Debido a los ataques que sufrió con un arma cortopunzante por defender a una de sus compañeras de trabajo, por el crimen de Garzón fueron detenidos un hombre de nacionalidad venezolana y una mujer colombiana.

La pareja, según lo que se ha conocido por medio de versiones de testigos y las cámaras de seguridad que captaron los momentos previos y posteriores a la agresión fatal, sumado a los señalado por parte la Fiscalía en medio de las audiencias de judicialización, habría querido ingresar al sistema sin pagar el pasaje, lo que provocó que fueran amonestados, y esto desató la confrontación que dejó herido al guarda, que falleció pese a ser trasladado a un centro médico por parte de sus colegas.

El caso volvió a reabrir una problemática transversal en todo el sistema de transporte, y es el de los colados y una pregunta clave: por qué se puede llegar al punto de atentar contra la vida de otra persona con tal de evadir el pago.

Para responder a esta duda y otra serie de cuestionamientos, Infobae Colombia consultó con varios expertos y desde entidades distritales, qué podría estar detrás de esta serie de actos que, día a día se registran en la capital colombiana y Soacha.

¿Por qué decide colarse la gente en Transmilenio?

Natalia Tinjacá, directora de Seguridad de TransMilenio, precisó que estos casos en los que los usuarios aprovechan que la infraestructura sea muy vulnerable para acceder de forma al sistema sin pagar, sumados a la falta de control o de “penalidades que lleven a que las personas vean una consecuencia en la evasión, está la falta de pedagogía y cultura ciudadana, que incide en tener personas que no conocen bien el sistema, que no lo apropian, como en otras ciudades, que sí hay un orgullo sobre el sistema”.

Además de lo que señala Tinjacá, Jorge Velázquez Castrillón, líder del Centro de Gestión Emocional Calma de la Universidad Politécnico Grancolombiano, añade que “muchas personas evaden porque sienten que el pasaje es caro, porque se irritan con las fallas del servicio o porque no se sienten dueñas del sistema que usan a diario”, y hasta destaca que “algunas incluso lo hacen como una forma de protesta contra la administración de turno”, en este caso, de Carlos Fernando Galán.

Por su parte, la concejal de Bogotá Heidy Sánchez (Pacto Histórico) afirmó que no todas las personas que evaden el pasaje lo hacen por falta de dinero, pero señaló que una parte importante no puede pagarlo debido a su situación económica, la búsqueda de empleo o la distancia que debe recorrer.

Asimismo, la cabildante cuestionó que los beneficios de transporte no llegan a todas las personas que los necesitan. Según indicó, el programa por parte de la administración Galán estaba previsto para más de 1,5 millones de ciudadanos, pero alcanzó a unas 630.000 personas, debido a requisitos restrictivos y por falta de información.

Para Sánchez, reducir el costo del pasaje y ampliar los subsidios es una medida social que facilita el acceso al transporte público.

Sumado a todo, Velázquez dijo que “también influye lo que los investigadores llaman efecto manada; ver que otros no pagan hace que quienes sí lo hacen sientan que están haciendo algo tonto, y con el tiempo terminan dejando de pagar también, un patrón documentado en el transporte público de Santiago de Chile”.

“A eso se suma un sesgo muy humano descrito por el Banco Interamericano de Desarrollo, el llamado sesgo de optimismo, que lleva a las personas a subestimar la probabilidad de que las sancionen o de que algo salga mal”, añadió el académico.

Las reacciones hostiles que han llevado a enfrentamientos entre usuarios y guardas anticolados en estaciones de Transmilenio

Según cifras oficiales, durante lo corrido del año (con corte a finales de septiembre de 2026) se han registrado 372 agresiones a los guardas de seguridad, especialmente en las zonas de Carrera Décima, Caracas, NQS Sur y Caracas Sur.

“Este es uno de los índices altos en el sistema y se asocia también a la mayor presencia, pero también mayor contundencia en las actuaciones, teniendo una escuadra élite que realiza un abordaje en grupo, un abordaje estructurado al evasor y algunos evasores optan por agredir a nuestro personal”, aseveró Tinjacá.

La concejal consideró que las reacciones violentas de algunos usuarios se relacionan con un sistema de transporte que perciben como “hostil” y que, por ejemplo, en horas pico, los controles con torniquetes y varios guardas de seguridad pueden “aumentar el estrés de las personas”.

La cabildante sostuvo que algunos ciudadanos cuestionan el pago del pasaje porque consideran que el transporte debería financiarse con impuestos, y lo más delicado para ella es que el sistema no tiene en cuenta las necesidades de todos los usuarios y los funcionarios de seguridad se concentran en verificar el pago, en lugar de proteger la seguridad dentro de las estaciones y los buses.

“Otro factor que alimenta la evasión es lo poco que cuesta que la atrapen”, recalcó Velázquez, dado que “en Bogotá las multas por colarse son difíciles de cobrar y casi siempre quedan en lo simbólico, lo que reduce el riesgo real que asume quien decide no pagar”

El experto agregó que la evasión en Transmilenio “llegó a rondar el 30% de los usuarios en 2022 y hoy se calcula en más del 13% en el componente troncal del sistema, cerca de 384.000 personas al día, con pérdidas anuales que superan los 260.000 millones de pesos”.

Situaciones que llevan a las agresiones: la falta de respaldo de la Policía como factor clave

Desde la psicología, Velázquez planteó que “cuando alguien siente que una situación le quita el control sobre lo que está haciendo, como que le impidan pasar sin pagar, puede reaccionar con violencia como una manera de recuperar esa sensación de poder”.

Para el especialista, también importa cómo se percibe al guarda, al explicar que ”la investigación sobre relaciones de autoridad muestra que se agrede con más frecuencia a quien se percibe sin capacidad real de sancionar”.

“Un guarda desarmado y sin respaldo policial inmediato, como han denunciado los gremios de vigilancia en Bogotá tras la no renovación del convenio entre TransMilenio y la Policía Nacional, encaja justo en ese perfil de autoridad débil frente al cual algunas personas se sienten con más margen para reaccionar con violencia”, puntualizó Velásquez.

No obstante, para la concejal Sánchez hubo un factor determinante que contribuyó a que hubiera terminado de la peor forma el caso de Cristian Garzón.

“Esta muerte se hubiese podido evitar si esa estación hubiese tenido puertas. Es inaudito que se tengan 142 millones de pesos más 76.000 millones de pesos en estrategia de antievasión y no se tenga para poner puertas al interior de las estaciones”, cuestionó la cabildante distrital.

Para Sánchez, “no es posible que hoy las estaciones de Transmilenio sigan sin puerta, y además que estas puertas no funcionen o las que existen no funcionen de manera adecuada”.

Por lo anterior, para la concejal “es una plata que nosotros hemos venido botando casi que a la basura en el Distrito y no ha habido como tal una respuesta directa e inmediata por parte de la administración distrital al respecto”.

Los enfrentamientos entre usuarios y guardas de seguridad: por qué se puede llegar a cometer un crimen

“Estas confrontaciones suelen empezar como una pelea por la dignidad, no por el dinero”, destacó Velásquez, luego de señalar que “un estudio realizado con cámaras corporales de inspectores de pasajes en varios países describe cómo estos episodios funcionan como disputas de estatus, la persona sancionada siente que su honor está en juego frente a los demás pasajeros, y eso hace que una discusión verbal escale con rapidez hacia la agresión física (Friis et al., 2020)”.

Para el académico “tampoco se trata de un fenómeno repartido al azar por todo el sistema” y agregó como otro ejemplo una investigación sobre el metro de Estocolmo encontró que el diez por ciento de las estaciones concentra el cuarenta y tres por ciento de los ataques graves contra el personal (Ceccato y Ali, 2025), “lo que sugiere que hay puntos y momentos de mayor riesgo, más allá del comportamiento individual de cada usuario”, expuso Velásquez.

Sumado a lo anterior, “buena parte de las agresiones nunca llega a denunciarse”, detalla el psicólogo clínico, y agregó que “el miedo a represalias y la desconfianza en las instituciones hacen que muchos incidentes queden por fuera de las cifras oficiales, así que es probable que el problema real sea todavía mayor al que reportan los gremios de seguridad”.

No obstante, y ya en casos extremos como el del crimen de Garzón, “muchas veces se trata de la gota que rebasa el vaso, no de un hecho aislado”, menciona el docente e investigador.

“Las fricciones diarias del transporte, las discusiones, los choques por el cumplimiento de normas, generan un desgaste acumulado que en un momento puntual puede hacer que una discusión que en otro contexto sería menor termine en una agresión extrema”, expuso Velásquez.

Mientras que la concejal Sánchez destacó que “no todas las personas que evaden el pasaje lo hacen pues porque no tengan con qué pagarlo, pero sí hay un porcentaje importante de personas que no pueden ingresar al transporte público, por cuenta de sus actividades económicas, porque no tienen recursos para llegar a su lugar de destino, porque están en búsqueda de empleo, porque efectivamente no hay una posibilidad distinta para poderse movilizar”.

“Detrás de muchos de estos episodios hay, además, historias de vida marcadas. Existe evidencia de que el trauma infantil severo y ciertas alteraciones en la forma en que el cerebro regula las emociones debilitan el freno interno que en otras circunstancias evitaría que una provocación termine en violencia extrema”, mencionó Velásquez.

Pero con esto “no se busca justificar el acto”, aclara el académico, y añadió que “la responsabilidad penal sigue siendo enteramente de quien lo comete, pero ayuda a explicar por qué algunas personas pierden el control con más facilidad que otras frente al mismo tipo de conflicto”.

El investigador detalló que “no pagar el pasaje casi nunca nace de la maldad, sino de una mezcla de percepción de injusticia, costumbre social y bajo riesgo de sanción, ”pero cuando un guarda sin armas ni respaldo inmediato intenta hacer cumplir la norma, se activa en algunas personas un mecanismo de defensa de su autonomía y su dignidad que, sumado a poco autocontrol, estrés acumulado y ausencia de vigilancia en el momento preciso, puede escalar en cuestión de segundos hasta un desenlace que ya no tiene vuelta atrás".

Al final, Velásquez concluyó que “entender esa cadena, y no quedarse solo en la palabra intolerancia, es el primer paso para pensar en soluciones que protejan tanto a los usuarios como a quienes trabajan cuidando el sistema todos los días”.

Las funciones de los guardas anticolados

Por el lado de Sánchez, la concejal cuestionó las funciones que deben realizar los guardas y la forma de contratación que, tal y como lo confirmó Tinjacá, es tercerizada.

“Aquí lo que tiene que hacer el Distrito es hacer que esas personas cumplan las funciones para las cuales fueron contratadas, salvaguardar su vida y no ponerlos a confrontar con personas que también son trabajadoras o que tienen una condición vulnerable, sin decir por supuesto, que hay una cantidad de criminales que consideran que el uso de un arma cortopunzante es la forma de ingresar al transporte público, y eso tiene que ser castigado con todo el peso de la ley”, resaltó la cabildante.

Mientras que Tinjacá precisó que “el trabajo que queremos resaltar del vigilante no solo es que hace una barrera efectiva contra la evasión, y también ha realizado un servicio social de cuidado a los usuarios”.

“El vigilante atiende quebrantos de salud, activa alarmas y alertas para proteger a los usuarios; han atendido casos críticos de ataques cardíacos donde les salva la vida a los usuarios: atiende a las personas que llegan perdidas, bien sea por Alzheimer o que están huyendo de sus hogares y necesitan una ayuda”, destacó la funcionaria.

Para Tinjacá, los guardas cumplen tareas que benefician al sistema, y entre otros ejemplos expuso: “El vigilante también atiende los casos de animales de compañía perdidos en el sistema. Es la vigilancia quien protege a estos animales mientras ellos retornan a sus hogares. Es una labor completa, integral, de estar cuidando y vigilando y tener ojos en el sistema para mayor seguridad”.

Otras soluciones: respaldo a la fuerza pública, cultura ciudadana y refuerzo de infraestructura en TransMilenio

Una de las voces que más ha reaccionado a la compleja situación alrededor de la seguridad de los guardas de seguridad en el sistema de transporte masivo de la capital es el concejal Juan David Quintero.

En diálogo con Infobae Colombia, el cabildante comentó que para encarar esta seria problemática se requiere un trabajo intensivo en varios frentes, que garanticen “la recuperación y el blindaje del sistema circulatorio de Bogotá”.

“Tiene que ser una política integral que incluya reacción, que son los guardas, también prevención, que son las puertas anticolados, y también un escuadrón de reacción rápida que garantice que en caso de que haya una agresión o que haya un robo o que cualquier situación ocurra, rápidamente llegan las autoridades”, dijo.

Quintero no dejó de señalar que el “gran problema” que enfrentan los agentes anticolados —que fueron puestos para reforzar los buenos hábitos de cultura ciudadana— es que “hoy se encuentran solos, porque no está la Policía ni la Fiscalía, ni siquiera Integración Social con el tema de habitantes de calle acompañándolos”.

Otro aspecto que destacó el funcionario tiene que ver con la infraestructura: las puertas cerradas en las estaciones desestimulan las entradas irregulares, protegerían al guardia y evitan riesgos.

“De 148 estaciones que tiene el sistema TransMilenio, el 67% no tiene puertas. No podemos dar una batalla ni contra el crimen ni contra los colados si ni siquiera tenemos puertas. TransMilenio nos ha comunicado que van a dejar 99 estaciones con puertas. En nuestra opinión, eso es insuficiente”.

Agregó que “a los usuarios no nos sirve el 60%, 30% u 80% de estaciones con puertas. Necesitamos el 100%. Por eso, el pedido claro y expreso al alcalde Carlos Fernando Galán es: necesitamos que el cien por ciento de las estaciones de TransMilenio tengan puertas”.

El concejal de Bogotá Juan David Quintero divulgó en sus redes sociales fragmentos de documentos con los que cuestionó la evaluación financiera de la Asociación Público Privada (APP) para la renovación del Complejo Cultural y Deportivo El Campín.

Según su denuncia, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) dio viabilidad al proyecto pese a que el originador, APP CDEC S.A.S., no habría presentado los indicadores de solvencia exigidos en los documentos técnicos de la entidad.

Quintero sostuvo que el proyecto, cuyo valor señaló en $2,4 billones, fue entregado a la empresa vinculada a Sencia “sin que se demostrara la capacidad financiera necesaria para ejecutar las obras”. El cabildante también pidió explicaciones sobre la experiencia constructiva acreditada por la firma durante la etapa de factibilidad.

“Tenemos documentos que presuntamente demostrarían cómo el proyecto del nuevo Campín fue entregado a Sencia sin demostrar que tenía el dinero, ni la solvencia financiera para construir un nuevo estadio de 2 billones de pesos”, escribió Quintero en su cuenta de X.

El Idrd habría aceptado una carta de intención de crédito por USD 170 millones

Uno de los documentos difundidos corresponde a una respuesta del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, fechada el 28 de agosto de 2023 y dirigida a Rafael Tomás Osorio García, representante legal de APP CDEC S.A.S.

En la página 19 de esa comunicación, el Idrd indicó que el originador acreditó su requisito financiero mediante una carta de intención de crédito de CAXXOR Group por 170 millones de dólares.

El documento señala que el modelo financiero contemplaba un CAPEX de $464.705 millones y que el proponente debía demostrar una capacidad de financiación de al menos $232.352 millones, equivalente al 50% de la deuda prevista para esa etapa.

“El Originador debía acreditar $232.352 millones y presentó soportes [por] un mayor valor”, sostuvo el Idrd en uno de los fragmentos. La entidad añadió que la legislación aplicable permitía acreditar la capacidad financiera o la capacidad de financiación del proyecto.

La respuesta también señaló que el originador ajustó al 2,75% la cobertura de las garantías de cumplimiento en la etapa preoperativa. Además, incluyó una cláusula para sustituir la garantía si resultaba imposible contratar un seguro de cumplimiento.

El validador advirtió que no encontró los soportes exigidos

Los otros fragmentos publicados por Quintero contienen observaciones sobre la evaluación realizada durante la etapa de factibilidad. Allí se afirma que el validador no identificó documentos que demostraran la capacidad financiera de APP CDEC S.A.S. de acuerdo con los requisitos definidos por el Idrd en noviembre de 2020.

El Anexo 1, denominado “Apéndice Técnico, Legal y Financiero”, exigía tres indicadores. El primero establecía que el patrimonio neto no podía ser inferior al 50% del capital propio que se aportaría al proyecto. El segundo ordenaba un índice de liquidez igual o superior a 1,0. El tercero fijaba un índice de endeudamiento igual o inferior al 80%.

Según el documento, el validador dejó constancia de que no recibió los soportes previstos en el numeral 4.4 del anexo. Ese apartado reunía las condiciones para probar la capacidad financiera del originador.

La evaluación también recoge una reunión entre el Idrd, el originador y el validador. En ese encuentro, según el texto divulgado, APP CDEC S.A.S. afirmó que podía escoger entre demostrar experiencia financiera o capacidad financiera, de acuerdo con lo conversado con la entidad distrital.

No obstante, el documento cuestionó esa interpretación. “No se establece esta facultad del Originador de determinar si acredita experiencia financiera o capacidad financiera”, indica el fragmento sobre las exigencias fijadas por el Idrd.

El concejal afirmó que las diferencias entre las observaciones del validador y la respuesta posterior del Idrd requieren una explicación pública. También planteó interrogantes sobre la experiencia de Sencia en construcción y sobre el papel de la empresa especializada que participa en el desarrollo de la iniciativa.

Quintero anunció que publicó información adicional sobre el caso en su sitio web. Hasta ahora, los documentos compartidos exponen la posición del concejal, las observaciones del validador y la respuesta del IDRD de agosto de 2023.

La muerte de seis personas y las heridas de otras 11 tras el volcamiento de un bus que cubría la ruta entre Florencia y Bogotá, en Huila, durante la jornada del sábado 14 de noviembre de 2026, o el bus que se volcó y dejó un saldo de 16 heridos, menores de edad, en Norte de Santander, volvieron a poner la seguridad vial en el centro de la discusión.

En especial, para los afectados, muchas veces lo que sigue a un accidente es una recuperación física o psicológica. No obstante, hay otras variables que se deben considerar, especialmente en materia de derechos y responsabilidades.

Más allá de las causas que determinen las autoridades en cada caso, los siniestros reabrieron preguntas sobre las responsabilidades de conductores, empresas de transporte, entidades encargadas de las vías y los derechos de las víctimas.

Para el abogado Juan Pablo Velandia, especialista en derecho administrativo con más de 16 años de experiencia en casos de accidentes de tránsito, el principal problema luego de un siniestro en Colombia no se limita al desconocimiento de las señales o normas de conducción, o a un incidente.

Según lo que dijo el jurista a Infobae Colombia, también existe falta de información sobre las rutas legales y los amparos disponibles después de una emergencia.

“Hay personas que llevan años conduciendo, pero no saben qué hacer cuando resultan involucradas en un siniestro vial, a qué entidades acudir, qué documentos deben conservar o qué derechos pueden reclamar”, afirmó en diálogo con Infobae Colombia.

Qué hay que hacer luego de un accidente

En primer lugar, Velandia advirtió que una víctima sobreviviente puede aceptar acuerdos económicos antes de conocer el alcance de sus lesiones. Según explicó, algunas personas firman documentos de paz y salvo o conciliaciones mientras están en recuperación, sin prever que las secuelas puedan afectar su capacidad laboral meses después.

“En ese momento puede encontrarse con que firmó un documento que le impide reclamar estos daños que se originaron del accidente”, señaló.

El abogado recordó que una reclamación no se limita a los gastos médicos ni a los días de incapacidad. Dependiendo de los hechos y de las pruebas, un proceso puede incluir conceptos como daño emergente, lucro cesante, perjuicios morales y afectaciones a la vida de relación.

Por este motivo, el experto destacó la importancia de conservar historias clínicas, registros de atención médica, fotografías, testimonios, grabaciones y documentos relacionados con el accidente. Esos elementos pueden incidir en la determinación de las responsabilidades y en la valoración de los perjuicios.

El Soat cubre la atención, pero no agota las posibles reclamaciones

El especialista en siniestros viales también detalló que muchas víctimas creen que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) es la única alternativa de protección después de un siniestro. Sin embargo, sostuvo que pueden existir otras vías de reclamación, de acuerdo con las circunstancias.

“Se desconoce que, dependiendo de las circunstancias, puede existir una responsabilidad civil a cargo del conductor, del propietario del vehículo, de una empresa transportadora e incluso de una aseguradora que tenga contratada una póliza de responsabilidad civil”, indicó.

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) contempla trámites de indemnización por muerte, gastos funerarios o incapacidad permanente cuando el accidente involucra vehículos no identificados o sin póliza Soat vigente.

Para estos casos, la entidad exige soportes como la historia clínica o epicrisis y, en hechos con incapacidad permanente, un dictamen de pérdida de capacidad laboral en firme.

Peatones y ciclistas también tienen derecho a atención y reparación

Velandia destacó que peatones y ciclistas son actores especialmente expuestos en las vías y, en caso de resultar lesionados, tienen derecho a recibir atención médica mediante el SOAT del vehículo involucrado.

El abogado indicó que las víctimas pueden aspirar a una indemnización por incapacidad permanente si el accidente dejó una pérdida de capacidad laboral, cuya valoración debe realizar la autoridad competente. En su explicación detalló que la Adres establece este amparo para hechos que involucren vehículos sin Soat no identificados, bajo los requisitos previstos por la normativa.

El experto añadió que “la responsabilidad penal y la responsabilidad civil tienen finalidades distintas, y es un error pensar que, si no hay condena penal, tampoco existe posibilidad de reclamar por los daños y perjuicios”, afirmó.

Las fallas en las vías también pueden comprometer al Estado

Los accidentes asociados con huecos, falta de señalización, problemas de iluminación o deterioro de la infraestructura pueden abrir otra discusión jurídica. Velandia señaló que en esos escenarios podría existir responsabilidad de la entidad pública encargada de construir, mantener o señalizar la vía, siempre que se prueben los elementos exigidos para ello.

“El Estado tiene una responsabilidad importante”, aseguró. No obstante, planteó que la prevención también recae en los ciudadanos y en las empresas de transporte. El consumo de alcohol, el exceso de velocidad, el cansancio al volante y el incumplimiento de las normas son factores que, según dijo, no pueden quedar por fuera de la discusión.

Para Velandia, la respuesta requiere educación vial, controles institucionales y mejores investigaciones. “El informe policial, las fotografías, los testimonios, los videos de cámaras de seguridad y los demás elementos probatorios pueden ser determinantes para establecer cómo ocurrió un siniestro y quién debe responder”, concluyó.

La intervención fue realizada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), con apoyo de la Policía Nacional. De acuerdo con el jefe de Estado, participaron 200 unidades y el objetivo fue reforzar los controles para impedir comunicaciones no autorizadas y posibles actividades delictivas desde el centro de reclusión.

El balance divulgado por el mandatario incluyó 58 terminales móviles, 47 cargadores, 14 auriculares Bluetooth y 2 parlantes. También fueron halladas 12 armas cortopunzantes.

Las autoridades reportaron la incautación de 119,4 gramos de marihuana, 1,5 gramos de cocaína y 1,7 gramos de tusi, para un total de 122,6 gramos de sustancias estupefacientes.

“No voy a permitir que sigan delinquiendo ni coordinando delitos desde el interior de los penales”, escribió De la Espriella en su cuenta de X al divulgar los resultados del procedimiento.

El mandatario señaló que la instrucción de su Gobierno es fortalecer la vigilancia penitenciaria y reducir las posibilidades de que las cárceles sean usadas para coordinar delitos.

El operativo en la cárcel El Buen Pastor se suma a otras intervenciones recientes en centros de reclusión del país.

De la Espriella ordenó trasladar a otras regiones a presos oriundos de Boyacá recluidos en Cómbita

El presidente Abelardo de la Espriella, de manera paralela, ordenó avanzar en la identificación y posterior traslado de los internos oriundos de Boyacá que están recluidos en la cárcel El Barne de Cómbita, con el fin de enviarlos a establecimientos penitenciarios de otras regiones del país.

La instrucción fue anunciada tras un Consejo de Seguridad realizado el 9 de noviembre en Boyacá, con participación de mandos militares, policiales y autoridades departamentales. El mandatario pidió al gobernador y a los alcaldes del departamento elaborar una caracterización de los detenidos que cumplan esa condición.

Según explicó, la medida responde a una política dirigida a evitar que personas privadas de la libertad permanezcan recluidas en las zonas donde son oriundas o donde habrían cometido delitos.

“Donde los delincuentes hacen sus fechorías, donde delinquen y de donde son oriundos, ahí no se pueden quedar. Tenemos que trasladarlos a otra ciudad”, afirmó el presidente durante su intervención.

El mandatario sostuvo que los centros de reclusión no pueden convertirse en “universidades del crimen” y relacionó la iniciativa con su propósito de reforzar los controles penitenciarios frente a extorsiones, amenazas y otras conductas delictivas que puedan coordinarse desde las cárceles.

El anuncio ocurrió después de un operativo en la cárcel El Barne

La decisión se conoció dos días después de un operativo de registro y control en El Barne, realizado el 7 de noviembre con la participación de 300 funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y de la Policía Nacional.

Según el balance divulgado por el Gobierno, el procedimiento permitió incautar 264 celulares, 456 tarjetas SIM, 24 dispositivos wifi, 91 armas cortopunzantes y $7.028.000 en efectivo.

Las autoridades también reportaron el hallazgo de 3,5 kilogramos de marihuana, 2,6 kilogramos de cocaína y 800 litros de licor artesanal. En las celdas fueron encontrados 232 cargadores, 25 auriculares Bluetooth, siete parlantes, una tableta, dos proyectores, una tarjeta microSD, un reloj inteligente, tres cadenas y dos anillos que serían de oro.

En ese sentido, el Gobierno nacional deberá definir los procedimientos administrativos y penitenciarios para materializar los traslados anunciados por el jefe de Estado, a la vez que el Inpec se encargará de establecer las condiciones de seguridad, disponibilidad de cupos y destinos de los internos que sean incluidos en la medida.

Un ataque a disparos dejó muerto a Gerson Corredor Camargo, escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que integraba el esquema de seguridad del alcalde de El Zulia, Elkin Caballero Ramírez.

El hecho ocurrió el sábado 14 de noviembre en el barrio Carora de Cúcuta, Norte de Santander, según reportes preliminares.

El atentado se registró en un billar ubicado en el barrio Carora, cerca de la entrada al sector de Las Minas. De acuerdo con la información conocida a través de las redes sociales, los hombres armados atacaron al funcionario cuando permanecía en el interior del establecimiento.

En el mismo hecho resultaron lesionados Yeison Alexander López Peñaranda, que recibió un impacto de bala en el tórax, y Deninson David, con una herida en la pierna derecha. Los dos heridos fueron trasladados a la IPS Loma de Bolívar, donde recibieron atención médica.

Datos iniciales indican que el escolta hacía parte del dispositivo de protección asignado al jefe municipal. Hasta el momento, no se ha establecido si el ataque estaba dirigido específicamente contra Corredor Camargo, contra el mandatario local o si obedeció a otra circunstancia.

Las autoridades adelantan las diligencias para identificar a los responsables, establecer los móviles del homicidio y reconstruir la secuencia del ataque.

La investigación incluye la revisión de cámaras de seguridad en el sector y la recopilación de testimonios de las personas que se encontraban en el establecimiento.

Sicario asesinó a la esposa del concejal Armando Baquero en la Catedral de Villavicencio

De manera paralela, se conoció que un hombre armado ingresó a una oficina parroquial de la Catedral de Villavicencio y asesinó a Alejandra Ramírez Garzón, de 31 años, pareja del concejal Armando Baquero.

El ataque, que además dejó a otra mujer herida, ocurrió en la tarde del jueves 12 de noviembre del año en curso en el centro de la capital del Meta.

Ramírez adelantaba una diligencia en el despacho parroquial cuando el agresor entró al lugar y le disparó en repetidas ocasiones. La víctima fue auxiliada y trasladada al Hospital Departamental de Villavicencio, donde murió horas después durante una intervención quirúrgica, según los reportes conocidos.

La Alcaldía de Villavicencio y la Policía Nacional ofrecieron una recompensa de hasta $20 millones por información que permita identificar y judicializar a los responsables materiales e intelectuales del homicidio.

Las cámaras registraron el ingreso y la huida del atacante

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad. Las imágenes son analizadas por investigadores de la Policía Metropolitana de Villavicencio para establecer la identidad del hombre que ingresó al despacho y reconstruir su recorrido antes y después del ataque.

De acuerdo con las primeras versiones, el atacante vestía prendas oscuras y usaba un casco que le cubría el rostro. Tras disparar, habría salido de la catedral y abordado una motocicleta en la que, al parecer, lo esperaba otra persona.

Las autoridades buscan identificar a ese posible acompañante y establecer su grado de participación en la agresión. Por ahora, no se han reportado capturas ni se ha informado una hipótesis oficial sobre los móviles.

Ramírez era modelo y creadora de contenido. También se desempeñaba como contratista de la Secretaría de Hacienda de Villavicencio, de acuerdo con información divulgada tras el homicidio.

El concejal Armando Baquero pidió respeto por la privacidad de su familia y solicitó evitar la difusión de rumores o especulaciones alrededor del caso. “El caso está en manos de las autoridades competentes y serán ellas las encargadas de adelantar las investigaciones y esclarecer lo ocurrido”, expresó en un comunicado.

La Policía pidió a la ciudadanía aportar información sobre el autor material, la motocicleta utilizada en la fuga o posibles movimientos previos y posteriores al crimen. Las autoridades aseguraron que los datos serán manejados bajo reserva.

La periodista Ana Cristina Restrepo y la creadora de contenido y activista Jerome Sanabria protagonizaron un tenso rifirrafe en redes sociales por sus posturas frente al Acuerdo de Paz y la caracterización de los antiguos integrantes de las Farc.

La discusión surgió después de una intervención de Sanabria en un panel periodístico, donde afirmó que “las Farc no son excombatientes, ellos no se desmovilizaron, siguen delinquiendo”, en una crítica al proceso firmado con esa guerrilla.

“En Colombia no existe una paz. O sea, las disidencias de las Farc hoy tienen una presencia en el 36% del territorio colombiano. Después de haber dicho que se iban a acabar, porque eso fue lo que el Acuerdo de Paz nos dijo, que la violencia con esta guerrilla se iba a acabar y ahora nos tenemos que enfocar en la violencia con otras guerrillas. Pues no, hoy las disidencias de las Farc tienen presencia en los mismos territorios del campo colombiano a los que ya tenían sometidos. ¿Y qué pasó? Hubo un acuerdo de paz, tuvieron curules gratis, dos sentencias en siete años, la JEP nos costó cuatro billones de pesos y ellos siguen delinquiendo", dijo Sanabria en el espacio de debate.

Tras la publicación de estas declaraciones, Restrepo respondió a esa declaración y cuestionó, en su concepto, la falta de sustento de la joven activista y defensora del Gobierno De la Espriella:

“Esto le hace daño al periodismo, a la democracia, al proceso de paz, a los firmantes que han cumplido con su compromiso”, escribió. También aseguró que a Sanabria le faltaban “reportería, documentación” y “verificación”.

Sanabria responsabilizó a sectores defensores del acuerdo por la falta de sanciones

En respuesta, Sanabria señaló a Restrepo y a otros sectores que, según su postura, respaldaron el acuerdo suscrito con la extinta guerrilla y envió un mensaje directo a la periodista paisa.

“Que al país no se le olvide que son los bien pensantes como @anacrisrestrepo los principales responsables del Acuerdo que le dio impunidad a las Farc”, afirmó.

La activista sostuvo que, diez años después de la firma, los antiguos integrantes de la guerrilla no han cumplido sus compromisos en asuntos como la reparación a las víctimas, la entrega de bienes y la revelación de rutas del narcotráfico.

“Fueron ellos los que juraron que habría reparación, verdad y justicia; y hoy, diez años después, los guerrilleros no pagaron un solo día de cárcel, se burlaron en la cara de todas sus víctimas, gozaron ocho años de sueldos millonarios y voz política en el congreso, entregaron solo el 4% de los activos y bienes que habían declarado, nunca entregaron las rutas del narcotráfico, incumplieron hasta lo que firmaron, y hoy las disidencias están presentes en el 36% del territorio nacional. Que romantizar a la guerrilla y burlarse de las víctimas vuelva a dar pena”, escribió.

Restrepo defendió el diálogo como vía para resolver el conflicto

Este mensaje no le cayó bien a la periodista, que de inmediato rechazó que su posición implique una defensa o idealización de la guerrilla. “No ‘romantizo la guerrilla’, le exijo respeto”, respondió a Sanabria.

La también panelista añadió que considera que “el diálogo es la salida al conflicto” y, en ese mismo sentido, defendió la confrontación política por vías distintas a la violencia: “Prefiero la política con palabras, no con balas”.

En el mismo mensaje, Restrepo aludió a su experiencia profesional en la cobertura del conflicto armado y de las víctimas, en comparación a la trayectoria de Sanabria: “Cuando usted todavía estaba tomando tetero yo ya estaba haciendo reportería con víctimas de la guerra, donde su burbuja no llega”, concluyó la periodista.

El vehículo se movilizaba por el corredor vial que une los municipios de San Calixto y Ocaña cuando ocurrió el siniestro, durante la tarde del sábado, 14 de noviembre de 2026.

La información inicial indicó que transportaba niños, niñas y jóvenes, varios de ellos estudiantes del colegio Cayetano Franco Pinzón, que participaban en una actividad de cartácter pedagógico.

Según reportes de testigos, los organismos de socorro activaron la atención de la emergencia ante el número de lesionados, de manera que ambulancias y equipos de rescate comenzaron los traslados de los afectados hacia centros asistenciales de Ocaña, donde reciben valoración.

Conforme a los video publicados en redes sociales, se evidenció que la ciudadanos de la comunidad o que estaban recorriendo el punto acudieron al rescate de los menores, incluso, realizando cadenas humanas para lograr la salida de algunos jóvenes que lograron salir en pie del abismo.

El balance de 16 lesionados es preliminar y podría variar mientras avanzan las labores de atención y se consolida el reporte oficial de los organismos de emergencia.

Trágico accidente en Huila dejó seis personas sin vida

En la mañana del sábado 14 de noviembre de 2026 también se conoció el grave accidente que dejó un saldo de seis personas fallecidas y 11 heridas, tras el volcamiento de un bus intermunicipal que cubría la ruta entre Florencia y Bogotá en la madrugada. El accidente ocurrió en la Ruta 45, en jurisdicción de Rivera, Huila.

El vehículo de la empresa Cootranscaquetá se volcó a la altura del kilómetro 94+750 de la carretera Neiva-Garzón, cerca del peaje Los Cauchos. La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional informó que el automotor terminó sobre uno de sus costados.

El balance preliminar da cuenta de seis fallecidos, entre ellos dos menores de edad y cuatro adultos. Los sobrevivientes recibieron atención inicial en el lugar y luego fueron trasladados a centros asistenciales de Neiva y Garzón.

El conductor sufrió politraumatismos tras el accidente

El conductor del bus, de 26 años, resultó herido y presentó politraumatismos, según la información divulgada por las autoridades. Entre los lesionados también figuran dos militares, el cantante Darlinson Quinto, conocido como DQ, y el abogado Frank Ramírez Sáenz, de acuerdo con reportes difundidos en las primeras horas.

Los pacientes fueron remitidos a las clínicas Mediláser y Emcosalud, además del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, en Neiva.

Las autoridades adelantan las verificaciones para establecer qué provocó el volcamiento. Entre las hipótesis iniciales figura la posibilidad de que el conductor hubiera sufrido un microsueño antes de perder el control del vehículo, aunque esa versión no ha sido confirmada de manera definitiva.

El coronel Edwin Orlando Correa Correa, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, pidió a los conductores de servicio público priorizar el descanso antes y durante los recorridos.

“Ustedes tienen una responsabilidad enorme, porque transportan vidas. No podemos permitir que el cansancio, la fatiga o un microsueño terminen convirtiéndose en una tragedia”, afirmó el oficial.

Correa recomendó a los conductores detenerse si sienten sueño durante el trayecto y recordó que ningún itinerario debe imponerse sobre la seguridad de los pasajeros.

La investigación deberá determinar si en el siniestro incidieron fallas mecánicas, condiciones de la carretera, fatiga del conductor u otros factores.

El hecho ocurrió en una jornada marcada por otros siniestros viales en el país. La Agencia Nacional de Seguridad Vial registró 4.751 muertes en las vías colombianas entre enero y junio de 2026, una cifra 20% superior a la del mismo período de 2025.

El encuentro fue agendado para analizar desde ambas posturas el proyecto de Ley de Rescate Fiscal propuesto por el presidente Abelardo de la Espriella, que ha causado fuertes debates, incluso, en partidos afínes al Ejecutivo.

Tras la reunión, el equipo del Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, expresó algunos detalles del encuentro.

“Expresamos todo al Gobierno ahora. Nosotros en el diagnóstico estamos de acuerdo, la gravedad de la situación nacional. Las preocupaciones nuestras son sobre algunas de las soluciones. Quedamos hoy con la ilusión de que el Gobierno va a resolver problemas que podrían afectar a los sectores sociales de la nación y que además de impulsar la inversión minero-energética, hay que impulsar la inversión agropecuaria, la pequeña empresa, etcétera”, dijo Uribe Vélez.

No obstante, afirmó que su partido no desistirá del diálogo, y que este debe seguir,

“Hay un equipo técnico del Ministerio de Hacienda que va a seguir, tienen que conversar con las otras bancadas, como lo tenemos que hacer nosotros, pero también ese equipo va a seguir conversando con quienes son ponentes en nombre nuestro y con toda nuestra, de nuestros comisionados en las económicas”, agregó el exmandatario.

Las propuestas del Centro Democrático

En primer lugar, Uribe Véles confirmó que la bancada propuso que Colombia tenga tres jornadas sin IVA, amplíe el régimen simple de tributación y elimine las contralorías departamentales como alternativas al proyecto de ley.

También pidió la supresión de las contralorías departamentales, en aras de per mitir un ahorro de $3 billones. El exmandatario sostuvo que su partido busca alternativas que reduzcan el gasto estatal sin crear nuevas cargas para los hogares.

En controposición, la bancada reiteró su oposición a un eventual IVA del 19% sobre productos de la canasta familiar y a gravámenes que afecten al sector agropecuario, incluidos insumos, fertilizantes y maquinaria.

El representante a la Cámara Jhon Jairo Berrío indicó a través de sus redes sociales que la colectividad comunicó al Gobierno que no respaldará medidas que encarezcan los alimentos ni nuevos tributos para las actividades agrícolas.

En la misma línea, el senador Enrique Cabrales Baquero advirtió que incluir estas cargas tributarias elevaría el costo de la canasta familiar y reduciría el poder adquisitivo de los consumidores.

“Desde el @CeDemocratico decimos que los alimentos NO pueden convertirse en una nueva carga para las familias El mercado ya está caro. Ponerle IVA del 19% a productos como frutas, café, lentejas, fríjol, tomate y cebolla significa encarecer aún más la canasta familiar y reducir el poder adquisitivo de los colombianos (sic)”.

La colectividad pidió reducir la burocracia y ampliar alivios tributarios

El Centro Democrático planteó ampliar el régimen simple, un mecanismo dirigido a facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias de pequeños contribuyentes y empresas. También insistió en que la discusión fiscal debe contemplar una reducción del tamaño del Estado y de los gastos burocráticos.

Según el partido, la propuesta busca proteger a los sectores de ingresos medios y bajos, además de evitar nuevas cargas para la manufactura, las pequeñas y medianas empresas, la agricultura y la inversión minera.

Uribe señaló que el Gobierno recibió el documento con la contrapropuesta y que un equipo del Ministerio de Hacienda revisará las medidas planteadas. También pidió que el Ejecutivo adelante conversaciones con otras bancadas para buscar acuerdos alrededor de la Ley de Rescate Económico y de Ajuste Fiscal.

Un daguerrotipo de 1842 considerado la primera vista conocida de Bogotá fue vendido este sábado 14 de noviembre de 2026 en París por 300.800 euros, una cifra que superó ampliamente la estimación inicial de entre 60.000 y 80.000 euros.

La pieza, titulada Calle del Observatorio, fue realizada por el diplomático y fotógrafo francés Jean-Baptiste Louis Gros, conocido como el barón Gros.

Por eso, en cuanto a la subasta, la prestigiosa casa Christie’s confirmó el resultado de la puja por la imagen, que perteneció al periodista y exdirector de Paris Match Roger Thérond, de acuerdo con la información conocida por la agencia periodística EFE.

La imagen registra un tramo de la entonces llamada “calle del Observatorio”, un sendero empedrado, rodeado de casas con balcones y techos de teja, con un paisaje urbano casi vacío y las cerros orientales de la cordillera de los Andes al fondo. La vía retratada corresponde a la actual Calle 9, a pocas cuadras de la Plaza de Bolívar.

En 1842, Bogotá formaba parte de la República de la Nueva Granada, territorio que comprendía las actuales Colombia y Panamá. Gros, que vivió en el país como diplomático, figura entre los primeros fotógrafos documentados en territorio colombiano. Se encontraba en el país como representante diplomático de Francia. Entre sus tareas figuraba el seguimiento de los intereses franceses frente a un posible canal a través del istmo de Panamá.

La casa de subastas Christie’s señaló al medio periodístico que la placa de formato completo ocupa un lugar dentro de la historia de la fotografía por tratarse de una de las imágenes más tempranas conocidas de Colombia y de uno de los primeros daguerrotipos urbanos realizados fuera de Europa y Estados Unidos.

Así fue el proceso de exposición de 47 segundos, que permitió registrar a Bogotá en exteriores

El daguerrotipo fue elaborado con una técnica que comenzó a difundirse en 1839. La toma requirió 47 segundos de exposición, un tiempo que impuso dificultades técnicas para realizar fotografías fuera de un estudio, y es una duración que explica la escasa presencia de personas en la escena.

Esto se supo porque Gros anotó en el reverso de la placa el año de la toma, el tiempo de exposición y una abreviatura de Nueva Granada. La fotografía se realizó a las 11 a. m.

El diplomático utilizó un espejo para corregir la inversión lateral propia de la técnica. De ese modo, la disposición de los edificios quedó registrada de acuerdo con su ubicación real en la calle.

La mayoría de las imágenes de aquel período correspondían a retratos. Por ese motivo, el registro de una calle de Bogotá convirtió a la obra en una pieza singular.

El daguerrotipo antecede a la fotografía comercial en Colombia

La técnica del daguerrotipo comenzó a difundirse en 1839. Consistía en producir una imagen única sobre una placa de cobre plateado, sin posibilidad de obtener copias directas como ocurrió después con los negativos.

Para las fotografías en exteriores, el proceso requería condiciones de luz favorables, químicos, placas pulidas y un tiempo prolongado de exposición. Por ese motivo, los retratos de estudio eran más habituales que las vistas urbanas.

Por su parte, Bogotá ya contaba con experiencias locales con esta técnica. En 1841, el pintor Luis García Hevia presentó dos daguerrotipos experimentales durante una exposición industrial de la ciudad y obtuvo el tercer premio por su participación.

El registro de aquella exposición no precisó cuáles fueron los temas de las placas de García Hevia. Tampoco se conoce el paradero de esas imágenes, por lo que la pieza de Gros conserva un valor documental particular para la historia visual de la capital.

La placa perteneció antes al coleccionista parisino André Duchesne. Thérond la adquirió en 1994 y la mantuvo en su colección hasta la subasta realizada en París.

El ente acusador comunicó que el detenido habría integrado componente explosivista de la estructura 28 José María Córdova, vinculada a las disidencias de las Farc.

Según el reporte oficial, alias Kamo habría recibido una orden directa de alias Antonio Medina para preparar y ejecutar el ataque contra la sede de la administración municipal, al parecer, con el objetivo de presionar a las autoridades locales para exigir pagos extorsivos en el departamento.

El operativo que permitió la captura estuvo a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y unidades de la Décima Sexta Brigada del Ejército Nacional. Durante el allanamiento, los investigadores encontraron un artefacto explosivo improvisado con cerca de 500 gramos de pentolita.

La Fiscalía comunicó, además, que el dispositivo incautado contaba con un sistema de activación eléctrica mediante cable de mando. En el inmueble donde se realizó el operativo también fueron halladas dos pistolas, una escopeta, munición y tres teléfonos celulares.

Las autoridades investigan el presunto papel de Castro Valencia dentro de la estructura 28 José María Córdova, una facción que, según las pesquisas, estaría bajo el mando de Iván Mordisco. La Fiscalía lo identifica como explosivista de ese grupo armado.

Además de los delitos relacionados con terrorismo, armas y explosivos que le serán imputados por este caso, alias Kamo tenía vigente una orden de captura por hurto calificado y agravado y fuga de presos.

El caso ocurre semanas después de la difusión de amenazas atribuidas a la misma estructura contra alcaldes de Casanare. En esos mensajes, el grupo armado exigía a los mandatarios locales establecer comunicación con la organización.

La coincidencia del Frente 28 en ambos hechos abrió una línea de investigación sobre una eventual relación entre esas intimidaciones y el supuesto plan contra la Alcaldía de Hato Corozal. Por ahora, las autoridades deberán determinar si existió una conexión directa.

Capturaron a dos personas que se hacían pasar por las Farc-EP para extorsionar a empresarios en Casanare

A finales de octubre de 2026, tropas del Ejército Nacional capturaron en flagrancia a dos personas señaladas de hacerse pasar por integrantes de las Farc-EP para extorsionar a empresarios en Casanare. Uno de los detenidos es de nacionalidad venezolana y habría participado en la exigencia de $20 millones.

El procedimiento estuvo a cargo de la Décima Sexta Brigada, el Gaula Militar Casanare y la Fiscalía General de la Nación, como parte de las operaciones contra la extorsión en el departamento.

De acuerdo con la información oficial, los capturados presuntamente utilizaban el nombre del denominado Comando Conjunto de Oriente de las FARC-EP para intimidar a propietarios de consorcios que desarrollan actividades en Casanare y exigirles dinero.

Durante la operación, las autoridades incautaron dos teléfonos celulares y un panfleto que simulaba un comprobante de pago. El documento incluía referencias a las Farc-EP y será analizado dentro del proceso judicial.

El Ejército indicó que investiga el alcance de las actividades atribuidas a los detenidos, así como identificar posibles víctimas y otros hechos en los que habrían empleado esta modalidad de intimidación.

La institución sostuvo que los responsables aparentaban pertenecer a una organización armada para respaldar las exigencias económicas dirigidas contra el sector productivo del departamento.

Según el reporte de la Décima Sexta Brigada, entre los dos capturados hay un ciudadano venezolano, quien presuntamente intervino en la exigencia extorsiva de $20 millones.

Los detenidos y los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía, que continuará con las actuaciones judiciales correspondientes. El Gaula Militar Casanare reiteró el llamado a denunciar casos de extorsión a través de la línea nacional gratuita 147.

De acuerdo con la información emitida por la institución militar, en el operativo, las autoridades capturaron en flagrancia a un presunto integrante del grupo delincuencial La Terraza.

El Ejército confirmó que la intervención comenzó a partir de una denuncia recibida en la Línea 147. Tropas del Gaula Militar Valle de Aburrá, adscrito a la Cuarta Brigada, actuaron en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

La víctima había viajado desde el municipio de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, para negociar la compra del vehículo. El encuentro ocurrió en el barrio Aranjuez, cerca de la iglesia El Calvario, donde presuntos vendedores la habrían llevado mediante engaños a una vivienda y la mantuvieron retenida.

Según las autoridades, los responsables contactaron a la pareja de la mujer y exigieron $6 millones a cambio de dejarla en libertad. El hombre alertó a las autoridades y acudió al sitio fijado para la entrega del dinero.

Durante el procedimiento, agentes del CTI y militares siguieron al sospechoso que presuntamente iba a recibir el pago. Las autoridades lo capturaron y rescataron a la mujer.

En la operación fueron incautados una motocicleta y un teléfono celular, que quedaron a disposición de la Fiscalía. Los investigadores avanzan para identificar a otras personas que habrían participado en el caso y determinar si estarían vinculadas con hechos similares en la capital antioqueña.

“Buenas tardes, libertades. Somos tropas del Frente Oriental España, Francia y VII Gaula. Le damos la bienvenida a la libertad”, fueron las palabras de los uniformados a la mujer rescatada.

Intento de secuestro terminó en capturas y en fatalidad

El 30 de octubre del año en curso, se conoció que un joven de 19 años murió y un ciudadano venezolano de 20 resultó herido tras un ataque registrado en una vivienda del barrio Nueva Villa La Iguaná, cerca de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Las autoridades investigan si el hecho estuvo relacionado con un intento de secuestro y robo.

El caso ocurrió hacia las 2:00 a. m. de ese viernes. Según el testimonio entregado a la Policía, ocho hombres ingresaron a la residencia mientras sus ocupantes dormían, los amenazaron con armas blancas y de fuego y retuvieron a las ocho personas que se encontraban en el lugar.

Los atacantes habrían atado y amordazado a las víctimas. Durante la incursión, dos hombres fueron agredidos con armas cortopunzantes y objetos contundentes.

Las autoridades indicaron que los responsables se llevaron $300.000 y tres teléfonos celulares. La mujer que denunció los hechos trasladó a su esposo, un ciudadano venezolano de 20 años, hasta la unidad hospitalaria Policlínica, donde permanece bajo atención médica.

Una patrulla que llegó a la vivienda encontró sin vida al hermano de la denunciante, de 19 años. El joven presentaba varias heridas causadas, al parecer, con arma cortopunzante.

Las autoridades cerraron algunas vías en el área próxima a la Universidad Nacional mientras realizaron las diligencias judiciales.

Las cifras de extorsión en Medellín

La capital antioqueña figuró como la segunda ciudad de Colombia con más denuncias de extorsión entre 2010 y 2025, con 8.441 casos, en un período marcado por el aumento de las judicializaciones pero también por un subregistro que podría superar el 80% de las víctimas. La capital de Antioquia concentró parte de un fenómeno que, según el estudio de Asocapitales y el Departamento Nacional de Planeación, se mantiene pese a las intervenciones contra estructuras criminales.

Bogotá, Medellín y Cali reunieron el 54,7% de los casos registrados en el país durante esos 15 años: 32.931 de un total de 60.155.

El estudio sitúa el crecimiento de la extorsión urbana en la década de 1980, cuando el auge del narcotráfico coincidió con el conflicto armado y amplió la complejidad de las redes criminales. Empresarios, comerciantes y profesionales de Bogotá, Medellín y Cali quedaron expuestos a la expansión de estas prácticas en las ciudades.

Las modalidades identificadas incluyen cobros vinculados al perfil económico de la víctima, ajustes de cuentas, falsos servicios y paseos millonarios. Esta última práctica presenta los mayores niveles de subregistro y, si se clasificara como secuestro extorsivo, modificaría el perfil estadístico de delitos en las tres ciudades, donde la actividad económica y la densidad bancaria favorecen esas operaciones.

En Medellín se denunciaron 960 casos durante 2024 y 980 en 2025, un aumento de 2,1%. El corte más reciente de la Secretaría de Seguridad de Medellín para 2026 contabilizó 758 reportes, cerca de 1% más que en el mismo período del año anterior.

El nuevo tramo, denominado puente curvo 2, está ubicado en el costado norte de la infraestructura. Su apertura busca facilitar la movilidad de los vehículos que se desplazan desde el norte de Bogotá hacia Bosa y Soacha.

El director del IDU, Orlando Molano, indicó que el ramal permitirá mejorar la circulación en uno de los puntos de conexión entre el suroccidente de la ciudad y la Avenida 68, pese a que un semáforo instalado por obras seguirá funcionando y que aún se continuarán obras en el punto.

“Va a mejorar la movilidad de las personas que vienen desde el norte y que van a tomar hacia Bosa y Soacha. Ese semáforo va a continuar mientras terminamos acá la conectante. Esto de acá, quiero mostrarles, no lo podemos rematar hasta que no conectemos, por supuesto, las tuberías, temas hidráulicos, sanitarios. Pero este ramal ya nos va a ayudar a movilizar más rápido”, dijo.

El puente de Venecia ya opera con tres ramales

Con la habilitación del nuevo tramo, el puente queda distribuido de la siguiente forma:

• Puente curvo 2: tránsito mixto desde la avenida 68 hacia la autopista Sur, en sentido norte-occidente.
• Puente curvo central: tránsito mixto en sentido occidente-norte, para conectar la autopista Sur con la avenida 68 sin ingresar al barrio Venecia.
• Puente recto: operación provisional de buses de TransMilenio en ambos sentidos.

La estructura hace parte del grupo uno de la troncal de la avenida 68. Según el IDU, el puente fue recibido por la administración de Carlos Fernando Galán con un avance de 12,94% y actualmente registra una ejecución de 99,93%.

Los tres ramales alcanzan longitudes de hasta 330 metros cada uno, para un total cercano a un kilómetro.

Molano, a su vez, recordó que los maletines de obra que están en esta zona continuarán hasta que se cierre del todo la intervención.

“Estos maletines que ustedes ven acá van a estar cerrados hasta que tengamos ya Transmilenio. Este es el espacio. Aquí va a estar Transmilenio, occidente-norte, norte-occidente. Así que todo esto sigue en obra. Redes de alcantarillado, hidráulicas, sanitarias, todo el tema de redes secas. Cuando lo terminemos, vamos a devolver los TransMilenios a los deprimidos. Así ya podrán usar los mixtos, los carros particulares, el puente derecho. Eso va a mejorar, sin ninguna duda, la movilidad”.

El paso deprimido estaría listo en el primer trimestre de 2027

El IDU mantiene trabajos en el paso deprimido de Venecia, la ampliación de un carril de la autopista Sur y los remates de los carriles de TransMilenio.

La entidad prevé habilitar el paso deprimido durante el primer trimestre de 2027. Una vez entre en funcionamiento, los buses de TransMilenio circularán por allí en ambos sentidos, mientras el paso deprimido norte quedará para vehículos mixtos en sentido oriente-occidente.

El grupo uno de la avenida 68 comprende 2,83 kilómetros de vía, tres estaciones nuevas de TransMilenio, 1,83 kilómetros de ciclorruta, más de 63 mil metros cuadrados de espacio público y más de 23 mil metros cuadrados de zonas verdes. La obra registra un avance de 79,06%, según el comunicado del IDU.

Por su lado, estas obras iniciaron el 11 de abril de 2023 con la demolición total del puente, y en ese momento, según la Alcaldía de Bogotá, la intervención estaba prevista para seis meses dentro de las obras de la avenida 68.

La estructura, con más de 40 años, será reemplazada por dos nuevos puentes: uno con carriles exclusivos para TransMilenio y otro destinado al tráfico mixto. La obra forma parte del primer tramo de la avenida 68, alimentadora de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

Tropas de la Novena Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, ubicaron un depósito ilegal con nueve fusiles, 1.596 cartuchos y material para fabricar explosivos en zona rural de La Plata, Huila.

La operación tuvo lugar en la vereda El Patico. Según el Ejército, el material pertenecería a la compañía Juan Carlos Chilhueso Pazu, del frente Manuel Vásquez Castaño, estructura adscrita al Frente de Guerra Suroccidental del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En el depósito también fueron hallados 35 proveedores, tres iniciadores para artefactos explosivos improvisados, nueve chalecos, seis equipos de campaña, un radio de comunicaciones y prendas de uso privativo de la Fuerza Pública.

Hallaron elementos alusivos al ELN y a la estructura Dagoberto Ramos

El inventario incluyó cuatro brazaletes y tres bufandas con insignias del ELN, además de un brazalete alusivo a la estructura Dagoberto Ramos.

Entre los elementos de intendencia aparecieron ocho pantalones y diez guerreras verde oliva tipo Policía, así como cuatro pantalones y tres guerreras con camuflado tipo camaleón.

También fueron incautados cinco buzos tácticos, siete pasamontañas, seis gorras tipo pava, cuatro pañoletas, una hamaca, uniformes y otros elementos de intendencia.

La institución afirmó que el hallazgo afecta las capacidades logísticas y armadas de la estructura señalada, que tendría presencia en el área limítrofe entre Huila y Cauca.

Capturaron a cuatro presuntos integrantes de Los Mexicanos en Quibdó tras rastrear sus redes sociales

Tropas del Ejército y unidades de la Policía Nacional confirmaron la captura de cuatro presuntos integrantes de la estructura delincuencial Los Mexicanos en Quibdó, luego de una operación que fue orientada, en parte, por el seguimiento a publicaciones en redes sociales donde los investigados habrían exhibido armas de fuego.

El procedimiento se desarrolló en el barrio Uribe el 11 de noviembre de 2026, según información oficial.

Las capturas estuvieron a cargo de tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 12 Primero de Línea, con apoyo del Batallón de Fuerzas Especiales N.° 7 y el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía.

Durante la intervención hubo un intercambio de disparos entre los uniformados y presuntos integrantes de la organización. Las autoridades incautaron cuatro armas cortas calibre .38 y munición.

La Policía identificó a los capturados con los alias de Nenito, “Cocuelo”, “David” y “Cabeza”. Dos de ellos resultaron heridos en el procedimiento y fueron trasladados al Hospital San Francisco de Asís para recibir atención médica.

De acuerdo con el reporte oficial, el análisis de fotografías y videos difundidos en plataformas digitales permitió establecer la identidad de los sospechosos y orientar las labores para ubicarlos.

Autoridades investigan posibles vínculos con el ELN

El Ejército indicó que, según información preliminar, los capturados estarían relacionados con disputas por el control territorial, extorsiones y homicidios selectivos en Quibdó.

También señaló que Los Mexicanos mantendría presuntos vínculos con el frente Manuel Hernández El Boche del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esa hipótesis hace parte de las indagaciones de las autoridades.

Las operaciones se intensificaron ante los enfrentamientos entre estructuras delincuenciales en distintos sectores urbanos de Quibdó y las alertas emitidas por la comunidad. Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes para la judicialización.

Las autoridades le ponen la lupa al Chocó

Las capturas contra potenciales integrantes de estructuras armadas ilegales en el departamento se intensificaron luego de la operación militar contra un campamento del Clan del Golfo en Nóvita, Chocó, que dejó seis muertos, un capturado y la incautación de material de guerra, según el balance divulgado por el presidente Abelardo de la Espriella.

Entre los fallecidos estaría Yeison Arley García Atehortúa, alias Álex, señalado como cabecilla zonal de la subestructura Edwin Guzmán Martínez. De acuerdo con información de inteligencia citada por medios nacionales, tenía 34 años y llevaba cerca de una década en esa organización.

Alias Álex habría coordinado actividades ilegales en Istmina, Nóvita, Litoral de San Juan, Medio San Juan y Sipí. Las autoridades lo vinculaban con confrontaciones contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Farc por el control territorial y rutas del narcotráfico en el sur de Chocó.

El exministro de Vivienda Luis Felipe Henao ya asumió como nuevo gerente del Fondo Milagro, el patrimonio financiero creado por el Gobierno nacional para reunir, administrar y poner en ejecución recursos públicos y privados obtenidos para atender la reconstrucción de las áreas afectadas por el terremoto del lunes 10 de agosto de 2026.

A través de un mensaje de redes sociales, el funcionario emitió un mensaje de respuesta al presidente Abelardo de la Espriella, con el que anunció el cambio del jefe de los recursos. En este, agradeció por su designación y afirmó que su gestión se regirá “con un principio irrenunciable: trabajar sin descanso y con total transparencia, para que cada peso llegue con la mayor rapidez posible a las familias damnificadas por el terremoto”.

En su comunicación, aseguró que el equipo de la entidad tendrá “sueldos modestos y austeros”, tras la controversia que rodeó a la nómina inicial del mecanismo creado para atender a la emergencia que, además, resultó en la renuncia de Jaime Andrés Uribe Tamayo, que dejó el cargo el viernes 13 de noviembre en medio de cuestionamientos por los salarios definidos para los primeros 27 funcionarios vinculados al Fondo Milagro.

Según información divulgada por medios nacionales, la nómina inicial ascendía a cerca de $765 millones mensuales. Uribe tenía una remuneración de $39,4 millones al mes.

El presidente De la Espriella anunció que Henao tendrá la tarea de liderar y acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo.

“Nuestro trabajo será misional y estaremos entregados día y noche a las víctimas. El equipo y sus sueldos serán modestos y austeros”, afirmó Henao.

Abelardo de la Espriella solicitó la renuncia de Uribe Tamayo

El exdirector del fondo renunció a la gerencia del Fondo Milagro luego de que el presidente Abelardo De la Espriella rechazó los salarios establecidos para la nómina inicial de la entidad.

A través de una publicación, el mandatario ordenó revertir los pagos previstos para los funcionarios vinculados a través de Fiducoldex.

“Los salarios que se han anunciado para el Fondo Milagro no se compadecen con mi directiva de austeridad. No los autorizo. He ordenado revertir ese despropósito de inmediato”, escribió De la Espriella.

En particular, Uribe Tamayo devengaba $39.441.454 mensuales, de acuerdo con la respuesta entregada por el Fondo Milagro a un derecho de petición presentado por la senadora Kamelia Zuluaga.

La cifra superaba en alrededor de $8,67 millones el salario estimado para un ministro del Gobierno nacional en 2026, fijado en $30.770.246 mensuales.

Entre los pagos más altos de la estructura inicial figuraban los del secretario privado de la gerencia y el director jurídico y de contratación, con remuneraciones de $36 millones mensuales. Algunas coordinaciones tenían pagos cercanos a $33 millones.

Por tanto, el jefe de Estado confirmó que aceptó la dimisión del gerente luego de solicitarla. “Era lo correcto. Y en este gobierno hacemos lo correcto, así haya que tomar decisiones difíciles”, señaló.

De la Espriella sostuvo que su administración reconocerá y corregirá las fallas que se presenten. También advirtió que los funcionarios estarán sometidos a evaluaciones permanentes y deberán ajustarse a las directrices de austeridad.

“Aquí nadie tiene el puesto asegurado”, afirmó.

Quién es Luis Felipe Henao

Luis Felipe Henao llega a la gerencia del Fondo Milagro con experiencia en el sector público y en juntas directivas de empresas. Fue ministro de Vivienda durante el gobierno de Juan Manuel Santos, cargo al que llegó después de desempeñarse como viceministro de Vivienda.

En esa cartera supervisó la construcción y entrega de buena parte del programa de 100 mil viviendas impulsado por Germán Vargas Lleras.

Actualmente integra la Junta Directiva de Ecopetrol, donde representa a los accionistas independientes, y también hace parte de la junta de Empresas Públicas de Medellín (EPM).

Su nombramiento se produjo después de la renuncia de Jaime Andrés Uribe Tamayo, en medio de las críticas por la nómina del Fondo Milagro y el ritmo de ejecución de los recursos destinados a la reconstrucción tras el terremoto.

Conforme a la acusación, en el caso estarían involucrados directivos de la asociación de municipios, de la empresa de Desarrollo de Infraestructura Civil y Servicios Técnicos Especializados de Gestión para las Regiones (Dicitec S.E.M. S.A.S.) y a los Municipios Asociados del Altiplano del Oriente Antioqueño (Masora).

La denuncia, conocida por Infobae Colombia, sostiene que ese modelo de contratación pudo afectar recursos provenientes de multas de tránsito. Por ende, pide a las autoridades revisar comparendos que, según el denunciante, habrían sido impuestos sin cumplir todos los requisitos legales.

Ruge Cabrera afirmó que cerca de 7,5 millones de personas podrían estar afectadas por los comparendos cuestionados. De ese grupo, aseguró que unos seis millones figurarían como morosos, tendrían medidas de embargo o aparecerían en registros de cobro, mientras que alrededor de 1,5 millones ya habrían pagado las sanciones.

“No todas las fotomultas impuestas en el país son ilegales, ni cualquier conductor puede reclamar automáticamente una devolución”, aclaró el abogado.

Qué es lo que se cuestiona en los contratos entre la Federación y Dicitec sobre el modelo de comparendos

El documento llevado a la Fiscalía señala al director ejecutivo y representante legal de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro Giraldo; al gerente de Dicitec, Enrique Alfonso López Pinilla; y al director ejecutivo de Masora, Fabio Antonio Ríos Urrea.

Según la denuncia, desde Fedemunicipios se habrían celebrado al menos seis contratos con Dicitec, registrados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), por $43.181 millones. Con un contrato de 2022 y servicios de alojamiento de datos certificados por la Federación, el monto mencionado por el denunciante ascendería a cerca de $45.821 millones.

“El detrimento patrimonial inicialmente fue estimado en 98.000 millones de pesos, luego ascendió a 170.000 millones de pesos y tras otra revisión que hicimos creemos que esta cifra puede alcanzar medio billón de pesos”, dijo el denunciante.

Los contratos se relacionarían con infraestructura tecnológica, almacenamiento en la nube, alojamiento de datos, actualización del Simit y continuidad de servicios informáticos. El cuestionamiento consiste en que esos negocios habrían sido suscritos bajo contratación directa, mediante convenios o contratos interadministrativos.

Según Ruge, la empresa Dicitec habría sido presentada como una sociedad de economía mixta pese a que, según la hipótesis expuesta en el escrito, no tendría acreditados los requisitos legales para esa condición.

De la misma manera, también se advierte sobre un posible conflicto de intereses, dado que Toro Giraldo presuntamente habría participado como ordenador del gasto de la Federación y como representante de esa entidad en su condición de accionista de Dicitec.

En la denuncia se asegura que Masora tendría el 50,1% de las acciones de Dicitec, mientras que la Federación Colombiana de Municipios tendría el 5%. El resto del capital estaría en manos de sociedades privadas.

El abogado también cuestionó si Masora contó con las autorizaciones requeridas para invertir recursos públicos en la empresa. También pidió verificar la adquisición de acciones que, según el documento, pertenecieron inicialmente al municipio de Zarzal, en Valle del Cauca, así como que la eventual condición pública mayoritaria de Dicitec dependería de la participación accionaria de Masora.

Por ese motivo, solicita revisar actas, autorizaciones de concejos municipales, soportes de pago, libros de accionistas y estados financieros.

La denuncia atribuye de manera preliminar posibles conductas como interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, concierto para delinquir, falsedad documental y fraude procesal.

Un presunto subcontrato

La denuncia señala que Dicitec subcontrató con Smart Cloud International Corporation S.A.S. servicios de infraestructura tecnológica. El contrato entre la Federación Colombiana de Municipios y Dicitec habría alcanzado $25.290 millones, mientras que el subcontrato superó los $17.432 millones.

El documento también pide revisar certificaciones de experiencia emitidas a favor de Dicitec, que habrían sido utilizadas en procesos de contratación con el Senado de la República.

El caso se suma a la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordenó a la Federación restituir más de $84.752 millones a municipios y distritos por excedentes y rendimientos financieros del Simit.

El fallo precisó que la Federación puede administrar el 10% de las multas para financiar la operación del sistema, pero no apropiarse de los recursos excedentes. La suma incluye $55.445 millones por excedentes operacionales y $29.307 millones por rendimientos financieros.

La iniciativa es impulsada por conductores que otorgaron poder al abogado y cuenta, según el denunciante, con el respaldo de Conduapps y organizaciones de camioneros, motociclistas y transportadores. Los promotores habilitaron el portal SIMITDEVUÉLVEMELAPLATA.COM para reunir a posibles afectados.

Según estos reportes, el accidente ocurrió en las inmediaciones del peaje Los Cauchos, en el corredor vial entre Neiva y Campoalegre. El vehículo, identificado en algunos reportes como parte de la línea Destinos 24000, terminó sobre uno de sus costados, al parecer, tras perder el control.

Según la información confirmada por la Dirección de Tránsito y Transporyte (Ditra), la emergencia ocurrió en el kilómetro 94+750 de la vía Neiva-Garzón, dentro de la jurisdicción de Rivera.

El saldo preliminar es de seis personas muertas y 11 heridas, de acuerdo con información de testigos que presenciaron la escena, confirmada por la entidad de movilidad nacional. También se informó que entre los fallecidos habría dos menores de edad y seis adultos.

Las autoridades y los organismos de socorro atendieron a los pasajeros en el lugar.

Los pasajeros que sobrevivieron al volcamiento recibieron atención inicial en la carretera y luego fueron remitidos a distintas instituciones de salud de Neiva y Garzón.

Entre los centros que recibieron pacientes figuran las clínicas Mediláser y Emcosalud, además del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo.

En publicaciones difundidas durante las primeras horas fueron mencionados como lesionados Larios Sarmiento y Misael Mesa, ambos militares; el cantante Darlinson Quinto, conocido como DQ; y el abogado Frank Ramírez Sáenz.

El conductor del bus, de 26 años, al parecer, resultó herido y sufrió politraumatismos, de acuerdo con información divulgada por la Ditra.

Entre las versiones iniciales surgió la posibilidad de que el conductor hubiera sufrido un microsueño antes de perder el control del vehículo.

Las autoridades deberán establecer si existieron fallas mecánicas, condiciones adversas en la carretera u otros factores que incidieran en el volcamiento.

El coronel Edwin Orlando Correa Correa, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, hizo un llamado a los conductores de transporte público de pasajeros:

“Ustedes tienen una responsabilidad enorme, porque transportan vidas. No podemos permitir que el cansancio, la fatiga o un microsueño terminen convirtiéndose en una tragedia. Antes de iniciar un recorrido, deben garantizar un descanso adecuado y, si sienten sueño durante el trayecto, detenerse. Ningún horario ni compromiso está por encima de la vida”.

Colombia registró más de una muerte por hora en las vías durante el primer semestre de 2026

Entre enero y junio de 2026, 4.751 personas murieron en siniestros viales en Colombia, según cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansav). El registro equivale a un promedio de 26,2 fallecimientos diarios, es decir, más de una víctima por hora.

La cifra representa un aumento de 20% frente al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 3.959 muertes. Son 792 víctimas adicionales en 181 días. Si ese ritmo se mantuviera durante el segundo semestre, el país podría cerrar el año con cerca de 10 mil muertes en calles y carreteras.

Los motociclistas concentraron más del 70% de las muertes

Los motociclistas fueron el grupo con mayor afectación durante el primer semestre. Según los datos divulgados por las organizaciones, estuvieron involucrados en más del 70% de los siniestros fatales y registraron 693 muertes más que en el mismo lapso del año anterior.

El promedio fue de 17,2 motociclistas fallecidos cada día. Las cifras ubican a este actor vial como el principal foco de la mortalidad en las carreteras y zonas urbanas del país.

Del total de personas que murieron en las vías, 3.846 eran hombres, equivalentes al 80,9%, mientras que 905 eran mujeres.

Incluso, los datos indican que cada año mueren más de 500 niños, niñas y adolescentes en las vías del país, de acuerdo con Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red PaPaz, que también pide medidas específicas para reducir los riesgos que enfrentan los menores de edad en los desplazamientos cotidianos.

“Detrás de estas víctimas están familias y comunidades afectadas para siempre. Muchas pierden a quienes aportaban los ingresos al hogar. La siniestralidad vial es también una trampa de pobreza”, afirmó Ricardo Montezuma, director de la Fundación Ciudad Humana, citado por el medio Ecos Políticos.

Una aparente picadura de zancudo a los 10 años, que suele sanar rápido en la mayoría de los casos, se convirtió en un drama que le ha cambiado la vida al joven de 17 años Keiner José Granados Sarmiento.

Su extremidad inferior derecha comenzó a evidenciar un aumento progresivo del tamaño, con una consecuente reducción de movilidad, que ha complicado el desarrollo normal de sus actividades.

El testimonio se hizo conocido en un reportaje del canal de televisión local de Barrancabermeja, Santander, Enlace Noticias. Allí, su madre, Lady Patricia Sarmiento Mendoza, explicó qué fue lo que sucedió.

La enfermedad comenzó siete años atrás, según el relato. Durante varios años, la familia buscó atención médica ante la inflamación de su pierna, hasta que exámenes practicados en 2023 permitieron establecer el diagnóstico de filariasis linfática.

Resulta que la enfermedad le afectó los vasos linfáticos de la extremidad, situación que derivó en la conocida inflamación que le dificulta caminar, usar calzado y vestirse con prendas convencionales.

Tanto así, que Keiner cursa sus estudios de manera virtual debido a las limitaciones para desplazarse.

Las dificultades para recibir atención y medicamentos

Las contrariedades no se detienen allí. La progenitora comentó que la Entidad Promotora de Salud (EPS) Sanitas no ha podido suministrar dietilcarbamazina, uno de los medicamentos indicados para esta enfermedad, debido posible falta de disponibilidad en Colombia.

Sarmiento sostuvo que adquirió el fármaco en India con recursos propios, luego de recibir la fórmula médica.

“En la Universidad del Rosario de Bogotá le diagnosticaron que era la picadura del mosquito, filariasis linfática. Muy preocupada porque en realidad la EPS en ese entonces dijeron que no, que el medicamento no se lo podían suministrar (...) entonces por tal motivo no podían hacer nada por él. Saqué una cantidad de dinero, compré el medicamento en la India, pagué el impuesto en la India, pagué el impuesto aquí en Colombia, traje el medicamento, le di su medicina como el médico lo había ordenado. Y le dije después al cirujano vascular que le enviara un examen para verificar si aún tenía algún parásito o en realidad el medicamento le había funcionado. No, no le hicieron el examen”, testificó la mujer.

La petición al presidente Abelardo de la Espriella

La familia indicó que recibió una propuesta de atención en Ciudad de México, donde Keiner debería permanecer entre tres y cuatro meses. El plan contempla hospitalización, alimentación, vendajes, terapias y otros cuidados para disminuir la inflamación de la pierna.

A través de redes sociales, se difundió otro video en el que el joven, con una actitud esperanzadora, le pide al presidente Abelardo de la Espriella apoyo para reunir el dinero que exige su tratamiento en México:

“Presidente Abelardo De la Espriella, mírenos a nosotros los jóvenes. Yo soy un joven de 17 años que tiene metas y sueños de seguir adelante”, expresó.

Según la familia, el costo estimado del tratamiento, los exámenes, los pasajes, la estadía y los insumos necesarios asciende a cerca de $90 millones.

Para recaudar fondos, los familiares convocaron una jornada solidaria, modo “una teletón” para el 27 de noviembre de 2026 en el parque Camilo Torres de Barrancabermeja. La actividad está prevista entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m., con el objetivo de reunir apoyo de ciudadanos, empresas y organizaciones.

“Pues con la ayuda primero de Dios, todos podemos ir a hacer el tratamiento”, dijo el joven.

La familia también busca que autoridades locales y nacionales conozcan el caso y evalúen alternativas de acompañamiento médico para el adolescente.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la filariasis linfática como una enfermedad tropical desatendida provocada por parásitos que se transmiten por la picadura de mosquitos infectados. La infección puede afectar el sistema linfático y, en sus manifestaciones crónicas, ocasionar linfedema o aumento del volumen de extremidades.

La empanada de maíz y carne desmechada es una de esas preparaciones que despiertan recuerdos de la tienda de la esquina, las reuniones familiares y las tardes con ají casero. Su masa dorada y crocante guarda un relleno jugoso, lleno de sabor y con el toque tradicional de un buen guiso.

Esta versión se relaciona con la cocina de Antioquia, donde las empanadas paisas se preparan con harina de maíz amarillo, carne desmechada y fritura en aceite. En Colombia, este bocado también se disfruta como entrada, comida rápida o acompañante de un tinto.

Receta de empanada de maíz y carne desmechada

La preparación consiste en formar discos delgados con masa de maíz, rellenarlos con carne de res cocida y desmechada, cerrarlos y freírlos hasta que queden dorados. La técnica principal es la fritura profunda, que aporta una cubierta firme y crocante.

Tiempo de preparación

• Preparación activa: 45 minutos.
• Cocción de la carne: 60 minutos.
• Cocción de las empanadas: 15 minutos.
• Tiempo total estimado: 2 horas.

El tiempo puede variar según el corte de carne y el tamaño de las empanadas.

Ingredientes

1. 500 g de carne de res para desmechar.
2. 2 tazas de harina de maíz amarillo precocida.
3. 3 tazas de agua tibia.
4. 2 papas medianas.
5. 1 cebolla cabezona.
6. 2 tallos de cebolla larga.
7. 2 tomates maduros.
8. 2 dientes de ajo.
9. 1 cucharadita de comino.
10. 1 cucharadita de color o achiote.
11. 1 cucharada de cilantro picado.
12. Sal al gusto.
13. Pimienta al gusto.
14. Aceite vegetal suficiente para freír.
15. 1 cucharada de aceite para el guiso.

Cómo hacer empanada de maíz y carne desmechada, paso a paso

1. Lave la carne y póngala en una olla con suficiente agua, sal, 1 diente de ajo y la mitad de la cebolla larga.
2. Cocine a fuego medio durante 60 minutos, o hasta que la carne esté blanda y se pueda separar con facilidad.
3. Retire la carne, déjela reposar durante algunos minutos y desméchela con 2 tenedores. Reserve un poco del caldo de cocción.
4. Pele las papas y córtelas en cubos pequeños. Cocínelas en agua con sal hasta que estén blandas, sin dejar que se deshagan.
5. Para el guiso, caliente 1 cucharada de aceite en una sartén. Añada la cebolla cabezona, la cebolla larga, el tomate y el ajo finamente picados.
6. Cocine durante 8 minutos. Agregue el color, el comino, la pimienta y un poco de sal.
7. Incorpore la carne desmechada y las papas. Añada 2 cucharadas del caldo reservado si el relleno está seco.
8. Mezcle y cocine durante 5 minutos más. El relleno debe quedar húmedo, pero no líquido.
9. En un recipiente, mezcle la harina de maíz con el agua tibia y una pizca de sal. Amase hasta obtener una masa suave.
10. Deje reposar la masa durante 10 minutos. Si se agrieta, agregue 1 cucharada de agua. Si queda pegajosa, añada un poco más de harina.
11. Divida la masa en 12 porciones. Forme bolas y aplánelas entre 2 bolsas plásticas hasta obtener discos delgados.
12. Coloque 1 cucharada de relleno en el centro de cada disco. Doble la masa y presione los bordes con los dedos o con un tenedor.
13. Selle muy bien cada empanada para evitar que el relleno se salga durante la fritura.
14. Caliente abundante aceite a fuego medio-alto. Fría las empanadas por tandas durante 3 a 4 minutos, hasta que estén doradas.
15. Retírelas y escúrralas sobre papel absorbente. Sírvalas calientes con ají, suero costeño o pico de gallo.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 12 empanadas medianas, equivalentes a 6 porciones de 2 unidades.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación para 2 empanadas:

• Calorías: 430 kcal.
• Proteína: 20 g.
• Carbohidratos: 48 g.
• Grasas: 19 g.
• Fibra: 4 g.
• Sodio: 650 mg, según la cantidad de sal utilizada.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Las empanadas cocidas pueden guardarse en la nevera durante 3 días, dentro de un recipiente hermético. Para recalentarlas, use un horno, una freidora de aire o una sartén.

También puede congelarlas crudas, separadas con papel parafinado, durante 1 mes. Fríalas directamente desde el congelador, con el aceite a temperatura media, para que la masa se cocine por dentro sin quemarse por fuera.

La sesión se realizó el 12 de noviembre en el Concejo de Bogotá, con el objetivo de debatir alternativas frente a la inseguridad en la capital y la propuesta de reforzar la presencia militar. Tras la exposición del mandatario distrital, aumentaron las críticas por la distribución de los tiempos de participación.

El concejal Julián Espinosa reclamó al presidente de la corporación, Humberto “Papo” Amín, porque, según dijo, a Galán se le asignaron 30 minutos, pero su intervención se extendió por 45. Los cabildantes, en contraste, contaban con tres minutos para fijar sus posiciones.

“Nosotros también tenemos una voz acá en el cabildo, presidente, y usted no la permitió valer”, afirmó Espinosa, que anunció la presentación de una réplica formal a las declaraciones del alcalde.

Durante su intervención, Espinosa buscó controvertir las cifras sobre seguridad expuestas por el alcalde. Sin embargo, Amín le pidió concluir al superar el tiempo asignado, lo que generó un cruce de palabras en el recinto.

El concejal Juan David Quintero también cuestionó la participación de los asistentes y aseguró que no todos tuvieron las mismas posibilidades de intervenir. “La participación de este cabildo no fue para todos”, expresó.

Después de la sesión, Quintero criticó la salida de Galán y sostuvo que quedaron asuntos pendientes por discutir en torno a la seguridad de la ciudad. Espinosa, por su parte, afirmó que el alcalde presentó cifras incompletas y que se retiró cuando los concejales pretendían responderle.

“¿Cómo se le dice a un gobernante que huye del control ciudadano? ¿Demócrata? Pensé que @CarlosFGalan defendía los principios básicos de la democracia. Pero parece que la crítica solo le gusta cuando le favorece.Cuando los argumentos lo incomodan, en lugar de responder, se va.¿Bogotá Camina Segura? ¿O el alcalde le huye al debate?”, escribió.

Los reclamos continuaron después de que Galán abandonó el recinto. Ante las dificultades para mantener el orden, el presidente del Concejo advirtió que levantaría la sesión si no se recuperaba la calma.

A las 12:10 del mediodía, “Papo” Amín dio por concluido el cabildo abierto, mientras varios concejales insistían en que querían continuar con sus intervenciones.

Qué dijo el alcalde Galán

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó la propuesta de militarizar la capital y sostuvo que la inseguridad no se resolverá con soldados que sustituyan las funciones de la Policía.

El mandatario señaló que la ciudad enfrenta un problema de seguridad, aunque descartó que exista una situación de orden público que justifique la asistencia militar. “El Ejército debe apoyar a la Policía, no reemplazarla”, afirmó durante el debate, convocado por el representante José Jaime Uscátegui y el concejal Julián Uscátegui.

Galán indicó que Bogotá cuenta con unos 200 policías por cada 100.000 habitantes, una cifra inferior a la de otras ciudades colombianas. También afirmó que el Distrito busca incrementar el pie de fuerza con recursos propios y respaldo del Gobierno Nacional.

La administración mantendrá las operaciones conjuntas con la Brigada 13 del Ejército Nacional, que participa en patrullajes y acciones de control en zonas priorizadas. Según datos citados durante la sesión, en los últimos dos años y 10 meses se realizaron más de 377 acciones conjuntas con unidades militares.

La respuesta del Distrito

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila, respondió a los señalamientos y defendió la actuación del alcalde. En una publicación en X en respuesta al concejal Quintero, indicó que Galán participó en las dos jornadas del cabildo, celebradas el sábado previo y el jueves 12 de noviembre.

Según Quintero, el mandatario escuchó a los dos promotores de la iniciativa, a 39 ciudadanos y a 32 concejales. También aseguró que el alcalde respondió los argumentos planteados durante sus dos intervenciones.

“Hoy, cuando el Cabildo Abierto ya había acabado, el Alcalde salió a seguir cumpliendo su agenda en el Distrito. Sin embargo, como siempre lo hago y sin que sea una obligación, yo me quedé a escuchar a los concejales que tenían comunicaciones y varios. Esta Administración siempre ha sido y seguirá siendo demócrata, porque así es el Alcalde y es la instrucción que nos ha dado. Pero hay que ser claros con la ciudadanía: el Cabildo Abierto ya había acabado y el Alcalde estuvo presente durante toda su duración”. dijo.

La funcionaria y exministra de Educación afirmó que todas las entidades públicas deberán afrontar recortes presupuestales ante la crisis fiscal del país, en particular la JEP.

Morales intervino en la diligencia convocada para hacer seguimiento a las medidas cautelares dirigidas a proteger a quienes se acogieron al Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP).

Durante su intervención, Morales afirmó que “el Ejecutivo expidió el decreto mediante el cual quedó en firme el Presupuesto General de la Nación (PGN). Este instrumento asegurará, dentro de un marco de austeridad fiscal, los rubros destinados a la seguridad material de los firmantes de paz y sus familias. Concentramos nuestros esfuerzos en superar las fallas estructurales, señaladas por la Corte Constitucional en 2022”.

No obstante, hizo un llamado de atención al tribunal de paz, y refirió el término “petrificación en la implementación” por las sumas de dinero gastadas desde 2016.

El debate surgió después de que el magistrado Salazar le pidiera precisar su referencia a una “petrificación presupuestal”. La consejera aclaró que hablaba, efectivamente, de una “petrificación en la implementación”, concepto con el que aludió a las obligaciones derivadas del acuerdo y al margen de decisión que, según dijo, corresponde a cada gobierno.

“Lo que significa es lo que también ha dicho la Corte Constitucional, que hay una obligación durante los tres gobiernos posteriores al acuerdo final de implementarlo, pero que hay un margen de configuración de acuerdo con las políticas de cada gobierno, de acuerdo con la discrecionalidad del presidente de la República y, por supuesto, frente a la crisis fiscal que está enfrentando el país”, señaló Morales.

“Obviamente tendremos que tener la imposición de una realidad que nos compete a todos los colombianos y especialmente a las entidades públicas”, comentó.

Morales afirmó que habrá recortes para todos los programas públicos

En ese sentido, la consejera aseguró que el escenario fiscal obliga a revisar el gasto estatal. “Habrá recortes presupuestales en todos los programas; los tenemos que asumir de esa manera”, afirmó.

Morales añadió que la discusión debe acompañarse de medidas contra la corrupción, mejoras en la eficiencia administrativa y una revisión sobre el destino de los recursos comprometidos en la implementación del acuerdo.

“Se han gastado $170 billones en estos 10 años en la implementación del acuerdo”, agregó, a la vez que sostuvo que el país debe conocer cómo se ejecutaron esos recursos y definir los ajustes necesarios para los próximos años.

En ese sentido, manifestó que existen aspectos de la inversión que requieren mayor claridad. “No se podrá seguir en ese ritmo, en algunos asuntos en que quedaron líneas muy opacas sobre estos gastos que se realizaron”.

El magistrado consultó por los recursos para los esquemas de protección

Durante el intercambio, el magistrado Roberto Salazar preguntó si se mantendrían las asignaciones presupuestales para la protección de comparecientes, de acuerdo con los mandatos constitucionales y la gestión de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Morales respondió que no representa a la UNP, aunque señaló que deben existir recursos para esa tarea. “Asignaciones presupuestales tiene que haber, señor magistrado. Hay recortes, tiene que haber austeridad fiscal”, afirmó.

La consejera comisionada de paz sostuvo que aún no se conoce el alcance de los ajustes que adoptará el decreto presupuestal. Aun así, insistió en que la reducción del gasto deberá aplicarse de forma general y compensarse con “eficiencia, rigor en la gestión y transparencia”.

La audiencia de la JEP continuó con el análisis de las medidas de protección para los comparecientes y las obligaciones de las entidades estatales en la implementación del Acuerdo de Paz.

El hecho ocurrió en sentido oriente-occidente y obligó al cierre total del carril exclusivo mientras las autoridades atendían la emergencia y adelantaban las diligencias en el lugar.

De acuerdo con información preliminar, el peatón habría ingresado al corredor de TransMilenio tras saltar la separación que divide el carril exclusivo de la vía mixta. En ese momento, fue alcanzado por el vehículo en movimiento.

La versión aún requiere confirmación por parte de las autoridades competentes.

Un video tomado después del impacto recoge las reacciones de personas que estaban en el sector. Algunos testigos aseguraron que el hombre aún presentaba movimientos y pidieron atención médica inmediata. No obstante, los organismos de emergencia confirmaron que la víctima falleció en el lugar de los hechos.

El accidente mantuvo bloqueado el carril exclusivo de TransMilenio en la avenida Jiménez, una de las vías con mayor flujo de usuarios en el centro de la capital.

Las autoridades recomendaron a conductores y usuarios del sistema tomar rutas alternas mientras avanzaban los procedimientos judiciales y el retiro del cuerpo. Hasta el momento no se ha emitido la identidad de la víctima ni un pronunciamiento oficial sobre las causas del hecho.

Una persona murió en siniestro vial en la avenida Boyacá con calle 71, en Bogotá

Una persona murió en un siniestro vial registrado en la calzada central de la avenida Boyacá con calle 71, en sentido norte-sur, durante la tarde del 12 de noviembre en la localidad de Engativá, en Bogotá.

El hecho obligó al cierre de la calzada rápida y provocó congestión en uno de los corredores principales del noroccidente de la ciudad. En el lugar se observó una motocicleta involucrada, aunque las autoridades no precisaron cómo fue el accidente; tampoco la identidad de la víctima.

La Secretaría Distrital de Movilidad informó que el Grupo Guía y agentes de tránsito apoyaron los desvíos mientras las unidades de criminalística realizaban las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

La entidad pidió a los conductores tomar vías alternas ante la restricción en la avenida Boyacá. Las opciones sugeridas fueron la avenida Cali, la carrera 68 y la NQS.

Conductores y transeúntes que pasaban por el sector alertaron sobre la presencia de una motocicleta en la calzada rápida.

Las autoridades iniciaron la revisión de cámaras de seguridad del sector para establecer si hubo exceso de velocidad, invasión de carril u otro factor que haya incidido en el siniestro.

Los motociclistas concentran una parte significativa de las muertes viales en Bogotá

El caso ocurrió en medio de las alertas por la siniestralidad vial que afecta a los usuarios de motocicleta en Bogotá. De acuerdo con los datos técnicos de la Secretaría de Movilidad de Bogotá y de SaluData, este grupo representa entre el 44% y el 49% de las muertes en accidentes de tránsito en la capital.

Las motocicletas están presentes en seis de cada 10 siniestros fatales, equivalentes al 62% de los casos, según los análisis del sector. Entre el 1 de enero y el 5 de abril de 2026, las vías de la ciudad registraron 162 fallecimientos, un aumento del 13% frente al mismo periodo de 2025.

La información de SaluData indicó que los motociclistas representaron el 45,10% de las víctimas mortales de siniestros viales en 2025. Entretanto, proyecciones de la Fundación Colombia Tiene Futuro, elaboradas a partir de microdatos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), calculan un promedio anual de 255 motociclistas fallecidos en la capital.

Poco después del balance emitido por el Ejército Nacional sobre el atentado con 20 drones cargados de explosivos en contra de tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 10, que se encontraba en zona rural de la vereda Barco La Silla del municipio de Tibú, el presidente Abelardo de la Espriella emitió un pronunciamiento oficial sobre los hechos.

El mandatario confirmó la cifra de cuatro militares muertos, además de uniformados heridos, a quienes calificó como “héroes de nuestra patria”. De la misma manera, responsabilizó a “narcoterroristas” por la ofensiva contra la unidad militar.

El jefe del Gobierno expresó condolencias a los familiares de los cuatro uniformados que murieron en el ataque y también envió un mensaje a los dos militares que resultaron heridos.

“Me duele profundamente la muerte de nuestros soldados y acompaño a sus familias en este momento de dolor. A los dos militares heridos, toda nuestra solidaridad y deseos de recuperación”, señaló el dirigente.

El mensaje incluyó referencias a acciones de inteligencia, investigación y operación de la fuerza pública. De la Espriella aseguró que se debe perseguir y ubicar a los responsables del ataque.

Por ende, pidió un despliegue especial para dar con los responsables del reprochable atentado:

“¡ESTE CRIMEN NO QUEDARÁ IMPUNE! He ordenado desplegar toda la capacidad de inteligencia, investigación y operación de la Fuerza Pública para perseguirlos, ubicarlos y llevarlos ante la justicia. ¡NO HABRÁ REFUGIO PARA QUIENES ASESINAN A NUESTROS SOLDADOS, VOY POR USTEDES! ¡VAN A PAGAR CADA GOTA DE SANGRE DE NUESTROS HÉROES! ¡A nuestra Fuerza Pública se le honra defendiendo a Colombia y enfrentando sin descanso a quienes pretenden someterla mediante el terror! (sic)”, indicó en la publicación.

Una jornada violenta en el Catatumbo

El balance oficial del Ejército confirmó que el ataque con drones cargados con explosivos contra la unidad militar ocurrió el 12 de noviembre hacia las 11:00 a. m.

El Comando de la Fuerza de Tarea Vulcano confirmó que las víctimas mortales fueron el cabo segundo José Luis Sánchez Berrío y los soldados profesionales Yair Jesús Méndez Bonza, Jeiner Pineda González y Gerson Mauricio Plazas Amor.

Tras el ataque, la unidad militar activó los protocolos de reacción, evacuación y atención de urgencia para los cinco soldados heridos. La institución coordinó con la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) su extracción desde el lugar de los hechos.

En su comunicado, el Ejército cuestionó el uso de drones adaptados para el lanzamiento de explosivos contra las tropas y señaló que estas acciones vulneran el Derecho Internacional Humanitario.

En El Diamante se registró otro hecho violento con afectaciones a civiles

La información conocida también da cuenta de un ataque con drones en la vereda El Diamante, en Tibú, que dejó una persona muerta, dos heridos y daños en 16 viviendas, según denuncias de habitantes de la zona.

Ese hecho ocurrió el 10 de noviembre, dos días antes del ataque contra la unidad militar. El presidente de la Junta de Acción Comunal del sector alertó sobre las afectaciones en casas de civiles y pidió intervención del Gobierno nacional ante la repetición de ataques con explosivos en el municipio.

El representante a la Cámara por Norte de Santander, José Luis Duarte, pidió reforzar las operaciones contra los grupos armados en el Catatumbo y expresó solidaridad con las familias afectadas por los hechos de violencia.

“A todas las familias afectadas, mi solidaridad. No podemos acostumbrarnos a este dolor. Señor presidente, las acciones adelantadas hasta ahora en el Catatumbo han sido insuficientes. Nuestra tierra necesita seguridad, presencia institucional y acciones contundentes que permitan recuperar la tranquilidad. Mi tierra merece vivir en paz y no dejaré de alzar la voz por ella”, señaló.

El Ejército Nacional informó que destruyó en forma controlada un dispositivo explosivo improvisado que había sido instalado detrás de la vivienda de un líder campesino en la vereda Guaico, zona rural del municipio de Briceño, en el norte de Antioquia.

Según el reporte oficial de la Séptima División, el artefacto tenía más de 20 libras de explosivo y estaba enterrado junto a un muro exterior de la casa, en un sector cercano al patio y la cocina.

La institución atribuyó el hecho a una presunta alianza entre el Clan del Golfo y la estructura 5 de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá.

La operación se activó tras información de inteligencia militar sobre una posible acción contra el líder social y su familia. Tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7 llegaron al lugar con técnicos antiexplosivos y un canino especializado en detección de explosivos.

Tras detectar la carga, los militares retiraron a los ocupantes de la vivienda hacia un sitio seguro y aplicaron los protocolos para neutralizar el artefacto. Los técnicos desactivaron el explosivo, lo retiraron del lugar y lo destruyeron de manera controlada.

El coronel Diego Fernando Tonguino Buchelly, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7, afirmó que la intervención evitó una posible acción contra el líder campesino y su núcleo familiar.

“Este hecho estaría relacionado con la alianza criminal entre el GAO Clan del Golfo y la estructura quinta de las disidencias de alias Calarcá”, sostuvo el oficial.

Además, aseguró que las autoridades reforzaron la seguridad en la zona, donde, según dijo, las tropas neutralizaron cinco acciones terroristas contra civiles y miembros de la fuerza pública durante los últimos tres meses.

La Séptima División indicó que, en lo que va de 2026, sus unidades han destruido más de 500 dispositivos explosivos en Antioquia. Tras el hallazgo en Briceño, el Ejército anunció el fortalecimiento de las operaciones contra las redes logísticas y armadas de los grupos ilegales que operan en el norte del departamento.

Interceptaron en Anorí dos mulas que transportaban minas y explosivos, según el Ejército

Una operación militar en zona rural de Anorí, en el Nordeste de Antioquia, permitió la incautación de 100 minas antipersonal y 100 kilos de material explosivo que eran transportados en dos mulas, de acuerdo con información del Ejército Nacional.

La acción se inició tras la interceptación de una comunicación entre presuntos integrantes del frente Capitán Mauricio del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En la conversación, los interlocutores habrían acordado movilizar la carga en animales para evitar controles en los caminos veredales. La operación se conoció el 9 de noviembre de 2026.

“Coja dos o tres bestias, mónteles las yucas, mónteles las pepas”, dijo una de las voces de la grabación. Las autoridades interpretaron esos términos como una referencia a armas o explosivos.

La Séptima División del Ejército comunicó que reforzó la vigilancia en senderos rurales de Anorí después de rastrear la llamada. El operativo incluyó aeronaves no tripuladas con cámaras térmicas y patrullajes terrestres para identificar a los animales mencionados en la conversación.

Los militares localizaron a varios hombres vestidos de civil que caminaban por un camino de herradura en la vereda La Tirana. Según el reporte oficial, los individuos portaban fusiles y conducían dos mulas con carga en costales.

El Ejército informó que hubo un combate y que los presuntos integrantes del ELN se retiraron del sitio. Dos hombres habrían escapado heridos, mientras que los animales quedaron abandonados con los explosivos.

En los costales y recipientes plásticos que llevaban las mulas, las tropas encontraron 100 minas antipersonal, 50 kilos de explosivo Anfo y otros 50 kilos de pólvora negra, además de insumos que, según las autoridades, podían utilizarse en la fabricación de artefactos explosivos improvisados.

El material habría tenido como destino los caminos rurales de la zona, utilizados por campesinos, habitantes de las veredas y unidades militares. El Ejército indicó que destruyó la carga de forma controlada para evitar riesgos para la población.

Desde la Gobernación del Cesar se informó que se trata del segundo ataque contra esa infraestructura policial en menos de dos meses y que el hecho ocurrió en medio de la ofensiva de la fuerza pública contra estructuras delincuenciales que operan en el centro y sur del departamento.

En consecuencia, la Gobernación del departamento confirmó varias acciones inmediatas, entre ellas, un consejo de seguridad.

“Que quede claro: esto es la reacción criminal a la ofensiva que mantenemos contra la delincuencia en el centro y sur del Cesar, con la fuerza de tarea conjunta Urano. Estamos al frente de la situación, acompañando a nuestra fuerza pública y firmes, con carácter y valentía, defendiendo este territorio, con el acompañamiento del Presidente Abelardo De La Espriella. Aquí la institucionalidad no baja la guardia, seguimos de frente contra la delincuencia, en protección de la población civil”, fue el pronunciamiento oficial.

La entidad afirmó que el ataque constituye una respuesta de grupos ilegales a las operaciones que desarrollan las autoridades para combatir el crimen.

“Que quede claro: esto es la reacción criminal a la ofensiva que mantenemos contra la delincuencia en el centro y sur del Cesar”, expresó el comunicado de la Gobernación, que no identificó a los responsables del atentado ni informó sobre capturas.

A través de un video publicado en redes sociales, el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Emilio Esquivel López, detalló que las explosiones afectaron gravemente la infraestructura de la estación de Policía de San Roque y confirmó que los dos uniformados heridos recibieron atención tras el ataque.

Un consejo de seguridad extraordinario en Curumaní

La gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan, tiene previsto viajar a Bogotá para reunirse con funcionarios del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa, según el anuncio de la Administración departamental, con el fin de avanzar con la organización de un puesto de mando unificado en Valledupar.

En ese sentido, Esquivel López anunció que el viernes 13 de noviembre de 2026 se trasladarán a Curumaní para un consejo de seguridad con la Alcaldía, la líderes de la fuerza pública y otros representantes del Gobierno departamental.

Durante esa reunión definirán medidas administrativas y refuerzos de seguridad para proteger a la población de Curumaní, con énfasis en el corregimiento de San Roque, donde ocurrió el atentado.

Capturaron en Cesar a tres presuntos integrantes del ELN, uno de ellos señalado de operar drones con explosivos

Aunque las autoridades no han señalado explícitamente a algún grupo armado, en las últimas semanas las autoridades han realizado operativos en contra de presuntos responsables de ataques a miembros de la Policía Nacional.

El 19 de octubre del año en curso, tropas del Ejército Nacional y unidades de la Policía capturaron en Pailitas, Cesar, a tres hombres que serían integrantes del Frente Camilo Torres Restrepo del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Entre ellos figura alias el Compita, señalado por inteligencia militar de operar drones que habrían sido acondicionados para ataques contra la fuerza pública.

La operación estuvo a cargo de la Quinta Brigada del Ejército, a través del Gaula Militar Chicamocha, con apoyo de la Policía Nacional. Las capturas ocurrieron en el casco urbano de Pailitas, según la información oficial.

Alias el Compita, de aproximadamente 38 años, estaría vinculado desde hace cerca de cinco años a esa estructura armada. De acuerdo con las autoridades, integró una red de apoyo al terrorismo entre 2022 y 2024 y, durante 2025 y 2026, habría asumido tareas relacionadas con el manejo de aeronaves no tripuladas.

Las autoridades lo relacionan con ataques registrados en Curumaní, Pailitas y Pelaya, también con granadas

Información de inteligencia señala que el detenido estaría relacionado con hechos violentos ocurridos este año en el sur del Cesar. En esos ataques, según las autoridades, los grupos armados habrían usado drones adaptados con explosivos y armas de fuego contra instalaciones policiales.

Los hechos investigados se registraron en zonas urbanas y corregimientos de Curumaní, Pailitas y Pelaya. Esas acciones dejaron daños en la infraestructura de la Policía y afectaciones a integrantes de la institución, incluidos lesionados y un fallecido, de acuerdo con el reporte militar.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un dron, tres kilogramos de explosivo tipo amonal, dos granadas y elementos para activar cargas explosivas. También encontraron una pistola, un proveedor, cartuchos calibre nueve milímetros, cordón detonante, iniciadores y una gramera.

El material decomisado incluyó una granada de mortero artesanal, una granada de fragmentación, 500 gramos de marihuana, 50 gramos de pasta base de coca, banderas alusivas al ELN y varios teléfonos celulares.

Información suministrada por el Ejército Nacional indicó que el ataque habría tenido como objetivo a integrantes del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 10 (Batot 10), que se encontraban en el sector de Campo Dos, en Tibú. La acción se registró este jueves, 12 de noviembre de 2026, hacia las 11:00 a. m.

Los primeros reportes indicaron que tres militares habían resultado heridos tras la detonación de explosivos lanzados desde drones en la vereda Barco La Silla.

“Por el momento, la situación continúa en desarrollo y se está a la espera de ampliar la información sobre lo ocurrido. Una vez se obtengan nuevos datos, serán informados oportunamente”, detalló el primer balance oficial.

El ataque fue con 20 drones explosivos

De acuerdo con el comunicado oficial del Ejército, el ataque se llevó a cabo con 20 dispositivos explosivos lanzados desde aeronaves no tripuladas contra las tropas oficiales, que adelantaban operaciones de estabilidad.

Según informó el Comando de la Fuerza de Tarea Vulcano, los uniformados fallecidos son el cabo segundo José Luis Sánchez Berrío, el soldado profesional Yair Jesús Méndez Bonza, el soldado profesional Jeiner Pineda González y el soldado profesional Gerson Mauricio Plazas Amor.

Estos integrantes del Ejército murieron durante el ataque contra la unidad militar desplegada en esa zona del Catatumbo.

Tras la ofensiva, el Comando de la Fuerza de Tarea Vulcano activó los protocolos de reacción, evacuación y atención médica de urgencia para los militares afectados.

La institución indicó que estableció coordinaciones con la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) para la extracción de los cinco soldados heridos desde el área donde ocurrió el ataque.

El Ejército Nacional, además, cuestionó el empleo de drones adaptados para lanzar explosivos contra las tropas y sostuvo que este tipo de acciones infringe el Derecho Internacional Humanitario.

Otro atentado en Tibú en la misma jornada

De manera paralela, el representante a la Cámara por el departamento José Luis Duarte, reportó que en la vereda El Diamante se registró otro ataque con dron que dejó una persona muerta, dos heridas y daños en viviendas.

“Me duele profundamente lo que está pasando en el Catatumbo”, dijo. En cuanto a la suma de ataques, aseguró que, pese a que son “hechos distintos, reflejan una misma realidad y es que la violencia sigue golpeando a la población civil y a quienes cumplen su labor de protegerla”.

El congresista extendió un llamado al presidente Abelardo de la Espriella, con la solicitud de refuerzos en las operaciones en contra de los grupos armados, ya que, según el legislador norsantandereano, no han logrado contrarrestar la influencia de las estructuras armadas al margen de la ley.

“A todas las familias afectadas, mi solidaridad. No podemos acostumbrarnos a este dolor. Señor presidente, las acciones adelantadas hasta ahora en el Catatumbo han sido insuficientes. Nuestra tierra necesita seguridad, presencia institucional y acciones contundentes que permitan recuperar la tranquilidad. Mi tierra merece vivir en paz y no dejaré de alzar la voz por ella”, señaló.

Ataque con drones en Tibú dejó un muerto, dos heridos y 16 viviendas afectadas

Dos días antes, el 10 de noviembre, se reportó un ataque con drones cargados con explosivos en la vereda El Diamante, zona rural de Tibú, que dejó una persona muerta, dos heridos y daños en 16 viviendas, según denunció el presidente de la Junta de Acción Comunal del sector.

El hecho ocurrió en esta población de la región del Catatumbo, en Norte de Santander. El dirigente comunal alertó sobre las afectaciones en casas de civiles y pidió una intervención del Gobierno nacional ante la recurrencia de ataques con explosivos en el municipio.

“Hay un cuerpo después del ataque con drones y varias viviendas están destruidas; esto es bastante delicado y estamos solos”, afirmó el líder comunitario al describir la situación en El Diamante.

Tras cuatro días de búsqueda, las autoridades reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Daniel Alberto Arce, de 28 años, en la represa de Betania, en el departamento del Huila, luego de cuatro días de labores de búsqueda lideradas por organismos de socorro y autoridades locales.

El hallazgo se produjo cerca del condominio Santa Helena, en jurisdicción del municipio de Yaguará, una zona próxima al lugar donde el joven fue visto por última vez durante una celebración realizada en el embalse.

Según la información entregada por las autoridades, Arce asistió a una fiesta de cumpleaños y, en medio de la reunión, entró al agua desde un pontón. Después de ese momento no volvió a salir a la superficie.

La operación contó con el apoyo de drones del Cuerpo Oficial de Bomberos de Neiva, además de unidades de la Defensa Civil y otros organismos de socorro que se desplazaron hasta la represa.

Jorge Leonardo Chaparro, jefe encargado de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del Huila, informó que las labores concluyeron con la ubicación de un cuerpo en el embalse.

“El reporte oficial de los organismos de socorro, durante la jornada de hoy, es que fue encontrado un cuerpo en el área del embalse”, señaló Chaparro.

Hasta el lugar llegaron integrantes de la Policía Nacional y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, que realizaron los procedimientos judiciales y el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las circunstancias de la muerte de Daniel Alberto Arce. Los análisis forenses y las indagaciones permitirán establecer si el caso correspondió a un accidente o si existió otra situación que deba ser esclarecida.

La desaparición del joven había generado preocupación entre sus familiares y habitantes del sector. Sus allegados pidieron revisar las cámaras de seguridad del lugar y escuchar a quienes asistieron a la celebración.

El relato de los allegados del joven

De acuerdo con versiones conocidas durante la búsqueda por Blu Radio, existían narraciones distintas sobre lo ocurrido antes de que Arce desapareciera.

La familia sostuvo que el joven salió el pasado fin de semana hacia Yaguará y perdió contacto con ellos durante la noche. Mientras una versión oficial sitúa la desaparición el 8 de noviembre, allegados citados en reportes previos señalaron que los hechos habrían ocurrido en la madrugada del 7 de noviembre.

Según un familiar de Arce, citado por el medio, el joven salió la tarde del 7 de noviembre para encontrarse con su amigo Santiago Plazas, con quien iba a intercambiar unos medicamentos. Cerca de las 6:00 p. m., se comunicó con su novia para avisarle que iba hacia Yaguará, pero luego su familia perdió contacto con él.

Durante la noche, Daniel habría asistido a la fiesta de cumpleaños del hijo de una mujer identificada como Paula. La reunión se realizó en un pontón de la Marina Brasil, en el embalse de Betania, y allí había unas 30 personas, de acuerdo con el relato de su allegado.

Uno de los episodios que generó dudas ocurrió a la 1:49 de la madrugada del siguiente día. Plazas llamó a la novia de Daniel para preguntarle si el joven ya había llegado a su vivienda. Según la familia, durante esa conversación afirmó primero que Arce se había ido en taxi y luego indicó que recibía una llamada suya.

Poco después, hacia las 2:00 a. m., Plazas y Paula llegaron a la casa de los familiares de Daniel. “Nos dijeron que Daniel se había ahogado, pero no explicaron cómo ocurrió ni dieron más información”, relató el allegado del joven al radial.

La familia sostuvo que, cuando llegó al embalse, encontró relatos diferentes entre quienes estuvieron en la reunión. Algunos señalaron que Arce habría entrado al agua por decisión propia. Otros mencionaron una posible discusión entre Plazas y el capitán de la embarcación, además de un presunto empujón.

Por ende, los familiares pidieron a la Policía Nacional revisar las cámaras de seguridad de la zona y tomar declaración a todas las personas que asistieron a la celebración. También informaron que presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

“Que digan la verdad, es lo único que pedimos. Que la Policía investigue y revise las cámaras del lugar”, expresó el familiar, quien pidió a Santiago y Paula que entreguen información sobre las últimas horas en las que Daniel estuvo con ellos.

Una cucharada de pasta de tomate puede transformar un guiso, una sopa o un hogao en una preparación más intensa y sabrosa. Su textura espesa concentra el sabor del tomate maduro y permite aprovechar una cosecha abundante.

Aunque no es una receta originaria de Colombia, esta conserva hace parte de la tradición mediterránea, especialmente de zonas italianas como Emilia-Romaña. En la cocina colombiana funciona muy bien para reforzar salsas, arroces, estofados, sopas y preparaciones con carne.

Receta de pasta de tomate tradicional

La pasta de tomate se prepara con tomates maduros, triturados y colados para retirar pieles y semillas. Después, la pulpa se cocina a fuego bajo durante varias horas, hasta evaporar buena parte del agua y obtener una crema espesa, de color rojo oscuro y sabor concentrado.

Tiempo de preparación

• Tiempo activo: 25 minutos.
• Tiempo de cocción: 4 horas, aproximadamente.
• Tiempo total: 4 horas y 25 minutos.

El tiempo puede variar según la cantidad de agua de los tomates y el grosor de la olla.

Ingredientes

1. 3,5 kg de tomates maduros y carnosos, preferiblemente tipo pera, chonto o Roma.
2. 10 g de sal, opcional.
3. 15 ml de aceite de oliva, opcional.
4. Agua, solo la necesaria para escaldar los tomates.

Cómo hacer pasta de tomate tradicional, paso a paso

1. Lave muy bien los tomates y retire el tallo. Deseche las piezas golpeadas, con moho o con partes dañadas.
2. Haga un corte en forma de cruz en la parte inferior de cada tomate. Este corte facilita retirar la piel después de la cocción.
3. Caliente una olla con agua. Cuando hierva, sumerja los tomates durante 1 o 2 minutos, hasta que la piel empiece a abrirse.
4. Retire los tomates con una espumadera y páselos a un recipiente con agua fría. Espere unos minutos.
5. Quite la piel y corte los tomates en cuartos. Retire el tallo y la mayor parte de las semillas.
6. Ponga los tomates en una olla amplia. Cocínelos a fuego medio durante 20 a 30 minutos, hasta que se ablanden por completo.
7. Triture los tomates con una licuadora, un procesador o un prensapuré.
8. Pase la mezcla por un colador fino. Presione con una cuchara para separar la pulpa de las semillas y los restos de piel.
9. Regrese la pulpa a una olla ancha. Añada la sal y el aceite de oliva, si decide utilizarlos.
10. Cocine a fuego bajo durante 3 a 4 horas. Revuelva con frecuencia a medida que la mezcla espese.
11. Use una olla amplia y de fondo grueso. Así se evapora el agua con mayor facilidad y se reduce el riesgo de que la pasta se pegue.
12. Baje el fuego cuando la mezcla esté muy espesa. En esta etapa puede quemarse con rapidez.
13. La pasta estará lista cuando tenga una textura firme, brillante y concentrada. Al pasar una espátula por el fondo, el surco debe permanecer abierto durante unos segundos.
14. Deje enfriar por completo. Guarde la pasta en frascos limpios y herméticos, o distribúyala en cubetas de hielo para congelarla en porciones pequeñas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta cantidad rinde cerca de 30 cucharadas de pasta de tomate, según el nivel de reducción y el tipo de tomate utilizado.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación para 1 cucharada de pasta de tomate:

• Calorías: 28 kcal.
• Carbohidratos: 6 g.
• Proteína: 1 g.
• Grasa: 0,5 g, aproximadamente.
• Fibra: 1 g.
• Sodio: depende de la cantidad de sal añadida.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En la nevera, la pasta de tomate puede conservarse entre 5 y 7 días dentro de un recipiente hermético.

Para prolongar su duración, congélela en cucharadas o cubos pequeños. Luego pase las porciones a una bolsa para congelador. De esta manera puede utilizar solo la cantidad necesaria para un guiso, una sopa o un hogao.

La pasta congelada puede conservarse entre 6 y 12 meses. Descongele únicamente la porción que vaya a utilizar y no vuelva a congelar un producto que ya haya sido descongelado.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó que llamó a ocho antiguos integrantes del Ejército Nacional a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio contra la Unión Patriótica (UP), cometidos en Bogotá entre 1985 y 1993.

La decisión hace parte de los Casos 06 y 08 de la JEP, en los que la Sala de Reconocimiento de Verdad concluyó que antiguos miembros del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (Coico), posteriormente Brigada XX, participaron en dos patrones criminales y que la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dinte) conoció los hechos investigados.

El primer patrón incluyó presuntas estigmatizaciones, seguimientos, amenazas y asesinatos contra dirigentes y militantes del partido de izquierda. El segundo comprendió detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos de integrantes del M-19, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Farc-EP, quienes, de acuerdo con la información del tribunal, fueron atacados cuando estaban fuera de combate.

La JEP determinó 14 hechos con 18 víctimas en el caso de la UP y 13 hechos con 15 víctimas en el patrón dirigido contra integrantes de las organizaciones insurgentes.

Un presunto aparato clandestino dentro de la inteligencia militar

El Auto de Determinación de Hechos y Conductas SUB I-L 002, emitido el 10 de noviembre de 2026, señaló que las unidades de inteligencia estratégica recogían información sobre personas previamente definidas como blancos, realizaban monitoreos y coordinaban operaciones clandestinas.

“La COE realizó seguimientos, vigilancias y controles sobre personas identificadas como blancos. En varios casos, esas actividades desembocaron en privaciones de la libertad, interrogatorios bajo tortura, desapariciones forzadas y homicidios”.

La investigación se apoyó en 23 versiones voluntarias de antiguos integrantes de inteligencia militar, nueve declaraciones bajo juramento, 17 expedientes de la justicia ordinaria, penal militar y disciplinaria, además de archivos de la Brigada XX. La Sala también escuchó a 37 víctimas en julio de 2026.

Sobre la Unión Patriótica, la JEP concluyó que la inteligencia militar contribuyó a reproducir el señalamiento que vinculaba al partido legal con las Farc-EP. La providencia precisa que la violencia contra la colectividad no se atribuye de forma exclusiva a la Brigada XX, pues también habrían participado grupos paramilitares, integrantes del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), miembros de la Policía y otras unidades militares.

Fueron seleccionados como máximos responsables

La Sala seleccionó como máximos responsables a los sargentos mayores retirados Luis Guillermo Hernández González y Mauricio Angarita; los sargentos viceprimeros retirados Julio Roberto Ortega Araque y Bernardo Alfonso Garzón Garzón; el coronel retirado Carlos Armando Mejía Lobo; el teniente coronel retirado Camilo Pulecio Tovar; el coronel retirado Óscar Diego Sánchez Vélez; y el brigadier general retirado Álvaro Hernán Velandia Hurtado.

Hernández González y Angarita deberán responder, según la JEP, por homicidio, tortura y violación como crímenes de guerra, además de asesinato, tortura, violación, deportación y desaparición forzada como crímenes de lesa humanidad.

Sánchez Vélez y Velandia Hurtado fueron llamados a responder, entre otros cargos, por genocidio contra la Unión Patriótica. La JEP estableció que Sánchez Vélez contribuyó a mecanismos de estigmatización contra integrantes de ese partido, mientras que Velandia Hurtado habría conocido y consentido crímenes cometidos por subordinados contra personas insurgentes.

La Sala remitió de forma temprana al general retirado Iván Ramírez Quintero a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. El tribunal sostuvo que tomó esa decisión por su presunta participación determinante en ambos patrones y por su negativa a aportar verdad plena.

Deberán entregar información sobre personas desaparecidas

La providencia también ordenó a los ocho exmilitares presentar, en un plazo de 15 días hábiles, un plan con información para contribuir a la búsqueda, localización, identificación y entrega digna de las personas desaparecidas.

La Sala identificó 10 víctimas de desaparición forzada en los hechos investigados, de las cuales cinco continúan desaparecidas, según el comunicado. El plan deberá aportar datos sobre lugares, rutas, unidades, personas que puedan conocer los hechos y posibles sitios de inhumación.

Los comparecientes tienen el mismo plazo para comunicar si reconocen verdad y responsabilidad o si controvierten las conclusiones de la Sala. Si reconocen los hechos y realizan aportes suficientes a la verdad, la JEP podrá remitir una resolución de conclusiones al Tribunal para la Paz para definir sanciones restaurativas.

En el balance, el jefe del Distrito caleño aseguró que, durante los primeros 90 días, ya se demolieron 20 de los 85 edificios previstos y que están en marcha “cinco frentes de trabajo activos”.

El alcalde informó que se estructura un programa de apoyo de $50 millones por familia para la compra de una vivienda nueva. La iniciativa estará dirigida a 700 hogares que, según el censo oficial, perdieron de manera definitiva sus inmuebles tras la emergencia.

El mandatario señaló que la medida busca ayudar a las familias cuyas viviendas colapsaron o debieron ser demolidas por los daños detectados en las inspecciones técnicas.

“Ya están las familias identificadas. Ya tenemos un primer recurso para hacer un programa de solución de viviendas”, afirmó durante una rueda de prensa.

Eder indicó que el aporte económico pretende cubrir parte del cierre financiero que requieren los beneficiarios para adquirir una nueva vivienda. También anticipó que la administración espera anunciar los resultados de la estructuración del programa durante la próxima semana.

El alcalde informó que ya se realizaron dos de los tres pagos mensuales de ayuda económica a 21 mil damnificados que cumplieron los requisitos para recibir el beneficio. “El tercero debe estar saliendo la semana entrante”, indicó Eder.

El mandatario pidió a la ciudadanía mantener la unidad durante la fase de reconstrucción. “La reconstrucción va a ser larga y hoy más que nunca los caleños tenemos que permanecer unidos”, afirmó.

Cali ha demolido 20 de 85 edificios autorizados

A tres meses de la emergencia, la ciudad ha demolido 20 de los 85 edificios autorizados para derribo, según el reporte entregado por el alcalde. Actualmente hay cinco frentes de trabajo públicos activos, financiados o coordinados por la Alcaldía de Cali y el Fondo Milagro.

También comenzaron tres demoliciones a cargo de propietarios privados. Entre ellas, Eder mencionó las obras en el Hotel La Luna y el colegio Gonzaga.

El alcalde explicó que el apoyo público para las demoliciones se dirige a propietarios sin seguros o a casos con daños extremos. Los inmuebles asegurados pueden adelantar esos procedimientos con los recursos de las pólizas.

“Esto tarda semanas, esto no es de la noche a la mañana”, expresó el mandatario al referirse a la demolición de un edificio en el barrio Bretaña.

La Alcaldía también reportó que la emergencia afectó cerca de 14 mil edificios y viviendas en distintos sectores de Cali. De ese total, los equipos técnicos ya han revisado más de 10 mil estructuras.

Según Eder, más de 1.200 inmuebles permanecen con sello rojo, una señal que identifica restricciones de uso por las condiciones de seguridad. El alcalde estimó que el número de edificaciones que requerirán demolición podría aumentar de 85 a 120.

Luz verde para el decreto de emergencia económica: los recursos deberán girarse directamente a las ciudades afectadas

Mientras tanto, la Corte Constitucional avaló el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretado tras el terremoto del 10 de agosto de 2026, aunque impuso límites para que los recursos y medidas extraordinarias se destinen únicamente a atender los daños derivados del sismo.

La Sentencia C-366 de 2026 estableció que la emergencia solo aplicará en los municipios con afectaciones comprobadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. El Gobierno deberá demostrar, con soporte técnico, cualquier extensión de las medidas a otras localidades.

El tribunal también prohibió usar la declaratoria para atender problemas previos al terremoto, financiar el déficit fiscal o ejecutar gastos que no estén relacionados directamente con la emergencia.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público tendrá 20 días hábiles, contados desde la publicación del comunicado de la decisión, para recalcular el costo de la emergencia y las adiciones presupuestales necesarias.

Durante la jornada del 11 de noviembre de 2026 se aprobó en el Concejo de Puerto Gaitán, Meta, el Proyecto de Acuerdo No. 032 de 2026, “por medio del cual se autoriza al alcalde municipal —Luis Cesar Pérez Gaitán— la adquisición de un predio destinado a la construcción de la ciudadela universitaria del municipio”.

Aunque a primera vista, esta novedad parece positiva en favor de la educación pública de los jóvenes de este municipio llanero, algunos de sus cabildantes han presentado ponencias negativas en contra de la compra del lote de nueve hectáreas por un valor de referencia de $12.870 millones.

En diálogo con Infobae Colombia, miembros del Concejo advirtieron archivar la iniciativa al advertir vacíos en la estructuración del proyecto, el avalúo, la financiación y las condiciones jurídicas del inmueble.

La propuesta contempla la compra del Lote 3, identificado con la matrícula inmobiliaria 234-34060, cuyo propietario actual es Infinite Computer S.A.S.

Quienes se oponen al proyecto indican que, con tres enmiendas al proyecto de acuerdo, es “la tercera vez que la administración lo presenta este mismo año. La primera vez fue en mayo, en unas sesiones extraordinarias. La misma administración lo retiró por inconveniencia. La segunda vez fue en un periodo ordinario entre junio y julio. Y esta vez fue aprobado”, dijo una fuente del Concejo municipal.

Este medio conoció documentos que indican que el valor señalado corresponde al avalúo comercial realizado en julio de 2026 por Quantum Avalúos S.A.S. y no incluye costos notariales, registrales ni tributarios.

La ponencia cuestiona la diferencia entre la última venta y el avalúo comercial

Uno de los principales reparos se concentra en el aumento del valor del terreno. De acuerdo con los soportes documentales, Tecnogen Semillas S.A.S. vendió el predio a Infinite Computer S.A.S. el 4 de noviembre de 2025 por $180 millones, mediante la escritura pública 4052 de la Notaría Segunda de Villavicencio.

Ocho meses después, el avalúo comercial fijó el valor del mismo lote en $12.870 millones. La diferencia equivale a 71,5 veces el precio registrado en la operación anterior.

Los cabildantes que piden que se archive el proyecto de compra indican que una variación de esa magnitud no prueba, por sí sola, una irregularidad. Sin embargo, plantean que el municipio debe contar con una explicación técnica verificable antes de comprometer recursos públicos.

“No hay un estudio técnico en ninguno de los documentos que soporte que eso sea la necesidad del municipio; adicional, tampoco hay ningún convenio que garantice el funcionamiento. Este proyecto solamente solicita la autorización de la compra”.

También han cuestionado los referentes utilizados en el avalúo. Según el testimonio de una de las fuentes, los comparables incluidos corresponderían a predios de menor tamaño, lotes urbanos y el anuncio de venta de una vivienda, mientras que el lote objeto de compra tiene 90.000 metros cuadrados y se ubica en suelo suburbano.

El proyecto de la Ciudadela Universitaria sigue en formulación

La fuente también le dijo a este medio —en las enmiendas conocidas por Infobae Colombia figura la información— que el municipio pretende comprar el predio antes de completar los estudios de preinversión, demanda estudiantil, movilidad, costos de construcción y sostenibilidad de la futura infraestructura.

El Plan de Desarrollo Municipal contempla una política pública de educación superior, estudios y diseños de la Ciudadela Universitaria, construcción y dotación. No obstante, la ponencia señala que el plan plurianual no incluyó una meta o rubro específico para la adquisición del terreno.

La certificación de la Secretaría de Planeación, según la documentación revisada por la concejala, indica que el proyecto se encuentra en etapa de “formulación y estructuración”.

Los cabildantes también cuestionan la falta de un compromiso formal de una institución de educación superior que opere la Ciudadela.

Lo que piden quienes se oponen al proyecto de compra es que el alcalde presente nuevamente la iniciativa solo después de acreditar, entre otros requisitos, los estudios de demanda y preinversión, un operador universitario comprometido, un avalúo de contraste, acceso vial jurídicamente consolidado, viabilidad definitiva de uso del suelo y una fuente de financiación certificada.

También piden citar a los secretarios de Planeación, Hacienda y Jurídica para que respondan sobre el estado de los estudios, las alternativas de predios evaluadas, los criterios del avalúo, el acceso al lote y la disponibilidad de recursos de regalías.

Puerto Gaitán no tiene un POT actualizado

Mientras tanto, indican que el concepto de uso del suelo del Lote 3 lo ubica en suelo suburbano y mantiene el resultado de “consulta” para los usos dotacionales que no estén contemplados dentro de la categoría rural de desarrollo restringido.

La fuente le dijo a este medio que el certificado de tradición registra, además, servidumbres relacionadas con energía eléctrica, acueducto y alcantarillado. La ponencia pide establecer si esas limitaciones afectan las nueve hectáreas que pretende adquirir el municipio y si fueron consideradas en el avalúo.

“El municipio actualmente no cuenta con un esquema de ordenamiento territorial actualizado. Tenemos el del 2009, que, pues, eso es proyectado 12 años. Adicionalmente, por la categoría del municipio, ya mereces un plan básico de ordenamiento territorial, no un esquema de ordenamiento territorial, que es lo que tenemos actualmente. Entonces, la ubicación del predio no se ha determinado o su uso es un uso rural”, dijo.

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia confirmó que abrió una indagación previa contra los excongresistas Sandra Ramírez y Luis Alberto Albán Urbano, conocido como “Marcos Calarcá”, por los señalamientos que los relacionan con el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

La actuación se encuentra en una fase preliminar, por lo que busca establecer si existen elementos que justifiquen la apertura de una investigación formal.

La indagación no implica una imputación ni una conclusión sobre la responsabilidad penal de los exintegrantes del partido Comunes. No obstante, la apertura de la indagación se produjo después de las denuncias de María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, sobre una posible conexión de personas cercanas a la antigua guerrilla de las Farc con la planeación del crimen, pero desde el Congreso de la República.

El 19 de octubre de 2026 se conocieron estas declaraciones de la esposa del senador, que pronunció en una entrevista con Noticias Caracol: “Dice la información que la orden salió del Congreso, y pues no podemos olvidar que en el Congreso estaban militantes de las Farc”.

En esa oportunidad, Tarazona afirmó que la Fiscalía habría recibido información sobre Enrique Marulanda, a quien ella identificó como hijo biológico de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, y como hijo de crianza de Sandra Ramírez. Según su versión, Marulanda estaría a cargo de una mina ilegal en Vaupés o Guainía que pertenecería a alias John 40, integrante de la Segunda Marquetalia.

La viuda del senador sostuvo que esa información podría tener relación con la planeación del asesinato. En cuanto a los investigados, Albán fue representante a la Cámara por Comunes y participó como negociador de las Farc en los diálogos de La Habana.

Ramírez fue senadora por ese partido y tiene fuero ante la Corte Suprema por hechos que se habrían producido durante su periodo como congresista.

La JEP solicitó información a la Corte sobre Sandra Ramírez

De forma paralela, se conoció que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitó a la Corte Suprema de Justicia información sobre una posible participación o conocimiento de la exsenadora Sandra Ramírez en el magnicidio.

La Sala de Reconocimiento de Verdad pidió establecer si la exintegrante del partido Comunes aparece incluida en las actuaciones judiciales relacionadas con el asesinato y si existen documentos, diligencias o elementos de información que la vinculen con los hechos.

La solicitud no implica que la JEP haya establecido responsabilidad penal de Ramírez. En cambio, el propósito es verificar los señalamientos conocidos y determinar si podrían tener incidencia sobre las obligaciones que asumió al acogerse a la justicia transicional.

En ese sentido, la magistrada Lily Rueda Guzmán requirió a la Corte Suprema que informe si Ramírez está comprendida en la compulsa de copias que remitió la Fiscalía General de la Nación el 21 de octubre de 2026.

El despacho también pidió precisar si existen investigaciones, actuaciones procesales o elementos que relacionen a la excongresista con el homicidio de Uribe Turbay, cometido en 2025.

La Corte Suprema cuenta con tres días hábiles para remitir la información solicitada por la justicia transicional. La JEP evaluará luego el material y definirá si debe adoptar nuevas decisiones.

La JEP revisará los compromisos adquiridos por la exsenadora en 2017

El tribunal también revisa el régimen de condicionalidad de Sandra Ramírez, que firmó el 4 de diciembre de 2017 el acta de compromiso para acceder a los beneficios del sistema de justicia transicional.

Entre las obligaciones adquiridas figuran la dejación de armas, el aporte a la verdad, la contribución a la reparación de las víctimas y el compromiso de no reincidir en la comisión de delitos.

Ramírez tiene pendiente, además, una versión voluntaria dentro del Caso 07 de la JEP, que investiga el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes, así como otras violencias cometidas contra ellos en las filas de las antiguas Farc.

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) anunció que iniciará una intervención para formalizar predios rurales en Natagaima y San Luis, dos de los municipios de Tolima que resultaron más afectados por los incendios forestales que consumieron más de 31.000 hectáreas en el departamento desde agosto de 2026.

La entidad aseguró que el Gobierno nacional implementó estas acciones en aras de la seguridad jurídica de las familias campesinas que perdieron cultivos y parte de sus medios de subsistencia durante la emergencia.

El proceso contempla la identificación de quienes ocupan y trabajan los terrenos, la revisión de su situación legal y el avance de trámites para reconocer sus derechos sobre la tierra.

De acuerdo con la información oficial de la ANT, la priorización de ambos municipios hace parte de la estrategia que lidera su directora, Lina María Garrido, con el fin de concentrar la atención en las zonas rurales con mayores afectaciones y resolver situaciones relacionadas con la tenencia de predios.

Las autoridades conocieron que las llamas afectaron principalmente el área del municipio de San Luis, donde el fuego consumió más de 4.370 hectáreas.

En Natagaima, por su lado, las llamas llegaron a zonas de bosque seco, vegetación y cultivos de los que dependen familias rurales. La entidad sostuvo que la formalización puede facilitar el acceso de los propietarios y ocupantes a programas estatales de apoyo, créditos y asistencia técnica.

La intervención se desarrollará a través de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (Pospr), una herramienta con la que la ANT busca establecer la situación jurídica de los predios y de las personas que los ocupan o trabajan.

De la misma manera, en la entidad confirmaron que, a lo largo de noviembre, equipos oficiales realizarán vuelos con drones sobre las veredas El Puño y Contreras, en Natagaima, para obtener imágenes de alta resolución que servirán para identificar las características de los terrenos y apoyar el levantamiento de información predial y avanzar en los procesos de formalización de la propiedad rural en esta zona del departamento.

La entidad también acordó con las autoridades locales una ruta de trabajo para formalizar predios públicos utilizados por las comunidades. Entre ellos figuran terrenos donde funcionan escuelas rurales, puestos de salud y sedes comunitarias cuya situación legal requiere definición.

En el mismo municipio, la Agencia dará prioridad a la Ruta Étnica y adelantará acciones concertadas con los 29 resguardos indígenas constituidos en el municipio.

El proceso deberá tener en cuenta a las autoridades tradicionales, la autonomía y las formas de organización de los pueblos indígenas, según precisó la entidad.

Gobernación del Tolima coordina una ruta para prevenir incendios forestales y recuperar zonas afectadas

El 9 de noviembre de 2026, la Gobernación del Tolima lideró una mesa de trabajo con entidades ambientales como Cortolima Corporación Autónoma, organismos de socorro, autoridades y academia para definir acciones de prevención, atención y recuperación frente a los incendios forestales en el departamento.

En el encuentro participaron el Instituto Humboldt, los cuerpos de bomberos, la Universidad del Tolima, la Policía Nacional y organismos de gestión del riesgo. La agenda busca mejorar la coordinación ante emergencias y fortalecer la protección de los ecosistemas.

Entre las medidas en evaluación figura una estrategia de Pago por Servicios Ambientales (PSA) para incentivar la conservación y restauración de predios privados.

También se proyecta la elaboración de un mapa de áreas de importancia ecosistémica, con el fin de identificar y priorizar los bosques de mayor valor ecológico en el territorio.

Las entidades destacaron que la participación de las comunidades será necesaria para incorporar conocimientos locales y definir medidas de protección de los ecosistemas.

Corte Constitucional dio luz verde al Decreto Legislativo 1261 del 19 de agosto de 2026, por el cual se declara “el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por grave calamidad pública en parte del territorio nacional”.

El máximo órgano constitucional declaró exequible, es decir, ajustada a la Constitución, la iniciativa del gobierno de Abelardo de la Espriella, que fue decretada tras el terremoto del 10 de agosto de 2026.

No obstante, de acuerdo con la información suministrada por el alto tribunal, se condicionó su aplicación para impedir que los efectos del decreto se usen en asuntos sin relación directa con los daños y necesidades derivados del sismo de magnitud 7,4 que dejó graves afectaciones en ciudades como Cali, Pereira y Manizales.

La decisión quedó consignada en la Sentencia C-366 de 2026, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González. La Sala Plena aprobó la determinación con siete votos a favor y uno en contra parcialmente.

El tribunal revisó tanto el Decreto 1261 del 19 de agosto —con el que se declaró la emergencia en parte del territorio nacional— como el Decreto 1348 del 31 de agosto, que modificó su ámbito territorial.

Las condiciones de la Corte Constitucional

La institución avaló el artículo primero del decreto, aunque precisó que la medida se aplicará únicamente en los municipios que aparezcan con afectaciones en el Reporte Situacional N.º 054 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), como consecuencia del terremoto y de sus réplicas.

También podrá extenderse a otros municipios de los departamentos incluidos en la declaratoria, pero el Gobierno deberá demostrar, con soporte técnico de esa entidad, que existió una afectación concreta ligada al fenómeno natural.

Con ello, la Corte restringió la posibilidad de aplicar las facultades extraordinarias de manera general en los territorios incluidos inicialmente por el Ejecutivo.

El Gobierno tampoco podrá usar la declaratoria para resolver problemas previos al terremoto

La Sala Plena estableció que el estado de emergencia no habilita medidas estructurales ni decisiones destinadas a resolver problemas anteriores al sismo del 10 de agosto.

Entre los asuntos que quedaron expresamente excluidos se encuentra la situación del sistema penitenciario y carcelario. Incluso, la Corte también limitó las medidas de reconstrucción: es decir, que el Ejecutivo deberá probar que los mecanismos ordinarios son insuficientes y que las decisiones guardan una relación directa y estrecha con la etapa de rehabilitación.

Según el tribunal, las medidas excepcionales deberán buscar el restablecimiento de las condiciones de vida, la infraestructura, los servicios y las actividades socioeconómicas afectadas, sin repetir las condiciones de riesgo existentes antes de la emergencia.

Además, se condicionaron las facultades de financiación extraordinaria. Los recursos obtenidos bajo el estado de excepción no podrán destinarse a gastos ajenos a la emergencia ni al pago del déficit fiscal.

Por ende, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público deberá recalcular el costo de la emergencia y las adiciones presupuestales requeridas dentro de los 20 días hábiles siguientes a la publicación del comunicado de la decisión.

Las entidades facultadas para ordenar gasto deberán justificar, mediante actos administrativos, por qué no pueden acudir a mecanismos ordinarios de financiación. Esa exigencia también se aplicará a los recursos que aún no hayan sido comprometidos o ejecutados.

La Corte ordenó al Gobierno coordinar con las entidades territoriales afectadas la distribución de responsabilidades financieras y garantizar que los recursos transferidos se destinen de forma directa a las medidas de emergencia.

Los recursos deberán tener un mecanismo separado de seguimiento

También se estipuló que el Gobierno tendrá que establecer un mecanismo independiente para administrar y ejecutar los recursos recaudados al amparo de la emergencia, separado de otras fuentes de financiación.

La medida busca que los organismos de control tengan información permanente sobre los compromisos adquiridos y el destino de los recursos. El requisito también cobijará los dineros que aún no tengan una destinación comprometida o ejecutada.

La Corte ordenó que las decisiones legislativas que se adopten durante la emergencia tengan en cuenta las particularidades de las poblaciones afectadas, con criterios diferenciales y especial atención a personas en condición de vulnerabilidad.

Finalmente, el tribunal exhortó al presidente Abelardo de la Espriella, como conductor del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a adoptar y ejecutar el plan de acción específico para la recuperación previsto en el Decreto 1171 de 2026.

Ese plan deberá contemplar una programación plurianual de recursos para las labores de rehabilitación y reconstrucción. La Corte también pidió mantener el régimen especial previsto en la Ley 1523 de 2012 mientras se ejecutan esas tareas.

El operativo estuvo a cargo de la Décima Quinta Brigada, a través del Batallón de Infantería Liviana N.º 12 Primero de Línea, con apoyo de la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros. También participaron la Policía Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana.

La información suministrada en exclusiva a Infobae Colombia indicó que la intervención alcanzó 30 unidades de producción minera que estarían vinculadas con las economías ilícitas de la subestructura Jhon Fredy Orejuela del Clan del Golfo.

Desde la institución se informó que el planeamiento de la intervención se apoyó en reconocimientos con drones. Las tropas inhabilitaron 30 dragas artesanales tipo buzo y 31 motores que habrían sido empleados para extraer oro de manera ilícito.

El teniente coronel José Gregorio Robayo Campo, comandante del Batallón de Infantería Liviana N.º 12 Primero de Línea, explicó que las unidades intervenidas estaban ubicadas en el sector de Cabí.

Según las estimaciones oficiales, la maquinaria tenía un valor aproximado de $453 millones. La institución señaló que el mineral extraído habría generado ingresos cercanos a $18.000 millones mensuales para la estructura criminal.

El Ejército atribuyó los equipos a las finanzas del Clan del Golfo y les adjudicó un serio daño ambiental

Las autoridades militares vincularon las ganancias potenciales de la actividad con el financiamiento de la subestructura Jhon Fredy Orejuela, que hace parte del Clan del Golfo.

“Los recursos presuntamente alimentarían las economías criminales del Clan del Golfo”, sostuvo Robayo Campo al referirse a la capacidad de producción que tendrían las dragas y los motores intervenidos.

El comandante agregó que la fuerza pública mantendrá las acciones contra estas actividades en el departamento. “Continuamos golpeando las economías ilegales de estos grupos armados y desarrollando acciones para proteger la riqueza natural de este territorio”, señaló.

El Ejército afirmó que la explotación ilícita de yacimientos mineros con dragas y maquinaria pesada altera los cauces de los ríos, remueve sedimentos y afecta los ecosistemas acuáticos.

La institución agregó que esa actividad puede deteriorar la calidad del agua y afectar la biodiversidad y los recursos naturales de los que dependen las comunidades de Chocó.

Ejército desmanteló tres complejos de minería ilegal en Nariño con capacidad para extraer más de 10 kilos de oro al mes

El Ejército Nacional informó a finales de septiembre que otro de los operativos más importantes resultó en el desmantelamiento de tres complejos de minería ilegal en Nariño que tenían capacidad para extraer más de 10.400 gramos de oro mensuales, durante operaciones desarrolladas en Magüí Payán, Barbacoas y la subregión del Telembí.

La Tercera División indicó que las instalaciones intervenidas en el Pacífico nariñense estaban avaluadas en más de $1.800 millones. Según los cálculos oficiales, la infraestructura permitía una producción superior a 10 kilos de oro cada mes.

Las autoridades relacionaron la actividad con las fuentes de financiación de organizaciones armadas que tienen presencia en zonas rurales del departamento. La minería ilícita figura entre las economías ilegales que, según la fuerza pública, aportan recursos para mantener el control territorial y las operaciones de grupos armados.

El Ejército reportó además que el 25 de agosto la Fuerza de Tarea Hércules había inhabilitado otras tres unidades de producción minera ilegal en Barbacoas, Nariño.

En ese procedimiento, las autoridades estimaron que la infraestructura podía producir 3.600 gramos de oro mensuales y que estaba relacionada con las finanzas de la estructura Ariel Aldana, de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

La operación se produjo luego de labores de inteligencia y de la recopilación de registros fotográficos que permitieron ubicar los puntos de extracción ilegal, de acuerdo con la información entregada por la institución.

La nueva presidenta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Luz Stella Murgas, respondió al mensaje de felicitación del presidente Abelardo de la Espriella tras su nombramiento.

En su pronunciamiento, explicó que su gestión requerirá de una sostenida coordinación entre el sector público y el privado para fortalecer la inversión, el empleo y el crecimiento económico.

Murgas agradeció las palabras del jefe de Estado y destacó el rol de los empresarios en la generación de oportunidades: “Presidente, gracias por sus palabras. La Andi representa a un empresariado comprometido con Colombia, que invierte, genera empleo y crea oportunidades para millones de personas”.

La dirigente empresarial expresó que la cooperación entre el Gobierno y las compañías puede aportar a la recuperación de la confianza y al dinamismo económico.

“Estoy convencida de que el país avanza cuando sector público y sector privado suman capacidades para fortalecer la confianza, dinamizar la inversión y acelerar el crecimiento”, señaló la presidenta de la Andi

También indicó que ese trabajo debe tener como objetivo generar bienestar, ampliar las oportunidades y mejorar las condiciones de vida de la población. “Seguimos construyendo país”, concluyó Murgas.

En un mensaje anterior, dijo que asumió el nuevo cargo con “responsabilidad, con profundo respeto por la historia de la Andi y por el camino construido bajo el liderazgo de @BruceMacMaster. Sobre esos cimientos, corresponde seguir fortaleciendo una voz empresarial capaz de aportar, dialogar, generar confianza y contribuir a las grandes decisiones que necesita Colombia”.

“Gracias a quienes han sido parte de este camino. Recibo este reto con humildad, convicción y la certeza de que los grandes logros se construyen colectivamente”, dijo.

Abelardo de la Espriella pidió un sector empresarial fuerte

El mensaje de Murgas fue una respuesta a la felicitación pública del presidente Abelardo de la Espriella, quien le deseó éxitos en su nueva responsabilidad al frente del gremio.

El mandatario, alineado con Murgas, pidió de la Andi que estimule un sector empresarial que impulse la inversión, cree puestos de trabajo y contribuya al crecimiento de la economía nacional. “Confío en que, trabajando juntos, el sector público y el privado podremos construir un país de mayores oportunidades y prosperidad para todos los colombianos”, escribió el presidente.

Luz Stella Murgas pidió que el alza del salario mínimo proteja el empleo y tenga bases técnicas

La nueva presidenta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia también fijó su posición inicial frente a dos debates que concentrarán la atención del sector productivo: el aumento del salario mínimo y la Ley de Rescate que avanza en el Congreso.

Murgas señaló, en diálogo con el medio económico Valora Analitik, que la definición del incremento salarial debe responder a dos objetivos: elevar los ingresos de los trabajadores y preservar las fuentes de empleo. Según sostuvo en declaraciones a Blu Radio, la discusión debe atender los indicadores de inflación y productividad.

“La discusión sobre el salario mínimo tiene que girar sobre esos dos principios, pero, por supuesto, siguiendo los lineamientos y los criterios que se han determinado en cuanto a los indicadores de IPC y también de productividad”, afirmó la dirigente gremial.

La presidenta de la Andi evitó anticipar una cifra para el aumento. Explicó que el gremio mantiene conversaciones internas antes de adoptar una postura y recordó que la decisión exige una concertación con otros sectores.

También planteó que el debate no debería agotarse en el porcentaje final de ajuste. A su juicio, la discusión debe incorporar las consecuencias de esa decisión sobre la contratación de trabajadores y la capacidad competitiva de las empresas.

“El debate no puede solamente limitarse a cuánto sube el salario, sino también cómo logramos que los ingresos crezcan sin comprometer las oportunidades de empleo de los colombianos”, expresó.

La dirigente afirmó que mejores remuneraciones y competitividad empresarial deben formar parte de una misma discusión. “Todos queremos mejores salarios, pero también queremos mayor competitividad”, agregó.

La nueva presidenta del gremio también se refirió al proyecto conocido como Ley de Rescate, que tramita en el Congreso de la República y ha sido presentado como una reforma de reajuste fiscal.

Murgas consideró que la convesación sobre los salarios y la iniciativa tributaria deben abordarse con criterios técnicos y prudencia. “Colombia necesita una reflexión que sea técnica, prudente y responsable sobre las decisiones salariales”.

El arroz con leche es de esos postres que saben a casa, a tardes frías y a reuniones familiares. Su textura cremosa, el aroma de la canela y el dulzor de la leche lo convierten en una preparación sencilla, económica y reconfortante.

En Colombia, este postre hace parte de la tradición dulce de la región Andina, donde suele servirse después de las comidas o durante las celebraciones familiares. La gastronomía andina reconoce el arroz con leche como uno de sus postres más representativos, junto con la natilla, las brevas con arequipe y la cuajada con melao.

La mezcla se consolidó en el país dentro de las costumbres culinarias heredadas de la época colonial. En Europa, este postre ya se consumía, incluso en el mundo anglo, con la receta del rice pudding. Pero con el paso del tiempo, la receta se incorporó a la cocina casera y se convirtió en una preparación asociada con las reuniones familiares y los sabores de antaño de numerosos países.

En Colombia, el arroz con leche hace parte de los llamados dulces de leche, junto con la natilla, el manjar blanco, el arequipe y el postre de natas. Aunque existen versiones parecidas en distintos países, cada región adapta la receta según sus ingredientes y costumbres

Receta de arroz con leche y canela

El arroz con leche y canela es un postre de textura cremosa que se prepara con arroz de grano corto, leche, azúcar y especias aromáticas. La técnica principal consiste en cocinar el arroz a fuego bajo y revolver con frecuencia para que libere su almidón y espese la mezcla.

Tiempo de preparación

• Preparación: 10 minutos.
• Cocción: 50 minutos.
• Tiempo total: 1 hora.

Ingredientes

1. 1 litro de leche entera.
2. 150 g de arroz blanco de grano corto.
3. 100 g de azúcar.
4. 2 ramas de canela.
5. 1 trozo de cáscara de limón, sin la parte blanca.
6. 25 g de mantequilla sin sal.
7. Canela en polvo para decorar.
8. Leche caliente adicional, si se necesita ajustar la textura.

Cómo hacer arroz con leche y canela, paso a paso

1. Vierta la leche en una olla de fondo grueso.
2. Agregue las ramas de canela y la cáscara de limón.
3. Caliente a fuego medio hasta que la leche empiece a hervir.
4. Añada el arroz y baje el fuego al mínimo.
5. Cocine durante 40 a 50 minutos. Revuelva con frecuencia para evitar que el arroz se pegue al fondo.
6. Revise la textura. El grano debe quedar muy tierno y la mezcla debe verse cremosa, aunque todavía un poco suelta.
7. Retire las ramas de canela y la cáscara de limón.
8. Incorpore el azúcar y la mantequilla.
9. Cocine durante 5 minutos más a fuego bajo. Revuelva de manera constante para integrar los ingredientes.
10. Si el arroz con leche queda demasiado espeso, agregue un poco de leche caliente y mezcle.
11. Sirva en recipientes individuales.
12. Espolvoree canela en polvo por encima. Puede servirlo caliente, tibio o frío.

Consejo técnico: No deje de revolver durante la cocción. El arroz libera almidón y puede adherirse rápidamente al fondo de la olla.

Consejo técnico: Retire la preparación del fuego cuando todavía esté un poco más líquida de lo deseado. Al enfriarse, continuará espesando.

Consejo técnico: Use leche caliente para corregir la textura. La leche fría puede cortar el ritmo de cocción y afectar la cremosidad.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta preparación rinde 6 porciones de aproximadamente 200 g cada una.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

• Calorías: 284 kcal.
• Carbohidratos: 43 g.
• Proteínas: 7 g.
• Grasas: 9 g.
• Azúcares: 25 g.
• Fibra: 1 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El arroz con leche puede conservarse en la nevera durante 3 días, siempre que se guarde en un recipiente hermético.

Antes de refrigerarlo, déjelo enfriar durante algunos minutos. Cubra la superficie para evitar que se forme una capa seca.

Si adquiere una textura muy espesa, agregue un chorrito de leche y caliéntelo a fuego bajo. También puede consumirse frío directamente desde la nevera.

No se recomienda dejarlo a temperatura ambiente durante más de 2 horas, especialmente en climas cálidos.

El costo de habitar en algunos barrios de Medellín se ha vuelto tan caro, que la capital antioqueña ya figura en listados de ciudades caras para vivir, a los niveles de urbes globales como Nueva York, Tokio, Paris o Londres, que suelen los metros cuadrados más costosos del planeta.

Un estudio de la plataforma Keia, enfocada en crear experiencias digitales para potenciar a los vendedores inmobiliarios, especialmente en etapa de preventa, publicó datos sopresivos sobre la tendencia de precios en la adquisición de propiedades en varias ciudades del mundo.

Diego Barocio, CEO de la empresa, publicó en su cuenta de LinkedIn un listado en el que figuraron Medellín y Bogotá, las dos ciudades que tienen precios más competitivos en el mercado inmobiliario colombiano.

“Todos dicen que comprar depa en Nueva York es imposible. Pero un neoyorquino necesita menos años de sueldo que alguien en Bogotá, Lima o Guadalajara.El precio por m² no te dice qué tan difícil es comprar.Lo que importa es cuántos años de sueldo te cuesta”, dijo.

En el análisis de las cifras de asequibilidad se ubicó a Medellín como la segunda ciudad de su muestra internacional donde más años de ingresos familiares se necesitan para adquirir un inmueble de ese tamaño. Solo Río de Janeiro, con 22,1 años, registró una relación más alta entre el precio de la vivienda y los salarios.

El indicador supera los registrados en París, con 17 años; Londres, con 16,7; Tokio, con 16; y Bogotá, con 16,2 años. La comparación no implica que los inmuebles de Medellín tengan precios absolutos más altos que los de esas ciudades, sino que el valor de las propiedades representa una carga mayor frente a los ingresos locales.

“Y ahí el mapa se voltea: En Río de Janeiro, un depa de 90 m² cuesta 22 años de ingreso familiar.En Medellín, más de 19. En Guadalajara y Monterrey, más de 16. En Nueva York, 10.9. En Miami, 6″, dijo.

Sobre los costos, aseguró que se trata de promedios entre barrios con metrajes más costosos y cifras aproximadas —obtenidas de fuentes como Numbeo y el Property Prices Index 2026-Mid-Year—.

“Las 11 ciudades latinoamericanas de la lista están por encima de Nueva York. Sí, ya sé .No es lo mismo Polanco que Iztapalapa. Ni Las Condes que Puente Alto. Ni Leblon que la Zona Norte de Río. Ni Manhattan que el Bronx. Es el promedio de cada ciudad, mezclando zonas caras y accesibles .Pero el promedio dice mucho de qué tan lejos está una familia normal de comprar”, aseguró.

En otra gráfica publicada en días anteriores, el empresario comparó el porcentaje del ingreso familiar que representa la mensualidad de un apartamento promedio en distintos países, así como la cantidad de años de salario que se necesitarían para cubrir su valor total.

Argentina registró la mayor proporción, con una mensualidad equivalente al 755% del ingreso familiar y un costo de 12 años de sueldo. En Colombia, la cuota representó el 203% de los ingresos familiares, mientras que el precio del inmueble equivalió a 14,9 años de salario.

Le siguieron Brasil, con el 184 % y 14,7 años de sueldo; Perú, con el 167 % y 14,7 años; México, con el 166 % y 13 años; Ecuador, con el 133 % y 11,3 años; Panamá, con el 129 % y 14,7 años; y Chile, con el 125 % y 15,6 años.

El metro cuadrado en arriendo pasó de $15.851 a $53.812 desde 2014 en Medellín

Especialmente en barrios como El Poblado, una de las zonas de mayor valor inmobiliario de Medellín, este valor aumentó a un ritmo superior al de los ingresos de los hogares.

Entre 2022 y julio de 2026, el arriendo por metro cuadrado subió 57,5% en términos reales, mientras que la compra de un apartamento de 90 metros cuadrados requiere el equivalente a 19,4 años de salario familiar neto.

Los registros del Observatorio Inmobiliario Catastral de Medellín muestran que el valor mensual del metro cuadrado en arriendo en El Poblado pasó de $15.851 en 2014 a $53.812 en julio de 2026. Para un apartamento de 90 metros cuadrados, esa variación equivale a un canon cercano a $4,84 millones mensuales, frente a unos $1,43 millones doce años atrás.

En términos nominales, el alza fue de 239%. Una vez descontada la inflación, el incremento real acumulado llegó a 76,2%. La mayor aceleración ocurrió en los últimos cuatro años: entre 2014 y 2022, el valor real del metro cuadrado aumentó 11,9%, mientras que entre 2022 y julio de 2026 el salto fue de 57,5%.

La base analizada reúne 15.677 observaciones de inmuebles entre enero de 2014 y julio de 2026, de las cuales 8.066 corresponden a propiedades en arriendo y 7.611 a inmuebles en venta.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) publicó un informe en el que concluyó que el Estado colombiano vulneró las garantías judiciales y los derechos políticos del exsenador y exembajador de Colombia ante la OEA Luis Alfonso Hoyos, cuya pérdida de investidura en 2001 implicó una inhabilitación permanente para aspirar a cargos de elección popular.

El organismo recomendó a Colombia dejar sin efecto esa sanción, otorgar una reparación material e inmaterial y adoptar medidas que eviten la repetición de hechos similares. La decisión consta en el Informe 233/25, aprobado el 29 de septiembre de 2025 y notificado al Estado el 9 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el informe, se estableció que Colombia incumplió disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relacionadas con las garantías judiciales, los derechos políticos, la igualdad ante la ley y la protección judicial.

El informe se refiere a la pérdida de investidura que dictó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado contra Luis Alfonso Hoyos en 2001, ratificada por la Sala Plena del Consejo de Estado el 11 de octubre de 2006.

La pérdida de investidura se ordenó cuando Hoyos era candidato a la gobernación del departamento de Caldas.

La sanción se originó en un proceso por una presunta violación al régimen de incompatibilidades, vinculada con gestiones presupuestales. La defensa del entonces dirigente político acudió al sistema interamericano el 25 de febrero de 2002, un año después de la decisión judicial.

Según la información de la Cidh, la recomendación al Estado colombiano es levantar la inhabilidad perpetua para ocupar cargos de elección popular y otorgar una compensación económica. El documento también planteó medidas de no repetición dentro del ordenamiento jurídico colombiano.

El Estado debe informar en dos meses qué medidas adoptará

La notificación del informe abrió un plazo de dos meses para que el Estado colombiano informe a la Cidh sobre las medidas que adoptará frente a las recomendaciones. Ese término vence el 9 de enero de 2027, si se cuenta desde la comunicación oficial del 9 de noviembre de 2026.

El caso tuvo una tramitación de casi 25 años ante el sistema interamericano. La Cidh celebró una audiencia pública en octubre de 2022 y aprobó su informe de fondo tres años después, el 29 de septiembre de 2025.

La comunicación formal a Colombia ocurrió más de 13 meses después de esa aprobación.

La determinación corresponde a la Cidh, no a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ello, el documento formula recomendaciones al Estado y establece un proceso de seguimiento sobre su cumplimiento.

El perfil de Hoyos Aristizabal

Oriundo de Pensilvania, Caldas, Hoyos estudió Derecho en la Universidad del Rosario, cursó una maestría en Administración en la Universidad de los Andes y realizó estudios de Ciencia Política en La Sorbona, en París.

Inició su trayectoria como concejal de su municipio y, posteriormente, llegó a la Cámara de Representantes por Caldas en 1991. Tres años más tarde fue elegido senador.

Hoyos Aristizábal tuvo una carrera política y administrativa que incluyó su paso por la dirección de Acción Social y la dirección del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), además de los cargos mencionados.

Luego de salir del Sena, Hoyos se vinculó a la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga como asesor espiritual. Renunció el 7 de mayo de 2014, días antes de la primera vuelta electoral, en medio de la controversia por el caso de Andrés Fernando Sepúlveda.

La Fiscalía había capturado a Sepúlveda, contratista de la campaña, por presuntas interceptaciones ilegales de comunicaciones y acceso a plataformas informáticas del Gobierno. Ese mismo día, Noticias RCN divulgó imágenes en las que Hoyos aparecía con Sepúlveda en el canal, donde el contratista presentó información contra la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos.

También fue mencionado en indagaciones derivadas de las declaraciones de la excongresista Yidis Medina sobre una presunta entrega de cargos burocráticos a cambio de respaldar la reelección presidencial.

El senador Alfredo Deluque cuestionó que la Fiscalía General de la Nación, liderada por Luz Adriana Camargo, hubiera apartado a la fiscal Fabiola Alexandra Obando Rodríguez del expediente por la muerte de Kevin Arley Acosta, el menor con hemofilia que falleció el 13 de febrero de 2026 a la espera de un medicamento y atención médica oportuna.

El congresista afirmó que la decisión se tomó cuando la funcionaria ya había solicitado imputaciones dentro del caso, con la adición de que, como sostuvo y reiteró en su mensaje de inconformidad, Obando sería la única fiscal especializada en derecho médico en Colombia.

Efectivamente, según la información del ente de control, la fiscal Fabiola Alexandra Obando es especialista en derecho y nuevas tecnologías sobre la vida. De acuerdo con el senador, la funcionaria fue trasladada a la unidad de Infancia y Adolescencia sin que se conocieran las razones de su salida de una investigación que calificó como de relevancia nacional.

Los detalles de las imputaciones por homicidio culposo solicitadas por la fiscal Obando

El funcionario legislativo indicó que, en el punto en el que iba la investigación, se había conocido que la fiscal Obando también pidió formular imputación por el delito de homicidio culposo contra el médico que atendió al menor, el interventor de la Nueva EPS, quienes estaban a cargo de la cohorte de pacientes con enfermedades como la hemofilia y el auditor de concurrencia.

La investigación busca establecer responsabilidades individuales por las presuntas fallas en la atención que pudieron incidir en el fallecimiento de Kevin Acosta.

De hecho, la Procuraduría General de la Nación había concluido que la Nueva EPS no garantizó de manera oportuna el suministro del medicamento requerido por el niño y remitió el caso a las autoridades competentes.

Deluque también recordó que la fiscal “también tuvo la valentía” de compulsar copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se examinara una eventual responsabilidad del entonces presidente Gustavo Petro por la muerte del menor “por los delitos de homicidio culposo y por haber filtrado la historia médica del menor, sin autorización de su familia”.

“¿Alguien podría explicar por qué retiran de una investigación tan sensible a una fiscal con especialidad específica, cuando las indagaciones estaban tan avanzadas?”, escribió Deluque, antes de pedir a la Fiscalía aclarar las razones del traslado y precisar si la medida afectará la continuidad del proceso.

La Fiscalía respondió sobre el caso del menor que conmocionó a Colombia

Por su lado, la Fiscalía General de la Nación, en diálogo con Infobae Colombia, confirmó que, efectivamente, la Dirección Seccional Bogotá “realizó una variación del titular del despacho fiscal que adelanta la investigación por la muerte del menor de edad que sufría de hemofilia”.

“La decisión obedeció a situaciones administrativas, debido a que la funcionaria Fabiola Alexandra Obando Rodríguez allegó certificaciones médicas sobre su estado de salud, a las cuales se les debía dar estricto cumplimiento”, dijo una de las personas delegadas.

Indicaron que el caso sigue bajo el conocimiento de una nueva fiscal, “quien asumió la investigación en el estado en que se encontraba al momento del cambio, sin que esta situación interna genere contratiempos en el avance de la misma”.

Segundo traslado de funcionaria: la familia de Kevin Acosta también se pronunció por traslado de otra fiscal

Cuatro días atrás, los abogados de la familia de Kevin Acosta pidieron explicaciones a la Fiscalía por el traslado de otra fiscal, Diana Constanza Urriago Fajardo, que adelantaba actuaciones relacionadas con la muerte del niño.

La decisión quedó formalizada en la Resolución 20330-03416 del 4 de noviembre de 2026. Urriago fue trasladada desde la Fiscalía 308 de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes a la Fiscalía 51 de la Unidad de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal.

El cambio se conoció el 5 de noviembre de 2026 y despertó preocupación entre los representantes de las víctimas porque ocurrió después de que la funcionaria también compulsara copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se examinara la posible responsabilidad del expresidente Petro.

Wilson Ruiz pidió que el traslado no afecte la independencia de la investigación

El exministro de Justicia Wilson Ruiz, abogado de la familia, sostuvo que la Fiscalía debe garantizar la continuidad de las diligencias y preservar la autonomía del proceso.

“Cuando está de por medio la muerte de un menor de edad y el derecho de una familia a conocer la verdad, cualquier decisión que pueda incidir en el curso de la investigación debe estar acompañada de explicaciones claras”, señaló la defensa en un comunicado.

Ruiz afirmó que ninguna decisión administrativa puede convertirse en un obstáculo para esclarecer los hechos, establecer responsabilidades y garantizar los derechos de las víctimas. También planteó interrogantes por el momento en que se produjo el traslado de la fiscal.

Luego de más de cinco décadas de espera, la Gobernación de Casanare inició el proyecto para pavimentar más de 15 kilómetros entre el cruce de Guanapalo y Orocué, un corredor que durante las temporadas de lluvia puede convertir un trayecto corto en un recorrido de hasta seis horas.

La intervención tendrá una inversión de $127.873 millones, financiada con recursos de regalías, y un plazo de ejecución de 24 meses. La administración departamental prevé que la obra esté terminada antes de finalizar 2028.

El proyecto figura entre las iniciativas presentadas ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad) Regional Llanos. La vía conecta a Orocué con Yopal y permite el transporte de alimentos, medicamentos, mercancías e insumos agrícolas que luego continúan hacia poblaciones de Meta y Vichada a través del río Meta.

Orocué es un municipio de Casanare ubicado a orillas del mencionado cuerpo hídrico que conserva una parte de la memoria de José Eustasio Rivera y de la gestación de su obra cumbre.

Cuenta la historia que el escritor huilense llegó al pueblo en 1918, recién graduado de abogado, para asumir un litigio. Permaneció allí cerca de dos años, alojado en la casa de la familia Amézquita; mientras recorría las calles, escuchaba relatos de sus habitantes y observaba una región marcada entonces por el comercio fluvial y la llegada de viajeros de distintos lugares. El contacto con los paisajes llaneros, el río Meta y las historias locales alimentó la imaginación de Rivera.

El barro y las inundaciones han condicionado la movilidad por décadas

Lo difícil de este territorio es que, en época de invierno, vehículos de carga, buses y automotores particulares enfrentan dificultades para cruzar el tramo. El barro ha dejado atrapados a camiones con víveres, productos agrícolas y mercancías, mientras que en verano el polvo afecta a quienes transitan en motocicleta.

La principal dificultad técnica está en que buena parte del trazado cruza una sabana inundable. Por ello, el proyecto requiere terraplenes elevados y el traslado de materiales de base y subbase desde otros puntos de la región, un factor que ha elevado los costos y retrasado históricamente la pavimentación.

Para enfrentar las lluvias, la obra incluirá 53 alcantarillas nuevas y dos estructuras tipo box culvert, destinadas a permitir el drenaje y reducir el impacto de las inundaciones sobre la carretera.

La carretera es utilizada por productores de ganado, pescado, palma, arroz, maíz y yuca, además de comerciantes y empresas vinculadas a la industria de hidrocarburos. La intervención también beneficiará a comunidades indígenas del resguardo El Duya.

La expectativa de los productores es reducir los gastos de combustible, mantenimiento y transporte, así como evitar pérdidas por retrasos en el traslado de cosechas y otros productos.

El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, señaló que el proyecto abrirá oportunidades para el campo y la actividad económica local: “Esta obra traerá mejores oportunidades para nuestros campesinos, impulsará el desarrollo agroindustrial y empresarial, fortalecerá el turismo y la hotelería”.

La mejora del acceso terrestre también apunta a fortalecer la actividad turística de Orocué, municipio asociado al paso de José Eustasio Rivera. La antigua casa donde se hospedó fue convertida en la Casa Museo Cuna de La vorágine, que conserva muebles y objetos asociados con su estadía, además de recrear el espacio en el que trabajó.

El municipio cuenta con sabanas, humedales y actividades de avistamiento de fauna en el río Meta, donde habitan toninas. Entre los atractivos figura el Bioparque Wisirare, que desarrolla acciones de conservación del caimán llanero y recibe a viajeros, investigadores y estudiantes.

La Gobernación espera que una conexión más estable favorezca a los sectores hotelero, gastronómico, comercial y de guías turísticos, además de mejorar la movilidad cotidiana de las comunidades que dependen de esta vía.

El segundo mandatario rechazó las afirmaciones según las cuales los programas estarían dirigidos únicamente a personas con altos recursos económicos.

“Circularon comentarios e información falsa que aseguraban que eran solo para quienes tienen dinero”, escribió en sus redes sociales. Incluso, publicó algunos, en los que se leyó: “Puras becas para niños ricos”; “¡Solo pueden aplicar los estratos 5 y 6″; “Y para los pobres nada”.

El vicepresidente sostuvo que las convocatorias están abiertas al mérito, el talento y la capacidad académica de los aspirantes, sin consideración de su procedencia socioeconómica. Además, difundió un video con testimonios de beneficiarios de programas de formación internacional para defender que las becas han llegado a personas de distintos orígenes socioeconómicos.

Entre ellos, una egresada de una maestría en Traducción e Interpretación en Sídney, Australia, que aseguró pertenecer al estrato dos y que ahora se desempeña como docente del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).

“Hay muchas personas que con su talento, con su mérito, logran ese resultado”, afirmó Restrepo.

Beneficiarios relataron sus experiencias de formación en Australia y Reino Unido

Otro de los jóvenes que participó en la grabación se presentó como habitante de Soacha, Cundinamarca, e hijo de una madre cabeza de hogar que trabaja como maestra. Según relató Restrepo, viajará en febrero de 2027 a Sídney (Australia) para cursar una maestría en ciencias mentales.

Un tercer beneficiario contó que fue el primero de su familia en ingresar a la universidad y en salir del país. También afirmó que cursó una maestría en Desarrollo Económico en la prestigiosa London School of Economics.

En el video divulgado por el vicepresidente se anunció una nueva convocatoria de Colfuturo, con condiciones que, según el Gobierno, ofrecerán más accesibilidad y mayor potencial para que personas de menores recursos accedan a programas de educación superior en el exterior.

Restrepo señaló que el Ejecutivo, Colfuturo y Minciencias multiplicaron por tres las oportunidades disponibles para maestrías y doctorados internacionales.

El vicepresidente invitó a los interesados a postularse a las convocatorias y aseguró que el propósito del programa Talento ColombIA es “ampliar las oportunidades” de formación para colombianos que aspiren a cursar estudios de alto nivel fuera del país.

Gobierno reactivó alianza con Colfuturo y proyectó cerca de 3.000 becas de posgrado para 2027

El Gobierno nacional anunció el 2 de octubre de 2026 la reactivación de la alianza con Colfuturo, que contará con USD 25 millones para financiar las cohortes de 2026 y 2027 del Programa Crédito Beca. La proyección oficial contempla seleccionar cerca de 3.000 profesionales en 2027 para que cursen maestrías y doctorados en el exterior.

La medida fue presentada el 2 de octubre por el vicepresidente José Manuel Restrepo y la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Claudia Benavides Salazar, como parte de Talento ColombIA. Según el anuncio, la convocatoria de 2027 triplicaría el número de beneficiarios previstos para 2026.

Los recursos provienen de cartera recuperada y de rendimientos financieros de convenios anteriores administrados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. El acuerdo busca ampliar el acceso a formación avanzada en áreas relacionadas con ciencia, tecnología e innovación.

La convocatoria para la cohorte de 2027 abrirá el 4 de enero y cerrará el 4 de marzo del siguiente año. El proceso de selección será anónimo y tendrá como criterio la excelencia académica, de acuerdo con la información divulgada por el Gobierno.

Los seleccionados accederán a una beca equivalente al 25% del crédito y a bonos condonables adicionales de hasta 40%. De esa forma, el programa prevé una condonación total de hasta 65%, conforme a las condiciones aplicables a cada beneficiario.

Una comisión especial del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) capturó en Cúcuta (Norte de Santander) al empresario identificado como Arbey Duque, en medio de una investigación por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, según información conocida este martes 10 de noviembre de 2026.

De acuerdo con los reportes preliminares, el empresario fue trasladado al búnker de la Fiscalía General de la Nación de la capital norsantandereana bajo custodia de la Policía Nacional.

La orden contra Duque habría sido emitida desde Bogotá, según la información divulgada por Blu Radio. Las primeras versiones señalan que el procedimiento se relaciona con una investigación por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Además, las autoridades estarían investigando varios hechos en los que estaría involucrado el empresario.

Arvey Duque es conocido por sus actividades empresariales en Cúcuta

El empresario es reconocido en la ciudad por el café Arduvi, un establecimiento que vincula laboralmente a jóvenes en condición de discapacidad, y por una red de compañías entre las que figura Empaquetadora del Norte.

Información conocida por la cadena radial indica que, en los últimos días, se conocieron denuncias de personas que aseguraron haber invertido recursos en un proyecto de refinería previsto para el departamento de Norte de Santander y que manifestaron haber sido estafadas.

Incluso, desde el medio se señaló que en la ciudad circulan versiones según las cuales Arvey Duque habría construido parte de su capital con recursos procedentes de Venezuela y tendría relaciones con el chavismo. También afirmó que se le ha relacionado, de forma presunta, con grupos vinculados a las disidencias de las Farc.

Ninguna de esas versiones fue oficialmente comunicada por la Fiscalía ni la Policía Nacional. No obstante, se conoció que el empresario fue mencionado en un video que circuló durante una campaña electoral y que se hizo viral en redes sociales.

En la grabación aparece el veedor ciudadano José Botello, que fue candidato al Congreso, en una conversación con alias Richard, señalado como financiador del frente 33 de las Farc.

Conforme al informe periodístico, en ese video alias Richard habla de una supuesta entrega de $200 millones para la campaña al Senado de José Botello y menciona a un tercero que, según esa versión, sería Arbey Duque. La conversación aludiría a un posible envío de recursos a través del empresario.

Aun así, la captura y los señalamientos son objeto de indagación por parte de las autoridades, y se desconoce si esa grabación integra el caso que motivó la captura de Duque.

Otros detalles del perfil de Avey Duque

Según su propia página web, es un empresario vinculado al sector agroindustrial de Norte de Santander. Fundó la Comercializadora Internacional Empaquetadora del Norte S.A.S. BIC, dedicada a la comercialización de aceites vegetales y registrada como empresa de beneficio e interés colectivo.

Desde esa compañía impulsa Refinorte, un proyecto de complejo agroindustrial para la refinación de aceites comestibles en el municipio de El Zulia. De acuerdo con su presentación institucional, la iniciativa contempla la creación de 2.500 empleos y busca posicionarse como una plataforma de integración productiva entre Colombia y Venezuela.

En marzo de 2026, Colombia y Venezuela acordaron avanzar en la creación de la Zona Franca Permanente Especial Agroindustrial Refinorte, según la información divulgada en su perfil institucional. El proyecto aparece como uno de los ejes de la apuesta empresarial de Duque en la región de frontera.

Duque también preside la Corporación de Empresarios e Industriales de Norte de Santander (Corpoindustrial), una organización desde la que representa posiciones del sector productivo en asuntos como seguridad, formalización empresarial y desarrollo económico fronterizo.

Según la misma reseña institucional, Duque recibió en 2025 un reconocimiento como Embajador de Paz por parte de Naciones Unidas.

El senador Enrique Gómez reaccionó al anuncio del expresidente Gustavo Petro de relegar su cuenta de X y trasladar su comunicación principal a WhatsApp.

Para el dirigente, la decisión “no es un triunfo” para quienes cuestionan al exmandatario, sino una “jugada calculada” para ampliar, según él, su alcance digital, en especial, en medio el complejo escenario que enfrente el dirigente progresista de cara a las denuncias de los “sexocontratos”.

Por eso, aunque entre los opositores del expresidente pueda haber mensajes de alegría por su eventual ausencia en una de las redes sociales con mayor agitación y opinión, Gómez ve una estrategia de comunicación.

“Petro anuncia que se va de X y muchos celebran, pero no caigan en la trampa”, escribió.

El senador, de hecho, cuestionó la explicación dada por Petro, que sostuvo que la plataforma restringe “la irradiación del pensamiento progresista” por “su afinidad a la extrema derecha con algoritmos que expanden el odio que la razón y la democracia, limita la difusión de ideas progresistas y favorece a la extrema derecha mediante sus algoritmos”. En cambio, Gómez explicó que el cambio responde, según su concepto, a una razón de alcance y estrategia comunicativa.

“X solo llega al 38,6% de la población, mientras que WhatsApp alcanza al 93,1%”, afirmó. Incluso, el congresista agregó que los canales de la aplicación de mensajería tienen una característica que, según él, limita el debate público: la comunicación es unidireccional y los usuarios no pueden responder directamente a las publicaciones.

La información úblicada por el legislador conservador fue tomada de la compañía de investigación de mercados Global Web Index (GWI), que durante el segundo trimestre de 2026 usó datos recopilados por DataReportal, We Are Social y Meltwater.

La medición corresponde al porcentaje de usuarios de internet mayores de 16 años que utilizaron cada plataforma al menos una vez durante el mes anterior. En Colombia, WhatsApp fue la plataforma de redes sociales más utilizada en octubre de 2026, con el 93,1% de los usuarios de internet mayores de 16 años que afirmaron haberla utilizado al menos una vez durante el último mes. Le siguieron Facebook, con el 86,2%; Instagram, con el 82,6%; TikTok, con el 76%; YouTube, con el 64,7%; y Messenger, con el 57,3%.

Otras plataformas registraron los siguientes porcentajes de uso: Telegram, 46,9%; Pinterest, 43,8%; X, 38,6%; LinkedIn, 27,8%; Threads, 18,4%; Snapchat, 15,3%; iMessage, 12,1%; Discord, 10,1%, y Reddit, 9%.

Pese a esta advertencia, el senador aclaró que no objeta por sí mismo el uso de los canales de WhatsApp y señaló que él también tiene uno. No obstante, cuestionó que Petro presente la decisión como una consecuencia de censura en X.

“Los canales no son el problema, pero no nos dejemos engañar por sus triquiñuelas ni le celebremos la huida al debate”, concluyó Gómez.

Gustavo Petro mantendrá su cuenta de X como canal complementario

En su mensaje, el expresidente Petro indicó que su cuenta de X, donde dijo tener 9,1 millones de seguidores, tendrá un rol complementario. También señaló que su canal de WhatsApp cuenta con cerca de 600.000 seguidores.

“He decididó dejar de utilizar X como cuenta principal en las redes y pasará a ser cuenta comlementaria. Empiezo a hacer crecer mi canal por Whassap que pasará a ser mi cuenta principal y personal. De 9,1 millones paso a 600.000 pero creo que aun disminuya; mi ausencia ayudo más a la democracia desde redes”, escribió Petro.

La decisión representa un cambio en la estrategia digital de Petro, que ha utilizado X como una de sus principales vías de comunicación política y de respuesta a asuntos de la agenda pública, particularmente durante su mandato presidencial. En esta plataforma protagonizó controversiales episodios que, incluso, tensionaron las relaciones diplomáticas entre Colombia con países como Estados Unidos.

La Alcaldía informó que el artefacto detonó en el sector de Playa Rica, sin que hasta el momento existan reportes de personas heridas o víctimas mortales.

El hecho ocurrió sobre la carretera que comunica el casco urbano de Suárez con la vereda, punto en el que, tras la explosión, se recomendó a conductores, motociclistas y peatones evitar el sector mientras avanzan las inspecciones de seguridad.

La administración municipal también solicitó no acercarse ni manipular objetos sospechosos que puedan encontrarse en el corredor vial “y esperar a que las autoridades competentes realicen la respectiva inspección y verificación del sector”.

Las autoridades aún no establecen qué causó la detonación

Por ahora, no hay información oficial sobre el tipo de artefacto que explotó ni sobre la forma en que fue activado. La información preliminar corresponde a grabaciones ciudadanas en el punto que fueron difundidas en redes sociales e incluye la hipótesis de que un rayo habría activado el detonante, debido a la tormenta eléctrica que se registró en las horas de la tarde del sábado 7 de noviembre.

No obstante, las autoridades adelantan verificaciones para determinar si había una carga instalada previamente en la vía.

La explosión se registró en una zona donde la fuerza pública mantiene operaciones contra el frente Jaime Martínez, una estructura de las disidencias de las Farc con presencia en el norte del Cauca.

La Alcaldía pidió a los grupos armados respetar el Derecho Internacional Humanitario y evitar acciones que expongan a la población civil. Las comunidades campesinas de la zona dependen de este trayecto para movilizarse, transportar productos agrícolas y acceder a servicios en el casco urbano.

En octubre hubo dos explosiones en el mismo corredor vial

El episodio se suma a dos detonaciones registradas durante octubre de 2026 en la carretera entre Suárez y La Betulia, en las inmediaciones de la vereda El Amparo.

El 4 de octubre del año en curso, una explosión destruyó parte de la vía y dejó un cráter que interrumpió el tránsito de varias comunidades. De acuerdo con los reportes conocidos entonces, el hecho afectó la conexión terrestre de más de 4.000 habitantes de sectores como El Amparo, La Betulia, Los Robles, Bellavista y Agua Clara Canelar.

Las primeras hipótesis plantearon que una descarga eléctrica pudo activar explosivos que presuntamente estaban ocultos en una alcantarilla. Ese hecho no dejó personas lesionadas.

El 27 de octubre ocurrió otra detonación en el mismo corredor, que causó daños en un tramo de placa huella. Las autoridades también evaluaron la posibilidad de una activación accidental por una tormenta eléctrica.

Médicos renunciaron tras el asesinato de un paciente por grupos armados dentro del hospital de Suárez, Cauca

La situación de control por parte de grupos armados en la región es crítica. Una semana atrás, se conoció sobre el asesinato de un paciente dentro del hospital de Suárez, Cauca, que provocó la renuncia de varios integrantes del personal médico y la reducción de los servicios asistenciales.

La secretaria de Salud departamental, Carolina Camargo, advirtió que los trabajadores denuncian falta de garantías para ejercer sus funciones.

Según explicó la funcionaria en entrevista con Caracol Radio, hombres armados interceptaron primero una ambulancia que trasladaba a una paciente hacia Cali. Tras revisar el vehículo y constatar que transportaba a una mujer, permitieron que continuara el recorrido.

Minutos después, los atacantes ingresaron al centro hospitalario, intimidaron al vigilante y asesinaron a un hombre que recibía atención médica. La víctima fue identificada como Javier Antonio Delgado Carabalí, de 40 años.

“Esto genera un repudio total, un pánico colectivo donde los médicos inicialmente presentaron su renuncia masiva”, afirmó Camargo. La secretaria indicó que el departamento acumulaba 21 afectaciones contra la misión médica durante 2026.

La sede de Caracol Televisión, ubicada en el barrio La Floresta, en el norte de Bogotá, fue evacuada en la noche del sábado 7 de noviembre de 2026 por una alerta sobre un posible artefacto explosivo.

De acuerdo con la información preliminar, las autoridades activaron los protocolos de seguridad y avanzaban en la verificación de las instalaciones.

La orden de salida fue impartida de forma repentina a quienes se encontraban dentro del edificio. Parte del personal salió por la entrada principal y la mayoría lo hizo por un acceso posterior.

Fuentes consultadas por ese medio señalaron que también se habría advertido sobre el sobrevuelo de un dron cerca de la sede. En un reporte posterior, se informó que las autoridades confirmaron la evacuación por una amenaza de bomba y la presencia de drones en el sector.

Información suministrada a Infobae Colombia por uno de los colaboradores del canal confirmó que “No hay información formal, pero evacuaron a todo el mundo”.

Esta versión coincide con otro testimonio recibido por El Tiempo, que indicó: “No nos dieron mayor información, pero nos pidieron salir rápido de las oficinas. Dejé hasta mi cargador conectado”.

Autoridades informaron amenazas de grupos ilegales

Por su parte, desde la cuenta oficial del medio radial Blu Radio, se informó que el canal “fue informado por las autoridades de la intención de grupos ilegales de atentar contra el canal. Adoptamos todas las medidas para proteger a nuestro personal e instalaciones. Cualquier información adicional será proporcionada por las autoridades competentes”.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció al respecto en redes sociales al respecto, y dejó sentada su preocupación por las amenazas que ha recibido el canal.

“Es grave y profundamente preocupante la información sobre amenazas o riesgos de atentados dirigidos contra @CaracolTV, en Bogotá. Expresamos nuestra solidaridad con todas las personas que trabajan allí y rechazamos cualquier forma de intimidación o violencia contra la prensa. Solicitamos a las autoridades esclarecer lo ocurrido a la mayor brevedad, establecer la veracidad de la información y adoptar todas las medidas necesarias para proteger a quienes trabajan en esta sede. Garantizar la seguridad de los periodistas y las condiciones para el ejercicio libre, independiente y sin intimidaciones del periodismo es una obligación del Estado y una garantía esencial de toda democracia”.

Algunos periodistas ya se han pronunciado en redes sociales al respecto. La comunicadora Vicky Dávila escribió en su perfil de X: “Un abrazo para los colegas de Caracol Televisión. Al terminar la emisión de las 7 p. m. todo el personal fue evacuado por una alerta de posible bomba. También hubo aparente alerta de drones. Esperamos más información”.

Reportes ciudadanos evidenciaron el sobrevuelo de un helicóptero por cerca de 20 minutos sobre el barrio La Floresta.

Otra versión divulgada por el medio Pulzo indicó que una fuente del canal nacional comentó que perros especializados en detección de explosivos habrían marcado un paquete sospechoso dentro de las instalaciones. Esa situación, en verificación, habría llevado a solicitar la intervención de unidades de la Policía Antiexplosivos.

No obstante, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que no había amenaza “ni evidencia” de explosivos en las instalaciones del medio de comunicación.

La situación de seguridad en el país: tres muertos en batallón militar de Santa Rosa del Sur por ataque con drones

Un ataque con drones cargados con explosivos contra el Cantón Militar de Santa Rosa del Sur, en el sur de Bolívar, dejó tres uniformados muertos y ocho heridos de gravedad, según el primer balance divulgado por la Primera División del Ejército Nacional.

La acción ocurrió hacia las 12:30 p. m. del sábado 7 de noviembre en las instalaciones donde funciona el Batallón de Infantería de Selva N.º 48. De acuerdo con la información preliminar, los artefactos impactaron el rancho de tropa durante el horario de almuerzo.

El Ejército indicó que otros integrantes de la institución también resultaron afectados y recibían atención médica en centros asistenciales de la zona. El alcalde de Santa Rosa del Sur, Milton Olaya, entregó un balance inicial más amplio de 35 lesionados, de los cuales cinco fueron remitidos a otros hospitales.

El Ejército activó protocolos y pidió información a la ciudadanía

La Primera División confirmó que los atacantes emplearon aeronaves no tripuladas acondicionadas con dispositivos explosivos. La institución informó que activó los protocolos de seguridad para verificar los daños en la unidad militar y atender a los heridos.

“El Ejército Nacional rechaza categóricamente esta acción criminal”, señaló la institución en un comunicado, en el que también pidió a la población suministrar información que contribuya a prevenir nuevos hechos violentos. La Fuerza Pública habilitó la Línea 107 para recibir datos sobre el ataque.

Las autoridades no habían atribuido oficialmente el atentado a una estructura armada específica. En el sur de Bolívar tienen presencia el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las Farc y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), pero la investigación deberá establecer quiénes estuvieron detrás de la acción.

El expresidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse en sus redes sociales sobre la polémica que lo ha rodeado en las últimas jornadas que lo vinculan con contratos entregados a cambio de favores sexuales.

Luego de que la exfuncionaria Deicy Jiménez, la denunciante más conocida de este escándalo, publicó un video en sus redes como “prueba” de sus señalamientos sobre eventuales contratos estatales brindados por el entonces presidente a cambio de mantener una relación, una avalancha de críticas ha caído sobre el exjefe del Ejecutivo.

En medio de la situación, Petro anunció este sábado 7 de noviembre de 2026 que solicitó a su abogado, Alejandro Carranza, iniciar una acción judicial contra un usuario de redes sociales, con el perfil de Russy Millán, que escribió: “Este gran hijueputa violador de mujeres no tiene nada de vergüenza, jaja (sic)”, como respuesta a una publicación previa del exdignatario sobre su defensa al feminismo y las labores que adelantó en defensa de los derechos de las mujeres durante su gestión.

El exmandatario realizó una aclaración y es que, en medio de toda la controversia, no es violador, según él. Incluso, sostuvo que todas sus relaciones sexuales han sido consentidas.

Por ende, escribió: “Le solicitó a mi abogado Alejandro Carranza iniciar accion judicial contra esta persona. Jamás en mi vida he tenido una sola relación sexual que no sea consentida. Para mi la buena sexualidad es la que se basa en la libertad y el derecho de la otra persona al placer sin subordinaciones ni esclavitudes”.

El usuario no se quedó callado. Pocos minutos después le contestó a Gustavo Petro, y le recordó un cruce anterior de advertencias:

“Hola, VIOLADOR. Como ya te lo dije hace 3 años, NO me voy a retractar. Sos un ABUSADOR SEXUAL que instrumentaliza mujeres con recursos públicos. Tu abogado de mierda ya me tiene denunciado, y no veo la hora de que me imputen y vaya a juicio. En la cara te lo recordaré. Basura (sic)”.

La defensa de Petro ha pedido que las denuncias se tramiten ante las autoridades

Por su parte, la posición del exmandatario y de su defensa ha sido que las denuncias deben discutirse ante las autoridades judiciales y no en las redes sociales.

Tras la difusión del video íntimo atribuido a un encuentro entre Petro y Jiménez, Carranza sostuvo que el material requería una valoración técnica para establecer su autenticidad, fecha, integridad, origen y contexto.

Petro también afirmó entonces que “nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie” y cuestionó que el contenido audiovisual circulara públicamente antes de su análisis dentro de una actuación formal.

“Quien busca justicia entrega sus pruebas a la Corte, no a los titulares”, escribió el exjefe de Estado al reaccionar al video divulgado por Jiménez.

La defensa del expresidente aclaró que no discutirá públicamente la vida privada de las personas vinculadas al caso. Además, señaló que cualquier material relacionado con las denuncias debe someterse a peritajes y a las garantías propias de un proceso judicial.

Qué dice la Corte Suprema de Justicia sobre los “sexocontratos”

El exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla Paucar, explicó en una entrevista con La FM. que la definición de la autoridad competente depende de si los hechos bajo examen tienen una relación directa con el ejercicio de la Presidencia.

Según expuso, si una eventual entrega de contratos estatales para favorecer a terceros se vincula con funciones presidenciales o con el uso de recursos públicos, podría abrirse un procedimiento ante el Congreso de la República.

“Cuando un presidente está en ejercicio de sus funciones, le corresponde un antejuicio ante el Congreso”, constató.

En ese escenario, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes sería la instancia encargada de iniciar el trámite.

Arrubla indicó al radial que la situación cambia si las conductas no guardan relación con las funciones del entonces mandatario. En ese caso, las actuaciones corresponderían a la Fiscalía General de la Nación y a la justicia penal ordinaria.

El jurista remarcó que la existencia de mensajes, videos, testimonios o publicaciones en redes sociales no reemplaza el análisis judicial. Las autoridades deberán verificar la autenticidad de esos elementos, su contexto y su relación con los presuntos hechos antes de establecer responsabilidades.

El concejal de Bogotá Julián Forero, conocido como “Fuchi”, cuestionó los cobros por grúas y patios a conductores cuyos casos terminaron con una declaración de no infractor.

El cabildante pidió explicaciones a la Secretaría Distrital de Movilidad y a la empresa Grúas y Patios Bogotá (GYP) por recursos que, según afirmó, superarían los $966 millones.

Forero señaló en sus redes sociales que, de 512.080 vehículos inmovilizados, 1.761 conductores fueron declarados no infractores. A pesar de esa decisión, sostuvo que 1.678 personas habrían pagado servicios de grúas y patios por más de la millonaria suma expuesta.

“Los declararon no infractores, pero les metieron la mano al bolsillo como si fueran culpables”, escribió el concejal al cuestionar los cobros.

De acuerdo con las cifras expuestas por Forero, esta cantidad de conductores asumieron cerca de $720 millones por el servicio de patios y otros $245 millones por las grúas.

‘Fuchi’ pidió respuestas al Distrito y al operador

El concejal afirmó que el caso evidencia un posible perjuicio para quienes, tras la inmovilización de sus vehículos, fueron exonerados de responsabilidad por la autoridad competente.

“El abuso empieza por ustedes. ¿Dónde está la plata?”, manifestó Forero, que también pidió que la administración distrital responda a los conductores afectados y que aclare cuál fue el trámite aplicado a las personas que recibieron una decisión favorable y si los valores cobrados fueron devueltos o compensados.

Hasta el momento, no se ha conocido un pronunciamiento oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad, de la Alcaldía de Bogotá ni de Grúas y Patios Bogotá sobre las cifras y los cuestionamientos.

Concejal ‘Fuchi’ cuestionó presuntos sobrecostos de $1.535 millones en la compra de cámaras de fotodetección en Bogotá

El concejal de Bogotá también pidió explicaciones por un presunto detrimento patrimonial de $1.535 millones relacionado con la compra de 25 cámaras de fotodetección para la ciudad que involucraría a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) y a la Secretaría Distrital de Movilidad por las diferencias entre el valor pagado a proveedores y el monto facturado al Distrito.

Según la información divulgada por el Concejo de Bogotá y citada por Forero, ETB pagó cerca de $6.380 millones por los equipos y servicios asociados, mientras que la Secretaría de Movilidad recibió una facturación cercana a $8.490 millones. La Contraloría de Bogotá analizó esa diferencia y estableció un presunto detrimento de $1.535 millones.

Forero sostuvo que las 25 cámaras de fotodetección fueron pagadas antes de que estuvieran instaladas. Incluso, el informe citado por el cabildante también señala posibles problemas de planeación y coordinación durante la implementación de los dispositivos.

“¿Cómo así que para cobrarles comparendos a los conductores tienen toda la tecnología, pero para revisar las facturas y cuidar la plata de los bogotanos no aparece nadie?”, cuestionó el concejal.

La Secretaría Distrital de Movilidad explicó los mayores valores con argumentos relacionados con gastos de soporte, garantías, impuestos y servicios adicionales. Sin embargo, de acuerdo con el documento divulgado por el Concejo, la Contraloría consideró que los soportes y explicaciones entregados no justificaban de forma suficiente los pagos observados.

Fuchi cuestionó el papel de ETB en el contrato

El concejal pidió revisar el papel de la ETB como intermediaria en el suministro de las cámaras. La empresa tiene al Distrito como su principal accionista, aunque también cuenta con participación privada.

“Alcalde Galán, explíqueles a los bogotanos cómo es que la ETB compra por $6.380 millones y Movilidad termina pagando $8.490 millones. ¿Qué justifica semejante diferencia?”.

También preguntó por la responsabilidad de quienes autorizaron los pagos, supervisaron el contrato y ejercieron la interventoría sobre la adquisición de los dispositivos.

En consecuencia, anunció que solicitará a la Superintendencia de Transporte que revise, dentro de sus competencias, las presuntas irregularidades relacionadas con las cámaras de fotodetección. Además, pidió que los organismos de control fiscal y disciplinario establezcan si hay responsables por los valores cuestionados.

“No vamos a permitir que esto se quede en un informe guardado en un escritorio”. El concejal indicó que mantendrá el control político sobre el contrato y solicitará información acerca de los procesos de aprobación de precios, facturación y pagos.

El concejal Julián Uscátegui y el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui fueron los voceros del Cabildo Abierto Distrital que se llevó a cabo este sábado 7 de noviembre de 2026, para debatir la asistencia militar en Bogotá, como una medida más decisiva para combatir los índices de inseguridad.

Durante el despliegue de la iniciativa, denominada “Apoyo por Apoyo”, se encontraron promotores de la militarización de la ciudad, ciudadanos y el alcalde Carlos Fernando Galán, que expusieron sus argumentos a favor y en contra.

El congresista José Jaime Uscátegui presentó seis propuestas durante el desarrollo de la iniciativa:

• Conformar un Greta (Grupo Estratégico para la Investigación del Tráfico Ilegal de Armas de Fuego) Distrital
• Ampliar la capacidad carcelaria y evaluar la alternativa de centros de reclusión militar
• Intensificar la búsqueda de objetivos de alto valor criminal
• Concentrar esfuerzos en la frontera entre Bogotá y Soacha
• Realizar un simulacro de asistencia militar en 2027
• Instalar detectores de metales en zonas críticas, incluido el transporte público.

En Bogotá ocurre un robo cada cuatro minutos: Julián Uscátegui

Por su parte, el concejal Uscátegui, realizó una intervención en la que aseguró que se trata de una estrategia de choque ante la situación de seguridad en la capital, en sectores priorizados.

Respecto a la intervención del cabildante, el servidor capitalino aseguró que “Bogotá ya no enfrenta hampones de barrio, sino estructuras criminales que se alimentan de los grandes grupos armados organizados”. También sostuvo que la ciudad requiere acciones distintas para contener los delitos de alto impacto.

Incluso, comentó que la ciudad “es la capital del hurto en América Latina” en la que, según sus declaraciones, ocurre un robo cada cuatro minutos, una cifra que equivale, de acuerdo con su cálculo, a 338 casos diarios.

“Cali, Barranquilla. Aquí roban a una persona cada cuatro minutos. Eso no tiene presentación”.

Por ende, propuso que el Ejército apoye tareas de vigilancia en puntos estratégicos o que la Policía Militar asuma la custodia de embajadas, edificios, bancos y otras instalaciones. Bajo ese planteamiento, la Policía Nacional podría destinar más uniformados a labores de patrullaje y control en las calles.

Por su lado, el alcalde Carlos Fernando Galán informó en el cabildo que Bogotá ya tiene presencia militar focalizada en ocho localidades: Ciudad Bolívar, Kennedy, Usme, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Suba, Bosa y Santa Fe.

El mandatario indicó que ese despliegue se realiza en coordinación con la Policía y bajo el criterio de que la asistencia militar es una medida excepcional, temporal y subsidiaria.

Durante el cabildo, Galán presentó cifras con corte al 31 de octubre, según las cuales Bogotá registró 899 homicidios en 2026, 83 menos que en el mismo periodo de 2025. El alcalde señaló que el dato representa una reducción del 8,6%.El concejal cuestionó al secretario de Seguridad de Bogotá.

El fuerte mensaje al secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo

Antes del cabildo, Uscátegui publicó un video en una plenaria del Concejo de Bogotá con fuertes críticas al secretario de Seguridad, César Restrepo, a quien responsabilizó por la falta de medidas frente a los homicidios, hurtos, extorsiones y secuestros que, según su postura, afectan a la ciudad.

También sostuvo que Restrepo se ha mantenido al margen del fortalecimiento del pie de fuerza en la capital del país.

“Y se lo digo, secretario, de frente. Usted es fácilmente y de lejos el peor secretario de seguridad que ha tenido Bogotá. Porque mientras matan, extorsionan, roban y secuestran todos los días y hasta desaparecen niños en la ciudad, usted no ha querido hacer lo que le corresponde. No ha querido fortalecer a la Policía, no ha querido construir cárceles, no ha querido invertir en tecnología, no ha querido utilizar la Fuerza Militar como una opción viable, pero eso sí, sale a lavarse las manos y a decir que no tiene responsabilidad”.

Además, insistió en que, a su juicio, desde la Secretaría de Seguridad se estaría trasladando responsabilidad a las víctimas de hechos delictivos.

“(...) A señalar a las propias víctimas como responsables de sus tragedias. No, si a esa persona la robaron es porque salió con el celular en las manos. No, si le robaron el carro fue porque lo dejó en la calle. No, si le robaron el apartamento es porque no tenía seguridad privada. No, si el niño se desapareció es porque se fue de la casa y eso no tiene ningún tipo de presentación. Aquí hay que actuar, asumir responsabilidades y darle resultados a la ciudadanía”, concluyó.

Información suministrada oficialmente por el Gaula Militar este sábado 7 de noviembre de 2026, el operativo se produjo en la madrugada de la jornada, y estuvo a cargo de unidades de dicha institución, con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.

Acorde con el balance entregado, el detenido sería responsable de acciones ilícitas que afectaron a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad) y a la Fiscalía entre 2017 y 2023.

Incluso, las investigaciones apuntan al presunto acceso irregular, “abusivo” a “información de procesos electorales y a inteligencia estratégica que comprometía la seguridad nacional”.

En el señalamiento también se incluyó la presunta posesión de una copia espejo del Sistema de Información de Inteligencia y Contrainteligencia del Estado (Sicc) en un computador personal.

Medios nacionales, de acuerdo con la fotografía divulgada por la institución, identificaron al capturado como Carlos Andrés Oyola Tovar, ingeniero de sistemas.

De acuerdo con la información conocida, el caso incluiría, adicionalmente, la presunta extracción irregular de información sensible de la Dirección Nacional de Inteligencia.

El Gaula Militar señaló que el resultado operacional busca proteger los sistemas de información, la seguridad institucional y los datos estratégicos del Estado “frente a las amenazas que buscan vulnerar la integridad de la información y las instituciones del país”.

La investigación también busca determinar las circunstancias en las que se habrían producido los accesos a sistemas vinculados con procesos electorales, así como las posibles afectaciones a la información de inteligencia y contrainteligencia.

Una posible cercanía con el Gobierno Petro

En las redes sociales también circula la versión de la cercanía política del joven con el expresidente Gustavo Petro, siempre que Oyola, en sus perfiles públicos, demostró ser partidario del exmandatario.

El periodista Melquisedec Torres informó que el hoy capturado, en el período 2018 - 2022, hizo parte de la UTL del entonces senador y hoy gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera. Esta información ya había sido publicada por el comunicador en octubre de 2021, cuando conoció denuncias en contra del funcionario de la DNI sobre presunto maltrato intrafamiliar.

Por su lado, el gobernador del Huila ha demostrado su apoyo al anterior jefe de Estado en distintas oportunidades, aunque se conoce que es militante del Partido Liberal.

Las incapacidades médicas de Carlos Andrés Oyola

La captura ocurrió tras un mes de investigación y seguimiento por parte del CTI, en una clínica de Neiva. Según información obtenida por el medio investigativo El Expediente, de mano de fuentes de inteligencia y contrainteligencia consultadas por la plataforma, Oyola Tovar habría intentado evadir el procedimiento con apoyo de personal del centro médico.

El reporte indicó que la Fiscalía habría emitido una orden de captura contra Oyola Tovar por los presuntos delitos de concierto para delinquir, espionaje, acceso abusivo a sistemas informáticos, constreñimiento electoral, y filtración de información de seguridad nacional.

El Expediente también publicó cuatro incapacidades médicas de diez días cada una, expedidas entre el 31 de julio y el 3 de octubre de 2026 por centros médicos de Bogotá y Neiva. Según el medio, una de ellas identifica a la DNI como empleador y cubren parte del período en el que Oyola Tovar no se habría presentado a trabajar.

Las fuentes consultadas por esa publicación calificaron de falsas las incapacidades y cuestionaron la respuesta de la actual dirección de la DNI a solicitudes de apoyo del CTI para ubicar al funcionario.

La vida del uniformado de 27 años fue arrebatada durante un procedimiento policial en el centro de la ciudad durante la madrugada del miércoles, 4 de noviembre.

“Ya fueron capturados los asesinos de Hamilton Andrés Santa, nuestro policía que fue asesinado esta semana en el centro de la ciudad. Ya cayeron esos dos bandidos de alias Ratón y el Costeño”, confirmó el mandatario local.

Según Gutiérrez, las detenciones fueron resultado de labores conjuntas de la Policía nacional y la Fiscalía General de la Nación, que incluyeron un riguroso análisis de grabaciones de cámaras de seguridad que permitieron identificar y ubicar a los sospechosos.

El homicidio del patrullero Santa Aguirre ocurrió en medio de una reacción policial a un ataque sicarial que dejó un saldo de, inicialmente, dos personas muertas en el centro de Medellín.

Una patrulla que estaba cerca del lugar inició la persecución de los presuntos responsables. Durante el procedimiento, los hombres armados dispararon contra los uniformados e hirieron al policía, que murió a causa de las lesiones.

De acuerdo con la información conocida, una de las víctimas del doble homicidio tenía antecedentes judiciales. Las primeras hipótesis de las autoridades sobre el epidosio de violencia apuntan a una confrontación entre organizaciones criminales por el control de actividades de microtráfico en el sector.

La Alcaldía busca identificar a toda la estructura criminal

Pese a las detenciones y eventuales judicializaciones, el alcalde antioqueño anunció que la investigación continuará para establecer quiénes integran y dirigen la organización que estaría detrás de los hechos.

“Mi instrucción va más allá de coger simplemente a los sicarios que le quitaron la vida a Hamilton Andrés. Es desarticular completica esa estructura criminal que opera en esa zona de la ciudad”, sostuvo.

El mandatario agregó que las autoridades no detendrán las operaciones con la captura de alias “Ratón” y “Costeño”.

Los dos hombres capturados deberán ser puestos a disposición de las autoridades judiciales, que definirán su situación procesal dentro de la investigación por el crimen del patrullero Jamilton Andrés Santa Aguirre.

“Aquí no íbamos a descansar hasta dar con los responsables (...) y que se den cuenta el error que cometen cuando se meten con uno de los integrantes de nuestra fuerza pública. Vamos con toda”, concluyó.

Envían a prisión a cuatro señalados por el asesinato de dos policías en Betulia, Antioquia

De manera paralela, las autoridades confirmaron que auatro presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron enviados a prisión por su presunta participación en el asesinato de dos subintendentes de la Policía Nacional en Betulia, Antioquia.

El doble crimen ocurrió el 9 de noviembre de 2025 en el corregimiento Altamira, en el Suroeste antioqueño, y las autoridades lo relacionan con el denominado plan pistola contra la fuerza pública.

Los subintendentes Wilder Ovidio Gallego Sepúlveda y Edwin Danilo Chamorro Bastidas realizaban tareas de vigilancia y patrullaje en Altamira cuando fueron atacados con armas de largo alcance, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación.

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Yonathan Enrique Vega Arteaga, Valeria Higuita Ortiz, alias “La Mona”, Edison David Bravo Fierro, alias “Yerbal” o “Pachito”, y Lina Marcela Restrepo Vélez.

Las pesquisas señalan que Vega Arteaga habría integrado el grupo armado que participó de forma directa en el homicidio de los uniformados. La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.

Alias “La Mona”, enfrenta los mismos cargos. Según los elementos recopilados por el ente acusador, la mujer habría usado un teléfono celular y un radio de comunicaciones para transmitir a otros integrantes de la organización la ubicación de los dos policías antes del ataque.

Vega Arteaga y Higuita Ortiz no aceptaron los delitos imputados durante las audiencias preliminares. Edison David Bravo Fierro y Lina Marcela Restrepo Vélez también fueron judicializados por concierto para delinquir agravado.

La acción ocurrió específicamente a las 12:30 p. m., cuando artefactos impactaron el rancho de tropa que se encontraba en la hora del almuerzo.

Conforme al primer balance publicado por la Primera División del Ejército Nacional, el atentado dejó tres militares muertos y otros ocho heridos de gravedad. De la misma manera, se informó que otro número aún no especificado de uniformados e integrantes de la institución resultaron con lesiones que ya están siendo tratadas en centros asistenciales del área.

El informe incluyó que, debido a que el ataque fue perpetrado “mediante el empleo de aeronaves no tripuladas acondicionadas con dispositivos explosivos”, también hubo daños en la infraestructura de la unidad.

En el reporte emitido por el alcalde de Santa Rosa del Sur, Milton Olaya, emitido desde el hospital Malambo y Patarroyo, agradeció a la ciudadanía que se acercó al punto para apoyar con la movilización de heridos y a los médicos que se apersonaron de las víctimas.

“Hasta el momento, el reporte que tenemos son treinta y cinco heridos, de los cuales hay cinco remitidos y tres fallecidos. Hasta el momento lo que ha llegado hasta aquí. Pedimos a toda la comunidad que en oración para que no vuelva a ocurrir esto y tengamos la tranquilidad y la calma”, dijo.

El Ejército activó protocolos de seguridad tras el ataque

La Primera División del Ejército Nacional confirmó que activó sus protocolos de seguridad y la verificación de las afectaciones causadas en el cantón militar, donde funciona el Batallón de Infantería de Selva N.º 48.

Además, la institución emitió un fuerte mensaje de rechazo a la acción de terror contra las Fuerzas Armadas de la región surbolivariense y pidió a la ciudadanía aportar información relevante sobre el caso.

“El Ejército Nacional rechaza categóricamente esta acción criminal e invita a la ciudadanía a suministrar información oportuna que permita anticipar y prevenir hechos violentos que pongan en riesgo la seguridad y tranquilidad de la población civil y de los integrantes de la Fuerza Pública. Para ello, está habilitada la #Línea107 contra el terrorismo”.

De la misma manera, el presidente Abelardo de la Espriella se pronunció en sus redes sociales.

“Rechazo y condeno con toda contundencia el cobarde ataque terrorista perpetrado con drones cargados de explosivos contra las instalaciones del Cantón Militar en Santa Rosa, sur de Bolívar. Este criminal atentado ha dejado soldados muertos y heridos, hombres que sirven con honor a Colombia y que fueron víctimas de quienes pretenden sembrar el terror y desafiar la autoridad del Estado”, dijo.

Agregó: “Mi solidaridad con las familias de nuestros héroes asesinados y con los soldados heridos. He dispuesto que reciban toda la atención y el acompañamiento necesarios.¡A LOS TERRORISTAS LES ADVIERTO: NO NOS VAN A INTIMIDAR NI NOS VAN A HACER RETROCEDER! (sic)“.

La zona donde ocurrió el ataque tiene presencia de grupos armados ilegales, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Hasta el momento, ninguna organización se atribuyó la acción y las Fuerzas Militares no señalaron responsables.

Acciones contra los grupos armados

Adicionalmente, el jefe de Estado aseguró que ordenó a la fuerza pública del país a “intensificar las operaciones para identificar, perseguir y capturar a los responsables de este ataque, golpear sus estructuras criminales y recuperar el control de los territorios (...)”.

Incluso, a los victimarios que están detrás de la acción les envió un fuerte mensaje, en el que garantizó que hará que los integrantes de los grupos armados involucrados se rindan ante la justicia colombiana:

“¡SE LES ACABÓ LA GUACHAFITA! NO TENDRÁN ESCONDITE NI TREGUA. LOS VAMOS A PERSEGUIR CON TODA LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO HASTA DESMANTELAR SUS ORGANIZACIONES CRIMINALES Y LLEVARLOS ANTE LA JUSTICIA! Que nadie se equivoque: cada ataque contra nuestros soldados fortalece nuestra determinación de defender a Colombia. No vamos a ceder un solo centímetro de territorio ante el terrorismo.¡EN LA PATRIA MILAGRO, EL TERRORISMO NO TIENE CABIDA Y LA AUTORIDAD SE RESPETA! (sic)“.

El aroma del pan de yuca recién horneado transforma cualquier desayuno en un momento especial. Su exterior dorado, su textura suave y el sabor del queso lo convierten en uno de los amasijos más queridos de la cocina colombiana.

Esta preparación hace parte de la tradición de la región Andina, donde los amasijos suelen acompañar el café, el chocolate caliente o las onces. La receta combina almidón de yuca, queso blanco, huevo y sal, ingredientes que dan como resultado una masa elástica y fácil de hornear.

En Colombia, el pan de yuca se consolidó como un amasijo de la región Andina y también como una preparación representativa del Valle del Cauca.

La receta tradicional mezcla almidón de yuca con queso blanco, huevos y sal; después, la masa se moldea en forma de herradura y se hornea. Por eso, más que atribuirle un origen único, los documentos gastronómicos lo presentan como resultado de la evolución de las cocinas regionales y de la combinación entre productos indígenas, técnicas europeas y saberes mestizos transmitidos de generación en generación.

Receta de pan de yuca

El pan de yuca es un amasijo horneado elaborado con almidón de yuca y queso fresco. La técnica principal consiste en formar una masa homogénea, dividirla en porciones y darles forma de herradura antes de llevarlas al horno.

Tiempo de preparación

• Preparación: 20 minutos.
• Reposo: 10 minutos.
• Cocción: 20 minutos.
• Tiempo total: 50 minutos.

Ingredientes

1. 250 g de almidón de yuca.
2. 500 g de queso blanco, cuajada o queso costeño suave.
3. 2 huevos.
4. 1 cucharadita de sal.
5. 2 cucharadas de mantequilla derretida.
6. 2 cucharadas de leche, solo si la masa necesita humedad.
7. 1 cucharadita de polvo de hornear, opcional.

Cómo hacer pan de yuca, paso a paso

1. Precaliente el horno a 200 °C durante 10 minutos.
2. Desmenuce el queso con las manos o ráyelo por la parte gruesa del rallador. Retire los grumos grandes.
3. En un recipiente amplio, mezcle el almidón de yuca, el queso, la sal y el polvo de hornear.
4. Añada los huevos y la mantequilla derretida. Integre los ingredientes con las manos hasta obtener una masa compacta.
5. Amasе durante 5 minutos, hasta que la mezcla quede suave y maleable. Si la masa se siente seca, agregue la leche poco a poco.
6. Deje reposar la masa durante 10 minutos. Este descanso ayuda a que el almidón absorba la humedad y facilita el moldeado.
7. Divida la masa en 12 porciones del mismo tamaño.
8. Forme cilindros de aproximadamente 8 cm de largo. Una las puntas para crear la forma tradicional de herradura.
9. Cubra una bandeja con papel para hornear. También puede usar una bandeja ligeramente engrasada.
10. Acomode los panes con espacio entre cada unidad. El calor debe circular para que se doren de manera uniforme.
11. Hornee durante 18 a 20 minutos, hasta que los panes crezcan y adquieran un tono dorado claro.
12. Retire la bandeja y espere 5 minutos antes de servir. El interior estará más firme al bajar un poco la temperatura.
13. Sirva caliente con café, chocolate santafereño o un tinto.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La preparación rinde aproximadamente 12 panes de yuca medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Los valores pueden cambiar según el tipo de queso y la cantidad de mantequilla utilizada. Como estimación, cada pan contiene:

• Calorías: 180 kcal.
• Proteínas: 6 g.
• Carbohidratos: 17 g.
• Grasas: 10 g.
• Sodio: 250 mg.
• Fibra: 1 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El pan de yuca se disfruta mejor recién horneado. A temperatura ambiente puede conservarse durante 1 día dentro de un recipiente hermético.

En la nevera, dura hasta 3 días. Antes de servirlo, caliéntelo durante 3 o 4 minutos en el horno o en la air fryer para recuperar parte de su textura.

También puede congelar los panes crudos, ya formados, durante 1 mes. Póngalos directamente en el horno, sin descongelar, y aumente la cocción entre 5 y 8 minutos.

En redes sociales está circulando un fuerte reclamo al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sobre varios de los precios incluidos en un proceso contractual de la Secretaría Distrital de Integración Social para servicios logísticos, cuyo valor estimado total asciende a $2.936.681.400.

La concejal del Centro Democrático Diana Diago divulgó fragmentos documentales del acuerdo, conocido como el proceso SDIS-LP-003-2026, que tiene como objeto contratar un operador para la organización, producción y ejecución de eventos y actividades institucionales de la entidad.

El registro indica que se trató de una licitación pública, cuyo estado figura como “proceso adjudicado y celebrado”. Al respecto, Diago pidió explicaciones por los valores establecidos para algunos servicios.

“Alcalde Galán, dele la cara a Bogotá: la ciudad exige una explicación”, escribió la concejal en su publicación.

El contrato contempla almuerzos de $115.745 y transmisiones de cuatro horas por $7,14 millones

Entre los ítems difundidos figura un almuerzo tipo buffet por $115.745 por persona. La especificación incluye proteína, alimento farináceo, ensalada o verdura caliente, postre, jugo envasado, menaje, bandejas, punto de alistamiento, carpa, mesas, puntos de corriente, samovares y neveras de refrigeración.

El documento también fija en $34.705 el valor por unidad de unas onces santafereñas compuestas por agua de panela, almojábana y queso. Ese servicio incorpora meseros, personal de atención, mesas, samovares y manteles, de acuerdo con las condiciones divulgadas.

Otro de los servicios corresponde a un desayuno especial, cuyo costo unitario es de $63.586 por persona. La descripción incluye opciones como tamal, calentado o wrap, además de pan, tostadas o arepa, jugo o frutas y una bebida caliente.

Para una cena tipo buffet, el valor señalado es de $72.724 por unidad. El contrato establece que esa alternativa también contempla elementos de operación y preservación de alimentos.

Diago cuestionó, entre otros rubros, el valor de $7.140.000 por cuatro horas de transmisión de eventos institucionales vía streaming. De acuerdo con el documento, el servicio debe incluir equipos como Tricaster, Blackmagic, tres cámaras profesionales de video en alta definición, consola de audio, micrófonos y líneas de video.

“¿Acaso eso no es gratis?”, preguntó la concejal al referirse al componente de transmisión por redes sociales.

El proceso incluye alquiler de computadores, vans, baños portátiles y arreglos florales

Los documentos publicados por la cabildante fijan en $340.201 el alquiler diario de un computador portátil empresarial. El equipo debe contar, entre otras condiciones, con procesador Intel Core i5 de décima generación o superior, o AMD Ryzen 5 serie 4000 o superior; 8 GB de memoria RAM; unidad SSD de al menos 256 GB y sistema operativo Windows 10 Pro o superior.

El contrato también contempla un valor de $3.734 por cada mensaje informativo enviado por WhatsApp. El servicio está previsto para divulgar convocatorias, eventos y comunicaciones institucionales a bases de datos suministradas por la entidad.

En el apartado de producción logística aparece un arreglo floral grande para tarima por $490.199. También se incluye el alquiler de unidades sanitarias portátiles mixtas para personas con discapacidad, con operador, insumos de aseo, recolección de desechos y limpieza, a un costo de $869.301 por día.

El transporte en van para 25 personas dentro del perímetro urbano tiene un precio de $676.539 por una hora diurna, según el documento compartido. La cifra difiere de los $ 624.000 por hora mencionados inicialmente por Diago en su denuncia.

Además, el contrato prevé un “coffee break” de $34.974 por persona, con producto de panadería, bocadillo dulce y jugo natural. El servicio está calculado para grupos de entre una y 50 personas e incluye personal para servir los alimentos.

“Derroche”: la crítica de la concejal Diago

La concejal sostuvo que los recursos de la Secretaría Distrital de Integración Social deberían concentrarse en programas dirigidos a personas en condición de vulnerabilidad.

“En vez de atender las necesidades de los pobres, de darles soluciones a los habitantes de calle y a las poblaciones vulnerables, ustedes se dedican a derrochar”, afirmó.

La publicación de la cabildante no ha suscitado una respuesta oficial por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social sobre los cuestionamientos.

El ministro Indalecio Dangond Baquero presentó la iniciativa durante la 90 Cumbre Cafetera, que se realizó el 6 de noviembre en Cartagena, Bolívar.

“Cuando una persona toma una taza de café en Nueva York, Milán, Tokio, Dubái o París, rara vez imagina todo lo que hay detrás de ese momento. Él no ve la montaña, no ve la lluvia, no ve la finca cafetera colombiana, tampoco ve la familia, no ve al productor que apostó su patrimonio para sembrar su próxima cosecha. Pero nosotros sí la vemos. Los que estamos aquí sí la vemos. Y por eso tenemos una responsabilidad enorme de garantizar su futuro, que no se construye en la bolsa de valores, dijo.

Según el Gobierno nacional, las medidas buscan respaldar a los productores ante el aumento de los costos de producción, la falta de mano de obra y los efectos climáticos que afectan la continuidad de la caficultura colombiana.

La cumbre fue organizada por la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) y la Asociación Nacional de Exportadores de Café de Colombia (Asoexport), con la participación de productores, exportadores, industriales, tostadores, comercializadores, inversionistas y representantes del sector.

El Ministerio de Agricultura planteó cinco ejes para transformar la caficultura

El ministro Dangond propuso una “gran transformación cafetera” basada en ciencia, tecnología, calidad diferenciada, adaptación climática y rentabilidad. Además, sostuvo que estos factores deberán orientar las decisiones del sector para preservar la producción de café en los próximos años.

“El interrogante ya no es cuánto café se necesita comprar este año, sino quién producirá el café dentro de 20 años”, afirmó el funcionario, de acuerdo con el comunicado del Ministerio de Agricultura.

El jefe de la cartera pidió que la relación entre productores y compradores pase de un esquema comercial tradicional a una asociación estratégica que permita invertir, innovar y responder a los cambios del mercado y del clima.

Los costos, clima y falta de trabajadores

Durante su intervención, el alto funcionario se refirió al aumento de los costos de producción y a la escasez de trabajadores en las zonas cafeteras. También señaló que el sector enfrenta el riesgo de que los cultivadores pierdan capacidad económica para sostener su actividad.

“Necesitamos variedades más productivas, más resistentes y mejor adaptadas al cambio climático, reducir costos y aumentar productividad”, expresó.

Indalecio Dangond añadió que la sostenibilidad debe estar vinculada a la rentabilidad de las fincas. “Ninguna actividad económica tiene futuro si no genera rentabilidad para quien produce”, indicó.

De la misma manera, el funcionario destacó el valor del café colombiano como activo del sector agropecuario y planteó la necesidad de ampliar las oportunidades económicas asociadas al cultivo, incluso, con el consumo del grano colombiano en las instituciones estatales, incluidos programas como el Plan de Alimentación Escolar (PAE).

Entre las alternativas mencionadas figuran el desarrollo de bioproductos, biofertilizantes y nuevas industrias que puedan generar empleo rural. El Ministerio sostuvo que estas apuestas forman parte de una estrategia para fortalecer la sostenibilidad y la productividad de los productores.

Al cierre de la Cumbre Cafetera, Dangond convocó a gobiernos, productores, exportadores, comercializadores, inversionistas e industriales a participar de una nueva etapa para el café, con decisiones orientadas a asegurar la oferta futura del grano.

“Tengo mucho respeto hacia el embajador Gaona. Nos hemos reunido con él varias veces y existe la mejor disposición de trabajar conjuntamente”, afirmó el jefe de la Misión de Verificación.

Jenča sostuvo que Gaona expuso la posición oficial del Gobierno nacional ante el organismo internacional y que la Misión ya tomó nota de ese planteamiento.

El representante de las Naciones Unidas indicó que la labor de la Misión se rige por el mandato definido por el Consejo de Seguridad, instancia en la que los gobiernos acuerdan el alcance de ese trabajo.

El jefe de la Misión reconoció que en Colombia existen posturas diversas y contrapuestas sobre el Acuerdo Final de Paz de 2016, pero que, frente a ese escenario, aseguró que la institución trabajará con el Gobierno, las instituciones estatales, las personas firmantes del acuerdo, las víctimas y las comunidades.

La ONU mantendrá 29 oficinas territoriales y más de 12 equipos móviles

Jenča informó además que, tras la renovación de su mandato, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia conservará su presencia en los territorios mediante 29 oficinas desplegadas en 10 departamentos y más de 12 equipos móviles.

Según explicó, esa estructura permitirá acompañar a entidades del Estado, autoridades locales, organizaciones de mujeres, comunidades, autoridades étnicas y víctimas en los procesos de estabilización territorial.

El jefe de la Misión señaló que el organismo respaldará los esfuerzos para fortalecer la presencia integral del Estado y consolidar condiciones para el desarrollo sostenible. También reiteró que, de acuerdo con el Acuerdo Final, la paz, la seguridad y el desarrollo son elementos complementarios.

“Reiteramos nuestro compromiso para seguir trabajando de manera estrecha con Colombia en pro de un presente y un futuro en paz, seguro y próspero”, concluyó Jenča.

Por su lado, el embajador ante el organismo internacional, Mauricio Gaona, aplaudió las palabras del diplomático: “Agradezco las palabras y deferencia del Jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, @JencaMiroslav. El respeto es mutuo. Hemos trabajado juntos y lo seguiremos haciendo por la paz y la seguridad en Colombia”.

La respuesta de Abelardo de la Espriella a la renovación del mandato de la misión

Días atrás, el presidente Abelardo de la Espriella celebró la renovación del mandato de la Misión de Verificación tras el cambio que excluyó de sus tareas el seguimiento a la Reforma Rural Integral.

El mandatario afirmó que la medida “reafirma la soberanía” del país para definir cómo cumplirá sus compromisos de paz.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó el 30 de octubre de 2026 la extensión del mandato con el respaldo de sus 15 integrantes, sin votos en contra ni abstenciones. De la Espriella se pronunció el 2 de noviembre y sostuvo que la decisión respondió a una solicitud presentada por su administración.

“A partir de ahora, la ONU concentrará su labor de verificación en la reincorporación de los excombatientes y las garantías de seguridad”, afirmó el jefe de Estado en un mensaje difundido en X.

La resolución mantiene el acompañamiento internacional sobre la reincorporación de los exintegrantes de las Farc-EP y las medidas de protección para los firmantes del Acuerdo de Paz y las comunidades afectadas por el conflicto.

En cambio, la implementación de la Reforma Rural Integral quedará bajo la órbita de las instituciones de Colombia, sin seguimiento de la misión internacional. El Gobierno presentó esa modificación como una forma de que el Estado asuma directamente las obligaciones relacionadas con los compromisos rurales establecidos en el acuerdo firmado en 2016.

A través de su perfil de X, el concejal de Bogotá Juan David Quintero se pronunció sobre la denuncia de que estos ciudadanos estarían aprovechando el separador verde del corredor vial como paso alterno, especialmente en el tramo del centro comercial El Edén, en el suroccidente de la ciudad.

La grabación fue compartida por el cabildante junto con un mensaje en el que cuestionó la ausencia de controles de tránsito en la zona. Además, afirmó que residentes del sector le reportaron que estas conductas ocurren todos los días.

“La avenida Boyacá no puede ser tierra de nadie. Sigue la anarquía de los moteros imprudentes… Nos llegan denuncias de conductores imprudentes que hacen de las suyas sobre la avenida Boyacá, a la altura de El Edén y sus alrededores. Según los vecinos, ocurre TODOS LOS DÍAS y no hay controles de tránsito”, escribió el concejal en su publicación.

En los videos difundidos, la denunciante describió el paso por la zona no habilitada para la circulación vehicular.

“Miren lo que está pasando aquí en la Boyacá, cogieron de trocha el separador”, afirmó.

La denunciante sostuvo que el tránsito por ese punto representa un incumplimiento de las normas viales y pidió intervención policial.

“Necesitamos Policía, alguien que revise este tema, porque es claramente un incumplimiento a todas las normas de tránsito. Ya tienen hasta una trocha para poder pasar”, dijo.

Por su lado, el concejal señaló que los vecinos reclaman medidas para impedir que los motociclistas atraviesen el separador y circulen por espacios que no corresponden a la calzada. “¿Dónde están los agentes de movilidad? La ciudadanía exige orden, autoridad y respeto por las normas. ¡Bogotá tiene que funcionar!”, concluyó.

Días antes, el 4 de noviembre, otro usuario de redes sociales hizo la misma denuncia con otro video.

“Miércoles 4 de Noviembre. Avenida Boyacá entre avenida Américas y calle 8. Múltiples motociclistas en el separador”, escribió el hombre. En la pieza gráfica describió las placas de todos los vehículos que cometieron la infracción.

Bogotá aprobó un sistema para que ciudadanos reporten a los mal parqueados con fotos y videos

El Concejo de Bogotá aprobó en segundo debate el Proyecto de Acuerdo 414 de 2026, que permitirá que la ciudadanía aporte fotos y videos de vehículos mal estacionados y motocicletas que circulen por andenes para que las autoridades evalúen la imposición de comparendos.

La iniciativa, presentada por el concejal Juan David Quintero, aún requiere la sanción del alcalde Carlos Fernando Galán para convertirse en un acuerdo de ciudad. El proyecto faculta a la Secretaría Distrital de Movilidad para crear una plataforma tecnológica que reciba los reportes.

El mecanismo establece que las imágenes o grabaciones tomadas por ciudadanos no derivarán de forma automática en una multa. Un agente de tránsito deberá revisar cada caso y determinar si existen elementos para emitir la orden de comparendo por estacionamiento prohibido u otra infracción.

Las cámaras privadas también podrían alimentar el sistema de control

La medida prevé que el Distrito conecte el Centro Estratégico de Movilidad con redes de videovigilancia públicas y privadas que registren el espacio público. En ese grupo estarían las cámaras externas de centros comerciales, hospitales, clínicas, colegios y universidades.

El propósito es ampliar la capacidad de monitoreo sobre vehículos que bloqueen vías, ocupen andenes o invadan pasos peatonales. La plataforma permitiría cargar evidencias obtenidas con teléfonos celulares, mientras los registros de videovigilancia aportarían información para los controles de tránsito.

Quintero celebró la aprobación del proyecto y sostuvo que la herramienta daría participación a quienes enfrentan las consecuencias del mal parqueo. El concejal afirmó que la iniciativa busca que los ciudadanos remitan pruebas y que la autoridad sea la encargada de definir si corresponde una sanción.

Los ahora procesados fueron capturados el 5 de noviembre en Cali y Jamundí, durante procedimientos de allanamiento y registro efectuados con órdenes judiciales. Fueron identificados como Camilo Moncayo Solano y Ángelo Ochoa Ríos.

De acuerdo con la investigación, ambos habrían colaborado en actos posteriores al crimen, luego del ataque en un inmueble del sector Alto de Polvorines, donde posteriormente fue hallado el cuerpo de Potosí.

La imputación y la medida de aseguramiento

Según el reporte de la Fiscalía, un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por su presunta participación en el traslado y ocultamiento del cuerpo de la víctima.

La Fiscalía les imputó el delito de feminicidio agravado, en calidad de cómplices, según la responsabilidad individual atribuida a cada uno. Los dos procesados no aceptaron los cargos.

“Se les atribuye este comportamiento a título de cómplices en modalidad de comportamiento doloso. ¿Eso qué quiere decir, señores Ángelo y Cristian? Pues que ustedes conocían lo que ahí pasaba, que ahí se le estaba dando muerte a una mujer en estado de gestación. Y ustedes quisieron concurrir y comparecer en forma voluntaria ahí a ese lugar para explicar los actos posteriores de dejar el cuerpo sin vida en el lugar donde fue encontrado. Ustedes tuvieron voluntad de realización”, determinó el juez durante la audiencia de judicialización.

Según la información oficial suministrada por la Fiscalía, la joven llegó al inmueble acompañada por una mujer que presuntamente se ganó su confianza al fingir que también estaba embarazada.

En ese lugar, la víctima habría sido atacada con un arma cortopunzante hasta su muerte. De hecho, tras la investigación, el fiscal del caso indicó que luego de consumada la muerte de Potosí, le habrían extraído a la bebé mediante un procedimiento rudimentario.

Los elementos materiales probatorios recopilados evidenciaron que Moncayo Solano y Ochoa Ríos habrían ayudado a subir el cuerpo a un vehículo manejado por otras personas. Luego, presuntamente escoltaron el automotor hasta una zona boscosa para abandonar el cuerpo en el cuerpo hídrico que movió los restos inertes de Potosí.

“Ángel Ochoa Críos y, Cristian Camilo Moncayo Solano, llegaron a este pueblo para prestar la ayuda posterior de extraer el cuerpo sin vida. Vigilaron ustedes que ya fuera a altas horas de la noche, que el lugar, calle y cuadra de ese barrio estuviera despejado. Este, junto con otros dos sujetos que los conocemos con el alias de El Mono y ‘Plátano’, aún todavía no identificados dentro de este caso, extraen el cuerpo sin vida”, dijo el ente acusador.

“Para ello, el vehículo que en ese momento era conducido por el ciudadano identificado como Juan José Garmarve Rodríguez. Mientras que usted, Ángelo, y usted, Cristian Camilo, y también otro sujeto conocido como Marvin, custodiaban el vehículo movilizándose en dos motocicletas. El cuerpo finalmente lo arrojaron a la altura del kilómetro tres, callejón La Pedregosa, sector El Vagón, del corregimiento de La Buitrera, concretamente al río Meléndez de esta ciudad de Cali”, fue el relato del juez.

El cuerpo fue hallado cuatro días después en otro punto

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) encontraron los restos de la mujer el 20 de julio del año en curso, durante las labores de búsqueda por su desaparición. El hallazgo ocurrió cerca del punto en el que dejaron el cuerpo inicialmente, en el corregimiento La Buitrera, en Cali.

Diez días después, las autoridades encontraron sin vida a la bebé en inmediaciones del mismo sector, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía.

“Con ese comportamiento, indudablemente integraron ustedes ese engranaje delincuencial que termina con la finalización de la vida de una joven mujer. Además de eso, madre en espera del nacimiento de una hija, acabándose y transgrediendo así el bien jurídico de la vida de una persona. Se tiene evidencia que ustedes no fueron obligados, que actuaron con total conocimiento de causa”, agregó el juez en medio de la audiencia.

Cinco personas ya estaban privadas de la libertad por el caso

Por los mismos hechos permanecen privados de la libertad Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga.

No obstante, desde el ente investigador se indicó que la búsqueda por el esclarecimiento de los hechos aún no cesa. De hecho, los fiscales aún continúan con la investigación para determinar con el mayor de los detalles la participación de cada uno de los involucrados en el crimen y en el posterior ocultamiento del cuerpo de la joven y su bebé.

El episodio ocurrió en la calle 55 sur con carrera 24, en el barrio El Tunal, y quedó registrado en un video difundido en redes sociales.

Las imágenes, publicadas por la plataforma informativa digital Pasa en Bogotá muestran que el taxi avanzaba por un tramo en sentido contrario al establecido. Tras un reclamo desde otro automóvil, el conductor, incluso, intercambió insultos con una pasajera que viajaba en su taxi, según el material compartido por la cuenta de difusión capitalina.

La discusión continuó unos metros más adelante. El conductor del taxi descendió del vehículo con un cuchillo y se acercó al otro automóvil, donde había menores de edad, de acuerdo con el relato que acompaña la publicación.

“Este señor tras de que viene en contravía como loco, insulta, saca un cuchillo para amenazarme, no le importó que venía con mis hijos. Se escucha a la pasajera del taxi como grita del susto y la cara del hombre acompañante también asustado. Realmente es un peligro para todos que este conduciendo un taxi”, escribió el denunciante.

El hecho causó preocupación entre quienes presenciaron la escena y entre usuarios de redes sociales, que pidieron la intervención de las autoridades de tránsito y de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Después del cruce, el conductor regresó al taxi y abandonó el sector con sus pasajeros dentro del vehículo.

La grabación permitió identificar el vehículo con sus respectivas placas, un dato que podría ser utilizado por las personas afectadas si presentan una denuncia formal ante las autoridades competentes.

Taxista fue asesinado en Bosa Centro

En noticias relacionadas, el jueves 5 de noviembre de 2026 se conoció que un taxista de 26 años murió después de que dos hombres armados le dispararon en un presunto ataque sicarial en Bosa Centro, en el sur de Bogotá.

La Policía Metropolitana de la capital indicó que el ataque ocurrió cerca de las 2:00 p. m., cuando los agresores, que al parecer se movilizaban en motocicleta, interceptaron al conductor y abrieron fuego. Tras los disparos, huyeron del lugar.

Habitantes y comerciantes del sector auxiliaron a la víctima y la trasladaron en otro taxi hasta el Hospital de Bosa. El joven murió minutos después debido a la gravedad de las heridas, según la información conocida de manera preliminar.

La Policía Metropolitana de Bogotá también reportó que no se encontraron elementos iniciales que permitan asociar el hecho con un intento de hurto. Por esa razón, la principal línea de investigación apunta a un posible ataque sicarial, aunque las autoridades aún no establecen el móvil ni han identificado a los responsables.

Conductores que estaban en la zona señalaron a las autoridades que en el sector habrían existido amenazas y casos de extorsión contra taxistas. Esa información será contrastada dentro de la investigación.

En redes sociales circularon versiones sobre posibles problemas relacionados con consumo y comercialización de estupefacientes entre algunos conductores.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación asumió las diligencias para esclarecer el homicidio. Los investigadores revisan registros de cámaras de seguridad, recogen testimonios y buscan establecer el recorrido que siguieron los dos atacantes después del crimen.

La Policía acordonó el lugar durante varias horas para inspeccionar el taxi y recolectar material probatorio. El cuerpo del conductor fue trasladado a Medicina Legal, donde se realizarán los procedimientos correspondientes.

La investigación busca determinar si las denuncias sobre amenazas a taxistas en Bosa Centro tienen relación con el asesinato y ubicar a los hombres que escaparon en motocicleta.

Los detalles fueron dados a conocer por el concejal Nelson Cubides, quien expuso el caso durante la plenaria del Concejo de Bogotá del 6 de noviembre de 2026, con videos de seguridad. El hecho habría ocurrido el domingo 1 de noviembre, cuando una motocicleta en la que viajaban el conductor y un parrillero intentó evadir a agentes de movilidad del Distrito, lo que derivó en un choque.

De acuerdo con la versión de Cubides, para evitar el retén, el conductor maniobró de manera riesgosa el vehículo perdió el control, impactó contra el andén y luego chocó contra una iglesia ubicada en el sector: “El motociclista, claro, evade la posibilidad de detenerse, pero el agente de movilidad se sube al andén, lo persigue y lo empuja, y el motociclista termina estrellándose contra la puerta de una iglesia”.

El incidente dejó daños materiales en el inmueble y afectó a un ciudadano que tiene un establecimiento sobre la avenida.

En consecuencia, el funcionario pidió a la Secretaría de Movilidad que responda por los daños que sufrió la infraestructura del centro de fe.

“El ciudadano salió a hablar con todo el puesto de control para poder colocar la denuncia, porque hay daños a terceros que pueden superar los cinco millones de pesos”, afirmó Cubides en su intervención.

El concejal cuestionó que, según su relato, el personal de seguridad y movilidad presente en el operativo no hubiera ofrecido una respuesta al afectado ni a la institución religiosa.

“Y ahí entonces viene la gran pregunta es: ¿quién responde? ¿El motociclista que está evadiendo o finalmente es Secretaría de Movilidad que debe hacerse responsable de ese cargo? El pastor de la iglesia sale y convoca a todos los del retén para indicarles la situación. Ellos dicen que no tienen nada que ver, que eso fue una persona que estuvo finalmente en otro grupo, que ya había pasado el servicio y que no tenían que responder", dijo el concejal, entrevistado por Citytv.

“Pero hoy, si eso ocurre, si la persona está evadiendo, tienen la posibilidad luego de tomarlo, capturarlo y ponerle una sanción de hasta $850.000. Pero si en este caso, fue que lo empujó el agente de movilidad, hay un daño patrimonial que el artículo 90 obliga a que le paguen a ese pastor cerca de cuatro o cinco millones de pesos que puede costar la reparación de la puerta”.

Durante la plenaria, el cabildante pidió particularmente a la Secretaría de Movilidad que se apersone del reclamo a través de un derecho de petición y determine las responsabilidades por los daños reportados.

“No, en ese momento no había un servicio en la iglesia. Lo que no pudieron fue volver a salir. Les tocó aperturar por otro lado para poder salir. Es una puerta gigante, es una puerta de reja que dañaron el motor”, dijo Cubides.

El concejal precisó la ubicación de la iglesia, en las cercanías del Portal de las Américas, sobre la avenida que lleva el mismo nombre, en el sur de Bogotá.

Qué sanciones aplican por evadir un retén en Colombia y en qué casos cancelan la licencia

Evadir un retén de tránsito en Colombia puede duplicar la multa asociada a la infracción cometida, pero la fuga no implica de forma automática la cancelación de la licencia de conducción ni una pena de prisión. Las consecuencias dependen del tipo de procedimiento y de las conductas que se configuren durante el control.

El Código Nacional de Tránsito establece que, “en caso de fuga”, la sanción económica se duplica. Por esa razón, no existe una tarifa única para quienes no acatan la orden de detenerse ante una autoridad: el monto final se define según la infracción de tránsito que originó el procedimiento.

La Ley 769 de 2002, además, señala que la autoridad de tránsito debe ordenar al conductor detener el vehículo cuando detecta una presunta contravención. Luego debe expedir la orden de comparendo y entregar una copia al presunto infractor.

El artículo 130 del Código Nacional de Tránsito establece que la multa correspondiente se duplica si el conductor se fuga. La norma no crea una infracción autónoma con un valor fijo por “saltarse un retén”, sino que agrava la sanción económica que corresponda al hecho detectado por los agentes.

La firma del comparendo, por su parte, no constituye una aceptación de responsabilidad. El procedimiento permite que el conductor comparezca ante la autoridad competente y presente sus descargos dentro de los términos previstos por la ley.

La víctima, identificada como Marlon Steven Bonilla Acosta, que sufrió heridas durante la agresión ocurrida en el sector de la comuna Compartir.

La Policía Metropolitana de Soacha informó que investiga el caso como un presunto hecho de intolerancia, aunque las primeras indagaciones también apuntan a circunstancias ajenas a la víctima. Aún así, las autoridades aún no establecen con precisión qué desencadenó la agresión.

Y es que, conforme a los videos de cámaras de seguridad, el joven llegó con su mascota, aparentemente, a ver la escena con sus propios ojos.

No obstante, en pocos segundos, un hombre con un machete abordó al joven y lo derribó de un golpe. Luego, lo agredió con el arma metálica sin compasión. El brillo sobre el filo del arma cortopunzante, de al menos 30 centímetros, quedó registrado en el clip, que fue editado con un filtro.

Tras la escena de violencia, el joven fue trasladado a un centro asistencial del municipio, donde permaneció bajo atención médica. Sin embargo, murió el miércoles 5 de noviembre del año en curso a causa de la gravedad de las lesiones, según informaron las autoridades.

Las primeras labores de investigación indican que el ataque podría estar vinculado con “situaciones pasionales ajenas a la víctima”.

Las autoridades clasificaron inicialmente el episodio como un acto de intolerancia, mientras avanza la recolección de elementos para esclarecer los hechos.

Un capturado

La reacción de los uniformados adscritos a la Zona de Atención Compartir I permitió la captura de Michael David Gámez, señalado en forma preliminar como presunto participante en la agresión que inició los golpes contra el joven de 21 años. El detenido quedó a disposición de la autoridad judicial competente, que deberá definir su situación dentro del proceso penal.

La Policía rechazó el ataque y exhortó a la comunidad a resolver sus diferencias por vías pacíficas e institucionales. La institución informó que las investigaciones continúan para determinar las circunstancias del homicidio.

Joven fue asesinado con machete en Suba tras defender a su madre de insultos, según su familia

Otro caso similar se conoció en Bogotá esta semana. Es el caso de Elver Santiago Méndez Castro, un joven que fue asesinado con armas cortopunzantes y un machete dentro de un establecimiento comercial del barrio Alcaparros, en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá.

Sus familiares sostuvieron que el ataque ocurrió después de que el joven intervino ante varios hombres que, presuntamente, insultaron a su madre.

El homicidio ocurrió el 24 de octubre, cerca de las 11:35 p. m., según el relato de la familia al medio Noticiero Alerta 104.4 FM. Días después del crimen, los allegados de la víctima pidieron avances en la investigación y la captura de los responsables, quienes habrían abandonado el sector.

La hermana de la víctima, Laura Rodríguez Castro, dijo en la entrevista que la discusión comenzó en una tienda del barrio, donde su madre se encontraba para ver el partido entre América y Cúcuta. Según su versión, dos hombres y dos mujeres habrían dirigido comentarios ofensivos contra ella luego de que preguntó por la música que sonaba en el lugar.

La víctima intervino después de que su madre pidió ayuda a sus hijos

Rodríguez Castro afirmó que su madre llamó a sus hijos tras el cruce verbal. Méndez Castro llegó minutos después y pidió a las personas involucradas que dejaran de insultarla, de acuerdo con el testimonio familiar.

La situación no terminó allí. La madre de la víctima decidió regresar a su vivienda, tras una jornada de trabajo, y uno de sus hijos la acompañó. Elver Santiago Méndez Castro permaneció en el sector con su padrastro, en la parte externa de otro establecimiento comercial.

Los familiares señalaron que los presuntos agresores recorrieron varios negocios del barrio Alcaparros y preguntaron por el paradero del joven. Poco después, habrían llegado al lugar donde se encontraba.

La familia indicó que dos hombres entraron al establecimiento con un machete y armas cortopunzantes. Una cámara de seguridad del sector habría registrado la llegada de los señalados y la agresión contra Méndez Castro.

Crujientes por fuera, suaves por dentro y con el aroma inconfundible del coco, estos buñuelos son una alternativa sencilla para acompañar el café, el chocolate caliente o una tarde de conversación en familia.

En Colombia, el coco tiene un lugar especial en la cocina del Caribe, donde aparece en arroces, dulces, bebidas y preparaciones de sal. Esta receta propone una versión dulce y fácil de preparar, con pocos ingredientes y cocción al horno.

Receta de buñuelos de coco

Los buñuelos de coco son pequeñas porciones de una masa elaborada con huevo, azúcar y coco rallado seco. La técnica consiste en mezclar, formar bolitas y hornear hasta que tomen un tono dorado en la superficie.

La historia de esta receta está relacionada con la tradición de los dulces y amasijos que se preparan en distintas regiones de Colombia. Aunque no existe una fecha única ni un lugar específico reconocido como origen de esta receta, su desarrollo puede entenderse a partir de la mezcla de ingredientes locales, técnicas familiares y costumbres heredadas de la cocina colonial.

El buñuelo, en su sentido más amplio, es uno de los amasijos y fritos más reconocidos del país. En Colombia se relaciona especialmente con las celebraciones de Navidad, sobre todo en Antioquia y el Eje Cafetero, donde suele acompañar la natilla y las reuniones familiares. En la Costa Caribe, las preparaciones fritas también ocupan un lugar importante dentro de las comidas cotidianas y las ventas populares.

Con el tiempo, el coco se incorporó a distintas versiones de dulces y masas tradicionales. Así surgieron preparaciones regionales que conservan la técnica del amasijo, pero cambian el sabor mediante el uso de frutas, panela, leche de coco o coco rallado. En ese proceso, los buñuelos de coco se consolidaron como una receta casera, más cercana a la repostería familiar que a una fórmula única de la cocina profesional.

Tiempo de preparación

• Tiempo total: 25 minutos.
• Preparación: 10 minutos.
• Cocción: 15 minutos.
• Temperatura del horno: 180 °C.

Ingredientes

1. 2 huevos.
2. 3 cucharadas de azúcar.
3. 150 g de coco rallado seco.
4. 1 cucharadita de mantequilla o aceite para engrasar la bandeja, si es necesario.

Cómo hacer buñuelos de coco, paso a paso

1. Precaliente el horno a 180 °C durante 10 minutos.
2. Ponga los huevos en un recipiente amplio.
3. Agregue el azúcar y bata con un tenedor o un batidor manual hasta integrar.
4. Incorpore el coco rallado seco.
5. Mezcle hasta obtener una masa húmeda y compacta.
6. Deje reposar la mezcla durante 5 minutos. Este tiempo permite que el coco absorba parte de la humedad y facilita el formado.
7. Forre una bandeja con papel para hornear. También puede engrasarla ligeramente.
8. Tome porciones pequeñas de masa con una cuchara.
9. Forme bolitas con las manos limpias. Procure que todas tengan un tamaño similar para que se cocinen al mismo tiempo.
10. No compacte demasiado las bolitas. Una presión ligera ayuda a conservar una textura más suave después de la cocción.
11. Acomode los buñuelos en la bandeja. Deje espacio entre cada uno.
12. Lleve al horno durante 15 minutos o hasta que los bordes estén dorados.
13. Revise la cocción desde el minuto 12. El coco puede tomar color rápidamente y quemarse si permanece demasiado tiempo en el horno.
14. Retire la bandeja y deje reposar los buñuelos durante 5 minutos.
15. Sirva tibios o a temperatura ambiente.

Para una presentación más atractiva, puede espolvorearlos con un poco de azúcar pulverizada. También combinan bien con una cucharada de arequipe, mermelada de guayaba o una taza de tinto.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La preparación rinde aproximadamente 10 buñuelos pequeños.

La cantidad puede variar según el tamaño de las porciones. Si los prepara más grandes, obtendrá entre 6 y 8 unidades.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Los siguientes valores corresponden a una unidad, con una receta dividida en 10 buñuelos:

• Calorías: 115 kcal.
• Proteínas: 2 g.
• Grasas: 8 g.
• Carbohidratos: 10 g.
• Azúcares: 7 g.
• Fibra: 2 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarde los buñuelos en un recipiente hermético cuando estén completamente fríos.

A temperatura ambiente pueden conservarse durante 2 días, siempre que permanezcan en un lugar fresco y seco.

En la nevera, duran hasta 5 días. Antes de servirlos, puede calentarlos durante 10 segundos en el microondas o durante algunos minutos en el horno.

No se recomienda congelarlos por mucho tiempo, porque el coco puede perder textura y la preparación puede volverse más seca al descongelarse.

De acuerdo con la información preliminar suministrada por la Policía Metropolitana de la capital, dos hombres armados, que al parecer se movilizaban en motocicleta, interceptaron al conductor cerca de las 2:00 p. m. Luego le dispararon y huyeron del lugar.

Habitantes y comerciantes de la zona auxiliaron al conductor y lo trasladaron en otro vehículo de servicio público al Hospital de Bosa. Sin embargo, murió minutos después debido a la gravedad de las heridas.

La Policía descartó que el crimen estuviera relacionado con un robo

Las autoridades descartaron, por ahora, la hipótesis de un intento de hurto. Los primeros elementos de la investigación apuntan a un posible hecho sicarial, aunque los móviles del crimen continúan bajo análisis.

De hecho, según la Policía, conductores de taxi que estaban en el sector denunciaron presuntas extorsiones y amenazas en la zona.

Incluso, a través de redes sociales, denunciantes puntualizaron que, al parecer, algunos conductores estarían involucrados en problemáticas vinculadas al consumo y comercialización de estupefacientes. Esa información fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

“Nada justifica lo sucedido, pero los taxistas (la gran mayoria) que se ubican ahi estan consumiendo droga o licor y asi pretenden que tomen servicios con ellos, además de la compañía con que se ubican allí, repito nada justifica lo sucedido pero deberia tomar acciones la Policía”, indicó un usuario.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) asumió las indagaciones. Los investigadores recopilan testimonios, videos de cámaras de seguridad y otros elementos para establecer la ruta de escape de los dos atacantes.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a Medicina Legal. La Policía acordonó el área durante varias horas para inspeccionar el taxi y recolectar material probatorio.

Concejal denunció presunta oficina de sicariato y casa de torturas en el barrio San Bernardo

El concejal de Bogotá Andrés Barrios pidió a las autoridades una intervención conjunta del Gobierno nacional y la Administración distrital en el barrio San Bernardo, en la localidad de Santa Fe, tras denunciar que en el sector operarían una presunta oficina de sicariato y una vivienda usada para torturar y desmembrar personas.

Según el cabildante, la información recopilada por su equipo indica que dos estructuras delincuenciales tendrían presencia en la zona: un grupo de corte familiar y una red de comercios que, de acuerdo con su denuncia, estaría vinculada al lavado de activos de alias Leo, señalado como presunto cabecilla de Los Cuervos.

Barrios aseguró que las autoridades deben pasar de los patrullajes puntuales a una intervención sostenida, con participación de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional.

La propuesta del concejal contempla cuatro frentes: articulación entre la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Ejército; allanamientos y capturas contra los presuntos cabecillas; rastreo y embargo de bienes vinculados a economías ilegales; y medidas de protección para vecinos y líderes comunitarios que reporten delitos.

“San Bernardo necesita una intervención integral y sostenida, no acciones aisladas. Sus habitantes no pueden seguir esperando mientras el miedo les arrebata su barrio”, afirmó Barrios.

El cabildante sostuvo que la comunidad ha alertado durante varias semanas sobre hechos de inseguridad sin que, según su versión, haya existido una respuesta institucional efectiva.

“¿Cuánto más tiene que pasar para que las autoridades intervengan? Llevamos semanas pidiendo una respuesta. Las familias de este sector exigen protección y acciones concretas”, indicó durante una plenaria llevada a cabo a finales de octubre de 2026.

Deisy Dorelly Guanaro, representante de víctimas de las Farc, expresó en redes sociales su decepción por la comparecencia virtual de Sandra Ramírez ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), durante una audiencia de versión libre en el caso 07, que investiga el reclutamiento y la utilización de niños durante el conflicto armado.

La vocera, víctima de este crimen de lesa humanidad, cuestionó las condiciones en las que, según afirmó, se desarrollan estos espacios y las dificultades que enfrentan las víctimas para ser escuchadas.

“Duele ver cómo quienes levantamos la voz terminamos enfrentando burlas, señalamientos y revictimización, mientras quienes deberían responder por sus actuaciones encuentran escenarios de reconocimiento, garantías y privilegios”, manifestó Guanaro.

La representante sostuvo que la exigencia de verdad y justicia le ha generado un desgaste acumulado. No obstante, aclaró que mantiene sus convicciones y su disposición a denunciar, aunque considera alejarse de algunos escenarios institucionales.

“Hoy debo reconocer algo que me cuesta decir: estoy perdiendo la esperanza. No porque haya dejado de creer en la verdad, ni en la justicia sino porque después de tanto caminar, de tantas batallas y de tantas decepciones, uno también tiene que aterrizar y mirar la realidad”, escribió en su perfil de X.

El trato a los responsables de crímenes contra menores

En su mensaje, Guanaro se refirió a quienes calificó como los responsables de delitos cometidos contra niños y adolescentes en el contexto del conflicto armado sobre quienes, según su publicación, percibe una diferencia entre las garantías otorgadas a los comparecientes y el tratamiento que reciben quienes reclaman respuestas.

“Duele ver a nuestros victimarios tratados como honorables, rodeados de condiciones de seguridad, mientras las víctimas todavía tenemos que luchar para que nuestra palabra sea respetada y nuestra seguridad tomada en serio”, afirmó.

También cuestionó la posibilidad de que las víctimas no logren conocer todos los hechos ni obtener las respuestas que esperan.

“Quizás nunca conoceremos toda la verdad, quizás la justicia que tanto esperamos seguirá siendo una promesa y las víctimas terminaremos pasando la vida entera esperando respuestas”, sostuvo.

La vocera señaló que la búsqueda de justicia ha implicado exponer su historia personal de forma constante para respaldar sus reclamos.

“No quiero seguir en espacios donde reclamar justicia parece convertirse en una provocación y donde quienes denunciamos terminamos bajo cuestionamiento”, escribió.

Guanaro agregó que un eventual retiro de instancias de participación no supondría dejar de defender los derechos de las víctimas.

Dijo que buscaría otros escenarios desde los cuales continuar con esa labor, sin tener que acreditar de manera permanente su condición de afectada por el conflicto.

“Si algún día decido renunciar a lo que más ha movido mi corazón durante tantos años, que ha sido esta búsqueda incansable de justicia, no quiero que nadie me señale como cobarde ni como una perdedora. Quiero que recuerden que di la cara, que levanté mi voz, que puse mi nombre y mi historia al frente y que asumí el costo de exigir que quienes cometieron los crímenes más atroces contra nuestros niños respondan por sus actos”.

“Seguiré levantando mi voz, quizás más fuerte que nunca, pero desde otros lugares, donde no tenga que demostrar permanentemente mi acreditación como víctima para que me crean”, agregó.

En el cierre de su pronunciamiento, Guanaro afirmó que no se arrepiente de haber denunciado y pidió que la dignidad de las víctimas sea tratada como un principio no negociable.

“Ojalá algún día podamos dejar de pedir lo que nunca debió negársenos: verdad, justicia, garantías y respeto”, concluyó.

Poco antes de esta publicación, Sara Morales, representante de 380 víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), también cuestionó que Sandra Ramírez rindiera versión de forma virtual.

Morales afirmó que las víctimas que han denunciado hechos atribuidos a las extintas Farc enfrentan amenazas sin contar, según señaló, con garantías suficientes. “Ese nerviosismo que usted tiene es mínimo al miedo con el que vivimos las víctimas que hemos denunciado lo que ustedes hicieron”, dijo en una entrevista con NTN24.

El director general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Germán Calderón España, presentó su renuncia al cargo, que tendrá efecto desde el 6 de noviembre de 2026.

La dimisión fue formalizada en una carta fechada el 5 de noviembre en Bogotá y dirigida al ministro de Justicia y del Derecho, Iván Cancino González.

En el documento, Calderón España indicó que su salida responde a “razones de proyección profesional”, sin precisar otros detalles sobre el proceso al que se presentará para integrar el alto tribunal. No obstante, información preliminar sería que el abogado buscaría ser magistrado de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

“Me permito presentar renuncia al cargo de director general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con efectos a partir del 6 de noviembre de 2026”, escribió el funcionario.

El director saliente señaló que la decisión implica dejar la responsabilidad de representar jurídicamente al Estado colombiano. A la vez, Calderón España agradeció al Gobierno nacional por la designación y expresó su reconocimiento al ministro Iván Cancino.

“Agradezco al Gobierno Nacional la confianza depositada en mí para asumir este importante cargo”, afirmó al cierre de la carta.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no ha confirmado quién asumirá la dirección general tras la salida de Calderón España.

Cuánto tiempo duró Calderón España como defensor del Estado

La salida de Germán Calderón España de la dirección de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se produjo poco más de dos meses después de su nombramiento.

El abogado, que asumió el 25 de agosto de 2026, había sido designado para encabezar la entidad encargada de liderar la estrategia jurídica de defensa de los intereses estatales, prevenir riesgos y proteger el patrimonio público en procesos judiciales y mecanismos de resolución de conflictos.

Al anunciar su llegada a la Agencia, el Ejecutivo resaltó que Calderón España contaba con experiencia en control fiscal, gestión jurídica, contratación pública y protección de derechos.

Según la información oficial publicada en la página web de la Presidencia, su trayectoria le dio una perspectiva sobre los riesgos jurídicos, fiscales e institucionales que enfrentan las entidades públicas. Esa experiencia fue uno de los factores señalados por el Gobierno para su designación como director general.

La entidad tiene a su cargo la formulación de políticas de prevención del daño antijurídico y la defensa judicial de los intereses de la Nación, además de intervenir en asuntos que comprometen recursos públicos.

Calderón España es abogado de la Universidad Católica de Colombia. También cuenta con especializaciones en Derecho Constitucional, en la Universidad Nacional de Colombia, y en Derecho Público Económico, en la Universidad Sergio Arboleda.

El ahora exdirector es magíster en Derechos Humanos. Su perfil profesional reúne estudios y experiencia en áreas vinculadas con la actuación de las entidades estatales y la protección de recursos públicos.

Su última actividad como director de la Agencia de Defensa Jurídica

Un día antes de que entrara en vigor su renuncia, Germán Calderón España participó en la apertura de un programa de formación en mediación y resolución de controversias promovido por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La actividad comenzó el 3 de noviembre y se extenderá hasta el 23 del mismo mes, con sesiones presenciales y virtuales. La iniciativa fue organizada por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y el Centro Internacional de Expertos en Mediación de Disputas.

Durante su intervención del 3 de noviembre, Calderón España afirmó que una controversia mal manejada puede frenar proyectos, elevar costos y retrasar servicios para la ciudadanía. Por ello, planteó que la defensa jurídica estatal debe identificar riesgos y promover salidas legales desde las primeras fases de la gestión contractual.

“Mediar no significa renunciar a la legalidad: significa utilizarla para construir una solución válida, razonable y sostenible”, sostuvo el funcionario.

En su informe, el jefe del Ejecutivo advirtió que continuará autorizando los requerimientos que lleguen a su despacho como parte de la lucha contra el crimen transnacional.

El mandatario difundió el balance en sus redes sociales junto a un video en el que aparece con el secretario jurídico de la Presidencia, Andrés Barreto. En la grabación, el funcionario le informó que tenía seis nuevas solicitudes para firmar, solo para el jueves, 5 de noviembre de 2026.

De la Espriella vinculó las decisiones con la cooperación judicial internacional y las acciones contra organizaciones criminales.

“Seguimos dándola toda en la lucha contra el crimen transnacional, haciendo uso de una herramienta absolutamente fundamental que es la extradición”, afirmó.

Las solicitudes de extradición deben atravesar los procedimientos legales y diplomáticos correspondientes antes de que se concrete la entrega de cada persona requerida por autoridades de otros países.

Estas declaraciones oficiales del jefe de Estado coincidieron con las del vicepresidente José Manuel Restrepo, que acusó al gobierno de Gustavo Petro de haber actuado en “connivencia entre los grupos criminales y el gobierno de turno” durante una intervención en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Madrid.

Restrepo utilizó el escenario diplomático para defender los primeros resultados de la administración de Abelardo de la Espriella y contrastarlos con la gestión del anterior Ejecutivo.

“Una política que no termine como sucedió en el anterior gobierno en Colombia, actuando en connivencia entre los grupos criminales y el gobierno de turno”, afirmó.

El vicepresidente también cuestionó las políticas sociales de la administración anterior, a las que describió como basadas en “el bla-bla-bla y la charlatanería, propia del progresismo o pobrecismo”. En su discurso, aseguró que en los primeros 90 días de gestión las autoridades realizaron más de 32 mil capturas, capturaron o dieron de baja a 35 cabecillas y firmaron más de 150 extradiciones.

“Homicidios, secuestros, terrorismo, extorsión y masacres han caído entre un 40% y 80%”, sostuvo. Las cifras fueron presentadas por Restrepo como un balance del Gobierno, sin que en la intervención se detallaran las fuentes estadísticas, los períodos de comparación ni la metodología utilizada.

Abelardo de la Espriella exigió reforzar la seguridad en frontera con Venezuela

El presidente también ordenó reforzar las operaciones de seguridad en Cúcuta y la zona de frontera con Venezuela, con la activación de la campaña militar y policial Esparta y del Bloque Operacional de Seguridad Urbana.

Durante una visita a la capital de Norte de Santander el 4 de noviembre de 2026, posterior a un sobrevuelo por el Catatumbo, el mandatario pidió intensificar las acciones contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc. Las medidas buscan contener el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y el tránsito ilegal de grupos armados.

La visita se produjo luego de una serie de hechos violentos en Cúcuta, entre ellos el asesinato del exsecretario de Gobierno y precandidato a la Alcaldía Miguel Castellanos, el 26 de octubre, y un ataque con explosivos contra instalaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander.

“Se fortalecerá el control en la frontera y la vigilancia con barreras de control en puntos estratégicos”, afirmó. También sostuvo que el objetivo es impedir que las organizaciones criminales utilicen la zona limítrofe para sus actividades.

El mandatario aclaró que los controles estarán dirigidos contra estructuras ilegales y no contra quienes ingresan o salen por los pasos autorizados. “Nuestro deber es facilitar el tránsito legal de personas y mercancías sin imponer obstáculos innecesarios a quienes cumplen las normas”, señaló.

El expresidente Gustavo Petro celebró a través de sus redes sociales la libertad del exministro del Interior Luis Fernando Velasco en el proceso por presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Además, cuestionó el rumbo de la investigación judicial.

“Muy bien por la libertad de Luis Fernando Velasco en el caso Ungrd”, escribió Petro, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá revocara la medida de aseguramiento que mantenía al exfuncionario privado de la libertad desde agosto de 2026.

En su mensaje, el exmandatario sostuvo que Olmedo López, exdirector de la entidad, fue el que encabezó el desfalco a los recusos del Estado que, según su postura, que “quisieron transformar” como un caso que involucraba a todo el Gobierno.

También vinculó la decisión sobre Velasco con la libertad declarada dos semanas atrás para el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, que también había resultado involucrado en el proceso judicial, como el supuesto “desvío de la investigación”, afirmó Petro.

Agregó que la pesquisa, a su juicio, pudo dejar de lado una supuesta red de irregularidades que habría operado durante varios gobiernos, durante al menos “una década de corrupción por billones de pesos en la Ungrd”.

De la misma manera, afirmó que retiró a Olmedo López de la administración de la Ungrd apenas conoció por publicaciones de prensa los hechos de corrupción relacionados con recursos para las víctimas de fenómenos climáticos, especialmente en La Guajira.

“Yo eché de la administración a Olmedo, apenas supe de la prensa el acto de corrupción que cometió contra las víctimas climáticas”, señaló Petro. También aseguró que el dinero sustraído fue recuperado durante su Gobierno.

El proceso penal contra Velasco continuará en la Corte Suprema

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata del exministro Velasco tras resolver las apelaciones presentadas por su defensa y por la Procuraduría General de la Nación contra la medida de aseguramiento dictada el 19 de agosto del año en curso.

Los magistrados concluyeron que no se acreditaban los requisitos para sostener la privación de la libertad.

La decisión no implica el cierre del expediente ni una definición sobre la responsabilidad penal del exministro. La Fiscalía lo acusa de haber usado su cargo y sus influencias para intervenir, presuntamente, en el direccionamiento de contratos de obra e interventoría de la Ungrd.

El juicio seguirá en la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, con una próxima fecha prevista para el 2 de febrero de 2027.

En cuanto al exministro Bonilla, recuperó la libertad el 7 de abril de 2026 por vencimiento de términos dentro del proceso relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

La decisión se produjo luego de que un juez concluyera que habían transcurrido los plazos legales para mantenerlo bajo una medida de aseguramiento sin avances procesales suficientes.

Bonilla había permanecido privado de la libertad desde diciembre de 2025, cuando fue imputado por los presuntos delitos de presunto concierto para delinquir agravado, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.

Los señalamientos contra los exministros del Gobierno Petro

La Fiscalía General de la Nación había acusado inicialmente al exministro Luis Fernando Velasco de haber intervenido presuntamente en el direccionamiento de contratos de obra e interventoría de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

La hipótesis del ente acusador sostuvieron en su momento que el entonces ministro del Interior habría utilizado su cargo y las influencias derivadas de esa posición para, presuntamente, favorecer intereses específicos dentro de los procesos de contratación. El expediente también involucró al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla.

No obstante, a lo largo de la investigación, Velasco ha rechazado los señalamientos y su defensa cuestionó el acceso al material probatorio entregado por la Fiscalía.

Según publicó el mandatario en sus redes sociales, el programa se ejecutará entre 2026 y 2030 e incluirá intervenciones en 67 estaciones aeronáuticas de todo el país.

La iniciativa contempla la actualización de los centros de control y salas radar de Bogotá, Barranquilla, Rionegro, Cali, Villavicencio y San Andrés.

De la misma manera, se prevé la renovación de 12 radares, la compra de 15 sistemas de vigilancia, mejoras en radioayudas, comunicaciones aeronáuticas y mantenimiento técnico.

Fallas como la del 4 de novimebre se debe a equipos tecnológicos obsoletos, según el Gobierno

En un video difundido junto a la jefa de Transporte, el mandatario indicó que la situación que se vivió en la terminal aérea capitalina se produjo por asuntos recnológicos, porque las pantallas perdieron imagen y que esa falla obligó a suspender las operaciones.

“79 vuelos cancelados y muchos otros retrasados”, atribuidos, según la ministra, a “la obsolescencia” de los equipos tecnológicos asociados a la seguridad aérea. También aseguró que el Gobierno ya tiene aprobado el crédito de la CAF y anticipó que en las próximas semanas comenzará un esquema de mantenimiento preventivo.

Mientras tanto, el presidente De la Espriella afirmó que la infraestructura aeronáutica recibió un rezago en materia de conservación y actualización, ya que “el anterior gobierno no le metió un peso a la seguridad aérea”, sostuvo.

El jefe del Ejecutivo señaló que el objetivo de las inversiones será reforzar la seguridad de los pasajeros y evitar nuevas interrupciones en las operaciones aeroportuarias.

“¡LO OCURRIDO AYER EN EL AEROPUERTO EL DORADO NO PUEDE REPETIRSE! La seguridad de millones de pasajeros no puede depender de sistemas obsoletos ni de mantenimientos aplazados.¡LA SEGURIDAD AÉREA NO SE IMPROVISA, SE GARANTIZA CON INVERSIÓN, TECNOLOGÍA Y DECISIONES! En la Patria Milagro estamos trabajando para recuperar la infraestructura aeronáutica y proteger la vida de los colombianos (sic)”, escribió en su publicación el presidente.

Un reporte técnico del estado de la infraestructura teconológica de la Aerocivil

El anuncio del Gobierno sobre la inversión ocurrió en medio de cuestionamientos por las condiciones técnicas y operativas de la torre de control del aeropuerto bogotano.

Una investigación publicada por La FM, basada en documentos técnicos y fuentes vinculadas a la Aeronáutica Civil de Colombia, sostuvo que la torre presenta problemas de visibilidad, filtraciones, fallas en equipos de vigilancia y deficiencias estructurales que afectan la operación aérea. Las afirmaciones no fueron respondidas en la información aportada por el Gobierno.

Según el medio, un informe de asistencia técnica de la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci), fechado el 20 de abril de 2016, advirtió que una viga horizontal y un parante central quedaron a la altura de la vista de los controladores. Esta condición, de acuerdo con las fuentes citadas, obliga al personal a cambiar de posición para observar aeronaves en aproximación.

La investigación también señaló que los vidrios exteriores de la cabina de control no habrían recibido limpieza desde la construcción de la estructura, debido a la ausencia de un sistema previsto para esa tarea.

El medio conoció que la torre, de 114 metros de altura, registraría un asentamiento de entre 14 y 16 centímetros. El medio atribuyó esa situación a diferencias entre los estudios de suelo iniciales, que contemplaban pilotes de 62 metros, y la profundidad que finalmente se habría ejecutado, de 22 metros.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la inclinación habría afectado los canales de evacuación de agua y provocado filtraciones hacia el sótano eléctrico. El artículo indicó que esos episodios pueden ocasionar apagones en las luces de pista.

La nota también sostuvo que el Radar de Vigilancia de Superficie presenta limitaciones. Citó un informe de inspección de la Secretaría de Autoridad Aeronáutica, identificado como DASNA 021, que habría detectado incumplimientos frente a estándares nacionales e internacionales.

La investigación citó un estudio de IATA Consulting de 2023, según el cual El Dorado puede sostener entre 68 y 70 operaciones por hora en condiciones ideales. Ese volumen se reduciría a 30 movimientos por hora en escenarios de baja visibilidad y a 20 si se suman vientos de cola.

El reporte también mencionó 65 avisos aeronáuticos activos, conocidos como NOTAM, para el aeropuerto al 3 de noviembre de 2026. Entre ellos, destacó la degradación temporal del sistema de aterrizaje instrumental ILS CAT III de la pista 14R a categoría I hasta el 14 de noviembre.

De acuerdo con sus declaraciones, con más de 90 días en el Gobierno y tres pagos, el correspondiente giro de sus recursos ya tenía destinatarios. Además, agregó que su compromiso consiste en entregar su sueldo mensual durante los cuatro años de mandato.

“Como presidente me pagan 41 millones y pico de pesos mensuales”, dijo, aunque hizo la salvedad de que el primer pago fue proporcional, o “cortado” debido a que asumió el cargo el día 7 de agosto, aunque “ya se emparejaron todos”.

La Fundación La Aljaba recibió parte del aporte anunciado

Como beneficiarios de su donación, el mandatario presentó primero a la Fundación La Aljaba, una organización que, de acuerdo con su vocera, desarrolla un programa de atención integral para niños en situación de vulnerabilidad, pobreza extrema o necesidad en el departamento.

Con 26 años de trabajo en el Amazonas ya cuenta, por ejemplo, con programas buscan facilitar el acceso de niños y jóvenes a la educación.

Por eso, durante el intercambio, De la Espriella le preguntó a la mujer si “esos 20 millones de pesos ayudan en algo”. La vocera respondió que la fundación se sostiene con aportes que calificó como “de lo sobrenatural de Dios que son los milagros”.

El mandatario indicó que el salario sería repartido entre dos fundaciones de la región, aunque durante el fragmento difundido solo identificó a la Fundación La Aljaba.

Las donaciones de Abelardo de la Espriella

La primera entrega se conoció entre los días 11 y 12 de septiembre del año en curso en el municipio de Quimbaya, Quindío. En ese momento, De la Espriella repartió cerca de 31 millones de pesos, correspondientes a 24 días de su salario de agosto, entre el Hogar Santo Domingo Savio y el Geriátrico Consentidos de Jesús. Ambas instituciones están ubicadas en una zona afectada por el terremoto del 10 de agosto.

La segunda donación se anunció a comienzos de octubre en Montería, Córdoba. En esa ocasión, entregó 41 millones de pesos, equivalentes al sueldo completo de septiembre, para estudiantes destacados de la ciudad y para la asociación Ámese, que acompaña a mujeres con cáncer de mama.

“Mi sueldo como Presidente no me pertenece”, escribió entonces en su cuenta de X.

El compromiso había sido planteado antes de su llegada a la Presidencia. El 26 de marzo de 2026, cuando era candidato, De la Espriella afirmó en una entrevista radial: “No voy a aceptar el sueldo”. En esa declaración, señaló que los recursos se destinarían a “una obra benéfica o a una fundación”.

Qué otros asuntos se trataron en el Amazonas

El presidente también anunció un paquete de inversiones en transporte, energía, educación y salud, que incluye 14 proyectos por cerca de $ 539 mil millones para el Amazonas, según la información oficial.

Durante el encuentro regional, el mandatario afirmó que el Departamento Nacional de Planeación identificó las iniciativas que prevé ejecutar durante su administración.

De la Espriella indicó que una parte de los recursos llegará a Leticia para obras de infraestructura urbana y educativa. “Vamos a destinar 68 mil millones de pesos”, dijo sobre esas inversiones.

El plan también contempla $55 mil millones para el plan maestro de acueducto destinado a 20 comunidades del departamento. El presidente solicitó a la ministra de Transporte avanzar con mejoras en los aeropuertos de la región y la modernización de los puertos fluviales.

El anuncio oficial incluyó inversiones proyectadas para los sectores de energía, salud, educación y conectividad.

El maracuyá aporta un sabor ácido, tropical y refrescante que convierte cualquier postre en una preparación especial. En especial, si trae el dulce de las manos de las abuelitas que hacen que, con una buena mezcla de ingredientes cremosos como la leche condensada y la crema de leche, se llegue a uno de los postres más optados de la vida.

En Colombia, esta fruta tiene una presencia importante dentro de la cocina dulce y se utiliza en jugos, helados, salsas y postres. El maracuyá aparece entre las frutas tropicales que sorprenden por su sabor, disponibilidad y versatilidad en distintas preparaciones.

Receta de postre de maracuyá

Este postre de maracuyá es una preparación fría que no es solo gelatina, y tampoco suele encasillarse unicamente como un mousse, aunque sí es cercana. Tiene una textura cremosa y suave. La técnica principal consiste en batir la crema de leche, integrarla con leche condensada y pulpa de maracuyá, y llevar la mezcla al congelador hasta que tome cuerpo.

El mousse es un postre de textura suave, cremosa y aireada. Su consistencia se logra al incorporar aire mediante crema de leche batida, claras de huevo montadas o ambas. También puede prepararse con chocolate, frutas, café, vainilla o quesos suaves, según el sabor que se quiera obtener.

Una de sus características principales es que debe sentirse ligero en la boca, aunque sus ingredientes aporten una textura cremosa. Por lo general, se sirve frío y necesita refrigeración para adquirir firmeza. Puede presentarse en copas, moldes o como relleno de tortas, y suele decorarse con frutas, ralladura de chocolate, semillas o salsas.

Tiempo de preparación

• Preparación activa: 20 minutos.
• Tiempo de congelación: 6 horas como mínimo.
• Tiempo total: 6 horas y 20 minutos.

Para obtener una textura más firme y fácil de servir, se recomienda dejarlo en el congelador durante toda la noche.

Ingredientes

1. 400 g de crema de leche, bien fría.
2. 1 lata de leche condensada, de aproximadamente 397 g.
3. 6 maracuyás frescos o 200 ml de pulpa de maracuyá.
4. 1 cucharada de jugo de limón.
5. 1 pizca de sal.

Cómo hacer postre de maracuyá, paso a paso

1. Lave los maracuyás y córtelos por la mitad.
2. Retire la pulpa con una cuchara. Pase una parte por un colador de malla fina y presione con el dorso de una cuchara para extraer el jugo.
3. Reserve un poco de pulpa con semillas. Esta se puede utilizar para decorar el postre al final.
4. Vierta la crema de leche en un recipiente amplio. El recipiente y la crema deben estar muy fríos para facilitar el batido.
5. Bata la crema hasta conseguir picos suaves. Evite batirla en exceso para que no se corte.
6. En otro recipiente, mezcle la leche condensada con el jugo de maracuyá colado, el jugo de limón y la pizca de sal.
7. Incorpore la mezcla de leche condensada a la crema batida. Use movimientos envolventes, de abajo hacia arriba, para conservar el aire y mantener la preparación liviana.
8. Añada parte de la pulpa con semillas. Mezcle apenas para distribuirla y crear un contraste de textura.
9. Pase la preparación a una budinera, refractaria o recipiente apto para congelador.
10. Cubra la superficie con papel film en contacto directo con la mezcla. Este paso ayuda a evitar la formación de cristales de hielo.
11. Lleve el postre al congelador durante mínimo 6 horas. Lo ideal es dejarlo allí toda la noche.
12. Retire el recipiente del congelador 5 minutos antes de servir. Decore con pulpa de maracuyá y porcione con una cuchara.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

• Calorías: 280 kcal.
• Grasas: 18 g.
• Carbohidratos: 26 g.
• Proteínas: 4 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El postre se conserva en el congelador hasta por 15 días, siempre que permanezca bien tapado con papel film o dentro de un recipiente hermético.

Evite descongelarlo por completo y volverlo a congelar. Para servirlo, retírelo solo durante 5 minutos y regrese el sobrante al congelador.

Un viaje por carretera en Colombia puede requerir hasta $2 millones adicionales para atender imprevistos cuando dura más de cinco días o incluye trayectos hacia zonas remotas.

A esta conclusión llegó un análisis presupuestal que incluyó una revisión de costos de situaciones que pueden sacar de las casillas a los conductores y viajeros del país por averías mecánicas, accidentes de tránsito, el uso de grúas, el transporte alternativo, así como posibles noches adicionales de alojamiento pueden elevar el costo de las vacaciones cuando no todo sale como se planeó.

Por ende, el monto necesario depende de la duración del recorrido, el vehículo, el número de pasajeros y las condiciones de la ruta, de acuerdo con la información que la compañía de seguros Quálitas Colombia suministró a Infobae Colombia.

En detalle, para un automóvil particular, la aseguradora recomendó reservar entre $200.000 y $500.000 para viajes de ida y vuelta en un solo día. En desplazamientos nacionales de entre dos y cuatro días, el fondo sugerido se ubica entre $500.000 y un millón de pesos.

Pero para recorridos de cinco días o más, la previsión parte de $1 millón y puede superar los $2 millones, si suceden los escenarios mencionados.

No obstante, desde la aseguradora se aclaró que las cifras son una guía para organizar el presupuesto familiar y no corresponden a “tarifas oficiales ni promedios estadísticos”, indicó la compañía. También se advirtió que el dinero podría no ser suficiente en caso de una reparación mayor o de un siniestro de gravedad.

Una emergencia durante el trayecto puede sumar gastos distintos al arreglo del vehículo. Entre ellos figuran el servicio de grúa, los traslados de los ocupantes, la alimentación, el hospedaje y la pérdida de reservas pagadas con anticipación.

Por esa razón, la recomendación es revisar, antes de viajar, si el seguro contratado incluye asistencia en carretera, traslado de pasajeros, alojamiento o recursos para continuar el recorrido.

La compañía recordó que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) cubre la atención de las víctimas de un accidente, dentro de los límites y las condiciones previstas por la ley, pero no ampara los daños materiales de los vehículos involucrados.

Una póliza voluntaria puede incluir responsabilidad civil extracontractual para responder por daños materiales o lesiones causadas a terceros. La protección sobre daños propios del automotor, sin embargo, depende de las condiciones particulares de cada contrato, incluidos deducibles, exclusiones y límites económicos.

“Tener una póliza no significa que cualquier emergencia esté cubierta”, advirtió Quálitas. La empresa recomendó verificar el alcance del servicio de grúa, las distancias cubiertas, los topes de cada beneficio y los requisitos para solicitar transporte alternativo u hospedaje.

Tips para evitar sobrecostos en casos de imprevistos: revisar el vehículo antes de salir

El mantenimiento preventivo aparece como otro factor para evitar que un problema mecánico se convierta en un gasto mayor. La revisión de frenos, llantas, batería, aceite y refrigerante puede permitir detectar fallas antes de iniciar el viaje.

La compañía aconsejó detener el vehículo en un lugar seguro y solicitar asistencia si se presentan señales como sobrecalentamiento, humo, pérdida considerable de líquidos o fallas en el sistema de frenos.

“La planeación financiera debe combinar mantenimiento preventivo, ahorro para contingencias y conocimiento de las coberturas contratadas”, concluyó la aseguradora.

Cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) indican que, en Colombia, se registran más de 60.000 casos de asistencias viales al año.

Por ejemplo, en 2024, desde el Runt se indicó los servicios de asistencia vial en Colombia registraron 33.584 casos relacionados con problemas en los neumáticos, 28.824 por fallas mecánicas, 13.918 por problemas de seguridad y 10.837 por falta de combustible.

Además, se reportaron 3.514 traslados a talleres, 2.826 servicios de grúa, 2.616 accidentes y 1.557 atenciones de ambulancia, según los registros publicados en un balance de asistencia en carretera.

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Carolina Restrepo Cañavera, se pronunció en sus redes sociales para aclarar las dudas que pudo haber generado el paquete de cambios anunciados en los procesos de contratación en la institución de la infancia colombiana.

En primer lugar, advirtió que las madres comunitarias y los sindicatos no tienen facultades para definir quiénes serán los operadores de los programas de atención a la niñez.

Por ende, en un comunicado divulgado en sus redes sociales, la directora de la institución aseguró que la renovación institucional contempla controles sobre contratos, recursos, funcionarios y prestadores de servicios. “La niñez merece lo mejor, ese será el criterio de todas nuestras decisiones”, sostuvo.

El pronunciamiento se conoció en medio de cuestionamientos por cambios de operadores y denuncias sobre posibles afectaciones en la contratación de servicios para niños, adolescentes y familias.

Restrepo Cañavera reconoció, en efecto, el trabajo de las madres comunitarias y el derecho de las organizaciones sindicales a representar a sus afiliados. Sin embargo, aclaró que su participación no supone intervención en los procesos de contratación, porque, según su concepto, “ni las madres comunitarias ni los sindicatos son coadministradores del Icbf”.

De acuerdo con su explicación, la interlocución con estos sectores no les permite escoger operadores, exigir que continúen en los contratos ni vetar decisiones de la entidad.

La jefa del Icbf también detalló que “la selección y el cambio de operadores corresponden a las instancias competentes de la entidad”, bajo las reglas del manual de contratación, los procedimientos aplicables y la legislación vigente. Además, añadió que esas actuaciones deben estar sustentadas, documentadas y disponibles para el control de las autoridades.

La entidad defendió la contratación de organizaciones de otras regiones

En cuanto a las inquietudes por la participación de operadores de departamentos distintos a aquellos donde prestarán los servicios, la funcionaria sostuvo que el origen geográfico no prueba “por sí sola, una irregularidad ni un perjuicio” para los beneficiarios.

“La evaluación debe concentrarse en su idoneidad, su capacidad para prestar el servicio, el cumplimiento de los requisitos y las condiciones efectivas de atención”, aclaró.

De hecho, determinó que acudir a directivos u operadores de otras regiones puede ayudar a reducir riesgos de conflictos de interés, favorecimientos o captura de decisiones institucionales y que, dentro de los límites legales, el Instituto seguirá recurriendo a personas y organizaciones de otras zonas del país cuando lo considere necesario.

La diferenciación entre cambios de operador y suspensión de servicios

De cara a las denuncias sobre eventuales cortes en la contratación, la directora señaló que es necesario establecer en cada caso si se trata de un cambio de operador, una terminación contractual o una interrupción efectiva de la atención.

“Cada situación exige una respuesta sustentada en los hechos y medidas acordes con lo que se establezca”, y de la misma manera, el estándar de evaluación será igual para funcionarios, operadores y contratistas.

“La antigüedad, las relaciones personales, la cercanía política o la presión de cualquier sector no reemplazan esos requisitos. No hay derechos adquiridos”, reiteró Restrepo.

En su comunicado también planteó que la renovación institucional buscará fortalecer la calidad de los servicios, prevenir actos de corrupción y asegurar que los recursos públicos se destinen a la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

La directora señaló que la entidad escuchará los reclamos, explicará sus decisiones ante las autoridades y corregirá las situaciones en las que se identifiquen errores o irregularidades.

“Vamos a trabajar para que el Icbf cuente con los mejores funcionarios, los mejores operadores y los mejores contratistas, seleccionados con criterios objetivos y sujetos a una exigencia permanente de integridad y resultados”, concluyó.

Luego de que se conociera una reunión que sostuvo con la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez, que también se alineó con estas acusaciones sobre la presunta asignación de contratos públicos a mujeres cercanas a Petro, Jiménez declaró que “los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro”.

Jiménez ya había formulado denuncias, incluso, ante la Corte Suprema de Justicia, sobre un supuesto intercambio de beneficios dentro del gobierno progresista.

El material divulgado en redes sociales, según su propia versión, pretende respaldar sus afirmaciones, particularmente ante las autoridades, sobre el posible vínculo personal que asegura haber mantenido con el exmandatario.

“Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. (...) Confío en la justicia y le pido a esa justicia y al Gobierno que no permita que ni a mi familia ni a mí nos pase nada. Si algo nos llega a suceder hago responsable a Petro”, escribió Jiménez en la publicación.

En la pieza audiovisual están ambos sosteniendo una conversación privada. Allí, no solo se oye la risa del dirigente político, sino comentarios de los dos sobre el estado físico de quien ocupó el despacho de la Casa de Nariño.

La difusión del contenido ya mereció reacciones en el país político, especialmente en la bancada de Gobierno.

Enrique Gómez, senador y director del Partido Movimiento de Salvación Nacional, fue uno de los primeros en pronunciarse en su cuenta de X:

“Lo que hemos visto es la podredumbre de valores de quien malgobernó nuestra nación. Predicaba superioridad moral mientras convertía el poder en un instrumento para su placer personal. Pero más allá de su vida íntima, lo grave es el uso de recursos público, plata de todos los colombianos, usados para pagar favores ‘especiales’”.

El senador Germán Rodríguez también publicó su reacción: “IMPACTANTE Deicy Jiménez reveló un video junto a @petrogustavo en el que, se confirman sus declaraciones sobre la relación que habría mantenido con el entonces presidente. Poco a poco se van cerrando cabos sueltos. Y esto, al parecer, es solo una parte de todo lo que falta por conocerse (sic)”.

Al momento de la difusión del video no se conocía una declaración pública del expresidente Gustavo Petro, ni de líderes políticos afines al Pacto Histórico sobre el contenido de la publicación ni sobre los señalamientos de Jiménez.

Los presuntos seguimientos que Deicy Jiménez denunció tras divulgar las acusaciones

La joven, cuyas declaraciones desataron una nueva oleada de polémicas sobre la gestión del líder del Pacto Histórico, —en medio de los señalamientos de exfuncionarias como Angie Rodríguez y Ángela Benedetti— aseguró que está siendo objeto de seguimientos ilegales, luego de que circularan fotografías suyas junto a dos personas que, según las imágenes, la acompañaban en el centro de Bogotá.

En diálogo con El Tiempo, aseguró que está “siendo perseguida”, y que “mi vida está en peligro”. Las fotos, difundidas en redes sociales, incluían referencias al lugar y a la hora en la que habría estado la joven, cerca de la Presidencia de la República.

Estos hechos se conocieron luego de que el penalista Felipe Caballero renunciara a la representación de Jiménez por razones de seguridad.

El abogado había anunciado que entregaría a la Fiscalía General de la Nación el teléfono celular de la joven como parte de los elementos relacionados con sus acusaciones. La diligencia estaba prevista para el 3 de noviembre, pero no se realizó tras su salida de la defensa.

Jiménez también acudió a la Corte Suprema de Justicia, donde sostuvo durante cerca de tres horas y media sus señalamientos sobre los supuestos casos, incluido el suto, de contratación irregular.

Se confirmaron dos contratos en favor de Jiménez por cerca de $41 millones

El exdirector encargado de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno del Ministerio del Interior, Tito Lorenzo Lovo Carretero, confirmó que supervisó dos contratos suscritos por Deicy Jiménez con esa cartera, por un valor conjunto cercano a $41 millones.

Según la información documental conocida, el primero fue firmado el 29 de agosto de 2025 por cerca de $11 millones. El segundo se suscribió el 21 de enero de 2026 por alrededor de $30 millones, con vigencia hasta el 31 de diciembre de este año.

Lovo Carretero sostuvo que las órdenes de prestación de servicios respondían a necesidades operativas de la dependencia y negó tener conocimiento de una recomendación particular para vincular a Jiménez.

Las explicaciones de la exFarc Sandra Ramírez para comparecer de manera virtual a la indagatoria por reclutamiento de menores y violencia sexual ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) generaron críticas, luego de que días antes se conocieran supuestos intentos de reprogramar la diligencia de versión libre.

La jurisdicción dejó en firme la citación presencial de la exguerrillera para el miércoles 4 de noviembre de 2026, pese a la solicitud de aplazamiento, según informó Caracol Radio.

La senadora María Clara Posada cuestionó el argumento de la magistrada Lily Rueda, quien aseguró que la audiencia virtual se fijó por motivos de “riesgo extremo de seguridad” para la excombatiente.

La legisladora del Centro Democrático, que ha emprendido una investigación sobre las finanzas de la JEP, relacionó la modalidad virtual con los recursos destinados al arrendamiento de la Torre Squadra, sede de la jurisdicción.

En su mensaje, Posada puso en duda que las razones expuestas para la comparecencia remota correspondan con las condiciones de seguridad que, según dijo, motivaron el gasto.

“Raro, considerando que una de las razones por las que hemos pagado 160 mil millones de pesos en el arriendo de Torre Squadra es que el edificio garantizaba las condiciones de seguridad a los comparecientes”, expresó.

La también funcionaria cuestionó que, pese a esa infraestructura, Ramírez no acuda personalmente a la diligencia. “Pero bueno, otra ‘cosita’ que quedó faltando”, agregó.

A Posada se le unió el mayor general retirado Álvaro Pérez Durán, que escribió en sus redes sociales: “¡Qué conveniente! Para Sandra Ramírez: ‘riesgo extremo’, protección y consideraciones especiales. Para las víctimas: otra vez esperar y quedar en segundo plano. Los victimarios andan con escoltas, pero la JEP insiste en protegerlos aún más. Como siempre, las víctimas son las que terminan perdiendo. ¡Qué indignación!“.

Representante de víctimas cuestionó la modalidad virtual de la diligencia

Por su parte, Deisy Dorelli Guanaro, representante de las víctimas del conflicto armado y víctima de reclutamiento armado por parte de las Farc cuando era niña, afirmó que la decisión de permitir una comparecencia virtual representa un trato desigual frente a quienes han acudido a la justicia transicional.

“¡Qué leguleyada! Casi diez años con un robusto esquema de seguridad y ahora resulta que no puede dar la cara a las víctimas”, manifestó Guanaro.

La representante aseguró que ha enfrentado amenazas e intimidaciones y que, pese a ello, mantiene su exigencia de justicia. “Yo, con amenazas de muerte e intimidaciones constantes, aquí estoy, sin esconderme y exigiendo justicia”, señaló.

Guanaro pidió a la JEP evitar lo que calificó como privilegios para antiguos integrantes de grupos armados que deben comparecer ante esa jurisdicción.

“Basta de privilegios, de burlarse de las víctimas. La JEP no puede seguir dándoles garantías a los asesinos mientras las víctimas seguimos esperando respuestas”, afirmó.

De manera previa, Guanaro afirmó que ratificaría sus señalamientos por reclutamiento de menores contra Ramírez.

“No tengo miedo y no voy a guardar silencio”, sostuvo en un mensaje divulgado en redes sociales. La mujer aseguró que expondría nuevamente ante el tribunal de paz los hechos que, según su denuncia, afectaron su infancia y la de otros niños y niñas durante el conflicto armado.

Guanaro sostuvo que se presentaría ante la JEP para insistir en los señalamientos que ha hecho públicamente contra la excombatiente. “Mañana ratificaré mis denuncias y todo lo que le he contado al país”, expresó en su publicación.

“Hoy es un día para recordar a los 18.677 niños, niñas y a miles más que ni siquiera aparecen en esas estadísticas. Niños que fuimos brutalmente secuestrados, arrancados de nuestras familias, despojados de nuestra identidad y sometidos a toda clase de violencias, incluida la sexual. Nos robaron la infancia, la libertad y los sueños. Hoy honro a todas las mujeres sobrevivientes y a los hombres que hemos tenido el valor de romper el silencio y contarle a Colombia lo que vivimos”, dijo.

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Angie Rodríguez se reunió el miércoles 4 de noviembre de 2026 con Deicy Jiménez, quien ha denunciado una presunta red de explotación sexual y supuestas entregas de contratación estatal a cambio de favores sexuales durante el gobierno de Gustavo Petro.

Según Rodríguez, el encuentro fue breve, pero permitió identificar elementos comunes entre los señalamientos que ambas han expuesto sobre presuntas irregularidades en la Presidencia.

“Son demasiadas coincidencias y un mismo patrón”, afirmó la exfuncionaria del gabinete del expresidente Petro a El Tiempo. Además, relató que las dos decidieron coordinar acciones para llevar información y aportar nuevos datos a la justicia sobre las conductas que han denunciado.

“Decidimos trabajar juntas para buscar justicia y verdad. De aquí en adelante vamos a trabajar en equipo”, declaró la exfuncionaria de la Presidencia al medio.

Incluso, la exdirectora del Dapre añadió que ambas consideran que sus denuncias presentan convergencias que podrían contribuir al esclarecimiento de los hechos. “Vamos a unir esfuerzos en la misma dirección, porque muchísimas cosas coinciden”, señaló Rodríguez.

Deicy Jiménez ha denunciado públicamente una supuesta red de explotación sexual y presuntas irregularidades en la entrega de contratos estatales. Las acusaciones mencionadas por la denunciante se relacionan con integrantes de la administración del expresidente Gustavo Petro.

Rodríguez, por su parte, formuló cuestionamientos sobre hechos que habrían ocurrido dentro de la Presidencia durante ese periodo. El encuentro entre las dos se produjo en medio de la intención anunciada de presentar más información ante las autoridades.

No obstante, la circunstancia anterior a la reunión fue que Deicy Jiménez no declaró ante la Fiscalía General de la Nación luego de que su abogado, Andrés Felipe Caballero, renunciara a su representación por motivos de seguridad, una decisión que obligó a aplazar la diligencia que estaba prevista para el 3 de noviembre.

La diligencia quedó en manos de Marcela Abadía, fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien deberá evaluar la versión que entregue la excontratista cuando se defina una nueva fecha. Hasta el momento no se ha informado cuándo será reprogramada la audiencia.

El abogado alegó razones de seguridad para renunciar a la defensa

Andrés Felipe Caballero anunció que dejó la representación de Jiménez tras denunciar amenazas, y sostuvo que su decisión busca evitar que la atención se aparte de la seguridad de la denunciante y de otras posibles declarantes.

“Las amenazas no me asustan, pero soy un convencido de que la atención en lo prioritario no debe perderse: lo más importante aquí es garantizar que Deicy y otras mujeres puedan declarar y aportar otros elementos de prueba”, escribió Caballero en su cuenta de X.

La renuncia obligó a solicitar el aplazamiento de la diligencia ante la Fiscalía mientras Jiménez designa un nuevo representante judicial. Caballero había acompañado a la excontratista en actuaciones previas ante la Corte Suprema de Justicia.

Jiménez ya declaró ante la Corte Suprema de Justicia

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema escuchó a Jiménez el 29 de octubre de 2026, en una diligencia que se extendió por cerca de cuatro horas. Durante ese procedimiento, la denunciante se comprometió a entregar su teléfono celular para una inspección de la Policía Judicial, aunque la fecha para ese trámite quedó pendiente.

La excontratista ratificó ante el alto tribunal sus denuncias sobre una supuesta red en la que mujeres habrían recibido contratos estatales a cambio de, según el testimonio, acompañar a Petro a fiestas, conseguir drogas y mantener relaciones íntimas. Según su versión, conoció al entonces senador en 2019 a través de una página para adultos.

Jiménez también mencionó a la exsenadora María José Pizarro. Sostuvo que ella habría conocido las circunstancias de su vinculación a una Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Entre los contratos mencionados figura uno por cerca de $34 millones para apoyar labores de la Primera Vicepresidencia del Senado, entonces encabezada por Pizarro.

La Aeronáutica Civil informó que las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá avanzan hacia la normalización tras una falla en los sistemas de visualización radar que afectó la gestión del tránsito aéreo y provocó retrasos en varias terminales del país desde el mediodía del miércoles, 4 de noviembre de 2026.

La entidad señaló que la novedad técnica fue superada y que los despegues se desarrollan con normalidad. No obstante, equipos de controladores aéreos y personal técnico mantienen el monitoreo de la operación para completar la recuperación del servicio.

El incidente se registró desde las 12:40 p. m., cuando viajeros alertaron retrasos en sus vuelos desde y hacia Bogotá, en distintas terminales aéreas. La situación obligó a aplicar procedimientos alternos y afectó vuelos en El Dorado, así como en terminales de Medellín y Bucaramanga.

Incluso, en horas de la tarde y noche del miércoles 3 de noviembre, se conocieron rezagos de algunos retrasos. Un reporte de Noticias Caracol indicó que algunos servicios no despegaron y fueron reprogramados por hasta cerca de tres horas, además de un balance de 14 vuelos cancelados con destino a Cali, Pereira, Medellín, Barranquilla.

Sobre las 6:00 p. m. la terminal aérea aún registraba un escenario de alta afluencia de pasajeros a la espera de abordar, de acuerdo con la información de las aerolíneas afectadas como Avianca, Latam y Wingo.

Aunque inicialmente la Aeronáutica Civil no publicó actualizaciones en sus canales oficiales, la autoridad aérea reportó una falla total del radar en el Centro de Gestión Aeronáutica de Colombia, en Bogotá.

Fuentes internas de la Aeronáutica Civil consultadas por Blu Radio indicaron que los controladores perdieron acceso a las pantallas que les permiten monitorear el tránsito aéreo: “Quedamos ciegos por hora y media”.

En redes sociales, numerosos afectados difundieron videos y mensajes sobre el caos generado. El periodista Juan Lozano, quien se encontraba en una aeronave, relató que los aviones permanecían detenidos y que los pasajeros que habían abordado debieron regresar a las salas de espera.

“La situación de la torre de control de El Dorado es MUY crítica. Para la muestra un botón. A esta hora, caos en El Dorado. Están desabordando todos los vuelos porque supuestamente hay un daño en la torre de control con las comunicaciones del aeropuerto. Sin embargo, hay algunos aviones aterrizando (sic)”, afirmó Lozano en un mensaje publicado en sus redes sociales.

La situación afectó a pasajeros de vuelos nacionales e internacionales. Entre los itinerarios comprometidos hubo conexiones procedentes de San Andrés, Medellín, México y otros destinos.

Además de los despegues suspendidos, el incidente habría complicado el desembarque de pasajeros de aeronaves que llegaron a Bogotá desde otras ciudades. La acumulación de aviones en plataforma redujo la disponibilidad de posiciones de estacionamiento.

La Aerocivil activó protocolos y restableció planes de vuelo afectados

La autoridad aérea afirmó a través de un comunicado oficial que puso en marcha los protocolos operacionales y técnicos previstos para este tipo de contingencias apenas identificó el problema en los sistemas de visualización radar.

La entidad dispuso un grupo especializado de controladores aéreos para restablecer y cargar nuevamente los planes de vuelo que resultaron afectados. Según la información suministrada, el sistema opera bajo condiciones de estabilidad.

Así mismo, se indicó que durante la contingencia, la terminal aérea capitalina funcionó bajo procedimientos de control sin radar, una modalidad que implica mayores separaciones entre aeronaves y puede reducir el ritmo habitual de las operaciones.

La medida derivó en demoras superiores a una hora en algunos vuelos.

Rionegro levantó la separación ampliada entre aeronaves

En el Aeropuerto Internacional José María Córdova, ubicado en Rionegro, Antioquia, las operaciones también retomaron la normalidad.

La Aerocivil confirmó el levantamiento de la medida de separación ampliada entre aeronaves que, así como en Bogotá, se había dispuesto de forma preventiva en el espacio aéreo de Medellín.

La restricción estuvo vigente mientras los sistemas de Bogotá recuperaban su estabilidad. La entidad indicó que el personal de Control de Tránsito Aéreo (ATC) continúa con la supervisión del comportamiento de los vuelos.

Aún así, la Aerocivil recomendó a los pasajeros mantener contacto directo con sus aerolíneas para verificar el estado de cada vuelo y posibles cambios en los itinerarios. Además, anunció que entregará nuevas actualizaciones sobre la revisión técnica y la recuperación total de las operaciones en el país.

El presidente de la entidad financiera, Richard Alexander Caicedo Rico, señaló que la revisión institucional fue ordenada bajo el liderazgo del presidente Abelardo de la Espriella y busca proteger los recursos destinados al acceso de los jóvenes a la educación superior.

Incluso, se habrían detectado posibles problemas en la planeación, la contratación y el crecimiento de los gastos administrativos.

Una reducción de $1,75 billones en dos años

Caicedo Rico afirmó que solicitó una revisión de los contratos suscritos y de la destinación de los recursos de los últimos cuatro años desde que asumió el cargo el 18 de agosto del año en curso, debido a que “la transparencia con el dinero de la educación y los proyectos de vida de los jóvenes colombianos no es negociable”.

El funcionario aseguró que, en dos años, la entidad tuvo recortes cercanos a $1,75 billones y añadió que los créditos aprobados pasaron de 70 mil en 2024 a 10.621 en 2025.

También sostuvo que en 2026 se eliminaron los recursos destinados al subsidio a la tasa de interés, una decisión que, de acuerdo con el reporte, afectó a cerca de 200 mil jóvenes colombianos.

Uno de los puntos centrales del informe se refiere a la implementación de una cuenta de ahorro educativo voluntario, un producto regulado por el Decreto 375 de 2018. El proyecto buscaba que las familias ahorraran para la formación académica de sus hijos.

Sin embargo, conforme a la versión de Caicedo Rico, los estudios de factibilidad entregados desde septiembre de 2025 concluyeron que el programa no era viable desde el punto de vista financiero. La entidad habría contratado ese análisis por más de $534 millones.

“No existe un solo escenario de modelación financiera que garantice su sostenibilidad”, afirmó. Incluso explicó que los ingresos proyectados para el producto no alcanzarían para cubrir sus costos operativos.

Pese a esas conclusiones, la administración anterior habría comprometido cerca de $83.770 millones en tres contratos relacionados con el proyecto: el estudio de viabilidad, la estructuración jurídica del reglamento y el desarrollo tecnológico.

El funcionario expresío que el contrato tecnológico, proyectado a cinco años, ya tenía entregas superiores al 50% de su valor en menos de un año. El monto desembolsado ascendería a unos $48.700 millones, pese a que la plataforma correspondería a un producto que no podía llegar al mercado por falta de viabilidad financiera y de un reglamento aprobado.

El informe también advierte un aumento del 80% en contratistas

El presidente del Icetex indicó que la revisión detectó un incremento en los contratos por prestación de servicios y en los gastos administrativos de la entidad.

Según su declaración, entre 2022 y 2026 el número de contratistas aumentó 80%, con un costo superior a 70.000 millones de pesos durante el último año. También afirmó que el gasto en esos contratos se incrementó más de 140%.

“Es inaceptable que mientras las familias colombianas pedían soluciones de crédito y financiamiento, el gasto interno en burocracia siguiera aumentando”, manifestó Caicedo Rico.

El funcionario afirmó que la administración busca reducir la contratación y aplicar una política de austeridad. Añadió que revisará los recursos comprometidos en contratos de tecnología y asesorías vinculados al proyecto de ahorro educativo.

Voceros oficiales de la Presidencia informaron que el reporte será puesto en conocimiento de la Contraloría y la Procuraduría para que determinen si existen responsabilidades fiscales o disciplinarias.

De acuerdo con la información suministrada oficialmente por el presidente Abelardo de la Espriella, durante el procedimiento las autoridades capturaron a dos personas e incautaron armas, municiones, drogas y vehículos.

El operativo estuvo a cargo del Gaula Militar Oriente, de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. Según la información divulgada, una de las víctimas llevaba cerca de tres meses en poder de la estructura criminal.

Los menores quedaron bajo protección institucional para el restablecimiento de sus derechos. Las autoridades no divulgaron sus identidades ni precisaron las circunstancias en las que fueron secuestrados.

En la vivienda intervenida, los uniformados encontraron 12 armas de fuego, entre ellas cinco revólveres, seis pistolas y una subametralladora Mini Uzi. También incautaron un silenciador, proveedores y 192 cartuchos de distintos calibres.

El material hallado incluyó cinco teléfonos celulares, dos motocicletas, dinero en efectivo y sustancias estupefacientes. De acuerdo con el reporte, fueron decomisados 30 kilogramos de marihuana, cinco kilogramos de pasta base de coca y dos kilogramos de clorhidrato de cocaína.

Las dos personas detenidas son señaladas de pertenecer al Clan del Golfo y quedaron a disposición de las autoridades judiciales. Su situación legal deberá ser definida en las próximas audiencias.

Abelardo de la Espriella pidió “perseguir” a los responsables

El presidente Abelardo de la Espriella se refirió al operativo a través de una publicación en la que aseguró que quienes secuestren o utilicen a menores de edad enfrentarán la respuesta del Estado.

“¡QUIEN SECUESTRE O UTILICE A NUESTROS NIÑOS SE ENFRENTARÁ CON TODA LA FUERZA DEL ESTADO! Con los niños no se mete nadie (sic)”, afirmó.

También advirtió que los responsables serán perseguidos y llevados ante la justicia, y que el Gobierno no permitirá que “ningún grupo NARCOTERRORISTA someta a nuestras familias ni convierta a nuestros menores en víctimas de sus actividades criminales”.

La operación se desarrolló en medio de las acciones de las autoridades contra los grupos armados organizados que operan en el oriente de Antioquia.

Operativo contra el Clan del Golfo en Caucasia dejó un muerto, tres capturados y siete secuestrados liberados

Un mes atrás, las autoridades confirmaron una operación militar contra el Clan del Golfo en jurisdicción del municipio de Caucasia, Antioquia, que permitió la recuperación de siete personas que permanecían secuestradas.

La operación también dejó un integrante de la estructura muerto y terminó con la captura de tres presuntos miembros de esa organización, uno de ellos herido.

El presidente Abelardo de la Espriella informó que la intervención también permitió incautar cuatro armas largas y una corta. La operación se desarrolló el domingo 13 de septiembre en Caucasia, municipio del Bajo Cauca antioqueño.

La información oficial sobre las víctimas tuvo una corrección posterior. En un primer reporte, el mandatario afirmó que seis de las personas rescatadas eran menores de edad y anunció la activación de medidas para su protección. Horas después precisó que las seis personas identificadas inicialmente como menores eran adultas que estaban secuestradas.

El procedimiento estuvo dirigido contra una estructura del Clan del Golfo, grupo armado con presencia en varias zonas de Antioquia. Según el balance divulgado por el Gobierno, uno de sus integrantes murió durante la acción y tres personas fueron detenidas.

Una de las personas capturadas sufrió heridas durante el operativo. Las autoridades no divulgaron la identidad de los detenidos ni precisaron los delitos que les serán imputados.

En el lugar, los uniformados hallaron cuatro armas largas y un arma corta, que quedaron a disposición de las autoridades competentes como parte de la investigación.

El hecho ocurrió en la calle 119 con carrera 13. Un ciudadano que pasaba por el sector detectó la situación, alertó a la comunidad y frustró el presunto hurto. Los sospechosos huyeron antes de que lograran llevarse las autopartes.

El caso quedó registrado en video y se conoció en medio de los reclamos de los habitantes del sector por el aumento de los robos de automóviles, motocicletas y partes de vehículos.

Máicol González, un líder de la localidad, afirmó en diálogo con Citytv que los robos ocurren con frecuencia en esa zona y que varios de los presuntos responsables se movilizan en motocicletas, uno de los problemas de seguridad más recurrentes de la zona.

“Un hecho que sucedió en Santa Bárbara Central, donde perfectamente en cuadras como la 119 con 13 pueden estar ocurriendo hurtos cada cinco minutos por motociclistas, que quedan registrados en las cámaras de seguridad”, señaló.

El vocero insistió en que el subregistro dificulta establecer la dimensión de la situación. “Volvemos y reiteramos que la gente no denuncia”, agregó.

Denuncian alza en robos de automotores y motocicletas

De acuerdo con las cifras citadas por la comunidad, el hurto de automotores en Usaquén pasó de 51 a 78 casos registrados hasta octubre de 2026, frente al mismo periodo de 2025. El robo de motocicletas, por su parte, aumentó de 88 a 103 casos.

“Es decir, que vamos por encima del año 2025”, afirmó el líder comunitario.

Los residentes solicitaron una mayor presencia de la Policía y planes preventivos en los puntos donde se han reportado robos.

“Que implementen estrategias que en verdad beneficien a la ciudadanía y planes de prevención, y que no sean reactivas las acciones de las autoridades”, pidió el vocero.

La comunidad también recomendó a los conductores evitar zonas poco transitadas para estacionar, revisar las condiciones de seguridad del entorno y reportar ante las autoridades cualquier movimiento sospechoso.

Denunciaron otro presunto robo cerca de Unicentro

Dos personas fueron retenidas por la comunidad tras un presunto intento de hurto de celulares en inmediaciones de Unicentro, en el norte de Bogotá, durante la tarde del 26 de octubre de 2026.

El hecho ocurrió sobre la carrera 13. Residentes y transeúntes alertaron sobre la situación, mientras vigilantes del sector y del centro comercial interceptaron a dos hombres que se movilizaban en motocicleta. La Policía informó que los retenidos serían puestos a disposición de la autoridad competente y que dos motos fueron inmovilizadas.

La institución también aclaró que no hubo un tiroteo, pese a versiones difundidas en redes sociales sobre presuntos disparos en la zona.

Los dos hombres habrían sido golpeados por varias personas antes de la llegada de las autoridades y fueron trasladados a un centro asistencial. Hasta ahora, no se ha confirmado cuántas personas resultaron afectadas por el supuesto intento de hurto ni si existen denuncias formales.

Video registró atraco armado en un restaurante de Bella Suiza, en el norte de Bogotá

Un poco más de un mes atrás, una cámara de seguridad registró un presunto atraco armado contra una clienta de un restaurante en el barrio Bella Suiza, en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá. El hecho ocurrió el 26 de septiembre, en un establecimiento ubicado en la carrera octava con calle 128.

En las imágenes se observa a un hombre con camiseta blanca que se acerca a una mesa exterior, exhibe lo que parece ser un arma de fuego y despoja a la víctima de un celular.

Un segundo hombre aparece detrás de él y, según la denuncia, habría participado en el hecho.

La ciudadana Pilar Jiménez difundió el video en redes sociales y pidió la intervención de las autoridades. “Estamos mamados. Esto acaba de pasar en Bella Suiza en Usaquén… restaurante Shadaii… hasta cuándo”, escribió.

El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, habría confirmado un episodio de tensión con el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, que, al parecer, le pidió retirarse de una reunión con representantes del sector agropecuario en las oficinas de esa cartera.

El episodio habría incluido cuestionamientos a la gestión del gremio y el anuncio de una auditoría externa a Fedegán, conforme a la información suministrada por Caracol Radio.

De la misma manera, el cruce habría ocurrido durante un encuentro con dirigentes gremiales y empresarios, entre ellos representantes de Alpina y Colanta, según publicó el periodista Melquisedec Torres en sus redes sociales.

De acuerdo con la versión, Dangond cuestionó el manejo de recursos por parte de Fedegán y preguntó por el destino de cerca de un billón de pesos. “Qué irresponsabilidad del gremio” y “¿dónde está la plata?”, habría dicho el ministro durante la reunión.

Según el relato, el alto funcionario habría ordenado avanzar con auditorías sobre Fedegán y la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz).

En ese momento, habría consultado al secretario general del Ministerio de Agricultura, Manuel Alejandro Pretelt, sobre la publicación de los pliegos para esos procesos. El funcionario habría respondido que el documento correspondiente a Fedegán ya estaba listo, mientras que el de Fedearroz aún no había sido publicado.

La discusión se trasladó luego a los indicadores técnicos del sector ganadero. José Félix Lafaurie, también esposo de la exsenadora María Fernanda Cabal, pidió una hoja para tomar apuntes, situación que, según la versión divulgada, provocó un nuevo choque con Dangond.

El ministro le habría exigido a Lafaurie que abandonara el encuentro

Según el reporte, el ministro Dangond le habría pedido al dirigente gremial que saliera de la reunión. Ante la supuesta negativa de Lafaurie, bajo el argumento de que se trataba de una oficina pública y de asuntos relacionados con el sector, se habrían oído estas palabras de parte del ministro: “Se va o si no yo lo echo”.

El intercambio, al parecer, continuó cuando el ministro comparó la asistencia técnica de Fedegán con la de la Federación Nacional de Cafeteros.

Dangond supuestamente le preguntó a Lafaurie cuántos asistentes técnicos tienen los ganaderos en el país: “Pepe Félix, ¿cuántos asistentes técnicos tienen los ganaderos en todo el país?”. El presidente de Fedegán habría respondido que la cifra era “bastante menor” a la del gremio cafetero, “cuyo gremio es mucho más poderoso”.

El ministro, según el informe, sostuvo con “fuerte voz” que el sector ganadero debía contar con una estructura similar. Según el relato, Lafaurie le pidió que no elevara la voz y Dangond volvió a exigirle que se retirara. “No me voy, es una oficina pública”, habría respondido el dirigente ganadero.

Ante esa negativa, el ministro habría dado por terminado el encuentro.

Fedegán propuso unir asistencia técnica, crédito y seguimiento en el próximo Plan Nacional de Desarrollo

Días atrás, Fedegán propuso que el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 integre asistencia técnica, financiación y seguimiento a los proyectos productivos rurales, con el objetivo de mejorar la productividad y la rentabilidad de las fincas.

José Félix Lafaurie planteó que el apoyo estatal a pequeños productores no debe medirse solo por el número de capacitaciones o visitas técnicas, sino por los resultados económicos de las unidades productivas.

El dirigente gremial señaló que Colombia tiene más de 584.000 pequeños ganaderos, con inventarios promedio cercanos a 21 animales. A su juicio, muchos enfrentan barreras para acceder al crédito, incorporar tecnología y recibir orientación para reducir riesgos en su actividad.

Lafaurie citó el Informe Nacional de Competitividad 2025-2026, según el cual apenas el 16,5% de las unidades productivas recibía asistencia técnica. Fedegan propuso que los recursos para el campo estén acompañados por asesoría y mecanismos que permitan evaluar los resultados de las inversiones rurales.

La exconsejera presidencial Eva Ferrer ya declaró ante la Fiscalía General de la Nación sobre los supuestos gastos de la ex primera dama Verónica Alcocer durante misiones internacionales en el gobierno de Gustavo Petro, luego de que el ente de control iniciara una investigación tras sus polémicas denuncias en los medios de comunicación.

El actual testimonio incluiría, por ejemplo, señalamientos sobre presuntas compras de prendas de alto valor y el uso de tarjetas de crédito en viajes al exterior, de acuerdo con información conocida por Noticias RCN sobre la diligencia judicial.

Ferrer, que fue cercana a la ex primera dama, afirmó que Alcocer habría adquirido un pantalón blanco por USD1.800 durante una visita a Nueva York, Estados Unidos, en septiembre de 2022, cuando el entonces presidente Gustavo Petro asistió a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La exasesora catalana también aseguró que, durante una visita al Vaticano, Alcocer habría comprado un abrigo de cerca de USD5.000 con recursos provenientes de viáticos oficiales, conforme informó el medio.

Eva Ferrer habría conocido alertas por el manejo del dinero

En su declaración, Ferrer confirmó lo que inicialmente denunció en la revista Semana: empezó a advertir inquietudes sobre el manejo de recursos tras la llegada del actual Gobierno.

“En el momento en que llegamos al gobierno, yo empiezo a tomar conciencia de su relación con el dinero. La primera alerta es que no (la entonces primera dama) tenía cuentas en ningún banco (…) En los viajes de septiembre le dije que tenía un problema para justificar sus gastos”, afirmó.

La exfuncionaria señaló que los viajes de personas del entorno de Alcocer habrían incluido destinos como Miami, Madrid, Emiratos Árabes Unidos y Catar.

“Sé que ha sido un constante de viajes del empresario Manel Grau y del entorno del empresario Danilo Rueda, de Roa, de Verónica a Miami, Madrid, Emiratos Árabes y Catar (…) El tema de que Verónica Alcocer estaba gastando de manera desbocada desde que llegó el Gobierno me llegó por varios lados”, declaró.

Ferrer afirmó ante la Fiscalía que Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol, le habría entregado a la entonces primera dama una tarjeta de crédito durante la campaña presidencial.

Conforme a su versión, otra tarjeta habría sido entregada por Carolina Plata —esposa de Danilo Romero—, a quien identificó como una persona cercana a la exprimera dama. El testimonio también incluyó referencias a presuntos vínculos de Alcocer con conversaciones relacionadas con proyectos de centros de datos en la región Caribe.

“Sé que estuvo en las negociaciones de los centros de datos que primero iban a ir a Barranquilla y luego se llevaron a Santa Marta. Ya es público para que la Fiscalía lo verifique. Los proyectos Bionube son tres centros de datos en Santa Marta financiados por los Emiratos Árabes Unidos, a través del grupo G42 de Abu Dabi y Ecopetrol”, sostuvo Ferrer.

Las declaraciones forman parte de diligencias que están en poder de la Fiscalía. De acuerdo con la información del medio, los investigadores recibieron chats y otros elementos que comenzaron a ser examinados para establecer la veracidad de los señalamientos.

Carolina Plata, la persona mencionada por Eva Ferrer en señalamientos sobre Verónica Alcocer

En previas declaraciones, Ingrid Carolina Plata fue mencionada por la ex asesora presidencial en medio de sus señalamientos sobre el entorno de la ex primera dama Verónica Alcocer.

La catalana afirmó que Plata habría intervenido en asuntos privados, viajes y gastos de la entonces primera dama, y señaló tanto a Plata como a Romero de presunto testaferrato.

Según el relato de Ferrer, Plata habría ingresado al círculo de Alcocer en la campaña presidencial de Gustavo Petro. La exasesora dijo que al comienzo la identificaba como una acompañante cercana.

“A Carolina la conozco; la trae en el momento en que estamos en campaña. Para mí era como la amiga que no trabajaba, que había sido ama de casa y que Verónica la quería tener como acompañante”, afirmó Ferrer.

La exfuncionaria sostuvo que, con el tiempo, Plata habría tenido un papel en la organización de viajes, gastos y temas relacionados con propiedades privadas de Alcocer. También la vinculó con personas que, según su versión, conocían al entorno de la familia desde la Alcaldía de Bogotá, entre 2012 y 2015.

Voceros de la cartera publicaron un mensaje en sus redes sociales para rechazar las versiones sobre una posible eliminación del fondo o un cambio en el marco legal que regula las prestaciones de los maestros.

“Ninguna iniciativa para modificar la Ley 91 de 1989 ha salido del Gobierno nacional”, afirmó el ministerio, a través de la jefa de cartera, Ilva Myriam Hoyos, que calificó esas versiones como una información falsa difundida en medios y redes sociales.

La aclaración se produjo después de que se anunciara que el contrato con la Fiduprevisora, administradora del Fomag desde junio de 1990, no será prorrogado cuando venza su vigencia.

No obstante, horas antes, desde la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación respaldaron el llamado de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) al Ministerio de Educación Nacional para que aclare las versiones sobre ese supuesto proyecto de ley.

El presidente de la organización, Raúl Alfredo Vásquez, expresó preocupación por la posición del Gobierno frente al régimen especial del magisterio, en declaraciones a Caracol Radio.

Vásquez aseguró que los docentes defenderán las garantías relacionadas con la atención en salud y las prestaciones sociales. El pronunciamiento se conoció después de que el Ministerio de Educación negara la iniciativa.

La ministra Iva Myriam Hoyos afirmó que la Ley 91 de 1989 seguirá vigente

Por su lado, la jefe de la cartera educativa, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, sostuvo que el Ejecutivo mantendrá la norma que rige el Fondo y recordó que cualquier modificación requeriría una discusión con Fecode.

“El proyecto de ley que está circulando en las redes sociales no lo ha presentado el Gobierno nacional”, explicó la funcionaria. Añadió que el Ministerio sostuvo conversaciones con el presidente de Fecode y ratificó el compromiso de conservar la Ley 91 de 1989, salvo que la propia federación plantee la necesidad de una modificación.

La ministra señaló que la decisión sobre Fiduprevisora fue comunicada el viernes anterior durante una reunión en la que participaron delegados de los ministerios de Educación, Hacienda y Trabajo, además de dos representantes del sindicato de docentes.

Según Hoyos, el fin de la relación contractual con Fiduprevisora no implicará la suspensión de las prestaciones de los docentes. En cambio, el Gobierno iniciará una etapa de transición para establecer los requisitos de un proceso licitatorio que permita contratar una fiduciaria bajo las condiciones previstas en la Ley 91.

El Ministerio indicó que el proceso buscará definir el mecanismo para garantizar la administración de los recursos y la prestación de los servicios a los afiliados del Fomag.

La ministra visitó una sede del Fomag y una IPS en Bogotá

La funcionaria informó que el martes 3 de noviembre de 2026 estuvo en una sede administradora del Fomag en Bogotá, donde escuchó reclamos de docentes y directivos relacionados con la atención médica.

Después visitó la Institución Prestadora de Salud (IPS) Visión Total para conocer la situación de los servicios de salud destinados al magisterio.

Tras esas visitas, Hoyos pidió a los docentes que no den crédito a las versiones sobre una eventual desaparición del Fondo o el traslado de sus funciones a una nueva Entidad Promotora de Salud (EPS).

“El Gobierno respetará la Ley 91 de 1989 e iniciará un proceso de transición”, sostuvo la ministra al explicar que el objetivo será contratar una fiduciaria que garantice la continuidad de los servicios para los maestros.

Crujientes por fuera, jugosas por dentro y con un aroma irresistible, las alitas de pollo al horno son una opción práctica para compartir en familia, acompañar una tarde de fútbol o resolver una cena sin complicaciones.

Aunque no pertenecen a una región colombiana específica, se han convertido en una preparación popular en los hogares de Colombia. Su mayor atractivo está en que requieren pocos ingredientes y no necesitan fritura para lograr una piel dorada y crocante.

Receta de alitas de pollo al horno

Las alitas de pollo al horno se preparan con una marinada seca de especias, aceite, ajo y limón. Luego se hornean a temperatura alta sobre una bandeja, preferiblemente con rejilla, para que el calor circule y la piel quede tostada.

Tiempo de preparación

• Tiempo de preparación: 15 minutos.
• Tiempo de reposo: 20 minutos.
• Tiempo de cocción: 40 a 45 minutos.
• Tiempo total: 1 hora y 20 minutos.

Ingredientes

1. 1 kg de alitas de pollo, limpias y separadas en sus piezas.
2. 3 dientes de ajo, finamente picados o triturados.
3. 1 limón, cuyo jugo se utilizará para la marinada.
4. 2 cucharadas de aceite vegetal o de oliva.
5. 1 cucharadita de pimentón dulce.
6. 1 cucharadita de orégano seco.
7. 1 cucharadita de mostaza.
8. 1 cucharadita de sal.
9. ½ cucharadita de pimienta negra.
10. ½ cucharadita de comino, opcional.
11. Perejil o cilantro picado, para servir.
12. Salsa de ajo, miel mostaza o ají, para acompañar.

Cómo hacer alitas de pollo al horno, paso a paso

1. Retira cualquier exceso de grasa o plumas que tengan las alitas. Sécalas muy bien con papel de cocina.
2. Este paso es clave: la piel debe quedar lo más seca posible. La humedad genera vapor y evita que las alitas queden crocantes.
3. En un recipiente amplio, mezcla el ajo, el jugo de limón, el aceite, el pimentón, el orégano, la mostaza, la sal, la pimienta y el comino.
4. Agrega las alitas y revuelve hasta que todas queden cubiertas con la marinada. Tapa el recipiente y llévalo a la nevera durante 20 minutos. Si tienes más tiempo, puedes dejarlas hasta 8 horas.
5. Precalienta el horno a 200 °C. Forra una bandeja con papel para hornear y coloca encima una rejilla.
6. Acomoda las alitas separadas entre sí. No las amontones, porque se cocinarán con el vapor y perderán la textura dorada.
7. Lleva la bandeja al horno y cocina durante 20 minutos. Después, voltea cada alita para que se dore por ambos lados.
8. Hornea durante 20 o 25 minutos más. Las piezas estarán listas cuando tengan un color dorado intenso y alcancen una temperatura interna mínima de 74 °C.
9. Para una piel más tostada, activa la función de gratinador durante los últimos 2 o 3 minutos. Vigila el horno para evitar que se quemen.
10. Retira las alitas y déjalas reposar durante 5 minutos. Sirve con cilantro o perejil picado y la salsa que prefieras.

Un buen acompañamiento son las papas criollas al horno, una ensalada fresca, patacones o bastones de yuca. También puedes agregar una salsa de panela y ají para darles un toque más cercano a los sabores colombianos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta preparación rinde 4 porciones, con aproximadamente 250 g de alitas por persona. La cantidad puede variar según el tamaño de las piezas y los acompañamientos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

• Calorías: aproximadamente 360 kcal.
• Proteínas: 32 g.
• Grasas: 22 g.
• Carbohidratos: 5 g.
• Sodio: aproximadamente 680 mg.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda las alitas cocinadas en un recipiente hermético dentro de la nevera hasta por 4 días.

Para recalentarlas, utiliza el horno a 180 °C durante 10 minutos. Así conservarán mejor su textura. También puedes congelarlas por hasta 2 meses, siempre que estén bien empacadas y completamente frías antes de llevarlas al congelador.

Fue en este evento en el que el intérprete de género urbano publicó un mensaje en el que recordó el vínculo que construyó con la ciudad antes de alcanzar reconocimiento en la industria musical.

El cantante afirmó que llegó a interpretar sus canciones en buses, vivió durante un tiempo en La Candelaria y participó en espacios de dancehall y reggae que le permitieron presentarse cuando aún no tenía temas publicados.

Sin embargo, el concierto no fue ajeno a episodios vergonzosos. Con un video difundido por la plataforma informativa Pasa en Bogotá, se publicó la denuncia sobre un asistente al evento que, sin ningún pudor, decidió hacer sus necesidades sanitarias en una de las gradas, pese a que había otras personas cerca.

La grabación registró al hombre de pie en el sector de sillas, en pleno evento, mientras orina. Una vez termina, sigue como si nada, conforme se ve en las imágenes.

“Este sujeto en el concierto se le olvidó dónde quedan los baños y, sin importar la presencia de la gente, mujeres y demás (...)”, se leyó en el mensaje original de la denuncia.

Los comentarios no se hicieron esperar en las redes sociales: “¿Qué esperaban? Es un concierto del tipo más ñero posible"; “Un ñero, en un concierto de reguetón, haciendo vulgaridades y cochinadas? Jamás me lo hubiera esperado (sic)”; “Definitivamente la plaga entre más días, es más detestable, así les ponga un baño limpio con su dotación de papel y toallas, no tienen la mínima cultura de aseo y respeto (sic)”; “Qué cochinada”.

Sencia informó que la grama de El Campín no presentó daños generalizados tras el concierto de Ryan Castro

Por otro lado, la empresa Sencia, administradora del estadio El Campín, presentó un balance sobre la grama del complejo deportivo, en el que se informó que no se registraron afectaciones generalizadas después del concierto que el cantante Ryan Castro ofreció, con un escenario instalado en el centro de la cancha.

La evaluación preliminar de la compañía indicó que el césped mantiene un crecimiento favorable, aunque quedaron algunas marcas superficiales y sectores con decoloración.

Según explicó Sencia a través de un reporte técnico en sus redes sociales, esos cambios se relacionan con la cobertura temporal utilizada durante el espectáculo y con la menor exposición a la luz natural.

“La evaluación preliminar evidencia un crecimiento favorable del césped, sin afectaciones generalizadas significativas”, señaló la empresa. También informó que las zonas afectadas de forma puntual recibirán tareas específicas de recuperación.

El desmontaje terminó 13 horas después del inicio de las tareas

Sencia indicó que el retiro de la infraestructura comenzó a las 3:00 a. m. posterior al concierto y concluyó a las 4:00 p. m. De acuerdo con la administradora, el desmontaje completo tomó 13 horas.

La condición de la superficie había generado cuestionamientos en semanas recientes, luego de que Millonarios Fútbol Club debió aplazar un partido ante Once Caldas por el deterioro de la cancha.

El episodio abrió críticas hacia Sencia por la coexistencia de eventos musicales y compromisos del fútbol profesional en el escenario bogotano.

La empresa afirmó que reforzará los trabajos sobre la grama de El Campín durante los tres días previos al regreso de la actividad deportiva. El plan contempla riego controlado, aireación, peinado y corte, de acuerdo con las condiciones que presente cada sector de la superficie.

Millonarios tiene previsto jugar el miércoles 4 de noviembre en el estadio capitalino. Ese encuentro servirá para evaluar el resultado de las labores anunciadas por la administradora tras el concierto de Ryan Castro.

La exlegisladora, ahora militante del Partido Republicano, planteó que la responsabilidad fiscal debe partir de una reducción del gasto estatal, en referencia a la discusión sobre una reforma tributaria y el plan económico Misión Crecer.

En un video difundido en X, la excongresista sostuvo que el Gobierno nacional enfrenta dificultades financieras por decisiones de la administración de Gustavo Petro (2022-2026), pero afirmó que la respuesta debe centrarse en revisar el funcionamiento del Estado.

“Que se ajuste el Estado y no el bolsillo de los colombianos (...) Colombia sí necesita responsabilidad fiscal. Eso significa disciplina en la administración de los recursos públicos, pero no puede confundirse con trasladar el costo del Estado a los ciudadanos”, afirmó Cabal.

La exsenadora expresó que acompaña al Gobierno ante lo que calificó como los efectos de la gestión anterior, en la que “se gastaron todo, hasta la olla raspada se la llevaron”, pero sí marcó distancia con la totalidad de la iniciativa legislativa.

Cabal cuestionó la relación entre una reforma tributaria y Misión Crecer

La excongresista María Fernanda Cabal sostuvo que el debate fiscal no debe limitarse al recaudo necesario para corregir las cuentas públicas. En cambio, en conformidad con su mensaje, el Gobierno también debe analizar el gasto estatal y las condiciones que enfrentan quienes desarrollan actividades económicas en el país.

“El problema no es solamente cuánto recauda el Estado, cuánto necesita para sanear sus finanzas, sino cuánto se gasta, cómo lo gasta y qué condiciones crea para que los colombianos produzcan riqueza”, señaló.

La dirigente política advirtió una tensión entre la iniciativa tributaria y Misión Crecer —impulsada por el Ejecutivo para estimular la inversión—, un plan que, según indicó, busca reducir trámites y barreras para los ciudadanos y empresas, “liberar la economía, quitar trámites, todo ese laberinto que significa obstáculos para el ciudadano que genera riqueza”, declaró.

La líder política afirmó que la transformación debe comenzar dentro de la administración pública, con menos duplicidad de funciones y gasto que no produzca resultados verificables; es decir, “menos desperdicio y que cada peso se sepa que produce resultados”, aseguró.

Cabal recordó una propuesta presentada durante la campaña de 2022 bajo el nombre Mega 2040. Allí planteó convertir el Departamento Nacional de Planeación en una unidad de eficiencia administrativa.

“No podemos ofrecer bienestar hoy con promesas de regalos que salen del bolsillo de alguien y que hipotecan el futuro de las siguientes generaciones”, concluyó la exsenadora.

El Centro Democrático y Salvación Nacional plantearon reparos al proyecto

Por su parte, la ley de rescate fiscal enfrenta dificultades dentro de la propia coalición de Gobierno. El partido Centro Democrático, señalado como la bancada más numerosa del oficialismo, y Salvación Nacional expresaron críticas frente al texto.

Según la información conocida, el Gobierno presentó el proyecto sin una concertación previa con los partidos que integran su coalición.

La iniciativa fue presentada el jueves 29 de octubre de 2026 y se prevé que su discusión inicie en las Comisiones Económicas durante las próximas semanas. El proyecto de ley para reducir la estructura del Estado, que complementaría la estrategia fiscal del Gobierno, aún no llega al Legislativo.

Por ende, el debate pondrá a prueba la capacidad del Ejecutivo para conseguir respaldo legislativo a una iniciativa que incluye medidas tributarias con impacto directo en los electores.

La discusión se desarrolla en medio de tensiones entre el Gobierno y sectores políticos tradicionales, incluido el uribismo. También se registra un cruce público entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, a quien el exmandatario acusó de prácticas clientelistas durante el trámite de otra iniciativa oficial.

En una publicación en X, el cabildante citó cifras atribuidas a una investigación realizada por el medio Citytv, en las que se registraron tres personas fallecidas, 6.816 incidentes asociados con riñas, exceso de ruido y desórdenes, 89 capturas y la incautación de 715 armas cortopunzantes.

“¿De qué sirvió la restricción a los motociclistas? Aquí están los resultados. Siguieron las riñas, las alteraciones del orden público, los hechos de violencia y hasta se reportaron personas fallecidas”, escribió el concejal.

El mensaje incluyó un llamado a que el Distrito demuestre el “verdadero impacto” de la restricción sobre la seguridad y cuestionó que las medidas se evalúen con base en comparendos e inmovilizaciones.

Según dichas cifras, durante los controles de Halloween se impusieron 1.020 comparendos a vehículos y motocicletas, de los cuales 326 correspondieron al incumplimiento de la restricción distrital. Además, indicó que 101 motocicletas fueron inmovilizadas.

“Una vez más, miles de personas que necesitaban su moto para trabajar y movilizarse terminaron afectados por una medida que el Distrito todavía tiene que demostrar que fue efectiva. ¡PARA RESTRINGIR, SANCIONAR Y MANDAR MOTOS A LOS PATIOS SÍ SON BUENOS! Pero ¿dónde están los resultados que demuestren que esta medida salvó vidas y mejoró la seguridad?”, alegó.

La Policía informó que los tres homicidios no estarían relacionados con Halloween

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que recibió 22.807 llamadas y atendió 11.792 motivos por medio de patrullas de vigilancia. Del total, 6.816 estuvieron relacionados con conflictos de convivencia, como riñas, exceso de ruido y otras conductas que alteraron el orden público.

El medio también señaló que hubo 89 capturas, cuatro armas de fuego incautadas y 715 armas cortopunzantes decomisadas durante los operativos.

Las autoridades informaron que los tres homicidios registrados durante la noche no tendrían relación directa con las celebraciones de Halloween: uno obedecería a un caso de intolerancia y los otros dos, de forma preliminar, a ajustes de cuentas.

La respuesta del Distrito Capital

Las cifras sobre sanciones de movilidad que se presentaron oficialmente desde la Alcaldía de Bogotá indicaron que no hubo motociclistas fallecidos en siniestros viales durante el horario de las restricciones aplicadas por Halloween, entre el 29 de octubre y la madrugada del 3 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el Distrito, la cifra representa una reducción del 75% en las fatalidades viales frente al mismo periodo de 2024. La administración también señaló que los siniestros de tránsito disminuyeron 42% durante la celebración.

La secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, afirmó que las medidas estuvieron dirigidas a reducir riesgos en las vías, con énfasis en los usuarios de motocicleta.

Aunque no se registraron muertes de motociclistas, la Secretaría Distrital de Movilidad precisó que durante el horario de la restricción se presentó una fatalidad vial que involucró a un peatón.

El Distrito atribuyó los resultados a los controles implementados, al acatamiento de las restricciones por parte de los motociclistas y a la conducta de los demás actores viales.

Las medidas limitaron la circulación de motocicletas y de motocicletas con acompañante durante el puente festivo. Según la Alcaldía, los controles buscaron reducir conductas de riesgo como el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol y las llamadas “rodadas del terror”.

La Secretaría Distrital de Movilidad confirmó que instaló puestos de control en 21 puntos de Bogotá para verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Decreto 472 de 2026.

Con corte al 3 de noviembre, las autoridades impusieron 2.132 comparendos e inmovilizaron 1.830 motocicletas por incumplir las medidas de movilidad. Las sanciones correspondieron a la infracción C.14 del Código Nacional de Tránsito, relacionada con transitar por sitios u horarios prohibidos.

Incluso, en distintos puntos se han llevado a cabo movilizaciones, como la velatón que se registró el lunes 2 de noviembre frente a la Alcaldía de San Gil que reunió a familiares, amigos y colectivos de mujeres

La concentración congregó a decenas de asistentes llevaron velas y carteles con mensajes para recordar a la víctima y exigir avances en el proceso judicial contra el presunto responsable.

La jornada contó con la participación del colectivo Territorio de Mujeres Guanentinas, que pidió garantías para las mujeres de la región y cuestionó la persistencia de las violencias basadas en género, de acuerdo con la información del medio santandereano El Frente.

“Recordamos a Paula y a todas aquellas mujeres a quienes les arrebataron la vida”, señaló el colectivo durante el encuentro. “Sus nombres, sus historias y sus sueños no pueden quedar en el olvido”, agregaron las integrantes de la organización.

Así sucedió el ataque

El crimen, que quedó registrado en video, ocurrió hacia las 12:40 del mediodía del domingo, en un establecimiento comercial del sector La Recta, sobre la carretera que une los municipios de San Gil y Socorro, en jurisdicción de Pinchote.

En ese momento, Paula Carley Coca Murcia se encontraba en su lugar de trabajo, recostada en una hamaca, cuando un hombre llegó al sitio. De acuerdo con el clip, ambos sostuvieron una discusión y, de repente, el sujeto la hirió en repetidas oportunidades con un arma cortopunzante.

La joven logró actuar para bajarse de la red colgante, se incorporó sobre sus pies y se revisó la herida. Momentos después, se derrumbó y fue trasladada a la Clínica Santa Cruz de la Loma, en San Gil, pero falleció minutos después a causa de la gravedad de las lesiones.

El caso generó rechazo entre los habitantes de la región. En particular, porque surgieron versiones —que están en etapa de investigación—sobre un posible acoso previo contra la víctima.

La Policía capturó a un hombre de 63 años tras activar un operativo

Según el video, después del ataque, el señalado agresor huyó por la vía nacional. La información suministrada por la Policía del departamento de Santander es que unidades de la institución desplegaron un plan candado con el que lograron ubicar al hombre en el sector de la feria de San Gil, donde fue detenido en flagrancia.

El capturado, un hombre de 63 años, presentaba autolesiones al momento de su detención. Por ese motivo, las autoridades lo trasladaron a un centro médico bajo custodia policial.

La Gobernación de Santander rechazó el crimen y solicitó celeridad en las actuaciones judiciales: “Acompañamos a su familia y ponemos a disposición todas las capacidades de la Gobernación para apoyar a las autoridades en la investigación. Quien le quita la vida a una mujer debe responder con todo el peso de la ley”.

“El gobernador de Santander, MG (R) Juvenal Díaz Mateus, a través de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, hace un llamado a las autoridades para que adelanten las investigaciones correspondientes y esclarezcan lo ocurrido en el menor tiempo posible. Asimismo, invita a las mujeres que se encuentren en situación de riesgo o sean víctimas de violencia a activar la Ruta de Atención, buscar acompañamiento institucional y acudir a las autoridades competentes para denunciar y solicitar protección”, se leyó en el comunicado.

El detenido y los elementos recogidos durante el procedimiento quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá avanzar en el proceso por el presunto delito de feminicidio agravado.

La lasaña clásica reúne pasta, salsa de carne, bechamel y queso en capas suaves, cremosas y gratinadas. Es una receta perfecta para compartir en familia, especialmente durante un almuerzo de domingo o una reunión especial.

De origen italiano, esta preparación se convirtió en una de las pastas más conocidas del mundo. Su secreto está en cocinar bien la salsa, usar una bechamel sin grumos y dejar reposar la fuente antes de servirla.

Receta de lasaña clásica

La lasaña clásica se prepara con láminas de pasta intercaladas con salsa boloñesa, bechamel y queso. La técnica principal consiste en montar las capas y hornearlas hasta que la superficie quede dorada.

Tiempo de preparación

• Preparación: 35 minutos.
• Cocción de la salsa: 45 minutos.
• Horneado: 35 minutos.
• Reposo: 10 minutos.
• Tiempo total: 2 horas y 5 minutos.

Ingredientes

1. 12 láminas de lasaña.
2. 500 g de carne molida de res.
3. 250 g de carne molida de cerdo.
4. 1 cebolla cabezona finamente picada.
5. 1 zanahoria pequeña rallada.
6. 2 dientes de ajo picados.
7. 700 g de tomate triturado o passata.
8. 2 cucharadas de pasta de tomate.
9. 100 ml de vino tinto, opcional.
10. 2 cucharadas de aceite.
11. 1 hoja de laurel.
12. Sal y pimienta al gusto.
13. 60 g de mantequilla.
14. 60 g de harina de trigo.
15. 750 ml de leche.
16. ¼ de cucharadita de nuez moscada.
17. 250 g de queso mozzarella rallado.
18. 80 g de queso parmesano rallado.

Cómo hacer lasaña clásica, paso a paso

1. Caliente el aceite en una olla amplia. Agregue la cebolla y la zanahoria.
2. Sofría durante 8 a 10 minutos, hasta que las verduras estén blandas y fragantes.
3. Añada el ajo y cocine durante 1 minuto. Evite que se queme para que no amargue la salsa.
4. Incorpore la carne de res y de cerdo. Desmenúcela con una cuchara de madera.
5. Cocine hasta que la carne cambie de color y empiece a dorarse.
6. Agregue el vino, si lo utiliza. Espere unos minutos hasta que el alcohol se evapore.
7. Añada el tomate triturado, la pasta de tomate, el laurel, sal y pimienta.
8. Cocine la salsa a fuego bajo durante 35 a 45 minutos. Debe quedar espesa, porque una salsa muy líquida puede desarmar las capas.
9. Para preparar la bechamel, derrita la mantequilla en una olla.
10. Incorpore la harina y revuelva durante 2 minutos. Este paso ayuda a eliminar el sabor crudo de la harina.
11. Agregue la leche poco a poco mientras bate con un globo de cocina. Así se evitan los grumos.
12. Cocine hasta que la salsa espese. Sazone con sal, pimienta y nuez moscada.
13. Revise las instrucciones del empaque de la pasta. Algunas láminas necesitan cocción previa y otras pueden utilizarse directamente.
14. Precaliente el horno a 190 °C.
15. Ponga una capa delgada de salsa de carne en el fondo de una refractaria.
16. Cubra con láminas de lasaña. Añada más salsa boloñesa, bechamel y queso mozzarella.
17. Repita el orden hasta terminar los ingredientes.
18. Finalice con láminas de pasta, bechamel, mozzarella y queso parmesano.
19. Cubra la refractaria con papel aluminio. Hornee durante 25 minutos.
20. Retire el papel aluminio y hornee durante 10 minutos más, hasta que el queso esté dorado.
21. Deje reposar la lasaña durante 10 minutos antes de cortarla. Así las capas se mantienen firmes.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta preparación rinde 6 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

• Calorías: aproximadamente 620 kcal.
• Proteína: 34 g.
• Carbohidratos: 55 g.
• Grasas: 28 g.
• Fibra: 5 g.
• Calcio: 380 mg aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La lasaña puede conservarse en la nevera durante 3 días, dentro de un recipiente hermético.

Para recalentarla, use el horno o el microondas. Si la porción está seca, agregue 1 cucharada de agua o salsa de tomate antes de calentarla.

También puede congelarse durante 2 meses. Lo ideal es guardarla en porciones individuales y descongelarla dentro de la nevera antes de llevarla al horno.

Las aeronaves no tripuladas fueron exhibidas en el fuerte militar de Tolemaida ante el presidente Abelardo de la Espriella, la cúpula militar y altos mandos de la Policía Nacional. Según la información divulgada, los equipos fueron ensamblados en esa base antes de su presentación, conforme a la información divulgada por Noticias RCN.

Durante la ceremonia, integrantes del Ejército de Estados Unidos explicaron las capacidades de los sistemas al mandatario y a los mandos de seguridad colombianos.

De acuerdo con el medio mencionado, además de los tres drones, el Ejército estadounidense entregó un helicóptero Black Hawk para fortalecer las operaciones ofensivas del Ejército Nacional contra estructuras asociadas al narcotráfico y otros grupos armados.

Los MQ-9 Reaper tienen capacidad para detectar, ubicar e identificar comunicaciones procedentes de campamentos de grupos armados.

Sus sensores infrarrojos permiten obtener información durante el día y localizar fuentes de calor en la noche, por lo que pueden mantener objetivos bajo observación durante períodos prolongados. Sus sistemas pueden incorporar también telémetros, designadores láser y radares de apertura sintética.

Y es que, según la plataforma General Atomics Aeronautical, el MQ-9A Reaper es ”un desarrollo altamente sofisticado, basado en la experiencia adquirida con el RPA Predator de la compañía, de probada eficacia en combate, y representa un importante avance evolutivo en rendimiento y fiabilidad. El MQ-9A fue designado “Reaper” por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la Real Fuerza Aérea Británica, pero se ha convertido en el nombre comúnmente utilizado para cualquier Predator B equipado con armamento".

“Es una aeronave extremadamente fiable, equipada con un sistema de control de vuelo tolerante a fallos y una arquitectura de sistema de aviónica con triple redundancia”, se lee en la plataforma.

Según las especificaciones difundidas, cada unidad mide cerca de 11 metros de largo, tiene una envergadura de 20,1 metros y puede operar a una altitud de hasta 15.240 metros. También puede transportar una carga útil de hasta 1.701 kilogramos.

El modelo MQ-9A puede ser equipado con misiles AGM-114 Hellfire y bombas guiadas GBU-12 Paveway II y GBU-38 Joint Direct Attack Munition.

Una de sus principales capacidades es la autonomía: pueden mantenerse en el aire durante más de 27 horas.

La incorporación de las aeronaves abre una nueva etapa de cooperación operativa entre Colombia y Estados Unidos, con énfasis en inteligencia, vigilancia y acciones contra organizaciones criminales.

Los drones Reaper llegaron desarmados a Colombia y militares serán capacitados en Tolemaida

Los tres drones MQ-9A Reaper enviados en préstamo por Estados Unidos llegaron a Colombia desarmados y fueron ensamblados en el Fuerte Militar de Tolemaida. Allí donde tropas colombianas recibirán capacitación para operar los sistemas de vigilancia y reconocimiento.

Al respecto, el Ejército informó que tanto el montaje como las pruebas técnicas hacen parte del ejercicio multinacional Vanguardia del Sur 2026, que reúne a militares colombianos y estadounidenses hasta el 11 de noviembre del año en curso. La jornada de entrenamiento contempla intercambio de tácticas para enfrentar narcotráfico, minería ilegal y otras amenazas.

De la misma manera, se conoció que el acuerdo entre Bogotá y Washington D.C. no solo contempla el préstamo de tres unidades fabricadas por General Atomics Aeronautical Systems, sino que, a la vez, el Gobierno colombiano evalúa la compra de un cuarto dron con recursos propios.

Antes de iniciar operaciones, los equipos deberán completar el proceso de ensamblaje, superar verificaciones técnicas y contar con personal capacitado para su manejo.

A un año del asesinato del joven estudiante de la Universidad de los Andes Jaime Esteban Moreno —que fue asesinado a golpes luego de asistir a una fiesta de Halloween en la localidad de Chapinero—, su padre, Jaime Alberto Moreno, habló sobre las novedades judiciales en el esclarecimiento del caso.

En entrevista con La FM, se refirió a las palabras de arrepentimiento expresadas por el joven Juan Carlos Suárez Ortiz, condenado a 37 años y seis meses de prisión por el homicidio, que brindó una entrevista para el pódcast Conducta Delictiva.

El padre de la víctima aseguró que esa manifestación era esperada desde el momento de la captura, de cara a la impertinencia del pronunciamiento luego de un complejo proceso judicial: “Es lo que esperábamos desde hace un año cuando fue detenido: palabras que nunca dijeron y una culpa que jamás reconocieron”.

La familia acudió a las 3:30 a. m. del 31 de octubre de 2026 al sitio donde ocurrió la agresión durante una celebración de Halloween. Allí encendieron velas y rezaron un rosario con familiares y allegados.

“Son días que pasaron de ser felices a estar cargados de una tristeza profunda, de un dolor inmenso y con el alma destruida que nos ha dejado ya un año de esta desgracia”, relató Jaime Alberto Moreno al medio en mención.

El padre de la víctima dijo que el arrepentimiento debe ser “sincero”

Moreno consideró que las palabras de Suárez Ortiz pueden tener valor si corresponden a un reconocimiento genuino de los hechos. Según explicó, la familia participó durante cuatro meses en un programa de justicia restaurativa de la Fiscalía General de la Nación, sin escuchar antes una expresión de arrepentimiento de los involucrados.

“Siempre que haya un sentimiento verdadero y de corazón, las sociedades serán mejores”, expresó.

Jaime Alberto Moreno se refirió a los señalamientos que Suárez hizo contra su hijo en el pódcast, sobre el hecho de que antes de la agresión contra el estudiante, supuestamente escuchó comentarios sobre un aparente comportamiento indebido del joven hacia una mujer en el establecimiento nocturno.

Según la información expuesta durante la entrevista, ese presunto episodio no fue comprobado por las autoridades.

El condenado también relató que inicialmente creyó suficiente un primer golpe contra el joven, pero que otras personas lo convencieron de buscarlo otra vez. En sus declaraciones, reconoció que ese hecho derivó en una agresión que terminó con la muerte del estudiante.

“Que se entregue”, el mensaje para Paola Fernández

De la misma manera, el padre de Jaime Esteban Moreno dirigió un mensaje a Paola Fernández, alias Kitana, que continúa prófuga y es señalada dentro del proceso judicial, de acuerdo con las investigaciones adelantadas por el órgano judicial.

“El mensaje es que se entregue, porque tarde o temprano va a ser capturada”, expresó para la cadena radial.

Moreno agradeció a la Policía Nacional, la Fiscalía y la justicia por las actuaciones que han permitido avanzar en el caso. Para la familia, el proceso judicial y el reconocimiento de responsabilidades forman parte de la búsqueda de respuestas tras la muerte del joven.

Madre de Jaime Esteban Moreno también recordó a su hijo: “Aquí se sobrevive el día a día”

Por su lado, en una entrevista que concedió a El Tiempo, la mamá de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, Mónica Jaramillo Buitrago, habló sobre el impacto que dejó la muerte del estudiante de 20 años y pidió que las celebraciones de Halloween no terminen en hechos de violencia.

“La vida se derrumba completamente, se rompe en mil pedazos. Aquí se sobrevive el día a día”, expresó Jaramillo al recordar la madrugada del 31 de octubre de 2025, cuando su hijo murió tras ser atacado al salir de una fiesta de disfraces en Bogotá.

Según su relato, ese día, “lógicamente, yo me derrumbé, me angustié muchísimo, salí gritando. Pensaba que se iba a asociar con un hurto (...) Me dicen que mi hijo estaba muy mal, tenía su cerebro muy comprometido y que el pronóstico no se podía prever”.

La madre del joven afirmó que no había motivo para que una persona tomara posesión de la existencia de otro ser: “Ninguna diferencia puede valer más que la vida de un joven”.

A través de un mensaje en redes sociales, el presidente de la organización de trabajadores cuestionó los cambios tributarios, laborales e institucionales contemplados en el proyecto, debido a que, según él, la iniciativa trasladaría cargas tributarias a los hogares y a los trabajadores, mientras reduciría impuestos para empresas y capitales.

“Vamos al paro nacional el 19 de noviembre contra el gobierno de Abelardo y su reforma tributaria que impone impuestos a la comida del 19%”, escribió el dirigente sindical.

Entre los reparos por los que la central obrera marcharía está la aplicación de la tarifa general del 19% a productos de la canasta familiar que hoy tienen una tasa del 5% o están exentos del impuesto.

Arias también rechazó el aumento gradual de los aportes a salud para los trabajadores a partir de 2027. Según explicó, la cotización se mantendría en 4% para quienes reciban hasta dos salarios mínimos, pero podría llegar a 8% para quienes devenguen entre 20 y 25 salarios mínimos.

“Quiere ponerle impuestos a la comida y adicionalmente impuestos a la clase trabajadora, aumentando la cotización en salud del 4% hasta el 8%”, afirmó en un video publicado junto con su mensaje.

El líder sindical también cuestionó los ajustes al impuesto de renta para personas naturales, que, según expuso, incorporarían un nuevo tramo marginal del 9% y reducirían deducciones y rentas exentas.

El dirigente de la CUT también expresó preocupación por las facultades extraordinarias solicitadas por seis meses para que el presidente pueda suprimir, fusionar o privatizar entidades estatales.

Según Arias, esa reestructuración podría poner en riesgo hasta 700.000 puestos de trabajo. El proyecto también contemplaría una reducción del 50% de los contratos de prestación de servicios profesionales en el Estado para 2027 y un recorte nominal del 20% en gastos de personal para 2028.

“Impone una facultad extra-extraordinaria al presidente para que desmonte muchas entidades del Estado y otras las privatice, significando que 700.000 trabajadores irían a la calle”, sostuvo.

Arias arremetió contra los beneficios tributarios para empresas e inversiones

El presidente de la CUT señaló que el articulado reduciría la tarifa de renta para el capital y las empresas, que pasaría de 35% a 31%. También cuestionó una tarifa preferencial del 20% durante 16 años para nuevas inversiones bajo el régimen RUGE.

El dirigente añadió que la iniciativa contempla desmontar el impuesto al patrimonio hacia 2031. “La Patria Milagro llena de hambre al pueblo y enriquece cada vez más a los megarricos”, afirmó.

La CUT llamó a organizaciones sociales, trabajadores y ciudadanos a participar en las movilizaciones previstas para el 19 de noviembre y pidió el retiro o la modificación de la reforma.

Un mensaje previo escrito por el líder sindical auguró que el proyecto fiscal del Gobierno De la Espriella derivaría en una crisis social como la de 2021, durante la gestión del expresidente Iván Duque, cuando la oposición se tomó las calles de las principales ciudades del país. .

“Se viene un estallido social. El gobierno de Abelardo, al igual que pretendieron el de Duque y Carrasquilla, le mete la mano al bolsillo del pueblo y privilegia a los megarricos con su proyecto de ley de “rescate económico. ¡A la calle! ¡Vamos al paro nacional del 19 de noviembre! ¡Solo el pueblo salva al pueblo! ¡A parar para avanzar, viva el paro nacional!“, escribió.

La creadora de contenido Camila Sepúlveda confirmó el nacimiento de su hijo Juanito a través de unas fotografías compartidas desde el hospital. A pesar de haber anunciado previamente el fin de su relación sentimental, su expareja, el influenciador Camilo Cifuentes, apareció junto a ella y al recién nacido para dar la noticia.

En la publicación de Instagram, la joven compartió tres imágenes donde el bebé aparece envuelto en una manta blanca, resguardando la privacidad de su rostro.

“Quiero contarles que ya nació Juanito y con él una de nuestras razones más grandes para vivir, amar y aprender”, expresó la influenciadora al presentar esta nueva etapa de ambos como padres.

“Mi pequeño, mi sueño hecho realidad”

En su mensaje, Camila describió la emoción que siente después de los meses de embarazo y agradeció a Dios por el nacimiento de su hijo.

“Mi pequeño, mi sueño hecho realidad, el amor que durante tantos meses llevé dentro de mí y que hoy tengo la dicha de abrazar”, expresó en su extenso post.

La creadora de contenido agregó que no encontraba palabras para explicar el momento que vive. “Solo puedo mirar al cielo y darle gracias a Dios por este regalo tan maravilloso”, añadió en la publicación.

La relación con Camilo Cifuentes tras la ruptura y la llegada del bebé

Más allá de las imágenes familiares, la influencer también dejó claro cómo espera que sea su vínculo con Cifuentes luego de su separación. Sepúlveda sostuvo que ambos priorizarán la comunicación y el bienestar de Juanito.

“Camilo y yo deseamos construir una relación basada en el respeto, la madurez y la comunicación y sobre todo por el amor que ambos sentimos por Juanito, cada uno desde su posición”, afirmó.

La publicación recibió mensajes de felicitaciones de sus seguidores. Camila aprovechó para agradecer a las mujeres y madres que siguieron su embarazo y le enviaron palabras de apoyo: “Hoy quiero compartirles una nueva razón para creer en los nuevos comienzos y sanar”.

Pero no todos fueron comentarios positivos. También se leyeron algunas preguntas sobre la nueva dinámica familiar, luego de que se conocieran controversiales señalamientos en contra de Camilo Cifuentes que derivaron en la terminación pública de la relación.

La creadora de contenido publicó una historia en la que aclaró lo que sucedía entre ella y Cifuentes: “Quiero aclarar algo para evitar malentendidos: compartir la dicha de ser padres de un mismo hijo no significa necesariamente tener una relación sentimental”.

La joven madre aseguró que la nueva etapa será vivida centrada en Juanito “desde el respeto, la cordialidad y el compromiso de ser padres, sin que eso deba confundirse con una relación de pareja”.

Sepúlveda indicó que, pese a las dificultades emocionales que debieron atravesar como pareja, continuarán juntos como padres del bebé. Incluso, etiquetó al reconocido influenciador.

“Hoy nuestra mayor prioridad es nuestro hijo, su bienestar y esta nueva etapa que comienza para los dos sin importar las posiciones. A veces la vida nos lleva a aceptar las cosas y tomar decisiones por madurez. @camilocifuentes962 (sic)”, se lee en la publicación.

En cuanto a la polémica por una posible infidelidad por parte de Cifuentes, Sepúlveda ha dejado claro en repetidas oportunidades que su deseo no es continuar en medio de la discusión pública.

Y es que, como se conoció mientras Camila aún estaba embarazada de Camilo Cifuentes, el influenciador fue relacionado con la española Anthía López, conocida como ‘La Mijita’. Aunque negó haber tenido una relación con ella, durante un streaming con WestCol reconoció que había sido infiel al no ser honesto con ninguna de las dos mujeres.

Ahora, con el nacimiento de su hijo, ambos parecen haber dejado de lado sus diferencias para priorizar el bienestar del menor. De hecho, el 8 de octubre de 2026, la la creadora de contenido publicó en sus redes sociales: “Hoy no quiero entrar en más polémicas ni responder cada versión”.

En cambio, aseguró que eligió “el silencio que protege, el amor que sana y la dignidad que permanece”. “Por mi hijo. Por mí. Y por todas las mujeres que alguna vez tuvieron que volver a empezar”, expresó en su momento.

De acuerdo con la información oficial divulgada por Migración Colombia, el procedimiento, que se llevó a cabo en Santa Rosa de Cabal, Risaralda, contó con coordinación del Servicio de Seguridad Interior de Francia y del Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos.

Las autoridades hicieron efectiva la orden internacional contra el extranjero, que deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La Policía Nacional señaló que la operación se desarrolló dentro de las acciones contra redes de crimen organizado transnacional.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, mientras avanzan los trámites diplomáticos y judiciales para una eventual extradición.

Según la Dijín, “Tommy” se habría instalado “estratégicamente” en el Eje Cafetero para establecer contactos con estructuras dedicadas al narcotráfico en la región.

El director de Investigación Criminal e Interpol, coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, afirmó que el ciudadano neerlandés habría coordinado desde esa zona la logística para el transporte de cargamentos de droga hacia puertos europeos.

De acuerco con su declaración, el investigado ya tendría una lista de alianzas con organizaciones locales para el envío de estupefacientes.

Capturaron en Pereira a alias El Viejo, colombiano requerido por Perú con circular roja de Interpol

Además de este caso, un colombiano identificado como José Ramiro Tobón Osorio, alias El Viejo, fue capturado en Pereira (Risaralda) tras ser requerido por las autoridades de Perú para cumplir una condena de 25 años de prisión por tráfico ilícito de drogas. El hombre tenía una notificación roja de Interpol vigente desde el 23 de mayo de 2025.

El Ejército Nacional informó que el procedimiento se realizó el 29 de octubre, cerca de las 7:00 p. m., como parte de una operación coordinada entre la Quinta División, el Gaula Militar Eje Cafetero, la Octava Brigada, el Batallón de Alta Montaña N.º 2 (Baime 2) y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

Las autoridades señalaron que Tobón estaría vinculado con el grupo armado organizado residual (GAO-r) Carolina Ramírez y con una estructura conocida como Alianza del Perú.

De acuerdo con la investigación de las autoridades peruanas, alias El Viejo sería uno de los presuntos líderes de una organización criminal dedicada a financiar, adquirir, acondicionar y transportar pasta básica de cocaína hacia mercados internacionales.

La información conocida indica que una de las operaciones atribuidas a esa red habría consistido en el envío de droga oculta entre granos de café. El cargamento tenía como destino final Róterdam, en Países Bajos, y habría salido a través del puerto de Paita, en Perú.

El requerimiento judicial contra Tobón establece que podría cumplir una pena de hasta 25 años de prisión por el delito de tráfico ilícito de drogas, según los datos de Interpol citados por las autoridades.

Siete extranjeros requeridos por seis países fueron expulsados de Colombia

Por otro lado, la Oficina Central Nacional de Interpol Colombia entregó a siete ciudadanos requeridos por Argentina, España, Ecuador, Venezuela, Francia y Estados Unidos para responder por procesos relacionados con narcotráfico, homicidio, delitos sexuales, lavado de activos y falsedad documental.

Los procedimientos se realizaron el 28 y 29 de octubre, con apoyo de la Dijín, Migración Colombia y autoridades de los países solicitantes. Los requeridos viajaron en vuelos comerciales bajo custodia internacional.

Entre los entregados figura el venezolano Adolfredo Rafael Matos Gonzáles, conocido como “El Monstruo del modelaje”, requerido en Venezuela por delitos contra la integridad sexual de menores. También fue enviado a España Édgar Germán Montoya Montoya, solicitado por acceso carnal violento.

El colombiano Óscar David Galindo Caraballo fue trasladado a Estados Unidos, donde deberá responder por concierto para delinquir y narcotráfico. A Francia fue entregado el ciudadano Edouard David Joseph Chavanne, requerido por presunto lavado de activos.

La lista incluyó además al venezolano Ender Emanuel Alvarado Contreras, solicitado por homicidio; al ecuatoriano Heraldo William Rosero Tacán, investigado por un delito sexual contra una menor; y a la ciudadana taiwanesa Po Ya Lin, requerida en Argentina por falsedad documental y encubrimiento.

El exministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez, en el gobierno de Gustavo Petro, descartó una eventual candidatura a la Gobernación de Boyacá y aseguró que no tiene aspiraciones a cargos de elección popular. El pronunciamiento respondió a versiones que circularon en redes sociales sobre una posible postulación en su departamento de origen.

“Hoy la política no hace parte de mi proyecto de vida ni tengo aspiraciones a cargos de elección popular”, afirmó Sánchez en una publicación en su cuenta en X. También señaló que no pertenece ni respalda a ningún partido político.

El exfuncionario agradeció a quienes lo han mencionado como posible gobernador de Boyacá, aunque insistió en que su proyecto personal está alejado de la competencia electoral. “Mi único compromiso es con la Constitución y la ley”, añadió.

El rumor se inició luego de una entrevista que concedió el exministro boyacense a Caracol Radio, en la que afirmó que “donde crea que yo pueda servir, lo haré con mucho cariño (...) Si entendí algo también, que digamos, yo no soy político, soy soldado, desde mi juventud soy soldado. Si, puede ser que haya estudiado, no sé, tres maestrías o especializaciones, soy soldado. Y en este momento, la verdad es que lo único que busco yo es el bien general y poner mis intereses personales subordinados a lo que quiera el país”.

Con estas declaraciones, algunos medios periodísticos publicaron que el exdirigente de la Defensa no había descartado alguna aspiración a un cargo público.

Incluso, cuando ofreció algunas sugerencias al actual jefe de la cartera de seguridad nacional: “El problema de seguridad no solamente se soluciona con armas. Se requiere una visión integral, una acción integral. Mientras existan países que consumen droga, por ejemplo, pues habrá países productores. Se requiere no solamente que sea aquí a nivel nacional, sino también internacional”.

El exministro Sánchez aseguró que priorizará a su familia y su formación personal

El anterior jefe de la cartera de Defensa afirmó que, después de 36 años de servicio en distintas funciones, su prioridad será compartir tiempo con su familia y continuar con su crecimiento personal: “Sigo aportando en transparencia y liderazgo, y estudiando los retos de la inteligencia artificial y la geopolítica. Seguiré sirviendo a nuestra amada Colombia desde donde le sea útil”.

Defendió su gestión en el gobierno Petro

En el mensaje, Sánchez hizo un balance de su período como ministro de Defensa, cargo que ocupó entre marzo de 2025 y agosto de 2026.

Entre los resultados enumerados, afirmó que durante su administración se realizaron las elecciones presidenciales “más concurridas de la historia” sin alteraciones del orden público. También aseguró que más de 6.000 integrantes de grupos armados fueron capturados, desmovilizados o neutralizados.

El exministro indicó que las Fuerzas Militares ejecutaron 21 bombardeos y que se produjo “un combate cada 20 horas”. Además, sostuvo que se incautaron cerca de 1.300 toneladas de cocaína, con un récord en 2025, y que las autoridades destruyeron un laboratorio para el procesamiento de drogas cada hora y media.

“Gracias a nuestros héroes y heroínas de la patria, que con enorme sacrificio hicieron posible cada resultado”, expresó Sánchez.

El exfuncionario también atribuyó a su gestión un aumento de la favorabilidad de las Fuerzas Militares, que situó en 81,4%, y de la Policía Nacional, con 69%, según cifras que atribuyó a Invamer.

Sostuvo que el índice anticorrupción del sector pasó de 64 a 83 puntos. A la vez, mencionó un incremento del pie de fuerza y la ampliación de capacidades de movilidad, ataque, inteligencia y defensa contra drones.

Dentro de los datos que destacó figura el aumento de la bonificación para quienes prestan servicio militar y policial. Según su publicación, el pago pasó de $300.000 a $1.750.905, lo que equivale a un alza de 484%.

Según la información divulgada por la Presidencia de la República, entre el 7 de agosto y el 11 de octubre, la Dian logró 4.259 incautaciones de mercancía ilegal por un valor superior a $151.000 millones.

Conforme a la información oficial, dicha cifra representó un aumento del 82,6% frente al mismo lapso del gobierno anterior, cuando las retenciones alcanzaron cerca de $83.000 millones.

Por ende, Velásquez afirmó que las conductas investigadas “comprometen la sostenibilidad fiscal, la seguridad nacional, la salud pública y la competencia leal y el desarrollo económico de nuestro país”.

“Estas conductas interconectadas se nutren de recursos ilícitos, se articulan con estructuras criminales, nacionales e internacionales y exigen, por lo tanto, una respuesta armónica y contundente por parte de las instituciones del Estado”, dijo en el video que compartieron desde la Presidencia.

La respuesta es la elaboración de propuestas que serán trabajadas con el Ministerio de Hacienda. Para este fin, ambas instituciones buscarán adecuar el contexto jurídico frente a delitos transnacionales, cibercriminalidad y estructuras dedicadas a actividades ilegales.

El director de la Dian indicó que los controles apuntarán a frenar tránsitos no autorizados de maquinaria amarilla, drones, precursores químicos, medicamentos desviados para la fabricación de drogas sintéticas y gasolina destinada al procesamiento de insumos del narcotráfico.

También mencionó la producción y exportación ilegal de oro y minerales estratégicos, además de las exportaciones ficticias.

El plan de la entidad contempla la recuperación de cartera, la lucha contra la evasión y la facilitación del cumplimiento tributario. Sobre el primer punto, Velásquez sostuvo que la Dian buscará priorizar los cobros e incentivar la normalización de obligaciones pendientes.

En materia de fiscalización, anunció que la entidad cruzará información sobre activos en el exterior, facturación electrónica, documentos electrónicos, datos exógenos y criptoactivos para detectar operaciones que puedan estar vinculadas con la evasión fiscal o el contrabando.

El alto funcionario indicó que la administración busca simplificar los trámites y mejorar la relación con los contribuyentes.

Estados Unidos y aduanas europeas participarán en la cooperación

Velásquez también destacó la cooperación con autoridades internacionales para combatir las redes asociadas al contrabando, el lavado de activos y el narcotráfico.

Según su declaración, Estados Unidos está participando en el plan a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés). La Dian también trabaja con las aduanas de Suecia, España y Países Bajos, además de la Dirección de Antinarcóticos y Migración Colombia.

El motivo de esto es poder implementar “la cultura tributaria y el cumplimiento de nuestras obligaciones”, que serán “el camino correcto para garantizar la seguridad, la sostenibilidad fiscal y el desarrollo de nuestra patria”.

Los operativos que tienen a las autoridades ideando estrategias

De acuerdo con el funcionario, los operativos de mayor valor se concentraron en mercancías como textiles, confecciones, cigarrillos, productos de tabaco, maquinaria y aparatos eléctricos y electrónicos. Las acciones se realizaron principalmente en Bogotá, Barranquilla, Cartagena y Maicao.

Uno de los procedimientos tuvo lugar en Cali entre el 24 y el 27 de septiembre. Allí, la Dian y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) intervinieron una bodega clandestina en la que, según Velásquez, se aprehendió mercancía por $38.520 millones.

El operativo incluyó el hallazgo de más de 1,8 millones de pares de zapatos, además de confecciones, productos de perfumería y juguetes.

La segunda operación se desarrolló el 29 y 30 de septiembre, con 992 verificaciones simultáneas en depósitos públicos y lugares de arribo de Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Cali, Ipiales y Medellín.

La tercera acción ocurrió el 20 de octubre en la vía Bosconia-El Paso, en el departamento del Cesar. Según la declaración del director, funcionarios de la Dian retuvieron una tractomula que transportaba más de 570.000 cajetillas de cigarrillos, avaluadas en más de $4.130 millones.

“El resultado de estas tres acciones: 132 medidas cautelares valoradas en más de $14.675 millones”, señaló Velásquez. Entre esas medidas incluyó aprehensiones, retenciones temporales y suspensiones de operación.

El arroz atollado es de esos platos que llegan a la mesa con aroma de hogar: arroz húmedo, carnes doradas, papa, tomate y un guiso que reúne los sabores más queridos de la cocina colombiana.

Esta preparación es típica del Valle del Cauca y también tiene raíces en las comunidades negras del Pacífico colombiano. En la región se reconoce como un arroz asopado, de textura calduda y sabor abundante.

Receta de Arroz atollado colombiano tradicional

El arroz atollado es una preparación húmeda en la que el arroz se cocina con caldo, sofrito, pollo, cerdo, tocino, longaniza y papa. La técnica combina el dorado de las carnes, la elaboración de un guiso y una cocción final a fuego bajo para integrar todos los sabores.

Tiempo de preparación

• Preparación: 25 minutos
• Cocción: 45 minutos
• Tiempo total: 1 hora y 10 minutos

Ingredientes

1. 2 tazas de arroz
2. 4 tazas de caldo de pollo
3. 1 libra de costillas de cerdo
4. ½ libra de tocino
5. 1 pechuga de pollo
6. 1 longaniza parrillera
7. 3 tallos de cebolla larga, picados
8. 3 tazas de tomate, cortado en cubos pequeños
9. 3 tazas de papa colorada, cortada en láminas
10. 2 dientes de ajo, cortados en láminas finas
11. 1 cucharadita de cilantro picado
12. Comino al gusto
13. Sal al gusto
14. Pimienta al gusto
15. Color al gusto

Cómo hacer Arroz atollado colombiano tradicional, paso a paso

1. Caliente una sartén amplia a fuego medio. Agregue la cebolla larga y el ajo.
2. Sofría hasta que la cebolla quede transparente y el ajo tome un tono dorado.
3. Añada el tomate picado. Cocine durante 5 minutos, hasta formar una base jugosa.
4. Incorpore comino, sal, pimienta y color. Agregue 1 o 2 tazas de caldo de pollo.
5. Cocine el guiso a fuego bajo durante 10 minutos. Retire del fuego y reserve.
6. En otra sartén, dore las costillas de cerdo, el tocino, la longaniza, la papa y la pechuga de pollo.
7. Dore bien las carnes antes de unirlas al arroz. Este paso ayuda a concentrar el sabor y aporta grasa para la cocción.
8. Retire las carnes cuando tengan una superficie dorada. Corte la pechuga en trozos o desméchela cuando esté tibia.
9. En una olla grande, agregue parte de la grasa que soltaron las carnes. Incorpore el arroz y el resto del caldo de pollo.
10. Cocine a fuego medio hasta que el arroz empiece a abrirse. Revise la cantidad de líquido para evitar que se seque.
11. Añada el guiso de tomate, cebolla y ajo junto con las carnes, la papa y la longaniza.
12. Revuelva con suavidad para no romper la papa ni convertir el arroz en una masa.
13. Tape la olla y cocine a fuego bajo durante 10 minutos más.
14. Apague el fuego cuando el arroz esté tierno y conserve una textura húmeda. Déjelo reposar durante 5 minutos antes de servir.
15. Rectifique la sal y termine con cilantro picado. Puede acompañar con patacones, hogao y chorizo, como recomienda la tradición valluna.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones como plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

• Calorías: aproximadamente 650 kcal
• Proteína: 35 g
• Carbohidratos: 70 g
• Grasas: 25 g
• Fibra: 4 g
• Sodio: variable según la cantidad de sal, caldo y embutido utilizados

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarde el arroz atollado en un recipiente hermético dentro de la nevera cuando se haya enfriado. Puede conservarse durante 3 días.

Para almacenarlo por más tiempo, divídalo en porciones y llévelo al congelador hasta por 2 meses. Descongélelo dentro de la nevera y caliéntelo en una olla con un poco de caldo o agua para recuperar su textura húmeda.

Halloween es una celebración internacional que se celebra cada año el 31 de octubre. La jornada es conocida también como Noche de Brujas y coincide con la víspera del Día de Todos los Santos, que se conmemora el 1 de noviembre.

En 2026, la fecha cae un sábado, por lo que las actividades de disfraces, fiestas, recorridos para pedir dulces y eventos culturales en corporaciones, colegios y estidades se concentrarán durante ese fin de semana en Colombia.

Los eventos, hoy en día, combinan disfraces, calabazas talladas, decoración alusiva al terror y el tradicional “dulce o truco” —en Colombia suena el “triqui-triqui”, pero su historia se remonta a prácticas europeas antiguas de naciones celtas como Irlanda, Escocia y Gales, así como en la Isla de Man y en Galicia (España).

Una parte del origen de Halloween se vincula con Samhain, un festival celta celebrado alrededor del 1 de noviembre, cuando terminaba el otoño y empezaba el invierno.

Según registros históricos, estas comunidades creían que, en esa transición de estación, se debilitaba la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Por esa razón encendían hogueras y utilizaban máscaras o atuendos para ahuyentar espíritus.

De hecho, un artículo de National Geographic basado en las investigaciones publicadas por la Enciclopedia Britannica, indica que esta festividad “representaba el año nuevo celta. Este era un pueblo pagano que creía en diferentes deidades y, para ellos, especialmente en esta época el mundo de los dioses se hacía visible para la humanidad y estos mismos dioses le jugaban malas pasadas a sus adoradores mortales. Fue un periodo lleno de peligros, superstición, miedo y episodios sobrenaturales”.

El artículo indica que “según cuentan historiadores como el irlandés Geoffrey Keating, que escribió el libro The History of Ireland en 1857, Samhain es considerada la celebración que dio origen a Halloween, debido a que era una época de ‘intensidad sobrenatural’. Keating relata que los celtas de la época creían que la fuerza de las tinieblas estaba presente y por eso encendían una gran hoguera con la esperanza de complacer a los dioses druidas y ayudar al proceso regenerativo de la agricultura”.

Informes recogidos por portales académicos como el Cambridge School o el International Students Office del MIT indican que la tradición se mezcló después con las celebraciones cristianas.

En el siglo VIII, el papa Gregorio III estableció el 1 de noviembre como una fecha para honrar a todos los santos. La noche anterior fue llamada All Hallows’ Eve, nombre que con el paso del tiempo derivó en Halloween.

El “dulce o truco” tiene antecedentes medievales

Conforme a los historiadores, el hábito de ir de casa en casa para pedir comida o dinero también surgió en Europa. Durante la Edad Media, en Irlanda y Reino Unido, niños y adultos con pocos recursos se disfrazaban y visitaban viviendas a cambio de canciones o rezos por las almas de personas fallecidas.

La práctica recibió el nombre de souling. A quienes recorrían las casas les entregaban en ocasiones unos pequeños pasteles llamados soul cakes, preparados con ingredientes como nuez moscada, jengibre, canela y pasas.

La costumbre se trasladó a Estados Unidos con las migraciones irlandesas y británicas del siglo XIX. Allí se transformó hasta convertirse en el actual trick or treat, una de las actividades más asociadas con Halloween.

Las calabazas reemplazaron a los nabos en Estados Unidos

Antes de que las calabazas se convirtieran en un símbolo de la fecha, en Irlanda y Gran Bretaña las personas tallaban rostros en nabos, remolachas o papas. Ponían velas dentro y las ubicaban cerca de puertas y ventanas, con el propósito de alejar espíritus.

Los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos descubrieron que las calabazas eran más grandes y fáciles de tallar. De esa adaptación nació la imagen de la jack-o’-lantern, la linterna de calabaza que hoy forma parte de la decoración de Halloween.

En Colombia, la celebración no tiene carácter oficial ni religioso, pero se consolidó como una fecha de actividades recreativas, especialmente entre niños, adolescentes y familias.

La embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen, afirmó que la representación diplomática debió retirar de sus redes sociales un video sobre una visita que hizo la alta funcionaria al Colegio Colombo-Hebreo de Bogotá ante el temor de que los estudiantes que aparecían en las imágenes fueran blanco de ataques.

La representante israelí explicó que visitó durante el jueves 29 de octubre de 2026 la institución, a la que describió como el único colegio judío de la capital. De hecho, portavoces oficiales de la Embajada publicaron un registro audiovisual de la jornada.

No obstante, en palabras de Aisen, “la avalancha de comentarios de odio contra la Embajada y la comunidad judía que siguió a esas publicaciones nos obligó a retirarlas”, escribió.

Aisen señaló que la decisión respondió a la protección de los menores de edad, porque “el temor de que los niños colombianos que aparecían claramente en el video pudieran convertirse en blanco de ataques” resultó central para la remoción del material", indicó.

La embajadora rechazó las acusaciones de adoctrinamiento

En su mensaje, Aisen respondió a las críticas que recibió y cuestionó que algunos usuarios calificaran de adoctrinamiento la enseñanza de judaísmo, sionismo, historia judía e Israel en el colegio.

“¿Por qué cuando niños judíos se reúnen con un representante del Estado de Israel? (...) Todos los colegios educan y transmiten valores, cultura e identidad. Pero cuando se trata de los judíos, de repente, se convierte en adoctrinamiento”, manifestó la embajadora.

Y agregó: “¿Acaso consideran que los niños que estudian en colegios alemanes, franceses, británicos, españoles o estadounidenses también son adoctrinados porque allí aprenden sobre la historia, la cultura y la identidad de esos países?”.

La diplomática también pidió una reflexión sobre los mensajes dirigidos contra integrantes de la comunidad judía colombiana. “Son colombianos, nacidos y criados en este país, que tienen el mismo derecho que cualquier otro ciudadano a preservar sus raíces, sus tradiciones y su identidad”, afirmó.

“¿Qué está pasando? ¿Qué ha cambiado para que hoy tantos se sientan con derecho a expresar públicamente tanto odio contra ellos? Empiezo este fin de semana con estas dos preguntas. Los invito a reflexionar sobre ellas", sostuvo.

Aisen sostuvo que las diferencias políticas no deben derivar en ataques contra una comunidad. “Podemos tener diferencias políticas, podemos debatir y disentir, pero nunca deberíamos perder algo tan esencial como el respeto por el otro y la capacidad de convivir en paz”, concluyó.

Vivian Aisen pidió rechazar acto de Chelo Hop con la bandera israelí en Hip Hop al Parque

Días atrás, la embajadora de Israel también pidió a la Alcaldía de Bogotá y a la Cancillería rechazar públicamente el gesto de la rapera Chelo Hop, que pisó una bandera israelí durante su presentación en Hip Hop al Parque.

El hecho ocurrió el sábado 24 de octubre de 2026 en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, durante la primera jornada del festival. Videos difundidos en redes sociales muestran a la artista sobre la bandera, mientras expresa respaldo a Palestina con la consigna “Libre Palestina”.

Aisen cuestionó la acción en su cuenta de X y afirmó: “Rechazo categóricamente el acto de pisotear la bandera del Estado de Israel, uno de los grandes aliados de Colombia”.

La embajadora comparó el episodio con una eventual agresión contra los símbolos patrios colombianos fuera del país. “¿Qué pasaría si la bandera de Colombia fuera pisoteada en una plaza pública de otro país? El respeto no puede tener dobles estándares”, señaló.

Aisen etiquetó al alcalde Carlos Fernando Galán, al Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y a la directora de la entidad, María Claudia Parias. La diplomática sostuvo que la libertad de expresión no debe utilizarse para promover el irrespeto entre países.

“Es importante que Bogotá y la Cancillería rechacen públicamente este acto de hostilidad y falta de respeto hacia Israel y hacia los colombianos que se identifican con su bandera”, escribió.

Chelo Hop, nombre artístico de Karol Restrepo González, fue una de las artistas distritales seleccionadas para el festival. Durante su intervención presentó una canción de su próximo álbum, Anatomía, y planteó una crítica al conflicto palestino-israelí.

Un niño de tres años murió tras caer desde el piso 11 de un conjunto residencial en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá. El hecho ocurrió el viernes 30 de octubre de 2026, sobre las 2:00 p. m., en el conjunto Atalaia, ubicado en la calle 59C con carrera 88H, sector de Bosa La Libertad.

Según la versión suministrada a Infobae Colombia por voceros de la Policía Metropolitana de la ciudad, el padre del niño acudió gritando y pidiendo auxilio a los uniformados del CAI Libertad con el menor en sus brazos.

Conforme a este reporte, el menor fue trasladado de urgencia a un hospital de la localidad de Bosa, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

La información preliminar es que el niño habría caído desde una ventana del apartamento, mientras se encontraba solo en el domicilio. De hecho, la Policía comunicó que el accidente se habría registrado “por descuido del progenitor”, debido a que “dejó al menor solo en la vivienda”. Cuando este el acudiente retornó, “se percató de la acontecido”.

Sin embargo, las circunstancias del hecho y las responsabilidades deberán ser determinadas por las autoridades competentes.

A principios de 2026, un menor de cuatro años cayó de un sexto piso en Bosa y murió

Estos casos no son novedad en la localidad. El 19 de febrero del año en curso se conoció el caso de un menor de cuatro años que falleció tras caer desde un sexto piso de una unidad residencial.

El hecho ocurrió en la torre 21 de un conjunto ubicado en el barrio Villa Javier. De acuerdo con testimonios recogidos por Citytv, el niño estaba dentro de un apartamento junto a otro menor, de dos años, cuando ocurrió la caída.

Un habitante del conjunto relató en su momento que, tras escuchar la alerta, los residentes acudieron al lugar y solicitaron asistencia médica. Luego de que vecinos se percataran de la situación, el menor fue llevado en un taxi a un centro asistencial ante la demora de una ambulancia, pero falleció horas después debido a la gravedad de las heridas.

Otro vecino cuestionó el tiempo de respuesta de los servicios de emergencia. “Pasa un accidente, una tragedia, y la ambulancia siempre es la última en llegar”, dijo al medio Citytv.

La Policía confirmó que los residentes del conjunto avisaron a la zona de atención y que los agentes acudieron para acompañar el traslado del niño. Debido a la gravedad de las lesiones, el menor fue remitido al Hospital de Kennedy.

La vivienda no tenía protección en la ventana, según testigos

Versiones recogidas en el lugar señalan que el apartamento tenía una ventana abierta y no contaba con rejas de protección. Los testigos indicaron además que en el inmueble se encontraban únicamente los menores de cuatro y dos años.

El oficial de guarnición de la Policía de Bogotá, Óscar Eduardo Campaña, explicó que la institución recibió el reporte de la caída accidental de un niño desde el sexto piso de la unidad residencial: “De manera inmediata, las personas que residen en esta unidad dan aviso a la zona de atención, quienes llegan y acompañan el traslado de este menor a un centro asistencial”.

El llamado a las autoridades de la capital del país, especialmente la Policía Metropolitana de Bogotá, es que los adultos responsables deben reforzar las medidas de seguridad en viviendas ubicadas en pisos altos, especialmente cuando hay niños pequeños.

Ventanas, balcones y terrazas deben contar con protecciones firmes, cierres de seguridad y barreras que impidan el acceso sin supervisión. También se recomienda no ubicar camas, sillas, mesas, sofás u otros muebles cerca de ventanas o barandas, ya que los menores pueden usarlos para trepar. Las mallas de protección deben instalarse de forma profesional y revisarse de manera periódica para comprobar su resistencia.

La supervisión permanente resulta fundamental. Los niños no deben permanecer solos en espacios con acceso a balcones o ventanas abiertas, incluso durante lapsos breves. Las familias pueden establecer reglas claras sobre esos lugares y mantener puertas, seguros y llaves fuera del alcance de los menores.

Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, permanecerá recluido en la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad El Barne, en Cómbita, según la Resolución 008962 del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), expedida en las horas de la tarde del viernes, 30 de octubre de 2026.

El traslado se realizará desde el Complejo Penitenciario y Carcelario con Alta y Media Seguridad de Bello (CPMS Bello) hacia el establecimiento de El Barne, ubicado en Boyacá. De acuerdo con la información conocida, Quintero Calle permanece en Rionegro a la espera de su traslado, que se efectuará con apoyo de la Policía Nacional.

La decisión fue firmada por el director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, quien validó la orden para que el movimiento del procesado se realice bajo un esquema de custodia reforzado y máximas medidas de seguridad.

La resolución contó con la confirmación de Quintero Calle, capturado el 3 de octubre de 2026, como sindicado por un expediente que registra imputaciones por presunta celebración indebida de contratos de seguros, peculado por apropiación agravada y circunstancias de agravación punitiva.

El proceso está a cargo del Juzgado 27 Penal Municipal de Medellín y la resolución dispone que la Dirección del CPMS Bello coordine el procedimiento con la Dirección Regional Noroeste.

El Inpec también estableció que el operativo debe proteger la integridad física de Quintero Calle y prevenir “eventuales fugas, rescates, atentados” o cualquier otra novedad durante el recorrido.

La Dirección del CPMS Bello también deberá informar de inmediato sobre el traslado a la autoridad judicial que adelanta el caso. También tendrá que reportar el cumplimiento de la medida al Grupo de Asuntos Penitenciarios.

Paralelamente, el exalcalde antioqueño Daniel Quintero publicó un mensaje en sus redes sociales, en respaldo al imputado, y cuestionando el procedimiento judicial adelantado por las autoridades.

“Fuerza Miguel. Creo en ti. Se hará justicia. Hay pruebas suficientes de como se manipularon las pruebas, los testimonios y quienes estuvieron detrás. Dios está con nosotros”, escribió.

El traslado se conoció luego de que un juez penal de circuito de Medellín ordenó que Miguel Andrés Quintero Calle permanezca en un establecimiento de reclusión mientras avanza el proceso judicial por el presunto direccionamiento de contratos en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva). La decisión revocó la detención domiciliaria que había recibido en primera instancia, conforme a las normas previstas en la Ley 906 de 2004.

No obstante, la orden no implica una condena y el proceso continúa en etapa de investigación y debate judicial.

La Fiscalía sostiene que el caso se relaciona con seis contratos suscritos entre el Amva y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí por $17.656 millones. Según la hipótesis de la Fiscalía, en esos negocios jurídicos se habrían entregado pagos irregulares por $2.481 millones.

También sostiene que Miguel Quintero habría recibido $1.653,3 millones, mientras que otra de las personas investigadas, identificada como Ortega, habría obtenido $133 millones.

Otros exfuncionarios del AMVA también fueron imputados

En el expediente aparecen además Álvaro Villada, exsubdirector administrativo y financiero del Amva, y Vanesa Álvarez, exasesora jurídica de la entidad. Ambos fueron imputados dentro de la investigación por la contratación con los bomberos de Itagüí.

Tras conocerse la decisión, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció en su cuenta de X. El mandatario celebró la revocatoria de la medida domiciliaria y afirmó que espera decisiones judiciales en relación con el exalcalde Daniel Quintero.

“Luego de que apeláramos la decisión de casa por cárcel, un juez acaba de ordenar su captura y será enviado a una cárcel”, escribió Gutiérrez. Sus afirmaciones sobre otros posibles responsables no hacen parte de una decisión judicial citada en la providencia contra Miguel Quintero.

El presidente Abelardo de la Espriella comunicó oficialmente que las embajadas de Colombia en Dinamarca, Egipto, Filipinas, Finlandia y Vietnam serán ocupadas por funcionarios de carrera diplomática escogidos mediante una convocatoria interna, abierta y transparente, en defensa de los méritos de la carrera diplomática.

El mandatario informó en su cuenta de X que dejó sin efecto el listado de candidatos que había sido propuesto inicialmente. “He ordenado dejar de lado ese listado y adelantar un proceso que permita verificar objetivamente las capacidades, la experiencia y las condiciones de los aspirantes”, afirmó.

En conformidad con el aviso presidencial, la convocatoria se abrirá el viernes 30 de octubre y cerrará el martes 3 de noviembre del año en curso. Entre el 4 y el 5 de noviembre, un comité integrado por la Secretaría General, Talento Humano, la Academia Diplomática y la Oficina Jurídica revisará las hojas de vida.

De la Espriella aseguró que recibirá el viernes 6 de noviembre los cinco perfiles escogidos, junto con sus antecedentes y documentos de respaldo.

De la misma manera, indicó que su administración ya adelanta los trámites para nombrar en propiedad a los embajadores de Colombia en Alemania y Canadá. Según explicó, ambos son funcionarios de carrera que ya prestan servicios en esas sedes diplomáticas.

“El mérito no puede ser una consigna que se exige en público y se desconoce en privado”, escribió, y sostuvo que el país requiere diplomáticos preparados para representar y defender los intereses nacionales en el exterior.

La inconformidad con el nombramiento de embajadores sin carrera diplomática

Este mensaje se dio a conocer luego de que Cambio publicó que a casi 80 días de la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia, su Gobierno designó o postuló a 22 embajadores, de los que ninguno pertenece a la carrera diplomática y consular.

La primera lista incluyó exfuncionarios, empresarios, abogados, dirigentes políticos y personas cercanas al mandatario.

Según una revisión publicada por el medio, las nominaciones contrastarían con el planteamiento de campaña de fortalecer el servicio exterior bajo criterios de eficiencia administrativa, apertura de mercados y gestión de negocios. Y es que la normativa colombiana establece que, como mínimo, el 20% de los cargos de embajador debe estar ocupado por integrantes de la carrera diplomática y consular.

Según la publicación periodística, la composición de los nombramientos mantiene una tendencia señalada por la plataforma Diplomacia Abierta, cuya revisión de decretos y resoluciones entre 2000 y 2024 concluyó que más de la mitad de los cargos del servicio exterior fue asignada a personas ajenas al escalafón. En el caso de las embajadas, esa proporción superó el 72%.

Entre los nombres propuestos aparece María Consuelo Araújo Castro, designada embajadora en Estados Unidos, y Tania Gilinski, postulada para encabezar la misión ante Israel. Son las únicas dos mujeres incluidas entre las 22 designaciones y postulaciones conocidas hasta el momento.

El exsenador del Centro Democrático Carlos Felipe Mejía fue postulado para España. Juan Gonzalo Ospina, amigo personal de De la Espriella y coordinador de su campaña en Europa, quedó designado como representante de Colombia ante Bélgica, Luxemburgo, la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan).

La lista también incorpora a Miguel Uribe Londoño para Reino Unido, a Alberto Rafael Sarabia para Italia y a Luis Alfonso Plazas Vega para Perú. Ninguno de ellos integra el escalafón diplomático.

En el grupo de empresarios figuran Jorge Jaller, exdirectivo del Grupo Éxito, quien fue destinado a Venezuela; Jaime Alberto Ochoa, vinculado a los sectores de combustibles y logística, para Emiratos Árabes Unidos; y Edgardo Tomás Jaramillo, relacionado con actividades fiduciarias e inmobiliarias, para Panamá.

Al menos seis de los 22 nombramientos corresponden a personas vinculadas con la región Caribe. Orlando Abello fue designado para Costa Rica; Miguel Arrázola, para El Salvador; Juan Carlos Gossaín, para Francia; Óscar Gómez Hernández, para Portugal; Juvenal Infante, para China; y Ochoa, para Emiratos Árabes Unidos.