A pocos días de la posesión presidencial del 7 de agosto de 2026, Abelardo de la Espriella da los últimos pasos antes de asumir el liderazgo del país.

La ceremonia, que reunirá a figuras clave de la vida política y diplomática, se prepara en medio de un proceso de empalme marcado por la confirmación de la mayoría del gabinete y el anuncio de nuevos embajadores en plazas estratégicas. Aunque tres ministerios siguen pendientes de designación, el equipo central del nuevo gobierno ya toma forma.

Siga aquí las novedades sobre la transición, los movimientos en la conformación del gabinete y los detalles de la jornada que dará inicio al mandato de De la Espriella.

Siga el minuto a minuto de las novedades de la posesión de Aberlado de la Espriella

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Alcaldesa de Suan rompió en llanto durante encuentro con Abelardo De La Espriella tras promesa de una planta de agua potable

La alcaldesa de Suan (Atlántico), Karolay Calvo, rompió en llanto durante una reunión de empalme regional con el presidente electo, Abelardo de la Espriella, al recordar que su municipio lleva más de 30 años esperando la construcción de una planta de tratamiento de agua potable. “Tengo dos años y medio intentando hacer las mesas técnicas y no hemos podido”, expresó la mandataria entre lágrimas, tras explicar que incluso su administración ya realizó los estudios y diseños con recursos del municipio.

Durante el encuentro, al que también asistió el ministro de Vivienda designado, Jaime Andrés Beltrán, el presidente electo se comprometió a priorizar la obra una vez asuma el Gobierno. “Se acabó la espera, alcaldesa, cuente con eso“, respondió De la Espriella ante la emotiva intervención de la mandataria.

Abelardo de la Espriella aseguró que gobernará desde las regiones: “No voy a salir en cuatro años”

El presidente electo, Abelardo de la Espriella afirmó que durante su mandato dará prioridad al trabajo en las regiones y señaló que delegó la representación del país en la posesión presidencial de Perú al vicepresidente, el canciller y el ministro de Comercio. Según dijo, su propósito es despachar desde los territorios y mantener una presencia permanente en los municipios del país.

Gobernadora del Magdalena pide a Abelardo de la Espriella convocar un Consejo Presidencial de Seguridad en Fundación

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, hizo un llamado al presidente electo, Abelardo de la Espriella, para que priorice una intervención integral en el departamento frente al accionar de las estructuras criminales y convoque un Consejo Presidencial de Seguridad en el municipio de Fundación, con el fin de enfrentar las extorsiones, las amenazas y la violencia que afectan a la región.

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El alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció incremento de medias de seguridad por el evento de posesión. Aunque no detalló qué estrategias específicas se implementarían, através de sus redes sociales, Eder confirmó una reunión con el ministro de Defensa designado, el general Jorge Mora, “para articular la agenda de seguridad que requiere Cali y el Valle del Cauca“.

“El trabajo en equipo con el Gobierno Nacional empieza desde hoy. Nuestra prioridad es avanzar de manera coordinada para fortalecer la seguridad y garantizar la tranquilidad de nuestra gente“, dijo.

Abelardo de la Espriella también extendió un mensaje de agradecimiento al Congreso de la República su traslado para el evento de posesión el 7 de agosto de 2026, en Cali, Valle del Cauca.

“Será una nueva etapa. Daremos el primer paso hacia una Patria Milagro verdaderamente descentralizada, con el corazón en las regiones, absoluto respeto por las instituciones y un compromiso inquebrantable de honrar siempre a nuestros soldados y policías, que con valentía defienden la libertad, la democracia y la soberanía de la Nación. Desde Cali, enviaremos un mensaje claro al país: el Estado volverá a estar presente en cada rincón de Colombia y las regiones ocuparán el lugar que siempre debieron tener en la construcción del futuro nacional”.

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Carolina Restrepo reaccionó a su designación como directora del Icbf a partir del 7 de agosto, que fue anunciada por el presidente electo Abelardo de la Espriella.

“Abrazo esta misión con el corazón. Trabajaré sin descanso por la niñez colombiana, porque en cada niño habita la esperanza de la Patria Milagro. No descansaré hasta ayudar a convertir sus lágrimas en sonrisas y devolverles la alegría de soñar”.

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Abelardo de la Espriella confirmó que María Carolina Restrepo Cañavera será la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) durante su administración.

“Su trayectoria de más de 30 años liderando procesos jurídicos, financieros y corporativos, sumada a su disciplina, integridad y capacidad técnica, será fundamental para recuperar el rumbo de una de las entidades más importantes del país”.

Hora y lugar de la posesión de De la Espriella

La FM informó que el acto de posesión de Abelardo de la Espriella como presidente se realizará el 7 de agosto a las 3:00 p.m. en la Arena de la Universidad Santiago de Cali. La organización del evento continúa ultimando detalles logísticos y, en los próximos días, se publicará el instructivo para acreditaciones y toda la información oficial sobre la ceremonia.

La Cámara de Representantes aprobó la proposición para realizar la posesión en Cali, a solicitud del presidente electo, tras descartar Popayán por motivos climáticos y logísticos. El equipo de De la Espriella pidió a los asistentes y medios no difundir información no oficial hasta que se emitan los comunicados correspondientes.

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Pacto Histórico reafirmó que no asistirá a la posesión presidencial

Mediante un comunicado, el Pacto Histórico anunció que sus afiliados no asistirán a la posesión presidencial del 7 de agosto en Cali.

“No avalaremos con nuestra presencia un gobierno cuya legitimidad política está seriamente cuestionada, que pone en riesgo la soberanía nacional y anuncia persecución contra la oposición“.

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El congresista Santiago Osorio rechazó que la posesión de Abelardo de la Espriella se registre en Cali. Osorio resaltó que la organización del evento costará 14.000 millones de pesos y que hay otras necesidades en el país.

“Desde esta curul le digo que no le votaré el capricho de llevar mil personas a Cali sin objetivo alguno y con gastos extravagantes. Lo invito, más bien, a que se aparezca por el Congreso para que desde aquí entienda cómo puede ayudar a las regiones sin shows baratos ni discursos cantinflescos”, expresó en su cuenta de X.

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo celebró la designación de Natalia López como ministra del Trabajo a partir del 7 de agosto.

“Trabajaremos en equipo para liberar el talento colombiano y cerrar la brecha entre las capacidades de nuestra gente y las necesidades de las empresas”, escribió en su cuenta de X.

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José Manuel Restrepo se reunió con Javier Milei: el presidente argentino estará en la “asunción” de De la Espriella

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo destacó a través de su cuenta de X su encuentro con el presidente argentino, Javier Milei, durante la ceremonia de asunción de Keiko Fujimori como presidenta de Perú. Restrepo destacó que Milei confirmó su asistencia a la próxima asunción presidencial en Colombia.

En su publicación, Restrepo comentó: “Me encontré con el presidente Javier Milei y le llevé los saludos del Tigre, Abelardo de la Espriella. Fue un saludo breve, pero muy cordial, y me confirmó que estará presente en la ‘asunción’ del presidente de Colombia”.

Restrepo también explicó la diferencia entre los términos usados en ambos países para la toma de mando: “En Argentina no dicen ‘posesión presidencial’; dicen ‘asunción’. La palabra viene del latín assumere, que significa ‘tomar para sí’, ‘hacerse cargo’… En Colombia solemos hablar de posesión, que resalta el acto jurídico de tomar posesión del cargo. Los argentinos prefieren asunción, que pone el énfasis en asumir el deber de gobernar”.

El vicepresidente electo concluyó señalando que Milei estará presente en la ceremonia de asunción de Abelardo de la Espriella en Colombia.

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Debate en la Cámara por posesión de Abelardo de La Espriella en Cali: denuncian millonario costo para el Estado

En la plenaria de la Cámara de Representantes se discuten las proposiciones para aprobar o negar la posesión de Abelardo de La Espriella en Cali. El congresista Santiago Osorio denunció que la ceremonia en Cali podría costar más de 14.000 millones de pesos al erario, según un análisis basado en datos de prensa y contratos firmados por el Departamento Administrativo de la Presidencia.

Osorio argumentó que el traslado del Congreso al Valle del Cauca implicaría gastos elevados por la movilización de congresistas, esquemas de seguridad y delegaciones internacionales. El congresista cuestionó la pertinencia de realizar la posesión fuera de Bogotá y sostuvo que la descentralización debe centrarse en la discusión de la ley de competencias, para que los recursos lleguen de manera efectiva a las regiones.

Finalmente, Osorio señaló que la iniciativa representa un desgaste político y reiteró su oposición a que la posesión presidencial se realice fuera del Congreso en la capital.

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José Manuel Restrepo elogió a Keiko Fujimori

El vicepresidente electo colombiano José Manuel Restrepo compartió una fotografía junto a la nueva mandataria peruana y destacó su carisma y preparación, asegurando que esas cualidades la llevaron a obtener la victoria en las elecciones.

“Maravilloso discurso de la nueva Presidente del Perú, Keiko Fujimori. Entiende uno el gran carisma y preparación que llevó a su victoria”, expresó el funcionario entrante.

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José Manuel Restrepo ratificó ante Amcham compromiso del Gobierno de la Espriella con la inversión privada en Colombia

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo sostuvo una reunión con representantes del grupo empresarial de Amcham y empresas estadounidenses. Durante el encuentro, Restrepo aseguró que el gobierno de Abelardo de la Espriella tiene el compromiso de impulsar el desarrollo del país a través de la inversión privada.

“Aquí hay un compromiso del gobierno de Abelardo de la Espriella para entender que es con inversión privada que el país va a lograr salir adelante”, afirmó.

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Abelardo de la Espriella visitará Tolima en el Empalme Territorial junto a la primera dama entrante

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, confirmó la agenda que se llevará a cabo los días 28 y 29 de julio en el departamento, en el contexto del Empalme Territorial, que contará con la presencia del presidente electo Abelardo de la Espriella. La programación incluye también el Encuentro Nacional de Ediles, liderado por la primera dama entrante, Ana Lucía Pineda.

Matiz detalló en Caracol Radio que la agenda estará orientada al diálogo institucional y al fortalecimiento del trabajo conjunto entre el Gobierno nacional y los mandatarios territoriales, así como a promover espacios de carácter social.

El Encuentro Nacional de Ediles se realizará en el Club Campestre de Ibagué y reunirá a representantes de las juntas administradoras locales de distintas regiones para tratar temas relacionados con la participación ciudadana y el liderazgo comunitario.

Como parte de su visita, Ana Lucía Pineda recorrerá uno de los comedores comunitarios de la capital tolimense, donde conocerá las estrategias sociales que benefician a la población vulnerable.

El 28 de julio, Abelardo de la Espriella encabezará el acto central del Empalme Territorial en el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo, en un evento que contará con la intervención de la gobernadora Adriana Matiz, la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, y representantes de los 47 alcaldes del Tolima. El acto protocolario comenzará con una bendición impartida por un sacerdote, como lo solicitó la logística de la Presidencia de la República.

Según la gobernadora Matiz, la visita del presidente electo representa una oportunidad para consolidar un diálogo directo entre el Gobierno nacional y las autoridades locales, con el fin de avanzar en proyectos estratégicos para el desarrollo del departamento.

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Alejandro Eder ofrece sede de la Antigua FES para despacho presidencial si la posesión se traslada a Cali

Tras conocerse la posibilidad de que la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella se realice en Cali, el alcalde Alejandro Eder se pronunció a través de su cuenta de X. La opción de trasladar la ceremonia a la capital del Valle del Cauca surge a pesar de que en el Congreso de la República ya se había aprobado parcialmente la proposición de traslado y se habían solicitado informes de seguridad a las Fuerzas Militares desde la Secretaría del Senado.

Eder afirmó: “Para Cali sería un honor recibir su posesión presidencial. Sería un hecho histórico que nuestra ciudad sea el escenario de este importante momento para el país. Nuestro llamado a una ciudad con seguridad y respeto a la autoridad se consolida con su presencia en Cali. Desde la Alcaldía de Cali tenemos toda la disposición para trabajar de manera articulada con su Gobierno".

El mandatario local, además agregó que De la Espriella podrá contar con la sede de la Antigua FES para que, cuando lo considere pertinente, pueda despachar desde allá y atender las necesidades de Cali, del Valle del Cauca y de Colombia.

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Abelardo de la Espriella promete respaldo del Gobierno tras atentado en Popayán y anuncia acciones contra el crimen

El presidente electo Abelardo de la Espriella se pronunció tras el atentado terrorista ocurrido en las últimas horas contra una bodega de gaseosas en Popayán. A través de sus redes sociales, De la Espriella aseguró que estos serán los últimos actos de violencia en la impunidad y afirmó que, a partir del 7 de agosto, los habitantes del Cauca y de Colombia contarán con el respaldo del Gobierno y la protección permanente de la Fuerza Pública.

El mandatario electo sostuvo que su administración está lista para enfrentar a los grupos armados y garantizar la seguridad de la población, señalando que los responsables serán sometidos y que no se permitirá que el crimen siga imponiendo el miedo en el país.

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Gobernadora del Valle respalda traslado de la posesión presidencial a Cali

En la tarde del domingo 26 de julio se conoció que la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella podría realizarse en Cali. Esta opción surge pese a que en el Congreso de la República ya se habían adelantado trámites como la aprobación parcial de la proposición de traslado y la solicitud de informes de seguridad a las Fuerzas Militares por parte de la Secretaría del Senado.

Ante la posibilidad de que la ceremonia pase de Popayán a Santiago de Cali, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, manifestó su respaldo en X. Toro destacó los gestos simbólicos del presidente electo con la región y señaló que el Valle del Cauca requiere “esperanza, seguridad y templanza; bienvenido Presidente, el Valle también es su casa”.

Además, reiteró su disposición a trabajar junto al Gobierno nacional en una estrategia para la recuperación territorial del suroccidente del país. “Usted tiene la voluntad, nosotros también, hagámoslo realidad en esa Patria Milagro que usted lidera y en el trabajo incansable que nosotros tanto valoramos”.

Desde su cuenta de X, el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció una nueva intervención para las 8:00 p.m. del domingo 26 de julio de 2026. En la red social escribió:

“Esta noche me dirigiré a todos los colombianos para compartir decisiones fundamentales sobre el rumbo de la Patria Milagro y las acciones con las que comenzaremos a cumplirle al país desde el primer día”.

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La vía milagro será una infraestructura destinada a mejorar la conectividad hídrica regional en la ciénaga grande de Santa Marta. Y será estructurado por los ministerios de ambiente y transporte.

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El presidente Gustavo Petro se refirió a los presuntos antecedentes y vínculos con el paramilitarismo del presidente electo Abelardo de la Espriella, en su cuenta de X aseguró: “De la Espriella y Carlos Alonso simplemente se prestaron a colaborar con el narcoparamilitarismo y de la Espriella a sacarle jugosos dineros” escribió.

Y continuó: “De la Espriella se quedó con cinco mil millones de pesos de unos equipos de comunicaciones que les prometió comprar cuando estaban detenidos en la cárcel de Itaguí y se quedó como abogado defensor de los dineros que varias EPS de salud que recibían dineros públicos, pero controlaban los narcoparamilitares, pagaban a narcos y a su abogado para salvar a sus directivos criminales”.

Estas declaraciones se dieron luego que el periodista Gerardo Reyes publicara la nota: “El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, temía que estuviera bajo investigación en EEUU, según fuentes” en Univisión.

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El presidente electo Abelardo de la Espriella rechazó desde su cuenta de X el crimen de la joven María Camila Potosí, mujer de 8 meses de embarazo que fue asesinada en Cali y su bebé desapareció.

De la Espriella aseguró: “Desde el 7 de agosto, la consigna y la política pública serán proteger a nuestras mujeres y someter a todo aquel que se atreva a hacerles daño”.

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Abelardo de la Espriella envió mensaje para los santandereanos

Tras avanzar en el empalme regional que adelanta en el país, Abelardo de la Espriella envió un mensaje a los santandereanos luego de compartir en varios eventos públicos con la población del departamento.

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Siguen las reacciones tras designación de Sandra Suárez en Prosperidad Social

Mediante una publicación en X, María Claudia Lacouture felicitó a Sandra Suárez por haber sido designada como nueva directora de Prosperidad Social.

“Su experiencia y capacidad de gestión serán claves para lograr programas más efectivos, transparentes y cercanos a las regiones, que ayuden a superar la pobreza y permitan que más familias construyan un futuro con autonomía y bienestar“.

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Ministro de Vivienda designado anunció gestión de recursos con el Banco Mundial para proyectos regionales

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, anunció que mantuvo un encuentro con representantes del Banco Mundial con el objetivo de obtener fondos de cooperación internacional para iniciativas relacionadas con vivienda y saneamiento básico en el país. Según indicó, el presidente Abelardo de la Espriella le encomendó asegurar un uso eficiente de estos recursos, con el propósito de ofrecer soluciones concretas en las distintas regiones.

Dilian Francisca Toro respalda la designación de Sandra Suárez en Prosperidad Social

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, expresó su satisfacción por el nombramiento de Sandra Suárez como directora del Departamento de Prosperidad Social. Toro destacó la trayectoria de Suárez en el servicio público, su conocimiento del Estado y su sensibilidad frente a las necesidades de la población.

“Sandra conoce las regiones, entiende sus realidades y sabe que el desarrollo social solo es posible cuando se escucha a los territorios. Esa experiencia será fundamental para que las comunidades que durante años han levantado la voz encuentren una institución cercana, eficiente y comprometida con transformar sus vidas”, escribió la gobernadora del Valle.

Resaltó que la experiencia de la nueva directora permitirá fortalecer la relación de la entidad con las regiones y trabajar de manera eficiente por el desarrollo social y el bienestar de las comunidades.

Preocupación por demora en el Ministerio de Salud

A pocos días del cambio de gobierno, persiste la preocupación por la ausencia de un titular en el Ministerio de Salud, una de las carteras más sensibles de la nueva administración.

El senador Andrés Forero, del Centro Democrático, hizo un llamado público al presidente electo Abelardo de la Espriella para que acelere este nombramiento, señalando que la falta de definición podría afectar la transición y ralentizar la puesta en marcha de las políticas de salud. Este retraso genera incertidumbre en sectores políticos y sociales, ya que el futuro ministro tendrá que enfrentar retos inmediatos, como la gestión de los servicios y la continuidad de las reformas en marcha impulsadas por el gobierno saliente.

Equipo en la Casa de Nariño y entidades nacionales casi definido

La estructura principal del gobierno de Abelardo de la Espriella ya suma nombramientos clave: Carlos Ríos será el secretario general de la Presidencia, Nicolás Gómez Arenas el jefe de Despacho, Valentina Lafaurie la gerente de Regiones y María Fernanda Sandoval la directora de Comunicaciones y Prensa.

Entre las entidades nacionales, Ricardo Torres Castro dirigirá el Sena, David Santiago Tamayo Roldán la Ungrd y Jaime Uribe estará al frente de ProColombia. Algunos cargos aún están pendientes, pero el equipo busca estar completo para el 7 de agosto.

Definidas embajadas clave y cambios en la política exterior

El presidente electo Abelardo de la Espriella ya designó embajadores en España, Venezuela y México: Carlos Felipe Mejía estará en Madrid, Jorge Jaller en Caracas y Mauricio Tobón en Ciudad de México.

Además, se confirmó que Colombia no tendrá embajadas en Cuba ni en Nicaragua, una decisión anunciada por el canciller designado Omar Bula Escobar. Estas medidas marcan un giro en la política exterior y la proyección internacional del nuevo gobierno.

Avanza el empalme: gira regional con presencia de ministros designados

La transición de gobierno continúa y Abelardo de la Espriella lidera la serie de encuentros regionales de empalme junto a gobernadores, alcaldes y varios de sus ministros ya designados.

El empalme regional ya suma siete paradas, con la próxima cita prevista en Tolima, donde el presidente electo y su equipo abordarán temas clave para la nueva administración. Estas reuniones buscan asegurar continuidad en la gestión pública de cara al cambio de mando.

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Ministros confirmados en el gabinete de Abelardo de la Espriella hasta el momento:

Ministerio del Interior: Rodrigo Lara Restrepo

Ministerio de Hacienda: Miguel Gómez Martínez

Ministerio de Justicia: Iván Cancino

Ministerio de Defensa: Mayor general en retiro Jorge Eduardo Mora López

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Fabio Arjona

Ministerio de Vivienda: Jaime Andrés Beltrán

Ministerio de Transporte: Elsa Noguera

Ministerio de Educación: Viviane Morales

Ministerio de Comercio: Mauricio Gómez Amín

Ministerio de Agricultura: Indalecio Dangond

Ministerio de Minas: María Nohemí Arboleda Arango

Ministerio de Deporte: Juliana Gutiérrez

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC): Alexandra Falla Zerrate

Ministerio de Cultura: Paola Holguín

Ministerio de Relaciones Exteriores: Omar Bula Escobar

Tres ministerios siguen pendientes de designación y, de acuerdo a la Ley de Cuotas, se prevé que serán para mujeres.

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Las Fuerzas Militares confirmaron el 31 de julio de 2026 que el disidente Carlos Sánchez Meza, conocido como alias Efrén, murió durante una operación militar en el departamento de Vichada, según confirmaron las autoridades.

“Efrén” era uno de los hombres más cercanos a “Iván Mordisco”, considerado el criminal más buscado de Colombia y líder del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las antiguas Farc.

Las autoridades destacaron que “Efrén” encabezaba el frente 39 del EMC y acumulaba una trayectoria criminal de más de tres décadas.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, aseguró en la red social X que alias Efrén era “uno de los principales articuladores de las actividades ilícitas de esta organización en el oriente y sur del país”.

La operación militar que resultó en su muerte es vista por el Gobierno como un golpe estratégico a la estructura criminal que opera en esa zona.

El Estado Mayor Central, bajo el liderazgo de Néstor Gregorio Vera (alias Iván Mordisco), mantiene influencia en 173 municipios de 22 departamentos, con más de 3.500 integrantes, según la Fundación de Ideas para la Paz (FIP). El Gobierno colombiano ofrece una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos (aproximadamente 1.5 millones de dólares) por información que lleve a la captura de “Iván Mordisco”, a quien se le atribuyen delitos como terrorismo, homicidio, reclutamiento forzado y narcotráfico.

Por “Efrén”, las autoridades ofrecían una recompensa de 2.000 millones de pesos (632.000 dólares). Según el ministro Sánchez Suárez, el disidente “controlaba rentas del narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y el tráfico de armas”, además de entrenar a sus integrantes en el uso de drones cargados con explosivos para atacar a la población civil.

Tras el operativo, el ministro advirtió que “no hay lugar donde puedan esconderse los criminales” y anticipó que “más temprano que tarde caerá alias Mordisco”. El Gobierno considera que la neutralización de Efrén debilita la capacidad operativa del EMC en varias regiones del país.

Siguen los operativos para encontrar a ‘Iván Mordisco’

Cabe recordar que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, tras presentar un balance sobre la situación de orden público en el país, anunció el refuerzo de la presencia militar junto a un aumento en las recompensas para capturar a los principales cabecillas de grupos armados ilegales. Durante su intervención, el funcionario detalló que en Guaviare convergían cuatro estructuras criminales: las disidencias de alias Mordisco, las de alias Calarcá, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo.

Sánchez explicó que la violencia entre bandas había dejado más de 26 muertos en lo que iba del año, la mayoría de ellos integrantes de organizaciones ilegales. Además, subrayó la gravedad del reclutamiento forzado de menores de edad, varios de ellos provenientes del Cauca, y calificó este fenómeno como una tragedia que requería acciones coordinadas para combatirlo.

La extorsión fue señalada como otro de los delitos de mayor impacto en la zona. El ministro invitó a la ciudadanía a denunciar estos casos a través de las líneas del Gaula Militar y Policial, recalcando la importancia de la colaboración civil.

En los días previos, las autoridades habían neutralizado al principal financiero y extorsionador de alias Mordisco, conocido como alias Samuel o “el Loco”, que se encargaba de manejar las finanzas y el suministro de armas al grupo.

Como parte de la estrategia gubernamental, el ministro anunció la llegada de 1.200 efectivos de la Fuerza de Despliegue Rápido, el incremento de la Policía Nacional y la implementación de tecnología de vigilancia en los municipios principales. Además, se ofrecieron recompensas de hasta 5.000 millones de pesos por información sobre alias Mordisco y sumas de entre 300 y 900 millones para otros cabecillas. Sánchez concluyó reafirmando el compromiso del Gobierno para enfrentar la criminalidad y proteger a la población de Guaviare.

Tras la victoria de Santa Fe vs. Caracas por la Copa Sudamericana, el presidente del club bogotano, Eduardo Méndez, habló con Win Sports sobre la realidad financiera que vive el club y los retos que tiene para mantener la nómina actual.

En primer lugar, Méndez aseguró que la permanencia de los jugadores Nahuel Bustos y Franco Fagúndez en el plantel depende del respaldo de la hinchada en las tribunas. Méndez vinculó en forma directa la posibilidad de renovar o extender los préstamos de ambos futbolistas con la asistencia del público a los próximos compromisos del equipo en Bogotá.

El dirigente explicó que la directiva se encuentra satisfecha con el desempeño del plantel y avanzando en la consolidación de un grupo competitivo, aunque señaló que la continuidad de algunas figuras está sujeta a factores económicos.

“Estamos esperando que los jugadores nos den otras alegrías, que nos puedan animar a la gente para que acompañe al equipo, no solo en el partido contra River, sino en toda esta serie de partidos que hoy tenemos, como es contra Caldas, Unión, Chicó, River. Ahí esperamos a la gente que nos acompañe, pues para, de pronto, seguir armando un equipo y que permanezca durante uno o dos años armado y poder mantener la nómina, que es lo más importante”, expresó.

El presidente de Santa Fe detalló las condiciones contractuales de los jugadores extranjeros que integran la plantilla profesional. Sobre Nahuel Bustos, Méndez precisó que existe una opción de compra fijada en dos millones de dólares. En cuanto a Franco Fagúndez, aclaró que no hay opción de compra inmediata, aunque se contempla la posibilidad de negociar una extensión del préstamo o la inclusión de una opción futura.

“En cuanto a Nahuel, hay una opción de compra de dos millones de dólares. Fagúndez no hay opción, pero yo creo que en algún momento se puede hacer una oferta por un préstamo y con una opción que nos den más tiempo”, indicó.

Méndez subrayó la importancia de la estabilidad financiera del club para sostener la nómina y cumplir con los compromisos salariales y contractuales: “Nuestra nómina es muy alta, por eso ellos trabajan y por eso están contentos, porque hasta la fecha no se les ha incumplido nunca ni nos hemos retardado un día en el pago. Todo lo que ingresa a Santa Fe es reinvertido en Santa Fe”, enfatizó el presidente, quien añadió que los ingresos por taquilla resultan determinantes para equilibrar las cuentas y planificar la continuidad de los refuerzos.

El dirigente resaltó el aporte de los cuatro jugadores extranjeros actualmente inscritos y valoró el rendimiento mostrado, al tiempo que reiteró el compromiso de la institución con el desarrollo de las divisiones inferiores: “Afortunadamente, los cuatro cupos de extranjeros creo que se cubrieron bien, que hoy están rindiendo más que cuando llegaron. También estamos trabajando para darle oportunidad a nuestras bases, nuestras fuerzas básicas, y ahí vienen otros jugadores”, manifestó.

Sobre el futuro de Bustós y Fagúndez, Méndez reiteró que la directiva hará todo lo posible para que permanezcan en el club, aunque insistió en que parte de la decisión recae en el apoyo de la afición.

“Por nosotros, que se queden. Por nosotros, haremos el esfuerzo de que, si no los podemos comprar, nos extiendan los préstamos. Pero no es falta de voluntad nuestra. Vamos a esperar cómo nos acompaña la gente. Con eso sí cuadramos caja”, puntualizó el presidente.

En agosto, Santa Fe enfrentará una serie de partidos decisivos en condición de local, donde la asistencia del público podría ser clave para sostener el proyecto deportivo y la presencia de sus principales figuras, según la visión de la directiva, siendo la serie por los octavos de final ante River Plate el reto deportivo más importante para el Cardenal.

El 31 de julio de 2026 se confirmó que la Sección Quinta del Consejo de Estado anuló el nombramiento de Luis Gilberto Murillo como ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, tras considerar que, al momento de su designación, existía una inhabilidad derivada de una condena penal dictada en 1997.

La decisión judicial fue adoptada a partir de la ponencia de la magistrada Gloria María Gómez Montoya y revocó la sentencia previa del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que había negado la nulidad solicitada por el demandante Luis Ángel Hincapié Betancur.

El acto administrativo anulado corresponde al Decreto 0657 del 21 de mayo de 2024, por medio del cual el presidente Gustavo Petro designó a Murillo como canciller. El demandante alegó que la designación desconoció el inciso quinto del artículo 122 de la Constitución, en virtud de que Murillo había sido condenado el 29 de agosto de 1997 por el Tribunal Superior del Chocó a seis meses de prisión y al pago de una multa de 1.000 pesos, por el delito de peculado por aplicación oficial diferente.

El Consejo de Estado determinó que esa condena se encuadra en los delitos contra el patrimonio del Estado, lo que genera una inhabilidad permanente para ser elegido o designado como servidor público. En la sentencia se recordó que la Corte Constitucional ha establecido que el delito de peculado por aplicación oficial diferente afecta el patrimonio público, ya que el uso indebido de recursos estatales constituye una modalidad de detrimento de la hacienda pública.

La corporación sostuvo que el legislador ha considerado el uso indebido de bienes y recursos estatales como causal de detrimento de la hacienda pública y que, en consecuencia, debe generar una inhabilidad intemporal.

El Consejo de Estado también precisó que, según la jurisprudencia constitucional, el inciso quinto del artículo 122 de la Constitución exige únicamente la existencia de una condena por un delito contra el patrimonio del Estado, sin que el paso del tiempo tenga el efecto de extinguir esa inhabilidad.

Durante el proceso, la Presidencia de la República defendió la legalidad del nombramiento de Murillo y argumentó que la situación jurídica del exministro había cambiado tras una decisión del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Quibdó. Dicha decisión, según la defensa, estableció que la inhabilidad no podía extenderse de manera indefinida y que Murillo había recuperado su derecho a ejercer cargos públicos.

En el análisis de los hechos, la Sección Quinta examinó la documentación y los antecedentes penales de Murillo, así como el sentido de la condena impuesta en 1997. La corporación concluyó que, para la fecha de su designación como ministro de Relaciones Exteriores, Murillo se encontraba incurso en la inhabilidad prevista por el inciso quinto del artículo 122 de la Constitución, circunstancia que configuraba la causal invocada en la demanda.

La sentencia también abordó la interpretación del alcance de la inhabilidad prevista en la Constitución y reafirmó que no depende del tiempo transcurrido desde la condena ni de decisiones posteriores que eventualmente modifiquen la situación jurídica del condenado. En consecuencia, el Consejo de Estado resolvió anular el Decreto 0657 de 2024, dejar sin efectos la designación de Murillo como canciller y devolver el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para lo de su competencia.

En la parte resolutiva de la decisión judicial, la Sección Quinta dispuso la nulidad del acto administrativo mediante el cual se hizo el nombramiento y ordenó la notificación correspondiente a las partes involucradas. Con esta determinación, el Consejo de Estado reiteró la aplicación del régimen de inhabilidades para servidores públicos y la obligatoriedad de cumplir las disposiciones constitucionales en materia de acceso a cargos estatales para quienes hayan sido condenados por delitos contra el patrimonio público.

La decisión no tiene efectos prácticos en la administración actual, ya que Luis Gilberto Murillo dejó el cargo en enero de 2025. No obstante, la sentencia establece un precedente sobre la interpretación y aplicación de las causales de inhabilidad para ocupar funciones públicas en Colombia, en lo relativo a la comisión de delitos que afecten el patrimonio estatal.

La sede principal de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en Bogotá permaneció bloqueada por escoltas y conductores afiliados a sindicatos, entre el 20 y 23 de julio de 2026. Los manifestantes instalaron campamentos en protesta por el presunto incumplimiento de acuerdos laborales.

Las peticiones incluyeron el pago de horas extras, mejores condiciones de trabajo, formalización de contratos y provisión de equipos, argumentando inestabilidad y falta de garantías en sus funciones. A la protesta se sumaron integrantes de las Uniones Temporales de la UNP, que exigían transparencia en la vinculación de 6.000 escoltas y la cobertura de vacantes.

Aproximadamente 250 personas mantuvieron la protesta, advirtiendo que se extendería hasta el 7 de agosto si no había avances. Durante la protesta, la UNP sostuvo diálogos con el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo, aunque sin lograr acuerdos inmediatos.

Los sindicatos también cuestionaron la reducción de requisitos para nuevos ingresos y denunciaron precariedad en el suministro de armas y dotaciones, advirtiendo posibles riesgos de seguridad. Finalmente, la protesta concluyó antes de la fecha anunciada, reabriéndose el acceso y retomando las operaciones habituales en la entidad.

UNP calificó de manera negativa la protesta

Mediante un comunicado, la Unidad Nacional de Protección habló sobre las consecuencias que se registraron tras la protesta que bloqueó las funciones de los trabajadores de la entidad en Bogotá.

“La protección de la vida no se detiene. Los bloqueos y acciones judiciales pusieron en riesgo la continuidad del servicio. Por eso, la UNP acudió a la urgencia manifiesta, un mecanismo legal para garantizar la protección en Bogotá, Cauca y Amazonas”, es la descripción de la publicación que se hizo en la cuenta de X de la UNP.

En el comunicado titulado Bloqueos y acciones de tutela obligan a la UNP a acudir a la urgencia manifiesta para garantizar la continuidad del servicio, la entidad recordó lo registrado en las afueras de sus instalaciones, acusando a líderes sindicales de bloquear el edificio por fines políticos.

“Las acciones promovidas por algunos líderes sindicales —entre ellas bloqueos y encadenamientos físicos a las puertas de la sede principal de la Unidad Nacional de Protección en Bogotá, así como la cuestionable presentación masiva de acciones de tutela— afectaron el desarrollo normal del proceso contractual para la prestación del servicio de escoltas en la Zona 2 y generaron un riesgo real de interrupción de las medidas de protección”, es parte del documento.

Como consecuencia de estos hechos, la UNP asegura que, al no poder culminar los procesos de selección de escoltas que serán contratados, se puso en riesgo la seguridad de las personas que siguen esperando recibir un esquema de protección.

“La UNP advierte que estas actuaciones terminaron poniendo en peligro la continuidad del servicio y, ante la imposibilidad de culminar oportunamente los mecanismos de selección, la UNP debió acudir a la declaratoria de urgencia manifiesta para garantizar la continuidad de la operación de escoltas en Bogotá, Cacao y Amazonas”.

La entidad aseguró que no buscaban hacer una contratación masiva e irregular de personas, sino que estaban cumpliendo con su deber de mantener un número de escoltas para poder cumplir con la demanda que tienen actualmente.

“Esta determinación no reemplaza de manera permanente la convocatoria pública ni responde a una decisión discrecional de la entidad. Se trata del mecanismo excepcional previsto en la Ley 80 de 1993 para atender situaciones urgentes en las que no es posible acudir oportunamente a los procedimientos ordinarios de contratación y resulta indispensable impedir la suspensión de un servicio esencial”.

Además de declarar la urgencia manifiesta, la UNP reprochó el comportamiento que tuvieron los líderes sociales, a los que han acusado de buscar beneficios externos por interrumpir el trabajo de la actual administración.

“La protección de la vida no admite interrupciones. Cuando la continuidad del servicio está en riesgo, la inacción no es una opción. La ley obliga al Estado a actuar y la Unidad Nacional de Protección cumplirá ese deber”.

El 30 de julio de 2026, Independiente Santa Fe derrotó 0-3 a Caracas FC en condición de visitante y aseguró su continuidad en la Copa Sudamericana, el segundo torneo más importante de Conmebol.

En los octavos de final, el Cardenal enfrentará a River Plate, uno de los clubes más grandes del continente y un rival con el que ha tenido varios antecedentes. Independiente Santa Fe y River Plate se han enfrentado en ocho ocasiones en competencias internacionales, incluyendo Copa Libertadores, Recopa Sudamericana y Copa Sudamericana. El historial favorece a River Plate, que suma cuatro victorias, mientras que los otros cuatro encuentros terminaron igualados.

El primer duelo se registró en 1967, con empate 2-2 en Bogotá y victoria 4-0 para River en Buenos Aires. En ediciones recientes, ambos equipos han vuelto a cruzarse, incluyendo una serie en la Copa Libertadores 2018 y partidos en la Copa Sudamericana 2026. En los cruces entre colombianos y argentinos, hay dos compromisos que siguen siendo recordados por los hinchas de Santa Fe, puesto que fueron noticia mundial.

La Recopa perdida y el compromiso sin arquero

En primer lugar, un recuerdo negativo para los bogotanos fue en la Recopa Sudamericana que se disputó en agosto de 2016. El partido de ida se jugó el 18 de agosto en el estadio El Campín de Bogotá y terminó 0-0, con 18.800 espectadores.

La definición llegó el 25 de agosto en el estadio Monumental de Buenos Aires, donde River Plate se impuso 2-1 ante 62.000 personas. Los goles para River fueron anotados por Sebastián Driussi al minuto tres y Lucas Alario al 51.

Santa Fe descontó a través de Horacio Salaberry en el minuto 65, pero no logró igualar el marcador. Con este resultado, River Plate se consagró campeón de la Recopa Sudamericana 2016 tras imponerse 2-1 en el marcador global. El equipo argentino mostró mayor control durante el encuentro de vuelta y así consiguió su segundo título consecutivo en este certamen, mientras que hasta la fecha, los fanáticos del león recuerdan dos jugadas que para ellos tuvieron que ser sancionadas como penal para los colombianos.

El partido entre River y Santa Fe que fue noticia mundial fue el 19 de mayo de 2021, cuando por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Un brote de covid-19 en el plantel argentino dejó fuera a 20 futbolistas, incluidos los cuatro arqueros inscritos, y dos lesionados adicionales.

Sin suplentes disponibles y con solo once jugadores habilitados, el mediocampista Enzo Pérez, que además arrastraba una molestia física, asumió el rol de arquero tras la negativa de la Conmebol a inscribir un portero juvenil a último momento. El partido se disputó en el estadio Monumental de Buenos Aires.

Pese a esta situación extrema, River Plate se adelantó rápidamente en el marcador con goles de Fabrizio Angileri y Julián Álvarez antes de los 10 minutos. Santa Fe descontó en la segunda parte por intermedio de Kelvin Osorio, pero no pudo igualar el resultado. Enzo Pérez cumplió una labor destacada bajo los tres palos.

Aunque la prensa en Argentina elogió la tenacidad que tuvieron los 11 jugadores de River Plate, a nivel mundial fue noticia que un equipo profesional no pudo derrotar a un rival que tenía a un mediocampista lesionado en el arco.

Para Santa Fe, la serie contra River Plate será una oportunidad para reivindicarse de las derrotas mencionadas, además de que el club colombiano busca convertirse en bicampeón de la Copa Sudamericana. El partido de ida se disputará en El Campín de Bogotá el 12 de agosto, mientras que el compromiso de vuelta se jugará el 19 de agosto en el estadio Más Monumental de Núñez; ambos encuentros serán a las 7:30 p. m. (hora de Colombia).

En Colombia ha sido noticia la situación denunciada por seis personas que realizaron anticipos millonarios para adquirir vehículos Ferrari a través del concesionario Autos Italianos de Colombia, y hasta la fecha no han recibido los automotores.

Entre los denunciantes hay personas que abonaron hasta 30.000 dólares por un Ferrari modelo 849 Testa Rossa y que, tras la retirada de la concesión de la marca en el país, se han quedado sin respaldo ni garantías. La situación generó denuncias públicas y motivó la intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Tras pedir toda la información del caso al concesionario, la SIC sigue a la espera de una respuesta formal de Autos Italianos de Colombia para avanzar en la investigación por presunta estafa vinculada a la venta de vehículos Ferrari. Cabe recordar que la entidad otorgó a la empresa un plazo de diez días hábiles para entregar documentación.

Autos Italianos emitió un comunicado

El 31 de julio, Autos Italianos de Colombia informó mediante un comunicado que ha solicitado ante la justicia que se practiquen tres pruebas extraprocesales relacionadas con las circunstancias que rodearon la terminación de su vínculo comercial con Ferrari North America, Inc. y el retiro de la operación autorizada de la marca en Colombia.

En el documento se indica que la empresa pedirá un interrogatorio por parte del presidente de la marca italiana, Luca Zanetti, además de exigir testimonios de Taddeo Bonelli, gerente de Desarrollo de la Red, y Louis Colmache, gerente de Ventas para Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica.

La compañía colombiana indicó que busca verificar información sobre la reducción de las asignaciones de vehículos en el mercado colombiano y las restricciones impuestas a órdenes, preórdenes y depósitos de clientes antes de que terminara el acuerdo entre las partes.

“Las diligencias fueron solicitadas con citación de Ferrari North America, Inc., con el propósito de garantizar plenamente su derecho de contradicción y el respeto por el debido proceso”, es parte del documento en el que se afirma que Autos Italianos de Colombia planteó alternativas de continuidad del acuerdo entre las partes.

La compañía colombiana indicó en el comunicado que su objetivo es poder determinar si la marca italiana utilizó el control que ejercía en la operación comercial para reducir la capacidad competitiva de su empresa y con ello limitar las posibilidades de seguir en el mercado para poder asumir directamente la relación con los clientes potenciales.

“La compañía considera necesario esclarecer de manera integral si las decisiones relacionadas con la asignación de vehículos, la gestión de las órdenes y depósitos, la continuidad de la representación comercial y el contacto con los clientes pudieron afectar su capacidad para competir y mantener la operación que desarrolló durante más de una década en el mercado colombiano”.

Autos Italianos pidió que, en caso de que se compruebe que los señalamientos son ciertos, se consolide una indemnización por la competencia desleal que presumen se registró en el país.

“Autos Italianos de Colombia S.A. continuará actuando por los canales institucionales y judiciales establecidos para proteger sus derechos, su trayectoria empresarial, las inversiones realizadas durante más de diez años y los intereses de sus clientes y demás partes vinculadas a la operación”.

La compañía enfatizó que las acciones emprendidas por las autoridades no representan, en este momento, una declaración previa de responsabilidad ni permiten llegar a conclusiones definitivas sobre la actuación de Ferrari North America, Inc. La empresa sostiene que cualquier decisión relacionada con la posible existencia de incumplimientos contractuales, actos de competencia desleal o atribución de responsabilidades corresponde exclusivamente a las entidades competentes.

Por último, en el documento se remarcó que estos procesos deben desarrollarse bajo el respeto absoluto al debido proceso y al derecho de defensa de todas las partes involucradas. De esta forma, la compañía subraya que el proceso sigue su curso sin prejuzgar ni anticipar resultados sobre la conducta de los investigados.

En Bucaramanga, una mañana, el ciudadano Eduardo Toloza detuvo su taxi cerca de la plaza cívica Luis Carlos Galán al ver un mensaje estampado en un vehículo sobre la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas. El aviso le llamó la atención porque creyó haber encontrado un nuevo método para ubicar a su hermano, Carlos Yesid Toloza Díaz, de quien no tenía información desde el 2000.

Eduardo le propuso a su madre ir juntos hasta la plaza, con la esperanza de hallar alguna pista sobre el paradero de su hermano. Su ausencia marcó a la familia desde el día en que salió de casa rumbo a Medellín, con la promesa de que los ayudaría después de conseguir trabajo.

Desde que Toloza Díaz partió a la capital antioqueña no hubo más noticias: ni llamadas ni cartas. El silencio se instaló y la incertidumbre atravesó los días de doña Chiquinquirá y sus hijos, que nunca dejaron de buscar respuestas.

Al hablar con voceros de la Ruta Buscadora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd), Chiquinquirá se vio obligada a recordar ante el equipo del Estado la historia de su hijo desaparecido: lo describió, explicó cuándo y cómo se fue, y compartió lo último que supieron de él.

Su declaración quedó registrada como una solicitud formal de búsqueda, acompañada por una muestra de ADN. “Ese día yo hablé con Olga Lucía Cruz, hicimos una buena conversa y ella fue muy amable conmigo, me entendió por todo lo que he pasado y me sentí con mucha confianza”, relató doña Chiquinquirá.

La muestra de ADN fue enviada al banco de perfiles genéticos, donde se cotejó con registros de cuerpos no identificados bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación. Una coincidencia surgió con un cuerpo hallado en Puerto Torres, Caquetá, en 2002. Durante una diligencia en ese lugar, las autoridades habían recuperado 36 cuerpos de víctimas de desaparición forzada, entre los cuales se encontraba Carlos Yesid Toloza Rojas.

La noticia llegó a doña Chiquinquirá y su familia, que conocieron la verdad sobre el paradero de su ser querido después de más de 25 años. La entrega digna de los restos de Carlos se realizó en Bucaramanga, acompañados por funcionarios de la Fiscalía, hermanos, sobrinos y otros familiares.

“Hoy tengo el dolor de saber que no va a volver, pero ya sé dónde está y qué le pasó, por eso estoy muy agradecida con la Unidad de Búsqueda porque me supieron escuchar, me atendieron muy bien y pude recibir a mi hijo de nuevo”, fueron las palabras de doña Chiquinquirá tras la entrega de los restos.

La historia de Carlos Yesid Toloza quedó marcada por la búsqueda constante de su madre y la persistencia de una familia que nunca dejó de preguntar por él.

El impacto de la desaparición forzada en Colombia se refleja en miles de casos similares. Solo en el departamento de Santander, la Ubpd mantiene la búsqueda de más de 6.000 personas dadas por desaparecidas.

Los testimonios de este caso fueron divulgados por la Ubpd, que recorre los territorios, acercando la búsqueda humanitaria a las familias que, muchas veces, no saben a dónde acudir o llevan años sin encontrar opciones sobre métodos para buscar a sus familiares.

La entidad informó que en julio de 2026 el recorrido inició en Barrancabermeja y se extendió por el Magdalena Medio, con planes de llegar a Norte de Santander y retornar a Santander en los meses siguientes. Con la divulgación de este tipo de historias, la entidad invita a las familias de personas desaparecidas a acercarse a sus puntos de atención y rutas territoriales, donde cada testimonio puede convertirse en un avance hacia el esclarecimiento de la verdad.

En el balance del caso, desde la entidad afirmaron que el proceso que vivió la familia Toloza Rojas ilustra el papel de la toma de muestras biológicas y el registro de solicitudes en la localización de personas desaparecidas, y muestra cómo la combinación de testimonios familiares, el trabajo institucional y el uso de la tecnología genética puede abrir caminos que parecían cerrados.

La diligencia fue presidida por el magistrado Óscar Parra Vera, relator del Subcaso Costa Caribe, que fue acompañado por la magistrada Catalina Díaz Gómez, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad, y por los magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas Claudia Rocío Saldaña y José Miller Hormiga.

En este caso, la JEP determinó que el 74% de las muertes investigadas entre 2002 y 2008 en el Caribe correspondieron a personas asesinadas y presentadas falsamente como bajas en combate. Por estos hechos, 43 militares fueron imputados por la JEP como máximos responsables del asesinato de 739 personas que fueron presentadas falsamente como bajas en combate en Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.

Hasta el momento, 93 cuerpos han sido exhumados y 24 personas se han entregado dignamente a sus familias; 18 de ellas fueron asesinadas, desaparecidas y falsamente presentadas como bajas en combate por integrantes de unidades militares en el Caribe.

Las labores forenses fueron tramitadas con ayuda de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd).

Una de las declaraciones que más llamó la atención fue la del teniente (r) Diego Junco Parra, que se desempeñó como subteniente del Ejército Nacional y lideró un pelotón del Grupo de Caballería Mecanizado entre enero de 2006 y junio de 2007.

“Quienes no presentaban muertes eran objeto de reproches y amenazas de traslado, o veían reflejadas anotaciones en sus hojas de vida. Incluso eran enviados a sitios más lejanos y complicados de la jurisdicción del grupo Rondón”, afirmó el exmilitar.

En su declaración, indicó que era consciente de que los cuerpos presentados no eran de guerrilleros dados de baja en combate, sino de civiles que habían sido convencidos de dejar sus hogares bajo promesas de trabajo y otro tipo de engaños.

“Me convertí en un engranaje activo de esta maquinaria criminal: coordiné y ejecuté personalmente, o a través de mis hombres, asesinatos de personas civiles para luego presentarlas falsamente como guerrilleros muertos en combate. Era consciente y acepté las consecuencias. Sabía que las personas señaladas y trasladadas eran civiles en situación vulnerable y que su muerte era el resultado de mis acciones. Acepto que la totalidad de las muertes que reporté en mi paso por el Grupo Rondón fueron ilegales”, declaró el compareciente.

Junco se criticó a sí mismo ante los presentes, asegurando que no comprende en qué momento dejó de tener respeto por la vida y aceptó participar de las ejecuciones extrajudiciales.

“Hoy me pregunto en qué momento perdí la sensibilidad humana y me convertí en un monstruo. ¿Cómo permití que la presión, el miedo y la ambición me alejaran de los valores que debían orientar mi vida? Le fallé a Dios, a mi familia, a las familias de las víctimas, a un país, al Ejército Nacional y, lo más importante, a mí”, fueron las palabras del sargento retirado.

Cuando Junco estaba hablando, en el recinto se levantó de su silla Aura María Córdoba, madre de Erin Barri Molina Córdoba, una de las víctimas que reconoció el sargento retirado, que pidió tomar la palabra para ofrecerle su perdón al exuniformado.

“Yo te perdoné desde que encontré a mi hijo, porque le prometí a Dios que a aquellos que me le hicieron daño los perdonara. Yo tengo un hijo que está viendo esto; lo único que yo te pido es que, con el nombre de él, pide perdón. Es lo único que yo te pido, nene”, fueron las palabras de la adulta mayor.

Al recordar a Erin Molina Córdoba, que fue asesinado por integrantes del pelotón especial Grupo de Caballería Mecanizado el 14 de junio de 2007 en la vereda La Granja, en Villanueva (La Guajira), el sargento retirado lloró al reconocer el gesto que acababa de tener con él la madre de la víctima.

“Señora Aura, su hijo era inocente, era un buen hombre. En el encuentro privado tenía mucho miedo, ni siquiera fui capaz de mirarla a los ojos, y su primera palabra fue que me perdonaba. Esa es la lección más grande de amor que puede tener una mamá por encontrar paz”, puntualizó Junco en la audiencia.

El 29 de julio, María Carolina Restrepo fue designada como directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) por el presidente electo Abelardo de la Espriella.

Restrepo, abogada bogotana con experiencia en derecho empresarial, fiscal y tributario, formó parte del equipo de empalme del nuevo gobierno y fue jefa de debate en la campaña vicepresidencial de José Manuel Restrepo. Aunque su nombre sonó para el Ministerio de Hacienda, De la Espriella indicó que tendrá que asumir el reto de transformar el Icbf.

Entre los objetivos de su gestión están garantizar una contratación transparente, establecer controles rigurosos, fortalecer el trabajo de las madres comunitarias, agilizar los procesos de adopción y asegurar la protección integral de la infancia.

Tras el anuncio, Restrepo expresó su compromiso de trabajar sin descanso por la niñez de Colombia y señaló que asume la misión con el corazón, convencida de que en cada niño reside la esperanza del país.

Recuerdan cuando Restrepo indicó que los menores que delinquen deben ser tratados como adultos

Debido a que en su nuevo cargo la abogada deberá trabajar por la recuperación de menores que han sido entregados al Icbf para que se les restablezcan sus derechos, incluyendo aquellos que han cometido delitos, en redes sociales recordaron una publicación que realizó la jurista en X en la que afirmó que este tipo de población debe ser castigada como si se tratara de adultos.

Para entender el contexto, cabe mencionar que la publicación fue hecha el 27 de agosto de 2025, después de que se confirmó la sanción que recibió el menor que asesinó al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

“Sé que me van a caer rayos y centellas, pero lo digo y me reafirmo: esto tiene que cambiar. Yo no estoy aquí para agradar. Estoy para decir lo que es. Los adolescentes de hoy no son los de hace 30 años. Con 14 o 15 años, muchos ya han probado drogas, armas, violencia. Algunos incluso ya se sienten hastiados de la vida porque lo han probado todo. No son niños. No son preadolescentes. Son jóvenes con plena conciencia de sus actos“, es parte de la publicación.

En esa ocasión, Restrepo indicó que los jóvenes que reclaman ser tratados como adultos también deben ser castigados como mayores de edad cuando cometan delitos.

“Hoy los grupos criminales saben que el sistema los protege y por eso usan menores como carne de cañón. El mensaje es devastador: matar a un senador y precandidato presidencial cuesta apenas 84 meses. Ni la vida de Miguel Uribe Turbay ni el dolor de su familia se equiparan con semejante sanción simbólica“.

Por último, la directora del Icbf designada indicó que un cambio drástico debería incluir condenas severas para jóvenes después de los 14 años.

“El mundo cambió, la sociedad cambió. Nuestra ley de menores se quedó en el siglo pasado. Entre los 14 y los 18 años no estamos hablando de niños: estamos hablando de jóvenes que deben responder como adultos porque lo son. Es más: ellos quieren serlo y quieren ser tratados como tales. Entonces, que asuman las consecuencias”.

Esta publicación ha cobrado relevancia en la actualidad debido a que podría marcar el camino de cómo será la administración de Restrepo en el Icfb, aunque no podrá concretar lo afirmado en agosto de 2025.

Cabe recordar que en Colombia los menores de 18 años no son condenados penalmente porque la ley los considera sujetos en desarrollo y prioriza su protección y reintegración social. El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes establece sanciones socioeducativas, no penas de prisión como en los adultos.

Estas medidas buscan responsabilizar al adolescente por sus actos, pero con un enfoque restaurativo, educativo y de prevención, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución. La finalidad es promover la rehabilitación y evitar la estigmatización o reincidencia, facilitando su reintegración a la sociedad y garantizando sus derechos fundamentales.

El 18 de junio se informó que el Gobierno colombiano entregaría a las familias de Jaime Garzón y Pedro Julio Movilla archivos desclasificados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), con el objetivo de aportar a la búsqueda de verdad sobre el asesinato del periodista y humorista, registrado el 13 de agosto de 1999, y del líder sindical que desapareció en 1993.

La entrega oficial de estos documentos, que originalmente se programó para el 19 de junio frente a la Casa de Nariño, fue aplazada debido a ajustes en la agenda presidencial y se concretó el 30 de julio.

Cabe recordar que Jaime Garzón fue una de las figuras más influyentes del periodismo y la sátira política en Colombia durante la década de los 90. Fue reconocido por su crítica social y su trabajo en medios de comunicación. Su muerte sigue siendo un crimen que permanece sin esclarecer. La justicia responsabilizó a Carlos Castaño, líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), aunque investigaciones posteriores han señalado la participación y manipulación de funcionarios estatales, como el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, que convenció a Castaño de que Garzón era un objetivo militar.

Por otra parte, Pedro Julio Movilla fue dirigente sindical y militante del Partido Comunista. Desapareció en 1993 tras sufrir hostigamientos y seguimientos por parte de organismos de seguridad, desde entonces no se ha tenido información sobre su paradero.

Así fue la entrega de los archivos

En primer lugar, se destacó la importancia de la entrega, que se concretó luego de que todos los folios de los casos fueran consolidados en un documento único para que las familias puedan tener toda la información. Todos los archivos fueron digitalizados previamente y la información fue guardada para futuras consultas.

En la ceremonia se narró la historia de Pedro Julio Movilla y la de su hijo, José Antonio Movilla, que lleva décadas intentando ubicar a su padre. “Fuimos desplazados en dos ocasiones. La primera a Medellín, intentamos regresar y nos tocó volver a salir de Monteria, llegamos a Bogotá en 1988 y a él lo desaparecen en 1993″, declaró el hijo del líder social.

José Movilla recordó lo que provocó que su progenitor terminara siendo perseguido por entidades del Estado hasta que se registró su desaparición.

“Había una guerra sucia por parte de terceros, era una cuestión que se volvió una política de Estado. En los 80 eliminaron a dos candidatos presidenciales de la UP. En ese estatuto de seguridad se prohibían las reuniones de más de tres personas, en una de esas reuniones a mi padre lo detienen durante tres semanas, desde eso se le catalogó como un objetivo”.

El hijo del líder social recordó que el Estado colombiano ha sido condenado por la desaparición de su padre, y pidió que este caso no sea olvidado, además de pedir por justicia en otros casos de esta índole.

“Hay cosas que son inasumibles para la nación. Es justo que el país lo conozca para que se establezca una acción de no repetición, que las fuerzas del Estado deben defender a la sociedad colombiana. Los derechos de las personas no pueden ser violados por ninguna razón”.

En su intervención, el presidente Gustavo Petro habló sobre la historia de Colombia como un reflejo de lo que no se puede repetir en la historia.

“Poco a poco, partes de la historia colombiana se develan, a veces llegan demasiado tarde, para que una memoria quede en la sociedad, esa memoria de la sociedad puede ser que en generaciones futuras no se repitan los hechos, los cuales son objetos de los archivos que se entregan a la opinión pública”.

El 30 de julio se conoció que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió una advertencia formal dirigida al abogado de Pablo Catatumbo, integrante del antiguo secretariado de las FARC-EP, por el incumplimiento de obligaciones procesales dentro del sistema de justicia transicional en Colombia.

En el documento se aclara que no implica la expulsión inmediata de Catatumbo, pero sí marca un llamado de atención sobre la gestión de su defensa y el cumplimiento de los requisitos legales exigidos por la jurisdicción.

Debido a los rumores que se han generado en torno a ello, una fuente de Infobae Colombia aclaró que la JEP tomó la medida debido a que el abogado de Pablo Catatumbo no presentó a tiempo las incapacidades médicas que justifican la ausencia de su defendido en diligencias clave.

“Hay una decisión contra el abogado de Pablo Catatumbo porque no ha dado respuestas a unas solicitudes que le ha hecho la JEP”, aclaró la fuente consultada.

La misma fuente precisó que Catatumbo ha presentado problemas médicos que han impedido su comparecencia, pero subrayó que la responsabilidad de informar y justificar esas ausencias recae sobre su defensa legal. El abogado ha incumplido tres veces los plazos establecidos para entregar las incapacidades médicas, lo que motivó a la JEP a compulsar copias para que se investigue su conducta.

Hasta el momento, la advertencia de la JEP se centra en el actuar del abogado, no en el comportamiento procesal de Pablo Catatumbo como compareciente. La jurisdicción dejó constancia de que, en caso de no cumplir con el próximo plazo, fijado para el 4 de agosto, se analizaría la apertura de un incidente de incumplimiento, lo que podría tener consecuencias más severas.

“Para abrir un incidente de incumplimiento, la JEP evaluaría si se cumple el plazo, y si no envían nuevamente esa versión por escrito sobre los hechos, entonces se hace la evaluación sobre si se abre el incidente”.

El proceso de verificación abarca la revisión de varios compromisos asumidos por quienes están sometidos al régimen de condicionalidad de la JEP, tales como el aporte efectivo a la verdad, la reparación a las víctimas y el compromiso de no reincidir en actividades ilícitas.

“Si están incumpliendo alguna de estas obligaciones, entonces se abriría el incidente y se declararía si incumplió o no el régimen”, explicó la fuente, que confirmó que, en ese caso, la consecuencia máxima, en caso de hallarse un incumplimiento grave, sería la expulsión del compareciente del sistema de justicia transicional, aunque existen medidas intermedias como la sustitución de la representación legal.

Durante los últimos años, Catatumbo ha asistido a las diligencias y entregado su versión en los diferentes macrocasos abiertos por la JEP, incluidos los identificados como 01 y 07.

El plazo del 4 de agosto se presenta como un punto clave para definir el futuro procesal de Catatumbo ante la JEP. Si la defensa cumple con la entrega de la versión escrita solicitada y justifica adecuadamente las ausencias por causas médicas, el proceso continuará bajo los cauces previstos.

La fuente reiteró que la diferencia entre las obligaciones del compareciente y las del abogado resulta fundamental para entender el alcance de la advertencia emitida por la jurisdicción. “Es importante diferenciar lo que hace Catatumbo versus lo que hace su abogado”, puntualizó.

El desarrollo de este caso será seguido de cerca en los próximos días, cuando venza el plazo para que Pablo Catatumbo presente su versión voluntaria por escrito ante la JEP, lo que permitirá a la jurisdicción determinar los pasos a seguir según el cumplimiento o no de las obligaciones procesales establecidas en el proceso de paz colombiano.

Al entender la magnitud de lo que representa ser migrante, Juan Camilo y Alejandro Osses, hermanos colombianos radicados en Madrid, España, crearon Migra la food, un proyecto que busca conectar a las personas que viven lejos de su hogar de origen con sus raíces.

Alejandro, exfutbolista, recorrió Colombia y otros países gracias al deporte, lo que despertó su interés por la fotografía documental y la cocina. Su experiencia migratoria en Londres lo llevó a explorar los orígenes del alimento y a trabajar durante más de 15 años en sistemas alimentarios, colaborando con comunidades, agricultores y cocineros tradicionales. Su migración a España lo motivó a profundizar en la relación entre alimentación y migración.

Por su parte, Juan Camilo, que tiene más de 20 años de experiencia en labores de publicidad y tecnología en Colombia y México, experimentó una transformación personal que lo alejó del mundo corporativo y lo acercó a la cocina como espacio de afecto y comunidad. Desde su migración a Madrid, en donde se reencontró con su hermano, decidieron construir un proyecto para resaltar la resistencia, memoria y el vínculo comunitario que une a los migrantes.

Migra la food desarrolla cinco formatos que exploran la relación entre cocina, memoria y migración. “Caldo de Ojo” es un videopodcast donde la conversación fluye mientras se cocina, activando recuerdos y archivos personales de los invitados alrededor de temas como política, identidad y territorio; “eSCena” propone un encuentro performático y culinario que convierte el alimento en eje de relatos migrantes, implicando al público y desplegando archivos personales como fotografías, sonidos y objetos; “Caldero” es una experiencia colectiva en torno a la olla y la mesa, donde la cocina familiar da paso a la música y la fiesta, celebrando la memoria, el arraigo y la resistencia política.

Por otra parte, a través de talleres, se busca transmitir saber y memoria culinaria, facilitando herramientas de narración y emprendimiento desde la experiencia migrante, con énfasis en la pedagogía del alimento y el relevo generacional. Por último, tienen como ancla del proyecto el Festival de Cocinas Migrantes, que reúne cocineros, artistas, activistas y comunidades para compartir saberes, arte y rituales, transformando el alimento en una herramienta de memoria y pertenencia.

Para los hermanos Osses, en conjunto, Migra la food es tradición familiar alrededor de la mesa y del alimento, lo que aumenta al poder trabajar en familia en un proyecto que habla de memoria.

Al hablar de sus orígenes, mencionaron que su abuela, “Tita”, que fue madre soltera de nueve hijos y descendiente de migrantes italianos que se radicaron en Colombia, instauró una tradición familiar que marcó a varias generaciones. Cada domingo, durante décadas, cocinaba una pasta boloñesa casera para el almuerzo y, al caer la tarde, ofrecía las tradicionales onces bogotanas: almojábanas y pan de queso recién horneados acompañados de chocolate caliente con queso fresco.

Sin saberlo, “Tita” consolidó las bases de lo que se mantiene en el proyecto en Madrid. Alejandro y Juan Camilo recuerdan con cariño esas épocas y tradiciones, presentes en su memoria y corazón como una herencia de amor, sabor y cultura. Los hermanos comparten que su iniciativa es una forma de que la gente enaltezca sus saberes, mientras comprenden cómo conectan todas las migraciones.

“En la mesa de Migra la food, el reencuentro trasciende el duelo migratorio: el alimento y la memoria se convierten en un catalizador para reconocerse, inspirarse y tejer alianzas desde la dignidad y el afecto. Migra la food nace del duelo migratorio y del reencuentro familiar”.

De acuerdo con sus creadores, Migra la food surge de la búsqueda de coherencia y propósito de Alejandro y Juan Camilo Osses, que vieron en la cocina una herramienta poderosa para visibilizar y apoyar a cocineras tradicionales y migrantes. El proyecto nace en Madrid, a partir del deseo de mantener viva la memoria y los saberes ancestrales en comunidad, especialmente entre mujeres migrantes que enfrentan la distancia y la adaptación en un nuevo territorio.

En este proyecto se prioriza la construcción de capital social y el fortalecimiento de redes comunitarias, más allá de métricas cuantitativas. Su metodología se basa en la inmersión barrial, la escucha profunda, la co-creación con las cocineras, la activación de formatos y la difusión para preservar el valor colectivo.

Desde que consolidaron el proyecto, han realizado encuentros performáticos y videopodcasts que permiten a las cocineras migrantes recuperar la soberanía de su relato y ser reconocidas como guardianas de su herencia culinaria. Para ellos, el impacto del proyecto se refleja en alianzas con organizaciones locales, colaboraciones con el sector gastronómico y la generación de autonomía y reconocimiento para las mujeres migrantes.

Para Alejandro, el alimento representa mucho más que comida: es identidad, infancia, conexión familiar y ADN territorial. “La cocina logra transportar, comunicar y crear memorias genéticas, recuerdos, ausencias, debates e ideas”.

En ese sentido, concluyen que el alimento conecta directamente con la tierra, el medio ambiente y atraviesa fronteras sociales, económicas y culturales. De la misma forma, destacan que los ingredientes evocan “sentimientos conectados al ADN genético”, y aunque una persona viva lejos, siempre busca alianzas culinarias para sentir cercanía con sus raíces y seres amados.

Respecto a la relación entre migración y comida, afirman que la comida y el alimento son migración, puesto que los ingredientes viajan con las personas, gracias a colonizaciones, desplazamientos o intercambios, como los mindalas en el sur de Colombia que llevaban frutas para compartir saberes y semillas. Así, productos como la yuca, el maíz, el plátano y la caña han migrado entre continentes y culturas.

“Toda la cocina del mundo es migrante, así no lo quieran aceptar. No solo los platos se transforman, sino también la mano de obra, ya que más del 70% de la producción alimentaria en Europa y Estados Unidos depende de trabajadores migrantes”.

Para Alejandro y Juan Camilo Osses, el sancocho es el plato que los conecta mentalmente con Colombia. Alejandro destaca su variedad según la región y el simbolismo de sus ingredientes como representación de la diversidad y la unión. Para Juan Camilo, el sancocho es más que una sopa: es memoria, barrio y el pretexto para reunir a familia y amigos, adaptándose a cualquier lugar y circunstancia.

En ambos casos, resaltan que se trata de un plato que demuestra la migración culinaria, puesto que es uno de los más vendidos en los restaurantes colombianos que han visitado; además de que preparar sancocho en el extranjero les permite revivir recuerdos y sabores de su país natal, manteniendo vivas sus raíces y tradiciones desde la distancia.

El 27 de abril de 2026, la Fiscalía General de la Nación intervino la cadena de ropa femenina Lili Pink en una operación simultánea que abarcó 59 ciudades y municipios de 25 departamentos como parte de una investigación por presunto lavado de activos y contrabando en el que las autoridades identificaron movimientos superiores a 730.000 millones de pesos a través de una red de importadoras y comercializadoras.

Tras el operativo, se confirmó que los bienes quedaron bajo administración provisional de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), permitiendo que las tiendas continuaran operando mientras avanzaba el proceso judicial.

En la gerencia de Lili Pink fue designado Sebastián Ulchur, que en diálogo con Infobae Colombia reveló cómo se encuentra la compañía tres meses después de la intervención.

Ulchur narró cómo asumió el reto de tomar la empresa tras los operativos y con los ojos de la sociedad colombiana puestos en las tiendas.

“Fue duro porque me entregan la empresa, no encuentro a nadie, todos estaban en home office. Fue un desafío ponerme en contacto con todos, pero a partir de ese momento hemos compaginado superbién y objetivamente hemos tenido un fin común que ha sido sacar adelante la compañía, preservar esas casi 2.500 personas, de las cuales el 80% son mujeres. Muchos aliados comerciales terminaron sus contratos, pero ya volvieron a estar con nosotros y estamos operativos al 100%”.

Como uno de los primeros balances, el gerente de Lili Pink aseguró que está seguro de que la empresa es viable y podrá seguir operando a largo plazo.

“Acá hay una empresa, hay un modelo de negocio existente, rentable, posible y financieramente viable. Aquí podemos surtir a las casi 550 tiendas, así como a los diferentes canales de comercialización. Somos un caso de éxito”.

Sobre la imagen que tienen los colombianos de la marca tras el escándalo nacional, Ulchur reafirmó que en este momento puede asegurar que se trata de una empresa legal.

“Todo es con transparencia, mostrarles en qué consiste un proceso de extinción de dominio, en el que la garantía es el mismo Estado. La SAE me da independencia y autonomía y lo estamos haciendo acompañados de profesionales excepcionales que han hecho que esto sea posible. La compañía es completamente viable”.

El gerente explicó que una de las claves para que la compañía pueda mantenerse es poder asegurar el abastecimiento para la temporada decembrina, que es la mejor del año para la marca.

“Este tipo de empresas tiene una particularidad y es que son dependientes de temporada. Es decir, durante todo el año sobreviven, se genera un margen de rentabilidad, pero la verdadera rentabilidad se obtiene de diciembre. Vamos bien, estamos operativos, sacando las cosas adelante y logrando el abastecimiento necesario para la temporada”.

Por último, explicó que es pertinente aclarar que Lili Pink no está vinculada a una investigación, sino que son los exdirigentes de la empresa los que están afrontando el proceso legal que encabeza la Fiscalía.

“Para que la gente lo entienda, la empresa está 100% apartada del proceso. Nosotros no hacemos parte del proceso; el Estado está administrando y dándole tranquilidad al público para que se mantengan los empleos y el modelo de negocio. Es importante que se sepa que somos legales, que tenemos toda la trazabilidad de la adquisición, la factura, las declaraciones de importación y que, en ese sentido, mi objetivo es darle tranquilidad al público de que todos los productos son legalmente importados”.

Lili Pink informó que, tras tres meses de la intervención, su operación comercial mantiene la normalidad en más de 500 tiendas en el país. La empresa aseguró el pago puntual de nómina a sus 2.238 colaboradores directos y el cumplimiento de compromisos con proveedores, sosteniendo más de 5.000 empleos.

En el balance se destacaron los avances en la normalización de medios de pago electrónicos, permitiendo a sus clientas retomar compras y opciones de financiación. El proceso de estabilización se desarrolló con acompañamiento de la SAE y bajo criterios de transparencia.

El 30 de julio, en Cali, Valle del Cauca, se llevó a cabo un consejo de seguridad en el que se definió la estrategia que se implementará el 7 de agosto para la posesión de Abelardo de la Espriella.

En el encuentro participó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, la ministra de Defensa (encargada) Angélica Verbel López y la cúpula militar y de la Policía.

Tras el consejo, se confirmó el despliegue de más de 11.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, que estarán a cargo de la seguridad de la capital del Valle del Cauca y su área metropolitana.

Entre los detalles, se informó que los uniformados serán de diferentes capacidades y especialidades como antiexplosivos, operaciones especiales, tránsito y transporte, turismo, motorizadas, aéreas (tripuladas y no tripuladas), vigilancia, artillería, evacuaciones aeromédicas y fluviales.

Por motivos de seguridad, el espacio aéreo de Cali tendrá restricción para los drones particulares. Por esta razón, las autoridades informaron a la ciudadanía que deben abstenerse de volar dichos aparatos durante ese día para evitar contratiempos.

“El Estado colombiano está preparado para garantizar la seguridad antes, durante y después de la posesión presidencial. Nuestro propósito es uno solo, asegurar que esta jornada se desarrolle con absoluta normalidad, tranquilidad y pleno respeto por nuestras instituciones” aseguró la ministra de Defensa (e) Angélica Verbel.

Durante el consejo se verificaron y ultimaron detalles sobre la planeación articulada entre el Gobierno nacional, la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Santiago de Cali, la fuerza pública y las demás entidades competentes. Cada institución se comprometió de acuerdo a sus conocimientos y competencias que deberá desarrollar antes, durante y después de la posesión presidencial.

La ciudad tendrá un componente especial aéreo con helicópteros y aviones del Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, los cuales estarán sobrevolando la ciudad y su área metropolitana para monitorear y verificar el dispositivo de seguridad y apoyar cualquier reacción con prontitud; además, aeronaves no tripuladas servirán para realizar labores de vigilancia en puntos estratégicos de la ciudad y su área metropolitana.

“La principal conclusión de este consejo de seguridad es que la protección de esta jornada democrática descansa en una articulación permanente entre todas las instituciones del Estado. Esa coordinación será el principal activo para garantizar la tranquilidad de las y los colombianos y de las delegaciones nacionales e internacionales que asistirán a este importante acto institucional. Por ello, el Puesto de Mando Unificado (PMU) será el centro de coordinación para la toma de decisiones, el seguimiento permanente de la situación y la respuesta inmediata y oportuna frente a cualquier eventualidad, garantizando una actuación unificada de todas las autoridades”, indicó la ministra (e).

El Ministerio de Defensa informó que este despliegue responde a una estrategia que ya ha demostrado resultados, recordando que durante el último año, la fuerza pública ha golpeado en diferentes ocasiones a las organizaciones criminales que delinquen en el suroccidente del país.

Entre los resultados destacados está la neutralización de “Marlon”, uno de los criminales más buscados de la región y por quien se ofrecía una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos, así como la neutralización de los principales cabecillas de las estructuras criminales que operaban en el Cauca.

Tras el consejo, las Fuerzas Militares enviaron un mensaje de tranquilidad a la población civil: “Las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y todas las instituciones que hacen parte de este esfuerzo conjunto estarán actuando bajo el mismo propósito de proteger la democracia, garantizar el libre funcionamiento de las instituciones y brindar todas las condiciones de seguridad para que la posesión presidencial se desarrolle con total normalidad”.

De la misma forma, desde el Ministerio de Defensa Nacional pidieron que los colombianos pasen la jornada con serenidad, respeto y confianza. “Que el próximo 7 de agosto sea recordado como una jornada tranquila, segura y en paz”.

Antes del compromiso de vuelta por los play-offs de la Copa Sudamericana entre Caracas e Independiente Santa Fe, que se disputará en la noche del 30 de julio, se ha generado un rumor sobre la continuidad de dos jugadores del club colombiano.

En el programa F90, la periodista Diana Rincón afirmó que hay dos profesionales que han pedido salir de la institución bogotana antes de que cierre el mercado de fichajes en el mundo.

“Hay algo bien complicado y es que hay jugadores que están pidiendo salir, y que están jugando y son parte de la nómina, que son importantes en la nómina. Se habla de ofertas, pero no han llegado, y mientras no lleguen, no se pueden dejar ir. Son hombres que son importantes”.

Rincón indicó que se trata de mediocampistas colombianos, y de manera personal, rechazó que los profesionales busquen salir del club cuando la temporada ya comenzó.

“Eso estaría dentro de la construcción y de lo que quedará en Independiente Santa Fe. A veces uno mira a Santa Fe por debajo del hombro, pero ha estado en finales, pelea. Quedó de la final por penales. Es un buen momento para estar en Santa Fe”.

Debido a que son los únicos mediocampistas que no han sido tenidos en cuenta por el entrenador Pablo Repetto hasta el momento, se especula que se trataría de Yilmar Velásquez y Ewil Murillo, que fueron claves en la consecución de la décima estrella en el Cardenal.

En los dos partidos oficiales que se han disputado en el segundo semestre, Velásquez fue convocado, pero quedó fuera de los compromisos. Por su parte, Murillo no ha sido parte del plantel de viajeros en Santa Fe, lo que aumenta los rumores sobre una posible salida.

Cabe mencionar que, actualmente, en Transfermarkt, portal especializado en el valor de los derechos deportivos de futbolistas en el mundo, Yilmar Velásquez está avaluado en alrededor de 800.000 euros.

Por su parte, Murillo tiene un valor de mercado de 600.000 euros y recientemente se difundieron rumores sobre un posible interés por parte de Atlético Nacional en el mediocampista.

Hasta el momento, Independiente Santa Fe no ha emitido ningún tipo de comunicado sobre la situación contractual de los futbolistas mencionados, de los cuales Velásquez hizo parte del grupo que viajó a Venezuela para el partido de Copa Sudamericana.

Sobre el compromiso contra Caracas, en diálogo con DSports, Hugo Rodallega, capitán y goleador del Cardenal, afirmó que el equipo no está confiado y que buscarán revalidar lo hecho en Bogotá.

“Es un partido de 180 minutos, jugamos los primeros 90 y tenemos una buena ventaja, pero eso no asegura que la serie esté definida. Vamos a ir a Venezuela a afrontar el partido con la responsabilidad que requiere, con el compromiso que caracteriza a Independiente Santa Fe, y vamos a buscar ganarlo, con mentalidad de triunfo”.

Se espera que en el partido Santa Fe repita el once inicial que arrancó en El Campín con Mosquera Marmolejo en el arco, línea defensiva con Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno y Jeison Ángulo; en el mediocampo se ubicarán Daniel Torres, Kilian Toscano, Ómar Fernández y Jader Obrian, mientras que en el ataque estarán Nahuel Bustos y Hugo Rodallega.

En caso de avanzar de ronda, Santa Fe enfrentará en octavos de final a River Plate. Cabe recordar que, tras la eliminación de Independiente Medellín, el equipo bogotano es el único representante cafetero que queda en la competición sudamericana, mientras que Tolima sigue con vida, pero en la Copa Libertadores tras avanzar segundo en su cuadrangular en el primer semestre del 2026.

En la actualidad, el interés del público por canales de información como las redes sociales ha hecho que aumente el riesgo de que usuarios crean en información falsa.

En algunos casos, el objetivo es poder comercializar productos bajo promesas de mejor calidad o resultados en corto tiempo a un costo inferior en comparación con elementos de mayor reconocimiento en el mercado.

Precisamente, el auge de los contenidos sobre caída del cabello en TikTok e Instagram está llevando a más personas a iniciar tratamientos por cuenta propia, una práctica que especialistas advierten puede empeorar el problema e incluso desencadenar complicaciones médicas como dermatitis, quemaduras, hipotensión, taquicardia, alteraciones hormonales y edemas faciales.

La tendencia ha ganado fuerza con videos que prometen resultados rápidos mediante el uso de minoxidil, finasteride, mezclas de productos e incluso aplicaciones inyectables realizadas en casa; sin embargo, detrás de esas publicaciones existe un riesgo que suele pasar desapercibido: la alopecia no responde a una única causa y por tanto, tampoco existe un tratamiento universal.

En diálogo con Infobae Colombia, Nicole Saaibi Nisimblat, directora médica de Medicapilar, explicó que uno de los errores más frecuentes es asumir que un tratamiento que funcionó para otra persona tendrá el mismo efecto en cualquier paciente.

“Cada tipo de alopecia tiene un origen diferente y requiere un manejo específico. Si se utiliza un tratamiento que no corresponde al diagnóstico, no solo puede no funcionar, sino agravar el cuadro clínico”, explicó la especialista.

Saaibi afirmó que es habitual escuchar en las consultas a pacientes que concluyen que determinados medicamentos “no sirven”, cuando en realidad fueron utilizados en dosis incorrectas o nunca fueron formulados por un experto para su condición.

A esta problemática se suman prácticas de mayor riesgo, como las inyecciones aplicadas sin supervisión médica o la combinación de medicamentos sin conocer sus indicaciones. Otro factor que alimenta la desinformación es la expectativa de obtener resultados en pocas semanas, algo que en la mayoría de procesos es imposible de anticipar.

De acuerdo con Saaibi, los tratamientos respaldados por evidencia clínica suelen mostrar respuesta después de dos meses, y avances notorios tras ocho o diez meses, dependiendo del diagnóstico y de la evolución de cada paciente.

Desde su experiencia, mencionó que ha tenido pacientes que llegaron a la primera consulta con problemas que se agudizaron por utilizar productos que adquirieron tras escuchar la recomendación de un creador de contenido o ver un reel que fue tendencia en redes sociales.

En ese sentido, advirtió que cualquier promesa de recuperación en menos de dos meses debe analizarse con cautela. La experta médica también recomendó buscar atención especializada cuando la caída supera aproximadamente los 100 cabellos al día, aparecen más cabellos de lo habitual en la almohada, la ropa o durante el baño, o cuando el paciente empieza a notar una disminución evidente en la densidad capilar.

Frente al creciente volumen de consejos virales, la especialista considera que las plataformas digitales y quienes difunden este tipo de contenidos deberían acompañar sus publicaciones con una recomendación expresa de acudir a valoración médica antes de iniciar cualquier tratamiento.

“Las personas pueden informarse y llegar con preguntas a la consulta, pero no deberían comenzar ningún producto sin una evaluación profesional que confirme si realmente está indicado para su caso”, indicó la experta.

Sobre el aumento de difusión de información sobre salud en redes sociales, reconoció que se trata de un desafío que podría afrontarse al fortalecer la educación médica y promover decisiones basadas en evidencia científica, especialmente en condiciones donde un diagnóstico oportuno puede marcar la diferencia entre controlar la enfermedad o agravarla.

Debido a las disputas que se han registrado entre el presidente electo Abelardo de la Espriella y los miembros del último secretariado de las Farc-EP, tras el triunfo del abogado en los comicios presidenciales, se han generado rumores sobre la posible salida del país de los firmantes de paz.

Las diferencias entre las partes se deben a que el mandatario electo ha declarado que no está de acuerdo con el dinero que invierte el Estado en la implementación del Acuerdo de Paz, y aunque no es posible actualmente, ha reconocido que buscará la forma de terminar con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para ahorrar la inversión que se hace anualmente para su funcionamiento.

En medio de la polémica, exmiembros de las Farc han invitado a De la Espriella a discutir sobre una posible continuidad de los diálogos de paz con grupos armados en el país.

El 29 de julio, Pastor Alape, que fue jefe del bloque Magdalena Medio de las Farc y parte del secretariado del grupo armado desde 2010 y hasta la firma del acuerdo, habló ante los medios de comunicación para informar que, junto con los excomandantes del grupo armado, tomaron la decisión de continuar en el país durante los próximos cuatro años.

“El Acuerdo de Paz es para el país, para poder trabajar en un país diferente, en el que, sabiendo que somos y tenemos diferencias políticas, podemos actuar en el país”, indicó Alape, que afirmó que sigue confiando en que en Colombia podrán seguir exponiendo sus posturas sobre el conflicto interno.

“Nosotros, hasta nuestro último respiro, estaremos en Colombia acompañando a las comunidades, a las víctimas y a todo el país que sigue soñando con la paz”, puntualizó Pastor Alape.

Por su parte, Rodrigo Granda, que fue portavoz internacional y responsable de la Comisión Internacional de las Farc-EP, indicó que tienen recelo por las declaraciones que ha hecho De la Espriella sobre el futuro de la implementación del acuerdo de paz.

“Preocupación, desde luego, por las declaraciones del presidente electo, pero también con mucha conciencia de que es factible seguir en el diálogo, de conversar y de hacer una unificación de criterios”.

A pesar de ello, indicó que, entre todos, han concluido que existen las garantías para seguir hablando de paz en el país.

“No dejar que esto retroceda. Todo esto que se cuenta con los amantes de la paz, con organizaciones internacionales y el respaldo de las Naciones Unidas y con el apoyo de los amantes de la paz, hombres y mujeres dentro y fuera del país”.

Cabe recordar que Pastor Alape ha afirmado que, a pesar de los cuestionamientos que han recibido por parte de De la Espriella, mantendrán su respaldo a la institucionalidad surgida tras el acuerdo, y rechazó las declaraciones del presidente electo, que anunció que no habría “perdón ni olvido” para los exintegrantes del grupo armado.

En su pronunciamiento, Alape, coordinador de la implementación del acuerdo por parte de Comunes, instó a cesar la violencia contra los firmantes y exigió garantías para quienes han cumplido los compromisos adquiridos.

Alape también criticó que las palabras del presidente electo evocaran episodios de confrontación y estigmatización, y reafirmó el compromiso ético de los firmantes con el país, las víctimas y las nuevas generaciones. Mientras tanto, De la Espriella reiteró su postura de endurecer las medidas contra exlíderes de las Farc y anunció la eliminación del Comisionado de Paz, así como el desmonte de estructuras que, según él, han brindado protección legal a responsables de crímenes graves.

Recientemente, se llevó a cabo una ceremonia de clausura del curso de Fuerzas Especiales del Ejército. Entre los protagonistas, Infobae Colombia conoció la historia del sargento Jairo Montoya Rodríguez.

El camino de Jairo Montoya Rodríguez en las fuerzas especiales comenzó desde su interés por ingresar al grupo élite, un objetivo que persiguió durante años. Aunque su especialidad dificultaba el acceso al curso, persistió hasta lograr la oportunidad de realizarlo.

En ese momento, su aspiración principal consistía en portar el emblema de las fuerzas especiales, símbolo de sacrificio y compromiso con el país, más allá de cualquier reconocimiento material.

Antes del inicio del curso, Montoya enfrentó una situación familiar crítica. Su madre, Marlenes Rodríguez, que padecía cáncer, le pidió que la visitara días antes de comenzar el entrenamiento. Durante ese encuentro, ella le expresó: “Mijo, solo lo estaba esperando a usted; ahora ya me puedo ir tranquila”. Horas más tarde falleció. La última voluntad de su madre fue que sus cenizas fueran esparcidas en el mar.

El sargento consideró abandonar el curso debido al duelo, pero decidió continuar como una forma de cumplir la promesa que le había hecho a su madre. Para Montoya Rodríguez, cada etapa del proceso formativo fue dedicada a su memoria, puesto que fue quien lo alentó desde sus primeros pasos en la vida militar.

A medida que avanzaba el curso, otra circunstancia personal impactó a Montoya. Su hermano, Wilson Montoya, afectado por la reciente pérdida de su madre y que tenía una relación especial con el mar, tomó la decisión de quitarse la vida.

La noticia le fue informada cuando el sargento se encontraba en medio de una de las pruebas más exigentes del programa, lo que sumó un nuevo desafío a su experiencia.

Jairo Montoya Rodríguez completó la prueba acuática. Posteriormente, halló una carta de su hermano en la que este le pedía disculpas por no poder acompañarlo en la graduación y le manifestaba el orgullo que sentía por su perseverancia. Las cenizas de Wilson Montoya también fueron depositadas en el mar, sumando así un nuevo significado al escenario donde el sargento concluiría su formación de élite.

El mar, convertido en el último destino de su madre y de su hermano, se transformó también en el espacio donde Montoya alcanzó uno de sus logros más importantes dentro de la institución militar. Tras culminar el curso de Fuerzas Especiales, ocupó el segundo lugar de su promoción, distinción que se sumó a su carrera como suboficial.

Actualmente, Jairo Montoya Rodríguez se desempeña como instructor en la Escuela de Fuerzas Especiales. Su labor consiste en formar a nuevas generaciones de soldados, transmitiendo los conocimientos y la disciplina adquiridos a lo largo de su trayectoria.

Para el uniformado, la ceremonia representó un homenaje a la memoria de su madre y su hermano, uniendo así su historia personal con el recorrido institucional.

Para Jairo Montoya Rodríguez, su historia demuestra el impacto de las experiencias familiares en la vida de los miembros de las fuerzas armadas, así como los desafíos emocionales y profesionales que enfrentan durante sus carreras.

Antes de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, tome posesión de su nuevo cargo el 7 de agosto, ministros designados y sus respectivos equipos han encabezado el empalme para que el nuevo mandatario tenga claridad del país que recibirá.

Entre las delegaciones que trabajan en el empalme ha sorprendido el regreso de Francisco Cruz Prada al sector público, puesto que, además de las tres décadas de trayectoria en cargos ambientales, también ha sido investigado en varias ocasiones.

Cabe recordar que Cruz Prada integra la comisión de empalme y es mencionado como posible candidato para la dirección de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

La trayectoria y las investigaciones en las que aparece Cruz Prada

Cruz Prada es recordado por su paso como gerente del proyecto Aeropuerto del Café (Aerocafé) en 2008, tras haber perdido la Gobernación de Caldas con el aval del Partido de la U y de líderes del uribismo regional.

Durante su administración surgieron denuncias sobre presuntas irregularidades contractuales, incluyendo vínculos entre contratistas y la interventoría, así como cuestionamientos por presuntos sobrecostos y conflictos de interés.

La situación se agravó tras el colapso de dos terraplenes construidos para la pista. En octubre de 2010, Cruz Prada dejó la gerencia del proyecto. En 2013, la Contraloría General de la República vinculó a 21 personas, incluido el exgerente, a un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial de más de 16.000 millones de pesos.

Al respecto, Cruz Prada declaró que no fue sancionado disciplinariamente y que la Procuraduría archivó las investigaciones en su contra. A pesar de ello, figuras de la opinión pública han recordado ese proceso en más de una ocasión.

Cruz Prada también ocupó cargos estratégicos en los años siguientes: fue director de Evaluación y Seguimiento de la CAR, secretario distrital de Ambiente durante la alcaldía de Enrique Peñalosa y viceministro de Políticas y Normalización Ambiental en el gobierno de Iván Duque.

En su momento, su llegada al viceministerio fue criticada por sectores políticos, incluido el entonces senador Carlos Felipe Mejía, que calificó la designación como “un insulto para Caldas” y recordó los cuestionamientos por Aerocafé.

En el ámbito ambiental, Cruz Prada ha mantenido una relación profesional cercana con Luis Gilberto Murillo, exministro de Ambiente, desde sus inicios en Codechocó. Ambos han coincidido en distintos escenarios institucionales, como Corpocaldas, la CAR, la Secretaría de Ambiente de Bogotá y el Ministerio de Ambiente.

A nivel profesional, personas que han trabajado con Cruz han destacado su capacidad para permanecer en el alto nivel técnico del Estado; sin embargo, su participación en el empalme del Ministerio de Ambiente ha reabierto el debate sobre los perfiles que dirigirán entidades clave en la gestión de licencias ambientales para proyectos mineros, energéticos e infraestructura.

En Caldas, región donde Aerocafé sigue siendo un tema pendiente, algunos dirigentes han manifestado que su eventual regreso a un cargo directivo enviaría un mensaje contradictorio sobre los estándares de responsabilidad en la administración pública. Por su parte, defensores del funcionario argumentan que su experiencia técnica es amplia y no registra sanciones disciplinarias vigentes.

Hasta el momento, el papel de Francisco Cruz Prada en la comisión de empalme y su eventual designación en la Anla continúan generando reacciones en el sector ambiental y político, mientras se define el rumbo de las principales entidades ambientales del país, principalmente por aquellos que recuerdan la promesa de Abelardo de la Espriella de designar en los cargos a personas que no han estado en mandatos anteriores y que no han protagonizado polémicas de ninguna índole.

El 29 de julio, en Valledupar se llevó a cabo la segunda jornada de la audiencia en la que tres generales retirados del Ejército Nacional y otros 22 militares en retiro reconocieron su responsabilidad en los “falsos positivos” registrados en el Caribe entre enero de 2002 y diciembre de 2008.

En la diligencia, que es parte del Subcaso Costa Caribe II del Caso 03, la JEP informó que el 74% de las muertes investigadas en la región durante el periodo señalado corresponden a personas asesinadas y presentadas como bajas en combate.

De acuerdo con la jurisdicción, 43 militares fueron imputados como máximos responsables por el asesinato de 739 personas en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.

El proceso investigativo se dividió en dos fases. En la primera, se identificaron 15 máximos responsables, antiguos miembros del Batallón La Popa, de los cuales 12 reconocieron su responsabilidad y recibieron sanciones de entre cinco y ocho años por el asesinato y, en algunos casos, desaparición forzada de 135 personas en Cesar y La Guajira entre 2002 y 2005. En la segunda fase, 28 comparecientes fueron imputados como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad por el asesinato y desaparición forzada de 604 víctimas.

Los secretos que revelaron los comparecientes

La audiencia inició con la intervención de Darío Alfonso Morales Rodríguez, padre de Óscar Alexander Morales Tejada, asesinado el 16 de enero de 2008 junto a Octavio David Bilbao Becerra y Germán Leal Pérez. Los tres jóvenes fueron engañados con falsas promesas de trabajo en Cúcuta y trasladados al departamento de Cesar, donde pasaron a manos de integrantes del Batallón de Artillería La Popa y luego fueron asesinados.

“Tuve un apoyo grandísimo de la JEP. Estoy muy agradecido con la Unidad de Búsqueda. Saber la verdad es mejor que todo. No importa que uno conozca crudamente cómo fue asesinado su familiar. A los comparecientes del batallón, que tuvieron que ver con la muerte de mi hijo, les pido que aclaren toda la verdad”, indicó Morales Rodríguez.

Gracias a medidas cautelares ordenadas por la JEP, los restos de Óscar Alexander y Germán Leal fueron recuperados, identificados y entregados a sus familias. Octavio David Bilbao Becerra permanece desaparecido.

El primer compareciente en hablar fue el mayor retirado Nelson Mauricio Molano Calderón, excomandante de la batería Bombarda del Batallón La Popa entre 2007 y 2008. “Con vergüenza me paro frente a ustedes para decir que es el momento de decir la verdad. Me alejé de mis valores, principios y creencias; de todo lo que aprendí de mi familia, y me volví un asesino”, inició la declaración del exuniformado.

Por su parte, el teniente coronel retirado Rubén Briam Blanco Bonilla también reconoció su responsabilidad. “Sigo convencido de que es mi deber aportar toda la verdad. Es mi obligación que ustedes encuentren toda la verdad plena y absoluta de los hechos ocurridos con sus familiares”.

Blanco Bonilla relató que, antes de llegar al batallón, ya conocía la práctica criminal y que prefirió hacer caso omiso para no recibir represalias en la institución.

“Muchas personas inocentes fueron asesinadas para ser presentadas falsamente como resultados operacionales, producto de la presión que se ejercía desde los mandos superiores. Había un indicador que pesaba en el Ejército, y eran las muertes en combate. Eso terminó materializado en una maquinaria criminal que se desarrollaba en diferentes niveles del batallón”.

Durante la jornada, María Doris Tejada, madre de Óscar Alexander Morales Tejada, entregó a los comparecientes unos zapatos tejidos a mano como acto simbólico de memoria. Cada compareciente llevó los zapatos sobre el pecho, junto al corazón, como recordatorio del compromiso con la verdad y la memoria de las víctimas.

“Estos zapaticos significan mucho para mí. Después de cuatro años, inicié la labor de tejer los 6.402 zapaticos, y lo logré. Esos zapaticos son mi búsqueda, mi caminar y mi lucha”, afirmó Tejada.

Uno de los momentos más significativos de la audiencia fue cuando el sargento Germán Custodio Tovio Medrano reconoció su responsabilidad en 16 asesinatos y desapariciones forzadas, en las que fue enlace entre reclutadores y militares, además de que aceptó haber manipulado pruebas y documentos tras las ejecuciones.

El compareciente reconoció que las víctimas eran miembros de las comunidades indígenas Wiwa y Wayúu. “Reconozco el daño causado a los territorios, comunidades y etnias Wiwa, Wayúu y Kankuamo. No solo les dimos la espalda, sino que les causamos daños sabiendo que estaban por fuera del conflicto, que eran personas protegidas”.

El 29 de julio las autoridades informaron que se registró una explosión en el kilómetro 12 de la zona rural del municipio de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, cerca del cementerio del 12, en la vereda El Piñal.

El estallido sorprendió a los residentes, que notificaron a los equipos de emergencia al escuchar el ruido y observar daños en varias casas cercanas. En un principio se creyó que en las viviendas no había personas; sin embargo, durante el avance de los uniformados, se registró el hallazgo del cuerpo de una ciudadana.

Según la información inicial de la Policía, la víctima mortal tenía lesiones severas en manos, pies y pecho. Las autoridades consideran que estas heridas coinciden con la manipulación directa de un artefacto explosivo, pero hasta el momento no han informado nuevos detalles sobre la identificación del cuerpo.

El balance de las autoridades

Infobae Colombia tuvo acceso al informe presentado por las autoridades sobre los hallazgos registrados tras la explosión. En primer lugar, confirmaron que el hecho dejó como resultado una persona fallecida y daños materiales en varias viviendas cercanas al lugar del incidente.

Según informaron las Fuerzas Militares, el hecho ocurrió al interior de una residencia ubicada en el sector, generando una fuerte alarma entre los habitantes y una onda expansiva que alcanzó varias casas de la zona. El reporte preliminar de las autoridades señala que la víctima, cuya identidad aún no ha sido establecida, habría estado manipulando un artefacto explosivo cuando se produjo la detonación.

Además de confirmar que las lesiones que presentaba la persona fallecida son compatibles con la manipulación directa de material explosivo, informaron que la magnitud del estallido provocó la amputación de extremidades y heridas de gravedad que ocasionaron el deceso en el lugar de los hechos.

Tras la emergencia, los organismos de socorro y unidades policiales acudieron al sitio para atender la situación y realizar las primeras labores de inspección. El cuerpo de la víctima fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal del municipio de Tarazá, donde se adelantan los procedimientos correspondientes para su identificación y para determinar las circunstancias exactas del incidente.

Las Fuerzas Militares informaron que mantienen la investigación abierta y reforzaron la presencia en la zona para prevenir nuevos incidentes y brindar seguridad a los habitantes del corregimiento El Doce. Hasta el momento no hay hipótesis de peso sobre el caso o evidencia sobre posible responsabilidad de grupos armados y delincuenciales que tienen presencia en la región.

Cabe recordar que el conflicto interno afecta directamente a los habitantes de esta zona del país, lo que provocó que recientemente 11 familias de las veredas Tamí y Doradas tuvieran que abandonar sus hogares debido a enfrentamientos entre grupos armados ilegales.

La subsecretaria de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia, María Patricia Giraldo, confirmó que el desplazamiento afectó a un total de 20 personas y que la administración departamental activó la ruta de atención humanitaria, entregando kits de emergencia y coordinando acciones con los comités de justicia transicional.

Paralelamente, en el corregimiento de Puerto López, municipio de El Bagre, se reportó el desplazamiento de 131 familias, lo que eleva a al menos 142 el número de familias desplazadas en la subregión en los últimos días. Organizaciones de derechos humanos denunciaron el uso de drones por parte de los grupos armados en los ataques contra la comunidad, lo que demuestra el aumento en la tecnificación de estos actores ilegales en el Bajo Cauca.

El censo de afectados permanece abierto, por lo que la cifra de desplazados podría aumentar. Ante el incremento de la violencia, la Gobernación de Antioquia reforzó la seguridad con más de 14.000 uniformados en las nueve subregiones del departamento.

El 28 de julio de 2026, comerciantes de bares y discotecas de Soacha bloquearon la autopista Sur durante más de dos horas en protesta contra una nueva regulación de horarios implementada por la administración municipal.

La medida, adoptada por el alcalde Julián Sánchez “Perico”, exige que bares, discotecas y clubes cierren a la 1:59 a. m. los fines de semana y vísperas de festivo, y restringe el funcionamiento de otros comercios según su actividad. Los manifestantes, principalmente de la zona 21 en el centro del municipio, alegan que la decisión afecta gravemente sus ingresos y acusan a la administración de hostigamiento.

El bloqueo paralizó el tráfico en hora pico, incluyendo el carril exclusivo de Transmilenio, obligando a miles de ciudadanos a caminar hasta sus hogares y generando una fuerte congestión vehicular. La alcaldía argumentó que los permisos nocturnos se ampliaron bajo compromisos de convivencia y aseo, pero fueron revocados tras detectar incumplimientos.

La versión de los comerciantes del municipio

En diálogo con Infobae Colombia, Jenny Arias, integrante del colectivo Gestores Nocturnos y gerente administrativa de La Cabaña Centro de Eventos, afirmó que existía un acuerdo con el alcalde, según el cual, tras estructurar e implementar un plan de mejoramiento en la zona, los establecimientos podrían operar hasta las 3 a. m.

En las últimas semanas, los propietarios de los bares y discotecas recibieron la noticia de que sería impuesto un nuevo decreto que limita la operación de los comercios nocturnos hasta las dos de la mañana.

“Eso fue de manera arbitraria. Él dice que fue por un tema de basuras de la zona, cosa que tenemos todas las evidencias para demostrar que las basuras que él publica en sus redes sociales no son generadas por nuestro gremio, ya que nosotros, mientras desarrollamos la actividad, tenemos una persona que se encarga de dejar la zona limpia”, afirmó Arias.

La vocera manifestó que el gremio ha buscado dialogar y presentar pruebas sobre el manejo de residuos, enviando evidencias a la Alcaldía y buscando reunirse con el mandatario local, lo que no ha sido posible hasta el momento.

La administradora explicó que han presentado derechos de petición y solicitudes de audiencia para exponer su situación, la cual calificó de crítica, mientras que comerciantes de otras zonas pueden operar con horarios extendidos.

“El gremio de San Mateo sigue trabajando hasta las 3; en Bosa trabajan hasta las 5. No entendemos por qué esas represalias contra nosotros. Estamos trabajando en pro de la seguridad, del bienestar y de la rumba sana. Implementamos más o menos de seis a siete millones de pesos mensuales en seguridad, ambulancias, una persona encargada del aseo y la recolección de las basuras en nuestra zona”.

Sobre la realidad que viven los comerciantes de la zona, Arias afirmó que, tras cuatro fines de semana con horario reducido y la negativa del alcalde de negociar, algunos propietarios están buscando vender sus locales.

“En este momento, varios negocios han cerrado, otros negocios han tenido que recortar su personal, otros negocios ya pusieron en venta sus establecimientos. Son muchas las personas que dependen de la actividad que realizamos como gestores culturales”.

Por último, la vocera aseguró que los bloqueos registrados en la autopista Sur son la última alternativa que han encontrado ante los desplantes del alcalde de Soacha, al que acusan de estar cometiendo una persecución política, puesto que el gremio rechazó apoyarlo en las elecciones regionales y ha manifestado públicamente que respaldan ideas de políticos que podrían participar de los comicios del próximo año.

“Él ha manifestado que fue por no apoyar su candidatura y por eso está actuando así con nosotros. Dice que ha estado abierto al diálogo, pero no es cierto. Los acercamientos han sido negativos”.

El defensor Éder Álvarez Balanta, antes de estar en el fútbol colombiano, jugó con clubes como River Plate, Brujas, Schalke 04 y Basilea, en los que pudo enfrentar a los mejores futbolistas del mundo y le permitió ser convocado a la selección Colombia.

En una entrevista con el creador de contenido Richard Angulo, conocido popularmente como La Máquina, Álvarez Balanta contó varias anécdotas durante su paso por Europa y la Tricolor.

Una de las más llamativas se registró durante un partido por eliminatorias en el que Colombia enfrentó a Argentina en condición de visitante cuando la selección era dirigida por José Pekerman.

De acuerdo con el defensor, la orden del estratega argentino fue que tenía que golpear a Messi en la primera jugada para así poder desestabilizarlo mentalmente.

“Tuve la posibilidad de enfrentarlo varias veces, pero cuando jugamos con la selección en San Juan, ese día jugué de lateral izquierdo y me dice Pekerman: ‘En la primera pégale, que él se sale del partido’. En la primera, recibió contra la raya y yo fui con todo, le metí un manotazo en el pecho. Me miró y no me dijo nada”, narró Balanta.

En lugar de aislarse de las jugadas, el argentino comenzó a confrontar en todas las acciones al defensor colombiano, que entendió que se había equivocado al cumplir con la petición de Pekerman.

“Se transformó. Por todo lado aparecía. En la siguiente controló y giró para afuera, cuando yo giré, ya estaba mano a mano con Ospina (el arquero)”, declaró el nacido en Bogotá.

Esa no fue la única vez que Álvarez Balanta observó cómo golpear a Messi ayudaba a que el “10″ se motivara durante los compromisos, puesto que identificó una acción similar cuando vio por televisión un clásico entre Barcelona y Real Madrid.

“En Basilea, yo estaba viendo el clásico en el que Marcelo le rompió la boca, lo chocó de frente y lo rompió. Hasta ese momento estaba desaparecido y después se transformó. Yo ahí dije: ‘A ese no hay que pegarle, es peor’. Le pegan y se transforma”.

Al comparar el juego de Lionel Messi con el de otras figuras, Álvarez Balanta mencionó que otro jugador de esa calidad al que enfrentó fue Neymar, al que por fortuna pudo controlar en el único compromiso que disputaron.

“Cuando jugamos con Brujas contra París. Ese día yo estaba insoportable y me fue bien. Neymar me veía mal porque ese día me fue bien”, narró el defensor central.

El defensor colombiano afirmó que su experiencia más difícil en el fútbol profesional fue adaptarse a los cambios climáticos que se registran en Europa, puesto que Basilea se convirtió en un infierno durante el invierno.

“Cuando llegué a Suiza, los primeros seis meses tenía un compañero argentino y me traducía todo. Yo estaba en una burbuja y viví una experiencia que había soñado. Seis meses después, volví de vacaciones y vi la realidad: nieve, oscurecía a las cuatro de la tarde. Yo no hablaba inglés y no me podía comunicar”.

Debido a que solo hablaba español, cuando dejó de tener compañeros hispanos en el club, Álvarez Balanta comenzó a tener dificultades que lo obligaron a estudiar inglés.

“Yo volví a un restaurante al que había ido con compañeros y comenzaron a preguntarme cosas, yo solo decía ‘Yes’. Me senté a comer y la boca se me iba a ampollar. Seguramente me preguntaron si quería más y yo solo decía que sí”, narró el colombiano sobre lo que lo motivó a aprender un segundo idioma.

El 28 de julio, durante más de dos horas, se registró una manifestación protagonizada por propietarios de bares y discotecas de Soacha que protestaban por la implementación de nuevos horarios para el funcionamiento de este tipo de establecimientos en el municipio.

Voceros de la concentración afirmaron que el alcalde Julián Sánchez “Perico” estaba afectando sus comercios con decisiones que afectaban directamente el funcionamiento de la mayoría de establecimientos, principalmente los de la zona 21, en el centro de Soacha.

Con el objetivo de lograr tener un encuentro con el mandatario municipal, los comerciantes bloquearon la autopista Sur en hora pico, incluyendo el carril exclusivo de Transmilenio. Durante el tiempo que se prolongó la manifestación, los articulados no ingresaron a Soacha, lo que provocó que miles de ciudadanos tuvieran que caminar hasta sus hogares. Además, la manifestación hizo que conductores quedaran atrapados en una congestión vehicular de varios minutos.

A las 7:20 p. m., Transmilenio volvió a funcionar en el municipio de manera intermitente, debido a que las manifestaciones se mantuvieron con cierres intermitentes.

Lo que provocó el enojo de los comerciantes

La Alcaldía de Soacha estableció nuevos horarios para bares, discotecas y comercios, con el objetivo de ordenar el sector de entretenimiento y reducir los índices de violencia y delitos en el municipio.

Los bares, tabernas, discotecas y clubes deben cerrar a la 1:59 a. m. los viernes, sábados y vísperas de festivos. Panaderías pueden operar de 6:00 a.m. a 10:59 p.m.; micromercados de 6:00 a. m. a 11:30 p. m.; cafeterías, loncherías y heladerías de 6:00 a. m. a 10:59 p. m. Los sitios de comidas rápidas pueden funcionar de lunes a domingo con venta de licor de 10:00 a. m. a 11:59 p. m., pero sin venta de licor. Restaurantes pueden abrir de domingo a jueves de 6:00 a. m. a 11:59 p. m., y viernes, sábados y vísperas de festivo hasta la 1:00 a. m.; asaderos y pizzerías de domingo a jueves hasta las 11:59 p.m. Las droguerías y parqueaderos pueden operar 24 horas, aunque las droguerías deben acatar las restricciones para la venta de licor.

El decreto establecía que algunos comercios podrían solicitar permiso para funcionar hasta las 3:00 a. m. bajo un plan de cumplimiento que sería evaluado semanalmente.

Precisamente, tras una inspección, la alcaldía informó que la excepción sería descartada debido a que los comerciantes del centro de Soacha habían incumplido con los protocolos de convivencia, ruido, aseo y responsabilidad.

A través de su cuenta de X, el alcalde de Soacha reafirmó que los permisos no serán renovados y pidió que las autoridades se encarguen de retirar de la autopista Sur a los manifestantes.

“Los horarios nocturnos se ampliaron bajo compromisos claros de convivencia, ruido, aseo y responsabilidad. Esos compromisos fueron incumplidos por comerciantes, no por la comunidad. Hoy pretenden bloquear la Autopista Sur y afectar a quienes trabajan y regresan a casa, reclamando garantías que ellos mismos rompieron. Eso no se va a permitir”.

La respuesta de los comerciantes

El gremio ha rechazado los señalamientos que ha hecho el alcalde y afirman que no han incumplido los acuerdos, sino que están siendo víctimas de un hostigamiento por parte de la administración municipal.

Sobre la basura dejada en los alrededores de los establecimientos, afirman que se trata de un problema de Urbaser, empresa encargada de la recolección de los residuos en el municipio, que no tendría un horario establecido, lo que obliga a que los residentes de la zona deban dejar bolsas desde la mañana y en algunas ocasiones estas no sean retiradas durante toda la jornada. Esta situación ha sido denunciada por locales de otras localidades en Soacha.

En la diligencia se abordaron casos registrados entre enero de 2002 y diciembre de 2008, por los que hay más de 1.175 víctimas acreditadas, de las cuales 108 participaron de la audiencia del subcaso, en el que se estudia la acreditación de hasta 4.740 casos individuales.

En primer lugar, los exuniformados afirmaron que consolidaron un sistema de presiones, incentivos y mecanismos para encubrir el hostigamiento al que sometieron a las víctimas que fueron engañadas para salir de sus territorios. Entre las víctimas mencionadas en la diligencia hay 26 niñas y niños, 31 integrantes de los pueblos indígenas Wiwa, Wayúu y Kankuamo, y 14 mujeres, una de ellas embarazada. Más de 120 víctimas aún siguen sin ser identificadas.

Durante la diligencia, Chely Nieves Oñate narró cómo el Ejército cambió por completo su vida y la de su hermana al asesinar a su madre en lo que fue expuesto como un operativo contra la guerrilla.

“Betsy tenía apenas dos años cuando recibió un proyectil en su pie derecho, dejándole daños físicos y psicológicos que aún la afectan. A mis cinco años no supe qué era un amor, un abrazo, un beso, una bendición, un aguinaldo; no lo supimos porque la fuerza pública nos arrebató a nuestra madre cruelmente”.

Nieves mencionó que el hecho se registró el 7 de marzo de 2006 y que su madre fue presentada como una guerrillera dada de baja en combate a pesar de que tenía siete meses de embarazo y era conocida en la zona como una madre cabeza de hogar.

“No queremos verdades a medias, ni mucho menos respuestas incompletas. Lo que ustedes nos hicieron no tiene nombre”, indicó Chely Nieves Oñate.

Entre los militares retirados que participaron de la diligencia, se destacó el testimonio que entregó el coronel (r) Luis Fernando Borja, que entre marzo de 2007 y junio de 2008 fue parte del comando de la Fuerza de Tarea Conjunta Sucre.

“Participé voluntaria y conscientemente en una estructura criminal que buscó presentar resultados operacionales mediante el asesinato y desaparición de personas que, posteriormente, fueron reportadas falsamente como integrantes de grupos armados muertos en combate”, indicó Borja, que reconoció haber escogido a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad para que fueran engañados con promesas de empleo para que dejaran sus hogares.

Borja pidió perdón a las familias de las víctimas e indicó que no se trató de un comportamiento aislado, sino que los altos mandos de las Fuerzas Militares tenían claridad de lo que estaba pasando.

“Mi general Freddy Padilla de León, comandante general de las Fuerzas Militares, conocía lo que estaba pasando, conocía que estábamos asesinando a gente inocente. No era una simple manzana podrida. Todos sabíamos lo que estaba pasando, absolutamente todos. Le dije a una víctima: ‘No pregunte quién dio la orden, pregunte quiénes sabían lo que estaba pasando’.

Florinda Arrieta, madre de una de las víctimas, pidió que el Ejército Nacional se encargue de limpiar la imagen de aquellos que fueron presentados como bajas en combate de manera indebida.

“Ellos no eran cifras ni resultados operacionales, eran hijos, hermanos, padres y amigos. Seguimos levantando la voz hasta que toda la verdad sea conocida, hasta que los responsables asuman plenamente sus actos, hasta que nuestros hijos recuperen su buen nombre y hasta que ninguna madre vuelva a vivir este dolor”, indicó Arrieta, que pidió que los exmilitares mencionen la identidad de todos los altos mandos y políticos que tuvieron conocimiento sobre lo registrado.

Como muestra del compromiso que adquirió, De la Espriella anunció que Medellín, capital de Antioquia, será sede del Escudo de las Américas, iniciativa liderada por Estados Unidos que busca fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional.

Además de lo que representa la alianza que busca fortalecer a las autoridades con coordinaciones militares en varios países, el anuncio del presidente electo ha hecho que se especule sobre lo que pasará con la Paz Urbana.

Mientras los voceros de los grupos criminales de la región afirmaron que están dispuestos a negociar con el nuevo Gobierno, la concejala de Medellín Claudia Carrasquilla denunció que fiscales encargados de casos en los que se vincula a varios de los voceros de la Paz Urbana han sido trasladados antes de que termine el Gobierno Petro.

En su cuenta de X, Carrasquilla mencionó que han sido movidos siete fiscales a otras direcciones del Gaula, dejando sin posibilidad de que estos entreguen un balance de su trabajo en los casos a la nueva administración.

“Hoy quiero hacer una denuncia para la fiscal general de la Nación (Luz Adriana Camargo), porque resulta que cuando el presidente Abelardo de la Espriella anunció que en Medellín funcionará el Escudo de las Américas, que es esa ayuda que vamos a recibir del Gobierno americano y de otras naciones para la persecución contra el crimen organizado, se le dio por emitir una directriz donde supuestamente, justificando el famoso concurso que se lleva a cabo en la Fiscalía General de la Nación, sacaron siete fiscales experimentados y que venían adelantando las investigaciones contra los cabecillas de las estructuras criminales en la ciudad de Medellín, como son los GDO y los Gdco”, escribió Carrasquilla.

La concejala Carrasquilla hizo un llamado al Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella y al Ministerio de Defensa para que se formulen estrategias en los primeros 100 días de gestión con el fin de enfrentar el crimen, considerando que ya no están los fiscales que lideraban las investigaciones más delicadas.

“Muchas de las estructuras que estaban en el radar de esos fiscales están relacionadas con las conversaciones de paz que venían avanzando con el saliente gobierno del presidente Gustavo Petro”, señaló la cabildante antioqueña.

La concejala advirtió que actualmente existen más de 600 capturas represadas vinculadas a investigaciones sobre crimen organizado en Medellín, y argumentó que para gestionar ese volumen de trabajo se requiere personal con experiencia y conocimiento profundo de los casos.

“Fueron movidos (los fiscales) para supuestamente una nueva dirección del Gaula, con cero carga, y la carga que tenían ellos, que era tan importante, donde hay más de 600 capturas represadas, fue entregada a cuatro fiscales, que a su vez tienen a su carga otras regiones diferentes de Antioquia, no pudiendo cumplir, como se necesita, con la lucha contra el crimen organizado”, aseguró Carrasquilla.

Carrasquilla remarcó la gravedad de la situación, asegurando que, con su experiencia como exfiscal, puede afirmar que la redistribución de casos podría afectar la capacidad de respuesta frente al crimen organizado.

Por último, recordó que no es la primera vez que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, enfrenta cuestionamientos por decisiones asociadas a la lucha contra el crimen en Medellín, puesto que en enero de 2026 la funcionaria fue objeto de debate público tras la suspensión de órdenes de captura contra voceros de estructuras armadas en el Valle de Aburrá.

El 16 de mayo de 2024 se registró el asesinato de Élmer Fernández, que tras retirarse de la Policía Nacional, laboraba como director de la cárcel La Modelo, en Bogotá.

De acuerdo con el informe oficial que presentaron las autoridades, el crimen se registró cuando Fernández se movilizaba como copiloto en un vehículo gris que fue interceptado por sicarios en motocicleta. Antes del hecho, el director de la prisión había recibido amenazas por las decisiones que había tomado sobre los controles que habría en el centro penitenciario.

La Fiscalía inició una investigación bajo la coordinación de la Dirección Especializada contra la Corrupción, ante la sospecha de que el asesinato estaría vinculado a irregularidades en traslados de internos y posibles actos de corrupción dentro del sistema penitenciario.

Desde entonces, se han tomado declaraciones juradas de funcionarios del Inpec y se han revisado documentos relacionados con movimientos de personas privadas de la libertad. Además, surgieron denuncias sobre la desaparición de registros oficiales, lo que dificultó la reconstrucción de los hechos y el seguimiento de decisiones administrativas.

Hasta el momento, cuatro personas han sido condenadas como responsables materiales del crimen, aunque las investigaciones continúan para determinar la existencia de autores intelectuales y posibles vínculos con redes de corrupción carcelaria.

Nuevos detalles de la investigación

Tras dos años del crimen, Noticias RCN publicó un informe en el que se menciona la posible existencia de una red delictiva al interior del Inpec que se encargaría de desaparecer documentos.

De acuerdo con el medio citado, el esquema irregular estaría relacionado con traslados de reclusos, por lo que la Fiscalía está identificando si también tendrían injerencia en cambios de traslados o decisiones similares sobre el sistema penitenciario.

Durante la investigación, un funcionario del Inpec explicó que todo traslado debe incluir un registro sobre el archivo con el que se tomó la decisión, y que al interior de la entidad han recibido pagos para que las resoluciones sean eliminadas o modificadas para cambiar el destino del recluso.

“Hacen las resoluciones, las cargan y las notifican. Luego la persona privada de la libertad ofrece dinero para que no lo trasladen o le modifiquen el destino, pero los PPL (Persona Privada de la Libertad) no aceptan que dieron dinero, sería un cohecho. Y eliminan del sistema la trazabilidad, es decir, nunca existió la resolución”, es parte del testimonio difundido por el medio citado.

Con este hallazgo, la Fiscalía deberá establecer si existió algún tipo de conexión entre el asesinado de Fernández y la presunta red delictiva que ha sido mencionada por el funcionario que declaró. Las autoridades tienen la irregularidad en un traslado y la pérdida de un dinero como hipótesis que han sido planteadas durante el proceso que tiene como objetivo principal descubrir quién dio la orden de terminar con la vida del director de la cárcel.

De manera oficial, la Fiscalía ha informado que el caso sigue siendo investigado por miembros de la Dirección Especializada contra la Corrupción del ente acusador, que han adelantado pesquisas, incluyendo las declaraciones mencionadas por el medio citado sobre funcionarios activos del Inpec.

La Fiscalía informó que ha reunido varios elementos de prueba en la investigación del asesinato de Élmer Fernández; sin embargo, hasta la fecha se ha reportado la desaparición de documentos clave y la ausencia de registros físicos en la entidad de posibles sospechosos, lo que representa un obstáculo para el avance del caso. Las autoridades siguen intentando esclarecer cómo se tomaron distintas decisiones administrativas, qué sucedió con algunos traslados de internos y el motivo por el que ciertos registros oficiales dejaron de existir tras el asesinato.

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta sobre las violaciones a los derechos humanos que están cometiendo las disidencias de “Iván Mordisco” contra locales en los municipios de Aipe, Neiva, Palermo, Santa María y Teruel, en el Huila.

El organismo alertó sobre la imposición de “manuales de convivencia” con los que las disidencias demarcan las zonas del territorio en las que los locales no pueden movilizarse sin aviso.

La Defensoría del Pueblo indicó que el grupo armado ejerce un control total sobre las poblaciones mientras avanza en una expansión territorial del frente Ismael Ruiz, del bloque Isaías Pardo.

“El escenario de riesgo se configura por la expansión y el fortalecimiento territorial del autodenominado EMC, que ejerce un control hegemónico ligado al dominio de corredores viales y naturales sobre la cordillera Central”, afirmó Iris Marín Ortiz, directora de la entidad.

El informe que presentó la Defensoría del Pueblo

En el documento se menciona que la subregión que conecta los departamentos de Huila, Tolima y Cauca se ha convertido en un corredor estratégico para los grupos armados que buscan expandir su influencia en el suroccidente colombiano, facilitando la movilidad de integrantes y recursos, así como el control de actividades económicas y sociales en territorios rurales y urbanos.

Para el organismo de control, la acción de los grupos armados se extiende de manera permanente sobre la franja occidental del Huila, donde mantienen una presencia constante; a la par, la población local, compuesta por agricultores, mineros y comerciantes, se ha visto sometida a una serie de dinámicas impuestas por el grupo armado que opera en la región.

Entre las dinámicas se encuentran la implementación de normas de convivencia, establecidas a través de manuales que regulan la vida cotidiana de los habitantes. Se imponen horarios para la circulación de personas y vehículos, limitando la movilidad y alterando las rutinas de la comunidad.

La Defensoría del Pueblo afirma que el grupo armado recauda fondos mediante el cobro de extorsiones a diferentes sectores, la instalación de retenes y puntos de control en las vías principales y secundarias, en las que incluyen vallas y panfletos que marcan los límites del territorio bajo su influencia.

En el informe se destaca que durante 2025 se documentaron seis asesinatos de civiles que no cumplieron con los lineamientos ordenados por el grupo armado.

“Estos hechos han contribuido al aumento de los índices de homicidio en municipios como Palermo y Neiva, donde la situación de seguridad ha generado preocupación entre los residentes. La ocupación de viviendas y escuelas durante enfrentamientos armados representa otro factor de riesgo para la población civil, que se ve obligada a desplazarse o a convivir con la presencia de actores armados en su entorno inmediato”.

El reclutamiento de menores de edad es otra problemática que persiste en la región. En la mayoría de los casos, los adolescentes son trasladados a otras regiones, como Cauca o la Orinoquía, donde participan en acciones armadas en contra de su voluntad.

Para el organismo de control, este fenómeno afecta especialmente a comunidades indígenas, como el pueblo Nasa, cuyo territorio incluye el resguardo Páez y el cabildo Lame Páez. La presencia de niñas, niños y adolescentes en los escenarios de confrontación incrementa la vulnerabilidad de estos grupos y agrava la crisis humanitaria.

Tras exponer el panorama que se registra actualmente en la región, la entidad emitió 19 recomendaciones dirigidas a distintas entidades nacionales y territoriales, entre ellas el Ministerio del Interior, la Consejería para los Derechos Humanos, el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, con el objetivo de promover acciones coordinadas que reduzcan los riesgos para la población civil y garanticen la protección de los derechos fundamentales en la región.

Desde que comenzó el conflicto interno, en Colombia se han reportado más de 130.000 casos de desaparición forzada, cifra que maneja la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd), aunque el registro de otras entidades es diferente.

De acuerdo con la Comisión de la Verdad, la cifra es de alrededor de 120.000 casos (entre 1985 y 2016); el Registro Único de Víctimas (RUV) contabiliza 215.000 posibles víctimas, mientras que el Centro Nacional de Memoria Histórica (Cnmh) ha documentado 60.000 hechos de esta índole.

Debido a que en la mayoría de los casos hay poca información sobre el posible paradero de las víctimas, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha permitido que comparecientes ayuden a identificar los lugares en los que se encuentran ciudadanos que fueron desaparecidos durante los casos investigados por el tribunal transicional.

54 cuerpos fueron encontrados en un cementerio en Huila

La JEP informó que, como resultado de una avanzada en la que participaron 10 comparecientes de la fuerza pública que han reconocido su responsabilidad en crímenes de asesinatos y desapariciones forzadas, ayudaron a encontrar 54 cuerpos de personas que hasta el momento no han sido identificadas. El proceso se llevó a cabo en el cementerio de Pitalito, Huila, y contó con la participación de expertos forenses de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

El trabajo de campo se realizó entre el 10 y el 19 de junio. Las labores comenzaron luego de que los comparecientes señalaron un sitio en el que tuvieron que ser retiradas 15 toneladas de guadua y otro tipo de vegetación que escondía los cuerpos que habían sido enterrados.

Para garantizar que los comparecientes ayudarán en las labores, la JEP dispuso de un equipo de monitoreo y verificación hasta que se concretó la cuarta fase de la intervención en el cementerio.

Entre los primeros hallazgos se destacan 13 cuerpos que habían sido dejados en la zona pública del cementerio, de los cuales tres cuentan con orientación de identidad, es decir, que las entidades tienen información con la que se permitirá formular una hipótesis sólida sobre la identidad de las víctimas.

Desde la JEP confirmaron que hay nueve familias que ya recibieron los restos de sus seres queridos y que el trabajo realizado por los comparecientes será tenido en cuenta antes de que se concrete una sanción contra ellos. “Estos trabajos anticipados y voluntarios podrán ser tenidos en cuenta por el Tribunal para la Paz como parte del cumplimiento anticipado de la sanción propia que les imponga una vez emita la sentencia. De los 54 cuerpos recuperados en este cementerio, nueve personas han sido identificadas y entregadas dignamente a sus familiares en Huila, Caquetá, Cauca, Putumayo, Cesar y Valle del Cauca”.

Búsqueda se adelanta en otros cementerios del país

Bajo métodos similares a los explicados, la Ubpd llevará a cabo la primera fase de intervención forense en el antiguo cementerio de Zulia, en el área metropolitana de Cúcuta entre el 27 y el 31 de julio.

El objetivo será localizar víctimas del conflicto armado en la región tras una investigación previa en la que se identificaron 27 puntos de interés dentro del cementerio, donde se realizará recuperación de cuerpos, toma de muestras de ADN y recepción de solicitudes de búsqueda de familiares.

Durante esta fase, la Ubpd planea intervenir 10 sitios identificados como prioritarios, además de atender a familiares que deseen aportar información o entregar muestras para el proceso de identificación. No existe una cifra exacta de víctimas que se podrían hallar, ya que se detectaron desórdenes administrativos y ocultamiento de cuerpos por parte de grupos armados, lo que genera un subregistro.

El 28 de julio se confirmó que Wadith Manzur, investigado por su posible participación en el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), presentó un derecho de petición al Congreso de la República para solicitar que lo posesionen como senador de manera virtual o que la mesa directiva del Senado se traslade a la Escuela de Caballería, donde se encuentra recluido, para que pueda jurar allí.

El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, declaró ante los medios que la solicitud está bajo análisis jurídico y que el secretario general revisa el caso junto al equipo jurídico para dar una respuesta conforme a la Constitución y la ley.

Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia solicitó que el Senado se pronuncie sobre la viabilidad de que Manzur asuma su curul, recordando que la medida de aseguramiento en su contra es preventiva y no existe sentencia condenatoria hasta el momento.

¿Es viable que Manzur se posesione de manera virtual?

En diálogo con Infobae Colombia, Alejandro Toca, coordinador de la Maestría en Gestión Pública de la Universidad Politécnico Grancolombiano, explicó que en su concepto, es probable que la solicitud tramitada por la defensa de Manzur sea aprobada.

“Desde la perspectiva de la gestión pública y el análisis institucional, yo diría que sí es una petición jurídicamente posible, en el sentido de que cualquier ciudadano puede solicitar a las autoridades que garanticen el ejercicio de un derecho político”.

Al hacer un análisis más profundo de la situación, el experto mencionó que también se debe tener en cuenta el mensaje que una aprobación de esta índole le daría al país.

“Que sea procedente no significa que necesariamente deba ser aceptada. Lo interesante de este caso no está solamente en la discusión jurídica, sino en la tensión institucional que plantea. El Estado debe armonizar principios igualmente importantes. Por un lado, la presunción de inocencia y los derechos políticos de una persona elegida democráticamente y, por el otro, la necesidad de garantizar el adecuado funcionamiento del Congreso y claramente preservar la confianza de los ciudadanos en este tipo de instituciones que generalmente no gozan de la confianza de la ciudadanía”.

En el mismo sentido, Toca mencionó que no es posible dejar a un lado el contexto de la situación por la que está siendo investigado Manzur, puesto que se trata de un posible delito contra la administración pública.

“No estoy diciendo que esos principios definan jurídicamente el caso, porque esa decisión corresponde a las autoridades competentes, pero sí considero que deben formar parte del análisis institucional y del debate público. En últimas, este caso va a poner a prueba la capacidad del Estado para proteger simultáneamente derechos individuales y la legitimidad de las instituciones”.

El docente aclaró que no se trata de un caso sin precedentes en el país, lo que, en su concepto, agrava la situación.

“Aída Merlano buscó posesionarse como congresista estando privada de la libertad y esto no ocurrió. La solicitud de Karen Manrique, también por el caso de la Ungrd, fue negada por la Corte Suprema. Todos evidencian el mismo desafío. ¿Cómo proteger la representación democrática y la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas al mismo tiempo? Si se privilegia únicamente uno de esos elementos, se va a correr el riesgo de afectar al otro".

En caso de que sea aceptada la solicitud, el experto indicó que es procedente que se explique cómo Manzur garantizará que podrá ejercer sus funciones como congresista privado de la libertad, puesto que esto generaría una nueva discusión sobre el salario que recibiría sin poder cumplir con el control político y las otras facultades que tiene un congresista.

“Si eventualmente una persona llegara a posesionarse, pero las restricciones judiciales le impiden asistir a sesiones, deliberar, votar, integrar comisiones o incluso ejercer control político, inevitablemente va a surgir una discusión sobre cómo armonizar la investidura formal con el ejercicio material de la función pública. Aquí vuelven a aparecer principios de la moralidad administrativa, la eficiencia en el uso de los recursos públicos y la responsabilidad frente al interés general”.

Los denunciantes afirman que estas acciones buscan intimidar y desplazar a quienes recibieron tierras durante la redistribución, con el objetivo de frenar los procesos de titulación rural.

Al respecto, el director de la entidad, Felipe Harman, aseguró que existen intereses para que criminales, como alias Barbie, recuperen predios que el Estado adjudicó a campesinos. Además, advirtió sobre intentos de sectores cercanos al nuevo gobierno para revertir la entrega de tierras recuperadas a la mafia. La ANT pidió a la Fiscalía investigar a fondo y a la comunidad internacional vigilar la seguridad de los líderes y familias afectadas.

ANT recuperó predios que pertenecieron al ‘Hombre del Overol’

El 25 de julio, la entidad informó que, en diligencias que se llevaron a cabo en Antioquia, Valle del Cauca y Tolima, fueron recuperadas más de 800 hectáreas de predios que en su momento pertenecieron a Orlando Henao Montoya, fundador del cartel del Norte del Valle que se conocía en el mundo criminal como el “Hombre del Overol”.

En total, fueron diez predios que suman más de 800 hectáreas, en las que se destacan cuatro en el Valle del Cauca, más específicamente en Tuluá, uno de los puntos de confianza del capo que tomó el poder de las rutas del narcotráfico en la zona tras la caída de los hermanos Rodríguez Orejuela, pilares del cartel de Cali.

“Con la aprehensión de los predios El Gorron, Lote 1, Sin Dirección y Lote de El Pital, que pertenecieron a José Orlando Henao Montoya, alias el Hombre de Overol, avanzamos en la recuperación de tierras para que cumplan una función social y productiva al servicio de las comunidades campesinas”, informó la entidad al respecto.

Estos terrenos se suman a las más de 400 hectáreas que fueron entregadas a campesinos de Tuluá. Sobre estas, las autoridades identificaron y recuperaron los predios El Gorrón, El Pital, La Mona y La Peva, que sumaban años sin ser aprovechados por procesos judiciales contra sus antiguos dueños.

La Agencia Nacional de Tierras transfirió estos terrenos a comunidades rurales, afrodescendientes e indígenas, con el propósito de impulsar proyectos productivos y fortalecer la economía local. Durante la intervención, se verificó que los predios habían sido invadidos por terceros y se confirmó su relación con familiares de Henao Montoya, vinculados a procesos por lavado de activos.

Sobre el “Hombre del Overol”, cabe recordar que fue asesinado el 13 de noviembre de 1998 en la cárcel La Picota, en Bogotá. El perpetrador del crimen fue José Manuel Herrera Buitrago, conocido en el mundo criminal como “El inválido”, hermano de “Pacho” Herrera, cabecilla del cartel de Cali que fue ultimado en la prisión de Palmira por orden de Henao.

Dudas por nuevo decreto de la Agencia Nacional de Tierras para entregar predios

La Agencia Nacional de Tierras ha sido mencionada recientemente por figuras de la opinión pública por el Decreto 0765 de 2026, expedido por el Gobierno Nacional, que reglamentó el saneamiento de predios adquiridos por la entidad como parte de la reforma agraria.

La norma permite que la ANT tome posesión inmediata de los terrenos y gestione la cancelación de cargas registrales, tales como gravámenes y limitaciones, con el objetivo de facilitar la titulación y uso de los predios adquiridos. El decreto establece que el saneamiento ocurre incluso si surgen vicios después de la adquisición, pero no extingue el derecho de terceros a reclamar indemnizaciones mediante acciones judiciales.

En caso de que la justicia ordene la devolución de los predios intervenidos, los que hayan sido entregados a campesinos serán reintegrados de manera económica a sus antiguos dueños.

En un caso de esta índole, en la red social X, la periodista Pilar Rodríguez denunció un caso que ha generado indignación en la localidad de Usaquén, en Bogotá, en donde un hombre agredió a su exjefe tras tener una discusión en la pastelería en la que trabajaba.

La comunicadora narró la versión entregada por cercanos de la víctima, que aseguraron que el individuo, cuyo nombre no fue expuesto, renunció a su labor tras terminar la jornada laboral y exigió que le pagaran su salario y la liquidación en ese momento.

“Ella le acepta, pero él le exige que tiene que pagarle inmediatamente, a lo que la mujer le responde que a final de mes lo hará, lo que le genera una reacción violenta absurda. Esto es un claro intento de feminicidio”.

Como consecuencia de la agresión, la mujer habría terminado con fracturas en la cara y contusiones por los golpes en la cabeza. Actualmente, permanece en un centro médico en Bogotá.

En el caso del agresor, fue capturado por las autoridades y llevado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Paloquemao, en donde permaneció. Durante dos jornadas y luego terminó siendo liberado.

“Él dijo que salía en menos de 36 horas y que la iba a matar. Eso ocurrió el jueves por la noche. Hoy, efectivamente, ya está libre, gracias a la @FiscaliaCol“, escribió la periodista, que afirmó que la Secretaría de Seguridad de Bogotá atendió la situación, pero funcionarios afirmaron que no pueden intervenir en decisiones del ente acusador.

“En este momento, lo único que queda es recordarle a la honorable Fiscalía que cualquier cosa que le llegue a pasar a esta señora será culpa de ustedes. Voy a omitir por ahora los nombres”, puntualizó Rodríguez.

Lo que se observa en el video

En el video que fue difundido por Rodríguez en la red social X, se observa que el hecho se registró sobre las 10:33 p. m. del 23 de julio. En el registro se ve a las dos personas en una discusión en la que ambos utilizan insultos hasta que el hombre golpea en el rostro con la mano cerrada a la dueña del establecimiento y la arrastra del pelo hasta la zona de la cocina.

Mientras la mujer grita en reiteradas ocasiones que la deje ir, el individuo la golpeó en repetidas ocasiones hasta que la víctima logró safarse y correr hasta la zona de atención de los clientes, en donde vuelve a caer al suelo producto de un empujón.

Al observar que había ciudadanos en la puerta del establecimiento, el sujeto intentó escapar, pero la víctima logró detenerlo y pidió que los testigos cerraran la puerta del sitio para llamar a las autoridades. En los segundos finales de la grabación, el sujeto lamentó su actuación y se autopreguntó por sus acciones: “¿Qué hice, qué hice?“, repitió el agresor en la parte final del video.

En los comentarios de la publicación que se hizo viral en redes sociales, usuarios pidieron más información sobre el agresor y los motivos por los que la Fiscalía tomó la decisión de permitir que fuera liberado.

Por otra parte, otras personas lamentaron lo registrado y pidieron que las autoridades tomen cartas en el asunto para marcar un precedente, puesto que la comunicadora afirmó que el agresor amenazó de muerte a la víctima tras ser capturado por la Policía Nacional. Hasta el momento, la Alcaldía de Bogotá no ha emitido ningún tipo de pronunciamiento al respecto.

Previamente, De la Espriella mencionó que buscaría especialmente a jóvenes con alto potencial que le ayuden a facilitar su desarrollo y vinculación en sectores estratégicos del país.

En otros detalles del proyecto, se destacó que el objetivo central es consolidar una red de talento nacional que sirva como plataforma para el crecimiento personal y profesional de sus integrantes, brindando oportunidades de formación, mentoría y acceso a espacios laborales relevantes.

Abelardo de la Espriella entregó balance de la iniciativa

Acompañado por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, De la Espriella explicó en un video publicado en sus redes sociales que cumplirá su promesa de que en su mandato el mérito será la prioridad para contratar.

“Aquí, en nuestro gobierno, el mérito pesa. No necesitan palanca. Vamos a hacer una revolución llevando a los mejores al gobierno sin que requieran de una recomendación de nadie”.

El vicepresidente Restrepo reconoció la labor del mandatario electo y afirmó que las personas que serán escogidas deberán trabajar por el país.

“Así es, porque en el fondo, el compromiso que hemos tenido con los nadies, con todos esos talentos sobresalientes de este país, es para que sean protagonistas de nuestra patria milagro. Porque ustedes son colombianos y el país los necesita en el ejercicio de lo público”.

Como datos del balance, se confirmó que hasta el momento se han registrado más de 260.000 personas, que han postulado su hoja de vida para poder ser vinculadas a cargos vacantes en el Estado después del 7 de agosto.

“Aquí no habrá espacio para la palanca ni para los privilegios. Llegarán los más preparados, los más capaces y los más comprometidos con el servicio a Colombia. Queremos que los mejores talentos de la nación sean protagonistas de esta nueva etapa y pongan su conocimiento al servicio de todos los colombianos”, se lee en la descripción de la publicación.

Así puede inscribirse en el Banco Nacional de Talentos

Para inscribirse en el Banco Nacional de Talentos de la “Patria Milagro”, es necesario ingresar al sitio web patriamilagro.co. Allí los ciudadanos deben registrar sus credenciales profesionales y experiencia. En la plataforma digital, impulsada por el presidente electo Abelardo de la Espriella, se seleccionan perfiles bajo criterios de mérito técnico, eliminando barreras regionales y la tradicional recomendación política.

De acuerdo con el presidente electo, el sistema empleará inteligencia artificial para segmentar capacidades y conectar la experiencia de los postulantes con las necesidades del Estado. El proceso se realizará en alianza con plataformas privadas de reclutamiento, como Magneto Empleos y Marble Headhunter para garantizar la trazabilidad y una clasificación acorde con los requerimientos de la administración pública.

La convocatoria está dirigida a quienes cuenten con formación y experiencia, y permanecerá activa durante todo el mandato presidencial. El registro es el único paso necesario para que los interesados sean tenidos en cuenta en las oportunidades laborales del Estado colombiano.

En la presentación de la iniciativa, De la Espriella afirmó que la plataforma servirá para modificar los métodos habituales de contratación en el sector público y que espera que esto se mantenga en futuros mandatos.

“Este es el fin de la vieja política, esa política de favores, y es el comienzo de la política del mérito, del talento, de la transparencia. Ya no más puertas cerradas. Ya no más, ¿quién te recomendó? Ya no más exclusión por región, por origen o por falta de palanca política“, fueron las palabras del jurista.

Precisamente, en Coveñas, en el departamento de Sucre, se volvió tendencia un ladrón que, tras ser capturado, terminó regañando a su víctima porque preguntó a los policías que adelantaron el procedimiento sobre información para entablar la denuncia formal.

La situación fue expuesta en redes sociales y se hizo viral por los comentarios en los que usuarios se mostraron sorprendidos por lo registrado. Desde el interior de un establecimiento comercial, un testigo grabó el momento en el que se registró el crimen.

Con una presunta arma de fuego, el individuo intimidó al turista, que por el temor tuvo dificultades para quitarse elementos personales y entregárselos al ladrón, lo que provocó que uniformados que estaban cerca del sitio pudieran reaccionar.

Tras la detención y mientras el ladrón estaba siendo inmovilizado por uno de los uniformados, la víctima preguntó a uno de los uniformados sobre el proceso que debía hacer para entablar una denuncia contra el criminal, que rápidamente reaccionó para cuestionar los motivos por los que iba a ser demandado.

“Pero si yo no he hecho nada, acá no ha pasado nada, acá no ha pasado nada. Yo ya le entregué todo lo suyo, abrace y ya”, fueron parte de las palabras del capturado.

El individuo que fue capturado en flagrancia se mostró sorprendido al escuchar que uno de los uniformados le indicó a la víctima que tenía derecho a denunciar, puesto que, en su concepto, al no haber golpeado al turista, no se había concretado ningún crimen. “Eso no se va a poder, si es que no le pasó nada”, cuestionó el sujeto al policía que se encargó del procedimiento.

En la publicación, que cuenta con más de 20.000 reproducciones, usuarios se mostraron indignados con lo registrado, principalmente por el comportamiento que tuvo el agresor tras ser capturado.

“Antes bravo, entonces tocaba que se dejara robar y que la policía lo dejara ir para que estuviera feliz”, “Es un descarado, roba y bravo porque no lo dejaron escapar”, o “Hay que pedirle perdón al doctor, le interrumpieron el trabajo”, son algunos de los comentarios registrados.

La delincuencia preocupa a la ciudadanía en Sucre

Durante el primer semestre de 2026, en el departamento de Sucre se han registrado constantes casos de criminalidad, lo que genera preocupación entre habitantes. En cuanto a homicidios, el departamento alcanzó 40 casos, con Sincelejo como el sitio en el que más ha habido reportes de las autoridades. Municipios como La Unión, Chalán, Sucre, Caimito, Guaranda y Majagual no han reportado homicidios en lo que va del año, según datos oficiales.

En la capital, Sincelejo, se ha registrado una disminución notable en hurtos a personas, con una caída del 27% frente al mismo periodo de 2025, registrando 191 casos; el hurto a residencias disminuyó un 19%, el hurto a establecimientos comerciales un 15% y el robo de automotores bajó un 67%. El robo de motocicletas reportó una reducción del 21% y las lesiones personales cayeron un 19%.

A pesar de ello, la frecuencia de crímenes violentos, incluidos asesinatos de alto impacto y feminicidios, mantiene a la población en alerta. El temor crece por la presencia de estructuras criminales activas, ajustes de cuentas y episodios de violencia intrafamiliar, lo que ha motivado a las autoridades a reforzar estrategias de prevención y control. La percepción de inseguridad persiste, especialmente en zonas donde los hechos violentos se concentran, y la ciudadanía exige respuestas integrales y efectivas frente a la situación.

En la última audiencia del proceso contra ocho empresarios del colectivo Lili Pink por el presunto entramado de lavado de activos que, según la Fiscalía, se concretó durante al menos 10 años en la empresa, el ente acusador reveló conversaciones de algunos de los imputados.

Una de las charlas que más llamó la atención fue en la que Max Abadi, cofundador de la empresa, le pidió a la gerente de recursos humanos que hiciera una limpieza para despedir a los empleados que le dieran información a la Dian de lo que pasaba en las sedes comerciales.

En el audio de dos minutos que expuso la Fiscalía, la trabajadora le indicó a Abadi que habían sido despedidas ocho personas: dos por un robo y el restante por sospechas sobre su comportamiento. Ante esto, el empresario se lamentó por no haber identificado a cercanos de los retirados de sus cargos.

“Tenían que descubrir quiénes eran las personas que están cerca de ellos, con quién se hablan, todo. Los que están robando, sí, pero los otros, por ejemplo, Sandra, a mí me parecía buena”.

Debido a que la gerente de recursos humanos le explicó que una mujer que había sido despedida estaba teniendo comportamientos indebidos para los intereses de la compañía, el cofundador de Lili Pink ordenó que se hiciera una nueva inspección para retirar a otros sospechosos.

“Yo no sabía eso, me hablaron bien de ella, pero yo no sé. Importante en este asunto es buscar, hacer una limpieza completa; cualquier sospecha de cualquier cosita, para afuera. Necesitamos saber, entre tú y yo, todos los que tengan algún vínculo”.

De acuerdo con la Fiscalía, la conversación revelada se registró luego de inspecciones por parte de la Dian en septiembre de 2023.

Otros hechos que reveló la Fiscalía

En la diligencia, la Fiscalía presentó pruebas con las que argumentó la acusación contra los ocho imputados sobre la existencia de un entramado criminal que habría operado durante más de diez años y se consolidó mediante un esquema que utilizaba más de 300 puntos de venta como fachada para ocultar actividades ilícitas, recurriendo a la creación y liquidación de “empresas de papel” en Panamá con el fin de justificar movimientos de mercancía y balances financieros.

Durante la audiencia más reciente, la Fiscalía expuso cómo los imputados habrían creado sociedades en Panamá, tales como Malta Blue S.A., Nepal Blue S.A., 5G S.A., Trechos S.A., Betsy Blue S.A. y One Boy S.A. Los administradores que figuraban en la documentación desempeñaban otros cargos operativos en la estructura empresarial. Además, se identificaron situaciones en las que conductores, operarios y abogados aparecían como representantes legales de estas empresas, mientras realizaban funciones distintas en Colombia.

Las autoridades detectaron que prendas importadas desde Asia eran modificadas, retirando la marquilla original para colocar etiquetas con la leyenda “Hecho en Colombia”. En los operativos se hallaron cajas y productos que, a pesar de estar identificados como fabricados en el país, provenían del extranjero. También se encontraron artículos con referencias y marcas diferentes, así como productos registrados a nombre de dos importadores distintos.

La Fiscalía señaló que el flujo de utilidades generado por estas operaciones se transfería a otros países, consolidando un incremento patrimonial que supera los 442.000 millones de pesos. Este monto se habría conseguido a través de un sistema de comercio exterior que daba apariencia de legalidad a la importación y exportación de mercancías, usando sociedades extranjeras y movimientos financieros en Panamá.

En paralelo, la jueza encargada del caso declaró ilegales parte de las pruebas presentadas por la Fiscalía, al identificar errores en los procedimientos realizados durante los allanamientos en establecimientos comerciales. Según la magistrada, las irregularidades incluyeron falencias en las solicitudes de audiencia y en la legalidad de las órdenes de extracción y análisis de información. Como resultado, la jueza decidió excluir de la actuación procesal el material probatorio obtenido en estos procedimientos, argumentando que se vulneró el debido proceso.

Tras una protesta que paralizó las operaciones durante tres días de la Unidad Nacional de Protección por una protesta laboral que interrumpió la atención de solicitudes urgentes y la implementación de medidas de protección, la entidad emitió un comunicado en el que afirmó que la movilización, que comenzó como una manifestación sindical, derivó en el bloqueo de las instalaciones, afectando directamente la gestión de esquemas de seguridad para parlamentarios electos, líderes sociales, defensores de derechos humanos y periodistas.

Aunque el movimiento sindical, encabezado por dirigentes internos, presentó como objetivo central la defensa de derechos laborales, la UNP aseguró que la acción tuvo un fin político que terminó con la suspensión de procesos clave para la protección de personas en riesgo.

La entidad informó que, durante la protesta, se registró la presentación de 65 acciones de tutela que terminaron con la suspensión provisional del proceso público de contratación de empresas de seguridad encargadas del servicio de escoltas en las zonas uno y dos, áreas con alta demanda de protección.

La UNP reveló que el bloqueo impidió concluir en tiempo una selección abierta y técnica de las empresas que prestan el servicio de seguridad, lo que puso en riesgo la transparencia y la objetividad del proceso de contratación estatal. Ante la suspensión, la UNP advirtió que el próximo gobierno enfrentará la necesidad de recurrir a mecanismos excepcionales, como la contratación directa bajo figuras de urgencia manifiesta, para garantizar la continuidad de los servicios.

Según la UNP, algunas personas que lideraron la protesta obtuvieron beneficios personales en medio del proceso de encargos y ascensos internos, mientras se retrasaba la atención de tutelas y solicitudes de protección.

La entidad subrayó que el movimiento sindical no respaldó las etapas institucionales de formalización laboral ni aportó a la construcción de un proceso estable de contratación. A pesar de ello, algunos de sus promotores resultaron beneficiados por encargos y ascensos, los cuales, según la UNP, se adelantan conforme a la normatividad vigente.

En el comunicado se afirma que los efectos de la protesta no se limitaron al periodo de la manifestación. La UNP indicó que la interrupción de sus funciones generó una crisis contractual para las zonas en las que opera el servicio tercerizado de escoltas. El bloqueo impidió el cumplimiento de fallos de tutela y la implementación de nuevos esquemas de protección para distintas poblaciones en riesgo.

En el comunicado, la entidad detalló que la protesta afectó la protección de líderes sociales y la implementación de esquemas a favor de parlamentarios electos, además de poner en riesgo la continuidad del servicio de escoltas y la vida de miles de personas.

La organización precisó que la situación obliga a la administración entrante a gestionar la contratación de servicios de escoltas mediante procedimientos extraordinarios y expedidos, lo que favorece la selección de empresas cercanas a los sindicatos responsables del bloqueo. La UNP señaló que la protesta no puede considerarse una victoria social, debido al impacto negativo sobre la protección de sectores vulnerables y la continuidad de los servicios de seguridad.

La entidad afirmó que no accedió a negociar bajo presión y que rechazó las peticiones de quienes promovieron el bloqueo y el sabotaje institucional. De acuerdo con el comunicado, la UNP mantuvo una posición de respeto por la legalidad, la autonomía administrativa y los procedimientos establecidos, así como la continuidad del servicio de protección para salvaguardar la vida e integridad de las personas protegidas.

Por último, la UNP reiteró la importancia de distinguir entre quienes defendieron la institucionalidad y quienes decidieron paralizarla, aun cuando la seguridad y la vida de miles de personas estaban en juego. Según la entidad, el proceso de formalización laboral continuará bajo los parámetros legales y contractuales establecidos, y la administración saliente dejará pendiente la resolución de una crisis contractual que deberá ser asumida por el próximo gobierno.

La Sociedad de Activos Especiales (SAE), como entidad encargada de administrar los bienes incautados o extinguidos al crimen organizado en Colombia, tiene como función principal gestionar y proteger estos activos, que incluyen propiedades, empresas, vehículos y otros bienes.

Con el objetivo de evitar que regresen a manos de organizaciones criminales. La SAE custodia estos recursos mientras se define su destino legal, ya sea para su venta, uso social o devolución. Cuando se concreta la extinción de dominio, los inmuebles son vendidos a través de subastas públicas o virtuales.

Precisamente, para ofrecer un balance de su gestión durante lo corrido del 2026, la SAE presentó un informe en el que destacó las cinco principales subastas que ha concretado en los últimos siete meses.

Propiedades de lujo y el regalo de Pablo Escobar a su hijo, las ventas más importantes de la SAE

La SAE informó que las cinco ventas, en conjunto, suman un total de 38.000 millones de pesos de ganancias para la entidad. Todos los procesos se concretaron a través de subastas públicas virtuales, subastas públicas presenciales y venta directa, lo que fue calificado como “uno de los resultados más importantes de la entidad en materia de comercialización de activos”.

La entidad informó que con estas transferencias se ha podido concretar el cambio de bienes que durante años estuvieron vinculados al narcotráfico, el contrabando y otras economías ilícitas para que el efectivo sea invertido en proyectos sociales para revindicar a víctimas del conflicto interno y financiar la administración de otros inmuebles manejados por la SAE.

Estas son las ventas más destacadas por la SAE:

• La Manuela: En Guatapé, Antioquia, la emblemática finca que perteneció a Pablo Escobar Gaviria, que construyó el predio en homenaje a su hija menor, fue adjudicada mediante una subasta pública por 7.700 millones de pesos. Durante décadas fue uno de los mayores símbolos del poder del cartel de Medellín y en la actualidad es utilizado para proyectos turísticos en Antioquia.

• La Caro: En Chía, Cundinamarca, el inmueble de 30.000 metros cuadrados, que perteneció a Luis Reinaldo Murcia Sierra, alias Doctor Martelo, exlíder del cartel de Bogotá, fue adquirido por la Universidad de La Sabana por cerca de 20.000 millones de pesos. Ahora, tras varias modificaciones, será utilizado para proyectos de educación superior.
• Lote Los Mártires: En Bogotá, la SAE realizó la primera subasta pública presencial del año, adjudicando este inmueble por más de 2.844 millones de pesos. El inmueble había sido utilizado para actividades relacionadas con el contrabando y su comercialización; ahora será utilizado para fines comerciales que serán inspeccionados por la entidad.
• Hotel El Laguito: En Cartagena, tras una subasta pública virtual realizada a través de Activos por Colombia, el inmueble para fines turísticos fue adjudicado por 5.420 millones de pesos tras una puja de 31 horas y 48 lances. El inmueble estuvo vinculado a investigaciones relacionadas con la estructura criminal liderada por alias La Madame, que consolidó una red de trata de personas en la capital de Bolívar.
• Inmueble comercial en Medellín: En el barrio Lleras, la propiedad fue comercializada por 2.141 millones de pesos, consolidando la recuperación económica de un activo que durante varios años fue utilizado para esconder un entramado de lavado de activos.

La SAE recordó que, para participar en una subasta, el interesado debe ingresar al portal Activos por Colombia, registrarse y cargar la documentación requerida. Luego, debe manifestar formalmente su interés por el bien elegido y presentar una garantía económica, que puede ser consignación, póliza o garantía bancaria. Tras la verificación, la SAE habilita la participación en la subasta electrónica, donde cada oferta es vinculante. El ganador debe pagar el valor adjudicado y asumir los costos notariales y tributarios correspondientes.

Tras cumplir una condena de seis años en Estados Unidos por crímenes relacionados con narcotráfico, el exfutbolista colombiano Jhon Viafara volvió al país el 7 de febrero de 2026, desde entonces, ha tenido pocas apariciones en público.

Recientemente, Viafara, que fue campeón de la Copa Libertadores en 2004 con Once Caldas, habló en el pódcast Chao con gol sobre el tiempo que estuvo en prisión y las reflexiones que ha hecho en libertad.

Desde Jamundí, Valle del Cauca, Viafara optó por no referirse a los hechos que le costaron su libertad, puesto que aseguró que borró varias cosas de su cabeza tras ser capturado.

“No es de recordarlo, sino que es un momento de shock; la mente se bloquea y deja de pensar en todo. Yo tuve trabajo bueno con psicólogos porque a mí me daba miedo volar cuando estaba en Pasto. Ese método lo utilicé en el momento que me capturaron”.

El exfutbolista afirmó que no fue culpable de lo que afirmaron los medios de comunicación y que estaba haciendo actividades rutinarias cuando se registró su detención por parte de las autoridades.

“Hay tantas cosas que no recuerdo: fechas, caras, momentos que los iba bloqueando. Había un retén y me pararon, ahí listo. Yo estaba en la estación y estaba lleno porque la gente no lo creía. Nadie piensa que lo van a capturar y más yo, que andaba normal, pero la conspiración es jodida. Yo fui a la estación normal y ahí me leyeron los cargos, que fue lo que salió en los medios”.

Al reflexionar sobre lo que vivió en los últimos años, Viafara mencionó que lo único de lo que se arrepiente es de no haber estudiado el sistema judicial colombiano.

“Automáticamente me desconecté para que no me afectara. No pensé en nadie; después comencé a llamar a mi mujer, a mi papá. Llegué a la prisión y encontré gente buena, el que está bendecido, está bendecido. Yo me arrepiento de no haber estudiado cómo funcionan las leyes colombianas, de no haber sido curioso; si yo era curioso, me doy cuenta de que es una conspiración y me cuido”.

Para el vallecaucano, el tiempo que estuvo en prisión es parte de su pasado y no representa nada para sus planes en Colombia.

“Yo no pienso en el pasado. Ahora vivo el día a día al máximo, para no arrepentirme. Yo no digo o pienso en lo que hice. Cuando jugaba, gane o pierda, pensaba en que lo di todo y ya”.

Al recordar cómo hablaron los medios de comunicación y personas cercanas a él tras ser capturado, Viafara afirmó que aprovechó una lección que le enseñó Francisco Maturana en el inicio de su carrera.

“Jhon Viafara es un luchador, un man al que alguna vez ”Pacho" Maturana le dijo, cuando decían que yo era el mejor, me dijo: ‘No les crea, porque mañana esos mismos van a decir que tú eres malo, y ahí te van a acabar’. Llegó el momento en el que dijeron que yo era malo en la vida y tampoco creí eso“.

Por último, el exfutbolista indicó que ha entendido que lo que le pasó es parte del aprendizaje que necesitaba para afrontar un nuevo momento de su vida, en el que prometió que trabajará para ayudar a las personas de su región.

“Yo siempre me tracé objetivos cortos y cuando uno mira atrás, se da cuenta de que fue algo a largo plazo. Todo es una suma. Así ha sido mi vida siempre, con objetivos cortos. La vida es un manual, pero los colombianos buscamos el manual cuando ya pasó algo y cuando nos damos cuenta de que estábamos haciendo algo mal”.

El 23 de julio, sorprendió que Estados Unidos anunciara la aplicación de un nuevo régimen arancelario para productos colombianos, estableciendo un gravamen del 12,5% sobre diversas exportaciones.

El nuevo arancel impacta sectores clave de la economía colombiana, como el agrícola, el textil y el de confecciones. Entre los productos afectados se encuentran flores, café procesado, azúcar, productos del sector textil, prendas de vestir, calzado y algunos alimentos procesados. La medida también alcanza a insumos industriales y otros bienes manufacturados que forman parte importante del portafolio exportador de Colombia hacia Estados Unidos.

El cambio se registró tras la revisión de los acuerdos comerciales y preferenciales que existían entre ambos países. Con la nueva normativa, los empresarios colombianos deben asumir un costo adicional para colocar sus productos en el mercado estadounidense, lo que puede modificar la competitividad frente a proveedores de otros países que mantienen condiciones preferenciales.

La disposición establece que el arancel se aplicará de forma inmediata a los productos incluidos en la lista oficial publicada por las autoridades estadounidenses, haciendo que en Colombia se hable de los problemas que tendrán los exportadores colombianos. Las autoridades nacionales han anunciado el inicio de diálogos para gestionar la situación y buscar mecanismos que permitan aliviar las consecuencias para los sectores más afectados.

Sobre el impacto que tendrá la industria floricultora, Asocolflores emitió un comunicado en el que recordó que hasta abril de 2025 las flores no pagaban arancel para ingresar a Estados Unidos.

De la misma forma, destacaron que Estados Unidos representa el 80% de las exportaciones de flores colombianas, un mercado de 2.000 millones de dólares anuales. Ante la modificación, el sector enfrentará presiones por el aumento de costos operativos y una apreciación del peso colombiano, que ya ha reducido los ingresos de los exportadores en moneda local.

Según Asocolflores, las flores representan el 33% de los productos afectados por el nuevo arancel. Además, Colombia suministra el 60% de las flores importadas por Estados Unidos y el empleo generado en la cadena de distribución alcanza a 240.000 personas en Colombia y 220.000 en Estados Unidos.

Presidente electo se comprometió con Asocolflores

En la tarde del 24 de julio, a través de un comunicado, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, se comprometió a trabajar para mejorar la competitividad y el empleo del sector floricultor.

El jurista afirmó que “trabajará con Asocolflores en la construcción de un plan de choque para recuperar la competitividad del sector floricultor, proteger el empleo formal y garantizar la sostenibilidad de una actividad que genera más de 200.000 puestos de trabajo y representa a Colombia en los principales mercados internacionales”.

Para cumplir con el compromiso, se anunció que el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural designado, Indalecio Dangond Baquero, se reunirá con la presidenta de Asocolflores, Laura Valdivieso, para abordar de manera inmediata los efectos económicos que enfrenta el sector.

La agenda de trabajo priorizará la creación de un Programa Nacional de Coberturas Cambiarias, así como el establecimiento de líneas de crédito preferencial para capital de trabajo e inversiones productivas. Además, se fortalecerán los incentivos para preservar el empleo rural formal, con especial atención a mujeres cabeza de hogar y jóvenes.

“El Gobierno entrante devolverá la confianza a quienes producen y exportan, con soluciones construidas junto al sector y listas para ejecutarse desde el primer día”, es parte del compromiso en el que se destacó que “la floricultura representa empleo, divisas, desarrollo regional y el nombre de Colombia en los mercados internacionales”.

El plan de choque buscará ofrecer respuestas concretas a los desafíos que enfrenta la floricultura y garantizar que Colombia mantenga su liderazgo en los mercados internacionales de flores, protegiendo la estabilidad laboral y la competitividad del sector.

Debido a las denuncias de los conductores sobre el aumento de casos de crimen organizado e inseguridad en la Vía Panamericana, las autoridades han aumentado los controles en el corredor.

En uno de los operativos ejecutado en la zona, el Ejército Nacional recuperó 22 vehículos que habían sido hurtados por las disidencias de las Farc como parte de la Operación Cordillera.

En la diligencia participaron miembros de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación como parte del cumplimiento de una orden judicial de allanamiento que se llevó a cabo en zona rural del municipio de Leiva, en Nariño.

De acuerdo con las autoridades, el operativo se llevó a cabo tras un trabajo de inteligencia sobre un inmueble que estaba siendo utilizado por las disidencias como depósito ilegal de la estructura Franco Benavides.

Además de recuperar los vehículos, en el sitio había dos armas largas, municiones de todo tipo, dos pendones con mensajes alusivos a las Farc-EP, material de intendencia y equipos de comunicaciones.

En el operativo se concretó la captura de una mujer que protegía el inmueble y alertaba a los disidentes en caso de que observara presencia de las autoridades en la zona. Además, se registró el rescate de dos menores de edad que fueron puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos.

Parte de los vehículos encontrados son nuevos y habrían sido retirados de vehículos de carga que llevaban los automotores a concesionarios en los que iban a ser comercializados.

Desde el Ejército Nacional informaron que con este golpe afectaron las redes de apoyo que han consolidado las disidencias en la zona para cometer delitos como hurto, homicidio y ataques contra la fuerza pública en el corredor vial.

“El Ejército Nacional continuará adelantando operaciones militares contundentes, que permitan debilitar las capacidades de la amenaza y neutralizar las acciones delictivas de quienes pretenden alterar la seguridad y tranquilidad en el suroccidente colombiano”.

La crisis de seguridad que se registra en la Vía Panamericana

La Vía Panamericana en el Cauca se convirtió en un escenario crítico de la crisis de seguridad en el suroccidente de Colombia. Los constantes atentados atribuidos a las disidencias del Estado Mayor Central bajo el mando de “Iván Mordisco” generaron un ambiente de temor entre la población civil y las autoridades. Uno de los hechos más graves se registró en un ataque con explosivos contra un bus municipal en el que murieron 22 civiles. Por ello, el Ejército Nacional reforzó su presencia en la región con el despliegue de 2.800 soldados, vehículos blindados y la llegada de pelotones adicionales.

Recientemente, la institución informó que localizó y neutralizó una carga de más de 600 kilogramos de explosivos en la vereda La Loma, en el sector de Piendamó. El material, compuesto por nitrato de amonio, estaba dispuesto para causar daños en un radio superior a 300 metros. La intervención requirió varias horas debido a la complejidad del terreno y la magnitud del cargamento. La fuerza pública aseguró la zona y trasladó los explosivos para su desactivación.

“De acuerdo con la verificación realizada en el lugar, esta carga explosiva tenía la capacidad de generar graves afectaciones en un radio superior a los 300 metros, lo que representaba una amenaza directa tanto para la fuerza pública como para la población civil que transita por este sector”, informó el Ejército.

Debido a que los ataques provocaron indignación y miedo en las comunidades, que sufrieron suspensión de actividades en la zona, las disidencias intentaron ofrecer compensaciones económicas a las familias afectadas, pero esta propuesta fue rechazada por considerarse inadmisible.

Durante la última audiencia que se llevó a cabo en el caso Lili Pink, en el que la Fiscalía imputó cargos a ocho personas por el presunto lavado de activos que se había registrado al interior de la empresa durante más de 10 años, el ente acusador presentó parte de las pruebas con las que buscará demostrar cómo funcionó el entramado criminal.

La fiscal del caso expuso que, al igual que en Colombia, los imputados crearon y liquidaron varias “empresas de papel” en Panamá para justificar la entrada y salida de mercancía, además de balances de ganancias de la presunta venta de sus productos en ese país.

Se reveló que los operativos que adelantó la Fiscalía junto con la Dian en establecimientos comerciales fueron claves para identificar que había prendas a las que se les cambiaba la marquilla original para poner una con la leyenda: “Hecho en Colombia”.

Juez regañó a la Fiscalía por los errores en los procedimientos

Durante la audiencia de imputación de cargos, tras las pruebas que presentó la Fiscalía para argumentar que la sociedad consolidó una estrategia para lavar millones de pesos, la jueza declaró ilegal el material presentado por errores registrados durante los allanamientos.

La jueza manifestó que durante la diligencia escuchó detalladamente los errores que cometió el ente acusador, a los que se sumaron falencias en las solicitudes que hizo la fiscal.

“Entonces, ya son muchos los errores que cometió la señora fiscal y esto no puede pasar. Esto debe ser, debe hacerse un llamado de atención y la unidad de la dirección especializada debe conocer la manera como la señora fiscal está realizando sus solicitudes de audiencia de una manera, pues descuidada”.

Luego de conocer cómo se llevaron a cabo los operativos, la togada concluyó que no es posible legalizar las pruebas presentadas por la Fiscalía porque se consiguieron en procedimientos indebidos.

“Hubiera seguido así sin ningún fundamento legal. Entonces cae por su propio peso que la orden emitida es completamente ilegal, por lo tanto, pues el procedimiento y los resultados tendrán la misma suerte por lo expuesto, pues el juzgado 18 penal municipal con función de control de garantías declara la ilegalidad material y formal por la vulneración al debido proceso”.

Aunque reconoció la importancia y la gravedad de los hallazgos presentados por la Fiscalía, la jueza recordó que los términos procesales son de suma importancia en todos los casos.

“Recordemos que los términos procesales son de obligatorio cumplimiento, son de orden público y están ligados al debido proceso, completamente ligados al debido proceso. Por lo tanto, y en violación al debido proceso, la orden de extracción de análisis de información de producto y la recuperación de datos, así como el procedimiento… Deberá excluirse de la actuación procesal”.

Tras el llamado de atención que hizo la jueza, señaló que los hechos podrían dar lugar a una compulsa de copias; sin embargo, concluyó que era suficiente con que los directivos de la Fiscalía estén al tanto de que la funcionaria realizó las solicitudes procesales de forma poco cuidadosa.

Cabe mencionar que, durante la audiencia de imputación, ocho empresarios investigados no aceptaron los cargos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito formulados por la Fiscalía. Entre los señalados están Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias.

El proceso continuará en etapa de imputación. Mientras las defensas niegan que exista responsabilidad penal establecida, los establecimientos comerciales de la marca seguirán siendo administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

En las audiencias del proceso contra las cadenas de tiendas de Lili Pink, propiedad de Fast Moda S.A.S., la Fiscalía General de la Nación ha revelado detalles de cómo se concretó el entramado criminal.

Cabe recordar que en abril de 2026 las autoridades intervinieron los establecimientos de la marca al revelar que había pruebas suficientes para asegurar que la empresa cometió delitos de lavado de activos y contrabando de textiles.

Mientras avanza el proceso, las tiendas han sido administradas por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), puesto que se concluyó que se trata de una compañía que genera ganancias por fuera de la acción delictiva.

Hasta el momento, la Fiscalía ha imputado por los delitos de concierto para delinquir, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito a ocho directivos de la empresa.

Entramado criminal habría llegado hasta Panamá

En la última audiencia registrada del caso, el ente acusador aseguró que los más de 300 establecimientos de la marca funcionaron como fachada para esconder un entramado criminal que se mantuvo durante más de diez años.

La investigación comenzó luego de que fue presentada una denuncia ante la Dian sobre posibles irregularidades al interior de la empresa que tenía sociedades con otras marcas del mismo grupo empresarial.

Con los avances de la investigación, se conoció que los primeros hechos delictivos se registraron en 2013 con procesos de importación de mercancía de contrabando que era comercializada en Colombia.

De acuerdo con el ente acusador, se consolidó un esquema que incluyó sociedades en Panamá, lo que incluía la importación de varios productos y el envío de las utilidades a otros países.

“La organización se dedicó a la realización de operaciones de comercio exterior dándole apariencia de legalidad con el fin de lograr el ingreso de mercancías al territorio aduanero nacional”, argumentó la fiscal, que reveló que durante ese proceso fueron creadas y liquidadas varias empresas que aparecían como destinatarias de los productos que ingresaban o salían de Colombia.

En Panamá fueron identificadas las empresas Malta Blue S.A., Nepal Blue S.A., 5G S.A., Trechos S.A., Betsy Blue S.A. y One Boy S.A., en donde los administradores (que aparecían en los documentos) en realidad ocupaban otros cargos en la operación de las mismas.

“Quienes registran constituyendo las sociedades y fungiendo como representantes legales son en realidad personas con cargos operativos como conductores, operarios, tesoreros y abogados al interior de la empresa”.

La fiscal explicó que, gracias a información obtenida mediante cooperación judicial, se detectaron varias multas de tránsito en Panamá relacionadas con personas vinculadas a una investigación. Mencionó a Joey Sabady Omsani, que figura como conductor de empresas registradas en Panamá. También señaló a Malaquilla Vismar Hernández, a quien se le encontró un establecimiento comercial de comida rápida llamado Delicias Eli.

La fiscal sostuvo que esta situación respalda la idea de que hay personas que aparecen como titulares de empresas que realmente controlaban negocios en Colombia, patrón que se identificó con otras “empresas de papel”.

Los operativos de control en las sedes de los comercios fueron claves para descubrir cómo funcionaba el lavado de activos, puesto que había mercancía cuya información no coincidía con las declaraciones de importación. Para esconder las irregularidades, se solía retirar la marquilla oficial de la prenda para sustituirla con una que tuviera escrito “Hecho en Colombia”.

En estos procedimientos, la Fiscalía informó que halló cajas identificadas como fabricadas en Colombia, pero contenían productos extranjeros. Además, encontró mercancía con dos marcas distintas, referencias que correspondían a artículos diferentes y productos registrados a nombre de dos importadores distintos, lo que es parte de la evidencia que seguirá siendo expuesta en futuras diligencias.

El 9 de junio de 1995 se registró la captura de Gilberto Rodríguez Orejuela, fundador y máximo líder del cartel de Cali, organización criminal que tomó el poder del narcotráfico en Colombia tras la muerte de Pablo Escobar. El 6 de agosto del mismo año, se llevó a cabo un operativo en el que cayó Miguel Rodríguez Orejuela, hermano menor de “El Ajedrecista” y último pilar de la estructura delincuencial.

Han pasado más de 30 años desde que los hermanos Rodríguez Orejuela perdieron el poder del narcotráfico. Tras ello, fueron enviados a prisiones en Estados Unidos y en mayo de 2022 se registró la muerte de Gilberto Rodríguez Orejuela, mientras que Miguel, con 82 años, actualmente pide clemencia para que las autoridades le permitan pasar los últimos años de vida en Colombia.

Poco se conoce de la vida de las familias de los fundadores del cartel de Cali, por lo que sorprende que Miguel Andrés Rodríguez Moreno, hijo mayor de Miguel Rodríguez Orejuela, haya tomado la decisión de hablar ante un medio de comunicación sobre cómo es su relación con el capo.

En una entrevista para EFE, el hijo de “El Señor”, que tuvo ocho descendientes, habló sobre lo que representa llevar el apellido de una de las personas que más daño le hizo a Colombia.

“Me he desligado”, indicó Rodríguez Moreno al mencionar que en ningún momento participó en algún negocio de narcotráfico, y que actualmente se centra en seguir con sus proyectos con abogados (su profesión) y como consultor empresarial.

Rodríguez Moreno habló sobre el momento que cambió su vida para siempre, cuando el 6 de agosto de 1995 el jefe de seguridad de su padre entregó las coordenadas sobre su ubicación y “El Señor”, como se le conocía al que llegó a ser dueño del América de Cali, fue capturado por la Policía Nacional.

“Lo primero que se me vino a la mente fue: ‘A mi papá lo mataron’. Cuando me dijeron que lo habían capturado, descansé, porque para mí fue volver a reencontrarme con él, aunque fuera en una cárcel”.

Debido a que tenía 17 años, y en su concepto, no tenía claridad de la vida, para Miguel Rodríguez Moreno su padre no era un criminal, pero tras el operativo entendió la magnitud del comportamiento que este tenía y del que los alejaba al mantenerlos en una “cúpula de cristal”.

“Éramos unas personas en una cúpula de cristal. No era tan fácil acceder a la información como hoy”, fue como justificó que durante varios años no creía que su padre fuera un peligroso narcotraficante.

Sorpresivamente, aseguró que conoció de una mejor manera a su padre durante el tiempo que pudo visitarlo en Colombia, puesto que antes tenía una relación distante porque habitualmente Rodríguez Orejuela no tenía tiempo para charlar con él.

“Cuando estuvo en la cárcel fue donde realmente nos conocimos. Compartíamos mucho más que cuando estaba libre”, recordó el hijo de “El Señor”, que sigue hablando con su progenitor, pero no ha podido visitarlo debido a que le han rechazado la visa para ingresar a Estados Unidos en repetidas ocasiones.

Rodríguez Moreno narró que su padre tiene problemas de memoria y padece de algunas enfermedades que son “normales” para una persona de 82 años. Además, optó por no hablar nada sobre el auge del cartel de Cali, puesto que aseguró que era un niño que no sabía nada sobre ese negocio.

“Me he desligado de algo porque tengo muy claro mi amor propio y mi conciencia tranquila de que nunca participé en un acto criminal”, puntualizó Rodríguez Moreno.

Desde 2021, el creador de contenido español Ibai Llanos organiza una velada de boxeo amateur en la que participan youtubers, streamers y todo tipo de celebridades. En 2026, el evento se llevará a cabo el sábado 25 de julio en Sevilla.

Con 10 peleas y varios artistas que se presentarán entre combates, Llanos buscará volver a romper el récord de la transmisión de habla hispana con más espectadores de la historia. Para que el evento genere expectativa en varios países, en la velada habrá participación de boxeadores de España, Argentina, México, Colombia, El Salvador y Puerto Rico, siendo el combate entre TheGrefg, que derrotó a Westcol en la edición del 2025, contra Illo Juan, el evento estelar de la jornada.

Otro combate que ha llamado la atención es el de Edu Aguirre vs. Gastón Edul, puesto que es la primera vez que se enfrentarán dos periodistas en un evento que en las ediciones anteriores ha sido exclusivo para creadores de contenido.

Edu Aguirre es conocido en España por participar en el programa deportivo El Chiringuito y por su amistad con futbolistas como Cristiano Ronaldo y James Rodríguez. Por su parte, Edul es recordado por ser el periodista que entrevistó a Lionel Messi tras el partido de los cuartos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 en el que el “10″ le dijo la frase “¿Qué miras, bobo?” al atacante Wout Weghorst.

Habrá doble representación colombiana

La primera pelea del evento será entre la colombiana Valeria Solano, más conocida como La Parce, contra la española Fabiana Sevillano, para la que se ha pactado que ambas lleguen con un peso de 53 kilogramos.

La Parce es una creadora de contenido digital colombiana que tiene más de un millón de seguidores entre Instagram, TikTok y YouTube. En su contenido habla sobre temas cotidianos, experiencias personales y situaciones de la vida urbana en Colombia.

Este será el orden de los encuentros de La Velada del Año VI:

• La Parce vs. Fabiana Sevillano.
• NataliaMX vs. Clers.
• Edu Aguirre vs. Gastón Edul.
• Marta Díaz vs. Tatiana Kaer.
• Kidd Keo vs. Lit Killah.
• Angie Velasco vs. Alondrissa.
• Viruzz vs. Gero Arias.
• Rivers vs. Roro.
• Plex vs. Fernanfloo.
• TheGrefg vs. IlloJuan.

Entre los artistas confirmados, para Colombia se destaca la presencia de Juanes, que presentará parte de las canciones de su último álbum, llamado JuanesTeban, que tiene 16 canciones en las que el antioqueño mezcla rock, cumbia y folclor, e incluye colaboraciones con artistas como Mon Laferte, Bomba Estéreo y Rawayana.

Además del colombiano, en el evento cantarán Yandel, Bad Gyal, Anuel AA y el dúo conformado por Lucho RK y La Pantera. Hasta el momento, Ibai Llanos no ha revelado el orden en el que se presentarán los artistas invitados.

Hora y dónde ver La Velada del Año VI

El evento será transmitido en los canales de Twitch, YouTube y TikTok de Ibai Llanos, y comenzará sobre las 12:00 p. m. (hora de Colombia). Sobre los detalles de la organización, el creador de contenido ha confirmado que se trata del proyecto en el que más invierte cada año debido a que debe pagarle a cada uno de los invitados. Aunque no ha revelado la cifra total que abonó para realizar la velada del 2026, afirmó que se trataría de una cifra de hasta 10 millones de euros.

En una entrevista con EFE, el español habló sobre lo que deben esperar los espectadores del nivel de los boxeadores y confesó que ha rechazado propuestas de políticos de varios países que le han pedido participar en el evento. “Es gente que no está habituada a hacer deporte, aunque hay algunos que sí, y que se enfrentan a un reto de seis o siete meses, tanto de cambio físico como de rutina de vida, para enfrentarse en un combate de boxeo, este caso en Sevilla”.

Además, Llanos afirmó que está considerando participar como peleador en 2027 y lo que representa organizar La Velada del Año para su carrera. “Yo me lo paso muy bien porque me entretiene mucho idear los combates y pensar qué combinaciones son buenas”.

El 23 de julio, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos al cantante vallenato Jorge Iván Díaz Lafaurie, conocido como Churo Díaz, por el presunto delito de abuso sexual de una menor de 14 años. La diligencia judicial se llevó a cabo ante un juez de control de garantías en Valledupar, como parte de un proceso penal impulsado por hechos denunciados hace varios años.

Durante la audiencia, la Fiscalía formalizó la imputación contra el artista y solicitó la imposición de una medida de aseguramiento. Sin embargo, la decisión sobre si el cantante enfrentará el proceso en libertad o con alguna medida restrictiva quedó aplazada debido a la suspensión de la diligencia, por lo que será un juez el que defina en una próxima audiencia la situación jurídica de Díaz.

Actualmente, el caso está a cargo de una unidad especializada en delitos contra niños, niñas y adolescentes, luego de que se conocieron detalles de la denuncia por la que se abrió el proceso penal. Con la imputación, se inicia formalmente la etapa judicial en la que la Fiscalía presentará los elementos de prueba que respaldarán la acusación.

Hasta el momento, Churo Díaz se pronunció para rechazar las acusaciones e insistió en que es inocente. Cabe recordar que, mientras avanza el proceso legal, el cantante mantiene la presunción de inocencia, por lo que podrá continuar ejerciendo su profesión.

Piden que Churo Díaz no cante en las fiestas de Santa Marta

El 24 de julio, el abogado y veedor Gabriel Escobar se pronunció desde su cuenta de X sobre la situación que afronta Díaz para pedir que la Alcaldía de Santa Marta retire al artista de la celebración del cumpleaños 501 de la ciudad.

“Churo Díaz no debe cantar en la Fiesta del Mar. Rechazo categóricamente que Churo Díaz, recientemente imputado por la Fiscalía por su presunta responsabilidad en gravísimos delitos sexuales contra una niña de apenas cuatro años, sea presentado en el cumpleaños de Santa Marta”, escribió Escobar.

El jurista explicó que, aunque Díaz no ha sido declarado culpable, no es posible que en la capital del Magdalena ignoren las acusaciones contra el artista. “Aunque la imputación no equivale a una condena, el distrito no puede ignorar la gravedad de los hechos investigados ni entregarle una tarima pública pocos días después”.

Por último, Escobar le envió un mensaje al alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, al que le pidió dejar un precedente cancelando la presentación del cantante. “Le solicito al alcalde @CarlosPinedoC que lo retire de la programación y adopte las medidas necesarias para terminar su contratación. Santa Marta debe enviar un mensaje claro: con los derechos de la niñez no puede haber ambigüedades”, puntualizó.

Hasta el momento, la Alcaldía de Santa Marta no ha cambiado el cronograma previsto para la celebración que comenzó el 23 de julio y terminará el 29 de julio con un concierto público. Además de Díaz, otros artistas confirmados para el evento son: Mane Ariza, Stereo Beat, Yera, Blindaje 10, Theo y Reynel, además de Panguito Maestre, Gusi y Beéle.

¿Quién es Churo Díaz?

Jorge Iván Díaz Lafaurie nació en Valledupar. Dentro de su discografía destacan canciones como Te Perdono, Tu Me Ganas, El Rey Guajiro y Ni Que Fueras La Más Buena, que han sido populares principalmente en emisoras del Caribe colombiano.

Su estilo se caracteriza por la mezcla de elementos tradicionales del género con aspectos modernos, lo que lo ha llevado a participar de festivales en el mundo. Actualmente, es uno de los artistas más consagrados del vallenato contemporáneo.

Entre los reconocimientos que ha recibido se destaca el premio a Mejor Artista Vallenato en los Premios Luna 2025 por su éxito El Fuete, el galardón a Mejor Álbum del Año en los Upar Awards por ese mismo trabajo discográfico, y el reconocimiento Pentagrama de Oro otorgado por la Gobernación del Atlántico.

La decisión final la tendrán los representantes a la Cámara el 27 de julio, mientras que en Colombia se sigue hablando sobre lo que representaría que el presidente electo sea posesionado en una guarnición militar.

Durante el debate, algunos senadores argumentaron que la posesión en una instalación militar simboliza un homenaje a las fuerzas armadas, mientras que los que están en contra afirmaron que este acto podría interpretarse como una señal de subordinación del poder civil al militar.

De la votación, sorprendió que el senador Luis Carlos Rúa, conocido como Elefante Blanco, votó a favor del traslado del Congreso para el 7 de agosto, motivo por el que recibió críticas por parte de senadores que recordaron que Rúa prometió no apoyar el despilfarro de dinero en el Estado.

Elefante Blanco reaccionó a las críticas en redes sociales

“Vamos a hablar de esto”, es como comienza el video con el que Rúa, disfrazado de Elefante Blanco, argumentó por qué votó a favor de que la posesión presidencial sea en el Cauca.

Rúa manifestó que al votar pensó en el departamento que fue protagonista de una de sus primeras denuncias en redes sociales por el abandono que se registraba en un hospital que era vital para las poblaciones, lo que, en su concepto, hizo que pensara que es momento de que se vuelva a hablar del Cauca en Colombia.

“Mi decisión, contraria a las especulaciones que se hacen con respecto a si me le vendí al gobierno de turno, no pueden estar más lejos de la realidad. El razonamiento que tuve nació desde la relación que tengo con este departamento y de las gestiones que este proyecto ha tenido frente al territorio. Mi relación con el Cauca no empezó ayer”.

El senador señaló que en estos momentos no hay ambulancias suficientes en el departamento, que un juez ha negado una solicitud para que los centros de salud sean dotados y reveló que, según lo que ha investigado, hay “elefantes blancos” (obras abandonadas) para los que se necesitan 77.000 millones para que se terminen las construcciones.

“Hay un saldo de 77.000 millones en elefantes blancos en la región, alcanzando registro de 58 obras inconclusas que aumenta cada año. Si la administración entrante decide asumir esta responsabilidad desde el Cauca, con un gasto adicional de 5.305 millones de pesos, pues que tenga el compromiso de que la institucionalidad va a quedarse en un lugar donde por décadas han incumplido sus promesas”.

El congresista mencionó otros aspectos por los que consideró que su voto a favor podría servir para que el Cauca reciba más apoyo del Estado en los próximos años.

“Pensando en hacer que la atención del país tuviera los ojos en el Cauca y que el compromiso del Estado fuera no solo simbólico, sino oficial y legítimo. Leo lo que ha pasado, los escucho y entiendo sus preocupaciones. Me parecen legítimas. Mi interés no es que se reproduzca la idea de instrumentalizar a una región del país que enfrenta desde hace décadas tantas problemáticas que conozco en carne propia”.

Rúa propuso que el mandatario electo deje a un lado la idea de posesionarse en una guarnición militar y le pidió que se comprometa a que el dinero que no se invertirá en ello sea utilizado para invertirlo en el Cauca.

“Así que puedo decirles desde el rol que hoy ocupo en representación de quienes han creído en este proyecto que no apoyaré a que la posesión se haga en guarnición militar y que ese dinero que se va a gastar de más se vea justificado en un compromiso real con el territorio. Compromiso al que le haré control político”, puntualizó el congresista Rúa, que pidió que sus seguidores dejen una retroalimentación sobre lo registrado en los comentarios de la publicación.

Antes de que Abelardo de la Espriella sea posesionado como nuevo presidente de Colombia, entre los retos que asumirá se destaca la situación que se registra en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por el hacinamiento en prisiones y los problemas de contratación.

En el último año, el Inpec ha enfrentado numerosos problemas estructurales y operativos. El hacinamiento en las cárceles aumentó, afectando el acceso a servicios básicos y la convivencia interna; persiste un déficit de personal, especialmente en el Cuerpo de Custodia, con más de 12.000 guardianes faltantes, y se han documentado restricciones para el monitoreo independiente, especialmente en investigaciones por corrupción, tortura y abuso sexual.

Por otra parte, existen quejas por falta de recursos, problemas en el mantenimiento de vehículos y expendios internos, y riesgos sanitarios, lo que se suma a las amenazas que han recibido guardianes adscritos a varias prisiones.

El Inpec que recibirá De la Espriella

A falta de 14 días para que termine el mandato de Gustavo Petro, El Tiempo reveló datos del informe de empalme presentado al equipo de transición sobre el Inpec, lo que refleja un panorama complejo en el sistema penitenciario del país. El documento tiene datos desde el 7 de agosto de 2022 hasta el 7 de marzo de 2026 sobre la población carcelaria, el déficit de personal que tiene el instituto y otros problemas.

Sobre el hacinamiento, se informa que en el último reporte fue del 27% y se argumenta que el motivo es que la cantidad de reclusos en el país es de más de 102.000 personas, mientras que la capacidad carcelaria solo aumentó 378 plazas y no supera los 82.000 cupos.

Entre los factores que aumentan la crisis se destacan el cierre definitivo del centro de reclusión de La Ceja y la inhabilitación temporal o definitiva de espacios en otros establecimientos por problemas de infraestructura.

En el informe se proyecta que la apertura de prisiones en Riohacha, El Pilamo y Sabanas de Ángel ayudará a mermar la problemática, pero se aclara que hay que hacer mantenimientos de las infraestructuras de otros lugares que están en condiciones negativas, lo que impediría que se regule la situación.

El déficit de personal de custodia y vigilancia es otro de los retos que se plantea, puesto que el Inpec ha reconocido que los avances son parciales en contraste con la necesidad estructural para cumplir con los estándares requeridos.

En el texto citado se afirma que la ampliación de la planta requiere viabilidad fiscal, definición de fuentes de financiación y coordinación para asegurar la sostenibilidad presupuestal. Además, se destaca que el concurso de méritos para proveer cargos en el cuerpo de custodia sigue en etapa de inscripción, mientras el proceso anterior dejó demandas judiciales por nulidad y restablecimiento de derechos.

La entidad también reportó 53 hallazgos de la Contraloría sin cerrar hasta 2021, 203 reportes previos y 50 más de una auditoría financiera de 2025. El inventario total de observaciones de la Contraloría contra el Inpec, entre 2009 y 2025, asciende a 306, abarcando problemáticas como atención social, gestión de talento humano y financiero, logística, planificación y seguridad penitenciaria.

Entre las situaciones detectadas se encuentran deficiencias en la regulación de la jornada laboral, necesidades de apoyo en instalaciones específicas y casos de pagos a funcionarios que no prestaron servicios entre 2024 y 2025.

El informe concluye que no se han logrado consolidar condiciones mínimas estructurales y sanitarias en las prisiones del país, una situación reiterada por la Corte Constitucional desde 1998, mientras que el presidente electo prometió que resolverá parte de las problemáticas con la construcción de 10 cárceles concesionadas a empresas privadas y con un nuevo cuerpo de seguridad.

Desde que volvió a Colombia tras cumplir una condena de más de 30 años en Estados Unidos y permanecer algunos meses en Alemania, Carlos Lehder, fundador del cartel de Medellín, ha revelado detalles de lo que vivió como uno de los principales narcos de la historia y los cambios en la sociedad a los que ha tenido que adaptarse tras permanecer más de tres décadas privado de la libertad.

En el pódcast Más allá del Silencio, Lehder habló sobre la entrega de la estatua de John Lennon a la Gobernación del Quindío para que vuelva a ser ubicada en La Posada Alemana, ubicada en la vía que conecta a Armenia con Pereira.

Al ser cuestionado sobre cómo logró conservar algunos elementos que le pertenecieron en los 80, Lehder decidió contar qué pasó con su fortuna tras ser el primer narco colombiano en ser extraditado a Estados Unidos.

Lehder habló sobre su fortuna y lo que le quedó del narcotráfico

Lehder reiteró que actualmente vive de vender su libro, Vida y muerte del cartel de Medellín, lo que describió como su mensaje para las nuevas generaciones y aquellos que piensan que en el narcotráfico hay una oportunidad para hacer dinero.

El colombo-alemán aseguró que no tiene propiedades a su nombre, que está comprometido con aportarle a la sociedad colombiana y que actualmente sueña con poder tener una vivienda propia.

“Promuevo y estoy tratando de escribir un segundo libro. Las leyes hoy son tan sofisticadas, los sistemas de los gobiernos son tan sofisticados que es sumamente difícil conservar, para cualquier narco, una fortuna ilícita... El Gobierno de Las Bahamas confiscó la isla (Cayo Norman) y el Gobierno de Colombia confiscó todas las propiedades. No tengo testaferros”.

Ante los rumores de que vive de la fortuna que escondió en el país, el oriundo de Armenia aseguró que todo su dinero lo invirtió en propiedades que le fueron confiscadas tras ser capturado.

“Es el cuestionamiento de un observador que no está implicado. El narcotráfico tiene una sola garantía: que la persona va a la cárcel, le confiscan absolutamente todo o se muere en conflictos con rivales. No hubo caletas, mis inversiones eran en propiedades”.

Lehder confesó que tiene el sueño de volver a Estados Unidos como turista, pero ese hipotético viaje no incluye volver a pasar por las prisiones del “mundo oscuro” en el que vivió durante 33 años. Para concretar su viaje tendrá que esperar cinco años para que pueda solicitar una visa humanitaria.

“Sentirse libre después de estar media vida perseguido y encarcelado es glorioso, es fascinante. Sin echarle azúcar a la historia, disfruto más con lo que encuentro nuevo, con lo que por muchos años no pude comer”, indicó el exnarcotraficante.

El oriundo de Armenia aprovechó el espacio para enviarle un mensaje a los jóvenes en Colombia, a los que invitó a ayudar a que el país sea un lugar mejor para todos.

“Lea, estudie, prepárese; yo no tuve acceso a computadores y teléfonos inteligentes, la generación nueva lo tiene. Yo creo que: No preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por el país”.

Por último, confirmó que se arrepiente de haber ingresado al mundo del narcotráfico e imaginó cómo habría sido su vida sin enviar cocaína a Estados Unidos y habiendo tomado las oportunidades que su padre le ofreció para poder hacer una carrera universitaria.

“Yo tengo cicatrices porque trataron de secuestrarme, pero tengo también de las de 33 años de confinamiento. Yo les digo a los que piensan que es un deleite quebrantar las leyes que no pierdan el tiempo. Me arrepiento porque no tuve la fuerza de voluntad de rechazar las ofertas del narcotráfico. Que la nueva generación no cruce por el puente que yo sé que se va a caer“, puntualizó Carlos Lehder.

Tumaco, municipio ubicado en la costa pacífica de Nariño, cuenta con una población estimada de 220.000 habitantes, en su mayoría afrodescendientes e indígenas, y aunque se destaca por su riqueza cultural, biodiversidad y potencial turístico, la presencia de grupos armados ilegales ha provocado que se generen estigmatizaciones contra el territorio.

Buscando mostrar la verdadera cara de la región, la Dirección General Marítima (Dimar) y la Sociedad Portuaria de Tumaco presentaron el documental Con los ojos puestos en los océanos, una producción audiovisual que recorre Tumaco para contar, desde las voces de sus habitantes, investigadores y autoridades, cómo el océano hace parte de la identidad, la economía, la cultura y el futuro del Pacífico colombiano.

“Más que un registro audiovisual, el documental refleja el trabajo que se desarrolla para fortalecer la investigación científica marina, la seguridad integral marítima y la apropiación social del conocimiento, integrando la experiencia de las comunidades con el desarrollo científico y tecnológico que lidera la entidad”, declaró sobre el proyecto el capitán de Navío Juan Carlos Olarte.

La producción reúne testimonios de pescadores artesanales, mujeres concheras, docentes, estudiantes, científicos, autoridades locales y representantes del sector privado, que coinciden en que proteger el océano también significa proteger la historia, el bienestar y las oportunidades de desarrollo de miles de familias que dependen de él.

En el documental se destacan las capacidades científicas que existen en la región para generar información técnica que apoya el ordenamiento marino y costero, la elaboración de cartas náuticas, los pronósticos meteomarinos y otras herramientas fundamentales para la seguridad de la navegación y la planificación del litoral Pacífico.

De la misma forma, el audiovisual muestra cómo la educación ambiental y la divulgación científica permiten acercar el conocimiento oceanográfico a niños, jóvenes y comunidades costeras, despertando vocaciones científicas y fortaleciendo el sentido de corresponsabilidad frente a la conservación de los ecosistemas marinos.

Creadores del documental afirmaron que buscaron que este resaltara las acciones desarrolladas por organizaciones sociales, de la academia y empresas privadas para recuperar playas, restaurar ecosistemas de manglar y promover prácticas sostenibles que contribuyen a la resiliencia ambiental del territorio.

“Ver a nuestra comunidad, a nuestros pescadores y jóvenes, ser protagonistas de esta historia nos llena de orgullo. Este trabajo conjunto demuestra que, cuando el conocimiento científico se suma a la visión de quienes habitamos este territorio, logramos una gestión del Pacífico más consciente”, indicó Guillermo Londoño, vocero de Pacific Port.

Londoño también habló de la importancia de sumar esfuerzos entre instituciones, comunidades y sector productivo para consolidar un desarrollo marítimo responsable y sostenible. “Nuestro compromiso es seguir impulsando proyectos que protejan el ecosistema mientras garantizamos bienestar para las familias que dependen del mar”.

La producción audiovisual concluye con una invitación a reconocer el océano como un patrimonio natural que conecta a Colombia con el mundo y cuya protección depende del compromiso conjunto de autoridades, comunidades y ciudadanía.

Se espera que, con la presentación de “Con los ojos puestos en los océanos”, más personas entiendan que, con la divulgación científica y la construcción de una cultura marítima, Colombia podrá conservar la riqueza natural, cultural y estratégica del Pacífico. “Estamos demostrando que el verdadero desarrollo marítimo se construye cuando la ciencia, la conservación y las comunidades navegan en la misma dirección”.

Cabe mencionar que el mar Pacífico representa una vía estratégica para el comercio exterior de Colombia, facilitando la conexión con mercados de Asia y Oceanía. El puerto de Tumaco, ubicado en Nariño, es fundamental para la exportación de productos agrícolas, pesqueros y energéticos. Además, impulsa la economía regional y nacional, genera empleo y fortalece la conectividad marítima. Su posición geográfica lo convierte en un punto clave para el desarrollo logístico, la integración internacional y la seguridad del litoral colombiano.

Desde el 20 de julio, escoltas y conductores afiliados a sindicatos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) bloquean la sede de la entidad en Bogotá. La protesta se debe al incumplimiento de acuerdos laborales, el pago de horas extras, la formalización de contratos y la mejora de condiciones de trabajo.

Los manifestantes denuncian inestabilidad y falta de garantías en la vinculación, así como deficiencias en la entrega de equipos y dotaciones. A la movilización se sumó el gremio de las Uniones Temporales, que exige mayor transparencia en la vinculación de 6.000 escoltas y la provisión de vacantes.

Alrededor de 250 personas permanecen en campamentos y advierten que continuarán la protesta hasta el 7 de agosto si no se logran acuerdos. Líderes sindicales cuestionan la falta de transparencia en la contratación y la precariedad de las condiciones laborales, especialmente ante la propuesta de incorporar 11.000 nuevos escoltas sin suficientes recursos y con requisitos reducidos. Los sindicatos exigen garantías de transparencia y mejores condiciones para los 16.000 trabajadores de la entidad.

Denuncian que están dejando “atornillados” en presidencia

El 23 de julio, Infobae Colombia recibió la denuncia de que que 22 cargos que aparecían vacantes en presidencia han comenzado a ser ocupados por designados cercanos a directivos de la administración actual de la entidad.

Algunos de los cargos habían sido declarados desiertos, y se esperaba que fuera la nueva administración la que se encargara de los procesos de contratación; sin embargo, han comenzado a filtrarse resoluciones con las que se confirma la llegada de nuevos funcionarios para esos puestos.

Estas son las 22 vacantes que han comenzado a ser ocupadas a falta de 14 días para que cambie la administración:

• Técnico Código: 441002 Dependencia: Área Administrativa - Grupo de Gestión Documental Tipo de vacancia: Temporal.
• Técnico Código: 441001 Dependencia: Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano - Grupo de Democracia y Participación Ciudadana Tipo de vacancia: Temporal.
• Técnico Código: 441001 Dependencia: Jefatura de Despacho Presidencial – Grupo Gerencia Discursos y Mensajes Tipo de vacancia: Temporal.
• Secretario Código: 553008 Dependencia: Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano - Grupo de Democracia y Participación Ciudadana Tipo de vacancia: Definitiva.
• Secretario Código: 553008 Dependencia: Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano - Grupo de Democracia y Participación Ciudadana Tipo de vacancia: Temporal.
• Secretario Código: 553008 Dependencia: Área Financiera – Grupo Central de Cuentas Tipo de vacancia: Definitiva.
• Secretario Código: 553008 Dependencia: Oficina de Talento Humano - Grupo de Bienestar y Desarrollo Tipo de vacancia: Temporal.
• Auxiliar Administrativo Código: 551006 Dependencia: Oficina del Consejero Comisionado de Paz Tipo de vacancia: Definitiva.
• Auxiliar Administrativo Código: 551006 Dependencia: Secretaría de Transparencia Tipo de vacancia: Definitiva.
• Auxiliar Administrativo Código: 551006 Dependencia: Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano - Grupo de Democracia y Participación Ciudadana Tipo de vacancia: Definitiva.
• Auxiliar Administrativo Código: 551006 Dependencia: Oficina de Talento Humano - Grupo de Gestión de Personal Tipo de vacancia: Definitiva.

• Auxiliar Administrativo Código: 551006 Dependencia: Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información - Grupo de Soporte de TI y Mesa de Ayuda Tipo de vacancia: Definitiva.
• Auxiliar Administrativo Código: 551005 Dependencia: Secretaría para las Comunicaciones y Prensa Tipo de vacancia: Temporal.
• Auxiliar Administrativo Código: 551005 Dependencia: Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano - Grupo de Democracia y Participación Ciudadana Tipo de vacancia: Temporal.
• Auxiliar Administrativo Código: 551005 Dependencia: Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano - Grupo de Correspondencia Tipo de vacancia: Temporal.
• Auxiliar Administrativo Código: 551005 Dependencia: Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano - Grupo de Correspondencia Tipo de vacancia: Temporal.
• Auxiliar Administrativo Código: 551005 Dependencia: Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano - Grupo de Correspondencia Tipo de vacancia: Temporal.
• Auxiliar Administrativo Código: 551004 Dependencia: Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano - Grupo de Democracia y Participación Ciudadana Tipo de vacancia: Temporal.
• Auxiliar Administrativo Código: 551004 Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera Tipo de vacancia: Temporal.
• Auxiliar Administrativo Código: 551003 Dependencia: Secretaría para las Comunicaciones y Prensa Tipo de vacancia: Definitiva.
• Auxiliar Administrativo Código: 551003 Dependencia: Área Administrativa - Grupo de Gestión Documental Tipo de vacancia: Temporal.

“Están dejando todo amarrado en presidencia, se están encargando de contratar a todo el personal. Había 22 cargos vacíos y los están ocupando con varias personas de ellos para que sean asignados antes de irse”, denunció la fuente que suministró la información a Infobae Colombia.

El 15 de julio, en Antioquia, las autoridades informaron sobre la captura de un ciudadano mexicano que había llegado al país en un vuelo proveniente de Miami, Estados Unidos. En los detalles del caso, se informó que la identidad del individuo sería revelada luego de corroborar los motivos por los que había una circular roja de la Interpol en su contra.

Tras confirmar la identidad del detenido, la Policía del Valle de Aburrá confirmó la legalidad de la detención del ciudadano extranjero, que de acuerdo con la institución, “es solicitado por la justicia estadounidense para responder por los delitos de fraude electrónico, fraude bancario y lavado de dinero, tras ser señalado como el cabecilla de una red criminal que se aprovechó de la emergencia sanitaria mundial”, durante la pandemia por el covid-19.

Se trata de Bryan Gardea, requerido por la Corte Distrital del estado de Nuevo México, Estados Unidos, en donde fue implicado en un presunto fraude por hasta un millón de dólares entre 2020 y 2021.

Esto se sabe del ciudadano mexicano capturado en Antioquia

La captura se registró en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro, en donde el ciudadano extranjero se mostró sorprendido en el momento en que las autoridades le notificaron los motivos por los que sería capturado.

De acuerdo con los expedientes judiciales, a Gardea se le atribuye la dirección de una organización que, durante la pandemia, habría defraudado programas de ayudas económicas establecidos por el Gobierno estadounidense.

Las investigaciones señalan que el monto defraudado asciende a 1.04 millones de dólares. Para lograr este objetivo, la red criminal creó empresas ficticias, presentó documentación falsa y emitió declaraciones financieras engañosas, lo que permitió acceder a los fondos de apoyo económico dirigidos a mitigar los impactos de la crisis sanitaria.

Las autoridades en Estados Unidos lograron, a través de labores de seguimiento y trazabilidad financiera, identificar que el dinero del fraude fue utilizado para gastos personales y la compra de bienes inmuebles por parte del capturado, consolidando con ello un esquema de fraude financiero y lavado de activos con alcance internacional.

Tras la detención, Gardea fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación en Colombia, y seguirá en el país mientras avanzan los trámites necesarios para el proceso de extradición solicitado por las autoridades estadounidenses. Los cargos que enfrenta incluyen fraude electrónico, fraude bancario y lavado de dinero.

En Estados Unidos, la condena máxima por fraude electrónico y lavado de dinero puede llegar hasta 20 años de prisión y una multa de 250.000 dólares por cada delito, además de hasta tres años de libertad supervisada. Por fraude bancario, la pena máxima es de 30 años de prisión y una multa de hasta un millón de dólares y cinco años de libertad supervisada.

Las autoridades en Colombia informaron que este es el tercer caso en el que un extranjero es detenido en el aeropuerto internacional de Rionegro por circulares activas de Interpol. En días previos, fueron retenidos un ciudadano neerlandés y otro panameño, ambos requeridos en sus países por delitos relacionados con narcotráfico.

Siguiendo los protocolos establecidos, con los que se busca mitigar el ingreso de criminales, principalmente asociados a casos de violencia de género o abuso infantil, al país, las autoridades en Medellín han concretado la captura de 30 extranjeros solicitados por Interpol durante 2026.

Para facilitar el trabajo de los uniformados y de Migración Colombia, en los aeropuertos se utiliza el sistema “Ángel”, que cruza en tiempo real los datos de pasajeros internacionales con listas de personas buscadas por delitos, principalmente sexuales. Si detecta coincidencias con antecedentes de pedofilia, alerta a las autoridades migratorias en el aeropuerto, que impiden el ingreso y activan protocolos de verificación, captura o deportación.

En agosto de 2024, en La Calera, Cundinamarca, una sequía obligó a la población local a enfrentar severos racionamientos. Mientras los habitantes solo contaban con agua durante algunas horas al día y debían comprar la restante para sus necesidades, se denunció que una planta de la empresa Coca-Cola continuó extrayendo el líquido sin restricciones, amparada en una concesión vigente desde 1983.

La indignación creció al revelarse que la compañía pagaba tarifas considerablemente menores a las de las familias y que, en algunos periodos, la empresa habría superado los límites de extracción establecidos. Esto motivó la movilización de organizaciones ambientales y sociales, que iniciaron acciones jurídicas y protestas públicas para exigir que se priorizara el consumo humano.

En mayo de 2025 se realizó la primera audiencia pública en Colombia dentro del trámite de renovación de una concesión de agua. Finalmente, en abril de 2026, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) resolvió renovar la concesión, pero con condiciones más estrictas: reducción del caudal permitido, el cierre de tres de los siete manantiales habilitados y la obligación de suspender la extracción en caso de sequía.

Piden que la CAR termine el acuerdo con la empresa estadounidense

A través de un comunicado, el Centro de Litigio Estratégico Nacional e Internacional (Celeni) de la Universidad Militar Nueva Granada solicitó que la CAR suspenda de manera definitiva la concesión que existe con Coca-Cola en La Calera, que se ha mantenido a pesar de la alerta roja de desabastecimiento de agua que existe en la zona.

El centro educativo anunció que interpuso un recurso ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca para solicitar la suspensión definitiva de la concesión, argumentando que existe un estrés hídrico en la región advertido por la ONU y la alerta del fenómeno de El Niño para el segundo semestre de 2026.

Además, resaltó que el Ideam y el Ministerio del Medio Ambiente han destacado cómo la extracción del agua impacta directamente a la población de La Calera. Según el recurso, el acueducto municipal solo cuenta con 600 metros cúbicos de los 2.700 requeridos, lo que representa un déficit y pérdidas técnicas del 38%.

El Celeni y la universidad mencionada expusieron que los siete manantiales de los predios San José y Los Cerritos, de donde se extrae el agua, se encuentran ubicados en zona de páramo dentro de la Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá, y que la Resolución 710 de 2016 establece que en estas áreas la protección debe ser absoluta y no admite excepciones.

El documento señala que la Resolución 347 de 2026, que prorroga la concesión, no se encuentra en firme y permite que continúe la captación en los siete manantiales de forma indefinida, situación que incrementa el riesgo hídrico ante el fenómeno de El Niño.

En el recurso se advierte que la CAR realizó estudios propios que evidencian baja capacidad adaptativa del sistema, incompatibles con la prórroga otorgada. También se menciona la ausencia de un balance hídrico integral y de un caudal ecológico mínimo, lo que genera incertidumbre científica sobre los impactos ambientales y la sostenibilidad de la concesión.

“Esta omisión fue constatada en el Informe Técnico DRBC N.° 1686 del 16 de diciembre de 2024, el cual indica que la prórroga se adoptó sin considerar escenarios de cambio climático, en contravía del principio de precaución, prevención y de los estándares internacionales del artículo 7 del Acuerdo de París y la Opinión Consultiva OC-23/17 de la Corte IDH. Por lo anterior, el CELENI solicita a la CAR de Cundinamarca negar totalmente la concesión, priorizar el acceso al agua para consumo humano y garantizar la protección del páramo, la comunidad de La Calera y su identidad cultural", es parte del documento.

Desde que un grupo de compradores de vehículos Ferrari en Colombia denunció al concesionario Autos Italianos de Colombia, ubicado en Bogotá, por no entregar los automóviles adquiridos a pesar de haber recibido adelantos de hasta más del 50% del valor total, se ha generado una polémica sobre cómo estas personas podrán recuperar su dinero.

Los afectados, entre quienes hay empresarios y coleccionistas, señalaron que realizaron los pagos bajo la promesa de una entrega más rápida, pero no obtuvieron respuesta satisfactoria. Ante esta situación, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una investigación formal al concesionario.

La entidad solicitó información detallada sobre los clientes que realizaron pagos y no recibieron los vehículos, así como las condiciones comerciales pactadas y los tiempos de entrega prometidos. También pidió esclarecer la relación contractual actual entre la empresa y Ferrari, ya que algunos clientes sospechan que el concesionario no cuenta con un acuerdo vigente para la importación y distribución de la marca en el país. La SIC pidió conocer el protocolo aplicado por la empresa para garantizar la entrega de los vehículos vendidos antes de la posible terminación del acuerdo con Ferrari. La empresa tiene un plazo de 10 días hábiles para responder a los requerimientos de la SIC.

Cielo Rusinque habló sobre el caso

El 23 de julio, la superintendente de Industria y Comercio (SIC), Cielo Rusinque, habló en Caracol Radio sobre el caso del concesionario denunciado por no entregar los vehículos Ferrari a varios compradores,

La funcionaria informó que, hasta el momento, la entidad no ha recibido ningún tipo de denuncia sobre el caso, sino que conocieron todo a través de los medios de comunicación.

“Estuvimos revisando o verificando en las diferentes delegaturas jurisdiccionales, en la delegatura de protección al consumidor, y no hay formalmente ninguna denuncia por parte de estas personas afectadas”, explicó Rusinque.

La superintendente indicó que es un problema que no exista ningún tipo de denuncia formal contra la empresa señalada de posiblemente haber estafado a varios compradores. Además, reveló que la SIC tiene claridad de que la compañía ya no tiene ningún acuerdo con Ferrari.

“Lo que tenemos conocimiento obedece al cierre de esa relación comercial que existía de la casa matriz con un agente comercial o un concesionario aquí en Colombia”.

En cuanto a las acciones que realizará la entidad a partir de que comenzó la investigación, Rusinque mencionó que todas las decisiones se registrarán bajo el objetivo de proteger a los afectados.

“Enviamos el martes una lista de requerimientos a Autos Italianos de Colombia; dimos un plazo de 10 días hábiles. Es un documento de cuatro páginas con 15 preguntas que nos permitirán establecer los términos de esa publicidad, condiciones del cumplimiento de garantía para afectados y así poder tomar las acciones correspondientes”.

Las declaraciones de la funcionaria son claves porque, aunque los clientes del concesionario afirman que hicieron un acuerdo con Ferrari, la SIC maneja la información de que Autos Italianos de Colombia ya no tenía un acuerdo con la empresa italiana en ese momento.

En diálogo con Blu Radio, Antonio Mendivil, uno de los empresarios afectados, afirmó que abonó 30.000 dólares a la empresa colombiana debido a que el asesor que lo atendió afirmó que era el monto necesario para poder “apartar” el vehículo que recibiría.

Dos meses después, ha dejado de recibir respuestas por parte del concesionario y no ha podido contactar a ningún representante de Ferrari en Colombia, motivo por el que decidió denunciar su caso ante los medios. “Trabajan con el dinero de uno. No sabíamos. Yo no sabía”, declaró Mendivil sobre la terminación del convenio entre el concesionario y la marca italiana.

Recientemente, un grupo de personas que adquirieron vehículos de la marca Ferrari en Colombia anunció que denunciarán al concesionario, en Bogotá, en el que hicieron la compra, debido a que hasta la fecha no han recibido los automotores.

Los afectados aseguraron que hicieron adelantos del valor total del vehículo bajo la promesa de que de esa forma podrían recibir el vehículo más rápido. Algunos de los clientes aseguran que el abono que hicieron fue de más del 50% del valor total del carro.

Ante la falta de respuestas por parte de la empresa con la que hicieron el acuerdo, decidieron exponer el caso y pedir la devolución del dinero o la entrega inmediata de los vehículos. Entre los afectados se encuentran empresarios, coleccionistas y particulares que confiaron en la adquisición de autos de alta gama.

Las SIC investigará a la empresa dueña del concesionario

El 22 de julio, Caracol Radio reveló que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) investigará a Autos Italianos de Colombia, concesionario en el que el grupo de denunciantes adquirió los vehículos Ferrari en Bogotá.

Como parte del proceso, la entidad ha pedido información concreta sobre los casos denunciados, principalmente sobre clientes que realizaron abonos y no han recibido el vehículo. Entre las peticiones está la información detallada de las condiciones comerciales que se ofrecieron durante el acuerdo para adquirir los automotores, al igual que el tiempo de entrega que se informó al cliente.

La SIC pidió que la empresa informe cómo está la relación contractual con Ferrari, puesto que algunos de los denunciantes han declarado que sospechan que el concesionario ya no tiene un acuerdo con la compañía italiana para importar y distribuir productos de la marca en Colombia.

En caso de que no exista un acuerdo vigente entre las partes, la SIC solicitó que se exponga el protocolo implementado por la sociedad para garantizar el cumplimiento de las obligaciones previas para cumplir con la entrega de vehículos vendidos antes de que terminara el contrato.

“Indicar si, luego de haberse terminado la relación contractual con Ferrari North America, Inc., la sociedad continuó ofreciendo, promocionando o comercializando vehículos de la marca Ferrari, o recibiendo órdenes de compra o pagos de consumidores. En caso afirmativo, explicar cuáles fueron las razones y condiciones para realizar dichos negocios”, es parte del documento revelado por el medio citado.

Por último, la entidad ha solicitado que la empresa entregue una lista con los nombres de los clientes que adquirieron vehículos en ese lugar y hasta el momento no han recibido los automotores. La empresa tendrá 10 días hábiles para responder a la SIC.

Algo que ha generado que aumenten las peticiones por parte de las personas que adquirieron vehículos en el concesionario mencionado es que este sitio ha sido señalado por presuntos casos de estafa registrados meses atrás.

Al respecto, El Tiempo informó que hay investigaciones por irregularidades en la venta de autos de alta gama. Varios clientes manifestaron que, tras realizar pagos significativos como adelanto para la adquisición de los vehículos, no recibieron los automóviles ni respuestas satisfactorias de la compañía.

En algunos casos expuestos por el medio citado, afectados afirman que visitaron el sitio en el que fueron atendidos por el presunto gerente de ventas, que les presentó un catálogo con los modelos disponibles y las opciones que tenían para personalizar el vehículo que iban a adquirir, lo que aumentaba el valor que debía ser pagado por los clientes.

Las autoridades adelantan investigaciones para determinar el alcance de las posibles irregularidades y establecer responsabilidades, mientras que la empresa señalada no se ha pronunciado hasta el momento.

El 22 de julio, la Universidad del Magdalena presentó, junto con la Sociedad de Activos Especiales, un proyecto de ocho puntos que se desarrollará en predios administrados por el Estado que en el pasado pertenecieron al crimen organizado.

Durante la entrega de los inmuebles se informó que el objetivo principal será fortalecer la educación superior, la investigación y el desarrollo en el departamento a través de etapas administrativas que serán cumplidas para concretar la ejecución del proyecto.

“Hoy vemos cómo bienes que alguna vez estuvieron al servicio de economías ilegales pueden convertirse en oportunidades para las comunidades. Queremos que estos activos beneficien a los estudiantes, a los jóvenes, a las comunidades indígenas, a los campesinos y a las víctimas. Esa es la verdadera transformación que promovemos desde la SAE”, afirmó la directora de la SAE, Amelia Pérez Parra.

Detalles de la entrega

Durante la jornada, la directora de la SAE y el rector de la Universidad del Magdalena recorrieron dos residencias estudiantiles que han comenzado a funcionar gracias a procesos de destinación adelantados previamente por la entidad. Estos espacios benefician a 72 estudiantes provenientes de comunidades indígenas, zonas rurales y territorios apartados del Magdalena, fortaleciendo su acceso y permanencia en la educación superior.

Debido a que se les considera prioridad, una de las residencias alberga a 34 estudiantes de los pueblos indígenas Arhuaco, Kogui, Chimila, Wiwa, Kankuamo y Wayuu, mientras que la segunda brinda alojamiento a 38 jóvenes de municipios y corregimientos del departamento.

En otros proyectos que serán adelantados en inmuebles entregados por la SAE, se implementará el Centro Escuela de Turismo y Gastronomía, un hospital digital, el Centro de Investigación Marino Costera, un consultorio jurídico, un centro académico, uno de innovación agroambiental y un centro cultural y de memoria del territorio.

Durante la diligencia, el rector de la Universidad del Magdalena, Pablo Vera Salazar, agradeció a la Sociedad de Activos Especiales por la entrega de los predios.

“No estamos hablando únicamente de infraestructura. Estamos transformando activos públicos en oportunidades para que más jóvenes accedan al conocimiento, la innovación y un futuro mejor. Estos proyectos representan un paso decisivo para seguir consolidando una universidad que impacte positivamente el desarrollo del Magdalena y del país”.

Además, se informó que los proyectos beneficiarán a más de 8.000 estudiantes, más de 200 docentes, alrededor de 3.500 usuarios anuales del Consultorio Jurídico, 2.500 beneficiarios del Hospital Digital, 1.891 vinculados al Centro Académico y de Innovación Agroambiental y más de 30.000 personas que accederán a la oferta del futuro centro cultural y de memoria.

“La SAE continúa promoviendo el aprovechamiento social de los bienes administrados por el Estado mediante proyectos que fortalecen la educación superior, la investigación, la innovación y el desarrollo regional, en articulación con las instituciones de educación superior”, informó la entidad mediante un comunicado.

Piden intervención de la SAE para intervenir en ocupación ilegal de predios del narcotráfico

En el corregimiento de Potrerito, en Jamundí, la comunidad denunció la ocupación irregular de un predio cercano a la estación de la Policía Nacional. Durante una reunión de seguridad en la Gobernación del Valle, se confirmó que el terreno invadido está bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad a la que se le solicitó respaldo para recuperar el predio y prevenir nuevas invasiones, ya que este no es el único caso registrado en zonas rurales del municipio.

El secretario de Seguridad del Valle, Guillermo Londoño, señaló que avanzan gestiones para que la SAE actúe y se atiendan los reclamos de la comunidad, que también ha reportado asaltos a negocios cercanos por parte de los invasores.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, aseguró que mantendrá el diálogo con la SAE y la comunidad para atender la situación en los predios afectados e incrementar las medidas de seguridad para evitar riesgos mayores en la zona.

El 21 de julio, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció que sancionó a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (Sprbun) y a cuatro personas naturales por restringir la libre competencia en el Puerto de Buenaventura, en el Valle del Cauca.

Mediante un comunicado, la SIC informó que, mediante la resolución 50585 del 3 de julio de 2026, sancionó a la sociedad portuaria por implementar un conjunto de prácticas que restringieron la libre competencia en la prestación de servicios de operación de carga contenerizada, carga general y carga a granel al interior del Puerto de Buenaventura entre 2013 y 2025.

“Como resultado de la investigación, la entidad impuso las sanciones previstas en la ley y ordenó la adopción de medidas administrativas dirigidas a eliminar las conductas identificadas y restablecer condiciones efectivas de competencia en este mercado estratégico”, es parte del documento.

Sobre los detalles de la investigación, la SIC informó que se estableció que Sprbun aprovechó su doble condición de administradora de la infraestructura portuaria y compañía titular de la prestación de servicios de operación portuaria para favorecer sus propios servicios y limitar la capacidad de actuación de otros operadores en el puerto.

De acuerdo con la entidad, estas prácticas afectaron las condiciones de competencia en Buenaventura, perjudicando a los usuarios que contrataban el servicio de otras empresas por encima de los servicios ofrecidos por Sprbun.

Estas son las actuaciones del Sprbun con las que, según la SIC, se conformó un sistema destinado a restringir la competencia en el puerto:

• Carga contenerizada: limitó la participación de otros operadores; asumió de manera exclusiva determinados servicios requeridos para las inspecciones de las autoridades competentes; restringió la realización de movimientos verticales por terceros y limitó el otorgamiento de autorizaciones indispensables para su operación.

• Carga general: otorgó beneficios comerciales, consistentes en días libres de almacenamiento, condicionados a la contratación de los mismos servicios de SPRBUN o de ZELSA, empresa vinculada a esta, y creó obstáculos para la nominación de operadores mediante el sistema informático del puerto.

• Carga a granel: promovió condiciones favorables al principal operador independiente, entre ellas la realización de un proceso licitante cuya invitación incorporó una condición que propiciaba la terminación anticipada del concesionario saliente; impuso restricciones tecnológicas para el desarrollo de la operación y exigió el pesaje que generó costos adicionales sin justificación objetiva.

• Actuaciones transversales: asignó turnos de ingreso y salida de vehículos, programación de citas y aforos; otorgó ventajas competitivas a ZELSA y promovió modificaciones al contrato de concesión para incrementar su control sobre la operación portuaria.

Como consecuencia de los hechos señalados, la SIC impuso multas por más de 25.000 millones de pesos a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura y cuatro personas naturales, cuya identidad aún se desconoce.

Además, la entidad informó que ha impartido órdenes administrativas para eliminar las prácticas mencionadas y poder retirar por completo los obstáculos que han sido denunciados por otras empresas que laboran en el puerto.

“Estas medidas buscan garantizar que la administración de la infraestructura portuaria se ejerza de manera compatible con los principios de libre competencia y en beneficio de los usuarios del servicio”, informó la SIC.

Cabe mencionar que la decisión no está firme, y que las partes podrán presentar un recurso de reposición para que la decisión final sea tomada por el Despacho de la Superintendencia de Industria y Comercio. Desde la SIC pidieron que el despacho tenga en cuenta que, entre 2018 y 2021, cerca del 22% del comercio exterior colombiano transitó por el Puerto de Buenaventura, lo que evidencia la importancia de preservar mercados abiertos, transparentes y competitivos en este lugar.

Esta es la respuesta de los administradores del puerto

El 21 de julio, la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (Sprbun) se pronunció tras la resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), aclarando que el documento aún no se encuentra en firme.

La compañía afirmó que ha actuado siempre bajo el respeto a las autoridades competentes y ha mantenido una colaboración permanente y transparente con la SIC durante todo el proceso administrativo, destacando que ha ejercido su derecho a la defensa presentando argumentos y pruebas para demostrar que no ha violado el régimen legal de competencia.

La Sprbun indicó que utilizará los recursos legales disponibles, como el recurso de reposición, y que está dispuesta a acudir a instancias judiciales si es necesario. Además, señaló que la Superintendencia de Transporte, en una investigación sobre hechos similares, archivó el caso al no encontrar evidencia suficiente de prácticas sistemáticas para favorecer sus servicios o restringir el acceso a otros operadores. La compañía reiteró su compromiso de seguir colaborando con las autoridades y los actores del sector portuario, y de fortalecer su contribución al comercio exterior colombiano, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente.

En los últimos meses, en el páramo de Santurbán, ubicado entre los departamentos de Santander y Norte de Santander, se ha registrado una problemática por la minería ilegal de oro.

Esta actividad, desarrollada sin permisos ni controles ambientales, ha generado una fuerte degradación de los ecosistemas de alta montaña. Investigaciones y registros recientes muestran cómo la minería ilegal ha destruido extensas áreas del páramo, afectando cuerpos de agua y suelos, y poniendo en riesgo la biodiversidad y el suministro de agua para millones de personas en la región. El impacto de la minería ilegal incluye la deforestación, el uso indiscriminado de mercurio y cianuro, y la alteración de fuentes hídricas que abastecen a ciudades como Bucaramanga.

Pese a los operativos de control y las nuevas propuestas de delimitación del área protegida, la presencia de grupos ilegales y la falta de alternativas económicas para la población local dificultan el control efectivo sobre la actividad minera, provocando debates sobre la necesidad de fortalecer la protección legal del páramo, aumentar la vigilancia y ofrecer alternativas sostenibles para las comunidades dependientes de la minería.

Gobernador de Santander pidió operaciones militares para mitigar la minería ilegal

El 22 de julio, el gobernador Juvenal Díaz aprovechó una entrevista con Caracol Radio para hablar sobre la problemática que se registra en Santurbán y los problemas que ha tenido con el Ministerio de Ambiente por la delimitación del páramo.

Díaz indicó que, debido a la gravedad de los hechos recientes y ante la falta de compromiso que ha tenido la ministra de Ambiente, Irene Vélez, que ha asegurado que los problemas son con multinacionales que han intentado ingresar a esta zona para ejecutar proyectos mineros, se ha consolidado una red delictiva que ha puesto en riesgo a la ciudadanía de la zona, afectando el medioambiente de la región.

“Si usted va a proteger el medio ambiente, pues tiene que protegerlo. En lo que estamos de acuerdo con el páramo es que no podemos hacer la parte de la minería, pero hacerse el de la oreja gorda con la minería ilegal, que es lo que está haciendo la ministra de Medio Ambiente, es lo que está mal y decir eso no es un problema mío, es el problema de los alcaldes y del gobernador, no es así. Ahí hay responsabilidad de todos”, declaró el gobernador de Santander.

Díaz reveló que ha elevado una solicitud para que el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Minería se hagan cargo de la problemática de alguna forma.

Como una solución que considera viable, el gobernador pidió que se lleven a cabo operaciones militares contra la minería ilegal en las zonas del páramo que han sido afectadas; además, que se priorice la seguridad de estos lugares para que no vuelvan a ser invadidos por criminales.

“Nosotros no podemos estar protegiendo el páramo como se ha venido haciendo contra aquellas empresas que pretendían hacer en el páramo la minería, estigmatizarlas y permitir y hacernos los de la oreja gorda con los ilegales. Hay que hacer una operación militar en esa área que requiere de unidades especializadas y para eso, pues vamos a pedirle al ministro de Defensa entrante que nos ayude”.

Juvenal Díaz destacó que la petición será dirigida a los ministros designados por Abelardo de la Espriella, que será posesionado como presidente el 7 de agosto, puesto que considera que los funcionarios actuales no escucharán su solicitud.

Por último, el gobernador de Santander destacó que espera que el nuevo gobierno pueda corregir los problemas que se han mantenido durante los últimos cuatro años, asegurando que la crisis en el páramo de Santurbán es una muestra de que las estructuras criminales han tomado territorios sin que se registre algún tipo de oposición por parte del Estado.

En la madrugada del 21 de julio, unidades del Batallón Vergara y Velasco, en Malambo, Atlántico, desplegaron un plan de reacción tras el ingreso irregular al cantón militar de dos sujetos, que presuntamente serían habitantes en condición de calle.

Infobae Colombia tuvo acceso al informe de lo registrado en el batallón. La situación comenzó en la noche del 20 de julio, cuando un centinela detectó el ingreso de un sujeto desconocido a las instalaciones y activó la alarma de seguridad.

La reacción inmediata de las tropas permitió capturar al individuo, que se negó a revelar su identidad y no portaba ningún documento. El comando militar informó al nivel superior y procedió a entregar al capturado a la Policía Nacional, que lo puso a disposición de la autoridad judicial competente.

Horas más tarde, en el mismo puesto de vigilancia se reportó la presencia de una persona tendida en el suelo en un área boscosa cerca de la garita (pequeña caseta o torre de vigilancia), donde la noche anterior se había ejecutado la operación de reacción. Tras comprobar que el sujeto estaba sin vida, el lugar fue acordonado por el personal militar, mientras se activó el protocolo de levantamiento judicial solicitado al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el reporte oficial, la persona encontrada no portaba ningún tipo de identificación, lo que ha dificultado, hasta el momento, establecer su identidad y si su muerte tiene algo que ver con la presencia del otro individuo mencionado.

Tras el hallazgo, el área permaneció bajo custodia militar mientras se realizaban las diligencias judiciales correspondientes. El Batallón informó que la seguridad interna del recinto no se vio comprometida y que todos los procedimientos se ajustaron a los protocolos establecidos por las Fuerzas Militares.

En el informe oficial, se concluyó que fue “ejecutado el plan de reacción y contraataque ante la alerta generada por el centinela, logrando la captura de un sujeto extraño al personal militar y evitando mayores riesgos para la seguridad del cantón”. Las autoridades trabajan en la identificación del fallecido y en determinar si existe relación entre ambos incidentes.

Desde el Batallón Vergara y Velasco reiteraron su compromiso con la seguridad de las instalaciones militares y la colaboración con las autoridades civiles para el esclarecimiento de los hechos. Como parte de las acciones subsiguientes, el comando superior fue informado en tiempo real y se mantiene la coordinación con la Fiscalía para avanzar en la investigación.

Aumentan los controles para erradicar las extorsiones en Malambo

En Malambo, el Ejército anunció que intensificó los patrullajes preventivos contra la extorsión en el municipio como parte de una estrategia para fortalecer la seguridad y la presencia institucional en la zona. La Fuerza Aeroespacial Colombiana, en coordinación con el Gaula Militar Caribe, la Policía Nacional y la Oficina de Tránsito de Soledad, realizó recorridos en sectores comerciales y residenciales, brindando acompañamiento comunitario y sensibilizando a la población sobre los riesgos asociados a la extorsión.

Durante las acciones, se entregó material informativo a comerciantes, conductores y habitantes, con recomendaciones para prevenir el delito, identificar posibles modalidades empleadas por los delincuentes y conocer las líneas de denuncia disponibles. Las autoridades enfatizaron la importancia de no ceder ante amenazas o intimidaciones y de reportar cualquier situación sospechosa de inmediato, con el fin de permitir una respuesta rápida y efectiva.

Desde la institución mencionaron que estas actividades buscan promover la denuncia oportuna y fortalecer la percepción de seguridad en la comunidad. Desde la Fuerza Aeroespacial Colombiana destacaron que continuarán trabajando en conjunto con otras entidades estatales para garantizar la seguridad, la convivencia ciudadana y la protección de los habitantes de Malambo.

Recientemente, para anticiparse a las posibles problemáticas que pueden registrarse en el país por el fenómeno de El Niño, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el gerente de Hidroituango, Alejandro Arbeláez, han propuesto que en el país se vuelva a activar la denominada “Hora Gaviria”.

Ante los medios de comunicación, Arbeláez mencionó que para enfrentar el riesgo de un eventual racionamiento de agua, después de la posesión de Abelardo de la Espriella, se debería implementar una ruta de diagnóstico y comportamiento para proteger el sistema energético.

“Podemos converger los diferentes actores, generadores, transmisores, gremios, entes reguladores y diferentes autoridades para que encontremos, a partir de los diagnósticos que ya se han hecho, cómo trazamos una hoja de ruta”, manifestó Arbeláez.

¿En qué contexto y cómo se implementó la “Hora Gaviria”?

En 1992, Colombia sufrió una crisis energética por el impacto que sufrieron los embalses hidroeléctricos por una sequía que se mantuvo durante varios meses. El fenómeno de El Niño provocó que disminuyeran drásticamente los niveles de agua en El Peñol, Chivor y Guavio, afectando la capacidad de generación de energía. La demanda superaba la oferta, lo que llevó a que se hicieran recurrentes cortes de luz en el país.

La crisis se agravó por la falta de infraestructura eléctrica alternativa, la dependencia casi total de la hidroenergía y la ausencia de un plan de contingencia adecuado. Ante la gravedad de la situación, el gobierno de César Gaviria implementó una serie de medidas de emergencia. La más recordada fue la instauración de la llamada “Hora Gaviria”, que consistió en adelantar el horario oficial del país una hora.

El objetivo principal de esta medida era aprovechar mejor la luz solar y reducir el consumo de energía eléctrica, especialmente en las horas pico de la tarde y la noche, cuando la demanda aumentaba debido al uso de iluminación y electrodomésticos.

La “hora Gaviria” entró en vigencia el 2 de mayo de 1992. El país ajustó sus relojes y los horarios laborales, escolares y comerciales se adaptaron a esta nueva realidad temporal. La medida buscaba que las actividades diarias concluyeran antes del anochecer, disminuyendo la necesidad de utilizar energía en iluminación y equipos eléctricos.

Por otra parte, el gobierno promovió campañas para el ahorro de energía, restringió el uso de electrodomésticos en ciertos horarios y mantuvo el racionamiento eléctrico hasta que la situación de los embalses mejorara.

“Si se adelanta una hora, por ejemplo, estaremos suavizando la hora pico de energía, que es entre las seis de la tarde y las nueve de la noche. Esto permitiría utilizar más tiempo luz natural y tendría un impacto directo sobre la reducción del consumo”, sugirió el gerente de Hidroituango sobre la posibilidad de que la medida vuelva a ser adoptada en 2026.

Estas fueron las claves de la “Hora Gaviria”:

• Al adelantar una hora el reloj, se logró que la mayor parte de las actividades cotidianas se realizara con luz solar, reduciendo el uso de energía eléctrica en la tarde y noche.
• La medida tuvo carácter obligatorio y fue aplicada en todo el territorio, incluyendo horarios de oficinas, escuelas, transporte y medios de comunicación.
• Los colombianos adelantaron sus horarios de trabajo, estudio y entretenimiento. Muchas personas debieron modificar sus hábitos, lo que generó incomodidad en algunos sectores.
• La “Hora Gaviria” se mantuvo hasta febrero de 1993, cuando la crisis energética comenzó a superarse gracias a la recuperación de los embalses y la llegada de la temporada de lluvias. El horario regresó a la normalidad.
• Se concretaron medidas adicionales como penalizaciones por consumo excesivo y la aceleración de proyectos de generación térmica y nuevas redes de transmisión para reducir la dependencia hidroeléctrica.

En uno de los procesos que más ha llamado la atención recientemente de la JEP, se llevó a cabo una audiencia preparatoria para un juicio contra el excongresita Luis Almario Rojas, acusado por la Unidad Investigativa de la Jurisdicción Especial para la Paz de haber sido clave en la articulación, junto con las Farc-EP, para “exterminar” a la familia Turbay Cote.

Para entender el contexto de la acusación, hay que recordar que el “exterminio” de la familia Turbay Cote se registró entre 1997 y 2004, cuando las Farc-EP asesinaron a la mayoría de los políticos y líderes sociales de este grupo.

Los Turbay Cote sufrieron secuestros, atentados y homicidios selectivos, lo que generó conmoción nacional. El accionar violento de las Farc se debió a que la familia representaba una figura de poder local y resistencia a la influencia guerrillera en la región.

Así fue la audiencia contra Luis Almario Rojas

En primer lugar, el magistrado Gustavo Salazar indicó que, de acuerdo con la investigación, el objetivo de asesinar al clan familiar era consolidar un control político en el Caquetá.

De acuerdo con el informe entregado por la unidad, esta estrategia de persecución habría incluido asesinatos y secuestros de al menos 30 líderes, simpatizantes y colaboradores de la familia, incluyendo seis alcaldes, un concejal, un congresista, una diputada y un gobernador.

Durante la diligencia, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad definió las pruebas que serán tenidas en cuenta en el juicio contra el excongresista; después de ello, se resolverán las estipulaciones probatorias acordadas por las partes y se escuchará la sustentación oral sobre las pruebas con las que se sustentó la acusación.

“Como siempre lo he manifestado, soy inocente. Todos los cargos contenidos en el escrito de acusación, de acuerdo con la verdad, no los puedo aceptar porque no participé en ellos. En este juicio, con la defensa técnica, espero poder demostrar que ninguna de las pruebas presentadas en el escrito de acusación es válida para incriminarme en los hechos por los cuales se me acusa”, fue la respuesta de Luis Fernando Almario Rojas luego de que el magistrado Salazar le preguntó si aceptaba los cargos en su contra.

Junto con los integrantes de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, el magistrado Salazar escuchó al fiscal del caso, Mauricio Aguirre Patiño, que describió detalles del informe de la unidad de investigación.

Cabe recordar que este es el primer proceso adversarial transicional que adelanta la JEP por hechos relacionados con la Farcpolítica. Esta ruta se activó después de que la Sala de Reconocimiento de Verdad concluyó que el compareciente no aceptó responsabilidad por los crímenes atribuidos.

De acuerdo con los investigadores, el excongresista Luis Fernando Almario Rojas habría actuado en alianza con el Bloque Sur de las Farc-EP en un plan que derivó en el asesinato de seis alcaldes, un concejal, un congresista, una diputada, un gobernador, tres periodistas, un arquitecto, dos conductores y cuatro escoltas.

La acusación también incluye el secuestro y las amenazas contra al menos otras diez personas; sobre estos casos, los detalles serán revelados durante las próximas diligencias.

Uno de los hechos más recordados que será mencionado en el caso es la masacre del 29 de diciembre de 2000, en la que la Columna Móvil Teófilo Forero asesinó al presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, Diego Turbay Cote y a su madre Inés Cote de Turbay. En ese crimen también fueron ultimados Jaime Peña Cabrera, Edwin Amir Alarcón Angarita, Hamil Bejarano Martínez, Dagoberto Samboní Uni y Rafael Ocasiones Llanos.

Antes de que comenzara el juicio, la defensa emitió dos solicitudes de nulidad del caso y una de prescripción de las acusaciones, pero la JEP rechazó las peticiones al indicar que no se permitirá el uso de recursos improcedentes para entorpecer el proceso.

El 22 de julio, ocho equipos (G8) del fútbol profesional colombiano emitieron un comunicado en el que anunciaron que no cederán sus derechos de televisión en la próxima negociación de la Dimayor hasta que se llegue a un acuerdo en el que cambie la distribución del dinero entre los 36 clubes afiliados al fútbol profesional.

Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Independiente Medellín, Independiente Santa Fe, Junior de Barranquilla, Millonarios FC y Once Caldas son los clubes que hicieron el reclamo público.

Cabe mencionar que, actualmente, los derechos de televisión en el fútbol colombiano se reparten de manera igualitaria entre los clubes afiliados, sin importar que estén en la segunda división. El único diferencial es que hay instituciones con credencial A (que hacen parte o estuvieron un tiempo prolongado en la primera división), que reciben un dinero adicional.

Precisamente, los equipos del G8 buscan que esto cambie drásticamente y que en el próximo acuerdo se concrete que los 20 equipos de la A recibirán más dinero que los clubes de la B; adicional a ello, que exista un porcentaje del dinero que solo sea entregado a las instituciones que clasifiquen a las fases finales de la liga, y de esa forma premiar el mérito deportivo.

Así se distribuyen los derechos de televisión en otros países

En la Premier League de Inglaterra, los derechos audiovisuales se negocian de manera colectiva. La liga vende los derechos nacionales e internacionales en paquetes, y los ingresos se distribuyen entre los 20 clubes participantes (la segunda división se negocia de manera diferente). Aproximadamente la mitad del monto total se reparte en partes iguales, el 25% se asigna según la posición final de cada equipo en la tabla y el 25% restante depende de la cantidad de partidos transmitidos en directo de cada club. Además, los derechos internacionales se distribuyen equitativamente.

En España, LaLiga también negocia colectivamente los derechos desde 2015. Los ingresos se reparten siguiendo criterios mixtos: el 50% se distribuye en partes iguales entre los equipos, el 25% en función de los resultados deportivos de las últimas temporadas y el 25% restante según la implantación social, que incluye la cantidad de abonados, la venta de entradas y la audiencia televisiva durante el campeonato.

En Italia, la Serie A adoptó la negociación colectiva a partir de 2010. El 50% de los ingresos por derechos de televisión se reparte igualitariamente, el 30% según los resultados deportivos recientes y el 20% en función del tamaño del público de cada club, medido por audiencia y número de seguidores. Este modelo buscó equilibrar la competitividad, aunque la diferencia entre los clubes grandes y pequeños sigue siendo relevante.

En caso de que no exista un acuerdo, en Colombia se podría replicar el modelo mexicano

Debido a que el contrato actual con WinSport termina en diciembre de 2026, y que la Dimayor puede recibir ofertas por los derechos televisivos de la liga hasta septiembre, en caso de que los clubes del G8 no lleguen a un acuerdo, es posible que puedan comercializar sus derechos de manera individual.

Una liga en la que esto pasa es la mexicana, en la que cada club ha tenido autonomía para negociar sus propios contratos con televisoras. Comercialmente, este modelo beneficia a los equipos más populares, como América, Chivas y Cruz Azul, que pueden negociar contratos más lucrativos debido a su amplia base de seguidores y alto rating televisivo. Los clubes pequeños, en cambio, suelen recibir montos menores, lo que amplía la brecha financiera en la liga.

En 2020 se registró el último debate en el que clubes colombianos plantearon cambiar la distribución del dinero de los derechos de televisión. En esa ocasión, la propuesta fue que el 30% fuera entregado a los equipos clase A, el 10% para los tipo B y que el restante se distribuyera dependiendo del rendimiento deportivo del último año y por niveles de rating.

Durante el Gobierno de Gustavo Petro en Colombia se buscó implementar la “Paz Total”, una política impulsada para abordar integralmente los conflictos armados y la violencia en el país. Este enfoque buscó negociar y dialogar con todos los grupos armados ilegales, ya sean guerrillas, bandas criminales o estructuras narcotraficantes, con el objetivo de lograr su desmovilización y la reincorporación a la vida civil.

La estrategia no se limitó a acuerdos con grupos insurgentes históricos como el ELN, sino que incluyó a organizaciones criminales y otros actores armados que afectan la seguridad en distintas regiones. El proceso contempló medidas jurídicas, sociales y económicas para facilitar la transición de los excombatientes, así como la reparación de las víctimas y el fortalecimiento institucional en los territorios afectados.

El concepto de “paz total” representó un intento por superar décadas de violencia mediante el diálogo, pero tuvo varios fracasos que han sido destacados por la oposición en los últimos meses.

Plan Patriota 2.0: la estrategia que terminará con la “Paz Total”

Antes de que comience el mandato de Abelardo de la Espriella, se anunció que tras formalizar una nueva alianza con Estados Unidos, en Colombia volverá a ser implementado el Plan Patriota, con el que se volverá a reconfigurar la percepción del terrorismo y otras problemáticas en el país.

En diálogo con Infobae Colombia, el experto en geopolítica Juan Camilo Ubaque recordó que la primera vez que se implementó esta estrategia fue durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez.

“La Operación Libertad Uno fue la punta de lanza para neutralizar el cerco estratégico proyectado por las Farc-EP desde sus conferencias séptima y octava sobre Bogotá, combinando la reestructuración militar del Plan Horizontes, el despliegue de la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra), el programa de soldados campesinos y operaciones aerotransportadas de larga distancia orientadas a destruir corredores de movilidad y finanzas ilícitas”, mencionó Ubaque como claves de la estrategia.

Ese reordenamiento se terminó con el inicio de la negociación con las Farc durante el mandato de Juan Manuel Santos, se buscó que volviera a ser implementado por Iván Duque y fue completamente desmantelado durante la administración de Gustavo Petro, que puso todos los esfuerzos en la “Paz Total”.

“A diferencia del Plan Patriota, diseñado para enfrentar a un enemigo de estructura vertical, jerárquica y con doctrina maoísta de control territorial, el Plan Patriota 2.0 adapta la narrativa antiterrorista a un mapa fragmentado y multicrimen. La nueva doctrina amplía el espectro para abarcar por igual al ELN, a las disidencias Farc y al Clan del Golfo, clasificándolos no como actores políticos o grupos criminales locales, sino como redes transnacionales que amenazan directamente la seguridad hemisférica de Estados Unidos”, explicó el experto en geopolítica.

Entendiendo ese contexto, Ubaque mencionó que lo más probable es que se registre la reactivación de bombardeos tácticos y de una doctrina de guerra para desarticular a las estructuras criminales de unas dinámicas de narcoterrorismo internacional.

Para Ubaque, el factor diferenciador más drástico radica en el alcance geográfico de las operaciones. Mientras que la primera versión del plan tuvo una focalización predominantemente interna, el Plan Patriota 2.0 debería tener una naturaleza binacional y fronteriza de las amenazas actuales. La estrategia proyectaría acciones de cerco y desgaste similares a la Operación Libertad Uno, pero combinadas con mecanismos de cooperación internacional que permitirán arrastrar a los objetivos de alto valor estratégico hasta los límites territoriales e incluso proyectar presión sobre sus retaguardias históricas en Venezuela y las fronteras amazónicas con Ecuador y Perú.

“Esta aproximación encaja con precisión en el complejo de seguridad regional desplegado por Estados Unidos en el Pacífico y el Caribe, donde los ejercicios conjuntos en la zona buscan eliminar los corredores del crimen transnacional”.

Sobre la viabilidad del Plan Patriota 2.0, el experto explicó que se necesita una profunda transformación de la inteligencia militar, puesto que la estrategia original dependió del despliegue de soldados y redes de cooperantes, mientras que en el panorama actual, marcado por las denuncias de infiltración criminal en las estructuras de seguridad del Estado y el repliegue de los frentes armados, se va a necesitar más inteligencia tecnológica.

“Para el Plan Patriota 2.0, el conflicto ya no se tramita en una mesa de diálogo, sino que se resuelve con operaciones; la paz ha dejado de ser un fin negociable para convertirse en el resultado de la victoria militar”.

A pesar de que se mantiene el diálogo de paz entre el Clan del Golfo y el Estado colombiano en Qatar, este grupo paramilitar sigue delinquiendo en varias zonas del territorio nacional.

Muestra de ello es que las autoridades en Antioquia informaron que fue capturada alias Dallana, mujer que prestaba sus cuentas bancarias para que en ellas fueran depositadas las cifras que el Clan del Golfo exigía a comerciantes y campesinos en el norte del departamento.

De acuerdo con la Policía Nacional, esta mujer recibía hasta 600 millones de pesos al mes. Esos movimientos bancarios provocaron que comenzara una investigación para identificar el origen del dinero.

El comandante de la Policía de Antioquia, el coronel Luis Fernando Muñoz, reveló que la mujer pertenecía a la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcers, que tiene presencia en el norte y nordeste del departamento. El operativo de captura se llevó a cabo en el municipio de Santa Rosa de Osos, y “Dallana” será imputada por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir con fines de extorsión.

El coronel informó que “Dallana” llevaba alrededor de un año recibiendo el dinero de las extorsiones, pero ninguna de las víctimas sabía nada sobre la mujer, puesto que hombres armados eran los que se encargaban de hacer las exigencias de manera presencial.

“Esta estructura criminal obtenía rentas ilícitas, aproximadamente entre 50 y 600 millones de pesos mensuales. Con este resultado se afectan las finanzas criminales de estas organizaciones y también se da un parte de tranquilidad a las personas que, de una u otra manera, venían siendo afectadas por temas de extorsión”, declaró el comandante de la Policía de Antioquia, que aseguró que el efectivo que ingresaba a las cuentas bancarias de la capturada era utilizado para financiar las actividades criminales del Clan del Golfo en la región.

Coordinador de cobros extorsivos fue capturado en Antioquia

Al operativo mencionado se suma la captura, por parte del Ejército Nacional, de alias Andrés, señalado como presunto coordinador del cobro de extorsiones del Clan del Golfo en Antioquia. Según las autoridades, la operación se llevó a cabo gracias a labores de inteligencia y seguimiento en la vereda El Brasil, municipio de Cáceres, donde “Andrés” fue ubicado y capturado por tropas de la Décima Primera Brigada en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

Para las autoridades, alias Andrés es considerado uno de los principales responsables de la estructura financiera del Clan del Golfo en la región del Bajo Cauca antioqueño, donde, de acuerdo con la investigación, coordinaba la exigencia de pagos extorsivos a comerciantes, ganaderos, transportadores y mineros. Además, es señalado de intimidar y amenazar a la población civil y a empresarios para forzar el pago de cuotas ilegales, afectando la economía local y generando un clima de temor en las comunidades.

Durante la captura, las autoridades incautaron material de interés para las investigaciones, incluyendo celulares y documentos que serán analizados para ampliar el alcance de la red criminal y determinar la participación de otros integrantes.

Mediante un comunicado, el Ejército destacó que este golpe debilita la capacidad financiera del Clan del Golfo en Antioquia y hace parte de una estrategia de presión militar para frenar las actividades ilegales de esa organización. Alias Andrés fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos de concierto para delinquir, extorsión y amenazas.

“Con este resultado operacional se afecta de manera directa la estructura financiera de la subestructura Pacíficadores de Samaná del Clan del Golfo, al neutralizar a uno de sus principales dinamizadores económicos en la región. Asimismo, se debilita su capacidad para obtener recursos ilícitos mediante la extorsión y se reducen los factores de intimidación que esta organización ejercía sobre la población civil”, es como termina el comunicado.

A falta de 16 días para que termine el mandato de Gustavo Petro, diez de los actos administrativos que expidió durante su presidencia siguen demandados ante la jurisdicción por presuntas irregularidades en la creación de obligaciones sin respaldo legal, posibles excesos en la potestad reglamentaria, vulneración del principio de reserva y eventuales afectaciones a la seguridad jurídica.

La firma SPL Salgado Abogados y Consultores presentó las acciones judiciales que sostienen que las disposiciones cuestionadas deben ser revisadas por los jueces administrativos para determinar si fueron expedidas dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley.

Estos son los decretos denunciados durante los últimos seis meses

Uno de los procesos corresponde al Acuerdo 10 de 2023 del Sena, el cual, según la demanda, incorporó a la cuota de aprendizaje oficios que no requieren formación académica integral. Los demandantes afirman que esta decisión terminó convirtiendo la obligación principal del contrato de aprendizaje en subsidiaria sobre la monetización, generando una carga económica adicional para las empresas sin el debido respaldo legal.

Otro de los actos demandados es el Decreto 1225 de 2024, en el que se afirma que fueron impuestas obligaciones relacionadas con la reforma pensional antes de que esta entrara oficialmente en vigencia. La firma que demandó considera que ningún decreto reglamentario puede anticipar los efectos de una ley que aún no produce consecuencias jurídicas para los ciudadanos y empleadores.

Otro acto administrativo que fue demandado fue el Decreto 0234 de 2026, que reglamentó la negociación colectiva por niveles superiores al de la empresa. De acuerdo con la demanda, dicha figura no fue creada por el Congreso de la República y, por tanto, el Gobierno no podía incorporarla mediante un decreto reglamentario al tratarse de una materia reservada al legislador.

Asimismo, fue demandado el Decreto 0415 de 2026, por ordenar el traslado anticipado a Colpensiones de los recursos de afiliados al régimen de ahorro individual que aún no habían consolidado su derecho pensional. Los demandantes afirman que esta disposición contradice lo establecido por la propia reforma pensional, que prohíbe expresamente efectuar dichos traslados antes del momento definido por la ley.

Dentro de las acciones judiciales también se encuentran las Resoluciones 1145 de 2021 y 1323 de 2022 de la UGPP, relacionadas con la devolución de los recursos entregados durante la pandemia a través de los programas PAEF y PAP. La firma denunció que estas resoluciones ordenaron liquidar intereses moratorios conforme al Estatuto Tributario, pese a que dichos recursos corresponden a subsidios estatales (subvenciones) y no a obligaciones tributarias, razón por la cual consideran improcedente aplicar la liquidación de intereses como si fueran tributos.

Otro de los procesos fue presentado contra el Decreto 1601 de 2022, al considerar que omitió desarrollar el sistema de presunción de ingresos que la ley ordenó crear. Según la firma SPL, el decreto simplemente reprodujo disposiciones contenidas en normas anteriores sin cumplir el mandato legal de establecer un mecanismo completamente nuevo para determinar dichos ingresos.

La firma mencionada también demandó el Decreto 572 de 2025, con el que el Gobierno incrementó las tarifas de retención y autorretención en la fuente. La demanda sostiene que estas modificaciones carecieron del estudio técnico suficiente para justificar su impacto económico y que, en algunos casos, podrían producir efectos confiscatorios para empresas y contribuyentes.

Otra acción judicial fue presentada contra el Decreto 1017 de 2025, con la que se creó una tarifa del 0.1% sobre los fletes, lo que, según el gremio afectado, constituye la creación de una obligación tributaria mediante un decreto, desconociendo el principio constitucional de reserva de ley, según el cual únicamente el Congreso puede establecer tributos.

La Resolución 687 de 2026 también fue objeto de demanda por establecer un cobro fijo equivalente al 15 % del 25 % por concepto de supuestos gastos operativos dentro de los procesos de cobro coactivo. Para SPL, esta medida desnaturaliza el Estatuto Tributario y termina creando un cobro obligatorio sin autorización legal expresa.

Otro proceso legal que se registró fue contra el Decreto 1047 de 2024, con el que el Gobierno prohibió las exportaciones de carbón hacia Israel. Según la acción judicial, la medida desconocería compromisos adquiridos por Colombia en tratados internacionales de libre comercio, las reglas de la Organización Mundial del Comercio y principios constitucionales relacionados con la libertad de empresa y la libertad económica.

Tras participar en la Copa del Mundo con Brasil, que fue eliminado por Noruega en los octavos de final del torneo de naciones, el atacante Vinícius Junior es noticia en España, porque se filtraron fotografías del resultado de una intervención estética a la que se sometió el futbolista.

El brasileño reapareció en un evento social con un aspecto diferente, lo que generó especulaciones sobre una posible cirugía estética en el rostro. En redes sociales, imágenes y videos de Vinícius circularon ampliamente, mostrando un mentón más definido y rasgos faciales modificados, lo que alimentó los rumores sobre una intervención quirúrgica.

Fuentes cercanas al entorno del futbolista indican que, tras una temporada exigente y el desgaste acumulado por su participación tanto en la liga española como en la Copa del Mundo, Vinícius habría aprovechado el receso vacacional para someterse a un procedimiento estético. Sin embargo, no existe confirmación oficial sobre el tipo de cirugía ni declaraciones del propio jugador al respecto.

La nueva imagen de Vinícius ha generado todo tipo de comentarios entre aficionados y especialistas. Algunos destacan que el futbolista luce rejuvenecido y con mayor confianza, mientras otros opinan que el cambio fue demasiado notorio. A pesar de las especulaciones, Vinícius continúa centrado en su preparación para la próxima temporada con el Real Madrid, equipo del que es figura destacada.

Su entorno asegura que el jugador se encuentra en óptimas condiciones físicas y listo para enfrentar los retos deportivos que se avecinan, reafirmando su compromiso tanto con su club como con la selección brasileña.

Una de las fotografías que fue filtrada por la prensa en Madrid es de Vinícius junto a un médico, y aunque previamente el equipo del brasileño anunció que se haría una cirugía para tratar una dolencia en una de sus manos, se especula que en realidad se trató de un procedimiento estético.

El ‘Vinícius colombiano’ reaccionó a la noticia

Ricardo Rincón, conocido como el “Vinícius colombiano”, se ha vuelto popular por su parecido físico con el extremo brasileño, lo que le ha permitido participar de eventos públicos y partidos con creadores de contenido del mundo.

Precisamente, tras la filtración de la presunta intervención estética de Vinícius, el creador de contenido cafetero fue uno de los primeros en reaccionar al publicar una fotografía alterada con inteligencia artificial para aumentar el tamaño de rasgos en su rostro.

Rincón añadió el mensaje: “¿Y ahora?“, haciendo alusión al procedimiento que cambió por completo el rostro del futbolista por el que ha sido viral en reiteradas ocasiones. En los comentarios, seguidores del imitador dejaron mensajes graciosos para referirse a lo que podría hacer el colombiano de ahora en adelante.

“Mano, le tocó operarse también”, “Se te acabó la chamba, ya no te pareces en nada al original” o “Hay que buscar cirujanos que quieran publicidad, es el momento de la evolución para la réplica de Vini”, son algunos de los comentarios.

Su parecido con Vinícius lo hizo debutar en el fútbol profesional

En enero de 2026, sorprendió que el colombiano Ricardo Rincón firmara un contrato por seis meses con Real Frontera, club de la segunda división del fútbol venezolano. Debido a que Rincón solo había jugado partidos benéficos y con creadores de contenido tras su contratación, el periodista Elías López rechazó la contratación del colombiano, asegurando que solo ayudaba a desprestigiar al fútbol de su país.

“Esto será una de las mayores vergüenzas en la historia de nuestro fútbol. Una falta de respeto gigante con todos los futbolistas profesionales de nuestro país que luchan todos los días por una oportunidad. Es inadmisible”, escribió López en su cuenta de X.

En la instalación del Congreso de la República, llamó la atención que Luis Carlos Rúa, conocido en redes sociales como Elefante Blanco, se posesionó como senador con el disfraz que utiliza para denunciar irregularidades en contratos de obras públicas en el país.

Cabe recordar que Rúa cuenta con más de 400.000 seguidores en Instagram, red social que utilizó durante varios años para que comunidades pudieran exponer los problemas que tienen con diferentes “elefantes blancos”, término utilizado para referirse a obras de infraestructura o proyectos financiados con dinero público que quedan inconclusos, están abandonados o presentan sobrecostos masivos.

Precisamente, ese trabajo hizo que Rúa se convirtiera en uno de los candidatos al Senado que más apoyo recibió durante los comicios del 8 de marzo, por lo que prometió no dejar de lado a sus seguidores tras llegar al Congreso.

La promesa de Elefante Blanco tras ser posesionado como congresista

En su cuenta de Instagram, Rúa publicó dos fotografías de su llegada al Congreso y escribió un extenso mensaje en el que afirmó que su nuevo cargo permitirá que siga haciendo veeduría de las obras públicas con una mayor efectividad.

“Cinco años atrás, esto era un elefantico, un celular, mucha incertidumbre y un sueño. Hoy es una curul en el Senado y la continuidad de este proyecto. Un hecho que queda para la historia del mundo: el primer elefantico que se posesiona en un Senado. No cambiará el ingeniero, ni el profesor, ni el veedor ciudadano detrás del proceso. Solo cambió el lugar desde donde va a seguir haciendo control político sin filtro, pero ahora con esquema de seguridad, un equipo de trabajo estable y más garantías”.

El congresista le envió un mensaje a los ciudadanos que votaron por él en los comicios, a los que les prometió seguir luchando para terminar con la corrupción en el país.

“Esto es gracias a ti y para ti. Por tus comentarios, tu voz a voz, tus donaciones en las vakis, comprando un elefantico o marcando el tarjetón el 8 de marzo; por regalarme tu confianza aún sin conocer mi rostro: cada aporte lo hizo posible y es algo que jamás olvidaré. Te seguiré escuchando y velando por ti, informando avances, así como cada desafío que encuentre en el camino para que sigamos trabajando juntos y fortaleciendo esta comunidad de ciudadanos que entienden que corrupción es corrupción, sin importar quién la haga”.

Por último, Rúa mencionó lo que representa ser congresista, lo que describió como un reto para demostrar que en el Senado se puede trabajar de manera independiente y sin padrinos políticos.

“Hoy Colombia celebra 216 años de independencia, y este elefantico se posesiona con la misma palabra en la boca. No le debo favores a nadie y no tengo un jefe distinto a esta comunidad. Esa independencia que me caracteriza pienso cuidarla cada día en el Senado. Quiero seguir contando con tu respaldo, por eso te invito a que no dejes de interactuar, de compartirme lo que sientes. Te invito a que sigamos juntos haciendo historia, hasta que les dé miedo robar”.

El perfil profesional de Luis Carlos Rúa Sánchez

Luis Carlos Rúa Sánchez es ingeniero electricista, egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira y oriundo de Risaralda. Se hizo conocido en Colombia como el creador del personaje Elefante Blanco, con el que durante años denunció, desde el anonimato, obras públicas inconclusas y presuntas irregularidades en proyectos financiados con recursos estatales.

Su trabajo como activista digital lo llevó a acumular cientos de miles de seguidores en redes sociales, visibilizando casos emblemáticos de infraestructura abandonada. Antes de llegar al Senado, Rúa se desempeñó como docente universitario, asesor legislativo y contratista del Estado. Tras obtener más de 150.000 votos en las elecciones de 2026, logró una curul en el Congreso, donde afirmó que propondrá leyes para mejorar la infraestructura y fortalecer el control del gasto público.

Tras el triunfo de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia, el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, denunció un patrón de amenazas, hostigamientos y torturas contra personas beneficiarias de la reforma agraria en varios departamentos del país.

Según Harman y voceros de la ANT, estas acciones buscan intimidar y desplazar a quienes han recibido adjudicaciones de tierras durante la reforma agraria, con el objetivo de frenar la implementación de los procesos de redistribución y titulación de predios rurales.

La denuncia ante la Fiscalía General de la Nación fue presentada tras documentar hechos registrados en regiones como Sucre, Cesar, Magdalena, Santander, Atlántico, Bolívar, Meta, Córdoba, Caquetá y Putumayo, donde líderes campesinos y familias beneficiadas han sido víctimas de amenazas de muerte, agresiones físicas y psicológicas, secuestros y otras formas de violencia.

La entidad ha pedido que la comunidad internacional y los organismos de derechos humanos monitoreen la situación y pidan por la integridad de quienes participan en la reforma agraria.

Harman habló de una reforma para devolver predios a criminales

En diálogo con Noticias Uno, el director de la Agencia Nacional de Tierras afirmó que las denuncias y los procesos judiciales que han sido radicados contra acciones de su gestión en la entidad son una muestra de que los criminales buscan recuperar las tierras que fueron entregadas al campesinado.

El pronunciamiento de Harman se registró luego de que el abogado del presidente electo radicó una denuncia para deslegitimar el acuerdo entre la Agencia Nacional de Tierras y la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

“Para nadie es un secreto que este convenio compromete a más de 200 fincas de la mafia. Ojalá lo que realmente no esconda esta denuncia sea la intención de sectores asociados, cercanos al círculo del nuevo gobierno, de devolver la tierra de la mafia que nosotros recuperamos”, declaró Harman.

El demandante afirmó que la entrega, sin escrituras, de los predios que en su momento pertenecieron al narcotráfico, deja sin respaldo a los campesinos ante un posible fallo judicial contra la ANT y la SAE.

En su defensa, Harman aseguró que el contrato con la SAE se pagó en su totalidad para proteger los predios entregados y que cualquier fallo judicial se pueda resolver sin afectar a las familias que están trabajando la tierra en este momento.

“Seguían explotando la tierra sin pagarle un arriendo al Estado colombiano. A esa gente nosotros la desalojamos. La decisión de pagar el convenio es proteger el convenio de cualquier intención de resorte judicial. Si hubiera una decisión judicial de que se devuelva una finca a algún alias, no se le devuelve la finca, sino la plata del valor del predio”, aclaró el director de la ANT.

En la entrevista, el funcionario afirmó que uno de los predios que más le preocupa fue el intervenido en Becerril, Cesar, a alias Barbie, puesto que aseguró que los hijos del exjefe paramilitar son socios del presidente electo en la producción y distribución del ron Defensor".

La denuncia de la ANT ante la Fiscalía

La ANT anunció que ha identificado que los patrones de intimidación suelen venir acompañados de exigencias para abandonar los predios o desistir de los procesos de restitución o titulación, lo que constituye una violación grave a los derechos humanos y un obstáculo directo a la reforma agraria.

La entidad informó que los casos se han incrementado en los últimos meses, especialmente en territorios donde avanzan procesos de adjudicación de tierras a campesinos, comunidades afrodescendientes e indígenas. Ante esta situación, la ANT solicitó a la Fiscalía y a las autoridades competentes investigar a fondo los hechos y brindar protección urgente a los beneficiarios y líderes amenazados.

Desde el 20 de julio, escoltas y conductores afiliados a sindicatos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) instalaron campamentos en la sede de la entidad en Bogotá para protestar por el incumplimiento de acuerdos laborales.

Los voceros de los sindicatos exigen el pago de horas extras, mejores condiciones de trabajo y la formalización de contratos, ya que muchos prestan servicios bajo modalidades que, según denuncian, generan inestabilidad y falta de garantías. Afirman que la UNP no ha cumplido compromisos relacionados con la remuneración, la seguridad social y la entrega de equipos y dotaciones necesarias para el desempeño de sus funciones.

A la protesta se sumó el gremio de las Uniones Temporales de la UNP, que reclama mayor transparencia en la vinculación de 6.000 escoltas y la provisión de vacantes. Alrededor de 250 personas permanecen en el lugar y advierten que mantendrán la protesta hasta el 7 de agosto si no logran acuerdos. La UNP informó que mantiene canales de diálogo abiertos para buscar una solución a las reclamaciones laborales. En la tarde del 21 de julio, líderes del sindicato se reunieron con voceros del Ministerio del Interior y de la Defensoría del Pueblo, pero no llegaron a un acuerdo.

Las claves de las protestas contra la UNP

Giovanni Gallo, presidente de Analtraseg, uno de los sindicatos al frente de las protestas contra la Unidad Nacional de Protección (UNP), en diálogo con Infobae Colombia, cuestionó los procedimientos y decisiones de la administración actual. Según Gallo, uno de los principales problemas radica en la falta de transparencia en la vinculación de personal y en la precariedad de las condiciones que se ofrecen a los escoltas, especialmente ante la inminente creación de una planta de personal en los últimos días del actual gobierno.

Gallo denunció que existen sindicatos que han actuado a favor del Gobierno para recibir beneficios y ubicando a sus afiliados en cargos de coordinación dentro de la UNP. Aseguró que algunas de estas prácticas han generado favoritismos y una protección selectiva, y que algunos dirigentes han tenido relaciones personales con directivos de la entidad, lo que, a su juicio, ha propiciado decisiones poco transparentes y alejadas del interés general de los trabajadores.

Uno de los puntos más críticos expuestos por Gallo es la supuesta intención de la UNP de incorporar a más de 11.000 personas como escoltas en un corto plazo, sin contar con suficientes armas, chalecos antibalas ni municiones para garantizar condiciones mínimas de seguridad y operatividad. Advirtió que esto podría derivar en un detrimento patrimonial grave, ya que la entidad solo dispone de poco más de 1.000 armas, y cuestionó cómo se pretende que el resto de los escoltas ejerza sus funciones en condiciones tan precarias.

Para el líder sindical, la reducción de los requisitos para ingresar a la planta, bajando la experiencia mínima a seis meses y el nivel académico a bachillerato, genera riesgos de seguridad, pues teme que personas sin el debido estudio de antecedentes o preparación puedan ingresar a la UNP, lo que podría facilitar el acceso a cargos de protección a individuos sin los filtros de confianza y formación necesarios.

Gallo indicó que la responsabilidad es de Augusto Rodríguez, director de la UNP, por lo que cuestionó que la administración priorice el ingreso de nuevos aspirantes sin garantizar condiciones dignas, salarios adecuados ni estabilidad laboral para quienes llevan años en el servicio.

Además, denunció que los actuales salarios netos ofrecidos no cubren las necesidades básicas de quienes podrían ser trasladados a cualquier parte del país, lo que, en su opinión, constituye una oferta indigna. Gallo rechazó los intentos de desacreditar la protesta sindical y reafirmó que la lucha de Analtraseg y otros sindicatos busca condiciones laborales transparentes y justas para los más de 16.000 trabajadores de la UNP, y exigió que cualquier proceso de vinculación a la planta se realice con garantías de transparencia, estudios de seguridad y condiciones salariales que dignifiquen la labor de los escoltas.

Tras la instalación del Congreso de la República, Honorio Henríquez, del Centro Democrático, fue elegido presidente del Senado de la República de Colombia para el periodo legislativo 2026-2027. En la votación, Henríquez logró conseguir 56 votos, mientras que Alfredo Deluque, del partido de la U y candidato respaldado por el Gobierno electo de Abelardo de la Espriella, solo obtuvo 45.

Como líder del Senado, Henríquez también asumirá la presidencia del Congreso de la República. Entre sus responsabilidades principales se destacan dirigir las sesiones plenarias, coordinar la agenda legislativa y representar al poder legislativo en actos protocolarios, conforme con lo estipulado en la Constitución y la Ley 5 de 1992.

Debido a que lo habitual es que el presidente del Congreso (en el primer año de mandato) sea un candidato respaldado por el presidente electo, el triunfo de Henríquez representó una derrota para Abelardo de la Espriella y para su designado ministro del Interior, Rodrigo Lara.

Experto analizó la primera derrota de Lara en el Ministerio del Interior

En diálogo con Infobe Colombia, Alejandro Toca, coordinador de la Maestría en Gestión Pública de la Universidad Politécnico Grancolombiano, indicó que la derrota de De la Espriella en el Senado se debe leer de manera correcta y no como un escenario fatal para el presidente electo.

“Esta derrota debe dimensionarse correctamente. No significa que perdió el Congreso, en la Cámara eligió a Barguil y el mismo Henríquez pertenece a un partido que va a apoyar al Gobierno. Es más profunda en el sentido de que perdió el intento de elegir quién lideraba la coalición. Ahora no es autoridad sobre los partidos que lo apoyaron. El Centro Democrático le recordó que tiene un liderazgo propio en Álvaro Uribe Vélez. Ahora hay dos centros de poder y esto obligará a que el presidente negocie antes de la posesión”, anticipó el experto.

Sobre la alianza que se registró entre el Pacto Histórico y el Centro Democrático durante la elección, Toca anticipó que se trata de un escenario que podría repetirse si el nuevo gobierno no se acomoda mejor a las dinámicas del Congreso.

“La alianza entre el Pacto Histórico y el Centro Democrático se habla poniendo un apellido. Fue una coalición negativa, votaron por el mismo candidato porque coincidieron en que se debía derrotar al candidato de Abelardo de la Espriella. Había que negarle al presidente electo la presidencia del Senado y conservar la relevancia tras perder las elecciones presidenciales. El Pacto Histórico demostró que sus votos son significativos, mientras que el Centro Democrático se consolidó y le recordó a De la Espriella que no serán socios subordinados. No hay una reconciliación entre el Pacto Histórico y el Centro Democrático, pero se revela algo importante: el Pacto Histórico será árbitro ocasional y el Centro Democrático va a combatir por la conducción de la derecha”.

Para el experto, Rodrigo Lara comenzará su gestión como ministro del Interior con menos fuerza de lo que se esperaba, puesto que fue notorio que intentó que Alfredo Deluque fuera presidente del Senado.

“Rodrigo Lara llega al ministerio muy debilitado, pero no necesariamente desautorizado. La diferencia es importante porque fue su primera operación política, intervino públicamente para intentar conseguir el apoyo del Centro Democrático y anunció que la candidatura de Henríquez dependería del Pacto Histórico. Lara no consiguió convertir el apoyo en votos efectivos.

Para Alejandro Toca, lo registrado el 20 de julio no es el resultado de un error de cálculo de Lara, sino la muestra de que deberá aprender de manera rápida los retos que representará su cargo para que el presidente electo pueda gobernar.

“No es que haya calculado mal, él debe conocer los intereses reales de las bancadas y traducir esto en acuerdos para generar mayorías. La votación secreta de algunos demostró que Lara conoce los compromisos, pero no controla las dinámicas del Senado. Ahora deberá reconstruir la relación con el Centro Democrático, dejará de contar partidos completos y comenzará a formar mapas por intereses individuales. La tercera corrección es compleja porque han prometido una comunicación transparente y eso es valioso, pero si se renuncia al intercambio burocrático, hay que reemplazarlo por compromisos verificables con participación en la agenda y acuerdos territoriales. No hay gobernabilidad gratuita”.

En el programa Se dice de mí, Geronimo Ángel, hijo de Juan Pablo Ángel, exfutbolista de la selección Colombia y clubes como Aston Villa y River Plate, habló sobre su infancia y todo lo que pasó en su vida antes de revelar a sus familiares que era homosexual.

En primer lugar, Juan Pablo Ángel y María Paula Gutiérrez, padres del deportista que tomó relevancia en la farándula colombiana tras participar en El Desafío, contaron detalles del nacimiento de Geronimo, que se registró cuando River Plate vendió los derechos deportivos del exdelantero a Aston Villa, en Inglaterra.

En el Reino Unido, Gutiérrez identificó que su hijo se diferenciaba del resto de niños y que tenía gustos diferentes a los que tenía la mayoría de varones en el colegio; a la par, Geronimo creció con la creencia de que debía tener afinidad por el fútbol por lo que eso representaba para su padre.

“Era muy lindo ver a mi papá cumplir esos sueños y convertirse en ese atleta que representó como jugador de fútbol a nivel internacional, pero también marcó un inicio de lo que iba a ser Gero Ángel. Es un lugar (Birmingham) en el que comenzó el amor por el arte", declaró el hijo del exfutbolista.

En Inglaterra, Juan Pablo Ángel comenzó a identificar que su hijo hacía cosas para satisfacer sus gustos personales, ya que no le gustaba el fútbol, pero lo practicaba junto con sus hermanos (Tomás Ángel es futbolista profesional).

“Geronimo llegó e iluminó todo, pero no fue un tema inmediato porque claramente yo no tengo relación con el arte, con la música, con el baile, con el canto, con la actuación, con nada de eso. Cuando intentaba jugar fútbol, entiendo que para complacerme, cero cualidades. A él no le gustaba, simplemente buscaba un momento de interacción”.

María Paula Gutiérrez se convirtió en la confidente de Geronimo Ángel, puesto que además de ser su madre, dejó a un lado los estigmas sociales y apoyó a su hijo en todas sus decisiones.

“Yo me acuerdo que salía Shakira en un video nuevo con una falda de monedas y yo quería esa falda con monedas. Mi mamá de una me conseguía la falda con monedas. Fue lo que me permitió a mí ingresar al mundo en el que estoy”, confesó Geronimo Ángel.

El traspaso de Juan Pablo Ángel a la MLS, en Estados Unidos, terminó de convencer a Geronimo de que su futuro no era el deporte convencional. “Cuando dije que me iba a meter a clases de baile, mi papá dijo que con toda, que no fuera a perder una clase, que iba a asistir a todo”, declaró el hijo del exfutbolista.

Mientras estaba en la parte final de su carrera, Juan Pablo Ángel también ayudó a que su hijo mayor terminara de explorar el camino artístico y personal al que quería pertenecer. “Eso le ha ayudado a tener una percepción y una idea distinta del mundo, eso es lo que él quiere hacer”.

Volver a Colombia representó tener que retroceder en su trabajo como bailarín, y también permitió que Geronimo Ángel entendiera que además de bailar, su sueño también era cantar, proceso con el que sigue ligado hasta la fecha.

“Ya tenía la competencia adentro, el querer ser el mejor. Yo quería ser mejor todos los días y llegué a una academia en la que la técnica era lo primero. Tuve muchas oportunidades artísticas, yo estaba viviendo en el mundo que veía en MTV y se estaba volviendo realidad, pero ahí me di cuenta de que no quería ser bailarín, y comencé a trabajar en clases para cantar”, puntualizó el artista y deportista.

El 18 de julio se confirmó que un juez ordenó la suspensión del proceso de contratación de escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), cuyo valor supera los 78.000 millones de pesos, tras las alertas presentadas por el presidente electo Abelardo de la Espriella.

La decisión se registró luego de que se admitiera una acción de tutela interpuesta por un escolta afectado, que argumentó posibles vulneraciones a derechos fundamentales debido a presuntas irregularidades y diferencias en la convocatoria, que solo incluyó a las zonas uno y dos del país. El proceso de selección quedó suspendido de manera provisional mientras se analiza el fondo del caso, lo que impide a la UNP adjudicar el contrato hasta que se resuelvan los cuestionamientos planteados en la tutela.

De acuerdo con el juez, la medida busca garantizar la igualdad y transparencia en la contratación de escoltas, así como la protección de los derechos de los trabajadores afectados por la decisión administrativa de la entidad.

Los detalles de la tutela que provocó la decisión del juez

Infobae Colombia tuvo acceso al documento de la acción de tutela que radicó un escolta adscrito al programa de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP). El documento mencionó que, entre 2023 y 2026, la UNP implementó una serie de licitaciones y contratos con el fin de garantizar la continuidad de los esquemas de protección, organizando la operación por zonas y permitiendo la participación de diferentes empresas de vigilancia.

En 2023, la licitación PSA-UNP-118-2023 adjudicó catorce de quince zonas para la tercerización de aproximadamente 16.000 escoltas, bajo un modelo territorial. Posteriormente, otros procesos como PSA-UNP-087-2025 y PSA-UNP-040-2026 ajustaron y adjudicaron nuevas zonas contractuales. Sin embargo, en junio de 2026, la UNP publicó el aviso de convocatoria para el proceso PSA-UNP-054-2026, inicialmente diseñado para adjudicar diez zonas, pero que, a último momento, restringió la convocatoria solo a las zonas uno y dos, afectando a cerca de 3.500 escoltas.

El accionante argumentó que la decisión de la UNP de limitar el nuevo proceso exclusivamente a estas dos zonas, sin una explicación pública ni estudios técnicos que respalden la medida, representaba un trato desigual y arbitrario. Mientras que los escoltas de las zonas restantes mantenían la continuidad laboral bajo mecanismos contractuales diferentes.

El escolta denunció que esta modificación administrativa rompía el principio de igualdad y confianza legítima, ya que todos los escoltas desempeñan funciones equivalentes en el mismo programa institucional. El demandante sostuvo que la falta de justificación objetiva y verificable para la diferencia de trato vulneraba los derechos fundamentales como la igualdad, el trabajo, el mínimo vital, la dignidad humana y el debido proceso administrativo.

El individuo alertó que, en caso de que avanzara la licitación para que terminara siendo adjudicada a un nuevo operador sin experiencia, los escoltas afectados perderían su única fuente de ingresos antes de que la justicia pudiera pronunciarse.

El accionante solicitó la suspensión provisional del proceso PSA-UNP-054-2026, así como que la UNP se abstuviera de imponer cargas diferenciadas o adoptar decisiones discriminatorias sin justificación suficiente entre trabajadores en igualdad de condiciones.

Sumado a ello, el escolta pidió que la entidad exponga y acredite los estudios técnicos, jurídicos, financieros y presupuestales que justifiquen la convocatoria exclusiva de las zonas uno y dos.

La tutela enfatizó que no se pretende impedir que la UNP adelante procesos de contratación pública ni reclamar un derecho a permanecer indefinidamente vinculado a un contratista determinado, sino que se busca que cualquier diferencia de trato esté sustentada en criterios objetivos, razonables y verificables. Finalmente, el texto detalló el presupuesto oficial de la contratación para las diez zonas, que asciende a más de 825.000 millones de pesos, y señaló la obligación de la entidad de garantizar la transparencia, la participación comunitaria y el control social en los procesos de selección.

Durante 2025, la inseguridad en las vías de Colombia se agravó por el aumento de ataques armados, desplazamientos forzados y bloqueos en corredores rurales y carreteras principales.

De acuerdo con las autoridades, entre enero y septiembre, más de 1,5 millones de personas resultaron afectadas por el conflicto armado y la violencia generalizada, con especial impacto en departamentos como Cauca, Chocó y Norte de Santander. Durante ese tiempo, se registraron 339 eventos que restringieron el acceso humanitario y la movilidad, vinculados a paros armados y atentados contra la población civil.

El desplazamiento masivo incrementó un 93% durante 2025 en comparación con el año anterior, mientras que los confinamientos aumentaron un 19%. El accionar de grupos armados ilegales, como el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, incluyó ataques con explosivos, emboscadas y bloqueos, afectando tanto a viajeros como al transporte de carga. Además, la expansión de estos grupos alcanzó cerca del 73% del territorio nacional, generando un entorno de riesgo constante en la red vial y zonas rurales.

Transportadores de carga se plantean no ingresar más al Chocó

Debido a los recientes problemas que se han registrado para el acceso terrestre al departamento de Chocó, vinculados a la presencia de grupos armados ilegales que han intensificado los bloqueos y acciones violentas en los principales ejes viales de la región, transportadores que cubren las rutas hacia y desde Chocó han manifestado preocupación ante el aumento de retenes ilegales, amenazas con cargas explosivas y la quema de vehículos, lo que ha llevado a considerar la suspensión de sus operaciones en la zona.

De acuerdo con Walter Arango, vocero de los transportadores terrestres en el departamento, es la primera vez que los conductores viven una situación con tal nivel de riesgo, mencionando la aparición frecuente de banderas de grupos armados y artefactos explosivos improvisados en las carreteras.

“Nunca se había visto esta situación: Tantos problemas con los vehículos, banderas de grupos armados constantemente en las vías, al igual que las pipetas de gas con artefactos explosivos”, declaró Arango a Noticias RCN.

El vocero de los transportadores afirmó que la posible interrupción del servicio de transporte terrestre plantea riesgos directos para la población de Chocó y sus 31 municipios, dado que la movilidad de mercancías y personas depende en gran medida de estos corredores.

Comerciantes locales han señalado que, debido a los bloqueos y amenazas de ataques a vehículos, algunas cadenas de supermercados nacionales estarían evaluando la posibilidad de cerrar sus tiendas en la región, ante las dificultades para garantizar el abastecimiento de productos.

Habitantes y líderes comunitarios han solicitado al Gobierno Nacional la adopción de medidas que permitan restablecer la seguridad en las vías, facilitando el trabajo de los transportadores de carga y permitiendo que la población local y los visitantes puedan desplazarse sin temor a incidentes violentos relacionados con la actividad de grupos criminales en el territorio.

La violencia aumenta los costos del transporte de carga

El cierre de la vía Quibdó-Medellín, por enfrentamientos y acciones violentas en el departamento de Chocó, ha generado un aumento significativo en los costos del transporte de carga.

Transportadores informaron sobre la presencia de retenes ilegales y amenazas de secuestro por parte de grupos armados, lo que ha obligado a modificar rutas o suspender servicios hacia el departamento. Esta situación ha provocado sobrecostos de hasta un 100% en el valor del flete, dificultando el abastecimiento y encareciendo los productos en la región.

Los transportadores señalaron que el temor a secuestros y ataques, sumado a la quema de vehículos, limita su disposición a ingresar al territorio chocoano. Comerciantes y habitantes han alertado sobre el riesgo de desabastecimiento debido a la suspensión parcial o total de los servicios de carga, mientras solicitan medidas urgentes para garantizar la seguridad en los principales corredores viales del departamento.

Antes de que sea posesionado como presidente, una de las propuestas de campaña que más ha llamado la atención de Abelardo de la Espriella es “Casa Milagro”, que deberá ser implementada por el designado ministro de Vivienda Jaime Andrés Beltrán.

Antes de los comicios, De la Espriella anunció que el programa plantea la construcción de más de un millón de viviendas durante el periodo presidencial, con el objetivo de reactivar el sector y facilitar el acceso a vivienda propia para familias de bajos y medianos ingresos.

En diálogo con Infobae Colombia, el empresario Óscar Ramírez Acevedo, experto en el área de construcción, habló sobre la viabilidad de la iniciativa y cómo esta podría comenzar a operar con “País de Propietarios”, un modelo que busca articular al Estado, el sistema financiero, los municipios, las familias y el sector constructor, con el objetivo de construir un millón de viviendas mediante cuotas mensuales de 500.000 pesos.

El experto explicó que para ello se tendrían que abordar temas como la financiación, la disponibilidad de suelo, la participación de la banca y la coordinación institucional, puesto que la propuesta parte del modelo Suvs (Sistema Único de Vivienda Subsidiada), para la entrega de viviendas de 100 millones, con pagos comparables o inferiores a los cánones de arrendamiento actuales en el país.

“Tener casa no es riqueza, pero no tenerla sí es pobreza”, afirmó Ramírez, que destacó que la construcción de vivienda no solo resuelve el acceso a la propiedad, sino que también impulsa la economía en múltiples sectores. Según el industrial, cada vivienda construida genera empleo para obreros, ingenieros, arquitectos, transportadores, ferreterías, fabricantes de acero, cementeras y proveedores de insumos.

El planteamiento incluye una reflexión sobre el rol del acero y la construcción en la economía nacional, con la afirmación de que ningún sector productivo se desarrolla sin la infraestructura y los materiales que proporciona la industria de la construcción.

El experto afirmó que, en términos de articulación institucional, el modelo propone la colaboración entre el Gobierno nacional, el Fondo Nacional del Ahorro, el sistema financiero, las entidades territoriales, los propietarios de suelo y los constructores privados, con el propósito de consolidar una política pública que amplíe el acceso a la propiedad y convierta la vivienda en un motor sostenible de desarrollo económico.

Cabe mencionar que, durante los últimos meses, País de Propietarios ha sido discutido en escenarios empresariales, académicos y gremiales, y previamente los promotores han hablado sobre la posibilidad de instalar una mesa técnica con el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán.

El diseño de País de Propietarios contempla la participación activa de las familias beneficiarias, que aportarían cuotas mensuales, lo que, de acuerdo con el empresario, no representa una competencia entre iniciativas, lo que habitualmente se registra en el mercado, sino una oportunidad para sumar enfoques políticos y técnicos en torno a un objetivo común: “ampliar el acceso a la vivienda y fortalecer el sector de la construcción como motor de empleo y productividad”.

Los retos de Beltrán en el Ministerio de Vivienda

Jaime Andrés Beltrán asumirá el Ministerio de Vivienda con el reto de liderar la construcción de más de un millón de viviendas, meta fijada por el nuevo gobierno. Entre sus desafíos principales se encuentra garantizar la financiación suficiente para los programas habitacionales, incluyendo el fortalecimiento de subsidios y la reducción de tasas de interés para facilitar el acceso a crédito hipotecario.

La gestión de suelo urbano y la articulación con alcaldías y gobernaciones para habilitar terrenos en distintas regiones del país representan otro reto clave. Beltrán deberá coordinar la participación de la banca, el sector constructor y las entidades territoriales, además de asegurar la continuidad y ampliación de programas como arriendo con opción de compra y la promoción de alianzas público-privadas para movilizar recursos. También enfrenta el desafío de optimizar la ejecución presupuestal y garantizar transparencia en la adjudicación de subsidios y contratos relacionados con vivienda social.

El 17 de julio, la Fiscalía General de la Nación ocupó bienes por más de 45.000 millones de pesos pertenecientes al cantante Charlie Zaa, en un proceso de extinción de dominio por presuntos vínculos con dinero ilícito del paramilitarismo.

Las propiedades intervenidas incluyen el centro comercial El Oasis y el hotel boutique Monasterio Resort en Girardot, además de una discoteca en ese municipio y otra en Ibagué. La acción se registró tras una investigación de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá, que estableció posibles nexos entre estos bienes y recursos ocultos del exjefe paramilitar Diego Martínez Goyeneche, alias Daniel, del Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El expediente señala que los inmuebles fueron adquiridos por terceros para lavar dinero y eludir la reparación a las víctimas. Tras el operativo, se confirmó que Charlie Zaa será investigado, mientras que los bienes quedarán bajo administración estatal mientras se define su destino legal.

Uno de los aspectos que sorprendieron del procedimiento es que las propiedades intervenidas no serán administradas por la Sociedad de Activos Especiales, sino que serán asumidas por Justicia y Paz, la justicia transicional que comenzó a funcionar tras el acuerdo de paz entre el Estado y las AUC.

La explicación de este hecho es que la Fiscalía señaló que la orden de ocupación se tramitó ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, no ante un juzgado de extinción de dominio ordinario.

De hecho, el nombre de Charlie Zaa apareció en una investigación del tribunal transicional cuando en 2024 declararon que el artista había visitado en la cárcel a Diego José Martínez Goyeneche, alias Daniel, jefe del Bloque Tolima de las AUC, para entregarle cuentas de algunos negocios. La Fiscalía sostiene que esos bienes en realidad pertenecerían a “Daniel”, que habría recurrido a terceros para mover dinero e invertir en inmuebles con el fin de ocultar su origen ilícito y evitar que fueran destinados a reparar a las víctimas del conflicto.

Por esa razón, la Fiscalía indicó expresamente que, tras la ocupación por el CTI, los bienes “serán dispuestos al Fondo para la Reparación de las Víctimas”, y no a la SAE.

Al respecto, en diálogo con Infobae Colombia, el docente jurídico Nicolás Mayorga explicó que cuando un bien viene de la confesión de un postulado de Justicia y Paz, o fue identificado por la Fiscalía dentro de ese proceso especial, la Ley 975 de 2005 ordena que ese bien no se quede en el trámite ordinario que administra la SAE, sino que será puesto a disposición del Fondo para la Reparación de las Víctimas. Esa regla fue introducida por la Ley 1592 de 2012 y fue ajustada por la Ley 1849 de 2017, es decir, la ley le da prioridad a la ruta de reparación a víctimas sobre la ruta ordinaria de extinción de dominio.

¿Qué es Justicia y Paz?

Mayorga recordó que se trata de un mecanismo de justicia transicional para excombatientes de grupos armados ilegales desmovilizados, principalmente de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

A quienes se acogen a esta ley se les denomina “postulados”. Estos deben confesar sus delitos, aportar verdad y entregar bienes, a cambio de penas alternativas reducidas respecto a las del proceso penal ordinario. La reducción de la pena está condicionada a la reparación económica de las víctimas, usando el patrimonio propio y el de terceros que hayan actuado como testaferros.

Entre 2004 y 2006, las AUC entregaron las armas en desmovilizaciones colectivas, disolviendo 36 estructuras armadas y sumando 30.944 personas desmovilizadas. Ante la imposibilidad de juzgar individualmente todos los delitos graves cometidos, la ley estableció una unidad de la Fiscalía y salas judiciales especializadas para tramitar estos casos. La Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz y los tribunales superiores, como el de Bogotá, gestionan estos procesos. La entrega de bienes por parte de los postulados es un requisito permanente y no prescribe, ya que muchos activos solo se identifican años después mediante investigaciones o denuncias. La Ley 975 de 2005 sigue vigente y ha sido reformada, manteniendo la obligación de reparar a las víctimas con el patrimonio de los excombatientes.

La ganadería en Colombia representa un sector clave para la economía rural y el comercio exterior. En 2025, las exportaciones agropecuarias y agroindustriales superaron los 15.300 millones de dólares, alcanzando un máximo histórico.

La expansión ganadera también está asociada a la transformación de ecosistemas: entre 2016 y 2024, en el departamento del Guaviare, la deforestación alcanzó 125.794 hectáreas, mientras los pastizales crecieron 184.061 hectáreas, evidenciando una relación directa entre la conversión de bosques y la ganadería extensiva. El aumento de la capacidad de carga bovina en los municipios vinculados a programas de sustitución de cultivos ilícitos llegó al 4%, lo que, además de resaltar el rol de la ganadería como alternativa económica, aumenta los riesgos a los que están expuestos los animales.

Proyecto colombiano busca proteger al ganado y los páramos con drones

Recientemente, la Alcaldía de Sopó presentó, junto con la Universidad de la Sabana, una estrategia para proteger los páramos colombianos y el ganado mediante el uso de drones autónomos e inteligencia artificial.

En la presentación del programa destacaron que uno de los argumentos para apostarle a este tipo de proyectos es que en Colombia están cerca del 50% de los páramos en el mundo, de los cuales sale el 70% del agua que consumen cerca de tres millones de personas en el país.

La Universidad de La Sabana, en alianza con la Alcaldía de Sopó, desarrolla una innovadora estrategia tecnológica para la protección de los páramos colombianos mediante el uso de drones autónomos e inteligencia artificial. En esto consiste.

Sobre la vulnerabilidad de estos lugares, el Fondo Mundial para la Naturaleza ha resaltado que la siembra de cultivos, la minería y la deforestación por la frontera agropecuaria, especialmente por ganadería extensiva, son problemas que deben ser resueltos.

Debido a la importancia de la ganadería para la economía del país, los docentes Jorge Castellanos y David Celeita crearon el proyecto para mitigar la presencia de ganado en zonas restringidas, que en la mayoría de los casos se registra por la pérdida de los bovinos.

Los expertos desarrollaron el programa con drones que será estrenado en Sopó, que es capaz de operar de forma autónoma y de identificar bovinos en tiempo real, por medio de redes neuronales y visión artificial.

“Para poder hacer el análisis del modelo de inteligencia artificial, se tuvo que entrenar el modelo con varias fotos de ganado tomadas desde dron. Podemos tener alrededor de unas 800 fotos de forma aérea. Este modelo no solo detecta dónde exactamente están las vacas, sino que además cuenta la cantidad de animales que puede haber en cada una de esas zonas. Entonces permite establecer una zona georreferenciada, donde se puede saber la posición y el número de vacas que está presente”, explicó Castellanos.

El dron funciona por una trayectoria que es establecida por el usuario. Se deben establecer los puntos o las coordenadas donde él debe volar a cierta altura y, después de que se programa, él despega solo, recorre las zonas a la altura establecida y va tomando fotos por toda la ruta planeada. Cuando regresa a su punto de origen, estas fotos se cargan al software y este saca la ubicación de donde se tomó la foto y la cantidad de ganado que hay allí sin equivocarse.

Al final, el software arroja un resumen gráfico, hace la geolocalización en un mapa real, donde se detalla cuál es la zona donde se encuentra el ganado y cuántas cabezas hay.

Desde la administración municipal de Sopó destacan que el proyecto fortalece los procesos de seguimiento y control en zonas de especial interés ambiental, convirtiéndose en una herramienta clave para la gestión del territorio y la protección de los recursos naturales.

Lizeth Herrera, secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación del municipio, explicó que la iniciativa ha permitido explorar el potencial de tecnologías emergentes para la protección de los ecosistemas y del ganado. “Esta alianza nos ha permitido mapear la ganadería extensiva y generar un sistema de información que facilite la toma de mejores decisiones”, afirmó.

En la noche del 17 de julio, Ecopetrol informó, a través de un comunicado de prensa, que se registró un incidente cibernético en los sistemas digitales de la empresa en los que un actor externo intentó perpetrar el “secuestro de información” de usuarios.

“Ha identificado un acceso no autorizado a ciertos recursos digitales de su propiedad, por parte de un actor externo aún no identificado, así como un intento de ejecución de ransomware (secuestro de información) que fue bloqueado oportunamente por los controles de ciberseguridad implementados al interior del Grupo Empresarial (GE)”.

En el documento se explicó que el acceso no autorizado afectó entornos de almacenamiento de archivos en la nube de aproximadamente 15 compañías del GE, puesto que los criminales descargaron datos asociados de 3.300 cuentas de usuarios, y externos comunicaron que han recibido exigencias de dinero y amenazas de divulgar la información extraída.

Ecopetrol informó detalles del protocolo que se activó tras identificar la intromisión de externos en sus sistemas, lo que incluye el “inicio de una investigación y la activación de los protocolos de atención y respuesta a incidentes, además del despliegue de las siguientes actividades con el propósito de evitar que la información, objeto de extracción ilegal, sea divulgada públicamente por el actor externo”.

Estos son los actos que realizó la empresa tras el ataque cibernético:

• Revocación inmediata de accesos no autorizados a los actos digitales comprometidos.
• Bloqueo en mecanismos asociados a descargas masivas de información.
• Formulación de denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y despliegue de actividades de cooperación con entidades nacionales especializadas.
• Identificación de infraestructuras externas utilizadas para el almacenamiento o descarga de información con el fin de gestionar acciones de restricción o bloqueo.
• Activación de mecanismos de acompañamiento con aseguradoras y áreas especializadas de mercado de capitales para la adecuada gestión del evento.
• Valoración detallada de la información descargada y determinación de su criticidad.
• Monitoreo intensificado de la infraestructura tecnológica bajo esquemas de alertamiento crítico y validación continua de controles preventivos y detectivos.

La compañía informó que hasta el momento no se ha identificado ningún tipo de interrupción material de sus operaciones o de la capacidad de producción de sus servicios esenciales, de la misma forma, confirmaron que evaluarán todo lo relacionado con la posible exposición de información que pueda dañar la reputación o los resultados operacionales de la empresa.

“Ecopetrol S.A. continuará monitoreando la evolución de esta situación y, en caso de identificarse hechos o información material que deba ser divulgada al mercado, informará oportunamente de conformidad con la normativa aplicable”, es como termina el comunicado.

El posible impacto del ataque

El incidente cibernético reportado por Ecopetrol es de suma gravedad por el rol estratégico que la empresa desempeña en la economía nacional y la seguridad energética del país.

El acceso no autorizado y el intento de ransomware no solo exponen la confidencialidad de información de las 3.300 cuentas de usuarios mencionadas por Ecopetrol, y dejan en riesgo la posible divulgación de datos sensibles, sino que hacen que se generen dudas sobre la seguridad en áreas críticas que podría comprometer operaciones internas, afectar la confianza de socios comerciales e inversionistas y facilitar futuros ataques.

Si los datos incluyen información técnica, financiera o personal, el daño reputacional y la exposición a fraudes, espionaje o sabotaje serían significativos para la empresa y el Estado. Un ataque exitoso podría representar interrupciones de producción, alteraciones en el suministro de combustibles y pérdidas económicas para la nación.

Se espera que, con el avance de la investigación, Ecopetrol informe sobre la magnitud del caso y exponga cómo será mejorada la ciberseguridad en sectores estratégicos para evitar impactos sistémicos en la economía.

El 15 de julio, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación ocuparon 52 bienes, valorados en más de 14.100 millones de pesos, que presuntamente pertenecen a Uldar Cardona Rueda, cabecilla financiero del Clan del Golfo.

La operación “THOR” se registró en Caucasia, Nechí, Envigado y Sabaneta, Antioquia, con el objetivo de afectar la capacidad económica de la organización. Las autoridades informaron que los inmuebles, adquiridos con dinero del narcotráfico y la extorsión, eran usados como refugio y descanso por el cabecilla y otros miembros del grupo.

El 17 de julio, fuentes de Infobae Colombia confirmaron que 23 de los bienes pasarán a ser administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), mientras que los restantes seguirán en un proceso de viabilidad jurídica.

“Esta es otra muestra de que, hasta el final de este Gobierno, la SAE sigue y seguirá cumpliendo con dignidad, transformando en legal lo que fue ilegal, además de ponerlo al servicio de quienes, de alguna manera, fueron víctimas del narcotráfico y sus otros delitos derivados”, declaró la presidenta de la SAE, Amelia Pérez, sobre la entrega de las propiedades.

Las claves de la entrega

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Delegada de Extinción de Dominio, decretó medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 23 predios urbanos y rurales, así como vehículos, semovientes y establecimientos de comercio, que presuntamente pertenecieron a cabecillas del Clan del Golfo.

La intervención se registró gracias a informes en los que quedó descubierta la injerencia de los hermanos Andrés Alberto Machado Arrieta y Eimer Antonio Machado Arrieta en actividades criminales en municipios del Bajo Cauca antioqueño. De acuerdo con las investigaciones, ambos serían miembros relevantes de una subestructura del Clan del Golfo.

La investigación penal permitió identificar, mediante análisis patrimonial y pesquisas de campo, bienes y recursos económicos que, según la Fiscalía, estarían permeados por los réditos de actividades ilegales. Se recabaron pruebas documentales, entrevistas, inspecciones judiciales y actos de reconocimiento que, en conjunto, sustentaron la adopción de las medidas cautelares.

Mediante una resolución, la Fiscalía adoptó medidas cautelares sobre los bienes presuntamente vinculados a actividades ilícitas, resaltando que el artículo 88 establece que pueden ser objeto de suspensión del poder dispositivo al considerarse justificada la intervención integral sobre los bienes identificados, al constatar la presunta utilización de recursos ilícitos para su adquisición, así como la posibilidad de que los investigados y sus familiares actuaran como testaferros.

Detalles de los bienes intervenidos

La resolución afecta no solo a los hermanos Machado Arrieta, sino también a familiares y personas de su entorno, incluyendo a Nathali Lobo Villegas, Sobeida Arrieta Álvarez, Nayerly Machado Arrieta, Erney Machado Arrieta, Yulieth Miranda López y Gloria Andrea Guerrero Rivera. La medida comprende bienes muebles e inmuebles, vehículos y semovientes. Estos son los detalles de las propiedades intervenidas:

• 23 predios urbanos y rurales en municipios como Caucasia y Nechí (Antioquia). Los predios incluyen casas, apartamentos, lotes urbanos y rurales, bodegas y fincas, algunos de ellos ubicados en sectores como BR Horizontes, barrio El Triángulo y Villa Arabia.
• Vehículos y motocicletas: se incluyen motocicletas de marcas como Kymco, Suzuki, Kawasaki, Honda y Yamaha, y una camioneta Mazda CX-30 modelo 2022, todas registradas a nombre de los afectados.
• Semovientes: 38 bovinos registrados en la finca El Desquite, municipio de Nechí, Antioquia, propiedad de Eimer Antonio Machado Arrieta.
• Otros bienes: establecimientos de comercio y negocios explotados económicamente, que de acuerdo al análisis, presentan trazabilidad dudosa en cuanto a la procedencia de los recursos utilizados para su adquisición y operación.

Como causales de la extinción de dominio, la Fiscalía fundamentó la intervención en los numerales 1 y 4 del artículo 16 de la Ley 1708 de 2014. La medida busca impedir el disfrute, transferencia, ocultamiento o deterioro de los bienes mientras avanza el proceso de extinción de dominio.

De acuerdo con las autoridades, el embargo de los bienes busca proteger a la comunidad y evitar que recursos derivados de actividades ilícitas sigan circulando o financien nuevas acciones delictivas. Las medidas cautelares adoptadas son razonables y proporcionales al daño causado por la organización, según la Fiscalía. Los afectados mantienen su derecho de defensa y pueden aportar pruebas sobre el origen legítimo de los bienes en la siguiente etapa procesal.

El 16 de julio, el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui denunció que el Ministerio de Defensa le negó el acceso total a información oficial pese a invocar el Estatuto de la Oposición. Uscátegui había presentado dos derechos de petición con cerca de 260 preguntas sobre temas estratégicos de defensa.

El Ministerio de Defensa respondió solo una parte de las solicitudes y prorrogó la entrega del resto, argumentando que el Estatuto de la Oposición solo aplica cuando la solicitud proviene de la organización política declarada en oposición y a través de su representante legal ante la Autoridad Electoral.

La cartera de Defensa sostuvo que la Ley Quinta de 1992 y la Ley 1755 de 2015 son las normas aplicables para la entrega de información a congresistas, dejando por fuera el Estatuto de la Oposición en este caso. Uscátegui criticó la decisión por considerar que limita el control político y la transparencia, y anunció acciones legales ante la Procuraduría General de la Nación para que se investigue una posible extralimitación de funciones por parte de los funcionarios del Ministerio.

El congresista señaló que el Confis aprobó vigencias futuras por 13 billones de pesos para proyectos del sector defensa y cuestionó la asignación de recursos, especialmente un contrato de 800.000 millones de pesos para el Escudo Nacional Antidrones, y solicitó la suspensión de este contrato hasta que se revisen aspectos técnicos y presupuestales.

Ministerio de Defensa radicó solicitud de actuación preventiva contra Uscátegui

Infobae Colombia tuvo acceso a la solicitud de actuación preventiva ante la Procuraduría General de la Nación que presentó la cartera de Defensa para que se analice la dimensión y el impacto de los recientes requerimientos de control político efectuados por el representante Jaime Uscátegui.

De acuerdo con la comunicación oficial, en menos de dos semanas se acumularon seis solicitudes que suman 1.360 preguntas dirigidas no solo al ministerio, sino a la totalidad del sector Defensa, incluyendo a las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y dieciocho entidades descentralizadas.

El ministerio advirtió que el volumen y la complejidad de las solicitudes obligan a una movilización de recursos internos significativa, al activar decenas de dependencias y consolidar miles de unidades de información. La administración considera que el análisis de la Procuraduría debe centrarse en determinar si existe algún indicio de uso desproporcionado de las prerrogativas legales por parte del congresista, dado que las solicitudes se sustentaron de manera simultánea bajo el argumento de que eran bajo el Estatuto de la Oposición y en la Ley quinta de 1992.

El documento subraya que la presentación de una queja disciplinaria ante la Procuraduría ocurrió cuando el proceso de respuesta seguía en marcha. Para la cartera de Defensa, resulta relevante que se evalúe si el ejercicio de control político puede derivar en una presión administrativa excesiva, afectar la operatividad institucional o exponer a los funcionarios a contingencias disciplinarias pese a que han desplegado actuaciones verificables para atender los requerimientos.

El oficio solicita que la Procuraduría examine posibles desviaciones en el uso de los mecanismos de control y la pertinencia de emitir advertencias preventivas, con el objetivo de proteger tanto el control político legítimo como el funcionamiento regular de la administración pública.

Las claves de la solicitud

El Ministerio de Defensa solicitó a la Procuraduría General de la Nación acompañamiento institucional debido a la magnitud y complejidad de seis derechos de petición presentados por el representante José Jaime Uscátegui entre el 3 y el 14 de julio de 2026.

La Secretaría de Gabinete subrayó que estas peticiones obligaron a remitir 51 oficios internos y a coordinar respuestas de numerosas dependencias, muchas veces sobre solicitudes reiterativas o con requerimientos metodológicos estrictos, como evitar la agrupación de respuestas y exigir motivación documental específica por cada archivo.

El ministerio advirtió que la acumulación de preguntas, algunas idénticas salvo por una frase, y la exigencia de respuesta en cinco días, ponen en riesgo la continuidad administrativa, el cumplimiento de funciones esenciales y la protección de información reservada o clasificada. Además, alertó sobre la posibilidad de que la imposibilidad material de responder en los plazos dados exponga a los funcionarios a denuncias o acciones disciplinarias, pues deben escoger entre velocidad y rigor técnico-jurídico. La entidad solicitó que la Procuraduría deje constancia preventiva de la gestión y evalúe la proporcionalidad y razonabilidad de la carga administrativa generada.

En el pódcast Presunta Pola, el escritor Sebastián Camelo entrevistó a Omar Guzmán, fundador y administrador de La Piscina Night Club, uno de los establecimientos nocturnos más relevantes que tuvo la localidad de Santa Fe, en Bogotá, durante varios años.

En el diálogo, Guzmán reveló detalles de lo que en su momento fue el prostíbulo más popular de la capital colombiana, intervenido por el Estado, que terminó en 2021 el proceso de extinción de dominio.

“Iban grandes personalidades de la vida pública, políticos, guerrilleros, paramilitares, esmeralderos, ganaderos, todo el que tenía poder llegaba allá, porque era un lugar costoso. Eran hasta amigos, ellos iban de fiesta y no tenían una ideología o iban a hacer negocios, iban era a divertirse”, afirmó el empresario.

Guzmán narró cómo convirtió un hotel convencional en un prostíbulo ubicado en la avenida Caracas, una de las más concurridas de la ciudad.

“Ese hotel se llamaba Mediterráneo. La idea fue mía, porque ese hotel estaba decaído, la zona se había afectado y yo en República Dominicana tuve la oportunidad de conocer un hotel así, pero con chicas, por eso propuse cambiar el lugar y de esa forma fuimos grandes”.

El empresario también mencionó el tipo de cliente que solía estar en sus instalaciones y aseguró que la mayoría eran personas con dinero, puesto que describió el sitio como uno de lujo.

“Nos ayudó a que el negocio fuera elegante, fino. Yo creo en Dios y pienso que fue una etapa que teníamos que vivir. A nivel moral, todos tenemos una máscara y nadie los iba a reconocer en un lugar como ese, ellos querían otras cosas y nosotros se las proporcionábamos al cliente. El que tenía plata iba a ‘La Piscina’, allá nada era barato, pero encontraban una noche de diversión”.

Entre los clientes de ‘La Piscina’ había políticos y celebridades, que eran llevados a sitios cerrados en los que podían tener una experiencia sin la presencia de ciudadanos del común a su alrededor.

“Sabíamos que había personas públicas que no se podían mostrar, por eso teníamos unos reservados y unos los distinguían; uno se hacía amigo y frecuentaban el negocio, siempre en reservados. Teníamos algunos lugares para hasta 20 personas y nadie se daba cuenta de quién estuvo”, declaró Guzmán, que aseguró que al interior del establecimiento no había problemas, porque tenían seguridad privada que no permitía el ingreso de armas.

Entre las anécdotas más destacadas de su experiencia como administrador de ‘La Piscina’, Guzmán narró cómo estuvo a punto de ser asesinado por presuntos guerrilleros.

“Un grupo de hombres llamó a una muchacha para un reservado y uno de ellos fue atrevido. El jefe de seguridad era el novio de ella y se salió de control, cogieron a los manes y los cascaron. A la siguiente semana volvieron, me cogieron en el parqueadero y eran guerrilleros de la sabana, me tocó pedir perdón, entrarlos y darles cortesías con lo que consumieron esa noche, como se dice vulgarmente, lamerles para que no me hicieran daño”.

Por último, se alejó de los problemas legales que tuvieron los dueños del prostíbulo antes de que este fuera cerrado, puesto que reveló que vendió sus acciones cuando comenzó a tener problemas con el entorno de la localidad de Santa Fe.

“La decisión fue mía, fue personal, pasó luego de dos noches porque teníamos problemas con extorsión y no había un buen ambiente. Llamé a los socios y les vendí mis acciones, fue un capítulo cerrado y aprendí que podía hacer negocios grandes”.

Además de las autoridades, el capo y algunos de sus sicarios de confianza, fueron testigos del hecho el padre García Herreros y el periodista Luis Alirio Calle, que fue seleccionado por el criminal para asistir al lugar de la entrega y grabar un comunicado en el que Escobar explicó los motivos de su decisión.

A punto de cumplirse 35 años de la entrega del capo, Calle compartió un video en su cuenta de Instagram en el que reveló que, hasta la fecha, sigue cuestionándose por las preguntas que no le hizo al narcotraficante en esa ocasión.

En primer lugar, Calle leyó un fragmento del libro Lo que no le pregunté a Pablo Escobar, publicado en 2022, en el que narró lo vivido durante la jornada.

“Ya de nuevo en el aire, el Arete me propuso que cambiáramos de puesto, de modo que yo quedara al lado de Escobar. No fue necesario decir que sí, y no pasó mucho tiempo para que yo tuviera prendida la grabadora que me había prestado Rodrigo Pareja antes de salir de la gobernación. El resultado fue la conversación ya transcrita, en la que Pablo, no sin cierto humor negro, dijo que yo le estaba haciendo trampa”.

Calle resaltó que el contexto no era el mejor para hacer una entrevista estructurada y afirmó que en su carrera ha aprendido que tras un cubrimiento siempre queda la sensación de que se pudo haber preguntado algo más al entrevistado.

“Lo que no le pregunté a Pablo Escobar fue por qué él no lo permitió, o por qué yo estaba estresado, o por qué no me pareció prudente, o por qué tenía miedo. Independientemente de las causas, motivos, obstáculos, siempre queda como una espinita atravesada la pregunta que nunca hicimos, y más en este oficio mío”.

El antioqueño reflexionó sobre otros aspectos que vivió durante la entrega del capo, incluyendo volar en un helicóptero junto con la persona más buscada en el mundo en ese momento.

“Incluso las preguntas que no hacemos y las que jamás haremos. Creo que cada cosa, cada suceso, cada hecho, cada ser es, en algún aspecto, una pregunta nunca hecha”, puntualizó Calle, que reconoció que ese momento de su vida es una página que no ha podido pasar.

Lo que ha contado Calle sobre la entrega del capo

En diálogo con Cambio, Calle afirmó que la entrega a la justicia fue la primera y única vez que vio al capo antioqueño, que, en su concepto, se comportó como el anfitrión de una fiesta, no como alguien que iba a ser encerrado en una prisión.

“Escobar nada me pagó, y ni siquiera sugirió que lo haría, ni indagó si yo esperaba algo. Sentí su respeto. Tampoco tuve la sensación de estar en peligro después de que el temido narco llegó a su cárcel, solo recuerdo que conté las cosas tal como ocurrieron, sin el uso de adjetivo alguno“, afirmó el comunicador.

En la entrevista mencionada, Calle reveló que las preguntas que no le hizo a Pablo Escobar las guardó hasta que en 2023 pudo hablar con Juan Pablo Escobar, hijo del capo, que, sin tener certeza de que fuera la verdad, indicó los motivos por los que su padre se sometió a la justicia.

“Luego de que el hombre leyera todo su comunicado de entrega a la justicia y yo lo registrara en mi grabadora prestada de audio que llevé, le pedí que me permitiera algunas preguntas. Me dijo que lo que él quería decir ese día, ya lo tenía yo en la grabadora; sin embargo, me dejó preguntar, pero me atoré, no hice las preguntas que tenía que hacer, sentía sobre mí la presión de Pablo mirándome, diciéndome que tuviera cuidado porque yo no era fiscal ni juez”.

Hay expectativa mundial por la final de la Copa del Mundo 2026, en la que Argentina y España disputarán el trofeo diseñado por el escultor italiano Silvio Gazzaniga.

En caso de ganar, Argentina igualará a Italia y Alemania con cuatro mundiales, mientras que, en un hipotético escenario en el que el triunfo sea español, La Roja se unirá a Francia y Uruguay con dos triunfos en el torneo.

Además del partido de fútbol, hay fanáticos interesados en observar el show de medio tiempo que protagonizarán varios artistas, siendo la barranquillera Shakira una de las estelares.

La FIFA confirmó cuánto durará el show de medio tiempo en la final entre España y Argentina

Cabe recordar que esta será la primera vez que la final de una Copa del Mundo tenga show de medio tiempo, por lo que la FIFA confirmó, mediante un comunicado, que la duración del espectáculo no será de 30 minutos, como se afirmó en varios medios de comunicación.

La máxima entidad del fútbol informó que, luego de que el árbitro finalice la primera parte del partido, habrá un receso de 17 minutos para la presentación de los artistas. Seis minutos serán para el montaje del escenario y el resto para el show, que será dirigido por Chris Martin, vocalista de la banda Coldplay.

“Madonna, Shakira y BTS son figuras internacionales cuya música trasciende fronteras y generaciones. Nos enorgullece darles la bienvenida al primer espectáculo de la historia en el descanso de una final de la Copa Mundial de la FIFA”, es parte del comunicado citado.

Además de Shakira, Madonna y compañía, se ha confirmado que habrá sorpresas como la participación de la Filarmónica de Nueva York y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, dirigida por Gustavo Dudamel.

Otro aspecto confirmado por la FIFA es que el show contará con una participación de Los Muppets para promover que todos los niños tengan acceso a educación de calidad a través del Fondo de Educación FIFA Global Citizen.

Estos son los artistas que se presentarán en el show de medio tiempo en la final de la Copa del Mundo:

• Madonna.
• Shakira.
• BTS.
• Justin Bieber.
• Gustavo Dudamel.
• Coldplay junto al coro PS22.
• Burna Boy.
• Los personajes de Los Muppets.

También habrá un show antes del partido

La ceremonia de clausura de la Copa Mundial 2026 reunirá a figuras destacadas de la música y el cine. La FIFA anunció que el evento evocará la emoción de las ceremonias de apertura celebradas en Canadá, México y Estados Unidos, fusionando música, cultura y fútbol en una celebración global. El espectáculo se realizará en el Estadio Nueva York Nueva Jersey y comenzará a la 1:30 p. m. (12:30 p. m. en Colombia) 90 minutos antes de que comience el partido.

Entre los artistas confirmados se encuentra Robbie Williams, que interpretará junto a Laura Pausini el himno de la FIFA. Jennifer Hudson presentará una versión especial del himno nacional de Estados Unidos, mientras que Nicole Scherzinger sumará su voz a la celebración. Al show se sumarán el actor Tom Cruise y el youtuber IShowSpeed, de quienes hasta el momento se desconoce cuáles serán sus roles.

La FIFA detalló que la apertura de puertas del estadio está prevista para las 10:00 a.m. (hora de Miami), permitiendo el ingreso anticipado del público para disfrutar de lo que se tiene preparado para antes del partido. De acuerdo con la entidad deportiva, el espectáculo busca ofrecer un cierre memorable, reuniendo a artistas internacionales en un escenario que reflejará la diversidad y el alcance del torneo.

Tras la eliminación de la selección Colombia de la Copa del Mundo en los octavos de final ante Suiza, se ha especulado sobre el futuro de las principales figuras de la Tricolor, entre ellos David Ospina, que terminó contrato con Atlético Nacional y actualmente se encuentra sin equipo.

El guardameta fue suplente durante el torneo de naciones y, luego de su salida de Nacional (equipo en el que se formó como futbolista), se generaron rumores sobre la posibilidad de que el antioqueño dejara el fútbol profesional; sin embargo, esto habría quedado descartado tras la oferta que recibió Ospina desde Norteamérica.

El 17 de julio, el Periódico AM y el periodista César Luis Merlo afirmaron que el colombiano tendría todo acordado con Atlante para firmar un acuerdo que lo una a la institución mexicana durante un año.

“El legendario arquero colombiano David Ospina ha alcanzado un acuerdo verbal para convertirse en el nuevo guardameta de los Potros de Hierro del Atlante. Actualmente, ambas partes ya se encuentran en la fase de cruce de documentos y revisión de contratos para que el sudamericano estampe su firma, la cual lo vinculará con la escuadra azulgrana por un periodo de un año (dos torneos)”, informó el medio citado.

De acuerdo con el comunicador mencionado, Ospina desistió de dejar el fútbol profesional por la cifra que ofreció el club mexicano que volverá a la primera división tras comprar la ficha de Mazatlán FC.

Atlante debutó el 16 de junio en el torneo mexicano con derrota 1-2 contra Necaxa. Cabe mencionar que la institución es dirigida por Miguel “El Piojo” Herrera, exentrenador de la selección norteamericana, y en su plantilla juega Óscar Jiménez, excompañero de James Rodríguez en León, con el que Ospina deberá competir por la posición.

Así ha sido la carrera de David Ospina

David Ospina, nacido en Medellín en 1988, inició su carrera profesional en Atlético Nacional. Se incorporó a las divisiones menores del club y debutó en el primer equipo en 2005, participando en torneos locales y continentales. En 2008, Ospina fue transferido al fútbol francés, donde fichó por el Niza. En la liga francesa acumuló más de 180 partidos durante seis temporadas y se consolidó como arquero titular.

En 2014, Ospina llegó a la Premier League, contratado por el Arsenal de Inglaterra. En este club alternó la titularidad y la suplencia, participando en competiciones como la Premier League, FA Cup, Copa de la Liga y torneos europeos. En 2018 fue cedido al Napoli de Italia, inicialmente como préstamo y luego de forma definitiva. Con el club italiano, Ospina jugó en la Serie A, Coppa Italia y competiciones europeas, sumando más de 100 apariciones.

En 2022, Ospina fue transferido al Al-Nassr de Arabia Saudita, donde continuó su carrera en la liga local y en torneos regionales. Su último club fue Atlético Nacional, en donde se desempeñó como guardameta titular hasta mayo de 2026.

Ospina ha formado parte de la selección colombiana desde 2007. Participó en varias ediciones de la Copa América y en los mundiales de 2014, 2018 y 2026. Suma más de 120 partidos internacionales, convirtiéndose en uno de los jugadores con más presencias en la historia de la selección de Colombia. Durante su carrera, Ospina ha logrado ganar 14 torneos, seis de ellos con el equipo Verdolaga, en el que terminó su ciclo tras el compromiso ante Deportes Tolima, que se disputó el 24 de mayo.

“Sí, se cierra el ciclo con Atlético Nacional. El contrato termina en junio y aprovecho el momento. Esperar qué opciones pueden existir en el mercado de verano y ahí tomaremos la decisión. El tema del retiro todavía no. Queremos disfrutar lo que viene, miraremos las opciones que se presenten y ahí tomaremos la decisión que sea la mejor para mí y mi familia”, declaró Ospina tras su último partido con Nacional.

Wadith Manzur y Karen Manrique, congresistas electos, no podrán posesionarse el 20 de julio de 2026 debido a su implicación en el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) durante el Gobierno Petro.

En el proceso, la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de Manzur y Manrique tras encontrar indicios de su participación en delitos de cohecho impropio e interés indebido en la celebración de contratos. Según las investigaciones, habrían recibido beneficios a cambio de ejercer funciones legislativas y manipular la asignación de recursos y proyectos de la Ungrd en distintas regiones.

A raíz de estos hechos, la legislación electoral colombiana establece la figura de la “silla vacía”, que impide reemplazar a los congresistas investigados o condenados por delitos relacionados con recursos públicos. Esto significa que ni el siguiente candidato de la lista ni un suplente podrán ocupar sus escaños, por lo que el Partido Conservador y la circunscripción de paz por Arauca perderán temporalmente la representación en el Congreso.

Cabe recordar que, mientras avanza el proceso judicial, Manzur y Manrique mantienen la presunción de inocencia; sin embargo, la medida de aseguramiento y los cargos imputados activan la suspensión de sus derechos políticos y la imposibilidad de ejercer sus funciones como legisladores, dejando sus curules vacantes para el periodo legislativo 2026-2030.

Manzur buscará posesionarse el 20 de julio con la ayuda de organismos internacionales

El 17 de julio, a través de la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, que representa a Wadith Manzur, se confirmó que el senador electo solicitó a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia autorización para asistir al acto de posesión del Congreso el 20 de julio de 2026, fecha de inicio del periodo legislativo 2026-2030.

A pesar de que Manzur se encuentra privado de la libertad tras haber sido procesado y enviado a un centro carcelario, dentro de la investigación por su presunta participación en el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), su defensa presentó la solicitud con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos políticos derivados de su elección, respaldada por más de 134.000 votos, apelando a que la medida de aseguramiento interrumpa esta facultad.

El equipo legal anunció que emprenderá acciones ante organismos internacionales de derechos humanos y la Unión Interparlamentaria. El objetivo de estas gestiones es que se evalúe la compatibilidad de las decisiones judiciales adoptadas en Colombia con los estándares internacionales de independencia, imparcialidad y debido proceso.

Según la defensa del congresista electo, la privación de la libertad fue decretada en el contexto de una coyuntura electoral y solo se aplicó a dos de los seis investigados en el mismo proceso. Esta situación, de acuerdo con la comunicación oficial, requiere un análisis bajo los principios de igualdad y proporcionalidad en la aplicación de medidas cautelares. Los abogados manifestaron su expectativa de que, en la etapa de juzgamiento, la Corte Suprema de Justicia garantice la protección de los derechos fundamentales y el respeto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El rol de los congresistas electos en el escándalo de corrupción

En el caso de Wadith Manzur, congresista del Partido Conservador, figura como uno de los principales señalados en el escándalo de corrupción en la Ungrd. Según la investigación de la Corte Suprema, Manzur actuó como vocero de un grupo de congresistas que condicionaron su apoyo a proyectos legislativos a la asignación de millonarios contratos y obras financiadas por la entidad en sus regiones.

Por su parte, Karen Manrique, representante a la Cámara por Arauca, aparece involucrada en el escándalo de la Ungrd tras haber sido parte de varias reuniones con el exdirector Olmedo López y otros funcionarios. La representante habría gestionado contratos por más de 90.000 millones de pesos para obras en Arauca, Córdoba y Bolívar, a cambio de respaldar proyectos del Gobierno en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

En el audiovisual, entrenadores y algunos de los menores resaltaron que el equipo, conformado por 15 niños de Neiva, Barranquilla, Santa Marta y Envigado, no tenía los recursos para viajar a Asia y representar al país. Además, destacaron que en ediciones anteriores tuvieron que hacer diferentes actividades para representar al país en China y México, mientras que el año anterior, en la edición que se llevó a cabo en Australia, la nación no tuvo representación por falta de recursos.

“Lamentablemente, el apoyo económico del Estado ha sido nulo, por eso nos ha tocado hacer diferentes actividades para recolectar dinero, así hemos podido ir a tres de las cuatro ediciones anteriores. A Australia no pudimos ir por falta de recursos... Presidente, nosotros ya hicimos nuestra parte, por favor, ayúdenos a representar a Colombia en Japón”, fue parte del mensaje que fue compartido por miles de usuarios en redes sociales.

El presidente electo ayudó a que los menores puedan viajar a Asia

El 17 de julio, a través de su cuenta de X, el presidente electo Abelardo de la Espriella confirmó que, con la ayuda de un empresario, financiarán el viaje del equipo de robótica nacional para que pueda representar al país en Japón.

“Esta es la revolución de las cosas pequeñas: creer en nuestros niños, abrirles oportunidades y demostrarles que sus sueños sí importan. Gracias a un empresario de buen corazón, que decidió convertir la solidaridad en oportunidades reales, 15 niños de diferentes ciudades de Colombia viajarán a Japón con todos los gastos pagos para representar a nuestro país en un Mundial de Robótica”, escribió el nacido en Bogotá.

En la publicación, De la Espriella afirmó que este hecho es una muestra de lo que pasará durante su gobierno con las alianzas que se ejecutarán entre el Estado y el sector privado.

“En la Patria Milagro impulsaremos políticas claras para respaldar el talento, la ciencia, la tecnología, la innovación y todas aquellas iniciativas que permitan que nuestros niños y jóvenes desarrollen su potencial y lleven el nombre de Colombia a lo más alto. Porque cuando la empresa privada y la sociedad se unen para creer en nuestra niñez, el futuro de Colombia comienza a construirse desde hoy”.

La publicación del presidente electo fue acompañada de un video en el que el abogado reveló a los menores y sus padres que podrán viajar a Asia.

“Como pueden ver, me llegó su video, y entonces le dije a mi equipo: ‘Tenemos que resolverles’. Un empresario de buen corazón nos ayudó y aquí tenemos para ustedes esta sorpresa; aquí, con nuestro empresario, tenemos para que los 15 niños viajen con todos los gastos cubiertos a Japón”

Durante su discurso, De la Espriella afirmó que en su administración no podrá financiar todo con dinero del Estado, pero aclaró que para algunos temas lo más importante es gestionar y buscar soluciones con el sector privado, lo que mencionó como un trabajo que debe hacer el presidente y su equipo.

“Es lo que llamo yo la revolución de las cosas pequeñas; a veces el Estado no tiene el dinero, pero con un teléfono un presidente puede resolver un tema que parecería menor, pero que es de gran importancia. No solo es participar, es la transferencia de conocimiento. Estos niños podrán representar a nuestro país”.

A pesar de que expertos han dejado en claro que no es posible que el presidente electo termine con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y anule el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y las Farc-EP en 2016, las polémicas registradas entre Abelardo de la Espriella y excomandantes del extinto grupo armado mantienen en alerta a firmantes en el territorio nacional.

Uno de los hechos más sonados fue la crítica que hizo el mandatario electo contra la salida de Rodrigo Londoño, alias Timochenko, del país, que provocó que Pastor Alape, Mauricio Jaramillo, Rodrigo Granda, Julián Gallo y otros firmantes enviaran una carta a De la Espriella en la que manifestaron su disposición a dialogar sobre la implementación integral del Acuerdo Final, pese a las diferencias ideológicas.

Los exintegrantes del último secretariado de las Farc señalaron que el Estado mantiene obligaciones constitucionales e internacionales frente a lo pactado y solicitaron garantías para la vida, la participación política y la inclusión de los firmantes.

Firmantes en Antioquia le enviaron mensaje a De la Espriella

El 16 de julio, Blu Radio compartió un comunicado en el que un grupo de excombatientes de las Farc le pidieron al presidente electo mantener el diálogo de paz con los grupos armados y seguir implementando lo acordado en La Habana.

Entre los voceros del documento está Enith Moreno Úsuga, firmante que en la actualidad trabaja en labores del campo y procesos de defensoría de derechos humanos en la región, que en el documento resaltó que la paz no solo va ligada a combates en las regiones.

“Desde los territorios rurales hemos aprendido que la paz no es únicamente el silencio de las armas; es también la presencia efectiva del Estado, el acceso a la tierra, la educación, la salud, la justicia, el trabajo digno y las oportunidades para quienes históricamente hemos sido olvidados”.

Úsuga afirmó que el valor de un mandatario se valida en cómo logra unir al país, por lo que le pidió a De la Espriella no descartar el diálogo como una opción para terminar con las disputas internas del país.

“Señor presidente electo, gobernar Colombia exige escuchar todas las voces, incluso aquellas que piensan diferente. La grandeza de un gobierno se mide por su capacidad de unir a la nación, proteger los derechos fundamentales y generar confianza entre sus ciudadanos“.

Otro excombatiente narró cómo ingresó a la guerrilla cuando era menor de edad para buscar soluciones económicas para su familia, mientras que actualmente encontró en la paz un espacio para soñar con ofrecerle una vida diferente a sus hijos.

“Con llanto en mis ojos veo cómo nuestro país se desmorona. Me despido con un gran inconformismo, no solo por los míos, sino por todos los que creímos en los mandatos de Timo (Rodrigo Londoño “Timochenko”). Hoy somos perseguidos como si no hubiéramos cumplido con nuestros deberes como firmantes. Solo pedimos que se dialogue y no se nos trate como a quienes siguen armados”.

En el documento también se resaltó la historia de Jhoany Perea Cuesta, hija del excombatiente Erics Córdoba Pérez, que describió a su familia como un grupo de firmantes “de a pie”, que, lejos de los excomandantes del secretariado, comenzó a reconstruir el camino para que las nuevas generaciones no deban tomar las armas como una solución a sus problemas.

“Recuerdo cuando mi padre decidió dejar las armas y reintegrarse a la vida civil. Fue un momento de incertidumbre, pero también de esperanza. Gracias a las asignaciones de pagos que él ha recibido, pudimos empezar a reconstruir nuestra vida. La ayuda económica nos permitió cubrir necesidades básicas y planificar un futuro más estable, pero más allá de todo esto, nos dio la oportunidad de recuperar nuestra dignidad y autoestima”.

Sigue la indignación en Colombia por la muerte de Joan Sebastián Durán Guerrero, un ciudadano colombiano que falleció el 13 de julio durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Biddeford, Estados Unidos.

De acuerdo con lo que ha revelado la familia del oriundo de Bucaramanga, Durán trabajaba como repartidor y era padre de una niña de tres años. Su muerte se registró cuando agentes de ICE, que realizaban un procedimiento en búsqueda de otra persona, intentaron detener el vehículo en el que el colombiano se dirigía a su trabajo. Según la versión oficial, un agente disparó tras considerar que el colombiano intentó huir y representaba un riesgo para la seguridad. Testigos relataron que, tras los disparos, los agentes sacaron a Durán Guerrero del automóvil mientras él aseguraba que había intentado detenerse.

Entre los pronunciamientos se destacó el del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que calificó como un asesinato lo registrado y exigió justicia. La Embajada de Colombia en Estados Unidos solicitó explicaciones al Departamento de Seguridad Nacional y ofreció asistencia consular a la familia. El incidente llevó a que ICE suspendiera temporalmente la mayoría de las detenciones de vehículos en operativos migratorios, mientras las investigaciones federales y estatales avanzan para esclarecer todo lo relacionado con el caso.

Piden minuto de silencio en honor a Durán en la final de la Copa del Mundo

El 16 de julio, Human Rights Watch (HRW) pidió que en la final de la Copa del Mundo entre España y Argentina, que se disputará el 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva York, la FIFA realice un minuto de silencio en memoria del migrante colombiano que murió durante el procedimiento de ICE.

La entidad pidió que la máxima entidad del fútbol ponga en el centro de la discusión los derechos humanos, recordando que, al igual que Durán, en Houston murió Lorenzo Salgado, un migrante mexicano que habría sido violentado durante un operativo de ICE.

“Sería totalmente apropiado que la FIFA guardara un minuto de silencio antes de la final del Mundial en el MetLife Stadium”, declaró Minky Worden, directora de iniciativas globales de HRW, en una entrevista con AFP.

Worden recordó que cerca del escenario deportivo en el que se disputará la final hay un centro de detención, lo que calificó como una oportunidad para que la FIFA cumpla con sus promesas de proteger los derechos humanos.

HRW resaltó que, antes de la Copa del Mundo 2026, la entidad deportiva resaltó la inclusión de criterios relacionados con los derechos humanos como una parte clave para la licitación del torneo de naciones tras las denuncias registradas durante la preparación para las ediciones anteriores, que se llevaron a cabo en Rusia y Qatar.

Para Worden, el mundial será recordado por haber avalado y respaldado el movimiento “Make America Great Again” (“Hagamos grande de nuevo a Estados Unidos”) de Donald Trump. “Cuando pensemos en este Mundial, el mundo va a recordar los asesinatos del ICE y las deportaciones del ICE que ocurrieron al mismo tiempo que se desarrollaba el Mundial”, afirmó la vocera.

En la entrevista, Worden criticó a la entidad deportiva por entregarle el Premio de la Paz de la FIFA al presidente norteamericano; por su parte, Daniel Norona, director de incidencia política para las Américas de Amnistía Internacional, afirmó que la FIFA no ha cumplido sus promesas de organizar un mundial inclusivo.

“La FIFA no ha utilizado su influencia para este torneo”, señaló Norona, que aseguró que durante el torneo los migrantes han sido obligados a “vivir en las sombras”.

Además de las entrevistas citadas, Human Rights Watch publicó un informe titulado: “La FIFA debería combatir el racismo y la discriminación dentro y fuera del campo”, en el que se profundizó la crítica contra lo que se ha registrado durante la Copa del Mundo.

“El enorme alcance mundial del fútbol ofrece a la FIFA una plataforma única. Además de condenar los ataques racistas contra deportistas y aficionados, debería hacer valer su influencia para abordar el impacto que las políticas discriminatorias del gobierno de Estados Unidos están teniendo sobre aficionados, jugadores y otras personas afectadas durante la Copa Mundial”, es parte de la publicación.

En una entrevista para Brava News, las hijas de Fernando Gaitán, Ana María y Luisa Gaitán, revelaron que presentaron una demanda contra RCN Televisión por los derechos patrimoniales de autor de varias telenovelas escritas por su padre, entre ellas Yo soy Betty, la fea, Café con aroma de mujer y Hasta que la plata nos separe.

Ana María y Luisa Gaitán mencionaron que el proceso judicial se inició debido a la falta de información sobre los derechos de autor tras la muerte del escritor en 2019, y reconocieron que su padre nunca tuvo claridad sobre el alcance de su trabajo y nunca cedió los patrimoniales al canal.

La abogada de las herederas indicó que el canal solo tenía autorización para transmitir la obra en televisión, pero no en plataformas de streaming ni para nuevas adaptaciones. Las hijas del director mencionaron que buscan que este litigio sirva como advertencia a otros autores sobre la importancia de conocer y proteger sus derechos.

Experto habló de las claves del proceso

En diálogo con Infobae Colombia, Juan Carlos Martínez, profesor de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, explicó que la cesión de derechos patrimoniales debe constar expresamente en los contratos firmados en vida por el autor.

“Solamente se cederán las facultades y derechos que en el contrato hayan sido objeto de transferencia expresa”, afirmó Martínez, que precisó que si en el acuerdo existen vacíos, la interpretación debe favorecer al autor o a sus herederos, bajo el principio de favorabilidad.

Para el experto, al fallecer el autor, los derechos patrimoniales que no hayan sido cedidos pasan a integrar el acervo sucesoral. De acuerdo con Martínez, “fallecida la persona, este bien, al ser cuantificable en dinero, se entenderá que hace parte de los bienes que integran la herencia”.

Como se estaría registrando en este caso, los herederos pueden reclamar la titularidad de estos derechos en un proceso judicial o notarial, donde se revisan los contratos para definir el alcance de las cesiones realizadas. Si existen dudas, el juez debe interpretar el contrato en el sentido que más beneficie al autor.

Martínez mencionó que el derecho de adaptación constituye uno de los aspectos centrales en litigios sobre telenovelas y otras obras audiovisuales, y recordó que el derecho de adaptación es un derecho patrimonial específico, por lo que cualquier cesión sobre este punto debe establecerse claramente en el contrato.

“Si no hay claridad contractual, la interpretación también debe favorecer al autor o sus sucesores. Por eso, si una obra original es modificada en nuevas versiones con cambios sustanciales, los herederos pueden exigir ser consultados o remunerados si el derecho de adaptación no fue cedido expresamente”.

Respecto a los plazos para reclamar derechos de autor no reconocidos, el docente explicó que los herederos disponen de un periodo de diez años para actuar ante posibles infracciones, aplicando los términos de prescripción generales tras la muerte del autor. Mientras la obra siga generando ingresos y los derechos patrimoniales no hayan prescrito, los sucesores pueden iniciar acciones judiciales.

Como un tema clave, Martínez habló de la diferencia entre derechos morales y patrimoniales, ya que los derechos morales son irrenunciables, intransferibles e inalienables, siempre pertenecen al autor y, después de su muerte, pueden ser administrados por los herederos más próximos o, en su ausencia, por el Ministerio de las Culturas, las Tradiciones y las Artes. Por otra parte, los derechos patrimoniales tienen un carácter económico y pueden ser cedidos, transferidos o explotados por terceros. Su protección se extiende durante la vida del autor y ochenta años después de su fallecimiento.

Por último, el docente aclaró que en casos en los que los herederos alegan que el autor “nunca supo cuáles eran exactamente sus derechos”, probar ese desconocimiento resulta complejo desde el punto de vista judicial, y que lo relevante para los jueces es analizar los contratos firmados y establecer el grado de cesión. Si existen vacíos o ambigüedades en los acuerdos, el análisis contractual, incluso con intervención de peritos, permite determinar si hubo o no una infracción.

En diálogo con Infobae Colombia, Wilson Devia y Giovanni Gallo, presidentes de dos sindicatos de la Unidad Nacional de Protección (UNP), denunciaron que llevan casi dos años esperando que avance una denuncia radicada ante la Fiscalía General de la Nación por amenazas en su contra que vendrían del interior de la entidad mencionada.

Debido a que restan pocos días para que termine el Gobierno Petro, Devia y Gallo decidieron hablar sobre lo que ha pasado al interior de la UNP durante la administración de Augusto Rodríguez y cómo han sido perseguidos de diferentes formas por resaltar aspectos indebidos en la entidad.

Los líderes sindicales revelaron que las amenazas en su contra comenzaron en 2023, motivo por el que el 9 de agosto de ese año radicaron una denuncia contra el director de la UNP ante la Fiscalía General de la Nación, pero hasta la fecha el proceso judicial no ha tenido avances.

Según los líderes sindicales, las intimidaciones surgieron después de hacer públicas sus críticas a la administración de Augusto Rodríguez. “Fuimos perseguidos, hostigados por esta administración”, afirmó Devia, que recibió mensajes en los que le advertían que le iban a “cortar la cabeza” y que iban a atentar contra sus seres queridos.

Los mensajes amenazantes, enviados a través de WhatsApp y mensajes de texto, incluían frases como “si no pueden desaparecerlos, vamos a armar falsos positivos judiciales”. Una de las capturas de pantalla entregadas como prueba a la Fiscalía muestra el mensaje: “Entregue lo que tiene y no hay problema, las cosas pueden cambiar”, que según Devia, hacía alusión a la información que tenía sobre irregularidades al interior de la UNP.

Los líderes sindicales han denunciado reformas internas en la entidad y señalaron al director de la UNP como responsable del seguimiento del que han sido víctimas, lo que ha provocado que deban cambiar sus vehículos personales y hayan tenido que contratar seguridad privada, puesto que afirman no confiar en la dirección actual de la UNP.

Giovanni Gallo relató que durante un mitin nacional en febrero de 2023, miembros de los sindicatos recibieron amenazas donde se advertía que sus vidas corrían peligro y que los iban a desaparecer. Gallo denunció además seguimientos a vehículos, llamadas sospechosas y la infiltración de personas en las actividades sindicales. Ambos líderes manifestaron que, ante la falta de respuesta institucional, han decidido hablar ante los medios.

Según consta en el expediente de la Fiscalía, las amenazas y hostigamientos incluyeron llamadas desde números desconocidos, mensajes intimidatorios y seguimientos tanto a los dirigentes como a sus familias.

“Las evidencias ya están en la Fiscalía, pero el tema ha quedado quieto. Incluso tras el cambio de fiscal general hemos sido hostigados, amenazados, nos escribían por qué llamábamos a ciertas personas a contar lo que nos pasaba”.

A punto de que se cumplan dos años de la radicación de la denuncia, Gallo y Devia piden que la Fiscalía tome cartas en el asunto y se registre algún tipo de avance en la investigación, puesto que creen que, tras la salida de Rodríguez de la UNP, el proceso será cerrado. Ambos dirigentes hicieron un llamado a las autoridades para que se investigue y se garantice la protección de quienes denuncian irregularidades al interior de la entidad.

“Queremos exaltar que con el cambio de gobierno tenemos muchas esperanzas de que esta situación acabe, pero también tenemos miedo de los peligros porque ya quedan libres para ejercer cualquier tipo de atentado”, advirtió Gallo.

La denuncia, respaldada con capturas de mensajes y testimonios, permanece a la espera de avances por parte de la Fiscalía General de la Nación, mientras los líderes sindicales insisten en la urgencia de medidas de protección y acción institucional.

En la Copa del Mundo 2026, Néstor Lorenzo, entrenador de Colombia, estuvo acompañado en todo momento por el exfutbolista Amaranto Perea, que se preparó en el Atlético de Madrid y tiene experiencia como técnico del Junior de Barranquilla.

Antes de que Colombia fuera eliminada del torneo de naciones por Suiza, se confirmó que el cuerpo técnico de la Tricolor sería modificado, puesto que Perea aceptó una propuesta de Independiente Medellín para tomar las riendas del club antioqueño.

El 16 de julio, mientras la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) negocia con Néstor Lorenzo su continuidad, en Medellín se llevó a cabo la presentación oficial de Amaranto Perea como nuevo técnico del Poderoso.

Perea lloró al recibir la camiseta del Medellín

Durante la rueda de prensa, el exdefensor que tuvo paso por Boca Juniors y Atlético de Madrid se conmovió al recibir la camiseta del equipo en el que se formó cuando era un niño.

“Perdón, es la emoción, es la emoción. A Medellín no se le puede decir que no nunca. Es un placer. Yo sabía que en algún momento iba a estar acá, porque gracias a Dios he hecho cosas hermosas. No pensé que fuese este momento porque estábamos previo a un mundial y todo se dio muy rápido”, fueron las primeras palabras de Perea como estratega del Poderoso.

El entrenador recordó junto con el presidente del club lo que pasó antes de que aceptara la propuesta de dirigir en el fútbol colombiano por segunda vez, lo que calificó como un reto importante por retomar a lo que describió como su casa.

“Usted recuerde que fueron más de siete horas nuestra primera charla y cuando nos comprometimos verbalmente. Aquí empezó todo, aquí empecé yo”.

Debido a que en los últimos meses Independiente Medellín no pasa por su mejor momento y los fanáticos han realizado protestas para pedir la salida de varios directivos, Amaranto Perea aprovechó el momento para enviarle un mensaje a la afición antioqueña.

“Espero poder estar a la altura. Tenemos mucha ilusión. Más allá del ambiente, de todo lo que está pasando, tengo mucha fe, mucha fe y espero que todos estemos unidos para que este equipo vuelva a ser ese equipo que la gente espera, ese equipo que la gente exige”.

Cabe recordar que en Junior de Barranquilla Perea comenzó como asistente técnico de Julio Comesaña y, tras la salida del uruguayo, tomó el primer equipo del Tiburón durante dos meses, después de ello retomó su preparación como entrenador en España, más específicamente en Madrid.

Así fue la presentación por parte del DIM

Mediante un comunicado, la institución deportiva destacó lo que se espera de la llegada de Amaranto Perea, que ganó nueve títulos como profesional, incluyendo una Copa Intercontinental.

“Luis Amaranto regresa al Medellín con una visión moderna del fútbol, un profundo conocimiento del jugador colombiano y un amplio reconocimiento nacional e internacional por su labor como entrenador y miembro del cuerpo técnico de la selección Colombia de mayores. Su capacidad, liderazgo y preparación han sido altamente valorados por la Federación Colombiana de Fútbol, entidad a la que el club expresa su especial agradecimiento por su disposición y apertura ante el llamado del club, lo que hizo posible su vinculación, entendiendo este paso como un merecido avance en su carrera profesional”.

El club también destacó los años que el nacido en Turbo pasó en el club como jugador entre el 2000 y 2003, cuando disputó 117 compromisos como lateral derecho y defensor central.

“La llegada de Luis Amaranto representa identidad, pertenencia y convicción. Porque vuelve uno de los nuestros. Vuelve un hombre que conoce la grandeza de esta camiseta, que la defendió con orgullo y que entiende lo que significa representar al pueblo poderoso”.

El 13 de julio, el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció la eliminación de varias consejerías y oficinas de la Casa de Nariño, incluyendo la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Unidad de Implementación del Acuerdo Final.

El jurista anunció que las funciones que desempeñaban estas dependencias serán asumidas por los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Defensa, bajo el argumento de evitar duplicidades y sobrecostos institucionales. De la Espriella indicó que las agencias encargadas del seguimiento de derechos humanos y cumplimiento de compromisos internacionales también dejarán de existir como dependencias adscritas directamente al despacho presidencial.

El presidente electo aseguró que la Unidad de Implementación del Acuerdo Final será desmontada y sus responsabilidades transferidas a una nueva figura, el Comisionado Nacional de Seguridad. Este cambio implica que la administración de la política relacionada con el posconflicto y el cumplimiento del acuerdo con las extintas Farc estará orientada desde una perspectiva de seguridad. Para ello, De la Espriella indicó que instruyó a su gabinete a desmontar todo esquema que propicie impunidad bajo procesos de paz, a lo que sumó críticas contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Debido a los anuncios del mandatario electo, en diálogo con Infobae Colombia, el analista político de la Universidad Politécnico Grancolombiano Jaime Andrés Wilches explicó que los anuncios de De la Espriella no afectan en nada la continuidad de la JEP.

“No está dando ningún mensaje porque la Oficina del Alto Comisionado para la Paz es una estructura administrativa de la presidencia. Él puede disponer sobre ella y puede incluso nombrarla de otra manera. Hace parte de una estructura administrativa. Al principio gritan y hay ultimátums, pero la realidad administrativa, institucional, normativa y territorial va asentando a los presidentes en ese proceso que suele llamarse el año de aprendizaje”.

Para el experto, este tipo de modificaciones administrativas responde a la dinámica propia de la Casa de Nariño y ha sido frecuente en distintos gobiernos.

“Es un elemento muy común porque esas oficinas hacen parte de la estructura administrativa de la Presidencia de la República”, detalló el analista, que recordó que Gustavo Petro cambió el nombre de lo que hoy se conoce como la Agencia Nacional para la Reincorporación y la Normalización. “Son cambios de estructura que se van diseñando en el manual de funciones y que están respaldados por las estructuras administrativas del Ejecutivo”.

Respecto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Wilches considera que se trata de una de las institucionalidades más importantes que han sido creadas en el país, puesto que ha permitido recopilar memoria sobre el conflicto armado y promover “una reflexión social colectiva sobre los procesos que han acaecido en los usos y abusos de la guerra”.

Sobre la continuidad de la JEP, aseguró que, aunque el mandatario electo no esté de acuerdo, mediante ella “se han conocido en detalle y a través de declaraciones públicas, actos que en otras instancias hubieran sido invisibilizados o acallados por sectores poderosos”.

Wilches subrayó que las audiencias y el reconocimiento de los daños a la población civil han evidenciado que la paz requiere un proceso prolongado y complejo, más allá de la firma de un acuerdo, y habló de las críticas que ha recibido la JEP en los últimos años.

“Es una institucionalidad que quedó protegida por la Constitución de 1991. Ni el gobierno de Abelardo de la Espriella ni ningún otro pueden eliminarla de tajo, pues sería necesario un proceso de reforma constitucional que pasaría por el Congreso”.

Finalmente, el experto mencionó tres aportes clave de la JEP: la construcción de memoria, el equilibrio en el juzgamiento de actores armados ilegales y estatales, y la incorporación de profesionales de diversas disciplinas para el análisis del conflicto. Según Wilches, “la JEP ha sido una de las instituciones que más ha logrado vincular profesionales preparados de distintas áreas, lo que permite entender mejor la función social y el proceso de reconciliación en Colombia”.

Previo al cambio de gobierno previsto para el 7 de agosto, se han generado discusiones sobre los procesos de implementación de iniciativas del Gobierno Petro que serán transferidas al presidente electo, Abelardo de la Espriella, y a su gabinete, principalmente aquellos que no podrán ser modificados.

Uno de los mencionados es la resolución conjunta 1250 de 2026, que fue expedida por el Gobierno Petro para adoptar la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026-2035. En esta se define una hoja de ruta y se distribuyen responsabilidades entre los sectores de salud, educación, trabajo y cultura para reducir barreras de acceso, fortalecer la atención integral y garantizar respuestas oportunas ante emergencias obstétricas, violencias sexuales, VIH, infecciones de transmisión sexual e interrupción voluntaria del embarazo.

Desde el Gobierno nacional han destacado que la política tiene aplicación en todo el territorio y orienta la actuación de autoridades nacionales y territoriales bajo cinco ejes estratégicos: transformación de normas sociales y de género, fortalecimiento de la gobernanza y capacidades institucionales, protección frente a violencias de género, acceso efectivo a servicios integrales y priorización de sujetos de especial protección constitucional.

Resolución fue denunciada antes de la llegada del nuevo presidente

El 16 de julio, el concejal de Bogotá Andrés Barrios radicó ante el Consejo de Estado una demanda de acción de nulidad para que sea suspendida la resolución 1350 de 2026, puesto que con esta se busca imponer de manera obligatoria su incorporación en los currículos de las instituciones educativas públicas y privadas, con lo que no está de acuerdo.

“Esta resolución constituye un acto administrativo ilegal porque cuatro ministerios asumieron competencias que no les corresponden para crear una política pública nacional con efectos durante diez años e imponer obligaciones en el sistema educativo colombiano. La decisión desconoce la potestad reglamentaria del Presidente de la República y la reserva de ley que en materia educativa corresponde al Congreso de la República”, afirmó el concejal Barrios.

La demanda cuestiona el contenido de la resolución, al señalar que incorpora temas relacionados con el deseo, el placer y la identidad sexual desde la primera infancia. Barrios aseguró que la resolución ataca la autonomía de las instituciones educativas y las creencias personales de quienes defienden la familia y los valores, al considerarlos como obstáculos para la implementación de la política pública, vulnerando el pluralismo y la libertad de enseñanza garantizados por la Constitución.

Junto con la acción judicial, el cabildante formuló cinco cargos, entre ellos el que reafirma que varios ministerios incurrieron en una falta de competencia al crear una política nacional mediante una resolución.

Para Barrios, la resolución que fue fundamentada en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 es precisamente una muestra de que fue consolidada en el final del Gobierno de turno, y sin importar la opinión que tenga la nueva administración, en la regulación se extendió su implementación hasta 2035.

“La medida vulnera la autonomía escolar, al imponer un contenido uniforme a todos los establecimientos educativos del país, desconociendo la participación de directivos, docentes y padres de familia prevista en la ley”, destacó Barrios, que sostiene que la resolución desconoce el artículo 68 de la Constitución Política, el artículo 26.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, además de la sentencia que reconoce que la educación sexual incumbe de manera primaria a los padres.

La demanda advierte que el texto expedido por el Gobierno difiere del documento sometido previamente a comentarios ciudadanos, sin que esos cambios hubieran sido consultados con las familias.

“La protección de la niñez, el respeto por la autonomía de las instituciones educativas y el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos no pueden quedar a merced de una resolución expedida por el gobierno saliente. Acudí al Consejo de Estado para solicitar la suspensión de esta medida y evitar que tenga efectos adversos sobre millones de estudiantes. No voy a permitir que, por la puerta de atrás, se imponga una agenda ideológica para ilegalmente condicionar la formación de nuestros niños”, puntualizó el cabildante.

El 16 de julio, la concejala de Bogotá Diana Diago denunció un presunto sobrecosto en un contrato de servicios de eutanasia animal que es administrado por la Institución Distrital de Protección y Bienestar Animal (Ydpyba) y varias alcaldías locales.

En la denuncia se menciona que el contrato 495 de 2025, que tiene como objetivo “prestar los servicios como operador del Programa de Urgencias Médicas Veterinarias”, fue adjudicado por más de 826 millones al Centro de Recursos Educativos para la Competitividad Empresarial S.A.S. y la entidad estableció tarifas de hasta 330.820 pesos por cada proceso de eutanasia de animales de más de 25 kilogramos.

Al hacer la comparación de este valor con los precios contratados por las alcaldías locales para el mismo procedimiento, se evidenciaron diferencias significativas, puesto que el precio que aparece referenciado en contratación de la localidad de Santa Fe fue de 162.401 pesos, 168.419 pesos menos.

En la denuncia, Diago mencionó que realizó la comparación con otras alcaldías locales e identificó diferencias marcadas en contraste con lo que pagó el Ydpyba, que superó en 67% el precio contratado por Usaquén, en 36% lo que pagó la alcaldía de Kennedy y en 35.5% lo abonado por la administración de San Cristóbal.

Este fue el valor que pagaron las localidades mencionadas:

• Usaquén: 197.744 pesos.
• Kennedy: 242.400 pesos.
• San Cristóbal: 244.140 pesos.

“Resulta necesario conocer los criterios técnicos, económicos y contractuales que justifican los valores pagados por el Idpyba. Es inaceptable que pague 330.820 pesos por una eutanasia para un animal de más de 25 kilogramos, cuando la alcaldía local de Santa Fe contrató exactamente el mismo procedimiento por 162.401 pesos. Estamos hablando de una diferencia de 168.419 pesos por procedimiento, equivalente a un 103% más”, resaltó la cabildante.

Durante su intervención en el Concejo de Bogotá, Diago mencionó que es importante que la ciudadanía conozca la realidad del contrato y poder entender por qué se está abonando más dinero del que en teoría cuesta un procedimiento.

“Los bogotanos merecen una explicación sobre estas diferencias de precios y sobre el uso eficiente de los recursos públicos destinados al bienestar animal”, fueron las palabras de Diago, que recordó que el Idpyba fue creado para liderar la política pública de protección y bienestar animal en Bogotá, por lo que resulta preocupante que existan diferencias tan marcadas en los costos de procedimientos contratados con recursos públicos.

Por último, Diana Diago le exigió al alcalde Carlos Fernando Galán y al director del Idpyba explicar los criterios técnicos, económicos y contractuales utilizados para establecer estas tarifas, así como revisar los procesos de contratación para garantizar eficiencia, transparencia y un adecuado manejo de los recursos públicos destinados a la protección animal.

¿Qué es el Idpyba y cuál es su función?

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba) es una entidad pública de Bogotá dedicada a la protección y el bienestar de los animales en el distrito. Administra y ejecuta programas enfocados en la atención integral de animales domésticos, de compañía y en condición de calle.

Entre sus funciones está la implementación de un sistema de identificación y registro con microchip para perros y gatos, lo que contribuye al control y monitoreo de la población animal en la ciudad.

El Idpyba también gestiona la Unidad de Cuidado Animal, que se encarga de brindar atención veterinaria, recuperación y procesos de adopción. La entidad desarrolla campañas de sensibilización, vacunación y esterilización, así como actividades de rescate y atención a casos de maltrato. Además, participa en la formulación y aplicación de políticas públicas para la protección animal, en coordinación con otras instituciones y la comunidad.

Sigue la polémica en Colombia debido a que la Fiscalía General de la Nación citó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez para el 24 de julio, por su presunta responsabilidad en las masacres de El Aro y La Granja, registradas en Antioquia entre 1996 y 1997, cuando se desempeñaba como gobernador de ese departamento.

Uribe criticó la decisión de la Fiscalía, argumentando que fue citado sin que se practicaran pruebas y calificó el llamado como un atropello. Sostuvo que se trata de una revancha política y negó haber estado involucrado en los hechos señalados.

La investigación formal se abrió el 17 de junio de 2026, tras recopilar testimonios de exparamilitares como Francisco Villalba y Salvatore Mancuso, que aseguraron que, en una reunión, de la que Uribe tuvo conocimiento, se impartieron órdenes relacionadas con los asesinatos de los defensores de derechos humanos Jesús María Valle y Eduardo Umaña, que denunciaron la relación entre agentes estatales y estructuras paramilitares en las masacres.

Expertos jurídicos han recordado que el llamado a indagatoria no implica una condena, sino que hace parte de una etapa en la que Uribe podrá ejercer su defensa y la Fiscalía continuará recopilando pruebas antes de decidir si presenta una acusación formal contra el antioqueño.

Uribe afirmó que el proceso debería ser archivado

A menos de un mes para que se lleve a cabo la indagatoria, Álvaro Uribe Vélez habló con El Tiempo para rechazar la decisión de la Fiscalía, que se anunció días antes de los comicios presidenciales.

“Nada han encontrado contra mí. Y dos días antes de elecciones o tres me llaman a indagatoria. Si nada han encontrado contra mí, y necesitaban cerrar el proceso, ¿por qué no lo archivaron? Es la pregunta que me hago“.

El exmandatario se refirió a la hacienda Guacharacas, que fue una de las bases de las AUC en los 90, para recordar que ese predio fue vendido por su familia a los hermanos Gallón Henao (responsables del asesinato de Andrés Escobar), y que fueron ellos los que aceptaron haber financiado a las estructuras paramilitares de la región.

“Mi familia, ante la imposibilidad de tener la hacienda, la vendió, como está demostrado. Y después aparecen que dizque teníamos un grupo paramilitar. En ese proceso contra mí, por ese testigo Monsalve, si algo quedó claro es que mi familia nunca tuvo grupos paramilitares allá, ni los patrocinó”.

El expresidente defendió la honra de su familia y aseguró que ha sido víctima de una persecución judicial, a la que añadió el caso protagonizado por su hermano Santiago Uribe, condenado en última instancia por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.

“Mi hermano es un hombre básico, de buena moral, fue buen hijo, buen hermano, es buen esposo, buen padre, y lo meten preso”, fueron las palabras de Uribe Vélez, que responsabilizó al Gobierno nacional por lo que está viviendo en la actualidad.

“A mí, como gobernador, me sorprendieron ambas masacres. No hay una sola prueba con la que puedan decir que yo tuve información anticipada de esas masacres... Para Petro es un trofeo dejarme preso. Ya pusieron preso a mi hermano. Ahora me toca a mí".

¿Cómo fueron las masacres de El Aro y La Granja?

La masacre de El Aro se registró entre el 22 y el 31 de octubre de 1997 en el municipio de Ituango, Antioquia. Un grupo de aproximadamente 150 paramilitares ingresó a la zona, asesinó a por lo menos 17 personas, quemó viviendas y desplazó a decenas de familias.

Las víctimas fueron señaladas de colaborar con la guerrilla y sufrieron torturas y despojo de sus bienes. Además de los asesinatos, hubo saqueos y destrucción generalizada, lo que generó un desplazamiento masivo de los habitantes.

En la masacre de La Granja, registrada en junio de 1996, también en Ituango, paramilitares asesinaron a cinco personas, la mayoría de ellas líderes sociales y campesinos. Las víctimas fueron seleccionadas y señaladas por supuestos vínculos con grupos armados ilegales. Ambas acciones generaron temor, desplazamiento forzado y un profundo impacto social en las comunidades rurales afectadas.

Tras estos hechos, el abogado José María Valle denunció que había una alianza entre la fuerza pública y las AUC que permitía que el grupo paramilitar ejerciera varios tipos de violencia contra la población civil de la región, mientras la gobernación y las alcaldías municipales se mantenían en silencio. El 27 de febrero de 1998, dos sicarios ingresaron a su oficina en el centro de Medellín y le dispararon en varias ocasiones.

Luego del triunfo de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales, se filtró un video en el que el presidente electo indicó: “Usted tiene una cara de ministro” al exalcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán.

A pesar de que en un principio se pensaba que el pastor, que ha recibido el sobrenombre del “Bukele colombiano”, terminaría en el Ministerio de Defensa, el 26 de junio el medio santandereano Vanguardia informó que Beltrán será anunciado como ministro de Vivienda.

Cabe recordar que Beltrán tuvo un papel clave como gerente de regiones durante la campaña presidencial del abogado, al que acompañó en la mayoría de eventos públicos.

De confirmarse la noticia, Jaime Andrés Beltrán será la representación del departamento de Santander en el nuevo Gobierno nacional, que tiene a Rodrigo Lara Restrepo como el único ministro (del Interior) anunciado de manera oficial.

Sobre la cartera de Vivienda, actualmente tiene retos significativos relacionados con el déficit habitacional y la situación crítica que atraviesa el sector de la construcción en Colombia.

El sector inició el año con resultados negativos: entre enero y marzo se registró una caída del 5.4% en el Producto Interno Bruto (PIB) del área de construcción, mientras que la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales cayó un 8,2%.

Uno de los principales desafíos para Beltrán será la reactivación de la política de subsidios de vivienda, especialmente tras el estancamiento del programa Mi Casa Ya durante el Gobierno Petro; además, el ministerio tiene bajo su responsabilidad la ejecución de proyectos de acueducto y alcantarillado en varias regiones del país.

En campaña, De la Espriella prometió que una de las luchas de la cartera será convencer a los bancos para que regulen un interés del 2% para los créditos de vivienda, lo que fue reafirmado durante su primer discurso como presidente electo.

Al respecto, líderes gremiales han manifestado disposición para colaborar con el nuevo gobierno y consideran que la vivienda puede convertirse en un motor clave para la recuperación económica, la generación de empleo y la ampliación de oportunidades para millones de familias. Según Camacol, la articulación entre el gobierno, el sector privado y demás actores permitirá recuperar el dinamismo de la construcción y fortalecer su aporte al desarrollo económico y social.

El pastor cayó parado: de ser destituido a convertirse en ministro

Cabe recordar que, en agosto de 2025, el Consejo de Estado destituyó a Jaime Andrés Beltrán de la Alcaldía de Bucaramanga por incurrir en doble militancia durante las elecciones de octubre de 2023.

Beltrán, avalado por el partido Colombia Justa Libres, apoyó a candidatos al Concejo municipal pertenecientes al Partido de La U, lo que representa una violación a la normativa electoral colombiana. El fallo, que fue de carácter definitivo y sin posibilidad de apelación, se basó en pruebas como fotos y videos que demostraron que Beltrán participó en actos de campaña y solicitó abiertamente el voto para aspirantes de agrupaciones distintas a la que lo respaldó oficialmente.

Antes del anuncio, en diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Santander ya había declarado nula la elección en primera instancia por el mismo motivo. Ocho meses después, el Consejo de Estado ratificó esa decisión, concluyendo que Beltrán realizó actos inequívocos de apoyo a otros candidatos, incluso cuando su propio partido tenía postulados para el mismo cargo.

“Hoy tengo que despedirme de un edificio y de un cargo, pero las calles de Bucaramanga son mi oficina y mi trabajo ahí no para ni se detendrá”, fue parte del discurso con el que se despidió Beltrán de la Alcaldía de Bucaramanga. En ese momento anticipó que su siguiente trabajo sería por el bienestar de Colombia.

El 26 de junio se llevó a cabo un encuentro entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el candidato que ocupó el segundo lugar en las elecciones presidenciales del 21 de junio, Iván Cepeda.

Tras la reunión, Cepeda afirmó que Gustavo Petro encabezará la oposición durante el mandato de Abelardo de la Espriella, que comenzará el 7 de agosto de 2026.

“El empalme indica que debe venir, pero si no quiere, no hay problema, esta no es mi casa”, declaró Petro ante los medios sobre el trabajo que hará para entregar las cuentas de su administración al nuevo gobierno.

Al respecto, en diálogo con Infobae Colombia, Juan Nicolás Garzón, profesor del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, opinó sobre lo que considera que debe esperar el país sobre la oposición en los próximos cuatro años.

Para el docente, lo primero que debe hacerse es separar el rol que tendrá Iván Cepeda desde el Congreso, de la opinión que entregará Gustavo Petro como expresidente.

“Uno esperaría que el líder natural de la oposición sea Iván Cepeda, que, habiendo sacado una votación tan grande, lidere la bancada. Él va a ser el líder visible”, mencionó Garzón, que anticipó que no cree que ese sea el lineamiento del Pacto Histórico, puesto que relegar a Gustavo Petro a un plano secundario no va a ser tarea fácil.

“Es difícil anticipar exactamente cuál será el rol que ocupará Petro por la personalidad del presidente, pero yo diría que será un tipo muy vocal, será un tipo muy visible y que va a estar muy al corriente del debate público nacional. Yo no veo a Petro fuera de ese escenario. Petro no se va a quedar callado frente a esos cuestionamientos que vayan surgiendo”.

Para el docente, una presencia constante de Petro como figura de oposición puede terminar en disputas entre la izquierda y provocar que De la Espriella tenga mayor margen de gobernabilidad.

“Todos los partidos que apoyaron en campaña van a ser fundamentales. Con los partidos de la política tradicional se va a acomodar a las circunstancias. Eso le va a permitir tener cierto margen de maniobra; sin embargo, como es política, eso dependerá también de la representación que esos partidos logren en el gobierno”.

El experto anticipó que, sin tener un apoyo claro en un principio, es posible que Abelardo de la Espriella pueda tener un gran apoyo dependiendo de las alianzas que se puedan formar.

“Abelardo tiene más un movimiento político, que no es un partido organizado con bases, pero que puede aglutinar en torno a él, a su proyecto y a sus propuestas un apoyo importante también”.

Al hablar de las diferencias entre la oposición y la administración De la Espriella, Garzón mencionó que no debería ser extraño que partidos que estuvieron cerca del Gobierno Petro terminen trabajando de la mano con la nueva administración.

“Oportunidades de diálogo y consenso entre las partes siempre va a haber; sin embargo, con el Pacto Histórico va a ser difícil. Va a haber algunos sectores de los verdes y de los partidos tradicionales, que estuvieron más cercanos a Petro, que al final van a terminar transando con el gobierno de De la Espriella”.

Por último, Juan Nicolás Garzón habló de la importancia que tendrá Rodrigo Lara Restrepo como ministro del Interior para hacer que las diferencias entre gobierno y oposición sean cada vez más debatibles.

“Con el Pacto Histórico yo lo veo complicado. Un acuerdo nacional lo veo muy difícil, muy lejano. Puede que saquen algunas cosas adelante, depende también del rol del ministro del Interior ya anunciado, pero encontrar una alineación de las fuerzas, especialmente con Pacto Histórico y Abelardo de la Espriella, es algo que veo totalmente lejano”.

Tras el triunfo de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia, se ha comenzado a hablar sobre los retos que tendrá el abogado en las diferentes carteras.

En el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), organismo encargado de formular, coordinar y ejecutar la política pública en materia de tecnologías de la información, telecomunicaciones y servicios postales, el objetivo principal será promover el acceso, uso y apropiación de las TIC en todos los sectores, reducir la brecha digital y contribuir al desarrollo económico, social y político del país, algo que no ha sido logrado de manera eficaz por las administraciones anteriores.

Entre las funciones de la cartera se encuentran el diseño e implementación de políticas para mejorar la conectividad en regiones urbanas y rurales, la promoción de la transformación digital en entidades públicas y privadas, y el impulso del comercio electrónico y la digitalización de las empresas.

Además, el Ministerio de las TIC lidera iniciativas para fortalecer la ciberseguridad nacional, regula el funcionamiento de redes y servicios de telecomunicaciones y vigila el cumplimiento de normativas en el sector.

Los retos que asumirá la administración De la Espriella

Tras el anuncio del inicio del empalme entre el Gobierno Petro y los ministros que serán anunciados por el presidente electo, en diálogo con Infobae Colombia, el experto en el sector TIC Lennart Rodríguez habló sobre los retos que asumirá la nueva administración en esta área.

Para el experto, el sector de las telecomunicaciones se perfila como uno de los más críticos, con desafíos urgentes que la nueva administración deberá asumir rápidamente para ser resueltos de manera eficiente.

​El principal objetivo planteado por el analista es ejecutar una reingeniería estratégica orientada a la competitividad global. La meta de este plan es transformar a Colombia en una central de generación y globalización de contenidos de alta calidad, aprovechando la infraestructura tecnológica existente y potenciando la televisión pública para abrir nuevos mercados internacionales mediante la generación de alianzas estratégicas internacionales.

Rodríguez indicó que, para lograr este impacto, el nuevo gobierno deberá concentrar sus esfuerzos en dos frentes simultáneos: ampliar drásticamente los rangos de conectividad en el país y fortalecer el ecosistema audiovisual.

Para el experto, estos desafíos no solo buscan reducir la brecha digital en las regiones, sino también consolidar una industria local capaz de generar valor agregado en la economía digital.

​“De esta manera, la transición regulatoria y operativa exigirá pasar de la simple cobertura a una verdadera política de apropiación tecnológica, donde la infraestructura sirva como plataforma para el desarrollo social y la competitividad empresarial”.

El experto recordó que el ministerio debe fomentar la alfabetización digital y la formación de competencias tecnológicas en los ciudadanos, impulsar la investigación e innovación en tecnología y garantizar la transparencia y el acceso a la información pública a través de plataformas digitales.

De la misma forma, mencionó que se debe apoyar técnicamente procesos clave como la protección de la infraestructura tecnológica en eventos electorales, sin ejercer funciones de auditoría directa sobre los sistemas de voto. Por último, Rodríguez habló sobre lo mínimo que debe garantizar la nueva administración antes de terminar su gestión en 2030.

​“Los grandes retos del nuevo gobierno son ampliar la conectividad del país, pues necesita estar conectado para la convergencia; lograr que la ciudadanía tenga un esquema de apropiación para poder avanzar con esta era digital; el fortalecimiento de la industria audiovisual, el desarrollo de las coproducciones, la generación de alianzas estratégicas internacionales y una adecuada articulación a nivel general”, dijo el experto en el sector TIC Lennart Rodríguez.

El 26 de junio, el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que el ministro del Interior durante su mandato será Rodrigo Lara Restrepo, que se sumó a su campaña desde que se anunció la candidatura del abogado.

En redes sociales, el excongresista agradeció la confianza de De la Espriella y anticipó cómo será su trabajo a cargo del Ministerio del Interior a partir del 7 de agosto de 2026.

“Seré un defensor incansable de la Constitución y el Estado de Derecho. Trabajaremos por el equilibrio y la armonía entre las ramas del poder, devolviéndoles majestad y autoridad a nuestras instituciones. Forjaremos un gran acuerdo sobre lo fundamental que nos una y que se proyecte en el tiempo”, escribió Lara Restrepo en su cuenta de X.

Hermano de Lara Restrepo habló de los retos que tendrá su familiar como ministro

Uno de los pronunciamientos más llamativos tras el anuncio del presidente electo fue el de Rodrigo Lara Sánchez, exalcalde de Neiva y hermano de Lara Restrepo, que en redes sociales felicitó a su familiar por la designación.

“Felicitaciones por esta merecida designación en el nuevo Gobierno Nacional. Este nombramiento reconoce una destacada trayectoria de servicio al país y, al mismo tiempo, llena de orgullo al Huila, una tierra que hoy tiene una voz en una de las más altas dignidades”.

Además de destacar el reto que asumirá su hermano, Lara Sánchez habló de la oportunidad que tendrá Colombia con el trabajo que ha demostrado puede hacer el excandidato a la Alcaldía de Bogotá.

“Asumir el Ministerio del Interior representa un gran reto, pero también una oportunidad para liderar con diálogo, compromiso y resultados, especialmente en favor de las regiones que más lo necesitan. Le deseo muchos éxitos en esta nueva responsabilidad”, puntualizó Lara Sánchez.

Así ha sido la carrera política de Rodrigo Lara Restrepo

Rodrigo Lara Restrepo, que nació en Neiva en 1975, es hijo de Rodrigo Lara Bonilla, exministro de Justicia que fue asesinado por orden de Pablo Escobar en 1984.

Su formación académica incluye un pregrado de Derecho en la Universidad Externado, estudios en Sciences Po de París y una maestría en la Escuela Nacional de Administración de Francia (ENA). También cuenta con especializaciones en derecho minero, petrolero y defensa nacional.

Lara inició su trayectoria pública como director del Programa de Modernización y Lucha contra la Corrupción en 2006. En 2007 asumió una curul en el Senado, tras la salida de Germán Vargas Lleras, destacándose en debates de control político y legislación sobre seguridad y derechos ciudadanos.

En 2014 regresó al Congreso como representante a la Cámara por Bogotá con Cambio Radical y se consolidó como uno de los congresistas más activos, liderando iniciativas como la Ley de Trasplantes (Ley 1805 de 2016) y normativas sobre educación y protección social. En 2017 asumió la presidencia de la Cámara de Representantes.

Tras dejar Cambio Radical en 2020, se vinculó brevemente al Nuevo Liberalismo. En 2023, diferencias con los hermanos Galán lo hicieron salir de este partido. Fue candidato independiente a la Alcaldía de Bogotá, alcanzando el cuarto lugar. Desde entonces, Rodrigo Lara se desempeñó como docente universitario, hasta que en 2025 anunció que se sumaría a la campaña de Abelardo de la Espriella.

El presidente electo Abelardo de la Espriella lo designó como ministro del Interior, reconociendo su experiencia legislativa, capacidad de interlocución y compromiso con la transparencia. En la cartera mencionada, Lara Restrepo será responsable de articular la relación entre el Ejecutivo, el Congreso y los partidos, consolidándose como una de las figuras más influyentes del escenario político colombiano actual.

En sus redes sociales, la adolescente habló sobre comunidades como los Army, las fans de Morat y los seguidores de Bad Bunny para asegurar que el nuevo presidente de Colombia debería ser el candidato del Pacto Histórico, que quedó en segundo lugar.

En la tarde del 26 de junio, cinco días después de las elecciones, Antonella Petro reapareció en redes sociales con un video en el que habló de la derrota de Cepeda.

En la descripción de la publicación, la hija de Gustavo Petro habló sobre lo que debe seguir para los movimientos políticos de izquierda y para las personas que votaron por Iván Cepeda.

“La esperanza de Colombia no se acaba en las urnas. Al contrario, hoy está más viva que nunca. ¡Somos más de doce millones de personas unidas bajo un mismo propósito! Nos tenemos los unos a los otros y nos cuidaremos juntos porque cuando la causa es la vida, la vida no se rinde".

El mensaje de Antonella Petro a Colombia

En primer lugar, Petro Alcocer pidió disculpas por los días que tardó en pronunciarse y argumentó que estaba esperando poder estar lista para “hablarles desde el corazón” a sus seguidores.

En su discurso, la hija del presidente reiteró que la esperanza de Colombia está viva y volvió a mencionar los votos que recibió Iván Cepeda en las urnas como un motivo para pensar de manera positiva; además, añadió que hay una generación que sigue sin contar por no tener cédula.

“Somos más de doce millones de personas vibrando bajo el mismo propósito, más los que no estamos contados por no tener cédula todavía. Nuestro mayor poder es que nos tenemos los unos a los otros y que nos vamos a proteger los unos a los otros. Y cuando la causa es la vida, la vida nunca se rinde. Y acá estamos para demostrarlo”.

Antonella Petro aprovechó para enviarle un mensaje a Abelardo de la Espriella, al que le deseó buena suerte en la presidencia y le pidió dejar de pensar en “destripar” a la oposición.

“Justamente porque quiero a Colombia, espero que al nuevo presidente le vaya bien, porque si a él le va bien, le va bien a Colombia y a todos nosotros. Y para que eso pase, tiene que entender que no solo es el candidato de un sector, es el presidente de todos, inclusive los que no están de acuerdo con él. Para gobernar con éxito, tiene que dejar de pensar en destripar a la otra parte del país, que somos más de doce millones de colombianos, solo porque pensamos diferente”.

Por último, Petro Alcocer reiteró que el futuro de Colombia se debe construir sin discursos de odios y sin desprestigiar a los que piensan diferente, y aseguró que sigue creyendo en un país mejor para todos.

“Colombia no aguanta ni más odio, ni más divisiones, ni más guerra. Lo que necesitamos es que se dejen los discursos de venganza a un lado y que se sienten con respeto y con altura, escuchando con empatía a los que no votamos igual. Hoy estamos más unidos, más fuertes y más convencidos que nunca. Una Colombia justa, sensible y en paz sí es posible. Déjeme en los comentarios cómo se siente esta tusa electoral. Y abrazo para todos los que estamos entusados”, fueron las palabras de la hija del presidente Gustavo Petro.

Gran parte de los fanáticos por los deportes en Colombia están a la expectativa del partido entre la Tricolor y Portugal por la Copa del Mundo, que se disputará el 27 de junio a las 6:30 p. m.

Sin embargo, el fútbol no es el único deporte que tendrá a representantes colombianos en competencia durante el último fin de semana de junio, ya que dos peleadores de artes marciales mixtas (MMA) protagonizarán enfrentamientos de las promotoras más importantes del mundo.

El primero de ellos es Francisco Hernández, que se enfrentará al español Pepe Torres en el evento Legacy Fighting Alliance (LFA) 236, que se llevará a cabo en el Arizona Financial Theatre de Phoenix, Estados Unidos.

Este combate ha generado gran expectativa en el panorama de las artes marciales mixtas (MMA) latinoamericanas, ya que Hernández, con un récord profesional de cinco victorias y una derrota, es considerado uno de los prospectos más prometedores de la región. Su estilo destaca por un jiu-jitsu muy efectivo y un striking explosivo, especialmente por la potencia de sus ataques con las piernas.

Por su parte, Torres llega con un récord de diez victorias y una derrota, y busca una victoria que podría acercarlo a un contrato con la UFC. Para Hernández, este combate representa la oportunidad de consolidarse como figura emergente a nivel internacional y demostrar su evolución frente a un oponente experimentado. Analistas han señalado que el enfrentamiento pondrá a prueba la capacidad del colombiano para competir al más alto nivel, ya que ambos cuentan con habilidades técnicas y experiencia en circuitos internacionales. El resultado de la pelea podría abrir nuevas puertas para la carrera de Hernández.

Javier ‘Blair’ Reyes estará en el UFC de Azerbaiyán

El 27 de junio, el colombiano Javier “Blair” Reyes disputará su segunda pelea en la UFC, enfrentando al australiano Kaan Ofli durante el evento UFC Fight Night: Fiziev vs. Torres en el National Gymnastics Arena de Bakú, Azerbaiyán.

Reyes, con un récord profesional de 23 victorias y cinco derrotas, viene de un contundente triunfo por nocaut técnico en el primer asalto frente a Douglas Silva de Andrade, lo que le ha dado impulso y visibilidad en la organización.

El enfrentamiento ante Ofli, que se celebrará en la cartelera preliminar, ha sido señalado como una prueba de nivel por la experiencia del australiano, que suma 14 victorias y cuatro derrotas, y ha mostrado capacidad tanto para finalizar combates por sumisión como por decisión.

Para Reyes, el combate representa la oportunidad de consolidarse en la división pluma y demostrar su valía frente a un rival curtido en el circuito internacional. El evento podrá verse en Colombia desde las 8:00 a. m. a través de la plataforma Paramount+. Las apuestas favorecen ligeramente al colombiano, que parte como favorito en las predicciones previas al combate que se disputará sobre las 9:00 a. m. (hora de Colombia).

Antes de la pelea, Reyes habló con El Nuevo Herald sobre lo que representa pelear por Colombia en la promotora más importante del mundo.

“Realmente para mí como atleta es algo muy grande, pero más que todo por ser colombiano. Hoy soy la única cara de Colombia en la UFC y significa mucho venir a representarnos al otro lado del mundo. A pesar de la distancia, toda mi gente está pendiente y esperamos poder darles una buena noticia".

‘Blair’ Reyes elogió a su rival, del que destacó la experiencia que ha tenido durante su carrera, pero anticipó que saldrá con la victoria tras los tres rounds que se disputarán en el octágono.

“Sé que es un rival duro y lo respeto mucho. Mi manera de respetar a los rivales es entrenando al máximo y buscando noquearlos lo más rápido posible. Pero sinceramente, he enfrentado todo tipo de oponentes. Strikers, grapplers, de todo. No siento que tenga algo que no haya visto antes. He vencido a peleadores más fuertes y con más experiencia. Creo que simplemente es repetir la historia”.