Una red criminal que ofrecía a ciudadanos extranjeros la posibilidad de convertirse fraudulentamente en colombianos quedó expuesta tras un operativo simultáneo en Bogotá, Barranquilla y Neiva.

La investigación terminó con 15 personas capturadas, entre ellas tres funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, señalados de participar presuntamente en la expedición irregular de documentos de identidad.

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, la organización tenía como uno de sus principales objetivos a ciudadanos de República Dominicana y Venezuela. Los integrantes de la estructura habrían diseñado un mecanismo para que extranjeros obtuvieran cédulas colombianas mediante procedimientos irregulares y pudieran presentarse ante las autoridades como ciudadanos nacionales.

La Dijín estableció que el grupo construyó un negocio criminal alrededor de esta práctica. En el caso de los ciudadanos dominicanos, el servicio ofrecido incluía la posibilidad de ser convertidos en colombianos a cambio de pagos que oscilaban entre 2.000 y 5.000 dólares.

La estructura tenía funciones definidas. Algunos integrantes se encargaban de identificar a las posibles víctimas, mientras otros coordinaban su traslado hacia Colombia y les proporcionaban alojamiento. Posteriormente, los extranjeros eran conducidos hasta distintas entidades para completar los trámites necesarios con ayuda de funcionarios públicos.

Según la investigación, esta intervención permitía que los beneficiarios avanzaran en el proceso de obtención de documentos colombianos y pudieran pasar desapercibidos ante las autoridades. En el caso de algunos dominicanos, los documentos obtenidos fraudulentamente habrían servido para hacerlos pasar como colombianos y facilitar posteriormente su llegada a España.

El operativo fue resultado de una acción coordinada entre la Registraduría, la Fiscalía General de la Nación, la Dijín de la Policía Nacional, el Servicio de Seguridad Diplomática de la Embajada de Estados Unidos (DSS) y Migración Colombia. Las capturas se realizaron de manera simultánea en las tres ciudades.

Entre los detenidos están un funcionario de la Registraduría Especial de Barranquilla, otro de la Registraduría Distrital de Bogotá y un tercero de la Registraduría Auxiliar de Suba Tibabuyes, en la capital. Los otros capturados corresponden a personas vinculadas con la organización, incluidos ciudadanos de República Dominicana y quien sería su cabecilla.

Como parte de las medidas adoptadas frente a los hallazgos, la Registraduría Nacional canceló 43 cédulas de ciudadanía que, según la entidad, fueron obtenidas de manera irregular por ciudadanos extranjeros. La decisión hace parte de las acciones encaminadas a evitar que los documentos expedidos fraudulentamente continúen siendo utilizados. La investigación también apunta a posibles conductas relacionadas con el concierto para delinquir y con el uso de mecanismos fraudulentos para facilitar la expedición de documentos colombianos a personas extranjeras.

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, destacó la coordinación entre las instituciones que participaron en el procedimiento y señaló que el trabajo conjunto resulta fundamental para enfrentar estas estructuras. “La coordinación interinstitucional permanente es clave para desarticular estas organizaciones delincuenciales dedicadas al tráfico de migrantes y, a su vez, para erradicar cualquier acto de corrupción. En la Registraduría trabajamos a diario para que esta sea una entidad íntegra y transparente, con los más altos niveles de confianza ciudadana”, afirmó Penagos.

La entidad indicó que continuará brindando acompañamiento técnico a la Fiscalía, la Policía Nacional y Migración Colombia en las investigaciones relacionadas con hechos similares. Además, reafirmó su compromiso de fortalecer los controles sobre los procesos de identificación y respaldar las acciones de las autoridades contra redes criminales transnacionales que utilicen de manera irregular los sistemas de identificación colombianos.

El caso se suma a información que trascendió en las últimas horas sobre el funcionamiento de esta red y sobre la forma en que sus integrantes habrían utilizado trámites oficiales para facilitar el tránsito de migrantes. La investigación busca establecer el alcance de la estructura y la participación que habría tenido cada uno de sus integrantes en la obtención irregular de documentos.

El sancocho colombiano volvió a poner a la gastronomía del país en el radar internacional. La preparación aparece en el listado de las 100 mejores sopas del mundo elaborado por TasteAtlas, donde ocupa el puesto 94, en una selección que reúne platos tradicionales de distintos países.

Más que una receta única, el sancocho reúne distintas versiones construidas a partir de las costumbres de cada región. En Colombia puede prepararse con pollo, gallina, carne de res o cerdo y combinarse con ingredientes como papa, maíz y plátano. Esa variedad hace que la preparación cambie de una zona a otra, aunque conserve elementos que la identifican.

El plato se caracteriza por un caldo abundante y sustancioso en el que se cocinan de manera conjunta las carnes, los tubérculos y otros productos. Su presencia es habitual en reuniones familiares, celebraciones y almuerzos de fin de semana, espacios en los que suele servirse caliente y en porciones generosas.

Entre los ingredientes que aparecen con mayor frecuencia están la mazorca, el plátano verde y maduro, el ñame, la yuca, la papa, la ahuyama y la zanahoria. También son comunes el cilantro, la cebolla, los tomates, el apio y el ajo. La combinación, sin embargo, depende de la receta y de las tradiciones de cada lugar. El sancocho suele llegar a la mesa acompañado de arroz blanco y aguacate. Para beber, son habituales el agua de panela o la limonada, opciones que contrastan con la temperatura y la consistencia de una preparación que concentra numerosos ingredientes en un solo plato.

Una de las versiones que sobresale dentro de la cocina colombiana es el sancocho de gallina del Valle del Cauca. Esta preparación es reconocida en la región y tradicionalmente se sirve con arroz blanco, aguacate y ají. Aun así, tanto los productos utilizados como los acompañamientos pueden cambiar según las costumbres de cada zona.

El reconocimiento de TasteAtlas ubica al plato colombiano junto a preparaciones de diferentes partes del mundo. El primer puesto del listado corresponde al vori-vori, una sopa tradicional de Paraguay que se prepara con pequeñas bolas de harina de maíz y queso cocinadas en un caldo, generalmente con pollo, verduras y hierbas. Esta preparación obtuvo una calificación de 4,7 sobre 5.

El segundo lugar es para el beyran çorbası, originario de Gaziantep, Turquía. Se elabora con carne de cordero, arroz, ajo y pasta de pimiento. En la tercera posición aparece el Soto Betawi, una sopa tradicional de Yakarta, Indonesia. El grupo de los cinco primeros lo completan el ramen estilo Yokohama y el tonkotsu ramen, ambos de Japón.

Según TasteAtlas, el nombre sancocho está relacionado con el verbo español sancochar, asociado con la idea de precocción. La preparación también está presente en distintos lugares de Latinoamérica y se distingue por la manera en que ingredientes sencillos se integran durante la cocción.

El maíz ocupa un lugar importante entre esos productos, ya que puede absorber parte de los sabores del caldo durante la preparación. A partir de esa mezcla, cada versión desarrolla características propias, de acuerdo con los ingredientes disponibles y las prácticas culinarias de la región donde se prepara.

La inclusión del sancocho en el listado internacional pone en escena una preparación que, dentro de Colombia, tiene presencia en múltiples territorios y formas de elaboración. Su presencia en la cocina cotidiana explica además por qué el sancocho puede encontrarse con cambios en sus ingredientes y acompañamientos sin perder su identidad. La base de caldo, carnes, verduras y productos de la tierra permite que las recetas se adapten a cada territorio, manteniendo una preparación reconocible para quienes la disfrutan en diferentes regiones del país y en distintos espacios de encuentro.

Los taxis que circulen entre municipios contiguos afectados por la emergencia del terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto tendrán nuevamente una obligación que fue retirada meses atrás. El cambio quedó establecido en el Decreto 1424 de 2026, expedido por el Gobierno nacional, que adoptó medidas temporales para mantener la prestación del servicio público de transporte en las zonas cobijadas por la declaratoria de desastre.

La decisión está contenida en el artículo 36 de la norma y modifica temporalmente las condiciones que habían empezado a regir con el Decreto 1001 de 2026. Esta última regulación había eliminado la exigencia de la Planilla Única de Viaje Ocasional (PUVO) para determinados recorridos entre municipios contiguos realizados por vehículos de servicio público individual tipo taxi.

Ahora, mientras permanezca vigente la nueva disposición, los conductores que hagan esos desplazamientos deberán contar nuevamente con la PUVO cuando operen dentro de los municipios y bajo las condiciones contempladas en el Decreto 1424. De esta manera, la flexibilización adoptada previamente queda suspendida de forma temporal para los territorios afectados por el terremoto.

La medida no modifica de manera definitiva el Decreto 1001. El artículo 36 aclara que la suspensión se limita a su artículo 4 y que las demás disposiciones de ese apartado continuarán vigentes. Su duración también está delimitada: podrá mantenerse mientras persista la situación de desastre, pero no podrá superar seis meses contados desde la publicación del Decreto 1424 de 2026.

El Gobierno también dejó abierta la posibilidad de levantar la medida antes de ese plazo. Esto ocurriría si termina la situación de desastre o desaparecen las condiciones que llevaron a establecer la suspensión. El Decreto 1424 no se concentra únicamente en los taxis. Sus disposiciones del Capítulo V abarcan a empresas de transporte, propietarios y conductores de vehículos, terminales de transporte y organismos relacionados con el tránsito. El objetivo general de estas reglas es facilitar que el servicio pueda continuar en los territorios afectados por el sismo mientras permanezcan las circunstancias que motivaron las medidas.

Otro de los cambios está relacionado con las tarjetas de operación de los vehículos vinculados a empresas de transporte público que presten servicio en los municipios afectados. Los documentos que tengan fecha de vencimiento durante el periodo de emergencia recibirán una prórroga automática de seis meses.

Con esta disposición, los vehículos cobijados podrán continuar prestando el servicio y no recibirán sanciones exclusivamente por el vencimiento de la tarjeta de operación durante el periodo de prórroga. La medida busca evitar que un trámite documental termine afectando la continuidad del transporte en las zonas que enfrentan las consecuencias del terremoto. El decreto contempla además una flexibilización temporal frente a algunos requisitos asociados con la capacidad transportadora mínima de las empresas de transporte de pasajeros que tengan origen, destino o tránsito en los municipios incluidos en la medida.

Esta excepción tampoco significa que las empresas queden liberadas de las obligaciones relacionadas con la seguridad. La norma mantiene el deber de conservar las condiciones necesarias para garantizar una operación adecuada y proteger a los usuarios durante la prestación del servicio.

Así, las medidas adoptadas por el Gobierno combinan ajustes documentales y operativos para el transporte en los municipios afectados. Para los taxis, el principal cambio es el regreso temporal de la PUVO en los desplazamientos entre municipios contiguos cobijados por el decreto, después de que esa exigencia hubiera sido eliminada para determinados recorridos por una regulación anterior.

Las disposiciones permanecerán atadas a la duración de la emergencia y a los límites fijados por el Decreto 1424 de 2026. En particular, la suspensión de la flexibilización para los taxis tendrá un plazo máximo de seis meses, aunque podrá terminar antes si dejan de existir las circunstancias que dieron origen a la medida.

La Presidencia de la República publicó la hoja de vida de Tania Gilinski Bacal, quien fue designada como nueva embajadora de Colombia en Israel, en un momento marcado por el reciente restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

La nueva representante diplomática cuenta con formación académica en Estados Unidos. Estudió Historia y Literatura en Wellesley College, en Massachusetts, y posteriormente obtuvo una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Stanford, en California. Además, domina inglés, francés y tiene un nivel intermedio de hebreo.

Antes de llegar al servicio diplomático, Gilinski desarrolló buena parte de su trayectoria profesional en el sector privado. Según la información divulgada por la Presidencia, trabajó como periodista y publicista y participó en proyectos empresariales relacionados con la producción de contenidos dirigidos al público infantil.

Su hoja de vida también registra cargos como asesora de gerencia en un resort en Costa Rica, directora ejecutiva de una productora audiovisual en Estados Unidos, asesora de junta directiva de una empresa del sector plástico en Cali, asistente de gerencia en la empresa de alimentos Producto Yupi, también en Cali, y asesora de vicepresidencia en un grupo empresarial en Venezuela. Adicionalmente, cuenta con experiencia docente como profesora de posgrado en la Universidad de Tel Aviv, en las áreas de ciencias sociales, derecho y ciencias.

Su llegada a la embajada también está vinculada con una familia que ya tenía antecedentes en la representación de Colombia ante Israel. Gilinski es hija de Isaac Gilinski Sragowicz, quien ocupó ese cargo entre 2010 y 2013, durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Además, es hermana del empresario y banquero Jaime Gilinski, uno de los hombres más ricos de Colombia.

El nombramiento ocurre semanas después de que Colombia anunciara una nueva etapa en sus relaciones con Israel. La Cancillería informó el 11 de agosto de 2026 la decisión de “restablecer y fortalecer sus relaciones diplomáticas con Israel”, con el propósito de recuperar y profundizar los vínculos bilaterales.

El canciller Omar Bula Escobar explicó ante el Congreso que uno de los objetivos del acercamiento es ampliar la cooperación en seguridad e inteligencia frente a amenazas transnacionales como el narcotráfico, el tráfico de armas, el lavado de activos y el contrabando. “Se trata de una política que busca proteger los intereses nacionales en primer lugar. Colombia primero, esos intereses siempre en primer lugar, frente a amenazas transnacionales, frente a amenazas sobre todo del crimen transnacional organizado, lo que requiere el fortalecimiento de alianzas útiles para nuestra seguridad y desarrollo”, manifestó Bula.

La agenda también contempla cooperación en inteligencia estratégica, ciberseguridad, intercambio de información contra redes de financiación ilícita y prevención del acceso de estructuras criminales a sistemas internacionales de armamento y tecnología. “Este gobierno consideró que esa relación histórica debe ser recuperada y que Israel debe volver a ocupar un lugar relevante en términos de su relación estratégica con Colombia”, enfatizó el canciller.

El acercamiento incluye otros sectores. El Ministerio de Educación y la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Mashav) acordaron avanzar en una agenda conjunta con enfoque territorial, que contempla formación docente, educación para el desarrollo sostenible y becas para docentes y funcionarios colombianos.

A esto se sumó la recuperación de la exención mutua de visas para viajes turísticos. Israel planteó la medida el 16 de agosto y Colombia manifestó su conformidad el 19 de agosto. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 12189 de 2026 y comenzó a regir en septiembre, permitiendo a los colombianos viajar a Israel sin visa por turismo hasta por 90 días dentro de un periodo de 12 meses, bajo las normas migratorias aplicables y los requisitos de ingreso establecidos.

El movimiento de las compras externas colombianas volvió a presionar el balance comercial durante julio de 2026. Las importaciones alcanzaron US$7.968,1 millones, una cifra 22,9% superior a la registrada en el mismo mes de 2025, de acuerdo con las declaraciones recopiladas por el Dane. Al mismo tiempo, el déficit comercial aumentó hasta US$2.797,8 millones.

Javier Díaz, presidente de Analdex, relacionó parte de este comportamiento con la evolución de la tasa de cambio y llamó la atención sobre el aumento de las compras de combustibles y productos agropecuarios. Según explicó, la apreciación del peso estaría haciendo más favorables las adquisiciones realizadas en el exterior.

El mayor peso dentro de la canasta importadora estuvo en las manufacturas. Este grupo concentró 72,5% del valor total de las compras y sumó US$5.774,7 millones, con un crecimiento de 16,1% frente a julio del año anterior. Las compras de combustibles y productos de las industrias extractivas llegaron a US$1.072,2 millones y aumentaron 77,3%, impulsadas principalmente por petróleo y derivados. En tanto, las importaciones de productos agropecuarios, alimentos y bebidas alcanzaron US$1.111,4 millones, con una variación de 26,3%, explicada principalmente por productos alimenticios y animales vivos.

El resultado también tuvo impacto en la balanza comercial. En julio de 2025, Colombia había registrado un déficit de US$1.694,2 millones. Un año después, la diferencia llegó a US$2.797,8 millones, reflejando una ampliación del saldo negativo entre exportaciones e importaciones.

La tendencia también aparece en las cifras acumuladas. Entre enero y julio de 2026, las importaciones llegaron a US$46.043,9 millones, con un crecimiento de 15,1% frente al mismo periodo de 2025. Las manufacturas aportaron US$34.369,4 millones y aumentaron 15,4%, principalmente por mayores compras de maquinaria y equipo de transporte, que crecieron 25,1%. En el mismo periodo, las adquisiciones de productos agropecuarios, alimentos y bebidas sumaron US$6.564,2 millones y crecieron 12,5%. Los productos alimenticios y animales vivos fueron el principal factor, con un aumento de 17,3%.

Las importaciones acumuladas de combustibles y productos de las industrias extractivas alcanzaron US$5.053,2 millones, un incremento de 17%. Dentro de este grupo, los combustibles y lubricantes minerales y productos conexos aumentaron 16,2%. El déficit comercial acumulado entre enero y julio fue de US$11.042,0 millones, frente a US$8.955,3 millones en 2025.

Díaz sostuvo que el comportamiento cambiario está incidiendo en las compras externas. “Indudable que la apreciación del peso está impulsando el crecimiento de las importaciones”, afirmó. También destacó el aumento de los combustibles y señaló el peso que tendría el gas en ese resultado: “Se destacan importaciones de combustibles, y allí va a estar pesando el tema del gas”.

El presidente de Analdex vinculó ese componente con la política energética y afirmó: “Tenemos que importar gas porque la política de no exploración nos ha conducido a depender del gas importado”. Las cifras del Dane muestran que las compras de petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos crecieron 79,6% en julio.

El comportamiento agropecuario fue otro de los puntos señalados por Díaz. “Pero también hay que ver un crecimiento en la parte de productos agropecuarios. Allí se concentra buena parte del crecimiento de las importaciones”, sostuvo. Sobre los próximos meses, agregó: “Creo que esa va a ser la tendencia en los próximos meses”.

China fue el principal origen de las mercancías importadas durante julio, con 30,3% del total. Le siguieron Estados Unidos, México, Brasil, Alemania, India y Corea. Las compras procedentes de China aumentaron 32,6% frente a julio de 2025, mientras las de Estados Unidos crecieron 23,5%. Ambos países aportaron 14,4 puntos porcentuales a la variación total de 22,9%. El aumento de las compras a China estuvo relacionado con vehículos para transporte de personas, vagones de ferrocarril o tranvía, palas mecánicas excavadoras y cargadoras de pala autopropulsadas, además de motocicletas y velocípedos.

Durante enero-julio, China representó 28,8% de las importaciones colombianas. Sus ventas hacia Colombia crecieron 24,9%, mientras las compras a Estados Unidos aumentaron 8,5%. Ambos países aportaron 8,7 puntos porcentuales al crecimiento acumulado. Entre los productos que explicaron el incremento de las compras a China estuvieron los vehículos para transporte de personas, cuyas importaciones aumentaron 384,9%, y los computadores portátiles, con un crecimiento de 42,5%.

La colombiana Ana María Porras fue incluida en la edición de 2026 de los 101 latinos más influyentes, una lista elaborada por la revista Latino Leaders Magazine.

La científica santandereana, que llegó a Estados Unidos a los 17 años para estudiar ingeniería biomédica, ocupa el puesto 68 en la categoría de ciencia, junto a personalidades de distintos ámbitos como el futbolista argentino Lionel Messi, el cantante boricua Bad Bunny y el director de orquesta Gustavo Dudamel. La publicación reúne a investigadores, empresarios y figuras de distintos talentos y recorridos dentro de la comunidad latina en Estados Unidos.

El reconocimiento destaca una carrera construida alrededor de la investigación y de una pregunta que marca buena parte de su trabajo: cómo interactúan los microorganismos con el cuerpo humano. Actualmente, Porras es profesora de Ingeniería Biomédica y embajadora de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (Aaas).

Su vínculo con la ciencia comenzó mucho antes de llegar a la universidad. Creció en Colombia en un hogar donde la tecnología y la investigación estaban presentes de manera cotidiana, pues sus padres eran ingenieros y profesores universitarios. Desde pequeña, según recoge el artículo, “siempre disfrutó resolver acertijos y construir cosas”.

Aunque durante su infancia contempló convertirse en bióloga marina o dentista, con el tiempo encontró en la ingeniería biomédica una disciplina capaz de reunir las áreas científicas que despertaban su interés. En Colombia encontró pocas alternativas para desarrollar ese camino, por lo que empezó a buscar programas universitarios en Estados Unidos.

Ese proceso la llevó hasta la Universidad de Texas en Austin. La llegada a esa institución estuvo acompañada por una red de contactos que, de acuerdo con el relato publicado, fue clave para abrirle una puerta. Porras lo recuerda así: “Sentí que esa es una historia muy común entre latinos: conoces al amigo de un amigo de un amigo”.

En Austin comenzó a trabajar en modelos destinados a imitar tejidos humanos. Su interés inicial estaba relacionado con organismos en crecimiento y sus posibilidades para la investigación médica. Sin embargo, su recorrido científico tomó posteriormente otra dirección, centrada en los microbios y la forma en que interactúan con el organismo.

Ese cambio estuvo ligado a un campo que durante su formación doctoral todavía no recibía la misma atención. “Los microbios no se estudiaban de la misma manera durante sus estudios doctorales”, señala el artículo al describir uno de los giros que marcaron su trayectoria.

Después de graduarse de Ingeniería Biomédica en 2011, Porras continuó su preparación académica en la Universidad de Wisconsin-Madison. Allí cursó una maestría y un doctorado, etapas en las que profundizó sus conocimientos y avanzó en sus investigaciones dentro de la ingeniería biomédica.

En la actualidad, su trabajo académico se concentra en modelos de tejidos y enfermedades vinculadas con microorganismos presentes en el cuerpo humano. Entre las líneas que aborda se encuentran las infecciones y enfermedades infecciosas, además del microbioma intestinal y su relación con la salud cardiovascular.

Su investigación también contribuye visibilizar la participación de mujeres latinas en las áreas STEM, sigla que reúne la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Ese componente de representación es otro de los aspectos que resalta Latino Leaders Magazine al explicar su inclusión en la lista de 2026.

El reconocimiento llega así después de varios años de formación y trabajo científico. Desde aquella llegada a Estados Unidos a los 17 años hasta su actual labor como profesora e investigadora, la trayectoria de Porras ha estado ligada al estudio de la ingeniería biomédica y a la búsqueda de nuevas formas de comprender la relación entre los microorganismos y la salud humana.

La situación política de Venezuela volvió a ocupar parte de la agenda internacional durante la participación del expresidente colombiano Iván Duque en la Cumbre de Concordia, un evento paralelo a la Asamblea General de las Naciones Unidas que se realiza en Nueva York, Estados Unidos.

En entrevista con La FM, el exmandatario planteó la necesidad de definir cuanto antes los pasos que seguirá el país vecino y cuándo sus ciudadanos volverán a las urnas.

Desde Nueva York, Duque cuestionó que el proceso de transición continúe sin una ruta electoral definida. “Cayó el dictador, pero no ha caído la dictadura y todavía se necesita acelerar la transición en Venezuela”, afirmó el exmandatario, que respaldó los llamados a establecer una hoja de ruta para avanzar hacia nuevas elecciones presidenciales.

Uno de los puntos centrales de su planteamiento está relacionado con la participación de la oposición. Duque sostuvo que María Corina Machado y los sectores agrupados bajo la denominada Resistencia Democrática deberían tener garantías para regresar a Venezuela y retomar el contacto político con la ciudadanía.

En esa línea, insistió en que no debería prolongarse el escenario de incertidumbre que rodea el futuro institucional del país. “El hecho de que no se pueda dejar esta situación de incertidumbre y este limbo hace urgente que se dé ya claridad”, señaló durante la conversación. El expresidente agregó que espera que “María Corina y la Resistencia Democrática puedan de manera libre hacer presencia en su país y volver a conectar con la ciudadanía”.

Sus declaraciones coinciden con los planteamientos de dirigentes venezolanos y estadounidenses que piden establecer una fecha concreta para unas elecciones presidenciales. Duque expresó respaldo a iniciativas promovidas por integrantes del Congreso de Estados Unidos, entre ellos el senador republicano Bernie Moreno y la representante María Elvira Salazar, que buscan presionar para que exista un calendario electoral sin nuevas postergaciones.

Sin embargo, esas propuestas no equivalen a una convocatoria oficial. Venezuela todavía no tiene una fecha formalmente anunciada para unas nuevas elecciones presidenciales, por lo que el calendario continúa siendo un asunto de debate político. Una de las fechas que entró en esa discusión fue planteada por Bernie Moreno: el 24 de julio de 2027, día que coincide con el natalicio de Simón Bolívar. El senador defendió la necesidad de establecer desde ahora una fecha para las elecciones, aunque reconoció que el país no estaría preparado para celebrarlas de inmediato.

“Necesitamos tener elecciones en Venezuela. Obviamente no están preparados para elecciones hoy, pero creo que es extremadamente importante fijar una fecha”, afirmó Moreno al explicar su propuesta a la cadena Fox News. María Corina Machado manifestó públicamente su respaldo a ese planteamiento y se vinculó a la campaña #SetTheDate, promovida por sectores opositores que reclaman un calendario para unas elecciones presidenciales libres y con garantías de participación.

La ausencia de una fecha oficial mantiene abierto uno de los principales focos de presión política sobre Venezuela. En ese escenario, Duque también consideró que la comunidad internacional debe conservar un papel activo durante la transición y vinculó la situación venezolana con un debate más amplio sobre la respuesta de los organismos multilaterales frente a las crisis políticas e institucionales.

El exmandatario defendió la importancia de espacios como Naciones Unidas, aunque sostuvo que estos deben contar con mayor capacidad de reacción, ser más incluyentes y ofrecer respuestas prácticas ante los problemas internacionales. “Yo siempre he sido un defensor del multilateralismo. Creo que las instituciones multilaterales deben existir, pero también tienen que repensarse, volverse más ágiles, mucho más incluyentes, más participativas y tener soluciones prácticas frente a muchos de los temas que hoy son de angustia global”, afirmó.

Duque además se refirió al papel de los mandatarios en los escenarios internacionales y defendió el contacto directo entre jefes de Estado como una herramienta relevante de la política exterior. “Nada sustituye la diplomacia presidencial”, afirmó, al señalar que este tipo de intervenciones puede tener efectos tanto en las relaciones entre países como dentro de cada nación.

La sede de la final de la Copa Sudamericana 2026 vuelve a estar en el centro de la conversación por versiones que apuntan a un posible traslado fuera de Colombia. Sin embargo, desde la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) descartaron esa posibilidad y ratificaron que el partido decisivo se disputará en Barranquilla el próximo 21 de noviembre.

Ramón Jesurún, presidente de la FCF y miembro del Consejo de la Conmebol, respondió a los rumores que circularon en redes sociales y rechazó cualquier escenario distinto al ya establecido. “¡Totalmente irresponsable y descabellado! ¡La final es en Barranquilla! Allá se jugará el 21 de noviembre, eso está confirmado”, dijo en diálogo con El Heraldo.

El dirigente también cuestionó la versión según la cual la definición podría terminar en Brasil por razones económicas, en caso de que Vasco da Gama y Atlético Mineiro lleguen a la última instancia. “¡Esto no es un campeonato de barrio! ¡Es una completa mentira! La final será en Barranquilla”, afirmó Jesurun.

La especulación tomó fuerza después de que algunas cuentas brasileñas difundieran que la Conmebol podría evaluar un cambio de sede si los dos clubes de ese país que siguen en competencia alcanzan la final.

El periodista Ricardo Ordóñez, conocido en redes sociales como @reporterillo, compartió una versión atribuida al comunicador brasileño Vicente Dattoli, quien se encuentra en Río de Janeiro. Según esa versión, existiría una solicitud de clubes brasileños para trasladar la definición a Brasil si ambos consiguen avanzar. Hasta ahora, esa posibilidad fue descartada por Jesurun, quien mantiene que la final seguirá en Barranquilla.

El directivo colombiano volvió a insistir en que la capital de Atlántico mantiene la sede asignada. “Es irresponsable. Barranquilla está totalmente confirmada”, ratificó. La definición está programada para el 21 de noviembre y el escenario elegido es el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

El estado de las obras en el escenario es uno de los asuntos que ha acompañado la preparación del partido. Jesurun aseguró que los trabajos avanzan de acuerdo con lo previsto y sostuvo: “El estadio va bien y va estar listo”. La intervención contempla una renovación amplia del recinto, con cambios en su fachada y nuevos elementos tecnológicos.

Entre las transformaciones más visibles está la nueva fachada del Metropolitano, cuya construcción alcanzaba cerca de 56% de avance a finales de agosto, según reporte de la Alcaldía de Barranquilla. La estructura incluye elementos metálicos y paneles de aluminio, además de un sistema compuesto por más de 74.000 luces LED. El avance fue revelado también por el alcalde Alejandro Char, quien destacó el impacto de la intervención en la infraestructura de la capital del Atlántico.

La nueva iluminación permitirá proyectar colores, imágenes, figuras y mensajes sobre la superficie exterior del estadio. El sistema está integrado entre las láminas que recubren la estructura y funciona mediante una plataforma computarizada que permite sincronizar contenidos visuales dinámicos, convirtiendo la fachada en una pantalla de grandes dimensiones. El proyecto de modernización también contempla una pantalla de 360 grados dentro del escenario, estructuras destinadas a tableros en las tribunas Norte y Sur y una cinta LED alrededor del estadio.

La Conmebol realizó varias inspecciones técnicas para revisar las condiciones del estadio de cara a la final. En agosto, Ícaro Noguera, gerente de Operaciones de la organización, destacó los avances encontrados en camerinos, graderías, zonas VIP y otros espacios. Esa visita correspondió a la tercera inspección realizada en Barranquilla durante el proceso de preparación.

Las revisiones de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) también incluyen aspectos relacionados con seguridad, operaciones, competiciones, salud, transporte, transmisión, prensa y marketing. La elección de Barranquilla tiene además un antecedente relevante para el fútbol colombiano. Esta será la primera final de un torneo internacional de clubes disputada en Colombia a partido único desde que la Conmebol adoptó este formato en 2019 para la Copa Libertadores y la Sudamericana.

Mientras tanto, el camino deportivo hacia la final todavía está abierto. Vasco da Gama se enfrentará a Boca Juniors en una de las semifinales, mientras Atlético Mineiro jugará ante Montevideo City Torque. Precisamente la presencia de los dos equipos brasileños alimentó la versión sobre un eventual cambio de sede.

El manejo de los hipopótamos en el Magdalena Medio volverá a la mesa de las autoridades ambientales. El Gobierno anunció la construcción de un nuevo plan de acción para enfrentar la expansión de esta especie invasora, con una mirada puesta en los ecosistemas, la fauna nativa y las comunidades que conviven con estos animales.

La propuesta surgió después de varias reuniones entre el Ministerio de Ambiente, el Instituto Alexander von Humboldt, Cornare, Corantioquia y la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS). La intención es coordinar criterios técnicos y definir medidas que respondan a las condiciones de los territorios donde se extendió la población de hipopótamos.

El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, explicó que todavía no están definidas las acciones concretas que integrarán la nueva estrategia. Sin embargo, señaló que el trabajo estará orientado por evidencia científica y tendrá tres prioridades: proteger los cuerpos de agua, conservar la biodiversidad y disminuir los riesgos para las comunidades. “De aquí va a salir un plan de acción respaldado con toda la ciencia disponible para poder llegar a mecanismos que nos permitan disminuir el impacto que está teniendo en las poblaciones nativas de fauna en esta especie invasora”, señaló el ministro.

El anuncio ocurre cuando el país ya cuenta con un Plan para la Prevención, Control y Manejo del Hipopótamo, adoptado mediante la Resolución 0774 de 2024. Ese documento fue construido a partir de una investigación científica publicada en 2022, en la que participaron el Instituto Humboldt, el Instituto de Ciencias Naturales y Cornare. Aquel plan estableció diferentes herramientas para enfrentar el crecimiento y la expansión de la especie. Entre ellas están la caza de control, la traslocación, el confinamiento, las alertas tempranas y la intervención social.

El escenario cambió desde entonces. En abril de 2026 el Ministerio de Ambiente publicó el protocolo para aplicar la eutanasia como una de las medidas de control. La decisión llegó después de explorar opciones para trasladar ejemplares a otros países, entre ellos India, México y Filipinas. El protocolo contempla procedimientos de eutanasia física y química bajo condiciones técnicas y de bienestar animal.

La estrategia anunciada ahora no parte de cero. El propio Ministerio mantiene vigente un plan de manejo que establece acciones de prevención, control y manejo de la especie, mientras las autoridades ambientales avanzan en la aplicación de las medidas previstas. Por eso, el nuevo proceso busca articular el trabajo institucional y establecer qué acciones deberán adoptarse frente a la situación actual en el Magdalena Medio.

El funcionario tampoco precisó si las medidas del plan vigente serán modificadas o complementadas. Esa definición quedará sujeta al trabajo técnico de las entidades participantes en próximas reuniones. La expansión de los hipopótamos ha llevado su presencia a distintos sectores de esta región, donde la especie representa un desafío para la conservación de ecosistemas y fauna nativa.

En ese escenario, la protección del agua ocupa un lugar central dentro de la discusión. El Gobierno plantea que las decisiones deben considerar los efectos sobre los cuerpos de agua y, al mismo tiempo, la conservación de las especies nativas que comparten estos ecosistemas con los hipopótamos.

La protección de las comunidades constituye el tercer componente señalado por el Ministerio. Aunque Arjona no detalló qué mecanismos podrían incorporarse al nuevo plan, insistió en que las decisiones deberán apoyarse en la información científica disponible y responder a los riesgos asociados con la presencia de la especie. Las autoridades ambientales y las entidades científicas continuarán trabajando en la definición de la estrategia. El propósito es establecer un plan de acción que reúna criterios técnicos y permita orientar las próximas intervenciones frente a una población que sigue extendiéndose por el Magdalena Medio.

Un celular puede reemplazar el billete para una transferencia, una tarjeta resuelve una compra y un código QR abre otra vía para mover dinero. Esa transformación se refleja en el comportamiento de los pagos al por menor durante 2025, según el informe sobre sistemas de pago del Banco de la República.

El documento muestra que las transferencias electrónicas tienen un papel central en esta evolución. Entre ellas están las operaciones inmediatas que hacen parte del ecosistema Bre-B, una herramienta que acompaña la expansión de los pagos digitales y el crecimiento de alternativas. Las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito y las billeteras móviles también ampliaron su presencia. El informe relaciona este comportamiento con una mayor adopción de instrumentos digitales para los pagos cotidianos, apoyados en opciones como los códigos QR y el botón de pagos.

El cambio se aprecia con mayor claridad cuando se observa el comportamiento de los instrumentos durante la última década. Los pagos al por menor muestran una tendencia creciente. Las transferencias tradicionales e inmediatas, junto con las tarjetas de débito y crédito, se encuentran entre los medios de mayor uso. En sentido contrario, el cheque y el efectivo presentan una tendencia decreciente. Esto no significa que el dinero físico haya desaparecido. De hecho, el efectivo continúa siendo ampliamente utilizado y mantiene una posición relevante entre los medios empleados habitualmente por los colombianos.

Lo que cambió es su peso relativo. El porcentaje de personas que considera el efectivo como su principal medio de pago disminuyó frente al avance de las opciones electrónicas. Así, aunque el billete y la moneda todavía forman parte de las transacciones cotidianas, cada vez tienen que compartir ese espacio con más alternativas digitales. Hay, además, un dato que introduce una aparente contradicción en esta transformación: el efectivo en circulación aumentó. El Banco de la República plantea que esto puede explicarse porque el dinero físico cumple funciones que van más allá del pago de bienes y servicios.

El efectivo puede actuar como reserva de valor, fuente de liquidez o medio de respaldo. Por eso, una persona puede conservar dinero físico disponible aunque recurra con menor frecuencia a él cuando realiza una compra. La menor participación del efectivo como instrumento transaccional no implica que deje de tener utilidad para los hogares.

Detrás de las operaciones digitales existe una infraestructura que permite procesar los pagos. Los sistemas de pago de bajo valor gestionan operaciones realizadas mediante transferencias de crédito y débito, tanto inmediatas como no inmediatas, además de pagos con tarjetas y cheques. Para procesar estas operaciones se utilizan modelos de compensación y liquidación interbancaria. Estos pueden funcionar mediante esquemas brutos en tiempo real o netos multilaterales diferidos. La liquidación está relacionada con el CUD, infraestructura en la que se saldan las obligaciones entre los participantes.

El Banco de la República identifica al CUD como el sistema de pagos de alto valor del país y como un elemento central de la infraestructura financiera local. Su funcionamiento se conecta con los procesos mediante los cuales las entidades participantes administran las obligaciones derivadas de las operaciones de pago.

En cuanto a la compensación y liquidación multilateral neta de transferencias interbancarias, el informe reporta adecuados niveles operativos. Las dos cámaras de compensación automatizadas, ACH Cenit y ACH Colombia, registraron niveles adecuados en sus indicadores clave. Según el documento, este desempeño permitió que las entidades participantes gestionaran de manera segura, eficiente y oportuna sus necesidades de liquidez intradiarias en el CUD. El comportamiento de estas infraestructuras acompaña el aumento de las operaciones electrónicas.

Para los usuarios, el panorama refleja una transición gradual. Las herramientas digitales ganan espacio en las compras y transferencias, mientras el efectivo conserva presencia en la economía. La expansión de Bre-B y de otras opciones puede facilitar pagos más ágiles, en operaciones pequeñas, un terreno donde tradicionalmente han tenido mayor presencia los billetes y las monedas.

Al mismo tiempo, el aumento del efectivo en circulación muestra que el dinero físico conserva funciones para los colombianos. El avance de los pagos digitales modifica los hábitos de transacción sin eliminar el papel que cumple el efectivo.

El nombre de James Rodríguez tiene una historia particular. Su madre, María del Pilar Rubio, contó en el documental James que, si la decisión hubiera dependido de ella, el futbolista habría recibido otro nombre.

Según su relato, la intención era llamarlo Juan David. Sin embargo, el padre del jugador tomó una decisión distinta cuando llegó el momento de registrarlo. Mientras María del Pilar dormía, se llevó al bebé en brazos y acudió rápidamente a la registraduría. Allí quedó registrado como James David Rodríguez Rubio, el nombre con el que posteriormente sería reconocido.

María del Pilar recordó también las circunstancias en las que nació el futbolista. “Fui mamá joven, pero no me arrepiento. Si me tocara otra vez, nuevamente, la vida volvería a ser igual. Yo conozco al papá de James cuando él jugaba en el Deportes Tolima. Me casé súper rápido, como a los dos meses de estar de novios porque no me dejaban salir sola. Yo llego de ocho meses de embarazo a Cúcuta y la clínica no quería hacerme la cesárea, no había mucha plata, no había mucho dinero. Imagínate, yo desde las siete de la mañana en la clínica y pudo nacer a las nueve de la noche”, contó María del Pilar.

Antes de convertirse en figura del fútbol colombiano, James enfrentó dificultades para encontrar oportunidades. Durante el documental se relata que algunos clubes rechazaron al jugador cuando intentaba abrirse camino, debido a que no tenía experiencia y preferían dar la posibilidad a otros futbolistas. El panorama cambió después de su debut con Envigado y de su posterior paso por el fútbol argentino. Su crecimiento deportivo lo llevó al Mundial de Brasil 2014, torneo que marcó su carrera.

James comenzó su trayectoria profesional en 2006, cuando tenía 14 años, con Envigado FC. Dos años después llegó a Banfield de Argentina y allí consiguió el Torneo Apertura 2009. En 2010 pasó al Porto de Portugal, donde compartió equipo con Falcao García y Fredy Guarín y consiguió varios títulos como la Europa League.

En 2013 fichó por el Mónaco y llegó al Mundial de Brasil 2014 como una de las figuras de la selección. Su actuación en el torneo le permitió terminar como máximo goleador y obtener la Bota de Oro. Ese rendimiento abrió la puerta a uno de los movimientos más importantes de su carrera: su llegada al Real Madrid en 2014.

Su etapa en España estuvo acompañada por situaciones complejas. En el documental, James recordó los problemas que tuvo con Rafa Benítez durante su paso por el club y describió una relación marcada por diferencias desde el comienzo. “Desde el primer día hubo como un choque, a mí no me gustaba cómo pensaba él, quizás a él no le gustaba como pensaba yo. Hubo esa fricción”.

También habló sobre su relación laboral con Zinedine Zidane y explicó su frustración por no tener continuidad. “Cuando yo jugaba, hacía las cosas bien. Jugaba partidazos y cuando venían los partidos importantes no estaba de titular. Me frustré y decía ‘pucha, ¿qué más hago?’. En los periódicos todo eran críticas. Escogió una base. Nunca tuve un problema personal con él, solo que yo quería jugar y es respetable porque pudo ganar títulos”, dijo.

El documental recuerda otros momentos de la carrera del colombiano con la selección. María del Pilar habló sobre la ausencia de su hijo en la Copa América de 2011, cuando el técnico “Bolillo” Gómez decidió no convocarlo porque lo consideraba muy “pollo”. Según el relato, Reinaldo Rueda también protagonizó posteriormente una situación similar.

Después del Real Madrid, James fue cedido al Bayern Múnich en 2017 y regresó al conjunto español en 2019. En 2020 llegó al Everton de Inglaterra. Luego continuó su recorrido por Al-Rayyan de Catar en 2021, Olympiacos de Grecia en 2022, São Paulo de Brasil en 2023, Rayo Vallecano de España en 2024 y León de México en 2025. En 2026 emprendió una nueva etapa en Estados Unidos con Minnesota United. Recientemente llegó a Atlético Nacional, donde busca continuar su trayectoria y sumar nuevos títulos a su palmarés.

Inicialmente, se evaluó la posibilidad de que el vehículo pudiera contener un artefacto explosivo, por lo que también fueron evacuadas viviendas y conjuntos residenciales ubicados en los alrededores.

Sin embargo, Tránsito de Bogotá confirmó a Infobae Colombia que el automóvil no contiene ningún artefacto explosivo, se trata de un vehículo abandonado y no representa peligro para los transeúntes ni para los vecinos del sector.

Mientras avanzaban las verificaciones en el punto donde fue encontrado el vehículo, el reporte de movilidad, con corte a las 5:42 p. m., informó sobre la implementación de un desvío para facilitar el tránsito y evitar mayores afectaciones en este sector de Suba. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los conductores que circulan por la zona son direccionados por la calle 127 con carrera 95A hasta la calle 130C.

La medida busca orientar a los vehículos mientras permanece el cierre preventivo establecido en el sector. Por esta razón, las autoridades mantienen la recomendación de evitar la zona y utilizar vías alternas para quienes necesiten desplazarse por este punto de la localidad de Suba.

Accidente de bus dejó ocho personas lesionadas en Usaquén

Paralelamente, un accidente de tránsito registrado el domingo 20 de septiembre dejó, de manera preliminar, ocho personas lesionadas en el norte de Bogotá. El hecho ocurrió en inmediaciones del barrio El Codito, donde un bus terminó volcado después de impactar contra un árbol.

La emergencia se presentó cerca de la 1:00 p. m. en la carrera 44A con calle 192, en la localidad de Usaquén. Tras recibir el reporte, unidades de Tránsito y del Cuerpo de Bomberos de Bogotá se desplazaron hasta el lugar para atender la situación.

Las primeras informaciones entregadas por la Secretaría Distrital de Movilidad dan cuenta de ocho personas lesionadas. Por ahora, no se conoce el estado de salud de los afectados ni se estableció si el conductor del vehículo se encuentra entre las personas heridas.

Videos registrados por personas que estaban en la zona muestran las condiciones en las que quedó el automotor después del impacto. El bus presentó daños en su estructura y varios de sus vidrios terminaron rotos. Además, en el lugar quedó un árbol que, al parecer, cayó tras ser golpeado por el vehículo.

De acuerdo con las imágenes conocidas, el automotor involucrado no pertenece al Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (Sitp). La información preliminar también señala que el bus habría presentado una falla en los frenos antes de terminar volcado, aunque las circunstancias del accidente deberán ser establecidas por las autoridades que atendieron la emergencia en el sector.

El siniestro se suma a las cifras de accidentalidad que registra la capital y que permiten dimensionar la cantidad de hechos viales que ocurren en la ciudad. Según el Observatorio de Movilidad de Bogotá, con corte a julio de 2026 se contabilizaron 1.610 siniestros graves con personas lesionadas. En 2025 fueron registrados 11.403 casos, mientras que en 2024 la cifra llegó a 12.415.

Durante 2025, estos hechos dejaron 566 personas fallecidas en Bogotá. Los motociclistas, peatones y conductores aparecen entre los principales actores viales afectados por los siniestros registrados en la capital. El Observatorio también reportó un incremento del 41% en las fatalidades de usuarios de motocicleta entre 2021 y 2024, asociado a los cambios en las dinámicas de transporte posteriores a la pandemia de Covid-19.

Los habitantes de Cartago, Valle del Cauca, acudieron este domingo 20 de septiembre a las urnas para escoger alcalde en unas elecciones atípicas y terminaron devolviendo el cargo a Juan David Piedrahíta, cuya elección para el periodo 2024-2027 había sido anulada por el Consejo de Estado por doble militancia.

Esta conducta se configura cuando un candidato incurre en actuaciones políticas en favor de una colectividad distinta a la que pertenece, de acuerdo con la normativa electoral.

De acuerdo con el boletín 9, que registra el 100% de las mesas informadas, Piedrahíta se impuso con 17.894 votos, equivalentes al 56,3% de la votación. El resultado le permitió sacar una amplia ventaja sobre Óscar Morillo, que obtuvo 11.370 votos, seguido de César Grajales, con 1.526, y John Aguirre, con 95 votos. La jornada estuvo marcada por un alto nivel de abstención, que alcanzó el 73,62%.

Esta fue la polémica por la anulación del cargo del alcalde de Cartago, Valle

El resultado se produjo después de varias semanas de controversia alrededor de la nueva candidatura de Juan David Piedrahíta a la Alcaldía de Cartago. El escenario electoral estuvo marcado por la decisión que había dejado sin efecto su elección para el periodo 2024-2027 y por las actuaciones posteriores relacionadas con su regreso a las urnas.

Tras la decisión del Consejo de Estado, adoptada el 30 de junio, Piedrahíta dejó la administración municipal para ese periodo. Sin embargo, posteriormente volvió a inscribirse como candidato para las elecciones atípicas convocadas para escoger nuevamente al alcalde de Cartago.

La nueva inscripción generó cuestionamientos y solicitudes para que fuera revocada. Desde el 6 de agosto fueron presentadas peticiones ante las autoridades electorales, por lo que el caso llegó al Consejo Nacional Electoral (CNE). No obstante, el trámite no produjo una decisión definitiva antes de la jornada de votación.

“A la fecha, no ha sido radicada ante la Sala Plena del CNE ponencia definitiva relacionada con la solicitud de revocatoria de la inscripción de esta candidatura, ya que solo será posible hacerlo hasta que quede en firme la resolución que resuelva la recusación”, señaló el organismo electoral en un comunicado sobre el caso.

La controversia tenía como antecedente la decisión del Consejo de Estado que anuló la elección de Piedrahíta. El alto tribunal sustentó su determinación en distintos elementos de prueba, entre ellos registros audiovisuales y fotografías.

Según la corporación, ese material permitió establecer que durante la campaña el entonces candidato mostró su respaldo a aspirantes de los partidos Unión por la Gente, Centro Democrático y Salvación Nacional.

Para la Sala, esas actuaciones desconocieron las reglas de lealtad partidista que Piedrahíta debía observar durante la campaña electoral. La decisión terminó provocando su salida de la Alcaldía, antes de que regresara a la contienda para las elecciones atípicas.

En medio de la discusión sobre su nueva candidatura, el 9 de septiembre el Tribunal Superior de Bogotá resolvió una tutela que ordenaba al organismo electoral pronunciarse sobre la situación jurídica de Piedrahíta en un plazo de 48 horas. Pese a esa orden, el proceso no terminó con una resolución sobre la candidatura antes de que los ciudadanos acudieran a las urnas.

Esta fue la jornada en la que Piedrahíta regresó a la Alcaldía de Cartago

Para esta jornada estaban habilitados 122.403 ciudadanos, distribuidos en 34 puestos y 317 mesas de votación. Además de Piedrahíta, los electores pudieron escoger entre Óscar Esteban Morillo Rendón, John Jairo Aguirre Salazar y César David Grajales Suárez.

La elección también estuvo acompañada por un cambio en la ubicación de uno de los puestos de votación debido a las afectaciones provocadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026.

Con el resultado de las elecciones atípicas, Piedrahíta obtuvo nuevamente el respaldo en las urnas y quedó habilitado para retomar la gestión al frente del municipio del Valle del Cauca.

Después de conocerse la victoria, el mandatario publicó en su cuenta de Instagram el mensaje: “¡Volvimos!”.

En la publicación, Piedrahíta agradeció el respaldo recibido durante la jornada y reiteró su compromiso con el municipio. “Por nuestra gente, por quienes amamos y porque nuestro corazón está completamente comprometido con Cartago”, escribió.

El mensaje estuvo acompañado del eslogan “El alcalde de la gente” y generó una amplia reacción entre sus seguidores.

La emergencia sísmica obliga al Gobierno a sumar una prioridad inmediata, pero para Marcela Meléndez, directora ejecutiva de Fedesarrollo, la reconstrucción no puede desplazar los problemas que ya estaban pendientes. La economista plantea que Colombia debe atender al mismo tiempo las necesidades que dejó el terremoto y cuatro frentes que considera urgentes: las finanzas públicas, la seguridad, la oferta de energía y la recuperación del sistema de salud.

A esto se agregan desafíos de largo plazo relacionados con el crecimiento, la productividad, la desigualdad y la pobreza. “El Gobierno va a tener que trabajar en dos caminos paralelos”, sostuvo Meléndez en entrevista con El País, al explicar que la atención de la emergencia tendrá que convivir con la agenda económica que el país ya tenía antes del desastre.

Uno de los puntos que considera centrales es el manejo de las cuentas públicas. A su juicio, el Ejecutivo tendrá que generar ingresos y revisar el gasto, pues el margen para recortar es limitado. “El Gobierno va a tener que hacer un esfuerzo muy grande para darle señales al mercado de disciplina fiscal”, afirmó.

La economista también pidió separar las cuentas asociadas a la emergencia de los problemas fiscales que Colombia ya enfrentaba. Para ella, recuperar el crecimiento será indispensable para ampliar los ingresos y atender, de manera paralela, los retos sociales.

En esa estrategia, la educación ocupa un lugar principal. Meléndez propone revisar qué aprenden los niños y jóvenes y qué habilidades necesitarán ante los cambios del mercado laboral y de la actividad productiva. “La educación tiene que ser la primera igualadora de oportunidades”, señaló al medio citado.

Su planteamiento incluye modificar la forma de entender la educación superior. Considera necesario fortalecer la formación técnica y tecnológica y superar la idea de que todas las personas deben cursar una carrera profesional de cuatro o cinco años. La formación, según explicó, tendrá que ser más flexible, con cursos cortos que permitan entrar al mercado laboral, regresar a estudiar y actualizar conocimientos de manera permanente.

El crecimiento también pasa, según la directora ejecutiva, por sectores como la minería y los combustibles fósiles. La economista sostiene que Colombia todavía cuenta con recursos que pueden aprovecharse bajo criterios ambientales y de sostenibilidad. Además, resalta el potencial de los minerales críticos y la necesidad de evitar que esas actividades terminen financiando a grupos criminales.

El sector energético es otro de los frentes inmediatos que resaltó en el diario citado. Meléndez advierte que existe un problema de oferta asociado a la falta de señales regulatorias claras, las deudas de Air-e y el rezago en el pago de subsidios a las distribuidoras. “Es un sector facilitador de la actividad productiva”, explicó, al advertir que una oferta insuficiente y costos poco competitivos afectan a las empresas que dependen de la energía.

A esa agenda, suma la infraestructura de transporte, cuya ejecución, según dijo, lleva años rezagada. La inversión privada será necesaria, pero no cubrirá proyectos que no resulten rentables y que requieren los recursos públicos por su importancia para la conectividad y el funcionamiento de la economía.

Sobre el dólar, consideró difícil anticipar su comportamiento. Explicó que la caída reciente está relacionada con expectativas de mayor certidumbre y con el regreso de capitales al país, aunque advirtió que esa etapa puede cambiar. En Fedesarrollo, dijo, esperan que la tasa vuelva hacia los $3.500. Para consolidar esa confianza, sostuvo que el Gobierno deberá ofrecer reglas claras y evitar comunicaciones erráticas.

Además, defendió la independencia del Banco de la República como condición para el manejo económico.

Finalmente, ubicó la seguridad entre los desafíos que no pueden resolverse rápidamente. “No creo que la seguridad se vaya a solucionar en cuatro años”, dijo. Meléndez considera que Colombia debe hablar de crimen organizado y concentrar su respuesta en reducir el daño que produce, debido a su dimensión transnacional. En esa discusión, plantea un cambio de enfoque para la seguridad. “En Colombia debemos dejar de hablar de conflicto armado, y llamar al crimen organizado por su nombre, para abordarlo con la respuesta de políticas correcta.” Considera que el fenómeno trasciende las capacidades del país, por lo que la respuesta debe concentrarse en minimizar el daño allí.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) explicó qué pueden hacer los colombianos que están cansados de recibir llamadas de bancos, operadores celulares y otras empresas para ofrecer productos, promociones o realizar gestiones comerciales.

La respuesta surgió a partir de la consulta de un usuario que manifestó en redes sociales su inconformidad por la cantidad de llamadas que recibe de su operador celular. A través de su cuenta de X, la entidad recordó que existe un mecanismo para solicitar que determinados contactos comerciales sean restringidos. Se trata del Registro de Números Excluidos (RNE), una herramienta administrada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) que permite a los consumidores elegir los canales por los que no quieren recibir publicidad o comunicaciones comerciales.

El MinTIC explicó que esta posibilidad está respaldada por la Ley 2300 de 2023, conocida como la Ley “Dejen de Fregar”, que “protege la intimidad de los consumidores regulando los canales, horarios y frecuencia con que pueden ser contactados por entidades de cobranza y publicidad comercial o financiera”. La norma amplió el alcance del RNE, que inicialmente estaba enfocado en los mensajes de texto. Desde el 10 de abril de 2024, los ciudadanos pueden solicitar restricciones para llamadas telefónicas, mensajes enviados mediante aplicaciones o páginas web, correos electrónicos y SMS con fines comerciales o publicitarios.

La medida tiene particular relevancia para quienes reciben contactos repetitivos de entidades financieras y compañías de telecomunicaciones. Aunque no existe una cifra exacta de usuarios afectados debido a las reglas de protección de datos, este tipo de comunicaciones figura entre las quejas frecuentes de los consumidores.

El funcionamiento del registro parte de una obligación para las empresas. Los productores y proveedores de bienes y servicios deben consultar el RNE antes de contactar a un consumidor con fines comerciales. Si la persona está inscrita y ha restringido determinado canal, la compañía debe abstenerse de utilizarlo para publicidad por esa vía. El registro, sin embargo, no significa que el usuario dejará de recibir cualquier comunicación de una empresa. Las alertas relacionadas con la prestación del servicio, como avisos de facturación o notificaciones técnicas, no quedan bloqueadas por esta herramienta.

Tampoco se restringen automáticamente las comunicaciones que hayan sido autorizadas expresamente por el consumidor. En el caso de las gestiones de cobranza existen, además, disposiciones específicas establecidas por la Ley 2300. Para hacer la inscripción no es necesario pagar. El trámite se realiza a través del portal oficial de la CRC y comienza con la creación de una cuenta utilizando un correo electrónico válido. El titular debe ser quien registre la línea telefónica o la dirección de correo que desea proteger.

Después de crear la cuenta, el usuario debe buscar la opción “Registro de Números Excluidos (RNE)” y completar el formulario con los datos correspondientes al celular, línea fija o correo electrónico que quiere registrar. El siguiente paso consiste en confirmar la solicitud mediante el enlace que llegará al correo utilizado durante el proceso. Una vez validada la cuenta, la persona puede seleccionar específicamente los canales por los cuales no desea recibir comunicaciones comerciales.

De acuerdo con la información divulgada por la CRC, después de la inscripción las empresas tienen un plazo de hasta cinco días hábiles para cesar el envío de comunicaciones comerciales por los canales restringidos.

¿Y qué pasa si las llamadas continúan? En ese escenario, el consumidor puede acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad competente para investigar y sancionar a las empresas que incumplan las reglas establecidas. La recomendación es conservar pruebas antes de presentar una denuncia. Los usuarios pueden guardar los números desde los cuales reciben las llamadas, las fechas y la frecuencia de los contactos. Estos elementos pueden facilitar la investigación de la autoridad.

La operación aérea asociada a la Presidencia de la República tuvo un gasto aproximado de $2.286 millones durante los primeros 32 días del Gobierno de Abelardo de la Espriella, según información entregada por el Ministerio de Defensa al representante José Luis Bohórquez. El periodo revisado comprende del 7 de agosto al 8 de septiembre de 2026.

El consolidado reúne 219 movimientos realizados por aeronaves de la fuerza pública. De ese total, 138 trayectos duraron menos de 10 minutos, una cifra que representa cerca del 63% de las operaciones registradas. Todos los vuelos registrados sumaron 74 horas y 27 minutos y requirieron más de 37.000 galones de combustible.

El registro, no obstante, no equivale a 219 viajes personales del presidente. La operación aérea presidencial contempla desplazamientos logísticos, transporte de funcionarios, posicionamiento de aeronaves y movimientos relacionados con esquemas de seguridad, por lo que cada trayecto debe analizarse de acuerdo con su finalidad.

Entre los datos que aparecen en el reporte están 43 movimientos entre el aeropuerto Ernesto Cortissoz y Sabanilla, donde está ubicada la sede deportiva Adelita de Char, utilizada por el Junior de Barranquilla. Estas operaciones tuvieron un costo aproximado de $141 millones.

El consolidado no precisa la finalidad oficial de cada uno de esos desplazamientos. Los trayectos inferiores a 10 minutos tuvieron un costo conjunto cercano a $356 millones. El dato hace parte del balance divulgado por Bohórquez después de que una decisión judicial ordenara completar la información entregada inicialmente.

La jornada con mayor gasto fue el 1 de septiembre. Ese día se contabilizaron 19 movimientos por unos $299,5 millones. La agenda presidencial incluyó actividades en San José del Guaviare, Cúcuta y Barranquilla, relacionadas con una operación militar, un consejo de seguridad y la posesión de nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral.

Por tipo de aeronave, el mayor costo correspondió al Boeing 737-700 BBJ, empleado para desplazamientos de mayor distancia. El avión realizó 41 trayectos y acumuló cerca de $1.342 millones, equivalentes aproximadamente al 59% del gasto total reportado.

Los helicópteros UH-60L Black Hawk sumaron 109 movimientos por unos $384 millones. Los aviones C-295 realizaron 15 trayectos con un costo estimado de $341 millones, mientras que los helicópteros AW139 registraron 54 operaciones por cerca de $219 millones. En conjunto, esas cuatro categorías completaron los 219 movimientos incluidos en el balance.

El reporte también registra desplazamientos vinculados con la atención de la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto. Entre los destinos aparecen Chocó, Cali y Pereira, con delegaciones que en algunos casos superaron las 30 personas. Esto muestra por qué la cantidad de movimientos no equivale automáticamente al número de viajes del mandatario.

La información completa llegó después de una orden del Juzgado IX Penal del Circuito Especializado de Bogotá. El despacho judicial ordenó al Ministerio de Defensa responder a la solicitud de información presentada por Bohórquez.

En una decisión del 15 de septiembre, el juzgado concluyó que la primera respuesta de la cartera era “incompleta y no congruente con lo solicitado”. En ese momento, el Ministerio había entregado únicamente los registros del periodo comprendido entre el 7 y el 24 de agosto.

Ese primer reporte contenía 103 movimientos y un costo de $1.117.705.478,79. Sin embargo, no incluía las operaciones realizadas entre el 25 de agosto y el 8 de septiembre, por lo que la información quedó incompleta frente al periodo solicitado.

Durante el proceso, el Ministerio sostuvo que había respondido con información remitida por la Jefatura del Estado Mayor Conjunto y solicitó que se declarara la carencia actual de objeto por hecho superado. El juzgado rechazó esa posición y ordenó emitir una “respuesta de fondo, clara, precisa y congruente” dentro de las 48 horas siguientes a la notificación.

Además, la decisión dispuso que los datos fueran entregados en un formato “accesible y procesable”, con el propósito de permitir su revisión y análisis. El fallo judicial no determinó que los vuelos fueran ilegales, injustificados o irregulares. Tampoco estableció responsabilidades fiscales, disciplinarias o penales por las operaciones registradas.

El consolidado permite conocer los costos, tiempos, aeronaves y destinos reportados, pero no atribuye por sí mismo una finalidad personal a cada movimiento presidencial.

La salida de Colombia de la Coalición por la Igualdad de Derechos (Equal Rights Coalition, ERC) pone fin a la participación del país en un mecanismo internacional dedicado a promover y proteger los derechos de las personas Lgbti+.

La decisión fue comunicada el jueves 17 de septiembre por el Ministerio de Relaciones Exteriores al Comité Ejecutivo de la organización y al Gobierno de España.

Colombia compartía con España la copresidencia de la Coalición para el periodo 2025–2027. Además, Caribe Afirmativo ejercía la copresidencia de la sociedad civil por Colombia, por lo que el retiro se produce antes de que terminara ese periodo de representación del país.

La determinación quedó formalizada mediante una comunicación diplomática enviada por el Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional. En el documento, la Cancillería informó que el Gobierno nacional “ha decidido el retiro de la República de Colombia de la Coalición, con fecha efectiva a partir de hoy”.

La comunicación está fechada en Bogotá y fue dirigida al Comité Ejecutivo de la ERC y al Reino de España. En ella no se explican las razones que llevaron al Gobierno a tomar la decisión ni se detallan cambios sobre la política exterior colombiana frente a los asuntos que se abordaban dentro de este mecanismo.

La Coalición reúne a Estados que trabajan junto con organizaciones de la sociedad civil para promover y proteger los derechos de las personas Lgbti+. Su estructura contempla grupos temáticos relacionados con la diplomacia internacional, las leyes y políticas nacionales, la coordinación de donantes, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la protección humanitaria.

Entre sus actividades están los pronunciamientos públicos frente a violaciones de derechos, el reconocimiento de avances institucionales en materia de igualdad, la coordinación de cooperación internacional para proyectos inclusivos y la incorporación de la diversidad sexual y de género en agendas globales de desarrollo. La organización señala que los Estados miembros participan activamente en grupos temáticos y trabajan de cerca con organizaciones Lgbti+ de la sociedad civil.

Pese a la decisión, la Cancillería expresó un reconocimiento al Gobierno español y a las organizaciones de la sociedad civil de ambos países por el trabajo realizado durante la copresidencia.

En la comunicación, agradeció “de manera muy especial al Gobierno del Honorable Reino de España, así como a los representantes de la sociedad civil española y colombiana, por el trabajo conjunto adelantado durante el ejercicio de la copresidencia compartida entre España y Colombia”.

Caribe Afirmativo cuestionó la salida de Colombia de la ERC

La decisión generó una reacción de Caribe Afirmativo, organización no gubernamental que trabaja por la defensa y promoción de los derechos de las personas Lgbti+. La entidad cuestionó públicamente el retiro y señaló que Colombia abandonó la ERC antes de concluir el mandato que había asumido.

Según la organización, la salida representa un retroceso en la representación internacional de Colombia y en su compromiso con la promoción y protección de los derechos de esta población. La organización sostuvo que el país había asumido una responsabilidad de Estado y no una tarea vinculada exclusivamente con un gobierno de turno.

Caribe Afirmativo también afirmó que, según fuentes oficiales consultadas por la organización, el argumento utilizado para justificar la salida estaría relacionado con la percepción de que la participación en la ERC constituye un legado del gobierno anterior. Esta versión no aparece explicada en la comunicación diplomática difundida por la Cancillería.

La organización cuestionó esa eventual justificación al señalar que la Coalición tiene más de una década de existencia y funciona como un espacio de cooperación entre Estados y sociedad civil. Para la organización, abandonar la copresidencia antes de terminar el periodo supone una señal sobre la posición internacional del país frente a los derechos Lgbti+.

El retiro también ocurre en un momento en el que Caribe Afirmativo asegura haber identificado 24 decisiones, medidas, anuncios o actuaciones adoptadas durante los primeros 40 días del Gobierno nacional que, según su análisis, afectan, debilitan o ponen en tensión los derechos y las agendas de las personas Lgbti+.

Así, el efecto inmediato de la decisión es la salida de Colombia de la ERC y el fin de su participación como Estado copresidente.

La inteligencia artificial (IA) podrá acompañar algunos procesos de atención médica a distancia en Colombia, pero su incorporación tendrá un límite claro: las decisiones clínicas seguirán bajo responsabilidad de los profesionales de la salud. Esa es una de las principales condiciones establecidas por el Ministerio de Salud en la Resolución 1644 de 2026, que actualizó las reglas para la telesalud y la telemedicina.

La norma, expedida el 31 de julio, permite utilizar plataformas de IA como herramientas de apoyo tecnológico durante la prestación de servicios de salud. El cambio abre espacio para que estas tecnologías se usen en determinadas actividades, aunque sin desplazar el criterio médico, la autonomía del talento humano ni el vínculo entre pacientes y profesionales.

En otras palabras, la tecnología podrá servir como respaldo para el personal sanitario, pero no asumirá por sí misma la responsabilidad de definir qué atención necesita una persona. La regulación establece que el uso de estas herramientas debe contar con supervisión humana, una condición que busca mantener las decisiones clínicas bajo control profesional.

El nuevo escenario también obliga a las instituciones que prestan servicios de telemedicina a revisar la manera en que administran la información clínica. Para que los sistemas tecnológicos funcionen de forma adecuada, deberán contar con datos confiables, disponibles y protegidos, además de mecanismos que permitan compartir la información entre distintas plataformas. Uno de los puntos centrales está en la interoperabilidad con la Historia Clínica Electrónica. Los prestadores de servicios de telemedicina deben garantizar que sus sistemas puedan intercambiar la información necesaria para la atención, sin descuidar la seguridad y la protección de los datos personales de los pacientes.

Este requisito adquiere especial importancia cuando se utilizan sistemas de inteligencia artificial. Estas herramientas pueden procesar grandes volúmenes de información y detectar patrones, pero los resultados que generan dependen de los datos que reciben. Si la información es incompleta, desactualizada o presenta inconsistencias, su utilidad como apoyo para los profesionales puede verse afectada.

Por eso, la implementación de IA en el sector salud plantea un desafío que va más allá de instalar plataformas o incorporar nuevas aplicaciones. Las instituciones tendrán que fortalecer sus sistemas de información para organizar, intercambiar y proteger los datos clínicos que alimentan estas tecnologías.

La resolución también establece otras reglas para la atención a distancia. La nueva regulación diferencia entre actividades de telesalud, como la teleorientación, el teleapoyo y la teleeducación, y los servicios de telemedicina que requieren habilitación. Además, define categorías como teleconsulta, telemonitoreo, teleconcepto y telexperticia, con condiciones específicas para su funcionamiento.

El Ministerio de Salud señaló que la actualización busca adaptar la prestación de servicios a distancia a las condiciones tecnológicas actuales y facilitar el acceso en diferentes territorios. La norma incorpora, además, disposiciones para comunidades rurales, dispersas o de difícil acceso, con condiciones técnicas y de conectividad ajustadas a sus características.

Dentro de las nuevas reglas también aparecen disposiciones sobre consentimiento informado, acompañamiento a personas con discapacidad y asentimiento informado para niñas, niños y adolescentes. La formulación de medicamentos mediante telemedicina queda igualmente sujeta a condiciones específicas y a mecanismos de firma con validez jurídica.

Con este cambio, la inteligencia artificial entra de manera regulada a un escenario en el que ya existen herramientas para prestar servicios de salud a distancia. Sin embargo, su utilización estará ligada a la capacidad de las instituciones para garantizar información adecuada y sistemas seguros.

El reto para los prestadores será combinar esas herramientas con procesos que mantengan la responsabilidad profesional y la protección de los pacientes. Además, la resolución deroga la normativa de 2019 y establece nuevas condiciones para el desarrollo de actividades de telesalud y la prestación de servicios de telemedicina en el sistema de salud colombiano.

Durante su intervención, Garrido manifestó su inconformidad por la ausencia de congresistas en la sesión y cuestionó especialmente la falta de cuórum para exponer ante el Legislativo parte de los resultados encontrados.

“Me voy un poco triste porque esperábamos contarles a todos los colombianos parte de lo que hemos encontrado en la Agencia Nacional de Tierras. Por falta de cuórum, ni siquiera estaban los del Pacto Histórico, que son quienes dicen defender la Reforma Agraria”, afirmó Lina Garrido, directora de la ANT, ante la prensa.

En esa intervención, la funcionaria denunció el despilfarro de cerca de $7 billones y señaló que durante la administración anterior solo fueron entregadas 99.477 hectáreas de tierra con título de propiedad a productores y comunidades étnicas. Garrido aseguró además que los hallazgos serán trasladados a las autoridades correspondientes de manera individual. Según explicó, la entidad pondrá cada caso en conocimiento de los organismos competentes para que sean ellos los encargados de establecer si existen responsabilidades.

La directora sostuvo que, pese a las dificultades encontradas, continuará trabajando con los recursos disponibles para avanzar en su propósito de impulsar una reforma agraria que permita ampliar el acceso a la propiedad de la tierra en Colombia.

Horas después, desde Neiva, Huila, la funcionaria entregó más detalles sobre las situaciones que están siendo revisadas al interior de la ANT. Allí explicó que actualmente está en marcha una auditoría forense para examinar el manejo de los recursos durante la anterior administración. Uno de los principales focos está relacionado con la compra de predios y la contratación de servicios. La revisión busca establecer si los valores pagados correspondían al precio real de los terrenos y conocer las condiciones en las que se concretaron esas operaciones.

La funcionaria anunció que el representante judicial de la ANT presentará denuncias de carácter penal y disciplinario ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría por los hechos que son materia de investigación. “Hoy, por parte del representante judicial de la Agencia Nacional de Tierras, vamos a presentar denuncias ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Son denuncias de carácter penal y disciplinario, no solo contra quien fuera el director, Felipe Harman, sino también contra quien fuera su directora de Gestión Jurídica, hoy magistrada del Consejo Nacional Electoral”, dijo.

Garrido indicó que fueron $6,7 billones los utilizados tanto para la compra de tierras como para la contratación de servicios. La auditoría deberá determinar si en algunas operaciones se pagaron valores superiores a los que realmente correspondían por los predios adquiridos. “Hay muchas irregularidades en el tema de compra de tierras. Fueron 6,7 billones de pesos los que se utilizaron tanto para la compra de tierras como para la contratación de servicios. Muchas de estas situaciones, al hacer la auditoría forense, proceso que estamos adelantando actualmente, pueden evidenciar que se pagaron precios exorbitantes por tierras que eran reserva o que realmente no costaban lo que se pagó”, detalló.

La revisión contempla además posibles situaciones de exceso de burocracia, derroche de recursos y un presunto direccionamiento de dinero hacia asuntos electorales, según las denuncias planteadas por la directora. El balance de las metas de adjudicación también fue cuestionado. Garrido señaló que la anterior administración había proyectado la entrega de tres millones de hectáreas, pero terminó otorgando 99.000 títulos.

“Si nosotros nos ponemos a revisar cuáles fueron las metas y las apuestas que propuso el anterior Gobierno en materia de tierras y adjudicación, se prometieron tres millones de hectáreas y solamente se entregaron 99.000 títulos, no alcanzaron ni el 4% de cumplimiento de la meta. En cuanto al tema de formalización, se prometieron cuatro millones de hectáreas formalizadas y solamente se cumplió el 40%”, precisó Garrido ante los medios de comunicación.

La discusión sobre el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 abrió un nuevo frente de tensión para Tolima. La propuesta que avanza en el Congreso contempla, según las cifras expuestas por representantes del departamento, una reducción de $300.561 millones frente a los recursos de 2026.

La disminución equivale a cerca del 17% y provocó reclamos desde sectores políticos de oposición y del propio partido de gobierno, durante el debate de las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara.

El representante Carlos Edward Osorio, del Centro Democrático, pidió revisar la asignación durante las próximas sesiones de debate de las comisiones. Para el legislador, el departamento atraviesa circunstancias que hacen especialmente sensible la reducción de recursos, entre ellas los incendios forestales, las dificultades de seguridad y la minería ilegal.

“Después de San Andrés, el Tolima es el más perjudicado. La bancada tolimense alzamos la mano con mucha preocupación porque consideramos que el departamento del Tolima, en un momento tan difícil como el que estamos viviendo con ocasión de los incendios forestales y con tantas dificultades en materia de seguridad y minería ilegal, resultemos castigados”, sostuvo.

Osorio cuestionó además la situación con una frase que resumió su preocupación durante el debate presupuestal: “No sé qué hicimos para que nos miren de esta manera”. Su intervención estuvo acompañada de un llamado a revisar las cifras antes de que concluya el trámite del proyecto de presupuesto.

Desde otra orilla política, el representante Marco Hincapié, del Pacto Histórico, presentó reparos similares y puso el foco en el impacto sectorial de la reducción. El congresista sostuvo que el ajuste alcanzaría áreas como transporte, cultura, educación, vivienda, trabajo, comercio, minas y energía, deporte y agricultura.

Entre los datos que expuso el congresista aparece una reducción del 60,27% para minas y energía. De acuerdo con sus cálculos, ese sector dejaría de recibir $141.341 millones destinados a infraestructura y dinamización energética en el departamento. La cifra convierte este rubro en uno de los principales puntos de preocupación dentro de la discusión.

Hincapié también señaló que para 2027 no aparecerían recursos destinados a agua y saneamiento básico, vías terciarias y recuperación integral de territorios afectados por el fenómeno de El Niño. Su argumento es que estas necesidades deberían ser consideradas al momento de definir la distribución territorial del presupuesto.

“Para 2027, Abelardo de la Espriella no le girará ni un peso a temas clave para el Tolima como el agua y saneamiento básico, las vías terciarias y la recuperación integral de los territorios afectados por el fenómeno de El Niño”, sostuvo Hincapié.

Bancada del Tolima pide revisar las asignaciones presupuestales

La controversia ocurre mientras el proyecto presupuestal continúa su trámite legislativo. La Cámara de Representantes tiene publicado el expediente del Presupuesto General de la Nación de 2027, dentro del cual figuran los documentos relacionados con la regionalización de los recursos y las ponencias correspondientes.

Para los congresistas que cuestionan la propuesta, el punto central está en la diferencia entre la asignación de 2026, cercana a $1,77 billones, y la proyectada para 2027. Esa variación, según las cifras presentadas en el Congreso, se traduce en una reducción de $300.561 millones para el departamento.

Hincapié calificó la disminución como un golpe especialmente preocupante ante la emergencia ambiental que enfrenta la región: “Abelardo de la Espriella no le está cumpliendo al Tolima. No sirvieron ni la reunión ni los aplausos de nuestros gobernantes. A pesar de los discursos, las cifras demuestran un abandono institucional, justo ahora que más de 50.000 hectáreas han sido arrasadas por incendios forestales”.

El representante del Pacto Histórico pidió que la bancada tolimense actúe de manera conjunta frente a la discusión: “Desde nuestra curul, levantamos la voz en contra de este recorte histórico para los recursos de nuestro departamento. Ahora, más que nunca, la bancada tolimense debería estar unida para evitar esta masacre fiscal”.

El accidente ocurrió hacia el mediodía de este jueves 17 de septiembre, en la vía que comunica a Medellín con San Pedro de los Milagros, en el sector de San Félix, zona rural de Bello. Un parapente doble en el que viajaban un pasajero de nacionalidad israelí y un instructor perdió el control durante el sobrevuelo y terminó estrellándose contra uno de los barrancos del sector.

Según testigos, antes de que se presentara la emergencia se registraban fuertes vientos en la zona. Esta condición climática habría podido influir en la pérdida de control del parapente y en la posterior caída, aunque las autoridades todavía investigan las circunstancias que llevaron al accidente.

El pasajero murió en el lugar debido a los múltiples golpes que sufrió tras el impacto. La víctima fue identificada como Noam Mamam, un ciudadano de doble nacionalidad israelí-alemana, de 23 años, quien se encontraba de vacaciones en la ciudad y realizaba el vuelo como pasajero del parapente doble.

El accidente también dejó gravemente herido al instructor Emiliano Muñetón Castro, quien estaba a cargo del parapente. El hombre, oriundo de Apía, Caldas, fue trasladado a un centro asistencial de Medellín con lesiones de consideración y posteriormente se conoció que permanece en estado crítico en el Hospital Pablo Tobón Uribe.

La Alcaldía de Bello informó que el caso permanece bajo investigación de las autoridades. De acuerdo con el reporte oficial, el parapente doble perdió el control y terminó en una zona boscosa, presumiblemente por condiciones climáticas, aunque será la investigación la que permita establecer qué ocurrió durante el sobrevuelo.

Mientras se adelantan estas diligencias, agentes del CTI de la Fiscalía se encuentran en el lugar realizando la inspección judicial del cuerpo de Mamam. Los investigadores también recolectan elementos y evidencias relacionados con la emergencia, con el propósito de establecer las circunstancias en las que se produjo la caída.

La zona permanece bajo custodia de las autoridades competentes mientras se desarrollan los procesos correspondientes. Debido a la nacionalidad de la víctima, también se adelantan los procedimientos de identificación y notificación al consulado.

“La zona está bajo custodia de las autoridades competentes mientras se realizan los procesos de identificación y notificación al consulado. Tras darse a conocer los hechos, el caso recibió la atención urgente de organismos de socorro como Bomberos Bello y autoridades de Policía Nacional, al igual que de la Concesión Vial Vía Láctea”, dijo la alcaldía de Bello en un comunicado.

La emergencia movilizó al Cuerpo de Bomberos de Bello, que llegó hasta el sector con una ambulancia y dos máquinas para atender la situación. Los organismos de socorro apoyaron las labores de recuperación del cuerpo del ciudadano extranjero y el traslado del instructor que sobrevivió al accidente. La Policía Nacional y la Concesión Vial Vía Láctea también hicieron parte de la atención desplegada después de que se conocieran los hechos. La presencia de las autoridades permitió mantener bajo custodia el área mientras se realizaban las actuaciones correspondientes.

De manera paralela, las autoridades revisaron la empresa encargada de prestar el servicio de sobrevuelo en parapente utilizado por las dos personas. Según la Alcaldía de Bello, durante esta revisión se estableció que la compañía está regularizada y cumple con los requerimientos legales para desarrollar su operación.

Por esta razón, el establecimiento no será cerrado mientras avanzan las investigaciones. La revisión, sin embargo, hace parte de las actuaciones adelantadas alrededor del accidente, mientras las autoridades buscan esclarecer las condiciones en las que se produjo la caída. La investigación deberá determinar qué ocurrió durante el vuelo y establecer si las condiciones climáticas reportadas antes de la emergencia tuvieron alguna incidencia en el lamentable hecho.

La preocupación por el abastecimiento eléctrico del país no se limita a los efectos que pueda tener un episodio climático. Las cifras presentadas por la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgén) muestran un déficit de energía firme que, según datos de XM, llegará al 5,4% en 2026.

La proyección apunta a un faltante de 7,8% en 2027 y de 7,6% en 2028. Para el gremio, estos números evidencian que el riesgo para la seguridad energética tiene causas que van más allá de la coyuntura y están relacionadas con el comportamiento del sistema durante los últimos cuatro años.

El panorama fue expuesto durante la apertura del 18° Congreso Anual de Energía, donde la presidenta de Acolgén, Natalia Gutiérrez, cuestionó las condiciones en las que la nueva administración de Abelardo de la Espriella recibe el sector. También llamó a reconocer la dimensión del problema y avanzar en las decisiones necesarias.

“El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella recibe este problema del gobierno anterior: la seguridad energética en cuidados intensivos”, afirmó la dirigente gremial.

A su juicio, la llegada del nuevo Gobierno abre una etapa de esperanza porque permite reconocer ante la opinión pública la gravedad de la situación y concentrar esfuerzos en las soluciones. Uno de los principales puntos de preocupación está en la incorporación de nueva capacidad de generación. De acuerdo con Acolgén, la energía que ingresó al sistema estuvo muy por debajo de la esperada. En 2022 entró el 28% de la capacidad prevista; en 2023, el 17/; en 2024, el 25%; y en 2025 se registró un mínimo histórico de 10,8%.

En lo corrido de 2026, la cifra alcanza apenas el 23%. Para la organización gremial, este rezago está relacionado con decisiones que afectaron la inversión y con un deterioro de la institucionalidad del sector.

La organización sostiene que este comportamiento reduce el margen de respuesta del sistema y aumenta la presión sobre las decisiones que deben adoptarse para incorporar nueva generación. Para Acolgén, la discusión exige medidas que permitan recuperar el ritmo de inversión y atender las necesidades futuras de electricidad y reducir riesgos para los usuarios del servicio eléctrico. “Colombia enfrenta un reto que no podemos aplazar. La realidad es que Colombia tiene hoy un problema de energía firme que se ha venido alimentando durante los últimos cuatro años”, dijo.

Las posibles consecuencias de un eventual racionamiento agravan la preocupación. Un estudio de Fedesarrollo señala que una restricción similar a la registrada en la década de 1990 provocaría una contracción económica de 1,5 puntos porcentuales del PIB y la pérdida de 230.000 empleos. El análisis estima además un aumento de la pobreza para más de 300.000 personas: 203.000 en pobreza y 102.000 en pobreza extrema.

La entidad calcula que una hora diaria de racionamiento tendría un costo de entre 175.000 millones y 204.000 millones de pesos. Los sectores de manufactura, minería y comercio recibirían el mayor impacto, al concentrar el 24 por ciento del PIB y el 30 por ciento del empleo nacional. Ante ese escenario, la presidenta de Acolgén insistió en que ampliar la infraestructura eléctrica requiere tiempo y planificación. Las plantas de generación, las centrales térmicas y las líneas de transmisión necesitan años de trabajo, además de licencias, inversión y procesos de diálogo social.

El gremio recordó que durante los últimos 30 años el sector energético destinó más de 140 billones de pesos a inversiones y asumió compromisos sociales y ambientales en más de 80 municipios. La recuperación de la inversión privada es uno de los asuntos centrales para Acolgén. El gremio pide condiciones para planear proyectos a largo plazo y reducir obstáculos.

Su propuesta incluyó la necesidad de recuperar la confianza y avanzar con mayor rapidez en las iniciativas que siguen a la espera de ser puestas en marcha. “La palabra es esperanza. No hablo de una esperanza ingenua. No hablo de cerrar los ojos frente a los enormes retos que enfrentamos. Hablo de la esperanza que nace cuando un nuevo Gobierno reconoce que el país tiene problemas, identifica sus causas y, aunque no sea culpa de este Gobierno, decide enfrentarlos y tiene la voluntad de hacer las cosas diferentes”, dijo.

Entre las prioridades señaladas está la seguridad jurídica e institucional, con reglas claras y previsibles y una visión de 20, 30 y 40 años. También se plantea agilizar trámites, especialmente los relacionados con licencias ambientales, procesos territoriales y consultas previas. El tercer frente corresponde a la expansión y el abastecimiento. Acolgén considera necesario desarrollar oportunamente la red de transmisión y garantizar la disponibilidad de combustibles para atender las necesidades del sistema.

Bogotá no tendrá racionamiento de agua durante el fenómeno de El Niño, aseguró el alcalde Carlos Fernando Galán durante su participación en el Congreso de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), donde además habló sobre las medidas de ahorro que considera necesarias ante los posibles retos de demanda energética.

La declaración del mandatario distrital se produjo en medio de una conversación sobre el comportamiento de los servicios públicos y las condiciones que podría enfrentar la capital durante los próximos meses. Galán señaló que, aunque el fenómeno climático genera preocupación por sus efectos sobre la demanda, el abastecimiento de agua de Bogotá no contempla un escenario de racionamiento.

“Entonces, es una decisión, creo que no fue fácil, pero logramos, gracias a eso, tener hoy la posibilidad de anunciarle a Bogotá que no hay ningún riesgo de que en este fenómeno del Niño tengamos racionamiento de agua en Bogotá. No existe ese riesgo, ya garantizamos el abastecimiento de agua en medio del peor fenómeno de El Niño que va a tener el país”, señaló el mandatario local.

El alcalde aprovechó su intervención para insistir en la importancia de promover un mayor ahorro energético. Según explicó, la ciudad está dispuesta a trabajar junto con Asocapitales y el Gobierno nacional en una campaña que permita reducir los riesgos asociados a los momentos de mayor consumo.

“Tenemos que hacer una apuesta fundamental de ahorro. Uno de los mensajes de este Congreso y de arranque de gobierno es decirles que estamos dispuestos, desde Asocapitales y Bogotá, a trabajar con el Gobierno nacional en llave para una campaña que nos permita avanzar, que no tengamos retos en esos picos de demanda y que pueden llevar a situaciones críticas en los próximos meses por el fenómeno de El Niño”, dijo.

Durante el encuentro también se abordaron otros asuntos relacionados con el desarrollo de Bogotá. El alcalde aseguró que una de sus apuestas está dirigida a atraer inversión, especialmente en proyectos de renovación urbana y en el sector aeronáutico. “Vamos a trabajar para lograr que ese desarrollo que está teniendo la ciudad, y que va a tener todavía, por ejemplo, en sectores como Lagos de Torca, donde van a vivir 400.000 personas, tenga garantías de abastecimiento de energía”, afirmó.

En ese último punto, destacó la importancia del Aeropuerto Internacional El Dorado para la ciudad y para la región. Galán sostuvo que la terminal compite con el aeropuerto de São Paulo y señaló que es líder en carga en América Latina. Sin embargo, el mandatario reconoció que esa posición requiere nuevas inversiones. Durante el panel, el vicepresidente José Manuel Restrepo se refirió precisamente a la necesidad de continuar fortaleciendo la infraestructura aeroportuaria y mencionó el proyecto Dorado Max.

“Pero esto no está garantizado. Tenemos que seguir haciendo inversión, tenemos que hablar del Dorado Max”, le dijo el vicepresidente José Manuel Restrepo, también presente en el panel del congreso de Acolgen. El alcalde también entregó cifras sobre los avances de su administración en materia de vivienda. Galán afirmó que Bogotá ha adjudicado 37.000 subsidios durante los dos años y ocho meses de su gestión.

Según el mandatario, esa cifra representa casi el doble de los subsidios adjudicados, sumados, por los tres gobiernos anteriores de la capital. Además, aseguró que la administración distrital mantiene el objetivo de ampliar esa cifra hasta alcanzar los 60.000 subsidios.

“Ya hemos adjudicado 37.000 subsidios de vivienda en Bogotá en dos años y ocho meses. Eso es casi el doble de lo que adjudicaron, sumados, los tres gobiernos anteriores en Bogotá. Y vamos a llegar a 60.000 subsidios”, concluyó. La intervención de Galán dejó así varios anuncios sobre la agenda de la capital, aunque uno de los principales mensajes estuvo relacionado con los servicios públicos: ante el fenómeno de El Niño, el alcalde aseguró que Bogotá no tendrá racionamiento de agua.

Al mismo tiempo, planteó que el ahorro energético debe convertirse en una tarea conjunta entre las autoridades nacionales y territoriales para enfrentar los periodos de mayor demanda. La propuesta busca anticiparse a posibles dificultades y promover un consumo más eficiente durante los próximos meses.

Los fabricantes colombianos de galletas y otros alimentos compuestos podrán simplificar parte de los procedimientos necesarios para exportar sus productos a la Unión Europea. Un ajuste sanitario permitirá reconocer el tratamiento térmico que algunos ingredientes recibieron antes de llegar al país, siempre que exista documentación que certifique el proceso y se cumplan las exigencias europeas.

La modificación representa un cambio en la manera de acreditar las condiciones sanitarias de productos que contienen ingredientes como leche en polvo, mantequilla o suero lácteo. En determinados casos, los exportadores podrán presentar certificaciones expedidas por sus proveedores para demostrar que estos insumos ya fueron sometidos al tratamiento requerido.

De esta manera, se evita repetir procesos sobre ingredientes que fueron tratados previamente, siempre que cumplan las condiciones de origen y sanidad establecidas por las autoridades correspondientes. El procedimiento busca reducir duplicidades que dificultan la preparación de alimentos destinados al mercado europeo.

La posibilidad aplica cuando los ingredientes utilizados en la elaboración de los productos provienen de un Estado miembro de la Unión Europea o de Estados Unidos. Además de acreditar su procedencia, las empresas deberán demostrar que los insumos cumplen las condiciones sanitarias exigidas para su ingreso y utilización.

La documentación tendrá un papel central en el nuevo procedimiento. Antes del embarque, los exportadores deberán presentar la certificación emitida por el proveedor, en la que conste el tratamiento térmico aplicado al ingrediente. También tendrán que aportar los documentos necesarios para verificar el origen y el cumplimiento de los requisitos sanitarios.

Entre los productos que podrán beneficiarse de este ajuste se encuentran las galletas elaboradas con los ingredientes ya mencionados: leche en polvo, mantequilla o suero lácteo. Sus fabricantes podrán respaldar los procesos realizados por sus proveedores mediante las certificaciones solicitadas.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo presentó la modificación como una medida orientada a facilitar las exportaciones colombianas y reducir cargas operativas para las empresas que buscan ingresar al mercado europeo. El cambio no elimina las exigencias sanitarias ni las reglas de origen, pero permite acreditar de otra manera procesos que ya fueron realizados.

Mauricio Gómez Amín, ministro de Comercio, Industria y Turismo, destacó que la simplificación puede abrir oportunidades para los empresarios nacionales y facilitar su llegada a otros destinos comerciales. “Esta es una buena noticia para la industria colombiana. Eliminar duplicidades y simplificar procesos significa facilitarles el camino a nuestros empresarios para llegar a nuevos mercados, crecer y generar oportunidades”, dijo.

La medida se relaciona con la estrategia del Gobierno para ampliar el acceso de productos colombianos a mercados internacionales. En este caso, el reconocimiento de los tratamientos aplicados por los proveedores busca que las empresas puedan cumplir los requisitos europeos con procedimientos más eficientes. De acuerdo con el ministerio, el intercambio comercial de productos compuestos colombianos con la Unión Europea registra un flujo cercano a los US$5 millones en exportaciones. Ese valor refleja el tamaño actual de un mercado que podría ofrecer oportunidades para los fabricantes nacionales.

Con el ajuste, las compañías que producen alimentos compuestos tendrán una alternativa para demostrar que determinados ingredientes ya cumplen con los procesos sanitarios exigidos. La medida resulta especialmente relevante para aquellas que utilizan insumos lácteos tratados antes de su llegada a Colombia.

Los productos compuestos son alimentos elaborados con distintos ingredientes y están sujetos a requisitos específicos para ingresar a la Unión Europea. Por ello, la modificación se incorpora a los procedimientos de control aplicables a esta categoría, sin modificar las condiciones sanitarias que deben cumplir las mercancías. Con este ajuste, el Gobierno nacional espera seguir avanzando en una agenda de apertura de mercados orientada a que más productos colombianos crucen fronteras, más empresas puedan crecer y nuevas oportunidades de comercio internacional lleguen a las regiones.

En el cielo de Ráquira hay una experiencia que va más allá de las postales coloridas y las piezas de barro que identifican a este municipio boyacense. Allí, entre actividades de astroturismo y referencias a antiguos calendarios solares, funciona un observatorio astronómico que ofrece una forma distinta de acercarse a las tradiciones de la región.

Se trata del Observatorio Astronómico Patio de Brujas, un sitio acondicionado para realizar actividades relacionadas con la observación del cielo. De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr), el lugar propone experiencias vinculadas con los solsticios, momentos del año en los que el Sol alcanza su mayor o menor altura aparente y se registra la máxima duración del día o de la noche.

El espacio combina la contemplación del firmamento con elementos asociados a conocimientos ancestrales. Entre sus propuestas aparecen caminatas, actividades de astroturismo y acercamientos a los calendarios solares utilizados en tiempos antiguos. Uno de los elementos que más llama la atención está compuesto por 11 tótems de arcilla ubicados alrededor de una estructura central. Las piezas tienen símbolos inspirados en distintas culturas prehispánicas, entre ellas la muisca, la maya, la inca y la azteca.

La distribución de estos tótems permite observar el comportamiento de las sombras producidas por el Sol y relacionarlo con diferentes momentos del año. Así, el espacio utiliza elementos de la astronomía y del trabajo artesanal para acercar a los visitantes a una lectura particular del paso del tiempo.

El observatorio se suma a los atractivos que ofrece Ráquira, municipio reconocido por su tradición artesanal y por la elaboración de objetos en arcilla. En sus talleres se producen piezas de cerámica, ollas y elementos decorativos, además de hamacas, sacos y otros artículos ligados a las costumbres de la región. La identidad artesanal también se percibe en el recorrido por el casco urbano. Las fachadas de colores llamativos, los murales y distintos elementos decorativos convierten sus calles en un espacio donde las expresiones culturales aparecen de manera constante.

Ráquira es uno de los municipios más representativos y visitados de Boyacá. Su cercanía con Bogotá permite incorporarlo entre las alternativas para quienes buscan destinos fuera de la capital y quieren conocer otros paisajes, tradiciones y formas de turismo.

La oferta turística de los alrededores de Bogotá se caracteriza precisamente por la variedad. A pocas horas de la ciudad es posible encontrar municipios de Cundinamarca y Boyacá con propuestas relacionadas con naturaleza, aventura, gastronomía, artesanías y patrimonio. En ese recorrido, Ráquira reúne varias de esas posibilidades en un mismo destino. La artesanía ocupa un lugar central, pero el municipio también cuenta con espacios que amplían la experiencia hacia la cultura, la astronomía y las tradiciones ancestrales.

Además del observatorio, los visitantes pueden conocer sitios como la Mano del Artesano, el Pueblito de Barro y la Casa al Revés. Estos lugares forman parte de una oferta que busca mostrar la creatividad de los habitantes y la relación del municipio con el trabajo manual.

En el Pueblito de Barro y otros espacios de interés, las piezas y construcciones asociadas a la artesanía permiten acercarse a la historia y las tradiciones locales. El barro, uno de los materiales más representativos de Ráquira, aparece así como un elemento que conecta las actividades turísticas con la identidad cultural del municipio.

La visita al Observatorio Astronómico Patio de Brujas plantea, además, una experiencia diferente dentro de esa oferta. La observación del cielo, las referencias a los solsticios y los tótems de arcilla hacen que el recorrido tenga un componente ligado tanto a la astronomía como a los conocimientos ancestrales.

El atractivo del observatorio amplía la mirada sobre el municipio y muestra que su oferta no se limita a las compras de artesanías: incorpora espacios para conocer el cielo y las tradiciones asociadas a su interpretación. Para quienes salen de Bogotá en busca de un destino cercano con actividades distintas, Ráquira ofrece una combinación de color, artesanía, patrimonio y observación del cielo.

Las dificultades para hacer efectivo el pago de ayudas humanitarias a víctimas de desplazamiento forzado llevaron a la Corte Constitucional a solicitar una nueva revisión por parte de los organismos de control. El análisis estará enfocado en determinar si las fallas detectadas durante el primer semestre de 2026 ameritan actuaciones de vigilancia y control fiscal.

El llamado quedó consignado en el Auto 530 de 2026, expedido por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004. En ese documento, la Corte puso en conocimiento de la Contraloría las situaciones advertidas durante la operación del esquema de pagos y recibió posteriormente un informe de la Contraloría Delegada para el Posconflicto.

El reporte entregó un panorama de los obstáculos que enfrentaron los beneficiarios para acceder a los recursos. Entre las dificultades aparecen problemas de cobertura territorial, disponibilidad de efectivo y conectividad, además de inconvenientes en el cargue de beneficiarios y la validación de identidad. A esas situaciones se sumaron bloqueos de giros, reintegros, dificultades de trazabilidad y problemas de conciliación de los recursos. La Contraloría también informó sobre casos en los que los pagos fueron realizados de manera parcial o quedaron incompletos.

Las cifras revisadas por la Corte permiten dimensionar el alcance de la operación. Al 30 de junio de 2026 se habían colocado 246.668 giros de atención humanitaria. De ellos, 198.588 habían sido pagados, mientras 21.907 fueron reintegrados y otros 26.173 permanecían vigentes.

El balance hace parte del seguimiento que realiza la Corte sobre la respuesta institucional dirigida a la población víctima de desplazamiento forzado. Para el organismo de control, las situaciones encontradas constituyen elementos objetivos que pueden ser valorados para establecer si corresponde adelantar actuaciones relacionadas con la gestión contractual y financiera del sistema de pagos.

La eventual revisión fiscal estaría vinculada con el Contrato Interadministrativo 2064 de 2026. La Contraloría Delegada para el Posconflicto aclaró que las circunstancias descritas no representan, por sí mismas, un hallazgo fiscal, un daño patrimonial ni una determinación de responsabilidad fiscal.

La información fue enviada a la Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social, dependencia que tiene competencia para ejercer vigilancia y control fiscal sobre la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). Será esa instancia la encargada de establecer si existen motivos para iniciar actuaciones frente a los hechos reportados.

La Corte, además, pidió conocer las gestiones que se adelanten y las decisiones que se adopten después de la evaluación. Esta solicitud quedó incorporada en el Auto 1206 de 2026, mediante el cual la Sala Especial requirió información sobre las actuaciones emprendidas a partir de los datos entregados por la Contraloría. Una vez concluya la revisión correspondiente, la dependencia deberá comunicar los resultados. La Corte también planteó que, si llegaran a identificarse, se informe sobre eventuales hallazgos fiscales, irregularidades o anomalías y sobre las consecuencias derivadas de las actuaciones realizadas.

Al igual que la Contraloría, la Sala de la Corte aclaró que la información analizada no establece la existencia de un daño patrimonial ni atribuye responsabilidad fiscal. El seguimiento que hace tiene como referencia la Sentencia T-025 de 2004 y el Estado de Cosas Inconstitucional declarado en ese proceso. Desde esa perspectiva, la Corte evalúa la respuesta estatal frente a las condiciones que afectan a las víctimas de desplazamiento y, en particular, las dificultades que pueden impedir el acceso efectivo a la atención humanitaria.

La Sala continuará con el seguimiento dentro de sus competencias y de las órdenes impartidas para superar esa situación. Entre los aspectos que deberá observar está la capacidad de los mecanismos establecidos por el Estado para responder de manera efectiva, oportuna y digna a las necesidades de la población víctima de desplazamiento forzado.

El Día de Amor y Amistad moverá buena parte de la actividad comercial de Bogotá durante septiembre, con restaurantes, comercios y espacios de entretenimiento preparados para extender sus horarios. Pero detrás de la celebración aparece una advertencia relacionada con uno de los elementos decorativos más comunes de estas fechas: los globos flotantes.

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) pidió extremar las precauciones al momento de comprar estos productos, especialmente cuando son ofrecidos a precios muy bajos. El llamado está relacionado con el uso de hidrógeno artesanal para inflarlos, una práctica que puede generar quemaduras cuando el gas entra en contacto con una fuente de fuego.

Ingrid Reyes, directora de la Cámara de Gases Industriales y Medicinales de la Andi, explicó que el menor precio y la facilidad para conseguir estos globos pueden influir en la decisión de compra. Sin embargo, detrás de esa diferencia existe un riesgo que puede afectar tanto a los niños como a los adultos que los acompañan.

“Las personas se dejan llevar por el precio y por la facilidad, pero no tienen en cuenta el riesgo, que es la posibilidad de tener quemaduras. Al acercar el globo inflado con hidrógeno a una vela de cumpleaños, por ejemplo, se va a generar una llamarada que ha ocasionado incluso quemaduras de hasta tercer grado en niños y en sus cuidadores”, afirmó Reyes.

La preocupación toma mayor relevancia porque, según la Andi, se estima que el 87% de los globos decorativos en Colombia son inflados con este tipo de hidrógeno. La entidad recordó que la normatividad establece que para estos productos únicamente puede utilizarse aire o helio. El helio es considerado una alternativa segura porque se trata de un gas inerte y no explosivo. Además, la Superintendencia de Industria y Comercio lo certificó como el gas más seguro para este uso mediante la Resolución 53026 de 2015.

Ante la llegada de la temporada de celebraciones, el gremio recomendó revisar varios elementos antes de adquirir un globo flotante. El precio debe ser una primera señal de alerta cuando resulta demasiado bajo. También aconsejó exigir la factura y el certificado de helio, además de revisar el cilindro empleado para inflar los globos.

Según la recomendación, el cilindro debe ser de color marrón y tener una etiqueta especial en la parte superior que permita identificar que contiene helio. La Andi advirtió además que algunos vendedores pueden mezclar el hidrógeno con otros químicos inflamables, lo que incrementa el riesgo asociado a su manipulación. La advertencia coincide con Bogotá Despierta por Amor y Amistad, jornada comercial programada para el sábado 19 de septiembre de 2026. Durante ese día, comercios, restaurantes, bares y centros comerciales extenderán sus horarios de atención, en su mayoría hasta las 11.59 p. m.

Fenalco Bogotá Cundinamarca señaló que la fecha tendrá incidencia en las ventas de distintos sectores y proyectó aumentos frente a septiembre de 2025. Los restaurantes registrarían un crecimiento de 16%, mientras que víveres, licores y abarrotes alcanzarían 15%. Para entretenimiento se calcula un incremento de 11%.

La jornada busca ampliar las opciones de compra, gastronomía y ocio durante la noche. Participarán establecimientos como Bella Piel, Tchi Lei Chinese Food, El Navío, GMO, La Riviera, Lafam, MOMA Handbags and Accessories, Ray-Ban, Sunglass Hut, Totto y Vapiano.

También estarán vinculados El Retiro Centro Comercial, Gran Estación Centro Comercial, Los Héroes Centro Comercial, Plaza de las Américas y Titán Plaza. La programación contempla comercios dedicados a productos de belleza, accesorios y gafas, además de restaurantes y otros establecimientos gastronómicos.

El movimiento comercial de Amor y Amistad se suma al comportamiento del sector floricultor. Fenalco Bogotá Cundinamarca reportó que las exportaciones de flores desde Bogotá registraron en septiembre de 2025 un crecimiento mensual de 32%, el mayor dato del segundo semestre.

El comercio minorista colombiano mantuvo en julio de 2026 un ritmo de crecimiento que se reflejó tanto en las ventas como en el empleo. Los resultados publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) muestran además diferencias importantes entre las categorías de productos, las regiones y las modalidades de contratación.

Uno de los movimientos más visibles estuvo en los vehículos. Las ventas de automóviles y motocicletas para uso de los hogares aumentaron 21,8% frente a julio de 2025 y aportaron 2,4 puntos porcentuales al resultado nacional. Otros vehículos y motocicletas crecieron 10,8%, con una contribución de 1,1 puntos.

Los televisores y demás equipos y aparatos de sonido y video registraron otro de los avances destacados, con un crecimiento de 25,0% y un aporte de 0,6 puntos porcentuales.

En conjunto, estos tres grupos explicaron 4,1 puntos del crecimiento general del comercio minorista durante el mes. En total, las ventas reales del comercio minorista y de vehículos crecieron 5,3% en julio frente al mismo mes del año anterior. Si se excluyen los combustibles, el aumento fue de 7,3%. El personal ocupado, por su parte, presentó una variación positiva de 1,0%.

El comportamiento favorable se extendió a buena parte de las categorías. Pues, 14 de las 19 líneas analizadas tuvieron resultados positivos. Entre ellas estuvieron las bebidas no alcohólicas, con 17,6%; los artículos y utensilios de uso doméstico, con 12,8%; los libros y papelería, con 12,8%; y los electrodomésticos y muebles para el hogar, con 11,9%.

Cinco líneas cerraron el mes con descensos. Los combustibles para vehículos automotores disminuyeron 3,6% y restaron 0,6 puntos porcentuales al resultado general. También cayeron las prendas de vestir y textiles, 3,0%; los repuestos, partes, accesorios y lubricantes para vehículos, 2,0%; los productos farmacéuticos y medicinales, 0,7%; y el calzado con artículos de cuero, 0,2%.

Por regiones, el desempeño también fue desigual. Al excluir combustibles y lubricantes, seis de las siete jurisdicciones analizadas contribuyeron positivamente al crecimiento nacional de 7,3%. Cundinamarca registró el mayor aumento porcentual, con 14,2%, seguida por Antioquia, con 9,9%, y Bogotá D.C., con 6,1%. La capital aportó 2,0 puntos porcentuales y Antioquia sumó 1,5 puntos.

Santander creció 5,5%, mientras Valle del Cauca avanzó 3,6% y Atlántico, 3,4%. En empleo, Antioquia aportó 0,4 puntos porcentuales al aumento de la ocupación minorista sin combustibles y tuvo una variación de 2,2%. Cundinamarca registró un crecimiento de 2,8% en contratación. Atlántico y Santander, en cambio, presentaron caídas de 0,6% y 0,5%.

El comercio electrónico también ganó espacio. Las ventas nominales por internet crecieron 14,7% en julio frente al año anterior, mientras los canales tradicionales distintos al comercio electrónico aumentaron 6,0%. Las operaciones digitales representaron 2,6% de las ventas minoristas, frente al 2,4% de julio de 2025. Entre enero y julio, estas ventas acumularon un crecimiento nominal de 21,1%.

Los grandes almacenes e hipermercados registraron ventas nominales por 11,9 billones de pesos en julio, con un incremento de 9,6% anual. Además, en los primeros siete meses, la facturación nominal llegó a 80,4 billones de pesos, con una variación positiva de 12,0%. Estos establecimientos emplearon a 225.894 personas, 1,6% más que un año antes.

La contratación mostró diferencias según el tipo de vínculo. El personal permanente aumentó 3,1% y aportó 2,2 puntos porcentuales al resultado laboral, mientras aprendices y pasantes crecieron 2,1%. El personal temporal directo cayó 3,2% y el temporal contratado mediante empresas especializadas disminuyó 8,0%. Entre enero y julio, el empleo permanente acumuló un crecimiento de 3,6% y el de aprendices avanzó 4,0%. En contraste, el temporal directo bajó 3,6% y el temporal por agencias retrocedió 4,6%.

En el acumulado del año, las ventas minoristas y de vehículos crecieron 11,4% y el personal ocupado avanzó 1,6%. En los 12 meses hasta julio, las ventas aumentaron 11,2% y la ocupación 1,8%. Finalmente, el comercio mayorista registró en julio un crecimiento nominal de 3,1% en su margen comercial. El resultado estuvo impulsado por las materias primas agropecuarias, alimentos, bebidas y tabaco, cuyo margen creció 12,0%.

El consumo de algunos bienes mostró señales de recuperación en agosto, mientras la vivienda perdió atractivo entre los hogares colombianos. Ese contraste aparece en la última Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) de Fedesarrollo, que también registró un retroceso general en la confianza frente a julio.

La disposición para comprar muebles y electrodomésticos subió a 4,2%, desde el 1,7% de julio. El avance estuvo relacionado principalmente con los resultados de Bogotá, Medellín y Bucaramanga. En el caso de los vehículos también hubo una mejora: el balance pasó de -21,3% a -18,6% y quedó muy por encima del -44,1% registrado en agosto de 2025.

Vivienda pierde atractivo entre los colombianos

La vivienda tuvo un comportamiento distinto, ya que la disposición para adquirirla cayó de -22,2% en julio a -25,7% en agosto, una disminución de 3,5 puntos porcentuales. Además, frente a agosto del año anterior, el indicador retrocedió 12,9 puntos. Cali presentó el balance más bajo entre las ciudades evaluadas, con -44,1%; mientras Bogotá registró -32,8%; Medellín fue la excepción y mejoró de manera significativa frente al mes anterior.

El comportamiento del consumo se produjo en un contexto de menor confianza. El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 15,5% en agosto, después de alcanzar 20,7% en julio. La variación mensual fue de -5,2 puntos porcentuales. Aun con esa corrección, el resultado mantiene al indicador en terreno positivo y representa una diferencia importante frente a agosto de 2025, cuando se ubicó en -2,4%. En un año, el ICC aumentó 17,9 puntos porcentuales, de acuerdo con los datos de Fedesarrollo.

El descenso mensual estuvo explicado principalmente por una menor percepción sobre el futuro. El Índice de Expectativas del Consumidor pasó de 30,3% a 22,6%, con una reducción de 7,7 puntos porcentuales. El Índice de Condiciones Económicas también disminuyó, al pasar de 6,4% a 4,8%, una caída de 1,6 puntos.

Pese a las disminuciones, los dos componentes permanecieron en terreno positivo. Además, la comparación anual conserva una lectura favorable: las expectativas de los hogares mejoraron 22,1 puntos porcentuales frente a agosto de 2025, mientras la percepción sobre las condiciones económicas actuales avanzó 11,6 puntos.

Los hogares colombianos moderaron sus expectativas económicas

Las diferencias también fueron visibles entre ciudades. La confianza disminuyó en cuatro de las cinco capitales incluidas en la medición. Bogotá tuvo la mayor caída, con 8,5 puntos porcentuales, al pasar de 22,6% a 14,1%.

Medellín registró una reducción de 7,7 puntos porcentuales, seguida por Barranquilla, con -5,4 puntos, y Bucaramanga, con -4,4 puntos. Cali tuvo el comportamiento contrario: su indicador aumentó 11,3 puntos porcentuales, desde 1,4% hasta 12,7%.

Por nivel de ingresos, el deterioro de la confianza se concentró en los hogares de ingresos bajos y medios. Los hogares de ingresos altos tuvieron una evolución diferente y reportaron un incremento de seis puntos porcentuales frente a julio.

Los resultados de agosto muestran, así, un escenario de contrastes para los consumidores. Mientras la confianza perdió parte del impulso alcanzado en julio y disminuyeron las expectativas sobre el futuro, algunos indicadores de compra presentaron avances. La intención de adquirir vehículos mejoró respecto al mes anterior y la compra de bienes durables volvió a terreno positivo.

Al mismo tiempo, la vivienda se mantuvo en terreno negativo y profundizó su deterioro tanto frente a julio como frente al mismo mes del año anterior. En conjunto, la encuesta señala que los hogares conservan una percepción más favorable de la economía en 2025, aunque durante agosto moderaron su optimismo y mostraron comportamientos distintos según el tipo de compra, la ciudad y el nivel de ingresos.

Fedesarrollo destacó que el resultado mensual no elimina el balance favorable que se observa en la comparación anual. El indicador general continúa por encima del nivel registrado doce meses atrás, al igual que sus dos componentes.

La contratación de Rtvc dejó de moverse en los niveles registrados años atrás y alcanzó una escala mucho mayor en 2025. Ese cambio es uno de los principales hallazgos del primer análisis del Sistema de Alertas Públicas Optimizadas (S.A.P.O.), una herramienta del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana que busca detectar variaciones inusuales en el uso de recursos públicos.

Los datos revisados muestran que la entidad pasó de 280 contratos en 2023 a 3.382 en 2025, un incremento de 1.108%. El comportamiento empezó a acelerarse desde 2024, cuando se registraron 1.475 contratos. Entre enero y agosto de 2026 ya sumaba 1.556. Rtvc administra medios como Señal Colombia, Canal Institucional, Radio Nacional de Colombia y Radiónica.

El Observatorio escogió a esta entidad para la primera entrega de S.A.P.O., diseñada para identificar datos atípicos y cambios que puedan requerir una revisión más detallada, sin establecer por sí misma que exista una irregularidad.

La variación también se refleja en el dinero comprometido. A precios constantes de 2026, el valor de los contratos pasó de $39.800 millones en 2022 a $332.700 millones en 2025. El aumento fue de 736%, por lo que el monto contratado se multiplicó por más de ocho durante ese periodo.

El comportamiento de los ingresos de Rtvc aparece como un dato adicional. Entre 2021 y 2025 pasaron de $389.000 millones a $521.000 millones, un crecimiento de 34%. Solo entre 2024 y 2025 aumentaron 21,1%, mientras las transferencias corrientes, principal fuente de ingresos de la entidad, crecieron 50,3% entre 2021 y 2025.

El Observatorio, sin embargo, hace una precisión: la evolución de los ingresos y el aumento de la contratación ocurrieron al mismo tiempo, pero la información analizada no permite afirmar que exista una relación causal entre ambos fenómenos. El análisis incluyó 7.150 contratos registrados entre 2022 y 2026. De ellos, 63% aparece todavía en ejecución y 29% figura como modificado. Esto significa que cerca de tres de cada diez presentan cambios frente a sus condiciones iniciales. Para el Observatorio, ese comportamiento merece seguimiento, aunque una modificación no constituye por sí sola evidencia de una irregularidad.

También llamó la atención la concentración del valor contratado. Los tres proveedores con mayores montos recibieron $84.700 millones, $67.700 millones y $60.000 millones, respectivamente. En conjunto, concentraron $212.400 millones, equivalentes al 27% de los $795.900 millones contratados durante el periodo analizado.

La distribución de los montos diarios muestra otra diferencia. Entre 2022 y 2026 hubo 24 contratos que superaron los $50 millones por día y otros 46 que se ubicaron entre $10 millones y $50 millones diarios. En contraste, más de 6.300 contratos registraron valores diarios entre $100.000 y $500.000. Para S.A.P.O., estas diferencias sirven para ubicar patrones que pueden ser examinados con mayor detalle. La herramienta busca facilitar el seguimiento de ciudadanos, entidades de control e instituciones, pero no determina que exista una conducta irregular a partir de las señales encontradas.

El informe también revisó el programa “Fortalecimiento Integral de los Operadores Públicos del Servicio de Televisión Nacional”, vigente entre 2024 y 2027 y con un valor total de $1,5 billones. La iniciativa, administrada por el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FonTIC, busca fortalecer y promover la televisión pública.

Al consultar MapaInversiones, plataforma del Departamento Nacional de Planeación, el Observatorio no encontró evidencia de contratación, supervisión o interventoría directamente asociada con ese programa. La ausencia de esos registros, aclara el análisis, no demuestra que los recursos no hayan sido ejecutados. El punto señalado es otro: con la información disponible en esa plataforma no resulta posible seguir la ejecución mediante contratos directamente vinculados al proyecto.

Así, el reporte presenta el aumento de contratos y valores, las modificaciones, la concentración entre proveedores y las dificultades de trazabilidad como señales para profundizar la revisión. El propio Observatorio advierte que ninguna de ellas, considerada de manera aislada, permite concluir que exista una irregularidad.

Luis Díaz espera encontrar en la paciencia y el trabajo la respuesta al irregular comienzo que atraviesa con el Bayern Múnich. El atacante colombiano reconoció que todavía busca recuperar su mejor versión, aunque aseguró que mantiene intactas las ganas de competir, marcar y aportar al equipo.

En entrevista con Sky Sports, el delantero habló sobre su rendimiento y admitió que la falta de goles puede generar presión. Sin embargo, consideró que el camino para superar ese momento pasa por mantener la calma, continuar entrenando y aprovechar las oportunidades que aparezcan.

“Siempre he dicho que nunca me faltarán las ganas. El hambre de querer más siempre será parte de mi mentalidad. Siempre quiero más, siempre quiero conseguir más. Pase lo que pase, puede haber momentos en los que no juegue bien o no encuentre el fondo de la red… pero siempre voy a esforzarme y darlo todo por el equipo, dejando el 101% en la cancha. Todo lo demás llegará con el tiempo, paso a paso. Estoy buscando mi mejor versión y sé que pronto la encontraré”.

“Creo que el gol llegará en el próximo partido. También hay que mantener la calma mentalmente, para que esa situación no se convierta en un peso. Lo importante es seguir trabajando y mejorando. Sé que solo se trata de aprovechar las oportunidades. Lo único que falta es la definición y, después de eso, todo estará bien”, añadió “Lucho”.

El inicio del colombiano contrasta con lo mostrado durante los amistosos de preparación, periodo en el que consiguió marcar en tres de los cuatro compromisos disputados. Ya en la competencia oficial, su registro es discreto: en seis partidos entre la Bundesliga, la UEFA Champions League y la Supercopa de Alemania, únicamente anotó en la primera jornada del campeonato alemán.

A partir de entonces, su participación ofensiva está por debajo de las expectativas. Los goles, las asistencias, la gambeta y el desequilibrio que suelen distinguir su juego todavía no aparecen con la regularidad esperada. Además, los fallos frente al arco llenaron de criticas al “Guajiro”. El próximo reto para intentar cambiar esa tendencia será el viernes 18 de septiembre de 2026, cuando Bayern Múnich enfrente al Union Berlin por la Bundesliga, desde la 1:30 p. m.

Díaz también puso su situación en perspectiva al referirse al rendimiento colectivo. Para el atacante, el equipo aún no alcanza el nivel que exhibió durante la campaña anterior, una circunstancia que relacionó con el exigente calendario y el poco descanso acumulado.

“Creo que todavía no somos realmente el Bayern que fuimos la temporada pasada. Aún no estamos en ese nivel, pero pienso que es normal. Es normal porque hemos tenido una carga de trabajo muy exigente. En los últimos meses disputamos una cantidad increíble de partidos importantes, incluidos encuentros de eliminación directa en la Champions League y la Copa”, dijo.

Además, afirmó que “muchos de nosotros estuvimos después en el Mundial. Y, en comparación, tuvimos muy poco tiempo de descanso. Por eso es normal que los primeros partidos puedan ser difíciles. Lo más importante es saber que tenemos un gran equipo y grandes jugadores, y que podemos volver a jugar como lo hicimos. Tenemos que trabajar para conseguirlo. Estoy seguro de que lo lograremos. Tenemos todo lo necesario para vivir una temporada aún más exitosa que la anterior y alcanzar todos los objetivos que nos hemos propuesto, si Dios quiere”.

El colombiano destacó, además, la adaptación que tuvo desde su llegada al conjunto bávaro. Recordó el recibimiento de sus compañeros y el bienestar de su familia como factores importantes durante su primer año en Alemania.

“Fue un año muy, muy especial para mí. Llegar a este gran club fue realmente espectacular. Me recibieron con muchísimo cariño. Desde el primer día, mis compañeros hicieron que me sintiera como si ya llevara muchos años aquí, y eso fue, por supuesto, muy importante para mí. Me adapté rápidamente y me sentí cómodo”.

Y concluyó con lo siguiente: “Mi familia también estuvo muy feliz aquí desde el principio, y eso es igualmente importante. Espero quedarme muchos años más en el Bayern Múnich y que podamos seguir ganando muchos títulos. Eso es lo que más me importa: tener objetivos y cumplirlos con este gran y especial club”, terminó el extremo.

Caminar por una ciudad también puede ser una forma de descubrir su historia, su arquitectura y la manera en que sus habitantes ocupan el espacio público. Bajo esa idea, Medellín fue incluida entre los destinos urbanos más destacados del mundo en el ranking 2026 de GuruWalk, una plataforma internacional dedicada a tours y experiencias turísticas.

La capital antioqueña ocupa el puesto 32 de una lista que reúne a las 100 mejores ciudades del planeta para recorrer a pie. El listado reconoce distintos atributos de los destinos, desde su patrimonio y sus paisajes urbanos hasta sus propuestas culturales y las experiencias que ofrecen a los visitantes.

En el caso de Medellín, GuruWalk la presenta como un “destino de innovación y arte” y pone el foco en algunas de las transformaciones que han cambiado la forma de recorrer sus barrios. La plataforma destaca que “Sus escaleras mecánicas conectan barrios montañosos que antes eran inaccesibles y sus murales comunitarios cuentan historias de resiliencia”.

La referencia a estos elementos apunta a una ciudad cuya oferta turística no se concentra únicamente en sus zonas tradicionales. Los recorridos también pueden llevar a sectores elevados, espacios de intervención artística y lugares donde las expresiones comunitarias forman parte del paisaje cotidiano.

El reconocimiento permite observar cómo las ciudades son valoradas más allá de sus monumentos. En esta clasificación, la experiencia de caminar está vinculada con la posibilidad de encontrar espacios públicos, conocer expresiones locales y conectar puntos de interés durante un recorrido. Para Medellín, la mención destaca la convivencia entre infraestructura urbana, arte comunitario y escenarios que reflejan los cambios experimentados por la ciudad. Así, su presencia en el ranking la incorpora a una conversación internacional sobre destinos urbanos y formas de explorarlos y visitarlos.

El primer lugar del ranking fue para Roma, Italia, seguida por Madrid, España, y Budapest, Hungría. El grupo de las diez ciudades mejor posicionadas lo completan Praga, República Checa; Lisboa, Portugal; Ámsterdam, Países Bajos; Oporto, Portugal; Barcelona, España; Londres, Reino Unido, y Berlín, Alemania. Colombia logró incluir otras dos ciudades en la clasificación. Cartagena apareció en el puesto 48, con una descripción centrada en su patrimonio histórico y su identidad caribeña. GuruWalk resaltó que la ciudad “preserva sus murallas coloniales del siglo XVII alrededor de un centro histórico que parece suspendido en el tiempo”.

La plataforma añadió: “Las buganvilias desbordan balcones de madera, y las iglesias coloniales salpican plazas empedradas donde los tambores aún marcan el ritmo. El Castillo de San Felipe de Barajas y las islas del Rosario completan un cuadro de belleza tropical”.

Bogotá, en tanto, quedó en la posición 85. Al referirse a la capital del país, GuruWalk destacó su actividad cultural, aunque reconoció los contrastes propios de una urbe de gran tamaño. “Bogotá es una ciudad grande y caótica que puede abrumar al principio, pero que tiene una energía y una escena cultural que pocas capitales latinoamericanas igualan”, señaló la plataforma.

Medellín, entre los destinos recomendados para 2026

La aparición de Medellín en el listado de GuruWalk se suma a otro reconocimiento internacional divulgado recientemente. National Geographic la incluyó entre los 25 lugares imperdibles del planeta para visitar durante 2026.

La selección de la revista estadounidense pone de relieve el proceso de transformación social y urbana que ha experimentado la ciudad. Medellín, que durante las décadas de 1980 y 1990 estuvo marcada por la violencia asociada al narcotráfico y a los grupos armados, ha construido una imagen distinta alrededor de la creatividad, la cultura, la innovación y la hospitalidad.

Para National Geographic, esa evolución es parte de las razones que convierten a la capital antioqueña en un destino atractivo para quienes buscan experiencias auténticas y significativas. La publicación señala que la ciudad ha logrado reconfigurar su narrativa histórica y transformar su paisaje urbano.

El tamaño de las estructuras armadas ilegales cambió de manera significativa durante los últimos cuatro años, según el balance presentado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, durante un debate de control político en la Comisión de Paz del Congreso. Las cifras expuestas por el funcionario muestran un aumento generalizado en el número de integrantes de varias organizaciones.

De acuerdo con Lara, el país pasó de registrar 15.120 integrantes de grupos ilegales en armas a 28.802. Para el Gobierno, este incremento representa un balance preocupante frente a los resultados de la política de Paz Total implementada durante el mandato del expresidente Gustavo Petro. Uno de los mayores crecimientos corresponde al Clan del Golfo. Según los datos entregados por el ministro, la organización pasó de tener 4.074 miembros en diciembre de 2022 a 10.268, lo que equivale a una variación del 152%.

“Los señores bandidos del Clan del Golfo, en diciembre de 2022 tenían 4.074 miembros y en sólo cuatro años, pasaron a contar con 10.268 miembros, más 152%. Una organización abiertamente criminal creció con una variación del 152% durante esos cuatro años de la paz total”, dijo Lara. El funcionario también presentó las cifras correspondientes a otras estructuras armadas. El Estado Mayor Central pasó de más de 2.000 miembros a más de 4.000, mientras que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) pasó de casi 6.000 a más de 7.000 integrantes.

“El Estado Mayor Central, dirigido por el bandido Mordisco, pasó de 2.143 miembros a 4.480, un 109% de variación. El ELN pasó de 5.851 miembros a 7.123 miembros, más del 22%. Y la llamada Coordinadora Bolivariana, una de las tantas disidencias de las disidencias de las disidencias que van al vaivén del negocio del narcotráfico o del oro o de cuanto negocio ilícito se encuentren, pasaron básicamente de 1.134 miembros a 2.358, una variación del 108%”, indicó.

La Coordinadora Bolivariana, de acuerdo con el balance expuesto en el Congreso, también registró un aumento importante. Sus integrantes pasaron de 1.134 a 2.358, una variación del 108%. Con estas cifras, Lara cuestionó los resultados que, desde la perspectiva de la administración actual, dejó la política de Paz Total. El aumento del número de integrantes de las organizaciones ilegales fue presentado como uno de los principales elementos de preocupación en materia de seguridad y orden público.

El debate también abordó los compromisos derivados del acuerdo de paz suscrito con la entonces guerrilla de las Farc y el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sobre este punto, el ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguró que el Estado mantendrá las obligaciones adquiridas y respetará el trabajo de esa jurisdicción.

“Tenemos claro que los acuerdos constitucionales, convencionales, que el Estado colombiano adquirió, no pueden ser cambiados por el Gobierno a capricho y no lo haremos. Los vamos a respetar, los vamos a cumplir y presentaremos las críticas y algunas reformas a las instituciones en el marco de nuestra competencia”, afirmó.

Cancino agregó que el Gobierno también mantendrá los compromisos relacionados con la JEP y precisó que las obligaciones que ya tienen respaldo constitucional serán atendidas. “Vamos a cumplir los compromisos constitucionales que se tienen con la JEP, con la JEP va a haber un compromiso de lo que ya esté adquirido de manera constitucional para sacarlo adelante”.

Sin embargo, aclaró que existen posibles reformas que están siendo analizadas. Estas propuestas, según explicó, hacen parte de una revisión que deberá desarrollarse dentro de las competencias del Gobierno.

El contraste entre ambos planteamientos quedó expuesto durante la discusión en el Congreso. Mientras Lara utilizó las cifras de integrantes para cuestionar el comportamiento de las organizaciones armadas durante el periodo analizado, Cancino insistió en que cualquier modificación institucional deberá respetar las obligaciones que el Estado colombiano adquirió previamente y que mantienen respaldo constitucional frente a los acuerdos y la jurisdicción especial.

La investigación por la presunta desaparición de elementos retirados del alumbrado público de Bucaramanga cambió de despacho y ahora será tramitada por una unidad de la Fiscalía General de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia. El traslado está relacionado con la condición actual de Jaime Andrés Beltrán como ministro de Vivienda y su fuero constitucional.

El expediente busca establecer qué ocurrió con cerca de 60 toneladas de chatarra y unas 30.000 luminarias que fueron retiradas durante la modernización del sistema de alumbrado público de la capital de Santander. Beltrán aparece como investigado junto con otros funcionarios por hechos ocurridos durante su periodo como alcalde de la ciudad.

La denuncia penal fue presentada el 2 de agosto de 2024 contra Beltrán y otros integrantes de la administración municipal. El proceso fue promovido por Emiro Arias, uno de los denunciantes, quien señaló como posible conducta el delito de peculado por apropiación.

Hasta ahora, la actuación permanecía en la Fiscalía Seccional de Santander. Sin embargo, la situación jurídica de Beltrán cambió tras su llegada al Gobierno nacional como ministro de Estado, por lo que el caso pasó a conocimiento de la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. “Esta es la primera vez que el proceso sale de acá de la Fiscalía Seccional de Santander y va hacia la Corte Suprema de Justicia”, señaló Arias al referirse al traslado del expediente.

La comunicación oficial de la Fiscalía confirmó que la noticia criminal fue asignada a ese despacho, debido a la denuncia presentada contra Jaime Andrés Beltrán Martínez por el presunto delito de peculado por apropiación. El documento establece que la Fiscalía Cuarta Delegada asumirá el conocimiento de la actuación dentro del ámbito de sus competencias y continuará con las actuaciones correspondientes conforme a la ley.

Uno de los puntos que deberá ser esclarecido durante la investigación es el destino de los materiales retirados de la infraestructura de alumbrado. Según Arias, las luminarias y la chatarra permanecían almacenadas en dos bodegas de Bucaramanga.

Una de ellas estaba ubicada en el sector de La Hormiga, cerca de la Puerta del Sol, mientras que la otra se encontraba en el Colegio Villas de San Ignacio, en el norte de la ciudad. Estos lugares fueron señalados por el denunciante como los sitios donde estaban almacenados los elementos provenientes del proceso de modernización.

La denuncia sostiene que cerca de 60 toneladas de chatarra y aproximadamente 30.000 luminarias forman parte de los elementos cuya situación busca esclarecer la investigación. El expediente deberá determinar qué ocurrió con esos bienes y si existieron actuaciones que puedan derivar en responsabilidades penales.

El traslado a la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema no implica por sí mismo una decisión sobre la responsabilidad de los investigados. Se trata del cambio de despacho encargado de conocer la actuación, de acuerdo con las competencias derivadas del fuero constitucional que actualmente tiene Beltrán como ministro.

El caso comenzó antes de que el exalcalde asumiera su actual cargo. La denuncia de Arias fue presentada en agosto de 2024, cuando Beltrán todavía estaba al frente de la Alcaldía de Bucaramanga. Desde entonces, la actuación había permanecido bajo conocimiento de la Fiscalía Seccional de Santander.

Ahora, la Fiscalía ante la Corte deberá continuar el trámite dentro de sus competencias y adelantar las actuaciones que correspondan conforme a la ley. La investigación tendrá como uno de sus objetivos precisar qué sucedió con los elementos retirados del alumbrado público y establecer si hubo alguna conducta penalmente relevante.

La remisión del expediente abre así una nueva etapa para el proceso que involucra al actual ministro de Vivienda. La Fiscalía tendrá que avanzar en el esclarecimiento de los hechos denunciados y definir las actuaciones que correspondan a partir de los elementos que reposan en la investigación.

La violencia que golpea al Catatumbo volvió a dejar una víctima menor de edad en una zona rural de Tibú. Víctor Manuel Corzo, de 17 años, murió después de activar una mina antipersonal cuando regresaba a su lugar de residencia tras cumplir labores agrícolas.

El hecho ocurrió hacia las 5:00 p. m. del lunes 14 de septiembre de 2026, en el sector de la vereda Unión Vetas, a la altura del kilómetro 28 de la vía que comunica a Tibú con el corregimiento de La Gabarra, Norte de Santander. La zona es señalada por las comunidades por la presencia de artefactos explosivos.

De acuerdo con Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas y líder social en Norte de Santander, el adolescente se encontraba trabajando en el campo y activó el explosivo cuando se disponía a regresar a su vivienda.

La detonación le causó múltiples laceraciones en las piernas, los brazos y el rostro. El joven murió como consecuencia de las heridas provocadas por la explosión. Después del ataque, su cuerpo fue trasladado hasta Cúcuta. Allí se adelantan los procedimientos correspondientes antes de que sus familiares puedan recibirlo.

El caso vuelve a poner la atención sobre los riesgos que enfrentan las comunidades rurales del Catatumbo, particularmente quienes desarrollan actividades agrícolas y deben transitar por sectores donde existen advertencias sobre la instalación de minas antipersonal.

La situación se suma a otros hechos violentos registrados en el área rural de Tibú durante los últimos meses. El pasado 22 de julio, un trabajador de la firma contratista Disico, al servicio de CENS Grupo EPM, resultó gravemente herido después de caer en un campo minado mientras realizaba labores de mantenimiento en la vía hacia La Gabarra. El incidente ocurrió en la vereda Kilómetro 28.

Luego de la explosión, sus compañeros y organismos de socorro lo auxiliaron y lo trasladaron de urgencia al hospital del casco urbano de Tibú, donde recibió atención médica especializada por la gravedad de sus lesiones.

Ese episodio fue señalado como el segundo caso del año en el que técnicos de la empresa de energía resultaron afectados por minas antipersona en el Catatumbo. Además, la misma zona había sido escenario del asesinato del presidente de una Junta de Acción Comunal (JAC).

Los ataques con explosivos no se limitan a los campos minados. En la región también se registraron agresiones con drones cargados con explosivos, una modalidad que se convirtió en otra amenaza dentro de la confrontación armada entre el ELN y las disidencias de las Farc, activa en el Catatumbo desde enero de 2025. Un consolidado de la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos (Corporeddeh) indica que entre el primero de enero de 2025 y el 8 de septiembre de 2026 fueron verificadas 124 víctimas relacionadas con ataques de este tipo.

De acuerdo con ese informe, siete de las víctimas eran civiles que murieron y otras 44 correspondieron a civiles heridos. Entre los integrantes de la Fuerza Pública se contabilizaron 18 muertos y 55 heridos durante el periodo analizado.

La presencia de minas y otros artefactos explosivos representa un riesgo particular para campesinos y menores de edad, debido a que sus actividades cotidianas pueden llevarlos a zonas afectadas por la confrontación. El Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) y monitores humanitarios advierten sobre un repunte continuo de incidentes que involucran a menores en el Catatumbo.

La disputa territorial entre el ELN y las disidencias de las Farc favoreció la instalación de Artefactos Explosivos Improvisados (AEI), según el texto de referencia. En este escenario, las comunidades rurales permanecen expuestas mientras desarrollan labores de campo o se desplazan por caminos habituales. El riesgo se extiende a trabajadores y habitantes que recorren corredores para cumplir sus actividades diarias cotidianas.

La reconstrucción de viviendas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026 comenzó a mostrar sus primeros resultados en Chocó. El martes 15 de septiembre, el presidente Abelardo de la Espriella entregó en Quibdó la primera casa reconstruida después del sismo, una solución habitacional destinada a una familia de educadores damnificados.

La vivienda fue recibida por Julio y Carmelo Asprilla, integrantes de una familia que resultó afectada por el movimiento telúrico. El proyecto contó con el liderazgo de Argos y el auspicio del artista Nicky Jam, quienes participaron en la materialización de esta primera entrega.

Durante el acto, el mandatario anunció además oportunidades laborales para dos miembros de la familia: un estudiante de Derecho y un joven graduado de Ingeniería Telemática. La oferta fue presentada como parte de una respuesta que busca atender las necesidades de los damnificados más allá de la entrega de un inmueble.

Entrega de la primera vivienda en Quibdó tras el terremoto en Chocó

El Gobierno nacional informó que esta solución hace parte de un plan de habitabilidad que contempla la construcción de más de 500 viviendas en distintos puntos del departamento. El anuncio fue realizado por el viceministro de Vivienda, José Reinaldo Uribe, que detalló los primeros territorios priorizados para avanzar con las obras.

En Unión Panamericana, la intervención se concentrará inicialmente en el corregimiento de El Dos, donde está prevista la construcción de 140 casas. De acuerdo con la programación divulgada, estas viviendas tendrían proyección de entrega durante este mismo año. El otro punto señalado es Condoto, específicamente el corregimiento de Opocodó. La intención de la administración gubernamental es ampliar progresivamente el programa hasta cubrir el conjunto del territorio chocoano, según las necesidades identificadas tras la emergencia.

La jornada presidencial también incluyó una agenda de diálogo religioso. Antes de trasladarse al barrio Nicolás Medrano, De la Espriella estuvo en la Catedral de Quibdó, donde, desde las 10:40 a. m., sostuvo un encuentro litúrgico y conversó con monseñor Mario Jesús Álvarez, de la diócesis de Istmina-Quibdó, y Winston Moreno, del obispado del Atrato.

Alianzas empresariales y proyectos de reconstrucción para el Chocó

El acto de entrega reunió a representantes del sector empresarial y de organizaciones que anunciaron nuevos compromisos para acompañar la recuperación del departamento. Entre los asistentes estuvieron Juan Esteban Calle, presidente de Argos, así como directivos de Supergiros, Aces, Pintuco, Banco Itaú, el Fondo Milagro y el Grupo Bicentenario.

Uno de los anuncios estuvo a cargo del Grupo Santo Domingo, que asumió el compromiso de brindar acompañamiento social e integral continuo a las familias reubicadas y a quienes resultaron afectadas por el terremoto. La medida busca respaldar a los hogares durante el proceso posterior a la reconstrucción.

Por otra parte, empresarios santandereanos donaron un vehículo destinado a la atención médica prioritaria. El automotor será utilizado para fortalecer la red de salud del Chocó y ampliar la capacidad de respuesta ante las necesidades de las comunidades.

En el área de generación de ingresos, el sector textil anunció el lanzamiento de Creadores de Moda, una iniciativa que pretende ofrecer formación técnica y contribuir a la profesionalización de mujeres de la región en el oficio de la confección. La agenda también dejó compromisos para el desarrollo económico y turístico de Quibdó.

El ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, anunció una alianza estratégica con Constructora Capital para impulsar el Malecón Espejo, un proyecto de infraestructura comercial y turística cuya ejecución comenzaría en los próximos meses.

A estos anuncios se sumará una nueva jornada de asistencia social. Según lo confirmado durante el encuentro, la primera dama viajará la próxima semana al departamento para liderar otra entrega de ayudas humanitarias y sociales. Al cierre de la actividad, el presidente reiteró que su administración mantendrá el foco en la recuperación regional y aseguró: “El Chocó va a ser diferente en la era del ‘Tigre’, en la Patria Milagro”.

La casa entregada incorpora un sistema constructivo diseñado para ofrecer durabilidad y rapidez de ejecución. También se caracteriza por producir menos residuos y generar una huella de carbono menor frente a los métodos tradicionales, aspectos que, de acuerdo con la información divulgada, buscan favorecer la calidad de vida de las comunidades beneficiadas.

El Gobierno nacional quiere que Colombia acelere su actividad económica hasta alcanzar un crecimiento del PIB del 6%, una meta que será sustentada en una mayor inversión y en la coordinación entre distintas áreas del Ejecutivo. La tarea quedó en manos del vicepresidente José Manuel Restrepo, quien trabaja con los ministerios que considera tienen mayor capacidad para impulsar la economía.

La apuesta incluye capital colombiano y extranjero, con la intención de elevar la productividad y abrir nuevas oportunidades. Para conseguirlo, la administración busca involucrar al sector privado, la academia, la comunidad internacional y la ciudadanía en una agenda común. “Junto a los ministros de las carteras con mayor potencial para impulsar el crecimiento, estamos definiendo los lineamientos que presentaremos al presidente”, señaló Restrepo.

El vicepresidente explicó que los lineamientos serán entregados al presidente Abelardo de la Espriella como parte de una estrategia que pretende definir las áreas desde las cuales se puede movilizar inversión y generar nuevas fuentes de crecimiento. El planteamiento parte de una mayor articulación entre las entidades del Gobierno y de un acercamiento con actores económicos nacionales e internacionales.

Uno de los escenarios para promover esa agenda será Nueva York. Restrepo anticipó que llevará parte de la estrategia a la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde tiene previsto desarrollar reuniones con representantes de diferentes países y presentar las prioridades económicas de la administración. “Estaré llevando el mensaje del presidente De la Espriella y vamos a tener un conjunto de reuniones bilaterales con naciones del mundo que quieren construir con nuestro país”, afirmó.

Durante esa visita también están contemplados encuentros con organismos multilaterales, fondos de inversión y empresarios. El propósito será buscar oportunidades de inversión para Colombia y fortalecer los vínculos con actores internacionales interesados en participar en proyectos del país.

La agenda internacional llegará después de las reuniones que Restrepo ha sostenido con los ministros para avanzar en la definición de los lineamientos económicos. La intención es que el componente externo de la estrategia esté conectado con las prioridades que se establezcan desde el Ejecutivo. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, planteó que alcanzar un mayor crecimiento deberá convivir con las medidas de ajuste fiscal que impulsa el Gobierno. Según explicó, la administración busca reducir el gasto y mantener un presupuesto sostenible, mientras trabaja en nuevas alternativas para ampliar la generación de riqueza.

“El presidente dijo: hay que hacer recortes, hay que hacer austeridad para que el presupuesto sea sostenible, pero hay que crecer y hay que generar nuevas fuentes de generación de riqueza para el pueblo colombiano”, sostuvo Lara. Para el ministro, una de las claves estará en mejorar la coordinación entre las diferentes carteras. El objetivo es facilitar que los recursos lleguen a proyectos considerados estratégicos y crear condiciones que permitan atraer inversión nacional y extranjera.

“Eso se logra articulando a los ministerios para poder atraer inversión nacional y extranjera en el desarrollo de proyectos estratégicos”, afirmó. Lara también puso sobre la mesa uno de los obstáculos que pueden afectar el avance de esas iniciativas: los trámites y las licencias requeridas para ponerlas en marcha. El funcionario reconoció que algunos procedimientos cumplen una función necesaria, pero señaló que deben evitar convertirse en barreras para la ejecución.

“Hay mucho trámite, hay mucha licencia, algunas necesarias, como la consulta previa, pero que no deben ser una traba”, dijo. Su planteamiento no implica eliminar esos procesos. Lara sostuvo que deben desarrollarse respetando “el espíritu de la Constitución”, pero procurando que los proyectos puedan avanzar cuando corresponda.

Con esta estrategia, el Gobierno busca combinar disciplina en el manejo de las cuentas públicas con una agenda orientada a aumentar la actividad económica. La meta del 6% dependerá, según los lineamientos que prepara el Ejecutivo, de la capacidad para coordinar a los ministerios, atraer capital, impulsar proyectos estratégicos y mejorar las condiciones para la inversión.

La despedida de James Rodríguez de la selección Colombia provocó una cadena de mensajes de admiración entre varios de sus compañeros y futbolistas que compartieron vestuario con él. Luis Díaz, Juan Fernando Quintero, Jhon Arias, Juan Guillermo Cuadrado, Richard Ríos, Luis Suárez y Kevin Castaño fueron algunos de los jugadores que reaccionaron al anuncio.

James comunicó el martes 15 de septiembre de 2026 que cerraba su ciclo con la Tricolor después de más de una década. En su mensaje recordó los mundiales, los goles, las victorias y las derrotas que marcaron su trayectoria, además del orgullo que sintió al portar la camiseta número 10 y la cinta de capitán.

“Tuve el honor de llevar la camiseta número 10 y también la cinta de capitán. Siempre intenté hacerlo con respeto, con responsabilidad y entendiendo lo que significaba representar a Colombia. Hubo días buenos y otros muy difíciles, pero nunca dejé de sentir orgullo por esos colores”, expresó.

El mediocampista aseguró que se marcha con tranquilidad porque entregó todo por el equipo nacional. También agradeció a sus compañeros, entrenadores, cuerpos técnicos, familiares y aficionados, y destacó especialmente a sus hijos, Salomé y Samuel, quienes, según explicó, fueron una fuente de fuerza durante los momentos más difíciles.

Uno de los mensajes más emotivos fue el de Luis Díaz, quien publicó en Instagram una serie de fotografías junto al ahora exintegrante de la selección. El atacante del Bayern Munich recordó que durante años soñó con compartir cancha con James y que ese deseo terminó convirtiéndose en una experiencia mucho más importante: jugar a su lado y llamarlo compañero.

“Durante mucho tiempo te vi jugar y soñé con algún día poder compartir una cancha contigo. Lo veía como uno de esos sueños que uno guarda desde lejos, sin saber si algún día se van a cumplir. Y la vida terminó regalándome algo todavía más especial: no solo jugar contigo, sino poder llamarte compañero y defender juntos la camiseta de nuestra Selección”, escribió Díaz.

“Lucho” agradeció los consejos y las enseñanzas recibidas, y resaltó el legado que deja James. Además, cerró su mensaje con una frase que apunta al futuro de la Tricolor: “Eres un crack y siempre lo vas a ser. Te quiero mucho. Que Dios te bendiga siempre en todo lo que viene”.

James respondió al Guajiro con afecto y confianza: “Luchito Gracias, orgulloso de lo que eres y en lo que te has convertido, muchas veces te lo he dicho y lo sabes. Te quiero Luchito la selección queda en buenas manos”.

Juan Fernando Quintero, compañero de James desde las categorías juveniles y uno de los jugadores que heredó la camiseta 10, también compartió un mensaje: “Gracias por todo los momentos juntos !! Es un placer a ver compartido con vos tantos años !! Te quiero hermano, se feliz”.

Las demás reacciones mantuvieron el tono de reconocimiento. Jhon Arias escribió: “Gracias por todo CRACK, por mostrarnos el camino y soñar juntos, orgulloso de todo lo vivido ”. Juan Guillermo Cuadrado lo llamó “Mi 10 leyenda histórico”, mientras Richard Ríos publicó: “Gracias por tanto GENIO“.

Luis Suárez, delantero del Sporting CP, destacó su aporte al país: “Gracias por hacernos crecer y dejar el nombre de nuestro país en alto! Gracias leyenda“. Kevin Castaño, por su parte, le agradeció por su liderazgo: “Gracias por todo, capitán. Gracias por tanto, genio”.

Matheus Uribe, quien hizo parte de la selección Colombia en Rusia 2018, y apareció en la primera parte del ciclo de Néstor Lorenzo se manifestó: “Yo tuve la fortuna de conocer no solamente a James Rodríguez, el 10 de Colombia, el 10 Del Real Madrid, el goleador de un Mundial y el jugador que hizo feliz a todo un país. Conocí al amigo, al hijo, al hermano, al papá y a la persona que tuvo que sacrificar muchas cosas para llegar a donde llegó.

Sé lo que significó para vos vestir esta camiseta. Sé cuánto la amaste, cuánto te exigiste por ella y todo lo que entregaste cada vez que representaste a Colombia. Por eso hoy, más que despedirte, quiero darte las gracias.”

La salida de James deja una trayectoria respaldada por cifras y reconocimientos. Con Colombia disputó 131 partidos, registro que lo ubica como el jugador con más apariciones en la historia de la selección. Además, suma 31 goles, la mayor cifra para un mediocampista del combinado nacional, y más de 40 asistencias, una marca que ningún otro futbolista colombiano ha alcanzado.

En las eliminatorias mundialistas también aparece como máximo goleador y asistidor histórico de Colombia, con 14 tantos y 14 pases decisivos. Su legado incluye, además, la Bota de Oro del Mundial de Brasil 2014, el Premio Puskás por su anotación ante Uruguay en los octavos de final de esa Copa del Mundo y una actuación que lo convirtió en una de las figuras más recordadas del torneo.

La discusión sobre el ingreso de las autoridades a las universidades públicas tomó un nuevo tono después de que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cuestionara las críticas del expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda al nuevo protocolo anunciado por el Gobierno nacional.

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que la protesta pacífica, siempre que se ejerza dentro del marco de la Constitución y la ley, será respetada y garantizada por su Gobierno. A la vez, señaló que los actos de destrucción de infraestructura, los ataques contra la fuerza pública y las agresiones contra civiles no hacen parte del ejercicio legítimo de la protesta.

La propuesta busca diferenciar la protesta de situaciones que requieran una respuesta institucional. “He dado instrucciones claras para establecer un protocolo nacional de actuación que permita distinguir cuándo estamos en el ejercicio legítimo de la protesta y cuándo existen hechos de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público, que exigen, sin lugar a dudas, la intervención de las autoridades”, afirmó el presidente en una alocución el domingo 13 de septiembre de 2026.

El anuncio generó el rechazo de Petro y Cepeda. El primero cuestionó al presidente De la Espriella en X y lo comparó con dictadores como Benito Mussolini, Adolf Hitler, Francisco Franco, Augusto Pinochet y Jorge Rafael Videla, a quienes señaló de oponerse a la autonomía universitaria. “Esta es la tradición política de quienes se han opuesto a la autonomía universitaria (sic)”, expresó Petro. También afirmó: “Quienes se oponen a la autonomía universitaria simplemente se oponen a que las personas piensen libremente. Se oponen a la razón (sic)”.

Por su parte, Cepeda rechazó el eventual ingreso de la Policía a las universidades: “Rechazo el anuncio de ingreso de la Policía a las universidades bajo la falaz justificación de que la autonomía universitaria no está por encima del orden público”. El senador sostuvo que la medida desconoce el artículo 69 de la Constitución, que garantiza la autonomía universitaria.

Frente a estas posiciones, Federico Gutiérrez aseguró que ambos estarían “asustados” por las medidas anunciadas por el Gobierno.

“La situación es tan fácil como decir que están asustados porque por fin les van a acabar las células terroristas que han construido durante tantas décadas y que les han servido justamente para generar terror, para tomarse algunos de los centros educativos en el país. Ellos trabajan para ellos. Así como hicieron en el último gobierno, que fue fortalecer a las Farc, al ELN y a las estructuras criminales, a ellos les sirven esas células dentro de las ciudades. Les sirve que sigan reclutando a jóvenes, justamente en muchos centros universitarios para sus propósitos, pero se les acabó la fiesta”, dijo Gutiérrez en Semana.

El alcalde de Medellín sostuvo que Petro habría utilizado el argumento de la autonomía universitaria para permitir, según su acusación, que grupos irregulares ingresaran a universidades públicas e instrumentalizaran a estudiantes con fines políticos.

“Eso es parte de un relato que construyeron durante muchos años, muchas décadas, para justamente, con la excusa de la autonomía universitaria, todos estos grupos irregulares pudieran entrar a las universidades públicas, instrumentalizar jóvenes, cambiar el relato y, por supuesto, cogerlo como una bandera política. Pero simplemente a lo que se dedicaron durante muchos años fue a apoyar grupos terroristas de donde vienen ellos mismos”, agregó.

Gutiérrez cuestionó la gestión del expresidente y afirmó que durante su mandato se dedicó a defender estructuras criminales que, según dijo, se habían tomado las universidades. Insistió en que no deberían existir espacios dentro de las ciudades donde la autoridad no pueda actuar. “No se pueden seguir permitiendo zonas de distensión dentro de las ciudades; ¿cómo no van a estar molestos ellos si fueron los que se dedicaron a cuidarlos durante tanto tiempo?”, aseveró. Además, manifestó que ya no se debe “pararle más bolas” a Petro, a quien responsabilizó de haberle “hecho mucho daño al país”.

Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, respaldó la necesidad de que las autoridades intervengan cuando se presenten delitos, aunque remarcó que la violencia no puede confundirse con la protesta. “No aceptamos la utilización de la violencia disfrazada de protesta”, afirmó Lara al referirse a disturbios dentro de universidades públicas. El jefe de la cartera del Interior explicó que la actuación institucional debe aplicarse cuando se infrinja la ley, sin importar el espacio en el que ocurra la conducta. “Si se comete un delito desde cualquier instancia, la autoridad debe proceder”, declaró.

Lara vinculó esa posición con las reglas de un Estado constitucional y con las responsabilidades de las instituciones en una democracia. Su planteamiento apunta a que las garantías para ejercer la protesta deben coexistir con la obligación estatal de responder frente a conductas delictivas.

“Así funciona una democracia, así funciona el Estado de derecho”, expresó el ministro. Finalmente, reiteró que la diferencia entre protestar y cometer actos violentos no debería generar discusión y cerró su intervención con una frase: “Eso no tiene discusión”.

A pocos kilómetros de Santa Marta hay una playa que acaba de ganar un lugar entre los destinos costeros más destacados del planeta. San Juan del Cabo, en el Parque Nacional Natural Tayrona, fue incluida en 2026 en la selección de las 50 mejores playas del mundo y ocupó el puesto 32 de The World’s 50 Best Beaches.

El reconocimiento vuelve a poner la atención internacional sobre este sector del Caribe colombiano, donde el paisaje combina mar, montañas y vegetación. La playa está aproximadamente a una hora de Santa Marta y cuenta con alternativas de hospedaje y descanso para quienes buscan descanso. Más que un lugar para contemplar el paisaje, San Juan del Cabo ofrece distintas actividades. Entre las opciones para los visitantes están el senderismo, el ecoturismo y el camping frente al mar, planes para recorrer el entorno.

Uno de los atractivos que más destaca en el lugar es la tranquilidad de sus aguas cristalinas. El oleaje suele ser calmado , una característica que favorece los planes de descanso para quienes buscan disfrutar del Caribe. Se trata de un mirador con diseño de choza, desde donde los visitantes pueden detenerse a observar el paisaje y tomar fotografías. Desde allí, la combinación de las montañas, la vegetación y el mar ofrece una de las postales más representativas de la playa.

El acceso puede hacerse de distintas maneras. Una de las alternativas consiste en ingresar por el Parque Nacional Natural Tayrona, cuyo acceso tiene un costo que varía de acuerdo con determinadas condiciones. Esta opción permite llegar a la zona por tierra y recorrer el entorno. Para quienes prefieren desplazarse por el mar existe otra posibilidad. Desde Taganga, en Santa Marta, se puede tomar una lancha que tarda aproximadamente 50 minutos en llegar a San Juan del Cabo. Este recorrido permite arribar directamente por vía marítima.

La aparición de la playa en el listado internacional también la ubica junto a otros destinos latinoamericanos reconocidos en la misma selección. Cayo de Agua, en Venezuela, alcanzó el puesto 11, mientras que Baia do Sancho, en Brasil, quedó en la posición 33. Pontal do Atalaia, también en Brasil, completó la presencia de destinos latinoamericanos mencionados en esta clasificación, al ocupar el puesto 44. La inclusión de San Juan del Cabo le permite compartir espacio con playas de la región.

El reconocimiento llega en una temporada en la que el destino recibe ahora atención. La distinción pone el nombre de San Juan del Cabo junto al de playas latinoamericanas que lograron posiciones destacadas en la clasificación internacional de 2026. El lugar suma así un reconocimiento para Santa Marta y para Colombia. Su presencia entre las 50 mejores playas del mundo destaca las condiciones naturales de este sector del Tayrona y refuerza el interés por un destino que combina actividades al aire libre, espacios de descanso y acceso al mar.

Para los viajeros que llegan a la zona, la experiencia puede incluir desde una jornada de playa hasta recorridos por el entorno natural. El senderismo y el ecoturismo amplían las posibilidades para quienes buscan una visita activa, mientras que el camping frente al mar ofrece una alternativa para permanecer más tiempo en el lugar.

La combinación de vegetación, fauna, montañas y aguas cristalinas es parte de los elementos que distinguen a San Juan del Cabo. A esto se suma el mirador con forma de choza, uno de los puntos donde los visitantes suelen detenerse para observar el paisaje y conservar una fotografía del recorrido.

El reconocimiento internacional convierte a esta playa del Parque Tayrona en una referencia para quienes buscan destinos del Caribe colombiano. Aunque la clasificación no cambia las características del lugar, sí añade una distinción internacional a un espacio natural ubicado cerca de Santa Marta.

La relación antidrogas entre Colombia y Estados Unidos vuelve a tener un punto de definición esta semana, cuando Washington revele los países que certifica por sus esfuerzos contra el narcotráfico. Para Colombia, la decisión llega después de un año especialmente complejo, pues la administración de Donald Trump retiró en 2025 el aval que reconocía al país como aliado en esta materia.

Más allá del resultado que se anuncie, la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) puso el foco en lo que viene después. El gremio elaboró un análisis sobre los posibles escenarios de la certificación y las condiciones que enfrenta el país para sostener cualquier avance en su relación de cooperación con Estados Unidos.

El diagnóstico parte de una consideración central: Colombia llega a esta evaluación en una posición política más favorable, pero todavía arrastra problemas que fueron determinantes en la decisión del año pasado. Según AmCham Colombia, los indicadores estructurales que pesaron en 2025 no han cambiado de manera sustancial.

La diferencia está en otro frente. El gremio identifica una modificación en la trayectoria política, operacional y de cooperación bilateral, impulsada por las acciones adoptadas desde el 7 de agosto. Ese giro abre una oportunidad para mejorar la posición del país, aunque sus efectos tendrán que demostrarse con resultados concretos.

“Las acciones adoptadas desde el 7 de agosto mejoran la posición de Colombia, pero pocas semanas no revierten varios años de deterioro. La prueba relevante será convertir ese cambio de orientación en resultados verificables y sostenidos durante los próximos doce meses”, destacó la agremiación.

Con ese panorama, AmCham Colombia plantea dos posibilidades para la decisión de 2026. El primer escenario se mueve entre la cooperación y la ruptura, mientras el segundo gira alrededor de una determinación más específica: retirar la designación negativa que pesa sobre Colombia o mantenerla. “La primera reconocería el cambio de trayectoria; la segunda daría mayor peso a los resultados heredados, preservando al mismo tiempo la cooperación”, explicó el gremio.

La lectura de AmCham no limita el problema del narcotráfico a la certificación estadounidense. Para la organización, la reducción de las economías ilícitas representa un desafío que involucra la seguridad y el desarrollo de Colombia, debido a los efectos que genera su expansión sobre distintos sectores del país. El impacto alcanza a los territorios y las empresas y tiene consecuencias sobre la competitividad y la inversión. Por eso, el resultado de la evaluación anual no debería entenderse como el punto final de la discusión, independientemente de la determinación que adopte Washington esta semana.

La fecha del anuncio, prevista para el 15 de septiembre, aparece así como un momento relevante dentro de un proceso que tendrá que medirse por su evolución posterior. Para AmCham, el desempeño de Colombia durante los meses siguientes será determinante para establecer si el cambio de orientación señalado por el Gobierno logra consolidarse.

“La decisión de 2026 importa, pero no cierra la discusión. El verdadero examen para Colombia comienza después del 15 de septiembre: sostener el cambio de trayectoria, reducir la oferta y debilitar de manera verificable la capacidad económica y operativa de las organizaciones criminales”, destacó la agremiación.

El análisis deja planteado que una eventual mejora en la certificación no resolvería por sí sola los desafíos que enfrenta Colombia. La cooperación bilateral podrá fortalecerse si el país consigue respaldar el nuevo escenario político con resultados sostenidos en la lucha contra las organizaciones criminales y las economías ilícitas.

En ese sentido, la evaluación estadounidense será apenas una referencia dentro de un reto de mayor alcance. El país deberá demostrar durante los próximos doce meses que el cambio de trayectoria puede traducirse en avances verificables y sostenibles, especialmente en la reducción de la oferta de drogas y en el debilitamiento de las capacidades económicas y operativas de las organizaciones criminales.

El mercado internacional de las esmeraldas colombianas atraviesa un 2026 con señales de recuperación, aunque los resultados todavía dependen en buena medida de meses puntuales. Entre enero y julio, las ventas externas de estas piedras preciosas sumaron US$85,6 millones, frente a los US$75,1 millones del mismo periodo de 2025.

El aumento equivale a un crecimiento interanual del 14%, según el consolidado de la Federación Nacional de Esmeraldas de Colombia (Fedesmeraldas). Sin embargo, el comportamiento no es uniforme y las cifras muestran una fuerte concentración del valor exportado en un solo mes.

Febrero explica buena parte del resultado acumulado. Durante ese mes, Colombia exportó US$34 millones en esmeraldas, una cifra que superó en 84,4% los US$18,4 millones registrados en febrero de 2025. Ese valor representó el 39,7% de todas las exportaciones realizadas entre enero y julio de 2026.

El contraste es importante para entender el balance del sector. Enero, marzo, mayo y julio cerraron con caídas frente a los mismos meses del año anterior, mientras abril y junio lograron avances de 35,3% y 27,9%, respectivamente. Fedesmeraldas advierte que, sin el resultado excepcional de febrero, el acumulado de los primeros siete meses habría quedado por debajo del registrado en 2025.

Otro elemento que sobresale en las cifras es el peso de las piedras que llegan al mercado internacional después de procesos de transformación. De los US$85,6 millones exportados hasta julio, US$80,3 millones correspondieron a esmeraldas talladas y US$5,3 millones a piedras en bruto.

Las talladas concentraron así el 93,8% del valor total exportado, pese a representar apenas el 17,8% de los quilates registrados durante el periodo. El dato muestra la diferencia que existe entre el volumen físico de las piedras comercializadas y el valor que alcanzan aquellas que pasan por procesos de talla.

La composición de las exportaciones también permite observar dónde se concentra actualmente el valor del negocio. Aunque las piedras en bruto mantienen una participación dentro de los envíos, las esmeraldas talladas aportan la mayor parte de los ingresos obtenidos por el sector en los mercados externos. Esta diferencia adquiere relevancia para una industria que busca fortalecer su presencia internacional y responder a las condiciones de un segmento sensible a los cambios económicos y geopolíticos del mercado.

Para Óscar Baquero, presidente de Fedesmeraldas, el escenario internacional continúa siendo complejo para los productos considerados de lujo. “Cuando hay guerras o tensiones internacionales, lo primero que se recorta son las inversiones en bienes de lujo, y las esmeraldas no son la excepción (...) a pesar de las circunstancias, la esmeralda nacional mantiene un mejor valor de quilates respecto a sus competidores, lo que nos permite mantenernos vigentes en el mercado internacional, como un producto de lujo apetecido”, explicó Baquero.

El gremio espera que varios factores ayuden a sostener la recuperación durante 2026. Entre ellos están unas mejores condiciones arancelarias, avances en la producción y una evolución favorable de la situación de orden público. Guillermo Galvis, presidente de Acodes, Asociación de Exportadores de Esmeraldas, también señaló las expectativas que tiene el sector para los próximos meses. “En el 2026 esperamos mejoras en temas arancelarios, mejorando el acceso en desarrollo logístico. Creemos que con una buena producción tendremos buenos resultados. El mundo está en recuperación”, manifestó.

Pese al crecimiento registrado hasta julio, la industria todavía enfrenta dificultades que pueden condicionar su desempeño. El acceso a financiación continúa entre los asuntos pendientes, al igual que la necesidad de explorar nuevas betas y atraer inversionistas.

La evolución de las exportaciones, por tanto, combina una cifra acumulada positiva con una trayectoria mensual irregular. El incremento frente a 2025 ofrece una señal favorable, pero la concentración de los resultados evidencia que la recuperación aún no es completamente estable. El desempeño de febrero fue determinante para que el balance anual hasta julio mostrara números positivos. Mientras ese mes aportó casi cuatro de cada diez dólares exportados en el periodo, otros cuatro meses registraron retrocesos.

El interés por viajar a Colombia desde otros países ganó fuerza durante el primer semestre de 2026, con un comportamiento especialmente marcado en varios mercados de América Latina. Las búsquedas de tiquetes hacia el país aumentaron 11,5% frente al mismo periodo del año anterior, según cifras divulgadas por la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato).

El movimiento no se quedó únicamente en las ciudades que suelen concentrar la atención de los viajeros. Costa Rica encabezó el crecimiento entre los mercados analizados, con un aumento de 80,4% en las búsquedas de vuelos hacia Colombia. Ecuador ocupó el segundo lugar, con 70,3%, seguido de México, con 54,3%; Brasil, con 49,4%; y Perú, con 43,8%.

Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato, destacó que el comportamiento refleja una mayor atención hacia Colombia desde distintos países de la región. “Además de los mercados tradicionalmente relevantes, se evidenció un creciente interés desde diferentes países de la región. Costa Rica registró un aumento de 80,4% en las búsquedas hacia Colombia, seguido de Ecuador, con 70,3%; México, con 54,3%; Brasil, con 49,4%; y Perú, con 43,8%. España y Francia también presentaron incrementos cercanos a 19%”

Los datos permiten dimensionar el volumen de consultas que recibió el país. Durante junio de 2026 se registraron cerca de 8 millones de búsquedas aéreas hacia Colombia, mientras que el dato acumulado señalado por Anato para el primer semestre fue de 7,9 millones de búsquedas de tiquetes. Frente al mismo periodo de 2025, este último resultado representa un crecimiento de 11,5%.

La tendencia también se refleja en las ciudades que aparecen como posibles destinos para quienes consultan opciones de viaje. San Andrés fue la que presentó el mayor crecimiento entre los destinos mencionados, con un aumento de 50,6% en las búsquedas. Santa Marta ocupó el siguiente lugar, con una variación positiva de 24,3%. Cartagena registró un crecimiento de 23,6% y Barranquilla alcanzó 23,4%. En estos casos, el incremento muestra un mayor interés por destinos turísticos del Caribe colombiano.

Otros lugares, aunque tuvieron un menor volumen de búsquedas, también registraron variaciones importantes. Villavicencio, Montería y Riohacha presentaron crecimientos cercanos a 24%, de acuerdo con la información entregada por Anato.

El comportamiento de las búsquedas está acompañado por un aumento en las reservas para los meses siguientes. Para el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2026 se contabilizaron 2,3 millones de reservas hacia Colombia, cifra que representa un incremento de 5,3% frente al mismo periodo del año anterior. La anticipación con la que se están realizando esas reservas es otro de los datos destacados por el gremio. El 60,2% de las reservas correspondientes al segundo semestre de 2026 fueron realizadas con cuatro meses de antelación.

Así, las cifras muestran un escenario favorable para el flujo de viajeros hacia Colombia durante la segunda mitad del año. El crecimiento de las consultas internacionales, sumado al aumento de las reservas ya concretadas, concentra la atención en varios mercados latinoamericanos y en destinos nacionales como San Andrés, Santa Marta, Cartagena y Barranquilla.

Las cifras fueron elaboradas a partir de información de Amadeus y ForwardKeys, con cálculos de ProColombia. Anato es una organización gremial sin ánimo de lucro que representa los intereses de las agencias de viajes y del turismo en Colombia. La asociación fue creada el 20 de octubre de 1949 y actualmente reúne a más de 730 agencias asociadas, distribuidas en nueve capítulos de representación.

Para el sector, este tipo de indicadores permite seguir el comportamiento de la demanda antes de que los viajeros concreten sus desplazamientos. Las consultas procedentes de Costa Rica, Ecuador, México, Brasil y Perú sobresalen por sus variaciones, mientras que España y Francia registraron aumentos cercanos a 19%. Los resultados abarcan tanto la intención de viaje como las reservas proyectadas para el segundo semestre.

El mercado de vivienda en alquiler empezó a sentir los efectos de la emergencia sísmica que golpeó al occidente del país. Después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto de 2026, las búsquedas de inmuebles en alquiler aumentaron en las cinco capitales más afectadas, una señal de la presión que enfrentan los hogares que necesitan reubicarse.

Los datos de Fincaraíz muestran que Armenia concentró el mayor crecimiento entre julio y agosto, con un aumento de 43% en las sesiones y consultas de viviendas disponibles para alquiler. Quibdó ocupó el segundo lugar con 37%, mientras Cali registró un incremento de 36%.

El comportamiento también se reflejó en Manizales y Pereira. En la primera ciudad las búsquedas crecieron 34%, mientras en la segunda aumentaron 22%. Las cifras permiten observar cómo la emergencia modificó el interés de los hogares por encontrar alternativas habitacionales en las zonas afectadas.

Sin embargo, el aumento de las consultas no significa que todas las personas hayan encontrado una vivienda. El dato refleja la presión que se concentra sobre un mercado donde coinciden una mayor cantidad de familias en búsqueda y una disponibilidad más reducida de inmuebles para responder a esa necesidad.

Cali enfrenta una situación especialmente significativa. De acuerdo con la información entregada por Fincaraíz, cerca de 12.000 familias quedaron sin vivienda después del terremoto. La cantidad de hogares que requieren una alternativa habitacional representa una presión considerable para un mercado que ya tenía una oferta limitada de propiedades en alquiler.

Martha Valencia, CEO de Fincaraíz, explicó que el impacto de la emergencia se produjo sobre los dos lados del mercado inmobiliario: “El sismo transformó la oferta y demanda inmobiliaria en la región. El incremento en las búsquedas de arriendos muestra un fenómeno que desafía la capacidad actual del mercado para proveer la cantidad de unidades que se están necesitando”, señaló Valencia.

A la mayor demanda se suma otro problema: el inventario disponible puede reducirse cuando una propiedad queda inhabitable o presenta daños estructurales. En esos casos, el inmueble puede salir temporalmente del mercado mientras el propietario adelanta las reparaciones necesarias. Los inmuebles que permanecen disponibles pueden ser ocupados rápidamente por hogares que necesitan mudarse. De esta manera, el mercado recibe más personas interesadas justo cuando cuenta con menos unidades capaces de atenderlas, una combinación que puede generar presión sobre los precios.

Fincaraíz identificó casos de propietarios u oferentes que estarían cobrando entre 30% y 50% más por los alquileres frente a sus valores habituales. La plataforma advierte que se trata de casos identificados y que el aumento no corresponde necesariamente a todos los arriendos de las ciudades afectadas.

Mientras tanto, el Gobierno comenzó a entregar subsidios de arrendamiento destinados a damnificados. Los apoyos pueden alcanzar $1.250.000 mensuales durante tres meses y buscan ofrecer una salida temporal a las familias mientras encuentran una vivienda o avanzan otros procesos asociados con la emergencia.

Para la empresa, estos recursos no constituyen la causa principal de la presión sobre los precios. “El subsidio representa un alivio importante para las familias afectadas, pero no es lo que está presionando los precios. El factor determinante es la relación entre oferta y demanda: tenemos miles de familias buscando vivienda de manera simultánea y muy pocas unidades disponibles”, explicó Valencia.

La emergencia también está modificando las preferencias de quienes buscan dónde vivir. Se identificó una mayor inclinación por las casas frente a los apartamentos, especialmente cuando estos últimos están ubicados en pisos altos. Ese cambio estaría relacionado con la percepción de seguridad de los hogares después del terremoto. La búsqueda, por tanto, no se limita a encontrar un inmueble disponible: algunas familias están priorizando opciones que consideran más seguras ante la posibilidad de nuevos movimientos sísmicos.

La modernización del aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena vuelve a estar bajo presión. El proyecto, considerado clave para la conectividad de la ciudad, recibió un llamado del Ministerio de Transporte para recuperar el ritmo de ejecución y resolver los asuntos que todavía frenan las obras.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, pidió al concesionario Oinac presentar un plan concreto que permita “destrabar” los trabajos y avanzar en los compromisos pendientes. Durante su visita a Cartagena, la funcionaria dejó claro que la articulación entre las entidades no significa que el concesionario quede exento de sus responsabilidades.

“Cartagena es una de las principales puertas de entrada del turismo internacional a Colombia y merece una terminal a la altura de su importancia. Necesitamos resultados, un mayor ritmo de ejecución y mejores condiciones para los pasajeros”, sostuvo. Para facilitar las decisiones, el Ministerio anunció una mesa de alto nivel en la que participarán la Agencia Nacional de Infraestructura (Ani), Oinac, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), la Aeronáutica Civil, Cardique y la Alcaldía de Cartagena.

La instancia tendrá entre sus asuntos la entrega de vías y andenes por parte del Distrito, la modificación de la licencia ambiental de la Anla y la reubicación de la oficina de taxistas. Estos puntos fueron identificados como necesarios para que la ampliación pueda avanzar.

“Desde el Ministerio de Transporte instalaremos una mesa de alto nivel con la Ani, el concesionario, la Anla, la Aerocivil, Cardique y la Alcaldía de Cartagena para destrabar los temas pendientes, pero quiero ser muy clara: esta articulación no libera al concesionario de sus obligaciones. Le exigiremos que demuestre qué gestiones ha realizado, cuáles obras puede ejecutar de inmediato y cómo va a recuperar el atraso acumulado. Cartagena necesita menos excusas y más ejecución”, señaló Noguera.

El llamado del Gobierno encontró respaldo en la administración distrital. El alcalde Dumek Turbay afirmó que existe una voluntad conjunta para que la capital de Bolívar tenga una terminal acorde con el peso que representa para el turismo, la economía y la posición estratégica del país.

“Como Alcaldía estamos listos para que todos hablemos del mismo lado y para que gane Cartagena y gane Colombia. Hemos conversado todos los temas, especialmente, la voz de la comunidad, las inquietudes de los taxistas que prestan el servicio en el aeropuerto, las preocupaciones de los habitantes de Crespo y la necesidad de resolver situaciones que permitan que este proyecto avance”, aseguró el alcalde Turbay.

Desde Oinac, concesión encargada de la modernización, se aseguró que la intervención de la ministra puede ayudar a acelerar el proyecto. Patricia Mejía, gerente general de Oinac, reiteró el compromiso de la compañía con las obras y destacó la necesidad de recuperar el ritmo previsto.

“Desde Oinac mantenemos nuestro compromiso de avanzar en la consolidación de las obras de modernización del aeropuerto para darle a la ciudad una infraestructura aérea que responda a sus dinámicas de crecimiento turístico y comercial. Agradecemos el llamado de la ministra, lo entendemos como un espaldarazo al trabajo que hemos venido realizando con los actores involucrados en el proceso para darle celeridad a las obras y retomar el ritmo de cara cumplir con el cronograma propuesto”, agregó Patricia Mejía, Gerente General de Oinac.

El proyecto contempla una inversión superior a 922.500 millones de pesos. Entre sus principales componentes está la construcción de un nuevo edificio internacional de 19.593 m², con el que el área total de la terminal llegará a 44.748 m².

La intervención busca elevar la capacidad de atención del aeropuerto de 7 a 11 millones de pasajeros. También contempla aumentar de 19 a 23 las operaciones por hora y pasar de 11 a 15 posiciones de uso simultáneo. A esto se suman cinco nuevos puentes de abordaje y la incorporación de tecnología Swing Gate. Este sistema permite adaptar las puertas o puestos de embarque para alternar de manera flexible el flujo de pasajeros o aeronaves entre vuelos nacionales e internacionales.

La incorporación de Colombia al Escudo de las Américas quedó formalizada el lunes 14 de septiembre de 2026 con la participación de la embajadora colombiana en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, en una reunión de esta coalición regional. La entrada del país abre un nuevo espacio de cooperación con otras naciones del continente alrededor de asuntos de seguridad y lucha contra organizaciones narcoterroristas.

La representación diplomática colombiana señaló que Araújo participó en el encuentro convocado por la enviada especial para el Escudo de las Américas, Kristi Noem, y el secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura. La reunión tuvo como propósito avanzar en prioridades compartidas de seguridad.

Antes de ese encuentro, Araújo sostuvo una conversación con Noem para abordar las prioridades que el gobierno de Abelardo de La Espriella pretende impulsar en la relación bilateral con Estados Unidos. Entre los asuntos mencionados estuvieron el trabajo conjunto contra organizaciones narcoterroristas y la búsqueda de condiciones de seguridad y estabilidad que favorezcan la inversión, el crecimiento y la prosperidad.

“La embajadora María Consuelo Araújo se reunió con la Enviada Especial para el Escudo de las Américas, Kristi Noem, antes de la Reunión del Escudo de las Américas de hoy. Sus discusiones se centraron en avanzar las prioridades del presidente Abelardo de la Espriella para la relación bilateral: fortalecer los esfuerzos conjuntos contra las organizaciones narcoterroristas y promover la seguridad y estabilidad necesarias para impulsar la inversión, el crecimiento y la prosperidad”, explicó la embajada colombiana.

La llegada de Colombia a esta iniciativa fue anticipada por el Gobierno. El interés en participar fue uno de los asuntos tratados durante la reunión que el presidente Abelardo de la Espriella sostuvo la semana pasada en Barranquilla con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Desde la embajada también destacaron que la participación de Araújo en la reunión busca aprovechar una relación bilateral. La intención expresada por la representación diplomática es que esa cooperación se traduzca en resultados verificables en materia de seguridad.

“Araújo se unió posteriormente a la Reunión del Escudo de las Américas, organizada por la enviada especial Noem y el secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental Juan Pablo Segura para avanzar en la cooperación regional en prioridades de seguridad compartidas y el esfuerzo más amplio para traducir la confianza renovada y la cooperación en resultados tangibles”, explicaron desde la embajada de Colombia en Estados Unidos.

Noem, por su parte, confirmó públicamente la incorporación de Colombia a la coalición y destacó la continuidad de la cooperación regional. “Hoy, dimos la bienvenida a la embajadora Colombiana María Consuelo Araújo Castro mientras Colombia se unía oficialmente a SHIELD of the Americas. Esperamos con interés nuestra asociación continua mientras fortalecemos la cooperación regional y creamos un Hemisferio Occidental más seguro y protegido”, dijo Noem.

El Escudo de las Américas, conocido en inglés como Shield of the Americas, es una coalición multinacional de cooperación militar anunciada en marzo de 2026 por Donald Trump durante una cumbre con líderes del Hemisferio Occidental. La iniciativa busca coordinar esfuerzos militares y de seguridad para enfrentar organizaciones criminales transnacionales, especialmente los cárteles de droga que operan en el continente.

Según la descripción de la iniciativa, los países participantes pueden compartir inteligencia militar y coordinar operaciones destinadas a localizar y desmantelar redes de cárteles. La coalición contempla además que sus integrantes puedan solicitar asistencia a otros miembros, incluido Estados Unidos, para enfrentar infraestructura y rutas utilizadas por estas organizaciones.

Con Colombia, el grupo reúne a Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago. Chile participa como observador, mientras Estados Unidos figura como promotor de la iniciativa.

El mercado de vehículos de nuevas tecnologías alcanzó en agosto un punto que hasta hace poco parecía lejano: los carros híbridos y eléctricos ya representan más de la mitad de las matrículas de vehículos nuevos en Colombia. El informe de Fenalco y la Andi, elaborado con información del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), estableció una participación conjunta de 50,6% durante el octavo mes del año.

El resultado estuvo impulsado por el comportamiento de los eléctricos, cuyas matrículas crecieron con fuerza frente a agosto de 2025. En total, se registraron 4.542 unidades, frente a las 1.647 del mismo mes del año pasado, lo que supone un incremento de 176%. Los eléctricos alcanzaron así el 16,7% del mercado automotor durante agosto.

Los híbridos conservaron una porción mayor del mercado. Durante el mes se matricularon 9.195 vehículos de este tipo, un aumento de 51,6% frente a las 6.066 unidades registradas en agosto de 2025. Con ese resultado, su participación llegó al 33,9%. La evolución no se limita a un solo mes. Entre enero y agosto de 2026 se matricularon 33.889 vehículos eléctricos nuevos, cifra que representa un crecimiento de 222,5% respecto del mismo periodo de 2025. En el segmento híbrido se contabilizaron 63.210 unidades, con un incremento acumulado de 61%.

El avance también tuvo diferencias importantes entre ciudades. La Calera encabezó el crecimiento de las matrículas eléctricas en agosto, con una variación de 2.633%. Después aparecieron Tunja, con 550%, y Cúcuta, con 486%. Para los híbridos, los mayores aumentos se presentaron en Girardot, con 608%, Montería, con 148%, y Sincelejo, con 145%.

En los eléctricos, Tesla volvió a ocupar el primer lugar entre las marcas durante agosto. La compañía registró 2.046 unidades y alcanzó una participación de 45% del mercado. BYD quedó segunda con 746 matrículas, seguida por MG, con 383; Chery, con 247, y Geely, con 194. En conjunto, estas cinco marcas concentraron el 79,6% de los registros de vehículos eléctricos del mes.

Al revisar el acumulado de enero a agosto, Tesla mantuvo el liderazgo con 14.107 unidades. BYD ocupó el segundo puesto con 7.332, seguida por Chery, con 1.893; MG, con 1.643, y Chevrolet, con 1.324. Estas cinco marcas reunieron el 77,6% de las matrículas de vehículos eléctricos registradas en lo corrido de 2026. Entre los modelos, el Tesla Model Y fue el más matriculado en agosto, con 1.902 unidades. Le siguieron el BYD Yuan Up, con 323; MG S5, con 260; BYD Seagull, con 241, y Chery Icar, con 160. Los cinco concentraron el 63,5% del mercado eléctrico del mes.

En el acumulado anual, el Tesla Model Y representó el 35,9% de las matrículas eléctricas. El BYD Yuan Up alcanzó 10,3%, mientras el Tesla Model 3 llegó a 5,7%, el Chery Icar a 5,1% y el BYD Seagull a 5%. En conjunto, estas cinco líneas representaron el 62,1% del total registrado entre enero y agosto.

El panorama de los híbridos estuvo encabezado por Toyota durante agosto, con 1.563 unidades. Suzuki registró 1.150, Kia 1.009, Renault 821 y Mazda 716. Las participaciones de estas marcas fueron de 17,0%, 12,5%, 11,0%, 8,9% y 7,8%, respectivamente, para un total conjunto de 57,2% de las matrículas híbridas del mes.

En los primeros ocho meses del año, Toyota también lideró este segmento con una participación de 16,1%. Suzuki obtuvo 15,7%, Kia 12,5%, Mazda 9,4% y Renault 8,1%. Estas cinco marcas concentraron el 61,8% de los vehículos híbridos matriculados en Colombia durante 2026.

El comportamiento de las marcas permite, además, identificar una concentración importante dentro de cada segmento. En los eléctricos, Tesla y BYD reúnen buena parte de los registros, mientras Toyota y Suzuki encabezan el listado de híbridos. Los datos de agosto consolidan así un cambio visible en las preferencias de quienes adquieren vehículos nuevos y muestran el peso creciente de estas tecnologías en Colombia en el mercado colombiano actual.

La reorganización de la estructura del Estado colombiano ya aparece entre las prioridades del gobierno de Abelardo de la Espriella, que prepara un paquete de medidas para reducir el gasto público. La propuesta contempla cambios en el número de ministerios y podría derivar en una reforma estatal que sería discutida por el Congreso.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, confirmó que algunas de esas carteras dejarán de existir y que otras podrían integrarse con el propósito de hacer más eficiente el funcionamiento del Gobierno. La reducción del número de ministerios es una de las alternativas que el Ejecutivo estudia para disminuir sus costos.

Gómez aseguró que la cifra actual de 18 ministerios podría bajar a 13. Según explicó, las cuentas del Gobierno permiten plantear esa reducción, aunque la decisión definitiva dependerá del trámite político que deberán surtir las iniciativas ante el Congreso.

Las medidas formarían parte de la llamada Ley de Rescate Fiscal, proyecto con el que la administración pretende concentrarse en el recorte del gasto. El jefe de la cartera de Hacienda sostuvo que el Gobierno no cuenta con recursos suficientes para mantener la estructura actual y consideró necesario racionalizarla.

“Este gobierno por primera vez está diciendo: ‘hay que bajar el gasto y apretarse el cinturón’”, afirmó Gómez a Semana. Luego insistió en la necesidad de contener el aumento de las obligaciones públicas: “Hay que frenar el gasto, porque así como vamos el país es inviable”.

La estrategia planteada por Hacienda prioriza el ajuste del aparato estatal antes de acudir a un incremento de impuestos. El ministro explicó que elevar la carga tributaria se mantiene como una alternativa posterior, después de revisar qué gastos pueden eliminarse o reducirse dentro del propio Estado.

“En la situación en la que estamos no descartamos nada. Subir impuestos sería la última opción, preferimos primero recortar y que el Estado haga el sacrificio. Al final, si eso no basta, vamos a pedirles a los colombianos que nos den un apoyo, pero no con los sistemas tradicionales de impuestos”, aseguró este lunes 14 de septiembre de 2026 el ministro de Hacienda.

La eliminación y fusión de ministerios tampoco sería el único cambio. Gómez planteó la necesidad de adelantar una reforma del Estado colombiano para modificar su estructura y buscar un funcionamiento más eficiente. Aunque el Gobierno tiene definido el objetivo de reducir el gasto, varias de las decisiones requerirán discusión y aprobación del Legislativo.

Por esa razón, el ministro remarcó que el Congreso tendrá la última palabra sobre las modificaciones que se pretendan aplicar. La propuesta de pasar de 18 a 13 ministerios es, por ahora, una de las opciones que el Gobierno considera viable dentro de su estrategia de ajuste.

Parte de estas transformaciones podría quedar incorporada en el Plan de Desarrollo. Sin embargo, el Gobierno contempla que otros cambios requieran una iniciativa independiente, cuya presentación está prevista para 2027. Esto permitiría separar las medidas que puedan avanzar dentro de la planeación gubernamental de aquellas que necesiten una reforma.

El anuncio se conoce mientras el Gobierno prepara la Ley de Rescate Fiscal con el recorte del gasto como uno de sus componentes. La apuesta consiste en revisar la dimensión y funcionamiento de la administración pública antes de trasladar mayores cargas económicas a los ciudadanos.

En paralelo, Hacienda tiene previsto otro frente relacionado con la revisión de posibles hechos de corrupción de la administración anterior. Gómez señaló que los ministros del Gobierno de Abelardo de la Espriella tienen hasta finales de septiembre para entregar a las autoridades la información que hayan encontrado sobre presuntos casos de corrupción. Ese plazo hace parte de las instrucciones al gabinete para reportar los hallazgos identificados durante la revisión de la gestión anterior. Así, el Gobierno avanza en la discusión de un ajuste de su estructura y en la entrega de información sobre posibles irregularidades detectadas.

La ofensiva de la Fuerza Pública se extendió durante las últimas horas a diferentes regiones del país, con operaciones contra estructuras vinculadas al narcotráfico, la extorsión y otras actividades ilegales. Los resultados fueron reportados por el presidente Abelardo de la Espriella, quien destacó acciones desarrolladas en Antioquia, Cauca y La Guajira.

Uno de los principales operativos tuvo lugar en Caucasia, donde tropas del Ejército Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y la Fiscalía, intervinieron una estructura del Clan del Golfo. Allí fue dado de baja alias Niche, señalado como cabecilla de zona de la subestructura Uldar Cardona Rueda.

De acuerdo con el reporte de Abelardo de la Espriella a través de su cuenta de X, el hombre llevaba cerca de siete años dentro de esa organización criminal y era señalado de dirigir extorsiones, secuestros, homicidios y amenazas, además de acciones contra integrantes de la Fuerza Pública en el Bajo Cauca.

El procedimiento dejó otros tres integrantes de la estructura capturados, uno de ellos herido. Sin embargo, el resultado que De la Espriella presentó como el más importante fue la recuperación de siete personas que permanecían secuestradas por el Clan del Golfo. Durante la operación también fueron incautados cuatro fusiles, una pistola, 873 cartuchos, 18 proveedores, equipos de comunicaciones y documentación relacionada con las finanzas de la organización criminal.

El presidente destacó el resultado a través de un mensaje publicado en redes sociales y señaló que las operaciones también alcanzaron a otros grupos armados en diferentes departamentos. En Popayán, Cauca, las autoridades capturaron por orden judicial a dos integrantes del grupo “Jaime Martínez”. En el procedimiento fueron encontrados armas, municiones, 13 celulares, una tableta y cinco millones de pesos en efectivo.

La operación contra esa estructura tuvo otro resultado en López de Micay. Allí fueron destruidas siete unidades de producción minera ilegal que, según el reporte, pertenecían a la misma organización. En el lugar también fueron intervenidos 12 motores industriales y 2.750 galones de insumos líquidos.

Mientras tanto, en Dibulla, La Guajira, tropas sostuvieron combates con integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. Durante las acciones fueron incautados un mortero artesanal, ocho granadas de 40 milímetros, 13 artefactos explosivos, municiones, detonadores, equipos de comunicaciones y dos antenas Starlink.

Al entregar el balance de las operaciones, De la Espriella sostuvo que la estrategia de la Fuerza Pública busca afectar diferentes componentes de las estructuras criminales. En su mensaje, resumió el alcance de las acciones de esta manera: “¡La ofensiva de nuestra Fuerza Pública golpea a los criminales en varios frentes!"

En Caucasia, Antioquia, nuestro Ejército Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y la Fiscalía, golpeó al Clan del Golfo: alias “Niche”, cabecilla de zona de la subestructura Uldar Cardona Rueda, fue dado de baja y otros 3 criminales fueron capturados, uno de ellos herido. Alias “Niche” llevaba cerca de 7 años en esa organización criminal y era señalado de dirigir extorsiones, secuestros, homicidios, amenazas y acciones contra nuestra Fuerza Pública en el Bajo Cauca.

Lo más importante: en el lugar fueron rescatadas 7 personas que se encontraban secuestradas por esta estructura criminal. Además, incautamos 4 fusiles, una pistola, 873 cartuchos, 18 proveedores, equipos de comunicaciones y documentación de sus finanzas criminales. En Popayán, Cauca, capturamos por orden judicial a 2 integrantes del grupo narcoterrorista “Jaime Martínez”, con armas, municiones, 13 celulares, una tableta y $5 millones en efectivo. En López de Micay destruimos 7 unidades de producción minera ilegal de esa misma estructura, junto con 12 motores industriales y 2.750 galones de insumos líquidos.

En Dibulla, La Guajira, nuestras tropas combatieron a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra e incautaron un mortero artesanal, 8 granadas de 40 mm, 13 artefactos explosivos, municiones, detonadores, equipos de comunicaciones y 2 antenas Starlink. Los estamos golpeando en sus cabecillas, sus armas, sus finanzas, sus comunicaciones y sus economías ilegales. No habrá territorio vedado para nuestra Fuerza Pública. ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E) 🇨🇴“.

El balance presentado por el mandatario reúne operaciones con objetivos distintos: en Caucasia, la acción estuvo dirigida contra el Clan del Golfo y permitió recuperar a siete personas secuestradas; en Popayán hubo dos capturas y en López de Micay se afectaron actividades de minería ilegal atribuidas al grupo “Jaime Martínez”.

Una serie de hechos violentos registrados el domingo 13 de septiembre en distintas regiones del país volvió a poner la atención sobre la situación de orden público. En Antioquia, una operación militar permitió recuperar a siete personas que permanecían secuestradas por el Clan del Golfo, mientras en Cauca y Valle del Cauca se reportaron otros episodios que involucraron a integrantes de la fuerza pública y grupos armados.

El procedimiento se desarrolló en Caucasia, Antioquia. Según informó el presidente Abelardo de la Espriella, las siete personas fueron recuperadas durante la intervención de las autoridades contra la estructura criminal.

La información inicial entregada por el mandatario señalaba que seis de los rescatados serían menores de edad. A partir de ese reporte, el Gobierno ordenó activar medidas de protección para quienes, de manera preliminar, se consideraban menores.

“Este es el resultado que más importa: 6 menores fueron apartados de las garras de una organización criminal que los estaba utilizando para sus propósitos delincuenciales”, afirmó De la Espriella.

El ultimátum de De la Espriella a los grupos guerrilleros

El presidente también señaló que las autoridades buscarían establecer las circunstancias en las que estas personas terminaron dentro de la estructura criminal y determinar quiénes serían los responsables de su vinculación.

De la Espriella advirtió en su mensaje sobre las consecuencias para quienes involucren a menores en actividades relacionadas con organizaciones armadas: “Quien reclute, instrumentalice o utilice a un menor para la guerra y el delito tendrá a todo el Estado detrás”.

Sin embargo, horas después, el mandatario corrigió la información inicial. A través de sus redes sociales precisó que las seis personas que habían sido identificadas preliminarmente como menores de edad son en realidad adultos que permanecían secuestrados.

“Aclaración importante: las 6 personas recuperadas no son menores, son adultos que estaban secuestrados”, escribió el presidente. La operación en Caucasia dejó además otros resultados. De acuerdo con el reporte oficial, un integrante del Clan del Golfo fue dado de baja y tres personas fueron capturadas. Una de ellas resultó herida durante el procedimiento.

Las autoridades también incautaron cuatro armas largas y un arma corta. Tras el operativo, De la Espriella reiteró la instrucción dirigida a la fuerza pública de actuar contra las estructuras armadas que operan en el país, con especial énfasis en aquellas relacionadas con el narcotráfico.

La jornada tuvo diferentes actos violentos

La jornada de hechos violentos tuvo otro episodio en Timbiquí, Cauca. Allí fue asesinado el patrullero José Ahumada Mendoza dentro de una estación de la Policía.

El uniformado, oriundo de Barranquilla, tenía 28 años y llevaba cinco años vinculado a la institución. Según la información conocida, recibió tres disparos hacia la 1:30 a. m. del domingo 13 de septiembre. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, se pronunció sobre el asesinato y aseguró que “este crimen no quedará impune”.

En otro punto del Cauca también se registraron enfrentamientos. En una zona rural del municipio de Páez se enfrentaron integrantes de la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de “Iván Mordisco” y hombres del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El combate se extendió durante aproximadamente una hora y media y provocó el confinamiento de varias familias de la zona, que quedaron afectadas por los enfrentamientos entre las dos estructuras armadas.

A estos hechos se sumó un ataque contra una patrulla de la Policía en Palmira, Valle del Cauca. El hecho ocurrió en una zona comercial ubicada en la calle 42 con carrera 33.

Según la información reportada, hombres que se movilizaban en una motocicleta lanzaron una granada de fragmentación contra el vehículo policial. En ese momento, la patrulla era ocupada únicamente por el conductor.

El uniformado salió ileso del ataque. Las autoridades mantienen así la atención sobre varios hechos registrados durante la jornada, que dejaron secuestros, capturas, enfrentamientos y ataques contra integrantes de la fuerza pública en diferentes regiones del país.

La Aeronáutica Civil activó los protocolos de búsqueda y salvamento luego de perder comunicación con una aeronave que cubría la ruta entre el municipio de Condoto y Guaymaral, en Bogotá, durante la mañana de este domingo 13 de septiembre.

De acuerdo con un comunicado de la Alcaldía de Condoto, el último contacto con la tripulación se registró a las 9:23 a. m., en cercanías del cerro Tatamá, una zona de difícil acceso ubicada aproximadamente a 33 millas del VOR de Pereira.

La aeronave involucrada es una Cessna T206, de matrícula HK4985, perteneciente a la Aeronáutica Civil Colombiana. Tras conocerse la pérdida de comunicación, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la entidad puso en marcha los protocolos SAR, con el despliegue de equipos especializados para establecer la ubicación de la aeronave.

La administración municipal confirmó que a bordo viajaban cinco personas: Perla Costanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán, Yuliza Figueredo y el piloto Mehmet Cankaya. Según la información entregada por la Alcaldía, los pasajeros habían permanecido en Condoto durante la semana, donde participaban en una brigada de salud con especialistas para atender a la comunidad.

El alcalde Gustavo Elías Hincapié Mosquera mantiene comunicación con las autoridades aeronáuticas y los organismos de socorro para conocer los avances de las operaciones y verificar la información oficial. Asimismo, la administración municipal se encuentra atenta a los informes oficiales que emita la Aeronáutica Civil con el propósito de mantener informada a la ciudadanía a través de los canales institucionales, evitando la difusión de versiones no confirmadas.

Así mismo, el alcalde de Tadó, Juan Palacios, aseguró que el avión habría sufrido un accidente en una zona montañosa del municipio. El mandatario explicó en un video compartido que la aeronave volaba a muy baja altura antes de desaparecer. “Sí, sí se estrelló… Iba muy bajita, demasiado bajita. Sí, está estrellada. Esperemos que esté escondida. Estoy aquí coordinando con los bomberos que vienen de allá de la zona”, afirmó Palacios.

Las condiciones del terreno no son el único obstáculo para las labores. Según explicó el alcalde, las fuertes lluvias que se presentan en la zona montañosa han complicado el desplazamiento de los equipos. Palacios confirmó que desde la administración municipal se mantiene la coordinación con los equipos que se encuentran en la zona. El propósito es avanzar hacia el punto donde estaría la aeronave y establecer qué ocurrió con las personas que viajaban a bordo.

En medio del operativo, el alcalde expresó su preocupación por el accidente y manifestó su expectativa de encontrar con vida a los pasajeros. “Lamentamos este accidente de la aeronave. Ya está desplegado todo el equipo, Defensa Civil y muchos voluntarios para dar con los pasajeros de esta aeronave, esperamos encontrarlos con vida”, manifestó el alcalde en un video citado por El Tiempo.

La señal de emergencia llevó a las autoridades aeronáuticas a activar los procedimientos de búsqueda y salvamento en el Cerro Tatamá, donde se concentra la atención de los equipos encargados de establecer la situación en la zona. La radiobaliza de emergencia fue activada en este punto, ubicado a 33 millas del VOR de Pereira. Tras recibir la señal, la autoridad aeronáutica puso en marcha los protocolos correspondientes para atender la eventualidad.

La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes confirmó que “se activaron de inmediato los protocolos del Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR)”, como parte de las acciones desplegadas luego de conocerse la alerta.

Uno de los principales retos para las labores de rescate está relacionado con las condiciones geográficas del Cerro Tatamá. El terreno presenta dificultades de acceso, una circunstancia que condiciona el desplazamiento de los equipos hacia el punto donde se habría presentado la eventualidad. Por esta razón, la Aeronáutica Civil mantiene comunicación y coordinación permanente con la Policía Nacional, el Ejército Nacional y los organismos de socorro. La articulación entre estas entidades busca facilitar el despliegue de las unidades especializadas y del personal necesario para las labores de búsqueda.

El objetivo de las operaciones es lograr que los equipos del Servicio de Búsqueda y Salvamento y los organismos de rescate puedan llegar hasta el lugar exacto de la eventualidad. Mientras avanzan estas acciones, las autoridades mantienen la coordinación entre las instituciones involucradas para responder a la emergencia registrada en esta zona de difícil acceso.

La guerrilla difundió una prueba de supervivencia en video en la que aparece Bonilla hablando sobre el supuesto traslado de encomiendas para las disidencias de las Farc. La grabación está notoriamente editada y fue realizada mientras permanece privado de la libertad, por lo que sus declaraciones se producen bajo esa condición. En el material, el conductor afirma que fue obligado a transportar cajas desde Cúcuta hasta Tibú. Según su relato, con el tiempo descubrió que entre los elementos había drones y otros objetos que, presuntamente, estaban destinados a las disidencias.

“A mí me obligaron a llevar cajas desde Cúcuta a Tibú. Me mostraron una foto de mi familia y me dijeron que tenía que llevar encomiendas. Yo subía cajas cada dos semanas y me pagaban en Cúcuta. No me decían nunca qué era, hasta que me di cuenta de que eran drones y otras cosas”, expresó. Bonilla también aseguró que integrantes del Frente 33 de las Farc lo habrían amenazado utilizando fotografías de sus familiares. En la grabación manifestó que le mostraron “fotos de familiares, de mi papá y de mi mujer”.

El conductor sostuvo además que intentó negarse a continuar con esos traslados. Según explicó, ya había escuchado comentarios sobre el uso de la ambulancia y pidió que no volviera a ser utilizada para transportar las encomiendas. “Yo les dije que no podía transportar más encomiendas porque ya había comentarios, pero me decían que no, que yo sabía cómo era con ellos y que no me podía salir”, agregó.

El secuestro ocurrió cuando cinco integrantes de la misión médica se movilizaban en una ambulancia de la ESE Norte de Tibú para atender una emergencia. Entonces, integrantes del ELN interceptaron el vehículo y, minutos después, permitieron que cuatro de sus ocupantes quedaran en libertad. Bonilla fue separado del grupo y llevado a un lugar desconocido.

Su retención afectó directamente otra atención humanitaria. Tres jóvenes que resultaron heridos tras caer en un campo minado necesitaban ser trasladados, pero la interrupción del desplazamiento terrestre obligó a la Fuerza Pública a realizar la evacuación por vía aérea. La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por lo ocurrido. Su titular, Iris Marín, pidió a los grupos armados respetar a la misión médica y mantener a las comunidades civiles por fuera de las confrontaciones que persisten en esta zona de Norte de Santander.

La entidad también reclamó la liberación de las personas secuestradas y garantías para que puedan regresar junto a sus familias y retomar sus actividades. Además, participó en una mesa de trabajo destinada a revisar alternativas frente a estos hechos y las condiciones de seguridad de los trabajadores de la misión médica.

La tensión en la zona se suma a otro episodio ocurrido el 9 de septiembre. Ese día, una persona de 28 años resultó herida tras activar una mina antipersonal en una zona rural de Orú. Primero recibió atención en el Hospital de Tibú y posteriormente fue trasladada a Cúcuta. Hasta ahora, no se conocen pronunciamientos de las autoridades locales o regionales sobre el secuestro de Bonilla.

Su permanencia en poder del ELN mantiene la alerta sobre las condiciones para prestar atención médica y desarrollar labores humanitarias en el Catatumbo, una región donde la población continúa expuesta a los efectos de la confrontación armada.

James Rodríguez fue presentado como nuevo jugador de Atlético Nacional a la hinchada Verdolada, el domingo 13 de septiembre en la previa del partido de la fecha 10 ante Águilas Doradas.

El evento se desarrolló en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde el capitán de la selección Colombia, desde la tribuna, verá a sus compañeros en el partido de la Liga BetPlay por primera vez como jugador del cuadro verdolaga.

James, saludando a sus compañeros

El colombiano pasó, por primera vez, al camerino de Atlético Nacional y saludó uno por uno a sus nuevos compañeros. Los dirigidos por Lucas González tienen como objetivo ser campeónes de todos los torneos que están disputando.

Las primeras palabras de James a la hinchada Verdolaga

El historico colombiano fue presentado a los hinchas de Atlético Nacional y le dio la vuelta al Estadio Atanasio Girardot. Las primeras palabras del 10 de la selección Colombia fueron dedicadas al agradecimiento: “De todo corazón muchas gracias. Esperamos que podamos tener muchas alegrías juntos y que ganemos muchos titulos porque esto es un club ganador y yo también lo soy. Así que muchas gracias”.

En la misma intervención le agradeció a David Ospina por haber “luchado juntos”.

James jugará con la número 23, algo atípico en su carrera

Atlético Nacional confirmó que James Rodríguez disputará este semestre la camiseta número 23. Finalmente no pudo hacerse el cambio de número con Edwin Cardona, quien lleva la indumentaria actualmente.

“Hay números que no solo hacen parte de una camiseta, hacen parte de la historia. Esos que dejan de pertenecer a un deporte para pertenecer a la grandeza misma…. el 23 vistió a Jordan de eternidad, a LeBron de imperio, y hoy viste al más grande.“, escribió el club paisa en su cuenta de X.

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James Rodríguez por fuera de la convocatoria de Atlético Nacional para jugar contra Águilas Doradas

James Rodríguez quedó fuera de la convocatoria de Atlético Nacional para recibir este domingo a Águilas Doradas en el estadio Atanasio Girardot. El mediocampista no fue incluido por el técnico Lucas González después de completar apenas dos entrenamientos con el plantel profesional

Aunque no disputará el partido, el club presentará al futbolista ante la afición verdolaga antes del inicio del encuentro. Su posible debut con Nacional sería el miércoles 16 de septiembre, frente a Internacional de Bogotá, en el estadio El Campín.

González había evaluado la posibilidad de citarlo, pero optó por no arriesgarlo mientras completa su puesta a punto. “Entrenó con nosotros, lo vimos muy bien y por él va a querer jugar este domingo. Vamos a ver un par de entrenamientos a ver cómo se siente y con la seguidilla de partidos, seguramente lo veremos muy pronto con la camiseta puesta en el campo”, dijo el entrenador durante la presentación oficial del jugador.

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Este sería el salario de James Rodríguez en Atlético Nacional

James Rodríguez se prepara para jugar en Atlético Nacional durante el segundo semestre de 2026, con una remuneración que podría convertirlo en el futbolista mejor pagado de la historia del fútbol colombiano y elevaría la exigencia del club por conquistar títulos.

El periodista Felipe Sierra afirmó en su cuenta de X que Rodríguez, de 35 años, recibirá un salario superior al de Alfredo Morelos, quien había renovado en enero de 2026 y hasta entonces era el mejor remunerado del plantel tras su aporte al título de la Liga BetPlay 2024-II. Sierra escribió: “James Rodríguez (35) será el jugador mejor pagado en la historia del fútbol colombiano; Atlético Nacional supera la barrera salarial de Alfredo Morelos para pagarle cerca de 1.000 millones de pesos colombianos al mes”.

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James Rodríguez usaría el número 23 en la camiseta

Un perfil de X habría filtrado el número que usará James Rodríguez en sus primeros seis meses como jugador de Atlético Nacional. El capitán de la selección Colombia no podrá portar el 10, luego de que el número ya fuera utilizado por Edwin Cardona y el reglamento no autoriza cambios.

James jugaría con el #23, pero este será confirmado hasta la presentación.

Invitación a la presentación de James Rodríguez como nuevo jugador de Atlético Nacional

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla autorizó a Salvatore Mancuso a permanecer en Montería hasta diciembre, una decisión que le permitirá continuar participando en las labores de búsqueda de posibles víctimas del conflicto armado en Córdoba.

El permiso fue renovado luego de que el exjefe paramilitar entregara nuevas coordenadas correspondientes a seis posibles fosas del paramilitarismo. La información deberá ser verificada por las autoridades con apoyo del Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (Grube) de la Fiscalía.

La autorización tiene especial relevancia porque Mancuso tenía restringido el ingreso a Montería debido a que durante su pasado como jefe paramilitar dejó cientos de víctimas en esta región. Ahora podrá permanecer temporalmente en la capital de Córdoba mientras avanzan las diligencias relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas. La decisión fue adoptada por el magistrado José Haxel de la Pava y quedó bajo el control de la jueza Luz Marina Zamora, encargada del seguimiento de la ejecución de penas dentro de la jurisdicción de Justicia y Paz. Ante su despacho deberán presentarse los informes sobre las actividades que adelante Mancuso junto con el Grube.

El nuevo permiso se conoce después de que en los últimos dos meses fueran ubicados ocho cuerpos en una zona rural de Tierralta. Los hallazgos se produjeron específicamente en el corregimiento Crucito, lugar al que Mancuso acudió para colaborar con las autoridades en las labores de búsqueda. Los restos serán examinados por Medicina Legal con el propósito de establecer su identidad. Según la información conocida, algunos fueron entregados sin ser exhumados, mientras que otros fueron encontrados en puntos donde años atrás habrían sido enterradas víctimas del conflicto armado.

Estos resultados marcan una diferencia frente a la primera etapa de las búsquedas. De acuerdo con informes conocidos por El Tiempo, en los 82 primeros puntos señalados por Mancuso ni la Fiscalía General de la Nación ni la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) encontraron cuerpos humanos. Ahora las autoridades deberán concentrarse en los seis nuevos lugares suministrados por el exparamilitar y determinar si corresponden a posibles fosas. Las diligencias estarán acompañadas por los informes que deberán llegar al despacho de la jueza Zamora como parte del seguimiento judicial.

Mancuso regresó a Colombia el 27 de febrero de 2024, después de ser deportado desde Estados Unidos. Desde entonces participó en distintas actuaciones relacionadas con procesos de Justicia y Paz y con la búsqueda de víctimas del conflicto armado.

Antes de que se autorizara esta nueva permanencia, el permiso para estar en Montería tenía como fecha de vencimiento el pasado 3 de septiembre. Ese mismo día, Mancuso entregó su versión ante la fiscal Marcela Abadía dentro de la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en las masacres de El Aro y La Granja, en Ituango, Antioquia, además del asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.

La renovación permite que el exjefe paramilitar continúe en Córdoba hasta diciembre, pero bajo condiciones y vigilancia judicial. Su presencia estará vinculada a las actividades de búsqueda y a la verificación de los puntos que ha entregado a las autoridades.

El interés de Justicia y Paz está ahora puesto en establecer qué hay en esos seis lugares. Los resultados de esas diligencias podrían ampliar la información disponible sobre las víctimas desaparecidas durante el conflicto y determinar si existen nuevos cuerpos por recuperar e identificar. Mientras avanzan esas labores, los ocho cuerpos encontrados en Tierralta serán sometidos a los procedimientos correspondientes para establecer quiénes son. El proceso continuará bajo seguimiento judicial durante el periodo en que Mancuso tenga autorizado permanecer en Montería.

El paso de la juventud a la vida laboral está dejando una deuda que va mucho más allá de las cifras de empleo. El borrador del Banco de la República, titulado Jóvenes que ni estudian ni trabajan: Dinámica y determinantes en Colombia, advierte que permanecer fuera del estudio y del trabajo durante esa etapa puede tener efectos que se prolongan hasta la adultez y terminan afectando la capacidad productiva de Colombia.

El problema adquiere mayor dimensión cuando se mira el país completo. En 2024, el 23% de los jóvenes entre 15 y 24 años estaba en esta condición. En las siete principales áreas metropolitanas, la proporción fue del 18,2%. La diferencia muestra que las ciudades intermedias y las zonas rurales enfrentan mayores dificultades para incorporar a los jóvenes al sistema educativo y al mercado laboral.

El rezago también resulta evidente frente a otros países. La tasa colombiana supera ampliamente el promedio de las naciones que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) y puede llegar a quintuplicar los registros de economías como Noruega y los Países Bajos.

Detrás de estos porcentajes hay un momento particularmente vulnerable. Entre los 16 y los 18 años aumenta con fuerza la posibilidad de que un joven pase a la inactividad: el riesgo puede subir del 5% al 22%. Este periodo coincide con la salida de la educación secundaria básica y media, etapa en la que aparecen obstáculos relacionados con el acceso y la capacidad económica de los hogares.

La situación cambia de forma drástica según el nivel de ingresos. Entre los jóvenes que pertenecen al 20% de hogares con mayores ingresos, la tasa de inactividad ronda el 5%. En el 20% de menores ingresos, en cambio, alcanza el 40%. Para el Banco de la República, estas diferencias muestran cómo las restricciones de liquidez pueden dificultar la continuidad educativa y el ingreso al mercado laboral.

El efecto no termina cuando pasa la juventud. El análisis de cohortes sintéticas incluido en el documento encuentra señales de una denominada cicatriz laboral. Quienes permanecieron inactivos entre los 16 y los 22 años llegan a edades entre los 36 y 42 años con consecuencias sobre su desempeño económico.

En los hombres, esa experiencia se relaciona con una menor ocupación y una mayor persistencia del desempleo durante la adultez. En las mujeres, el impacto aparece en una menor probabilidad de conseguir un empleo asalariado formal, situación que restringe sus posibilidades de autonomía económica y mantiene las brechas de género existentes en el mercado laboral.

La explicación tiene una dimensión productiva. Al quedar fuera de la educación y del empleo, los jóvenes acumulan menos experiencia y desarrollan menos capacidades técnicas y cognitivas. Con el tiempo, esto reduce el aprovechamiento del capital humano disponible y limita la eficiencia del trabajo, la innovación y el crecimiento de la productividad total de los factores.

El fenómeno, además, se vuelve más fuerte cuando la economía atraviesa periodos difíciles. Durante las crisis de 1999 y 2020, la inactividad juvenil llegó al 27% y al 24%, respectivamente. Los datos muestran así la mayor exposición de quienes intentan incorporarse al mercado laboral cuando las oportunidades se reducen.

Las consecuencias se extienden a otros ámbitos de la economía. La poca experiencia laboral y la falta de especialización pueden impedir que los trabajadores alcancen mejores ingresos, con efectos sobre el consumo y sobre la cantidad de personas que realizan aportes al sistema de seguridad social.

El Banco de la República señala que un crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto (PIB) real puede ayudar a absorber la oferta de trabajadores jóvenes. Sin embargo, el borrador plantea que el crecimiento económico por sí solo no resuelve el problema. También considera necesarias reformas estructurales que permitan proteger la transición entre la educación y el empleo.

La advertencia apunta a un desafío de largo plazo: Colombia no solo enfrenta el reto de reducir la inactividad juvenil actual, también debe evitar que esos años fuera de las aulas y del mercado laboral terminen convirtiéndose en una desventaja permanente para quienes los atraviesan y, por esa vía, para la capacidad productiva del país.

La reconstrucción de los territorios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto tendrá nuevas herramientas para afrontar las dificultades financieras derivadas de la emergencia. El Gobierno nacional expidió el Decreto 1382, una norma que amplía temporalmente las posibilidades de las administraciones locales para disponer de recursos, obtener liquidez y atender las necesidades generadas por el desastre.

Entre las medidas previstas aparece la posibilidad de que las autoridades territoriales recuperen cartera y modifiquen temporalmente las condiciones de algunas obligaciones tributarias. Las entidades podrán permitir el pago de deudas por cuotas y sin intereses, además de adoptar decisiones sobre capital, intereses y sanciones de acuerdo con las competencias que tienen asignadas.

También se contemplan alivios para los contribuyentes afectados. Las administraciones podrán flexibilizar, de manera temporal, las condiciones para conceder exenciones relacionadas con los impuestos predial, de industria y comercio y de delineación urbana.

El decreto establece además mecanismos para disponer anticipadamente de una parte de los ingresos que todavía no son recaudados. Los territorios podrán anticipar hasta el 10% de determinados recursos futuros provenientes de impuestos territoriales, siempre que el dinero se destine a proyectos directamente vinculados con la emergencia y con la reactivación.

Otra de las disposiciones está relacionada con el manejo del presupuesto local. Las asambleas y los consejos podrán reorientar rentas, rendimientos y excedentes que no estén comprometidos. La medida permite reasignar recursos que normalmente tienen una destinación específica, aunque se mantienen intactas las asignaciones establecidas por la Constitución; esta facultad no será permanente.

Podrá utilizarse hasta el 31 de diciembre de 2027 y únicamente para responder a las consecuencias ocasionadas por el evento sísmico. Las decisiones que adopten las autoridades estarán sujetas a los controles correspondientes sobre el uso de los recursos públicos.

El Gobierno también habilitó la contratación de créditos de Tesorería para cubrir faltantes de liquidez y financiar gastos de funcionamiento e inversión. Estos préstamos tendrán un límite equivalente al 15% de los ingresos corrientes correspondientes al año en que sean contratados. Además, deberán ser cancelados junto con los intereses y demás cargos dentro del plazo fijado por la norma.

La administración nacional insistió en que estas disposiciones no representan una autorización para gastar sin restricciones. Al explicar el alcance del decreto, señaló que “no es una chequera ilimitada” y precisó que la intención es “conseguir liquidez, anticipar recursos, facilitar el crédito, aliviar temporalmente las cargas tributarias, proteger la capacidad institucional y concentrar los recursos donde más hace falta”.

La protección de la capacidad institucional es otro de los componentes de la medida. El Gobierno prevé que los ingresos de los territorios puedan disminuir como consecuencia de la tragedia y que, ante esa situación, algunas entidades lleguen a superar los límites establecidos para el gasto de funcionamiento.

Por ello, durante 2026 y 2027 no se aplicarán las consecuencias previstas para esos incumplimientos cuando estén relacionados con las circunstancias contempladas por la emergencia. La disposición busca evitar que las dificultades fiscales ocasionadas por el terremoto terminen agravando la situación administrativa de los territorios afectados.

El decreto contempla, igualmente, la suspensión temporal de algunos términos de seguimiento asociados al Sistema General de Participaciones y a los programas de saneamiento fiscal de los hospitales públicos.

La decisión, según explicó el Ejecutivo, no elimina las obligaciones de vigilancia sobre los recursos estatales: “Suspender términos no significa suspender el control. La destinación de los recursos públicos continúa siendo obligatoria y los programas de saneamiento fiscal no van a desaparecer”, aclaró el Gobierno por medio de sus redes sociales.

En conjunto, las medidas buscan dar mayor margen financiero a las administraciones locales mientras avanzan las labores de recuperación. El alcance de las facultades está limitado tanto por el tiempo de vigencia del decreto como por la obligación de destinar los recursos a las necesidades asociadas con la emergencia. De esta manera, el Gobierno plantea mecanismos para enfrentar los efectos fiscales del terremoto sin retirar los controles sobre el manejo del dinero público.

Las expectativas de los colombianos sobre la economía parecen ser menos pesimistas que la valoración que hacen del presente. Esa diferencia aparece en la edición de agosto de Latam Pulse, elaborada por AtlasIntel y Bloomberg, que consultó a cerca de 2.000 adultos en distintas regiones del país sobre sus perspectivas para los próximos meses.

Aunque el panorama inmediato recibe una calificación desfavorable, 50% de los participantes cree que la economía nacional mejorará durante los siguientes seis meses. En sentido contrario, 35% anticipa un deterioro y 15% considera que no habrá cambios. La lectura sobre la situación actual es más crítica: 51% la califica como mala, frente a 36% que la considera buena y 13% que respondió que no sabe.

El mercado laboral sigue una tendencia parecida. Para el 55% de los encuestados, su situación actual es mala, mientras que el 27% la evalúa positivamente y el 18% no sabe cómo calificarla. Sin embargo, al mirar hacia el próximo semestre, las respuestas vuelven a mostrar una expectativa más favorable: 52% espera una mejoría, 34% prevé un empeoramiento y 14% calcula que permanecerá igual.

La percepción cambia cuando la pregunta se concentra en la economía de los hogares. Allí, 54% considera buena la situación económica actual de su familia, mientras 34% la describe como mala y 13% no tiene una valoración definida.

Colombianos ven con más optimismo el futuro de la economía

Las perspectivas familiares para los siguientes seis meses mantienen ese tono relativamente optimista. Un 52% espera que sus condiciones económicas mejoren, 27% cree que empeorarán y 21% no anticipa modificaciones. Así, la percepción sobre el entorno nacional y laboral contrasta con una valoración más positiva de la realidad económica del propio hogar.

Los resultados también tienen reflejo en el Índice de Confianza del Consumidor de AtlasIntel. En la escala ajustada utilizada por el reporte, el indicador general alcanzó 3,1 puntos. La medición correspondiente a la situación actual fue de -7,7 puntos, mientras que el componente de expectativas llegó a 11,2 puntos.

La diferencia entre ambos componentes resume una de las principales señales de la medición: los consumidores evalúan con mayor preocupación el momento presente, pero proyectan un escenario más favorable para los meses siguientes.

El informe señala que el Índice de Confianza del Consumidor reúne siete indicadores. Estos consideran la situación económica del país, las condiciones de las familias y el mercado laboral, además de las expectativas sobre esos aspectos y la intención de comprar bienes duraderos.

En su escala original, las mediciones superiores a 100 corresponden a una percepción favorable, mientras los resultados inferiores reflejan una valoración desfavorable.

El comportamiento previsto para las compras de bienes duraderos aparece más dividido. El gráfico correspondiente a agosto sitúa alrededor de 34 % la proporción de personas que espera comprar más, mientras cerca de 33 % anticipa reducir sus compras.

Un porcentaje similar prevé mantener sus decisiones de consumo, lo que muestra una distribución bastante cercana entre las distintas posiciones.

Ficha técnica

La encuesta fue realizada entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre de 2026 y contó con la participación de 1.904 adultos en Colombia. AtlasIntel utilizó la metodología Random Digital Recruitment para conformar la muestra y reportó un margen de error de +2 puntos porcentuales, con un nivel de confianza de 95 %. Para ajustar la representación de los participantes, la muestra fue postestratificada según variables como sexo, edad, nivel educativo, ingresos, región y comportamiento electoral anterior.

Los datos dejan una fotografía con dos lecturas. Por un lado, la mayoría de los consultados mantiene una evaluación negativa de la economía nacional y del mercado laboral en el presente. Por otro lado, las respuestas sobre el futuro inmediato muestran que una parte importante espera cambios positivos, especialmente cuando la pregunta se refiere a la economía del país o a las condiciones de sus propios hogares.

La llegada de los meses más críticos para el fenómeno de El Niño mantiene en alerta a las autoridades colombianas. Las condiciones previstas para el último trimestre podrían aumentar la presión sobre el suministro de agua y favorecer la aparición de incendios, dos situaciones que ya generan preocupación en varias ciudades del país.

El Ideam advirtió que las condiciones asociadas al fenómeno tienen un 90% de probabilidad de mantenerse hasta comienzos de 2027. Además, el instituto estimó en 75% la posibilidad de que este episodio alcance la mayor intensidad registrada. Entre octubre y diciembre, el fenómeno podría llegar a la categoría de “muy fuerte”.

La evolución del océano Pacífico es uno de los factores que sustenta la advertencia. De acuerdo con las proyecciones del Ideam, la temperatura superficial del océano podría alcanzar los 3,5 °C durante el último trimestre del año, una condición que las autoridades siguen de cerca por sus posibles efectos.

En las capitales del país, los riesgos ya empiezan a reflejarse en distintos frentes. La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, reportó que ocho ciudades están en nivel de riesgo rojo frente al fenómeno, mientras 17 aparecen en naranja y siete en amarillo, según el Índice de Vulnerabilidad Urbana ante El Niño.

Entre las capitales con mayores niveles de riesgo están Santa Marta, San Andrés, Riohacha, Quibdó y Cúcuta. La clasificación fue presentada durante la II Mesa Técnica de Seguimiento al Fenómeno de El Niño, convocada por Asocapitales con acompañamiento de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd. Para las administraciones locales, el acceso al agua concentra buena parte de la preocupación. Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales, señaló que el desabastecimiento de agua representa el 77 % de los riesgos identificados, mientras los incendios de cobertura vegetal alcanzan el 64 %.

La situación de los incendios ya deja afectaciones reportadas por la Ungrd. David Santiago Tamayo, director de la entidad, informó que 78 personas han resultado afectadas y que 14 viviendas presentan daños. Otras 10 casas fueron destruidas y un acueducto también sufrió afectaciones. El impacto sobre las actividades productivas también es considerable. Según las cifras expuestas por la Ungrd, 119.569 hectáreas de cultivos y sistemas productivos han resultado afectadas como consecuencia de las condiciones registradas.

En algunas capitales, las consecuencias relacionadas con la disponibilidad de agua ya son visibles. Medellín tiene interrupciones programadas del servicio de acueducto en seis comunas, mientras Cali enfrenta periodos prolongados de sequía que mantienen la atención sobre el suministro y las condiciones para las actividades productivas. La situación se extiende además hacia el sur del país. En Leticia, el nivel del río Amazonas descendió y esta condición estaría comprometiendo el abastecimiento de agua y la producción agrícola de la región.

El panorama presentado durante la mesa técnica plantea retos para las autoridades locales en distintos territorios. Mientras algunas ciudades afrontan problemas asociados con el suministro de agua, otras deben responder a incendios de cobertura vegetal y a las consecuencias que estas condiciones generan sobre viviendas, acueductos, cultivos y sistemas productivos.

Las cifras de vulnerabilidad permiten dimensionar la distribución del riesgo entre las capitales, pero los reportes de afectaciones muestran que los efectos del fenómeno ya tienen expresiones concretas en diferentes regiones. A esto se suma la previsión de que las condiciones persistan durante varios meses más.

Con el escenario proyectado por el Ideam, las administraciones locales deberán mantener la atención sobre los dos riesgos que aparecen con mayor frecuencia en la medición de Asocapitales: la disponibilidad de agua y los incendios de cobertura vegetal. El comportamiento previsto para los próximos meses mantiene estas situaciones entre las principales preocupaciones de las ciudades capitales. La combinación de las alertas territoriales, los daños reportados y las proyecciones climáticas deja un escenario de vigilancia para el país.

La atención de emergencias en una zona de Tibú (Norte de Santander) quedó comprometida luego de que la única ambulancia disponible en ese sector fuera llevada por hombres armados. El vehículo fue encontrado horas después en el sector de Campo Dos, mientras las autoridades verifican las circunstancias de lo ocurrido.

El hecho ocurrió durante la tarde del 10 de septiembre, cuando la ambulancia permanecía en un centro de salud. Según el reporte conocido inicialmente, varias personas armadas llegaron al lugar, se llevaron el automotor y retuvieron al conductor que estaba a cargo.

El coronel George Edison Quintero Medina, secretario de Seguridad Ciudadana del Departamento de Policía Norte de Santander, confirmó el caso y explicó a El Tiempo que durante varias horas no hubo información precisa sobre el paradero del vehículo ni del trabajador: “Llegaron unas personas armadas y se llevaron al conductor y la ambulancia”.

Retuvieron al conductor y horas después apareció la ambulancia

Con el paso de las horas se conocieron nuevos detalles. El conductor habría sido dejado abandonado en otro punto después de permanecer retenido durante un tiempo. La ambulancia, entretanto, continuó sin ser localizada inicialmente.

“Duró perdida hasta horas de la tarde. Dice el conductor que lo dejaron por ahí abandonado, lo tuvieron un poco de tiempo ahí”, indicó Quintero Medina.

Más tarde, fuentes del Ejército confirmaron que el vehículo fue hallado. La información preliminar ubicó la ambulancia en Campo Dos, una zona hacia la cual comenzaron a coordinarse acciones con la fuerza pública para revisar el automotor y establecer en qué condiciones fue encontrado.

El secretario de Seguridad Ciudadana destacó la importancia de recuperar el vehículo debido a su papel en la atención de emergencias y de acuerdo con la información recibida por el funcionario, se trataría de la única ambulancia disponible en esa zona de Tibú.

“Ya estamos coordinando con la fuerza pública para ver cómo revisan el carro y si lo podemos traer porque es que es la única ambulancia que hay allá en esa zona de Tibú”, precisó Quintero Medina. De manera preliminar, también se estableció que la ambulancia pertenecería a la ESE Norte del municipio de Tibú. La recuperación del automotor resulta especialmente relevante para mantener la capacidad de respuesta frente a situaciones que requieran traslado o atención médica.

El episodio se produjo mientras en el área comprendida entre los municipios de El Tarra y Tibú se registran combates entre grupos armados. Las condiciones de seguridad de la zona hacen parte de los elementos que las autoridades tienen en cuenta al verificar cómo ocurrió la retención y posterior abandono del conductor.

La única ambulancia disponible en esa zona de Tibú

También trascendió de manera preliminar que la ambulancia podría haber sido utilizada para trasladar a personas heridas como consecuencia de los enfrentamientos. Sin embargo, esta información continúa bajo verificación y las autoridades aún recopilan elementos que permitan establecer con precisión qué ocurrió antes, durante y después de la retención.

Hacia las 5:40 p. m. se informó sobre la ubicación del vehículo. A partir de ese reporte, las autoridades avanzaron en la coordinación de las labores necesarias para revisar el lugar y determinar las condiciones del automotor.

Mientras se adelantan esas verificaciones, también se busca establecer con mayor claridad las circunstancias relacionadas con el conductor y el tiempo que permaneció retenido. Por ahora, la información oficial señala que el trabajador fue dejado abandonado en otro punto y que posteriormente se conoció la ubicación de la ambulancia.

El caso mantiene la atención de las autoridades por las implicaciones que tiene para la prestación del servicio de salud en el sector. Al tratarse, según el reporte conocido, del único vehículo de emergencia disponible en esa zona, su recuperación resulta necesaria para restablecer la capacidad de respuesta ante nuevas urgencias.

La aspersión aérea contra cultivos ilícitos tendrá una nueva prueba en Putumayo, esta vez bajo un esquema experimental y con límites definidos. La Policía Antinarcóticos informó que el plan piloto comenzará el martes 15 de septiembre de 2026 y contará con dos aeronaves AT-802 para realizar las aplicaciones autorizadas.

La operación no representa, por ahora, el regreso de un programa nacional de fumigación. La institución explicó que el ejercicio fue concebido como una fase temporal, controlada, limitada y evaluable, de acuerdo con las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Estupefacientes.

El objetivo será medir qué tan eficiente resulta la aspersión aérea y cómo puede aplicarse bajo las condiciones técnicas y operacionales previstas. La información obtenida durante el piloto servirá para producir evidencia que permita evaluar la pertinencia del uso de glufosinato de amonio mediante esta modalidad.

Uno de los principales aspectos definidos por las autoridades tiene que ver con las zonas que podrán ser intervenidas. El plan excluye áreas con condiciones especiales, entre ellas comunidades afrodescendientes, territorios colectivos y otros grupos sujetos a especial protección.

A esa lista se suman las zonas de protección ambiental y áreas protegidas, además de espacios relacionados con cuerpos de agua, ríos y otros lugares considerados ambientalmente sensibles. También quedarán fuera aquellos territorios que, de acuerdo con la normatividad vigente y los estudios técnicos correspondientes, deban ser excluidos.

La Policía precisó que las aplicaciones se harán exclusivamente en los polígonos habilitados. Para esa tarea se dispone de dos aeronaves AT-802, plataformas destinadas a la aplicación aérea del producto autorizado. Su operación deberá ajustarse a las condiciones técnicas, operacionales, ambientales y de seguridad previstas.

La entidad señaló que “desarrollará en el departamento del Putumayo un plan piloto de aspersión aérea, concebido como una fase experimental, controlada, limitada, temporal y evaluable, de acuerdo con las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Estupefacientes para su ejecución”. Además, indicó que “el plan piloto tiene como propósito evaluar la eficiencia de la aspersión aérea, así como su aplicación bajo las condiciones técnicas y operacionales establecidas”.

El proyecto también busca reunir información técnica y científica que sirva para tomar decisiones posteriores. En ese sentido, la Policía informó que “Este proyecto permitirá generar información técnica y científica que contribuya a determinar la pertinencia de la aplicación de glufosinato de amonio mediante aspersión aérea, conforme a los resultados obtenidos durante el proyecto piloto”.

Las restricciones hacen parte de las medidas previstas para mantener el ejercicio bajo control. La Policía sostuvo que estos criterios técnicos, ambientales y de protección permitirán que el piloto se desarrolle dentro de las condiciones definidas por las autoridades competentes. El alcance de la prueba queda, por tanto, limitado a los lugares autorizados y a la duración prevista para esta fase. No se trata de una decisión que extienda automáticamente la aspersión aérea a otros territorios ni de una autorización para establecer un programa permanente.

De hecho, el comunicado establece una precisión frente a la interpretación del anuncio. La institución advierte que esta fase experimental no constituye la reanudación, adopción ni autorización definitiva de un programa de aspersión aérea de alcance general o nacional.

Con el piloto, las autoridades buscan contar con elementos para valorar la aplicación del producto autorizado y su desempeño bajo las condiciones establecidas. Los resultados obtenidos serán determinantes para establecer si la herramienta resulta pertinente y bajo qué parámetros podría analizarse una eventual aplicación.

La Policía remarcó que las exclusiones no son accesorias dentro del diseño del ejercicio. Forman parte de los requisitos que deberán cumplirse para mantener la actividad dentro de los parámetros fijados y permitir una evaluación posterior. De acuerdo con la autoridad, el piloto se desarrollará de manera controlada, limitada y evaluable, con atención a las condiciones técnicas, ambientales y de seguridad previamente establecidas.

La falta de maquinaria mantiene a Quibdó (Chocó) con varias tareas pendientes para dejar atrás las consecuencias del terremoto del 10 de agosto. El alcalde Rafael Bolaños advirtió que la ciudad necesita equipos para demoler edificaciones con daños estructurales, retirar escombros y atender otros puntos que todavía representan riesgos para la población.

Antes de pensar en la reconstrucción, la administración local considera necesario resolver esas situaciones. Bolaños explicó para el diario El Tiempo que actualmente la prioridad está puesta en la estabilización de la ciudad, una etapa que incluye intervenciones en viviendas, taludes, quebradas y ríos afectados por el movimiento telúrico: “Antes de pasar en firme al proceso de reconstrucción, debemos estabilizar la ciudad”.

Entre las labores urgentes se encuentra la demolición de las estructuras que quedaron en riesgo de colapso. A esto se suma la intervención de los taludes que resultaron fracturados y la remoción de sedimentos y materiales acumulados en quebradas y ríos.

La limpieza de estos cauces tiene además relación con las inundaciones que enfrenta Quibdó durante las lluvias. Según Bolaños, la acumulación de escombros y sedimentos puede agravar esa situación y por eso su retiro hace parte de las acciones que deben ejecutarse antes de avanzar hacia la reconstrucción.

Más de 14.000 familias afectadas y servicios públicos por recuperar

La emergencia dejó afectadas a más de 14.000 familias en la ciudad y, un mes después del sismo, todavía hay necesidades que requieren atención, según explicó el alcalde de la capital de Chocó. Entre ellas está la recuperación de la infraestructura educativa y de salud, junto con el suministro de los insumos necesarios para que hospitales, centros y puestos de salud puedan continuar funcionando con normalidad.

Para el alcalde, conseguir los recursos y equipos necesarios resulta determinante para superar esta etapa: “Nuestra necesidad prioritaria es en maquinaria, materiales de construcción y, por supuesto, ayudarnos en todo ese proceso de reactivación económica”.

La falta de equipos para ejecutar demoliciones y retirar los materiales derivados de las estructuras afectadas dificulta que la ciudad pueda avanzar a la siguiente fase. Por eso, la administración mantiene estas solicitudes entre sus principales prioridades.

Mientras tanto, diferentes sectores han acompañado la respuesta a la emergencia, por lo que Bolaños destacó el respaldo recibido durante el último mes por parte del Gobierno nacional, empresas y fundaciones que buscaron aportar a las necesidades de la capital del Chocó.

Entre las organizaciones mencionadas por el mandatario están la Fundación Movimiento Ambientalista Colombiano y su director, Camilo Prieto, además de Volador Colombia. Con estas entidades se realizaron reuniones para establecer cómo continuar canalizando ayudas destinadas a maquinaria, equipos e insumos médicos.

El alcalde consideró que la emergencia también permitió que las condiciones históricas de Quibdó adquirieran mayor visibilidad a nivel nacional. Para él, el respaldo recibido puede mantenerse y convertirse en una oportunidad para atender necesidades que van más allá de los daños ocasionados por el terremoto.

“De esto se ha visibilizado mucho la situación en la que Quibdó históricamente ha estado, y este es un momento para que Quibdó siga recibiendo esa solidaridad del pueblo colombiano”, señaló Bolaños para el diario citado.

El proceso que plantea la administración tiene varias etapas. Primero deben resolverse los riesgos asociados con las edificaciones que presentan daños, los taludes afectados y los materiales acumulados en los cauces. Después será posible concentrar mayores esfuerzos en la reconstrucción de los espacios que resultaron afectados por el sismo.

La atención de la infraestructura de salud y educación forma parte de ese desafío. Recuperar estos servicios y garantizar que cuenten con los insumos necesarios resulta indispensable para que la ciudad pueda avanzar mientras se atienden las consecuencias de la emergencia.

La apuesta de Quibdó: reconstruir y atender necesidades históricas

Sin embargo, el alcalde consideró que la reconstrucción no debería limitarse a devolver a Quibdó aquello que perdió. Su planteamiento apunta a aprovechar este proceso para atender carencias que la ciudad arrastra desde antes del terremoto: “No solamente pensar en reconstruir lo que se cayó, sino levantar lo que nunca hemos tenido en la ciudad. Generar desarrollo en nuestra ciudad es la apuesta que hoy todos tenemos que tener”.

Así, la maquinaria aparece como una necesidad inmediata para destrabar trabajos esenciales, pero la discusión planteada por Bolaños va más allá de las demoliciones y la remoción de escombros.

La intención es que la recuperación permita atender los daños causados por el terremoto y, al mismo tiempo, abrir posibilidades de desarrollo para Quibdó. Por ahora, la ciudad continúa concentrada en estabilizar las zonas que representan riesgo y en conseguir los recursos necesarios para hacerlo.

El crecimiento económico aparece, para Bruce Mac Master, como una condición que Colombia no puede seguir aplazando. El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) planteó que el país debe alcanzar una expansión mínima del 5% anual mientras atiende cinco asuntos que considera críticos: seguridad energética, finanzas públicas, salud, seguridad y relaciones internacionales.

Mac Master expuso esta visión durante el VI Encuentro Anual de Liderazgo en Juntas Directivas del Colegio de Estudios Superiores de Administración (Cesa), que se realiza hasta el 12 de septiembre en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, en Yumbo, Valle del Cauca. Para explicar la urgencia, comparó al país con un paciente en condición crítica que necesita estabilizarse antes de recibir otros tratamientos.

Uno de los argumentos para defender ese crecimiento proviene del índice de velocidad de desarrollo elaborado por el equipo económico de la Andi. La medición combina PIB, PIB per cápita y exportaciones, y descuenta las importaciones. Entre 1990 y 2025, el indicador colombiano se multiplicó por ocho, mientras que el de China creció más de 100 veces. En ese mismo periodo, Letonia registró un aumento de 61 veces y Panamá de 44.

“Al final, el desarrollo es una carrera contra el tiempo”, afirmó Mac Master. Consideró insuficientes los ritmos inferiores al 3% y planteó acciones para impulsar la economía: simplificar procesos, reducir la incertidumbre, modernizar el régimen laboral, fortalecer la salud, ampliar el acceso al crédito y la cobertura educativa, mejorar la eficiencia tributaria y disminuir el gasto público.

Las finanzas estatales ocupan otro punto central de su diagnóstico. Mac Master señaló que el servicio de la deuda representará cerca del 25% del Presupuesto General de la Nación de 2027. “Uno de cada cuatro pesos lo vamos a tener que dedicar solamente a pagar lo que ya gastamos”, dijo.

La Andi revisó además las crisis de deuda registradas durante las últimas dos décadas en Irlanda, Jamaica, Argentina, Islandia, Portugal y Grecia. El análisis las agrupó en cuatro etapas: ajustes y reformas internas, alerta de mercado, alta fragilidad con búsqueda de prestamistas de última instancia y, finalmente, default o cesación de pagos.

Según Mac Master, Colombia permanece en la primera etapa. Para evitar un deterioro, aseguró que la austeridad será “parte fundamental de nuestro código de comportamiento de aquí en adelante”. También anticipó que probablemente será necesario acudir a los mercados internacionales y a la banca multilateral.

El sistema de salud es otro frente que requiere correcciones, según el dirigente empresarial. Su explicación se concentra en la Unidad de Pago por Capitación (UPC). En 2021, por cada $100 girados por el Estado, prestar los servicios costaba $99. Para 2024, el costo llegó a cerca de $106 y en 2025 alcanzó aproximadamente $108.

La brecha entre recursos y costos, explicó, consumió reservas y patrimonio. El sistema acumularía además un faltante no financiado cercano a $32 billones. Entre 2021 y 2025, cerraron más de 4.100 instituciones prestadoras de salud, entre clínicas, hospitales, laboratorios y centros médicos, radiológicos y odontológicos. También dejaron de funcionar más de 6.000 servicios, incluidos algunos de pediatría, en entidades que siguen abiertas.

En energía, la advertencia apunta a la capacidad para atender la demanda. “Si no un apagón, vamos a tener un estrés increíble en la atención de la demanda”, afirmó Mac Master, al referirse a la falta de capacidad de generación y de combustibles como el gas natural que respaldan el sistema.

La seguridad constituye otro de los problemas señalados. Según el presidente de la Andi, los municipios con presencia de grupos armados ilegales pasaron de poco más de 200 en 2019 a más de 500, cerca de la mitad del país. “Sin un Estado firme es imposible verdaderamente lograr procesos de negociación”, sostuvo.

En política exterior, Mac Master recordó que Colombia estuvo cerca de perder accesos para productos y visas con Estados Unidos. Pidió definir pronto una estrategia internacional. Finalmente, señaló que la reconstrucción posterior al terremoto del 10 de agosto tendrá un peso importante en la agenda de los próximos años. Su diagnóstico apunta a que Colombia deberá enfrentar estos frentes mientras busca acelerar el crecimiento y evitar un deterioro mayor de sus condiciones económicas e institucionales.

Cartagena de Indias vuelve a ganar visibilidad como destino estratégico para el turismo fluvial de lujo. Esta vez, el reconocimiento llegó desde el periódico británico Financial Times, que dedicó un reportaje a los cruceros que recorren el río Magdalena y presentó al Muelle La Bodeguita como uno de los puntos centrales de esta experiencia que conecta el Caribe con el interior de Colombia.

La publicación, titulada “Un viaje pionero por el río más grande de Colombia” y firmada por el periodista Ruaridh Nicoll, pone la mirada en las embarcaciones AmaMagdalena y AmaMelodia, operadas por la compañía estadounidense AmaWaterways. Ambas tienen a Cartagena como punto de partida de sus recorridos por el río Magdalena.

El interés del medio británico está ligado también a la experiencia que encuentran los viajeros antes de embarcar. El relato muestra una ciudad donde el ambiente festivo de la bahía convive con una propuesta turística enfocada en la navegación de lujo y el patrimonio.

“En el antiguo muelle de Cartagena, barcos piratas de aspecto poco convincente se llenan de fiesteros antes de zarpar hacia una puesta de sol al ritmo de la vibrante música de salsa y reguetón. (...) Saludo con un gesto amable desde el AmaMelodia, un elegante barco de 32 camarotes y 68 metros de eslora”, describe Nicoll.

El recorrido continúa hacia el interior del país a través del Canal del Dique, una infraestructura construida en 1582 que hace parte de la conexión entre Cartagena y el río Magdalena. En ese trayecto aparecen otros atractivos patrimoniales, entre ellos San Basilio de Palenque, comunidad que el Financial Times describe como “una pieza esencial en el rompecabezas para entender a América Latina”.

“Nos llena de orgullo que medios de la talla del Financial Times destaquen la experiencia de zarpar desde Cartagena. Los cruceros AmaMagdalena y AmaMelodia tienen salidas programadas cada semana desde nuestro Muelle La Bodeguita, donde permanecen atracados aproximadamente tres días antes de iniciar su travesía por el río Magdalena. Durante este tiempo, nuestro personal ejecuta una operación logística y de seguridad impecable para el abastecimiento, manejo de equipaje y atención en tierra”, señaló Liliana Rodríguez Hurtado, presidenta ejecutiva de Corpoturismo.

Durante esos días, los pasajeros pueden salir de las embarcaciones y recorrer Cartagena antes de continuar su viaje. El Centro Histórico y los espacios de la ciudad forman parte de una experiencia que comienza incluso antes de que los cruceros emprendan la navegación por el Magdalena.

Rodríguez Hurtado también destacó el efecto que esta actividad tiene sobre la economía local y la proyección internacional del embarcadero. “Mientras los barcos están atracados, los turistas desembarcan, exploran nuestro Centro Histórico, disfrutan de la gastronomía y viven la magia de la ciudad. Esta operación dinamiza la economía y posiciona a La Bodeguita como un muelle de talla internacional”, aseguró.

La referencia del Financial Times pone así en primer plano una actividad que articula distintos componentes del turismo cartagenero. El punto de partida se encuentra en el Muelle La Bodeguita, pero la experiencia se extiende por la ciudad y después sigue por una ruta fluvial que lleva a los viajeros hacia otros territorios. El reportaje también destaca la particular combinación entre el carácter histórico de Cartagena y el nuevo movimiento alrededor de los cruceros fluviales. Desde la bahía, los pasajeros pasan de un escenario marcado por la actividad turística de la ciudad a una travesía que los acerca a paisajes y comunidades del interior.

La operación de AmaMagdalena y AmaMelodia, con salidas semanales desde Cartagena, refuerza el papel de la ciudad dentro de esta ruta.

Para Cartagena, esta conexión representa una oportunidad para integrar su oferta patrimonial, gastronómica y turística con una experiencia de navegación de lujo. El reconocimiento internacional contribuye además a proyectar el muelle como un punto de referencia para quienes llegan al país atraídos por esta nueva forma de recorrer el Magdalena.

Una deuda alimentaria puede acumularse durante meses y convertirse en una disputa judicial, pero las necesidades de quien recibe ese dinero no esperan a que termine el proceso. Esa diferencia llevó a la Corte Suprema de Justicia a establecer una regla sobre el manejo de las cuotas que continúan causándose mientras se reclama una obligación pendiente.

La decisión quedó consignada en la sentencia STC11915-2026, mediante la cual la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural amparó los derechos de un estudiante universitario que reclamaba alimentos a su mamá. El tribunal precisó que las cuotas correspondientes a nuevos periodos deben entregarse de manera oportuna, aunque todavía exista una discusión sobre lo adeudado anteriormente.

Según la Corte, las mesadas corrientes deben pagarse dentro de los cinco días siguientes a su vencimiento. La medida busca impedir que el trámite destinado a determinar una deuda pasada termine afectando los recursos que una persona necesita para cubrir sus gastos actuales.

Para entender el alcance de la decisión hay que separar dos obligaciones. Una corresponde a las cuotas que quedaron pendientes en meses anteriores y cuya cantidad debe establecerse mediante la liquidación respectiva. La otra comprende los pagos que siguen generándose cada mes mientras permanece vigente la obligación alimentaria.

El hecho de que la primera esté en discusión no autoriza a detener la segunda. En otras palabras, calcular cuánto se debe por periodos anteriores puede requerir actuaciones judiciales, revisiones y decisiones del juez, pero ese procedimiento no debe impedir que el beneficiario reciba las cuotas que ya se causaron.

La Corte vinculó esta regla con la función esencial de los alimentos. “La cuota de alimentos está llamada a atender, de manera actual e impostergable, la subsistencia de quien de ella depende”, sostuvo la Sala. Desde esa perspectiva, una demora injustificada puede comprometer el mínimo vital y la dignidad humana de la persona beneficiaria.

El criterio adquiere especial relevancia cuando existen recursos embargados dentro del proceso ejecutivo. Un juzgado puede ordenar el embargo del salario, de una cuenta bancaria o de otros bienes y recursos del obligado. Sin embargo, que el dinero haya sido retenido para garantizar el cumplimiento de la obligación no significa que deba permanecer inmovilizado mientras se resuelve toda la controversia.

La decisión llama la atención sobre la actuación de los despachos y funcionarios que administran esos recursos. Cuando una cuota ya se causó, deben procurar que llegue a quien tiene derecho a recibirla, evitando que el procedimiento judicial genere una demora injustificada en el acceso a recursos destinados a necesidades básicas.

Un ejemplo permite visualizar la situación. Si una persona tiene fijada judicialmente una cuota mensual de $800.000 y, al mismo tiempo, enfrenta un proceso por varios meses de incumplimiento, el juez puede necesitar determinar con precisión el valor de la deuda histórica. Esa discusión no debería impedir que los $800.000 correspondientes a un nuevo periodo sean entregados cuando la cuota continúa vigente.

La determinación tampoco elimina las obligaciones pendientes. La deuda acumulada conserva su carácter exigible y deberá continuar el trámite necesario para establecerla y cobrarla. Lo que cambia es la posibilidad de utilizar esa discusión como motivo para postergar indefinidamente los pagos que corresponden al presente.

Otro punto relevante es quiénes pueden beneficiarse de esta protección. La Corte aclaró que la regla no está restringida a niños, niñas y adolescentes. También puede cobijar a otros acreedores alimentarios que tengan derecho legal a recibir alimentos y dependan de esos recursos.

Entre ellos aparecen los jóvenes que cursan estudios universitarios, los cónyuges y los adultos mayores, además de las demás personas contempladas por el artículo 411 del Código Civil. En cada caso deben mantenerse las condiciones previstas por la ley para que exista la obligación alimentaria. La mayoría de edad, por sí sola, tampoco determina automáticamente la desaparición del derecho a recibir alimentos. Si persisten las circunstancias que justifican legalmente la obligación, esta puede continuar.

La atención de las autoridades permanece concentrada en ocho departamentos por una nueva jornada de incendios forestales. El reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con corte a las 5:00 p. m. del 9 de septiembre de 2026, registró 18 emergencias activas y otras cuatro que ya fueron controladas.

Tolima concentra el mayor número de incendios que continúan bajo seguimiento, con cinco puntos identificados. En Cunday, las llamas se presentan en las veredas Páramo y California, donde participan la Defensa Civil y el Ejército Nacional mediante Biade 81 – Apolo 2, además de un helicóptero UH-60 de la FAC.

También se reportaron emergencias en Coyaima, Natagaima, Ibagué y San Luis. En Coyaima el incendio está ubicado en la vereda Totarco y recibe apoyo del CBV Saldaña, Guamo y Biade 80 – Amperio 1, junto con un UH-60 de Avipo. Natagaima mantiene labores en Palma Alta con bomberos de ese municipio y de Coyaima.

En Ibagué, la emergencia se encuentra en el sector Piedra, sobre la vía hacia Payandé, con intervención del Cuerpo de Bomberos Oficial. San Luis completa el listado departamental con un incendio en la vereda La Salitre, atendido por el cuerpo de bomberos municipal y dos aeronaves AT-802 de Avipo.

Valle del Cauca registra dos incendios. Uno está en Yumbo, específicamente en los sectores Cerro Gordo y Dapa, donde intervienen 80 unidades de bomberos de Yumbo y Cali, con apoyo de un UH-60 de la FAC. El segundo permanece en Tuluá, en el sector Puerto Frazadas, con atención del cuerpo de bomberos local. Nariño suma tres emergencias activas. Chachagüí reporta un incendio en La Moravia; Tangua, en el sector Siquistan; y Samaniego, en la vereda San Gerardo. En los tres casos participan los cuerpos de bomberos municipales.

Caldas tiene dos incendios bajo seguimiento. En La Dorada, la emergencia está localizada en la vereda Guarinosito y es atendida por bomberos de La Dorada, Samaná y Victoria, además de apoyo aéreo de la FAC. En Aranzazu, las labores se concentran en la vereda La Honda, sector Quebrada Morales, con participación de los bomberos municipales.

Otros tres departamentos registran un incendio activo cada uno. En Huila, Aipe presenta una emergencia en la vereda Cauchitos, sector Los Planitos, atendida por el cuerpo de bomberos municipal. En Magdalena, el punto se ubica sobre la vía del Parque Isla Salamanca, con participación de bomberos de Sitionuevo y la brigada de Parques Nacionales Naturales. Cauca reporta el caso restante en Cajibío, vereda La Primavera, donde interviene el CBV Popayán.

Mientras estas emergencias continúan, cuatro incendios fueron reportados como controlados. Dos corresponden a Tolima: uno en Carmen de Apicalá, en el cerro Las Mercedes, y otro en Suárez, donde se registraron tres focos en las veredas Sinaí parte alta, Cañaveral Cubacol y Agua Blanca. En ambos casos participaron cuerpos de bomberos, Ponalsar y el Ejército Nacional. Para Carmen de Apicalá también hubo apoyo de bomberos oficiales de Bogotá, Alpujarra y la operación Biade 80 – Barreno 1. En Suárez se empleó Biade 80 – Amperio 1.

Los otros incendios controlados se ubicaron en Zulia, Norte de Santander, en los cerros Las Cruces, atendido por el CBV municipal, y en Tesalia, Huila, donde la emergencia ocurrió en la vereda El Espinal, kilómetro 88 de la vía Tesalia–Neiva, con intervención de los bomberos locales.

En Tolima, la Ungrd informó que las capacidades territoriales continúan activas con participación del Consejo Departamental y los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo. El Puesto de Mando Unificado departamental permanece instalado en el Cenop y cuenta con un analista de incendios forestales de la Ungrd.

Bajo esa coordinación también se mantienen concentradas aeronaves de Avipo, la FAC y el Ejército Nacional. Además, la Ungrd dispuso cuatro carrotanques en el territorio como parte de las capacidades destinadas a apoyar la atención de las emergencias. La coordinación busca sostener la respuesta en los puntos donde persisten las llamas y reforzar los recursos disponibles para las labores de control.

El dengue es una enfermedad viral transmitida principalmente por la picadura de mosquitos infectados del género Aedes. Su presencia puede aumentar en territorios donde las condiciones favorecen la reproducción de estos insectos, por lo que el seguimiento de las notificaciones permite identificar cómo se comporta la enfermedad en distintas zonas.

En el departamento del Magdalena, ese monitoreo dejó un acumulado de 7.486 registros de dengue notificados durante lo corrido de 2026. La cifra corresponde al reporte del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, Sivigila, con corte al 8 de septiembre, y permanece sujeta a los procesos de validación y consolidación de las autoridades sanitarias.

Los síntomas pueden variar entre las personas afectadas. Entre los más frecuentes están la fiebre, el dolor de cabeza, el dolor detrás de los ojos, los dolores musculares y articulares, las náuseas y la aparición de sarpullido. En algunos casos, la enfermedad puede evolucionar y generar complicaciones que requieren atención médica.

Por esa razón, la identificación de señales de alarma resulta importante. El dolor abdominal intenso, los vómitos persistentes, el sangrado de mucosas, la presencia de sangre en vómito o heces, la debilidad marcada o la inquietud pueden requerir valoración médica inmediata. La aparición de estos signos debe tomarse con especial atención, particularmente después de los primeros días de fiebre.

El comportamiento de las notificaciones en Magdalena presenta una concentración importante en la capital. Santa Marta reúne 2.800 registros, equivalentes al 37,4% del consolidado departamental. Ciénaga aparece después con 611 notificaciones. El listado continúa con Santa Ana, con 377; Fundación, con 347; El Retén, con 330; Pivijay, con 306; Zapayán, con 293, y El Banco, con 290.

Estos ocho municipios acumulan 5.354 registros, cerca del 71,5% del total reportado en el departamento. La distribución evidencia que la mayor parte de las notificaciones se concentra en determinados territorios, mientras los demás municipios reúnen el porcentaje restante.

El dengue no se transmite directamente de una persona a otra. La infección ocurre cuando un mosquito adquiere el virus al picar a una persona infectada y posteriormente puede transmitirlo mediante nuevas picaduras. Por ello, evitar la reproducción del mosquito constituye una de las medidas relevantes para disminuir el riesgo de transmisión.

La prevención incluye eliminar recipientes donde pueda acumularse agua, mantener tapados los depósitos destinados a almacenarla y procurar que los espacios del hogar no tengan elementos que permitan la formación de criaderos. Estas acciones cobran importancia en las zonas donde se presentan notificaciones de la enfermedad.

El reporte departamental también presenta una diferencia moderada según el sexo. De los 7.486 registros, 3.882 corresponden a hombres, el 51,9%, mientras que 3.604 pertenecen a mujeres, equivalentes al 48,1%. Las cifras de Sivigila representan notificaciones registradas y no constituyen necesariamente un consolidado definitivo de casos confirmados. Los datos pueden actualizarse mientras avanzan los procesos de revisión, validación y consolidación de la información reportada por las autoridades sanitarias.

La vigilancia epidemiológica permite seguir la evolución del dengue y reconocer los municipios donde se concentra el mayor número de notificaciones. En Magdalena, el reporte con corte al 8 de septiembre mantiene a Santa Marta como el territorio con mayor cantidad de registros y muestra una diferencia considerable frente a los demás municipios incluidos en el listado.

Ante síntomas compatibles con dengue, la recomendación es buscar valoración de profesionales de salud y evitar la automedicación. La atención oportuna adquiere especial importancia si aparecen señales de alarma, debido a que algunos pacientes pueden desarrollar formas graves de la enfermedad.

Así, el panorama del departamento combina una cifra acumulada de miles de notificaciones con una distribución territorial desigual. Mientras continúa la actualización de los registros oficiales, la vigilancia y las medidas para reducir los criaderos del mosquito siguen siendo herramientas fundamentales para enfrentar la transmisión del dengue en los territorios afectados.

La entrega de los primeros subsidios para las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto ya comenzó en Cali. La Administración distrital inició el contacto con las personas incluidas en el primer corte del Registro Único de Damnificados (RUD) y espera avanzar con los desembolsos desde este jueves 10 de septiembre.

Ese primer grupo está compuesto por unas 11.100 personas, quienes recibirán un apoyo de $1.050.000. El auxilio está destinado únicamente a quienes tuvieron viviendas o locales comerciales clasificados como no habitables o destruidos. Para definir cómo recibirán los recursos, las autoridades están enviando mensajes de WhatsApp mediante el número utilizado por Wecall. Los beneficiarios deben responder las preguntas del contacto y escoger entre recibir el dinero por SuperGIROS o mediante una cuenta bancaria.

“Ya arrancaron. El primer corte fue de 11.000 damnificados y ya hay alrededor de 4.000 o 5.000 que ya respondieron dónde quieren que se les desembolse. A partir de mañana ya se están haciendo los desembolsos, ya sea en SuperGIROS, para los que así lo quieran, y los que no, lo pueden recibir directamente en su cuenta bancaria.

Les recuerdo a todas las personas: si usted está registrado como damnificado en el RUD, revise el WhatsApp para ver si ya le llegó un mensaje del teléfono con el cual nos hemos estado comunicando, de Wecall. Ahí les están haciendo preguntas sobre dónde quieren que les hagamos el desembolso. Es muy importante que respondan para que puedan recibir su dinero”, dijo Alejandro Eder, alcalde de Cali.

La Alcaldía mantiene la depuración y consolidación de las bases de datos para habilitar nuevos grupos de beneficiarios. Según Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres de Cali, se consolidaron cerca de 50.000 registros en el Registro Único de Familias en Emergencia (Rufe) y 45.000 familias censadas en el RUD.

Al 8 de septiembre, 52.809 familias fueron evaluadas mediante el Rufe y 45.139 aparecían reportadas como damnificadas. También se habían entregado 568 toneladas de ayudas humanitarias y cerca de 500 personas permanecían en alojamientos temporales gestionados por las autoridades, mientras la atención continuaba en los sectores afectados.

“Desde el primer momento, los equipos operativos y de gestión del riesgo desplegaron labores de búsqueda y rescate, evaluación de daños, así como el levantamiento y digitalización del censo del Registro Único de Familias en Emergencia”, explicó Peñuela.

En Cali también continúa la revisión de los inmuebles afectados por el terremoto. Más de 1.700 edificios están siendo evaluados para definir cuáles pueden ser recuperados y cuáles deberán ser demolidos. De acuerdo con el boletín más reciente, 769 edificaciones fueron clasificadas como no habitables y otras 475 quedaron con uso restringido. Hasta ahora, 11 estructuras fueron seleccionadas para un eventual proceso de demolición.

Peñuela explicó que cada intervención requiere revisar las condiciones del inmueble y adelantar los procedimientos administrativos. También señaló que deben cumplirse protocolos de ahuyentamiento de animales y recuperación de pertenencias.

“Cada edificio es particular y concreto. En este momento estamos realizando todo el tema de los actos administrativos para poder socializar a todas las personas que vivan en estos puntos donde vamos a realizar las demoliciones. Nos gustaría que fuera de manera simultánea, para que fuera un impacto de una sola vez; sin embargo, lo concreto y lo particular de cada uno es lo que nos va marcando el camino de cómo vamos realizando estas demoliciones.

Para esto hay unos protocolos de ahuyentamiento de animales, un tema de recuperación de pertenencias. Entonces, vamos a estar muy enmarcados en la norma, pero además de esto, atendiendo la necesidad de todos los ciudadanos”, expresó el funcionario.

Las autoridades pidieron a los administradores de edificios privados y a las aseguradoras acelerar las revisiones técnicas de las propiedades afectadas y los trámites relacionados con el pago de las pólizas. Así, la recuperación de Cali avanza por diferentes frentes, con la entrega gradual de los apoyos económicos y la evaluación de las estructuras que todavía presentan daños después del terremoto.

El futuro de la producción de hidrocarburos en Colombia dependerá de las decisiones que se tomen. El Gobierno busca recuperar terreno en un sector que ha perdido volumen durante los últimos años y que enfrenta una menor disponibilidad de reservas de petróleo y gas.

La apuesta tiene una cifra como referencia: regresar a una producción de un millón de barriles diarios. La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, explicó a Portafolio que para alcanzar ese nivel será necesario acelerar proyectos, remover obstáculos y generar condiciones para atraer capital hacia la industria.

El objetivo no parte del nivel actual. De acuerdo con los datos históricos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Colombia alcanzó en 2015 una producción promedio de 1’008.161 barriles diarios. Hoy, el promedio se encuentra en 730.966 barriles diarios, una brecha que muestra el desafío para recuperar ese registro.

La ministra sostuvo que el petróleo conserva un peso importante para la economía, las finanzas públicas y la seguridad energética. “Colombia necesita más barriles y más moléculas de gas y ese es el criterio con el que estamos actuando”, afirmó Arboleda.

Gobierno busca destrabar 270 contratos petroleros y atraer nuevas inversiones

Para avanzar en el corto plazo, el Gobierno pondrá el foco en los contratos que ya están vigentes. Según la funcionaria, hay 270 contratos sobre los que se pretende acelerar la ejecución mediante la eliminación de obstáculos que han retrasado su desarrollo.

Una de las herramientas previstas será el Comité Intersectorial de Hidrocarburos, cuya activación está programada para finales de septiembre. El organismo tendrá la tarea de coordinar mecanismos que permitan atender los cuellos de botella existentes dentro de las normas actuales.

Arboleda advirtió, sin embargo, que agilizar los proyectos que ya tienen decisiones de inversión no resolverá por sí solo las necesidades de producción de los próximos años. Las medidas actuales deberán estar acompañadas por señales que permitan a las empresas tomar decisiones de largo plazo y comprometer recursos para exploración y producción.

En esa dirección, el Ministerio y la ANH evaluarán áreas disponibles para futuras asignaciones de recursos convencionales y no convencionales. También revisarán las condiciones fiscales, con la intención de establecer un esquema que haga más competitivo a Colombia frente a otros países que buscan captar inversiones para el sector.

La ministra señaló que se analizarán alternativas que permitan al Estado conservar su capacidad de capturar valor cuando las condiciones del mercado sean favorables, tomando como referencia experiencias internacionales.

La competencia por esos recursos ocurre mientras otros productores de la región avanzan en sus propios objetivos. Argentina registró en julio un récord de 916.200 barriles diarios, impulsado por la extracción mediante fracking, mientras Venezuela plantea alcanzar 1,5 millones de barriles diarios a partir del acuerdo petrolero suscrito con Estados Unidos.

Colombia, según Arboleda, todavía conserva factores que pueden resultar atractivos para las compañías. La experiencia acumulada, la disponibilidad de recursos y las capacidades técnicas hacen parte de esas fortalezas; a esto se suman la estabilidad, la seguridad jurídica y una institucionalidad sólida, condiciones que la funcionaria considera determinantes para competir por capital internacional.

La caída de las reservas aumenta la presión sobre el futuro energético de Colombia

El reto no se limita al crudo. Los datos sobre gas muestran otra presión para la seguridad energética. Entre 2022 y 2025, la producción comercializada de gas cayó 26%, al pasar de 1.073 millones de pies cúbicos diarios a 794,3 millones de pies cúbicos diarios.

Para el Ministerio, esta reducción constituye una señal de alerta frente al abastecimiento futuro. La disponibilidad de reservas impone límites: Colombia cuenta actualmente con 7,4 años de reservas probadas de petróleo y 5,9 años de reservas probadas de gas.

Con ese panorama, la estimación oficial para 2026 mantiene la producción petrolera lejos de la meta planteada. El Ministerio calcula que el país cerrará el año con un promedio de entre 725.000 y 735.000 barriles diarios. El desafío, por tanto, consiste en cerrar la brecha entre ese nivel y el millón de barriles diarios que el Gobierno pretende recuperar.

Los estudiantes que presentaron las pruebas Saber 11 del calendario A el pasado 26 de julio de 2026 ya tienen definida la fecha en la que podrán conocer su desempeño. El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) estableció que los resultados individuales serán publicados el viernes 25 de septiembre.

La fecha marca el siguiente paso para miles de estudiantes de grado undécimo que culminaron el proceso de evaluación y ahora esperan conocer el puntaje que obtuvieron. La información estará disponible de manera virtual a través de los canales habilitados por el Icfes.

El reporte individual permitirá identificar tanto el resultado general de la prueba como el desempeño registrado en las diferentes áreas evaluadas. Los estudiantes también podrán descargar el documento una vez ingresen al sistema y completen los datos solicitados.

El Saber 11 es el examen de Estado que deben presentar los estudiantes que cursan el último grado de la educación media en Colombia. La prueba evalúa competencias en áreas como lectura crítica, matemáticas, sociales y ciudadanas, ciencias naturales e inglés.

Además de funcionar como una evaluación de las competencias adquiridas durante el bachillerato, el puntaje puede ser tenido en cuenta por instituciones de educación superior dentro de sus procesos de admisión. Por esa razón, conocer los resultados puede convertirse en un paso importante para los jóvenes que buscan continuar su formación académica.

¿Cómo consultar los resultados del Icfes?

Cuando se habilite la consulta, los estudiantes deberán ingresar al sitio oficial del Icfes y buscar la sección destinada a los resultados de las evaluaciones. Una vez allí, tendrán que seleccionar la opción correspondiente a Saber 11 y elegir el año en el que realizaron el examen. Posteriormente, el sistema solicitará el tipo y número de documento, además de la información adicional que sea requerida para verificar la identidad del participante.

Después de completar el procedimiento, la plataforma permitirá consultar el resultado individual. El reporte podrá descargarse para conservar la información oficial de los puntajes obtenidos. La publicación de los resultados no se hará de manera simultánea para todos los procesos administrados por el Icfes. El cronograma contempla fechas diferentes según el tipo de prueba y la información que se vaya a divulgar.

Para los estudiantes que presentaron las pruebas de Validantes y Presaber, los resultados individuales estarán disponibles el viernes 2 de octubre de 2026. Posteriormente, el viernes 23 de octubre, se publicarán los resultados correspondientes a las instituciones educativas y a las secretarías de educación. Esta etapa permitirá consultar información agrupada de acuerdo con los establecimientos y las entidades territoriales.

El calendario también diferencia estos resultados institucionales de los reportes individuales. Por ello, quienes realizaron el Saber 11 del calendario A deberán concentrarse en la fecha asignada específicamente para la consulta de sus propios puntajes.

La prueba del 26 de julio fue aplicada a los estudiantes que se encontraban en la etapa final de su educación media. Ahora, el proceso entra en una fase distinta, en la que cada participante podrá revisar oficialmente cómo fue su desempeño y contar con el documento que acredita los resultados obtenidos.

Para acceder al reporte no será necesario realizar un trámite presencial. La consulta se efectuará mediante la plataforma digital del Icfes, utilizando los datos de identificación correspondientes a cada estudiante.

De esta manera, el viernes 25 de septiembre comenzará la publicación de los resultados individuales del Saber 11 calendario A. Los jóvenes que presentaron el examen podrán verificar su puntaje, revisar los resultados por área y descargar el informe oficial desde la plataforma de la entidad. La información también podrá ser consultada posteriormente para procesos académicos que requieran acreditar los resultados obtenidos.

El Pacífico colombiano será durante los próximos 100 días un laboratorio para observar cambios climáticos, explorar ecosistemas profundos y reunir información útil para la navegación. La operación comenzó con el zarpe del ARC Simón Bolívar desde Tumaco, Nariño, donde se puso en marcha una nueva expedición científica nacional.

El recorrido corresponde al Crucero Oceanográfico N.° 65 del Estudio Regional del Fenómeno El Niño (Erfen) 2026 y a la campaña “Pacífico Abisal: geografías del azul profundo”. Ambas investigaciones integran Misión Océano: Capítulo Pacífico, iniciativa liderada por la Comisión Colombiana del Océano y la Dirección General Marítima (Dimar).

A bordo, los equipos científicos trabajarán en 75 estaciones oceanográficas. De ese total, 46 se encuentran dentro de áreas marinas protegidas del Pacífico colombiano, lo que permitirá ampliar la información disponible sobre espacios de importancia ambiental y sobre las condiciones del océano. La expedición tiene tres líneas estratégicas. La primera está relacionada con el seguimiento de las condiciones océano-atmosféricas del Pacífico sudeste y de fenómenos de variabilidad climática como El Niño. El trabajo del crucero Erfen permitirá reunir datos para analizar los cambios que ocurren en esta zona.

El segundo frente apunta al conocimiento del fondo marino, con el propósito de fortalecer la seguridad de la navegación. La investigación permitirá avanzar en la comprensión de espacios submarinos relevantes para las actividades marítimas y ambientales del país.

La tercera línea está enfocada en producir información científica que contribuya a la protección y el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas marinos. Allí se concentra buena parte del trabajo de “Pacífico Abisal”, una campaña orientada a conocer los ecosistemas marinos profundos y las áreas de especial importancia ambiental para Colombia.

En esta investigación participan Parques Nacionales Naturales de Colombia, el Programa Herencia Colombia, Fondo Acción y Dimar. Sandra Bessudo, directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, resaltó la importancia de contar con información antes de definir acciones de conservación. “El gran reto de conservar los océanos empieza por conocerlos”, afirmó.

La operación reúne capacidades de varias entidades nacionales e internacionales. En el desarrollo de las actividades participan la Armada de Colombia, Parques Nacionales Naturales, Fondo Acción, Invemar, Ideam, la Universidad del Valle, la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador (Inocar).

Para Dimar, la misión representa además un paso dentro de sus metas de investigación científica marítima. El Capitán de Navío Juan Carlos Olarte Guzmán, subdirector de Desarrollo Marítimo de la entidad, explicó que el propósito es convertir los resultados científicos en insumos para las decisiones del país. “Misión Océano: Capítulo Pacífico 2026 es una misión de país que articula las capacidades de instituciones científicas, ambientales, marítimas y académicas para transformar el conocimiento del océano en información útil para tomar mejores decisiones”, afirmó.

Según Olarte Guzmán, Dimar alcanzó el 26% de su meta institucional y con esta expedición espera avanzar hasta el 33%. Ese resultado equivaldría al 75% del avance previsto para el cuatrienio y refleja el alcance que la operación tiene dentro de la estrategia institucional para fortalecer la investigación científica marítima. El zarpe desde Tumaco también pone de relieve el papel del puerto como plataforma para este tipo de operaciones.

Arley Silva, gerente de Operaciones de la Sociedad Portuaria Tumaco Pacific Port, destacó la articulación con la Autoridad Marítima Colombiana y la importancia de que estas investigaciones se desarrollen desde la región. “Para nosotros es clave contribuir a esta alianza con la Autoridad Marítima Colombiana para obtener resultados que nos permitan comprender mejor el cambio climático. Seguiremos trabajando articuladamente para impulsar las investigaciones interoceánicas y el desarrollo socioeconómico de la región”, afirmó Silva.

Durante los cerca de 100 días de navegación, los datos obtenidos servirán para ampliar el conocimiento del territorio marítimo nacional, estudiar la variabilidad climática, explorar zonas profundas y aportar elementos para mejorar las condiciones asociadas con la navegación.

Hidroituango volverá a entregar recursos millonarios a Antioquia después de que sus accionistas aprobaran una nueva distribución de utilidades. La decisión representa un ingreso de $1,09 billones para los socios de la sociedad, una cifra que, descontadas las obligaciones tributarias, tendrá como principales destinatarios a dos entidades públicas.

El Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea) recibirá $555.564 millones, mientras que Empresas Públicas de Medellín (EPM) obtendrá $507.287. Los recursos corresponden a las ganancias generadas por la central hidroeléctrica durante los primeros seis meses de 2026.

Hidroituango genera utilidades en medio de la alerta por El Niño

La aprobación se produjo durante la segunda asamblea de accionistas realizada en 2026 y constituye la segunda vez en la historia de Hidroituango que la compañía distribuye en un mismo año utilidades superiores al billón de pesos. El resultado refuerza el papel que la central adquirió dentro de las finanzas de sus accionistas públicos.

La nueva entrega llega en un momento en el que el sector energético mantiene la atención sobre la disponibilidad de agua para la generación eléctrica. A esto se suman las preocupaciones relacionadas con los posibles efectos del fenómeno de El Niño sobre el sistema eléctrico, una situación que pone nuevamente el foco sobre la capacidad de generación del país.

Para Antioquia, el reparto adquiere además una importancia particular por las necesidades que enfrentan las entidades públicas beneficiarias. Entre los factores que aumentan esa relevancia están las consecuencias del terremoto registrado el 10 de agosto, que dejó nuevos retos para las instituciones encargadas de atender a las comunidades afectadas.

Carolina Escobar, gerente de la Sociedad Hidroituango, destacó que el comportamiento financiero de la empresa forma parte de un impacto más amplio en el territorio: “Estamos creciendo y generando valor. Pero Hidroituango es mucho más que sus resultados financieros. Hemos impactado 55 municipios en ocho subregiones. Movilizamos más de $85.000 millones en proyectos de salud, educación, infraestructura, agua potable y gestión de riesgo”.

Los recursos llegan en un momento clave para Antioquia

De acuerdo con la compañía, esos recursos movilizados permitieron respaldar proyectos en distintas áreas y municipios. La referencia a este trabajo acompaña el anuncio de los dividendos y muestra la dimensión que la sociedad atribuye a su operación más allá de las cifras derivadas de la generación de energía.

El reparto aprobado para 2026 se suma a la decisión adoptada en marzo, cuando los accionistas autorizaron una distribución cercana a $241.000 millones. En esa oportunidad, los recursos correspondían a las ganancias obtenidas por las operaciones de la central durante todo 2025. Con la nueva aprobación, Hidroituango acumula así dos repartos de utilidades durante 2026. El primero estuvo relacionado con el desempeño del año anterior, mientras que el más reciente responde a los resultados obtenidos durante el primer semestre del año en curso.

La participación de Idea y EPM explica por qué la distribución tiene un efecto directo sobre entidades de carácter público. La mayor porción corresponde al Instituto Antioqueño, que concentra $555.564 millones, seguido por EPM con $507.287 millones, de acuerdo con los valores aprobados después de las deducciones tributarias.

El comportamiento de Hidroituango también adquiere relevancia por el volumen de recursos que genera para sus accionistas. La cifra aprobada en esta segunda asamblea supera ampliamente la distribución autorizada en marzo y consolida la generación de utilidades de la central como una fuente importante de ingresos para las entidades públicas que participan en la sociedad.

La decisión, además, se conoce mientras las condiciones climáticas y las perspectivas sobre el fenómeno de El Niño mantienen abiertas las discusiones sobre el abastecimiento de agua necesario para producir energía. En ese escenario, los resultados del primer semestre convierten nuevamente a Hidroituango en uno de los activos relevantes para sus accionistas.

El precio de la electricidad que pagan los hogares del Caribe colombiano volverá a subir durante septiembre, una situación que mantiene abierta la discusión sobre el costo del servicio en una región donde las condiciones climáticas tienen un peso importante en el consumo.

Afinia, compañía encargada de la prestación del servicio en Córdoba, Sucre y Bolívar, estableció en $1.033 el valor del kilovatio hora para este mes. El nuevo precio fue informado por su gerente, Ricardo Arango, que además advirtió sobre las dificultades financieras que atraviesa la empresa.

La preocupación de la compañía está relacionada con dos elementos que avanzan de manera simultánea: el encarecimiento de la energía que debe adquirir en el mercado mayorista y el aumento de la demanda. De acuerdo con Arango, la combinación de estos factores está ejerciendo una presión considerable sobre la caja de Afinia y sobre la sostenibilidad de su operación.

“Las condiciones de precios de la energía están llevando a Afinia a no poder continuar. Es en extremo grave la situación de caja por los altos costos de la energía en bolsa y la elevada demanda”, manifestó el gerente. El escenario adquiere especial relevancia en los departamentos donde opera la empresa. Las altas temperaturas hacen que el uso de ventiladores y sistemas de aire acondicionado sea habitual en viviendas y establecimientos comerciales, lo que incrementa la necesidad de electricidad.

Por esa razón, Arango planteó que las medidas orientadas a disminuir el consumo deben reconocer las condiciones particulares de la Costa. Aunque el ahorro es una de las alternativas para reducir la presión sobre el sistema, desde la compañía consideran que no puede analizarse desconociendo las necesidades de los usuarios frente al calor.

“Tenemos que ahorrar, pero entendemos que la energía en la Costa es necesaria y no un lujo. Tenemos que contar con precios de bolsa adecuados”, sostuvo.

El alto consumo por las temperaturas aumenta la presión sobre el sistema

A la discusión se suma la comparación con las tarifas de Air-e, empresa que presta el servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira. Norman Alarcón, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos en el Caribe, señaló que el valor cobrado por Afinia supera el registrado por esa compañía.

Según las cifras entregadas por Alarcón, Air-e manejó en agosto una tarifa de $890,271 por kilovatio hora, mientras que para septiembre el valor anunciado sería de $873,69. La diferencia alimenta las inquietudes de los usuarios frente a los precios que terminan reflejándose en las facturas de los hogares.

En el caso de Afinia, el crecimiento del consumo representa una presión adicional. Hogares, comercios e industrias requieren cada vez más electricidad, mientras la compañía debe mantener la prestación del servicio en los tres departamentos bajo su responsabilidad. Las características del clima regional vuelven más compleja esa ecuación.

En periodos de temperaturas elevadas, los equipos destinados a refrigerar los espacios tienen un uso más frecuente. Para numerosos hogares de la costa, ventiladores y aires acondicionados responden a una necesidad cotidiana y no únicamente a una cuestión de comodidad.

Este punto también atraviesa el debate regulatorio que se ha generado en la región. Diferentes sectores de la costa han cuestionado decisiones relacionadas con el servicio de energía y han planteado la necesidad de que las particularidades del consumo regional sean consideradas al momento de definir las condiciones del mercado.

El impacto alcanza además a las actividades productivas. Comercios, pequeñas empresas e industrias pueden enfrentar mayores gastos de operación cuando aumenta el precio de la electricidad, especialmente en negocios que dependen directamente del suministro energético.

Así, el valor anunciado por Afinia para septiembre vuelve a poner sobre la mesa una discusión que involucra a usuarios, operadores y autoridades. Mientras los consumidores observan el impacto de la tarifa en sus facturas, la empresa señala que debe enfrentar costos elevados de compra y una demanda creciente.

Colombia importó 1,55 millones de sacos de café durante los últimos doce meses, una cifra que adquiere especial relevancia frente a un consumo interno que se mantiene entre 2,32 y 2,4 millones de sacos. Para la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), el ingreso de grano extranjero responde, en buena parte, a la menor disponibilidad registrada durante el periodo y a la necesidad de mantener abastecida a la industria.

Germán Bahamón, gerente de la Federación, reconoció que las importaciones hacen parte de la dinámica actual del mercado y defendió su legalidad. “el dato es nuestro. Lo publica la Federación de Cafeteros y no lo escondemos. Buena parte responde a una necesidad real en un año de menor disponibilidad, que obliga a garantizar el abastecimiento de la industria, y eso es legítimo”.

El debate para el gremio está en lo que ocurre después con ese café y en las condiciones bajo las cuales compite en el mercado nacional. Bahamón cuestionó la llamada “arquitectura de precio”, una dinámica que, según explicó, busca llevar el valor del producto en las góndolas al nivel más bajo posible, aunque ese precio no necesariamente corresponda con lo que cuesta producir café en Colombia.

La discusión tiene un componente directo para los productores. El valor de referencia de un kilo de café colombiano está condicionado por variables como la cotización en la bolsa de Nueva York, la prima por origen y la tasa de cambio. Por debajo de esos factores se encuentran los costos de producción, entre ellos los jornales, los fertilizantes y la recolección, que determinan el ingreso de más de 500.000 familias cafeteras.

Por esa razón, el gerente de la FNC sostiene que existe un límite económico para el café colombiano. Cuando el producto tostado llega a los supermercados con un precio inferior a ese nivel, “no puede ser colombiano” por la estructura de costos. Para la Federación, la discusión sobre cuánto cuesta el producto termina relacionada directamente con la identificación de su procedencia.

Federación propone identificar el origen del café en los empaques

La alternativa que plantea el gremio es establecer una regla para que el origen del café aparezca en los empaques de forma clara, visible y fácil de encontrar. La información tendría que ocupar un lugar comparable al destinado al peso neto o a los gramos del producto.

La intención es que cualquier comprador pueda saber, sin conocimientos especializados, si está adquiriendo café 100% colombiano o un producto elaborado con grano de otro origen. La Federación busca que esa exigencia sea aplicable a todos los participantes del mercado y se convierta en una regla común.

Bahamón aseguró que el gremio está dispuesto a discutir la propuesta con representantes de la industria, el Congreso, el Gobierno y otros sectores involucrados. El argumento es que los consumidores, después de enfrentar durante el último periodo los precios más altos del café en décadas y mantener su consumo, tienen derecho a conocer con precisión qué producto están llevando a casa.

“Se ganó el derecho a saber qué está tomando”. Con esa información disponible, plantea la Federación, la elección de un café diferente al colombiano sería una decisión consciente del comprador y no consecuencia de una información poco visible en el empaque.

La discusión también apunta a una transformación de la cadena cafetera. El gremio busca aumentar el valor de la categoría en el mercado nacional, fortalecer el conocimiento de los consumidores sobre los distintos orígenes y calidades e impulsar una mayor industrialización del café producido por las familias colombianas.

La propuesta llega mientras la producción enfrenta dificultades, las exportaciones acumulan una reducción de 12% en doce meses y los precios internos muestran una tendencia descendente. Para la Federación, identificar el origen del café que se vende en Colombia puede convertirse en una herramienta para proteger el valor del producto nacional y los ingresos de quienes lo cultivan.

El trabajo doméstico en Colombia está cambiando en la forma en que se contrata. Cada vez son más frecuentes las jornadas por días, mientras el empleo de tiempo completo pierde participación. El cambio ocurre en un sector que mantiene una informalidad superior al 87% y en el que persisten dificultades para garantizar el acceso integral a la protección social.

Los datos hacen parte de un estudio elaborado por la Universidad del Rosario, Comfama, Enlace Operativo, Hogarú, Symplifica y la Fundación Hablemos de Trabajo Doméstico. La investigación tomó como referencia información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (Geih) del Dane y registros de entidades relacionadas con esta actividad. Una de las señales más claras aparece en los registros de Symplifica. En 2025, los contratos de tiempo completo representaban el 57,2% de los casos, pero durante el primer semestre de 2026 esa proporción cayó al 48,7%. Al mismo tiempo, las contrataciones por días aumentaron del 42,8% al 51,3%.

La tendencia plantea preguntas sobre la estabilidad de los ingresos y las condiciones laborales de quienes dependen de esta actividad. Durante los primeros trimestres de 2024, 2025 y 2026, la informalidad entre trabajadores domésticos se mantuvo por encima del 87%, mientras en el conjunto del mercado laboral se ubicó cerca del 45%.

La diferencia tiene consecuencias directas para la protección social. Aunque la mayoría de las trabajadoras cuenta con afiliación a salud, es mucho menor el grupo que reúne de manera simultánea cobertura en salud, pensión y riesgos laborales. Por eso, una reducción en los días o las horas de trabajo puede tener efectos que van más allá del ingreso mensual.

La cantidad de personas ocupadas también mostró una variación. La Geih registró cerca de 704.000 trabajadores en labores domésticas en marzo de 2026, frente a aproximadamente 789.000 en marzo de 2025. La diferencia es cercana a 85.000 personas. Sin embargo, el comportamiento posterior impide hablar por ahora de una pérdida permanente de puestos: en abril hubo una recuperación frente al mismo mes del año anterior.

Para los investigadores, esa evolución requiere varias hipótesis. La reducción observada puede estar relacionada con una pérdida eventual de empleo, con un retroceso en la formalización o con el traslado de algunas trabajadoras hacia otras ocupaciones. También existe otra posibilidad: que los hogares mantengan la contratación, pero reduzcan la cantidad de jornadas que necesitan.

Ese último escenario coincide con el aumento de los servicios contratados por días. El estudio identifica una menor intensidad en la contratación, aunque advierte que algunas trabajadoras optan voluntariamente por horarios más cortos debido a razones personales o familiares. Por ello, los cambios registrados no pueden interpretarse de una sola manera.

La informalidad, de todos modos, continúa como uno de los principales problemas del sector. Entre las barreras señaladas aparecen el desconocimiento de los mecanismos para formalizar la relación laboral, los costos asociados a la contratación y una idea cultural que todavía presenta estas labores como una “ayuda”, en lugar de reconocerlas como un trabajo con derechos.

Otro elemento que deberá ser analizado es el incremento de 23% del salario mínimo para 2026. El ingreso promedio de las trabajadoras aumentó en términos nominales, pero lo hizo por debajo de ese incremento y creció la proporción de personas que reciben menos de un salario mínimo. Los investigadores, sin embargo, advierten que no hay evidencia suficiente para atribuir directamente al aumento salarial la reducción del empleo o el crecimiento de la contratación por días.

El panorama apunta así a una reconfiguración del trabajo doméstico más que a su desaparición. La preocupación está en que jornadas más cortas y una mayor contratación por días terminen profundizando la precariedad de un sector que ya parte de niveles elevados de informalidad.

El sistema eléctrico colombiano se prepara para una etapa de mayor presión por el fenómeno de El Niño, con menos agua disponible para la generación y una mayor necesidad de acudir a plantas térmicas. Ese cambio podría elevar el costo de la energía y las tarifas finales.

La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, reconoció que el panorama es complejo y evitó ofrecer garantías sobre el comportamiento del sistema. “No nos digamos mentiras, la tarifa tiene que subir. ¿Por qué la tarifa tiene que subir? Porque ya los recursos no son los hídricos los que van a atender toda la demanda”, señaló.

El Gobierno logró reunir $1,5 billones para empezar este mes a entregar recursos a las empresas térmicas. La medida busca aliviar su situación financiera, aunque la ministra advirtió que el dinero no alcanzará para cubrir todo el periodo de El Niño.

La preocupación se concentra en lo que ocurrirá después. Arboleda explicó que se busca que los generadores con excedentes suscriban contratos con las empresas que podrían quedar expuestas en la bolsa. “¿Qué va a pasar en los meses siguientes? Porque esa plata no va a alcanzar para todo el niño. En los meses siguientes lo que estamos tratando es de que los generadores que tengan algún excedente hagan contratos específicamente con esta estas empresas para que no estén descubiertas en la bolsa. Cuando las empresas están descubiertas en la bolsa, el precio de bolsa las coge pleno y eso es lo que también las pone en situación más compleja”, explicó.

La menor generación hidroeléctrica obligará a complementar el suministro con fuentes de mayor costo. A esto se suma que el precio internacional del gas viene aumentando. “Yo no les voy a prometer lo que no les puedo prometer. Los precios en algún momento van a subir si esto se sigue recrudeciendo, pues ¿de dónde vamos a sacar la energía?”, agregó la ministra.

Arboleda describió la coyuntura como una acumulación de dificultades que el sector ya había enfrentado en episodios anteriores de El Niño. “Recibimos un sector como históricamente no lo habíamos tenido. Yo les puedo decir que el niño que vamos a vivir ahora va a ser un niño que suma todos los problemas que hemos tenido en niños anteriores. Desde mi función en XM viví muchos niños y este niño recoge todas las problemáticas que teníamos antes en una sola, con un agravante adicional obviamente, y es que la demanda viene creciendo desmesuradamente”, agregó Arboleda.

El abastecimiento de gas es otro de los frentes que preocupa al Gobierno. La ministra aseguró que el país atraviesa una “condición muy crítica” y que se adelanta una búsqueda de nuevas fuentes. “Estamos haciendo una búsqueda exhaustiva a todo nivel de dónde tener gas. Sin importar el precio, porque es que no podemos jugar a eso ahorita en una situación como la que estamos”, señaló.

Entre las opciones están la capacidad de las regasificadoras, posibles nuevos yacimientos, excedentes disponibles y el carbón. Además, el Ministerio prepara una subasta para identificar recursos adicionales que puedan incorporarse al mercado. La ministra también aclaró el alcance de la resolución de la Creg que busca incentivar el ahorro de energía. Según explicó, la medida no implica que todos los usuarios vayan a recibir sanciones por consumir electricidad. “Si ustedes siguen consumiendo lo mismo, no los van a penalizar”, explicó.

El intercambio de energía con Ecuador también está bajo revisión. Arboleda afirmó que “hoy Ecuador se está quejando porque ya no le estamos ofreciendo casi energía”, aunque recordó que el esquema entre ambos países fue establecido bajo un principio de solidaridad. El Gobierno revisa las condiciones de ese intercambio.

“Nosotros nunca hemos vendido lo que no tenemos y que en este momento estamos replanteando obviamente porque Ecuador no es solo energía, hay otra serie de cosas que se transa con ellos, entonces es un tema de una decisión a otro nivel, pero somos conscientes obviamente que cuando lleguemos al punto de escasez y en este momento con la activación del estatuto de desabastecimiento ya a ellos no se les está ofreciendo tanta energía”, concluyó.

El celular dejó de ser un dispositivo que muchos colombianos sienten la necesidad de reemplazar cada año. El tiempo de uso se extendió y ya supera los tres años y medio, un cambio que está obligando a fabricantes y consumidores a replantear la forma en que se entiende una renovación tecnológica.

Los análisis de IDC y Counterpoint Research muestran que el ciclo de recambio de los teléfonos inteligentes se amplió de manera considerable. A esto se suma una caída de 11,8% interanual en la importación y demanda de equipos informáticos y de telecomunicaciones, según el Indicador de Inversión Fija divulgado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Detrás de esta transformación aparecen factores económicos, pero el comportamiento del comprador apunta además a una expectativa distinta frente al producto. Antes de pagar por un equipo nuevo, los usuarios esperan que la diferencia frente al anterior sea evidente y que el teléfono pueda acompañarlos durante varios años.

Por eso, las mejoras menores de hardware pierden capacidad para impulsar una compra. La llegada de una nueva referencia ya no basta por sí sola: el dispositivo debe ofrecer utilidad sostenida, conservar un buen desempeño y responder a las exigencias del uso cotidiano. La resistencia física gana importancia en este escenario. Entre los elementos que cobran relevancia están las certificaciones de laboratorio SGS de cinco estrellas, destinadas a evaluar la capacidad del chasis y la pantalla para soportar situaciones de impacto.

Las pruebas contemplan la respuesta estructural de los celulares ante caídas y aplastamientos. Incorporar estándares de grado industrial busca preservar la integridad del equipo durante periodos prolongados y responder a un consumidor que está dispuesto a mantenerlo por más tiempo.

La protección frente al agua y otros factores ambientales también entra en juego. Los niveles IP68, IP69 e IP69K están diseñados para ofrecer distintos grados de resistencia. El IP68 permite soportar inmersiones prolongadas, mientras que IP69 e IP69K suman protección frente al agua y temperaturas extremas, con el propósito de reducir problemas asociados con la humedad o la corrosión interna.

La batería es otro de los componentes determinantes para alargar la vida útil. Las tecnologías de silicio-carbono de alta densidad y las capacidades superiores a 6.000 miliamperios-hora buscan mantener la degradación energética por debajo de 20% después de cuatro años de ciclos continuos de carga.

El manejo del calor y de la energía también forma parte de esa apuesta. La inteligencia artificial puede utilizarse para dispersar el calor y controlar dinámicamente el consumo energético, con el objetivo de evitar un desgaste anticipado del hardware y mantener un funcionamiento estable durante más tiempo. El cambio de hábitos no implica que los consumidores hayan dejado de interesarse por la tecnología. Más bien, la decisión de compra parece estar asociada a una evaluación más cuidadosa del beneficio que puede entregar un nuevo dispositivo frente al que ya tienen.

En ese punto, la inteligencia artificial aparece como una de las herramientas capaces de generar razones concretas para renovar un celular. Las funciones incorporadas directamente al equipo buscan resolver tareas que antes podían requerir aplicaciones adicionales y convertirlas en parte de la experiencia cotidiana. Entre esas posibilidades están la transcripción automática de voz a texto, la generación de resúmenes contextuales en tiempo real y la traducción simultánea durante llamadas telefónicas. Estas funciones apuntan a ofrecer cambios perceptibles para el usuario y, por esa vía, dar mayor peso a una eventual actualización.

El mercado colombiano, por tanto, enfrenta una nueva lógica de consumo. Si los teléfonos permanecen durante más de tres años y medio en manos de sus propietarios, las marcas tienen que demostrar que un nuevo lanzamiento aporta algo suficientemente relevante para justificar el gasto.

La resistencia, la autonomía y las herramientas de inteligencia artificial forman parte de esa competencia. Para los usuarios, el desafío consiste en encontrar un equipo capaz de conservar sus prestaciones durante años; para los fabricantes, en desarrollar características que hagan que esperar más tiempo para cambiar de celular tenga sentido.

El Ministerio de Agricultura prepara un recorte de su gasto de funcionamiento para 2027, con una decisión que impactará directamente la contratación de la entidad y la política de compra de predios. El ministro Indalecio Dangond anunció que no renovará 10.000 contratos de prestación de servicios y que la cartera no tendrá recursos el próximo año para adquirir nuevas tierras.

Los anuncios se conocieron durante las discusiones del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 en el Congreso de la República. Dangond sostuvo que el presupuesto del sector agropecuario caerá 32% frente a este año, pero planteó que el ajuste debe concentrarse en el funcionamiento para proteger los recursos destinados a productores y campesinos.

La distribución actual del presupuesto, según las cifras presentadas por el funcionario, muestra un aumento de 8,5% en los gastos de funcionamiento, mientras la inversión tendría una reducción cercana al 44%. Por eso, el ministro resumió su propuesta en una frase: “Yo quiero menos funcionamiento y más recursos para inversión”.

Uno de los principales recortes estará en las órdenes de prestación de servicios. Dangond afirmó que los 10.000 contratos no continuarán durante 2027 y calculó que este rubro representa un costo de $540.000 millones para el Estado. La intención es trasladar parte de esos recursos hacia programas destinados al campo y sus productores.

El jefe de la cartera también puso como ejemplo el gasto de entidades adscritas al sector. Señaló que la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra) recibió este año $64.000 millones y aseguró que una parte importante terminó en contratos de prestación de servicios. En la Unidad de Restitución de Tierras, agregó, el presupuesto llegó a $475.000 millones, con $130.000 millones destinados a esa modalidad de contratación.

La revisión también alcanzará las operaciones de compra de tierras realizadas durante el Gobierno anterior, en cabeza del expresidente Gustavo Petro. De una meta de tres millones de hectáreas, Dangond señaló que fueron adquiridas cerca de 350.000 por $3,9 billones. Sin embargo, quedaron pendientes pagos por $1,4 billones.

Ese dinero no será girado por ahora. El Ministerio adelantará una auditoría sobre los predios y, de acuerdo con el funcionario, en revisiones preliminares se encontraron operaciones con valores superiores a los precios de mercado. “No vamos a girar un solo peso de esos $1,4 billones (...) hasta que no verifiquemos que ahí no hay torcidos”, afirmó.

La revisión podría extenderse hasta diciembre. Como parte de las primeras verificaciones, el ministro explicó que fueron examinadas entre 15 y 20 operaciones, en las que se habrían encontrado precios por encima de las referencias del mercado. Además, planteó que el proceso cuente con la participación de la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía.

La suspensión de nuevas compras tendrá continuidad en 2027. Además, Dangond anunció que no se presupuestarán recursos para adquirir más predios, entre otras razones porque, según explicó, existe un fondo con un millón de hectáreas disponibles.

La política de tierras enfrenta además otro problema: más de 35.000 pequeños productores recibieron títulos provisionales sobre predios que todavía tienen litigios. A esto se suma que parte de las tierras entregadas no contó con crédito, asistencia tecnológica ni proyectos productivos que permitieran aprovecharlas. El objetivo ahora, según explicó, es modificar la relación entre gasto operativo e inversión. En lugar de mantener recursos concentrados en contratación y funcionamiento, la cartera pretende orientarlos hacia instrumentos que lleguen directamente al sector rural colombiano, mediante financiación y programas para productores y campesinos del país.

Con el presupuesto disponible para 2027, el jefe de cartera busca cambiar la prioridad hacia la inversión y el financiamiento. Entre sus propuestas está recuperar recursos para subsidiar tasas de interés y ampliar el acceso al crédito agropecuario de largo plazo. Según sus cálculos, por cada peso que el Estado destine a subsidiar las tasas de interés, el sistema financiero podría generar hasta ocho pesos adicionales en crédito para el sector agropecuario.

“Con $100.000 millones puedo jalonar $800.000 millones en crédito a 10 años”, explicó Dangond. El ministro describió la situación actual del sector con una comparación: aseguró que lo recibió “en sala de urgencias” y que 2027 será el año para “normalizar al paciente”. Los grandes proyectos de inversión, según su planteamiento, comenzarían a partir de 2028.

El mercado colombiano de vehículos de nuevas tecnologías alcanzó en agosto un punto de inflexión: eléctricos e híbridos sumaron 13.737 matrículas y representaron el 50,6% de los automotores nuevos registrados durante el mes. Es la mayor participación conjunta reportada hasta ahora, de acuerdo con el informe de Fenalco y la Andi, elaborado con información del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt).

La cifra significa que uno de cada dos vehículos nuevos que llegó al registro utilizó alguna de estas tecnologías. El impulso fue especialmente fuerte entre los eléctricos, cuyas matrículas aumentaron 176% frente a agosto de 2025, al pasar de 1.647 a 4.542 unidades.

El comportamiento no se limitó a un solo mes. Entre enero y agosto de 2026, Colombia acumuló 33.889 matrículas de vehículos eléctricos, frente a las 10.508 contabilizadas durante el mismo periodo del año anterior; el crecimiento acumulado fue de 222,5%.

El ‘boom’ de los vehículos eléctricos e híbridos

Los híbridos también ampliaron su presencia. En agosto se registraron 9.195 unidades, un aumento de 51,6% respecto de las 6.066 matriculadas un año atrás. Con ese resultado, esta tecnología alcanzó el 33,9% de participación dentro del mercado nacional de vehículos nuevos.

Detrás del avance eléctrico aparece un liderazgo claro de Tesla. La marca registró 2.046 vehículos en agosto y concentró el 45% de todas las matrículas eléctricas del país. BYD quedó en segundo lugar, con 746 unidades y una participación de 16,4%, aunque tuvo una caída de 22,9% frente al mismo mes de 2025.

MG ocupó la tercera posición con 383 vehículos, equivalentes al 8,4%. Chery registró 247 unidades y alcanzó el 5,4%, después de crecer 130,8% anual. Geely completó el grupo de las cinco primeras con 194 matrículas y una cuota de 4,3%. En conjunto, estas cinco marcas reunieron 79,6% del segmento eléctrico durante agosto.

Tesla también mantuvo la ventaja en el acumulado del año. Entre enero y agosto matriculó 14.107 vehículos eléctricos, el 41,6% del total nacional; BYD sumó 7.332 unidades y obtuvo 21,6% de participación; Chery llegó a 1.893 registros, con un crecimiento de 516,6%; MG alcanzó 1.643, después de aumentar 734%; y Chevrolet cerró el grupo con 1.324 vehículos, tras crecer 527,5%.

El modelo que más se matriculó en agosto fue el Tesla Model Y, con 1.902 unidades y 41,9% del mercado eléctrico. Le siguieron el BYD Yuan Up, con 323 registros, y el MG S5, con 260. El BYD Seagull, con 241, y el Chery iCar, con 160, completaron los cinco primeros lugares.

Los SUV explican buena parte de esta expansión. Entre enero y agosto acumularon 26.327 matrículas eléctricas, frente a 7.243 en igual periodo de 2025, para un crecimiento de 263,5%. Solo en agosto alcanzaron 3.602 unidades, 216,8% más que las 1.137 registradas un año antes. El Model Y, Yuan Up, S5 e iCar estuvieron entre los modelos que respaldaron ese desempeño.

Marcas de carros eléctricos preferidas por los colombianos

Los automóviles eléctricos, aunque con menor volumen, también avanzaron, ya que en los primeros ocho meses del año sumaron 6.952 matrículas y crecieron 134,8% anual. En el mercado híbrido, Toyota encabezó agosto con 1.563 unidades y una participación de 17%. Suzuki registró 1.150, mientras Kia llegó a 1.009 y creció 196,8%. Renault obtuvo 821 matrículas, con un aumento de 72,1%, y Mazda cerró las cinco primeras con 716, pese a una reducción de 10,8%. Estas marcas concentraron 57,2% del segmento híbrido.

El salto registrado durante agosto refleja una transformación visible en la composición de las matrículas nuevas. Aunque las cifras corresponden a registros y no permiten medir por sí solas las ventas efectivas, muestran cómo las tecnologías eléctricas e híbridas ganaron espacio frente a los vehículos convencionales, por lo que el crecimiento se repartió entre marcas consolidadas, nuevos competidores y una oferta dominada por SUV eléctricos.

La expansión también alcanzó ciudades y municipios fuera de los principales mercados. La Calera registró el mayor crecimiento anual de matrículas eléctricas en agosto, con 2.633%, seguida por Tunja, con 550%, y Cúcuta, con 486%. En los híbridos, Girardot creció 608,3%, Montería avanzó 148,3% y Sincelejo aumentó 145,5%. Entre las principales ciudades, Bogotá registró 3.817 híbridos y creció 56,3%; Medellín alcanzó 1.562, con un aumento de 49,3%, y Cali llegó a 750, con un crecimiento de 34,4%.

El bolsillo de los hogares en Medellín recibió un golpe mayor al registrado en otras ciudades del país durante agosto. La capital antioqueña cerró el mes con una inflación anual de 7,07%, por encima del 6,24% nacional, de acuerdo con los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La presión no estuvo concentrada en un solo gasto. Restaurantes y hoteles, salud, educación y los servicios relacionados con la vivienda encabezaron las variaciones, mientras otros productos y servicios cotidianos también registraron aumentos por encima del promedio colombiano.

El grupo que presentó el mayor incremento anual fue restaurantes y hoteles, con 9,63%. Le siguieron salud, con 9,22%, y educación, con 8,23%. En alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, la variación llegó a 7,59%, 1,85 puntos porcentuales más que la registrada en el conjunto del país.

Una de las diferencias más marcadas frente al promedio nacional apareció en prendas de vestir y calzado. Mientras en Medellín este grupo aumentó 5,42% durante el último año, en Colombia la variación fue de 3,26%, una brecha de 2,16 puntos porcentuales.

El comportamiento también fue superior al promedio nacional en transporte, que llegó a 6,39%; bienes y servicios diversos, 6,98%; bebidas alcohólicas y tabaco, 7,49%; muebles y artículos para el hogar, 7,01%; recreación y cultura, 5,65%, y educación, 8,23%.

No todos los componentes tuvieron el mismo comportamiento. Alimentos y bebidas no alcohólicas registraron una inflación anual de 5,93% en Medellín, por debajo del 6,10% nacional. En información y comunicación, la variación fue de 4,39%, frente al 5,97% registrado en Colombia. Los datos de julio permiten observar con mayor detalle algunas de las presiones que llegaron al cierre de agosto. Según Medellín Cómo Vamos, los alquileres aumentaron 7,4%, mientras el alcantarillado subió 8% y la recolección de basuras presentó un incremento de 16%.

Los rubros que más subieron en Medellín

El transporte también acumuló aumentos importantes. En julio, el servicio intermunicipal tuvo una variación de 15%, el transporte urbano alcanzó 12% y el transporte escolar registró 11%. En la canasta de alimentos, varios productos mostraron incrementos considerables durante ese mismo periodo. Las frutas frescas encabezaron las alzas, con 26,58%, seguidas por la cebolla, con 17,57%. Arracacha, ñame y otros tubérculos aumentaron 12,92%, mientras la carne de res y sus derivados subieron 12,72%.

También aumentaron las frutas congeladas o en pulpa, con 9,37%, y las carnes preparadas y la charcutería, con 8,13%. Las frituras, entre ellas papas, chitos y patacones, registraron un incremento de 7,09%, mientras la carne de aves subió 6,10%. En otros productos, los frutos secos y nueces aumentaron 3,70%, las motos y bicicletas 2,56% y los aceites comestibles 1,18%.

El comportamiento de los precios muestra que el encarecimiento no se explica por lo que ocurre en los mercados de alimentos. Los gastos asociados con vivienda, movilidad, educación, salud y actividades fuera del hogar tuvieron un peso importante en el resultado de la ciudad durante el periodo analizado.

Para las familias, esto significa que el efecto de la inflación puede sentirse de manera diferente según la composición de sus gastos. Las variaciones en productos y servicios esenciales terminan condicionando la capacidad de los hogares para destinar recursos a otras necesidades.

La organización Medellín Cómo Vamos advirtió que el impacto de estas variaciones depende del peso que cada rubro tiene dentro del presupuesto familiar. “Los hogares destinan en promedio cerca del 33% de sus ingresos a alojamiento y servicios públicos. Por ello, cualquier variación en este rubro genera un efecto dominó directo y severo sobre la inflación general”, explicó el análisis.

La vivienda representa una presión particularmente importante para los hogares de la ciudad. Según datos del Banco de la República, Medellín fue la ciudad con los arrendamientos más caros del país en 2024. Además, entre 2021 y noviembre de 2025, el IPC acumuló un aumento de 36,7% en la capital antioqueña, ligeramente superior al promedio nacional de 36,3%.

Las dificultades para atender una emergencia no empiezan necesariamente cuando ocurre un desastre. En los municipios rurales afectados por el terremoto de magnitud 7,4 Mw, ocurrido el 10 de agosto, varias de esas limitaciones ya estaban presentes y quedaron expuestas por la emergencia, de acuerdo con un análisis del observatorio Así Vamos en Salud.

El estudio ‘Condiciones Previas en Salud’ revisó 396 municipios caracterizados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y comparó sus condiciones con la clasificación territorial del Departamento Nacional de Planeación. El resultado muestra que la distancia frente a los centros urbanos se relaciona con menores capacidades para garantizar servicios esenciales.

Déficit de médicos en la emergencia por el terremoto

La brecha aparece con claridad en el personal médico. La densidad promedio de profesionales registrados en ciudades y aglomeraciones es 6,7 veces mayor que la de los municipios rurales dispersos afectados. Además, el 16,4% de estos últimos no cuenta con médicos generales registrados, una carencia que adquiere mayor relevancia cuando una emergencia eleva la demanda de atención.

La falta de especialistas es todavía más evidente. Antes del terremoto, ninguno de los municipios rurales dispersos afectados tenía pediatras registrados. En los municipios rurales afectados, la proporción sin estos profesionales alcanzaba el 95,4%. En enfermería se repite el desequilibrio.

Las ciudades y aglomeraciones tienen, en promedio, 6,6 veces más profesionales registrados que los municipios rurales dispersos. El 17,8% de estos últimos, además, no cuenta con profesionales de enfermería registrados.

La atención en salud mental presenta un panorama particular, ya que el 94,5% de los municipios rurales dispersos dispone de psicólogos registrados, pero más del 90% de los municipios intermedios, rurales y rurales dispersos analizados no tiene psiquiatras registrados. La rehabilitación también enfrenta limitaciones; según la información disponible antes del sismo, el 53,4% de los municipios rurales dispersos afectados no contaba con profesionales de fisioterapia registrados.

Así Vamos en Salud advirtió que las condiciones encontradas no fueron provocadas por el terremoto, aunque pueden influir directamente en la respuesta y en la recuperación posterior. “Estas brechas no fueron ocasionadas por el terremoto, pero pueden incidir en la capacidad de respuesta y en la recuperación de las poblaciones afectadas”, señaló la entidad.

Brecha digital e infraestructura en la respuesta al desastre

A las dificultades del sistema sanitario se suma el acceso desigual a internet. En los municipios rurales dispersos, la penetración promedio del acceso fijo ronda el 2%, mientras que en los municipios rurales apenas supera el 5%.

En ciudades y aglomeraciones, el promedio es 8,5 veces mayor, por lo que esta diferencia puede obstaculizar la telemedicina, las consultas especializadas, el intercambio de información clínica y la coordinación institucional durante una emergencia.

El contraste territorial también se refleja en los departamentos. Chocó, Cauca y Norte de Santander presentan los promedios más bajos de penetración de internet entre los territorios analizados, con 2,74%, 2,76% y 3,75%, respectivamente. En Norte de Santander, además, persisten brechas importantes en servicios básicos. Los 13 municipios afectados registraban antes del terremoto una cobertura promedio de 39,26% en acueducto y de 34,50% en alcantarillado.

El análisis de Así Vamos en Salud tiene carácter preliminar y utiliza información reportada antes del terremoto, junto con el último reporte del Registro Único de Damnificados (RUD) de la Ungrd. Por esa razón, los datos pueden cambiar a medida que se incorporen nuevas actualizaciones.

El documento busca servir como insumo para definir prioridades y orientar la recuperación de los municipios más afectados. La información permite identificar los territorios donde las condiciones existentes pueden aumentar las dificultades para enfrentar las consecuencias de la emergencia.

El terremoto, por tanto, encontró sistemas locales que ya funcionaban con capacidades desiguales. Para la recuperación de los municipios afectados, el estudio plantea tener en cuenta esas condiciones previas y las diferencias entre territorios al momento de planear acciones y priorizar recursos.

La información cobra especial importancia para las zonas rurales dispersas, donde las distancias, la menor oferta de profesionales y las dificultades de conectividad pueden complicar el acceso oportuno a servicios.

La Procuraduría General de la Nación puso bajo la lupa la forma en que el Ministerio de Relaciones Exteriores recurre a contratos de prestación de servicios y advirtió que varias decisiones requieren revisión por sus posibles efectos fiscales y administrativos.

Uno de los principales hallazgos está relacionado con la cantidad de contratos suscritos durante un periodo cercano a la entrada en vigor de las restricciones de la Ley de Garantías. Según el Ministerio Público, entre agosto de 2025 y febrero de 2026 la Cancillería firmó 1.053 contratos por un valor total de $83.742 millones.

La revisión de esos acuerdos hace parte de las actuaciones preventivas que adelanta la Procuraduría, que encontró cuestionamientos en la planeación, supervisión y justificación de la contratación externa. Para el organismo de control, antes de ampliar el uso de esta modalidad debía existir una evaluación técnica suficientemente sólida que permitiera establecer las cargas laborales y determinar si realmente era necesario acudir a personal contratado.

La advertencia apunta a una situación concreta: algunas de las necesidades atendidas mediante contratos de prestación de servicios podrían corresponder a funciones propias de la planta permanente del Ministerio. Por eso, la entidad de control recordó que “la contratación externa no puede sustituir de manera sistemática la planta de personal”.

A esto se suman reparos sobre los soportes utilizados para acreditar la ejecución de determinados contratos. La Procuraduría señaló que, en algunos casos, los documentos disponibles no serían suficientes para demostrar que las obligaciones pactadas fueron cumplidas, una situación que podría generar dudas sobre el desarrollo efectivo de los objetos contractuales.

El organismo explicó que también “Identificó fallas en la planeación y supervisión de los contratos suscritos a pocas semanas de entrar en vigencia las restricciones de la Ley de Garantías, cuyos soportes de ejecución, en algunos casos, resultan insuficientes para acreditar las obligaciones pactadas y evidenciarían posibles incumplimientos del objeto contractual”.

Para la Procuraduría, la discusión no se limita a la forma en que fueron celebrados los contratos. El seguimiento debe permitir comprobar que los servicios adquiridos con recursos públicos fueron efectivamente prestados. De ahí que haya insistido en la necesidad de mejorar la planeación antes de contratar y establecer mecanismos de supervisión capaces de verificar el cumplimiento de cada obligación.

La actuación preventiva también alcanzó otro frente de la Cancillería: la Carrera Diplomática y Consular. En este punto, el Ministerio Público llamó la atención sobre posibles movimientos de personal que, de haberse producido sin ajustarse a las normas aplicables, podrían afectar la continuidad y eficacia del servicio exterior colombiano. Frente a ese escenario, la Procuraduría exhortó al Ministerio de Relaciones Exteriores a preservar los principios de mérito, imparcialidad y profesionalización que deben regir la carrera diplomática. El llamado busca evitar que decisiones administrativas terminen debilitando las condiciones que sostienen el funcionamiento del servicio exterior.

El organismo de control planteó además la necesidad de fortalecer la planeación contractual de la Cancillería, racionalizar el gasto público y aprovechar de manera más eficiente la planta de personal. Estas recomendaciones buscan atender las observaciones detectadas durante la actuación y reducir los riesgos asociados al manejo de los recursos públicos. La Procuraduría informó que su intervención no concluye con las observaciones formuladas. El Ministerio Público mantendrá activa su actuación preventiva y hará seguimiento a las medidas que adopte el Ministerio de Relaciones Exteriores para responder a los reparos planteados.

La cifra de 1.053 contratos y los $83.742 millones comprometidos quedaron así entre los principales elementos de una revisión que pone el foco en la justificación de la contratación externa, la calidad de sus soportes y los controles aplicados sobre los recursos públicos.

El llamado de la Procuraduría se produce, además, en un momento en que la entidad debe revisar si la contratación utilizada respondió a necesidades temporales debidamente sustentadas o si, por el contrario, terminó cubriendo funciones que podían ser atendidas mediante su estructura permanente.

Agosto se convirtió en el mes más crítico del año para Cundinamarca por cuenta de los incendios forestales. En 31 días se registraron 262 emergencias en 50 municipios, una cifra que equivale a más de ocho incendios diarios y que concentró cerca del 80% del área afectada durante 2026.

El balance de la Gobernación muestra la dimensión de la temporada. En lo corrido del año, el departamento atendió 755 incendios forestales que dejaron aproximadamente 2.711 hectáreas de vegetación afectadas en 75 municipios de 12 provincias.

Las condiciones climáticas estuvieron entre los factores asociados con el aumento de las emergencias durante agosto. De acuerdo con la información oficial, las sequías y las altas temperaturas favorecieron escenarios propicios para la ocurrencia y propagación del fuego en distintas zonas del territorio.

El impacto registrado durante ese mes llevó a las autoridades a reforzar las medidas de prevención. Una de las principales decisiones fue la expedición de la Circular No. 012, emitida por la Gobernación el 25 de agosto, mediante la cual se prohibieron y suspendieron las quemas abiertas controladas en las zonas rurales de los 116 municipios.

La restricción cobija también las quemas relacionadas con actividades agrícolas y mineras. Según la administración departamental, el propósito es reducir los factores que puedan desencadenar nuevos incendios forestales. Quienes incumplan la disposición pueden enfrentar las sanciones correspondientes. El riesgo, sin embargo, no se limita a las llamas. Mientras las autoridades atienden los efectos de la temporada seca, nueve municipios presentan problemas de abastecimiento de agua. Tocaima, Apulo, Pulí, La Mesa, Anapoima, Viotá, Cáqueza, Bituima y San Juan de Rioseco se encuentran entre las poblaciones que requieren atención por esta situación.

Para responder a esas necesidades, Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC) suministra agua mediante carrotanques a las comunidades que requieren el servicio. Esta atención se suma a las acciones que adelantan las autoridades departamentales frente a las condiciones que se mantienen en diferentes municipios.

La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres (Uaegrd) también mantiene labores de prevención, preparación y respuesta junto con los organismos operativos. La capacidad de atención está dirigida tanto a posibles incendios forestales como a las emergencias que puedan presentarse por precipitaciones. Las previsiones para septiembre mantienen la preocupación. Los pronósticos del Ideam señalan que continúan condiciones de temperatura y precipitación que pueden favorecer la ocurrencia y propagación de incendios forestales. Al mismo tiempo, el fenómeno de El Niño no implica que desaparezcan por completo las lluvias.

Las autoridades departamentales también citan una probabilidad del 69% de que El Niño alcance una intensidad “muy fuerte” durante octubre, noviembre y diciembre de 2026. De acuerdo con estas proyecciones, sus efectos podrían extenderse hasta el primer trimestre de 2027. Ante ese escenario, la preparación de los municipios se convirtió en otro de los frentes de trabajo. Actualmente, 101 de las 116 localidades de Cundinamarca cuentan con planes de contingencia activos frente al fenómeno de El Niño.

Los 15 municipios que todavía no completan este proceso reciben acompañamiento técnico de la Uaegrd. El objetivo es que terminen de definir las acciones necesarias para prevenir y responder a las emergencias que puedan presentarse durante los próximos meses. El comportamiento de agosto explica parte de la atención que ahora concentran las autoridades departamentales. Aunque durante 2026 se registraron cientos de incendios, fue ese mes el que marcó la mayor presión sobre las zonas de vegetación, al concentrar la mayor parte del área afectada en el año.

La situación obliga a mantener activos los mecanismos de respuesta y las acciones preventivas en un departamento donde las condiciones climáticas podrían seguir favoreciendo emergencias. Por eso, además de la restricción a las quemas abiertas, las autoridades avanzan en la preparación de los municipios y en la atención de las comunidades que enfrentan dificultades con el suministro de agua.

El panorama para los siguientes meses dependerá de la evolución de las condiciones de temperatura y precipitación. Mientras se mantienen las alertas, Cundinamarca conserva sus equipos operativos preparados para atender incendios forestales y emergencias asociadas con las lluvias, con la mira puesta en evitar que el comportamiento registrado durante agosto vuelva a repetirse en el territorio.

La conversación en redes sociales alrededor del gobierno de Abelardo de la Espriella muestra un respaldo desigual según el tema. Mientras la seguridad y la atención de emergencias concentran buena parte de las reacciones favorables, la economía aparece como uno de los principales puntos de cautela durante el primer mes de la administración.

Ese comportamiento hace parte de una medición realizada por IAElectoral a partir de publicaciones digitales recopiladas entre el 7 de agosto y el 6 de septiembre. El modelo estimó una aprobación digital de 72,4% para el presidente, acompañada de una desaprobación de 17,5% y una posición neutral de 10,1%. La consultora aclara que este ejercicio no corresponde a una “encuesta probabilística de opinión pública” tradicional. Se trata de un modelado temático de la conversación en internet que busca identificar cómo fueron recibidas las decisiones del Ejecutivo y sus primeras reformas.

Entre los asuntos analizados, la seguridad nacional ocupa un lugar central. Este componente tuvo un peso de 32% dentro del modelo y alcanzó 82% de aprobación temática, convirtiéndose en uno de los factores que más contribuyeron al resultado favorable del periodo.

La atención de emergencias fue otro de los elementos con mayor incidencia. La respuesta oficial al sismo del 10 de agosto, orientada a la reconstrucción de infraestructura física, aportó 18,24 puntos al índice general. En conjunto, seguridad y gestión de emergencias representaron 61,4% de la contribución favorable ponderada del indicador mensual. El informe también identifica una valoración positiva para las medidas relacionadas con la lucha contra la corrupción. El denominado “Libro de la Verdad” obtuvo 73% de aprobación y representó 15% del peso dentro del modelo.

El comportamiento cambia cuando el análisis se concentra en economía y presupuesto. Esa dimensión registró 53% de aprobación, la cifra más baja entre las áreas mencionadas en el informe. El resultado refleja, de acuerdo con la medición, una recepción marcada por la polarización y la cautela frente al déficit fiscal.

La evaluación de los ministerios presenta diferencias todavía más amplias. Defensa se ubicó al frente con 82% de aprobación digital, en línea con el peso que tuvo la seguridad dentro del resultado general. TIC apareció como otra de las carteras mejor valoradas. El Ministerio alcanzó 79% de aprobación favorable y fue señalado como la principal novedad del comportamiento sectorial durante el periodo evaluado.

En el extremo contrario quedó Educación, con 47% de aprobación digital. Ese resultado coincidió con la renuncia formal de la anterior ministra titular, según la información incluida en el análisis.

La Vicepresidencia, por su parte, obtuvo una valoración favorable de 70,6% mediante el “Índice de Valoración de Gestión Digital”. El informe atribuye este resultado a la gestión institucional de José Manuel Restrepo en labores de seguimiento y coordinación del gabinete durante la crisis. El panorama presentado por IAElectoral deja así una lectura menos uniforme de los primeros treinta días del Gobierno. El respaldo digital es elevado en términos generales, pero cambia de manera importante cuando se revisan los asuntos específicos y el desempeño de cada cartera.

La seguridad aparece como el principal soporte de esa conversación favorable, mientras que la atención a emergencias también aportó de forma relevante al resultado. La corrupción mantiene una valoración positiva, aunque con menor peso dentro del indicador. En contraste, las cifras de economía y presupuesto muestran un escenario de mayor reserva. Educación también queda rezagada frente a las demás áreas ministeriales evaluadas, mientras TIC se consolida entre las carteras con mejor percepción.

El estudio permite observar, en suma, cómo la conversación digital durante el primer mes de Abelardo de la Espriella combinó respaldo amplio con diferencias marcadas entre sectores. IAElectoral advierte que sus cifras corresponden al comportamiento de las publicaciones analizadas y no deben interpretarse como equivalentes a una medición probabilística tradicional de opinión pública.

La violencia contra la población civil mantiene varios focos activos en Colombia y, de acuerdo con Indepaz, las masacres volvieron a marcar una tendencia preocupante durante 2026. La entidad reportó 89 casos en lo corrido del año, un aumento del 14% frente al mismo periodo de 2025.

El panorama volvió a tomar fuerza en las últimas 48 horas con dos masacres registradas en el Valle del Cauca. Este departamento aparece nuevamente entre los territorios más afectados, en medio de las disputas que mantienen grupos armados y bandas criminales por el control de distintas zonas.

Leonardo González, director de Indepaz, explicó que detrás de estos hechos existe una confrontación territorial que termina golpeando de manera directa a las comunidades: “Sí, lastimosamente, el Valle del Cauca continúa siendo uno de los departamentos donde la violencia, pues, se ha ensañado contra la población civil y, entre otras, por la misma disputa de territorial que tienen los grupos armados, especialmente las bandas criminales locales, como la Inmaculada, los Flacos en el norte del Valle, o grupos armados en el sur del Valle, especialmente los asociados al bloque occidental del Estado Mayor Central”.

Según el dirigente, la presencia y disputa de estas estructuras incrementan los riesgos para quienes viven en las zonas donde operan. “Esta presencia, pues, ejerce violencia, especialmente contra población civil, que son los primeros afectados por este tipo de masacres”, afirmó.

Los registros de Indepaz ubican otros puntos críticos en el mapa nacional. Catatumbo, Chocó, Bajo Cauca y Nordeste antioqueño, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Arauca, Huila y Tolima figuran entre los territorios donde se concentran los hechos asociados con la violencia armada. González también llamó la atención sobre las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo. A su juicio, las advertencias no están teniendo una respuesta suficiente por parte de las entidades encargadas de prevenir los hechos y proteger a las comunidades.

“Las alertas tempranas tienen al final una serie de recomendaciones a las instituciones, a la Fiscalía, al Ministerio de Defensa, a las Alcaldías, a las Personerías, al ICBF, bueno, a diferentes instituciones, y aquí lo importante es que a estas recomendaciones se les preste la mayor atención por parte del Estado, pero, lastimosamente, se han convertido las alertas en una serie de documentos que están diciendo lo que va a suceder, y luego sucede por la ausencia de la implementación de estas alertas por parte del Estado”, agregó.

El balance de Indepaz no muestra incrementos en todos los indicadores. Hasta el 7 de septiembre se habían reportado 104 homicidios de líderes sociales, frente a 142 registrados a la misma fecha de 2025. González señaló que también hubo una disminución en los asesinatos de firmantes del acuerdo de paz. “A esta misma fecha, en septiembre 7 que estamos, iban 142 el año pasado, es decir, había una disminución de homicidio de líderes sociales, igual que una disminución en el homicidio de firmantes del acuerdo de paz”, indicó.

El desplazamiento forzado es otro de los indicadores que, según Indepaz, registra una reducción respecto de 2025. Durante el año anterior, la situación en Norte de Santander, particularmente en el Catatumbo, tuvo un impacto importante sobre las cifras nacionales de este fenómeno. A pesar de esas disminuciones, el comportamiento de las masacres mantiene la preocupación de la organización. La organización advierte que la persistencia de las disputas territoriales expone a las comunidades y exige respuesta estatal efectiva.

Ante este escenario, la organización pidió frenar las agresiones contra la población civil y garantizar el respeto por el derecho internacional humanitario. También planteó la necesidad de mantener abiertas las conversaciones de paz, al considerar que los ceses al fuego y los procesos de negociación han coincidido con reducciones en algunos indicadores de violencia.

El escándalo por la expedición irregular de títulos académicos en la Fundación San José ya tiene su primera condena. El juez 46 de Conocimiento de Bogotá avaló este lunes 7 de septiembre de 2026 el preacuerdo alcanzado entre la Fiscalía y Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la institución, quien deberá cumplir una pena de 36 meses de prisión.

Gutiérrez aceptó su responsabilidad en los hechos investigados y, como parte de la negociación, la Fiscalía modificó su participación en el proceso: pasó de ser considerado autor a cómplice del delito de falsedad en documento público. Además de la condena, quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos durante tres años.

Durante la audiencia, el juez señaló que las actuaciones del procesado afectaron la confianza depositada en los documentos públicos relacionados con la formación académica y el acceso a cargos profesionales y públicos. “La conducta desplegada por Luis Carlos Gutiérrez lesionó efectivamente y sin justa causa el bien jurídico de la fe pública”, afirmó.

Aunque el funcionario judicial consideró grave la conducta, concedió a Gutiérrez el beneficio de suspensión de la pena. Sin embargo, advirtió que lo ocurrido afectó de manera severa la fe pública y a las comunidades educativas del país.

El proceso está relacionado con la investigación contra Juliana Guerrero, quien fue aspirante a viceministra de Juventud durante el Gobierno de Gustavo Petro. La Fiscalía sostiene que en julio de 2025 habría obtenido de manera irregular títulos de tecnóloga y contadora pública. Guerrero defiende su inocencia. La Fiscalía tiene previsto avanzar hacia la acusación contra la joven, aunque tampoco descarta una eventual negociación dentro del proceso.

La investigación de la Fiscalía estableció además que los documentos no contaban con respaldo académico dentro de las plataformas institucionales. Durante la audiencia se indicó que no había registros que demostraran la trayectoria académica necesaria ni evidencia del cumplimiento del plan de estudios para sustentar la expedición de los títulos. El juez retomó ese punto al señalar que tampoco se habían encontrado registros académicos válidos en los sistemas de la institución. De acuerdo con su explicación, estos elementos eran indispensables para que los documentos pudieran ser expedidos legalmente.

Dentro de la investigación, otro de los aspectos señalados por la Fiscalía fue el acceso que tenía Gutiérrez Martínez al sistema de la Fundación Universitaria San José. El entonces secretario general contaba con un perfil de administrador que le permitía intervenir en distintos procedimientos relacionados con la validación y generación de documentos académicos.

La fiscal Jessica Montealegre explicó que los permisos asociados a ese usuario iban más allá de una consulta ordinaria, pues le permitían “realizar todo tipo de actuaciones, incluso cambiar el resultado de las validaciones”. Según la hipótesis presentada por el ente acusador, esa capacidad fue utilizada en el caso relacionado con Guerrero.

La Fiscalía sostuvo que los validadores externos no habían dado su aprobación para expedir los dos títulos académicos. Pese a ello, Gutiérrez Martínez habría utilizado su perfil de administrador para autorizar posteriormente la generación de ambos documentos. “Pese a que validadores externos no autorizaron la expedición de sus 2 títulos académicos, el señor Gutiérrez Martínez autorizó mediante su perfil la expedición de los mismos”, afirmó la representante de la Fiscalía durante la diligencia.

Como parte del preacuerdo, el exsecretario general también ofreció disculpas por sus actuaciones. Gutiérrez reconoció que incumplió las normas que regulan el sistema educativo y sostuvo que su decisión terminó teniendo consecuencias en diferentes ámbitos de su vida. “Lamentablemente, violenté el ordenamiento jurídico de este país y la normativa de educación superior. Con todo el sentimiento, le ofrezco disculpas a todos por este acto”, manifestó.

El procesado agregó que, desde su experiencia como educador, quería que lo ocurrido sirviera como una reflexión sobre las consecuencias que puede generar una decisión equivocada. “Una mala decisión puede afectar tanto nuestra vida personal, familiar, profesional”, expresó durante la audiencia.

Luis Javier Suárez decidió zanjar las versiones sobre una posible salida de Sporting CP y aseguró que, pese a las propuestas que aparecieron durante el mercado de fichajes, su atención está puesta en el equipo portugués.

El delantero colombiano reconoció que sí existieron acercamientos, aunque ninguno terminó convirtiéndose en una transferencia.

“Lo que me caracteriza es que no miento. El presidente fue claro, hace una semana, sucedieron cosas en el mercado de fichajes, no voy a decir que no, obviamente sí. Pero eso es cosa del pasado, esa posibilidad no llegó a nada, mi cabeza está en el Sporting”, afirmó el atacante de 28 años después del triunfo 2-0 sobre Nacional.

La declaración del samario llegó después de semanas de rumores alrededor de su continuidad. Su nombre apareció entre las alternativas de varios equipos europeos, luego de una temporada en la que terminó como máximo goleador de la Liga de Portugal con 28 goles y seis asistencias en 32 partidos.

Uno de los clubes que estuvo más cerca de incorporarlo fue Fenerbahçe. El 3 de junio de 2026, el periodista Fabrizio Romano informó que Suárez alcanzó un acuerdo verbal sobre sus condiciones personales con el proyecto encabezado por Hakan Safi, quien aspiraba a convertirse en presidente del conjunto turco.

“EXCLUSIVA: Luís Suárez ha llegado a un acuerdo sobre las condiciones personales con el proyecto del Fenerbahçe respaldado por el candidato a la presidencia, Hakan Safi. El traspaso está condicionado al resultado de las elecciones presidenciales del club en los próximos días y al acuerdo sobre el precio con el Sporting CP”.

La operación, sin embargo, no avanzó. Haken Safi perdió las elecciones presidenciales del Fenerbahçe y, con ello, quedó descartada la posibilidad de que el delantero colombiano llegara al fútbol turco. Suárez volvió a referirse a esas versiones tras el partido contra Nacional y explicó que las conversaciones forman parte del pasado. Para el colombiano, lo ocurrido durante el periodo de transferencias no modifica su compromiso con Sporting.

“En el campo, demostré que estoy entregado al Sporting. En cada mercado de fichajes, se habla de muchas cosas, hay posibilidades para todo. Cuando se abre el mercado, cualquier cosa puede pasar, es como cualquier otro trabajo. Siempre he trabajado lo mejor posible para el Sporting, y seguiré haciéndolo”.

El delantero también fue relacionado con Barcelona. El 14 de agosto de 2026, Fabrizio Romano aseguró que el conjunto español había incluido al atacante entre sus opciones para reforzar el frente de ataque si no conseguía concretar la llegada de Julián Álvarez. “El Barcelona considera al delantero del Sporting, Luis Suárez, entre las opciones, si no se concreta el fichaje de Julián Álvarez. No es fácil, ya que es un jugador clave para el Sporting, pero forma parte de la lista de candidatos del Barça. El Barça solo considerará a Suárez y otras opciones a partir de la próxima semana, si el fichaje de Julián sigue sin concretarse”, dijo.

Mientras esas posibilidades aparecían en el mercado europeo, Suárez comenzó la nueva temporada mostrando que mantiene su peso ofensivo en Sporting. En cinco jornadas de la Liga de Portugal suma cuatro goles y ocupa el segundo lugar de la tabla de artilleros parcialmente. Además, frente a Nacional participó directamente en el segundo gol con una asistencia. La victoria permitió que Sporting alcanzara los 13 puntos y se instalara en la segunda posición, a dos unidades del líder Porto.

El rendimiento del colombiano contrasta con las dudas que habían surgido alrededor de su futuro. El propio jugador opto por responder a esas especulaciones con sus actuaciones y con un mensaje directo sobre su compromiso con el club. “Ha sido complicado para los periodistas que querían hablar mucho de mí. Yo he trabajado para encontrar mi mejor versión y eso es lo que estoy demostrando”.

Suárez también rechazó que las versiones sobre una eventual salida reflejen su estado actual dentro del equipo. “Siempre sonrío. Es lo que ha dicho el míster. Sonrío cuando tengo que sonreír. Estoy trabajando, trabajo. En tu trabajo no siempre sonríes, también puedes tener días malos. El presidente y el entrenador ya han hablado mucho de este tema. Ya estamos cansados de lo que se dice sobre mí. Yo hablo en el campo, fuera que digan lo que quieran”.

La red de vuelos que conecta a Colombia con sus principales ciudades y destinos internacionales cerró el primer semestre de 2026 con una cifra que no se veía desde hace más de una década. Entre enero y junio, 28,7 millones de pasajeros utilizaron el transporte aéreo, de acuerdo con un boletín de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata), elaborado con datos de la Aeronáutica Civil.

El resultado representa un crecimiento de 6,0% frente al mismo periodo de 2025 y ubica el movimiento de pasajeros en su nivel más alto desde 2014. La mayor parte del avance estuvo relacionada con los vuelos dentro del territorio nacional, aunque las rutas internacionales también aumentaron. El tráfico doméstico pasó de 15,3 a 16,3 millones de pasajeros, equivalente a un incremento de 6,8%. En las conexiones internacionales el movimiento subió de 11,8 a 12,4 millones, con una variación de 4,9%.

El crecimiento no se distribuyó de manera uniforme entre los aeropuertos. Cinco terminales concentraron 70,9% de los pasajeros del mercado nacional: Bogotá, Rionegro, que conecta con Medellín, Cartagena, Cali y Santa Marta. El aeropuerto de Bogotá encabezó el listado con 36,2% del tráfico doméstico. Rionegro representó 13,6%, Cartagena 8,3% y Cali 7,5%. Santa Marta completó el grupo con 5,3%, aunque fue el único de estos cinco aeropuertos que tuvo una disminución, de 2,3% en el número de pasajeros.

Otros terminales registraron variaciones mucho más marcadas. San Andrés tuvo el mayor crecimiento del mercado doméstico, con un aumento de 26,2%, al pasar de 520.000 a 657.000 pasajeros durante el periodo analizado. Montería ocupó el segundo lugar entre los aeropuertos con mayor crecimiento, con 17%, mientras Barranquilla avanzó 14%. En este último mercado, Iata destacó que la demanda de vuelos aumentó por encima de la oferta de sillas disponibles.

En las rutas internacionales también hubo movimientos destacados. Argentina registró el mayor crecimiento entre los mercados mencionados, con 29,3%, al pasar de 183.000 a 237.000 pasajeros. El comportamiento se relaciona con un proceso de apertura de nuevos mercados que viene fortaleciéndose desde 2024. Brasil fue el segundo país con mayor crecimiento, con 19,1%. El número de pasajeros pasó de 299.000 a 356.000. Además, el tráfico entre Colombia y Brasil se encuentra 233,1% por encima del nivel registrado durante el primer semestre de 2019, antes de la pandemia por covid-19.

Por volumen de pasajeros, Estados Unidos continuó como el principal destino internacional desde Colombia, con 1.610.997 viajeros. Sin embargo, la oferta de sillas hacia ese mercado cayó 2,0%. España ocupó el segundo lugar, con 637.384 pasajeros. Después aparecieron México, con 580.148 y un crecimiento de 11,6%; Perú, con 428.775 y un aumento de 2,4%, y Panamá, con 402.015 pasajeros.

Para Iata, el aumento del tráfico aéreo plantea un reto relacionado con la capacidad de los aeropuertos. La organización señaló que el desarrollo de la infraestructura será determinante para sostener la conexión aérea del país y pidió que los nuevos contratos de concesión tengan flexibilidad y que las tasas aeroportuarias mantengan condiciones competitivas.

Paula Bernal, gerente de Iata en Colombia, sostuvo que las cifras evidencian el potencial de la conectividad aérea, pero advirtió que la infraestructura debe avanzar al ritmo de la demanda.

La directiva planteó la necesidad de que el Gobierno y la industria trabajen conjuntamente en un plan de largo plazo para ampliar la capacidad aeroportuaria y mantener condiciones competitivas para los viajeros. El objetivo, según su planteamiento, es que esa expansión no termine traduciéndose en mayores costos para los usuarios.

El comportamiento de los destinos muestra además que el crecimiento tiene distintos ritmos según la ruta. Mientras algunos mercados internacionales ganaron pasajeros con fuerza, otros mantuvieron su liderazgo por volumen. En el ámbito nacional, el aumento de terminales como San Andrés, Montería y Barranquilla evidencia una expansión de la demanda que deberá atender la infraestructura disponible en los próximos meses.

El comportamiento del clima empieza a convertirse en una preocupación adicional para los precios en Colombia. La posibilidad de que el fenómeno de El Niño alcance una intensidad mayor durante los próximos meses podría trasladarse a los costos de la energía, los alimentos y, de manera indirecta, al valor de las comidas preparadas que hacen parte del consumo diario de millones de colombianos. sobre los costos diarios de los hogares colombianos.

El escenario adquiere relevancia porque las proyecciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) apuntan a que las condiciones asociadas con El Niño podrían mantenerse durante el segundo semestre de 2026 y extenderse hasta comienzos de 2027. La entidad calcula además que existe una probabilidad superior al 90% de que el fenómeno persista por lo menos hasta inicios del próximo año.

El impacto sobre el bolsillo no necesariamente aparecería de inmediato. De acuerdo con estimaciones del Banco de la República en los análisis sobre el comportamiento de los precios, un episodio de El Niño entre moderado y fuerte podría añadir entre 1,5 y 3,26 puntos porcentuales a la inflación nacional. Los alimentos serían uno de los grupos más expuestos a esa presión.

Los efectos suelen materializarse entre seis y doce meses después de que el fenómeno climático se intensifica. Por eso, una prolongación de las altas temperaturas podría complicar la trayectoria descendente que se espera para la inflación y extender las presiones sobre productos básicos utilizados en la alimentación cotidiana.

El equipo técnico del Banco de la República identifica precisamente los servicios públicos y los alimentos como dos de los frentes en los que una temporada de calor particularmente fuerte puede generar riesgos para el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En los pronósticos ya se contemplan escenarios asociados con una mayor incertidumbre climática.

La preocupación por los alimentos cobra fuerza porque su inflación se ha mantenido en niveles superiores al 6%. Los analistas advierten que el indicador podría acelerarse por factores como el desabastecimiento y el aumento en los costos de los insumos y del transporte. En ese contexto, el efecto podría terminar reflejándose en productos de consumo frecuente y en preparaciones como el tradicional corrientazo.

Las estimaciones disponibles señalan que la inflación colombiana podría cerrar 2026 alrededor del 7%. El retorno hacia niveles cercanos al 4% tomaría, según esas previsiones, todo 2027, lo que muestra el reto adicional que representaría un fenómeno climático más intenso para la evolución de los precios. Las señales meteorológicas ya muestran episodios de calor significativo. Durante agosto de 2026, Colombia registró temperaturas de hasta 42,9 °C, con los máximos reportados en las estaciones de Pailitas y Valledupar, en Cesar.

El Ideam informó que 48 municipios ubicados en 17 departamentos registraron temperaturas elevadas y, en algunos casos, valores históricos para agosto. Además de Cesar, las altas temperaturas alcanzaron zonas de Norte de Santander, Risaralda y Tolima. En Armero, Tolima, el termómetro llegó a 36,8 °C, mientras Natagaima alcanzó 38 °C. En Cesar, El Callao y Villa Rosa superaron los 42 °C.

Para septiembre, el instituto mantiene la vigilancia sobre varias regiones ante la posibilidad de temperaturas por encima de los valores habituales. Entre las zonas con mayor atención están la Alta Guajira y los valles interandinos de los ríos Magdalena y Cauca.

La evolución del océano también forma parte de las alertas. Los modelos dinámicos y estadísticos utilizados por el Ideam proyectan que las condiciones de El Niño continuarán durante los próximos meses. “Los modelos dinámicos y estadísticos de predicción climática coinciden en proyectar la persistencia del fenómeno durante el segundo semestre de 2026, con probabilidades superiores al 90 % de que las condiciones persistan por lo menos hasta inicios del año 2027”, señaló la entidad.

A esto se suma una probabilidad del 81% de que la anomalía de la temperatura superficial del mar en la región Niño 3.4 supere los 2 °C, nivel compatible con una posible categoría de intensidad “muy fuerte”. Si esta condición se mantiene, el clima podría convertirse en un factor adicional de presión para una inflación que todavía enfrenta dificultades para regresar al objetivo previsto.

La posibilidad de que menores de edad estén siendo preparados para operar drones cargados con explosivos encendió una alerta. Un informe de inteligencia militar atribuye a alias Iván Mordisco una orden para aumentar el reclutamiento de niños y adolescentes y destinarlos a tareas específicas dentro de las acciones armadas de las disidencias de las Farc.

Según el documento conocido por RCN, la estrategia contemplaría trasladar a algunos de los menores hasta la región del Naya, territorio ubicado entre Cauca y Valle del Cauca. Allí, de acuerdo con la información recopilada por inteligencia, recibirían formación para manejar aeronaves no tripuladas y adquirir conocimientos que posteriormente podrían ser utilizados en ataques. El objetivo de esa preparación sería incorporar a los jóvenes reclutados a operaciones dirigidas contra integrantes de la Fuerza Pública y población civil. La información conocida hasta ahora señala que el entrenamiento estaría relacionado directamente con el uso de drones que pueden transportar cargas explosivas.

En la cadena de mando identificada por las autoridades aparece otro nombre. Se trata de alias Dionisio Rayo, quien, según el informe, habría recibido de Mordisco la instrucción de fortalecer dos frentes de la organización: aumentar el reclutamiento de menores y ampliar la capacitación para el manejo de drones con explosivos.

De acuerdo con la inteligencia militar, esa distribución de responsabilidades ubicaría a Mordisco como el encargado de impartir la orden, mientras Dionisio Rayo tendría la tarea de ejecutarla en las zonas donde opera la estructura armada. La alerta de las autoridades no se limita al reclutamiento. El informe plantea que los menores podrían recibir una función concreta dentro de las capacidades operativas de las disidencias. Una vez completada la formación, algunos de ellos podrían ser enviados a participar en acciones violentas en las que se empleen aeronaves no tripuladas adaptadas para llevar explosivos.

El Naya aparece como uno de los lugares señalados en la información de inteligencia. En esa región, según el documento, las disidencias tendrían una escuela clandestina a la que serían trasladados algunos de los menores incorporados a sus filas. En ese supuesto centro de formación, los jóvenes recibirían instrucción para operar drones y desarrollar habilidades relacionadas con su utilización. La información sostiene que las capacidades adquiridas allí podrían ser aprovechadas posteriormente en atentados y otras acciones violentas.

La preocupación adquiere una dimensión mayor por el crecimiento del uso de estos dispositivos por parte de grupos armados. El mismo informe señala que entre enero y septiembre de 2026 se han registrado 418 ataques con drones. El empleo de estas aeronaves representa un desafío para las autoridades debido a las posibilidades que ofrecen para realizar operaciones a distancia. Además, pueden ser modificadas para transportar cargas explosivas, una característica que incrementa el riesgo.

En ese contexto, la formación de menores como operadores de estos dispositivos añade un componente especialmente preocupante a la amenaza descrita por inteligencia militar. La estrategia atribuida a la estructura de Mordisco combinaría el reclutamiento de jóvenes con una preparación orientada a una modalidad específica de ataque.

El alcance previsto tampoco estaría concentrado únicamente en el Naya. El informe advierte que los planes para incrementar el reclutamiento y reforzar los entrenamientos con drones tendrían una proyección territorial más amplia. De acuerdo con el documento, la expansión podría llegar a por lo menos ocho departamentos más del país. La información no precisa en el texto conocido cuáles serían esas regiones, pero sí advierte sobre la intención de extender esta modalidad a otros territorios donde tendría presencia la estructura armada.

La combinación de ambos elementos, según la información de inteligencia, plantea un escenario en el que los menores reclutados no serían incorporados únicamente como integrantes de las disidencias, sino que podrían ser preparados para cumplir tareas relacionadas con el empleo de tecnología en ataques. La alerta se suma al seguimiento de las autoridades sobre el uso de drones en acciones armadas. El dato de los 418 ataques registrados entre enero y septiembre de 2026 sirve para dimensionar el crecimiento de esta modalidad.

La sede regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) en Bogotá terminó con rayones hechos con crayones y pintura en aerosol luego de una manifestación que recorrió este domingo 6 de septiembre las inmediaciones de la Universidad Nacional y llegó hasta las instalaciones de la entidad.

La movilización, denominada ‘Marcha las niñas resisten’, fue convocada para expresar rechazo a la decisión de la institución de priorizar el término “niñez” en sus comunicaciones oficiales. La protesta se desarrolló mientras persistían las críticas a una directriz impulsada por la nueva dirección del Icbf.

De acuerdo con los gestores de diálogo del Distrito, adscritos a la Secretaría de Gobierno, algunos participantes intervinieron las paredes y las cámaras de seguridad de la sede regional, ubicada en la localidad de Teusaquillo, sobre la Calle 44 con Carrera 50. La jornada también generó afectaciones en la movilidad. La manifestación bloqueó la Calle 26 con Carrera 33, en inmediaciones de la Universidad Nacional, por lo que las rutas zonales de TransMilenio tuvieron que activar desvíos debido a la ocupación de uno de los carriles.

La convocatoria habría estado relacionada con el grupo denominado ‘Resistencia Chiquita’. Según la información reportada durante la jornada, algunas de las integrantes y participantes serían adolescentes. Ante esa posibilidad, las gestoras de diálogo adelantaron una verificación para establecer que no hubiera menores de edad en el lugar.

El episodio fue rechazado por María Carolina Restrepo, directora general del Icbf, quien compartió fotografías del estado en que quedaron las instalaciones y anunció que se adelantarán acciones frente a lo ocurrido. “Los cambios en el Icbf no se detienen; ahora actuaremos con más rapidez, con más ahínco y más contundencia. No lo lograrán”, escribió Restrepo en su cuenta de X al referirse a los hechos.

La funcionaria aseguró además que la entidad investigará quiénes estarían detrás de las manifestaciones. En esa misma publicación sostuvo que existen políticos “financiando o utilizando políticamente estas acciones” y afirmó que se tomarán medidas judiciales.

La protesta está relacionada con una discusión que comenzó semanas atrás, cuando Restrepo planteó un cambio en la manera en que el Instituto se refiere a la población bajo su protección. La directora pidió a funcionarios y colaboradores utilizar correctamente el nombre oficial del organismo y propuso que “niñez” fuera el concepto central de la comunicación institucional.

La determinación fue divulgada el pasado miércoles 19 de agosto mediante la cuenta oficial del Icbf en X y generó cuestionamientos entre quienes consideran que dejar de mencionar de forma específica a las niñas puede invisibilizar las condiciones particulares de violencia y vulnerabilidad que enfrentan. En el documento enviado a funcionarios y colaboradores, Restrepo presentó la medida como una “precisión institucional” sobre el lenguaje que emplearía el organismo. Allí explicó que la misión del Icbf consiste en proteger integralmente a la niñez, la adolescencia y las familias de Colombia, “sin distinción alguna”.

A partir de esa definición, la directora señaló que el concepto “niñez” comprende tanto a niños como a niñas. Con ese criterio, el Instituto anunció que buscará una comunicación “clara, incluyente y acorde con la naturaleza y la misión del Instituto”, utilizando “niñez” como referencia principal para la población que debe proteger.

Ese cambio de lenguaje terminó convirtiéndose en el motivo central de la protesta de este domingo. Los manifestantes llegaron hasta la sede regional de Bogotá para expresar su desacuerdo y dejaron consignas en las instalaciones, mientras las autoridades distritales acompañaron la movilización para gestionar el diálogo y verificar las condiciones de quienes participaban. Por ahora, la directora del Icbf mantiene su posición frente a la modificación de las comunicaciones institucionales y señaló que las autoridades deberán establecer quiénes participaron en los actos de vandalismo.

La Iglesia Casa Sobre la Roca atraviesa este domingo una jornada de duelo tras confirmar la muerte de su fundador, el pastor Darío Silva Silva, figura central en la creación y consolidación de esta congregación cristiana en Colombia. La comunidad religiosa comunicó el fallecimiento y anunció que más adelante entregará los detalles sobre las ceremonias de despedida y los homenajes previstos.

La congregación recibió la noticia con “profunda tristeza, pero con gratitud a Dios por una vida que dejó huella”. En su mensaje, recordó la trayectoria de quien durante décadas estuvo al frente de la enseñanza y el acompañamiento espiritual de miles de familias, tanto en Colombia como en otros lugares del mundo.

Casa Sobre la Roca destacó que Silva Silva “dedicó su vida al servicio de Dios, a la enseñanza de la Palabra y al acompañamiento espiritual de miles de familias en Colombia y en diferentes lugares del mundo”. La iglesia agregó que hoy despide “a un hombre cuya voz, liderazgo y compromiso con el evangelio marcó profundamente a generaciones”.

El comunicado también resaltó que su vida “estuvo dedicada a proclamar a Jesucristo, formar discípulos y llevar un mensaje de fe, esperanza y transformación”. Para la congregación, la ausencia del pastor representa una pérdida profunda, aunque su trabajo permanece en las personas que hicieron parte de su ministerio.

Así lo expresó la iglesia al señalar que para quienes lo conocieron y caminaron junto a él “su partida deja un profundo vacío”, mientras que su comunidad conserva “un legado espiritual que continuará hablando a través de las vidas que fueron tocadas por su ministerio”. También agradeció las oraciones y los mensajes de solidaridad enviados por iglesias, instituciones, medios de comunicación, amigos y creyentes.

El mensaje incluyó además una referencia a 2 Timoteo 4:7, tomada de la Nueva Versión Internacional: “He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe”. Por ahora, la congregación no informó cuál fue la causa del fallecimiento y señaló que comunicará oportunamente los datos sobre los actos conmemorativos.

La historia de Silva Silva comenzó lejos de los púlpitos. Nació en Tarqui, Huila, en 1938, y antes de dedicarse al ministerio cristiano desarrolló una extensa carrera en el periodismo, actividad que ejerció durante cerca de tres décadas. Su recorrido incluyó trabajo en emisoras de radio, noticieros de televisión como el Telenoticiero Noticolor y labores como columnista en medios regionales.

Hacia 1984 empezó su formación como ministro protestante. Tres años después, el 1 de septiembre de 1987, fundó junto con su esposa, Esther Lucía Ángel, la Unión de Hogares Cristianos Casa Sobre la Roca, en Bogotá. Con el paso del tiempo, aquella iniciativa se convirtió en la actual Iglesia Cristiana Integral.

Durante años ocupó el cargo de pastor general de la denominación. En etapas posteriores se trasladó a Miami, donde estuvo al frente de la sede local y asumió la presidencia del Concilio Global de Casa Sobre la Roca. Su llegada al cristianismo estuvo relacionada con una etapa de crisis personal. Después de ese momento comenzó un proceso de formación espiritual y teológica que lo llevó a concentrar su vida en el liderazgo religioso. Paralelamente, desarrolló una labor como escritor y publicó distintas obras de contenido cristiano.

Su trabajo de enseñanza y predicación se concentró principalmente en la interpretación de la Biblia, la formación espiritual y el fortalecimiento de la familia. Esa trayectoria terminó vinculando su nombre con una de las comunidades religiosas que él mismo ayudó a fundar.

Su experiencia previa en los medios acompañó después su trabajo religioso, mientras sus publicaciones y prédicas reforzaron los temas que marcaron su trayectoria. La formación de discípulos, la lectura de las Escrituras y la orientación a las familias fueron parte de una labor que desarrolló durante años desde distintos espacios de la congregación. Su actividad pastoral se extendió además fuera de Colombia durante su etapa de residencia en Estados Unidos.

Así mismo, través de su cuenta de X, el presidente Abelardo de la Espriella lamentó la muerte del pastor Darío Silva Silva, a quien describió como un “hombre de fe, líder espiritual y referente moral que dedicó su vida a servir a Dios, a orientar a miles de colombianos y a sembrar esperanza en nuestra patria”.

Las fotomultas quedaron bajo revisión en todo el país por orden del presidente Abelardo de la Espriella, luego de que el mandatario reportara posibles irregularidades relacionadas con los dispositivos utilizados para detectar infracciones de tránsito. La instrucción incluye verificar las condiciones técnicas, las autorizaciones y la forma en que están operando estos sistemas.

El anuncio se conoció este 6 de septiembre, cuando De la Espriella informó en su cuenta de X que solicitó a la Agencia Nacional de Seguridad Vial una revisión nacional de los equipos de fotodetección. La medida busca establecer cuáles cumplen con las exigencias y determinar si las sanciones generadas mediante estos mecanismos tienen respaldo legal.

Uno de los casos que llamó la atención del Gobierno se encuentra en Cartago, donde fue negada la entrada en operación de un sistema que, según el mandatario, no cumplía con los requisitos técnicos establecidos. La revisión preliminar en ese municipio dejó además un dato que ahora deberá ser comprobado por las autoridades: cerca de 40.000 órdenes de comparendo que podrían haber sido impuestas irregularmente. De acuerdo con la información entregada por el presidente, se trataría de dispositivos autorizados que no registraban oficialmente el comienzo de su operación.

La cifra todavía está en proceso de validación con el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit). Una vez concluya esa verificación, el Gobierno determinará qué actuaciones jurídicas corresponden frente a los comparendos identificados. A la situación de Cartago se sumó otro hallazgo. El presidente aseguró que fueron identificados 12 dispositivos cuyas autorizaciones están actualmente sometidas a un trámite de revocatoria, debido a modificaciones relacionadas con la competencia de la autoridad de tránsito.

De la Espriella también anunció que la revisión no se limitará a ese municipio. Según explicó, todos los puntos de fotodetección habilitados en Colombia serán examinados y el Gobierno trabajará con el Ministerio de Transporte en una nueva reglamentación para estos sistemas.

La intención, explicó el mandatario, es establecer controles sobre los equipos y sobre las condiciones que deben cumplir antes de ser utilizados para generar sanciones. En ese sentido, también ordenó revisar los vehículos que emplean dispositivos tecnológicos para imponer comparendos sin la presencia de agentes y sin la autorización correspondiente.

El presidente cuestionó que los mecanismos de control electrónico puedan terminar convirtiéndose en una herramienta de recaudo para los ciudadanos. “Las fotomultas son para salvar vidas, no para hacer negocios con los ciudadanos!”, escribió en su publicación. La advertencia fue acompañada por una instrucción concreta frente a los equipos que no cumplan las normas. “El dispositivo que no cumpla la ley no puede operar. Y donde encontremos irregularidades, actuaremos”, señaló De la Espriella.

La revisión hace parte de una serie de anuncios del Gobierno relacionados con los trámites y costos que enfrentan los conductores. El mandatario también planteó el pasado 29 de agosto reducir hasta en 50% algunas multas de tránsito, además de modificar aspectos de la revisión técnico-mecánica y las condiciones para los vehículos nuevos.

“Voy a proponer al Congreso reducir hasta en un 50 % el valor actual de las multas de tránsito. Una infracción debe tener una sanción proporcional; no puede convertirse en una condena económica para una familia colombiana”.

Entre las propuestas también aparecen cambios relacionados con las licencias de conducción y una revisión del Runt y el Simit para identificar posibles cobros duplicados y reducir los costos asociados a determinados trámites. Por ahora, el foco está puesto en los sistemas de fotodetección que ya operan en el país. La validación de las órdenes detectadas en Cartago será determinante para establecer si los cerca de 40.000 comparendos mencionados por el presidente fueron generados conforme a la normativa y qué procedimiento deberá seguirse en cada caso.

El tiempo empezó a correr para miles de ciudadanos venezolanos que hicieron parte del proceso de regularización migratoria en Colombia, pero todavía tienen pendiente recoger su Permiso por Protección Temporal (PPT). Migración Colombia informó que más de 150.000 documentos ya fueron expedidos y continúan disponibles para sus titulares.

La entidad fijó un plazo de 60 días para completar la reclamación. Una vez transcurra ese periodo, los permisos que permanezcan en los Centros Facilitadores de Servicios Migratorios (CFSM) serán destruidos, según informó la autoridad migratoria. La medida está dirigida exclusivamente a quienes ya cuentan con un PPT expedido y aún no realizaron la entrega. Por eso, Migración Colombia pidió revisar la situación del documento antes de que termine el periodo establecido y evitar que el trámite quede cerrado.

Los permisos pendientes corresponden a documentos expedidos desde 2021 como parte del Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos en Colombia, mecanismo creado para regularizar la situación migratoria de esta población. La expedición del documento, sin embargo, no significa que el proceso haya quedado completamente finalizado para quienes todavía no lo reclaman.

Para conocer si el permiso sigue disponible, los ciudadanos deberán consultar el listado habilitado por Migración Colombia. Si encuentran allí su documento, tendrán que identificar el Centro Facilitador de Servicios Migratorios señalado para realizar la reclamación. La recomendación de la autoridad migratoria es hacer esta verificación cuanto antes. El procedimiento pendiente consiste en acercarse al centro correspondiente y recibir el documento que ya fue expedido. No se trata, por tanto, de iniciar nuevamente la solicitud, sino de completar la etapa de entrega.

El plazo de 60 días establece la última ventana para que los titulares de estos permisos puedan reclamar los documentos. Migración Colombia advirtió que quienes no lo hagan dentro del término enfrentarán consecuencias sobre el proceso de regularización asociado al PPT.

Además de la destrucción física de los permisos que no sean reclamados, la entidad dará por “desistido el trámite de regularización asociado a esos permisos” cuando finalice el plazo y los documentos continúen pendientes de entrega. De esta manera, dejar pasar el término no solo implica perder el documento que ya estaba expedido, también afecta el trámite relacionado con la regularización migratoria.

El Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos fue el mecanismo mediante el cual se buscó regularizar la situación migratoria de ciudadanos venezolanos que se encontraban en Colombia. Los permisos expedidos bajo este proceso permanecen ahora en distintos centros de atención a la espera de que sus titulares completen la reclamación. Migración Colombia reiteró que la responsabilidad inmediata de los ciudadanos incluidos en el listado es verificar la disponibilidad del PPT y acudir al lugar indicado. La entidad busca que los permisos sean entregados antes de que termine el periodo de 60 días.

La advertencia cobra especial importancia por el volumen de documentos que todavía no son reclamados. Son más de 150.000 permisos expedidos desde 2021 que permanecen pendientes de entrega, mientras sus titulares cuentan con el plazo establecido para completar esta etapa.

Por ahora, el procedimiento señalado por la autoridad migratoria es revisar el listado, confirmar que el PPT aparezca disponible y ubicar el Centro Facilitador de Servicios Migratorios correspondiente. Quienes tengan el documento pendiente deberán realizar la reclamación dentro de los 60 días.

La revisión también permite determinar el lugar exacto donde se encuentra cada documento, pues la reclamación debe hacerse en el centro indicado por la entidad. Así, quienes aparezcan en el listado no tendrán que buscar entre las oficinas habilitadas, sino seguir la información asociada a su permiso. Migración Colombia insistió en que esta comprobación es el paso necesario para saber si el PPT todavía continúa disponible y, posteriormente, completar la entrega antes de que se cumpla el plazo de 60 días establecido para estos documentos.

En Colombia, pedir un aumento de salario no garantiza que el ingreso mensual vaya a subir. Un estudio de Buk encontró que solo el 54% de los trabajadores que solicitaron un incremento durante los últimos dos años recibió una respuesta favorable. El dato significa que cerca de la mitad de quienes hicieron la petición no consiguió el aumento esperado.

La situación contrasta con la frecuencia con la que las empresas realizan ajustes salariales. El 60% de los colaboradores consultados aseguró que su compañía modificó las remuneraciones durante el último año, la proporción más alta entre Colombia, Chile, México y Perú.

El comportamiento salarial colombiano fue analizado a partir de dos investigaciones. La encuesta Work In Progress 2025 reunió respuestas de 6.739 trabajadores de esos cuatro países, entre ellos 1.862 colombianos. A ese resultado se sumó la Guía Salarial Buk 2026, elaborada con más de 78.000 registros administrativos de nómina de más de 1.000 organizaciones del país.

Uno de los hallazgos está relacionado con la manera en que las compañías definen sus revisiones. En Colombia, el 47% de las organizaciones encuestadas tiene una política formal para revisar salarios. Es la proporción más baja de la región, frente al 72% de Perú, el 59% de Chile y el 57% de México. Sin embargo, el país presenta una cifra destacada cuando se habla de ajustes ligados a la inflación. El 90% de las organizaciones colombianas afirmó que modifica los salarios por este factor, por encima de Chile, con 69%; México, con 67%, y Perú, con 46%.

Esta práctica podría ayudar a explicar por qué los trabajadores colombianos solicitan menos incrementos de manera directa. El 34% dijo haber pedido un aumento en los últimos dos años, mientras que la proporción fue de 41% en México y 38% en Chile. Según el informe, los ajustes por inflación pueden reducir la necesidad de que los empleados hagan una solicitud para proteger su poder adquisitivo.

Pero la respuesta empresarial puede tener consecuencias sobre la permanencia de los trabajadores. Entre quienes recibieron un aumento después de solicitarlo, el 48% manifestó intención de cambiar de empleo. Cuando la petición fue rechazada, la proporción subió al 87%. La percepción sobre el nivel de pago también aparece como un factor relevante. El 31% de los encuestados considera que su organización paga por debajo del promedio, mientras el 32% cree que remunera de manera similar al mercado y el 30% estima que está por encima.

“La percepción de estar ganando por debajo del mercado es hoy el principal detonante de la rotación laboral. El verdadero reto es comprender estas expectativas salariales y complementarlas con rutas de desarrollo claras que respondan a lo que las personas realmente valoran”, destacó Gabriela Durán, country manager de Buk.

La guía salarial también permite observar las diferencias entre cargos. En las áreas transversales, la dirección de empresas encabeza las remuneraciones: la gerencia general, correspondiente al CEO, registra una mediana de $24,2 millones. El valor casi duplica el tope máximo de recursos humanos, de $13,2 millones, y el de legal, de $12,5 millones.

Marketing ocupa otro lugar destacado. La mediana para un gerente de marketing, CMO, llega a $18,1 millones, por encima de los $16,1 millones de un líder de tecnología de la información, CTO, y de los $16 millones de un gerente de administración y finanzas, CFO. En el extremo inferior de esta escala aparece operaciones, cuya gerencia registra una compensación máxima de $11,7 millones. La cifra queda por debajo de legal y representa menos de la mitad de la remuneración correspondiente a una gerencia general.

En las áreas industriales, enseñanza registra la compensación máxima más alta de las analizadas. La rectoría de universidades alcanza los $17,9 millones, mientras que la dirección ejecutiva de instituciones hospitalarias llega a $16,8 millones en el sector salud. Los datos muestran así un mercado laboral donde el salario depende del cargo y la industria, pero también de las políticas internas y de las expectativas de quienes reciben la remuneración. En ese escenario, la negociación convive con políticas empresariales que determinan cuándo, cómo y para quién se revisan los ingresos.

La muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, abrió un nuevo cruce entre el actual Gobierno y el expresidente Gustavo Petro por la manera en que debe enfrentarse a las estructuras armadas que operan en La Guajira y el caribe colombiano en general .

Petro defendió la estrategia aplicada durante su administración y aseguró que su propósito era lograr la desmovilización del grupo al que pertenecía Pérez Toncel. Según explicó, el fallecido no ocupaba inicialmente un lugar central dentro de la organización y habría sido apartado por sus propios integrantes. “Alias ‘Bendito menor’ Wayúu de nombre Naim Perez era un delincuente menor en la Guajira que se ganó el odio de Abelardo antes de ser presidente”, escribió el exmandatario. Luego agregó: “Para mi gobierno lo clave era desmovilizar la totalidad del grupo armado al que pertenecía Naim”.

En su publicación, Petro identificó a la organización como los “conquistadores de la Sierra’” y aseguró que durante su Gobierno existieron conversaciones orientadas a conseguir una salida negociada. También planteó una hipótesis sobre el destino de Pérez Toncel dentro de esa estructura: “El grupo había apartado a Naim porque lo consideraban un muchacho loco, a lo mejor ellos mismo lo entregaron para quitarse un problema”.

El expresidente sostuvo que los Conquistadores de la Sierra estaban relacionados con las rutas del narcotráfico que atraviesan la Sierra Nevada y se dirigen hacia el norte de La Guajira. Además, señaló que la organización mantenía confrontaciones con el Clan del Golfo. Petro afirmó que su administración buscaba que el grupo abandonara las actividades ilegales. “El grupo ‘Conquistadores de la Sierra’ estaba en la voluntad de una total desmovilización en mi gobierno y de cesar actividades narcotraficantes, secuestro y la extorsión generalizada sobre Santa Marta y el turismo”, manifestó.

El exmandatario relacionó esa apuesta con su proyecto para la región y aseguró que la reducción de la pobreza y la generación de oportunidades legales eran parte de la estrategia para quitarle fuerza a las organizaciones criminales. “La mejor medida contra el narco es quitarles la población de la que alimenta sus actividades”, afirmó. En esa misma línea, defendió las políticas dirigidas a jóvenes y campesinos de las zonas afectadas por las economías ilegales.

Petro también aseguró que los Conquistadores de la Sierra llegaron a plantear una negociación con Estados Unidos para entregar la infraestructura dedicada al narcotráfico y aceptar la extradición. Según su relato, la DEA extrañamente rechazó esa posibilidad. El expresidente aprovechó su publicación para cuestionar la política antidrogas y defender su decisión de buscar alternativas a la confrontación militar. “Por eso mi gobierno estaba en todo el derecho de innovar caminos diferentes y buscar más paz después de 200.000 cadáveres de colombianos”, escribió.

En otro apartado, rechazó las críticas que relacionan su estrategia con una supuesta cercanía con las organizaciones criminales. “Construí ese camino y comenzó a dar resultados sorprendentes. No es un camino de asocio con las mafias, estúpido el que crea eso, ese era el cuento que los mismos mafiosos colombianos le llevaban a Trump”.

Petro cerró esa parte de su argumento explicando cuál era, según él, el objetivo de la política implementada durante su mandato: “Mi política fue atraer al campesinado y la juventud de los territorios bajo mafias, de abrirle un camino pacífico de desmantelamiento de las mafias y de incluir en el desarrollo al territorio afectado”.

La muerte de Pérez Toncel se dio durante un operativo realizado en Riohacha el 4 de septiembre. Abelardo de la Espriella informó que la acción fue coordinada por la Dijín y la Dipol. “Se dio de baja a uno de los más peligrosos delincuentes de nuestro país: alias ‘Naín’ o ‘Bendito Menor’. Hoy ha llegado el fin de las actividades criminales de este narcoterrorista que tenía azotada a La Guajira y al Caribe colombiano mediante el narcotráfico, la extorsión y la presión a la población”, aseguró el mandatario desde Riohacha.

“Aquí aparecen los bandidos que pretenden seguir controlando territorios y amedrentando al pueblo guajiro: los tenemos identificados para sacarlos del mercado delictivo. El que pretenda seguir el ejemplo del criminal dado de baja terminará como él: no voy a tolerar que la cultura de la ilegalidad sea la “normalidad”. Esta es la orden a toda la Fuerza Pública: vamos por estos terroristas y démosles su merecido. ¡Están advertidos, miserables!

Se acabaron las épocas en las que lo malo se vendía como bueno; se acabaron las épocas en las que la escoria de la sociedad era considerada heroica: conmigo, los bandidos no van a tener ni un minuto de tranquilidad.¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey!(A.D.L.E)“.

El pronunciamiento del jefe de Estado se produjo después de que circularan en redes sociales varios videos del funeral de Bendito Menor. En las grabaciones se observa una multitudinaria caravana de motocicletas que acompañó el féretro por las calles de Riohacha, mientras varios hombres armados disparaban al aire.

Las imágenes también muestran a personas portando pancartas relacionadas con el grupo criminal y con el rostro de Pérez Toncel. En otro de los registros, cientos de motociclistas avanzan por las vías del municipio mientras se escuchan detonaciones de armas de fuego. Durante el recorrido prácticamente no aparecen transeúntes en las calles.

La despedida estuvo acompañada por expresiones de respaldo al fallecido. Algunos asistentes gritaron “¡Por Naín!”, mientras se escuchaban sollozos y amenazas de personas que portaban armas. La escena quedó registrada en diferentes videos publicados por habitantes de la región.

Uno de los elementos que más llamó la atención fue el corrido dedicado a Bendito Menor, una canción que hace referencias a las acciones de la organización criminal en La Guajira y contiene mensajes intimidatorios contra quienes intenten afectar a sus principales integrantes. “El Menor responde con plomo y rigor / En La Guajira su voz es la que impone el terror”, dice una de las estrofas de la canción. La letra incluye además amenazas contra quienes intenten capturar o neutralizar a los jefes de la estructura delictiva.

Pérez Toncel murió durante un operativo adelantado por las autoridades en la madrugada del 4 de septiembre en Riohacha. El hombre tenía cinco órdenes de captura vigentes por homicidio agravado, secuestro, extorsión y concierto para delinquir agravado. Además, contaba con una notificación roja de Interpol.

En el mismo procedimiento fue abatida Rosa Angélica Tarazona, alias Bebecita, compañera sentimental de Bendito Menor y señalada de manejar las finanzas de la organización criminal. Tarazona fue capturada en septiembre de 2025 en Guachaca, Magdalena. A pesar de los señalamientos por delitos graves, un juez le concedió casa por cárcel.

El Bendito Menor ingresó a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) en 2019, cuando comenzó a desempeñarse como sicario de alias Pinocho. Su ascenso dentro de la estructura criminal fue rápido y, en pocos años, pasó de cumplir funciones como integrante armado a asumir el liderazgo del frente Javier Cáceres, una posición desde la que ejercía control territorial en sectores de La Guajira, Magdalena y Cesar.

La organización, heredera de estructuras paramilitares y conocida anteriormente como Los Pachenca, mantenía presencia tanto en zonas urbanas como rurales de estos departamentos. Entre los territorios bajo su influencia se encontraba Maicao, uno de los municipios de La Guajira mencionados dentro del radio de operación de la estructura. De esta manera, Pérez Toncel llegó a ocupar un lugar de mando dentro de una organización con presencia en distintos puntos del caribe colombiano.

Colombia busca ampliar su mapa minero con materiales que podrían ganar importancia en los mercados internacionales. La apuesta incluye cobre, níquel, tungsteno y otros minerales para la transición energética, mientras el sector pide al Gobierno condiciones claras para avanzar.

La Asociación Colombiana de Minería (ACM) considera que existe una oportunidad para aumentar la exploración. Actualmente, esa actividad moviliza cerca de 90 millones de dólares al año, pero podría alcanzar los 500 millones con respaldo gubernamental. El reto es considerable: cerca del 97% del territorio colombiano aún no es explorado. Para el gremio, avanzar en ese frente permitiría identificar nuevos recursos y generar empleo en distintas regiones y fortalecer la actividad productiva local.

Entre los proyectos están La Malota, en San Roque, Antioquia, y Alacrán, en Córdoba, relacionados con la producción de oro y cobre. También hay iniciativas en Soto Norte, Santander; Jericó, Antioquia; y Amacá, Tolima, que buscan mostrar que la actividad minera puede desarrollarse de manera sostenible. Las exploraciones no se concentran únicamente en esos departamentos. En Chocó y Caldas avanzan trabajos relacionados con cobre y tungsteno. “Nunca habíamos oído hablar de estos minerales, pero también los tenemos. Imagínense explorar ese 97% que aún nos falta del país”, expresó Cardona.

La diversificación responde a una transformación de la demanda mundial. La expansión de la electromovilidad, la generación de energías limpias y la infraestructura tecnológica requieren un suministro constante de minerales estratégicos. Colombia comparte el cinturón andino con Perú y Chile, lo que le otorga una condición geológica favorable para participar en esos mercados.

Pero antes de ampliar la producción, el sector plantea obstáculos. Cardona recordó que la minería colombiana viene de un periodo marcado por una caída del PIB minero de 18% y una disminución del 88% en la inversión extranjera directa. A esto se sumaron más de 800 bloqueos y 3.600 incursiones no autorizadas en operaciones legales, factores que aumentaron la incertidumbre.

El gremio asegura estar dispuesto a trabajar con el Gobierno. “Nuestra industria tiene la capacidad técnica, la experiencia, los recursos y el conocimiento de los territorios para ser un aliado estratégico en la ejecución de políticas públicas”, señaló Cardona. Una de las principales solicitudes apunta a establecer reglas claras y agilizar los procesos de formalización y titulación. La intención es incorporar al pequeño minero a la cadena productiva legal, con condiciones de seguridad industrial y posibilidades de generar actividad económica.

La discusión pasa por la diferencia entre las operaciones autorizadas y la extracción ilegal. Esta última afecta a 29 de los 32 departamentos y, según advertencias de la Procuraduría General, cerca del 85% del oro comercializado procede de actividades ilegales, algunas relacionadas con estructuras criminales.

“Nos diferencia la legalidad, el pago estricto de impuestos y regalías, el rigor de la ingeniería con clase mundial y el respeto por la vida y el medio ambiente”, afirmó Cardona. La ACM asegura haber acompañado la formalización de más de 4.700 unidades productivas en Antioquia, Cauca y Tolima.

La minería legal dejó inversiones sociales. Mediante el mecanismo de obras por impuestos, las empresas ejecutaron más de 370 proyectos, con vías terciarias, escuelas y sistemas de agua potable. Para Cardona, “Cuando hay un proyecto minero legal, el desarrollo llega más rápido. Eso es construcción de paz territorial”.

La estrategia no contempla abandonar las operaciones existentes. El carbón térmico y metalúrgico continúa siendo relevante para las finanzas públicas de La Guajira, Cesar y Boyacá, por lo que el gremio plantea mantener esas actividades mientras avanzan nuevas fuentes vinculadas con la transición energética.

Otro punto de preocupación está en el ferroníquel. Desde agosto, la compañía Ferroníquel redujo a la mitad su operación debido a restricciones en el suministro de gas. Esto pone en riesgo más de 500 empleos directos y una parte significativa de las regalías de Córdoba. Con este panorama, la industria minera plantea una combinación de exploración, diversificación y continuidad productiva.

La visita de Gustavo Petro a México abrió la puerta a un eventual regreso del expresidente colombiano, esta vez para participar en actividades académicas. La propuesta surgió de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien planteó que el exmandatario pueda ofrecer conferencias en un instituto dedicado a la investigación y la docencia.

La invitación fue revelada por Sheinbaum durante su conferencia matutina, un día después del encuentro que sostuvo con Petro en Palacio Nacional. La mandataria explicó que la posibilidad está relacionada con el Instituto de Historia de la Revolución Mexicana, donde el colombiano podría compartir sus reflexiones sobre distintos asuntos políticos y económicos.

“Lo invitamos a que pudiera, a través del Instituto de Historia de la Revolución Mexicana, (...) ya es un instituto de investigación y docencia, que pudiera venir a dar algunas pláticas”, afirmó Sheinbaum.

El encuentro también permitió que ambos conversaran sobre el libro que Petro prepara, titulado El Capital en el siglo XXI: Economía política de la crisis climática. La obra aborda, entre otros asuntos, la influencia externa en procesos electorales y el papel que tienen las nuevas tecnologías en ese escenario.

De acuerdo con la explicación de la presidenta mexicana, Petro le contó que el contenido no se limita a la experiencia colombiana. El expresidente analiza una realidad más amplia, con especial atención al uso de plataformas digitales para intervenir desde otros países en los resultados de elecciones y a la manera en que distintos sectores de derecha se articulan internacionalmente. “Cómo se ha organizado la derecha internacional para influir en distintos lugares”, resumió Sheinbaum al referirse a uno de los temas que hacen parte de la obra.

La mandataria mexicana también marcó distancia entre las circunstancias políticas de ambos países. Sheinbaum sostuvo que la realidad de México es “muy distinta” y defendió la existencia de una mayoría social que respalda el proceso de transformación promovido por su movimiento, además de los resultados que atribuyó a su administración federal.

La conversación ocurrió mientras Petro realizaba una visita a México, en la que el expresidente colombiano volvió a plantear sus cuestionamientos sobre la influencia de la tecnología en la política. Sus declaraciones estuvieron relacionadas con las elecciones que llevaron al poder al actual mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella. Petro afirmó que De la Espriella llegó a la Presidencia con ayuda de “algoritmos” y del “tecnofascismo”, conceptos que utilizó para referirse a mecanismos que, según su planteamiento, favorecieron al candidato de ultraderecha.

Durante su intervención, además, advirtió que ese tipo de herramientas podría tener incidencia en próximos procesos electorales de la región. Entre los escenarios que mencionó estuvieron las elecciones generales de Brasil de este año y los comicios intermedios de México previstos para 2027. Las declaraciones fueron realizadas durante una conferencia magistral en la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), actividad que hizo parte de la agenda del exmandatario durante su visita.

“Es el sistema que se quiere expandir y no está bien. México está en peligro y Brasil ya viene. Estos métodos tienen legitimación en la clase política que está dirigiendo actualmente los Estados Unidos”, dijo Petro durante su intervención.

El viaje tuvo además un significado particular para el expresidente colombiano, pues se trató de su primera salida internacional después de la victoria electoral de Abelardo de la Espriella. En México, Petro centró parte de sus intervenciones en advertir sobre los efectos que, a su juicio, pueden tener las herramientas tecnológicas sobre las democracias y los procesos electorales.

Ahora, la invitación formulada por Sheinbaum abre una posibilidad distinta para su relación con México. El eventual regreso de Petro no estaría ligado a una agenda gubernamental, sino a espacios de discusión académica en los que podría presentar sus análisis y contenidos ante investigadores, estudiantes y otros asistentes.

La propuesta también se conecta con los temas que el exmandatario desarrolla en su próximo libro, particularmente sus reflexiones sobre crisis climática, economía política, tecnología y transformaciones de la política internacional.

La relación que Colombia mantenga con China y Estados Unidos podría tener efectos sobre la llegada de nuevas inversiones chinas. El embajador chino en el país, Zhu Jingyang, señaló que las empresas interesadas miran las condiciones del mercado y las decisiones diplomáticas que tome el nuevo Gobierno.

El diplomático explicó que la Embajada recibió a numerosas compañías chinas que buscan oportunidades comerciales en Colombia. Entre los proyectos previstos aparecen inversiones y la posibilidad de instalar plantas de ensamblaje para electrodomésticos y otros productos.

“Hemos recibido un número muy importante de empresas chinas que vienen en búsqueda de oportunidades de negocios a Colombia, ya sea para inversiones o para establecer nuevas plantas. Me refiero, por ejemplo, a ensamblaje de electrodomésticos o de otros productos”, aseguró el embajador.

Durante el 38° Congreso Nacional de Exportadores, Zhu Jingyang sostuvo que no percibe modificaciones en la relación tras la llegada de la nueva administración nacional. La representación diplomática espera que continúe la cooperación y crezcan los vínculos comerciales. China ocupa actualmente el segundo lugar entre los socios comerciales de Colombia, de acuerdo con lo señalado por el embajador, quien además resaltó el papel del país asiático como inversionista y aliado para proyectos de infraestructura.

La infraestructura es uno de los sectores donde la cooperación puede continuar en los próximos años. Las conversaciones sostenidas por la Embajada con empresarios, Analdex y diputados colombianos, según Zhu, permitieron identificar necesidades concretas sobre conectividad física del país. El diplomático también se refirió a la Franja y la Ruta, iniciativa que describió como una plataforma para impulsar la interconectividad y promover obras de infraestructura. A su juicio, la participación de Colombia en ese esquema está relacionada con necesidades propias del país.

Zhu respaldó además la continuidad de los proyectos que ya están en marcha y tomó como referencia las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella luego de su visita a la Línea 1 del Metro de Bogotá. En esa ocasión, el mandatario sostuvo que “el progreso no debe detenerse por caprichos ideológicos” y planteó la necesidad de construir sobre los avances existentes.

La posición del Gobierno colombiano recibió una valoración positiva del representante diplomático. “suscribo totalmente este espíritu y del gobierno chino de la embajada China ofrecemos nuestra disposición de siempre seguir trabajando”, afirmó, al insistir en la búsqueda de intereses comunes entre los dos países.

Sin embargo, el rumbo de las relaciones exteriores aparece como un elemento relevante para las empresas que analizan nuevos proyectos empresariales. Zhu planteó que las decisiones de Colombia frente a China y Estados Unidos deben conservar un punto de equilibrio para evitar que la relación con una de esas potencias limite las oportunidades de cooperación con la otra. “Todo depende de la política colombiana hacia China, de cómo logremos mantener este espíritu pragmático de seguir trabajando y de la forma en que Colombia maneje con equilibrio su relación con Estados Unidos y China”, enfatizó.

Para el embajador, Colombia tiene además el desafío de ampliar los destinos de sus exportaciones y reducir la dependencia de los mercados tradicionales. En esa estrategia ubicó la posibilidad de aumentar las ventas hacia China y otros mercados emergentes de gran escala.

La meta de Analdex de alcanzar exportaciones por 100.000 millones de dólares en 2030 fue mencionada como uno de los objetivos que pueden impulsar esa diversificación. Desde la Embajada china reiteraron su disposición para acompañar iniciativas destinadas a fortalecer la seguridad, atraer capital y respaldar al sector empresarial colombiano.

El propósito, agregó la representación diplomática, es contribuir a que las empresas nacionales mejoren su competitividad y encuentren nuevas posibilidades para vender sus productos en el exterior. Para Zhu, ampliar la oferta exportable exige mirar más allá de los destinos habituales. “No basta que Colombia mantenga su mercado tradicional, sino que hay que apoyar los esfuerzos de diversificar mercado y de aumentar la exportación a nuevos mercados tan importantes como China”, señaló.

La desnutrición crónica infantil no desaparece cuando termina la niñez. Sus efectos pueden acompañar a las personas durante buena parte de su vida y, al mismo tiempo, representar un costo para la economía colombiana. Esa es una de las principales conclusiones de dos investigaciones presentadas por la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco) y la Contraloría General de la República.

El estudio de Abaco, titulado La huella demográfica de la desnutrición crónica infantil en Colombia, calcula que 5.269.088 personas que viven actualmente en el país estuvieron expuestas a esta condición durante sus primeros años. La cifra equivale al 15,9% de la población colombiana.

Las consecuencias identificadas abarcan aspectos que van desde el desarrollo cognitivo hasta las oportunidades laborales. De acuerdo con la investigación, quienes sufrieron desnutrición crónica durante la primera infancia pueden presentar una reducción de hasta 14,6 puntos en el coeficiente intelectual, perder hasta cinco años de escolaridad formal y registrar una disminución de hasta 54% en sus ingresos durante la adultez.

El problema, además, continúa afectando a los niños que actualmente viven en Colombia. La estimación de Abaco señala que 432.953 menores de cinco años presentan desnutrición crónica. El cálculo fue elaborado con base en la prevalencia de retraso en talla registrada para 2024 y las proyecciones de población del Dane publicadas en 2025.

El impacto no se queda en los hogares. Las capacidades cognitivas y la productividad que pueden perder los trabajadores que atravesaron esta condición durante su infancia también tienen consecuencias para las empresas. Según Abaco, esas pérdidas hacen que las compañías colombianas dejen de vender alrededor de 4.200 millones de dólares cada año.

A ese efecto se suma otro cálculo sobre el mercado laboral. La organización estima que los ingresos que deja de recibir la fuerza laboral del país por las consecuencias asociadas a la desnutrición infantil representan cerca de 2 billones de pesos mensuales.

Las cifras fueron presentadas junto con el estudio sectorial sobre Desnutrición Crónica en Colombia de la Contraloría General de la República, publicado en agosto de 2026 con apoyo técnico de Abaco. El documento pone el foco en una dificultad institucional: Colombia no cuenta actualmente con una política pública diseñada de manera específica para prevenir, detectar, monitorear, tratar y reducir la desnutrición crónica.

Aunque existen instituciones, programas y acciones que intervienen sobre los diferentes factores relacionados con esta problemática, el organismo de control identifica vacíos para atender de forma particular el retraso en talla. La Contraloría establece una diferencia frente a la desnutrición aguda, que sí dispone de rutas de atención clínica definidas. Para la desnutrición crónica, según el estudio, no existen metas nacionales unificadas, indicadores de resultado verificables ni asignaciones presupuestales exclusivas.

Esta falta de herramientas dificulta medir con precisión la efectividad de las acciones que se ejecutan y hacer seguimiento a los recursos destinados a atender a la población infantil. Por esa razón, los estudios plantean la necesidad de una respuesta que permita coordinar de manera más clara las intervenciones relacionadas con el problema.

Abaco sostiene que las experiencias internacionales muestran una característica común en los países que lograron disminuir rápidamente la desnutrición crónica: la convirtieron en una prioridad de Estado. Esas experiencias, según la organización, estuvieron acompañadas por metas definidas, liderazgo desde los niveles más altos y una mayor coordinación entre sectores.

Juan Carlos Buitrago, director ejecutivo de Abaco, insistió en que las cifras deben servir para dimensionar el alcance de una problemática cuyos efectos se extienden mucho más allá de los primeros años de vida. “Las cifras de estos estudios demuestran que la desnutrición crónica infantil es una emergencia silenciosa que nos está costando el futuro de millones de adultos y el desarrollo de nuestra economía”, afirmó.