el escrito al que tuvo acceso Infobae.

Existiría un “riesgo cierto e inminente de destrucción, sustracción o borrado —incluso remoto— de la evidencia digital, tanto de los archivos originales cuanto de sus respaldos en servicios de nube, correo electrónico o mensajería”, advirtió.

Beller Delgado dio entrevistas a medios periodísticos desde el centro asistencial en el que está internada tras el atentado contra su vida y dio a entender que tendría información sobre el origen de los audios que dieron inicio a la causa ANDIS. En concreto dijo que Cerimedo le habría contado que Natalia Basil, su esposa en Argentina y ex empleada en ANDIS, los habría filtrado a la prensa. El ex asesor de La Libertad Avanza quedó preso este martes cuando intentaba subirse a un avión para volver al país.

La filtración

Según expresó ahora su ex pareja en Bolivia, el ahora detenido le habría dicho que él y su esposa filtraron esos audios para exponer presuntos hechos de corrupción, y que ella tendría esas conversaciones grabadas.

Los audios de Spagnuolo comenzarán a ser peritados el 26 de agosto próximo en la causa a pedido de la defensa del ya procesado ex titular de ANDIS durante el gobierno de Javier Milei. Se busca determinar si fueron adulterados o editados mediante IA, pese a que luego el procesado se negó a dejar un registro de voz.

Beller permanece internada en terapia intensiva y Pagano argumentó que no hay impedimento legal para que declare bajo juramento de verdad porque es “amante” de Cerimedo, una categoría que no está protegida por la norma que impide declarar contra un familiar. También sostuvo que se la puede escuchar por videoconferencia o bien pedir cooperación internacional a Bolivia.

La víctima del atentado “no es cónyuge, pariente, tutora, curadora ni pupila de persona alguna imputada en estas actuaciones. La condición de “amante” —esto es, una relación sentimental paralela, no matrimonial ni convivencial— no está contemplada por la ley entre las personas imposibilitadas o relevadas de declarar”, argumentó.

La causa judicial en Argentina

La causa ANDIS tiene procesados a 19 acusados, entre ellos el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad Spagnuolo, el autor de los audios que dieron origen a la investigación. Esta decisión del anterior juez del caso, Sebastián Casanello, está bajo revisión en la sala II de la Cámara Federal porteña, que aún no tomó ninguna resolución.

De manera paralela el juzgado a pedido del fiscal Picardi avanzó con una nueva tanda de declaraciones indagatorias a 29 nuevos imputados, que ya concluyó y ahora el juez Lijo resolverá su situación procesal.

Se investiga el presunto direccionamiento de compras públicas de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia para determinadas droguerías con sobreprecios y supuesto pago de sobornos por parte de los funcionarios designados en el organismo en la primera etapa del gobierno de Javier Milei.

Un abogado libertario pedirá disculpas de manera pública y donará 200 mil pesos a un hospital de niños, a cambio del cierre de una causa penal por posteos discriminatorios contra la comunidad islámica en la red social X. Se trata de Alejandro Sarubbi Benítez, cuya defensa presentó la propuesta de acuerdo conciliatorio homologada por el juez federal Julián Ercolini, en base a la aceptación de la querella, el Centro Islámico de la República Argentina y del fiscal del caso, Carlos Rívolo.

Como parte del acuerdo, el abogado deberá publicar una retractación con disculpas dirigidas a la comunidad islámica y realizar una donación de 200 mil pesos al Hospital de Niños Pedro de Elizalde.

Denuncia y arrepentimiento

En base a la denuncia del Centro Islámico de la República Argentina, se abrió una causa penal por una serie de mensajes publicados el 11 de febrero de 2025 desde una cuenta de X identificada como @asb2509. Según la presentación, esos posteos contenían expresiones “discriminatorias, intimidatorias e incitaban a la violencia colectiva”.

Los mensajes hicieron referencia al ingreso al programa Gran Hermano de un integrante de la comunidad islámica: “Telefé metió un cabeza de toalla en Gran Hermano. El peor canal de la historia argentina”. Menos de una hora después, publicó: “No quiero cabezas de toalla en Argentina. No son bienvenidos en el país de la libertad. Vayan a lapidar mujeres y a violar niños y ovejas a otra parte”. A ello, le siguieron otros dos posteos. “Odio profundamente a los cabeza de toalla. Soy completamente islamofóbico. Detesto su cultura violenta, retrógrada, retrasada y pedófila, y pagaría por ver reventado hasta el último hijo de mil puta de esos coge oveja”, expresó. “Buen día para toda la gente normal que odia a los cabezas de toalla”, escribió también, según consignó la resolución judicial.

Durante la investigación, la defensa de Sarubbi Benítez presentó un acuerdo conciliatorio al que luego adhirió la querella. En ese documento, el imputado expresó “un sincero arrepentimiento por las expresiones vertidas” y se comprometió a emitir un desagravio público en el mismo medio en el que difundió los mensajes.

El texto de retractación incluido en el acuerdo incluye “sinceras disculpas”, admite que esas expresiones “brotaron del desconocimiento” y que “han podido ser ocasión de sufrimiento y ofensa en los sentimientos religiosos de quienes pertenecen a esta comunidad”. El abogado mencionó que visitó el Centro Islámico y se interiorizó sobre esa comunidad.

“Luego de una seria reflexión respecto de mis manifestaciones el 11 de febrero de 2025 en la red social “X”, habiendo conocido de manera personal el Centro Islámico de la República Argentina y a parte de sus autoridades, más sobre su fe y cultura, y el largo camino que esta comunidad lleva en nuestro país, vengo a ofrecer mis más sinceras disculpas por mis manifestaciones", comienza el texto que el abogado deberá publicar y que se consignó en la resolución que homologó el acuerdo, a la que tuvo acceso Infobae.

El juez Ercolini afirmó que la aplicación de este tipo de salidas busca “lograr una solución al conflicto que cumpla con los requerimientos y necesidades de cada una de las partes”.

“Las frases proferidas por el imputado en la red social X, más allá de su contenido, no adoptaron una forma notable de violencia grave sobre una víctima, conforme lo exigido normativamente por artículo 34 del C.P.P.F., en tanto se desarrollaron mediante expresiones publicadas en una red social, destinadas, no a una persona en su individualidad, sino a una comunidad religiosa”, evaluó el magistrado.

Además, Ercolini valoró que la entidad que representa a la comunidad islámica dio su consentimiento como querella para el cierre alternativo del caso. A criterio del magistrado, ese aval, sumado a la postura de la fiscalía, resultó compatible con los principios del sistema acusatorio y con la finalidad de “restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y la paz social”. El cumplimiento del acuerdo derivará en la extinción de la acción penal, es decir, el cierre de la causa contra el abogado.

Sarubbi Benítez conduce además un programa en el canal de streaming oficialista Carajo y la semana pasada fue denunciado por decir allí que el conurbano bonaerense “ya no tiene salvación”, por lo que sus habitantes deberían ser exterminados, esterilizados y confinados detrás de “un muro de 15 metros de altura”.

El exministro de Interior y Transporte del gobierno de Cristina Kirchner, Florencio Randazzo, sostuvo este martes como testigo que los ferrocarriles “forman parte de la tragedia argentina”, al declarar en la causa “Cuadernos, donde dijo también no estar al tanto de pormenores de gestiones anteriores y ponderó lo hecho durante la suya con el apoyo “político” de la ex presidenta.

“Los ferrocarriles forman parte de la tragedia argentina”, definió al comenzar a declarar tras prestar juramento de verdad ante el Tribunal Oral Federal 7, en Comodoro Py 2002. A lo largo de casi dos horas dijo no estar al tanto de lo que pudo haber ocurrido en gestiones anteriores a la suya en Transporte, cuando el área dependía del Ministerio de Planificación que conducía Julio De Vido y fue gestionada por Ricardo Jaime y luego por Juan Pablo Schiavi. Los tres son juzgados ahora en el caso “Cuadernos” junto a Cristina Kirchner por supuesta asociación ilícita y sobornos.

Poco antes de ingresar a la sala de audiencias y en declaraciones a la prensa remarcó que concurrió “como testigo porque como ustedes saben los propios empresarios de transporte dijeron que cuando asumí, 4 meses después de la Tragedia de Once, con mi gestión, se terminó la joda”.

“Yo soy de los que creo, y de los que ha demostrado, que se puede gestionar con transparencia y honestidad. Y de ese modo mejorar la vida de la gente”, agregó también.

“Espero que mi testimonio sea útil para la Justicia y que se pueda llegar a la verdad en esta causa, pero también es muy importante que la justicia llegue a fondo en todas las causas que se investigan presuntos hechos de corrupción, porque la corrupción y la falta de soluciones concretas para la gente es lo que ha distanciado tanto a la política de la sociedad”, concluyó.

Poco después y ya en la sala de audiencias del juicio Cuadernos, Randazzo explicó ante los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero que asumió en la función pública nacional en 2007, con el gobierno de CFK y su trato era “directo” con ella. A raíz de la tragedia del tren de Once la entonces Presidenta resolvió que Transporte pasara bajo su órbita, recordó.

El exfuncionario respondió que “jamás” le pidieron durante su gestión favorecer a alguna empresa en relación al pago de subsidios y que ningún empresario le habló de algún pedido de soborno. Explicó que hace una década no ve a la ex presidenta. Durante su declaración hizo un repaso de todas las medidas que se tomaron para garantizar transparencia: como terminar de implementar la tarjeta SUBE y una página web desde donde podía seguirse en detalle la gestión en relación por ejemplo al pago de subsidios.l

Fue convocado a pedido de la fiscalía, en una etapa del debate oral donde comenzó a analizarse el rol de algunos de los exfuncionarios acusados, en relación a empresarios concesionarios de servicios públicos que recibieron multimillonarios subsidios y que están sospechados del presunto pago de sobornos.

El juicio que tiene como principal acusada a Cristina Kirchner se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal 7 en los tribunales del barrio porteño de Retiro.

Finalizó la declaración del testigo de Equimac y la defensa de Roberto Baratta pidió medidas de prueba sobre un pendrive donde habrían aparecido imágenes de los cuadernos de Centeno

El abogado Marcos Aldazábal, defensor del acusado ex funcionario de Planificación Federal Roberto Baratta, explicó al Tribunal que en publicaciones periodísticas trascendió que en un pendrive con videos de la casa del ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde habrían aparecido archivos vinculados al remisero Oscar Centeno, en concreto, a los cuadernos que escribió dando cuenta del supuesto recorrido en la recolección de sobornos en el caso Cuadernos.

Ante ello pidió al Tribunal que solicite información al respecto al juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo desde la semana pasada del nuevo juez titular Juan Tomás Rodríguez Ponte. Allí se lleva la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Insaurralde. Al planteo adhirieron distintas defensas porque “el fin último del proceso penal es la búsqueda de la verdad”, dijo el defensor oficial Eduardo Chittaro, para “conocer lo que queremos todos, que es la verdad”.

La fiscal Fabiana León pidió al respecto que se solicite al juzgado la pericia de la DATIP para verificar su contenido. Si efectivamente ese informe da cuenta del hallazgo vinculado a un pendrive con archivos de imágenes de los cuadernos de Centeno entregado por el diario La Nación, debería pedirse y a partir de allí evaluar el pedido de nuevas medidas de prueba, postuló. La querella de la Unidad de Información Financiera pidió rechazar el planteo de las defensas. El Tribunal deberá resolver al respecto.

Tras este planteo la audiencia concluyó y el juicio seguirá el jueves próximo.

Un empresario da detalles de una reunión con el acusado financista Ernesto Clarens

El testigo Carreto, de Equimac, dijo que conoció a Ernesto Clarens en una reunión a la que fue junto con su socia y acusada en el caso Cuadernos Marcela Steinberg. En ese encuentro estaban Clarens y otra persona cuyo nombre no recuerda. La reunión se hizo en unas oficinas de Puerto Madero.

El juez Enrique Méndez Signori le hizo una advertencia legal: le aclaró que, si entendía que alguna pregunta podía ser autoincriminante, podía no contestarla.

Ante una consulta de la fiscalía sobre por qué fue a la oficina de Puerto Madero, Carreto respondió que fue con Steinberg porque estaban “muy preocupados”. Explicó que, en ese momento, “como tantas otras veces, Vialidad tenía atrasos importantes en los pagos” y que, si bien no era su único cliente, la situación los había dejado en una posición financiera “muy estrecha” dentro de la empresa.

Según relató, fueron a ver “qué podían hacer” por recomendación de otro socio ya fallecido. “Nos dijo vayan a verlo a Clarens”. Señaló que fue una reunión que duró muy pocos minutos y de la que no salieron con ninguna solución. Agregó que la propuesta no les “parecía muy adecuada” y que esa fue la única vez que lo vio.

También explicó que fueron a verlo para tratar de entender por qué no estaban cobrando, ya que todas las instancias dentro de Vialidad estaban agotadas: “llamar cien veces para ver si sabían algo de nuestros pagos”.

Finalmente, señaló que después de esa reunión no ocurrió nada y que fueron saliendo del atolladero financiero “como se pudo, como siempre”.

Terminó la declaración del ingeniero y declara Héctor Carreto de la empresa Equimac

Es socio de la acusada Marcela Steinberg. Fue gerente de equipos de la empresa.

Declara un exingeniero de Ferrovías, concesionaria del Belgrano Norte

El segundo testigo del día, José Sacchi, es un ingeniero jubilado de Ferrovías. Trabajó junto a su titular Gabriel Romero, uno de los juzgados en el caso Cuadernos. Integró el comité ejecutivo de la empresa.

Romero era presidente de Ferrovías, concesionaria del Belgrano Norte y del grupo EMEPA. El Belgrano Norte “tenía ingresos por subsidios” y la empresa funcionaba con un comité ejecutivo, refirió.

Los ingresos eran por subsidios y tarifa. “El subsidio era depositado en una cuenta abierta expresamente para eso y se usaban todos los fondos necesarios para solventar el funcionamiento del ferrocarril”.

“Nunca la tarifa alcanzó para mantener el ferrocarril, todo lo contrario, era indispensable el subsidio”, dijo.

El testigo dijo que solía haber demoras en el pago de subsidios estatales. “Concretamente la empresa tuvo que entrar en convocatoria de acreedores”.

Randazzo terminó de declarar y se distanció de Jaime y Schiavi

El exministro de Interior y Transporte del gobierno de Cristina Kirchner dijo como testigo que casi no conoció a sus antecesores exsecretarios de esta última cartera Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi -acusados al igual que la ex presidenta en este debate oral-. Además remarcó no tener información sobre qué pudo haber ocurrido antes de su llegada al área de Transporte, cuando esta última dependía del Ministerio de Planificación Federal que conducía el también acusado exministro Julio De Vido.

Interrogado por el juez Germán Castelli, mencionó que durante ocho años fue Ministro del gobierno de Cristina Kirchner. “Me he sentido siempre apoyado en la gestión”. Explicó que hace diez años no habla con ella. Además mencionó que con Néstor Kirchner tuvo “muy poco trato”.

El exfuncionario concluyó su declaración de casi dos horas y el juicio entró en un breve cuarto intermedio.

En declaraciones a la prensa durante su paso por Comodoro Py, remarcó que concurrió “como testigo porque como ustedes saben los propios empresarios de transporte dijeron que cuando asumí, 4 meses después de la Tragedia de Once, con mi gestión, se terminó la joda”.

“Yo soy de los que creo, y de los que ha demostrado, que se puede gestionar con transparencia y honestidad. Y de ese modo mejorar la vida de la gente”, agregó también.

“Espero que mi testimonio sea útil para la Justicia y que se pueda llegar a la verdad en esta causa, pero también es muy importante que la justicia llegue a fondo en todas las causas que se investigan presuntos hechos de corrupción, porque la corrupción y la falta de soluciones concretas para la gente es lo que ha distanciado tanto a la política de la sociedad”, concluyó.

Sobre la frase “se acabó la joda”

Durante su interrogatorio, la fiscal Fabiana León preguntó sobre una declaración de Randazzo a la prensa en Comodoro Py 2002, antes de ingresar a la sala de audiencias.

“Una pregunta más, disculpe, y pido disculpas al Tribunal y a los presentes. Escuché hace un rato: ¿es posible que usted dijera públicamente que, cuando usted llegó al Ministerio, los empresarios dijeron que ‘se acabó la joda’?”

Randazzo explicó lo que quiso expresar: “No, eso lo dijo un empresario en la causa de los cuadernos, que creo que fue Gabriel Romero. Yo hice referencia a que venía como testigo en relación con algo que había dicho un empresario”.

“La relación mía era directamente con la Presidenta de la Nación”, dijo Randazzo

El exfuncionario kirchnerista remarcó que hubo “una decisión política de destinar recursos para hacer inversiones sumamente importantes” en materia ferroviaria del 2012 al 2015, luego de la tragedia del tren de Once.

A la hora de responder preguntas de las defensas, explicó al abogado de CFK Carlos Beraldi que él respondía de manera directa a la ahora juzgada ex presidenta de la Nación.

Beraldi quiso avanzar sobre la cadena de controles del pago de subsidios, mencionó al Ministerio de Economía, a la Jefatura de Gabinete y Randazzo le explicó que su relación era “directamente” con la entonces Presidenta.

El defensor quiso saber si “en algún momento” recibió " alguna instrucción politica para favorecer a determinadas empresas en materia de subsidio".

“Nunca jamás”, respondió el testigo. “Siempre me sentí apoyado por la Presidenta de la Nación, en todo lo que llevé adelante, como la SUBE, el GPS, los controles a las empresas”.

“Gracias Florencio”, concluyó Beraldi.

También respondió con una negativa cuando la abogada de otro acusado, el ex funcionario de Planificación Federal Roberto Baratta, Elizabeth Gómez Alcorta, lo interrogó sobre si algún empresario durante las reuniones que mantenían por el funcionamiento de los servicios se había referido a pedidos indebidos de dinero. “Jamás”, contestó.

Antes refirió que se reunía de manera habitual con Aldo Roggio, de Metrovías por el tren Urquiza y los responsables del Belgrano Norte para hablar del funcionamiento del servicio concesionado y subsidiado.

Randazzo respondió sobre un contrato con Siemens y dijo que el deterioro de los trenes “venía de mucho antes” de la tragedia de Once

La fiscalía preguntó al testigo Randazzo por un contrato con la empresa Siemens y recordó que esa firma cobró el 20 por ciento de anticipo de obra por señalización que no cumplió y por el que fue obligada a devolver ese anticipo.

“—¿Usted cree que esas medidas son eficientes para evitar hechos de corrupción?”, le preguntó la fiscal sobre las medidas que implementó en su gestión.

“—Creo que avanzamos muchísimo. La aplicación de la tecnología sirve muchísimo para transparentar los recursos públicos. En una página web subíamos todos los meses la cantidad de recursos destinados a cada línea y cómo se desglosaban. Esa página se terminó sacando, no se sabe por qué; creo que fue en la gestión de Macri”.

También mencionó la tarjeta SUB que “inició Schiavi y la terminé yo. Nos permite saber la cantidad de pasajeros, que antes eran datos aportados por los empresarios, igual que el uso de combustible”.

“Yo asumo en un momento crítico, que tiene que ver con la tragedia de Once. Nos hicimos cargo de una situación compleja. Sería injusto pensar que la responsabilidad era de los funcionarios que estaban en ese momento a cargo: era un deterioro que venía de mucho antes”.

“Tal vez no sea políticamente correcto pero parte de la dirigencia sindical es parte del problema”, dijo también.

“Fue una decisión de la Presidenta de la Nación” el pase de Transporte a su área, dijo Randazzo

El ex funcionario que declara como testigo responde preguntas de la fiscal de juicio Fabiana León. Refirió que fue la entonces presidenta Cristina Kirchner quien “ dispuso que toda el área de Transporte pasara a depender del nuevo Ministerio del Interior y Transporte. Quedó a cargo el mismo secretario, Alejandro Ramos”.

La fiscalía quiso saber si la Presidenta estuvo directamente involucrada con los cambios. “Hubiera sido imposible llevar adelante un proceso como el que llevamos: la compra de más de 1.140 coches, la renovación de vías, simuladores e incorporación de tecnología, si no hubiera tenido el apoyo político de la Presidenta de la Nación”, respondió el testigo.

Sobre las tarifas del servicio, en relación a los subsidios de Metrovías y Ferrovías, dijo que es “un tema de política pública. A mi criterio, había tarifas demasiado bajas. Era una discusión que se llevaba adelante con la Presidenta de la Nación y el Ministerio de Economía porque tenía una incidencia en el índice inflacionario mensual’.

“Había un atraso muy importante y ”sigue siendo muy preponderante el tema del subsidio con respecto a la tarifa", dijo.

El exministro de Transporte de Cristina Kirchner habla de los subsidios: llegaron a cubrir el 90 por ciento del valor del pasaje, dijo.

Randazzo responde preguntas de la fiscalía en el juicio Cuadernos que tiene como principal acusada a la ex presidenta Cristina Kirchner.

“En la década de los 90, el sueldo promedio de un ferroviario equivalía, más o menos, a 900 boletos mínimos. Cuando se rompe la Ley de Convertibilidad y se inicia la renegociación de contratos, se da un congelamiento de tarifas desde 2002 hasta 2008. Ya ahí se necesitaban 6.000 boletos para cubrir un salario promedio de un ferroviario. En el año 2014, 12.000 boletos”, graficó.

“No hay mucho misterio: cuando uno presta un servicio público, tiene un costo. Si uno congela la tarifa, naturalmente el subsidio va a aumentar. Y es una decisión política: es para que los sectores vulnerables paguen menos”, analizó.

El subsidio estatal “aumentaba a medida que la tarifa quedaba congelada y llegó a cubrir el 90 por ciento” del valor del pasaje.

“El gobierno actual ha tenido una inflación del 300 por ciento y aumentó el pasaje 1.000 por ciento. Hoy hacen falta 6.000 boletos mínimos para pagar el salario de un ferroviario”, dijo también.

Las tarifas “estuvieron congeladas de 2002 a 2008 y, de 2008 a 2014, tuvieron un aumento del 80 por ciento, con una inflación cercana al 400 por ciento y un incremento del salario promedio del ferroviario del 1.000 por ciento”

“Con tarifas congeladas el subsidio tenía una enorme preponderancia. El mundo subsidia el transporte público, no la Argentina, no nos confundamos”. En Argentina la “ecuación era 90-10″ en esa época.

El exministro de Transporte del kirchnerismo Florencio Randazzo comenzó a declarar como testigo

“Los ferrocarriles forman parte de la tragedia argentina”, definió al comenzar a declarar tras prestar juramento de verdad.

Randazzo se presentó en los tribunales federales de Retiro para declarar como testigo ante el Tribunal Oral Federal 7. Comenzó a responder preguntas de la fiscalía vinculadas a cómo y cuándo asumió en Transporte después de la tragedia del tren de Once.

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El ex ministro de Transporte del kirchnerismo Florencio Randazzo declarará mañana como testigo en el juicio a la ex presidenta Cristina Kirchner por el caso “Cuadernos”. Fue convocado por la fiscalía en una etapa del debate oral donde comenzó a analizarse el rol de algunos de los ex funcionarios acusados, en relación a empresarios concesionarios de servicios públicos que recibieron multimillonarios subsidios.

Esta será la primera vez que Randazzo brinde su testimonio en la investigación. Está convocado para la audiencia desde las 9, de manera presencial, en Comodoro Py 2002.

Randazzo ocupó cargos entre 2007 y 2015. Fue primero Ministro del Interior y luego sumó el área de Transporte, tras la tragedia del tren de Once en febrero de 2012. Dos de sus antecesores en Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, son juzgados ahora junto a la ex Presidenta, al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y otros ex funcionarios, además de empresarios, algunos de ellos “arrepentidos”, que en su momento confesaron pagos de sobornos que incluían retornos en los subsidios que recibían como concesionarios de transporte público.

Qué dijo Randazzo en otros juicios

Tanto Jaime como Schiavi hablaron durante la etapa de declaraciones indagatorias al inicio del debate ante el Tribunal Oral Federal 7 y negaron haber recibido estos sobornos. Dos empresarios arrepentidos, Aldo Roggio y Benjamín Romero, dijeron en 2018 ante el ex juez federal Claudio Bonadio que pagaban el 5 por ciento de lo que percibían desde el Estado Nacional por subsidios al transporte público de pasajeros.

Tres ex funcionarios acusados, De Vido, Jaime y Schiavi, ya fueron condenados a penas de prisión por la tragedia del tren de Once que causó 51 muertos el 22 de febrero de 2012. Randazzo asumió en el área posteriormente y como consecuencia de ese choque de tren en la estación porteña que dejó al descubierto años de falta de mantenimiento y controles, pese a los multimillonarios subsidios que recibía la concesionaria del tren Sarmiento.

El ex funcionario kirchnerista fue convocado en calidad de testigo ante el Tribunal Oral Federal 7 a pedido de la fiscal Fabiana León, pero ya estuvo en Comodoro Py para hablar bajo juramento de verdad -y también en calidad de tetigo- en otros debates orales: una de esas ocasiones fue durante el segundo juicio por Once y también en la causa por la compra de trenes chatarra a España y Portugal. En ambos procesos se juzgó y condenó a Jaime y De Vido.

En agosto de 2021, por Zoom, el ex Ministro habló de un “sistema estaba deteriorado en su conjunto desde décadas. Había deficiencias en infraestructura, vías, estaciones, señalamiento y el material rodante que prestaba servicio. Aunque el deterioro más grande del sistema era el recurso humano. Percibí que los empleados se habían relajado, tenían poco compromiso para mejor el transporte de los pasajeros”. Fue su declaración en el juicio por la compra de trenes y material rodante en pésimas condiciones y con pago de sobornos a una intermediaria vinculada a Jaime.

Años antes, en febrero de 2018, visitó Comodoro Py para sentarse ante el Tribunal Oral Federal 4 en el segundo juicio por la tragedia de Once, que tenía entre los acusados a De Vido. Allí también habló del deterioro del sistema ferroviario pero dijo que se remontaba a medio siglo atrás.

Los subsidios

¿Qué le preguntará ahora la fiscalía? Es una incógnita. En la audiencia pasada uno de los ejes estuvo puesto en los subsidios multimillonarios otorgados durante el kirchnerismo al transporte público de pasajeros, aunque la audiencia quedó monopolizada por la declaración de Ricardo Cirielli, el gremialista aeronáutico que pasó casi dos horas cuestionando la gestión de Jaime en Transporte, a la que acompañó como funcionario.

Cirielli habló de visitas nocturnas, con bolsos, de Jaime al fallecido ex presidente Néstor Kirchner, de comentarios de empleados del área de Transporte sobre empresarios que llegaban a ver a Jaime y dejaban bolsos y en particular, de una ex secretaria que le dijo estar preocupada porque su entonces jefe la mandaba al banco a cambiar billetes de baja denominación para que ocuparan menos espacio.

El juicio comenzó el 6 de noviembre pasado ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli y se juzga la supuesta existencia de una asociación ilícita, que recaudaba sobornos por parte de empresarios vinculados a la obra y servicios públicos entre 2003 y 2015 para adjudicarse contrataciones.

La Cámara Nacional en lo Civil quedó a un paso de definir si habilita la llegada a la Corte Suprema de la pelea judicial por la mudanza de la sede social de la AFA a Pilar, una disputa que enfrenta al Gobierno nacional con la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia.

El Estado Nacional ya presentó un recurso extraordinario federal para intentar revertir el fallo del 18 de junio pasado que avaló la mudanza, anuló decisiones de la Inspección General de Justicia (IGJ) y dejó bajo la órbita de la provincia de Buenos Aires el control de la Asociación. La AFA, en respuesta, pidió que ese planteo sea rechazado y, de manera subsidiaria, advirtió que, si el expediente llega al máximo tribunal del país, reclamará que se confirme la sentencia que convalidó el cambio de jurisdicción de la sede social a Pilar.

Grave precedente

En la apelación se sostuvo que la decisión de la Cámara “genera un grave precedente que debilita el poder de policía de todas las personas jurídicas en la República Argentina, instalando un sistema de competencia asimétrica entre agencias estatales y propiciando la impunidad fiscalizadora a través de la relocalización de domicilios de fantasía”.

“Permitir que las grandes corporaciones y asociaciones de alcance nacional modifiquen unilateralmente su jurisdicción registral para eludir investigaciones o sumarios de fiscalización en curso abre una zona de exclusión de control estatal”, sostuvo el escrito presentado por la Procuración del Tesoro, el Ministerio de Justicia y la IGJ.

En la contestación presentada ante la Sala D del Tribunal de Apelaciones, la AFA afirmó por el contrario que “no existe cuestión federal alguna que habilite la competencia excepcional de la CSJN” y sostuvo que el recurso del Estado no plantea un tema constitucional sino una discrepancia con un fallo adverso sobre “cuestiones de hecho, prueba, derecho común y derecho administrativo”.

La AFA añadió que la sentencia de los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset no negó “la existencia de las facultades legales de la IGJ, no declaró la invalidez de las normas que las establecen ni privó al organismo de ninguna de sus atribuciones”, sino que examinó “si, en las circunstancias concretamente comprobadas en la causa, habían sido ejercidas dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico”, según el escrito al que accedió Infobae.

La discusión de fondo gira alrededor del cambio de domicilio de la entidad desde su histórica sede de la calle Viamonte, en la ciudad de Buenos Aires, hacia un inmueble ubicado en Pilar. Ese traslado fue aprobado por unanimidad en la Asamblea General del 17 de octubre de 2024 y luego inscripto por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense. La Cámara Nacional en lo Civil entendió que el control de legalidad de la Asociación pasó a la provincia de Buenos Aires.

Este fallo fue mencionado la semana pasada ante la Cámara Federal de Casación por Mariano Morán, el abogado de los supuestos testaferros de la casaquinta de Pilar vinculada a directivos de AFA, como uno de los argumentos a la hora de reclamar que esa causa penal se tramite en el fuero federal de Campana y no en la ciudad de Buenos Aires. Casación resolvió el viernes último que el expediente siga su curso en el juzgado federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay.

Los argumentos

El Estado nacional planteó que el fallo que avaló la mudanza convalidó “un domicilio provincial por encima de la realidad fáctica constatada por los inspectores del Estado” y cuestionó que se haya aceptado el traslado pese a la “inexistencia de oficinas reales de administración de la AFA en Pilar, al momento de la fiscalización”.

La AFA aseguró que la acusación referida a que el traslado fue “absolutamente simulado” y constituyó un caso de “fraude y abuso del derecho” carece de sustento. También sostuvo que, una vez inscripto el cambio de jurisdicción por parte de la autoridad bonaerense, el control permanente sobre la entidad quedó radicado en la provincia de Buenos Aires y ya no en la órbita nacional.

Además de pedir que no se conceda el recurso extraordinario, la entidad dejó asentado que si la Cámara habilita la instancia federal, solicitará a la Corte Suprema que confirme el fallo que anuló la Resolución Particular 140/26 de la IGJ y también la resolución del Ministerio de Justicia de la Nación que había designado veedores en la AFA por 180 días.

Los camaristas deberán resolver si conceden la vía extraordinaria pretendida por el Estado nacional. Si lo hace, la disputa por la mudanza de la AFA a Pilar quedará en condiciones de desembarcar en la Corte Suprema. Caso contrario, al Gobierno solo le quedará el camino de la queja directa ante el máximo tribunal del país.

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió este viernes que la causa por presunto lavado de activos que investiga si la casaquinta de Pilar, valuada en 17 millones de dólares, fue comprada por supuestos testaferros de dirigentes de la AFA, debe salir del fuero en lo penal económico de la ciudad de Buenos Aires y volver al juzgado federal de Campana a cargo de Adrián González Charvay.

El máximo tribunal penal federal del país estableció que la investigación debe continuar en la justicia federal criminal y correccional, en resguardo de la garantía constitucional del juez natural “y de una buena y pronta administración de justicia”. Ordenó el envío del expediente a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín para que, “sin dilaciones”, lo remita otra vez al juzgado federal “de oportuna y previa intervención”, es decir, el de Campana a cargo de González Charvay.

La decisión fue tomada por los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña con disidencia de Alejandro Slokar, quien se pronunció por declarar el recurso “inadmisible” por motivos formales -no se trató de una sentencia definitiva ni equiparable a tal- aunque coincidió al evaluar que el lavado de activos es un delito que debe investigarse en el fuero federal y resulta ajeno al penal económico.

La investigación por presunto lavado de dinero vinculada a esa propiedad de Pilar y otros bienes de lujo corresponde así al ámbito de la Justicia Federal, según el fallo de 83 carillas al que tuvo acceso Infobae.

La sentencia se firmó luego de una audiencia en la cual el miércoles pasado los magistrados escucharon los argumentos de Mariano Morán, el abogado de los acusados y supuestos testaferros Luciano Pantano y su madre Ana Conte, quien reclamó que el caso vuelva al juzgado de Campana por una cuestión territorial, porque la propiedad eje del supuesto delito está en esa jurisdicción. La fiscalía a cargo de Mario Villar se opuso al sostener que la causa es más amplia y abarca hechos que se originaron en la ciudad de Buenos Aires.

El mes pasado por orden de la Cámara en lo Penal Económico, González Charvay giró la causa al juzgado en lo penal económico 10 de CABA, subrogado por Verónica Straccia. La magistrada delegó la pesquisa en la fiscalía de Claudio Navas Rial. Ahora el expediente hará el camino de vuelta a Campana por orden de Casación.

Los jueces de este último tribunal resolvieron que por la naturaleza de la investigación se configuraría, en principio, el delito de lavado de activos que es competencia de la Justicia Federal y no de la Penal Económico.

En la sentencia se remarcó que lo resuelto no implica, “de modo alguno, retrotraer la pesquisa a etapas ya superadas”, demorar el curso de la investigación, “desvirtuar las medidas de prueba existentes o por producirse ni invalidar lo actuado hasta ahora en la jurisdicción”.

El fuero del posible delito

En el fallo los magistrados señalaron que el fuero Penal Económico no tiene competencia en la figura de lavado de activos, en base a diversos precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y antecedentes de Casación Federal.

Los jueces Barroetaveña y Borinsky agregaron que el fuero penal económico tiene una competencia especializada determinada por la ley y que no debe extenderse a delitos no previstos legalmente: no existe una norma que atribuya a ese fuero investigar el lavado de activos previsto en el artículo 303 del Código Penal, objeto del proceso, “que es de competencia estrictamente federal”, remarcaron.

La decisión también explicó el alcance de una anterior intervención de la Cámara Federal de Casación Penal en la misma causa, el 15 de mayo pasado, en la cual con una integración parcialmente distinta à la actual y por mayoria, se había dejado sin efecto una resolución por defectos formales con respecto a qué Cámara de Apelaciones debía intervenir en un trámite de inhibitoria. En aquella oportunidad, al advertirse un problema de procedimientos, no se había decidido sobre la competencia para investigar la causa.

Ahora y por primera vez se examinó el fondo de la controversia y se determinó, a partir de los hechos investigados y delimitados por el Ministerio Público Fiscal y las normas que regulan la actuación de cada fuero, cuál es la juez instructor competente. Casación convalidó todo lo actuado hasta el momento y requirió la prosecución de la investigación, para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Cómo empezó la causa

La investigación se inició en diciembre de 2025 a partir de una denuncia contra Pantano y Conte, dueños de la sociedad “Real Central”, compradora de la casaquinta en Villa Rosa, Pilar. La acusación fue por presunto lavado de activos. Según la denuncia, quienes figuran como dueños no tendrían ingresos que justifiquen semejante inversión. La investigación los apunta como presuntos testaferros de dirigentes de la AFA y en un allanamiento al lugar se encontraron objetos que pertenecerían al tesorero de la Asociación, Pablo Toviggino.

El primer juez del caso, el federal Daniel Rafecas, envió el expediente al fuero Penal Económico, pero allí se rechazó la competencia y se sostuvo que su especialización en cuestiones económicas no era suficiente para asumir la investigación. También que no existía una norma que le atribuyera específicamente el conocimiento del delito de lavado de activos.

Luego de diferentes planteos y decisiones de distintos órganos jurisdiccionales, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico resolvió en junio la contienda de competencia entre el fuero penal económico y el federal y decidió que la causa quede radicada ante el Juzgado Penal Económico 10, por ese entonces subrogado por el juez Marcelo Aguinsky. Contra esa última decisión apeló la defensa y el asunto llegó a la Cámara Federal de Casación.

En el nuevo pronunciamiento, Casación consideró ahora que esa solución no podía sostenerse únicamente en el carácter económico y financiero de los hechos. Los jueces destacaron que el fuero Penal Económico fue creado como una jurisdicción especializada y que la ley determina cuáles son las materias en las que puede intervenir.

En ese marco, señalaron que el delito de lavado de activos no fue asignado, por esa sola condición, al fuero Penal Económico y que tampoco se identificó en la causa otro delito que permitiera eventualmente justificar legalmente su intervención.

Los jueces de Casación destacaron que la competencia del fuero penal Económico es la establecida por ley (evasión tributaria, contrabando, balance falso, régimen penal cambiario, entre otros) y no incluye al delito de lavado de activos que, también por ley, se atribuye al fuero federal penal.

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó este jueves que un solo tribunal juzgue a tres acusados por la agresión a Brisa Páez, marinera segunda de tropa voluntaria de 21 años de la Armada Argentina, quien resultó gravemente herida por una patada voladora propinada por un instructor y ex pareja durante un ejercicio antidisturbios en la Escuela de Técnicas y Tácticas Navales en Vicente López.

La joven participó el 4 de abril de 2025 en una simulación de represión de conflictos civiles. Allí, una patada voladora por parte del cabo segundo Juan Gabriel Escobar, quien había sido su pareja, le causó graves lesiones. La joven fue trasladada al Hospital Militar Central donde estuvo internada dos meses. Estuvo 19 días “en estado crítico y con riesgo vital”.

Un solo hecho, un juicio

El juez de la sala IV de Casación Mariano Borinsky resolvió que los tres acusados sean juzgados en un solo debate oral por el Tribunal en lo Criminal Federal 4 de San Martín para evitar la revictimización.

Se trata de un conflicto de competencia que llegó hasta el máximo tribunal penal federal del país, desde donde se remarcó la necesidad de concentrar la investigación y asegurar una respuesta judicial eficiente.

El TOF4 de San Martín se había declarado incompetente para juzgar a uno de los tres acusados, porque está procesado por un delito correccional, que prevé una pena máxima de dos años de prisión y por ende interpretó que el juicio en su caso correspondía al juzgado federal 2 de San Isidro, a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, donde se llevó adelante la investigación. La fiscalía se opuso y ahora Casación le dio la razón a la magistrada a la hora de ordenar que se realice un solo debate porque el hecho es el mismo y ya está bajo análisis del Tribunal Oral Federal 4 de San Martín, con otros dos acusados por delitos más graves.

Violencia de género

La causa penal involucra a tres acusados: Juan Gabriel Escobar, instructor y expareja de la víctima; Leandro Santiago Morales, por supuesto abuso de autoridad agravado, a raíz de haber cumplido con los deberes de cuidado y protección durante la práctica y en las horas posteriores y Miguel Ángel Reyes, jefe responsable del ejercicio, señalado por no haber garantizado el cumplimiento de los protocolos y la autorización formal del entrenamiento.

Escobar está procesado por “lesiones graves agravadas por haber sido cometidas mediando alevosía, contra una mujer con la que anteriormente mantuvo una relación de pareja y en un contexto de violencia de género”, recordó el magistrado de Casación, en la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

El fiscal ante esa instancia Raúl Plee dictaminó que todo debe ser juzgado en un único debate por el Tribunal Oral Federal 4 de San Martín, un criterio que compartió el juez Borinsky. “Resulta claro que debe ser el mismo tribunal el que intervenga en las actuaciones, en virtud de una mejor y más pronta administración de justicia”, concluyó al remarcar que se trata de un único hecho penal.

De acuerdo con las declaraciones recopiladas por la justicia, el entrenamiento antidisturbios en el que participó Brisa estuvo marcado por irregularidades y por un uso excesivo de la fuerza. Varios compañeros declararon que la preparación teórica y práctica previa al simulacro fue insuficiente. Algunos afirmaron haber recibido solo una o dos sesiones de instrucción, mientras que otros señalaron que no tuvieron ninguna preparación teórica antes de ser sometidos a ejercicios físicos de alta intensidad. Durante el simulacro, los superiores actuaron como “manifestantes” y comenzaron a lanzar objetos, empujar y golpear a los participantes.

El gremialista aeronáutico y ex subsecretario de Transporte Aerocomercial Ricardo Cirielli complicó este jueves al acusado ex secretario de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime al asegurar que lo vio ir con bolsos a reunirse con el presidente Néstor Kirchner. También habló de presuntos pagos por parte de empresarios, se refirió a empleados que eran enviados a los bancos a cambiar billetes de baja denominación para que ocuparan menos lugar y dio detalles sobre los notorios cambios en el nivel de vida de Jaime cuando llegó a la función pública.

El sindicalista declaró como testigo durante casi dos horas ante el Tribunal Oral Federal 7 en el juicio por los “cuadernos de la corrupción”, en Comodoro Py 2002. “Yo unía cosas, un empleado decía ‘vino un empresario y dejó un bolso’ y luego una secretaria de Jaime me contaba: ‘tuve que llevar plata que dejaron en un bolso a cambiar por un valor más grande”, explicó Cirielli.

Si Jaime “llevaba un bolso, lo iba a ver al Presidente y el tiempo no era suficiente para una reunión, uno tiene que considerar que lo que estaba haciendo era llevar el bolso, era una conclusión, por los tiempos”, agregó casi al final de su declaración sobre encuentros que Jaime le contaba tenía con “el loco” -como llamaba a Kirchner- en la Casa de Gobierno y a las que lo veía irse con un bolso.

Sin embargo, admitió que nunca vio dinero ni qué contenían esos bolsos.

Cirielli fue subsecretario de Transporte Aeronáutico durante cuatro años en el gobierno de Néstor Kirchner. Durante ese tiempo su contacto con Jaime fue cercano al punto que contó que cuando el ahora preso exfuncionario llegó en micro desde Córdoba, provincia de donde es oriundo, no tenía dónde vivir y él le consiguió un cuarto de hotel. También que los primeros tiempos le pagaba el almuerzo.

A lo largo de casi dos horas, Cirielli apuntó contra Jaime, mencionó que el ex funcionario tenía línea directa con Kirchner y habló bien de otro de los acusados, el ex ministro de Planificación Julio De Vido: dijo que este último tenía una relación “muy distante” con el ex secretario de Transporte.

“Le decían Mario Baracus o el señor de los anillos. Estaba lleno de oro, colgantes, tenía todo”, graficó Cirielli sobre la evolución patrimonial del ex Secretario de Transporte de la Nación.

Jaime “no sabía de transporte”, dijo. “Era un tránsfuga”. Poco tiempo después se mudó a un departamento en una de las zonas más caras de la ciudad de Buenos Aires, cambió su nivel de vida y hasta tuvo un yate, graficó el testigo.

El Tribunal Oral Federal 7 integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero citó además para la jornada a exfuncionarios del macrismo que declararon sobre el esquema de subsidios al transporte público durante el kirchnerismo y dieron detalles sobre informes que se les pidieron desde el juzgado federal 11 a cargo del fallecido juez Claudio Bonadio que llevó el caso.

El juicio tiene como principal acusada a la ex presidenta Cristina Kirchner, como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho y se juzga a otros 85 procesados, entre ellos ex funcionarios de su Gobierno, empresarios y el arrepentido remisero autor de los cuadernos Oscar Centeno.

Declaró el ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables en el macrismo Mariano Saúl y terminó la audiencia

El ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables desde abril de 2018 a diciembre de 2019 Mariano Saúl fue el último testigo del día y se le pidieron precisiones sobre informes relativos a la concesión de la Hidrovía y subsidios.

Su paso por Comodoro Py 2002 fue breve porque dijo no recordar ante la mayoría de las preguntas de la fiscalía.

Antes de concluir la jornada se dio un cruce entre la fiscal Fabiana León y abogados defensores, como el de CFK Carlos Beraldi y el de Oscar Thomas, José Manuel Ubeira, por la convocatoria a declarar del empresario Sergio Taselli. La fiscalía anunció que desistía de su testimonio previsto para la próxima semana pero ambos remarcaron que buscan escucharlo para preguntarle sobre denuncias por presiones que sufrió su hermano, imputado en el proceso.

Para el martes próximo está prevista la presencia como testigo del ex funcionario del kirchnerismo Florencio Randazzo.

El ex funcionario habló del esquema de subsidios y tarifas al transporte público en el kirchnerismo

Papazian dijo que se trata de una política de Estado y que hasta el día de hoy ninguna gestión aplicó la “tarifa técnica” para el transporte público. Su declaración concluyó a las 1235 y se dispuso un cuarto intermedio de diez minutos.

Declara el ex funcionario del macrismo Arturo Papazian

El exsubsecretario de Transporte Ferroviario de la Nación entre 2015 y 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, declara en relación a pedidos de información recibidos desde el juzgado federal de Claudio Bonadio que investigaba el caso Cuadernos sobre subsidios entre 2003 y 2015 y también sobre el marco regulatorio del sistema ferroviario.

“Jaime no sabía de transporte” y era “amigo” de las empresas. Cirielli terminó de declarar tras responder preguntas del juez Germán Castelli

Ricardo Cirielli declaró por casi dos horas ante el Tribunal Oral Federal 7. Ratificó ante preguntas del juez Germán Castelli el contenido de su declaración durante la investigación del caso, cuando se refirió a los dichos de una ex secretaria de Ricardo Jaime sobre un empresario que llevó un bolso con dinero una mañana, que luego la mandaron a cambiar al banco por billetes de mayor denominación.

“Yo unía cosas, un empleado decía ‘vino un empresario y dejó un bolso’ y ella me decía ‘tuve que llevar plata que dejaron en un bolso a cambiar por un valor más grande”, explicó.

En esa declaración ocho años atrás habló de “pasamanos”, le leyó Castelli. Y se “concluía”, aclaró ahora Cirielli: Si Jaime “llevaba un bolso, lo iba a ver al Presidente y el tiempo no era suficiente para una reunión, uno tiene que considerar que lo que estaba haciendo era llevar el bolso, era una conclusión, por los tiempos”.

Poco antes de terminar su declaración y consultado por el juez sobre cómo lo afectó su salida del Gobierno en 2007, Cirielli volvió a recordar que le cambiaron la cerradura del despacho, que intentaron sin éxito que le presentara su renuncia a una enviada de Jaime y que el ahora detenido ex funcionario “era un tránsfuga”.

“Entre el tránsfuga de Jaime y yo eligieron al tránsfuga de Jaime y eso me molestó. No porque yo fuera mejor, o los dos afuera o los dos adentro. No tuve ninguna denuncia, los expedientes en mi secretaría avanzaban si cumplían con todos los requisitos legales, sino, no”.

“Jaime no sabía de transporte y cuando un funcionario no sabe de algo corre riesgo que se lo enseñen los empresarios y él se acercó mucho a los empresarios”, dijo. “Lo de él era una amistad que tenía con las empresas”.

“Jaime siempre me decía: yo hablo con Néstor, no con De Vido”

Cirielli recordó esa frase de Jaime y dijo que “era verdad: cruzaba y lo iba a ver. Decía que Kirchner le podía pedir cualquier cosa, menos la renuncia. Hasta un café, menos la renuncia.”. Acto seguido el testigo mencionó que muchas veces el entonces Secretario de Transporte cruzaba de noche a la Casa Rosada con un bolso.

Jaime “subía a un ascensor para funcionarios y a veces había un custodio” que dejaba la puerta abierta hasta que llegaba. Cirielli contó que lo esperaba. “Lo veía con un bolso, me decía que iba a ver ‘al loco’, como le decía a Néstor Kirchner”.

“Voy a ver al loco” le refería Jaime y subía “al auto, con chofer, custodio, bolso y se iba”, a veces a entrada hora de la noche.

“Muchas veces subía al ascensor con bolsos, a las 9, 10 de la noche. Néstor trabajaba todo el día, nos quedábamos hasta que él se fuera, iba y al rato se iba el helicóptero”, detalló.

Si bien aclaró no conocer el contenido de los bolsos, recordó comentarios de empleados que le refirieron que se los mandaba a cambiar al banco billetes de baja denominación.

Ante una pregunta de una de las defensas, Cirielli admitió no saber si los bolsos o dinero “eran dirigidos a Néstor Carlos Kirchner”.

“Son deducciones que se sacan, no es algo confirmado. Jaime llevaba un bolso enfrente (en relación a la Casa de Gobierno) y charlando se comentaba, no hay nada en concreto”, dijo también al explicar que nunca tuvo algo concreto como para presentar una denuncia.

Sobre Jaime agregó: “Fue notorio el cambio, de vestirse más o menos a aparecer con trajes de lujo”. Las azafatas que lo atendían cuando viajaba en avión “le decían Mario Baracus o el señor de los anillos. Estaba lleno de oro, colgantes, tenía todo”.

Cirielli apunta contra Ricardo Jaime: no tenía dónde vivir y después se compró un yate

“Jaime parecía humilde. Después me di cuenta que no lo era. Estaba vestido con un saco de un color y el pantalón de otro. Había venido en micro” desde Córdoba, contó el ex subsecretario de Transporte de Néstor Kirchner sobre la llegada a la función pública.

Fue entonces cuando se enteró que el nuevo Secretario de Transporte de la Nación “no sabía nada de transporte. Era de Córdoba, había trabajado en educación. Asumimos los cargos y lo que noté de Jaime era que no tenía plata, pero para nada. Al mediodía no iba a comer, se pedía un sándwich y lo pagaba yo. Comía él, un asesor y yo”.

Cirielli contó que Jaime cuando llegó no tenía dónde dormir. “Entonces lo llamé al Momo Venegas de UATRE y le conté: “Aguántalo, y más adelante, cuando tenga plata, te va a poder pagar dos o tres meses”, dijo sobre un hotel del gremio donde se fue a vivir. “Un día me entero que se muda a un departamento cerca del Four Seasons, en Retiro, y ahí dejó el hotel”.

“Yo creo, respetando a la gente que no conoce Buenos Aires, que estaba impactado por las luces de la ciudad. Era un tipo bastante maltratador con los empleados. Un día vino un mozo y me dice: “Cirielli, ¿puedo atenderlo a usted? Porque el ingeniero no quiere que lo atienda más”. Le pregunto por qué y me dice: “Porque soy morocho”. Era un hombre peruano, morocho. Le digo que sí. Esas cosas tenía Jaime".

También dijo que el trato de Jaime con el entonces ministro de Planificación Federal Julio De Vido “era muy distante” y contó que una secretaria le refirió una vez estar nerviosa porque la mandaban a un banco con bolsos a cambiar billetes de baja denominación por otros.

Declara Ricardo Cirielli, secretario general del gremio de técnicos aeronáuticos

El secretario general de APTA Ricardo Cirielli comenzó a declarar este jueves como testigo convocado por la fiscalía, la querella de la UIF y una defensa.

A preguntas de la fiscal Fabiana León, el testigo comenzó a contar cómo conoció al fallecido ex presidente Néstor Kirchner y los pormenores de su nombramiento como funcionario durante su gobierno.

“No soy amigo ni enemigo, sí los conocí por un proyecto político del que participé del 2003 a 2007″, refirió. Puntualizó que conoció a “Julio De Vido, Carlos Kunkel, Miriam Quiroga, Fabio Gutiérrez, que eran los secretarios y Alberto Fernández que a veces estaba y a veces no”.

A Ricardo Jaime, designado Secretario de Transporte, “no lo conocía nadie” antes del nombramiento, detalló.

“Participé por pedido del presidente en el ingreso de LAN al país”, dijo en relación a un llamado de Néstor Kirchner a Ricardo Jaime, mientras estaba reunido con él, donde se formalizó ese pedido luego del cierre de la aerolínea Southern Winds por un escándalo de narcotráfico.

El defensor de los supuestos testaferros de la casaquinta de Pilar, sospechada de pertenecer a dirigentes de la AFA, reclamó este miércoles ante la Cámara Federal de Casación que la causa vuelva al juzgado federal de Campana, advirtió que hay “forum shopping”, “presión mediática” y que se busca “engordar” una investigación con nuevos posibles delitos.

El letrado Mariano Morán expuso en persona ante los camaristas Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar, y les pidió que revoquen la decisión de la Cámara en lo Penal Económico que ordenó el pase del caso al juzgado en lo penal económico 10 de CABA. Por su parte, el fiscal ante el máximo tribunal penal federal del país, Mario Villar, reclamó rechazar el recurso de la defensa.

Tras esta audiencia, los jueces quedaron en condiciones de resolver sobre el destino de la investigación por la compra de la mansión valuada en 17 millones de dólares más la flota de autos y los caballos árabes encontrados en su interior junto a otros bienes adquiridos por la sociedad Real Central de Pantano y su madre, quienes según la denuncia no tendrían ingresos que justifiquen semejante inversión. La investigación los apunta como presuntos testaferros de dirigentes de la AFA y en un allanamiento al lugar se encontraron objetos que pertenecerían al tesorero de la Asociación, Pablo Toviggino. El caso ya va por su cuarto juez y en la actualidad la jueza en lo penal económico Verónica Straccia lo delegó en la fiscalía de Claudio Navas Rial.

La defensa apuntó contra “denunciantes seriales” y presión mediática

“El hecho se exterioriza en Pilar, la competencia territorial es en Pilar, provincia de Buenos Aires”, dijo el abogado Morán ante los jueces de la sala I del máximo tribunal penal federal del país, al reclamar que el expediente vuelva al juzgado federal de Campana a cargo del juez Adrián González Charvay.

El abogado expuso durante casi 20 minutos en la sala de audiencias del Tribunal, en el primer piso de Comodoro Py 2002, y cuestionó también la “presión mediática como un factor extrajurídico” y la sucesiva ampliación de denuncias que “engordan” el delito inicialmente denunciado, la compra de la propiedad en Pilar, remarcó. “Hay denunciantes seriales que vienen engordando el objeto... que la AFA, que TourProdEnter”, graficó.

También aludió a un supuesto “forum shopping” que intenta por todos los medios que el caso quede en la ciudad de Buenos Aires en desmedro de lo que definió como el juez natural para la causa, determinado por la ubicación geográfica de la propiedad. “No elegimos el lugar, queremos que sea el juez natural que le toque, no por conveniencia de una parte sino por un designio constitucional”.

Para la defensa la decisión de la Cámara en lo Penal Económico fue “nula” porque se investiga si sus clientes “cometieron alguna conducta penalmente relevante al momento de adquirir el inmueble y el inmueble está en Pilar” y esto para el abogado es así “por más que se busquen determinadas otras cuestiones o vinculaciones” entre las que mencionó las nuevas denuncias anexadas.

La postura de la fiscalía

El fiscal Villar, por su parte, remarcó en un escrito que la pesquisa se centra en la presunta desviación de fondos institucionales, ocultamiento a la propia AFA y a las autoridades estatales, así como el posterior ingreso de parte de esos activos al sistema económico legal mediante financieras, estudios jurídicos y empresas como Central Park Drinks SRLy Real Central SRL.

Los sucesos están “relacionados principalmente al ingreso lícito de grandes sumas de dinero y al posterior desvío de fondos en perjuicio de la AFA, como la posterior circulación de bienes y realización de actos concretos de lavado de activos mediante un complejo entramado societario y de relaciones económicas entre distintas personas físicas y jurídicas relacionadas con el fútbol profesional”, advirtió al descartar el “forum shopping”.

“La mayor parte de esos elementos aparece territorialmente asociada con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tenían sede las sociedades involucradas y donde se habrían desarrollado actos centrales de la operatoria”, agregó.

Las sucesivas ampliaciones de la investigación que hoy cuestionó la defensa, para la fiscalía “refuerzan esa conclusión. El expediente ”comenzó a abarcar otras sociedades, personas físicas, movimientos financieros, domicilios societarios y relaciones económicas vinculadas con entidades del fútbol profesional” y por eso debe investigarse en CABA.

El fiscal había pedido a media mañana suspender la audiencia oral a raíz de presentaciones concretadas en las últimas horas por la denunciante Elisa Carrió y el empresario Guillermo Tofoni, quien busca ser aceptado como querellante, en las cuales pidieron la inhibición del juez Barroetaveña por haber integrado el Tribunal de Etica de la AFA desde diciembre de 2021 al mismo mes de 2025. Pero este último, presidente de la Sala, rechazó los planteos porque quienes los presentaron no son parte en la causa y a raíz de ello ratificó la realización de la audiencia que había sido anunciada hace casi un mes, el 14 de julio.

La audiencia de informes duró unos 20 minutos, tuvo al abogado de Pantano como único expositor y al cierre el juez Borinsky le preguntó por un anterior recurso que se presentó ante Casación y las diferencias con el actual: en la primera ocasión se cuestionó el fuero donde debía resolverse el destino del caso mientras que ahora se apeló la decisión de enviarlo a un juzgado de la ciudad de Buenos Aires. Recibidos los argumentos, Casación tiene ahora cinco días hábiles para tomar una decisión.

La defensa de Jesica Cirio reclamó que los videos que mostraron fajos de dólares escondidos en un vestidor atribuido a una de sus viviendas sean excluidos como prueba en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra a la conductora y a su exesposo, el exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde.

El planteo, presentado ante el juez federal subrogante de Lomas de Zamora Luis Armella, se apoya en las conclusiones de una pericia oficial que -según argumentó la defensa- no pudo determinar la autenticidad, el origen ni la integridad de las imágenes que muestran a Cirio filmando miles de dólares escondidos, según se explicó en la presentación judicial de los abogados Claudio Caffarello y Nicolás Urrutia.

Esa filmación “de ninguna manera puede constituirse como una pieza de cargo en este proceso en contra de nuestra defendida”, sostuvieron los letrados, al reiterar el pedido para que no sea valorada luego que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), organismo técnico dependiente del Ministerio Público Fiscal, concluyó un estudio que “inunda de dudas” la validez del material, remarcaron.

Una copia

Los videos fueron publicados el 20 de junio pasado por el diario La Nación y luego aportados a la causa a través de un pendrive. En la investigación a cargo del juez Armella y el fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola se intentó dar con los videos originales mediante allanamientos y secuestro de teléfonos celulares de los involucrados, pero no hubo resultados. La pericia de la DATIP se realizó, entonces, sobre esa copia.

El dictamen pericial, de casi 60 páginas, identificó una serie de irregularidades técnicas que para la defensa comprometen la validez del material como evidencia. El primer punto crítico es la pérdida total de los metadatos originales: el análisis reveló que las marcas temporales internas de captura de los siete archivos de video se encuentran “completamente en cero”, lo que indica que atravesaron algún proceso de intermediación tecnológica previo —edición, transcodificación o reenvío por aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Telegram o Signal— que eliminó la información de origen.

Cadena de custodia

La defensa cuestionó también la cadena de custodia del material. Los abogados señalaron que el protocolo Minseg-MPF 2023, aplicable a evidencia digital, no fue respetado en ninguno de sus pasos. “Lejos se encuentran de haber respetado esas directrices y, por lo tanto, no merecen ni justifican, en un proceso que se precie de calidad en cuanto a la prueba de cargo, que formen parte del universo de evidencias de cargo”, concluyeron.

Los letrados señalaron además que la entrega de los videos podría ser el resultado de una conducta ilícita que se investiga en una causa penal, radicada ante la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 58 de la Ciudad de Buenos Aires. Cirio e Insaurralde ya habían planteado con anterioridad que el material pudo haber sido obtenido de forma ilegal mediante el hackeo de dispositivos de la conductora.

Los abogados se refirieron a un “gris y oscuro escenario” que rodea a estos videos, su origen y su difusión y advirtieron que “los expertos detectaron también que no se verificó como protocolarmente se encuentra previsto, al tratarse de evidencia digital, de la cadena de custodia que esta clase de elementos exigen para garantizar la autenticidad”.

La resolución quedará ahora en manos del juez Armella, quien deberá determinar si las filmaciones continúan formando parte del expediente. Un primer pedido hecho antes de este estudio pericial ya había sido negado por el magistrado.

Armella es juez titular del juzgado federal de Quilmes y subroga el de Lomas de Zamora que lleva el caso contra Insaurralde. Se espera que en los próximos días asuma en su lugar en esta última dependencia el ya designado nuevo magistrado titular Juan Tomás Rodríguez Ponte.

El exjefe de Gabinete Manuel Adorni tendrá que explicar por qué pidió a subordinados en la Casa de Gobierno que usaran sus tarjetas de crédito para pagarle equipamiento de videojuegos o figurar como prestanombres en una factura de colchones por 8 millones de pesos, para su nueva casa en el country Indio Cua.

Se trata de uno de los 20 puntos del requerimiento de justificación patrimonial que le cursó el fiscal federal Gerardo Pollicita y que -notificado por el juez federal Ariel Lijo- tendrá 15 días para responder. Si las explicaciones no convencen, el próximo paso sería el pedido de citación a declaración indagatoria.

La fiscalía también dio por probado que Adorni saldó en efectivo USD 245.000 a Matías Tabar por las remodelaciones de la casa de Indio Cua, desde fines de 2024 a 2025, mediante sucesivos pagos que el contratista dijo haber recibido, al declarar como testigo bajo juramento de verdad. Incluyeron una parrilla valuada en poco más de USD 7.000, jacuzzi y cascada.

En el dictamen se le reclama al exfuncionario nacional explicar la procedencia de ese dinero con el que remodeló el lote 380 con individualización del origen de cada pago, recibos y constancias de respaldo. El contratista declaró que todo fue en negro y aportó un listado detallado.

Sobre las compras de colchones y blanquería, la testigo que puso su nombre en la factura dijo en sede judicial que a la hora de pagar llegó la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, con los ocho millones en efectivo.

El “cash” de Adorni

Los detalles del requerimiento de 207 fojas están amparados bajo el secreto fiscal. Pero a grandes rasgos, los 20 puntos que Adorni tendrá que justificar incluyen además el origen de la tenencia de dólares en efectivo en el país, incluidos en las declaraciones juradas de los ejercicios investigados, precisando el sustento de la operación de “venta de activos” invocada como fuente. Es decir, qué activos fueron enajenados, en qué fechas, a favor de qué personas, por qué importes y con qué trazabilidad bancaria, registral o bursátil, así como la oportunidad y el respaldo documental de esas rectificaciones.

También se le exigen precisiones sobre mutuos que declaró con su madre Silvia Pais y la sucesión de una de sus abuelas, Norma Zuccolo. Aquí se pidió acreditar existencia y fecha, la efectiva entrega de los fondos, para qué se usaron y cómo se saldaron esas obligaciones. Se trata de deudas declaradas por 16 y 18 millones de pesos respectivamente.

Sobre compras y origen del dinero usado, explicará la fuente de los fondos con que adquirió una camioneta Jeep, el lote de Indio Cua y el pago de la tasa de ingreso al lugar, y por qué esa casa está a nombre de su esposa.

También deberá precisar de dónde provinieron los dólares en efectivo para pagar los muebles del departamento que compró también como funcionario, en Miró 550 en Caballito, y el origen de los fondos para adquirir esa propiedad.

En el rubro viajes al exterior y nivel de vida familiar durante su paso por la función pública, la fiscalía busca que aporte información sobre la fuente de ese dinero en efectivo, pesos y dólares, con que se saldaron todos esos gastos.

Además, se le pidió detalles sobre origen, la naturaleza y el respaldo de los ingresos no alcanzados por el impuesto a las ganancias o exentos que el exfuncionario invocó en sus Declaraciones Juradas, así como de los bienes recibidos por herencia, legado o donación declarados. Sobre los mismos, deberá individualizar en cada caso la fuente, el instrumento, la fecha y la persona de quien provinieron, porque se trata de las partidas “con las que se pretende explicar el grueso del incremento patrimonial comprobado”, explicaron fuentes del caso.

Criptoactivos, cuenta sueldo y tarjetas

La fiscalía pidió también el detalle de la operatoria de Adorni con criptoactivos y el origen del capital con el que afirma haberla iniciado. En las declaraciones juradas rectificativas se incorporaron cuatro cuentas de activos virtuales, y un informe de un organismo especializado lo vinculó con otros activos virtuales. El exfuncionario, antes de renunciar, dijo en una entrevista que ganó 300.000 dólares con inversiones en criptomonedas, con un capital inicial de 200.000.

También llamó la atención y se le pidieron precisiones sobre gastos y movimientos de su cuenta sueldo y otras de su esposa, el origen del dinero “cash” con que se pagaron los honorarios a la escribana Adriana Nechevenko por las escrituras de tres propiedades y por qué se facturaron sólo a Angeletti.

Además se le pidió explicar por qué personas de su entorno registraron consumos como usuarios adicionales de sus tarjetas de crédito, quién pagó esos gastos y si hubo reintegros. También si una factura por 4 millones de pesos emitida este año por una concesionaria a Bettina Angeletti corresponde a la compra de un rodado no declarado, a una operación accesoria de la ya tenida en cuenta para el cálculo o a otro concepto, con individualización del bien, el precio, la forma de pago y el origen de los fondos.

A los investigadores les llamó la atención acreditaciones no salariales en la cuenta sueldo de Adorni que no provinieron de organismos del Estado. La fiscalía dio 15 días a Adorni para justificar “la procedencia del incremento patrimonial” a título personal y a través de su esposa Angeletti.

El fiscal federal Gerardo Pollicita firmó este lunes el requerimiento de justificación patrimonial del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, y lo intimó a que explique veinte puntos concretos de inconsistencias, en un dictamen de 207 fojas en la causa que lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito.

La fiscalía dio 15 días a Adorni para justificar “la procedencia del incremento patrimonial” a título personal y a través de su esposa Bettina Angeletti. Si las explicaciones no se consideran suficientes, el próximo paso sería un pedido de declaración indagatoria.

La intimación, cuyos detalles están resguardados por el secreto fiscal, abarca incrementos, adquisiciones y desembolsos reconstruidos en la investigación judicial que hasta el momento “no encuentran” explicación suficiente por poco más de 43 millones de pesos y 402.578,12 dólares, advirtieron los investigadores.

El dictamen se presentó ante el juez federal Ariel Lijo, a cargo del caso y se basa en el “análisis conjunto y pormenorizado de la prueba reunida —incluido el análisis técnico de la SIFRAI-DAFI—, cotejada con las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales públicas y reservadas y sus rectificativas”, todo lo cual “permitió advertir las inconsistencias que sustentan el requerimiento de justificación patrimonial”, explicaron fuentes del caso.

Desde Indio Cua a las compras en dólar cash

Adorni tendrá que justificar bienes desde el 14 de diciembre de 2023, cuando asumió su primer cargo en el gobierno de Javier Milei hasta el 27 de junio pasado, día de su renuncia. En concreto se lo intimó a explicar el origen de los dólares en efectivo que incluyó en sus declaraciones juradas y el sustento de la operación que invocó como su origen. Tendrá que indicar fechas, importes, trazabilidad bancaria o bursátil y mostrar la documentación que respalde todo.

Entre los 20 puntos también deberá detallar cómo compró su casa en el Country Indio Cua, el origen de esos fondos y por qué está a nombre de su esposa. También la procedencia de los USD 245.000 que se pagaron al contratista Matías Tabar por las refacciones en ese lugar y lo que se le abonó por los muebles con que equipó la otra casa de los Adorni en el barrio porteño de Caballito, todo pagado en efectivo y en dólares. Sobre ese departamento de Miró 550 se le exigió justificar el origen de los fondos con que se hizo la compra.

Uno de los puntos del requerimiento se refiere al origen del dinero -pesos y dólares- con que se pagaron viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas, cuotas y matrículas escolares de los hijos del exfuncionario. Y en otro se le exige explicar por qué hubo una “reiterada” utilización de terceras personas para comprar bienes y pagar gastos en efectivo que lo tenían como real destinatario.

El fiscal Pollicita busca además conocer el origen del dinero con que Adorni inició sus inversiones en criptoactivos y en cuyo rendimiento justificó después parte del incremento de su patrimonio. Entre los puntos a justificar figuran los honorarios de la escribana Adriana Nechevenko por tres operaciones inmobiliarias del matrimonio.

A lo largo de la investigación se determinó que Adorni cobró 35 sueldos como funcionario público a lo que se sumaron los ingresos comprobados de su esposa, un total de $229.752.283,20. En esos años la familia afrontó gastos por seguros automotores, expensas, pagos de electrodomésticos, servicios, impuestos, viajes y tarjetas de crédito por $272.820.832,20. La diferencia es de $43.068.549.

En cuanto a los gastos en dólares que no encuentran correlato con los ingresos lícitos comprobados la suma total es de USD 402.578,12. Se tomaron en cuenta viajes, alquileres, refacciones de viviendas y muebles, todo pagado en efectivo en la moneda estadounidense.

Pollicita firmó el requerimiento luego de recibir un informe técnico de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación (DAFI). Se trata de información protegida por el secreto fiscal.

La investigación se abrió por denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano y luego hubo dos ampliaciones, una de ellas de los diputados nacionales Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro.

La Cámara en lo Penal Económico rechazó un intento del tesorero de la AFA Pablo Toviggino para que se revise su procesamiento, embargo y prohibición de salida del país en la causa por la falta de pago en tiempo y forma de unos 19.000 millones de pesos en impuestos retenidos. El Tribunal de Apelaciones declaró “inadmisible” un recurso de la defensa para llegar hasta una instancia superior contra esa decisión, la Cámara Federal de Casación, y dejó el caso más cerca del envío a juicio oral.

Ante la resolución de los camaristas Carolina Robiglio y Roberto Hornos a la defensa sólo le queda la vía de la queja directa ante el máximo tribunal penal federal del país, en un intento por revertir el procesamiento que incluyó un embargo por 350 millones de pesos.

Los argumentos

La decisión de confirmar el procesamiento, el embargo y la prohibición de salida del país “no constituye una sentencia definitiva” que deba revisarse en Casación y además no fue “arbitraria”, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae. Los jueces destacaron además que hubo dos pronunciamientos “concordantes” -del juzgado de primera instancia y del Tribunal de Apelaciones- con lo cual “se encuentra debidamente garantizado el principio de la doble instancia”.

El 26 de junio pasado la Cámara en lo Penal Económico avaló la decisión del juez de ese fuero, Diego Amarante, y ratificó los procesamientos del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino Claudio “Chiqui” Tapia, del tesorero Toviggino y de la casa madre del fútbol argentino como persona jurídica.

En relación al tesorero se consideró que en base a la prueba recolectada en esta etapa de la investigación habría tenido responsabilidad en los delitos por la presunta omisión de depositar en el plazo legal montos retenidos por la AFA en concepto de IVA, Ganancias y contribuciones a la Seguridad Social entre 2024 y 2025, por un monto calculado en 19.000 millones de pesos. La falta de pago de las obligaciones “no resultaría ajena al ámbito de la organización que tenía a cargo” Toviggino. El tesorero “era quien daba la orden al sector correspondiente sobre qué obligaciones debían pagarse”, consignó esa resolución.

Sobre Tapia y la AFA la acusación quedó en pie sin analizar sus roles en la maniobra en esa instancia de apelación porque el recurso se declaró presentado fuera de término por parte de su defensa.

Dinero en cuenta

La Asociación del Fútbol Argentino “durante todo el período en el que habrían tenido lugar los hechos investigados, contó con esos fondos en sus cuentas, lo que denota que tenía una situación financiera que le permitía cumplir con los depósitos de las sumas retenidas y percibidas” en tiempo y forma, advirtió el Tribunal cuando confirmó el procesamiento. Sin embargo, “transcurridos los plazos legales, dichos depósitos no se verificaron”.

Al ratificar lo resuelto por el juez Amarante, el Tribunal remarcó que la institución tenía plazos fijos bancarios con fondos que permanecieron depositados con sucesivas renovaciones y que “no fueron utilizados para atender las obligaciones pertinentes”. Esas sumas “superaban holgadamente” el monto evadido y que fue cancelado después, fuera de vencimiento.

La querella de ARCA advirtió cuando presentó la denuncia que la entidad madre del fútbol argentino no depositó las obligaciones fiscales y de seguridad social “derivadas de su condición de agente de retención y/o de percepción, se recuerda, de fondos que no le eran propios”, a pesar de haber estado en condiciones de hacerlo pasados 30 días de los vencimientos, remarcó la sentencia.

En la misma resolución el Tribunal de Apelaciones declaró también inadmisible una apelación de la querella de ARCA, que reclamó agravar la acusación porque en el procesamiento se dejó afuera la supuesta falta de depósito, en el plazo legal, de una alícuota aplicada sobre los ingresos por publicidad de los torneos organizados por la AFA o la Liga Profesional de Fútbol, con destino a la seguridad social.

La causa por el presunto lavado de dinero detrás de una mansión y autos de alta gama valuados en poco más de 20 millones de dólares en Pilar, que involucra a supuestos testaferros de la AFA, volvió a quedar en el centro de una disputa de competencia que esta semana tendrá un nuevo round judicial.

Mientras el expediente continúa pasando de un juez a otro, la Cámara Federal de Casación Penal prepara una audiencia clave este miércoles para definir una vez más quién deberá conducir la investigación.

Por ahora, la pesquisa recayó en el juzgado penal económico 10 a cargo como suplente de la jueza Verónica Straccia. La magistrada tomó la decisión de delegar el caso en la fiscalía de Claudio Navas Rial: se trata de quien intervino en una anterior etapa hasta enero pasado, antes del pase a Campana resuelto por la Cámara Federal de San Martín. De hecho, en un duro dictamen, el fiscal se opuso en esa ocasión a la ida del caso al juzgado federal de ese partido bonaerense.

Navas Rial es quien además impulsó con sus dictámenes las investigaciones al presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero Pablo Toviggino, en la causa donde quedaron procesados por retención indebida de aportes y en sucesivas ampliaciones de esta pesquisa hacia otros posibles delitos.

Una megacausa

La causa por la mansión de Pilar ya se convirtió en una megacausa que abarca presuntas maniobras de lavado de activos, y puso la lupa sobre empresas intermediarias contratadas en el exterior y casas de cambio locales.

El futuro del expediente todavía está en discusión: la Cámara Federal de Casación Penal convocó a las partes para el próximo 12 de agosto, cuando deberá resolver si la causa permanece en el fuero Penal Económico o debe regresar a la jurisdicción bonaerense, en concreto, a Campana como reclaman los supuestos testaferros imputados: Luciano Pantano y su madre Ana Conte, titulares de la sociedad ‘Real Central’, adquirente del predio.

La tarjeta de crédito con que se pagaban gastos de mantenimiento, peajes y gasolina del medio centenar de vehículos de alta gama que se encontraron en el lugar era corporativa de la Asociación del Fútbol Argentino, a cuya sede en la calle Viamonte llegaba el resumen mensual para el pago.

La denuncia apunta a que Pantano y su madre habrían actuado como prestanombres. Los investigadores buscan establecer si realmente tenían capacidad económica para afrontar la adquisición de una propiedad valuada en 17 millones de dólares más vehículos, motos y otros bienes encontrados en la casaquinta de Villa Rosa, en ese partido bonaerense.

El expediente comenzó como una investigación por lavado de activos y con el avance de las medidas fue incorporando otras hipótesis vinculadas con el manejo de fondos de la AFA y la eventual utilización de intermediarios y sociedades para desviar dinero y luego reintroducirlo en el patrimonio de sus presuntos beneficiarios.

En la investigación aparece TourProdEnter, una empresa registrada a nombre de Erica Gillette, esposa del empresario Javier Faroni. La hipótesis es que determinadas operaciones e intermediaciones podrían estar vinculadas con un circuito de fondos que excedería la investigación puntual sobre la casaquinta de Pilar.

Una causa y varios tribunales

El recorrido judicial explica buena parte de la situación actual.

La causa comenzó a tramitar en la Justicia Federal de Comodoro Py, pasó por el fuero Penal Económico y también llegó a los tribunales federales de Zárate-Campana. A mediados de mayo, la Cámara Federal de Casación Penal anuló el envío del expediente al Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, y ordenó que la disputa de competencia fuera resuelta por la Cámara Nacional en lo Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires. Ese tribunal terminó asignando el caso al Juzgado Penal Económico 10, vacante y actualmente subrogado por Straccia.

La defensa de Pantano y Conte, encabezada por el abogado Mariano Morán, cuestionó esa decisión con un planteo basado en la garantía del juez natural. El argumento fue que, una vez iniciado un proceso, los imputados no pueden quedar sometidos a modificaciones arbitrarias de jurisdicción.

La Sala A de la Cámara Nacional en lo Penal Económico rechazó ese planteo. Los camaristas sostuvieron que las decisiones sobre competencia no constituyen una sentencia definitiva y que, al tratarse de una controversia entre juzgados federales, no se había vulnerado la garantía invocada por la defensa. Morán llevó entonces la discusión a Casación mediante un recurso de queja.

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Diego Barroetaveña, Mariano Borinsky y Alejandro Slokar, hizo lugar al planteo y consideró que el recurso había sido denegado de manera errónea. La discusión sobre el juez que deberá quedarse con el expediente quedó formalmente abierta otra vez en el máximo tribunal penal federal.

La audiencia fue fijada para el 12 de agosto a las 11.30, y allí las partes expondrán sus argumentos antes de que Casación defina el destino de la investigación.

Uno de los querellantes apartados de la causa por el escándalo de la fallida criptomoneda $LIBRA reclamó a la Cámara Federal porteña que lo restituya en la investigación y revoque esa decisión que tomó el juez Marcelo Martínez De Giorgi.

Se trata del inversor en la criptomoneda Martín Romeo, patrocinado por su abogado Nicolás Ozsust, quien en un memorial entregado al Tribunal de Apelaciones sostuvo que $LIBRA fue una “estafa” planeada con maniobras de “calidad simulada e insider trading”.

“Maniobra fraudulenta”

En el escrito presentado al Tribunal de Apelaciones advirtió que la decisión de sacar a las querellas de la investigación judicial omitió analizar prueba y redujo el caso “a una cuestión de riesgo propio de los mercados, cuando existen elementos objetivos que demuestran una maniobra fraudulenta”.

Las apelaciones son analizadas por la sala I del Tribunal de Apelaciones que fijó para el próximo lunes una audiencia, luego de la cual quedará en condiciones de resolver. Los afectados podrán presentar escritos o exponer de manera oral en Comodoro Py 2002, aunque hasta el momento no se recibieron pedidos para esto último, explicaron a Infobae fuentes del caso.

La querella de Romeo ya optó por argumentar de manera escrita. “No se trató de una fluctuación normal; hubo un ‘rug pull’ planificado, ejecutado mediante bots que realizaron operaciones segundos antes de la difusión de información privilegiada”, agregó en ese texto que será evaluado por los camaristas Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

Milei y la “confianza artificial”

Según el recurso, “74 billeteras, controladas por bots que respondían a los imputados, realizaron compras masivas segundos antes de un tuit presidencial, lo que disparó la demanda artificialmente y permitió extraer 44,5 millones de dólares”. La querella sostiene que la maniobra incluyó tráfico de influencias, infiltración de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la utilización de la figura del presidente Javier Milei para generar “confianza artificial”.

Para la querella desplazada, el juez de primera instancia “desconoció las actas notariales y la documentación aportada, que acreditan la titularidad de las billeteras” desde las que se hicieron las operaciones. Por otro lado, la exigencia de demostrar el origen de los fondos que reclamó el juzgado “no se encuentra prevista en el Código Procesal Penal para delitos contra la propiedad y representa una barrera artificial para el acceso a la justicia”.

El juez de primera instancia apartó a cinco querellas a pedido del acusado Mauricio Novelli porque concluyó que no sufrieron un “perjuicio directo” en lo ocurrido ni tampoco acreditaron la titularidad de los tokens. De esta forma hizo lugar a un recurso llamado “excepción de falta de acción” que presentó la defensa del lobista y apartó a Juan Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Romeo.

La controversia que ahora llegó a la Cámara se originó a partir de esa presentación de Novelli, lobista con llegada a Javier y Karina Milei y uno de los principales investigados en la causa.

La fallida $LIBRA

Al apartar a las querellas, el juez argumentó que fallido lanzamiento de $LIBRA ocurrió “en el marco de operaciones vinculadas a una ‘memecoin’, es decir, a un ‘activo digital’ inserto en un ámbito caracterizado por una regulación limitada, una elevada volatilidad y una valoración que depende esencialmente de las condiciones del mercado y de la percepción que los propios participantes le asignan”. Ello supone que quienes invirtieron asumieron “riesgos inherentes”, agregó.

En la causa se investiga si el creador de $LIBRA, el estadounidense Hayden Davis, logró acercarse a Milei a través de Novelli y otros imputados -entre ellos su socio Manuel Terrones Godoy- y ello derivó en la difusión del proyecto por parte del Presidente. La sospecha gira en torno a un supuesto pago por u$s 5 millones hecho por Davis.

Para el juez “la realización de una reunión en la que se habría acordado el lanzamiento de una memecoin, por cuya adquisición se pudieron haber producido pérdidas, y/o el presunto pago de sobornos en ese contexto, no configura la afectación directa a la que alude la norma” en lo referido a los inversores ahora desplazados como querellantes.

Ese rol permitía el acceso al expediente, pedir medidas de prueba y eventualmente participar en un futuro juicio oral. En la actualidad la investigación está delegada en la fiscalía federal de Eduardo Taiano.

El juez en lo penal económico Diego Amarante advirtió este viernes que es de “público conocimiento” que, pese a la mudanza de su sede social a Pilar, la AFA siguió desarrollando su actividad central en la sede de la ciudad de Buenos Aires, por lo cual calificó de “mera formalidad y ficción jurídica” pretender que las causas en su contra se lleven en Campana por una cuestión territorial.

Lo hizo al rechazar apartarse de una investigación por supuestas maniobras de desvíos de fondos y facturación trucha, y al responder así a un pedido de inhibitoria que le cursó por ese caso el juez federal de Campana Adrián González Charvay. Ante la negativa, el tema debería ser resuelto ahora por la Cámara en lo Penal Económico, interpretó el juez de CABA.

“Formalidad y ficción jurídica”

Amarante advirtió que “más allá de toda polémica, resulta un hecho de público conocimiento que -no obstante el cambio de su sede social-” la AFA continuaba con su actividad central en su sede de la calle Viamonte en CABA al momento de los delitos denunciados.

Por eso “pretender fundar la competencia en la provincia de Buenos Aires, basándose en un domicilio social en el Partido de Pilar, importa priorizar una mera formalidad y ficción jurídica por sobre el lugar real de comisión de las conductas, las cuales presentan una total desvinculación con la jurisdicción de Campana”, concluyó en la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

El conflicto se originó ante un planteo del juzgado de Campana para que el juez porteño le envíe un expediente donde se investigan supuestos hechos de lavado de dinero, iniciado por una denuncia basada en publicaciones periodísticas.

González Charvay sostuvo que los hechos que se investigan en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico de CABA, a cargo de Amarante, son similares a una causa que se lleva ya en su juzgado, basada en el presunto desvío de fondos en perjuicio de la AFA y la emisión de facturas falsas. Es una causa que fue remitida desde Santiago del Estero.

Pero Amarante rechazó el planteo por prematuro porque “se advierte que la totalidad de los actos de ejecución que habrían integrado la maniobra habrían tenido lugar dentro del ámbito geográfico” de la Ciudad de Buenos Aires.

Amarante ya procesó a Tapia y Toviggino en la investigación por supuesta retención indebida de aportes de la seguridad social por 19.000 millones de pesos, una decisión que ya fue confirmada por la Cámara en lo Penal Económico. Ambos están embargados por 350 millones de pesos y tienen prohibición de salida del país. El presidente de la AFA viajó al Mundial con permiso judicial.

La mudanza de la sede social de la AFA a Pilar, en territorio bonaerense, fue avalada por la Cámara Nacional en lo Civil en un fallo que apeló el Estado Nacional y podría llegar en revisión a la Corte Suprema de Justicia.

Las investigaciones que involucran a dirigentes de la AFA están en diferentes juzgados y son objeto de conflictos de competencia entre magistrados. De hecho la causa que investiga quién es el real dueño de una mansión en Pilar valuada en 17 millones de dólares y a nombre de presuntos testaferros ya pasó por cuatro juzgados y ahora la Cámara Federal de Casación convocó a una nueva audiencia el 12 de agosto para volver a analizar el tema.

El juez federal Ariel Lijo quedó a cargo de una nueva investigación penal por presuntas maniobras fraudulentas de compraventa de dólares por unos $14.000.000.000 —catorce mil millones de pesos— con documentación apócrifa, que involucra a un banco, casas de cambio y apunta a la eventual participación de funcionarios del Banco Central durante el cepo implantado en el gobierno pasado.

Se trata de una denuncia contra Gallo Cambio S.A.S. y Mega Latina S.A., junto a directivos de esas firmas y a la eventual participación de funcionarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La Cámara Federal porteña ordenó que el expediente se tramite desde ahora en forma conjunta con la causa por el “rulo cambiario” que se lleva en el juzgado federal 11, que subroga Lijo por falta de juez titular y que tiene entre los investigados a Elías Piccirillo y Martín Migueles.

La nueva denuncia que se presentó en el fuero penal ordinario y fue enviada a Comodoro Py describe una presunta organización dedicada a gestionar cuentas bancarias mediante documentación falsa para operar en el mercado de divisas, con posible intervención de funcionarios del BCRA, todo ello durante la vigencia del cepo cambiario. El juez Mariano Llorens, de la Cámara Federal porteña, zanjó un conflicto de competencia y concluyó que hay “elementos suficientes para justificar una investigación conjunta”.

Las mismas firmas, el mismo circuito

Las maniobras consistían en adquirir dólares al tipo de cambio oficial para revenderlos luego en el mercado paralelo. La nueva denuncia se suma a dos investigaciones sobre el rulo cambiario que la Cámara Federal ya había unificado bajo la órbita de Lijo días atrás. El camarista Roberto Boico, de la Sala II, hizo lugar a un planteo de inhibitoria del magistrado frente a su par María Servini para que le enviara el expediente que investigaba en su juzgado a Elías Piccirillo y a Martín Migueles, por delitos cambiarios y operaciones en “cuevas” financieras. También se investiga a este último por supuestas maniobras con permisos de importación.

Existe una dependencia funcional y operativa entre los sujetos investigados en ambos legajos con casas de cambio presentes en los dos expedientes: Arg Exchange S.A., Gis Cambio S.A., Banco Más Ventas, Stema Cambios S.A. y Mega Latina S.A.. Ahora se considera que ocurrió lo mismo con esta nueva causa.

Las investigaciones unificadas comparten “un idéntico patrón operativo: maniobras orientadas a acceder a divisas al tipo de cambio oficial, mediante la instrumentalización de casas de cambio y entidades financieras para su posterior colocación en el mercado paralelo”. A ello se suma la presunta participación de funcionarios del BCRA en la convalidación u omisión de control de esas operatorias, todas concentradas en el 2023.

El volumen de la trama

En la investigación los acusados fueron embargados por sumas millonarias. Diecisiete “cuevas” investigadas habrían canalizado $141.596 millones provenientes de más de 2.700 personas físicas y 647 jurídicas, con la sospecha de que parte de esos fondos sería de origen ilícito. Entre los imputados figuran Piccirillo, Migueles y Francisco Hauque, ex socio del primero.

Piccirillo, a su vez, está detenido con prisión preventiva y arresto domiciliario denunciado por el armado de un falso operativo policial para plantar droga y un arma a Hauque y evitar así pagarle una deuda por 6 millones de dólares.

Con la incorporación de la nueva denuncia por $14.000 millones, el fiscal federal Franco Picardi —a cargo de todas las causas del rulo cambiario bajo la órbita de Lijo— deberá ahora coordinar una instrucción que abarca a tres entidades financieras, múltiples casas de cambio, directivos privados y la eventual responsabilidad de funcionarios del BCRA.

La Cámara Federal porteña rechazó liberar a cuatro policías procesados con prisión preventiva y bajo arresto domiciliario por su presunta participación en un falso operativo para plantar droga y un arma a un ex socio de Elías Piccirillo. Este último habría buscado no pagar una deuda de u$s 6 millones de dólares, según la acusación.

Falso procedimiento policial

Todos están procesados por “haber ejecutado un procedimiento policial fraguado que llevó a la detención de dos personas bajo una falsa acusación de tenencia de más de un kilo de cocaína y una pistola 9mm, y que tuvo por finalidad que, mediante la detención y el armado de una causa judicial por graves cargos, el damnificado se vea impedido de continuar reclamando una millonaria deuda” a Piccirillo.

El Tribunal de Apelaciones rechazó ya liberar a Piccirillo, quien también tiene prisión domiciliaria y ahora tomó la misma decisión en relación a cuatro ex policías de la Ciudad procesados por haber participado del operativo en el que se detuvo a Francisco Hauque junto a su pareja.

Según la acusación, poco antes Piccirillo habría colocado un kilo de cocaína y un arma en su vehículo, luego de compartir una cena con ambos en el Palacio Duhau en Recoleta. Le debía u$s 6 millones.

Los ex policías están acusados de fraguar actas y mentir ante la Justicia. Participaron del operativo vestidos de civil y revisaron el vehículo con la excusa de intervenir en una supuesta escena de violencia de género entre Hauque y su mujer. La defensa de los cuatro acusados había pedido que se les conceda la libertad porque colaboraron con la investigación, aportaron claves de sus celulares secuestrados en allanamientos, tienen arraigo y siempre estuvieron a derecho. También calificó de “endeble” la acusación.

Riesgos procesales

La fiscalía a cargo de Franco Picardi se opuso por la gravedad de la acusación, los medios que se usaron para cometer el delito, el rol que se les atribuye a los ahora ex policías y la expectativa de una alta condena en caso de ser encontrados culpables en un futuro juicio oral. En la misma sintonía, el juez federal Ariel Lijo rechazó los planteos.

Los acusadores remarcaron que el delito se cometió en ejercicio de sus funciones y usando herramientas de la fuerza de seguridad.

Al resolver la apelación, los camaristas Roberto Boico y Eduardo Farah rechazaron todos los pedidos con lo cual los cuatro ex policías seguirán bajo arresto domiciliario. Poco antes le negaron también la libertad a Piccirillo, preso con tobillera electrónica en un departamento de la localidad bonaerense de Banfield.

La detención domiciliaria es a esta altura una “restricción razonable para neutralizar los riesgos”, evaluó el camarista Boico en la resolución a la que tuvo acceso Infobae. Por su parte, su colega Farah tuvo en cuenta que la investigación no concluyó y que persisten las sospechas de entorpecimiento de la investigación.

Piccirillo está acusado por planear y ejecutar la maniobra entre el 16 y el 18 de enero de 2025 contra su ex socio Hauque: le debía 6 millones de dólares y para evitar saldar la deuda buscó un grupo de policías a los que pagó para montar el falso operativo. Fue procesado con prisión preventiva por presunto secuestro coactivo, transporte de estupefacientes agravado, encubrimiento agravado y portación ilegal de arma. La Cámara Federal le otorgó el arresto domiciliario en octubre de 2025.

A su vez, Piccirillo y Hauque están imputados en otra causa penal junto a Martín Migueles, pareja de Wanda Nara, por presuntas maniobras con la compraventa de dólar a precio oficial y posterior reventa a valor blue, el conocido rulo cambiario, por cifras multimillonarias durante el cepo del gobierno pasado.

Una pareja intentó cruzar a Uruguay en ferry con más de 52.000 dólares ocultos en su camioneta pero evitó el juicio oral mediante un acuerdo de reparación integral que derivó todo el dinero al Estado. Además, sumó una donación de poco más de u$s 10.000 que se repartirá entre cuatro hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires.

El hecho ocurrió el 5 de julio de 2025, cuando los dos acusados se presentaron en el punto aduanero de la terminal de ferry de Puerto Madero para embarcar en una Ford Ranger con destino a Colonia, Uruguay. Durante el control previo al embarque, los agentes hallaron una mochila con 250 billetes de cien dólares en la puerta trasera derecha del vehículo y otros 272 billetes del mismo importe en un compartimiento a la izquierda del volante. El total ascendía a u$s 52.200 que la pareja no había declarado ante la Aduana.

Evitar el juicio

La causa se inició por tentativa de contrabando. Cuando el expediente llegó a juicio oral, la defensa solicitó la aplicación de la reparación integral del daño, figura prevista en el artículo 59 del Código Penal que permite extinguir la acción penal a cambio de un ofrecimiento económico.

El mismo consistió en el abandono definitivo de la totalidad del dinero secuestrado a favor del Estado Nacional y la entrega adicional de 10.440 dólares —equivalente al 20% del monto incautado— distribuidos en partes iguales entre cuatro hospitales: Garrahan, Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Gutiérrez y el Hospital de Clínicas “José de San Martín”. Cada institución recibirá 2.610 dólares.

La Administración de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se opuso al acuerdo con el argumento de que la reparación integral no resulta aplicable al delito de contrabando. La fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 a cargo del fiscal general Gabriel Pérez Barberá consideró que la reparación integral se encuentra plenamente operativa, es aplicable a este delito, y que el ofrecimiento cumplió con la condición de integralidad con el abandono de la totalidad de las divisas y por la entrega adicional del 20% de las sumas secuestradas a entidades de bien público. Como aún falta reglamentación de la reparación integral, el dinero puede destinarse a lo que acuerden las partes siempre que se contribuya “a los intereses generales de la sociedad”.

El Tribunal Oral Penal Económico 3 avaló el acuerdo con la firma del juez Fernando Machado Pelloni. En su resolución, el magistrado señaló que “la propuesta formulada resulta razonable, proporcional y adecuada a las particularidades del caso, en tanto comprende el abandono definitivo de la totalidad de las divisas secuestradas a favor del Estado Nacional y un aporte económico —equivalente al 20% de dichas sumas— a cuatro entidades de bien público”, según la decisión a la que tuvo acceso Infobae.

Sobre la oposición de ARCA, Machado Pelloni concluyó que “la posición de la damnificada debe ser considerada, pero no resulta vinculante para la decisión jurisdiccional”, dado que la titularidad de la acción penal pública recae en el Ministerio Público Fiscal, cuya conformidad sí resulta determinante. El dinero incautado quedó a disposición de ARCA-Dirección General de Aduanas (DGA) por su vinculación con el interés público comprometido en el control aduanero y por ser el organismo al que la ley encomienda esa función.

Qué es la reparación integral

La reparación integral del perjuicio es una causal de extinción de la acción penal incorporada al artículo 59 del Código Penal por la reforma de 2015. Permite que un imputado evite el juicio —y una eventual condena— si repara de forma plena el daño causado por el delito y el Ministerio Público Fiscal presta su conformidad.

A diferencia de una indemnización, la figura exige que el ofrecimiento sea proporcional y cubra la totalidad del perjuicio generado. En delitos que afectan bienes jurídicos individuales, eso suele traducirse en una compensación económica a la víctima directa. Cuando el bien jurídico es de naturaleza colectiva o supraindividual —como ocurre con el contrabando, que afecta el control aduanero del Estado—, los tribunales han admitido que la reparación se canalice hacia entidades de bien público.

La figura no requiere el consentimiento de la parte damnificada para prosperar: basta con que el fiscal acepte el acuerdo y el juez lo considere adecuado. Al carecer aún de reglamentación específica, el destino concreto de los fondos queda librado a lo que acuerden las partes, siempre que el tribunal verifique que la propuesta satisface el estándar de integralidad y beneficia los intereses generales de la sociedad.

El juicio por los “Cuadernos de la corrupción” se reanudó este martes con la declaración como testigo del extitular de Vialidad Nacional en el macrismo Javier Iguacel ante el Tribunal Oral Federal 7.

La jornada se inició con el testigo Ignacio Irigaray, un ex funcionario de la Oficina Anticorrupción que trabajó en el caso en base a pedidos del juzgado federal 11, por entonces a cargo de Claudio Bonadio. Su declaración se extendió durante casi cinco horas y luego comenzó la del ex titular de Vialidad Nacional en el macrismo, Javier Iguacel.

El debate oral que tiene como principal acusada a la ex presidenta Cristina Kirchner como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho entró en una nueva etapa para escuchar a testigos de Vialidad Nacional, convocados por la fiscalía a cargo de Fabiana León. Durante las últimas semanas declararon abogados, contadores y ex jerárquicos de la exAFIP, actual ARCA.

Concluyó la declaración de Iguacel y el juicio continuará el jueves

Al finalizar el interrogatorio, el presidente del Tribunal Oral Federal N.º 7, Enrique Méndez Signori, agradeció a Javier Iguacel por su declaración durante “esta extensa audiencia” y dio por concluida su participación en el juicio. Luego dispuso un cuarto intermedio hasta el jueves a las 9, cuando está prevista la declaración del testigo Neira.

“Las auditorías confirmaron el esquema”: Iguacel ratificó irregularidades en Vialidad

Ante preguntas del abogado Mariano Galpern, representante de la Unidad de Información Financiera (UIF), Javier Iguacel afirmó que otros empleados de Vialidad Nacional también le habían relatado irregularidades dentro del organismo. Mencionó a una contadora vinculada al área de licitaciones que, según contó, pidió ser apartada porque no quería seguir ocultando pliegos ni recibir directivas externas sobre qué empresa debía resultar adjudicataria. También aludió a inspectores de obra que se habrían retirado tras advertir la emisión de certificados por trabajos que no habían podido verificar.

Consultado sobre las auditorías realizadas durante su gestión, el ex funcionario aseguró que esas revisiones confirmaron el esquema de corrupción que describió durante su declaración y que la documentación fue entregada cada vez que la Justicia la requirió.

Iguacel contestó preguntas sobre concesiones, empresarios y el funcionamiento del organismo vial

Tras el turno de Beraldi, defensor de Cristina Kirchner, el interrogatorio al también ex intendente de Capitán Sarmiento por el PRO continuó durante más de una hora con preguntas formuladas por distintas defensas. En ese pasaje intervinieron los representantes de Sergio Passacantando, exgerente de Administración de Vialidad Nacional; Diego Olmedo, abogado del empresario Cristóbal López; y Agustín Labombarda, defensor del exsubadministrador de la DVN Sandro Férgola. Las consultas se concentraron en distintos aspectos de la gestión del organismo, las concesiones viales, el vínculo con empresarios y el origen de la información que el exfuncionario dijo haber recibido durante su paso por Vialidad. Finalizado ese tramo, el presidente del Tribunal Oral Federal N.º 7, Enrique Méndez Signori, dispuso un cuarto intermedio de diez minutos antes de reanudar la audiencia.

Para el ex titular de Vialidad, la cartelización no benefició a un solo empresario

En el turno de Carlos Beraldi, abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Javier Iguacel sostuvo que el sistema de cartelización que, según declaró, funcionaba en Vialidad Nacional no favorecía de manera exclusiva a una empresa, sino a buena parte de las compañías que obtenían contratos.

“Con precisión puedo decir los que denuncié, pero, en general, a la mayoría de los que tenían obras y principalmente a los que habían sido adjudicados con más obras”, respondió. Según explicó, en muchas licitaciones se repetía un esquema de tres oferentes con propuestas superiores a los valores que comenzaron a registrarse después de modificar el mecanismo de contratación.

“No existía un solo empresario beneficiado con este sistema de cartelización”, afirmó.

Beraldi también le preguntó si Vialidad había reclamado a las empresas la devolución de ganancias supuestamente obtenidas mediante sobreprecios. Iguacel respondió que durante su gestión presentaron entre diez y doce denuncias en los casos en los que consideraron que existían elementos suficientes para acudir a la Justicia. “En cada cosa que encontremos algo irregular lo vamos a denunciar”, recordó que había planteado al asumir.

El exfuncionario aclaró, sin embargo, que no toda diferencia de precios implicaba necesariamente una maniobra ilícita. Destacó que la redeterminación por inflación es un mecanismo legítimo y que una empresa podía incorporar un costo financiero si preveía demoras en los pagos.

Ante una nueva consulta de Beraldi, admitió que, fuera de las obras incluidas en esas denuncias, no había detectado de manera objetiva sobreprecios en las licitaciones realizadas durante su gestión. También sostuvo que, en los expedientes cuestionados, se procuró recuperar “todo lo que se pudo”.

“No soy corrupto”: el cruce de Iguacel con la defensa de Baratta

Pasadas las 15, la defensa de Roberto Baratta, a cargo de la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, interrogó al testigo Iguacel sobre las denuncias que recibió durante su gestión al frente de la Dirección Nacional de Vialidad.

El exfuncionario explicó que, al asumir, la mayoría de las reuniones con empresarios estuvieron vinculadas con reclamos por pagos atrasados durante la gestión anterior del kirchnerismo. “Al principio casi todos fueron por la deuda que teníamos”, señaló. También relató que mantuvo encuentros tensos con representantes del sector privado porque, según su percepción, algunos intentaban sostener prácticas de la gestión anterior. “Entendí que querían continuar con las prácticas anteriores y los saqué carpiendo de mi oficina”, afirmó.

Ante las preguntas de Gómez Alcorta, Iguacel reconoció que fue denunciado en distintas causas. Enumeró expedientes relacionados con la supuesta extensión irregular de contratos de concesión de autopistas y rutas nacionales, la rescisión de un contrato de la autopista Riccheri, la contratación de médicos para auditar licencias por enfermedad y la contratación de cursos de capacitación.

Consultado sobre una eventual denuncia vinculada con Del Plata Construcciones, respondió que no la recordaba. En cuanto al estado de esos expedientes, sostuvo que creía que ya no quedaba ninguno en trámite, aunque admitió no tener certeza y señaló que una de las causas había prescripto recientemente.

El intercambio se tensó cuando la defensa insistió sobre esos antecedentes. “Si su intención es tratar de hacerme ver a mí como corrupto, está yendo por el camino incorrecto, porque no lo soy”, respondió Iguacel.

“Los que decidían no firmaban”

Iguacel sostuvo que cuando llegó al cargo vio que en los certificados de obra se “metían tantas firmas para que nadie fuera responsable”.

“Los que realmente decidían no tenían ninguna firma” como por ejemplo “José López diciendo a quién se pagaba”, dijo en relación al ex secretario de Obra Pública del kirchnerismo, juzgado en el debate.

Iguacel dijo que los empresarios “admitían ‘la camarita’”, el reparto de obra pública en el kirchnerismo

Javier Iguacel dijo que “en conversaciones informales todos” los empresarios “admitían lo de ‘la camarita’. Que existió, que se repartían las obras”.

“No les gustaba pero era la única manera que tenían de trabajar”, sostuvo que le decían y que argumentaban que sino participaban “se fundían”, al responder preguntas de la fiscal Fabiana León.

Iguacel habla de anticipos de obra “cargados en baúles” para el pago de coimas

El ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel ratificó que Sergio Passacantando fue contratado en el organismo a pedido del fallecido ex presidente Néstor Kirchner. Se trata de un contador que antes trabajó en Inverness, la financiera del arrepentido Ernesto Clarens, y que manejaba “el dinero de Lázaro Báez”.

" En un momento, Néstor Kirchner le pide a (Nelson) Periotti (su antecesor en el cargo) que lo meta en Vialidad para manejar el dinero”, relató. “Eso me lo confesó en una entrevista porque yo le dije que estaba complicado con lo que iba encontrando. Era la mano derecha de Ernesto Clarens, pero Passacantando manejaba directo el dinero de Lázaro Báez”.

Iguacel habló de “la camarita”, de “seudos falsos procesos licitatorios”. “Eso me consta que existía, no porque yo lo haya vivido, sino porque cuando pusieron los pliegos para licitaciones ”públicos y gratuitos en internet, pasamos de tener de dos o tres oferentes a trece o quince, y los precios bajaron casi 40 por ciento. Eso pasó de un mes para el otro. Era porque antes había contubernio; de otra manera es inexplicable”.

“Hacían pagar certificados por cosas que no se habían hecho y el que indicaba a quién pagarle o a quién no era José López (el ex secretario de Obra Pública del kirchnerismo), quien muchas veces le mandaba los domingos una nota por escrito con el chofer para decirle a quién pagarle primero”, contó que se decía en Vialidad.

“Hay relatos, no me constan, que decían que el cien por ciento del anticipo” que las empresas cobraban por las obras “lo cargaban en baúles y lo llevaban como coima”.

Los pliegos “se administraban en una cueva”, dijo en relación a una “oficinita” del organismo. “Era difícil acceder”.

Comenzó a declarar Javier Iguacel, ex titular de Vialidad Nacional

Javier Iguacel comenzó a declarar como testigo pasadas las 1330 ante el Tribunal Oral Federal 7 y da pormenores sobre cómo encontró al organismo cuando asumió en reemplazo del titular durante el kirchnerismo, Nelson Periotti.

Terminó la declaración del ex funcionario de la OA y luego de cuarto intermedio declara Javier Iguacel

El exfuncionario Irigaray terminó su declaración que se extendió por casi cinco horas y se dispuso un breve cuarto intermedio antes del comienzo de la del ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel.

“Había un marco de impunidad muy grande”, evaluó ex funcionario de la OA

El testigo Irigaray lleva ya casi cinco horas declarando y concluyó que todo indica que “había un marco de impunidad muy grande” que vinculó a una “cadena de la felicidad”.

“Si son ciertas las reuniones fuera de Ministerios, cara a cara” entre funcionarios y empresarios de las que dio cuenta en sus anotaciones el remisero Centeno y los “movimientos en efectivo” de miles de dólares se estaría ante un esquema “que no pareciera sofisticado y si quiere es un indicio de un marco de seguridad por parte de los intervinientes, cómo que están muy seguros, tranquilos con lo que están haciendo. Uso la palabra impunidad”, graficó.

“No es muy normal ir con el chofer del Ministerio a un lugar a hacer intercambio de dinero, no es lo que se ve en los esquemas complejos”, agregó: “Había un nivel de impunidad altísimo” o bien, “una cadena de la felicidad” en un “marco de impunidad muy grande”.

Clarens “era un intermediario” en los cobros de sobornos

El exfuncionario de la Oficina Anticorrupción explicó que la hipótesis que se manejaba en la investigación era que el financista arrepentido Ernesto Clarens era un “intermediario financiero y directa o indirectamente recibía pagos que correspondían a sobornos vinculados a esas obras y llevaba un registro. Ese fue el que teníamos que ‘matchear’”.

Un informe que entregó la OA al juzgado dio cuenta de “74 obras del cuadro de Clarens que coinciden en forma parcial con la información aportada” por la Dirección Nacional de Vialidad.

Había “elementos fortísimos” que apuntaban a pagos ilegales, dijo el testigo

Irigaray declara desde poco después de las 9 y ante preguntas de la fiscal León sobre coincidencias entre reuniones que anotó Centeno y pagos respondió con su “opinión personal”.

“Sigo pensando lo mismo, creo que salvo mejor explicación en contrario -que por lo menos en ese momento no teníamos- la coincidencia temporal más o menos cercana” entre modificaciones a los contratos de obra que dependían de la aprobación del Estado federal y pagos que correspondían a fondos girados por el Estado “con reuniones en lugares fuera de los ámbitos de trabajo público de los funcionarios” con empresarios apuntarían a pagos ilegales. Como testigo, aclaró, dijo no poder dar fe de eso.

Irigaray habla de coincidencias entre anotaciones del remisero Centeno, reuniones de un empresario con funcionarios y pagos de obra pública

“Nadie paga un soborno de su propio bolsillo, si hay un soborno corresponde a dinero que la empresa obtiene de su propio contrato”, ejemplificó el testigo cuando ratificó informes que dieron cuenta de coincidencias entre pagos de obra pública a la empresa BTU y reuniones consignadas por Oscar Centeno entre su entonces jefe y funcionario de Planificación Federal Roberto Baratta, el empresario de esa firma Carlos Mundin y Santiago De Vido en avenida Del Libertador 1902, según los cuadernos del remisero.

Irigaray respondió preguntas de la defensa sobre sus encuentros con Bonadio

El exfuncionario de la OA durante la gestión de Laura Alonso en el organismo respondió preguntas de las defensas de Cristina Kirchner y el ex funcionario y ex jefe del remisero autor de los cuadernos Oscar Centeno, Roberto Baratta.

El abogado de CFK, Carlos Beraldi, le preguntó si firmó alguna vez un requerimiento de elevación a juicio vinculado a alguna causa por presuntos delitos en el gobierno de Mauricio Macri y la defensa de Baratta quiso saber pormenores del encuentro con Bonadio y el acceso que tuvo la OA a legajos de arrepentidos.

El trabajo de la OA con el listado del arrepentido Clarens

El testigo detalla que recibieron el listado del arrepentido financista Ernesto Clarens. “Era un listado con empresas, nombres de empresarios, obras y montos de pagos” de supuestos sobornos.

“Lo comparábamos con eventos salientes que pudieran relacionarse para darle al juez”, dijo. Además relató que encontraron coincidencias y “las señalaron”, ante preguntas de la querella de la Unidad de Información Financiera, representada por el abogado Mariano Galpern.

Antes recordó que la causa Cuadernos tuvo “consecuencias políticas, institucionales y de gestión enormes”. Cuando estalló el escándalo en 2018 “el Estado tenía contratos vigentes con la mayoría de las empresas que tenían socios, dueños, gerentes imputados y tenían embargos y tenía cuentas a pagar con esas empresas que eran alcanzadas por esos embargos”, graficó Irigaray sobre la situación que se generó.

La jornada se inició con el testigo Ignacio Irigaray, exfuncionario de la Oficina Anticorrupción

El abogado fue funcionario en la Oficina Anticorrupción mientras el organismo fue querellante en la causa, rol que ya no tiene. Recordó que cuando la causa tomó estado público fueron al juzgado a ponerse a disposición del juez. “Tuvimos una muy breve reunión en el despacho del doctor Bonadio, nos pusimos a disposición”.

“Les explicamos que teníamos acceso más o menos ágil a alguna documentación del Poder Ejecutivo que podía ser de interés para la causa”, explicó. Después de eso llegó un primer pedido para requerir a Ministerios y organismos descentralizados contratos, antecedentes y licitaciones sobre “empresas a las que pertenecían las personas involucradas”.

El juez “nos hizo conocer fechas de supuestos pagos de sobornos” y “otro listado entregado por uno de los arrepentidos” para que “tomáramos como referencia al momento de analizar anticipos financieros”, explicó ante preguntas de la fiscal Fabiana León.

/judiciales/2026/08/02/causa-cuadernos-de-cubrirse-de-la-inflacion-al-asado-para-los-obreros-que-dicen-las-defensas-sobre-el-destino-de-miles-de-dolares/

Miles de dólares y pesos en efectivo retirados de bancos y financieras, además del uso de facturas apócrifas. Esos fueron algunos de los hallazgos que los testigos de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), hoy ARCA, pusieron sobre la mesa del Tribunal Oral Federal 7 desde mediados de junio. Todos declararon bajo juramento de verdad en el juicio por los “cuadernos de la corrupción” que se sigue a la expresidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados.

Durante semanas, contadores, abogados y exfuncionarios del organismo recaudador ratificaron el contenido de informes que hasta entonces permanecieron resguardados por el secreto fiscal y que dieron cuenta de coincidencias entre extracciones millonarias en efectivo y fechas de presuntos pagos de sobornos a funcionarios del kirchnerismo a cambio de obra pública.

Las defensas respondieron con una batería de preguntas vinculadas al uso que se le pudo haber dado a ese dinero como parte de la rutina de operación de las empresas, con hipótesis muy alejadas del pago de coimas: desde atesoramiento en dólares para resguardarse de la inflación hasta pago de asados de los obreros.

El martes próximo el juicio iniciará una nueva etapa con la declaración como testigo, entre otros convocados, de Javier Iguacel, extitular de Vialidad Nacional durante el gobierno de Mauricio Macri.

Al asumir en ese cargo, Iguacel denunció las irregularidades en la obra pública en Santa Cruz que derivaron en la primera condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner: seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad. En ese proceso fue absuelta del cargo de asociación ilícita. Ahora, en el caso Cuadernos, es juzgada otra vez por ese delito —como supuesta jefa— y por cohecho.

Dólares cash, fechas clave y facturas dudosas

El debate oral avanzó esta semana con la última tanda de testigos vinculados al organismo recaudador. El último jueves, la contadora Gladys Marcellini ratificó que uniones transitorias de empresas que integraba IECSA, la firma del empresario Angelo Calcaterra, realizaron dos compras de dólares retirados por caja en efectivo: una por 3 millones de la moneda estadounidense en 2008 y otra por 600.000 en 2009. Ambas operaciones fueron consideradas sospechosas e informadas al juzgado del fallecido juez Claudio Bonadio, que instruía el caso.

La operación por 3 millones resultó especialmente llamativa. Según el informe de la ex AFIP exhibido en la audiencia, la UTE cobró un anticipo de obra por parte de la Dirección Nacional de Vialidad el 29 de octubre de 2008 y, en simultáneo, adquirió esos dólares en efectivo en la casa de cambio Transcambio. El monto equivalía en pesos, al tipo de cambio de ese momento, al 10 por ciento del monto total de la obra. Ese porcentaje coincide, según declaraciones de arrepentidos en la causa, con el que se habría pagado de manera habitual como coima durante el kirchnerismo.

Semanas antes, otra testigo del organismo recaudador, María Marta Criscuolo, precisó que los fondos fueron retirados por Santiago Altieri, en representación de IECSA, y por Jorge Benolol, por la empresa JCR. El rastro se cortó allí.

Del asado al atesoramiento

Esa limitación para seguir el rastro del efectivo fue el argumento central de las defensas de los empresarios juzgados a lo largo de toda esta etapa del debate. Los abogados reiteraron a cada testigo las mismas preguntas: ¿no pudieron esos millones haber sido usados para atesoramiento?; ¿para cubrirse de la inflación?; ¿para transferir fondos a cuentas en el exterior?; ¿para gastos operativos, viáticos o hasta para pagar un asado a los obreros? Un letrado incluso ironizó con la compra de caramelos. “¿Pudo haberse destinado para comprar caramelos, para tenerlo en su casa, para un millón de hipótesis?“, preguntó. La respuesta fue positiva.

La contadora María Eugenia Lanza, que declaró el 30 de junio, resumió la posición del organismo ante las insistencias de las defensas: “La trazabilidad se termina cuando se saca por ventanilla” del banco e insistió en que “todo tiene que estar bancarizado” y que cuando “la plata sale de una ventanilla y se pierde la trazabilidad, ahí se terminó”.

La metodología de trabajo del equipo de la ex AFIP fue descripta por varios testigos. La contadora Samanta Fagan, inspectora en La Plata en 2019 cuando fue asignada al caso, explicó que el punto de partida era la información aportada por el arrepentido financista Ernesto Clarens: “Venía una planilla donde se verificaba que tal empresa había entregado a Clarens una suma de dinero en una fecha determinada”. A partir de allí, los equipos contrastaban esos datos con los movimientos bancarios de las empresas con una ventana de tiempo de 30 días.

La abogada y ex jefa de Gabinete de la AFIP, Jimena De La Torre, actual consejera de la Magistratura de la Nación, recordó ante el tribunal que un oficio enviado desde el juzgado federal 11 en 2019 a cargo del fallecido Claudio Bonadio que pedía rastrear posibles fuentes de “financiamiento espurio” por parte de las empresas mencionadas por Clarens fue una novedad para el organismo: “Nunca nos habían pedido algo así”. Agregó que las respuestas al juzgado estaban encriptadas y amparadas en el secreto fiscal, por lo que ella misma nunca tuvo acceso a su contenido.

Las maniobras

Los testimonios pedidos por la fiscal de juicio Fabiana León revelaron un abanico de maniobras detectadas en distintas empresas. La inspectora Verónica Iglesias relató que en los controles a Isolux Corsán se encontró el uso de facturas apócrifas emitidas por proveedores sin capacidad operativa. El contador Carlos Stafforini explicó que otra de las firmas, Fainser, recurrió a proveedores apócrifos, uno de los cuales llegó a emitir facturas por cerca de 80 millones de pesos sin respaldo de servicios reales.

El testigo Jorge Tesolin describió la investigación sobre Vertúa Servicios: la firma recibió de la empresa pública Enarsa un anticipo equivalente a casi 5 millones de dólares para el Gasoducto del Nordeste Argentino, fondos cuyo destino no pudo acreditarse en su totalidad. “No se pudo determinar qué pasó con los dólares comprados con esos fondos de Enarsa”, declaró Tesolin.

Otros testimonios aportaron datos sobre distintas firmas. El contador Pedro Majul, de la dirección regional Córdoba de ARCA, detectó transferencias por 85.000 dólares a dos personas físicas, entre ellas Oscar Santarelli, ex director de Obras Públicas de Córdoba y actual intendente, que recibió 42.500 dólares. “No le encontramos explicación aparente”, dijo Majul. La testigo Ana Cecilia Palacio confirmó que el directivo de Decavial, Miguel Marcelino Aznar, retiró en efectivo 11.685.000 dólares entre 2009 y 2011.

La defensa de Aznar preguntó si la ex AFIP había revisado estados contables posteriores para determinar el destino de esos retiros. “Si no está en el informe no se hizo”, fue la respuesta ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli. El abogado José Luis Giordano resumió el alcance del trabajo del organismo: “Nosotros no podemos saber dónde terminó el dinero. Nos concentramos en ver hasta dónde llegaba y si se perdía el rastro”.

Mientras la Justicia de Estados Unidos avanza con una investigación preliminar por presuntas maniobras de lavado de dinero que involucran a la dirigencia del fútbol argentino, Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, se enfrentan en Argentina a definiciones judiciales que podrían marcar el rumbo de distintas causas abiertas en su contra.

Los expedientes, que tramitan en los fueros Civil y Penal Económico, abarcan la controvertida mudanza de la sede social de la AFA a Pilar, la disputa sobre qué juez investigará la compra de una mansión de 17 millones de dólares atribuida a presuntos testaferros de dirigentes de la entidad, y la posibilidad de que Tapia y Toviggino sean enviados a juicio oral por la causa por retención indebida de aportes previsionales.

La mudanza

El primero de esos frentes quedó abierto al filo del inicio de la feria judicial de invierno, cuando la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil resolvió que la Corte Suprema de Justicia es la instancia que deberá intervenir en caso de prosperar un recurso extraordinario del Estado Nacional, que pide revocar el fallo que avaló el traslado de la sede social de la AFA desde la histórica calle Viamonte hacia Pilar. El Tribunal rechazó un planteo del Gobierno para que la revisión quedase a cargo del Superior Tribunal de Justicia de CABA.

La resolución de los jueces Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset, declaró inadmisible un planteo que pretendía llevar el tema ante el TSJ. El tribunal consideró que la causa reviste naturaleza federal en razón de la persona involucrada —la AFA— y que, por ese motivo, escapa a la competencia local y es materia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Desde este lunes, con el fin del receso invernal en la Justicia, se comenzará a avanzar para definir si se concede la apelación o se desestima. En este último caso, solo quedará la queja directa al máximo tribunal del país.

En la apelación que reclamó revocar la decisión se advirtió que el fallo que dio por cancelada la inscripción en el Registro Público a cargo de la Inspección General de Justicia, y declaró la nulidad de la designación de veedores en la entidad madre del fútbol argentino, “genera un grave precedente que debilita el poder de policía de todas las personas jurídicas en la República Argentina, instalando un sistema de competencia asimétrica entre agencias estatales y propiciando la impunidad fiscalizadora a través de la relocalización de domicilios de fantasía”.

El fallo de fondo que el Gobierno intenta revertir se firmó el 18 de junio pasado y declaró la nulidad de la Resolución Particular 140/26 de la Inspección General de Justicia (IGJ)—que cuestionaba la inscripción de la entidad en la provincia de Buenos Aires— y también de la resolución que designó veedores en la AFA por 180 días hábiles. Los camaristas sostuvieron que, tras el cambio de domicilio aprobado por unanimidad en la Asamblea General del 17 de octubre de 2024, el control de legalidad sobre la entidad pasó a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense, y que “la IGJ carece de facultades revisoras respecto de las decisiones” de ese organismo provincial.

La mudanza de la histórica sede de la calle Viamonte, en la ciudad de Buenos Aires, a Mercedes 1366, en Pilar, se formalizó mediante un contrato de comodato firmado el 27 de septiembre de 2024 con la Municipalidad de Pilar, que cedió el inmueble a la entidad que preside Tapia.

Las idas y vueltas con la mansión de Pilar

Una vez más, la Cámara Federal de Casación revisará dónde debe investigarse la compra de una valiosa casaquinta en Pilar por parte de supuestos testaferros de dirigentes de la AFA, según la sospecha judicial.

La última novedad previa al receso invernal fue el pase de todo el caso desde el juzgado federal de Campana a cargo del juez Adrián González Charvay al penal económico 10 porteño, que está vacante y subroga ahora la jueza Verónica Straccia. Poco después, la Cámara Federal de Casación habilitó un recurso de los imputados Luciano Pantano y su madre Ana Conte para que se revise esta decisión. Los acusados pretenden que el caso siga en Campana.

Las idas y vueltas de la pesquisa que ya va por el cuarto juez se ventilarán otra vez el 12 de agosto en una audiencia que convocó el máximo tribunal penal federal del país: después de escuchar a las partes confirmará o no la decisión de la Cámara Nacional en lo Penal Económico que sacó el caso de Campana y lo devolvió a la órbita de CABA.

La pesquisa apunta a determinar si detrás de la adquisición, formalmente realizada por la empresa Real Central SRL, de Pantano y su madre, existió un esquema de lavado de dinero con presuntos testaferros de dirigentes de la AFA. La denuncia inicial se fue ampliando y abarca en la actualidad posible lavado de activos con una defraudación por parte de las máximas autoridades de la AFA en perjuicio de esa entidad, a través de la contratación “infiel” de intermediarios y “desviación de fondos” para luego “en una fase posterior, la presunta implementación de un circuito complejo orientado a reintroducir dichos activos al patrimonio de quienes habrían intervenido en la maniobra inicial”.

La mansión de Pilar, su flota de autos de alta gama y las instalaciones habrían sido parte de estas maniobras. De hecho, el juez en lo penal económico Diego Amarante, quien ya procesó a Tapia y Toviggino por presunta evasión impositiva, reclamó a su par Straccia quedarse también con esta causa por considerar que todo formó parte de un mismo entramado delictual. Se trata de la parte del caso que investiga a TourProdEnter, la empresa a nombre de la esposa del empresario Javier Faroni, Erica Gillette.

Los aportes

El tercer frente es el que aparece más cerca de una definición. La Cámara en lo Penal Económico dejó firme el procesamiento de Tapia y Toviggino por la presunta retención indebida de aportes previsionales por unos 19.000 millones de pesos. Con esa decisión y en lo referido a sus personas, el expediente podría iniciar el camino del envío a juicio oral. Ambos dirigentes están embargados por 350 millones de pesos y tienen prohibida la salida del país. Tapia viajó al Mundial autorizado por el juez Amarante. El Tribunal de Apelaciones confirmó también la acusación contra la AFA como persona jurídica.

Se trata de la omisión de depositar en el plazo legal montos retenidos por la AFA en concepto de IVA, Ganancias y contribuciones a la Seguridad Social entre 2024 y 2025 por unos 19.000 millones de pesos. La Asociación del Fútbol Argentino “durante todo el período en el que habrían tenido lugar los hechos investigados, contó con esos fondos en sus cuentas, lo que denota que tenía una situación financiera que le permitía cumplir con los depósitos de las sumas retenidas y percibidas” en tiempo y forma, advirtió la Cámara.

La institución tenía plazos fijos bancarios con fondos que permanecieron depositados con sucesivas renovaciones y que “no fueron utilizados para atender las obligaciones pertinentes”. Esas sumas “superaban holgadamente” el monto evadido y que fue cancelado después, fuera de vencimiento.

Elías Piccirillo pidió este martes recuperar su libertad o, en todo caso, que lo dejen cumplir arresto domiciliario en la casa de su actual novia, en el barrio porteño de Nuñez. Lo hizo al hablar en persona en la Cámara Federal porteña, en una audiencia convocada en plena feria judicial de invierno.

De impecable traje y chaleco azul y con la tobillera electrónica apenas disimulada en su tobillo izquierdo, Piccirillo se presentó en Comodoro Py 2002 poco después de las 10. Se trasladó para la ocasión desde el departamento de Banfield donde cumple arresto domiciliario, con un permiso de salida para concurrir de manera personal a tribunales. Negó cualquier intención de fugarse y dijo que siempre estuvo a derecho. “Colaboré para que esto avance. Confío en la justicia”, afirmó ante los jueces Roberto Boico y Mariano Llorens, en una audiencia a la que asistió junto a sus dos abogados y que duró poco más de media hora en el segundo piso del edificio judicial de Retiro. Afuera, en el pasillo, lo esperaron su novia Florencia Epelbaum y su hermano Matías, ambos garantes en caso de que se le conceda la libertad. El acusado llegó casi una hora antes de la citación, pautada para las 11 y pasó el tiempo tomando un café en el kiosco del entrepiso, en un edificio casi desierto por el receso invernal.

Ante los jueces

Ya ante los magistrados dijo creer haber demostrado “en todo momento estar a derecho” y estar dispuesto a “cumplir con todo lo requerido y aceptar el proceso, sea cual sea la manera, de la forma menos pesada posible”. “Confío en que al final de este camino la verdad va a prevalecer. Es lo que me tocó vivir y estoy acá para probar mi inocencia”, agregó el ex marido de Jesica Cirio, con voz entrecortada y luego de tomar un vaso de agua.

Piccirillo está procesado con prisión preventiva bajo arresto domiciliario acusado de haber armado un falso operativo policial para plantar droga y un arma a un ex socio, Francisco Hauque, con el objetivo de no pagarle una deuda de seis millones de dólares, según la acusación de la fiscalía de Franco Picardi. El juez del caso, Ariel Lijo, le negó la excarcelación y también el cambio de domicilio donde cumple prisión domiciliaria. Esa decisión es la que llegó ahora en apelación ante la Cámara.

“Cosas que se instalan”

“Hay un montón de cosas que se instalan y es difícil, pesado, sostenerlas”, dijo además sentado frente a los magistrados, mesa de por medio, al explicar la necesidad de estar más en contacto con su hija adolescente y un familiar enfermo, algo que no puede hacer si tiene arresto domiciliario en un monoambiente en la localidad bonaerense de Banfield, donde está en la actualidad.

Poco antes, sus dos abogados Alejandro Montiel y Fernando Diez enumeraron los argumentos formales y legales por los cuales Piccirillo debería recuperar su libertad. Pidieron en concreto que se revoque el rechazo al cese de la prisión preventiva y, si se la mantiene, que se le permita modificar el arresto domiciliario que cumple con tobillera electrónica desde Banfield al barrio de Núñez.

Para los letrados, la oposición fiscal a la excarcelación se basa en una necesidad de asegurar prueba que ya está bajo resguardo, “como un celular que ya está secuestrado en el caso. No hay pruebas de cargo pendientes”, explicaron a los camaristas. Además, recordaron que se hizo la reconstrucción del hecho por orden de la Cámara Federal luego que Piccirillo y su novia pagaron el alquiler de una camioneta Audi similar a la usada el día del supuesto montaje del operativo policial ilegal.

“No hubo intento de fuga”

También desmintieron que haya querido fugarse cuando se ordenó detenerlo y remarcaron que en el acta figura que se presentó 21 minutos después del arribo de la policía al barrio de Nordelta en el que vivía, en una casa prestada por el empresario Martín Migueles, actual pareja de Wanda Nara. “No hubo intento de fuga”, remarcaron.

Por otro lado, se refirieron a los “fuertes vínculos familiares” de Piccirillo, a la necesidad de participar de la crianza de su hija adolescente, algo que no puede hacer desde Banfield, a más de una hora de viaje del domicilio de la menor.

Los abogados pusieron el eje además en la acusación puntual al financista para remarcar que no tiene capacidad de incidir sobre terceros si queda libre. Se dice que habría colocado dos paquetes con droga y un arma en el auto de Hauque y que habría contactado a Carlos Smith, exonerado de la PFA por hechos graves, recordaron. Este último “no era parte de una agencia del Estado”, apuntaron como una de las supuestas “debilidades de la acusación”.

Tras escuchar los argumentos los camaristas quedaron en condiciones de resolver. Piccirillo está procesado con prisión preventiva en la causa por el armado del operativo policial falso contra su ex socio, Francisco Hauque. Además se lo investiga por maniobras con el dólar oficial y la gestión de permisos de importación (SIRA) durante el cepo cambiario del gobierno de Alberto Fernández.

El 3 de julio pasado el juez Lijo negó la excarcelación del financista por persistencia de riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación. El fiscal Picardi había emitido un dictamen al respecto donde remarcó que el acusado habría obstaculizado el avance de la justicia durante un operativo para secuestrale celulares, algo que su defensa negó este martes.

La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme la suspensión del juicio a prueba de Myriam Costilla, presidenta de la empresa Kank y Costilla S.A., procesada en la causa por defraudación al Estado a través de la obra pública vial adjudicada al grupo Báez en Santa Cruz, durante el kirchnerismo.

Se trata de otro tramo de la causa Vialidad, en cuyo expediente principal ya fueron condenados en juicio oral a seis años de prisión por administración fraudulenta la detenida ex presidenta Cristina Kirchner y el empresario Lázaro Báez, entre otros.

“La decisión fue adoptada por mayoría por la Sala IV del tribunal, integrada por los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña con el voto disidente del juez Gustavo Hornos, quien reclamó que haya juicio oral para la acusada.”

Cuatro horas por semana en un hogar de ancianos

Costilla pidió el beneficio de la “probation” al Tribunal Oral Federal 2 que en principio lo negó, pero luego lo aceptó ante una orden de Casación para revisar esa decisión. Ante esto, la fiscalía presentó un nuevo recurso contra ese beneficio y para que la empresaria llegue a juicio, que ahora fue declarado inadmisible.

La probation se concedió por dos años, con la obligación de fijar residencia y de realizar cuatro horas semanales de tareas comunitarias en el hogar de ancianos “Pablo VI” de la localidad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, cercano a la casa de la acusada. La fiscalía se opuso por la gravedad de la maniobra vinculada a la corrupción pública. La Unidad de Información Financiera (UIF), parte querellante, también se había opuesto al beneficio.

En el voto mayoritario de Casación se concluyó que el Tribunal Oral analizó el pedido en base a la acusación, que permitiría una eventual pena de ejecución condicional, y que la empresaria carece de antecedentes penales. También hizo una oferta de dinero como “reparación del daño”.

En disidencia, el juez Hornos consideró que la acusada debía llegar a juicio por “la gravedad institucional de los hechos investigados, donde un esquema defraudatorio fue diseñado y ejecutado desde la primera línea del Estado Nacional, involucrando a quienes ocuparon los cargos democráticos más relevantes”.

Costilla llegó a la etapa de juicio procesada como supuesta partícipe necesaria del delito de defraudación por administración fraudulenta, cometido entre enero de 2007 y agosto de 2013, cuando intervino “en la ejecución y subsistencia de la matriz de corrupción, posibilitando desde su rol de Presidente de Kank y Costilla S.A. que se sustrajeran en forma periódica y constante fondos públicos mediante la maniobra de defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública vial", según la acusación fiscal.

La empresa que presidía fue comprada por el grupo Báez y ofertó en licitaciones en violación de la normativa vigente, incumplió plazos, obtuvo anticipos financieros sin cumplir los requisitos legales y recibió certificados por obra no realizada.

La suspensión del Juicio a Prueba es una causal de extinción de la acción penal (art. 76 del Código Penal) y permite evitar la realización del debate oral. Se aplica para aquellos delitos que tienen una pena de hasta 3 años de prisión, o que podrían ser de ejecución condicional.

La Cámara Federal porteña ordenó determinar con “extrema celeridad” cuáles de unas 200 cajas de seguridad ubicadas en la sede de la financiera Sur Finanzas, en Adrogué, tienen relación con la causa penal que se sigue a su titular Ariel Vallejo por supuestas maniobras con el “rulo financiero” y cuáles son de clientes ajenos al caso, para habilitar el acceso de estos últimos a sus pertenencias.

Por mayoría, los jueces del Tribunal de Apelaciones Roberto Boico y Martín Irurzun declararon la “nulidad” de una decisión de la jueza del caso, María Eugenia Capuchetti, quien mantuvo la consigna policial frente a esa sede central de la firma donde están las cajas de seguridad. La resolución abrió la puerta a que los ahorristas recuperen sus pertenencias, y se tomó ante un planteo de la defensa de Vallejo, el financista ligado al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Los jueces ordenaron compulsar cada contrato de depósito que Sur Finanzas celebró con particulares para las cajas de seguridad e identificar cuáles tienen relación con el objeto de la pesquisa. Mientras tanto y si se considera necesario, podrá mantenerse la consigna policial. El juez Eduardo Farah votó en disidencia, al entender que el criterio de la jueza era razonable frente a las circunstancias del caso.

Sur Finanzas y el rulo cambiario

La causa tiene su origen en una investigación iniciada en 2021 sobre maniobras de “rulo financiero” e involucra a una empresa que habría adquirido unos 15 millones de dólares a valor oficial mediante escrituras públicas falsificadas que simulaban compromisos inexistentes, para luego operar esas divisas en el mercado informal, donde el precio de la divisa duplicaba al de su adquisición. El financista Vallejo, a través de casas de cambio, habría tomado parte en varias de esas transacciones, lo que motivó el allanamiento de la sede de Sur Finanzas.

Tras ese procedimiento, realizado en diciembre de 2025, se implantó una consigna policial que impidió el acceso y egreso de personas al inmueble. La medida tuvo por objeto resguardar las cajas fuertes y de seguridad del lugar, en tanto podrían albergar documentos de interés para la instrucción o bienes vinculados al delito.

La defensa de Vallejo, a cargo del abogado Pablo Parera, solicitó el cese de esa restricción el 27 de marzo pasado, pero el juzgado sólo lo tuvo presente sin decidir al respecto, ante “medidas probatorias pendientes”.

Al resolver sobre la apelación, la Cámara Federal señaló ahora que la restricción de acceso a la sede de la empresa afecta “derechos concretos” y que su permanencia sin verificar el cumplimiento de las pruebas pendientes “produce un agravio de envergadura” que el tribunal no puede desatender. Además, advirtió que la restricción recae sobre clientes que contrataron cajas de seguridad con la firma ajenos a la pesquisa y tienen allí pertenencias a las que no pueden acceder.

En su voto disidente, Farah sostuvo que la jueza se encontraba en el proceso de distinguir entre las cajas vinculadas al presunto delito y aquellas pertenecientes a usuarios genuinos del servicio, tarea que incluía declaraciones testimoniales de clientes y un pedido de colaboración a la Gendarmería Nacional Argentina.

La defensa de Vallejo solicitó que se levante la consigna policial y se permita el acceso con el argumento de que “la obstaculización en el ingreso produce que los clientes no puedan acceder a las cajas de seguridad que poseen en el interior de la sucursal, lo cual genera un incumplimiento contractual”, y que “la interrupción que la firma viene soportando en su funcionamiento, a raíz de la perpetuidad de la medida, genera un deterioro constante -posiblemente irreversible—" en sus finanzas.

La sede de Sur Finanzas fue allanada más de una vez, en el marco de los expedientes por maniobras de “rulo financiero” y también por el escándalo que involucra a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y clubes que tienen vínculos comerciales con la financiera, una causa que está a cargo del juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella.

A 32 años del atentado a la AMIA, el acto central de homenaje estuvo marcado el viernes último por fuertes críticas al Poder Judicial. La conmemoración, encabezada por el presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina, Osvaldo Armoza, reunió a familiares de víctimas, referentes comunitarios y autoridades nacionales, entre ellos el presidente Javier Milei.

Durante la ceremonia, Armoza reclamó que la Cámara Federal de Casación Penal resuelva de manera urgente la validez del juicio en ausencia y se apuntó al proceso de digitalización de los archivos y documentación de inteligencia sobre el ataque terrorista que el 18 de julio de 1994 dejó 85 muertos y centenares de heridos en la sede de la mutual judía de Pasteur 633, en el barrio porteño de Once.

Juzgar en ausencia

El juicio en ausencia está previsto en la Ley 27.784 que permitiría sentar al banquillo a diez ciudadanos iraníes y miembros de Hezbollah acusados del ataque, sin su presencia en el país. La norma, sin embargo, fue impugnada por el Ministerio Público de la Defensa.

Se trata de Alí Fallhijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Ahmad Reza Asghari, Mohsen Rabbani, Salman Rauf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar. Sobre ellos pesan circulares rojas de Interpol y se enviaron reiterados exhortos diplomáticos que nunca tuvieron respuesta.

Entre los acusados, Akbar Velayati era Ministro de Relaciones Exteriores de Irán al momento del atentado, Mohsen Rezai estaba a cargo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria (“Pasdaran”), Vahidi tenía en aquella época a cargo la fuerza de elite “Al Quds” perteneciente a la Guardia Revolucionaria), Rabbani era el Consejero Cultural de la Embajada iraní en Argentina, Reza Asghari era tercer secretario de la representación diplomática iraní en Argentina y Soleimanpour ejercía como Embajador de la República Islámica de Irán en Buenos Aires.

Casación fijó audiencia el próximo 10 de septiembre para escuchar a las partes de manera previa a resolver. La última novedad se conoció en febrero pasado cuando el defensor oficial ante esa instancia, Enrique María Comellas, mantuvo el recurso de inconstitucionalidad contra la ley. Argumentó que esta norma vulnera garantías porque “impediría a los acusados solicitar un nuevo juicio si en el futuro decidieran presentarse o fueran detenidos.” Además, sostuvo que la implementación del juicio en ausencia podría afectar la investigación y limitar la exploración de otras hipótesis no suficientemente analizadas.

El tema está en debate desde mediados de 2025: el 26 de junio del año pasado, el juez federal Daniel Rafecas aceptó los pedidos de familiares y fiscalía y ordenó el juicio en ausencia contra diez acusados. Pero el defensor oficial Hernán Silva apeló. La Cámara Federal porteña confirmó esa decisión en octubre y se presentó el recurso que desde entonces está en Casación. La decisión quedó en manos de los jueces Diego Barroetaveña, Ángela Ledesma y Carlos Mahiques.

En el medio, la Cámara Federal facultó al juez Rafecas para avanzar con los pasos necesarios para concretar la elevación del caso a juicio, pese a la falta de resolución en el máximo tribunal penal federal del país. El magistrado ya había conformado un equipo especial en el juzgado federal 6 que tiene el caso y que subroga este año porque está vacante desde la jubilación de su titular, Rodolfo Canicoba Corral en julio de 2020. Desde entonces no tiene magistrado titular y tuvo sucesivos cambios de jueces suplentes en los últimos años. Es uno de los cuatro juzgados de primera instancia, de un total de doce, con titularidad vacante desde hace años en Comodoro Py 2002. Fue otro de los puntos reclamados el viernes.

Los archivos de la causa y el asbesto

Respecto a los archivos y la documentación vinculada al atentado, a la que también se aludió en el acto, el último informe semestral del Área de Análisis de la UFI AMIA —elaborado para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por una demanda de la agrupación de familiares de víctimas “Memoria Activa”— detalla que gran parte del acervo documental fue trasladado del Palacio Barolo al edificio 23 del Espacio para la Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA). El proceso incluyó la numeración, embalaje, acondicionamiento y custodia de los documentos, con controles de seguridad y participación de la Escribanía General de Gobierno, Policía Federal y Bomberos.

Uno de los principales desafíos fue la presencia de altas concentraciones de asbesto en sectores del subsuelo del Palacio Barolo donde por décadas se guardó la documentación de inteligencia, lo que obligó a realizar procedimientos de descontaminación. Tras la intervención, se realizaron muestreos enviados a laboratorios para certificar la ausencia de contaminantes, aunque aún resta testear unas 451 cajas potencialmente afectadas por exposición a asbesto degradado. El informe advierte que, si bien la mayoría de los documentos críticos ya fue mudado, parte del material contaminado o pendiente de acondicionamiento sigue en el Palacio Barolo y su traslado definitivo depende de los resultados de los análisis ambientales.

Ya se trasladaron al edificio de la ex ESMA los documentos de inteligencia desclasificados de la ex SIDE sobre las bases “Salta” y “EEUU” y gran parte del Fondo Dirección de Terrorismo. “A la fecha, se inventariaron un total de 475 cajas: 17 de ellas contienen documentación en formato papel y 458 contienen documentación en soporte magnético (54.272 casetes)”, consignó el informe elaborado en junio último.

El equipo mantuvo el inventariado y sistematización de los documentos, con avances en la digitalización de más de 12.000 fojas y la organización de miles de casetes, VHS y archivos audiovisuales. En paralelo, la UFI AMIA a cargo del fiscal Sebastián Basso reiteró pedidos a la AFI, ex Secretaría de Inteligencia (SIDE), para acceder a bases de datos y registros históricos.

Los archivos desclasificados

En el primer semestre de este año se entregaron además dos informes elaborados en base a documentos desclasificados de la ex Secretaría de Inteligencia, uno sobre el llamado “Caso Trío” que “reconstruyó y sistematizó la información obrante en la documentación desclasificada relativa a la operación desarrollada por la SIDE entre 1994 y 1998 en torno a tres ciudadanos iraníes vinculados a la empresa IMANCO S.A.” También se abordó el rol del denominado “Testigo A” y las vinculaciones establecidas entre éste, agentes de inteligencia y funcionarios judiciales: se dio cuenta de las referencias sobre un supuesto pago a este testigo y las diferencias entre distintas áreas de la ex SIDE sobre su credibilidad.

También se hizo un informe de las agendas de Carlos Telleldín, para la Justicia el último poseedor de la camioneta Trafic usada como coche bomba en el atentado: se puso énfasis en un número de teléfono de un integrante del círculo íntimo del acusado Rabbani. Hubo averiguaciones pero nada habría sido informado al juzgado en ese momento, advierte el informe publicado en Fiscales.gob.ar y firmado por Pablo Ouviña, a cargo del área de Área de Análisis de la documentación desclasificada en sucesivos decretos presidenciales.

Telleldín fue absuelto dos veces en sucesivos juicios orales por el atentado y ahora su situación está bajo revisión en la Corte Suprema, otro de los reclamos que se escucharon en el acto por el 32 aniversario. El actual abogado intenta en la actualidad frenar el decomiso sobre sus bienes que se ordenó para que devuelva al Estado los 400 mil dólares que cobró de manera ilegal en 1996 a cambio de involucrar a un grupo de policías bonaerenses como parte de la conexión local. Todos pasaron casi una década presos y fueron absueltos en un primer debate oral cuando salió a la luz que el entonces reducidor de autos cobró antes de involucrarlos.

La Cámara Federal de Casación convocó a una audiencia para el próximo 10 de septiembre, donde escuchará argumentos antes de resolver si confirma la validez del juicio en ausencia para diez ciudadanos iraníes y libaneses acusados por el atentado a la AMIA.

La decisión fue del juez Diego Barroetaveña, de la sala II del máximo tribunal penal federal del país, y se fijó el 10 de septiembre a las 10. Se trata de la apelación que presentó la defensa oficial contra el juicio en ausencia resuelto para los acusados Alí Fallhijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Ahmad Reza Asghari, Mohsen Rabbani, Salman Rauf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar.

Por otro lado, se sorteó al juez que intervendrá en la decisión en reemplazo del camarista Alejandro Slokar, excusado en el caso AMIA desde 2011. Quedó designado el juez Carlos Mahiques, quien resolverá junto a la jueza Angela Ledesma y Barroetaveña.

Las críticas de la AMIA

La fecha para la audiencia se fijó este viernes, el mismo día en que desde la AMIA se dirigieron duras críticas hacia la Justicia, durante el acto por el 32 aniversario del atentado del 18 de julio de 1994 que dejó 85 muertos y centenares de heridos en la sede de la mutual judía de Pasteur 633.

Por la mañana, el titular de la mutual judía, Osvaldo Armoza, reclamó que la Cámara Federal de Casación Penal resuelva de manera urgente la validez del juicio en ausencia, un mecanismo previsto por la Ley 27.784 que permitiría juzgar a los diez exfuncionarios iraníes y miembros de Hezbollah acusados del ataque y que nunca pudieron ser indagados.

En febrero pasado, el defensor oficial ante Casación Enrique María Comellas mantuvo el recurso de inconstitucionalidad contra la ley. Argumentó que la norma vulnera garantías porque “impediría a los acusados solicitar un nuevo juicio si en el futuro decidieran presentarse o fueran detenidos.” Además, sostuvo que la implementación del juicio en ausencia podría afectar la investigación y limitar la exploración de otras hipótesis no suficientemente analizadas.

El tema está en debate desde mediados de 2025: el 26 de junio del año pasado, el juez federal Daniel Rafecas aceptó los pedidos de familiares y fiscalía y ordenó el juicio en ausencia contra diez acusados. Pero la defensa oficial a cargo de Hernán Silva apeló. La Cámara Federal porteña confirmó en octubre la decisión del juez de primera instancia y entonces la defensa presentó el recurso que ahora está en Casación.

La Cámara Federal porteña ordenó el mes pasado al juez Rafecas avanzar con los pasos necesarios para concretar la elevación del caso a juicio, pese a la falta de resolución en el máximo tribunal penal federal del país. El magistrado ya había conformado un equipo especial en el juzgado federal 6 que tiene el caso y que él subroga este año porque está vacante desde la jubilación de su titular, Rodolfo Canicoba Corral.

La Cámara Nacional en lo Civil resolvió que la Corte Suprema de Justicia debería intervenir para revisar el fallo que avaló la mudanza de la sede social de la AFA a Pilar, en caso de que se conceda un recurso extraordinario que presentó el Gobierno contra esa decisión.

Los mismos jueces que el 18 de junio pasado zanjaron a favor de la AFA el conflicto por el cambio de sede social, declararon ahora inadmisible un recurso del Estado Nacional que buscaba que el tema fuera revisado por el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires.

El fallo que dio por cancelada la inscripción en el Registro Público a cargo de la Inspección General de Justicia y declaró la nulidad de la designación de veedores en la entidad madre del fútbol argentino “genera un grave precedente que debilita el poder de policía de todas las personas jurídicas en la República Argentina, instalando un sistema de competencia asimétrica entre agencias estatales y propiciando la impunidad fiscalizadora a través de la relocalización de domicilios de fantasía”, advirtió la apelación que reclama revocar esa decisión.

Un tema federal

La resolución de los jueces de la Sala D Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset, declaró inadmisible el recurso con que el Estado pretendía llevar el tema ante el TSJ. El tribunal consideró que la causa reviste naturaleza federal en razón de la persona involucrada —la AFA— y que, por ese motivo, escapa a la competencia local y es materia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Para arribar a esa conclusión, se apoyaron en un precedente del propio TSJ, que había sostenido que el Tribunal “nunca dijo que fuera superior tribunal respecto de todas las sentencias que dicten las Cámaras Nacionales”. Además, los camaristas citaron la cláusula transitoria del Anexo I de la Ley 27.802, sancionada el 27 de febrero de 2026, que reserva la competencia del TSJ para los recursos extraordinarios contra decisiones de la justicia nacional ordinaria, “salvo que corresponda la jurisdicción federal en razón de materia o la persona”, según la resolución a la que accedió Infobae.

Los jueces dispusieron dar traslado al recurso extraordinario, lo que abre la vía para que el expediente llegue a la Corte Suprema en caso de ser concedido.

La mudanza a Pilar

El fallo de fondo que el Gobierno intenta revertir se firmó el 18 de junio pasado y declaró la nulidad de la Resolución Particular 140/26 de la Inspección General de Justicia (IGJ) —que cuestionaba la inscripción de la entidad en la provincia de Buenos Aires— y también de la resolución del entonces ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques que había designado veedores en la AFA por 180 días hábiles. Los camaristas sostuvieron que, tras el cambio de domicilio aprobado por unanimidad en la Asamblea General del 17 de octubre de 2024, el control de legalidad sobre la entidad pasó a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense, y que “la IGJ carece de facultades revisoras respecto de las decisiones” de ese organismo provincial.

La mudanza de la histórica sede de la calle Viamonte, en la ciudad de Buenos Aires, a Mercedes 1366, en Pilar, se formalizó mediante un contrato de comodato firmado el 27 de septiembre de 2024 con la Municipalidad de Pilar, que cedió el inmueble a la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

Esa decisión fue apelada a principios de julio mediante un recurso extraordinario: la Cámara en lo Civil debe decidir si lo concede y en caso contrario, sólo quedará la queja directa ante el máximo tribunal del país.

Impunidad y domicilios de “fantasía”

En la apelación, se advirtió que “se genera un grave precedente que debilita el poder de policía de todas las personas jurídicas en la República Argentina, instalando un sistema de competencia asimétrica entre agencias estatales y propiciando la impunidad fiscalizadora a través de la relocalización de domicilios de fantasía”.

El fallo que dio la razón a la AFA y derivó el control a la provincia de Buenos Aires convalidó un “domicilio provincial por encima de la realidad fáctica constatada por los inspectores del Estado (la inexistencia de oficinas reales de administración de la AFA en Pilar, al momento de la fiscalización)”, sostuvo además el recurso.

“Permitir que las grandes corporaciones y asociaciones de alcance nacional modifiquen unilateralmente su jurisdicción registral para eludir investigaciones o sumarios de fiscalización en curso abre una zona de exclusión de control estatal”, agregó el escrito firmado por el procurador del Tesoro Sebastián Amerio, el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia Nicolás Olivari y Susana Alvarez por la IGJ.

La disputa civil sobre la sede social se desarrolla en paralelo a investigaciones penales que involucran a dirigentes de la AFA. La Cámara Federal de Casación Penal convocó para el 12 de agosto a una audiencia para definir una vez más qué juez debe investigar la compra de una mansión en Pilar valuada en 17 millones de dólares y que se adjudica a testaferros de dirigentes de la entidad. Tapia, a su vez, está procesado junto al tesorero de la entidad Pablo Toviggino por retención indebida de aportes.

La Cámara Nacional de Casación revocó este viernes el sobreseimiento del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, imputado por supuesto abuso sexual y ordenó que se realice “a la mayor brevedad” el juicio oral por la denuncia de Melody Rakauskas, reinstalada como querellante en la causa.

El máximo tribunal penal nacional sostuvo que fue “arbitraria” la decisión de apartar a Rakauskas del proceso por carecer temporalmente de abogado, según la sentencia a la que accedió Infobae.

La denuncia se remonta al 10 de mayo de 2021. Rakauskas, quien se desempeñaba como secretaria privada de Espinoza desde fines de abril de ese año, acusó al jefe comunal de haberse presentado en su departamento con una excusa laboral e intentar abusar sexualmente de ella. El intendente siempre negó los hechos.

La decisión de Casación

La decisión por mayoría de la Sala 3 de Casación con los votos de los jueces Alberto Huarte Petite y Horacio Días revirtió una resolución del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 16 que, en febrero pasado, separó a Rakauskas de su rol de querellante y sobreseyó a Espinoza por “falta de acción”.

“La inconducta procesal de la víctima en esa época (reticente en términos generales) puede explicarse por su situación de indigencia letrada, que la colocaba en una posición de vulnerabilidad”, sostuvo el camarista Días.

La denunciante fue apartada como querella en la etapa de juicio oral porque no designó un nuevo abogado tras la renuncia de su letrado, ocurrida el 17 de diciembre de 2025. El tribunal la intimó a hacerlo en un plazo de 72 horas, en plena semana previa a las fiestas de fin de año y con la feria judicial de enero a días de comenzar, remarcó ahora Casación.

El camarista Huarte Petite concluyó que “la conducta desplegada por la querellante revela una intención de mantener su participación en las actuaciones y de continuar ejerciendo los derechos inherentes a su calidad de parte”.

“Por ello, la conclusión alcanzada por el tribunal en torno a una presunta falta de interés en la prosecución de la acción penal no aparece suficientemente respaldada por las constancias objetivas incorporadas al expediente ni por la normativa legal aplicable”, agregó.

El juez Pablo Jantus votó en disidencia por el rechazo del recurso y la confirmación del sobreseimiento para Espinoza. El magistrado cuestionó la figura del querellante exclusivo —aquella en que la acusación privada actúa sin el Ministerio Público Fiscal— y consideró que el apartamiento de Rakauskas no fue “antojadizo, intempestivo e inmotivado”, sino el resultado de “diversas diligencias llevadas a cabo por la directora del proceso penal que la querellante resistió activamente”.

El 11 de febrero de 2025, la fiscal de instrucción Mónica Cuñarro se pronunció por el sobreseimiento por falta de pruebas para Espinoza y la causa quedó desde entonces “con la actuación en solitario de la acusación privada”, como se recordó en la resolución judicial.

A fines de 2025 el abogado de la denunciante renunció y el Tribunal que debe llevar adelante el juicio la convocó en reiteradas ocasiones para que designara nuevo patrocinio, necesario para el rol de querellante. Incluso, se le informó las maneras de obtenerlo de manera gratuita por su calidad de presunta víctima. Ante la falta de respuesta, la separaron del rol de querella y como era la única parte acusadora, se sobreseyó a Espinoza por “falta de acción”.

Rakauskas designó luego nuevo abogado, Ignacio Barrios y recurrió a Casación: se realizó una audiencia el último jueves a la cual ella concurrió en persona y ahora se tomó la decisión de reponerla en su rol y seguir adelante con el futuro juicio oral.

La Cámara Federal porteña rechazó el pedido de un abogado canadiense procesado en la causa por lavado de USD 100 millones vinculados al fallecido secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, para dejar de ir cada 45 días al Consulado argentino en Miami como condición para seguir en libertad.

Se trata de Peter Michael Karam. El letrado vive en Turks and Caicos y cada 45 días viaja a la ciudad estadounidense para dar el presente en el Consulado por decisión de la Justicia argentina cuando le concedió la exención de prisión. Su defensa reclamó que esa obligación pase a ser cada 90 días por razones laborales y de residencia.

El planteo fue rechazado por el juzgado federal 11, decisión ratificada ahora por la Cámara, por lo cual el abogado deberá seguir presentándose cada 45 días en el Consulado.

Riesgos procesales y juicio oral

Según la resolución de los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, la defensa de Karam había solicitado reducir la frecuencia de las presentaciones a 90 días por razones laborales y de residencia. Los abogados destacaron el comportamiento procesal de su defendido, quien no registró incumplimientos ni intentos de eludir el proceso.

El tribunal sostuvo que las circunstancias personales del acusado ya fueron consideradas al fijar el régimen vigente y que los riesgos procesales que motivaron la medida se mantienen. La Cámara también señaló que el avance de la causa y la reciente elevación a juicio oral justifican la necesidad de mantener el control judicial sobre Karam.

“Las condiciones laborales y de traslado del imputado ya habían sido ponderadas al fijarse la periodicidad vigente. Asimismo, se registraron avances en el proceso y los riesgos procesales no han desaparecido”, indicó la resolución. El tribunal dejó abierta la posibilidad de revisar la situación en la etapa de debate oral.

La causa investiga operaciones de lavado de activos vinculadas a la estructura financiera de Daniel Muñoz, el secretario privado del fallecido ex presidente Néstor Kirchner. Karam enfrenta cargos por su presunta participación en el entramado internacional de blanqueo de fondos de origen ilícito.

Karam está procesado por supuesto “lavado de activos agravado” por supuestas maniobras con la compra de cuatro lotes de playa en un resort en construcción en las Islas, con dinero de la venta de propiedades atribuídas al entorno de Muñoz en Miami y Nueva York.

El futuro juicio

La causa fue enviada a juicio en junio pasado y se sentarán en el banquillo de los acusados 33 presuntos integrantes de la asociación ilícita que habría participado de las maniobras de lavado de dinero que enriquecieron al fallecido Muñoz entre 2003 y 2015, cuando recaudó dinero ilegal como parte del entramado de corrupción en el kirchnerismo, según la acusación.

Ese dinero se invirtió en sociedades, inmuebles, vehículos y cuentas dentro y fuera de la Argentina para aparentar un origen lícito, sostiene la imputación y se calcula que “el flujo de dinero que circuló dentro de dicha organización ilícita ascendió a una suma aproximada de USD 100.000.000”.

Además del abogado canadiense fueron a juicio la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, Víctor Manzanares, Carlos Cortez, Leonardo Llaneza, Rubén Llaneza, el abogado Miguel Plo y su hija María Jesús Plo, entre otros.

La Cámara Federal porteña revisará la decisión de apartar a los querellantes del caso $LIBRA tomada por el juez de la causa, Marcelo Martínez De Giorgi, y ya fijó fecha para que los afectados amplíen sus fundamentos, en principio por escrito o de manera oral si lo solicitan.

La decisión será de la sala I del Tribunal de Apelaciones integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi y se fijó el 10 de agosto como fecha para presentar los argumentos por parte de los querellantes desplazados, según supo Infobae en fuentes judiciales.

Esa sala del tribunal intermedio de apelación de Comodoro Py está a punto de tener cambios en su composición porque el presidente Javier Milei mandó al Senado los pliegos para designar al juez en lo penal económico Pablo Yaradola y al mismo Bertuzzi en dos vocalías vacantes. Esos puestos fueron cubiertos durante el macrismo con los traslados de Bruglia y Bertuzzi desde tribunales orales federales.

Pero, según estimaron fuentes judiciales, de concretarse el cambio el proceso demandará varias semanas, con lo cual la Cámara podría llegar a resolver el conflicto por la continuidad o no de los inversores como querellas en la causa $LIBRA con su actual composición.

Querellas apartadas

El juez Martínez De Giorgi concedió las apelaciones luego de apartar a cinco querellas de la causa por el fallido lanzamiento de la criptomoneda, al hacer lugar a un planteo del lobista acusado Mauricio Novelli, porque concluyó que no sufrieron un “perjuicio directo” en lo ocurrido ni tampoco acreditaron la titularidad de los tokens.

El magistrado hizo lugar a una “excepción de falta de acción” que presentó la defensa de Novelli y apartó como querellantes a Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo.

La controversia se originó a partir de esa presentación de Novelli, empresario cripto, lobista con llegada a Javier y Karina Milei y uno de los principales investigados en la causa.

Al apartar a las querellas, el juez argumentó que fallido lanzamiento de $LIBRA ocurrió “en el marco de operaciones vinculadas a una ‘memecoin’, es decir, a un ‘activo digital’ inserto en un ámbito caracterizado por una regulación limitada, una elevada volatilidad y una valoración que depende esencialmente de las condiciones del mercado y de la percepción que los propios participantes le asignan”. Ello supone que quienes invirtieron asumieron “riesgos inherentes”, agregó.

Frente a este escenario, los afectados apelaron para revertir la medida. Marchetto, Vega, Paris y Quintero están representados por el equipo legal del diputado nacional Juan Grabois, a cargo del abogado Nicolás Rechanik. El inversor Martín Romeo, en tanto, presentó su propio recurso a través de su letrado, Nicolás Oszust.

“Existió un acceso privilegiado a información reservada sobre el lanzamiento del token, lo que permitió a un grupo de billeteras virtuales realizar transacciones millonarias segundos antes de la difusión pública del proyecto.”, argumentaron.

El primer grupo sostuvo que su legitimación como querellante ya había sido reconocida previamente por la justicia —incluso, con un fallo de la Corte Suprema— y que la decisión de apartarlo prejuzga sobre el fondo del delito de estafa.

Según su presentación, las pruebas reunidas en la causa $LIBRA, que incluyen peritajes oficiales e informes de organismos especializados en cibercrimen, documentan una maniobra coordinada que excede por completo la fluctuación normal de un activo financiero.

Los inversores representados por Rechanik expusieron que existió un acceso privilegiado a información reservada sobre el lanzamiento del token, lo que permitió a un grupo de billeteras virtuales realizar transacciones millonarias segundos antes de la difusión pública del proyecto, a través de la cuenta de X del presidente Javier Milei.

En la causa se investiga si el creador de $LIBRA, el estadounidense Hayden Davis, logró acercarse a Milei a través de Novelli y otros imputados -entre ellos su socio Manuel Terrones Godoy- y ello derivó en la difusión del proyecto por parte del Presidente. La sospecha gira en torno a un multimillonario pago hecho por Davis.

Para el juez “la realización de una reunión en la que se habría acordado el lanzamiento de una memecoin, por cuya adquisición se pudieron haber producido pérdidas, y/o el presunto pago de sobornos en ese contexto, no configura la afectación directa a la que alude la norma” en lo referido a los inversores ahora desplazados como querellantes.

Ese rol permitía el acceso al expediente, pedir medidas de prueba y eventualmente participar en un futuro juicio oral. En la actualidad la investigación está delegada en la fiscalía federal de Eduardo Taiano.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó el congelamiento de 25 cuentas de criptoactivos vinculadas a la investigación por el caso $LIBRA y exigió a seis exchanges internacionales que revelen la identidad de sus titulares y entreguen el historial completo de movimientos. La resolución se dictó a pedido del fiscal Eduardo Taiano y se sustentó en un informe técnico del Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA).

Las medidas alcanzan a billeteras radicadas en Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex: diez direcciones en la primera plataforma, ocho en Bybit, dos en OKX, dos en CoinEx, una en FixedFloat y dos en Bitfinex. El magistrado ordenó además que cada exchange entregue el legajo completo de sus clientes bajo el estándar KYC (Know Your Customer), que incluye documentación de apertura de cuenta, memorandos internos, registros de conexiones IP, interacciones dentro de la plataforma, datos de cuentas bancarias vinculadas y el historial íntegro de transacciones asociadas a las direcciones señaladas. Los oficios serán diligenciados por el Departamento Técnico del Cibercrimen de la PFA.

La medida se dispuso ante “la ausencia de un ente rector en materia de criptomonedas” y para “evitar un perjuicio de imposible reparación ulterior”, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Además se la consideró “indispensable” para “prevenir manejos, transferencias o disposiciones de bienes que podrían constituir el producto o provecho del delito que se investiga, asegurar un eventual recupero de activos y evitar que se sigan cometiendo delitos durante el transcurso de la tramitación del sumario”.

El caso $LIBRA tiene como punto de partida el posteo en su cuenta en la red social X por parte del presidente Javier Milei el 14 de febrero de 2025, en la que promocionó el token.

Qué reveló el informe

La solicitud de la fiscalía, que tiene delegada la investigación, se apoyó en un informe que reconstruyó el flujo de fondos mediante la técnica de backward tracing —trazabilidad a la inversa— y análisis OSINT. Según ese trabajo, los fondos investigados partieron de un conjunto de billeteras denominadas “Team Libra Wallets”, desde las cuales se movilizaron millones de tokens hacia el protocolo descentralizado de liquidez Meteoro Libra entre el 14 y el 15 de febrero de 2025. Esos saldos confluyeron luego en una wallet intermediaria común que fue identificada.

Desde esa billetera se transfirieron fondos, el 25 de noviembre de 2025, hacia otra dirección catalogada por la plataforma de análisis forense Arkham como “Solana First Funder: Libra – Squads Vault – Milei CATA”.

El 10 de mayo de 2026, según el informe policial, se inició una salida masiva de fondos a través de un protocolo de interoperabilidad: 498.539,85 USDT llegaron a una billetera en la red Tron, luego de que el equivalente en USDC fuera depositado en Solana. La operación se ejecutó en apenas 16 segundos mediante un esquema de solvers —entidades automatizadas con liquidez en ambas redes— sin intervención de una casa de cambio tradicional.

Una vez radicados los fondos en la red Tron, el flujo ingresó a la cuenta de concentración. Desde allí, según el informe de Cibercrimen, se desplegó una estrategia de pitufeo digital o smurfing: la distribución diaria de montos fragmentados hacia múltiples billeteras con el fin de dificultar su rastreo. La investigación también identificó diecisiete “puentes” de criptoactivos USDC o USDT de la red Solana hacia la red Tron, todos depositados en una billetera.

Milei y el posteo

El caso $LIBRA tiene como punto de partida una publicación del presidente Javier Milei en su cuenta de X (@JMilei) el 14 de febrero de 2025, en la que promocionó el token. El precio del activo escaló desde U$S 0,01 hasta cerca de U$S 5 en pocas horas, para luego desplomarse tras operaciones de venta atribuidas a los creadores del token y a actores con acceso a información privilegiada. Más de 40.000 personas habrían sufrido pérdidas, y el retiro de fondos habría alcanzado aproximadamente 100 millones de dólares, según la denuncia.

Las empresas extranjeras Kip Network, representada por Julian Peh, y Kelsier Ventures, del estadounidense Hayden Davis, están señaladas como partícipes en la creación y el lanzamiento del token. La semana pasada el juez apartó a querellantes que se habían presentado como inversores damnificados, en una decisión que fue apelada ante la sala I de la Cámara Federal porteña.

En la investigación están imputados el lobista Mauricio Novelli, su socio Manuel Terrones Godoy y Davis.

Un tribunal condenó este lunes a penas de hasta siete años de prisión a empresarios y agentes aduaneros por un esquema de contrabando de ropa valuado en más de 4,5 millones de dólares, ejecutado mediante documentación falsa entre agosto de 2015 y enero de 2016. El veredicto del Tribunal en lo Penal Económico 3 se conoció al término de un juicio oral y las penas de prisión comenzarán a cumplirse si quedan firmes en las instancias de apelación.

La decisión fue de los jueces del tribunal Jorge Zabala, Karina Perilli y Fernando Machado Pelloni al término de un debate oral donde la acusación estuvo a cargo del fiscal general Gabriel Pérez Barberá y la querella de ARCA-Dirección General de Aduana.

Los condenados fueron encontrados responsables de contrabando agravado por la intervención de más de tres personas, de un funcionario del servicio aduanero, por la presentación de documentos adulterados y por el valor de la mercadería.

Las condenas se dictaron, entre otros, contra Jorge Fano, presidente de TT Cargo S.A., y Walter Moglianesi, señalados como organizadores principales. Ambos recibieron siete años de prisión y la pérdida de concesiones comerciales y beneficios aduaneros.

La sentencia incluyó la cancelación de la personería jurídica de TT Cargo S.A. y la prohibición de operar en el Registro Público de Comercio. En la misma línea, se condenó a Miguel Ángel Elnen, titular de Cuiper S.A., a siete años de prisión y la disolución de esa firma.

Para Moglianesi la fiscalía había pedido en su alegato final 8 años y 6 meses de prisión como presunto coautor de los 31 hechos consumados y del hecho tentado como uno de los supuestos máximos organizadores de la maniobra y destacó “la persistencia”, “la complejidad” y “el desprecio absoluto a su rol como auxiliar del servicio aduanero”.

La maniobra

La investigación determinó que los condenados importaron mercadería textil desde China simulando transportar carbonato de calcio para eludir controles y tributar aranceles mínimos. Según la fiscalía, la maniobra involucró la confección de declaraciones juradas falsas y la manipulación de la documentación aduanera, lo que permitió ingresar cantidades millonarias de ropa sin abonar los tributos. El esquema identificó 31 hechos consumados y uno en tentativa, en el que se interceptaron más de 80 mil prendas valuadas en 600 mil dólares con un arancel declarado de solo 3 mil.

En su alegato previo al veredicto, el fiscal general Pérez Barberá reclamó penas de hasta siete años de cárcel y la imposición de inhabilitaciones y decomisos. Además pidió que tras las condenas el tribunal “efectúe un seguimiento estricto respecto de la actuación de la Aduana en la ejecución de las multas y demás sanciones aduaneras”.

Entre los ahora condenados figuran también Eduardo Joaquín Urraco, apoderado de TT Cargo S.A., con seis años de prisión; José María Zaragoza, considerado coautor, con siete años; y sus hijas, María Gimena Zaragoza y María José Zaragoza, quienes recibieron tres años de prisión en suspenso como partícipes secundarias. Además, se sentenció a funcionarios aduaneros: Alejandra Delgado recibió cuatro años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Otros empleados aduaneros y operadores logísticos recibieron penas de entre cinco y seis años.

El tribunal ordenó el decomiso de la mercadería incautada y el retiro de concesiones. También dispuso la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer funciones en la administración pública y en fuerzas de seguridad, así como la imposibilidad de desarrollar actividades comerciales por plazos de entre uno y catorce años, según el caso.

Según la acusación, la estructura delictiva funcionó mediante un doble circuito documental y contó con la colaboración de personal de la Aduana para liberar mercadería pese a inconsistencias y alertas previas.

El exdirector de ARSAT, Facundo Leal, presentó un escrito en el que negó las acusaciones en su contra y no respondió preguntas, al ser indagado este lunes por presuntos hechos de corrupción en contrataciones en la empresa estatal de soluciones satelitales.

El ex funcionario que presidió la empresa durante los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei remarcó en el descargo que no participó de la licitación que se investiga porque por ese entonces no tenía cargo alguno -es planta permanente de la empresa- y además, sostuvo que la causa aún tiene medidas de prueba pendientes, explicaron a Infobae fuentes del caso. Leal estuvo al frente de ARSAT hasta 2025 cuando pasó al ORSNA, el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, pero renunció en febrero de 2026.

El ex funcionario está detenido porque al allanarse su departamento en esta causa penal se le encontró droga y se abrió otro expediente donde se lo procesó con prisión preventiva por presunta tenencia de estupefacientes para la comercialización. Al respecto, la defensa reclamó la prisión domiciliaria en un planteo que aún debe ser resuelto.

En el allanamiento a su vivienda en Palermo se encontraron US$650.000 en efectivo, ketamina, drogas sintéticas y cocaína. Además, en otra propiedad ubicada en Mendoza se le secuestraron US$1,7 millones. Sobre el hallazgo del dinero no pronunció palabra durante la indagatoria y tiene abierta una causa paralela por supuesto enriquecimiento ilícito.

El acusado fue trasladado a primera hora de la mañana desde la cárcel hasta el juzgado de San Isidro. Llegó a las 8.45, descendió de una camioneta del Servicio Penitenciario Federal y fue ingresado por una puerta lateral al tribunal en General Paz al 500, de ese partido del norte bonaerense. El trámite comenzó poco después de las 1030, solo dio sus datos personales y escuchó la lectura de la imputación en su contra. Luego se negó a responder preguntas y entregó el escrito. Todo duró unas horas pero luego tuvo que esperar en la alcaidía del juzgado para regresar al penal porque se lo trasladó junto a otros presos que tenían citas judiciales en la jornada.

La indagatoria fue ordenada por el juez federal Lino Mirabelli, quien hizo lugar a la solicitud del fiscal Fernando Domínguez. También fue indagado Gerardo Boschin, quien se desempeñó como subgerente de compras de ARSAT y en mayo de 2025 fue designado presidente de Trenes Argentinos Operaciones, cargo al que renunció meses más tarde.

Boschin llegó a los tribunales más de una hora antes del horario de la citación, a las 12, e ingresó sin hacer declaraciones. Poco después arribó el abogado de ambos acusados Marcelo Rochetti. En su caso también entregó un escrito y se negó a responder preguntas.

El origen de la causa

El caso comenzó a investigarse a raíz de un robo detectado el 4 de enero de 2024 en un predio de la localidad bonaerense de San Fernando, donde se guardaban materiales tecnológicos de alta complejidad pertenecientes a la firma pública. A partir de ese hecho, los investigadores descubrieron una serie de irregularidades en las contrataciones de los servicios de almacenamiento y logística.

La pesquisa judicial se centró en el vínculo comercial entre ARSAT y la compañía privada Argentina Logistic Services (ALS). Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, existió un acuerdo ilegal entre directivos estatales y empresarios para direccionar la adjudicación de los contratos de custodia y traslado de bienes estratégicos.

La fiscalía detectó que la aprobación de estos convenios se realizó sin la intervención del Directorio de ARSAT y careció de dictámenes técnicos que respaldaran la elección de la contratista. Además, se constató que la firma beneficiada no contaba con las medidas de seguridad mínimas para resguardar los equipos, lo que facilitó la sustracción y el deterioro de materiales valuados en 151.000 dólares.

Por estas prestaciones bajo sospecha, se emitieron al menos 14 órdenes de compra por un monto total que superó los 1,9 millones de dólares y los 40 millones de pesos. Los investigadores analizaron las comunicaciones telefónicas de los imputados y hallaron conversaciones que dieron cuenta de una supuesta planificación coordinada para beneficiar a la empresa privada, anulando la competencia real con otras compañías del sector.

Junto a Leal, la Justicia citó a declarar a otros exmiembros de la cúpula de ARSAT: Boschin, Pablo Gastón Pagani, Juan Navarro y Juan Álvarez. Todos están citados a indagatoria durante esta semana.

Como parte del proceso, el juez Mirabelli dictó diversas medidas cautelares. Entre ellas, ordenó la prohibición de salida del país para todos los involucrados, dispuso el embargo preventivo de sus bienes y decretó el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil con el fin de reconstruir la trazabilidad de sus patrimonios.

Leal llegó a la indagatoria preso. El exdirectivo fue arrestado luego de un allanamiento en su departamento del barrio porteño de Palermo, donde la Policía Federal Argentina incautó estupefacientes, entre ellos ketamina, cocaína y pastillas de MDMA.

Por este hallazgo, el juez Mirabelli lo procesó con prisión preventiva bajo el cargo de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Luego la causa pasó a los tribunales federales de Comodoro Py, y ahora tramita en el Juzgado Federal 6 que subroga Daniel Rafecas.

Durante los procedimientos en las propiedades de Leal, ubicadas en Buenos Aires y Mendoza, las fuerzas de seguridad secuestraron también un total de 2,4 millones de dólares en efectivo. La Justicia busca determinar si ese dinero proviene del cobro de dádivas.

Además se incautaron 19 dispositivos de inteligencia y espionaje, tales como micrófonos ocultos en anteojos y lapiceras. No obstante, un peritaje tecnológico realizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) concluyó que estos equipos no fueron utilizados para realizar tareas ilegales.

Caminaba a su casa después de trabajar cuando un grupo de efectivos de la Gendarmería Nacional la detuvo en la calle y le pidió que los acompañara como testigo a un procedimiento. La mujer, ciudadana boliviana residente en el barrio Padre Mujica de Retiro, aceptó sin saber -dijo a la Justicia- adónde iba ni para qué. Subió a una camioneta junto a otro testigo y fue trasladada hasta un edificio de la calle Ortega y Gasset al 1600, en el barrio porteño de Las Cañitas. Resultó ser el primer procedimiento al departamento de Jesica Cirio, ordenado de manera casi inmediata tras la difusión de los videos con miles de dólares escondidos en un vestidor que se cree se filmaron en ese lugar o en la mansión en San Vicente que compartió durante su matrimonio con el ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde.

Los dólares del vestidor en TikTok

Lo que la testigo vio esa noche en el piso 18 la dejó sin palabras porque, según le dijo el 3 de julio pasado al juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, era exactamente el mismo lugar que había visto antes en los videos, en su celular, en publicaciones en TikTok y otras redes sociales. Sus dichos fueron los que desencadenaron una nueva inspección ocular tres días más tarde, cuyos resultados esperan los investigadores.

En su declaración judicial posterior al primer allanamiento semanas atrás, la testigo mencionó el vestidor que se viralizó en redes sociales con fajos de dólares, relojes de lujo y objetos de alto valor. Contó que cuando los efectivos tocaron el timbre en el piso 18, nadie atendió. Derribaron la puerta. Al ingresar, le informaron que se trataba del domicilio de Cirio y que el allanamiento estaba dirigido “hacia ella y el señor Martín Insaurralde”, según el acta de su declaración a la que tuvo acceso Infobae.

A partir de ahí, los hallazgos se fueron acumulando enumeró: primero aparecieron cargadores de armas y municiones, luego tres cajas fuertes. En el interior de una había dos armas de fuego y dos envoltorios que aparentaban contener estupefacientes, sometidos a un test frente a ella. También se secuestraron monedas de oro y plata, aproximadamente 13.500 dólares en efectivo, billetes de distintas monedas extranjeras, joyas, anillos, aros y relojes de alta gama. “Luego de googlearlos, eran muy caros”, recordó la mujer. El oro fue pesado: cerca de 136 gramos, dijo en esa declaración.

Pero el momento que más la impactó, refirió, fue cuando los efectivos se adentraron en el vestidor. “Preguntada para que diga cómo era ese vestidor, dijo ‘es el que está en el video que se hizo viral’, para ella ser partícipe de ello fue impresionante porque estaba en el vestidor que había visto previamente en las redes”, se dejó constancia en el acta del trámite judicial. Lo reconoció de inmediato y se lo dijo espontáneamente a los efectivos de Gendarmería. Ellos no respondieron, declaró.

Ante una pregunta del defensor Claudio Caffarelo, que representa a Cirio, lo ratificó: “Afirma que resulta ser el mismo vestidor porque es igual al que vio por las redes, el largo, el lugar donde estaban las viseras”, también “los colgadores. Quien sea que vaya se va a dar cuenta que es el mismo lugar”, aseguró. Los herrajes, agregó, también coincidían, consta en su declaración. El abogado insistió en preguntarle si el video lo había visto en TikTok o en medios de comunicación. Ella confirmó que en ambos.

San Vicente o Las Cañitas

Hasta ese momento, la hipótesis principal apuntaba al vestidor de la mansión de San Vicente donde Cirio convivió con Insaurralde durante su matrimonio. Al respecto, dos policías federales que participaron de un allanamiento a esa propiedad, en octubre de 2023, declararon que el vestidor que encontraron era amplio y con vidrios esmerilados, mientras que el del video es angosto y sin ventanas. A esto se sumó el martes último el testimonio de una ex niñera de la familia, quien aseguró que nunca la dejaron subir al primer piso de la mansión de San Vicente, donde está el vestidor, y por eso no pudo identificarlo.

Peritos de Gendarmería extrajeron ya la información del celular que Cirio entregó a la Justicia, en busca de los archivos originales de las filmaciones. Además, Armella rechazó un planteo de las defensas que pidieron excluir como prueba esos videos.

En la causa se investiga al ex intendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense Insaurralde por supuesto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Está imputada Cirio y también Sofía Clerici, la modelo que se filmó con él cuando aún era funcionario a bordo de un lujoso yate Bandido en Marbella, imágenes que se difundieron y fueron el detonante del escándalo mediático, político y judicial.

Para la próxima semana el juzgado espera el resultado de una pericia sobre el patrimonio de Insaurralde que sería definitoria a la hora de resolver los próximos pasos a seguir luego de haber rechazado un pedido del fiscal Sergio Mola para detener a Insaurralde, Cirio y otros acusados. El juez sí les prohibió a todos salir del país.

Para la Justicia, Viviana Fein no fue la única responsable de lo ocurrido la noche/madrugada del fin de semana del 18 de enero de 2015, cuando se encontró al fiscal Alberto Nisman muerto con un balazo en la cabeza, en el baño de su departamento de las torres Le Parc en Puerto Madero. Así al menos lo dejó consignado la Cámara Federal porteña en la resolución donde confirmó esta semana el procesamiento de la ex fiscal, ahora jubilada, por el descontrol en la escena del hecho.

Fein quedó cerca de ser enviada a juicio oral pero los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah advirtieron que “otras personas con similar responsabilidad institucional” estuvieron en el departamento en esos momentos donde “aun resultaba prioritaria la preservación” de la prueba, pese a lo cual, y con la excusa de la “trascendencia institucional” de lo ocurrido, recorrieron los distintos ambientes e interfirieron en la tarea de los forenses. En esa sintonía reclamaron que se avance con celeridad en esta línea de la investigación.

Quiénes son y qué hicieron

Este grupo de personas habría actuado “sin ningún tipo de precaución ni función alguna vinculada al levantamiento de rastros” o cualquier otra tarea, ese fin de semana. Los camaristas se refirieron a ex funcionarios ya imputados por la fiscalía pero sobre quienes “pese al tiempo transcurrido” y los descargos espontáneos que presentaron, no se tomó todavía ninguna decisión.

“Se impone imprimir celeridad al trámite de esta ya dilatada causa llevando adelante las diligencias que resten para arribar a una definición de sus situaciones procesales en este proceso”, sostuvo en su voto el camarista Irurzun.

En el mismo sentido, el camarista Farah afirmó que “es indudable que otros funcionarios públicos, presentes en el lugar, actuaron a contramano de sus obligaciones funcionales, no sólo por la advertida demora a la hora de comunicar el hallazgo a las autoridades judiciales, sino también posteriormente interfiriendo de modo evidente en la actividad forense que debía llevarse a cabo”.

“Si bien no desconozco la complejidad que conlleva la dilucidación de hechos de esta naturaleza, resulta imprescindible que se avance sin más dilaciones a fin de deslindar las responsabilidades apuntadas, extendiendo también el impulso instructorio hacia los restantes expedientes que tramitan conexos al presente”, avanzó aún más el juez del Tribunal de Apelaciones.

Se trata en concreto de Luis Heiler y Román Di Santo (máximas autoridades de la Prefectura y de la Policía Federal, respectivamente al momento del hecho), el secretario de Seguridad del gobierno de Cristina Kirchner, Sergio Berni, y Darío Ruiz, Secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislativos de esa cartera. También del entonces juez interino del juzgado Nacional en lo Criminal 45 Manuel De Campos.

Di Santo, Heiler, Ruiz, Berni y De Campos presentaron descargos espontáneos donde negaron su responsabilidad en los hechos, pero desde entonces no se tomó ninguna decisión sobre sus personas. Además en la investigación se ordenó el cruce de llamadas telefónicas del entonces jefe del Ejército, César Milani.

La Justicia considera probado que Nisman fue víctima de un asesinato vinculado a sus funciones. La pesquisa está a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano, a quien el juez del caso Julián Ercolini delegó la investigación.

De manera paralela se tramita la investigación por las irregularidades en la preservación de la escena del hecho en la que ahora se procesó a Fein. Además, hay una causa conexa vinculada a los “sucesos anteriores” a la muerte de Nisman para determinar “la existencia de un posible plan delictivo diseñado por entonces funcionarios del Gobierno Nacional durante el año 2015, en relación con el fallecimiento del Fiscal General Natalio Alberto Nisman, así como también un supuesta zona liberada en el completo Le Parc Puerto Madero, con el objeto de perpetrar el homicidio del Dr. Nisman”, según recordó la Cámara.

En su lugar llegó otro Juan Carlos Santos, convocado por WhatsApp y que, según dijo, no fue informado del motivo de la citación cuando preguntó y por eso se presentó en Comodoro Py 2002 en la mañana del martes último, para sentarse a declarar. Incluso como parte del “blooper” contó que estaba de viaje en el exterior y regresó especialmente.

El Juan Carlos Santos que esperaban interrogar en el caso Cuadernos nunca recibió una convocatoria oficial para apersonarse ante el Tribunal Oral Federal 7 y por eso no se presentó, pese a que su nombre figuraba en el listado de testigos y de hecho, como sucede al final de cada audiencia, se anticipó el jueves pasado quienes serían llamados para la siguiente jornada.

Quién es el “verdadero” Santos

Se trata del exsubdirector de Grandes Contribuyentes Nacionales, durante la gestión de Alberto Abad en la AFIP. El verdadero testigo ya conoce los pasillos de los tribunales de Retiro: en pandemia se presentó a declarar en persona en el caso Oil Combustibles. Por ese entonces el juicio se había retomado con un sistema mediante el cual se declaraba frente a los jueces y las restantes partes participaban remoto, vía Zoom. Santos llegó a una sala de la planta baja del edificio para hablar ante el Tribunal Oral Federal 3 y respondió preguntas de todas las partes en ese debate oral.

Ahora el Tribunal del caso Cuadernos volverá a poner fecha a su cita, le enviará la notificación correspondiente y se dará por superado el malentendido.

El homónimo

El homónimo del ex funcionario llegó el último martes a la audiencia a las 830. “Se equivocaron de Juan Carlos Santos”, aclaró de manera insólita. “Nadie me explicó nada, me llegó un Whatsapp de que me iban a citar, yo estaba en el exterior con mi hija y me tuve que volver para esto”. Explicó que preguntó de qué se trataba pero aseguró que no le dijeron.

“¿Puedo aclarar algo? Se equivocaron de Juan Carlos Santos”, dijo el hombre de 73 años. “Estuve tres días en DGI en 1979 y me fui”, agregó. El presidente del Tribunal Enrique Méndez Signori pidió disculpas e insistió en preguntarle, sin éxito, por qué no aclaró antes que no era él.

El juez federal Daniel Rafecas ordenó este miércoles nuevas medidas de prueba sobre bienes y DDJJ de Francisco Adorni, diputado provincial y hermano del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la causa donde tiene un pedido fiscal de citación a indagatoria por supuesta falsedad en sus declaraciones juradas.

El magistrado requirió a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires que envíe a su juzgado la última DDJJ de Adorni. Además se cursó un oficio al Banco Provincia requiriendo información sobre todos los pagos desde 2024 a lo que va de 2026 de un crédito hipotecario.

También se pidieron informes al Registro de la Propiedad de la provincia de Buenos Aires para corroborar la titularidad de dos inmuebles que habrían ingresado a su patrimonio vía sucesión, informaron a Infobae fuentes judiciales.

Las medidas se ordenaron de manera previa a resolver si se da curso a un pedido de declaración indagatoria hecho el 18 de junio pasado por el fiscal federal Guillermo Marijuán en relación al delito de omisión maliciosa en las declaraciones juradas de Adorni entre 2023 y 2026.

En cuanto a la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, se trata de una parte de la pesquisa que está delegada en esa fiscalía donde ya se dispusieron medidas de prueba.

El reclamo de citación a indagatoria

Al pedir la declaración indagatoria de Francisco Adorni, el fiscal Marijuán advirtió que rectificó su declaración jurada después de que se abriera una causa judicial por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En esa corrección informó que posee $21 millones provenientes de una herencia que no había declarado antes ante la Oficina Anticorrupción.

La causa apunta a los movimientos patrimoniales de Adorni en su rol como funcionario: desde que asumió como Titular de la Unidad de Auditoría Interna, luego como Auditor Interno Titular de Defensa, y finalmente como presidente del Instituto de Ayuda Financiera (IAF). Para la fiscalía existen sospechas de ocultamiento de bienes y de sumas de dinero no declaradas.

Marijuán sostiene que Adorni presentó tres declaraciones juradas oficiales durante su paso por el Ministerio de Defensa y el IAF, entre febrero de 2024 y enero de 2026. En el dictamen donde se pidió la indagatoria se detalló que tras el inicio de la causa judicial, Adorni sumó rectificaciones para cada presentación obligatoria y llegó a modificar valores clave como el precio de su inmueble, la cantidad de dinero en efectivo y la existencia de nuevas cuentas bancarias y tarjetas de crédito.

“El funcionario omitió y falseó datos relevantes en sus declaraciones juradas patrimoniales correspondientes al período en que se desempeñó en el Ministerio de Defensa, ocultando sumas de dinero y cuentas bancarias y falseando montos sobre los que debía declarar con veracidad”, advirtió la fiscalía. Cada declaración jurada original fue corregida al menos dos veces, según la acusación.

Por ejemplo, la patrimonial inicial de 2024, firmada el 15 de febrero de ese año, describía un solo inmueble y un vehículo Chery Tiggo compartido con su esposa. Después, en mayo de 2026 (cuando la investigación ya había comenzado), Adorni declaró “haber tenido un millón de pesos en efectivo al inicio del mismo período”

A estos cambios le siguieron incorporaciones sucesivas de tarjetas, cuentas y valores. En su declaración rectificativa de Baja 2025 presentó, recién entonces, que tenía en su haber “dinero en efectivo por $24.500.000, de los cuales 21 millones correspondían a una herencia”. Además, se sumaron detalles de cuentas bancarias en pesos y en dólares tanto para él como para su esposa, así como nuevos instrumentos financieros.

En la última presentación rectificativa del 8 de junio de 2026, Adorni declaró varias cuentas y tarjetas adicionales, algunas a su nombre, otras a nombre de su cónyuge, que no figuraban en la documentación original presentada ante la Oficina Anticorrupción. La pesquisa identificó en total más de diez correcciones presentadas en distintos momentos, todas después de iniciada la auditoría patrimonial.

El hermano del ex jefe de Gabinete también es investigado en otra causa abierta en Comodoro PY por supuesta malversación de fondos en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y presuntas irregularidades con un préstamo de 40.000 millones de pesos.

La Cámara Federal porteña revocó por “prematuro” el sobreseimiento de Osvaldo Sanfelice, histórico socio de la familia Kirchner, y ordenó reabrir la investigación sobre el origen de los fondos que usó para la compra del Hotel Waldorf en la ciudad de Buenos Aires.

La causa se inició en 2016 y analiza si Sanfelice actuó como presunto testaferro del fallecido ex presidente Néstor Kirchner al adquirir el Hotel Waldorf en 2009 “en comisión”, es decir, a nombre de un tercero no identificado, y con pagos en efectivo.

El origen de los fondos

Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah de la sala II del Tribunal de Apelaciones ordenaron profundizar sobre el origen de los fondos utilizados por Sanfelice para la compra del paquete mayoritario de acciones del hotel.

Según se reconstruyó en la resolución a la que tuvo acceso Infobae, el 12 de diciembre de 2008 se suscribió un acuerdo de opción de compra por 100.000 dólares, seguido de la firma de un boleto de compraventa en abril de 2009 por el 88% de las acciones, con un compromiso de pago total de 1.750.000 dólares. Según el peritaje, “los pagos se realizaron en su totalidad durante 2009, aunque no existe documentación con fecha certera ni registro en la escribanía interviniente”. Posteriormente, Sanfelice aumentó su participación hasta alcanzar el 97,74% de la sociedad.

La Unidad de Información Financiera fue aceptada como querellante en la causa y por eso apeló el sobreseimiento del empresario. Ahora deberá precisar las nuevas medidas que considera pertinentes para avanzar en la pesquisa, ya que sigue como único impulsor de la acusación.

En la apelación se puso en duda la “capacidad económica” del empresario para comprar el hotel del centro porteño y además se cuestionó que “haya actuado solo en un principio de la maniobra en representación de terceras personas para luego terminar de adquirir por sí mismo la propiedad. Esto no descartaría una hipótesis de la investigación: un presunto ‘lavado de activos en carácter de testaferro’”.

Una parte del caso vinculada al supuesto uso ficticio del hotel para facturar por una falsa ocupación de habitaciones y encubrir presuntos pagos de sobornos quedó descartada luego de una intensa investigación que llevó adelante el juez federal Daniel Rafecas, donde se comprobó que el lugar estuvo siempre en funcionamiento real. El cierre de esta parte de la causa no fue objetado por la querella en su apelación y quedó firme.

La denuncia que originó la causa judicial tuvo como hipótesis central que Sanfelice apareció como comprador y dueño del Hotel Waldorf en 2009 cuando, en realidad, habría actuado como presunto testaferro de Néstor Kirchner.

La Cámara Federal porteña confirmó este martes el procesamiento de la ex fiscal Viviana Fein por las irregularidades en la escena de la muerte del ex investigador de la causa AMIA Alberto Nisman. El Tribunal cambió la calificación penal que se le había impuesto porque no consideró probada la existencia de “encubrimiento agravado”.

La decisión fue de los jueces de la sala dos del tribunal de apelaciones Martín Irurzun y Eduardo Farah, quienes confirmaron de manera parcial el procesamiento a Fein: no avalaron el “encubrimiento agravado” pero sí la acusaron por la falta de preservación de las pruebas, un delito previsto en el artículo 245 del Código Penal que prevé de un mes a cuatro años de prisión.

Además ordenaron avanzar con “celeridad” en la causa para resolver las situaciones de otros funcionarios que estuvieron en el departamento de Nisman ese fin de semana de enero de 2015 y están imputados.

En lo vinculado a la fiscal ya jubilada, la Cámara la dejó en condiciones de ser enviada a juicio oral, procesada por la “la innegable alteración de la escena como resultado de la presencia y circulación de decenas de personas sin ningún tipo de protección, de la deficiente preservación de los elementos y de la omisión de recolectar otros en tiempo oportuno”.

Todos son “indicios que revelan -con la certeza propia de la etapa que se transita- que su actuación estuvo voluntariamente dirigida a desestimar y excluir todo aquello que pudiera modificar su anticipada y conjetural hipótesis”, agregaron los jueces según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Fein fue procesada en mayo pasado por el juez federal Julián Ercolini, a pedido del fiscal Eduardo Taiano. En la investigación se consideró probado que Nisman fue asesinado por motivos vinculados a su rol en la investigación del atentado a la AMIA, en la cual había denunciado días antes por presunto encubrimiento a la entonces presidenta Cristina Kirchner y funcionarios de su gobierno por la firma del Memorandum con Irán.

Juan Carlos Santos se sentó en la sala de audiencias de Comodoro Py 2002, tomó un vaso de agua y dio sus datos personales. Hasta ese momento todo transcurrió con normalidad este martes en una nueva audiencia del caso Cuadernos, que comenzó a las 8:30, con una puntualidad inusual tal vez motivada por las urgencias del partido Argentina-Egipto a las 13.

“Hacemos ingresar a la sala al señor Juan Carlos Santos”, anunció el presidente del Tribunal Oral Federal 7 Enrique Méndez Signori. El primer testigo del día caminó hasta el estrado en la sala de audiencias del subsuelo de Comodoro Py 2002, dejó sobre la mesa su sobretodo marrón prolijamente doblado, tomó un vaso de agua, dio sus datos personales -contador público de 73 años-, dijo no conocer a ningún acusado de un listado que le mostraron antes de entrar y respondió con un “sí juro” al juramento de decir verdad.

¿Puedo aclarar algo?

Allí comenzó el interrogatorio de la fiscalía. “No”, respondió y volvió a responder con otro “no” medio risueño cuando se le preguntó si había trabajado en AFIP en 2018. Habían pasado diez minutos de audiencia. “¿Puedo aclarar algo? Se equivocaron de Juan Carlos Santos”.

La fiscalía pasó de inmediato la posta al presidente del Tribunal, sentado solo en la sala de audiencias ya que sus otros dos colegas, los jueces Germán Castelli y Fernando Canero, optaron en esta audiencia por la vía telemática, remota.

“Cuándo lo contactaron, ¿le explicaron los motivos de la citación?“, quiso saber incrédulo el juez Méndez Signori. “Nadie me llamó ni me explicó nada. Me llegó un WhatsApp de que me iban a citar, yo estaba en el exterior con mi hija y me tuve que volver”.

Sí dijo que trabajó en la DGI en el año 79. “Estuve tres días y me fui“.

“Bueno, entonces si no se trata del señor Santos que el tribunal pretende escuchar en este debate oral y público le voy a pedir las disculpas del caso y que se retire”, le informó el juez ante lo que definió como un “malentendido”.

Incluso no faltó el intento de reproche al testigo citado por error a Comodoro Py 2002. “Usted tampoco hizo saber al tribunal alguna circunstancia que permitiera que esto se aclarara antes” para advertir que “no era la persona buscada”, le dijo.

“Fue un error producto de un homónimo. Que tenga buenas tardes”, saludó áspero el juez poco antes de las 9. “Buenos días”, respondió el fallido testigo: tomó su sobretodo y caminó despacio al fondo de la sala para retirarse ante el silencio absoluto de los asistentes.

Fue entonces cuando se le preguntó a la secretaria del Tribunal: ella informó que si bien se lo contactó por WhatsApp se le enviaron todos los datos del expediente por el que se lo convocaba al estrado.

El rastro del dinero se perdió en la ventanilla del banco. Ese fue el límite que contadores y abogados de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), hoy ARCA, describieron ante el Tribunal Oral Federal 7 durante las últimas audiencias del juicio por los cuadernos de la corrupción: millones de dólares extraídos en efectivo por empresas investigadas, sin destino acreditable, en fechas que coincidían con presuntos pagos de sobornos.

Convocados como testigos, algunos con cargo político y otros funcionarios con más de tres décadas de carrera, revelaron el paso a paso de los procedimientos que se usaron para cumplir con los requerimientos de información que les enviaba el fallecido juez federal Claudio Bonadio, cuando estalló el escándalo de los escritos del remisero Oscar Centeno.

El financiamiento espurio

Algunos testigos recordaron la “manda” judicial más inusual de su carrera: el oficio del magistrado donde pidió detectar “financiamientos espurios” en un grupo de empresas y personas físicas vinculadas a la causa. “Recuerdo esa expresión porque no es habitual”, declaró el contador Pedro Puyo, ex funcionario del organismo en Córdoba, quien tuvo a su cargo la fiscalización del grupo Electroingeniería, de los empresarios Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra.

Un método de la investigación fue la circularización bancaria. Según explicó la contadora María Eugenia Lanza, quien en 2018 formaba parte de la División Comprobaciones Externas de la AFIP, el juzgado enviaba un listado con empresas, entidades bancarias y períodos a analizar. A partir de ese listado, el organismo requería a los bancos el detalle de todos los movimientos de las firmas en esos lapsos, con especial atención a las extracciones de efectivo por caja. El procedimiento se realizó sin contactar a las empresas investigadas, porque se trataba de una manda judicial y no de una fiscalización ordinaria.

La contadora Diana Guterman, directora de Investigación Financiera de la AFIP en 2018, precisó ante el tribunal que “se definió que circularizáramos a las entidades bancarias que habían operado con determinadas empresas en determinados períodos” y que luego “se informaba al juzgado quiénes habían respondido y quiénes no”. El punto de partida era siempre la planilla que el arrepentido financista Ernesto Clarens había entregado a la Justicia al convertirse en imputado colaborador, con fechas, firmas y montos de los supuestos pagos de coimas. La tarea de Lanza consistió en aparear esas fechas con las extracciones detectadas en los bancos.

El límite de la trazabilidad

El punto en que la investigación topaba con una pared era siempre el mismo. “La trazabilidad se termina cuando se saca por ventanilla”, afirmó Lanza ante el tribunal. El abogado de la expresidenta Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, intentó relativizar ese límite al preguntar si un contribuyente podía justificar un pago en efectivo en una jurisdicción sin banco. Lanza insistió: “Todo tiene que estar bancarizado. Cuando la plata sale de una ventanilla y se pierde la trazabilidad, ahí se terminó.”

El abogado de la AFIP José Luis Giordano precisó: “Nosotros no podemos saber dónde terminó el dinero. Nos concentramos en ver hasta dónde llegaba y si se perdía el rastro”. La fiscal Fabiana León, que sostiene la acusación, apunta a que esos fondos irrastreables corresponden a las sumas que se usaron para pagar sobornos a ex funcionarios del kirchnerismo, obtenidos tras el cobro de anticipos financieros para obra pública.

Facturas apócrifas y proveedores inexistentes

Junto con los retiros en efectivo, los testigos de la ex AFIP describieron otro mecanismo detectado: el uso de facturas apócrifas. El ex titular de la Dirección General Impositiva (DGI) Horacio Castagnola explicó ante el tribunal que las facturas de proveedores que no prestaron servicios “implícitamente generan salidas de dinero donde uno pierde la trazabilidad, porque si se pagó algo y el que lo recibió no existe, ese dinero se evaporiza para el seguimiento”. En la causa, afirmó, “sí hubo facturas apócrifas o salidas no documentadas”.

La contadora Lanza ratificó la existencia de facturación apócrifa en Isolux Corsán, firma cuyo ex CEO Juan Carlos de Goycoechea está sentado en el banquillo. En el análisis de otra empresa se detectaron facturas apócrifas por alrededor de 40 millones de dólares.

Castagnola recordó otro expediente que quedó grabado en su memoria: la detección de una transferencia de 4,2 millones de dólares a la banca privada de Andorra en el marco de la UTE Odebrecht-IECSA, empresa que en ese momento pertenecía al empresario Angelo Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri. “Uno sabía que se estaba afectando indirectamente a la familia y uno sabía que se exponía a que después podía haber algún tipo de comentarios. Pero se hizo igual”, declaró el ex funcionario. Añadió que la misma sociedad “había sido utilizada por Odebrecht en otros casos en América Latina para generar salidas espurias sin contraprestación efectiva”.

El sistema Memento

La ex jefa de Gabinete de la AFIP Jimena de la Torre, actual consejera del Consejo de la Magistratura de la Nación, aportó al juicio detalles sobre los mecanismos de control interno del organismo. Describió el sistema “Memento”, una base de datos con un listado de personas de relevancia pública —políticos, jueces, figuras mediáticas— que generaba una alerta automática cada vez que un funcionario consultaba la información fiscal de alguno de esos perfiles. “Cada vez que un funcionario consultaba la base de alguna persona de relevancia, nos llegaba una alerta inmediata. No era gratis entrar a cualquier lado”, explicó en alusión a posibles filtraciones de información.

De la Torre también relató que, tras el cambio de gobierno en diciembre de 2019, se abrieron auditorías y sumarios contra quienes habían trabajado en el caso Cuadernos. “Lo que ocurrió en 2020 fue llamativo”, dijo, y agregó que personalmente acumuló seis denuncias penales vinculadas a su paso por la AFIP, todas archivadas.

La fiscal León desistió de convocar a dos testigos que estaban previstos para la última jornada y que habían despertado expectativa, pero no serán escuchados en el juicio: el ex subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior Jaime Mecikovsky y el ex jefe de Asuntos Jurídicos Eliseo Devoto— al considerar que la prueba que podían aportar ya había quedado incorporada al debate con testimonios anteriores. El TOF 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, aceptó el desistimiento.

La Justicia argentina tiene que resolver si extradita a Estados Unidos a un acusado en ese país por robo de joyas, relojes, dinero y objetos de lujo de las casas de atletas de alto nivel de la NFL, la NBA y la NHL, es decir, las ligas nacionales de hockey, fútbol americano y baloncesto.

El hombre de nacionalidad chilena fue detenido en la ciudad de Buenos Aires luego de un robo a la casa del extenista argentino Juan Martín Del Potro en Tandil, en mayo pasado. Allí se descubrió que junto a tres cómplices tienen pedido de captura internacional con fines de extradición desde un tribunal del Distrito Medio de Florida, EEUU, acusados de asociación ilícita y transporte interestatal de bienes robados. La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires acaba de rechazar liberarlo.

Los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico fundamentaron su decisión en la gravedad de los hechos imputados y en la pena máxima aplicable, que asciende a diez años de prisión por cada uno de los cargos en ese país. El proceso de extradición está a cargo del juez federal Sebastián Ramos, quien le negó la excarcelación, en una decisión ahora confirmada por la Cámara.

Según la notificación roja emitida por Interpol, “entre octubre de 2024 y enero de 2025, en el Distrito Medio de Florida y en otros lugares, el detenido en Argentina y sus cómplices ”fueron responsables de varios robos en viviendas de atletas de alto nivel de la NFL, la NBA y la NHL". Se llevaron joyas, relojes, divisas estadounidenses y otros artículos de gran valor. El grupo de personas robó objetos de lujo por un valor de más de 2 millones de dólares. La orden de captura internacional menciona también el uso de un alias para evadir a la Justicia.

Ingreso ilegal

Al rechazar liberarlo, los jueces advirtieron que el acusado no registra movimientos migratorios, lo que indica que su ingreso a la Argentina se produjo por vías informales en fecha incierta. Fue detenido en la Terminal de Ómnibus de Retiro mientras aguardaba un micro con destino a la ciudad fronteriza de Posadas, provincia de Misiones. Intentaba dejar el país tras el robo a la casa de Del Potro. Por este hecho, tiene abierta otra causa penal en el Juzgado de Garantías 1 del Departamento Judicial de Azul con asiento en Tandil, donde se le dictó la prisión preventiva por robo agravado por efracción y por ser cometido en poblado y en banda.

La defensa había solicitado la excarcelación bajo caución o la aplicación de medidas menos gravosas. Argumentó que ni la gravedad del requerimiento extranjero ni la expectativa de pena justifican por sí solas la prisión.

“El riesgo de fuga que emerge del cuadro descripto, consolidado por la falta de arraigo en el país, impide de momento avalar las restricciones alternativas propiciadas por la defensa”, consideró sin embargo el Tribunal de Apelaciones al confirmar el rechazo de la excarcelación resuelto con anterioridad por el juez Ramos.

El fiscal federal Gerardo Pollicita emplazó a Binance y Lemon a que en un plazo de 72 horas informen movimientos en cuentas del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, como parte de nuevas medidas de prueba que ordenó en la causa donde lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito. Además, en un dictamen que firmó este viernes, el fiscal confirmó que se detectaron “inconsistencias” en la evolución patrimonial del ex funcionario.

En el tramo final de la pesquisa y de manera previa a pedirle un requerimiento de justificación patrimonial, la fiscalía ratificó que del resultado de las diversas pruebas que ya hay en la causa existen “inconsistencias detectadas en la evolución patrimonial” de Adorni, según informaron a Infobae fuentes del caso. La inminencia de este eventual requerimiento fue uno de los motivos que esgrimió la fiscalía al pedir que la defensa informe a la Justicia cualquier plan de del ex jefe de Gabinete de Javier Milei para salir del país, con el fin de evaluar su “pertinencia”, algo que ya fue dispuesto por el juez del caso, Ariel Lijo.

Este pedido de Pollicita se dio al mismo tiempo en que ordenaran al ex jefe de Gabinete a informar cada vez que quiera salir del país, para que en Tribunales evalúen “la pertinencia y razonabilidad”. Además, descartaron detenerlo, como habían pedido dos denunciantes.

Las cripto

La fiscalía recibió respuesta de Binance sobre la existencia de una cuenta asignada a Adorni abierta el 23 de junio de 2020 y pidió ante ello un detalle de los activos registrados desde esa fecha al 31 de mayo de 2021. En cuanto a Lemon, se le requirió que también en 72 horas envíe una ampliación de un informe sobre el usuario asignado a Manuel Adorni para el período 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022 que incluya el historial completo de los movimientos registrados en la cuenta, tanto en moneda nacional y/o extranjera como en activos virtuales, en particular operaciones con criptoactivos, con detalle de créditos, débitos, depósitos, retiros, transferencias, compras, ventas, conversiones, fecha, hora, monto, tipo de activo, cotización, concepto, cuentas o direcciones de origen y destino, CBU, CVU, wallets y datos identificatorios de las contrapartes.

También en relación a la vinculación con cuentas bancarias, billeteras virtuales, tarjetas de crédito, plataformas digitales, exchanges u otros intermediarios, así como también cualquier otro medio de fondeo y/o retiro utilizado para operar en la plataforma. Además se pidieron detalles de saldo y tenencias registradas durante ese período, de las interacciones intra plataforma y de los movimientos de fondos en blockchain, con indicación del “hash” de cada transacción, red utilizada, token, monto, fecha y direcciones de origen y destino.

Las inversiones del ex funcionario

Poco antes de dejar el cargo, en declaraciones periodísticas, el ahora ex jefe de Gabinete dijo haber ahorrado US$500.000 “en negro” a partir de inversiones en plataformas cripto.

A mediados de junio pasado, se pidió un informe técnico sobre la cotización del Bitcoin en los últimos 13 años para determinar si es posible que haya ganado USD 300 mil con una inversión que mantuvo “en negro” hasta ahora. La decisión se tomó luego que en la declaración jurada que presentó, Adorni blanqueó ingresos que corresponden a sus ahorros “en negro” durante esos años. Se busca determinar la trazabilidad del monto inicial de inversión, que según el funcionario fue de 200 mil dólares.

En cuanto al Bitcoin, la tarea de establecer un seguimiento de su cotización desde 2013 se encomendó a la DAFI, la dirección de Asistencia Fiscal en Investigaciones que ya realiza un informe sobre los ingresos y gastos de Adorni desde que fue nombrado vocero presidencial.

Adorni renunció a la Jefatura de Gabinete y al directorio de YPF pero sigue imputado en la investigación que avanzó la semana última con nuevas declaraciones de testigos en relación al uso de tarjetas de crédito de sus ahora ex empleados en Gobierno para compras particulares como consolas de videojuegos que luego el ex funcionario imputado les pagaba en efectivo.

En otro de los casos se facturó a nombre de una funcionaria de su área la compra de camas y blanquería para la casa del barrio privado Indio Cua de los Adorni por casi 8 millones de pesos que, según declaró la testigo, pagaron en efectivo en el comercio. Quienes pasaron a declarar bajo juramento de verdad por el quinto piso de Comodoro Py 2002, sede de la fiscalía de Pollicita, confirmaron que estos episodios existieron.

El Tribunal Oral Federal 2, que condenó a Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta en la causa Vialidad, aguarda una definición clave de la Corte Suprema de Justicia para avanzar en la ejecución del decomiso de bienes por un monto de $685.000 millones, cantidad que el máximo tribunal del país dejó firme esta semana. Esta medida alcanza a la ex presidenta, a Lázaro Báez y a otros condenados en el expediente, en carácter solidario, y pone en disputa 19 propiedades cedidas a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.

A mediados de mayo pasado, el tribunal solicitó a la Corte que precise si alguna de las propiedades sujetas a decomiso será destinada para su uso, para el del Consejo de la Magistratura o puede avanzarse con su remate. En el sexto piso de Comodoro Py 2002 aguardan respuesta. Además, el máximo tribunal del país tiene que decidir si habilita o no quejas directas que presentaron tanto la defensa de CFK como Báez y los demás condenados en el último intento por frenar el decomiso de 111 propiedades ya confirmado en tanto que una nueva tanda que pidió el fiscal Diego Luciani podría sumarse y está a estudio del TOF2.

El actual juez de ejecución de la condena a seis años de prisión de la expresidenta, Rodrigo Giménez Uriburu, detalló en la consulta a la Corte que parte de los inmuebles podría ser asignado a la justicia federal o destinarse a uso con fines sociales en Santa Cruz -provincia epicentro de los delitos que se juzgaron en la causa- o bien salir a remate público.

En el caso de Cristina Kirchner en lo inmediato están en juego 19 bienes a nombre de sus hijos Máximo y Florencia: 10 departamentos, 2 casas en Río Gallegos y varios terrenos en Lago Argentino, Santa Cruz.

La Cámara Federal de Casación Penal ya confirmó la validez del decomiso en abril de este año. El tribunal sostuvo que “el decomiso puede alcanzar bienes en poder de terceros no condenados cuando estos hubieran recibido activos provenientes del delito a título gratuito, incluso por vía hereditaria”. En el fallo, el camarista Gustavo Hornos remarcó que la finalidad de la medida no es castigar a los actuales titulares, sino recuperar para el Estado los bienes vinculados a hechos de corrupción ya juzgados. Contra esta decisión está pendiente de resolución una queja directa ante la Corte.

El primer listado de bienes fue elaborado por el fiscal Diego Luciani y comprende 111 propiedades de Lázaro Báez, Cristina Kirchner y las 19 transferidas a sus hijos, todas adquiridas entre mayo de 2003 y diciembre de 2015. También existe una segunda tanda vinculada a las sociedades Los Sauces y Hotesur, que están bajo análisis judicial. Entre ellas figura el inmueble de San José 1111, donde la ex presidenta cumple arresto domiciliario, y el chalet de Río Gallegos, residencia tradicional de la familia Kirchner.

En el expediente judicial se investigó una maniobra defraudatoria cometida entre 2003 y 2015 en la provincia de Santa Cruz, en el marco de 51 procesos licitatorios de obra pública vial. Según consta en la causa, esas obras fueron adjudicadas de forma sistemática al Grupo Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez, a través de la Dirección Nacional de Vialidad.

La Cámara Federal porteña resolvió que dos de las causas más voluminosas que investigan a Elías Piccirillo y Martín Migueles en Comodoro Py por maniobras multimillonarias con el dólar oficial y el “rulo cambiario” durante 2023 queden a cargo del juez Ariel Lijo.

La decisión fue del camarista de la sala segunda del Tribunal de Apelaciones, Roberto Boico, quien hizo lugar a un planteo de inhibitoria que Lijo había cursado a su par María Servini, para que la magistrada le envíe el expediente que investiga en su juzgado a Piccirillo, exmarido de Jesica Cirio, y a Migueles, pareja de Wanda Nara, por delitos cambiarios y “cuevas” financieras.

Servini había rechazado apartarse del caso y ahora la Cámara resolvió que ambas pesquisas deben seguir de manera conjunta en el juzgado federal 11, que está vacante y subroga Lijo.

Mismas maniobras y acusados

El juez Boico entendió que “existe una dependencia funcional y operativa entre los sujetos investigados en ambos legajos” y mencionó casas de cambio como ‘Arg Exchange S.A.’; ‘Gis Cambio S.A.’; ‘Banco Más Ventas’; ‘Stema Cambios S.A.’ y ‘Mega Latina S.A.’.” que aparecen en ambas causas.

Las dos investigaciones comparten un “idéntico patrón operativo: maniobras orientadas a acceder a divisas al tipo de cambio oficial, mediante la instrumentalización de casas de cambio y entidades financieras para su posterior colocación en el mercado paralelo”.

“A ello se suma la presunta participación de funcionarios del Banco Central de la República Argentina en la convalidación o en la omisión de control de esas operatorias. Además se inscriben en un mismo período temporal (año 2023)”, enumeró en la resolución a la que accedió Infobae. Desde que ambas causas se iniciaron hubo allanamientos múltiples a los mismos lugares, puso como ejemplo el juez y los delitos en ambos casos son de similar gravedad y pena prevista.

Por ello, en virtud de garantizar una “mejor y más pronta administración de justicia”, el camarista consideró que “objetivamente” el juzgado federal 11 a cargo del juez Lijo está “en mejores condiciones para conducir, de modo unificado, la investigación”.

Con esta decisión ambos expedientes quedarán también bajo la órbita del fiscal federal Franco Picardi.

Qué se investiga

En las causas se investigan maniobras con la compraventa de dólar a precio oficial y posterior reventa a valor blue, el conocido rulo cambiario, por cifras multimillonarias durante el cepo. Entre los imputados hay financistas, así como bancos y casas de cambio. Figuran Piccirillo, Migueles y Francisco Hauque, un ex socio del primero que podría convertirse en arrepentido si es eventualmente citado a declaración indagatoria, según anticipó su defensa en tribunales.

Piccirillo está procesado con prisión preventiva bajo arresto domiciliario por pagarle a policías para montar un operativo contra Hauque, a quien según la acusación le plantó droga y un arma, para evitar saldar una deuda de seis millones de dólares.

En la investigación que hasta ahora estaba a cargo de la jueza Servini los acusados están embargados por sumas millonarias a raíz de una presunta maniobra de adquisición ilegítima de dólares aprovechando el cepo cambiario impuesto en el gobierno de Alberto Fernández. Diecisiete de las “cuevas” investigadas habrían canalizado $141.596 millones provenientes de más de 2.700 personas físicas y 647 jurídicas con la sospecha de que parte de esos fondos sería de origen ilícito, según la acusación.

En el caso de “Arg Exchange SA”, que preside Migueles, la investigación señala compras de divisas por unos USD 67,9 millones entre el 3 y el 20 de octubre de 2023, con presuntas transferencias y extracciones en efectivo que forman parte del análisis judicial.

Por otro lado, en la causa que se lleva en el juzgado federal 11, el fiscal Picardi pidió levantar secreto fiscal, bancario y bursátil de nuevos sospechosos por supuestos pagos indebidos para acelerar tramites de permisos de importación durante el cepo cambiario en 2023 (las SIRA) y citó como testigos a funcionarios de ARCA para que den precisiones sobre cómo funcionaba el sistema, declaraciones que se concretaron en las últimas semanas.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi apartó este viernes a cinco querellas de la causa por el fallido lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA al hacer lugar a un planteo del acusado Mauricio Novelli, porque concluyó que no sufrieron un “perjuicio directo” en lo ocurrido ni tampoco acreditaron la titularidad de los tokens.

La investigación para determinar si hubo delito con el token que promocionó en su cuenta de X el presidente Javier Mieli seguirá adelante delegada en la fiscalía federal de Eduardo Taiano, aunque de quedar firme la medida los hasta ahora querellantes, todos inversores de la fallida criptomoneda, ya no tendrán acceso al expediente ni podrán pedir medidas de prueba.

El magistrado hizo lugar a una “excepción de falta de acción” que presentó la defensa de Novelli y apartó como querellantes a Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae. La decisión podrá ser apelada ante la Cámara Federal porteña.

Los argumentos

Al hacer lugar al planteo de Novelli, el juez advirtió que “la legitimación para intervenir como parte querellante exige la acreditación de una afectación concreta, directa y suficientemente individualizada, derivada del suceso investigado, extremo que no se encuentra debidamente demostrado en el estado actual del proceso”.

El fallido lanzamiento de $LIBRA ocurrió “en el marco de operaciones vinculadas a una ‘memecoin’, es decir, a un ‘activo digital’ inserto en un ámbito caracterizado por una regulación limitada, una elevada volatilidad y una valoración que depende esencialmente de las condiciones del mercado y de la percepción que los propios participantes le asignan”. Ello supone que quienes invirtieron asumieron “riesgos inherentes”, agregó.

Además el juez remarcó que “la información que hasta el momento han aportado” los querellantes “y las características técnicas de los medios empleados, no permiten tener por acreditada la titularidad de las billeteras virtuales que utilizaran para la compra de la criptomoneda en cuestión y el origen de los fondos utilizados para ello.”

“En efecto, sus manifestaciones se han sustentado únicamente en links y en alegaciones relativas a la tenencia o administración de las claves privadas; extremos que, por sí solos, resultan insuficientes para demostrar su titularidad y, en definitiva, el derecho que invocan”, agregó.

Las constancias que aportaron “resultan indiciarias, pero no determinantes ni consistentes para establecer su titularidad. Como así tampoco el origen de los fondos allí existentes, que luego fueran empleados para la compra de $LIBRA”.

En la causa se investiga si el creador de $LIBRA, el estadounidense Hayden Davis, logró acercarse a Milei a través de Novelli y otros imputados -entre ellos su socio Manuel Terrones Godoy- y ello derivó en la difusión del proyecto por parte del Presidente. La sospecha gira en torno a un multimillonario pago hecho por Davis a los ahora investigados.

Para el juez “la realización de una reunión en la que se habría acordado el lanzamiento de una memecoin, por cuya adquisición se pudieron haber producido pérdidas, y/o el presunto pago de sobornos en ese contexto, no configura la afectación directa a la que alude la norma” en lo referido a los inversores ahora desplazados como querellantes.

El planteo

Novelli, fundador de la academia N&W Professional Traders, organizador del Tech Forum y nexo entre empresarios cripto y la Casa Rosada, había solicitado desplazar a los denunciantes particulares bajo el argumento de que las pérdidas económicas fueron el resultado de la volatilidad propia de un mercado de riesgo no regulado y no de una estafa.

Las querellas rechazaron la pretensión de apartarlas del caso y argumentaron que fueron víctimas de lo ocurrido con el posteo de Milei acompañado de la difusión del contrato para adquirir el activo. Según expresaron, “el aval del Jefe de Estado fue el ardid consumado”, una acción que generó un fenómeno de urgencia y ansiedad por comprar que nubló el juicio de los ahorristas.

La querella introdujo el concepto de “engaño estructural” para demostrar que el desplome de la criptomoneda no respondió a un vaivén natural de las finanzas digitales, sino a una puesta en escena delictiva compleja y coordinada. Según los denunciantes, los acusados no compitieron bajo las reglas del libre mercado, sino que “alquilaron” la estructura del Estado para fabricar una falsa apariencia de legitimidad.

El fiscal federal Franco Picardi reclamó este jueves que el financista Elías Piccirillo siga preso con arresto domiciliario en su departamento de Banfield y se rechace un pedido para liberarlo. Argumentó que existen riesgos concretos de entorpecimiento de la investigación en su contra, por montar un falso operativo policial donde plantó armas y droga a un ex socio para no pagarle una deuda de 6 millones de dólares.

Piccirillo está procesado con prisión preventiva y se le concedió el arresto domiciliario con tobillera electrónica. Su defensa reclamó que quede libre y como segunda posibilidad, que se lo deje mudarse al departamento de su actual novia Florencia Epelbaum: a esto la fiscalía también reclamó que se le diga que no. La decisión final será del juez del caso, Ariel Lijo.

Riesgos concretos que persisten

Picardi advirtió que “persisten riesgos concretos de entorpecimiento de la investigación que no pueden ser neutralizados” y que impiden revocar la prisión preventiva del financista, en un dictamen al que tuvo acceso Infobae.

El ex marido de Jesica Cirio está acusado por planear y ejecutar una maniobra criminal entre el 16 y el 18 de enero de 2025 contra su ex socio Francisco Hauque: le debía 6 millones de dólares y para evitar saldar la deuda buscó un grupo de policías a los que pagó para montar un operativo. De manera previa le “plantó” droga y armas en el automóvil de su víctima, tras compartir una cena.

Según la acusación Piccirillo “ideó el plan criminal, aportó el motivo determinante para su ejecución, proporcionó información sobre las víctimas, facilitó la colocación del arma de fuego y los estupefacientes en el vehículo e impartió las directivas necesarias y pagó sumas indebidas para que el operativo pudiera concretarse”.

Intimidación y hostigamiento

Picardi se opuso a que Piccirillo quede libre porque hay en la causa denuncias de las víctimas que “dan cuenta de intimidaciones y hostigamientos” por parte del acusado y su entorno.

Además, advirtió que hay todavía medidas de prueba en curso y que de su resultado dependerá incluso que se revise la prisión domiciliaria si surge un “agravamiento de riesgos procesales”.

En particular la fiscalía se refirió a las vinculadas al análisis del teléfono celular del financista secuestrado en un allanamiento.

La defensa reclamó la libertad porque -argumentó- no hay riesgo de fuga y las pruebas ya están terminadas y a resguardo en la causa judicial.

Pero el fiscal no estuvo de acuerdo. Picardi recordó como un antecedente en su contra que cuando pidió la eximición de prisión dio como domicilio una casa en el barrio privado “El Yacht”, en Nordelta, Tigre, donde en realidad vivía en ese momento -febrero de 2025- el empresario Martín Migueles, investigado junto con él por maniobras con el dólar oficial durante el cepo cambiario del gobierno de Alberto Fernández.

También repasó lo ocurrido con celulares y dispositivos electrónicos atribuidos al empresario procesado y advirtió que “existen elementos objetivos para considerar que no todos los dispositivos utilizados por el imputado fueron habidos en el último registro domiciliario realizado en el domicilio donde Piccirillo cumple su detención domiciliaria“.

El teléfono que sí fue secuestrado todavía no pudo ser analizado y está pendiente la extracción forense, algo de “especial relevancia” para determinar si incumplió las condiciones de conducta de su arresto domiciliario.

Piccirillo está procesado con prisión preventiva por secuestro coactivo, transporte de estupefacientes agravado, encubrimiento agravado y portación ilegal de arma. La Cámara Federal porteña le otorgó el arresto domiciliario en octubre de 2025, medida que cumple en un departamento de Banfield.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi procesó por supuesta “promoción de la discriminación religiosa” al youtuber Eduardo Miguel Prestofelippo, “El Presto”, por presunta “promoción de la discriminación religiosa” contra la comunidad islámica con un embargo de 60 millones de pesos.

La denuncia fue del Centro Islámico República Argentina a raíz de una publicación en la cuenta personal en la red social Youtube de Prestofelippo donde se refirió en términos “negativos y despectivos” hacia una persona de origen egipcio y religión musulmana. Se trató de la publicación “Musulmanes en la TV abierta Argentina_ ¿PELIGRO EN PUERTA”, del 13 de febrero de 2025.

Al dictar el procesamiento, el juez concluyó que las expresiones del periodista pudieron configurar el delito de “promoción de la discriminación religiosa” y superaron el umbral de la libertad de expresión protegida por la Constitución Nacional.

Los argumentos

En el procesamiento se remarcó que la publicación tuvo 159.229 vistas en esa red social.

“Se profirieron opiniones extremadamente ofensivas y denigrantes acerca de la religión musulmana, a la que se calificó entre otras de ‘cultura inmunda y repulsiva’, y de la gente que profesa el Islam, a la que se calificó de ‘extremistas, basuras inmundas’”.

Para el magistrado se trató de manifestaciones que acarrean “una objetivación de los colectivos sociales y religiosos alcanzados, que conduce sin más a negarles la subjetividad humana o a asignarles una de naturaleza inferior”.

En la resolución se destacó la amplia protección a la libertad de expresión como derecho constitucional, pero “el medio y el modo elegidos por el autor han excedido, por mucho, el ámbito del ejercicio de ese derecho de raigambre constitucional”. Además, se consideró “imprescindible diferenciar la mera propagación de ideas –en la que el Estado no puede ni debe injerir y cuyo respaldo está garantizado por la letra de la Constitución Nacional y los pactos internacionales con jerarquía constitucional– de la difusión de amenazas concretas contra ciudadanos, cuya comisión, como en el caso, deviene intolerable”.

Qué dijo el acusado

En la publicación el ahora procesado manifestó “no querer que estas ratas inmundas pisen nuestra tierra, infecten con su veneno nuestro país (...) Europa está completamente tomada por estos parásitos. ¿Vos querés eso para la República Argentina, para nuestra patria? (...)”.

“El Islam no es una religión, es una secta. Todavía acá es un grupo reducido, pero tiene que ser vigilado, porque en cuanto te descuides, esto va a estar en las escuelas, esto va a estar en nuestros barrios” y tildó de “parásito” a un integrante de esa comunidad que había comenzado a trabajar en un programa televisivo e “infectado de su veneno, de la pantalla”. También usó el término “basuras inmundas”.

Al procesarlo, el juez entendió que “obró con el conocimiento sobre el tenor de las expresiones proferidas” y que tuvo como finalidad “alcanzar su exteriorización, publicación y difusión por redes sociales”.

“En este sentido, discursos como el cuestionado en este proceso, no ayudan a un objetivo que sí se presenta como un verdadero desafío por parte de toda la sociedad” vinculado a la lucha contra la discriminación. Este tipo de publicaciones “no es admitido por el ordenamiento jurídico, dado que resulta incompatible con el mantenimiento de la convivencia social”, concluyó el fallo.

Dos nuevos testigos de la ex AFIP reiteraron este jueves que se detectó facturación apócrifa en empresas investigadas por el caso Cuadernos y sumaron detalles sobre cómo se cumplía con los pedidos de información que llegaban al organismo desde el juzgado.

Una de las convocadas a declarar ante el Tribunal Oral Federal 7 ratificó además una investigación hecha en 2017, antes de que estallara el esçándalo de los cuadernos del remisero Oscar Centeno, sobre uno de los ahora acusados, Rudy Ulloa, empresario y ex chofer de Néstor Kirchner, por inconsistencias entre sus ingresos y acreditaciones bancarias calculadas en 31 millones de pesos.

El primer testigo fue el ex titular de la DGI Horacio Castagnola, quien rechazó haber recibido presiones.

Para esta jornada estaba previsto también que declaren Jaime Mecikovsky, ex subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior en la entonces AFIP y Eliseo Devoto, quien fue jefe de Asuntos Jurídicos del organismo durante la gestión de Alberto Abad pero al inicio de la audiencia la fiscal Fabiana León anunció ante los jueces que desistió de convocarlos porque ya con anteriores testigos se produjo la prueba que podían aportar.

Ante ello los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero resolvieron que no declaren en el juicio.

Terminó la audiencia de este jueves y el juicio sigue la próxima semana

La audiencia concluyó con un pedido de una de las defensas para realizar una nueva pericia contable ante los dichos de los testigos de la ex AFIP, al que se opusieron la fiscalía y la querella de la Unidad de Información Financiera.

La última testigo del día, la contadora Guterman, volvió a referirse al igual que ex colegas de la AFIP en audiencias anteriores a retiros en efectivo por caja por parte de empresas y dijo que en base a su experiencia no es común cuando “son cifras de magnitud” como por ejemplo las que implican reparto de dividendos.

Concluyó la declaración de la ex contadora de AFIP y habló de Rudy Ulloa

La testigo Guterman habló sobre un reporte hecho en 2017 sobre el acusado Rudy Ulloa, empresario y ex chofer de Néstor Kirchner. “Se había detectado que las acreditaciones bancarias excedían el monto de los ingresos”. La diferencia fue en ese momento de unos 31 millones de pesos. Para ello se compararon ingresos con acreditaciones bancarias y había un exceso “notorio”, detalló.

También ratificó el hallazgo de facturación apócrifa en la empresa Isolux Corsán.

Terminó la declaración del ex titular de la DGI Castagnola y continúa Diana Guterman

La segunda testigo del día, ya jubilada, fue directora de Investigación Financiera en AFIP en 2018. Contó que trabajó 42 años en el organismo.

Al comenzar su declaración recordó los oficios recibidos por el caso Cuadernos. “Se definió que nosotros circularizáramos a las entidades bancarias que habían operado con determinadas empresas en determinados períodos”. Se buscaron todos los movimientos de esas empresas con esas entidades en base a un listado enviado por el juzgado con operaciones realizadas en determinados períodos, detalló.

“Nunca recibí una presión por parte del Poder Ejecutivo en ningún caso en mis 40 años de carrera”, dijo Castagnola

El ex titular de la DGI recordó ante una pregunta de la fiscalía la existencia de una transferencia a un banco privado de Andorra por 4,2 millones de dólares.

“El caso conocido es la UTE Odebrecht. Fueron 4,2 millones de dólares derivados a la banca privada de Andorra. Uno se acuerda simplemente por la vinculación que había con el Presidente (en relación a Mauricio Macri). Vinculación informal, no es que estaba vinculado, pero al aparecer el nombre Calcaterra, no nos engañemos, uno sabía que se estaba afectando indirectamente a la familia y uno sabía que se exponía a que después podía haber algún tipo de comentarios. Pero se hizo igual”, dijo en relación a esa investigación y al primo de Macri, el empresario ahora juzgado Angelo Calcaterra.

También acotó que la misma sociedad que figuraba en la denuncia “había sido utilizada por Odebrecht en otros casos en otros países en América Latina para generar salidas espurias sin contraprestación efectiva.”

“¿Hay alguna presión del Poder Ejecutivo respecto a la AFIP para que se haga o se deje de hacer algo?“, preguntó a su turno el defensor José Manuel Ubeira. “Nunca recibí una presión por parte del Poder Ejecutivo en ningún caso en mis 40 años de carrera”, respondió el testigo.

Castagnola respondió preguntas del abogado de CFK Carlos Beraldi

El defensor de la ex presidenta Kirchner preguntó al testigo por el oficio de Bonadio donde se pidió buscar “financiamientos espurios”.

“No era habitual en estos términos” recibir oficios explicó Castagnola pero puntualizó que se buscaban facturas apócrifas porque “ implícitamente generan salidas de dinero donde uno pierde la trazabilidad, porque si se pagó algo y el que lo recibió no prestó el servicio o no existe, ese dinero se evaporiza para el seguimiento”.

En esta investigación “sí hubo facturas apócrifas o salidas no documentadas” precisó.

A pedido de Beraldi habló del sistema de registro de personas de trascendencia pública que luego se llamó “Memento”.

“Se hizo porque hay determinadas personas notorias o conocidas donde los ataques informáticos a la base de datos para acceder a información son muy frecuentes”. Se trata de funcionarios, artistas, políticos. Era una “especie de segunda barrera de control para evitar ataques” y se creó en principio durante la gestión de Carlos Silvani en AFIP. Después se hizo un sistema llamado Memento: “cuando un funcionario accedía a una determinada persona de ese universo se hacía una especie de advertencia” y se le pedían los motivos.

El ex titular de la DGI Castagnola habló de su separación del organismo y de los pedidos de información judicial por el caso Cuadernos

El testigo recordó la llegada del oficio del juzgado de Claudio Bonadio en agosto de 2018 con pedidos de información sobre la causa.

“¿Podemos afirmar que no se direccionó la investigación?“, le preguntó la fiscal de juicio Fabiana León. A lo cual el ex funcionario respondió que se cumplió con la manda judicial como era de rutina en todos los casos. También mencionó que el oficio llegó en agosto de ese año y fue separado del cargo en octubre por lo cual su intervención fue ”acotada".

“No tengo idea”, dijo sobre por qué lo separaron del cargo. “Me dijeron que era un cambio generacional, que había un cambio de perfiles”. Su sucesor fue Marcelo Costa.

Castagnola dijo que nunca supo “el detalle del caso” pero que sí recordaba de manera puntual a las empresas IECSA e Isolux. En esta última “estaba Lascurain, que era conocido” y en IECSA porque todos sabían que Calcaterra era primo hermano de Macri. Son los dos casos que más me acuerdo”.

“En ningún momento se me dijo nada al respecto”, agregó en respuesta a si su retiro del cargo fue por esta investigación.

Declara el ex titular de la DGI Horacio Castagnola

La audiencia se reanudó este jueves con la declaración como testigo del ex titular de la DGI Castagnola.

Poco antes se resolvió que no declaren otros testigos convocados para esta jornada, entre ellos el ex titular de Asuntos Jurídicos de la ex AFIP Eliseo Devoto. Sus testimonios habían sido pedidos por la fiscalía, que desistió de escucharlos.

El juez en lo penal económico Diego Amarante reclamó quedarse con la investigación por la suntuosa casaquinta de Pilar cuya propiedad se atribuye a testaferros de la AFA porque consideró que está vinculada a la causa por una multimillonaria retención indebida de aportes en la que ya procesó a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino.

Ante ello pidió a la jueza María Verónica Straccia, a cargo del juzgado en lo penal económico 10 donde quedó el caso contra los supuestos testaferros Luciano Pantano y Ana Conte, que se inhiba y le envíe el expediente. Si la magistrada se niega, una vez más el tema sería resuelto por la Cámara en lo Penal Económico.

Optimizar recursos

Para el juez, todas las investigaciones están relacionadas con los mismos acusados y la suya es la que investiga los delitos más graves, remarcó. “La concentración de los expedientes ante este Juzgado se presenta como la solución más adecuada para optimizar los recursos fácticos y técnicos disponibles, evitar la duplicación innecesaria de medidas probatorias comunes y resguardar de manera efectiva el derecho de defensa en juicio de las personas sometidas a investigación”, advirtió Amarante en la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

El pedido se concretó esta semana luego que el juez federal de Campana Adrián González Charvay envió el expediente de vuelta al fuero penal económico porteño por orden del Tribunal de Apelaciones y después del fracaso de un último intento de los acusados por frenar el nuevo cambio de juzgado con un recurso ante la Cámara Federal de Casación..

La causa quedó así en el juzgado a cargo de Straccia y ahora Amarante entendió que hay “conexidad subjetiva” entre todas las investigaciones y que la suya está más avanzada con procesamientos confirmados por la Cámara en lo Penal Económico contra Tapia y Toviggino y una ampliación de denuncia con medidas de investigación ya en marcha.

El juez había recibido otra denuncia en marzo por el tema de la mansión de Pilar basada en publicaciones periodísticas y el fiscal Claudio Navas Rial le pidió que la envíe a Campana, algo a lo que Amarante se negó y ahora reclama que la investigación por la mansión de Pilar se sume en su juzgado a esa causa y a la de retención indebida de aportes,

Al pedir a Straccia que se aparte del caso, advirtió que se trataría de los mismos imputados y que “los hechos más graves son los que se investigan” en su juzgado.

Qué se investiga

La denuncia por presunto lavado de activos se basa en una supuesta “maniobra de defraudación llevada adelante por las máximas autoridades de la AFA en perjuicio de esa entidad” con la contratación “infiel” de intermediarios y “desviación de fondos” para luego “en una fase posterior, la presunta implementación de un circuito complejo orientado a reintroducir dichos activos al patrimonio de quienes habrían intervenido en la maniobra inicial”.

Para ello se habrían usado “cuentas bancarias en el exterior como cuentas de tránsito, la posterior redistribución de sumas millonarias hacia un conjunto reducido y recurrente de destinatarios y la intervención de estructuras societarias interpuestas, incluyendo entidades financieras y sociedades constituidas en el extranjero que -según se refiere- no tendrían capacidad económica ni estructura real”.

La causa por la mansión de Pilar valuada en 17 millones de dólares, la flota de vehículos de colección y lujo que se cotizó en otros casi 4 millones y demás bienes derivó en una investigación sobre un “complejo entramado” de sociedades en principio “con un denominador común relacionado con distintas entidades vinculadas al fútbol profesional”.

Esta investigación va por el cuarto juez desde que se presentó la denuncia. Finalmente se ordenó que saliera del juzgado federal de Campana a cargo de Adrián González Charvay, donde los acusados pretenden que se investigue, y vuelva al fuero penal económico de CABA. Ahora quedó en el centro de una nueva disputa de competencia.

El viernes último, la Cámara confirmó los procesamientos de Tapia y Toviggino dispuestos por Amarante en la investigación por el no pago en el plazo legal de retenciones calculada en 19.000 millones de pesos. Los dos están embargados por 350 millones de pesos y tienen prohibida la salida del país. Tapia está de viaje por el Mundial en Estados Unidos con permiso judicial.

El ex jefe de Gabinete Manuel Adorni gastó entre diciembre de 2023 y marzo pasado un total de $139 millones en consumos con tarjetas de crédito, según cálculos de los investigadores, mientras se aguarda un informe oficial encomendado a un organismo especializado.

Se trata de una de las pruebas que se analizan en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el ahora ex funcionario y que está delegada en la fiscalía federal de Gerardo Pollicita.

Los investigadores tienen los resúmenes bancarios de los gastos con las tarjetas y, según pudo confirmar Infobae, en base a ellos realizaron una cuenta propia que arrojó el nivel de gasto por $139 millones de pesos en consumos, mientras era funcionario público, primero como vocero y luego como jefe de Gabinete .Además es investigado por haber usado plásticos de empleados suyos para compras de elementos de videojuegos, según ya declaró una de ellas como testigo en los tribunales federales de Retiro. El entonces funcionario devolvía el importe en efectivo.

La sumatoria de consumos de Adorni con tarjetas de crédito superaría el promedio del salario que percibió en la función pública, según estimaron las fuentes del caso. A esto se agregan los gastos en efectivo revelados por otros testigos, como fue el caso del contratista Matías Tabar en relación a los 245 mil dólares gastados cash en la refacción de su casa en el barrio privado Indio Cua.

Adorni percibió un salario de 3,5 millones de pesos por mes hasta fines de 2025 y luego aumentó a 7,6 millones. La Justicia accedió a toda la información tras el levantamiento del secreto bancario al entonces funcionario. Se trata de datos preliminares a la espera de un amplio trabajo que se encomendó a la DAFI, un organismo especializado en informes patrimoniales. Una vez que se reciba el resultado y en caso de considerarlo la fiscalía pedirá que se intime a Adorni a presentar una justificación patrimonial. Si esto no convence, se avanzará en un planteo para que se cite a declaración indagatoria al ex jefe de Gabinete, algo que tiene que decidir el juez del caso, Ariel Lijo.

El análisis de los gastos

Además de los consumos con tarjeta se analizan otros gastos pagados con tarjetas de crédito de al menos dos empleados públicos subordinados de Adorni. También compras como camas y blanquería facturadas en unos 8 millones de pesos a nombre de otra funcionaria y abonadas en efectivo. A esto se suma el pago en dólares de refacciones a propiedades y viajes también saldados en efectivo desde la llegada a la función pública de Adorni en 2023.

El estudio pericial que terminará de sellar la suerte del ex funcionario abarcará todas las pruebas que se fueron incorporando, desde el inicio de la investigación en cuanto a los gastos y el cruce con ingresos acreditados. Se hará sobre Adorni y también en relación a su grupo familiar.

Además, el fiscal pidió ya un informe técnico sobre la cotización del Bitcoin en los últimos 13 años para determinar si es posible que Adorni haya ganado USD 300 mil con una inversión que mantuvo “en negro” hasta ahora, como dijo en una entrevista periodística.

La investigación se amplió a períodos previos a su arribo a la función pública, en pedidos de informes que abarcan a su esposa Bettina Angeletti y también se pidió un informe sobre todas las declaraciones públicas de Adorni desde antes de su llegada al gobierno de Javier Milei vinculadas a criptomonedas luego que en la declaración jurada que presentó blanqueó ingresos que corresponden a sus ahorros “en negro” durante esos años. Se busca determinar la trazabilidad del monto inicial de inversión, que según el ex funcionario fue de 200 mil dólares.

Integrantes del equipo de la AFIP que investigó a empresas en el caso Cuadernos coincidieron este martes al ratificar que se detectaron multimillonarias extracciones de dólares en efectivo cuyo destino no se pudo rastrear y en algunos casos coincidentes con las fechas de pago de supuestos sobornos para adjudicarse obra pública en el kirchnerismo.

El Tribunal Oral Federal 7 que juzga a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados en el caso de los Cuadernos de la corrupción continuó este martes escuchando a contadores, abogados y ex funcionarios del equipo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), hoy ARCA, que investigó a empresas involucradas.

Declararon los contadores Pedro Puyo y María Eugenia Matilde Lanza y los abogados Jimena De La Torre y José Luis Giordano.

En esta etapa del debate oral se analizan presuntas inconsistencias detectadas en los controles fiscales a firmas cuyos responsables permanecen imputados en el proceso.

La acusación, sostenida por la fiscal Fabiana León, apunta a que parte del dinero que la AFIP consideró imposible de rastrear, y que en gran parte fue sacado en efectivo luego del cobro de anticipos financieros para obra pública, corresponde a sumas que se usaron para pagar sobornos a ex funcionarios del kirchnerismo.

Para el próximo jueves están previstos los testimonios de Jaime Mecikovsky, ex subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior en la entonces AFIP, y de Eliseo Devoto, quien fuera jefe de Asuntos Jurídicos del organismo bajo la gestión de Alberto Abad.

Terminó la audiencia

Con la declaración del testigo y abogado de la ex AFIP Giordano concluyó la audiencia y el debate seguirá el jueves próximo con una nueva tanda de funcionarios del organismo recaudador.

Declara un abogado de la ex AFIP

José Luis Giordano también aporta detalles sobre el pedido judicial para determinar posibles fuentes de “financiamiento espurio” de las empresas.

“Nosotros no podemos saber dónde termino el dinero. Nos concentramos en ver hasta dónde llegaba y si se perdía el rastro”, explicó.

Terminó la declaración de Jimena de la Torre

La ex funcionaria de AFIP terminó de declarar en el juicio luego de dar detalles sobre cómo se designaban los expertos del organismo para colaborar con las requisitorias judiciales.

“Había que tener alguito de cintura para decirle que no a un juez federal”, expresó al recordar que muchas veces los magistrados pedían por personas en particular para ciertos trabajos y no era posible.

“Cuando fue el oficio sobre el financiamiento espurio nos agarramos la cabeza”

La testigo De la Torre explicó que nunca supo sobre el contenido de las respuestas a Bonadio porque estaban amparadas en el secreto fiscal. Su rol era “velar porque se respondiera en tiempo y forma, pero no había manera de ver nada. Las respuestas estaban encriptadas”.

“Cuando fue el oficio sobre el financiamiento espurio, nos agarramos la cabeza. Nunca nos habían pedido algo así. La subdirección de fiscalización intentó encontrar patrones a partir de cruces de información”, explicó. La tarea fue “detectar algún tipo de patrón que llamara la atención. Después estaba en la tarea del fiscal y el juez decidir si era espurio o no. Se buscaba extracciones de dinero en efectivo que coincidieran con las fechas, se cruzaba la información”.

La testigo refirió que ocupó su cargo hasta el 10 de diciembre de 2019. Trabajar en los oficios que pedían información sobre el caso Cuadernos “era sumamente complejo, era mucha la gente que estaba abocada”.

La base Memento

Y sobre posibles filtraciones de información refirió que en AFIP existía una base llamada Memento, "un listado de personas de trascendencia: políticos, jueces, celebrities. Hoy podrían estar hasta los instagramers, gente que tiene cierta relevancia o nivel de conocimiento en la sociedad argentina, de cualquier color político".

“Cada vez que un funcionario consultaba la base de alguna persona de relevancia, nos llegaba una alerta inmediata. Recibía 300 mails por día, me avisaban que se había consultado la base de un juez federal, de una celebrity, y eso generaba una consulta puntual y si no había justificación adecuada se generaba un sumario. No era gratis entrar a cualquier lado”.

“Lo que ocurrió en 2020 fue llamativo”, dijo De la Torre

La ex funcionaria de AFIP contó que cuando cambió el Gobierno “la gente te llamaba y te decía: ‘Me corrieron’, ‘Me están investigando’”. Contó que según le dijeron se abrieron auditorías, sumarios “hasta a secretarias privadas”.

“Lo que ocurrió en 2020 fue llamativo”, dijo la abogada y ex funcionaria del organismo.

“Incluso preguntaban por las agendas, querían saber con quién te habías reunido”, recordó y ante una pregunta de la fiscal respondió que estos movimientos sí tenían relación con quienes trabajaron en el caso Cuadernos.

“Sé que incluso se abrieron auditorías. Me contaron, aclaro que no es algo que viví personalmente, que hasta miraban las agendas para ver con quién te habías reunido. Yo personalmente tuve seis denuncias penales a partir de mi paso por AFIP. Todas hoy están archivadas. Muchos tuvimos denuncias penales”, contó al Tribunal Oral Federal 7.

Sobre el caso Cuadernos dijo que llegaban oficios con pedidos de información judicial como llegaban con otras causas.

La audiencia se reanudó con la declaración de Jimena de la Torre

La actual consejera del Consejo de la Magistratura de la Nación comenzó a responder preguntas de la fiscalía en relación a su trabajo como jefa de Gabinete en la AFIP desde 2018, en la gestión de Leandro Cuccioli.

Tras casi dos horas de declaración terminó el testimonio de la contadora Lanza y hay cuarto intermedio de 30 minutos

La testigo Lanza terminó su declaración a las 13 y el Tribunal dispuso un cuarto intermedio de 30 minutos. El final de su intervención en el juicio estuvo centrado en intercambios con las defensas sobre si es legal o no extraer grandes sumas de efectivo de los bancos y la trazabilidad.

“Puedo ir a preguntarle al contribuyente qué hizo con esa plata, pero la trazabilidad se termina cuando se saca por ventanilla” del banco enfatizó.

Es decir, insistió el abogado de CFK Carlos Beraldi, “¿El contribuyente no puede decir en tal lugar tuve que hacer un pago en efectivo? ¿Por ahí en alguna jurisdicción donde no había banco para hacerlo?”. El letrado explicó que buscaba determinar “cuál es el nivel de certeza” que tiene la información que se le dio al juez Bonadio en respuesta a sus pedidos.

Lanza insistió en que “todo tiene que estar bancarizado, es una realidad” porque cuando “la plata sale de una ventanilla y se pierde la trazabilidad, ahí se terminó”.

La testigo describe cómo se investigó a las empresas

Lanza sigue su declaración iniciada una hora y media atrás y explica que al responder las mandas judiciales se hacía “una descripción de los pagos de Vialidad por un lado, por otro de los hechos descriptos por Clarens y después una columna con todos los movimientos de extracción, que pudieron ser por ventanilla en efectivo” de las empresas sospechadas.

“Describimos información como auxiliares de la Justicia. No puedo emitir ninguna opinión al respecto”, respondió ante la pregunta de un defensor. Y reiteró -sobre la trazabilidad del dinero- que con la “extracción de un dinero por ventanilla, se pierde”.

“Si uno está retirando en efectivo mucha plata, llama la atención, pero hay que verlo en la contabilidad de la empresa”. Llama la atención porque “estamos hablando de mucha plata retirando por ventanilla” y recordó que incluso consultó si hubo un camión de caudales en esos días para llevar esos montos.

“Para el fisco todo tiene que estar bancarizado”, contestó ante otra pregunta de las defensas vinculada a si usar efectivo es un delito. “El que retira dinero en efectivo para qué lo retira desconozco”, concluyó la testigo. Las defensas también preguntaron sobre la obligación de bancarización de las empresas y ella remarcó que “existe una resolución donde a partir de determinado monto todos los pagos tienen que estar bancarizados”.

La testigo explica cómo se contrastaban movimientos en efectivo de las empresas con los dichos del arrepentido Clarens

Lanza detalla que en todos los casos fueron sumas en dólares cobradas por ventanilla en los bancos. Se siguió un procedimiento similar para todas las empresas, “comparando los hechos descriptos por Clarens con la circularización de los bancos”.

En uno de los casos, la empresa Panedile, se obtuvo una extracción de dólares por caja que coincidió “con uno de los hechos narrados por Clarens”, recordó. “Se establecía qué persona retiraba el efectivo y buceábamos en las bases del organismo a ver qué obteníamos”.

En ese marco, explicó que no iban a las empresas investigadas porque se trataba de una “manda” judicial no de una fiscalización del organismo y se les había encomendado trabajar con información del organismo y circularizaciones a terceros.

Sobre las extracciones en efectivo dijo que se llegaba “hasta ahí” en relación a seguir la ruta de ese dinero que perdía la trazabilidad.

“Cuando uno tiene proveedores apócrifos, esa plata fue a algún lugar”

La contadora sigue declarando y ahora recordó a empresas con proveedores apócrifos. “La realidad es que cuando uno tiene proveedores apócrifos esa plata fue a algún lugar, hay que seguir la trazabilidad de esa plata, revela una salida de dinero”, advirtió.

“Si es efectivo se pierde el rastro”, explicó en relación a la mayoría de los casos cuando los dólares se sacaban “por ventanilla”.

Contadora de la ex AFIP también habla de retiros en efectivo por miles de dólares

La testigo Lanza habló de su trabajo como parte del equipo que respondía pedidos de información judicial en el caso Cuadernos.

El procedimiento incluyó la circularización de bancos con fechas próximas a supuestos pagos de sobornos que confesó el financista arrepentido Ernesto Clarens.

Clarens describió operaciones vinculadas a varias empresas, entre ellas Decavial. Durante un período de cuatro años, se registraron extracciones en dólares por un monto aproximado de 11,8 millones en esa firma, dijo la testigo. “El trabajo consistió en aparear esas extracciones con los hechos relatados por Clarens”, explicó. Se analizaron los hechos en relación con cada contribuyente, buscando coincidencias específicas.

En ese caso relatado no se pudo determinar el destino del dinero. “Lo retiran por ventanilla y no sabemos”.

El organismo determinó realizar los procedimientos de verificación hasta 30 días antes de los hechos señalados por Clarens. Entre las operaciones detectadas, se identificaron retiros de efectivo, como uno cercano a los 300 mil dólares, ejemplificó.

Terminó la declaración del testigo Puyó y comienza María Eugenia Lanza

Con la exhibición de informes enviados al juzgado durante la investigación del caso Cuadernos terminó la declaración como testigo del ex funcionario de la AFIP en Córdoba Pedro Puyó.

La segunda testigo del día, María Eugenia Lanza, es contadora y trabaja en la AFIP, hoy ARCA. En 2018 formaba parte de la división Comprobaciones Externas de la dirección fiscalización de Grandes Contribuyentes. Recordó que en el caso Cuadernos se le encomendó incorporarse al equipo que respondía los pedidos que llegaban del juzgado de Bonadio. En una primera etapa trabajaron Techint y Esuco.

Bonadio pidió determinar si hubo “financiamientos espurios”

El testigo Puyó recordó que cuando se inició la causa Cuadernos, el entonces juez del caso Claudio Bonadio pidió a la AFIP investigar a un grupo de empresas y personas físicas.

El objetivo era determinar si existían “financiamientos espurios. Recuerdo esa expresión porque no es habitual y debíamos buscar si había financiamiento espurio en esas empresas durante el período fiscalizado”, explicó ante una pregunta del defensor del empresario Ferreyra, Franco Mattiello.

Luego volvió a responder preguntas de la fiscalía en relación al retiro en efectivo de 2,4 millones de dólares para “atesoramiento” , según documentación que se le exhibió en la audiencia.

El testigo habló de un retiro de 2,4 millones de dólares en efectivo

Entre 2015 y 2016, previo al caso Cuadernos, se detectaron “algunas inconsistencias” en movimientos de fondos de Electroingeniería, de los empresarios Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra. “Enviaban fondos a empresas de medios de comunicación. Estas empresas no eran propiedad de los socios de Electroingeniería, sino de sus hijos, a través de otras empresas inversoras. No se llegó a una conclusión definitiva sobre estas operaciones”, relató el testigo Puyó. Sin embargo recordó que en una de ellas “se detectó un retiro en efectivo de unos dos millones de dólares, lo que llamó la atención”. Remarcó que esa empresa “daba pérdidas”. Después precisó que fueron 2,4 millones.

Comenzó una nueva audiencia y el primer testigo declara por videoconferencia

El juicio se reanudó con la declaración de Pedro Puyo, por Zoom, ya que se encuentra en el interior del país. El testigo explicó que integró el equipo de la ex AFIP, hoy ARCA, que realizó fiscalizaciones a empresas involucradas al comenzar a responder preguntas de la fiscal Fabiana León.

En su caso fiscalizó a la empresa Electroingeniería y su grupo.

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La Cámara Federal porteña ordenó que las dos investigaciones abiertas en Comodoro Py por presunto lavado de dinero y estafas a un millar de inversores de Generación Zoe, el conglomerado empresarial de Leonardo Cositorto, se unifiquen en un solo juzgado que investigará de ahora en más lo ocurrido entre 2019 y 2022.

Las dos causas tramitarán de manera conjunta a cargo del juez federal Ariel Lijo quien ya investigaba a Generación Zoe, que acumula más de mil denuncias por estafas.

La resolución, firmada por el camarista Roberto Boico, puso fin a una contienda de competencia que enfrentó al Juzgado Federal 4 con el 12. Ambos tenían a su cargo expedientes distintos pero relacionados: mientras el primero instruye desde 2021 posibles maniobras de lavado de activos e intermediación financiera no autorizada dentro de la estructura de Zoe, el segundo recibió en febrero pasado por orden de la Corte Suprema y, tras años de tramitación en la justicia ordinaria, la causa por las defraudaciones sufridas por los damnificados del conglomerado que fundó el ya procesado Cositorto.

Maniobras vinculadas

Las maniobras defraudatorias investigadas “se encuentran íntimamente vinculadas entre sí”, consideró el juzgado federal 12 a cargo del juez Julián Ercolini cuando declinó la compentecia. En una pesquisa se analiza la captación fraudulenta de fondos y en la otra, el circuito económico por el que esos activos circularon dentro del holding. Ambas investigaciones “se proyectan sobre un mismo núcleo fáctico, sobre una misma organización y sobre un mismo conjunto de operaciones económicas”.

Al resolver que se unifiquen en el juzgado federal 4, el camarista Boico mencionó un dictamen del Procurador General de la Nación del 5 de septiembre de 2025, al que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se remitió al definir la competencia federal. Allí se sostuvo que “la presunta actividad financiera de las empresas dirigidas por la organización investigada, en cuanto les otorgaba fiabilidad, habría sido el medio para cometer las defraudaciones denunciadas”, lo que establece una relación objetiva entre ambos expedientes.

El mismo dictamen subrayó que “le corresponde al fuero federal que interviene en la presunta intermediación financiera no autorizada investigar, además, si esa infracción constituyó el medio para cometer las defraudaciones sufridas por los damnificados en su patrimonio”.

El magistrado concluyó que asignar la investigación al juzgado que preside Lijo “se orienta a garantizar una mejor y más pronta administración de justicia”.

El periplo de los estafados

La causa por las estafas a los inversores tramitó durante años en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 1 del fuero ordinario hasta que la Corte Suprema definió la competencia federal. En el expediente paralelo que ya estaba radicado en Comodoro Py se investigan los presuntos delitos de lavado de activos e intermediación financiera no autorizada, mientras que en el primero el fuero ordinario ya dictó procesamientos por estafa y asociación ilícita.

Cositorto está procesado como presunto jefe de una asociación ilícita responsable de 1.095 hechos de estafa. El grupo, según consta en la resolución, diseñó una estructura que simulaba ser una empresa próspera, promoviendo cursos de coaching, trading, liderazgo y otros servicios educativos de carácter tecnológico. Está embargado por 10 mil millones de pesos y el daño calculado a los inversores es de U$S 16.062.089, $4.425.706 y €6500. Ofrecía oportunidades de inversión en supuestos criptoactivos y servicios inmobiliarios.

El creador de Zoe ya está detenido con dos condenas firmes por asociación ilícita y estafas reiteradas en Corrientes y Salta. Además, enfrenta procesos en Córdoba —donde se encuentra radicada la mayor de las causas— y en Santa Fe.

El juicio oral por la causa Cuadernos inició una nueva etapa centrada en testimonios del equipo de la ex AFIP y actual ARCA que investigó a las empresas y empresarios involucrados en los presuntos pagos de sobornos en el kirchnerismo.

El proceso, que tiene como principal acusada a la ex presidenta Cristina Kirchner, se concentra ahora en el análisis en las inconsistencias detectadas en los controles a firmas cuyos entonces responsables se encuentran en el banquillo.

En tan sólo dos de estas audiencias se escuchó ya hablar de millones de dólares a los que se les perdió el rastro, uso de facturas truchas de proveedores que nunca podrían haber prestado los servicios contratados y hasta de un recital de Ricky Martin pagado para promocionar un emprendimiento turístico privado, vinculado a un empresario que poco antes había cobrado un multimillonario anticipo de fondos públicos para una obra que no llegó a terminarse.

Según la acusación que ahora sostiene la fiscal de juicio Fabiana León, gran parte de este dinero que para los técnicos de la AFIP se volvió imposible de rastrear era el que recolectaron en concepto de sobornos funcionarios del kirchnerismo, como detalló el autor de los cuadernos y remisero arrepentido Oscar Centeno, en relación a su ex jefe Roberto Baratta.

Una semana de testigos clave

Para esta semana se esperan dos testimonios clave: los de Jaime Mecikovsky y Eliseo Devoto. El primero fue subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior de la entonces AFIP y ya declaró durante horas en la causa Vialidad, donde se condenó a seis años de prisión a Cristina Kirchner por administración fraudulenta. Devoto, por su parte, era el jefe de Asuntos Jurídicos del organismo durante la gestión de Alberto Abad.

Miembros del equipo fueron objeto de denuncias penales y en muchos casos pérdida de funciones durante 2020, según fueron recordando en las audiencias quienes ya declararon, entre ellos funcionarios de carrera con más de 30 años en el organismo.

Se los acusó, incluso, de haber sido parte de una “taskforce” del macrismo. Todos dijeron que se les asignó por sus funciones responder, por ejemplo, pedidos de información judicial que llegaban desde el juzgado federal 11, donde tramitaba el caso Cuadernos, a cargo del fallecido juez Claudio Bonadio.

El próximo martes 30 está prevista la declaración de Pedro Puyo, María Eugenia Matilde Lanza, Jimena de la Torre, José Luis Giordano y Marcelo Costa, mientras que el jueves 2 de julio se espera la presencia de Devoto, Horacio Castagnola, Mecikovsky, Pablo Paturlante, Diana Guterman y Ana María Prana.

Documentación secreta

A los testigos se les muestra documentación contable y financiera que hasta ahora permaneció bajo secreto fiscal y fue entregada a las partes poco tiempo atrás.

Durante las recientes audiencias ante el Tribunal Oral Federal 7, declararon entre otros Verónica Iglesias, Carlos Stafforini, María Marta Criscuolo y Diego Quintas, todos ex integrantes del equipo de fiscalización de Grandes Contribuyentes de la AFIP. Iglesias relató que, en los controles a la empresa Isolux Corsán, se detectó el uso de facturas apócrifas emitidas por proveedores sin capacidad operativa, lo que motivó allanamientos y la extensión de controles a otros contribuyentes.

Stafforini, por su parte, explicó que la empresa Fainser recurrió a proveedores identificados como apócrifos, y que uno de ellos llegó a emitir facturas por cerca de 80 millones de pesos sin respaldo de servicios reales.

Criscuolo, quien ocupó cargos de supervisión hasta 2020, detalló que empresas como IECSA, entonces en manos de Angelo Calcaterra, realizaron transferencias a bancos en Andorra y compraron unos tres millones de dólares en coincidencia con anticipos por obra pública.

Parte de ese dinero se retiró en efectivo a través de la firma Transcambio y se vinculó a una UTE que IECSA formó con JCR para la remodelación de la autopista Córdoba-Rosario. “Se compraron tres millones de dólares que fueron retirados de Transcambio en efectivo por Santiago Altieri por IECSA y Jorge Benolol por JCR”, afirmó Criscuolo ante el tribunal. A ese dinero se le perdió el rastro, dijo.

Uno de los testimonios más llamativos lo aportó Jorge Tesolin, quien recordó la investigación sobre Vertúa Servicios y el uso de anticipos financieros otorgados por la empresa pública Enarsa. Tesolin indicó que la firma recibió una multimillonaria suma equivalente a casi cinco millones de dólares al cambio de la época para el Gasoducto del Nordeste Argentino, fondos cuyo destino no pudo acreditarse en su totalidad y que, de manera llamativa, poco tiempo después hubo una inversión del dueño de la empresa y su esposa en un fideicomiso turístico, que luego contrató un espectáculo de Ricky Martin en Mar del Plata para promocionarse.

“No se pudo determinar qué pasó con los dólares comprados con esos fondos de Enarsa”, declaró Tesolin, en referencia a las extracciones en efectivo detectadas por parte de los responsables de Vertúa.

Las audiencias ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli seguirán martes y jueves y se resolvió que haya juicio la segunda semana de la feria judicial de julio.

El detenido ex presidente de ARSAT Facundo Leal pidió el arresto domiciliario para tratar su adicción a las drogas. La defensa hizo el planteo en los tribunales de Comodoro Py donde se lleva adelante la causa por los estupefacientes encontrados durante un allanamiento, en su departamento del barrio porteño de Palermo.

Desde entonces el ex funcionario está detenido y fue procesado con prisión preventiva por presunta tenencia para la comercialización. Argumentó que era para consumo personal y presentó certificados médicos dando cuenta de su adicción, pero por el momento la Justicia no le cree. Pidió al juez federal Daniel Rafecas que le conceda la prisión domiciliaria por su condición, algo que aún no tuvo respuesta.

Leal fue procesado y enviado a la cárcel por el primer juez que intervino en el caso, el federal de San Isidro Lino Mirabelli, quien luego se declaró incompetente y envió la causa por droga a Comodoro Py.

En San Isidro se investiga una megacausa por presunta corrupción durante la gestión del ex funcionario en ARSAT. En ese marco y a pedido del fiscal de ese partido Fernando Domínguez se ordenaron una serie de allanamientos que incluyeron la vivienda de Leal. Durante el procedimiento se encontró la droga y el acusado quedó detenido de inmediato por este hallazgo.

En el lugar había también US$650.000 en efectivo, monedas extranjeras, ketamina, drogas sintéticas y cocaína. Además, en una propiedad ubicada en Mendoza se le secuestraron US$1,7 millones.

La indagatoria por ARSAT

Leal tiene una próxima cita judicial el 13 de julio, cuando será indagado por el juez Mirabelli en la investigación por supuesta corrupción en la empresa estatal de comunicaciones. Las audiencias arrancarán el lunes 6 de julio y se extenderán hasta el 15. El lunes 13 declararán Leal y Gerardo Boschin, ambos ex directivos de ARSAT, y en los días siguientes comparecerán Pablo Pagani, Juan Navarro y Juan Álvarez, conocidos como la “banda de los mendocinos” por su origen provincial.

La investigación en ARSAT incluye acusaciones por presuntos incumplimientos de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles, fraude a la administración y cohecho. También fueron citados empresarios de ALS (Argentina Logistic Service), beneficiarios de un contrato bajo sospecha por el alquiler de un predio donde la empresa estatal almacenó equipos valiosos. Los investigadores sostienen que los funcionarios “se interesaron en las contrataciones sobre fletes, transportes y alquiler de grúa”, lo que habría derivado en un presunto direccionamiento sin cumplir condiciones esenciales.

Tres directivos de ALS serán indagados el lunes 6 de julio: Diego Padilla, Fernando Paredes y Gastón Padilla. Un día más tarde será el turno de una empleada de esa empresa. Esa misma semana el juez y el fiscal escucharán a un acusado de intermediar en la operación de alquiler del predio. Finalmente desde el 13 de julio se iniciará la ronda de indagatorias de los ex funcionarios de ARSAT: Leal, Boschín, Pablo Pagani, Juan Andrés Navarro y Juan Antonio Álvarez.

El robo

La causa penal se inició con una denuncia por el robo de materiales en ese predio de San Fernando. Se calcula que la pérdida para la empresa estatal fue de 151.000 dólares en bienes sustraídos o dañados que se guardaban en 17 shelters —contenedores tecnológicos utilizados para la conectividad de la Red Federal de Fibra Óptica— y que estaban por contrato bajo custodia en ese predio de la firma ALS. El robo se detectó el 4 de enero de 2024 durante una recorrida por el lugar, ubicado en Ex Combatiente Sánchez 1982, en San Fernando.

Cuando los investigadores comenzaron a tomar testimonios de trabajadores de ARSAT todos coincidieron en advertir las deficiencias del mantenimiento y la seguridad del lugar: hablaron de ratas que se comían cables, humedad, falta de iluminación y cámaras. Ante ello se puso la mira en el contratista del predio y la causa derivó en una presunta licitación direccionada. En la investigación que lleva el fiscal Domínguez se documentaron al menos 14 órdenes de compra por un valor total de USD 1.930.861,30 y $40.300.000.

También se sospecha que Leal, Boschin y Pagani “aceptaron y cobraron promesas de dádivas y beneficios económicos directos e indirectos por parte de los representantes de Argentina Logistic Service“, según la imputación fiscal.

La Justicia dejó firme este viernes el procesamiento del presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia en la causa por retención indebida de aportes calculada en 19.000 millones de pesos. La decisión fue de la Cámara en lo Penal Económico, que en su caso dio por desierta y no analizó la apelación de su defensa porque no se presentó a tiempo a una audiencia. El dirigente está embargado por 350 millones de pesos y tiene prohibida la salida del país. Está de viaje por el Mundial en Estados Unidos con permiso judicial. El Tribunal de Apelaciones confirmó también la acusación contra el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino Pablo Toviggino. Ambos quedaron más cerca de ser enviados a juicio oral. La AFA como persona jurídica también quedó con procesamiento firme.

Los motivos

En relación a Toviggino se dio por probada su responsabilidad en los delitos y se confirmó el procesamiento por la omisión de depositar en el plazo legal montos retenidos por la AFA en concepto de IVA, Ganancias y contribuciones a la Seguridad Social entre 2024 y 2025 por un monto calculado en 19.000 millones de pesos.

En cuanto a Tapia quedó firme la acusación por el mismo delito, además del embargo y prohibición de salida del país que le había impuesto el juez en lo penal económico Diego Amarante cuando lo procesó el 30 de marzo. En igual situación está la AFA como persona jurídica - procesada y embargada- , ya que tiene la misma representación legal que Tapia y la apelación también se declaró desierta.

Dinero en cuenta

La Asociación del Fútbol Argentino “durante todo el período en el que habrían tenido lugar los hechos investigados, contó con esos fondos en sus cuentas, lo que denota que tenía una situación financiera que le permitía cumplir con los depósitos de las sumas retenidas y percibidas” en tiempo y forma, advirtió la Cámara en la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Sin embargo, “transcurridos los plazos legales, dichos depósitos no se verificaron”. La falta de pago de las obligaciones “no resultaría ajena al ámbito de la organización que tenía a cargo” Toviggino. El tesorero “era quien daba la orden al sector correspondiente sobre qué obligaciones debían pagarse”, concluyó la resolución judicial.

Al ratificar lo resuelto por el juez Amarante, el Tribunal remarcó que la institución tenía plazos fijos bancarios con fondos que permanecieron depositados con sucesivas renovaciones y que " no fueron utilizados para atender las obligaciones pertinentes". Esas sumas “superaban holgadamente” el monto evadido y que fue cancelado después, fuera de vencimiento.

La querella de ARCA advirtió cuando presentó la denuncia que la entidad madre del fútbol argentino no depositó las obligaciones fiscales y de seguridad social “derivadas de su condición de agente de retención y/o de percepción, se recuerda, de fondos que no le eran propios”, a pesar de haber estado en condiciones de hacerlo pasados 30 días de los vencimientos, remarcó la sentencia.

Los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio revocaron el procesamiento de otros tres acusados y ordenaron profundizar la investigación sobre el rol que pudieron tener en la maniobra. Se trata de Víctor Blanco Rodríguez, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo.

Tapia y Toviggino son investigados además por supuesto uso de facturación falsa, con el fin de ocultar a los verdaderos destinatarios del dinero del impuesto a las Salidas No Documentadas por los períodos fiscales 2024 y 2025 por un total de $289.336.519,66. Se trata de una ampliación de denuncia que presentó ARCA y fue impulsada por la fiscalía.

Se mencionó proveedores inexistentes o no localizados, falta de estructura operativa, ausencia de empleados y bienes, inconsistencias bancarias, domicilios falsos y sociedades vinculadas entre sí. También “circuitos comerciales cerrados”, cheques con múltiples endosos y empresas que facturaban actividades ajenas a su objeto social.

Un Tribunal ordenó el envío “urgente” de la causa que investiga quienes son los verdaderos dueños de una mansión en Pilar, valuada en 17 millones de dólares y atribuida a testaferros de la AFA, al fuero en lo penal económico de CABA, algo que no ocurrió todavía pese a que hace casi dos semanas se ordenó que el caso salga de Campana.

La Cámara en lo Penal Económico rechazó un nuevo planteo de los acusados como supuestos testaferros, Luciano Pantano y su madre Ana Conte, quienes intentaron con un recurso llegar otra vez hasta un tribunal superior, Casación, para frenar la medida y que la investigación siga a cargo del juez federal de Campana Adrián González Charvay.

Los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio reiteraron que los conflictos por la competencia no frenan las investigaciones y, al advertir que todavía no se cumplió con lo decidido el 12 de junio y la causa sigue en Campana, ordenaron a la jueza Verónica Straccia, a cargo del juzgado federal de Garantías en lo Penal Económico 10 de CABA, que requiera a González Charvay “la remisión urgente” de la causa, según la resolución a la que accedió Infobae.

Cuando resolvieron el pase del caso, los camaristas encomendaron al juzgado de González Charvay remitir con “carácter muy urgente” a su par Straccia la causa entera, sus incidentes y la documentación reservada. Pantano y Conte presentaron un recurso de apelación ahora rechazado pero el envío no se concretó. Les queda ahora ir con un recurso de queja directo al máximo tribunal penal federal del país, pero los camaristas del fuero económico consideraron que mientras tanto la investigación debe cambiar de juzgado en forma inmediata.

Los dueños de caballerizas y autos de lujo

La causa busca determinar si la adquisición de la mansión ubicada en Villa Rosa, Pilar, junto con una flota de vehículos de colección valuada en casi cuatro millones de dólares y otros bienes, formó parte de maniobras de presunto lavado de activos. Los principales imputados son Pantano y Conte, integrantes de la firma Real Central SRL, propietaria del predio. La investigación intenta establecer si actuaron como presuntos testaferros de dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y si los fondos utilizados para adquirir esos bienes salieron de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

La pesquisa se inició a partir de una denuncia presentada por Elisa Carrió y Facundo Del Gaiso. Según la hipótesis inicial, Real Central habría adquirido la propiedad sin capacidad económica suficiente para justificar una operación de esa magnitud. La escritura de compra se realizó por 1,8 millones de dólares pero una valuación judicial fijó en 17 millones el valor real de la propiedad más la flota de vehículos descubierta en un galpón.

La investigación cambió ya cuatro veces de juez. En el último de los conflictos, Pantano y Conte lograron el pase del caso a Campana argumentando que los bienes investigados están en Pilar, jurisdicción del juzgado federal de Charvay. Así el caso salió en enero último del fuero en lo penal económico de CABA para ser investigado allí. Pero la fiscalía se opuso y el tema llegó a Casación, que anuló lo resuelto y ordenó dictar un nuevo fallo a la Cámara en lo Penal Económico.

Al resolver la disputa el 12 de junio último, los camaristas concluyeron que el objeto de la pesquisa excede la compra de un inmueble y abarca una serie de operaciones económicas, financieras y societarias que, al menos en parte, habrían sido desarrolladas en la Ciudad de Buenos Aires.

“El objeto procesal de aquellas actuaciones se encuentra conformado por la investigación de delitos presuntos, de naturaleza económica y financiera, que se habrían cometido cuanto menos en parte, en el ámbito territorial de competencia de este Fuero”, explicaron en ese momento.

El fallo también repasó las distintas ampliaciones de denuncia incorporadas al expediente y describió cómo la pesquisa evolucionó hacia el análisis de una serie de sociedades, movimientos patrimoniales, operaciones comerciales y vínculos económicos entre distintas personas físicas y jurídicas.

En ese contexto, los jueces consideraron que el eje de la causa se centra en “un complejo entramado societario y de relaciones económicas entre distintas personas físicas y jurídicas, en principio con un denominador común relacionado con distintas entidades vinculadas al fútbol profesional”.

Durante la instrucción se incorporaron referencias a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, integrantes de su entorno familiar y comercial y diversas sociedades bajo análisis. Cuando la propiedad en cuestión fue allanada por orden judicial también se secuestraron elementos que, según la investigación, estarían vinculados al dirigente.

Para la Cámara, la ubicación física de la mansión no resulta determinante para fijar la competencia del expediente. Los camaristas destacaron además que varias de las sociedades investigadas tienen domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y que allí se habrían desarrollado actos relevantes para la operatoria bajo sospecha. También remarcaron que la escritura mediante la cual se concretó la compra de la propiedad fue firmada en una escribanía porteña. Pantano pagaba gastos con una tarjeta corporativa de la AFA.

Funcionarios de la ex AFIP coincidieron al declarar este jueves que empresas investigadas en el caso Cuadernos pagaron facturas apócrifas a proveedores sin capacidad para prestar servicios, al iniciarse una nueva etapa de testigos en el juicio oral, centrada en fiscalizaciones del organismo.

Una testigo recordó además que una UTE que formó la empresa IECSA por entonces del acusado empresario Angelo Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri, hizo giros a un banco de Andorra y también aludió a la compra de unos tres millones de dólares en fecha coincidente con el cobro de un anticipo por parte de Vialidad Nacional para una obra vial cuando integraba otra unión transitoria de empresas.

Se trató de un anticipo financiero hacia la UTE que IECSA formó con otra firma, JCR, para la remodelación de la autopista Córdoba Rosario y que rondó los cien millones de pesos. Parte de ese dinero, unos diez millones de pesos, “se usó para comprar los dólares” y de las cuentas de la UTE “se sacó dinero” para adquirirlos, detalló María Marta Criscuolo.

La audiencia concluyó pasadas las 1530 y el juicio seguirá el martes próximo con más testigos de la ex AFIP, actual ARCA.

El debate que tiene como principal acusada a la ex presidenta Cristina Kirchner entró ahora en el análisis de inconsistencias que la actual ARCA encontró al fiscalizar a las empresas que tienen sentados en el banquillo a sus entonces titulares, procesados en gran parte por presuntos pagos de sobornos.

La primera testigo Iglesias, contadora de la ex AFIP (hoy ARCA) declaró sobre una fiscalización a la empresa Isolux Corsán y mencionó el uso de facturas apócrifas por parte de proveedores sin capacidad para brindar servicio. En el debate es juzgado su ex CEO Juan Carlos de Goycoechea.

Terminó la audiencia y sigue la próxima semana con más testigos de la ex AFIP

Con la breve declaración del último testigo del día Diego Quintas, abogado de ARCA y en 2018 jefe del área de División y Recursos de la Regional Centro culminó la audiencia de este jueves y el debate se retomará la próxima semana con más declarantes del organismo recaudador.

Tras casi cuatro horas terminó la declaración de Criscuolo

Antes de dejar la sala de audiencias, la testigo contó que entró a la AFIP en 1993 y en 2017 la nombraron supervisora de Investigaciones de Grandes Contribuyentes hasta mediados de 2020 cuando perdió el cargo. “No me dieron los motivos”, dijo ante una pregunta de la fiscal León y agregó que el cambio no significó una mejora en su carrera. Ante una pregunta de una de las defensas detalló que son cargos interinos.

La lista del arrepentido Clarens

Criscuolo, contadora de ARCA, sigue declarando y hace referencia a la lista de supuestos pagos ilegales por parte de empresas que aportó el arrepentido financista Ernesto Clarens. Recordó que a pedido del juzgado del caso Cuadernos se buscó establecer si existía una “correlación entre los montos informados por Clarens y las salidas de dinero” que el organismo ya había detectado.

‘Nosotros queríamos ver si había alguna correlación entre lo que informó Clarens y las salidas de dinero que habíamos identificado’, señaló. La lista de Clarens estaba en la AFIP, explicó y dijo no recordar después de ocho años cómo llegó al organismo.

Luego la defensa de los empresarios Calcaterra, Javier Sánchez Caballero y Altieri -por IECSA- le preguntó si encontró en sus casos alguna “fuente de financiamiento espurio”. “Yo no puedo concluir eso, lo único que hice fue circularizar bancos y ver qué pasó con el dinero de la UTE. No puedo dar esa conclusión, no me corresponde”, respondió la testigo.

“Se compraron tres millones de dólares” que se retiraron en efectivo

La testigo detalló al serle exhibidos gráficos que hizo durante su investigación en la ex AFIP que la UTE IECSA-JCR cobró un anticipo el 29 de octubre de 2008 por parte de la Dirección Nacional de Vialidad que neto de retenciones quedó en 98 millones de pesos. Con parte de ese dinero ”se compraron tres millones de dólares que fueron retirados de Transcambio en efectivo por el señor Santiago Altieri por IECSA y Jorge Benolol por JCR”, declaró Criscuolo.

La fiscal preguntó por el rastro del dinero en declaraciones juradas de importación de IECSA

“¿Se podía seguir el rastro del dinero?“, preguntó la fiscal Fabiana León a la testigo de ARCA Criscuolo en relación a la operatoria de IECSA como parte de la UTE que ganó la licitación para el fallido soterramiento. En el caso específico de las DJAI (declaraciones juradas anticipadas de importación) la testigo recordó que un banco informó ”que la plata había sido derivada a través de un intermediario en Nueva York a la banca privada de Andorra. Hasta ahí llegó nuestra labor investigativa”.

En relación a otra UTE, IECSA-JCR, recordó que ganó la licitación para la remodelación de la autopista Córdoba-Rosario. “Habían cobrado un anticipo financiero de cien millones aproximadamente. Lo que pudimos ver es que en ese mismo período la UTE había realizado operaciones de compra de dólares para tenencia” y la empresa que intervino, Transcambio, “informó que los dólares habían sido entregados a apoderados de la UTE en efectivo”. Se habían comprado unos tres millones de dólares, detalló.

Se reanudó la audiencia y el Tribunal decidió no aceptar los planteos de la defensa de Calcaterra

Tras deliberar por casi una hora, el Tribunal Oral Federal 7 por unanimidad rechazó los planteos de la defensa de Angelo Calcaterra que objetó preguntas sobre aspectos que se investigan en la causa por el fallido soterramiento del tren Sarmiento.

La fiscal federal Fabiana León podrá así seguir preguntando a la testigo Criscuolo sobre la ruta del dinero de declaración juradas de importación.

Los jueces Fernando Canero y Ernique Méndez Signori coincidieron en que las preguntas son pertinentes y no se observa vinculación directa con la causa por el soterramiento del Sarmiento. En su voto el juez Germán Castelli recordó que la funcionaria de ARCA ya declaró sobre el tema en la instrucción del caso y su testimonio fue admitido en el juicio oral.

“Nos informaron que la plata a través de un intermediario en Nueva York fue derivada a la banca privada de Andorra”, dijo la testigo al responder una nueva pregunta de la fiscal.

Tras breve cuarto intermedio se reanuda la audiencia con la tercer testigo del día

Se trata de la contadora y empleada de ARCA, ex AFIP, María Marta Criscuolo. Fiscalizó varias empresas a pedido del juzgado federal 11 a cargo entonces del ya fallecido juez Claudio Bonadio en la segunda mitad del 2018. Una de ellas fue SACDE, ex IECSA, detalló. En el caso puntual se concentró en una UTE vinculada al soterramiento del tren Sarmiento.

La audiencia registró un cruce entre la fiscalía y la defensa del empresario acusado Angelo Calcaterra, por la ex IECSA, cuando se preguntó a la testigo por las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) que forman parte de otra investigación judicial en la que está imputado.

La defensa, representada por los abogados Ricardo Rosental y Valeria Onetto, cuestionó la pertinencia de las preguntas. “Mis tres clientes están imputados sin decisión de mérito en esa causa. Es otra UTE, con otras empresas, y no tienen ninguna vinculación con el caso Cuadernos”, sostuvo Onetto.

Finalmente, la fiscalía insistió en que el objeto del interrogatorio era distinto al que se analiza en la causa por el soterramiento del Sarmiento y que se estaba examinando “un aspecto diferente” de las operaciones investigadas.

Terminó la declaración del segundo testigo y se dispuso un breve cuarto intermedio

El contador de ARCA Stafforini terminó su declaración y el Tribunal Oral Federal 7 dispuso un breve cuarto intermedio.

Poco antes, el defensor del empresario y ex titular de la UIA Lascurain, Marcelo Mónaco, le preguntó sobre el modo y el momento en que una empresa podía enterarse de manera fehaciente de que un proveedor estaba en una base de datos por facturas apócrifas o era poco confiable.

Ante esa consulta, el testigo respondió que “es muy difícil” detectar ese tipo de situaciones y explicó que los proveedores son incorporados a las bases de datos de apócrifos una vez finalizados los procesos de fiscalización, y no mientras están siendo investigados.

“Fainser les pagó a estas empresas apócrifas”

El contador de ARCA Stafforini declaró que como conclusión de una fiscalización la empresa Fainser “pagó a estas empresas apócrifas” como proveedoras que emitían facturas falsas.

Terminó la declaración de Iglesias y comienza el testigo Carlos Stafforini

Iglesias concluyó su declaración de casi una hora respondiendo preguntas de defensas y fiscalía. Dijo desconocer si la empresa Isolux Corsán participó en emprendimientos de parques eólicos como parte de alguna otra Unión Transitoria de Empresas. Remarcó que ella fiscalizó a la firma sólo como parte de la UTE que construyó la usina hidroeléctrica de Rio Turbio.

El contador Carlos Stafforini, de ARCA, fiscalizó la persona jurídica Fainser en relación a proveedores con facturas apócrifas. Se trata de otra de las empresas con directivos acusados en el juicio. En su caso se juzga a su ex titular Juan Carlos Lascurain, desde esta semana con arresto domiciliario condenado a cuatro años de prisión en otra causa penal por fraude en Rio Turbio.

Un proveedor emitió facturas por 80 millones sin capacidad para dar el servicio

Ante preguntas de la fiscalía sobre los motivos por los que una empresa o una UTE puede recurrir a facturación apócrifa, la ex jefa de División de Fiscalización de la AFIP explicó que una de las finalidades puede ser “buscar un incremento del crédito fiscal”. La testigo señaló que, durante las tareas de fiscalización, se detectaron proveedores que facturaban montos millonarios sin contar con capacidad económica ni operativa para prestar los servicios declarados.

Como ejemplo, mencionó el caso de Antonio Blua, un hombre que trabajaba en el Servicio Penitenciario y que comenzó a facturar a la UTE supuestos servicios de mano de obra en seguridad. Según indicó, en poco tiempo emitió facturas por alrededor de 80 millones de pesos. Sin embargo, “los empleados encuestados no reconocían a Antonio Blua”, sostuvo.

La ex funcionaria explicó que, para el organismo fiscal, resulta relevante determinar si un proveedor tiene capacidad para llevar adelante las prestaciones que factura, ya que de lo contrario se impugnan los créditos fiscales originados en “facturas que carecen en principio de veracidad”. Agregó que se realizó un seguimiento por muestreo de los fondos y que “aparecieron retiros de caja del banco”.

“Al determinarse que el proveedor que presta el servicio es apócrifo, esos fondos no tienen un destino cierto”, afirmó la testigo. En ese sentido, agregó que “se tiene que probar que esa persona haya prestado el servicio” y remarcó: “Esa persona no lo prestó”.

Además, señaló que “no se pudo determinar que el proveedor haya tenido un incremento patrimonial acorde a lo que pudo haber cobrado por este contrato”, circunstancia que, según explicó, reforzaba las sospechas sobre la inexistencia real de las prestaciones facturadas.

Finalmente, precisó que, tras la determinación de oficio practicada por la AFIP, el organismo avanzó con una denuncia penal.

La testigo habló de proveedores y facturas apócrifas

La testigo Iglesias recordó que estuvo a cargo de fiscalizaciones sobre la empresa Isolux y la UTE que integraba vinculada a la usina termoeléctrica de Río Turbio y explicó que durante las tareas de control detectaron la existencia de proveedores catalogados como apócrifos desde 2014.

Según relató estaba a cargo de directivos entre los que mencionó al acusado Juan Carlos Goycoechea. “Era un contribuyente muy importante y el control tenía que ser profundo”, sostuvo durante la audiencia.

En determinado momento, la empresa dejó de responder a los requerimientos formulados por el organismo recaudador, situación que derivó en la realización de un allanamiento, recordó.

Durante el interrogatorio de la defensa de Roberto Baratta, a cargo del abogado Marcos Aldazabal, la testigo confirmó que recibió distintos oficios judiciales solicitando información y que incluso existió un pedido para profundizar la investigación y evaluar la posibilidad de extender esos controles a otros contribuyentes relacionados con esa UTE.

El juicio se reanudó con la testigo Verónica Iglesias

En una nueva audiencia del juicio por presunta asociación ilícita y pago de sobornos durante el kirchnerismo, comenzó a declarar la contadora de la AFIP (hoy ARCA) Verónica Iglesias.

La testigo responde preguntas de la fiscal Fabiana León relativas a sus funciones en 2016, cuando era supervisora de fiscalización. En 2017 fue nombrada jefa de división. Comenzó a referirse a una fiscalización al grupo Isolux Corsán por uso de facturas apócrifas. Se trata de una de las empresas involucradas en la acusación.

El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella ordenó este miércoles una inspección ocular a la finca de San Vicente donde Jésica Cirio habría filmado fajos con miles de dólares dentro del vestidor de su exmarido, el exjefe de gabinete bonaerense Martín Insaurralde. Además, dispuso que Gendarmería Nacional perite el teléfono celular que la modelo entregó a la Justicia en busca de los originales de esos videos, entre una batería de medidas de prueba en el marco de la causa por supuesto enriquecimiento ilícito que se sigue al exfuncionario.

Las medidas se ordenaron luego de tomar declaración como testigo a un contador de una empresa vinculada al exintendente de Lomas de Zamora, Sasaxa Libero SA. Esa firma figura como propietaria de la casa de San Vicente donde convivió Insaurralde con Cirio. El contador, Walter de la Fuente, declaró ante el juez y el fiscal del caso Sergio Mola y dio detalles sobre los estados contables de esa empresa, firmados por él.

La inspección en el barrio San Vicente Club

A pedido del fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola, el juez autorizó la inspección en la finca 275 que ocupa dos lotes en el barrio “Fincas de San Vicente Club de Chacras”, en ese partido bonaerense. El objetivo es “constatar si las imágenes del video divulgado en los medios de comunicación” y las que en un futuro se agreguen a la causa judicial “han sido obtenidas en ese lugar”, según supo Infobae en fuentes judiciales.

Además declararán policías que participaron de un allanamiento al lugar cuando comenzó la investigación contra Insaurralde y los testigos de ese trámite para preguntarles si lo que vieron ese día coincide con “el espacio del cambiador que se observa en las imágenes” donde Cirio hablaba mostrando fajos de dólares escondidos en cajones de ropa, bolsas y valijas. También se convocó a dos ex empleadas domésticas del entonces matrimonio.

En cuanto a las refacciones y para constatar si entró personal de construcción con destino al lote para hacer reformas se pidió informes sobre ingresos y egresos a la administración del barrio privado desde 2022 al presente.

El celular de Cirio

En cuanto al celular que Cirio hizo llegar al juzgado por medio de su abogado, se dispuso que lo perite Gendarmería. Se trata de un “Apple, modelo Iphone 17 A 3523, que pertenecería a Jesica Wanda Judith Cirio y fuera aportado por su defensa”, detalló la orden judicial.

El aparato se entregó a la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses del Escuadrón “Buenos Aires” de la Gendarmería Nacional, se labró un acta y se ordenó que de manera “urgente” se realice un informe técnico con extracción del contenido de aplicaciones instaladas, “historial de navegación de internet, fotografías y videos, como cualquier otro tipo de archivos, con especial relevancia en la determinación de información relacionada con datos que evidencien la comisión del delito que en la presente causa se investiga”.

Además se ordenó la apertura, extracción y resguardo de datos (correos electrónicos, servicios de mensajería como WhatsApp, mensajería interna, documentación digital, registros de navegación e imágenes) respecto de otros dispositivos de almacenamiento secuestrados en allanamientos ordenados en los últimos días.

Se buscan conversaciones, transferencias, registros contables o material audiovisual (especialmente archivos de video de contenido patrimonial) “que vinculen a los investigados con las maniobras de lavado de activos o incremento patrimonial injustificado”, se detalló. También están bajo estudio filmaciones de cámaras de seguridad en busca de ingresos y egresos de los lugares investigados, transporte de bolsos, dinero y cualquier maniobra que resulte sospechosa.

Entre las medidas de prueba pedidas por el fiscal Mola figura también una pericia sobre las imágenes para intentar determinar cuánto dinero mostró Cirio. Para ello propuso la colaboración de expertos de la Procuración General de la Nación. Los fajos con dólares estaban debajo de remeras en prolijas bolsitas plásticas con cierre tipo “ziploc” o dentro de bolsas de tela y valijas.

Los videos de Cirio mostrando los dólares en un vestidor fueron publicados en el diario La Nación y las imágenes datarían de 2023. Insaurralde y Cirio se casaron en diciembre de 2014. Se separaron en noviembre de 2022 y el divorcio se formalizó en julio de 2023.

En la investigación está en curso una pericia sobre su patrimonio y el de otros imputados. Sobre esta pericia la fiscalía reclamó que se incluyan puntos que quedaron fuera, vinculados a familiares de Insaurralde como por ejemplo sus dos hijos, para reconstruir su actividad laboral y los ingresos que registraron, con el objetivo de establecer el origen de los fondos utilizados para adquirir acciones de una de las firmas de la que formaron parte y es propietaria de la casa.

La causa que tramita en Lomas de Zamora se inició en octubre de 2023 cuando se hizo público el viaje de lujo que el entonces jefe de Gabinete bonaerense hizo a Marbella con otra mediática, Sofía Clerici, en el yate “Bandido”, entre el 15 y el 20 de septiembre de ese año. El viaje, según reveló un dictamen del fiscal, costó 41.087,65 euros y 8.189,30 dólares. En octubre de 2024 la fiscalía reclamó citar a Insaurralde a declaración indagatoria, algo que aún no sucedió.

Mientras tanto, el fiscal federal porteño Franco Picardi evalúa un pedido que recibió para citar como testigo en Comodoro Py a Jésica Cirio en la causa que investiga a su otro exmarido, Elías Piccirillo, por maniobras con el rulo cambiario y la gestión de permisos de importación durante el cepo a dólar en el gobierno de Alberto Fernández. El planteo fue hecho por la defensa de otro imputado, Francisco Hauque.

El juicio oral por la causa de los Cuadernos de la Corrupción se reanudó este martes ante el Tribunal Oral Federal 7 con una nueva ronda de testimonios centrados en la operatoria de los vuelos presidenciales que unían Buenos Aires con Río Gallegos y El Calafate durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Además comenzaron a declarar funcionarios de ARCA que fiscalizaron empresas investigadas.

El primer testigo del día, el militar retirado José Molina, declaró por videoconferencia y reiteró que no siempre se controlaba el equipaje de la tripulación en los vuelos presidenciales. Luego fue el turno de un contador funcionario de ARCA, ex AFIP al momento de los hechos y de otro ex funcionario que recordó una contratación de un show de Ricky Martin para presentar un emprendimiento de otro de los acusados.

Las últimas audiencias estuvieron enfocadas en reconstruir cómo funcionaban los controles de equipaje en los vuelos oficiales hacia Santa Cruz. El eje de las declaraciones pasa por determinar si las valijas y bolsos transportados en esas aeronaves eran sometidos a los controles de seguridad habituales o si existían mecanismos excepcionales para determinados funcionarios y equipajes.

El debate oral, que comenzó en noviembre pasado, juzga a la ex presidenta Cristina Kirchner junto a ex funcionarios y empresarios acusados de integrar una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos vinculados con la adjudicación de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

Finalizó la audiencia

El TOF N° 7 dio por concluida la jornada.

El juicio continuará el jueves con más testigos.

“Una empresa contrató a Ricky Martin”

El ex jefe de fiscalización de AFIP confirmó que durante una revisión realizada sobre las cuentas del empresario Raúl Vertúa, uno de los acusados, comprobaron que había contratado al cantante para dar un show en Mar del Plata, en 2015.

Fue luego de haber cobrado 733 millones por la construcción del Gasoducto del Nordeste Argentino, una obra que no concretó, dijo el testigo.

La presentación de Ricky Martin que contrató el empresario fue para el lanzamiento de un emprendimiento inmobiliario en la Costa Atlántica, refirió además.

El testigo luego hizo un repaso de extracciones en efectivo que hizo el empresario acusado.

Declara un exfuncionario de AFIP

Se trata de Jorge Enrique Tesolin, supervisor del Área Fiscalización hasta 2018.

Terminó la declaración de Greco y se dispuso un cuarto intermedio antes de seguir con más testigos

La declaración del testigo Pablo Greco concluyó después de casi dos horas y el Tribunal dispuso un receso ante de continuar la audiencia de este martes con más testigos. El funcionario de ARCA ratificó lo hecho en un sumario a la firma ESUCO y las irregularidades detectadas.

El testigo de ARCA sigue respondiendo preguntas

El testigo Greco responde preguntas de las defensas y de la fiscal Fabiana León vinculadas a la fiscalización de oficio a ESUCO y da detalles sobre las ampliaciones de esa información que le pidió en 2018 el juez del caso Cuadernos, Claudio Bonadio.

El funcionario de ARCA lleva más de hora y media de declaración.

“Hubo una maniobra para engañar al fisco”

El testigo Greco relató que la unión transitoria de empresas que integró Esuco para una obra licitada por AYSA incurrió en una “maniobra para engañar al fisco mediante la simulación de una operación”.

“Para mí, este caso fue novedoso en ese sentido: contar con una factura de compra respaldada por una transferencia bancaria hacía presumir, a primera vista, que la operación era real. Incluso, si uno analiza la Ley del IVA, el hecho imponible se configura con la entrega del bien o con la emisión de la factura. Sin embargo, logramos demostrar que detrás de esa factura no existía ninguna contraprestación real. Se trataba, en definitiva, de una factura emitida para justificar la recepción de una transferencia de fondos”, explicó Greco.

El testigo detalló que “no existía ningún acto económico que respaldara la operación. Lo que se presentó como una transacción comercial era, en realidad, un anticipo financiero vinculado a una obra pública de AySA, sin que existiera una contraprestación real que justificara la emisión de la factura”.

“No existió ninguna contraprestación de servicios ni entrega de bienes, al menos hasta 2019. Lo que se acreditó en el expediente es que la factura no respondía a una operación comercial real, sino que había sido emitida para justificar una transferencia de fondos”.

El contador de ARCA recordó una fiscalización de oficio a Esuco

El testigo se refirió a un contrato de obra pública del año 2014 donde la empresa que integraba una UTE ganó una licitación y Aysa le transfirió dinero. “La UTE tenía que emitir una factura” por ese anticipo financiero. La UTE “no había declarado el débito fiscal” y se le reprochó en la fiscalización que como se trataba de una obra pública sobre inmueble ajeno “existía un débito fiscal a declarar a diciembre de 2014″.

Al responder preguntas de la fiscal Fabiana León, el testigo Greco habló sobre cómo se repartió el anticipo financiero entre los integrantes de la Unión transitoria formada por cuatro empresas. El funcionario intervino como “juez administrativo” para determinar si se cumplió con las obligaciones y en base a ellos fundaron los cargos, recordó.

Declara un contador de ARCA

Se trata de Pablo Greco, contador y funcionario de ARCA, ex AFIP. Trabajó en la fiscalización de una de las empresas investigadas por supuesto pago de sobornos en el caso Cuadernos, Esuco. Relató que es funcionario público de carrera en el organismo.

En los vuelos de cabotaje no siempre se controlaba el equipaje de la tripulación, dijo el testigo

Molina declaró que en los vuelos al exterior el equipaje era sometido a controles mediante un escáner móvil. “Nos escaneaban los bolsos y después el despachante subía el equipaje”, señaló.

Sin embargo, aclaró que no podía afirmar que esos controles se realizaran de manera sistemática en los vuelos de cabotaje. “En los vuelos dentro del país que me tocó realizar, no recuerdo que siempre se controlara el equipaje de la tripulación”, sostuvo.

Respecto del equipaje de los pasajeros, admitió no tener conocimiento directo: “Desconozco si las valijas de los pasajeros se controlaban o no”.

El primer testigo del día declara por videoconferencia sobre los vuelos presidenciales durante el kirchnerismo

Se trata de José Molina, militar retirado de la Fuerza Aérea, quien integró la flota presidencial entre 2010 y 2015. Al igual que testigos en audiencias pasadas relató que fue tripulante de vuelos a Santa Cruz, a las ciudades de Calafate y Rio Gallegos. Era mecánico y relató que el equipaje de los pasajeros iba en una bodega en la parte media del avión, los bolsos grandes. “El equipaje de mano lo llevaban a bordo”.

“A bordo iba el equipaje presidencial y Ceremonial era el encargado de subir y bajar lo que es el equipaje”, relató sobre cómo eran los procedimientos en el Tango 01.

El celular fue llevado al juzgado por un abogado de Cirio y entregado de manera formal para ser peritado en busca dar con los videos originales en los que aparece la voz de Cirio hablando y mostrando los fajos de miles de dólares guardados en bolsas selladas debajo de remeras de Insaurralde y en una bolsa de tela, entre otros sitios.

La Justicia intenta determinar si esas imágenes que datarían de 2023 se grabaron con el celular que aportó ahora Cirio. Fuentes del caso anticiparon que consideran difícil encontrar las filmaciones en ese teléfono.

El juez investiga al ex intendente de Lomas de Zamora por enriquecimiento ilícito e intimó a la modelo para que entregue su celular en 24 horas. En allanamientos el domingo último también se buscaron notebooks, tarjetas de memoria y cualquier dispositivo donde pudieran llegar a estar los videos almacenados.

Los allanamientos

El fiscal federal Sergio Mola, que investiga a Insaurralde a partir del “yate gate”, busca incorporar a la causa los videos originales que difundió La Nación para peritarlos. Con ese fin es que el juez Armella ordenó allanar a Cirio y a su último esposo, el financista Elías Piccirillo, quien supuestamente tenía en su poder el material.

Los allanamientos no arrojaron resultados positivos. Cirio no estaba en su departamento y Piccirillo, detenido con prisión preventiva por plantarle un arma y droga a un ex socio, no tenía almacenado en sus dispositivos ningún archivo de interés para la investigación, según pudo saber este medio de fuentes judiciales.

En el departamento de Palermo de Cirio la Gendarmería incautó 19.000 dólares y armas registradas a nombre de la actual pareja de la modelo, el empresario Nicolás Trombino, con quien espera un hijo.

Los videos de Cirio mostrando los dólares en un vestidor fueron publicados en el diario La Nación y las imágenes datarían de 2023. Insaurralde y Cirio se casaron en diciembre de 2014. Se separaron en noviembre de 2022 y el divorcio se formalizó en julio de 2023.

La causa que tramita en Lomas de Zamora se inició en octubre de 2023 cuando se hizo público el viaje de lujo que el entonces jefe de Gabinete bonaerense hizo a Marbella con otra mediática, Sofía Clerici, en el yate “Bandido”, entre el 15 y el 20 de septiembre de ese año. De las fotos que se conocieron se los ve en la embarcación tomando champagne y con carteras de lujo. El viaje, según reveló un dictamen del fiscal, costó 41.087,65 euros y 8.189,30 dólares.

En la causa hay un pedido fiscal desde octubre de 2024 para citar a Insaurralde a declaración indagatoria y se lleva adelante una pericia sobre su patrimonio y el de otros imputados. Sobre esta pericia la fiscalía reclamó que se incluyan puntos que quedaron fuera, vinculados a familiares de Insaurralde como por ejemplo sus dos hijos, destinados a reconstruir su actividad laboral y los ingresos que registraron, con el objetivo de establecer el origen de los fondos utilizados para adquirir acciones de una de las firmas investigadas.

Según la imputación fiscal, el ex intendente de Lomas de Zamora no podría justificar sus ingresos con sus salarios en la función pública, donde trabajó siempre. Por ejemplo en la causa se probó un gasto de 78.000 dólares en viajes en avión al exterior en sólo dos años.

La Cámara Federal de San Martín resolvió que la causa por drogas en la que se encuentra detenido el ex titular de Arsat, Facundo Leal, siga su curso en los tribunales federales de Comodoro Py, al definir una disputa de competencia entre juzgados de San Isidro y de la Ciudad de Buenos Aires.

De esta manera, la causa por presunta tenencia de estupefacientes para su comercialización quedará radicada en el Juzgado Federal 6 porteño y será la Cámara Federal de Comodoro Py la que intervenga como Tribunal revisor de las decisiones tomadas, según supo Infobae en fuentes judiciales. Mientras tanto, la investigación donde Leal está acusado por supuesta corrupción en Arsat sigue su trámite en San Isidro.

La decisión fue adoptada por la Sala I de la Cámara Federal de San Martín, que sostuvo que el expediente por el hallazgo de la droga debe tramitar en la ciudad de Buenos Aires porque los estupefacientes se encontraron en el departamento del ex funcionario en el barrio porteño de Palermo. Si bien el allanamiento se realizó vía exhorto del juzgado federal de San Isidro a cargo de Lino Mirabelli en busca de pruebas en otra causa por corrupción en ARSAT, cuando se encontró la droga se abrió una nueva investigación y se dispuso detener de inmediato a Leal, quien presidió la empresa estatal durante el gobierno de Alberto Fernández.

Mirabelli procesó a Leal con prisión preventiva por tenencia de droga con fines de comercialización y luego se declaró incompetente para seguir con esa investigación por un tema de territorio, decisión que ahora confirmó el tribunal superior. “La sustancia estupefaciente, objeto de imputación, fue secuestrada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, concluyó el camarista Marcelo Fernández. La Cámara entendió que el presunto delito vinculado al narcotráfico constituye un hecho autónomo y consideró razonable que ambas pesquisas continúen por separado.

Durante su declaración indagatoria, Leal sostuvo que las sustancias estaban destinadas a consumo personal y presentó un informe médico para acreditar un cuadro de adicción. Sin embargo, el juez consideró que la cantidad de droga hallada excedía ese supuesto y resolvió avanzar con el procesamiento y dictar su prisión preventiva.

En el departamento de Palermo se encontraron US$650.000 en efectivo junto a monedas de otros seis países, pero además había ketamina, drogas sintéticas en distintas presentaciones y cocaína. Por esto último el ex funcionario quedó preso de inmediato. En otro de sus domicilios, en Mendoza, se le secuestraron u$S 1,7 millones.

La causa ARSAT

En la causa que se lleva en su juzgado, el juez de San Isidro Mirabelli citó a declaración indagatoria a Leal y otros imputados por supuestos hechos de corrupción en la empresa estatal de comunicaciones.

Además de Leal están citados Gerardo Boschin, Pablo Pagani, Juan Navarro y Juan Álvarez, ex directivos de ARSAT conocidos como la “banda de los mendocinos” por ser todos oriundos de esa provincia. Se investigan presuntos incumplimientos de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública, fraude a la administración pública y sobornos.

También serán indagados los empresarios de ALS (Argentina Logistic Service) Diego Padilla, Fernando Paredes y Gastón Padilla, entre otros. Estos últimos resultaron beneficiarios de un contrato que está en la mira judicial para el alquiler de un predio en el cual ARSAT almacenó equipos de alto valor comercial y estratégico.

La hipótesis de los investigadores es que los entonces funcionarios “se interesaron en las contrataciones que ARSAT realizó sobre el servicio de fletes, transportes, alquiler de grúa, espacio de guardado asignado a ALS”, y todo derivó en un presunto direccionamiento de la contratación sin que el lugar cumpliera con condiciones mínimas.

La causa penal se inició con una denuncia por el robo de materiales en ese predio de San Fernando. En la investigación que lleva el fiscal federal de San Isidro Fernando Dominguez se documentaron al menos 14 órdenes de compra por un valor total de USD 1.930.861,30 y $40.300.000.

El tercero de los hechos se encuadra en la hipótesis de que Facundo Leal, Gerardo Boschin y Pablo Pagani “aceptaron y cobraron promesas de dádivas y beneficios económicos directos e indirectos por parte de los representantes de Argentina Logistic Service“.

Por otra parte, el juez Mirabelli impuso una serie de medidas cautelares sobre los bienes de los 10 imputados y dispuso el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil.

Dos de las causas más voluminosas que se investigan en Comodoro Py por maniobras multimillonarias con el dólar oficial y el “rulo cambiario”, durante el cepo del gobierno de Alberto Fernández en 2023, están a estudio de la Cámara Federal porteña para definir si siguen su curso por separado o se unifican. En ambas se investiga a Elías Piccirillo y a Martín Migueles.

El conflicto se originó con un planteo del juez federal Ariel Lijo para que su par María Servini le envíe su expediente. La magistrada se negó y el tema llegó al tribunal de apelaciones superior de ambos, la Cámara Federal. Ahora el fiscal ante esa instancia, José Luis Agüero Iturbe, dictaminó que por el momento ambas pesquisas deberían seguir por separado.

En las causas se investigan maniobras con la compraventa de dólar a precio oficial y posterior reventa a valor blue, el conocido rulo cambiario, por cifras multimillonarias durante el cepo. Entre los imputados hay financistas, así como bancos y casas de cambio. Figuran Piccirillo, Migueles y Francisco Hauque, un ex socio del primero que podría convertirse en arrepentido si es eventualmente citado a declaración indagatoria, según anticipó su defensa en tribunales.

Piccirillo está procesado bajo arresto domiciliario en otra causa penal, por montar un operativo para acusar falsamente por narcotráfico a Hauque, a quien le debía dinero. Como derivación, se llegó a los delitos cambiarios y luego a las supuestas maniobras con los SIRA, permisos de importación, entre 2022 y 2023.

El futuro de las investigaciones

Al requerírsele opinión como paso previo a resolver, Agüero Iturbe, fiscal ante la Cámara, concluyó que hay pruebas en marcha en las dos investigaciones y que por el momento es aconsejable que sigan separadas. La decisión será ahora del Tribunal revisor.

En el caso de la que lleva Lijo, está delegada en la fiscalía de Franco Picardi, quien además denunció supuestas maniobras de cobro de sobornos para agilizar los SIRA, permisos de importación con dólar a precio oficial durante el cepo, como otra pata de los ilícitos que cometían los acusados.

Entre las últimas medidas de prueba que ordenó el fiscal figura determinar quién visitó entre 2020 y 2024 a Piccirillo y Migueles en las casas donde vivieron en el barrio privado de Nordelta durante ese período. El fiscal contextualizó además las maniobras en los años de cepo cambiario, cuando la mayoría de los argentinos sólo podía acceder a USD 200 mensuales en el mercado oficial. También citó a nuevos testigos y pidió levantar el secreto fiscal de otros sospechosos.

En cuanto a la investigación que se lleva en el juzgado de Servini, Migueles está embargado, con restricciones para acceder a sus cajas de seguridad y modificar el paquete accionario de su empresa Arg Exchange SA. La denuncia apunta a compras de divisas por unos USD 67,9 millones entre el 3 y el 20 de octubre de 2023, con presuntas transferencias y extracciones en efectivo que forman parte del análisis judicial.

En total entre todos los imputados, se investigan maniobras ilegales con la compra de unos 1400 millones de dólares también durante 2023, a partir de una denuncia que detectó que al menos 18 casas de cambio operaron a través de dos bancos para acceder a grandes volúmenes de dólares al tipo de cambio oficial, sin justificación económica suficiente.

Diecisiete de estas firmas habrían canalizado $141.596 millones provenientes de más de 2.700 personas físicas y 647 jurídicas, con la sospecha de que parte de esos fondos sería de origen ilícito, según la acusación.