Durante los procedimientos, fueron capturadas dos personas y decomisados dos vehículos que transportaban la droga, destinada a las ciudades de Armenia y Medellín.

El primer operativo se realizó en la vía Villarica–Palmira, donde un hombre de 25 años fue detenido mientras conducía una camioneta KIA. En el vehículo, los uniformados hallaron 41 paquetes rectangulares que contenían 418 kilogramos de marihuana. Además del automotor, fue incautado un teléfono celular.

En el segundo caso, registrado en la vía La Paila–Armenia, sector peaje de Corozal, municipio de Sevilla, la Policía interceptó a un conductor de 33 años en un automóvil Chevrolet. Tras inspeccionar el vehículo, encontraron 48 paquetes de marihuana tipo creepy, con un peso aproximado de 245 kilogramos. En este procedimiento también se decomisó el automóvil y dos celulares.

Según el teniente coronel Justo Alejandro Rivero Cubides, jefe seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Valle, estos resultados permiten sacar del mercado criminal más de 650 mil dosis de marihuana, y afecta las finanzas de las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Los detenidos y la droga incautada quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, delitos por los cuales hay penas de prisión que podrían ir hasta los 12 años (144 meses), según la cantidad de estupefacientes que lleven los transportadores, de acuerdo con la legislación colombiana.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con el fortalecimiento de los controles en las vías del Valle del Cauca para contrarrestar el transporte ilegal de estupefacientes.

Policía Nacional frustró otro envío de droga del Cauca hacia Medellín, en Neiva, Huila

La Policía Nacional decomisó 600 kilos de marihuana ocultos en una camioneta en la vía Neiva–Castilla, a la altura del municipio de Aipe, Huila. El operativo se realizó en el marco de la estrategia Esmeralda Plus y permitió la captura en flagrancia de un hombre de 31 años, natural de Barranquilla, quien conducía el vehículo desde el Cauca con destino a Medellín.

Los uniformados de la Dirección de Tránsito y Transporte detectaron la camioneta blanca durante un control de rutina y, tras una inspección minuciosa, hallaron 121 paquetes envueltos en plástico negro. Las pruebas confirmaron que se trataba de marihuana de alta pureza, cuyo valor en el mercado ilegal alcanzaría cifras millonarias.

Según las autoridades, este corredor vial es frecuentemente utilizado por organizaciones criminales para transportar cargamentos de drogas hacia el interior del país. La incautación de la droga y la captura del conductor representan un golpe significativo a las finanzas de las redes de narcotráfico, impidiendo la comercialización de más de medio millón de dosis.

Durante el procedimiento también fueron incautados dos teléfonos celulares, los cuales serán analizados para rastrear a los contactos y organizaciones detrás del envío. Tanto el detenido como el material probatorio quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El coronel Jair Alonso Parra Archilla, director de Tránsito y Transporte, destacó la importancia de este resultado y reiteró el compromiso de la Policía con la seguridad en las vías.

“El compromiso de nuestros hombres y mujeres en las vías del país continúa dando resultados contra las estructuras del narcotráfico. Esta incautación representa un golpe a sus finanzas y evita la circulación de miles de dosis”, afirmó el uniformado.

Además, invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa a través de las líneas de emergencia, como parte fundamental en la lucha contra el narcotráfico en Colombia.

Paula Restrepo, excompañera sentimental del líder paramilitar colombiano Carlos Castaño, está presentando su nuevo libro Entre Rejas y Balas, en el que cuenta toda su historia amorosa con el líder paramilitar Carlos Castaño, así como su tiempo en la cárcel.

En una entrevista para el pódcast Más allá del Silencio, la mujer ofreció un relato detallado de sus tiempos más difíciles mientras que estuvo reclusa por siete años en el Centro Penal de San Pedro Sula, en Honduras, uno de los presidios más violentos del mundo. Restrepo ofreció detalles sobre las condiciones extremas dentro de la cárcel y aclaró que su detención no tuvo relación alguna con Castaño, aunque su pasado siguió marcando su destino.

Su arresto ocurrió el 26 de mayo de 2010, seis años después de la muerte del líder paramilitar, asesinado el 16 de abril de 2004. Restrepo fue penalizada bajo cargos de lavado de activos.

Restrepo describió cómo su vínculo con Castaño influyó incluso en su vida carcelaria: “Siete años en el penal de San Pedro Sula. Eso fue un infierno en vida (...). Nunca me iba a imaginar que después de tantos años de haber sido pareja de él y de haber terminado, e inclusive de que estuviera muerto, su nombre todavía iba a retumbar en mi vida de alguna manera no tan positiva, que es en la cárcel”.

Incluso, relató que varias personas al interior del penal la reconocieron por una entrevista previa para Discovery Channel y por su relación con el jefe paramilitar.

Admitió haber aceptado transportar dinero desde ese país hacia Colombia debido a dificultades económicas; incluso, que las autoridades le confiscaron una suma importante, aunque según su relato, el monto registrado fue mucho menor al real: “Me di cuenta que yo traía aproximadamente medio millón de dólares, de los cuales solamente se registraron ciento cincuenta y siete mil dólares. El resto se lo repartieron como si estuvieran en una piñata”.

Así llegó la mujer a la cárcel más violenta del mundo

Restrepo narró su llegada al penal de San Pedro Sula, donde enfrentó amenazas, violencia y una estructura de poder dominada por internos armados.

“Pasé el portón ese y es como pasar a otro mundo… el olor a excremento era una cosa horrorosa”, contó. La organización interna de la prisión permitía que algunos reclusos, conocidos como “el toro” o “el rey”, ejercieran control absoluto sobre la vida cotidiana, en ocasiones por encima de las autoridades oficiales.

El relato de Paula Restrepo reveló la corrupción y el sistema de privilegios dentro de la cárcel: “Allá el que tuviera plata podía hacer lo que le daba la gana”. Según explicó, el acceso a espacios privados, comida especial o permisos para salir a centros comerciales dependía de pagos que llegaban a costar hasta 20.000 dólares por una celda VIP.

La violencia y la falta de protección marcaron la vida diaria. La expareja del líder paramilitar más temido reportó enfrentamientos, intentos de abuso y la protección que recibió de algunos internos como “Dixie” y Manuel Araujo, que se convirtieron en aliados fundamentales. “Mi vida la salvaron varias veces dentro del penal”, aseguró.

En la última etapa de su condena, el cierre del penal bajo el mandato de Juan Orlando Hernández derivó en el traslado de Restrepo y otras internas a Tegucigalpa. Allí, la colombiana formó vínculos con figuras como la exjueza Liz María Núñez y la exprimer dama de Honduras, Rosa Bonilla de Lobo, también recluidas por procesos de corrupción.

El regreso a Colombia fue a finales de 2020, y allí concluyó un ciclo que Restrepo decidió documentar en su libro. “Yo necesitaba concluir con este capítulo de mi vida, inclusive mostrando la cara para poder cerrar del todo este periodo tan feo que tengo”, declaró en la entrevista.

Las autoridades de Cali, Valle del Cauca, investigan el asesinato de Loren Liseth Osorio Mera, funcionaria de Parques Nacionales Naturales de Colombia, a manos de un hombre que la abordó en un establecimiento del barrio Antonio Nariño, oriente de la ciudad, y la hirió en el tórax.

Osorio, de 36 años, fue atacada con arma blanca, luego de que el agresor ingresó en bicicleta al establecimiento comercial de su familia.

“Mi hermana estaba cuidando el negocio de mi mamá. Llegó un tipo en bicicleta, delgado, entró al establecimiento (...) Mi hermana forcejeó y el hombre, con un arma cortopunzante, la hirió en el tórax. Fue una sola herida. Se desangró y nadie la auxilió”, relató Daniel Osorio Mera, en diálogo con Caracol Radio.

El testimonio preliminar de los familiares de la víctima es que se trató de un hurto. Sin embargo, las autoridades estarían descartando esta posibilidad, ya que hay probabilidades de que se trate de un asesinato por motivos personales. La muerte de Osorio dejó a un menor de cinco años huérfano.

“La institución ha orientado las indagaciones hacia el esclarecimiento de posibles circunstancias personales que pudieron rodear este lamentable suceso”, informó el coronel Adrián Ramosla, de la Policía de Cali, citado por el diario de la capital vallecaucana El País.

“No permitiremos que este crimen quede impune y reafirmamos nuestro compromiso con la protección de la vida de todas las mujeres en nuestra ciudad”, agregó.

Osorio se desempeñaba como guardaparques en el corregimiento de Pance y era reconocida por su compromiso con la conservación ambiental y su vocación de servicio. Este sábado 18 de abril de 2026, se encontraba disfrutando de un día de descanso.

Por su parte, desde la Personería de Cali condenaron el hecho, bajo la versión del hurto, y exigieron resultados rápidos en la investigación. También solicitaron a las autoridades garantías de seguridad para la ciudadanía.

“Condenamos el asesinato de Loren Liseth Osorio, de 32 años, funcionaria de Parques Nacionales Naturales, ocurrido en medio de un intento de hurto en un establecimiento del barrio Antonio Nariño, en el oriente de Cali. Fue atacada con arma blanca por un agresor que huyó del lugar. Exigimos a las autoridades celeridad en la investigación y garantías de seguridad para la ciudadanía”, señalaron voceros oficiales del organismo de control.

Portavoces de Parques Nacionales Naturales de Colombia también lamentaron el fallecimiento de Osorio y destacaron su calidad humana y profesional. Desde la entidad expresaron solidaridad con la familia de la víctima y con la comunidad de guardaparques, resaltando el legado de compromiso y respeto por la naturaleza que caracterizó su labor.

“Lamentamos profundamente la partida de nuestra compañera Loren Liseth Osorio, guardaparque del Parque Nacional Natural Utría. Recordamos su compromiso, su respeto por la naturaleza y su amor por la vida. Siempre brindaba una sonrisa y para todo tenía una respuesta amable. Su calidez en el trato y su pasión por la conservación dejan una huella imborrable en nuestros corazones”, expresaron.

“Acompañamos con profunda solidaridad a su familia y a nuestra comunidad de guardaparques. Su legado permanecerá en los paisajes que ayudó a conservar y en la memoria de quienes compartimos su camino”, se leyó en el mensaje enviado desde la entidad.

Por otra parte, se conoció que solo en 2025 se registraron 621 feminicidios en Colombia, lo que equivale a un asesinato cada dos días, según datos presentados por el Senado de la República. La mayoría de los casos estuvieron precedidos por denuncias, amenazas y medidas de protección que no se aplicaron.

Los representantes colombianos, que hacen parte del semillero de investigación Unisabana Herons Electric Vehicles, desarrollaron el prototipo de un vehículo de carreras absolutamente eléctrico, con el que alcanzaron una eficiencia de 396 kilómetros por kilovatio-hora (km/kWh), y superaron ampliamente el rendimiento de vehículos eléctricos convencionales, que recorren cerca de 10 km por kWh.

De acuerdo con la información y los detalles técnicos de la compteición internacional, el desafío de la Shell Eco-marathon no radica en la velocidad, sino en recorrer la mayor distancia posible consumiendo la menor cantidad de energía. Los competidores deben participar en famosa pista del Indianapolis Motor Speedway, una de las pistas más importantes de Estados Unidos, que cuenta con más de cuatro kilómetros.

El equipo debía completar cuatro vueltas al circuito dentro de un tiempo máximo de 35 minutos, y esta era la condición más importante para que el intento fuera válido, de acuerdo con el reglamento del concurso.

Para lograrlo, los estudiantes colombianos optimizaron cada aspecto del vehículo: peso, fricción, aerodinámica y estrategia en pista. Además, la coordinación entre los integrantes fue fundamental.

“En pista cada decisión, desde la velocidad hasta el ritmo de conducción, impacta directamente en el resultado”, explicó Jorge Cely, líder del semillero Unisabana Herons Electric Vehicles, que representó al país en la reconocida carrera.

Durante la competencia, el grupo debió completar cuatro vueltas al circuito en menos de 35 minutos, buscando acercarse al límite de tiempo para maximizar la eficiencia energética. En la categoría de prototipos eléctricos —vehículos ultralivianos diseñados exclusivamente para la eficiencia—, la piloto Sofía Vega, de 1,45 metros de altura, recorrió más de 110 kilómetros y se destacó como una de las pocas mujeres participantes.

“Sentí una gran responsabilidad porque dependía de mí ejecutar todo lo que habíamos planeado. Tenía el trabajo de todos en mis manos”, relató la estudiante.

El equipo también enfrentó retos logísticos: transportó el vehículo desarmado desde Colombia y lo ensambló en Estados Unidos en jornadas intensas. Julián Echeverry, profesor de la Facultad de Ingeniería, resaltó el valor de la experiencia en la formación de los estudiantes, quienes desarrollan habilidades técnicas y de trabajo en equipo en competencias internacionales.

“Estos proyectos son una escuela única. Aquí los estudiantes desarrollan disciplina, trabajo en equipo y enfrentan retos reales. Es una experiencia que los forma de una manera distinta y los prepara para competir con los mejores del mundo”, dijo el docente.

Esto cuesta mantener un carro eléctrico en Colombia

El crecimiento de los vehículos eléctricos en Colombia ha cambiado el enfoque de quienes buscan un nuevo automóvil. Más allá del impacto ambiental, el análisis del costo total de propiedad se ha convertido en un factor decisivo. Al cierre de 2025, el país superó los 75.000 vehículos eléctricos matriculados, impulsado tanto por incentivos y nuevas marcas como por el ahorro que ofrecen en el uso diario y el mantenimiento.

Mover un carro eléctrico resulta más económico frente a uno a gasolina. Durante 2025, el precio del galón de gasolina corriente alcanzó los $16.400 pesos, lo que representa un costo de aproximadamente $364 pesos por kilómetro en un vehículo con rendimiento promedio.

En contraste, cargar un vehículo eléctrico en casa cuesta entre $130 y $180 pesos por kilómetro, dependiendo de la región y el consumo. Esta diferencia puede alcanzar hasta un 60% menos en gastos de energía, de acuerdo con un análisis de BloombergNEF y la Agencia Internacional de Energía (IEA).

Estudios internacionales estiman una reducción de entre 25% y 40% en los costos de mantenimiento a lo largo de la vida útil del vehículo. Empresas operadoras de flotas en Colombia han reportado menores gastos correctivos y mayor estabilidad en los costos preventivos.

Según su publicación, los torniquetes, que no alcanzan el piso a techo, permiten que personas evadan el pago del pasaje sin mayores dificultades.

Quintero advirtió que la situación ha generado satisfacción entre los ciudadanos que se aprovechan de la circunstancia e ingresan al portal sin pagar y calificó como urgente la necesidad de orden y sanciones más severas en la ciudad.

El concejal mostró un video como prueba de su denuncia y enfatizó que, para garantizar el funcionamiento adecuado del sistema y la convivencia, es imprescindible aplicar medidas más estrictas, incluso si resultan impopulares para algunos sectores.

“¿Que nivel de Ciudad Gótica es el portal 20 de julio? Acaban de colocar una nueva entrada de torniquetes sin piso a techo y los delincuentes colados FELICES porque ya tienen donde meterse sin pagar el pasaje. Descarados! Se necesita orden y sanciones mucho más duras en Bogotá para que funcione. Así a muchos no les guste…(sic)“, escribió el cabildante.

Los usuarios de las redes sociales criticaron duramente el concejal y, en algunos casos, defendieron a los ciudadanos que ingresaron de manera irregular, y demeritaron la denuncia en comparación con la crisis de inseguridad que se vive en la capital.

“Concejal, entiendo que colarse sea una conducta reprochable. No hay justificación. Pero llamarlos ‘delincuentes’ no ayuda en nada y los pone al mismo nivel de conductas delictivas muy graves, como el homicidio de Freddy Santiago, por ejemplo”; “Dios como les pagamos sueldos a estos estupidos concejales!! Como esta semana casi no hubo ni muertos, ni atracos, ni balaceras… Pueden preocuparse por las columnas y los torniquetes de TM (sic)“; ”Es más delincuente el conc ejal que tiene fetiches con el cemento y los torniquetes y no ejerce su obligación de control político ante la crisis tan absurda de inseguridad en la que estamos !Miran con desdén como están matando y robando en cada esquina, en cada estación, cínico!

El costo de los colados en la capital

La evasión en TransMilenio alcanzó niveles críticos durante el segundo semestre de 2025 y dejó un déficit significativo en las finanzas del sistema de transporte público de Bogotá. Según datos oficiales de la empresa, la evasión llegó al 13% anual y subió al 15,19% en los últimos seis meses del año.

Cifras reveladas por el concejal Samir Abisambra indican que la evasión en el componente troncal del Sitp también generó una afectación económica de $265.048 millones de pesos.

Este monto equivale a recursos que podrían destinarse a fortalecer la seguridad en la ciudad, rubro que sigue siendo prioritario para los bogotanos. Debido al hueco financiero ocasionado por los colados, el Distrito debe suplir la diferencia con recursos de su propio presupuesto, restando fondos para otras inversiones sociales. El problema, de acuerdo con Abisambra, es estructural y requiere “decisiones firmes”.

El concejal sostuvo a inicios de 2026 que el sistema necesita controles inteligentes, equipos territoriales permanentes en estaciones críticas y el uso de analítica de datos para identificar los puntos y horarios de mayor evasión. Actualmente, el ingreso irregular se observa a diario en numerosas estaciones, muchas de las cuales carecen de puertas o presentan controles débiles, lo que facilita la entrada de usuarios sin pagar.

El impacto no solo es financiero sino también cultural. Los ciudadanos que cumplen con el pago del pasaje asumen una carga que debería distribuirse entre todos los usuarios. Además, la evasión genera malestar y desincentiva el cumplimiento de las normas.

Con la entrada en operación del Metro de Bogotá en el horizonte, voces como la de Abisambra advierten que es urgente implementar una estrategia de cultura ciudadana que combine pedagogía y recompensas para quienes pagan su pasaje de manera regular. El objetivo es evitar que el fenómeno de los colados se traslade al nuevo sistema de transporte.

El periodista colombiano Édgar Villabona denunció que fue víctima de un robo mientras viajaba en un taxi en la Zona T de Bogotá. Según relató el comunicador en su perfil de X, el hecho ocurrió cuando el conductor, identificado por las placas TNS500, recogió a Villabona y a sus acompañantes.

Durante el trayecto, el individuo se detuvo en un semáforo “donde fuimos abordados y nos robaron los celulares”, relató el comunicador, que también contó que, tras el asalto, el taxista huyó del lugar, y dejó a los pasajeros sin posibilidad de reacción.

El periodista pidió colaboración ciudadana para identificar al conductor y solicitó la intervención de la Policía de Bogotá y de las autoridades locales. La denuncia también fue dirigida al alcalde Carlos Fernando Galán, en busca de una pronta respuesta. Además, publicó unas fotografías del conductor que publicó en la misma denuncia.

Sobre la actitud del taxista, los usuarios de redes sociales afirmaron que, legalemente, este tipo de reacciones son catalogadas como “complicidad por omisión”.

Una internauta escribió: “Mientras los delincuentes operan con taxis y redes organizadas, el alcalde Galán sigue en el discurso. No hay control, no hay inteligencia, no hay autoridad. La ciudad quedó en manos del crimen y nadie responde. Bogotá exige mando firme ya”.

Sin embargo, la mayoría de usuarios cuestionaron la decisión del afectado de tomar servicio de taxi: “Todos sabemos que los taxistas son una banda de ladrones entonces para que les toman el servicio.”; “Qué inocencia la suya... Sabiendo que el 60% de los taxistas tienen problemas con la Justicia (son delincuentes), ud. es de los que cree que son santas paloma (sic)”; “Nunca entiendo, porque toman un taxi a sabiendas que ese transporte afecta al civil específicamente en esa zona. ¡Hay como 5 apps de transporte diferentes!“.

El también periodista colombiano Mauricio Silva ayudó a difundir el caso y escribió al respecto en sus redes sociales: “¡Atención bogotanos! No tomen taxis amarillos ni en la calle, ni por teléfono ni mucho menos en el aeropuerto o terminal de buses. Son unas mafias imposibles de controlar y a las autoridades les da pavor enfrentarlas y ponerlas en cintura“.

Barrio Galerías en pánico tras atraco a mano armada contra pareja de la tercera edad: les robaron su camioneta

Durante las horas de la noche del viernes 17 de abril de 2026 ocurrió un violento robo a una pareja de adultos mayores en el sector de Galerías, en Bogotá, mientras ingresaban su vehículo a un edificio del tradicional sector.

Según la denuncia ciudadana que se difundió en redes sociales, varios delincuentes interceptaron a la pareja aproximadamente a las 10:00 p. m., cuando dos de los asaltantes descendieron de un automóvil color rojo, bajaron a las víctimas, las tumbaron en el suelo, y con armas de fuego las amenazaron mientras otros cómplices aguardaban en el vehículo de apoyo.

Tras someter a las víctimas, los ladrones se llevaron el automotor aún encendido en cuestión de segundos.

De acuerdo con el registro audiovisual publicado por la cuenta informativa Colombia Oscura, los responsables huyeron de la escena sin que las víctimas pudieran ofrecer resistencia. En el clip quedó registrada la presencia de un policía que se fue corriendo tras el vehículo.

Usuarios de plataformas digitales exigieron una respuesta inmediata de las autoridades ante el incremento de hechos similares en zonas residenciales de la capital.

La modalidad de abordaje en el ingreso o salida de viviendas se ha convertido en una práctica recurrente entre bandas dedicadas al hurto de vehículos en Bogotá.

Desde la Policía Metropolitana de Bogotá no se han conocido declaraciones oficiales sobre los hechos, o sobre la identidad de los responsables o, incluso, el paradero del vehículo sustraído.

La captura de hombre identificado como Félix José Paulino Morel fue llevada a cabo en un edificio del reconocido sector turístico de El Laguito, donde el individuo se hospedaba. La acción de las autoridades fue liderada por oficiales de Migración Colombia, con apoyo de miembros de Interpol.

Las autoridades confirmaron la identidad del extranjero y verificaron la vigencia de la solicitud internacional antes de proceder con su detención, en seguimiento a los protocolos establecidos para estos casos.

Según información oficial, el ciudadano dominicano era un objetivo de las autoridades del país centroamericano, porque debía cumplir una condena pendiente.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, señaló que “este es el segundo caso detectado en la semana gracias al trabajo articulado y permanente de nuestros oficiales, que actúan con rigor y oportunidad frente a alertas internacionales”.

El detenido quedó a disposición de las autoridades competentes, a la espera de los trámites correspondientes para su judicialización y eventual extradición.

Este caso se suma a la captura de un ciudadano mexicano, capturado por autoridades colombianas en el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, y era requerido mediante circular roja de la Interpol por el delito de pornografía infantil. El individuo intentaba ingresar a Colombia para escapar de las autoridades de su país de origen.

Otra captura importante por parte de las autoridades colombianas fue la de una mujer de 17 años que era buscada mediante circular roja de la Interpol en Argentina. Fue hallada en el barrio Rosales, en el norte de Bogotá, durante actividades de registro y control en la localidad.

La investigación del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.° 56 de Argentina indicó que la capturada suministraba sustancias tóxicas a hombres contactados mediante aplicaciones de citas, para luego robar dinero, documentos y objetos de valor mientras las víctimas se encontraban en estado de indefensión.

Capturan en Medellín a ciudadano dominicano buscado por Interpol por abuso de menores

En enero de 2026, un ciudadano de República Dominicana fue detenido en Medellín tras ser identificado como requerido internacionalmente con circular roja de Interpol por presuntos delitos sexuales cometidos contra un menor de edad.

La captura fue confirmada por voceros oficiales de la Policía Nacional, que realizaron el procedimiento en coordinación con Interpol y organismos judiciales internacionales.

El ciudadano, identificado como Jorge, tenía vigente una notificación roja de Interpol, el máximo mecanismo de búsqueda internacional para personas acusadas de delitos graves. La detención se logró mediante labores de verificación y cooperación entre las autoridades colombianas y extranjeras, que permitieron ubicar al individuo en la capital antioqueña, sin que se registraran incidentes durante el operativo.

“Este resultado refleja el compromiso institucional para evitar que personas con antecedentes por delitos sexuales utilicen el territorio colombiano como refugio o punto de evasión judicial, indicaron los portavoces de la institución. También afirmaron que la protección de niños, niñas y adolescentes es una prioridad absoluta para la Fuerza Pública.

Tras la captura, el ciudadano extranjero quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzan los trámites judiciales para definir su situación jurídica y un posible proceso de extradición conforme a los tratados internacionales vigentes.

El hecho generó alarma entre los asistentes y el personal del centro deportivo, que intentaron socorrer a la víctima antes de la llegada de los servicios de emergencia.

El video de la trágica muerte fue difundido en redes por la cuenta de la plataforma informativa Colombia Oscura. En las imágenes se evidencia al personal del establecimiento realizando maniobras de reanimación durante varios minutos en un intento por estabilizar al joven, mientras se solicitaba apoyo médico especializado.

Según el testimonio, tres ambulancias acudieron a las instalaciones del centro deportivo tras el reporte a los organismos de emergencia, pero el joven fue declarado muerto dentro del establecimiento.

Aunque la identidad del joven no ha sido revelado, en redes sociales personas cercanas indicaron que “se llamaba Camilo! Era nuestro amigo y hoy lamentamos su muerte!! Se murió por la negligencia del gimnasio que ni siquiera sabían practicar las maniobras!!! (sic)”, escribió un usuario, en redes sociales.

Las autoridades y unidades de criminalística, además de levantar el cuerpo, iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del fallecimiento.

Según las primeras hipótesis, se evalúa la posibilidad de que un paro cardíaco fulminante haya causado el deceso, aunque los resultados oficiales de la necropsia aún no se han divulgado.

El fallecimiento está generando debate en las redes sociales. Internautas comentan y cuestionan si los decesos en los centros de entrenamiento físico obedecen a falencias en los procedimientos deportivos, la supervisión de los instructores, o a la necesidad de protocolos estrictos de seguridad y atención médica en los gimnasios de la ciudad, así como la posible ausencia de personal capacitado.

Otros criticaron el uso de suplementos por parte de los deportistas, así como la falta de chequeos médicos para medir las condiciones físicas para realizar ejercicios de alta exigencia.

“Q sigan tomando bebidas o polvos para el rendimiento... así terminaran (sic)”; “Lo que he visto es que en los gimnasios no hay control, tú llevas un celular con una rutina supuestamente personal pero no te hacen revisión por un médico antes de que te la coloquen, muchos pueden tener problemas cardiacos entre otros y se exigen demasiado en las rutinas”, escribieron algunos usuarios.

También se leyó: “Mucho monster y pre entreno”; “Déjame adivinar pre entreno + un energizante , porque por alguna razón piensan q eso no les va a pasar nada (sic)”; “Cualquiera que sea la razón o causa, eso no es asunto de nadie. Lo que si resulta importante analizar es qué tipo de medidas de atención tienen los gimnasios para este tipo de casos. Si están preparando a su personal para atender eficazmente este tipo de situaciones, cuentan con dispositivos para esto? Ahí el verdadero asunto”.

Fisicoculturista murió mientras entrenaba en sede de SmartFit, en Bogotá

En febrero de 2026 se conoció sobre la muerte de Juan Sebastián Anzola Quintero durante una rutina de ejercicio en el gimnasio Smart Fit, ubicado en el Centro Comercial Plaza Imperial de Bogotá. El hecho ocurrió el jueves 5 de febrero, cuando el deportista sufrió una emergencia médica repentina mientras entrenaba.

De acuerdo con el comunicado emitido por Smart Fit, “el señor Juan Sebastián Anzola Quintero, se encontraba entrenando y presentó de manera súbita un paro cardiorespiratorio, situación a la que nuestro equipo de brigadistas certificados respondió de manera inmediata y se procedió a prestar los primeros auxilios que el protocolo indica para estos casos, con maniobras de reanimación y haciendo uso del desfibrilador externo automático (DEA)”.

Desde la cadena de gimnasios se detalló que, simultáneamente a la atención de primeros auxilios, “activamos nuestro protocolo de emergencia, donde el área protegida de la sede acudió al llamado”.

El fallecimiento se produjo antes de que fuera posible el traslado del deportista a un centro hospitalario. “Lamentablemente, la persona falleció antes del traslado. Desde Smart Fit Colombia lamentamos profundamente el fallecimiento del señor Anzola y brindamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, seres queridos y amigos”, concluyó el comunicado difundido por la compañía.

El debate se desató luego de que Londoño calificara a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, como “sorda y muda” por su silencio ante la comercialización de aguardientes de otras regiones en eventos organizados por la Corporación de Eventos, Ferias y Espectáculos (Cofercali) en la ciudad.

La agresión verbal se originó durante el segundo debate sobre la financiación de la entidad, cuando, en medio de su intervención, Londoño cuestionó la presencia de marcas como Aguardiente Antioqueño en actividades culturales y musicales de Cali, haciendo referencia al reciente concierto de J Balvin.

Según se escucha en la grabación oficial, Londoño expresó: “Yo me pregunto también, en este caso, ¿por qué la gobernadora del Valle no sale a defender a los vallecaucanos? ¿Por qué ahí sí se queda callada, sorda y muda como Shakira?”.

Esas palabras generaron una reacción inmediata de la concejala Fernández, que, inmediatamente exigió respeto hacia la mandataria departamental y rechazó que la discusión sobre Corfecali involucrara a la gobernadora.

“Yo sí le digo a la concejal María del Carmen que respete. ¿Por qué tiene que traer a la gobernadora Dilian Francisca acá? ¿Por qué le tiene que decir ‘sorda y muda’? No, María del Carmen, respete…”, manifestó ante la plenaria, lo que provocó un cruce de palabras que obligó a la mesa directiva a intervenir y solicitar orden.

Tras el llamado de atención, ambas concejales mantuvieron sus posturas. Fernández afirmó: “Aquí no puede venir cualquier concejal a hablar lo que le da la gana sobre la gobernadora del Valle. Yo sí les pido que respetemos a una mujer que trabaja, que mira resultados, que acaba de presentar todo en su informe una rendición de cuentas… Yo sí le pido a la concejal que respete”.

Por su parte, Londoño insistió en su crítica: “Pues vuelvo y lo reitero, la gobernadora del Valle se ha quedado callada en este tema y ha permitido que los vallecaucanos vengan y nos impongan el Aguardiente Antioqueño. Ella no se ha pronunciado, y ella no es una persona que, frente a los temas, se quede callada, pero en este tema se ha quedado callada, y no solamente en este tema”.

El debate se desarrolló mientras el gerente de Corfecali, Felipe Salcedo Vacca, presentaba la situación financiera de la entidad ante el Concejo.

Qué es lo que está pasando con Corfecali: piden fortalecer finanzas y proteger marcas culturales

Durante ese debate en el Concejo de Cali, varios concejales reclamaron una mejor gestión financiera de Corfecali, la entidad encargada de organizar la Feria de Cali y otros eventos culturales.

Los cabildantes Alexandra Hernández Cedeño, María del Carmen Londoño Sanna y Luis Fernando Salazar Guapacha señalaron la necesidad de planificar los eventos, proteger marcas como la Feria y el festival Petronio Álvarez, y saldar las deudas pendientes con artistas y proveedores.

Alexandra Hernández advirtió que, aunque la mayoría de las deudas antiguas fueron saldadas, aún quedan obligaciones por siete mil millones de pesos, y pidió claridad sobre el proceso para sanear las cuentas.

“Si la feria de Cali tuvo más de 15 mil millones de pesos, con un aumento de más de 4 mil millones para 2025, quiere decir, que tuvimos un aumento del 29%, pero urge entonces saber cómo se está planeando al interior de la corporación para generar ingresos y evitar que cada año se carguen con deudas o pendientes por pagar, cuando podría ser un gran operador logístico a nivel local y regional”, dijo.

Londoño Sanna solicitó información detallada sobre los pagos a artistas locales y la participación de la industria licorera como patrocinadora. Salazar Guapacha reclamó trato igualitario para los artistas locales, quienes —según dijo— deben esperar más tiempo por sus pagos en comparación con artistas internacionales.

“De los socios de Corfecali, quienes aportan recursos para la realización de la feria cada año y si, en la próxima feria de Cali, cuál será la industria licorera patrocinadora, si es la de Antioquia hoy a cargo de Fabio Botero, exgerente de Corfecali y hoy gerente comercial de esa marca, que ya estuvo en dos conciertos en el estadio Pascual Guerrero”, dijo.

Por su parte, el gerente de Corfecali, Felipe Salcedo Vaca, aseguró que la deuda actual bajó a 1.266 millones de pesos con 25 proveedores, y defendió la sostenibilidad de la entidad tras firmar contratos por $8 mil millones con la administración distrital. Los concejales también pidieron reestructurar el salsódromo y mejorar la calidad de los eventos para mantener el reconocimiento cultural de la ciudad. El debate continuará en la próxima plenaria del Concejo.

Un agente de la Policía Metropolitana de Bogotá fue asaltado en la mañana del jueves, 16 de abril de 2026, cuando llegaba a su vivienda en el barrio Santa Rita, localidad de Puente Aranda, en el sur de Bogotá.

El hecho ocurrió cerca de las 9:30 a. m. cuando dos hombres a bordo de una motocicleta lo siguieron y lo abordaron justo en el momento en que abría la puerta de su casa.

Según el relato del uniformado, uno de los delincuentes se acercó rápidamente, lo intimidó con un arma de fuego y le exigió que entregara sus pertenencias.

“El hombre se acerca y me dijo: ‘Quieto, páseme el anillo’. Cuando yo volteé, le vi la pistola y le entregué el anillo”, relató el policía al medio Citytv. El ladrón también intentó llevarse una cadena, pero como el oficial no pudo quitársela, le pidió al asaltante que “la reventara”.

Mientras el robo se desarrollaba, trabajadores de una obra cercana pidieron ayuda, lo que llevó a los ladrones a huir a toda prisa en la motocicleta. El agente, que portaba su arma de dotación, intentó repeler el ataque.

“Yo pertenezco a la Policía y tengo mi armamento de propiedad. Cuando ellos me dieron chance, yo volteé, saqué mi arma de propiedad”, contó. Sin embargo, los delincuentes lograron escapar de la cuadra sin que fuera posible su captura.

El uniformado afectado expresó que la situación de inseguridad en Santa Rita se ha agravado en las últimas semanas y que, con el atraco que sufrió, su familia también ha sido víctima de la delincuencia en dos oportunidades.

“Eso es una banda, en este barrio están robando mucho. Roban a vehículos y a personas. A mi hijo lo robaron hace un mes aquí, llegando a la casa, le robaron un celular, él tiene apenas 16 años, también lo robaron”, afirmó.

El uniformado también resaltó que el daño no solo fue material, sino emocional porque el anillo que le arrebataron era el último regalo de su padre fallecido. “Me regaló ese anillo y yo le tenía alto valor sentimental”, lamentó.

El medio capitalino conoció que vecinos del sector han denunciado que los robos no se limitan a atracos a mano armada. También han detectado personas que intentan ingresar a las viviendas midiendo llaves en las puertas.

“Ellos primero timbran, si nadie sale entonces ellos empiezan a medir porque saben que la vivienda está sola. Pero la inseguridad está tenaz”, comentó el agente.

El uniformado hizo un llamado a reforzar la presencia institucional en el sector. “Yo pertenezco a la policía y pues, la policía no abarca para atender todos los casos o hacer rondas en los barrios. Faltan más policías, más seguridad”, concluyó.

Delincuentes en Bogotá camuflan motocicletas con acrílicos y plásticos para cometer atracos

Las autoridades en Bogotá detectaron una nueva modalidad utilizada por bandas de fleteros para evadir la acción policial y las cámaras de seguridad: la alteración del color de las motocicletas mediante el uso de acrílicos y plásticos.

Estos materiales permiten a los delincuentes modificar el aspecto de los vehículos empleados en robos y homicidios, que dificultan su identificación tras los hechos delictivos.

Voceros de la Policía informaron que, durante distintos operativos en la ciudad, hallaron motocicletas y automóviles alterados y acondicionados para engañar a las autoridades. Esta estrategia se suma al uso de placas adulteradas y sistemas mecánicos instalados para ocultar o mover las placas al momento de cometer un delito.

Muchos de estos automotores aparecen repetidamente en imágenes de atracos que llegan a las autoridades, pese a que algunos de los responsables ya cuentan con antecedentes y han sido capturados en otras ocasiones.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, advirtió que la reincidencia de los delincuentes y el uso recurrente de los mismos vehículos en atracos representan un riesgo creciente para la seguridad ciudadana. Galán instó a que las autoridades judiciales consideren la gravedad de la situación en las calles y adopten medidas que prioricen la protección de la ciudadanía.

Sobre la liberación de dos fleteros que quedaron libres, el 14 de abril de 2026, dijo: “La vez pasada los liberaron, a pesar del porte ilegal de armas, estaban ad portas de cometer un nuevo fleteo y les inmovilizaron lo vehículos, pero los liberaron porque no tenían antecedentes. Yo espero que esta vez sí queden tras las rejas. No podemos seguir con la Policía capturando y los sueltan, capturando y los sueltan y así sucesivamente", sostuvo el alcalde Galán.

La Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto) confirmó el fallecimiento de Fredy Santiago Guzmán Cárdenas, un estudiante de 19 años de primer semestre de Ingeniería de Sistemas, que murió tras resultar herido de muerte durante un asalto con arma blanca ocurrido en la noche del 16 de abril en Bogotá.

El crimen, cometido por delincuentes que intentaron robarle sus pertenencias, provocó indignación en la comunidad académica y un contundente mensaje de rechazo a la crítica situación inseguridad que afecta a los ciudadanos en la capital.

Fuentes de la Policía de Bogotá confirmaron a Infobae Colombia lo sucedido, y afirmaron que el hecho ya está en manos del CTI de la Fiscalía, que se encargará de dar a conocer la versión oficial del hecho.

Mientras tanto, desde la institución educativa se publicó un comunicado oficial para expresar su rechazo frente al crimen y manifestar el profundo dolor que embarga al cuerpo universitario.

Hasta el momento, las autoridades del Distrito Capital no se han pronunciado al respecto. No obstante, el alcalde Carlos Fernando Galán intensificó su mensaje contra la criminalidad en la ciudad, y su solicitud de una transformación en el sistema penal.

“Sí tenemos que dar una discusión porque es repetitivo. Es un patrón. En prácticamente todos los casos, o bien son personas que por su peligrosidad nos damos cuenta [de que] deberían estar presos, porque ya los había capturado el sistema y los soltó, o bien están presos, pero no hay control sobre ellos", dijo el alcalde en una intervención pública, tras los recientes casos de ataques armados en la capital.

“La inseguridad no puede robarse los sueños de una persona”: Corporación Universitaria Minuto de Dios

La universidad envió un mensaje de solidaridad y acompañamiento a los familiares, amigos y compañeros de Fredy Santiago, en el que lamentaron que su vida y proyecto personal apenas comenzaban.

“La Corporación Universitaria Minuto de Dios expresa su más profundo dolor y rechazo frente al hecho violento del que fue víctima nuestro estudiante FREDY SANTIAGO GUZMAN CARDENAS, de 19 años, estudiante de primer semestre de Ingeniería de Sistemas, quien falleció como consecuencia de las múltiples heridas ocasionadas por delincuentes en un repudiable episodio de inseguridad ciudadana. Extendemos un mensaje de solidaridad, cercanía y acompañamiento a su familia, amigos y compañeros en este momento de profundo dolor. Como Institución, nos unimos en memoria por su vida (sic)“, se leyó en la misiva.

En el comunicado se leyó que el hecho enluta a toda la comunidad educativa que alza la voz frente a una realidad que “afecta a toda la sociedad en su conjunto: La inseguridad ciudadana no puede robarse los sueños de ninguna persona. Rechazamos de manera categórica cualquier forma de violencia que atente contra la vida, la integridad y los sueños de nuestros estudiantes y de cualquier ser humano”.

La institución instó a las autoridades a adelantar investigaciones rápidas y rigurosas para esclarecer el caso y llevar a los responsables ante la justicia, con el fin de evitar la impunidad de los criminales responsables.

El pronunciamiento también insistió en que la muerte de Fredy Santiago Guzmán no puede verse como un hecho aislado, sino como una señal de alerta sobre la urgencia de fortalecer las acciones contra la criminalidad en Bogotá.

Además, hicieron un llamado a la sociedad y a las autoridades para trabajar de manera conjunta en la protección de la vida y la construcción de entornos seguros para los jóvenes y la comunidad universitaria.

“La vida de Freddy Santiago que iniciaba su vida adulta, con sueños de estudiar y crecer en su proyecto de vida, no puede verse cegada de manera violenta y que este hecho no nos cuestione ni nos exija un cambio como sociedad”, concluyó el pronunciamiento.

Tres mujeres fueron asesinadas el jueves 16 de abril de 2026 en una vivienda de la vereda Alto Morichal, zona rural del municipio de La Macarena, en el departamento del Meta, durante una reunión familiar que terminó en un posible triple feminicidio, de acuerdo con la información preliminar de las autoridades.

Las víctimas fueron identificadas como Praxedis Calderón Andrade, Arelys Monje Calderón y Versy Monje Calderón; madre e hijas. El ataque fue perpetrado con arma blanca y los cuerpos fueron hallados sin vida en la vivienda por las autoridades. En suelo del domicilio había manchones de sangre.

Según información preliminar entregada por el coronel Nelson Zambrano a El Tiempo, aún no se ha establecido la identidad del responsable, pero una de las principales líneas de investigación apunta a la expareja de una de las víctimas.

Además de las mujeres víctimas, un hombre que, al parecer estaba en el lugar de los hechos, llegó a un centro de salud del municipio con heridas de arma blanca.

Las primeras pesquisas indican que esta persona hizo parte de las reunión familiar y cuenta con una orden de captura vigente desde 2019, relacionada con el homicidio del compañero sentimental de su expareja en ese entonces. Debido a la gravedad de sus heridas, fue remitido a Bogotá y permanece bajo custodia policial.

Por su parte, numerosos medios informativos regionales informaron en las redes sociales que el ataque contra las mujeres habría sido motivado por celos y problemas en la relación del agresor con una de las víctimas, al parecer, una de las las hijas de Praxedis Calderón. Incluso, uno de los datos es que el triple asesinato fue, al parecer, cometido con un machete.

Los cuerpos de las tres mujeres fueron recogidos por personal del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y trasladados para los exámenes correspondientes. Las autoridades esperan los resultados oficiales para esclarecer causas y detalles del asesinato y así esclarecer los hechos.

La Policía, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, conformó un equipo especial para avanzar en el esclarecimiento de este caso y dar con el responsable. Las autoridades mantienen abierta la posibilidad de que se trate de un caso de feminicidio, aunque no han confirmado esta hipótesis y recalcan que las circunstancias exactas del crimen siguen en investigación.

Gobierno nacional lanzó guía técnica para prevenir feminicidios

El Ministerio de Justicia presentó oficialmente una Guía para la Valoración de la Percepción del Riesgo de Feminicidio en el contexto familiar, una herramienta técnica que permitirá a las autoridades identificar señales de peligro y adoptar medidas de protección oportunas para mujeres mayores de 14 años que enfrenten violencia en su entorno familiar.

La guía, formalizada mediante la Resolución 0362 del 5 de marzo de 2026 en cumplimiento de la Ley 2126 de 2021, se aplicará en Comisarías de Familia, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Su objetivo es estructurar la evaluación de factores de riesgo para prevenir situaciones de feminicidio y mejorar la coordinación institucional en la protección de mujeres.

La herramienta plantea cuatro ejes de valoración: antecedentes de violencia, conductas de control y dominación, amenazas y percepción de riesgo de la víctima, así como cambios recientes en la dinámica de la relación.

El proceso se realiza mediante entrevistas semiestructuradas y módulos técnicos, con una duración aproximada de una hora y media, lo que permitirá tomar decisiones de protección de manera informada y fundamentada.

Desde la entidad reiteraron que el feminicidio generalmente está precedido por múltiples formas de violencia y que la identificación temprana de señales de riesgo puede evitar tragedias. Según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre 2016 y 2025, cuatro de cada diez valoraciones de riesgo de feminicidio identificaron el uso de armas cortopunzantes como mecanismo causal más frecuente

Los contratistas, que realizaban labores en el sector, fueron interceptados por los agresores, que se movilizaban en motocicletas y tras rodearlos, los retuvieron durante unas horas y los amenazaron.

De acuerdo con los testimonios recogidos por las autoridades, los hombres armados habrían exigido extorsiones como condición para liberarlos. Posteriormente, los atacantes incendiaron dos vehículos pertenecientes a la empresa.

Según la información suministrada desde la institución, el caso fue alertado públicamente dos días después, el 17 de abril. El comandante encargado de la Policía Valle, coronel Pedro Pablo Astaiza, indicó que “las autoridades adelantan labores de verificación y recolección de información para establecer posibles móviles del hecho”.

Además, se están realizando actividades de contacto y asesoría especializada para apoyar a las víctimas, que viven momentos de pánico tras pensar que podrían ser secuestradas, desaparecidas o asesinadas.

En la zona opera el frente 57 “Yair Bermúdez”, vinculado a estructuras disidentes de las Farc, hipótesis que se evalúa en el proceso investigativo.

La Policía del Valle del Cauca hizo un llamado a la ciudadanía para que suministre información que ayude al esclarecimiento de estos hechos a través de las líneas oficiales 123 o 165 del Gaula, garantizando absoluta reserva.

Se robaron camionetas de la UNP destinadas a líderes sociales en el Catatumbo: responsabilizan a disidencias de las Farc

En menos de 24 horas, tres camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) asignadas a esquemas de seguridad de líderes sociales en el departamento de Norte de Santander fueron interceptadas y robadas en distintos puntos del Catatumbo.

Los hechos ocurrieron en Ocaña, Sardinata y la vereda La Tarrita, en la vía hacia Pozo Azul en la tercera semana de abril de 202. Las autoridades señalaron como presuntos responsables a integrantes de las disidencias de las Farc que operan en la región.

De acuerdo con versiones obtenidas por medios locales, hombres armados establecieron retenes ilegales y obligaron a los ocupantes de los vehículos a descender. En el caso de Gabriel Ángel Quintero, líder de restitución de tierras y exintegrante del EPL, un grupo de aproximadamente 16 hombres vestidos con prendas de color verde y botas tipo militar detuvo la camioneta blindada Chevrolet Trailblazer en la que se desplazaba.

Los escoltas fueron despojados de sus armas, chalecos antibalas y equipos de protección, mientras que Quintero fue trasladado en un vehículo particular hacia Ocaña.

Situaciones similares se presentaron con los vehículos asignados a los líderes sociales Arturo Garavito y Luis Jesús Prada. Los escoltas de estos esquemas de protección también fueron privados de sus armas de dotación y demás elementos de seguridad.

Las autoridades advierten que el robo de camionetas a la UNP en Norte de Santander evidencia un patrón de los grupos armados ilegales, que buscan apropiarse de estos vehículos para facilitar su movilidad en zonas rurales y, en algunos casos, alimentar redes del mercado ilegal, incluso con destino hacia Venezuela.

Fuentes oficiales confirmaron que, además de los tres vehículos, los atacantes sustrajeron el armamento entregado a los escoltas, lo que incrementa el riesgo para los líderes protegidos y plantea nuevas preocupaciones sobre el uso de estos recursos en actividades ilícitas.

Tras los hechos, la UNP inició el trámite para reemplazar los vehículos robados y restablecer los esquemas de protección afectados. La situación ocurre en medio de una crisis financiera de la entidad, que enfrenta retrasos en el pago a empresas arrendadoras y una deuda cercana a los 400.000 millones de pesos por el alquiler de más de 5.000 vehículos utilizados en la protección de líderes sociales y otras personas amenazadas.

El procurador General, Gregorio Eljach Pacheco, solicitó de “manera pública y urgente” a los Ministerios de Defensa y del Interior extremar todas las medidas necesarias para proteger la vida de los aspirantes a la Presidencia de la República y sus equipos de trabajo, en respuesta a recientes amenazas conocidas contra varios candidatos.

Durante la jornada del viernes, 17 de abril de 2026, en las redes sociales del Ministerio Público se conoció que Eljach Pacheco rechazó “las amenazas contra la integridad del candidato presidencial Iván Cepeda, de las que ha dado cuenta el presidente Gustavo Petro. Hace apenas unos días se tuvo información sobre hechos de la misma naturaleza contra los candidatos Paloma Valencia y Abelardo De la Espriella, para quienes pedí garantizar toda la seguridad”, escribió el procurador.

Sin embargo, tras este pronunciamiento, se conoció una dirigida al comandante General de las Fuerzas Militares, mayor general Hugo Alejandro López Barreto, Eljach enfatizó la importancia de “adelantar todos los esfuerzos y acciones en pro de garantizar la protección necesaria a todos los aspirantes a la Presidencia”.

Señaló que “las vidas de los candidatos y el valor de la democracia son valores superiores a proteger en este proceso electoral”, se leyó en la misiva conocida por Blu Radio.

El pronunciamiento se produjo luego de que el presidente Gustavo Petro confirmara amenazas contra el candidato Iván Cepeda Castro. El mandatario colombiano, incluso, afirmó que la inteligencia estadounidense estaba al tanto de estas intenciones.

Sin embargo, el senador republicano Bernie Moreno desmintió al presidente y dijo que en Estados Unidos sí están “preocupados por las amenazas a las vidas de otros dos candidatos, uno de los cuales es ciudadano norteamericano”, dijo sobre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, respectivamente.

Al respecto, el procurador dijo que “observaciones como esa son razones suficientes para adoptar todas las medidas de protección” y reiteró que la Procuraduría General de la Nación se mantiene vigilante para que las autoridades cumplan su deber constitucional en materia de seguridad electoral.

Eljach recordó que apenas 24 horas antes sostuvo una reunión con los delegados de todos los candidatos presidenciales y los jefes de los organismos de seguridad del Estado para advertir sobre la urgencia de garantizar la integridad de los aspirantes.

“Hago un llamado a toda la sociedad, a comprometerse con este propósito: proteger nuestra democracia como un valor sagrado”, señaló en la comunicación.

El procurador hizo hincapié en las amenazas recientes contra los candidatos Paloma Valencia y Abelardo De la Espriella, e insistió en la necesidad de que todas las instituciones del Estado garanticen un proceso electoral pacífico y libre de intimidaciones.

Amenazas contra la candidata presidencial Paloma Valencia

Desde el Partido Centro Democrático y el equipo de campaña de Paloma Valencia ya emitieron pronunciamientos confirmando la trama criminal en contra de la candidata presidencial, y exigieron al Gobierno nacional acciones de protección: “Estamos ante una amenaza directa contra la vida de Paloma Valencia”.

También pidieron a la Rama Ejecutiva que “revele si tiene información en las centrales de inteligencia que maneja sobre este atentado y que la ponga en conocimiento de la candidata y de esta campaña”.

“Rechazamos cualquier forma de violencia y pedimos defender el debate democrático como la única vía legítima para construir país. Colombia no puede permitir que el miedo sustituya a las ideas ni que la violencia pretenda silenciar a quienes participan en la vida pública”, se leyó en el comunicado del equipo de campaña.

De la misma manera, afirmaron que la carrera presidencial de Valencia “seguirá adelante con firmeza, responsabilidad y respeto por las instituciones, confiando en que el Estado cumplirá su deber de proteger la vida y la democracia”.

En la mañana del viernes 17 de abril de 2026, el expresidente Álvaro Uribe denunció a través de sus redes sociales un plan, al parecer ideado por guerrilleros del ELN, para atentar contra la candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia.

“Máxima alerta para proteger a Paloma Valencia. De Interlocutores del ELN recibo esta información: Los cabecillas Pablito Arauca y Antonio García son los responsables directos de un intento de magnicidio contra Paloma Valencia; dan la orden de votar por Iván Cepeda para imponerlo como presidente en primera vuelta. Nota: La Paz Total de Petro y Cepeda asesinó a Miguel Uribe, cuidemos a Paloma”, escribió el exmandatario.

Al respecto, desde el partido Centro Democrático expresaron su rechazo y preocupación frente a la denuncia. La denuncia fue calificada por voceros del partido como de “la mayor seriedad” y como un intento de incidir en el proceso electoral.

“El Centro Democrático manifiesta su preocupación ante la gravedad de la información que señala al ELN como responsable de un plan para atentar contra la vida de nuestra candidata presidencial, Paloma Valencia”, dice el comunicado.

“La denuncia, revelada por el expresidente Álvaro Uribe, evidencia la intención de ese grupo terrorista de incidir en el proceso electoral a favor de Iván Cepeda” se leyó en el pronunciamiento.

Según el comunicado difundido este viernes, 17 de abril de 2026, en la colectividad se advirtió que el “deterioro de la seguridad” bajo la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro, promovida por Iván Cepeda, ha favorecido el fortalecimiento de grupos armados ilegales y ha incrementado los riesgos para líderes de la oposición.

De tal manera, exigieron a las autoridades un refuerzo inmediato del esquema de seguridad de la candidata, con el fin de garantizar su integridad y su libre movilidad en todo el territorio nacional.

Desde la colectividad indicaron que “Colombia no puede permitir que la intimidación y la violencia interfieran en el proceso electoral ni en el ejercicio democrático”, e instó a que se tomen medidas urgentes para proteger a Valencia y a todos los candidatos presidenciales en contienda.

Campaña de Paloma Valencia exige protección del Estado tras denuncia de plan en su contra

Desde la campaña presidencial de Paloma Valencia se emitió un comunicado que expresa la preocupación ante la información sobre el presunto plan para atentar contra la vida de la candidata.

En el documento, divulgado este viernes, 17 de abril de 2026, el equipo de Valencia exigió al Gobierno nacional la adopción urgente de todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la candidata, su equipo y de todos los actores políticos en el país.

Además, los voceros de la campaña solicitaron al Ejecutivo que revele si existe información en las centrales de inteligencia sobre el supuesto atentado y que esa información sea puesta a disposición de la campaña

“Expresamos nuestra profunda preocupación por la gravedad de los hechos conocidos. Estamos ante una amenaza directa contra la vida de Paloma Valencia y ante un atentado inaceptable contra la democracia”, constó en el comunicado.

Desde la campaña también pidieron a la Fiscalía General de la Nación adelantar una investigación seria, rigurosa y transparente para establecer eventuales responsabilidades y reiteraron la importancia de plenas garantías democráticas para todos los candidatos y movimientos en el actual proceso electoral.

En el comunicado se rechazó cualquier forma de violencia y se emitió un llamado a defender el debate democrático como la única vía legítima para la construcción del país.

“Colombia no puede permitir que el miedo sustituya a las ideas ni que la violencia pretenda silenciar a quienes participan en la vida pública”, constó en el texto.

La campaña de Paloma Valencia seguirá adelante con responsabilidad y respeto por las instituciones, con la confienza de que el Estado garantizará la protección de la vida y la democracia en un contexto electoral que, insisten, debe estar libre de intimidaciones y amenazas.

De la misma manera, en la misma jornada, desde la campaña Paloma Valencia Presidente, pidieron a la Procuraduría General de la Nación un acompañamiento especial, debido a que “desde hace tres semanas la campaña ha intentado hacer el cargue de la información financiera en la plataforma habilitada por el @CNE_COLOMBIA, sin que el acceso haya sido habilitado”.

Voceros oficiales de la Procuraduría General de la Nación anunciaron este viernes, 17 de abril de 2026, la reapertura de la investigación disciplinaria por la controversial fiesta vallenata que se realizó en las instalaciones de la cárcel de Itagüí, el 8 de abril de 2026, en la que participaron los denominados capos de Medellín y centenares de internos.

Pese a que el jueves, 16 de abril, desde el Ministerio Público se informó que se levantó la suspensión provisional contra los 11 funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que facilitaron la celebración, dicha medida fue anulada.

De hecho, la nueva disposición eleva a 12 el número de servidores de la entidad implicados y suspendidos por las presuntas irregularidades en el manejo de la institución. De la misma manera, el proceso ahora incluirá al director encargado, Fabián Leandro León Rodríguez, sobre quien pesa una nueva acusación por posible falsedad ideológica en documento público.

De acuerdo con la información oficial, desde la Procuraduría se declaró la nulidad de las actuaciones adelantadas hasta el momento tras identificar fallas en los requisitos sustanciales del auto de apertura original que habrían afectado el debido proceso y los derechos fundamentales de los investigados.

Tras este saneamiento, la autoridad disciplinaria amplió el caso e involucró formalmente a León Rodríguez, que también se desempeña como subdirector del penal.

Tres meses de suspensión sin ingresos

De acuerdo con la comunicación de la Procuraduría, la medida también contempla el bloqueo de la remuneración para los implicados durante tres meses, mientras avanza la investigación.

Entre los suspendidos se encuentran los dragoneantes Nairo Vargas Rubio, Fran Alexander Barbosa Pinzón, Jhon Eduar Aguilar Conde, José Luis Becerra Puello, Juan Camilo Góez David, Juan Diego Ospina Morales y Gustavo Adolfo Montejo Casas.

También se encuentran en la lista el intendente Eduardo Parra Ceballos, los tenientes Heyler Antonio Fracica Sarmiento, Fredy Antonio Ciprián Díaz y el inspector jefe Salvador Del Cristo Jiménez Palencia. Todos ellos permanecerán apartados de sus cargos mientras se esclarecen los hechos.

Revelan detalles de pagos a guardias que permitieron la fiesta en la cárcel de Itagüí

La celebración realizada el 8 de abril de 2026 en la cárcel de Itagüí generó una fuerte polémica tras revelarse que dragoneantes del Inpec habrían recibido pagos individuales para permitir la fiesta, que contó con la presencia del cantante vallenato Nelson Velásquez.

Los incentivos habrían alcanzado hasta un millón de pesos colombianos por persona para facilitar el ingreso de licor, artistas y visitantes sin controles oficiales. El episodio fue difundido mediante videos en redes sociales, donde se reportó la participación de cabecillas criminales.

El concejal de Medellín Andrés Tobón presentó documentos que detallan la supuesta distribución de dinero entre el personal de vigilancia, quienes permitieron la entrada de más de 130 personas, incluidos 41 hombres y al menos ocho menores de edad, durante el evento.

Según la denuncia formalizada ante el Concejo de Medellín por la concejal Claudia Carrasquilla, al menos 100 millones de pesos del total invertido se asignaron al pago del artista Nelson Velásquez, y el resto se destinó a alimentos, bebidas alcohólicas, servicios logísticos y otros músicos.

Por su parte, el concejal Tobón señaló que “lo que venía sucediendo en ese centro penitenciario es absolutamente grave, que no se resuelve simple y llanamente sancionando a los dragoneantes tampoco se resuelve con comunicados”.

El cabildante antioqueño exigió resultados concretos y justicia por las irregularidades que ocurrieron en el penal en el que están albergados las cabecillas de grupos armados con fuerte presencia en el departamento.

La investigación también reveló que no se registró el ingreso de vehículos, elementos logísticos, ni músicos, con la complicidad de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, se reunión en Estados Unidos con el director de la Oficina Federal de Investigación (FBI), Kash Patel, como muestra de la participación de Colombia en la cooperación multilateralpara combatir el crimen organizado transnacional.

A través de su cuenta de X, el funcionario estadounidense calificó la reunión como “un gran encuentro”, y aseguró que estuvieron presentes otros socios colombianos, parte de la alianza entre ambos países para desarticular redes criminales, en especial a través de la Task Force Vulcan, una unidad especial del Departamento de Justicia de Estados Unidos creada en 2019 y enfocada en la lucha contra la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13).

Esta fuerza combina recursos del FBI, la DEA, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y fiscales federales para investigar y capturar líderes de varias organizaciones criminales en el continente.

“Nuestra colaboración sigue ayudando al @FBI a garantizar la seguridad de los estadounidenses, a desarticular las redes delictivas que operan en Colombia y aquí en nuestro país, y a adelantarnos juntos a las cambiantes amenazas que surgen en todo el mundo”, destacó Patel en el mensaje publicado en su cuenta oficial de X.

La reunión reforzaría el trabajo conjunto en materia de seguridad y justicia, y se suma a otros encuentros de la fiscal Camargo con altos funcionarios estadounidenses, como el sostenido en enero con el director de la DEA, Terrance C. Terry Cole, y el ex encargado de Negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara.

Los comentarios se salieron de control: “una fiscal de bolsillo”

Sin embargo, dicha reunión pareció no gustarles a los internautas colombianos que la emprendieron contra la fiscal y se dirigieron al funcionario norteamericano para emitir señalamientos en contra de Camargo. Incluso, le pidieron que la sancionara.

“Cuidado; es una aliada corrupta de Gustavo Petro. Está colaborando con la estrategia Paz Total, una tapadera para una alianza del crimen organizado de izquierdas”; “¡Tiene que sancionarla; está liberando a delincuentes y suspendiendo órdenes de extradición!“; ”Esperaba que Marco (Rubio) estuviera presente en esa conversación, porque por aquí la conocen como la ‘fiscal de bolsillo’ de Petro (una fiscal general comprada) por no haber investigado nunca ninguna de las conexiones de Petro con los cárteles de la droga ni cómo estos financiaron su campaña. Es una corrupta“, se leyó en la sección de comentarios.

“¡Por el amor de Dios! Es una marioneta de Petro; tienes que dar por hecho que todo lo que te ha dicho es mentira. Además, no va a cumplir ninguno de los compromisos que te ha prometido. No tiene la más mínima intención de detener a ninguno de los secuaces narcoterroristas de Petro"; “Esa mujer es ABSOLUTAMENTE... INÚTIL. Libera a delincuentes, colabora con el gobierno corrupto y narcotraficante…Es una vergüenza para Colombia y para el pueblo colombiano", también se leyó.

Anulan orden de captura contra la fiscal Luz Adriana Camargo

Desde la Corte Suprema de Guatemala se anuló el lunes 13 de abril de 2026 las órdenes de captura que, desde mayo de 2023, pesaban sobre Iván Velásquez, exjefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y sobre la fiscal Luz Adriana Camargo, luego de estimar que la sala de apelaciones actuó por fuera de sus competencias al emitir dichas órdenes.

Esta resolución constituyó el primer reconocimiento formal por parte del máximo tribunal guatemalteco sobre las irregularidades que han enfrentado los operadores judiciales involucrados en investigaciones anticorrupción, en medio de un clima marcado por denuncias de persecución liderada por la fiscal general Consuelo Porras.

El tribunal advirtió que la Sala Tercera de Apelaciones debía limitarse a decidir si la jueza de primera instancia continuaba al frente del proceso, en lugar de ordenar la detención de personas que no estaban sujetas a tales medidas. Esta irregularidad fue calificada de “ilegal” en la propia resolución judicial

La Procuraduría General de la Nación resolvió levantar la suspensión provisional impuesta a 11 funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) adscritos a la cárcel de Itagüí.

Los funcionarios habían sido apartados de sus cargos, de manera temporal, tras conocerse la realización de una fiesta vallenata en el penal, en la que participaron internos y capos de grupos criminales, vinculados al programa del Gobierno Petro conocido como la Paz Urbana, informó Caracol Radio.

Estos guardias no solo habrían permitido el desarrollo de la controversial fiesta al interior del penal, sino que habrían recibido incentivos económicos por facilitar el ingreso de artistas y, desde luego, presuntamente omitir registro obligatorios y verificaciones de seguridad durante el evento que ocurrió el 8 de abril de 2026.

Según la información preliminar conocida por el medio, con la decisión actual, la investigación disciplinaria pasa ahora a la etapa de indagación previa.

La Procuraduría también avaló las pruebas presentadas hasta el momento en el proceso, lo que permitirá continuar con la recolección y análisis de información para determinar eventuales responsabilidades de los implicados.

La medida permitiría eventualmente a los funcionarios reintegrarse a sus funciones mientras avanza la indagación, sin que esto implique el cierre de la investigación ni la exoneración de posibles faltas disciplinarias relacionadas con los hechos ocurridos en el centro penitenciario.

Los guardias recibieron esta cantidad dinero por permitir la fiesta

La investigación por la fiesta vallenata puso en evidencia un esquema de pagos irregulares a los funcionarios del Inpec para facilitar el ingreso de artistas, visitantes y objetos, sin los controles habituales de la institución penitenciaria.

Según documentos y denuncias presentados en el Concejo de Medellín, alrededor de un millón de pesos habría sido entregado individualmente a los guardias para omitir los filtros obligatorios de seguridad y permitir el desarrollo del evento ilícito, en el que participaron cabecillas criminales y 138 visitantes, entre ellos menores de edad.

La celebración incluyó música en vivo a cargo del cantante Nelson Velásquez —que habría recibido cerca de 100 millones de pesos—, así como la entrada de licor, comida y otros artistas, y generó un escándalo nacional por el nivel de permisividad y complicidad interna.

De los cerca de 500 millones de pesos invertidos en la fiesta, el resto del dinero se distribuyó entre logística, bebidas y servicios adicionales, según la denuncia formalizada por la concejal antioqueña Claudia Carrasquilla.

Por su parte, el concejal Andrés Tobón calificó como grave la situación y cuestionó que este tipo de situaciones no se resuelven solo con sanciones a los funcionarios involucrados.

“Aquí tiene que haber justicia, tiene que haber resultados y, por supuesto, tienen que responder”, expresó. Tobón también advirtió que la magnitud del episodio pone en evidencia un problema estructural en el sistema penitenciario, donde la supervisión fue insuficiente y se permitió la entrada de objetos como consolas de videojuegos, aires acondicionados y equipos electrónicos sin registros.

Las críticas, desde luego, recayeron en el Gobierno Petro, particularmente, por la imagen de validación a varios capos de Medellín recluidos en este penal que participaron del polémico “tarimazo”, y que fueron agregados al programa de la Paz Urbana.

Por eso, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo Restrepo, explicó que los miércoles existe un “régimen especial” de visitas en la cárcel, pero el número de asistentes y la presencia de músicos superó ampliamente lo permitido por el protocolo.

Desde el Inpec anunció el retiro del director del penal y la apertura de una investigación disciplinaria a siete funcionarios que estaban de servicio ese día.

La institución aclaró que la actividad no fue autorizada por el Gobierno nacional ni por la Dirección del Inpec. Mientras avanzan las investigaciones, persisten las denuncias sobre un entramado de pagos clandestinos y complicidad que mantiene bajo presión al sistema penitenciario y a las autoridades responsables de su control.

El exministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2020-2022) y exalcalde de Montería, Carlos Eduardo Correa Escaf, defendió la polémica decisión del Gobierno Petro de aplicar la eutanasia a ejemplares de hipopótamos en Colombia.

Por medio de un argumento que publicó en su cuenta de LinkedIn, el anterior alto funcionario explicó que la medida es una respuesta “necesaria” a una “herencia innecesaria”, del narcotraficante Pablo Escobar.

El exjefe de la cartera de Ambiente escribió la medida del Gobierno es menester para proteger la biodiversidad y los ecosistemas del país. Con detalle, defendió el trasfondo técnico y científico que ha motivado la decisión comunicada por la actual ministra encargada, Irene Vélez, a partir de la declaratoria de esta especie como invasora que él mismo hizo durante su gestión en 2022, en el Comité Nacional de Especies Invasoras.

Correa recordó que en esa oportunidad declaró al hipopótamo como especie exótica invasora, respaldado por datos del Instituto Humboldt, la Universidad Nacional de Colombia y Cornare, así como por el consejo de expertos africanos. “Y esto no lo digo con satisfacción, sino con la convicción”, sostuvo.

Ese año “suscribimos el convenio del plan para la prevención, control y manejo de la especie, sabía que estábamos abriendo una puerta controversial, una puerta que conducía a varios caminos pero que tarde o temprano, por el bien de la flora y fauna, costos y efectividad, nos llevaría hasta donde hoy ha llegado el país: a la eutanasia para estos 80 animales”, señaló el exministro.

El exfuncionario, contrario a desconocer la indignación de quienes se oponen a la medida y el arraigo simbólico que estos animales tienen en regiones como Puerto Triunfo, probó que los daños ambientales que la presencia del hipopótamo tienen prevalencia sobre especies nativas como el manatí y el chigüiro, y en la calidad del agua del río Magdalena.

En ese sentido dijo que “la naturaleza no entiende de sentimentalismos” y aunque él comparte la indignación de la muerte de estos animales, “el afecto que les tenemos no puede cegarnos frente al daño real que causan”, porque es una especie “que no tiene ningún tipo de control”, y asintió con las proyecciones estimadas por el Gobierno nacional: de 133 hipopótamos en 2022, hoy son 200 y para 2035, podrían ser más de 1.000.

Correa les contestó a quienes proponen la esterilización de los animales

Correa detalló que, durante su periodo, se intentaron alternativas como la esterilización quirúrgica y química de varios ejemplares, el traslado de una pareja al parque Ukumarí de Pereira y la exploración de relocalización internacional. Recordó los altos costos de estas opciones y las dificultades de adaptación de los animales.

“Con Cornare realizamos la esterilización quirúrgica de 12 hipopótamos y esterilizamos otros 38 con gonacon, trasladamos una pareja de hipopótamos jóvenes al parque Ukumarí y exploramos la relocalización internacional en países como México, Perú y Ecuador. Esta última era y sigue siendo una expectativa poco probable y no solo por los costos sino también por las características de estos animales que han vivido a sus anchas en Colombia”.

La relocalización de los ejemplares es otro argumento que emiten voces animalistas; sin embargo, tanto él como otros expertos indican que este tipo de operaciones no son fáciles de lograr, porque es poco probable que los hipopótamos “logren adaptarse a los ecosistemas y adversidades a los que se enfrentarlas en su país de origen”. Agregó que la idea supone barreras diplomáticas adicionales.

De hecho, desde el Ministerio de Ambiente de Vélez se informó que las autoridades diplomáticas mexicanas, por ejemplo, ya han mostrado negativas a recibir a estos animales.

Por lo tanto, como concluyó el exministro, “el anuncio de la eutanasia como un mecanismo de control de la especie invasora está basado en estos datos e investigación”. Incluyó que Colombia es el único país con hipopótamos en estado silvestre fuera de África, una situación que “lejos de ser un privilegio es una de las amenazantes herencias de Pablo Escobar”.

“Durante décadas no fueron gestionados por atención de diferentes colectivos y acciones judiciales. La decisión, aunque dolorosa es responsable e inevitable y debe continuarse aplicando el plan de manejo de la especie para recuperar los ecosistemas”, afirmó.

Tres vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) asignados a líderes sociales en el departamento del Norte de Santander fueron robados en hechos ocurridos en Ocaña, Sardinata y la vereda La Tarrita, en la vía hacia Pozo Azul.

Los hombres armados interceptaron los esquemas de protección, obligaron a los ocupantes a descender y se llevaron dos camionetas blindadas y una convencional, de acuerdo con la versión de los hechos obtenida por El Tiempo.

Los vehículos estaban destinados a la protección de Gabriel Ángel Quintero, Arturo Garavito y Luis Jesús Prada, líderes comunitarios que han sido objeto de amenazas.

Según conoció el medio, en el caso de Quintero, líder de restitución de tierras, el ataque ocurrió cuando un grupo de aproximadamente 16 hombres armados, vestidos con prendas de color verde y botas tipo militar, estableció un retén ilegal.

Los escoltas fueron bajados de la camioneta blindada Chevrolet Trailblazer, despojados de armas de dotación, chalecos antibalas y equipos de protección, mientras que el líder fue trasladado en un vehículo particular hacia Ocaña.

“Estos sujetos procedieron a ordenar el descenso inmediato del vehículo, solicitando información sobre nuestro destino e identidad (...) Posteriormente preguntaron si se portaban armas de fuego, a lo cual se respondió afirmativamente conforme a las funciones del esquema de protección", se lee en un informe oficial que conoció el medio.

Quintero, conocido por ser un exguerrillero del EPL (Ejército Popular de Liberación) fue obligado a subir a un vehículo particular y trasladado hasta Ocaña, separado de su esquema.

El hurto de los otros vehículos ocurrió en circunstancias similares en los otros dos puntos. De tal manera, las autoridades investigan si los responsables son integrantes de disidencias armadas que operan en el Catatumbo, que suelen apropiarse de camionetas blindadas para movilizarse por zonas de difícil acceso y alimentar redes del mercado ilegal, incluso hacia Venezuela.

Fuentes oficiales confirmaron al medio que, además de los vehículos, los atacantes habrían robado armas de dotación de los escoltas, lo que incrementa la preocupación sobre el nivel de riesgo para los protegidos y la posible utilización de estos recursos en actividades ilícitas.

Tras los hechos, la UNP inició el trámite para reemplazar los vehículos y restablecer los esquemas de protección. La situación se da en medio de una crisis financiera de la entidad, que enfrenta retrasos en el pago a empresas arrendadoras y una deuda cercana a los 400.000 millones de pesos por el alquiler de al menos 5.000 vehículos utilizados en la protección de líderes sociales y otras personas amenazadas.

Escoltas de la UNP afirman qu e los grupos armados los están involucrando en el conflicto

Escoltas de la Unidad Nacional de Protección que trabajan en Norte de Santander alertaron sobre el aumento del riesgo y la falta de garantías para ejercer su labor en regiones como el Catatumbo, donde el conflicto armado continúa impactando de forma directa a trabajadores y beneficiarios de los esquemas de protección.

Reiler Trujillo, vocero de los escoltas, advirtió en diálogo con Caracol Radio que la situación se ha vuelto cada vez más crítica no solo en el departamento, sino en todo el territorio nacional. “La situación es complicada, delicada, preocupante”, afirmó.

“Nuevamente estos grupos al margen de la ley nos están vinculando directamente a nosotros dentro del conflicto interno que vive el país, generando un riesgo más aún para todos”, señaló.

El vocero recordó que hechos como el robo de vehículos, la retención de escoltas y la pérdida de armamento no son recientes en la zona. “Eso no es de ahorita, eso ya viene presentándose hace más de seis años, estas situaciones han sido constantes en territorios con alta presencia de actores armados”, dijo.

En cuanto al acompañamiento institucional, Trujillo fue enfático en destacar las dificultades que enfrentan en el terreno. “Hay municipios que lastimosamente no cuentan con presencia de la autoridad, tampoco hay garantías de seguridad ni siquiera para la misma Fuerza Pública”, precisó.

El vocero alertó, además, sobre el aumento de las amenazas y la magnitud de las pérdidas materiales. “Hasta el 2024 llegan más de 50 camionetas hurtadas y casi 100 armas en manos de estos grupos”, concluyó.

La familia de Emily Alejandra Mendoza Calderón, una niña de 12 años, enfrenta momentos de angustia e incertidumbre, luego de que la menor desapareciera durante el mediodía del martes, 14 de abril de 2026, en el barrio Santafé de la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá.

Emily fue vista por última vez tras salir de su casa alrededor de las 12:20 m. para comprar un medicamento debido a un cuadro gripal y problemas de voz. Desde entonces, se desconoce su paradero.

“El día de hoy, la hija de mi amiga Lorena Calderón salió a hacer un mandado a la droguería del Santa Fe a las 12: 20 de la tarde y no aparece. Les pido de corazón si la han visto por algún lado, nos ayuden a localizarla. Iinformación por interno, gracias, o al 322 3609176. Ayudar a difundir. Ahí podemos ver cómo esta vestida y por dónde se ve por última vez”, escribió en Facebook Helen Astrid Rinco Quintero, amiga de la madre de la menor, ese martes.

Según sus familiares, la búsqueda ha sido adelantada principalmente por ellos mismos, que han logrado acceder grabaciones de cámaras de seguridad en la zona.

En uno de los imágenes se logró evidenciar a Emily ingresando en la droguería y recogiendo el medicamento. Otras imágenes la muestran caminando por sectores residenciales y cerca de un parque, horas después de haber salido de su vivienda.

“Vemos cuando entra a la droguería, toma el medicamento. Luego aparece en otros videos, incluso pasando junto a una mujer, pero no sabemos si iba con ella o si fue coincidencia”, relató su hermana mayor, citada por Blu Radio.

A pesar de haber realizado la denuncia ante las autoridades y de la búsqueda constante, la familia asegura que no hay avances significativos en la investigación. Los allegados se mantienen en el sector de Bosa Porvenir, cerca de la Universidad Distrital, revisando nuevas grabaciones y solicitando apoyo para obtener cualquier información que permita ubicar a la menor.

La familia de Emily reitera el llamado a la ciudadanía y a las autoridades para acelerar las labores de búsqueda y agradece cualquier dato que ayude a establecer el paradero de la niña, que permanece desaparecida desde hace tres días.

Los equipos tecnológicos que recibirán los frentes de seguridad de Bogotá

La crisis de inseguridad de Bogotá tiene preocupada a una buena parte de los residentes de la capital del país. Por eso, el alcalde Carlos Fernando Galán sancionó un proyecto que permitirá a los frentes de seguridad modernizrse con nuevas herramientas tecnológicas.

La iniciativa fue promovida por el concejal Julián Uscátegui y busca fortalecer la seguridad y la convivencia en los barrios, dotando a estos grupos comunitarios de cámaras de videovigilancia conectadas al C4 y al CAD, alarmas comunitarias, radios de comunicación, aplicaciones digitales y otros dispositivos compatibles con los protocolos de seguridad y protección de datos.

El plan contempla, además, jornadas de formación para los integrantes de los frentes de seguridad, con el objetivo de mejorar sus capacidades de prevención y respuesta. El Distrito deberá identificar y priorizar los puntos críticos de inseguridad en las localidades y fomentar la creación de nuevos frentes en las zonas más vulnerables.

“Pasamos de la preocupación a la acción: más tecnología, más organización comunitaria y más presencia institucional en los territorios. Bogotá necesita soluciones reales en seguridad”, señaló el concejal.

La Secretaría de Seguridad será la encargada de implementar el acuerdo y consolidar un registro de las instancias de participación comunitaria, para optimizar la capacitación y hacer seguimiento a las acciones. Con esta iniciativa, el Distrito de Bogotá busca reforzar el trabajo conjunto entre comunidad y autoridades, y promover el uso de la tecnología como herramienta clave para la protección ciudadana.

El acuerdo establece la entrega de cámaras de videovigilancia conectadas al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) y al Centro Automático de Despacho (CAD), alarmas comunitarias, radios de comunicación, aplicaciones digitales y otros dispositivos compatibles con los protocolos de seguridad y protección de datos.

La iniciativa fue propuesta por el concejal capitalino Julián Uscátegui, que celebró el respaldo del Distrito Capital: “Esto significa más tecnología en los barrios: cámaras conectadas al C4, sirenas, bocinas y botones de pánico. Un paso clave para prevenir el delito y mejorar la reacción de las autoridades”, dijo en sus redes sociales. Los elementos también fortalecerán el trabajo coordinado entre la comunidad y las instituciones.

“Este acuerdo da las herramientas para que los ciudadanos tengan más tranquilidad en sus barrios. La seguridad se construye con la gente. Con este acuerdo fortalecemos a las personas para que no estén solos frente al delito”, afirmó el concejal.

Habrá capacitaciones para los integrantes de los grupos comunitarios

El plan contempla jornadas de formación para los integrantes de los frentes de seguridad, con el objetivo de mejorar sus capacidades de prevención y respuesta. Mientras tanto, desde el Distrito deberán identificar y priorizar los puntos críticos de inseguridad y promover la creación de nuevos frentes en zonas vulnerables.

En la Secretaría de Seguridad asumirán la implementación del acuerdo y consolidarán un registro de las instancias de participación comunitaria, con el fin de optimizar los procesos de capacitación, focalizar apoyos institucionales y dar seguimiento a las acciones desarrolladas.

“Pasamos de la preocupación a la acción: más tecnología, más organización comunitaria y más presencia institucional en los territorios. Bogotá necesita soluciones reales en seguridad”, agregó Uscátegui.

El alcalde Galán de nuevo arremetió contra el sistema penal: “Los delincuentes deben estar en la cárcel, no en la calle”

Tras conocer que el agresor que atentó contra una persona el 13 de abril en el barrio Barrancas, Usaquén, “tenía detención domiciliaria en el momento en que comete el hecho y una orden de captura por otra cosa”, el mandatario distrital criticó de nuevo el sistema judicial vigente.

El hecho dejó seis personas heridas, incluido el propio atacante, quien fue capturado tras recibir atención médica.

“Cuando es repetitivo en todos los casos, uno se da cuenta que no es un tema de casos aislados, es un tema del sistema que no está funcionando. Criminales con detención domiciliaria: cometiendo nuevos delitos en la calle. Asesinos condenados y con antecedentes: tranquilos en la calle. Fleteros capturados tres veces: tres veces dejados en libertad. Los delincuentes deben estar en la cárcel, no en la calle", dijo.

Galán reveló que el presunto responsable de sicariato en Kennedy también tenía antecedentes judiciales y contaba con medidas de detención domiciliaria al momento de cometer los delitos.

Ese 15 de abril, un comerciante fue asesinado durante un intento de fleteo. “La persona que atacó ayer y asesinó, tratando de robarlo, por un fleteo, a un ciudadano en Kennedy, tenía anotaciones por capturas previas, por fuga de presos, por hurto agravado, por violencia intrafamiliar, por lesiones personales. Estaba libre”.

Agregó: “uno de los que secuestró a Diana Ospina tenía detención domiciliaria cuando comete el secuestro”, afirmó. Sobre el caso de la banda El Mesa, añadió: “Uno de los sicarios tenía cincuenta homicidios encima, tenía detención domiciliaria”.

La acción policial internacional concluyó con la detención de trece personas vinculadas a una red criminal transnacional que estaba siendo investigada desde 2022, por medio de rastreo de cargamentos transoceánicos con distintos destinos, incluido Colombia, informó la agencia de noticias EFE.

La investigación culminó entre febrero y abril del año en curso con un despliegue operacional que se extendió a varias provincias españolas. Así lo confirmó delegado del Gobierno de la comunidad española de Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, que en una rueda de prensa detalló que la intervención se desarrolló también en Madrid, Vizcaya, La Rioja y Málaga, informó EFE.

Lo que se encontró en el laboratorio

El informe indicó que los agentes incautaron en la nave industrial de Gerindote unas ocho toneladas de harina de maíz impregnada con cocaína y 3.500 kilogramos de precursores químicos para la extracción de la droga.

En el lugar, los efectivos hallaron también nueve kilogramos de cocaína listos para su distribución.

Tres de los detenidos, conocidos como los “cocineros” del laboratorio, procedían de Colombia y permanecían en el recinto sin salir al exterior “absolutamente para nada”, según explicó el coronel de la Guardia Civil de Castilla-La Mancha, José María Gil Armario.

Los colombianos estaban sometidos a una estricta organización bajo la que operaba toda la red criminal, con turnos continuos las 24 horas del día y los siete días de la semana. Los responsables realizaban todas las etapas del proceso: extracción, filtrado, precipitación, prensado y empaquetado.

Además de los arrestos y la droga intervenida, los cuerpos de seguridad confiscaron 170.000 euros en efectivo, cinco armas de fuego, centenares de cartuchos de munición, tres chalecos antibalas, dos pistolas eléctricas, una máquina de contar dinero, teléfonos móviles, documentación relevante y vehículos de alta gama.

Por su parte, desde la Unidad de Vigilancia Aduanera de España se adoptaron medidas cautelares sobre siete inmuebles, 17 vehículos y 11 cuentas bancarias relacionadas con la estructura criminal.

En el transcurso de la investigación, los agentes también decomisaron cantidades menores de otras sustancias, entre ellas cocaína rosa, Mdma, poppers, marihuana y noventa comprimidos para la disfunción eréctil (viagra), así como bolsas de paprika similares a las incautadas previamente en un contenedor en el puerto de Cartagena (Colombia), que contenía cerca de una tonelada de cocaína.

Cayó alias en Colombia alias Fito, uno de los narcotraficantes más buscados del mundo

La captura de Adolfo León Ospina Giraldo, conocido como alias Fito, fue confirmada por las autoridades colombianas el 16 de abril de 2026. El señalado como uno de los narcotraficantes más buscados en el planeta, contaba con una notificación roja de Interpol activa en 196 países.

Su detención se produjo en medio de una operación coordinada entre agencias nacionales e internacionales, según informó la Policía Nacional.

Alias Fito está bajo investigación por su papel central en la articulación de redes transnacionales de tráfico de cocaína. Las investigaciones lo vinculan con la coordinación de envíos de droga desde Colombia hacia Centroamérica, México y Norteamérica. Durante más de dos décadas, estableció alianzas con organizaciones criminales en Guatemala y México, consolidando rutas y métodos logísticos diversos para el tránsito de estupefacientes.

Entre 2009 y 2013, las autoridades identificaron su participación en despachos aéreos de droga, especialmente a Honduras. Los informes oficiales detallan que la organización utilizaba rutas aéreas, marítimas y terrestres, empleando aeronaves ligeras y semisumergibles para eludir controles. En las operaciones se documentaron envíos de hasta 700 kilogramos de cocaína en una sola transacción.

Durante la jornada de la mañana del 16 de abril de 2026, y en las instalaciones del tribunal —en el que rindió cuentas sobre la actualización de la Unidad de Pago por Capacitación (UPC), que es el valor anual que el Gobierno paga a las EPS por cada afiliado para cubrir el Plan Obligatorio de Salud (POS), el alto funcionario reiteró que no existe ninguna insuficiencia estos pagos.

Insistió en que el ajuste es suficiente para la financiación del sistema de salud, y cuestionó a actores del sector, incluidas las EPS, que solicitan más recursos a pesar de registrar grandes utilidades, dijo el ministro.

En primer lugar, Jaramillo cuestionó el incidente de desacato, debido a que “nunca en la historia se había traído a un ministro aquí a responder por un supuesto desacato, que yo personalmente tengo que decir que he cumplido absolutamente todas las órdenes de la Corte, nunca las hemos incumplido”.

Pero dijo que las razones detrás del mecanismo procesal, según él, no son válidas, porque “150 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) del país siguen reportando utilidades gigantes. Para 2024 estas reportaron 5,2 billones de pesos y para 2025 reportaron ganancias por 7,1 billones de pesos”.

En ese sentido, el jefe de la cartera comentó que la discusión central no debe centrarse en la insuficiencia de la UPC, sino en la gestión y destino de los recursos ya existentes por parte de las entidades sanitarias.

“Pero por supuesto, esto prestó no para una mesa técnica, porque aquí lo que vinieron algunos personajes, que son los que manejan las EPS, que son los que se lucran de las EPS, que representan el establecimiento que se ha financiado y se ha beneficiado, (...) es a crearle una trampa al Gobierno”, dijo.

El jefe de la cartera de Salud dijo que, pese a la crisis que atraviesan las EPS, incluso las intervenidas, sus dirigentes quieren pedir más dinero al Estado, “sin demostrar que verdaderamente haga falta, como lo demostramos nosotros, porque lo único que ha hecho este Gobierno es aumentar, óigase bien, aumentar el presupuesto como nunca antes. Uno no puede entender que vengan a pedir plata acá y sus clínicas”, sostuvo.

Desde la Corte Constitucional citaron al ministro para verificar el cumplimiento de las órdenes relacionadas con el cálculo de la UPC.

La Fiscalía expuso hallazgos en el manejo de fondos de la UPC

El 14 de abril de 2026 se conoció que durante una sesión técnica en la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación alertó sobre posibles irregularidades en el manejo de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación.

Según expuso el fiscal delegado ante jueces especializados del circuito, Jairo Alberto Giraldo Rojas, las investigaciones han identificado apropiación, desviación y uso irregular de estos fondos, lo cual mantiene en alerta a las autoridades. La información fue presentada el 13 de abril.

Los hallazgos de la Fiscalía involucran reclamos por pacientes inexistentes, la creación de empresas promotoras de salud (EPS) fachada y recobros de servicios no incluidos en el plan obligatorio.

Giraldo Rojas afirmó que “se ha podido identificar, durante el transcurso de estos 10 años, que las EPS no han realizado los reportes de sus usuarios o afiliados que han fallecido, lo que les ha permitido recibir también recursos de la parafiscalidad”, citado por El Espectador. El funcionario también señaló graves alteraciones en la información de los usuarios con el objetivo de obtener mayores recursos y denunció la existencia de inversiones de recursos de la salud que no guardan relación con la atención de los pacientes.

Las investigaciones han detectado que por un solo afiliado se pueden recibir, en un mismo momento o en una misma vigencia, varios recursos, lo que facilita el desvío y la apropiación indebida de fondos.

El senador Ciro Ramírez denunció públicamente las declaraciones del presidente Gustavo Petro, en las que calificó a algunos legisladores como “senadores criminales que hacen la ley” y dijo que acudirá a las autoridades debido a que dichos mensajes representarían un riesgo para su integridad y la de su familia.

Ramírez afirmó que existe un precedente peligroso relacionado con el asesinato de Miguel Uribe Turbay a mediados de 2025, que —según el senador— fue víctima de un clima de hostigamiento alimentado por mensajes similares atribuidos al jefe de Estado en el pasado.

“Con el precedente del asesinato de Miguel Uribe con trinos similares de Petro, hago públicamente la denuncia y lo haré ante las autoridades respectivas para proteger a mi familia y mi integridad”, escribió Ramírez en su cuenta en la red social X.

El mensaje de Gustavo Petro fue una respuesta de desacuerdo a la presencia de Ciro Ramírez en la plenaria del Senado de la República durante el 14 de abril de 2026, mientras enfrenta una condena tras ser señalado como coautor de delitos de corrupción y desvío de fondos estatales por la Corte Suprema de Justicia.

Otra de las críticas de la actuación de Ciro Ramírez en el Congreso de la República fue la senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, que escribió en la misma plataforma digital: “Un criminal convicto legislando. Hoy, de nuevo, con total descaro, Ciro Ramírez en la plenaria del Senado dando clases de moral. Así es buena parte del Centro Democrático: criminal y desvergonzado”.

¿A qué obedeció la presencia de Ciro Ramírez en el Senado?

Ramírez, condenado a 23 años y 8 meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia, defendió su presencia en la plenaria del Senado como parte del anuncio de un recurso de apelación en su favor, bajo el argumento de que la sentencia en su contra omitió pruebas determinantes para su defensa. El congresista del Centro Democrático enfatizó que, mientras no exista una decisión en firme, ejercerá su derecho a participar en el Legislativo.

“Hemos radicado el recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia. Somos muy optimistas y con mucha esperanza de que en segunda instancia se revoque esta sentencia condenatoria. Tengo que decir que la misma omitió más de 34 pruebas. No se dio cuenta cuando el testigo dijo que yo no había hecho la gestión de un convenio y que me beneficié sacando votos de eso", dijo el funcionario por medio de un video publicado en redes sociales.

La condena contra Ramírez, que incluye una multa de más de 22.000 millones de pesos, se relaciona con el caso conocido como Marionetas 2.0, una investigación sobre direccionamiento de contratos a través de la empresa Proyecta Quindío entre 2018 y 2022, con recursos provenientes principalmente del Departamento para la Prosperidad Social (DPS).

Según la Corte Suprema de Justicia, el senador habría liderado una organización que desvió fondos estatales mediante convenios amañados, respaldada por testimonios como el de Pablo César Herrera, exgerente de Proyecta Quindío.

Ciro Ramírez permanece en libertad mientras se resuelve la apelación y sostuvo que algunos testimonios desvirtuarían su supuesta participación en los hechos.

La presencia del senador en la plenaria fue cuestionada también por el candidato presidencial Iván Cepeda, que planteó dudas sobre la legalidad de que un condenado por corrupción asista a debates legislativos. Ramírez respondió que la Constitución le otorga la presunción de inocencia hasta que exista un fallo definitivo y acusó al aspirante del Pacto Histórico de desconocer el orden constitucional.

Por ahora, la decisión sobre el caso de Ramírez está en manos de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, que deberá confirmar o modificar el fallo en segunda instancia. Mientras tanto, la curul del senador se mantiene en disputa bajo la figura de la “silla vacía”, en tanto se resuelve la situación jurídica del congresista.

El funcionario afirmó, a través de un video, que la falsa vacunadora aprovecha la necesidad de los estudiantes de cumplir con esquemas de vacunación obligatorios para sus prácticas formativas y ofrece dosis a bajo costo.

Afirmó que su actuación constituye una estafa que acarrea graves riesgos para la salud de los estudiantes ante el desconocimiento de la procedencia de los fármacos que está suministrando. Por lo tanto, aseguró que la mujer “está plenamente identificada y se han interpuesto denuncias penales ante la Policía y ante la Fiscalía General de la Nación”.

Desde la Secretaría de Salud emitieron un llamado a las autoridades para que la mujer, cuya identidad no fue expuesta, sea judicializada, con el fin de evitar que más ciudadanos resulten afectados.

La amonestación también fue para la ciudadanía. Barrera Reyes pidió a los estudiantes que únicamente acudan a instituciones sanitarias habilitadas y reconocidas para recibir servicios de vacunación.

El funcionario también recordó que ninguna persona está autorizada para cobrar por vacunas incluidas en el esquema regular, que son gratuitas en los puntos oficiales del municipio.

“Seguiremos identificando a todas aquellas personas y sancionando a todos aquellos que quieran poner en riesgo la salud de nuestra población, porque seguimos trabajando por la salud de los soledeños”, concluyó el secretario de Salud.

Amplían la vacunación gratuita contra la influenza a menores de hasta 5 años

Voceros oficiales del Ministerio de Salud anunciaron el miércoles 15 de abril de 2026 la ampliación del esquema de vacunación contra la influenza estacional, que ahora incluye a niñas y niños desde los seis meses hasta los cinco años de edad, en todo el país.

La medida busca reducir el riesgo de complicaciones y hospitalizaciones asociadas a infecciones respiratorias en la primera infancia, en respuesta al aumento de la circulación de virus en el país.

“La influenza es una enfermedad que puede generar complicaciones graves. La vacunación anual reduce el riesgo de hospitalización y salva vidas”, dijo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

La vacunación es gratuita y está disponible en más de 3.000 puntos en todo el territorio nacional. Además de la primera infancia, la campaña prioriza a gestantes a partir de la semana 14, adultos mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas y personal de salud, así como cuidadores de menores con diagnóstico de cáncer.

Desde el ministerio recordaron que las vacunas siguen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y que la disponibilidad es universal, sin importar afiliación al sistema de salud, nacionalidad o estatus migratorio.

Las autoridades recomendaron mantener el esquema de vacunación al día, usar tapabocas ante síntomas respiratorios, el lavado frecuente de manos y consultar al médico ante signos de alarma como fiebre persistente o dificultad para respirar.

Al respecto, en Bogotá, se puso en marcha la distribución de 610.000 dosis de la vacuna contra la influenza ante el inicio del pico respiratorio de abril de 2026.

La estrategia está en marcha tras un incremento sostenido de la demanda en servicios de alta complejidad durante las últimas semanas, en respuesta tanto al contexto local como a la alerta internacional sobre la circulación de nuevos subtipos de influenza, según informaron voceros de la Secretaría Distrital de Salud-

Hasta el 28 de marzo de 2026, en la capital se registraron 359.315 consultas por infección respiratoria aguda (IRA) en todos los niveles de atención, según cifras oficiales de la entidad sanitaria.

El hecho ocurrió cerca de la 1:30 p. m. y fue registrado por cámaras de seguridad del establecimiento. En las imágenes se evidenció cómo la patrullera, que se encontraba sentada frente a otro agente —ambos vestidos de civil—, se percató de inmediato de la presencia de un sujeto de 25 años que ingresó al local con actitud sospechosa.

El hombre intentó robar una cadena de oro y un teléfono móvil a uno de los clientes. Pero cuando adelantaba su plan, la mujer se levantó con fuerza, sacó su arma de fuego y enfrentó al asaltante, mientras su compañero se posicionó en la entrada.

“A lo que me percato de que ingresa un particular al lugar directamente hacia un ciudadano que se encontraba también almorzando en ese momento. Cuando yo veo que desenfunda el arma, yo doy mi voz preventiva, a lo que él voltea, yo acciono mi arma. Debía proteger a todas las personas que se encontraban en el lugar, ya que nuestra misionalidad es salvaguardar la vida, la honra y los bienes de los todos los ciudadanos”, dijo la valiente policía.

El intercambio de disparos provocó que el presunto delincuente, identificado como Michel Alfonso Ospino Viloria, conocido como alias Maicol, sufriera heridas de gravedad. Fue trasladado a un hospital, donde falleció horas después. La acción “comprometida” de la patrullera tuvo como desenlace la recuperación de los objetos sustraídos.

Aunque hubo disparos, ningún cliente del establecimiento resultó lesionado por el enfrentamiento, aunque la situación generó alarma entre los asistentes.

La dirección de la Policía Nacional, encabezada por el general William Oswaldo Rincón Zambrano, resaltó la reacción de la patrullera a través de un mensaje oficial en sus canales oficiales: “¡El policía nunca pierde la esencia!“.

Desde la institución indicaron que pese a que la uniformada estaba en su hora de almuerzo, “nunca estuvo fuera de su deber, y reaccionó con valentía para detener un hurto y proteger la vida de los ciudadanos en Cartagena”.

“Su rápida acción no solo permitió recuperar lo robado, sino evitar que una situación de riesgo terminara en tragedia, porque ser policía no es solo un uniforme… es un compromiso permanente con la vida, la seguridad y la tranquilidad de los colombianos", concluyó el mensaje.

Policía frustró hurto a negocio en Bogotá: seis ciudadanos extranjeros fueron capturados y expulsados

Las autoridades de la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá, capturaron en flagrancia a siete personas durante un intento de hurto a una droguería en el sector del 7 de Agosto. El operativo, realizado el lunes 13 de abril de 2026, fue posible gracias al monitoreo de cámaras de seguridad y la denuncia ciudadana.

Los implicados pretendían ocultar la mercancía sustraída en una carreta de reciclaje para facilitar la huida, pero la intervención de las autoridades permitió frustrar el robo y recuperar los productos.

Tras la detención, los capturados fueron trasladados a la URI de Engativá, donde se realizó la judicialización en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Un análisis de antecedentes permitió establecer que seis de los detenidos, de nacionalidad extranjera, eran reincidentes en delitos como hurto a comercio y robo de cable.

La alcaldesa de Barrios Unidos, Melissa Morales, destacó la articulación institucional con la Fiscalía y Migración Colombia: “Gracias a la vigilancia de nuestras cámaras y la reacción de la Policía, se da captura a estos delincuentes en flagrancia. Pero no nos quedamos ahí, mediante una comunicación fluida con la Fiscalía y Migración Colombia, logramos individualizar cada caso y demostrar que eran reincidentes. Hoy, estos ciudadanos han sido expulsados del país. El mensaje es claro: en Bogotá nos tomamos la seguridad en serio y vamos hasta las últimas consecuencias para que la ciudadanía camine segura”.

En medio de una visita al territorio colombiano, cuyo itinerario ha incluido ciudades como Medellín, Cartagena y Barranquilla, el extranjero decidió visitar Bogotá para registrar distintas experiencias y conocer algunos de los puntos turísticos más populares de la capital.

Sin embargo, su llegada coincidió con la temporada de lluvias que se ha registrado en el centro del país que, de hecho, lo sorprendieron mientras estaba en la calle.

Mientras hacía un recorrido por la transitada carrera 15 con calle 98, en el norte de Bogotá, el joven decidió sacar su celular para mostrar a sus seguidores cómo se había empapado con las lluvias de la mañana del 15 de abril de 2026.

“Si te preguntas cómo es estar en Bogotá, vivir en Bogotá, creo que esto lo resume bastante bien. Solo lluvia, todo el tiempo”, dijo y describió que en la capital “se necesita tener un paraguas todo el tiempo, porque la lluvia aparece de la nada y cae con fuerza”.

En su registro audiovisual mostró el corredor vial con altos niveles de agua represadas y comentó: “Así es como están las calles ahora mismo. Es decir, miren esto. Se están formando auténticas inundaciones en las vías. Definitivamente, esta no es una ciudad para todo el mundo, eso lo aseguro- No puedes escapar”.

Usuarios locales respondieron al video, señalando que el clima en Bogotá también sorprende con “sol en la siguiente calle”, en referencia a los repentinos cambios del clima en la ciudad.

“Juré que nos íbamos a quedar sin video”: usuarios de redes sociales le pidieron al creador de contenido no exponer su celular

Los seguidores del reconocido viajero no demoraron en comentar. Desde luego se refirieron al clima de la capital, que en numerosas ocasiones ha sido objeto de comentarios irónicos, pero también cuestionaron al creador de contenido por usar su celular sin ningún temor en una calle capitalina.

Uno de los internautas aprovechó que en el video se ve una moto muy cerca de Brailsford, y escribió: “Ví esa moto y juré que nos íbamos a quedar sin video 😭😭😭“.

“Pero dime cómo andas tan tranquilo bajo la lluvia?! Y tan TRANQUILO con el teléfono en la mano 💀 (sic)“; ”No entiendo lo q dice pero alguien le puede decir q guarde el teléfono y la lluvia lo va joder con la gripa (sic)“; “Guarde ese teléfono, ola”; “No camines con el teléfono en la calle”; ”Dos segundos después: el sol más veraniego de la vida"; “No siempre es así 🥹Cuando hace sol ☀️la ciudad es espectacular“.

Algunos seguidores colombianos, incluso, le escribieron en inglés: ”Enjoy the rain cause u never know when comes the sun lol maybe in the next street (disfruta la lluvia porque nunca sabes cuándo sale el sol, tal vez en la próxima calle) (sic)“; ”Guarda el celu hermoso (sic)“; ”Put the phone away mano (guarda el celular, mano)“; ”Rule number one: carry an umbrella with u always. Second..DONT U SHOW UR PHONE CONFIDENTLY LIKE THAT (Regla número uno: lleva siempre un paraguas contigo. Segunda... NO MUESTRES TU MÓVIL CON TANTA CONFIANZA (sic)“.

Mientras tanto, Ryan Brailsford ha publicado otros videos en la capital para mostrar sitios reconocidos como el Parque de los Hippies, en Chapinero, la zona peatonal de la carrera 7, en el centro, y la calle 85, en horas de la noche. También destacó la presencia de artistas callejeros, los parques de la capital del país, las tradiciones dominicales y algunos establecimientos de entretenimiento nocturno.

Marileiny Holguín Sanabria, una mujer de 26 años, madre de dos niñas pequeñas y un bebé de ocho meses de nacido, falleció luego de recibir dos inyecciones, al parecer, una de diclofenaco sódico y otra de dipirona, en un centro de salud del corregimiento de Micoahumado, jurisdicción del municipio de Morales, Bolívar.

La paciente acudió al servicio médico por un dolor corporal y, tras la aplicación de los fármacos, presentó una reacción adversa. De acuerdo con el relato suministrado por numerosas plataformas informativas regionales, la mujer experimentó inflamación en la zona de la inyección y malestar general.

Los detalles de los síntomas de Holguín Sanabria no fueron reportados por autoridades oficiales, y los hechos están siendo esclarecidos; sin embargo, se conoce que su situación se agudizó, y se ordenó un traslado de urgencia al centro asistencial de mayor complejidad más cercano, el Hospital Regional de Aguachica, Cesar, donde ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos.

Sin embargo, luego de ser recibida por el nuevo personal médico, la mujer de 26 años sufrió un paro cardíaco y falleció.

El caso generó consternación en la región y en redes sociales. Tras la divulgación de la noticia, internautas lanzaron cientos de comentarios, y atribuyeron el caso a una posible alergia; pero también se despacharon contra prácticas médicas inciertas y la automedicación.

“El problema es que ahora toca automedicarse porque los dolores ya NO los atienden en urgencias, según ellos solo atienden personas con los signos elevados y eso que hasta mi esposo lo he llevado con presiones de 180/150 y que si no le duele el brazo o el estómago lo devuelven, que es por prioritario y las Eps las prioritarias son para 3, 4 días, quién se aguanta un dolor, si o si toca ir a la farmacia”, publicó una mujer en Facebook.

“Falta ver si ella no era alérgica a la dipirona, o la combinación desencadenó lo ocurrido”; ”Tenía alergia a esos medicamentos", “La alergia a los antinflamatorios aines como diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, pueden ser letales”, se leyó en redes.

Medios locales informaron que las autoridades están emprendiendo investigaciones para determinar las causas exactas del fallecimiento, así como para establecer si existieron fallas en el procedimiento médico o si se trató de una reacción inesperada o alérgica no reportada a los medicamentos suministrados.

Los efectos secundarios del diclofenaco y la dipirona: en altas dosis pueden generar insuficiencia cardiaca y problemas sanguíneos

El diclofenaco, conocido bajo nombres comerciales como Voltarol, Dicloflex, Diclomax, Econac y Motifene, puede causar efectos secundarios graves en casos poco frecuentes.

Según investigaciones concretas promovidas por el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, entre las consecuencias más severas se encuentran el sangrado en el estómago o intestino —manifestado por heces negras—, úlceras, inflamación estomacal, vómitos persistentes o diarrea intensa.

Pero el medicamento también puede provocar problemas hepáticos, detectados por el color amarillento en ojos o piel, así como reacciones alérgicas graves, urticaria o hinchazón de la piel. Otros riesgos incluyen insuficiencia cardíaca, que se presenta con dificultad para respirar, fatiga y edema en piernas o tobillos, especialmente, en caso de suministro intravenoso.

En cuanto al fármaco conocido como dipirona, de acuerdo con una publicación científica de la Revista Colombiana de Ciencias Químico - Farmacéuticas, sus efectos adversos de mayor gravedad incluyen “hipersensibilidad, anafilaxia, pénfigo e hipotensión arterial relacionada con la administración intravenosa rápida del medicamento”.

Este fármaco, puede generar discrasias sanguíneas, o alteraciones de los componentes de la sangre, especialmente, en población latinoamericana, pero en riesgos “muy bajos”, posiblemente, “por factores farmacogenéticos aún no identificados”, se lee en el estudio.

“Los principales factores de riesgo incluyen la duración del tratamiento, la dosis empleada y el uso concomitante de otros medicamentos que generen mielotoxicidad”.

Durante la jornada del miércoles 15 de abril de 2026 se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos contra el exalcalde de Tunja Mikhail Krasnov y María Luisa Pedraza Canaria, por su presunta participación en el direccionamiento de contratos en la Empresa de Construcción de Vivienda (Ecovivienda) durante los años 2024 y 2025.

Tras la diligencia, voceros oficiales de la Fiscalía General de la Nación confirmaron que fiscales de la Seccional Boyacá imputaron tanto al exalcalde como a Pedraza por los delitos de asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, interés indebido en la celebración de contratos, usurpación de funciones públicas y abuso de función pública.

De acuerdo con la investigación, el mandatario habría delegado a Pedraza Canaria funciones públicas relacionadas con la coordinación de procesos contractuales y la vinculación de personal, a pesar de que no tenía un vínculo laboral con la administración municipal.

Según la información que suministró la Fiscalía, Pedraza Canaria suscribió contratos sin procesos de selección, eligió contratistas que no cumplían los requisitos legales y organizó reuniones para agilizar desembolsos de dinero a proyectos que no presentaban los avances de obra pactados.

Desde el ente acusador también señalaron que la particular participó en la entrega de mejoramientos de vivienda e impartió instrucciones para la contratación de personal en Ecovivienda.

Tras la diligencia judicial, tanto Mikhail Krasnov como María Luisa Pedraza Canariasa no aceptaron los cargos. En la Fiscalía continuarán con el proceso judicial.

Un día antes de la audiencia de la imputación de cargos, el martes 14 de abril de 2026, la Fiscalía acusó formalmentea Krasnov, por presuntas irregularidades en la celebración de contratos de prestación de servicios.

También fueron vinculados la directora de Contratación, Luz Mila Acevedo Galán; la exgestora social, Sara Catalina Pedraza Canaria; y el exfuncionario Miguel Ángel Ruiz Suárez.

Los funcionarios habrían facilitado la contratación del abogado Juan Sebastián Ramírez García, que ya fue judicializado, con el propósito de que retirara una demanda de nulidad interpuesta contra la elección del alcalde en noviembre de 2023. Según la información oficial del ente de control, la vinculación del abogado no respondía a necesidades del servicio, sino a intereses particulares ligados a la defensa del mandatario.

Durante la audiencia de acusación, el juez rechazó la solicitud de nulidad presentada por la defensa del exalcalde y reconoció como víctimas a la Alcaldía de Tunja y a la Empresa de Construcción de Vivienda (Ecovivienda). Además, la Sección Primera del Consejo de Estado impuso al alcalde Krasnov una multa de 17 millones de pesos por presuntas maniobras dilatorias en el proceso de nulidad electoral.

Consejo de Estado anuló la elección de Mikhail Krasnov como alcalde de Tunja

El 5 de marzo de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó la nulidad de la elección de Mikhail Krasnov como alcalde de Tunja para el periodo 2024-2027, luego de concluir que incurrió en una inhabilidad por la celebración de un contrato con una entidad pública en el año previo a las elecciones territoriales de 2023.

El proceso judicial se centró en la suscripción del contrato de prestación de servicios profesionales número 2302 entre Krasnov y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc), firmado el 6 de diciembre de 2022.

El acuerdo tenía como objeto la capacitación en revisión de documentos y redacción de artículos científicos a estudiantes de la facultad de Ciencias Económicas y Administrativas en Tunja.

Desde el Consejo de Estado descartaron la doble nacionalidad como causal de inhabilidad, tras analizar que la normativa vigente no impide a ciudadanos con varias nacionalidades acceder al cargo de alcalde. La decisión se basó exclusivamente en la inhabilidad por la contratación pública, señalada en el artículo 95 de la Ley 136 de 1994.

El hallazgo ocurrió en medio de acciones contra el Grupo Armado Organizado residual (GAOr) subfrente 18 de las disidencias de las Farc, específicamente contra la comisión de alias Davier, señalado como segundo cabecilla y considerado objetivo de alto valor por las Fuerzas Militares por su actuar delictivo en la región.

El operativo fue realizado por tropas del Batallón de Infantería Liviana número 10 Coronel Atanasio Girardot de la Cuarta Brigada, en coordinación con miembros de la Fiscalía, y resultó en la incautación de un fusil, una carabina, un mortero, dos granadas de 60 milímetros, ocho cartuchos de escopeta, pólvora, 165 cartuchos de munición calibre 5.56, 16 cartuchos de carabina, un radio de comunicaciones y diversos explosivos.

El material estaba oculto entre arbustos y maleza en una zona de difícil acceso, según el reporte oficial de las autoridades.

“Davier” es identificado por las autoridades como actual cabecilla del GAOr 18 y figura relevante en la estructura tras la muerte de alias Ramiro, anterior líder del frente, que falleció en un operativo militar en marzo. De hecho, también es señalado por su presunta participación en una disputa interna y por el asesinato de alias Arley, el tercer cabecilla, bajo sospecha de deserción por querer trasladarse al frente 36 de las disidencias.

Las Fuerzas Militares siguen desplegando estrategias en contra de las disidencias en la subregión Norte de Antioquia, motivados por la contundente presencia de grupos armados ilegales en varios de sus municipios que se ha traducido en incrementos de asesinatos de líderes sociales y civiles.

De hecho, el municipio de Ituango es considerado uno de los principales enclaves de varios grupos armados como el Clan del Golfo, las disidencias y el ELN. Por esta razón, desde el Ejército Nacional indicaron que el hallazgo del arsenal “permite neutralizar posibles acciones terroristas contra la fuerza pública y la población civil”.

Incremento de homicidios y economías ilícitas en el norte de Antioquia preocupa a las autoridades,

La presencia de grupos armados de distintos puntos de proveniencia en busca del control territorial en el norte —incluso en el oriente— del departamento ha significado un deterioro del orden público.

Reportes de autoridades regionales y nacionales, así como organizaciones de derechos humanos, indican que en estas regiones se está registrando un incremento exponencial de homicidios tanto a líderes comunitarios y sociales, como a civiles, para lograr una expansión de economías ilegales asociadas a la minería y los cultivos de coca.

Por medio del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), adscrito a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se conoció que los homicidios en la subregión norte aumentaron de 46 casos en el mismo periodo de 2025 a 70 en lo corrido de 2026.

En detalle, este incremento coincide con una presencia fortalecida, además del Clan del Golfo, de los subfrentes 18 y 36 de las disidencias de las Farc y el frente Héroes de Tarazá del ELN, que disputan el control territorial en municipios como Ituango, Toledo, San Andrés de Cuerquia, Briceño y Yarumal.

El crecimiento en la concentración y el rendimiento de los cultivos de coca en el corredor entre Valdivia, Tarazá y Cáceres. Valdivia y Tarazá agrupan el 45% del total departamental de cultivos de coca, mientras que el área sembrada y el tamaño de los lotes muestran una tendencia al alza, según el informe, debido a los beneficios económicos favorables que traen las actividades ilícitas.

En paralelo, desde el Ejército Nacional reportaron la desactivación de ocho artefactos explosivos en zonas rurales del Norte y el Nordeste de Antioquia a principios de abril, en respuesta al aumento de incidentes violentos y amenazas a la población.

El 10 de abril de 2026 docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia detectaron que al menos 40 aspirantes incurrieron en un intento de fraude tecnológico durante la realización del examen de admisión a las especializaciones médico-quirúrgicas.

Voceros oficiales de la institución académica confirmaron que los involucrados fueron sorprendidos con dispositivos electrónicos, entre ellos gafas inteligentes y auriculares diminutos, con los que buscaban acceder a información externa mientras respondían la prueba.

Afirmaron que las irregularidades fueron “evidentes”, de manera que los monitores de los exámenes detectaron “el uso de dispositivos tecnológicos y mecanismos no autorizados, tales como auriculares, intercomunicadores, teléfonos celulares, gafas inteligentes, entre otros”.

“También se identificó el «modus operandi» de algunas de estas estructuras: lo hicieron a través de un código de vestuario, con comandos de uso de brasier, camisetas o chaquetas —por mencionar algunos—“, se leyó en el comunicado oficial.

Mientras la investigación sigue su curso, el decano de la Facultad de Medicina, Pablo Patiño Grajales, se pronunció y explicó en entrevista con El Colombiano, en medio de varios detalles, que los aspirantes pagaron entre 50 y 160 millones de pesos para acceder a estos equipos y a un esquema de soporte externo.

Los dispositivos incautados por el personal encargado de la vigilancia permitían tomar fotografías de las preguntas y comunicarse en tiempo real con personas fuera del recinto.

Los docentes encargados de vigilar el desarrollo de los exámenes, especialmente en esta universidad, recibieron capacitaciones más exhaustivas para percibir cualquier irregularidad con más facilidad. En 2025 también hubo intentos de fraude a través de la filtración parcial de imágenes de exámenes, y las autoridades de la institución académica emprendieron indagaciones.

Así ocurrieron los hechos

Para el examen del 10 de abril, cerca de 3700 médicos colombianos y extranjeros acudieron a las ocho sedes de la universidad para presentar su examen. Según la versión oficial conocida por el medio antioqueño, la detección comenzó cuando uno de los docentes se percató de comportamientos inusuales en una de las sedes.

“Empezaron a notar que algunos de los presentes usaban mucha ropa que cubriera su cuerpo o lucían nerviosos. Es decir, movían mucho los pies, parecían intranquilos, se tocaban mucho, miraban para los lados. Otro aspecto que los delató fue que el tiempo de la prueba está diseñado para que, si usted sabe las respuestas, conteste una pregunta cada dos minutos, en promedio. Entonces, cuando los monitores veían que alguien llevaba un tiempo prudencial sin contestar nada, es porque algo pasaba”, relató el jefe de la Facultad de Medicina.

La primera intervención se realizó cuando una estudiante fue sorprendida con un auricular Bluetooth conectado a un dispositivo oculto y, según parece, intentaba susurrar.

El decano contó que los ahora investigados “empezaban a hablar porque el dispositivo les permitía comunicarse con el exterior y, al no recibir respuestas, se ponían más nerviosos todavía, porque no estaban recibiendo los datos que supuestamente les prometieron mientras el tiempo avanzaba. Todo eso los delató porque al final son médicos, no son criminales y no están preparados muchas veces para este tipo de situaciones”.

Tras el aviso a las demás sedes, los monitores comenzaron a reportar más casos que derivaron en el hallazgo de 40 aspirantes implicados. El decano confirmó que, tras ser confrontados, la mayoría de los estudiantes entregó los equipos y abandonó voluntariamente la prueba.

La magnitud del caso superó la de años previos, cuando solo se habían detectado intentos aislados. “Esto generó un gran shock, porque no esperábamos esta magnitud de intentos de fraude”, dijo el jefe docente.

Tras el episodio, Patiño aseguró que las autoridades universitarias tomaron cartas en el asunto para reforzar las ya exigentes medidas de seguridad. Para la versión del examen de 2026, se diseñaron versiones diferentes de la prueba, para obstaculizar el intercambio de respuestas entre los aspirantes. Tal situación habría sido clave para que ninguno de los 40 implicados lograra concretar el fraude, ya que no obtuvieron las respuestas esperadas desde el exterior.

En la Universidad de Antioquia mantienen abierta la investigación para determinar si existen más personas involucradas y el alcance de la red que facilitó los dispositivos.

La presencia y coacción de los grupos armados ilegales en zonas rurales del departamento de Antioquia está pasando factura en el liderazgo campesino y comunitario de varios municipios. En veredas del Nordeste y Norte del departamento, ciudadanos líderes de Juntas de Acción Comunal (JAC) advierten que aceptar la presidencia de estas organizaciones equivale a “ponerse una lápida”.

La amenaza es tan grave que muchos presidentes buscan entregar sus cargos y nadie quiere asumir la dirección en las próximas elecciones del 26 de abril, informaron algunos de estos líderes a Caracol Radio.

“Si te encuentras en una zona donde hacen presencia las autodefensas, pasas a ser tildado de ‘líder paraco’; y si estás en una zona con presencia guerrillera, te señalan de pertenecer a ellos. Aquí se camina a diario sobre la cuerda floja. Si dices algo con lo que uno u otro actor no está de acuerdo, puedes terminar amenazado, desplazado o asesinado”, relató un líder comunitario bajo reserva de identidad, en diálogo con el medio.

Los hechos recientes tienen atemorizados a estos ciudadanos. El 31 de marzo de 2026, se conoció sobre el asesinato de Alexander de Jesús Chavarría Montoya, reconocido líder social que se desempeñaba como presidente de la JAC del corregimiento La Granja desde 2022. Además era fiscal de Asocomunal, en el municipio de Ituango. Fue asesinado a tiros y su cuerpo fue hallado en un basurero de La Granja.

Otro líder publicó el 6 de abril en redes sociales que existen “AMENAZAS Y PRESIONES POLITICAS A CIUDADANOS QUE ASPIRAN A JAC, hemos sido violados en autonomía por grupos políticos de poder y los recursos no llegan; bajo impacto de mecanismos de protección (sic)”, escribió.

Incluso, los asesinatos a otros ciudadanos que no son identificados como líderes sociales tienen consternados a estos dirigentes comunales en varios municipios del departamento.

El 11 de abril se conoció un ataque sicarial en la vereda El Socorro, del municipio de Marinilla, contra tres personas. Allí murió un hombre y otros dos resultaron heridos, al parecer, a manos de grupos ilegales, según informaron voceros de La Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades).

El lunes 13 de abril de 2026, a las 4:00 p. m., el joven David Giraldo, de 24 años, “fue asesinado con arma de fuego dentro de una tienda del sector #TresEsquinas. Un hombre ingresó al establecimiento, disparó contra la víctima y huyó sin mediar palabras”. Fue el tercer asesinato en menos de 24 horas luego de que en otra vereda “dos hombres fueron baleados dentro de un vehículo”, informaron desde Corpades.

En las horas de la mañana del martes 14 de abril, se reportó el asesinato de otro joven en la vereda La Playa, zona rural de Rionegro.

Líderes sociales indican que deben repetir funciones ante falta de candidatos

Los denunciantes indican que, por ejemplo, la interferencia directa de grupos como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias ha erosionado la autonomía de las JAC. Los líderes denuncian que reciben órdenes contradictorias y que desobedecer a cualquiera de estos actores puede traducirse en amenazas, desplazamientos o asesinatos.

“Así, muchos terminamos convertidos en una estadística más para los gobiernos de turno. Mientras tanto, Colombia y Antioquia se están quedando sin líderes dispuestos a asumir los cargos directivos de sus Juntas de Acción Comunal”, expresó otro dirigente anónimo al medio radial.

El riesgo de no contar con liderazgo comunitario es alto. En algunas veredas, los presidentes actuales deberán repetir funciones por falta de candidatos y en otras, la ausencia de directivos podría llevar a la pérdida de personería jurídica y afectar la ejecución de proyectos e inversiones.

A la presión de los grupos armados se suma la falta de respaldo institucional. “En nuestro país, el liderazgo comunitario se ejerce con las uñas. Muchos líderes trabajan sin viáticos, sin capacitación, sin formación suficiente para hacer gestión, y además son señalados por los alcaldes de turno simplemente por no haber apoyado su llegada al poder”, apuntó un líder.

La estigmatización también incrementa el riesgo. “Uno de los errores más grandes que han ayudado a marcar algunos medios es hacer creer que ser líder social es pertenecer a la izquierda. Y no, no siempre es así. Un líder social es, simplemente, una persona del común que lucha por conseguir beneficios para su comunidad, por gestionar soluciones y por levantar la voz cuando otros callan”, explicó otro ciudadano.

En el Congreso de la República se comenzará a debatir un proyecto de ley que busca poner fin a la “falta de reglas claras” en las investigaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), con el fin de garantizar la protección de los derechos fundamentales de ciudadanos y empresas.

La iniciativa fue presentada por la representante a la Cámara Carolina Arbeláez, del Partido Cambio Radical, y el representante Juan Espinal, del Centro Democrático, y propone que la SIC no pueda continuar con procesos de investigación “indefinidamente y bajo un instructivo interno”, según expresaron los autores del proyecto.

La propuesta establece un límite máximo de 12 meses para la etapa de averiguación preliminar en las investigaciones de la entidad, con el objetivo de evitar procesos sin plazos definidos y reducir la incertidumbre jurídica.

“No es aceptable que una entidad del Estado investigue durante años sin reglas claras, sin plazos y sin garantizar plenamente el derecho a la defensa, este proyecto busca ponerle límites a esos excesos y proteger a los ciudadanos de posibles arbitrariedades”, afirmó Espinal.

El proyecto también introduciría restricciones a las prácticas de inspección que, según los legisladores, han resultado en procedimientos invasivos sin control judicial. Entre las nuevas reglas, se prohíbiría el acceso a comunicaciones entre abogado y cliente o dispositivos personales sin orden judicial y se exigiría que todas las inspecciones estén debidamente motivadas y sean realizadas exclusivamente por funcionarios públicos.

Arbeláez, por su parte, sostuvo que “hoy la SIC se investiga con sus propias reglas, lo cual genera dudas sobre su constitucionalidad, el Congreso debe cumplir su función y establecer un marco legal claro que garantice el debido proceso y evite abusos contra empresas y ciudadanos”.

La iniciativa fortalecería las garantías procesales desde el inicio, de manera que los investigados conozcan el proceso, sean escuchados y cuenten con defensa técnica desde etapas tempranas, se leyó en la información suministrada por los servidores legislativos.

El texto legal radicado en el Congreso incorpora herramientas para proteger a los denunciantes, en garantía de la confidencialidad de su identidad y en favor de sanciones proporcionales para quienes obstaculicen las investigaciones, con el fin de evitar multas desproporcionadas.

La iniciativa tuvo en cuenta recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), que desde 2009 había alertado sobre los riesgos de las visitas de inspección sin control judicial en Colombia. El proyecto deberá avanzar antes del 20 de junio de 2026 para continuar su trámite en la próxima legislatura y completar los debates requeridos por la ley.

SIC investiga aumento de precios en telefonía móvil tras advertencia del presidente Petro

Por su parte, desde la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se abrió una investigación preliminar sobre el aumento en los precios de la telefonía móvil, luego de que el Dane reportara una inflación del 2,96% en el sector de telecomunicaciones entre febrero y marzo de 2026.

El incremento formó parte de la inflación mensual de marzo, que alcanzó un 0,78%, una cifra superior a la del mes anterior.

La decisión de la entidad de control se produce tras los señalamientos del presidente Gustavo Petro, que, a través de su cuenta en X, calificó el alza como “irregular y lesivo a los consumidores” y vinculó el fenómeno con la reciente integración entre Tigo y Movistar.

Petro solicitó explicaciones a los operadores y llamó a las autoridades a ejercer acciones de control, descartando que el aumento de la inflación esté relacionado con el ajuste del salario mínimo o con un mayor consumo de los hogares.

La SIC solicitó formalmente información a las principales empresas del sector, incluyendo Claro, Tigo y Movistar, para identificar qué servicios subieron de precio, cuáles compañías están involucradas y las causas detrás del incremento.

En un comunicado, voceros de la Superintendencia aclararon que “no se puede concluir que el aumento esté asociado a la fusión Tigo-Movistar”, y advirtieron sobre la existencia de múltiples factores que pueden incidir en la variación de precios, entre ellos “ajustes tras periodos de comportamiento deflacionario, incrementos en costos, necesidades de inversión —especialmente por el despliegue de tecnologías como 5G—, cambios regulatorios y otros eventos recientes del primer trimestre del año”.

Cerca de una semana después, en las redes siguen viralizandose videos, especialmente de campesinos, que alegan que los incrementos de la actualización del sistema del impuesto predial unificado, que por medio de la Resolución 2057 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac),—del 30 de diciembre de 2025— ajustó los avalúos en 527 municipios del país.

Los afectados han culpado al Gobierno Petro, a las autoridades locales, a gobiernos anteriores, mientras que, tanto gobernadores como alcaldes, insisten en buscar salidas para dar solución al grave inconveniente con los protestantes.

Uno de los campesinos afectados, propietario de una parcela, publicó un video en redes que se divulgó rápidamente, en el que le hizo un reclamo directamente al primer dignatario de la Nación:

"Señor Presidente, le vendo mi finca; valía $70 millones, pero sumercé me la colocó en $930 millones”, afirmó el ciudadano mientras explicó que, tras el nuevo avalúo, el precio fiscal de la propiedad superó de manera abrupta su valor real. Entonces le hizo una propuesta irónica al primer dignatario: “Se la dejo en $500 millones, para que le quede ganancia de 430 millones”.

Según la denuncia, el aumento del avalúo de la finca fue de más de 13 veces su valor anterior.

La disputa sobre las actualizaciones catastrales: o el Gobierno, o las autoridades departamentales y municipales

Mientras un buen número de propietarios apuntan al presidente Petro, el jefe de Estado apunta a las autoridades municipales sobre el inconveniente de los avalúos catastrales.

“El avalúo se moderniza y a los alcaldes se les olvida que son ellos mismos que tienen la facultad de presentar un acuerdo para exonerar, no a los amigos mega ricos y uribistas, sino al pueblo trabajador. ¿Por qué ponen a los campesinos a hacer una barricada en contra del gobierno?“, dijo Petro en el Consejo de Ministros del lunes 13 de abril de 2026.

Al respecto, el investigador Juan Carlos Muñoz Mora, del Centro Valor Público de la Universidad Eafit, señaló a través de una columna publicada por La Silla Vacía, que el catastro actualizado no es el causante principal del alza en las facturas prediales.

Según Muñoz Mora, el diagnóstico de fondo no está siendo abordado por las protestas: “El catastro no es el culpable”, dijo.

El origen del problema, según el experto, se remonta a la Ley 44 de 1990, que estableció el sistema unificado del impuesto predial en Colombia. Este marco legal fijó tanto techos y pisos para las tarifas como una obligación de progresividad: “La tarifa efectiva debe aumentar a medida que sube el avalúo del predio”, explicó.

Sin embargo, los acuerdos municipales que definen los tramos de valor y las tarifas siguen anclados en valores desactualizados desde los años noventa, situación que “distorsiona la progresividad fiscal”.

El investigador detalló que, al actualizar los avalúos, “todos los predios, sin importar si son viviendas de interés social o edificios comerciales, quedan automáticamente clasificados en el tramo más alto”.

Así, una norma diseñada para que los propietarios con mayor capacidad pagaran más terminó aplicando una tarifa plana: “La diferencia entre lo que paga el predio más modesto y el más valioso del departamento es estadísticamente insignificante”, aseguró.

El estudio considerado por el académico, realizado en colaboración con la Gobernación de Antioquia y el Catastro de Antioquia, abarcó más de 929.000 predios y reveló que “la tasa efectiva mediana en el primer decil de la distribución de avalúos es de 9,5 por mil. En el décimo decil es de 10,0 por mil”.

El choque en las facturas prediales se produce cuando la tarifa plana se aplica sobre avalúos casi duplicados, situación que afecta tanto a pequeños propietarios como a grandes tenedores de tierra. “Cuando esa tarifa plana se aplica al doble del avalúo, la factura se dispara”, puntualiza Muñoz Mora.

El investigador insiste en que existe margen legal para que los concejos municipales rediseñen la estructura tarifaria y corrijan la carga sobre los contribuyentes. “La Ley 44 de 1990 delega en los concejos municipales la potestad de fijar tarifas dentro de los rangos legales”, recuerdó.

Los municipios pueden redefinir tramos de valor y tarifas según el uso del predio, ajustando la distribución tributaria sin necesidad de revertir la actualización catastral.

A partir del miércoles, 15 de abril de 2026, los pacientes en Colombia podrán acceder a un sistema que permitirá que su historia clínica esté disponible para cualquier prestador de servicios de salud del país, que permitirá agilizar la atención y reducir la fragmentación de la información médica.

Desde el Ministerio de Salud anunciaron que los antecedentes y datos relevantes de cada usuario podrán ser consultados en un sistema de “interoperabilidad” por profesionales autorizados, incluso si han sido atendidos previamente en otra institución conectada al sistema nacional.

Hasta el momento, la dispersión de la información obligaba a los pacientes a repetir exámenes y relatar sus antecedentes en cada consulta. En ese sentido, sus voceros oficiales afirmaron que “la interoperabilidad de la historia clínica elimina uno de los principales cuellos de botella del sistema: la información fragmentada”.

Con la nueva medida, los diagnósticos serán más completos y los tratamientos tendrán mayor continuidad, sin importar el lugar de atención.

Entre los principales beneficios que destacaron las autoridades sanitarias están la reducción en la repetición de exámenes, disminución del tiempo de atención, diagnósticos más oportunos y una experiencia más fluida para los pacientes.

Por lo tanto, a partir de la fecha, la historia clínica dejará de estar “limitada a un solo lugar y pasa a acompañar al paciente donde se encuentre. (...) Para los pacientes, implica menos trámites y menos incertidumbre; para los médicos, la posibilidad de tomar decisiones con información más completa. Especialmente, en casos donde la atención depende de múltiples servicios o especialistas”, indicaron los portavoces de la institución.

La implementación del modelo de interoperabilidad comenzó en octubre de 2025, con la adaptación de los sistemas de las instituciones de salud y jornadas de capacitación para el talento humano en distintas regiones y a través de formación virtual.

Así funciona el nuevo sistema de interoperabilidad

Según la Resolución 00001888 de septiembre de 2025, el sistema de interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica (Ihce) en Colombia cuenta con una estructura que parte de la generación de Resúmenes Digitales de Atención (RDA) en cada consulta, urgencia u hospitalización.

Estos documentos electrónicos, obligatorios y estandarizados, son elaborados por los prestadores de servicios de salud —hospitales, clínicas e IPS— a través de sus propios sistemas de historia clínica electrónica.

La transmisión de estos resúmenes al Ministerio de Salud se realiza mediante canales cifrados y autenticados, bajo protocolos internacionalmente reconocidos, como TLS/Https y el uso de API Keys. Todas las transferencias quedan sujetas a controles de acceso estrictos y mecanismos de seguridad que cumplen con las recomendaciones de entidades como la Organización Internacional de Normalización (ISO) y el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (Nist).

Según documentación oficial, una vez que los RDA llegan a la plataforma nacional de interoperabilidad, el ministerio valida que cumplan los estándares técnicos y asigna a cada uno un identificador único denominado Vida.

El almacenamiento centralizado de los RDA en un repositorio nacional asegura que la información clínica se conserve de manera segura y permanezca disponible para su consulta y el acceso se realiza desde los sistemas institucionales de historia clínica electrónica, que están conectados a la plataforma nacional. Todas las acciones quedan auditadas, y el acceso está restringido según roles y permisos predefinidos.

Entre los componentes técnicos principales destaca el repositorio nacional de RDA, el servidor HL7 FHIR —que permite la uniformidad y compatibilidad internacional de los datos— y los módulos de autenticación y seguridad. El sistema se apoya también en un API Gateway, un gestor de identificación de pacientes (MPI) para unificar la identificación a nivel nacional, y herramientas de consulta y auditoría que documentan cada acceso.

La implementación del sistema de Ihce se desarrolla en varias fases. Primero, cada prestador genera y envía los RDA tras cada evento clínico. Luego, en el ministerio validan y almacenan la información en el repositorio nacional.

Un ejemplo de uso ilustra el funcionamiento: un paciente atendido en urgencias en el hospital A tiene su RDA transmitido al ministerio. Al volver a requerir atención en la IPS B, el médico autorizado puede acceder al historial y consultar el RDA previo. Todo el proceso queda documentado y restringido a personal con permisos, bajo auditoría permanente.

La capital pasó de un 5,4% a 2,2% en este indicador, que se traduce en 252.000 capitalinos que superaron condiciones de pobreza multidimensional en un solo año, de acuerdo con la explicación que ofreció al respecto, el alcalde de Carlos Fernando Galán.

El mandatario destacó que Bogotá no solo alcanzó la tasa más baja entre todos los departamentos y regiones de Colombia, sino que también lideró las mayores mejoras en empleo, equidad de género y condiciones de vida. “Mientras que a nivel nacional la pobreza multidimensional cayó un 14%, en Bogotá la reducción fue mucho mayor”, puntualizó el jefe del Distrito Capital.

Desde la Secretaría de Salud atribuyeron estos resultados a políticas integrales en salud y educación. Explicaron que en el Distrito, en coordinación con Capital Salud e Integración Social, priorizaron la entrega oportuna de medicamentos y la reducción de tiempos para acceder a citas con especialistas y exámenes diagnósticos.

“Bogotá mejora sustancialmente y trabajamos de forma intersectorial en la Atención Primaria Social en cabeza del alcalde @CarlosFGalan. Salud, con sus dos dimensiones (aseguramiento y barreras), es la dimensión que más aportó al mejoramiento del indicador. Seguimos trabajando para saber antes, llegar a tiempo y resolver mejor. Por eso le apostamos desde todo el sector, vinculando lo público y privado, a llevar resolutividad a nuestra gente”, dijo el secretario de Salud, Gerson Bermont, en sus redes sociales.

Además, confirmaron la ampliación del sistema de servicios resolutivos SER, con el objetivo de garantizar un acceso más oportuno a la salud pública.

En materia educativa, también asociaron los resultados a la disminución del rezago escolar, como una de las claves en el avance del IPM. Las estrategias para proteger el tiempo escolar de los niños y asegurar el acceso a la educación según la edad contribuyeron a la mejora de los indicadores.

El informe también señaló que el empleo es la principal dimensión que incide en la pobreza multidimensional en la ciudad, con un 32,8%. Por su parte, la brecha entre hogares con jefatura femenina y masculina se redujo, pasando de 4,1 puntos porcentuales en 2024 a 1,8 en 2025.

793.000 colombianos salieron de la pobreza multidimensional en 2025, pero persisten brechas

Los datos del Dane también ofrecieron una perspectiva más amplia del fenómeno en todo el país. En 2025, cerca de 793.000 personas dejaron de estar en condición de pobreza multidimensional en Colombia, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

El índice nacional bajó de 11,5% en 2024 a 9,9% en 2025, una reducción de 1,6 puntos porcentuales. El informe mostró avances en todos los dominios analizados, aunque persisten diferencias marcadas entre zonas urbanas y rurales, así como por características de los hogares.

La reducción fue generalizada en el país. En las cabeceras municipales, el indicador pasó de 7,8% a 6,3%. En los centros poblados y áreas rurales dispersas, la incidencia descendió de 24,3% a 22,4%. No obstante, la pobreza multidimensional en zonas rurales sigue siendo 3,6 veces mayor que en las áreas urbanas.

Por regiones, Bogotá presentó la mayor reducción, que pasó de 5,4% en 2024 a 2,2% en 2025. En la región Pacífica y en Amazonía-Orinoquía, la disminución fue de 2,1 puntos porcentuales, mientras que en la región Oriental bajó 1,4 puntos porcentuales. Bogotá también mantiene la incidencia más baja a nivel nacional.

El análisis por indicadores destacó avances en educación: el rezago escolar cayó 2,3 puntos porcentuales y se ubicó en 19,7%, y el bajo logro educativo descendió 1,5 puntos.

En contraste, se registraron leves incrementos en trabajo infantil (de 1,1% a 1,2%), inadecuada eliminación de excretas y uso de materiales inadecuados en paredes, aunque estos cambios no fueron estadísticamente significativos.

En las zonas rurales, bajó el porcentaje de hogares sin acceso a agua mejorada, de 33,7% a 30,7%. Sin embargo, aumentaron las barreras de acceso a servicios de salud, que pasaron de 2,8% a 3,4%.

El enfoque diferencial del informe señala que los hogares con jefatura femenina presentan una incidencia de pobreza multidimensional del 10,9%, frente a 9,0% en los encabezados por hombres. Las brechas se acentúan en regiones como la Caribe, donde la incidencia en hogares liderados por mujeres es de 19,5%.

Entre la población indígena, la pobreza multidimensional llega al 37,9%, mientras que en población afrodescendiente es del 17,4%.

En departamentos, Vichada reportó la mayor incidencia con 55,2%, aunque también la mayor reducción (15 puntos porcentuales). El promedio de privaciones entre personas pobres multidimensionales se mantuvo estable, con 40,4 % de los indicadores afectados.

Un conflicto vecinal por el ruido en el sector de Nueva Galicia, Santa Marta, derivó en un violento episodio que dejó a Dave Rivard, un ciudadano canadiense residente de la ciudad samaria, con fractura de tabique y múltiples hematomas.

El extranjero denunció la falta de respuesta de las autoridades tras una serie de peticiones y advertencias sobre la situación que vienen desde 2025

Rivard, residente de varios años en la zona, encabezó junto a 16 vecinos una campaña legal que desde marzo de 2025 que busca limitar el ruido extremo y el funcionamiento de talleres de motos y discobares informales instalados en viviendas de la zona residencial de la capital del departamento de Magdalena.

Sin embargo, según el testimonio conocido por El Tiempo, el conflicto escaló el 23 de marzo de 2026, cuando, según el relato de la víctima, uno de los vecinos señalados ante las autoridades lo abordó en la vía pública y lo amenazó. Incluso, lo agredió verbalmente por su nacionalidad canadiense y que por ello no debía “molestar”.

Tras la persistencia de las quejas y la falta de actuaciones efectivas, la situación desembocó en la agresión física directa. Rivard sostuvo que la golpiza fue una represalia por sus constantes reclamos y por intentar recuperar un equipo de medición de decibeles.

Según el testimonio, el agresor advirtió que, por ser extranjero y por insistir en sus reclamos, su integridad física estaría en riesgo. El mismo vecino justificó las actividades ruidosas alegando que la comunidad lleva “40 años haciendo lo mismo”, para dar a entender que seguirían las operaciones informales en zona residencial.

El medio informó que la respuesta oficial de la Policía Nacional, bajo el radicado SIPQRS No. 855374-20260310, limitó su intervención al tratarse de viviendas familiares y no de establecimientos comerciales abiertos al público.

Según la institución, sus facultades solo permiten verificaciones documentales y acciones preventivas, amparadas en la Ley 1801 de 2016. Además, la Policía sugirió que el uso de cámaras de seguridad por parte de Rivard podría vulnerar la intimidad de los vecinos, y catalogó el caso como un asunto de convivencia para resolver ante un inspector.

El ciudadano formalizó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y aportó los informes médicos correspondientes. Hasta la fecha, asegura no haber recibido medidas de protección ni acompañamiento institucional, mientras las actividades señaladas como ilegales continúan en el barrio.

Rivard y sus vecinos reiteran la solicitud de intervención urgente para garantizar la seguridad y la convivencia en Nueva Galicia. “Hoy no pido favores, pido protección, investigación seria y cumplimiento efectivo de la ley”, reclamó el ciudadano canadiense, citado por El Tiempo.

Las anteriores denuncias

Pero las denuncias no son nuevas. Los residentes cansados de la situación, liderados por Rivard, han registrado niveles de ruido superiores a 116,3 decibeles, los residentes han presentado peticiones comunitarias, derechos de petición, quejas ante la Secretaría de Gobierno, llamadas al 123 de la Policía y solicitudes ante autoridades ambientales, sin que se lograra frenar las perturbaciones.

En un reporte periodístico publicado en diciembre de 2025 por el medio local Informativo El Morro, se conocieron detalles de las querellas iniciales sobre los estruendosos episodios de contaminación auditiva que, incluso, han hecho que vibren los muebles de las propiedades. El norteamericano ha recurrido al uso de un medidor de decibeles para poder demostrar el exceso de ruido ante las autoridades

“He estado al frente del inspector de Policía, participé en una audiencia pública en septiembre, pero el ruido no solo continúa, sino que parece empeorar, quizás por retaliación”, dijo el extranjero en entrevista con el medio regional.

Tal situación ya ha generado malestar en medio de los denunciados, que lo han amenazado por “pasarse de calidad por hacer que la Policía llegue al sector”. Incluso, lo han esperado frente a su casa para confrontarlo.

Rivard no solo denuncia que la intensidad es auditiva. También alega que hay malestar por el ruido de vehículos, olor a gasolina y humo dentro de su casa y otras viviendas

“Es el ruido de motos, un taller clandestino que opera a pocos metros de mi habitación (...) Llevo lidiando con esto desde marzo de 2025. He hecho reportes, he hablado con las autoridades, pero la situación sigue igual. Soy el único que ha puesto la cara ante las entidades y eso parece haber generado molestias entre algunos vecinos”, dijo.

Voceros oficiales de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) reportaron nuevos casos de estafas, detectados especialmente en la ciudad de Barrancabermeja, Santander, donde personas inescrupulosas están empleando la imagen institucional de la entidad para ofrecer supuestos remates de vehículos.

Desde la entidad comunicaron que los presuntos estafadores están contactando a las víctimas a través de redes sociales, principalmente Facebook, haciéndose pasar por funcionarios de la entidad.

Indicaron que para dar apariencia de legalidad, utilizan logotipos, envían fotografías de carnés y muestran direcciones de correos electrónicos falsos, además de solicitar consignaciones de altas sumas de dinero, así como la firma de contratos de compraventa.

En los requisitos también exigen “identificación por ambos lados legible, dirección exacta del lugar de residencia, número de celular y correo electrónico”.

Tras el envío de la información correspondiente, las víctimas también suelen ser contactadas a través de WhatsApp. Desde la entidad revelaron fotografías de chats que demuestran las interacciones que tienen los estafadores con los afectados:

“Comparto el contrato para que se dé cuenta que ya se autentificó, es decir, ya cuenta con validez incluso frente a instancia judicial legal. El coordinador me dice que hoy mismo se dará salida que ya el vehículo se mandó a llevar para el respectivo peritaje y continuar con el envío”

“Entonces ya lo estarán manteniendo al tanto y enviando fotografías para que verifique (...) Entonces en un lapso de 20 a 30 minutos se le va a empezar el contrato de compraventa”, se leyó en la captura de pantalla de uno de los casos. El afectado brindó su información personal.

Recomendaciones en caso de estafas

Desde la Dian recordaron que sus funcionarios no realizan remates judiciales ni venta de bienes por correo electrónico, redes sociales, WhatsApp ni mediante intermediarios. Todos los procesos oficiales se gestionan exclusivamente a través del portal institucional www.dian.gov.co, específicamente en el botón Ventas Remates y Donaciones ubicado en la parte inferior de la página.

Ante esta modalidad de fraude, la entidad recomendó a los ciudadanos verificar siempre que los correos provengan del dominio @dian.gov.co., desconfiar de ofertas urgentes o demasiado atractivas, no compartir datos personales ni realizar pagos sin confirmar la autenticidad del trámite y consultar directamente en los canales oficiales de la Dian. Cualquier intento de fraude se puede reportar a través del CAI Virtual.

Dian reportó fraudes con cobros falsos de aranceles por envíos urgentes en el aeropuerto El Dorado

En marzo de 2026, desde la institución también alertaron sobre otra modalidad fraudulenta en la que delincuentes estarían enviando oficios falsos a nombre de la entidad para exigir pagos por supuestos aranceles de importación de productos enviados desde el exterior como envíos urgentes.

Los estafadores estarían usando documentos que combinan nombres, firmas y logotipos falsos para aparentar comunicaciones oficiales de la Dian.

A través de estos estarían presionando a las víctimas para que realicen pagos urgentes por aranceles de importación, con exigencias de transferencias de altas sumas de dinero a cuentas supuestamente autorizadas.

En una de las comunicaciones falsas quedaron expuestas las millonarias sumas solicitadas a las víctimas: “Al verificar sus facturas y en la junta de aduanas, notamos que su envío proveniente del país internacional tiene un avalúo de $17.776 dólares, y el monto permitido para su libre comercio debe ser de $2.000 dólares. Por tal motivo, para poder generar la entrega de su mercancía se debe realizar el registro de los productos y efectuar un pago de aranceles por importación estipulado con la Dirección de Impuestos Aduaneros Nacionales (Dian) de $9.750.000 pesos colombianos, y así subsanar la misma, los cuales deben ser depositados el día de hoy en nuestro territorio nacional, a través de nuestros canales autorizados por la Dian en las entidades bancarias asignadas (sic)”.

El 13 de abril de 2026 se conoció la decisión impulsada desde el Ministerio de Ambiente de aplicar la eutanasia a más de cerca de 200 hipopótamos en el Magdalena Medio, tras ser considerados como una especia invasora y riesgosa para las poblaciones de la subregión colombiana.

En el Gobierno nacional justificaron la medida como “un plan de choque para frenar la expansión y crecimiento poblacional” de estos ejemplares que, incluso, han llegado a realizar visitas inesperadas en varios municipios.

“Para reducir la población de hipopótamos hay dos caminos: la translocación y la eutanasia. Esta última es una medida técnica, que hace parte de lo que la ciencia nos pide hacer cuando no es posible la translocación. Hoy estamos anunciando un protocolo de eutanasia para que las autoridades ambientales puedan implementarlo con el acompañamiento de institutos científicos, porque sin esta acción es imposible controlar el crecimiento de la especie”, dijo la ministra de Ambiente, Irene Vélez Torres.

La alternativa “ética” a la eutanasia

De cara a esta medida, el ambientalista Nicolás Ibargüen presentó una alternativa a la eutanasia, basada en tanto en la traslocación de ejemplares como en una eliminación, pero gradual: se trata de la reubicación de hasta 100 ejemplares en un santuario en la India y esterilizar al resto de la población para erradicarla gradualmente.

Según la explicación que ofreció el profesional durante una entrevista para El Reporte Coronell, su propuesta se apoyaría en una alianza con el santuario Vantara, en la India, propiedad del hijo menor de la familia Ambani, reconocida por ser la más acaudalada de Asia.

“El santuario tiene la capacidad de recibir y cuidar a los hipopótamos de Colombia. Ya han hecho traslados similares con elefantes, que son aún más grandes”, afirmó Ibargüen en declaraciones recogidas por El Reporte Coronell.

El ambientalista dijo que ya había viajado personalmente para verificar que el establecimiento cuenta con médicos y especialistas disponibles las 24 horas, ambulancias para animales de gran tamaño y experiencia en la reubicación de elefantes e hipopótamos.

El traslado del centenar de animales tendría un plazo de cinco años, bajo la coordinación de expertos internacionales en mamíferos de gran tamaño, mientras que, de manera paralela, el experto contempló la creación de pequeños santuarios locales y la intervención para esterilizar a todos los ejemplares que permanezcan en Colombia utilizando diferentes métodos.

El ambientalista aseguró que su idea “no es violenta”, se trata de “eliminar éticamente la especie del territorio colombiano en un periodo de años”.

Ibargüen ya presentó el plan a la exministra Susana Muhammad y prevé una reunión con la actual jefa de la cartera, Irene Vélez, en los próximos días para exponer el proyecto de manera formal.

Sobre la propuesta del Gobierno, el profesional dijo que se trata de “una decisión un poco violenta y además no necesariamente ética, habiendo otras posibilidades en la mesa, porque es que si no hubiera otras posibilidades en la mesa, yo mismo estoy a favor de la eutanasia”, expresó.

Las autoridades ambientales y expertos coinciden en que los hipopótamos introducidos por Pablo Escobar constituyen una especie invasora con un crecimiento estimado en un 14% anual. Las proyecciones oficiales apuntan a que, de no efectuar el plan, la población podría ascender a los 500 individuos en 2030 y cerca de 1.000 en 2035.

La eutanasia para los hipopótamos propuesta por el Gobierno

El proyecto está respaldado por una inversión de 7.200 millones de pesos. La estrategia, sin precedentes tras más de cuatro décadas, contará con acciones coordinadas con las corporaciones autónomas regionales Cornare, Corantioquia, Corpoboyacá y CAS.

Desde el Ministerio de Ambiente aseguraron que los recursos asignados serán utilizados en la primera fase del programa para extraer ejemplares identificados en zonas de alta complejidad ubicadas en cuatro regiones del país.

La estrategia oficial contempla el desarrollo de un protocolo de eutanasia con estándares de bienestar animal, que incluye dos modalidades: química y física. La eutanasia química se realizará mediante aislamiento, sedación y administración de medicamentos, mientras que la física se aplicará en casos donde las condiciones logísticas impidan el procedimiento químico.

El congresista uribista Andrés Forero hizo una denuncia sobre una presunta toma irregular del control accionario de la Nueva EPS por parte del Gobierno nacional.

El representante a la Cámara por el Centro Democrático expuso documentos que revelarían una maniobra administrativa para que el Estado aumente su participación en la entidad de salud más grande del país, según informó El Tiempo.

La denuncia se centró en la situación de Comfenalco Antioquia, una de las cajas de compensación accionistas de la Nueva EPS, que fue intervenida por el Gobierno el 15 de septiembre de 2023. El congresista sostiene que el interventor, designado por la administración de Gustavo Petro, habría autorizado el traspaso de acciones hacia el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, lo que permitió al Ejecutivo obtener la mayoría accionaria.

Los documentos presentados por Forero al medio incluyen una resolución de la Superintendencia Nacional de Salud fechada el 5 de enero de 2026 que autoriza el cambio accionario, el contrato de cesión de acciones de Comfenalco Antioquia a favor del Ministerio de Hacienda, así como certificaciones de la contadora de la empresa y registros del libro de accionistas que confirman el nuevo esquema de propiedad tras la operación del 7 de enero de 2026. Dichos movimientos habrían modificado de forma sustancial el control sobre la Nueva EPS.

Más allá del cambio accionario, Forero advirtió que la situación impacta directamente la operación de la entidad. El legislador informó que el Hospital Alma Máter suspendió servicios a usuarios de la Nueva EPS por retrasos en la formalización de contratos para los regímenes subsidiado y contributivo, y por una deuda acumulada que supera los 53.870 millones de pesos.

“Y entretanto Gustavo Petro y Jaramillo tienen en el limbo y acéfala a Nueva EPS. Lo que hacen es inhumano y criminal”, expresó Forero, citado por el medio mencionado.

La incertidumbre sobre el futuro de la Nueva EPS aumentó después de que el 3 de abril finalizara su periodo oficial de intervención, sin que al momento el Gobierno nacional haya emitido un comunicado definitivo sobre el rumbo de la empresa o la continuidad de medidas especiales de vigilancia.

La Procuraduría General de la Nación ya solicitó explicaciones formales al Ejecutivo para establecer si persisten las causas que motivaron la intervención y garantizar la atención de millones de afiliados.

Cambio de interventor en la Nueva EPS

El presidente Gustavo Petro nombró al médico Jorge Iván Ospina como nuevo interventor de la Nueva EPS, luego de casi un mes de vacancia en la dirección de la mayor aseguradora de salud de Colombia.

La entidad permanecía sin responsable desde la salida de Luis Óscar Gálvez, que habría renunciado tras la solicitud del mandatario, en medio de cuestionamientos sobre su gestión y el deterioro de la operatividad de la entidad.

La designación de Ospina, exalcalde de Cali y profesional de la medicina, se produjo cuando la Nueva EPS atraviesa una crisis administrativa y financiera que pone en riesgo la atención de más de 11,5 millones de afiliados. Durante varias semanas, funcionarios del gobierno evaluaron el camino jurídico y administrativo para la entidad, que desde el 3 de abril se encontraba en una situación indefinida, luego de expirar la prórroga de la intervención decretada en 2024.

El nombramiento de Ospina ocurre en un entorno donde la figura legal bajo la cual opera la Nueva EPS aún no está completamente definida. La continuidad de la intervención depende de un concepto técnico que debe emitir la superintendencia ad hoc y remitir al Ministerio de Salud y Protección Social para formalizar una nueva prórroga. Sin embargo, la funcionaria a cargo se encuentra temporalmente inactiva por motivos médicos, lo que mantiene a la aseguradora en un limbo jurídico.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, solicitó por escrito la intervención de la fuerza pública para restablecer el orden en las vías del departamento, tras varios días de bloqueos provocados por protestas contra el incremento en los avalúos catastrales.

En su nuevo mensaje, publicado en la noche del sábado 11 de abril de 2026, el mandatario indicó que “todos los protocolos han sido agotados” y pidió a la Procuraduría revisar si las autoridades competentes están cumpliendo con sus obligaciones.

El mandatario departamental ya había enviado un mensaje al Gobierno nacional, sin embargo, insistió a otras entidades del Estado colombiano, antes las vulneraciones de los derechos de miles de santandereanos a causa de las movilizaciones.

Díaz señaló que “son muchos los santandereanos afectados por esta situación” y cuestionó los daños ocasionados por los bloqueos, pese a la legitimidad de las peticiones de los manifestantes: “Son muchos los santandereanos afectados por esta situación, no hay derecho, por más justas que sean las peticiones no se compadece con los daños causados”, dijo.

El gobernador aseguró que el secretario del Interior del departamento continúa al frente de la situación para procurar condiciones que permitan la libre movilidad en el departamento.

Las manifestaciones, iniciadas el jueves 9 de abril, han afectado la movilidad en corredores clave como la vía al aeropuerto Palonegro en Bucaramanga, entre otras rutas principales.

Los bloqueos, protagonizados por campesinos y propietarios rurales, responden al aumento de avalúos catastrales aplicados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), medida que los manifestantes aseguran ha incrementado en hasta 1.000% el valor de sus predios y del impuesto predial.

El Igac explicó que estos ajustes buscan reducir un rezago histórico en la actualización de los valores de los predios y que la medida responde a disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026.

Desde la Gobernación sostienen que se han agotado las instancias de diálogo con los protestantes y que la situación requiere acciones urgentes para garantizar la conectividad y el orden público en la región. Se espera que el 13 de abril de 2026 se realice una Mesa Nacional de Negociación y Concertación en las instalaciones del Igac, con la participación de representantes del Gobierno y los manifestantes.

Gobernador de Santander solicita intervención urgente del Gobierno nacional ante bloqueos por avalúos catastrales

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, solicitó previamente al Gobierno nacional una intervención institucional urgente para restablecer el orden público y la conectividad en el departamento.

Díaz dirigió su petición al Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y el Igac, e instó a que se tomen acciones inmediatas y se garanticen los recursos necesarios para superar la situación. El mandatario advirtió que, a pesar de los esfuerzos de diálogo, el malestar social continúa y la movilidad en corredores clave, como la vía al aeropuerto Palonegro en Bucaramanga, sigue afectada.

La Policía reportó bloqueos en puntos como la vía Pinchote–San Gil, Bucaramanga–El Playón, Sávana de Torres–San Alberto, Cimitarra y Simacota. Si bien se ha permitido la circulación nocturna de vehículos, las interrupciones han generado riñas y dificultades para la movilidad de la población.

Bloqueos en Santander dejan sin gas natural a El Socorro, Páramo y Valle de San José

Metrogas S.A. E.S.P. suspendió el servicio de gas natural en los municipios de El Socorro, Páramo y Valle de San José a partir de este sábado 11 de abril, debido a la imposibilidad de acceso para el personal técnico ocasionada por los bloqueos en las vías del sur de Santander.

Voceros de la empresa explicaron que la medida responde a un evento de fuerza mayor, ya que la continuidad de las protestas ha afectado corredores viales clave y ha impedido el traslado de equipos, repuestos y cuadrillas necesarias para el mantenimiento y la atención de emergencias en el sistema de gasoductos.

El suministro de gas para estos municipios proviene de campos en la Costa Caribe y los Llanos Orientales, y su operación depende del acceso por carretera. La compañía advirtió que el restablecimiento del servicio solo será posible cuando existan condiciones de seguridad y siguiendo todos los protocolos establecidos.

La jornada del 11 de abril no fue nada fácil para Los Pachenca, o el grupo armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. En menos de 24 horas se conocieron más operativos y enfrentamientos armados para contrarrestar el poderío ilegal de la estructura criminal.

Las autoridades reportaron que un miembro de la red fue abatido en un enfrentamiento con unidades del Ejército Nacional y la Policía en zona rural del municipio de Zona Bananera, Magdalena.

El operativo, realizado en un corredor que une el corregimiento de Prado Sevilla con la vereda La Palmira, dejó además un uniformado herido de forma leve y permitió el hallazgo de un campamento ilegal con material logístico.

Según el reporte oficial, los uniformados patrullaban la zona cuando fueron atacados por hombres armados, lo que derivó en un intercambio de disparos.

Tras el combate, las autoridades inspeccionaron el área y localizaron un campamento con capacidad para unas 20 personas, donde hallaron uniformes, brazaletes, dispositivos móviles y munición de distintos calibres. El material incautado será analizado para identificar a otros miembros de la organización y fortalecer las operaciones en la región.

En otro operativo prácticamente paralelo, las autoridades incautaron 62 kilos de cocaína en el puerto de Barranquilla cuando la droga, atribuida a Los Pachencas, pretendía ser enviada a Bélgica.

El cargamento fue detectado durante una inspección en dos contenedores, en los que la sustancia ilícita estaba oculta en los sistemas de refrigeración. El valor estimado de la droga supera los 1,9 millones de dólares y representa más de 155 mil dosis, según las estimaciones oficiales.

Las autoridades destacaron que ambas acciones forman parte de la ofensiva para frenar el accionar de organizaciones criminales en la región Caribe y afectar sus estructuras logísticas y financieras.

El despliegue de fuerza de las autoridades colombiana se ha intensificado, luego de que se lograra dar de baja con 9 integrantes del anillo de seguridad de “Naín”, principal cabecilla de la estructura, en La Guajira, el 10 de abril de 2026.

“Entre los neutralizados está alias Yair o ”Matarasi", señalado de coordinar homicidios selectivos en la región Caribe. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron fusiles AK-47, una escopeta, munición, celulares, vehículos y motocicletas que servían para actividades ilícitas. Con este resultado debilitamos grupos criminales que afectan la seguridad en la región Caribe y avanzamos con acciones para proteger a las comunidades y recuperar la tranquilidad en el país", fue el balance oficial emitido por voceros del Ministerio de Defensa.

Tras el operativo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, le pidió a “Naín” desmovilizarse, en vista de que las autoridades le están agregando fuerza a los operativos.

“Alias Naín muy seguramente está huyendo porque su estructura criminal fue obviamente neutralizada y muy seguramente escuchará este mensaje, si no háganselo llegar, desmovilícese, es la mejor opción que tiene, está muy joven, de lo contrario, no dudaremos en emplear toda la fuerza legítima del Estado para llevarlo a la justicia”, dijo en un Consejo de Seguridad Extraordinario.

Capturan en Santa Marta a alias El Barbas, presunto extorsionista de Los Pachencas

La Policía Nacional capturó en flagrancia a alias El Barbas, señalado de integrar las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas como Los Pachencas, y de extorsionar a comerciantes en Santa Marta. El operativo, realizado bajo las estrategias del Plan Cazador, contó con el apoyo del Gaula y la Fiscalía General de la Nación, y se concretó gracias a la denuncia ciudadana.

Según las investigaciones, “El Barbas” recaudaba dinero producto de extorsiones en diferentes sectores de la ciudad, presentándose ante sus víctimas como miembro de la estructura criminal para intimidar y exigir pagos.

En el procedimiento, las autoridades incautaron una motocicleta, un teléfono celular y dinero en efectivo, elementos que quedaron como material probatorio. Tras las audiencias preliminares, un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra por el delito de extorsión.

A través de un comunicado, portavoces oficiales de la cadena de farmacias Cruz Verde Colombia anunciaron que no se renovará el convenio de dispensación de medicamentos con Sanitas EPS, el cual finalizará el 30 de septiembre de 2026.

La decisión ya fue notificada por la cadena de droguerías a la EPS y a las autoridades competentes, según informaron los voceros de la empresa.

Durante el periodo restante del contrato, en Cruz Verde se garantizará la continuidad en la entrega de medicamentos a los usuarios de Sanitas, conforme a los términos acordados, y brindará acompañamiento tanto a la EPS como a los nuevos gestores farmacéuticos que sean designados para asumir la prestación del servicio.

“Cruz Verde reconoce la importancia de mantener el acceso de los usuarios a medicamentos y otros productos necesarios para asegurar el goce efectivo de su derecho fundamental a la salud” constó en el documento oficial.

Desde la empresa farmacéutica indicaron que la decisión se notificó con seis meses de anticipación para permitir “una transición ordenada” y asegurar el acceso de los usuarios a los medicamentos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS).

También reiteraron su compromiso con la salud y el bienestar de los colombianos, de manera que continuarán operando como cadena de droguerías en todo el país.

Informe de la Procuraduría cuestionó la gestión estatal en EPS intervenidas y alerta sobre crisis financiera

Un informe de la Procuraduría General de la Nación evidenció graves deficiencias en la gestión de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) bajo intervención estatal, con pérdidas patrimoniales superiores a $12 billones y una deuda que alcanzó $30,4 billones a finales de 2024.

El reporte, divulgado por Semana, adviertió que el 75% de las aseguradoras incrementó sus gastos administrativos tras la entrada del Ejecutivo en su operación y que siete de cada diez EPS intervenidas reportaron mayor siniestralidad que antes de la intervención.

La procuradora delegada para el sector salud, Mónica Ulloa, señaló que el sistema exhibe una marcada fragilidad financiera y funcional, lo que ha afectado el acceso oportuno y de calidad para el 44% de los afiliados.

El informe cuestionó la ausencia de planes claros y de control efectivo por parte de los interventores, así como la falta de respuestas de fondo del Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud frente a los requerimientos del órgano de control.

"No hay plan, no hay vigilancia concreta ni medidas efectivas por parte de esos agentes interventores para garantizar la entrega oportuna de medicamentos y la prestación del servicio de salud en oportunidad, calidad y eficiencia“, dijo.

El documento también detalló sanciones a interventores de varias EPS por incumplimientos e ineficiencias. Entre marzo y los meses siguientes de 2025, la Procuraduría suspendió temporalmente a los responsables de Savia Salud, Servicio Occidental de Salud (SOS), Coosalud, AsmetSalud y Capresoca, debido a aumentos en siniestralidad, deterioro financiero, incremento de tutelas y peticiones ciudadanas, así como considerables pérdidas patrimoniales.

En el caso de la Nueva EPS, la aseguradora más grande del país con más de 11 millones de afiliados, la Procuraduría alertó sobre la falta de auditoría y de estados financieros actualizados tras el vencimiento de la intervención estatal en abril de 2025. Esta situación ha generado incertidumbre jurídica y administrativa, mientras el Gobierno evalúa una posible extensión de la medida de intervención.

El informe revela, además, que los mecanismos judiciales, como las tutelas, se han convertido en la principal vía para exigir el acceso a servicios de salud.

Hasta diciembre de 2024, la Corte Constitucional registró más de 312.000 tutelas por fallas en el sistema, el doble respecto a 2022, y los incidentes de desacato aumentaron 183%, evidenciando una violación reiterada al derecho a la salud de los usuarios de EPS intervenidas.

Voceros de la Universidad de Antioquia, a través de su Facultad de Medicina, reportaron la detección de más de 40 casos de fraude durante la última jornada de admisión a especialidades clínico-quirúrgicas, realizada el viernes 10 de abril.

El proceso, que reunió a cerca de 3.700 médicos provenientes de Colombia y otros países de la región, se vio protagonizado por la identificación de aspirantes que intentaron obtener ventajas indebidas mediante el uso de dispositivos tecnológicos no autorizados.

Según el comunicado oficial, durante la aplicación de la prueba se detectó el uso de auriculares, intercomunicadores, teléfonos celulares, gafas inteligentes y otras herramientas electrónicas, así como la utilización de códigos de vestuario para ocultar estos dispositivos.

“También se identificó el «modus operandi» de algunas de estas estructuras: lo hicieron a través de un código de vestuario, con comandos de uso de brasier, camisetas o chaquetas —por mencionar algunos—“, se lee en el comunicado de la institución educativa.

Los 40 participantes que incurrieron en estas prácticas fueron puestos en evidencia por el equipo docente y logístico que anuló de inmediato los exámenes, conforme lo establece la normatividad interna. Los implicados podrían enfrentar sanciones como la imposibilidad de volver a presentar el examen hasta por 10 semestres y posibles procesos legales externos.

Desde la universidad señalaron que estos hechos comprometen la integridad de un proceso académico que se rige por “criterios de transparencia, equidad y mérito, y que cualquier intento de fraude será investigado y sancionado”.

La institución alertó a otras universidades del país sobre la existencia de redes y personas que promueven y facilitan prácticas fraudulentas en los exámenes de admisión.

A pesar de la situación, la Facultad de Medicina destacó el comportamiento ético de la mayoría de los participantes, que realizaron la prueba con honestidad y compromiso. Actualmente, la Universidad adelanta una revisión detallada de cada uno de los casos detectados, con el acompañamiento de instancias académicas y jurídicas.

“Estos casos de fraude son una lamentable excepcionalidad que no representa al gran colectivo de profesionales que aspira a nuestra institución y, especialmente, a ser garantes del cuidado y protección de la vida de sus pacientes futuros”, constó en el comunicado.

Allí también se leyó que “el rigor de este proceso de selección garantiza que los futuros especialistas cumplan con los estándares de excelencia que caracterizan a la Alma Máter.”

La epidemióloga Silvana Zapata Bedoya, en sus redes sociales, se refirió al hecho y publicó una fotografía con los dispositivos hallados.

“Les voy a dar un dato sobre lo que es la formación en la @UdeA. Ayer, 10 de abril, se realizaron los exámenes para las especialidades médicas, consideradas entre las mejores del país. Sí, así de claro: muchísima gente quiere hacer su especialidad en la UdeA por su prestigio y nivel académico. Y es tan buena… y tan difícil entrar…que hay personas que incluso recurren al fraude para intentar conseguir un cupo. Menos mal fueron detectados. Pero esto también dice mucho: habla del nivel, de la exigencia, de lo que representa formarse allí. Y aun así, hay quienes intentan desprestigiarla o acabar con su nombre. De verdad… qué nivel de desconexión", escribió.

Universidad de Antioquia niega filtración de examen de admisión a especialidades de Medicina

En 2025, desde la Universidad de Antioquia respondieron a la denuncia viral sobre una supuesta filtración del examen de admisión para las especialidades clínico-quirúrgicas 2025 de la Facultad de Medicina. Según la institución, no existe evidencia de que el contenido de la prueba se haya divulgado antes de su aplicación.

En un comunicado, la universidad rechazó las versiones que circularon en redes sociales, donde se compartió un archivo PDF presuntamente con el examen, y afirmó que estos documentos corresponden a reconstrucciones posteriores realizadas por aspirantes.

La institución aseguró que este tipo de denuncias ya se han presentado en años anteriores y que los controles para evitar fraudes se mantienen activos. Sin embargo, en redes sociales, los testimonios reportaron casos de fraude abundaron: “Sé que sí hubo fraude en algunas personas porque una amiga vio como descubrían a una con cámara, micrófono y audífono, no serán fotos tomadas de esos fraudulentos”, escribió una usuaria.

La intervención múltiple derivó en la incautación de una importante cantidad de elementos usados para coordinar homicidios y extorsiones desde los centros de reclusión.

Los operativos se realizaron en los establecimientos carcelarios de Buga (Valle del Cauca), Girón (Santander), La Tramacúa (Cesar), La Dorada (Caldas) y Picaleña (Tolima).

En estos lugares permanecen privados de la libertad varios cabecillas y miembros de esta estructura criminal señalados por mantener actividades delictivas que afectan la seguridad ciudadana en la ciudad de Buga y otras regiones del país.

Durante la acción, las autoridades registraron 14 celdas de alta y mediana seguridad, en las que permanecen recluidas 270 personas privadas de la libertad.

Entre los resultados más destacados están la intervención en la celda de “Kawasaki” en La Dorada, donde se incautaron dos teléfonos celulares, dos cargadores y cuatro tarjetas SIM; la celda de alias Luis Cuevas, en Picaleña, con dos celulares y un cargador; y la celda de “El Enano” en La Tramacúa, con dos teléfonos, un cargador, dos tarjetas SIM y una memoria USB.

En total, la operación permitió la incautación de 46 teléfonos celulares, 34 cargadores, 15 tarjetas SIM, 15 elementos cortopunzantes, una memoria USB, 200 gramos de base de coca y dos libras de marihuana. Según las autoridades, estos elementos eran utilizados por los internos para continuar coordinando actividades delictivas desde prisión.

Las autoridades resaltaron “mediante este operativo, buscan desmantelar la capacidad de mando criminal que se ejerce desde los centros de reclusión, fortalecer la seguridad ciudadana y reforzar los controles para evitar que desde las cárceles continúen siendo plataformas para operaciones de los delincuente”, como aseguró el coronel Pedro Pablo Astaiza Cerón, comandante del Departamento de Policía Valle (e).

Operativo sorpresa en cárcel de Itagüí: hasta freidoras eléctricas y una consola de videojuego encontraron en las celdas

El sábado 11 de abril de 2026, desde el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelari (Inpec) confirmaron la ejecución de un operativo de control realizado en la Cárcel y Penitenciaría de La Paz de Itagüí, que resultó en la incautación de tecnología no autorizada, sustancias ilícitas y decenas de artículos prohibidos.

Información oficial del Inpec, la acción, ejecutada durante la noche del 10 de abril por el Grupo de Operaciones Especiales (Grope), se centró en los pabellones 1 y 2 del penal.

De acuerdo con la información oficial, el procedimiento permitió decomisar 3 teléfonos celulares, un módem Wi-Fi, una consola PlayStation 5 con seis controles, un computador portátil, una tablet y otros accesorios, así como 1.323 gramos de sustancia vegetal y 271 gramos de sustancia pulverulenta.

Las autoridades también hallaron botellas de aguardiente, champaña y licor tipo Smirnoff, junto con una cantidad significativa de electrodomésticos: 62 neveras, 11 estufas eléctricas, 27 ollas freidoras, 26 ollas eléctricas, 7 televisores, 1 microondas y 1 lavadora.

La lista de objetos incautados incluyó equipos de sonido, herramientas, muebles y elementos de cocina, entre los que se destacan barriles ahumadores, una olla a presión, once cabeceras de cama y varios sofás. Parte de estos artículos, según el Inpec, será puesta a disposición de la dirección del penal, mientras que los elementos prohibidos y las sustancias quedaron bajo custodia de la Policía Judicial.

En la entidad penitenciaria recalcaron que se iniciarán procesos disciplinarios y administrativos para determinar posibles responsabilidades derivadas de la presencia de estos objetos.

“No se permitirá, bajo ninguna circunstancia, la permanencia o ingreso de elementos que contravengan la normatividad vigente”, indicaron voceros de la entidad en su comunicado.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae Colombia que en el momento de los hechos solo había vigilancia privada en el hospital, lo que permitió que el agresor burlara los controles de seguridad y lograra acceder al interior portando el arma cortopunzante.

El hecho se registró en las áreas de salas de espera, donde el individuo rompió un vidrio y amenazó a varias personas, motivado por una disputa relacionada con su esposa, que se encontraba en el hospital.

La escena terminó en forcejeos y gritos, mientras la seguridad privada del Hospital Universitario intentaba controlar al hombre antes de la llegada de las autoridades. De hecho, entre vigilantes, policías y personal médico, debieron acorralarse tras una camilla en un pasillo para salvaguardarse de los movimientos del joven con su arma cortopunzante.

En las grabaciones se oye que el agresor exigía ver a su esposa, mientras los vigilantes trataban de contenerlo y persuadirlo para que soltara el machete: “Llámame a mi mujer, papi”, repetía el hombre, a lo que los guardias respondían: “Suéltalo (el machete), que no estamos haciendo nada malo, hombre. Soltá el machete, güeón (sic)”.

A medida que la situación se intensificaba, uno de los vigilantes advertía: “Cierren, cierren, cierren, cierren”, buscando proteger a quienes permanecían en el área.

Ante la gravedad de la situación, desde la administración del hospital solicitaron la intervención inmediata de la Policía, cuyos agentes lograron reducir al hombre y retirarlo del lugar, y llevarlo a una estación para evitar una tragedia mayor.

El individuo fue trasladado, pero no quedó en calidad de capturado. Según información suministrada a Infobae Colombia, desde el hospital no se presentó denuncia formal por lo ocurrido, de manera que el hombre recuperó su libertad pocas horas después del acontecimiento. Las autoridades evalúan reforzar los protocolos de seguridad en el hospital para evitar que hechos similares se repitan.

Concejales de Cali advierten por aumento de homicidios y cuestionan la estrategia de seguridad: “Estamos contando muertos”

En una sesión de control político realizada en el Concejo de Cali, varios cabildantes expresaron su preocupación por el incremento de homicidios y la falta de resultados de la actual estrategia de seguridad en la ciudad.

Solo en lo que va de 2026, Cali suma 267 asesinatos, cifra que se disparó tras una Semana Santa especialmente violenta, con 25 muertes reportadas.

Durante el debate, los concejales coincidieron en señalar que los recursos económicos no son el problema principal. Cali cuenta con presupuestos históricos para seguridad, pero los indicadores de violencia siguen en aumento y la percepción de inseguridad se mantiene alta.

Según informó el medio CW+, la concejal María Carmen Londoño cuestionó la distribución de las cámaras de vigilancia en la ciudad. Explicó que la mayoría de los dispositivos están concentrados en sectores de altos ingresos como Ciudad Jardín y Granada, mientras que en comunas con mayor incidencia de homicidios, como la 13, 14 y 15, la presencia tecnológica es mínima. Londoño agregó que, de las casi 2.000 cámaras que existen, más de 800 se encuentran fuera de servicio o son obsoletas.

El concejal Roberto Ortiz criticó, citado por el mismo medio, la gestión del alcalde Alejandro Eder, advirtiendo que la administración parece desconectada de la realidad.

Ortiz señaló que, mientras el mandatario promociona el turismo en redes sociales, la ciudadanía enfrenta una crisis de violencia. El cabildante enfatizó la necesidad de dotar a la Policía de drones de última tecnología, vehículos blindados y un comando central moderno. “El alcalde es el jefe de la Policía y no puede seguir escudándose en el Gobierno Nacional”, afirmó.

Por su parte, el concejal Juan Felipe Murgueitio advirtió sobre la cercanía de cultivos de coca y la presencia de narcotráfico en los alrededores de Cali. Murgueitio sostuvo que las organizaciones criminales han cambiado su estrategia y la administración local no ha logrado adaptarse a ese escenario. “No es falta de plata, es cómo se está gastando”, puntualizó.

Una denuncia interna presentada por el director de Asociación Nacional de Trabajadores de la Seguridad (Analtraseg), Giovanni Gallo, dejó en evidencia a la abogada y exfuncionaria de la Auditoría General de la Nación Elvia Isabel Otero Ojeda, que actualmente aspira al cargo de contralora general de la República.

El caso involucra acusaciones de presunto maltrato verbal y físico hacia su personal de seguridad asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), pese a que la beneficiaria ya no ocupa un cargo público desde diciembre de 2025.

En el testimonio compartido con Infobae Colombia, se menciona que la exfuncionaria habría agredido a una de sus escoltas en un episodio ocurrido en la Zona T de Bogotá.

Según lo relatado por el líder sindical, la exdirectora de Responsabilidad Social de la Auditoría General de la República fue nombrada durante el gobierno de Gustavo Petro y se retiró de su cargo en diciembre de 2025.

Desde entonces, mantiene un esquema de protección de la UNP, cuya continuidad ha generado cuestionamientos dentro del sindicato. “No se entiende por qué esta señora tiene esquema de seguridad si ya no es funcionaria, ya no ostenta el cargo. Y sin embargo, este gobierno se ha quedado callado, igual que la Unidad Nacional de Protección. Ya vamos para cuatro meses que ella no debe tener el esquema y sigue con ello”, señaló Gallo.

La denuncia, a la que tuvo acceso este medio, detalló que la escolta asignada a Otero Ojeda reportó agresiones verbales constantes y amenazas laborales, que finalmente derivaron en un episodio de violencia física:

“Permití, permití, permití. Ya las cosas avanzaron a tal punto de que en vez de ser agresiones verbales, pasaron a agresiones físicas. Quise abogar como a la buena fe de la doctora Elvia y disculparla en el momento en que ella me pidió disculpas las veces que me agredió verbalmente y decidí, pues, continuar con mi trabajo y cumplir a cabalidad como lo venía haciendo. (...) Las actitudes de la doctora conmigo han cambiado”, aseguró a este medio.

“Su actitud hacia mí ha sido un poco fuerte. Varias ocasiones me ha agredido verbalmente. Desde el día en que ella se retiró en diciembre, pues obviamente se dedicó al ocio, al descanso, a viajar. Nosotros como su esquema de seguridad la hemos acompañado, nunca le hemos fallado en su protección y demás. En esos días de ocio, descanso y viajes se dedicó a tomar tres, cuatro días a la semana. Ella toma y se descontrola, nos trata mal, nos insulta, nos dice malas palabras. Ya anoche llegamos al punto de que me agredió”, relató la mujer.

De acuerdo con el testimonio grabado, los hechos se desencadenaron después de una jornada en la que la exfuncionaria habría ingerido alcohol en varios establecimientos de la Zona T. En ese contexto, la escolta relató que, tras negarse a cumplir órdenes fuera de sus funciones –como transportar a los amigos de la exdirectora a diferentes puntos de la ciudad–, recibió insultos y golpes en el pecho y el hombro.

“A mí se me quebrantó la voz y yo le dije: ‘¿Por qué me pega? ¿Por qué me agrede si yo a usted nunca le he hecho nada?’”, expresó la escolta en la denuncia recibida por la asociación.

El relato incluyó detalles sobre la presión y las amenazas que la escolta habría recibido de parte de Otero Ojeda, que, según la denuncia, la intimidaba con la posibilidad de perder su empleo si no accedía a sus requerimientos personales.

“Nos ha amenazado tanto a mí como a él, de hacernos perder el trabajo, de hablar con el director de la UNP y hacernos perder nuestro trabajo si no hacemos lo que ella quiera. [...] Ya anoche llegamos al punto de que me agredió”, afirmó la denunciante.

Desde el sindicato Analtraseg, que agrupa a trabajadores de la UNP, han señalado irregularidades en la continuidad del esquema de seguridad asignado a la exfuncionaria. Dicha situación ha sido comunicada en varias ocasiones a la dirección de la UNP, sin que hasta el momento se haya producido una respuesta oficial.

La escolta afectada pidió reserva de su identidad e indicó que tras el episodio de agresión física decidió apartarse del esquema de seguridad, con temor de que episodios similares puedan repetirse. En la denuncia, la escolta manifestó: “Yo ya puse en conocimiento al coordinador.

La denuncia involucra, además, a otros miembros del esquema de seguridad, que presenciaron los hechos y confirmaron ante el sindicato las reiteradas situaciones de maltrato y presión laboral.

Hasta el momento, la Unidad Nacional de Protección ni voceros del actual Gobierno han emitido pronunciamientos públicos respecto a la denuncia sobre la situación de la exfuncionaria.

El caso sigue bajo revisión interna en Analtraseg y podría tener repercusiones en el proceso de elección de la próxima contralora general de la República.

En una entrevista para el pódcast del comediante venezolano George Harris, Parra hizo algunos comentarios sobre la posibilidad de ser considerado un “Robert de Niro en español” por su calidad actoral, y afirmó que la fama suele ser vista como un ideal, pero en realidad resulta difícil de manejar, especialmente cuando se convierte en una costumbre.

“La fama es durísima, sobre todo cuando te acostumbras. Y yo no sé si yo quiera eso”, sostuvo el actor, que continuó con la afirmación que ahora el dinero no es un factor determinante en sus decisiones profesionales.

“Ya sé que no necesito diez millones de dólares para poder ser feliz. Entonces, ya la plata no me motiva. Yo puedo vivir perfectamente bien sin diez millones de dólares”, expresó.

Entonces, abordó la posibilidad de volver a interpretar al narcotraficante Pablo Escobar únicamente por una suma millonaria. Dijo que, pese a que en algún momento afirmó que lo haría por un cuantioso pago libre de impuestos, se trató de “una broma” y descartó la posibilidad de retomar ese papel: “Ni por cien millones de dólares yo volvería a ser Escobar”.

Reiteró su posición sobre el estilo de vida de un “actor de Hollywood”: “No creo que yo quiera eso para mí, ni para mi familia, ni para mis hijos, ni para mis amigos, ni para mi pareja, ni para nadie”.

El papel que hizo a Andrés Parra bajar de peso: “Yo solo servía para la escena del tejado, cuando lo matan

En una entrevista que el actor concedió para el pódcast Por la ventana, de los humoristas Camilo Díaz “Culotauro”, Camilo Sánchez y Emir Quintero, emitida en diciembre de 2025, el actor colombiano reveló que su actuación de Pablo Escobar fue determinante para impulsar un cambio profundo en su vida personal y en su salud.

Parra relató que, antes de asumir el papel, ya era consciente de su problema con el sobrepeso por una relación poco saludable con la comida. En ese diálogo dijo que el problema llegó a ser tal, que se despertaba durante la madrugada por la ansiedad que le generaba su estado físico.

El actor narró que fue la productora Juana Uribe, la que comenzó a despertar en él un motivo de cambio: “El punto de quiebre es que yo estaba muy gordo. Me entero de que van a hacer esa serie y yo no la quería hacer, yo pensé que eso lo iban a funar y que no quería hacer ese ridículo. Me enteré de que Juana Uribe me había visto comiendo en un centro comercial y había dicho: ‘Ese man está muy gordo ya’, eso a mí me pegó, de que yo estaba muy gordo, que yo solo servía para la escena del tejado, cuando lo matan“, dijo.

Poco después, Uribe le dijo que le daba tres meses para bajar de peso antes del inicio de las grabaciones. “Yo contraté a un nutricionista y bajé 16 kilos, hice a Escobar con 96 kilos. Se acabó el proyecto y yo quedé con el gusto de seguir bajando”, explicó el actor, que llegó a pesar 70 kilos tras el rodaje.

El actor reconoció que el rodaje de la serie fue agotador tanto física como mentalmente, con jornadas extensas y una alta exigencia emocional. “Ese proyecto iba a durar cuatro meses y duró diez, pero la gente ha preferido decir que me volví loco. Yo después de eso me desaparecí porque estaba cansado”, confesó Parra.

Actualmente, según dijo, se mantiene alejado de los malos hábitos y que su visión sobre el éxito y la felicidad ha cambiado.

La misión Artemis II de la Nasa enfrentó uno de sus mayores desafíos en su regreso a la Tierra, tras completar un vuelo alrededor de la Luna: las condiciones extremas de atravesar la atmósfera terrestre y amerizar frente a las costas de California, en Estados Unidos.

Faber Burgos, reconocido divulgador científico colombiano invitado por la Nasa al lanzamiento de Artemis II, explicó en entrevista con Semana que este reingreso representa el tramo más peligroso de la misión.

Según Burgos, la cápsula Orión y su módulo de servicio, luego de abandonar la influencia gravitacional de la Luna y aproximarse a las capas altas de la atmósfera implica procesos físico-químicos que pueden ser retadores.

El módulo de servicio, con los cuatro astronautas, mediante un motor denominado OMS, ajustó el ángulo de entrada de la cápsula para garantizar un reingreso seguro.

Una vez la cápsula encontró el ángulo óptimo, el módulo de servicio se separó, y dejó a Orión con los astronautas y los recursos básicos para sobrevivir y completar el reingreso. Entonces, dicha cápsula realizó un pequeño salto atmosférico, técnica utilizada para ayudar a disipar parte de la energía y reducir la velocidad antes de enfrentar la fricción más intensa con el aire.

Burgos detalló que durante este proceso, la cápsula se convirtió en una auténtica bola de fuego: "Puede que solo la cápsula tenga temperaturas al exterior aproximadamente entre 2.500 a 3.000 grados Celsius. Eso es el infierno. Pero, ¿cómo mantiene a la gente a salvo dentro de esta cápsula? Por un material ablativo que se va degradando conforme va aumentando la temperatura“, dijo el joven divulgador científico.

Durante su explicación al medio, aseguró que, en estos casos, la seguridad de la tripulación depende de un material ablativo (diseñado para proteger estructuras del calor extremo) en el escudo térmico, que se degrada de forma controlada para disipar el calor extremo.

En la fase final, se abrieron once paracaídas que “reducen esa velocidad a 30 kilómetros por hora para que americe la cápsula tranquilamente con los cuatro astronautas en el Océano Pacífico, cerca a las sostas de San Diego esta noche. Siete, ocho de la noche, hora colombiana“, dijo.

El regreso de Artemis II es un hito para la exploración lunar y mantiene la atención internacional sobre el desarrollo tecnológico y los desafíos que enfrenta la Nasa en su objetivo de llevar a la humanidad de nuevo a la Luna.

Artemis II: exitoso amerizaje de la cápsula Orión en el Pacífico tras reingresar a 40.000 km/h

Información oficial de la Nasa indicó que la cápsula Orión de la misión Artemis II amerizó con éxito en el océano Pacífico, y concluyó un viaje de más de un millón de kilómetros por el espacio.

Los astronautas atravesaron la atmósfera terrestre a una velocidad de 40.000 kilómetros por hora, mientras el escudo térmico de la nave soportó temperaturas de hasta 2.700 grados Celsius.

El descenso terminó frente a las costas de San Diego, California, donde los equipos de rescate confirmaron que la tripulación se encuentra en excelente estado de salud.

Horas antes del descenso, los astronautas realizaron la tercera y última maniobra de corrección de trayectoria, activando los propulsores de Orión durante 8 segundos para situar la cápsula en el ángulo adecuado de ingreso atmosférico.

“Es un paso vital para asegurar que la cápsula Orion llegue al corredor de entrada sobre el Océano Pacífico antes del amerizaje. Parece que vamos a realizar una buena tercera maniobra de encendido del RTC y estamos evaluando los detalles”, comunicó el control de la misión en Houston a la tripulación.

Por su parte, el protocolo de salida de la tripulación, integrada por los astronáutas Christina Koch, Jeremy Hansen y Victor Glover, duró un par de horas, a manos de personal de recuperación.

La congresista, a través de un comunicado, afirmó que el dinero sin utilizar —luego de que el presidente Gustavo Petro reconoció las fallas en la ejecución presidencial— estaría agudizando las necesidades urgentes de la población más vulnerable.

Según el análisis que mostró la servidora legislativa, entidades fundamentales como el Ministerio del Interior, la Presidencia y Planeación Nacional registran ejecuciones presupuestales del 3%, pese a contar con amplios recursos asignados.

Sectores sociales como Trabajo (9%), Agricultura (10%) y Vivienda (17%) también mostraron avances mínimos, mientras incrementan las cifras de desempleo, hambre y el déficit habitacional en el país, según la funcionaria.

Destacó que, por ejemplo, el rezago en la cartera del Interior impacta la seguridad y la gobernabilidad en las regiones, mientras que la lentitud en Agricultura, Trabajo y Vivienda agrava la crisis productiva, el desempleo y la falta de acceso a soluciones habitacionales.

Arbeláez advirtió que tal situación constituye “un patrón de ineficiencia” en la gestión pública, con ministerios estratégicos para la seguridad, la equidad y el desarrollo territorial por debajo del 10% en ejecución, que se traduce en programas detenidos y proyectos inconclusos.

La congresista cuestionó además la falta de avances en el Ministerio de la Igualdad, creado con el objetivo de atender a los sectores más vulnerables, y que según sus declaraciones, evidencia improvisación y ausencia de resultados.

“Es indignante que mientras los colombianos enfrentan hambre, desempleo e inseguridad, el Gobierno tenga billones de pesos guardados sin ejecutar. Esta no es solo una cifra técnica; es la evidencia de un Estado que le está fallando a la gente, especialmente a los más vulnerables. Aquí no hay excusas, hay negligencia”, afirmó Arbeláez.

La representante hizo un llamado desde el Congreso a fortalecer el control político y exigir resultados concretos al Gobierno Petro: “Colombia no necesita más discursos, necesita que los recursos lleguen a donde más se necesitan, combatir el hambre y la pobreza”.

Cuánto dinero se destinó a cada ministerio

La representante, además, publicó una lista con las cifras de los presupuestos con los porcentajes de ejecución, de menor a mayor, con información directamente tomada del Ministerio de Hacienda, así:

• Ministerio del Interior: apropiación vigente $1.339.807.230.664 — ejecución 3%.
• Presidencia de la República: apropiación vigente $1.817.615.601.013 — ejecución 3%.
• Departamento Nacional de Planeación: apropiación vigente $1.034.795.112.676 — ejecución 3%.
• Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación: apropiación vigente $379.855.765.201 — ejecución 4%.
• Ministerio de Igualdad: apropiación vigente $323.442.835.064 — ejecución 6%.
• Ministerio de Justicia y el Derecho: apropiación vigente $231.374.561.683 — ejecución 7%.
• Ministerio de Ambiente: apropiación vigente $973.832.113.491 — ejecución 8%.
• Ministerio de Transporte: apropiación vigente $20.524.682.671.961 — ejecución 8%.
• Ministerio de Trabajo: apropiación vigente $50.226.673.779.302 — ejecución 9%.
• Ministerio de Agricultura: apropiación vigente $1.096.130.007.808 — ejecución 10%.
• Ministerio de Hacienda: apropiación vigente $27.843.831.902.157 — ejecución 10%.
• Ministerio de Cultura: apropiación vigente $1.001.388.065.373 — ejecución 13%.
• Ministerio de Comercio: apropiación vigente $1.111.793.800.277 — ejecución 16%.
• Ministerio de Vivienda: apropiación vigente $5.480.969.060.170 — ejecución 17%.
• Ministerio de Relaciones Exteriores: apropiación vigente $732.652.960.750 — ejecución 18%.
• Ministerio de Telecomunicaciones: apropiación vigente $2.282.869.134.151 — ejecución 18%.
• Ministerio de Minas y Energía: apropiación vigente $9.614.818.211.809 — ejecución 19%.
• Ministerio del Deporte: apropiación vigente $496.087.196.266 — ejecución 20%.
• Ministerio de Educación: apropiación vigente $76.538.720.575.177 — ejecución 21%.
• Ministerio de Defensa: apropiación vigente $1.648.039.936.310 — ejecución 28%.
• Ministerio de Salud: apropiación vigente $75.864.071.381.288 — ejecución 28%.

Según estos cálculos, durante el primer trimestre de 2026, el Gobierno ejecutó aproximadamente 50,8 billones de pesos, que representa el 18,1% del presupuesto total apropiado para el año, fijado en $280,56 billones.

Por su parte, el jefe de Estado pidió a su gabinete, durante una presentación de proyectos clave en Ciénaga de Oro, Córdoba, que “gasten” el presupuesto. “Es bueno en educación, es bueno en otras cosas, pero no es bueno en la mayoría del Gobierno”, dijo el mandatario sobre el nivel de ejecución.

El rifirrafe siguió encendido, y abordó asuntos de identidad indígena y discriminación racial, a propósito del insulto que usó Marbelle con Gustavo Bolívar, que le dijo “malparido care muisca (sic)”.

El escritor y exsenador colombiano publicó un mensaje dirigido a la vocalista de música tecno carrilera, que también le preguntó: “¿Por qué no se informa bien, perro hijueputa? El papá pitufo que usted busca no estaba en mi matrimonio. Está metido en el culo de su patrón! (sic)”.

Entonces, Bolívar escribió: “Nunca me sentiré insultado porque me digan ‘indígena’. Es raíz, es historia, es dignidad, es lo que soy y lo que somos. Mi padre era antioqueño, mi madre era de Espinal, territorio Pijao. Yo no me avergüenzo de mi ancestra bella, al contrario, la honro. En Colombia, lo verdaderamente triste no es tener origen indígena, sino despreciarlo. Para ud es motivo de burla, para mí es motivo de orgullo. Soy tierra, soy resistencia, soy memoria (sic)“.

El excongresista exaltó la diversidad étnica del país y dijo que casi todos los colombianos tienen raíces y sangre indígena. Además reiteró su desacuerdo con el uso de estos orígenes como insulto. “Negarlas o usarlas como insulto habla más mal de quien lo dice que de quien lo recibe. Yo honro mi sangre pijao con orgullo”, insistió.

Adicionalmente, hizo mención de la figura de Aida Quilcué, la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, llevó la discusión al plano electoral y retó a Marbelle: “Dentro de poco tu vicepresidenta será una valiosa y valiente mujer indígena: @aida_quilcue”.

El mensaje del exdirector del DPS estuvo acompañado de un video de él con dibujos e indumentaria propios de la cultura pijao, al parecer realizado con inteligencia artificial, con este mensaje: “No me ofendes, querida Marbelle. Soy orgulloso de mi raza y mis ancestros. Solo una rectificación: no soy muisca, soy pijao. Pobre señora, ¿acaso no sabe que todos los colombianos tenemos sangre indígena?“.

Gustavo Bolívar reaccionó a la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la emergencia económica de Petro

El exsenador también cuestionó en sus redes sociales el viernes 10 de abril de 2026 la decisión de la Corte Constitucional de anular la emergencia económica decretada por el Gobierno en diciembre. Dijo que se trata de “una estrategia sistemática de bloqueo” contra el presidente Petro.

Bolívar expresó su inconformidad con el fallo y sostuvo que “no dejaron gobernar a Petro”, en alusión a la que sería la tercera declaratoria de emergencia económica que termina sin efecto durante la actual administración.

La emergencia económica se implementó con el objetivo de otorgar facultades extraordinarias al Ejecutivo para enfrentar situaciones excepcionales, bajo el argumento de la presencia de factores que amenazaban sectores como la economía y la estabilidad social del país.

“Ya son dos leyes de financiamiento, media reforma tributaria, tres emergencias económicas hundidas. Toda una estrategia de bloqueo que luego con total cinismo cobran a los ingenuos diciendo: Petro va a dejar un déficit alto’. Y los incautos saldrán a apoyarlos cuando ninguna de estas medidas del gobierno afectaba el bolsillo de ningún pobre. Gravaba Yates y vehículos de lujo con el 19% del IVA, imponía el IVA a bebidas alcohólicas y vapeadores. Un artículo de la Reforma Tributaria de 2022 cobraba regalías al sector de hidrocarburos, que no las paga hoy. Otra gravaba juegos y apuestas. Casi todas cobraban impuestos a los ultraricos y así… No dejaron gobernar a Petro. No sé cómo este país no está hundido", escribió.

Una operación militar conjunta entre el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional logró la drástica reducción del Frente Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (Acsn), conocido como Los Pachenca, en zona rural del municipio de Uribia, La Guajira.

Según el comunicado oficial del Comando General de las Fuerzas Militares, la acción se realizó en la vereda Kamuishisain como parte del Plan de Operaciones Ayacucho Plus.

La ofensiva resultó en la neutralización de nueve integrantes de la red de seguridad y apoyo de alias Naín o “El Menor”, cabecilla de la organización armada. Según el balance de los voceros militares, el hecho significó una afectación del 75% en la capacidad operativa y financiera del grupo.

Durante la maniobra ofensiva, se incautaron armas largas y cortas, material de intendencia, dos camionetas y dos motocicletas empleadas en actividades ilícitas. El operativo se desarrolló tras labores de inteligencia y coordinación interinstitucional que permitieron el avance de las tropas sin involucrar a civiles en la confrontación.

Durante el combate, tres uniformados del Ejército Nacional resultaron heridos levemente y fueron trasladados al Hospital Militar en Bogotá, donde reciben atención médica especializada.

De acuerdo con el balance emitido por portavoces de las Fuerzas Militares, la operación representó un golpe de alto calibre que debilitaría parte del crimen organizado en los departamentos de Magdalena y La Guajira, al eliminar a los principales responsables de delitos como extorsión, reclutamiento forzado, homicidios y narcotráfico en el corredor de la Troncal del Caribe.

Las autoridades señalaron que, además de afectar la estructura criminal, la neutralización obstaculizará la expansión y sostenimiento financiero de la organización.

Desde el Comando General reiteraron el compromiso de las Fuerzas Militares para dar continuidad con estas operaciones para contrarrestar los grupos armados organizados y las economías ilícitas, bajo la consigna del respeto a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Capturaron en Barranquilla al jefe de seguridad de alias Naín, cabecilla de Los Pachenca

El operativo resultó exitoso, entre otros motivos, porque el 1 de abril de 2026, voceros de la Policía Nacional reportaron la captura de Rafael Palma Moreno, conocido como alias Alambrito, que se desempeñaba como jefe de seguridad de “Naín”, líder de la organización criminal Los Pachenca.

El operativo se realizó en la ciudad de Barranquilla, donde según las autoridades, Palma Moreno buscaba establecer una alianza con el grupo delincuencial Los Costeños.

La detención fue ratificada por el general William Rincón, director de la Policía Nacional, a través de su cuenta en X. El oficial detalló que alias Alambrito también era señalado como cabecilla de zona en la estructura criminal Javier Cáceres, filial de Los Pachenca, y era buscado por el delito de concierto para delinquir.

De acuerdo con el reporte oficial, Palma Moreno acumulaba seis años de trayectoria en actividades delictivas y mantenía un papel clave en la seguridad de alias Naín.

Poco a poco las autoridades han ido dando golpes contra “Naín”. En 2025, tropas del Gaula Militar Magdalena, en coordinación con el Batallón de Inteligencia Militar N.° 1, el Comando Aéreo de Combate N.° 3 y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, capturaron en el corregimiento de Guachaca, municipio de Santa Marta, a alias La Mona, o “Bebecita”, presunta integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Según el reporte oficial, la detenida fue señalada como compañera sentimental de “Naín”.

“La Mona” responde por el delito de concierto para delinquir agravado. Fuentes de inteligencia militar señalan que su detención afecta el control logístico y de movilidad de Los Pachenca en Magdalena, Cesar y La Guajira, así como la cadena de suministros y pagos dentro de la organización.

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad del sector y el video ya se difundió en las redes sociales. De acuerdo con la prueba documental, el individuo estaba circulando sin las luces encendidas, de modo que embistió a la mujer mientras ella recogía los desechos de su mascota.

Al ir sin la iluminación activa, la mujer agachada, y de espaldas, no logró percatarse de que la camioneta venía en su dirección. De acuerdo con el reporte inicial de la Secretaría de Movilidad de Medellín, el siniestro ocurrió cerca de las 5:17 a. m.

El clip incluyó el momento exacto del impacto y permitió la identificación del responsable, que tras atropellar a la cuidadora y su mascota, se dio a la fuga sin brindarles auxilio.

Tras el impacto, la comunidad de la zona residencial acudió al lugar para ayudar a la ciudadana y llamar a los organismos de socorro que la llevaran a un centro asistencial de urgencia. El caso fue reportado a través de la línea de atención 123, que activó la presencia inmediata de agentes de tránsito y de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

El canino murió en el lugar de los hechos, mientras que la adulta mayor falleció poco después en el centro médico debido a la gravedad de sus heridas.

Sin embargo, lo doloroso del caso es que, además, detrás de la furgoneta iba una camioneta Toyota —con las luces encendidas— que muy seguramente se percató del impacto, pero siguió su camino.

Horas después, las autoridades lograron ubicar el furgón y detener al presunto responsable en el sector de La Candelaria, según confirmaron voceros oficiales de la Policía Metropolitana de Medellín. El hombre quedó a disposición de las autoridades mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Sobre el conductor de la Toyota Prado no se conoce su paradero.

Entre las pruebas recolectadas por los investigadores se incluyeron videos de cámaras privadas de la zona y material biológico hallado en el vehículo involucrado. Desde la Secretaría de Movilidad indicaron que estos elementos fueron entregados a la Fiscalía General de la Nación para complementar el material probatorio en medio del proceso penal.

La identidad de la mujer no fue revelada oficialmente, aunque por medio de informativos locales se conoció que en la comunidad era conocida como Luz Elena, de 67 años, distinguida por su habitual recorrido matutino junto a su mascota, “Toto”.

Camión se volcó en la loma del “sube o no” en Sabaneta

Un camión de acarreos se volcó en la empinada loma del “sube o no”, en el municipio de Sabaneta, sur del Valle de Aburrá, cuando intentaba acceder a la vereda San José.

El accidente ocurrió en la tarde del 8 de abril de 2026 y, aunque no dejó heridos ni involucró a otros vehículos, mantuvo bloqueada la vía durante varias horas hasta la llegada de una grúa que permitió restablecer la circulación.

De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, el conductor del camión salió ileso tras el siniestro, y pudo abandonar la cabina por la ventanilla del copiloto. En los videos se observa su reacción de sorpresa y alivio, así como el camión volcado, de medio lado, bloqueando completamente el paso.

A pesar de que existe una alternativa más segura para llegar a la vereda San José, muchos conductores continúan utilizando la loma tradicional por costumbre o en busca de atajos.

Según informaron las autoridades del Magdalena Medio, el crimen fue, presuntamente, cometido por cuatro adolescentes que ahora permanecen custodiados por unidades de la Policía de la ciudad petrolera.

El homicidio ocurrió cerca de las 9:00 p. m. en la vivienda que funcionaba como centro de acogida, de acuerdo con los detalles suministrados por voceros de la Policía Nacional. Datos preliminares indican que los menores, con antecedentes judiciales por delitos graves, al parecer asfixiaron a la psicóloga con una soga.

Las autoridades reportaron que tras el ataque los adolescentes escaparon, de manera que debieron activar un despliegue policial en la zona y la implementación del Plan Candado en la comuna 3 de la ciudad.

La estrategia permitió la aprehensión de dos jóvenes de 15 y 17 años, que fueron puestos a disposición del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Otro menor de 15 años fue ubicado y se le restablecieron sus derechos conforme con los protocolos establecidos. Por su parte, un implicado más ya está plenamente identificado y vinculado al proceso investigativo.

La psicóloga ya había pedido ser trasladada de hogar de paso

Alejandro Cabarcas, esposo de la víctima y periodista de RCN Radio para el Magdalena Medio, se pronunció ante medios de comunicación locales, y sostuvo que la amenaza contra Merlano había sido advertida en varias ocasiones, incluso después de que los adolescentes intentaron intoxicarla.

“Laboraba como formadora en hogares de paso. El caso que manejaba era de menores con conductas delictivas, y ya había presentado situaciones de inseguridad. Insistieron en seguirla mandando a ella a ese mismo hogar, no tenían la consideración de ubicarla. Ya se había presentado una situación donde la habían intoxicado, había agresiones, tenía reportes, la siguieron mandando para esa casa. Son cuatro jóvenes que tuvieron que haberla asesinado. Ya había una confrontación. Es una total irresponsabilidad”, explicó Cabarcas.

El periodista detalló que cuando los jóvenes quisieron intoxicarla, usaron medicamentos disponibles y los mezclaron en una botella de agua que ella conservaba en una nevera del domicilio del Icbf . La profesional consumió del líquido y le reportó a su cónyuge que “se sentía mal”.

Añadió que Merlano planeaba renunciar el 30 de abril de 2026 debido a las continuas intimidaciones y agresiones recibidas por parte de los menores, “porque las amenazas no la dejaban tranquila”, relató.

“Ella todo lo reportaba. Había estado dos días anteriores en la casa de las niñas. En esta casa ella la pasaba superbién. Pero ayer me dijo: ‘Ay, amor, me mandaron otra vez para esa casa. Y mire, vea, que llegaron dos pelados nuevos. Y mire, mire esos chinos tienen como una pinta’. Yo le dije: ‘Amor, ya yo le dije a usted qué había que hacer’”, lamentó el hombre.

La psicóloga, además de llevar las riendas de estos centros de acogida del Icbf, tenía otros empleos para poder aportar económicamente en su casa.

“Mi esposa era una mujer muy buena, muy noble, una gran profesional que llevaba ya varios años trabajando en estos hogares de paso, a pesar de que ella era instrumentadora quirúrgica. Laboraba también como instrumentadora quirúrgica, tenía ese trabajo como otra entrada económica”, dijo el comunicador social.

Las últimas conversaciones de la profesional

En la misma rueda de prensa, el comunicador social relató los últimos minutos de vida de su esposa, que logró reconstruir por medio de su permanente comunicación en WhatsApp y a través de llamadas telefónicas.

Narró que durante del 9 de abril habían llegado unos adolescentes al hogar de paso: “‘Amor, aquí hubo un problema con los pelados nuevos que llegaron. Parece que hubo un tema con los medicamentos, los consumieron, pasó algo y aquí están los bomberos’. Yo: ‘Ah, bueno, listo, amor, me está comentando’. Seis y cuarto, siete y veinte: ‘Amor, acá está la policía’”.

Cabarcas aseguró que cuando su pareja le dijo que las autoridades estaban en las instalaciones “se sintió tranquilo”.

A las 8:10 p. m. “yo hablé con ella, le dije: ‘Estoy en el apartamento’. Bueno, temas ahí que nosotros ahí hablábamos. Y ya a las ocho y cuarenta, ocho y cincuenta la llamé y ella no me contestó. Por WhatsApp le envié un mensaje y no le llegó. A veces a ella se le descargaba el celular. Yo dije: ´Bueno, voy a esperar’. A las nueve me llamaron a mí. O sea, los hechos sucedieron entre las 8:15 p. m. y 8:30 p. m.“.

Alejandro Cabarcas cuestionó a las autoridades por no permanecer en el lugar de los hechos luego de que los adolescentes formaron conflicto. Aseguró que no logra entender, “porque si la Policía vio que había ese ese precedente, siete y veinte de la noche, siete y veinticinco de la noche, ¿por qué no se quedaron? ¿Por qué no hicieron el hecho de quedarse permanentemente ahí? Porque sabían que ya había un inconveniente".

Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del homicidio. Desde la Policía del Magdalena Medio también informaron que funcionarios del CTI continúan recopilando testimonios y realizan inspecciones técnicas en el lugar de los hechos para esclarecer el crimen.

En el municipio de Cota, Cundinamarca, se filtró el video de una trabajadora de seguridad que confrontó a dos compañeros que habrían vulnerado su privacidad en el entorno laboral.

El video fue difundido en las redes sociales de la plataforma informativa El Informativo Cota Chía Cajicá y, según el registro, dos empleados del área habrían accedido sin autorización a fotografías y conversaciones privadas almacenadas en el dispositivo móvil de la compañera que dejó su sesión de WhatsApp abierta.

Al parecer, la afectada se percató por medio de las cámaras de seguridad del recinto laboral que sus dos compañeros de trabajo habían revisado su aplicación con detalle, hasta que la mujer cerró la sesión desde casa.

En el clip se ve a la mujer alterada, emitiendo serios reclamos de manera directa a los presuntos responsables y exigiendo respeto, mientras pedía garantías sobre la protección de su intimidad.

“Miren, esto lo voy a llevar hasta las últimas consecuencias, porque si acá uno deja un perro WhatsApp abierto, y más que yo soy mujer, usted tiene mamá e hija y usted creo que también lo parió una mujer y tiene hermanas. Y acá se ve que estaban metidos en un chat y era el mío. Y dejaron la conversación hasta que yo lo cerré desde mi casa”, reclamó la trabajadora de vigilancia,

“Usted cagado de la risa y usted tomando fotos que el jefe no lo mandó a tomar. Voy a llevar esto, por Dios santo, nos vamos todos, hijo de puta. Me importa un hijo de puta culo, pero me parece hijo de puta los dos meterse en mi WhatsApp (sic)”, acusó a los dos vigilantes, ante la presencia de otros empleados que estaban como testigos del reclamo.

Los hombres, además de ver contenido íntimo de la mujer, también habrían hurgado en los archivos laborales de la operadora que estaban en la sesión: “A mí me dan en el culo, usted qué le tomaba fotos a mi WhatsApp que lo dejé ahí en forma incógnita. Después de las siete, después de que se hicieron toda la averiguación del informe que yo mandé, a ver si sí era verdad porque son bien sapos, ahí sí se dio cuenta del WhatsApp. Vi ese informe. Ustedes ahí estaban mirando un chat y están metidos en un chat, y era el mío”, alegó la mujer.

“Y una cosa les digo, de mi abogado, de mi abogado, espérense los dos la citación y lo que les va a mandar”, continuó.

Uno de los acusados respondió: “Pues nos vamos —a la citación—”. Incluso, cuestionaron a uno de los presentes que estaba grabando la discusión y su respuesta fue: “porque me da la gana”,

Uno de los acusados comentó: “Yo no le tengo miedo a usted”, y siguieron en el tire y hale de la discusión con la denunciante, que les recordó que ella nunca había tenido inconvenientes con ellos para que le revisaran su material audiovisual privado.

“Que se enteren todos y que vengan a tecnología. Y bueno, yo lo voy a hacer. Yo con ustedes nunca me he metido, y nadie es monedita, nos va a caer bien a todo el mundo, pero yo nunca me he metido con ustedes. Jamás. De frente no, pero eso, Wilson, no se hace. Acá los dos cagados de la risa. ¿Vemos el video o qué? —de las cámaras de seguridad—“, preguntó. Los denunciantes le pidieron ”no mirarlo".

Siguió: “No, es que ya lo miré, y ahí están ustedes. Y ¿usted qué hace, Flores, sacándole fotos a eso? Si es que acá nosotros ni siquiera tomamos fotos, parce. Aquí nosotros hablamos es pantallazos, no fotos. ¿Me quieren ver el culo? Díganme y yo se los muestro. O las fotos, las documentaciones que usted tenga. ¿Por qué no le toma fotos aquí cuando le dan al cuerpo aquí las de la cocina y...? (sic)“, continuó la víctima.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el reprochable hecho; sin embargo, en redes sociales los usuarios comentaron en favor de la trabajadora y pidieron a las autoridades que investiguen el caso.

Revisar información personal en chats o correos es un delito: esto dice la ley colombiana

En Colombia, la ley tipifica como delito el acceso no autorizado a dispositivos electrónicos, correos o chats de otra persona. De acuerdo con los artículos 269A y 269F la Ley 1273 de 2009, que modificó el Código Penal.

Allí, estas conductas se consideran Acceso Abusivo a Sistema Informático y Violación de Datos Personales, y están sancionadas con penas que oscilan entre 36 y 96 meses de prisión, además de multas económicas.

Según estas disposiciones, existe una “agravación punitiva” que significa un aumento de la sanción de la mitad a las tres cuartas partes si la conducta se cometió “aprovechando la confianza depositada por el poseedor de la información o por quien tuviere un vínculo contractual con este, o dando a conocer el contenido de la información en perjuicio de otro, o bien, para obtener provecho para sí o para un tercero”.

La jornada de protestas del jueves 9 de abril de 2026 dejó bloqueos y alteraciones en la movilidad de varios departamentos de Colombia, marcados por el descontento de miles de colombianos ante el incremento en los avalúos catastrales realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac).

Campesinos, gremios y veedurías ciudadanas se manifestaron en rechazo al alza del impuesto predial, que denunciaron aumentos de hasta 300% tras la polémica actualización, con afectaciones en cerca de 527 municipios, según las denuncias recolectadas en redes sociales y medios de comunicación.

Las protestas se concentraron, principalmente, en departamentos como Santander, Boyacá, Quindío y Cundinamarca, con intensos bloqueos que duraron horas y que, en algunos puntos, prometen una continuación durante la jornada del viernes, 10 de abril.

En Santander, campesinos de al menos 16 veredas de Lebrija bloquearon la vía Bucaramanga–Barrancabermeja y el acceso al aeropuerto Palonegro, lo que llevó a la cancelación de 13 vuelos y a la suspensión temporal de las operaciones aéreas en la terminal. “Esperamos que nos den alguna solución. Me toca quedarme en el aeropuerto a dormir”, relató una usuaria afectada, citada por Semana.

De hecho, las protestas aún continúan. A través de un comunicado, voceros de la Aeronáutica Civil confirmaron que “a partir de las 5:30 p. m.,hora local (HL), se ha emitido el Notam (Notice to Airmen/Notices to Air Missions) D0292, que ordena el cierre temporal de todas las operaciones en el Aeropuerto Palonegro, que sirve a la ciudad de Bucaramanga".

Desde la entidad indicaron que “el reinicio de las actividades aéreas estará estrictamente supeditado a la evolución de las condiciones de seguridad y a las instrucciones que emita la Fuerza Pública. La Aeronáutica Civil notificará de manera oportuna la reapertura de la terminal una vez se cuente con las garantías plenas para la navegación aérea y el tránsito terrestre".

En Boyacá, por su parte, los bloqueos se extendieron a vías clave como Chiquinquirá–Bogotá y el corredor Tunja–Bucaramanga. Allí, organizaciones campesinas y gremios agropecuarios se reunieron para exigir la revisión de la Resolución 2057 del Igac, que afectó a varios municipios del departamento. Los manifestantes condicionaron el levantamiento de los bloqueos a la apertura de mesas de concertación con el Gobierno nacional.

Desde la Gobernación del departamento se emitió un balance en el que se informó que, al cierre de la jornada los bloqueos permanecieron en siete puntos: Chiquinquirá, con otros tres subpuntos de concentración; Moniquirá, con el bloqueo en la plaza de mercado, vía nacional, con paso habilitado cada 2 horas; Chitaraque, Saboyá, Arcabuco, y Tinjacá con bloqueo permanente en el sector Tres Esquinas en la vía nacional Tunja – Chiquinquirá.

“Las autoridades del departamento mantienen activos los canales de diálogo con los manifestantes y reiteran la disposición del Gobierno departamental para actuar como interlocutor y facilitador en la búsqueda de alternativas que permitan superar esta problemática”, se leyó en el comunicado oficial.

En el Eje Cafetero se presentaron cierres intermitentes en la vía a La Línea y bloqueos en puntos estratégicos de Quindío y Risaralda complicaron el tránsito para transportadores y viajeros. Sobre el mediodía, se conoció por medio de medios locales como el Diario Oriente que las movilizaciones fueron protagonizadas por, al menos, mil personas, principalmente mineros.

La protesta también se replicó en Antioquia, Casanare y Norte de Santander, con menores afectaciones en rutas principales y congestión en áreas metropolitanas.

Bloqueos en Cundinamarca y Bogotá

En Cundinamarca, la vía Bogotá–La Calera fue escenario de manifestaciones que restringieron la movilidad en ambos sentidos. Aunque en horas de la tarde, aproximadamente a las 6:00 p. m., se suspendió el paro por solidaridad con adultos mayores participantes, el paso continuó restringido en varios tramos y representantes del Gobierno citaron a una mesa técnica para el 10 de abril.

En Bogotá, la jornada se desarrolló sin mayores afectaciones en las vías principales, salvo por el paro de taxistas en el aeropuerto El Dorado, que fue levantado tras una mesa de negociación con la empresa Taxi Imperial y el nombramiento de una nueva gerencia, con una serie de acuerdos en favor de los taxistas.

Los manifestantes en la mayoría de los puntos del país insisten en la urgencia de revisar los avalúos catastrales y adoptar medidas que alivien el impacto económico sobre las familias rurales y urbanas.

El hecho ocurrió a las 12:18 m., cuando dos hombres en motocicleta identificaron a su víctima, ingresaron al establecimiento y, bajo amenazas con arma de fuego, despojaron a un ciudadano de un reloj de alta gama.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observó cómo uno de los asaltantes descendió de la motocicleta, entró al restaurante y, tras intimidar a la víctima, le arrebató el accesorio. El ladrón huyó inmediatamente con su cómplice, que lo esperaba frente al local, y ambos escaparon en la motocicleta ya identificada por las autoridades.

Desde la Policía Metropolitana de Bogotá se confirmó el asalto y sus voceros aseguraron que ya están en marcha las investigaciones con el fin de ubicar y capturar a los responsables de este hecho.

En esta zona de la localidad se han reportado varios casos de hurtos a lo largo de 2026. Ciudadanos y residentes denunciaron que entre las calles 100 y 127 hay una fuerte presencia de ladrones motorizados, y casi todos los atracos suceden a manos de sujetos con armas de fuego o cortopunzantes.

El caso ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde usuarios expresaron preocupación por la seguridad en la ciudad. El bogotano Ariel Ricardo Armel fue uno de los denunciantes del hecho.

Minutos después de ocurrido el robo publicó en su cuenta de X: “Acaba de pasar en Bogotá. Plena 109 con 15, se entran al restaurante y con arma en mano atracan por un reloj. Bogotá y Colombia al garete, en manos de los criminales que saben que con Petro no hay autoridad ni mano firme contra los hampones. El porte de armas es la solución”, dijo.

Una ciudadana que presenció los hechos dijo, citada por El Tiempo: “Mi esposo y yo bajábamos por la 109 y vimos las motos subir para salir a la 9 al sur. Nos pareció muy sospechoso; eran aprox. 4 motos”.

Usuarios de redes comentaron que, principalmente, la responsabilidad recae sobre el alcalde Carlos Fernando Galán: “Aquí gerencia el HAMPA. Las estrategias que debe tomar el alcalde deben ser EXTREMAS. Por qué no copia lo que han hecho ciudades como Madrid, NY, Buenos Aires o El Salvador. Bogotá es ya un PELIGRO eminente (sic)”.

Escolta frustró robo de bicicleta de alta gama en la autopista Norte con calle 122

Una denuncia previa, también en la localidad de Usaquén, se difundió en las redes sociales. El sociólogo capitalino Diego Maldonado expresó que la preocupación por la seguridad en Bogotá no solo afecta a los clientes de restaurantes y comercios, sino también a quienes practican deportes en la vía pública.

“Increíble que toque salir a montar bici escoltados. Hoy se frustró un robo en la autopista norte con 122 gracias al escolta motorizado y el tren kmt”, relató Maldonado.

La percepción de inseguridad ha llevado a que muchos ciudadanos modifiquen sus rutinas y busquen apoyo en colectivos o seguridad privada para realizar actividades cotidianas.

Desde la Secretaría de Seguridad respondieron que querían “conocer más detalles de lo ocurrido y brindar acompañamiento”.

Sin embargo, en la sección de comentarios de la publicación se conocieron más casos de hurtos de bicicletas en el importante corredor vial.

El internauta Edwin Perilla escribió: “Están robando de a 3 a 4 bicicletas por semana en la autopista y hasta el momento no se ve nada de mejora (sic)”, dijo, y acompañó su denuncia con capturas de pantallas de chats que reportaron varios robos recientes.

Otro usuario comentó: “Oiga, es increíble que apenas aparezcan. Llevan 4 meses robando en ese mismo sector y a esa misma hora. Qué negligencia”.

En medio de los bloqueos en las vías del departamento de Santander por las protestas contra el aumento del impuesto predial, una mujer dio a luz en una ambulancia tras recorrer varios kilómetros a pie para buscar atención médica, durante los bloqueos y protestas del jueves 9 de abril de 2026.

La mujer, proveniente de la vereda La Fuente, intentaba llegar al hospital de Girón para un control de embarazo, pero el cierre de la vía los obligó a ella y a su esposo a caminar gran parte del trayecto.

El nacimiento se volvió viral en redes sociales, ya que las unidades de la Policía y funcionarios de salud debieron movilizarse en el trayecto entre Lebrija y Girón, luego de que la gestante, con 35 semanas de embarazo, cayera desmayada en el peaje de Lebrija debido al esfuerzo físico y la imposibilidad de movilizarse en vehículo.

Al llegar al peaje, sufrió una caída y comenzó el trabajo de parto. El médico Jorge Villamizar y el equipo de emergencias la atendieron en la ambulancia, donde la bebé nació en apenas cuatro minutos, con un peso de 2.100 gramos, considerado bajo por los especialistas que atendieron a la progenitora.

“La ambulancia llegó en menos de un minuto. Los médicos notaron que tenía dilatación completa, de 10 centímetros, lista para el expulsivo”, explicó Ronaldo Uribe, director del Servicio de Atención al Usuario (SAU) del programa Vías de la Cigarra, encargado de la atención en la emergencia, en diálogo con el medio santandereano Vanguardia.

Según el equipo médico, tanto la madre como la recién nacida “se encuentran estables”, aunque la bebé, por ser prematura y de bajo peso, fue remitida a un centro especializado, relató una fuente médica consultada por El Tiempo.

Los bloqueos, que forman parte de una ola de protestas por el alza en los avalúos catastrales, han generado complicaciones en el acceso a servicios de salud en la región.

En lo que va de la jornada, el personal de Vías de la Cigarra —programa que lidera el Instituto Nacional de Vías (Invías) con la asistencia técnica integral de Findeter, para mejorar la red vial de Bucaramanga, Lebrija y Rionegro— confirmó que atendió otras cuatro emergencias, incluida la de un adulto mayor que requería soporte de oxígeno.

Aumentos de hasta un 300%: los reclamos de los santandereanos por incrementos en el impuesto catastral

Desde la mañana del 9 de abril, campesinos de al menos 16 veredas de Lebrija, Santander, bloquearon la vía que conecta Bucaramanga con Barrancabermeja y el Aeropuerto Internacional Palonegro, en rechazo a los incrementos en el impuesto predial.

Las manifestaciones afectaron la movilidad para viajeros y transportadores en una de las rutas más importantes del departamento que, incluso, significó la alerta por parte de la Aeronáutica Civil a los viajeros para revisar sus itinerarios de viaje.

Los manifestantes denunciaron que, tras la actualización catastral realizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), los cobros del predial han aumentado hasta un 300%.

La movilización no se limitó a Lebrija. También se reportaron bloqueos y concentraciones en municipios como San Gil, Oiba, El Playón, Socorro, Tona, Sabana de Torres y el sector del Páramo de Berlín.

Entre las principales exigencias de los manifestantes están la revisión de los avalúos catastrales y la adopción de medidas urgentes por parte del Gobierno nacional y las administraciones locales.

Un habitante del municipio de Floridablanca informó a este medio que el incremento fue casi general. Relató que, de forma anormal, “acá en la casa el impuesto es superior al millón de pesos. El año pasado estaba en 625,000 pesos aproximadamente. Subió a 1,025,000 pesos”. Sin embargo, se reportaron costos que sobrepasaron los dos millones de pesos, en algunos casos.

El hurto a comercios en Bogotá registró una reducción del 65,5% en lo que va de 2026, según reportaron voceros oficiales de la Secretaría de Seguridad de la capital, con corte al 4 de abril.

Desde la institución encargada de la seguridad y el orden público de la ciudad se reportó que la disminución significó 1.768 comerciantes menos afectados por este delito respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (Siedco).

El secretario de Seguridad, César Restrepo, destacó por medio de un comunicado que estos resultados son consecuencia de una estrategia integral de prevención y control, desarrollada en coordinación con la Policía Metropolitana y otras autoridades.

“Nunca hemos dicho que Bogotá es una ciudad donde no pasan delitos. No existe una ciudad en el mundo donde no ocurran hechos de crimen o violencia. Nuestro compromiso es reducirlos y cambiar las condiciones que los generan”, afirmó Restrepo.

Según el funcionario, entre las acciones implementadas se encuentran la integración de cámaras privadas y del comercio al sistema C4, patrullajes constantes en corredores comerciales, operativos de inspección y megatomas en zonas de alta afluencia, como parte de estrategias como el Plan Integral de Seguridad Ciudadana, Convivencia y Justicia (Pisccj), Distritos Seguros, Lucha contra el Crimen, Control Urbano y Cooperación Ciudadana.

Dichos planes de acción también cuentan con complementos para puntos específicos que piden unidades especializadas como los Grupos Gema; por ejemplo, el Plan Gourmet, que intensificó la vigilancia en zonas comerciales de robusta concurrencia como la Zona T y la Zona G de Chapinero, en el norte de la ciudad.

En estos puntos “los uniformados de la Policía patrullan manteniendo comunicación directa con administradores y trabajadores de los establecimientos, para activar de forma inmediata los protocolos de respuesta”.

En lo que va de 2026, fuentes de la Policía confirmaron 840 capturas relacionadas con este delito. Por ejemplo, a finales de enero, uniformados del CAI San Diego interceptaron a nueve personas extranjeras implicadas en el hurto a un supermercado, gracias a una alerta emitida por la central de radio.

Desde la Secretaría de Seguridad reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar oportunamente cualquier hecho delictivo a través de la Línea 123 y aseguraron que la estrategia de seguridad se mantendrá y fortalecerá en coordinación con el sector privado y la comunidad, con el objetivo de consolidar entornos comerciales más seguros en la capital.

Asalto a mano armada en café de Chapinero

El lunes 7 de abril de 2026, a plena luz del día, un hombre armado asaltó un café en la zona alta de Chapinero. El robo ocurrió hacia las 3:30 p.m., cuando el delincuente ingresó al establecimiento, intimidó con amenazas a los clientes y les despojó de celulares, billeteras, dinero en efectivo y un computador portátil.

De acuerdo con las grabaciones de las cámaras de seguridad, el hombre —que vestía chaqueta azul y gorra— actuó con rapidez, mientras algunos clientes buscaban mantener la calma y otros lograron salir del local antes de que terminara el asalto.

Tras cometer el hurto, el responsable huyó en una motocicleta conducida por un cómplice. Hasta el momento, no se han reportado capturas por este hecho.

Según reportes recientes en redes sociales, al menos siete cafeterías del sector han sido víctimas de hurtos en los últimos tres meses. Además de atracos a mano armada, bandas organizadas han robado equipos especializados, como máquinas capuchineras valoradas en hasta 50 millones de pesos, y manipulan sistemas de seguridad para evitar ser identificados.

Los comerciantes exigen a la Policía Metropolitana vigilancia constante y acciones coordinadas para frenar los robos.

El anuncio se realizó después de los bloqueos llevados a cabo por conductores y propietarios de taxis en las instalaciones de la terminal aérea de la capital del país. En un comunicado firmado por la representante legal, Valentina Hernández Díaz, se precisó que, en respuesta a las solicitudes de los conductores y propietarios, fue suspendido el proyecto de recaudo prepago, resaltando que este nunca se implementó.

Además, el documento señala que, a solicitud de los conductores y propietarios de Taxi Imperial, se retira el personal encargado de promover el servicio de transporte público especial e individual.

De acuerdo con la compañía, invitaron a las autoridades a reforzar los controles para evitar la informalidad en la prestación del servicio de transporte público, y convocaron a una mesa de trabajo con conductores y propietarios para establecer mecanismos que optimicen la operación.

La representante legal también precisó en el comunicado que la flota de vehículos de servicio público especial no superará el 10% respecto al número de taxis individuales, en cumplimiento del contrato con Opain (Sociedad Concesionaria Operadora Aeroportuaria Internacional) y la normativa vigente. Asimismo, se solicitó a los conductores levantar el bloqueo en El Dorado:

“Respetuosamente solicitamos levantar el bloqueo y normalizar la prestación del servicio de transporte público de pasajeros desde el aeropuerto”, puntualizó Hernández Díaz.

Levantamiento del paro tras mesa de diálogo

A partir de las 15:03 del jueves 8 de abril, el paro fue oficialmente levantado y la operación de taxis en el aeropuerto se restableció, tras una mesa de diálogo entre representantes de Taxi Imperial y el gremio, que permitió alcanzar acuerdos para la normalización del servicio.

Entre los compromisos, la empresa informó: “Nos comprometimos con las retractaciones de Julio Jiménez y las enviamos a los grupos de conductores de Taxi Imperial”. También se acordó que “el servicio especial solo será prestado por Vans para cinco o más pasajeros” y que “no ingresan al parqueadero los vehículos de servicio especial sedán y SUV”.

La eliminación de promotores en los pasillos y bandas del aeropuerto fue otro de los puntos aceptados por la gerencia. Además, la empresa indicó que será más estricta en el reglamento de disciplina y que “no se continúa con el plan piloto propuesto por la anterior gerencia operativa”.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo ofreció apoyo para la impugnación de comparendos y se comprometió a vigilar el cumplimiento de los acuerdos. En respuesta a la petición de mayores controles y vigilancia en las zonas de acceso, Taxi Imperial expresó: “Nos unimos a su petición”.

Razones del descontento y antecedentes del conflicto

La protesta de taxistas en el Aeropuerto Internacional El Dorado derivó en bloqueos, enfrentamientos con la Policía y suspensión de servicios por un conflicto que expuso tensiones por el control del transporte en la terminal aérea y la introducción de nuevos modelos operativos.

El cese de actividades fue confirmado por Jaime Herrera, uno de los líderes del gremio, que explicó a Blu Radio que la protesta no se dirigía contra plataformas digitales, sino contra las decisiones internas tomadas por la administración de Taxi Imperial, responsable del servicio de taxis en El Dorado.

“El motivo de la protesta de nosotros es con la nueva administración, porque nos quiere colocar unas nuevas leyes de trabajo donde ellos nos quieren recaudar el dinero”, sostuvo Herrera, quien rechazó las sanciones y criticó la propuesta de remuneración diaria, o prepago, por considerarla insuficiente ante los riesgos del oficio.

Un foco del conflicto es la competencia con vehículos de servicio especial, conocidos como “camionetas blancas”, que, según los taxistas, estarían siendo promovidos dentro del aeropuerto. Herrera denunció: “Ellos colocaron unas camionetas blancas (…) y los están impulsando su trabajo internamente”, y señaló que los espacios de parqueo para taxis estarían siendo ocupados por estos vehículos, además de que a los pasajeros se les desincentiva tomar taxis amarillos.

El gerente saliente de Taxi Imperial, Julio Jiménez, rechazó la existencia de un intento de exclusión de los taxistas tradicionales: “No quieren aceptar que la manera estratégica de recuperar los clientes es mejorar el servicio”, afirmó en entrevista con el mismo medio, y reconoció que parte de la desconfianza de los usuarios hacia el taxi amarillo se debe a denuncias de cobros excesivos.

Con respecto a los servicios especiales, Jiménez señaló: “El usuario elige dónde se va. Se le ofrece taxi amarillo y servicio especial”.

Indicó, además, que Taxi Imperial solo atiende el 20% de los servicios que llegan al aeropuerto, mientras que “el otro 80% se lo llevan las plataformas ilegales”, lo que evidencia la pérdida del mercado formal.

Las autoridades del departamento del Cauca reportaron una masacre con un saldo de, al menos, seis personas muertas en una vivienda de la vereda La Meseta, en la zona rural entre Popayán y Cajibío, cerca del mediodía del jueves 9 de abril de 2026.

Mientras se investiga el hecho, que se suma a la creciente ola de ataques violentos registrados en la región, la información preliminar es que el crimen ocurrió cerca del cruce San Alfredo y fue alertado a la Policía a las 11:55, tras una llamada a la línea de emergencia, según información suministrada por fuentes de la Policía de Popayán.

Hasta ahora, las identidades, edades y género de las víctimas no han sido confirmadas por las autoridades.

La situación de orden público en la zona complicó la respuesta de los equipos de emergencia. De hecho, las autoridades confirmaron que una ambulancia enviada al lugar fue interceptada por hombres armados que habrían impedido el ingreso y “manifestaron que retornen a la ciudad”.

Desde la Policía de la capital caucana afirmaron que en lo que queda de la jornada se continúan adelantando “actividades de verificación con red de apoyo y habitantes del sector”.

Masacre de tres personas en zona rural de Guachené, Cauca

Un ataque armado dejó tres personas muertas y un herido en la vereda Obando, municipio de Guachené, al norte del departamento del Cauca, durante la noche del domingo 5 de abril. Hombres armados irrumpieron en un establecimiento comercial y dispararon contra las personas presentes, según reportes de la comunidad y organizaciones como la Red por la Vida y los Derechos Humanos de Cauca.

En el lugar murieron dos personas, mientras que una tercera falleció poco después en un centro asistencial. Las víctimas fueron identificadas como Olver Carabalí, de 70 años; Fanor Carabalí, de 57; y James Uriel Vivas Tróchez, de 66. Todos eran habitantes de las veredas Obando y San José. En el ataque también resultó herido un joven, cuya identidad no ha sido confirmada.

Los habitantes de la región denunciaron vivir bajo miedo constante, en condiciones de confinamiento y con restricciones a la movilidad, pese a la presencia de la fuerza pública en la zona, de acuerdo con el comunicado oficial de la organización. La violencia y los ataques armados se mantienen como una amenaza persistente para las comunidades del norte del Cauca.

Desde la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca se hizo un llamado urgente al Estado colombiano para que adopte medidas inmediatas y efectivas de protección. La organización exigió garantizar la vida, la integridad y los derechos humanos de las comunidades, además de atender la crisis humanitaria que afecta a la región y detener la repetición de estos hechos de violencia.

Giovanny Yule, director de la Unidad de Restitución de Tierras, escribió al respecto en sus redes sociales: “Rechazamos con dolor la masacre ocurrida en Guachené, Cauca, donde fueron asesinados tres adultos mayores y un menor de edad, la vida debe ser sagrada en nuestros territorios. Las comunidades no pueden seguir viviendo con miedo”.

Desde la Defensoría del Pueblo expresaron profunda preocupación por la escalada de violencia en el municipio de Guachené. Voceros de la institución señalaron que estos episodios revelan un contexto de deterioro sostenido de la seguridad en la zona.

De hecho, solo en 2025 se registraron 49 homicidios, con un incremento del desplazamiento forzado en la región plana del norte del Cauca, que incluye también a los municipios de Villa Rica, Padilla y Puerto Tejada.

También señalaron que las comunidades étnicas, y en particular, la población negra de la vereda Obando, enfrentan amenazas constantes, homicidios, confinamiento y restricciones a la movilidad, lo que afecta gravemente sus derechos culturales y la pervivencia comunitaria.

En la Defensoría identificaron la presencia activa del Frente Dagoberto Ramos del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas (Bocja) del EMC, así como de otros grupos de delincuencia organizada en la zona.

En las horas de la mañana del jueves 9 de abril de 2026, se filtró en medios de comunicación un informe que reveló que el avión Hércules FAC 1016 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que se accidentó el 23 de marzo de 2026 en Puerto Leguízamo, Putumayo, y dejó un saldo de 69 muertos y 57 heridos, no tenía seguro.

Por medio de un comunicado, voceros oficiales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana confirmaron que, efectivamente, el avión accidentado no estaba bajo el cubrimiento de la póliza de seguro vigente para las aeronaves de la fuerza pública.

Informaron también que no hay recursos disponibles para asegurar la totalidad de los vehículos aéreos y que solo el 33% de las naves de toda la fuerza pública están bajo esta cobertura.

Desde la institución militar explicaron el pago de las pólizas obedece a “contrataciones centralizada por el Ministerio de Defensa, desde el año 2022″.

El informe que reveló Caracol Radio sostiene la existencia de un vacío de 258.224 millones de pesos para la contratación de los seguros, mientras que la FAC reconoció un “déficit existente en 2026 aproximado de 244.000 millones de pesos por este concepto para la presente vigencia”.

En ese sentido, desde la Fuerza Aeroespacial Colombiana confirmaron que se tramitaron los requerimientos “desde el sector defensa para suplir esta necesidad”.

No obstante, reconocieron que todos los pasajeros que iban en el vuelo sí iban asegurados, ya que “esta institución prioriza la vida mediante el entrenamiento de sus integrantes, así como la planeación y efectividad de cada una de las operaciones, cumpliendo la misión constitucional con integridad y seguridad. En Colombia, todo el personal militar activo cuenta con un seguro de vida obligatorio”.

Qué dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez

El jefe de la cartera, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, informó que "todos los pasajeros fallecidos en el accidente del avión Hércules en Putumayo estaban asegurados", pese a que la aeronave no tenía una póliza vigente.

En entrevista con Semana, Sánchez explicó que asegurar toda la flota aérea de la fuerza pública requeriría un presupuesto anual cercano a un billón de pesos, monto con el que actualmente no cuenta el sector defensa.

“Se requiere un presupuesto significativo para asegurar todos los bienes de la fuerza pública, pero las limitaciones presupuestales impiden asegurar aeronaves como los Hércules y Kfir”, señaló el ministro.

El ministro explicó que parte del presupuesto disponible ha sido destinado a las pólizas de seguros de vida de todos los militares, que pueden costar 151.000.000 de pesos “por asegurado en promedio”, dijo.

“Todo es un seguro aparte, todos los funcionarios de la fuerza pública están asegurados, porque es una profesión de muy alto riesgo. Entonces, por ejemplo, usted podría hacer un diagnóstico de no sé qué porcentaje de vehículos están asegurados en Colombia. No es el 100%. Entonces ya uno diría: ‘No, pero deberían estar todos asegurados’, etcétera. Ya son las limitaciones que nos impone el presupuesto, no es falta de voluntad. Entonces, ¿cómo lo prioriza? Invirtiendo en temas que eviten que ocurran los accidentes, en temas de mantenimiento, alistamiento, entrenamiento y de operación para cumplir la misión constitucional“, dijo.

Agregó que “hemos insistido en que se tiene que asignar más presupuesto”, de manera que en la cartera han debido establecer criterios para determinar qué aeronaves sí se aseguran y qué otras no.

“Son dos —criterios—: el impacto estratégico que tenga la operación y, por otro lado, factores externos de la amenaza del combate, por ejemplo, imagínese usted asegurando un avión Kfir de combate, pues el nivel de la amenaza hace extremadamente costoso el seguro. Pues quitando esos elementos, ¿cuáles tendrían más riesgo? Y son aquellos donde las personas están aprendiendo a volar y son en instrucción y entrenamiento".

Sin embargo, el ministro dijo que las autoridades se enfocan en prevenir accidentes como el del 23 de marzo de 2026: “Uno puede decir: ‘Sí, tenemos seguro y recupera el material’, pero es que la idea no es que simplemente se recupere el material, la idea es que jamás ocurra un accidente, porque detrás de ello están las vidas”, dijo el ministro en la entrevista.

La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el Proyecto de Ley Jornada Laboral Sin Desigualdad, presentado por la representante María Fernanda Carrascal, que impulsa la reducción gradual de la jornada laboral en el sector público en Colombia.

La medida busca equiparar las condiciones laborales de los servidores estatales con las del sector privado, donde la reducción de la jornada ya ha sido implementada mediante la Reforma Laboral de 2025, según explicó la congresista del Pacto Histórico.

De acuerdo con los detalles de la propuesta, la reducción discriminaría a empleados públicos de trabajadores oficiales. Los primeros tendrán una reducción de las 44 horas semanales actuales a 42 horas semanales en dos etapas: de 44 a 43 horas, y luego de 43 a 42 horas.

Por su parte, los trabajadores oficiales tendrán una reducción desde las 48 horas actuales a las 42, en cuatro etapas, respectivamente.

La diferencia radica en que los empleados públicos son quienes trabajan en entidades estatales como ministerios, superintendencias e instituciones, mientras que los trabajadores oficiales están vinculados al sector público, especialmente en construcción, mantenimiento y conservación de obras, empresas industriales o comerciales del Estado y sociedades de economía mixta.

El proyecto también contempla unas excepciones para cargos directivos (ministros, alcaldes, gobernadores, congresistas, el presidente, etc.) y algunos puestos de asesoría de alto nivel. Estas personas no se verán afectadas por la reducción, dada la naturaleza permanente de sus funciones.

En el abecé del proyecto se indicó que esta transformación no implica recortes salariales ni afectaciones a los derechos adquiridos. De hecho, la representante Carrascal explicó que la propuesta responde a un principio de igualdad: “No es justificable que en el sector privado se trabaje menos que en el sector público”.

Según Carrascal, desde el Departamento Administrativo de la Función Pública se estima que la iniciativa beneficiaría a 1.324.866 servidores públicos, y se promovería el equilibrio entre la vida laboral y personal, así como la “creación de ambientes laborales saludables y productivos en la administración estatal”.

De la misma manera, la propuesta incorpora un enfoque de modernización, con programas de capacitación orientados a fortalecer competencias en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) e inteligencia artificial. Estos programas buscan preparar a los funcionarios para los desafíos tecnológicos actuales y futuros en la gestión pública.

Carrascal, a su vez, destacó que la medida también apunta a atraer y retener talento en el Estado: “Necesitamos a las y los mejores profesionales en lo público. Esta propuesta también apunta a un sector competitivo que garantice servicios de calidad a la ciudadanía”.

El plan de reducción de jornada se implementaría de forma gradual, con mesas técnicas encargadas de asegurar la calidad en la prestación de los servicios públicos. Además, la iniciativa establece que el Gobierno nacional evaluará periódicamente el impacto y el cumplimiento de la medida, manteniendo intactos los acuerdos colectivos vigentes y evitando cualquier desmejora en las condiciones laborales.

El articulado se alinea con estándares internacionales, como el Convenio 47 de 1935 y la Recomendación 116 de 1962 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que promueven la reducción progresiva de la jornada laboral.

En Colombia se estima que hay, al menos 1.324.866 servidores públicos en todo el Estado colombiano, distribuidos así: en la Rama Ejecutiva hay 172.724 (sin incluir docentes o personal uniformado), a nivel territorial, 285.267; en la Rama Judicial, 60.696; y en la Rama Legislativa, 3.277.

La reducción en el sector privado con nuevo decreto

El Decreto 223 de 2026 impone a las empresas de Colombia la obligación de organizar jornadas laborales de 30 horas para ciertos perfiles, con estándares de seguridad social y condiciones de bienestar y protección. Esta reforma, basada en las políticas impulsadas por el presidente Gustavo Petro, introduce una estructura diferenciada para estudiantes, menores de edad y jóvenes en formación.

La reducción de horario ya implementada es gradual: desde 2023 la jornada semanal disminuyó de 48 a 47 horas; bajó a 46 en 2024; se recortará a 44 en 2025 y alcanzará 42 en 2027.

Estas modificaciones obedecen a la Ley 2101 de 2021, que prevé un descenso progresivo en los próximos cinco años. La normativa aseguró que “la reducción no implica una disminución del salario del trabajador, así como tampoco una desmejora en las condiciones, prestaciones legales y extralegales con las que cuentan los empleados”.

La Gobernación de Santander, desde el 7 de abril de 2026, puso en marcha un Puesto de Mando Unificado (PMU) para monitorear las protestas contra el aumento del impuesto predial en el departamento.

Según información oficial, la medida incluye coordinación entre alcaldías, la fuerza pública y líderes de las manifestaciones, cuyo objetivo es prevenir bloqueos y garantizar la movilidad durante la jornada del 9 de abril de 2026.

El origen de las protestas está en el descontento generado por el incremento del impuesto predial, resultado de la actualización catastral realizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac).

De acuerdo con las autoridades, algunos contribuyentes vieron duplicados los cobros, lo que ha generado malestar en diferentes municipios del departamento y en el área metropolitana de Bucaramanga.

Las protestas surgieron después de que propietarios manifestaron ante las autoridades que los nuevos avalúos no reflejan las condiciones económicas de los habitantes. El proceso de actualización catastral, según explicó el IGAC, implica la revisión y ajuste del valor de los predios de acuerdo con características físicas, ubicación y precios de mercado, lo que repercute en el cálculo del impuesto predial.

Desde la Administración departamental, encabezada por el secretario del Interior, Óscar Eduardo Hernández, se informó que se adelantan acciones de articulación institucional y reuniones con los convocantes de las protestas. Hernández declaró que se han realizado encuentros para ofrecer garantías y buscar mecanismos de diálogo que permitan el desarrollo pacífico de la jornada.

“Durante la reunión de seguridad gubernamental desarrollada por la Secretaría del Interior, se evaluaron puntos críticos del departamento y se articularon capacidades institucionales para garantizar la seguridad de los santandereanos”, se leyó en el reporte oficial.

Entre los puntos bajo vigilancia permanente se encuentran el sector de la autopista a la altura del parador “Papi, Quiero Piña” en Floridablanca, así como los municipios de Lebrija y la ruta comunera entre San Gil y Socorro. Las autoridades señalaron que en estos lugares podrían presentarse concentraciones o bloqueos viales.

Unidades de la fuerza pública y los organismos de tránsito acompañarán las manifestaciones para evitar cierres de vías, además de habilitar canales de diálogo con los manifestantes. El seguimiento en tiempo real desde el PMU permitirá tomar decisiones rápidas ante cualquier afectación a la movilidad o el orden público.

“Además, se mantiene seguimiento a municipios priorizados y a la situación ambiental en la Ciénaga de Paredes, con acciones coordinadas para proteger comunidades y ecosistemas”.

Algunas de las denuncias

De acuerdo con Jackeline Martínez, veedora del municipio, la actualización realizada en 2024 ha sido la de mayor impacto en los últimos años, ya que superó ajustes anteriores y puso en duda la transparencia y los criterios técnicos de la medición catastral, según manifestó en entrevista con Alerta Bucaramanga.

Las escalas de aumento se evidenciaron, por ejemplo, con el caso personal de Martínez, que reveló que el avalúo catastral de su vivienda aumentó de 185 millones de pesos en 2024 a más de 1.100 millones en 2025.

Esta variación multiplicó el valor del impuesto predial anual, que pasó de cerca de 2 millones de pesos a montos superiores a los 14 millones. Martínez, incluso, agregó que se han documentado incrementos en avalúos que alcanzan el 400%, 700% y hasta 900% en algunos casos individuales.

La actualización catastral de 2024 se suma a una serie de antecedentes en la historia fiscal de Floridablanca: Martínez recordó que en 2014 un alza similar se registró en la zona urbana, y en 2018 el ajuste impactó especialmente al sector rural. No obstante, las cifras actuales superan los precedentes y han desencadenado una oleada de protestas y exigencias de revisión al proceso de actualización.

El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, afirmó que los exámenes de ingreso a las universidades constituyen “una barrera de acceso” y representan un “mecanismo de inequidad en el sistema educativo colombiano”.

Según sus declaraciones durante una entrevista con el diario económico La República, este tipo de pruebas limita las oportunidades para los estudiantes y profundiza las desigualdades existentes.

Dichas palabras motivaron una fuerte crítica en la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que expresó que las palabras del ministro de Educación Nacional “quieren desmontar todo estimulo a la excelencia y al conocimiento en Colombia, para navegar sin rumbo en el mínimo común denominador...”.

El ministro compartió dicha reflexión mientras se refirió a las imposibilidades que enfrentan los colombianos que viven en zonas rurales que luchan por ingresar a instituciones de educación superior, pero que encuentran “trabas”.

De hecho, aseguró que la alta tasa de deserción estudiantil en las poblaciones vulnerables corresponde con faltas de oportunidades, entre esas y demás impedimentos, como un examen de ingreso, según él.

Por lo tanto, afirmó que la respuesta institucional del Gobierno Petro ha sido ampliar la oferta académica en áreas con menor oferta académica de educación superior.

“En términos de educación superior, se han incrementado las ofertas en los territorios, donde se cruzan los mapas de violencia, desigualdad y pobreza, lugares donde no existe una oferta de educación superior, pero que se ha fortalecido durante los últimos años”, dijo en el diálogo.

Pero, no solo se refirió a los exámenes de ingreso. También arremetió contra programas como Ser Pilo Paga, que calificó como un factor de desigualdad que permite beneficios económicos a las universidades privadas, en detrimento de las instituciones públicas.

“Los recursos públicos deben servir para fortalecer la oferta pública, porque a través de los mecanismos de Ser Pilo Paga u otros mecanismos se crea una suerte de inequidad”, dijo. En ese sentido, agregó que “Colombia requiere un sistema mixto de educación, porque no tiene la capacidad de absorber toda la demanda que hay en el país”.

Ministro de Educación criticó al Banco de la República por alza en tasas de interés

El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, también cuestionó en sus redes sociales la reciente decisión del Banco de la República de aumentar la tasa de interés de referencia al 11,25%.

Según Rojas, esta medida busca “incrementar el desempleo” para contener la inflación y termina beneficiando a los banqueros y grandes capitales, mientras la mayoría de la población pierde capacidad adquisitiva.

Rojas advirtió que el alza en las tasas encarece el crédito y señaló además la existencia de una “puerta giratoria” entre el banco central y la banca privada, que cuestiona la neutralidad de la entidad.

Rojas también cuestionó la neutralidad del banco central y sugirió la existencia de una “puerta giratoria” entre la entidad y la banca privada.

En su análisis, la prioridad por la rentabilidad financiera sobre el bienestar social genera efectos contractivos en la economía, limita la inversión productiva y afecta el empleo. El ministro subrayó que mientras la inflación reduce la capacidad de compra de la mayoría, los sectores privilegiados logran mantener sus posiciones.

La posición del ministro se sumó a la del presidente Gustavo Petro, quien también ha criticado el impacto de estas decisiones sobre el crecimiento económico. Incluso, Petro compartió parte de la crítica y calificó el alza de tasas como un freno para el crecimiento económico y el bienestar de la población.

Paralelamente, sectores académicos y sociales reclamaron mayor transparencia y una discusión pública sobre los efectos sociales de la política monetaria, mientras economistas y exministros defendieron la autonomía y el enfoque técnico del Banco de la República.

Así lo ratificaron voceros de la institución, que informaron que durante la inspección, liderada por la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz, el equipo de la entidad halló riesgos laborales, y deficiencias en las condiciones de contratación y los protocolos frente al acoso laboral y sexual.

Dicha jornada incluyó recorridos por las instalaciones, revisión de documentos y espacios de escucha directa para los empleados. De hecho, desde el ministerio reportaron la recepción de varias denuncias anónimas a través de un código QR habilitado para los trabajadores.

Entre los hallazgos, se identificaron casos de presunto acoso sexual y laboral, en los que se resaltó que hay personal técnico recibiendo el salario mínimo pero cumpliendo jornadas superiores a las legales sin pago de horas extras, y un reglamento interno de trabajo desactualizado.

Además, informaron que se percataron de que algunas políticas y protocolos sobre acoso no cuentan con rutas claras y efectivas para atender denuncias de acoso sexual.

En materia de seguridad y salud en el trabajo, el equipo inspector identificó irregularidades como espacios con iluminación insuficiente, obstáculos en la movilidad y ergonomía de los puestos de trabajo, equipos en mal estado —como sistemas de aire acondicionado no funcionales en áreas de postproducción— y la presencia de elementos no adecuados para oficinas, como hornos microondas.

Las medidas que deberán tomar en el medio de comunicación

La viceministra Sandra Muñoz afirmó que se deberán “actualizar protocolos, políticas y rutas en materia de acoso sexual, sobre todo, y necesitamos reconstruir además con la empresa los casos disciplinarios y los casos de violencia laboral y de acoso sexual que quizás no se han tramitado de debida forma o que no se han remitido a las autoridades competentes”.

Indicaron que los casos de presunto acoso sexual denunciados deberá remitirse ante la Fiscalía General de la Nación para que establezca investigaciones al respecto.

“Adicional a esto, le vamos a pedir a la empresa, y este será uno de nuestros resultados, actualizar el reglamento interno de trabajo, revisar los contratos de trabajo que tienen, los contratos de prestación de servicios y los contratos que tienen con las temporales, para que dentro de todos estos contratos se incluyan las cláusulas pertinentes para la prevención y erradicación de violencias y acoso en el mundo del trabajo”.

La viceministra reiteró que la entidad seguirá con su compromiso frente a la defensa de los derechos laborales en los medios de comunicación de Colombia y advirtió que continuará adelantando las acciones correspondientes frente a los hallazgos identificados.

Desde el ministerio también reconocieron la apertura y alta participación de los trabajadores en la jornada, que compartieron testimonios sensibles que serán objeto de análisis y seguimiento.

Muñoz sostuvo que estas inspecciones, con enfoque diferencial y de género, “buscan no solo sancionar posibles irregularidades, sino también transformar las condiciones laborales y fortalecer entornos de trabajo libres de violencia y discriminación”.

El 7 de abril de 2026, el Ministerio de Trabajo ordenó la ejecución de medidas inmediatas en Caracol Televisión al detectar riesgos actuales de acoso sexual y laboral en la organización.

A través del Auto No. 0010 del 7 de abril de 2026, la autoridad laboral dispuso nueve órdenes preventivas que deben ser implementadas de inmediato.

Entre las irregularidades más graves detectadas durante la inspección, funcionarios documentaron la presunta existencia de conductas reiteradas de acoso sexual y laboral, un subregistro de denuncias debido al temor a represalias, falta de investigaciones disciplinarias adecuadas, y deficiencias en la gestión de quejas internas.

A través de sus redes sociales, el ministro Sánchez aseguró que se trata del “cumplimiento a quienes protegen a Colombia”, ya que no solo se realizará un pago retroactivo correspondiente a los uniformados, desde el 1 de enero de 2026, sino que el incremento incluye “una nivelación salarial para la base de la suboficialidad, como reconocimiento a la labor que desempeñan en pro de la seguridad y el bienestar del país”, aseguraron voceros oficiales las Fuerzas Militares.

Así quedaron los sueldos en la fuerza pública

El ministro de Defensa, a través de su cuenta de X, compartió con la ciudadanía las razones y los pormenores del incremento. De hecho, señaló los porcentajes de cada cargo con respecto a la escala gradual porcentual para el personal.

“En el 2025 la inflación fue del 5.1%, sin embargo el Gobierno Nacional aprobó un aumento del 7% para los salarios de los oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública. Lo más importante, hubo un aumento histórico para la nivelación salarial de la base de las Fuerzas Militares”, escribió.

En el documento del decreto se explicó que estas cifras de incremento en los sueldos básicos mensuales corresponderán al porcentaje que se indica para cada grado, de acuerdo con la escala gradual porcentual.

Fuentes militares explicaron que “según lo expuesto en el Decreto firmado por el presidente de la República (...) el salario base de un general se toma como referencia para calcular el ingreso básico de los demás grados. Cada uno de estos recibe un porcentaje determinado de ese valor, estableciendo así una estructura proporcional que permite garantizar equidad y jerarquía dentro de la institución“.

Con esa información, el ministro Sánchez confirmó: “Así les quedan sus salarios para el 2026 con su respectivo % de aumento: soldado profesional: $2.451.267 (+23,0%); cabo tercero: $2.482.834 (+25,6%); cabo segundo: $2.514.404 (+23,2%); cabo primero: $2.530.189 (+20,2%); sargento segundo: $2.545.974 (+11,9%). (...) Bienestar y moral combativa para nuestros héroes y heroínas es seguridad para todos los colombianos”, escribió el ministro.

El decreto expuso un panorama general de los incrementos para los integrantes de la fuerza pública, así:

Aumento del 7% para:

• Generales
• Almirantes
• Mayores generales
• Vicealmirantes
• Brigadieres generales
• Contralmirantes
• Coroneles
• Capitanes de navío
• Tenientes coroneles
• Capitanes de fragata
• Mayores
• Capitanes de corbeta
• Capitanes
• Tenientes de navío
• Tenientes
• Tenientes de fragata
• Subtenientes
• Tenientes de corbeta
• Sargentos mayores de comando
• Suboficiales jefes técnicos de comando
• Técnicos jefes de comando
• Comisarios
• Sargentos mayores
• Suboficiales jefes técnicos
• Técnicos jefes
• Subcomisarios
• Sargentos primeros
• Suboficiales jefes
• Técnicos subjefes
• Intendentes jefes
• Sargentos viceprimeros
• Suboficiales primeros
• Técnicos primeros
• Intendentes
• Subintendentes
• Patrulleros

Aumento del 11.88% para:

• Sargentos segundos
• Suboficiales segundos
• Técnicos segundos

Aumento del 20.20% para:

• Cabos primeros
• Suboficiales terceros
• Técnicos terceros

Aumento del 23.23% para:

• Cabos segundos
• Marineros primeros
• Técnicos cuartos

Aumento del 25.60% para:

• Cabos terceros
• Marineros segundos
• Aerotécnicos

Aumento del 23% para:

• Soldados profesionales
• Infantes de marina profesionales

Llovieron críticas por el incremento

Tras la publicación del alto funcionario, militares e internautas escribieron duros comentarios sobre los valores de los ajustes salariales, especialmente, por los incrementos que recibirán los soldados con respecto a los que fueron asignados cabos terceros, por ejemplo.

El senador electo Germán Andrés Rodríguez Prieto, exmilitar y creador de contenido conocido como El Comandante de la Verdad, envió un duro mensaje al ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, para cuestionar incremento salarial.

Para Rodríguez, la modificación resultó “insuficiente”, si se compara con el ajuste que llevó al salario mínimo vital, que fue del 23%.

“El aumento del sueldo a los militares y policías es mezquino”, afirmó Rodríguez. El ahora congresista no dudó en despacharse contra el ministro Sánchez, a quien le dijo que “A usted le quedó grande defendernos. Nosotros, los héroes de la patria, somos los que estamos poniendo el pecho en el monte. ¿Dónde está su gestión?”, cuestionó.

A él le siguieron los comentarios de internautas que comentaron: “Bien por los SLP y cabos lo merecen, pero es un insulto a la experiencia de los sargentos a tan grande responsabilidad... 95 mil de diferencia”; “Un sargento segundo de 18 años de servicio tiene solo 63 mil pesos por encima de un cabo recién salido de la escuela. Que falta de respeto y que bajada de moral tan Hpta (sic)”.

“Frustrante para un señor con casi 20 años de servicio y sacrificio para solo tener de diferencia con un cabo tercero recién egresado de 180.000 aproximadamente”; "

A través del pódcast de la institución, el investigador encargado del caso detalló cómo se gestó su carrera delictiva, su vínculo con el Tren de Aragua y los momentos clave de su captura.

La medida de aseguramiento dictada prevé una condena de no menos de 32 años de prisión para uno de los hombres más buscados de Bogotá.

Alias Misón nació en Bogotá 46 años atrás y comenzó a trabajar desde que era niño, como comerciante: “Inició desde los nueve años en la localidad de Kennedy, exactamente en los alrededores de Abastos, con una persona que arreglaba bicicletas”, relató el investigador.

“Luego se vuelve cotero y, tras reunir dinero, entra en el tráfico de licor adulterado”, relató el uniformado. Tras años ejerciendo dicha actividad ilegal, en 2018, con la llegada masiva de migrantes venezolanos, el ahora procesado fue uno de los pioneros en instalar los llamados paga diarios en Bogotá.

Así fue cómo alias Mison se vinculó con el Tren de Aragua

Fue la expansión de su negocio el desencadenante que propició el contacto con miembros del Tren de Aragua que llegaron en medio del éxodo de venezolanos.

“Allí trata de hacer un pequeño acuerdo. Les enseña cómo es el tráfico de estupefacientes en la localidad, cómo es que trabajan los colombianos”, explicó el investigador.

“Posterior a ello, ellos aprenden y hacen el acuerdo con el Tren de Aragua. Es donde esta estructura comienza su injerencia fuerte en Kennedy con los primeros asesinatos y embolsados”, agregó.

El investigador reveló que ese vínculo comercial que existía entre “Misión” y el grupo criminal transnacional se fracturó tras el asesinato de una persona cercana al líder del Tren de Aragua —alias Niño Guerrero— que fue atribuido a Osorio.

Tras ese homicidio, “ya hay una rivalidad y una lucha fuerte en contra de la estructura que se desprende directamente del Tren de Aragua”, señaló el funcionario.

Desde ese momento, en 2021, empezó a ser seguido por la Sijín, debido a que informantes de la Policía aseguraron que el asesinato del ciudadano venezolano había sido ordenado por “Misón”.

Las otras modalidades delictivas poco conocidas del líder de Los Maracuchos

El investigador narró que, incluso, el cabecilla criminal se dedicaba a otro tipo de labores delictivas.

Dijo que en las calles de las localidades de Santafé y Kennedy “se conocía de que esta persona tenía formas para también adquirir predios: llegando a edificios en que las personas o los dueños eran ya adultos mayores, trataba de hacer negocios para la compra de su bien o de su inmueble”.

Aseguró que, “posteriormente, de una forma desconocida, esta persona fallece y ya con las escrituras en su poder, una promesa de compra de este inmueble ya se hacía o se apoderaba de los mismos”, relató.

Así cayó ‘Mison’

La persecución policial, que era cada vez más fuerte, llevó a “Mison” a buscar escondederos y encontró en las selvas del departamento de Putumayo y, posteriormente en los territorios limítrofes con Ecuador, un refugio para continuar su actuar delictivo.

El investigador reveló que, de hecho, las autoridades ya tenían conocimiento de estos movimientos y en ocasiones la captura parecía un hecho.

“En el 21 de febrero de 2025 lo teníamos a escasos metros, pero logró cruzar la frontera a Ecuador, escondiéndose en Lago Agrio y presentándose como comerciante”, recordó el uniformado, que también relató cómo fue su captura.

Su caída se produjo por un descuido. “Por su afición a los caballos y por la publicación que realizaba en redes sociales”, detalló. “Mediante una grabación hecha por una de sus ayudantes, se observó que estaba en un punto específico contando dinero. En Ecuador, Migración lo identifica como un peligro y nos lo entregan en el puente internacional Rumichaca”.

Durante la investigación, el efectivo de la Sijín insistió en las excentricidades de Mison. “Tenía un anillo de diamantes y esmeraldas, regalo de una persona famosa de la música popular. A su mascota le compraba cadenas de oro para mostrarla como un premio”.

Dicha relación es, según versiones preliminares, con el fallecido cantante de música popular Yeison Jiménez, con quien se codeó en más de una oportunidad, ya que el artista era invitado a establecimientos vinculados con Osorio.

De hecho, habría usado la cercanía con el cantante para encubrir acciones ilícitas a través de reuniones privadas en sus propiedades como una fachada.

La captura de Mison representó, según el investigador, un mensaje claro. “Se le muestra a toda la ciudadanía que no hay delincuente que pueda ser más poderoso que la justicia. El delincuente puede tener mil oportunidades de ganar una partida, pero el policía solo tiene una para capturarlo”.

En lo que va de 2026, el sector exportador colombiano experimentó una notable recuperación, con un crecimiento total de 12,1% en las ventas externas durante el primer bimestre del año frente al mismo periodo de 2025.

Analistas del Centro de Estudios Económicos de Colombia (Anif) indicaron que dos de los sectores que más impulsaron este repunte fueron el oro no monetario y el agropecuario.

El oro no monetario —el metal precioso físico que no está bajo el control de las autoridades monetarias— se consolidó como el principal motor de este buen desempeño exportador. De acuerdo con la observación de los analistas, las exportaciones de este producto alcanzaron 1.457,9 millones de dólares FOB (Free on Board, o Libre a Bordo) entre enero y febrero, lo que representó un incremento de 124,3% anual y una participación del 17,2% en el total exportado colombiano.

Según los expertos, el impulso de este crecimiento tuvo su origen principalmente en el contexto internacional; es decir, en la influencia de la coyuntura sobre los precios: el oro reafirmó su papel como activo refugio en un escenario de alta incertidumbre mundial y menor apetito por el dólar, que permitió un aumento en su cotización internacional de 50,1% anual.

No obstante, de manera paralela al “efecto precio”, se presentó un avance en los volúmenes exportados, con un aumento anual de 29,8%.

Por su parte, las exportaciones no minero - energéticas (NME), en las que el segmento agropecuario es fundamental, crecieron 9,5% anual en el bimestre, que sumaron 4.222 millones de dólares FOB. En el grupo de las NME, el desempeño agropecuario resultó particularmente destacado: la canasta agropecuaria concentró el 46,8% de las exportaciones de este tipo y la expansión anual de las exportaciones agropecuarias fue de 16,6%, impulsada principalmente por el café, el banano y el aguacate hass.

En cambio, al combustible no le fue bien y demostró “un desempeño desfavorable”, pese a que sigue siendo uno de los sectores más exportados. En 2025, su participación pasó de 39,7% a 33,3% del total exportado en febrero de 2026. En términos de valor, las exportaciones alcanzaron 2.866 millones de dólares FOB, debido a menores ventas de petróleo colombiano y sus derivados, constó en la nota económica.

Aun así, el repunte en el oro no monetario y la consolidación del agro han permitido compensar la disminución de las exportaciones de combustibles durante el primer bimestre de 2026.

Exportaciones colombianas en febrero de 2026: Estados Unidos, Unión Europea y Panamá concentran más de la mitad de las ventas externas

Durante febrero de 2026, las exportaciones de Colombia alcanzaron un volumen de 7,4 millones de toneladas métricas.

Estados Unidos se consolidó como el principal destino de las exportaciones colombianas en los dos primeros meses del año, al concentrar 2.669,9 millones de dólares FOB, con un 31,5% del total exportado, de acuerdo con las estimaciones de expertos de la Asociación Nacional de Comercio Exterior.

Las ventas a ese país crecieron 22,5% respecto al mismo periodo de 2025, particularmente el café sin tostar, que representó cerca del 31,8% de las exportaciones no minero-energéticas hacia ese mercado.

La Unión Europea ocupó el segundo lugar, con compras por 1.195,9 millones de dólares FOB y una participación de 14,1%. Las exportaciones hacia ese bloque crecieron 38,5%, impulsadas por mayores envíos a Italia, Países Bajos, Alemania y Bélgica.

Panamá fue el tercer mayor destino, con 612,5 millones de dólares FOB (7,2% del total), un aumento de 36,1%. El 91,9% de las exportaciones a Panamá correspondieron a productos minero-energéticos, principalmente petróleo.

Estados Unidos, la Unión Europea y Panamá reunieron el 52,9% de las exportaciones colombianas en el periodo.

Otros destinos relevantes

Las exportaciones a Venezuela cayeron 13,7%, ubicándose en 132,2 millones de dólares FOB, influenciadas por el contexto político y económico. Las ventas a Ecuador disminuyeron 27,1% hasta 251,4 millones de dólares, afectadas por tensiones comerciales y ajustes arancelarios.

En términos de participación, aumentó la importancia de la Unión Europea (+2,7 puntos porcentuales) e India (+1,3 puntos porcentuales), mientras que China, la Comunidad Andina, México y Chile redujeron su peso en la canasta exportadora.

Sin obtener ningún tipo de asistencia, el ciudadano obtuvo una “sanción injusta”, porque, según él, la falla fue provocada por problemas tecnológicos ajenos a su responsabilidad.

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Como lo difundió él mismo en su cuenta de Instagram con un video, el hecho se registró tras varios intentos fallidos de pago en la aplicación oficial, mientras los operadores del sistema no se encontraban disponibles para asistirlo.

El lunes 6 de abril de 2026, Osorio estacionó su camioneta frente a la Notaría 24, sobre la calle 79 con carrera 14, en el norte de la ciudad, en una ZPP, regulada por la Alcaldía de Bogotá y administrada por la Terminal de Transporte.

El empresario relató que, en medio de sus diligencias, antes del tiempo límite, intentó cumplir con el pago usando el código QR dispuesto por la administración, pero la plataforma le solicitó un código de validación que nunca llegó a su correo.

“Me pareció la cosa más injusta que puede existir. Cuando uno la caga, pues uno sabe que las multas cuestan. Como el código no llegó, me empecé a desesperar porque ya tenía que ir a firmar y me fui de cuadra a cuadra buscando los famosos operadores que se supone están para ayudar al usuario. Pregunté a los que venden dulces, a los de los almacenes y me dicen que en todo el día no han venido. Perfecto”, relató.

Ante la imposibilidad de concretar el pago y la ausencia de los operadores, el afectado debió dejar el vehículo estacionado mientras realizaba una gestión en la notaría. A su regreso, encontró el automóvil inmovilizado y, a pesar de mostrar los correos y los intentos de pago, los encargados hicieron caso omiso.

“Hice seis solicitudes para pagar y me mandaban a mi correo que me iban a mandar un código para poderme enviar al link y yo pagar. No fue posible. Cuando salí, oh sorpresa, ya tenía el cepo. Entonces le digo al operador, porque ahí sí ya llegaron no uno, sino veinte. Los veinte que no estuvieron en el momento que yo los necesité, llegaron cuando tenían el cepo. Yo les digo: ‘Miren, tengo toda la intención de pago’”.

La respuesta de los supervisores fue que debía enviar una Petición, Queja o Reclamo (PQR) y que no podían quitar el cepo, debido a que la situación respondía a una falla tecnológica. Sin embargo, el empresario alegó que el problema no solo radicó en las plataformas, sino en la falta de apoyo de los funcionarios en el sitio.

Agregó: “Y les muestro que el correo con los famosos códigos de validación me llegaron a las dos horas después de haber solicitado el servicio. No hubo poder humano. Vino el supervisor, vino el coordinador, vinieron todos a decirme: ‘Sí, no le podemos quitar el cepo. Sí, es una falla de la tecnología’”.

Osorio cuestionó el nivel tecnológico del país para operar sistemas como la ZPP Bogotá y criticó que los usuarios terminen afectados por las fallas.

“Yo creo que este país no está lo suficientemente desarrollado en el ámbito tecnológico como para poner a la gente a lidiar con unas plataformas mal concebidas, que fallan todo el tiempo, pero que, para ellos, qué casualidad, generan dividendos: 140 mil pesos, más el tiempo en mora, más la discusión que tuve con el señor”, sostuvo.

El empresario también dirigió críticas al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por el manejo de la seguridad y la gestión de los operadores de parqueaderos en vía.

“Yo no sé si el alcalde de Bogotá, muy querido y por el cual yo voté, está al tanto de tanta inconsistencia y tanto mal manejo con el ciudadano. Eso sí: la inseguridad, la basura, los robos y los atracos están a la orden del día, y de paso atracan a mano armada a los usuarios que utilizan los parqueaderos donde nunca aparecen los encargados“.

A través de la Resolución 3154 de 2026, la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció la exclusión de 47.604 cédulas de ciudadanía del censo electoral colombiano, tras identificar que pertenecían a personas con una “edad biológica” superior a los 110 años y cuyos documentos no habían sido renovados en décadas.

La medida fue oficializada por la resolución firmada por Daniela Galvis, directora de Censo Electoral de la entidad y se apoyó en una serie de leyes y decretos que regulan la identificación ciudadana en Colombia.

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El primer antecedente relevante fue la Ley 757 de 2002, que fijó el ultimátum para renovar antiguas cédulas (blanca laminada y café plastificada) hasta el 1 de enero de 2006. Dicho plazo fue extendido por la Ley 999 de 2005, y la vigencia de esos documentos se perdió de manera definitiva en julio de 2010, fecha a partir de la cual solo es válida la cédula amarilla con hologramas.

La depuración tuvo, además, como base un cruce de datos entre el Archivo Nacional de Identificación y el registro electoral, con el objetivo de identificar “registros sin actividad administrativa ni electoral desde antes de 1998”, según indica la resolución.

Esta unión de datos se actualizó a partir de extensas bases de datos de centros de inhumación, hospitales, clínicas, funerarias, notarías, secretarías de salud y del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y el Censo Nacional Electoral, según el documento de la resolución.

La permanencia de estos nombres constituiría, para la administración electoral, “indicio suficiente para su exclusión del censo electoral, sin afectar su registro en el Archivo Nacional de Identificación”.

El Censo Nacional Electoral es el instrumento técnico que permite planificar todas las elecciones, pero también determina cuántos ciudadanos son necesarios para validar los resultados de votaciones constitucionales y actos similares. Cada error o irregularidad en el listado de electores puede alterar la transparencia, ya que el número de inscritos, aunque inactivos u optativamente fallecidos, influye en los umbrales y validez de los procesos.

Esto pueden hacer los afectados por la depuración de cédulas

La inscripción para votar es automática al expedirse la cédula, y que solo puede sufragarse en la sede correspondiente al lugar de inscripción. Además, la cédula es el documento que habilita todos los derechos civiles y políticos básicos: desde votar y ser elegido hasta desempeñar cargos públicos.

En ese sentido, si hubo algún ciudadano vivo cuyo documento sin renovar fue excluido y, puede inscribirse para votar con un documento de identidad vigente: “En garantía del derecho al sufragio, si un ciudadano acredita su identidad con cédula vigente, podrá actualizarse su inscripción o habilitarse el voto mediante formulario E-12”.

Esta salvedad aseguraría que ningún colombiano en condición de votar quede fuera definitivamente mediante una vía de reincorporación “inmediata” en caso de error o situación extraordinaria.

Las 47.604 exclusiones se oficializaron mediante archivo digital adjunto a la resolución, que está disponible para consulta y reclamación ciudadana. La publicación del archivo será difundida durante cinco días consecutivos tanto en los canales oficiales de la institución electoral.

Dado que no fue posible notificar personalmente a los titulares afectados —por ausencia de información de contacto—, la notificación pública adquirió carácter legal. Los potenciales afectados disponen de un plazo de 10 días hábiles para interponer recursos de reposición ante la Directora de Censo Electoral o, en segunda instancia, apelación ante el Registrador Delegado en lo Electoral.

A su vez, las autoridades proyectan que las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia contarán con una participación entre 23 y 25 millones de votantes durante la primera vuelta, una cifra que representaría el mayor volumen de sufragios registrado en los últimos años, según estimaciones de la firma Cifras y Conceptos.

El aumento esperado en la concurrencia a las urnas responde a las tendencias observadas en los procesos electorales recientes y a variables demográficas y políticas que, de acuerdo con cifras analizadas, anticipan una movilización electoral sin precedentes para la jornada prevista en 2026.

Según nuevas denuncias, individuos buscan ingresar a viviendas bajo el pretexto de realizar inspecciones o servicios relacionados con el suministro de agua, y solicitan pagos no autorizados o datos personales sensibles.

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“¡Verifica la identidad de los funcionarios! Solicita el carné y confirma sus datos llamando a la Acualínea 116. Asegúrate de que la visita haya sido notificada previamente. Reporta de inmediato cualquier ingreso no autorizado o conducta sospechosa".

La advertencia, difundida por la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAB), indica que ningún trabajador está autorizado para recibir dinero en efectivo ni transferencias bancarias durante visitas domiciliarias.

De hecho, de acuerdo con un mensaje relacionado que se publicó en la página oficial de la Alcaldía de Bogotá, se advirtió que “si alguien solicita pagos a nombre de la empresa, se trata de una estafa”.

Los pagos de servicios públicos deben realizarse exclusivamente a través de los canales oficiales, disponibles en el portal web de la EAB.

Una de las denuncias más recientes se hizo viral el 3 de abril de 2026 en las redes sociales y reveló un nuevo modus operandi: “Un hombre se hizo pasar por operario del Acueducto para que le abrieran la puerta de una vivienda. Segundos después, una camioneta llegó con varios ladrones que entraron a la casa”, se leyó en la publicación.

La denuncia estuvo acompañada de un video de la cámara de seguridad de la calle en la que ocurrió el hecho, que mostró, en efecto, que un falso funcionario de la empresa de suministro de agua fue atendido por la víctima, le solicitó algo del interior de la vivienda, y mientras la afectada fue y dejó la puerta abierta, de manera coordinada llegaron sujetos en una camioneta que entraron en el domicilio.

Recomendaciones para evitar estafas y robos.

Para prevenir fraudes, desde la alcaldía recomendaron verificar la identidad de cualquier persona que solicite ingresar al hogar. Los usuarios pueden consultar diariamente el listado de trabajos programados en el sitio web de la Empresa de Acueducto.

Además, está habilitada la línea telefónica Acualínea 116, donde se puede seleccionar la opción “verifica la identidad del funcionario” y confirmar si la visita corresponde a un procedimiento real.

La modalidad de suplantación de funcionarios no se limita a la EAB. Según las autoridades, los delincuentes también han fingido representar a otras entidades estatales, como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y el Ministerio del Trabajo.

Todos los servidores públicos legítimos deben presentar carné institucional vigente, documento de identidad y, en algunos casos, autorización específica de visita.

El personal del Dane que realiza censos porta chaleco, gorra y morral gris, y la verificación de su identidad puede hacerse en el sitio web de encuestadores autorizados. Los funcionarios de la Dian, por su parte, requieren credencial y orden de visita, y la autenticidad puede comprobarse llamando a la línea oficial de la entidad.

Ante cualquier duda, los ciudadanos pueden acudir a los puntos de atención física de las empresas de servicios públicos o denunciar actividades sospechosas a las autoridades.

La prevención y la verificación de identidad son claves para evitar ser víctima de estas estafas que, de acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, han tenido un repunte en los últimos meses.

“Miren pues a estos, dizque vendiendo flores… queriendo robar fue que los vimos", escribió el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

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De acuerdo con la información que compartió el mandatario local en sus redes sociales, las capturas tuvieron lugar luego de que los operadores del sistema de videovigilancia de la Secretaría de Seguridad de la capital antioqueña identificaron que uno de los individuos, camuflado como vendedor ambulante, buscaba aprovechar la fachada para acercarse a posibles víctimas en las calles de la ciudad.

Una vez se acercaba a los transeúntes, el individuo buscaba hacer movimientos rápidos con una de sus manos en los bolsillos de sus víctimas para sustraerles pertenencias, especialmente, celulares.

En el caso que fue captado por las cámaras de vigilancia al servicio de las autoridades, el transeúnte objetivo, al parecer extranjero, se percató del “cosquilleo” y logró evitar que el hombre lo robara. Reaccionó de manera rápida y con una leve patada distanció al ladrón.

La rápida notificación a los agentes permitió realizar acciones de seguimiento en tiempo real e identificar una motocicleta presuntamente involucrada en la operación. Federico Gutiérrez detalló en la publicación del video: “Gracias al monitoreo permanente de nuestras cámaras de seguridad y a la rápida reacción de la Policía nos anticipamos a un intento de hurto”.

La intervención permitió que los uniformados capturaran a los dos sospechosos mientras merodeaban en motocicleta alrededor de la zona en búsqueda de transeúntes.

Las autoridades inmovilizaron la motocicleta y trasladaron a los dos hombres ante la justicia. Desde la administración municipal se reiteró que la vigilancia y la respuesta operan sin interrupciones. “En Medellín estamos alertas 24/7: aquí reaccionamos a tiempo y cuidamos a la gente”, afirmó el mandatario.

Percepción de seguridad mejoró en plataformas de transporte en Medellín, según análisis

La percepción de seguridad en las aplicaciones de transporte en Medellín tuvo un crecimiento notable durante el último año. Según un estudio elaborado por la consultora Cifras y Conceptos, el 53% de quienes utilizan estas plataformas en la ciudad afirman sentirse más seguros en comparación con otros medios de transporte, una mejora atribuida a la adopción de tecnologías como la geolocalización, la verificación de datos y el uso de códigos específicos.

El informe, citado por El Colombiano, señaló que la confianza de usuarios y conductores en estas aplicaciones constituye un avance relevante en el contexto de la movilidad urbana local.

Entre las cifras más destacadas del estudio, se encuentra el dato de que el 74% de los conductores y el 29% de los pasajeros evitan operar o utilizar estas plataformas en ciertas zonas y horarios, alegando motivos de seguridad. Esta estadística ilustró que, aunque las medidas implementadas han tenido impacto, persiste una cautela significativa respecto al contexto geográfico y temporal en el que se usan estos servicios.

De forma específica, la aplicación InDrive reforzó sus estrategias de protección este último año, y se enfocaron en que la herramienta de geolocalización contribuya a la tranquilidad tanto de usuarios como de conductores. Christiam Alfonso, gerente de Seguridad de InDrive para América Latina, señaló en diálogo con el medio antioqueño la relevancia de la tecnología para la seguridad de los usuarios y dijo:

“En una ciudad como Medellín, donde los desplazamientos hacen parte esencial de la rutina diaria, la tecnología cumple un papel fundamental para fortalecer la tranquilidad de los usuarios”. Según el estudio de Cifras y Conceptos, la función de geolocalización incrementa la seguridad percibida en un 35% de los usuarios y en un 41% de los conductores de InDrive.

La explicación de este fenómeno radica en la implementación de características como los códigos de seguridad, empleados por aplicaciones como Uber, y la posibilidad de compartir la ubicación en tiempo real, lo cual permite mantener informados a familiares y amigos durante los recorridos.

Mediante el Auto No. 0010 del 7 de abril de 2026, la autoridad laboral dispuso acciones dirigidas a proteger los derechos fundamentales de las personas trabajadoras medio de comunicación.

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En ese sentido, desde el ministerio se enfatizó que estas medidas buscan prevenir posibles afectaciones y garantizar condiciones laborales seguras dentro de la empresa.

Desde la cartera reiteraron el compromiso del Gobierno con la protección de los derechos laborales y la erradicación de conductas que puedan vulnerar la dignidad de los empleados en el ámbito laboral.

Las medidas establecidas por el Ministerio de Trabajo

En la visita, los funcionarios hallaron “presunta existencia de conductas reiteradas de acoso sexual laboral, no limitadas a hechos aislados, subregistro de denuncias, asociado al temor a represalias y la desconfianza en los canales institucionales; falta de investigaciones disciplinarias estructuradas, pese a denuncias conocidas por el empleador; y deficiencias en la trazabilidad y gestión de quejas, que comprometen la eficacia de los mecanismos internos”.

De acuerdo con las declaraciones de Sandra Milena Muñoz Cabas, viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, la medida preventiva tiene nueve órdenes que se desagregan en dos bloques.

“Un primer bloque que tiene que ver con las víctimas, testigos y personas que han denunciado presuntos casos de acoso sexual y acoso laboral al interior de Caracol Televisión y las cuales no han sido tramitadas de debida forma ni se ha remitido a las autoridades competentes en el caso de acoso sexual, como la Fiscalía. De lo que observaron nuestros inspectores, vieron la necesidad de emitir esta medida preventiva para proteger derechos fundamentales que estuvieran en riesgo”, dijo.

“Solicitamos que tengan asesoría y acompañamiento jurídico, psicológico, psicosocial y que se implementen desde ya políticas de no revictimización, reparación, entre estas reparaciones simbólicas que puedan hacer o que pueda realizar este canal de televisión”, agregó.

La viceministra dijo que el segundo bloque tiene que ver con políticas, “protocolos y rutas que Caracol Televisión tendrá que adecuar”. En ese sentido, el canal deberá emprender una investigación interna y externa para “reconstruir la trazabilidad” de los casos de acoso que se denunciaron y recibieron una respuesta debida.

“La finalidad que tenemos como Ministerio de Trabajo con esta medida preventiva es que Caracol Televisión asuma la protección de las víctimas ante cualquier hostigamiento o de cualquier dificultad que estén enfrentando en este momento en razón o con ocasión a estas denuncias”, concluyó Muñoz.

La inspección encabezada por el ministro Antonio Sanguino en las instalaciones de Caracol

El 26 de marzo, funcionarios del Ministerio del Trabajo, incluido el titular de la cartera, Antonio Sanguino, pusieron en marcha una inspección en Caracol Televisión tras las mediáticas denuncias de acoso sexual y laboral que arreciaron en redes sociales.

Por medio de un plan nacional para verificar protocolos internos y condiciones laborales en medios de comunicación, la inspección requirió una visita que revisaría específicamente el contexto de decenas de denuncias formales relacionadas con acoso sexual, laboral y violencias basadas en género en empresas periodísticas y otras entidades laborales.

Según reveló el ministro Sanguino, estos reportes exponen hechos “absolutamente reprochables” en el sector mediático. La primera etapa del plan de inspección nacional se centró en Caracol Televisión, aunque el ministro advirtió que la verificación se extendería a cualquier organización con denuncias similares.

En el Ministerio del Trabajo explicaron que la inspección se llevó a cabo bajo los lineamientos del Convenio 190 de la OIT, la Ley 1257 de 2008 y la Ley 2365 de 2024, con el objetivo de prevenir el acoso y las violencias basadas en género y de verificar condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Durante la visita, funcionarias de la entidad realizaron verificaciones documentales, recorrieron las instalaciones y habilitaron espacios de diálogo en los que los trabajadores pudieron presentar sus inquietudes en privado ante la viceministra Sandra Milena Muñoz y el equipo de inspectoras.

Fuentes del ministerio precisaron que, en caso de identificarse conductas tipificadas como delitos, la Fiscalía General de la Nación asumirá las investigaciones penales.

Oficiales de la Policía Metropolitana de Manizales confirmaron la captura de un hombre de 28 años, luego de un violento episodio que ocurrió en las cercanías de la Plaza de Bolívar de la capital caldense, durante un procedimiento de control de tránsito.

De acuerdo con la información oficial, el hecho se presentó cuando funcionarios de la Secretaría de Movilidad, con apoyo de uniformados adscritos al CAI Centro, intentaban inmovilizar un vehículo. El ciudadano involucrado, cuyo vehículo tiene placas de Ibagué, reaccionó de manera violenta ante la medida, y agredió física y verbalmente al agente de tránsito, que resultó con una lesión en el rostro.

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“El agente de tránsito hace una inspección evidenciando irregularidades con el equipo de prevención y el estado técnico mecánico del vehículo, por lo que procede conforme a las normas vigentes. En el desarrollo del procedimiento, el ciudadano incurre en insultos con el regulador de movilidad, incluso intenta impedir la actuación de la autoridad”, relató Juan Felipe Álvarez, secretario de Movilidad de Manizales.

El secretario de Movilidad, a su vez, aseguró que el regulador de tránsito no respondió a las provocaciones ni a las agresiones del detenido.

El presunto agresor fue detenido en el lugar por el delito de violencia contra servidor público. Tras ser informado de sus derechos, fue puesto a disposición de la autoridad competente para el proceso de judicialización correspondiente.

“Invitamos a la ciudadanía a canalizar cualquier inconformidad a través del diálogo y los mecanismos legales establecidos, evitando reaccionar de manera violenta frente a este tipo de procedimientos”, dijo el teniente coronel Edward Mauricio Dávila Sánchez, subcomandante Policía Metropolitana de Manizales.

Las autoridades indicaron que recurrir a la violencia no solo afecta la convivencia, sino que también puede acarrear consecuencias judiciales para quienes incurren en este tipo de conductas.

Domiciliario en Manizales recibió detención domiciliaria tras apuñalar a un peatón que le hizo una observación

Un domiciliario de 29 años, que trabaja como pizzero, enfrenta cargos por tentativa de homicidio luego de apuñalar a un peatón durante un altercado en la avenida Santander de Manizales.

El hecho ocurrió el jueves 26 de febrero de 2026 cuando el motociclista subió su vehículo al andén, al parecer, con alta velocidad, y fue increpado por un malabarista de 30 años, que le advirtió sobre la velocidad y el riesgo de atropello, informó el diario manizalita La Patria.

Según la Fiscalía, tras un intercambio de palabras y miradas, el domiciliario descendió de la motocicleta y atacó al peatón con puños y patadas, para luego herirlo con unas tijeras en la zona dorsal izquierda.

El dictamen médico estableció que la herida comprometió la cavidad torácica, poniendo en riesgo la vida de la víctima, a quien se le otorgó una incapacidad preliminar de 30 días.

Durante la audiencia de control de garantías, cuyos detalles fueron conocidos por el medio, la defensa alegó que el procesado se defendió ante insultos y una supuesta persecución con correa por parte de la víctima.

El fiscal solicitó medida de aseguramiento intramural, y argumentó que el imputado ya había tenido contravenciones previas por portar armas blancas. Sin embargo, la jueza del caso consideró que una detención domiciliaria era proporcional y suficiente, y ordenó al procesado firmar un acta de buen comportamiento.

La jueza recordó que la decisión no implica una condena y que, durante el proceso, ambas partes podrán presentar pruebas para esclarecer cómo se originó la riña.

Los hechos de intolerancia en Manizales no se quedan ahí. El 12 de febrero se reportó que una discusión sobre la falta de permiso para salir de casa terminó en un ataque armado que dejó a dos integrantes de una misma familia heridas en el sector de Sierra Morena, en Manizales.

La agresión se desató cuando un hombre disparó contra su pareja sentimental, una menor de edad y su suegra tras descubrir que habían salido juntas a unas aguas termales sin consultar con él.

La víctima más afectada fue la mujer de 55 años, madre de la pareja del agresor, que permanece en estado crítico tras recibir uno de los disparos. Además, la adolescente de 14 años —hijastra del atacante— resultó herida, aunque su condición fue descrita como menos grave. La pareja sentimental del hombre resultó ilesa.

La Defensoría del Pueblo deberá enfrentar otro recorte presupuestal proyectado para 2027 que se suma a una merma del 5% ya ejecutada en 2026, que elevaría la disminución acumulada a un 11 % frente a 2025 y a un 17 % con respecto a 2024.

La información fue confirmada por la defensora Iris Marín que, en una rueda de prensa emitida el 6 de abril, advirtió sobre las consecuencias inmediatas de este ajuste en la operatividad de la entidad y la protección de la población civil.

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El recorte está inquietando a actores sociales, a otras entidades defensoras de derechos humanos en Colombia y está causando molestias en funcionarios públicos opositores al Gobierno Petro.

Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, cuestionó el discurso del presidente Gustavo Petro con respecto a los Derechos Humanos y afirmó que estos “se defienden con presupuesto, no con carreta”.

De hecho, cuestionó la decisión de reducir el financiamiento a la Defensoría del Pueblo en un momento de creciente violencia armada y retroceso en la cooperación internacional, derivado de las restricciones territoriales de algunos grupos armados a misiones humanitarias de organizaciones no gubernamentales.

Pedraza advirtió que “esto se traduce en menor presencia en los territorios, menos misiones humanitarias, una Defensa Pública recortada y alertas tempranas más tardías, justo cuando la violencia armada aumenta”, dijo textualmente.

“Con la cooperación internacional en retirada y ad portas de elecciones, asfixiar la prevención no es un recorte técnico: es una decisión política que terminan pagando las víctimas”, agregó.

De cuánto es el recorte

En la rueda de prensa, la defensora Marín detalló que el nuevo techo presupuestal propuesto por el Gobierno nacional —unilateralmente— implicaría un recorte sostenido por tercer año consecutivo que “quiere decir que pasaríamos de tener en inversión 85.610.000 pesos, a tener 66.403.000 pesos”, explicó. La reducción dejaría a la institución con apenas el 40% de los recursos de inversión disponibles en 2024.

Ante la situación, la jefe de la entidad envió una comunicación formal al ministro de Hacienda, Germán Ávila, en la que solicitó revisar la medida y mantener los niveles de inversión vigentes en 2024.

La funcionaria explicó que la decisión presupuestal afecta la capacidad de respuesta de la Defensoría, especialmente en regiones donde la conflictividad armada exige una presencia institucional robusta.

No obstante, la defensora señaló que el alto Gobierno me comunicó que revisará el tema en aras de corregir”.

“Ahora bien, debo aclarar que hemos tenido una reciente comunicación con el Gobierno, y nos ha informado que van a revisar el tema por primera vez. Entonces, quiero dejar abierta esa posibilidad y confianza en que efectivamente lo van a revisar. Hemos solicitado que nos mantengan el presupuesto que teníamos en el año 2024 (...) después de que en los años anteriores, desde el 2010, venía un ascenso anual en el presupuesto de la Defensoría del Pueblo”, dijo.

La discusión sobre el presupuesto de la Defensoría del Pueblo continuará en las próximas semanas, a la espera de una respuesta oficial por parte del Ministerio de Hacienda sobre la solicitud presentada por la defensora Iris Marín.

Iris Marín pidió una reforma a la salud por la crisis sanitaria en Colombia

Durante la jornada del 7 de abril, la defensora advirtió que la crisis en el acceso a la salud en Colombia se profundizó entre 2024 y 2025, reflejada en un aumento histórico de acciones de tutela. Según Marín, las tutelas relacionadas con la salud superaron las 312.500, lo que equivale al 34% del total de tutelas interpuestas, solo detrás de las relacionadas con el derecho de petición.

Además, cerca del 40% de la población reportó dificultades para acceder a tratamientos médicos o solo lo hizo de forma parcial, mientras que los gastos de bolsillo en salud ascendieron al 17,2%, el nivel más alto registrado, según reportó la funcionaria en sus redes sociales.

Marín señaló que esta situación va a la par de un evidente empobrecimiento de la ciudadanía debido a la crisis de medicamentos y a la ausencia de medidas efectivas por parte del Gobierno para resolverla.

Pese a ello, el sector farmacéutico registró un crecimiento del 9% en el país. Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo reiteró la necesidad de que el próximo Gobierno priorice una reforma estructural del sistema de salud y adopte acciones urgentes para enfrentar la crisis.

El ataque violento, al parecer, ocurrió durante el 5 de abril de 2026, Domingo de Resurrección, cuando en el parque había presencia de feligreses que esperaban una procesión.

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La grabación captó cómo uno de los gestores de convivencia, con un bastón de mando en mano, se acercó a un hombre con camiseta azul, le ordenó tirarse al suelo y, tras la negativa, inició un forcejeo que culminó en agresiones físicas.

La Personería Distrital de Medellín anunció la apertura de una indagación previa para determinar si existió una falta disciplinaria por parte de los funcionarios implicados.

“Con la indagación previa se logrará determinar si existió la comisión de una presunta falta disciplinaria, así como la individualización de los servidores públicos que pudieran ser objeto de la ley disciplinaria”, dijo Yenny Teresita Serna, personera delegada en Asuntos Disciplinarios, citada por El Espectador.

El grupo de gestores de convivencia fue creado durante la administración de Federico Gutiérrez, con el objetivo de mediar en conflictos en el espacio público y acompañar aglomeraciones en la ciudad.

La agresión de los gestores de convivencia despertó polémica

Las imágenes, que llegaron a las manos del presidente Gustavo Petro, despertaron una controversia sobre las facultades otorgadas a los servidores urbanos de Medellín.

En su cuenta de X, el primer dignatario calificó el hecho como una “arremetida de bandas fascistas a sueldo público” y ordenó a la Policía Nacional no permitir este tipo de acciones, que definió como “parapolicial o paramilitar”.

Incluso, Petro recordó que la función principal de la Policía es la defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía.

Mientras tanto, la respuesta desde Medellín, en contraposición al presidente, fue defender la labor de los gestores de convivencia y afirmar que la polémica se debe a la “desinformación”.

El secretario de Seguridad Villa Mejía, incluso, destacó que los extranjeros involucrados ya tenían antecedentes. A través de un video, el funcionario dijo que el hecho se produjo en el contexto de una intervención dirigida a un grupo de ciudadanos extranjeros señalados de alterar el orden en la zona.

Relató que los extranjeros estarían “orinando y consumiendo droga al frente de la Catedral Metropolitana, en presencia de niños y feligreses, además de insultar y agredir previamente a los gestores por solicitarles que no lo hicieran”.

De hecho, de acuerdo con el reporte oficial, la persona que apareció en el video fue trasladada al Centro de Traslado por Protección (CTP) y recibió un comparendo por las conductas mencionadas. De la misma manera, Villa Mejía escribió en su perfil de X:

“En Medellín la autoridad no se negocia, ni se desdibuja con desinformación. Aquí los hechos son claros: hubo comportamientos que alteraron el orden público, agresiones a gestores de convivencia y una acción institucional dentro de la ley por parte de nuestra Fuerza Pública”.

Y a Petro le dijo: “El que trabaja, negocia y pacta con bandidos es su gobierno. Aquí no existen bandas fascistas ni parapolicías, como usted lo dice. Aquí hay gestores de convivencia y una institucionalidad, incluyendo la Policía Nacional, actuando dentro de la ley (sic)”.

Al respecto, el alcalde Federico Gutiérrez escribió en su perfil de X: “Autoridad y orden”.

No es la primera vez que este grupo de ciudadanos enfrenta cuestionamientos: en octubre de 2025, videos de agresiones contra manifestantes durante una marcha propalestina también generaron críticas y llevaron a la apertura de investigaciones por parte de la Defensoría del Pueblo.

Desde la Fiscalía General de la Nación radicaron ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia la acusación formal contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, por su presunta participación en el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El escrito de acusación incluyó los delitos de concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, en medio de supuestas redes políticas y administrativas que los funcionarios habrían operado cuando hacían parte del Ejecutivo.

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Al respecto, el apoderado del exministro Bonilla, Alejandro Carranza, también conocido como “el abogado de Petro”, comentó en sus redes sociales que, con su equipo, solicitaron “la libertad por vencimiento de términos para el profesor Ricardo Bonilla, a quien después de cuatro meses no le resuelven la apelación —a la formulación de imputación en contra del exministro de Hacienda—”.

Según el jurista, la acusación emitida desde el ente de control durante la mañana del martes 7 de abril de 2026 estaría vencida debido a que no la Fiscalía no respondió al recurso que se tramitó desde la defensa de Bonilla en diciembre de 2025. De hecho, Carranza cuestionó una posible “estrategia” por parte de los investigadores de la Fiscalía.

“Al tener conocimiento de que, del 1 de diciembre, fecha de la imputación, a la fecha, han transcurrido más de 120 días, la @FiscaliaCol procedió a radicar la acusación vencida, informando a la magistrada que la causal se ha subsanado y que se debe mantener la privación de la libertad del profesor Ricardo Bonilla. ¿Cuál es la estrategia de la Fiscalía General de la Nación en este asunto?“, escribió el abogado en sus redes sociales.

Incluso, expuso que en la Procuraduría General de la Nación también “piden libertad para el profesor Bonilla en la audiencia de libertad por vencimiento de términos”, y citó el artículo 317 No. 4 Código de Procedimiento Penal, que establece las medidas de aseguramiento pierden vigencia “cuando transcurridos sesenta (60) días contados a partir de la fecha de imputación no se hubiere presentado el escrito de acusación o solicitado la preclusión”.

En mensajes posteriores, el abogado afirmó que la acusación significó una vulneración a las garantías de Ricardo Bonilla, cuyo objetivo es “desdibujar” y “criminalizar” al exfuncionario del Gobierno Petro.

“El maestro Bonilla ha enfrentado una falta de garantías ante la Fiscalía General de la Nación, los jueces y los medios de comunicación. A pesar de ser un hombre al que se le han desdibujado sus deberes como ministro para criminalizarlo, la Magistrada Rosero le incrementó y agravó la medida que había solicitado la Fiscalía inicialmente. (Es como si la magistrada hubiese hecho, sustentado y decidido su propia solicitud de medida de aseguramiento”.

El jurista alegó que la acusación fue radicada “de afán”, ya que “después de cuatro meses, la Sala Penal aún no le resuelve la apelación que formularon (...) Además, hoy, la @FiscaliaCol solo le radica la acusación de afán, en medio de una audiencia, cuando se ve contra las cuerdas por dejar vencer los términos”.

La estrategia de la Fiscalía a la que se refirió Carranza estaría asociada con la posible intención de dar reversa a la Reforma Laboral, ya aprobada y que, según él, en la Fiscalía “quieren dejar a los viejos u viejas con las pensiones de hambre, al que no pudo cotizar sin auxilios; para eso es que quieren criminalizar a un inocente. Para decir que todo lo que es del interés común y de los más débiles, era corrupto. (...) Nosotros lucharemos y venceremos para demostrar su inocencia y asegurar su libertad”, concluyó.

El actor, locutor y pionero del doblaje en Colombia, Santiago Munévar Rey, murió el viernes, 27 de marzo de 2026, a los 66 años, según confirmaron voceros de la Asociación Colombiana de Actores (ACA).

“Hay voces inconfundibles. Bastaba escucharlo para saber que algo verdadero estaba ocurriendo. Santiago sabía reír, incluso en los momentos más difíciles. Un caballero”, se leyó en el sentido mensaje de pésame, publicado en los canales oficiales de la agremiación artística.

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Desde la ACA subrayaron su capacidad interpretativa y su estrecho vínculo con la palabra hablada a través de su voz, catalogada como “inconfundible”. Además, recordaron su aporte cultural como coach en lectura en voz alta para nuevas generaciones de comunicadores. Munévar fue reconocido por su labor como director de doblaje, ya que fue figura clave en la industria.

“Hizo de la lectura en voz alta un propósito: volvía el texto una materia viva, que respiraba y se compartía en ese instante preciso. Murió el Día Mundial del Teatro. Hay coincidencias que se sienten como una forma de permanecer. Desde ACA le decimos adiós. Su voz sigue entre nosotros”, concluyó el mensaje en su honor.

Munévar, nacido el 16 de abril de 1959, construyó una trayectoria de más de cuatro décadas en la radio, la televisión, el teatro y el cine. Destacó como narrador para canales internacionales como National Geographic y Discovery Channel, y participó en producciones icónicas de la televisión nacional, entre ellas la telenovela Pasión de Gavilanes.

El presidente de la ACA, Julio Hernán Correa, precisó, en diálogo con la revista VEA, que hasta el momento no se han revelado las causas del fallecimiento y desmintió versiones previas sobre su muerte.

Amigos, colegas y seguidores han expresado su pesar en redes sociales, destacando el legado y la calidad profesional de Santiago Munévar Rey, cuya voz y enseñanzas permanecen en el recuerdo del sector audiovisual colombiano.

Hasta en series animadas: el legado profesional de Santiago Munevar

Munevar fue, efectivamente, fue una de las voces más reconocidas y versátiles del doblaje y la locución en Colombia. Inició su trabajo en la televisión colombiana en 1975 y debutó en el doblaje en 1977. Munévar participó en una amplia variedad de producciones animadas, películas y series, tanto nacionales como internacionales.

En películas, participó en doblajes de títulos como Decisión al límite, Apagón en Los Ángeles (Oficial Cummings), Mi amigo Harley (Dr. Sterling), Alicia (Conejo Blanco), Ruslan: venganza de un asesino (Bartender), Crimen encubierto (Tom Drood), XIII (Abe), Navidad en el país de las maravillas (Santa), Tres (Doctor Francis), La sospecha (Doug Zwick), Tierra de ciegos (Jones), Julio César (Pothinus), Cabezas huecas (Carl Mace), El último de los mohicanos (Coronel Edmund Munro), Puño de furia (Fan), El gato de las nueve colas (Carlo Giordani), Django (Mayor Jackson), Abbott y Costello: África grita (Buzz Johnson), La sombra del hombre delgado (Luis) y El hombre de la máscara de hierro (Colbert), entre otras.

En series animadas, fue la voz del Doctor de la televisión, Harry y el Robot taxista en Space Goofs, Saltarín 2 en Cubitos, Montehue en Huntik, Daso en Rollbots, Señor Oscuro y Dr. Naught en Sushi Pack y Semilla en La garrapata. En series de televisión, trabajó en el redoblaje colombiano de El show de Lucy como Craige, fue narrador en El fugitivo y dio voz a Piljoon Jung en La legendaria mujer policía.

También se desempeñó como narrador en documentales como Grandes Gatos, India: País del espíritu y la mística y España: Todo bajo el sol. La versatilidad de Santiago Munévar Rey le permitió dejar una huella profunda en la industria del doblaje y la narración en Colombia.

Según los detalles de la audiencia que publicaron en los canales oficiales de información de la JEP, los comparecientes, que no fueron seleccionados como máximos responsables, relataron su participación directa en nueve hechos ocurridos en los municipios de San Luis, Cocorná y Granada, que dejaron 19 víctimas.

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La audiencia, según explicaron en la jurisdicción, forma parte de la Ruta No Sancionatoria, que busca la consolidación de verdad, la aceptación de responsabilidad y la construcción de medidas de reparación para las víctimas.

Durante esta audiencia, en la jurisdicción abordaron el noveno caso, que corresponde a los asesinatos de Francisco Emilio Idárraga Marín, Ramiro de Jesús Idárraga Marín y la detención ilegal de Alirio de Jesús Ramírez Giraldo en la cabecera del corregimiento Santa Ana, en Granada, el 9 de mayo de 2004, Día de la Madre.

Los hechos se desarrollaron en el despliegue de la operación militar denominada Espartaco, liderada por el entonces subteniente Andrés Mauricio Rosero Bravo.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos realizada por magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, los militares ingresaron al corregimiento en una chiva acompañados por dos guías civiles conocidos como “Carmelo” y “Jimmy”.

Testimonios recogidos por la Sala de Definición indican que, al llegar al parque principal, los guías señalaron a los hermanos Idárraga Marín y a Ramírez Giraldo como presuntos integrantes de la guerrilla.

“Para ello, la tropa se disfrazó de campesinos, el soldado Ely de Jesús López se disfrazó de mujer con el fin de facilitar la infiltración”, relató la magistrada auxiliar Ángela Galvis, citada por voceros de la JEP.

Los hechos ocurrieron a la salida de la misa diurna, cuando la población celebraba el Día de la Madre. En ese momento, “se desató una balacera y los guías señalaron a más personas. Entre ellas estaba el señor Alirio de Jesús Ramírez Giraldo”, según consta en las declaraciones presentadas ante la JEP.

Las víctimas ”fueron retenidas por los militares y obligados a subirse a la chiva", para ser trasladadas fuera del corregimiento. El mismo vehículo fue utilizado por los militares para movilizarse durante la incursión. Ramírez Giraldo recuperó su libertad cuando el guía “Carmelo” intervino y aseguró que “no tenía relación con ningún actor armado”. Los militares saquearon negocios locales antes de abandonar el pueblo con las otras dos víctimas.

Rosero, uno de los comparecientes, detalló cómo maltrataron a los rehenes en esa chiva: “El pelotón se sentaba encima de ellos, que iban tapados en unos plásticos (…) Ellos estuvieron retenidos desde Santa Ana, hasta la vereda La Estrella, unas tres horas”, relató.

Édgar Jesús Sánchez Restrepo, otro de los comparecientes, también reconoció que “estaba cerca de los hermanos cuando disparé, a unos tres o cuatro metros”. Sánchez fue señalado de asesinar a las víctimas tras recibir la orden del entonces teniente Rosero.

Los familiares escucharon la reconstrucción de los hechos: así pidieron perdón los comparecientes

Durante la fase pública de la audiencia, los ocho comparecientes reconocieron la gravedad de los hechos ante los familiares de las víctimas.

“En Granada, se me ocurrió la idea de ir en la chiva. Uno utilizaba su inteligencia para hacer cosas que no eran legales (…) Se ejecutó el plan hasta que llegamos a Santa Ana y todo se salió de control, porque llegamos a Santa Ana ahí fueron lluvias de disparos, gritos, la gente estaba saliendo de la misa de Días de madre”, expresó uno de los militares.

La hija de Alirio de Jesús Ramírez Giraldo, Dora Ramírez Zuluaga, así como María y Alba Idárraga Marín, hermanas de Francisco Emilio y Ramiro de Jesús, escucharon los reconocimientos públicos y participaron en el espacio de memoria. Las familias recibieron disculpas directas y escucharon propuestas de reparación presentadas por los exmilitares.

Ely de Jesús López Giraldo, les dijo de frente a María del Carmen, a Alba Idárraga Marín y a Dora Emilse Ramírez Zuluaga: “Lo que hicimos no fueron errores. Era una barbarie (…). Sus familiares hicieron parte de un número que se exigía en ese tiempo por el general Montoya, transmitidos a los comandantes en el área”.

“Yo les quiero decir que el perdón es muy difícil pedirlo y es más difícil otorgarlo. No quiero que suene a revictimización. A mi madre la asesinaron en el 2001, yo no he podido perdonar. No puedo pedir perdón, si no he podido perdonar. Entonces, solo quiero que nos escuchen (…) en estos espacios sanadores. Me duele verla llorar. Esto no puede volver a suceder”, agregó López Giraldo.

Desde la JEP puntualizaron que las investigaciones sobre los hechos ocurridos en el Oriente antioqueño continúan, y que el objetivo de estas audiencias es “propiciar escenarios de verdad plena y reparación integral para las víctimas”. Los comparecientes permanecen sujetos a las medidas que determine el tribunal de paz.

Un niño de 11 años permanece hospitalizado en Ibagué tras sufrir una golpiza dentro de su salón de clases, presuntamente a manos de varios compañeros, según denunció su progenitora, Helena Rodríguez, que explicó la agresión por parte los otros menores y alegó presunta falta de acción de las autoridades escolares.

De acuerdo con el relato de Rodríguez, madre del menor, la situación se desencadenó el jueves 26 de marzo de 2026, cuando recibió a las 10:53 a. m. un mensaje urgente de la docente de su hijo, estudiante de la Institución Educativa Francisco de Paula Santander de Ibagué.

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En el audio, la profesora solicitó que acudiera inmediatamente al colegio para trasladar al niño a un centro médico. La mujer, que dio a conocer su denuncia a Blu Radio, reportó que, al llegar al recinto, encontró al menor desorientado, con episodios de pérdida de conciencia.

“Mi hijo ha perdido el sentido, ha estado desmayado”, aseguró. El menor, identificado como Thiago, resultó con un hematoma craneoencefálico y sus episodios de pérdida de conciencia obligaron a sus padres a gestionar su traslado de urgencia a un centro médico.

Según la madre, las explicaciones de la docente no coinciden con la magnitud de las lesiones. Señaló que le indicaron que el incidente ocurrió durante “un momentico” en el que la profesora abandonó el aula. Rodríguez cuestionó esa versión: “Para que digan que fue tan rápido, entonces ¿quién lo golpeó? Esto no fue algo leve. Tenemos evidencias de cómo quedó”.

El menor fue trasladado inicialmente a la USI del barrio Especial El Salado, donde médicos confirmaron el hematoma y recomendaron una remisión urgente a Bogotá para evaluación por neurología pediátrica.

La familia denunció que el trámite de traslado se demoró y que la atención médica resultó insuficiente en las primeras horas. “Ayer lo tuvieron en observación sin prestarle la atención adecuada. No le hacían exámenes, la remisión no avanzaba”, relató la madre, que además sostuvo que solo tras hacer público el caso se aceleró el proceso: “Después de que hablé, en cuestión de segundos enviaron la ambulancia”.

La acudiente también acusó a las autoridades escolares de no responder de manera efectiva ante situaciones previas de acoso escolar. “Mi hijo ya había manifestado situaciones de acoso. No hicieron nada. Y ahora está luchando por su vida”, declaró, ante la aparente la ausencia de un pronunciamiento formal por parte de los directivos del colegio ni de autoridades locales. “Me siento en completo abandono”, expresó.

Mientras Thiago continúa bajo observación y la familia espera su traslado a Bogotá. Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial de las autoridades educativas ni de salud sobre el hecho.

La madre advirtió que desde el colegio le comunicaron que el caso sería revisado solo después de la Semana Santa. “Han sido solo pañitos de agua tibia”, afirmó.

Menor de 12 años fue víctima de agresiones en colegio de Bucaramanga

Una madre en Bucaramanga denunció públicamente en 2025 que su hijo de 12 años, estudiante de sexto grado, fue víctima de 19 agresiones en su colegio durante 2025, el último de estos episodios —acontecido el 7 de noviembre— lo dejó hospitalizado por un golpe en la cabeza y llevó a la intervención de la Secretaría de Educación de la ciudad.

Según el relato de la madre recogido por Noticias Caracol, las agresiones comenzaron en los primeros meses del año y, a lo largo de ese periodo, el menor llegó a su hogar con moretones, rasguños y el uniforme sucio, manifestando además temor a regresar a clases.

La gravedad del último ataque obligó a hospitalizarlo y se le practicó un TAC cerebral que reveló un hematoma, además de presentar visión borrosa, mareo y vómito. Como consecuencia médica, recibió una incapacidad de cuatro días.

El caso confirmó, con datos concretos, la reiteración de actos violentos: la agresión del 7 de noviembre correspondió al episodio número 19 reportado en el año, lo que llevó a la madre a sostener que las autoridades educativas no ofrecieron respuestas claras ni garantías de seguridad.

La posición de la familia fue reforzada por la percepción de una falta de acompañamiento institucional. La madre, citada por Noticias Caracol, afirmó haber sentido que la psicóloga del colegio atribuyó la responsabilidad de los ataques al propio niño por “no defenderse”.

Esta situación, detalló la denunciante, tuvo impactos adicionales: el deterioro emocional provocado por el acoso escolar llevó al menor a perder el año académico, incrementando la preocupación de la familia por las consecuencias a largo plazo de la falta de intervención eficaz.

Según la denuncia —trasladada a instancias de control, la Alcaldía de Soacha y la Dirección Nacional de Bomberos—, la flota del departamento estáen estado crítico, incluso, “fuera de servicio desde hace varios meses”.

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Tanto, que la situación expone a la población al riesgo de perder la cobertura del servicio esencial de bomberos. Según el documento de denuncia, conocido por Infobae Colombia, se asegura que, como resultado de informes internos y denuncias ciudadanas, los vehículos “presentan fallas mecánicas y operativas”.

El panorama es alarmante. Se relata que la unidad M-07 (carrotanque) fue retirada de operación por “fallas en frenos/embrague, fugas hidráulicas, fallas SCR/UREA y ausencia de RTMyEC vigente, entre otras”.

Otra unidad, la M-05 (Chevrolet D-Max), lleva fuera de servicio aproximadamente seis meses tras un conato de incendio, con daño en el sistema eléctrico, tracción 4x4 y el sistema de emergencia.

El caso más crítico podría ser el de la M-06 (International doble cabina), que lleva “más de 7 meses fuera de servicio por fallas severas de transmisión, frenos y fugas”, sumado a la falta de alguna “certificación NFPA”. Además, la M-02 (Chevrolet NPS entregada en 2024), supuestamente nueva, “presenta fallas en embrague/transmisión, bomba, frenos ABS y tanque, con 1.5 meses fuera de servicio pese a su reciente entrega”.

Se advierte que “existirían otras unidades con fallas recurrentes y algunas con más de un año sin operar, incluyendo vehículos sin sistemas de emergencia funcionales (sirenas y luces), fallas eléctricas, sistemas de bombeo con fugas y llantas en condiciones no aptas para la operación”.

Pero no solo eso, uno de los voceros del organismo de socorro le dijo a este medio que es “grave la situación del Cuerpo oficial de Bomberos de Soacha por el total abandono por parte de la administración municipal”, que, incluso, los bomberos han debido usar uniformes de otros territorios como del departamento de Bomberos de Ibagué, Tolima. También sostuvo que la respuesta que les han dado en el conducto regular es que “todo está bien”.

El riesgo de operar en estas condiciones impacta directamente a los soachunos

El propio delegado enfatizó la gravedad del asunto e indicó que esta situación podría constituir “un indicio serio de posible deficiencia en la gestión, mantenimiento y disponibilidad de los recursos destinados a la prestación del servicio público esencial bomberil”.

La denuncia pide verificar si existió o existe algún contrato de mantenimiento preventivo y correctivo, así como el seguimiento real en la ejecución de estos convenios.

El capitán Farfán solicitó medidas drásticas: apertura de investigaciones disciplinarias, auditoría fiscal y auditorías técnicas independientes a cada vehículo. Plantea la posibilidad de “aseguramiento físico de vehículos críticos e inmovilización preventiva cuando exista riesgo de operación insegura”, la “activación de garantías y reclamaciones de seguros” y la exigencia de un reporte público de disponibilidad operativa.

En el documento, los denunciantes recordaron que la Constitución y la Ley General de Bomberos obligan al Estado a proteger la vida y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

“La eventual indisponibilidad del parque automotor compromete directamente la capacidad de respuesta del municipio, configurando una posible falla en el cumplimiento de estas obligaciones”, apuntó el delegado departamental.

Solicitó además un plan de contingencia que asegure, aunque de modo provisional, la atención de emergencias, especialmente por medio de convenios con los bomberos voluntarios.

El reporte finalizó con un llamado de atención categórico: se pidió que se proceda “a adelantar actuaciones correspondientes y adoptar las medidas necesarias para la verificación de los hechos puestos en conocimiento”, por la amenaza directa a la seguridad y patrimonio de la comunidad.

En palabras del capitán Farfán: “Es urgente que se adopten medidas de intervención responsables que garanticen la continuidad del servicio y la adecuada gestión de los recursos públicos, en concordancia con los principios de la función administrativa.”

“Hoy fue un día largo para Bogotá. En discernimiento profundo sobre la situación. Reflexión de cómo proceder para contribuir a la Seguridad. Pero acá deben ser las cabezas las que reflexionen también. Bogotá avanza en obras, pero retrocede en hechos de inseguridad. #SOS”, escribió el servidor local.

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A través de plataformas informativas digitales como Pasa en Bogotá —y en general en las redes sociales— se conocieron decenas de denuncias y videos de atracos, incluso armados, que están incrementando exponencialmente el pánico en Bogotá.

Uno de los más recientes ocurrió en la noche del viernes 27 de marzo de 2026, en el barrio La Calleja, localidad de Usaquén, un atraco armado a las integrantes de un vehículo que estaba estacionado. Memos de 24 horas antes, también se conoció el reporte del hurto a mano armada contra una familia entera que se movilizaba en su camioneta a unas cuadras, en el parqueadero del McDonald’s de la calle 127 con Autopista Norte.

" No paran los robos de vehículos en la ciudad, la noche de ayer 27MAR, en el b/La Calleja, loc/Usaquén. Individuos que se movilizaban en camioneta abordan e intimidan con armas de fuego a dos mujeres y le roban su automóvil. Así quedó registrado en video de seguridad", se publicó en el portal informativo.

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En el clip se vio cómo, por lado y lado, los dos presuntos delincuentes atacaron a las mujeres que estaban en el interior del vehículo.

Otros atracos virales en redes durante la última semana de marzo

En video quedó cómo una familia fue víctima de un violento atraco en el parqueadero de un McDonald’s, ubicado en la calle 125 con carrera 23, en la localidad de Usaquén. El hecho ocurrió en la madrugada del viernes 27 de marzo, alrededor de la 1:20 a. m.

Según los reportes, varios delincuentes armados descendieron de un vehículo Mazda rojo, intimidaron a las víctimas y les arrebataron su camioneta y objetos personales.

El coronel Jhon Zambrano, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá, informó que se activaron unidades de investigación para identificar a los responsables y que la placa del automóvil utilizado, IIV186, ya fue registrada.

El caso ha generado alerta entre los residentes y refuerza el llamado de la comunidad por mayor seguridad en el sector.

Unas horas antes, en el barrio Alhambra de la localidad de Suba, a unas pocas cuadras del caso anterior, otro vehículo fue abordado por ladrones que hurtaron las pertenencias a sus integrantes:

“Anoche 26MAR, en el b/La Alhambra, loc/Suba, individuo que se movilizaba en un automóvil rompió el vidrio de una camioneta y se llevó varias pertenencias personales que se encontraban al interior. Fue en cuestión de cinco minutos mientras comprábamos algo en la tienda, nos cuenta la víctima”, fue la denuncia viral de la cuenta informativa mencionada.

En esa misma noche, un ciudadano denunció en redes que “tres tipos motorizados me atracaron en la calle 113 con carrera 11A. Me quitaron mi maleta con todo, mi celular y mi billetera con toda la papelería. Con cuchillos me apuntaron al cuello”.

Unas horas antes, se reportó que otro joven fue atracado con arma de fuego por parte de un delincuente que quería quitarle su cadena, en el barrio Gilmar, en la localidad de Suba.

En esa misma jornada, la Policía capturó a un moto ladrón que “andaba con cédula falsa para identificarse. El individuo estaba robando por el barrio La Castellana, le roba el celular a un ciudadano que lo persiguió con varias personas logrando atraparlo”, según el reporte de Pasa en Bogotá.

Comentarios sobre percepción de inseguridad

La cascada de atracos, con soporte documental y gráfico, dejó un rastro de fuertes reclamos al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sobre la crisis de seguridad que atraviesa la capital. En las redes se evidenciaron comentarios como:

“@SeguridadBOG,@alcaldiausaquen,@Bogota no que iban a fortalecer la vigilancia y temas de seguridad, increíbles resultados. Algo es claro los ladrones al parecer actúan con el permiso y beneplácito de las autoridades, no hay más explicación (sic)“;”El tema de seguridad de Bogotá es muy delicado y preocupa. Pero no puedes ser tan doble cara de pedir la renuncia de Galán y aplaudir la política de Paz Total de Petro, te recuerdo que las masacres, secuestros, y reclutamiento de menores esta en nuevos picos desde la firma“, son algunos de los comentarios.

“No entiendo para que sirve la @SeguridadBOG un tipo seguro que cayó ahí por una coima y no sabe absolutamente nada o peor aún es cómplice de la delincuencia SE TOMARON BOGOTA y el dormido de @CarlosFGalan tomándose fotos con la prensa HPTA (sic)”.

Según información difundida por el portal informativo digital Pasa en Bogotá, los testimonios de los testigos apuntan a que un hombre habría disparado contra otro durante el asalto.

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Vecinos y transeúntes, al percatarse de la situación, intervinieron y retuvieron al presunto agresor, al que le habrían exigido explicaciones y dado advertencias mientras llegaban las autoridades.

Pero más que eso, ciudadanos enfurecidos lo redujeron y, ya en el suelo, le propinaron patadas y golpes en varias partes de su cuerpo, incluido su rostro. Las heridas quedaron evidenciadas en los videos divulgados.

Unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá acudieron al lugar para neutralizar la situación, capturó a dos presuntos delincuentes y trasladó a ambas personas a una estación de Policía.

Hasta el momento no se conoce el estado de salud del hombre linchado, ni se han divulgado detalles oficiales sobre la gravedad de sus lesiones o el avance de las investigaciones. El hecho generó alerta en la zona y reacciones en redes sociales sobre la inseguridad en el sector.

En menos de 24 horas, a través de las redes sociales se han divulgado varios episodios de linchamientos a presuntos ladrones, que alcanzan a ser atrapados por la misma ciudadanía que prefieren buscar justicia por su propia mano.

En los comentarios, los internautas se despacharon contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y aplaudieron a los ciudadanos que intervinieron en el atraco.

“Pero no ven que a comienzos de semana santa @CarlosFGalan y su @Bogota se fueron a rezar para pedirle a Dios que en @Bogota NO ROBEN TANTO (sic)“; ”Por favor @PedroSanchezCol y @petrogustavo HAGAN USTEDES algo ya por Bogotá. Militarización ya y prohibir Parrillero Moto y cerrar con vallas metálicas las entradas y salidas de los barrios a vías principales y patrullar 7x24″; “Alguien me puede explicar porque hps no queman las motos, no se les puede dejar herramientas para seguir delinquiendo, en dos días está en las calles y la moto se la devuelven en 8 días. No hay que creer en la justicia de Colombia (sic)”; “Cómo le arreglaron la cara de bacano, faltó que le arreglaran las manos (sic)”; “Lamentablemente salió caminando”.

Presunto ladrón fue golpeado y atado a un poste tras intento de robo de motocicleta en el sur de Bogotá

Un hombre acusado de intentar robar una motocicleta fue retenido y agredido por un grupo de ciudadanos en el sector de Rafael Uribe, cerca del Centro Comercial Caracas, en el sur de Bogotá. El hecho ocurrió el 27 de marzo y quedó registrado en un video difundido por la página Pasa en Bogotá.

Según los reportes, el presunto ladrón, acompañado de un cómplice que logró huir, habría apuñalado al dueño del vehículo durante el asalto. Al percatarse del ataque, vecinos y transeúntes interceptaron al sospechoso, lo ataron a un poste y le propinaron golpes con cascos y patadas antes de la llegada de unidades de la Policía Metropolitana.

En el video se observó a una mujer que, entre gritos, pedía que dejaran de golpear al retenido, mientras la multitud continuaba con la agresión. La reacción de la comunidad fue inmediata y refleja el creciente malestar por la inseguridad en la capital. El propietario de la motocicleta, herido durante el intento de robo, recibió atención de los servicios de emergencia.

La Policía intervino para controlar la situación y trasladó al presunto implicado a un centro asistencial. Este caso se suma a una serie de episodios recientes de justicia por mano propia en Bogotá, fenómeno que según el Concejo de la ciudad, responde al descontento por la impunidad y la reiteración de hechos delictivos.

Líderes locales y expertos han advertido que los linchamientos y ataques colectivos a presuntos delincuentes en la vía pública representan un desafío para las autoridades, que enfrentan dificultades para judicializar a los responsables debido a la falta de pruebas y a la reincidencia de algunos capturados.

El senador opositor del Gobierno Petro cuestionó públicamente el nombramiento y planteó dudas sobre si la orden provino directamente de Gustavo Petro o del alto mando militar.

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El legislador expresó su preocupación acerca del mensaje que esta designación podría enviar a las Fuerzas Armadas y a las familias de los uniformados caídos.

“Hoy nombran como madrina de un buque de guerra a Antonella Petro, la hija de un hombre que empuñó las armas contra nosotros, que lideró el M-19 y que acabó con la vida de cientos y cientos de uniformados en acciones terroristas cobardes”, afirmó Rodríguez en un video que publicó en su cuenta de X .El senador recordó el pasado guerrillero del presidente y acusó al Gobierno progresista de desconocer el sacrificio de la fuerza pública.

Rodríguez, que además se identifica como hijo de la marina de guerra, y es un abanderado de las Fuerzas Armadas, manifestó que la nación colombiana merece una explicación clara sobre los criterios utilizados para la designación.

“Petro se va en pocos meses, pero la historia no va a olvidar a quienes han entregado el honor militar”, agregó el ahora congresista.

Hasta el momento, ni la Armada Nacional ni la Presidencia han emitido una respuesta oficial a la solicitud del senador Rodríguez. El tema sigue generando reacciones en el Congreso y entre asociaciones de veteranos, que piden transparencia en los procesos de nominación y homenaje dentro de las fuerzas militares.

Las palabras de Antonella Petro en el acto

Antonella Petro Alcocer asumió el rol de madrina de la Patrullera Oceánica Colombiana ARC 24 de Julio durante la ceremonia realizada el viernes 27 de marzo de 2026, en la ciudad de Cartagena. El evento, encabezado por el propio mandatario, que selló la puesta en servicio de una embarcación fabricada íntegramente en el país.

En el transcurso de la ceremonia, Antonella Petro Alcocer dirigió unas palabras breves antes de proceder al bautizo naval de la nave. “Yo, Antonella Petro Alcocer, te bautizo en nombre del Gobierno nacional ARC 24 de Julio, e imploro a Dios que te proteja y te lleve a todas las victorias”, expresó en presencia de altos mandos de la Armada Nacional y de su progenitor, el presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con la transmisión en vivo de la Presidencia, el acto protocolario se desarrolló en el muelle de la capital de Bolívar.

La ceremonia destacó la relevancia de la ARC 24 de Julio como el primer buque de su tipo construido completamente en territorio colombiano. En el evento se resaltaron la capacidad industrial nacional y el simbolismo que representa la fecha para la historia marítima del país.

El presidente consideró en su discurso el compromiso del gobierno con el bienestar del personal militar y sus familias. “La vida es invaluable, pero esa dignificación del ser humano que hemos iniciado a partir del salario, del bienestar social, de su familia, de él mismo, debe ser complementada por la industria militar”, sostuvo el jefe de Estado.

Durante la jornada, Petro también se refirió al acceso a la vivienda digna para los integrantes de las Fuerzas Armadas al concluir su carrera. “Claro que las Fuerzas Armadas pueden construir casas quizás más baratas que el comercio y el mercado e ir garantizando que cada persona que entre a las Fuerzas Armadas de Colombia, a las Fuerzas Militares en general, tenga donde vivir cuando salga de su carrera y su familia tenga donde vivir”.

Según informó el jefe de Estado, la cantidad de tierra que sería entregada es un avance en la meta oficial de su administración, que es alcanzar 3.000.000 de hectáreas traspasadas al campesinado; pese a que le quedan solo unos meses en el cargo, en su mensaje escribió: “Cumplimos”. El mandatario también señaló que el departamento de Antioquia concentra la mayor cantidad de tierras distribuidas hasta la fecha.

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Durante el evento de promulgación de la ley, Petro se refirió al impacto de la medida en la vida rural, como una de las prioridades de su gobierno en cuanto a la redistribución de la tierra: “Hoy las bandas de nuevo tocan, hoy de nuevo se baila, hoy de nuevo hay sonrisas anchas en el rostro de la gente humilde”.

“La tierra tiene que quedar en manos campesinas antes que cualquier riesgo, porque es la obra de nuestro Gobierno y cada metro cuadrado que hoy tengamos ya adquirido debe pasar a una familia campesina para que pueda vivir cultivando bienes materiales, alimentos para la sociedad”, afirmó.

El presidente hizo además un llamado al Congreso de Colombia para que apruebe la ley ordinaria de jurisdicción agraria, en línea con la declaración unilateral de Estado entregada al Consejo de Seguridad de la ONU.

La firma de la ley en Cereté se produjo ante la presencia de ministros, autoridades locales y beneficiarios del programa. El avance en la entrega de tierras y la implementación de la jurisdicción agraria forman parte de los compromisos adquiridos por el gobierno con las comunidades rurales y las recomendaciones de organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El Gobierno prevé continuar con el proceso de adjudicación de tierras para familias campesinas en los próximos meses.

Así fue la firma de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria

La Ley Estatutaria de Jurisdicción Agraria comenzó a regir en Colombia luego de la sanción del presidente Gustavo Petro, el viernes 27 de marzo de 2026.

En el mismo evento, el mandatario formalizó la adjudicación de más de 3.000 hectáreas de tierra a más de 1.000 familias campesinas afectadas por la emergencia climática y anunció el inicio de la recuperación ambiental en la región del Bajo Sinú.

La nueva normativa, que modifica la Ley 270 de 1996 de administración de justicia, establece un nuevo contexto jurídico institucional para que los conflictos agrarios sean resueltos por jueces especializados, con un enfoque técnico y mayor cercanía a las comunidades rurales.

De acuerdo con lo expuesto por la Presidencia, la ley apunta a que los asuntos vinculados a la tierra, los derechos campesinos y los territorios rurales se atiendan de manera exclusiva. Entre los componentes incluidos figura la figura de los facilitadores agrarios y rurales, que orientarán gratuitamente a los ciudadanos sobre sus derechos y procesos legales, medida dirigida a reducir las barreras de acceso a la justicia en zonas con baja presencia institucional.

Durante su intervención, Petro destacó el alcance de la reforma agraria y su relación con la nueva jurisdicción. “No es poco lo que aquí estamos celebrando, es una manera de hacer la reforma agraria que junta el deseo de justicia social del campesinado sin tierra o con poca tierra del departamento de Córdoba”, manifestó el presidente.

Las más de 3.000 hectáreas adjudicadas fueron destinadas a organizaciones campesinas, asociaciones productivas y comunidades étnicas, incluyendo el Resguardo Indígena Zenú. Algunos de los predios, localizados en municipios como Planeta Rica, Sahagún, Buenavista, Montería, Cereté, San José de Uré y Puerto Libertador, habían estado en manos de estructuras vinculadas a exjefes paramilitares, según información oficial.

La reacción de la comunidad fue inmediata. Según el video difundido en redes sociales, tras percatarse de la situación, varias personas lograron atrapar al sospechoso, que fue sometido a golpes antes de la llegada de las autoridades. El otro implicado, según testimonios, logró huir del lugar.

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Los linchamientos se han convertido en una respuesta ante el incremento de la percepción de inseguridad y la reiteración de hechos delictivos que han llevado a que algunos ciudadanos intervengan directamente frente a la delincuencia, ante la desconfianza en las autoridades.

Sin embargo, en el video se oyó a una mujer intercediendo por el linchado, que pedía a gritos que “no le pegaran más”.

Efectivos de la Policía Metropolitana de Bogotá hicieron presencia en el sitio para controlar la situación y trasladar al presunto implicado a un centro asistencial. El propietario de la motocicleta, herido durante el intento de robo, fue atendido por los servicios de emergencia.

Los internautas aprovecharon la publicación para reclamar a las autoridades el incremento de asaltos, hurtos a mano armada y casos de extorsión. Además criticaron a los ciudadanos que pretenden detener la “paloterapia”.

“Vieja malparida que gritaba NOOOOO NO LE PEGUEN, ojalá nunca le pase nada a su familia por culpa de esas ratas malparidas (sic)”; “Toca darle en una rodilla y que quede renco para que no vuelva a joder (sic)”; “Excelente por esa comunidad. Y esa vieja alcahueta que dice que no le peguen más, pues entonces que ella le regale su celular, su dinero y le de posada a esos delincuentes en su casa (sic)″; “Con ese calzado y ese corte ...de quién sospeCHAMOS? (sic)”,“Apuñalar al dueño de la moto es crueldad innecesaria; la respuesta de la comunidad es la consecuencia natural. La delincuencia se alimenta del miedo, pero se frena con la unión de los ciudadanos. Un mensaje claro para los que creen que Bogotá es tierra de nadie“, fueron algunos de los comentarios.

Aumentan los casos de justicia por mano propia y linchamientos públicos en Bogotá

Expertos y líderes locales advierten que el aumento de estos casos refleja el descontento por la impunidad, la desconfianza en la justicia y el deterioro de la convivencia en Bogotá.

De acuerdo con un análisis emitido desde el Concejo de Bogotá, la ciudadanía insiste en reaccionar de manera violenta como respuesta a que, a pesar de la intervención policial, muchos de los detenidos reinciden en sus conductas.

El fenómeno no ha dejado de ser un desafío urgente para las autoridades distritales. De hecho, en marzo de 2026, el alcalde Carlos Fernando Galán reportó que sostuvo una reunión con la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, para buscar soluciones que detengan el círculo de impunidad.

Ya que los linchamientos no suelen ser medidos estadísticamente, “todo indica que cada vez son más frecuentes en Bogotá los casos en que los ciudadanos se toman la justicia por su mano, según la misma Policía que tiene que intervenir para evitar que los maten”.

“Lo grave es que los detiene para salvarlos de las golpizas, pero los suelta porque no hay evidencias para judicializarlos por sus delitos, y el círculo vicioso de la impunidad sigue rondando estos hechos a diario”, consta en el reporte del Concejo bogotano.

Juan Esteban Urrego, un adolescente de 14 años, permanece en estado crítico luego de recibir una puñalada en el rostro que afectó parte de su cara, un ojo y su cerebro durante un ataque con arma cortopunzante que ocurrió el 23 de marzo de 2026 en el municipio de Soacha.

De acuerdo con los reportes de allegados del joven, la puñalada que recibió fue motivada únicamente por el hecho de portar una gorra alusiva al Club Atlético Nacional, pese a que versiones preliminares indican que el joven se resistió a un atraco en el que delincuentes querían arrebatarle su gorra.

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Durante días, el joven debió permanecer con el cuchillo clavado en su rostro y estuvo en coma, de acuerdo con la información que suministraron los padres del menor a Blu Radio, que afirmaron que el joven estuvo en el Hospital Cardiovascular sin atención especializada. De hecho, denunciaron demoras administrativas de Servisalud.

“Acá no hay especialistas, no hay nada... toca esperar que ellos respondan el correo. Imagínese un correo con un menor de edad y acá no dejan entrar a un familiar ahí”, dijo Milton Urrego, padre del menor, durante la entrevista que concedió un día después del ataque.

En redes piden ayuda económica para la familia

Tres días después, en redes comenzó a circular con mayor fuerza la versión de que el hecho se debió a una posible represalia contra el menor de edad por el uso de la gorra deportiva.

Aficionados al equipo deportivo y creadores de contenido barristas comenzaron a difundir en las plataformas digitales una cadena de solidaridad que solicita ayuda económica para la familia Urrego. Allí se lee que Milton Urrego ha debido dejar su trabajo como taxista para acompañar a su hijo durante la hospitalización, lo que ha dificultado la cobertura de los costos médicos y el sostenimiento familiar.

“Juan Esteban ahora batalla entre la vida y la muerte. Todo esto por el simple hecho de portar una gorra. Es hijo de un hincha del CLUB ATLÉTICO NACIONAL, el cual necesita de la ayuda de todos los futboleros y padres de familia (sic)″ se leyó en la cadena.

Desde las organizaciones de hinchas difundieron mensajes de rechazo a la violencia con un llamado a la ayuda. “Por eso le pedimos a esta hinchada y familia verdolaga que se pongan la mano en el corazón y apoyemos con cualquier aporte a nuestro amigo, parcero y/o conocido que hoy necesita este apoyo económico, y adicional de una oración”.

Se han habilitado canales de donación a través de Nequi y DaviPlata, en el número 3102845695, para quienes deseen aportar a la recuperación del joven y al sostenimiento de su familia.

El caso está despertando la indignación entre seguidores del fútbol y padres de familia, que reiteran el mensaje: “Una gorra no vale una vida”.

Las capturas por hechos de intolerancia en Bogotá

El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana, alertó el 18 de marzo de 2026 que el impacto de la intolerancia como detonante de hechos violentos en la ciudad está requiriendo refuerzos de las autoridades pese a un leve descenso.

Según datos oficiales, en 2026 se incautaron 315 armas de fuego y 49.000 armas blancas, como una respuesta sostenida ante el uso de la violencia en riñas y conflictos cotidianos.

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, destacó la reducción del 14% en homicidios en lo corrido del año, pero insistió en la necesidad de fortalecer las sanciones judiciales frente a conductas violentas.

Las autoridades presentaron el cartel de los siete más buscados por homicidio agravado en Bogotá, de los cuales cuatro están vinculados a casos originados en riñas, una problemática que en 2025 representó cerca de un tercio de los asesinatos en la ciudad.

Santiago Trespalacios Carrasquilla, el abogado que asumió la defensa del ex viceministro de Igualdad Acxan Duque Gámez, dio a conocer a la opinión pública una porción del análisis técnico-forense de los chats entre Duque y su pareja sentimental, así como con su subalterna, que favorecería la postura de que el exfuncionario compartió la imagen al tiempo a dos contactos “por error”.

De hecho, en la evaluación que compartió el penalista, también se aclaró que Duque eliminó en cuanto pudo la escandalosa fotografía del chat con su subalterna, el 25 de marzo de 2025.

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Acxan Duque ha estado en el núcleo de la polémica luego de que se viralizó la denuncia de una trabajadora de la entidad que alegó que el exviceministro le había enviado una fotografía desnudo.

La denuncia y su correspondiente escarnio público le significaron a Duque la renuncia a su cargo, pese a que se conoció una fotografía ampliada del intercambio textual con la denunciante en la que su entonces jefe le aclaró que remitió la imagen a dos contactos “por error”.

Sin embargo, el documento que compartió Trespalacios en su cuenta de X, considerado parte del material probatorio, respaldaría esta posición. Este análisis técnico-forense fue realizado por la firma investigadora Forensic Stretegic Group-Incoseg, el 27 de marzo de 2026.

En sus conclusiones, se lee que del análisis “realizado sobre el tráfico de datos del día miércoles 25 de marzo de 2026″, se estableció que el entonces funcionario envío al mismo tiempo, en simultáneo, las imágenes a los dos contactos “con certeza forense”

“A las 07:31 a. m. se detecta el registro de eliminación de un archivo JPG en la comunicación dirigida al abonado ‘Asuntos Legislativos’. A las 07:31 a. m. evento simultáneo), mediante el cotejo de información, se identificó de forma fehaciente que el mismo archivo JPG fue remitido con éxito a un número celular adicional —el de la pareja—(identificado bajo reserva técnica por pertenecer a la compañera sentimental del ciudadano)”, es la explicación citada por el abogado.

En la pieza documental también consta que sobre “la certeza de contenido, el análisis comparativo determinó que las características de la imagen remitida al abonado celular de la compañera sentimental del ciudadano Acxan Duque Gámez poseen un 100% de patrones homólogos en su contenido, estructura y firmas digitales respecto al archivo eliminado a la misma hora en el chat de ‘Asuntos Legislativos’“.

De la misma manera, el análisis logró sustentar que todas las evidencias, además de los procedimientos técnicos que se realizaron para revisar la información, “se encuentran debidamente soportados en la respectiva cadena de custodia y la imagen forense anexa al Dictamen Pericial de Informática Forense”, de modo que las autoridades judiciales pueden requerir el material.

Al respecto, Trespalacios Carrasquilla reiteró que, aunque no publicará el chat de la pareja sentimental de Acxan Duque, de la extracción técnico-forense del chat se pudo certificar que “en el mismo instante la fotografía se compartió a dos dispositivos. Específicamente al de la funcionaria del Ministerio (por error) y al de la destinataria real: pareja del viceministro”.

Qué dijo Acxan Duque tras compartir la fotografía a su subalterna

Luego de presentar su renuncia, la polémica alrededor de Acxan Duque creció tanto, que él mismo difundió la conversación completa con su subalterna. Allí se evidenció que Duque se disculpó y asegura que el envío fue “un error”.

En el chat, la funcionaria respondió de inmediato y calificó el hecho como una falta de respeto grave.. Duque eliminó la imagen y escribió: “Mil disculpas. Fue un error”.

“Mil disculpas, al revisar, fueron a dos personas distintas y presenté excusas, ya que estaba hablando. Por la cara del chat reportaré la situación inmediatamente y pondré el contenido del mismo a disposición de control interno. Reitero, nunca fue mi intención, ya que estaba en conversación con mi pareja (sic)“. Añadió que no tenía el número registrado y que pondría el caso en conocimiento del control interno del Ministerio.

La suma de ellos está generando malestar en la ciudadanía digital que reclama al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por su gestión frente a un panorama crítico en la seguridad, a juzgar por los comentarios en las publicaciones.

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Uno de los casos más recientes, también ocurrido durante la noche del 26 de marzo, es el de un joven que, mientras se desplazaba en su bicicleta sobre la avenida Ciudad de Cali, en la localidad de Bosa, fue interceptado por un grupo de ladrones que intentó robarle su bicicleta.

La denuncia ciudadana, conocida por páginas informativas de la red social X como Pasa en Bogotá y Colombia Oscura, indicó que, al parecer, la víctima intentó forcejear y los delincuentes lo agredieron con una puñalada frente a varios transeúntes, se llevaron la bicicleta y lo dejaron tirado en el suelo.

Los testigos del hecho acudieron inmediatamente a las autoridades que, según la información preliminar, llegaron en poco tiempo para atender el caso, mientras que el joven fue movilizado a una zona verde, debilitado por la herida. Ciudadanos lo rodearon para brindarle los primeros auxilios.

Sin embargo, la denuncia indica que la ambulancia no llegó, y entre las mismas personas que lo socorrieron, resolvieron cargar al joven, ingresarlo en un taxi, y llevarlo a un centro asistencial, escoltado por dos patrulleros de la Policía. A lo largo del registro se oyen voces de testigos con expresiones como: “Qué inseguridad de mierda (sic)”.

De hecho, el acontecimiento fue duramente criticado en la sección de comentarios de las páginas que subieron el contenido; se evidenciaron duras palabras contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, con las que asociaron su gestión con una percepción de inseguridad más alta.

“Apuñalan a este joven por robarle su bicicleta en la av. ciudad de Cali en la localidad de Bosa. Hasta cuándo alcalde @CarlosFGalan, @dianadiago,@Cesarestrepof, @SeguridadBOG,@Bogota. Bogotá no tiene alcalde (sic)”, dijo el abogado Ómar Colmenares Trujillo, que publicó el clip.

Usuarios manifestaron “impotencia” ante tantos casos de hurto y la robusta presencia de delincuentes en las calles de la ciudad: “La recomendación de @SeguridadBOG, @Bogota, @CarlosFGalan, @PoliciaBogota es que no oponga resistencia... Y que se deje robar ...Y que cuando pueda vaya y coloque la denuncia pa ver qué pueden hacer ellos. Que no se preocupe. QUE HIJUEPUTA IMPOTENCIA DE MIERDA. YA NO MAS.(sic)”.

También se leyeron estos comentarios: “El porte de armas es necesario, ya dejen de creer la piltrafa de que no lo es, los malos siempre tendrán acceso a defenderse este no es un sistema de control”, “La paloterapia debería ser establecida por la sociedad y la vieja sapa que se meta llevársela por cómplice, esas ratas deben aprender por las buenas o por las malas, y el hp alcalde durmiendo como la del burro (sic)”.

“Galán va a pasar a la historia como la alcaldía más violenta e insegura en 30 años. Este es una republiqueta del hampa. Todos los días historias de este estilo. El delfín es un completo inútil (sic)”.

Otras denuncias virales realizadas durante la misma jornada incluyeron un atraco a un vehículo en el barrio Alhambra, de la localidad de Suba, un asalto a mano armada a un joven que caminaba por un parque del barrio Gilmar en la misma localidad, la captura de un moto ladrón que estaba hurtando en el barrio La Castellana, entre otros.

La firma de la Ley 2569 del 17 de marzo de 2026 por parte del presidente Gustavo Petro, que ratifica la prohibición internacional del uso de mercenarios, coincidió con la publicación de las conclusiones preliminares del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas tras su reciente visita a Colombia.

La organización internacional emitió una fuerte alerta por el pronunciado crecimiento de “reclutamientos predatorios” y la presencia masiva de colombianos en conflictos armados internacionales.

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Los integrantes de la misión del Grupo de Trabajo en Colombia se propusieron mapear las dinámicas del reclutamiento de ciudadanos nacionales para actividades militares o de seguridad en el extranjero.

Desde Bogotá, Cali y Medellín, los expertos se reunieron con altos funcionarios del gobierno, organismos de control, representantes de organizaciones civiles, agencias multilaterales y, significativamente, con familias de quienes fueron al exterior para tareas de seguridad o participaron como combatientes en conflictos armados.

Durante la visita, los participantes de la delegación de la ONU indicaron que era necesario para el país contar con una medida legislativa para detener la problemática.

“Alentamos a que se acelere el examen de la Ley 2569 por parte de la Corte Constitucional en consonancia con las obligaciones de Colombia en materia de derechos humanos”, se lee en el documento.

En cuanto a la publicación de la Ley 2569 —que ratifica el Convenio Internacional de 1989 sobre mercenarios— marca un punto de inflexión legislativo. Este tratado busca prohibir el reclutamiento, financiamiento y entrenamiento de mercenarios y responde a una preocupación que ha crecido exponencialmente en los últimos años.

Las raíces del reclutamiento de colombianos en el exterior

En el informe constó que el impacto de más de seis décadas de conflicto armado interno, que dejó a Colombia con una de las sociedades más militarizadas del continente, ha permitido que, en los últimos 11 años, la demanda global por personal colombiano con experiencia militar o en seguridad se impulse, particularmente, por factores económicos y vacíos regulatorios.

Las oportunidades laborales son tan atractivas que muchos exmilitares, policías y veteranos —en su mayoría hombres jóvenes forzados a retirarse tras veinte años de servicio, y con pensiones bajas, unos 2.000.000 mensuales— terminan buscando trabajo lícito o ilícito en el exterior. Los expertos indican que las ofertas pueden oscilar entre 2.000 y 6.000 dólares mensuales, cifras inalcanzables en el mercado local.

Diez mil colombianos en el exterior prestando servicios de combate

En ese sentido, y según datos obtenidos por la delegación internacional, más de 10.000 colombianos podrían estar actualmente reclutados para operaciones militares y de seguridad en el extranjero. Por la falta de información precisa, resulta difícil establecer en cuántos casos se trata de voluntarios, contratistas legales o mercenarios en sentido estricto.

La diáspora combatiente colombiana se distribuye en países en conflicto como la República Democrática del Congo, la Federación de Rusia, Somalia, Sudán, Ucrania y Yemen. Además, existen redes de reclutamiento para servicios de seguridad en Oriente Medio, particularmente en Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, y para operaciones vinculadas al crimen organizado en países como México y Brasil. La presencia también se extiende a Ecuador, Perú, Haití y otros vecinos regionales.

La situación ha dejado una emergencia humanitaria para centenares de familias que, en el caso de mercenarios muertos en otros países, solicitan la repatriación de cuerpos y la localización de desaparecidos.

Se calcula que más de 600 familias colombianas buscan noticias concretas sobre el paradero de sus familiares, y al menos 300 han acudido a ONG para reclamar respuestas y asistencia ante las autoridades nacionales y extranjeras.

El operativo fue realizado en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, a través de seis diligencias de registro y allanamiento.

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“Vidal” es señalado de viajar a España para aprender a fabricar droga tusi y comercializarla en Colombia, con empaques cuyas marquillas tienen la imagen de Pablo Escobar.

De acuerdo con información divulgada en los canales oficiales de la Policía del Valle, su comandante, la brigadier general Sandra Liliana Rodríguez, informó que el capturado habría regresado de España a finales de 2024, tras viajar para adquirir conocimientos sobre la elaboración de este estupefaciente, que tiene alto valor en el mercado ilegal.

Rodríguez explicó que “con seis años de vida delictiva, en la actualidad alias Vidal usaba marquillas propias como caras felices y la cara de Pablo Escobar. También empleaba redes sociales y señales de colores para traficar, con el objetivo de evadir la acción de las autoridades”.

La información emitida por voceros de la Policía del Valle del Cauca indica que “Vidal” es señalado como líder sicarial de la banda Los del 20, grupo que, junto a la estructura Los 300, extendía sus actividades en las comunas 5 y 7 de Palmira.

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Según datos suministrados por las autoridades, Los del 20 están bajo el mando de alias Danier, mientras que la banda de Los 300 es liderada por alias Camilo desde prisión.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, afirmó que “con la captura de alias Vidal damos un golpe contundente a los grupos dedicados al microtráfico y el homicidio, ya que representa un objetivo de alto valor dentro del grupo delincuencial. A pesar de su prontuario delictivo, salió de Colombia rumbo a España, donde se capacitó para la elaboración y comercialización de este alijo”.

Las autoridades detallaron que alias Vidal lograba recaudar entre 12 y 25 millones de pesos semanales por la venta de drogas sintéticas, precisamente porque logró “perfeccionar la producción y comercialización de drogas ilícitas en España; estas rentas ilegales que financiaban la violencia en el municipio”.

De acuerdo con detalles suministrados los voceros policiales, al revisar el sistema Spoa (Sistema Penal Oral Acusatorio), el hombre figura con anotaciones judiciales como indiciado por los presuntos delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado, porte y tráfico de estupefacientes, y porte ilegal de armas de fuego, con antecedentes en 2015, 2017, 2018 y 2025. Incluso, habría estado detenido cinco años y recuperó la libertad en 2020.

Durante los procedimientos de captura, efectivos de la Policía incautaron una granada de mano, varias papeletas de 2CB, un frasco de ketamina, diferentes dosis de estupefacientes, tres armas de fuego, munición de diversos calibres, una gramera y elementos para la elaboración de droga sintética.

La general Rodríguez señaló que los capturados ejercían control sobre rentas ilegales derivadas del microtráfico, el hurto, actividades extorsivas y el denominado “gota a gota”. Además, están siendo investigados por homicidios recientes relacionados con disputas territoriales para dominar economías ilícitas asociadas al microtráfico y rentas criminales.

En ese sentido, el megaoperativo resultó siendo clave para el Valle del Cauca “porque las capturas debilitan redes criminales, reducen la violencia y protegen a la ciudadanía”, informaron los voceros de las autoridades.

“¡La articulación entre la Gobernación del Valle del Cauca y la Policía de Valle del Cauca y la Fiscalía sigue siendo la vía más efectiva para combatir el delito en toda la región!“, concluyó el comunicado oficial.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó la activación de un plan nacional de inspecciones preventivas en varios medios de comunicación colombianos, luego de que se viralizaran cientos de denuncias de casos de acoso sexual y laboral.

El alto funcionario precisó que la estrategia no busca sancionar “de entrada como se suele hacer en estos casos” a las compañías, sino revisar y fortalecer los protocolos internos de las empresas de acuerdo con el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el país en 2025.

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“Este protocolo constituye un nuevo marco que obliga a esos ajustes, no solo en los medios de comunicación, sino en el mundo del trabajo en Colombia y a nivel global. Los asuntos de acoso laboral y de acoso sexual cada vez son más visibles y más sancionables desde el punto de vista social y de los estados en todo el planeta. Eso es lo que buscamos con este tipo de inspecciones”, sostuvo Sanguino en un diálogo con Caracol Radio.

No obstante, el ministro hizo la salvedad de que la vigilancia sí tendrá un carácter correctivo del proceso, y que la labor del ministerio se centrará en constatar el manejo que han dado las empresas a las denuncias internas y verificar la existencia de protocolos de prevención y atención.

“Nosotros intervenimos en lo que tiene que ver con nuestra competencia en asuntos estrictamente laborales. Por eso existen protocolos para la recepción de esos hechos o de las denuncias sobre esos hechos”, dijo.

Y agregó: “Tenemos que constatar, y lo estamos haciendo en las inspecciones, qué ha pasado con las denuncias que han recibido las instancias internas de las empresas, cuáles son los protocolos que existen para reaccionar cuando se presentan casos de acoso laboral, incluyendo los tipos de acoso sexual y lo que corresponda a la competencia de la Fiscalía General de la Nación”.

En ese sentido, el líder de la cartera laboral informó que el acoso sexual se considera una forma de acoso laboral bajo la normativa internacional vigente, de modo que el Ministerio de Trabajo está facultado para intervenir en estos casos en el ámbito estrictamente laboral.

“Si identificamos hechos que no han sido conocidos por la justicia, nosotros compulsamos las copias respectivas y actuamos en el marco estricto de nuestra competencia como ministerio y como autoridad laboral del país”, estipuló.

Así serían las inspecciones

En la entrevista, el ministro Sanguino dio luces sobre cómo sería su intervención en las compañías de medios. De hecho, auguró que los trabajadores podrían ser convocados a mesas de diálogo social tripartito

Incluso, afirmó que “si hay organizaciones sindicales u organizaciones de los trabajadores en esas empresas, a las directivas de las empresas, las direcciones de talento humano y el ministerio, para revisar y ajustar los procedimientos y los protocolos internos”.

El funcionario recordó que otra de las intenciones es revisar cuidadosamente en los medios las mejorías en “los mecanismos de denuncia”. Para estos efectos, aseguró que las evaluaciones sobre los procedimientos en la institución ya están en curso, y que “cuando terminen, presentaremos a los medios de comunicación y a la opinión pública un informe completo del resultado de estas inspecciones”.

La investigación en Rtvc

En el caso específico de Rtcv Sistema de Medios Públicos, Sanguino aclaró que no existen denuncias directas sobre hechos recientes en la entidad, aunque sí dos casos de acoso laboral canalizados por el Comité de Convivencia y con protocolos internos.

En cambio, respecto a su gerente, Hollman Morris, la información disponible se relaciona con investigaciones de la Fiscalía General de la Nación sobre hechos ocurridos en 2019, “cuando era concejal”, dijo.

Así, el jefe ministerial anunció que la intervención en el medio de comunicación público se realizará para garantizar imparcialidad, así como en Caracol y RCN, donde también se conocieron querellas.

Las autoridades del departamento de Antioquia hallaron un cuerpo en una zona rural del Suroeste de Antioquia que, según la información del alcalde Fico Gutiérrez, podría corresponder a Eric Fernando Gutiérrez Molina, auxiliar de vuelo de American Airlines reportado como desaparecido el domingo 22 de marzo de 2026, en el barrio La América de Medellín.

El alcalde Gutiérrez comunicó, a través de su cuenta de X, que el hallazgo se produjo entre los municipios de Jericó y Puente Iglesias: “Tengo que dar una triste noticia. Desde el pasado domingo, estamos en la búsqueda de Eric Gutiérrez, un ciudadano estadounidense que se encuentra desaparecido. Lamentablemente acaba de ser encontrado un cuerpo sin vida (...) Existe una muy alta probabilidad de que se trate de esta persona”, escribió el jefe distrital.

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Según informó el alcalde Federico Gutiérrez, el cuerpo fue encontrado sobre la 1:20 a. m. del viernes 27 de marzo, y “está siendo trasladado a medicina legal en Medellín para su identificación y reconocimiento”.

Gutiérrez confirmó que se encargó personalmente de comunicar la noticia a los familiares del auxiliar de vuelo, particularmente al progenitor, que se encuentra en Medellín. El alcalde también les comunicó a sus allegados su solidaridad.

Del mismo modo, informó a las autoridades estadounidenses en Colombia sobre “esta triste situación”. Gutiérrez confirmó que contactó al embajador interino de Estados Unidos en Colombia y al cónsul General, Jarahn Hillsman.

“Las investigaciones llevadas por la Policía y la Fiscalía van muy avanzadas y tendrían pistas muy claras de los responsables. Que se haga justicia. Incluso, que los responsables sean pedidos en extradición. En horas de la tarde daré una rueda de prensa en compañía de Manuel Villa como secretario de Seguridad para dar más detalles. Atentos”, continuó el alcalde de Medellín.

Quién es Eric Gutiérrez, un auxiliar de vuelo cuya base es Dallas, Texas

Eric Gutiérrez Molina es un ciudadano estadounidense de 32 años y de origen hispano, que fue visto por última vez en la madrugada del 22 de marzo después de salir de un establecimiento nocturno de la capital antioqueña acompañado de una colega.

Según los reportes del secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, en redes sociales las autoridades conocieron “elementos materiales probatorios que apuntan a la hipótesis del hurto con escopolamina como móvil principal”, al parecer, por parte de redes dedicadas al hurto.

La colega que acompañaba a Gutiérrez Molina logró regresar al alojamiento con claros signos de desorientación, mientras que sobre el paradero del auxiliar no se tuvieron más noticias hasta el reciente hallazgo, según las declaraciones oficiales.

Desde el día que desapareció, las autoridades desplegaron un amplio operativo de búsqueda en todo el Valle de Aburrá y zonas aledañas. El caso fue seguido de cerca por la opinión pública local, incluso internacional, dada la nacionalidad y el perfil profesional del desaparecido. Medios estadounidenses como el New York Post han hecho seguimiento del caso.

Las autoridades nacionales colaboran en el proceso de esclarecimiento, mientras que voceros de la aerolínea American Airlines, de la que era trabajador el ciudadano estadounidense, y la Embajada de los Estados Unidos han expresado su disposición para apoyar las investigaciones y brindar asistencia a la familia de la víctima.

“Viajar a Colombia es peligroso”: internautas extranjeros comentan en redes

Debido a la cobertura internacional de la desaparición del profesional norteamericano, en las publicaciones de medios extranjeros usuarios de redes sociales están insistiendo que Colombia es un destino “riesgoso”. De hecho, citaron al presidente Gustavo Petro.

Pese a que desde todos los frentes posibles en Colombia se ha buscado intensivamente promover una imagen turística favorable, para numerosos ciudadanos extranjeros la realidad es otra, a juzgar por comentarios que se leyeron sobre los reportes del caso.

“Colombia no destaca precisamente por su historial de seguridad en materia turística”; “Viajar a Colombia es peligroso; la seguridad se ha deteriorado considerablemente bajo el mandato del presidente @petrogustavo”; “Esperemos que un presidente no izquierdista asuma el cargo, para que Colombia pueda recuperar la seguridad que ha perdido en los últimos cuatro años”; “Todos y cada uno de los gringos, una vez que llegan a Medellín, «desaparecen»“; ”Colombia no es un país seguro para los estadounidenses!; “Los «Passport Bros» dirían que Colombia es el lugar más seguro del mundo de todos modos".

Voceros de la empresa Frisby España S.L. confirmaron, a través de un comunicado, la apertura inminente de cinco restaurantes en España, mientras continúa el proceso judicial abierto con Frisby S.A. BIC por el uso de la marca en territorio español.

Según consta en el documento que reposteó el portavoz de la marca española, Charles Dupont, la Audiencia Provincial de Alicante, España, notificó que el 18 de marzo se pronunciará sobre el recurso de apelación interpuesto por la compañía española contra las medidas cautelares que le impiden utilizar la marca.

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“Esperamos poder iniciar operaciones pocos días después y confiamos plenamente en la Justicia”, escribió Dupont en su perfil de X.

Las restricciones vigentes obligaron a Frisby España a suspender temporalmente el uso de su identidad comercial por considerar que su actividad podría causar “un daño irreparable a Frisby Colombia”. De hecho, tanto en redes sociales como en la página web, no aparece ningún tipo de información publicitaria, ni de “denominación” de la polémica marca, salvo el contexto judicial del litigio.

El recurso presentado por los empresarios europeos se apoya en tres argumentos: la posible extinción de los derechos invocados por la empresa colombiana, la falta de notoriedad de la marca en territorio español, respaldada por un informe de la Universidad Complutense de Madrid, y la ausencia de competencia desleal entre ambas sociedades en el mercado, de acuerdo con el contexto explícito, publicado por los voceros de la marca española en su página web.

En el nuevo comunicado, desde Frisby España se argumentó que sus acciones se han guiado por la “buena fe”, evidente en la eliminación de elementos gráficos y la propuesta de soluciones para facilitar un acuerdo.

Según la empresa, el objetivo ha sido “reducir cualquier posible controversia, manteniendo siempre una actitud constructiva y respetuosa con el marco jurídico vigente”.

Abrirán cinco nuevos restaurantes

De hecho, la comunicación incluyó el anuncio de la eventual inauguración de cinco restaurantes en el país, dos en Madrid, uno en Barcelona, Málaga y Sevilla.

Dice la información oficial, confirmada por Dupont, que la apertura se realizará en cuanto se levanten las medidas cautelares, de modo que Frisby España pueda activar su plan de expansión y operar conforme a su estrategia empresarial.

El proceso judicial también derivó en declaraciones cruzadas entre ambas partes. En el comunicado de Frisby España S.L. se expresó preocupación por recientes manifestaciones públicas de la dirigente de Frisby S.A. BIC en medios colombianos, que catalogó como “estrategia de victimización sistemática” una narrativa que, según la empresa española, fue “un relato parcial y potencialmente sesgado trasladado a la opinión pública colombiana omite elementos esenciales del procedimiento en curso”.

Dichos componentes fueron, según la marca europea: “La falta de uso efectivo de la marca alegada en el territorio pertinente, el registro legal plenamente válido de Frisby España SL en la Unión Europea, y la voluntad reiterada de desescalar, desjudicializar o minimizar la actividad empresarial de nuestra sociedad (sic)”.

Adicionalmente, Frisby España reclamó que su contraparte colombiana habría obtenido un “incremento extraordinario de beneficios”, que consideraron como un “enriquecimiento indebido, al haber sido generado sobre la base de una movilización nacional construida en torno a un relato público que omitía deliberadamente elementos jurídicos esenciales”.

Al respecto, la compañía europea solicitó al juzgado una pericial contable especializada en valoración de empresas, así como un análisis técnico de los activos intangibles y del impacto reputacional para determinar “de manera objetiva el alcance económico del enriquecimiento indebido y del perjuicio sufrido”.

Según el comunicado de Frisby España, “las pretensiones económicas acumuladas podrían situarse en múltiples decenas de millones de euros”.

El video fue divulgado por la cuenta informativa Colombia Oscura, durante la tarde del jueves 26 de marzo de 2026. Dicha grabación, al parecer realizada desde la acera contraria, o desde otro vehículo, muestra al conductor particular, un hombre adulto, caminando rápidamente por el carril exclusivo mientras sostiene un objeto largo, similar a un palo o tubo, golpeando la ventana del operador del biarticulado.

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Luego de romper el vidrio, el chofer de Transmilenio, con actitud resulta y agresiva, decidió lanzar el bus sobre la camioneta Renault Duster gris. Aproximó el vehículo de servicio público contra el carro de menor tamaño y logró moverlo algunos metros.

Mientras que el propietario del automóvil intentaba subirse en su carro, desde el bus el operador del articulado repitió los bruscos empujes. La violenta interacción pudo haber derivado en una circunstancia peor, pero afortunamente, según se ve en la escena, el tráfico estaba parcialmente detenido y no intervinieron personas ajenas al hecho de intolerancia.

Debido a que los hechos se publicaron recientemente, no se han conocido pronunciamientos oficiales por parte de las autoridades sobre el caso. Tampoco se conoce el estado de salud de los conductores involucrados.

Internautas vincularon el hecho a problemas de salud mental

En respuesta a los hechos, los usuarios de las redes sociales dejaron sus reacciones en la sección de comentarios de la publicación: “Sin salud mental en la capital, a raíz del tráfico caótico, una ciudad costosa, de escasas posibilidades y sobrepoblada de todos los que buscan oportunidades del país y de otros países. Está colapsada entre la inseguridad, el desempleo y un caos generalizado (sic)”; “Mucho estrés ese trabajo de conductor del SITP”; “Si hubiera justicia, a los dos deberían quitarles la licencia”.

Algunos internautas defendieron al conductor: “Considero que el accionar del Transmilenio fue la correcta para “forzar” que tras el choque, se presenten las autoridades de tránsito y policía, pero a la vez incorrecta porque andas en una unidad llena de pasajeros a los que no puedes exponer al loco de la camioneta (sic)“; ”Excelente reacción de TM“; “El de la camioneta es un criminal, intentaba agredir al motorista del vehículo publico; luego hubiera podido seguir en sus fechorías. Excuso al motorista del bus, el se estaba defendiendo y a lo mejor tenía pánico”.

Pasajero agarró a pateó a conductor de alimentador de Transmilenio por negarse a abrir una puerta

Un hecho similar ocurrió el 3 de febrero de 2026 en una ruta alimentadora de Transmilenio. Según informaron testigos y quedó documentado en un video difundido por redes sociales, un pasajero agredió físicamente al conductor del bus después de que este se negara a abrir una de las puertas del vehículo en un paradero autorizado.

Las imágenes mostraron al pasajero acorralando al conductor contra el vidrio de la cabina y propinándole varios golpes en el rostro, mientras otros usuarios y transeúntes presenciaron la escena. Una mujer intervino en el altercado, pidiendo al agresor que se detuviera.

Desde Transmilenio confirmaron que el conductor cumplía con el protocolo de abrir solo una puerta en los paraderos, medida establecida para garantizar la seguridad y el uso adecuado del servicio. Las autoridades señalaron que esta restricción busca evitar que pasajeros aborden o desciendan en sitios no autorizados y prevenir intentos de evasión del pago.

Tras la agresión, el pasajero fue evacuado del bus. Hasta el momento, no se ha informado sobre acciones judiciales o sanciones adicionales. El hecho reaviva la preocupación sobre episodios de intolerancia en el transporte público y la necesidad de fortalecer la protección para los trabajadores del sistema.

La grabación fue realizada por ellos mismos, mientras se desplazaban en motocicleta en una ciudad colombiana que aún no ha sido identificada. En el clip se oye que uno de ellos asegura: “¡María! Mira quién está aquí, ve. Lo saqué por la ventana. Dame la foto, dame la foto. No te lo voy a dar. Si me das la foto, te devuelvo a tu perro. Mira, ve. Lo saqué por la ventana —riendo— Ya está, María (sic)”, mientras sostiene al animal entre sus brazos.

Además, los sujetos registraron cuando marcaron la fachada de la casa de la deudora con la palabra “MALA PAGA” pintada con aerosol, como forma de intimidación y estigmatización.

Ante la difusión del video, Padilla escribió en sus redes sociales que no solo rechazaba el hecho, sino que los hombres, a quienes catalogó de “estúpidos”, no consideraron la protección legal que existe para los animales de compañía en Colombia.

“Esto, sea cierto o no, ni es chistoso, ni es legal. Gracias a la Corte Constitucional los animales de compañía son inembargables desde 2024, o sea, no pueden ser usados ni tomados para pagar una deuda. Los animales son criaturas sintientes y miembros de la familia”, manifestó la congresista.

Por el momento, no se ha establecido el lugar donde ocurrieron los hechos ni la identidad de los implicados. Tampoco se ha conocido un pronunciamiento oficial de las autoridades en el que se confirme si ya se inició una investigación sobre este caso.

Senador Alejandro Chacón ya había condenado el hecho

Tras una búsqueda en redes sociales, se conoció que el video ya estaba circulando en redes desde 2022. A principios de marzo de 2026 volvió a circular de manera viral, ya que no se conocen ni el verdadero origen, ni las identidades de los involucrados.

Ante la coyuntura, antes de la senadora Padilla, el senador del Partido Liberal, Alejandro Carlos Chacón, publicó en su cuenta de X un video en el que rechazó la presunta extorsión cometida por los prestamistas.

“En las últimas horas se ha hecho viral un video en donde unos prestamistas del ‘gota a gota’ se llevan un perrito de una familia. Eso es una extorsión. Es un delito. Han secuestrado además un animal doméstico de compañía”, afirmó Chacón.

El congresista recordó que ha sido uno de los motores de los derechos de los animales en el Congreso de la República, y reiteró que las mascotas no pueden ser tratadas como bienes embargables ni utilizadas como instrumentos de presión para el cobro de obligaciones económicas.

“Yo soy el autor de la ley de la inembargabilidad de los animales domésticos de compañía. El perrito que está en nuestras casas no es un semoviente”, señaló.

Chacón hizo un llamado a la Fiscalía y a la Policía para que identifiquen a los responsables, rescaten al animal y avancen con las investigaciones. “Utilizar el animalito doméstico de compañía para presionar el pago de una deuda es una extorsión, es un delito y la Fiscalía tiene que actuar”, expresó el senador, que insistió en estrategias de protección especial para los animales ante este tipo de prácticas ilícitas.

Voceros de la Defensoría del Pueblo informaron que en el Establecimiento Penitenciario Peñas Blancas de Calarcá, Quindío, más de 300 personas privadas de la libertad participaron en una jornada de desarme y entrega voluntaria de estupefacientes y elementos prohibidos.

La actividad estuvo acompañada por delegados de la Defensoría del Pueblo que organizaron el programa en el Patio 6 del centro asistencial, identificado como el sector del penal “con mayor presencia de bandas y conflictos relacionados con sustancias psicoactivas”.

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Allí, centenares de presos acudieron con objetos restringidos en los centros de reclusión y entregaron, voluntariamente, armas, drogas y otros elementos que están prohibidos en las celdas.

Según las imágenes difundidas desde la Defensoría del Pueblo, sobre una mesa los internos ubicaron 35 envoltorios pequeños y transparentes posiblemente usados para el consumo de estupefacientes, tres teléfonos celulares inteligentes, dos celulares de botones, cuatro pares de audífonos con cable, cargadores, un machete oxidado y cerca de 30 objetos cortopunzantes, entre ellos cuchillos de diferentes tamaños, navajas, bisturís, tijeras y destornilladores, todos organizados en filas.

Desde la entidad informaron que la iniciativa recibió respaldo mayoritario de la población reclusa, que adicionalmente accedió a unirse a estrategias para reducir factores de riesgo y violencia interna asociados al porte de armas y consumo de drogas dentro del penal.

De acuerdo con la Defensoría, Peñas Blancas es el principal centro carcelario del departamento, ubicado al sur del municipio de Calarcá sobre la vía que dirige al Valle del Cauca. Este centro penitenciario alberga a cerca de 1.155 personas y se encuentra en proceso de ampliación con la construcción de un pabellón anexo que funcionará como Centro de Reclusión Transitorio, proyecto destinado a aliviar el hacinamiento en estaciones de Policía del departamento.

Crisis sanitaria y hacinamiento en la cárcel Peñas Blancas de Calarcá, Quindío

En 2025, desde la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación se emitió una alerta sobre la situación crítica que por años ha enfrentado la población privada de la libertad en el Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional Peñas Blancas de Calarcá.

Las autoridades realizaron una verificación presencial en el penal y detectaron una marcada ausencia de condiciones mínimas para garantizar, principalmente, el derecho fundamental a la salud.

Por varios meses, el establecimiento no contó con un médico contratado, y se reportaron casos de retrasos y acumulación de procedimientos médicos urgentes, que afectaron a una población considerada de especial protección constitucional.

Esta deficiencia despertó inconformidad entre los internos, que en su momento manifestaron la posibilidad de recurrir a huelgas o amotinamientos debido a la falta de atención médica.

La situación sanitaria se agravó por el hacinamiento en el centro penitenciario, cuya capacidad es de 950 personas, y en mayo de 2025 llegó a albergar 1.194 internos.

El sobrecupo ha intensificado los problemas de salubridad y de acceso al agua potable, especialmente en el Patio 5A, donde se concentra la población más vulnerable que incluye adultos mayores, personas Lgbitq+ y pacientes con enfermedades de alto costo. Allí no se dispone de agua potable y los internos deben extraerla de un pozo antiguo.

El informe identificó casos de VIH, cáncer, diabetes, hipertensión, tuberculosis, infecciones respiratorias agudas y epilepsia entre los reclusos, que no recibieron atención médica regular ni acceso oportuno a tratamientos.

Ante la gravedad de la emergencia, desde la Procuraduría recomendaron al Inpec el cierre parcial del penal y la suspensión temporal de ingresos hasta garantizar la atención médica adecuada. Además, solicitaron al Fondo de Atención en Salud PPL y a Medisalud UT la asignación de personal de salud suficiente, y pidieron a las secretarías de salud departamental y municipal de Calarcá el envío de brigadas integrales de atención.

Voceros de la Alcaldía de Bogotá informaron que, a raíz de las obras de la Primera Línea del metro, cuyo avance ya marca un 72,1% de ejecución, se van a realizar cierres viales nocturnos en varios puntos de la capital durante los primeros días de abril de 2026.

Desde la Empresa Metro de Bogotá confirmaron las novedades e informaron que las restricciones buscarán facilitar la instalación de dovelas y estructuras en algunos de los corredores viales sobre los que se están realizando intervenciones.

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Entre el 1 y el 4 de abril, la avenida Primero de Mayo tendrá cierres en la calzada sur, entre las calles 40 sur y 42 sur, de 11:00 p. m. a 4:00 a. m. La avenida Caracas con calle 57 estará cerrada de 10:00 p. m. a 5:00 a. m. para el izaje de dovelas; en este punto, los conductores deberán tomar desvíos por la calle 53 y la carrera 16.

Por su parte, en la avenida Boyacá habrá restricciones en ambos sentidos entre las 11:00 p. m. y las 4:00 a. m. por la instalación de estructuras de concreto. Y la avenida carrera 68 tendrá cierres entre la calle 63 y la calle 64C desde las 12:30 a. m. hasta las 3:30 a. m., durante las fechas mencionadas.

Actualmente, más de 215 frentes de obra y cerca de 13.500 trabajadores participan en el proyecto. Nueve trenes ya se encuentran en Colombia y las estaciones elevadas, así como los trabajos en el patio taller de Bosa, muestran avances visibles en la infraestructura del metro.

Si no tiene planes en Semana Santa, el Distrito Capital lo invita al Vagón Escuela del Metro

Durante la Semana Santa de 2026, el Vagón Escuela del Metro de Bogotá será una de las principales opciones de esparcimiento educativo para quienes permanezcan en la ciudad.

De acuerdo con la información suministrada desde la Alcaldía de Bogotá, este punto, ubicado dentro del Parque de los Niños y de las Niñas (carrera 60 No. 63-49), estará abierto a adultos y niños a conocer de cerca el funcionamiento y los avances de la Línea 1 del Metro capitalino.

El Vagón Escuela funciona actualmente de martes a domingo y en días festivos, entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m. Durante la semana de conmemoraciones religiosas, las familias con niños podrán asistir sin necesidad de inscripción previa, mientras que los adultos que deseen acudir solos deben inscribirse con anterioridad por medio de un correo electrónico a la dirección vagonescuela@metrodebogota.gov.co.

En la visita, los asistentes podrán recorrer el vagón, acceder a información sobre el diseño y operación del sistema, y participar en actividades lúdicas y pedagógicas orientadas a explicar el impacto del metro en la movilidad de la ciudad. La experiencia está pensada para que los visitantes visualicen cómo será el servicio una vez entre en funcionamiento, con recreaciones de estaciones, señalización y simuladores interactivos.

Para más información sobre el Vagón Escuela y el avance del metro, los ciudadanos pueden consultar los canales oficiales de la Empresa Metro de Bogotá o contactar a través de Bogotá te Escucha.

Durante la Semana Santa, del 28 de marzo al 5 de abril de 2026, en Bogotá se ofrecerán una variedad de sitios y actividades, para residentes y visitantes, que combinan tradición religiosa, cultura y gastronomía. La capital colombiana, reconocida por su riqueza histórica y diversidad, se convertirá en uno de los destinos de peregrinación y turismo durante la temporada religiosa.

Pero además, durante la semana estarán disponibles planes como la visita a senderos ecológicos y recorridos por puntos emblemáticos de la ciudad.