El financista arrepentido Leonardo Fariña sostuvo este martes que su ex jefe Lázaro Báez era amigo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y en ese vínculo enmarcó la expansión de su empresa Austral Construcciones, basada en la obra pública vial. Además complicó la situación de uno de los acusados en el caso Cuadernos, el ex secretario de Obra Pública José López, porque recordó que Báez negociaba con él en persona los pagos.

“Báez levantaba un teléfono, iba y cobraba”, aseguró y tenía como interlocutor a López, el funcionario que en 2016 fue sorprendido intentando esconder de madrugada bolsos con 9 millones de dólares en un convento.

Bajo juramento de verdad el arrepentido que destapó las maniobras ilegales de multimillonario lavado de activos por parte de Báez en la causa por la “ruta del dinero K” aseguró ahora como testigo en el juicio por los Cuadernos que el empresario “era un depositario de confianza” del fallecido ex presidente Néstor Kirchner.

“Era amigo con todas las letras” y a su vez “tenían una relación comercial”, explicó.

El proceso judicial investiga el presunto sistema de recaudación y traslado de dinero ilegal descripto en los cuadernos del exchofer Oscar Centeno y tiene entre los acusados a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, exfuncionarios de su gobierno, empresarios y contratistas de la obra pública.

La declaración de Fariña es considerada una de las más esperadas de esta etapa del juicio por su rol como arrepentido en distintas investigaciones vinculadas a presuntas maniobras de corrupción y lavado de dinero durante el kirchnerismo.

Para esta jornada está previsto además que declaren tres pilotos de avión que trabajaron para la flota presidencial durante el kirchnerismo.

El Tribunal reprogramó un testimonio y cerró la audiencia

Luego de aproximadamente media hora de responder preguntas de las partes, concluyó la declaración del testigo Giosa. A continuación, el presidente del TOF N° 7 informó que no había sido posible establecer contacto con Hugo Balmaceda, otro de las personas llamadas a comparecer a la Sala AMIA de Comodoro Py, por lo que dispuso reprogramar su declaración para el próximo jueves. Tras esa comunicación, el tribunal dio por finalizada la audiencia.

Giosa afirmó que nunca observó bolsos ni controló equipajes en los vuelos presidenciales

En respuesta a preguntas de la fiscal, el ex oficial de la Fuerza Aérea Eduardo Giosa comentó que durante los años en que integró la flota presidencial como comandante del Tango 01 nunca observó bolsos o bultos que llamaran su atención en los vuelos oficiales.

“Yo no veía bultos. Nunca vi ningún bulto”, afirmó al ser consultado sobre los traslados realizados durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

El testigo explicó que al volar a Santa Cruz con frecuencia semanal los días viernes era habitual que hubiera varios vehículos esperando a la comitiva presidencial para trasladar a los pasajeros. “Siempre había unos cinco vehículos, más o menos, para trasladarlos”, señaló, aunque aclaró que no tenía conocimiento sobre quiénes los ocupaban ni mantenía contacto con las personas que intervenían en esos movimientos.

Giosa también aseguró que no tenía relación personal con Néstor Kirchner. “En absoluto. El presidente ni nos saludaba: pasaba de largo. Nunca hablé, nunca se acercó a la cabina”, declaró. Según relató, Kirchner solía arribar al aeropuerto en helicóptero junto a su esposa y las comitivas estaban integradas por funcionarios, periodistas y colaboradores del Gobierno, entre ellos algunos ministros a quienes recordó haber visto en distintos vuelos.

Consultado sobre la operatoria de la flota presidencial, explicó que las órdenes relativas a los itinerarios y a las personas que debían ser trasladadas provenían de la Agrupación Aérea Presidencial. También indicó que las tareas vinculadas a la planificación de los vuelos, los chequeos técnicos y las observaciones meteorológicas eran realizadas por la tripulación y remarcó que nunca recibió consultas directas del entonces presidente sobre esas cuestiones.

Respecto de la presencia de pilotos civiles dentro de la flota presidencial, señaló que él ejercía la función de comandante de la aeronave y recordó que, en ocasiones, cuando se registraban turbulencias, Kirchner hacía llamar al piloto civil para transmitirle inquietudes o recibir explicaciones. Sin embargo, aclaró que se trataba de situaciones menores y sin incidencia en la operación del vuelo.

Ante preguntas de las defensas, el ex comandante confirmó además que es veterano de la Guerra de Malvinas y precisó que durante el conflicto estuvo destinado en Comodoro Rivadavia. Finalmente, al ser consultado por los controles de equipaje, sostuvo que esa tarea no estaba bajo su responsabilidad. “Yo no controlaba el equipaje”, afirmó.

Comenzó a declarar Eduardo Giosa, ex comandante del Tango 01

Después del cuarto intermedio, Eduardo Giosa, ex oficial de la Fuerza Aérea y ex comandante del avión presidencial Tango 01, prestó juramento para su declaración como testigo ante el tribunal oral. El interrogatorio se inició con preguntas de la fiscal Fabiana León sobre las funciones que desempeñó en la flota presidencial y los vuelos realizados durante el kirchnerismo.

Velázquez negó haber observado irregularidades durante los vuelos presidenciales

Durante su declaración, Velázquez repasó su vínculo profesional con Néstor y Cristina Kirchner y aseguró que los trasladó en numerosas oportunidades tanto en Santa Cruz como durante los años de Presidencia. “Volé más de mil veces”, afirmó al recordar viajes oficiales a China, Francia, el Vaticano, Estados Unidos y distintas cumbres internacionales. También señaló que el ex ministro Julio De Vido integraba habitualmente las comitivas y que los viajes a Río Gallegos eran frecuentes, especialmente los fines de semana. Según relató, la confianza que Kirchner depositaba en él estaba vinculada exclusivamente a cuestiones aeronáuticas y destacó el interés permanente del ex presidente por conocer con detalle las condiciones meteorológicas de cada vuelo.

El ex piloto recordó además que transportó a Cristina Kirchner en numerosas ocasiones y que conoció al ex secretario privado presidencial Daniel Muñoz en Santa Cruz hacia el año 2000, a quien dijo haber llevado como copiloto en el Tango 10 en alrededor de diez oportunidades. Ante preguntas de las defensas, sostuvo que nunca observó situaciones irregulares durante los vuelos y describió al matrimonio Kirchner como “dos animales de trabajo” y “dos personas muy respetuosas”. También evocó un episodio ocurrido antes de la muerte de Néstor Kirchner, cuando, según contó, el ex mandatario le pidió previo a un vuelo: “No me la descuides a Cristina”, una situación que dijo haber vivido con emoción.

Más adelante, la fiscal Fabiana León exhibió un croquis elaborado por el propio Velázquez y le leyó fragmentos de una declaración testimonial prestada ante el juez Claudio Bonadio en agosto de 2018, en la que había relatado movimientos de equipaje vinculados al secretario presidencial Daniel Muñoz. Al ser consultado, recordó que en ocasiones el avión Tango 10 permanecía en un hangar mientras los Kirchner se encontraban en Río Gallegos o El Calafate y que Muñoz llegaba con varias valijas que eran cargadas en vehículos.

Según aquella declaración, tras permanecer unas dos horas fuera del aeropuerto, el entonces secretario privado regresaba y emprendían el vuelo de regreso a Buenos Aires. Velázquez explicó que esas esperas podían obedecer a cuestiones operativas o meteorológicas y señaló que, en algunas oportunidades, observó que Muñoz manipulaba ciertas valijas con mayor facilidad al regreso, lo que le hizo pensar que estaban más livianas. Sin embargo, aclaró que no prestaba atención al contenido del equipaje y que no le llamó la atención que las valijas tuvieran candado porque, según afirmó, “casi todo el mundo viaja con las valijas con candado”.

Luego de casi dos horas de testimonio, en las que respondió preguntas de la fiscalía, las querellas, las defensas y los integrantes del Tribunal Oral Federal N° 7, Velázquez concluyó su declaración testimonial. Ahí el juez Méndez Signori dio por finalizada su participación en el juicio y dispuso un cuarto intermedio de cinco minutos antes de continuar.

Velázquez recordó cómo llegó a convertirse en piloto del Tango 01

Al iniciar su exposición, Sergio Velázquez relató que conoció a Néstor Kirchner cuando se desempeñaba como comandante del avión Citation V de la provincia de Santa Cruz y que entre 2000 y 2004 acumuló unas 4.500 horas de vuelo junto al entonces gobernador, su familia y funcionarios provinciales.

Según contó, tras la asunción presidencial de Kirchner en 2003 se despidió de él en Aeroparque, pero el mandatario le anticipó que volverían a trabajar juntos. Meses después fue convocado a la Casa Rosada para iniciar la capacitación que le permitiría convertirse en piloto del avión presidencial Tango 01, pese a que hasta entonces esas aeronaves eran operadas exclusivamente por personal militar. Velázquez explicó que su incorporación se concretó a través del Ministerio de Defensa y recordó que, durante la etapa de Kirchner como gobernador, realizaban vuelos por todo el país.

Comenzó el testimonio del ex piloto presidencial Sergio Velázquez

Luego de un receso, el ex piloto oficial Sergio Velázquez comenzó a responder preguntas por parte de la fiscalía. Fue durante más de doce años uno de los pilotos de mayor confianza de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Proveniente de la Dirección Provincial de Aeronáutica de Santa Cruz, en 2004 se convirtió en el primer piloto civil habilitado para operar el avión presidencial Tango 01 y acompañó a los ex mandatarios en gran parte de sus desplazamientos oficiales.

Con referencias a Kirchner, concluyó la declaración de Fariña

A preguntas del juez Germán Castelli sobre si había conocido personalmente al ex presidente Néstor Kirchner, Leonardo Fariña relató que lo vio en dos oportunidades en la chacra de Lázaro Báez, en Santa Cruz. Según declaró, el primer encuentro ocurrió en 2010 durante un asado y un partido de fútbol organizados por el empresario, del que participaron, entre otros, Báez, su hijo Martín, Jorge Bringas, Claudio Bustos y Tito Martín. “Comimos un asado juntos, intercambiamos algunas palabras”, recordó al respecto.

Sobre una segunda ocasión, indicó que también se desarrolló en la chacra de Báez, aunque fue un encuentro más breve. “Nosotros nos fuimos al quincho y ellos estaban con un grupo de personas atrás de un invernadero”, explicó. Fariña aclaró que no mantenía una relación personal con el ex mandatario y señaló que “mi relación directa era con Lázaro”.

Tras constatar el presidente del Tribunal Oral Federal N° 7, Enrique Méndez Signori, que las partes no tenían más preguntas para formular, dio por concluida la declaración testimonial del financista arrepentido y dispuso un cuarto intermedio de 25 minutos antes de continuar la audiencia con el siguiente testigo.

Continúa la audiencia

El TOF N° 7 validó las preguntas de la fiscal Fabiana León, que habían sido cuestionadas por las defensas.

Hubo un cuarto intermedio de una hora para deliberar.

Cuarto intermedio en medio de los cuestionamientos entre fiscalía y defensas

El Tribunal dispuso un cuarto intermedio en la declaración como testigo de Leonardo Fariña antes de responder a cuestionamientos sobre el tenor de las preguntas que se le hacen al financista vinculadas a otros casos judiciales, como la conocida “operación puff” o el caso D’Alessio.

Fuerte contrapunto entre fiscalía y defensas por las preguntas a Fariña

La declaración de Fariña derivó en un duro enfrentamiento entre la fiscalía y las defensas a raíz de las preguntas vinculadas con la denominada Operación Puf, la investigación por presuntas maniobras destinadas a desacreditar la causa de los Cuadernos y la figura de los arrepentidos.

Las defensas objetaron reiteradamente esa línea de interrogatorio al considerar que era ajena al objeto del juicio. Sin embargo, la fiscal Fabiana León sostuvo que fueron los propios abogados quienes habían habilitado esos temas durante la audiencia.

“Son puertas que abrieron las defensas. Una defensa fue la que empezó con el tema D’Alessio. Hay que ser coherente”, respondió la representante del Ministerio Público.

La fiscal agregó que las preguntas resultaban relevantes para comprender el contexto de los hechos narrados por el testigo. “Aunque no quieran escuchar lo que tiene para decir, es importante lo que tiene para decir de lo que él vivió”, afirmó.

La fiscal insistió en que tampoco había sido ella quien introdujo las referencias al fiscal Carlos Stornelli y sostuvo que estaba facultada para continuar con ese tramo del interrogatorio. “Las preguntas sobre Stornelli tampoco son una puerta que yo abrí. Tengo derecho y estoy autorizada a continuar con esta línea de interrogatorio”, sostuvo.

Frente a las objeciones, el presidente del Tribunal Oral Federal 7, Enrique Méndez Signori, respaldó la continuidad de las preguntas al entender que derivaban de información aportada previamente por el propio Fariña.

“Las preguntas son consecuencia de información que produjo el testigo en el marco de su declaración por preguntas de otras partes. He sido muy amplio con el interrogatorio. No advierto que exista una doble vara; por el contrario, he sido muy amplio”, señaló el magistrado.

La decisión no conformó a las defensas. El abogado de la ex presidenta Cristina Kirchner Carlos Beraldi adelantó que mantendría su objeción y cuestionó especialmente una pregunta vinculada con la cobertura mediática de determinadas noticias.

“Estamos entrando en un terreno escandaloso. Que la pregunta vaya dirigida a qué medio cubre una determinada noticia y que haga referencia a C5N me parece una pregunta escandalosa, propia de la línea de conducta que lleva adelante esta fiscalía”, sostuvo.

Beraldi agregó que los medios de comunicación pueden pertenecer a cualquier persona, pero que no corresponde poner en discusión la labor de los periodistas que trabajan en ellos. “Si tiene algún cuestionamiento sobre algún periodista, que lo diga, pero no abramos preguntas de cualquier tipo”, reclamó.

“La fiscal confunde peras con melones”, dijo a su turno el abogado Juan Manuel Ubeira. Y por su parte, el defensor Maximiliano Rusconi afirmó que “es un escándalo lo que estamos advirtiendo” .

Al responder la fiscal advirtió que “este es un juicio en el que están interviniendo de cualquier forma”, dijo en alusión a las defensas. “Es escándalo que se haya insultado a un fiscal en esta sala y no haya pasado nada”, remarcó al pedir que se le permita continuar con sus preguntas.

Fariña habló de una de sus frases más célebres

Durante el interrogatorio, Fariña sostuvo que conoció al entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, en dos oportunidades por cuestiones vinculadas al programa de testigos protegidos.

“Conocí al señor Garavano. Lo vi dos veces por cuestiones que consideraba yo que había cierto avasallamiento o situaciones que eran muy complejas en la convivencia del programa de testigos e imputados protegidos”, declaró.

Las respuestas generaron nuevas discusiones en la sala. La fiscal Fabiana León cuestionó las interrupciones de las defensas durante el interrogatorio. “Se comienza una pregunta y cuando el testigo empieza a decir lo que la defensa no quiere escuchar se interrumpe. No puede estar interrumpiendo la respuesta del testigo porque queda una visión sesgada. El testigo tiene que poder contestar completa la pregunta”, sostuvo.

La defensora Elizabeth Gómez Alcorta rechazó el planteo y argumentó que las objeciones apuntaban a evitar referencias ajenas al objeto del proceso. “No se trata de que no me guste la respuesta. Habla sobre cuestiones que nos resultan ajenas y que no hacen al objeto”, respondió.

La defensa del remisero arrepentido en el caso Cuadernos Oscar Centeno también indagó sobre su incorporación al programa de protección de testigos e imputados colaboradores.

El abogado José Manuel Ubeira le preguntó por una de sus frases más recordadas durante las entrevistas que brindó años atrás: “Me pidieron ficción y les di ficción”. “Sí, es célebre esa frase. Fue en un contexto en el que estaba básicamente siendo enemigo público desde todos los ángulos del mundo por ciertas decisiones que tomé en mi vida. Equivocadas. Por esa estupidez de tener que ostentar. Era una frase elegante para sostener una mentira”, afirmó Fariña.

También al responder preguntas de la fiscal Fabiana León recordó lo que vivió durante la llamada causa “operación puff”, donde se lo vinculó a un presunto entramado para vincular su declaración como arrepentido a un armado. Poco antes le habían preguntado por el caso D’Alessio.

Sobre la “operación puff”, decían “que me mandaron a declarar con Stornelli, cosa que no fue verdad”, sostuvo el financista. “Nada de lo que hayan dicho con respecto a mi supuesto guionamiento o supuestas relaciones impropias con funcionarios judiciales es verdadero”.

Fariña responde preguntas de los abogados defensores

El financista responde preguntas de las defensas, entre ellas por parte del acusado ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal Rafael Llorens, quien ejerce su propia defensa porque es abogado.

Llorens lo interrogó sobre las menciones que lo ubicaban como uno de los presuntos gestores de pagos ilegales. Fariña respondió que esa referencia al ahora acusado provenía de información que le había suministrado su abogado de entonces, Franco Bindi.

Fariña recordó que fue por iniciativa propia a declarar en agosto de 2018 en el caso Cuadernos como testigo y se presentó en la fiscalía de Carlos Stornelli. “Toqué la puerta”, dijo sobre ese día en el que llevó un sobre con copia de sus anteriores declaraciones como arrepentido en la “ruta del dinero K”. “Yo estaba en el programa de testigos protegidos, no tenía libertad de moverme, tenía que hacer una petición. Lo que debe haber pasado es que tuve que informar mi voluntad de ir a tal lugar”, detalló luego de que se le leyó un acta al respecto. “No tuve una citación para ir”.

“Báez levantaba un teléfono, iba y cobraba”

Fariña también sostuvo que las empresas de Lázaro Báez contaban con una velocidad de cobro excepcional respecto de otros contratistas del Estado. “La empresa de Lázaro tenía una celeridad en el cobro de certificados”, afirmó, y agregó que, según su visión, existían “certificaciones que no eran reales”, vinculadas a “kilómetros de obra no realizados”.

“Báez levantaba un teléfono, iba y cobraba”, aseguró y tenía como interlocutor al por entonces secretario de Obra Pública de la Nación, José López.

Sobre cobros ilegales para acelerar pagos, dijo no tener casos puntuales pero que lo dijo en relación a los empresarios que estaban “dentro de la Cámara de la Construcción”.

Fariña habló de la “cartelización” en la Cámara Argentina de la Construcción

El Tribunal escuchó objeciones de los defensores José Manuel Ubeira y Carlos Beraldi por las respuestas de Fariña que consideraron ajenas a lo que se está juzgando. El Tribunal permitió que continuara el interrogatorio de la querella de la UIF

Fariña contó que en Austral Construcciones “para tratar de solucionar el problema financiero que había, se propone hacer un financiamiento. En ese cash flow se puso obra pública futura cuando no se sabía qué obra se iba a adjudicar. Ni siquiera estaba licitada”, explicó.

Y agregó: “Es una proyección de ventas del producto que vendo. ¿Cómo sabía que iba a tener esa obra? Esa es la relación que tenía Báez. Esa es la irregularidad que estoy marcando: futuros ingresos sobre cosas que aún no estaban licitadas”.

“Desconozco si bien el objeto de este juicio. La verdad es que van a salir con los números, los estados contables de esa empresa. Lo que puedo hacer es comparar experiencias que tuve yo analizando números de una empresa”.

Al referirse a la situación de Lázaro Báez en relación a la obra pública, sostuvo: “Báez tenía particularmente un problema porque, en su acuerdo operativo, no podía salir de Chubut, Santa Cruz y Chaco. Fue un marginado, un desplazado de todo lo demás”.

Según explicó, de allí surge que la Cámara Argentina de la Construcción tenía “un sistema de asignación predeterminado” de las obras. “Cierta división. Es lo mismo que hacía Lázaro en Santa Cruz. Había cierta cartelización. Se acordaba qué empresas se presentaban y cuáles no, para mostrar, desde los aspectos informativos y formales, que la licitación estuvo bien adjudicada”, afirmó.

“La Cámara Argentina de la Construcción, más allá de sus funciones formales, aglomeraba empresas y decidían entre ellos mismos quién ganaba una obra y quién no, quién entraba y quién no”.

Lázaro Báez “era un marginado de eso. Era una situación manifestada por él, con enojo, porque nunca pudo salir de esos tres lugares. Eran los acuerdos de negocios que él tenía”.

Finalmente, describió el funcionamiento de ese esquema: “Eran empresas que, en vez de competir, hacían una subdivisión de competencias. No es inventar la pólvora, se hizo toda la vida. El Estado no estaba al margen”.

“El señor Baez era un depositario de confianza” de Néstor Kirchner

Leonardo Fariña declaró bajo juramento de verdad que el empresario Lázaro Báez “era un depositario de confianza” del fallecido ex presidente Néstor Kirchner.

Al ser preguntado por la relación que tenía Lázaro Báez con el entonces presidente de la Nación, en los inicios de Austral Construcciones, Fariña dijo: “era amigo con todas las letras” y a su vez “tenían una relación comercial”.

“La totalidad de los ingresos venían por parte del Estado”

Fariña recordó sus inicios en la empresa de Lázaro Báez, “Austral Construcciones”. Mencionó que “la totalidad de los ingresos venían por parte del Estado” y que se “había armado un conglomerado de bienes muy grande”. “Te dabas cuenta de que los ingresos provenían del Estado y al meterte en la parte de los números básicamente no se podía financiar un caramelo”.

“Era imposible bajo los números fríos que se consiga un crédito para eso”, agregó y sobre los ingresos que provenían del Estado manifestó que eran por “obra pública”.

“El fuerte de la empresa era la obra pública”, contestó ante preguntas del abogado de la UIF Mariano Galpern.

Leonardo Fariña comenzó a declarar en el juicio a CFK

El financista Leonardo Fariña, arrepentido en la causa por la “ruta del dinero K” comenzó a declarar como testigo en el juicio Cuadernos. Tras dar sus datos personales al Tribunal Oral Federal 7 se le leyó la lista de acusados para que informe si conoce a alguno de manera personal. “No tengo amistad ni enemistad con ninguno de los imputados y conocerlos de manera directa no”, respondió.

Luego comenzó a responder preguntas de la querella de la Unidad de Información Financiera.

Los supuestos testaferros de la mansión de Pilar, atribuida a dirigentes de la AFA que preside Claudio “Chiqui” Tapia y valuada en 17 millones de dólares. presentaron un recurso para intentar frenar en la Corte Suprema de Justicia la ya demorada definición sobre dónde debe investigarse el caso. Actualmente, la causa se tramita, como ellos pidieron, ante la justicia federal de Campana.

Al allanarse el predio se encontró, además, una flota de autos valuada en poco más de tres millones de dólares y pertenencias que serían del entorno familiar del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

La defensa de quienes figuran como dueños presentó un recurso extraordinario para que la Cámara Federal de Casación les habilite la llegada al máximo tribunal del país. Se trata de los imputados Luciano Pantano y su madre Ana Conte, quienes reclamaron, además, que mientras esto se define no se tome ninguna nueva decisión y el expediente siga en Campana. El fiscal ante Casación, Mario Villar, ya se opuso a que se conceda el recurso.

La casaquinta en un laberinto judicial

Se trata de la disputa que está pendiente desde enero, cuando la Cámara Federal de San Martín resolvió el pase de la investigación, por una cuestión de territorio, al juzgado federal de Adrián González Charvay, en ese partido bonaerense. Todas las propiedades bajo la mira judicial por presunto lavado de activos están en Pilar, jurisdicción de este magistrado, según se argumentó al aceptar un planteo de los acusados.

La cuestión debería haberse resuelto con “celeridad”, según las directivas que dio Casación el 15 de mayo pasado. Ese día y a pedido de la fiscalía, el tribunal anuló el pase a Campana y decidió que el conflicto se resuelva en la Cámara en lo Penal Económico de CABA. Desde entonces no hubo definición. Se trata de decidir si la causa vuelve a CABA y a ese fuero especializado o sigue en Campana. El tribunal de apelaciones ya tiene un dictamen del fiscal general Gabriel Pérez Barberá que postuló la vuelta de la causa al fuero penal económico.

Los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio tienen a estudio ahora si aceptan este planteo de la defensa de quienes figuran como socios de “Real Central”, la compradora del predio, para paralizar todo hasta que la Corte decida o siguen adelante con el trámite del planteo.

La causa ya pasó por tres jueces desde la denuncia inicial: primero estuvo en el juzgado federal de Daniel Rafecas, luego en el penal económico 10 que por entonces subrogaba Marcelo Aguinsky y ahora está a cargo de Verónica Straccia y finalmente a pedido de los acusados, quedó en Campana por orden de la sala de feria de la Cámara Federal de San Martín, en enero pasado.

Qué se investiga

La investigación intenta establecer si el predio y todo lo encontrado en su interior se compró en realidad con fondos de la Asociación del Fútbol Argentino que preside Tapia, como parte de maniobras de supuesto lavado de dinero.

El predio de la casaquinta de Villa Rosa está valuado en 17 millones de dólares y a esto debe sumarse poco más de tres millones de una flota de autos de colección encontrada en el lugar. También tiene helipuerto y caballerizas.

El expediente busca determinar si la sociedad Real Central, de Luciano Pantano y su madre Ana Conte, adquirió la mansión de Villa Rosa y otros bienes como presuntos testaferros de autoridades de la AFA. La escritura se hizo por 1.8 millones de dólares.

El lugar fue allanado por el primer juez del caso, el federal Daniel Rafecas, y se encontraron pertenencias que apuntarían al tesorero Toviggino. Los únicos imputados son Pantano y Conte, quienes designaron defensa y lograron suspender una citación judicial que había cursado el segundo juez del caso, el penal económico Marcelo Aguinsky. Lo hicieron al presentar el planteo de inhibición por correo electrónico ese mismo día ante el juzgado federal de Campana, que les fue aceptado y abrió la puerta a un conflicto que sigue pendiente de resolución.

La fiscalía apeló el pase del caso a Campana porque sostiene que los hechos investigados exceden la ubicación geográfica de la quinta y que las maniobras pudieron haberse realizado también en la sede de AFA de la calle Viamonte y otros domicilios de la ciudad de Buenos Aires. De hecho, Pantano pagaba gastos de los autos y la quinta con una tarjeta de crédito corporativa cuyo resumen llegaba a la sede porteña de la Asociación del Fútbol Argentino, determinó la Justicia.

A casi un año de quedar presa en la causa Vialidad, la defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner abrió un nuevo frente judicial al pedir que se le apliquen los beneficios que prevé el régimen de progresividad de la pena, previsto por la Ley de Ejecución Penal 24660. Pero la Justicia le respondió que en principio, ese sistema cuenta para quienes están detenidos en cárcel común.

En base a este argumento, el planteo fue rechazado el viernes último por el juez del Tribunal Oral Federal 2 Rodrigo Giménez Uriburu, como parte de la resolución donde desestimó un nuevo pedido para quitarle la tobillera electrónica y terminar con los límites a sus visitas y a las salidas de dos horas diarias a la terraza de su edificio en San José 1111. Se descuenta que la defensa irá en apelación a la próxima instancia judicial, la Cámara Federal de Casación.

Prisión domiciliaria y régimen jurídico

El juez de ejecución de la pena, Giménez Uriburu, sostuvo que la prisión domiciliaria tiene un régimen jurídico propio y que las normas sobre progresividad no pueden trasladarse automáticamente a esa modalidad de cumplimiento. La defensa a cargo de los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy argumentó que, tras haber cumplido sin observaciones todas las reglas de conducta impuestas desde que quedó detenida el 17 de junio de 2025, a CFK le “corresponde una flexibilización gradual de las restricciones que pesan sobre ella, en línea con el principio de progresividad previsto en la Ley 24.660”.

Por un lado, la ex presidenta condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad “ha observado en todo momento estricto cumplimiento de la totalidad de las reglas de conducta que le fueran impuestas desde el inicio de la ejecución penal” y ello justificaría para la defensa una “morigeración” de las condiciones que rigen en la actualidad para su prisión domiciliaria en San José 1111. A ello deberían sumarse motivos vinculados al principio de progresividad, en virtud del cual la persona condenada transita etapas graduales de tratamiento durante el cumplimiento de la condena.

Se trata de permitir el avance hacia regímenes menos restrictivos de acuerdo con su evolución. La ley contempla períodos de observación, tratamiento, prueba y eventualmente libertad condicional.

Cumplir la pena en el domicilio

Pero el Tribunal que llevó adelante el juicio y condenó a CFK entendió que ese esquema se aplica en principio a quienes cumplen su condena en cárcel común. En su resolución, el juez Giménez Uriburu sostuvo que la progresividad busca “limitar la permanencia del condenado en establecimientos cerrados” y promover su incorporación gradual a instituciones semiabiertas o abiertas, algo que no resulta aplicable a quien ya cumple la pena en su domicilio.

Por eso concluyó que la prisión domiciliaria “constituye una modalidad excepcional” y que no existiría obligación legal de flexibilizar progresivamente las condiciones bajo las cuales se desarrolla.

“Si bien nuestra legislación prevé que la ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr una adecuada reinserción social del penado, el régimen progresivo regulado en dichas disposiciones se encuentra concebido para el cumplimiento de penas privativas de libertad dentro del sistema penitenciario, orientado a limitar la permanencia del condenado en establecimientos cerrados -instituciones de carácter totalizante- y a promover, conforme la evolución evidenciada durante el tratamiento, su incorporación a instituciones abiertas, semiabiertas o a secciones regidas por el principio de autodisciplina”, explicó el juez.

La prisión domiciliaria, en cambio, es “una modalidad excepcional de cumplimiento de la pena privativa de la libertad, sometida a un régimen jurídico propio y a mecanismos particulares de supervisión y control”. Por esa razón, “no es posible derivar automáticamente de las previsiones de los artículos citados una obligación de flexibilizar progresivamente las reglas de conducta que rigen su ejecución”.

Para el caso en que se pudiera admitir la aplicación de algunos de los principios generales del régimen penitenciario, el juez remarcó que hasta quienes están presos en cárcel común tienen pautas sobre cantidad de visitas, frecuencia, horarios y duración.

La defensa de la ex presidenta reclamó cesar con los límites a las visitas y el máximo de dos horas por día que tiene autorizado salir a la terraza del edificio de San José 1111, además de insistir con que deje de usar tobillera electrónica. Los pedidos fueron rechazados por el Tribunal Oral y ahora podría apelarse ante la Cámara Federal de Casación.

La condena en la causa Vialidad fue dejada firme por la Corte Suprema de Justicia el 10 de junio de 2025 y siete días más tarde, el 17 de ese mes, Cristina Kirchner quedó detenida bajo arresto domiciliario en su departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

En un nuevo revés para la estrategia de defensa del tesorero de la AFA Pablo Toviggino, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó al juez Diego Amarante al frente de la investigación por retención multimillonaria de aportes y facturación “trucha”, contra los principales dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino, entre ellos su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.

El camarista Roberto Hornos desestimó planteos de Toviggino sobre una presunta enemistad manifiesta y pérdida de imparcialidad del juez Amarante, quien ya lo procesó en la parte del caso vinculada a la retención indebida de aportes calculada en 19.000 millones de pesos.

La decisión se conoció en momentos en que Tapia viajó con autorización judicial al Mundial mientras que Toviggino no formuló ningún pedido al respecto.

Enemistad y forum shopping

La defensa de Toviggino sostuvo que el juez “ha perdido toda imparcialidad”, y que su accionar dejó en evidencia “un burdo ejemplo de ‘forum shopping’”, que se habría concretado al aceptar una ampliación de denuncia por parte de la querella de ARCA para que se investiguen nuevos delitos, como supuesto uso de facturas falsas para justificar contratación de servicios por parte de proveedores cuestionados. También se investiga una posible “asociación ilícita fiscal”.

El Tribunal de Apelaciones rechazó apartar a Amarante y remarcó que no se evidenció en la actitud del juez “una enemistad, una animosidad o una aversión” hacia los acusados, ni tampoco “una pérdida de la imparcialidad con la que se debe llevar adelante la magistratura, cualquiera sea la posición que pueda tenerse acerca de si la referida es la forma de proceder”.

El fallo también puntualizó que la enemistad manifiesta a la que aludió Toviggino exige hechos concretos y verificables “que acrediten una real animosidad” del magistrado, algo que no ocurrió en este caso, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Para el camarista Hornos no hay “elementos objetivos que permitan considerar acreditada una enemistad, una animosidad o una aversión del magistrado de la instancia anterior con relación a las partes recusantes, ni que autoricen a sospechar la pérdida de la imparcialidad que debe guiar a aquél”.

La defensa de Toviggino también había argumentado que en una publicación de un portal web se mencionó un supuesto contacto entre el juez Amarante y la querella para impulsar la presentación de una nueva denuncia. “De las constancias de la causa no surge, ni lo aporta la defensa, dato objetivo alguno que permita sostener que aquella información a la que alude la nota en cuestión, sobre un supuesto contubernio entre la parte querellante y el magistrado, tenga un soporte en acontecimientos que efectivamente hubieran acontecido”, indicó el fallo al descartar también este argumento.

Amarante procesó a Tapia, Toviggino y otros tres acusados en la parte de la causa que investiga retención indebida de aportes por parte de la AFA calculada en 19.000 millones de pesos. Esta decisión está bajo revisión de la Cámara en lo Penal Económico, que además tiene que decidir sobre pedidos de los acusados para que se les aplique la “reparación integral del daño”, es decir, que se considere que ya no hay delito porque pagaron la deuda con ARCA.

Bajo la órbita del mismo Tribunal de Apelaciones quedó resolver también si otra causa penal vinculada a los dirigentes de la AFA, la que investiga quienes son los reales dueños de una mansión en Pilar valuada en 17 millones de dólares sigue su trámite en un juzgado federal de Campana o vuelve al fuero penal económico de CABA.

Los nuevos cargos

A esta acusación inicial se sumó otra con una ampliación de denuncia de ARCA que fue impulsada por el fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial. Se sumó así una investigación por presunto uso de facturas falsas con el fin de ocultar a los verdaderos destinatarios del dinero correspondiente al impuesto a las Salidas No Documentadas por los períodos fiscales 2024 y 2025 por la suma que asciende a un total de $289.336.519,66.

En la denuncia se mencionaron una serie de irregularidades detectadas por la fiscalización: proveedores inexistentes o no localizados, falta de estructura operativa, ausencia de empleados y bienes, inconsistencias bancarias, domicilios falsos y sociedades vinculadas entre sí. También “circuitos comerciales cerrados”, cheques con múltiples endosos y empresas que facturaban actividades ajenas a su objeto social.

Ratas y humedad dentro de los contenedores. Pastizales tan altos que dificultaban el tránsito. Falta de iluminación nocturna y cámaras de seguridad que no grababan. Ese es el cuadro que describieron ante la Justicia empleados de ARSAT sobre el predio de Argentina Logistic Services (ALS) en San Fernando, donde se almacenaba equipamiento clave para la Red Federal de Fibra Óptica y cuyo estado de abandono quedó expuesto en la investigación por robo que derivó en una megacausa por supuesta corrupción.

En San Isidro se investiga desde hace varios años, pero el escándalo llegó a la prensa con la detención del ex presidente de ARSAT, Facundo Leal. No quedó preso por esta causa puntual –en la cual tiene un pedido de citación a declaración indagatoria por parte de la fiscalía– sino porque al allanarse una de sus viviendas en el barrio porteño de Palermo se encontraron droga y millones de dólares.

Poco después, en otros operativos en Mendoza hubo más hallazgos de dinero y en total se contaron 2.5 millones de dólares cash que ahora secuestró la Justicia.

Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli a pedido del fiscal Fernando Domínguez en un expediente que se abrió por denuncia de ARSAT, cuando se descubrió el faltante en el predio de San Fernando, que la empresa Argentina Logistic Services (ALS) alquiló, poco antes de ser beneficiada con el contrato de ARSAT para la guarda del material.

Se calcula que la pérdida para la empresa fue de 151.000 dólares en bienes robados o dañados que se guardaban en 17 shelters —contenedores tecnológicos utilizados para la conectividad de la Red Federal de Fibra Óptica— y que estaban por contrato bajo custodia en ese predio de la firma ALS. El robo se detectó el 4 de enero de 2024 durante una recorrida por el lugar, ubicado en Ex Combatiente Sánchez 1982, en San Fernando.

El lugar fue rentado por la empresa ahora investigada poco tiempo antes de la firma del contrato con ARSAT.

Los equipos almacenados son considerados bienes estratégicos para el desarrollo de proyectos de infraestructura de telecomunicaciones. Formaban parte del Proyecto Shelter-2 de ARSAT, destinado a la instalación de 250 shelters en distintas regiones del país para ampliar la cobertura de la Red Federal de Fibra Óptica.

Ratas, bichos y pastizales

Además de los faltantes, los testimonios incorporados al expediente revelaron las precarias condiciones en las que se encontraba el predio, según pudo saber Infobae.

Un empleado de ARSAT describió un escenario marcado por la falta de mantenimiento. Según dijo, el pasto crecía por debajo de los shelters y los llenaba de humedad. Además, advirtió que se metían ratas y entraban bichos.

En una inspección en diciembre de 2023, días antes de descubrirse los faltantes, se revisó cerca del 95% de los contenedores. Allí detectaron que muchos presentaban humedad provocada por el deterioro y resquebrajamiento de los selladores que debían proteger los equipos almacenados, contaron los testigos. Las observaciones coinciden con el testimonio de un jefe. El funcionario relató que durante una visita al predio encontró pasto muy crecido y que incluso dificultaba el tránsito.

La investigación también reveló que los shelters estaban emplazados sobre un playón de hormigón sin suministro eléctrico. Esa situación impedía también el funcionamiento de los sistemas de alarma y de los mecanismos de acceso mediante tarjetas magnéticas con los que estaban equipados los contenedores.

Varios de ellos se encontraban sin llave, con puertas entreabiertas o directamente trabadas por desniveles en el terreno, lo que dificultaba el cierre correcto de los pestillos y facilitaba el acceso a terceros.

Un ataque que demandó tiempo y logística

Según declararon otros empleados de la empresa estatal, el grado de vandalización detectado descarta una maniobra improvisada. Los testigos señalaron que para desmontar y retirar parte del equipamiento era necesario utilizar escaleras y herramientas especiales.

Además, sostuvieron que hicieron falta varias horas o incluso días, ya que los equipos no contaban con energía eléctrica por la noche.

Para los investigadores, las condiciones de abandono descritas por los propios trabajadores de ARSAT —entre humedad, malezas y presencia de roedores— constituyen una pieza clave a la hora de preguntarse por qué se adjudicó a esta empresa la custodia de los bienes.

Las respuestas comenzaron a surgir de la investigación y las sospechas derivaron en un pedido del fiscal Dominguez para citar a declaración indagatoria a diez imputados, entre ellos Leal.

El Tribunal que condenó a la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad rechazó este viernes un nuevo pedido de su defensa para que se le quite la tobillera electrónica y se flexibilicen las condiciones de su prisión domiciliaria, a pocos días de cumplirse un año de su detención el 17 de junio de 2025.

El juez del Tribunal Oral Federal 2 Rodrigo Giménez Uriburu negó los pedidos hechos el 28 de mayo último por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy y ratificó la vigencia de todas las condiciones bajo las cuales CFK cumple en la actualidad la pena de seis años de prisión por administración fraudulenta.

La decisión judicial sostuvo que las restricciones responden a finalidades “legítimas de organización y supervisión de la ejecución penal”, así como a la necesaria “preservación de la tranquilidad del barrio y la convivencia pacífica de sus habitantes”, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Qué pidió la defensa

La defensa había solicitado el cese del régimen de visitas o en todo caso la vuelta a una modalidad anterior más flexible, sacar a la ex Presidenta la tobillera electrónica y eliminar restricciones sobre el uso de la terraza del edificio donde Fernández de Kirchner cumple condena. Entre los argumentos, los abogados valoraron el cumplimiento estricto de las reglas de conducta, el principio de progresividad de la pena y la ausencia de riesgos de fuga.

Pero el Tribunal rechazó los pedidos porque “el adecuado acatamiento de las reglas de conducta invocado por la defensa como fundamento de su pretensión no constituye, por sí solo, una circunstancia que habilite a concluir que las restricciones actualmente vigentes han perdido su razón de ser”. “Antes bien, dicho comportamiento ha sido precisamente el presupuesto que justificó la continuidad de la modalidad domiciliaria de cumplimiento”, se concluyó.

Además, el juez destacó que “el régimen progresivo” en el cumplimiento de las penas se encuentra concebido para los casos dentro del sistema penitenciario. La prisión domiciliaria, “en cambio, constituye una modalidad excepcional de cumplimiento de la pena privativa de la libertad, sometida a un régimen jurídico propio y a mecanismos particulares de supervisión y control”.

Tobillera y terraza

Respecto a la solicitud de eliminar el monitoreo electrónico mediante la tobillera, el magistrado destacó que “la utilización del dispositivo constituye la regla legal establecida por el legislador, mientras que su dispensa reviste carácter estrictamente excepcional y exige la concurrencia de circunstancias —de orden médico, técnico u operativo— previamente acreditadas mediante informe de los órganos de control y del equipo interdisciplinario del juzgado o tribunal de ejecución", algo que no se verifica en el caso.

Sobre el uso de la terraza, Giménez Uriburu también rechazó el pedido para ampliar las dos horas diarias en las que la ex presidenta puede usarla. “No se advierte que las limitaciones actualmente vigentes frustren o desnaturalicen la finalidad que justificó la autorización oportunamente concedida”, concluyó. Por el contrario, Fernández de Kirchner “conserva la posibilidad de acceder diariamente a un espacio abierto apto para el desarrollo de actividades físicas y recreativas”.

Las restricciones en materia de horario y duración del acceso responden, “en cambio, a criterios de prudencia destinados a compatibilizar aquella posibilidad con el deber... de preservar la tranquilidad del vecindario y no perturbar la convivencia pacífica entre vecinos”.

La ex presidenta está condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad y fue detenida el 17 de junio del año pasado, luego que la Corte Suprema dejara firme ese veredicto. Desde entonces tiene prisión domiciliaria con tobillera electrónica en su departamento de San José 1111, en Constitución.

El ex ministro de Economía Roberto Lavagna recordó este jueves las advertencias que llegaron desde el Banco Mundial en 2005 por sospechas de cartelización y sobreprecios en la obra pública y que dieron origen a una investigación encargada por él.

De ese trabajo que encomendó surgieron evidencias de sobrecostos por un 20 por ciento en obras viales, mencionó al declarar como testigo en el juicio por los Cuadernos. Y recordó cómo advirtió sobre el tema en un discurso ante la Cámara Argentina de la Construcción.

También aseguró que informó de manera directa al entonces presidente Néstor Kirchner sobre esta “preocupación” y su intención de impulsar una investigación.

Lavagna fue Ministro de Economía de Néstor Kirchner hasta fines de noviembre de 2005 cuando el entonces Presidente le pidió la renuncia, dijo en la audiencia ante el Tribunal Oral Federal 7.

Tras la declaración de Lavagna, llegó el turno de la testimonial de la ex diputada nacional Mariana Zuvic.

Cierre de la jornada

Tras varias horas de debate, el presidente del Tribunal Oral Federal N° 7, Enrique Méndez Signori, dispuso el cierre de la jornada y convocó a las partes para el próximo martes a las 9, cuando continuará la producción de prueba con nuevos testimonios. Entre quienes deberán comparecer se encuentra el financista arrepentido Leonardo Fariña. Antes de finalizar el encuentro, la defensa de Roberto Baratta pidió que se le permita ampliar su declaración ante el tribunal.

Los vuelos oficiales a Santa Cruz

En otro tramo de su declaración, Zuvic relató una serie de vuelos oficiales que, según dijo, se realizaron entre 2003 y 2015 desde la Ciudad de Buenos Aires hacia Santa Cruz, generalmente los viernes. La ex diputada sostuvo que en el aeropuerto de Río Gallegos se observaban habitualmente a tres personas que esperaban a las aeronaves para descargar, y afirmó que también se utilizaban los aviones oficiales para transportar diarios hacia la provincia.

A preguntas de la fiscal León, comentó que esa operatoria continuó incluso después del fallecimiento de Néstor Kirchner y que esa información fue oportunamente aportada a la Justicia. Consultada sobre el aviador oficial de esos vuelos, indicó que, según conocía, había sido piloto de la Gobernación de Santa Cruz, tuvo un paso por la aviación privada y posteriormente se desempeñó como piloto de los viajes presidenciales. Su nombre era Sergio Vázquez, a quien describió como una persona de confianza de Kirchner desde la etapa en que éste gobernaba la provincia.

Finalmente, al ser consultada sobre las figuras de mayor confianza dentro del gobierno kirchnerista, identificó a Julio De Vido y Carlos Zannini como los principales colaboradores del entonces presidente.

“Néstor tenía absoluto control: era un obsesivo”

Tanto la fiscal León como el representante de la UIF Mariano Galpern preguntaron acerca del presunto esquema de corrupción forjado desde que Néstor Kirchner accedió a la intendencia de Río Gallegos hasta el momento que asumió la presidencia. Una de esas consultas tuvo que ver con la forma del ex presidente de gestionar los vinculados a la recaudación: “Tenía un absoluto control, era un obsesivo y llevaba esa tarea de manera cotidiana”, aseveró la testigo.

“Tenía obsesión con toda la parte económica y con el ingreso dinerario de las arcas del Estado”, dijo, y agregó: “llevaba un control permanente de eso”.

Luego comentó que el fallecimiento del ex jefe de Estado generó un “desmadre” dentro del entorno del matrimonio presidencial, ya que “si uno empieza a analizar el crecimiento patrimonial posterior a la muerte de Néstor Kirchner de las personas sospechadas de testaferros como sus secretarios se da cuenta de que el crecimiento continuó y que en otros casos fue mayor”.

“Fue el régimen político más perverso, destructivo y corrupto de la historia argentina”

Luego de un breve cuarto intermedio, inició la declaración de la ex legisladora nacional Mariana Zuvic, quien empezó respondiendo preguntas de la fiscalía. A una consulta sobre la familia Kirchner, a quien conoció en su juventud en la ciudad de Río Gallegos, de la cual el fallecido expresidente llegó a ser intendente, dijo: “A mí entender fue el régimen político más perverso, destructivo y corrupto de la historia argentina. Yo he sido testigo directa de lo que fue la destrucción cultural de la provincia de Santa Cruz”.

Más tarde mencionó el antecedente en su provincia natal del Instituto de Desarrollo Urbano y de Vivienda, un “laboratorio de lo que luego se conocería a nivel nacional” con el Ministerio de Planificación Federal. “Desde ahí se armó la matriz de la corrupción -expresó la ex diputada nacional-, estaban Julio De Vido, José López, Guillermo alias ‘el ñoqui’ Fernández (...); esas son las personas que estaban en el Instituto, que manejaban a discreción el listado de las personas que podían ser beneficiadas con los planes de vivienda, una herramienta política muy fuerte en el kirchnerismo”.

Terminó la declaración de Roberto Lavagna

El exfuncionario respondió preguntas de la fiscalía, la UIF y las defensas durante cuatro horas.

Fue dispensado por el TOF N° 7 una vez que concluyó el interrogatorio.

A continuación dará su testimonio la ex legisladora Mariana Zuvic.

“Los sobreprecios no eran hechos aislados”

El ex ministro de Economía recordó que “se hizo un estudio preliminar, una muestra lo más amplia posible, que permitió establecer que había promedios de sobreprecios del 20%, algunos mayores, y que no eran hechos aislados”.

Estas irregularidades, según Lavagna, “tenían que ver con una mecánica, que es lo que conducía a llamar a esto una cartelización”.

Lavagna dijo que informó a Néstor Kirchner sobre la advertencia del Banco Mundial

Ante la consulta sobre si se informó al entonces presidente Néstor Kirchner acerca de la situación, Lavagna respondió: “Exclusivamente al Presidente le dije que había una preocupación de ese tipo”.

Según relató, durante ese período, entre abril y junio, era especialmente sensible la relación que mantuviera el Gobierno con el Banco Mundial. “Así que el Presidente estuvo informado y punto. Le dijimos que íbamos a empezar un análisis preliminar para ver si eso tenía asidero”, afirmó.

Agregó que su impresión era que las autoridades del organismo internacional tenían más información al respecto que el propio Ministerio de Economía. Precisó además que su comunicación con Kirchner se limitó a informarle que iniciarían ese análisis para intentar adelantar cualquier problema que pudiera complicar la entrega de los bonos de la deuda.

“No tengo idea”, dijo Lavagna sobre qué pasó con la advertencia del Banco Mundial

Ante preguntas del defensor del empresario Patricio Gerbi, Manuel Garrido, sobre si el Banco Mundial tomó alguna medida ante las sospechas de cartelización que había trasmitido en 2005, Lavagna respondió “No tengo idea”.

Y al responder sobre los mecanismos de integridad del Banco Mundial, explicó que “el primer efecto normalmente es la interrupción del programa; se suspenden los desembolsos y, en algunos casos, se llega a la anulación y al pedido de reintegro de fondos”.

Ante una nueva pregunta sobre si le constaba que, a raíz de la presunta cartelización investigada, el Banco Mundial hubiera adoptado sanciones concretas para la Argentina, contestó: “No sabría decirle”.

Luego fue el turno de las preguntas del juez Germán Castelli. El testigo aclaró que no participó de la reunión con el Banco Mundial, sino que asistió la delegación argentina. Según relató, desde el organismo manifestaron su preocupación por la existencia de sobreprecios vinculados a un mecanismo de cartelización y advirtieron que no podrían continuar con el programa si esa situación se confirmaba. Precisó que la preocupación estaba específicamente relacionada con el área de Vialidad y la ejecución de rutas.

Consultado acerca de si esa advertencia había sido una manifestación expresa, respondió: “Son reuniones donde los países van a solicitar nuevos programas y ellos se sienten con el derecho de vigilar el funcionamiento de eso”. El testigo explicó que cada país cuenta con una oficina encargada del seguimiento de la relación con el organismo y que esas autoridades eran las responsables del vínculo con la Argentina.

Finalmente, señaló que la primera mención sobre estas preocupaciones de su parte surgió en una reunión más reducida realizada en Rosario en 2005 y que luego el tema volvió a plantearse en el ámbito de la Cámara de la Construcción.

Se retomó el interrogatorio a Lavagna tras negativa del Tribunal a exhibirle un informe de 2023

Roberto Lavagna volvió a la sala de audiencias para seguir respondiendo preguntas luego que el Tribunal Oral Federal 7 rechazó un pedido para exhibirle un dictamen de 2023 de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia sobre las denuncias de cartelización.

La fiscal Fabiana León se había opuesto, sostuvo que el documento cuya exhibición se pretendía es muy posterior a la salida de Lavagna del Gobierno en 2005, por lo que el ex ministro no tuvo intervención alguna en su elaboración. En ese sentido, consideró que la defensa del empresario acusado Carlos Wagner no logró demostrar la pertinencia ni la utilidad de la medida solicitada.

“Se trata concretamente de un documento elevado a Matías Tombolini, quien era secretario de Comercio y funcionario interviniente en casos de defensa de la competencia. No tiene ninguna pertinencia en términos de averiguación de la verdad. Nada tiene que decir el doctor Lavagna respecto de ese documento”, afirmó. A la oposición de la fiscalía se sumó la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF), representada por Mariano Galpern.

Finalmente, el Tribunal Oral Federal 7 rechazó el planteo por mayoría. Los jueces Fernando Canero y Enrique Mendez Signori mantuvieron la decisión adoptada por la presidencia del debate, mientras que el juez Germán Castelli emitió un voto con fundamentos propios.

“Usé el término cuidado con el capitalismo de amigos”, recordó Lavagna

Ante preguntas del defensor del ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, Lavagna volvió sobre el tema de la investigación por sobreprecios y recordó que se le había encomendado a la Comisión Nacional de la Competencia. También mencionó que en sus dichos ante empresarios aludió a la necesidad de tener “cuidado con el capitalismo de amigos”.

El juicio entró en un breve cuarto intermedio para incorporar a pedido del abogado Zenón Ceballos un dictamen de esa Comisión emitido del 29 de junio de 2023 con conclusiones al respecto. Al reanudarse la audiencia, el pedido de exhibición derivó en un debate entre las partes, previo al cual se pidió a Lavagna salir de la sala de audiencias.

“Yo no renuncié. Puse mi cargo a disposición a pedido del Presidente”, remarcó Lavagna

El ex ministro de Economía también recordó cómo fue su salida del Ministerio en noviembre de 2005 y se refirió a la relación que mantenía con el entonces presidente Néstor Kirchner.

“Siempre dije públicamente que, en caso de disidencia entre el Presidente y el ministro, el que se iba era el ministro. Y eso ocurrió efectivamente” el 30 de noviembre de 2005. “Es una obviedad, aunque a veces en la Argentina no ha funcionado así”, afirmó.

Sobre los motivos de su paso al costado, refirió que en ese momento lo dejó “plasmado”. “No voy a decir en la renuncia, porque yo no renuncié. Puse mi cargo a disposición a pedido del Presidente. Parece una sutileza, pero en la Argentina hay demasiados abandonos de cargos y no quise estar en esa situación. Como el pedido fue del Presidente, lo dejé en claro”, explicó.

Lavagna también describió cómo era su vínculo cotidiano con Kirchner. “No había intermediarios en la relación con el Presidente”, señaló.

Además, recordó que el propio Kirchner había reconocido la importancia política que tenía la continuidad del equipo económico dentro de su gobierno. “El propio Presidente reconocía, y lamento que él no pueda ratificarlo, que alrededor del 10 por ciento de los votos habían sido aportados por la continuidad del equipo económico, algo poco frecuente en la Argentina”, sostuvo Lavagna en alusión a su condición de Ministro de Economía del gobierno anterior, bajo la presidencia de Eduardo Duhalde.

Lavagna recordó su advertencia por la cartelización ante la Cámara Argentina de la Construcción en 2005

El abogado Beraldi preguntó al ex ministro de Economía si durante su gestión advirtió que se destinaran partidas para obra pública con el propósito de beneficiar a algún contratista del Estado en particular. “No, claramente no”, respondió.

Ante una nueva consulta sobre si detectó algún direccionamiento del gasto hacia contratistas específicos, Lavagna recodó lo ocurrido en 2005, antes de su salida del cargo, vinculado con advertencias del Banco Mundial sobre obras viales financiadas por ese organismo. Ello derivó en una investigación y finalmente, en su referencia a cartelización en un discurso en la Cámara Argentina de la Construcción.

Según recordó, entre abril y mayo de ese año, durante una de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la delegación argentina regresó con una preocupación transmitida por las autoridades del organismo internacional. Explicó que el Banco Mundial, que había aportado fondos importantes para obras de Vialidad, había manifestado sentirse “incómodo” con la forma en que se estaban ejecutando algunos programas y había anticipado la posibilidad de iniciar una investigación.

“Ni bien regresó la delegación tratamos el tema internamente y pedí que se hiciera un informe exploratorio, básicamente sobre el área que más preocupaba al Banco Mundial, que era Vialidad”, explicó.

Lavagna señaló que ese trabajo se realizó entre mayo y agosto de 2005 y que las conclusiones preliminares indicaban la existencia de dudas sobre posibles procesos de cartelización en las contrataciones y la presencia de sobreprecios que, en promedio, rondaban el 20 por ciento.

A partir de esos resultados, dijo que decidió solicitar con carácter urgente una investigación más profunda a los organismos estatales competentes en materia de defensa de la competencia.

“Tomé la decisión de pedirle al organismo del Estado que participaba en estas cuestiones de eventual cartelización que hiciera un informe completo”, afirmó.

Recordó que se investigaron distintos casos de prácticas anticompetitivas, entre ellos los de las empresas cementeras y el suministro de gas para hospitales, donde se comprobó la existencia de cartelización.

“Nuestra intención era no ser tomados por sorpresa por un eventual informe del Banco Mundial, porque ellos habían manifestado que iban a investigar”, sostuvo.

Lavagna también recordó su participación como expositor ante la Cámara Argentina de la Construcción. Allí, además de hablar sobre la situación económica, hizo referencia públicamente a los indicios detectados. “Dije que había algunos indicios preliminares de cartelización, de sobrecostos, y que se había tomado la decisión de involucrar a la Comisión de Defensa de la Competencia en el tema”, relató. Según contó, sus declaraciones fueron mal recibidas por varios de los asistentes. “Algunas de las autoridades más importantes de la Cámara, cuando terminé, me dijeron: ‘Ministro, justo acá viene a decir eso’. Y mi respuesta fue: ‘Sí, justo acá tenía que hacerlo’”, recordó.

La defensa de CFK pregunta sobre los presupuestos entre 2003 y 2006

La defensa de Cristina Fernández de Kirchner, a cargo del abogado Carlos Beraldi, preguntó a Lavagna sobre el proceso de elaboración de los presupuestos nacionales durante los años en los que estuvo al frente de Economía.

Ante una pregunta sobre en cuántos proyectos de ley de Presupuesto intervino como ministro, Lavagna respondió que participó en los correspondientes a los años 2003, 2004, 2005 y 2006, aunque aclaró que permaneció en el cargo hasta noviembre de 2005.

Al referirse a la discusión presupuestaria de esos años, explicó que en 2003 y 2004 la diferencia entre las necesidades planteadas por las distintas áreas y los recursos disponibles era “muy moderada”. Señaló que en ese momento el país enfrentaba problemas de gran magnitud, especialmente en materia de pobreza.

Según recordó, en 2005 la brecha entre los pedidos de gasto y las posibilidades reales del presupuesto comenzó a ampliarse, mientras que para el Presupuesto 2006 “desbordó”.

Lavagna destacó que las discusiones presupuestarias de 2003 y 2004 fueron relativamente sencillas, mientras que las de 2005 resultaron más complejas. En particular, señaló que el Presupuesto 2006 debió presentarse durante 2005, en plena etapa electoral, lo que generó una fuerte presión de distintos sectores para incrementar partidas. “Los pedidos eran muy fuertes y hacían muy difícil para el Ministerio de Economía atender la totalidad de las iniciativas”, afirmó.

Lavagna da detalles sobre la creación del Ministerio de Planificación

El ex ministro de Economía de los gobiernos de Eduardo Duhalde y del gobierno de Néstor Kirchner comenzó a declarar como testigo y responde preguntas de la fiscalía. Dio detalles sobre la creación del Ministerio de Planificación donde se nombró a Julio De Vido. “Yo no tenía relación con el nuevo Ministerio”, dijo.

Testimonios clave

La expectativa en torno a estos testimonios es elevada. Lavagna ya declaró anteriormente en el juicio por la causa Vialidad, donde recordó las circunstancias de su salida del Ministerio de Economía durante la presidencia de Néstor Kirchner y afirmó que desde su cartera se había impulsado una investigación por presuntas maniobras de cartelización en la obra pública vial.

Por su parte, Fariña es uno de los testigos más esperados del debate por su condición de arrepentido en la causa conocida como Ruta del Dinero K. Durante el juicio de Vialidad sostuvo que el dinero expatriado por el empresario Lázaro Báez pertenecía a Néstor Kirchner. “Lázaro me dijo que la plata que expatriábamos era de Néstor Kirchner”, declaró entonces ante el Tribunal Oral Federal 2.

Zuvic, por su parte, fue una de las principales denunciantes de hechos de corrupción vinculados con la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

El juicio oral continúa con la recepción de testimonios en el Tribunal Oral Federal 7, que tiene a su cargo el proceso en el que se investigan presuntos pagos de sobornos a ex funcionarios nacionales a cambio de contratos de obra pública y tiene como principal acusada a la ex presidenta Cristina Kirchner, juzgada como presunta jefa de asociación ilícita y cohecho.

Un juez advirtió sobre un vacío legal y la necesidad de impulsar una reforma penal que castigue la tenencia ilegal de inhibidores de señal usados para abrir y robar autos, aun cuando sus portadores no sean sorprendidos en pleno delito.

El juez federal Daniel Rafecas envió un oficio al Congreso Nacional para pedir el tratamiento legislativo de una norma que criminalice la “conducta de tenencia de artefactos electrónicos inhibidores de señales de comunicación”, dentro de los delitos contra la seguridad pública, contemplados en el Título VII del Código Penal.

“Considero que resulta propicio exhortar al Congreso de la Nación Argentina el debido tratamiento legislativo de una norma, de carácter penal, que tenga en miras la criminalización de la conducta de tenencia de artefactos electrónicos inhibidores de señales de comunicación, dentro de los delitos contra la seguridad pública”, señaló el magistrado.

Merodeando con inhibidor

Se trata de una causa en la que se investigó a dos detenidos en octubre de 2023 en la zona de las avenidas Santa Fe y Callao, en la ciudad de Buenos Aires. Durante el procedimiento, uno de ellos intentó escapar y arrojó un equipo de comunicación posteriormente identificado como un dispositivo apto para inhibir señales electrónicas utilizadas por los sistemas de cierre centralizado de vehículos.

Los inhibidores son equipos que interfieren la comunicación entre la llave electrónica y el sistema de seguridad del automóvil.

Los acusados fueron procesados sin prisión preventiva en otro juzgado que llevó adelante la investigación y el caso llegó a juicio ante el juzgado federal 6, a cargo de Rafecas. Ya en esta etapa, el magistrado sobreseyó a ambos sin realizar el debate, por entender que la figura penal por la que fueron acusados no se corresponde con lo sucedido.

El día de los hechos, policías observaron a los sospechosos merodeando vehículos estacionados sobre la avenida Santa Fe. Los agentes advirtieron que caminaban observando los autos y mirando reiteradamente hacia ambos lados. Cuando intentaron identificarlos, uno de ellos emprendió la fuga y descartó un equipo de comunicación tipo HT marca Baofeng.

Un informe técnico elaborado por especialistas de la Policía de la Ciudad concluyó que el dispositivo funcionaba correctamente, transmitía en la frecuencia 433.890 MHz y poseía una potencia de 8 watts, muy superior a la de un control remoto de apertura y cierre de automóviles. Los peritos determinaron que, a corta distancia, el aparato podía interferir efectivamente la señal de los sistemas de cierre centralizado que operan en frecuencias cercanas a los 433 MHz. De acuerdo con el análisis técnico incorporado al expediente, el equipo “podría obstruir/interferir la señal” de apertura y cierre de un vehículo cuando se encuentra a una distancia cercana.

La modalidad es utilizada para sustraer pertenencias del interior del vehículo o incluso para concretar el robo del automóvil sin necesidad de forzar cerraduras ni provocar daños visibles.

De qué delito se trata

La investigación avanzó bajo la hipótesis de que la conducta podía encuadrarse en el artículo 197 del Código Penal, que reprime a quien interrumpa o entorpezca comunicaciones telegráficas, telefónicas o de otra naturaleza. Sin embargo, al revisar el caso para el juicio oral, Rafecas concluyó que no se verificaba una afectación al bien jurídico protegido por esa norma.

El juez destacó que “para que una conducta pueda ser encuadrada en el delito reprimido en el artículo 197 del Código Penal, es condición esencial que se produzca o amenace producir un daño de carácter común en las comunicaciones generales”, por lo que la figura penal protege “la integridad de las comunicaciones, y no la interrupción individual”, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Ante esa conclusión, entendió que existe un vacío legal respecto de la tenencia de este tipo de dispositivos y por eso reclamó una reforma legislativa específica que permita sancionar su posesión ilegítima y facilite la intervención de la Justicia antes de que se concrete el delito.

El juicio por el caso de los Cuadernos se suspendió este martes por la falta de Internet en el edificio judicial de Comodoro Py 2002 y pese a que durante varias horas se intentó restablecer el servicio que permitiera una conexión estable para la modalidad mixta -presencial y zoom- de las audiencias.

El inconveniente que dejó sin servicio al edificio judicial impidió el inicio a las 9 de esta nueva jornada del debate que se realiza de manera semipresencial y tiene a la mayor parte de los abogados defensores conectados de manera remota a través de la plataforma Zoom.

Se esperaban las declaraciones del ex ministro de Economía Roberto Lavagna, el financista arrepentido Leonardo Fariña y la ex diputada nacional Mariana Zuvic.

Lavagna había llegado a tribunales temprano, esperó por más de una hora en el café de la planta baja y luego se retiró. Fariña estaba citado para poco antes del mediodía y se esperó hasta esa hora pero finalmente se resolvió suspender la audiencia.

El corte del servicio de internet ocurrió desde temprana hora de la mañana este martes y tuvo su origen en un problema con la fibra óptica que afectó a otras dependencias, como el edificio judicial de Avenida de los Inmigrantes 1950, también en el barrio porteño de Retiro.

Tras varias horas de espera el Tribunal Oral Federal 7 resolvió suspender la audiencia y reprogramar las declaraciones para el jueves próximo.

Las declaraciones en Vialidad

Lavagna tenía previsto volver a declarar este martes en un proceso judicial vinculado al kirchnerismo. Ya lo había hecho en el juicio por la causa Causa Vialidad, donde recordó las circunstancias de su salida del Ministerio de Economía durante el gobierno de Néstor Kirchner y reveló que desde su cartera se impulsó una investigación por presunta cartelización en la obra pública vial.

En aquel debate, que terminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta, Lavagna sostuvo que las sospechas de cartelización no se limitaban a Santa Cruz sino que alcanzaban distintas regiones del país. También señaló que unas veinte obras viales habían sido suspendidas y precisó que su ejecución dependía del entonces Ministerio de Planificación Federal encabezado por Julio De Vido, hoy también juzgado en el caso Cuadernos.

El arrepentido de la ruta del dinero K

Otro de los testimonios más esperados era el de Fariña, arrepentido en la causa conocida como Ruta del dinero K. Durante el juicio por Vialidad declaró ante el Tribunal Oral Federal 2 que el dinero expatriado por Lázaro Báez pertenecía a Néstor Kirchner. “Lázaro me dijo que la plata que expatriábamos era de Néstor Kirchner”, afirmó entonces.

Fariña también había declarado durante la instrucción del caso Cuadernos ante el fiscal Carlos Stornelli, oportunidad en la que señaló similitudes entre las maniobras investigadas en la Ruta del dinero K y el esquema de recaudación ilegal descripto en los cuadernos del remisero Oscar Centeno.

La audiencia del martes iba a completarse con la declaración de Mariana Zuvic, una de las principales denunciantes públicas de hechos de corrupción durante los gobiernos kirchneristas.

El juicio comenzó el 6 de noviembre del año pasado de manera virtual y pasó a un esquema semipresencial el 17 de marzo, con la primera declaración indagatoria de Cristina Fernández de Kirchner, acusada como presunta jefa de una asociación ilícita y por cohecho. Junto a la ex mandataria son juzgados 19 ex funcionarios, dos ex choferes y 65 empresarios.

Los jueces del TOF7, Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, habían programado para mayo la declaración de 43 testigos sobre un total de poco más de 600 previstos. Pero durante ese mes sólo pudieron pasar por la sala de audiencias de Comodoro Py 2002 ocho de ellos, debido a la extensión que demandaron algunos de los testimonios. El cronograma de testigos lleva así al menos un mes de atraso.

Uno de estos casos fue del de Hilda Horovitz, la ex mujer del remisero autor de los cuadernos Oscar Centeno. La testigo declaró durante dos días y algo similar ocurrió con Jorge Bacigalupo, el ex amigo del arrepentido a quien entregó los originales para que se los cuidara. Por ahora, las audiencias se realizan martes y jueves de manera semipresencial en la sala AMIA de los tribunales de Retiro.

El Tribunal, la fiscalía a cargo de Fabiana León, la querella de la Unidad de Información Financiera, a cargo del abogado Mariano Galpern y las defensas que lo desean asisten en persona, mientras que las restantes se conectan a través de la plataforma Zoom.

La Justicia intenta determinar quién visitó entre 2020 y 2024 a los empresarios Elías Piccirillo, ex marido de Jesica Cirio, y Martín Migueles, pareja de Wanda Nara, en las casas donde vivieron en el barrio privado de Nordelta durante ese período, como parte de una batería de nuevas medidas de prueba ordenadas en la causa por multimillonarias maniobras de “rulo cambiario” durante el cepo al dólar impuesto en el gobierno de Alberto Fernández.

Además, el fiscal federal Franco Picardi pidió al juez Ariel Lijo, a cargo del caso, que ordene un análisis de comunicaciones sobre un nuevo identificado en la pesquisa, quien habría actuado como intermediario a la hora de tramitar los permisos de importación, SIRA, a cambio de pago de presuntos sobornos, de acuerdo a lo que surgió del análisis del teléfono de Migueles, secuestrado en la causa.

Las visitas a Nordelta

La fiscalía investiga quienes visitaron a Piccirillo y Migueles en Nordelta entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024. Para ello, se requirió a la Asociación Vecinal que informe, en primer lugar, la totalidad de los domicilios donde Piccirillo y Migueles “hubieran revestido la calidad de propietarios, inquilinos, residentes autorizados o cualquier otro vínculo de ocupación, utilización o permanencia”.

Junto con esto, y sobre cada uno de estos domicilios en cada barrio o complejo, se pidió el envío a Comodoro Py 2002 de “la totalidad de los registros de ingresos y egresos de personas y vehículos vinculados a visitas cursadas a dichos inmuebles durante el período indicado”.

En particular, se busca determinar en cada acceso registrado: fecha y horario de ingreso y egreso, identidad declarada del visitante, documento informado, dominio del vehículo utilizado, domicilio de destino “y todo otro dato obrante en los sistemas de control y registro de accesos administrados por esa entidad”. Fuentes judiciales explicaron que la medida apunta a presuntas reuniones entre los investigados por la gestión irregular de permisos de importación.

El intermediario en las SIRA

También a raíz de lo que se descubrió en el celular de Migueles, la fiscalía identificó a un “intermediario” en las maniobras con los SIRA y pidió al juez que avance en un análisis de sus comunicaciones. Se trata de “Pato”, identificado así en las conversaciones del empresario.

“Pato obviamente nos hizo el vínculo”, mencionaban allí Migueles y otro interlocutor y lo ubicaban como nexo “entre los distintos intervinientes de la operatoria investigada en torno a las autorizaciones de SIRAs obtenidas a cambio de pagos indebidos”, remarcó la fiscalía. En esas conversaciones se hablaba además de la necesidad de asignar a “Pato” una parte de las ganancias por las gestiones.

A partir de la extracción forense del celular de Migueles se detectó un contacto agendado como “Pato Juli” y se rastreó al titular de la línea, que sería Patricio Guido Marre. “Asimismo, en el propio intercambio mantenido con ese contacto aparece un mensaje automático de identificación de cuenta en el que el usuario se presenta como “Patricio Marre”, circunstancia que refuerza la correspondencia entre el contacto “Pato Juli” y el nombrado Patricio Guido Marre“.

“En específico, del contenido de las conversaciones mantenidas entre Migueles y dicho contacto surge que, con posterioridad al cumpleaños de Marre celebrado entre los días 14 y 15 de enero de 2023, ambos coordinaron una reunión en la que también participaría Ezequiel Caputto (“Pipo”), la cual finalmente habría tenido lugar el día 18 de enero de 2023 en el local gastronómico “Canta el Gallo”, ubicado en Nordelta”, reseñó la fiscalía.

En un descargo que presentó en tribunales, Migueles reconoció que conoció a “Pato” por intermedio de una amiga de su expareja. “Así las cosas, la valoración conjunta de los elementos reseñados otorga coherencia y sustento a la hipótesis de que la persona mencionada como “Pato”, el contacto identificado como “Pato Juli” y Patricio Guido Marre serían la misma persona" y por ello la fiscalía pidió una reconstrucción de sus comunicaciones.

Picardi requirió además a la Dirección General de Aduana que “remita específicamente, de forma urgente, toda la información vinculada con la aprobación de SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina)” de las firmas NEMES S H de Fuentes N y Mazza; TEFASA y/o TEFA S.A. y Fizika S.R.L.A. También que aporte “un listado completo de los funcionarios que intervinieron en los procesos de aprobación de SIRA durante el año 2023, debiendo identificar específicamente a aquellos que participaron en la aprobación de las solicitudes vinculadas con las sociedades antes mencionadas”.

La investigación por corrupción en la empresa ARSAT, que derivó en la detención del ex titular del organismo, Facundo Leal, a quien le encontraron droga y más de dos millones de dólares en sus domicilios, entró en secreto de sumario el viernes último. Y en estas horas se define si el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, cita a declaración indagatoria a los involucrados, entre ellos Gerardo Boschin, exgerente de compras durante el gobierno de Alberto Fernández.

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, pidió la citación de una decena de acusados, entre ellos Boschin, pero todo se precipitó con la detención de Leal. A este último se lo indagó pero por la tenencia de droga en su domicilio de Palermo: dijo que era para consumo personal y se negó a responder preguntas.

El origen de los miles de dólares en efectivo encontrados en su departamento de Palermo y en su casa de Mendoza aún es una incógnita.

En el próximo paso de la causa, Mirabelli tiene que decidir si da curso al dictamen fiscal y ordena las indagatorias.

ARSAT y el presunto cohecho

En la causa penal se investigan las presuntas maniobras de corrupción en la empresa satelital, y sobre este aspecto hay un pedido de indagatorias y medidas cautelares presentado por parte de la fiscalía y ahora a resolución de Mirabelli. La decisión de reimplantar el secreto de sumario fue para realizar nuevas medidas de prueba.

Los investigadores imputan delitos como presunto cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública y otros vinculados a corrupción funcional por la manera en que se hicieron las contrataciones y los llamados a licitación, según supo Infobae de fuentes judiciales.

Leal presidió la empresa estatal entre 2022 y febrero de 2024,. Ahora el juez debe resolver su situación procesal pero en la causa abierta por la tenencia de 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína, un vapeador con cannabis, quince cucharas presuntamente utilizadas para consumo y quince bolsas tipo ziploc.

En ese mismo inmueble también fue hallada una importante cantidad de dinero en efectivo distribuida en distintas monedas. El detalle incluye 803.754 dólares estadounidenses, 2.486.200 pesos argentinos, 69.100 pesos uruguayos, 6.258 reales brasileños, 3.040 pesos mexicanos, 302.000 pesos colombianos, 165 euros y 2.000 chelines tanzanos.

En otro domicilio de Leal en Mendoza se secuestraron 1.787.600 dólares estadounidenses en efectivo, además de documentación y un teléfono celular. También se incautó un cuaderno con anotaciones.

Ese allanamiento al departamento del ex funcionario en Palermo se dio en simultáneo con otros 15 dispuestos en la causa que investiga la licitación para un depósito en San Fernando por parte de ARSAT.

La denuncia

El expediente se originó a partir de una denuncia por el presunto robo de equipamiento tecnológico de alto valor perteneciente a ARSAT, presentada al inicio de la gestión de Javier Milei.

Con el avance de las medidas de prueba, los investigadores comenzaron a analizar otras operaciones vinculadas al funcionamiento de la empresa estatal. Según fuentes vinculadas al caso, esas líneas de investigación pusieron bajo análisis distintos contratos y movimientos que actualmente forman parte de la pesquisa judicial.

Leal permaneció al frente de la empresa entre agosto de 2022 y febrero de 2024. Tras el cambio de administración, continuó ligado al Estado nacional y fue designado presidente ad honorem del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), el ente encargado de supervisar y controlar el sistema aeroportuario argentino.

Su nombramiento quedó formalizado mediante el Decreto 390, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Su salida del organismo se formalizó a fines de febrero de 2026, cuando presentó la renuncia. De acuerdo con la información incorporada al expediente, al momento de los allanamientos continuaba vinculado a ARSAT como empleado de planta permanente.

La Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos de exfuncionarios del entonces Ministerio de Desarrollo Social y de responsables de tres cooperativas por presuntas maniobras de defraudación con fondos destinados a la fabricación de guardapolvos escolares para sectores vulnerables. Según la resolución firmada por los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, existen elementos suficientes para sostener que se habría desarrollado una maniobra para desviar fondos públicos asignados a la Cooperativa de Trabajo 15 de Julio Ltda., mediante un convenio suscripto con el Ministerio de Desarrollo Social para la confección de 165.000 guardapolvos durante el gobierno de Alberto Fernández.

La resolución recae sobre los exfuncionarios Leonardo Sebastián Moyano, Osvaldo Eugenio Minervini, director de Organización Comunitaria, y Eliana Gisela Gladys Rodríguez, asesora administrativa. Y sobre miembros de las cooperativas investigadas: Paula Rosana Goroso, Mirta Lorena Zafra, Yesica Gabriela Goroso, Olga Edith Martínez, Matías Sebastián Celano, Lucas Marcelo Acosta, Marcela Verónica Campanella, Alexis Oscar Lugos, Gladis María Itatí Lugos y Mario Gustavo Figueroa.

Compleja maniobra de defraudación

La Cámara sostuvo que el esquema investigado operó en dos planos: por un lado, mediante el cambio del sistema de adquisición de guardapolvos, que pasó de la contratación directa a la modalidad de subsidio institucional, prevista en la Resolución 208/18, lo que habría permitido eludir controles y seleccionar discrecionalmente al beneficiario; y, por otro, a través de la subcontratación de las cooperativas Solutex Ltda. y General Mitre Manos Unidas Ltda., que, según la pesquisa, carecían de capacidad operativa real para cumplir con las tareas encomendadas.

Los camaristas ratificaron los procesamientos por presunta administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública y -en algunos casos- también por abuso de autoridad, que dictó el juez federal Sebastián Casanello, cuando estuvo a cargo del caso subrogando el juzgado federal 11, vacante desde la muerte de su titular, Claudio Bonadio.

Según la acusación, se atribuye a los acusados haber intervenido “al menos desde el mes de enero de 2023 hasta el mes de diciembre de 2024, en una compleja maniobra de defraudación por medio de la cual se desviaron fondos públicos asignados a la ‘Cooperativa de Trabajo 15 de julio LTDA’, a través del convenio celebrado con el entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para la implementación de un “Proyecto Social de Acción Conjunta”.

El objetivo era la producción de guardapolvos con una doble finalidad: fomentar el trabajo social productivo a través de la intervención de organismos no gubernamentales sin fines de lucro y el otorgamiento de los uniformes a los sectores más vulnerables de la sociedad.

“En representación del organismo nacional, todos los convenios fueron firmados por el titular de la Secretaría de Articulación de Política Social, Leonardo Sebastián Moyano”, recordó la acusación, y se hicieron bajo la gestión de la entonces Ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Moyano es uno de los exfuncionarios con procesamiento confirmado.

La Cooperativa 15 de Julio recibió un subsidio de $710.366.250 para producir los guardapolvos, pero no habría cumplido íntegramente con las entregas comprometidas, además de registrar irregularidades en las rendiciones, certificaciones y movimientos de fondos. La investigación detectó que parte del dinero habría sido derivado a terceros y utilizado para gastos ajenos al objeto del convenio.

Los cheques librados por la cooperativa 15 de Julio “fueron presentados al cobro por empresas que, en su mayoría, no guardan relación alguna con el sector textil”, remarcó el Tribunal de Apelaciones. Además, hubo aplicación de fondos a “gastos ajenos al rubro textil, como la compra de un vehículo y transferencias a personas no asociadas” a las cooperativas.

La Cámara hizo lugar parcialmente a planteos respecto de los embargos. Consideró que el monto de $3.130 millones fue fijado sin un análisis individualizado de la situación de cada imputado, y ordenó al juez de primera instancia dictar nuevos embargos diferenciados, según el grado de responsabilidad atribuido a cada uno. Esta decisión quedará a cargo del magistrado Ariel Lijo, quien subroga ahora el juzgado federal 11 donde se lleva el caso.

Además, se confirmó la prohibición de salida del país para los procesados, al entender que la medida resulta proporcional a la gravedad de los hechos investigados, al monto del perjuicio económico y al nivel de organización que habría tenido la maniobra.

La Justicia rechazó un planteo de la cúpula de la AFA para que una denuncia, por presunta facturación falsa y contrataciones dudosas de una veintena de proveedores, se investigue de manera separada a la de retención indebida de aportes por 19.000 millones de pesos. En esta última causa ya están procesados Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino y otros tres dirigentes del fútbol argentino, entre ellos el secretario general Cristian Malaspina.

La defensa de este último había reclamado que se declarara nula la decisión del juez federal en lo penal económico Diego Amarante de incorporar a la causa, por la falta de depósito de las retenciones en tiempo y forma contra la Asociación del Fútbol Argentino, una ampliación de denuncia impulsada por ARCA. Al planteo adhirieron las defensas del presidente de la AFA, Tapia, y del tesorero Toviggino. Sostienen que debería enviarse a sorteo para que intervenga otro juez.

El presidente de la AFA llegó en las últimas horas a Kansas, Estados Unidos, para sumarse a la concentración de la selección argentina, que se prepara para competir en el próximo Mundial. Si bien tiene prohibido viajar al exterior, la Justicia autorizó expresamente su salida del país.

Los nuevos delitos

A raíz de la denuncia de ARCA se amplió la investigación a nuevos delitos como presunta evasión agravada -por la utilización de facturación apócrifa- del Impuesto a las Salidas No Documentadas, por los períodos fiscales 2024 y 2025, por la suma que asciende a $289.336.519,66; y comenzó a investigarse la posible configuración de una asociación ilícita fiscal.

Las defensas sostuvieron que la nueva presentación del organismo recaudador introdujo “hechos, tributos, períodos fiscales y figuras penales completamente distintos” a los investigados originalmente en el expediente, por lo que consideraron que no podía tramitar como una mera “ampliación de denuncia”, sino que debía abrirse una causa nueva y sortearse otro juzgado.

Se habló incluso de posible “forum shopping” y se advirtió que mantener el caso en el mismo juzgado vulneraría la garantía del juez natural y el derecho de defensa. “La acusación carece de una individualización concreta de las conductas atribuidas a cada acusado”. La querella de ARCA reclamó desestimar el planteo y lo atribuyó a un nuevo intento para “dilatar” el avance de la investigación, que ya cuenta con impulso de la fiscalía.

Dos denuncias con “puntos de conexión”

El juez Amarante rechazó los argumentos de los acusados y confirmó que se investigará todo como parte de una misma denuncia, porque los hechos presentan “puntos de conexión relevantes” con la causa ya abierta, al involucrar “a la misma contribuyente y las mismas personas humanas que ya se encuentran sometidas a proceso”.

“No puede afirmarse, como pretenden las defensas, que el desglose y remisión a sorteo constituyera la única respuesta procesal posible”, y afirmó que la intervención de su juzgado resulta “compatible con las reglas de conexidad, con razones de celeridad y economía procesal”.

Se descuenta que es otro planteo que llegará apelado a la Cámara en lo Penal Económico, que tiene a estudio los procesamientos de Tapia, Toviggino y demás acusados por el no depósito de los aportes retenidos y, además, otro de reparación integral del daño con que las defensas pretenden cerrar el caso.

Impulso fiscal

El fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial amplió semanas atrás la acusación, tras la denuncia que aseguró que la AFA utilizó proveedores presuntamente falsos entre 2024 y 2025. El monto investigado asciende a $289.336.519,66, aunque la determinación de oficio fijó una base imponible total de $916.527.614,05, y un ajuste a favor del fisco de $320.784.664,61, más intereses y multas.

Navas Rial recordó en su dictamen, al que tuvo acceso Infobae, que ARCA argumentó que la nueva denuncia -más los cargos por los que ya están procesados los dirigentes futbolísticos por retención indebida de aportes- serían suficientes para investigar un nuevo delito, la presunta existencia de una “asociación ilícita fiscal”.

La fiscalía pidió medidas de prueba y concluyó que en la denuncia se alude a 24 proveedores, cuyas operaciones y pagos fueron cuestionados. Se mencionaron proveedores inexistentes o no localizados, falta de estructura operativa, ausencia de empleados y bienes, inconsistencias bancarias, domicilios falsos y sociedades vinculadas entre sí. También “circuitos comerciales cerrados”, cheques con múltiples endosos y empresas que facturaban actividades ajenas a su objeto social.

Como ejemplo se mencionó a Central Hotel S.R.L., que facturó $9,6 millones por “obras realizadas en el predio Ezeiza” pese a estar inscripta en actividades hoteleras. También a Capadoccia S.R.L., que habría emitido facturas por más de $56 millones sin poder justificar capacidad operativa, y a Prussian Blue S.R.L., vinculada a supuestos servicios digitales pese a que sus integrantes, según la denuncia, realizarían trabajos ocasionales y carecían de conocimientos técnicos.

La Cámara Federal de Casación Penal cerró este jueves el camino a la Corte Suprema para Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia en el intento por frenar el decomiso de sus bienes como parte de la condena a la ex presidenta en la causa Vialidad.

La sala IV de Casación rechazó recursos extraordinarios de la defensa de CFK y sus hijos y allanó el camino a la hora de continuar con los trámites para devolver al Estado Nacional 111 bienes de los Kirchner y Lázaro Báez. Desde el sexto piso de Comodoro Py 2002, sede del Tribunal Oral Federal 2 que condenó a la ex presidenta, ya se preguntó a la Corte si dispondrá de alguna de las propiedades.

Sólo la queja

A Cristina Kirchner y sus hijos sólo les queda ir en queja directa ante el máximo tribunal del país. En el caso de Máximo y Florencia Kirchner están en juego 19 propiedades heredadas o recibidas en cesión.

Se trata de cumplir con el decomiso por $684.990.350.139,86 impuesto como parte de la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta a la ex mandataria, que está bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica. La resolución de Casación alcanzó además bienes del ex dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez.

La decisión fue de los camaristas Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky. Este último magistrado votó en minoría a favor de conceder los recursos extraordinarios en lo relativo a determinados bienes en juego de Máximo y Florencia Kirchner y algunas empresas incluidas en el listado de Báez.

Decomiso y delito

Por mayoría, se desestimaron todos los recursos. “El decomiso de los beneficios de origen delictivo encuentra su fundamento en que el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida”, sostuvo el juez Hornos en su voto.

Se trata de un “ilícito comprobado” con una condena firme. Los delitos con la obra pública vial nacional en Santa Cruz durante el kirchnerismo generaron “un flujo económico de magnitud extraordinaria en perjuicio del erario público”, advirtió al reiterar los argumentos que expresó en el fallo de Casación que confirmó el decomiso.

Sobre los bienes de Máximo y Florencia, Hornos concluyó que ya hubo una “respuesta extensa, fundada y razonada” en la sentencia previa y que las defensas sólo expresaron una discrepancia con el criterio adoptado sobre el alcance de la medida.

También rechazó el argumento según el cual el decomiso de bienes heredados o recibidos gratuitamente vulneraría principios constitucionales como legalidad, inocencia, culpabilidad o propiedad. Según sostuvo, esos planteos ya fueron tratados y no se demostró ahora una “cuestión federal” que abriera el camino a la Corte Suprema.

Que los actuales titulares de los bienes en disputa no hayan sido sometidos a esta causa penal no impide el decomiso cuando hay “una vinculación razonable entre los bienes y el provecho económico derivado del delito”, reiteró y agregó que “la transmisión hereditaria o gratuita no neutraliza la posibilidad de ejecutar los bienes si éstos integran el circuito patrimonial alcanzado por el decomiso”.

Borinsky, por su parte, consideró inadmisible el recurso de Cristina Fernández de Kirchner, pero entendió que sí correspondía habilitar parcialmente la instancia extraordinaria respecto de algunos bienes vinculados a Máximo y Florencia Kirchner y a determinadas empresas de Báez.

Se trata de inmuebles adquiridos antes del 23 de abril de 2004, fecha tomada por el tribunal que ejecuta la condena como punto de partida para evaluar bienes alcanzados.

“El decomiso de los bienes indicados se dispuso sin debido sustento normativo, en tanto se apartó de los propios parámetros temporales fijados por el tribunal de juicio para evaluar la incorporación de bienes pasibles de decomiso, sin que la sentencia aquí cuestionada -en su conformación de mayoría- brindara tratamiento a esa circunstancia objetiva oportunamente introducida por las partes”, concluyó Borinsky.

Son diez departamentos en Mitre 535, Rio Gallegos, Santa Cruz y los cinco lotes del complejo hotelero Los Sauces, en Lago Argentino, también en esa provincia. Y en cuanto a los bienes de Lázaro Báez, de inmuebles de dos empresas que compró, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto.

Hilda Horovitz, la ex pareja del remisero Oscar Centeno, terminó este jueves de responder preguntas vinculadas a su relación con otros protagonistas del escándalo de los cuadernos de las coimas durante el juicio oral que se llevó adelante en los tribunales federales de Retiro. Centeno “hizo todo lo posible para que todos estemos acá hoy”, enfatizó. En la audiencia volvieron a mostrarse bolsos que ella guardó y que según se sospecha eran usados para transportar dinero.

Horovitz admitió que le pedía dinero a Centeno. “Mi especialidad no es mentir. Acá sé que me estoy mandando al muere sola por decir la verdad. Yo sí le pedía dinero a él, es verdad, y como no me escuchaba no me quedaba más remedio que pedirle a Baratta que haga de intermediario. Cuando salió todo esto al aire me quedé sin trabajo. Pedí que me diera una mano hasta que consiga trabajo”, declaró.

La mujer declaró durante seis horas el martes pasado y sumó casi tres horas más este jueves. En la primera ocasión se descompensó a media tarde cuando escuchaba audios que le envió al acusado ex funcionario de Planificación Federal Roberto Baratta y a Miriam Quiroga, empleada de Ceremonial de la Casa Rosada durante el gobierno de Néstor Kirchner.

El Tribunal Oral Federal 7 dispuso que su declaración siguiera este jueves, en una jornada en la que también declaró un ex vecino de los Kirchner en el edificio de Juncal y Uruguay, en Recoleta. La audiencia concluyó tras este testimonio.

Al final de la jornada se explicó en detalle la situación de salud de la testigo clave, la exsecretaria de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga. El Tribunal ofreció que declare vía Zoom, pero uno de sus hijos respondió que tampoco está en condiciones y envió certificados médicos. Los jueces tendrán la última palabra.

Qué pasa con Miriam Quiroga, testigo clave del juicio que seguirá el próximo martes

La audiencia concluyó poco antes del mediodía luego de leerse los informes médicos vinculados a la situación de salud de la testigo clave Miriam Quiroga, quien debía declarar en esta jornada pero no se presentó.

Para el próximo martes están previstos como testigos el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, el financista arrepentido de la ruta del dinero K Leonardo Fariña y Mariana Zuvic.

En cuanto a Miriam Quiroga se informó que el 23 de mayo tras una intensa búsqueda se la localizó en Córdoba. Se la notificó, aportó un número de celular pero nunca respondió a los llamados del Tribunal. Uno de sus hijos envió certificados médicos y se hizo llegar la oferta de declarar vía Zoom desde esa provincia. Pero la misma persona respondió que la ex funcionaria de Ceremonial durante la presidencia de Néstor Kirchner “no está en condiciones de declarar ni presencial ni telemáticamente. Según los certificados médicos “se encuentra bajo riguroso tratamiento médico por aneurisma aórtico, hipertensión, depresión, pánico, estrés severo y permanente”. El Tribunal evaluará qué decisión se toma al respecto.

“Nunca vi ningún bolso ni mucho movimiento”, dijo un ex vecino de Cristina Kirchner en Recoleta

Ignacio Laplacette respondió que nunca vio bolsos “ni mucho movimiento” en el edificio donde vivió en Juncal y Uruguay y cuyo quinto piso pertenece a la familia Kirchner.

Lo hizo al responder una pregunta de una de las defensas de los acusados, el abogado José Manuel Ubeira, relacionada a si hubo en el " comentarios de gente que entrara con valijas o bolsos al piso de los Kirchner, o algún movimiento irregular que llamara la atención".

“—No, por lo menos yo no lo vi. Nunca vi ningún bolso ni mucho movimiento. Nunca los vi a ellos, no los conocí“, respondió.

El empresario confirmó que vendió su departamento del primer piso y las tratativas las hizo con Osvaldo Sanfelice, un ex socio de Máximo Kirchner, pero que al momento de escriturar se presentó a hacerlo Osvaldo De Sousa, a quien mencionó como quien finalmente adquirió la propiedad.

Luego de vender, contó, “pasaba de vez en cuando” y refirió que “el living tenía como unos papeles tapando la ventana. Me llamaba la atención. Por lo menos tres o cuatro años seguía igual. Habrá sido del 2011, me imagino, al 2015″.

El abogado de la ex presidenta, Carlos Beraldi, lo interrogó sobre cómo llegó a declarar en calidad de testigo por primera vez en el caso Cuadernos el 8 de agosto de 2018.

El empresario refirió que lo llamó por teléfono el fiscal Carlos Stornelli para que declare y que poco tiempo antes había hablado con el periodista Diego Cabot, a quien le confirmó ser el vendedor del departamento.

Declara un ex vecino de los Kirchner en Juncal y Uruguay

Luego de un breve cuarto intermedio, la audiencia se reanudó con la declaración de Ignacio Laplacette, un ex vecino de los Kirchner en el edificio de Juncal y Uruguay, en Recoleta.

Laplacette residió en el primer piso desde el 2007 al 2011, recordó al empezar a describir cómo era el edificio ante preguntas de la fiscalía. “Sabía que en el quinto la presidenta tenía un departamento”, dijo sobre Cristina Kirchner. Recordó que “alguna vez” lo vio concurrir al secretario de la Presidenta. En este debate se juzga a CFK como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho.

Terminó la declaración de Hilda Horovitz

Con respuestas a las últimas preguntas del Tribunal Oral Federal 7 la ex mujer de Oscar Centeno, Hilda Horovitz, terminó su declaración en el juicio de los Cuadernos. El tramo final lo dedicó a responder a los jueces que llevan adelante el debate.

El juez Germán Castelli preguntó sobre los vínculos de Centeno con Roberto Baratta y los contactos que ella tuvo con el ex funcionario.

“Contacto nunca tuve. Si lo saludaba, lo saludaba a Centeno. Nosotros nos sentábamos en una mesa y ellos por otro lado. Era en el parque, al aire libre”, contó por ejemplo sobre una vez en que la pareja fue invitada a un bautismo en la casa de Baratta. Además remarcó que ella pensaba que ellos dos eran “muy amigos”.

A su turno, el juez Fernando Canero la interrogó sobre las quejas de Centeno vinculadas a las “migajas” que le daba Baratta. La testigo reiteró que su pareja se lo decía a veces “cuando estaba picado” y otras cuando llegaba a la casa “chinchudo”.

Ante la consulta sobre si podía recordar alguna referencia más puntual acerca de esas quejas y por qué Centeno consideraba que Baratta debía darle más dinero, respondió: “Eso pregúntele a Centeno”.

El magistrado insistió y ella respondió: “Decía que lo llevaba a las cuevas o a hacer cosas. A veces decía: ‘Y a mí viene y me tira migajas’” pero aclaró que su entonces pareja nunca le dio detalles concretos sobre lo que hacía para Baratta.

“Yo sí le pedía dinero a él, es verdad”, dijo Horovitz sobre Centeno

La ex mujer del remisero arrepentido explicó que le pedía dinero porque se había quedado sin nada y él la usó de “testaferro”.

“Mi especialidad no es mentir. Acá sé que me estoy mandando al muere sola por decir la verdad. Yo sí le pedía dinero a él, es verdad, y como no me escuchaba no me quedaba más remedio que pedirle a Baratta que haga de intermediario. Cuando salió todo esto al aire me quedé sin trabajo. Pedí que me diera una mano hasta que consiga trabajo”, declaró.

“Yo tenía que hacer algo, no lo iba a dejar a él arriba de los laureles con todo. Me usó como testaferro, hizo todo lo que hizo después de que me cagó a trompadas, me insultó y me agredió”. Contó también que avisó a su entonces jefe en el Ministerio donde trabajaba, Claudio Uberti, su intención de delatar a Centeno en Comodoro Py en 2017. Según relató él le dijo que se preparara para las consecuencias y poco después ella se quedó sin trabajo. Uberti es ahora uno de los arrepentidos del caso.

“Yo doy la cara, no voy por atrás y te clavo un puñal. Doy la cara, pongo todo al frente. Acá estoy”, continuó la mujer de 58 años mientras en la sala de audiencias Centeno la miraba de a ratos y escribía con birome sobre sus blocks.

Luego intervino el defensor público oficial adjunto de Centeno, Sergio Steizel quien le preguntó si ella tenía un límite en sus pedidos, ya que reclamaba “heladera, departamento, entrepiso”. Horovitz respondió: “Quería que me ayude”.

“El hizo todo lo posible para que todos estemos acá hoy”, dijo Horovitz sobre su ex pareja Centeno

La ex mujer del remisero autor de los cuadernos Oscar Centeno dijo que él “hizo todo lo posible para que todos estemos acá hoy”, al referirse a las acusaciones contra el chofer de Roberto Baratta, ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal en el kirchnerismo.

La repuesta la dio a la defensa oficial de Centeno, luego de haber visto una serie de imágenes que ella envió en 2017 al celular de Baratta, según reconoció en la audiencia.

Entre esas fotografías estuvo la de un bolso con un billete de cien dólares que reconoció era “trucho” y otra que mostraba banditas elásticas. “Se las mandaba a Roberto Baratta”, dijo al ser preguntada por la fiscal de juicio Fabiana León. También hubo imágenes del frente del barrio privado donde vivía el funcionario.

Ante una pregunta del abogado José Manuel Ubeira, la testigo explicó que ese billete de la imagen “era trucho”. “Había conseguido ese dólar trucho y se lo mandé a Baratta”, relató.

“Estoy muy nerviosa”

“Estoy muy nerviosa”, advirtió Hilda Horovitz cuando las defensas le hicieron escuchar audios con diferentes mensajes. Entre ellos uno donde hablaba de su ex pareja Centeno.

“No va a quedar acá, va a seguir. Tengo nueve años para hacerlo mierda”, se la escuchó decir en el audio que se pasó a pedido de la defensa del remisero.

La testigo reconoció el audio incorporado en el juicio y confirmó que la voz era suya, aunque dijo no recordar a quién se lo había enviado. Ante preguntas de las partes, aclaró que se refería a Centeno, quien al igual que el martes está presente en la sala de audiencias del subsuelo de Comodoro Py 2002.

También se le hicieron escuchar mensajes enviados a Miriam Quiroga con reclamos por unos papeles que le había dado y nunca le devolvió. Esos papeles “tenían cosas de Centeno y eran míos, que yo le había sacado a Centeno. Nunca me los devolvieron”, dijo ahora en la audiencia. Y recordó que cuando Quiroga le dijo a Baratta que ella reclamaba los papeles, él le dijo “perdelos”.

La ex mujer de Centeno retomó su declaración

En esta nueva audiencia del juicio oral, Hilda Horovitz escuchó un audio donde le agradeció a Miriam Quiroga, ex secretaria del ex presidente Néstor Kirchner por una salida con cena incluída. “Muy rico todo, muy lindo todo”. La testigo dijo no recordar específicamente esa salida. En otro audio se la escuchó preguntándole si pudo encontrarse con Roberto Baratta.

“Yo siempre hablaba con Miriam y Miriam hablaba con Roberto”, Roberto Baratta, aclaró.

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La ex secretaria de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga, presentó ante el Tribunal Oral Federal 7 un certificado médico para justificar la presunta imposibilidad por razones de salud de asistir a declarar como testigo en el juicio por el caso Cuadernos.

Los jueces que llevan adelante el debate, que tiene como principal acusada a la ex presidenta Cristina Kirchner, no tomaron aún ninguna decisión en relación al pedido de Quiroga, quien estaba citada para mañana a declarar bajo juramento de verdad. Por lo pronto, ya se confirmó que este jueves terminará de responder preguntas Hilda Horovitz, la ex pareja del remisero Oscar Centeno, el autor de los manuscritos que detallaron supuestos recorridos en busca de dinero de sobornos, que hizo durante el kirchnerismo junto a su jefe, el ex funcionario del Ministerio de Planificación Roberto Baratta.

Horovitz declaró el martes último, pero cuando promediaba la tarde y era interrogada por mensajes que enviaba tanto a Baratta como a Quiroga con reclamos y pedidos vinculados a su situación económica y de vivienda, se descompensó.

Durante su declaración, la ex mujer del remisero habló de su vínculo con Quiroga: detalló que le entregó documentación y papeles de Centeno para que ella a su vez se los diera a Baratta. También se leyeron mensajes que le enviaba.

Antes ratificó que el remisero la usaba de “testaferro”, ponía bienes a su nombre, y que vio los cuadernos que se guardaban en un placard pero nunca los leyó. También que su entonces pareja se quejaba por las “migajas” que le daba Baratta luego de sus recorridas.

Además detalló los bienes que fue comprando Centeno para él y su familia, y recordó que por intermedio de Baratta ella consiguió trabajo en la administración pública.

La fiscalía pidió reproducir en la audiencia distintos audios en los que Horovitz intentaba coordinar encuentros con Quiroga, hablaba de dinero que necesitaba para arreglar su vivienda, entre otros aspectos. Fue durante uno de esos mensajes, en el que mencionaba a un ser querido fallecido, cuando la testigo pidió interrumpir el interrogatorio y salir unos minutos de la sala del subsuelo de los tribunales federales de Retiro.

Al retomarse la sesión, el presidente del tribunal, el juez Enrique Méndez Signori, informó que la audiencia quedaba suspendida hasta este jueves debido al estado de salud de la mujer, que fue atendida por médicos del SAME.

La ex secretaria de Néstor Kirchner

Pero la expectativa estaba puesta en la declaración de Quiroga, quien debía referirse tanto a esos audios como a las acusaciones que realizó años atrás sobre presuntos movimientos de dinero y bolsos vinculados al kirchnerismo. Sin embargo, por ahora, su testimonio quedó postergado sin nueva fecha definida.

Quiroga fue otra figura que cobró notoriedad años antes, cuando en 2013 apareció en televisión denunciando supuestos traslados de dinero durante el gobierno de Néstor Kirchner. Se presentó como ex secretaria del entonces presidente y relató viajes a la Patagonia con bolsos que, según dijo, contenían dinero. En lo formal estaba asignada al área de Ceremonial de Presidencia.

Publicó un libro, “Mis años con Néstor y todo lo que vi”. En lo relativo al caso Cuadernos, declaró como testigo durante la investigación del fallecido juez federal Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli. Apuntó entonces al fallecido ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz.

“En una ocasión, Daniel Muñoz salió del despacho del presidente Néstor Kirchner a mediados de su mandato aproximadamente. En horas de la tarde, entró a mi despacho con un bolso, que yo reconocí porque era un bolso que le había regalado una ciudadana al presidente. Era de cuero de color marrón, muy bonito, de categoría. Me dijo ‘toma, pesalo’. Yo le pregunté qué había dentro y me dijo ‘hay muchos verdes’. Yo le respondí en broma ´dame unos para mí´, a lo cual él me respondió: ‘No, estás loca, los tiene todos bien contados’“, contó en ese momento. También habló de viajes al Sur en aviones oficiales.

El juicio

El juicio comenzó el 6 de noviembre del año pasado de manera virtual. Pasó a la semi presencialidad el 17 de marzo con la primera declaración indagatoria: la de la expresidenta Cristina Kirchner procesada como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho. Se trasladó desde el domicilio de San José 1111 donde cumple arresto domiciliario condenada en la causa Vialidad a los tribunales de Retiro.

Desde ese entonces fueron indagados los 86 acusados, muchos de los cuales -en especial los “imputados colaboradores”- guardaron silencio e hicieron uso de su derecho a no declarar. Fueron los casos por ejemplo del mismo Centeno -escriba de los cuadernos-, del financista Ernesto Clarens que aportó durante la investigación un listado de presuntos pagadores de sobornos y de empresarios como Miguel Aznar, Patricio Gerbi, Gabriel Losi, Angelo Calcaterray Aldo Roggio. Las defensas de otros acusados advirtieron que este silencio les impidió contrastar aquellas confesiones que perjudicaron a sus clientes.

El fiscal general ante la Cámara en lo Penal Económico Gabriel Pérez Barberá sostuvo este miércoles que la investigación por la casaquinta de Pilar vinculada a la AFA y valuada en 17 millones de dólares debe salir de la órbita del juez federal de Campana Adrián González Charvay y volver a la ciudad de Buenos Aires.

En concreto, postuló que la pesquisa que intenta determinar si el dinero para comprar la mansión salió de la AFA que preside Claudio “Chiqui” Tapia tiene que ser retomada por el juzgado en lo penal económico 10 de CABA, en la actualidad a cargo de la jueza Verónica Straccia. La última palabra será ahora de la Cámara Nacional en lo Penal Económico.

Un fuero especializado

En un dictamen presentado ante ese Tribunal, el fiscal consideró que la investigación a los supuestos testaferros Luciano Pantano y su madre Ana Conte tiene que salir del juzgado federal de Campana y volver a la ciudad de Buenos Aires, según supo Infobae en fuentes judiciales.

Ahora los camaristas Carolina Robiglio y Roberto Hornos quedaron en condiciones de decidir. La Cámara Federal de Casación ordenó que sea este Tribunal de Apelaciones del fuero penal económico el que ponga fin al conflicto de competencia en esta pesquisa y pidió que lo haga con “celeridad”. La causa ya pasó por tres jueces.

“No advierto razones que sean decisivas para considerar competente al Juzgado Federal de Campana”, expuso el fiscal en su dictamen sobre esa sede judicial donde desde enero tramita la causa por orden de la Cámara Federal de San Martín, en una decisión que Casación anuló y ordenó volver a revisar en el fuero en lo penal económico.

La investigación intenta establecer si el predio y todo lo encontrado en su interior se compró en realidad con fondos de la Asociación del Fútbol Argentino que preside Tapia, como parte de maniobras de supuesto lavado de dinero. Cuando la Justicia allanó el lugar se hallaron elementos que pertenecerían al tesorero Pablo Toviggino.

Pérez Barberá resaltó la “especialización técnica” del fuero en lo penal económico para investigar delitos como el supuesto lavado de activos. Y destacó que cuando se trata de hechos que pudieron abarcar varios territorios, debe primar “lo que mejor garantiza la eficacia de la investigación”.

El fiscal remarcó que de la causa surgen puntos de contacto con diferentes lugares donde pudieron cometerse maniobras de lavado de dinero que excederían el ámbito donde están los bienes, es decir, Pilar. Por ello sería “prematuro” sostener que como esta localidad está bajo jurisdicción del fuero judicial de Campana el caso debería seguir allí. Tanto en este último distrito como en CABA hubo avances en la pesquisa, destacó.

Veinte millones de dólares

El predio de la casaquinta de Villa Rosa está valuado en 17 millones de dólares y a esto debe sumarse casi cuatro millones de una flota de autos de colección encontrada en el lugar.

La disputa puede volver a cambiar de manos una investigación que ya pasó por tres jueces. El expediente busca determinar si la sociedad Real Central, de Luciano Pantanoy su madre Ana Conte, adquirió la mansión de Villa Rosa y otros bienes como presuntos testaferros de autoridades de la AFA. La escritura se hizo por 1.8 millones de dólares.

El lugar fue allanado por el primer juez del caso, el federal Daniel Rafecas, y se encontraron pertenencias que apuntarían al tesorero Toviggino. Los únicos imputados son Pantano y Conte, quienes designaron defensa y lograron suspender una citación judicial que había cursado el anterior juez del caso, el penal económico Marcelo Aguinsky. Lo hicieron al presentar el planteo de inhibición por correo electrónico ese mismo día ante el juzgado federal de Campana, que les fue aceptado.

El 15 de mayo pasado, Casación anuló el envío de la causa a ese juzgado a cargo de González Charvay, una decisión que había tomado durante la feria judicial de enero el camarista de San Martín Alberto Lugones. La nulidad no se basó en el fondo del planteo sino en una cuestión formal: como el expediente estaba radicado hasta entonces en el fuero penal económico porteño, debía ser la Cámara Nacional en lo Penal Económico la encargada de resolver el conflicto y no la Federal de San Martín.

La fiscalía apeló el pase del caso a Campana porque sostiene que los hechos investigados exceden la ubicación geográfica de la quinta y que las maniobras pudieron haberse realizado también en la sede de AFA de la calle Viamonte y otros domicilios de la ciudad de Buenos Aires. De hecho Pantano pagaba gastos de los autos y la quinta con una tarjeta de crédito corporativa cuyo resumen llegaba a la sede porteña de la Asociación del Fútbol Argentino, determinó la Justicia.

La expareja del autor de los cuadernos Oscar Centeno, Hilda Horovitz, sostuvo este martes que fue “testaferro” del remisero mientras él se desempeñaba como chofer del ex funcionario Roberto Baratta y ratificó que vio los cuadernos en la casa donde convivían pero no los leyó.

En una extensa declaración en el juicio de los Cuadernos ante el Tribunal Oral Federal 7 habló de golpes, infidelidades y de episodios donde por ejemplo Baratta habría hecho “desaparecer” documentos que ella entregó a la ex secretaria presidencial Miriam Quiroga. En todo este contexto enmarcó su decisión de delatar a Centeno, pero negó haberlo hecho por “despecho”.

Sobre el vínculo entre ambos, concluyó que él la usó como “pantalla”. Y ejemplificó: la llevaba ”a firmar el 08, a comprar un Toyota, íbamos juntos, yo firmaba”.

Al inicio de la audiencia respondió preguntas de la fiscal Fabiana León y fue entonces cuando se definió como “testaferro”. “Él usó mucho mi nombre para hacer cosas”, agregó.

En otro tramo de su declaración recordó que Centeno llegaba con bolsos que “decía que eran de Baratta”. El remisero aparecía “con valijas, portafolios, todo tipo de bolsitos”, y le explicaba cómo podía acomodar dinero: “Me decía: ‘Ponés así y entran tantos billetes; ponés así y entran tantos’”.

Consultada sobre cómo sabía Centeno la cantidad de dinero que podía entrar en los bolsos, respondió: “Lo habrá visto, qué sé yo. Yo escuchaba, no le preguntaba”.

La audiencia tuvo uno de sus momentos más tensos cuando el Ministerio Público Fiscal comenzó a exhibir y reproducir mensajes y audios de WhatsApp enviados por Horovitz al ex funcionario Roberto Baratta y a otros interlocutores entre 2016 y 2017.

En esos intercambios aparecieron referencias a supuestos bolsos con dinero, “cuevas” financieras, reclamos económicos tras su separación de Oscar Centeno y menciones explícitas a los cuadernos atribuidos al ex chofer. La testigo, ya afónica, ratificó uno por uno los mensajes y explicó que habían sido enviados en medio de conflictos personales y años de violencia física y psicológica que, según declaró, sufrió durante su relación con Centeno.

Los audios y la suspensión de la audiencia

Luego de un cuarto intermedio de aproximadamente treinta minutos, la fiscalía reprodujo en la sala AMIA distintos audios de WhatsApp atribuidos a Hilda Horovitz y dirigidos a diferentes interlocutores. El primero de ellos, según se ventiló durante la audiencia, había sido enviado al ex subsecretario de coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta.

En ese mensaje, la testigo hacía referencia a documentación y fotografías que, según afirmaba, estaban en poder de un periodista. “Hable con Oscar y que le diga a la hija que se quede tranquila, porque yo los papeles que tengo de prueba no los tengo yo, ni los tiene Miriam, los tiene un periodista. Todas las pruebas que tengo, de los recibos, de las fotos que le mandé a usted, las tiene un periodista. Solo tengo que ir y decirle que actúe”, se escuchó en la grabación.

En el mismo audio agregó: “Así que dígale que se deje de joder, que no haga nada, que no me mande la Justicia, porque no tiene por qué meterse y por qué mandarme a la Justicia. El padre me cagó nueve años: me cagó a trompadas, me re insultó, me cagó con María y con cuantas mujeres se le cruzaban en el medio”.

Y concluyó: “Así que dígale que no haga nada, que se quede quieta, porque a mí no me van a hacer caso. Si usted le habla quizás pueda ser que le hagan caso; y si tampoco le hace caso a usted, saldré en la televisión, no me quedará otra”.

Tras escuchar la grabación, Horovitz ratificó que era su voz y explicó ante el tribunal que el audio había sido enviado a Baratta. Vinculó ese intercambio con una discusión mantenida con Gisela Centeno, hija del ex chofer Oscar Centeno.

“Como le comenté hace un rato a la doctora, ella quería mandarme a la Justicia: Gisela Centeno, la hija mayor de Centeno. Ella me dijo que me quedara quieta porque me iba a llevar a la Justicia, entonces le repetí yo a ella: ‘Bueno, si querés, vamos juntas así te ahorrás tiempo y vamos a la Justicia todos juntos’”, sostuvo.

Más adelante relativizó parte del contenido de la grabación y afirmó: “Lo del periodista es mentira, lo dije por decir”.

La fiscalía también reprodujo otros audios dirigidos a Miriam Quiroga -ex secretaria privada de Néstor Kirchner- y a otros interlocutores.

Fue durante uno de esos mensajes, en el que Horovitz intentaba coordinar un encuentro con Quiroga y mencionaba a un ser querido ya fallecido, cuando la testigo se quebró emocionalmente en plena audiencia y pidió salir de la sala durante unos minutos.

Al retomarse la sesión, el presidente del tribunal, el juez Enrique Méndez Signori, informó que la audiencia quedaría suspendida hasta el jueves próximo y que la declaración continuaría desde las 9 de la mañana debido al estado de salud de la testigo.

“La señora Horovitz está descompensada. Pensamos que se iba a recuperar. Se llamó a una ambulancia del SAME (...). El tribunal entiende que es conveniente suspender la audiencia hasta el día jueves (...) por razones humanitarias y de salud de la testigo, doy por concluida la audiencia del día de hoy”, expresó el magistrado.

“¿Cómo un chofer de viceministro puede hacer tanto?"

Uno de los tramos más delicados de la audiencia llegó cuando la fiscal Fabiana León comenzó a exhibir una decena de mensajes de WhatsApp enviados por Hilda Horovitz a Roberto Baratta entre 2016 y 2017. La secuencia, incorporada como prueba en el juicio oral, mostró referencias explícitas a los cuadernos escritos por Oscar Centeno, a bolsos con dinero, supuestas visitas a “cuevas” financieras y reclamos económicos de la ex pareja del remisero tras la ruptura de la relación.

Los mensajes fueron leídos en audiencia tal como fueron incorporados al expediente, respetando la redacción original de la testigo Horovitz.

La mujer, ya afónica, ratificó uno por uno los intercambios exhibidos por la fiscalía y explicó el contexto en el que fueron enviados: un período atravesado por peleas, reclamos patrimoniales y, según sostuvo ante el Tribunal Oral Federal N°7, años de violencia física y psicológica por parte de Centeno.

Uno de los primeros mensajes incorporados correspondía al 18 de noviembre de 2016. Allí Horovitz escribió: “Me mudo el 16/12. Por favor no le diga nada a Oscar, porque me dijo que no hable más”. Inmediatamente después aparecía otro texto: “Gracias por hacer posible lo del departamento”.

Ante preguntas de la fiscal León, explicó que Baratta “le dio una mano” porque Centeno no quería asistirla económicamente tras la separación. “Yo le pedía a Baratta que me dé una mano, que hable con él para que no me deje en la calle”, declaró.

En uno de los mensajes del 27 de enero de 2017 escribió: “Lo hago para ensuciarlo el me cago 9 años me reputiaba me pegaba. Yo recien voy un año en hacerlo todo lo que el me hizo”.

En otro tramo agregaba: “De todo lo que fui contando es verdad sino el no me hubiera comprado el departamento mire todo lo que afano y ahora no me quiere depositar en el banco más. Todo lo que me falta para hacerlo mier…”.

Consultada sobre esos textos, Horovitz explicó que necesitaba dinero para arreglar el departamento donde vivía y sostuvo que en aquel momento estaba profundamente resentida con Centeno.

La fiscalía también incorporó mensajes donde aparecían referencias a presuntas maniobras de recaudación ilegal. Uno de ellos decía: “Esto nunca se lo dije, se quejaba de las migajas que usted le daba cuando iban al lugar top secret. Y yo le decia bueno pero por lo menos te tira algo. rezongar usted se llevaba lo mejor y lo arreglaba con migaja”.

Cuando la fiscal le pidió precisiones sobre el significado de “top secret”, Horovitz respondió ante los jueces: “Las famosas cuevas”.

En otro intercambio afirmó: “GRACIAS AL OS QUE USTED LE DABA Y LOS TESTAFERROS PUDO LOGRAR TODO LO QUE TIENE ACÁ Y EN SALTA”.

Y en otro mensaje escribió: “TODOS AYUDAMOS A QUE EL DISFRUTE LO QUE TIENE Y VAYA BIEN. ACÁ YO SALÍ PERDIENDO PORQUE TODOS USTEDE VIVEN BIEN , SALEN DE VACACIONES Y LA BUENA VIDA. YA CON ESTO NO LO MOLESTO MÁS. ESTO RECIÉN EMPIEZA”.

Fue en ese contexto que apareció otro de los mensajes enviados por Horovitz: “El que avisa no traiciona”.

La fiscal León le pidió entonces que explicara qué había querido decir con esa frase. La testigo respondió: “En este caso, mirá que te estoy avisando lo que voy a hacer: vos vas a saber lo que yo voy a hacer. No te estoy traicionando y clavando un puñal por la espalda: vos ya sabés que yo voy a hacer esto”.

Luego profundizó: “Yo ya lo tenía en mente, no es que yo me levanté el 1ro de noviembre de 2017, cuando vine a hacer la denuncia, y dije ‘voy a hacer esto’. Más que nada fue por todo lo que hizo, no es que fue por despecho, porque él me usó como pantalla… Fui juntando hasta que la olla a presión voló”.

La explicación funcionó como introducción a una serie de mensajes incorporados inmediatamente después por la fiscalía, todos fechados en mayo de 2017, donde Horovitz mencionaba explícitamente la existencia de los cuadernos varios meses antes de que el expediente se hiciera público.

Uno de ellos, del 11 de mayo de 2017, decía: “El tenia o tiene cuadernos escrito con cada cosa donde hivan con direcciones fotos ectc. Usted está en el cantri mapuche yo se que con lo que le mando me pone en DESPIOLE O PROBLEMAS CON OSCAR”.

Cuatro días después, el 15 de mayo de 2017, volvió a escribirle a Baratta: “Hola!Buen dia. Le queria contarle porque escribí a Oscar todo lo que hacían y cuando hivan a la cueva con feche y horario sacaba foto. Porque el decia que cuando termine la gestion si sutep le daba una patada lo usaba eso que escribía. Yo le pedí que lede para hacer un entre piso, me dijo que va a ver cuanto me da. yo ya le mande el presupuesto mejor que lede todo”.

La fiscal León le pidió entonces que aclarara esa referencia y Horovitz respondió: “Si lo dejaban sin trabajo él iba a mostrar esos cuadernos”.

En otro mensaje del 20 de mayo de 2017 escribió: “Mientras todos viven de lujo yo tengo esto y no es justo. Usted flor de casa tiene en el Cantri mapuche yo fui con él lo conozco”.

Y dos días después envió otro de los mensajes más sensibles incorporados durante la audiencia: “Oscar decía que estos bolsos traían los Dólares Robados de la cueva. Y que usted ledaba migaja estos son algunos de los bolsos porque el llevaba muchos a casa de Bartolomé Mitre y acá en olivos. Lo que nunca le conté que la casa de Bartolomé Mitre en once el departamento lo fue pagando en dólares en el banco icbc de rivadavia al 2400 yo hiva a depositar la plata. y esa casa de olivos también la compró en dolares todo al contado, y esta que me compró también la compró en dólares $55.00. Cómo un chofer de viceministro puede hacer tanto?”

La fiscalía le exhibió además fotografías de bolsos que Horovitz había enviado a Baratta y la mujer confirmó que eran las mismas imágenes incorporadas durante la investigación judicial.

“Yo no veía qué hacían con los bolsos”

Consultada por las defensas, Horovitz dijo que “le mandó las fotos” de los bolsos a Roberto Baratta para convencerlo de que “la ayude” económicamente.

Reiteró que nunca vio dinero en ellos, pero “escuchaba comentarios” de parte de Centeno sobre cómo acomodaba fajos de billetes en su interior.

“Me mostró uno específicamente y me explicaba cómo entraban”, aclaró.

Le exhibieron bolsos a la testigo

La fiscal Fabiana León pidió mostrarle una serie de bolsos que Horovitz entregó a la Justicia durante la investigación.

Al ser consultada por ellos, dijo que los recordaba, pero que nunca vio dinero en ellos, y que los usó para mudarse en dos oportunidades.

También indicó que les sacó fotos y que esas imágenes se las mandó a Baratta. El equipaje habría sido usado por Centeno en sus diligencias como chofer del entonces funcionario de Planificación Federal.

Las migajas de Baratta

“Yo no vi el bolso con plata”, dijo Horovitz pero agregó que escuchaba decir a Centeno que Baratta le daba “migajas”. “Él hablaba de las migajas que le tiraba Baratta, nunca dijo de qué era”, acotó en alusión al ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal y ex jefe del remisero, acusado junto con él en el caso.

En otro tramo de su declaración detalló que “en alguna oportunidad” y “cuando estaba medio picadito”, Centeno se quejaba: “Mirá lo que me tiró, yo lo llevé a afanar o a la cueva, lo llevé y me tiró migajas”.

“¿Usted vio cuadernos?” preguntó la fiscal León. “Los cuadernos sí los vi, estaban en el armario del dormitorio y ahí tenía todo, los cuadernos, las libretas, las carpetas de los autos, las casas, todo”. La testigo dio que no los leyó.

Luego detalló que cuando los encontró, hizo “como que abría las hojas, pasándolas, pero no leí”. “El una vez dijo que lo escribía por si lo dejaban sin trabajo”.

“Yo no sabía lo que decían los cuadernos”, respondió después ante la pregunta de una de las defensas y aseguró que se enteró “cuando explotó todo”, por las noticias.

A la hora de responder a una de las defensas reiteró: “No tengo la menor idea lo que escribía. Para no tener problemas no leía los cuadernos”.

Centeno y Baratta “eran muy amigos”, graficó: iban a jugar a la pelota, salían a comer. “Lo ayudaba mucho Baratta a Centeno”.

La testigo también contó que le enviaba mensajes a Baratta porque necesitaba ayuda económica y quería arreglar un departamento. “Baratta no me respondía. Centeno me decía: ‘Dejá de joder, no molestes más’”, sostuvo.

Ofuscada por preguntas que consideró reiterativas o de índole personal, se trenzó en discusiones en varias ocasiones con los defensores. “Con todo el que se le cruzaba me engañó”, dijo sobre Centeno. “Me cagó a trompadas, me pegó en el pecho”, agregó.

El fin del romance

—“¿Usted tenía ganas de continuar la relación con Centeno?“, quiso saber cerca del mediodía el defensor oficial del remisero. ”Creo que sí. Fueron casi once años y me parece que a cualquiera de nosotros le hubiese gustado seguir. No sé si estaba enamorada, pero lo quería, lo apreciaba, estábamos bien. Después me fui dando cuenta de que él me usó como una pantalla".

“No estoy despechada. Hablé porque él me cagó a trompadas. Cuando terminó de hacer la casa de Olivos estaba muy borracho. Otro día casi me tira por la escalera”, relató, mientras detallaba golpes y agresiones. Centeno dejó por un segundo de escribir en el block de hojas que llevó a la audiencia y la miró. El defensor trató de interrumpirla pero ella no lo dejó. “Ahora quiero hablar. Me jodió con cualquiera que se le cruzaba. Cuando terminó todas sus cosas, logró tener su casa y mandarle plata a la hija en Salta, dijo: con ”la infeliz ya se terminó, te vas a Ezeiza y no te quiero ver más’”.

Centeno ya mantenía una relación con otra mujer, aseguró. “El señor ya estaba con la que está ahora, porque ya tenía todo planeado. ‘Listo para vos, listo para mí’”, declaró. La defensa oficial de Centeno le preguntó si consideraba que él ya no quería seguir con ella. “No tuvo los suficientes huevos para decirme las cosas”, respondió.

Horovitz llegó a los tribunales de Retiro para declarar como testigo en el caso de los Cuadernos. La mujer de 58 años comenzó a hablar pasadas las 9:30 ante el Tribunal Oral Federal 7, prestó juramento de verdad y dijo ser desocupada. “Conozco a Centeno, estuve conviviendo con él, fui pareja desde 2006 a 2016”, informó sobre el remisero que está presente en la sala de audiencias.

El arrepentido Centeno concurrió a esta jornada del juicio y ella entró sin mirarlo a la sala de audiencias. El remisero tomó nota durante toda la declaración de su ex mujer, sentado detrás de su defensor oficial.

“El me perjudicó a mi con las trompadas, los insultos”, respondió cuando la defensa oficial de su ex pareja preguntó si quiso perjudicarlo. “Si, por todo lo que me hizo, hacemos esto, decimos esto y después cuando terminó, si te he visto no me acuerdo. El me usó a mi”, afirmó.

Tras dar personales, comenzó a responder preguntas de la fiscal León. “Lo conocí a él cuando estaba trabajando en un apart hotel en Parque Centenario”, comenzó a narrar. Alquiló una pieza y ahí empezó una relación, explicó. Tuvo que dejar su trabajo cuando el dueño del lugar se enteró de la relación y se fueron a vivir a Martínez.

“Me enteré que estaba trabajando con ‘Chelita’, la mamá de De Vido, así le decía él, la llevaba a los médicos y después empezó a ser chofer de Baratta”, puntualizó. De las anotaciones que hacía Centeno se enteró de “casualidad”, dijo ante una pregunta de la fiscal. “Yo no sabía que anotaba, me enteré después de un tiempo”.

“Cuando él se fue a Salta yo entré a revisar unas cosas para juntar, porque yo sabía que la relación siempre fue mala del momento uno, había momentos buenos, pero había más malos que buenos”, dijo.

“Yo era testaferro de él, me cubrí en sacarle los recibos de lo que hacía él con los autos”, explicó y luego detalló que la puso a nombre de autos que formaban parte de la flota que trabajaba para el Ministerio de Planificación, por ejemplo.

Su primera vez en Comodoro Py

A la hora de responder preguntas de la defensa de Baratta, encabezada por la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, relató cómo llegó a contactar al fiscal Carlos Stornelli y afirmó que nunca vio escribir al ex chofer en los cuadernos.

Según declaró, antes del 1° de noviembre de 2017, día en que fue a Comodoro Py, nunca había hablado con Stornelli. Explicó que abrió una computadora y buscó la causa de Gas Licuado porque quería denunciar “las agresiones y las cosas que Centeno me hacía”.

“Yo sabía que alguien ahí me iba a escuchar, que era Stornelli. Quizá le iba a interesar el tema”, afirmó. Contó que preguntó dónde estaba el fiscal, le dijeron que en el cuarto piso, habló con una secretaria y luego la hicieron pasar. “Dije que yo quería venir a denunciar a Oscar Centeno, el chofer de Baratta”, relató.

La mujer sostuvo que nunca le avisó a Centeno que iba a declarar. También explicó que entregó papeles vinculados a la documentación a Miriam Quiroga, ex secretaria de Néstor Kirchner, y que incluso habló con un hijo de Quiroga para pedirle si podía guardarlos. Dijo que hizo copias cerca de donde trabajaba, en Yacimientos Carboníferos, y luego volvió a dejar los originales donde estaban.

Horovitz aseguró que Quiroga le entregó esa documentación a Baratta y que después “los hizo desaparecer”. Ante la pregunta de cómo sabía eso, respondió: “En una noticia salieron chats de ellos diciendo ‘a esta pirucha hay que callarla y hay que hacer desaparecer los papeles’”.

También explicó que decidió darle los documentos a la ex secretaria porque ella “iba a todos los canales” y la veía frecuentemente en televisión. Quiroga está citada como testigo el jueves pero según trascendió intentará evitar asistir presentando un certificado médico.

Quién es la ex pareja de Centeno

La mujer llegó a tribunales con una amiga y aguardó durante casi una hora en el bar de la planta baja hasta que fue convocada.

El juicio comenzó en noviembre pasado, tiene entre los acusados a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a 19 exfuncionarios, a dos de sus choferes y a 65 empresarios.

Se les imputa haber liderado, organizado o conformado una asociación ilícita que, entre 2003 y 2015, habría recaudado dinero de diversas empresas de los sectores de la construcción, energía y transporte, a cambio de beneficiarlas con la adjudicación de contratos estatales.

Horovitz es la expareja de Centeno, quien fue chofer del exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta. Centeno es, además, el autor de los cuadernos que dieron origen a la causa.

Según ya declaró en la investigación, Centeno guardaba en la casa de Olivos los cuadernos donde registraba con detalle sus recorridos como chofer del exfuncionario, en presuntas maniobras de recaudación de sobornos empresariales durante el kirchnerismo. Sostuvo que anotaba “todos los movimientos que hacía con Baratta”. Ella afirma que nunca los leyó. También recordó que estaban guardados “en un ropero situado frente a la cama” que compartían.

Centeno la denunció por una supuesta extorsión y en el juicio Bacigalupo también contó que su amigo le refería que la mujer presionaba a Baratta para obtener dinero a cambio de guardar silencio. “Pedía dádivas para no abrir la boca”, dijo según comentarios del remisero acusado. En los teléfonos del exfuncionario kirchnerista que peritó la Justicia, se encontraron mensajes vinculados a esta versión de los hechos.

Un nuevo análisis del teléfono de Mauricio Novelli concluyó que el lobista imputado en la causa $LIBRA trabajó sobre un borrador de nota que detallaba puntos principales de un presunto acuerdo por 5 millones de dólares, condicionado a pasos que debían darse en torno al presidente Javier Milei en relación a compromisos con Hayden Davis, el creador de la fallida criptomoneda.

En sus conclusiones, la DATIP sostuvo que “se confirma que el contenido textual estuvo presente en la aplicación Apple Notes del dispositivo y que el usuario interactuó con dicha nota —mediante apertura, edición o modificación— en los momentos registrados”.

“Hola amigos, este es el acuerdo final discutido con H.”, en posible alusión a Hayden Davis, impulsor del token $LIBRA. Así comenzaba el “memo” encontrado como una imagen en el teléfono en un primer análisis de la DATIP a fines del año pasado. Y seguía: “$1,5 M de tokens líquidos o cash como adelanto”, “$1,5M de tokens líquidos o cash = Milei anuncia en Twitter que su asesor es Hayden Davis/Kelsier/la familia Davis”, “$2M en tokens o cash = contrato firmado en persona con Milei por asesoría en blockchain/AI para el gobierno argentino y/o Javier Milei y revisión con Javier y Karina”.

El nuevo informe fue recibido por el fiscal federal Eduardo Taiano el 18 de mayo pasado, en respuesta a un requerimiento que hizo en abril sobre esa nota. También preguntó si fue “remitida o recibida por algún contacto, ya sea por mensaje o por e-mail, o en caso de ser posible se indique el contexto en donde fue hallada la misma”.

Las conclusiones

Ahora, la fiscalía incorporó a la investigación por el escándalo de la criptomoneda cuyo lanzamiento promocionó Milei en su cuenta de la red social X el 14 de febrero de 2025 la respuesta a su pedido: se concluyó que las imágenes analizadas -la nota- existieron “en la aplicación Apple Notes del dispositivo” de Novelli.

“En síntesis, se concluye que las imágenes analizadas son artefactos generados por el subsistema Intents de iOS que contienen el texto de una nota que existió en la aplicación Apple Notes del dispositivo. Si bien no es posible acreditar su envío a terceros por las aplicaciones examinadas, se confirma que el contenido textual estuvo presente en la aplicación Apple Notes del dispositivo y que el usuario interactuó con dicha nota —mediante apertura, edición o modificación— en los momentos registrados", detalló el informe al que tuvo acceso Infobae.

Los expertos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal informaron que " no se detectó ningún registro ni referencia que vincule los nombres de los archivos analizados con una actividad de envío o recepción".

“Por lo tanto, no hemos encontrado evidencia técnica que permita confirmar que estas imágenes específicas hayan sido transmitidas o traficadas a través de los canales de comunicación del dispositivo” como por ejemplo SMS, WhatsApp, WhatsApp Business o Facebook Messenger, detallaron.

El nuevo informe de la DATIP concluyó así que las imágenes con el texto “hi guys, this is the final agreement as discussed with H” no fueron halladas en chats ni correos electrónicos, sino que eran “artefactos” generados automáticamente por el sistema operativo iOS a partir de la interacción del usuario -Novelli- con la aplicación Apple Notes. Se analizaron dos archivos PNG encontrados en un primer estudio del iPhone de Novelli. Los especialistas explicaron que la carpeta donde se encontró la imagen de la nota funciona como un “repositorio de previsualizaciones que el sistema crea para Siri, widgets y sugerencias contextuales”.

Los detalles del análisis

También determinaron que las imágenes fueron generadas mientras el usuario utilizaba la aplicación Notes de Apple. Para llegar a esa conclusión cruzaron registros de las bases de datos “knowledgeC” y “Biome”, que almacenan actividad del sistema, y detectaron coincidencias temporales entre la creación de las imágenes y el uso de la app “com.apple.mobilenotes”.

Según la DATIP, las imágenes no fueron capturas de pantalla hechas manualmente sino miniaturas “renderizadas automáticamente por iOS” mientras el usuario abría, editaba o modificaba notas.

El informe también señala que la nota original ya no estaba almacenada en la base principal de Apple Notes (“NoteStore.sqlite”). Los especialistas analizaron tanto la base activa como restos eliminados, páginas libres y archivos WAL para intentar recuperar el contenido, pero no encontraron rastros adicionales del texto investigado.

Taiano ya preguntó al Gobierno en febrero sobre la existencia de algún contrato, y desde la Secretaría General de la Presidencia le respondieron que no hay registros de ningún acuerdo “confidencial” entre el creador de LIBRA y Milei para la implementación y desarrollo de Blockchain y criptomonedas en el país.

El 30 de enero de 2025, poco antes del lanzamiento de Libra, se registró un encuentro en la Casa Rosada entre el Presidente, Novelli, el estadounidense Hayden - que había viajado al país especialmente- y otros especialistas cripto. Hubo foto y posteo presidencial en X al respecto. Y casi de inmediato transferencias por montos millonarios del creador de LIBRA a cuentas vinculadas a los investigados. La imagen del supuesto acuerdo encontrada en el iPhone de Novelli se generó el 11 de febrero de 2025. El lanzamiento de la criptomoneda con el tuit de Milei ocurrió el 14 de ese mes.

Hilda Horovitz tal vez cuente el próximo martes los motivos que la llevaron a delatar a Oscar Centeno. Nadie sabe lo que ella vivió, suele lamentarse. Fue pareja durante 9 años del remisero autor de los bautizados “cuadernos de las coimas”. Se conocieron en un hotel de la zona de Parque Centenario, donde ella trabajaba y él llegó como huésped luego de una separación.

Convivieron y se mudaron a una casa en Olivos. Cuando el amor se acabó, fue por ella que el escándalo de los cuadernos terminó en Tribunales: receloso en medio de sus constantes peleas Centeno entregó la caja con ocho originales a un amigo para que se los cuidara. De allí pasaron a manos del periodista que los investigó y luego denunció en Comodoro Py. Para ese entonces, Horovitz se convirtió en la principal delatora de su ex concubino. Ahora, casi una década después de su primera revelación al respecto, la mujer se sentará como testigo en el juicio por los Cuadernos.

Las visitas a Comodoro Py

Hilda Horovitz subió las escalinatas de Comodoro Py 2002 en reiteradas ocasiones. La primera fue el 1 de noviembre de 2017, cuando con su pareja en total crisis llegó hasta el cuarto piso y golpeó a la puerta del juzgado federal de Claudio Bonadio, para declarar en la causa que investigaba importaciones de Gas Licuado. Habló por primera vez de la existencia de anotaciones por parte de Centeno. Aclaró que ella nunca las leyó como así tampoco vio jamás bolsos con dinero.

Allí estaba acusado el jefe del remisero, el ex secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal en el kirchnerismo, Roberto Baratta. Por entonces, ella misma era empleada pública, un trabajo conseguido gracias al vínculo.

Lo que siguió fue la historia que se va reconstruyendo en el juicio oral a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados, Centeno y Baratta incluidos: el remisero sacó los cuadernos de la casa en una caja cerrada que dio a su entonces amigo y ex policía Jorge Bacigalupo. Este último, más de un año después, la entregó al periodista Diego Cabot. Y de allí las fotocopias de esos escritos llegaron meses más tarde a tribunales. Los originales habían sido devueltos a Centeno que los reclamaba.

En agosto de 2018, mientras detenían al remisero, Horovitz volvió a declarar en Comodoro Py, esta vez en el caso Cuadernos, ante Bonadio y el fiscal federal Carlos Stornelli.

La hora del juicio

La mujer llegará este martes al debate oral como testigo, bajo juramento de verdad, y tal vez vuelva a verse cara a cara con Centeno, después de tantos años.

El acusado está bajo un régimen de protección especial porque es arrepentido. Sin embargo, resolvió presentarse en ciertas audiencias junto a su defensor oficial. Lo hizo, por ejemplo, para escuchar a su ex amigo Bacigalupo y es probable que tome una decisión similar con su ex pareja. Se ubica siempre en primera fila en la sala de los tribunales de Retiro y guarda silencio: sólo anota todo con insistencia. Al igual que otros arrepentidos, calló cuando fue el turno de su declaración indagatoria.

Esta visita a tribunales será diferente para Horovitz: ya no estará ante un juez o un fiscal en un despacho o frente a algún periodista en una entrevista. Se trata de un debate oral donde tendrá obligación de contestar preguntas de los jueces, la fiscalía, la querella y las defensas de 86 acusados. También podrán contrastarla con su declaración en la investigación, si se detectan contradicciones.

Anticipándose a lo que seguramente ocurrirá en cuanto a complejidad y extensión, los jueces del Tribunal Oral Federal 7 Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero decidieron que sea la única testigo de la jornada que empezará a las 9. Su antecesor, Bacigalupo, declaró durante dos largos días. Mejor suerte tuvo el encargado del edificio donde los Kirchner tienen un departamento en Recoleta, Julio Silva. Se desdijo de parte de lo que declaró en 2018, desmintió haber dicho que vio bolsos y valijas llevados con cierta frecuencia al quinto piso por el fallecido secretario de Néstor Kirchner Daniel Muñoz, y se fue de Comodoro Py después de declarar dos horas y media el jueves pasado.

Los dichos de la ex pareja

La ex mujer de Centeno dijo muchas veces que cuando el vínculo se desmoronó, ella pensó que él ya estaba con otra, habló también de maltratos y humillaciones. El, según relató, había querido sacarla de la casa que compartían en Olivos: le consiguió primero una vivienda en Ezeiza y después, un monoambiente del barrio de Once que se sospecha costeó el ex jefe Baratta para garantizar su silencio. Sobre todo esto, se descuenta, le preguntarán el martes.

Según ya declaró en la investigación, Centeno guardaba en la casa de Olivos los cuadernos donde registraba con detalle sus recorridos como chofer del ex funcionario, en presuntas maniobras de recaudación de sobornos empresariales durante el kirchnerismo. Sostuvo que anotaba “todos los movimientos que hacía con Baratta”. Ella afirma que nunca los leyó.

También recordó que estaban guardados “en un ropero situado frente a la cama” que compartían.

Centeno la denunció por una supuesta extorsión y en el juicio Bacigalupo también contó que su amigo le refería que la mujer presionaba a Baratta para obtener dinero a cambio de guardar silencio. “Pedía dádivas para no abrir la boca”, dijo según comentarios del remisero acusado. En los teléfonos del ex funcionario kirchnerista que peritó la Justicia, se encontraron mensajes vinculados a esta versión de los hechos.

La Cámara Federal de Tucumán dio por desistida una apelación fiscal y quedó firme así la decisión de enviar a Campana una denuncia por supuesto lavado de activos y asociación ilícita contra el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. La denuncia fue impulsada por el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, quien había reclamado incluso detener a los dos dirigentes y otros acusados.

Poco antes de ser apartado del caso, el juez federal de esa provincia, Sebastián Argibay, rechazó los planteos, se declaró incompetente y derivó el caso a Campana, donde ya se investiga a supuestos testaferros de propiedades y automóviles que podrían pertenecer en realidad a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino. Esta decisión fue apelada por el fiscal Simón.

Así llegó a estudio de la Cámara Federal de Tucumán, pero el fiscal ante esa instancia, Rafael Vehils Ruiz, decidió no sostener la apelación contra la resolución de Argibay, quien además de rechazar abrir la investigación se declaró incompetente por razón de territorio y remitió la causa al juez federal de Campana, González Charvay.

En la resolución firmada por los jueces de la Cámara Federal de Tucumán, Patricia Moltini, Fernando Poviña, Mario Leal y Marina Cossio, se recordó que el artículo 443 del Código Procesal Penal habilita al Ministerio Público Fiscal a desistir de sus recursos, incluso cuando hubieran sido presentados por un fiscal de grado inferior. “Corresponde tener por desistido el recurso de apelación oportunamente impetrado”, señalaron los camaristas, en la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

El reclamo fiscal

Antes de que el fiscal general retirara el recurso, Simón había reclamado que la causa siguiera en Santiago del Estero y que se ordenara la apertura formal de la investigación. También pidió que se diera intervención al Consejo de la Magistratura para analizar la conducta de Argibay.

Con el desistimiento de la apelación, quedó confirmado el traslado del caso al juzgado federal de Campana. Además, el Tribunal de Apelaciones tucumano declaró “inoficioso” pronunciarse sobre otros planteos vinculados al caso.

En su dictamen, el fiscal Simón había reclamado abrir la causa penal en Santiago del Estero y detener a Tapia, Toviggino y una veintena de imputados señalados como supuestos testaferros o prestanombres para las sociedades por las que habría pasado dinero espurio. Al tesorero de AFA lo imputó como supuesto jefe de asociación ilícita.

Según surgió de su dictamen, el gobierno de Santiago del Estero habría transferido más de $1.243 millones en dos años a una empresa de seguridad llamada SEGON SRL, vinculada al círculo íntimo de Pablo Toviggino. La firma ganó en junio de 2024 una licitación para proveer vigilancia en el Hospital Regional Ramón Carrillo, el mayor establecimiento sanitario de la capital provincial, por $380.160.000 a doce meses. Pero las transferencias comenzaron cinco meses antes de la firma del decreto de adjudicación y superaron ese monto: $633.550.169 en 2024 y otros $609.385.635 en 2025. La investigación se abrió a partir de una denuncia recibida en diciembre de 2025.

Apenas rechazó el dictamen fiscal, el juez Argibay fue apartado del caso por la Cámara Federal de Tucumán por supuestos vínculos de un familiar suyo con una operación comercial vinculada a parientes de Toviggino que podrían afectar su imparcialidad. Lo había pedido el fiscal Simón al argumentar que una hija del juez vendió una propiedad a allegados del tesorero de la AFA. Según la fiscalía, el dinero utilizado para adquirir el bien habría tenido un origen ilícito, y está conectado al circuito que se investiga.

El futuro de la causa que investiga si una casaquinta en Pilar valuada en 17 millones de dólares está a nombre de presuntos testaferros de dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino, entre ellos su tesorero Pablo Toviggino, quedó este viernes más cerca de una definición final.

En lo inmediato y luego de la orden que Casación dio el 15 de mayo pasado para que decidan la cuestión con “celeridad”, los camaristas en lo penal económico Carolina Robiglio y Roberto Hornos pidieron opinión al fiscal ante esa instancia, Gabriel Pérez Barberá.

Ocurrió días después de que el máximo tribunal penal federal dispuso que sean ellos quienes resuelvan el conflicto de competencia que mantiene paralizada la discusión sobre qué juez debe quedarse con el caso.

Antes, el tribunal del fuero económico pidió opinión al fiscal, quien tiene plazo hasta el miércoles próximo para presentar su dictamen, según explicaron a Infobae fuentes judiciales.

Tres juzgados para una quinta

La disputa puede volver a cambiar de manos una investigación que ya pasó por tres jueces distintos. El expediente busca determinar si la sociedad Real Central, de Luciano Pantano y su madre Ana Conte, adquirió la mansión de Villa Rosa y otros bienes como presuntos testaferros de autoridades de la AFA.

El lugar fue allanado por el primer juez del caso, el federal Daniel Rafecas, y se encontraron pertenencias que apuntarían al tesorero Toviggino. Los únicos imputados son Pantano y Conte, quienes designaron defensa y lograron suspender una citación judicial que había cursado el anterior juez del caso, el penal económico Marcelo Aguinsky. Lo hicieron al presentar el planteo de inhibición por correo electrónico ese mismo día ante el juzgado federal de Campana, que les fue aceptado.

El 15 de mayo pasado, Casación anuló el envío de la causa a ese juzgado a cargo del juez federal Adrián González Charvay, una decisión que había tomado durante la feria judicial de enero el camarista de San Martín Alberto Lugones. La nulidad no se basó en el fondo del planteo sino en una cuestión formal: como el expediente estaba radicado hasta entonces en el fuero penal económico porteño, debía ser la Cámara Nacional en lo Penal Económico la encargada de resolver el conflicto de competencia y no la Federal de San Martín.

Ahora el tribunal deberá elegir entre posturas contrapuestas. Por un lado, la defensa de los supuestos testaferros reclamó que la investigación siga en Campana porque los bienes están ubicados en Pilar, dentro de esa jurisdicción.

Esta postura fue la aceptada por González Charvay, quien le pidió el expediente a Aguinsky. Como este último juez se negó, el conflicto lo zanjó el Tribunal de San Martín a favor del magistrado de Campana, quien lleva el caso desde entonces.

Del otro lado, la fiscalía apeló y sostiene que los hechos investigados exceden la ubicación geográfica de la quinta y que las maniobras pudieron haberse realizado también en la sede de AFA de la calle Viamonte y otros domicilios de la ciudad de Buenos Aires vinculadas a posibles operaciones de lavado de dinero.

Si la Cámara decide devolver el expediente al fuero penal económico, la causa quedará a cargo de María Verónica Straccia, quien reemplazó a Aguinsky en el juzgado donde estaba radicada la investigación, el penal económico 10, que está vacante. Una tercera posibilidad sugerida por el fiscal ante Casación Mario Villar, sería que retome la investigación el primer juez que intervino, el federal porteño Daniel Rafecas.

La quinta, los autos y el helipuerto

La pesquisa apunta además a una flota de autos de colección hallada en un galpón dentro del predio, que cuenta con helipuerto y caballerizas. Los investigadores intentan establecer si todos esos bienes pertenecen en realidad a algún dirigente de la AFA que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

La decisión de Casación fue adoptada por mayoría por los jueces Angela Ledesma y Javier Carbajo. En disidencia votó Mariano Borinsky, quien consideró inadmisible la apelación fiscal y advirtió que se estaba generando una “solución dilatoria” contraria a los principios de economía y celeridad procesal.

Mientras continúa la discusión sobre la competencia, González Charvay avanzó en Campana con nuevas medidas de prueba para reconstruir el origen del dinero utilizado para comprar la propiedad, la colección de vehículos de lujo, caballos árabes y construir el helipuerto.

Cuando el expediente estuvo en manos del juez Aguinsky se detectó que Pantano utilizaba una tarjeta corporativa de AFA cuyo resumen llegaba a la sede porteña en la calle Viamonte con la que se pagaban entre muchos otros gastos los telepases de los autos guardados en el predio.

Por orden de Rafecas se tasó la propiedad y todo lo hallado en su interior y los peritos oficiales concluyeron que el valor asciende a 20 millones de dólares. Cuando lo compró, la sociedad de Pantano escrituró el predio por 1.8 millones.

La Cámara Federal porteña ordenó este jueves avanzar en el proceso de envío a juicio oral en ausencia de los ciudadanos iraníes y libaneses acusados por el atentado a la AMIA, pese a que todavía hay pendiente un planteo de inconstitucionalidad de la ley a estudio de otro tribunal superior, Casación Penal.

La decisión fue de los jueces de la sala I del Tribunal de Apelaciones integrado para esta causa por Mariano Llorens y Martín Irurzun quienes revocaron una decisión previa del juez federal Daniel Rafecas, vinculada a la necesidad de esperar el fallo de Casación antes de continuar con el trámite del caso. El máximo tribunal penal federal del país tiene a estudio una apelación de la defensa oficial desde octubre de 2025, cuando se concedió el recurso. En febrero pasado las partes presentaron sus argumentos. Ahora, la defensa también podría apelar esta nueva resolución que habilita a decidir situaciones procesales sin esperar ese fallo.

La Cámara Federal consideró que puede avanzarse en el camino a decidir la elevación a juicio en ausencia al remarcar que los acusados están rebeldes, según supo Infobae en fuentes judiciales.

La defensa oficial de los acusados a cargo de Hernán Silva presentó un recurso Casación para plantear la inconstitucionalidad de la Ley 27784.

El titular de la Unidad Fiscal AMIA, Sebastián Basso, había pedido a Rafecas seguir adelante y reclamó en un dictamen procesar a los acusados. Pero el magistrado consideró que debía aguardarse la confirmación de la validez del juicio en ausencia por parte del máximo tribunal penal federal del país. Un equipo del juzgado trabaja desde hace meses en el avance de esta parte del caso.

La validez del juicio en ausencia ya fue resuelta por Rafecas, en una decisión confirmada en la Cámara Federal porteña el año pasado.

Necesidad de celeridad

Ahora la Cámara Federal ordenó seguir adelante con el caso aunque no esté aún el fallo de Casación. Para el camarista Llorens debe priorizarse “la necesidad de dotar de celeridad a la causa a través de un proceso que tumbe las barreras formales que distancian el conflicto de la reacción judicial esperada”.

El magistrado remarcó además que el atentado a la AMIA “no constituye un delito ordinario susceptible de ser sanado por el mero transcurso del tiempo” y recordó que “ya han pasado más de treinta años desde el atentado contra la sede de la AMIA y este deber estatal aún no ha sido cumplido”.

Llorens citó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Asociación Memoria Activa vs. Argentina” y enfatizó que el Estado debe “hacer todo lo necesario para conocer la verdad de lo ocurrido”. También recordó que la Corte IDH ordenó “remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantienen la impunidad total en este caso”.

En otro tramo del fallo, el camarista defendió la aplicación de la ley de juicio en ausencia y advirtió que “paralizar la prosecución de la causa en ese contexto implica diluir las metas de la ley”. Añadió que “es hora de que la magistratura asuma el rumbo del caso, asegurando, gracias a la legítima herramienta obtenida, el avance del trámite de una vez por todas”.

Irurzun, por su parte, sostuvo que “asiste razón a la fiscalía en lo medular de su planteo” y remarcó que la ley 27.784 fue creada para “permitir el avance de enjuiciamientos por los crímenes más graves contra los derechos humanos, cuando aquello se encuentre obstaculizado por la rebeldía de los implicados”.

También afirmó que “no es admisible anteponer obstáculos formales de derecho interno que puedan contribuir a que se impida la investigación, juzgamiento y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de los derechos humanos”.

La Sala I finalmente resolvió “revocar la resolución apelada y avanzar conforme lo peticionado por el representante del Ministerio Público Fiscal”.

Basso, titular de la UFI AMIA, había pedido el procesamiento de diez iraníes y libaneses acusados en la causa por el atentado a la mutual judía del 18 de julio de 1994 que causó 85 muertos y centenares de heridos en la sede de Pasteur 633, del barrio porteño de Once. Además imputó y pidió la captura internacional de Alí Asghar Hejazi, uno de los jerarcas del régimen.

Los diez acusados están prófugos de la Justicia argentina y con alertas rojas de Interpol vigentes desde 2006. Se trata de Alí Fallahijan, Ali Akbar Velayati, Moshen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Ahmad Reza Ashari o Mohsen Randjbaran, Mohsen Rabbani, Salman Rauf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar.

El encargado del edificio donde vivió el matrimonio Kirchner en Recoleta, Julio César Silva, desmintió haber visto bolsos y valijas en manos del fallecido ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, cuando ingresaba para ir al departamento de su jefe en el quinto piso. Casi de inmediato admitió que pudo cometer un delito cuando firmó sin estar de acuerdo una declaración en 2018, donde quedó consignada la afirmación que ahora negó.

“Eso yo no lo dije”, aseguró el encargado del edificio de Juncal y Uruguay sobre su declaración del 14 de agosto de 2018 ante el juez federal Claudio Bonadioy el fiscal Carlos Stornelli. Declaró durante dos horas y media en el juicio a CFK por el caso Cuadernos ante el Tribunal Oral Federal 7.

Silva, de 68 años, había contado poco antes que en ese trámite le recordaron que “tenía dos hijas” y tenía que declarar todo lo que sabía. “No sentía que lo que respondía estaba bien”, dijo. El Tribunal le leyó el tramo de esa declaración donde aseguró: “entre 2007 y 2010 he visto movimientos de bolsos y valijas con una frecuencia semanal o a veces de 15 días. No puedo precisar cuántas veces, Muñoz venía con dos o tres personas y luego se retiraban”.

Luego de escucharlo, el encargado dijo: “Ahí es donde cometí un delito y lo acepto que firmé pero no estaba de acuerdo ni lo leí”. Acto seguido, negó haber dicho eso.

Sobre ese día de 2018 en los tribunales de Comodoro Py, contó que estuvo con el juez y el fiscal y que, dijo, le recordaban que tenía dos hijas. “Uno entraba y el otro salía, así fue el interrogatorio mío. Lo pasé muy mal y después que me fui de ahí en el barrio iban a insultarme al edificio, hijo de mil puta me decían, vos debés ser otro chorro como ella me decían. Lo pasé muy mal con toda mi familia”.

El allanamiento al departamento de CFK

Silva también contó por primera vez en el juicio algo que, según él, ocurrió durante un allanamiento al departamento de los Kirchner en el edificio de Uruguay y Juncal. Fue ante una pregunta del abogado defensor del acusado ex director de Yacyretá Oscar Thomas, José Manuel Ubeira. “Sí, habían allanado. Estuve en ese allanamiento 11 horas y media. Y hubo un momento, a las 18.30, no me puedo olvidar, cuando llamó el juez al comisario inspector a cargo. A los gritos, que se sentían, le dijo que no había nada en el edificio y el juez le dijo: ‘Se van a quedar hasta mañana, hasta que encuentren algo’”.

“Lo escuchaba claro. Llamó al juez y le dijo: ‘Señor, acá no hay nada, damos por terminado el operativo si usted está de acuerdo’. Y le contestó: ‘Si no encuentran algo, hasta mañana se van a quedar ahí’”. “A los gritos hablaba la persona que estaba del otro lado. El que contestó, la persona que estaba del otro lado, era el que gritaba por el celular y se escuchaba clarito”.

Sobre Daniel Muñoz precisó: “siempre andaba con un portafolio y a veces andaba con un bolsito de mano”, dijo ahora. Explicó que el fallecido secretario de Néstor Kirchner “tenía llave del piso” de la familia presidencial. “Ingresaba por Juncal o Uruguay, tenía acceso con las dos llaves”, detalló y explicó que “en el caso del señor Muñoz a veces lo veía y a veces no”.

Sobre el vínculo entre ambos, contó que como encargado recibía cientos de cartas que personas dejaban a los Kirchner pidiendo trabajo y que incluso, el ex secretario privado le consiguió empleo a sus dos hijas en sendos Ministerios. Una trabajó desde los 18 años hasta que asumió la presidencia Mauricio Macri, cuando “la sacaron”, recordó.

Al responder a la fiscal Fabiana León, el encargado contó que conoció a Néstor, Cristina, Máximo y Florencia Kirchner y que dejaron de vivir allí un mes después de la llegada a la presidencia del primero. La ex presidenta volvió cuando dejó su cargo como Vicepresidenta. “No era encargado de Cristina Kirchner o Néstor Kirchner, soy encargado del edificio”, afirmó y dijo que nunca tuvo llave del departamento del quinto piso, propiedad de la ex presidenta.

El encargado dijo que trabaja en el edificio desde 1989. Durante la investigación, en 2018, declaró haber visto “movimientos de bolsos y valijas con una frecuencia semanal o a veces de quince días”, algo que hoy desmintió.

Este no fue el debut de Silva como testigo en un juicio oral en relación a quienes habitaron ese departamento del quinto piso, en el edificio de Uruguay 1306 en el que el encargado trabaja desde 1989. En noviembre de 2021 declaró en la causa Vialidad.

Cuando se presentó en ese juicio oral, donde finalmente se condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta, la pena que le valió a la ex presidenta el actual arresto domiciliario y el multimillonario decomiso de sus bienes, el encargado no hizo alusión a bolsos o valijas, pero sí habló de Muñoz. “No venía muy seguido”, refirió. “Muy esporádicamente venía. Venía correspondencia de gente que solicitaba trabajo y cada 15 o 20 días le daba lo que le había juntado, unas 500 o 600 cartas, que le entregaba. Todo el mundo quería trabajo. Todo lo que declaré es verdad”, dijo en ese debate oral.

Ahora, en el caso Cuadernos, respondió bajo juramento de verdad, de manera puntual, sobre lo que declaró durante esta investigación en 2018, ante el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. Las preguntas llegarán tanto desde la fiscalía como desde la querella, los defensores y los jueces del Tribunal Oral Federal 7.

La acusación fiscal sostiene que al departamento presidencial, en el barrio de Recoleta, llegaban bolsos con dinero proveniente de las coimas, y que eran recibidos por Muñoz.

La declaración de Silva estaba prevista para el martes pasado, pero no pudo concretarse por la extensión que demandó la de quien lo antecedió, Jorge Bacigalupo, el ex policía que recibió la caja que contenía los originales de los cuadernos, de manos del remisero Oscar Centeno, y la guardó durante más de un año hasta que se la dio la periodista Diego Cabot.

A su vez, se pasó el testimonio de Hilda Horovitz, expareja de Centeno, para el martes de la semana que viene.

En el juicio oral, a cargo de los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Méndez Signori, la expresidenta está acusada como supuesta jefa de una asociación ilícita, que habría funcionado dentro del Poder Ejecutivo Nacional entre 2003 y 2015. Le imputan 205 hechos de presunto cobro de sobornos, vinculados al pago por parte de empresarios para obtener adjudicaciones de obra pública. Junto con la exjefa de Estado se juzga a 19 exfuncionarios, dos de sus choferes y 65 empresarios.

El fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial amplió la acusación contra el presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y otros tres acusados por presunta evasión agravada e impulsó una investigación por uso de facturas falsas en base a una denuncia de ARCA. El organismo pidió determinar además si existió una “asociación ilícita fiscal”.

En la denuncia que está a cargo del juez en lo penal económico Diego Amarante, la jefa de la Sección Penal de la División Jurídica Dirección Control Grandes Contribuyentes de ARCA, Vanina Vidal, sostuvo que los responsables de la Asociación del Fútbol Argentino habrían utilizado facturación apócrifa, con el fin de ocultar a los verdaderos destinatarios del dinero correspondiente al impuesto a las Salidas No Documentadas por los períodos fiscales 2024 y 2025 por la suma que asciende a un total de $289.336.519,66.

Proveedores en la mira

Se aseguró que la AFA utilizó proveedores presuntamente falsos entre 2024 y 2025. El monto investigado asciende a $289.336.519,66, aunque la determinación de oficio fijó una base imponible total de $916.527.614,05 y un ajuste a favor del fisco de $320.784.664,61, más intereses y multas.

Navas Rial recordó en su dictamen al que tuvo acceso Infobae que ARCA argumentó que la nueva denuncia más los cargos por los que ya están procesados los dirigentes futbolísticos por retención indebida de aportes impositivos y a la seguridad social serían suficientes para investigar un nuevo delito, la presunta existencia de una “asociación ilícita fiscal”.

La fiscalía pidió medidas de prueba y concluyó que en la denuncia se alude a 24 proveedores, cuyas operaciones y pagos fueron cuestionados. “Las actuaciones administrativas darían cuenta de un accionar presuntamente ilícito, en el marco de la actividad habitual de la contribuyente Asociación del Fútbol Argentino, en atención a haberse detectado erogaciones, salidas de dinero, cuyo respaldo documental es inconsistente”, evaluó.

La acusación

En la denuncia se mencionaron una serie de irregularidades detectadas por la fiscalización: proveedores inexistentes o no localizados, falta de estructura operativa, ausencia de empleados y bienes, inconsistencias bancarias, domicilios falsos y sociedades vinculadas entre sí. También “circuitos comerciales cerrados”, cheques con múltiples endosos y empresas que facturaban actividades ajenas a su objeto social.

Como ejemplo, en el dictamen se mencionó a Central Hotel S.R.L., que facturó $9,6 millones por “obras realizadas en el predio Ezeiza” pese a estar inscripta en actividades hoteleras. También a Capadoccia S.R.L., que habría emitido facturas por más de $56 millones sin poder justificar capacidad operativa, y a Prussian Blue S.R.L., vinculada a supuestos servicios digitales pese a que sus integrantes, según la denuncia, realizaban trabajos ocasionales y carecían de conocimientos técnicos.

El fiscal sostuvo que existen elementos suficientes para investigar si se cometió el delito de evasión agravada previsto en el Régimen Penal Tributario, por supuesta utilización de facturas falsas. Además, señaló que “las maniobras habrían sido reiteradas y sostenidas por un lapso ininterrumpido de tiempo”.

La presentación apunta a las autoridades de la AFA: Tapia, Toviggino, Víctor Blanco, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo, a quienes ARCA pidió investigar por su rol en la administración y también a la entidad rectora del fútbol argentino como persona jurídica.

En su requerimiento, Navas Rial solicitó nuevas medidas de prueba, entre ellas la remisión completa de los legajos de proveedores cuestionados y la documentación bancaria vinculada a los cheques utilizados en las operaciones bajo sospecha.

En la investigación el juez Amarante ya procesó a los cinco dirigentes y ahora esa decisión está a estudio de la Cámara Nacional en lo Penal Económico. Además Tapia fue autorizado a viajar al Mundial por el magistrado, ya que tiene prohibición de salida del país y debe pedir permiso ante cada ida al exterior.

El ex funcionario kirchnerista Claudio Uberti, arrepentido clave que incriminó a Cristina Kirchner en el caso Cuadernos, reclamó que le concedan la prisión domiciliaria luego de quedar detenido, condenado a 4 años y seis meses de prisión, por intento de contrabando de casi 800 mil dólares en una valija que trató de ingresar al país el venezolano Guido Antonini Wilson, en 2007.

Uberti está preso en la cárcel de Ezeiza desde el 11 de febrero pasado, luego de que la Corte Suprema de Justicia dejó firme la pena por el intento de contrabando de 790.550 dólares ocurrido en agosto de 2007 en Aeroparque, cuando Antonini Wilson llegó al país con el maletín en un vuelo privado donde también viajó Uberti, por entonces titular del Organo de Control de Concesiones Viales.

A la hora de reclamar que salga de prisión y vaya a su casa a terminar de cumplir la condena, la defensa del ex funcionario de 68 años argumentó además de razones de salud, su temor por amenazas que denunció haber recibido para que no vuelva a declarar en la causa Cuadernos, donde con sus dichos incriminó a la ex presidenta Cristina Kirchner. De hecho, el propio Uberti anticipó en una de las audiencias que no hablará ni responderá preguntas hasta que se defina el tema de su detención.

La prisión domiciliaria

El fiscal de la Unidad Fiscal de Ejecución Penal, Nicolás Czizik, se opuso a concederle el beneficio al considerar que no reúne los requisitos legales para abandonar el penal de Ezeiza. Al respecto sostuvo que no existen “circunstancias que habiliten modificar la modalidad de cumplimiento de pena ya dispuesta por el Tribunal de sentencia” y afirmó que el estado de salud de Uberti no alcanza el “umbral de gravedad” requerido por la ley. Según el dictamen, un informe del Cuerpo Médico Forense determinó que el exfuncionario se encuentra “clínicamente compensado” y mantiene “íntegra su capacidad” para valerse por sí mismo.

Respecto de los temores por su seguridad, el fiscal consideró que la condición de “imputado colaborador” no constituye por sí sola una causal para otorgar la prisión domiciliaria. Señaló además que el tratamiento psicológico sugerido para Uberti puede realizarse dentro del penal, que dispone de un equipo de salud mental.

En el dictamen también se descartó que la edad del condenado implique automáticamente el acceso al beneficio. El fiscal sostuvo que el arresto domiciliario es “un instituto fundado en razones humanitarias” y que su procedencia exige “una valoración que excede la mera verificación de la edad cronológica”.

Pero en paralelo, el Servicio Penitenciario Federal informó a la Justicia que no cuenta con un lugar para alojar a un interno de sus características, a raíz de las amenazas de muerte que denunció haber recibido, tanto él como miembros de su familia, por su rol de arrepentido en Cuadernos. Desde que quedó preso está en el hospital de la cárcel de Ezeiza bajo condiciones de seguridad especiales. Durante un breve período estuvo alojado en un pabellón que había sugerido el SPF, pero luego pidió volver al hospital.

Sigue participando de manera virtual desde la cárcel en el juicio oral por Cuadernos, que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal 7, y de hecho estuvo conectado a la audiencia de este martes. Los jueces y la fiscalía fueron puestos en conocimiento de las presentaciones por parte del Tribunal a cargo del caso Antonini Wilson. La decisión sobre el beneficio que reclama deberá tomarla la jueza de ejecución de su condena en el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1, Sabrina Namer.

Qué dijo Uberti en el caso Cuadernos

El ex funcionario kirchnerista quedó preso con este juicio oral en marcha y, hasta ahora, optó por guardar silencio. Cuando fue el turno de su declaración indagatoria, en marzo pasado, sólo habló para decir que vive “en un estado de terror permanente” desde que quedó preso, con temor a “que se abra la puerta del hospital del penal de Ezeiza” y lo manden “con la población carcelaria común” donde lo consideran “un buchón”.

“No soy un cobarde, tampoco soy un valiente, estoy sometido a una enorme angustia desde 2007, pero me interesa decir que un arrepentido no es un traidor”, acotó en esta audiencia y anticipó que declararía en Cuadernos cuando su situación carcelaria “esté resuelta”.

Su abogado Guillermo Armani sostuvo a su vez en el juicio que “hasta el día de hoy” Uberti “sigue siendo arrepentido y sigue siendo colaborador” y agregó: “Oportunamente el señor Uberti dirá lo que tenga que decir”.

Cuando declaró en la investigación ante el fiscal federal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio, quien homologó el acuerdo de colaboración, complicó a la ex presidenta que ahora es juzgada junto con él. “Yo le llevaba a Néstor Kirchner bolsos con el dinero que recaudaba de las concesionarias viales que estaban bajo mi órbita. Las entregas se hacían en el despacho presidencial de la Casa Rosada o en la Quinta de Olivos. También hubo entregas en el domicilio de De Vido” y acotó que “Cristina Kirchner estuvo presente varias veces en las que yo fui a dejar los bolsos, ella sabía todo lo que se hacía”.

Un contador y ex apoderado de la firma Austral Construcciones de Lázaro Báez tendrá que pagar una multa de poco más de 100 millones de dólares como parte de su condena a tres años de prisión en suspenso por lavado de activos, en la causa por la ruta del dinero K. Se trata de Claudio Bustos, un cordobés que fue juzgado junto a su ex jefe y otros acusados, y que si bien evitó ir preso porque la condena fue en suspenso, tendrá que afrontar ese pago confirmado ahora por la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.

Pesos o dólares

Los jueces Javier Carbajo, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos rechazaron un planteo de la defensa que buscaba recalcular el monto y pasarlo a pesos argentinos tomando la cotización del dólar oficial que regía en 2010, fecha en la cual -según se concluyó en el juicio oral- comenzaron a cometerse los delitos de lavado de activos por parte de los Báez.

El planteo quedó descartado y la multa a pagar se fijó en 109.745.733 dólares, que podrán abonarse en pesos pero a la cotización oficial del dólar vendedor al momento del pago efectivo.

La defensa había planteado que resultaba “absolutamente arbitrario expresar en dólares estadounidenses un depósito bancario realizado en pesos argentinos” y sostuvo que, por aplicación del principio de legalidad, “la pena de multa impuesta debía calcularse no sólo tomando el valor de la operación al momento de la comisión del hecho sino en moneda de curso legal”. En esa línea, pidió que “se ordenara fijar el monto de pena de multa según la cotización vigente al momento de los hechos”.

Sin embargo, los jueces ratificaron el criterio del juez de ejecución de la pena, que había fijado la multa “en la cantidad de pesos equivalentes a U$S 109.745.733,38, conforme la cotización oficial del dólar minorista vendedor que fije el Banco Central de la República Argentina, al momento de su efectivo pago”.

Casación sostuvo que la actualización no agrava la pena sino que preserva su valor real frente a la inflación y recordó que el monto de la operación de lavado ya quedó con condena firme, por ende es cosa juzgada y no puede revisarse.

La condena

Bustos fue condenado al término de un juicio oral por la llamada “ruta del dinero K” como partícipe necesario desde “Austral Construcciones”, en el montaje de un “complejo circuito de expatriación y reingreso de fondos” que se fijó en un total de U$S 54.872.866,69.

En ese juicio oral fueron condenados Lázaro Báez, su hijo Martín y otros acusados como el arrepentido Leonardo Fariña. Todas las penas quedaron firmes por decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y comenzó la etapa de ejecución de la sentencia, que incluye las multas.

En el caso del hijo mayor de Báez, Martín, Casación también intervino la semana pasada y le rechazó un recurso para pagar en cuotas el monto de u$s 274 millones que se le impuso, con lo cual al estar impaga podría avanzarse en el remate de sus bienes.

Lázaro Báez fue condenado a 10 años de prisión por las maniobras cometidas entre 2003 y 2015, durante el kirchnerismo, y está detenido cumpliendo 15 años de cárcel por esta pena más los seis años de la causa Vialidad, donde se lo juzgó y condenó junto a la ex presidenta Cristina Kirchner.

El juez en lo penal económico Diego Amarante autorizó este lunes al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, a viajar al Mundial a cambio de depositar una caución de 30 millones de pesos, en la causa en la que está procesado por presunta retención indebida de aportes.

Tapia podrá ausentarse del país desde el 27 de mayo al 21 de julio próximos, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae. En primer lugar viajará a Hungría por “compromisos deportivos e institucionales” que debe cumplir como miembro del Consejo Directivo de la Conmebol y como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Desde allí partirá a Estados Unidos, México y Canadá. Primero asistirá a la final del torneo ‘UEFA Champions League’ y luego participará de las distintas actividades oficiales y protocolares vinculadas a la Copa Mundial FIFA 2026.

UEFA, amistosos de la Selección y el Mundial

En primer término Tapia irá a la final de la ‘UEFA Champions League’ en Budapest el 30 de mayo con ceremonia prevista para el 29; luego verá los partidos amistosos que la Selección Argentina disputará frente a Honduras y a Islandia el 6 y 9 de junio, respectivamente, en Estados Unidos. Finalmente participará de las diversas actividades oficiales y protocolares vinculadas al Mundial, entre el 10 de junio y el 19 de julio en ese país, México y Canadá.

El juez que procesó a Tapia y lo embargó por 350 millones de pesos por supuesta retención indebida de aportes de la AFA consideró que “no existen elementos objetivos que impidan la salida del territorio nacional en las concretas condiciones informadas”.

Tapia “dio adecuado cumplimiento, en tiempo y forma, a las condiciones impuestas por el tribunal” en autorizaciones anteriores para salir del país, agregó además.

El juez advirtió que cualquier “modificación, desvío o apartamiento de las condiciones” que se establecieron para autorizar el viaje derivará en “una violación directa a los compromisos de sujeción al proceso” asumidos por Tapia. El titular de la AFA tendrá que informar su regreso al país dentro de las 48 horas de concretado.

La causa judicial

Tapia está procesado desde el 30 de marzo pasado sin prisión preventiva pero con prohibición de salida del país, por lo cual debe pedir permiso ante cada viaje al exterior.

Amarante mencionó en su resolución que en las fechas previstas para el viaje no hay ningún compromiso judicial al que deba asistir el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Su procesamiento está a estudio de la Cámara Nacional en lo Penal Económico al igual que el del tesorero Pablo Toviggino y otros tres acusados.

En el caso de Tapia y de la AFA se declaró desierta su apelación porque no se presentaron a tiempo sus fundamentos pero igualmente la situación será revisada por el Tribunal de Apelaciones que además tiene que decidir si acepta un planteo de la fiscalía y la querella de ARCA para agravar la acusación y sumar hechos de evasión dejados de lado al resolver las situaciones procesales. Las defensas reclamaron los sobreseimientos.

Además del presidente y el tesorero de AFA están acusados Cristian Malaspina (actual secretario general) y los ex directivos Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Lorenzo. A todos se los consideró responsables del delito de apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, agravado por la intervención de más de dos personas en una estructura organizada. La AFA como persona jurídica también está procesada y embargada por 350 millones de pesos.

La Justicia constató que la suma de la documentación sobre pagos a proveedores que entregó Matías Tabar, el contratista que refaccionó la casa del jefe de Gabinete Manuel Adorni en el club de golf Indio Cua en Exaltación de la Cruz, coincide con los 245 mil dólares que el testigo declaró que se gastaron.

El viernes último, Tabar se presentó de manera espontánea en la fiscalía federal de Gerardo Pollicita que investiga al funcionario nacional por supuesto enriquecimiento ilícito y dejó todos los comprobantes -remitos y recibos- de las compras a proveedores y mano de obra por los trabajos que se fueron realizando. Según afirmó, el Jefe de Gabinete le pagó en persona, en efectivo con dólares y sin recibo.

Cuando declaró por primera vez se presentó en Comodoro Py con un listado de cada item pero sin ningún tipo de comprobante para demostrar el monto al que hizo referencia: y que el jefe de Gabinete negó de manera rotunda: refacciones por 245 mil dólares. Esto lo subsanó el viernes cuando dejó la documentación que los proveedores le entregaban a su empresa como intermediaria y además copias de mensajes que mantuvo con quienes iba convocando para los trabajos. Durante el fin de semana, la fiscalía se dedicó a sumar todo y el resultado coincide con los 245 mil dólares que el contratista declaró que se gastó, según explicaron a Infobae fuentes del caso.

Tabar se ocupó de recuperar todos los datos que podrían servir para corroborar su versión de los hechos, después de los comentarios del presidente Javier Milei que lo calificó de “militante kirchnerista” y de “mentiroso”. El contratista declaró bajo juramento de verdad que Adorni le pagó en efectivo, en negro y sin recibos por la renovación de su casa de Exaltación de la Cruz.

En ese acto, aportó un listado de todos los trabajos que se hicieron en la vivienda, y dejó fotos y videos del antes y después, pero sin recibos ni remitos de compras y pagos a proveedores que ahora sí entregó a la Justicia. El jueves de la semana pasada Tabar habló ante la prensa y dijo confiar en la inocencia de Adorni. Un día más tarde y sin aviso, volvió a Comodoro Py con remitos y recibos de proveedores de Indio Cua.

La marcha de la causa

Tabar es socio del grupo Alta Arquitectura. Ubicó el período de trabajo entre octubre de 2024 y julio de 2025 y aclaró que no solo se dedicó a las refacciones de obra, sino también a la renovación de otros aspectos del hogar, como los muebles.

La casa se renovó en la entrada, garaje, galería, escaleras, pintura interior, enduido y reparación de paredes; hubo cambio de pisos por porcelanato, revestimiento exterior tipo tarquini, reforma de parrilla, remodelación de la pileta con cascada.

Por otro lado, la investigación avanza además con nuevos pedidos de informes a dos billeteras cripto y un relevamiento sobre gastos de tarjetas de crédito de los imputados Adorni y su esposa Bettina Angeletti. Además la fiscalía tiene bajo la lupa una veintena de viajes -por Argentina y el mundo- que hizo la familia desde 2022 a la fecha. Una vez que la búsqueda de información esté completa, se terminará con el envío de los datos a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, a la que se encomendó un estudio de la evolución patrimonial del matrimonio.

Cuando se reciba el resultado y si se detectan inconsistencias, se intimará al Jefe de Gabinete a justificarlas, para lo cual tiene un plazo de 15 días prorrogables por igual período. Si la respuesta no es considerada satisfactoria, se podría avanzar en un reclamo de citación a declaración indagatoria, que debe hacerse ante el juez del caso, Ariel Lijo.

La Cámara Federal de Casación Penal anuló una decisión que daba luz verde a continuar con desmontes en bosques nativos de la provincia del Chaco y ordenó que se dicte un nuevo fallo. La decisión fue adoptada por la Sala IV, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, en una causa que investiga presuntas irregularidades y hechos de corrupción vinculados al otorgamiento de permisos.

El tribunal hizo lugar a los recursos presentados por la fiscalía y la querella de la "Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas" contra la resolución de la Cámara Federal de Resistencia que había confirmado el levantamiento parcial de una medida cautelar dictada en agosto de 2024, que había frenado la tala de bosques, ante la sanción de una ley provincial en la materia.

En su voto, Borinsky sostuvo que el fallo cuestionado no explicó de manera suficiente por qué la sanción de una nueva ley provincial implicaba un cambio real en el riesgo ambiental que justificara levantar la cautelar. El magistrado advirtió que “no se examinó si el nuevo régimen establece un estándar de protección más riguroso o, por el contrario, habilita mayores superficies de desmonte”. La causa analiza supuestas maniobras irregulares en la autorización de desmontes en bosques nativos chaqueños. Según destacó Casación, la investigación remite “a un eventual fenómeno de corrupción en la administración de tales autorizaciones”.

Protección efectiva de los bosques

Borinsky remarcó además que el tribunal inferior omitió responder agravios centrales planteados por la fiscalía y la querella, entre ellos que el levantamiento de la cautelar dejaría sin protección efectiva los bosques involucrados y que durante la vigencia de la medida ya se habían detectado desmontes ilegales. La Sala IV cuestionó también el estándar probatorio exigido por la Cámara de Resistencia.

El fallo recordó que el principio precautorio ambiental impide exigir certeza científica absoluta cuando existe riesgo de daño grave o irreversible. Citó el precedente “Mamani” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según el cual “la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces”.

Real magnitud del daño

En otro tramo, Borinsky defendió la intervención del fuero penal en causas ambientales y sostuvo que la facultad de dictar medidas preventivas “no constituye una indebida intromisión” sobre competencias provinciales sino el ejercicio del rol judicial de garantizar derechos constitucionales como la protección del ambiente prevista en el artículo 41 de la Constitución.

El juez Hornos sostuvo por su parte que debía mantenerse directamente la cautelar porque todavía no hay un peritaje que determine “la real magnitud del daño” ocasionado por los desmontes denunciados y afirmó que levantar la medida implicaría consolidar “un riesgo ambiental potencialmente irreparable”.

Hornos agregó que las modificaciones regulatorias posteriores “no neutralizan, por sí solas, el deber jurisdiccional de prevenir daños ambientales de incidencia colectiva” y advirtió que los organismos provinciales encargados del control son justamente algunos de los investigados en el expediente. El derecho a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado “afecta al conjunto de la comunidad de vida, al ser humano actual y a las generaciones por venir”, advirtió.

“En las condiciones actuales y atendiendo a las particulares circunstancias del caso, entiendo que los magistrados de la instancia anterior omitieron ponderar de qué modo la nueva normativa aplicable garantizaría una protección eficaz del bien jurídico tutelado, sin siquiera haber determinado previamente la magnitud del daño presuntamente ocasionado”, concluyó.

Al apelar, la fiscalía sostuvo que el levantamiento parcial de la medida cautelar basada en una nueva ley provincial resulta contradictorio cuando el riesgo de daño irreversible sigue vigente y se han detectado múltiples incumplimientos. También consideró “ilógico” que se delegue el control de los desmontes en la Dirección de Bosques y el Poder Ejecutivo provincial, “cuando estos organismos y sus funcionarios están siendo investigados como partícipes de la asociación ilícita en la misma causa”.

La Sala IV resolvió anular la resolución y reenviar el expediente al tribunal de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento conforme a los parámetros fijados por Casación.

La investigación por supuesto enriquecimiento ilícito a Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, avanzó con un procedimiento en el Ministerio de Defensa, en busca de su designación en los distintos cargos que ocupó e información sobre los sueldos del actual diputado provincial.

Se trató de una orden de presentación que firmó el juez federal Sebastián Casanello a pedido del fiscal del caso Guillermo Marijuán, según supo Infobae de fuentes judiciales. Los efectivos policiales que concurrieron al organismo a fines de la semana pasada se llevaron documentación sobre los nombramientos del hermano de Manuel Adorni y su historial de ingresos por sueldos en cada cargo que ocupó y eventuales retenciones.

La denuncia fue impulsada por la fiscalía luego de una presentación de la diputada Marcela Pagano. Según sostuvo, el hermano del jefe de Gabinete fue nombrado funcionario público poco después de la llegada al gobierno del presidente Javier Milei, en diciembre de 2023, y asumió como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa de la Nación.

En junio de 2025 se lo designó al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF). En las últimas elecciones consiguió una banca en la Cámara de Diputados bonaerense e integra el bloque de La Libertad Avanza.

La documentación será analizada en Comodoro Py como parte de la evidencia que ya se ordenó recolectar y que la fiscalía consideró “indispensable” para reconstruir la evolución patrimonial del actual diputado. Esta causa tramita de manera independiente a la que se sigue a su hermano, el jefe de Gabinete, también por presunto enriquecimiento ilícito en la fiscalía federal de Gerardo Pollicita y a cargo del juez Ariel Lijo.

La investigación al hermano de Adorni quedó radicada en el juzgado federal 6 y la semana pasada las medidas fueron ordenadas por el juez federal Sebastián Casanello, quien reemplazó por una licencia a su par Daniel Rafecas, quien desde este lunes quedó a cargo del expediente.

Los cargos públicos del hermano de Adorni

El fiscal Marijuán tiene delegada la investigación y estimó indispensable contar con la documentación relativa a “designaciones, funciones e ingresos por cargos públicos de Francisco Jorge Adorni”. Por eso pidió librar la orden de presentación en busca de copias del legajo personal, “de los actos administrativos sobre sus designaciones en los cargos que ocupara desde el año 2023 a la fecha y constancias de presentación de Declaraciones Juradas Patrimoniales Inicial, Integral Anual y de Baja (en caso de corresponder) como Titular de la Unidad de Auditoría Interna y como Titular del Instituto de Ayuda Financiera (IAF)”.

La semana pasada se dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario. Según la denuncia de la diputada Pagano, habría tenido un aumento en su patrimonio de un 84 por ciento en un año. El fiscal Marijuán ya pidió informes a más de 30 organismos o entidades, entre ellas la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) desde 2020 a la actualidad, con precisiones sobre declaraciones juradas y pagos, bienes registrables, regímenes de facturación y eventuales sanciones por infracciones aduaneras, entre otros.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) deberán informar sobre la existencia de registros relacionados con el hermano de Adorni, incluyendo impuestos activos, operaciones realizadas y bienes. Respecto a los impuestos asociados a automotores e inmuebles, el fiscal pidió saber quiénes los pagan y si existen deudas.

Marijuán también cursó un oficio a Migraciones para conocer cuántas veces y con qué destino salió del país el imputado, y solicitó que, si hubiera cruces por tierra, se incluya la identidad de sus acompañantes.

Un fiscal pidió duras condenas a prisión y sanciones económicas contra un grupo de empresarios y agentes aduaneros acusados por un multimillonario contrabando de ropa mediante declaraciones de importación falsas entre agosto de 2015 y enero de 2016. Se calcula que el perjuicio al Estado fue de unos 4,5 millones de dólares en seis meses.

El fiscal general Gabriel Pérez Barberá también reclamó que las penas no queden reducidas a condenas simbólicas, en su alegato final en el juicio que se sigue a todos los procesados y advirtió que las demoras judiciales generan una “percepción social de impunidad”. Se juzga a los acusados de integrar una organización que importó mercadería textil simulando ser carbonato de calcio para eludir controles y tributar aranceles mínimos, mediante la confección de falsas DDJJ.

La operatoria siguió la misma mecánica que lo investigado en la megacausa por la “mafia de los contenedores” y es un desprendimiento de esta pesquisa principal, que estuvo a cargo del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky.

Percepción de impunidad

En su alegato la semana última ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 de la ciudad de Buenos Aires, el fiscal reclamó penas de entre 5 y 8 años y seis meses de prisión y expuso que “la obligación legal de tener que aguardar a que la Corte Suprema deje firme una sentencia de condena para que pueda ser ejecutada una pena de cumplimiento efectivo genera una percepción social de impunidad a la que no se puede responder con la Constitución, porque no es verdad que la Constitución exija semejante cosa”.

Pérez Barberá agregó que esa percepción de impunidad es aún más fuerte en los delitos de contrabando y por eso solicitó al tribunal que, “en caso de condena, efectúe un seguimiento estricto respecto de la actuación de la Aduana en la ejecución de las multas y demás sanciones aduaneras”.

En las próximas semanas será el turno de las defensas en el juicio oral. De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, la organización coordinaba el ingreso de productos textiles desde China y declaraba un falso contenido de los contenedores mediante la manipulación de la documentación a su llegada a la Argentina.

Ropa desde China

Se juzga a empresarios, despachantes de aduana, operadores logísticos y funcionarios aduaneros acusados del contrabando sistemático de mercadería textil importada desde China mediante documentación falsa, ropa de manera principal. El esquema permitía pagar aranceles mínimos y eludir controles aduaneros más estrictos.

La investigación identificó 31 hechos consumados y uno en tentativa. En este último caso, la Aduana interceptó un contenedor que había sido declarado como carbonato de calcio pero que en realidad transportaba 80.554 prendas de vestir distribuidas en 415 bultos. El valor estimado de la mercadería y de los tributos rondaba los 600 mil dólares, mientras que el arancel que se intentaba pagar era de apenas 3 mil.

En los restantes contenedores, la fiscalía sostuvo que se importaron en promedio unos 2.500 rollos de tela por operación, equivalentes a unos 25 mil kilos de mercadería. El perjuicio fiscal total estimado supera los 4,5 millones de dólares.

El modus operandi

De acuerdo con el alegato, la organización funcionaba mediante un doble circuito documental. En los “Master Bill of Lading” (MBL) emitidos en origen la carga seguía figurando como textil, mientras que en los “House Bill of Lading” (HBL) y en la documentación presentada ante la Aduana argentina aparecía como carbonato de calcio.

Para la fiscalía, la maniobra quedó acreditada mediante correos electrónicos, documentación secuestrada en allanamientos, diferencias entre los conocimientos de embarque y la intercepción física de contenedores.

Las penas reclamadas

El pedido de pena más alto recayó sobre Walter Moglianesi, para quien la fiscalía solicitó 8 años y 6 meses de prisión como presunto coautor de los 31 hechos consumados y del hecho tentado. Pérez Barberá lo señaló como uno de los supuestos máximos organizadores de la maniobra y destacó “la persistencia”, “la complejidad” y “el desprecio absoluto a su rol como auxiliar del servicio aduanero”.

Para Jorge Fano, presidente de la empresa TT Cargo, pidió 8 años de prisión. Según el fiscal, desde esa firma se introducían sistemáticamente falsificaciones en la cadena documental utilizada para importar mercadería. En el caso de Miguel Ángel Elnen, presidente de la firma Cuiper S.A., considerada por la acusación una empresa ficticia utilizada para ejecutar las operaciones, solicitó 7 años de prisión.

Para José María Zaragoza, acusado de actuar de hecho como despachante junto a sus hijas, el Ministerio Público pidió 7 años y 6 meses de prisión. Pérez Barberá incorporó como agravante el hecho de haber utilizado a sus hijas en las maniobras investigadas. “Un derecho penal con perspectiva de género no puede dejar de tomar en consideración una circunstancia como esta”, sostuvo.

Las hijas del despachante dedicadas a la misma profesión enfrentan pedidos de 5 años y 6 meses de prisión cada una. La fiscalía sostuvo que ambas participaron en la confección de facturas y despachos adulterados indispensables para consumar los hechos. Para Eduardo Urraco, apoderado de TT Cargo, el pedido fue de 6 años de prisión.

La acusación también alcanzó a funcionarios aduaneros señalados como parte de un presunto esquema interno de corrupción que permitió liberar la mercadería pese a inconsistencias y alertas previas. Para la verificadora aduanera Alejandra Delgado, acusada de intervenir en un hecho vinculado a un canal rojo, la fiscalía solicitó 6 años de prisión. Pérez Barberá afirmó que su actuación habría sido “clave para mantener intacta una verdadera estructura interna de corrupción”. También pidió condenas para cuatro guardas aduaneros, que según la acusación permitieron la salida de mercadería distinta de la declarada en la documentación oficial.

Además de las penas de prisión, la fiscalía solicitó inhabilitaciones para ejercer cargos públicos y actividades comerciales, pérdida de concesiones y beneficios aduaneros y el retiro de la personería jurídica de las firmas TT Cargo S.A. y Cuiper S.A. Finalmente, Pérez Barberá pidió el decomiso de la mercadería secuestrada en el contenedor interceptado, así como de computadoras y demás instrumentos utilizados para concretar las maniobras investigadas.

La Cámara Federal de Casación Penal anuló el envío de la investigación por la casaquinta de Pilar valuada en 17 millones de dólares y atribuida a presuntos testaferros de dirigentes de la AFA al juzgado federal de Campana y resolvió que el conflicto de competencia sea definido por la Cámara Nacional en lo Penal Económico de la ciudad de Buenos Aires.

El futuro del caso será resuelto así por este Tribunal de Apelaciones intermedio, decidió por mayoría la sala I de Casación, al hacer lugar a un planteo de la fiscalía contra la decisión de la Cámara Federal de San Martín que en enero pasado envió el expediente al juzgado federal de Campana a cargo del juez Adrián González Charvay. El magistrado seguirá al frente de la pesquisa hasta que haya una nueva decisión judicial que podría confirmarlo en la causa o bien dar la razón a la fiscalía y devolver el expediente al fuero en lo penal económico en CABA.

Una decisión dilatada

Se trata de una disputa clave que podría cambiar otra vez de manos la investigación, que va por su tercer juez desde que se presentó la denuncia ante la sospecha de que la sociedad Real Central de Luciano Pantano y su madre Ana Conte habría comprado la mansión como presuntos testaferros de autoridades de la AFA.

Si se resolviera la vuelta del caso al fuero en lo penal económico quedaría en manos de otra magistrada, María Verónica Straccia, quien reemplazó a su colega Marcelo Aguinsky en la subrogancia del juzgado 10 del fuero, que está vacante y donde estaba radicada la investigación.

La pesquisa incluye una flota de autos de colección encontrada en un galpón durante un allanamiento al lugar, que además tiene helipuerto y caballerizas y está orientada a establecer si todo pertenece en realidad a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino que preside Claudio “Chiqui” Tapia, entre ellos su tesorero Pablo Toviggino.

La decisión abrió un nuevo capítulo en las idas y vueltas del caso y volvió a dilatar una resolución. Por mayoría, con los votos de los jueces que integraron para este caso la sala I del máximo tribunal penal federal del país, Angela Ledesma y Javier Carbajo, se decidió que la apelación de la fiscalía contra esa decisión de mandar el caso a Campana sea resuelta por otro tribunal, la Cámara en lo Penal Económico. Este último está integrado por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio. Son los mismos magistrados que analizan por estos días si confirman los procesamientos de Tapia, Toviggino y la AFA por supuesta retención indebida de aportes de la seguridad social e impositivos.

Al hacer lugar a lo planteado por el fiscal ante Casación Mario Villar, los camaristas consideraron que era allí donde debió debatirse el asunto y no en San Martín, porque el último juzgado que intervino, el penal económico 10 por entonces subrogado por Aguinsky, es de ese fuero. En disidencia, el juez Mariano Borinsky postuló que el recurso fiscal debía declararse inadmisible porque no se trató de una sentencia definitiva ni “equiparable a tal” y no se advirtió una cuestión federal que habilitara la intervención de Casación.

Además sostuvo que no se demostró “acabadamente una afectación sustancial a la garantía del juez natural” y que se incurrió en un “excesivo rigor formal en desmedro de una eficiente administración de justicia” que derivó en una “solución dilatoria que atenta contra los principios de economía y celeridad procesal”.

Borinsky sí acompañó la postura del juez Carbajo a la hora de resolver que la nueva decisión se tome de manera colegiada y “con celeridad” en la Cámara Nacional en lo Penal Económico.

La competencia y la causa

El voto mayoritario de Casación concluyó que el juez federal de San Martín durante la feria de enero Alberto Lugones no tenía jurisdicción para resolver esa disputa que se originó por un planteo del acusado Pantano, quien pidió que el caso se lleve en Campana. La jueza Ledesma sostuvo que “las cuestiones de competencia que se susciten entre jueces federales de primera instancia deben ser resueltas por la Cámara de Apelaciones de la que dependa el juez que hubiere prevenido en la causa”.

En esa línea, el tribunal advirtió que apartarse de esas reglas “compromete la garantía del juez natural consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional”.

Carbajo reforzó ese criterio al señalar que “la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín no tenía jurisdicción para resolver el conflicto de competencia positivo entre el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana y el Juzgado Nacional en lo Penal Económico n° 10”. También destacó que la causa ya estaba radicada en el juzgado penal económico cuando Pantano promovió la inhibitoria ante Campana y remarcó que “ése es el ‘juez que previno’”.

Qué había pedido la fiscalía

Desde el 18 de marzo pasado, cuando la Sala I de Casación aceptó una queja y reabrió la discusión por la competencia entre González Charvay y Aguisnky, quien se había negado a dejar el caso, el tema estaba en discusión.

El fiscal ante Casación Mario Villar mantuvo la apelación de su colega de San Martín Carlos Cearras. Pidió que la causa por la mansión de Pilar volviera al primer juez que intervino tras la denuncia de Elisa Carrió, el federal porteño Daniel Rafecas, como segunda posibilidad pidió que siguiera en el juzgado penal económico 10 y como tercera, que se decidiera en la Cámara en lo Penal Económico. Esta fue la opción que tomó ahora Casación.

La marcha del caso

En Campana, el juez González Charvay ordenó la semana pasada una batería de nuevas medidas de prueba para rastrear el origen del dinero con que se compró la propiedad en Villa Rosa, una flota de autos de colección, caballos árabes y se construyó un helipuerto.

Cuando el caso estuvo a cargo de Aguinsky se comprobó que Pantano usaba una tarjeta de crédito corporativa de AFA, donde se cargaban los telepases de los vehículos de lujo guardados en un galpón de la casaquinta y otros consumos que están en la mira judicial. Por su parte, el primer juez del caso, Rafecas, allanó el lugar y mandó tasar todo. Allí se estableció que los bienes rondan los 20 millones de dólares, casaquinta incluida. La sociedad de los Pantano escrituró por 1,8 millones de dólares.

González Charvay, por su parte, ordenó peritajes contables y tasaciones de bienes, y dispuso un exhaustivo análisis de todos los giros de dinero de la AFA, así como de la documentación secuestrada en allanamientos, para determinar si el dinero para la quinta pudo haber salido de allí.

El juez de Campana recibió el caso porque ante el pedido de Pantano, reclamó la inhibición de la Justicia de CABA por un tema de territorio: la mansión y otras propiedades investigadas están en Pilar, bajo su jurisdicción. Pero al apelar, el fiscal Villar advirtió que las maniobras investigadas “darían cuenta de un trazado de fondos bajo figuras jurídicas y físicas que podrían encubrir su origen como fondos lícitos de la entidad no declarados y/o desviados a fines privados, o nuevas aplicaciones de sumas de origen ilícito” en un entramado de lavado de activos que excede el lugar físico donde están las propiedades.

El ex policía Jorge Bacigalupo, el hombre que guardó en su casa los ocho cuadernos del remisero Oscar Centeno, recordó este jueves que su entonces amigo le contó haber visto bolsos “llenos de billetes de 500 euros” en uno de sus viajes a la residencia de Olivos junto a su ex jefe y funcionario de Planificación Federal Roberto Baratta. Además, ratificó que Centeno le entregó una caja cerrada para guardar porque temía que trascendiera el contenido y que un año y medio después se la dio al periodista Diego Cabot. Recién en ese momento se abrió y vio los cuadernos, consignó al declarar como testigo en el juicio oral que se sigue a la ex presidenta Cristina Kirchner, ex funcionarios y empresarios procesados por supuestos sobornos.

Sin embargo, antes de iniciar el interrogatorio de este jueves en la Sala AMIA del subsuelo de Comodoro Py, en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro, el presidente del TOF 7 Enrique Méndez Signori advirtió que al finalizar la jornada de la audiencia anterior había quedado un micrófono abierto y que mientras aún se grababa se llegó a escuchar un insulto. Se trataba, detalló, del abogado José Manuel Ubeira, que llamaba “hijo de puta” a alguna persona.

“Imagino que pensó que el micrófono estaba silenciado, pero lo cierto es que la frase se pudo escuchar. Desconozco la motivación del insulto y el destinatario”, agregó el juez dirigiéndose al defensor del imputado Oscar Thomas. “Corresponde exhortarlo puntualmente a que se abstenga de hacer manifestaciones que puedan resultar injuriantes o descalificatorias de cualquiera de las partes en el marco del juicio. Son impertinentes, no tienen que ver con el objeto del debate y conspiran contra el correcto y normal desarrollo de las audiencias”, advirtió Méndez Signori.

Como respuesta, Ubeira pidió disculpas y aclaró: “Salió el nombre de Stornelli y dije: ‘Sí, ese hijo de puta’. Eso fue lo que pasó”.

Los euros y la caja

El testigo dijo que Centeno le contó que “una de las tantas veces que lo llevaba a Baratta a la Quinta Presidencial de Olivos, en el asiento de atrás tenía unos bolsos, abrió uno y vio que estaban llenos de billetes de 500 euros. Me dijo ‘tengo una tentación de robármelos y le digo ‘negro no vas a llegar vivo ni a Maipú ni Libertador, ni se te ocurra’”. Recordó el episodio ante una pregunta de Mariano Galpern, representante de la querella por la Unidad de Información Financiera.

Sobre la caja que Centeno le entregó, dijo que cuando la recibió no la abrió pero “tenía una idea clara de lo que había adentro”, expresó Bacigalupo al comienzo de su declaración como testigo en el juicio oral por el caso Cuadernos al responder preguntas de la fiscal Fabiana León.

El testigo de 81 años ratificó que Centeno le pidió guardar la caja cerrada con cinta de embalar por los problemas que tenía por entonces con su ex pareja Hilda Horovitz. Además recordó que luego la mujer, siempre en base a lo que le contó Centeno, fue al juzgado federal de Claudio Bonadio donde tramitaba otra investigación penal por la compra de Gas Licuado en el kirchnerismo y lo denunció.

“Me enteré por boca del señor Centeno, se presenta, lo denuncia, tenían inconvenientes de pareja, lo denuncia respecto de conductas que él tenía y punto. No punto no. En un momento dado la señora Horovitz les pedía dádivas para no abrir la boca tanto al señor Baratta como al señor Centeno. Estoy repitiendo todas palabras del señor Centeno”, aclaró.

Bacigalupo refirió que “no hay ninguna prueba más allá del testimonio”. Horovitz logró los fondos para comprarse un departamento y “el señor Centeno la denunció por extorsión”, narró sobre los hechos previos que derivaron en la entrega de la caja que luego se supo contenía los cuadernos para que la guardara.

Centeno concurrió a la audiencia y escuchaba en primera fila a Bacigalupo. De hecho al inicio y al responder las preguntas de rigor, el testigo dijo ser sargento retirado de la Policía Federal e informó que de los acusados sólo conoce al remisero arrepentido. “Al que conozco está aquí en la sala”, manifestó y lo señaló con el dedo. “Es el sargento retirado del Ejército Argentino Oscar Bernardo Centeno”.

“El señor Centeno en un momento dado me pide si le puedo guardar un material, una caja con papelería que tenía. Tenía miedo de que esto trascendiera porque estaba en problemas con Horovitz. No la abrí pero tenía una idea clara de lo que había adentro”, explicó y recordó que le preguntó a Centeno. “Son todas anotaciones que hice día a día respecto de mi trabajo”, contó que le respondió su amigo.

La apertura de la caja

Luego contó en detalle cómo y por qué le entregó la caja más de un año después al periodista Diego Cabot, que era su vecino y refirió que fue en ese momento cuando se abrió por primera vez.

Ambos estaban en el departamento de Bacigalupo. “Tengo una caja que me entregó el chofer de Baratta. No sé qué hay adentro, está a tu disposición si querés venir a verla. Un día me dijo que sí y subimos los dos juntos a mi departamento”, refirió.

Adentro de la caja estaban los cuadernos. “Una cosa curiosa. Yo jamás puse mano en los cuadernos en ningún momento. Veo que el hombre abría los ojos como vaca mirando el tren. Me dijo: ‘¿Vos sabés lo que es esto? Es tremendo esto. ¿Qué querés hacer?“, recordó.

Bacigalupo le respondió que él hiciera lo que considerara que tenía que hacer y entonces el periodista se llevó la caja. Era enero de 2018.

Poco después, el ex funcionario de Planificación Roberto Baratta y el ex jefe de esa cartera Julio De Vido recuperaron la libertad en la causa Gas Licuado y Centeno le pidió la caja. “¿Por qué? Tendría que responderlo él", acotó ante otra pregunta de la fiscalía.

“La caja estaba en poder de Cabot. Lo llamo y le digo que me la tiene que devolver porque Centeno me la está reclamando. Lo entretuve a Centeno con excusas hasta que Cabot me trae la caja un día. Centeno estaba en mi casa. Vivo en un tercer piso con balcón a la calle. Baja Cabot, me entrega la caja abierta, subo y se la doy a Centeno. Ahí se produce un cruce de palabras. Me dice algo así como: ‘¿Cómo que la caja está abierta?’. Le respondí: ‘Es lógico, ¿cómo no va a estar abierta? Yo tenía que saber lo que había adentro’. Entonces me dijo: ‘Vos estuviste haciendo negocios con esto’. Se fue, se llevó la caja y no lo volví a ver", refirió.

Bacigalupo contó que vio a su ex amigo una vez más luego de ese episodio, cuando fue a declarar a tribunales “sobre una propiedad que Baratta había comprado para poner un salón de fiestas. Centeno era el hombre de confianza de Baratta y seguía trabajando con él cuando dejó el Gobierno. Seguía supervisando esa obra junto con la esposa de Baratta.”, dijo.

La declaración judicial

Luego contó cómo declaró en la causa judicial y en ese marco refirió que el fiscal federal Carlos Stornelli fue a su casa junto al periodista Cabot para hablar del tema.

Según relató, el periodista lo llamó un día para explicarle que el caso había llegado a la Justicia y era necesario que declarara como testigo. Le dijo que sí y entonces fue a su casa junto a Stornelli. “Lo pongo en conocimiento de que su amigo Oscar Centeno está preso. Es necesario que usted preste una declaración testimonial porque, sino, se nos complica la causa’, refirió Bacigalupo que le habría dicho el fiscal.

“Le respondí que sí. Cabot se ofreció a llevarme. Les dije: ‘¿Por qué no ahora?’. Y así fue: salimos de mi casa, el doctor Stornelli me trasladó a Comodoro Py y me llevó al despacho del doctor Claudio Bonadio. Allí presté esta declaración testimonial, en presencia del doctor Bonadio. "Ratifico plenamente esa declaración." Sobre ese trámite judicial mencionó que “solamente” le “quedó grabada una frase”. “Lo tenía a Bonadio sentado frente a mí y me dijo: ‘Le agradezco mucho. Si usted no hubiera declarado, esto no podía continuar’. Y agregó: ‘Esta es la frutilla que le faltaba a la torta de mi vida para completar’. Al doctor Bonadio no lo vi nunca más.”

A la hora de preguntar las defensas buscaron saber por qué entregó la caja a un periodista y no a la Policía, como dijo poco antes que había pensado como posibilidad en un primer momento. El abogado de Roberto Baratta, Marcos Aldazábal, le preguntó por su carrera en la policía, manifestó que estuvo en el área de Asuntos Jurídicos. Luego, fue remisero y en ese marco conoció a Centeno, quien lo llevó a trabajar al Ministerio de Planificación Federal. “El ya era chofer exclusivo del señor Baratta”, refirió.

La audiencia entró en un cuarto intermedio poco después de las 11 ante un planteo vinculado al tipo de preguntas que se le hacían al testigo y retomó pasado el mediodía con el interrogatorio de las defensas.

La defensa de Baratta le preguntó si estaba al tanto de la obligación de un policía de denunciar al tomar conocimiento de un delito de acción pública, en alusión a lo que había contado sobre los dichos de Centeno vinculados a los “billetes de 500 euros” en la quinta de Olivos. “Cómo iba a denunciar un supuesto? No se olvide que el doctor Kirchner era el presidente de la Nación y Baratta el segundo de Julio De Vido, cómo lo pruebo?”, respondió.

Los planteos previos

Al inicio de la jornada el abogado defensor del empresario Armando Loson, Ricardo Gil Lavedra, reclamó que se evite interrogar a Bacigalupo sobre la denuncia que presentó este acusado vinculada a supuestas adulteraciones en los escritos de Centeno y que tramita de manera paralela en otro juzgado penal. El ex policía tiene falta de mérito en el caso.

Bacigalupo respondió preguntas bajo juramento de verdad ante el Tribunal Oral Federal 7 pero llegó a la audiencia mientras continúa bajo investigación en esta otra causa paralela que busca determinar si hubo adulteraciones en las anotaciones originales de Centeno y si él fue el responsable.

Bacigalupo y Centeno

El caso Cuadernos nunca hubiera llegado a Comodoro Py de la manera en que lo hizo de no ser por la decisión que tomó Bacigalupo un año y medio después de recibir los escritos de Centeno en una caja. Le pidió que se los cuidara porque temía un allanamiento en su casa por otra causa penal, Gas Licuado, en la que su pareja hasta entonces, Horovitz, había ido a declarar y mencionó la existencia de bolsos, recorridas y anotaciones al respecto.

Bacigalupo y Centeno se conocían del trabajo en una remisería. En enero de 2018 el primero le dio la caja al periodista de La Nación, Diego Cabot.

Desde que comenzó el juicio oral, el arrepentido Centeno guardó silencio. Asistió a unas pocas audiencias, entre ellas la de la declaración de Cabot. Sólo tomó notas sentado junto a su defensor oficial. Pero durante la investigación que estuvo a cargo del fallecido juez federal Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli dijo en su indagatoria que entregó sus escritos a Bacigalupo porque quería “resguardarlos” de su ex pareja en una relación que andaba mal.

Su ex jefe en el ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta estaba detenido en la causa Gas Licuado. Cuando fue excarcelado, Centeno le reclamó los cuadernos a Bacigalupo. Fue entonces que el periodista los fotografió para luego devolverlos. Se perdió el rastro y tiempo después, cuando el caso ya estaba en instancia de juicio oral, Cabot recibió un llamado de un desconocido que lo citó para devolverle seis de los ocho cuadernos originales, según contó en el juicio oral.

Esa documentación fue llevada al fiscal Stornelli, quien los remitió al TOF7 y desde entonces se guardaron en una caja fuerte en la sede del Tribunal, en el Palacio de Justicia. De allí salieron rumbo a Comodoro Py por primera vez y mucho tiempo después, cuando comenzaron las declaraciones de los testigos de manera presencial.

“Mi amigo se perjudicó él, no yo”

En otro pasaje del largo interrogatorio al ex sargento retirado de la Policía Federal, el defensor José Manuel Ubeira, tomó la palabra para sumarse a la ronda de preguntas. Allí le consultó al testigo si, al momento de entregarle los cuadernos al periodista Cabot no había evaluado si con esa acción podía llegar a perjudicar “a su amigo Centeno”. Bacigalupo contestó: “Mi amigo se perjudicó él, no lo perjudico yo”.

Ubeira insistió con la consulta. “Yo lo que evalué era el daño que se provocó a nuestro país. Si Centeno tiene un perjuicio, él es el causante, no yo, ¿está claro?“, respondió.

“¿Usted consideraba que él era parte de la maniobra?“, continuó el abogado. “Sí, porque él fue el autor de llevar esa correlatividad de los hechos que sucedieron. ¿Cuál era el fin por el que Centeno lo hizo? Pregúnteselo a Centeno”, expresó el testigo de 81 años.

Luego Bacigalupo comentó que al enterarse de la detención del autor de las anotaciones pensó que era “lo lógico”, ya que “estaba bien consciente de lo que sucedía” tras consignar “como en un libro de guardia” los distintos viajes y pagos.

“Acá hay una responsabilidad sobre lo producido en los cuadernos y lo que hoy se está juzgando; hay una responsabilidad muy grande que nos afectó a todos los que estamos en este país, a los que vivimos acá. Vuelvo repetir: a todos”, aseveró el testigo.

Cuarto intermedio mediante para almorzar, otro de los defensores que pidió la palabra fue Gabriel Palmeiro, representante de Julio De Vido y Juan Pablo Schiavi, quien solicitó más precisiones respecto a lo que Centeno le había contado a Bacigalupo respecto al contenido de los “apuntes” que guardó durante meses en su dormitorio a pedido de su dueño. “Yo no tuve acceso a los cuadernos: lo que sabía respecto a ellos, lo repito por enésima vez, fue lo que Centeno me dijo (...); que anotaba todo lo que sucedía en el trabajo día por día. El fin específico de esos cuadernos no lo sé y nunca me lo dijo”.

Poco después, respecto a la entrega del material, aclaró: “Todos los acontecimientos -relatados- en los cuadernos justifican lo que yo hice”.

Suspensión de la audiencia

Tras casi ocho horas de declaración testimonial y luego de un nuevo receso solicitado por el testigo, el Tribunal Oral Federal N° 7 porteño decidió interrumpir la audiencia y retomarla el próximo martes a las 9 de la mañana. La determinación fue comunicada por el presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori, quien fundamentó la medida en la extensión de la jornada, el cansancio acumulado y la necesidad de resguardar el normal desarrollo del debate.

“El tribunal tomó la decisión de suspender la audiencia en esta oportunidad y continuar el martes próximo en razón de distintas circunstancias que ha ponderado”, señaló el magistrado al cierre de la jornada. A continuación, precisó que “la declaración se ha extendido por casi 8 horas” y remarcó que el testigo, Jorge Bacigalupo, “tiene 81 años”, lo que “genera, obviamente, la fatiga tanto para el declarante como para todas las personas presentes en esta sala y conectadas de manera virtual”.

Méndez Signori, acompañado por los jueces Germán Castelli y Fernando Canero, indicó además que durante la extensa exposición el testigo “se ha explayado largamente sobre los temas centrales por los cuales ha sido convocado para este debate” y advirtió que, hacia el final de la jornada, comenzaron a aparecer “precisiones de las defensas que no han tenido oportunidad de preguntar”, situación que derivó en incidencias y demoras adicionales.

“En razón de la confusión que puede generar en el testigo a partir del cansancio derivado de estas 8 horas, entendemos que es razonable hacer una suspensión en este momento de este acto y continuar el martes próximo”, añadió el titular del debate.

En ese contexto, el magistrado exhortó a las partes a formular preguntas concretas y evitar reiteraciones durante la sesión prevista para la próxima semana. “Les pido a las partes que en la audiencia que comenzará el martes a las 9 horas sean precisas en las preguntas y evitemos reiteraciones sobre lo que ha declarado largamente en estas 8 horas”, manifestó Méndez Signori, quien consideró que de esa manera “se va a asegurar plenamente el ejercicio de la defensa”.

Durante el intercambio posterior, la abogada Laura Fechino, defensora de Hernán Gómez, consultó si existía la posibilidad de habilitar una audiencia excepcional para este viernes, al sostener que “la incomunicación del testigo es la norma”. Sin embargo, el planteo fue rechazado en el acto. “El tribunal tiene una agenda sumamente compleja, así que, como dije, nos vamos a volver a ver el día martes a las 9 horas. Los planteos pendientes formulados por las partes quedan para la audiencia próxima”, respondió Méndez Signori.

Antes de finalizar la jornada, el abogado Carlos Beraldi, defensor de Cristina Kirchner, pidió que, “en la medida de esta reprogramación”, también se reorganice “la agenda de los próximos testigos”.

Hasta antes de la suspensión dispuesta por el TOF 7, el cronograma del juicio preveía que el próximo 19 de mayo compareciera Hilda Horovitz, ex pareja del chofer Centeno. Para el 21 de mayo estaban convocados la ex secretaria de Néstor Kirchner Miriam Quiroga, Julio César Silva, Ignacio Laplacette y Orlando Ramón Jancik.

En tanto, el 26 de mayo tenían previsto declarar el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, el financista arrepentido en la causa conocida como la “ruta del dinero K”, Leonardo Fariña, y la ex diputada Mariana Zuvic.

La causa por las adulteraciones

En ese expediente, la Sala I de la Cámara Federal de Buenos Aires revocó el procesamiento que pesaba sobre el ex policía Bacigalupo por los delitos de encubrimiento agravado y falsificación de documento público, y le dictó una falta de mérito.

En esa decisión, se consideró “imperioso” que el tribunal oral que tiene bajo resguardo los cuadernos originales los remita para realizar una nueva pericia caligráfica que permita determinar si las adulteraciones detectadas fueron realizadas por Bacigalupo.

En paralelo, el empresario querellante en esa denuncia y uno de los juzgados ahora en el debate oral Armando Losón puso el foco en las conclusiones del peritaje realizado sobre los cuadernos originales, actualmente bajo custodia del Tribunal Oral Federal 7. Su abogado, Ricardo Gil Lavedra, había pedido sostener el procesamiento “más allá de que no podía afirmarse categóricamente la autoría de Bacigalupo en las diversas enmiendas halladas”.

El juicio se desarrolla ante los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori.

El debate oral comenzó el 6 de noviembre del año pasado. La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner está siendo juzgada como presunta jefa de una asociación ilícita que habría funcionado dentro del Poder Ejecutivo Nacional entre 2003 y 2015. También está acusada por 205 hechos de presunto cohecho pasivo, vinculados al supuesto pago de sobornos por parte de empresarios para obtener adjudicaciones de obra pública.

Junto con la ex mandataria se juzga a 19 exfuncionarios, dos de sus choferes y 65 empresarios.

La Cámara en lo Penal Económico rechazó el intento de la Asociación del Fútbol Argentino y de su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, para revertir la decisión que declaró desierta su apelación en la causa. La asociación y el dirigente están procesados, con embargos de 350 millones de pesos, por presunta retención indebida de aportes impositivos y de la seguridad social vinculada a clubes del fútbol argentino.

La Sala “A” del tribunal de apelaciones confirmó que la defensa no cumplió con presentar su ampliación de argumentos en el plazo fijado para sostener la apelación y, ante ello, rechazó dos recursos que el abogado Luis Charro había presentado contra esa decisión. Uno de ellos era un recurso de reposición para que los mismos jueces dieran marcha atrás con su resolución y, el otro, para llegar con el planteo hasta la Cámara Federal de Casación, instancia superior de revisión.

El faltazo de la AFA y “confusión”

En la resolución, los camaristas Carolina Robiglio y Roberto Hornos recordaron que se había fijado una audiencia y quienes buscaron postergarla hicieron planteos que fueron resueltos de manera individual, previa a la fecha, y que tenían validez para cada caso en particular. No fue lo ocurrido con Tapia y la AFA como persona jurídica.

“La asistencia a la audiencia señalada o la presentación de un memorial en sustitución de aquella audiencia es la manera de exteriorizar la vigencia del interés del recurrente ante el tribunal revisor”, explicaron en la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Tanto el fiscal ante la Cámara, Gabriel Pérez Barberá, como la querella de ARCA se opusieron a revisar lo resuelto en torno a la AFA y Tapia, que desde ahora dependerán de la suerte que corran las apelaciones de sus consortes de causa, entre ellos el tesorero Pablo Toviggino, porque los jueces no analizarán de manera particular los argumentos de su apelación.

Sobre los procesados pesa un pedido para agravar la acusación por parte de la fiscalía y ARCA, mientras que las demás defensas reclamaron los sobreseimientos. El Tribunal de Apelaciones ya recibió los argumentos y quedó desde esta semana en condiciones de resolver.

La defensa de AFA y Tapia no asistió a la audiencia fijada en primer lugar sin pedir prórroga a tiempo y esa “falta de presentación por parte del mismo de un memorial sustitutivo de la audiencia oral, es asimilable a una deserción del recurso de apelación”, sostuvo la Cámara.

La defensa de Tapia había argumentado que existió una confusión respecto de la fecha de la audiencia, ya que entendió que la postergación concedida a otras partes alcanzaba también a la AFA. Sin embargo, la Cámara rechazó ese planteo y afirmó que “las postergaciones de la audiencia fueron concedidas únicamente para quienes lo habían solicitado, sin dejar margen de interpretación a las partes restantes”.

En ese sentido, el tribunal consideró “elocuente” que “las tres partes restantes que no solicitaron la postergación de la audiencia presentaron el memorial respectivo en forma previa a aquel acto”.

Los camaristas advirtieron que el cumplimiento de los términos, las formas y los modos previstos por el ordenamiento procesal constituyen una garantía para las partes.

Por último, rechazaron el recurso de Casación presentado por la defensa al considerar que la resolución no constituye una sentencia definitiva ni genera un perjuicio irreparable.

Lo ocurrido impedirá a Tapia y la AFA seguir defendiéndose de la acusación por no depositar en el plazo legal los 19.000 millones de pesos que fueron retenidos en aportes, y que derivó en el procesamiento resuelto por el juez en lo penal económico Diego Amarante. También rige un embargo por 350 millones de pesos y, en el caso del presidente de la Asociación, prohibición de salida del país.

Su defensa sostuvo que no hubo desinterés ni abandono del planteo, sino en todo caso “un error de interpretación” en medio de una secuencia procesal confusa, con audiencias reprogramadas y múltiples imputados.

En esa línea, advirtió que la sanción aplicada resultó desproporcionada porque “no existe afectación alguna al trámite del proceso ni perjuicio para las restantes partes”, mientras que sí implica la pérdida de una instancia de revisión judicial.

La audiencia, que había sido fijada para el 24 de abril, buscaba escuchar los argumentos en persona o por escrito, pero la defensa se presentó recién el 28 de abril, fuera del plazo legal.

“El cumplimiento de los términos constituye una garantía para las partes y al exigirse estrictamente el respeto de aquellos se garantiza el principio de bilateralidad que forma parte de la garantía del debido proceso, se asegura a los litigantes el derecho de defensa en juicio establecido por la Constitución Nacional.”, argumentaron los camaristas al declarar desierto el recurso de Tapia y de la AFA como persona jurídica.

El empresario Martín Migueles habría pagado para hacer insertar con “Photoshop” datos falsos en facturas de servicios públicos de gas, luz y telefonía, para constituir o regularizar agencias de cambio y asociar a distintas personas con sociedades bajo sospecha, en el entramado delictivo que investiga el fiscal federal Franco Picardi.

Se trata de presuntas maniobras multimillonarias de “rulo cambiario” con la compra de dólar a precio oficial durante el cepo y su posterior venta a valor blue, en 2023.

Una conversación, rescatada de la extracción de datos de su celular, mostraría cómo pide a un contacto al que llegó a través de un familiar que altere facturas de servicios mediante Photoshop.

En el descargo que presentó el lunes último de manera espontánea en Comodoro Py, el empresario se refirió al tema como las “facturas editadas con Photoshop”, admitió que existieron pero dijo no recordar “con precisión si esos archivos fueron efectivamente utilizados”, pero creía que finalmente no se usaron. “Considero indispensable que se verifique si tales documentos fueron o no presentados ante algún organismo”, agregó.

El pedido de las facturas

“Ale querido ¿qué hacés? Martín Migueles“, se presentó. “Escuchame, boludo, necesito un favor, obviamente te lo pago. Es yo te paso una factura de Edenor y de Metrogas y le tenés con Photoshop cambiarle el nombre, la dirección y hacer un par de cosas. ¿Me lo podés hacer eso amigo? Te pago, te transfiero la plata y demás. Es para hacerlo para cuatro personas, una factura para cada uno… cuatro facturas en total. Por ahora eso. ¿Se puede?”. Su interlocutor le dio el ok y el tema avanzó.

Según la acusación, las facturas apócrifas de luz, gas y telefonía eran utilizadas para constituir o regularizar agencias de cambio vinculadas al entramado investigado y asociar a distintas personas con sociedades bajo sospecha.

Los investigadores sostienen que, tras ese primer contacto, coordinó la confección a nombre de personas y firmas relacionadas también con su socio e imputado, Elías Piccirillo, exmarido de la vedete Jésica Cirio.

Las imágenes de estas facturas se encontraron en el celular de Migueles, al igual que el comprobante de pago por esos “servicios”. Hubo instrucciones concretas sobre qué documentación debía falsificarse y a nombre de quiénes. Entre los nombres mencionados figuraban familiares de Piccirillo y agencias de cambio.

Agencias como fachada

En la acusación fiscal, conocida luego de levantarse el secreto de sumario en la causa. que también abarca presuntos pagos de sobornos para acelerar trámites de importación y acceso a dólar oficial, se remarcó que estos diálogos “refuerzan la idea de que muchas de las cadenas de transacciones entre las agencias de cambio eran falsas o simuladas”, y que varias de esas firmas actuaban como “fachadas” sin actividad cambiaria real, destinadas a comprar dólares al tipo de cambio oficial y luego venderlos en el circuito paralelo, además de ocultar la trazabilidad del dinero.

Horas después del pedido inicial, Migueles recibió en su teléfono los archivos con las facturas de servicios falsas emitidas a nombre de dos familiares de Piccirillo y otros dos implicados en la investigación, todas correspondientes a luz y gas. Luego, realizó nuevos encargos vinculados a facturas telefónicas, lo que para la fiscalía demuestra “la continuidad y perfeccionamiento de la práctica”.

Se daban instrucciones de los requerimientos necesarios para que resultaran idóneas “a fin de generar el engaño ante le organismo o entidad en la que serían presentadas, presumiblemente el propio BCRA o la Inspección General de Justicia“.

La fiscalía destacó que varias de las personas y empresas utilizadas en las facturas falsas estaban directamente relacionadas con la casa de cambio de Migueles, ARG Exchange S.A., ya sea por integrar su directorio, poseer acciones o mantener vínculos con otras agencias que operaban junto a esa firma. También remarcó los lazos familiares con Piccirillo. “La producción de facturas apócrifas de servicios no constituye un hecho aislado ni neutral, sino que se inserta de manera directa en la maniobra delictiva bajo investigación”, sostiene la investigación fiscal. La falsificación de facturas revela la intención de “evitar la utilización de datos reales o verificables” en una actividad sometida a controles estrictos.

Qué dijo Migueles

El lunes pasado, a primera hora, Migueles junto a su abogado Yamil Castro Bianchi se presentaron en la mesa de entradas de la fiscalía de Picardi en Comodoro Py 2002 y dejaron un descargo escrito.

Allí la ahora ex pareja de Wanda Nara explicitó no recordar si esos archivos digitales fueron efectivamente utilizados y pidió que se determine si alguna documentación de la mencionada fue realmente presentada ante organismos oficiales. “No debe confundirse la existencia de un archivo digital o una conversación con su efectiva utilización en un trámite administrativo”, argumentó.

Según la imputación fiscal, ARG Exchange S.A. “habría actuado como un intermediario en operaciones de compra y venta de dólares para canalizar divisas hacia el mercado paralelo”, facilitando “la extracción de divisas del mercado oficial y su eventual desvío hacia circuitos paralelos”. El fiscal sostuvo además que, de acuerdo con información del Banco Central, durante 2023 la firma realizó 729 operaciones por más de USD 251 millones.

Migueles sostuvo que nunca compró dólares personalmente y afirmó que la agencia operaba “bajo las normas del Banco Central, con boletos diarios y registros respaldatorios”. También aseguró que ARG Exchange realizaba operaciones “por mayor entre entidades financieras o agencias habilitadas” y que, si otras casas de cambio retiraban dólares o los destinaban a otra finalidad, “eso no era decidido por mí ni estaba bajo mi control”.

Otro de los ejes centrales del expediente son las conversaciones vinculadas a las SIRA y presuntas gestiones informales para agilizar importaciones. Picardi interpretó esos diálogos como parte de un circuito irregular asociado a contactos con funcionarios y operadores. Migueles negó haber pagado sobornos o tenido vínculos directos con funcionarios públicos. Según su versión, actuó únicamente como intermediario y los porcentajes mencionados en chats eran referencias sobre “lo que cobraban terceros”.

El fiscal contextualizó además las maniobras en los años de cepo cambiario, cuando la mayoría de los argentinos sólo podía acceder a USD 200 mensuales en el mercado oficial.

Migueles reclamó que cualquier evaluación sobre su patrimonio se haga sobre “documentación objetiva: titularidad registral, contratos, transferencias, comprobantes, mutuos, declaraciones impositivas, extractos bancarios y pericias contables”.

El juez federal Julián Ercolni procesó este martes a la ex fiscal Viviana Fein por presunto “encubrimiento agravado” por ser el delito previo “especialmente grave” y por su condición de funcionaria pública en la causa que investiga irregularidades en la investigación de la muerte del fiscal Alberto Nisman. La decisión incluyó un embargo por 15 millones de pesos, de acuerdo a la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

La ex fiscal ya jubilada “no preservó debidamente la escena del hecho ni recolectó todos los elementos probatorios que allí se encontraban”, concluyó el juez en la resolución donde reiteró que para la Justicia está probado que Nisman fue asesinado en su departamento de Puerto Madero el fin de semana del 17 y 18 de enero de 2015.

“A raíz de la muerte violenta del fiscal federal Natalio Alberto Nisman en el complejo Le Parc Puerto Madero” intervino la fiscalía que en ese entonces presidía Fein y las conductas por las cuales ahora se la procesó “permitieron la alteración de la escena del crimen, perpetrada por el accionar de la propia fiscal y de quienes se encontraban allí presentes bajo su órbita y afectó de este modo en forma directa el correcto desarrollo y el resultado de la investigación”, evaluó el magistrado.

Nisman investigaba el atentado a la AMIA y días antes de aparecer muerto con un disparo en la cabeza en el baño de su departamento había denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner por supuesto encubrimiento de ese ataque terrorista a raíz de la firma del Memorandum con Irán.

Las “deficiencias” en las primeras horas dentro de la escena del hecho “generaron un grave perjuicio para el curso de la investigación del homicidio del fiscal federal N. Alberto Nisman”, dado que provocaron la pérdida y/o alteración de evidencias e impidieron reunir todos los elementos que se debían resguardar en una potencial escena del crimen como lugar y momento trascendentales para la recolección de elementos probatorios”, agregó la resolución judicial.

En la resolución de 114 carillas se enumeraron las falencias que contribuyeron al descontrol que para la acusación hubo en la escena del hecho, como por ejemplo lo ocurrido con el arma de la que salió el disparo, Según reconstruyó el juez, estuvo en diferentes lugares del departamento sin la debida cadena de custodia.

Situación de descontrol

En su defensa, Fein argumentó que no tenía control sobre las tareas concretas de las fuerzas de seguridad que llegaron al lugar. Pero en el procesamiento se advirtió que por su función, en la investigación de causas con autor desconocido, “no podía resultar ajena a la actuación de aquellos agentes que intervinieron en carácter de auxiliares de la justicia”.

El juez enumeró las falencias atribuidas a la entonces fiscal, como “directora de la investigación”: “circunscribió de manera deficiente la escena del hecho limitándose únicamente al interior del departamento donde residía el Dr. Nisman; tardó casi una hora y media en arribar al lugar". Al llegar, “no adoptó medidas para revertir la situación de descontrol en la cual se encontraba la escena del crimen, ni dejó constancia de ello y/o certificó la identidad de la totalidad de las personas que de manera injustificada allí se encontraban y los motivos de su presencia en el lugar”. Además “ingresó a la escena del hecho sin la vestimenta debida para tal fin; permitió la libre circulación en el lugar del hecho de personas que carecían de roles asignados, sin identificación, control o registro suficiente, sin haber fiscalizado su accionar”.

“También permitió el ingreso a la escena del hecho de individuos sin la vestimenta debida para el trabajo pericial; manipuló y/o permitió la manipulación y alteración de elementos probatorios sin la debida autorización ni el correcto resguardo y; no recopiló ni advirtió la existencia de elementos de prueba esenciales para la investigación”, enumeró.

En base a todo ello “se pudieron determinar aquellas situaciones que afectaron el lugar del hecho y los posibles indicios o rastros que se perdieron, todo lo cual fue debidamente precisado y acreditado”, concluyó.

Encubrimiento agravado

El juez procesó a la ex fiscal por la figura penal que había reclamado el fiscal del caso Eduardo Taiano en un dictamen entregado de manera posterior a la declaración indagatoria de Fein. La decisión podrá ser apelada por la defensa a cargo del abogado Lucio Simonetti ante la sala II de la Cámara Federal porteña.

Al ser indagada Fein rechazó las acusaciones, defendió su accionar en la investigación y reclamó ser sobreseída. En su indagatoria el 24 de febrero pasado sostuvo que la acusan en base a “conjeturas” y para buscar “una respuesta” a lo que para ella fue el fracaso de la causa por la muerte de Nisman “a partir de responsabilizar a aquellos que realizaron la investigación en un primer momento”.

En la causa están procesados como supuesto partícipe necesario del hecho el técnico informático Diego Lagomarsino, quien según relata llevó a pedido de Nisman el arma de la que salió el disparo y los custodios que entonces estaban asignados a proteger al fiscal de la UFI AMIA por supuesto incumplimiento de deberes.

El Tribunal que condenó a la expresidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión en la causa Vialidad aguarda una respuesta de la Corte Suprema de Justicia para avanzar con el decomiso de bienes, que fue parte de ese veredicto y quedó confirmado por la Cámara Federal de Casación.

En concreto, el Tribunal Oral Federal 2 envió un oficio a la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura del máximo tribunal del país para que considere y determine si alguno de los bienes inmuebles sujetos a decomiso “será afectado y asignado, por razones de un mejor servicio de justicia, para su propio uso o para el del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación”, según el texto al que accedió Infobae.

La misiva fue firmada por el juez del TOF2 Rodrigo Giménez Uriburu en el marco de la puesta en marcha de decomiso, contra el que la defensa de la ex presidenta presentó esta semana un recurso extraordinario ante la Corte.

Se trata de propiedades de los condenados Cristina Kirchner y el dueño de “Austral Construcciones”, Lázaro Báez, quien también recibió una pena de seis años de prisión por administración fraudulenta, a raíz de la adjudicación irregular a su favor de obras viales en Santa Cruz durante el kirchnerismo.

El destino de los bienes

Apenas se firmó el fallo de Casación que validó el decomiso sobre 111 bienes, incluidas 19 propiedades heredadas o recibidas en cesión por Máximo y Florencia Kirchner, el TOF2 informó de ello a la Corte y requirió la información sobre si hay bienes sobre los cuales dispondrá el máximo tribunal.

Cuando ordenó el decomiso el año pasado, el Tribunal que llevó adelante el juicio Vialidad destacó que la Corte Suprema es administradora de los bienes recuperados y evaluó que se podría -por estrictas razones de justicia- destinar parte de ellos a la ciudadanía santacruceña, afectada por la maniobra de corrupción.

La expresidenta presentó ya un recurso extraordinario federal contra la resolución de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal que confirmó el decomiso de bienes, tanto para ella como para Máximo y Florencia Kirchner. Ese último tribunal debe resolver si concede el recurso o lo deniega. Si se da esta última posibilidad, solo quedaría ir en queja directa ante la Corte.

El monto actualizado para el decomiso de todos los condenados es de $684.990.350.139,86, una decisión que para la defensa no está firme todavía.

Los hijos de la expresidenta pidieron conservar 19 bienes, que incluyen 10 departamentos y 2 casas en Río Gallegos, y varios terrenos ubicados en Lago Argentino, provincia de Santa Cruz.

Cuando apeló la decisión del TOF2, el apoderado de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, Luis Goldín, alegó que los hijos de Cristina Kirchner no están condenados y por ende no corresponde incluir sus propiedades entre los bienes sujetos a futuros remates o a fines sociales. Y advirtió por una lesión al derecho de propiedad y vulneración del principio de inocencia y del debido proceso.

Decisión de Casación

Casación ratificó en abril último la recuperación efectiva de activos por corrupción y consolidó el criterio de que “los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aún cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados”.

El Tribunal ratificó que la ley contempla que la medida pueda ir más allá de la persona del condenado. “El decomiso no persigue castigar a los actuales titulares, sino recuperar para el Estado aquellos bienes cuya causa jurídica se encuentra afectada por su vinculación con el delito ya juzgado”, sostuvo el camarista Gustavo Hornos en su voto.

Cuando ordenó avanzar con la sentencia, el Tribunal Oral fijó una ventana temporal y ordenó a la fiscalía a cargo de Diego Luciani identificar bienes inmuebles adquiridos por los condenados entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, período delimitado por el tribunal como relevante para la maniobra delictiva. El fiscal incluyó los bienes de los hijos de CFK en este listado.

El celular del contratista que hizo la reforma en la casa del club de golf Indio Cua del jefe de Gabinete Manuel Adorni será peritado por un cuerpo especializado luego de un primer intento infructuoso para abrirlo e intentar recuperar mensajes que ambos intercambiaron sobre los trabajos que el testigo valuó en 245 mil dólares. Se hará en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito abierta al funcionario nacional.

Se trata del iPhone 15 de Matías Tabar, entregado al fiscal federal Gerardo Pollicita el día en que declaró como testigo y detalló ítem por ítem los trabajos que se hicieron en la casa de Exaltación de la Cruz que figura a nombre de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti. Según explicaron a Infobae fuentes del caso, no pudo accederse al contenido del teléfono en un primer intento en otro organismo, la DATIP, y ahora se derivó al Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal porteño. Del procedimiento participarán un perito de parte designado por la defensa de Adorni, a cargo del abogado Matías Ledesma, y otro de la fiscalía. Mientras tanto, el celular que entregó Tabar permanece bajo custodia en sede judicial.

Mensajes borrados

El objetivo es intentar recuperar los mensajes borrados luego que durante su declaración el mismo Tabar mostró al fiscal dos intercambios de WhatsApp con Adorni y la existencia de una llamada por esa vía de tres minutos de duración. Durante su testimonio, el contratista aportó pruebas clave sobre los intercambios con el funcionario. Según dijo bajo juramento de verdad, antes de presentarse a declarar recibió los mensajes y una llamada de Adorni, donde le habría ofrecido asesoramiento antes de presentarse en Comodoro Py.

Tabar dijo que Adorni le habría dicho que necesitaba hablar con él y que luego de eso dialogaron por teléfono. El funcionario le habría ofrecido ayuda o la posibilidad de que su equipo lo contactara por el tema de la declaración. El contratista le dijo al fiscal que inicialmente lo consideró, pero luego consultó con una persona que lo asesoró y decidió rechazar ese contacto para evitar que pareciera que estaban elaborando una estrategia común.

El testigo dejó su celular y aportó la clave para que sea sometido a una pericia. También se buscarán mensajes vinculados a las refacciones en la casa de Indio Cua, que declaró se pagaron en efectivo, y también a parte de lo que el contratista contó que hizo en el otro departamento de los Adorni en Caballito.

Las criptomonedas

Por otro lado, la semana pasada la fiscalía recibió un informe de una billetera virtual que dio cuenta de operaciones con criptomonedas vinculadas al Jefe de Gabinete, principalmente desde fines de 2024 a principios de 2025, según supo Infobae de fuentes judiciales. Las operaciones de 2024 no fueron incluidas en la declaración jurada de ese año del funcionario. La investigación avanza en la trazabilidad de esos movimientos. Según se detalló, se informó “entrada y salida” con activos como BTC, ETH y USDT.

En la última declaración jurada presentada por el funcionario no figuran operaciones con criptomonedas para el periodo fiscal cerrado el 31 de diciembre de 2024. La normativa establece que este tipo de activos digitales deben consignarse entre los bienes personales del funcionario.

La Justicia también rastrea la trazabilidad de los fondos utilizados en viajes y remodelaciones. Testigos y documentación bancaria acreditan, entre otros gastos, USD 4.800 para un vuelo a Punta del Este, USD 5.140 para el regreso de Angeletti desde Nueva York a Buenos Aires, USD 5.800 para un viaje a Aruba en diciembre de 2024 y USD 8.900 en hospedaje en ese destino. El contratista Tabar afirmó bajo juramento que las remodelaciones de la casa en Indio Cua insumieron USD 245.000 en efectivo y sin factura.

Pollicita avanza en la consolidación de la información pendiente: aguarda nuevos datos de billeteras virtuales y exchanges de criptomonedas para precisar el monto total involucrado en las operaciones asociadas a Adorni y a Angeletti.

La defensa de Adorni sostiene que la publicación de su declaración jurada de 2025 permitirá esclarecer los montos movilizados y el origen de los fondos bajo investigación.

Martín Migueles rechazó este lunes las acusaciones en la causa que lo investiga por supuestas maniobras con el “rulo cambiario” durante el cepo del gobierno de Alberto Fernández, en un descargo que llevó en persona a los tribunales federales de Retiro. El empresario admitió que actuó como intermediario en gestiones con permisos de importación pero negó haberle pagado a algún funcionario público.

“Yo no le pagué a ningún funcionario público”, sostuvo en el descargo entregado en la causa que investiga el fiscal federal Franco Picardi. Migueles, pareja de Wanda Nara, explicó que tuvo contactos con una persona de nombre “Pipo” por el tema de la tramitación de los SIRA, permisos de importación, pero “si él luego hacía pagos a terceros o no, eso no era de mi conocimiento directo ni estaba bajo mi control”, enfatizó. Se presentó a primera hora, 7.30, junto a su abogado defensor.

Según explicó en el descargo al que accedió Infobae, un conocido lo consultó en relación a si conocía a alguien “pudiera ayudarlo con una SIRA. En ese contexto contacté a una persona conocida como Pipo, a quien había conocido por intermedio de Pato“, reconstruyó en el descargo. Migueles admitió que intervino como intermediario pero aseguró que no tuvo “contacto directo con funcionarios públicos ni con la persona que supuestamente podía resolver el trámite, si es que existía”.

El empresario dijo que “en el marco de “estar en la calle”“, las situaciones de intermediación ”son habituales: alguien quiere comprar un vehículo, lo contacto con un vendedor y me llevo un porcentaje; alguien quiere realizar un trámite, lo contacto con un contador, y solicito una comisión por la referencia; y así pudiera seguir al infinito", graficó. “Pero: jamás, intermedio en situaciones que sean contrarias a la Ley”, aseguró.

“Sobre los porcentajes mencionados en conversaciones vinculadas a SIRA, aclaro que esos porcentajes eran los que, según me decían terceros, se cobraban para acelerar la realización del trámite. En ese momento se hablaba de demoras de aproximadamente noventa días y se ofrecía una gestión para obtener una resolución en un plazo menor. Desconozco si esas situaciones implicaban la interposición de amparos, o reclamos administrativos”, explicó en el escrito que ya está en manos de la justicia.

Validez de la prueba

De manera paralela, la defensa reclamó “el acceso integral, efectivo y técnicamente controlable a la prueba digital” que se usó para imputarlo en la causa por el “rulo cambiario”.

Se investigan maniobras a través de casas de cambio para acceder a dólar a valor oficial durante el cepo en el gobierno de Alberto Fernández y otras con permisos de importación con igual objetivo.

La defensa pidió al respecto individualizar todos los actos procesales que habrían autorizado la obtención, secuestro, extracción forense, remisión, recepción, incorporación y utilización de esa evidencia, centralizada en su teléfono celular.

El juez federal Ariel Lijo levantó el viernes último el secreto de sumario luego de disponer allanamientos a pedido del fiscal, quien tiene delegada la investigación. A raíz de ellos se conocieron los detalles de la causa por supuestas maniobras multimillonarias con la compraventa de dólares a precio oficial para revender a valor del blue durante el cepo cambiario.

El “rulo” cambiario

Migueles está imputado, además, en otra causa penal que tiene en la mira a financistas y cambistas por más maniobras de “rulo cambiario” que lleva adelante la jueza federal María Servini, quien inhibió sus bienes. En esta última causa, como reveló Infobae, la Cámara Federal porteña confirmó restricciones para acceder a cajas de seguridad y modificar el paquete accionario de su empresa, aunque ordenó suplantar su inhibición general de bienes por un embargo.

En la pesquisa que lleva adelante Picardi se investiga a Migueles y a su socio Elías Piccirillo, el exmarido de Jesica Cirio, en base a un pendrive que aportó un expolicía arrepentido que trabajaba con este último y quedó involucrado en una causa por secuestro. Por este caso, Piccirillo está procesado bajo arresto domiciliario por montar un operativo para acusar falsamente por narcotráfico a un acreedor al que le debía dinero, Francisco Hauque. Como derivación de esta causa, se llegó a los delitos cambiarios y luego a las supuestas maniobras con los SIRA entre 2022 y 2023.

El abogado de Migueles, Yamil Castro Bianchi, sostuvo que busca “ejercer adecuadamente el derecho de defensa en juicio, controlar la legalidad, integridad, autenticidad, trazabilidad y pertinencia de la prueba digital utilizada”. Además, dejó planteada una “expresa reserva de nulidad y exclusión probatoria respecto de todo elemento que hubiera sido obtenido, extraído, trasladado, incorporado o valorado sin autorización judicial suficiente”.

La defensa cuestionó particularmente el uso del contenido del celular atribuido a Migueles y advirtió que “un teléfono celular no es un simple documento” porque contiene “una enorme cantidad de información personal, profesional, patrimonial y comunicacional”. En ese sentido, remarcó que “su análisis no puede transformarse en una búsqueda general, abierta e ilimitada”.

También reclamó conocer “cómo, cuándo, por quién, con qué autorización, con qué límites y bajo qué resguardos técnicos esa información fue obtenida e incorporada al proceso”.

En otro tramo, la presentación sostuvo que la extracción forense del teléfono habría sido utilizada de manera parcial y selectiva. “No puede consolidarse una imputación seria ni fundarse la adopción de medidas gravosas sobre una lectura parcial, fragmentaria o selectiva de una extracción digital de gran volumen”, planteó.

Además, pidió acceder a la totalidad del material técnico para verificar “la integridad de la extracción; la autenticidad de los chats; la autenticidad de los audios; la existencia o inexistencia de ediciones; la identificación de los interlocutores; el contexto anterior y posterior de cada conversación”.

Sobre el rol del ex policía arrepentido en el caso, Carlos Smith como imputado colaborador, el escrito advirtió que sus dichos “no pueden ser utilizados como soporte autónomo o suficiente para validar la expansión de una pesquisa”. También recordó que la ley del arrepentido exige que la información aportada sea “precisa, comprobable y verosímil”.

La defensa solicitó además que se incorporen “la declaración completa” del arrepentido, el eventual acuerdo de colaboración y “las constancias de corroboración de sus dichos”.

Finalmente, pidió que no se adopten “medidas gravosas” contra Migueles basadas “exclusiva o sustancialmente en fragmentos de chats, audios, imágenes, videos o transcripciones provenientes de una extracción digital cuya legalidad, integridad, autenticidad y contexto completo aún no han sido verificados por esta defensa”.

También advirtió que “la evidencia digital atribuida a Migueles proviene de otra causa”.

La acusación

Del análisis del teléfono celular de Migueles se habría determinado que, además de un complejo entramado montado a través de financieras y agencias de cambio para acceder a divisas al tipo de cambio oficial durante el cepo cambiario, habría otra operatoria con los permisos de importación. En el teléfono se encontraron conversaciones que llevan a la fiscalía a sospechar que Migueles habría intervenido en gestiones destinadas a facilitar el acceso a dólares oficiales mediante la intermediación entre empresas privadas y funcionarios estatales.

La investigación estuvo bajo secreto de sumario hasta el viernes último cuando se conocieron los pormenores del caso que involucra a Migueles y en el cual el fiscal Franco Picardi consideró que hay elementos para sostener que hubo maniobras para acceder al dólar oficial de manera irregular con los SIRA, el Sistema de Importaciones de la República Argentina. En concreto se investiga a cinco empresas, según explicaron fuentes del caso a Infobae.

Según la evidencia que maneja la fiscalía, “todo se realizaba a través de un contacto en un organismo estatal, que ofrecía gestionar la autorización de trámites a cambio del pago de sumas de dinero indebidas”: por cada gestión de aprobación se habría pagado entre un diez y un quince por ciento como retorno, en relación al valor de las importaciones en dólares valuadas al tipo de cambio oficial o “blue”.

Del teléfono de Migueles se desprendería que junto a otros investigados se ofrecía o gestionaba la posibilidad de acelerar y/o garantizar el acceso al mercado oficial de cambios a empresas importadoras mediante la tramitación rápida y favorable de solicitudes en el marco del SIRA.

Las dos causas penales que tienen en vilo a la dirigencia del fútbol argentino entraron desde este lunes en etapa de definición. Por un lado, un fiscal ratificó que la investigación que intenta determinar si la mansión de Pilar, valuada en 17 millones de dólares y a nombre de supuestos testaferros de dirigentes de la AFA, debe volver a un juzgado de la ciudad de Buenos Aires y dejar el federal de Campana, donde tramita hasta ahora.

Por otro, la Cámara en lo Penal Económico ya quedó en condiciones de resolver si confirma los procesamientos por supuesta retención indebida de aportes al presidente de AFA, Claudio Tapia, al tesorero, Pablo Toviggino, y a los demás implicados: venció el último plazo que se había dado a las defensas para presentar por escrito los fundamentos de sus apelaciones.

La casaquinta de Pilar

La sala I de la Cámara Federal de Casación tiene que definir dónde se seguirá investigando el caso: una opción es derivar esa decisión a otro tribunal, la Cámara en lo Penal Económico, con lo cual el tema seguiría a cargo del juez federal de Campana Adrián González Charvay hasta que haya una nueva definición. Esta fue la tercera opción que postuló en su dictamen el fiscal ante Casación Mario Villar, quien este lunes ratificó que el caso debe volver al juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas, donde comenzó a investigarse.

Como segunda posibilidad postuló que retome el expediente el juzgado en lo penal económico que lo llevó luego, actualmente a cargo como subrogante de la jueza Verónica Straccia.

En ese contexto, “la compra de la casaquinta de Pilar por parte de la sociedad Real Central de los imputados como supuestos testaferros Luciano Pantano y su madre Ana Conte, habría sido una maniobra posterior de lavado de activos que abarcó también a unidades funcionales en el barrio privado Ayres Plaza, en Pilar, y los 54 vehículos encontrados en el galpón del predio de Villa Rosa, caballos árabes y de pura sangre, y otros bienes de valor en el mercado”.

Villar ratificó el contenido de un dictamen que había entregado el 30 de marzo pasado, cuando se convocó en Casación a una primera audiencia ante los camaristas que integraron para este caso la sala I: Javier Carbajo, Angela Ledesma y Mariano Borinsky.

La defensa de los dos imputados postula que la causa debe seguir en Campana, donde ellos pidieron que se vaya la investigación en primer lugar mediante un correo electrónico que enviaron al juzgado de González Charvay, reclamando que pidiera la inhibitoria a su colega en lo penal económico Marcelo Aguisnky, algo que hizo.

Se argumentó que tanto la casaquinta como otras propiedades en la mira judicial están en Pilar, jurisdicción de Campana. El conflicto escaló hasta la Cámara Federal de San Martín, cuyo juez de feria Alberto Lugones zanjó el conflicto en enero pasado y le dio la razón a González Charvay.

Esta decisión fue resistida por todos los fiscales que tomaron contacto con el caso y así llegó hasta Casación, el máximo tribunal penal federal del país. La fiscalía ante esa instancia ratificó este lunes que la investigación debe volver a la órbita del juez federal Rafecas, en la ciudad de Buenos Aires.

Villar entendió que las maniobras investigadas “darían cuenta de un trazado de fondos bajo figuras jurídicas y físicas que podrían encubrir su origen como fondos lícitos de la entidad no declarados y/o desviados a fines privados, o nuevas aplicaciones de sumas de origen ilícito”.

La cuestión “debe ser resuelta, en razón del objeto de la causa y la especialización en materia de lavado de activos, en favor de la Justicia en lo Criminal Federal de esta ciudad” y por eso el expediente debería volver al juzgado de Rafecas. Como segunda posibilidad y de no ser compartida su postura, el fiscal planteó que el caso debe regresar en todo caso al juzgado en lo penal económico, también en CABA. Y como tercera solución que el conflicto de competencia lo resuelva la Cámara en lo Penal Económico de CABA y no la de San Martín.

A la hora de pasar en limpio de qué se trata la investigación que vincula a dirigentes de AFA como su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y su tesorero Pablo Toviggino a la quinta de Pilar, el fiscal remarcó que se trata de la supuesta “existencia de una red internacional de intermediarios financieros que habrían operado entre los años 2021 y 2025, que habrían canalizado fuera del circuito bancario argentino fondos lícitos obtenidos por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) mediante un complejo circuito financiero”.

Estos fondos “bajo el pretexto del cepo cambiario y mediante mecanismos irregularmente onerosos (comisiones del 30%) se habrían desviado y ocultado del patrimonio de AFA, valiéndose de empresas constituidas en el exterior (algunas en paraísos fiscales y con cuentas bancarias off shore), con participación o aquiescencia de dirigentes de AFA y/o personas allegadas a la dirigencia”.

Los ingresos de AFA se vincularían con el pago de derechos comerciales, de auspiciantes extranjeros de la Selección Nacional de fútbol, de derechos de transmisión de los partidos, entre otros. Se trata del tramo de la investigación que involucra a TourProdEnter LLC, de Javier Faroni. Los fondos habrían sido “desviados ilícitamente a sociedades constituidas en EEUU, Reino Unido y República Oriental del Uruguay. Se presume que esas sociedades serían meras fachadas, ligadas a las mismas personas o allegados de la dirigencia de la AFA”, agregó la fiscalía ante Casación.

La retención de aportes

En cuanto a la investigación en la que Tapia y Toviggino ya están procesados por supuesta retención indebida de aportes impositivos y de la seguridad social por 19.000 millones de pesos, la Cámara en lo Penal Económico ya puede resolver si confirma, modifica o revoca el fallo del juez de primera instancia de ese fuero, Diego Amarante. Este lunes también venció el último plazo que se había dado a las defensas para presentar los argumentos en reclamo de revocar los procesamientos, algo que hicieron por escrito. Los camaristas Carolina Robiglio y Roberto Hornos ya pueden resolver.

Los dirigentes de AFA enfrentan el riesgo de ver confirmados sus procesamientos y de hecho, también de ver agravada su situación: el fiscal ante la Cámara Gabriel Pérez Barberá reclamó sumar delitos que fueron dejados de lado en el procesamiento. Se trata de un tramo relativo a la falta de depósito en el plazo legal de una “alícuota aplicada sobre los ingresos derivados del patrocinio oficial –con fines publicitarios– de los torneos organizados por la AFA o la Liga Profesional de Fútbol, destinada a la cancelación de las cotizaciones con destino a los regímenes de la seguridad social“, y que representa el 77 por ciento del monto total denunciado.

Se trata del llamado “subconcepto 551″ y en la mayoría de los periodos objeto de reclamo entre 2024 y 2025 suma “un porcentaje significativo del total de fondos que debían ser ingresados al sistema de la seguridad social”, advirtió el fiscal en su dictamen.

La Cámara Federal de Casación Penal resolverá una disputa clave que puede cambiar otra vez de manos la investigación sobre la casaquinta de Pilar valuada en 17 millones de dólares, atribuida a presuntos testaferros de dirigentes de la AFA. El expediente llega a esta definición en medio de un nuevo reemplazo de juez en uno de los juzgados que podría volver a intervenir y está vacante.

Desde el 18 de marzo, cuando la Sala I de Casación reabrió la discusión por la competencia entre el juez federal de Campana Adrián González Charvay y el penal económico Marcelo Aguisnky, hubo modificaciones en la subrogancia del juzgado de CABA que tenía la causa: terminó la suplencia de este último magistrado y asumió por un año la jueza Verónica Straccia.

De este juzgado partió el expediente hacia el fuero federal de Campana en plena feria judicial durante enero pasado, por decisión del juez Alberto Lugones de la Cámara Federal de San Martín. Y fue el origen de un conflicto pendiente de resolución desde ese entonces.

La decisión fue apelada por el fiscal ante la Cámara de San Martín, Carlos Cearras y llegó en queja al máximo tribunal penal federal del país. Para entonces el caso ya estaba en Campana, en donde el juez González Charvay acaba de ordenar una batería de nuevas medidas de prueba para rastrear el origen del dinero con que se compró la propiedad en Villa Rosa, una flota de autos de colección, caballos y se construyó un helipuerto. Está escriturada a nombre de la sociedad Real Central, de Luciano Pantano y su madre Ana Conte, sospechados de ser testaferros de dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino que preside Claudio Tapia y cuyo tesorero es Pablo Toviggino.

Cuando el caso estuvo a cargo de Aguinsky se comprobó que Pantano usaba una tarjeta de crédito corporativa de AFA, donde se cargaban los telepases de los vehículos de lujo guardados en un galpón de la casaquinta y otros consumos que están en la mira judicial. Por su parte, el primer juez del caso. Daniel Rafecas. allanó el lugar y mandó tasar todo. Allí se estableció que los bienes rondan los 20 millones de dólares, casaquinta incluida. La sociedad de los Pantano escrituró por 1.8 millones de dólares.

Solo la parcela principal del lote fue tasada en 5.600.000 dólares, siempre según la pericia incorporada a la causa. El valor de la casa principal se ubicó en unos 2.385.000, mientras que el domicilio secundario alcanzó una cotización de 1.230.000 en moneda estadounidense.

González Charvay, por su parte, ordenó peritajes contables y tasaciones de bienes, y dispuso un exhaustivo análisis de todos los giros de dinero de la AFA, así como de la documentación secuestrada en allanamientos, para determinar si el dinero para la quinta pudo haber salido de la Asociación del Fútbol Argentino.

Desde que se abrió esta investigación penal en la que los únicos imputados hasta el momento son Pantano y su madre, Tapia y Toviggino fueron procesados en otra causa por retención indebida de aportes y además un fiscal de Santiago del Estero los imputó y llegó a reclamar detenerlos por supuesto lavado de activos y defraudación a la AFA.

Una tercera solución

Sobre el futuro de la causa por la casaquinta de Pilar, su valiosa flota de autos, helipuerto y demás amenities, el fiscal ante Casación, Mario Villar, introdujo una tercera alternativa para destrabar el conflicto: que el expediente vuelva directamente al juzgado federal de Rafecas, donde se inició la investigación a partir de la denuncia presentada por Elisa Carrió.

Villar sostuvo que la pesquisa por el origen del dinero utilizado para comprar la mansión de Pilar y una flota de autos de lujo vinculada a la AFA debe regresar “a la órbita del juez federal Daniel Rafecas, en la ciudad de Buenos Aires”.

El fiscal presentó su dictamen de manera previa a una audiencia que luego se dejó sin efecto, por lo cual este lunes deberá ratificarlo. La defensa de los imputados Luciano Pantano y su madre Ana Conte —investigados como supuestos testaferros— reclaman que el expediente permanezca en el juzgado federal de Campana.

Según Villar, las maniobras investigadas “darían cuenta de un trazado de fondos bajo figuras jurídicas y físicas que podrían encubrir su origen como fondos lícitos de la entidad no declarados y/o desviados a fines privados, o nuevas aplicaciones de sumas de origen ilícito”.

El fiscal sostuvo que el expediente “debe ser resuelto, en razón del objeto de la causa y la especialización en materia de lavado de activos, en favor de la Justicia en lo Criminal Federal” de la Ciudad de Buenos Aires.

Como alternativa subsidiaria, Villar postuló que, si no vuelve a Rafecas, el expediente regrese al fuero penal económico porteño, ahora bajo intervención de Straccia. Y agregó una tercera posibilidad: que el conflicto sea resuelto por la Cámara en lo Penal Económico y no por la Cámara Federal de San Martín.

Uno de los puntos centrales del dictamen apunta al origen mismo de la inhibitoria promovida por Charvay. Villar remarcó que el expediente en Campana se inició a partir de un correo electrónico enviado por la defensa de Pantano el mismo día en que debía declarar ante Aguinsky. “No es una actuación o prevención policial, no es un requerimiento de instrucción y no es una denuncia. No puede existir una cuestión de competencia entre una causa y una no causa”, sostuvo el fiscal.

Según el dictamen fiscal, se investiga “la existencia de una red internacional de intermediarios financieros” que habría operado entre 2021 y 2025 para canalizar fuera del sistema bancario argentino fondos obtenidos por la AFA a partir de derechos comerciales, auspiciantes y transmisiones televisivas.

Esos fondos, sostuvo la fiscalía, habrían sido desviados mediante sociedades radicadas en Estados Unidos, Reino Unido y Uruguay, algunas de ellas presuntamente constituidas como pantallas.

En ese contexto, la compra de la quinta de Pilar, departamentos en Ayres Plaza, vehículos de lujo y caballos de carrera aparece como una posible maniobra posterior de lavado.

La Sala I de Casación —integrada por Javier Carbajo, Angela Ledesma y Mariano Borinsky— escuchará el lunes a las partes y luego podrá decidir.

El fiscal federal Ramiro González impulsó una investigación penal al ex presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A. y ex asesor del presidente Javier Milei, Demian Reidel, por presuntos gastos de índole particular que habrían realizado en viajes al exterior diferentes integrantes de esa empresa estatal con tarjetas de crédito corporativas, en el período en el cual la presidió.

En el requerimiento de instrucción, el fiscal pidió determinar si existieron “irregularidades penalmente relevantes en la utilización y administración de la tarjeta corporativa correspondiente a la cuenta N° 338402 emitida a nombre de Nucleoeléctrica Argentina S.A., durante el período comprendido entre marzo de 2025 y febrero de 2026”, según el dictamen al que tuvo acceso Infobae.

La presentación alcanza también a “los integrantes del Directorio y de la Sindicatura de la sociedad estatal, y los titulares y/o usuarios de la tarjeta corporativa cuenta N° 338402 emitida a nombre de Nucleoeléctrica Argentina SA”, según detalló el fiscal en la causa a cargo del juez federal Sebastián Ramos.

La denuncia se presentó tras el informe de gestión presentado en la Cámara de Diputados por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, en el cual se incorporó un “Reporte Tarjeta Corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A. — Cuenta N° 338402”, elaborado en respuesta a un pedido de acceso a la información formulado por la diputada Florencia Carignano.

Ese reporte incluía consumos realizados de cuyo análisis surgirían gastos que ajenos “al objeto social y a la finalidad institucional de la empresa”. El fiscal destacó además que “el reporte no individualizaba al titular ni al usuario responsable de cada operación, ni precisaba si los consumos habían sido efectuados mediante un único plástico o varios adicionales, como tampoco contenía una rendición documentada del destino institucional de cada gasto”. Todo eso será desde ahora materia de investigación.

En su denuncia, la diputada nacional Marcela Pagano sostuvo que aun si las erogaciones hubiesen sido realizadas en viajes oficiales, “los consumos observados resultarían incompatibles con el régimen normativo vigente en materia de viáticos”.

Entre los gastos detectados hay 45 compras en free shops, por un total de 5.957 dólares y 1.1 millones de pesos; 13 pagos a “Mar y Sombra SL”, empresa de servicios de playa en Valencia, por 212 dólares. También constan transferencias de Mercado Pago, hoteles, gastos en aviones, indumentaria, distribuidos en diferentes países. Por último surgen adelantos en efectivo por $56.000.000 y gastos en el pub El Pirata, de Madrid, por 765 dólares.

En la denuncia, repasó la fiscalía, se puso de resalto que Nucleoeléctrica Argentina S.A. es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, cuya presidencia del Directorio fue ejercida por Reidel, durante el periodo denunciado. “También se atribuyó responsabilidad a los integrantes del Directorio, la Sindicatura y a los responsables del control interno de gastos corporativos, por haber presuntamente omitido ejercer los deberes de control, vigilancia y autorización que les incumbían, respecto de los consumos aludidos”, explicó.

Los posibles delitos y las pruebas

La investigación apunta a posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, peculado, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Como primeras medidas de prueba, el fiscal González pidió incorporar el reporte cuestionado, identificar a todos los titulares y usuarios autorizados de la cuenta corporativa y requerir al banco emisor el detalle completo de las operaciones realizadas, incluyendo “fecha, comercio, concepto e importe de cada consumo”. También solicitó que se informe “la cantidad de plásticos asociados a dicha cuenta, individualizando respecto de cada operación el plástico utilizado y su titular y/o usuario autorizado”.

Se trata de una de las denuncias que se presentó en los tribunales de Comodoro Py. Otra similar fue hecha por el diputado nacional Esteban Paulón y tramita en el juzgado federal 5 a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti y la fiscal Paloma Ochoa.

El juez en lo Penal Económico Diego Amarante rechazó un planteo del tesorero de la AFA Pablo Toviggino para apartar a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) como querellante en la causa por retención indebida de aportes en la que está procesado con prohibición de salida del país.

Durante su declaración indagatoria en marzo pasado, la defensa de Toviggino planteó que el organismo recaudador “carece de las facultades para perseguir en el ámbito penal este tipo de hechos en los que la deuda se origina de una controversia administrativa acerca del momento oportuno del pago de la obligación”.

El planteo fue acompañado luego por la defensa de otro de los imputados, que argumentó que ARCA ya no podía seguir actuando como querellante porque la AFA había cancelado la deuda e intereses reclamados. Se investiga la retención indebida de aportes calculada en 19.000 millones de pesos. También está procesado el presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia.

Negativa judicial

El juez Amarante rechazó apartar a ARCA de la querella y ratificó la legitimidad del organismo recaudador para intervenir en el expediente como parte acusadora. En una resolución de 15 páginas, a la que tuvo acceso Infobae, sostuvo que la actuación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero “se encuentra expresamente autorizada por el ordenamiento vigente y ha sido reiteradamente admitida por la jurisprudencia del fuero”.

Además, afirmó que la ley de “Inocencia Fiscal”, invocada por la defensa, “no resulta aplicable a esta instancia procesal”, porque no puede afectar una causa penal ya iniciada. “El presente proceso —a la fecha de la promulgación de la norma en cuestión— se encontraba ya en pleno trámite”, remarcó el juez.

Amarante también descartó que el pago posterior de las obligaciones fiscales elimine el interés de ARCA en el expediente. Según explicó, “la facultad del organismo recaudador para intervenir como parte querellante en procesos de esta naturaleza no se encuentra condicionada a la existencia actual de una deuda pendiente, sino a la presunta comisión de hechos tipificados en el Régimen Penal Tributario”.

En otro tramo del fallo, advirtió que aceptar la postura de las defensas “vaciaría de contenido el reproche penal previsto para tales conductas y debilitaría la tutela del bien jurídico comprometido”.El magistrado subrayó además que los delitos tributarios investigados no afectan solo un interés patrimonial del Estado sino “intereses supraindividuales” vinculados con la Hacienda Pública.

Una decisión clave

Tapia y Toviggino están procesados por retención y omisión de depósito de impuestos y contribuciones a la seguridad social por 19.300 millones de pesos entre 2024 y 2025. Esa decisión está ahora a estudio de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, apelada tanto por los acusados como por la fiscalía y ARCA. Los procesados reclaman ser sobreseídos y los acusadores piden agravar los cargos.

La decisión será de los camaristas Carolina Robiglio y Roberto Hornos. También apelaron los procesados Cristian Malaspina (actual secretario general de AFA) y a los ex directivos Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo.

Además se embargaron los bienes de la AFA por 350 millones de pesos; al hacerla responsable como persona jurídica de apropiación indebida de tributos agravado reiterado en 34 oportunidades, “en concurso real con el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravado reiterado en 17 oportunidades”.

Cuando dictó los procesamientos, Amarante sostuvo que si bien esa deuda de 19.300 millones de pesos está regularizada o camino a serlo, el delito se concreta cuando no se paga en tiempo y forma, en un plazo de 30 días una vez que son retenidas las obligaciones. Además, resaltó que en todos los meses donde hubo vencimientos se registraron “significativas transferencias por parte de distintos sponsors de la Asociación del Fútbol Argentino” a cuentas bancarias de la AFA. Es decir, había una “amplia disponibilidad” de fondos para cumplir en tiempo y forma las obligaciones con el fisco.

La Cámara Federal porteña confirmó este jueves el procesamiento del ex administrador general de la quinta de Olivos durante el gobierno de Alberto Fernández, Daniel Rodríguez, en la causa por los seguros y le atribuyó un presunto “involucramiento activo” en la trama del direccionamiento de negocios vinculada al broker y amigo presidencial Héctor Martínez Sosa.

La decisión de los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico, con disidencia de Eduardo Farah, se tomó el mismo día en que por orden de la Cámara Federal de Casación los mismos magistrados revocaron el procesamiento del ex presidente en esta causa y le dictaron la falta de mérito mientras se profundiza la investigación.

Relaciones personales previas

El tribunal de apelaciones rechazó así un recurso presentado por la defensa de Rodríguez contra su procesamiento y embargo por supuestas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En la resolución, a la que accedió Infobae, los camaristas recordaron que “las propias características que rodearon a la ejecución de los hechos” mostrarían que existió una estructura previa de relaciones personales, comerciales y políticas entre Fernández, su secretaria privada María Cantero, su esposo y empresario de seguros Héctor Martínez Sosa y Rodríguez.

Los jueces Irurzun y Boico remarcaron que Cantero conocía a Fernández desde hacía unos 30 años y que, ya como secretaria privada presidencial, quedó a cargo del manejo de la agenda y la coordinación de reuniones. También señalaron que Martínez Sosa —marido de Cantero— tenía una relación de amistad, profesional y económica con el entonces mandatario, quien incluso había facturado servicios de asesoramiento para empresas del broker hasta antes de asumir la Presidencia. En ese contexto, la Cámara destacó el rol de Rodríguez, quien conocía a todos desde mucho antes y comenzó a trabajar como intendente en la residencia presidencial de Olivos. Según la acusación, actuó como “interlocutor o intermediario” entre los involucrados.

Los mensajes

Los camaristas citaron además numerosos mensajes secuestrados en la investigación. Entre ellos, uno del 6 de septiembre de 2019, en plena campaña presidencial, en el que Cantero le escribió: “Gordo sino hacemos guita con esto somos unos pelotudos”. La resolución reconstruyó además conversaciones sobre gestiones para obtener seguros estatales. “Vos tenés una tarea que no estarías haciendo (. ) Lo más importante es que vos consigas los seg de la fed“, dijo Cantero a Rodríguez en una ocasión.

Ya con Alberto Fernández en la Presidencia, el Decreto que concentró las pólizas del Estado en Nación Seguros generó “un exponencial aumento de los posibles negocios surgidos de esa relación”, lo que luego habría sido aprovechado por el grupo investigado, analizaron los jueces.

Según el fallo, todos esos elementos “avalan la hipótesis de que existió un ”involucramiento activo de Rodríguez en la trama de direccionamiento” y su defensa “ha sido desvirtuada por pruebas concretas”. Los jueces concluyeron además que “su situación se asemeja a la de María Cantero”, también procesada al igual que su marido.

El camarista Farah, en disidencia, sostuvo en cambio que la situación procesal de Rodríguez debía quedar alcanzada por la falta de mérito, por aplicación del “efecto extensivo” derivado de la decisión de profundizar la investigación en relación al ex presidente, a quien se revocó el procesamiento.

En la misma resolución la Cámara confirmó los procesamientos y medidas cautelares a las empresas “Bachellier SA”, “Bri Brokers SA”, “TG Broker SA”, “San Ignacio Sociedad de Productores de Seguros SA”, como partícipes necesarias del delito de negociaciones incompatibles y por cohecho (sólo la última).

También revocó el procesamiento y dictó la falta de mérito para la firma del broker Martínez Sosa, “Héctor Martínez Sosa y Cia SA”, “San German Seguros SA” y “San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales”.

La Cámara Federal porteña revocó este jueves el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández y le dictó la falta de mérito en la causa que investiga supuesto direccionamiento en la contratación de pólizas de seguros para organismos públicos durante su Gobierno, al cumplir una orden al respecto de su superior, Casación.

El ex presidente seguirá bajo investigación en el caso que en la actualidad está a cargo del juez federal Ariel Lijo, quien tendrá que volver a resolver su situación una vez producida prueba que pidió su defensa. Fernández podría ser procesado nuevamente, quedar con falta de mérito o ser sobreseído.

Los motivos

La decisión de la sala II del Tribunal intermedio de apelaciones de Comodoro Py 2002 se tomó en cumplimiento de un fallo de la sala IV de Casación que por mayoría anuló el procesamiento y dispuso dictar una nueva resolución, apuntando a la falta de mérito. Esto se resolvió porque el fiscal ante la Cámara Federal porteña José Luis Aguero Iturbe en una audiencia oral de apelación postuló que debía profundizarse la investigación en relación al ex presidente y se mostró favorable a dictar la falta de mérito. El tribunal que había confirmado ese procesamiento acató ahora esta decisión de su superior.

El juez de la sala II de la Cámara Federal Roberto Boico aclaró en su voto que lo hizo “en exclusiva sujeción al criterio allí decidido”, en relación al fallo de Casación. Tras repasar lo ocurrido en la causa, concluyó que lo expuesto lo conduce a “mantener conceptualmente la postura asumida al confirmar el procesamiento del Dr. Alberto Fernández”, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

“Dejando a salvo mi opinión y atendiendo a lo expresamente resuelto por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, corresponde revocar el fallo que procesó y embargó a Alberto Fernández”, advirtió por su parte el juez Martín Irurzun.

Boico agregó además que el fiscal ante la Cámara “expuso diversos argumentos” en apoyo a los procesamientos en el caso, salvo “en relación al caso del Sr. Alberto Ángel Fernández. Allí, con lacónica argumentación, estimó insuficientes las pruebas de cargo acopiadas para sostener su procesamiento, y sin más requirió que su situación se rigiera por las reglas del artículo 309″, es decir, la falta mérito.

Al expedirse sobre los demás imputados, “suscribió con énfasis los fundamentos del juez de primera instancia; y el dato relevante es que en algunos casos, incluso, disintió con la calificación impuesta”. Al hacerlo, acotó Boico, “abonó, en consecuencia, una concatenación causal y lógica que resultaba contraria a la deflexión que exhibió frente al caso de Fernández”. La decisión fue tomada por los camaristas Boico, Irurzun y Eduardo Farah.

Por otro lado y por mayoría rechazaron planteos de los demás procesados que buscaron beneficiarse con este fallo de Casación y que se hiciera extensivo a sus situaciones. En este punto, Farah disintió y postuló que en el caso de los acusados involucrados en las maniobras vinculadas a la intermediación del broker amigo del ex presidente, Héctor Martínez Sosa, debían también quedar con falta de mérito porque su situación estaría atada a la del ex presidente.

Intermediación de brokers

La causa investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros por organismos del Estado a partir del Decreto 823/2021, que centralizó esas operaciones en Nación Seguros S.A.. Según la pesquisa, el esquema habría permitido la intervención de intermediarios y coaseguradoras privadas con comisiones superiores a las de mercado y posible perjuicio estatal.

El anterior juez del caso, Sebastián Casanello, procesó a Fernández y a ex funcionarios de su gobierno, brokers y otros implicados, entre ellos Héctor Martínez Sosa, amigo del ex presidente y esposo de su ex secretaria privada, María Cantero, también procesada en la causa penal que ahora quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo como subrogante del juzgado federal 11 y del fiscal Carlos Rívolo.

En cuanto a la situación de Fernández, los investigadores comenzaron ya a tomar nuevas declaraciones de los testigos propuestos por su defensa.

El fiscal federal Carlos Rívolo pidió dejar sin efecto la declaración como testigo en la causa Seguros del excanciller del gobierno de Alberto Fernández, Santiago Cafiero, prevista para el próximo 20 de mayo, al advertir que la prueba reunida hasta el momento impediría descartar por ahora su posible participación en la maniobra que habría beneficiado al ya procesado broker Héctor Martínez Sosa.

El testimonio de Cafiero fue pedido por la defensa del ex presidente, a cargo de la abogada Mariana Barbitta, en el marco de una serie de declaraciones a las que el juez federal Ariel Lijo hizo lugar. La Cámara Federal de Casación anuló la semana última el procesamiento de Fernández en el caso y ordenó dictar una nueva resolución.

“Posible participación”

Entre los nuevos testigos figura Cafiero pero la fiscalía pidió al juez que por ahora deje sin efecto esta citación porque advierte que “tanto de las conversaciones telefónicas incorporadas a la causa como del resto de los elementos probatorios colectados se extrajeron indicios que de momento impiden descartar la posible participación del nombrado en la maniobra que tuvo por objeto favorecer al empresario Héctor Martínez Sosa y su conglomerado de empresas Productoras Asesores”, según el escrito al que tuvo acceso Infobae.

Se trata del tramo relativo a contrataciones realizadas en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación y la Casa de la Moneda SE, se detalló. Cafiero aparece mencionado de manera directa en conversaciones que son parte de la causa y además “cumplió funciones jerárquicas dentro de organismos que aparecen vinculados con las maniobras investigadas”.

Por ello y para evitar que tenga que contestar bajo juramento de verdad “por posibles hechos propios” se pidió no convocarlo como testigo en lo inmediato. La situación podría vulnerar derechos constitucionales, advirtió la fiscalía y por eso se debería dejar sin efecto esa convocatoria hasta que se pueda “delimitar con mayor precisión esa intervención”.

La declaración fue solicitada por la defensa del ex presidente para acreditar la legalidad del decreto 823/2021, la norma que centralizó en Nación Seguros S.A. la contratación de pólizas de organismos del Estado y que la justicia identifica como el instrumento que habilitó el esquema de intermediación irregular investigado.

Según consta en el expediente, la exsecretaria privada de Fernández, María Cantero, también procesada, le comunicó a su esposo —el broker Martínez Sosa— que el entonces presidente había llamado al Canciller para resolver un problema con el contrato de seguros en ese organismo.

Qué se investiga

La causa investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros por organismos del Estado a partir del Decreto 823/2021, que centralizó esas operaciones en Nación Seguros S.A.. Según la pesquisa, el esquema habría permitido la intervención de intermediarios y coaseguradoras privadas con comisiones superiores a las de mercado y posible perjuicio estatal.

La investigación sostiene que, durante la presidencia de Fernández, Martínez Sosa percibió comisiones por un total de 2.252 millones de pesos, cifra que representó cerca del 60% del total abonado por Nación Seguros a intermediarios en ese período.

Entre los principales beneficiarios de la maniobra estarían el broker amigo de Fernández, Martínez Sosa; su esposa y exsecretaria Cantero, y el ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano. En sus casos, fueron procesados por el anterior juez de la causa, Sebastián Casanello, en una decisión ya confirmada en instancias de apelación.

El miércoles último declaró como testigo la exsecretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra, quien afirmó que el decreto 823/2021 que firmó Fernández podría ser asimilado a la política del “compre nacional”, porque fue elaborado como una herramienta para que las pólizas destinadas a los empleados de los organismos públicos fueran contratadas a través de la compañía estatal Nación Seguros y que su texto no incluía menciones a “brokers” o intermediarios.

La defensa del ex presidente también requirió que se cite al exministro de Economía, Martín Guzmán, y al expresidente del Banco Central, Miguel Pesce, para que detallen los efectos de la contratación de los seguros.

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó este miércoles unificar las dos investigaciones al financista Ariel Vallejo, cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en el juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo de Luis Armella.

El máximo tribunal penal federal del país dispuso que de manera inmediata se envíe la causa contra Sur Finanzas que estuvo hasta ahora a cargo del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena a su par Armella, al hacer lugar a una apelación de la fiscalía a cargo de Cecilia Incardona.

Por unanimidad, la sala IV de Casación dispuso el “inmediato cumplimiento” de su decisión y el envío del caso que hasta ahora tramitó Villena al juzgado federal en lo Criminal y Correccional 2 de Lomas de Zamora, subrogado por Armella.

Con esto hizo lugar a una queja de la fiscalía en la investigación por presunto lavado de dinero y evasión fiscal a Sur Finanzas PSP S.A, del empresario Ariel Vallejo, con fuerte inserción en el negocio del fútbol y cercano a Tapia.

La decisión fue de los camaristas Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, quienes revocaron un fallo anterior de la Cámara Federal de La Plata que había rechazado el planteo fiscal.

Los fundamentos

Para Casación, ambas investigaciones están conectadas y en el juzgado a cargo de Armella tramita una causa más amplia sobre maniobras de estafa y lavado vinculadas a clubes de fútbol.

“La separación de las investigaciones corre el riesgo de fragmentar artificialmente un fenómeno que, en su propia lógica de funcionamiento, aparece como integrado”, advirtió en su voto el camarista Hornos. Esa fragmentación “comporta riesgos evidentes, tales como la duplicación de medidas probatorias, la posibilidad de decisiones contradictorias y la pérdida de una visión integral del fenómeno delictivo”, enumeró.

En el mismo sentido, Borinsky advirtió que la decisión de mantener separadas las dos causas fue arbitraria “por contener una motivación tan solo aparente -equiparable a la ausencia de fundamentación suficiente-, por lo que corresponde su descalificación como acto jurisdiccional válido”.

El fallo de Casación reconstruyó cómo ambos expedientes, aunque nacieron por separado, terminaron apuntando al mismo entramado de personas involucradas y delitos posibles.

Se investiga un entramado de operatorias con clubes, fideicomisos y sociedades como parte de un esquema masivo de supuesta evasión y lavado de dinero en el que estaría involucrada Sur Finanzas.

En ese sentido, los jueces advirtieron que “se repiten los mismos nombres de empresarios, dirigentes y sociedades, existen relaciones contractuales y financieras cruzadas y en ese contexto Sur Finanzas podría haber operado como vehículo de circulación y blanqueo de fondos”.

Al pedir la inhibición del juez Villena, la fiscal del caso Cecilia Incardona planteó que la denuncia de ARCA contra Sur Finanzas que le tocó por sorteo tenía conexidad con una anterior que tramitaba Armella. Pero Villena rechazó dejar el caso y consideró prematuro considerar que ambas investigaciones eran conexas.

El conflicto escaló hasta la Cámara Federal de La Plata, que dio la razón a este último magistrado, pero ahora Casación, al hacer lugar a una queja de la fiscalía de primera instancia, sostenida por el Ministerio Público Fiscal de La Plata, consideró lo contrario y ordenó unificar ambas pesquisas en el juzgado de Armella. Este magistrado citó ya a declaración indagatoria a Vallejo y otros acusados. El financista no se presentó a una primera cita y fue vuelto a convocar para el 26 de mayo bajo advertencia de quedar detenido si no se presenta.

La investigación reconstruye un esquema que, según la fiscalía, combinó el vaciamiento patrimonial del Club Atlético Banfield con “el reciclaje de fondos de origen espurio a través de vehículos societarios diseñados para opacar el rastro del dinero”.

La Cámara Federal porteña deberá resolver qué juez queda a cargo de la investigación por los créditos hipotecarios otorgados desde el Banco Nación a funcionarios del gobierno de Javier Milei, legisladores y personas con vínculos políticos. Será una decisión que tomará el juez Eduardo Farah, de la sala 2 de ese Tribunal de Apelaciones, según informaron a Infobae fuentes judiciales.

El conflicto por el destino del caso se originó porque la jueza federal María Eugenia Capuchetti pidió a su colega Ariel Lijo que se inhiba de seguir interviniendo y le remita la causa, para investigarla de manera conjunta con una denuncia radicada en su juzgado.

Lijo rechazó el planteo y confirmó su competencia en la investigación porque la denuncia a su cargo se presentó antes y porque ya cuenta con requerimiento de instrucción, de acuerdo a lo que señalaron fuentes judiciales a Infobae. La magistrada no compartió este criterio y elevó el tema a la Cámara Federal para que decida. Ella recibió una denuncia de la diputada de la Coalición Cívica, Mónica Frade, junto con el diputado socialista Esteban Paulón.

El camarista Farah tendrá que resolver ahora en qué juzgado seguirá la investigación o si ambas denuncias se tramitarán de manera separada.

Las pruebas

Por su parte, Lijo ya ordenó prueba y dispuso una auditoría que encomendó a la AGN. Las medidas incluyen la recolección de documentación, como informes técnicos y datos bancarios, y fueron solicitadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita cuando dictaminó a favor de impulsar las denuncias.

La Auditoría General de la Nación (AGN) deberá determinar si existieron beneficios indebidos en la concesión de esos préstamos en el Banco Nación. También se ordenó la entrega por parte de la entidad bancaria de los legajos completos de los créditos investigados, los registros de ingreso de los beneficiarios y las evaluaciones crediticias realizadas, entre otras medidas.

Se investigan créditos hipotecarios otorgados desde diciembre de 2023 al presente a Federico Furiase, Juan Pablo Carreira, Juan Pedro Inchauspe, Felipe Núñez, Emiliano José Mongilardi, Mariano Campero, Santiago Santurio, Lorena Villaverde, Alejandro Bongiovanni, Sharif Menem, María Frías y Alejandro Carrancio, entre otros.

En base a las denuncias, se busca determinar o descartar si hubo incumplimiento de normas o “privilegios indebidos” desde el Banco a la hora de otorgar estos créditos para la compra de viviendas en beneficio de empleados y/o funcionarios públicos y/o legisladores y “en detrimento de las arcas de la entidad”, mencionó el fiscal Gerardo Pollicita cuando impulsó la investigación que ahora lleva adelante el juez Lijo.

Entre los mencionados en las denuncias por supuesta administración fraudulenta, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes están el ex titular del Banco Nación, Daniel Tillard, y Juan Curuchet, Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central. Algunos de los créditos llegaron a equivaler a U$S350.000.

En la causa que tramita ante Lijo, se pidió al Banco que informe también el “número total de créditos hipotecarios efectivamente otorgados, desde el mes de diciembre de 2023 hasta la actualidad, a empleados y/o funcionarios de la administración pública nacional, de organismos descentralizados/autárquicos y/o legisladores nacionales, discriminándose la cantidad nominal de créditos y el monto dinerario insumido para ello”. También se requirieron constancias de evaluación crediticia y copia de las escrituras traslativas de dominio.

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, pidió revocar una decisión de la Cámara en lo Penal Económico que le impidió seguir defendiéndose en la causa donde está procesado por no depositar en el plazo legal 19.000 millones de pesos en aportes retenidos y advirtió que se trata de una resolución basada en una “ficción procesal” que vulnera garantías constitucionales.

A través de lo que se conoce como un “recurso de reposición”, el abogado de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de Tapia, Luis Charro, sostuvo que el tribunal aplicó una sanción por no concurrir a una audiencia que, en los hechos, ya no existía.

Apelación “desierta”

La semana pasada, la Cámara declaró “desierto” el recurso de apelación de Tapia y cerró la puerta a que su defensa presente más argumentos contra el procesamiento, embargo y prohibición de salida del país que le dictó el juez en lo penal económico Diego Amarante.

“El fundamento esencial de la sanción es la incomparecencia a una audiencia oral que no se celebra materialmente”, planteó la defensa, y remarcó que la decisión “se apoya en una ficción: la ausencia a una audiencia inexistente”, subrayaron.

El planteo apuntó a la aplicación del artículo 454 del Código Procesal Penal, que prevé que un recurso puede declararse desierto si quien lo interpuso no sostiene sus argumentos en una audiencia oral. Sin embargo, según recordó la defensa, ese esquema fue modificado durante la pandemia de Covid 19 y reemplazado por la opción a presentar escritos.

En ese contexto, sostuvo que “no resulta jurídicamente admisible conservar las consecuencias propias del régimen anterior sobre una estructura procesal que ya no existe en los hechos”.

La resolución cuestionada consideró que la defensa no cumplió con esa instancia y, por lo tanto, tuvo por abandonada la apelación contra el procesamiento y las medidas cautelares dictadas en la causa. Pero para el abogado de Tapia, esa conclusión implica un “exceso de rigor formal” que termina frustrando el derecho a defensa.

La apelación “ya había sido válidamente interpuesta, fundada y concedida”, por lo que su subsistencia no puede depender de una presentación complementaria, agregó el abogado.

Error de interpretación

Además, sostuvo que no hubo desinterés ni abandono del planteo, sino en todo caso “un error de interpretación” en medio de una secuencia procesal confusa, con audiencias reprogramadas y múltiples imputados.

En esa línea, advirtió que la sanción aplicada resulta desproporcionada porque “no existe afectación alguna al trámite del proceso ni perjuicio para las restantes partes”, mientras que sí implica la pérdida de una instancia de revisión judicial.

El escrito también invoca jurisprudencia de la Corte Suprema que cuestiona el “ritualismo excesivo” cuando se traduce en la frustración de derechos de jerarquía constitucional, y sostiene que, ante cualquier duda, debe prevalecer la interpretación más favorable al ejercicio del derecho de defensa.

Ahora, la Cámara deberá decidir si revoca su propia resolución y habilita el tratamiento del recurso de apelación de Tapia y la AFA.

La audiencia, que había sido fijada para el 24 de abril, buscaba escuchar los argumentos en persona o por escrito, pero la defensa se presentó recién el 28 de abril, fuera del plazo legal, según la resolución firmada por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio.

“El cumplimiento de los términos constituye una garantía para las partes y al exigirse estrictamente el respeto de aquellos se garantiza el principio de bilateralidad que forma parte de la garantía del debido proceso, se asegura a los litigantes el derecho de defensa en juicio establecido por la Constitución Nacional.”, argumentaron los camaristas al declarar desierto el recurso de Tapia y de la AFA como persona jurídica.

En ese sentido, el abogado defensor de la Asociación del Fútbol Argentino y de Tapia “no invocó razones por las cuales no presentó el memorial respectivo en forma previa, cuanto menos, al momento de la audiencia dispuesta, ni efectuó un pedido de postergación de aquel acto con anterioridad al mismo”, se explicó en ese fallo judicial.

El futuro de la dirigencia de AFA

Los procesamientos de Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y los otros tres dirigentes futbolísticos acusados están bajo revisión de la Cámara que reprogramó una vez más la audiencia, esta vez para el 11 de mayo. Las defensas reclamaron que se revoquen y se dicten sobreseimientos.

Tanto el fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial como la querella de ARCA fueron a la Cámara para cuestionar la decisión de excluir de la acusación delitos vinculados a la falta de pago en término de retenciones por publicidad a los clubes de fútbol. Pidieron agravar la acusación en ese aspecto y elevar los embargos. La postura fue ya respaldada por el fiscal ante esa instancia, Gabriel Pérez Barberá.

Con estos planteos sobre la mesa, la Cámara en lo Penal Económico deberá definir si confirma los procesamientos, los agrava o hace lugar a los recursos y revoca —total o parcialmente— la decisión. El fallo será clave para determinar si la investigación avanza hacia un juicio oral o si, por el contrario, se desmorona la acusación contra los principales dirigentes del fútbol argentino.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso presentado por la defensa del hijo mayor de Lázaro Báez, Martín Báez, y habilitó el avance de la ejecución de sus bienes para saldar una multa de u$s 274 millones impuesta como parte de la condena por lavado de dinero, en la causa conocida como la “ruta del dinero K” y que hasta el día de hoy está impaga.

La decisión fue tomada por la Sala IV del tribunal, con los votos de los jueces Javier Carbajo y Gustavo Hornos, mientras que un tercer magistrado, Mariano Borinsky, se pronunció en disidencia parcial.

El caso se centra en la ejecución de la pena económica fijada contra Báez, que asciende a más de 274 millones de dólares como parte de la condena a 9 años de prisión por lavado de dinero. El Tribunal Oral Federal 4 lo había intimado a pagar esa suma en un plazo de diez días, pero no se concretó, lo que habilitó avanzar con la ejecución de bienes embargados.

Pago en cuotas

Frente a eso, la defensa oficial cuestionó la decisión por prematura debido a que hay aún en análisis un planteo sobre la constitucionalidad de esa multa. Además, aludió a un “despojo patrimonial irreversible” y reclamó en todo caso que se le dé al condenado la posibilidad de pagar en cuotas. También sostuvo que en una de las propiedades sujetas a esa medida viven los hijos menores de edad de Báez.

Sin embargo, la mayoría de la Cámara rechazó esos argumentos. El juez Carbajo sostuvo que la multa “se encuentra firme y constituye por tanto un título ejecutivo que deberá hacerse efectivo sobre los bienes, sueldos u otras entradas del condenado”. Por su parte, Hornos analizó que el planteo de Báez es “prematuro” porque no se rechazó en forma definitiva la posibilidad de pagar en cuotas sino que se postergó considerarlo a una etapa futura del trámite de ejecución de la multa “supeditada al resultado de la intimación de pago y al cauce legal previsto para la satisfacción de la pena pecuniaria”.

El juez Borinsky votó en disidencia parcial y propuso anular lo actuado y devolver el caso al tribunal de origen. Según su criterio, el juez de ejecución del Tribunal Oral Federal 4 que llevó adelante el juicio oral avanzó sin analizar previamente la alternativa de pago en cuotas solicitada por la defensa, lo que implicó un “déficit en el trámite” y una falta de fundamentación.

La condena

Martín Báez fue condenado a nueve años de prisión por lavado de dinero en un juicio oral. En 2023, se le otorgó la excarcelación por haber cumplido más de dos tercios de la pena. El hijo mayor del empresario Lázaro Báez ya se encontraba bajo arresto domiciliario desde hacía dos años en Río Gallegos al momento de recuperar la libertad.

Su padre, dueño de “Austral Construcciones”, también fue condenado en esa causa penal a 10 años de prisión por las maniobras cometidas entre 2003 y 2015, durante el kirchnerismo, en un veredicto que dejó firme la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lázaro Báez está detenido cumpliendo 15 años de cárcel por esta pena más los seis años de la causa Vialidad, donde se lo juzgó y condenó junto a la ex presidenta Cristina Kirchner.

La investigación judicial por la “ruta del dinero” que llevaron adelante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán, logró reconstruir un esquema financiero que incluía la creación de sociedades offshore, el uso de paraísos fiscales, movimientos bancarios en Suiza y Panamá, y operaciones inmobiliarias. Se determinó que todo tuvo como objetivo dar apariencia legal a más de 55 millones de dólares.

“Solicitamos la exhibición de los cuadernos”, expresó la fiscal Fabiana León tras una extenuante audiencia de más de 13 horas con la declaración del periodista Diego Cabot. A partir de esa solicitud, el secretario del tribunal se acercó con dos cajas, guantes de látex puestos, y le exhibió al testigo una serie de piezas que reconoció como aquellas que en su momento recibió de parte de Oscar Bacigalupo y que dieron origen al proceso actual.

Durante largas horas, y con preguntas y repreguntas de las distintas defensas en el juicio, el periodista recordó este martes cómo recibió los ocho cuadernos originales de Oscar Centeno de manos de un vecino suyo, Bacigalupo, y dijo que “los cruces de información” llevaron “a la convicción muy fuerte” de que lo que se contaba allí “había sucedido”. Se trata del primer testigo del juicio oral a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados.

“Los cruces de información nos llevaron a la convicción muy fuerte de que esos asientos eran el relato de lo que había sucedido”, dijo Cabot sobre los manuscritos del ex remisero chofer del exfuncionario de Planificación Federal Roberto Baratta.

Además recordó que trabajó sin judicializar el tema desde el 8 de enero al 10 de abril de 2018. “No conocía cómo empresarios muy poderosos se iban a portar frente a un periodista que los denunciara porque en general no se los denuncia”, contó también.

El testimonio donde repasó nombres y domicilios que figuraban en las anotaciones, entre ellos la Quinta de Olivos, el departamento de Juncal y Uruguay “donde muchas veces tenían que ir ahí a llevar la plata”, en alusión al por entonces domicilio de la ex presidenta Cristina Kirchner.

Sobre la entrega de los cuadernos

“Le pedí (a Bacigalupo) un cuchillo y la abrí ahí para ver de qué se trataba”, refirió sobre la primera vez que vio la caja donde se guardaban los cuadernos y DVD con videos que grababa Centeno dando cuenta de sus viajes. Sobre ese encuentro con su vecino Bacigalupo, quien guardó los cuadernos, dijo: “Estábamos los dos solos. Había ocho cuadernos, algunas facturas de comercios y también unos DVD con videos”, detalló Cabot al comenzar a responder preguntas de la fiscal de juicio Fabiana León. Sobre las facturas dijo que eran “cinco o seis” de una marroquinería por la compra de bolsos.

El periodista del diario La Nación recordó que Bacigalupo era vecino suyo y le refirió que se los había dado Centeno porque tenía miedo de ser allanado en una causa penal que se investigaba por ese entonces, la compra de Gas Licuado, y que estaba a cargo del ya fallecido juez federal Claudio Bonadio.

“Según lo que me dijo en ese momento, en la causa de Gas Licuado su expareja se había presentado espontáneamente ante el juez Bonadio y había contado que su pareja, Oscar Centeno, trasladaba a este funcionario y demás. A raíz de eso, había tenido temor de que lo puedan allanar o alguna situación así. Prefirió esos cuadernos sacarlos de su casa y eso es lo que él me explicó”, recordó.

Cabot mencionó que “eran unos cuadernos viejos, con espiral arriba, cuadernos normales, originales, todos. Él me dijo que eran de su amigo y que su amigo era Oscar Centeno”, refirió. “Había mucho detalle. Había videos donde él relataba algunas cosas con voz en off: ‘voy por la autopista, estoy en tal lado’, y eso surgía de los videos”, acotó también.

“No sacamos ni siquiera un clip de lugar”, respondió ante una pregunta de la fiscal vinculada a la preservación de esa prueba.

El periodista comenzó a declarar pasadas las 9.30 ante el Tribunal Oral Federal 7 e inauguró la etapa de declaraciones testimoniales en el juicio con respuestas a preguntas de la fiscal León, la querella de la Unidad de Información Financiera y defensas. El remisero Centeno asistió a la audiencia de este martes de manera presencial y no paró de tomar notas.

La denuncia judicial

“¿Dónde quedaban guardados los cuadernos en este período?”, preguntó la fiscal en el primer tramo del interrogatorio. “Los cuadernos quedaban guardados en mi casa”, respondió el periodista sobre la etapa de investigación previa a la denuncia judicial y antes de que Bacigalupo le pidiera que se los devolviera porque Centeno los quería.

Cabot recordó que Bacigalupo lo llamó y le dijo que su amigo Centeno le había pedido los cuadernos, que se los devuelva. “Coincidía con una mejora procesal de Baratta y De Vido, que creo salían excarcelados en la causa de Gas Licuado”, explicó.“Decidí que se los iba a devolver porque me parecía que, de todas las hipótesis que podían suceder si no se los devolvía, eran peores que devolvérselos”, explicó.

Contó que los fotocopió una madrugada en la sede del diario y también sacó fotos. “Ahí hice las famosas fotocopias. Fui a las cinco de la mañana a la redacción y las fotos que están en todos lados las hice yo en mi casa”, refirió.“Fotocopié todo, no se salteó nada”, dijo.Poco después concretó la denuncia en la fiscalía federal de Carlos Stornelli. “La denuncia la hice con el fiscal Stornelli porque lo conocía de la vida pública” y además como “dato fundamental” recordó que era el fiscal en la causa Gas Licuado y “la información que tenía era sobre esos personajes”, acotó.

Cabot recordó que volvió a ver los originales de los cuadernos un año después. “Nunca dejé de buscarlos”, mencionó, hasta que un día recibió un llamado de alguien que anticipó tener algo de Cuadernos que podía llegar a interesarle. “Nos juntamos unos pocos segundos”, agregó sobre la persona con la que se reunió y dijo que le dio “una bolsa con seis cuadernos de los ocho”. Los llevó a la Justicia, dijo. Ante una pregunta de la fiscal, manifestó que no tocó ni alteró nada y que los dejó “en el escritorio del doctor Stornelli”.

También dijo desconocer si había existido algún tipo de coerción o presión por parte del fiscal o del juez Bonadio sobre los distintos imputados para convertirse en colaboradores arrepentidos.

Por qué no publicó antes

Ante las preguntas de la defensa de Oscar Thomas, a cargo del abogado José Manuel Ubeira, Cabot explicó por qué decidió no publicar el material y hacer primero la denuncia judicial. “Era material que yo consideraba que tenía relevancia periodística. Como eran documentos privados, y tenían las limitaciones que tienen los documentos privados, no hice ninguna publicación, hice la denuncia para que se investigara”, sostuvo. Y fue categórico: “Yo no publiqué una investigación, cubrí un movimiento judicial que tenía en ese momento detenciones y allanamientos”. La primera nota salió el 1° de agosto de 2018, cuando la Justicia dispuso los allanamientos.

Cuando Ubeira le preguntó si necesitaba la denuncia judicial para poder publicar, Cabot respondió: “Yo trabajo para tratar de publicar todas las historias que puedo probar que tengo algún sostén para poder publicarlas”. Sobre la publicación posterior, aclaró que nunca se elaboró un listado de empresas en el diario: “Nosotros íbamos escribiendo a partir de lo que iba sucediendo en tribunales. Cuando la justicia avanzó sobre determinadas empresas, nosotros contábamos ese suceso”.

Las reuniones previas con Stornelli

Ante otras preguntas, el periodista precisó los pasos que dio antes de formalizar la denuncia. Relató que el 26 de marzo de 2018 se reunió con el fiscal Stornelli en un bar de Palermo y que también concurrió al domicilio del fiscal días después. En esos encuentros le mostró copias del material: “Llevé copias que tenía para mostrarle de qué se trataba la prueba sobre la que habíamos trabajado”. Aclaró que esas reuniones fueron informales: “No se labraron actas. Fue una charla que tuve con él”.

El 10 de abril de 2018 formalizó la denuncia. “Llegué en colectivo. Me presenté en la fiscalía del Dr. Stornelli”, recordó. Describió el despacho como “relativamente pequeño, no muy grande, color más bien oscuro”, y señaló que la declaración se tomó en una computadora y le demandó un par de horas. En esa ocasión pidió reserva de identidad: “Le pedí por favor que no quería que apareciera mi nombre en esa audiencia”. Stornelli, contó, le recomendó no hacerlo porque podía filtrarse y habría que dar explicaciones.

Las presiones sobre los imputados

Sobre si el juez Bonadio o el fiscal Stornelli ejercieron presiones para que los imputados se acogieran a la ley del arrepentido, Cabot fue cuidadoso: “No me consta que eso haya sucedido. No estuve presente en esos momentos. No tengo por qué hablar sobre un tema que no presencié”. Sí reconoció que, en su trabajo de cobertura, hablaba con abogados defensores y empresarios que le transmitían que acogerse a la ley del arrepentido era una de las opciones que barajaban las defensas: “La negociación en sí a veces me la contaban fuentes que yo merituaba como válidas para ese momento informativo, o para ilustrar o contar algún momento de cómo se iba sucediendo la causa”.

Las fuentes periodísticas

A la hora de responder a los abogados, la defensora del acusado ex funcionario Roberto Baratta, Elizabeth Gómez Alcorta, quiso saber con qué empresarios se reunió durante su investigación periodística. Cabot se amparó en su derecho a resguardar sus fuentes para no responder sobre ese punto al que había aludido en otra parte de su declaración.

Ante ello la abogada hizo un planteo para que el Tribunal lo obligue a responder y el testigo se retiró de la sala de audiencias durante esa argumentación. Gómez Alcorta sostuvo ante los jueces que Cabot “se amparó en el derecho a resguardar la fuente mientras investigaba el contenido de los cuadernos”, pero advirtió que ese argumento no corresponde en este caso. “Los empresarios con quienes Cabot se reunió no le proporcionaron información que él no tuviera; era Cabot quien tenía la información y pidió reunirse porque ya sabía quiénes eran”, planteó.

En ese sentido, remarcó que “esa categoría no goza del derecho de reserva de fuentes”. También aclaró que las preguntas apuntan a develar “las eventuales alteraciones de los originales y el modo en que se construyó la denuncia”. Por eso, solicitó al tribunal que “se ordene al testigo responder esa pregunta y todas las vinculadas a las reuniones que mantuvo, bajo apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, será considerado obstrucción”.

Por su parte, el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, adhirió al planteo y subrayó que “el dato es un dato que él mismo introdujo al hacer referencia a que había tenido encuentros con empresarios”. Distintos defensores adhirieron al pedido, entre ellos la abogada Laura Fechino quien remarcó que “el testigo no puede decidir sobre qué declara y qué no, tiene que declarar sobre la investigación que realizó”.

A su turno la fiscal León se opuso al planteo y pidió rechazarlo. En el mismo sentido opinó la querella de la Unidad de Información Financiera. Finalmente los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori resolvieron en el sentido planteado por la fiscalía y ordenaron continuar con la declaración.

Las preguntas de Beraldi

El abogado de la ex presidenta, Carlos Alberto Beraldi, centró su interrogatorio en varios ejes. Primero le preguntó sobre el primer encuentro con Bacigalupo, el 8 de enero de 2018, y qué había visto al abrir la caja. “Los miré, miré las fechas, la temporalidad que recorrían esos cuadernos, empecé a ver de qué se trataban con mucha sorpresa”, respondió Cabot.

El defensor también le preguntó si había podido verificar que las entregas de dinero relatadas en los cuadernos efectivamente ocurrieron. “Se relatan centenares de episodios, ¿usted lo verificó?”, le preguntó. “Yo fui haciendo un trabajo de hablar con muchísimas fuentes que me iban relatando en algunos casos algunas cosas, y en otras no”, respondió Cabot, y ante una insistencia de Beraldi, comentó que no tenían manera de verificar los pagos concretos.

Sobre sus encuentros con Bonadio, Cabot precisó que se reunió con el juez después de haber formalizado la denuncia ante Stornelli el 10 de abril. En esa primera reunión, Bonadio lo advirtió sobre las posibles consecuencias, incluida la posibilidad de contar con custodia. En un segundo encuentro, hacia finales de julio de 2018, el magistrado le dijo que habían avanzado en la investigación y le transmitió una imagen que el periodista recordó con precisión: “Me dijo que esto era lo que fue la Roseta para los egipcios, a partir de esto uno puede entender una cantidad de circunstancias o relaciones en el mundo del poder“.

Quiénes declaran esta semana

Este miércoles el tribunal definirá la nómina de testigos que deberán asistir el jueves a declarar. Se espera que sea el turno de la ex esposa de Centeno, Hilda Horowitz y de la exsecretaria de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga, además de Jorge Bacigalupo, el por entonces amigo de Centeno que guardó los originales de los cuadernos.

El cronograma, que podría sufrir modificaciones, prevé escuchar a 43 testigos durante mayo. En el listado al que tuvo acceso Infobae están Roberto Lavagna, Mariana Zuvic y el financista arrepentido en la causa por la “ruta del dinero K”, Leonardo Fariña.

El Tribunal seguirá con audiencias martes y jueves de manera semipresencial en la sala Auditorium en el subsuelo de Comodoro Py 2002. Allí tendrá que presentarse cada testigo el día de su citación, habrá abogados presentes y otros seguirán la jornada de manera remota, vía Zoom.

Al respecto, habrá prioridad para los letrados que hayan ofrecido como prueba los testigos que sean citados en cada jornada. También, si lo desean, podrán ir en persona los acusados, todo sujeto a la capacidad de la sala de audiencias, se aclaró.

La Justicia dispuso peritar el teléfono celular de Matías Tabar, el contratista que refaccionó la casa del club de golf Indio Cua de Manuel Adorni. Se buscarán registros de esas comunicaciones y otros mensajes con el jefe de Gabinete.

El magistrado Ariel Lijo hizo lugar a un pedido del fiscal Pollicita, quien tiene delegada la investigación, luego que ayer Tabar declarara bajo juramento de verdad que hizo refacciones calculadas en 245 mil dólares en la casa de los Adorni, pagadas en efectivo por el funcionario. En ese trámite, el testigo contó que antes de presentarse a declarar recibió llamadas “temporales” de Adorni vía WhatsApp, donde se le habría ofrecido asesoramiento antes de presentarse en Comodoro Py.

Cuando declaró, Tabar dijo que Adorni le habría dicho que necesitaba hablar con él y que luego de eso dialogaron por teléfono. El funcionario le habría ofrecido ayuda o la posibilidad de que su equipo lo contactara por el tema de la declaración. El contratista le dijo al fiscal que inicialmente lo consideró, pero luego consultó con una persona que lo asesoró y decidió rechazar ese contacto para evitar que pareciera que estaban elaborando una estrategia común.

El análisis del teléfono fue encomendado a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y se intentará recuperar los mensajes temporales o borrados.

De manera paralela, el fiscal federal Gerardo Pollicita rechazó este martes un pedido de la diputada nacional Marcela Pagano para ordenar “la inmediata detención” del jefe de Gabinete Manuel Adorni por supuesto “riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación grave, actual e inminente”, a raíz de haber contactado a un testigo clave antes de su declaración en la causa que lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito.

La fiscalía no avaló el pedido tras ser notificada por el juzgado federal de Ariel Lijo. Según dijeron a Infobae fuentes judiciales, se sostuvo que no se verifican los riesgos procesales mencionados por la Diputada, quien reclamó en todo caso que se prohíba al Jefe de Gabinete tomar contacto con testigos.

Las refacciones por 245 mil dólares

Tabar declaró ayer que en agosto de 2024 Manuel Adorni lo contactó directamente por WhatsApp. Le dijo que estaba por adquirir una casa en el lote 380 del country Indio Cuá / Indio Cua Golf Club y que quería que la viera para evaluar posibles refacciones. El testigo concurrió con su socia y se reunió con Adorni y su esposa Bettina Angeletti.

El presupuesto inicial cercano a los USD 94.000 habría escalado hasta unos USD 245.000, dijo el testigo, y agregó que todos los pagos fueron realizados por Adorni en efectivo y en dólares sin facturas ni recibos.

El contratista ubicó el período de trabajo entre octubre de 2024 y julio de 2025, y aclaró que no solo se dedicó a las refacciones de obra, sino también a la renovación de otros aspectos del hogar, como los muebles.

En la casa, de unos 400 m², se remodelaron los siguientes espacios: entrada, garaje, galería, escaleras, pintura interior, enduido y reparación de paredes, cambio de pisos por porcelanato, revestimiento exterior tipo tarquini, reforma de parrilla, remodelación de la pileta con cascada, trabajos de cocina —especialmente mesadas, isla y desayunador—, ajustes de iluminación y otras mejoras generales.

El testigo llevó ante el fiscal toda la documentación referida a las compras que hizo para la obra el jefe de Gabinete y aportó todos y cada uno de los ítems que hicieron a la renovación del hogar. También dejó fotos y videos del antes y después.

Cómo sigue la causa

En la investigación, mañana declarará otro testigo, el hijastro de una de las jubiladas que vendió a los Adorni su departamento del barrio porteño de Caballito, Leandro Miano. Esa operación se hizo con un pago de 30 mil dólares en efectivo y otros 200 mil sin intereses que el jefe de Gabinete tiene que cancelar en noviembre próximo.

Mientras tanto ya se encomendó un informe sobre la evolución patrimonial del matrimonio. En caso de detectarse inconsistencias, se intimará al funcionario a justificar su nivel de vida en relación a sus ingresos y, si no logra dar explicaciones, podría avanzarse en un llamado a declaración indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito.

El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, reclamó que la causa que impulsó contra los dirigentes de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino siga en esa provincia y que se ordene la apertura de la investigación en la que había pedido detener a ambos. En una apelación que presentó ante la Cámara Federal de Tucumán, el fiscal solicitó además que se de intervención al Consejo de la Magistratura de la Nación para analizar la conducta del juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, quien desestimó su dictamen y envió el caso al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.

Decisión “arbitraria” y “dogmática”

Al apelar la decisión que desestimó la investigación por supuesto lavado de activos y asociación ilícita contra el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Toviggino, su presidente Tapia y otros 23 implicados, el fiscal entendió que la resolución del magistrado fue “arbitraria”, “dogmática” y carente de fundamentación válida. Argibay se reincorporó de una licencia el 21 de abril —un día antes de lo previsto— y en menos de una hora rechazó un requerimiento de instrucción de 181 páginas, declaró la incompetencia territorial del juzgado y remitió las actuaciones al Juzgado Federal de Campana, enumeró la fiscalía sobre lo sucedido, según el texto al que tuvo acceso Infobae.

Menos de una hora después, la Cámara Federal de Tucumán aceptó un planteo para apartar al juez del caso por supuestos vínculos comerciales con un familiar de Toviggino. El fiscal sostuvo que esa velocidad de resolución “sólo permite concluir que el juez quiso desestimar el requerimiento de instrucción y lo hizo sin siquiera analizarlo”.

La investigación a la AFA

La causa tiene como eje central una red de sociedades supuestamente vinculadas a Toviggino —tesorero de la AFA y presidente de la Liga Santiagueña de Fútbol— a través de las cuales, según la Fiscalía, se habría canalizado dinero proveniente de la entidad rectora del fútbol argentino. El requerimiento de instrucción detalla transferencias de la AFA a empresas como Servicios Neurus S.A., SOMA S.R.L., Carbello S.R.L. y Servicios Lindor S.A., por un total de $3.633.013.825,80 pesos. Varias de esas firmas figuran en la base de contribuyentes apócrifos (e-APOC) de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se remarcó en ese dictamen.

El juez federal de Santiago del Estero rechazó el requerimiento con tres argumentos centrales: que el objeto de investigación no fue definido con precisión, que el ilícito precedente no estaba determinado y que no se podía afirmar la existencia de facturas falsas.

Sobre el primer argumento, el fiscal señaló que la resolución “se refugia en abstracciones doctrinarias genéricas” y omite analizar prueba como escrituras de compraventa de inmuebles; transferencias bancarias y adquisición de vehículos de alta gama —entre ellos Audi Q8, BMW M5 y Porsche— por parte de las sociedades investigadas.

En su reclamo para impulsar el caso, la fiscalía apuntó a una posible defraudación en perjuicio de la AFA, evasión tributaria mediante facturas que serían falsas e infracciones al régimen penal cambiario. El fiscal también cuestionó que el juez haya desestimado la causa sin aguardar la respuesta a oficios enviados a ARCA el 9 de abril pasado, que hubiesen permitido completar el circuito financiero. “El juez renunció a la búsqueda de la verdad”, afirmó el fiscal Simón.

Además en la apelación advirtió que presentó evidencias que debían analizarse en conjunto, como el hecho de que Servicios Lindor S.A. contrató servicios a SOMA SRL por más de USD 1.000.000.000 cuando la empresa recién se constituía, o que Servicios Neurus S.A. —creada en 2025— registró una facturación inicial de $3.826.426.568,44, con escasos empleados y sin infraestructura, y con la mayoría de sus comprobantes emitidos a la AFA. También cuestionó la declaración de incompetencia territorial. El juez de Santiago del Estero remitió las actuaciones a Campana al considerar que la AFA tiene domicilio en Pilar.

Al respecto recordó que el juzgado de Campana las devolvió porque entendió que le fueron enviadas sin esperar el tiempo necesario para que quede firme esa decisión.

“¿Existe una defraudación o no? Si existe, ¿por qué dijo que no se describió la maniobra defraudatoria? Si no existe, ¿por qué remite por incompetencia una causa en donde no habría un delito?”, concluyó el fiscal sobre la decisión del juez.

La defensa de la ex fiscal Viviana Fein volvió a reclamar este lunes su sobreseimiento en la causa que la investiga por presuntas irregularidades en el departamento del fiscal Alberto Nisman, cuando se lo encontró muerto de un disparo en la cabeza en enero de 2015. En un escrito entregado al juez de la causa, Julián Ercolini, el defensor de la ya jubilada fiscal pidió que sea sobreseída o bien se le dicte falta de mérito y se ordenen medidas de prueba que pidió al prestar declaración indagatoria en abril pasado.

La acusación a Fein

El abogado Lucio Simonetti advirtió que la acusación por presunto “encubrimiento agravado” por la cual el fiscal federal Eduardo Taiano exigió procesar a Fein “no tiene ningún tipo de lugar dentro del análisis fáctico que se pretende describir como ilícito” y también insistió en que “de ninguna forma queda demostrado” que la ex fiscal “haya violado norma alguna referida a la forma en la que debía proceder en un procedimiento”, en este caso, la escena de la muerte de Nisman, el departamento de las torres Le Parc de Puerto Madero donde se lo encontró con un balazo en la cabeza el fin de semana del 18 de enero de 2015.

Para la defensa no se encuentran “de ninguna forma” demostradas las presuntas irregularidades que se le imputan a Fein y además “no pueden encuadrarse” como un delito de encubrimiento, como postuló la fiscalía en un dictamen en el que se pidió procesarla por este delito.

En la acusación, apuntó ahora la defensa de Fein, “sólo se hace referencia a una supuesta contaminación de la escena del crimen, a la pérdida de evidencias, a un error en la delimitación de la escena del hecho, etcétera, es decir, no se dice qué cosas se habrían perdido o alterado, mucho menos en qué consistiría la supuesta contaminación, sino que sólo son referencias a cuestiones metodológicas, esto es, a la forma en la que habría sido desarrollado el procedimiento, pero no hay un “rastro”, “prueba” o “instrumento” del delito que se señale“.

El delito de encubrimiento, agregó, requiere que quien lo comete sepa de la existencia de un delito anterior y también que “el rastro que se borra u objeto que se esconde” proviene del mismo. “En ninguna parte de los dictámenes presentados por el agente fiscal se hace la más mínima referencia a que mi defendida tuviera conocimiento de que se encontraba ante la comisión de un delito”, advirtió. En el encubrimiento “debe existir una necesaria relación entre el autor del delito encubierto y el encubridor, ya que es ridículo suponer que alguien va a encubrir a un desconocido” y al respecto Simonetti sostuvo que la fiscalía “nada dice acerca de que haya existido una relación previa entre mi defendida y las personas que habrían intervenido en el supuesto asesinato de Natalio Alberto Nisman”.

“Es, cuanto menos, llamativo que suponer que alguien va a encubrir el delito cometido por otra persona con la que no tiene ninguna relación; sería un acto de altruismo -ilícito- sobre el que no existen antecedentes”, ironizó. La defensa sostuvo que no hay elementos de prueba “para justificar que se la procese no sólo por el delito de encubrimiento sino por cualquier otra figura”.

Fein ya fue indagada y el 13 de abril pasado amplió su declaración para rechazar los términos bajo los cuales la fiscalía pidió procesarla.

El dictamen fiscal

El pedido de procesamiento fue realizado por el fiscal federal Taiano, quien sostuvo que la actuación de Fein durante las primeras horas tras el hallazgo de Nisman generó la pérdida de pruebas esenciales. En su presentación ante Ercolini, Taiano argumentó que la ex fiscal habría manipulado elementos probatorios y permitido la adulteración del escenario, lo que impidió esclarecer ciertos aspectos centrales del caso.

La fiscalía sostuvo que no se trató de errores fortuitos, sino de “acciones deliberadas tendientes a alterar y ocultar pruebas del delito”. El “plan criminal implicaba simular un suicidio”, agregó.

“No fue casual que luego de la muerte del Dr. Nisman el Poder Ejecutivo Nacional en su totalidad, utilizando el aparato y el poder del Estado -como por ejemplo, la entonces Agencia Federal de Inteligencia-, haya intentado por todos los medios a su alcance imponer públicamente la hipótesis suicida”, advirtió ese escrito.

En ese dictamen se remarcó que la entonces fiscal permitió la presencia de personas sin una función definida en el departamento de Le Parc, donde se registró el hecho, y que ese comportamiento contribuyó directamente a la alteración y pérdida de evidencias fundamentales.

El juez Ercolini debe resolver si procesa, dicta falta de mérito o sobresee a la ex fiscal de instrucción.

La investigación por la muerte de Nisman que, según sostiene la Justicia, se trató de un asesinato vinculado a sus funciones, está delegada en la fiscalía de Taiano.

Nisman fue hallado muerto el 18 de enero de 2015, con un tiro en la cabeza, en el baño de su vivienda. Días antes, había acusado públicamente a la entonces presidenta Cristina Kirchner y a funcionarios de su administración de encubrimiento, en relación al Memorándum con Irán vinculado al atentado a la AMIA.

La Cámara Federal porteña avaló en 2018 la hipótesis de asesinato y descartó la del suicidio, después de que un peritaje multidisciplinario de Gendarmería Federal así lo concluyera. El dictamen aseguró que la muerte estuvo vinculada a la tarea de Nisman como investigador del atentado a la AMIA.

La Cámara Federal de Casación Penal revocó una decisión del tribunal de Santa Cruz que lleva adelante el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan, que había limitado la intervención de los fiscales durante las audiencias orales. Por unanimidad, la Sala IV del máximo tribunal penal federal del país resolvió “hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal” y revocar la resolución que había fijado que sólo dos fiscales podían actuar en el debate.

El conflicto se había originado cuando el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz dispuso que en el juicio intervendrían únicamente dos representantes del Ministerio Público y que “sólo podrán formular alegato los fiscales que hayan asistido a las audiencias”. Además estableció que “fiscal que no participe en una audiencia se encuentra vedado de alegar”.

Esa decisión fue cuestionada por la fiscalía, que sostuvo que el Procurador General de la Nación había conformado un equipo de cuatro fiscales para afrontar el caso, dada su complejidad. Casación coincidió con ese planteo y consideró que la limitación impuesta por el tribunal oral careció de sustento legal. El juez Javier Carbajo sostuvo que “los artículos 67 y 167 del Código Procesal Penal de la Nación no establecen, en ningún sentido, la imposibilidad de que en un juicio actúen más de dos fiscales”.

En la misma línea, remarcó que la ley orgánica del Ministerio Público habilita expresamente este tipo de conformaciones: permite “la actuación conjunta o alternativa de dos o más integrantes del Ministerio Público Fiscal cuando la importancia o dificultad de un caso lo hagan aconsejable”. Además, Casación con el voto de los jueces Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky descartó que la participación de varios fiscales afecte la igualdad de armas entre las partes.

Según sostiene el fallo, “esa garantía no depende de la cantidad de acusadores sino de que la defensa pueda ejercer plenamente sus derechos.” En ese sentido, el tribunal destacó que las propias defensas no habían objetado la integración del equipo fiscal.

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz que integran los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronet y Luis Giménez tendrá ahora que admitir en la sala de audiencias a los cuatro fiscales que integran el equipo acusador: Julio Zárate, Lucas Colla, Gastón Franco Pruzan y María Garmendia Orueta. Se juzga a cuatro exoficiales superiores de la Armada Argentina por su presunta responsabilidad en el hundimiento y posterior implosión del submarino ocurrido en noviembre de 2017.

Casación también cuestionó la regla que impedía alegar a fiscales que no hubieran estado en todas las audiencias. Para la Cámara, esa exigencia tampoco tiene respaldo normativo y constituye “una limitación inmotivada de la autonomía del Ministerio Público Fiscal”.

El juez Carbajo entendió que tanto la restricción del número de fiscales que podrán intervenir en el debate, como la regla de que “fiscal que no participe en una audiencia se encuentra vedado de alegar” no encuentran sustento en las normas procesales ni en principios constitucionales que se invocaron y es una “limitación inmotivada de la autonomía del Ministerio Público Fiscal que debe ser revocada”.

El juez Hornos coincidió en que la decisión del Tribunal oral “conculca la independencia funcional del Ministerio Público Fiscal, sin que exista sustento normativo que justifique tal limitación”. En tanto, Borinsky remarcó que la restricción “importa una afectación a la organización interna del Ministerio Público Fiscal que carece de sustento normativo suficiente”.

La querella que representa Luis Tagliapietra, sostuvo a la hora de apoyar el planteo de los fiscales que el límite impuesto por el Tribunal Oral fue “arbitrario e inconstitucional” y remarcó que es un juicio “sumamente complejo” en el cual los familiares de las víctimas necesitan la asistencia de los acusadores públicos.

Con este fallo, Casación dejó sin efecto las restricciones impuestas y ordenó que el proceso continúe desde ahora con la participación del equipo completo de fiscales designado para el juicio.

A quiénes se juzga

El submarino ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 cuando navegaba desde Ushuaia hacia la Base Naval de Mar del Plata, tras detectar una avería en las baterías. Transportaba a 44 tripulantes, todos fallecidos.

Por la tragedia son juzgados Luis Enrique López Mazzeo, contraalmirante y ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento (máximo cargo operativo); Claudio Villamide, quien al momento de la tragedia era Comandante de la Fuerza de Submarinos de la Armada Argentina; Héctor Alonso, capitán de navío y Hugo Miguel Correa, capitán de fragata.

Se los acusa de presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.

Un precedente

La decisión de Casación podría sentar un precedente para otras causas penales consideradas complejas y en las que se han conformado equipos fiscales, con el objeto de no limitar su participación en futuros juicios orales, como por ejemplo el caso Loan.

Loan Danilo Peña, de 5 años, despareció el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio durante un almuerzo familiar. Desde junio próximo serán juzgados 17 procesados y la fiscalía ya pidió al Tribunal que autorice la intervención de más representantes del Ministerio Público fiscal por la acusación.

La Cámara Federal porteña rechazó el planteo del economista y ex diputado José Luis Espert para trasladar a los tribunales de San Isidro la causa en la que se lo investiga por presunto lavado de activos, vinculado a su campaña presidencial de 2019, por lo que el expediente seguirá en Comodoro Py.

La decisión fue tomada por la Sala I del tribunal, que confirmó lo resuelto en primera instancia por el juez Marcelo Martínez De Giorgi, quien había rechazado la inhibitoria planteada por la defensa del ex dirigente liberal.

En el fallo, los camaristas concluyeron que, por ahora, no existen elementos suficientes para considerar que la investigación que tramita en Comodoro Py deba unificarse con otra radicada en San Isidro. Según señalaron, ambos expedientes tienen objetos procesales distintos.

Qué se investiga en cada caso

La resolución remarcó que en esta causa se investigan “las presuntas conductas atribuidas” a Espert durante la campaña de 2019, en particular el uso de aviones privados y otros bienes que habrían sido provistos por el empresario Fred Machado, actualmente extraditado a Estados Unidos en una causa por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico.

En cambio, el expediente en San Isidro apunta a otro tramo de hechos: la supuesta recepción de 200.000 dólares en efectivo como parte de un contrato con Machado y maniobras posteriores para justificar esos fondos mediante actos jurídicos simulados.

El camarista Mariano LLorens concluyó que estas diferencias “estructurales y temporales” impiden, en esta etapa, acreditar los requisitos legales necesarios para apartar al juez de Comodoro Py. En esa línea, consideró “prematuro” hacer lugar al planteo de la defensa.

También advirtió que una decisión apresurada podría afectar el desarrollo de ambas investigaciones, que avanzan con medidas de prueba en direcciones distintas. No obstante, dejó abierta la posibilidad de revisar la cuestión más adelante si surgen nuevos elementos que demuestren una conexión más clara entre los expedientes.

En San Isidro la causa está a cargo del juez federal Lino Mirabelli. Un punto central de la pesquisa es el contrato de servicios profesionales que Espert firmó con la firma guatemalteca Minas del Pueblo SA, el cual preveía el pago total de 1.000.000 de dólares, de los cuales al menos 100.000 habrían sido entregados al momento de la firma y otros 200 mil transferidos después.

Para los investigadores, ese acuerdo podría haber funcionado como un instrumento para justificar anticipadamente fondos de presunto origen espurio, más allá de la transferencia bancaria de 200.000 dólares detectada en una cuenta del banco Morgan Stanley.

Martínez de Giorgi por su parte investiga a Espert en otra causa penal por los vuelos en aviones de Fred Machado y su vínculo durante la campaña electoral de 2019 cuando se postuló para la Presidencia. El ex candidato a Diputado nacional por La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires habría volado 36 veces en 2019 en aviones de Machado.

La causa tramita desde 2021 en los tribunales federales de Retiro y Espert ya pidió dos veces sin éxito ser sobreseído en el caso que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero, asociación ilícita y encubrimiento en el marco del financiamiento de la campaña presidencial para las elecciones de 2019.

Acorralado por el escándalo, Espert pidió licencia como diputado nacional hasta el final de su mandato, que concluyó en diciembre de 2025.

El juicio oral a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados en el caso Cuadernos entrará la próxima semana en una nueva etapa clave: las declaraciones de testigos bajo juramento de verdad. En este tramo se espera en lo inmediato la presencia de dos mujeres que, con perfiles distintos y relatos controvertidos, tuvieron un papel relevante durante la investigación iniciada en 2018. Se trata de Hilda Horovitz, ex pareja de Oscar Centeno, el autor de los manuscritos donde se dio cuenta del derrotero de recolección de supuestos sobornos pagados a exfuncionarios kirchneristas por empresarios de la obra pública y Miriam Quiroga, ex secretaria de Ceremonial durante la presidencia de Néstor Kirchner.

Por lo pronto, el próximo martes la audiencia estará dedicada a escuchar a tres periodistas del diario La Nación que investigaron el caso a partir de los cuadernos que recibió uno de ellos, Diego Cabot, de manos del por entonces amigo de Centeno, el ex policía Jorge Bacigalupo, quien según relató los había guardado como un favor al remisero del ex funcionario de Planificación Federal Roberto Baratta. En la audiencia del jueves será el turno de Horovitz, Quiroga y también de Bacigalupo.

La ex pareja de Centeno

Hilda Horovitz fue una de las primeras en encender la mecha del caso. El 1 de noviembre de 2017 se presentó en Comodoro Py 2002 para declarar en una causa por presunta defraudación contra la administración pública que tenía como principal imputado al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, las irregularidades en la compra de 11 buques de gas natural licuado (GNL). Allí pidió dar testimonio tras años de conflictos personales con Centeno.

Ese día, Horovitz aseguró que el remisero trasladaba bolsos con dinero en efectivo en recorridos vinculados a funcionarios del Ministerio de Planificación. También sostuvo que esos movimientos incluían visitas a “cuevas financieras” y domicilios particulares, y que el dinero habría sido entregado en distintos puntos, entre ellos propiedades vinculadas al matrimonio Kirchner. Según su versión, parte de ese dinero habría sido utilizado por Centeno para adquirir bienes, como una casa en Olivos.

Además, durante la investigación salieron a la luz mensajes que Horovitz le habría enviado a Baratta en 2016, en los que advertía que Centeno “anotaba todo” en cuadernos, con fechas, direcciones y detalles de los supuestos traslados. En esos intercambios también reclamaba dinero y hacía alusión a bolsos con efectivo. En uno de esos mensajes incluso mencionó la existencia de los cuadernos: “Él tenía o tiene cuadernos escritos con cada cosa, dónde iban, con direcciones y fotos”. Tras la difusión de esos chats, Horovitz denunció haber recibido amenazas. El Tribunal Oral Federal 7 dispuso entonces medidas de protección, incluida custodia policial y un botón antipánico.

En el medio hubo denuncias cruzadas por extorsión como punto final a la relación amorosa entre el remisero y Horovitz que había empezado en 2006, cuando el sargento retirado del Ejército se separó de su anterior mujer y se fue a vivir a un hotel donde ella era encargada. Allí se conocieron. Estuvieron juntos hasta 2015, viviendo en Olivos, cuando la convivencia se volvió “insostenible” y habrían comenzado los reclamos de ella por los bienes de él y la forma en que fueron conseguidos. Hasta que, finalmente, subió las escalinatas de Comodoro PY y por primera vez habló en la Justicia del presunto dinero malhabido que, según ella, su pareja ayudaba a recolectar.

Las amenazas de contar lo que sabía habrían terminado cuando se convirtió en propietaria de un departamento en el barrio porteño de Once que según se sospecha habría sido pagado por Baratta.

La ex secretaria de Néstor Kirchner

Por su parte, Miriam Quiroga fue otra figura que cobró notoriedad años antes, cuando en 2013 apareció en televisión denunciando supuestos traslados de dinero durante el gobierno de Néstor Kirchner. Se presentó como ex secretaria del entonces presidente y relató viajes a la Patagonia con bolsos que, según dijo, contenían dinero.

Publicó un libro,“Mis años con Néstor y todo lo que vi”. En lo relativo al caso Cuadernos, declaró como testigo durante la investigación del fallecido juez federal Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli. Apuntó entonces al fallecido ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz.

“En una ocasión, Daniel Muñoz salió del despacho del presidente Néstor Kirchner a mediados de su mandato aproximadamente. En horas de la tarde, entró a mi despacho con un bolso, que yo reconocí porque era un bolso que le había regalado una ciudadana al presidente. Era de cuero de color marrón, muy bonito, de categoría. Me dijo ‘toma, pesalo’. Yo le pregunté qué había dentro y me dijo ‘hay muchos verdes’. Yo le respondí en broma ´dame unos para mí´, a lo cual él me respondió: ‘No, estás loca, los tiene todos bien contados’“, contó en ese momento. También habló de viajes al Sur en aviones oficiales.

También refirió que el fallecido ex presidente tenía “cuadernos espiralados, comunes". "Nunca tuve acceso a ellos pero los vi. Un día los quise ver, pero no me lo permitió. Sé que anotaba los que le debían, así me lo refirió Daniel Muñoz. Llevaba allí sus cuentas, no sé en concepto de qué“, acotó.

Ambas mujeres declararán bajo juramento de verdad el mismo día y tendrán que responder las preguntas del Tribunal, la fiscalía, la querella de la Unidad de Información Financiera y los abogados defensores de 86 acusados. Estos últimos de manera presencial o vía Zoom. Si lo desean, sus clientes procesados también podrían pedir estar en la sala de audiencias de cara a los testigos, explicitó el TOF7 en su resolución al respecto.

El arrepentido ex secretario de Obra Pública de los tres gobiernos kirchneristas, José López, salió este jueves en defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, dijo que “nunca” la vio como “organizadora o jefa de una asociación ilícita” y que declaró como imputado colaborador en 2018 por su situación personal y porque sintió la “obligación” de hacerlo, pero no se refirió a esos dichos de manera concreta.

Con su indagatoria y la de tres empresarios realizadas de manera virtual concluyó la etapa de declaraciones de acusados en el juicio por los Cuadernos. El martes próximo comenzará el desfile de testigos y al respecto el final de la audiencia de este jueves quedó envuelto en una polémica por la decisión del Tribunal Oral Federal 7 de cortar en esta nueva etapa la transmisión del debate por el canal de YouTube del Poder Judicial. Este punto derivó en una coincidencia entre defensas y fiscalía, a cargo de Fabiana León: se pidió dejar sin efecto la medida para garantizar la publicidad. Los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero escucharon los planteos y deberían tomar una decisión al respecto.

Los dichos de López

“Nunca vi a Cristina Kirchner como organizadora o jefa de una asociación ilícita”, señaló José López en su declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 7. Además intentó contextualizar una frase sobre la ex presidenta en su declaración como arrepentido: “El miedo que mencioné que tenía respecto de la ex presidenta tenía que ver con la forma de gestionar el Gobierno Nacional y en ese sentido mi temor era hacer mal el trabajo o perderlo” porque en ese momento era su “única fuente de ingreso”. Fue el único tramo de su declaración -que leyó- en el que López se refirió de manera concreta al contenido de su indagatoria como imputado colaborador. CFK es juzgada como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho.

“No conozco que se haya formado una asociación ilícita ni tengo elemento alguno que indique haber integrado algo en ese contexto. Nunca vi a Cristina Fernández de Kirchner como jefa u organizadora de una asociación ilícita, ni tampoco vi en ese sentido a Julio De Vido”, acotó también sobre el ex Ministro de Planificación Federal también sometido a juicio.

López mencionó que su “integración al gobierno nacional de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner fue una continuación del trabajo en equipo” que se realizaba a nivel provincial y municipal en Santa Cruz. “Nunca fui invitado a integrar una asociación ilícita, sino a conformar un gobierno legítimo elegido por el pueblo en tres períodos consecutivos”, insistió.

“Nunca tuve intención ni voluntad de cometer ningún tipo de delito”, se defendió además y explicó que “el trabajo diario y el ritmo de la política no siempre hacen posible advertir si se cruzan o no ciertos límites, sobre todo cuando las decisiones cuentan con el respaldo de las áreas jurídicas, como siempre sucedió en mi caso. Por eso, esto me da mucha tranquilidad”.

“Acecho mediático”

Sobre su confesión como arrepentido López dijo en líneas generales: “Me sentí en la obligación de hacerlo y lo hice”, en relación a su declaración ante el fiscal federal Carlos Stornelli y su defensor el 17 de agosto de 2018. “Nunca hubo ningún secretario, secretaria” esa audiencia, remarcó. También recordó que en la cárcel se escuchaba decir que “no había sortijas para todos”.

López refirió que esa época estaba detenido en la causa por los bolsos en el convento, era juzgado por enriquecimiento ilícito a raíz de ese intento de esconder allí bolsos con 9 millones de dólares y “vivía una situación de acecho mediático” en “absoluto aislamiento”. En ese marco justificó su decisión de arrepentirse pero recordó que su abogado de entonces le dijo que tenía que apuntar hacia arriba y “decir la verdad” porque la información iba a ser corroborada. En esa declaración de 2018, habló de supuesto pago de sobornos con porcentajes incluídos.

“Si yo me hubiera encontrado en otra situación anímica y de salud seguramente no hubiera hecho esta declaración como arrepentido”, agregó ahora. Estaba “sólo y vulnerable”, volvió a insistir pero no negó sus dichos de ese entonces.

López negó haber integrado una asociación ilícita e hizo una defensa general de su actuación durante sus doce años como funcionario público nacional. “Soy inocente de todos los hechos que me están imputando”, concluyó tras hablar apoyado por notas que leyó en todo momento durante la audiencia, sin responder preguntas.

El detenido ex funcionario kirchnerista fue trasladado a primera hora de la mañana desde la cárcel de Ezeiza, donde cumple una pena de 13 años de cárcel unificada por el caso Vialidad y por enriquecimiento ilícito, a raíz del episodio que lo llevó a la fama mediática en junio de 2016: el intento de esconder bolsos con 9 millones de dólares en un convento de General Rodríguez. Fue ingresado a la sala de audiencias en el subsuelo de Comodoro Py 2002 custodiado por miembros del Servicio Penitenciario Federal.

López estuvo al frente de la obra pública durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner y permanece detenido desde junio de 2025, cuando se presentó en tribunales para comenzar a cumplir la pena de seis años de cárcel por el caso Vialidad. Esa condena quedó unificada en 13 años de prisión con la causa de los bolsos de convento y portación ilegal de arma. Ya visitó Comodoro Py desde la cárcel el 4 de marzo pasado para asistir a la primera audiencia de otro proceso al que es sometido, el fraude con viviendas sociales del programa “Sueños Compartidos”.

Qué dijo como arrepentido

Durante la investigación de la causa Cuadernos, López declaró como imputado colaborador y describió un presunto sistema de recaudación ilegal ligado a la obra pública. “Yo lo que puedo aportar es específicamente de las obras viales, que eran justamente las obras de mayores montos que se manejaron en la Secretaría de Obras Públicas. Durante el período 2005-2010 se desarrolla un sistema que consistía en recaudar y mi función era coordinar con Daniel Muñoz para que él fuera el depositario de lo que las empresas que había nominado Wagner pudieran aportar”, sostuvo.

López se refirió así al fallecido secretario privado del ex presidente Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, y a Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción también arrepentido y que es ahora juzgado junto con él.

Según López, los pagos ilegales tenían porcentajes definidos: “Los porcentajes variaban entre el 3, 5 y rara vez el 7 por ciento. Se desarrollaban en los anticipos financieros o sobre los certificados. El anticipo financiero era el 10 por ciento de la obra y de ese porcentaje se cobraba el cinco por ciento”.

También describió la logística de las entregas de dinero: “Las entregas a Muñoz eran de dos a tres veces por semana, entre 100 mil y 300 mil dólares o euros. Cuando había una entrega, personas que desconozco, vinculadas con Muñoz, se comunicaban conmigo a un teléfono punto a punto. Sonaba al menos tres veces por semana. Nunca realicé una llamada desde ese teléfono; estaba prendido las 24 horas”.

Sobre el origen del dinero hallado en los bolsos del convento de General Rodríguez en 2016, afirmó: “Esa plata era de la recaudación”.

Esta será la última audiencia dedicada a las indagatorias: el martes pasado fue el turno de los ex secretarios de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.

Llegan los testigos

El juicio, que abarca hechos entre 2003 y 2015 y tiene a 86 acusados, entrará en una nueva etapa a partir de mayo. El Tribunal ya fijó audiencias y convocó testigos para todos los martes y jueves en Comodoro Py, bajo modalidad semipresencial.

Entre los primeros figuran periodistas para el martes 5 de mayo y el jueves siguiente será el turno de la ex esposa de Oscar Centeno,Hilda Horovitz; la ex secretaria de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga; y Jorge Bacigalupo, el amigo del remisero arrepentido autor de los cuadernos que se los guardó en medio de una disputa que Centeno mantenía con su pareja de entonces.

La Cámara Federal porteña ordenó este jueves acumular a la causa por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela la investigación por la desaparición forzada del gendarme Nahuel Gallo, quien estuvo detenido 448 días bajo el régimen de Nicolás Maduro, antes de ser liberado en marzo de 2026. La resolución del camarista Mariano Llorens se tomó en relación a un expediente judicial por lo que inicialmente fue un habeas corpus y que tramitó en Mendoza apenas fue detenido el gendarme. Ahora ambos casos se seguirán en los tribunales federales de Retiro.

El fallo de la Sala I del tribunal federal porteño estableció que la detención de Gallo —ocurrida el 8 de diciembre de 2024 en San Antonio de Táchira, cuando el suboficial de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) intentó ingresar a Venezuela desde Colombia— debe ser investigada en el juzgado federal 2 a cargo del juez Sebastián Ramos en Comodoro Py 2002.

Allí ya tramita un expediente que investiga la existencia de un plan sistemático de represión contra opositores en Venezuela y en el que ya se pidió la captura internacional de Nicolás Maduro y otros integrantes de su Gobierno. “Son señalados como quienes habrían desplegado o tolerado el aparato represivo en cuyo marco se habría producido la detención de Gallo”, apuntó Llorens.

La investigación

El camarista remarcó que debe establecerse “si existen puntos de conexión entre la desaparición forzada” de Gallo en Venezuela y la existencia de un “plan sistemático pergeñado por las autoridades del país mencionado para vulnerar derechos básicos de la ciudadanía a partir del año 2014, en particular, de opositores o personas percibidas como tales”. “Estos hechos pueden ser investigados por la Justicia argentina en base al principio de jurisdicción universal”, recordó.

El proceso de acumulación tuvo su origen en Mendoza, donde Gendarmería Nacional presentó una denuncia para investigar la posible comisión del delito de desaparición forzada en perjuicio de Gallo. La fiscal del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Federal Mendoza solicitó la incompetencia del juzgado provincial y la remisión del expediente a Buenos Aires, con el argumento de que existían reglas de conexidad con la causa que ya investigaba crímenes de lesa humanidad del régimen venezolano. El 20 de marzo pasado, el Juzgado Federal con Funciones de Garantías 1 de Mendoza hizo lugar al pedido y remitió las actuaciones a la capital federal.

El juez Ramos rechazó esa acumulación por entender que ambas causas eran “palmariamente inconexas” porque en su dependencia no tramitaba ninguna acción de hábeas corpus y porque Gallo ya había recuperado su libertad sin revestir calidad de parte en el expediente de lesa humanidad. Esa decisión fue apelada por la fiscalía, que argumentó que el juzgado había reducido el análisis al hábeas corpus formulado en Mendoza sin examinar las aristas más amplias de la investigación.

Gallo, oriundo de Catamarca y destinado al Escuadrón 27 de la GNA en Uspallata, viajó a Venezuela durante sus vacaciones para visitar a su pareja y a su hijo. Fue detenido por las autoridades venezolanas al cruzar el Puente Internacional Francisco de Paula Santander y permaneció recluido durante más de un año, en condiciones que organismos internacionales calificaron como desaparición forzada. La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos denunciaron su detención arbitraria. Fue liberado el 1 de marzo de 2026, tras 448 días en cautiverio.

La Cámara Federal de Casación anuló por mayoría este miércoles la resolución de un tribunal intermedio de apelaciones que confirmó el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández en la causa Seguros y ordenó dictar una nueva decisión.

Lo resolvieron dos de los tres jueces de la sala IV del máximo tribunal penal federal del país en la causa penal donde Fernández estaba hasta ahora con procesamiento confirmado por supuestas “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, según el fallo al que tuvo acceso Infobae.

Coincidencia fiscalía y defensa

Los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo hicieron lugar a un planteo de la defensa, con disidencia del juez Gustavo Hornos y anularon la confirmación del procesamiento al ex presidente. Lo hicieron porque el fiscal ante la Cámara Federal porteña, José Luis Aguero Iturbe, postuló en una audiencia previa que debía dictarse la falta de mérito y profundizar la investigación con más medidas de prueba, en coincidencia con la defensa. Se trata de nuevas declaraciones de testigos que ya fueron ordenadas.

Ante ello, el voto mayoritario resolvió anular el fallo de la Cámara Federal que confirmó el procesamiento y el embargo de bienes por la suma de $ 14.634.220.283,68. Se recordó que el fiscal ante la Cámara Federal porteña sostuvo que “no existían elementos de prueba suficientes para mantener el procesamiento Alberto Ángel Fernández y solicitó expresamente que se lo revocara y se dictara la falta de mérito respecto del nombrado”. Pese a ello, la sala II del Tribunal intermedio de apelaciones confirmó el procesamiento. Ante esta circunstancia, la defensa del ex presidente argumentó que hubo una “afectación al principio acusatorio y al debido proceso”.

En su voto el juez Borinsky remarcó que “no existió controversia entre las partes -defensa de Alberto Ángel Fernández y Ministerio Público Fiscal actuante ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal- en cuanto al temperamento a adoptar respecto de su situación procesal”, es decir, el planteo para revocar el procesamiento.

En base a ese razonamiento al que adhirió el juez Javier Carbajo se concluyó que la Cámara Federal “se apartó de la postura expresamente solicitada por la fiscalía ante esa instancia y la defensa, no controvertida en la audiencia”.

El desacuerdo del juez Hornos

En disidencia, el juez Hornos postuló por declarar inadmisible el recurso y dejar así firme el procesamiento por no tratarse de una sentencia definitiva. Por otro lado, destacó que el fiscal general ante Casación, Raúl Pleé, se manifestó por rechazar el planteo de la defensa del ex presidente. En ese sentido, sostuvo que debía tenerse en cuenta este último dictamen y no el del fiscal de la instancia anterior. El dictamen de Pleé, fundado en la unidad de actuación del Ministerio Público Fiscal y en la necesidad de investigar delitos de corrupción estatal, permitía descartar la lesión al principio acusatorio y justificaba declarar inadmisible el recurso sin avanzar hacia la anulación, argumentó Hornos.

El juez sostuvo que el procesamiento dictado sin prisión preventiva y confirmado por la Cámara de Apelaciones se encontraba “suficientemente fundado en derecho y en las constancias de la causa”, en relación con los hechos investigados. En ese sentido, destacó que la decisión se apoyó, con el grado de probabilidad propio de esta etapa, en la existencia de un supuesto esquema de direccionamiento irregular en la contratación de seguros estatales.

En esa línea, Hornos subrayó que esa valoración había sido además “avalada en forma razonada por el acusador público” ante Casación.

Qué se investiga

La causa investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros por organismos del Estado a partir del Decreto 823/2021, que centralizó esas operaciones en Nación Seguros S.A.. Según la pesquisa, el esquema habría permitido la intervención de intermediarios y coaseguradoras privadas con comisiones superiores a las de mercado y posible perjuicio estatal.

El anterior juez del caso, Sebastián Casanello, procesó ya a ex funcionarios del gobierno de Fernández, brokers y otros implicados, entre ellos Héctor Martínez Sosa, amigo del ex presidente y esposo de su ex secretaria privada, María Cantero, también procesada en la causa penal que ahora quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo como subrogante del juzgado federal 11 y del fiscal Carlos Rívolo. En cuanto a la situación de Fernández, los investigadores comenzaron ya a tomar nuevas declaraciones de los testigos propuestos por su defensa.

El ex secretario de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime desmintió este martes a los empresarios arrepentidos que lo involucraron en el caso Cuadernos y dijo que declararon bajo una “figura extorsiva” para no ir presos. En un tramo de su declaración indagatoria durante la audiencia del juicio se refirió además a la tragedia del tren de Once, donde está condenado y reiteró que no tuvo responsabilidad.

Poco antes de finalizar la jornada y luego de la declaración del ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, quien rechazó las acusaciones en su contra, fue el turno del abogado de la ex presidenta Cristina Kirchner, Carlos Beraldi. Había pedido la palabra para informar sobre una solicitud de nuevas pruebas hecha ante el Tribunal Oral Federal 7 por las “graves irregularidades” que dijo se denunciaron en el debate en torno a la investigación del caso a cargo del fallecido juez federal Claudio Bonadio.

“Es en el juicio donde deben ventilarse todas y cada una de estas situaciones para poder determinar la verdad”, sostuvo Beraldi y se refirió a casi 30 declaraciones de donde según argumentó surgieron “datos precisos y concordantes” sobre presuntas anomalías.

Se pidió que se convoque a escribanos que según dijeron en las audiencias del juicio algunos arrepentidos guardaron actas en las cuales avisaban que iban a declarar mentiras en el juzgado de Bonadio para no quedar presos.

Jaime desmintió a los empresarios

Durante la indagatoria, Ricardo Jaime se lamentó por los diez años que lleva preso, dijo que sufre una “prisión preventiva” casi eterna. También habló de su estado de salud y mencionó estar en un momento “muy vulnerable, con varias enfermedades”. Recordó al respecto que pidió al Tribunal Oral Federal 2 a cargo de la ejecución de su condena firme en la causa por la tragedia de Once ser trasladado del penal de Ezeiza a una cárcel de Córdoba para estar cerca de su familia.

De hecho, se refirió a la tragedia de Once del 22 de febrero de 2012 que causó 51 muertos. “Tuve el acompañamiento de Dios de no tener una tragedia como la que ocurrió. Sé que esas tragedias marcan a las familias que las sufren y también a quienes tenían responsabilidad. No es mi caso, porque no la tuve”.

El ex funcionario declaró por más de una hora y sólo respondió algunas preguntas de su defensa. Luego, se dispuso un cuarto intermedio y la audiencia se reanudó con la declaración de quien lo sucedió en el cargo, Juan Pablo Schiavi.

Jaime aludió en concreto a la “falsedad de lo manifestado” por uno de los imputados colaboradores, el empresario Aldo Roggio. Al recordar sus indagatorias anteriores en el caso, el ex funcionario recordó que negó entonces los dichos de los empresarios arrepentidos y lo ratificó ahora. “Tengo referencia que estas aseveraciones fueron hechas bajo la figura extorsiva utilizada por la instrucción. Dichas acusaciones no están en las llamadas fotocopias de los cuadernos del señor (Oscar) Centeno”, acotó al remisero exchofer del también acusado Roberto Baratta.

En ese sentido desmintió una reunión con Roggio a pocos días de la llegada de Néstor Kirchner al Gobierno, donde le habría pedido el 5 por ciento de sobornos sobre los subsidios, según declaró el empresario en su acuerdo de colaboración durante la investigación.

“Nunca tuve la presencia del señor Roggio en mi despacho, tengo entendido que sí con el ministro (Julio) De Vido se reunía”. dijo. “Con el señor Roggio nunca me reuní”, reiteró y acotó que la defensa del empresario dijo en el juicio que declaró para no quedar detenido. También mencionó que durante la investigación había solicitado un careo “con quien manifestó semejante acusación”, en relación a Romero por el tema Hidrovía.

Sobre sus vínculos con los empresarios, Jaime mencionó que “Néstor Kirchner era una persona que estaba absolutamente encima de cada uno de los temas” y por eso en su rol de Secretario de Transporte mantenía contacto permanente con los concesionarios.

“Con el señor (Gabriel) Romero, del Belgrano Norte; con el señor Roggio, por Metrovías; y con Cirigliano, por el Mitre y el Sarmiento. Con las concesiones había reuniones continuas: operaban en nombre del Estado para recuperar el sistema de transporte de pasajeros en el área metropolitana”, apuntó.

“Por gestión de Kirchner derogamos el decreto de Menem que había cerrado los trenes en el interior, y empezamos a reactivar los servicios ferroviarios en el país”, dijo también.

Además, negó haber mantenido poder político tras dejar el cargo: “Yo no tuve más contacto con la actividad política ni partidaria, ni con la función pública” desde 2009. Pero en 2016, “casi siete años después de haber dejado el cargo alguien dijo que yo tenía ‘poder residual’, que me podía profugar”. Ese año quedó detenido por primera vez en una causa penal. “Pedían mi detención un sábado y el domingo ya era tapa con mi figura saliendo esposado por la Policía Federal. A un costado estaba la noticia de los Panama Papers. Mi detención era lo que veían todos los medios nacionales”.

Jaime cumple una pena unificada de seis años de prisión por distintas causas, entre ellas la tragedia de Once y declaró ante los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli.

El ex Secretario de Transporte había planteado hacerlo por videoconferencia desde la cárcel de Ezeiza, pero el Tribunal lo rechazó y fue trasladado desde el penal a Comodoro Py 2002.

Schiavi y los subsidios

A su turno, su sucesor en el cargo y también procesado por supuesto cobro de sobornos Juan Pablo Schiavi se explayó ante los jueces con una detallada explicación del sistema de subsidios a los ferrocarriles y colectivos, acompañada de gráficos.

Al respecto, defendió los subsidios al transporte público como “política pública” porque de lo contrario “iba a pasar lo que pasó hoy, que se cae el sistema de transporte y la gente ni siquiera puede tomar el ferrocarril para buscar trabajo. En diez años la tarifa ferroviaria subió 44 por ciento y cuando yo estuve a cargo el aumento fue cero”.

“Yo no figuro en los cuadernos del señor Centeno pese a que lo vi infinidad de veces en la cochera cuando entraba o cuando me iba de mi trabajo”, dijo y consideró “llamativo” que “habiéndolo visto todos los días” no lo incluyera en sus escritos, dijo al rechazar las acusaciones en su contra.

Este martes también estuvieron citados los empresarios Mauricio Pascucci, María Rosa Cartellone y Obdulio Ángel Barbeito quienes se negaron a declarar al inicio de la audiencia.

La última jornada de indagatorias será el jueves, cuando sea el turno del arrepentido ex secretario de Obras Públicas José López, detenido con condena firme en la causa Vialidad, al igual que CFK. El ex funcionario que durante la investigación del caso complicó con su confesión a la ex presidenta podría hablar ahora ante el Tribunal o, como hizo la mayoría de los imputados colaboradores desde que comenzó esta etapa del debate, optar por guardar silencio y ver si declara más adelante.

Los ex funcionarios de Transporte

Jaime llega a esta instancia con un rol central en la acusación. De acuerdo con confesiones de empresarios arrepentidos en la investigación que estuvo a cargo del fallecido juez federal Claudio Bonadio, habría sido uno de los principales recaudadores del esquema de sobornos vinculado al sistema de subsidios al transporte. Tanto Aldo Roggio como Gabriel Romero, por ejemplo, declararon que el ex funcionario cobraba “retornos” por la asignación de fondos estatales y el control de las concesiones ferroviarias. Estos dos últimos se negaron por el momento a prestar declaración indagatoria en el juicio.

Romero, titular de Ferrovías, admitió haber pagado coimas vinculadas a la explotación del Belgrano Norte y también por la concesión de la hidrovía del río Paraná. Según la acusación, esos pagos eran periódicos y podían representar al menos el 5% de los subsidios otorgados, mientras que otros empresarios hablaron de retornos que oscilaban entre el 5% y el 30%.

En este tramo del expediente —conocido como “Secretaría de Transporte”—, Jaime está acusado junto a la ex presidenta Cristina Kirchner, ex funcionarios y empresarios por integrar un esquema de recaudación ilegal a cambio de beneficios estatales.

Llegan los testigos

El juicio, que abarca hechos entre 2003 y 2015 y tiene a 86 acusados, entrará en una nueva etapa a partir de mayo. Una vez finalizadas las indagatorias, comenzarán las declaraciones testimoniales. El Tribunal ya fijó audiencias para todos los martes y jueves en Comodoro Py, bajo modalidad semipresencial.

Entre los primeros testigos convocados figuran periodistas para el martes 5 de mayo y el jueves siguiente será el turno de la ex esposa de Oscar Centeno, Hilda Horovitz; la ex secretaria de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga; y Jorge Bacigalupo, el amigo del remisero arrepentido autor de los cuadernos que se los guardó en medio de una disputa que Centeno mantenía con su pareja de entonces.

El silencio de los arrepentidos

El juicio comenzó el 6 de noviembre del año pasado de manera virtual. Pasó a la semi presencialidad el 17 de marzo con la primera declaración indagatoria: la de la expresidenta Cristina Kirchner procesada como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho. Se trasladó desde el domicilio de San José 1111 donde cumple arresto domiciliario condenada en la causa Vialidad a los tribunales de Retiro.

Desde ese entonces fueron indagados gran parte de los 86 acusados, muchos de los cuales -en especial los “imputados colaboradores”- guardaron silencio e hicieron uso de su derecho a no declarar. Fueron los casos por ejemplo del mismo Centeno -escriba de los cuadernos-, del financista Ernesto Clarens que aportó durante la investigación un listado de presuntos pagadores de sobornos y de empresarios como Miguel Aznar, Patricio Gerbi, Gabriel Losi, Angelo Calcaterra y Aldo Roggio. Las defensas de otros acusados advirtieron que este silencio les impidió contrastar aquellas confesiones que perjudicaron a sus clientes.

La esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, Bettina Angeletti, gastó cerca de 6.000 dólares en efectivo en un viaje a España, en septiembre de 2025, entre pasaje y estadía, según reconstruyó la Justicia en base a respuestas a pedidos de informes en el marco de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito del funcionario.

Según explicaron fuentes judiciales, la estadía de once días, del 3 al 14 de septiembre de 2025, significó un desembolso entre aéreo y estadía de casi 6 mil dólares que se pagaron en efectivo. A esto deberían sumarse compras en ese país.

La información se incorporó al expediente en el que se analiza un presunto enriquecimiento ilícito y cuyo próximo paso será avanzar con un informe de evolución patrimonial, una vez recibida toda la documentación pedida en unos 200 oficios que se enviaron desde que se abrió la pesquisa.

Se reiteraron solicitudes de informes a organismos oficiales que aún no respondieron y a algunas de las administraciones de propiedades de los Adorni, explicaron a Infobae fuentes de la investigación.

Evolución patrimonial

La información sobre el gasto del viaje a España que también se solventó en efectivo, es otro indicio que sumó la Justicia en relación al nivel de vida del funcionario en el período que está bajo la lupa y se tomará en cuenta en el informe de evolución patrimonial que se hará en la causa a cargo del juez federal Ariel Lijo con la investigación delegada en la fiscalía de Gerardo Pollicita. Se trata de determinar si los ingresos se condicen con estos gastos.

La semana pasada la fiscalía confirmó que para recibir el Año Nuevo 2025 en Aruba, la familia Adorni pagó 8.874 dólares en hotel y 5.762 dólares por cuatro pasajes. En sus tarjetas de crédito, según indicaron fuentes judiciales, no aparecen erogaciones compatibles con gastos corrientes. Todo se abonó en efectivo.

La polémica en torno a los viajes de Adorni y su esposa tuvo origen en el viaje de Bettina Angeletti como invitada junto a la comitiva oficial a Nueva York para la Argentina Week. La semana pasada, el juez Daniel Rafecas resolvió archivar la causa que investigaba al jefe de Gabinete de Ministros. La decisión, que se sustenta en la ausencia de delito, fue adoptada tras el dictamen favorable al archivo emitido por la fiscal Alejandra Mangano. Se determinó que la presencia de Angeletti no significó un gasto extra para el Estado Nacional y que había lugar sobrante en el avión presidencial.

Pero para regresar de ese viaje, Angeletti pagó su propio pasaje en primera clase de una aerolínea privada a un costo de 5.154 dólares. Se trata de otro gasto importante que se sumó a la lista que confecciona el fiscal Pollicita.

Para la semana próxima, el lunes 4 de mayo, está citado como testigo el contratista de las refacciones que se hicieron en la casa de Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz, comprada en noviembre de 2024 por la esposa de Adorni. Se le preguntará sobre refacciones, montos y medios de pago.

La semana pasada declaró el vendedor de esa propiedad y contó que primero le ofrecieron 20 mil dólares en efectivo por la operación y financiar los 100 mil restantes, en una operatoria similar a la que hizo Adorni al comprar su departamento en el barrio de Caballito el 18 de noviembre de 2025. El vendedor refirió que no aceptó. Entonces, según reconstruyeron los investigadores, se recurrió a las dos prestamistas que acercó la escribana Adriana Nechevenko y prestaron el dinero a una tasa de interés.

En la investigación se levantó el secreto bancario, financiero, fiscal y bursátil de los Adorni para reconstruir con precisión la evolución patrimonial, económica y financiera de la pareja y verificar el origen, circulación y aplicación de los fondos involucrados. Esta información se contrastará con la proveniente de las declaraciones juradas, adquisiciones, pasivos, consumos y demás movimientos observados. El objetivo final es establecer si éstos encuentran sustento en ingresos, trazables y consistentes con su capacidad económica exteriorizada, consignó el fiscal cuando pidió la medida.

La Cámara Federal de Casación Penal avaló la inclusión de 19 propiedades de Máximo y Florencia Kirchner como parte del decomiso por la condena a su madre, Cristina Kirchner, en la causa Vialidad. Lo hizo porque consideró que la herencia o cesión no elimina el origen ilícito de los activos que, según consideró probado la Justicia, fueron obtenidos en el marco de hechos de corrupción. La decisión de la Sala IV confirmó el criterio del Tribunal Oral Federal 2 que condenó a la ex presidenta a seis años de prisión por administración fraudulenta, en un veredicto que dejó firme la Corte Suprema de Justicia. Ahora se apunta a concretar el decomiso por $684.990 millones.

Hay en juego 19 bienes de Máximo y Florencia Kirchner, en un conflicto que se descuenta escalará hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Cuando apeló la decisión del TOF2, el apoderado de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, Luis Goldín, alegó que los hijos de Cristina Kirchner no están condenados y por ende no corresponde incluir sus propiedades entre los bienes sujetos a futuros remates o a fines sociales. Y advirtió por una lesión al derecho de propiedad y vulneración del “principio de inocencia y del debido proceso”.

Pero la sentencia firmada el viernes último ratificó que la ley contempla que la medida pueda ir más allá de la persona del condenado. “El decomiso no persigue castigar a los actuales titulares, sino recuperar para el Estado aquellos bienes cuya causa jurídica se encuentra afectada por su vinculación con el delito ya juzgado”, sostuvo el camarista Gustavo Hornos en su voto.

En ese sentido y sobre los argumentos de los Kirchner, se respondió que “tampoco se vulnera el principio de inocencia, en tanto no se atribuye responsabilidad penal alguna a los terceros involucrados, sino que se examina exclusivamente la situación objetiva del bien y su relación con el producto del ilícito”.

Condenados o no

Si bien en reglas generales el decomiso debe ser aplicado con “estricto apego” a la norma que impide extender sus consecuencias a quienes no han sido condenados, el caso Vialidad encuadra “dentro de las excepciones previstas por la ley”, advirtió el fallo.

El máximo tribunal penal federal del país integrado por los jueces Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky concluyó que cuando un tercero se beneficia gratuitamente con bienes producto de un delito —como sería este caso— el decomiso puede recaer sobre esos bienes.

Las propiedades incluidas en la medida, muchas originadas en la sucesión de Néstor Kirchner, fueron consideradas parte de lo adquirido con fondos ilícitos. El tribunal sostuvo que la transmisión por herencia o cesión no exime a esos bienes de analizar su origen, por lo que el Estado puede avanzar, sin importar a quién pertenezcan en la actualidad.

“Carece de relevancia la circunstancia de que Néstor Kirchner no haya sido condenado en esta causa, dado que el decomiso no se funda en una imputación penal autónoma respecto de su persona, sino en la comprobación, en sentencia firme, de la existencia de un entramado económico en el que se celebraron múltiples negocios con Lázaro Báez durante el período de ejecución de la maniobra defraudatoria", dijo además el juez Hornos.

Se trasciende así la “estricta esfera personal del condenado, atendiendo a la necesidad de neutralizar los efectos patrimoniales del delito allí donde éstos se encuentren”. El caso de los Kirchner encuadraría para los jueces en esta descripción. Si un tercero se benefició de manera gratuita con “el producto o provecho” del ilícito, “el decomiso se pronunciará contra éste”.

En esa línea se interpreta que cuando se heredan o reciben por cesión bienes que la Justicia determina se consiguieron de manera ilegal -ya sea de parte de personas vivas o fallecidas- quedan abiertos al decomiso ante una condena firme contra quien cometió el delito. La ley lo autoriza “expresamente”. Las propiedades en cuestión eran parte de investigaciones judiciales “por provenir del producto o provecho del delito”: la transmisión no deja de lado el origen ilícito y por eso el Estado Nacional puede ir a buscar esos bienes, donde sea que se encuentren.

Ese razonamiento es el que abrió la puerta para incluir el patrimonio recibido de sus padres por Máximo y Florencia Kirchner dentro del alcance de la medida, aun cuando no fueron condenados en la causa.

El artículo 23 del Código Penal, que regula el decomiso, incorporó de manera explícita que puede abarcar “cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito”, así como la posibilidad de alcanzar bienes en poder de terceros, “salvo el supuesto de adquirentes de buena fe y a título oneroso”, algo que en este caso “no se verifica”, advirtió la sentencia.

“No se trata de imponer una pena a quien no ha sido sometido a juicio penal, sino de impedir que bienes razonablemente vinculados al producto o provecho del ilícito permanezcan en el circuito de circulación de bienes y derechos dentro del ordenamiento jurídico consolidando un enriquecimiento carente de causa legítima”.

Qué cuestionaban Máximo y Florencia

El apoderado de los hijos de la ex presidenta sostuvo que el Tribunal Oral Federal 2 aplicó indebidamente el régimen de decomiso para extenderlo a bienes lícitos de terceros, desconociendo la naturaleza sucesoria de aquellos, sin probar relación con el delito, y contrarió además la prohibición de confiscación. Se habilitó un “modelo de decomiso amplio” y un “decomiso por valor equivalente” no previstos en la ley, argumentó además, y reiteró que se trata de una “sanción sobre bienes de origen lícito, ajenos al hecho enjuiciado y obtenidos por actos sucesorios y de cesión regularmente acreditados”.

Por su parte, la defensa de CFK a cargo del abogado Carlos Beraldi advirtió que la medida “no constituye una derivación razonada del derecho vigente y de las constancias de la causa, sino importa una nueva expresión del denominado derecho creativo, inventado hace años para perseguir a nuestra representada” y que ahora es “utilizado para castigar también a su núcleo familiar”.

La Sala IV de Casación integrada por los jueces Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky ratificó ahora lo decidido por el TOF2 en cuanto a la ejecución del decomiso. Cuando ordenó avanzar con la sentencia, el Tribunal Oral fijó una ventana temporal y ordenó a la fiscalía a cargo de Diego Luciani identificar bienes inmuebles adquiridos por los condenados entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, período delimitado por el tribunal como relevante para la maniobra delictiva. El fiscal incluyó los bienes de los hijos de CFK en este listado.

Al respecto, el juez Borinsky votó en disidencia parcial en lo vinculado a los bienes de Máximo y Florencia porque advirtió que no se dio respuesta a planteos relacionados con la fecha de adquisición de algunos de los bienes a decomisar, que según la apelación habría sido previa a esa ventana de tiempo.

El juicio oral a la ex presidenta Cristina Kirchner, exfuncionarios de su Gobierno y empresarios procesados por supuesto pago de sobornos entre 2003 y 2015 entrará desde mayo en una nueva etapa, la declaración de los testigos. El Tribunal Oral Federal 7 programó ya las audiencias y citará a Comodoro Py 2002 a quienes deban declarar cada martes y jueves de manera presencial.

Entre los primeros convocados está Hilda Horovitz, la ex esposa del arrepentido Oscar Centeno, autor de los manuscritos donde dejó asentados los viajes en busca de dinero de supuestas coimas pagadas por empresarios en su rol de chofer del ex funcionario Roberto Baratta, que ahora es juzgado junto con él.

También declararán la ex secretaria de Ceremonial de la Casa Rosada en el gobierno de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga, y Jorge Bacigalupo, el amigo del remisero, que le “guardó” una caja con los cuadernos, según el cronograma al que tuvo acceso Infobae.

Todos tendrán que presentarse ante el Tribunal Oral Federal 7 para hablar bajo juramento de verdad y no podrán evitar responder preguntas de los jueces, de la fiscalía a cargo de Fabiana León, la querella de la Unidad de Información Financiera y los abogados defensores.

Los últimos acusados indagados

Para lo que resta de abril, los jueces Germán Castelli, Fernando Canero y Enrique Méndez Signori programaron escuchar en declaración indagatoria a los acusados que aún faltan. Entre ellos están los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, cuyas defensas anticiparon que hablarán ante el Tribunal. Ambos llegarán a Comodoro Py el martes próximo, en el caso de Jaime será desde la cárcel porque está detenido en otra causa penal.

Las indagatorias cerrarán el jueves 30 en una convocatoria que incluye al ex secretario de Obra Pública José López, detenido con condena firme en la causa Vialidad. Se pidió al Tribunal Oral Federal 2 que arbitre su traslado desde el penal a primera hora de la mañana de ese día. Se trata del ex funcionario kirchnerista que saltó a la fama cuando intentó ocultar 9 millones de dólares ocultos en bolsos una madrugada de junio de 2016 en un convento de General Rodríguez. En el caso Cuadernos, es arrepentido.

Nueva etapa, con igual modalidad

A partir del 5 de mayo, el juicio a la ex presidenta, al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, otros exfuncionarios y empresarios de la obra pública -86 acusados en total- entrará en una nueva etapa, las declaraciones de testigos. Para ese día están convocados tres periodistas del diario La Nación, entre ellos Diego Cabot, cuya investigación fue el puntapié inicial para el caso. El jueves 7 será el turno de la ex esposa de Centeno, Hilda Horowitz y de la exsecretaria de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga además de Jorge Bacigalupo. El cronograma, que podría sufrir modificaciones, prevé escuchar a 43 testigos durante mayo. En el listado al que tuvo acceso Infobae están Roberto Lavagna, Mariana Zuvic y el financista arrepentido en la causa por la “ruta del dinero K”, Leonardo Fariña.

El Tribunal seguirá con audiencias martes y jueves de manera semipresencial en la sala Auditorium en el subsuelo de Comodoro Py 2002. Allí tendrá que presentarse cada testigo el día de su citación, habrá abogados presentes y otros seguirán la jornada de manera remota, vía Zoom. Al respecto, habrá prioridad para los letrados que hayan ofrecido como prueba los testigos que sean citados en cada jornada. También, si lo desean, podrán ir en persona los acusados, todo sujeto a la capacidad de la sala de audiencias, se aclaró.

El silencio de los arrepentidos

El juicio comenzó el 6 de noviembre del año pasado de manera virtual. Pasó a la semi presencialidad el 17 de marzo con la primera declaración indagatoria: la de la expresidenta Cristina Kirchner procesada como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho. Se trasladó desde el domicilio de San José 1111 donde cumple arresto domiciliario condenada en la causa Vialidad a los tribunales de Retiro.

Desde ese entonces fueron indagados gran parte de los 86 acusados, muchos de los cuales -en especial los “imputados colaboradores”- guardaron silencio e hicieron uso de su derecho a no declarar. Fueron los casos por ejemplo del mismo Centeno -escriba de los cuadernos-, del financista Ernesto Clarens que aportó durante la investigación un listado de presuntos pagadores de sobornos y de empresarios como Miguel Aznar, Patricio Gerbi, Gabriel Losi, Angelo Calcaterra y Aldo Roggio. Las defensas de otros acusados advirtieron que este silencio les impidió contrastar aquellas confesiones que perjudicaron a sus clientes.

El juez en lo penal económico Diego Amarante rechazó este viernes un nuevo intento del presidente de la AFA Claudio Tapia y del tesorero Pablo Toviggino para cerrar la causa penal por retención indebida de aportes, en la que ambos están procesados y tienen prohibido salir del país. Ambos dirigentes pretendían que se les concediera una “reparación integral del daño” porque la deuda reclamada por el fisco ya fue saldada.

El magistrado no hizo lugar al planteo de “excepción por falta de acción”, con lo cual la causa seguirá adelante. Se encamina a una definición en la Cámara Nacional en lo Penal Económico, que tiene bajo análisis los procesamientos de los dirigentes futbolísticos y fijó audiencia para el 5 de mayo.

Al rechazar lo postulado por la defensa de Toviggino, a quien luego se sumaron los demás acusados, el juez Amarante advirtió que hay “imposibilidad de acordar esta clase de beneficios en los casos de delitos de apropiación de tributos y de recursos de la seguridad social”.

Conceder ese beneficio cuando se cumplió de “manera extemporánea” con las obligaciones de pago sería “contrariar la política criminal que subyace a la tipificación de estos delitos, orientada precisamente a reprimir la conducta del agente de retención o percepción que desvía para fines ajenos los importes que obran en su poder y que debían ser ingresados al Fisco”.

El planteo defensista sostuvo que la cancelación de las obligaciones reclamadas por el fisco —incluidos los intereses resarcitorios— debía ser equiparada a una reparación total del perjuicio económico, lo que habilitaría el cierre del proceso penal.

Pero Amarante advirtió que el “desvalor” de esas conductas “se proyecta sobre intereses de mayor amplitud y contenido social que trascienden el perjuicio estrictamente pecuniario”.

El “simple pago” no alcanza

El fiscal de la causa, Claudio Navas Rial, había dictaminado ya por rechazar el pedido y continuar adelante con la causa penal que investiga presuntas irregularidades por la retención indebida de aportes al IVA e Impuesto a las Ganancias por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Para el acusador, el pago de la deuda no constituye una “reparación integral” del daño causado. El fiscal argumentó que “el simple pago del monto adeudado no alcanza ni reviste en sí mismo el carácter integral” exigido por la ley, ya que no contempla “el daño global ocasionado al sistema tributario y de la seguridad social”.

En particular, se remarcó que la AFA actuaba como agente de retención, es decir, como representante del Estado en la recaudación, “lo que agrava la responsabilidad por la falta de ingreso de los fondos en tiempo y forma”.

El fiscal también advirtió que aceptar ese criterio implicaría “hacer entrar por la ventana conductas no contempladas” dentro de este mecanismo excepcional de extinción de la acción penal. En esa línea, subrayó que “una verdadera reparación integral debe incluir no solo el capital omitido, sino también una evaluación más amplia del perjuicio: el impacto sobre los trabajadores y beneficiarios del sistema, el daño al equilibrio previsional y los costos generados para los organismos de control y el sistema judicial”.

Además, el dictamen puso el acento en el efecto disuasivo que deben tener este tipo de acuerdos. El monto tiene que ser tal que deje en claro la gravedad de lo sucedido, tanto para quien paga como para la sociedad en general, a fin de evitar la reiteración de conductas similares, enfatizó la fiscalía. Tapia y Toviggino están procesados con embargos por 350 millones de pesos y tienen prohibida la salida del país.

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó este viernes establecer si la causa penal que se abrió por supuestos delitos con la financiación estatal de la telenovela de Andrea Del Boca “Mamá Corazón” durante el kirchnerismo prescribió por el paso del tiempo sin sentencia firme. Tanto la actriz como el ex ministro Julio De Vido resultaron absueltos en un juicio oral y esa decisión fue apelada por la fiscalía.

El máximo tribunal penal federal del país suspendió ahora el trámite de apelación que presentó la fiscal de juicio Fabiana León y dispuso que antes de seguir adelante con el análisis del expediente, se determine si el caso está prescripto y debe cerrarse.

El 25 de septiembre de 2025 el Tribunal Oral Federal 7 absolvió a Del Boca, al exministro de Planificación Julio De Vido y otros acusados. Los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero concluyeron que no hubo perjuicio económico para el Estado Nacional. La fiscalía había pedido condenar a 3 años y 6 meses de prisión a la actriz por supuesta administración fraudulenta y apeló el veredicto.

El tiempo que pasa

Ahora los camaristas Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Alejandro Slokar devolvieron la causa al Tribunal para que, previa consulta a todas las partes, determine si está prescripta. Lo resolvieron al tener en cuenta el tiempo que pasó desde que se abrió la investigación. “La acción penal podría encontrarse prescripta”, advirtió Casación y esa cuestión “de orden público” debe resolverse antes de avanzar en el análisis vinculado a las absoluciones resueltas en el juicio oral.

El Tribunal que llevó adelante el juicio absolvió a todos los acusados porque concluyó que “Mamá Corazón” se realizó, que no existió perjuicio económico para el Estado, que la contratación entre la Universidad Nacional de San Martín y la productora de Del Boca se ajustó a la normativa y que no se acreditó la existencia de ninguna maniobra fraudulenta ni la intervención personal del entonces Ministro de Planificación Federal.

“La realización de la novela Mamá Corazón no sólo no ha sido controvertida durante el debate, sino que además se encuentra probada tanto administrativa como materialmente”, escribieron los jueces el año pasado, al dar a conocer los fundamentos.

A lo largo del proceso se exhibieron y se incorporaron los capítulos 1 al 16, almacenados en discos rígidos y DVD, junto con 2.560 planos sin editar correspondientes a los capítulos 16 al 26. Ese material, sumado a contratos, facturas, recibos de pago, constancias gremiales y documentación laboral, permitió reconstruir que la producción avanzó y que la actividad artística y técnica se desarrolló sin irregularidades, evaluaron.

Sobre la situación de Andrea del Boca, los jueces concluyeron que la productora y actriz no había participado de ninguna maniobra ilícita, que su rol estuvo limitado a la firma del contrato con la Universidad Nacional de San Martín y a la ejecución de las tareas propias de la productora.

“La acusación incurrió en una errada valoración al afirmar que la contratación habría eludido los procedimientos de selección, pues la modalidad empleada se encontraba expresamente prevista en el régimen de contrataciones y se sustentaba en la especialidad del objeto”, consideraron los jueces del Tribunal. La absolución alcanzó también a los funcionarios de la UNSAM y del Ministerio de Planificación involucrados en la causa. Tras estos fundamentos, la fiscal León apeló ante Casación en febrero pasado.

La Cámara en lo Penal Económico ratificó este viernes al juez Diego Amarante al frente de la investigación por supuesta evasión en la que procesó al presidente de AFA Carlos “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino.

Significó otro revés para la estrategia defensiva del tesorero de la AFA, quien había reclamado sacar al magistrado del caso. El Tribunal de Apelaciones rechazó la recusación porque no hay pruebas de enemistad ni de pérdida de imparcialidad, concluyó.

“Por ninguna de las circunstancias invocadas se revela la existencia de elementos objetivos que permitan considerar acreditada una enemistad” del juez hacia el tesorero, advirtió el camarista Roberto Hornos. También recordó que la recusación es un mecanismo excepcional y que no puede utilizarse para cuestionar decisiones procesales ni para intentar cambiar al juez natural de la causa. “No basta la mala opinión o malquerencia”, sino que debe acreditarse una “mutua animosidad, real y notoria”, algo que no se verificó en el caso.

Respecto de los hechos concretos, descartó que la organización de la salida del edificio o el operativo policial del día de la declaración indagatoria de Toviggino tengan relevancia para acreditar parcialidad porque se trata de cuestiones ajenas al proceso.

También descartó un trato discriminatorio del juez Amarante hacia el tesorero por mantener su prohibición de salida del país mientras que a otros procesados se les levantó esta restricción. Además, Hornos negó que la falta de producción de ciertas pruebas pedidas por la defensa implique parcialidad: “Los jueces no están obligados a producir todas las medidas de prueba solicitadas”, ya que esa evaluación forma parte de su “discrecionalidad”, advirtió el camarista.

En cuanto a un supuesto prejuzgamiento, concluyó que “no se encuentra acreditado que el juez haya divulgado a los medios de comunicación información” antes de resolver, y las publicaciones periodísticas sobre el futuro del caso fueron sólo “estimaciones”.

Finalmente, descartó que la elaboración previa de la resolución que dictó los procesamientos implique alguna irregularidad como postuló Toviggino. “Elaborar un proyecto de resolución no es prejuzgar, sino trabajar en la decisión”, concluyó la resolución a la que tuvo acceso Infobae. La Cámara rechazó así la recusación y ratificó a Amarante como juez de la causa.

Esto se sumó a un planteo de la fiscalía ante el Tribunal de Apelaciones que reclamó este viernes agravar la acusación por la que están procesados Tapia, Toviggino y otros tres dirigentes acusados.

Los argumentos del tesorero

La defensa de Toviggino había intentado apartar al juez por supuesta “enemistad manifiesta” y riesgo de pérdida de imparcialidad basada en una serie de episodios que a su criterio ocurrieron durante la investigación.

Entre esos argumentos, sostuvo que durante su declaración indagatoria el juez rechazó que pudiera retirarse por una salida alternativa del edificio, lo que —según planteó— buscaba exponerlo mediáticamente. Según la recusación, esa decisión formaba parte de un “plan preconcebido de deslegitimación, hostigamiento y persecución personal”.

También cuestionó un supuesto trato desigual respecto de otros imputados. Señaló que, mientras a él se le mantuvo la prohibición de salida del país, a otros coimputados en una situación similar se les levantó esa restricción, lo que —a su criterio— violaba el principio de igualdad ante la ley.

Otro de los ejes fue la falta de producción de prueba solicitada por la defensa. Toviggino argumentó que el juez dictó su procesamiento sin haber ordenado un peritaje contable clave que había sido requerido, lo que interpretó como una muestra de “animosidad manifiesta”.

Además, planteó un supuesto escenario de prejuzgamiento. Sostuvo que algunos medios de comunicación anticipaban decisiones judiciales antes de que fueran firmadas, lo que —según su postura— evidenciaba que el magistrado ya tenía definido el resultado del expediente con anterioridad.

En esa línea, también cuestionó la rapidez con la que se dictó el procesamiento, al señalar que el juez habría tenido la resolución “redactada con anterioridad y absoluta prescindencia” de sus dichos.

El Tribunal descartó todos los argumentos y ratificó al magistrado. Los procesamientos están apelados, la fiscalía reclamó agravar la acusación y las defensas que sean revocados. Se fijó una audiencia para el 5 de mayo próximo y luego se conocerá la decisión.

El fiscal general ante la Cámara en lo Penal Económico Gabriel Pérez Barberá reclamó este viernes agravar la acusación contra el presidente de la AFA Claudio Tapia y el tesorero Pablo Toviggino por supuesta retención indebida de aportes. Pidió sumar a los delitos una parte de la acusación que fue dejada de lado en el procesamiento y que representa el 77 por ciento del monto total denunciado.

En un dictamen entregado al Tribunal de Apelaciones, Pérez Barberá mantuvo la apelación al respecto de su colega de primera instancia Claudio Navas Rial porque en el procesamiento se excluyó el tramo relativo a la falta de depósito en el plazo legal de una “alícuota aplicada sobre los ingresos derivados del patrocinio oficial –con fines publicitarios– de los torneos organizados por la AFA o la Liga Profesional de Fútbol, destinada a la cancelación de las cotizaciones con destino a los regímenes de la seguridad social", explicó en el escrito al que accedió Infobae.

Se trata del llamado “subconcepto 551″ y que representa, en la mayoría de los periodos objeto de reclamo entre 2024 y 2025 “un porcentaje significativo del total de fondos que debían ser ingresados al sistema de la seguridad social” y en términos globales, el 77 por ciento del monto denunciado.

El dictamen fue presentado ante los camaristas Carolina Robiglio y Roberto Hornos, quienes deben resolver si confirman los procesamientos que dictó el juez en lo penal económico Diego Amarante. El Tribunal no tomará ninguna decisión hasta mayo porque hubo defensas que pidieron una prórroga de la audiencia que estaba fijada para este viernes y se reprogramó en su caso para el 5 del mes próximo.

La acusación fiscal

En una postura unificada del Ministerio Público Fiscal, Pérez Barberá mantuvo la apelación de primera instancia y amplió los fundamentos. En ese marco advirtió que los montos dejados fuera de la acusación son “una de las principales fuentes de financiamiento del sistema”.

El 30 de marzo pasado, el juez en lo penal económico Diego Amarante procesó a Tapia, Toviggino y a los dirigentes Víctor Blanco Rodríguez, Cristian Ariel Malaspina y Gustavo Roberto Lorenzo. También a la AFA como persona jurídica por presunta apropiación indebida de tributos y de recursos de la seguridad social agravadas. Se consideró que no depositaron dentro de los 30 días que prevé la ley lo retenido en concepto de IVA e Impuesto a las Ganancias. En la decisión judicial se descartó la acusación hecha por la querella de ARCA vinculada a los importes autorretenidos en el rubro contribuciones de la Seguridad Social proveniente de ingresos publicitarios.

El magistrado de primera instancia entendió que esos importes no podían ser incluidos dentro de la figura penal que tipifica la omisión de depósito de las retenciones porque el régimen aplicable los califica como “supuestos de autorretención y no de retención o percepción”.

En esa línea, “consideró que su equiparación a estos últimos implicaría una extensión analógica del tipo penal en perjuicio de los imputados, violatoria del principio de legalidad, por lo que correspondía excluirlos del objeto de la imputación”, recordó ahora Pérez Barberá. Esta parte de la resolución fue apelada por la fiscalía y también por ARCA.

El fiscal ante la Cámara resaltó al respecto que esas sumas autorretenidas están destinadas a clubes y trabajadores vinculados a la actividad futbolística y la AFA es una “intermediaria” de esos fondos que no le pertenecen.

Esta autorretención se remonta al Decreto 510/2023 dictado para “dotar de mayor eficacia, control y previsibilidad el cumplimiento de las obligaciones previsionales en el ámbito del fútbol profesional, procurando a su vez brindar seguridad jurídica a los trabajadores dependientes de las instituciones nucleadas en la AFA”, remarcó la fiscalía.

La fiscal federal Alejandra Mángano pidió este jueves archivar por inexistencia de delito una denuncia penal por el viaje de la esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, Bettina Angeletti, con la comitiva oficial en el avión presidencial rumbo a Nueva York para la “Argentina Week” en marzo pasado.

El viaje de Angeletti en el avión presidencial “no implicó ninguna erogación presupuestaria particular o extraordinaria, menos aun cuando existían más de 10 plazas disponibles para cada uno de los tramos aéreos realizados entre el 6 y el 11 de marzo”, concluyó.

En un dictamen entregado al juez federal Daniel Rafecas, la fiscal concluyó que “la información relevada en esta investigación permite descartar la comisión de conductas delictivas en los términos planteados”. Ante ello la pesquisa quedó sin impulso acusatorio.

Mángano tenía delegada la investigación iniciada por denuncia del abogado Gregorio Dalbón y llegó a esa conclusión luego de ordenar una batería de medidas de prueba que incluyeron pedidos de informes a organismos oficiales, según el dictamen al que tuvo acceso Infobae.

Adorni es investigado en otras causas penales, por presunto enriquecimiento ilícito y por supuestas dádivas a raíz de un viaje en avión privado a Punta del Este que habría costeado un periodista amigo del funcionario y contratista de la TV Pública. Estas dos causas están en etapa de prueba en el juzgado federal de Ariel Lijo y la fiscalía de Gerardo Pollicita.

Pero hubo una tercera denuncia: la del viaje de su esposa como invitada a Nueva York en el avión presidencial junto a la comitiva oficial que acompañó a Javier Milei a la “Argentina Week”. “Vengo a deslomarme y quería que me acompañe”, justificó Adorni aunque luego pidió disculpas por haber usado esa frase. En una buena noticia para el Jefe de Gabinete, ahora la fiscalía pidió cerrar el caso.

La invitación presidencial

Al analizar la evidencia la fiscal concluyó que el cotejo entre el número de integrantes de la comitiva oficial y la capacidad del avión Boeing 757-200 (39 plazas), “permite verificar que la decisión de Presidencia de la Nación de cursar una invitación a Bettina Julieta Angeletti para viajar en el avión oficial constituye un uso razonable de la discrecionalidad de las decisiones presidenciales y carece de entidad para configurar algunos de los delitos denunciados”.

La denuncia se presentó por supuesta “malversación de caudales públicos”, un delito que ocurre cuando un funcionario público desvía fondos bajo su administración y ocasiona un perjuicio a las arcas del Estado, algo que según el dictamen, no ocurrió con el viaje a Estados Unidos.

La presencia de la esposa de Adorni como acompañante en el avión presidencial “debidamente autorizado por el Poder Ejecutivo” no alteró la finalidad pública del vuelo, agregó.

Base doble

Sobre el pago de la hotelería, Mángano concluyó que la presencia de Angeletti no encareció el viaje porque los alojamientos se pagan en base doble, por lo cual hubiera costado igual si Adorni estaba solo o acompañado.

También analizó el viaje de vuelta que el matrimonio hizo en un avión de línea, en primera clase. El pasaje de Adorni lo pagó la Jefatura de Gabinete, algo que -destacó la fiscal- está previsto por la normativa para funcionarios de “alta jerarquía” quienes “se encuentran autorizados a optar por clases superiores (ejecutiva o primera) en vuelos oficiales, circunstancia que incide directamente en el costo del pasaje, sin que ello implique irregularidad alguna”.

“En este punto, el Jefe de Gabinete es uno de los funcionarios de más alta jerarquía en la administración pública nacional, tal como lo establece el artículo 100 de la Constitución Nacional, lo cual torna pertinente la aplicación de la reglamentación vigente”, concluyó. En cuanto al pasaje de Angeletti en ese vuelo, no fue adquirido con fondos públicos.

El pasaje de vuelta de Adorni costó US$ 4910,35 y el de su esposa US$ 5154,55 por Delta Airlines.

Para la fiscalía se acreditó que la presencia de Angeletti en ese viaje oficial a Nueva York “no generó un costo adicional para el Estado” y que la administración pública se limitó a pagar el hospedaje y traslado de Adorni.

Las pruebas pedidas

Antes de dictaminar por el archivo del caso, la fiscalía solicitó a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación la documentación vinculada a la conformación de la comitiva presidencial del viaje oficial iniciado el 6 de marzo, así como la normativa aplicable en materia de integración de comitivas y utilización de la flota aérea oficial.

También se incorporó información técnica del vuelo realizado en el avión presidencial ARG-01, detallando su capacidad y los manifiestos de pasajeros en cada tramo del itinerario entre Buenos Aires, Miami, Nueva York y Santiago de Chile, lo que permitió verificar la cantidad de pasajeros transportados y la participación de Adorni y Angeletti en los primeros tramos.

Con posterioridad, la fiscalía solicitó a la Jefatura de Gabinete de Ministros que informe el presupuesto asignado en concepto de viáticos y movilidad para el viaje, los gastos asociados a la misión oficial, los conceptos vinculados a su designación en la comitiva y los resúmenes de las tarjetas corporativas utilizadas durante la estadía en Estados Unidos, ante lo cual se informó que no se registraron viáticos, que los únicos gastos correspondieron al alojamiento en hoteles de Miami y Nueva York abonados con tarjeta corporativa y que no hubo otros consumos durante el viaje.

También se incorporó la factura del pasaje aéreo de regreso de Manuel Adorni desde Nueva York a Buenos Aires adquirido mediante la empresa Optar, y se consultó a dicha firma sobre la eventual emisión de un pasaje a nombre de Angeletti: la respuesta fue negativa.

El jefe de Gabinete Manuel Adorni gastó 8.874 dólares en una estadía en Aruba con su familia para recibir el Año Nuevo 2025. Se pagó en efectivo a una agencia de viajes de la ciudad de Buenos Aires desde donde se respondió a un pedido de informes cursado por la fiscalía federal de Gerardo Pollicita, en el marco de la causa que investiga al funcionario por supuesto enriquecimiento ilícito. Este monto se suma a los pasajes de avión hacia ese destino que se compraron en la empresa Latam.

Según la información, la contratación de la estadía se realizó a través de esa intermediaria y fue abonada en efectivo: una persona se presentó en el local y entregó el dinero, explicaron a Infobae fuentes del caso.

En el expediente también se dejó constancia que, durante la estadía en Aruba, no se registran consumos con tarjeta de crédito a nombre de Adorni ni de su esposa. A partir de ese dato, los investigadores analizan la posibilidad de que los gastos en destino hayan sido también realizados en efectivo.

El viaje, que tuvo lugar entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025, incluyó alojamientos en el Embassy Suites Hilton Aruba Beach y en el Divi Dutch Village Resort, por un total de 8.874 dólares, a lo que se suman 5.800 dólares en cuatro pasajes de ida y vuelta adquiridos a través de LATAM Airlines.

El costo global de esas vacaciones asciende así a 14.696 dólares.

Qué se dispuso en la investigación

En la investigación el juez federal Ariel Lijo ordenó ya a pedido de la fiscalía el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, con el objetivo de reconstruir sus movimientos financieros. Además, los investigadores aguardan información vinculada a otros viajes realizados por el funcionario, en busca de determinar si se repiten patrones similares en la modalidad de pago.

El viaje se produjo cuando Adorni se desempeñaba como vocero del presidente Javier Milei y percibía un salario mensual cercano a los 3 millones de pesos.

La fiscalía ya recibió extractos bancarios y resúmenes de tarjetas de crédito de la pareja que fueron analizados y en base a los cuales esta semana se pidieron nuevas medidas de prueba. Se busca determinar si el matrimonio registró billeteras virtuales, cuentas sueldo o de pago, CVU, alias, tarjetas, líneas de crédito, tenencia o transferencia de criptoactivos, o cualquier otro producto o servicio ofrecido por la plataforma, desde el 1 de enero de 2022 hasta la actualidad. También se enviaron oficios al Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. para ampliar información relacionada con las cajas de seguridad cuya titular es Bettina Angeletti, esposa del ministro coordinador.

En la investigación declaró ayer el hijo de una de las jubiladas que vendió al Jefe de Gabinete su departamento en Caballito por 230 mil dólares: 30 mil pagados en efectivo y otros 200 mil a pagar en noviembre próximo sin interés. Pablo Martín Feijoo dijo bajo juramento de verdad que Adorni le debe por esa operación 65.000 dólares que no están documentados.

Feijoo dijo que él se hizo cargo de todas las obras y que le costaron, en total, 65.000 dólares. Esa parte del presupuesto, declaró el testigo, acordó recuperarla “por afuera” con el jefe de Gabinete, cuando éste pudiera vender su departamento ubicado en avenida Asamblea, barrio porteño de Parque Chacabuco.

¿Por qué Feijoo le vendió el departamento casi al costo a Adorni? El testigo explicó ante la Justicia que le venía bien mostrarse cerrando negocios con “gente importante”. La investigación busca determinar si el crecimiento en el nivel de vida del jefe de Gabinete es compatible con sus ingresos formales.

La Cámara Federal porteña confirmó este miércoles el procesamiento por presunto enriquecimiento ilícito del ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo Julio De Vido y su esposa Alessandra Minnicelli, en una decisión que abrió el camino para el envío del caso a juicio oral.

Se trata de una investigación impulsada por el fiscal federal Carlos Stornelli y que se centró en el incremento patrimonial registrado por el matrimonio durante los años en que De Vido ocupó cargos públicos, en un período que abarca las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner.

El procesamiento fue resuelto por el juez federal Sebastián Casanello, en una decisión que ahora fue confirmada por los camaristas Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, integrantes de la sala I de la Cámara Federal porteña.

“Ha quedado demostrado que Julio Miguel De Vido aumentó de manera apreciable e injustificada su patrimonio mientras se desempeñó en la función pública”, concluyó el Tribunal de Apelaciones, que también avaló el embargo conjunto por 998 millones de pesos.

Qué se investigó

De Vido está procesado como presunto autor y su esposa como supuesta partícipe necesaria. Sobre Minnicelli, la Cámara advirtió que “habría realizado operaciones que incrementaron el patrimonio del ex funcionario, utilizando fondos que no tendrían origen en ingresos legítimos”.

El período investigado abarca desde mayo de 2003 a octubre de 2017 y “con el grado de provisoriedad que requiere la etapa que se transita” ha quedado demostrado “que Julio Miguel De Vido aumentó de manera apreciable e injustificada su patrimonio” mientras se desempeñó en la función pública, “y durante los dos años siguientes, para lo cual contó con la colaboración de su esposa y de terceras personas”, concluyó la Cámara.

El monto cuestionado asciende, de acuerdo al análisis judicial, a unos 690.000 dólares. De Vido está detenido en la cárcel de Ezeiza cumpliendo condena firme por la tragedia del tren de Once y se le rechazó la semana pasada un nuevo pedido de prisión domiciliaria basada en motivos de salud.

La investigación pasó por tres jueces y retomó distintos elementos investigados en otras causas, entre ellos los hechos que se debaten en el Tribunal Oral Federal 7 en el caso Cuadernos, donde De Vido es en la actualidad juzgado y la condena por lavado de dinero dictada en un juicio oral contra Nélida Caballero, ex cocinera de la residencia del entonces ministro de Planificación Federal.

El departamento de Avenida Del Libertador

Uno de los ejes centrales del procesamiento es la compra de un departamento sobre la avenida Del Libertador, adquirido entre 2007 y 2009 mediante una estructura societaria que, según la pesquisa, habría buscado ocultar la titularidad real del inmueble.

El juez sostuvo que el matrimonio habría utilizado fondos sin justificación lícita para adquirir la propiedad, que fue registrada a nombre de la empresa Uni-Vite Argentina S.A., cuyo capital no habría permitido afrontar una operación de esa magnitud. De acuerdo con la causa, pese a ser los verdaderos propietarios, De Vido y Minnicelli habrían simulado ser inquilinos hasta octubre de 2018 y continuaron ocupando el inmueble hasta marzo de 2023.

“La investigación desarrollada implicó la producción de un gran número de medidas de prueba que permitieron comprender las maniobras y las conductas presuntamente desarrolladas por los implicados”, agregó el Tribunal de Apelaciones. Al resolver los procesamientos, Casanello atribuyó a De Vido haber incrementado su patrimonio de forma apreciable durante el período en que ejerció la función pública en el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación y como Diputado nacional “sin justificación en sus ingresos legítimos o recursos lícitos registrados y declarados, por un monto total que ascendería, al menos, a USD 687.000”.

En cuanto a su esposa, Minnicelli cumplió funciones en la Sindicatura General de la Nación entre el 19 de junio de 2003 y el 20 de noviembre de 2007 y se la procesó porque habría “actuado con su cónyuge para incrementar y disimular su patrimonio por fuera de sus ingresos legítimos”. También se confirmaron los procesamientos de dos supuestos testaferros Juan Manuel Sebastián Pérez y Susy Inés Bello Knoll y se dictó falta de mérito para Raquel Irene Flanzbaum, sobre quien se dispuso profundizar la pesquisa.

El fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial pidió rechazar un nuevo intento del presidente de la AFA Claudio Tapia y del tesorero Pablo Toviggino para cerrar la causa penal por retención indebida de aportes en la que ambos están procesados y tienen prohibido salir del país. Las defensas argumentan que como se pagó la deuda hubo una “reparación integral del daño”. Ahora, la decisión será del juez en lo penal económico Diego Amarante.

La querella de ARCA también se pronunció por el rechazo del pedido.

El primer planteo partió de la defensa del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino y luego adhirieron las de Tapia y los demás acusados: reclamaron la extinción de la acción penal por reparación integral con el argumento de haber saldado la totalidad de lo reclamado por el fisco.

Para la fiscalía “el simple pago no alcanza”

En un duro dictamen, el fiscal Navas Rial pidió rechazar el planteo y continuar adelante con la causa penal que investiga presuntas irregularidades por la retención indebida de aportes al IVA e Impuesto a las Ganancias por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Para el acusador, el pago de la deuda no constituye una “reparación integral” del daño causado.

El planteo defensivo sostuvo que la cancelación de las obligaciones reclamadas por el fisco —incluidos los intereses resarcitorios— debía ser equiparada a una reparación total del perjuicio económico, lo que habilitaría el cierre del proceso penal.

El fiscal argumentó que “el simple pago del monto adeudado no alcanza ni reviste en sí mismo el carácter integral” exigido por la ley, ya que no contempla el daño global ocasionado al sistema tributario y de la seguridad social. En particular, se remarcó que la AFA actuaba como agente de retención, es decir, como representante del Estado en la recaudación, lo que agrava la responsabilidad por la falta de ingreso de los fondos en tiempo y forma.

El fiscal también advirtió que aceptar ese criterio implicaría “hacer entrar por la ventana conductas no contempladas” dentro de este mecanismo excepcional de extinción de la acción penal.

En esa línea, subrayó que “una verdadera reparación integral debe incluir no solo el capital omitido, sino también una evaluación más amplia del perjuicio: el impacto sobre los trabajadores y beneficiarios del sistema, el daño al equilibrio previsional y los costos generados para los organismos de control y el sistema judicial”.

Además, el dictamen puso el acento en el efecto disuasivo que deben tener este tipo de acuerdos. El monto tiene que ser tal que deje en claro la gravedad de lo sucedido, tanto para quien paga como para la sociedad en general, a fin de evitar la reiteración de conductas similares, enfatizó.

Por último, se aclaró que este planteo no puede confundirse con la extinción de la acción penal por pago prevista en el Régimen Penal Tributario, ya que se trata de figuras distintas con requisitos y alcances diferentes.

Con estos argumentos, la fiscalía concluyó que no se cumplen las condiciones para aplicar la reparación integral y solicitó al juzgado que rechace el pedido de las defensas y continúe la investigación.

Audiencia clave

Tras los procesamientos que alcanzaron al presidente de la AFA Claudio Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y otros tres acusados resueltos el 30 de marzo, la causa penal entró en una etapa de decisiones clave ante la Cámara Penal Económico.

El próximo 5 de mayo habrá una audiencia donde los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio recibirán los argumentos de las defensas que reclaman revocar los procesamientos y los de la fiscalía y AFIP que postularon, por el contrario, agravar la acusación y elevar el monto de los embargos.

Una vez cumplida esta instancia que podrá ser escrita u oral, quedarán en condiciones de resolver sobre las apelaciones a lo decidido por el juez Amarante. Además, el Tribunal tiene pendiente decidir un planteo de Toviggino para apartar al juez del caso por presunta “enemistad manifiesta”, algo que rechazó el magistrado.

La investigación se abrió ante una denuncia de ARCA por la presunta retención indebida de aportes calculada en 19.300 millones de pesos a raíz de la omisión de depósito dentro de los plazos legales de impuestos y contribuciones entre 2024 y 2025.

La Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires confirmó restricciones para acceder a cajas de seguridad y modificar el paquete accionario de su empresa impuestas a Martín Migueles, actual pareja de Wanda Nara, en una causa penal por presuntas maniobras ilícitas vinculadas al mercado cambiario. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones ordenó suplantar su inhibición general de bienes por un embargo.

Los jueces de la sala I de la Cámara Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens avalaron la “prohibición de innovar” que rige desde diciembre pasado sobre las cajas de seguridad y el paquete accionario de la firma “Arg Exchange SA” que preside Migueles y que resolvió la jueza del caso, María Servini.

El empresario está imputado por una presunta maniobra de adquisición ilegítima de dólares aprovechando el cepo cambiario durante 2023, como parte de una investigación que involucra a más de treinta casas de cambio y entidades financieras. Diecisiete de estas firmas habrían canalizado $141.596 millones provenientes de más de 2.700 personas físicas y 647 jurídicas con la sospecha de que parte de esos fondos sería de origen ilícito, según la acusación.

En el caso de “Arg Exchange SA”, que preside Migueles, la investigación señala compras de divisas por unos USD 67,9 millones entre el 3 y el 20 de octubre de 2023, con presuntas transferencias y extracciones en efectivo que forman parte del análisis judicial.

Medidas cautelares

El 26 de diciembre pasado, Servini dispuso la inhibición general de bienes de Migueles y de la firma, así como la prohibición de innovar sobre la totalidad del paquete accionario de “Arg Exchange SA”. Posteriormente, el 29 de diciembre, se amplió la medida para incluir la prohibición de innovar respecto al contenido de las cajas de seguridad que posean los involucrados. Estas medidas buscan evitar que, ante el avance de la investigación, los imputados se desprendan de bienes que podrían ser objeto de decomiso, justificó en ese momento.

La jueza explicó que “a partir de las distintas medidas probatorias desplegadas hasta el momento se pudo establecer la existencia de un gran entramado de personas físicas y jurídicas, cuya participación mancomunada habría permitido montar una estructura para realizar las conductas ilícitas" que les habrían permitido “hacerse de millonarias sumas de dólares estadounidenses en efectivo”.

A la hora de resolver sobre una apelación de la defensa, la Cámara Federal confirmó ahora lo relativo a las cajas de seguridad y las acciones de la firma. Advirtió que de “no adoptarse en este estadio procesal las medidas precautorias tendientes a conservar el patrimonio de las personas investigadas, podría facilitarse la realización de maniobras de elusión o frustración de las acciones jurisdiccionales dirigidas sobre los eventuales productos del delito”.

Advertencia: precisar el delito

En cuanto a la inhibición de bienes, el Tribunal de Apelaciones ordenó suplantarla por un embargo cuyo monto deberá fijar la magistrada. Para ello, “deberán precisarse también de manera más concreta los alcances del suceso aquí investigado y su significación jurídica, presupuestos todos ellos necesarios para la determinación de tales cuantías”, advirtieron en su voto los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

La inhibición de bienes seguirá vigente hasta que se concrete el embargo, resolvieron.

El juez Mariano Llorens remarcó por su parte que en la narración de los hechos investigados no se explica “en dónde reside el componente espurio del caso que respaldaría la intervención de este fuero, ni su significación jurídica, de modo de enmarcar la senda del expediente y de las decisiones que corresponden adoptar en su seno”.

Llorens sostuvo que hay “urgente necesidad de que los magistrados que intervienen en la causa satisfagan ese reclamo de precisión que permita encauzar adecuadamente la senda de la investigación, así como los derechos de las personas convocadas al sumario”, pese a lo cual respaldó la decisión de confirmar las medidas cautelares con el reemplazo de la inhibición de bienes por el embargo.

El juez federal Ariel Lijo ordenó medidas de prueba y una auditoría a la AGN en la investigación por los créditos hipotecarios otorgados desde el Banco Nación a funcionarios, legisladores y personas con vínculos políticos.

Las medidas incluyen la recolección de documentación, como informes técnicos y datos bancarios, y fueron solicitadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita cuando dictaminó a favor de impulsar las denuncias recibidas al respecto. Lijo pidió una auditoría a la Auditoría General de la Nación (AGN) para determinar si existieron beneficios indebidos en la concesión de esos préstamos en el Banco Nación.

Qué se ordenó en la causa

El juez dispuso la entrega por parte del Banco Nación de los legajos completos de los créditos investigados, los registros de ingreso de los beneficiarios y las evaluaciones crediticias realizadas. También ordenó que se le remita un informe sobre los cambios normativos desde diciembre de 2023 y los mecanismos internos de aprobación de préstamos.

El juez Lijo pidió al Banco Nación que remita la “documentación física y digital completa relativa tanto a los legajos de cliente como a las carpetas correspondientes a los créditos hipotecarios otorgados, en el período comprendido entre diciembre de 2023 y la actualidad, con relación a: Federico Furiase, Juan Pablo Carreira, Juan Pedro Inchauspe, Felipe Núñez, Emiliano José Mongilardi, Mariano Campero, Santiago Santurio, Lorena Villaverde, Alejandro Bongiovanni, Sharif Menem, María Frías y Alejandro Carrancio”.

Además, al hacer lugar a las medidas de prueba pedidas por la fiscalía, el juez requirió que la entidad detalle el “número total de créditos hipotecarios efectivamente otorgados, desde el mes de diciembre de 2023 hasta la actualidad, a empleados y/o funcionarios de la administración pública nacional, de organismos descentralizados/autárquicos y/o legisladores nacionales, discriminándose la cantidad nominal de créditos y el monto dinerario insumido para ello”.

El Banco deberá aportar la documentación “que dé cuenta de la efectiva compra de los inmuebles, así como las constancias de evaluación crediticia, copia de las escrituras traslativas de dominio correspondientes, forma de pago de los montos abonados por el cliente, comisiones abonadas y demás constancias agregadas al legajo del cliente en el marco de dicho acto”, se detalló.

El magistrado reclamó además a la Jefatura de Gabinete y la Cámara de Diputados datos precisos sobre los cargos y roles de los beneficiarios. En las denuncias presentadas se sostuvo que algunos de los créditos de mayor magnitud fueron otorgados a personas que ya poseían bienes inmuebles previamente declarados.

Qué se investiga

La investigación se inició tras denuncias apoyadas tanto en investigaciones periodísticas como en datos extraídos de la Central de Deudores del BCRA, vinculados a la entrega de créditos millonarios. Las sumas cuestionadas alcanzan montos equivalentes a USD 350.000, remarcó el fiscal en su dictamen.

El expediente está enfocado en determinar si hubo alguna inobservancia de las normativas que permitió el otorgamiento de estos créditos hipotecarios que beneficiaron, entre otros, a funcionarios públicos y legisladores.

“Corresponde impulsar la investigación para determinar si, desde la gestión al mando del Banco de la Nación Argentina de Daniel Tillard, a partir de la inobservancia de la normativa financiera específica en la materia y/o concediendo privilegios indebidos, se otorgaron ilícitamente créditos hipotecarios irregulares, beneficiando así a empleados y/o funcionarios públicos y/o legisladores, en detrimento de las arcas de la entidad”, puntualizó el fiscal en su dictamen.

“Los montos de deuda/créditos allí referenciados fueron obtenidos a partir de la base pública del BCRA identificada como Central de Deudores del Sistema Financiero”, lo que refuerza el carácter verificable de la pesquisa, remarcó el fiscal Pollicita al impulsar la investigación.

Se busca “determinar o descartar si, a partir de la inobservancia de la normativa financiera aplicable, y/o concediendo privilegios indebidos, desde el Banco de la Nación Argentina se otorgaron ilícitamente créditos hipotecarios irregulares, beneficiando así a empleados y/o funcionarios públicos y/o legisladores, en detrimento de las arcas de la entidad”, precisó la fiscalía.

La Cámara Federal porteña declaró extinguida por prescripción a raíz del paso del tiempo la causa penal por presuntas irregularidades en la prórroga de la concesión a precios “irrisorios” de los locales comerciales y estacionamientos de la estación de trenes de Once, resuelta al final del kirchnerismo.

A raíz de esta decisión el Tribunal de Apelaciones revocó el procesamiento y sobreseyó a uno de los dos acusados, el extitular de la concesionaria Claudio Glories y ordenó al juez federal Sebastián Casanello resolver en el mismo sentido la situación del otro, el ex funcionario Esteban Weisbeck.

Este último se desempeñó como funcionario público entre el 31 de enero y el 1 de octubre de 2020 en el cargo de Director de Habilitaciones de la Seguridad Privada, en la provincia de Buenos Aires y por eso el magistrado sostuvo que no correspondía declarar prescripto el caso. Al momento de los hechos trabajaba en la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

La causa penal tuvo como eje la prórroga de la concesión de la explotación de locales comerciales y estacionamiento en la estación de trenes de Once a cánones “irrisorios” concedida el 25 de noviembre de 2015, tres días después de la segunda vuelta electoral por la elección presidencial en la que ganó Mauricio Macri.

Cánones “irrisorios”

Durante la investigación se procesó en cuatro oportunidades a ambos imputados pero el Tribunal de Apelaciones revocó estas decisiones y pidió más medidas de prueba que se fueron completando en cada ocasión. Finalmente, el juez procesó a Glories y Weisbeck por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública. La defensa del primero planteó la prescripción de la investigación.

El planteo fue aceptado por la Sala I del tribunal, con los votos de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes revocaron el fallo de primera instancia y dispusieron el sobreseimiento. El juez Mariano Llorens votó en disidencia por seguir adelante con la investigación.

Según interpretó la postura mayoritaria, no se acreditó que el cargo que tuvo Weisbeck de manera posterior a los hechos hubiera tenido la capacidad de influir o entorpecer la investigación, especialmente porque se trataba de una función en la órbita provincial, mientras que los hechos investigados correspondían a la administración nacional.

Los jueces también señalaron que, aún si se aceptara esa hipótesis, la causa igualmente estaba prescripta. El llamado a indagatoria —único acto con efecto interruptivo— se realizó el 29 de marzo de 2019, y desde entonces transcurrió el plazo máximo de seis años previsto para el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

“La extinción de la acción penal es de orden público y se produce de pleno derecho por el transcurso del plazo pertinente”, sostuvo el tribunal. Con esta decisión la investigación quedó cerrada sin ir a juicio oral, salvo que el fallo sea apelado ante la Cámara Federal de Casación.

Qué se investigó

El expediente analizó una adenda firmada el 25 de noviembre de 2015, tres días después del balotaje presidencial, que extendió por ocho años la concesión —hasta 2033— pese a que el contrato original no preveía prórrogas. Esa modificación fijó cánones considerados “irrisorios” y se realizó sin estudios técnicos ni evaluaciones económicas independientes.

A días del final del gobierno de Cristina Kirchner, se extendió así el plazo de concesión de la explotación de locales ubicados en la planta baja, primer y segundo subsuelo, hall central y tres plantas en la estación Once del ferrocarril Sarmiento. Todavía faltaba una década para el vencimiento de la concesión, que operaba recién en 2025.

La adenda estableció como plazo hasta el 11 de julio de 2033 y fijó un canon mensual que al año 27 de la explotación del lugar sería de 226.291 pesos, estableció la investigación. Al dictar los procesamientos en agosto del año pasado, el juez Casanello consideró probado que “a días de dejar la función pública”, uno de los imputados suscribió esa adenda que “produjo efectos jurídicos concretos, en tanto prorrogó el plazo de una concesión cuyo contrato establecía expresamente que era improrrogable, fijó cánones irrisorios y modificó los espacios originalmente concesionados”.

En julio de 2025 el gobierno de Javier Milei dejó sin efecto la prórroga que favoreció al fallecido empresario Néstor Otero y anuló la concesión.

El Gobierno consideró que fue “otorgada de forma irregular” porque establecía “cánones fijos irrisorios para la concesión que iban desde los 197.000 a los 226.000 pesos mensuales para el período extendido”.

La zona de concesión incluía una superficie total comercial en uso de casi 21.000 m² que cuenta con 82 locales en planta baja, otros 39 en el entrepiso y dos estacionamientos comerciales con más de 11 mil metros cuadrados. Se resolvió licitarlos “a valores razonables”. Las áreas que aún manejaba la empresa Nueva Estación Once S.A. fueron desalojados por orden judicial en diciembre pasado.

El 11 de marzo pasado, el tesorero de la AFA Pablo Toviggino se sentó frente al juez en lo penal económico Diego Amarante y le dijo que gana 5 millones de pesos al mes y que esa suma le alcanza para “subsistir”.

“Preguntado respecto de sus condiciones personales de vida, contestó: ‘Vivo en el domicilio indicado precedentemente, en Pilar. Es un domicilio alquilado. Vivo solo. No tengo nadie a cargo. Soy trabajador autónomo. A mí nadie me paga un sueldo. Percibo $5.000.000 como consta en mi declaración jurada ante ARCA. Me alcanza para subsistir’”. La información quedó asentada en el acta de su indagatoria en la causa por retención indebida de aportes a la que accedió Infobae. Ese día se negó a declarar y entregó un escrito de descargo, pero no pudo evitar dar sus datos personales, entre ellos informar su modo de vida.

El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, pidió el viernes pasado detenerlo junto a Claudio “Chiqui” Tapia por supuesta asociación ilícita y lavado de dinero, acusado de montar a través de testaferros -prestanombres- un entramado de empresas para defraudar a la AFA y disimular el origen ilícito de millones de dólares. Pablo Toviggino “ejecuta el verdadero comando de las empresas”, sostuvo esa acusación.

Procesamiento y audiencia clave

El 30 de marzo el tesorero de AFA quedó procesado junto a Tapia y otros tres acusados en la investigación por la falta de depósito en los plazos legales de retenciones impositivas por al menos 19.300 millones de pesos, una decisión que está ahora bajo revisión de la Cámara en lo Penal Económico. Se fijó una audiencia el próximo 5 de mayo en la cual los jueces Carolina Robiglio y Roberto Hornos escucharán argumentos de las partes.

Antes, el próximo miércoles, el Tribunal de Apelaciones convocó a la defensa de Toviggino para abordar otro asunto, su recusación y pedido de apartamiento del juez Amarante.

Pero los 5 millones de ingresos por mes que aseveró ganar el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino contrastan con la acusación en su contra que hizo el viernes último el fiscal de Santiago del Estero Simón.

En ese documento —de más de 100 páginas— se describe la adquisición de bienes de alto valor, como una avioneta (LV-FUT) comprada a través de una de las sociedades investigadas SOMA S.R.L., además de una flota de vehículos y el uso reiterado de vuelos privados, tanto en aeronaves con matrícula nacional como extranjera, con destinos como Brasil, México, Países Bajos y el Caribe por parte de Toviggino y sus familiares.

“El dinero obtenido también fue aprovechado mediante bienes de consumo, en particular viajes. Así, se constató que Pablo Toviggino registra vuelos privados” en más de diez avionetas, sostuvo la fiscalía.

Se mencionan supuestos viajes de Toviggino, sus hijos y otros imputados a “Brasil, Cabo Verde, México, Holanda, Antigua y Barbuda, Uruguay, Paraguay” que “fueron concretados en aeronaves con matrícula extranjera”.

El dictamen también señala como parte de un entramado de testaferros la existencia de emprendimientos considerados de lujo, como la bodega La Vigilia en Mendoza, el local “Neurus by La Vigilia” en Santiago del Estero y hasta un centro de estética “La Fleur de Sartí” en la Ciudad de Buenos Aires. Todo estaría, según la acusación, a nombre de presuntos prestanombres de Toviggino.

Se describe una operatoria financiera basada en una red de sociedades —entre ellas SOMA S.R.L., HT S.R.L. y otras firmas vinculadas— que habrían registrado un crecimiento patrimonial exponencial. Según el dictamen fiscal, algunas de estas empresas multiplicaron sus ingresos y activos en porcentajes extraordinarios en pocos años.

El análisis también menciona la circulación de fondos entre compañías vinculadas, emisión de facturación considerada sin respaldo económico y la utilización de personas interpuestas, testaferros, para la conformación de sociedades.

“El entrecruzamiento prueba que existe una unidad de dirección y administración, lo que sugiere que la voluntad social de todas estas firmas es manejada por un mismo equipo contable o directivo, facilitando la creación de gastos ficticios y el movimiento circular de dinero”, agregó el dictamen.

A esta circunstancia “se adiciona el hecho de que existe una repetición y rotación de los mismos socios en todas las estructuras, que permiten afirmar que Pablo Toviggino ejecuta el verdadero comando de las empresas”.

También se incorporó un informe del Banco Central que da cuenta de una imputación en sede administrativa por presuntas infracciones al régimen penal cambiario, con montos que superan los USD 54 millones y €80 millones.

Con esos elementos, la fiscalía de Santiago del Estero concluyó que existiría una estructura organizada destinada a la captación, circulación y posterior inserción en el mercado formal de fondos de origen presuntamente ilícito, mediante la simulación de operaciones comerciales y el uso de sociedades y que el jefe de esa asociación ilícita sería Toviggino, quien ante la Justicia de la ciudad de Buenos Aires afirmó en marzo pasado que vive con cinco millones de pesos por mes y que le alcanza para “subsistir”.

Los dueños de la inmobiliaria que vendió a dos jubiladas el departamento de Caballito comprado meses después por el jefe de Gabinete Manuel Adorni declaran este lunes como testigos en Comodoro Py para aportar información sobre esa primera operación con el inmueble, en el marco de la causa por supuesto enriquecimiento ilícito abierta al funcionario.

Será el inicio de una semana clave en la investigación. Se trata de la martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi

En una entrevista con Infobae, Rucci recordó que el departamento de Caballito perteneció desde la década del ‘90 al entonces futbolista Hugo Morales, figura en Lanús y Huracán, y con un paso por la Selección argentina. “Huguito” compartió vestuario en el Granate con el esposo de la mujer, Marcelo Trimarchi. En 2024, Morales se decidió a vender el departamento, ubicado en una de las zonas mejor cotizadas del barrio porteño de Caballito. Llamó a su excompañero y empezaron el trámite. La martillera explicó en la entrevista que el valor inicial al que se había publicado la propiedad fue de 340.000 dólares. Luego de algunas rebajas se vendió en 200 mil a las jubiladas que meses después hicieron la compraventa con Adorni por 230 mil dólares.

Para el miércoles se espera al hijo de una de las jubiladas que vendió luego el departamento a Adorni y fue mencionado como el organizador de toda la operación de compraventa.

Se trata de Pablo Martín Feijoo, señalado como amigo del funcionario por testigos y quien acercó a las partes, su madre y otra jubilada y el funcionario, para concretar la operación escriturada en 230 mil dólares: 30 mil pagados en efectivo y otros 200 mil sin intereses que el jefe de Gabinete tiene que cancelar en noviembre próximo.

Feijoo está citado para este miércoles 22 de abril por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien tiene delegada la causa por presunto enriquecimiento que se tramita en el juzgado de Ariel Lijo. Al testigo se le anticipó que tiene que llegar al quinto piso de Comodoro Py 2002 con su celular y comprobantes de todos los gastos realizados en la propiedad. Los investigadores creen que su testimonio puede ser determinante para entender cómo se estructuró la operación desde su origen.

La ronda de citaciones de la semana cerrará el viernes 24. Para las 9 de la mañana fue convocado el contratista Matías Tabar, de la empresa Grupo AA, quien —según la información incorporada al expediente— estuvo a cargo de las obras en otra propiedad comprada por los Adorni, el lote 380 del country Indio Cua, que figura a nombre de la esposa, Bettina Angeletti.

En la citación, la fiscalía le requirió a Tabar que se presente con documentación que permita reconstruir el circuito completo de contratación, ejecución y financiamiento de los trabajos realizados en el predio. En paralelo, el fiscal reiteró un pedido a la administración del country para que remita información sobre el pago de expensas de esa propiedad.

Las claves del caso

La causa acumula medidas en las últimas semanas. El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, así como también de seis mujeres identificadas como prestamistas o acreedoras: Silvia Pais; Norma Zuccolo; las jubiladas vinculadas al departamento de Caballito Beatriz Viegas y Claudia Bibiana Sbabo; y las otras dos mujeres que prestaron dinero a cambio de interés contra hipoteca de otro departamento de los Adorni en Parque Chacabuco, Graciela Molina y Victoria Cancio.

En paralelo, la fiscalía intenta incorporar al expediente los chats y registros de llamadas entre todos los involucrados, una prueba considerada clave para reconstruir los vínculos y el circuito de las operaciones. En ese punto, la escribana Adriana Nechevenko —quien intervino en las transacciones— no aportó su teléfono celular cuando se presentó en tribunales: primero no lo llevó a su declaración y luego dijo haberlo olvidado en el auto cuando regresó con documentación adicional. Bajo juramento, afirmó que conoce a Adorni desde hace más de 25 años y que fue ella quien acercó a las partes para concretar los préstamos en el caso de la hipoteca de Parque Chacabuco por 100 mil dólares que se usaron ese mismo día para escriturar una casa en un barrio de golf privado de Exaltación de la Cruz, Indio Cuá.

Ese esquema es uno de los ejes de la investigación. El departamento de la calle Miró al 500 había sido adquirido previamente por las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo en torno a los 200.000 dólares —luego de haberse publicado a la venta en USD 340.000—, con intervención de la inmobiliaria y el pago de comisión. Además, el inmueble fue refaccionado antes de ser vendido a Adorni por 230.000 dólares, lo que abrió interrogantes: cómo se explica la rentabilidad de la operación si se suman los costos de compra, comisión y obras, y por qué se otorgó una financiación sin interés por la mayor parte del valor.

En sus declaraciones, Viegas y Sbabo aseguraron desconocer los detalles de la operación y señalaron que la gestión estuvo a cargo de sus hijos —entre ellos Feijoo—, quienes además participan en emprendimientos inmobiliarios. Ambas dijeron haber utilizado ahorros propios para la compra inicial, pese a percibir haberes jubilatorios cercanos a los 350.000 pesos mensuales.

Otro punto bajo análisis es el financiamiento de otras adquisiciones del funcionario. Según consta en la causa, Adorni tomó un préstamo de 100.000 dólares aportado en un 85% por la excomisaria de la Policía Federal Graciela Molina y en un 15% por su hija Victoria Cancio. El crédito habría sido pactado a dos años, con una tasa del 11% anual y pagos mensuales, y garantizado con una hipoteca sobre un departamento en Parque Chacabuco. Ese dinero se usó para comprar una casa en un country de Exaltación de la Cruz el mismo día en que se formalizó la hipoteca, en noviembre de 2024.

Además, surgieron datos sobre el vínculo personal entre las partes: Feijoo visitó a Adorni en Casa Rosada el 22 de octubre de 2025, un mes antes de la compraventa del departamento. Según los testigos que ya declararon, existe una relación de confianza previa porque sus hijos concurren al mismo colegio.

Una mujer de 94 años recuperó la propiedad de su vivienda en Chascomús luego de que la Justicia revocó la donación que había realizado a favor de dos vecinos porque no cumplieron con su deber de “gratitud”, es decir, acompañarla en su vejez, asistirla y cubrir sus necesidades.

Según dio por probado la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Dolores, existió “ingratitud” y una vulneración grave a las obligaciones asumidas en el contrato de donación que tenían que ver con acompañarla, ya que la anciana no tiene ningún familiar.

Sola y sin hijos

La mujer relató en la demanda que no tiene hijos y que residía sola en su casa. Por su avanzada edad y problemas de salud, comenzó a necesitar asistencia cotidiana. En ese contexto, un vecino quien vivía frente a su vivienda, comenzó a ayudarla con tareas domésticas y trámites, incluso colaborando con el cobro de su jubilación. Con el tiempo, él y su pareja la convencieron de trasladarse a un geriátrico. Poco después, la persuadieron de donarles el inmueble que había quedado desocupado, argumentando que era necesario para afrontar los gastos del hogar de ancianos. La donación quedó bajo la condición de que los beneficiarios garantizaran su asistencia y cuidado.

Las amigas

Después de la escrituración, la relación personal con sus vecinos se deterioró. Los beneficiarios comenzaron a aislar a la mujer; aunque le entregaban la medicación en el geriátrico, dejaron de visitarla con frecuencia. La situación en el hogar de ancianos se tornó adversa. “Comencé a sufrir maltratos e insultos”, sostuvo en su testimonio. En 2022, ante el agravamiento de su estado y el abandono, un grupo de amigas intervino para sacarla del geriátrico. Desde entonces, reside con una de ellas, quien la acompaña y asiste diariamente. Según consta en la causa, las une una “profunda amistad”.

La situación económica de la demandante es precaria. Solicitó a los beneficiarios de la donación el pago de una cuota alimentaria, pero estos se negaron a asumir esa responsabilidad. Tras la negativa, la mujer los intimó mediante carta documento y, al no obtener respuesta, inició una acción judicial por alimentos y luego otra para revocar la donación por ingratitud.

Gratitud como deber moral

El fallo de la Cámara Civil y Comercial describe que la obligación de cuidado personal no puede interpretarse de manera meramente formal, sino que exige una conducta activa y sostenida en el tiempo. Los jueces remarcaron: “El traslado de la donante a un geriátrico, sin supervisión ni acompañamiento por parte de los beneficiarios de la donación, evidencia un claro apartamiento de la finalidad del acto jurídico celebrado”. La sentencia estableció que el abandono configuró un supuesto de ingratitud, dado que la beneficiaria quedó desatendida en una etapa de especial vulnerabilidad.

El contrato de donación establece una obligación general de gratitud para quien recibe el bien. Esa obligación implica que el beneficiario debe mantener una conducta respetuosa y abstenerse de realizar actos de notoria ingratitud. El Código Civil y Comercial prevé la revocación de la donación cuando el donatario incumple deberes esenciales hacia el donante, especialmente si este se encuentra en situación de vulnerabilidad y sin otros familiares obligados a prestarle alimentos, destacó la sentencia.

Ante la prueba, se dispuso la revocación de la donación y la restitución del inmueble a su patrimonio. La sentencia remarca la vigencia de la obligación alimentaria hacia el donante como “consagración del deber moral de gratitud”, que existe siempre que el donante carece de medios de subsistencia y no existen otros obligados a prestar alimentos.

La “ingratitud” se mide por la conducta asumida frente al estado de necesidad del donante, advirtió el Tribunal al descartar como argumento a favor de los demandados que cumplían con pagos de cuota de alimentos provisorios que fijó la Justicia.

La mujer, que atraviesa una situación económica delicada y depende de la ayuda de su entorno cercano, volvió a ser reconocida como propietaria de la vivienda que había cedido bajo promesa de cuidado y contención, en una decisión confirmada por los camaristas Santiago Cremonte y Mauricio Janka.

La productora Imhouse celebró seis contratos de coproducción con RTA —cinco vinculados a TV Pública y uno a Radio Nacional— que incluyeron ciclos de entrevistas a cargo de Marcelo Grandio, el amigo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Los contratos y sus expedientes ya llegaron al juzgado federal de Ariel Lijo, donde ambos son investigados por supuestas “dádivas” a raíz del viaje en avión privado a Punta del Este que hizo Adorni con su familia en el último feriado de Carnaval y que, según declararon testigos, habría pagado Grandio como una “invitación”.

Según el detalle, al que accedió Infobae, los acuerdos comprenden ciclos de entrevistas y programas de streaming, con distintos esquemas de financiamiento y reparto de ingresos publicitarios. En todos los casos, RTA aportó el aire, estudios, maquillaje, vestuario, escenografía, equipo de producción, personal técnico y seguridad, mientras que Imhouse asumió la organización integral de los contenidos, el equipamiento técnico, el personal necesario, los aranceles a entidades como Argentores, SADAIC y SADEM, y eventuales costos derivados de reclamos judiciales o extrajudiciales.

Los contratos

Uno de los acuerdos fue firmado el 27 de agosto de 2024 con el presidente de Imhouse, Horacio Silva. Se trata de la producción del ciclo “Giros en Línea Recta”, conducido por Grandio, por diez capítulos a partir del 5 de septiembre de ese año. El costo total de producción fue fijado en $5.883.995 más IVA. Imhouse percibiría los ingresos publicitarios hasta cubrir ese monto y, una vez alcanzado, se repartirían en partes iguales con RTA. Si no se alcanzara esa suma, la productora asumiría el costo del ciclo

Otro contrato firmado el 27 de marzo de 2025, corresponde también a “Giros en Línea Recta”, por otros diez capítulos desde el 31 de marzo de ese año. En este caso, el costo es de $900.000 más IVA por capítulo, con igual esquema de recuperación vía publicidad y posterior reparto 50/50. El tercer acuerdo fue suscripto el 11 de septiembre de 2025 por 16 nuevos capítulos del mismo ciclo a partir del 15 de septiembre. El costo ascendió a $1.097.500 más IVA por capítulo, con idéntico mecanismo de cobertura y distribución de ingresos.

El cuarto contrato contempló la producción del programa de streaming “Enredados”, por 20 capítulos a emitirse en las plataformas digitales de la TV Pública —Twitch, YouTube, Facebook e Instagram— desde el 2 de septiembre de 2025 a $900.000 más IVA por capítulo, con el mismo esquema de recupero y reparto publicitario.

El quinto acuerdo, del 13 de octubre del año pasado, corresponde al programa de streaming “La Sala”, con 50 capítulos desde esa fecha. El costo de producción se fijó en $950.000 más IVA por programa, bajo el mismo sistema de financiamiento.

En cuanto a un sexto contrato de Imhouse, en este caso no fue para un ciclo televisivo sino para un programa emitido por AM 870 y repetidoras de FM, a cargo de otro periodista y se firmó en abril de 2024.

Lijo ya pidió un listado de llamadas entrantes y salientes entre Grandio y Silva, quien figura como presidente de Imhouse.

En esta investigación también llegaron informes bancarios que dan cuenta de pagos que la productora hizo al jefe de Gabinete antes de su llegada a la función pública. Son diez transferencias por un total de 1.670.900 pesos entre el 1 de diciembre de 2022 y diciembre 2023. Hubo una de 60 mil y otra de 50 mil pesos, cuatro de 121 mil pesos, 3 de 157.300 mil pesos y una última de 605 mil pesos, según el detalle con que cuenta la Justicia que buscará determinar cuál fue el motivo.

El 10 de diciembre de 2023 Javier Milei asumió la presidencia de la Nación y Adorni fue nombrado vocero de su Gobierno. Según los contratos recibidos en la causa, cuatro meses más tarde la productora Imhouse firmó el que correspondía al programa de radio y en agosto de 2024 el primero que llevó a Grandio a la TV Pública.

El juez en lo penal económico Diego Amarante autorizó a la Asociación del Fútbol Argentino a reemplazar con un seguro de caución el embargo por 350 millones de pesos que se le fijó el 30 de marzo pasado, cuando fue procesada como persona jurídica por retención indebida de aportes calculada en 19.300 millones de pesos.

La AFA optó por esta solución y fue aceptada por el magistrado que entendió que el seguro “resulta suficiente para garantizar el pago de las contingencias... (pena pecuniaria, indemnización civil y costas).”

Con ello se sustituyó el monto del embargo por la póliza de seguro de caución, un mecanismo habitual, contemplado para que el deudor pueda optar por una medida cautelar que le resulte menos perjudicial “siempre que ésta garantice suficientemente el derecho del acreedor”, recordó el juez en la resolución donde aceptó la medida.

“Corresponde hacer lugar a lo requerido por la defensa de la A.F.A., autorizando que el embargo decretado a su respecto sea cumplido en la forma de un seguro de caución” por $350.000.000, se explicó en la decisión judicial.

A la espera de decisiones clave

Tras los procesamientos que alcanzaron al presidente de la AFA Claudio Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y otros tres acusados resueltos el 30 de marzo, la causa penal entró en una etapa de decisiones clave ante la Cámara Penal Económico.

El próximo viernes 24 de abril habrá una audiencia donde los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio recibirán los argumentos de las defensas que reclaman revocar los procesamientos y los de la fiscalía y AFIP que postularon, por el contrario, agravar la acusación y elevar el monto de los embargos.

Una vez cumplida esta instancia que podrá ser escrita u oral, quedarán en condiciones de resolver sobre las apelaciones a lo decidido por el juez Amarante. Además, el Tribunal tiene pendiente decidir un planteo de Toviggino para apartar al juez del caso por presunta “enemistad manifiesta”, algo que rechazó el magistrado.

La investigación se abrió ante una denuncia de ARCA por la presunta retención indebida de aportes calculada en 19.300 millones de pesos a raíz de la omisión de depósito dentro de los plazos legales de impuestos y contribuciones entre 2024 y 2025.

A los acusados se los consideró responsables del delito de apropiación indebida de tributos y de recursos de la seguridad social, agravado por la intervención de más de dos personas en una estructura organizativa en 34 oportunidades, en concurso real con la apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravada reiterada en otras 17.

Si bien la deuda se encuentra regularizada o en vías de estarlo, el delito se configura igualmente cuando no se cumple con el pago en tiempo y forma, es decir, dentro de los 30 días posteriores a la retención de las obligaciones, sostuvo el procesamiento.

Además, el magistrado destacó que durante todos los meses en los que se registraron vencimientos hubo “significativas transferencias” de sponsors a cuentas bancarias de la AFA, lo que evidenciaba una “amplia disponibilidad” de fondos para cumplir con el fisco en los plazos legales.

Al salir al cruce de la acusación en su contra, la defensa de Tapia sostuvo en su apelación que “no hay un solo dato que le asigne injerencia personal en los hechos” ni se encontró “una sola instrucción concreta” de su parte vinculada al presunto incumplimiento. Tanto el presidente de AFA como el tesorero Toviggino siguen con prohibición de salida del país y deben pedir autorización para cada viaje al exterior.

La Justicia analiza documentación vinculada al viaje a Uruguay en avión privado de Manuel Adorni y su familia que habría financiado el contratista de la TV Pública Marcelo Grandio en el último feriado de Carnaval. Entre la información llegada al juzgado federal de Ariel Lijo figuran una serie de transferencias bancarias realizadas desde la productora de Grandio a Adorni, antes de la llegada del Jefe de Gabinete a la función pública, en diciembre de 2023.

Son diez transferencias por un total de 1.670.900 pesos que se hicieron entre el 1 de diciembre de 2022 y diciembre 2023. Hubo una de 60 mil y otra de 50 mil pesos, cuatro de 121 mil pesos, 3 de 157.300 mil pesos y una última de 605 mil pesos, según el detalle con que cuenta la Justicia en la causa en la que interviene el fiscal federal Gerardo Pollicita.

El 10 de diciembre de 2023 Javier Milei asumió la presidencia de la Nación y Adorni fue nombrado funcionario de su Gobierno. Según los contratos recibidos en la causa, cuatro meses más tarde la productora Imhouse de Grandio firmó su primer contrato con la TV Pública.

Adorni y Grandio son amigos desde hace años. El informe bancario aporta un indicio más sobre la relación que precedió a la firma de contratos con la TV Pública, cuando esta última estaba ya bajo la órbita de Adorni y ahora se intentará determinar a qué correspondieron esos pagos, explicaron a Infobae fuentes del caso. Luego llegó el viaje familiar a Punta del Este en febrero pasado, que según ya declararon testigos, habría sido invitación del periodista. Se investigan supuestas dádivas.

Contratos e informes fiscales

En el juzgado se recibieron además respuestas a requerimientos hechos a Radio y Televisión Argentina sobre los expedientes de los contratos de la productora Imhouse. También se analiza documentación enviada desde la Oficina Nacional de Contrataciones de la Jefatura de Gabinete y Secretaría General de Presidencia, ANAC, IGJ y la empresa de aviación Jag Executive, que vendió los vuelos de ida y vuelta. Ya se cuenta con lo requerido a ARCA y a la Dirección Nacional de Migraciones, en este último punto vinculado a los viajes al exterior de Adorni.

También se pidió un listado de llamadas entrantes y salientes entre Grandio y Horacio Silva, quien figura como presidente de Imhouse, la productora que se vincula al periodista, en siete contratos que se firmaron con la TV Pública. El juzgado recibió ya esos expedientes completos.

La contratación del viaje

El viernes 27 de marzo pasado, una gerenta comercial del broker que vendió los vuelos privados aseguró como testigo que el periodista pagó los viajes y que le refirió que la familia que viajaría con ellos era su invitada.

Se trata de Vanesa Tossi, quien contó al juez Lijo y al fiscal Pollicita que conocía a Grandio con anterioridad y que el periodista le pidió cotización porque quería “invitar a una familia a Punta del Este”. Una vez que ella pasó las tarifas, se enteró de que la familia invitada sería la del jefe de Gabinete Adorni, según declaró bajo juramento de verdad en la causa que investiga supuestas dádivas.

En conferencia de prensa, esa semana Adorni había asegurado que pagó los pasajes de los integrantes de su familia, algo que se contradice con los dichos de Tossi.

La testigo que trabaja en Jag Executive Aviation contó a los funcionarios judiciales que Grandio no quería que se facturara ningún vuelo, pero que luego acordaron hacerlo solo con los tickets de la ida. Además, aportó el chat donde el periodista le refirió que debía facturarse a nombre de Imhouse, la productora y contratista de la TV Pública.

Tossi agregó que, incluso, el periodista le pidió que intentara vender alguna plaza vacía del vuelo para bajar costos porque “era una invitación”.

En la causa, el fiscal Pollicita pidió nuevas medidas de prueba para determinar si Adorni y Grandio compartieron otros viajes juntos o “hacia los mismos destinos en fechas coincidentes o próximas”.

El funcionario también es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito en un expediente que Lijo delegó en la fiscalía federal de Pollicita y que avanza con declaraciones de testigos sobre la compraventa de propiedades por parte del funcionario y su esposa Bettina Angeletti. En esta última causa se confirmó que toda la familia viajó a Aruba para pasar Año Nuevo del 29 de diciembre de 2024 al 10 de enero de 2025, cuando Adorni era vocero del Gobierno.

El Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó en su último plenario el concurso para cubrir seis vacantes en los Tribunales Orales del fuero federal con sede en Comodoro Py 2002 y envió las ternas de candidatos al Ministerio de Justicia de la Nación.

Se trata de una decisión que derivó en expectativas casi inmediatas en el sexto piso del edificio de Retiro, donde la mayoría de sus integrantes tienen despacho. En Comodoro Py hay un Tribunal Oral que desde 2020 no tiene jueces titulares, sus tres cargos están vacantes. En otros casos, hay lugares vacíos desde hace años.

Son los jueces que sientan al banquillo a procesados en causas de alto voltaje político, vinculadas a corrupción en la función pública nacional y juzgan también delitos de lesa humanidad, narcotráfico, trata de personas y secuestros extorsivos, entre otros delitos. Es común ver a estos magistrados por los pasillos rodeados de custodia rumbo a las salas de audiencia. Hasta el momento, los tribunales con cargos vacantes se van completando con subrogancias. A esto se suma la necesidad de contar con cuarto juez suplente en debates orales largos, como pasa en el caso Cuadernos.

La definición estaba pendiente desde febrero de 2022. Ahora el Poder Ejecutivo tendrá que elegir los nombres que enviará al Senado. Se trata del concurso 389 aprobado en el Consejo por 19 votos a favor y uno en contra para cubrir los tres cargos del Tribunal Oral Federal 6 y en otros tres, el 2, 4 y 5, con una vacante cada uno. En un futuro, si las investigaciones avanzan y se alcanza el grado de sospecha requerido para enviar a juicio oral, alguno de estos Tribunales podría quedar sorteado para juzgar causas que ocupan por estos días un lugar primordial en la agenda de Comodoro Py como ANDIS, $LIBRA y las que investigan al jefe de Gabinete Manuel Adorni.

La más cercana a esta etapa es ANDIS, la investigación por presuntos sobornos por parte de droguerías a ex funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad durante el gobierno de Javier Milei. Está procesado, entre otros, el ex titular del organismo Diego Spagnuolo y la Cámara Federal porteña definiría a fin de mes si confirma esta decisión que habilitaría a comenzar los pasos para el envío del caso a juicio.

Los candidatos

El Consejo de la Magistratura envió al Ministerio de Justicia a cargo de Juan Bautista Mahiques las ternas de candidatos, junto con una lista complementaria de postulantes, tras la finalización del concurso y la definición del orden de mérito.

En total, se conformaron seis ternas integradas por tres aspirantes cada una. La primera quedó encabezada por Agustina Inés Rodríguez, acompañada por Nicolás Pacilio y Mariano Cartolano. En la segunda terna fueron incluidos Nicolás Schiavo, Nicolás Ceballos y Valeria Rico. La tercera está integrada por Luis Alcides Arnaudo, Gabriel Gonzalo Rey y Albertina Carón. En tanto, la cuarta terna la conforman Ignacio Labadens, Nicolás Grappasonno y Diego Perone; la quinta, Marcelo Peluzzi, Vanesa Alfaro y Juan Carlos Palacios; y la sexta, Ivana Quinteros, Santiago Schiopetto y Raúl Roust.

Además, se aprobó una lista complementaria con otros 20 candidatos que también participaron del proceso de selección: María Celeste Cumbeto, Carlos Fabián Cuesta, Hugo Fabián Decaria, Ramiro Velasco, Diego Arce, Leonel Gómez Barbella, Juan Ernesto Rozas, José Ignacio Polizza, Juan Manuel Grangeat, María Elisa Gaeta, Sergio Delgadillo, Tomás Cisneros, Claudio Silvestri, Fernando Buján, Francisco María Posse, Cynthia Cicchetti, Javier Scollo, Nicolás Czizik, Matías Alejandro Latino y Marcos Tedin.

Según el orden de mérito definido por el Consejo, los cinco postulantes mejor posicionados son Agustina Inés Rodríguez, quien se desempeña como coordinadora general de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres; Nicolás Schiavo, juez de garantías de San Martín; Luis Alcides Arnaudo, fiscal penal de la Ciudad de Buenos Aires; Ignacio Labadens, secretario del Tribunal Oral Federal 1 de Comodoro Py; y Marcelo Peluzzi, juez nacional de ejecución penal.

Un dato que atraviesa el proceso es que la mayoría de los candidatos incluidos en las ternas ya cuentan con pliegos que acaban de ser enviados al Senado para ocupar otros cargos. Es el caso entre muchos otros de los secretarios de la Cámara Federal porteña Ivana Quinteros (sala I) y Nicolás Pacilio (sala II), propuestos por el Poder Ejecutivo como jueces de Cámara en tribunales orales de la Capital Federal, lo que podría incidir en la resolución final de las vacantes que se definiría con la lista complementaria. Ahora será el turno del Poder Ejecutivo de elegir a los seis postulantes y remitir los pliegos al Senado. No está obligado a seguir el orden de mérito.

Un fuero jaqueado por la falta de jueces

Estas no son las únicas vacantes en Comodoro Py: hay cuatro lugares vacíos en la Cámara Federal de Casación y cuatro juzgados de primera instancia del fuero sin juez titular desde hace años.

En el caso del máximo tribunal penal federal del país uno de sus integrantes, Carlos Mahiques, cumplirá en noviembre 75 años -límite constitucional para permanecer en el cargo-. El Gobierno ya envió al Senado el pliego del padre del ministro de Justicia en busca del aval que le permita seguir cinco años más.

La Cámara Federal porteña, tribunal intermedio de apelación, está en una situación similar. Uno de sus seis integrantes, el camarista Martín Irurzun, cumple 75 también este año y ya pidió al Ejecutivo el envío de su pliego al Senado para continuar cinco años más en su puesto. Si esto no ocurre, habrá una nueva vacante.

En los cuatro juzgados federales de primera instancia vacantes, una vez por año se sortea un subrogante entre los demás jueces. Es así como causas penales de trámite complejo y larga duración cambian de juez instructor en varias ocasiones, como de hecho acaba de pasar en el juzgado federal 11 sin magistrado titular desde la muerte de Claudio Bonadio. Allí tramita, entre muchas otras y sólo por dar un ejemplo el caso Seguros con el ex presidente Alberto Fernández entre los procesados. En tres años pasaron tres jueces por el expediente: Julián Ercolini, Sebastián Casanello y en la actualidad Ariel Lijo. El primero comenzó la investigación y citó a indagatorias, el segundo procesó y el tercero -si se confirma esta decisión- quedaría encargado de resolver un eventual envío a juicio oral.

Semanas atrás, el Ejecutivo envió un paquete de 62 pliegos de jueces, fiscales, defensores y conjueces al Congreso para que sean tratados, pero ninguno es de Comodoro Py.

Entre ellos sí están los que prevén cubrir otras dos vacantes sensibles. Se trata de la Cámara en lo Penal Económico que funciona con dos de sus seis titulares. Los candidatos son los jueces de ese fuero Alejandro Catania y Juan Galván Greenway. Este Tribunal de Apelaciones es el que revisa, entre otras, la investigación a la dirigencia de la AFA por una millonaria retención de aportes previsionales. Están procesados su presidente Claudio “Chiqui” Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y otros tres acusados. Los dos integrantes titulares del Tribunal de Apelaciones, Roberto Hornos y Carolina Robiglio, convocaron a una audiencia el próximo 24 de abril para comenzar a revisar esta decisión.

Un empresario dijo este jueves que se vio obligado a mentir durante la investigación del caso Cuadernos para no ir preso y que nunca le pagó nada a nadie, al declarar de manera breve y sin responder preguntas en el juicio oral a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros 85 acusados por supuesto pago de sobornos.

Se trata de Daniel Pitón, de 60 años, integrante de José Eleuterio Pitón S.A., acusado como coautor de cohecho activo, quien habló sin responder preguntas para desmentir sus dichos en la etapa de investigación a cargo del fallecido juez federal Claudio Bonadio.

“Lo que no queríamos era quedar presos”, dijo sobre el día de su indagatoria en el juzgado a la que fue con su hermano, quien era presidente de la empresa. Presentaron un escrito “sin mentir” pero luego su abogado les advirtió que no alcanzaba. Entonces para no quedar presos, declaró en un sentido que “no refleja la verdad”, dijo ahora. “Lo que dije fue para no quedarme ahí preso”, aseguró.

El financista Clarens

En otro tramo de la exposición se refirió al arrepentido y también juzgado financista Ernesto Clarens, quien entregó durante la investigación un listado de supuestos empresarios pagadores de sobornos. Recordó que se lo nombraron cuando trataba de cobrar pagos atrasados. “Me decían por qué no hablás con un señor Clarens.”

Consiguió el teléfono y fue a su oficina. “Sorpresivamente me ofreció que tenían una financiera que podía comprar los certificados de obra”. También dijo que le ofreció seguros de caución. Además “nos salió ofreciendo alquilar equipos de una empresa del sur que necesitaba una mano”. Según relató, tiempo después lo volvió a contactar por si había alguna novedad con los pagos y Clarens le respondió que “estaba complicada la situación y que los pagos estaban atrasados”. El empresario le hizo saber que no necesitaba ninguno de sus servicios y no se volvió a contactar, declaró ahora. “A Clarens no le entregué ni un peso, ni a Clarens ni a nadie”, remarcó.

Fue el único en esta jornada que habló ante los jueces, en una audiencia que otra vez fue breve porque los restantes convocados se negaron a declarar.

Esto derivó en una reiteración del planteo por la vulneración del derecho a defensa de los acusados que no pueden defenderse de los dichos de los arrepentidos. Ocurrió luego de la negativa a ser indagado de Francisco Valenti.

Como ocurrió en audiencias anteriores, las defensas de algunos procesados entre ellos la del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido hicieron reserva de acudir a la Cámara Federal de Casación con este planteo.

“Se vulnera específicamente el derecho de defensa de De Vido teniendo en cuenta el tenor de las referencias hechas por Valenti en ocasión de prestar declaracion como arrepentido o delator premiado”, advirtió de manera puntual la defensa del ex funcionario.

Desde el inicio de la audiencia se negaron a declarar otros empresarios como Roberto Juan Orazi, de 72, presidente de Hidraco S.A., y Julio José Paolini, de 63, presidente de Paolini Hnos. S.A., señalado como autor y coautor —según el caso— de ocho hechos de pago de sobornos. Tampoco hablaron Carlos Román y Carlos Arroyo.

“Quisiera manifestar que soy inocente, que no he cometido ningún delito y esperaremos la mejor oportunidad para declarar con mis abogados”, se limitó a decir Paolini a los jueces.

Antes de finalizar la audiencia la defensa del ex secretario privado de De Vido, José María Olazagasti, pidió al Tribunal que lo releve de su obligación de guardar secreto para que pueda defenderse. Lo hizo porque se comprobó que al momento de los hechos por los cuales está acusado era agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado, que no aceptó todavía una petición al respecto.

El juicio seguirá el próximo martes 21 de abril desde las 9.

Empresarios callados y planteos de las defensas

El martes pasado, el juicio tuvo la audiencia más breve desde el inicio de la etapa de indagatorias: se extendió por poco más de una hora y todos los empresarios convocados se negaron a declarar, incluidos varios arrepentidos, imputados colaboradores.

La decisión generó nuevos planteos de las defensas, que advirtieron sobre una posible afectación del derecho de defensa. Los abogados cuestionaron que no pueden contrainterrogar a quienes durante la instrucción brindaron confesiones como arrepentidos y ahora optan por guardar silencio en el debate oral. Según señalaron, existe una “imposibilidad de contrainterrogar a un imputado que ha prestado declaración como colaborador”, lo que podría traducirse en una vulneración de garantías.

En esa misma línea, la defensa del ex funcionario de Vialidad Nacional Sandro Férgola sostuvo que el silencio en esta etapa impide otorgar valor probatorio a los dichos previos de los arrepentidos, por lo que los acuerdos de colaboración podrían volverse “estériles”.

El juicio

El debate oral está a cargo del Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori, con la intervención de la fiscal Fabiana León y la querella de la Unidad de Información Financiera.

El expediente investiga un presunto sistema de recaudación de sobornos vinculado a la adjudicación de obra pública entre 2003 y 2015. En la causa, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner está acusada como presunta jefa de una asociación ilícita, además del delito de cohecho.

Desde el inicio de las indagatorias a los 86 acusados, se desarrolla bajo una modalidad mixta, con el tribunal, la fiscalía y la querella en la sala de audiencias de Comodoro Py y los imputados y sus defensas participando de manera presencial o remota según cada caso.

La estrategia judicial de Mauricio Novelli, el trader y lobista imputado en la causa por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, sumó un nuevo capítulo: intentó presentarse como querellante para intervenir en la investigación por la presunta filtración de la pericia de su teléfono celular. Sin embargo, la Cámara Federal porteña rechazó ese planteo y confirmó que, por ahora, no podrá asumir ese rol en el expediente.

La decisión fue de los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico. Los camaristas consideraron que el estado incipiente de la investigación impide reconocerle legitimación como parte acusadora, al confirmar lo ya resuelto por el juez del caso, Julián Ercolini.

En concreto, el tribunal sostuvo que “no es posible sostener, objetivamente, la presencia de un perjuicio directo” que habilite a Novelli a convertirse en querellante. Para asumir ese rol, la ley exige acreditar un daño concreto derivado del hecho investigado, algo que —según los jueces— no se verifica en esta etapa.

En caso de recibir una respuesta positiva en el futuro, Novelli a través de su abogado Daniel Rubinovich podría tener acceso a la causa, asistir a trámites como declaraciones y pedir medidas de prueba.

La resolución también subraya que la causa avanza, por ahora, sobre la base de delitos de acción pública impulsados por la fiscalía, lo que limita la posibilidad de intervención de particulares como acusadores. En ese contexto, los camaristas concluyeron que los argumentos de Novelli “no satisfacen esos estándares ni rebaten los fundamentos del fallo”.

Anular la prueba

El intento de Novelli de ingresar como querellante se inscribe en una estrategia para incidir en el expediente en torno al manejo de evidencia digital clave que lo vincula de manera directa al presidente Javier Milei en los días previos y posteriores al lanzamiento de la criptomoneda: el contenido de su iPhone y las reiteradas comunicaciones que mantuvieron. El 14 de febrero de 2025 Milei promocionó $LIBRA en su cuenta en X asociado al código para adquirirla y se detectaron reiteradas comunicaciones entre ambos. Novelli intenta ahora con el argumento de la filtración y violación de la cadena de custodia que se declare nulo el valor como prueba de esta evidencia.

La Procuración General de la Nación, encabezada por Eduardo Casal, denunció en Comodoro Py posibles “filtraciones” en la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), el área encargada del análisis técnico del dispositivo. Este es el caso radicado en el juzgado de Ercolini y del que Novelli intentó -sin éxito por ahora- ser parte acusadora.

La causa $LIBRA

En paralelo, el juez Marcelo Martínez De Giorgi —a cargo de la causa principal— avanzó con medidas de manera previa a evaluar un planteo del trader para nulificar todo el trabajo de la DATIP. Ordenó una batería de requerimientos dirigidos a la Procuración para reconstruir cómo se realizó y preservó la pericia sobre el teléfono.

Entre otras medidas, pidió el envío del sumario administrativo completo por la presunta filtración y la preservación de toda la “huella digital” del proceso: logs, accesos, auditorías, backups, correos y registros en la nube. También solicitó un detalle exhaustivo de los usuarios que tuvieron acceso al material y de los protocolos técnicos aplicados durante el análisis.

El objetivo es doble: por un lado, determinar si hubo irregularidades en la manipulación de la evidencia; por otro, garantizar la validez de una prueba que podría ser central en la causa.

Martínez De Giorgi ya rechazó suspender el valor probatorio de la pericia, tal como había pedido la defensa. Consideró que hacerlo en esta etapa sería “prematuro” y podría afectar el esclarecimiento de los hechos.

La causa sigue delegada bajo la órbita de la fiscalía de Eduardo Taiano, que en los últimos días ordenó nuevas medidas, incluida una revisión adicional del celular. Entre los elementos bajo análisis figura un supuesto “memo” encontrado en el Iphone de Novelli con un detalle de un borrador de acuerdo por 5 millones de dólares a pagarse en etapas y atado a decisiones de Milei en relación con el creador de la criptomoneda, Hayden Davis y contratos con el Estado argentino.

El fiscal federal Gerardo Pollicita le tomó declaración testimonial a Claudia Sbabo en el marco del expediente que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete Manuel Adorni.

La testigo sostuvo que el dinero que usó para comprar el departamento de la calle Miró en Caballito, que meses después vendió al funcionario provino de una operación inmobiliaria anterior “de pozo”, explicaron fuentes del caso. Además dijo que tenía un vínculo con la otra jubilada que ahora presta declaración, Beatriz Viegas.

Sbabo llegó a las 7:15 a los tribunales de Comodoro Py, casi dos horas antes de lo que se la esperaba. Se retiró minutos antes de las 11 con custodia policial y sin realizar declaraciones a la prensa.

Según explicaron fuentes judiciales, su cita era a las 9 pero pidió permiso para llegar antes y aguardar dentro de la fiscalía con el fin de evitar el acoso periodístico, algo que finalmente no logró.

Sbabo esperó casi dos horas en las dependencias judiciales y su declaración testimonial comenzó a las 9 con la llegada del abogado de Adorni, Matías Ledesma.

Dos horas más tarde y casi detrás de ella, ingresó a la fiscalía la segunda testigo del día, Viegas. Ambas mujeres son las jubiladas que le financiaron el pago del departamento que compró el funcionario del gobierno nacional, junto con su esposa Bettina Angeletti, en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito.

La operación fue certificada el 18 de noviembre de 2025, por un valor de 230.000 dólares. Adorni pagó un adelanto de 30.000 dólares y se endeudó por los restantes 200.000 dólares.

Ahora, por requerimiento de la fiscalía, Viegas y Sbabo presentaron en la audiencia de este miércoles sus teléfonos celulares con el fin de acceder a sus registros de llamadas, mensajes, audios, correos electrónicos e imágenes relacionadas con las operaciones que se están investigando.

Los próximos testigos

La prueba testimonial avanzará la semana próxima con los dueños de la inmobiliaria que intervino en la operación de compraventa en Caballito, Natalia Rucci y su esposo, Marcelo Trimarchi. Ambos fueron citados el lunes 20 a partir de las 9 de la mañana.

Pollicita dispuso también nuevas citaciones vinculadas a los viajes de Adorni y su esposa. Citó para el 4 de mayo al representante legal de la agencia de viajes Optar que facturó los pasajes de Adorni.

En tanto, el miércoles 22 de abril será el turno de Pablo Martín Feijoo, hijo de Beatriz Viegas, una de las jubiladas que figura como vendedora del departamento.

La escribana Adriana Nechevenko señaló que Feijoo es amigo de Adorni, porque sus hijos van al mismo colegio. En ese sentido, justificó que las mujeres le otorgaron una hipoteca a un año sin intereses debido a la confianza que había entre las partes.

Según la declaración del futbolista Hugo Morales, el antiguo titular del inmueble, Feijoo lo había reservado para que luego lo compre su madre.

La pesquisa continuará con la adquisición y refacción de otra propiedad atribuida a Adorni en el country Indio Cuá, con la declaración del ex dueño Juan Ernesto Cosentino.

Además, deberá comparecer Matias Tabar, el contratista que llevó adelante la remodelación del inmueble. En la citación, el fiscal Pollicita le pide que lleve a Tribunales distintos presupuestos, órdenes de trabajo, adicionales de obra y toda otra documentación que permita establecer el alcance de las tareas de construcción encomendadas.

La causa

La investigación por el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni se inició con la acumulación de denuncias que apuntaban contra su viaje en avión privado a Punta del Este, más las supuestas inconsistencias en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.

En relación a la hipoteca de la vivienda ubicada en Asamblea al 1100, las policías Isabel Molina y Victoria María José Cancio confirmaron en sede judicial que Adorni les debe 70 mil dólares más intereses, y que la deuda vencerá en noviembre de este año.

Mientras tanto, el juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del ex vocero presidencial, su esposa Angeletti y sus cuatro acreedoras.

En el mismo sentido, el representante del Ministerio Público solicitó información patrimonial y financiera a ARCA para establecer si tenían capacidad económica para justificar los créditos y/o garantías hipotecarias que surgen de la documentación reunida en la causa.

La Cámara Federal porteña sobreseyó a un acusado por supuesta incitación a la violencia colectiva a raíz de un posteo en un grupo de Facebook llamando a “prender fuego” a una sucursal del Correo Argentino. Si bien fue una expresión “repudiable” no constituyó delito, concluyó el Tribunal de Apelaciones al revocar el procesamiento. Además, y en lo relativo a la trascendencia del mensaje y las proyecciones de su impacto, la repercusión fue “prácticamente nula” porque, entre otros aspectos, de más de 4000 integrantes del grupo, sólo seis dieron “like”.

El posteo

“Hay que prender fuego Brandsen, con el traidor de C.B. adentro!!”, posteó el hasta ahora acusado en el grupo de esa red social llamado “Yo trabajo...en el correo argentino” en abril de 2024. La empresa lo denunció días después por supuesta incitación a la violencia colectiva. Terminó procesado y con una causa penal abierta en Comodoro Py 2002.

Cuando esa decisión llegó a revisión del Tribunal de Apelaciones, el procesamiento fue revocado y se dispuso el sobreseimiento. “No se advierte que la solitaria expresión publicada adquiera esas especiales notas que requiere la figura, sino que evidencia, en términos desafortunados, una disconformidad con cierta política empresaria con la que habría existido una relación laboral”, advirtieron los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens.

De hecho, “como destaca la defensa, en lo que concierne a la trascendencia del mensaje y las proyecciones de su impacto, es un dato importante la prácticamente nula repercusión de sus términos en la medida en que, de entre los más de 4000 miembros, solo seis reaccionaron” dándole “me gusta” al posteo.

Una expresión sin entidad

El Tribunal de Apelaciones evaluó que la expresión difundida en Facebook, si bien fue “desacertada y hasta repudiable”, no tuvo la entidad suficiente para configurar delito.

Según se explicó en la causa, la referencia a “Brandsen” aludía a una sucursal ubicada en el barrio porteño de Barracas, donde trabajan cerca de 680 empleados.

A partir de distintas medidas de prueba, se logró vincular la cuenta desde la cual se realizó la publicación con el imputado, quien fue procesado en primera instancia por incitación a la violencia colectiva.

Sin embargo, la defensa apeló la decisión y sostuvo que no se trató de una convocatoria real a cometer actos violentos, sino de “un mero insulto abstracto proferido impulsivamente por enojo”. Además, remarcó que la publicación careció de impacto, ya que dentro de un grupo de más de 4.300 integrantes apenas obtuvo seis “me gusta”.

Los camaristas coincidieron con ese planteo y explicaron que el tipo penal exige una conducta “objetivamente idónea para estimular, movilizar o provocar” a otras personas a cometer hechos violentos, algo que no se verificó en este caso.

En ese sentido, destacaron que no hubo evidencia de que el mensaje haya generado acciones concretas, como movilizaciones o medidas de seguridad por parte de la empresa. Incluso, remarcaron que el contenido fue advertido por las autoridades varios días después de su publicación, lo que también relativiza su gravedad.

“El delito exige incitar públicamente, estimular, alentar o impulsar para que se haga algo violento o agresivo en contra de otros. Frente a esas exigencias, no se advierte que la solitaria expresión publicada adquiera esas especiales notas”, sostuvieron los jueces.

También hicieron hincapié en la falta de dolo directo, es decir, la intención concreta de provocar violencia colectiva, elemento indispensable para la configuración del delito.

En esa línea, recordaron que la propia fiscal del caso había considerado que los hechos no encuadraban en figuras penales como amenazas, criterio que -según el tribunal- resulta trasladable al análisis de la imputación por incitación a la violencia.

En la causa penal no hubo pruebas que permitieran “comprobar si se desplegaron acciones como consecuencia de la publicación, ya sea desde los particulares -movilizaciones, réplicas, marchas- que hayan sido conmovidos por los dichos del imputado, ni por parte de la empresa en aras de preservar la vida de los trabajadores o sus propios bienes”.

No se llamó a los bomberos ni se implementaron medidas de mayor seguridad en el edificio o “controles destinados a afrontar una situación de catástrofe o de atentado que avalen la denuncia”, concluyó la resolución judicial que desvinculó del caso al autor del mensaje.

El juez en lo penal económico Diego Amarante rechazó los argumentos del tesorero de la AFA Pablo Toviggino, quien busca apartarlo de la causa penal por una multimillonaria retención de aportes, descartó tener “enemistad manifiesta” o falta de imparcialidad y adjudicó los planteos a la disconformidad del procesado con la marcha de una investigación “que no es de su agrado”.

El planteo de Toviggino para recusar al magistrado está en estudio de la Cámara en lo Penal Económico. Por otra parte, el Tribunal de Apelaciones citó a las partes para el 24 de abril próximo para escuchar argumentos sobre las apelaciones a los procesamientos que resolvió Amarante el 30 de marzo pasado, en la investigación por la presunta retención indebida de aportes calculada en 19.300 millones de pesos, donde es querellante ARCA.

Un planteo inadmisible

Toviggino pidió apartar a Amarante por supuesta “enemistad manifiesta” y se definió víctima de un “complot administrativo, mediático y judicial”.

En un extenso informe elevado a la Cámara en lo Penal Económico, Amarante descartó la existencia de “enemistad manifiesta” o pérdida de imparcialidad, y consideró que el planteo responde a una “manifiesta discrepancia y disconformidad” del imputado con el avance de una investigación “que no es de su agrado”.

Amarante calificó el intento de apartarlo como “inadmisible” y sostuvo que los argumentos no encuadran en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación. “No denota una arbitrariedad ni una falta de imparcialidad del suscripto”, afirmó.

“No se observa de modo alguno que el actuar de este magistrado haya sido irrazonablemente tardío, desmedido o haya menoscabado arbitrariamente las garantías de la parte; tampoco de la actividad procesal cumplida puede avizorarse que la misma haya provenido de una enemistad manifiesta con quien resulta investigado”, concluyó en el escrito al que tuvo acceso Infobae.

Hechos graves y complejos

El juez remarcó que todas las medidas adoptadas en el expediente fueron debidamente fundadas en las constancias del sumario, en la necesidad de profundizar la investigación de hechos que describió como “graves y sumamente complejos”, y dentro de los límites de legalidad y razonabilidad. En ese sentido, rechazó que su actuación haya sido “tardía, desmedida” o violatoria de garantías.

También negó cualquier trato desigual o discriminatorio hacia Toviggino y sostuvo que la actividad procesal desplegada “no proviene de una enemistad manifiesta” ni evidencia pérdida de imparcialidad o mal desempeño.

Uno de los ejes de la recusación giró en torno a las condiciones de seguridad durante la declaración indagatoria del dirigente futbolístico, realizada el 11 de marzo. Sobre ese punto, Amarante explicó que las medidas adoptadas —incluida la presencia reforzada de la Policía Federal— respondieron a un pedido expreso de la propia defensa, que había advertido sobre posibles riesgos, incluso la eventual presencia de barras.

Según el magistrado, fueron temores que “la realidad se ocupó de desmentir”, ya que no se registraron incidentes y las audiencias se desarrollaron con normalidad.También cuestionó la intención de la defensa de utilizar accesos no habilitados para el ingreso o egreso del imputado, lo que —según indicó— hubiera generado riesgos de seguridad y alterado el funcionamiento del edificio judicial.

Amarante sugirió que detrás de algunos planteos podría haber existido un intento de obtener un trato diferencial respecto del resto de los justiciables.Incluso citó expresiones del propio Toviggino en las que manifestaba su intención de evitar aparecer en imágenes a la salida de los tribunales.

Sobre la forma en que se realizó la indagatoria al tesorero, el juez remarcó que ingresó “a la sede judicial sin mayores inconvenientes” y en un marco de “absoluta tranquilidad” al igual que las declaraciones a otros imputados en días previos.

“Lejos de configurarse la enemistad alegada por el señor Toviggino en su presentación y pese a no recaer en cabeza de esta judicatura la superintendencia del edificio, se arbitraron oportunamente las medidas necesarias a fin de garantizar la tranquilidad y el normal desarrollo, en general, de los actos procesales en cuestión, y en el particular, de la declaración indagatoria de Pablo Ariel Toviggino”.

No hubo en esos días “ningún episodio que pusiera en riesgo la seguridad o la integridad física o moral de los participantes”, agregó y al respecto mencionó la actitud del presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia quien el día de su indagatoria manifestó su deseo de salir por la puerta principal donde lo aguardaba la prensa porque no quería “ningún trato privilegiado”.

El juez recordó que Toviggino había pedido sin éxito declarar por videoconferencia.“Medió una permanente intencionalidad de obtener un tratamiento diferenciado al que corresponde al común de los justiciables”.

Todo indicaría, resaltó, que lo que en verdad procuraba evitarse “es -en palabras del propio recusante- “mi foto en la primera plana de todos los medios gráficos y digitales de la República Argentina saliendo de los Tribunales”.

En el planteo para apartarlo también se aludió a la información del caso publicada en medios periodísticos. El juez rechazó que ello implique prejuzgamiento y advirtió sobre el riesgo de afectar el principio de juez natural si se admitieran recusaciones basadas en la repercusión pública de las causas. Subrayó que se trata de una investigación que involucra a la máxima entidad del fútbol argentino, lo que justifica el interés público.

Por otra parte, defendió otro de los planteos para recusarlo, la vigencia de la prohibición de salida del país dictada contra Toviggino, al considerar que es una medida idónea para garantizar su sujeción al proceso. Señaló que su rol dentro de la AFA, su intervención en la administración de recursos y la existencia de otros procesos judiciales en trámite constituyen indicadores relevantes para evaluar el riesgo procesal.

Los procesamientos

Las defensas del presidente de la AFA, Claudio Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino apelaron los procesamientos dictados en su contra por la presunta retención y omisión de depósito de impuestos y contribuciones por más de 19.000 millones de pesos entre 2024 y 2025.

La causa será revisada por los jueces de la Cámara en lo Penal Económico Carolina Robiglio y Roberto Hornos, quienes deberán analizar los planteos junto con el resto de los recursos presentados.

También apelaron sus procesamientos Cristian Malaspina (actual secretario general de la AFA) y los exdirectivos Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo. A todos se los consideró responsables del delito de apropiación indebida de tributos y de recursos de la seguridad social, agravado por la intervención de más de dos personas en una estructura organizativa.

Además, se dispuso el embargo de bienes de la AFA por 350 millones de pesos, al considerarla responsable como persona jurídica por el delito de apropiación indebida de tributos agravado reiterado en 34 oportunidades, en concurso real con la apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravada reiterada en 17 oportunidades.

Al dictar los procesamientos, Amarante sostuvo que, si bien la deuda —calculada en unos 19.300 millones de pesos— se encuentra regularizada o en vías de estarlo, el delito se configura igualmente cuando no se cumple con el pago en tiempo y forma, es decir, dentro de los 30 días posteriores a la retención de las obligaciones.

Además, el magistrado destacó que durante todos los meses en los que se registraron vencimientos hubo “significativas transferencias” de sponsors a cuentas bancarias de la AFA, lo que evidenciaba una “amplia disponibilidad” de fondos para cumplir con el fisco en los plazos legales.

El tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, busca apartar al juez en lo penal económico Diego Amarante de la investigación por presunta retención indebida de aportes calculada en 19.300 millones de pesos: argumenta “enemistad manifiesta” y sostiene que hay un “complot administrativo, mediático y judicial” en su contra. El planteo ya fue rechazado por el magistrado que lo procesó, la defensa apeló y el tema está a estudio de la Cámara en lo Penal Económico, explicaron a Infobae fuentes del caso.

El Tribunal de Apelaciones sólo tiene dos de sus seis vacantes cubiertas con los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio y debe también decidir si confirma los procesamientos que dictó Amarante a Toviggino, al presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia y a otros tres acusados el 30 de marzo pasado.

“El objetivo: la foto del reo en tribunales”

Toviggino recusó al magistrado por presunta “enemistad manifiesta” pero en el escrito dio por anticipado que el planteo “más que seguro” sería rechazado.

“Va de suyo que en el marco del complot administrativo, mediático y judicial que existente en mi contra, este planteo más que seguro habrá de ser rechazado, pero no puedo seguir simulando distracción y no puedo callar por segunda vez, debiendo actuar en resguardo de las garantías que me asisten”, advirtió en la presentación que hizo junto a su abogado Marcelo Rocchetti.

A la hora de enumerar motivos para reclamar que se aparte a Amarante del caso recordó por ejemplo que el día de su declaración indagatoria en el edificio judicial de Avenida de los Inmigrantes 1950 el juez se negó a dejarlo salir por una puerta trasera para evitar el acoso periodístico. Esa, dijo, fue la “primera exteriorización de enemistad manifiesta”.

“Claramente el objetivo era una maniobra más del plan preconcebido de deslegitimación, hostigamiento y persecución personal, con clara intencionalidad lesiva, que vengo sufriendo: la foto del reo en Tribunales”, criticó, algo “absolutamente innecesario y evitable, pero claramente una de las etapas del plan”.

También apuntó que el 30 de marzo pasado cuando lo procesó, Amarante ratificó al igual que para el presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia la prohibición de salida del país pero se las revocó a los otros tres acusados, Víctor Blanco Rodríguez, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo “sin dar argumentos válidos que lleven a continuar con dicha medida”.

Entre los motivos mencionó además presuntas filtraciones de información judicial a medios de comunicación lo que constituye, dijo, “una de las formas más graves de quebrantamiento de la imparcialidad”.

Las apelaciones

La defensa de Toviggino apeló ya el procesamiento y reclamó el sobreseimiento. “En la peor de las lecturas, no puede más que estimarse que AFA, en todo caso, habría incurrido en una errónea interpretación de las resoluciones administrativas dictadas” por el Ministerio de Economía “respecto del momento en que debía haberse liquidado la deuda que jamás ocultó y que pagó con intereses antes de la denuncia”.

Además del tesorero apelaron los otros cuatro procesados pero también el fiscal Claudio Navas Rial y la querella de ARCA. Estos dos últimos reclaman agravar la acusación y subir el monto de embargos porque sostienen que se dejó afuera uno de los delitos vinculado a la falta de pago en tiempo y forma de retenciones por publicidad en los clubes de fútbol.

Los dirigentes fueron procesados por supuesta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, agravado por la intervención de más de dos personas en una estructura organizativa.

“Se encuentra verificada, con el grado de probabilidad propio de esta etapa procesal, la intervención material y culpable de Claudio Fabián Tapia y Pablo Ariel Toviggino en los hechos investigados, en tanto ambos contaban con facultades decisorias y de administración que les permitían incidir de manera directa en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.”, fundamentó Amarante cuando dictó los procesamientos.

La ex fiscal Viviana Fein se mostró este lunes como un “chivo expiatorio” en la investigación del caso Nisman, calificó de “delirante” la acusación en su contra por supuesto encubrimiento agravado y lo asoció a un pedido de juicio político presentado contra el fiscal del caso Eduardo Taiano por la causa LIBRA.

Fein volvió a Comodoro Py para ampliar su declaración indagatoria en la investigación por supuestas irregularidades en el departamento del fiscal Alberto Nisman cuando se lo encontró muerto de un disparo en la cabeza en enero de 2015. Había pedido hacerlo ante el juez del caso, Julián Ercolini, luego de conocerse un dictamen fiscal en el que se reclamó su procesamiento.

La ex fiscal declaró durante media hora, hizo una exposición y no recibió preguntas de las partes. En la audiencia estuvieron el juez Ercolini, Taiano junto al auxiliar fiscal Hernán Kleiman y el defensor Lucio Simonetti.

“Las acusaciones fueron direccionadas para arribar a un encuadre que resulta un absurdo legal y hasta delirante“, comenzó Fein.

La ex fiscal dijo ser un “chivo expiatorio” y se preguntó si ello ocurre porque es “jubilada, retirada y no tiene cargo público ni político”, según supo Infobae de fuentes del caso.

También cuestionó al fiscal Taiano. “Me llamó la atención que el fiscal, luego de haberle sido solicitado juicio político por la causa cripto LIBRA, con total ligereza y con posterioridad se haya despachado con semejante pretensión”, contra su persona en el caso Nisman, dijo.

“Nunca esperé ser llamada encubridora”, remarcó y advirtió que no podía permitir que se diga que tuvo intención de “encubrir a los autores” de un hecho como el que se investiga.

“Vivo una pesadilla”

En otro tramo de su declaración, la ex fiscal dijo que vive una “pesadilla”. No se demostró de modo alguno intencionalidad para cometer algún delito en una causa que estuvo durante mucho tiempo paralizada porque las pruebas son mínimas y luego de diez años únicamente se le achaca a ella “semejante delito”.

Se preguntó por qué no se llamó a los demás imputados, en relación a otros funcionarios que estuvieron en la casa de Nisman ese fin de semana y que hace siete meses presentaron descargos en la causa.

En esa situación están por ejemplo el ex secretario de Seguridad de la Nación Sergio Berni y el juez Manuel De Campos. “Algunos habían llegado antes que yo al procedimiento” e incluso, habían entrado al departamento, cuestionó.

La acusación habla de “simular un suicidio”. “¿Qué es simular un suicidio?“, preguntó. Eso “jamás ocurrió”. Las acusaciones “son conjeturas que no constituyen prueba directa ni presunciones graves”, concluyó al reclamar ser sobreseída.

Al declarar por primera vez en indagatoria el 24 de febrero pasado, Fein respondió a todas las preguntas y en un escrito de descargo sostuvo que se busca justificar “el fracaso de la investigación” de lo ocurrido al investigador del atentado a la AMIA responsabilizando a quienes tuvieron a cargo el caso inicialmente.

La acusación fiscal

El pedido de procesamiento fue realizado la semana pasada por el fiscal federal Taiano, quien sostuvo que la actuación de Fein durante las primeras horas tras el hallazgo de Nisman generó la pérdida de pruebas esenciales. En su presentación ante Ercolini, Taiano argumentó que la ex fiscal habría manipulado elementos probatorios y permitido la adulteración del escenario, lo que impidió esclarecer ciertos aspectos centrales del caso.

De acuerdo al dictamen oficial registrado en el expediente, la fiscalía sostuvo que el hecho no se trató de errores fortuitos, sino de “acciones deliberadas tendientes a alterar y ocultar pruebas del delito”.

“El plan criminal implicaba simular un suicidio. No fue casual que luego de la muerte del Dr. Nisman el Poder Ejecutivo Nacional en su totalidad, utilizando el aparato y el poder del Estado -como por ejemplo, la entonces Agencia Federal de Inteligencia-, haya intentado por todos los medios a su alcance imponer públicamente la hipótesis suicida”, advirtió el escrito.

La fiscalía remarcó que permitió la presencia de personas sin una función definida en el departamento de Le Parc, donde se registró el hecho, y que ese comportamiento contribuyó directamente a la alteración y pérdida de evidencias fundamentales.

La investigación por la muerte de Nisman que, según sostiene la Justicia, se trató de un asesinato vinculado a sus funciones, está delegada en la fiscalía de Taiano.

Nisman fue hallado muerto el 18 de enero de 2015, con un tiro en la cabeza, en el baño de su vivienda. Días antes, había acusado públicamente a la entonces presidenta Cristina Kirchner y a funcionarios de su administración de encubrimiento, en relación al Memorándum con Irán vinculado al atentado a la AMIA.

La Cámara Federal porteña avaló en 2018 la hipótesis de asesinato y descartó la del suicidio, después de que un peritaje multidisciplinario de Gendarmería Federal así lo concluyera. El dictamen aseguró que la muerte estuvo vinculada a la tarea de Nisman como investigador del atentado a la AMIA. En el expediente principal, el técnico informático Diego Lagomarsino, dueño de la pistola calibre .22 utilizada, es hasta ahora el único procesado.

Las dos mujeres policías acreedoras de Manuel Adorni confirmaron este lunes en su declaración ante el fiscal Gerardo Pollicita que el jefe de Gabinete les debe 70 mil dólares más intereses, y que la deuda debe ser cancelada para noviembre de este año.

A las 8:20 llegaron a los tribunales de Comodoro Py Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, quienes evitaron hacer declaraciones a la prensa. Casi tres horas después, a las 11:30, salieron de la Fiscalía Federal N° 11 luego de aportar su testimonio, chats y documentación.

Son madre e hija y figuran como prestamistas de 100.000 dólares del jefe de Gabinete, quien puso como garantía una hipoteca sobre su primer departamento en la avenida Asamblea, en el barrio porteño de Parque Chacabuco.

Molina es una comisario retirada y aportó 85.000 dólares. Su hija, que es contadora pero no ejerce porque se encuentra en actividad dentro de la fuerza, prestó los 15.000 restantes. El ministro coordinador se comprometió a devolver el dinero en dos años, con un interés anual del 11%.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, las policías acreedoras contaron ante el fiscal que Adorni empezó pagando cuotas -por esos intereses- de 900 dólares, gasto con el que cargó desde noviembre de 2024.

Ahora el pago mensual se redujo a 600 dólares, luego de que Adorni cancelara una parte del capital total con un pago directo de 30.000 dólares. Así, la deuda remanente del jefe de Gabinete es de 70.000 dólares, y vence en noviembre de 2026.

El “préstamo” de los 100.000 dólares que hicieron Graciela Molina y Victoria Cancio se hizo en efectivo. Aquel día las policías conocieron personalmente a Manuel Adorni en la escribanía de Adriana Nechevenko, cuando el funcionario aún era apenas vocero presidencial.

Según pudo reconstruir Infobae de fuentes del caso, precisamente fue la escribana quien “consiguió” el negocio, ya que conocía personalmente a las policías. De hecho, la comisario retirada Molina recibió esta mañana un mensaje de WhatsApp de Nechevenko, con un emoji para enviarle fuerzas durante su paso por Comodoro Py.

Ese mensaje y todo el chat entre la escribana y las acreedoras quedaron incorporados a la causa.

De acuerdo a lo que se desprende del expediente, Adorni usó los 100.000 dólares que le dieron las policías para comprar la casa de Indio Cuá, operación que se dio ese mismo mes. De hecho, la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, habría llevado directamente el efectivo a una sucursal del Banco Galicia para depositarlo y luego transferirlo a Juan Ernesto Cosentino, vendedor de la propiedad en el country de Exaltación de la Cruz.

El origen del dinero

El fiscal Pollicita dictó medidas para esclarecer de dónde sacaron el dinero todos los involucrados en la trama, ya sean sospechosos o testigos. Para reconstruir la ruta de los fondos, el juez Ariel Lijo hizo lugar a un pedido de la fiscalía y levantó el secreto fiscal y bancario de Adorni, su esposa y las acreedoras.

Se pidió información fiscal, patrimonial y económica a ARCA para establecer si tenían capacidad económica para justificar los “mutuos, créditos y/o garantías hipotecarias que surgen de la documentación reunida” en la causa.

Además, la fiscalía busca obtener “toda otra constancia útil para verificar la efectiva existencia, magnitud y sustento económico de las acreencias y financiamientos vinculados, entre otros, con las operaciones relativas a los inmuebles” de Adorni.

Las policías Molina y Cancio se anticiparon al análisis de esa documentación y dieron explicaciones de cómo obtuvieron el dinero que le prestaron a Adorni.

Además de ahorros, explicaron que recibieron fondos por un juicio sucesorio y otra demanda por diferencia salarial, luego del fallecimiento del esposo de la comisario retirada.

El miércoles les tocará a otras dos testigos. Se trata de las jubiladas Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo, quienes le vendieron a Adorni su nuevo departamento en Caballito, sobre la calle Miró. El funcionario escrituró con hipoteca entre privados, les pagó 30.000 dólares y quedó debiendo 200.000 a saldar en noviembre próximo, sin intereses.

En esa operación intervino, sin firmar la escritura, el hijo de Viegas, Pablo Feijoo, quien también deberá presentarse en Comodoro Py el 22 de abril.

La suerte judicial del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, del tesorero Pablo Toviggino y de otros tres procesados por presunta retención indebida de aportes y tributos empezó a definirse en la Cámara en lo Penal Económico. Las cinco defensas desplegaron una batería de cuestionamientos que apuntan tanto a la falta de pruebas como a la supuesta construcción “forzada” de responsabilidades por el solo hecho de ocupar cargos directivos.

Así, apuntaron contra la decisión del juez en lo penal económico Diego Amarante en un intento por lograr que se revoquen los procesamientos y embargos por 350 millones de pesos dispuestos por el magistrado. En los casos de Tapia y Toviggino también esperan que quede sin efecto la prohibición de salida del país, que los obliga a pedir permiso al juez cada vez que quieren viajar al exterior.

Tapia: “No hay un solo dato” que lo vincule

Las apelaciones coincidieron en un eje central: el fallo de primera instancia carece de sustento. En el caso de Tapia, su defensa sostuvo que el procesamiento “exhibe fundamento aparente” y responde a “un fuerte preconcepto”, al tiempo que remarcó que “no hay un solo dato que le asigne injerencia personal en los hechos” ni “una sola instrucción concreta” vinculada al presunto incumplimiento calculado en 19.300 millones de pesos, según la denuncia de ARCA.

El abogado del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Luis Charró, sostuvo que el fallo “no menciona un correo, una orden, una nota o una decisión puntual” atribuible al dirigente, y que las conclusiones “no son sino consecuencia formal del cargo que ocupa”.

Sobre la deuda, reiteró que fue “cancelada íntegramente antes de tomar conocimiento de la causa” y que no está probado “en modo alguno” que diferir ese pago haya redundado en un beneficio económico para la Asociación, como sostuvo el juez. “La idea de ‘financiarse con el fisco’ hubiera sido un acto ruinoso”, agregó la defensa, según el recurso al que accedió Infobae.

Otro eje de las apelaciones apunta a la supuesta imputación automática por el rol institucional dentro de la AFA. En ese sentido, la defensa de Tapia denunció que se pretende “sustentar responsabilidad penal objetiva derivada exclusivamente del cargo”. Sobre el embargo millonario, calificó la medida como de “extrema magnitud” y “desprovista de fundamento suficiente”.

La defensa del tesorero Toviggino, por su parte, reclamó el sobreseimiento porque “en la peor de las lecturas, no puede más que estimarse que AFA, en todo caso, habría incurrido en una errónea interpretación de las resoluciones administrativas dictadas” por el Ministerio de Economía “respecto del momento en que debía haberse liquidado la deuda que jamás ocultó y que pagó con intereses antes de la denuncia”.

Una decisión clave

En su apelación, el secretario general de la AFA, Cristian Malaspina, advirtió que “tener un cargo no implica responsabilidad penal automática” y que para imputar “se debe demostrar participación directa, conocimiento y dolo”. Los abogados Lucio Simonetti y Carlos Villar afirmaron que la resolución parte de “una interpretación incorrecta del estatuto de la AFA” y de una equivocada postura “sobre la acreditación material de los hechos”.

“No se puede someter a una persona a un proceso penal bajo la premisa de ‘investigar para ver cuánto debe’”, agregaron.

Los otros dos procesados que apelaron y pidieron que se revoque la decisión de Amarante son los ex directivos Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo.

Tanto el fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial como la querella de ARCA fueron a la Cámara para cuestionar la decisión de excluir de la acusación delitos vinculados a la falta de pago en término de retenciones por publicidad a los clubes de fútbol. Pidieron agravar la acusación en ese aspecto y elevar los embargos.

Con estos planteos sobre la mesa, la Cámara en lo Penal Económico deberá definir si confirma los procesamientos o hace lugar a los recursos y revoca —total o parcialmente— la decisión. El fallo será clave para determinar si la investigación avanza hacia un juicio oral o si, por el contrario, se desmorona la acusación contra los principales dirigentes del fútbol argentino.

La investigación judicial sobre el patrimonio y las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ingresará en una etapa decisiva este lunes, cuando comiencen a declarar bajo juramento de verdad las mujeres identificadas como acreedoras de hipotecas sobre dos departamentos del funcionario.

Se trata de operaciones que se analizan en la investigación del fiscal federal Gerardo Pollicita por el supuesto enriquecimiento ilícito de Adorni. Para este lunes a las 9 y a las 11 están citadas como testigos Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio. Son madre e hija y figuran como prestamistas de 100.000 dólares al Jefe de Gabinete, quien puso como garantía una hipoteca sobre su primer departamento en la calle Asamblea, en el barrio porteño de Parque Chacabuco. El jueves último y a pedido de Pollicita, el juez federal Ariel Lijo, a cargo del caso, levantó el secreto fiscal sobre ambas.

El miércoles será el turno de otras dos testigos: en esta ocasión, las jubiladas que le vendieron a Adorni su nuevo departamento —sin desprenderse del anterior—, esta vez en Caballito. El funcionario escrituró con hipoteca entre privados, les pagó 30 mil dólares y quedó debiendo 200 mil a saldar en noviembre próximo, sin intereses. A Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo también se les levantó el secreto fiscal.

A tribunales con el celular

Sobre las cuatro testigos se pidió información fiscal, patrimonial y económica a ARCA para establecer si tenían capacidad económica para justificar los “mutuos, créditos y/o garantías hipotecarias que surgen de la documentación reunida” en la causa.

En particular, se requirieron detalles de su situación fiscal, declaraciones juradas impositivas presentadas, ingresos declarados, bienes y activos, facturación —si la hubiere— y “toda otra constancia útil para verificar la efectiva existencia, magnitud y sustento económico de las acreencias y financiamientos vinculados, entre otros, con las operaciones relativas a los inmuebles” de Adorni.

Pero para el día de la citación, el fiscal les hizo saber, sobre todo en el caso de las vendedoras de la calle Miró, que tienen que llegar a tribunales listas para facilitar el acceso al contenido de sus teléfonos celulares, “incluyendo mensajes, audios, correos electrónicos, imágenes y registros de llamadas vinculados a las operaciones investigadas”.

Las testigos del lunes

Adorni obtuvo un préstamo por 100.000 dólares que fue aportado en un 85% por la comisario retirada de la Policía Federal Graciela Molina y en un 15% por su hija, también integrante de la fuerza, Victoria Cancio. La devolución habría sido pactada a dos años, con una tasa de interés del 11% anual y pagos mensuales, según consta en la escritura de hipoteca del departamento de Parque Chacabuco.

La hipoteca, formalizada en noviembre de 2024, quedó garantizada por la propiedad, que figura a nombre de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, y ese dinero se habría usado para comprar una casa en un club privado en Exaltación de la Cruz en noviembre de 2024.

En la última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, el jefe de Gabinete detalló una deuda de 43.860.000 pesos con Molina de Cancio y otra de 7.740.000 pesos con Cancio, ambas garantizadas con el inmueble de Asamblea. La fiscalía ahora busca contrastar ese dato con la trazabilidad real de los fondos.

La primera testigo del caso, la escribana Adriana Nechevenko, explicó en una entrevista con Infobae que ella presentó a las prestamistas con el Jefe de Gabinete y que la hipoteca del departamento de Parque Chacabuco se hizo el 15 de noviembre de 2024, para comprar ese mismo día la casa en el club de golf. “Tengo clientes y acerqué a las partes”, dijo.

La causa judicial se abrió por una denuncia de la diputada Marcela Pagano, está delegada en la fiscalía de Pollicita y a cargo del juez Lijo. Este magistrado investiga también al jefe de Gabinete por presuntas dádivas a raíz de un viaje en avión privado ida y vuelta a Punta del Este que hizo con su familia en el feriado de Carnaval y habría pagado Marcelo Grandío, un periodista que obtuvo a través de su productora Imhouse contratos con la TV Pública, bajo la órbita de Adorni.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este viernes apartar a la jueza Angela Ledesma de la causa que investiga cómo se compró y quiénes son los verdaderos dueños de la casaquinta de Pilar valuada en 17 millones de dólares y vinculada a supuestos testaferros de dirigentes de la AFA. Con esa decisión dio así un paso clave antes de resolver si el expediente sigue en Campana o vuelve a la ciudad de Buenos Aires.

Los jueces Javier Carbajo y Mariano Borinsky desestimaron una recusación presentada por Elisa Carrió, denunciante en la causa, para apartar a la magistrada por falta de fundamentos concretos y por apoyarse en “hipótesis conjeturales” sin respaldo objetivo.

De esta manera la sala I de Casación, a cargo de resolver si la investigación sigue en el juzgado federal de Adrián González Charvay en Campana o cambia de juez y vuelve al ámbito de la ciudad de Buenos Aires, quedó integrada por estos dos magistrados más Ledesma y en condiciones de decidir al respecto.

Conjeturas

Al rechazar la recusación, los jueces advirtieron que “los motivos en los que se ha sustentado el pedido de apartamiento de la magistrada están basados en hipótesis conjeturales, sin anclaje alguno en circunstancias objetivas y verificables que permitan entender plausible el temor de parcialidad meramente alegado”, advirtieron Carbajo y Borinsky.

La recusación fue presentada por Carrió, quien argumentó que la trayectoria profesional y vínculos académicos de Ledesma en Santiago del Estero podían afectar su imparcialidad en relación a que en el caso es investigado el tesorero de AFA Pablo Toviggino, oriundo de esa provincia.

Sin embargo, la propia jueza al rechazar inhibirse negó cualquier relación con personas o hechos investigados y sostuvo que no mantiene vínculos actuales que comprometan su actuación.

Campana o CABA

La investigación por la quinta de Villa Rosa y otras propiedades en Pilar, está en la actualidad a cargo del juez de Campana González Charvay, a pedido del imputado y supuesto testaferro Luciano Pantano.

Esta decisión por razón de territorio que tomó en enero último el juez Alberto Lugones de la Cámara Federal de San Martín fue apelada por el fiscal ante esa instancia Carlos Cearras, llegó en queja a Casación y el Tribunal abrió el recurso para tratarlo.

El fiscal ante Casación Mario Villar pidió ya que el expediente vuelva adonde tramitó en los inicios en CABA, el juzgado federal de Daniel Rafecas o en todo caso al del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, el segundo magistrado que intervino antes del pase al ámbito de Campana.

En su dictamen advirtió que se investiga una red internacional de intermediarios financieros que habrían operado entre 2021 y 2025 y que el delito excede el ámbito territorial de Pilar, fundamento para derivar el caso a Campana.

La investigación apunta contra la cúpula de la AFA y su entorno, entre ellos el presidente Claudio “Chiqui” Tapia, el tesorero Pablo Toviggino, su hermano Darío Toviggino, el exdirector ejecutivo Juan Pablo Beacon, la ex tesorera y pareja de Toviggino Florencia Sartirana y los responsables de la intermediaria TourProdEnter: quien figura como su titular Erika Gillette y su esposo Javier Faroni, entre otros, enumeró en su escrito ante Casación.

En CABA “se halló documentación relevante vinculada a los sucesos denunciados”, mencionó la fiscalía, incluidos contratos con intermediarios financieros como TroudProdCenter. También llegaba a la sede central de AFA el resumen de la tarjeta de crédito corporativa a nombre de Pantano con la que se pagaban los peajes de los vehículos y llegó a tener consumos mensuales por 50 millones de pesos.

A su entender, las pruebas reunidas muestran que no sólo las decisiones, sino también las maniobras de presunto blanqueo de dinero, ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires. “Es posible sostener que en este ámbito capitalino se habrían realizado actos jurídicos que habrían implicado el desvío y el posterior ingreso de parte de esos fondos al sistema económico legal con la intención de otorgarles una apariencia de origen lícito”, afirmó.

La maniobra se habría cometido a través de una red de empresas locales e internacionales. En la investigación —aún en etapa preliminar— se menciona a Q22 Services Limited, Stratega Consulting USA LLC, Odeoma Gestión SL y TourProdEnter LLC, además de sociedades consideradas “pantalla” como Velp LLC, Velpasalt LLC, Marmasch LLC y Soagu Services LLC. También aparecen firmas como Global FC LLC, BIBOP SA, WICCA SAS, LINDOR SRL, Servicios Lindor SA, Mendoza Wines SA, Malte SRL y Soma SRL, entre otras.

La fiscalía resalta que gran parte de estas firmas y personas tiene domicilio en CABA, incluida la sociedad Real Central de Pantano y su madre, que figura como compradora de la casaquinta de Pilar que dio origen a la investigación.

La exfiscal Viviana Fein ampliará su declaración indagatoria el próximo lunes en la causa donde se la acusa por presuntas irregularidades en la preservación de la escena de la muerte de Alberto Nisman en enero de 2015.

Fein había pedido a través de su abogado Lucio Simonetti volver a declarar luego de la difusión de un dictamen del fiscal federal Eduardo Taiano, en el que reclamó su procesamiento. El juez federal Julián Ercolini la convocó para el próximo lunes 13 de abril a las 10.30 en los tribunales federales de Retiro, según informaron a Infobae fuentes del caso.

La exfuncionaria ya jubilada busca salir al cruce de las acusaciones por encubrimiento agravado. Al declarar por primera vez en indagatoria el 24 de febrero pasado, Fein respondió a todas las preguntas y en un escrito de descargo sostuvo que se busca justificar “el fracaso de la investigación” de lo ocurrido al investigador del atentado a la AMIA responsabilizando a quienes tuvieron a cargo el caso inicialmente.

La acusación fiscal

El pedido de procesamiento fue realizado la semana pasada por el fiscal federal Taiano, quien sostuvo que la actuación de Fein durante las primeras horas tras el hallazgo de Nisman generó la pérdida de pruebas esenciales. En su presentación ante Ercolini, Taiano argumentó que la exfiscal habría manipulado elementos probatorios y permitido la adulteración del escenario, lo que impidió esclarecer ciertos aspectos centrales del caso.

También señaló que “no fue casual” que el gobierno de Cristina Kirchner haya planteado inicialmente la hipótesis del suicidio.

De acuerdo al dictamen oficial registrado en el expediente, la fiscalía sostuvo que el hecho no se trató de errores fortuitos, sino de “acciones deliberadas tendientes a alterar y ocultar pruebas del delito”.

“El plan criminal implicaba simular un suicidio. No fue casual que luego de la muerte del Dr. Nisman el Poder Ejecutivo Nacional en su totalidad, utilizando el aparato y el poder del Estado -como por ejemplo, la entonces Agencia Federal de Inteligencia-, haya intentado por todos los medios a su alcance imponer públicamente la hipótesis suicida”, advirtió el escrito.

La hipótesis del encubrimiento

La fiscalía remarcó que permitió la presencia de personas sin una función definida en el departamento de Le Parc, donde se registró el hecho, y que ese comportamiento contribuyó directamente a la alteración y pérdida de evidencias fundamentales.

El dictamen de Taiano atribuye la gravedad de las presuntas irregularidades al ejercicio de la función pública: “Quedó demostrado de forma palmaria que a través de su deficiente accionar como directora de la investigación alteró y provocó la pérdida de evidencias trascendentales para la pesquisa”.

La investigación por la muerte de Nisman que según determinó la Justicia se trató de un asesinato vinculado a sus funciones, está delegada en la fiscalía de Taiano e incluye diferentes líneas. Entre ellas, se investiga el posible involucramiento de agentes de inteligencia del Ejército en la zona durante ese fin de semana, así como presuntas maniobras de inteligencia ilegal y encubrimiento.

De la hipótesis inicial a la confirmación de asesinatoNisman fue hallado muerto el 18 de enero de 2015, con un tiro en la cabeza, en el baño de su vivienda. Días antes, había acusado públicamente a la entonces presidenta Cristina Kirchner y a funcionarios de su administración de encubrimiento, en relación al Memorándum con Irán vinculado al atentado a la AMIA.

La Cámara Federal porteña avaló en 2018 la hipótesis de asesinato y descartó la del suicidio, después de que un peritaje multidisciplinario de Gendarmería Federal así lo concluyera. El dictamen aseguró que la muerte estuvo vinculada a la tarea de Nisman como investigador del atentado a la AMIA. En el expediente principal, el técnico informático Diego Lagomarsino, dueño de la pistola calibre .22 utilizada, es hasta ahora el único procesado.

En la misma causa, también resultaron imputados el entonces secretario de Seguridad de la Nación Sergio Berni y otros altos mandos de fuerzas federales, acusados por el manejo de la escena donde fue hallado el cuerpo.

Los investigadores destacaron que “no se trató de un procedimiento ‘normal’ y no se tomaron los recaudos más elementales, lo cual generó pérdidas irreparables de evidencias”. Entre las citadas fallas señaladas por la acusación se incluyen la demora en la llegada de Fein al sitio, la ausencia de control del área y la falta de recolección de pruebas decisivas.

El fiscal federal Gerardo Pollicita citó a prestar declaración testimonial al contratista de las refacciones que se hicieron en la casa de Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, comprada en noviembre de 2024 por la esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, Bettina Angeletti.

Se trata de Matías Tabar, de la empresa “Grupo AA” y que, según la información llegada a la fiscalía, estuvo a cargo de las obras en el lote 380 de Indio Cuá. Además, el fiscal reiteró un reclamo a la administración del barrio para que le envíen información sobre el pago de expensas de esa propiedad, algo que aún no fue respondido.

El contratista

El contratista fue convocado para el próximo 24 de abril a las 9:00 en la sede de la fiscalía en Comodoro Py 2002 y se le informó por escrito en la citación que tendrá que concurrir con documentación destinada a reconstruir el circuito completo de contratación, ejecución y financiamiento de los trabajos realizados en el predio.

Deberá aportar presupuestos, cotizaciones y propuestas comerciales vinculadas a la obra, así como también contratos y órdenes de trabajo. Además, se le requirió la totalidad de la documentación contable y financiera asociada, incluyendo facturas emitidas y recibidas, recibos, órdenes de compra, certificados de avance de obra y comprobantes de pago.

También se le pidió “toda otra documentación que permita establecer el alcance de los trabajos encomendados”, precisó la fiscalía e incluye “toda constancia respaldatoria de pagos, sean éstos en efectivo, transferencia, cheque, tarjeta, permuta o cualquier otra modalidad” con un detalle de “cuentas bancarias, billeteras virtuales, CBU/CVU, cheques o instrumentos utilizados para percibir sumas vinculadas con la obra, con identificación de fechas, montos y pagadores”, además de “planos, renders, fotografías” y comunicaciones con la administración del barrio.

Además se le adelantó en la citación que deberá ir ese día al quinto piso de los tribunales federales de Retiro con “la totalidad de las comunicaciones mantenidas con Bettina Julieta Angeletti, Manuel Adorni o con cualquier persona que hubiera intervenido por ellos o en su representación, por correo electrónico, WhatsApp, mensajes de texto u otros medios, en tanto se vinculen con la contratación, presupuesto, ejecución, pagos, modificaciones o finalización de la obra”.

El requerimiento también alcanza a la identificación completa del personal que intervino en los trabajos y documentación relativa a la compra y provisión de materiales y otros bienes utilizados en la obra, detallando proveedores, cantidades, precios y fechas de adquisición.

Se incluyó “toda constancia respaldatoria de pagos, sean éstos en efectivo, transferencia, cheque, tarjeta, permuta o cualquier otra modalidad”.

Las expensas

En paralelo, el fiscal requirió a la administración del barrio que informe, respecto del lote 380, de qué modo fue cancelada la tasa de ingreso por U$S 5.000 consignada en un recibo fechado el 30 de noviembre de 2024. Para ello, deberá remitir la totalidad de la documentación respaldatoria relativa a ese pago, incluyendo recibos, comprobantes de transferencia, constancias de depósito, cheques o pagos en efectivo, junto con la identificación de la persona que lo efectuó, las cuentas de origen y destino y cualquier otro antecedente útil.

Además y ante la falta de respuesta a un requerimiento previo, también se solicitó que se informe el modo de pago de las expensas del lote durante todo el período investigado con un detalle completo de pagos realizados, con fechas, montos, eventual saldo de deuda y la documentación respaldatoria. En caso de haberse abonado mediante efectivo, transferencias, depósitos u otros medios, la administración deberá precisar esas modalidades, identificar las cuentas de origen de los fondos, acompañar los comprobantes correspondientes e individualizar cualquier otra constancia que permita establecer el origen del dinero utilizado.

Indio Cuá es un club de golf que además tiene canchas de tenis, fútbol, jockey y un sector hípico. Según promociona en su página web es “un sereno entorno campestre de 61 hectáreas” con restaurante, piscinas con solarium y seguridad, entre otros amenities.

Los próximos testigos

Después del paso esta semana por tribunales de la escribana de Adorni, Adriana Nechevenko, sin lograr en ninguna de las dos ocasiones en que compareció que mostrara su celular, la fiscalía ordenó notificar a los futuros convocados a declarar bajo juramento de verdad que deben llegar a Comodoro Py “con toda la documentación relativa al origen de los fondos vinculados con las operaciones inmobiliarias en las que intervinieron”.

También tendrán que facilitar “la compulsa, extracción, copia, preservación y resguardo del contenido de sus teléfonos celulares vinculado con las referidas operaciones inmobiliarias”, incluyendo “chats, audios, mensajes de texto, correos electrónicos, imágenes, documentos, registros de llamadas y cualquier otro archivo digital de interés, con la debida preservación de cadena de custodia”.

Se trata de Claudia Sbabo, Beatriz Viegas -las vendedoras del departamento que compró Adorni en Miró al 500 en Caballito-, Pablo Martín Feijoo -hijo de una de ellas- y Juan Consentino, este último vendedor de la casa en el barrio privado de Exaltación de la Cruz.

Las dos primeras mujeres compraron al futbolista Hugo Morales el departamento de Caballito y en noviembre de 2025 lo vendieron a Adorni por 230 mil dólares: 30 mil se pagaron al momento de la escritura y los restantes 200 mil se financiaron con una hipoteca privada sin interés que el funcionario deberá saldar en noviembre próximo.

Feijoo, hijo de Viegas, habría reservado en la inmobiliaria el inmueble que luego compraría su madre al exfutbolista. En diálogo con Infobae la escribana Nechevenko explicó que Feijoo es amigo de Adorni, “porque los chicos van al mismo colegio”, y justificó el crédito sin intereses a un año por “la confianza” que hay entre las partes.

Pollicita ordenó que se informe a los testigos que a las declaraciones tendrán que llegar “con toda la documentación relativa al origen de los fondos vinculados con las operaciones inmobiliarias en las que intervinieron, percibieron, entregaron, financiaron, administraron o intermediaran, en particular las referidas a los inmuebles sitos en Miró 546/48/50/52/54/56, Av. Asamblea 1130/32 y lote 380 del barrio Indio Cua, según corresponda”.

Además deberán aportar copia de las declaraciones juradas impositivas presentadas ante ARCA correspondientes a los ejercicios fiscales 2022, 2023, 2024 y 2025, o bien las constancias que acrediten su situación fiscal y, en su caso, la inexistencia de obligación de presentarlas.

Las medidas se dispusieron en la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito abierta al Jefe de Gabinete por denuncia de la diputada Marcela Pagano. El juez federal Ariel Lijo dispuso a pedido de la fiscalía levantar el secreto fiscal de Adorni y su esposa.

El ex titular de Vialidad Nacional durante el kirchnerismo Nelson Periotti sostuvo este jueves que nunca recibió instrucciones de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner ni de ningún funcionario para “beneficiar a alguna empresa o para direccionar una obra”.

El ex funcionario fue uno de los indagados en una nueva audiencia del juicio oral a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados, que terminó pasadas las 13. El debate continuará el próximo martes desde las 9.

Los dichos de Periotti

“Nunca”, enfatizó el ex titular de Vialidad Nacional Periotti en relación a que jamás recibió instrucciones sobre las obras bajo su órbita, al prestar declaración indagatoria sin responder preguntas. “Quiero aclarar con especial énfasis que nunca recibí instrucciones del entonces presidente de la Nación Néstor Carlos Kirchner, tampoco de la ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner en sus dos mandatos. Tampoco recibí instrucciones del ex Ministro de Planificación Federal Julio De Vido ni de otros funcionarios para que hiciera o dejara de hacer algo o para beneficiar a alguna empresa o para direccionar una obra. Nunca”.

“Mi nombre no figura en ninguno de esos cuadernos de esta causa”, dijo además sobre los escritos del remisero Oscar Centeno. “No entiendo la acusación por la que ya hace siete años tuve que pasar por un allanamiento, secuestro de mis bienes” y “casi un mes de cárcel”.

Periotti, de 80 años, está detenido con prisión domiciliaria condenado en la causa Vialidad y se trasladó a Comodoro Py 2002 para prestar declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 7. El ex funcionario recordó cómo fue detenido y también dijo que le ofrecieron ser arrepentido y se negó.

Además mencionó que estuvo doce años y medio al frente de Vialidad Nacional y en ese marco conoció a muchos empresarios, en licitaciones y eventos. “Ninguna de las personas que declaran o van a declarar en este juicio puede decir que el ingeniero Periotti los haya condicionado, les haya exigido hacer algo o dejar de hacer algo en beneficio de alguien. Ninguno. Ninguno puede opinar en contrario a lo que yo les estoy expresando”, dijo ante los jueces del Tribunal Oral Federal 7 Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli.

“Entenderán las dificultades que yo tengo para defenderme de algo que no existió”, agregó.

Otro empresario negó coimas

A su turno,el empresario Rubén David Aranda, presidente de la firma Chimen Aike S.A., negó haber pagado sobornos a funcionarios y calificó como “una mentira” la acusación de haber entregado dinero en Buenos Aires mientras, según dijo, se encontraba en Santa Cruz.

“¿Haber entregado 250 mil dólares a 2.600 kilómetros de donde yo estaba? Eso es mentira”, dijo sobre el “papelito” donde está anotado el supuesto delito.

Según explicó, en la fecha señalada él estaba en Río Gallegos:“Estaba en Río Gallegos cuando decían en un papelito que yo estaba entregando dinero en Buenos Aires”.

Aranda también se refirió a las comunicaciones con el exfuncionario Roberto Baratta, incorporadas al expediente, y aseguró que respondían exclusivamente a cuestiones operativas vinculadas a obra pública: “Las cuarenta y pico de llamadas que tengo con Baratta están relacionadas estrictamente a la presión que ejercía para que terminemos el Centro de Medicina Nuclear” del INVAP.

En ese sentido, vinculó esas gestiones con la inauguración del proyecto, que —según afirmó— estaba prevista como un acto oficial:“Creo que fue el último acto previo a las elecciones de la presidenta Cristina Kirchner. Por eso tanta presión, no solo de Baratta sino también de INVAP”.

“Esas llamadas eran para coordinar la inauguración del centro de medicina nuclear, no para la entrega de plata”, reiteró y dijo que “nunca” fueron “para entregar dinero a nadie. A mí jamás me pidieron un peso para nada”.

“No me puedo defender tan fácil de una mentira, pero es fácil ocultar una verdad. Esto es una mentira”.“Creo en ustedes, creo en la Justicia. Es mi deber expresar con énfasis lo que considero una injusticia tremenda. Soy inocente”, concluyó.

Al inicio de la audiencia, el empresario Alberto Ángel Padoán (integrante del directorio de Vicentin SAIC y expresidente de la Cámara de Comercio de Rosario) se negó a declarar al igual que otros citados para esta jornada.

Los descargos

Durante la jornada se generó un contrapunto por la incorporación de escritos de descargo presentados durante las indagatorias en la etapa de investigación. Tras un cuarto intermedio, el Tribunal resolvió por mayoría aceptar como parte de las declaraciones indagatorias esos escritos. La discusión se dio en el caso concreto del ex funcionario de Vialidad Nacional Sandro Férgola, quien se negó a declarar y a raíz de ello se leyó en la audiencia un escrito de ampliación de indagatoria donde rechazó las acusaciones y que había presentado durante la instrucción del caso.

La fiscal Fabiana León se había opuesto pero los jueces Castelli y Méndez Signori por mayoría entendieorn que cuando un imputado presenta un escrito con ese carácter debe ser entendido como una ampliación de su indagatoria, ya que de lo contrario el juez habría debido fijar una audiencia para que el acto se realizara de manera oral, algo que no ocurrió, por lo que concluyeron que su incorporación fue válida y que rechazarla implicaría incurrir en un exceso de rigor formal que afecta el derecho de defensa.

En disidencia el juez Canero, en línea con lo señalado por la fiscal general, sostuvo que los escritos presentados por fuera del acto formal no constituyen declaraciones, al remarcar que la indagatoria exige la manifestación personal del imputado ante el juez y no simples presentaciones escritas realizadas junto a la defensa a lo largo del proceso, por lo que concluyó que no corresponde darles ese carácter ni incorporarlos como tales.

El juicio

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner es juzgada como supuesta jefa de asociación ilícita que, entre 2003 y 2015, habría recaudado dinero de empresas de los sectores de la construcción, energía y transporte, a cambio de la adjudicación de contratos estatales.

Entre los imputados principales hay ex funcionarios de su gobierno como el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Obra Pública José López. Las audiencias continúan en base a un cronograma dispuesto por los jueces. La fiscal de juicio es Fabiana León y actúa como querellante la Unidad de Información Financiera.

En la audiencia del martes último, Jorge Balán, presidente de Industrias Secco, declaró ante el tribunal y aceptó responder únicamente las preguntas de su defensa. Balán explicó el rol de su empresa durante el kirchnerismo y detalló cómo participaban en licitaciones públicas. Durante su testimonio, afirmó: “Roberto Baratta me pidió que hiciera un aporte para la campaña del oficialismo. Sí o sí debía aportar, no me pidió monto ni nada. Decidí hacerlo, fue una decisión mía. Cometí la falta de no haber pedido recibo”. Reconoció haber realizado tres entregas de dinero, pero sostuvo que ninguna de ellas estuvo vinculada a que los funcionarios “hicieran o dejaran de hacer” algo relacionado con sus funciones.

En una jornada previa, el empresario Alberto Tasselli relató ante los jueces un esquema de pedidos de dinero atribuidos también al acusado ex funcionario del ex Ministerio de Planificación Federal Baratta. Tasselli vinculó estos pedidos a supuestos aportes de campaña y describió presiones para concretarlos: “Cuando uno está obligado a pagar, que lo intiman a pagar, uno se siente que no tiene salida”.

El empresario recordó una frase que atribuyó al entonces mano derecha de De Vido: “No te hagas el boludo porque esto es en dólares y no en pesos”. Tasselli declaró que le informaron que los pagos eran para la campaña, y reconoció haber entregado un total de 300 mil dólares. Tasselli señaló que dejó de pagar cuando ya no encontró formas de continuar haciéndolo.

Fue el remisero de Baratta, Oscar Centeno, quien escribió los cuadernos durante los viajes que hacía para el funcionario y detalló el recorrido para recolectar esos supuestos pagos ilegales. El chofer arrepentido ya pasó a prestar declaración indagatoria pero optó por guardar silencio, lo que derivó en planteos de las defensas que se reiteraron ante cada negativa a declarar de los imputados colaboradores porque no pueden preguntarles y confrontar así sus acusaciones.

El fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial reclamó agravar la acusación en la causa que investiga una millonaria retención indebida de aportes y en la que ya fueron procesados el presidente de la AFA Claudio Tapia, su tesorero Pablo Toviggino y otros tres acusados. Presentó una apelación porque se dejaron de lado delitos, sostuvo.

En concreto, al apelar lo resuelto por el juez Diego Amarante, el fiscal advirtió que hubo un recorte de la acusación original y se dejó afuera un componente central del caso, vinculado a retenciones por publicidad en clubes de fútbol. Por eso pidió ampliar los procesamientos y elevar el monto de los embargos que se fijaron en 350 millones de pesos para Tapia y Toviggino.

Patrocinio de torneos

La presentación a la que tuvo acceso Infobae apunta contra la decisión de excluir de la acusación el denominado “subconcepto 551” del impuesto 353, vinculado a los ingresos por patrocinio oficial de los torneos. Según el fiscal, ese punto no es accesorio sino “parte inescindible” de la maniobra investigada, ya que concentra los montos más significativos.

“El recurso se basa en la alteración de la plataforma fáctica que integra los hechos imputados”, advirtió Navas Rial, al cuestionar que el juez haya delimitado de manera “arbitrariamente restrictiva” el alcance del caso.

El corazón del conflicto

La causa gira en torno a presuntas retenciones y percepciones no depositadas al sistema de seguridad social calculadas en 19.000 millones de pesos. En ese esquema, la AFA y la Liga Profesional actuaban como agentes obligados a retener ciertos porcentajes de ingresos para destinarlos a aportes y contribuciones de clubes, futbolistas y personal.

El punto en discusión es que el juez dejó afuera del procesamiento el dinero proveniente del patrocinio comercial —publicidad de los torneos— que, según el fiscal, debía incluirse dentro de esas obligaciones.

Ese concepto implica la aplicación de una alícuota del 7,5% sobre ingresos millonarios, que luego deben imputarse a cargas previsionales. Para Navas Rial, esos fondos “nunca integraron el patrimonio disponible del agente”, sino que pertenecen a terceros desde el momento en que se generan.

“Un cierre anticipado del proceso”

En su apelación, el fiscal advirtió que la decisión judicial no es una diferencia menor de criterio sino que afecta la estructura misma del caso. “Esta forma de resolver importa un cierre anticipado del proceso”, advirtió. Y agregó: “No se cuestiona el procesamiento sino su indebida restricción por el análisis fragmentario de la maniobra”.

Según su planteo, al excluir el subconcepto 551 se reduce el monto total investigado, se achican los embargos y se limita la posibilidad de reconstruir integralmente los hechos. “No se debe simplificar en sólo ‘bajar el monto’, sino en una reducción artificial del suceso fáctico base de la imputación”, afirmó.

Tanto la apelación del fiscal como la de los cinco procesados y la de la AFA como Asociación serán analizadas por la sala A de la Cámara en lo Penal Económico integrada por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio. Estos magistrados ya convalidaron la decisión del juez Amarante relativa a la prohibición de salida del país para Tapia y Toviggino y también rechazó esta semana un planteo de inexistencia de delito que habían hecho las defensas. Los acusados reclamaron que se revoque el procesamiento por retención y omisión de depósito de impuestos y contribuciones por más de $19.000 millones entre 2024 y 2025.

También apelaron los procesados Cristian Malaspina (actual secretario general) y los ex directivos Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo.

“Se encuentra verificada, con el grado de probabilidad propio de esta etapa procesal, la intervención material y culpable de Claudio Fabián Tapia y Pablo Ariel Toviggino en los hechos investigados, en tanto ambos contaban con facultades decisorias y de administración que les permitían incidir de manera directa en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.”, fundamentó el juez Amarante en su resolución.

La escribana Adriana Nechevenko volvió este jueves a los tribunales de Retiro para entregar más documentación en la fiscalía federal de Gerardo Pollicita en el marco de su rol como testigo en la causa que investiga por supuesto enriquecimiento ilícito al jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Nechevenko llegó sola antes de las 8 a Comodoro Py 2002 y se dirigió a la fiscalía para ampliar su declaración como testigo y entregar documentación que se le había requerido durante la audiencia del miércoles. Se retiró pasadas la 9.

Qué dijo ayer

La escribana declaró bajo juramento de verdad en su primera visita a tribunales que el jefe de Gabinete Adorni compró su departamento del barrio porteño de Caballito con un adelanto de 30.000 dólares y otros 200.000 que “debe” y deberá pagar sin interés en noviembre próximo. La operación se hizo con una hipoteca entre privados firmada con las dos vendedoras, las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas. Ambas están citadas a declarar el miércoles de la semana próxima.

Nechevenko también escrituró el departamento que el jefe de Gabinete tiene sobre la calle Asamblea en Parque Chacabuco y que luego fue hipotecado por 100.000 dólares que habrían aportado la comisario retirada de la policía Graciela Isabel Molina y su hija, Victoria Cancio, también integrante de esa fuerza de seguridad.

Molina es acreedora del 85% del crédito y Cancio del 15%. La devolución se pactó en 24 cuotas, con un interés del 11%, según indicó la escribana a la Justicia. Esa operación se realizó en noviembre de 2024, lo que coincide con la compra de la casa en Indio Cuá que el vocero presidencial concretó junto a su esposa, Bettina Angeletti.

“Pregúntenle a él”, respondió la escribana ante la prensa cuando se le consultó sobre el origen del dinero de Adorni.

Ayer, al retirarse, Nechevenko improvisó una breve conferencia de prensa en un pasillo del quinto piso de Comodoro Py 2002. Aseguró que no hubo ninguna irregularidad. Mencionó que en la compraventa del departamento de Caballito “no hubo préstamo de dinero en efectivo sino que se trató de una hipoteca normal sin ningún problema”.

También consideró habitual que se hipotequen propiedades por un 90 por ciento de su valor, en relación al porcentaje que las vendedoras accedieron a financiarle a Adorni, con una “hipoteca con saldo de precio”, precisó. Ambas mujeres están citadas a declarar el miércoles próximo, también como testigos, para hablar sobre esa venta del departamento.

“Todas las operaciones están explicadas”, agregó la escribana sobre su declaración en la fiscalía. En relación a siete visitas que hizo a la Casa de Gobierno, se negó ante la prensa a responder sobre los motivos. “No lo puedo decir, a mi cliente no le gustaría que yo lo diga”.

La escribana Adriana Mónica Nechevenko sostuvo hoy que no hubo “ninguna irregularidad” en las operaciones de compraventa de propiedades del jefe de Gabinete Manuel Adorni en las que intervino y que todas fueron normales.

“Eso pregúntenle a él”, respondió a la prensa al retirarse de los tribunales cuando se la consultó sobre el origen del dinero con que Adorni compró un departamento del barrio porteño de Caballito en noviembre del año pasado. La profesional declaró como testigo en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito abierta al funcionario.

Durante casi tres horas y bajo juramento de verdad dio precisiones y mostró documentación al fiscal federal Gerardo Pollicita, en un trámite al que asistió también el defensor de Adorni, Matías Ledesma.

Al retirarse, Nechevenko improvisó una breve conferencia de prensa en un pasillo del quinto piso de Comodoro Py 2002. Aseguró que no hubo ninguna irregularidad. Mencionó que en la compraventa del departamento de Caballito “no hubo préstamo de dinero en efectivo sino que se trató de una hipoteca normal sin ningún problema”.

También consideró habitual que se hipotequen propiedades por un 90 por ciento de su valor, en relación al porcentaje que las vendedoras -dos jubiladas- accedieron a financiarle a Adorni con una “hipoteca con saldo de precio”, precisó. Ambas mujeres están citadas mañana a declarar, también como testigos para hablar sobre esa venta del departamento de casi 200 metros cuadrados por 230 mil dólares, de los cuales financiaron 200 mil.

“Todas las operaciones están explicadas”, agregó la escribana sobre su declaración en la fiscalía. En relación a siete visitas que hizo a la Casa de Gobierno, se negó ante la prensa a responder sobre los motivos. “No lo puedo decir, a mi cliente no le gustaría que yo lo diga”.

La escribana ingresó a las 10 a la fiscalía de Pollicita, en el quinto piso de los tribunales federales de Comodoro Py 2002 convocada para dar detalles bajo juramento de verdad sobre las operaciones de compraventa inmobiliaria del funcionario en las que intervino. Se retiró cuando faltaban pocos minutos para las 13.

Nechevenko arribó a tribunales muy temprano, poco antes de las 9. Se dirigió al pasillo en el quinto piso y luego optó por aguardar tomando un café en el bar de la planta baja del edificio, junto a dos acompañantes. A las 10 volvió a la fiscalía y entró sola con una carpeta llena de documentación.

La citación

Ante el fiscal, la escribana dio detalles sobre su intervención tanto en la compra de la casa en el club de campo Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz, como en la del departamento de la calle Miró al 500, en Capital Federal.

La operación del departamento de Caballito fue certificada el 18 de noviembre de 2025, por un valor de 230.000 dólares. Adorni pagó solo un adelanto y se endeudó con un crédito hipotecario por 200.000 dólares con las dos mujeres que aparecen como vendedoras, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo. Ambas prestamistas ya fueron convocadas para declarar mañana en calidad de testigos.

En relación a la escritura de la casa del country en Exaltación de la Cruz, fue firmada en noviembre de 2025 a nombre de la esposa del jefe de Gabinete, Julieta Bettina Angeletti.

Según figura en el registro de visitas de la Casa Rosada, la escribana Nechevenko se entrevistó con Manuel Adorni al menos siete veces entre julio de 2024 y septiembre de 2025, un período simultáneo al que se realizaron las rúbricas.

La fiscalía requirió a la escribana que presente la documentación vinculada con las operaciones inmobiliarias en las que intervino para preparar el cuestionario que presentó este miércoles en la audiencia testimonial.

Por otro lado, en el avance de la investigación surgió una nueva hipoteca por 100.000 dólares que Adorni había tomado para adquirir su antigua vivienda familiar en la calle Asamblea, en el barrio porteño de Parque Chacabuco. En esta ocasión, fueron señaladas como las prestamistas la excomisaria de la Policía Federal Graciela Isabel Molina de Cancio y su hija Victoria Cancio, también integrante de la fuerza. Ambas deberán presentarse a declarar el próximo lunes 13 de abril.

En la jornada de ayer, el exfutbolista Hugo Morales aportó nuevos datos sobre los antecedentes del departamento de Miró, donde actualmente vive Manuel Adorni.

Morales dijo que llevaba tiempo queriendo vender esa propiedad con la intención de obtener 250.000 dólares, pero después de dos años aceptó la oferta por 200.000. A su vez, confirmó que el departamento estaba deteriorado y necesitaba varios arreglos.

Conectado vía telemática desde Corrientes, el ex jugador aclaró que se lo vendió a Sbabo ya Viegas, las dos jubiladas que seis meses más tarde se lo cedieron a Adorni a través de un préstamo hipotecario privado.

Pollicita ya ordenó medidas de prueba y envió oficios a registros de la propiedad inmueble, automotor y entidades bancarias.

La fiscalía fundamentó la solicitud en la existencia de “motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial” del funcionario, según el expediente que tramita el juez federal Ariel Lijo.

El mismo magistrado investiga de manera paralela a Adorni por los vuelos privados a Punta del Este que habría pagado el periodista y contratista de la TV Pública Marcelo Grandío.