Según Pineda, 47 municipios costeros y cerca del 63% del litoral colombiano presentan tendencia erosiva. El congresista afirmó que este fenómeno afecta actividades como la pesca y el turismo, además de poner en riesgo viviendas, vías y ecosistemas marino-costeros.

“Estamos perdiendo territorio. Y con cada metro de costa que desaparece quedan expuestas viviendas, vías y familias que viven de la pesca y del turismo”, señaló el senador durante su intervención.

Pineda sostuvo que el país requiere medidas urgentes para proteger ecosistemas que ayudan a contener el impacto del mar sobre las costas, entre ellos manglares, corales y arrecifes.

“Si seguimos como vamos, ¿qué va a pasar? Va a haber un aumento desconsiderado de la erosión, de la desaparición de las playas, los corales, los manglares, los arrecifes”, afirmó.

La iniciativa plantea mejorar el monitoreo de los procesos erosivos, restaurar ecosistemas marinos y costeros y definir una articulación entre las entidades responsables de la protección de estos territorios.

El legislador mencionó la situación de departamentos como Atlántico, Córdoba, Sucre, Magdalena y Bolívar, donde, según indicó, se requieren intervenciones antes de que los daños sean irreversibles.

Pineda propuso una subcuenta para financiar la protección de playas

El senador cuestionó que los alcaldes de municipios costeros no cuenten con una instancia ni una fuente de recursos específica para responder ante la erosión.

“Un alcalde de Moñitos, Los Córdobas, Puerto Colombia o de cualquier municipio costero del país tiene problemas de erosión y no tiene dónde recurrir para conseguir recursos que financien la protección marino-costera”, afirmó.

Pineda explicó que el proyecto contempla crear un sistema de protección de las playas y una subcuenta para buscar fuentes de financiación destinadas a medidas de prevención, restauración y planeación en las zonas costeras.

“No existe en el país ni un fondo ni una entidad que se vuelva doliente y padrino de las playas de Colombia. A partir de esta ley creamos un sistema biosanico y creamos una subcuenta, le empezamos a buscar fuentes de financiación y le empezamos a buscar dolientes para salvar y prevenir y planear las playas de Colombia”, sostuvo. El senador concluyó que la discusión debe derivar en medidas concretas: “Que avance la ley, no la erosión”.

Qué es la erosión costera y por qué amenaza a las playas de Colombia

La erosión costera es el retroceso de la línea de costa y la pérdida de arena en playas, acantilados y otros sectores del litoral. En 2024, en Colombia, el fenómeno afectaaba a más del 40% de las cosastas, Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, puede avanzar entre 0,5 y cinco metros por año, según la región.

El proceso ocurre por la interacción entre los materiales de la costa y factores naturales como oleaje, marejadas, tormentas, inundaciones, sequías extremas y variaciones asociadas al fenómeno de El Niño. Eventos como los tsunamis también pueden agravar la pérdida de terreno por la fuerza de las olas y corrientes.

A esos factores se suman actividades humanas que alteran la dinámica natural del litoral. El Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andreis (Invemar) ha advertido que la erosión se presenta tanto en la costa continental como en zonas insulares.

El avance del mar puede poner en riesgo viviendas, carreteras e infraestructura turística. También afecta actividades económicas como la pesca y el turismo, de las que dependen numerosas poblaciones costeras.

Los daños ambientales incluyen la pérdida o deterioro de manglares, lagunas costeras, playas, corales y arrecifes. Estos ecosistemas cumplen una función de protección porque disminuyen el impacto del oleaje y ayudan a estabilizar las costas.

Los contradictores habrían lanzado mensajes en contra de la progenitora de la creadora de contenido, experta en el sistema pensional colombiano y crítica del fondo estatal.

No obstante, la joven líder de opinión afirmó que no podía haber intervenido en la decisión de traslado de su mamá, pues era solo una niña cuando ella ingresó al régimen público de pensiones en 2016.

“Esto que estoy a punto de mostrarles demuestra lo baja y mezquina que es la izquierda en Colombia, porque es que ellos no contraargumentan, ellos se van directamente a atacarte. Ya no me están atacando directamente a mí, sino que se están metiendo con mi familia, están atacando a mi mamá”, escribió.

Continuó: “Aquí un señor de izquierda, que ni siquiera es capaz de dar la cara en redes sociales para lanzar sus ataques, está criticándome en este momento en redes porque mi mamá es afiliada de Colpensiones. Bueno, al señor Emilio le vamos a contestar cada una de las preguntas que nos puso. Lo primero es que pregunta si efectivamente mi mamá es afiliada a Colpensiones. Sí, así como lo muestra el certificado que ellos sacaron en redes sociales, mi mamá efectivamente es afiliada a Colpensiones desde el año 2016. Recordemos un pequeño detalle: ¿cuántos años tenía Jerome en ese año? Exactamente, tenía diez años de edad".

También rechazó que se le atribuya responsabilidad por la afiliación de su madre y aseguró que, desde que comenzó a cotizar, eligió aportar a una administradora de fondos de pensiones privada.

La activista confirmó que su madre está afiliada a Colpensiones desde 2016. Según explicó, ella tenía 45 años cuando tomó la decisión de trasladarse al régimen público, mientras él tenía 10 años.

Sanabria afirmó que su madre no puede trasladarse de régimen porque está dentro de los últimos 10 años previos a cumplir la edad de pensión. De acuerdo con su relato, a ella le faltan dos años para pensionarse.

“Luego el señor pregunta: ‘Entonces, ¿su mamá cotiza en una pirámide?’ Sí, lastimosamente sí. Mi mamá y más de tres millones de colombianos que están afiliados a Colpensiones cotizan en una pirámide. Luego pregunta: ‘Y entonces, ¿usted ha asesorado a su mamá para que deje de cotizar en una pirámide?’ Oigan, es que no hay voluntad que valga en este caso, porque si no lo recuerdan, en la Ley Cien, que es la ley que cobija a mi mamá, cuando tú ya estás a los últimos diez años de pensión, ya no te puedes trasladar de régimen. Si estás en un fondo privado, te quedas ahí. Si estás en Colpensiones, te quedas ahí“.

Defendió la libertad de elección entre Colpensiones y los fondos privados

Sanabria aseguró que su postura ha sido defender la posibilidad de que cada trabajador elija el régimen pensional que considere más conveniente. En ese sentido, señaló que él cotiza en un fondo privado desde los 18 años.

“Yo desde que cumplí dieciocho años y empecé a cotizar como independiente, decidí hacerlo en un fondo privado”, indicó. Añadió que primero estuvo afiliado a Scandia y posteriormente se trasladó a Protección.

El activista insistió en que no existe incoherencia entre su afiliación a un fondo privado y la decisión de su madre de permanecer en Colpensiones. “Las pensiones son una decisión individual y eso es lo que siempre he defendido yo”, manifestó.

Sanabria también criticó la reforma pensional impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Afirmó que la iniciativa obliga a los trabajadores a cotizar en Colpensiones, mientras que él respalda la libertad de escoger entre el régimen público y los fondos privados.

En su lugar asumirá como alcalde encargado Manuel Villa Mejía, actual secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

El mandatario informó la decisión en una publicación en su cuenta de X. “Por responsabilidad y como ejercicio también de transparencia, quiero contarles que voy a estar unos días por fuera de la ciudad. Si es por mí, yo no saco vacaciones. Realmente me gusta estar tiempo completo acá. Voy a aprovechar la semana de receso escolar para estar con Margarita, con mis hijos, unos días por fuera de la ciudad”, dijo.

Gutiérrez explicó que decidió tomar el descanso porque “es importante sobre todo por los hijos”, aunque afirmó que continuará atento a la administración distrital desde fuera de la ciudad.

“De todas formas, no me desconecto y sigo pendiente de todo. No existe mayor orgullo para mí que ser Alcalde de Medellín. Un abrazo para todo”, dijo Gutiérrez.

Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín, asumirá el despacho en ausencia de Gutiérrez

El jefe distrital aseguró que confía “plenamente en Manuel y sé de sus capacidades para liderar la ciudad y el equipo de la Alcaldía de Medellín”. Mejía ya ocupó la Alcaldía de Medellín como encargado. Entre el 6 y el 25 de julio de 2025, asumió las funciones mientras Gutiérrez estuvo ausente.

También estuvo al frente del despacho entre el 27 y el 30 de abril de 2026, cuando el alcalde viajó a Madrid para recibir un reconocimiento relacionado con el programa Cero Hambre.

Villa había tenido ese mismo encargo durante la primera administración de Gutiérrez. Entre el 16 y el 19 de marzo de 2016 dirigió temporalmente la Alcaldía, mientras el mandatario participaba en un congreso de desarrollo urbano en San Sebastián, España. En ese momento, Villa ejercía como secretario privado.

En cuanto al reciente encargo, Mejía dijo: “Alcalde Fico, gracias por la confianza. Para mí es un honor, pero también una responsabilidad. Y usted y la ciudadanía pueden estar tranquilos de que vamos a estar con nuestro equipo al frente de todos los temas, día y noche en la calle, como usted lo ha venido haciendo. Por ahora, vaya y tome estos días descansando con su familia, que es más que merecido”.

No obstante, el periodo del encargo aún debe formalizarse mediante decreto. Hasta el momento, no se conoce el decreto que establecerá las fechas exactas durante las cuales Villa ejercerá formalmente las funciones de alcalde encargado.

Federico Gutiérrez defendió regular la vivienda turística en Medellín y negó que busque prohibirla

El alcalde de Medellín también defendió la propuesta de regular las viviendas turísticas incluida en la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). El mandatario afirmó que la iniciativa busca proteger el acceso de los residentes a la vivienda y establecer reglas para los alquileres de corta estancia, sin prohibir la actividad ni afectar la propiedad privada.

“Nosotros aquí no prohibimos ni restringimos actividades económicas, ¿qué hacemos? Regulamos”, sostuvo Gutiérrez al referirse al proyecto, que ya fue radicado ante el Concejo de Medellín.

El alcalde señaló que la discusión debe desarrollarse de forma pública y con participación de distintos sectores. También cuestionó que, según afirmó, los intereses de un segmento económico hayan concentrado buena parte del debate sobre los cambios al POT.

Gutiérrez rechazó que su administración pretenda eliminar la vivienda turística y explicó que el objetivo es establecer áreas de la ciudad donde ese tipo de actividad pueda operar bajo determinadas condiciones.

“Nadie les va a arrebatar esas viviendas que tienen; simplemente, en una zona de la ciudad se pueden desarrollar esas actividades y en otras zonas no”, manifestó.

El mandatario argumentó que la expansión de las plataformas de renta corta influye en el mercado inmobiliario, aunque reconoció que no es el único factor que explica el aumento de los precios de arriendos y viviendas nuevas.

También mencionó las quejas de residentes por problemas de convivencia en edificios y barrios donde algunos inmuebles familiares se destinan a estadías temporales, fiestas u otras actividades.

La información oficial indicó que unidades de la Seccional de Investigación Criminal realizaron la captura en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, luego de adelantar labores de recolección de información dentro de la investigación, ya que, según las autoridades, los hechos habrían ocurrido el lunes 10 de agosto de 2026.

Ese día, el investigado habría aprovechado la relación de confianza que mantenía con el estudiante por su labor como educador para pedirle que subiera a su residencia, ubicada en un segundo piso. El hombre, cuya identidad no fue divulgada, informó a las autoridades que se desempeñaba como docente y director de una fundación a la que asistía el adolescente para recibir refuerzo escolar.

Ese día, ya dentro del inmueble, el hombre habría cerrado las puertas y cometido los actos sexuales por los que ahora es investigado, de acuerdo con el reporte de la Policía.

El detenido expresó ser el jefe de la organización educativa desde hace cerca de 10 años y aseguró que el proyecto tenía una trayectoria de más de 35 años. Tras la captura, el docente fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que deberá definir su situación jurídica en el marco del proceso por el presunto delito de acto sexual violento agravado.

La Policía Nacional reiteró su llamado a reportar situaciones que puedan poner en riesgo a niños, niñas y adolescentes. Las denuncias pueden presentarse a través de la línea de emergencias 123 o ante el CAI más cercano.

Los casos de abuso sexual contra menores no paran: docente del colegio Marymount fue condenado a 16 años de prisión

Un mes atrás, el 31 de agosto de 2026, se informó que la juez novena Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá condenó a 16 años de prisión a Mauricio Zambrano, docente de educación física del colegio Marymount, por delitos sexuales cometidos contra una estudiante menor de 14 años entre diciembre de 2021 y febrero de 2022.

La decisión, que corresponde a una sentencia de primera instancia, declaró al profesor responsable de los delitos de actos sexuales y acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir.

La investigación estableció que el acusado aprovechó su condición de educador, la confianza de una adolescente y una situación de vulnerabilidad emocional y familiar.

Los hechos ocurrieron dentro de la institución educativa, donde Zambrano ejercía como profesor de educación física. El proceso judicial se extendió durante cuatro años desde que se conoció la denuncia.

La Fiscalía señaló una relación de dependencia emocional

Durante el juicio, que quedó registrado en video, la Fiscalía General de la Nación sostuvo que el docente construyó de forma progresiva una relación de dependencia emocional con la estudiante. La acusación señaló que el profesor la incorporó en conversaciones de contenido sexual, le dio un trato preferencial frente a otras alumnas y aprovechó la admiración que la menor sentía por él.

Según expuso el ente investigador, ese vínculo llevó a que la adolescente considerara al profesor una figura especial, de cuya aprobación y afecto dependía emocionalmente.

La juez tuvo en cuenta que la estudiante atravesaba una situación personal compleja. Su padre había muerto en abril de 2021, un hecho que afectó su estado de ánimo debido a la relación cercana que mantenía con él.

La sentencia también contempló circunstancias como la ausencia de la hermana mayor de la víctima, dificultades de autoestima, necesidad de reconocimiento de figuras adultas y condiciones de inmadurez emocional propias de su edad.

Los testimonios y hallazgos médicos respaldaron la condena

La Fiscalía sostuvo que las pruebas permitieron descartar que las conductas sexuales investigadas hubieran sido consecuencia de una decisión libre e informada de la adolescente.

“El relato del procesado, docente de educación física y figura ampliamente admirada dentro de la institución educativa, la incorporó a un círculo de conversaciones de contenido sexual, le brindó un trato preferencial frente a otras estudiantes y logró que viera en él una persona especial de cuya aprobación y afecto dependía emocionalmente”, expuso la entidad durante el proceso.

La juez valoró el testimonio de la víctima, que consideró coherente, persistente y detallado sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar. También escuchó a la hermana mayor de la adolescente.

El fallo incluyó evidencia científica y hallazgos médicos que, según la valoración judicial, eran compatibles con el relato de la víctima y constituían elementos de corroboración objetiva sobre los hechos.

La Policía Metropolitana de Cartagena capturó al hombre señalado de llevarse el equipaje de un turista italiano que descendió de un vehículo de servicio público para retirar dinero en un cajero automático del centro comercial San Lázaro.

El alcalde Dumek Turbay confirmó que las pertenencias fueron recuperadas y entregadas al visitante extranjero y que funcionarios de la Alcaldía estám pendientes del ciudadano europeo.

“El turista está tranquilo y personal de @AlcaldiaCTG lo acompaña. Todas sus pertenencias le fueron devueltas. No cometimos el ilícito pero nos resarciremos con él, como corresponde. En Cartagena HAY GOBIERNO y quien responda”, escribió el mandatario distrital.

El hecho ocurrió en la tarde del martes 29 de septiembre de 2026, según el alcalde de La Heroica, cuando el turista abordó el vehículo en el Muelle de la Bodeguita y, durante el recorrido, pidió una parada para usar un cajero en inmediaciones del Castillo de San Felipe de Barajas.

Cuando regresó, el automóvil ya no se encontraba en el lugar. En el vehículo se quedaron sus maletas, documentos y objetos personales.

Tras la denuncia, las autoridades iniciaron labores para identificar el vehículo y ubicar al conductor. La captura se produjo cerca de 24 horas después del reporte, según información divulgada por medios locales.

En las horas de la tarde del miércoles 30 de septiembre de 2026, el alcalde Turbay informó que el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá adelantar las actuaciones judiciales y definir su situación jurídica.

“No es taxista”: alcalde Dumek Turbay

“Este martes inmediatamente recibimos el reporte, nuestra Secretaría del Interior se apersonó de la situación y contactó al turista de nacionalidad italiana para prestar asistencia. El bandido, que no es taxista, YA FUE CAPTURADO por nuestra @PoliciaCtagena. Era cuestión de horas para dar con su paradero. Será puesto a disposición de la @FiscaliaCol (sic)”.

A la vez, el alcalde envió un mensaje a los delincuentes que hagan uso de las plataformas de transporte para cometer delitos.

“El gremio de taxistas de Cartagena, con quien tenemos un extraordinaria relación, sabe de las implicaciones que tiene este y otros casos. Espero que los bandiditos y quienes se las quieren tirar de vivos en la ciudad me lean: no se atrevan a hacer daño, que ustedes saben que no habrá escondite donde no los podamos encontrar. Serán encontrados y capturados. Me encargo personalmente de seguir el caso y que le caiga todo el peso de la ley”, agregó el mandatario distrital en su cuenta de X.

El Gobierno nacional lideró un consejo de seguridad y planteó una estrategia en Cartagena para residentes y turistas

El viernes 18 de septiembre de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella lideró un consejo de seguridad en la capital del departamento de Bolívar, junto con autoridades locales y departamentales, con el propósito de revisar la situación de orden público en Bolívar y coordinar medidas contra la violencia y la criminalidad.

La reunión tuvo lugar en la Base Naval de Bocagrande. Allí participaron el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, representantes del Gobierno nacional y miembros de la fuerza pública.

“Lidero un Consejo de Seguridad desde la ciudad de Cartagena, evaluando rigurosamente las estrategias operativas, el control territorial y las acciones decisivas de nuestra Fuerza Pública”, escribió De la Espriella en su cuenta de X.

Durante la reunión, las autoridades revisaron reportes de seguridad de Cartagena y otros municipios de Bolívar, así como las necesidades expuestas por comunidades de la región.

“Cartagena está en mi corazón, es la joya de la corona y vamos a recuperar la seguridad para Cartagena, para sus habitantes, para los turistas”, manifestó el presidente.

El mandatario agregó que la ciudad debe ser protegida como patrimonio de la humanidad y anunció que el Gobierno priorizará proyectos e inversiones para la región.

Voceros oficiales del partido Centro Democrático emitieron una declaración el miércoles 30 de septiembre de 2026 para aclarar oficialmente las diferencias políticas que se están agudizando con congresistas del partido Salvación Nacional —que también integra la coalición de Gobierno—.

En medio de las tensiones que se registraron entre líderes de ambos partidos, el uribismo tomó distancia de lo que calificó como movimientos “sectarios” y descartó la posibilidad de establecer alianzas con posiciones que, según su postura, mantengan ese tipo de prácticas.

No obstante, desde el Centro Democrático se sostuvo que su posición no implica una confrontación con toda esa organización política, sino que las discrepancias se concentran solo con el senador Enrique Gómez, que precisamente funge como director de Salvación Nacional.

“Claridades importantes. No somos sectarios y no estamos con sectarios. El Centro Democrático mantiene principios firmes, apertura para construir sobre coincidencias, rechazo al sectarismo que divide a los colombianos y que promueve el odio político. El partido jamás hará coaliciones con sectarios. Diferencias puntuales: Las discrepancias son exclusivamente con Enrique Gómez”, escribió el colectivo en X.

La organización fundada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez sostuvo que mantiene disposición para construir acuerdos con otras fuerzas sobre puntos comunes, por lo que en la misma publicación en redes sociales añadió: “Vocación de trabajo conjunto: Se ha reiterado recientemente por el presidente del Senado, Honorio Henríquez, ante el presidente Abelardo de la Espriella, que el partido tiene toda la voluntad para ayudar en la recuperación del país”.

Por qué el Centro Democrático descartó acuerdos con Enrique Gómez

Las últimas etapas de las tensiones corresponden a fuertes reclamos que publicó el senador y director de Salvación Nacional en contra del colectivo político y su líder, Álvaro Uribe Vélez.

El lunes 28 de septiembre, la colectividad publicó un comunicado titulado “Sobre Enrique Gómez”, en el que formalizó su distanciamiento. Allí se aseguró que la corporación no recibirá más descalificaciones y afirmó que “no existe interés alguno en construir coaliciones” con ese sector.

Varios dirigentes del partido respaldaron la decisión, de hecho, el senador Óscar Villamizar cuestionó el recorrido político de Gómez y aseguró que este había cambiado de posiciones en distintas etapas.

“Un sectario mamerto enclosetado que quiere graduar de enemigo de Colombia al presidente Uribe y se le olvida que es que el presidente Uribe sí tiene historia que contar”, escribió Villamizar, que también afirmó que el Centro Democrático mantendrá su acompañamiento a las decisiones del presidente Abelardo de la Espriella que, según dijo, beneficien al país.

El anuncio no implica, por ahora, una salida del Centro Democrático de la coalición de gobierno. La colectividad cuenta con 17 senadores y 30 representantes, una representación que podría resultar determinante para las mayorías del Ejecutivo en el Congreso.

La riña explotó porque Enrique Gómez definió a Uribe como “socialdemócrata”

El episodio más reciente se produjo cuando Gómez se refirió directamente al expresidente Álvaro Uribe y le atribuyó calificativos ideológicos. En una entrevista con la periodista Eva Rey, lo calificó como un “socialdemócrata” y cuestionó el crecimiento del Estado durante sus administraciones.

Gómez afirmó que las diferencias con el uribismo se relacionaban con el papel estatal, los impuestos y la visión de país. También sostuvo que esas discrepancias eran ideológicas y no personales.

Por eso, el Centro Democrático rechazó la caracterización y defendió la gestión de su fundador. La colectividad destacó las políticas de austeridad, reducción de burocracia e impulso a la inversión privada durante los gobiernos de Uribe (2002-2006 y 2006-2010).

El director de Salvación Nacional mantuvo luego su postura. El 12 de septiembre difundió un video en el que aseguró que sectores del Centro Democrático se mostraban inconformes porque, según afirmó, no aceptaban que su líder se hubiera definido públicamente como “socialdemócrata”.

La respuesta del uribismo subió el tono. En una publicación en X, el partido cuestionó la insistencia de Gómez con las etiquetas políticas y lo describió como “bravo en redes, pero una oveja en el Congreso”.

Esta es la historia del deterioro en la relación entre los dos partidos de ideología conservadora

Las raíces del conflicto son numerosas y desde diversos frentes. Las disputas se intensificaron, específicamente, por los cuestionamientos de Enrique Gómez a la pasada candidatura presidencial de la exsenadora Paloma Valencia, al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a la estrategia política de este sector.

En esa línea, uno de los primeros factores que dejaron ver una distancia fue en enero de 2026, cuando Salvación Nacional decidió no participar en la Gran Consulta por Colombia.

La determinación provocó críticas del concejal de Medellín Andrés Gury, que cuestionó a la organización y pidió a sus candidatos no perjudicar a su aspirante.

Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe, compartió el mensaje y expresó su respaldo a la posición del concejal. La reacción llevó a Gómez a defender la decisión de su partido y a reivindicar la independencia frente a otras fuerzas de derecha.

En ese momento, el dirigente cuestionó la consulta y la calificó como un mecanismo “divisorio e incoherente”. En respuesta a quienes objetaron la decisión de no participar, afirmó que la renovación política y la independencia no debían ser objeto de descalificaciones.

Desde entonces, el intercambio dejó de limitarse a la discusión sobre un mecanismo de selección de candidaturas y pasó a abarcar diferencias sobre el liderazgo, las alianzas y el rumbo ideológico de la derecha.

El traslado de José Félix Lafaurie a Salvación Nacional y los desacuerdos de María Fernanda Cabal con el partido uribista

Esta ruptura tomó otra dimensión en febrero de 2026, con la renuncia de José Félix Lafaurie al Centro Democrático. El dirigente, uno de los fundadores del partido, cuestionó el proceso interno que escogió a Paloma Valencia como candidata presidencial, luego de que la exsenadora María Fernanda Cabal quedara sin la posibilidad de llegar a la Casa de Nariño.

Lafaurie afirmó que dentro de la colectividad existían sectores con un trato privilegiado y reprochó la falta de consideración hacia militantes que, según expresó, habían acompañado al partido durante años.

Tras su salida, inmediatamente se vinculó a Salvación Nacional, lo que coavaló la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella.

La incorporación de Lafaurie al entorno político de Gómez profundizó las diferencias entre ambas organizaciones. El debate ya no se centraba únicamente en la Gran Consulta, sino también en la competencia por liderazgos y candidaturas dentro de la derecha.

Con ese contexto, Enrique Gómez cuestionó la viabilidad de una alianza entre Paloma Valencia y De la Espriella para la primera vuelta presidencial. En marzo, después de que Paloma Valencia ganara la Gran Consulta por Colombia, el ahora senador planteó que los dos aspirantes debían competir por separado.

El 30 de marzo, volvió a cuestionar la estrategia del uribismo con una publicación en X en la que preguntó si el país volvería a una disputa entre Petro y Uribe durante las próximas décadas. En esa intervención, defendió la necesidad de una renovación política y reiteró su respaldo a De la Espriella.

En mayo, Gómez endureció sus críticas contra la campaña de Valencia. La calificó como un “suicidio político progresivo” y sostuvo que la candidata se había apartado de definiciones ideológicas que, a su juicio, deberían representar a la derecha.

La representante a la Cámara por Salvación Nacional, Carol Borda, fue programada para participar en un debate sobre el aborto, luego del episodio que sucedió en la sede del Congreso de la República el 29 de septiembre de 2026, cuando acudió a un plantón en medio de un grupo de feministas que celebraban el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, con una bandera provida de color azul.

La legisladora aseguró que el panel fue planificado por el medio Caracol Radio. Sin embargo, el espacio de diálogo fue cancelado porque, según su versión, el radial no consiguió congresistas ni organizaciones dispuestas a confrontar sus posturas.

“Dicen que es con argumentos, pero le huyen al debate bajo el eslogan: ‘Los derechos de las mujeres no se debaten’. Pero en realidad es la forma en la que imponen una visión de una discusión tan compleja como lo es el aborto y la desprotección del no nacido y de la madre gestante”, escribió la funcionaria en su cuenta de X.

En su publicación, Carol Borda señaló que el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo debe darse, en especial, en el Congreso de la República. Por ende, luego del episodio del plantón, la legisladora defendió que tiene derecho a expresar una postura contraria al aborto dentro de esos espacios.

“Lo de ayer, lejos de ser violento (entre otras cosas porque solo era una entre todas ellas), fue una reivindicación. No solo reivindicación por la vida, sino reivindicación de dar el debate justamente donde debe darse, que es en el Congreso de la República. Reivindicar el derecho legítimo que tengo a estar en este espacio para manifestar algo: No pueden hablar en mi nombre, ni de las mujeres que represento; no todas las mujeres promueven y defienden el aborto”, posteó.

Borda sostuvo que algunas mujeres cuestionan esta práctica y pidió que se escuche a quienes, según expresó, tomaron la decisión de interrumpir voluntariamente un embarazo y luego manifestaron arrepentimiento: “Ser provida no es solo antiaborto, ser provida es toda una cosmovisión, una lectura estructural de nuestra sociedad”.

La representante planteó discutir maternidad, adopción y condiciones económicas

Con respecto al debate, la congresista Carol Borda definió su posición provida como una visión que abarca asuntos adicionales a la oposición al aborto. Es decir que, según ella, se incluyen interrogantes sobre la maternidad, la calidad de vida, la inseguridad, la violencia, el sistema de adopción y la capacidad económica de las familias.

“Ser provida no es solo antiaborto, ser provida es toda una cosmovisión, una lectura estructural de nuestra sociedad”, sostuvo en X.

La dirigente preguntó qué alternativas existen para que una mujer no tenga que recurrir a la interrupción del embarazo y cómo se puede mejorar la atención a la niñez frente a amenazas contra su vida, libertad e integridad.

Para Borda, el cuestionamiento a esta interrupción es una posición legítima dentro de la discusión pública. “Esto hay que hablarlo y no huirle al debate”, concluyó en la red social.

“Sí, incomodé”: Carol Borda confrontó un plantón a favor del aborto en el Congreso y desató tanto críticas como respaldos

La representante a la Cámara por el movimiento Salvación Nacional asistió con una pañoleta azul provida a una concentración a favor de la interrupción voluntaria del embarazo en la plaza Núñez del Congreso, que lideraban las congresistas Mafe Carrascal, Jennifer Pedraza, Cathy Juvinao, Laura Beltrán (conocida como “Lalis”), entre otras.

Su presencia provocó reclamos de asistentes y abrió un cruce de mensajes entre figuras políticas y organizaciones defensoras del derecho al aborto, debido a que irrumpió una manifestación pacífica un día después de la jornada por el Día de Acción Global por el Aborto Legal.

Borda sostuvo que acudió al lugar para expresar una posición contraria al aborto. “No pueden hablar por todas. Que no todas las mujeres estamos a favor del aborto”, escribió en su cuenta de X.

Algunas asistentes le pidieron a la congresista que se retirara del plantón. Borda permaneció durante buena parte de la jornada y defendió su participación como un ejercicio de libertad de expresión.

“Sí, incomodé. Y claro que incomodaré las veces que sea necesario”, afirmó la representante. En el mismo mensaje, expresó que su postura busca defender “la vida de quienes no tienen voz para defenderse”.

Crocantes por fuera, jugosos por dentro y listos en pocos minutos. Estos camarones apanados crocantes son una entrada perfecta para compartir, acompañar con una salsa tártara o servir junto a una ensalada fresca.

Por su presencia en la cocina de mar, esta preparación se relaciona con los sabores de la región Caribe colombiana, donde los camarones hacen parte de la variedad de frutos del mar que llega a la mesa. nes apanados crocantes

Esta receta consiste en cubrir camarones limpios con harina, huevo y panko o miga de pan. Después, se fríen en aceite caliente hasta lograr una cubierta dorada y crujiente, mientras el interior conserva una textura tierna.

Tiempo de preparación

• Preparación: 20 minutos.
• Cocción: 10 minutos.
• Tiempo total: 30 minutos.

Ingredientes

1. 500 g de camarones grandes, pelados y desvenados.
2. 1 taza de harina de trigo.
3. 2 huevos.
4. 1 taza de panko o miga de pan.
5. 2 dientes de ajo triturados.
6. Jugo de 1 limón.
7. 1 cucharadita de paprika.
8. ½ cucharadita de pimienta negra.
9. Sal al gusto.
10. Aceite vegetal para freír.
11. 2 cucharadas de agua.
12. 1 cucharada de perejil fresco picado, opcional.

Cómo hacer camarones apanados crocantes, paso a paso

1. Lave los camarones y retire cualquier resto de cáscara. Si ya están pelados, revise que no tengan la vena oscura en la parte superior.
2. Seque muy bien los camarones con papel absorbente. Este paso evita que el apanado se desprenda durante la fritura.
3. Ponga los camarones en un recipiente. Agregue el ajo, el jugo de limón, la paprika, la pimienta y la sal.
4. Mezcle con cuidado y deje reposar durante 10 minutos en la nevera. No los marine durante mucho tiempo, porque el limón puede cambiar la textura del marisco.
5. Organice 3 recipientes. En el primero coloque la harina. En el segundo, bata los huevos con las 2 cucharadas de agua. En el tercero, ponga el panko o la miga de pan.
6. Pase cada camarón por la harina. Sacuda el exceso.
7. Sumerja el camarón en el huevo batido. Después, cúbralo por completo con el panko.
8. Para una cubierta más gruesa, repita el paso del huevo y del panko una segunda vez. Presione suavemente para que el apanado quede bien adherido.
9. Caliente suficiente aceite en una paila o sartén profunda. La temperatura ideal está entre 170 °C y 180 °C.
10. Fría los camarones por tandas durante 2 o 3 minutos, según su tamaño. No llene demasiado la sartén, porque el aceite puede perder temperatura.
11. Retírelos cuando estén dorados. Póngalos sobre papel absorbente para retirar el exceso de grasa.
12. Sirva de inmediato. Puede terminar con perejil picado y acompañar con salsa tártara, mayonesa de ajo, suero costeño o una salsa de mango con ají.

El secreto está en secar muy bien los camarones antes de apanarlos. También es fundamental que el aceite esté caliente y que la sartén no quede sobrecargada. Estos detalles ayudan a conseguir una costra dorada, ligera y crocante.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones como entrada o pasabocas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

• Calorías: aproximadamente 430 kcal.
• Proteínas: 41 g.
• Carbohidratos: 47 g.
• Grasas: 11 g.
• Fibra: 2 g.
• Sodio: depende de la cantidad de sal utilizada.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Los camarones apanados quedan mejor recién hechos, cuando la cubierta todavía está crujiente.

Si sobran, guárdelos en un recipiente hermético dentro de la nevera por máximo 2 días. Para recalentarlos, use un horno o una freidora de aire a 180 °C durante 5 a 8 minutos.

Evite recalentarlos en el microondas, porque el apanado puede quedar blando. También puede congelarlos antes de freír, separados entre sí, durante máximo 1 mes.

Según la SAE, el procedimiento tuvo lugar el domingo 27 de septiembre de 2026 y estuvo a cargo de la Fiscalía 9.ª Especializada de la Estructura de Apoyo, con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), unidades anticorrupción y de delitos cibernéticos. La Procuraduría General de la Nación acompañó la diligencia.

La presidenta de la entidad, Diana Patricia Bravo Vélez, emitió una comunicación oficial en la que informó que la actuación judicial partió de información entregada a las autoridades sobre posibles hechos de corrupción dentro de Activos por Colombia.

“Estos actos propios de corrupción están siendo investigados”, aseguró Bravo Vélez. La funcionaria indicó que la alerta se refería a una posible intervención en los sistemas de información de la sociedad.

De acuerdo con la funcionaria, la información conocida por la entidad “advertía sobre una posible manipulación de los sistemas de información de la Sociedad de Activos por Colombia, que podría incluir la eliminación de cuentas, correos electrónicos, archivos y otra información institucional”, declaró Bravo Vélez.

La SAE sostuvo que parte de esos datos posiblemente habría sido ocultada a la nueva administración designada por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Por ende, la investigación deberá establecer si existió alteración, eliminación o manipulación de la información y quiénes tendrían responsabilidad penal.

Las autoridades incautaron equipos tecnológicos para análisis forenses

Durante la diligencia en Barranquilla, las autoridades incautaron equipos tecnológicos que pasarán a análisis forenses, de modo que la Fiscalía busca preservar los registros digitales y verificar la posible existencia de daños informáticos.

“Serán esos análisis técnicos y la investigación de la Fiscalía los que permitan establecer si efectivamente existió manipulación, alteración o eliminación de archivos, correos, cuentas o cualquier información”, señaló la presidenta de la SAE.

La servidora agregó que un juez de control de garantías declaró la legalidad formal y material del procedimiento de registro y allanamiento, según la información oficial difundida por la entidad.

Bravo Vélez afirmó que la nueva administración de la SAE entregará la información que soliciten la Fiscalía, la Procuraduría y los demás organismos de control durante la investigación.

“Aquí no venimos a ocultar información ni a interferir en las investigaciones”, dijo la presidenta de la entidad, y añadió: “Nuestra instrucción es clara: preservar la información, garantizar absoluta transparencia y permitir que las autoridades lleguen hasta el fondo de lo ocurrido”.

La SAE sostuvo que los activos y la información bajo su administración hacen parte del patrimonio público. Los resultados de los peritajes a los dispositivos incautados definirán si hubo conductas delictivas y las eventuales responsabilidades.

Una de las polémicas de Activos por Colombia y su posible relación con Iván Cepeda

El 16 de mayo de 2026 se conoció que la Sociedad de Activos Especiales habría firmado en 2025, según reveló Semana, un convenio por $16.725.000.000 con la plataforma Activos por Colombia, dirigida en ese momento por Abraham Antonio Katime Orcasita, cuya actividad proselitista pública a favor del senador Iván Cepeda abrió cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés en la comercialización de bienes incautados.

El acuerdo tendría vigencia de un año y habría habilitado a la entonces administración de más de 38.000 inmuebles. Las operaciones realizadas mediante subastas habrían superado los $100.000 millones y canalizaron recursos hacia más de 40 entidades del Estado, informó el medio.

No obstante, Katime Orcasita, gerente general de la plataforma con sede en Barranquilla, Atlántico, no solo ha sido visto en actividades políticas en la costa Caribe, con símbolos y camisetas del Pacto Histórico y de Iván Cepeda, sino que, al día de hoy, es activo en sus redes sociales con publicaciones en las que defiende al petrismo.

La controversia tiene que ver con la combinación de ese respaldo político del gerente con la conducción de la plataforma que interviene en la gestión de activos bajo control de la SAE.

El lunes 28 de septiembre de 2026, con motivo del Día de Acción Global por el Aborto Legal, cientos de personas, particularmente mujeres feministas, organizaron un plantón que se movilizó desde el Museo Nacional e incluyó una manifestación en el Capitolio Nacional. El 29 de septiembre sucedió otro episodio en la plaza Núñez del Congreso de la República.

Mientras el grupo de asistentes se pronunciaba en favor del aborto “legal, seguro y sin barreras”, se presentaron momentos de tensión, debido a la llegada de la representante a la Cámara Carol Borda, del partido Salvación Nacional, que sacó una pañoleta —distintiva no por el verde, sino por el azul provida— para expresar su rechazo a la interrupción al embarazo.

La congresista reconoció que su presencia en la movilización era incomodar. A través de sus redes sociales reconoció que, pese al impulso que recibió el plantón por distintas lideresas políticas de sectores progresistas, la postura en favor del aborto no representa a la totalidad de las mujeres.

Entre las impulsoras estuvieron la senadora Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, y las representantes María Fernanda Carrascal, Laura Beltrán, del Pacto Histórico, y Catherine Juvinao, de Alianza Verde, entre otras.

“Hoy en el Congreso recordamos que luego de las manifestaciones feministas a favor del aborto de ayer, no pueden hablar por todas. Que no todas las mujeres estamos a favor del aborto porque creemos que ese feminismo que es incapaz de defender a las niñas en el vientre no sirve para nada. Esperen video y con él, toda la arena progresista y feminista”, escribió en su perfil de X .

Por esta razón, la presencia de Borda, identificada con posturas contrarias al aborto, generó reclamos de algunas asistentes, que le pidieron retirarse del lugar. La congresista sostuvo que tenía derecho a expresar su posición y permaneció durante buena parte de la jornada.

“Amigos, hoy un grupo de mujeres feministas conmemoró el Día Global por la Legalización del Aborto y, de frente, alcé mi voz por las miles de vidas de niños que nunca tuvieron la oportunidad de nacer. Sí, incomodé. Y claro que incomodaré las veces que sea necesario. Porque mientras algunos celebran el aborto como un derecho, nosotros seguiremos defendiendo la vida de quienes no tienen voz para defenderse”, escribió la congresista.

La reacciones que causó Carol Borda: “Valiente”

Fueron varias las políticas aplaudieron “la valentía” de Borda. La senadora Sara Castellanos, también de Salvación Nacional, escribió: “¡Valiente! Defender la vida no nos hace anti-derechos. Nos hace defender el derecho más básico: vivir. Antes las niñas en el vientre no tenian quien hable por ellas.Hoy tienen a @CarolBordaA".

El representante a la Cámara David Corte también respaldó el acto de Borda, y en sus redes sociales escribió: “Conozco a la representante @CarolBordaA desde hace muchos años y puedo dar fe de que siempre ha sido un pilar fundamental en la lucha por la vida desde muy joven: Lo que ocurre hoy demuestra que el derecho a vivir en Colombia se debe defender sin titubeos.¡Todo mi apoyo hoy y siempre!”, dijo.

La activista Jerome Sanabria reaccionó con una viral imagen con el mensaje de “absolute cinema”, o “absoluto cine”, y dijo que eso fue “lo que hizo @CarolBordaA hoy en el Congreso durante el plantón pro-aborto”.

También se leyeron mensajes de respaldo a la funciionaria por parte de internautas y activistas en redes sociales.

El excandidato a la Cámara Jonathan Silva escribió que el acto de Borda “e llama democracia, libertad de expresión”, y sobre los movimientos pro-aborto, dijo que “son unos inquisidores”.

No obstante, no todas las asistentes al plantón estuvieron de acuerdo con el acto de Borda. A través de un comunicado, el movimiento Causa Justa por el Aborto expresaron rechazo “al intento de saboteo en el pañuelazo del que participamos, como parte de las actividades de conmemoración del Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, ejerciendo nuestro derecho a la libertad de expresión”.

La representante Natalia Moreno, del Pacto Histórico, escribió: “Esto es lo que viene a hacer @CarolBordaA en los espacios de las Mujeres y la reivindicación de sus derechos. Saboteo, manoteo y estigma contra las luchas feministas. Carol, usted no es bienvenida a nuestros espacios, con sus discursos retardatarios a otro lado”.

La congresista Mafe Carrascal también mostró su desacuerdo y dijo que “en medio de esa concentración apareció la representante de la extrema derecha Carol Borda, que al igual que toda su bancada, ha privilegiado la agresividad y la provocación física o calumniosa. Y verla ahí, empecinada en su agenda antiderechos, recordé que en cada lucha librada durante siglos para que la libertad y la igualdad nos cobijaran, también hubo mujeres que se opusieron”.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, explicó ante la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, el martes 29 de septiembre de 2026, que los recursos pasarían del Presupuesto General de la Nación a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con el propósito de pagar obligaciones de Air-e con generadores de energía, en especial las plantas térmicas.

“El día viernes (25 de septiembre de 2026) nosotros radicamos con mensaje de urgencia el proyecto de ley 401, que tiene como objeto canalizar, a través de un traslado presupuestal, la cifra de $1,2 billones para atender las necesidades del sistema eléctrico de la costa Caribe”, afirmó el ministro.

Según la información de la cartera, “el sistema eléctrico de la Costa Caribe atraviesa un momento de estrés, y el recurso tiene un único propósito: ayudar en esta coyuntura y atender temporalmente las obligaciones de la compañía”.

Los recursos se destinarían a los acreedores de Air-e

La iniciativa no aumentaría el monto total del Presupuesto General de la Nación de 2026. El proyecto propone trasladar $750.000 millones desde una partida de inversión del Ministerio de Hacienda destinada al transporte público de pasajeros y otros $450.000 millones del Ministerio de Minas y Energía.

Este último componente provendría, de acuerdo con las declaraciones del alto funcionario, de recursos previstos para subsidios de energía, aunque el Gobierno sostuvo que el ajuste no afectaría los pagos para usuarios de los estratos 1, 2 y 3 durante 2026.

El dinero sería incorporado al presupuesto de funcionamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que administra el Fondo Empresarial. Según la propuesta, los recursos no entrarían a la libre disposición de Air-e, sino que se girarían directamente a generadores y demás acreedores del mercado eléctrico, de acuerdo con las obligaciones liquidadas por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (Asic) o el Liquidador y Administrador de Cuentas (LAC).

De hecho, Gómez Martínez calificó el traslado como una solución de corto plazo para la crisis financiera de la empresa intervenida: “Esa plata son otros pañitos de agua tibia, pero es mucho dinero para la nación y sobre todo para la nación en este momento”.

El jefe de la cartera de Hacienda añadió que el trámite legislativo debe avanzar con rapidez para mantener el flujo de recursos en medio del fenómeno climático: “Necesitamos con urgencia que ese proyecto haga tránsito aquí, porque es la manera como podremos seguir irrigando recursos mientras pasa este problema muy serio del fenómeno de El Niño”.

La deuda de Air-e con las térmicas superó $1,7 billones en julio

El proyecto tiene en cuenta, por su parte, que la crisis de liquidez de Air-e puede afectar la cadena de pagos del Mercado de Energía Mayorista y la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional.

La compañía presta el servicio a cerca de 1,4 millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira, y representa el 11,1% de la demanda nacional de energía. Cada mes requiere alrededor de $430.000 millones para comprar energía y debe transferir cerca de $41.000 millones por el uso del Sistema de Transmisión Nacional, de acuerdo con la información de la ley 401.

De acuerdo con la exposición de motivos, las obligaciones de Air-e con las plantas térmicas superaron $1,7 billones en julio de 2026 y aumentaban a un ritmo superior a $100.000 millones mensuales. Con corte al 21 de agosto, las obligaciones del sistema eléctrico ascendían a $4,06 billones, de los cuales el 57,6% correspondía a empresas generadoras.

No obstante, el ministro aseguró que no se trata de que los responsables por las millonarias deudas no asuman. De hecho, reiteró que “este Gobierno va a exigir que quienes malversaron los recursos de esa compañía, que quienes con sus contactos políticos se hicieron a esos recursos, sean investigados y castigados por la justicia”.

Como parte de la estrategia de seguridad que lidera el gobernador Andrés Julián Rendón, que acompañó la intervención, se trata de eliminar los rastros de la operación criminal. De acuerdo con el mandatario departamental, las construcciones eran utilizadas para la venta de drogas y la comisión de otros delitos.

“Continuamos demoliendo las madrigueras de los bandidos. En La Estrella derribamos ocho inmuebles, focos de inseguridad, que habían sido tomados por grupos delincuenciales, desde donde se cometían toda suerte de vejámenes. Se vendía droga, pólvora. Estamos quitando esta pesadilla a los vecinos”, expresó.

De acuerdo con la Gobernación, las edificaciones quedaron en manos de una estructura delincuencial luego de una emergencia invernal ocurrida en el sector en los 2000. Desde entonces, habrían sido usadas para actividades que financiaban sus operaciones criminales.

De hecho, la administración departamental señaló que un operativo de la Policía Nacional realizado en 2024 en El Hoyo permitió la incautación de 45 kilogramos de marihuana. Esa investigación derivó en la captura de 13 personas por los delitos de extorsión, desplazamiento forzado y concierto para delinquir.

El informe de la Policía también registró 175 procedimientos relacionados con la Ley 1801 de 2016 entre 2022 y 2025 en esa zona. Los casos incluyeron riñas, porte de armas de fuego y elementos cortopunzantes, perturbaciones por ruido e irrespeto a la autoridad.

Antioquia llegó a 76 inmuebles demolidos durante el cuatrienio

Con los ocho predios intervenidos en La Estrella, la estrategia de demolición de focos de inseguridad llegó a 76 inmuebles derribados en 17 municipios de Antioquia durante el actual cuatrienio.

“Ya nos acercamos a 80 focos de inseguridad destruidos en todo el departamento. Esta es una de las acciones más disuasivas y efectivas para erradicar el microtráfico”, dijo el gobernador Rendón al referirse a la demolición de las estructuras.

Amagá encabeza el listado con 18 demoliciones, seguido por La Estrella, con ocho; Turbo, con siete; y Guarne, Sonsón y Rionegro, con seis cada uno. También hubo intervenciones en Yarumal, Copacabana, Abejorral, Ciudad Bolívar, Amalfi, La Ceja del Tambo, San Luis, Bello, Cocorná, La Unión y El Peñol.

Antioquia entregó microbuses y 46 dispositivos de control eléctrico a la Policía

Por otro lado, la Gobernación de Antioquia entregó dos microbuses y 46 dispositivos de control eléctrico a la Policía Nacional en el departamento, como parte de una inversión de $2.204 millones financiada con recursos del Fondo de Seguridad Territorial (Fonset) y la Tasa de Seguridad y Convivencia.

Los vehículos serán asignados al Grupo de Movilidad del Departamento de Policía Antioquia y tendrán capacidad para transportar a 15 pasajeros. La dotación busca ampliar las capacidades operativas de los uniformados en los municipios del departamento.

José Edilberto Lesmes Beltrán, director operativo de la Seguridad de la Gobernación, indicó que los elementos estarán disponibles para distintas unidades policiales.

“Estos elementos fueron adquiridos con recursos de la Tasa de Seguridad y del Fonset, que todas las personas están aportando para hacer efectivo el trinomio de la seguridad: población, fuerza pública y administración”, afirmó.

Los 46 dispositivos de control eléctrico están destinados a intervenciones en las que una persona represente una amenaza para los uniformados, terceros o la seguridad pública. Según la Gobernación, estos equipos aplican una descarga controlada que reduce de manera temporal la capacidad de reacción de una persona, bajo los protocolos definidos para su uso.

Los dos microbuses entregados incluyen matrícula, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) y mantenimiento. Además, cuentan con película de seguridad en los vidrios, cintas reflectivas, rieles de aluminio, bodega de doble nivel, iluminación LED, escalón de ingreso, escotilla de emergencia y un dispositivo satelital para el control de velocidad.

Según la plataforma informativa digital Pasa en Bogotá, los hombres fueron retenidos y golpeados por ciudadanos antes de ser entregados a las autoridades.

De acuerdo con el reporte, “los individuos estaban rebajando en motocicleta en el sector, la comunidad junto con unos escoltas se percatan y los agarran, pero se salvaron de la aconsejada comunitaria”.

Los hechos fueron divulgados en redes sociales. Según los videos, los presuntos delincuentes fueron “capturados” por la ciudadanía, retenidos durante algunos minutos, golpeados y entregados a las autoridades.

El concejal capitalino Samir Abisambra estaba entre los transeúntes que se percataron del acontecimiento y, no sólo tomó un video del hecho, sino que informó cómo habría acontecido el hurto.

“Acabamos de ser testigos de un nuevo hecho de inseguridad en Bogotá. Un ciudadano extranjero fue víctima de un intento de hurto de su celular. Al oponerse, los delincuentes lo golpearon y le dispararon, por fortuna, el impacto solo le rozó el brazo. La reacción de ciudadanos y escoltas permitió que los delincuentes fueran interceptados y capturados. Esto no puede convertirse en normalidad. Bogotá necesita más seguridad, prevención y capacidad de reacción para que podamos vivir y transitar tranquilos por la ciudad”.

Lo que se oye en los videos publicados es a los presuntos asaltantes pedir no ser golpeados por los ciudadanos enfurecidos que les propinan patadas y golpes en sus rostros, además de lanzarles fuertes insultos. De hecho, uno los detenidos dice: “Ya, pa, ya, ya aprendí”.

La respuesta de un hombre fue: “No ha aprendido nada. Se salvó de que le metieran un pepazo (sic)”.

Pero este no resultó ser el único hecho. Horas antes, desde la misma cuenta informativa se difundió otra situación similar, también en el norte de la capital, pero en el barrio Mazurén, localidad de Suba.

Un hombre señalado de haber robado a una mujer fue detenido por miembros de la comunidad del sector residencial. Según la información preliminar, residentes del sector advirtieron el presunto hurto, interceptaron al sospechoso y alertaron a las autoridades, que acudieron para realizar la detención.

En medio de la retención, algunas personas intentaron agredirlo. Sin embargo, con este caso sí se conoció que uniformados de la Policía llegaron al lugar y trasladaron al hombre para ponerlo a disposición de la autoridad competente. El caso deberá ser verificado para establecer las circunstancias del supuesto robo y la situación jurídica del capturado.

Preocupación por inseguridad desatada en Usaquén

Los asaltantes están al acecho en todas las localidades de Bogotá. No obstante, en Usaquén, las denuncias en video de hurtos a residentes y transeúntes se están incrementando en las redes sociales.

Circulan cada vez más piezas audiovisuales de robos a mano armada en esta zona del norte de Bogotá, especialmente en barrios localizados entre las calles 100 y 127, y carreras entre Séptima y autopista Norte. En particular, en los barrios Chicó Navarra y Santa Bárbara, en las cercanías del centro comercial Unicentro.

La serie de hurtos registrados en los últimos días en cafeterías, vías públicas, conjuntos residenciales y una estación de servicio encendió las alertas en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá. Varios de los casos quedaron grabados por cámaras de seguridad.

Uno de los hechos más recientes ocurrió el 28 de septiembre en un edificio residencial de Chicó Navarra. Una mujer que ingresaba en su vehículo a la unidad fue intimidada por un hombre que se acercó a la ventana del conductor, mientras otro sujeto esperaba en una motocicleta para facilitar la huida.

Un robo en Santa Bárbara, en Bogotá, dejó a una mujer lesionada

En Santa Bárbara Central, en la calle 123 con carrera 11, una familia fue abordada por hombres armados cuando estaba dentro de una camioneta en una estación de servicio. Los asaltantes se llevaron sus pertenencias.

Poco después, en video también quedó cómo la Policía capturó a un hombre de 26 años señalado de robarle una pulsera a otra mujer en el sector de Santa Bárbara Oriental. Durante el procedimiento, las autoridades recuperaron el elemento, incautaron un arma traumática e inmovilizaron la motocicleta en la que el sospechoso intentaba escapar.

Otro caso ocurrió cerca de la iglesia de Torcoroma, en la plaza fundacional de Usaquén, donde una mujer resultó lesionada en una pierna tras ser interceptada por sujetos que se movilizaban en motocicleta. En ese hecho, un niño de 10 años también resultó afectado, según reportes conocidos por la comunidad.

La Policía desplegó 50 uniformados

Ante los hechos, la Policía Metropolitana de Bogotá reforzó los operativos en Usaquén con 50 uniformados, unidades de investigación criminal, grupos motorizados, personal del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) y drones del Sistema Aéreo Remotamente Tripulado (Siart).

Los controles se concentraron, incluso, en sectores de Bella Suiza, entre carreras 7 y 9, entre las calles 122 y 140 y las carreras 18, 19 y 20, además de la carrera octava con calle 127. Las acciones incluyeron registros a personas, verificación de antecedentes y controles a motocicletas y vehículos.

Las autoridades adelantan investigaciones para establecer si algunos de los hurtos registrados en Santa Bárbara, Bella Suiza, Chicó Navarra y los alrededores de Unicentro y Multicentro fueron cometidos por las mismas personas.

Los 11 integrantes de la banda Los Pinchallantas —que el 9 de septiembre de 2026 cayeron en las manos de las autoridades— fueron judicializados, según confirmó la Fiscalía General de la Nación.

El ente investigador informó que los capturados serán enviados a prisión por su presunta participación, de manera coordinada, en la instalación de artefactos para dañar vehículos y luego cometer secuestros y/o robos en la vía Mondoñedo, en el corredor que conecta a Bogotá, Soacha y La Mesa.

La institución también confirmó la imputación de los procesados por los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado, hurto calificado y agravado, y conductas relacionadas con armas de fuego. Los 11 investigados no aceptaron los cargos.

Las autoridades atribuyen a esta estructura delincuencial al menos 9 hechos con 21 víctimas y pérdidas cercanas a $750 millones, según los datos que suministró el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, el 9 de septiembre, tras los operativos que resultaron en las detenciones.

Los investigados instalaban objetos para dañar los neumáticos cerca del peaje

De acuerdo con la información emitida desde la Gobernación de Cundinamarca, los presuntos integrantes de la banda dejaban elementos en sectores de poca iluminación y baja circulación vehicular, en especial cerca del peaje de Mondoñedo, con el fin de afectar las llantas de los automotores.

Cuando los conductores o pasajeros descendían o detenían la marcha por el daño en los neumáticos, los delincuentes los habrían abordado con armas de fuego. Después los llevaban a zonas apartadas, donde presuntamente los amenazaban de muerte y les quitaban sus pertenencias, indicó el gobernador Rey.

“El momento que aprovechaban para secuestrarlos y robarlos”, dijo. El mandatario departamental aseguró que las víctimas eran obligadas a revelar sus claves bancarias para realizar movimientos financieros.

La estructura usaba datáfonos y transferencias para despojar a las víctimas

Según el gobernador, los procesados empleaban datáfonos para hacer cobros a las víctimas y también las obligaban a efectuar transferencias a cuentas desde las que luego retiraban el dinero.

“Las obligaban a digitar sus claves bancarias para realizar transacciones y transferencias a cuentas desde las cuales posteriormente retiraban el dinero”, señaló Jorge Emilio Rey.

Durante la operación, las autoridades realizaron 12 allanamientos y capturaron por orden judicial a 11 presuntos integrantes de la estructura. En los procedimientos fueron incautados cuatro datáfonos, una camioneta, un arma traumática, 16 celulares, tubos con punta que habrían sido usados para pinchar los vehículos y zunchos que, al parecer, servían para amarrar a las víctimas.

La investigación fue adelantada por la Fiscalía, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía de Cundinamarca y el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula). Las autoridades analizan si algunos de los investigados tienen relación con casos recientes en la Autopista Norte de Bogotá, donde se habría usado una modalidad similar para obligar a los ocupantes de vehículos a detenerse.

Ataques a conductores también ocurrieron en Usme, sur de Bogotá

Algunos de estos casos también ocurrieron en la vía de acceso a la capital, en la localidad de Usme. El 22 de junio de 2026, tres ciudadanos venezolanos fueron capturados en el sur de Bogotá, señalados de participar en un caso de secuestro y hurto de un vehículo tras ofrecer ayuda a dos personas que tenían una llanta pinchada en el municipio de Chipaque, Cundinamarca.

De acuerdo con la Policía, las víctimas solicitaron asistencia para cambiar el neumático. En ese momento, tres hombres que se movilizaban en motocicletas las habrían retenido contra su voluntad, golpeado y obligado a permanecer dentro de su propia camioneta mientras escapaban.

Los presuntos responsables también habrían robado las pertenencias de las víctimas y utilizado sus teléfonos celulares para llamar a sus familiares y exigir dinero a cambio de una supuesta liberación.

La senadora del Centro Democrático María Clara Posada continúa con sus indagaciones a las finanzas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), luego de que el Gobierno nacional planteó el recorte presupuestal en cerca de $170.000 millones para 2027.

Debido a que la medida generó descontento en las cabezas del Tribunal de Paz, la congresista adelantó una investigación sobre los gastos en distintos frentes de la institución bandera del Proceso de Paz firmado en 2016.

Luego de publicar su revisión de los gastos en viajes internacionales el 25 de septiembre de 2026, también se dio a la tarea de examinar los contratos de arrendamiento de la jurisdicción. Tras analizar las cuentas, denunció que la JEP no solo contaría con el conocido edificio de la carrera Séptima con calle 63, sino que habría suscrito una segunda sede tras un crecimiento de su planta de personal.

Con capturas de pantalla de documentos oficiales, la congresista expuso en su cuenta de X la información que confirmaría el contrato de la JEP con el edificio Torre Squadra entre 2017 y 2026, incluidos los primeros acuerdos que suscribió el Fondo Colombia en Paz. A esa cifra, Posada sumó el arriendo de otra sede entre 2024 y 2026.

“El derroche de la JEP en contratos de arrendamiento no para”, escribió la senadora. “Además de haber contratado el edificio Torre Squadra por $160.005 millones entre 2017-2026, incluyendo los primeros contratos suscritos por el Fondo Colombia en Paz, en 2024 la JEP contrató una segunda sede por $10.730 millones entre 2024-2026”, expresó.

La congresista Posada señaló que la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco explicó en 2017 que la selección de Torre Squadra, en la capital colombiana, respondía a la necesidad de que la justicia transicional operara desde una única sede.

De acuerdo con su declaración, esa condición llevó a descartar inmuebles de menor valor que exigían distribuir las oficinas en varios edificios: “Pero, en últimas, eso terminó pasando”. De hecho, Posada indicó que la proyección inicial contemplaba una nómina de 1.057 personas. Para 2024, según expuso, la planta de personal llegó a 1.455 cargos, una variación de 398 personas frente a la estimación inicial.

La funcionaria afirmó que la jurisdicción justificó el arriendo del segundo inmueble con la necesidad de ubicar varios funcionarios: “La JEP argumentó que su planta de personal había crecido a 1.455 personas en 2024, por lo cual debían ubicar los 402 cargos sobrantes de la Unidad de Investigación en otra sede”.

Para la senadora, el crecimiento de la nómina y la apertura de la nueva sede hacen parte de una decisión que, a su juicio, implicó un mayor uso de recursos públicos. “Esta es una dinámica perversa con los recursos públicos: dispararon la nómina para justificar la contratación de una nueva sede”, denunció.

La congresista del Centro Democrático sostuvo que, si la JEP iba a terminar con sus dependencias en más de una edificación, pudo haberse elegido desde 2017 una alternativa de menor costo.

“Para haber terminado fraccionados, se hubiera podido elegir desde el inicio una sede principal más barata y distribuida en varios edificios, como ocurre con gran parte de las entidades del Estado”, afirmó.

La legisladora también relacionó este asunto con la discusión sobre los recursos de la jurisdicción para la próxima vigencia. “Y aun así tienen el descaro de poner el grito en el cielo por un recorte de $ 170.000 millones para 2027”, escribió.

En cuanto a los gastos, la senadora dio a conocer el siguiente desglose de gastos en arriendo de sedes —por contratos— desde 2020:

Total de gastos de arriendo en las sedes de la JEP: $170.735 millones

• Contrato 572 de 2020 (Fondo Colombia en Paz): $11.740.
• Contrato JEP 12 de 2018: $8.318.
• Contrato JEP 200 de 2018: $17.770.
• Contrato JEP 495 de 2020: $36.525.
• Contrato JEP 807 de 2022: $85.652.
• Contrato JEP 853 de 2024 (Segunda Sede): $10.730.

El alcalde de Ataco, Tolima, Héctor Fabio Muñoz, fue capturado en las horas de la mañana del martes, 29 de septiembre de 2026, por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional, por motivo de una investigación por presuntas irregularidades en un contrato para la construcción de unidades sanitarias.

La información fue confirmada por la Fiscalía General de la Nación, que expresó que el operativo de captura también incluyó la detención del exalcalde del municipio, Miller Aldana.

El actual mandatario confirmó el procedimiento a través de un comunicado, en el que afirmó que deberá rendir declaración e indagatoria por un proceso contractual que se inició durante la administración anterior.

“Con total sorpresa, en las primeras horas de esta mañana, servidores de la Fiscalía General de la Nación se presentaron en mi residencia para notificarme sobre un procedimiento de captura en mi contra”, expresó Muñoz.

El alcalde señaló que la medida está relacionada con “un contrato de unidades sanitarias correspondiente a la administración anterior”.

Noticia en desarrollo...

Aunque esta receta tiene una historia incierta, fue la cocina francesa la que logró estandarizar la receta de la salsa de champiñones para exportarla al mundo.

Hoy en día es una base que puede transformar una carne sencilla, una pasta o unas papas en un plato especial. Su textura cremosa, el aroma del ajo y el sabor profundo de los hongos hacen que sea una preparación práctica para el almuerzo o la cena.

Aunque esta receta no es propiamente colombiana, los colombianos han logrado traerla al diario vivir, porque combina muy bien ingredientes habituales de la cocina casera, como el caldo de pollo, la crema de leche, la mantequilla y el perejil. También puede servirse con sobrebarriga, pollo a la plancha, arroz blanco o pasta.

Receta de salsa de champiñones

La salsa de champiñones es una preparación cremosa que se hace al saltear los hongos con ajo y cebolla, desglasar la sartén con caldo y terminar con crema de leche. La clave está en dorar los champiñones para concentrar su sabor y espesar la salsa sin dejarla demasiado líquida.

Tiempo de preparación

• Tiempo total: 30 minutos.
• Preparación: 10 minutos.
• Cocción: 20 minutos.

Ingredientes

1. 500 g de champiñones blancos o portobello.
2. 1 cebolla cabezona blanca pequeña.
3. 2 dientes de ajo.
4. 2 cucharadas de mantequilla.
5. 1 cucharada de aceite vegetal.
6. 1 taza de caldo de pollo o de verduras.
7. 1 taza de crema de leche.
8. ½ taza de vino blanco, opcional.
9. 1 cucharadita de mostaza, opcional.
10. ½ cucharadita de tomillo seco.
11. Sal al gusto.
12. Pimienta negra al gusto.
13. 2 cucharadas de perejil fresco picado.

Cómo hacer salsa de champiñones, paso a paso

1. Limpie los champiñones con un paño húmedo o una toalla de cocina. No los deje sumergidos en agua, porque pueden absorber líquido y perder firmeza.
2. Corte los champiñones en láminas delgadas. Pique la cebolla y el ajo en trozos pequeños.
3. Caliente una sartén amplia a fuego medio-alto. Agregue la mantequilla y el aceite.
4. Incorpore la cebolla y sofríala durante 3 minutos, hasta que se vea transparente.
5. Añada el ajo y cocine durante 30 segundos. Revuelva para evitar que se queme.
6. Agregue los champiñones. Distribúyalos en una sola capa para que se doren de manera uniforme.
7. No tape la sartén en este punto. Los champiñones deben perder su agua y tomar color. Cocínelos durante 7 u 8 minutos.
8. Añada el vino blanco, si lo utiliza. Raspe el fondo de la sartén con una cuchara de madera para desprender los sabores concentrados.
9. Cocine durante 3 minutos, hasta que el vino se reduzca casi por completo.
10. Vierta el caldo y agregue el tomillo. Mezcle y deje cocinar durante 5 minutos a fuego medio.
11. Incorpore la crema de leche y la mostaza. Revuelva hasta integrar todos los ingredientes.
12. Baje el fuego antes de añadir la crema. La salsa debe calentarse sin hervir, porque puede cortarse.
13. Cocine durante 4 o 5 minutos, hasta que la preparación espese y cubra ligeramente la cuchara.
14. Sazone con sal y pimienta. Pruebe y ajuste el sabor.
15. Apague el fuego y agregue el perejil picado. Sirva la salsa caliente sobre carne, pollo, pasta, arroz o papas.

Si la salsa queda muy espesa, añada 2 o 3 cucharadas de caldo caliente. Si queda muy líquida, déjela reducir durante unos minutos más a fuego bajo.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta preparación rinde aproximadamente 4 porciones como acompañamiento o salsa para un plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

• Calorías: aproximadamente 220 kcal.
• Proteínas: 5 g.
• Carbohidratos: 9 g.
• Grasas: 19 g.
• Fibra: 2 g.
• Sodio: depende del caldo y de la cantidad de sal utilizada.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarde la salsa en un recipiente hermético dentro de la nevera por un máximo de 3 días.

Para recalentarla, use una sartén a fuego bajo y agregue un chorrito de leche o caldo. Revuelva hasta recuperar la textura. Evite hervirla.

También puede congelarse durante 1 mes, aunque la crema de leche puede cambiar ligeramente de consistencia. Descongélela dentro de la nevera y caliéntela poco a poco.

El embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Mauricio Gaona, suministró un reporte sobre la actuación de la delegación del Gobierno nacional en Nueva York, en la temporada diplomática más álgida del año: la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El funcionario diplomático informó que el equipo de trabajo colombiano, encabezado por el vicepresidente, José Manuel Restrepo, y el canciller, Omar Bula, sostuvo más de dos docenas de encuentros bilaterales durante la cumbre internacional y destacó la recepción que tuvo la nueva postura del país ante el organismo multilateral.

“El balance es muy positivo”, afirmó Gaona en una entrevista con El Tiempo, en especial, por el despliegue de reuniones que mantuvieron distintos integrantes de la delegación colombiana con representantes de gobiernos, organismos internacionales y empresas.

El diplomático señaló que las actividades incluyeron espacios bilaterales y multilaterales, con participación no solo del vicepresidente de la República y el canciller, sino del ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín y la embajadora de Colombia en Washington, María Consuelo Araújo.

Gaona también explicó que los equipos dividieron tareas para atender compromisos paralelos durante la semana de alto nivel de la Asamblea General.

“Entonces, era muy dinámico: cambiábamos de un escenario al otro. Algunos eran bilaterales, otros multilaterales. Hay anuncios importantes, yo dejo que los haga el vicepresidente de la República”, dijo.

Colombia llevó asuntos comerciales, tecnológicos y multilaterales a Nueva York

Gaona resaltó el trabajo que realizaron las autoridades colombianas con representantes del sector público y privado.

Según relató, el ministro Gómez Amín sostuvo reuniones con grandes firmas y compañías internacionales, mientras que José Manuel Restrepo participó en encuentros vinculados con inversión e inteligencia artificial.

El embajador ante la ONU agregó que acompañó al vicepresidente en algunas de esas reuniones, en las que se abordaron las posibilidades de inversión para América Latina y los riesgos asociados al desarrollo tecnológico.

“Hubo reuniones incluso en temas de inteligencia artificial con las principales compañías del mundo, escuchando su pensamiento y a diferentes jefes de Estado”, sostuvo.

En paralelo, Gaona participó en sesiones del Consejo de Seguridad de la ONU centradas en los riesgos de la inteligencia artificial. Mencionó intervenciones de representantes de OpenAI, Anthropic y Hugging Face, en debates sobre los alcances de esa tecnología y los mecanismos de regulación.

“Los grandes peligros de la IA aparecen antes de que empecemos a regular o a saber qué vamos a regular”, señaló.

Gaona pidió reformas profundas e inmediatas en Naciones Unidas

De la misma manera, el embajador —en coherencia con lo que anunció el ministro Bula sobre una reforma en Naciones Unidas— reafirmó que, a partir del discurso del vicepresidente durante la Asamblea General, la postura del Gobierno de Colombia es crítica frente al funcionamiento del sistema internacional.

Por ende, Gaona defendió la necesidad de cambios dentro de Naciones Unidas.

“El discurso del vicepresidente es un discurso que naturalmente escribió el propio presidente de la República con una crítica, muy efectiva, que comparten no solo los pensadores dentro, sino también varias naciones que ven que es un organismo irremplazable, pero necesita reformas profundas e inmediatas para ser más efectivo y llegar a resultados concretos y evitar muchos de los flagelos que tiene la humanidad”, dijo en la entrevista con el medio nacional.

Para el diplomático, la agenda colombiana combinó asuntos políticos, comerciales y tecnológicos. También aseguró que las delegaciones y funcionarios de la ONU valoraron el trabajo del país durante la Asamblea General.

Al describir la percepción que, según él, expresaron embajadores, ministros de Relaciones Exteriores, jefes de Estado y funcionarios del organismo, Gaona enumeró varios atributos: “Profesionalismo, conocimiento, habilidad, seriedad y claridad”.

“Los desafíos son enormes, naturalmente, en este momento. Entonces, por todas partes me parece que la narrativa, incluso, la forma de ver las cosas, la forma de presentar las cosas, ha sido muy positiva y el feedback que hemos tenido de otras delegaciones y también de personas en Naciones Unidas ha sido muy positivo”, concluyó.

La estructura comenzó a operar este domingo 27 de septiembre de 2026, construida como parte del Plan de Implantación Alsacia y con acompañamiento del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Esta obra fue puesta en marcha con numerosos objetivos en mente. En particular, retirar el paso semafórico temporal instalado en ese punto desde 2019 –que generó complejidades en el flujo vial del corredor–. Por ende, la Alcaldía de Bogotá estima que la medida mejorará el tránsito de cerca de 127.000 vehículos diarios en el sector.

El puente metálico cuenta con 170 metros de longitud, incluidas las rampas, 5,60 metros de altura y un ancho útil de 6,74 metros. Incluso, una de las particularidades es que cuenta con señalización por colores, así: la azul delimita el recorrido peatonal y el acceso al centro comercial, mientras que la franja roja está destinada a personas con discapacidad y a ciclistas que lleven sus bicicletas de la mano.

La obra beneficia principalmente a los habitantes de los barrios de Villa Alsacia, Nuevo Techo y sectores cercanos.

Aún hay un tramo que no se ha finalizado

La rampa definitiva del costado occidental aún no se ha construido debido a la ocupación ilegal de espacio público por tanques y pozos de monitoreo asociados a una estación de servicio ubicada en la zona, según informó el IDU.

Como medida provisional, el centro comercial instaló un ascensor con capacidad para 20 personas o 1.500 kilogramos, además de canaletas metálicas en las escaleras para facilitar el paso de bicicletas.

El director del IDU, Orlando Molano, afirmó que la entidad adelanta acciones legales para recuperar el predio, retirar los tanques, sanear el suelo y completar la infraestructura pendiente.

“En un par de meses esperamos que la estación de servicio nos entregue, en un fallo de segunda instancia, lo que nos corresponde, un espacio para que podamos construir con el privado la rampa que falta” explicó

Comenzaron oficialmente las obras de la ALO Sur

Por otra parte, los trabajos de construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) Sur comenzaron tras alcanzar la disponibilidad predial requerida para el proyecto, que busca mejorar la conexión entre el suroccidente y el centro de Bogotá.

Según confirmó la Alcaldía de Bogotá, la iniciativa, liderada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con apoyo del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Gerencia para Bogotá, beneficiará a más de dos millones de habitantes de Bosa, Kennedy y Fontibón y prevé la generación de más de 16.000 empleos.

La construcción tendrá un plazo de cuatro años y se habilitará de forma gradual. Durante los dos primeros años entrará en servicio la calzada oriental, que funcionará de manera bidireccional mientras se completa la calzada occidental en los dos años siguientes.

La intervención inicial se concentrará en tres unidades funcionales. La primera contempla el mejoramiento y rehabilitación de 9,5 kilómetros entre la intersección Canoas y el puente sobre el río Bogotá, además de un enlace a desnivel en Canoas.

La segunda incluye 6,1 kilómetros entre el puente sobre el río Bogotá, la proyección de la avenida Bosa y la avenida de las Américas. En ese tramo se rehabilitarán 1,8 kilómetros y se construirán 4,3 kilómetros de vía nueva.

La tercera unidad comprende 3,3 kilómetros de calzada oriental entre la avenida de las Américas y la calle 13, junto con la primera etapa del enlace entre la ALO y ese corredor.

De acuerdo con la ANI, la ALO Sur incluirá una doble calzada de 24,5 kilómetros entre la intersección Chusacá, en Sibaté, y la calle 13, en Fontibón, además de la rehabilitación de los tramos existentes.

La obra tendrá 46 puentes y dos intersecciones a desnivel: una en la conexión con la calle 13 y otra en Canoas, Soacha. La inversión estimada para la construcción asciende a $ 1,25 billones y los costos de operación y mantenimiento se calculan en $ 0,76 billones, en pesos de diciembre de 2025.

El proyecto también contempla una alameda de 9,5 kilómetros, cerca de 153.000 metros cuadrados de andenes, zonas verdes y ciclorruta, además de una ciclorruta de 3,2 kilómetros en el costado occidental. El diseño deja prevista una reserva para una futura conexión con un sistema de transporte masivo tipo TransMilenio.

La firma Víctor Mosquera Marín Abogados informó que presentó una denuncia penal contra el influenciador Stiven Tangarife Caicedo, conocido en redes sociales como MrStivenTc, por el presunto delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Según el comunicado divulgado el 27 de septiembre de 2026, la acción judicial fue radicada el 17 de junio de 2026 y el expediente está asignado a una fiscalía especializada que adelanta las actuaciones correspondientes.

La denuncia está en etapa de investigación. A través de un comunicado, la firma señaló que acudió a las autoridades luego de un análisis jurídico y de una valoración realizada por profesionales con experiencia en violencia contra niños, niñas y adolescentes.

El delito señalado en la denuncia está contemplado en el artículo 208 del Código Penal. La responsabilidad de establecer los hechos y definir si hay lugar a imputaciones corresponde a la Fiscalía General de la Nación, dentro de un proceso sujeto a las garantías del debido proceso.

De la misma manera, se conoció que la identidad de la presunta víctima permanecerá bajo reserva. La firma de abogados indicó que mantendrá reserva sobre la identidad, intimidad y derechos de la menor de edad involucrada, debido a la naturaleza del caso.

Reacción de Mr. Stiven Tc

En cuanto al creador de contenido, sus últimas publicaciones dejarían ver que el investigado conoce la situación de la denuncia en su contra, en medio de una pelea que se ha desarrollado a través de redes sociales con Kris R, actual pareja y padre del hijo de Karina García.

“Ahora resulta que tengo una investigación jajajaj y yo viajando por todo el mundo sin problemas que risa mapamundi, no sabe que mas decir. Lo que yo conté si es real y la gente me cree sin necesidad de decir quién me contó (si me dan luz verde digo quien fue) porque usted cabeza de tractomula no tiene criterio y nadie le cree lo que canta ahora mucho menos lo que dice”, escribió el 25 de septiembre de 2026 en su perfil de X.

Una siguiente publicación, subido a su perfil en la mañana del 27 de septiembre, es un video protagonizado por Tangarife Caicedo, en el que aparece en medio de una fiesta, acompañado por su pareja sentimental.

Los señalamientos que le hizo el cantante Kris R. a MrStivenTC

El 24 de septiembre, el cantante Kris R lanzó señalamientos sobre la investigación contra el creador de contenido, por medio de un cruce de mensajes público que surgió a partir de referencias del streamer a sus parejas en redes sociales y una canción.

El vocalista pidió al streamer que revelara en un plazo de 24 horas la identidad de quien le habría suministrado una versión sobre su entorno familiar. Pero en esa intervención, afirmó que Tangarife tendría “un caso abierto” relacionado con una menor de edad, aunque en ese momento no presentó documentos ni pruebas públicas que permitieran verificar la acusación.

Kris R dijo que el conflicto cambió tras las referencias a su pareja y a su bebé

La disputa comenzó después de que Kris R participara en la canción De Medallo Pa Morovis, de Fanta Rosario, cuya letra incluyó una alusión a MrStivenTc y a su pareja, María Julissa.

Resulta que el streamer respondió en una transmisión en vivo con afirmaciones sobre Karina García, pareja de Kris R, y cuestionó la paternidad del hijo que esperan. El cantante rechazó esa versión y sostuvo que la mención a su familia llevó el enfrentamiento a un plano personal.

“Si usted en 24 horas no le dice quién le dijo ese rumor, se le arma el mierdero (sic)”, expresó Kris R durante una transmisión en TikTok, en la que también hizo referencia a la supuesta investigación contra el influenciador.

El Ministerio de Agricultura, a través del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), aclaró que no encontró evidencia en sus registros oficiales que respalde las cifras de muertes y la movilización de bovinos atribuidas al fenómeno de El Niño en la región Caribe entre julio y septiembre de 2026.

“El Ministerio de Agricultura desmiente cifras falsas de mortalidad bovina en la región Caribe y frena la desinformación sobre el Fenómeno de El Niño. ¡El sector agropecuario se defiende con datos técnicos y rigor!”.

Las cifras desmentidas correspondieron a un reporte periodístico que se basó en informes de voceros gremiales que indicaron más de 4.000 muertes de bovinos y pérdidas por $47.000 millones por la situación climática asociada al fenómeno de El Niño.

La cartera de Agricultura sostuvo que no existe soporte técnico para las cifras. De hecho, el ICA se refirió a que la publicación habría estimado pérdidas por $75.327 millones, según el boletín de la entidad.

La institución señaló que revisó los datos de las Guías Sanitarias de Movilización Interna y los reportes de mortalidad tras la publicación de los datos suministrados por los voceros gremiales sobre pérdidas para la ganadería asociadas con la temporada de sequía y los incendios.

El análisis incluyó una “revisión exhaustiva”, además, en cooperación con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

El ICA no halló aumentos inusuales en la mortalidad de ganado

La evaluación institucional incluyó información de Magdalena, Sucre, La Guajira y Atlántico. Según el ICA, los registros de esos departamentos no presentan variaciones atípicas en comparación con los mismos periodos de 2024 y 2025.

El Instituto agropecuario precisó que la movilización de bovinos cayó 22% frente a 2025 y 12% frente a 2024. Además, indicó que una revisión de la Dirección Técnica de Vigilancia Epidemiológica, coordinada con las 32 gerencias seccionales, no detectó un incremento fuera de lo habitual en la mortalidad de los animales.

El ICA también informó que el departamento del Atlántico registró lluvias intensas desde la noche del sábado 26 de septiembre. Durante ese episodio se reportaron 140 milímetros de precipitación.

Con ese registro, el acumulado de lluvias en septiembre alcanzó los 182 milímetros, mientras que la cifra acumulada en lo corrido de 2026 llegó a 582 milímetros, de acuerdo con el comunicado.

La entidad afirmó que continuará el seguimiento de las condiciones sanitarias y productivas del sector agropecuario y pidió que los datos sobre posibles afectaciones sean verificables, trazables y sustentados en fuentes oficiales.

“El Gobierno Nacional actúa con anticipación y hechos con programas como ‘Forraje Milagro’, exigiendo absoluta responsabilidad a los voceros gremiales para proteger a nuestro campo”, concluyó el Ministerio de Agricultura.

Las cifras de Fedegán sobre el impacto

Antes de la rectificación institucional, Fedegán pidió al Gobierno un plan de emergencia ante las afectaciones que atribuye a la sequía y al fenómeno de El Niño, tras reportar 9.865 bovinos muertos, 333.228 animales desplazados y cerca de 2,2 millones de hectáreas afectadas entre el 1 de junio y el 1 de agosto de 2026.

Según el gremio, los departamentos de Cesar, La Guajira, Sucre, Atlántico y Magdalena concentraron 8.508 muertes de reses y cerca de un millón de hectáreas comprometidas. Fedegán advirtió que el balance es preliminar y puede aumentar por el subregistro en zonas rurales.

La federación, presidida por José Félix Lafaurie, solicitó a la cartera de Agricultura reactivar bodegas temporales para distribuir suplementos y forrajes, cofinanciar el transporte de insumos y facilitar créditos para pozos, reservorios, sistemas de riego y paneles solares.

El gremio también estimó en $11.000 millones las pérdidas asociadas con la disminución de la producción de carne, leche y derivados.

La Alcaldía de Medellín estableció nuevas estrategias para regular y formalizar la modalidad de domicilios de renta corta usados con fines turísticos, luego de 408 inspecciones realizadas por las autoridades distritales, entre 2024 y 2026, y de los cuales, 105 fueron suspendidas temporalmente por infracciones a la normativa distrital.

De acuerdo con los detalles suministrados por la Secretaría de Turismo y Entretenimiento, el distrito está constantemente realizando operativos el cumplimiento de requisitos legales en los alojamientos de renta corta y prevenir delitos como la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes.

En particular, en Medellín, esta modalidad de vivienda ha alcanzado nuevos niveles de oferta para satisfacer la demanda de estadía turística.

“Según el análisis del Sistema de Inteligencia Turística y Entretenimiento (Site) con datos del Registro Nacional de Turismo (RNT), la vivienda turística tenía 521 prestadores inscritos en 2019 a 8.322 en 2026, frente al alojamiento (hoteles y similares) que pasó de 730 a 863 establecimientos inscritos en el mismo periodo”, comunicó la entidad a través de un comunicado.

Por ende, las medidas restrictivas se impusieron con base en la Ley 1801 de 2016, también conocida como Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

El Distrito combinará controles con asesoría a anfitriones

La secretaria de Turismo y Entretenimiento, Ana María López Acosta, afirmó que el Distrito busca regular el sector sin prohibirlo.

“Medellín le apuesta a un turismo formalizado, responsable y competitivo. No prohibimos la vivienda turística, pero queremos que todos cumplan con la normativa, porque entendemos que este sector es fundamental para la dinámica turística de la ciudad, pero debe operar dentro de la legalidad, con estándares de calidad y con medidas claras para prevenir delitos como la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (Escnna). Por eso, combinamos control, inspección, inteligencia de datos y acompañamiento a los prestadores para que puedan cumplir la formalización”, dijo.

Por ende, la dependencia indicó que su estrategia consiste en utilizar datos del Site para georreferenciar alojamientos e identificar a prestadores de renta corta mediante el cruce de fuentes oficiales.

En lo corrido de 2026, la Alcaldía informó que ha acompañado a 64 anfitriones en procesos formativos para subsanar requisitos que no hayan cumplido y avanzar en su formalización.

De la misma manera, otros 70 propietarios y administradores recibieron capacitación en protocolos de prevención de la explotación sexual comercial de menores de edad.

El POT busca proteger la vivienda residencial sin prohibir las rentas cortas

Además, la Alcaldía explicó que el Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Turismo trabajan en una regulación específica para proteger la vivienda residencial y, al mismo tiempo, permitir la operación de las rentas turísticas bajo las reglas vigentes.

En 2025, 43 propietarios participaron en capacitaciones sobre sostenibilidad, mientras que 113 operadores recibieron formación sobre regulación, obligaciones fiscales y contables, tecnologías para administrar propiedades, prevención de delitos y prácticas de sostenibilidad.

Esto requiere una modificación del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín (POT) que ya abrió un debate entre la Alcaldía, residentes y plataformas de renta corta por las nuevas reglas para las viviendas turísticas.

El proyecto busca concentrar esa actividad en zonas de alta mixtura y sectores cercanos a estaciones del metro, mientras el gremio advierte que la medida limitaría su operación en gran parte de la ciudad.

Según informó El Colombiano, representantes de plataformas y prestadores consideran que la propuesta equipararía la vivienda turística con la hotelería y restringiría su funcionamiento en las áreas de baja mixtura, que abarcan el 72% de la ciudad.

Bajo esa interpretación, la actividad quedaría condicionada en el 24,5% de los polígonos clasificados como de mixtura media y tendría mayor flexibilidad en el 3,4% correspondiente a zonas de alta mixtura.

El sector sostiene que las modificaciones afectarían a más de 4.500 familias que reciben ingresos a través de las rentas de corta duración. También cuestiona que la vivienda turística sea tratada como una actividad comercial y no como una práctica civil no comercial, en referencia a la Ley 2068 de 2020, conoció el medio antioqueño.

La Defensoría del Pueblo emitió un nuevo mensaje de alerta por las preocupantes cifras de asesinatos en líderes sociales, así como de masacres perpetradas en el territorio nacional, en lo que va de 2026.

Según los datos que presentó la entidad estatal, 112 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia entre el primero de enero y el 31 de agosto del año en curso. Por ende, la institución pidió que su labor no sea estigmatizada ni se convierta en un factor de riesgo para su vida e integridad.

“Defender derechos es un derecho. Las personas lideresas protegen el territorio y su trabajo no debe ser estigmatizado ni convertirse en un factor de riesgo”, fue el mensaje central de la alerta de la Defensoría.

Según las cifras, del total de víctimas, 91 eran hombres y 21 mujeres. De hecho, agosto fue el mes con más casos, con 22 homicidios, seguido por abril, cuando se registraron 18 asesinatos.

El departamento con más casos fue Cauca, con 26 homicidios, seguido por Valle del Cauca, con 14, y Antioquia, con 12. Norte de Santander reportó ocho casos, mientras que Arauca y Caquetá registraron seis cada uno.

De igual manera, la Defensoría informó que, desde enero de 2016 hasta el 31 de agosto de 2026, tiene registro de 1.777 asesinatos de líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos.

10 firmantes del Acuerdo de Paz fueron asesinados en ocho meses

El llamado de la entidad también incluyó los homicidios de firmantes del Acuerdo de Paz. Entre enero y agosto de este año fueron asesinadas 10 personas que habían suscrito ese pacto.

Cauca concentró tres de esos casos; Caquetá y Putumayo tuvieron dos cada uno. Huila, Valle del Cauca y Norte de Santander registraron un asesinato, respectivamente. Cinco de los homicidios ocurrieron en agosto y tres en febrero, según las cifras, que toman como fuente el observatorio de Indepaz.

La Defensoría del Pueblo también reportó 86 masacres con 326 víctimas en los primeros ocho meses de 2026. Cauca, Antioquia y Valle del Cauca concentraron el mayor número de casos, aunque la entidad no detalló la cifra individual por departamento en la información divulgada.

Los hechos se extendieron a 23 departamentos y a Bogotá. Marzo y abril fueron los meses con más masacres, con 14 casos cada uno, seguidos por enero, con 13, respectivamente.

En ese sentido, el organismo insistió en que las personas lideresas cumplen labores de protección del territorio y, en consecuencia, requieren garantías para ejercerlas.

Primer mes de Gobierno De la Espriella

Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó que 16 líderes sociales y 5 firmantes del Acuerdo de Paz fueron asesinados durante el primer mes del gobierno de Abelardo de la Espriella, entre el 7 de agosto y el 7 de septiembre de 2026.

El balance del Observatorio de Derechos Humanos de la organización también registró 10 masacres que dejaron 30 víctimas, entre ellas menores de edad. Indepaz pidió reforzar la protección de la población civil ante la persistencia de la violencia en distintas regiones del país.

De estos 16 homicidios de líderes sociales registrados en el periodo, 14 ocurrieron en agosto, en ocho departamentos y 12 municipios. Los 2 restantes fueron reportados durante los primeros siete días de septiembre.

La organización señaló que las víctimas defendían sus territorios y representaban a sus comunidades.

En la misma temporada, Indepaz documentó 10 masacres con 30 víctimas, en seis departamentos y ocho municipios.

En septiembre se registró una masacre con tres víctimas en Valle del Cauca. La entidad advirtió que detrás de las cifras hay familias y comunidades afectadas por la reconfiguración del conflicto armado.

La captura quedó registrada en video y una de las detenidas tuvo una reacción burlona durante el procedimiento policial.

De acuerdo con el informe oficial de las autoridades, uniformados de la Policía Nacional llegaron a la estación tras recibir alertas por gritos de auxilio. En el lugar hallaron a las involucradas en medio de un altercado con la trabajadora de seguridad.

Los agentes controlaron la situación y detuvieron a las dos mujeres, que, tras su detención, deberán responder por el delito de lesiones personales.

La Policía adelanta las indagaciones para establecer la secuencia de los hechos y la responsabilidad individual de las capturadas, así como el estado de salud de la guarda agredida y las circunstancias en las que se dio la agresión.

En las imágenes que circularon tras el procedimiento, una de las mujeres aparece junto a los uniformados y adopta una actitud burlona, con poses, mientras avanza el operativo.

Desde la Secretaría de Seguridad de Bogotá extendieron un mensaje sobre el acontecimiento y, en particular, un llamado de atención a las dos ivolucradas en el caso de agresión poir “posar descaradamente”:

“Así posen y se burlen, tendrán que responder ante la justicia. Dos mujeres fueron capturadas tras agredir a una guarda de seguridad de @TransMilenioen la estación Avenida Chile. En lo corrido del año, la @PoliciaBogota ha capturado a 1.498 personas por diferentes delitos en el sistema. Ante cualquier hecho de intolerancia o irregularidad, informe a la #Línea123″.

Ataque contra agente de tránsito en Soacha

Menos de 24 horas antes de esta denuncia, el alcalde de Soacha, Cundinamarca, Julián Sánchez Perico, solicitó la búsqueda de un conductor sobre quien recaerá una denuncia penal interpuesta por la Alcaldía municipal por motivo de lesiones personales tras la presunta agresión de contra una vigía de tránsito, que quedó tendida en el suelo después de que el vehículo arrancara mientras ella se sujetaba de una de las ventanas.

El hecho ocurrió en el sector de la vía Indumil, en la entrada a Quintas de la Laguna.

En un video divulgado por Sánchez Perico se observa que la operadora vial hizo una señal de pare a una camioneta Toyota Fortuner, que detuvo su marcha inicialmente.

Después de un intercambio entre la funcionaria y el conductor, el vehículo avanzó cuando ella permanecía sujetada de la ventana. La vigía fue arrastrada unos metros y cayó boca abajo sobre la vía.

El mandatario local afirmó que el presunto responsable ya fue identificado por las autoridades. “No vamos a tolerar la violencia contra quienes trabajan por nuestra ciudad. La intolerancia y la violencia no pueden convertirse en la respuesta”, expresó.

La violencia contra guardias de seguridad en el transporte público

Estos casos expuestos no están muy distantes al asesinato del guardia de seguridad David Garzón Castro, que murió tras ser herido con arma blanca, en medio de un conflicto de intolerancia.

De acuerdo con la reconstrucción que realizó la Fiscalía General de la Nación sobre el hecho, este sucedió en la estación Terreros de TransMilenio, en Soacha,sobre las 9:40 a. m. del viernes 18 de septiembre de 2026.

Según la Fiscalía, Garzón, integrante de la escuadra antievasión de la empresa Top Guard Ltda., impidió que Acevedo y Angie Natalia Díaz Sierra entraran a la estación sin cancelar el pasaje.

La discusión escaló hasta el ataque. El fiscal calificó el hecho como “un ataque desproporcionado por una razón insignificante” y sostuvo que Díaz habría instigado la agresión.

Tras la puñalada, los dos procesados salieron de la estación. Guardas de seguridad y agentes de la Policía de Soacha los persiguieron por el barrio Terreros hasta que lograron detenerlos.

Durante las audiencias preliminares, el ente acusador presentó videos, una navaja y otros elementos con los que busca sustentar que David Gabriel Acevedo Sánchez atacó al trabajador de 27 años con una puñalada en el torso, a la altura del corazón. El ente acusador solicitó que los dos señalados permanezcan privados de la libertad mientras avanza el proceso.

El Ejército Nacional de Colombia confirmó que tres complejos de minería ilícita quedaron fuera de funcionamiento en la zona costera del departamento de Nariño, tras recientes operaciones militares desarrolladas por la Tercera División en los municipios de Magüí Payán y Barbacoas, además de la subregión del Telembí.

De acuerdo con la institución, la totalidad de la infraestructura intervenida estaba avaluada en más de $1.800 millones y tenía una capacidad estimada para extraer más de 10.400 gramos de oro al mes.

También se informó que las acciones afectaron tres estructuras destinadas a la extracción ilegal de minerales en zonas del Pacífico nariñense.

Según las fuerzas militares, la inutilización de los complejos redujo una fuente de financiación de organizaciones armadas que operan en esa zona de Nariño. La minería ilícita figura entre las economías criminales que las autoridades asocian con el control territorial y la obtención de recursos por parte de grupos ilegales en áreas rurales del suroccidente colombiano.

De hecho, esta serie de operativos, particularmente en estos municipios, se ha venido desarrollando con mayor intensidad para lograr debilitar esta actividad ilegal.

El 25 de agosto de 2026, el Ejército confirmó que la Fuerza de Tarea Hércules inhabilitó otras tres unidades de minería ilícita en Barbacoas, Nariño, una operación que, según las autoridades, afectó una capacidad de extracción de 3.600 gramos de oro al mes, así como las finanzas de la Estructura Ariel Aldana, de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, señalada de recurrir a la explotación ilícita de yacimientos mineros para financiar sus actividades en el departamento de Nariño.

La información militar indicó que la intervención se realizó tras labores de inteligencia y la recopilación de registros fotográficos que permitieron identificar los puntos donde se desarrollaba la explotación ilegal de minerales en esta zona del Pacífico nariñense.

Las tropas de la Fuerza de Tarea Hércules realizaron un reconocimiento táctico en el área y localizaron la infraestructura destinada a la extracción de oro. Durante el procedimiento, las unidades militares inutilizaron una excavadora, tres motobombas de presión, 100 galones de Acpm, 40 metros de manguera de alta presión para dragado y una batería de vehículo.

De acuerdo con la información oficial, el valor de la maquinaria y los equipos intervenidos asciende a $461.672.400.

Las autoridades estimaron que las tres unidades productoras lograban obtener producciones con ingresos cercanos a $1.623.600.000 cada mes dentro del mercado ilegal, según el cálculo divulgado por el Ejército.

El Ejército calculó que la afectación total, al sumar el valor de la infraestructura y los recursos que habrían producido las unidades mineras, supera los $2.080 millones.

Otro operativo contra la minería ilegal en Putumayo

El 25 de septiembre, se confirmó la neutralización de otras tres unidades de producción minera ilegal en Puerto Caicedo, Putumayo, durante una operación que, según el Ejército, afectó infraestructura al servicio de los Comandos de Frontera, estructura vinculada a la Segunda Marquetalia.

La acción ocurrió en la vereda Independencia, bajo jurisdicción de Puerto Caicedo, como parte del Plan de Campaña Ayacucho Plus.

El operativo estuvo a cargo del Batallón de Artillería de Campaña N.° 27, unidad adscrita a la Vigésima Séptima Brigada. De acuerdo con el reporte oficial, los militares ubicaron tres estructuras destinadas a la explotación ilícita de yacimientos mineros.

En el lugar encontraron dos dragas artesanales, cuatro motores industriales y dos clasificadoras, equipos empleados para extraer y separar material en los procesos de minería ilegal.

También fueron ubicados 400 metros de manguera de alta presión, 150 metros de tubo de PVC de tres pulgadas y 90 metros de tubo de PVC de cuatro pulgadas, elementos que, de acuerdo con las autoridades, hacían parte de la infraestructura para mantener la operación de las unidades mineras.

Durante el procedimiento, las tropas inutilizaron 220 galones de gasolina y 300 galones de Acpm, combustibles que eran utilizados para poner en funcionamiento la maquinaria instalada en el sector.

La ciudadana Pilar Jiménez, a través de sus redes sociales, publicó el momento exacto del ataque armado en contra de una ciudadana que estaba sentada a la mesa del restaurante, y pidió la intervención de la Alcaldía en la zona.

El hecho ocurrió en el interior del restaurante Shadai, en la carrera octava con calle 128, una zona muy concurrida por los establecimientos comerciales, restaurantes y supermercados.

En la zona de mesas exteriores que tiene el punto de comidas estaba sentada la víctima cuando un hombre de camiseta blanca entró de inmediato, con una pistola, a sustraerle sus pertenencias. Otro hombre que estaba detrás, al parecer, a la espera.

“Estamos mamados. Esto acaba de pasar en Bella Suiza en Usaquén… restaurante Shadaii… hasta cuándo”, escribió Jiménez en su cuenta de redes sociales. En el mismo mensaje, etiquetó al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y agregó: “Alcalde, por favor ayúdenos”.

David Cote vinculó la denuncia con la reincidencia delictiva

El representante a la Cámara David Cote reaccionó a la denuncia y planteó que los jueces requieren herramientas legales para enfrentar los casos de reincidencia.

“La mayoría de los ladrones tienen antecedentes y siguen libres”, afirmó el congresista en su cuenta de X.

Cote sostuvo que se debe reforzar la respuesta judicial frente a quienes cometen delitos de forma reiterada. “Es hora de darle a los jueces una herramienta para que impartan justicia a favor de las víctimas”, señaló.

El representante también anunció que el proyecto de ley 054, enfocado en la reincidencia, será debatido próximamente en el Congreso. “Ya casi se debatirá nuestro proyecto 054 contra la reincidencia. No más puerta giratoria para los bandidos”, escribió.

Buscan a ladrón que está atracando residentes cerca de Unicentro

El creador de contenido bogotano Pablo Matiz también residente de la localidad, denunció en redes sociales un presunto atraco ocurrido en inmediaciones de los conjuntos de apartamentos de Multicentro, cerca del centro comercial Unicentro, y pidió a las autoridades verificar la información sobre una motocicleta que, según relató, habría sido usada en el hecho.

Matiz aseguró que presenció el episodio mientras se desplazaba por el sector, cerca de Unicentro. De acuerdo con su relato, una mujer gritó tras el paso de una moto y señaló que los ocupantes habrían cometido el robo. El creador de contenido afirmó que la víctima entregó a las autoridades la placa que alcanzó a identificar.

“No sé, la policía o lo que sea, qué puta mierda que estén robando otra vez por Multicentro, plena luz del día, son las doce del día, hoy, ZYN59G, para que la tengan en cuenta. Man solo, una motico de esas medio anaranjadita. Qué puta mierda. Comparta el video para que al menos cojan a esa rata o sepan y la tengan entre ojos (sic)”, dijo.

“Ya la señora dio las placas; ella está poniendo la denuncia”, manifestó Matiz, que pidió que las autoridades adelanten las verificaciones correspondientes.

Antes de presenciar el presunto hurto, Matiz contó que había visto al mismo hombre con una mochila de Rappi y un letrero en el que manifestaba que no tenía celular y buscaba trabajo.

El creador de contenido dijo que decidió regresar al sector con la intención de entregarle un teléfono. “Si ven al tipo que tiene un letrero que dice ‘No tengo celular, quiero trabajar’, avísenme, que le tengo un celular”, señaló.

Matiz pidió a sus seguidores compartir el video para ubicar al hombre. También solicitó que las autoridades revisen las denuncias que puedan existir sobre hechos similares en la zona y determinen si hay responsabilidad penal de los involucrados en el presunto atraco.

El último boletín que publicó XM, la empresa encargada del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y administrar el Mercado de Energía Mayorista (MEM), advirtió que el Sistema Interconectado Nacional enfrentaría restricciones para cubrir la demanda durante el verano 2026-2027 si coinciden un mayor consumo, bajos aportes hídricos, límites en la generación térmica, retrasos en infraestructura y una caída de los embalses.

Según el reporte, Colombia entraría en una zona de riesgo energético si se materializan de forma simultánea cinco condiciones ya identificadas. El escenario, analizado hasta abril de 2027, no implica que un apagón sea inevitable, pero sí advierte sobre una posible demanda no atendida o medidas de racionamiento.

El boletín, publicado el 25 de septiembre de 2026, se contectualizó en los pronósticos climáticos que anticipan un posible fortalecimiento de El Niño entre octubre y diciembre de 2026, con una probabilidad del 90% de que el fenómeno alcance una intensidad fuerte y del 75% de que sea el más intenso desde 1950.

Una demanda récord elevaría la exigencia sobre el sistema

El primer factor es el crecimiento del consumo eléctrico según las proyecciones de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme). En septiembre de 2026, la demanda alcanzó 266,81 GWh diarios y la potencia máxima llegó a 12.683 MW, ambos registros históricos.

Para el verano 2026-2027, XM prevé que el consumo máximo diario pueda subir hasta 271,69 GWh. Aunque las fuentes solares aportan cerca de 20 GWh diarios, el sistema dependería del respaldo hidráulico y térmico para cubrir el resto de la demanda.

Los aportes de agua deberían recuperarse antes del verano

El segundo riesgo está relacionado con la disponibilidad de agua en los embalses. Al 24 de septiembre, los aportes hídricos del SIN equivalían al 66,1% de la media histórica.

XM calcula una diferencia acumulada de 4.706 GWh frente a los aportes registrados durante El Niño de 2015-2016 en la misma etapa del año. La empresa estima que el nivel agregado de los embalses debería acercarse al 80% antes del inicio de la temporada seca para preservar los indicadores de confiabilidad.

Los escenarios de menor disponibilidad hídrica contemplan niveles reducidos en embalses de suma importantcia como Guavio, Guatapé, Chivor, Salvajina, El Quimbo, Sogamoso y Muña.

Las térmicas tendrían que generar más energía diaria

El tercer elemento es la disponibilidad efectiva de la generación térmica. XM señala que estas plantas deben mantener un promedio superior a 85 GWh diarios hasta abril de 2027 para reducir la presión sobre los embalses.

Bajo escenarios más exigentes, el requerimiento podría llegar a 102 GWh diarios. Para cumplir esa meta, las centrales necesitarían contar con gas natural, combustibles líquidos, transporte e infraestructura disponibles durante los meses secos.

El sistema requeriría hasta 484 Gbtud de gas natural, además de 35 Gbtud para Termoyopal, y unos 34.039 barriles diarios de combustibles líquidos para que las plantas cumplan sus Obligaciones de Energía Firme.

Los retrasos en generación y transmisión reducirían los márgenes

El cuarto factor está asociado con la entrada de nuevos proyectos y el estado de la red de transmisión. XM estima una brecha de 7.669 GWh-año entre la energía firme disponible y la demanda media prevista para 2026-2027, equivalente al 8,3% del consumo proyectado.

A esto se suman atrasos en la infraestructura de transmisión. Según el informe, la mitad de los proyectos presenta demoras frente a las fechas iniciales de entrada en operación.

La situación tiene una mayor sensibilidad en la región Caribe, donde se concentraron 345 de las 360 instrucciones de desconexión de carga impartidas por XM entre enero y septiembre de 2026. Además, la etapa dos de Chivor, con capacidad de 500 MW, entrará en mantenimiento desde el 28 de septiembre de 2026 hasta el 10 de junio de 2027.

Los embalses no deberían caer por debajo del 30%

El quinto riesgo es que el embalse parcial del sistema baje del 30%, umbral fijado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para las medidas adoptadas ante El Niño.

Si se combinan aportes hídricos bajos, mayor consumo y una generación térmica insuficiente, el sistema tendría que recurrir con mayor intensidad a las reservas de agua. XM estima que, bajo una hidrología similar a la de 2015-2017 y una generación térmica limitada a 85 GWh diarios, los niveles podrían acercarse a ese límite entre febrero y abril de 2027.

La empresa aclaró que se trata de un escenario condicionado y no de una predicción. El resultado dependerá de la evolución del clima, la disponibilidad de combustibles, la entrada de nuevas obras, el comportamiento de la demanda y las medidas de ahorro energético.

La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y la Gobernación de Sucre confirmaron la entrega de ocho bancos de maquinaria agrícola para fortalecer la cadena de yuca industrial en el departamento, dentro de un proyecto que moviliza más de $10.295 millones y beneficia a 690 productores rurales.

La jornada tuvo lugar en el corregimiento de Chinulito, en el municipio de Colosó, y contó con la participación del presidente de la ADR, Orlando José Dangond Baute. La iniciativa proyecta el establecimiento de 690 hectáreas de cultivo y vincula a ocho organizaciones de productores.

Cada organización recibió un banco de maquinaria integrado por un tractor de 95 caballos de fuerza, una rastra de 20 discos, un remolque con capacidad para cuatro toneladas y un caballoneador. Los equipos permitirán apoyar la preparación de los terrenos, la siembra y el manejo de los cultivos.

De acuerdo con la información suministrada desde la ADR, los bienes entregados corresponden a la contrapartida de la Gobernación de Sucre, que aporta $2.942,6 millones en maquinaria, bienes y servicios.

El proyecto de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (Pidar) también contempla la compra de semillas e insumos. La ejecución incluye acciones para impulsar la asociatividad y facilitar la comercialización de la producción de yuca industrial.

La iniciativa reúne a la ADR, la Gobernación de Sucre, el Cabildo Indígena de Gualón y la Fundación Bioentorno.

La Agencia de Desarrollo Rural informó que continuará el seguimiento de los componentes a su cargo para avanzar en la siembra de yuca industrial en Colosó, Corozal, Chalán, Los Palmitos, Ovejas, San Antonio de Palmito, San Onofre y Tolú Viejo.

Según la entidad, el objetivo es aumentar la capacidad productiva de las organizaciones rurales y ampliar sus opciones de comercialización mediante el fortalecimiento de la cadena de la yuca industrial en Sucre.

Qué es la yuca industrial y qué variedades se trabajan en Colombia

La yuca industria es una variedad que está orientada al uso industrial, especialmente a la extracción de almidón. Agrosavia, que es el nombre de la Corporación colombiana de investigación agropecuaria, presentó siete variedades mejoradas de yuca industrial disponibles para producción comercial en Colombia, desarrolladas para la costa Caribe, la Orinoquía y el departamento del Cauca.

Los materiales alcanzan rendimientos de hasta 37,4 toneladas de raíces frescas por hectárea, por encima del promedio nacional de 16,2 toneladas por hectárea reportado para este cultivo.

Las variedades fueron desarrolladas entre 1986 y 2019 a partir de procesos de selección y evaluación en campo en las regiones donde se proyecta su uso. El trabajo contó con aportes del Centro Internacional de Agricultura Tropical (Ciat), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y Agrosavia, antes denominada Corpoica.

En la costa Caribe, las variedades Corpoica Tai, Corpoica Belloti, Corpoica Sinuana y Corpoica Ropain están adaptadas a terrenos ubicados entre 10 y 500 metros sobre el nivel del mar. Sinuana registra el mayor rendimiento del grupo, con 31,8 toneladas por hectárea, seguida por Belloti, con 30,3 toneladas, y Tai, con 29,3. Ropain alcanza 28,4 toneladas, aunque se diferencia por producir mayor cantidad de follaje. Belloti tiene además el rango más alto de materia seca entre las variedades caribeñas, con hasta 39,6%.

Para el Cauca, Agrosavia desarrolló Corpoica Cumbre 3 y Corpoica La Francesa, adaptadas a zonas de entre 1.400 y 1.800 metros sobre el nivel del mar, donde se concentra parte de la producción de almidón agrio. Cumbre 3 alcanza 33,7 toneladas por hectárea, mientras La Francesa lidera el catálogo con 37,4 toneladas. Esta última supera en 89% el rendimiento del cultivar regional Algodona, utilizado como referencia en las evaluaciones.

En la Orinoquía, la variedad Agrosavia Melúa-31 fue liberada en 2019 después de evaluaciones realizadas durante dos décadas en municipios del Meta. En ensayos semicomerciales superó las 26 toneladas por hectárea y alcanzó máximos de 40 toneladas. Su contenido de materia seca llega al 36%, ocho puntos porcentuales más que la variedad Brasilera, usada como testigo.

Con un tablero a la mano, el congresista sostuvo que una eventual medida tendría implicaciones fiscales de gran escala. “¿De cuánto estamos hablando? Entre cuatro y ocho billones de pesos, que podría ser una reforma tributaria”, explicó en un video sobre el tema.

Rodríguez señaló que el análisis debe contemplar, entre otras normas, la Ley 100 de 1993, la Ley 238 de 1995, la Ley 819 de 2003 y la Ley 4 de 1992. Aclaró que una decisión sobre pagos o ajustes salariales no depende únicamente del Congreso.

“Un senador no está en potestad de decir: a todo el mundo le paga las nivelaciones salariales de la Fuerza Pública”, afirmó. Según explicó, cualquier iniciativa requeriría respaldo y coordinación con el Gobierno, por las restricciones constitucionales en materia de gasto público.

El senador sostuvo que los militares y policías habrían quedado pendientes de una nivelación durante ese periodo, “cuando no se nos subió a los servidores de la fuerza pública el sueldo”, indicó.

“Básicamente, a todos los empleados públicos ya se les subió el sueldo, ya le nivelaron, en especial a la rama judicial y también a los profesores. A los demás miembros, como nosotros, los militares y policías, a nosotros nos deben. A nosotros todavía no nos han aumentado el sueldo, a ninguno de nosotros. ¿Y por qué? Porque nosotros no tenemos, sindicatos. Y nosotros no hemos peleado juntos”, expresó en su explicación.

También afirmó que el asunto debe ser objeto de un estudio “con rigor” jurídico y financiero antes de adoptar decisiones, a la vez que relacionó el debate con el artículo 154 de la Constitución Política, que regula la iniciativa legislativa en asuntos que implican gasto público. Por esa razón, insistió en que se requiere participación del Ejecutivo para avanzar en una solución.

“Esta es una pelea que hay que dar y se da desde el Congreso, pero con apoyo de algo muy importante que es el Gobierno. Ya hemos venido haciendo videos explicativos para que entiendan por qué la iniciativa no puede ser de nosotros como senadores. ¿Y quién lo dice? Pues los grandes genios en derecho y abogados constitucionalistas, que son los que nos están asesorando", dijo.

Rodríguez pidió respaldo para la discusión en el Congreso

El congresista afirmó que trabaja en el tema con asesores especializados y pidió respaldo de los integrantes de la Fuerza Pública. “A nuestros soldados y policías les digo algo claro: cuenten conmigo”, señaló.

Además, mencionó un proyecto que, según indicó, busca proteger las asignaciones de retiro. El senador pidió que el debate sobre las nivelaciones salariales se adelante con apoyo técnico, sin confrontaciones entre los sectores interesados.

“Entonces, algo muy importante. Yo soy la persona que está peleando por el bienestar de nosotros, pero sí es algo muy doloroso, doloroso, que entre nosotros mismos nos damos el puñal en la espalda. Vengan a sumar, vengan a apoyarnos, pero no vengan a atacar. Y desde luego, yo no voy a salirle a nadie que me insulte y mucho menos que me diga groserías en las redes sociales”.

Agregó que, al ser “un patriota” buscará “el bien de mis soldados y policías. Así que cuenten conmigo para apoyar no solamente en este proyecto, sino el que acabamos de radicar, que es el blindaje de nuestras asignaciones de retiro”, concluyó.

La directora de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), Valerie Lafaurie, afirmó que la verificación abarcará proyectos de inversión, convenios, contratos directos y gastos administrativos financiados con recursos del Fondo Colombia en Paz.

“Hay recursos comprometidos, contratos suscritos y estructuras administrativas financiadas, pero evidentemente la ejecución física en territorio no avanza al mismo ritmo”, señaló Lafaurie, a través de la emisión de un balance oficial

El 91% del presupuesto de inversión de 2026 está comprometido: solo el 18% ha sido pagado

Según la funcionaria, la ART cuenta en 2026 con un presupuesto de inversión de $68.309 millones. De ese total, el 91% está comprometido, aunque los pagos llegan al 18%, indicó la funcionaria.

Por ende, Lafaurie indicó que existen 92 proyectos por cerca de $179 mil millones con avances físicos inferiores al 30%. También señaló que, entre 2022 y 2026, la ART y la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos destinaron alrededor de $ 368 mil millones a 7.600 contratos de prestación de servicios.

Más del 95% de esos recursos provino del Fondo Colombia en Paz, según la directora. Solo en 2025, la Dirección de Sustitución habría asignado cerca de $88 mil millones a contratos de prestación de servicios, una cifra 9,3 veces superior a la registrada en 2022.

La revisión también incluye cerca de $2,9 billones asignados entre 2022 y 2026 a ambas entidades a través del Fondo Colombia en Paz. De acuerdo con Lafaurie, más del 90% de esos recursos aparece comprometido, mientras la ejecución física total reportada no supera el 40%.

En el programa Renacemos, añadió, se asignaron $1,3 billones y el avance informado ronda el 20%. La directora mencionó además convenios de la Dirección de Sustitución con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) por más de $760.000 millones, con una ejecución reportada inferior al 30%.

La ART identificó 13 contratos suscritos desde 2024, mediante contratación directa con organizaciones comunitarias, resguardos indígenas y otros actores territoriales, por cerca de $4.600 millones, que registran ejecución física de 0%.

Detectaron convenios pendientes de liquidación y fallas de reporte en el Secop

Entre las alertas expuestas por Lafaurie, figuran 19 convenios y contratos interadministrativos que permanecen pendientes de liquidación, pese a que fueron suscritos entre 2022 y 2025.

La entidad también señaló posibles duplicidades en gastos de transporte y arrendamiento de sedes territoriales de la ART y la Dirección de Sustitución en 16 subregiones. A ello se suman contratos de vehículos con conductor en territorios donde, según la información revisada, no existen proyectos en ejecución.

Lafaurie afirmó que se detectaron deficiencias en la publicación de documentos contractuales y soportes de ejecución en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop). “Vamos a revisar proyecto por proyecto, contrato por contrato y territorio por territorio”, aseguró.

La directora indicó que los casos en los que se adviertan posibles irregularidades serán trasladados a las autoridades competentes. “Los recursos para las regiones no pueden quedarse atrapados en trámites, contratos o estructuras administrativas. Tienen que convertirse en vías, proyectos productivos y oportunidades reales para las comunidades”, concluyó.

“Es realmente lamentable que una entidad como la ART, que atiende población víctima afectada por el conflicto y que está llamada a propender por el desarrollo de los municipios adscritos al Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), sea utilizada con fines burocráticos, sin ningún tipo de planificación y en el marco de unas dinámicas lejanas a los principios de transparencia y eficiencia. Desde la Gerencia de Regiones vamos a hacer un seguimiento para que los recursos públicos cumplan el propósito para el que fueron destinados: mejorar la vida de los colombianos en las regiones”, dijo la servidora presidencial.

La Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional de Colombia esclarecer la muerte del ciudadano y campesino Luis Carlos Mojica Guzmán —residente del área rural de La Macarena, Meta— ocurrida durante un operativo de la fuerza pública denunciado por la comunidad de la vereda Guaduales Nueva Esperanza.

La institución informó que conoció las denuncias sobre los hechos ocurridos el 22 de septiembre de 2026 en zona rural del municipio. Además de la muerte reportada, señaló que una mujer habría sufrido graves afectaciones contra su dignidad e integridad.

La Defensoría indicó que acompañó a las personas y familias afectadas y que verificó la información divulgada por la comunidad. También requirió al Ejército un reporte completo sobre el procedimiento y pidió a las autoridades competentes adelantar las investigaciones correspondientes.

“Solicitamos al @COL_EJERCITO información completa sobre lo sucedido, a las autoridades competentes esclarecer con la debida diligencia y oportunamente los hechos, inclusive la muerte reportada, y determinen las responsabilidades a que haya lugar”, indicó la entidad.

La Defensoría solicitó que se determine con debida diligencia lo sucedido, incluidas las circunstancias de la muerte y las responsabilidades que puedan derivarse de los hechos.

También pidió al Ministerio de Defensa activar sus mecanismos internos de control, verificar la actuación de los uniformados y adoptar medidas de prevención ante posibles vulneraciones de derechos humanos.

Esta fue la denuncia de la JAC

La Junta de Acción Comunal de la vereda Guaduales Nueva Esperanza, en La Macarena, Meta, denunció que Luis Carlos Mojica Guzmán habría muerto tras recibir disparos durante una operación del Ejército Nacional el 22 de septiembre.

Según el documento enviado a la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa, la Procuraduría General de la Nación y otras entidades, los hechos ocurrieron hacia las 12:30 p. m. en una vivienda campesina de la zona rural.

La denuncia sostiene que tropas del Ejército ingresaron al inmueble, donde se encontraban Yuli Andrea Motta Tovar, Luis Carlos Guerrero Real y sus dos hijos. La Junta de Acción Comunal afirmó que la mujer habría sido amarrada, golpeada e interrogada, mientras los demás integrantes de la familia permanecían retenidos dentro de la casa.

De acuerdo con el relato de la comunidad, hacia las 3:35 p. m. Luis Carlos Mojica Guzmán llegó a la vivienda para averiguar qué sucedía. En ese momento, los militares presuntamente le dispararon pese a que no portaba armas ni representaba una amenaza.

La Junta de Acción Comunal aseguró que el hecho ocurrió ante la presencia de Luis Carlos Guerrero Real y una de sus hijas. El otro menor habría salido del lugar en bicicleta para buscar a su madre en una finca cercana.

La organización comunitaria también señaló que los uniformados retiraron el cuerpo de Mojica Guzmán y que, hasta ahora, no se conoce su ubicación. Según la denuncia, después del ataque se registraron disparos en el sector y algunas personas habrían recibido amenazas cuando intentaron acercarse al lugar.

La Fiscalía investiga los hechos reportados

Horas después, habitantes de la vereda llegaron a la vivienda y encontraron a la familia en estado de pánico, además de casquillos, impactos de bala y otros elementos que, según la Junta de Acción Comunal, podrían estar relacionados con el presunto homicidio.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) pidió una investigación urgente, independiente y transparente para establecer las circunstancias de la muerte, identificar a las unidades que participaron en la operación y determinar qué ocurrió con el cuerpo del campesino.

Fuentes del Ejército Nacional indicaron que la Fiscalía adelanta una investigación sobre el caso. La entidad judicial deberá establecer si la persona fallecida corresponde a Luis Carlos Mojica Guzmán y definir las responsabilidades que puedan derivarse de los hechos denunciados.

En sus redes sociales, el mandatario, que publicó un video con el episodio en redes sociales, el responsable fue identificado por las autoridades. Además de la acción ante la Fiscalía General de la Nación, ordenó iniciar los procedimientos administrativos para imponer los comparendos que correspondan por una posible agresión a la autoridad.

“No vamos a tolerar la violencia contra quienes trabajan por nuestra ciudad. La intolerancia y la violencia no pueden convertirse en la respuesta”, afirmó Sánchez Perico.

Según se ve en el clip, el ciudadano no acató una orden dada por la funcionaria, en el sector de la vía Indumil, entrada a Quintas de la Laguna.

En la escena se ve claramente que la operadora vial hizo una señal de pare al conductor de la camioneta Toyota Fortuner, que, en principio, se detuvo. Sin embargo, tras una serie de interacciones entre la funcionariay el conductor, este decidió irse del punto mientras ella se sostenía de la ventana del vehículo. Al arrancar el conductor, la operadora vial fue arrastrada y quedó en el suelo, tirada boca abajo.

El alcalde soachuno vinculó el caso con otro hecho violento ocurrido días atrás, en el que murió un joven que cumplía labores de trabajo.

Por su parte, la Alcaldía de Soacha no ha divulgado más detalles sobre las circunstancias de la agresión, la identidad del conductor ni el estado de salud de la funcionaria.

Así fue el caso de Cristian Garzón, el guardia de seguridad de TransMilenio que fue asesinado por dos evasores del pasaje

Una jueza de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Deivid Gabriel Acevedo Sánchez y Anngi Natalia Díaz Sierra, investigados por el homicidio agravado de Cristian David Garzón Castro, guarda de seguridad de TransMilenio que murió tras una agresión en la estación Terreros, en Soacha.

La Fiscalía General de la Nación les imputó el delito de homicidio agravado, cargo que ninguno de los procesados aceptó. El ataque ocurrió hacia las 9:12 a. m. del viernes 18 de septiembre de 2026, luego de que el trabajador les reclamara por ingresar al sistema sin pagar el pasaje.

Según informaron las autoridades, luego de que los detenidos habrían ingresado de forma irregular al sistema y fueron requeridos por Garzón y otros integrantes del grupo de seguridad que realiza controles contra la evasión del pago del pasaje.

Según la hipótesis del ente acusador, Acevedo Sánchez habría atacado a Garzón con una navaja durante la discusión. La herida, en el quinto espacio intercostal izquierdo, le causó lesiones en el torso a la altura del corazón.

Durante la audiencia, la Fiscalía señaló que Díaz Sierra habría alentado a Acevedo Sánchez para que continuara el ataque contra el integrante de la escuadra antievasión de TransMilenio.

La Policía Nacional informó oficialmente que capturó a ambos en flagrancia en vía pública, luego de la agresión ocurrida en la estación Terreros. En el procedimiento, los uniformados incautaron un arma blanca que sería analizada dentro de la investigación.

Los compañeros de Garzón trasladaron al joven, de 27 años, a la IPS Virrey Solís de Soacha, pero murió minutos después por la gravedad de las lesiones.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó el crimen y afirmó que el Distrito apoyará las actuaciones judiciales. Por su parte, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, pidió celeridad en el esclarecimiento del caso y sostuvo que ninguna persona puede perder la vida por exigir el cumplimiento de las normas.

El procedimiento se realizó en una lujosa vivienda de Medellín, en una operación conjunta de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), la Inteligencia Policial (Dipol) y la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la información oficial, Chacón quedó a disposición de Migración Colombia, mientras las autoridades definen su situación judicial y un eventual proceso de extradición hacia Estados Unidos. La Administración para el Control de Drogas (DEA) lo requiere y lo vincula desde 2015 con la Mexican Mafia.

La Fiscalía sostiene que “El Mexicano” habría creado empresas fachada en Medellín y Tijuana, México, para aparentar actividades comerciales legales y canalizar recursos de origen ilícito.

Durante el registro a la residencia, los investigadores incautaron cuatro computadores, dos tabletas, siete discos duros, seis teléfonos celulares, dos memorias USB, agendas y documentación contable. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) inició el análisis de esos elementos para establecer el alcance de la presunta red financiera, cinfirmó el alcalde de la capital antioqueña.

Según las autoridades, el investigado habría mantenido relaciones comerciales y financieras con compañías constituidas en Estados Unidos. Las pesquisas buscan determinar si esas sociedades funcionaron como vehículos para operaciones de lavado de activos relacionadas con el narcotráfico.

El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, afirmó que en la captial antioquña “no hay espacio para quienes pretenden convertir nuestra ciudad en plataforma del crimen organizado. Aquí los buscamos, los encontramos y los ponemos a disposición de las autoridades competentes. La ciudad se respeta. Uno a uno van cayendo”, escribió en su cuenta de X.

Pagos de hasta 15.000 dólares mensuales a grupos criminales locales

Los organismos de seguridad también indicaron que Chacón presuntamente pagaba entre 10.000 y 15.000 dólares mensuales a integrantes de La Terraza y a subestructuras del Clan del Golfo.

Esos recursos, de acuerdo con la investigación, tenían como fin garantizar seguridad territorial, custodiar cargamentos de estupefacientes y proteger al señalado enlace criminal durante sus desplazamientos por el área metropolitana del Valle de Aburrá.

La información oficial añade que alias El Mexicano contaba con un esquema de seguridad conformado, en parte, por policías retirados. También se movilizaba en al menos dos vehículos blindados de alta gama.

Los informes compartidos con las autoridades colombianas por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y la oficina de la DEA en México señalan que Chacón tiene antecedentes en ese país por agresión agravada con arma de fuego, infracciones a la normativa sobre armas y secuestro extorsivo de adultos, informó El Tiempo.

Las autoridades estadounidenses lo identificaron en 2015 como integrante activo de la Mexican Mafia, una organización criminal surgida en prisiones de Estados Unidos que, según los reportes de inteligencia citados por la Fiscalía, mantiene vínculos operativos con carteles mexicanos.

El material incautado en Medellín será sometido a peritajes forenses y la Fiscalía busca establecer si la estructura atribuida a Chacón tuvo participación en operaciones de narcotráfico y lavado de activos del Cjng en Colombia.

Cinco capturados por presunta red que ofrecía viajes a México para llevar migrantes a Estados Unidos

La Policía Nacional confirmó el 23 de septiembre de 2026 que capturó a cinco presuntos integrantes de una red de tráfico internacional de migrantes que, según la investigación, ofrecía paquetes turísticos a México para trasladar de forma irregular a ciudadanos colombianos hacia Estados Unidos.

La operación Thunder II se desarrolló el 24 de septiembre en Villavicencio y Mesetas, en el departamento del Meta. La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), la Fiscalía General de la Nación y la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) participaron en el procedimiento.

De acuerdo con las autoridades, la estructura cobraba entre $ 10 millones y $ 15 millones por persona. Las pesquisas indican que el grupo operaba desde al menos 2022 y que más de 300 migrantes habrían salido de Colombia mediante este esquema.

El presidente Abelardo de la Espriella respondió públicamente a los cuestionamientos por portar un arma de fuego durante sus recorridos y operativos militares de las recientes jornadas.

En medio de cuestionamientos y acusaciones en redes sociales, el mandatario, durante una rueda de prensa a la salida del evento de nombramiento de Joaquín Gutiérrez como nuevo preisdente de Ecopetrol, aseguró que las críticas no afectan su actuación y, por el contrario, lo motivan.

“Que sigan criticando, que eso me impulsa”, afirmó De la Espriella al ser consultado por un periodista sobre el tema.

La pregunta hizo referencia, en especial, a las imágenes en las que el presidente aparece con un cinto armado, pero no acciona el instrumento. El mandatario no entregó más detalles sobre el uso de la pistola.

En esa misma intervención, el presidente defendió el nombramiento de Joaquín Gutiérrez como cabeza de Ecopetrol, empresa petrolera del país: “Miren, les quiero, les quiero decir algo. La trayectoria empresarial de Joaquín Gutiérrez no la tiene nadie que haya llegado antes a la presidencia de Ecopetrol. Es un tipo de resultados y ya van ustedes a ver lo que hacemos con Ecopetrol”.

Debate por el arma que portó Abelardo de la Espriella durante recorrido en Santa Marta

El presidente despertó un fuerte debate tras ser visto, en medio del paro armado anunciado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también conocidas como Los Pachenca, con una pistola al cinto.

El mandatario visitó varios sectores de la ciudad el 22 de septiembre de 2026, acompañado por su esquema de seguridad, integrantes de la Policía Nacional y unidades de la Primera División del Ejército.

Durante la jornada, De la Espriella mostró imágenes del despliegue de la fuerza pública y aseguró que el Estado mantendría el control del territorio.

“A los bandidos de los Pachenca y de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra se los notifico con absoluta claridad: el Estado, con toda su fuerza legítima, no dará un solo paso atrás ante sus cobardes amenazas”, afirmó.

Pero estas imágenes abrieron el debate sobre si el jefe de Estado puede portar un arma personal durante actividades públicas.

Según la información conocida por el medio Cambio, el arma sería una Glock 19 Gen5, semiautomática y de calibre 9 milímetros.

No obstante, la normativa colombiana establece que el presidente no tiene un permiso automático para portar armas personales por razón de su cargo, a menos que él tenga el requerido permiso.

El Decreto 2535 de 1993 señala que los particulares deben contar con una autorización vigente de tenencia o porte. El permiso de porte permite llevar el arma consigo, mientras que la tenencia autoriza su posesión en un lugar determinado.

En ese sentido, el porte del arma por parte del mandatario dependería de que esta se encuentre amparada por una autorización legal vigente.

Juristas explicaron las condiciones legales

El penalista Francisco Bernate confirmó esta postura, en diálogo con El Tiempo, cuando dijo que el presidente podría portar el arma si cuenta con el permiso correspondiente.

“El presidente, entiendo, tiene permiso para portar armas, de manera que es perfectamente posible. Tengamos en cuenta que es el comandante de las Fuerzas Militares”, explicó el abogado.

Una posición similar planteó Enán Arrieta, abogado y profesor de Derecho Constitucional, quien señaló en el mismo medio que la condición de comandante supremo de las Fuerzas Armadas debe analizarse junto con las autorizaciones administrativas exigidas por la ley.

“El presidente de la República es, por mandato constitucional, comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Con las previsiones administrativas correspondientes, está autorizado a portar armas”, afirmó.

Uno de los críticos más férreos fue el expresidente Gustavo Petro que, según él, el uso del arma en la indumentaria del mandatario evoca “épocas pasadas”.

No obstante, durante la campaña presidencial, De la Espriella aseguró que tiene contacto con armas de fuego desde que tenía 20 años, aunque negó haberlas utilizado para amenazar o atacar a otra persona.

“He portado armas desde que tengo 20 años. Me di puño en la universidad, en la calle y nunca encañoné a nadie. Nunca saqué un arma ni le hice un tiro a nadie”, dijo en una entrevista.

De acuerdo con la información confirmada por las instituciones departamentales, en el encuentro se aprobó una estrategia que contempla el aumento de la presencia de la fuerza pública, controles terrestres, patrullajes conjuntos, vigilancia aérea y acciones de inteligencia contra las organizaciones criminales que operan en el departamento.

“El Magdalena está en mi corazón y no lo voy a dejar solo. Encabecé el encuentro «El milagro de las regiones» junto a los mandatarios locales para revisar punto por punto las necesidades del departamento y articular a todo mi gobierno en soluciones efectivas. Aquí venimos a resolver con hechos, gerencia y compromiso patriótico en el propio territorio", sostuvo el jefe de Estado en sus redes sociales.

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, comentó sobre el encuentro: “Seguimos avanzando en nuestra agenda con el presidente @ABDELAESPRIELLA. Hablamos de seguridad, de las inversiones que hemos realizado y de las necesidades que tenemos para seguir fortaleciendo las capacidades del Magdalena y recuperar la tranquilidad de nuestra gente”.

Por su lado, durante su declaración, el mandatario informó que los integrantes de Los Pachenca, nombre con el que también se identifican las Acsn, que permanecen detenidos en una cárcel de Santa Marta, serán trasladados fuera del departamento.

“Están siendo trasladados de la cárcel, aquí en Santa Marta, todos los miembros de ‘Los Pachenca’ y de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra que estaban detenidos aquí”, afirmó, citado por el medio caribeño Zona Cero.

De hecho, el primer dignatario dio este reporte en la mañana del 25 de septiembre: “En las últimas 24 horas, la Fuerza Pública reportó 72 capturas y seis narcoterroristas dados de baja. En Santa Marta fueron capturadas cuatro personas requeridas en extradición por Estados Unidos. También se incautaron más de 17.000 galones de insumos líquidos asociados al narcotráfico. ¡Los vamos a acabar!”.

Por eso, el presidente agregó que los detenidos en los próximos días también serían enviados fuera de Santa Marta.

“Se van todos fuera del departamento y todos los que sean detenidos en los próximos días también se van fuera de Santa Marta, porque no tiene sentido que dejemos en los propios territorios, donde delinquen, a los presos más peligrosos”, señaló.

Reforzarán controles y patrullajes

El presidente De La Espriella aseguró en el mismo encuentro que el Magdalena cuenta con una presencia histórica de policías y militares. También anunció el fortalecimiento de las operaciones en zonas estratégicas del departamento.

“Nunca antes en la historia de Magdalena este departamento había tenido tanta presencia policial y militar”, sostuvo.

El jefe de Estado explicó que la fuerza pública reforzará sus capacidades en Santa Marta, Ciénaga y la Troncal del Caribe, de acuerdo con el medio mencionado. “Reforzamos la presencia aquí en Santa Marta, en Ciénaga y en la Troncal del Caribe y aumentamos los controles terrestres, los patrullajes conjuntos y la vigilancia aérea”, dijo.

La estrategia también incluirá el uso coordinado de unidades terrestres, aéreas y acuáticas, junto con labores de inteligencia e investigación criminal, porque “la instrucción que he dado es profundizar esa intervención. Vamos a desplegar una estrategia de seguridad empleando, de manera articulada, nuestras capacidades terrestres, aéreas y acuáticas, además de la inteligencia combinada de todas nuestras fuerzas, la investigación criminal y el control territorial”, afirmó el mandatario.

Gobierno busca desmantelar estructuras criminales

El presidente aseguró que el objetivo de la operación no es únicamente responder a los delitos cometidos, sino afectar el poder de las organizaciones criminales en el territorio.

“La función hoy del Estado no es reaccionar contra el delito, sino que estamos aquí para desmantelar el poder criminal que los narcoterroristas tienen en el departamento”, indicó.

Para alcanzar ese propósito, el Gobierno anunció acciones contra las fuentes de financiación de estos grupos.

“Vamos a hacerlo atacando sus economías ilegales, atacando la fuente de financiación que es el narcotráfico, la extorsión y el lavado activos, y, por supuesto, persiguiéndolos a ellos como ya se ha hecho”, manifestó De La Espriella.

El mandatario también se refirió a los resultados de las operaciones en las que fue dado de baja alias Cholo. Aseguró que las acciones contra los cabecillas deben estar acompañadas por golpes a las redes económicas y logísticas de las organizaciones.

“Capturar a un delincuente o darlo de baja sirve, pero no es suficiente si su estructura conserva el dinero, las rutas, los testaferros y la capacidad de reemplazarlo”, concluyó.

De acuerdo con el presidente, las nuevas medidas buscan recuperar el control territorial y garantizar la seguridad de las comunidades en Santa Marta, Ciénaga y los corredores viales del Magdalena.

A través de sus redes sociales, Cabal aseguró que la nueva administración confirmó advertencias que había hecho durante el Gobierno anterior.

“¡Odio decir que lo advertí, pero sí lo advertí!”, escribió la excongresista. En su mensaje, la líder política cuestionó el manejo de los recursos del canal y señaló que la entidad habría destinado dinero a actividades que no contaban con soporte financiero, especialmente orientadas a la promoción del Gobierno Petro.

“Rtvc se convirtió en la caja de resonancia de la propaganda petrista: millones derrochados en conciertos, convenios oscuros y pauta digital para inflar el ego del régimen”, afirmó.

De hecho, la exfuncionaria legislativa recordó el video en el que denunció los elevados costos del documental ‘Petro: décadas de lucha, un pueblo que decide’.

“¿Diez mil dólares costaron los derechos de transmisión del documental de Narciso Petro? ¿Hasta cuándo le pagamos sus vanidades cuando no hay plata para la gasolina, ni de la Policía, ni del Ejército, ni plata para medicamentos de los pacientes, ni plata para nada, porque a todo el mundo lo dejó en la olla? Así no se hace país, así no se hace patria. Por eso en el 2026 esto cambiará completamente. A respetar a la gente", dijo en su momento.

Según el comunicado oficial, con corte al 31 de agosto de 2026, Rtvc había recaudado $312.263 millones de los $460.654 millones previstos como ingresos para el año.

La entidad también informó que había comprometido $356.566 millones, una cifra que supera en $44.303 millones los recursos efectivamente recibidos.

La entidad de medios públicos señaló que la administración anterior asumió compromisos relacionados con conciertos, eventos y otras actividades sin contar con recursos disponibles o recaudados. “Mientras se asumían esos compromisos, quedaron sin respaldo suficiente gastos indispensables y previsibles, entre ellos los servicios públicos, la energía y los arrendamientos de las estaciones”, indicó.

Advierten riesgo para la radio y la televisión públicas

El Sistema de Medios Públicos aseguró en el comunicado que actualmente no cuenta con caja suficiente para atender servicios públicos y arrendamientos de estaciones, situación que podría afectar la continuidad de la radio y la televisión públicas en varias zonas del país.

Frente a este panorama, Cabal lanzó fuertes críticas contra la gestión anterior. “No solo rasparon la olla: ¡se la robaron entera! Son unos depredadores del erario”, escribió.

Rtvc, a su vez, sostuvo que la falta de financiación no representa únicamente un problema administrativo, sino que puede afectar el acceso de los ciudadanos a información de interés general y el pluralismo en los medios de comunicación.

Nueva administración pidió recursos adicionales

Por su parte, según el documento, la actual gerencia informó que priorizó el pago de la nómina, la seguridad social y la continuidad de la señal. Por ende, suspendió nuevos compromisos que no contaran con financiación desembolsada y ordenó revisar la ejecución presupuestal y contractual.

La entidad aseguró que estas medidas reducen el riesgo, pero no solucionan el déficit heredado. Por esa razón, solicitó el acompañamiento del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Fondo Único de TIC y el Ministerio de Hacienda.

La entidad pidió construir una ruta de desembolsos y un plan de financiación para atender los servicios públicos, los arrendamientos de estaciones y otras obligaciones esenciales hasta el cierre de 2026.

“El país debe conocer lo ocurrido: se dejaron compromisos sin respaldo y se pusieron en riesgo obligaciones básicas”, afirmó Rtvc.

La entidad agregó que los recursos adicionales son necesarios para sostener la infraestructura que garantiza el acceso a la información de millones de colombianos.

También se informó sobre una reunión extraordinaria realizada el 15 de agosto de 2026, en la que el Ministerio de las TIC y la dirección de Inravisión definieron un plan de acción para transformar la programación, revisar la contratación y fortalecer la gestión del sistema.

Según la administración actual, esa operación representaba cerca del 90% de los recursos y del personal disponible, en una programación que generó controversia por su orientación editorial y su relación con el Gobierno anterior.

El ministro de Defensa, el general retirado Jorge Mora López, condenó el asesinato del intendente César Augusto Rodríguez Nieves y del auxiliar Bryan Estiven Lizarazo Torres, ocurrido durante un patrullaje en el sector de La Piñuela, en Ábrego, Norte de Santander, el viernes 25 de septiembre de 2026.

La información confirmada por la Policía Nacional es que los uniformados fueron atacados mientras se movilizaban en un vehículo oficial para realizar una actividad preventiva en un colegio del municipio.

Hombres armados habrían disparado contra la patrulla en la vía que comunica al municipio de Ábrego con Cúcuta. El ataque se registró hacia las 9:30 a. m. De acuerdo con el coronel Carlos Angarita, comandante del Departamento de Policía Norte de Santander, las armas fueron maniobradas por sujetos que se desplazaban en otro vehículo. Después del crimen, los agresores huyeron en dirección hacia Cúcuta.

De acuerdo con la información y los videos divulgados en redes sociales, tras la agresión, el conductor del carro institucional perdió el control de la patrulla, que terminó cerca de caer en un arroyo, por fuera de la vía, casi en la institución educativa municipal.

Por su parte, el general retirado Mora López destacó que los uniformados murieron mientras cumplían con su labor de protección a la ciudadanía.

“Condenamos con absoluta firmeza el vil asesinato de nuestros policías en La Piñuela, Ábrego. El intendente César Augusto Rodríguez Nieves y el auxiliar Bryan Estiven Lizarazo Torres murieron cumpliendo con su deber y defendiendo a los colombianos. A sus familias y a toda la Policía Nacional les expresamos nuestra solidaridad y respeto. Su sacrificio no será olvidado”, dijo el funcionario.

El ministro también aseguró que ordenó a la fuerza pública desplegar acciones para identificar y capturar a los responsables.

“He ordenado a nuestra Fuerza Pública actuar con toda la contundencia contra los responsables de este crimen, que con absoluta certeza serán identificados, perseguidos y puestos a disposición de la justicia”, afirmó.

El ministro concluyó con un mensaje de respaldo a la Policía y de firmeza contra los grupos armados.

“A nuestros héroes los honraremos defendiendo a Colombia y enfrentando sin tregua a quienes atentan contra la vida y la tranquilidad de los colombianos”, expresó.

Según el contexto entregado por las autoridades, en la zona tendrían presencia estructuras armadas, entre ellas frentes del ELN. La investigación deberá establecer quiénes participaron en el ataque y cuáles fueron las circunstancias exactas del crimen.

Ofrecen recompensa de hasta $50 millones por información sobre asesinato de dos policías en Ábrego

Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta $50 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables del asesinatoF.

Como respuesta al ataque, la Policía Nacional y el Ejército desplegaron un operativo conjunto en la zona para adelantar labores de inteligencia e investigación criminal para establecer las circunstancias del crimen y ubicar a los responsables.

“Ofrecemos una recompensa de hasta $50 millones por información que nos permita esclarecer los hechos ocurridos y llegar con los responsables de este acto criminal”, afirmó el coronel Carlos Angarita, comandante del Departamento de Policía Norte de Santander.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para entregar cualquier dato que contribuya a la investigación. La información puede ser suministrada a la Policía Nacional a través de sus canales oficiales.

Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella condenó los hechos y afirmó que “en la zona tienen presencia los frentes Camilo Torres y Carlos Armando Cacua Guerrero del grupo narcoterrorista ELN”.

“He ordenado identificar y capturar a los responsables. Les voy a cobrar cada gota de sangre de nuestros héroes y del pueblo colombiano. ¡Juro que los voy a acabar!“, escribió el jefe de Estado, en un mensaje que publicó en su cuenta de X.

Cada vez más, los colombianos buscan preparaciones más auténticas, orgánicas, caseras y con el mejor de los sabores. Así sucede con la salsa de tomate.

Aunque la mayoría conoce la famosa ketchup, cada vez la tendencia es hacer el intento de prepararla en casa. De hecho, la salsa de tomate auténtica se reconoce por su sabor concentrado, su textura suave y el aroma de los vegetales cocinados a fuego lento. Es una preparación sencilla, pero exige paciencia para que el tomate pierda agua y gane profundidad.

Esta versión parte de tomates particularmente maduros, cebolla, ajo, zanahoria y puerro. La técnica también funciona como base para pastas, lasañas, pizzas, carnes, arroces y preparaciones de la cocina casera colombiana.

Receta de salsa de tomate auténtica

La salsa de tomate auténtica es una preparación espesa y de color rojo intenso. Se obtiene al sofreír los vegetales, cocinar el tomate durante varios minutos y triturar la mezcla hasta lograr una textura lisa.

Tiempo de preparación

• Tiempo total: 1 hora y 20 minutos.
• Preparación: 20 minutos.
• Cocción: 45 a 60 minutos.

Ingredientes

1. 6 tomates maduros, preferiblemente tomates de rama o pera.
2. 2 dientes de ajo.
3. 1 cebolla larga o cebolleta.
4. 2 zanahorias medianas.
5. 1 puerro.
6. 3 cucharadas de aceite de oliva o aceite vegetal.
7. 1 cucharadita de sal.
8. 1 hoja de laurel o 4 hojas de albahaca.
9. 1 pizca de azúcar, opcional.
10. ½ taza de agua, solo si la salsa queda demasiado espesa al inicio.

Cómo hacer salsa de tomate auténtica, paso a paso

1. Lave los tomates, retire el tallo y córtelos en trozos medianos. Si desea una salsa más fina, escáldelos durante 1 minuto y retire la piel.
2. Pele los dientes de ajo y píquelos finamente. Corte la cebolla, el puerro y las zanahorias en cubos pequeños.
3. Caliente el aceite en una olla amplia a fuego medio-bajo. Agregue el ajo y sofríalo durante 30 segundos. Evite que tome un color oscuro.
4. Añada la cebolla. Cocine durante 5 minutos, hasta que se vea transparente y suave.
5. Incorpore el puerro y la zanahoria. Cocine durante 8 minutos más, revolviendo de vez en cuando.
6. Agregue los tomates y la sal. Si la mezcla está muy seca, añada ½ taza de agua.
7. Cocine la salsa entre 45 y 60 minutos a fuego bajo. Revuelva cada cierto tiempo para evitar que se pegue en el fondo de la olla.
8. Añada la hoja de laurel o la albahaca. Retírela antes de triturar la salsa.
9. Pruebe la preparación. Si conserva una acidez marcada, agregue una pizca de azúcar. También puede dejarla reducir unos minutos más.
10. Triture con una licuadora de inmersión. Para una textura más fina, pase la salsa por un colador de malla.
11. No suba demasiado el fuego para acelerar la cocción. El sabor se concentra con una reducción lenta y constante.
12. Regrese la salsa a la olla durante 5 minutos más. Rectifique la sal y apague.
13. Deje reposar la salsa 10 minutos antes de servir. Este descanso ayuda a integrar los sabores y mejora la textura.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta rinde aproximadamente 6 porciones de ¾ de taza, suficientes para acompañar pasta, arroz, carnes, verduras o preparaciones al horno.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

• Calorías: aproximadamente 85 kcal.
• Carbohidratos: 14 g.
• Proteínas: 2 g.
• Grasas: 3 g.
• Fibra: 4 g.
• Sodio: depende de la cantidad de sal utilizada.

Estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarde la salsa en un recipiente de vidrio limpio y con tapa. Una vez fría, llévela a la nevera y consúmala en un plazo máximo de 4 días.

Para conservarla durante más tiempo, distribuya la salsa en porciones pequeñas y guárdela en el congelador hasta por 3 meses. Descongélela dentro de la nevera y caliéntela a fuego bajo antes de usarla.

Según el jefe de la entidad, los primeros hallazgos fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes para establecer posibles responsabilidades.

El ministro Beltrán aseguró que la revisión comenzó desde el primer día de la actual administración, cuando se dio una instrucción clara: “Revisar proyecto por proyecto y peso por peso. La realidad de lo que encontramos es grave y merece respuestas”, afirmó.

Uno de los casos identificados está relacionado con una planta para un proyecto de agua y alcantarillado en La Guajira, cuya inversión supera los $8.000 millones.

El ministro informó que, de acuerdo con la auditoría, la obra no tendría garantizada una fuente de captación cercana. Por ende, Beltrán cuestionó la utilidad del proyecto ante la falta de agua disponible para su operación.

“Un departamento que requiere intervención urgente y que se usó durante años como bandera política. Esta obra tenía que tener soluciones a una población que históricamente ha sufrido por falta de agua, pero que según los hallazgos, no tiene garantizada la fuente de captación cercana. Entonces, la pregunta es sencilla: ¿de qué sirve una planta de agua si no hay agua de dónde captarla? Podríamos estar frente a un elefante blanco", dijo.

El jefe de la entidad también reportó que existen más de $1,14 billones comprometidos en 42 proyectos de agua en diferentes regiones del país. De estos, 23 presentarían presuntas deficiencias en sus requisitos técnicos.

“Plata amarrada en proyectos que no tendrían garantizada la viabilidad”, señaló el funcionario.

327 viviendas no han sido construidas

En materia de vivienda, el Ministerio identificó recursos superiores a $60.000 millones destinados a la construcción de 327 viviendas para comunidades afro e indígenas, principalmente en Cauca y Nariño.

“Un proyecto que lleva más de cuatro años estancado, con recursos varados, mientras las familias no han recibido una sola solución habitacional. Pero contrario a eso, sí se ha ejecutado 143 millones en la interventoría. Entonces, yo me pregunto: ¿qué se está interviniendo si las trescientas veintisiete viviendas nunca se construyeron?”, cuestionó el alto funcionario.

La auditoría también puso bajo la lupa un proyecto de 36 viviendas en Caquetá, para el cual se comprometieron más de $3.200 millones.

El Ministerio indicó que, al revisar las evidencias, encontró indicios de que una misma vivienda habría sido utilizada para justificar varias soluciones habitacionales.

“Presuntamente, habrían gemeleado una misma vivienda. Una casa habría sido utilizada para justificar varias de ellas”, aseguró el funcionario.

El caso ya fue puesto en conocimiento de las autoridades. “¿Dónde están las casas? ¿Cómo pudo pasar esto? (…) Si hay responsables, que respondan”, agregó.

Aumentó el gasto en contratación por prestación de servicios

Otro de los hallazgos corresponde al gasto en contratos de prestación de servicios del Ministerio de Vivienda.

Según la información oficial, estos recursos aumentaron más de 80%, al pasar de cerca de $61.000 millones en 2022 a $111.000 millones en 2026.

El ministro cuestionó el aumento de la contratación mientras persisten proyectos de vivienda y agua sin resultados concretos.

“Más contratación, más recursos destinados para burocracia y CPS. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿cuántos son los resultados concretos que dejaron estos recursos?”, manifestó.

El jefe del Ministerio de Vivienda reiteró el llamado a los organismos de control para que investiguen los proyectos señalados y determinen las responsabilidades correspondientes.

“Esta auditoría tiene que llegar hasta el final. Debemos saber dónde quedó la plata y por qué no se convirtieron en soluciones que debían responder a las necesidades del pueblo colombiano”, concluyó el ministro.

De acuerdo con el informe oficial de la Cancillería, el Gobierno busca que la política exterior se traduzca en resultados concretos para el bienestar y la prosperidad de los colombianos.

A través de un video en redes sociales, el canciller Omar Bula informó que el itinerario comenzó con un encuentro con la Conferencia Iberoamericana, organización que reúne a países de América Latina, España y Portugal.

“Se discutieron puntos claves, lo que ya se trataba en el pasado: educación, cultura, pero hemos pasado a otros puntos también muy concretos que tienen que ver con esa amenaza del crimen internacional organizado a la región”, relató el ministro de Relaciones Exteriores, que también señaló que la agenda iberoamericana amplió sus prioridades hacia temas de seguridad y cooperación internacional.

De la misma manera, sostuvo una reunión bilateral con su homólogo de Argentina. Según explicó, el encuentro tuvo como propósito reactivar una relación que, en los últimos años, permaneció “prácticamente congelada y dormida”.

El Gobierno colombiano destacó que ambos países mantienen vínculos políticos, económicos y comerciales que podrían fortalecerse en beneficio de sus ciudadanos.

El canciller Omar Bula también se reunió con Tom Fletcher, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas y coordinador del Socorro de Emergencia (Ocha), para agradecer la respuesta el apoyo brindado al país tras el terremoto de magnitud 7,4 el 10 de agosto de 2026.

Horas más tarde, se presentó una reunión con la delegación asutraliana para “fortalecer su cooperación frente al crimen organizado y el narcotráfico”.

“Este fue uno de los principales temas abordados por los cancilleres Omar Bula y Penny Wong durante su encuentro en Nueva York. Además, Colombia expresó su apoyo a la iniciativa de Australia para la protección del personal humanitario y presentó las nuevas prioridades de su política exterior, entre ellas la modernización del Estado y la eficiencia en el uso de los recursos”, informó la cartera.

Sobre el discurso del vicepresidente José Manuel Restrepo ante la Asamblea General de la ONU

El canciller también compartió su impresión sobre la intervención del vicepresidente José Manuel Restrepo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El alto funcionario aclaró que el presidente Abelardo de la Espriella no asistió personalmente debido a su promesa de campaña que consiste en no salir del país durante los cuatro años de su mandato.

La intervención fue recibida, según Bula, con una asistencia numerosa y varios aplausos. En el discurso se expusieron las posiciones del país frente al crimen organizado, el multilateralismo y el papel de las Naciones Unidas.

En el mensaje que leyó Restrepo, el mandatario hizo un balance de sus primeras semanas de gestión, con la atención a las víctimas de un terremoto, los operativos contra grupos armados y el narcotráfico, y un llamado a la inversión extranjera.

El presidente De la Espriella agradeció la ayuda internacional recibida tras la emergencia y afirmó que, durante esos días, la prioridad fue rescatar a las víctimas. “Había que salvar vidas humanas”, señaló en el discurso leído por Restrepo, citando las palabras del jefe de Estado.

En su discurso escrito, el presidente también cuestionó el funcionamiento de la ONU y criticó el globalismo. “No ha sido mi estilo refugiarme en lo políticamente correcto, ni decirles a mis interlocutores aquello que supongo desean oír. No busco complacer a nadie”, afirmó.

Además, sostuvo que las organizaciones responsables de asesinatos, secuestros, atentados y reclutamiento de menores deben ser consideradas grupos terroristas. “Así los llamamos y los estamos enfrentando con toda la fuerza legítima del Estado, dentro de la Constitución y dentro de la ley”, expresó.

Por eso, el representante del Gobierno colombiano manifestó la intención de participar en el proceso de reforma de las Naciones Unidas que, según él, está en una etapa de transformación en la que puede mejorar su funcionamiento y capacidad de respuesta.

“Obviamente, una exposición clara de las nuevas posiciones del país en el ámbito internacional y de sus decisiones con relación al crimen organizado, con relación al multilateralismo y lo que esperamos de él, con relación a las Naciones Unidas persé y lo que esperamos de una organización que puede dar mucho más, a pesar de que ha contribuido mucho en el pasado a los objetivos del planeta, pero está en medio de un proceso de reforma y queremos contribuir a ese proceso de reforma en la mayor medida posible para que esta reforma sea efectiva”.

La Cancillería indicó que la política exterior del Gobierno De la Espriella busca proyectar al país en el escenario internacional y convertir sus relaciones con otros gobiernos y organismos en oportunidades de desarrollo para la población.

Rojas, señalado como cabecilla de los Comandos de la Frontera, salió de la cárcel La Picota, en Bogotá, y fue trasladado en un operativo que incluyó una escala en Barranquilla antes de continuar su viaje hacia territorio estadounidense, este viernes 25 de septiembre de 2026.

A través de un discurso desde el puerto de Barranquilla, en donde operan la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla y la Capitanía de Puerto de Barranquilla de la Dimar, el jefe de Estado explicó que hizo la entrega personalmente de este criminal y que la Corte Suprema de Justicia autorizó la solicitud, mientras él firmó la orden “sin dilaciones”

“Este acto representa mucho más que la entrega de un criminal. Es un mensaje inequívoco sobre la determinación del Estado colombiano de enfrentar al narcotráfico, golpear sus estructuras y fortalecer la cooperación con nuestros aliados para combatir un fenómeno criminal que trasciende nuestras fronteras”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

Incluso, a través de un discurso en el que presentó su balance, el jefe de Estado afirmó que el acto es el cumplimiento de “un deber y un compromiso”.

Alias Araña fue capturado en Bogotá en febrero de 2025 con fines de extradición. La Corte Suprema de Justicia emitió un concepto favorable a la petición de Estados Unidos, pero el trámite quedó suspendido mientras participaba como vocero en los diálogos de paz del Gobierno anterior.

“Se acabó la impunidad. La paz no se construye protegiendo a narcoterroristas como este bandido. Yo me comprometí desde la campaña y lo estoy cumpliendo como presidente de la República, a luchar de manera decidida contra el narcotráfico. El narcotráfico es el peor cáncer que tiene una sociedad y yo, con la ayuda de Dios y el trabajo patriótico de nuestra Fuerza Pública, lo voy a extirpar”, dijo el jefe de Estado.

El 26 de agosto de 2026, el primer dignatario ordenó reactivar la entrega de Rojas y de otros integrantes de estructuras armadas que habían tenido participación en procesos de diálogo.

Como parte de la serie de traslados que está firmando el presidente De la Espriella, la de “Araña” constituye la primera extradición de un comandante de alto rango de un grupo armado bajo la actual administración.

En su pronunciamiento, el jefe del Ejecutivo sostuvo que con esta decisión ya son 94 extradiciones realizadas durante su gobierno, una cifra que deberá ser precisada por las autoridades competentes.

“He firmado 94 extradiciones en lo que va de mi Gobierno y les aseguro, compatriotas, que vendrán muchas más. En el gobierno anterior, la extradición de este miserable fue suspendida porque ese régimen que me antecedió era cómplice de estos delincuentes y se excusaba en falsos procesos de paz para defenderlos y protegerlos. Este sujeto estuvo cobijado por uno de esos procesos de paz que terminé tan pronto llegué a la Presidencia de la República”, dijo.

“Colombia no volverá a ser refugio de narcotraficantes”: Abelardo de la Espriella

El mandatario presentó la extradición como parte de la política de seguridad de su administración. “Este acto representa mucho más que la entrega de un criminal”, afirmó, y agregó que busca enviar una señal sobre la cooperación con Estados Unidos frente a las redes de narcotráfico.

El mandatario señaló que las acciones oficiales se dirigirán contra “los cultivos ilícitos, los laboratorios, las rutas, las finanzas y los cabecillas” de esas organizaciones. También aseguró que “Colombia no volverá a ser refugio de narcotraficantes requeridos por la justicia internacional”.

Rojas deberá comparecer ante la justicia estadounidense por los cargos incluidos en la solicitud de extradición. Las acusaciones en su contra deberán ser probadas durante el proceso judicial en Estados Unidos.

El presidente habló sobre la erradicación de cultivos de coca

El jefe de Estado afirmó que también reanudará la aspersión aérea contra los cultivos ilícitos. Durante su intervención, sostuvo que el país cuenta con más de 360 mil hectáreas de coca.

“Para acabar con ese cáncer, queridos compatriotas, hay que fumigar la fuente primigenia de todas las formas de violencia en Colombia, los cultivos ilícitos”, dijo, y sostuvo que desde el inicio de su administración impartió la orden de reiniciar las fumigaciones, pese a que se han presentado obstáculos dentro y fuera de las instituciones.

De la Espriella cuestionó a quienes rechazan la medida y los señaló de favorecer la expansión del narcotráfico.

“Todo aquel que se oponga a la fumigación de ese cáncer, sea funcionario o sea un particular, está de alguna manera ayudando a que ese fenómeno se extienda. Aquellos que están obstaculizando la fumigación están indirecta o directamente patrocinando que las calles de los Estados Unidos, de Europa y de otras latitudes del mundo se llenen de cocaína”, afirmó.

Según el clip, el vehículo, identificado en la grabación con placas GPL-933, se encontraba en la zona de la terminal aérea con personas y maletas en su interior.

El autor del registro afirmó que la ambulancia era usada como servicio de transporte hacia la terminal aérea y que, según el denunciante, haría parte de “un cartel”. “Con usuarios y maletas en una ambulancia que se supone que es para transportar heridos”, se escucha en el video. También señaló que el conductor habría advertido que estaba siendo grabado.

Por su parte, Quintero pidió a la Secretaría Distrital de Movilidad que identifique al conductor y verifique la posible infracción, para evitar estos escenarios.

“Cuando no hay ambulancia para atender heridos, usan los vehículos para hacer servicio de transporte como un bus”, sostuvo Quintero en su mensaje.

El funcionario también vinculó el hecho con las dificultades de circulación en los accesos al aeropuerto El Dorado, donde denunció vehículos mal estacionados y congestión vehicular.

Murieron 357 personas en Bogotá mientras esperaban una ambulancia en 2025, según denuncia

La concejal Diana Diago denunció que las demoras en la atención de emergencias en Bogotá están cobrando cientos de vidas. Según datos de la Secretaría Distrital de Salud, obtenidos mediante un derecho de petición de la servidora, 357 personas fallecieron en 2025 antes de la llegada de una ambulancia.

De hecho, la cabildante también señaló que, durante los primeros meses de 2026, ya se registraban 58 muertes de pacientes que esperaban atención prehospitalaria. De ese total, 44 casos correspondían a emergencias de prioridad crítica, 10 a prioridad alta y 4 a prioridad media.

Diago denunció que los tiempos de respuesta del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue) evidencian fallas en la capacidad operativa del sistema.

En los casos con mayores demoras, un paciente puede esperar más de cuatro horas para recibir una ambulancia, especialmente cuando la emergencia es clasificada como de prioridad media.

Los datos del percentil 95 —que refleja el comportamiento del 5% de los casos con mayores tiempos de espera— muestran que:

• Un paciente en estado crítico puede esperar hasta 1 hora y 52 minutos.
• Una emergencia de prioridad alta puede tardar hasta 2 horas y 46 minutos.
• Un caso de prioridad media puede superar las 4 horas de espera.

“En Bogotá una ambulancia puede tardar hasta más de 4 horas en atender a un paciente, una espera que puede costarle la vida”, aseguró la concejal Diana Diago.

La funcionaria señaló que los tiempos promedio de respuesta de las ambulancias coordinadas por el Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (Crue) también están por encima de los parámetros internacionales.

Según las cifras entregadas por la Secretaría Distrital de Salud, los tiempos promedio son:

• Prioridad crítica: 36 minutos y 10 segundos.
• Prioridad alta: 37 minutos y 11 segundos.
• Prioridad media: 1 hora y 5 minutos.

Diago comparó estos resultados con los estándares del Servicio Nacional de Salud de Inglaterra. En los casos críticos, el tiempo promedio recomendado es de 7 minutos, mientras que el 90% de las emergencias debería atenderse en menos de 15 minutos.

Para los casos de prioridad alta, el promedio establecido es de 18 minutos.

“Bogotá no está cumpliendo ni siquiera con parámetros básicos de atención en emergencias. Cada minuto cuenta cuando se trata de salvar vidas, y hoy el sistema de salud le está fallando a los ciudadanos”, afirmó la cabildante.

La concejal hizo un llamado a la Secretaría Distrital de Salud y a la Administración Distrital para adoptar medidas inmediatas que permitan reducir los tiempos de respuesta.

Entre las solicitudes se encuentran el fortalecimiento de la capacidad operativa del Crue, el aumento de la disponibilidad de ambulancias y la implementación de acciones que garanticen una atención oportuna.

La senadora del Centro Democrático María Clara Posada cuestionó los gastos de viaje de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entre 2020 y 2026, que, según las cifras que divulgó, sumaron $56.435 millones entre tiquetes, viáticos y gastos asociados.

La congresista afirmó que durante ese periodo los funcionarios de la entidad realizaron más de 75 desplazamientos internacionales.

El pronunciamiento se produjo luego de que las Comisiones Económicas aprobaran un recorte presupuestal para la JEP. Además, debido a que la corporación judicial había advertido que la medida afectaría su funcionamiento, la senadora del partido uribista pidió que se expliquen los resultados de las comisiones realizadas dentro y fuera de Colombia.

“Anoche la JEP dijo que la entidad quedaba sometida a la quiebra con el recorte que aprobaron las Comisiones Económicas. Después de ver las cifras de viajes, la pregunta que nos queda a muchos es si la preocupación recaerá en que no podrán seguir viajando por el mundo como lo han venido haciendo estos años”, escribió la senadora en su cuenta de X.

Por su parte, apenas se supo del recorte, el magistrado Alejandro Ramelli, presidente del JEP, dijo, citado por Caracol Radio: “Somos conscientes de la crisis fiscal que enfrenta el país, pero con esa reducción que aprobaron ayer realmente nos dejan inoperantes”.

Posada aseguró que los viáticos de la JEP crecieron 191% entre 2022 y 2025

De acuerdo con el balance presentado por la legisladora, la JEP habría destinado $23.963 millones a tiquetes y $32.472 millones a viáticos y gastos de viaje de funcionarios y contratistas. Posada sostuvo que el segundo rubro aumentó 191% entre 2022 y 2025.

“El turismo judicial de este Tribunal, a nivel nacional e internacional, le ha costado al país”, afirmó. En su publicación mencionó destinos como Miami, Milán, Sevilla, Madrid, Denver, Chicago, Catania, Houston, Barcelona, Antofagasta y París.

La senadora señaló que los viajes deben ser explicados por la entidad, en especial por su relación con las funciones de la justicia transicional y con la atención a víctimas del conflicto armado.

“¿Qué tienen que estar haciendo los funcionarios de este Tribunal en ciudades turísticas como Miami, Milán, Barcelona, París o Chicago con los gastos cubiertos por el Estado?”, cuestionó.

La congresista pidió aclarar un viaje de 14 días por París, Ginebra y Ámsterdam

Uno de los desplazamientos señalados por la senadora, según ella, “particularmente curioso”, corresponde a un viaje realizado entre noviembre y diciembre de 2025 por el magistrado Ramelli, y el magistrado auxiliar Fabián Camilo Martínez.

Según Posada, ambos permanecieron 14 días en París, Ginebra y Ámsterdam. La congresista planteó interrogantes sobre la justificación técnica de las escalas, aunque reconoció que parte de la agenda pudo estar relacionada con organismos internacionales ubicados en Ginebra o La Haya.

“Asumiendo que fueron a la ONU o al Cicr en Ginebra o a la CPI en La Haya, tomando tren desde Ámsterdam, ¿cuál fue la razón técnica para asistir presencialmente al otro destino?”, escribió Posada. También preguntó si algunas de esas actividades podían realizarse de forma virtual.

La senadora también se refirió a una comisión realizada entre el 15 y el 19 de julio de 2025 por Ramelli, Juan Ramón Martínez, Fabián Camilo Martínez y Julieta Lemaitre a Nueva York.

Posada aseguró que en una factura publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) figura un presunto doble pago por los mismos tiquetes. “¿Qué sucedió ahí?”, preguntó en su hilo.

La congresista planteó que la JEP debería dar explicaciones sobre el objeto, los resultados y el impacto de esos viajes. “Antes de quejarse por un recorte que les garantiza casi el mismo presupuesto de 2026, la JEP debería explicarle al país qué gestión realizaron sus miembros en estos viajes y cómo benefició directamente a las víctimas”, sostuvo.

La Gobernación del Chocó tiene programada para el viernes 25 de septiembre de 2026 la entrega protocolaria de las obras de mejoramiento del aeropuerto José Celestino Mutis, en Bahía Solano.

Con una intervención financiada con $31.195 millones del Sistema General de Regalías, el proyecto incluye la construcción de una nueva terminal de pasajeros, el cerramiento perimetral de seguridad y otras estructuras necesarias para la operación de la infraestructura aeroportuaria.

La entrega estará encabezada por la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, y el alcalde de Bahía Solano, Jairson Leonel Valencia Pinilla, de acuerdo con la información suministrada por la entidad departamental.

Desde la Gobernación se informó que las obras buscan mejorar los servicios aeroportuarios y las condiciones de navegación aérea en el municipio.

La ejecución quedó a cargo de la Asociación de Municipios Urabá Darién-Caribe (Asomudacar), mientras que el municipio de Bahía Solano figura como entidad beneficiaria de los recursos.

La Administración departamental indicó que la intervención aportará mejores condiciones para la conectividad del municipio y para el desarrollo de actividades económicas vinculadas con el turismo, en una zona altamente turística, pero que cuenta con barreras para los viajeros aéreos.

El Gobierno, con sus ojos sobre Nuquí y Bahía Solano: fueron incluidos en la estrategia de Pueblos Milagro Turísticos

Minutos después del anuncio de la Gobernación del Chocó, desde el movimiento Defensores de la Patria se informó oficialmente que Nuquí y Bahía Solano harán parte de la estrategia Pueblos Milagro Turísticos, una iniciativa anunciada por el gobierno de Abelardo de la Espriella para fortalecer el turismo de naturaleza y promover oportunidades económicas en ambos municipios del Chocó.

La selección de los dos territorios se realizó junto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Fondo Nacional de Turismo (Fontur) y la Fundación Santo Domingo. El programa incluiría 10 municipios, con dos localidades de cada uno de los cinco departamentos seleccionados.

El comunicado oficial indicó que Nuquí y Bahía Solano fueron escogidos por “su potencial para el turismo de naturaleza” y por los atributos que han consolidado a ambas poblaciones como destinos del litoral Pacífico.

La estrategia prevé la articulación entre el Gobierno Nacional, las autoridades locales y aliados privados para fortalecer condiciones de conectividad, infraestructura y servicios turísticos. El propósito, de acuerdo con el documento, es convertir la actividad turística en una fuente de ingresos para emprendedores, comerciantes, productores y prestadores de servicios.

El programa se vincula con inversiones en conectividad y producción local

El anuncio se produjo durante un encuentro entre empresarios, autoridades y representantes del sector privado, en el que se discutieron medidas para impulsar la economía del Chocó.

Según el reporte, la apuesta turística estará acompañada por inversiones en infraestructura y conectividad, así como por iniciativas destinadas a fortalecer la producción local y los vínculos comerciales entre empresas y productores del departamento.

En ese contexto, Olímpica manifestó su intención de avanzar en mecanismos para comprar directamente productos elaborados en el Chocó. Nutresa y Colombina también expresaron interés en vincular a productores locales a sus procesos de adquisición.

“La iniciativa busca generar canales comerciales más directos y contribuir a dinamizar la economía regional”, indicó Defensores de la Patria.

El comunicado agregó que también se acordó impulsar la compra de biche producido por emprendedores chocoanos, con el fin de abrir canales comerciales para esa actividad.

Nubank participará con una estrategia de inclusión financiera

Dentro de los compromisos mencionados en la información oficial está una propuesta de bancarización e inclusión financiera para el departamento.

Según el documento, el fundador de Nubank manifestó su disposición para respaldar una estrategia dirigida a jóvenes, emprendedores, pequeños comerciantes, productores y comunidades con baja cobertura de servicios bancarios.

La iniciativa contempla ampliar el acceso a herramientas financieras digitales para ahorro, pagos y crédito. “La inclusión financiera constituye otro componente de la estrategia para ampliar las oportunidades económicas en el departamento”, señaló el comunicado.

La Asamblea Nacional del Transporte sostuvo una reunión con delegados del gobierno de Abelardo de la Espriella para exponer nueve prioridades del sector, entre ellas la seguridad en las carreteras, la situación del puerto de Buenaventura, el estado de la infraestructura, la reposición vehicular y la regulación de las plataformas tecnológicas.

El encuentro tuvo lugar el 21 de septiembre de 2026, y contó con la participación del viceministro de Transporte, Miguel Vergara, y de la subdirectora de Tránsito y Transporte, Susana Cadavid, según informó Alejandro Quiroga Calle, presidente ejecutivo nacional de la organización gremial.

En información suministrada a Infobae Colombia, el directivo comentó que “durante cuatro horas de diálogo abordamos la participación de los gremios que representan a los transportadores que prestan servicio público de carga y pasajeros en la construcción del Código Nacional de Tránsito, así como el estado de cumplimiento del acuerdo firmado por el Gobierno colombiano el 6 de septiembre con las bases transportadoras”, afirmó Alejandro Quiroga.

El dirigente señaló que dicho acuerdo permitió levantar el paro nacional convocado por la Asamblea Nacional del Transporte. Añadió que el Gobierno y los gremios deberán desarrollar una agenda de trabajo alrededor de nueve puntos.

Los transportadores pidieron una política integral de seguridad para el transporte

La seguridad en las vías fue el primer asunto puesto sobre la mesa. Quiroga sostuvo que los transportadores enfrentan un “panorama crítico” en las carreteras del país y reclamó que sean reconocidos como víctimas del conflicto armado.

En ese orden, la asamblea propuso que el Ministerio de Defensa adopte una política integral de seguridad para el transporte, con el fin de responder a los riesgos de extorsión, hurto y otras conductas que afectan la operación de carga y pasajeros.

El dirigente indicó que este punto forma parte de una agenda que busca fijar compromisos institucionales para la protección de conductores, empresas y vehículos que circulan por los corredores nacionales.

La problemática del puerto de Buenaventura fue uno de los puntos centrales

La situación del puerto de Buenaventura ocupó el segundo pilar de la conversación. Según Quiroga, los representantes de los transportadores expusieron su diagnóstico y presentaron propuestas de solución para las dificultades que afectan la operación logística en esa terminal.

“Se expuso la problemática real, se plantearon propuestas de solución, pero quedó claro que esto es un tema de política de Estado que deben trasladar a los acuerdos comerciales y desde luego, cuyo mayor responsable son las navieras”, señaló.

El gremio sostuvo que la discusión requiere medidas que involucren a distintos actores de la cadena logística, incluidas las compañías navieras y las autoridades responsables de la política comercial y portuaria.

Reposición vehicular, infraestructura y transporte internacional entraron en la agenda

La reunión también incluyó asuntos relacionados con la reposición del parque automotor y el estado de la infraestructura vial. La Asamblea Nacional del Transporte solicitó información sobre las inversiones previstas para mejorar vías y carreteras.

En materia de transporte internacional, Quiroga expresó reparos por la falta de controles sobre vehículos que circulan entre Venezuela, Colombia y Ecuador. A juicio del gremio, esa situación genera condiciones de competencia desfavorables para los transportadores colombianos.

El presidente de la Asamblea también mencionó la discusión sobre el Sistema de Información para la Regulación del Transporte de Carga por Carretera (Sicetac) y las relaciones económicas en el sector. En particular, se refirió al reconocimiento de ocho horas logísticas, punto que, según afirmó, fue acordado en las mesas de diálogo.

“Preguntamos al viceministro sobre las razones de la suspensión del Sicetac para vehículos livianos y volquetas”, explicó Quiroga. El dirigente anunció que la organización dará a conocer posteriormente los argumentos presentados por el Gobierno.

El séptimo eje de la reunión se centró en la tecnología. La Asamblea propuso implementar herramientas que sirvan como garantía para los transportadores de base y permitan un sistema de cumplimiento frente a los distintos actores del ecosistema de movilidad. Quiroga sostuvo que el objetivo es prevenir abusos y ofrecer mayores garantías para quienes prestan los servicios de carga y pasajeros.

La regulación fue otro de los asuntos abordados. El gremio pidió participación en la construcción del Código Nacional de Tránsito y del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. También solicitó avances en la reforma laboral para el sector, la actualización del régimen sancionatorio y las normas sobre plataformas tecnológicas.

La organización incluyó entre los compromisos pendientes el desarrollo normativo del Decreto 1017 de 2024, relacionado con carga; el Decreto 1048 de 2026, sobre servicio especial; y el Decreto 1001 de 2026, referido al taxismo.

Taxismo, piratería y renting fueron otros temas planteados ante el Gobierno

La ilegalidad y la piratería en el transporte individual y especial constituyeron el noveno punto de la agenda. Según Quiroga, el gremio expuso inquietudes sobre el uso de placas amarillas, el renting y las operaciones irregulares que afectan al taxismo y al servicio especial.

El presidente de la Asamblea mencionó como ejemplo las dificultades que enfrentan los transportadores en zonas petroleras y en distintas ciudades del país.

Durante la reunión, las representantes del gremio también presentaron el Programa Nacional de la Mujer en el Transporte, una iniciativa con la que buscan ampliar la participación de las mujeres en el sector.

Quiroga indicó que los participantes revisaron la agenda legislativa en curso en el Congreso, que incluye 18 proyectos de ley sobre transporte de carga, pasajeros y movilidad.

“Queremos resaltar que el encuentro fue desarrollado en un ambiente de respeto y con un alto nivel técnico y jurídico de la Asamblea en la defensa de los transportadores del país y en la exigencia del cumplimiento por parte del Estado colombiano a los acuerdos firmados”, concluyó.

La gobernadora del departamento del Tolima, Adriana Magali Matiz, confirmó un nuevo operativo contra la estructura delictiva identificada como Los Brujos, señalada de presuntas estafas mediante falsos servicios esotéricos y trámites migratorios.

Según el mensaje divulgado por la mandataria departamental en sus redes sociales, en la reciente acción policial, las autoridades hallaron dinero en efectivo, tarjetas de crédito, celulares, munición y un cheque simulado por 380 millones de dólares.

“Para quienes creen que pueden convertir la ilegalidad y la extorsión en un negocio, nosotros respondemos con autoridad y resultados”, escribió la gobernadora.

La información oficial de las autoridades señalan que, en una de las fases del operativo, fueron allanados tres inmuebles y se recolectaron los mencionados elementos que quedaron a disposición de la investigación.

En detalle: 17 celulares, 92 talonarios de pago diario, 832 tarjetas de crédito, munición, un arma traumática y documentación.

La operación Macedonia incluyó 12 allanamientos en Ibagué, El Espinal y Suárez

El procedimiento hace parte de la operación Macedonia, desarrollada de forma conjunta por el Ejército Nacional, la Fiscalía y una agencia de Estados Unidos, desde 20 de marzo de 2026.

Esa operación ya lleva cerca de 12 allanamientos en el departamento: ocho en Ibagué, tres en El Espinal y uno en el municipio de Suárez.

Por ende, las autoridades siguen detrás de las actividades de esta estructua, señalada de captar dinero a víctimas que serían, en su mayoría, personas residentes en Estados Unidos.

En marzo, por ejemplo, durante los primeros procedimientos, se conoció la inautación de $16,8 millones en efectivo, 22 teléfonos, 10 computadores, 11 memorias USB, siete discos duros, 12 tarjetas bancarias y cerca de 100 cuadernos y documentos.

En su momento, la gobernadora sostuvo: “Hemos sido directos, firmes y claros: cualquier estructura criminal que pretenda disfrazar el lavado de activos bajo la fachada de “brujos” o falsos servicios esotéricos, será perseguida hasta su desmantelamiento total".

“Esta es una estructura que convirtió el engaño en negocio criminal, estafando principalmente a ciudadanos mediante falsos servicios esotéricos y fraudulentos trámites migratorios para mover dinero ilícito. Este no es un caso menor. Es una red que creyó que podía esconderse detrás de la superstición para delinquir a gran escala. Se equivocaron .Gracias a la acción articulada del Gaula Militar, el CTI y el Homeland Security Investigations (HSI), se logró afectar de manera directa esta estructura”.

Abelardo de la Espriella también está detrás de esta red

Tras asumir como presidente de la República, el jefe de Estado, en su primera visita al departamento anunció el respaldo a la gobernadora en su persecución contra este grupo delictivo. El 5 de agosto de 2026, en plena temporada de empalme, el primer dignatario dijo:

“Ella (la gobernadora) nos habló de hurto a personas y residencias, narcotráfico en sectores urbanos, extorsiones telefónicas y la delincuencia juvenil. Y el caso especial es el que tienen allá en el departamento de brujería con lavado de activo. Aquí se ve una cosa absolutamente increíble. También vamos a ponerle mucha atención a eso”, dijo.

Según la información conocida por Semana, la red promocionaba sus servicios mediante avisos en calles, postes y redes sociales. Sus ofertas incluían trabajos para “atraer al ser amado”, recuperar parejas, mejorar ingresos, contactar personas desaparecidas y facilitar presuntos servicios consulares o trámites migratorios hacia Estados Unidos y otros países.

Los supuestos rituales costaban entre 300 y 500 dólares por sesión, equivalentes a cerca de 1 millón y 1,5 millones de pesos. El servicio se prestaba por teléfono, videollamadas o aplicaciones de mensajería, con el envío de fotografías y videos como una aparente prueba de que el ritual estaba en curso.

Uno de los anuncios citados en la publicación contenía una oración dirigida a la Santa Muerte: “SANTA MUERTE, apreciada de mi corazón, abrígame de tu protección, en la noche y el día. Yo te pido que ilumines mi caminar hacia el éxito (sic)”, según citó el medio.

La investigación apunta a que algunos de los responsables utilizaban imágenes de falsos altares, incluso en cementerios de barrios de Medellín, para dar credibilidad a los servicios que ofrecían a potenciales víctimas.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que solicitó la renuncia de Carlos René Montoya Muñoz a la dirección de Colpensiones. El funcionario saliente ya presentó su dimisión y dejó el cargo a disposición del Gobierno nacional.

De acuerdo con la información oficial suministrada desde la Presidencia de la República, el primer dignatario tomó la decisión después de la intervención de Montoya Muñoz ante la Comisión Séptima del Senado, el 23 de septiembre de 2026.

Allí, de acuerdo con el Ejecutivo, tuvo dificultades para responder “con precisión” a preguntas “sobre asuntos fundamentales relacionados con el presupuesto, el funcionamiento de Colpensiones y los retos del sistema pensional”.

Pese a que el jefe de Estado reconoció la trayectoria profesional del ahora saliente funcionario, sostuvo que la conducción de Colpensiones “exige un conocimiento integral de sus asuntos, rigor técnico y absoluta preparación para responder por una institución que administra los recursos y protege los derechos pensionales de millones de colombianos”.

La Presidencia señaló que el mandatario transmitió a los integrantes de su administración que el ejercicio de un cargo público supone responsabilidad y que no habrá cargos destinados a funcionarios que requieran aprender sus funciones durante la gestión, o “sobre la marcha” cuando “están en juego asuntos esenciales para la vida y el futuro de los ciudadanos”.

“El presidente De La Espriella ha reiterado (...) que los colombianos esperan y merecen funcionarios preparados, con pleno dominio de los asuntos bajo su responsabilidad y capacidad para entregar resultados desde el primer día. Las pensiones y los ahorros de los colombianos exigen el máximo rigor, conocimiento y responsabilidad”.

El Gobierno nacional anunció que iniciará de inmediato el procedimiento para asegurar la continuidad institucional de Colpensiones y mantener la prestación de sus servicios mientras define quién reemplazará a Montoya Muñoz.

Qué sucedió en el Senado con Montoya: “Eso es algo complejo”

Los congresistas de la Comisión Séptima del Senado, en especial los de la bancada del Pacto Histórico —y usuarios de redes sociales que vieron las intervenciones del saliente presidente de Colpensiones— cuestionaron la primera presentación de Montoya Muñoz, durante un debate de control político sobre el presupuesto de la entidad y los recursos requeridos para el pago de pensiones.

El funcionario fue citado para responder por las proyecciones presupuestales de 2027 y las advertencias sobre una eventual insuficiencia de recursos para cubrir las obligaciones pensionales de este año.

Montoya había asumido el cargo dos días antes de la sesión. En videos quedó registrado que ante los congresistas afirmó que aún se encontraba en proceso de conocer la administración de la entidad y expresó que no podía realizar una exposición detallada sobre sus asuntos financieros y operativos.

La senadora Claudia Margarita Zuleta, del Centro Democrático, sostuvo que la exposición contenía datos contradictorios. La congresista Martha Peralta Epieyú, del Pacto Histórico, también señaló diferencias en las cifras presentadas ante la Comisión Séptima.

Cuando le solicitaron aclaraciones, Montoya intentó delegar el trabajo a la funcionaria Sandra Camargo, su asesora. Incluso, le pidió a ella que interviniera “a nivel de detalle”. Le solicitó: “Por favor, doctora”.

Entonces varios senadores le insistieron que él mismo diera el informe. En su respuesta, dijo: “Es una cosa muy compleja porque estamos en un momento bisagra en el sistema pensional colombiano (...) El sistema de prima media me imagino que está en un momento muy importante y esto que está haciendo. Administrativamente, Colpensiones, lo estoy entendiendo, porque sería irresponsable decir que conozco la entidad profundamente”, dijo. Luego, añadió: “(El cargo) es un privilegio absoluto. Es mi segundo día de trabajo, por cierto. O sea, me tiraron a los toros”.

Durante su intervención, Montoya señaló que Colpensiones tendría un faltante de $4,95 billones para cumplir con el pago de las pensiones. No obstante, varios integrantes de la comisión reclamaron falta de claridad sobre el período al que correspondía esa cifra y si se refería a las obligaciones de 2026 o a los recursos previstos para la siguiente vigencia.

Las críticas vinieron incluso desde figuras que respaldan el Gobierno De la Espriella. La joven activista Jerome Sanabria, cuyo tema emblema es el sistema pensional colombiano, escribió en sus redes sociales:

“Qué vergüenza .En efecto, hubiera sido mejor que pidiera el aplazamiento y se hubiera puesto a estudiar la presentación con un equipo técnico. Entendible que lleve 2 días en Colpensiones, pero que por lo menos llegue estudiado…“.

El concejal de Bogotá Elkin Huertas, del Nuevo Liberalismo, defendió los proyectos de acuerdo 709 y 724 de 2026, reunidos bajo la iniciativa Ciudad Inteligente —también conocida como la reforma tributaria de Bogotá—, y afirmó que las medidas no implican aumentos generalizados para hogares y comerciantes.

A través de un comunicado, el cabildante planteó que la discusión tributaria debe considerar los cambios económicos, tecnológicos y demográficos de la capital, ante el rechazo que ha despertado el paquete de medidas que avanza en el Concejo de Bogotá.

“Bogotá cambió. Cambió su economía, cambió la manera de movernos, cambió la tecnología y cambió la forma de administrar una ciudad. La discusión tributaria también tiene que mirar hacia adelante”, señaló en la comunicación oficial.

Mito 1: “El nuevo alumbrado lo van a pagar todos los bogotanos”

En el concepto del concejal, el proyecto no prevé un cobro igual para todos los hogares, debido a que los predios residenciales de estratos 1, 2 y 3, con base gravable de hasta 20.000 Unidades de Valor Tributario (UVT), tendrían tarifa cero como regla general.

La iniciativa también contempla protecciones para hogares de estratos 4, 5 y 6 con menor capacidad de pago, identificados mediante el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén). Para el resto de los inmuebles residenciales de esos estratos, la tarifa propuesta sería de 0,4 por 1.000, con un cobro definido según la base gravable de cada predio.

Mito 2: “El ICA les va a subir a todos los comerciantes”

Sobre el Impuesto de Industria y Comercio (ICA), Huertas afirmó que el proyecto plantea reducciones para un grupo mayoritario de actividades económicas. Según cifras de la Secretaría Distrital de Hacienda incluidas en el comunicado, 275 actividades tendrían una menor tarifa, mientras que 169 registrarían un incremento.

El concejal indicó que el 89,6% de las empresas industriales y el 82,9% de las comerciales pagarían menos ICA. Entre los ejemplos mencionados figuran restaurantes y hoteles, que pasarían de 13,8 a 12 por 1.000; bares, de 13,8 a 11 por 1.000; y edición y publicación de libros, de ocho a cuatro por 1.000.

Los aumentos se concentrarían, según el documento, en actividades financieras, venta de vehículos y algunos negocios relacionados con alcohol y tabaco.

“Cuando ocho de cada diez comercios pueden pagar una tarifa menor, la conversación cambia. Estamos hablando de darles más aire a quienes todos los días levantan la persiana, generan empleo y mueven la economía de Bogotá”, expresó.

El cabildante vinculó los cambios con la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que representan el 99,3% de las compañías activas en Bogotá-Región.

Mito 3: “La inversión que llegue será únicamente para las grandes empresas”

Sobre los incentivos para atraer inversión privada, Huertas dijo que la administración distrital proyecta que las medidas contempladas en el acuerdo movilicen $78,3 billones en inversión privada y generen hasta 215.000 empleos durante 10 años.

El énfasis estaría puesto en el Distrito Aeroportuario, ubicado en Fontibón y Engativá. “Queremos que la inversión que llegue a Bogotá también compre bogotano, contrate talento local y abra puertas para proveedores de nuestros barrios. La inversión vale mucho más cuando las oportunidades se quedan en la ciudad”, aseguró.

El concejal señaló que durante el debate promovió medidas para priorizar la creación y conservación de empleos para jóvenes, mujeres y personas mayores de 50 años en el Distrito aeroportuario.

Mito 4: “Esto va a hacer todavía más complicado pagar impuestos”

Huertas señaló que el proyecto busca reducir el número de tarifas del ICA de 13 a nueve, con valores enteros. El objetivo, según explicó, es facilitar la comprensión y el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Además, la propuesta plantea eliminar desde 2027 el Impuesto de Publicidad Exterior Visual y el Impuesto Unificado de Fondo de Pobres, Azar y Espectáculos.

Para las microempresas que ingresen a la formalidad, el concejal promovió ampliar a 10 años el esquema gradual de ICA. “Una regla fácil de entender también es una regla más fácil de cumplir. Formalizarse tiene que convertirse en una puerta para crecer”, afirmó.

Mito 5: “Quien está atrasado con Bogotá ya perdió cualquier oportunidad de ponerse al día”

El servidor agregó que el proyecto incluye un descuento del 60% sobre intereses y sanciones para los contribuyentes que cancelen la totalidad del capital adeudado y cumplan las condiciones previstas.

El plazo planteado para acceder al beneficio se extendería hasta el 21 de diciembre de 2026. De acuerdo con el comunicado, más de dos millones de personas podrían acceder a los alivios tributarios y no tributarios previstos en la iniciativa.

La Secretaría Distrital de Hacienda informó el 22 de septiembre que 274.119 personas naturales y jurídicas con obligaciones pendientes están en riesgo de embargo. “Ponerse al día también es ordenar la casa. La ciudad recupera recursos y el ciudadano encuentra una oportunidad para regularizar su situación”, sostuvo.

El anterior jefe de la cartera de Justicia publicó un mensaje en su cuenta de X en el que sostuvo que trabajará con su equipo de abogados en defensa del “interés superior de los niños”.

“Por nuestros niños, por su integridad y por una sociedad que no puede guardar silencio, seguiremos dando esta batalla jurídica con firmeza”, señaló.

“Iniciamos el acompañamiento jurídico en Colombia frente al caso de Samuel Adrián. Con mi equipo de abogados trabajaremos en defensa del interés superior de los niños, convencidos de que su protección debe estar por encima de cualquier ideología”, escribió.

El exministro añadió que continuará la “batalla jurídica” dentro de los lineamientos de la ley colombiana.

Samuel Adrián dijo que enfrenta un posible segundo desacato

En un video compartido por el exministro en la misma publicación, Samuel Adrián dio declaraciones después de recuperar la libertad, tras su detención en la estación de Policía de Usaquén, en el norte de Bogotá.

Allí, el creador audiovisual mexicano afirmó que ya recibió una notificación sobre un segundo desacato, medida que, según expresó, busca controvertir por medio de recursos legales.

El creador de contenido indicó que también cuenta con la representación de la abogada Laura Gómez, vinculada a la Fundación Nueva Democracia, y que la incorporación de Ruiz constituye un respaldo adicional para su defensa.

“Entonces, estamos peleando porque no sea así. Estamos utilizando todos los recursos legales, tanto mi abogada Laura Gómez, desde la Fundación Nueva Democracia, como ahora el exministro, que están prestando de su tiempo, su talento, sus recursos y su servicio y todo su apoyo para que esto no sea así. Porque en el corazón de ellos está no nada más su profesión, sino un amor por la niñez de Colombia”, expresó el activista.

El creador mexicano también cuestionó los tratamientos de afirmación de género para menores que se estarían adelantando en Colombia.

Durante su intervención, Samuel Adrián volvió a referirse a contenidos de su documental ‘Colombia: fábrica de niños trans’, en el que cuestiona la atención médica relacionada con las denuncias sobre tratamientos de reafirmación de género en menores de edad en Colombia, particularmente en la Fundación Valle de Lili, en Cali.

En el video también sostuvo que Colombia tendría un contexto flexible para el acceso de adolescentes a bloqueadores de pubertad, tratamientos hormonales y otras atenciones médicas. También formuló señalamientos contra profesionales y centros de salud que, según dijo, estarían atendiendo estos casos.

“En 2024 vine a dar una serie de conferencias a finales de año. Lo que sucede en esta ocasión es que nos dimos cuenta, por los testimonios y por lo que fuimos descubriendo que Colombia es el país que, actualmente, jurídicamente es el más permisivo de toda Hispanoamérica en esta cuestión de acceso a los menores de edad a tratamientos, de hormonas, de terapias, de hormonización cruzada, de bloqueadores de pubertad. Es el país más permisivo”, dijo.

“En el gobierno de Petro hubo una circular que se envió a todas las EPS y las IPS de Colombia, a todos los hospitales en donde estaban obligados a prestar servicios que tienen que ver con transición de género, tanto a mayores de edad como a menores de edad, pero solo había una clínica especializada de una clínica de género”, agregó, en referencia a la Clínica de Género de la Fundación Valle de Lili, que abrió en 2017 y debió cerrar tras la polémica del documental.

El activista aseguró en el video que esta unidad fue fundada por el doctor Mario Angulo —hecho reconocido por el mismo profesional de la salud, que también dirigió la clínica—, quien es pediátra endocrinólogo que, según el creador audiovisual, “trató a 114 menores de edad, sometiéndolos a una castración química, terapias hormonales y procedimientos que los dejan infértiles, que los dejan con desgaste en su estructura ósea, con un corazón mucho más propenso a sufrir ciertas condiciones, entre otras consecuencias de las cuales muchas llegan a ser irreversibles”.

Samuel Adrián habló del caso de Laura, joven intervenida en la Fundación Valle de Lili

También mencionó el testimonio de Laura, quien asegura haber sido ‘víctima’ de los procedimientos que se realizaron en Valle de Lili, por exponer en la esfera pública las consecuencias que atribuyó a una transición iniciada cuando era menor de edad, incluida una doble mastectomía.

“Le pusimos al documental ‘Fábrica de niños tran’s porque una fábrica, una empresa, lo que necesitas para empezarla son papeles. Los papeles están ahí. Lo más importante es que contábamos con un testimonio, muy triste y al mismo tiempo poderoso, de Laura, que habló en el documental, que era menor de edad cuando comenzó su transición biohormonal. (...) Una de las cosas que más impactan es que entre algunas consecuencias irreversibles que ella experimenta es que cuando son menores de edad los preparan para una transición quirúrgica posteriormente”.

“A ella le quitaron ambos pechos, le hicieron una doble mastectomía. El día de hoy ella dice: ‘Mi sueño sería poder amamantar a mi bebé, pero ya no puedo’. Entonces, ella de todo corazón decidió compartir su testimonio para alertar a los padres de familia y a los menores que están siendo engañados por esta agenda perversa de que no caigan en estas mentiras. No se dejen engañar por estos médicos que no les importa la vida ni la integridad de los niños colombianos ni latinoamericanos”, concluyó.

La mayonesa lo arregla todo: le da ese “toque” a un sándwich, a una ensalada, unas papas fritas o una hamburguesa. También es una base para otras salsas e, incluso, es usada para dorar pan por la capa crujiente que genera en el sartén.

Su textura cremosa y su sabor fresco la convierten en una opción práctica para tener lista en casa.

Aunque no pertenece a una región colombiana específica, esta salsa está presente en muchas cocinas del país. Se usa para acompañar ensaladas frías, perros calientes, hamburguesas, papas, pescados y preparaciones con pollo.

Receta de mayonesa casera

La mayonesa es una salsa fría que se obtiene al emulsionar huevo, aceite, limón o vinagre y sal. La técnica consiste en integrar el aceite poco a poco con la yema hasta conseguir una mezcla espesa, brillante y uniforme.

Tiempo de preparación

• Tiempo activo: 10 minutos.
• Tiempo de cocción: 0 minutos.
• Tiempo total: 10 minutos.

Ingredientes

1. 1 huevo grande, preferiblemente pasteurizado y a temperatura ambiente.
2. 200 mililitros de aceite vegetal de sabor neutro, como girasol o canola.
3. 1 cucharada de jugo de limón.
4. 1 cucharadita de vinagre blanco.
5. 1 cucharadita de mostaza, opcional.
6. 1/2 cucharadita de sal.
7. 1 cucharada de agua, solo si necesita ajustar la textura.

Cómo hacer mayonesa casera, paso a paso

1. Retire el huevo de la nevera con anticipación. Déjelo alcanzar temperatura ambiente durante unos 15 a 20 minutos.
2. Vierta el huevo en el vaso alto de una licuadora de inmersión. Agregue el limón, el vinagre, la mostaza y la sal.
3. Añada todo el aceite. Coloque la batidora de mano en el fondo del vaso, justo encima de la yema.
4. Encienda la batidora a velocidad alta y no la mueva durante los primeros 10 segundos. En ese momento comenzará a formarse la emulsión.
5. Cuando la parte inferior se vea blanca y espesa, suba la batidora lentamente. Mantenga el movimiento vertical hasta integrar todo el aceite.
6. Pruebe la mayonesa. Ajuste la sal o agregue unas gotas más de limón, según su gusto.
7. Si la salsa queda demasiado espesa, incorpore 1 cucharada de agua y bata durante unos segundos.
8. Pase la preparación a un frasco limpio, seco y con tapa. Guárdela de inmediato en la nevera.

La temperatura del huevo es clave para evitar que la mayonesa se corte. También es necesario incorporar el aceite de forma gradual si utiliza varillas manuales o una licuadora tradicional.

Si la mezcla se corta, no la bote. Coloque 1 yema nueva en otro recipiente y agregue la mayonesa cortada poco a poco, mientras bate de manera constante. La preparación puede recuperar su textura.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 1 taza, suficiente para 8 porciones de 2 cucharadas cada una.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción de 2 cucharadas:

• Calorías: 250 kcal.
• Grasas totales: 27 gramos.
• Proteínas: 1 gramo.
• Carbohidratos: 1 gramo.
• Sodio: depende de la cantidad de sal utilizada.
• Colesterol: aproximadamente 25 miligramos.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarde la mayonesa casera en un frasco de vidrio limpio y bien tapado. Manténgala en la parte más fría de la nevera, no en la puerta.

Por contener huevo crudo y no tener conservantes, se recomienda consumirla en un periodo de 3 a 4 días. No la deje a temperatura ambiente durante más de 2 horas.

Para una preparación más segura, use huevo pasteurizado, especialmente si la van a consumir niños pequeños, mujeres embarazadas, adultos mayores o personas con defensas bajas.

El representante a la Cámara Daniel Briceño confirmó a través de sus redes sociales que rechazó una nueva oferta de las autoridades de asignarle policías para que lo acompañen en sus recorridos y actividades cotidianas.

El congresista del Centro Democrático aseguró que no aceptará un esquema de seguridad que, según afirmó, podría restar uniformados dedicados a garantizar la protección de los ciudadanos en Bogotá.

Briceño sostuvo que la capital enfrenta un déficit superior a 6.000 policías y consideró que, en esas condiciones, no se justifica destinar miembros de la fuerza pública a su protección personal.

“Agradezco a las autoridades que nuevamente me ofrecieron designarme policías para acompañarme en mis recorridos y en el día a día del cargo”, señaló el representante en una publicación en X.

El legislador agregó que su decisión responde a la necesidad de priorizar la presencia policial en los barrios y zonas de mayor demanda de seguridad. “Mientras Bogotá está en un déficit no puedo aceptar que le quiten a los ciudadanos para darme a mí. Eso no tiene ningún tipo de sentido”, afirmó Briceño.

El legislador hizo un llamado a otros dirigentes políticos que cuentan con agentes de Policía a su disposición para que revisen sus esquemas, ante la falta de pie de fuerza que, según su pronunciamiento, afecta a Bogotá y otras regiones de Colombia.

Briceño respaldó el ajuste de esquemas de seguridad para exfuncionarios

El congresista también respaldó la reducción de los esquemas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para algunos exfuncionarios y cuestionó las críticas de quienes perdieron los vehículos blindados y escoltas que les habían sido asignados.

“Creen que andar en una Toyota les da estatus”, afirmó en su cuenta de X.

La discusión surgió tras las denuncias de Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que sostuvo que la UNP redujo su protección pese a que dos resoluciones de la entidad habrían reconocido un riesgo extraordinario sobre su vida.

“El Gobierno reconoce riesgo extraordinario. La respuesta: ¡Un chaleco!”, escribió el exdirector de la Ungrd, que responsabilizó al director de la entidad, Didier Blanco, al ministro Lara Restrepo, y al presidente Abelardo de la Espriella de cualquier hecho que afecte su integridad.

Carrillo también afirmó que su labor durante su administración en la Ungrd generó un choque con grupos armados ilegales, dirigentes políticos y contratistas. Sin embargo, aseguró que continuará con sus denuncias y su colaboración con la justicia pese a la modificación de su esquema de protección.

Por su parte, Briceño cuestionó que antiguos funcionarios consideren esos recursos como un privilegio permanente. “Les quitan las camionetas blindadas y los escoltas y pierden la cabeza. Ya no pueden ir a hacer mercado, a un restaurante o movilizarse sin un séquito de gente”, escribió el congresista.

Rodrigo Lara dijo que los ajustes buscan llevar más policías a las calles

Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, aseguró que la UNP no eliminó las medidas de protección para los exintegrantes del gobierno de Gustavo Petro, lo que hizo fue modificar dispositivos que, según su evaluación, ya no se ajustan a los riesgos actuales.

El funcionario sostuvo que la revisión de los esquemas busca liberar personal policial para reforzar las labores de seguridad ciudadana. “Usted no puede ser exministro y tener esquema de ministro. Sí hay una seguridad básica, pero yo creo que Colombia tiene ya que empezar a recortar este tema de los esquemas”, declaró ante la prensa.

Lara Restrepo planteó que exfuncionarios que dejaron sus cargos hace ocho o diez años no deberían conservar recursos equivalentes a los que tenían durante su paso por el Gobierno si las condiciones de riesgo cambiaron. También rechazó que agentes asignados a la protección realicen tareas ajenas a sus funciones.

“Necesitamos a la Policía en la calle combatiendo el crimen y no cuidando a gente ni haciéndole mercado a personas que ya no significan peligro o no tienen peligro para sus vidas”, señaló el ministro.

Tras la adición de Colombia a la Coalición de las Américas contra los Carteles, en conjunto, los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago se pusieron de acuerdo para establecer unas prioridades esenciales que van más allá de la lucha contra el narcoterrorismo en el Hemisferio.

A través de una declaración conjunta relativa a la defensa de la soberanía en el Hemisferio, el organismo regional planteó tres pilares de trabajo. El documento fue difundido por el Departamento de Estado de Estados Unidos y constituye la primera medida conjunta del denominado Escudo de las Américas

El primero apunta a la cooperación económica, con medidas para fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos, controlar inversiones y promover estándares para proveedores confiables de infraestructura digital.

El segundo se centra en la seguridad y la defensa de la gobernanza democrática. El texto contempla ampliar las capacidades civiles de seguridad, coordinar sanciones y acciones financieras, y ofrecer asistencia humanitaria y de comunicación frente a las redes armadas.

El tercer eje propone una mayor coordinación en foros regionales y multilaterales, con el propósito de impulsar acciones contra el crimen organizado transnacional y promover reformas en organismos internacionales.

Para sostener esas medidas, los países anunciaron que buscarán ampliar el intercambio de inteligencia, el acceso a tecnologías de seguridad, la capacitación de personal y el intercambio de prácticas.

La acción contra los 24 grupos narcoterroristas

De la misma manera, los gobiernos firmantes anunciaron una acción colectiva contra 24 organizaciones calificadas como narcoterroristas, que contempla congelamiento de activos, restricciones migratorias y posibles sanciones penales contra quienes les brinden apoyo material.

El documento señala que los Estados buscarán aplicar las medidas de acuerdo con sus respectivas leyes nacionales y obligaciones internacionales.

Entre las herramientas previstas figuran la inmovilización de bienes, limitaciones de inmigración y visados para integrantes, asociados y simpatizantes de las organizaciones, además de acciones penales contra quienes aporten recursos o asistencia logística con conocimiento de su destino.

La lista incluye a Mara Salvatrucha (MS-13), el Tren de Aragua, Barrio 18, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Sendero Luminoso y los grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), entre ellos el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia.

También figuran organizaciones criminales vinculadas con México, como el Cartel Jalisco Nueva Generación (Cjng), el Cartel de Sinaloa, el Cartel del Golfo, Carteles Unidos, La Nueva Familia Michoacana, el Cartel del Noreste, Los Viagras y el Cartel de Juárez, conocido también como La Línea.

La nómina incorpora al Cartel de Los Soles, el Clan del Golfo, el Primeiro Comando da Capital, el Comando Vermelho, Gran Grif, Viv Ansanm, Los Lobos, Los Choneros, Chone Killers, Los Tiguerones y otras estructuras señaladas en la declaración.

Los países firmantes sostuvieron que las organizaciones narcoterroristas transnacionales representan una amenaza para la paz, la seguridad y la prosperidad del hemisferio. Por ese motivo, anunciaron la intención de coordinar designaciones, sanciones y mecanismos financieros contra esos grupos.

Los gobiernos buscarán activar mecanismos del Tratado de Río

La declaración establece que los países tienen previsto presentar una solicitud conjunta ante la Presidencia del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El objetivo será convocar una reunión de consulta que evalúe la creación de un Órgano de Consulta, bajo los artículos 6 y 13 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar), conocido como Tratado de Río.

Una vez convocado ese espacio, los gobiernos prevén participar a nivel ministerial para analizar una resolución que facilite una respuesta colectiva contra las organizaciones incluidas en el listado.

Los países del Escudo de las Américas que no integran el Tratado de Río expresaron su respaldo a la iniciativa y su intención de contribuir dentro de los límites de sus normas nacionales e internacionales.

González fue detenido el 13 de septiembre en el Aeropuerto Internacional El Dorado, luego de llegar desde Panamá. La Policía Nacional explicó en ese momento que el procedimiento no obedecía a una investigación penal ni a la imputación de un delito, sino a la ejecución de una sanción dictada por un juzgado de Cali dentro de un proceso de tutela.

La noticia fue confirmada en redes sociales por algunas personas que esperaron a Samuel Adrián a las afueras de la estación de Policía donde estaba detenido, entre ellos el congresista conservador Luis Miguel López Aristizábal.

El director del documental agradeció el apoyo de los colombianos y envió un mensaje en favor de la niñez: “Yo creo que ha sido muy claro que Colombia ha hablado. Ha hablado muy claro. Los padres de familia, los colombianos, las familias colombianas que están en contra de estas atrocidades hacia los niños”.

Agregó: “Yo vine para acá sabiendo que esto podía pasar, pero preparado para dar una plática, una conferencia, en donde íbamos a seguir dando la lucha, seguir dando la batalla. No se pudo dar esa plática, no se pudo dar esa lucha, pero pasó algo mucho mejor. Y es que millones de colombianos se levantaron su voz para dar esa lucha, rechazando este tipo de prácticas, reprobándolas. Se levantaron congresistas como Luis Miguel López, que aquí está desde el Congreso, levantando su voz, peleando”, dijo.

En el acto también estuvieron representantes de movimientos provida como Unidos por la Vida Colombia, que “se hizo presente de cortazón con cada uno de los miembros de la plataforma, y presencialmente con algunos de sus directivos, a la salida de Samuel Adrián de la Estación de Policía de Usaquén. Sin duda un gran héroe #SamuelAdriánLIBRE por fin!”.

También el excandidato a la Cámara Jonathan Silva, que escribió: “Mi amigo Samuel Adrián salió de estar preso 10 días. Un mensaje, existimos los que nos vamos pesos por defender convicciones firmes”.

Antes de viajar a Colombia, Samuel Adrián publicó un video desde el aeropuerto de Tocumen, en Panamá, en el que afirmó que había recibido una providencia que ordenaba su arresto y el pago de la multa en Colombia. También sostuvo que la medida estaba relacionada con su negativa a eliminar el documental que ha generado un debate nacional.

El exministro de Justicia Wilson Ruiz asumió la defensa de Samuel Adrián

Un día antes de la liberación se conoció que el exministro de Justicia y abogado Wilson Ruiz asumió la representación jurídica del creador mexicano.

Ruiz informó que su oficina de togados acompañará el proceso en representación de la Fundación Nueva Democracia, en la que está vinculada la colombiana Laura Gómez, víctima de terapias de hormonización en su adolescencia. El exministro señaló que la estrategia de defensa se centrará en la libertad de expresión, la familia y los derechos de niños, niñas y adolescentes.

“Desde mi Oficina de Abogados acompañaremos y reforzaremos la defensa jurídica de Samuel Adrián, en representación de la Fundación Nueva Democracia y Laura Gómez”, publicó Ruiz en su cuenta de X.

Según la información divulgada sobre el caso, la sanción se produjo después de que el creador se negara a retirar contenidos de internet. La decisión no implicó una condena penal por las afirmaciones difundidas en el documental.

A su vez, la producción presentó denuncias, testimonios y cuestionamientos sobre tratamientos y protocolos médicos relacionados con la transición de género en niños y adolescentes.

Las afirmaciones incluidas en el documental sobre instituciones médicas y profesionales corresponden a la investigación y los señalamientos formulados por su director.

Las autoridades le atribuyen una trayectoria criminal de 11 años y vínculos con homicidios selectivos, tráfico de cocaína y extorsiones en el Bajo Cauca antioqueño.

Un comunicado oficial de la institución indicó que la detención se produjo mediante orden judicial en una zona de invasión de difícil acceso de la capital de Antioquia. Según la Policía, Chica Sánchez se había trasladado a Medellín para ocultarse en sectores periféricos y buscar contactos con organizaciones criminales locales que le permitieran reforzar las finanzas y la logística de su estructura.

Contra alias Gomelo había tres órdenes de captura vigentes por homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, y concierto para delinquir agravado.

La Policía lo vincula con cuatro homicidios cometidos en 2022

De acuerdo con la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), el capturado aparece como indiciado en cuatro homicidios bajo la modalidad de sicariato, perpetrados en 2022 en medio de disputas armadas por el control territorial y las rentas ilegales en el Bajo Cauca.

Las autoridades sostienen que los crímenes ocurrieron en el contexto de enfrentamientos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La Policía indicó que las confrontaciones se relacionaban con el dominio de rutas, economías ilícitas y zonas de influencia de los grupos armados.

Según el reporte oficial, alias Gomelo tenía presencia principalmente en Caucasia, Cáceres y Tarazá. Allí habría articulado el procesamiento y la comercialización de clorhidrato de cocaína, además del cobro de extorsiones a comerciantes y productores.

Durante la captura, los investigadores incautaron un teléfono celular que será sometido a análisis técnico y forense. La Policía espera establecer si el dispositivo contiene información que permita avanzar en otras investigaciones relacionadas con la subestructura Yeison Leudo Chaverra.

El material incautado quedó a disposición de las autoridades judiciales como parte de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación. De hecho, “Gomelo” fue presentado ante un juez de control de garantías, que declaró legal su captura.

Judicializaron a presunto cabecilla del Clan del Golfo señalado de extorsionar a ganaderos y empresas de giros en Sucre

A la captura de Duván Andrés Chica Sánchez se suma la apertura de una investigación contra otro presunto integrante del Clan del Golfo. La Fiscalía General de la Nación judicializó a Jorge Luis de la Ossa Flórez, señalado de integrar el Clan del Golfo y de coordinar cobros extorsivos contra ganaderos y comerciantes de empresas de giros en tres municipios de Sucre.

El procesado fue capturado el 2 de septiembre en el municipio de San Benito Abad, donde, según la investigación, habría intentado evitar su detención con un arma de fuego.

Un fiscal especializado de la Seccional Sucre presentó ante un juez los elementos de prueba que vinculan a De la Ossa Flórez con la organización armada. Las autoridades sostienen que habría ingresado a la estructura en febrero de 2025 y que ejercía como presunto cabecilla regional.

De acuerdo con la investigación, tenía la tarea de dirigir acciones delictivas, coordinar las actividades de otros integrantes y reportar los resultados a mandos superiores del grupo.

La Fiscalía señaló que el procesado, junto con otros presuntos miembros de la organización, articulaba cobros ilegales a ganaderos y a comerciantes vinculados con empresas de giros en San Benito Abad, La Unión y Caimito.

Las exigencias económicas habrían sido permanentes y formaban parte de las rentas ilegales de la estructura en esa zona del departamento. El expediente, divulgado el 23 de septiembre, no precisó el número de víctimas ni el monto de los recursos que habrían sido exigidos.

En el clip quedó en evidencia que, en medio de la meniobra peligrosa, uno de los jóvenes perdió el equilibrio y cayó sobre el corredor vial debido a un mal movimiento, mientras el otro continuó su marcha.

De nor ser porque los conductores de los vehículos que venían detrás de los infractores frenaron, prácticamente en seco, la historia habría sido diferente.

Aunque el hecho no dejó personas heridas, el concejal de Bogotá Andrés Barrios advirtió que la situación pudo terminar efectivamente en un accidente grave para los involucrados o para otros actores viales.

“¿Qué tal esta irresponsabilidad? Tres personas circulan en patineta por la Autopista Norte a toda velocidad y una hace caer a la otra en la mitad de la vía. Esto pudo costarles la vida a los tres y provocar una tragedia”, afirmó el cabildante en su cuenta de X.

Barrios dirigió su reclamo, en particular, a la Secretaría Distrital de Movilidad, a la que le cuestionó la falta de presencia de las autoridades ante este tipo de conductas.

“Las vías de Bogotá no son una pista para hacer estupideces. Hagan cumplir las normas: la autoridad no puede aparecer cuando ya haya un muerto”, escribió el servidor.

Jóvenes viajaron en el techo de un articulado de TransMilenio

Un grupo de tres jóvenes se grabó asímismo mientras viajaba sobre el techo de un bus de TransMilenio que circulaba durante la noche por un corredor vial capitalino.

La empresa rechazó la conducta y advirtió que puso en riesgo la vida de quienes participaron y la seguridad de los usuarios del sistema.

El video, de cerca de 35 segundos, fue registrado por los propios jóvenes y difundido en redes sociales por el concejal Andrés Barrios Bernal. Las imágenes muestran a los tres ocupantes sentados o recostados sobre la parte superior del articulado, mientras el vehículo avanzaba.

La grabación comenzó cuando los jóvenes se encuentran en una estación y, al parecer, esperan la llegada del bus para subirse al techo. Durante el recorrido utilizaron celulares para registrar la maniobra.

En una parte del video, una joven con chaqueta blanca y gorra permanece tendida sobre el techo del articulado. Cuando advierte la presencia de una patrulla de la Policía detrás del vehículo, pronuncia una frase sobre los uniformados y oculta su teléfono para evitar ser vista.

Las imágenes también muestran el momento en que la joven baja en una estación por uno de los costados de acceso de los usuarios. Para descender, se sujeta con las manos mientras debajo se observan la calzada y la infraestructura de la troncal.

La maniobra expuso a los jóvenes a una caída durante el trayecto o al momento de abandonar el vehículo. También pudo afectar la operación del sistema y representar un riesgo para los pasajeros y otros actores viales.

TransMilenio recordó que estas conductas infringen normas de convivencia

Luego de la difusión del video, TransMilenio S.A. rechazó el hecho y señaló que ese tipo de comportamientos contraviene las disposiciones del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

“Rechazamos enfática y reiterativamente cualquier tipo de comportamiento contrario a las normas establecidas en el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana”, indicó la empresa.

La entidad añadió que este tipo de conductas compromete la integridad de quienes las realizan y la de los cientos de pasajeros que utilizan el sistema a diario.

“Hacemos un llamado a rescatar los valores y los buenos comportamientos porque este tipo de acciones ponen en riesgo la vida de quienes las realizan y la de cientos de usuarios que se movilizan en nuestro sistema”, sostuvo TransMilenio.

La compañía invitó a los ciudadanos a comunicar este tipo de situaciones a las autoridades competentes y a utilizar los canales formales de denuncia. También reiteró su llamado a respetar las reglas de uso del transporte público.

El concejal Barrios cuestionó la falta de controles e instó a las autoridades a identificar a los jóvenes. “Cogieron de relajo a TransMilenio porque saben que no pasa nada. ¿Dónde está la autoridad?”, escribió en su cuenta de X.

En video quedó captado el momento cuando numerosos menores de edad salieron gateando de las aulas hacia el patio de juegos de la institución para buscar refugio, tras una explosión y ráfagas de fusil que se escucharon cerca del establecimiento educativo.

Los videos difundidos durante la emergencia registraron a los estudiantes desplazándose sobre el suelo, siguiendo indicaciones, mientras docentes los guiaban hacia un punto humanitario establecido con antelación.

Los hechos ocurrieron en esta zona limítrofe entre los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, donde operan estructuras disidentes, ahora objetivo militar.

La evacuación se activó después de que los combates alcanzaran sectores cercanos al colegio. Los profesores aplicaron los protocolos de protección para evitar que los menores quedaran expuestos a las detonaciones y los disparos.

Información suministrada por el medio vallecaucano El País de Cali, la comunidad educativa recibió la instrucción de abandonar los salones y desplazarse a un área definida como lugar de resguardo.

La zona es escenario de operaciones contra la estructura Jaime Martínez

Los enfrentamientos se registraron durante operaciones del Ejército contra integrantes de las disidencias de las Farc que tienen presencia en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Timba es un corredor de interés para los grupos armados por su conexión con municipios caucano como Suárez y Buenos Aires.

Ese mismo día, una comisión de la Fiscalía General de la Nación, acompañada por el Ejército, fue atacada con explosivos, drones y ráfagas de fusil cuando adelantaba una diligencia en zona rural de Timba, Cauca. El ataque fue atribuido a la estructura Jaime Martínez.

Según la información conocida, un vehículo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) recibió impactos durante la acción armada y los funcionarios tuvieron que retirarse. Las tropas que respaldaban el procedimiento permanecieron en el sector para enfrentar a los atacantes.

Así van los operativos que adelantan las Fuerzas Militares: cuatro disidentes neutralizados

El Ejército Nacional informó que cuatro presuntos integrantes de las estructuras Carlos Patiño y Dagoberto Ramos murieron durante operaciones militares en Cauca, mientras que otros dos fueron capturados heridos.

Las acciones se desarrollaron entre el 22 y 23 de septiembre de 2026 contra grupos del Bloque Occidental Jacobo Arenas, que las autoridades vinculan con alias Iván Mordisco.

De acuerdo con el reporte oficial, los enfrentamientos permitieron recuperar dos cuerpos e incautar cinco motocicletas, ocho armas de fuego y 342 cartuchos de diferentes calibres. La institución indicó que el material decomisado afectaría las capacidades de movilidad y armamento de las estructuras armadas.

Las operaciones estuvieron a cargo de tropas de la Tercera División del Ejército Nacional, con apoyo de la División de Aviación Asalto Aéreo y en coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional.

El comandante de la Tercera División, brigadier general Samuel Salinas Valencia, afirmó que la ofensiva se mantuvo en distintos sectores del departamento y que los dos capturados heridos recibieron atención en el área de combate

“Las operaciones militares desarrolladas con el apoyo de las capacidades especiales de la inteligencia militar, la aviación del ejército, en conjunto con la Fuerza Aérea Colombiana y en coordinación con la Policía Nacional, se llevaron a cabo en diferentes sectores del departamento del Cauca. Las fuerzas militares junto a la Policía Nacional continuarán desarrollando operaciones militares conjuntas, coordinadas e interinstitucionales para evitar estas organizaciones y contribuir a la estabilidad del suroccidente colombiano”, aseguró el oficial.

Según Salinas Valencia, durante los combates las tropas afectaron las capacidades armadas y de desplazamiento de las estructuras Carlos Patiño y Dagoberto Ramos.

Luego de que el presidente Abelardo de la Espriella ordenó la militarización de Santa Marta, Magdalena, por un paro armado atribuido a Los Pachenca, también conocidos como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), que afectó el centro urbano costero y otras zonas del departamento, el exsenador y exprecandidato presidencial David Luna atribuyó la situación de seguridad al Gobierno Petro.

El líder político, en primer lugar, cuestionó la política de Paz Total. A través de una publicación en su cuenta de X, Luna afirmó que las estructuras criminales demostraron tener la capacidad para paralizar una ciudad y que el Estado colombiano debe recuperar el control estatal en todo el territorio nacional.

“¿Saben qué pasó ayer en Santa Marta? Los criminales demostraron que tienen la capacidad de paralizar una ciudad entera.Casi $40.000 millones en pérdidas, comercios cerrados y calles vacías por el miedo de la gente", expresó.

Luna sostuvo toda la situación expuso el poder que, según su postura, adquirieron los grupos armados en esa región, en particular, durante la gestión del entonces presidente Gustavo Petro.

“Y esto no pasó de un día para otro. Santa Marta lleva meses viviendo bajo el control de la criminalidad. Lo de ayer simplemente dejó al descubierto el nivel de fortalecimiento que estas estructuras tuvieron en el Magdalena durante la Paz Total”, dijo.

Luna agregó que solo el paro armado del 22 de septiembre de 2026 representó pérdidas cercanas a los 40.000 millones de pesos. La cifra coincide con una estimación de 39.000 millones de pesos durante el primer día del paro presentada por el gremio transportador Fedetranscarga, mientras que la Cámara de Comercio de Santa Marta calculó un impacto de 41.500 millones al incluir a Ciénaga y la Zona Bananera.

En su mensaje, el excongresista atribuyó la situación a un fortalecimiento de las organizaciones ilegales en Magdalena durante la estrategia de diálogo del Gobierno Petro con grupos armados.

“Por eso vuelven a cobrar sentido las palabras de Otty Patiño, estaban jugando a los ‘congelados’. Todo estaba ‘tranquilo’ mientras los dejaran quietos. Pero una vez dieron de baja al ”Cholo", dejaron en evidencia el control que tenían en la zona", señaló.

Alias Cholo fue identificado como José Luis Pérez Villanueva y señalado por las autoridades como uno de los mandos de las Acsn. Su muerte ocurrió durante una operación de las fuerzas de seguridad el 21 de septiembre de 2026.

Tras ese operativo, el grupo criminal anunció un paro armado de 48 horas que afectó la movilidad, el transporte de carga, el comercio y la actividad turística en Santa Marta, Ciénaga y corredores viales de Magdalena.

“Las Fuerzas Militares hacen bien en retomar el control. Pero ahora tenemos que preguntarnos algo, ¿cuántos otros lugares de Colombia están también jugando a los ‘congelados’? No será fácil, pero debemos recuperar el control de todo el territorio nacional. Ni un centímetro más para los bandidos”, concluyó Luna.

David Luna también atribuyó a la Paz Total el ataque al tren del Cerrejón

El también exministro de las TIC se pronunció en un mensaje posterior al ataque con explosivos a manos del ELN contra un tren que se movilizaba por la ferrovía del complejo minero Cerrejón, en La Guajira, que dejó veinte vagones afectados, en la mañana del 23 de septiembre de 2026.

A través de sus redes sociales, comentó que fue “durante la Paz Total (que) se dieron cese de operaciones ofensivas contra el ELN, meses de tregua, levantamiento de órdenes de captura, y muchos beneficios más. Pues justamente sus beneficiarios, el ELN, vuelven a atacar, esta vez, con explosivos contra el tren del Cerrejón”.

“Ya son seis ataques contra esa línea férrea este año. Petro celebra el premio en el Festival de Cannes por el audiovisual de Colombia el país de la belleza, pero la verdad es que nos dejaron un país sumido en la violencia, desfinanciado, con grupos armados fortalecidos y un Estado que perdió autoridad”, sostuvo.

La cirugía se llevó a cabo el 21 de septiembre de 2026 en la Fundación Cardioinfantil de Bogotá y, según el progenitor del jefe de Estado, “fue un éxito total”.

Recién despierto de la anestesia, el abogado de 73 años, defensor de la cultura caribeña y conocido en las redes sociales por sus videos sobre su estilo de vida en Córdoba y sus desayunos y almuerzos autóctonos, contó que sufrió un episodio de delirio durante la madrugada posterior a la cirugía. También es conocido por su expresión “Chao, pescao”. Según relató, creyó que el personal médico lo envenenaba a través de los medicamentos que recibía.

El padre del mandatario atribuyó el episodio a los efectos de la anestesia y de los fármacos administrados después de la operación.

“Pero esta madrugada tuve un episodio horrible, de pesadilla, de delirio, ocasionado por la anestesia y por los medicamentos que me pusieron. La pesadilla consistió en que soñé que me estaban envenenando a través de los medicamentos que me estaban dando. Le dije a las personas que me atendían a las tres de la mañana que prefería morir porque me había quitado los conductos que me pusieron para tal efecto (sic)”, dijo.

Quiénes son los padres de Abelardo de la Espriella: el abogado Abelardo de la Espriella Juris y la “Niña Mayo”

La recuperación de Abelardo de la Espriella Juris después de una cirugía a corazón abierto volvió a poner en primer plano la historia familiar del presidente, que públicamente ha atribuido parte de su formación a la influencia de su padre, abogado y exmagistrado, y de su madre, María Eugenia Otero Aldana, llamada también la “Niña Mayo”

De la Espriella Otero es el tercero de los cuatro hijos del matrimonio. Su entorno familiar estuvo ligado al derecho, la administración pública, la política regional cordobesa y los negocios.

En declaraciones públicas, el mandatario ha señalado que de su padre recibió el interés por el arte y la música, mientras que de su madre heredó una dedicación constante al trabajo.

El padre del mandatario desarrolló su carrera entre el derecho y el servicio público

Nacido en Sahagún, Córdoba, Abelardo de la Espriella Juris se formó como abogado en la Universidad Libre de Bogotá y se especializó en Derecho Procesal.

También cursó estudios de administración pública en España y completó formación en Derecho Público en instituciones como la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Santo Tomás.

Su trayectoria estuvo vinculada, principalmente, al derecho notarial, la administración estatal y la política regional. Ocupó cargos como jefe de personal y director administrativo del Ministerio de Agricultura, director de Mercadeo Exterior de Ganado y Carne, asesor jurídico de la Gobernación de Córdoba y diputado a la Asamblea departamental.

En 1989 fue designado magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo de Córdoba, corporación que luego presidió. También fue presidente del Consejo Superior de la Universidad de Córdoba, profesor de Derecho Procesal Administrativo y docente de Régimen Municipal y Departamental.

En 1994 renunció al Tribunal Contencioso Administrativo para aspirar a la Gobernación de Córdoba por el Nuevo Liberalismo, aunque perdió la elección frente a Carlos Buelvas Aldana, quien contó con el respaldo de una coalición de sectores liberales y conservadores.

María Eugenia Otero Aldana pertenece a una familia ganadera de Córdoba, con vínculos históricos con la actividad política de ese departamento y cercana al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En redes sociales, los padres del presidente publican videos en los que muestran su estilo de vida y las comidas que realizan para sus invitados.

Para postres y preparaciones de mayor complejidad, así como para bebidas, sopas, cremas y salsas, o para sencillamente disfrutarla fría con frutas y panes, la crema de leche es uno de los infaltables en cualquier cocina.

Aunque hay tanto calidades como marcas a la orden del día, hacerla desde cero permite tenerla a la mano en casa, no depender del supermercado, y tener la garantía de que se están consumiendo productos naturales.

Se prepara con ingredientes fáciles de conseguir y no requiere equipos especializados.

Esta versión se basa en una mezcla de leche entera y mantequilla sin sal, una alternativa útil para la cocina diaria. El resultado queda cremoso, con buen cuerpo y sabor lácteo, ideal para preparaciones dulces y saladas.

Receta de crema de leche

La crema de leche casera se obtiene al integrar leche caliente con mantequilla derretida. Después, la mezcla se bate y se enfría en la nevera para que tome una textura más espesa y uniforme.

Esta preparación funciona como base para salsas, sopas, pastas, postres y rellenos. No contiene azúcar, por lo que se puede adaptar a diferentes recetas.

Tiempo de preparación

• Tiempo activo: 15 minutos.
• Tiempo de enfriamiento: 4 a 6 horas.
• Tiempo total: 4 horas y 15 minutos como mínimo.

Para obtener una consistencia más firme, la mezcla puede permanecer en la nevera durante toda la noche.

Ingredientes

1. 200 ml de leche entera.
2. 200 g de mantequilla sin sal (tiene que ser sin sal)
3. 1 pizca de sal, opcional para preparaciones saladas.
4. 2 cucharadas de azúcar, opcional para recetas de repostería.

Cómo hacer crema de leche, paso a paso

1. Corte la mantequilla en cubos pequeños. Este tamaño ayuda a que se derrita de manera pareja.
2. Vierta la leche entera en una olla de fondo grueso.
3. Agregue la mantequilla y lleve la olla a fuego bajo.
4. Revuelva con una espátula o unas varillas hasta que la mantequilla se derrita por completo.
5. Evite que la leche hierva. La mezcla debe calentarse de forma suave para evitar que se separe o tome un sabor quemado.
6. Cuando la mantequilla esté completamente fundida, retire la olla del fuego.
7. Deje reposar la preparación durante 15 a 20 minutos, hasta que esté tibia.
8. Pase la mezcla a una licuadora o a un recipiente alto.
9. Bata durante 2 minutos, hasta que la preparación se vea homogénea y ligeramente espumosa.
10. Vierta la crema en un recipiente limpio, preferiblemente de vidrio, con tapa.
11. Tape bien y lleve a la nevera durante 4 a 6 horas.
12. Antes de utilizarla, revuelva con una cuchara para integrar la grasa y la leche.
13. Para una versión dulce, agregue el azúcar después del enfriamiento y bata hasta incorporarla.
14. Para una preparación salada, puede añadir una pizca de sal, pimienta o especias según la receta.

Tips:

• Use leche entera, porque su contenido de grasa ayuda a conseguir una crema con más cuerpo.
• No deje que la leche hierva. El calor excesivo puede afectar la textura final.
• Bata la mezcla cuando esté tibia, no cuando esté completamente fría. Así se integran mejor la leche y la mantequilla.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta preparación rinde aproximadamente 400 ml de crema de leche, equivalentes a 8 porciones de 50 ml.

La cantidad puede utilizarse para una salsa familiar, una sopa cremosa o varias preparaciones pequeñas de repostería.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción de 50 ml:

• Calorías: 195 kcal.
• Grasa total: 20 g.
• Grasa saturada: 12 g.
• Carbohidratos: 3 g.
• Proteína: 1,5 g.
• Azúcares naturales: 1,5 g.
• Sodio: 5 mg, aproximadamente, si se utiliza mantequilla sin sal.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarde la crema de leche en un recipiente de vidrio con tapa hermética. En la nevera, puede conservarse durante 5 días, siempre que se mantenga bien refrigerada y no permanezca varias horas a temperatura ambiente.

Antes de usarla, revise el olor, el color y la textura. Si presenta un aroma ácido, grumos extraños o cambios de color, es mejor desecharla.

También puede congelarse durante 1 mes. Después de descongelarla, la textura puede separarse un poco. En ese caso, bátala nuevamente antes de incorporarla a una salsa o sopa.

Una discusión familiar por una deuda derivó en una agresión con machete contra una mujer en el barrio El Oasis, en Santa Marta.

El hecho ocurrió el 20 de ,ACseptiembre de 2026 en el interior de una vivienda. De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, la disputa comenzó por los 40.000 pesos que Juana María Payares Bolívar presuntamente le debía a su hermano, identificado como Gabriel Antonio Payares Bolívar

En medio de la discusión, el hombre, iracundo, habría tomado un machete para lesionar a su hermana en una de sus manos. La gravedad de la herida obligó a trasladarla a dos centros asistenciales.

La víctima recibió ayuda de otra hermana y de su cuñado, que la llevaron primero al puesto de salud de Bastidas, cerca a la vivienda. Más tarde, fue remitida a la Clínica Bahía para recibir atención médica especializada.

La Policía lo capturó y el caso quedó en manos de la Fiscalía

Uniformados de la Estación Bastidas acudieron al lugar tras conocer lo sucedido y capturaron al hombre en flagrancia. Según la información conocida, el detenido quedó a disposición de la Fiscalía.

El proceso fue registrado de manera inicial como lesiones personales agravadas por circunstancias, una conducta contemplada en el artículo 119 del Código Penal colombiano.

La Fiscalía deberá establecer las circunstancias de la agresión y definir la responsabilidad penal del capturado.

De hecho, de manera paralela, la Policía del Magdalena informó la captura de 10 personas por presuntos hechos de violencia intrafamiliar en los municipios de Plato, Pivijay, Fundación, El Banco y Santa Ana.

De acuerdo con las autoridades, los procedimientos estuvieron relacionados con agresiones físicas, amenazas y otros casos que afectaron a integrantes de núcleos familiares. En Plato se registraron tres capturas; en Fundación, dos; en El Banco, tres; y en Pivijay y Santa Ana, una en cada municipio.

En Fundación y Santa Ana, dos de los detenidos fueron sorprendidos cuando agredían a sus parejas. En El Banco, un hombre fue capturado en el barrio Media Luna cuando, según la Policía, intentaba ingresar a una vivienda para atacar a una mujer.

El comandante del Departamento de Policía Magdalena, coronel Alexander Martín Eljadue, se pronunció sopbre estos hechos y comentó quie “en el Magdalena estamos actuando de manera firme frente a la violencia intrafamiliar. Cada caso que conocemos activa nuestra capacidad de respuesta para proteger a las víctimas y poner a disposición de las autoridades a quienes presuntamente cometen estas agresiones”.

Habitante de calle fue atacado con cuchillo mientras dormía en un parque de Santa Marta

Un hombre en condición de calle resultó herido tras ser atacado con un cuchillo mientras dormía en el Parque Sesquicentenario, en inmediaciones del Mercado Público de Santa Marta.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 18 de septiembr de 2026, cuando la víctima, cuya identidad no había sido establecida, descansaba sobre un colchón cuando otro habitante de calle la habría sorprendido y agredido por causas que son materia de investigación.

De acuerdo con la información reportada por las autoridades, el atacante escapó después de la agresión y las autoridades iniciaron su búsqueda.

Uniformados de la Policía Metropolitana de Santa Marta acudieron al lugar tras las alertas de transeíntes que se percataron del hombre herido, auxiliaron al hombre y lo trasladaron en una patrulla a un centro asistencial de la ciudad.

El afectado ingresó a urgencias con una herida en el cuello, producto del ataque con arma blanca. Personal médico le practicó suturas y quedó bajo atención.

La Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación adelantan las indagaciones para identificar al presunto agresor y determinar qué motivó el ataque.

El exsenador y actual presidente del Partido Conservador Colombiano, Efraín Cepeda, emitió un categórico mensaje de respaldo a la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de militarizar la ciudad de Santa Marta, en el departamento de Magdalena, y reforzar el despliegue de la fuerza pública allí y en La Guajira, después de las amenazas de paro armado atribuidas a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn).

“Todo nuestro respaldo al presidente Abelardo de la Espriella. Esos bandidos, Autodefensas de la Sierra Nevada, no pasarán en este gobierno. Se acabó el caos del gobierno Petro”, afirmó Cepeda en un video difundido en redes sociales.

El pronunciamiento se produjo tras la operación contra las Acsn que dejó siete integrantes de la organización muertos y tres capturados, entre ellos José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, señalado como segundo al mando y responsable de las finanzas del grupo.

Cepeda destacó la respuesta del Gobierno frente a la amenaza de paro armado

Luego de que las Acsn anunciaron un paro armado de 48 horas como respuesta a la operación, el jefe de Estado ordenó la militarización de la capital del Magdalena y el refuerzo de tropas de Ejército y Policía en la región.

En ese orden, Cepeda destacó la orden presidencial y señaló que “Abelardo de la Espriella ha demostrado que sí defiende la ciudadanía y a la comunidad, con bajas si es necesario, y hoy respaldando a la ciudad de Santa Marta con una militarización total”.

El senador agregó: “Respaldo total a las decisiones del presidente de la Espriella”.

A su vez, el presidente De la Espriella se trasladó el 22 de septiembre de 2026 a Santa Marta y encabezó un consejo extraordinario de seguridad junto al alcalde Carlos Pinedo Cuello y mandos militares. Allí revisó la situación de orden público y anunció acciones contra los integrantes de la estructura armada.

Según reportes oficiales, el despliegue del Puesto de Mando Unificado permitió mantener habilitado el 100% de las vías, incluida la Troncal del Caribe. Las autoridades mantienen presencia en corredores estratégicos para prevenir bloqueos y proteger a la población.

El mandatario había señalado que la orden para la fuerza pública consistía en “blindar la región, recuperar plenamente el control territorial y emplear todas las capacidades legítimas del Estado contra quienes persistan en la criminalidad, siempre en el marco de la Constitución y la ley”.

Abelardo de la Espriella anunció la muerte de alias Cholo y lanzó una advertencia contra alias Pinocho

El presidente Abelardo de la Espriella, luego de que confirmó la muerte de José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, en el área rural de Santa Marta, el hombre era el segundo cabecilla y responsable financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, anunció que las autoridades buscan a Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho.

“Perdieron a uno de sus principales cabecillas, les golpeamos las finanzas y les arrebatamos un poderoso arsenal. Ahora, derrotados y acorralados, pretenden aterrorizar a la población con un paro armado. No lo voy a permitir”, expresó el jefe de Estado en un mensaje divulgado el martes 22 de septiembre.

La Policía Nacional señaló que el procedimiento se desarrolló en Quebrada del Sol, en el corregimiento de Guachaca, zona rural de la capital del Magdalena.

La operación contó con apoyo aéreo y unidades antinarcóticos

El despliegue se realizó durante una diligencia de allanamiento y registro contra la estructura armada. En el operativo participaron la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, Policía Judicial, Comandos Jungla y Aviación Policial, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana.

Las autoridades emplearon tres helicópteros UH-60 de la Aviación Policial y dos aeronaves Super Tucano de la Fuerza Aérea. De acuerdo con la información conocida, alias Cholo tenía una orden de captura por concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y extorsión.

El Ejército de Colombia inició en el Fuerte Militar de Tolemaida una evaluación de sus unidades de infantería e ingeniería para verificar si sus procedimientos cumplen los estándares de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan) y pueden operar de forma conjunta con fuerzas de la Alianza.

El ejercicio hace parte del programa de Conceptos Operacionales de Capacidades (OCC) de la Otan. Durante la semana, 34 observadores de 15 países revisarán 1.252 tareas asignadas a las unidades colombianas, con foco en maniobra de infantería, movilidad y contramovilidad de ingeniería militar.

Por ejemplo, según información oficial, una de las prácticas recreó una emboscada contra una unidad militar y la evacuación de soldados heridos. Las tropas debieron aplicar procedimientos de atención y extracción previstos para este tipo de escenarios.

Al respecto, Juan Camilo Ubaque, académico experto en la estandarización de la Otán, docente, investigador de temas militares, indicó en diálogo con Infobae Colombia que el proceso tiene implicaciones para la proyección regional de las Fuerzas Militares y la cooperación internacional del país.

Ubaque sostuvo que “la posición geoestratégica de Colombia en la cuenca del Gran Caribe la ubica como un pivote fundamental para la seguridad y la estabilidad en el hemisferio occidental”.

A su juicio, la estandarización militar se relaciona con el papel que tiene Colombia como socio global de la Otan en América Latina y como aliado principal extra-Otan de Estados Unidos.

“En un entorno internacional caracterizado por tensiones crecientes y la presencia de potencias extrahemisféricas no occidentales, la capacidad defensiva y la estandarización de las Fuerzas Militares actúan como un factor de disuasión multidimensional”, señaló.

Así funciona el proceso de evaluación internacional

El experto explicó que el proceso evalúa al Batallón Contra el Narcotráfico N.° 1 como unidad de infantería y al Batallón de Ingenieros de Disposición de Artefactos Explosivos N.° 91 en capacidades de contraartefactos explosivos improvisados, movilidad, contramovilidad y supervivencia.

“Este proceso busca certificar capacidades operacionales en dos unidades clave: el Batallón Contra el Narcotráfico N.° 1, enfocado en su estandarización como unidad de Infantería, y el Batallón de Ingenieros de Disposición de Artefactos Explosivos N.° 91, especializado en la doctrina de Contra-Artefactos Explosivos Improvisados (C-IED), movilidad, contramovilidad y supervivencia”, indicó Ubaque.

Según el analista, la meta consiste “posicionar al Ejército Nacional como un referente de cooperación internacional y un exportador de doctrina basado en la altísima experiencia del militar colombiano”, afirmó.

Colombia suma cuatro unidades en procesos de certificación de la Otan

Ubaque señaló que las capacidades evaluadas en Tolemaida se integrarían a los resultados obtenidos con el Grupo de Tareas de Operaciones Especiales Terrestres, Soltg Ares, y el Grupo de Tareas de Operaciones Especiales Marítimas, Somtg Poseidón.

“Con estas adiciones, Colombia completa un bloque de cuatro unidades integradas en los procesos de certificación Otan a nivel de Infantería, Ingenieros y Operaciones Especiales terrestres y marítimas”, dijo.

El experto también resaltó el programa de Asociación Personalizado entre Colombia y la Alianza, que, según su análisis, permitió consolidar objetivos de modernización en 11 áreas. Mencionó la creación del Comando de Transformación del Ejército del Futuro, la Subjefatura de Estado Mayor de Planificación Estratégica y la Dirección de Aplicación de Normas de Transparencia del Ejército.

Dentro de los avances citados, Ubaque destacó la acreditación del Centro Internacional de Desminado (Cides) en la red de Centros de Formación y Educación de la Asociación de la Otan.

“Muestra de ello es la acreditación del Centro Internacional de Desminado (Cides) dentro de la red de Centros de Formación y Educación de la Asociación (Ptec) de la Otan, posicionándose como la única institución en América Latina especializada en desminado militar y doctrina C-IED que capacita a tropas internacionales”, expresó.

El dictamen del equipo evaluador internacional se conocería el próximo año. Para Ubaque, el ejercicio en Tolemaida refleja un proceso de alineación doctrinal con estándares compartidos por países de la Alianza.

Si ya no tienes ideas sobre qué preparar para el almuerzo, o simplemente quieres preparar un plato suave, llenador y equilibrado, considera una buena crema de zanahoria.

Una mezcla perfecta caliente, suave y de color brillante puede convertir ingredientes sencillos en una comida reconfortante. Esta crema de zanahoria combina el dulzor natural de la hortaliza con papa, cebolla y ajo para lograr una textura espesa y cremosa.

En Colombia, las cremas de verduras hacen parte de la cocina casera, especialmente en los hogares de la región Andina, donde las sopas y preparaciones calientes ocupan un lugar importante.

Esta versión toma como referencia una receta colombiana de crema de verduras con zanahoria, papa, cebolla, ajo y crema vegetal.

Receta de crema de zanahoria

La crema de zanahoria es una sopa de textura lisa que se prepara al cocinar las verduras en agua o caldo y luego licuarlas. La técnica principal consiste en ablandar los ingredientes, procesarlos hasta obtener una mezcla uniforme y terminar la cocción con crema para darle más cuerpo.

Tiempo de preparación

• Tiempo de preparación: 15 minutos.
• Tiempo de cocción: 30 minutos.
• Tiempo total: 45 minutos.

Ingredientes

1. 6 zanahorias medianas.
2. 2 papas medianas.
3. 1 cebolla cabezona blanca.
4. 1 diente de ajo.
5. 4 tazas de agua o caldo de verduras.
6. 4 cucharadas de crema de leche o crema vegetal.
7. 1 cucharadita de aceite de girasol o aceite de oliva.
8. 4 hojas de perejil fresco.
9. 1 pizca de orégano.
10. 1 pizca de tomillo.
11. Sal al gusto.
12. Pimienta al gusto.

Cómo hacer crema de zanahoria, paso a paso

1. Lava y pela las zanahorias y las papas. Córtalas en trozos medianos para que se cocinen de manera pareja.
2. Pela la cebolla y el diente de ajo. Pícalos finamente. No es necesario que los cortes sean perfectos, porque después se licuarán.
3. Calienta el aceite en una olla a fuego medio. Agrega la cebolla y sofríela durante 3 minutos, hasta que se vea transparente.
4. Añade el ajo y cocina durante 1 minuto más. Evita que se dore demasiado, porque puede darle un sabor amargo a la crema.
5. Incorpora las zanahorias, las papas y las 4 tazas de agua o caldo. Agrega sal, pimienta, orégano y tomillo.
6. Tapa la olla y cocina a fuego medio durante 20 minutos, o hasta que las verduras estén blandas al pincharlas con un tenedor.
7. Apaga el fuego y deja reposar la preparación durante 5 minutos. Este paso ayuda a evitar salpicaduras al licuar.
8. Pasa las verduras a la licuadora con parte del líquido de cocción. Procesa hasta obtener una mezcla homogénea.Licúa por tandas si la preparación está caliente. Llena la licuadora solo hasta la mitad y retira el centro de la tapa para permitir la salida del vapor.
9. Devuelve la crema a la olla. Agrega la crema de leche o la crema vegetal y mezcla suavemente.
10. Cocina a fuego bajo durante 5 minutos más. No dejes que hierva con fuerza para evitar que la crema se corte.
11. Prueba y ajusta la sal. Si está muy espesa, añade un poco más de agua o caldo caliente.
12. Sirve la crema de zanahoria caliente. Decora cada plato con perejil picado y, si lo deseas, unas gotas de aceite de oliva.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones de aproximadamente 1 taza cada una.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

• Calorías: aproximadamente 150 kcal.
• Proteínas: 3 g.
• Carbohidratos: 25 g.
• Grasas: 5 g.
• Fibra: 5 g.
• Sodio: depende de la cantidad de sal utilizada.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda la crema en un recipiente con tapa dentro de la nevera. Puede conservarse durante 3 días.

Antes de servirla, caliéntala a fuego bajo y revuelve con frecuencia. Si se espesa demasiado, agrega un poco de agua o caldo.

También puedes congelarla durante 2 meses en porciones individuales. Lo ideal es descongelarla en la nevera y calentarla poco a poco. Si lleva crema de leche, la textura puede cambiar ligeramente después de congelarla.

Por medio de un video que publicó en sus redes sociales, el profesor sostuvo que integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle (Sutep) y directivos de una institución educativa de Cali habrían impulsado actuaciones para cuestionar su permanencia en el magisterio.

“Soy Rodrigo Calvo, el profesor que ha sido perseguido por más de dos meses simplemente porque no acaté las órdenes de Fecode y del sindicato aquí de Cali, del Sutep, de votar por (Iván) Cepeda, y decidí libremente ejercer mi derecho al voto y voté por Abelardo de la Espriella”, afirmó el educador.

Según el relato de Calvo, esa presunta persecución involucró, entre otras cosas, acciones legales: presentaron dos derechos de petición, una tutela y una citación a la Secretaría de Educación en su contra que, según el profesor, no prosperaron.

“Las profesoras en cuestión que me estaban persiguiendo pusieron dos derechos de petición que se les cayeron, me pusieron una tutela que también se les cayó”, sostuvo.

También afirmó que recibió una citación de la Secretaría de Educación “para llamarme al orden”, pero señaló que ese trámite no continuó después del terremoto que se registró el 10 de agosto y que afectó a varias ciudades y municipios, entre ellas, Cali.

No obstante, el educador planteó que “el mayor problema que ellas han tenido a la hora de perseguirme es que no tienen ninguna prueba en mi contra. Pero en mi caso yo sí tengo pruebas de lo que ellas han hecho”, expresó.

El caso también fue difundido en redes sociales por el representante a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático Jaime Arizabaleta Fajardo, que cuestionó a la federación como “un tribunal inquisidor”.

“Eso es muy grave. Aquí estamos amparando los derechos del profesor Rodrigo Calvo. También se viralizó en las redes sociales una funcionaria de alto nivel de Fecode que llama a atacar a personajes de la derecha colombiana, entre esos a mi compañero Daniel Briceño”, dijo.

Calvo cuestionó un cambio de salón y la intervención de una profesional psicosocial

En su denuncia, el docente relató que, tras el reinicio de clases, el rector saliente de la institución le ordenó trasladarse a otro salón. Cuestionó que el cambio hubiera incluido pupitres, pero no los elementos didácticos que, según indicó, utilizaba para sus clases.

“El rector saliente, que ya se jubilaba, me ordenó cambiarme de salón por mi cuenta, como si yo estuviera contratado aquí no para ser docente, sino para hacer trasteos”, dijo.

Calvo agregó que los estudiantes y padres de familia interpretaron el traslado como una represalia. “A los ojos de los alumnos y los padres de familia, esto constituyó ya un abuso totalmente evidente y una persecución que no se puede esconder”, manifestó.

Como el caso habría escalado ante los acudientes, el docente incluyó en su denuncia el registro de una intervención de una profesional psicosocial ante alumnos, al parecer, a raíz de la polémica. En el audio divulgado, la mujer pidió a los estudiantes no involucrarse en un conflicto entre docentes y acudir a coordinación o rectoría si registraban afectaciones emocionales.

“Que cualquier comentario que ustedes escuchen, hagan caso omiso a él, no repliquen, no comenten, no vayan a buscar al otro docente”, se escucha decir a la profesional. ( ...) Si hay algún estudiante que presente algún tipo de afectación emocional, de ansiedad, de miedo, de tristeza frente a esos presuntos comentarios, los invito a que vayan ante coordinación o ante rectoría”.

La profesional psicosocial también les comentó a los estudiantes: “Pero recordarles que sea lo que sea que pase entre dos docentes, es entre adultos, que no tiene que ver con ustedes como estudiantes y que cualquier comentario que se haga, ustedes no repliquen. Y que por favor, pues esta información que tengo con ustedes se quede también entre ustedes. No replicar, no ir a averiguar, no ir a indagar, no hacer el chisme de la situación, ¿listo?”.

El profesor afirmó que buscan recopilar testimonios en su contra

Calvo interpretó esa intervención como un intento de reunir declaraciones escritas de estudiantes para presentar ante las autoridades educativas.

“¿Qué es lo que están haciendo? Buscando pruebas escritas de los estudiantes para poder llevarlas a la Secretaría de Educación y tener pruebas para llamarme al orden”, denunció.

También negó la existencia de un proceso laboral formal para abordar el caso. “Hasta ahora no hay ningún proceso de atención laboral por parte de la institución”, afirmó antes de reproducir el audio de la profesional.

El profesor aseguró que la situación tuvo consecuencias en su estado de salud y sostuvo que recibió incapacidades médicas en varias ocasiones. “Esta situación me tiene cansado, emocionalmente me ha afectado mucho. He sido incapacitado dos o tres veces por varios días”, dijo.

Hacia el final de su mensaje, Calvo convocó a padres y alumnos a expresar por escrito si respaldaban o rechazaban su continuidad en la institución. Además, lanzó críticas contra Fecode y el Sutep.

La Fundación Santa Fe de Bogotá compartió con el público el primer reporte médico sobre la salud del reconocido periodista Yamid Amat Ruiz, que sufrió un percance de salud durante la noche del lunes, 21 de septiembre de 2026.

A través de un comunicado oficial, la prestigiosa institución de salud confirmó que el veterano comunicador se encuentra en “estado crítico y bajo pronóstico reservado”.

La institución médica emitió el parte oficial sobre la salud de Amat a solicitud de su familia, y el reporte fue divulgado oficialmente por el hijo del periodista, Yamid Amat Serna, que escribió en sus redes sociales: “Gracias infinitas por todos los mensajes de apoyo, cariño y solidaridad a mi padre”.

“La Fundación Santa Fe de Bogotá, a solicitud de la familia, se permite informar que el señor Yamid Amat Ruiz, se encuentra hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos. Desde su ingreso en la noche de ayer ha requerido manejo integral y multidisciplinario. Los comunicados relacionados con su estado de salud se emitirán de acuerdo con la evolución de su condición y previa autorización expresa de los familiares”, se indicó en el comunicado firmado por el doctor Adolfo Llinás Volpe, director Médico Corporativo de la institución.

Por su parte, el hijo del periodista comentó que los mensajes de los colombianos en redes sociales “llegan a su corazón y al nuestro, su familia, con inmensa ilusión y esperanza, mientras él recibe atención y cuidado intensivo en la Fundación Santa Fe. Su compañía y buenos deseos, son bendiciones inmensas. Con amor y gratitud, en nombre de la familia”.

Yamid Amat fue hospitalizado por una afección respiratoria

De acuerdo con los primeros reportes que se supieron en la noche del 21 de septiembre, Yamid Amat fue trasladado a la reconocida clínica tras sufrir una descompensación asociada a una afección respiratoria.

De acuerdo con información conocida, Amat recibió atención médica de urgencia luego de presentar complicaciones de salud durante su regreso a Bogotá, tras permanecer varios días en Anapoima, Cundinamarca.

Fuentes cercanas al periodista señalaron que sus familiares, entre ellos su esposa y su hijo, lo acompañan en el centro hospitalario del norte de la capital.

El centro médico no entregó detalles sobre el diagnóstico específico, los procedimientos que se le han practicado ni la causa concreta de la descompensación.

El periodista ha enfrentado una enfermedad pulmonar obstructiva crónica

El comunicador de 84 años convive desde hace años con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc), una condición que dificulta el paso del aire hacia los pulmones. Por esa condición, ha requerido apoyo de oxígeno en los últimos años.

José Yamid Amat Ruiz nació en Tunja el 2 de diciembre de 1941 y acumula más de 60 años de trayectoria en la radio, la televisión y la prensa colombiana.

El periodista inició su actividad profesional a mediados de la década de 1960 en Emisora Monserrate. Más adelante trabajó en TV Sucesos, Radiosucesos de RCN y el diario El Espacio, donde escribió la columna Juan sin miedo.

También dirigió noticias en Caracol y creó el formato “6 AM - 9 AM”. En 1992 cofundó el Noticiero CM&, junto con Juan Gossaín, y estuvo al frente del espacio hasta su cierre, en noviembre de 2024.

Amat, de la misma manera, fue director de Noticias Caracol entre 1998 y 2002, condujo el programa ‘Pregunta Yamid’ y publicó entrevistas dominicales en El Tiempo desde 2002 hasta 2025.

A lo largo de su carrera recibió nueve Premios Simón Bolívar, el Premio Rey de España en 1987 y el Premio Ondas en 1989.

Qué es el Epoc

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc) es una patología pulmonar que reduce el flujo de aire y causa síntomas como dificultad para respirar, tos persistente, sibilancias y cansancio. En 2023 provocó 3,4 millones de muertes, cerca del 6% de los fallecimientos registrados a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El consumo de tabaco es uno de los principales factores de riesgo. También inciden la exposición al humo ajeno, la contaminación en espacios cerrados, los polvos y sustancias químicas en el trabajo, además de infecciones respiratorias graves durante la niñez.

En la primera visita de Fernández al exterior como jefa de Estado, la agenda bilateral se centró en el combate contra el narcotráfico, el terrorismo y las organizaciones criminales transnacionales, así como en “la promoción del desarrollo económico, el orden y la estabilidad democrática regional”, de acuerdo con información oficial de la Presidencia de Colombia.

“Fue un encuentro entre dos naciones hermanas, unidas por valores, desafíos y el propósito de construir una región más segura, próspera y con mayores oportunidades para nuestros pueblos. Reafirmamos nuestra voluntad de fortalecer la relación entre Colombia y Costa Rica, trabajar de manera articulada y convertir nuestra amistad histórica en resultados concretos para nuestros ciudadanos”, escribió el mandatario colombiano en el balance publicado en su perfil de la red social X.

De la Espriella también agradeció a su homóloga costarricense “por escoger a Colombia para esta importante visita. Costa Rica tiene en nuestro país un amigo y un aliado”.

Fernández aterrizó hacia las 10:30 a. m . del 22 de septiembre en el Comando Aéreo de Combate No. 3 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), ubicado en Malambo, luego de viajar desde Bogotá en una aeronave dispuesta por el Gobierno nacional. Allí fue recibida con honores protocolarios antes de su traslado al Batallón Paraíso, sede presidencial.

Colombia y Costa Rica buscarán ampliar el intercambio de información

En esa misma línea, la Presidencia de Colombia indicó que los mandatarios revisarían mecanismos de intercambio de información, inteligencia estratégica y coordinación operativa ante amenazas que cruzan las fronteras nacionales.

“El encuentro presidencial refleja la estrecha relación de amistad, confianza y cooperación que une a Colombia y Costa Rica, así como la voluntad compartida de profundizar los mecanismos de coordinación política e institucional frente a las amenazas derivadas del narcotráfico, las organizaciones criminales transnacionales y las economías ilícitas”, indicó el Gobierno colombiano.

La eliminación del visado para colombianos

Como parte de esta agenda cooperación técnica, De la Espriella solicitó a la jefa de Estado, como “un asunto importante para nuestor país”, estudiar si es posible asegurar la movilidad entre ciudadanos de ambos países sin visado, a cambio de brindar información e inteligencia al país centramericano.

“La posibilidad de avanzar hacia condiciones de reciprocidad migratoria en materia de visado para nuestros ciudadanos. Hoy Colombia no le exige visado a los costarricenses, pero Costa Rica sí exige visado. Yo entiendo que en otros gobiernos eso era necesario, pero en este, que vamos a compartir información e inteligencia, créame que no voy a dejar que se le pase la basura para Costa Rica, no se preocupe”, expresó De la Espriella.

El primer dignatario colombiano ratificó que la jefa estatal costarricense evaluará la petición y, por supuesto, “bajo los lineamientos que ella determine y los procedimientos internos”, comentó.

La agenda también contempló iniciativas de cooperación para preservar la biodiversidad.

De hecho, a través de sus redes sociales, Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del departamento del Atlántico —en el que está ubicada la sede presidencial de la ciudad de Barranquilla— destacó que Fernández es la primera jefa de Estado que visita el departamento y valoró los vínculos entre ambos países en materia ambiental.

“Seguimos haciendo historia como sede presidencial, con la llegada de la primera Jefa de Estado a nuestro territorio, para un encuentro de alto nivel diplomático con el Gobierno nacional. Nos alegra muchísimo tenerla aquí, recordando todo lo que nos une: el mar, nuestra biodiversidad y, sobre todo, el compromiso de protegerla. Como exministro de Ambiente, conozco de cerca esa lucha por encontrar un desarrollo que vaya de la mano con el cuidado de nuestro medioambiente. Costa Rica es un referente en ese camino y compartimos con usted ese propósito”, escribió Verano de la Rosa.

La vinculación de un quinto presunto implicado en la desaparición y muerte del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez Yepes permitió avanzar en la reconstrucción judicial de los hechos ocurridos en abril de 2022 en San Andrés de Cuerquia, Antioquia.

Se trata de lo que dijo el joven, conocido con el alias de “Se Lo Juro”, que aceptó el cargo de desaparición forzada agravada y entregó una versión sobre el secuestro de la víctima.

Según reveló El Tiempo, el procesado, identificado como Juan Diego Echavarría Arango, tenía 17 años cuando ocurrieron los hechos y será juzgado bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Ya se encontraba privado de la libertad en Santa Rosa de Osos por otros procesos cuando fue vinculado a esta investigación, de acuerdo con la publicación.

La Fiscalía General de la Nación, por su parte, había judicializado antes a cuatro presuntos integrantes del grupo delincuencial organizado El Mesa: Juan Fernando Tobón Correa, alias El Paisa; Weimar Alexander Castillo, alias 300; Willinton Ortiz, alias Willy, y Brayan Andrei Palacio Arango, alias El Cabo.

Peláez, de 26 años, había llegado a San Andrés de Cuerquia el 3 de abril de 2022 como contratista vinculado a labores relacionadas con Hidroituango. Se hospedó en un hotel del municipio y salió durante la noche, sin que se volviera a tener contacto con él.

Durante las audiencias contra los primeros capturados, la Fiscalía sostuvo que el ingeniero fue interceptado en el parque principal en la madrugada del 4 de abril por un grupo de cerca de cinco personas. Según la reconstrucción expuesta por el ente acusador, fue golpeado y subido a un vehículo que conducía alias 300.

“Después de golpearlo, lo subieron a un vehículo”, relató un delegado de la Fiscalía en una audiencia citada por el medio. El funcionario agregó que la víctima fue vista luego con lesiones, atada de manos y en compañía de algunos de los señalados, antes de ser llevada hacia una zona rural.

El testimonio cambió la hipótesis sobre los lugares de retención

La versión conocida inicialmente señalaba que Peláez habría sido conducido directamente a una vivienda del casco urbano de San Andrés de Cuerquia que, según la investigación, funcionaba como punto de expendio de estupefacientes para El Mesa.

Sin embargo, el testimonio de alias Se Lo Juro indicó que, antes de llegar a ese inmueble, el ingeniero habría sido llevado a una finca vinculada a un hombre conocido como alias Caníbal. Allí habrían comenzado las agresiones, de acuerdo con la información divulgada por el diario.

Después, los presuntos responsables habrían trasladado a Peláez a la vivienda urbana, donde continuó retenido. La Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron inspecciones y excavaciones en ese inmueble durante agosto, como parte de la búsqueda de evidencia.

La versión apunta a una exigencia económica

De acuerdo con el testimonio atribuido a Echavarría por El Tiempo, los integrantes de El Mesa habrían perdido un millón de pesos en medio de disputas por el control del microtráfico en la región.

La publicación señaló que el grupo habría planeado secuestrar al ingeniero para exigir inicialmente esa suma y que luego elevó la petición a 10 millones de pesos. Peláez habría indicado que no contaba con ese dinero ni tenía cómo conseguirlo.

Según esa versión, la víctima murió durante el cautiverio. El diario informó que, después, los presuntos implicados habrían intentado ocultar los restos para evitar que fueran hallados por las autoridades. Esos hechos deberán ser contrastados dentro del proceso judicial y con los resultados de las labores forenses.

La madre de Andrés Camilo, Claudia Yepes Upegui, reaccionó tras conocer la nueva versión. Tras años de fielmente publicar, día tras día, un mensaje de auxilio con la búsqueda de su hijo, escribió estas palabras en sus redes sociales:

“#DondeEstaCamilo #AndresCamiloNoAparece: Dios 1.628 días ausente, secuestrado, torturado, asesinado y desaparecido por un grupo de bandidos que quisieron usarlo para cobrar extorsión, a tan solo dos cuadras del comando de policía de San Andrés, una casa de vicio y terror”.

La defensa pidió reforzar la seguridad del joven que declaró

El abogado Miguel Ángel del Río Malo, representante de la madre de Peláez, Claudia Yepes Upegui, pidió proteger a alias Se Lo Juro, al considerar que su declaración puede ser relevante para establecer la participación de otros integrantes de la estructura criminal.

“Es fundamental que se garantice la seguridad de alias ‘Se Lo Juro’”, afirmó el abogado en declaraciones citadas por el medio. El penalista advirtió que el joven permanece recluido en un establecimiento de mínima seguridad.

La Fiscalía prepararía escritos de acusación contra los detenidos y avanzaría en nuevas órdenes de captura contra otros supuestos miembros de El Mesa, entre ellos quien sería el cabecilla de la célula que operaba en el Norte de Antioquia, según informó el medio.

Patrullas de la Policía Metropolitana de Bogotá y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía llegaron al sitio para realizar la inspección del cadáver y recolectar elementos que permitan establecer las circunstancias de la muerte.

El automóvil, de color verde, permanecía estacionado en un parqueadero situado frente a varios negocios de tapicería, polarizados, avisos y alarmas. Según registros fotográficos difundidos por testigos, el vehículo tenía señales de abandono, entre ellas, las llantas desinfladas.

La víctima vestía prendas similares a las de un vigilante

De acuerdo con reportes ciudadanos que fueron divulgados en redes sociales, las imágenes conocidas tras el procedimiento muestran que la víctima era un hombre y llevaba una indumentaria similar a la utilizada por trabajadores de empresas de vigilancia privada.

Sin embargo, la identidad del fallecido aún no ha sido establecida. Las autoridades deberán realizar los análisis forenses y los cotejos correspondientes para identificarlo de manera oficial.

El área de la calle 132 con carrera 109B fue acordonada durante el procedimiento judicial. Residentes y trabajadores del sector se concentraron en los alrededores al notar la presencia de unidades policiales y de investigadores del CTI.

El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía General de la Nación, según un reporte preliminar de la Policía. Según se vio en las imágenes, los peritos revisaron el vehículo y los elementos recolectados en la escena para definir las circunstancias del fallecimiento.

Por ahora, las autoridades no han confirmado si el hombre presentaba signos de violencia ni han determinado si se trató de una muerte natural o de un posible hecho criminal.

La investigación continúa a la espera de los resultados de Medicina Legal y de los análisis adelantados por la Fiscalía.

Investigan si una intoxicación causó la muerte de dos mujeres halladas en un apartamento de Bosa

Las autoridades investigan otro caso: la muerte de dos mujeres, de 39 y 66 años, halladas dentro de un apartamento en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá. La principal hipótesis preliminar plantea que ambas habrían ingerido una sustancia tóxica, aunque las causas del deceso aún no han sido establecidas por Medicina Legal.

El caso fue reportado el miércoles 16 de septiembre por un residente del sector. Cuando los uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá ingresaron al inmueble, encontraron los cuerpos de las víctimas, quienes serían madre e hija, según las primeras verificaciones conocidas por El Tiempo.

La Fiscalía General de la Nación asumió los actos urgentes y ordenó el traslado de los cuerpos para las necropsias correspondientes.

De acuerdo con la información publicada por el medio, una de las víctimas fue encontrada en el suelo, afuera de una habitación. El segundo cuerpo estaba en el interior del cuarto, sobre una cama.

Los investigadores realizaron la inspección de la escena para recolectar elementos que permitan establecer qué ocurrió en el apartamento y si hubo intervención de otra persona.

Fuentes de la Fiscalía indicaron al portal informativo que los funcionarios que revisaron los cuerpos no detectaron señales visibles de violencia. Sin embargo, esa circunstancia no permite descartar otras hipótesis hasta que finalicen los análisis forenses.

Entre las líneas iniciales de la investigación figura la posible ingesta de una “sustancia venenosa” que habría sido encontrada en el lugar. Las autoridades deben establecer qué compuesto era, si tuvo relación con las muertes y bajo qué circunstancias pudo haber sido consumido.

La hipótesis, por ahora, corresponde a una verificación preliminar y no constituye una conclusión oficial. El dictamen de Medicina Legal será determinante para definir la causa de los fallecimientos. El caso continúa bajo la coordinación de la Fiscalía, que evalúa si las muertes obedecieron a una intoxicación accidental, voluntaria o si existió participación de un tercero.

A más de un mes del devastador sismo del 10 de agosto de 2026, el alcalde de Belalcázar, Caldas, Fabio Andrés Ramírez Giraldo, hizo un llamado a la ciudadanía, empresarios y figuras públicas para apoyar la recuperación del municipio y su reactivación económica.

Este municipio caldense, conocido por su escultura del Cristo Redentor de 45 metros –la primera que se construyó en Colombia–, única por la forma en la que se edificó, resultó fuertemente afectado por el terremoto de magnitud 7,4 que azotó al centro y al occidente del país.

En diálogo con Infobae Colombia, el alcalde sostuvo que cerca del 30% del municipio sufrió algún tipo de impacto, pese a que no se presentaron fatalidades. No obstante, el jefe de la administración municipal estimó que el movimiento telúrico afectó a 1.867 personas y dejó daños en viviendas, comercios, instituciones públicas, espacios culturales y establecimientos educativos.

Por eso, su llamado tiene estos frentes: la llegada de visitantes para reactivar restaurantes, comercios y servicios turísticos, y la consecución de recursos y materiales para reparar o reconstruir las edificaciones afectadas.

“Los municipios pequeños, que no somos tan visibles y que realmente tenemos impactos grandes, también estamos alzando la mano para que seamos visibles y podamos ser escuchados”, dijo en entrevista con este medio.

La alcaldía busca reunir materiales de construcción para las familias damnificadas

El líder municipal afirmó que Belalcázar se está recuperando y este proceso va en buena marcha, especialmente porque su actividad económica fundamental, el agro, no resultó afectado.

Además, se han registrado visitas oficiales del Gobierno nacional –incluidos el presidente Abelardo de la Espriella y el vicepresidente José Manuel Restrepo–, así como de las autoridades departamentales, que han inclinado su oído y su mano de ayuda para restablecer y levantar a la comunidad.

Se han reportado donaciones de materiales y la entrega de subsidios para la reconstrucción. El apoyo departamental no se puede negar. Según el funcionario, “la gobernación nos ha apoyado es con los subsidios, que ya llegó el recurso, y pues nosotros también hemos apoyado con banco de materiales que tenemos en el municipio, más las donaciones que hemos recibido. Entonces hemos sido acompañados”.

Y es que los reportes oficiales indicaron que hubo 149 viviendas que presentaron entre colapso total o pérdida completa de sus cubiertas. El alcalde precisó que, de esas cifras, el municipio tiene alrededor de 114 casas con colapso total y cerca de 820 inmuebles presentaron daños menores en paredes, baños y estructuras de mampostería.

Entre los sectores con mayores afectaciones están el Resguardo Indígena Totumal, con 30 viviendas afectadas, y la vereda El Madroño, con 15. También se registraron daños en Villa Hermosa, La Cascada y San Isidro.

El mandatario explicó que gran parte de las personas afectadas no cuenta con recursos para asumir las demoliciones y sus posteriores reparaciones. Por ese motivo, destacó el apoyo de la Gobernación de Caldas con maquinaria, asistencia técnica y bancos de materiales.

“Hay personas muy humildes a las que uno les puede decir: ‘Su casa fue siniestrada, le toca hacer la demolición’, pero no tienen con qué”, afirmó.

La administración municipal también reportó afectaciones en 30 sedes y espacios educativos. De ese total, nueve están habilitados para clases y siete no pueden operar. La estación de bomberos sufrió el colapso total, una situación que afecta la capacidad de respuesta ante futuras emergencias.

El municipio pide a los turistas regresar a sus atractivos

Belalcázar depende de cultivos como los de café y el plátano, cuya producción no sufrió afectaciones directas por el sismo, pese a los daños en viviendas rurales. El mandatario destacó que el terremoto ocurrió durante la cosecha cafetera, lo que ayudó a sostener parte de la actividad económica local.

No obstante, pese a que las actividades de la agricultura han permitido el sostenimiento del pueblo, el turismo, el siguiente soporte económico del municipio, aún requiere un empuje por parte de los colombianos.

“En la reactivación económica del municipio con el tema turístico, pues ahí ha sido el llamado a toda la comunidad en general, no solo de Caldas, sino de todo Colombia, que pues nos visiten, porque es importante para nosotros reactivarnos y que realmente el municipio empiece a tener una dinámica económica para poder sobrepasar todo lo que nos ha pasado, que sufrimos después del terremoto”.

El turismo como tal no fue cancelado, pero sí sufrió golpes. El líder municipal comentó que, pese a que el 100% de esta actividad no está en su dinámica convencional, han recibido visitas turísticas, aun en medio de las reconstrucciones.

“Invitar a la comunidad en general, a todo Colombia, que venga, que conozca este municipio”, expresó Ramírez. También aseguró que los fines de semana ya se ha registrado la llegada de buses y chivas con visitantes, aunque insistió en que se requiere mantener ese respaldo para consolidar la reactivación económica, ya que el municipio busca recuperar el flujo de viajeros después del sismo, que dejó afectados 29 establecimientos comerciales, algunos con pérdidas de mercancía, cierres temporales o necesidad de reubicación.

El mandatario de Belalcázar pidió a empresarios de distintas regiones evaluar mecanismos para aportar a la recuperación del municipio. Mencionó el llamado “decreto Milagro”, que, según explicó, permitiría canalizar inversiones mediante beneficios tributarios hacia territorios con daños por el sismo.

“Estamos buscando que los empresarios de Colombia puedan invertir en los daños que tenemos hoy en nuestros municipios”, señaló.

Belalcázar está situado en el suroccidente de Caldas y tiene una población estimada de 10.327 habitantes. Entre sus atractivos figuran el Monumento a Cristo Rey, el Templo de la Inmaculada Concepción, el Parque Ecotecnológico La Estampilla, el Mirador Natural El Madroño y el Cerro Santana.

El alcalde señaló que el Cristo Rey, uno de los principales puntos de visita, no sufrió daños estructurales porque había recibido refuerzos meses antes del terremoto.

De acuerdo con un comunicado oficial, la Fiscalía General de la Nació les imputó el delito de homicidio agravado. Los ahora procesados fueron identificados por la Fiscalía como Deibi Gabriel Acevedo Sánchez y Anngi Natalia Díaz Sierra.

El ente acusador, en medio del esclarecimiento de los hechos, confirmó que Díaz Castro recibió una herida con arma cortopunzante y fue trasladada por otros integrantes del equipo de seguridad a un centro asistencial. Sin embargo, murió por la gravedad de la lesión.

Según la Fiscalía, Acevedo Sánchez habría atacado al guarda con una navaja durante la discusión que se produjo por el ingreso irregular a la estación Terreros; además, Díaz Sierra presuntamente instigó a su pareja para que continuara con la agresión. Esa es la hipótesis que sustentó la imputación contra ambos por homicidio agravado.

“Usted, señor Deivid Gabriel Acevedo Sánchez, identificado previamente, mató al señor guarda de seguridad del sistema de TransMilenio, utilizando para ello un arma cortopunzante tipo navaja, causándole una herida en el quinto espacio intercostal izquierdo, es decir, en el torso a la altura del corazón la cual le causó la muerte. Ataque desproporcionado que usted realizó por una razón insignificante, como es que la víctima impidió que usted y la señora Angie Natalia Díaz Sierra ingresaran a la estación de Transmilenio sin pagar el pasaje, que tiene un costo de $3.350”, fue la narración textual del fiscal encargado.

La muerte fue instigada por usted, señora Angie Natalia Díaz Sierra, toda vez que en los momentos de la confrontación le decía a Deivid que apuñalara al señor, logrando que el señor Deivid realizara el ataque y la agresión que le causó la muerte", agregó.

La Policía Nacional capturó a la pareja en flagrancia en vía pública y les incautó el arma blanca que habría sido utilizada en el ataque, precisó la entidad. Sin embargo, ninguno aceptó los cargos.

La mujer capturada por el asesinato de Cristian Garzón tenía anotaciones por hurto y tráfico de drogas

Anngi Natalia Díaz Sierra, la mujer capturada junto con el presunto agresor de Cristian David Garzón Castro, a su vez, ya registraba anotaciones judiciales por hurto calificado, inasistencia alimentaria, tráfico y fabricación de estupefacientes y violencia intrafamiliar, según información publicada por El Tiempo.

Tras la agresión contra Díaz Garzón, sus compañeros lo trasladaron a la IPS Virrey Solís de Soacha, pero murió minutos después.

TransMilenio lamentó el homicidio en un comunicado y señaló que colaborará con las autoridades. “Con profundo dolor, nos unimos en luto por la pérdida de Cristian David Garzón Castro, uno de nuestros vigilantes de la escuadra antievasión”, indicó la empresa.

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, rechazó el crimen y pidió avanzar en el esclarecimiento de los hechos. “Una persona que cumple con su labor no puede perder la vida por exigir el cumplimiento de las normas”, manifestó.

El mandatario local agradeció el trabajo de la Policía, la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación. También llamó a evitar la violencia: “A los habitantes de Soacha les hago un llamado firme: más respeto por la vida, más tolerancia y cero violencia”.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, afirmó que la captura de los dos sospechosos permitirá avanzar en el caso. “No es aceptable que se trunque de esa forma la vida de este joven de 27 años”, declaró.

Lo particular de los ataques de la mujer es que son contra la población latinoamericana que residente en el país norteamericano. Por eso, ante la desesperación por los acechos de la inmigrante, el comerciante grabó uno de los episodios y compartió el video en redes sociales.

En las imágenes, se escucha a la mujer decir: “Maldito colombiano, pidiendo asilo y gritando como perro como tú. Ahí te va, hijo de tu puta madre. Pa’ ponerlo mero allá. ¡Y estás grabado, todo! Ahí está. Yo no voy a andar con pendejadas, yo sí te voy a mandar al CBP One. Ahí está. ¡Y qué vendes acá! Vendes, no tienes permiso, no me puedes hacer nada porque yo no vengo con CBP One y tú sí viniste pidiendo como perro. No me puedes hacer nada", exclamó.

Como contexto, el CBP One era una aplicación de las autoridades migratorias—que por decisión del Gobierno de los Estados Unidos ya no está disponible— cuya funcionalidad era programar citas migratorias o de asilo para inmigrantes. A su vez, el CBP, o Customs and Border Protection, es la agencia de reforzamiento de las leyes migratorias de Estados Unidos.

Herrera aseguró, en diálogo con el medio Univisión, que no conoce a la persona y que decidió registrar la situación después de varios días de gritos frente al local.

“Señora, la voy a grabar porque usted me está insultando. Yo a usted ni la conozco”, relató el colombiano al medio sobre el video que publicó en redes sociales.

Algunos clientes se retiraron del local, según el propietario

El empresario colombiano sostuvo en la entrevista que los insultos alteraron la atención en el restaurante. Según su testimonio, algunos comensales se fueron ante los gritos de la mujer, incluso antes de terminar de pagar.

“Se me fueron unos clientes sin pagar, prendieron el carro y se fueron”, afirmó Herrera en el reporte televisivo. El comerciante señaló que comprendió la reacción de sus clientes por el temor que pueden generar este tipo de episodios.

“Como está la situación en este país en este momento, cualquier cosa… algunos vamos a huir porque no queremos regresar, queremos seguir en el sueño que estamos viviendo en este país”, expresó.

Por su parte, la mujer habría hecho comentarios sobre la nacionalidad y la situación migratoria del comerciante. Pero no solo eso, en registros de los hechos publicados en redes sociales, se oyen fragmentos de la mujer en los que se evidencia que también se despachó contra otras nacionalidades hispanas:

“Tú eres un maldito colombiano. Yo ahorita le voy a buscar a alguien que te mande a CBP One. Ah, mira, un vato colombiano que está tomando video. Mira, métete por adentro de donde está la panadería Rita y te metes para adentro y ves, tienen la bandera de Colombia. De Colombia y Venezuela es la misma mierda. Y Ecuador es la misma bandera. No me puede hacer nada porque nosotros los mexicanos no venimos pidiendo asilo ni nada, ni papeles ni comida como ellos”, dijo.

De acuerdo con el medio mencionado, el dueño del negocio negó haber solicitado asilo en Estados Unidos y afirmó que desconoce por qué la mujer lo increpó. “Pienso que puede ser xenofobia o algo le pasa, porque no comprendo, no sé ni cómo se llama la señora y por qué me está atacando”.

Herrera publicó la grabación en redes sociales y aseguró que recibió miles de visualizaciones y mensajes de respaldo en pocas horas. Según contó al medio, la difusión también llevó nuevos clientes a su negocio.

Un abogado explicó las vías legales ante el hostigamiento

El comerciante no había presentado una denuncia ante la Policía hasta el momento de la publicación del informe. No obstante, el abogado civil Hugo Iván Salazar explicó a Univision que una persona que enfrente hostigamiento reiterado puede acudir a una corte para solicitar una orden de restricción.

Esa medida puede establecer límites para que la persona señalada no se acerque al establecimiento. Salazar indicó que, si la orden se incumple, las autoridades pueden intervenir con mayor rapidez.

El abogado añadió que la víctima puede acudir a la Policía aunque no conozca la identidad de quien presuntamente la hostiga. Las medidas de protección también pueden abarcar amenazas o acoso a través de redes sociales.

Según reportes preliminares desde el municipio boyacense, la emergencia ha afectado zonas de pino y vegetación nativa, con una extensión inicial cercana a tres hectáreas.

Personas presentes en el lugar alertaron sobre la magnitud de las llamas y solicitaron la intervención de organismos de socorro y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

De acuerdo con reportes iniciales, las llamas han sido visibles desde distintos puntos del municipio turístico, incluido el entorno del parque central.

Desde el sitio de la emergencia se han emitido llamados de la Alcaldía de Villa de Leyva y de equipos de logística para que la ciudadanía aporte agua, tapabocas y otros elementos que puedan apoyar la respuesta frente al incendio. Además, se conoce que hay presencia de cuerpos de bomberos de los municipios de Villa de Leyva, Tunja, Tinjacá, y Sáchica, que piden más unidades de apoyo.

La solicitud sigue vigente, mientras las llamas avanzan por la montaña. La cifra de hectáreas comprometidas es preliminar y podría cambiar a medida que las autoridades delimiten el área afectada.

A través de los micrófonos de un evento que se desarrollaba en el parque central, se solicitó ayuda a las fuerzas del orden, especialmente al Ejército Nacional. Pero también se pidió ayuda voluntaria a la ciudadanía.

El foco se registra en un momento de altas temperaturas y riesgo de incendios forestales en distintas regiones de Colombia. Sin embargo, por ahora no hay un pronunciamiento oficial que atribuya este caso al fenómeno de El Niño, que se asocia con menores precipitaciones y temperaturas elevadas en gran parte de Colombia, ni que establezca responsabilidades.

Por su parte, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, aseguró que “desde el momento en que fue reportado el incendio en Villa de Leyva, activamos la coordinación con las autoridades municipales y cuerpos de bomberos y Defensa Civil de la zona para atender la emergencia. Debido a los fuertes vientos y a la altura de los árboles, las labores de control presentan grandes dificultades. Por esta razón, desde el primer momento solicitamos a la @UNGRD el apoyo de un helicóptero. Esperamos contar con este apoyo lo antes posible para fortalecer las labores que se realizan en tierra y avanzar en el control de la conflagración”.

Gobierno nacional se pronunció: “Es el de mayor magnitud del país”

Tras los llamados, el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, informó en sus redes sociales que se trata, de acuerdo con el reporte de la Dirección Nacional de Bomberos, de “un incendio elíptico, de alta velocidad y llamas altas. Hoy es el de mayor magnitud en el país”.

“Está en una esquina del cerro. Desde las primeras llamas, lo combaten Bomberos de Villa de Leyva y ya recibieron apoyo de Tunja y Tinjacá, con Defensa Civil, comunidad y refuerzo de Samacá y Cundinamarca. Una escuadra de máquinas extintoras ya está presta en el punto de mayor riesgo del pueblo, para proteger el casco urbano en caso de que llegara a ser necesario”.

El alto funcionario aseguró que en la mañana del domingo 20 de septiembre de 2026, “un helicóptero de la Fuerza Aérea, que sale del Tolima, inicia las primeras descargas”.

También indicó que el director nacional de Bomberos, capitán Germán Andrés Miranda Montenegro, “atiende personalmente la emergencia y llega en pocas horas a la ciudad”.

Colombia tiene 18 incendios forestales activos y Tolima concentra ocho de las emergencias

La Ungrd informó que Colombia registra 18 incendios forestales activos al corte del 19 de septiembre, mientras otros nueve focos ya están controlados, aunque permanecen bajo seguimiento de las autoridades.

El departamento de Tolima concentra la mayor cantidad de emergencias, con ocho incendios activos en distintos municipios. Según el balance divulgado por la entidad, las llamas han afectado sectores de Alvarado, Armero, Ataco, Ortega, Prado, Rovira, San Luis, Villahermosa y Villarrica.

El reporte también incluyó incendios en Caldas, Valle del Cauca, Cundinamarca, Cauca, Huila y Nariño. Organismos de socorro trabajaban en las zonas afectadas para controlar la propagación del fuego.

En Caldas se registraron dos incendios, localizados en Anserma y La Dorada. Uno de ellos se presentó en territorio de la Comunidad Indígena Caucamorro. El Valle del Cauca tuvo incendios activos en Cali y Guadalajara de Buga. En Cundinamarca, las emergencias se concentraron en áreas rurales de Nilo y Quebradanegra.

Los otros tres casos activos se registraron en Santander de Quilichao, en Cauca; Yaguará, en Huila, y Mallama, en Nariño. La Ungrd señaló que mantiene la coordinación con los cuerpos de bomberos y demás entidades de respuesta para atender las emergencias.

Sigue en pie el controvertido plan de la Secretaría de Movilidad de Bogotá de poner en funcionamiento –a partir del 20 de septiembre de 2026– un esquema de semaforización en la glorieta de la calle 63 con carrera 50.

Según la Secretaría de Movilidad, liderada por María Fernanda Ortíz, esta medida se volvió necesaria para reducir los riesgos para peatones y ciclistas en uno de los cruces con mayor flujo del sector.

Desde la entidad se informó que la intervención tendrá una fase de pilotos y monitoreo para evaluar sus efectos y ajustar la operación. Incluso, pese a las fuertes críticas que ha recibido esta decisión en sectores políticos y ciudadanos, según la institución distrital, el anuncio responde a solicitudes de residentes de la zona, que reclamaban un paso a nivel seguro para cruzar la intersección.

Una de las mayores críticas responde a las complicaciones de tráfico que un semáforo puede implicar en la rotonda. El analista político David Cancino, opositor de la medida, dijo: “La gente que no toca pasto en Bogotá no entiende que lo del semáforo no solo produce lentitud en el tránsito. Semáforo que ponen, semáforo que se llena de limpiavidrios, robaespejos, indigencia, ventas, rompevidrios y todo el combo al que estamos acostumbrados en Bogotá (sic)”.

Y es que, incluso, el Distrito reconoció que este tramo permanece congestionado, pero aseguró que sí resultan necesarias las intervenciones para los peatones, porque “¡La ciudad también es de quienes se desplazan a pie!”. “Así perciben las condiciones de movilidad de la glorieta de la calle 63 con cra 50, quienes a diario enfrentan el reto de cruzarla. ¡Esta intervención es para todos!”, indicó, según una publicación con video de la Secretaría de Movilidad en redes.

La defensa de este plan de semaforización: los semáforos contarán con botones para los peatones

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, sostuvo que, pese a los trancones que se puedan generar, el objetivo de la medida es mejorar las condiciones de desplazamiento de los transeúntes en este punto, así como una mayor facilidad de la integración de vehículos en la glorieta, en aras de evitar accidentes.

A través de su cuenta de X, el funcionario explicó con detalle las motivaciones detrás de la medida, en particular, porque, según las cifras del Distrito, en este punto se presentan más de 1.300 conflictos vehiculares por hora y circulan más de 4.000 peatones y ciclistas cada día.

“La esencia de la movilidad es que toda persona, en vehículo o a pie, pueda moverse mejor, a pesar de los desafíos de una ciudad tan grande como la nuestra. La comunidad alrededor de la glorieta de la calle 63 con carrera 50 pidió un cruce peatonal seguro y los datos respaldan esa necesidad. (...) Por eso, el semáforo que se ubicará allí es, ante todo, una decisión para proteger vidas”, precisó el funcionario.

El servidor capitalino también explicó que el esquema buscará evitar interrupciones constantes al tránsito vehicular y combinar la circulación de automóviles con un paso regulado para quienes se movilizan a pie o en bicicleta, ya que contempla semáforos en el costado sur y el costado oriental de la glorieta. Ambos, funcionarán con un botón que hará que se activen cuando una persona requiera cruzar.

Quintero también explicó que la alternativa de un puente peatonal fue descartada porque podría dificultar el tránsito de adultos mayores y personas con movilidad reducida. En ese sentido, el secretario sostuvo que el paso a nivel que ofrecerán los semáforos será más directo para los peatones. “El semáforo garantiza un paso a nivel, directo y más cómodo”, manifestó.

Y agregó en su mensaje: “La falta de regulación no elimina el trancón; solo lo hace más peligroso”.

La gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab), Natasha Avendaño, descartó un nuevo racionamiento de agua en la capital del país, pese a los efectos del fenómeno de El Niño y al inicio próximo de la temporada seca. Incluso, a pesar de las preocupaciones que ha generado el desabastecimiento hídrico en regiones aledañas a la ciudad.

Avendaño comunicó la decisión en una publicación en X y la desarrolló en una columna que publicó en el medio económico La República. Según explicó, la ciudad cuenta con reservas suficientes, en particular, por una mayor producción de la planta Tibitoc, así como con medidas de gestión que redujeron la presión sobre el sistema Chingaza.

Por ende, la jefa de la empresa pública del Distrito sostuvo que la estrategia permitirá garantizar el suministro para más de 10 millones de personas en Bogotá y los municipios atendidos por el Acueducto.

“Les cuento cómo, gracias a nuestra Estrategia de Seguridad Hídrica, podremos garantizar el abastecimiento”, dijo la servidora.

Avendaño indicó que la llamada Estrategia de Seguridad Hídrica surgió después del racionamiento que afectó a la capital colombiana durante 2024 y parte de 2025.

El plan, según precisó, cuenta con siete pilares y fue desarrollado con organismos multilaterales, entidades financieras internacionales y dependencias del Distrito. Entre sus objetivos figura ampliar las alternativas de abastecimiento y preparar la operación ante los efectos del cambio climático.

La experiencia del racionamiento llevó a la empresa a adoptar medidas preventivas frente a la llegada del fenómeno de El Niño. En ese sentido, señaló que la ciudad buscará evitar nuevas restricciones, aunque pidió mantener los hábitos de ahorro de agua ante eventuales condiciones climáticas extremas.

“Y como ‘al perro no lo capan dos veces’, por ningún motivo vamos a permitir que Bogotá vuelva a sufrir una medida que nos obligó a modificar nuestras rutinas y a reacondicionar la vida diaria, aunque también nos enseñó a convertir los buenos hábitos de consumo de agua en una forma de vida, porque el cambio climático es una realidad que no podemos evitar y que posiblemente nos obligará a adaptarnos a las diferentes condiciones extremas que se irán presentando en los próximos años”, escribió la gerente en el medio.

Chingaza supera el 95% de llenado, según el Acueducto

En su columna, Avendaño señaló que el sistema Chingaza se encuentra por encima del 95% de su capacidad, justo cuando el comportamiento hidrológico de ese sistema suele cambiar a partir del noveno mes del año, cuando históricamente disminuyen las afluencias.

Además, la gerente explicó que la temporada seca comenzaría en noviembre y se extendería hasta abril de 2027. “El agua que tenemos acumulada, la operación completa de Tibitoc y los buenos hábitos de consumo” permitirán mantener el servicio durante los próximos meses, planteó.

Como parte de la noticia positiva, la jefa de la Eaab atribuyó el escenario actual a la optimización de la planta de tratamiento de agua potable Tibitoc y al incremento del caudal autorizado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Con esa medida, la empresa comenzó a tratar un mayor volumen de agua del río Bogotá desde abril.

La funcionaria explicó que esa decisión permitió disminuir la demanda sobre Chingaza. También aseguró que, sin el aumento de la producción de Tibitoc, el nivel de ese sistema estaría cerca del 62% de llenado.

Avendaño afirmó que las proyecciones basadas en las afluencias previstas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) situaban a Chingaza en 83% sin ese refuerzo operativo. Según su versión, la empresa optó por no incorporar esa estimación en su planificación debido a riesgos para el abastecimiento.

El secretario General de la Alcaldía de Bogotá, Miguel Silva Moyano, se unió al mensaje de Natasha Avendaño y atribuyó las medidas a “la gestión responsable del agua por parte del alcalde @CarlosFGalan después de la última sequía nos ha permitido garantizarle a la gente que podremos pasar El Niño sin racionamiento”.

También comentó que “En Bogotá la mayoría de la gente ha puesto de su parte manteniendo un consumo responsable y la empresa de Acueducto de Bogotá se ha fortalecido”.

El representante a la Cámara Daniel Briceño cuestionó las sanciones que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) formalizó contra siete exintegrantes del antiguo secretariado de las Farc-EP por sus responsabilidades en el conflicto armado, al considerar que las medidas no representan un castigo proporcional frente a los delitos atribuidos a la antigua guerrilla.

Briceño publicó un mensaje en redes sociales en el que se refirió, en particular, a la exsenadora del partido Comunes Sandra Ramírez para cuestionar el modelo de justicia transicional aplicado por la jurisdicción.

“Sandra Ramírez, decenas de delitos, vidas de niñas y adolescentes destruidas, ocho años de curul regalada en el Congreso, escoltas y privilegios”, expresó.

El legislador añadió: “¿Sanción de la JEP? Ocho años sin cárcel, haciendo ‘trabajo social’ y burlándose de las víctimas. Impunidad absoluta”.

La decisión ejecutada por la JEP corresponde a la sentencia por secuestro contra Rodrigo Londoño, conocido como alias Timochenko, y otros seis antiguos miembros del secretariado de las Farc. Sandra Ramírez no figura entre los siete comparecientes incluidos en esa sanción.

Los condenados cumplirán entre cinco y ocho años de trabajos, obras y actividades reparadoras, bajo un régimen de restricciones a la libertad. Deberán utilizar dispositivos electrónicos de seguimiento, cumplir jornadas obligatorias y obtener autorización judicial para cambiar de residencia o salir del departamento donde desarrollen los proyectos asignados.

Además, tendrán prohibido salir de Colombia durante el cumplimiento de la sentencia.

El primer proyecto comenzará entre el 21 y el 30 de septiembre de 2026 en el cementerio San Antonio de Padua, de Pitalito, Huila. Rodrigo Londoño, Rodrigo Granda, Pastor Alape, Jaime Alberto Parra y Milton de Jesús Toncel participarán en actividades de apoyo a la búsqueda de personas desaparecidas, bajo la dirección técnica de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

Las tareas incluirán adecuación de terrenos, excavación manual, tamizado y apoyo logístico a los equipos de antropología. Los exjefes guerrilleros no cumplirán funciones forenses.

Rodrigo Londoño y Pablo Catatumbo recibieron sanciones de ocho años. Jaime Alberto Parra deberá cumplir siete años, diez meses y dos días; Milton de Jesús Toncel, siete años, ocho meses y 25 días; Pastor Alape, seis años, once meses y 22 días; Julián Gallo, seis años; y Rodrigo Granda, cinco años.

Las acusaciones contra Sandra Ramírez

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a versión voluntaria a la excongresista Sandra Ramírez para esclarecer su eventual conocimiento o intervención en violencias contra menores reclutados por las Farc, incluidas conductas sexuales y reproductivas investigadas en el Caso 07, que investiga precisamente el reclutamiento y la utilización de niños y adolescentes durante el conflicto armado, además de los hechos que padecieron mientras estuvieron en filas de las Farc.

Entre los patrones bajo estudio figuran tratos crueles, tortura, homicidios, violencias sexuales, violencias reproductivas y agresiones por prejuicio.

La diligencia fue avalada el 17 de septiembre de 2026 por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas.

La citación no constituyó una imputación ni determinó responsabilidad penal o administrativa de la exintegrante de las Farc, conocida dentro de esa organización como “Griselda Lobo”.

La JEP buscó contrastar su declaración con los testimonios de víctimas y el material reunido en el expediente. No obstante, la investigación procura establecer qué funciones desempeñó Sandra Ramírez en la estructura guerrillera, si su relación con Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Vélez o “Tirofijo”, le otorgó una posición de poder y cuál fue el alcance de esa influencia.

Víctimas atribuyen a Sandra Ramírez participación en hechos de violencia sexual

Entre los testimonios incorporados al debate público figura el de Deisy Dorelly Guanaro, quien afirmó que fue reclutada cuando era menor de edad y señaló a Ramírez por presuntos abusos y humillaciones dentro de la guerrilla.

“Cuando tenía 12 años, me trasladaron a San Vicente del Caguán. Esta señora nos reunió a todas las niñas y nos obligó a ponernos ropa interior de color negro. Y, en dos ocasiones, nos hizo desfilar frente a todos los comandantes del secretariado”, declaró Guanaro en una entrevista concedida a Semana en diciembre de 2025.

La excongresista, que llegó al Senado por el partido Comunes tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, ha rechazado que el reclutamiento de menores o las conductas denunciadas hubieran respondido a una política sistemática de las Farc.

“Nunca fue una política de las Farc, eso sí fue diferente. Pudo haber sucedido, sí, pero nosotros nunca lo ordenamos como colectivo”, afirmó Ramírez en una declaración previa citada en la información suministrada.

Tras meses del anuncio oficial del canciller Omar Bula sobre la salida de Colombia como firmante de la demanda que Sudáfrica presentó contra el Estado de Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en defensa de la causa palestina, se confirmó que el Gobierno nacional retiró al país de su adhesión a la intervención.

La novedad fue confirmada por el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, quien agradeció la decisión atribuida al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

“Agradezco a mi amigo, el presidente de Colombia, @ABDELAESPRIELLA, por el comunicado oficial de Colombia en el que retira su adhesión a la demanda falsa y maliciosa de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia”, escribió Sa’ar.

El funcionario israelí afirmó que la medida surgió tras una conversación que mantuvo el 15 de julio del año en curso con el canciller colombiano, Omar Bula, en Washington, Estados Unidos.

“El vínculo entre Israel y Colombia es más fuerte que nunca”, agregó el ministro de Relaciones Exteriores de Israel.

La embajadora de Israel habló de una decisión “valiente y responsable”

La embajadora israelí en Colombia, Vivian Aisen, también celebró el anuncio. “Me uno a mi canciller, Gideon Sa’ar, para agradecer al Gobierno de Colombia por haber elegido el lado correcto de la historia y retirar su intervención en el caso promovido por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia”, expresó.

Aisen calificó la decisión como “valiente y responsable” y señaló que el Estado de Israel la valora “profundamente”.

El retiro supone un cambio respecto de la posición expuesta por el gobierno de Gustavo Petro desde enero de 2024. En aquel momento, Colombia respaldó la demanda de Sudáfrica y sostuvo que las acciones del gobierno israelí en Gaza configuraban “actos de genocidio”. Además, anunció que utilizaría los mecanismos procesales disponibles para acompañar el trámite ante la CIJ.

De hecho, el Gobierno Petro declaró en abril de 2026 que participaría con una intervención ante la Corte de La Haya en línea con la diligencia emprendida por el país africano “con el fin de coadyuvar con la demanda (...) y contribuir de una manera tangible a la defensa de la causa palestina en el escenario judicial internacional”.

“Invocando el mecanismo previsto en el Artículo 63 del Estatuto de la Corte, vamos a presentar ante la Corte nuestra interpretación de las normas de la Convención contra el genocidio que Israel estaría ignorando con sus acciones militares en Gaza. El presidente Gustavo Petro y el Canciller (E), Luis Gilberto Murillo, han emitido instrucciones para que en los próximos días se deposite en la Corte una Declaración de Intervención de Colombia bajo el mencionado Artículo 63″, rezó un comunicado de la Presidencia de ese momento.

Con la salida de Colombia, el país da un nuevo paso en la reintegración diplomática con el Estado de Israel, en contraposición a la narrativa de Gustavo Petro, que tanto en discursos que pronunció en Colombia como ante la sociedad internacional condenó a Israel y la política de guerra del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

De hecho, el expresidente Petro aseguró que seguiría haciendo “un seguimiento cuidadoso de este proceso y, de ser necesario, se anunciarían en su debido momento las acciones judiciales concretas que se adelantarían como pasos adicionales a la demanda de Sudáfrica”.

Mientras tanto, el proceso iniciado por Sudáfrica sigue en curso. El gobierno sudafricano sigue acusando a Israel de incumplir la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, mientras que el Estado de Israel rechaza la acusación. La CIJ dictó medidas provisionales, pero todavía no emitió una decisión sobre el fondo del caso.

El registro muestra dos momentos. El primero captó al presunto criminal con la niña como acompañante en la parte trasera del vehículo, el 14 de septiembre de 2026, a las 10:29 a. m. Cerca de media hora después, las imágenes muestran al mismo hombre, pero ya sin la niña.

Las autoridades manejan la hipótesis de que este registro fílmico sería en el sector donde posteriormente fue hallado el cuerpo de Ana Lucía dentro de una alcantarilla. Las imágenes hacen parte de los elementos que analiza el CTI de la Fiscalía General de la Nación en medio de la investigación por la muerte de Ana Lucía.

El ente acusador también señaló que el investigado se habría desplazado desde Mosquera, Cundinamarca ―donde residía la menor en ese momento―, hasta el sur de Bogotá con la niña.

“Una investigación de la Fiscalía permitió establecer la ruta que habría seguido una niña de 9 años antes de ser encontrada sin vida en un canal de aguas lluvias de Ciudad Bolívar, en Bogotá. Según las evidencias recopiladas, el 14 de septiembre Shenner José Rojas Lárez habría sacado a la menor de edad de un inmueble en Mosquera (Cundinamarca), luego de una discusión con su pareja, hermana de la víctima. Posteriormente, la trasladó a Fontibón y, al día siguiente, a Ciudad Bolívar, donde presuntamente le causó la muerte mediante asfixia”, es la información oficial del ente investigador.

El relato de un juez de la Fiscalía sobre el caso

Un juez de control de garantías fue el que envió a prisión a José Rojas Lárez, señalado por la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable del feminicidio agravado y de actos sexuales agravados contra la pequeña Ana Lucía González.

Durante la primera audiencia judicial, una funcionaria del ente acusador sostuvo que el crimen habría sido cometido como una aparente represalia sentimental.

La Fiscalía expuso que el investigado habría actuado bajo una hipótesis de violencia vicaria, dirigida contra su compañera sentimental. “Hay efectivamente esa violencia vicaria que se presenta con el fin de hacer daño por parte del señor a su compañera sentimental”, señaló la fiscal del caso.

La representante del ente acusador indicó que los hechos habrían comenzado el 14 de septiembre en Mosquera, Cundinamarca, donde la hermana mayor de Ana Lucía convivía con el procesado.

Según lo expuesto durante la diligencia, la mujer habría sido víctima de agresiones físicas, violencia psicológica y dependencia económica. La Fiscalía sostuvo que, tras una discusión y mientras ella acudía a un CAI para pedir ayuda, el hombre habría salido del lugar con la menor en una motocicleta.

“La sube en la moto, la traslada allí en esa moto del municipio de Mosquera y entran a la ciudad de Bogotá por la localidad de Fontibón. Allí en Bogotá, ese día 14 de septiembre, la deja”, relató la fiscal ante el juez.

Además, de acuerdo con la investigación, el procesado habría utilizado el casco de su pareja, un elemento que permitió a las autoridades avanzar en su identificación.

Este habría sido el recorrido del señalado agresor

La Fiscalía señaló que Rojas Lárez volvió a Bogotá entre las 10:00 a. m. y las 11:00 a. m. de la mañana, para recoger a la niña. Después, presuntamente la llevó al barrio Juan José Rondón, en Ciudad Bolívar.

“Al día siguiente retorna nuevamente a la ciudad de Bogotá. Y entre las 10 y 11 de la mañana de ese día recoge a la menor del lugar donde la había dejado y es llevada al barrio Juan José Rondón de la localidad de Ciudad Bolívar. Y estando a solas con esta, presuntamente le causa la muerte”, afirmó la fiscal.

El ente acusador indicó que la causa preliminar de muerte fue asfixia y que existen elementos que apuntan a posibles actos sexuales contra la menor. Rojas Lárez fue imputado por feminicidio y actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas.

La familia pidió una condena contra el procesado

Luz González, hermana de Ana Lucía, pidió al juez que el caso no quede impune. “Queremos justicia, que este crimen no quede impune. Ella solo era una niña, era un angelito que recién estaba empezando a vivir. Quiero que lo condenen para siempre”, manifestó durante la diligencia.

Ana Lucía se encontraba en Colombia de vacaciones junto a su familia y tenía previsto regresar a Venezuela, donde retomaría sus clases. Su madre reconoció el cuerpo ante las autoridades y pidió que se lo entregaran con rapidez.

“Le pido a la autoridad que se haga justicia”, expresó la mujer. A su vez, Rojas Lárez no aceptó los cargos imputados. La investigación continúa mientras Medicina Legal adelanta los análisis técnicos sobre la muerte de la niña.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) informó que Colombia registraba 15 incendios forestales activos y nueve controlados al corte de las 6:00 p. m. del viernes 18 de septiembre de 2026.

Según la información oficial, el departamento con más emergencias activas es Tolima, con nueve casos en los municipios de Alvarado, Armero, Ataco, Ortega, Prado, San Luis, Villahermosa y Villarrica.

También permanecen activos dos incendios en Cundinamarca, en los municipios de Nilo y Topaipí; dos más en Valle del Cauca, en Cali y Guadalajara de Buga; y uno en Cauca, Huila y Nariño.

Por ejemplo, en Nilo, Cundinamarca, el incendio en el cerro de la vereda La Palmita, en los sectores Cucuata y Cactus, recibe apoyo de cinco unidades de Bomberos Voluntarios, habitantes de la zona y un helicóptero equipado con sistema Bambi Bucket.

A su vez, en el departamento de Huila, las autoridades atienden un incendio en la vereda Upar, sector Mallungo, de Yaguará. En la operación participan Cuerpos de Bomberos de Yaguará, Teruel y Palermo.

La Ungrd indicó que en Mallama, Nariño, las labores continúan en las veredas Puspued y Santa Elena, en el sector La Oscurana, con apoyo del comité municipal de gestión del riesgo, bomberos y la entidad nacional.

También, entre las emergencias controladas figuran incendios en Paime y San Juan de Rioseco, en Cundinamarca; Yaguará, Huila; Ancuya, Nariño; y Coromoro, Santander.

En Tolima fueron controlados cuatro incendios en Carmen de Apicalá, Chaparral, Coyaima y Suárez. En este último municipio, las operaciones contaron con unidades de Bomberos de Suárez, Carmen de Apicalá, Riosucio y Bomberos Oficiales de Bogotá.

Incendios en Cali alertaron a los ciudadanos: 70 hectáreas consumidas y viviendas afectadas

Un incendio forestal consumió más de 70 hectáreas de vegetación en Altos de Menga, al norte de Cali, y dejó cinco viviendas afectadas, dos bomberos lesionados y una adulta mayor atendida por inhalación de humo.

El fuego comenzó hacia las 1:25 p. m. del jueves 17 de septiembre, cerca de un tanque de agua, y se extendió por la acción de los fuertes vientos hacia sectores residenciales y áreas de vegetación en Menga y Golondrinas.

El alcalde de la capital vallecaucana, Alejandro Eder, afirmó que se trataría de conflagraciones causadas por “manos criminales”, de acuerdo con una entrevista que el burgomaestre dio a Blu Radio.

Más de 80 personas participaron en las labores de control, con apoyo de bomberos de Cali y Yumbo, la Cruz Roja, la Defensa Civil, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) y la Secretaría de Gestión del Riesgo.

La emergencia quedó controlada hacia las 10:20 p. m., aunque las unidades mantuvieron labores de enfriamiento en los puntos calientes ante la posibilidad de que el viento reavivara el fuego.

La difícil situación en Huila

Los incendios forestales en este departamento ya han consumido cerca de 2.300 hectáreas de cobertura vegetal, en especial, debido a las altas temperaturas y la falta de lluvias han dejado 161 emergencias en zonas rurales de 22 municipios durante 2026.

Datos oficiales de las autoridades territoriales indican que el departamento enfrenta jornadas con temperaturas superiores a 35 °C, un escenario que elevó el riesgo de fuego en áreas de pastos, rastrojos, árboles y cultivos. Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas ni viviendas afectadas.

La ingeniera forestal Osiris Peralta, de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), indicó en diálogo con El Tiempo que el organismo activó desde abril un plan de contingencia dirigido a alcaldías, consejos municipales de gestión del riesgo, sectores productivos y comunidades. La estrategia incluye recomendaciones para evitar incendios y medidas para promover el uso eficiente del agua.

“La CAM mantiene la prohibición de quemas con miras a la preparación de terrenos para actividades agrícolas”, afirmó Peralta.

“Ningún pasaje vale más que una vida”, aseguró el directivo en la publicación que hizo en su cuenta de Instagram, y aseguró que la empresa de transporte masivo de Bogotá está de luto tras el violento hecho que se produjo cuando Garzón Castro intervenía ante una pareja que intentaba ingresar sin validar el pago de la tarifa.

Gutiérrez también envió un mensaje de solidaridad a los familiares, amigos y compañeros de la víctima. “Garzón fue asesinado vilmente por una persona que intentaba acceder al sistema TransMilenio sin validar su tarifa. Extiendo mis más sentidas condolencias a la familia, a los amigos de Cristian, a todo el equipo de vigilancia del sistema TransMilenio que trabaja para todos los bogotanos”, dijo el gerente.

Gutiérrez también hizo un llamado a la corresponsabilidad de los usuarios y destacó la labor de los equipos de vigilancia.

“Es un hecho repudiable. Cristian murió siendo asesinado, siendo afectado por una persona por el simple hecho de cumplir su trabajo, por el simple hecho de pedirle a alguien que validara su tarifa para acceder al sistema TransMilenio. Los vigilantes nos cuidan a todos los bogotanos. Cuidémonos entre todos. Este es un mensaje de corresponsabilidad y sobre todo, de solidaridad para con la familia de Cristian, sus amigos, para que estos hechos no vuelvan a pasar en Bogotá”, dijo.

Testigo relató la escena del asesinato: “Se me murió en las manos”

El asesinato del guardia de seguridad causó indignación en el país. Durante la reconstrucción de los hechos, la trabajadora que estaba en la estación Terreros junto a la víctima relató que Cristian David Garzón Castro intervino para protegerla durante el ataque con arma blanca que terminó con su muerte, después de que una pareja intentara ingresar sin pagar al sistema TransMilenio.

El testimonio fue recogido por Blu Radio. Según la trabajadora, el vigilante se interpuso cuando uno de los presuntos agresores intentó atacarla.

“Gracias al compañero, no me pasó nada”, afirmó la mujer. Luego agregó que Garzón conocía que ella tiene una bebé: “Créame que yo hubiera preferido que hubiera sido yo. El compañero sabía que yo tengo una bebé en la casa”.

La trabajadora de seguridad aseguró que, tras la agresión, Garzón inicialmente le dijo que no había recibido una herida. Sin embargo, ella advirtió el daño en el chaleco y comenzó a auxiliarlo.

“Me vuelvo a mirar cómo está el estado del compañero y él me dice: ‘No, tranquila, que a mí no me la pegaron’. Se corre la pechera y fue cuando le veo el roto en el chaleco”, relató.

La guardia indicó que el vigilante perdió el conocimiento mientras ella intentaba asistirlo. “Se me murió en las manos, porque parece que la puñalada fue en el corazón”, señaló en declaraciones a la emisora.

Garzón fue trasladado a la sede de la IPS Virrey Solís en Soacha, donde murió por la gravedad de las heridas, de acuerdo con la información difundida sobre el caso. La empresa de seguridad TOP Guard Ltda., para la que trabajaba, expresó que el guarda “murió por pedirle a alguien que pagara un pasaje”.

La Policía confirmó que los dos capturados por el asesinato de Cristian David Garzón son mayores de edad y quedaron a disposición de las autoridades competentes.

La mujer detenida, por un lado, registra cuatro anotaciones judiciales por hurto calificado, inasistencia alimentaria, tráfico de estupefacientes y violencia intrafamiliar. El hombre capturado, por el otro lado, no tendría antecedentes judiciales. Sin embargo, su registro incluirá la anotación por homicidio si el proceso penal avanza en su contra.

El cantante Alci Acosta recibió el alta médica tras permanecer varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos y continuar su recuperación en una habitación de la Clínica La Misericordia de Barranquilla, informó su familia.

La noticia la dio a conocer el hijo de Rey del Bolero, el también cantante Checo Acosta, que comunicó la novedad través de redes sociales: “Gloria a Dios, mi padre Alci Acosta dado de alta”.

Por medio de un comunicado, la familia indicó que el intérprete de 87 años continuará con tratamiento y controles médicos desde su casa.

“En la mañana de hoy, después de la revisión de exámenes del Médico Internista, ha sido dado de alta. Sigue el tratamiento con manejo en casa y los controles respectivos. Reiteramos el agradecimiento al personal médico y de enfermeras por la excelente atención. ¡Dios todo lo puede!”.

Antes de recibir el alta médica, el artista colombiano mostró una evolución favorable durante su hospitalización en la Clínica La Misericordia de Barranquilla, según las eventuales actualizaciones que difundió Checo Acosta.

Tras ingresar por urgencias al centro asistencial el 30 de agosto de 2026, el cantante debió ser internado en la Unidad de Cuidados Intensivos. En medio del tratamiento que allí se comenzó, Checo Acosta comunicó que su padre respondía en forma positiva a los procedimientos. La hospitalización del intérprete sucedió por una afección que comprometía sus riñones y la próstata.

El 5 de septiembre, el artista indicó que los médicos habían controlado las secreciones que también eran objeto de seguimiento, mientras que días después confirmó el traslado a una habitación y el inicio de terapias físicas.

Días después, el 10 de septiembre, el hijo de la máxima figura del bolero colombiano informó que su padre había salido de la Unidad de Cuidados Intensivos y permanecía bajo supervisión en una habitación, donde recibió tratamiento médico y monitoreo especializado.

“Mi padre amaneció muy bien, durmió normal en la noche y sigue respondiendo al tratamiento. La excelente noticia es que ya está en habitación e inicia terapia física”, señaló en una de las actualizaciones.

Esa información corresponde al proceso previo al alta. Posteriormente, este 18 de septiembre, la familia confirmó que Alci Acosta dejó la clínica y continuará su recuperación en casa, con el tratamiento y los controles médicos indicados.

El otro percance médico de Alci Acosta fue en 2023

El cantante octogenario, talento detrás de temas musicales como No renunciaré, Traicionera o La copa rota, ha gozado de buena salud en sus años de vejez.

No obstante, fue en octubre de 2023 cuando Acosta fue sometido a una cirugía de urgencia por una estenosis lumbar severa, una afección que reducía el espacio en el canal raquídeo y afectaba su movilidad.

El artista, entonces de 84 años, informó que el procedimiento había concluido sin complicaciones. “Gracias a Dios ya pasamos este momento bastante complicado”, expresó en un mensaje publicado en sus redes sociales tras la intervención.

La explicación sobre el diagnóstico la entregó su hijo, el cantante Checo Acosta, que señaló que la condición causaba debilitamiento muscular y dificultades para caminar.

Luego de la cirugía, el bolerista recibió indicaciones de reposo para avanzar en su recuperación. “Ahora mucho reposo para seguir cantándoles y deleitándolos en mi tour de despedida”, manifestó.

En ese momento, Acosta tenía previsto participar el 1 de diciembre de 2023 en la Fiesta de Fin de Año, programada en la Gran Carpa de Corferias. El evento reunía a agrupaciones de música tropical colombiana y contemplaba un homenaje a la trayectoria del intérprete.

El cantante siguió su carrera hasta que en junio de 2025 anunció su retiro de la música tras 60 años de carrera musical. Aún en 2026, el cantante y pianista continuó realizando apariciones públicas.

El trabajador, de 27 años, recibió heridas con arma blanca en el pecho al intervenir para defender a una compañera que también fue atacada por los evasores del pago.

Pese a que el hombre señalado de atacar al vigilante no registra antecedentes judiciales conocidos, la mujer ―capturada junto a su acompañante―, cuenta con anotaciones por hurto calificado, inasistencia alimentaria, tráfico y fabricación de estupefacientes y violencia intrafamiliar, según información conocida por El Tiempo,

Será un juez de la República que tomará el caso para determinar las consecuencias penales para los detenidos, si se confirma su responsabilidad en el homicidio.

Los detalles del asesinato

De acuerdo con la información de las autoridades, el hecho ocurrió hacia las 9:30 a. m. Tras el violento ataque, Garzón fue trasladado de inmediato a la IPS Virrey Solís de Soacha, pero murió minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

La pareja fue capturada en flagrancia por unidades de la Policía Metropolitana de Soacha, dentro de la misma estación donde ocurrió el ataque. Ambos quedaron a disposición de los uniformados y serían presentados ante la Fiscalía para iniciar el proceso de judicialización.

TransMilenio S. A., por su parte, compartió con la ciudadanía un comunicado en el que se informó que Garzón pertenecía a la escuadra antievasión de una empresa privada que presta servicios al sistema. La entidad señaló que aportará la información requerida por las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

“Con profundo dolor, nos unimos en luto por la pérdida de Cristian David Garzón Castro, uno de nuestros vigilantes de la escuadra antievasión. Cristian fue víctima de una agresión con arma blanca en la estación Terreros, en Soacha, un acto que nos deja consternados y tristes”, señalaron voceros oficiales de la empresa de transporte masivo de la capital del país.

“Rechazamos con firmeza cualquier forma de violencia que amenace la vida, la integridad y la seguridad de todos los que forman parte de nuestro Sistema. La paz y el respeto son valores que debemos proteger y promover”, añadió.

Desde la empresa enviaron las “más sinceras condolencias y todo nuestro apoyo” a los familiares, amigos y compañeros de la víctima.

El alcalde de Soacha condenó el asesinato y llamó la atención a los soachunos sobre el respeto por la vida

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, rechazó el asesinato del guardia de seguridad que prestaba servicio en la estación Terreros de TransMilenio y pidió celeridad en la investigación contra los dos capturados por el caso.

Según el mandatario municipal, “una persona que cumple con su labor no puede perder la vida por exigir el cumplimiento de las normas”.

Sánchez Perico agradeció la actuación de la Policía de Soacha, la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), y solicitó que se esclarezcan los hechos. También dirigió un mensaje a los habitantes del municipio: “A los habitantes de Soacha les hago un llamado firme: más respeto por la vida, más tolerancia y cero violencia. Ninguna situación puede justificar un hecho como este. Toda mi solidaridad con la familia, compañeros y seres queridos del guarda”.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló que la reacción policial permitió detener a las dos personas que “serían responsables del crimen”. “No es aceptable que se trunque de esa forma la vida de este joven de 27 años”, afirmó.

Galán agregó que la administración colaborará con la Fiscalía para que los detenidos “paguen por lo que hicieron y se queden en la cárcel”. El homicidio ocurrió en medio de los controles contra la evasión del pago en las estaciones del sistema.

A través de sus redes sociales, Toro ha dejado varias publicaciones en contra del director y productor de la pieza audiovisual, el creador de contenido mexicano Samuel Adrián, así como contra el sector político conservador que se unió a la protesta contra los tratamientos de reafirmación de género que se han realizado a menores de edad en la Fundación Valle de Lili, según un comunicado emitido por la misma institución en noviembre de 2025.

Un reciente video, en el que el congresista reiteró su posición contra el influencer y el contenido de la producción —además de usar una gigantografía para realizar su crítica— Toro afirmó que el documental es una “fábrica de mentiras y odio” y sostuvo que sus impulsores buscan generar “pánico” para obtener “plata y likes”.

“A punta de transfobia y mentiras quieren generar pánico! ¿Para qué? Para ganar plata y likes El documental ‘Colombia: Fábrica de niños trans’ es solo una fábrica de mentiras y odio", dijo.

Como respuesta, Barrios rechazó que los cuestionamientos al abordaje médico de menores trans sean calificados como “transfobia”:

“No más hipocresía, deje de esconder los hechos detrás de la palabra ‘transfobia’”, escribió Barrios en respuesta a Toro. El concejal aseguró que un endocrinólogo de la Fundación Valle del Lili señaló en entrevista con Blu Radio que su equipo atendió a 114 pacientes, aplicó bloqueadores desde los nueve años y luego evaluó la utilización de hormonas cruzadas.

En este diálogo que se realizó el 16 de septiembre de 2026, el médico también dijo que “en este proceso de atención a estos pacientes, primer concepto que es muy importante resaltar, no se realiza ningún procedimiento quirúrgico, y segundo, el proceso de atención es un proceso muy organizado, pausado, largo de ir navegando con el paciente y su familia las distintas etapas y necesidades”.

Al respecto, el cabildante agregó que esa información fue expresada por el propio médico y no por Samuel Adrián, uno de los protagonistas del documental. “No lo dijo Samuel Adrián, lo admitió él mismo (...) Si el documental estaba ‘lleno de mentiras’, ¿por qué dejó de funcionar el programa de género de la Fundación Valle del Lili?”.

Toro calificó el documental como un “show mediático”

Mauricio Toro había cuestionado el contenido de la producción y a sus promotores en el video que difundió en su cuenta de X, en el que aseguró que “mentir es pecado y utilizar a Dios para discriminar, mucho más”.

El excongresista sostuvo que el documental busca, según su concepto, obtener beneficios económicos y audiencia a partir de discursos contra las personas sexualmente diversas. “Esto no resulta más que un show mediático de likes, de plata que quieren ganar a costa de la discriminación no solamente de las personas Lgbitq+, sino de la manipulación de la prensa y para generar violencia en Colombia. Este señor incumplió una orden de un juez de la República. Se vino a Colombia esperando que lo apresaran”, aseveró.

Toro también señaló que la difusión del documental y los eventos relacionados con Samuel Adrián y el autor conservador Agustín Laje podrían incentivar la violencia y la estigmatización.

“Que están cobrándole 70.000 pesos a cada persona que vaya dizque a su liberación, todo simplemente para discriminar y para venir a sembrar odio en Colombia. Y yo les digo a ellos: ‘Váyanse a sembrar odio a sus países, pero no a Colombia’. Colombia es un país que acepta la diversidad, que ya zanjó esa discusión de los derechos y no quieren venir a nosotros a llevarnos otra vez a la época de las cavernas. Es lamentable lo que piensa el señor”, cerró.

La reforma tributaria de Bogotá, presentada por la Alcaldía de la capital, siguen en periodo de estudio en el Concejo que, durante la jornada del 17 de septiembre de 2026, abrió una discusión sobre los efectos del proyecto para comerciantes, contribuyentes y grandes inversionistas.

En particular, porque la iniciativa busca recaudar 1,3 billones de pesos al año mediante un nuevo cobro de alumbrado público en el predial, cambios al Impuesto de Industria y Comercio (ICA), alivios para morosos y exenciones para inversiones estratégicas.

De acuerdo con la información sumninistrada por el Concejo, la propuesta plantea, por ejemplo, que 869.955 inmuebles de estratos 4, 5 y 6, además de comercios e industrias, paguen una tarifa adicional para financiar la modernización del alumbrado. Los estratos 1, 2 y 3 quedarían excluidos.

El proyecto también prevé descuentos del 50% en intereses y sanciones para contribuyentes morosos que paguen el total de su deuda antes del 18 de diciembre de 2026. La medida apunta a recuperar parte de una cartera estimada en 12,5 billones de pesos.

Además, propone elevar las tarifas del ICA para el sector financiero, el comercio de alcohol y tabaco y la venta de vehículos. A cambio, contempla exenciones de hasta 10 años para nuevas empresas que inviertan más de 4.600 millones de pesos en actividades priorizadas por el Distrito.

La iniciativa incluye la eliminación de tres gravámenes: el impuesto unificado de fondo de pobres, azar y espectáculos; el impuesto de publicidad exterior visual; y la retención del ICA para pequeños comercios.

Pese a que la sesión terminó sin una decisión definitiva y la discusión quedó programada para continuar el viernes 18 de septiembre, el debate generó reparos entre concejales de oposición, peticiones de ajustes para grupos vulnerables y respaldos parciales de cabildantes que consideran necesaria una actualización del sistema tributario de la capital.

La oposición cuestionó los beneficios para los grandes inversionistas

Los concejales del Pacto Histórico cuestionaron, fundamentalmente, quiénes recibirían beneficios.

La cabildante Quena Ribadeneira marcó distancia de la reforma porque sostuvo que abre beneficios para quienes cuentan con capacidad de realizar grandes inversiones, mientras pequeños comerciantes y ciudadanos asumen mayores cargas.

Por la misma vía, Heidy Sánchez expresó una posición similar. Según el reporte del Concejo de Bogotá, la funcionaria cuestionó que algunos sectores enfrentarían nuevos cobros mientras se conceden alivios tributarios a actividades relacionadas con capital extranjero.

El servidor José del Carmen Cuesta, alineado con estas objeciones, indicó que la meta de atraer 78 billones de pesos en inversión extranjera, al considerar que los beneficios económicos podrían concentrarse en esos actores.

La concejala Ana Teresa Bernal, por su parte, presentó un listado de interrogantes sobre los destinatarios de los alivios, los contribuyentes que asumirían los pagos y las obligaciones que tendría la ciudad.

En cuanto a los puntos positivos, el concejal del Pacto Histórico Óscar Bastidas destacó dos beneficios contemplados en la iniciativa. Uno de ellos prevé una menor carga tributaria para tiendas, minimercados y peluquerías; el otro establece una tarifa especial para los Cabildos Muiscas, en reconocimiento de su identidad indígena.

Concejales pidieron protección para familias vulnerables y población con discapacidad

Otros concejales centraron sus posiciones en evitar que las medidas de recaudo recaigan sobre capitalinos que no pueden pagarlas.

El cabildante del Partido Verde Andrés Darío Onzaga solicitó que la reforma tenga en cuenta a personas con discapacidad, empleos inclusivos y familias cuidadoras. También planteó que el Distrito evalúe la capacidad real de pago de los contribuyentes antes de establecer nuevas obligaciones.

En respuesta, el concejal Fernando López, del Nuevo Liberalismo, afirmó que las familias de estratos 4, 5 y 6 que se encuentren en condición de pobreza —conocida como pobreza oculta— no pagarían el cobro destinado al alumbrado público.

Parte de las intervenciones se concentró en la confianza de los ciudadanos frente al destino de los impuestos. El concejal Julián Uscátegui, del Centro Democrático, preguntó qué garantías tendrían los contribuyentes de que los recursos adicionales se invertirán en las necesidades diarias de la ciudad y pidió mejorar el gasto antes de aumentar los cobros.

En esa línea, la servidora del mismo partido Diana Diago señaló que los bogotanos cumplen con sus obligaciones tributarias, pero cuestionó la respuesta de la administración ante problemas de la capital.

La reforma recibió respaldo parcial por los cambios al ICA

Una de las medidas que contempla la reforma es el aumento del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) para el sector financiero en Bogotá. No todos han visto la eventual situación con buenos ojos. Incluso, la presidenta del Grupo Aval, María Lorena Gutiérrez, afirmó que el incremento tendría un efecto cercano a $500.000 millones, de acuerdo con las estimaciones de Asobancaria.

Por eso, el concejal liberal Germán García, pese a que confirmó el apoyo de su partido al proyecto, manifestó diferencias con dos artículos relacionados con los recursos que reciben las alcaldías locales.

García señaló que la reforma simplificaría el cobro del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) y reduciría la tarifa para algunos sectores, con el propósito de mejorar el recaudo distrital.

En ese sentido, el concejal Ricardo Correa, del Partido de La U, reconoció que la propuesta genera desacuerdos, pero sostuvo que Bogotá requiere medidas para actualizar su esquema tributario frente a otras ciudades.

Fue difundida una fotografía del senador judicializado Wadith Alberto Manzur Imbett tras su ingreso a la cárcel de máxima seguridad La Picota, en Bogotá, luego de que fuera trasladado desde la Escuela de Carabineros por orden del presidente Abelardo de la Espriella, que determinó examinar la situación penal de los privados de la libertad que estaban en guarniciones militares o estaciones policiales.

La imagen, ampliamente divulgada en las redes sociales, corresponde al registro realizado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) al momento de su llegada al centro penitenciario en el que continuará recluido mientras avanzan las investigaciones por su presunta participación en hechos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El presidente De la Espriella anunció el 13 de septiembre de 2026 que los condenados por corrupción que estuvieran recluidos en infraestructuras policiales o militares pasarían a cárceles ordinarias.

En su momento, el mandatario cuestionó que personas procesadas o condenadas por delitos contra la administración pública contaran con condiciones distintas a las del sistema penitenciario regular.

Por su lado, Manzur permanecía recluido desde marzo de 2026 en la Escuela de Carabineros, luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenó su captura dentro de la investigación por supuestos acuerdos entre congresistas y funcionarios para financiar proyectos con recursos de la entidad, en medio del escándalo de los carrotanques de La Guajira.

Su caso cobró relevancia con la instalación del nuevo Congreso de la República, el 20 de julio de 2026, cuando Manzur, tras quedar senador electo, solicitó a la Presidencia del Senado autorización para posesionarse desde su centro de reclusión, antes de ser llamado a juicio.

No obstante, su pedido enfrentó trabas legales por la situación judicial que atraviesa, debido a que, al no estar aún condenado por los hechos que se le atribuyeron.

Las acusaciones contra Wadith Manzur

El miércoles 11 de marzo de 2026, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó a Wadith Manzur por el presunto delito de cohecho impropio y ordenó su reclusión preventiva en un centro carcelario,

La decisión fue tomada en una sesión extraordinaria en la que el alto tribunal también impuso medida de aseguramiento en centro penitenciario a la representante Karen Astrith Manrique Olarte.

De acuerdo con la Corte, la investigación se concentra en hechos ocurridos durante el segundo semestre de 2023 cuando los señalados, en su rol de integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, aceptaron ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de emitir conceptos favorables sobre operaciones de crédito que interesaban a esa cartera.

La Corte indaga presuntos acuerdos sobre contratos de la Ungrd

Según el reporte oficial, en varias reuniones se habrían pactado contraprestaciones para los congresistas por el trámite de esos créditos. El supuesto beneficio consistía en impulsar contratos y obras de interventoría de tres proyectos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) en Córdoba, Arauca y Bolívar.

La Sala de Instrucción señaló que en los encuentros documentados se habrían definido montos con los que representantes del Ejecutivo favorecerían a los legisladores a cambio de comprometer sus funciones dentro de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

El alto tribunal concluyó que el material reunido durante la etapa investigativa permite inferir que los procesados pudieron incurrir en cohecho impropio, delito que sanciona al servidor público que recibe dádivas por actos relacionados con sus funciones.

La decisión de acusar también cobijó a Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y al excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera. Sin embargo, la Corte determinó que ellos continúen en libertad mientras avanza el proceso.

Luego de que la Comisión Tercera de Hacienda aprobó la reforma tributaria de la Alcaldía de Bogotá y la envió a la plenaria del Concejo de Bogotá para su discusión, las posturas sobre el proyecto en la corporación han incluido llamados de atención al Distrito Capital.

La propuesta incorpora un nuevo cobro de alumbrado público para los estratos 4, 5 y 6, el comercio, la industria y el sector financiero. Los recursos financiarían luces LED, cámaras de seguridad y tecnología conectada. Los estratos 1, 2 y 3, además de la población en condición de pobreza oculta, quedarían exentos.

Con ese contexto, el concejal Elkin Huertas extendió un llamado a la Alcaldía de Bogotá para que cualquier ajuste tributario tenga efectos verificables sobre la economía y los servicios de la capital.

“Una ciudad necesita organizar sus finanzas, pero ese esfuerzo tiene que tener un propósito. Bogotá es una empresa social que construimos entre todos. Si les pide más a sus ciudadanos y a quienes producen y generan empleo, nuestra responsabilidad es trabajar para que esos recursos regresen en oportunidades, inversión, mejores servicios y resultados que la gente pueda verificar”, afirmó durante una sesión en el Concejo de Bogotá.

Huertas presentó ocho propuestas durante el debate de los proyectos de acuerdo 724 y 709 de 2026, que incluyen medidas tributarias, incentivos a la formalización, alivios para el turismo y controles sobre el alumbrado público en Bogotá.

Ocho propuestas con foco en empleo, impuestos e infraestructura

Una de las medidas promovidas por el concejal plantea priorizar la creación y conservación de empleos para jóvenes, mujeres y mayores de 50 años en el distrito aeroportuario.

El paquete también contempla que la infraestructura de alumbrado público tenga capacidades para soportar soluciones de Internet de las Cosas (IoT) y otras aplicaciones tecnológicas. La propuesta busca que la red sirva para ampliar la conectividad urbana.

Huertas propuso además que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) entregue cada año al Concejo un informe sobre la ejecución de recursos, la prestación del servicio y los avances en la modernización del alumbrado. El planteamiento apunta a que el seguimiento se realice con metas, datos e indicadores de resultados.

Las iniciativas incluyen una reducción de la tarifa del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) para la actividad hotelera formal, que pasaría del 13,8 al 12 por mil. De acuerdo con el documento oficial, la medida busca respaldar a un sector ligado a la cadena productiva del turismo y a la generación de empleo.

Para las microempresas formalizadas, Huertas planteó ampliar de seis a 10 años el esquema de pago gradual del ICA. La propuesta prevé que la tarifa aumente de forma paulatina durante el período de consolidación de los negocios.

El concejal también propuso que las secretarías de Hacienda y de Desarrollo Económico implementen mecanismos simplificados de información y orientación para que microempresas y pequeños establecimientos accedan a ese régimen tributario.

Beneficios para edificaciones sostenibles y reforzamiento sísmico

Otro grupo de medidas contempla incentivos en el impuesto predial para inmuebles existentes que adopten prácticas reconocidas por el programa Bogotá Construcción Sostenible.

La octava iniciativa prevé un beneficio tributario para obras de reforzamiento estructural en edificaciones. El objetivo es impulsar intervenciones de sismorresistencia en la ciudad.

Durante el trámite legislativo también se abordaron ajustes para restaurantes y bares, disposiciones vinculadas a Bogotá Productiva 24 Horas, primera infancia y beneficios temporales para obligaciones tributarias y no tributarias en mora.

Huertas afirmó que el control político deberá continuar después de la eventual aprobación de las nuevas reglas.

“El resultado de una reforma no se puede medir únicamente por cuánto recauda. También hay que mirar qué pasa después: cuántas oportunidades ayudó a generar, qué empresas pudieron crecer, qué inversiones se materializaron y cómo mejoraron los servicios de la ciudad”, señaló.

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán Martínez, pidió a través de sus redes sociales que Colombia retome el debate sobre la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, luego del hallazgo del cuerpo de Ana Lucía González Mendoza, de 9 años, en una alcantarilla, en el sur de Bogotá.

La menor fue encontrada sin vida el martes 15 de septiembre de 2026 en una alcantarilla del barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar. De acuerdo con los primeros reportes divulgados por las autoridades, el dictamen inicial de Medicina Legal apuntó a una muerte violenta por asfixia mecánica.

“Llegó la hora de que Colombia empiece a hablar de nuevo sobre la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños”, expresó el alto funcionario en una publicación.

Beltrán también extendió un mensaje de respaldo a los familiares de la menor y señaló que “como padre de familia es muy doloroso seguir conociendo casos tan aberrantes como el de la pequeña”.

El pronunciamiento ocurrió después de que las autoridades capturaran a Shenner José Rojas Lárez, ciudadano venezolano señalado como presunto responsable de la desaparición y muerte de la niña. La detención se produjo el miércoles 16 de septiembre, después de que investigadores reconstruyeran parte del recorrido que hizo la víctima entre el municipio de Mosquera, Cundinamarca, y Bogotá.

La Fiscalía General de la Nación informó de manera preliminar que el detenido sería presentado ante un juez por los delitos de homicidio agravado, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, mientras continúan las diligencias judiciales.

La cadena perpetua en Colombia: así va el debate

Tras la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de la República, se ha empezado a aclarar el panorama jurídico de las condenas perpetuas, en especial, por delitos y crímenes contra menores de edad.

El presidente, de hecho, ha sido abiertamente partidario de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Con esa realidad, desde el Congreso ya están emergiendo propuestas. En agosto de 2026, la representante a la Cámara Nataly Vélez, de Cambio Radical, radicó un proyecto de acto legislativo que busca permitir la prisión perpetua revisable para adultos condenados por homicidio doloso y delitos sexuales graves contra menores de edad.

La iniciativa plantea modificar el artículo 34 de la Constitución y establece que, tras 20 años de prisión efectiva, un juez deberá revisar de oficio la condena. Esa evaluación no implicaría la libertad automática del condenado, pues dependería del cumplimiento de las condiciones que fije la ley.

El proyecto responde a la Sentencia C-294 de 2021, con la que la Corte Constitucional declaró inexequible una reforma anterior sobre cadena perpetua. Vélez sostuvo que el nuevo texto busca atender las objeciones del tribunal mediante revisión judicial, control automático de la sentencia y mecanismos de resocialización.

Este es el prontuario del señalado del asesinato de la menor

La información recopilada por las autoridades en Colombia busca establecer los antecedentes de Rojas Lárez, tras su captura por su presunta relación con la desaparición y muerte de Ana Lucía González.

De acuerdo con datos conocidos durante la investigación por El Tiempo, Rojas Lárez es oriundo de La Guaira, Venezuela, y residió durante un tiempo en Maicao, La Guajira, antes de trasladarse a Bogotá. Las autoridades indagan sus actividades en esas ciudades y verifican si registra procesos judiciales previos en su país de origen.

El nombre del capturado apareció en una consulta preliminar de bases de datos venezolanas asociada a un caso de hurto. Sin embargo, los investigadores aún deben determinar si ese registro corresponde al detenido o a otra persona con el mismo nombre.

También se conoció que Rojas Lárez figura en un proceso de familia relacionado con la patria potestad. Fuentes citadas por el medio indicaron que el señalado, a quien algunos allegados conocían como ‘El Negro’, tendría familiares o conocidos en Ibagué que podrían aportar información sobre su conducta antes de su llegada a Bogotá.

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Carlos Carrillo denunció que ciertos sectores de la dirigencia del Pacto Histórico buscarían limitar la participación de las bases en la elección de delegados para el primer congreso nacional que realizará la corporación progresista.

Resulta que, de cara a las elecciones territoriales de 2027, el Pacto Histórico ya está preparando filas de dos maneras: una, a través de su primer congreso nacional que contará con la elección de delegados que participarán en este espacio y, otra, con una afiliación masiva de ciudadanos que quieran adherirse a la colectividad petrista.

En cuanto a los delegados, el expresidente Gustavo Petro reveló en sus redes sociales que el partido está trabajando en una consulta popular abierta para elegirlos “a voto limpio” de la mano de la Registraduría.

No obstante, durante un debate en el programa DeFrente, del Tercer Canal, Carrillo cuestionó que este proceso se estaría apartando de la propuesta de elecciones abiertas planteada por el expresidente.

El exdirector de la Ungrd denunció que la dirección partidista pretende realizar una votación restringida entre afiliados. “Yo se los digo con toda claridad y en esto voy a ser enfático. El mismo presidente Petro está pidiendo elecciones abiertas para los delegados del Pacto y la dirigencia del Pacto quiere hacer unas elecciones chiquiticas con los afiliados”, dijo.

Incluso, Carrillo alegó contra el mecanismo de afiliación y la forma en que se definirán los delegados del llamado congreso fundacional: “Con unos afiliados que no se sabe si es en una página o en otra, si los afiliados están en la Registraduría, quieren hacer una mini eleccióm y el primer congreso fundacional del Pacto, se limita a una manguala entre la actual dirigencia (sic)”.

Por eso, vaticinó que “las bases de nuestro partido se van a sentir traicionadas, van a quedar aisladas y vamos a terminar con una dirección compuesta por los mismos señorones del Polo, que son los mismos y con los mismos muñequeros profesionales que son los que han venido tomando las decisiones en el Pacto. Se los aseguro que eso va a pasar”, continuó.

El exfuncionario agregó que tampoco ha sido tenido en cuenta en las discusiones internas: “Y ni siquiera a mí no me hacen caso”.

Congresista Hernán Muriel respondió que las decisiones se han discutido dentro del partido

El representante a la Cámara por el mismo partido, Hernán Muriel, rechazó las críticas y le reprochó a Carlos Carrillo no haber asistido a las reuniones donde se discute la metodología del congreso.

“Vos hacés parte del partido y yo no te he visto en ninguna de las reuniones que hemos hecho donde justamente estamos discutiendo cuál va a ser la metodología para definir el congreso fundacional”, afirmó.

“Estás hablando desde el desconocimiento de lo que ocurre en este momento en el Pacto”, dijo Muriel. También afirmó que Gustavo Petro ha participado en reuniones de bancada y del proyecto político, en las que se han abordado estas definiciones. “Eso ha sido una deliberación”, concluyó.

A su vez, la exsenadora del mismo partido María José Pizarro anunció el inicio de una campaña de afiliación masiva al Pacto Histórico, con miras a ampliar la estructura del movimiento antes de las elecciones regionales de 2027.

La convocatoria está dirigida a mayores de 14 años, dentro y fuera de Colombia, que podrán registrarse mediante un formulario digital y sin la exigencia de haber pertenecido antes a alguno de los sectores que conformaron la coalición.

La dirigente sostuvo que la iniciativa busca incorporar nuevos integrantes a las decisiones internas, los debates políticos y la organización territorial e indicó que el propósito es convertir el respaldo electoral en una red de afiliados. “13 millones de votos se tienen que traducir en millones de afiliaciones”, expresó.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) llamó la atención sobre la reducción prevista en el presupuesto aprobado para 2027 que, según voceros de la entidad, comprometería la continuidad de sus labores de búsqueda.

La Ubpd es una entidad humanitaria y extrajudicial, con autonomía e independencia. Integra el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (Sivjrnr), conocido también como Sistema Integral para la Paz, junto con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.

Por eso, de acuerdo con la información oficial de la unidad investigativa, estaría en riesgo el hallazgo de más de 137.000 personas desaparecidas en Colombia.

Resulta que la entidad confirmó que solicitó recursos de inversión por $112.002,5 millones para el siguiente año; sin embargo, la enmienda al proyecto de presupuesto contempla $59.636,5 millones que, en últimas, representa $16.636,5 millones menos que la asignación de 2026, que fue de $76.273 millones.

De acuerdo con la entidad, estos recursos de inversión serían la base de las investigaciones humanitarias y extrajudiciales, las intervenciones forenses, los laboratorios de identificación, la presencia de equipos en las regiones, la participación de las familias y la infraestructura tecnológica de la entidad.

También recordaron que en los últimos tres años, la inversión de la Ubpd se mantuvo cerca de los $76.273 millones. Para 2026, la institución ya comprometió el 87,59% de esos recursos, por lo que alertó que el presupuesto planteado para 2027 quedaría por debajo de las necesidades actuales de operación.

“La reducción de los recursos de inversión afecta directamente los dos pilares que hacen posible la búsqueda: la investigación interdisciplinaria y el despliegue operativo territorial de los equipos investigativos y forenses, quienes desarrollan la mayor parte de su trabajo en áreas dispersas y de poca accesibilidad”, afirmó la directora general de la entidad, Luz Janeth Forero Martínez.

La funcionaria señaló que gran parte del trabajo se desarrolla en zonas dispersas y de difícil acceso. “Nuestra prioridad es preservar las capacidades que hoy permiten avanzar en las investigaciones y dar respuestas que por décadas las familias esperan sobre la suerte de sus seres queridos”, agregó.

En detalle, la Ubpd indicó que el recorte pondría en riesgo la localización activa de más de 10.000 personas que se presume están vivas.

La reducción limitaría las labores para intervenir más de 15.000 puntos de interés forense identificados por la entidad. En ese escenario, podrían quedar sin ejecución más de 10.000 prospecciones y exhumaciones previstas dentro de los procesos de búsqueda.

El ajuste presupuestario también impactaría la participación de más de 25.000 personas buscadoras y la meta de adelantar al menos 690 investigaciones humanitarias y extrajudiciales durante 2027. También afectaría el aumento proyectado del 45% en la toma de muestras biológicas para el Banco de Perfiles Genéticos.

Se podría cerrar al menos la mitad de los nuevos centros forenses

La entidad alertó que la falta de recursos podría derivar en el cierre de al menos la mitad de los seis Centros Integrales de Abordaje Forense e Identificación que creó durante el último año.

La Ubpd pidió que el presupuesto de inversión para 2027 se mantenga, al menos, en los $76.273 millones asignados para 2026.

La entidad reconoció las restricciones fiscales del país, aunque sostuvo que esa cifra tampoco cubriría por completo la necesidad técnica proyectada.

“Si tuviera que señalar una prioridad, sería garantizar la continuidad del despliegue territorial y forense y de las investigaciones que ya están en curso. Estas capacidades permiten convertir años de investigación en resultados humanitarios concretos: una prospección, una recuperación, una identificación, una entrega digna o una persona encontrada con vida”, sostuvo Forero Martínez.

La Ubpd indicó que el paso del tiempo reduce las posibilidades de localizar a las personas desaparecidas y de ofrecer respuestas a sus familiares.

El procedimiento ocurrió en el sector Las Parcelas, de Villas de San Ignacio. La Policía Nacional informó que una residente de la zona contactó a la línea institucional y señaló que el animal permanecía solo en el inmueble desde hacía varios días.

La ciudadana también indicó que el canino lloraba y ladraba de manera constante, aparentemente en busca de ayuda. Al llegar al lugar, uniformados de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental encontraron al pitbull con un deterioro físico que, según la institución, podía comprometer su integridad y bienestar.

Los policías realizaron una inspección en la vivienda y procedieron con la aprehensión preventiva del pitbull, en el marco de la estrategia ‘Yo creo en una Metropolitana Bonita y Segura’.

La Policía señaló que el animal estaba en evidente estado de desnutrición y vulnerabilidad. De acuerdo con la información conocida, el canino presentaba un cuadro físico avanzado, con la piel adherida a los huesos.

Tras el rescate, las autoridades se comunicaron con quien sería la propietaria del perro, según la información aportada por vecinos del sector. Los uniformados le explicaron los motivos de la aprehensión preventiva y las actuaciones que adelantarán las entidades competentes frente al presunto caso de maltrato animal.

El pitbull fue llevado a la Unidad de Bienestar Animal (UBA), donde médicos veterinarios evaluarán su estado de salud y definirán el tratamiento necesario para su recuperación.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga indicó que el caso quedó bajo la ruta de protección animal. Una vez avance el proceso de recuperación, las autoridades determinarán las medidas que correspondan para garantizar el cuidado del canino.

Entre las opciones que podrán ser valoradas está una eventual entrega en adopción, en caso de que se establezca que otra persona puede asumir de forma responsable su protección y bienestar.

Gobierno reglamentó la Ley Ángel y creó una ruta nacional para atender casos de maltrato animal

El 9 de septiembre se conoció que el Gobierno nacional reglamentó la Ley Ángel y estableció una Ruta de Atención al Maltrato Animal que permitirá clasificar y priorizar las denuncias según el nivel de riesgo para cada animal.

La medida busca coordinar la respuesta entre alcaldías, inspecciones de convivencia, Policía, Fiscalía General de la Nación y otras entidades competentes.

La reglamentación ubica en la práctica la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel, iniciativa de la senadora Andrea Padilla Villarraga que fortaleció los mecanismos de prevención, investigación y sanción del maltrato animal.

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona Hincapié, afirmó que la norma busca que las denuncias tengan consecuencias institucionales.

“Prometimos proteger a los animales y estamos cumpliendo. La Ley Ángel, de la autoría de la senadora Andrea Padilla Villarraga, no podía quedarse en una declaración de buenas intenciones, sino convertirse en una respuesta concreta cada vez que un animal sea víctima de crueldad”, manifestó.

La nueva ruta contempla tres niveles de atención: inmediata, prioritaria y seguimiento preventivo. El objetivo es que las autoridades den prelación a los reportes en los que la vida, la integridad o el bienestar del animal enfrenten un mayor riesgo.

La valoración de los casos no dependerá únicamente de heridas o lesiones visibles. Los funcionarios también deberán considerar signos asociados al bienestar animal, entre ellos dolor, miedo, estrés o sufrimiento.

El Ministerio de Ambiente indicó que los municipios y distritos deberán adoptar su propia ruta mediante actos administrativos, de acuerdo con las características y necesidades de cada territorio. La reglamentación también fija lineamientos para que alcaldías y distritos implementen el Curso de Sensibilización contra el Maltrato Animal. Esta herramienta busca promover conductas de respeto y cuidado, prevenir nuevos episodios de violencia e informar sobre las consecuencias penales de esas acciones.

Los contenidos deberán incluir la identificación de las conductas sancionadas, principios de bienestar y comportamiento animal, factores relacionados con el maltrato y sus efectos. La metodología, según el Gobierno, deberá promover la participación y la reflexión de quienes asistan.

Según los datos oficiales que suministró el ente de control durante el 16 de septiembre de 2026, los bienes fueron agregados a las medidas cautelares en medio del despliegue de la investigación contra la empresa de moda por haber presuntamente facilitado el ingreso a Colombia de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando bajo la fachada de la venta de prendas para mujeres.

“Los elementos materiales probatorios y los análisis realizados dan cuenta de que este patrimonio estaría asociado al conglomerado empresarial que, con la fachada de comercialización de ropa femenina, habría permitido el ingreso al país de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando”, afirmó un vocero de la Fiscalía.

Sobre las propiedades, que incluyen bodegas, locales ocupados por otras marcas, y terrenos fuera de Bogotá, esta actuación está a cargo de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía General de la Nación.

En ese sentido, la institución ordenó la suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro de los bienes.

Los activos están ubicados en Bogotá y seis departamentos

Los inmuebles afectados incluyen 17 predios rurales y 28 urbanos, de acuerdo con el comunicado escrito de la Fiscalía. Los bienes están ubicados en Bogotá; Funza, La Calera y Tenjo, en Cundinamarca; Cartagena, Bolívar; Pereira, Risaralda; Ibagué, Tolima, y Cali, Valle del Cauca.

De hecho, la afectación recae sobre 45 inmuebles con una distribución de 17 rurales y 28 urbanos.

“Estos estarían avaluados en más de ciento ochenta y cuatro mil millones de pesos y se encuentran ubicados en Bogotá, Cundinamarca, Bolívar, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca”, señaló el representante del organismo investigador.

Las diligencias de ocupación están a cargo de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional.

Qué pasará con estos inmuebles

Infobae Colombia recibió información oficial sobre lo que significa la integración de estas propiedades a las medidas cautelares —con miras a extinción de dominio— ya notificadas en el caso de Lili Pink. Por eso, pese a que el material audiovisual provisto por la Fiscalía mostró que los bienes ocupados están bajo la operación de outlets y otras tiendas de ropa que pagan rentas en estas propiedades, la determinación no afecta a estos comercios.

La explicación suministrada a este medio es que las marcas y comercios que efectúan labores comerciales en los inmuebles seguirán pagando sus deberes a la empresa propietaria, a menos que la extinción de dominio se haga efectiva.

Esto es porque las medidas cautelares, según la ley colombiana, son herramientas jurídicas de carácter preventivo y que su finalidad es proteger un derecho reconocido por la ley o por un tratado, evitar que cambie una situación de hecho o de derecho y garantizar que una futura decisión judicial o administrativa pueda cumplirse de manera efectiva.

Se dictan mientras se desarrolla un proceso y hasta que exista una resolución definitiva. Sin estas medidas, una de las partes podría alterar las condiciones del caso, ocultar bienes, incumplir obligaciones o realizar actos que vuelvan inútil la decisión final.

Aunque pueden limitar o afectar temporalmente los intereses de la persona contra la que se solicitan, las medidas cautelares no constituyen una sanción. No buscan castigar ni anticipar una condena.

Por ahora, las empresas que operan en estos inmuebles deberán responder con sus obligaciones común y corriente. Incluso, en caso de que se haga efectiva una sanción —como la mencionada extinción de dominio— que permita a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) tomar posesión de estos bienes, los pagos se realizarán a esta entidad.

La patrullera de la Policía Nacional Yenifer Yadira Ordóñez Valencia fue asesinada con arma de fuego en el municipio de El Charco, Nariño, mientras realizaba diligencias personales fuera de servicio.

De acuerdo con la información oficial de la institución, la uniformada tenía 23 años y estaba adscrita a la estación del municipio nariñense.

El ataque ocurrió en la tarde del miércoles 16 de septiembre de 2026, después de que la joven saliera de las instalaciones policiales cerca de las 1:30 p. m. Minutos más tarde, hombres armados en una motocicleta la atacaron en una zona comercial de la población.

Los responsables escaparon tras el homicidio. La Policía y la Fiscalía General de la Nación desplegaron un equipo para recolectar elementos de prueba, establecer el móvil del crimen e identificar a los autores materiales.

De hecho, voceros de la Policía Nacional publicaron un comunicado oficial en el que se calificó el crimen como una agresión contra las mujeres de la institución:

“Con profundo dolor lamentamos el vil homicidio de nuestra patrullera de policía Yenifer Yaira Ordóñez Valencia, una mujer valiente a quien le arrebataron la vida encontrándose de civil y sin su armamento. No solo le quitaron la vida a nuestra compañera, hirieron el corazón de las 47.662 mujeres policías que, como ella, entregan su servicio por el país. A sus familiares, amigos y compañeros extendemos nuestra solidaridad y acompañamiento en este momento de dolor. Los hechos son materia de investigación y no descansaremos hasta dar con los responsables para presentarlos ante la justicia”.

El director de la Policía, el mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, también se unió en el rechazo al acontecimiento: “La vida de una mujer policía que sirve a Colombia merece respeto y justicia. A su familia, amigos y compañeros les reitero toda nuestra solidaridad y acompañamiento. Desde la @PoliciaColombia trabajamos para esclarecer lo ocurrido, identificar y capturar a los responsables y presentarlos ante la justicia. Su entrega por Colombia no será olvidada. Honramos su memoria y su vocación de servicio”.

De la misma manera, la institución habilitó la Línea contra el Crimen 3143587212 para recibir información que permita avanzar en el esclarecimiento del caso.

Investigan si el ataque está ligado al frente Jaime Martínez

Una de las hipótesis que evalúan los investigadores apunta a la posible participación del frente Jaime Martínez, estructura del Bloque Occidental Jacobo Arenas, de las disidencias de las Farc. Sin embargo, esa eventual vinculación no ha sido confirmada oficialmente y continúa bajo verificación.

También, de acuerdo con medios informativos regionales, se analiza si el asesinato hace parte de un posible “plan pistola” contra miembros de la fuerza pública en el suroccidente del país, debido a que las autoridades mantienen alertas por amenazas contra uniformados en esa zona.

El subsecretario de Seguridad de la Gobernación de Nariño, Andrés Peñaranda Benavides, sugirió en sus redes sociales que el ataque a una funcionaria de la fuerza pública podría provenir de estructuras armadas.

“Condenamos con absoluta contundencia el asesinato de la patrullera (...) Este homicidio constituye una grave agresión contra la vida, la institucionalidad y contra quienes representan al Estado y cumplen la misión constitucional de proteger a nuestras comunidades. Atacar a un integrante de la Fuerza Pública es atacar la seguridad de los territorios y pretender intimidar la presencia legítima del Estado. (...) Ninguna causa, estructura armada o interés criminal justifica asesinar a quien sirve y protege a los colombianos. La vida se respeta. La Fuerza Pública se respeta. Nariño no se arrodilla ante la violencia”.

En ese sentido, desde la ONG Hijos de los Héroes Colombia, también alegaron una posible injerencia de grupos al margen de la ley: “La asesinaron de civil y sin armamento. COBARDES. Rechazamos con vehemencia el homicidio de la patrullera Yenifer Yaira Ordóñez. Nuestras más sentidas condolencias a su familia. ¡JUSTICIA! (sic)”.

La Corte Constitucional, a través de la Sentencia T-215/26, señaló que los derechos a la educación y al deporte pueden conciliarse en el proyecto de vida de los niños, niñas y adolescentes, y que no son garantías excluyentes, en medio del desarrollo integral y de su proyecto de vida.

La notificación se conoció al revisar el caso de Joan Sebastián Oviedo Parada, un joven futbolista de 15 años que solicitaba estudiar de manera no presencial y flexibilizar las condiciones de evaluación en su colegio.

De acuerdo con la información del tribunal, los padres presentaron una tutela contra el Colegio Monseñor Jaime Prieto Amaya, en San José de Cúcuta, en la que pidieron que su hijo recibiera clases virtuales, aprobara las asignaturas con una nota mínima de 3,0 y no tuviera tareas en casa, con el propósito de compatibilizar su formación académica con entrenamientos y torneos de fútbol. La solicitud fue rechazada por la institución.

Aunque el adolescente fue trasladado a otra institución educativa durante el trámite, la Corte decidió pronunciarse sobre el fondo del asunto.

El colegio no vulneró los derechos del estudiante, concluyó la Corte

La Sala Quinta, integrada por la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez y los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Jorge Enrique Ibáñez Najar, concluyó que el Colegio Monseñor Jaime Prieto Amaya no vulneró los derechos del estudiante.

De hecho, según la Corte, la institución había registrado al joven como talento excepcional en actividad física, ejercicio y deporte desde febrero de 2024. También le otorgó permisos para asistir a entrenamientos y competencias, redujo la carga de actividades fuera del aula y definió que desarrollara sus trabajos durante la jornada escolar.

El tribunal también estableció que los horarios académicos y deportivos no se superponían. El colegio tenía clases de 6:00 a 1:00 p. m., mientras que los entrenamientos comenzaban en la tarde.

El tribunal también señaló que la modificación de la nota mínima aprobatoria no tenía sustento, ya que el plantel aplicó las mismas reglas previstas en su Sistema Institucional de Evaluación Estudiantil para todos los alumnos, incluidos aquellos reconocidos como deportistas con talentos excepcionales.

“La decisión negativa sobre la educación no presencial y la flexibilización de las notas del estudiante fue razonable y acorde con el modelo educativo de la institución y la situación particular del estudiante”, indicó la sentencia T-215 de 2026.

La presencialidad es la regla general en preescolar, básica y media

La Corte reiteró que, en Colombia, la educación presencial es la regla general en los niveles de preescolar, básica y media y que la educación virtual no constituye una modalidad autónoma prevista de forma general para esos niveles.

La no presencialidad está contemplada en casos específicos, como la educación de adultos, estudiantes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y personas con discapacidad que requieran atención hospitalaria, domiciliaria o en una institución de apoyo.

Incluso, la Corte indicó que la educación no se limita a contenidos académicos, debido a que el modelo presencial permite la interacción entre estudiantes y docentes, la construcción de vínculos sociales y el desarrollo de habilidades emocionales.

“Los niños, niñas y adolescentes van al colegio a desarrollar, además de la dimensión académica, las dimensiones sociales y emocionales mediante la convivencia, el juego, el relacionamiento con los compañeros y profesores y el tejido de lazos de amistad”, recordó la Corte.

El fútbol era una meta para el adolescente, pero mantuvo la importancia de estudiar

Durante una diligencia ante la justicia, Joan Sebastián explicó que practica fútbol desde 2020 y definió esa actividad como “una meta por cumplir, un sueño que lograr”. También sostuvo que aspiraba a jugar en un equipo profesional nacional o internacional.

Asimismo, el joven relató que, en su anterior colegio, tuvo dificultades para combinar las exigencias académicas con los entrenamientos. “Cuando estaba en el colegio y entrenando al mismo tiempo me sentía muy cansado, la mente en los estudios y en el fútbol no me daba”, afirmó.

No obstante, también resaltó la relevancia de completar su proceso educativo. “En la vida uno no siempre cumple sus metas, entonces hay que tener un plan B, y el estudio sirve mucho para conseguir un trabajo o una beca en una universidad”, expresó.

Tras el traslado al Colegio Innovar de San José de Cúcuta, el estudiante indicó que se sentía con mayor descanso y que podía concentrarse mejor en sus estudios y actividades deportivas.

Como resultado, la decisión enfatizó que el deporte es un derecho fundamental y que puede ser una parte central del proyecto de vida de adolescentes que aspiran al alto rendimiento o a una carrera profesional.

Aun así, precisó que esa condición no implica modificar los elementos estructurales del modelo pedagógico autorizado para una institución educativa, porque “los derechos a la educación y al deporte están estrechamente relacionados, y no deberían concebirse como categorías excluyentes”.

Las autoridades de Bogotá informaron que la joven Alana Sofía Castañeda, de 14 años, fue ubicada este miércoles 16 de septiembre de 2026 en un parque de la localidad de Usme, en el sur de Bogotá, cuatro días después de que su familia denunciara su desaparición.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá indicó que la adolescente fue encontrada sin afectaciones a su integridad. De acuerdo con la información oficial, la mujer fue vista por última vez el sábado 12 de septiembre en el barrio Clarelandia, en la localidad de Bosa. Desde entonces, sus familiares y las autoridades iniciaron labores para establecer su paradero.

“La rápida investigación del CTI, seccional Bogotá de @FiscaliaCol, en el marco de la #AlertaRosa permitió ubicarla”, informaron las autoridades.

Antes de que se confirmara el hallazgo, la madre de la menor había relatado a Noticias RCN que la adolescente se encontraba cerca de un parque y que, tras un descuido, salió caminando del lugar. Una cámara de seguridad registró el momento en que abandonó la zona, aunque las imágenes no permitieron determinar hacia dónde se dirigió.

La familia recorrió el sector y pidió información a vecinos y habitantes de la zona durante los días posteriores a la desaparición. La denuncia ante las autoridades activó la ruta institucional de búsqueda.

El caso de Alana Sofía Castañeda Chávez también se hizo conocido por los plantones que realizó su familia frente a la institución educativa distrital Colegio Argelia, en Bosa, para exigir a las autoridades una búsqueda intensiva.

Tras conocer la ubicación de la joven, la Secretaría de Seguridad de Bogotá recordó que las personas pueden comunicar de inmediato los casos de desaparición a las líneas 122 de la Fiscalía General de la Nación y 123 de emergencias.

La Secretaría Distrital de Seguridad señaló que la búsqueda de las otras personas reportadas como desaparecidas continúa. En algunos expedientes no se ha podido actualizar el estado, pues hubo un contacto inicial con las familias, pero no se obtuvo una nueva respuesta.

La entidad recordó que las desapariciones deben reportarse de forma inmediata a la línea 122 de la Fiscalía General de la Nación, a la línea de emergencias 123 o al AIDE, en el número 601 377 9595, extensión 1137.

Hallaron con vida a otros dos menores reportados como desaparecidos en Bogotá durante la última semana

En medio de la alerta que despertó la desaparición del joven de 15 años Josephe Santiago Santamaría Jiménez, las autoridades reportaron que, aparte de Alana Sofía, ubicaron a dos menores de edad que habían sido reportados como desaparecidos en Bogotá.

El Distrito informó el 16 de septiembre que el equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (Aide) recibió 19 reportes de desaparición durante la última semana. De ese total, 12 personas fueron encontradas con vida. La mayoría de los casos corresponde a menores de edad y, en varios de ellos, se identificaron situaciones relacionadas con conflictos familiares.

El primer caso correspondió, efectivamente, a Josephe Santiago Santamaría Jiménez, de 15 años, reportado como desaparecido desde el 10 de septiembre. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía lo encontró en el centro de Bogotá.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia no entregó detalles adicionales sobre las circunstancias en las que el adolescente fue localizado.

El segundo caso es el de Angie Jimena Arévalo, de 16 años, que volvió a su casa la noche del 15 de septiembre por sus propios medios, según informó la entidad distrital. La Secretaría indicó que la joven apareció en buenas condiciones de salud. Su caso hace parte de los reportes que permanecían activos durante la semana y que fueron atendidos por el equipo de Asistencia Integral a la Denuncia.

La Patrulla Aérea Civil Colombiana (PAC), en coordinación con la empresa de salud privada Colmédica, emitieron un nuevo pronunciamiento sobre la muerte de cuatro profesionales de la salud y del piloto de una aeronave Cessna T-206, que regresaba de una brigada médica en Condoto, Chocó.

Las organizaciones emitieron un sentido pésame en memoria de las víctimas Perla Constanza Álvarez, Sandy García y María Victoria Guzmán, colaboradoras de Colmédica. También fallecieron Julissa Figueredo y el piloto Mehmet Cankaya.

Las entidades “hoy despiden con profundo dolor a quienes hicieron de su profesión una forma de servir a los demás y que, con enorme generosidad, llevaron su conocimiento, tiempo y vocación a quienes más lo necesitaban. Su compromiso con estas comunidades representa el espíritu de servicio que ha guiado esta iniciativa durante todos estos años”, se leyó en la comunicación oficial.

Las organizaciones agradecieron las labores de búsqueda y rescate

La Patrulla Aérea Civil Colombiana y Colmédica extendieron un mensaje de solidaridad a los familiares y allegado de las víctimas fatales, cuyos cuerpos fueron identificados tras el siniestro en la zona montañosa de la vereda Oscordó, en Pueblo Rico, Risaralda, a unos 2.743 metros de altura.

“Las dos organizaciones expresan sus más sentidas condolencias y acompañan de manera cercana a sus familias, seres queridos, compañeros y a todas las personas que hoy comparten este dolor”, señalaron.

Además, agradecieron “a las autoridades, organismos de socorro y a todos los equipos que participaron en las labores de búsqueda y rescate” tras el siniestro aéreo.

La alerta se activó el 13 de septiembre tras la pérdida de contacto

De acuerdo con la información oficial que emitió la Aeronáutica Civil de Colombia, desde la entidad se activaron los protocolos de Búsqueda y Salvamento el domingo 13 de septiembre de 2026, luego de perder comunicación con la aeronave de la Patrulla Aérea Civil Colombiana.

El avión con las cinco personas a bordo estableció su última comunicación a las 9:23 a. m., hora local. Más tarde, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes detectó la activación de la radiobaliza de emergencia en inmediaciones del cerro Tatamá, a unos 53 kilómetros de Pereira.

La entidad advirtió que se trataba de una zona de difícil acceso. Por ese motivo, coordinó el despliegue de equipos con la Policía Nacional, el Ejército Nacional y organismos de socorro.

El avión fue localizado en una zona montañosa de Pueblo Rico

Un helicóptero que despegó desde la base aérea de Rionegro ubicó la avioneta el lunes 14 de septiembre en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda, en un área cercana a los 3.000 metros de altura de la cordillera Occidental.

El general Luis Miguel Díaz Ríos, comandante del Comando Aéreo de Combate N. 5 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), explicó que el terreno y las condiciones meteorológicas dificultaron las labores de aproximación y verificación.

“Las condiciones del terreno son bastante difíciles”, afirmó el oficial. Según relató, las aeronaves desplegadas contaban con cámaras térmicas y otros dispositivos de localización, aunque la ubicación del aparato y el clima limitaron inicialmente el acceso al punto del accidente.

Antes de que los equipos llegaran al sitio exacto, Díaz Ríos había indicado que buscaban aprovechar una ventana meteorológica para insertar rescatistas.

“La intención hoy, con la ventana meteorológica que tenemos prevista, es iniciar las operaciones de rescate para insertar los rescatistas y hacer toda la verificación que se necesite”, sostuvo.

El comandante también señaló que aún era prematuro establecer si el avión se apartó de su ruta prevista o si enfrentó cambios imprevistos en las condiciones del tiempo.

No obstante, durante el 16 de septiembre, el presidente Abelardo de la Espriella informó el hallazgo de la aeronave y los cuerpos de las víctimas. Además, expresó sus condolencias a los allegados de las víctimas. “Con profundo pesar y tristeza confirmo al país el hallazgo del avión Cessna T206, de matrícula HK-4985”, escribió en su cuenta de X.

Durante el protocolo, el jefe de Estado le tomó juramento y afirmó que la nueva funcionaria tendrá la tarea de promover una formación basada en conocimiento, valores, libertad y carácter.

“Posesioné como ministra de Educación Nacional a la doctora Ilva Myriam Hoyos, una mujer con una amplia trayectoria académica y experiencia en la dirección y formación educativa”, sostuvo De la Espriella al presentar a quien integrará el equipo de Gobierno.

El dirigente de la rama Ejecutiva señaló que la ministra asume “una enorme responsabilidad con Colombia” y le pidió trabajar por “una educación de excelencia, que forme en conocimiento, valores, libertad y carácter a las nuevas generaciones”.

También definió a Hoyos como “una generala” y “una heroína” por su defensa de lo que, según afirmó, debe hacerse “con apego a la Constitución y a la ley, pero también con observancia, con laboral, la ética y legal”.

“Tal suerte que su ministerio me ayudará a enderezar aquello que otros no han querido enderezar y que con la ayuda de Dios vamos a hacer de la mejor manera, porque no tengo dudas de que usted será una ministra de Educación absolutamente excepcional. Será usted una generala de la causa”, añadió el presidente.

“Estoy orgulloso de contar con una mujer de sus capacidades intelectuales, de su conocimiento, de su fe y, por supuesto, de esa valía que representa usted y que tanto dignifica a las mujeres colombianas, que son absolutamente excepcionales”, dijo.

La designación se anunció el 2 de septiembre y la llegada de Hoyos al Ministerio de Educación estaba prevista para el 7 de septiembre.

Por su parte, la exministra Viviane Morales explicó en su carta de renuncia que debía atender una circunstancia familiar que le impedía continuar con la dedicación requerida por la cartera.

Quién es Ilva Myriam Hoyos, una educadora conservadora

Ilva Myriam Hoyos es abogada de la Universidad del Rosario y doctora en Derecho de la Universidad de Navarra, en España. Su carrera reúne experiencia académica, investigación jurídica y cargos en el sector público.

Uno de sus puestos de mayor exposición fue el de procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, función que desempeñó durante la administración de Alejandro Ordóñez en la Procuraduría General de la Nación.

Desde ese cargo intervino en temas vinculados con la protección de niños, adolescentes y familias, además de asuntos relacionados con derechos reproductivos. Incluso, ha sido conocida por sus posturas frente a organizaciones defensoras de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y con sectores que respaldan los derechos de la comunidad Lgbtiq+.

De hecho, ha sido una férrea opositora al aborto. En 2012, 1.279 mujeres presentaron una tutela contra el entonces procurador Ordóñez y varios funcionarios de la Procuraduría, entre ellos Hoyos.

Tras esa acción, la Corte Constitucional concedió el amparo y ordenó rectificar una comunicación remitida a la Superintendencia Nacional de Salud sobre el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.

Hoyos también fue directora del Instituto de Humanidades y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana. En esa institución dirigió el grupo de investigación sobre razonamiento constitucional y fundamentos del derecho.

También fue profesora en la Universidad del Rosario, la Universidad Externado, la Universidad Santo Tomás, la Universidad de Salamanca, la Universidad Católica de Chile y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en México.

Su trayectoria incluye su participación como conjuez de la Sección Primera de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y como integrante del Comité Distrital de Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Humanos del Distrito Capital, en la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún).

Además, asesoró al Pontificio Consejo para la Familia, al Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) y a la Conferencia Episcopal de Colombia. Entre sus publicaciones figuran De la dignidad y los derechos humanos, Las personas y sus derechos y La libertad religiosa en la Constitución de 1991.

La senadora por el Movimiento de Salvación Nacional Sara Castellanos le respondió al representante a la Cámara Mauricio Toro por sus críticas a las denuncias sobre cirugías y tratamientos de afirmación genital en menores de edad en Colombia, que fueron el centro de la polémica tras el arresto del pastor cristiano y creador de contenido mexicano Samuel Adrián, por publicar el documental ‘Colombia: Fábrica de Niños Trans’, que se acercó a toda una posible industria de tratamientos de cambio de género en menores de edad en el país.

En una publicación en redes sociales, Castellanos cuestionó al congresista que calificó como “pastorcitos mentirosos” a quienes denuncian la posible realización de este tipo de intervenciones quirúrgicas.

“Mauro, el que busca encuentra. Citar solo lo que conviene no convierte una media verdad en verdad completa. Antes de llamar “mentirosos” a otros, te invito a leer todos los documentos. Laura —una mujer masculinizada sin su consentimiento en Cali—puede ayudarte con el contexto", escribió la también líder cristiana.

Toro, por su parte, en un mensaje previo sostuvo con un documento del Ministerio de Salud que esos procedimientos irreversibles solo están permitidos para mayores de 18 años en el territorio nacional.

“En Colombia no hay cirugías de cambio de sexo en menores de edad. No lo digo yo, lo dice el mismo @MinSaludCol del Gobierno de @ABDELAESPRIELLA en respuesta a derecho de petición. El 27 de agosto, el MinSalud de Abelardo me responde que las cirugías de afirmación genital irreversibles están reservadas exclusivamente para personas mayores de 18 años. Vean Uds mismos. Se les cae todo el show de los pastorcitos mentirosos, que mañana van a hacer evento cobrando entrada. Buscan plata y votos de gente incauta que les cree. Mentir es pecado y delito! (sic)”, escribió.

Sara Castellanos aseguró que la respuesta oficial contradice las denuncias

El asunto es que la dirigente legislativa sostuvo que, pese a que el documento del Ministerio de Salud desmiente la existencia de intervenciones quirúrgicas de afirmación genital en menores en el país, desde la Fundación Valle de Lili en Cali se han reconocido tratamientos de las llamadas reafirmaciones de género, en línea con las denuncias que retrató el documental de Samuel Adrián.

Dicha producción audiovisual se centró, principalmente, en los posibles procedimientos de reafirmación de género, transiciones hormonales y quirúrgicas que se han ejecutado en Colombia, especialmente, en la controversial Clínica de Género para Niños y Adolescentes de la Fundación Valle liderada por el médico Mario Angulo.

De hecho, Sara Castellanos compartió la conocida respuesta a una tutela que publicó la clínica caleña sobre los procedimientos, o tratamientos, de reafirmación de género hechos en Cali.

Pese a que se niegan de un lado y de otro los procesos quirúrgicos, lo que sí se sabe con certeza es que la Fundación Valle del Lili ha aplicado 80 tratamientos de reafirmación de género a menores de edad —no necesariamente quirúrgicos a niños—, según una respuesta oficial emitida tras la orden judicial derivada de una tutela.

El documento no detalló cuántos de esos procedimientos correspondieron a cada año ni especifica su tipo.

La comunicación fue firmada por Camilo Andrés García Mendoza, representante legal para asuntos procesales de la institución de salud de Cali. El numeral nueve pedía precisar cuántos tratamientos afirmativos de género había efectuado la Clínica de Género para Niños y Adolescentes de la Fundación Valle del Lili.

En su respuesta, la Fundación indicó que no disponía de una discriminación por años, aunque confirmó la cifra global de procedimientos.

Laura, el caso de la joven de 23 años que denunció ser masculinizada en Valle del Lili sin su consentimiento

La controversia se intensificó tras la divulgación del caso de Laura, una joven de 23 años que cuestionó la atención que recibió en la Fundación Valle del Lili durante su adolescencia.

Su abogado, Pedro Contreras, afirmó a Noticias Caracol que la joven expresó dudas sobre su identidad de género durante el proceso y que habría recibido testosterona antes de la edad que, según él, recomiendan los protocolos médicos.

El representante legal también sostuvo que la familia no habría suscrito un consentimiento informado cualificado. Además, cuestionó el proceso que derivó en una cirugía torácica después de que la paciente alcanzara la mayoría de edad.

“Ellos todavía no están capacitados para hacerlo, no han recibido capacitación en ‘cambio’ de sexo, mucho menos en niños. La unidad todavía no ha sido lanzada (...). A Laura la reciben antes, la diagnostican apresuradamente e irregularmente, como lo dicen los expertos del caso”, dijo.

Añadió: “El jefe del equipo terapéutico, que es el endocrinólogo pediatra, desde la primera consulta le dijo ‘¿y la cirugía para cuándo?’ Y se entiende que durante el 2017, 2018 y 2019 él la indujo a realizarse esta cirugía (...) En la historia clínica incluso dice que están esperando a que ella cumpla la mayoría de edad, no para analizar si necesita la cirugía, sino para darle la orden y que se la haga. La decisión el equipo médico la tenía tomada desde antes”.

La Fundación Valle del Lili no incluyó en la información aportada una respuesta específica a esos señalamientos ni detalles sobre la historia clínica del caso, protegida por la confidencialidad médica.

El documental ‘Colombia: una fábrica de niños trans’, publicado en YouTube el 17 de mayo de 2026, se convirtió en tendencia y subió potencialmente el número de visualizaciones en esta plataforma a más de 3.829.580 millones luego de que se reportó el arresto de su productor y director, el creador de contenido Samuel Adrián, por “desacato”, al negarse a eliminar la producción audiovisual.

En medio de inquietudes, comentarios, juicios y cuestionamientos, este video hace una crítica directa a la “agenda transexual para los niños en Colombia”, o “la agenda ideológica más oscura del tiempo presente”, que incluyó testimonios reales de víctimas de tratamientos y atribuciones explícitas a quienes desarrollan terapias y tratamientos de reafirmación de género en el país.

Allí se presentaron denuncias contra instituciones de salud, activistas y autoridades que, según sus realizadores, promueven tratamientos de afirmación de género para menores de edad. Cabe hacer mención que, pese a que se consideraron casos de hormonización y cirugía sin consentimiento informado, en el documental no se afirmó que en el país se hacen procedimientos quirúrgicos, salvo las intenciones que están dispuestas en el proyecto de Ley Integral Trans.

La producción se apoyó en testimonios, entrevistas y fragmentos de archivos televisivos, aunque varias de las acusaciones expuestas no incluyeron respuestas de las personas e instituciones señaladas. De la misma manera, las narraciones de las personas que se sometieron a estos tratamientos incluyeron parte de su historia personal y cómo se refugiaron en la diversidad sexual tras duras situaciones en su vida, o por influencia del activismo político o mediático a través de telenovelas.

Laura cuestionó la rapidez de su proceso de atención

La pieza, además, centró parte de su relato en la Clínica de Género de la Fundación Valle del Lili, en Cali, así como a las intervenciones atribuidas al endocrinólogo pediatra Mario Angulo, fundador de esa unidad, y el testimonio de una joven identificada como Laura, cuyo caso fue conocido en Colombia por, según su denuncia, haber sido masculinizada sin su consentimiento.

La joven aseguró haberse sometido a tratamientos y a una cirugía de masculinización torácica —ya mayor de edad— después de iniciar atención médica durante la adolescencia, pero expresó no sentirse cómoda por cómo sucedieron los procedimientos.

“A los 15, como a los cuatro meses y pico de llegar a la clínica, ya me llevaron al endocrino”, relató. Según su versión, en la primera consulta con el especialista recibió una pregunta sobre una eventual mastectomía.

“En la primera consulta fue que él dijo: ‘¿Para cuándo la mastectomía?’”, afirmó Laura. La joven sostuvo que sus padres expresaron inquietudes por la velocidad del proceso y que la respuesta que recibieron fue que confiaran en el equipo médico.

También aseguró que, en una etapa posterior, recibió una dosis de bloqueadores hormonales que, según su relato, no quedó consignada en su historia clínica. “Como no te lo autorizan, yo te lo regalo”, dijo que le habrían comunicado. Esa es una acusación atribuida exclusivamente a su testimonio dentro del documental.

Laura afirmó que posteriormente se arrepintió de la transición y que la cirugía torácica afectó su proyecto de maternidad. “A pesar de que siempre dejé claro que quería tener hijos y amamantar, ya pasó lo que pasó y no, nunca voy a poder hacerlo”, manifestó.

El documental cuestionó el consentimiento informado y los protocolos médicos en Colombia

La producción sostuvo que los procesos de afirmación de género en menores requieren mayor control médico, judicial y familiar. Por ende, el abogado Pedro Contreras, que representó a Laura, afirmó en uno de los fragmentos que la familia no recuerda haber firmado un consentimiento informado cualificado.

“Ellos arrancan a intervenirla, pero en ningún momento les hacen firmar (…) el consentimiento informado que la ley exige”, declaró Contreras. Añadió que el equipo jurídico solicitó ese documento a la clínica en tres oportunidades, sin recibirlo, según su versión.

En uno de los pasajes grabados en la Fundación Valle del Lili, Samuel Adrián denunció que la clínica atendía a pacientes menores y cuestionó los procedimientos médicos de afirmación de género, presuntamente liderados por Angulo, que fue consultado por Adrián en el interior del centro asistencial, en la zona de Especialidades Pediátricas.

“Este doctor es la punta de lanza de la agenda transexual para los niños aquí en Colombia”, aseguró al referirse al cuestionado médico. Más adelante, tras una visita al centro médico, sostuvo que encontró la mencionada unidad de género que, según sus palabras, atendía a menores.

El realizador dejó claro que ingresó al hospital como infiltrado, con una cámara oculta, y reportó lo que dijo el médico sobre posibles efectos sobre la fertilidad. “Nos llevamos la sorpresa de que terminé hablando con el mismo doctor que comenzó a hormonarla desde que era menor de edad, desde los 15 años”, dijo en referencia al caso de Laura.

En otro tramo del documental, Adrián presentó otra denuncia el supuesto uso de bloqueadores hormonales y tratamientos de hormonización en adolescentes.

Mario Angulo explicó que la clínica trabaja con un equipo multidisciplinario

El doctor Mario Angulo describió en la conversación que sostuvo con Samuel Adrián el funcionamiento de la ahora cerrada Clínica de Género para Niños y Adolescentes de la Fundación Valle del Lili. Según la conversación incluida en el documental, la unidad reúne profesionales de varias especialidades.

“Nosotros hemos estructurado un equipo multidisciplinario de psiquiatría, psicología, pediatría, medicina familiar y endocrinología pediátrica para dar manejo a todo lo que es la identidad diversa en niños y adolescentes”, expresó Angulo.

El médico añadió que el equipo trabaja con pacientes menores de 18 años. Su intervención no precisa en ese fragmento cuántos pacientes han sido atendidos, cuáles fueron los tratamientos aplicados ni los criterios médicos que se usan en cada caso.

El documental también reproduce una explicación atribuida a Angulo sobre los bloqueadores de la pubertad. En ese pasaje se señala que, si un menor de sexo masculino recibe bloqueadores y continúa una ruta de afirmación de género, puede perder su fertilidad porque los testículos no se desarrollarían para producir espermatozoides.

Ante consultas ciudadanas y eventuales denuncias sobre la presencia de personas inescrupulosas que buscan ganar beneficios económicos a costa de las personas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026, el Gobierno nacional emitió un comunicado para aclarar que los trámites antes las autoridades son gratuitos y se pueden diligenciar de manera directa.

En particular, las indemnizaciones por muertes, gastos funerarios o incapacidad permanente, son procedimientos que deben ser gestionados sin ningún tipo de intermediario, pago de abogados, tramitadores ni otros agentes ajenos a los funcionarios de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

A través de una notificación oficial, la entidad indicó que los procesos son gratuitos y alertó que solo son válidas las comunicaciones emitidas a través de sus canales oficiales o por el Gobierno nacional.

Desde la institución administradora se anunció además que están en el camino algunas medidas para facilitar los trámites relacionados con las indemnizaciones de las víctimas de la emergencia, ante las dificultades que ocasionan la búsqueda de intermediarios que hagan más sencillo los distintos procesos.

Por ende, las consultas pueden realizarse en la línea de Bogotá 6014322760, en las extensiones 1005 y 1727, o mediante el correo mesaderelacionamiento@adres.gov.co. También está disponible el portal www.adres.gov.co.

Quiénes puedes reclamar indemnizaciones

Los afectados por el terremoto de magnitud 7,4 podrán solicitar indemnizaciones por fallecimiento, incapacidad permanente y gastos funerarios, además de coberturas para la atención médica de los heridos.

De acuerdo con la información de la Adres, los recursos se activarían tras la declaratoria de emergencia nacional por el sismo de magnitud 7,4. Allí se estableció que la entidad también reconocería pagos asociados a urgencias, intervenciones quirúrgicas, hospitalización, rehabilitación y traslado de pacientes, aunque aclaró que no cubren daños materiales en viviendas ni en infraestructura.

Familiares de las víctimas mortales tendrían prioridad para reclamar

Las indemnizaciones por fallecimiento podrán ser solicitadas por los beneficiarios definidos en la normativa. La prioridad corresponde al cónyuge o compañero permanente de la víctima, que recibiría la mitad del monto, mientras que los hijos tendrían derecho a la otra mitad en partes iguales.

Si la persona fallecida no tenía hijos, el cónyuge o compañero permanente podría recibir el total de la indemnización. En ausencia de ambos, la reclamación pasaría a los padres y, posteriormente, a los hermanos.

Para iniciar el trámite, los solicitantes deberán acreditar que la muerte fue consecuencia directa del evento catastrófico y presentar la certificación expedida por las autoridades de gestión del riesgo en el lugar donde ocurrió el hecho.

Las personas con incapacidad permanente también podrán presentar solicitudes

Quienes sufran una incapacidad permanente a causa del terremoto podrán reclamar el reconocimiento económico a título personal. Para ello, deberán contar con una calificación de pérdida de capacidad laboral emitida por la autoridad competente.

La información entregada indica que la solicitud exige demostrar el vínculo directo entre las lesiones y el sismo. También se deberán aportar los formularios y soportes documentales establecidos para este tipo de reclamaciones. Entre los documentos requeridos figura la certificación del Consejo Municipal o Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres. Ese respaldo será necesario para validar que la persona estuvo afectada por la emergencia.

La cobertura de la atención de salud no se entregará de forma directa a los pacientes. Las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) deberán presentar ante la Adres los recobros correspondientes por los servicios brindados a las víctimas.

El mecanismo contempla gastos por atención de urgencias, cirugías, medicamentos, hospitalización, rehabilitación y transporte hacia centros asistenciales. La Adres revisará la pertinencia médica, jurídica y financiera de cada solicitud antes de autorizar los giros.

La entidad mantendría habilitados sus canales de atención mientras las autoridades consolidan el censo de afectados y expiden las certificaciones para las víctimas y sus familiares.

La iniciativa cuestionó el viaje del funcionario a Santa Marta junto a su familia, ocurrido pocos días después de la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto. La oposición promovió el trámite al considerar que el ministro debía permanecer al frente de las acciones institucionales durante la crisis.

No obstante, con el resultado en la plenaria, Beltrán conservó el respaldo necesario para seguir al frente de la entidad. En la previa de la votación, el funcionario había señalado que mantendría su trabajo en las acciones de reconstrucción tras el sismo de magnitud 7,4.

La votación dejó una diferencia de 34 votos a favor de la permanencia de Beltrán.

A través de sus redes sociales, el alto funcionario se pronunció y reconoció los resultados favorables para su gestión. Dijo que estos “siempre hablarán más alto que las críticas y los ataques. Agradezco al presidente @ABDELAESPRIELLA por confiarme la responsabilidad de reconstruir a Colombia, así como a los senadores que respaldaron el trabajo que venimos realizando desde el primer día de la emergencia. El compromiso con los territorios es nuestro único objetivo”.

“Seguimos siendo ministro de Vivienda. Lo recibo con serenidad, pero con una convicción muy clara. A la moción se le responde con hechos, a la crítica con resultados y a los colombianos con el cumplimiento. Ese ha sido y seguirá siendo nuestro camino. Por eso tenemos mucho por hacer y no vamos a detenernos. Vamos a seguir yendo a los territorios, trabajando en cada uno de los municipios, escuchando a las familias y convirtiendo las decisiones en soluciones reales”, dijo.

También aseguró que su prioridad es no es “hacer política con los problemas de la gente”, sino para resolverlo y que su desempeño como ministro estará enfocado en este objetivo.

“Agradezco a Dios, a toda la gente que nos ha respaldado. La moción termina, pero el trabajo continúa y vamos a seguir cumpliéndole a todos los colombianos con resultados”, agregó.

Se suspendió el debate de moción de censura

Tras la votación en la plenaria del Senado, en la Cámara de Representantes se extendió la proposición de suspender el debate contra el jefe de la cartera de Vivienda.

El representante Julio Cesar Triana integró el equipo que realizó la iniciativa, con base en el artículo 135 numeral 9 de la Constitución Política que reza: “Pronunciada una Cámara sobre la moción de censura su decisión inhibe a la otra para pronunciarse sobre la misma”.

“Ya la plenaria de Senado se pronunció con 27 votos a favor y 61 en contra, negando la moción de censura del ministro de vivienda, por tanto, queda anulado el debate en la Cámara”, dijo el servidor legislativo.

“No lamento una foto con mi esposa y mis hijos”, dijo el ministro de Vivienda tras la polémica por su viaje

En medio del debate, el ministro de Vivienda volvió a ofrecer disculpas por su viaje a Santa Marta después de la emergencia causada por el terremotp.

El funcionario sostuvo que lamentaba si alguien se sintió ofendido por las imágenes divulgadas, aunque defendió la fotografía en la que apareció junto a su esposa e hijos.

“Si alguien se sintió ofendido, mil disculpas. Pero es que pedir disculpas es grandeza de aquellos que tienen el carácter y la caballerosidad de ponerle la cara al país. Ahora, tengo que decirlas con franqueza. Es lamentable este hecho, pero lo que no lamento es que me hayan tomado una foto con mi esposa y con mis hijos, y no con unas prostitutas y borrachos en un lugar que no debía estar. Eso ustedes lo tienen que reconocer, porque la foto es con mi esposa al lado, la foto es con mis hijos sentados y la foto es con el celular trabajando con el equipo. Lo que me parece curioso es que condenan la familia, pero hacen silencio ante las atrocidades que hacen ocultas”, afirmó.

Beltrán aseguró que atendía asuntos de su despacho desde su celular cuando se tomó la imagen.

“Los elementos materiales probatorios indican que Miguel Andrés Quintero Calle, como particular, habría ordenado favorecer con la contratación al cuerpo de bomberos a cambio del 15% de los recursos entregados”, informó el ente acusador.

“En estos hechos también habrían participado Álvaro Alonso Villada García, Vanessa Álvarez Restrepo y Sebastián de Dios Ortega Urán, que fueron imputados, según su posible responsabilidad individual, por interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación”.

En consecuencia, la institución anunció que solicitará medida de aseguramiento en centro carcelario contra Quintero Calle y dicha petición de detención preventiva se dirigirá únicamente contra el señalado, de acuerdo con la información oficial.

La audiencia para definir la petición de la Fiscalía quedó programada para el miércoles 16 de septiembre, a las 2:00 p. m. De la misma manera, se conoció que Quintero Calle se declaró inocente y no aceptó los cargos al cierre de la diligencia.

Los detalles de la imputación

Según la Fiscalía, Miguel Quintero habría promovido desde diciembre de 2019 una estructura para controlar la contratación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

La hipótesis del ente acusador sostiene que recomendó el nombramiento de Álvaro Villada y que, desde esa posición, se impulsó el manejo de la Subdirección Ambiental de la entidad.

La investigación se concentra en seis contratos que habrían favorecido al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. La Fiscalía aseguró que Quintero no fue imputado como servidor público, sino como interviniente en un supuesto acuerdo con funcionarios que tenían capacidad de decisión sobre los contratos.

Lo que hicieron los implicados, según la Fiscalía, fue “el direccionamiento de seis contratos por más de 17.657 millones de pesos, suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí (Antioquia), habría ocasionado un detrimento patrimonial superior a 2.481 millones de pesos, de acuerdo con las evidencias obtenidas”.

Estos acuerdos fueron celebrados entre 2019 y 2023, con el objetivo de “fortalecer las capacidades del organismo de socorro, apoyar acciones de reducción del riesgo de desastres y atención de emergencias, así como desarrollar actividades de formación bomberil y suministrar kits destinados a atender la emergencia sanitaria por el Covid-19″, de acuerdo con el ente de control.

Incluso, las autoridades conocieron a lo largo del proceso de investigación que la contratación tuvo irregularidades desde el punto de partida. En primer lugar, los negocios se realizaron “de manera directa sin el cumplimiento de los requisitos legales”.

La Fiscalía, de la misma manera, reveló que se reportaron “posibles sobrecostos en los kits para la pandemia y pagos correspondientes a servicios de transporte y recargas de celulares que no fueron prestados” que, sumados, contribuyeron al millonario desfalco.

La fiscal del caso dijo durante la audiencia: “El señor Miguel Andrés Quintero Calle como determinador en este delito, usted, aun careciendo de competencia legal o funcional dentro de la estructura administrativa del Área Metropolitana, intervino en los procesos de contratación, generando la idea criminal en los señalados y otros servidores públicos y particulares ya imputados, con el propósito de favorecer determinados contratistas y obtener un provecho económico, conducta que resulta contraria a los principios de moralidad, imparcialidad, igualdad y economía que gobierna la función administrativa y ajena al deber de buena fe que debe orientar las actuaciones de los particulares frente a la administración pública”.

Parte de la investigación se apoya en la información entregada por Misael Cadavid, exrepresentante legal de los Bomberos de Itagüí, que fue imputado en el mismo proceso y suscribió un principio de oportunidad con la Fiscalía.

Cadavid entregó una camioneta avaluada en cerca de 700 millones de pesos como parte de la reparación en el caso. La Fiscalía sostiene que sus declaraciones relacionan a Miguel Quintero con el presunto manejo de las comisiones ilegales derivadas de los contratos.

La defensa de Quintero, a su vez, de acuerdo con la audiencia, ha rechazado que su cliente haya intervenido en los hechos investigados. La decisión sobre la medida de aseguramiento se conocerá tras la audiencia prevista para este miércoles.