Sobre el proceso de extinción de dominio de más de 400 locales comerciales de la marca Lili Pink por presunto lavado de activos y contrabando que superaría más de 730.000 millones de pesos, se confirmó que la administración de los bienes incautados fue asumida por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Desde la entidad confirmaron que la administración incluye 405 locales, 40 inmuebles, vehículos y una sociedad con presencia en 59 ciudades, y uno de los objetivos principales es garantizar la sostenibilidad comercial y proteger los derechos laborales de más de 2.000 empleados durante la transición.

La SAE confirmó que las investigaciones revelaron que la empresa habría utilizado una red de sociedades ficticias para ingresar mercancía de manera irregular y simular operaciones legales; a pesar de ello, la intención del Estado es que los derechos de los empleados sean respetados, por lo que las tiendas permanecerán abiertas mientras avanza el trámite judicial.

Proceso contra Lili Pink podría replicar lo registrado con Drogas La Rebaja

Debido a que no es la primera vez que el Estado interviene una empresa reconocida en Colombia, el caso es comparado con lo registrado en su momento con Drogas La Rebaja, que era utilizada por el cartel de Cali para lavar sus activos.

Al respecto, en diálogo con Infobae Colombia, Julio César Rivera, docente del Consultorio Jurídico de la Universidad Politécnico Grancolombiano, recordó que un proceso de extinción de dominio no es una sanción automática ni una condena anticipada.

“Se trata de una acción judicial de carácter patrimonial que inicia la Fiscalía General de la Nación ante jueces especializados, con el objetivo de que estos determinen si los bienes fueron adquiridos o utilizados con dineros de origen ilícito. Es decir, lo que se discute no es la actividad comercial en sí misma, sino el origen de los recursos”.

Rivera anticipó que mientras esté abierto el caso, que podrían ser varios años, el proceso regular incluye que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) sea administradora provisional de los activos, no como propietaria definitiva.

“Es clave entender que esta administración tiene un principio fundamental: proteger el valor económico y social de los bienes mientras se define la situación jurídica, y al mismo tiempo garantizar los derechos de terceros de buena fe. Entre esos terceros están, por ejemplo: los trabajadores, cuyos derechos laborales deben preservarse; los acreedores, que tienen obligaciones contractuales vigentes; los arrendadores de locales, que deben seguir recibiendo los cánones mientras los establecimientos estén operando; y los proveedores y contratistas que no hacen parte del litigio judicial”, explicó el docente.

El docente recordó que esto mismo se registró tras la intervención contra Drogas La Rebaja, que siguió funcionando debido a que se confirmó que la empresa generaba ganancias sin tener que depender de los activos ilegales de sus propietarios.

“En el caso de Lili Pink ocurre algo similar, ya que la intervención no implica el cierre de la empresa, ni una declaración de culpabilidad, sino una administración transitoria hasta que un juez determine si la Fiscalía tiene razón en sus señalamientos o si, por el contrario, no se configuran los presupuestos para la extinción de dominio”.

Sobre un posible desenlace en este caso, el experto mencionó que podría terminar con los bienes a favor del Estado, puesto que en estos procesos no se suele intervenir sin pruebas contundentes.

“Si el juez le da la razón a la Fiscalía, los bienes pasarán de manera definitiva al Estado; si no, la empresa puede ser restituida a sus propietarios. Precisamente por eso, se trata de una medida provisional y garantista, que busca equilibrio entre la persecución de economías ilícitas y la protección de la economía real, el empleo y los derechos de terceros”.

Por último, Rivera confirmó que las tiendas de Lili Pink no serán cerradas, puesto que la administración asumida por la SAE confirma que se trata de una empresa funcional.

“En conclusión, Lili Pink puede mantenerse operando porque el ordenamiento jurídico colombiano privilegia la continuidad empresarial bajo administración controlada, mientras se resuelve el proceso judicial, entendiendo que cerrar una empresa viable genera un daño mayor que administrarla correctamente durante ese período de definición”.

En Medellín, en la noche del 29 de abril, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá reportó un hecho en el que un individuo disparó contra tres personas en el sector de Laureles, en lo que se trataría de un intento de hurto sobre el que se tenía poca información.

Un día después, el secretario de Seguridad, Manuel Villa, confirmó detalles de lo registrado en la comuna 11, que tuvo a un soldado profesional como protagonista.

De acuerdo con el funcionario, el soldado, cuya identidad ha sido protegida, se movilizaba junto a su pareja en una motocicleta en el sector que conecta Laureles con el estadio Atanasio Girardot cuando fue interceptado por los tripulantes de dos motos que tenían la intención de hurtarle sus pertenencias.

Testigos afirmaron que los delincuentes golpearon en la cabeza al soldado, que esperó a que la mujer que lo acompañaba se alejara del lugar y desenfundó un arma, que, según el secretario de Seguridad, tenía la documentación reglamentaria.

Antes de que los criminales pudieran herirlo, el uniformado le disparó a las cuatro personas que lo estaban amedrentando, de los cuales dos murieron en el lugar de los hechos.

Uno de los criminales logró escapar en una de las motocicletas, mientras que el herido fue remitido a un centro médico en el que confirmaron que no tiene riesgo de morir producto de la herida provocada por el soldado.

Las autoridades confirmaron que las personas identificadas en el hecho son Juan Esteban Gómez, de 18 años, que falleció en la vía pública, mientras que Santiago Gamboa Carmona es el sujeto que se encuentra en un centro médico.

Hasta el momento no se han entregado los datos de la segunda persona que murió en el intento de hurto, que en ese momento estaba manejando una motocicleta Yamaha SZR.

Luego del cruce de disparos, el soldado se acercó a las instalaciones de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional e informó sobre lo registrado, allí fue puesto a disposición de las autoridades mientras avanza la investigación con la que se esclarecerá lo registrado.

El secretario de Seguridad de Medellín anticipó que el soldado actuó en defensa propia, argumentando que los criminales estaban armados y lo habían amedrentado previamente, lo que provocó su reacción. “Un soldado que tenía su arma de propiedad, totalmente amparada, iba de civil en su moto y dos motos lo interceptaron para robarle la moto. Este soldado da de baja a dos de los bandidos y otro que está siendo judicializado por hurto”, declaró Manuel Villa.

Por último, Villa respondió a las personas que han cuestionado el accionar del uniformado y reafirmó que, en su concepto, el soldado se defendió. “No murieron dos ciudadanos cualquiera, murieron dos bandidos”.

Este no es el único hecho ligado a la delincuencia común que fue informado por la Alcaldía de Medellín, puesto que el mandatario local, Federico “Fico” Gutiérrez, confirmó la captura de dos ladrones en el sector de El Poblado.

Gutiérrez confirmó que, tras perpetrar un hurto, los delincuentes intentaron escapar a bordo de una motocicleta, pero gracias al seguimiento que se hizo a través del sistema de cámaras de la ciudad, el automotor fue identificado.

“Intentaron huir, evadir los controles, pero no les funcionó: terminaron estrellándose y fueron capturados. Se incautó la moto, que tenía la placa alterada, se recuperaron los celulares hurtados y se confirmó que eran los responsables. Uno de ellos resultó lesionado y fue trasladado a un centro asistencial. Que les caiga todo el peso de la ley y que les quede claro que en Medellín los perseguimos sin descanso”.

El refuerzo incluyó la llegada de 2.800 soldados, vehículos blindados y otro tipo de refuerzos en Jamundí y el norte del Cauca, lo que fue confirmado por el comandante del Ejército Nacional, el general Royer Gómez.

“Antes de mitad del mes de mayo llegan ocho pelotones de soldados profesionales para fortalecer el pie de fuerza. Igualmente, entre la primera y segunda semana del mes de mayo llegarán ocho vehículos blindados adicionales”.

Ejército evitó explosión de carga explosiva en la vía Panamericana

En la tarde del 30 de abril, el Ejército informó que durante la inspección de la vía Panamericana en el sector de Piendamó, Cauca, se registró el hallazgo de una carga explosiva que fue neutralizada de manera controlada por personal especializado de la institución.

Uniformados de la Policía Nacional fueron los que ubicaron seis cilindros que tenían más de 600 kilogramos de explosivos de nitrato de amonio y que habían sido instalados en alcantarillas de la vereda La Loma, a pocos metros de la Vía Panamericana.

“De acuerdo con la verificación realizada en el lugar, esta carga explosiva tenía la capacidad de generar graves afectaciones en un radio superior a los 300 metros, lo que representaba una amenaza directa tanto para la fuerza pública como para la población civil que transita por este sector”, informó el Ejército.

Debido a la magnitud del material explosivo y para evitar afectaciones en el corredor vial, los explosivos fueron asegurados y trasladados con la ayuda de personal antiexplosivos, que cumpliendo con las medidas de seguridad ubicaron los cilindros en un lugar alejado de la población civil.

Con la protección constante del Ejército, se llevaron a cabo los análisis técnicos y los procedimientos correspondientes para neutralizar la carga explosiva.

“La intervención fue adelantada por personal especializado y requirió varias horas de trabajo, debido a la complejidad del terreno y a las condiciones en las que fueron instalados los artefactos. Gracias a la pericia y compromiso de los uniformados, se logró neutralizar esta amenaza, evitando una posible afectación de gran magnitud”.

Uno de los operativos exitosos tras los atentados fue en el que se registró la captura de alias Mi Pez, explosivista de las disidencias que sería uno de los responsables de la explosión en la que fallecieron 22 personas.

Indignación por intento de remuneración a las familias de las víctimas por parte de las disidencias

Tras el atentado terrorista registrado en Cajibío, Cauca, integrantes de las disidencias de la estructura Jaime Martínez, vinculada al Estado Mayor Central, intentaron acercarse a los familiares de las víctimas en la vereda Alto Grande y el corregimiento La Pedregosa, con el objetivo de ofrecer sumas de dinero como forma de reparación por las muertes ocasionadas.

Esta propuesta, que fue confirmada por residentes de la zona, provocó una reacción inmediata de rechazo entre los afectados, que consideraron indigno cualquier intento de compensar la pérdida de sus seres queridos con dinero.

Los familiares y sobrevivientes manifestaron que no aceptarían ningún tipo de resarcimiento material, viendo el ofrecimiento como un acto que pretendía “ponerle precio a la vida” de quienes murieron.

Familiares de los fallecidos indicaron que las víctimas eran campesinos dedicados al cultivo y la comercialización de productos agrícolas. Tras el atentado, se suspendieron actividades escolares y se organizaron oraciones y homenajes, tanto en Cajibío como en Popayán, para honrar a los muertos y acompañar a los heridos.

Como parte de los procesos de reconocimiento que ha realizado el Estado en los años recientes, se confirmó que el Ministerio de Defensa pedirá perdón a las víctimas de la masacre de Bojayá, registrada el 2 de mayo de 2002.

El ministro Pedro Sánchez será el encargado de liderar el acto de reconocimiento en el que se asumirá la responsabilidad del Estado y se pedirán excusas públicas por lo registrado en Bojayá y Vigía del Fuerte.

Este evento se realizará en conmemoración del vigésimo cuarto aniversario de la Masacre de Bojayá, en la que fueron asesinadas más de 100 personas que buscaron refugio en la iglesia del pueblo durante los enfrentamientos armados que sostenía la guerrilla de las Farc y paramilitares de las AUC en los municipios de Vigía del Fuerte (Antioquia) y Bojayá (Chocó).

El evento se realizará en las ruinas del casco urbano del municipio de Bellavista, en un acto ordenado en una sentencia el 28 de mayo de 2012, en el que se declaró la responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado en la masacre.

Como representante del Ejército, la Policía y la Armada Nacional, el Ministerio de Defensa ratificará lo decidido por el Tribunal Administrativo de Chocó durante el homenaje.

El ministro Sánchez estará acompañado del comandante de la Armada Nacional, el almirante Juan Ricardo Rozo Obregón y del comandante del Ejército Nacional, el mayor general Royer Gómez Herrera. También se ha confirmado la presencia del director de la Policía Nacional, el brigadier William Oswaldo Rincón Zambrano.

En la ceremonia participarán otros representantes del Estado colombiano, autoridades regionales y por la veeduría internacional asistirá la embajadora de Suecia en Colombia, María Cramer.

Se tiene previsto que el evento comience sobre las 9:00 a. m. del 2 de mayo, y que en la tarde se registren otros homenajes en los que participarán familiares de las víctimas de la masacre.

“El acto de conmemoración de los hechos estará enmarcado por diferentes actividades como la peregrinación de las familias de las víctimas desde Bellavista nuevo, actos de purificación y sanación ancestral por parte de las comunidades indígenas”, informó el Ministerio de Defensa.

¿Qué pasó en la masacre de Bojayá?

El 2 de mayo de 2002, durante un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP) y grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), los habitantes de Bojayá, en el Chocó, quedaron en medio del fuego cruzado.

La masacre se registró cuando cientos de habitantes de Bojayá buscaron refugio en la iglesia del pueblo ante el avance de los combates. Durante la confrontación, miembros de las Farc lanzaron un cilindro bomba que impactó directamente el templo, donde se encontraban principalmente mujeres, niños y adultos mayores.

La comunidad de Bojayá se encontraba en medio del fuego cruzado desde días antes, ya que los paramilitares se habían instalado en el pueblo y los guerrilleros intentaban expulsarlos. La iglesia de San Pablo Apóstol, construida en madera, no resistió la explosión. El ataque provocó la muerte inmediata de decenas de personas y dejó a la población desprotegida durante varios días ante el abandono estatal.

Las consecuencias de la masacre aún marcan a Bojayá. El hecho fue condenado por organizaciones nacionales e internacionales, mientras la comunidad exige justicia y reparación para las víctimas.

La responsabilidad del Estado colombiano se basa en que los ataques se prolongaron durante varios días y no se enviaron tropas del Ejército a defender a la población civil de la zona.

A través de su canal de YouTube, en el que cuenta con más de 125.000 suscriptores y desde el Concejo de Bogotá, el cabildante Ángelo Schiavenato ha pedido explicaciones sobre la forma con la que es administrado el dinero en la administración Galán en Bogotá.

“Así funciona el negocio de la Alcaldía de Bogotá, muchas empresas meten plata, luego quieren que le devuelvan el favor”, es parte de la descripción del video publicado por el abogado, en el que recordó que el mandatario distrital presentó gastos por más de 4.000 millones de pesos durante su campaña para llegar al Palacio de Liévano.

De la misma forma, en el Concejo de Bogotá habló de un “negocio redondo”, en el que la administración Galán sigue un patrón de beneficios contractuales directos para quienes financiaron la campaña, más específicamente con las firmas Toyota y Grupo Bolívar.

Los argumentos de Schiavenato

El jurista mencionó que recientemente se renovó la flota de las camionetas blindadas del distrito en una compra por vehículo que supera los 400 millones de pesos, que fue hecha en la empresa Toyota SAS, misma que donó 30 millones de pesos durante la campaña de Galán.

“Una vez en el cargo, la administración se aseguró de que la adquisición de los nuevos vehículos oficiales proviniera precisamente de dicho financiador”.

Por otra parte, mencionó que esta acción se repitió con la adjudicación de un contrato de fiducia entre el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones y el banco Davivienda, entidad financiera del Grupo Bolívar, que en campaña aportó 100 millones al hoy mandatario local.

En el contrato mencionado se entregó la administración de tres billones de pesos a través de una fiduciaria, recursos que corresponden a las pensiones y cesantías de los servidores públicos del distrito.

“No es casualidad que, tras esta transacción billonaria, Davivienda haya reportado en febrero de 2026 un crecimiento del 129,9%, posicionándose como el segundo banco con mejor rendimiento en el país. Esto se logra gracias a la generosa entrega de los ahorros de los trabajadores públicos hecha por el Alcalde”, afirmó el concejal.

Durante su intervención en el Concejo de Bogotá, Schiavenato indicó que los movimientos mencionados hacen parte de un “negocio redondo de las campañas políticas” que involucra las finanzas públicas.

“Invertir en la campaña de Galán generó la mayor rentabilidad económica que existe hoy en el mercado financiero, hoy no hay un solo amigo de Galán pobre”.

En su canal de YouTube, Schiavenato mencionó que tiene tranquilidad de la denuncia que realizó, puesto que recordó que fue el concejal de Bogotá que menos gastos de campaña reportó para ser elegido.

“Yo me gasté cero pesos y cero reposición de votos para ser concejal; además, no tuve que pedirle prestado a nadie, no tuve que reunirme con nadie y no tuve que estar con empresarios para terminar devolviendo favores”.

En el video Schiavenato volvió a mencionar los casos que involucran a Toyota y Grupo Bolívar, y aunque recordó que no es delito donar dinero a campañas políticas, cuestionó que estas empresas sean las mismas que ganan licitaciones en alcaldías en las que invirtieron.

“¿Cuántas veces le ha donado plata su banco a usted? Jamás, jamás en la vida. Davivienda es muy inteligente, no dan puntada sin dedal, créame".

El cabildante cuestionó cómo está siendo entregado el dinero del distrito y la transparencia de las licitaciones en Bogotá en la actualidad. “Acá nos estamos enfrentando a gente superpoderosa... Pensaron que si había una persona inteligente, pues no se superó el 2% y podían ganar licitaciones del distrito, y eso fue lo que hizo Carlos Fernando Galán. No se robaron la plata, pero le dio a sus amigos un negocio millonario”.

A falta de tres meses para que termine el Gobierno Petro, uno de los puntos negativos del Gobierno nacional es que no concretó ningún tipo de acuerdo de paz con los grupos armados con los que negoció en reiteradas ocasiones.

Uno de ellos fue con la facción del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc liderada por alias “Calarcá”, que en julio de 2024 fue capturado y horas más tarde fue liberado por tener beneficios como gestor de paz de un proceso de paz que meses más tarde fue suspendido.

Estos factores provocaron que la Fiscalía General de la Nación tomara la decisión de imputarle cargos por su presunta participación en conductas punibles de especial gravedad en el contexto del conflicto armado colombiano.

De acuerdo con el ente acusador, los delitos por los que se formularán cargos contra “Calarcá” incluyen desaparición forzada, homicidio en persona protegida, concierto para delinquir agravado y desplazamiento forzado, lo que terminaría de alejar a este guerrillero de cualquier proceso de paz.

Lo que le espera a “Calarcá” en caso de ser capturado

En diálogo con Infobae Colombia, el abogado David Sinitave explicó todo sobre los cargos que le serán imputados a “Calarcá”, que incluyen penas que varían según agravantes y el grado de participación del acusado.

Sobre el delito de homicidio en persona protegida, el abogado especificó que este tipo penal está entre los protegidos por el derecho internacional humanitario y para este delito se parte de 40 años de prisión como pena mínima.

Sinitave explicó que estas penas pueden incrementarse de una tercera parte a la mitad si el delito fue cometido contra una mujer, según lo establecido en el inciso final del artículo correspondiente.

Respecto a la desaparición forzada, Sinitave indicó que este delito está incluido en el título sobre delitos contra la libertad individual y otras garantías, y la pena podría ser de entre 26 y 45 años de prisión como pena máxima.

El abogado añadió que la pena podría incrementarse a 50 años de prisión si se encaja la conducta típica en una o más circunstancias de agravación punitiva contenidas en el artículo 166 del Código Penal.

Sobre el delito de concierto para delinquir agravado, Sinitave señaló que la pena para este delito, considerando el agravante de los fines de desaparición forzada y homicidios, así como la presunta condición de cabecilla del acusado, estaría partiendo de 12 años de prisión, con incrementos posibles si se presentan agravantes establecidas en la ley.

En el análisis, el abogado mencionó cómo se determinaría la pena final en caso de comprobarse la responsabilidad de Díaz Mendoza en más de uno de los delitos mencionados.

“La Fiscalía pretende imputar a alias Calarcá de los anteriores delitos, sin tener hasta el momento mayor información de la forma en que se atribuirán cada una de las conductas punibles, y las penas puestas de presente anteriormente pueden variar de acuerdo el grado de participación que se le impute, autoría o complicidad, toda vez que para el determinador o más conocido que la persona de atrás se tiene prevista la misma pena del autor material del delito”, afirmó Sinitave.

Para Sinitave, en caso de que se registre la detención de “Calarcá”, se toma la pena más grave y se suman por las demás, sin que la sanción final supere el tope máximo legal de 60 años de prisión que existe en Colombia.

El jurista destacó que a la hora de fijar la pena, el juez deberá basarse en el sistema de cuartos y ubicarse en el cuarto del cual partirá la pena, lo que depende de si hay circunstancias de mayor punibilidad.

“Deberá argumentar suficientemente los otros meses de prisión que se adicionarán por cada uno de los otros delitos, toda vez que no es constitucionalmente válido hacer una suma aritmética de las penas de cada delito”.

Sinitave también se refirió a la salida de Alexander Díaz Mendoza de la Mesa de Diálogos de Paz con el Gobierno nacional, mencionando que esta decisión “obedece a una potestad discrecional y exclusiva del Presidente de la República”.

De esta manera, la imputación de cargos contra “Calarcá” se registra según lo establecido en la legislación penal colombiana, pero su retiro como representante en la mesa de diálogo responde a disposiciones constitucionales y legales vigentes a cargo de Gustavo Petro.

El 28 de abril las autoridades confirmaron la captura de Alex Andela, más conocido como alias David o Mi Pez, jefe de la estructura Dagoberto Ramos del Bloque Occidental Jacobo Arenas, que hace parte de las disidencias del Estado Mayor Central al mando de “Iván Mordisco”.

Cabe recordar que esta facción criminal es señalada de perpetrar atentados en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, así como ataques en la vía Panamericana, el más reciente en el sector de Cajibío.

Alias Mi Pez asumió el liderazgo de este frente criminal tras la muerte de Wílmar Pazú Rivera “Cholinga”, y cuenta con una trayectoria de 20 años en la estructura armada, en la que ha ocupado varios cargos de mando.

El capturado tiene procesos judiciales por homicidio, concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo y delitos relacionados con drogas; mientras que la estructura Dagoberto Ramos es considerada una de las más ofensivas en el Cauca.

Los secretos de la caída de ‘Mi Pez’

Fuentes militares confirmaron a Infobae Colombia que Andela era buscado desde hace varios meses por miembros de la Dirección de Investigación Criminal Dijin, el Grupo de Operaciones Especiales Antiterroristas Grate y el Ejército Nacional, que desde junio del 2025 tenían como objetivo capturar al criminal que se movía entre los departamentos de Tolima, Huila, Cauca y Valle del Cauca.

Precisamente, esos desplazamientos, que los adelantaba para coordinar acciones criminales en contra de la fuerza pública y la población civil, dejaron en evidencia ciertos lugares que se convirtieron en pistas claves para los investigadores, que identificaron por completo los gustos, rutinas, y otros factores que provocaron la caída de “Mi Pez”.

“Los rastros comenzaron a ser empleados para construir por dónde y hacia dónde se movía. El seguimiento milimétrico de inteligencia de la Policía Nacional al círculo cercano del cabecilla, permitió también identificar sus hombres de confianza, enlaces financieros y los explosivistas más cercanos”, informó la fuente militar.

Durante la investigación se sumaron testimonios de desmovilizados que habían estado en los mismos campamentos que el cabecilla de las disidencias, que se encargaron de confirmar fracturas internas entre alias “Marlon” y “Mi Pez”, motivo por el que el segundo tenía menos protección durante sus últimos movimientos.

Sobre los problemas internos en el frente mencionado, se afirma que se tratarían de desacuerdos por la baja efectividad de los ataques perpetrados recientemente en Cali y Jamundí, en donde el grupo armado no logró causar el impacto que se tenía previsto y provocó discusiones entre los cabecillas mencionados.

“Se identifican disputas por el control de las finanzas ilícitas, que eran manejadas por alias Mi Pez, que presuntamente estaría omitiendo reportes a alias Marlon para obtener recursos para su interés personal, debilitando aún más la cadena de mando criminal”.

De acuerdo con las autoridades, “Mi Pez” habría adquirido propiedades y vehículos de carga en Popayán, Medellín, Cali y Buenaventura, que serían usados para beneficio personal, lo que habría sido descubierto recientemente al interior de las disidencias.

El último ataque terrorista que se registró en Cali, en el que fue atacado un bus con civiles, habría sido el factor por el que se terminó de quebrar la relación entre “Marlon” y “Mi Pez”, puesto que se presume que entre las víctimas civiles hay familiares y amigos de miembros de la estructura criminal que delinque en el suroccidente del país.

Por otra parte, se conoció que existe una fuerte presión por parte de “Marlon” sobre varios cabecillas de la estructura ante la desobediencia de algunos de ellos, incluyendo el atentado terrorista en Cajibío, por el que el Estado Mayor Central emitió un comunicado con el que pidió perdón a los afectados.

Como entidad que administra los bienes intervenidos de criminales en el país, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) lleva a cabo procesos de arrendamiento y venta de las propiedades.

Precisamente, en un caso de esa índole, la SAE informó que mediante una subasta electrónica pública se consolidó la venta de dos inmuebles provenientes del narcotráfico por 6.000 millones de pesos.

Durante el proceso de comercialización abierta de los inmuebles que son del Estado, la SAE concretó la venta de un palco del estadio del Deportivo Cali, ubicado en el corregimiento de Palmaseca, en Palmira, Valle del Cauca.

Este palco fue vendido tras 31 horas de subasta por 358 millones de pesos; en el procedimiento participaron cinco oferentes y se registraron 92 lances (aumento de la oferta anterior).

Desde la SAE informaron que la subasta comenzó el 23 de abril sobre las 10:00 a. m. y culminó el día siguiente sobre las 5:00 p. m.; además, que el predio fue vendido por casi el doble de su valor comercial, que era de 153 millones de pesos.

“El inmueble incluye vista directa a la cancha y cuatro parqueaderos. Su incorporación al patrimonio estatal se produjo en octubre de 2021, luego de una sentencia de extinción de dominio que lo vinculó a investigaciones relacionadas con narcotráfico internacional, asociadas a una organización criminal liderada por Shirley Herrera Colorado y Jair Sánchez Hernández, alias Mueble Fino”, explicó la SAE en un comunicado oficial.

En otro proceso similar, la entidad vendió un hotel ubicado en el sector de El Laguito, en Cartagena, cuyo valor comercial fue superado ampliamente durante la subasta, en la que fue comprado por 5.400 millones de pesos tras 31 horas y 48 lances en los que participaron tres individuos.

El inmueble cuenta con más de 1.400 metros cuadrados construidos, 32 habitaciones, piscina, restaurante y terraza con vista al mar, en una de las zonas de mayor valorización turística de la capital de Bolívar.

Sobre la historia de la propiedad, la entidad recordó que fue entregado a la SAE tras un proceso de extinción de dominio durante una investigación contra Liliana del Carmen Campos Puello, alias La Madame, vinculada a organizaciones criminales de trata de personas y explotación sexual en la región.

“Ambas operaciones reflejan cómo activos que en el pasado estuvieron asociados a economías ilícitas pueden reincorporarse al mercado formal mediante procesos legales y competitivos, generando nuevas oportunidades de inversión. Con estos resultados, la SAE continúa fortaleciendo mecanismos de comercialización pública que permiten transformar bienes provenientes del crimen en activos con valor económico dentro de la legalidad, promoviendo transparencia, confianza ciudadana y dinamización del mercado inmobiliario”, es parte del comunicado oficial con el que la SAE confirmó la venta de las propiedades mencionadas.

Así puede inscribirse a las subastas de la SAE

El proceso para participar en las subastas de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) mediante la plataforma Activos por Colombia busca facilitar la adquisición de bienes administrados por el Estado. Inscribirse en una subasta de activos requiere cumplir una serie de pasos obligatorios, desde el registro digital hasta la presentación de garantías económicas.

Todo inicia con el ingreso al portal oficial, donde el interesado debe crear una cuenta aportando datos personales y, en el caso de personas jurídicas, documentos de constitución y representación legal. En este entorno digital, los usuarios pueden consultar el portafolio actualizado de activos disponibles, que incluye información sobre ubicación, valor base y condiciones específicas de cada bien.

El siguiente paso consiste en presentar una manifestación formal de interés, acompañada de la documentación indicada en el reglamento. Según la información publicada por la SAE, esta etapa exige la constitución de una garantía económica, la cual puede tomar la forma de consignación bancaria, póliza de cumplimiento, patrimonio autónomo o garantía bancaria a primer requerimiento.

Una vez verificada la información, la SAE habilita a los participantes para que formulen sus ofertas en la subasta electrónica, en la que cada puja resulta vinculante. De acuerdo con el reglamento oficial, el adjudicatario debe formalizar el pago y asumir los costos notariales y tributarios.

Tras la denuncia realizada por The New York Times en la que se afirma que hay una mina ilegal en la que delincuencia tiene respaldo de las autoridades para poder extraer oro que luego es comercializado y presentado en reconocidos lugares de Estados Unidos, el Gobierno colombiano anunció el inicio de una investigación que hasta el momento no ha esclarecido nada de lo expuesto.

Cabe recordar que el informe del medio citado afirma que la mina está ubicada a pocos metros de una base militar y que habría presencia de hombres del Clan del Golfo; sin embargo, Corantioquia se pronunció para desmentir esto.

A través de un comunicado de prensa, la entidad afirmó que hay un territorio ubicado en la zona señalada en la que funciona una mina legal, que contaría con los permisos requeridos para las labores que se adelantan allí.

Corantioquia mencionó que el predio estaría ubicaod en la vereda Río Man, en Cáceres, en donde habría proyectos en La Mandinga, sitio mencionado en el informe, con una licencia ambiental que le fue otorgada a la empresa encargada de la explotación de oro y plata a un kilómetro del batallón en 2022.

En segundo lugar, se menciona un polígono que estaría siendo tramitado en la actualidad y no cuenta con licencia ambiental aprobada, que sería el denunciado por The New York Times, puesto que no hay aprobación ambiental para llevar a cabo actividades mineras en la zona.

La entidad ambiental afirma que desde 2011 informó a la Agencia Nacional de Minería, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República sobre situaciones asociadas a la actividad minera en la zona.

Si bien las condiciones de orden público que históricamente han afectado al Bajo Cauca antioqueño generan obstáculos, Corantioquia aseguró que ha mantenido labores de seguimiento, control y articulación interinstitucional, por lo que pidió fortalecer la articulación institucional y la presencia del Estado en la zona e invitó a los mineros a avanzar en procesos de formalización para evitar ser judicializados.

Las denuncias del Ejército en la zona

Antes del comunicado de Corantioquia, el Ejército se pronunció al respecto al afirmar que entre 2.000 y 2.500 personas se dedican a la minería en un predio gestionado por el Fondo de Reparación a Víctimas, en donde se investiga si hay algún tipo de solicitud sobre amparo administrativo ante la invasión de mineros ilegales, resaltando que este trámite le corresponde a la administración local.

Por su parte, la corporación responsable del área informó que el proyecto Mina Mandinga, identificado con la placa ODH-08201, dispone de una licencia ambiental temporal otorgada en 2022.

Sobre la autorización, como lo confirmó Corantioquia, sería para la explotación de oro y plata, como parte de un proceso de formalización minera que cumplió con los requerimientos técnicos, jurídicos y ambientales establecidos por la normativa vigente.

Por otra parte, la denuncia del Ejército menciona que en la región hay intervención de mineros informales, lo que ha generado investigaciones administrativas y procedimientos de verificación sobre la legalidad de las actividades extractivas.

Las autoridades locales y nacionales revisan los registros de amparo administrativo para identificar los mecanismos legales aplicables en la protección del predio frente a la minería ilegal y la identificación de los trabajadores formales e informales, sobre los que no hay claridad de su ubicación por el momento.

Lo último que se informó al respecto es que el proceso de formalización minera continúa sujeto a la supervisión de las entidades ambientales y reguladoras, que evalúan el cumplimiento de los requisitos exigidos para la explotación de recursos minerales en la zona.

En diferentes ocasiones, sus familiares han realizado actos simbólicos para pedir por la libertad de los uniformados que fueron retenidos en la vía que conecta a Tame con Arauca.

A pesar de ello, el grupo armado no ha escuchado las peticiones de los allegados de los policías, que el 29 de abril fueron noticia luego de que fueron compartidos videos en redes sociales con pruebas de supervivencia de ellos.

A través de la red social X, el Ejército de Liberación Nacional compartió grabaciones que fueron realizadas el 25 de abril en un campamento guerrillero, en los que los uniformados hablan de su sufrimiento en cautiverio.

Cabe recordar que Hoyos y Pérez están desde hace nueve meses en poder del Frente de Guerra Oriental del ELN. En los videos los uniformados visten botas de caucho, pantalón de jean y una camisa azul.

En el video protagonizado por el subindentende Frankey Hoyos, este recuerda el tiempo que lleva secuestrado y le habla directamente (se desconoce si fue por orden de los guerrilleros) al presidente Gustavo Petro.

“Nosotros llevamos ya nueve meses, más de nueve meses acá y no ha sido posible que usted haga las gestiones para nuestra liberación. Usted como presidente de la República, la Constitución le da todas las herramientas necesarias para que sea una liberación pronta. Señor presidente, ¿qué pasa?“.

En su mensaje, Hoyos le pide al mandatario nacional que se ponga en su situación y apruebe un intercambio humanitario por guerrilleros del ELN que esten en poder de las autoridades.

“Ya llevamos mucho tiempo, mucho tiempo acá y no hay solución de nuestro problema. No solo nosotros sufrimos, sufre también nuestra familia, señor presidente. Póngase en nuestros zapatos, póngase la mano en el corazón. Sea solidario con nosotros“.

Por su parte, el patrullero Pérez se presentó como funcionario de la Dijín, recordó que está en poder del grupo armado desde julio de 2025 y reafirmó las palabras de su compañero al exigirle al presidente Petro por su liberación.

“Al Gobierno nacional, en cabeza del presidente de la República, le exijo la liberación de nosotros. Usted como presidente, como jefe de Estado, que tiene todas las herramientas constitucionales, que la Constitución lo faculta para darnos la libertad, para esos derechos fundamentales. ¿Qué pasa? Sabemos desde el último video que la Fiscalía General ya hizo su trabajo jurídico".

El uniformado afirmó que les han indicado que su liberación depende de la aprobación del intercambio por parte del presidente Gustavo Petro, por lo que volvió a pedirle que gestione los trámites para que puedan estar de nuevo junto a sus familias.

“¿Qué pasa que usted no apoya a la fiscal general? ¿Qué pasa que en sus manos está nuestra liberación? Le agradecemos y le exijo como funcionario, como ser humano, nuestra liberación, que nosotros no somos máquinas, no somos unos perros, ni unos animales”.

Sin que existan avances en las negociaciones que ha sostenido el Gobierno Petro con el ELN en los últimos años, este grupo armado mantiene, de acuerdo con información de las autoridades, a 38 personas secuestradas.

El total de personas retenidas por grupos armados y organizaciones criminales en el país asciende a 91, siendo el ELN responsable de 38 de estos casos. Las cifras provienen de informes oficiales del Gobierno colombiano y la Defensoría del Pueblo. Esta información se actualiza de acuerdo con los reportes de las autoridades, pero no se descarta que el número real pueda variar debido a la naturaleza clandestina de estos hechos.

El 29 de abril se confirmó que el expresidente Álvaro Uribe Vélez recibió una carta anónima en la que afirman que un gobernador colombiano fue clave en la planeación del asesinato del senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El contenido de la carta habría sido puesto en conocimiento de las autoridades y menciona supuestos vínculos del gobernador con grupos ilegales que habrían tenido interés en el magnicidio. La denuncia anónima también sugiere que otros funcionarios y actores locales podrían estar involucrados o haber tenido conocimiento de los hechos.

“Estimado presidente Uribe, hoy me dirijo a usted con el fin de comunicarle del actos mas despreciables realizados por el gobernador de turno y el exgobernador de (censurado) en el mes de mayo de 2023. Ese individuo, un exalcalde del departamento de (censurado), el actual coordinador de (censurado), acordó en manta financiera el magnicidio del senador Miguel Uribe. Acto seguido financiaron unas campañas en su contra en los comunales de Pasto. Además me confirmo de los acuerdos con los diferentes grupos al margen de la ley. Hoy pongo en sus manos esta información de manera anónima ya que el exalcalde y yo tenemos por nuestras vidas. De antemano muchas gracias, Dios y la patria lo protegerán siempre”, se lee en el documento.

Minutos más tarde, a través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro realizó una publicación que fue asumida como una respuesta a la revelación del exmandatario Uribe, al que acusó de estar aliado con el presidente de Ecuador Daniel Noboa.

“Uribe sigue el plan con Noboa. Ya va a acusar un gobernador colombiano, que sabemos cuál es, para buscar ganar las elecciones con mentiras. Noboa es el encargado de violentar a Colombia. Los datos de quienes asesinaron al senador Uribe Turbay los tiene la fiscalía. Sus anónimos los diseñan para que nos matemos entre los colombianos y ahora no somos tan pendejos”, escribió el presidente.

Gobernador de Nariño se pronunció en medio de la polémica

Debido a que ha sido uno de los señalados tras la revelación del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, atendió a la prensa para alejarse de los rumores en su contra.

“Por un anónimo, el señor expresidente Uribe vincula al señor presidente de la República y al gobernador de Nariño en el asesinato de Miguel Uribe. Sale y dice: ‘Me han llamado y luego me pusieron un escrito donde vinculan al presidente y al gobernador yendo a Manta’, dizque yo a Manta, el gobernador del departamento de Nariño yendo a Manta y que yo soy financiador del asesinato de Miguel Uribe”.

Escobar indicó que el exmandatario debería tener cuidado con las afirmaciones que hace sobre otras personas, puesto que se trata de una de las figuras políticas más populares del país.

“Eso es grave, tremendamente grave, porque estamos hablando de uno de los hombres que más escucha el mundo político de este país”.

Para Luis Alfonso Escobar, el documento expuesto por el expresidente hace que su vida este en peligro, por lo que reafirmó que no fue parte de ningún plan criminal.

“Hoy me están poniendo una lápida en la cabeza, a un hombre honorable, como se los he dicho, un profesor universitario de más de 26 años y en donde, sin lugar a dudas, nadie que me conozca podrá creer que el gobernador del departamento de Nariño pueda entrar en una confabulación para generar un magnicidio del cual nosotros hemos rechazado plenamente”.

Por último, Escobar indicó que lo registrado con estos rumores es una muestra de que las intenciones de paz son perseguidas en todo el país.

“Yo soy un hombre de paz, no de muerte. Yo no soy un hombre de la guerra, yo soy un hombre de la paz, pero ahí, diputados, público en general, sociedad en general, nos estamos dando cuenta que la paz tiene enemigos y enemigos muy poderosos, porque si la paz está mostrando resultados”.

Luego de que en Colombia se anunció el inicio de la práctica de eutanasia para 80 hipopótamos en el Magdalena Medio, se ha generado un debate sobre las opciones que habría para salvar la vida de la especia invasora que fue traída al país por Pablo Escobar.

Una de las que ha tomado más popularidad fue la realizada por el empresario indio Anant Ambani, que propuso trasladar los 80 hipopótamos a un centro de conservación en Gujarat, India.

Hasta el momento, el Ministerio de Ambiente ha ratificado la decisión de sacrificar parte de la población para controlar su crecimiento, ante la dificultad y los altos costos de otras opciones como la reubicación o la esterilización.

¿Es posible traslada 80 hipopótamos a la India?

En diálogo con Infobae Colombia, el docente de gestión ambiental de la Universidad Politécnico Grancolombiano, Jorge Torres, explicó que la translocación de hipopótamos desde Colombia hacia la India es posible, aunque requiere superar exigencias legales y logísticas complejas.

El especialista subrayó que los hipopótamos, clasificados en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), no están considerados en peligro de extinción inminente, pero su traslado internacional obliga a cumplir con estrictos protocolos de exportación y aceptación por parte del país receptor.

“La especie de hipopótamo anfibio está en el Apéndice II del Cites, lo que implica que, si bien no se considera en peligro crítico de extinción, el país exportador debe solicitar la autorización correspondiente y el país receptor debe aceptar formalmente la llegada de estos individuos”, mencionó el docente, que advirtió que los permisos para importar especies exóticas en la India son particularmente rigurosos, ya que se trata de una especie exótica invasora en ese territorio.

Respecto a la población de hipopótamos en Colombia, el experto recordó que inicialmente eran cuatro individuos y ahora hay cerca de 200, lo que ha generado una alta tasa de endogamia, lo que provoca que las enfermedades genéticas se manifiesten y muchos ejemplares ya presenten algún tipo de malformación.

“La exportación de estos individuos a la India no supondría un riesgo para otras especies, ya que el hipopótamo no es nativo de ese país”, aunque insistió en que los trámites regulatorios y los desafíos logísticos siguen sin resolverse.

En el plano operativo, Torres describió que capturar y trasladar entre 60 y 80 hipopótamos implica riesgos y costos elevados, tanto para Colombia como para la persona o empresa que asuma la operación. “El proceso exige reunir a todos los individuos, lo que no es sencillo porque no están confinados, sino dispersos en una cuenca. Los animales deben viajar en avión y es necesario mantenerlos tranquilos durante el trayecto, lo que representa un reto técnico relevante”.

El docente resaltó que el transporte aéreo de hipopótamos requiere decidir cuántos pueden ir por vuelo, teniendo en cuenta que son animales territoriales y pueden generar conflictos si se trasladan juntos. También mencionó que la captura y localización de los ejemplares resulta especialmente difícil, ya que no se encuentran en espacios cerrados.

Torres precisó que, si el empresario indio asume todos los costos y obtiene los permisos necesarios, el proceso sería más viable desde el punto de vista económico; sin embargo, recordó que no hay un comunicado oficial del Gobierno de la India sobre la recepción de los ejemplares, sino únicamente una propuesta de un empresario.

El especialista recordó que “el traslado de hipopótamos forma parte de un paquete de medidas implementadas por las autoridades colombianas” y que las estrategias de translocación ya se han intentado anteriormente. “La pregunta sigue siendo cuándo se concretará el traslado y si el país receptor aceptará formalmente a los animales, o si debemos seguir esperando mientras ellos siguen multiplicándose”, concluyó.

Aunque es un mito que se deban esperar 72 horas para reportar una desaparición, en algunos casos tras el reporte las autoridades deben seguir un conducto para iniciar con el proceso de búsqueda.

Es por ello que la Fiscalía General de la Nación anunció el 29 de abril el inicio de la estrategia “Alerta Rosa”, en la que junto con 16 entidades llevarán a cabo un mecanismo de búsqueda inmediata en casos en los que se denuncie la desaparición de menores de edad, adolescentes y mujeres.

Desde el ente acusador argumentaron que esta estrategia responde a la necesidad de actuar con rapidez en casos donde el tiempo es un factor determinante. A partir de ahora, una vez se reporte la desaparición de una persona perteneciente a estos grupos priorizados, se activará una alerta temprana a través de canales oficiales, lo que permitirá movilizar de manera articulada a autoridades locales, organismos de socorro, juntas de acción comunal, organizaciones sociales, comunidades religiosas, medios de comunicación y ciudadanía en general.

“Fortaleceremos así las labores de búsqueda en todo el territorio, incluidas zonas de frontera y terminales aéreas, terrestres y marítimas”, es parte del comunicado oficial.

Además de la localización, este mecanismo contempla la adopción de medidas de protección para brindar condiciones de seguridad al ciudadano ubicado, especialmente respecto a riesgos asociados a violencias basadas en género.

Durante el Comité de Coordinación Nacional de la Alerta Rosa, la Fiscalía confirmó que las entidades que participarán de la estrategia son: la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Policía Nacional y Migración Colombia.

“Desde la Fiscalía General de la Nación ejercemos el liderazgo de la Alerta Rosa con una convicción profunda: la búsqueda de personas desaparecidas no es solo una obligación legal, es una prioridad institucional. Como cabeza del Comité de Coordinación Nacional, nuestra responsabilidad es garantizar que este mecanismo funcione de forma articulada, rigurosa y eficaz, y que ninguna alerta se diluya entre competencias fragmentadas o respuestas tardías. La Fiscalía no coordina desde el escritorio; coordina desde la acción, desde el territorio y desde la urgencia que cada caso exige”, fue parte de las declaraciones que hizo la fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón.

Los tiempos de respuesta y la desinformación son las claves de la estrategia

En los detalles de la iniciativa, se confirmó que se tratará de un mecanismo de búsqueda inmediata basado en acciones coordinadas entre instituciones y ciudadanía, que contemplará una alerta masiva multicanal para difusión rápida de los casos y una estructura de coordinación interinstitucional.

De la misma forma, comenzará a funcionar un componente educativo para la prevención de la desaparición y la activación del sistema, puesto que uno de los objetivos es eliminar mitos como la falsa creencia de que se deben esperar 72 horas para iniciar la búsqueda de un niño, niña mujer, adolescente o joven reportado como desaparecido.

“Las labores de localización no se detienen hasta encontrar a la persona. Con este mecanismo se envía un claro mensaje: una persona desaparecida no es un caso, es una vida que debe ser encontrada y una familia que espera”, es como termina el comunicado.

Cifras de desaparición no han sido reducidas en el país

Cabe recordar que, entre 2020 y 2025, en Colombia se registró un aumento en los reportes de desapariciones, con cifras oficiales que se mantienen entre 125.000 y 130.000 casos sin ser resueltos desde el inicio del conflicto armado.

Según la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, entre 2016 y 2025, el Comité Internacional de la Cruz Roja documentó 2.144 casos relacionados con el conflicto armado. En 2024, se reportaron 252 nuevas desapariciones en 19 departamentos, con mayor concentración en Arauca, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Norte de Santander, Bolívar y Chocó.

Luego de la denuncia que realizó The New York Times sobre minería ilegal en terrenos de un batallón militar en Caucasia, Antioquia, el Gobierno nacional anunció que ha comenzado una investigación para esclarecer estos hechos.

Mientras que el proceso avanza, en diálogo con Infobae Colombia, el abogado Julián Ossa explicó que el Gobierno nacional puede impulsar diligencias administrativas y disciplinarias, pero la acción penal corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación.

“La titularidad de la acción punitiva y, por tanto, la discrecionalidad para adelantar investigaciones de carácter penal en contra de los ciudadanos pertenece de manera exclusiva a la Fiscalía General de la Nación, la cual actúa a través de sus delegados, lo que reafirma la separación de poderes entre el poder judicial, ejecutivo y legislativo, pilar fundamental de nuestro Estado social y democrático de derecho”.

Lo que podría registrarse en este caso

El jurista explicó que las sanciones disciplinarias dentro de las Fuerzas Militares podrían derivar en medidas como suspensión, inhabilidad e incluso expulsión; sin embargo, aclaró que la “pretensión punitiva corre por cuenta de la Fiscalía General de la Nación, la cual se puede apoyar en las investigaciones al interior de las Fuerzas Militares”.

Respecto a los delitos que podrían afectar a los involucrados, Ossa precisó que los uniformados o civiles que hayan explotado recursos mineros sin autorización incurrirían en la pena prevista en el artículo 332 del Código Penal (explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales), la cual va de 32 a 144 meses de prisión y multas de entre 133.000 y 150.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para miembros de la fuerza pública que hayan recibido dinero o favores para permitir la minería ilegal, el abogado advirtió sobre la posibilidad de imputación por cohecho propio. “Podrían incurrir en el delito de cohecho propio, establecido en el artículo 405 del Código Penal colombiano, por el que sus infractores podrían incurrir en penas que van entre los ochenta a los ciento cuarenta y cuatro meses de prisión y una multa de sesenta a ciento cincuenta salarios mínimos legales mensuales”, explicó el jurista.

El jurista también abordó el delito de prevaricato por omisión, aplicable a servidores públicos que hayan omitido sus funciones y permitido la actividad ilegal.

“El servidor público que haya omitido, retardado o denegado funciones propias de su cargo, con pleno conocimiento y voluntad, y haya generado una lesión jurídica, podrá incurrir en el delito de prevaricato por omisión, previsto en el artículo 414, el cual contempla una pena de prisión de 32 a 90 meses de prisión.

Ossa advirtió sobre la presencia de organizaciones criminales en la región, como el Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las Farc, lo que podría agravar la situación penal de los responsables.

“Podrían ser responsables de concierto para delinquir agravado por fines de explotación de yacimiento minero o hidrocarburo, previsto en el artículo 340, segundo inciso, el cual tiene una pena que va de 8 a 18 años de cárcel, penas que serán incrementadas en la mitad para quienes sean servidores públicos”.

De acuerdo con el abogado, la defensa de los acusados deberá concentrarse en desacreditar elementos estructurales de los delitos imputados, como la relación con grupos armados o la existencia real de explotación minera.

Para los delitos contra la administración pública, las estrategias defensivas podrían centrarse en demostrar que los funcionarios no omitieron ningún deber jurídico concreto, o que no tenían capacidad real de actuar para evitar la minería ilegal.

El abogado terminó aclarando que sin que sea probada la explotación minera, será necesario acreditar la autoría o participación específica de los procesados, puesto que la defensa podrá desvirtuar su dominio funcional sobre los hechos si no existe material probatorio suficiente.

La WWE, una de las empresas de entretenimiento deportivo más reconocidas a nivel mundial, ha consolidado una sólida base de seguidores en América Latina, especialmente en Colombia, donde su audiencia ha crecido de manera sostenida durante la última década.

Los eventos en vivo de la organización se destacan por su puesta en escena, la presencia de superestrellas internacionales y la interacción con el público. Tras varios años de ausencia en la región, la WWE confirmó su regreso a Sudamérica con una gira que incluye paradas en Ecuador, Colombia, Argentina y Chile.

La última visita de la compañía a Colombia se realizó en 2019, por lo que el anuncio ha generado gran expectativa entre los fanáticos locales. El anuncio de la nueva gira responde al interés del público colombiano, que ha mantenido altos niveles de sintonía en transmisiones y plataformas digitales.

Precios y fecha en la que será vendida la boletería

A través de un comunicado de prensa, la WWE anunció el inicio de la venta de entradas para su gira en Sudamérica, que incluye una presentación en Bogotá el jueves 10 de septiembre de 2026, en el Movistar Arena, en Bogotá.

Las entradas estarán disponibles a partir del jueves 7 de mayo a las 10:00 hora local, a través de wwe.com/events. El evento forma parte del South America Live Tour 2026, en el que las superestrellas de Monday Night Raw visitarán Quito, Bogotá, Buenos Aires y Santiago. Esta gira representa el primer evento de la WWE en Ecuador en una década y el regreso a Colombia, Argentina y Chile tras siete años.

El cartel en Bogotá incluye a luchadores como Penta, Stephanie Vaquer, Seth Rollins, Becky Lynch, The Usos, El Grande Americano, Gunther, Oba Femi, entre otros.

En el anuncio se confirmó que el esquema de precios y localidades para el evento en el Movistar Arena es el siguiente:

• Zona box: 750.000 pesos - aforo de 130 personas.
• Zona ring side: 550.000 pesos - aforo de 936 personas.
• Zona Field: 450.000 pesos - aforo de 910 personas.
• Sectores 203-204/216-217: 425.000 pesos - aforo de 1.016 personas.
• Sectores 202-205/215-218: 400.000 pesos - aforo de 992 personas.
• Sectores 209/211: 350.000 pesos - aforo de 391 personas.
• Sectores 201-219: 325.000 pesos - aforo de 352 personas.
• Sectores 206-207-208/212-213-214: 300.000 pesos - aforo de 1.439 personas.
• Sectores 303-304/316-317: 275.000 pesos - aforo de 1.392 personas.
• Sectores 305-307/315-318: 199.000 pesos - aforo de 1.247 personas.
• Sectores 306-314: 189.000 pesos - aforo de 1.819 personas.
• Sectores 301-319: 149.000 pesos - aforo de 450 personas.

Cabe recordar que todas las localidades cuentan con asientos numerados. Los precios están sujetos a cargos adicionales de la boletería; además, la empresa norteamericana confirmó que los peleadores anunciados pueden ser cambiados antes de la fecha del evento.

Así fue la visita más reciente de la WWE a Colombia

El evento de la WWE en Bogotá, celebrado el 23 de agosto de 2019 en el Movistar Arena, fue la primera presentación oficial de la empresa en Colombia. Más de 14.000 aficionados acudieron a la cita, agotando las entradas y generando un ambiente de gran entusiasmo.

El espectáculo incluyó seis combates con la participación de figuras reconocidas como Roman Reigns, Kofi Kingston, Charlotte Flair, Kevin Owens, Andrade, Ember Moon, Shinsuke Nakamura, Rey Mysterio y Randy Orton.

La velada comenzó con la victoria de Kevin Owens sobre Sami Zayn, seguida por el triunfo de Andrade ante Matt Hardy. Ember Moon superó a Charlotte Flair y las Kabuki Warriors, Asuka y Kairi Sane, ganaron en la lucha por parejas contra Sonya Deville y Mandy Rose. Roman Reigns venció a Samoa Joe en una lucha callejera, mientras Shinsuke Nakamura defendió con éxito el Campeonato Intercontinental ante Ali.

Debido a los atentados terroristas que se han registrado recientemente en las carreteras de Colombia, diferentes entidades del sector del transporte han emitido alertas sobre una crisis de inseguridad en las vías principales del territorio nacional.

Al respecto, la Asamblea Nacional del Transporte (ANT), expuso que entre agosto de 2022 y abril de 2026, el gremio reportó un panorama marcado por asesinatos, destrucción de vehículos, bloqueos masivos, extorsión y millonarias pérdidas económicas que afectan la cadena de suministro y el abastecimiento en el país.

Las cifras recopiladas por el observatorio de la asamblea hablan de 68 transportadores que han sido asesinados en las vías colombianas durante el periodo señalado, víctimas de acciones criminales que, de acuerdo con el gremio, se han intensificado en los últimos meses.

Desde la asamblea afirman que identificaron que el tránsito por las carreteras nacionales se ha convertido en una actividad de altísimo riesgo para quienes ejercen el oficio de transportar bienes esenciales.

El informe detalla que 142 vehículos de carga fueron incendiados o destruidos en hechos vinculados a paros armados y represalias de grupos ilegales; además, se contabilizaron más de 2.950 bloqueos en vías nacionales, situación que restringió el derecho constitucional al libre tránsito y al trabajo para miles de conductores y empresas dedicadas al transporte.

De acuerdo con la ANT, la piratería terrestre y la extorsión se manifiestan en la recepción de más de 5.200 denuncias de saqueos, robos de mercancía y cobros ilegales o “vacunas” por parte de organizaciones al margen de la ley.

El impacto económico de estos hechos se traduce en una afectación acumulada que supera los 14 billones de pesos, según la asamblea, el gremio se ha unido para advertir que esta cifra refleja el daño directo sobre el patrimonio de los transportadores y sobre la infraestructura logística y la cadena de suministro nacional, por lo que la organización denuncia que estos hechos afectan el abastecimiento regular de alimentos y productos de primera necesidad en diferentes regiones.

Desde la asamblea mencionaron que el panorama más crítico se localiza en el Valle del Cauca, Cauca y Nariño, identificados por la ANT como el epicentro de la crisis de seguridad vial en la actualidad.

En estos territorios del suroccidente colombiano, el informe revela que 24 conductores han perdido la vida en las carreteras en los últimos años; además, 58 vehículos de carga han sido incinerados o destruidos en la región, lo que equivale a más del 40% del total nacional sobre casos de esta índole.

Sobre la crisis de inseguridad solo enfocada en esta región, se afirma que las perdidas superan los cinco billones de pesos, una consecuencia directa de la operación sistemática de redes de extorsión, secuestro exprés y cobro de “vacunas”, crímenes que afectan cotidianamente a los transportadores y a las empresas del sector.

La Asamblea Nacional del Transporte sostiene que la criminalidad actúa con impunidad en estos corredores viales, lo que incrementa la vulnerabilidad de los trabajadores en todo momento.

En el comunicado, la Asamblea Nacional del Transporte enfatiza que los transportadores y sus familias se han convertido en víctimas directas del conflicto armado y la violencia en el país.

“Transitar por las carreteras ha dejado de ser un derecho para convertirse en una profesión de altísimo riesgo”, es parte del documento en el que se exige que las autoridades y el Gobierno nacional aseguren un “transporte digno, seguro y justo”.

Es por ello que en la parte final resaltan la labor de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional; sin embargo, resaltan que el esfuerzo de las autoridades en el terreno resulta insuficiente sin directrices claras y eficaces desde el nivel central del Gobierno Nacional.

El 27 de abril, la Fiscalía y la Dian identificaron una presunta red de contrabando y lavado de activos que involucra a la cadena Lili Pink. El caso se originó tras detectar patrones irregulares en solicitudes de devolución de IVA y la existencia de empresas de papel usadas para simular operaciones comerciales.

La investigación llevó al allanamiento de locales y a la ocupación de más de 400 bienes, incluyendo tiendas, inmuebles y vehículos. Se documentó el ingreso ilegal de mercancía, corrupción de funcionarios y movimientos por valores millonarios. Los bienes seguirán operando bajo supervisión estatal mientras continúa el proceso judicial.

Mientras avanza la investigación, en diálogo con Infobae Colombia, el abogado penalista Rogelio Roldán explicó los alcances del proceso judicial y patrimonial que enfrenta el grupo empresarial vinculado a Lili Pink.

En primer lugar, señaló que la investigación comenzó por presunto lavado de activos, a partir de una indagación de la Fiscalía que identificó “colocación, ingreso de mercancía, contrabando directo, subfacturación, sobrefacturación e importaciones simuladas”, lo que marca un poco los lineamientos que se registrarán durante el proceso.

El experto explicó las tres fases en el esquema investigado. La primera corresponde a la “colocación”, relacionada con el ingreso de mercancía presuntamente ilegal al país. En la segunda fase, llamada “estratificación”, se investigan empresas de papel, fragmentación de transacciones y simulación de relaciones comerciales para dificultar el rastreo del dinero. La tercera fase corresponde a la “integración”, donde los ingresos de las tiendas, como Lili Pink, aparentan ser legítimos.

Roldán indicó que la Fiscalía no solo avanzará por la vía penal, sino también por la patrimonial, mediante la extinción de dominio. “La competencia de los jueces de extinción de dominio es autónoma y no depende de la responsabilidad penal”, mencionó el abogado, que señaló que el proceso puede continuar aunque la persona sea absuelta en el ámbito penal, ya que “en la extinción de dominio se analiza el origen de los bienes y su posible procedencia ilícita”.

Respecto a los propietarios, socios o accionistas, el abogado precisó que “ser accionista no hace automáticamente responsable a la persona; la responsabilidad penal es personal e individual”.

Roldán añadió que para imputar el delito de lavado de activos se requiere “conocimiento del origen ilícito de los recursos, participación directa o indirecta en la estructura, o al menos dolo eventual”. De no existir estos elementos, “no hay una imputación válida por lavado de activos”.

Roldán explicó que la Fiscalía suele construir los casos a partir del rol de las personas dentro de la empresa: “Administrador, directivo o representante legal, partiendo de la presunción de que conocen el funcionamiento de la empresa”, y que desde allí se debe probar ese conocimiento mediante “actas de decisiones financieras, firmas en contratos o la estructura societaria”.

El abogado clasificó a los propietarios en tres niveles de riesgo. Los “accionistas pasivos o simples inversionistas” enfrentan bajo riesgo penal, pero alto riesgo patrimonial, ya que “la extinción de dominio no mira a la persona, sino al bien y su origen”.

Por otra parte, los “administradores o socios gestores” tienen mayor riesgo penal, pues se presume que conocen la estructura interna de la empresa. Los “testaferros o interpuestos” tienen un riesgo penal y patrimonial elevado, ya que “son clave en estos casos cuando la Fiscalía demuestra que su patrimonio se origina prestando el nombre para el grupo empresarial”.

Roldán explicó que los bienes pueden ser objeto de medidas cautelares como embargo o secuestro por parte de la SAE, puesto que si el juez decreta la extinción de dominio, “los bienes pasan definitivamente al Estado, salvo que los propietarios demuestren su origen lícito”.

Por último, añadió que en la extinción de dominio no se puede alegar buena fe, sino que se exige diligencia y conocimiento en la adquisición del patrimonio en todos los sentidos, por lo que los locales pueden seguir operando bajo control estatal mientras se resuelve el fondo del proceso penal y patrimonial, algo parecido a lo registrado con Drogas La Rebaja en su momento.

El 28 de abril, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Alejandro Ramelli, confirmó que la cifra de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, también conocidas como “falsos positivos”, aumentó a más de 7.000.

El motivo de este cambio es que fue ampliado el periodo de análisis de los hechos, que ahora será entre 1990 y 2016, lo que implicaría la responsabilidad de otros gobiernos.

Es por ello que el presidente de la JEP aprovechó el espacio para pedir que los exmandatarios Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez acepten comparecer ante el tribunal de manera voluntaria.

En diálogo con Rtvc, Ramelli recordó que la mayoría de casos se registraron durante el gobierno de Uribe, en el que Juan Manuel Santos fue ministro de Defensa, por lo que mencionó la importancia que tendría el testimonio de los dos expresidentes.

“Esa es una decisión que tendrá que tomar la sala en su momento, pero, como yo lo acabo de decir, ellos pueden venir voluntariamente, así como vinieron a la Comisión de la Verdad, y sería lo más indicado para el país que ellos voluntariamente vinieran y dieran su versión sobre los hechos”.

De la misma forma, el presidente de la JEP argumentó por qué aumentó la cifra de posibles víctimas desde el contexto de los procesos que avanzan al interior de la jurisdicción.

“Siempre hemos dicho que las cifras son provisionales, forman un universo provisional de hechos y conductas. En este caso, la explicación es la siguiente: en 6.402 nosotros tomamos los años 2002 a 2008, esa temporalidad que es cuando el fenómeno tuvo mayor incremento, pero ahora tomamos la cifra desde 1990 hasta el 2016, entonces el universo es mucho más amplio”.

Ramelli mencionó que otro motivo por el que la cifra aumentó es que se han tomado más fuentes de procesos denunciados que no habían sido escuchados inicialmente.

“La segunda explicación es que cruzamos más fuentes. Todos los informes que han rendido las víctimas, que fueron cerca de 1.000, más la información que viene de la Procuraduría. Es decir, inicialmente hemos tomado cuatro bases de datos para 6.402; ahora tomamos muchísima más información y se ha contrastado mucha más información”.

JEP amplió indagaciones por casos de reclutamiento infantil

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) también imputó a Fabián Ramírez y a otros 19 exintegrantes de las Farc por el delito de reclutamiento ilícito de menores durante el conflicto armado en Colombia.

Según la JEP, los excombatientes, pertenecientes a varios bloques guerrilleros, son considerados responsables por ejercer mando o tener roles decisivos en el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes. El caso hace parte del macrocaso 07, que investiga el reclutamiento y uso de menores en el conflicto y que ha identificado 11.052 víctimas, incluidas niñas y niños de comunidades étnicas y campesinas.

La investigación de la JEP determinó que el reclutamiento fue una práctica sistemática y no hechos aislados, con un repunte entre 1996 y 2016. El tribunal estableció que la mayoría de los menores fue reclutada mediante la fuerza (64%), pero también se usaron métodos de engaño (22%) y persuasión (13%). Las víctimas fueron obligadas a desempeñar diversas funciones, desde combate hasta labores de inteligencia y transporte de armas. Además, se documentaron casos de violencia sexual, control sobre la vida reproductiva de las niñas y sanciones disciplinarias.

Tras la imputación, los exFarc tienen la opción de reconocer su responsabilidad y acceder a rutas de justicia restaurativa, o enfrentar juicios que podrían llevar a penas de hasta 20 años de prisión si no admiten los cargos. La JEP enfatizó que el proceso busca reparar a las víctimas y establecer la verdad judicial sobre las dimensiones del reclutamiento de menores en el conflicto.

Cabe recordar que Santa Fe jugará en Argentina ante Platense el 29 de abril por la tercera fecha de la fase de grupos, en la que comparten cuadrangular con Peñarol de Uruguay y Corinthians de Brasil.

Tras derrotar a Pasto y antes de viajar a Argentina, los jugadores de Santa Fe estuvieron en una fiesta, lo que ha generado opiniones divididas en redes sociales.

Lo que se sabe de la fiesta protagonizada por la plantilla del león

Una mujer que fue invitada a la celebración, que fue por el cumpleaños 17 del hijo mayor del capitán y referente del club bogotano, Hugo Rodallega, grabó varios momentos de la celebración que incluyó licor.

Precisamente, en gran parte de la grabación, el protagonista fue Hugo Rodallega, que cantó para los invitados, entre los que estaban el arquero Andrés Mosquera Marmolejo y el mediocampista Daniel Torres.

Los defensores Emanuel Olivera e Iván Scarpetta también estuvieron presentes en la fiesta, puesto que la mujer los enfocó en repetidas ocasiones con su teléfono.

Entre los comentarios negativos había fanáticos de Santa Fe que consideran que no es oportuno que los jugadores estuvieran en una celebración antes de uno de los encuentros más importantes del semestre.

Por otra parte, otros internautas opinaron que esto no debería afectar el rendimiento de los deportistas en el terreno de juego y recordaron que la fiesta se registró durante el descanso de los atletas.

Lejos de intentar evitar que los hinchas de Santa Fe supieran sobre la fiesta, fue Hugo Rodallega el que publicó fotografías del evento en el que estuvo acompañado de su familia.

“Feliz cumpleaños a nuestro primer amor. Te amamos Huguin”, escribió como descripción el capitán de Santa Fe en la publicación mencionada.

Santa Fe buscará su primera victoria en Libertadores

En el ámbito deportivo, el plantel de Santa Fe afrontará dos partidos claves en menos de cinco días. El primero será el mencionado ante Platense, que se jugará desde las 5:00 p. m. del 29 de abril.

El equipo bogotano debe derrotar a su rival para sumar su primer triunfo en la competencia y poder acercarse a Corinthians, que es líder del grupo con seis unidades.

En el mismo grupo, Peñarol y Platense se enfrentarán el jueves 30 de abril, con la posibilidad de que el club brasileño comience a asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores en caso de ganar.

En el rentado local, Santa Fe será local de Internacional de Bogotá el domingo 3 de mayo en el estadio Nemesio Camacho El Campín. El compromiso comenzará a jugarse al mismo tiempo que otros cuatro partidos sobre las 3:30 p. m.

Teniendo en cuenta que es la última fecha de la Liga BetPlay, Santa Fe depende de sí mismo y, en caso de ganar, asegurará un lugar en el grupo de los ocho clasificados en la liga colombiana.

En caso de perder o empatar, deberá estar al tanto del resultado de los partidos protagonizados por Deportivo Cali, Independiente Medellín y Millonarios, que son los demás clubes que tienen oportunidades de clasificar a los Play-Offs.

Cabe recordar que, debido al inicio de la Copa del Mundo, el torneo colombiano cambió su esquema de juego y no habrá fase de grupos semifinal, sino que las siguientes rondas serán en duelos de eliminación directa en series de ida y vuelta.

La denuncia sobre el uso de territorios intervenidos en el pasado por las autoridades colombianas para la práctica de la minería ilegal por parte de grupos criminales fue ampliada por The New York Times.

El medio citado reveló detalles de cómo el oro extraído de las minas colombianas termina siendo adquirido y utilizado por la Casa de la Moneda de Estados Unidos, a pesar de regulaciones que lo prohíben.

Según la investigación, parte de este oro procede de minas en la región de Caucasia, Antioquia, donde el Clan del Golfo controla la extracción y cobra cuotas a los mineros informales. El informe documenta que la extracción no solo viola normas ambientales y laborales, sino que también financia actividades criminales.

De acuerdo con The New York Times, la cadena de suministro inicia en minas como La Mandinga, donde el cartel exige pagos mensuales a los equipos de mineros y supervisa la actividad ilegal.

El oro extraído se vende en tiendas locales, muchas de las cuales funcionan en municipios fuertemente marcados por la fiebre del oro. Los comerciantes locales, conscientes del origen del mineral, lo venden a empresas exportadoras, algunas de propiedad estatal, que según el informe mezclan el oro con suministros legales y lo funden en lingotes.

Los registros de exportación muestran que lingotes por valor de cientos de millones de dólares han sido enviados a Estados Unidos en el último año.

La investigación señala que, una vez en territorio estadounidense, el oro es recibido por refinerías como Dillon Gage, en Texas, donde se mezcla con material reciclado y oro proveniente de otros países sudamericanos.

Esta mezcla permite que el oro pierda su trazabilidad y sea considerado “estadounidense” a efectos legales y comerciales. El director ejecutivo de Dillon Gage, citado en el informe, reconoció que, una vez mezclado en sus instalaciones, el oro se considera originado en Estados Unidos, aunque sus clientes conocen la multiplicidad de fuentes.

El informe expone que dos proveedores habituales de la Casa de la Moneda estadounidense obtienen parte de su oro de Dillon Gage. Otra refinería, Asahi USA, con sede en Salt Lake City, también provee oro a la Casa de la Moneda y admite mezclar oro de numerosos países, incluyendo Colombia. Directivos de estas empresas confirmaron que el oro se mezcla y se refina sin distinción de origen, y que las transacciones se consideran legales amparadas en documentación de exportación y procesos de fundición.

La Casa de la Moneda de Estados Unidos, responsable de acuñar monedas de inversión con símbolos nacionales y garantía de procedencia, asegura en sus comunicaciones que el oro utilizado es “principalmente” de origen estadounidense, aunque el informe señala que esto no siempre es así.

Con documentos y entrevistas de The New York Times se reveló que la institución ha recibido oro de minas vinculadas al Clan del Golfo, así como de casas de empeño mexicanas, peruanas y minas africanas con participación estatal china.

El informe destaca que, a pesar de la prohibición legal vigente desde 1985 en Estados Unidos para la fabricación de lingotes con oro extranjero, la Casa de la Moneda ha seguido recibiendo y procesando oro importado, incluso después de advertencias internas y bajo diferentes gobiernos.

La investigación describe el proceso mediante el cual el oro ilegal se legaliza y adquiere estatus estadounidense: tras ser mezclado e integrado en la cadena de suministro, pierde su rastro original y pasa a formar parte de monedas de inversión como la American Eagle o la Dama de la Libertad.

El informe indica que los altos precios internacionales del oro, que rondan los 5.000 dólares la onza, incentivan la extracción y el tráfico ilegal, permitiendo que organizaciones criminales, incluidos carteles y grupos armados, financien actividades ilícitas.

El médico estético colombiano Samuel David Restrepo ha emergido como un referente nacional en innovación dentro del sector de la medicina estética, impulsando procedimientos pioneros que redefinen la escultura corporal sin recurrir a la cirugía.

Desde la dirección de Imagen Perfecta Medicina Antienvejecimiento y como cofundador de diversas iniciativas clínicas, Restrepo ha consolidado un modelo de atención que integra ciencia, tecnología, bienestar y una visión empresarial orientada a la expansión sostenible.

De acuerdo con la información recopilada, Samuel David Restrepo se distingue por su capacidad estratégica para escalar modelos de negocio en el ámbito de la estética, liderando proyectos enfocados en experiencia premium y posicionamiento de marca. Entre sus principales aportes destaca el desarrollo de una técnica propia para el moldeo y escultura corporal a través de hilos de sustentación, un procedimiento mínimamente invasivo que evita la cirugía y responde a la creciente demanda de tratamientos efectivos con tiempos de recuperación cortos.

La metodología implementada por Restrepo prioriza la armonía anatómica, la seguridad del paciente y la naturalidad de los resultados. Bajo su enfoque, la precisión técnica y la búsqueda de resultados naturales constituyen pilares esenciales, alineados con la tendencia internacional de procedimientos estéticos menos invasivos y de alto impacto. Su práctica clínica, respaldada por certificaciones avanzadas, ha ganado reconocimiento entre profesionales del sector y usuarios que buscan soluciones seguras y personalizadas.

Según la información contenida en los documentos analizados, Restrepo ha liderado la estructuración de servicios diferenciados y el crecimiento de proyectos como Le Spa Noir, consolidando su integración de lujo, bienestar y medicina estética avanzada. Estas iniciativas han permitido expandir su modelo de negocio y posicionar sus clínicas como referentes en la oferta de tratamientos estéticos premium en Colombia.

El impacto de la propuesta de Restrepo trasciende el consultorio, con una visión que proyecta la construcción de un movimiento global enfocado en la salud integral. El médico colombiano integra la medicina regenerativa y el wellness como ejes fundamentales de su trabajo, desarrollando protocolos que combinan bioestimulación, terapias regenerativas y estrategias de salud integral.

Esta perspectiva busca optimizar la calidad de vida y prolongar la funcionalidad biológica, ofreciendo acceso a tratamientos de alta calidad para poblaciones vulnerables y promoviendo la responsabilidad social dentro del ejercicio profesional.

Egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana, Restrepo representa una nueva generación de médicos estéticos que han decidido redefinir los límites de la medicina tradicional, integrando innovación y visión empresarial en un modelo de alto impacto.

La construcción de su marca personal no solo responde a la ampliación de su presencia en el sector, sino también a la consolidación de un modelo técnico diferenciado, en constante evolución y adaptado a las exigencias de una industria dinámica.

El reconocimiento a la labor de Samuel David Restrepo se sustenta en su enfoque hacia la precisión técnica, la seguridad del paciente y la creación de procedimientos propios que atienden las necesidades de una clientela diversa. Dentro de sus aportes tecnológicos y metodológicos, los hilos de sustentación para la escultura corporal se han posicionado como una alternativa innovadora, permitiendo redefinir la silueta corporal sin incisiones ni largos periodos de recuperación. Este avance ha tenido un impacto significativo en los estándares de atención y resultados en el país.

Además de los procedimientos específicos, la visión de Restrepo abarca la integración de la medicina estética con tendencias internacionales en salud y bienestar. Su trabajo apunta a fortalecer la conexión entre la estética y la salud integral, alineando su ejercicio profesional con un propósito social claro: facilitar el acceso a tratamientos de alta calidad, impulsar la innovación y marcar una ruta distinta dentro de una industria en constante transformación.

La proyección internacional de Samuel David Restrepo continúa en desarrollo, con un modelo de medicina estética que combina técnica, innovación y propósito, orientado a ofrecer soluciones seguras y efectivas. Su trayectoria evidencia la consolidación de una práctica clínica que prioriza la excelencia, responde a las demandas del mercado y contribuye a la evolución del sector en Colombia y más allá.

En la tarde del 28 de abril, las disidencias de las Farc al mando de ‘Iván Mordisco’ reconocieron haber sido responsables del atentado terrorista registrado el 25 de abril en Cajibío, Cauca, en el que fallecieron 20 personas.

“Reconocemos ante las comunidades rurales de Colombia, la opinión nacional e internacional, que, en el marco de una acción propagandística sobre la vía panamericana que derivó en una confrontación contra fuerzas militares en la vereda el Túnel de Cajibio Cauca, se produjo un lamentable incidente que causó la muerte y heridas a civiles, que no tienen ninguna vinculación con la guerra, muchos de ellos humildes campesinos conocidos, que por años vieron transitar y construir patria a los combatientes“, se lee en el documento expuesto por el grupo armado en redes sociales.

Las disidencias confirmaron que se trató de un atentado que iba dirigido a las Fuerzas Militares, pero un error por parte de uno de sus militantes provocó que explotara antes de tiempo, cuando pasaban varios vehículos particulares y de servicio público.

En el documento, el grupo armado reconoce que hubo errores que terminaron en la muerte de ciudadanos civiles, por lo que aseguraron que desde que se registró el hecho están en contacto con las poblaciones de la zona para ayudarlas.

Ofrecemos nuestras más sentidas condolencias a las víctimas y sus familias; desde el primer momento nos pusimos a disposición de las comunidades afectadas y sus exigencias"

A pesar de las disculpas, argumentaron que el atentado podría haberse evitado si las “élites” no los alejaran de las discusiones sobre un posible acuerdo de paz.

“En la violencia, incluido el trágico error que cometimos las partes, siempre han coincidido posiciones aferradas a la negación del adversario y a la creencia de que las soluciones son estructurales. Hemos defendido históricamente la negociación política como la solución política al conflicto social y armado. El Estado cierra las puertas al diálogo y profundiza la espiral de violencia, en la que siempre terminan los civiles en medio del fuego cruzado”.

El Estado Mayor Central anticipó que su “error” será utilizado durante la campaña presidencial para promover mensajes de odio y guerra.

“Es hora de desescalar la confrontación; insistimos en la necesidad y urgencia de buscar modos de solución política que eviten el derramamiento de sangre de más colombianos. Por ello, más allá de la instrumentación política y mediática que en campaña azuzan los coros guerreristas de la ultraderecha para confundir y que los colombianos caigan en la trampa de la venganza y horror de la guerra y así revivir la siniestra política de la seguridad democrática”.

De la misma forma, responsabilizaron al Gobierno Petro de aliarse con el “imperialismo norteamericano” y denunciaron que existe una alianza entre las autoridades y estructuras paramilitares para combatirlos.

“Llamamos al pueblo colombiano a retomar la bandera de la paz, que el gobierno del cambio bajó el son latino de intereses del imperialismo norteamericano para enfilar sus operaciones paramilitares contrainsurgentes en todo el territorio nacional, y que hoy tienen al país en un nuevo ciclo de accionar bélico. Reconocer nuestros errores no nos hace menos responsables de los actos, como tampoco callarnos ante la constante agresión que silenciosamente se ha desarrollado sobre zonas rurales por parte de las fuerzas militares y sus aliados paramilitares con sectores serviles que se lucran de la guerra”.

Por último, el grupo armado liderado por “Iván Mordisco” anticipó que estarán a disposición de las familias de las víctimas para repararlos de alguna forma.

“No podemos ocultar, ni justificar el error cometido, nuevamente a los familiares de las víctimas y a las comunidades afectadas en esta acción, nuestro más profundo sentimiento de condolencias y nuestra disposición para reparar hasta donde nos lo permitan, el dolor causado”.

El 28 de abril, en la Plaza de Bolívar, se registró un ejercicio político poco habitual, puesto que la candidata presidencial Sondra Macollins tomó la decisión de haber un debate abierto, sin moderadores y con la ciudadanía que estaba en este lugar como su público.

La candidata presidencial Sondra Macollins encabezó el evento que llamó: “El debate es con la gente”, una iniciativa que propuso por la exclusión de otras candidaturas en los debates.

Durante la tarde del 28 de abril se implementó un formato abierto en el que cualquier ciudadano pudo formular preguntas directamente a la candidata. Macollins se refirió durante el evento a la creación de espacios propios ante la falta de apertura, señalando que el objetivo era escuchar a la ciudadanía, sin preguntas prohibidas ni distinción entre participantes.

Macollins indicó que está abierta a incluir a los demás candidatos en futuros eventos y que de esa forma se genere un contraste en comparación con los debates tradicionales donde, según la campaña, suelen participar los mismos aspirantes de siempre.

Durante el encuentro, Macollins resaltó el logro de haber accedido a la contienda electoral sin el respaldo de estructuras políticas tradicionales y reafirmó su mensaje sobre el poder de la ciudadanía. La jornada contó también con la participación de su fórmula vicepresidencial, Leonardo Karam Helo, empresario y experto en seguridad, quien contribuyó al desarrollo programático de la campaña en temas estratégicos.

Con esta actividad, la campaña de Sondra Macollins trasladó el debate electoral al espacio público, abriendo la discusión a las preguntas de los ciudadanos.

En diálogo con Infobae Colombia, Sondra Macollins habló sobre la iniciativa que está implementando y la importancia, desde su concepto, de que todos los candidatos tengan la misma exposición pública.

“Hoy iniciamos una serie de debates con el público, con la gente, ya que los candidatos no desean debatir y tampoco quieren presentar sus propuestas, que ese es un derecho que tiene la ciudadanía, no el político. La ciudadanía tiene un derecho a elegir libre y conscientemente a sus dirigentes, y los debates sirven para que la gente conozca cuáles son sus propuestas”.

Para Macollins, lo registrado en la Plaza de Bolívar es una muestra de que no es imposible hablar entre personas que tienen ideales políticos diferentes.

“Por eso hoy fuimos a la calle a debatir con los ciudadanos, tuvimos la oportunidad de tener en nuestro escenario personas de todas las ideologías que, dentro del respeto y la cordialidad, pudimos hablarnos y llegar a consensos”.

La abogada se refirió a las polémicas que se han generado por el rechazo de algunos candidatos de presentarse a espacios de debates y los comparó con celebridades que no quieren estar cerca de la gente.

“Ese es el debate de la democracia; así debe ser la fiesta de la democracia y no la guerra en la que han convertido algunos políticos este escenario. Los invito a debatir con altura, a escuchar a la gente, no solamente a que los escuchen como si los políticos fueran estrellas de rock, presentando sus shows”.

Por último, Sondra Macollins anticipó que hará una gira nacional con esta metodología para poder exponer sus propuestas, y no descartó participar en debates con los aspirantes que deseen contrastar sus ideas.

“Aquí los que importan son los ciudadanos y la solución que presentemos debe ser a situaciones reales que se presenten como dificultades para la ciudadanía. Continuaremos con nuestro proceso de debatir con la gente a nivel nacional. Vamos para Cali, luego vamos a estar en Barranquilla, en Valledupar y, pues, la idea es poder seguir escuchando a la gente, porque nosotros sí los queremos llevar a todos a la casa de Nariño”.

En medio de la crisis de inseguridad que se vive en Colombia debido a los atentados terroristas que ha perpetrado el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, la candidata presidencial Paloma Valencia alertó sobre amenazas en su contra.

Desde el Cauca, la candidata del Centro Democrático indicó que recibió información sobre un atentado en su contra, que sería perpetrado por las disidencias.

“He sido informada del ministro de Defensa, del ministro del Interior y del director de la Policía Nacional de que un grupo narcoterrorista le ha puesto otra vez precio a mi cabeza. La información que tenemos es que es el Frente 42 de las Farc, con un sujeto llamado ‘Buche de tula’, a quien le habrían pagado 2.000 millones de pesos para que me asesinen”.

A través de su cuenta de X, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, descartó que exista un riesgo latente de que se lleve a cabo un atentado contra Valencia; sin embargo, aseguró que el compromiso de las autoridades seguirá protegiendo en todo momento a los aspirantes presidenciales.

“Las labores de inteligencia descartaron cualquier amenaza en contra de la candidata Paloma Valencia, atribuida a lo que fue la Estructura 42 de las extintas Farc o a un sujeto conocido con el alias de ‘Buche de Tula’, con antecedentes en delincuencia común. Esta conclusión ya fue comunicada al equipo de campaña y a la candidata Paloma Valencia”, escribió el ministro Sánchez.

Frente mencionado por Paloma Valencia no existe desde 2006

“Está descartado que exista”, fue la respuesta que recibió Infobae Colombia por parte de fuentes militares al cuestionar sobre detalles del presunto plan para asesinar a Paloma Valencia.

Las Fuerzas Militares tienen certeza de que el frente 42, mencionado por Paloma Valencia, que delinquió entre Cundinamarca y el Meta, fue desarticulado en 2006 durante la Operación Libertad.

Esta estructura de las extintas Farc-EP estaba bajo el mando de Bernardo Mosquera Machado, capturado en 2002; mientras que los guerrilleros que lideraron el frente después de ello comparecieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz

Además de la denuncia inicial, en sus declaraciones Paloma Valencia afirmó que no tiene temor de las amenazas porque considera que está siendo respaldada por la ciudadanía.

“A diferencia de muchas otras amenazas, esta sí nos fue informada por el Gobierno Nacional y se autorizó hacerla pública”, declaró Valencia, que terminó su mensaje descartando que vaya a aplazar o suspender los eventos públicos de su campaña.

“No nos vamos a esconder. Vamos a seguir en las plazas públicas y mañana estaremos en el suroccidente hablando con los colombianos“.

Debido a que no es la primera vez que candidatos presidenciales hablan de los riesgos a los que se exponen durante la campaña, el ministro de Defensa anticipó en una intervención pública que la protección de los aspirantes es su responsabilidad.

“Desde hace un año activamos el Plan Democracia para garantizar, de la mano de las demás entidades del Estado, unas elecciones seguras y transparentes. A través del Cormpe, nos hemos articulado para brindarle la seguridad a todos los candidatos y al proceso electoral”, indicó el ministro de Defensa.

De la misma forma, Pedro Sánchez confirmó que los esquemas de seguridad de los 13 candidatos han sido respaldados para poder respaldar sus acciones por todo el territorio nacional antes de los comicios que se llevarán a cabo el 31 de mayo.

“Se han reforzado sus esquemas de seguridad con varios vehículos y personal, atendiendo a 172 eventos de los candidatos y empleando más de 6.000 uniformados entre militares y policías”, declaró Pedro Sánchez al respecto.

Luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia confirmó que ha sido elevada la cifra de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”, a 7.837 casos tras ampliar el periodo de análisis de los hechos entre 1990 y 2016, se han registrado múltiples reacciones en el país.

Antes del anuncio del 28 de abril, la cifra reconocida era de 6.402 víctimas, basada en datos de 2002 a 2008. El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que el aumento se debe al cruce de nuevas bases de datos, como las de la Procuraduría, y a la inclusión de cerca de 1.000 informes adicionales de víctimas que no fueron considerados en la versión inicial.

La JEP aclaró que las cifras son provisionales y podrían incrementarse a medida que las investigaciones avanzan y se reciben más confesiones de máximos responsables en audiencias territoriales.

Por su parte, el magistrado Pedro Díaz precisó que el informe abarca homicidios y desapariciones forzadas presuntamente cometidos por la fuerza pública, clasificados como muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate. Solo en Antioquia, se registran 1.932 casos.

En diálogo con Infobae Colombia, Milton Perdomo, docente de derecho de la Universidad Politécnico Grancolombiano, se refirió al aumento en la cifra de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y la importancia de los avances en el esclarecimiento judicial de estos y otros hechos registrados durante el conflicto interno en Colombia.

El experto indicó que el incremento de la cifra no solo amplía el marco temporal de análisis, sino que también refleja el progreso en los procesos de búsqueda de la verdad por parte de la JEP.

“Esto nos da cuenta de que efectivamente la jurisdicción está sirviendo y está sirviendo no solamente como verdad histórica, sino como verdad judicial. Este tipo de informes han avanzado en los procesos de verdad judicial, aunque con muchos problemas por temas de financiamiento, por temas políticos de rechazo a la conformación de este tipo de justicia”.

Perdomo manifestó que el informe revela una práctica sistemática de ejecuciones extrajudiciales que no se restringe al periodo 2002-2008, como inicialmente se consideró, lo que expondría a gobiernos anteriores por estas mismas prácticas, descartando, de cierta forma, que se trató de una estrategia de un mandato en específico.

“Se está diciendo que efectivamente hay una práctica sistemática que no se ampara exclusivamente en el año 2002-2008, como inicialmente se planteaba con los mal llamados falsos positivos, sino que la investigación da cuenta de que la práctica de desaparición y de ejecución extrajudicial de civiles, haciéndolos pasar como resultados de operaciones militares, ya venía dándose en Colombia. Basta ver los casos que están en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde, allí también ya se demostró que desde 1990 había participación de la Policía Nacional en operativos que terminaron en ese tipo de evidencia de civiles pasados como insurgentes dados de baja en combate”.

El docente resaltó que la labor de la JEP contribuye a reforzar la legitimidad de la justicia transicional en el país; sin embargo, reconoció que la jurisdicción enfrenta limitaciones por factores como los plazos, la disponibilidad de información y la complejidad del cruce de datos.

“Se fortalece efectivamente la legitimidad de la Justicia Especial para la Paz, porque primero está creando criterios de verdad judicial, es decir, está hallando pruebas de que existieron este tipo de prácticas y que se dan en el marco de y en el desarrollo de un proceso judicial. Es un avance significativo”, declaró Perdomo.

En su análisis, Perdomo subrayó que la continuidad de la JEP resulta fundamental para el acceso a la verdad y la justicia de las víctimas, sin importar el resultado de las próximas elecciones.

“El gobierno que venga tiene que estar comprometido a continuar con este ejercicio de la jurisdicción. Esta justicia transicional ha mostrado resultados verdaderos en tiempos más o menos más rápidos en comparación con su homóloga, que es la Jurisdicción de Transicional de Justicia y Paz”.

Por último, el docente enfatizó que estos escenarios son necesarios para que la sociedad civil pueda recordar los hechos y evitar que se repitan. “Es el escenario donde las víctimas están encontrando verdad, esos son los escenarios donde las víctimas están encontrando justicia y, sobre todo, son los escenarios que la sociedad civil necesita para recordar estos nefastos hechos, pero además para que con esta recordación se evite volver a incurrir en ellos”.

En la serie Dear Killer Nannies, que revela secretos de la infancia de Juan Pablo Escobar, hijo de Pablo Escobar, se reveló que en los 80 el líder del cartel de Medellín tuvo en sus planes secuestrar a Michael Jackson.

Este tipo de historias han vuelto a ser recordadas tras el estreno de biopic sobre la estrella norteamericana, que es protagonizada por su sobrino Jaafar Jackson, que es hijo de Jermaine Jackson y la colombiana Alejandra Martínez.

Este no es lo único que en algún momento unió a la familia Jackson con Colombia, puesto que en 1993 otro de los hermanos del “Rey del pop”, Randall Randy Jackson, fue secuestrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El cautivero de Randall Jackson en Colombia

Para entender el contexto de la historia hay que recordar que Alejandra Martínez primero tuvo una relación con Randall Randy Jackson, en la que tuvieron dos hijos; años más tarde se comprometió con Jermaine Jackson, con el que tuvo tres hijos, entre ellos el protagonista de la película sobre Michael Jackson.

Precisamente, aunque Michael Jackson nunca visitó Colombia, Randall viajaba constantemente al país debido a que en ese entonces era pareja de Alejandra Martínez.

En abril de 1993, Newsweek reveló que Randall Jackson había sido retenido durante una de sus visitas a Colombia por un grupo guerrillero, lo que fue confirmado por la familia Jackson. De acuerdo con su testimonio, Randy Jackson se movilizaba por una carretera de Saravena (Arauca), cuando se registraron los hechos.

A pesar del pánico que le generó estar frente a un grupo armado, Randall no reveló que era familiar de una de las personas más famosas del mundo; en cambio, afirmó que en Estados Unidos trabajaba como pastor cristiano y que estaba en una comitiva religiosa por América del Sur.

En 2015, Alejandra Martínez, exesposa de Randall, reveló detalles de esta historia a Los Informantes. La colombiana afirmó que el motivo por el que fue liberado es que los guerrilleros no vieron en el hermano menor de Michael Jackson una persona de valor.

Tras el secuestro de ocho horas, Randall Jackson tomó la decisión de no volver a Colombia; de la misma forma, Martínez también tuvo que salir del país junto a sus hijos luego de que recibiera una llamada del embajador en Estados Unidos que le afirmó que habría planes para secuestrarla.

“‘Se tienen que ir a los Estados Unidos ya, están buscando a sus hijos’, nos dieron una hora para hacer maletas y nos sacaron”, declaró en esa ocasión Martínez.

A diferencia de lo que afirma la familia Jackson, en 1993 la prensa colombiana confirmó la presencia del norteamericano en el país, pero sin mencionar el secuestro por parte del ELN.

Los medios aseguraron que el hermano menor del “Rey del pop” solo había sido detenido en una carretera del país por un grupo guerrillero, pero que permaneció unos minutos junto a ellos y que luego de que asegurará que era un pastor cristiano se le permitió continuar con su viaje.

Esta historia fue revivida por la actriz Martha Bolaños, que en sus redes sociales reveló detalles del momento en el que conoció a Michael Jackson, la exparticipante de MasterChef Celebrity afirmó que en los pocos minutos que estuvo con el estadounidense le preguntó por una futura presentación en Colombia.

“Me dijo que no, que nunca vendría a Colombia porque a él le secuestraron a un hermano acá, pero nunca supieron que era su hermano y lo liberaron. Esa historia es real porque años después algo se supo”, fueron las palabras de la actriz colombiana durante el programa culinario.

Además de su talento para jugar fútbol y las ocasiones que ha destacado en la selección Colombia o en los clubes en los que ha jugado en Europa, Luis Díaz también ha sido tendencia en el país por las ocurrencias de su padre, Luis Manuel “Mané” Díaz.

Precisamente, en la previa de lo que será el inicio de la Copa del Mundo, en la que Luis Díaz es una de las figuras de la selección Colombia, su padre anunció que se sumará al apoyo que recibirá la Tricolor con una canción.

En El Bordillo, Díaz estuvo acompañado de su acordeonero , Danni Salazar, que habló de cómo se conoció con el padre del futbolista, que quiere triunfar en la música.

“Desde hace como un año y medio que nos conocimos, fue una vaina superbacana, yo nunca lo espere y ya él estaba viral con la canción de El Secuestro. No pensé que le gustara tanto el vallenato y que cantara tan bien”, declaró Salazar.

Por su parte, “Mané” Díaz afirmó que no se trata de un capricho, sino que el vallenato ha estado cerca de su familia durante décadas.

“Nosotros traemos la música en las venas, de artistas muy reconocidos. Mi papá es compositor, mi tío Alfonso toma acordeón, otro tío fue cajero, tenemos una trayectoria larga en la música vallenata”

En ese sentido, el guajiro anunció que no cantara más canciones de otros artistas, sino que en las próximas semanas estrenará un álbum con 12 sencillos.

“Hace unos seis meses tomamos la decisión de hacer el proyecto musical con 12 temas. Hicimos dos covers y nos fue muy bien. Decidimos hacer ahora un disco con música inédita, con canciones inéditas”, declaró “Mané” Díaz.

El sencillo principal del disco será “Mi Tricolor”, lo que Díaz describió como un homenaje para la selección Colombia y sus integrantes, entre ellos su hijo.

“La canción de la selección nace de un familiar joven, teníamos la idea con la canción y ahora lleva un mensaje adecuado con lo que se viene en el mundial habla de los jugadores y cómo nos va a ir en el mundial, porque queremos ser campeones”.

Para “Mané” Díaz, este momento es una oportunidad para que la selección de fútbol vuelva a tener un himno, por lo que comparó la canción que estrenará con el sencillo “Yo soy mundial”, lanzado por Diomedes Díaz antes de la Copa del Mundo de 1998.

“La selección se merece un homenaje en la música vallenata, que hace rato Diomedes Díaz pudo hizo una canción que fue un éxito y aún se recuerda, siempre se escucha esa canción y nosotros queremos que esta canción quede también en la memoria del país”

Por último, el guajiro habló del apoyo que ha recibido de su familia y aseguró que sus hijos han apostado por seguirlo en su carrera musical.

“Nos ingeniamos algo para destacar el vallenato, pero al final le metimos una sorpresa para que la gente se sorprenda. Gracias a Dios siempre he sido organizado, mis hijos saben que a mí me gusta la música y tuve grupos reconocidos en el pueblo, pero no era tan fácil. Él está contento cuando hago algo, a mis hijos les encanta y sinceramente eso me ha valido para continuar con este proyecto”, puntualizó.

“Mané” Díaz no confirmó la fecha en que será estrenado su álbum; sin embargo, anticipó que será antes de que comience el torneo de naciones, que comenzará a jugarse desde el 11 de junio. El padre de Luis Díaz también dejo la duda sobre su presencia en los partidos de la selección en Norteamérica.

En primer lugar, Samper habló del fútbol moderno y cómo el uso excesivo de datos lo hizo pensar en lo que se ha perdido del deporte con el que creció en los 80.

“Es un libro que es un recopilatorio de historias reales. Ahora que se viene el mundial uno piensa, y eso se ha perdido un poco, pero sentarse y pensar en los hechos que han ocurrido, ahora solo es la data, yo pienso que hay que sentarse y pensar en las historias que valen la pena alrededor del fútbol”

Para el periodista, la posibilidad de explorar en la vida de los deportistas es algo que se ha dejado de lado por observar los kilómetros que corrió un futbolista o cuántos pases correctos realizó.

“La historia que inspira el libro es de un arquero, acá en Colombia, que fue declarado muerto tras atajar un penalti, pero hablamos de una cantidad de jugadores que han pasado por el fútbol. Ahí está lo divertido, explorar esos lugares en los que de pronto no se ha transitado, a partir de esa curiosidad conocer los cuentos”

En su experiencia cubriendo el fútbol colombiano, Samper mencionó las dificultades que tienen los comunicadores e hinchas para poder acercarse a los protagonistas del deporte.

“Además, otro añadido de esa robotización, es que hablamos de lo difícil que es llegar a los futbolistas. Uno quiere hablar con alguno, pero ahora debe pedirle permiso al jefe de prensa y tiene la agenda ocupada. Esos filtros que se han armado han hecho que se pierda un contacto con ellos. Este libro busca recuperar ese contacto”

El bogotano destacó la riqueza narrativa que tiene el fútbol sudamericano y algunos hechos que no podrían registrarse en otros lugares del mundo.

“Las historias en el fútbol son muy ricas. Me acuerdo de que trate de hacer algo con una historia de un hincha de Godoy Cruz que tenía problemas mentales, se ganó la lotería y tomó toda la plata que se ganó y construyó la primera tribuna que tuvo el equipo en el estadio. Son cosas difíciles de encontrar en otro lado, Sudamérica tiene esa magia que no vemos en un fútbol como la Premier League”.

Entre las historias que recordó que se hayan registrado en una Copa del Mundo, Samper habló del extremo brasileño Garrincha, que en el mundial de Suecia 1958 fue estafado por el doctor de su equipo, que se aprovechó de su falta de educación.

“En el libro ‘Lo que el fútbol se llevó’, que tenía ese contenido de historias curiosas de los mundiales a través de cuentos, una historia que me marcó fue la de Garrincha, un tipo que tenía problemas físicos y mentales. En el mundial de Suecia compró un radio, escucho las emisoras de Suecia... En su inocencia vendió el radio pensando que solo hablaba en sueco”.

Al hablar de las historias profundas que algunas veces no se cuentan sobre el deporte, Samper destacó que la mayoría de futbolistas llegan a ser profesionales buscando escapar de la pobreza.

“El fútbol tiene algo y es que muchas veces es una manera de combatir la pobreza para aquel que paso por sacrificios para llegar a primera división. El fútbol es una lucha por la supervivencia y vemos como el mundo no opera a favor de esos modelos, porque falta educación y muchas cosas, pero el fútbol le ha salvado la vida a muchos que cuyos amigos de infancia están muertos porque nacieron en entornos muy difíciles”.

De la misma forma, recordó que en su adolescencia lo marcó el rechazo de Colombia de ser anfitrión de una Copa del Mundo, lo que explicó como un tren que considera no volverá a pasar por esta nación.

“Cuando se rechaza el mundial uno decía que no era posible, pero eso es como cuando a René Higuita lo invitaron a participar de la constituyente del 91 y dijo que para la próxima constituyente, como si se diera cada dos años. Cuando a Colombia le pasó lo del mundial, la FIFA entendió como si el 70% de la gente no usara zapatos acá, ellos también metieron presiones para que no se hiciera el mundial”.

Por último, Samper afirmó que, a pesar de la crisis económica y la crisis por la violencia que protagonizaban los narcos, en su opinión, la Copa del Mundo podría haber sido realizada por Colombia y esto habría sido positivo para el país.

“Una Copa del Mundo habría traído desarrollo para un país guardado en una caverna, que no aceptaba comercio extranjero, pero hoy, viéndolo, cuesta pensar cómo habría sido el viaje de una delegación de Bogotá a Bucaramanga sin línea de tren, habría sido muy difícil, pero habría sido posible. Falto voluntad política, no había plata y también la FIFA puso condiciones que hacían que fuera imposible hacerlo, pedían vainas para que no lo pudiéramos hacer”.

En una de las audiencias que más ha dado de que hablar de la JEP en los últimos meses, por primera vez en la historia cinco antiguos mandos medios del extinto Bloque Caribe de las Farc-EP comparecieron para reconocer su responsabilidad en los secuestros perpetrados en Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre, Bolívar y Barranquilla.

Cabe recordar que los comparecientes, Abelardo Caicedo “Solís Almeida”, Osmany Landero “Hernando González”, Gilberto de Jesús Giraldo “Aldemar Altamiranda”, Luis Cuadras “Leonardo Guerra” y Uriel Oviedo “Mañe” fueron parte del Estado Mayor del Bloque Caribe.

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP documentó 463 secuestros individuales y colectivos atribuidos a esta estructura. Los comparecientes fueron señalados como determinantes en la ejecución de la política de secuestro, implementada bajo tres patrones: obtención de recursos para la lucha armada, control social y territorial, y la intención de presionar al Estado mediante secuestros para canje de guerrilleros presos.

Los comparecientes fueron imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad, como toma de rehenes, privación grave de la libertad, desaparición forzada, asesinato, tortura, tratos crueles y desplazamiento forzado. Estos delitos no son susceptibles de amnistía ni perdón judicial.

La audiencia se dividió en dos jornadas, desarrolladas en el Museo de Arte y Memoria de Mampuján en María La Baja, Bolívar, y en la Universidad Nacional, sede La Paz, en Cesar. La magistrada Julieta Lemaitre Ripoll presidió las sesiones, acompañada por las magistradas Catalina Díaz Gómez, Diana Vega Laguna y el magistrado Óscar Parra Vera. En las diligencias participaron once víctimas que participaron activamente, exponiendo casos representativos de los secuestros cometidos en la región.

Entre los testimonios, Andrea Redondo relató el secuestro y desaparición de su padre, Oswaldo Redondo, en 2001. Andrea tenía diez años y recordó que su madre tuvo que mudarse junto a ella a otras zonas del país para poder sostenerla económicamente y alejarse de la violencia.

“La desaparición forzada es una forma de tortura que se prolonga en el tiempo”, afirmó el compareciente Uriel Oviedo, que asumió la responsabilidad por la muerte y desaparición de Oswaldo Redondo, al que acusaron de ser colaborador de los paramilitares.

Entre los hechos relevantes estuvo la participación de la víctima Andrea Bautista, que fue secuestrada siendo niña en un retén ilegal. Bautista enfatizó la necesidad de que la violencia termine para que las nuevas generaciones crezcan en entornos seguros. Además, los comparecientes reconocieron su responsabilidad en el secuestro y asesinato de la exministra Consuelo Araujo “La Cacica”, fundadora del Festival de la Leyenda Vallenata.

Otro caso mencionado fue el del exministro Fernando Araújo, puesto que el compareciente que se encargó de cuidar al político en cautiverio comparó el sufrimiento del exministro durante su cautiverio con las condiciones carcelarias de un condenado.

En la audiencia participó Roberto Lacouture, secuestrado en 1989 en un corregimiento de Becerril, narró como pasó tres meses privado de libertad, la mitad del tiempo amarrado a un árbol. “Todos los sueños que tenía en esa época con mi novia, que hoy es mi esposa, no los pudimos cumplir”.

Otros testimonios fueron el de Alejandro Lara, que en nombre de su padre, un zootecnista de 80 años que fue secuestrado tras el robo de unas vacas; el de Víctor Manuel Quintero, hermano de Isaías y Ersaín Quintero, dos desaparecidos tras ser secuestrados en 1998 en zona rural de Becerril, y el de familiares de otras víctimas que murieron en cautiverio.

Luego de que finalizó la segunda audiencia, las víctimas disponen de 15 días para realizar observaciones a los reconocimientos hechos por los comparecientes. Estos tendrán la oportunidad de proponer proyectos de Sanciones Propias orientados a la reparación.

Por su parte, la Sala de Reconocimiento de Verdad evaluará los aportes de verdad y, si cumplen los requisitos, también emitirá una resolución de conclusiones que trasladará el proceso a la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal de Paz. Este documento identificará a los comparecientes que hayan aportado verdad y reconocido su responsabilidad, y estos podrán ser considerados para la imposición de las sanciones contempladas por la justicia transicional.

En el Concejo de Bogotá, la cabildante Diana Diago denunció que el 14 de abril la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada anunció la suspensión de la licencia de funcionamiento de 31 empresas del sector de seguridad privada en Colombia por presunta infiltración criminal y posible uso para facilitar actividades ilícitas; sin embargo, entre las compañías sancionadas figura Águila de Oro de Colombia, participante en un contrato vigente con la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

La concejala expuso que Águila de Oro de Colombia integra la Unión Temporal AHM Seguridad 2025, adjudicataria del contrato 2995 de 2025, cuyo valor asciende a 38.000 millones de pesos. El contrato mencionado corresponde a la prestación de servicios integrales de vigilancia y seguridad privada, tanto fija como móvil, con y sin armas, y vigilancia tecnológica, en las instalaciones de la Secretaría Distrital de Movilidad y otras sedes bajo su responsabilidad.

Según la documentación oficial, el contrato inició el 16 de junio de 2025 y su vigencia se extiende hasta el 15 de diciembre de 2027. La Unión Temporal está conformada por Helam Seguridad Ltda. y Águila de Oro de Colombia Ltda., esta última incluida en la reciente medida de suspensión.

La cabildante Diago advirtió que la empresa sancionada tiene a su cargo la seguridad de los patios donde permanecen los vehículos inmovilizados de la ciudad. “Es gravísimo que una empresa señalada por presuntos vínculos criminales esté a cargo de la seguridad de la Secretaría de Movilidad y, aún más grave, de los patios donde se custodian los vehículos inmovilizados de los bogotanos”.

La concejal solicitó acciones inmediatas al alcalde Carlos Fernando Galán y a la Secretaría de Movilidad, en atención a la pérdida de licencia de Águila de Oro de Colombia. Diago cuestionó: “Hoy la pregunta es: ¿qué va a hacer el distrito? ¿Qué va a pasar con este contrato? ¿Quién va a asumir la seguridad de las instalaciones de la Secretaría de Movilidad?”.

Diago indicó que mantendrá los pronunciamientos sobre el tema debido a que no ha sido contestada la interrogante sobre la continuidad de la prestación del servicio y la eventual reasignación de la seguridad en las instalaciones de la Secretaría Distrital de Movilidad.

No es la única denuncia que ha realizado recientemente Diana Diago

La concejala Diana Diago también presentó una advertencia ante el Concejo de Bogotá sobre el aumento en la utilización de menores de edad por parte de organizaciones criminales en la ciudad.

Diago expuso cifras oficiales que indican que, entre enero de 2020 y agosto de 2025, se registraron 4.331 aprehensiones de adolescentes de entre 14 y 17 años por su presunta participación en delitos cometidos en la capital. Según la concejal, el crimen organizado ha incrementado el reclutamiento y el armamento de jóvenes, lo que ha agudizado la problemática de criminalidad juvenil.

La cabidalnte mencionó que los menores ya no solo participan en hurtos, sino también en homicidios. Las cifras muestran que el número de aprehensiones de menores por homicidio, que se mantuvo entre 10 y 12 casos anuales entre 2020 y 2023, subió a 30 en 2024 y a 25 en lo corrido de 2025.

Diago mencionó que La Fiscalía reportó que entre 2019 y noviembre de 2025 se indiciaron 461 menores por delitos relacionados con armas de fuego; además, que el tráfico de armas en Bogotá facilita el acceso de los adolescentes a este tipo de armamento, incrementando su involucramiento en economías ilegales y en hechos delictivos de mayor gravedad.

La concejala cuestionó la falta de seguimiento institucional a los jóvenes identificados en riesgo, informando que en 2025 solo 2.138 de 14.581 jóvenes en situación vulnerable recibieron algún tipo de atención por parte del distrito, mientras que el resto queda expuesto al reclutamiento de organizaciones criminales.

En la mañana del 24 de abril de 2026, un vehículo cargado con explosivos detonó cerca del Cantón Militar Pichincha en Cali. Los delincuentes utilizaron un bus desde el que intentaron lanzar dos cilindros bomba hacia la Tercera Brigada del Ejército; uno de ellos explotó en el vehículo y el otro cayó dentro del batallón sin detonar.

En este hecho no se reportaron víctimas mortales; sin embargo, fue el comienzo de una oleada de violencia que en 24 horas ha dejado 11 ataques contra la fuerza pública y la población civil que han sido atribuidos al Estado Mayor Central al mando de “Iván Mordisco”.

Entre los ataques a bases militares, en vías principales y otros hechos que provocaron el traslado del Ministerio de Defensa y la cúpula militar al suroccidente de la nación se destaca la explosión de un carro-bomba frente al Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi en Palmira, Valle del Cauca.

El vehículo estalló a un costado de la vía junto a la estructura militar, causando únicamente daños materiales, sin reportes de fallecidos ni heridos. Autoridades acordonaron la zona para evitar el paso de civiles y comenzaron las investigaciones.

Por este hecho se llevó a cabo un consejo de seguridad en el que se definió la estrategia para recuperar el poder territorial en la región; además, se anunció el incrementó de la recompensa por alias Marlon, cabecilla de las disidencias en la zona por el que las autoridades ofrecen hasta 5.000 millones de pesos por información que permita su captura.

La promesa del ministro de Defensa sobre la neutralización de “Marlon” no evitó que el país siguiera siendo víctima de más ataques, puesto que en la mañana del 25 de abril se registró un nuevo atentado contra la ciudadanía, más especificamente en Cajibío, Cauca.

En la vía Panamericana se registró la explosión de una pipeta que fue lanzada a un bus repleto de personas, provocando la muerte de doce de ellas. Los videos difundidos en redes sociales de los vehículos incinerados y las víctimas en la vía han hecho que Colombia vuelva a ser noticia mundial por los atentados que hacen que se recuerden los años más violentos de esta nación.

La oleada de violencia ha puesto en vilo a las autoridades en todos los sentidos, ya que las disidencias han llegado al punto de intentar atacar con explosivos el radar de navegación aérea de Santana, en El Tambo, Cauca, que es clave para las comunicaciones con los aviones que pasan por la región.

La Aeronáutica Civil calificó el hecho como terrorista y reportó afectaciones en las antenas del sistema, aunque la fuerza pública logró neutralizar tres drones acondicionados con explosivos, personal está alerta ante una posible arremetida.

El pronunciamiento de Indepaz tras el atentado terrorista en Cajibío fue tomado como una alerta de que en Colombia hay una crisis de inseguridad, puesto que esta es la cuadragésima séptima masacre en lo que va del 2026.

En vísperas de la primera vuelta electoral, en la que los colombianos escogerán al próximo presidente del país, candidatos y figuras políticas han pedido que el Ministerio de Defensa demuestre que puede dar garantías para que se lleven a cabo los comicios.

De la misma forma, han responsabilizado al presidente Gustavo Petro de darle libertad a los criminales que tienen en vilo la seguridad de la nación. Al respecto, el mandatario realizó una publicación en su cuenta de X en la que lamentó lo registrado en las últimas 24 horas.

“Los que atentaron y mataron a siete civiles e hirieron a 17 civiles más en Cajibío, muchos indígenas entre ellos, son terroristas, fascistas y narcotraficantes. Su jefe se llama alias Marlon, plenamente identificado por la inteligencia policial y militar. Los frentes de alias Iván Mordisco en el Cauca son delincuentes criminales contra la humanidad y así deben ser tratados. Quieren que la extrema derecha: el fascismo, gobiernen a Colombia porque saben que con ellos hacen sus negocios de cocaína y oro ilícito“, escribió el presidente.

En medio de la oleada de violencia que se ha registrado en Colombia por los atentados terroristas que ha perpetrado el Estado Mayor Central, al mando de “Iván Mordisco”, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que ha aumentado el valor de la recompensa del que sería el principal responsable de estos hechos.

Se trataría de alias Marlon, jefe de las disidencias en el suroccidente del país y que hasta el 24 de abril tenía una recompensa de 4.500 millones de pesos.

“Esta es una muestra cobarde de debilidad de una estructura criminal cuyo cabecilla principal es un peligroso delincuente, alias Marlón. Por el grave daño que está haciendo a Colombia, se eleva su recompensa hasta cinco mil millones de pesos", anunció el Ministro de Defensa, que encabezó un consejo de seguridad en el que estuvo con la gobernadora del Valle del Cauca.

En la rueda de prensa, el ministro indicó que “Marlon” estaría asociado con “Max Max” y “Oso Yogui” dos de los explosivistas más peligrosos que tiene el Estado Mayor Central en la actualidad.

Cabe recordar que el consejo de seguridad se registró luego del atentado con explosivos que no dejó víctimas contra el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi y del atentado en el que fue lanzada una pipeta a un bus lleno de personas en el Cauca; el saldo preliminar es de siete muertos en este hecho.

En su intervención, Pedro Sánchez aseguró que “Marlon” será capturado o sometido para que no siga siendo un peligro para la sociedad colombiana.

“Quiero recordar a cada ciudadano que el Gobierno ofrece recompensas de hasta 200 millones de pesos por información que permita prevenir o neutralizar actos terroristas. Alias Marlon responderá pronto ante la justicia. No permitiremos que continúe asesinando y aterrorizando a los colombianos, mientras persiste en actividades de narcotráfico, minería ilegal y reclutamiento de menores”.

Tras el atentado terrorista en Cajibío, Cauca, las Fuerzas Militares han comenzado un despliegue en la región para evitar más hechos de esta índole y restablecer el control militar de la región.

En esta zona serán incorporados ocho pelotones del Ejército Nacional y dos blindados que se encargarán de las operaciones en el Cauca y Valle del Cauca. Mientras tanto, gran parte del personal se encuentra trabajando en el traslado de los heridos.

“La ofensiva se mantiene y se intensificará con todas las capacidades de las Fuerzas Militares en colaboración armónica con las entidades del Estado y autoridades regionales”, declaró el comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López.

¿Quién es alias Marlon?

El nombre real de este criminal es Iván Jacobo Idrobo Arredondo, es considerado uno de los cabecillas más influyentes de las disidencias de las Farc en el suroccidente de Colombia, reconocido como el “amo de Jamundí”, lidera la estructura Jaime Martínez y controla corredores estratégicos de narcotráfico en el norte del Cauca, sectores de Nariño Jamundí y Valle del Cauca.

Las autoridades le atribuyen al menos ocho atentados terroristas, incluidos ataques contra civiles, fuerzas militares y líderes sociales. Entre los hechos más notorios figuran el asesinato de Karina García, candidata a la alcaldía de Suárez, en 2019; el secuestro de contratistas de la Gobernación del Cauca en 2025; y el secuestro del niño Lyan Hortúa.

Su historial judicial incluye condenas por rebelión, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. En 2017 accedió a la amnistía de la JEP, pero regresó a la ilegalidad en 2019. Actualmente, su captura es una prioridad para las autoridades, que han atacado a su círculo cercano en repetidas ocasiones en los últimos meses; además, varios de sus hombres de confianza se han sometido a la justicia.

Tras los atentados en el Cauca y el Valle del Cauca, ambos adjudicados al Estado Mayor Central al mando de “Iván Mordisco”, esta estructura criminal comenzó a compartir en las comunidades un panfleto en el que afirman que “es la hora del antiimperialismo”.

En el documento que ha sido difundido en redes sociales, el grupo armado expone que: “No venderemos nuestra soberanía, ni la pondremos en discusión; la defenderemos con el fusil en la mano, el sol en el cielo y la esperanza en el corazón”, como argumento por los hechos terroristas registrados entre el 24 y 25 de abril.

En el texto responsabilizan a las entidades internacionales de no pronunciarse cuando los Estados se encargan de atacar, y mencionan conflictos internacionales como ejemplo de ello.

“La ONU ha silenciado las voces que se levantan por la vida. Es apremiante crear un nuevo pacto multipolar con instituciones garantes de la vida digna”.

A pesar de que personas de todas las edades han padecido los ataques terroristas perpetrados por sus hombres, el Estado Mayor Central afirma estar defendiendo a las nuevas generaciones.

“Es la hora del antiimperialismo; desde las Farc-EP, seguimos levantando las banderas contra toda expresión que busque imponer el neofascismo como ejercicio de control sobre las soberanías de nuestra América y del mundo. Nuestra línea política e ideológica trasciende las fronteras, con el compromiso solidario de sumarnos al torrente revolucionario de la humanidad en defensa de los más altos valores: por la vida, la niñez, la paz con justicia social”.

Sobre los ataques contra la población civil, aseguran que se trata de “medidas” para ”confrontar al imperialismo estadounidense", asegurando que las autoridades de ese país estarían adelantando operativos militares en contra del grupo armado.

“Esperamos que las insurgencias y organizaciones revolucionarias colombianas y del mundo se sumen con sus propias acciones político-militares antiimperialistas”.

El Estado Mayor Central responsabilizó al Gobierno Petro de sus acciones al indicar que el mandatario está sometido a las órdenes estadounidenses desde que se reunió con Donald Trump.

“Superar los líderes que como Petro dan discursos por la vida mientras adelantan políticas de guerra, quien en reuniones a inicios de año, selló su sometimiento al Pentágono. Ya había permitido la instalación de tres nuevas bases militares gringas en Colombia y el ingreso más de 3.000 militares bajo la fachada de Fuerzas Militares para la Amazonía; así se legaliza la explotación clandestina de tierras raras y el retorno a la fracasada política de fumigación con glifosato contra las selvas colombianas, además de la persecución contra civiles familiares de guerrilleros que nada tienen que ver con la guerra”.

En el comunicado arremeten contra Gustavo Petro al indicar que abandonó la “posición digna” y se ha mantenido en silencio tras acciones del Gobierno Trump, mencionando a Cuba como ejemplo de sus argumentos.

“Abandonó toda posición digna y se mantuvo en silencio ante el bloqueo a Cuba, la intervención en Venezuela y el genocidio en Palestina. Pasó del antiimperialismo retórico a la sumisión al imperio. Colombia sigue siendo un territorio ocupado”.

Por último, mencionan que es momento de que el nuevo gobierno de Colombia, que será escogido en las urnas, busque un diálogo de paz concreto que no solo busque la desmovilización de los insurgentes.

“Es momento del gobierno de líderes en Colombia que se comprometan con cambios estructurales, con la defensa de la soberanía, que rompan con el imperialismo, que adelanten diálogos políticos sin cartas marcadas, que aborden los temas de fondo y no solo busquen la desmovilización de las insurgencias o su ruptura con alianzas paramilitares por debajo de la mesa”, se lee en el documento.

Han pasado siete días desde que a la República Democrática del Congo llegó un vuelo proveniente de Estados Unidos con 16 migrantes expulsados, entre ellos varios ciudadanos colombianos.

Sobre la llegada de los latinos al Congo, estos fueron informados de que tendrán una visa de siete días para moverse libremente por la nación africana y que este permiso podrá ser extendido hasta por tres meses; de la misma forma, los migrantes podrán solicitar un asilo en el Congo, pero los funcionarios estadounidenses recomendaron no hacerlo por los peligros que existen por el conflicto interno en este país.

Sin embargo, varios de los colombianos han pedido ayuda del Gobierno nacional, puesto que afirman no tener dinero para volver a Colombia; además de que otros aseguran no poder volver por amenazas que en su momento los obligaron a dejar el país.

Uno de los colombianos que están en el Congo es Jorge Cubillos, que en diálogo con la BBC narró lo que ha vivido desde que fue expulsado de Estados Unidos, en donde asegura que tenía un permiso de trabajo vigente.

En la actualidad se encuentra en un hotel en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo, en donde está desorientado y lejos de su esposa e hijos, que se quedaron en la Florida.

“Nunca pensé que terminaría en África, pensé que eran solo amenazas”, indicó el colombiano, mientras que, en medio de la polémica, el Gobierno de la nación africana defiende su postura de recibir a los migrantes bajo el argumento de que se trata de un compromiso con la dignidad humana.

El latino indicó que su caso no es el único irregular, puesto que una mujer afirma haber estado durante más de 13 meses en un centro de detención antes de ser expulsada de Estados Unidos, a pesar de que tenía un permiso de trabajo y un proceso para radicarse en Estados Unidos abierto.

Cubillos indicó que el vuelo hasta el Congo no fue digno, puesto que los migrantes estuvieron amarrados en todo momento sin saber a dónde estaban siendo llevados.

“Fue terrible. Fue agobiante porque pasamos más de 25 horas amarrados de cintura, manos y pies con una bolsa de papel que llevaba adentro una manzana, unas papas y un agua”.

Una colombiana que optó por no exponer su identidad confirmó lo afirmado por su compatriota e indicó que ella fue deportada tras pasar varias semanas en el centro de detención de Eloy, en Arizona.

“Me convocaron a una oficina supuestamente para quitarme el GPS y cuando llegué me informaron que iba a quedar detenida porque habían conseguido un tercer país para mí”, narró la latina, que aseguró no querer volver a intentar cumplir el sueño americano.

“No sé, porque después de todo lo que ha pasado y lo que he sufrido, ¿quién me asegura que no voy a volver a pasar por esto y que en un futuro me van a enviar a otro país? Me parece que es inhumano lo que está haciendo no solamente el presidente, sino también las personas que se están dejando manipular por él”.

Por último, Jorge Cubillos indicó que decidió hablar ante la prensa para pedir ayuda, puesto que salió de Colombia por la violencia y no quiere volver para exponerse a ser víctima del conflicto interno.

“Los solicitantes de asilo corremos riesgo en nuestros países. Si a mí me ponen a escoger entre el Congo y Barranquilla, Colombia, que es de donde soy, escogería Barranquilla, porque aquí no estoy haciendo nada, pero volver a Barranquilla es poner mi vida en riesgo”, puntualizó.

Al respecto, el director del Instituto de Investigación sobre Derechos Humanos en el Congo, Hubert Tshiswaka, ha criticado el accionar del Gobierno Trump y la situación que afrontan los migrantes.

“No existe base legal para traer personas de otros países al Congo, especialmente de Estados Unidos. Además, estas personas no han hecho nada malo aquí, por lo que tampoco hay base legal para mantenerlos detenidos”.

La Universidad Espíritu Santo (UEES Online) y la Embajada del Ecuador en Colombia anunciaron una convocatoria con más de 2.000 becas para colombianos y ecuatorianos residentes en Colombia, enfocada en ampliar el acceso a la educación internacional y fortalecer el desarrollo profesional en la región. La iniciativa, enmarcada en el programa “Global Leaders Becas en el Exterior” abre postulaciones hasta el 15 de mayo de 2026 y busca promover la formación en cursos, carreras de grado y maestrías en diversas áreas académicas.

El programa Global Leaders ofrece oportunidades en diferentes niveles de formación, con 2.000 becas completas para cursos de formación continua, 10 becas integrales para maestrías, 200 becas parciales con cobertura superior al 70% y 200 becas parciales cubriendo más del 65% del costo total. Los beneficiarios podrán acceder a una amplia oferta que incluye todas las carreras de grado y programas de maestría impartidos por la universidad ecuatoriana en modalidad virtual.

El objetivo principal de la iniciativa es garantizar un acceso equitativo a la educación superior de excelencia, favoreciendo el desarrollo académico, profesional y humano de los seleccionados. Se busca fortalecer competencias en innovación, emprendimiento y liderazgo global, preparando a los estudiantes para enfrentar los desafíos de un entorno internacional competitivo y dinámico.

La convocatoria está dirigida a ecuatorianos residentes en Colombia y, en algunos casos, al público en general. La Embajada del Ecuador en Colombia respalda el programa como parte de su compromiso con la integración regional y el impulso de oportunidades para jóvenes y profesionales que desean avanzar en sus carreras, sin que la nacionalidad o el lugar de residencia sean un impedimento.

Adriana Revelo, asesora legal internacional de la Universidad Espíritu Santo de Ecuador y directora del programa Global Leaders, destacó que “este programa refleja el compromiso de la universidad con la educación como motor de desarrollo social. A través del programa Global Leaders buscamos generar oportunidades reales de formación para ecuatorianos y ciudadanos de otros países, impulsando el talento y la proyección profesional en un entorno global”.

La convocatoria establece requisitos para la postulación, que varían según el tipo de beca y el nivel de formación al que se aspira. Los interesados deberán cumplir con los criterios definidos por la universidad y presentar la documentación correspondiente dentro del plazo establecido. La selección de los beneficiarios se realizará con base en el cumplimiento de los requisitos y el potencial de impacto académico y profesional de cada postulante.

El programa Global Leaders representa una apuesta por una educación superior accesible, flexible y de calidad internacional, contribuyendo al desarrollo de la sociedad a través de la formación de talento global. Los organizadores reiteraron su compromiso con la inclusión educativa y el desarrollo social, invitando a colombianos y ecuatorianos residentes en Colombia a postularse y aprovechar esta oportunidad de formación internacional.

Con más de 2.000 becas disponibles, la Universidad Espíritu Santo de Ecuador consolida su presencia en el ámbito educativo latinoamericano y refuerza su misión de generar impacto a través de la educación y el desarrollo de competencias clave para el siglo XXI. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de abril de 2026, y la información detallada sobre la oferta académica y los requisitos de postulación está disponible a través de los canales oficiales de la universidad.

Testigos afirmaron que el sujeto arremetió primero contra una mujer de la tercera edad a la que le propinó heridas en el cuello y minutos más tarde fue declarada muerta. Después atacó a otra mujer que recibió heridas de gravedad, pero fue llevada a un centro médico a tiempo.

Antes de que pudiera atacar a otras personas en la zona que conecta a los barrios El Salitre y Ducales con la autopista Sur, ciudadanos se unieron para neutralizar al individuo.

En un video que fue difundido a través de redes sociales, se observa cómo la adulta mayor estaba en el piso, mientras que a pocos metros, el presunto habitante en condición de calle estaba siendo resguardado por policías para que no recibiera ataques por parte de los presentes.

Esto no evitó que algunas personas intentaran tomar justicia por mano propia y le propinaran algunos golpes al individuo. “No le pegue, que por eso después lo sueltan”, gritó en repetidas ocasiones un hombre.

Hasta el momento, la Policía de Soacha no ha emitido ninguna declaración sobre el hecho que ha generado temor entre los habitantes de la zona.

Horas más tarde, a través de su cuenta de X, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez “Perico”, hizo una publicación en la que confirmó el deceso de la adulta mayor tras el ataque.

“Lamento los hechos ocurridos en la Comuna 1, Barrio El Salitre. Donde un habitante de calle atacó sin motivo alguno a dos mujeres que transitaban por el sector. Una de ellas se encuentra siendo atendida en el Hospital Mario Gaitán Yanguas; la otra, lamentablemente, perdió la vida”.

El mandatario municipal confirmó que el sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que sea judicializado y se comprometió a trabajar por la seguridad de los soachunos.

“Expreso mis más sinceras condolencias a sus familias y mis votos de pronta recuperación para la mujer herida. La respuesta inmediata permitió que el responsable ya se encuentre capturado por la @PoliciaSoacha y en proceso de judicialización por homicidio. Desde la @Alcaldia_Soacha reiteramos el compromiso de trabajar con todas las instituciones para que hechos como este no se repitan en la ciudad”.

Residentes de la zona no solo lamentaron el hecho registrado frente a la institución educativa, sino que pidieron mayor presencia de uniformados en la zona, puesto que a pocos metros hay una obra por la que ha aumentado la presencia de habitantes en condición de calle.

Sobre la intervención, vecinos afirman que los avances han sido nulos, mientras que ellos deben padecer las consecuencias de tener la vía principal de acceso al barrio en un estado deplorable.

Otro aspecto que está siendo denunciado por los residentes en la zona es la carencia de alumbrado público, lo que hace que estos espacios se hayan convertido en un foco de inseguridad en el municipio.

Precisamente, por problemas de esta índole durante abril se han registrado varias manifestaciones de la ciudadanía en las que han sido bloqueadas las vías principales del municipio, buscando con ello algún tipo de respuesta por parte de la alcaldía.

El 24 de abril se llevó a cabo la segunda audiencia de comparecencia en la que exuniformados del Ejército Nacional entregaron su testimonio sobre la alianza que tuvieron con las AUC para perpetrar la masacre de La Resbalosa, en San José de Apartadó.

Cabe recordar que en la primera diligencia los militares reconocieron que un alto mando ordenó seguir a un guía (paramilitar) que señaló que en la comunidad afectada había guerrilleros, motivo por el que no intervinieron tras el asesinato de ocho personas, entre ellas cuatro menores de edad.

En la audiencia, que fue presidida por el magistrado Pedro Díaz Romero, el funcionario recordó que no se trataba de un espacio para recordar lo registrado, sino para contar la verdad sobre los aspectos que siguen en duda.

“Este no es un escenario para reiterar lo conocido, sino para avanzar hacia una verdad plena de lo que falta por conocer que lleve a un reconocimiento que contribuya a la reparación de las víctimas y al cumplimiento de sus compromisos dentro de este sistema. En este sentido, sus aportes de verdad deben ser claros y concretos”.

El primero de los comparecientes en hablar fue Jorge Humberto Milanés Vega, exsubteniente del Ejército Nacional, que reveló que su solicitud de retiro de la institución se registró tras la tragedia.

“Me parece escabroso, yo digo, ¿en qué momento se dieron estas cosas?, ¿cómo pasaron? Si para mí es inentendible, no me imagino cuánto es para ustedes. Me coloco en su condición, también tengo niños, amo a mis hijos, como seguramente ustedes amaron a esos niños, y realmente no tengo ninguna explicación, no hay absolutamente nada en esta vida que justifique los hechos. Después de estos hechos me retiré de la institución, porque no quería volver a estar en estas circunstancias y me presenté voluntariamente a la justicia“.

Milanés indicó que luego de la masacre, su superior solo afirmó que la muerte de los menores era “una embarrada”, y luego procedieron a encontrarse en una vivienda con miembros de las AUC. “En esa vivienda venían paramilitares y traían carne animal... Fue una noche larga, incómoda, diferente. Y hoy conocemos por qué fue diferente”.

El compareciente confirmó que las unidades en la zona tenían vínculos directos con las AUC, llegando al punto de que “había soldados que dejaban de ser soldados para ser paramilitares”.

Esto fue confirmado por Alejandro Jaramillo Giraldo, un exuniformado que aseguró haber sido convencido de que las comunidades atacadas eran en realidad guerrilleros que suministraban información a las Farc. “Desde ese momento, yo me hice una idea en mi mente de que mi enemigo estaba en ese sector”.

Jaramillo reveló que la cercanía entre el Ejército y las AUC hizo que en una ocasión se llevara a cabo una celebración en la finca en la que años más tarde fue asesinado Carlos Castaño.

“El comentario de los soldados de mi compañía de instrucción y de otros comandantes era que se había celebrado una fiesta del Día de la Madre en ‘El Club’, entre comillas, del batallón Vélez. Puedo aclarar que ese ‘Club’ del batallón Vélez hacía referencia a una finca tipo balneario, ubicada a unos 20 minutos del batallón, en San Pedro de Urabá. En dicha finca, en los años posteriores, muere el señor Carlos Castaño”.

El financiamiento de las AUC por parte de ganaderos de la región fue otro aspecto mencionado durante la diligencia, puesto que el compareciente Jaramillo Giraldo afirmó que estuvo más de dos meses junto a otros soldados cuidando a un hombre conocido de la región.

“El suboficial que me recibió me dijo: ‘Bienvenido al Vélez, esta unidad no se puede mover de acá por orden expresa del comandante del batallón porque nosotros estamos aquí prestándole la seguridad a un ganadero’. Ahí, en esa situación, duré alrededor de dos, tres meses, sin tener ningún tipo de desarrollo de operaciones ofensivas”.

La reunión se registró en Caracas, capital venezolana, en donde se concretó la conversación que había sido aplazada en reiteradas ocasiones y tuvo como temas principales la interconexión eléctrica y la criminalidad en la zona fronteriza.

Este encuentro dejó varios puntos que están siendo debatidos por la opinión pública, como la presencia de Diosdado Cabello, una de las figuras más representativas del chavismo, además de lo que representa que Gustavo Petro se encuentre con un Gobierno que, para muchos, sigue siendo ilegítimo.

En diálogo con Infobae Colombia, el analista político Jaime Wilches habló sobre el encuentro entre Petro y Rodríguez como algo diplomático que se debe registrar entre países vecinos.

“Tenemos un tema completo que no se reduce a algo ideológico, sino a algo histórico en la frontera, en donde el tema cultural y comercial es demasiado fuerte. Obliga a pensar que las relaciones serán complejas y se deben atender por mecanismos diplomáticos”.

Wilches descartó que Delcy Rodríguez represente a un Gobierno ilegítimo, puesto que recordó que asumió la administración del país con el aval de Estados Unidos, por lo que cuestionar a Gustavo Petro por ello no tendría sentido desde su percepción.

“No se trata de un Gobierno ilegítimo, puesto que este fue legitimado por Estados Unidos tras la captura de Maduro en enero. En estos momentos hay un Gobierno de transición que fue legitimado por Estados Unidos y la comunidad internacional”.

El experto calificó como algo negativo que en el encuentro estuviera Diosdado Cabello, puesto que afirmó que representa parte de lo que se quiere cambiar en Venezuela.

“Los países tienen que seguir con relaciones, no se pueden detener por otros asuntos. La visita hace que se ratifique un escenario en el que Colombia y Venezuela no pueden estar en una guerra; sin embargo, la presencia de Diosdado Cabello es algo imprudente e ilegítimo, porque hace parte de la herencia nefasta de los últimos años. Se tiene que tener claridad de cuáles son las personas encargadas de fortalecer las relaciones“.

Para el analista político Sebastián Líppez, la presencia de Petro en Venezuela es una muestra de la complacencia que el mandatario colombiano está buscando tener con Estados Unidos.

“Más allá de la discusión de la legitimidad, es un asunto que no trata de un respaldo o un apoyo, sino que se debe entender desde un contexto de lo que ha ocurrido entre Colombia, Venezuela y Estados Unidos, por ello un poco la presencia del embajador. La presidenta encargada está en ese rol con la complacencia del Gobierno Trump, que, producto de la extracción de Maduro y el encuentro de Petro con Trump, esto es un poco cómo Colombia se articula a la transición que tiene Venezuela”.

En ese sentido, el analista mencionó que Colombia puede tener un papel fundamental en la consolidación de la transición que se debería registrar en Venezuela durante los próximos meses, algo que debería seguir registrándose sin importar quién sea el ganador de las elecciones presidenciales en la nación cafetera.

“Algunos la llamarán una falsa transición, pero es un proceso que ha tenido diferentes pasos con acciones, como liberación de presos políticos, un viraje económico, una serie de cambios políticos y, en algunos de esos aspectos, el papel de Colombia puede ser importante, algo también animado por Estados Unidos. La reunión es una parte de la secuencia de acontecimientos y como una respuesta a las indicaciones estadounidenses”.

El crecimiento del freestyle ha hecho que la disciplina pueda tener eventos en vivo con una presencia masiva de público en los países de habla hispana. Muestra de ello es que la FMS Internacional 2026 reunirá a los mejores exponentes el 25 de abril en la Plaza de la Mexicanidad, en Ciudad Juárez, México.

En este evento se enfrentarán los representantes más destacados de las ligas nacionales de España, Argentina, México, Chile, Colombia, Perú y el Caribe, además de otros que fueron invitados a través de votación del público.

El evento, organizado por Urban Roosters, convoca a los clasificados de cada una de las ligas FMS, seleccionados tras el final de la temporada de competencias nacionales. Entre los participantes figuran campeones consagrados y figuras emergentes del freestyle.

El sistema de clasificación incluyó cupos directos para los mejores puntajes y la realización de un torneo clasificatorio especial para la región Caribe, que terminará de definir la lista de finalistas.

La transmisión oficial estará disponible de manera gratuita por el canal de YouTube de Urban Roosters a partir de las 5:00 p. m. (hora local de Ciudad Juárez), 6:00 p. m. en Colombia.

La lista de competidores incluye nombres como Aczino (México), vigente campeón internacional, Chuty (España), Stuart (Argentina), Teorema (Chile), Gazir (España, clasificado por Colombia), Larrix (Argentina), Kodigo (Argentina), Jony Beltrán (México), Azuky (México, elegido por la comunidad), El Menor (Chile), Acertijo (Chile), Valles-T (Colombia), Marithea (Colombia, clasificada por México), KG (Perú) y representantes del Caribe.

Cabe recordar que el último cupo será definido mediante un torneo clasificatorio que se llevará a cabo antes del evento principal; en este no habrá representantes de Colombia.

Formato para elegir al mejor rapero de habla hispana

El formato de la FMS Internacional combina rondas de enfrentamientos directos en batallas uno contra uno, evaluadas por un jurado experto que califica métricas, contenido, flow, puesta en escena y capacidad de respuesta.

El sistema de competencia favorece la dinámica y la exigencia, ya que cada participante debe enfrentarse a los mejores del circuito y avanzar por eliminación directa hasta la gran final. Este formato ha hecho que el evento se consolide como el principal escenario para el freestyle en español.

Las expectativas en Colombia se centran en el desempeño de los representantes cafeteros, que serán Valles T y Marithea. Este es el perfil de los raperos que representarán a la Tricolor.

Valles-T, cuyo nombre real es Harold Orozco, ha sido referente de la escena colombiana y latinoamericana por su técnica, fluidez y dominio del escenario. Se hizo conocido en el circuito internacional por sus participaciones en Red Bull Batalla de los Gallos y FMS Colombia, donde consolidó un estilo basado en la coherencia y la contundencia lírica. Su experiencia en competencias internacionales lo ubica como uno de los favoritos del público y como un rival difícil para cualquier contrincante.

Por su parte, Marithea (María Fernanda Tapiero) ha destacado como una de las voces femeninas más influyentes del freestyle en habla hispana. Su capacidad para improvisar, su contenido crítico y su manejo escénico la llevaron a ganar la Red Bull Batalla de los Gallos Colombia y a ser finalista de FMS Colombia, donde se clasificó a la edición internacional a través de la liga mexicana. Marithea ha abierto espacios para la participación de mujeres en un ambiente tradicionalmente masculino y se ha convertido en símbolo de innovación y talento dentro del circuito competitivo.

Hasta el momento, Colombia no ha tenido un campeón internacional en los torneos finales de FMS o Red Bull; lo más cerca del título que ha estado un cafetero es cuando Valles T llegó a la final de 2017 en España.

Entre los capos colombianos que tuvieron fachadas que ocultaron su accionar delictivo está Justo Pastor Perafán, un abogado que fue el líder del cartel de Bogotá durante varios años.

Perafán utilizó su conocimiento en Derecho para crear estructuras legales que facilitaron el lavado de activos y el manejo de bienes provenientes del narcotráfico; fue conocido por operar redes de tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa, y por acumular una de las mayores fortunas ilícitas en Colombia.

Bajo los alias de “Don Pepe” y “El Panadero”, estableció vínculos con carteles nacionales e internacionales, lo que le permitió ampliar su influencia y operaciones. Su patrimonio incluyó empresas, fincas y maquinaria industrial, entre ellas una torrefactora de café que fue incautada por las autoridades y el 24 de abril de 2026 fue subastada.

Cabe recordar que Justo Pastor Perafán fue arrestado en 1997 en San Cristóbal, Venezuela, y extraditado a Estados Unidos, donde una Corte Federal en Long Island, Nueva York, lo condenó a 30 años de prisión por delitos relacionados con el tráfico de drogas; desde entonces permanece recluido en una cárcel norteamericana.

La venta de la torrefactora de Perafán

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) informó que vendió mediante una subasta por 443 millones de pesos una torrefactora industrial de café que permanecía bajo administración de la entidad.

La maquinaria, compuesta por equipos para tostión, molienda, transporte y empaque de café, fue ofrecida como una maquinaria productiva con potencial de operación en el mercado legal, lo que permite su reincorporación a la actividad económica formal.

La SAE confirmó la venta mediante un comunicado en el que destacó que el dinero de la subasta será utilizado para programas sociales y financiar la administración de otros predios administrados por la entidad.

“Con esta adjudicación, la torrefactora deja atrás su vínculo con economías ilegales y pasa a integrarse al circuito productivo, en un proceso que evidencia el tránsito de activos ilícitos hacia usos legales y generadores de valor”, se lee en el comunicado.

De la misma forma, se informó que el objetivo de la entidad es comercializar los bienes provenientes de actividades ilegales para que los predios y elementos puedan ser utilizados de manera legal.

Perafán fue el capo que pagó la fiesta tras el 5-0 contra Argentina

El 5 de septiembre de 1993, tras la histórica victoria 5-0 de la selección Colombia sobre Argentina en Buenos Aires, se realizó una fiesta en el hotel Caesar Park donde se alojaba el equipo. Al evento asistieron futbolistas, periodistas y figuras de la política colombiana, que pensaron que la celebración era pagada por la Federación Colombiana de Fútbol. Sin embargo, al finalizar la fiesta, se supo que el narcotraficante Justo Pastor Perafán había cubierto la cuenta, que solo en champaña alcanzó los 12.000 dólares.

Varios asistentes, entre ellos periodistas y políticos, afirmaron que desconocían el origen de los fondos durante la celebración y que solo años después se enteraron de la participación de Perafán.

Uno de los periodistas que estuvo allí fue Hernán Peláez, que recordó en el pódcast El país del 5-0 que fue un mesero el que alertó a los comunicadores en la recepción de que en el segundo piso se estaba registrando una celebración de colombianos.

“Un funcionario del hotel nos preguntó a los periodistas que estábamos en el primer piso quién iba a pagar la cuenta de champaña que corría a borbotones. Luego supimos que quien pagó en efectivo, de su bolsillo, fue Pastor Perafán”, afirmó Hernán Peláez.

A pesar de que fue campeón en diferentes ocasiones y llegó a ser considerado el mejor futbolista de Sudamérica, uno de los momentos más recordados de la carrera de Teófilo Gutiérrez se registró fuera del terreno de juego.

En 2012, cuando era jugador de Racing de Avellaneda, tras perder un clásico ante Independiente, la prensa reportó que se registró una pelea al interior del vestuario de La Academia, siendo el colombiano uno de los protagonistas del altercado.

Aunque habitualmente este tipo de peleas se convierten en secretos de camerino, en esa ocasión fue noticia nacional debido a que se confirmó que Gutiérrez había sacado un arma con la que apuntó contra sus compañeros.

Catorce años después de este episodio, por el que el entrenador “Coco” Basile se haría retirado, el cafetero decidió volver a hablar de lo ocurrido y reflexionó sobre su comportamiento en esa ocasión.

En diálogo con DSports, el hoy jugador del Junior de Barranquilla se justificó al afirmar que en ese momento necesitaba un abrazo, detalle que no recibió de sus colegas o el cuerpo técnico.

“Iría al vestuario de Racing y abrazaría a Teo; en ese momento necesitaba el cariño, el amor, no lo tuve. Fue un momento difícil en el que pasé muchas cosas, pero no le echo la culpa a nadie, porque nadie tiene la culpa”.

Durante la entrevista, el delantero afirmó que tuvo un comportamiento poco expresivo con sus compañeros en Racing.

“De pronto yo me encerré mucho en mí mismo, como siempre lo he hecho; hubiera abierto más mi corazón, hubiera expresado mi cariño hacia mis compañeros, porque nunca lo hice, me encerré mucho en mí y mis compañeros estaban esperando eso de mí, del negrito Teo, de que los abrazara y los mimara, porque era el goleador y nunca lo hice”.

Por último, asumió su responsabilidad en lo registrado, que semanas después provocó su salida del club, y afirmó que había perdonado a sus compañeros cuando entendió que ellos no eran responsables de su comportamiento.

“Nada que reprocharle a mis compañeros, al contrario, me hicieron crecer y no soy nadie para juzgar a nadie; al contrario, fui muy feliz en Racing”, puntualizó Teófilo Gutiérrez sobre ese tema.

Además de su paso por Racing, Gutiérrez reveló que antes de llegar a River Plate, en donde es ídolo de los hinchas del Millonario, estuvo a punto de ser contratado por Boca Juniors.

“No voy a responder porque todos saben que soy hincha de River, pero en algún momento Román me llamó para que fuera a Boca, pero bueno, Dios sabe cómo hace sus cosas”.

El colombiano afirmó que no cambiaría su carrera, puesto que está orgulloso de ser querido por los fanáticos de River Plate. “Cuando estaba Miguel, fui a River; antes, cuando estaba Angelici, Román me llamó, pero ya la historia está, no hay que echarla para atrás”.

Por último, Teófilo Gutiérrez indicó que, desde su opinión, la selección Colombia debería estar en la lista de los equipos que pueden quedarse con el título de la Copa del Mundo.

“Yo lo dije, para mí es uno de los candidatos, porque cuando están todos juntos en la concentración, como que se sueltan más y son determinantes para jugar cada tres días. Hay mucha marea amarilla, mucho calor y eso hace que sea uno de los favoritos a quedarse con el título. El argentino tiene en la cabeza de creérsela y echar para adelante, y eso lo aprendí en River; eso me ayudó mucho y el jugador colombiano tiene que cambiar esa mentalidad, tenemos los jugadores y la calidad”.

La reciente admisión del Colegio Refous a un proceso de reorganización empresarial bajo la Ley 1116 sigue generando dudas. Desde el 23 de febrero de 2026, la Superintendencia de Sociedades autorizó el inicio de un procedimiento que busca reestructurar sus finanzas y proteger a los acreedores, en medio de denuncias sobre presuntas inconsistencias en la gestión contable y financiera.

La imagen del colegio ha quedado en entredicho con una nueva denuncia realizada por acreedores que alertaron sobre movimientos irregulares, millonarias deudas y operaciones poco claras.

La situación financiera del Colegio Refous empezó a deteriorarse desde 2025, cuando la institución acumuló obligaciones vencidas por más de 90 días, hasta alcanzar una cifra de 29.897 millones de pesos, equivalente al 90% de su pasivo total.

Las dificultades no surgieron de manera imprevista. Los reportes muestran que entre 2022 y 2025 un patrimonio familiar otorgó créditos por más de 18.900 millones de pesos bajo la premisa de una información financiera que, según las denuncias, no reflejaba el verdadero estado contable del establecimiento.

Una de las irregularidades más relevantes identificadas por los acreedores se registró tras el fallecimiento del anterior gerente en junio de 2025. Desde ese momento, surgieron obligaciones por 4.730 millones de pesos, respaldadas en siete pagarés que no figuraban en los registros contables oficiales. La aparición de estos documentos generó inquietud, pues su existencia no había sido reportada en los balances previos, elevando la incertidumbre sobre el destino de los recursos y la integridad de la contabilidad institucional.

Otro aspecto clave del proceso ha sido la revisión de los activos declarados. Los informes periciales evidenciaron una presunta sobrevaloración en el rubro de propiedad, planta y equipo. Entre 2024 y 2025 se registró un salto en el valor de estos activos de más de 18.200 millones de pesos, sin que exista una justificación sustentada en adquisiciones, inversiones o mejoras de infraestructura.

Las inconsistencias también se han presentado en la información de bienes inmuebles. Un lote residencial ubicado en Chía y que fue registrado por 6.000 millones de pesos, aunque su avalúo comercial solo llegaría a 1.337 millones de pesos.

A esto se suma una anomalía en la ubicación consignada oficialmente: los documentos presentados ante la Supersociedades ubican el predio en el municipio de Cota, cuando en realidad corresponde a un terreno en Chía. Esta discrepancia ha sido señalada en la denuncia como una posible maniobra para modificar el inventario de activos y alterar la percepción sobre la solvencia patrimonial.

El examen de las cuentas por cobrar arrojó nuevos elementos para el debate. Se detectaron préstamos por 1.646 millones de pesos otorgados a personas vinculadas a la institución, entre quienes figuran miembros de la familia Jeangros y Alex Marina Silva Moreno, revisora fiscal del colegio.

Dentro de las operaciones bajo escrutinio, se identificaron transferencias por 2.971 millones de pesos a la empresa Windstarke S.A.S., presuntamente vinculada al fallecido representante legal y encargada de ejecutar obras civiles en la institución. Los acreedores han solicitado que se investigue la finalidad de estos giros y se determine si corresponden a contratos legítimos o forman parte de un esquema para desviar fondos.

Las acciones judiciales avanzan con la imposición de medidas cautelares sobre algunos activos y derechos del Colegio Refous, buscando proteger los intereses de los acreedores mientras se desarrollan las investigaciones.

Durante una de las diligencias, los herederos de la institución, conocidos como la familia Jeangros, manifestaron su oposición y sorpresa ante la rapidez del proceso y la determinación de los demandantes para agotar todas las vías legales. El análisis de los estados financieros revela un crecimiento llamativo en los ingresos del colegio: de 17.806 millones de pesos en 2021 a 28.278 millones de pesos en 2025.

La Fiscalía General de la Nación informó de la acusación contra Juan Francisco Solano Barrero, ficha clave en la estructura criminal que se encargaba de mover la mercancía de contrabando de alias Papá Pitufo en el Caribe.

El ente acusador sostuvo que el acusado, que es mencionado en las investigaciones como alias Pacho o Millos, sería el encargado de permitir la entrada y salida irregular de cargamentos por el puerto de Cartagena.

Este sujeto sería uno de los articuladores principales de una red de corrupción señalada de favorecer el ingreso de mercancía de contrabando al país y su posterior tránsito a diferentes ciudades. Además, sería el encargado de gestionar el traslado de la mercancía a países como Ecuador y Venezuela.

En la audiencia, el fiscal mencionó que los elementos materiales probatorios recopilados demuestran que este hombre tendría un vínculo directo con Diego Marín Buitrago, alias El Viejo o Papá Pitufo, criminal que Colombia ha pedido en extradición a Portugal, donde está bajo libertad condicional desde mediados de 2025.

En la estructura criminal, “Millos” sería el encargado de contactar a funcionarios asignados al puerto de Cartagena, en Bolívar, y, a cambio de dádivas, convencerlos de permitir el ingreso de cargamentos de cigarrillos, textiles y otros productos provenientes de Panamá.

Los sobornados, que serían principalmente policías, también debían comprometerse a permitir la salida de los productos de la terminal marítima evadiendo los controles aduaneros. De esta manera, los productos eran transportados por vía terrestre a los lugares donde finalmente eran comercializados.

El ente acusador informó que en la investigación, que es liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, se conocieron, al menos, seis hechos delictivos en los que “Millos” habría entregado 348 millones de pesos a uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera para que facilitaran la entrada y tránsito de la mercancía de contrabando.

De igual manera, quedó en evidencia que presuntamente pagó tres meses de arriendo de un apartamento en Cartagena a un oficial para que este siguiera colaborando con la estructura criminal.

Por estos hechos, Solano Barrero fue acusado ante un juez penal especializado de Bogotá por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer en seis eventos.

‘Millos’ sería clave para demostrar la importancia de ‘Papá Pitufo’ en el ingreso de contrabando a Colombia

El puerto de Cartagena cumple un papel central en el comercio marítimo de Colombia y la región del Caribe. Su ubicación estratégica y el alto volumen de carga que recibe lo han convertido en una de las principales puertas de entrada para mercancías de todo tipo, incluidas aquellas que ingresan de manera ilegal.

A través de este puerto, el contrabando ha encontrado rutas propicias para el ingreso de productos que evaden controles aduaneros, afectando tanto la economía formal como la recaudación fiscal del país. El flujo constante de contenedores y la sofisticación de las redes criminales dificultan la detección de cargamentos ilícitos, que suelen ser camuflados entre mercancía legal.

En este contexto, el puerto de Cartagena ha sido señalado en diversas investigaciones como un punto recurrente para el ingreso de textiles, calzado, licores, cigarrillos y tecnología de contrabando. El dinamismo comercial y la dimensión de la infraestructura portuaria favorecen que organizaciones dedicadas a estas actividades ilícitas operen mediante sobornos, falsificación de documentos y alianzas con funcionarios corruptos.

Uno de los nombres que ha surgido en el marco de estos señalamientos es el de Diego Marín Buitrago, conocido como “Papá Pitufo”. Este individuo ha sido vinculado a redes de contrabando que operan a gran escala en el puerto de Cartagena. Las acusaciones en su contra lo relacionan con el ingreso sistemático de mercancía ilegal, supuestamente facilitado por contactos estratégicos dentro del puerto. A pesar de que se le atribuye la organización de esquemas de ocultamiento y distribución de productos que burlan los controles oficiales, este sujeto se mantiene en Europa sin que las autoridades colombianas puedan judicializarlo.

El 24 de abril se llevó a cabo la segunda audiencia del proceso en el que cabecillas del Bloque Caribe de las extintas Farc-EP reconocieron y entregaron testimonios sobre secuestros y crímenes de lesa humanidad perpetrados bajo su mando.

Uno de los hechos resaltados de la diligencia fue cuando el compareciente Luis Alejandro Cuadras reconoció que él estuvo a cargo del secuestro y la muerte de la exministra Consuelo Araujo Noguera, conocida en la región como “La Cacica”, conocida en Colombia por haber sido parte del comité fundador del Festival de la Leyenda Vallenata.

“Hago el reconocimiento del secuestro de la exministra Consuelo Araujo Noguera, como un hecho que realmente nos ha dejado a nosotros una mancha imborrable... Esto fue realizado en el corregimiento de Patillal, hacia la vía Valledupar. El secuestro lo registró una unidad de doce hombres que estaban en este lugar. Tenían el conocimiento de que había un evento con altas personalidades”, fueron las palabras del compareciente.

El exguerrillero reveló que este hecho fue ordenado y autorizado por “Iván Márquez”, actual comandante de las disidencias de la Segunda Marquetalia.

“Él me manifiesta o me orienta, me dice que Consuelo va para el canje de prisioneros de guerra con guerrilleros presos. Reconozco que esto no tengo cómo explicarlo o justificarlo, no tengo cómo decir que cometimos una falla, fue un delito de lesa humanidad contra una persona muy querida por el pueblo vallenato, era una leyenda que todo mundo admiraba y reconocía”.

Luis Alejandro Cuadras lamentó la muerte de “La Cacica” y reconoció la importancia que esta mujer tenía para la cultura de la región.

“No se puede justificar la magnitud del sufrimiento que tuvo que pasar Consuelo y todas las personas cerca de ella que fueron secuestradas. Las afectaciones fueron múltiples y no solo se afectó a su familia. A su fanaticada y a la cultura vallenata, que tiene que ver con la educación cultural en el departamento. Son cosas que ocurrieron e hicieron nuestros hombres y, por lo tanto, hay que responder”.

La importancia de Consuelo Araujo para el Cesar y La Guajira

“La Cacica” era una figura emblemática de la cultura colombiana, especialmente en la región Caribe. Nació en Valledupar en 1940 y su vida se caracterizó por una intensa actividad en la promoción del folclor vallenato. Desde joven, Araujo Noguera incursionó en el periodismo y la gestión cultural, fundando el Festival de la Leyenda Vallenata junto a Rafael Escalona y Alfonso López Michelsen.

Este festival se convirtió en el principal escenario para la preservación y difusión de la música vallenata, atrayendo cada año a intérpretes, compositores y público de todo el país y del extranjero.

Su apodo, “La Cacica”, le fue dado como una muestra del liderazgo que demostró en un ámbito marcado por la presencia masculina. Defendió la identidad y las tradiciones de la costa Caribe, impulsando la literatura, la música y la memoria oral. Además, incursionó en la vida política, fue representante a la Cámara y ministra de Cultura, desde donde continuó gestionando iniciativas para fortalecer el patrimonio cultural colombiano.

En septiembre de 2001 fue secuestrada por un grupo armado (se especuló sobre cuál) mientras se desplazaba por una vía rural en Cesar.

Tras varios días de incertidumbre y operaciones de búsqueda, se confirmó que había sido asesinada. Su muerte generó un profundo rechazo social y puso en evidencia la vulnerabilidad de líderes sociales y culturales en medio del conflicto armado colombiano. La figura de “La Cacica” quedó asociada a la defensa de la cultura vallenata y a la lucha por la paz y la justicia en Colombia.

El 23 de abril se confirmó que David Murcia Guzmán, fundador de DMG, presentó una petición ante el juzgado octavo de ejecución de penas de Bogotá para que se reconozca la extinción de su pena y se ordene su libertad inmediata.

La defensa argumenta que Murcia Guzmán ya cumplió una condena de nueve años por los mismos hechos en Estados Unidos y que su reclusión en Colombia constituye una doble sanción por delitos ya juzgados y sancionados.

Cabe recordar que Murcia Guzmán fue extraditado y aceptó cargos por lavado de activos en Estados Unidos, donde completó su sentencia antes de regresar a Colombia, mientras que en el país sudamericano enfrenta una condena de 30 años por captación masiva y lavado de activos. En su solicitud, la defensa señala una vulneración del principio constitucional que prohíbe ser juzgado dos veces por los mismos hechos, y pide que se conmute el tiempo cumplido en el extranjero. También ha solicitado un indulto humanitario al Gobierno Nacional.

Defensa de David Murcia Guzmán argumentó su posición

En diálogo con Infobae Colombia, la abogada y candidata presidencial Sondra Macollins expuso la postura jurídica de la defensa de David Murcia Guzmán sobre el proceso que enfrenta el empresario.

“En Colombia está prohibido que una persona sea juzgada dos o más veces por los mismos hechos. En el caso de David Murcia no solo fueron dos, sino tres: Colombia, Estados Unidos y Panamá. Esta es la segunda pena que paga por los mismos hechos”, declaró la jurista.

Macollins explicó que su defendido “tendría derecho al reconocimiento de esa garantía, como ha ocurrido con otros procesados en el mismo caso. A David Murcia Guzmán no se le ha otorgado ese derecho a que se reconozca el non bis in idem, por la prohibición constitucional de no ser perseguido dos veces por los mismos hechos”.

La abogada reveló que, mientras se tramita el reconocimiento del principio non bis in idem, solicitó ante la justicia la libertad inmediata para Murcia Guzmán, lo que espera que sea aprobado.

“Solicité la libertad inmediata por el cumplimiento de toda la pena, ya que se debe conmutar el tiempo que cumplió en Estados Unidos, los diez años y un poco más, incluyendo el tiempo de detención por migración en ese país, dentro de un proceso con la misma identidad fáctica y el mismo sujeto”,

De acuerdo con la abogada, la defensa pide que este reconocimiento se haga efectivo como sucedió con el exfiscal Gustavo Moreno.

“En ese caso se le reconoció parcialmente la pena porque en Estados Unidos también fue condenado por uno de los delitos que se le imputó en Colombia. Esperamos que el juez actúe conforme a derecho y que no se deje presionar políticamente, para que el señor David Murcia recupere su libertad, como corresponde en la ley y la Constitución, y pueda enfrentar el proceso de liquidación de la que es su empresa, en la que es socio mayoritario y que tiene 193.000 tarjetahabientes pendientes de que se les liquide su participación”.

Como parte de su defensa, la abogada recordó que fue contactada por Murcia Guzmán y por personas que se consideran víctimas en el proceso de liquidación de DMG Holding Group, debido al abandono, denunciado en otro proceso, que habría protagonizado el candidato presidencial, Abelardo de la Espriella, a quien Murcia acusa de haberlo robado.

Por último, respecto a la estrategia jurídica, Macollins explicó que se plantearon varios caminos: “Una era solicitar el indulto al Gobierno Nacional, pues consideramos que fue un delito de persecución y tinte político, como se manifestó públicamente por parte del presidente de la época, que intervino judicialmente en el caso, y el otro camino es solicitar la aplicación del non bis in idem, ya que cumple con los requisitos de identidad fáctica y de sujeto”.

El 23 de abril se llevó a cabo una audiencia territorial de aporte de verdad por parte de 10 comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la que se conocieron detalles de la masacre de La Resbalosa, en la que el Ejército Nacional permitió que las Autodefensas Unidas de Colombia asesinaran a ocho personas en Apartadó, Antioquia.

Sobre el hecho, registrado el 21 de febrero de 2005, soldados que hacían parte de la Brigada Diecisiete del Ejército Nacional narraron cómo murieron Santiago (18 meses), Natalia (6 años), Deyner (11 años), Beyanira (16 años) y cuatro adultos en las veredas La Resbalosa y Mulatos Medios.

Antes del inicio de la diligencia, el lugar fue adornado con flores, cacao y plátanos, símbolos de la región de Urabá; además, las familias de las víctimas encendieron una vela en un acto de memoria y dignificación de sus seres queridos.

El primero en hablar fue el compareciente Orlando Espinosa Beltrán, capitán de la brigada mencionada, que lamentó cómo un territorio de paz fue manchado con sangre de inocentes.

“Pienso en el silencio que quedó en las casas vacías, en los abrazos ausentes, en las familias que han tenido que aprender a vivir con la pérdida. Necesito decirles que lo siento, lo siento de verdad. La memoria es lo único que protege la dignidad de quienes ya no pueden hablar”.

Espinosa fue interrumpido por Nélida Guerra Tuberquia, hermana de Luis Eduardo Guerra, una de las víctimas de la masacre, que pidió que el asesinato de su ser querido no quede impune.

“Pedimos que asuman su responsabilidad y se comprometan con la verdad. Que estos hechos no queden en la impunidad. Exigimos que limpien el nombre de estos niños y de los adultos campesinos que fueron injustamente señalados como guerrilleros. Una mentira cruel utilizada para encubrir el daño causado. Mi hermano era responsable, amable, honesto, consejero y amoroso. Tenía 35 años. Su hijo Deyner, mi sobrino, era un niño con muchos sueños: le gustaba cantar, estudiar y jugar fútbol”.

Otro familiar de las víctimas que intervino fue Santiago Esteban Tuberquia, que perdió a su padre y dos de sus hermanos durante el hecho y exigió que se revele la identidad de todos los soldados que participaron de la masacre.

“Exigimos que se nombre a cada una de las personas que participaron en estos hechos. ¿Por qué actuaron así contra inocentes? Especialmente contra los niños, ¿por qué les hicieron algo así a niños tan pequeños?”,

Uno de los momentos más destacados de la audiencia fue cuando el compareciente Espinosa Beltrán reconoció que un alto mando ordenó que el “operativo” fuera realizado con “guías”, paramilitares que señalaban zonas en las que había presencia de guerrillas.

“Hubo un descalabro militar en El Porroso, donde murieron 22 soldados. El general Mario Montoya ordenó ubicar al grupo insurgente responsable y dio la orden expresa de que si en esa operación militar no había guías (paramilitares) no se hacía la operación. Con esa información, la Brigada Diecisiete construyó su orden de operación y el 15 (de febrero) se emitió la orden de operaciones”.

Espinosa también reveló que para sus superiores, la comunidad atacada era un “nido de guerrilla”, argumento con el que justificaron la alianza momentánea con los paramilitares.

“El coronel Duque, que era el comandante de ese batallón, ya llevaba un tiempo en la región y tenía en su memoria qué era la comunidad y para él la comunidad de San José de Apartadó era un nido de guerrilla”, declaró Espinosa Beltrán.

Por último, el compareciente que representó a los otros nueve exmilitares confirmó que esa no fue la primera ni última vez que se utilizaron a los “guías” para llevar a cabo operativos para abatir a presuntos guerrilleros.

“Sí, claro, era habitual. La Brigada Diecisiete suministraba los guías”, puntualizó el compareciente, que habló de alias Latón y Jonás como los paramilitares que les señalaron que se trataba de una comunidad con más de 150 guerrilleros.

Los hechos de inseguridad que se han registrado en Bogotá recientemente han hecho que se vuelva a poner en duda el trabajo realizado hasta el momento por el alcalde Carlos Fernando Galán, que ha responsabilizado a la justicia de esta problemática.

En diferentes declaraciones, el mandatario distrital ha mencionado que en la capital se han registrado varias capturas de criminales, que posteriormente son dejados en libertad por errores de la Fiscalía o inoperancia de los jueces.

A pesar de los argumentos del alcalde Galán, esto no ha evitado que sea el principal señalado por la opinión pública, llegando al punto de que El Espectador informó que el 24 de abril serán presentadas las firmas con las que un grupo de ciudadanos busca su salida de la alcaldía.

Detalles de la revocatoria contra Galán

El medio citado informó que promotores de la revocatoria del mandato del alcalde de Carlos Fernando Galán radicarán sobre las 10:30 a. m. las firmas recolectadas ante la Registraduría Nacional. Los organizadores señalan que la iniciativa no tiene respaldo de partidos políticos y que busca que la ciudadanía decida en las urnas sobre la continuidad del actual Gobierno distrital. En el acto participan ciudadanos afectados por temas de inseguridad, padres de familia, docentes y líderes sociales.

La Registraduría tendrá la labor de verificar las firmas presentadas y, en caso de cumplir los requisitos legales, se podría convocar a una elección atípica en la capital de Colombia.

La radicación coincide con la presentación del balance oficial por parte de la Alcaldía de Bogotá. En el informe, el alcalde Galán reportó una ejecución del 51% en el Plan Distrital de Desarrollo y mencionó avances en obras públicas, seguridad y programas sociales.

Galán reconoció que persisten pendientes en movilidad, manejo de residuos y seguridad, y manifestó que el trabajo del distrito en los próximos meses se centrará en los problemas que mencionó como principales causas de inconformidad entre los ciudadanos.

En materia de infraestructura, Galán reportó 21 obras finalizadas de 76 que presentaban retrasos, mientras que la Línea 1 del Metro registra un avance del 73%. Debido a que se trata del factor por el que más ha sido criticado, indicó que, en seguridad se registró una reducción en nueve de los once delitos de mayor impacto y la integración de más de 14.000 cámaras a un sistema central de monitoreo.

Piden asistencia militar y plan de choque para mejorar seguridad en Bogotá

Ante el aumento de casos de inseguridad en Bogotá, ciudadanos y dirigentes políticos han impulsado una iniciativa que solicita a la Alcaldía Distrital realizar un estudio técnico, jurídico y operativo para evaluar la posibilidad de solicitar asistencia militar en la ciudad.

Además, proponen la implementación inmediata de un plan de choque integral con enfoque territorial, coordinación interinstitucional y resultados medibles para la recuperación de la seguridad. También se pide la adopción de medidas urgentes para atender a las víctimas, fortalecer la presencia institucional en zonas críticas y mejorar los canales de denuncia.

Entre los argumentos presentados se encuentran el incremento de hechos violentos, la presencia de estructuras criminales, el déficit de pie de fuerza policial, la inoperatividad de vehículos oficiales, la baja inversión en seguridad, el rezago en videovigilancia y el hacinamiento en centros de detención.

El concejal Julián Uscátegui, uno de los voceros, aseguró que la acción busca que las autoridades cumplan con su deber de proteger a la ciudadanía y garanticen el orden público. Según Uscátegui, la administración actual destina solo el 3% del presupuesto a seguridad y no ha fortalecido ni modernizado los recursos policiales ni los sistemas de vigilancia.

La iniciativa Aquí nomás se diseñó para mostrar destinos turísticos poco promocionados en Colombia, involucrando a figuras públicas nacionales en la exploración de estos lugares. El proyecto surgió de una propuesta de la agencia TMC y fue desarrollado durante cuatro años por la productora general Angie Daniela García.

Según explicó Carlos Andrés García, líder del programa, la idea partió del desconocimiento que existe sobre muchos lugares del país, incluso entre los propios colombianos. “Buscamos que personalidades ampliamente reconocidas vivieran experiencias diversas, desde la gastronomía hasta actividades extremas, en diferentes regiones”, detalló García al referirse a la metodología utilizada.

El recorrido plasmado en los doce capítulos de la serie incluye diferentes zonas de Cundinamarca y otras regiones fuera del departamento. En cada episodio, los participantes descubren “historias diferentes, comidas distintas y experiencias únicas”. García remarcó que cada sitio ofrece una perspectiva propia sobre la diversidad interna de Colombia.

Uno de los ejes principales del programa es la invitación a que los colombianos conozcan y disfruten su territorio. García lamentó que destinos como Caño Cristales reciban una mayoría de visitantes extranjeros, mientras que los turistas nacionales son minoría. “En Bogotá, los propios bogotanos no suelen aprovechar los destinos locales”, señaló.

El programa también aborda las características que distinguen a Colombia a nivel internacional. Para García, el país destaca por su “riqueza natural, su gente y su resiliencia”. Subrayó la diversidad biológica y cultural, así como la capacidad de adaptación ante situaciones adversas. “Colombia es reconocida por su felicidad, su talento y su biodiversidad inigualable”, indicó.

“Hemos tenido la capacidad de ser muy resilientes. Tenemos una biodiversidad inigualable, una resiliencia y una capacidad de superar cualquier situación”, afirmó García. El proyecto busca poner en valor estos atributos y fomentar el turismo interno.

La producción de Aquí nomás se extendió durante cerca de cuatro años, consolidando una propuesta que apuesta por la visibilización de destinos y experiencias que habitualmente pasan desapercibidos en los circuitos turísticos convencionales.

El potencial turístico de Colombia

Colombia reúne condiciones naturales, culturales y geográficas que la posicionan como un destino turístico con alto potencial. El país cuenta con seis regiones naturales, desde las playas del Caribe y el Pacífico hasta la Amazonía, los Andes y los Llanos Orientales. Esta diversidad se refleja en una amplia oferta de paisajes, climas y ecosistemas, que incluyen selvas, desiertos, montañas y ríos, así como una biodiversidad reconocida a nivel mundial.

La riqueza cultural de Colombia se manifiesta en expresiones musicales, festividades, gastronomía y tradiciones ancestrales que varían de una región a otra. Ciudades como Cartagena, Bogotá y Medellín ofrecen propuestas urbanas, históricas y artísticas, mientras que destinos como Caño Cristales, el Parque Nacional Natural Tayrona y el Eje Cafetero atraen a viajeros interesados en naturaleza y aventura.

La infraestructura turística ha mostrado avances, con mejoras en conectividad aérea y terrestre, y una oferta creciente de alojamientos y servicios. Además, la calidez y hospitalidad de la población se consideran un valor agregado para el visitante. La diversidad de experiencias, la resiliencia de sus comunidades y el reconocimiento internacional de sus atractivos permiten a Colombia competir en el mercado global del turismo.

Durante el mercado de fichajes del verano de 2025, Liverpool vendió los derechos deportivos del colombiano Luis Díaz a cambio de 75 millones de euros al Bayern Múnich.

A punto de que termine la primera temporada del guajiro en Alemania, el cambio ha sido positivo para el futbolista, que lleva 15 goles y 13 asistencias, ya se coronó campeón de la Bundesliga, será finalista de la copa local y jugará las semifinales de la UEFA Champions League.

En cambio, Liverpool tiene una temporada negativa en la que lucha por el quinto lugar de la Premier League, fue eliminado de las copas locales y en Champions no avanzó de los cuartos de final.

Al respecto, analistas han mencionado que la salida de Luis Díaz es uno de los factores claves por los que Liverpool está teniendo resultados negativos, por lo que los directivos del equipo de Anfield ya piensan en un recambio para ocupar el vacío dejado por el guajiro.

Entre los rumores ha destacado el revelado por Daily Mail Sport, que señala al extremo del AC Milan y figura de la selección de Portugal Rafael Leao como el jugador que Liverpool buscará en el mercado de verano.

Sobre el negocio que intentaría hacer el club inglés con el italiano, se menciona la posibilidad de que se paguen más de 60 millones de libras, es decir, alrededor de 70 millones de euros, equivalente a lo recibido en 2025 por Luis Díaz.

Las estadísticas de Leao son inferiores a las de Díaz durante la temporada 2025-2026, puesto que el portugués ha jugado 25 encuentros, en los que ha anotado nueve goles y entregado tres asistencias.

Ya han comparado a Leao con Díaz

La posible llegada de Leao a Inglaterra ha hecho que se recuerde que en febrero de 2026 Antonio Cassano, exfigura del AC Milan, comparó el rendimiento de Luis Díaz en el Bayern Múnich y lo calificó como un ejemplo en el fútbol mundial, destacando su superioridad frente a Rafael Leão.

Cassano aseguró en el pódcast Milan News 24 que Leão “no puede ni limpiar la bata de Luis Díaz”, subrayando que el colombiano marca la diferencia en el campo y que hay una gran distancia entre ambos jugadores.

Cabe recordar que el duelo entre ambos extremos se registrará en el partido entre Colombia y Portugal en la Copa del Mundo, previsto para el 27 de junio de 2026 en Miami. Al respecto, Cassano resaltó que, a diferencia de otros jugadores, Díaz no recurre a gestos o celebraciones innecesarias y se enfoca en rendir para su equipo, dándole un margen de favoritismo a la Tricolor.

Antes de la Copa del Mundo, en la que Colombia jugará contra Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal, Luis Díaz podría ser campeón en dos ocasiones más con Bayern Múnich.

El primer título en disputa será ante Stuttgart en la final de la copa de Alemania, que se disputará el 23 de mayo en el estadio Allianz Arena, en el que es local el club del colombiano habitualmente.

La segunda consagración podría ser en la Champions, en la que Bayern jugará las semifinales ante PSG en una serie de ida y vuelta el 28 de abril y el 6 de mayo. La posible final sería entre el ganador de Atlético de Madrid y Arsenal.

El último colombiano que ganó el torneo más importante de clubes en Europa fue James Rodríguez en 2017, pero a diferencia de Luis Díaz, el mediocampista no era titular del Real Madrid y no tuvo minutos en la consagración del club español en esa ocasión.

Desde que se conoció la fiesta adelantada al interior de la cárcel de Itagüí en la que participaron varios voceros de la Paz Urbana en Antioquia, se han generado varios rumores sobre el traslado de los reclusos.

A pesar de que el presidente ordenó el traslado de los gestores de paz, hasta el momento el Inpec no ha confirmado cuáles son los miembros de la Paz Urbana que violaron las normas del centro de reclusión.

Uno de los señalados por la concejala de Medellín Claudia Carrasquilla es José Leonardo Muñoz Martínez, más conocido como “Douglas”, cabecilla de la Oficina de Envigado que encabezó el evento registrado en La Alpujarra en el que estrechó la mano del presidente Gustavo Petro.

Después de que “Douglas” negó haber sido parte de la fiesta en la que se presentó Nelson Velásquez, se ha tenido poca información sobre cómo van los intentos de los líderes de estructuras criminales por volver a entablar un diálogo con el Estado, ya que el proceso de paz fue suspendido por el Gobierno nacional.

En un informe publicado por El Tiempo se afirmó que varios de los voceros de las estructuras criminales se han reunido con el alto comisionado para la paz, Otty Patiño, pero en los encuentros no estuvo “Douglas”. La ausencia del condenado fue confirmada por el Inpec, que reveló que este lleva cuatro días recluido en un centro médico debido a problemas de salud.

Cabe recordar que Muñoz Martínez padece de varias enfermedades respiratorias, motivo por el que asiste a los eventos públicos con oxígeno y tiene un tono de voz diferente al que tenía cuando era uno de los criminales más buscados en Antioquia.

El estado de salud de “Douglas” fue uno de los temas mencionados por el recluso en la carta que hizo pública luego de que se le vinculó con la celebración registrada dentro de la cárcel.

“Durante la visita de mis familiares no hubo ingesta de licor, primero porque respeto las normas del establecimiento carcelario y segundo porque mi estado de salud me impide ingerir licor so pena de poner en riesgo mi vida y salud que se encuentran bastante deterioradas”, escribió Muñoz en esa ocasión.

De la misma forma, rechazó los señalamientos en su contra y aseguró estar comprometido con los diálogos de paz.

“Rechazo tajantemente cualquier violación de las normas del establecimiento carcelario y, en caso de existir algún ilícito, insto a las autoridades a que tomen las medidas necesarias con los responsables, si hubiere lugar a ello, y reitero mi compromiso con la paz y mi resocialización, como ciudadano que acata la ley”.

Cabe recordar que “Douglas” es gestor de paz desde abril de 2025, cuando el Gobierno nacional confirmó que sería parte de los diálogos con los que se busca una intervención en las zonas con presencia de grupos criminales en Antioquia.

“Reconocer como vocero principal de las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá a José Leonardo Muñoz Martínez (...) para que participe en el Espacio de Conversación Socio jurídico con los representantes del Gobierno nacional, autorizado mediante la Resolución 138 del 29 de mayo de 2023, dirigido a desarrollar conversaciones con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá”, se lee en el documento oficial.

En esa ocasión el Gobierno Petro aclaró que la participación del condenado en las mesas de negociación con las estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá no implican cambios en su situación jurídica ni en su régimen de libertad.

Es por ello que, en diálogo con Infobae Colombia, además de hablar sobre su libro, El arquero que murió en la cancha, Nicolás Samper analizó el motivo por el que Rodríguez suele generar reacciones polarizadas cuando se habla de la Tricolor.

En primer lugar, el comunicador afirmó que los que cuestionan la presencia del “10″ en la selección deben entender que el mediocampista va a estar en el Mundial a pesar de las críticas.

“Lorenzo desde un principio fue honesto en ese sentido, dijo: ‘Yo me la voy a jugar con los veteranos’. Apuntar a un recambio es difícil, no tenemos ni cerca un futbolista en la posición de él que juegue como James, no existe, y sigue siendo importante para Lorenzo en términos de liderazgo futbolístico".

El periodista indicó que los señalamientos contra Rodríguez, desde su concepto, son una forma de exponer las frustraciones internas de cada persona.

“Yo creo que a James, que a mí me parece que es de lo mejor que nosotros hemos tenido como jugador de fútbol en este país, le han pegado muy duro, injustamente. No sé por qué genera tanta antipatía en ciertos sectores o por qué polariza tanto. A mí se me ocurre que es porque generalmente nosotros vivimos y queremos trasladarle a los demás nuestras propias expectativas”.

Samper comparó las críticas contra el capitán de la selección Colombia con las cosas que en su momento se dijeron en contra de Faustino “Tino” Asprilla.

“Uno siempre dice: ‘¡Ay, pero es que si James hubiera sido juicioso hubiera sido el mejor jugador del mundo. ¡Ay, es que si el “Tino” Asprilla no hubiera hecho lo que hizo, hubiera sido el mejor jugador del mundo!’. Sí, pero, pues eso somos nosotros los que pensamos eso“.

De la misma forma, el comunicador entendió que en su momento se pensó que James podría ser el mejor jugador del mundo, pero afirmó que el que debe lamentarse por no haberlo logrado es el mismo futbolista.

“Nosotros queremos, nosotros esperamos, pues eso es un problema nuestro, eso es un problema de nuestras expectativas. James hizo una carrera fantástica en el fútbol, jugó en Porto, en Bayern Múnich, en el Real Madrid, jugó en la Premier... Nosotros queríamos a Messi encarnado en el cuerpo de James Rodríguez, y pues James Rodríguez es James Rodríguez y Messi es Messi”.

Otro ejemplo mencionado por Nicolás Samper fue Diego Armando Maradona, caso que tomó para indicar que los futbolistas no dejan de ser personas que tienen problemas y frustraciones.

“Ese es otro ejemplo buenísimo, porque todo el mundo dice: ‘Ay, pero es que Maradona, es que ese man hubiera sido muy bueno si no hubiera sido drogadicto’, bueno, ¿y a ti qué te importa?. Que ellos internamente puedan que tengan alguna tristeza, alguna duda, por alguna mala decisión, como todos nosotros en la vida, que hemos tenido dudas, tristezas o malas decisiones, que hemos tomado, pero como todo el mundo".

Por último, Samper mencionó lo que considera un problema de los fanáticos del fútbol en Colombia, hacer que un equipo o un futbolista sea responsable del estado anímico individual.

“Si le endilgamos nuestras frustraciones a esos tipos que van a jugar fútbol allá, pues nunca vamos a estar contentos ni con lo que hacen ellos ni con lo que van a buscar ellos futbolísticamente hablando. O sea, vamos a ser unos permanentes frustrados e inconstantes de la alegría”.

Durante las denuncias que realizó la gerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, contra otros funcionarios del Gobierno Petro, la bogotana indicó que tenía temor de lo que podría pasarle y pidió ser protegida.

Lo anterior provocó la respuesta del director de la Unidad de Protección Nacional (UNP), Augusto Rodríguez, que afirmó que “la doctora Angie Rodríguez cuenta con un esquema de protección robusto y vigente“.

“No es cierto que se encuentre desprotegida. Cinco días después, desde el 28 de enero de 2025, se otorgó un esquema de protección que corresponde a un nivel robusto que incluye parque automotor blindado, medidas que hoy en día se mantienen”, declaró Rodríguez, que explicó que el esquema de seguridad de Rodríguez es equivalente en tamaño y fortaleza al de la mayoría de los ministros.

Otros aspectos que se conocieron es que Angie Rodríguez cuenta con medidas de protección desde antes que estuviera a cargo de una entidad, cuando hacía parte del equipo de trabajo de uno de los ministerios, lo que ha llamado la atención de la opinión pública.

¿Cómo es aprobado un esquema de seguridad en Colombia?

En diálogo con Infobae Colombia, Giovanni Gallo, presidente del sindicato de la UNP, Analtraseg, explicó cómo se aprueba un esquema de seguridad en el país.

“Eso es lo que nosotros llamamos esquemas por conveniencia”, declaró Gallo, antes de precisar que existen varias vías para acceder a la protección de la Unidad Nacional de Protección, entre ellas las amenazas recibidas por parte de la persona interesada.

“Quien se siente amenazado debe presentar la información a la UNP, solicitando las medidas de protección. Debe pertenecer a ciertos grupos de la vida social, como sindicalistas, defensores de derechos humanos, reclamantes de tierra, abogados de víctimas, jueces o funcionarios públicos cuyas funciones hayan generado amenazas”, explicó.

El dirigente sindical detalló que al presentar la solicitud, la UNP asigna un evaluador de riesgo que determina la necesidad de las medidas a través de una matriz de puntaje. “Ese resultado es sometido a un Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas, que define las medidas a adoptar, ya sean blandas o duras. La más básica sería un celular y un chaleco antibalas, y de ahí en adelante las medidas aumentan”.

Sobre los plazos de espera, que remarcó como algo extraño en el caso de Rodríguez, Gallo indicó que el proceso puede tomar tiempo, pero existe la posibilidad de que si la persona requiere medidas urgentes porque su vida está en riesgo, el director de la UNP puede autorizar medidas de manera provisional mientras se realiza el estudio completo, que es lo que se habría registrado de acuerdo con lo expuesto por Augusto Rodríguez.

El presidente del sindicato también señaló que algunos cargos, como senadores, representantes a la Cámara y altos funcionarios del Gobierno nacional, reciben medidas de protección sin necesidad de un estudio profundo, debido al riesgo que implica su labor.

“En estos casos, se realiza un estudio y, por el riesgo propio del cargo, se adoptan las medidas”, explicó Gallo, que recordó que en ocasiones los congresistas y gobernadores cuentan con convenios interinstitucionales que les permiten pagar por el servicio, mientras que la entidad estudia si es necesario otorgar protección a quienes no pueden costearla.

Por último, sobre el caso específico de Angie Rodríguez, Gallo indicó que para determinar la pertinencia de la protección de la bogotana antes de que fuera directora del Dapre y del Fondo de Adaptación: “Habría que evaluar el cargo que desempeñaba, si era necesario colocarle las medidas, si se realizó el estudio y cuál fue el resultado, información que es confidencial y más en estos casos. También puede ocurrir que, ante un riesgo inminente, el director esté facultado para otorgar medidas de protección de manera inmediata, aunque es extraño”.

En medio del escándalo que se registra en Colombia tras las declaraciones de la gerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, sobre corrupción al interior del Gobierno Petro, han recordado las polémicas que la bogotana protagonizó cuando fue directora del Dapre.

Por ejemplo, uno de los aspectos es la contratación masiva que se registró en el Dapre entre diciembre de 2025 y enero de 2026, en las que se afirmó que Rodríguez autorizó la llegada de cercanos al congresista Jorge Rodrigo Tovar, hijo de “Jorge 40″ y que habría sido pareja de la funcionaria en ese momento.

Precisamente, Carlos Carrillo, director de la Ungrd, y uno de los señalados por Angie Rodríguez en su denuncia, afirmó que la intención de la gerente del Fondo de Adaptación es que el foco de la opinión pública no este sobre ella por los hechos denunciados, lo que incluye un presunto cobro extorsivo de cercanos a ella a contratistas del Estado.

Aunque el epicentro del escándalo es Bogotá, los contratos mencionados en el Dapre hacen que la atención se vaya al Caribe, en donde se afirma que, en su momento, la cercanía de Rodríguez con Tovar hizo que beneficiara a allegados de los congresistas Ape Cuello y Wadith Manzur, este último procesado por el entramado de corrupción al interior de la Ungrd.

En diálogo con Infobae Colombia, el periodista Jacobo Solano habló sobre la información de este caso y las acusaciones que registraron contra Angie Rodríguez antes de su salida del Dapre.

En primer lugar, Solano recordó que los rumores sobre el inicio de la relación entre Rodríguez y Tovar comenzaron luego de que ella asumió el cargo en el Dapre y de haber sido ficha cercana a Guillermo Jaramillo en el Ministerio de Salud.

“Esa relación fue la que a la postre causó la salida de Rodríguez del Dapre. A ella la acusan de estar con una figura cercana al paramilitarismo, pero en realidad acá se hablaba de una estrategia con la que se quedaron con fichas clave en varias entidades. Solo hay que mirar quiénes están a cargo de la Unidad de Víctimas en el Cesar, del Sena en el Cesar, los que están a cargo de la intervención del Hospital Rosario Pumarejo, la agencia territorial, ellos tienen todo el control de entidades acá”.

Solano recordó la denuncia que hizo otro periodista sobre más de 200 contratos de prestación de servicio que firmó Rodríguez en menos de dos meses por más de 37.000 millones de pesos como una muestra de que en el Dapre estaba pasando algo extraño.

“Esto parece una cosa como de película que uno no entiende. Ellos lograron apoderarse en tan poco tiempo de muchos contratos y ya se vio con lo que denunció Juan Pablo Calvas”.

Solano reveló que en la región se afirma que Tovar está soltero desde hace algunas semanas, lo que coincide con el escándalo que vive el Gobierno Petro con las denuncias realizadas por Angie Rodríguez.

“Acá ya se sabe que la relación se acabó, con todo el escándalo que se vivió la relación terminó. A mí me dicen que eso no gusto en Bogotá porque Rodríguez se sintió utilizada, lo que coincide con las cosas que ha soltado y que pasaban ahí”.

Debido a que Rodríguez ha arremetido públicamente contra Juliana Guerrero, protagonista de uno de los escándalos más sonados durante la administración Petro, Solano aseguró que esto se debe que Guerrero también tendría cercanía con otro de los congresistas mencionados previamente.

“Lo de señalar a Juliana Guerrero es porque ella tiene cercanía con Ape Cuello, eso es un secreto a voces en el Cesar, ella tiene mucha interacción con otras cosas. Son temas muy personales, pero ahora es un tema que se volvió público porque también es de impacto con contratos, impacta otros temas propios del Estado. Eso fue lo que hizo Jorge Rodrigo Tovar y aunque ella no es una santa, mordió el anzuelo de estos tigres que son bastante jugados en el tema político”.

El 22 de abril se confirmó que, con ayuda de la Interpol, las autoridades en Argentina capturaron en Corrientes al colombiano Brayan Ferney Cruz Castillo, prófugo de la justicia que tenía vigente una orden de captura en su contra.

El operativo se registró luego de que las autoridades colombianas informaron sobre la ubicación del individuo que quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 12, que gestionará el proceso de cooperación internacional y evaluará su extradición a Colombia.

Aunque algunos medios lo vinculan con el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay en Bogotá en 2025, fuentes oficiales consultadas por Infobae Colombia precisaron que Cruz Castillo no ha sido formalmente vinculado a ese caso; sin embargo, sí está vinculado a la red criminal que planificó el asesinato del candidato presidencial.

La conexión entre Cruz Castillo y alias Chipi

De manera preliminar se conoció que el capturado es mencionado por testigos como la pareja sentimental de Katherine Andrea Martínez Martínez, condenada a 20 años de prisión por el magnicidio de Uribe Turbay.

Infobae Colombia tuvo acceso a la información que tienen actualmente las autoridades en Colombia sobre la captura de Cruz Castillo y el caso por el que es requerido en el país, que confirmaría su vínculo con Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, que se encargó de planificar el magnicidio de Uribe Turbay por orden de las disidencias de la Segunda Marquetalia.

Además de su relación sentimental con Martínez, este sujeto tendría una cercanía directa con “Chipi”, para el que “hacía trabajos” similares al registrado en contra del candidato presidencial.

En Colombia, el capturado aparece en investigaciones por crímenes como intento de homicidio, homicidio, concierto para delinquir y terrorismo. El caso más llamativo al que se le vincula es el intento de asesinato de Elkin de Jesús Gutiérrez Henao, firmante del acuerdo de paz que el 3 de junio de 2025 iba a ser víctima de un atentado en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá.

De acuerdo con la investigación judicial, Brayan Ferney Cruz Castillo fue el encargado de contactar a un menor de edad (mismo modus operandi utilizado para el asesinato de Miguel Uribe Turbay) para que instalara una bomba lapa en el lugar en el que estaba el firmante; sin embargo, el joven se arrepintió al percatarse de la presencia de la Policía Nacional en el sitio.

Al respecto, las autoridades tenían como información relevante del caso que el capturado también habría transportado el artefacto explosivo con el que iban a atentar contra el integrante del partido político Comunes.

Cruz Castillo también tiene antecedentes por hurto en grado de tentativa, presenta irregularidades migratorias y cuenta con medida de expulsión vigente en Argentina. También está siendo investigado en un proceso por concierto para delinquir en el que aparece “Chipi”.

Aunque se tiene claridad de que no habría participado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay, las autoridades en Colombia buscan confirmar si este individuo fue el que presentó a Katherine Andrea Martínez con “Chipi”.

De la misma forma, saber si hay otros casos en los que utilizaron menores de edad para cometer delitos o cumplir con “tareas” asignadas por la Segunda Marquetalia.

Antes de esta captura, Cruz había sido detenido en Colombia en marzo de 2024, pero fue dejado en libertad a pesar de que inicialmente un juez le impuso medida de aseguramiento.

En enero de 2025 fue detenido por el crimen de falsedad marcaria y uso de documento público falso, pero nuevamente quedó en libertad debido a que la Fiscalía no solicitó que tuviera que seguir en el proceso en un centro de reclusión.

El 22 de abril se llevó a cabo la última audiencia de la quinta sesión del juicio transicional de la JEP contra el coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez, que no reconoció su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales, mal llamados “falsos positivos”, que se registraron entre 2004 y 2005 en Dabeida e Ituango (Antioquia).

Cabe recordar que el coronel retirado fue acusado de haber sido coautor de los delitos de homicidio en persona protegida, desaparición forzada y tratos inhumanos y degradantes, conductas calificadas como crímenes de guerra y de lesa humanidad que se relacionan con hechos registrados cuando era comandante del Batallón de Contraguerrillas 79.

Es el segundo proceso de este tipo que adelanta la JEP e incluyó la participación de varios testigos, entre ellos varios exintegrantes del Ejército Nacional.

En la diligencia, el exuniformado José Gregorio Real Mahecha, que entre 2004 y 2005 fue parte del Batallón de Contraguerrillas 79, afirmó que Guzmán Ramírez conformó un grupo llamado “Misil”, que se encargó de su seguridad y protagonizaron varios hechos que narró en la audiencia.

Real Mahecha indicó que el 26 de septiembre de 2004, en zona rural de Ituango, participó en una operación en la que un informante que nombró como “Kalimán” les entregó a dos personas que señaló de ser informantes de las Farc.

“Los soldados le avisaron al sargento Coral que tenían dos personas capturadas”, indicó el exuniformado al hablar de cómo asesinaron a estas personas y luego los expusieron en una cancha de fútbol, lo que lo motivó a solicitar la baja de la institución. En su relato, Real Mahecha afirmó que David Herley Guzmán Ramírez dijo que estaba decepcionado de él por no aceptar las órdenes de los superiores.

La defensa del coronel interrogó al testigo sobre hechos que este narró previamente ante la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) para contrastar la credibilidad de lo expuesto.

Otro testigo fue el mayor (r) Andrés Camilo Riaño Coconubo, que explicó que la inteligencia es el insumo esencial para el planeamiento de operaciones militares, pues permite conocer la ubicación, composición, capacidad y forma de actuar del enemigo, así como sus actividades recientes, esto para indicar que los altos mandos son responsables del control operacional de manera permanente.

Para el experto militar, la unidad no debe perder comunicación con el comandante, y rechazó las versiones entregadas hasta el momento por parte de la defensa del coronel Guzmán Ramírez. La fiscal del caso recordó que el exuniformado no es testigo directo de los hechos relacionados con la acusación contra el coronel.

Cabe recordar que en las diligencias anteriores se presentaron resultados de peritajes en los que se analizaron 824 folios y declaraciones juradas sobre 12 casos de necropsias de individuos presentados como bajas en combate.

Expertos forenses detallaron que los estudios dejaron en evidencia circunstancias violentas con lesiones adicionales a las que se suelen registrar en un combate en la mayoría de las bajas, lo que fue descrito como un “sobreasesinato”.

Por otra parte, se presentaron como testigos exsoldados que reconocieron haber participado en operativos sin bajas en los que después fueron añadidos supuestos guerrilleros abatidos en los informes finales.

En los testimonios se destacó la declaración del coronel (r) Jhon Robert Zarama, comandante del batallón mencionado, que aseguró que no presentó ninguna baja durante varios meses de labor, pero durante un periodo vacacional que tuvo se sorprendió al observar cómo comenzaron a registrarse combates con bajas efectivas en la misma zona en la que él trabajó durante varios años.

Tras las preguntas complementarias, la fiscal Sandra Patricia Ramírez anunció la renuncia a 16 testigos y afirmó que considera que los objetivos probatorios han sido completados. De esta forma, la UIA cerrará la práctica probatoria decretada del caso. La magistrada del caso anunció que la sexta sesión del juicio será para la participación de víctimas y se registrará entre el 25 y 27 de mayo con la presentación de seis testigos.

El 22 de abril The Wall Street Journal publicó un informe en el que mencionó cómo el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha consolidado su control en la frontera entre Colombia y Venezuela, convirtiéndose en el principal obstáculo para los objetivos estratégicos de Estados Unidos en la región.

El medio citado mencionó que el grupo armado ha expandido su influencia en zonas clave como el Catatumbo, donde regula pasos ilegales y domina economías ilícitas, dificultando los esfuerzos estadounidenses para combatir el narcotráfico y modificar el escenario político venezolano.

De la misma forma, resaltó el crecimiento de la guerrilla, que pasó de 2.000 a 7.000 combatientes entre 2014 y 2026, con casi la mitad de los miembros en la frontera entre Colombia y Venezuela. En el informe afirman que el ELN impone normas sociales y reemplaza funciones estatales, actuando como un poder paralelo en la región. A su vez, la violencia y el conflicto han aumentado en la región, mientras la suspensión de diálogos de paz por parte del Gobierno colombiano ha fortalecido la posición del grupo armado en la zona.

Experto resaltó la importancia de la frontera con Venezuela para el ELN

En diálogo con Infobae Colombia, el experto en geopolítica Juan Camilo Ubaque afirmó que la frontera colombo-venezolana es el lugar en el que el ELN ha dejado de actuar como una guerrilla clásica para operar como un “activo de guerra profunda, y un proxy estratégico del Estado venezolano”.

Para Ubaque, el ELN se ha transformado en el “pilar paraestatal que garantiza la supervivencia del régimen en Caracas frente a la proyección de poder de Washington”. El experto aseguró que el grupo ha implementado una “estrategia de denegación de área” que se evidencia en los paros armados y en la ofensiva contra el frente 33 de las disidencias de las Farc.

“Estas no son disputas territoriales menores. Son operaciones de limpieza logística destinadas a sabotear cualquier indicio de operaciones conjuntas o inteligencia técnica occidental”, indicó Ubaque.

En el análisis, el experto en geopolítica ubicó el punto clave de la organización en el Frente de Guerra Oriental, que tiene presencia entre Apure y Arauca, en donde, para él, “la distinción entre Estado y guerrilla se ha difuminado por completo”.

“Con un componente humano donde casi el 50% de los integrantes son de nacionalidad venezolana, el ELN ha dejado de ser un problema interno colombiano. Hoy es una organización con profundidad estratégica que utiliza la soberanía venezolana como escudo para golpear activos en Colombia y replegarse hacia zonas donde la fuerza pública colombiana no tiene alcance”.

El experto destacó que el grupo ha diversificado sus fuentes de financiamiento, pasando del control de cultivos ilícitos al dominio de rutas migratorias y la extracción de oro en el arco amazónico.

“Esta autonomía financiera, que abarca cinco departamentos colombianos y tres estados venezolanos, le otorga una capacidad de resistencia que las sanciones económicas de Washington no pueden tocar”.

Al hablar de la ofensiva protagonizada por Estados Unidos, Ubaque mencionó que los bombardeos tácticos y la presión diplomática no funciona ante la táctica de difuminación que neutraliza la ventaja tecnológica de las fuerzas modernas.

“Washington se enfrenta a la imposibilidad de sostener una guerra regular en una geografía que el ELN administra como su propio centro logístico”, explicó el especialista, que habló de la movilidad del grupo en la doble frontera como la clave que ha permitido regionalizar el conflicto y extender la influencia hacia la Amazonía bolivariana.

“Esta gobernanza criminal de escala regional hace que cualquier estrategia de desmantelamiento de los vestigios del chavismo sea inviable sin pasar por la neutralización de la arquitectura de seguridad que el ELN provee. El grupo armado es el garante de que Venezuela permanezca fuera del alcance de la influencia estadounidense, el grupo ha cortado todas las rutas del mapa energético y minero que Estados Unidos pretendía reabrir. El ELN busca hacer de Venezuela un Vietnam para Estados Unidos”.

En Colombia, una familia está desesperada para conseguir ayuda para poder repatriar el cuerpo de Christopher Albeiro García Builes, fallecido en España en hechos que hasta el momento no han sido esclarecidos.

Debido a las dificultades económicas que tienen, los familiares de García no cuentan con los más de 30 millones de pesos que cuesta repatriar el cuerpo del colombiano, lo que incluye varios trámites legales, el transporte aéreo y los servicios funerarios.

De la misma forma, deben gestionar permisos sanitarios, documentación consular y tener todo coordinado con la empresa funeraria que deberá encargarse de la logística con la aerolínea que traiga el cuerpo o las cenizas del joven.

Debido a que han recibido pocas respuestas por parte del consulado de Colombia en España, tomaron la decisión de exponer su caso y buscar ayuda de la ciudadanía.

Los allegados de García Builes no tienen conocimiento sobre la fecha en que se registró el fallecimiento, puesto que fueron notificados a través de una llamada sobre la muerte del colombiano que estaba radicado en Palma de Mallorca.

Al sufrimiento por la pérdida de su ser querido se suma la incertidumbre de no saber qué pasó con él, puesto que las autoridades españolas no han entregado un reporte sobre las causas del deceso.

En diálogo con El Colombiano, Mitchell García, hermana del joven, indicó que han preguntado a varias entidades para poder recibir ayuda del Estado, pero hasta el momento siguen sin recibir respuesta.

“Estamos buscando cómo poder traerlo. Nos dicen que necesitamos un permiso especial y un cofre especial para poderlo traer en cenizas. También necesitamos los tiquetes para que lo traigan la esposa con los hijos y eso también es muy costoso y funerarias que nos han ofrecido la ayuda, no nos dan muchas soluciones”, declaró la antioqueña.

Al hablar sobre las hipótesis de la muerte, mencionó que lo último que supieron es que el colombiano había tenido algunos altercados con un vecino, pero no pueden confirmar que esté relacionado con la muerte de García.

La esposa del latino, desde España, es quien se ha encargado de presionar para que las autoridades investiguen el hecho, que sigue sin ser esclarecido. A la par, debe sostener a sus hijos de cinco y doce años que están junto a ella en Europa.

Sobre las labores que tenía García en España, su hermana indicó que durante más de un año se desempeñó como ayudante de cocina y constructor, puesto que debía tener más de un trabajo para poder sostener a su familia.

Debido a la falta de recursos, los familiares de Christopher piden la ayuda de los ciudadanos que puedan apoyarlos en estos momentos y habilitaron la cuenta de ahorros Bancolombia 01093812987 en la que reciben consignaciones a nombre de Luz Elena Builes Marín, madre del fallecido.

De la misma forma, están pidiendo algún tipo de asesoría legal para poder agilizar el proceso de repatriación y saber cómo pueden recibir ayuda del Gobierno nacional para que la muerte del colombiano sea esclarecida. Para ello han habilitado una cuenta de WhatsApp en el número 301 310 1959.

Cabe recordar que en España, cuando un ciudadano fallece y su familia desea repatriar el cuerpo, el tiempo disponible depende del procedimiento legal y sanitario local. Generalmente, las autoridades permiten entre cinco y quince días para la reclamación y repatriación del cuerpo, plazo que puede variar según la comunidad autónoma y las condiciones del caso.

Si la familia no realiza los trámites en ese periodo y no hay instrucciones específicas, el cuerpo puede ser enterrado en una fosa común, por lo que es fundamental coordinar rápidamente con el consulado colombiano y los servicios funerarios para evitar retrasos y cumplir los requisitos legales.

Además, el periodista aprovechó para hablar sobre el presente de la selección Colombia y las expectativas que genera la participación del equipo dirigido por Néstor Lorenzo en el torneo de naciones que se jugará en Canadá, México y Estados Unidos.

Al respecto, cuestionó cómo se analizan los resultados deportivos en el país de manera constante y lo comparó con la forma con la que se vive también con la política.

“Eso es de toda la vida. En el 94 íbamos a ser campeones del mundo y después fuimos un desastre y esos tipos no merecen volver a jugar y pues tampoco. Nosotros somos muy de extremos, somos muy polarizados, como ha sido el país permanentemente desde 1810. Es un país que vive en una eterna polarización política, futbolística, en lo que usted quiera. Siempre nosotros somos expertos en nunca ver un gris y ver el gris como un pecado. Si usted no se la juega, usted es un imbécil”.

Con esa aclaración de que su opinión podría ser criticada, Samper indicó que, en teoría, Colombia debería avanzar en la fase de grupos por enfrentar a un solo rival de peso en la previa.

“Es un asunto que uno tiene que evaluar. Va a jugar contra Uzbekistán, contra Congo y contra Portugal. Juega contra un favorito para ganar el mundial y dos equipos que son, no una incógnita, dos equipos que al parecer, pues son medio desconocidos, que no tendría que ser, porque para eso ya hay muchas maneras de conocer esos equipos”.

Sin embargo, Samper recordó que la última vez que se afirmó que Colombia tenía un grupo fácil en el mundial (Estados Unidos 1994) se registró el peor fracaso en la historia del fútbol en el país.

“Con la generosidad que tiene este mundial, que habla de 48 equipos, sería una gran debacle si Colombia no clasifica a los dieciséis por los rivales que va a enfrentar, pero nos conocemos. Sabemos que Colombia enfrentó en la historia el grupo más fácil de la historia de un mundial, que fue Estados Unidos, Suiza y Rumanía. Yo no recuerdo un grupo más fácil en el mundial del 94 y quedamos eliminados”.

Para Nicolás Samper, la clave para que Colombia haga una buena Copa del Mundo está en respetar a los rivales que enfrentará y entender que, a pesar de que son naciones con poca historia, tienen jugadores en clubes de la élite.

“Digamos que nosotros partimos un poco como de esos lugares como para no confiarnos, porque ni Uzbekistán ni Congo son Brasil del 70 ni Holanda del 74, pero tampoco para mirarlos como un rival que nosotros vamos a pasar por encima. O cuántos jugadores de Colombia están en el Manchester City, bueno, en Uzbekistán sí hay uno que hace parte del City”.

Por último, Samper indicó que no es imposible que Colombia pueda quedarse con el título mundial, pero aclaró que sería una sorpresa, puesto que hay equipos con mejor plantel y más jerarquía para ser campeones.

“Uno encuentra que hay muchas dificultades, que hay selecciones que nos vamos a enfrentar, por ejemplo, en el grupo de al lado está Inglaterra, Croacia y Ghana. Entonces, no es que sea tan sencillo pensar en una posibilidad de ganar una Copa del Mundo, que todos queremos ganar una Copa del Mundo, por supuesto, pero ocho países son los que lo han hecho, nadie más. No es tan fácil como colarse en ese selecto grupo, más si se tiene en cuenta que tenemos que enfrentar a rivales que en historia y resultados han sido más fuertes que nosotros”.

A pesar de que los excabecillas de las estructuras criminales en la región emitieron un comunicado para disculparse por lo registrado, durante un Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro anunció que estos serían trasladados a la capital.

“Los señores que hicieron la ‘fiestica’ salen de la cárcel y entran a otra, trasladados a Bogotá. Salen de Itagüí, se acabó el tema”, fueron las palabras del mandatario en esa ocasión.

Cuestionan por qué los gestores de paz no han sido trasladados

A través de su cuenta de X, la concejala Carrasquilla se pronunció para pedir explicaciones del Gobierno nacional por no haber trasladado a los condenados que participaron en la fiesta en la que se presentó el artista Nelson Velásquez.

“Hoy los cabecillas no solo siguen intocables como “gestores de paz”, sino que ahora también aparecen como “empleados” dentro de la cárcel… Esto no es paz, es impunidad institucionalizada“, escribió la política antioqueña.

En un video que publicó en la misma red social, la concejala de Medellín cuestionó la falta de traslado de los cabecillas de estructuras criminales y aseguró que existen irregularidades en la gestión y beneficios otorgados a estos internos.

Carrasquilla dirigió una pregunta al presidente Gustavo Petro y al comisionado de paz, Otty Patiño: “¿Qué ha pasado con los traslados? ¿Acaso es que, como fueron nombrados gestores de paz mediante una resolución que el presidente de la República emitió, se hace imposible?".

Carrasquilla denunció que, a través de un derecho de petición, se conoció la existencia de una empresa dentro del penal, aparentemente dirigida por una persona al servicio de alias Douglas.

“Hemos encontrado que esta persona tiene empleados allí a todos los cabecillas que están sentados en las mesas de los diálogos sociojurídicos, donde supuestamente están redimiendo pena porque realizan una actividad laboral”.

La concejala cuestionó cómo los cabecillas pueden estar al mismo tiempo trabajando en la cárcel y participando de forma permanente en las mesas de diálogo sociojurídico. “¿A qué horas entonces están sentados en las mesas de diálogo, donde sabemos que de forma recurrente y permanente se encuentra Isabel Zuleta y los demás coordinadores? ¿Cómo es esa redención de pena, cómo son esos cómputos? Porque, a no ser que tengan el don de la ubicuidad, ¿cómo podrían trabajar y estar sentados en las mesas de diálogo?”, cuestionó la concejala.

Por último, Carrasquilla agregó que alias Douglas ocupa actualmente el cargo de jefe de calidad de la producción dentro de la maquila. “Es ahora el jefe de calidad de la producción que allí se hace, jefe al fin y al cabo”, concluyó.

Cabe recordar que luego de que se confirmó que se había registrado una celebración en la cárcel, alias Douglas compartió una carta en la que negó haber participado de la misma y pidió que no se le mencione en estos hechos, reafirmando que está comprometido con los diálogos de paz con el Estado.

“Ante las noticias y acontecimientos conocidos por los medios de comunicación donde me relacionan con la visita del cantante vallenato Nelson Velásquez a la cárcel de Itagüí en el día de ayer, 8 de abril de 2026, debo manifestar tajantemente que niego cualquier participación en los hechos conocidos por los medios de comunicación y solicito a esos mismos medios de comunicación retractarse de cualquier señalamiento en mi contra”.

Entre las historias que existen sobre la vida de Pablo Escobar hay varias que no han sido confirmadas por sus protagonistas a pesar de ser expuestas por diferentes figuras con testimonios similares.

Una de ellas se habría registrado en España durante la posesión de Felipe González en 1982, a la que el capo habría asistido en compañía de Alberto Santofimio, un político colombiano que años más tarde terminó vinculado al cartel de Medellín.

Cabe recordar que en ese momento Escobar era mencionado como un empresario colombiano y estaba comenzando a incursionar en la política.

Con este panorama, no fue extraño que, tras el triunfo de Felipe González en las elecciones presidenciales de España en 1982, el antioqueño fuera uno de los invitados por el PSOE junto con el exministro Santofimio.

En los detalles que se han revelado de esta historia se afirma que la celebración de González se llevó a cabo en el Hotel Palace de Madrid y como Escobar era emisario de la delegación parlamentaria de Colombia, compartió mesa con el torero Luis Miguel Dominguín, el empresario Enrique Sarasola y otras figuras que desconocían que tenían al frente a uno de los narcos más importantes del mundo.

“Se le veía contento, con mi madre preparó la maleta con la misma ropa de siempre, pero incluyó algo distinto: unos zapatos que le habían traído de Nueva York que tenían un talón oculto y le hacían parecer más alto”, escribió Juan Pablo Escobar en el libro Pablo Escobar, mi padre sobre el encuentro del capo con las figuras políticas españolas.

De la misma forma, en Colombia el periodista Gonzalo Guillén, que estuvo presente en el evento, afirmó que Escobar lo había ayudado a entrevistar a Felipe González. “Doctor, le presento a un ilustre periodista”, habrían sido las palabras del narco, lo que en el país europeo fue tomado como una prueba de que el capo ya conocía al entonces electo presidente.

Exnarco español afirmó que Escobar financió la campaña de Felipe González

En el pódcast Lfde, Laureano Oubiña Piñeiro, un excapo gallego que ya cumplió varias condenas en Europa, afirmó que, además de estar en la celebración de González, Pablo Escobar fue la figura que financió gran parte de la campaña del expresidente español.

“Cuando Felipe González gana las elecciones en el 82, ¿Sabes, tú sabes quién pagó la campaña de González del 82? Pablo Escobar Gaviria. ¿Y sabes quién vino a la toma de posesión de él? Pablo Escobar Gaviria. De eso nunca salió nada".

Oubiña negó estar interesado en ganar fama por sus afirmaciones, puesto que reconoció que nunca conoció al capo colombiano, pero reafirmó que tenía certeza de lo que estaba hablando sobre la campaña de Felipe González.

“Es así. Y vino a la toma de posición cuando cerraron un hotel de esos. Y quien cerró el hotel y quien pagó todo eso fue Pablo Escobar Gaviria”.

¿Quién es Laureano Oubiña Piñeiro?

Fue un contrabandista gallego nacido en Cambados, Pontevedra, en 1946. Alcanzó notoriedad pública en España durante las décadas de 1980 y 1990 por su implicación en actividades de contrabando de tabaco; años más tarde comenzó a traficar drogas, principalmente hachís. Oubiña se convirtió en una figura central del narcotráfico en Galicia, región que vivió una transformación económica debido a estas actividades ilícitas.

Fue detenido en varias ocasiones y condenado por delitos relacionados con el contrabando y el blanqueo de capitales. Oubiña siempre defendió su inocencia respecto al tráfico de drogas, aunque reconoció su implicación en el contrabando de tabaco. Su historia ha inspirado libros, documentales y debates sobre el narcotráfico en España y el impacto social que se registró en Galicia en ese momento.

En diálogo con Infobae Colombia, la freestyler colombiana Marithea, que ocupó el segundo lugar en la FMS México y representará al país en la final internacional que se disputará en Norteamérica, habló de su carrera y los eventos que afrontará en lo que resta de 2026.

En primer lugar, habló sobre lo que significó representar a Colombia en el evento Barrios Latinos, en el que se registró una alianza de videojuegos e improvisación.

La artista explicó que la invitación a formar parte del primer roster de este tipo la tomó por sorpresa. “Para mí es un honor, es algo que nunca se había hecho y me emociona haber sido escogida para llevar esto adelante”, afirmó Marithea, que destacó su afinidad por los videojuegos.

“Yo soy jugadora de Call of Duty y también hago freestyle. Cuando me llamaron y me dijeron que habría un evento de barrios latinos de Call of Duty, me emocioné mucho, porque iba a poder ver a jugadores profesionales en vivo”, indicó la colombiana.

La artista recordó cómo habría reaccionado su versión más joven ante la noticia de su participación en un evento de este nivel. “Si tuviera una máquina del tiempo y le dijera a la niña que fui que lo iba a lograr, pensaría que estoy loca. Si le contara que todo esto va a pasar, diría que no sé de lo que hablo”, declaró la vallecaucana, resaltando el recorrido personal que la llevó a este punto.

El proceso de preparación para los eventos de freestyle, según explicó, es diferente a otras disciplinas. “El freestyle simplemente sucede. Si uno se mentaliza demasiado, se bloquea”, explicó Marithea, que prefiere abordar cada paso en su carrera de forma escalonada. Antes de la FMS Internacional, que se celebrará el 25 de abril, se quedó con el título en el evento de Barrios Latinos, lo que definió como un escenario para preparar la final internacional.

“En este evento estarían todos los que también participan en la FMS como campeones: Aczino, El Menor, Stuart. Era un buen escenario para medirme con ellos”, señaló la freestyler, subrayando la importancia de cada instancia como una oportunidad de crecimiento y aprendizaje.

Ante la pregunta sobre la polémica registrada en la Red Bull Internacional con un rapero colombiano, indicó que la unión de ambos representa una oportunidad para integrar comunidades diferentes. “El hecho de que se pueda unir el freestyle con otro nicho como los videojuegos es una muy buena oportunidad para que se unan las comunidades”.

Marithea añadió que prefiere no opinar sobre sus colegas. “No puedo hablar por Valles T, no puedo hablar por Fat N, ni contar lo que pudieron haber vivido ellos”, aclaró.

La artista también reconoció el papel de las mujeres en el freestyle, aunque evitó atribuirse un rol protagónico o de pionera. “Me agrada que la gente me tenga como referente, pero no me puedo atribuir esa medalla. Desde que existen eventos como Red Bull y otros, hay mujeres presentes. Desde 2005 estamos aquí; ya son veinte años. No existieron tantas barreras como se dice, aunque sí se están construyendo espacios y es muy bueno poder representar el sueño de muchas y que más se puedan unir a esto”.

Marithea aprovechó el espacio para enviarle un mensaje a sus seguidores de cara a lo que será el cierre de temporada en el circuito de freestyle en español. “Holi, Pat Guerreros, ¿cómo están? Ustedes saben que siempre me apoyan, que están pendientes. Nosotros somos gamers”.

En la final de la FMS Internacional, Colombia tendrá dos representantes, puesto que junto con Marithea participará VallesT, que ocupó el segundo lugar en la regional colombiana, en la que se consagró Gazir; cabe recordar que el país sudamericano no ha tenido un campeón internacional en este tipo de eventos hasta el momento.

Se trató de una operación ejecutada como parte de la estrategia Esmeralda Plus junto con la Fiscalía General de la Nación, la DEA y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos y que se ejecutó bajo el nombre de Nexus II.

El resultado de la misión fue de 30 bienes intervenidos bajo la modalidad de extinción de dominio en Cali, Palmira y Jamundí, que están avaluadas en más de seis millones de dólares.

Durante la operación también se realizó la captura de cinco personas con fines de extradición, requeridas por la Corte del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos, por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de activos. Además, en el operativo se logró la incautación de 1.530 millones de pesos.

La Policía indicó que las investigaciones previas evidenciaron que esta estructura criminal utilizaba empresas fachada y subvaloración de activos para ocultar capitales ilícitos, afectando el orden económico y fortaleciendo sus redes de narcotráfico internacional.

De la misma forma, que este resultado impacta de manera directa las finanzas de la estructura Franco Benavides, del Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de “Iván Mordisco” y debilita sus alianzas con carteles mexicanos como el Cjng, responsables del envío de cocaína hacia Centroamérica y Norteamérica.

Al respecto, el director de Antinarcóticos, el brigadier general William Castaño Ramos, afirmó que el objetivo de las autoridades es seguir debilitando las células cercanas a “Iván Mordisco”.

“Extinguimos 30 bienes, capturamos cinco personas con fines de extradición y afectamos más de 6.3 millones de dólares del narcotráfico. Este golpe reduce su capacidad criminal y debilita sus alianzas internacionales”.

En el comunicado oficial, la Policía Nacional reafirmó su compromiso de golpear sin tregua las finanzas narcoterroristas y criminales, para proteger la seguridad de los colombianos y la comunidad internacional.

Estados Unidos pide a Colombia investigar amenaza de Iván Mordisco contra misión de la ONU

Durante la presentación del informe trimestral de la implementación del Acuerdo de Paz ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos solicitó a Colombia dar prioridad a la investigación de la reciente amenaza emitida por “Iván Mordisco” contra una misión de verificación de la ONU en Colombia.

Cabe recordar que el 18 de marzo, este grupo armado anunció restricciones al ingreso de misiones internacionales y organismos humanitarios, como la misión de verificación de la ONU, la OEA y la Defensoría del Pueblo, en las zonas bajo su control, señalando supuestas violaciones de confianza y neutralidad por parte de estas entidades.

Estados Unidos instó al Gobierno colombiano a atender las amenazas de estos grupos, a los que asocia con actos de terrorismo, desplazamiento forzoso, confinamiento, violencia sexual y reclutamiento de menores. La representante estadounidense ante la ONU destacó la gravedad de la crisis humanitaria que generan los grupos armados ilegales y reafirmó el compromiso de su país para designar a estos grupos como organizaciones terroristas extranjeras, limitando sus recursos y fondos, y recalcó la importancia de evitar la impunidad frente a los crímenes cometidos.

Como respuesta, el Gobierno colombiano, a través del ministro del Interior, rechazó las restricciones de las disidencias y aseguró el respaldo y garantías para los organismos internacionales y humanitarios en sus labores. Además, se convocó a una reunión con el ministro de Defensa y representantes de los organismos amenazados para definir acciones ante los hechos. En la sesión también se abordó el aumento de cultivos de coca y la seguridad durante el proceso electoral, tras el asesinato de un senador y amenazas recientes contra candidatos.

En Colombia ha generado opiniones divididas que el jugador Nicolás Rodríguez, futbolista de Atlético Nacional, haya vuelto a entrenar con el equipo antioqueño mientras sigue abierto un proceso en su contra en el que una joven lo acusó de haberla violado junto a un primo del deportista.

Debido a que varios periodistas indicaron Rodríguez había regresado a los entrenamientos luego de que la Fiscalía desestimó las pruebas presentadas por la denunciante, el ente acusador respondió una solicitud a la defensa de la presunta víctima, encabezada por el abogado Francisco Bernate.

La Fiscalía informó que el proceso penal contra Nicolás Rodríguez, mediocampista de Atlético Nacional, por presunto abuso sexual registrado el 15 de marzo en Rionegro, sigue en etapa de indagación y que hasta el momento no se ha realizado una imputación formal ni se ha tomado una decisión sobre su responsabilidad.

La denuncia de la joven que acusa a Rodríguez se mantiene activa y la Fiscalía confirmó que no ha sido desestimada. El ente acusador destacó que cualquier información difundida en redes sociales o medios sobre un posible cierre del caso no corresponde a la realidad procesal. Por último, se confirmó que fue recibido un informe forense psicológico solicitado por la defensa de la denunciante.

Debido a la polémica que se ha generado sobre este caso, en diálogo con Infobae Colombia el abogado penalista Jhoan Montenegro explicó que tanto el jugador como la otra persona vinculada al proceso mantienen la presunción de inocencia hasta que sean imputados.

“Están siendo investigados y hasta el momento no han sido ni imputados, ni acusados y mucho menos vencidos en juicio. Estas personas cuentan con la presunción de inocencia y hoy se entienden inocentes hasta que un juez de la República dicte lo contrario”, explicó el jurista al indicar que, en teoría, no hay ninguna restricción que evite que Rodríguez pueda seguir jugando fútbol profesional.

En segundo lugar, el especialista habló de las claves del caso y la importancia de la recolección temprana de pruebas en casos de presunto abuso sexual.

“En este caso eran importantes o son importantes las pruebas que se tomaban como de parte de alertas tempranas por parte de la Fiscalía, las pruebas de ADN, etcétera. Todo el material probatorio que es trascendente para poder tratar de vencer en juicio a la persona que se entiende cometió el delito”.

Montenegro añadió que la celeridad en la recopilación de pruebas resulta clave, lo mismo que debe registrarse en un proceso de esta índole con los informes o resultados de los mismos.

“Las pruebas que eran necesarias e importantes para poder probar la culpabilidad de los autores materiales de las presuntas agresiones sexuales, era clave que se tomaran temprano. No podían ser después, no podían demorarse años, era en ese momento”.

Montenegro indicó que si tras la recolección y valoración del material probatorio, este no permite demostrar la responsabilidad de los investigados, el caso sería concluido, pero esto no debe ser agilizado por presión de alguna de las partes.

“Lo que en derecho corresponde es que la Fiscalía archive o precluya, porque las pruebas no indican que estos son culpables”, respondió el jurista.

Por último, el abogado habló de un debate entre lo ético y lo legal, ya que afirmó que en estos momentos no hay nada que impida que Rodríguez pueda entrenar con Nacional. “Su espectro laboral no puede ser afectado por una investigación que se está llevando adelante”.

Montenegro entendió que al tratarse de una denuncia sobre un hecho grave, es normal que las empresas o en este caso, un club de fútbol, decidan alejar al señalado de sus labores; sin embargo, resaltó que con ello podrían estar vulnerando sus derechos laborales.

Migración Colombia ha emitido alertas por el aumento de casos de inadmisión de extranjeros a Colombia, sé que registra para impedir el ingreso de personas que no cumplen con los requisitos o representan un riesgo para el país, por lo que son retornados a sus naciones de origen en el siguiente vuelo disponible bajo supervisión de las autoridades.

En el último reporte al respecto, Migración Colombia informó que la mayoría de casos se registran en la terminal aérea de Rionegro, en Antioquia, en donde por alerta de turismo con fines de explotación sexual van más de 48 casos de extranjeros inadmitidos, recordando que a nivel nacional se han registrado 60 en total.

Uno de los casos que más llamó la atención fue protagonizado por un grupo de estadounidenses que fueron rechazados por Migración Colombia por las charlas que sostuvieron durante el vuelo que los trajo al país.

Al respecto, la entidad informó que en un vuelo de United Airlines que llegó desde Houston, Estados Unidos, cinco hombres fueron detenidos tras bajarse de la aeronave tras ser señalados por otros pasajeros como posibles explotadores sexuales.

Las acusaciones sobre las intenciones de hacer turismo sexual en Medellín se registraron luego de que los testigos afirmaron que estos individuos hablaron durante todo el vuelo de manera explícita sobre los encuentros sexuales que planeaban tener con colombianas durante el fin de semana.

Pasajeros afirmaron que durante las conversaciones estos hombres se mostraron entre sí los contactos que habían hecho previamente con mujeres radicadas en Medellín para alquilar fincas con piscina y de esa forma poder tener acceso a mujeres que pudieran “complacer sus fantasías”.

Debido a las denuncias, los cinco extranjeros fueron entrevistados de manera independiente por funcionarios de Migración Colombia para confirmar sus verdaderas intenciones.

En el procedimiento los individuos entregaron testimonios diferentes y por ello se aplicó la medida administrativa de inadmisión a territorio colombiano, debido a que fueron considerados como potenciales explotadores sexuales.

La entidad informó que además de estos cinco sujetos, se registró la inadmisión de dos extranjeros más; el primer caso fue protagonizado por un viajero israelí que tenía pasaporte norteamericano y llegaba a la ciudad desde Nueva York.

El segundo caso fue luego de que se emitieran alertas por agencias internacionales que relacionaban a un extranjero proveniente de Miami en su participación en delitos sexuales. El tipo tenía antecedentes por distribución de videos con menores de edad en situaciones que podían catalogarse como pornografía infantil en 2003.

Al respecto, la directora de Migración Colombia, Gloria Arriero, declaró a El Colombiano que han registrado operativos en puntos turísticos para identificar que el accionar de los turistas extranjeros sea el correcto.

La alerta se emitió luego de que en la última semana se registraran 15 casos de inadmisión de extranjeros, por lo que la funcionaria confirmó que la entidad continuará fortaleciendo los filtros de ingreso al país.

Migración ha deportado y expulsado a más de 300 extranjeros

En lo que va de 2026, las autoridades migratorias de Colombia han deportado o expulsado a 310 extranjeros por irregularidades en su ingreso, permanencia o salida del país.

Las causas incluyen el uso de documentos falsos, infracción de normas migratorias y riesgos para la seguridad nacional. La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, subrayó que estas medidas buscan proteger el orden público y la seguridad, respetando el debido proceso.

Las deportaciones, que suman 157 casos, se concentran en Nariño, Oriente, Atlántico, Eje Cafetero, Antioquia y la región Andina. Las 153 expulsiones, por amenazas a la seguridad o por requerimientos judiciales, predominan en Oriente, Andina, Antioquia, Nariño y El Dorado. La diferencia principal radica en la duración y naturaleza de la sanción.

El 21 de abril se llevó a cabo una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la que comparecieron cinco excomandantes del Bloque Caribe de las Farc-EP que participaron en secuestros registrados en Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre, Bolívar y Barranquilla.

Los comparecientes fueron imputados por la JEP como responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Ellos son: Uriel Oviedo “Mañe”, Abelardo Caicedo “Solís Almeida”, Osmany Landero “Hernando González”, Gilberto de Jesús Giraldo y Luis Cuadras “Leonardo Guerra”.

Antes de que los comparecientes hablaran, se confirmó que estos fueron determinantes para, ejecutar planes del secretariado, disciplinar a sus subalternos y llevar a cabo diferentes crímenes con el objetivo de financiarse, forzar el intercambio de guerrilleros presos por rehenes y ejercer control social y territorial en la región.

El primero en hablar fue Abelardo Caicedo Colorado, que reconoció su responsabilidad y afirmó que está dispuesto a pagar por los delitos que cometió.

“Estoy para asumir la responsabilidad individual como miembro del Bloque Caribe. Los crímenes son no amnistiables y de lesa humanidad. Lo tengo claro y, por lo cual, estoy acá presente. Fui un partícipe determinante porque emití y cumplí las órdenes. Reconozco los tres patrones por los cuales nos imputan”.

Entre los hechos que reconoció, Caicedo indicó que, en su momento, arremetieron contra personas que fueron señaladas como informantes del Ejército o estructuras paramilitares.

“Con mi actuación causamos daños que hoy persisten, que hoy subsisten en las personas que padecieron el secuestro con fines de control territorial y los otros crímenes que con esta política se dieron, que dejan profundas heridas en las personas, e incluso consecuencias más allá, en sus familias”.

Por su parte, Uriel Antonio Oviedo Aldana, que comandó los frentes 35 y 37 de las Farc-EP, habló de los daños que causó con sus decisiones, incluyendo el caso del secuestro de Ángel Navarro, que fue frente a su esposa en estado de embarazo (perdió el bebé) y su hermana menor de 11 años.

“Hoy, ante las víctimas, la magistratura y la sociedad, reconozco mi responsabilidad individual como partícipe determinante de hechos y conductas no amnistiables, como la toma de rehenes, las graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes, cometidos bajo la política del secuestro en el marco del control social, el canje de prisioneros y el financiamiento”.

Entre los testimonios se destacó el del compareciente Luis Alejandro Cuadras Solórzano, que reconoció haber permitido que otros guerrilleros agredieran de diferentes formas a los secuestrados. “Hoy en día las tenemos que aceptar, cosa que a mí en particular me da pena, que mi gente tuviera ese trato inhumano con los secuestrados”.

Durante la intervención de las víctimas habló Fernando Manuel Salas Martínez, que fue perseguido por el grupo armado luego de que limpió un colegio sin autorización de las Farc-EP.

Integrantes de esa estructura lo obligaron a convocar a la comunidad a una reunión “para decirles por qué lo iban a matar”. En ese momento, les dijo que iba a hablar, pero uno de los guerrilleros le respondió: “No te pares, que ya tú estás muerto”. Después de ello, habría sido seguido durante 40 días por hombres armados, hasta que tomó la decisión de irse de su pueblo.

“Desde eso no he podido volver a mi tierra. Me da sentimiento y nostalgia ir allá”, indicó Salas Martínez.

Siguió Eliecit Romero Gómez, víctima de secuestro, que señaló que inicialmente no confiaba en la JEP y que incluso se opuso al Acuerdo de Paz. “Para las víctimas nunca habrá reparación, pero sí el reconocimiento para saber qué fue lo que pasó”.

Romero era funcionario cuando en 1998 fue secuestrado en Tiquisio, Bolívar tras ser señalado como informante de los paramilitares. Tras narrar su historia, la víctima sorprendió al solicitar permiso para poder ofrecer su perdón a los comparecientes. “Si me lo permite su señoría: quiero que los comparecientes se puedan poner de pie, quiero pasar la página, quiero hacer resiliencia, quiero estrechar mi mano con ellos y, en nombre de mi familia, de la comunidad de Colorado, de Tiquisio, ofrecerles el perdón”.

El domingo 19 de abril, Millonarios fue derrotado 3-1 por América en el estadio Pascual Guerrero de Cali, en donde Radamel Falcao García tuvo un choque con el defensor Dany Rosero.

Tras ser trasladado a un centro médico, se confirmó que el atacante sufrió una fractura en el arco cigomático de su rostro, lo que puso en vilo la continuidad de Falcao con Millonarios en lo que resta del torneo apertura en Colombia.

A través de un comunicado, el club confirmó que el samario no será intervenido y junto al cuerpo médico decidieron comenzar un proceso de rehabilitación con el que buscarán que Falcao vuelva a jugar en aproximadamente un mes, para lo que sería necesaria una máscara de protección.

El riesgo de Falcao y Millonarios

Debido a la gravedad de la lesión que sufrió Falcao, en diálogo con Infobae Colombia el otorrinolaringólogo Steve Amado, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana, analizó el problema facial que sufrió el delantero durante el partido entre Millonarios y América de Cali.

“Una fractura de arco cigomático es una lesión que compromete el hueso del pómulo, ubicado junto al maxilar superior, y puede presentarse de forma desplazada o no desplazada”, indicó el docente.

El especialista precisó que la diferencia entre ambos tipos de fracturas resulta determinante para definir el tratamiento. “Si la fractura está desplazada y genera deformidad o afecta la movilidad facial, puede requerir cirugía. Cuando no hay desplazamiento, el manejo es conservador y se realiza bajo observación”.

En el caso del delantero de 40 años, el parte médico oficial indicó que la fractura no presenta desplazamiento, por lo que no se considera necesaria una intervención quirúrgica.

La consolidación de una fractura no desplazada, según Amado, suele producirse en un periodo de cuatro a seis semanas. “Estas fracturas pueden consolidar por sí solas en las siguientes cuatro a seis semanas si se mantienen bajo vigilancia médica”, subrayó el profesor, que indicó que el jugador debe permanecer alejado de actividades que impliquen riesgo de impacto en la zona afectada, por lo que el tiempo indicado sería para volver a hacer trabajos junto al resto de sus compañeros.

El especialista advirtió sobre los cuidados que debe seguir un futbolista en proceso de recuperación de este tipo de lesiones y el riesgo que asume al volver rápidamente a los terrenos de juego.

“Una persona con fractura de arco cigomático debe evitar golpes en esa zona durante al menos tres meses, porque el hueso queda debilitado y un nuevo trauma podría desplazar la fractura o causar complicaciones a nivel de la órbita”.

El experto reiteró que la reincorporación a deportes de contacto debe evaluarse con precaución y bajo supervisión médica, por lo que al hablar del uso de máscaras protectoras, frecuente en deportistas con lesiones faciales, recordó que implica riesgos adicionales.

“Las máscaras rígidas, utilizadas en deportes de contacto, pueden ser un riesgo para el jugador y para los demás porque, ante un nuevo trauma, podrían lesionar otras estructuras, como el ojo”.

El especialista aclaró que el objetivo principal de estas máscaras es reducir el dolor y proteger de traumatismos leves, aunque su uso no elimina la posibilidad de complicaciones. En función del tipo de fractura, el docente indicó que el tratamiento puede variar desde la observación hasta la intervención con material de osteosíntesis.

“El tipo de tratamiento depende del trazo de la fractura. Puede ir desde reducciones simples hasta la utilización de material de osteosíntesis”, puntualizó Amado, que entendió que la recuperación escogida por el cuerpo médico de Millonarios responde a la necesidad que tiene el samario de jugar durante el tramo final de su carrera.

Cuando se habla de los sicarios de Pablo Escobar que siguen con vida, se menciona a Dandeny Muñoz, “La Quica”, y a Carlos Mario Alzate, “Arete”; sin embargo, uno de ellos niega haber sido parte del cartel de Medellín.

Mientras “Arete” desapareció desde que salió de prisión en los 90, Muñoz está cumpliendo una condena de 10 cadenas perpetuas en Estados Unidos por su presunta participación en el atentado al vuelo 203, el magnicidio de Luis Carlos Galán y otros cargos por narcotráfico.

Sobre la bomba que explotó durante el vuelo comercial que tenía como destino Cali, familiares de las víctimas e informes de las autoridades en Colombia afirman que el principal responsable fue “Arete”, del que se presume estaría radicado en España.

Sin embargo, en Estados Unidos se responsabilizó a “La Quica”, capturado en Nueva York en 1991. Desde entonces, niega haber sido parte del cartel de Medellín, del que reconoce fue parte su hermano, conocido en el mundo criminal como “Tyson”, abatido por las autoridades en 1992.

En diálogo con Los Informantes, Muñoz, de 61 años, decidió volver a insistir en que su caso sea revisado nuevamente para ser liberado y volver a Colombia

Muñoz afirmó que él sí era un delincuente en Colombia y que los crímenes que cometió lo llevaron a comenzar una nueva vida en Estados Unidos, en donde fue detenido y acusado de ser clave en el traslado de cocaína por parte del cartel de Medellín.

“No, yo era delincuente. Yo sí me mantenía robando, yo siempre estuve en la cárcel en Colombia por robo. Mantenía robando bancos y joyerías y cosas así con mis amigos, pero aquí me vinieron a acusar de narcotráfico”.

Al recordar lo que pasó luego de su captura, “La Quica” aseguró que le ofrecieron amnistía total si entregaba a Pablo Escobar, el criminal más buscado del mundo en ese momento.

“Me dijeron que bueno, que ese era el negocio, que si yo les ayudaba a encontrar a Pablo Escobar iban a traer a mi familia para acá, me iban a dar casa, me iban a dar dinero, o si no me iban a dar nuevos cargos por los cuales me iban a dar de por vida en la prisión”.

Muñoz afirmó que no conocía al capo antioqueño y que tras responder que no pertenecía al cartel de Medellín, comenzó una persecución para que fuera condenado por crímenes que no cometió.

“Les pregunté que por qué, si yo no había cometido ningún delito aquí, dijo que a ellos no les importaba, que ese era el negocio y así fue como me fabricaron este caso, así de fácil. Entonces, me dieron 10 cadenas perpetuas”.

“Mi hermano es el que trabajaba con él”, respondió Muñoz cuando fue preguntado por su vínculo con Pablo Escobar; además, rechazó que se le siga mencionando como responsable de crímenes que se registraron cuando era un niño. “En el 78 yo solamente tenía 12 años, era un niño”.

Sobre las solicitudes que ha realizado para volver a Colombia, Muñoz reconoció que le envió una carta a la familia de Luis Carlos Galán para pedir que se aclare que él no fue parte del plan criminal con el que fue asesinado el candidato presidencial, el 18 de agosto de 1989.

“Hace días yo le mandé una carta a los hijos de Galán y me contestaron muy déspotamente como diciendo que está bien lo que te hicieron por allá, sabiendo ellos de que yo no tuve ninguna participación en la muerte del papá de ellos”.

Durante varios años y a través de varias solicitudes que se han perdido, Dandeny Muñoz Mosquera, conocido como “La Quica”, ha pedido que su caso, en el que fue condenado por el magnicidio de Luis Carlos Galán y el atentado al vuelo 203 de Avianca, sea revisado, ya que asegura no haber sido parte de estos crímenes.

Informes de las autoridades de Estados Unidos, en donde está recluido en prisión, desde 1991, afirman que Muñoz fue parte del cartel de Medellín como uno de los sicarios de Pablo Escobar.

De la misma forma, que fue clave en el plan con el que la estructura criminal hizo explotar un vuelo comercial en el que iban más de 100 personas en 1989 para terminar con la vida del entonces candidato presidencial César Gaviria.

Por estos dos hechos y cargos por narcotráfico, el colombiano fue condenado a cumplir 10 cadenas perpetuas; sin embargo, a los 61 años sigue asegurando que él no fue el responsable de los crimenes mencionados y pide ser liberado para reencontrarse con su hija, a la que no ve desde que ella tenía algunos meses de nacida.

En el programa Los Informantes hablaron con Diana Katherine Muñoz, hija de “La Quica”, que ha seguido todos los procesos legales con los que los abogados de su padre han pedido la revisión de su caso, mientras sigue con la ilusión de poder verlo por primera vez.

Katherine Muñoz reveló que su primer contacto con su padre fue después de que cumplió 18 años y él fue trasladado a otra sección de la prisión. “Al inicio, cuando a él lo capturaron allá, lo metieron en una prisión de máxima seguridad y tuvo 18 años de confinamiento solitario”.

A través de cartas y llamadas, “La Quica” ha formado un vínculo con su hija, a la que le ha obsequiado los peluches que ha aprendido a hacer en prisión.

“Ha aprendido a tejer. Este muñequito también me lo hizo él, él lo hizo en la cárcel. Sí, con los colores de Colombia”, relató Katherine Muñoz, que afirmó que el antioqueño ha logrado sumar más de 100 certificados de cursos realizados dentro de la cárcel.

La hija de “La Quica” reconoció que su padre le ha contado los errores que cometió en Colombia, mismos que lo llevaron a tratar de ocultarse en Estados Unidos, en donde fue capturado un año antes de que “Tyson”, su tío, que fue sicario de Pablo Escobar, fuera abatido durante un operativo oficial.

“Yo sé que él sí tuvo sus fallas y él cometió sus errores y todo lo que hizo lo pagó acá y él está más que arrepentido de todas esas cosas y todo de su mal pasado porque eso fue de inmadurez, de ignorancia, de niñez. Tengo cartas que yo era una niña que ni siquiera podía leer. Mi mamá me las tenía que leer”.

Por último, la antioqueña afirmó que su padre tiene claridad de lo que pasa en la actualidad en Colombia, pero el paso del tiempo ha hecho que no tenga conocimiento sobre nuevas tecnologías.

“Él tiene todo el mapa de Medellín todavía en su memoria, pero ya todo está muy distinto. El celular, pues es algo que él todavía no aterriza, porque él nunca ha tenido eso en sus manos. Yo no sé cuándo, no sé cómo y no sé dónde, pero yo sé que se va a dar (un reencuentro con él)”, puntualizó Katherine Muñoz.

Lo último que se registró sobre Dandeny Muñoz en Colombia fue la confirmación de que el condenado le envió una carta al presidente Gustavo Petro para reafirmar que él no fue responsable del atentado al vuelo 203 ni del magnicidio de Luis Carlos Galán.

Precisamente, ese fue el motivo por el que se ha comenzado a impulsar una iniciativa ciudadana que incluye la petición de que se ordene a las autoridades distritales llevar a cabo un estudio técnico, jurídico y operativo para evaluar la solicitud de asistencia militar en Bogotá.

De la misma forma, que se implemente de manera inmediata un plan de choque integral para la recuperación de la seguridad en Bogotá, con enfoque territorial, coordinación interinstitucional y resultados medibles. También solicitan medidas cautelares urgentes orientadas a atender de manera integral a las víctimas de la inseguridad, fortalecer la presencia institucional en zonas críticas y mejorar los canales de denuncia, garantizando su eficacia y protección a los ciudadanos.

Entre los argumentos que se han expuesto están las altas cifras de inseguridad en la ciudad, los graves casos de violencia registrados, la presencia de estructuras criminales organizadas, el déficit de pie de fuerza, las fallas en los frentes de seguridad, la inoperatividad del parque automotor de las autoridades, la baja inversión en seguridad, el rezago en el sistema de videovigilancia, el recrudecimiento de la violencia y el hacinamiento en centros de detención transitoria.

“Estas situaciones configuran una vulneración grave y sistemática del derecho colectivo a la seguridad pública, así como del derecho a la paz y al goce del espacio público, derivados de presuntas omisiones en el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales por parte de las entidades distritales”, se afirma en el comunicado oficial.

Como uno de los voceros de la iniciativa, el concejal Julián Uscátegui indicó que no se busca nada especial, sino que las autoridades cumplan con sus obligaciones.

“Bogotá atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes, y lo más grave es que no estamos viendo respuestas contundentes por parte de la administración distrital. Esta acción popular busca obligar a las autoridades a cumplir con su deber constitucional de proteger a los ciudadanos y garantizar el orden público en la ciudad“.

El cabildante le envió un mensaje a la Alcaldía de Bogotá y se mostró molesto al indicar que no es normal que los ciudadanos sientan miedo de salir a las calles en Bogotá.

“No podemos seguir normalizando el miedo en las calles ni la inacción institucional. Lo que estamos exigiendo son medidas concretas, coordinadas y medibles que permitan recuperar la seguridad en Bogotá, proteger a las víctimas y devolverle la tranquilidad a los ciudadanos”, sostuvo el concejal.

El bogotano terminó su mensaje asegurando que con esta acción se busca no solo evidenciar la gravedad de la crisis de seguridad, sino también obligar a las autoridades a implementar soluciones reales que permitan recuperar el orden público y proteger los derechos de todos los bogotanos.

“Es que no tiene presentación que en plena crisis de seguridad, pasando de balacera en balacera, de homicidio en homicidio, de robo en robo, esta Administración distrital destine solo el 3% de todo su presupuesto para seguridad y por eso no se fortalece a la policía, no se amplía ni se moderniza el sistema de videovigilancia, no se promueven los frentes de seguridad y no se construyen cárceles tan necesarias y teniendo los predios dispuestos para ello. Si el alcalde no quiere escuchar a las comunidades, a los concejales que las representamos, ojalá sí escuche a la rama judicial y tome medidas urgentes para garantizar la seguridad de todos los bogotanos”, puntualizó Uscátegui.

Hasta el momento, la Alcaldía de Bogotá no se ha pronunciado al respecto, mientras que se espera que otras figuras de la política en la capital se sumen a la iniciativa en las próximas jornadas.

El anuncio del regreso de la WWE, empresa más importante de lucha libre en el mundo, a Latinoamérica ha generado que los fanáticos de esta disciplina aumenten su interés por los shows en vivo de la compañía.

Cabe confirmar que la WWE anunció que se presentará en Sudamérica, más específicamente en Quito el 9 de septiembre en el Coliseo General Rumiñahui, en Bogotá el 10 de septiembre, Buenos Aires el 11 de septiembre y Santiago el 12 de septiembre; en los tres lugares mencionados al final, el evento será en el Movistar Arena de su ciudad.

Para tener un control sobre la venta de la boletería, la WWE anunció que los interesados en asistir a los eventos anunciados deberán completar un formulario que estará habilitado en su página oficial durante lo que resta de abril.

La confirmación se registró en la víspera del evento más importante del año para la WWE, que es WrestleMania, que es comparado con el Super Bowl respecto al nivel de espectáculo que representa para la audiencia.

Esta es la cartelera de WrestleMania

Este evento será distribuido en dos espectáculos que se registrarán el 18 y 19 de abril en el Allegiant Stadium de Las Vegas, con capacidad para más de 60.000 personas. La empresa norteamericana espera sumar más de 124.000 entradas vendidas entre las dos jornadas.

Para ello, la primera noche será estelarizada por el combate entre Cody Rhodes y Randy Orton por el título de la WWE, en una rivalidad que terminará luego de más de 15 años. Cabe recordar que Orton fue el mentor de Rhodes durante sus inicios en la empresa.

Para la segunda noche, el evento principal será el combate entre CM Punk y Roman Reigns por el campeonato indiscutido de la empresa, siendo la segunda vez que estos dos deportistas se verán las caras en WrestleMania.

Se espera que esto sea una especie de revancha tras lo registrado en la edición anterior, en la que Seth Rollins derrotó a los dos mencionados en una triple amenaza.

Entre los representantes latinos que estarán en el show se destaca la presencia de los mexicanos Rey Misterio, Penta, Dominik Misterio, Dragon Lee y la chilena Stephanie Vaquer.

Esta es la cartelera oficial por la noche de WrestleMania 42:

Sábado 18 de abril.

• Logan Paul, Austin Theory e IShowSpeed vs. The Usos y LA Knight.
• Jacob Fatu vs. Drew McIntyre (no sancionada).
• Seth Rollins vs. Gunther.
• Fatal 4-Way por Campeonato en Parejas Femenino.
• AJ Lee (c) vs. Becky Lynch – Campeonato Intercontinental Femenino.
• Stephanie Vaquer (c) vs. Liv Morgan – Campeonato Mundial Femenino.
• Cody Rhodes (c) vs. Randy Orton – Campeonato Indiscutido de WWE.

Domingo 19 de abril:

• Brock Lesnar vs. Oba Femi.
• Finn Bálor vs. Dominik Mysterio.
• Penta (c) vs. Rey Mysterio vs. Je’Von Evans vs. Dragon Lee vs. JD McDonagh vs. Rusev – Lucha de escaleras por el título intercontinental.
• Sami Zayn vs. Trick Williams – Campeonato de Estados Unidos.
• Jade Cargill (c) vs. Rhea Ripley – Campeonato femenino de WWE.
• CM Punk (c) vs. Roman Reigns – Campeonato Mundial de Pesos Pesados.

Hora y dónde ver WrestleMania

En Colombia, este evento podrá ser visto a través de la plataforma de streaming Netflix, que cuenta con los derechos televisivos de todos los shows de la WWE en Latinoamérica.

Este es el horario oficial de WrestleMania 42 (el inicio será igual en las dos noches):

• Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 5:00 p. m.
• Venezuela, Bolivia y Chile: 6:00 p. m.
• Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 7:00 p. m.
• México, Costa Rica, Honduras y El Salvador: 4:00 p. m.

En un hecho que ha sido discutido en el mundo, durante la primera semana de abril se confirmó que Estados Unidos y la República Democrática del Congo alcanzaron un acuerdo para que el país africano reciba migrantes deportados desde Estados Unidos sin importar su nacionalidad.

El acuerdo, anunciado por el Ministerio de Comunicación congoleño, establece que la medida será implementada en abril bajo un esquema de “acogida temporal”. Las autoridades de la RD del Congo confirmaron que no se trata de un mecanismo de reubicación permanente ni de una externalización de las políticas migratorias estadounidenses.

La gestión logística y técnica estará a cargo del gobierno de Estados Unidos, mediante estructuras especializadas en el traslado internacional de personas. El acuerdo descarta que el tesoro público congoleño deba asumir costos por la implementación del dispositivo.

Cada caso de migrante será evaluado de forma individual en función de la legislación local y la seguridad nacional, lo que da al Gobierno congoleño control total sobre la admisión, la permanencia, el retiro del estatus temporal y los procedimientos de retorno de los migrantes. Los deportados serán alojados en infraestructuras ubicadas en Kinshasa, donde estarán sujetos a seguimiento administrativo, de seguridad y humanitario.

Primer vuelo con migrantes llegó al Congo

El 18 de abril, Reuters confirmó que llegó a la República Democrática del Congo el primer vuelo con migrantes expulsados por Estados Unidos. Se trataría de 16 latinos de nacionalidad colombiana, ecuatoriana y peruana.

El medio citado habló con una mujer colombiana que confirmó que en el grupo hay nueve hombres y siete mujeres, y que les han informado que el segundo vuelo llegará a África el miércoles 22 de abril con 30 personas más.

“El vuelo fue muy tranquilo. Nos trataron bien y nos dieron suficiente comida. Fue muy largo, alrededor de 26 o 27 horas”, fueron las palabras del migrante colombiano, cuya identidad no fue revelada.

En Colombia, el primer pronunciamiento al respecto fue por parte del presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X, en la que rechazó el trato que están recibiendo los migrantes en Norteamérica.

Petro lamentó vivir una crisis diplomática con Ecuador, mientras que ciudadanos de ambos países son expulsados de esa forma por Estados Unidos, y anunció que ordenará el traslado inmediato de los connacionales a Bogotá.

“Esto se llama ostracismo. Mientras Noboa me calumnia, deja que sus amigos humillen a su pueblo. La canciller tiene orden de traer de inmediato a los colombianos desde el Congo y sin cadenas”.

Detalles del proceso de expulsión de los migrantes

Los datos de seguimiento del vuelo indican que el avión partió de Alexandria, Louisiana, hizo escala en Dakar, Senegal, y Accra, Ghana, para finalmente llegar a Kinshasa el 17 de abril.

Medios en Estados Unidos han recordado que el acuerdo coincide con los proyectos que el Gobierno Trump ha concretado para implementar los acuerdos del proceso de paz que este país gestionó entre la República Democrática del Congo y Ruanda, que tiene como objetivo poner fin a los combates con los rebeldes del M23, respaldados por Ruanda, en el este del Congo, que han causado miles de muertos y el desplazamiento de cientos de familias en la región.

Sobre la llegada de los latinos al Congo, estos fueron informados de que tendrán una visa de siete días para moverse libremente por la nación africana y que este permiso podrá ser extendido hasta por tres meses; de la misma forma, los migrantes podrán solicitar un asilo en el Congo, pero los funcionarios estadounidenses recomendaron no hacerlo por los peligros que existen por el conflicto interno en este país.

En Colombia se ha generado un debate por la decisión del Gobierno nacional de matar a 80 de los más de 200 hipopótamos que se han convertido en un problema para el ecosistema y las poblaciones civiles en el Magdalena Medio.

Entre las posiciones hay respaldo científico por el riesgo de que el número de individuos sea de más de 1.000 antes de 2035 y un rechazo por parte de colectivos animalistas que piden soluciones diferentes como la translocación o la esterilización de los ejemplares machos.

Esta problemática se habría podido evitar si, en los años 80, Pablo Escobar, líder y fundador del cartel de Medellín, no hubiera ordenado el traslado de cuatro hipopótamos africanos (algunos estaban en zoológicos de Estados Unidos) para ubicarlos en la Hacienda Nápoles junto a otras especies.

Entre los testigos de la llegada de los primeros hipopótamos estuvo Édgar “El Chino” Jiménez, fotógrafo personal del capo, que en diálogo con Infobae Colombia recordó cómo fue inmortalizar la primera imagen que existe de los animales que se han convertido en un problema para el Estado.

Así recordó ‘El Chino’ la llegada de los hipopótamos

“Los primeros hipopótamos, un macho y una hembra, llegaron a la Hacienda Nápoles a comienzos de 1981; días después, y por orden expresa de Pablo, llegaron otras dos hembras para que el macho tuviera su harén. Fotografié a los dos primeros en llegar a una distancia de unos tres o cuatro metros sin protección alguna; nadie sabía lo peligrosos que eran”, narró Jiménez al recordar cómo fue la llegada de los animales africanos al Magdalena Medio.

El fotógrafo indicó que tuvieron claridad del peligro que representaba tener hipopótamos, puesto que uno de ellos mató a otro animal cuando el capo pensó que tener a varias especies juntas sería una buena idea.

“Los pusieron en un hábitat cerca de un lago, con unos dromedarios, uno de los cuales fue desventrado de un mordisco por uno de esos hipopótamos que son animales tan irascibles como impredecibles; ese desafortunado incidente alertó a los encargados del zoológico de lo peligrosos que eran y los aislaron en un lago cercado”.

“El Chino” habló de la posibilidad de ubicar a los hipopótamos en otros países o esterilizarlos, lo que considero como una “proeza” al recordar la dificultad que tenían los hombres de Escobar para intentar mover a estos animales.

“A diferencia de África, donde las sequías y algunos depredadores controlan su crecimiento. Acá, en Colombia, encontraron un paraíso sin depredadores y con abundante agua y alimento todo el año. Capturarlos para esterilizarlos sería toda una proeza”.

Por último, el fotógrafo que conoció a Escobar cuando estaban en el colegio recordó otros detalles de la primera fotografía de los hipopótamos que llegaron a Colombia, que fue parte de un trabajo ordenado por el capo para tener un registro de todos los animales que estaban en el zoológico de la Hacienda Nápoles.

“Recuerdo que esa foto la tomé con una cámara Asahi Pentax y con un lente normal de 50 mm, razón por la cual me acerqué a una distancia de unos tres o cuatro metros sin protección alguna. Nadie sabía que eran peligrosísimos ni que son los animales que más gente matan en África. Jamás imaginé que se fueran a convertir en un problema ambiental, por ser una especie invasora de tal magnitud”.

Mientras que para “El Chino” los hipopótamos representan un recuerdo de los trabajos que hizo para el capo, para Colombia son una problemática que sigue sin resolverse a pesar de que han pasado más de 40 años.

Lo último que se confirmó por parte del Ministerio de Ambiente es que la imposibilidad de enviar algunos ejemplares a otros países es porque la mayoría de hipopótamos han nacido en Colombia y podrían contagiar diferentes enfermedades a otros individuos que están en santuarios o son originarios de África.

Estos animales, introducidos en los años 80 por Pablo Escobar en la Hacienda Nápoles, han incrementado su población hasta alcanzar cerca de 200 ejemplares, lo que ha motivado la intervención del Ministerio de Ambiente ante el riesgo para el ecosistema y la seguridad de la población.

En la región de Puerto Triunfo, Antioquia, donde el avistamiento de los hipopótamos se convirtió en un atractivo turístico, habitantes expresaron su desacuerdo con la medida adoptada.

En diálogo con Infobae Colombia, Álvaro Díaz Romero, residente de Cocorná (en Puerto Triunfo) y trabajador del sector turismo, indicó que en su municipio hay tristeza por la decisión del Ministerio de Ambiente. “Vivo en este lugar hace ya 35 años. Lo que va a hacer el gobierno con los hipopótamos no es lo más ético para el país y tampoco sería lo más justo para la especie”.

Díaz Romero explicó que la presencia de los hipopótamos ha cambiado la dinámica social y económica de la zona. “Los hipopótamos en este territorio han sido un atrayente turístico, han sido unos vecinos más, unos pobladores más de nuestro territorio. Los queremos, los respetamos, aprendimos a convivir con ellos y ellos con nosotros”.

El local mencionó el valor de identidad para la región que representa la especie, que también trae consigo beneficios económicos para ellos. El habitante de Puerto Triunfo destacó además que los animales cumplen un papel en la preservación de los recursos acuáticos de la región.

“También sirven como guardas en el río, en esa embocadura del río, porque evitan que la gente pesque en ese lugar y permiten que los peces suban por el río, beneficiando a las comunidades ribereñas del río Claro Cocorná Sur”.

La posición de Díaz Romero coincide con la de otros habitantes de la zona, que consideran que la eutanasia no es la vía adecuada para el control de la población de hipopótamos.

“El sacrificio de los hipopótamos no es la mejor opción. La eutanasia no es la mejor opción para acabar con esta problemática. La mejor opción para acabar con la problemática de los hipopótamos es investigar más, hacer un control de reproducción sobre esta especie”, afirmó.

El residente sugirió que las autoridades nacionales consulten a las comunidades que han convivido durante décadas con la especie antes de tomar medidas drásticas, puesto que allí no se han registrado visitas de ninguna índole.

“Antes de tomar esta decisión, el Estado colombiano, la ministra de Ambiente, debieron haberse salido de esas oficinas y haber viajado hasta el Magdalena Medio, especialmente Puerto Triunfo, Antioquia, Doradal, Estación Cocorná, para que hablen con la comunidad que vive a diario y convive siempre con los hipopótamos”.

Para Díaz Romero, la convivencia con los hipopótamos se ha integrado a la vida cotidiana del Magdalena Medio y aseguró que hay familias que tienen en esta especie la única forma de conseguir el sustento para sus familias.

“Todos aquí coincidimos en que la eutanasia hacia los hipopótamos no es la mejor opción. Mi llamado es para esas personas que tienen ese poder de autoridad, que vengan y se junten con el pueblo, con los que vivimos esta problemática hace 40 años y que siempre hemos estado olvidados”.

A pesar del pronunciamiento de los locales en el Magdalena Medio, el Ministerio de Ambiente ha argumentado que su decisión está respaldada por expertos que han afirmado que la translocación y los procesos de esterilización solo le darán más tiempo de acción al Estado, sin que ninguna nación pueda recibir a los animales que nacieron en Colombia y tienen condiciones biológicas diferentes a los que son nativos de África.

En el país se han registrado críticas contra el candidato del Pacto Histórico y el abogado porque se han negado a asistir a eventos en los que puedan exponer sus ideas de gobierno junto a los demás postulados a quedarse con el cargo más importante en el país.

Es por ello que, desde Sumapaz, Iván Cepeda reguló y anunció que ha tomado la decisión de asistir a este tipo de eventos.

“Desde este territorio que representa esa confrontación histórica de modelos de país, desde esta multitudinaria concentración en Sumapaz, reto a la extrema derecha, a sus dos candidaturas”, indicó Cepeda.

Luego de escuchar el apoyo del público que estaba en el evento, Cepeda nombró a Abelardo de la Espriella y a Paloma Valencia, con quienes comparte los primeros puestos en las encuestas de intención de voto que se han publicado hasta el momento, y afirmó que está dispuesto a exponer sus ideas frente a ellos.

“Reto a la extrema derecha, a sus dos candidaturas, a la senadora Paloma Valencia y al abogado Abelardo de la Espriella, a que debatamos sobre propuestas de fondo”, puntualizó Cepeda.

Sobre el debate realizado por Noticias Caracol, el director del medio citado, Juan Roberto Vargas, indicó que el equipo de Iván Cepeda confirmó que no asistiría sin ningún tipo de excusa de por medio.

Por su parte, Abelardo de la Espriella anunció que no estaría debido a que tenía otros eventos programados y no había podido organizar su agenda. Entre los candidatos que debatieron, pidieron que Cepeda y el jurista consideren estar en las próximas discusiones y resaltaron la importancia de la confrontación pública de ideas como parte fundamental de la democracia.

Cabe recordar que, antes de que Cepeda anunciara que comenzaría a asistir a debates, una acción de tutela fue presentada ante un juzgado civil de Medellín con el objetivo de obligar al candidato presidencial a participar en al menos dos de estos espacios antes de la primera vuelta electoral.

La iniciativa fue presentada por el exsenador Jonathan Tamayo, miembro del Centro Democrático, que afirmó que la decisión de Cepeda de no asistir a estos espacios limitaba el derecho del electorado a informarse de manera amplia y equilibrada sobre las propuestas de los candidatos.

El documento solicitaba que la orden judicial fuera emitida de forma inmediata, sin esperar el final de la campaña, para evitar que el proceso quede sin efecto por el paso del tiempo.

Los promotores de la tutela consideraban que la ausencia de Cepeda en los debates era parte de una estrategia de comunicación unilateral que impide el contraste público de ideas, limitando la posibilidad de que la ciudadanía reciba información veraz y plural sobre quienes aspiran a la presidencia.

Durante la polémica, figuras políticas recordaron una frase que dijo el hoy presidente Gustavo Petro cuando era candidato y rechazaba que los demás aspirantes a llegar a la Casa de Nariño no asistieran a espacios de debate.

“Alguien que se niega al debate no es un demócrata y sería de un inmenso peligro para la democracia escoger a alguien que se niega a debatir”, es la frase de Gustavo Petro que comenzó a ser recordada luego del primer debate.

Hasta el momento, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella no se han pronunciado tras el reto realizado por Cepeda, aunque cabe aclarar que la candidata del Centro Democrático ha manifestado estar dispuesta a debatir sus propuestas de gobierno.

El primero en hacerlo fue el abogado, que publicó un video en su cuenta de X en el que indicó que estaba listo para el reto.

"Iván Cepeda, el candidato de Petro y de las Farc, solo cuando le interponen una tutela decide disfrazarse de valiente y, por fin, aceptar el reto que le he hecho durante meses. Yo estoy listo: invito a todos los medios colombianos a que organicen lo que sea menester, ya que las encuestas le dijeron al cobarde de Cepeda que no se puede seguir escondiendo. Vamos a debatir, porque Colombia merece elegir votar si lo hace por los de siempre, por el cómplice del engaño de Petro o por mí, el independiente“, escribió Abelardo de la Espriella en la descripción de la publicación.

En el video, de la Espriella mencionó a varios medios de comunicación para resaltar que, a diferencia de Iván Cepeda, él no exigirá condiciones para protagonizar el primer debate de su campaña.

“El que sea, organicen lo que sea menester. Yo estoy aquí y ya las encuestas le dijeron al cobarde de Cepeda que no se puede seguir escondiendo. Así que estoy listo para debatir contigo, heredero de Petro y las Farc. Aquí lo que vas a encontrar es a un candidato que te enfrentará como corresponde y que no va a permitir que instales en Colombia un régimen político, económico, social y cultural que ha fracasado en todo el mundo, Cepeda. Te espero, píntala como quieras”, puntualizó el jurista.

Paloma Valencia también aceptó el reto

Desde su cuenta de X, Paloma Valencia aceptó el reto de Iván Cepeda y recordó que ella fue la primera que habló de la necesidad de que los líderes de las encuestas de intención de voto puedan debatir sus ideas.

“Semanas atrás fui yo quien lo retó varias veces @IvanCepedaCast a debatir de frente y usted prefirió esconderse en el Senado con micrófono controlado. Ahora que las encuestas aprietan, sale desde Fusagasugá con el desafío. Estoy lista para un debate real con usted: sin guiones, sin papelitos, con moderador neutral y en un canal abierto para que toda Colombia nos vea”.

Valencia indicó que, para que sea un debate transparente, se lleve a cabo lo más rápido posible para evitar que los candidatos tengan tiempo de preparar discursos.

“Propongo que sea esta misma semana. Hablemos con cifras de lo que realmente importa: El fracaso total de la “paz total”, que solo ha traído más masacres, secuestros y violencia en las regiones. La crisis de seguridad que dejó al país en manos de los criminales. La destrucción del sistema de salud y pensiones".

La candidata del Centro Democrático terminó su mensaje al indicar que no tiene miedo de debatir sus propuestas con los demás aspirantes.

“Los colombianos merecen ver la diferencia entre quien defiende seguridad, propiedad privada y progreso real, y quien solo ofrece más de lo mismo que nos ha hecho más pobres y más inseguros. Yo no le tengo miedo a ningún debate. ¿Y usted, senador? Que sea ya“, puntualizó Paloma Valencia.

Por su parte, Iván Cepeda indicó cuando lanzó el reto que espera que se trate de un espacio bajo condiciones equitativas de temario, moderadores y un escenario que sea previamente pactado entre las partes. Hasta el momento, no se ha confirmado si en el debate solo participarán los candidatos que lideran la intención de voto en Colombia, o si se abrirá el espacio para que los demás aspirantes puedan participar de la discusión.

El militar expuso que recibió la baja de la Octava Brigada, lo que incluyó ser escoltado fuera de la unidad por la Policía Militar luego de haber realizado denuncias sobre actos de corrupción interna en la institución.

“Me traen la Policía Militar para que me echen como un perro. Durante 22 años que trabajé en el Ejército, no me robé un peso, no maltraté, ni violé, ni cometí abuso de autoridad”.

Según Hernández, el episodio se originó después de denunciar supuestos abusos de autoridad y persecución laboral por parte de un alto mando de la Octava Brigada, al que identifica como el coronel Melo.

El sargento aseguró que el comandante de la brigada y el sargento mayor de comando tenían conocimiento de la situación, pero “nunca hicieron nada”. De acuerdo con su relato, en una reunión de suboficiales, expuso públicamente el maltrato y en el video de ese encuentro “hasta una suboficial lloró exponiendo la problemática que se venía presentando”.

El militar afirmó que, tras esa reunión, fue notificado de la apertura de una investigación disciplinaria en su contra. “Me notifican una investigación disciplinaria. Esta investigación disciplinaria me la notifica mi coronel, como aparentemente el responsable de la investigación. Creo que, como la afectación me la generó él a mí, estaba impedido por la ley”, indicó Hernández sobre el proceso que calificó como imparcial.

El militar indicó que la persecución incluyó el señalamiento de situaciones administrativas con dineros, a pesar de no haber manejado recursos. “Me habían solicitado un polígrafo, el cual nunca he manejado porque nunca he tenido parte administrativa con dineros”.

Añadió que la denuncia principal se centraba en irregularidades internas y falta de moral dentro de la unidad, incluyendo la supuesta entrega de obsequios a generales superiores y la ausencia de espacios para que suboficiales expresaran sus inquietudes.

En su relato, Hernández indicó que la respuesta institucional ante las denuncias de maltrato y presuntas irregularidades fue la apertura de expedientes y cambios de destino para los denunciantes.

“Denuncié al coronel por persecución laboral y me abrieron todas las investigaciones que usted quiera. Si no es porque pasó parte, no pasa nada; al coronel solo lo echan. Otros sargentos que presentaron denuncias similares también fueron víctimas de traslados”.

El militar hizo referencia a episodios previos en los que advirtió sobre reuniones irregulares de altos mandos con personas externas y subrayó la falta de apoyo de los mandos superiores hacia los suboficiales.

“¿Por qué si ustedes son la representación de los suboficiales y soldados, nunca hablan por nosotros? Nunca. Llegan a darle la palmadita en la espalda, como hacen, y ya".

El militar insistió en que la persecución laboral y los abusos no se limitan a su caso, sino que, según él, afectan a suboficiales y soldados en diferentes fuerzas. “Dejo constancia de que si a mi hija o mi familia le pasa algo, los declaro culpables”. También reclamó el derecho a la libertad de expresión garantizado por la Constitución y expuso que el sistema de traslados y el manejo de procesos judiciales internos favorecen la manipulación y el silenciamiento de las denuncias.

En su testimonio, Hernández Vergara reiteró su petición de apoyo y de escucha para los suboficiales y soldados: “Solicito muy respetuosamente a alguien que hable por nosotros. Aquí se extralimitan”.

Por último, confirmó que su intención no es continuar en la institución y se despidió del Ejército señalando que su salida no fue voluntaria, sino producto de una “guerra oficialista” en la que los suboficiales y soldados “trabajan y patrullan, mientras otros se acomodan”.

En Colombia se volvió a hablar del caso Andrés Colmenares, estudiante de la Universidad de los Andes que murió el 31 de octubre de 2010 en hechos que siguen sin ser esclarecidos por la justicia.

La discusión volvió a registrarse debido a que la Corte Suprema de Justicia confirmó la absolución de Laura Moreno y la prescripción penal a favor de Jessi Quintero por la muerte del estudiante.

Durante la diligencia, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano, identificó inconsistencias en la acusación contra Laura Milena Moreno en el caso Colmenares. Para el magistrado, la Fiscalía no logró definir si Moreno debía ser juzgada como coautora impropia del homicidio de Luis Colmenares o solo como testigo, y optó por imputarle el delito de homicidio sin fundamentar adecuadamente su responsabilidad como coautora.

De la misma forma, denunció que esta decisión parecía buscar que Moreno delatara a los presuntos autores materiales. Además, el magistrado advirtió que estos errores no fueron corregidos entre la imputación y la acusación, lo que generó constantes cambios en los cargos, tanto en los hechos imputados como en la calificación jurídica. Finalmente, indicó que la acusación fluctuó entre insinuar dolo eventual y concluir con una responsabilidad por comisión, reflejando una valoración errática de las pruebas y una falta de claridad en la construcción del caso.

Las revelaciones del abogado de Quintero y Moreno

En diálogo con LaFM, el jurista Jaime Granados Peña, defensor de Jessy Quintero y Laura Moreno, habló de las falencias de la Fiscalía en el proceso que lleva más de 15 años abierto y que ha afectado directamente a sus clientas.

Al respecto, el abogado reveló detalles de lo que ha sido la vida de Quintero y Moreno desde que fueron absueltas del caso en primera instancia.

“Ellas siguieron sus vidas como les tocaba, con gran resiliencia. Jessi Quintero terminó fuera de Colombia, continuando con su vida. Laura, después de un periodo fuera, regresó, se casó y tiene su familia”.

En ese sentido, el abogado resaltó la importancia de la fortaleza que tuvieron sus defendidas durante el proceso.

“Una mujer muy inteligente, muy valiente, con una entereza moral y psicológica impresionante. Ellas le pusieron la cara a la justicia, ellas sufrieron en carne propia este escarnio, porque es que fueron presentadas, como nunca en la historia judicial de Colombia, como culpables de algo de lo que eran inocentes”.

Granados indicó que, además de la absolución de las bogotanas, otro aspecto que se debe tener en cuenta es que la Fiscalía no puede volver a cometer los errores que la Corte Suprema señaló.

“Si no sirve después de semejante desatino a la justicia, cuando señalan errores de la Fiscalía para entender que aquí sí hay víctimas, no solamente fue la familia Colmenares, de la pérdida de la vida de un ser humano, pero no de un delito, sino de un accidente. Y en todo caso, es importantísimo establecer que hay que enviar un llamado para que la Fiscalía no repita estos errores”.

Para el jurista, quedó evidencia de que el ente acusador lleva procesos en los que intenta que los imputados se declaren culpables a pesar de no haber participado en los crímenes por los que son imputados.

“Yo creo que la Corte Suprema fue muy sabia al indicar no simplemente la absolución ratificada de Laura Moreno y de Jessi Quintero, sino en llamar la atención a la Fiscalía para que esto no vuelva a ocurrir. Así lo dice la Corte: esto no debe volver a ocurrir en Colombia. La Fiscalía no puede seguir inflando los casos, no puede tomar decisiones equivocadas, inflamatorias, buscando presionar para que personas inocentes se declaren culpables. Eso es una pésima práctica que nunca debió haber tenido lugar en Colombia y que esperamos no se repita”, puntualizó el abogado.

El 17 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la presentación de nuevos cargos por terrorismo contra Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido por el alias Chiquito Malo, líder del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o Clan del Golfo en Colombia.

La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York informó que la acusación contra Ávila Villadiego fue modificada tras su formulación inicial luego de que se identificaron tres nuevos delitos en su contra: conspiración por narcoterrorismo y provisión de apoyo material a un grupo terrorista extranjero.

“Chiquito Malo”, de 49 años y actualmente prófugo de la justicia, ya enfrentaba cargos previamente en Estados Unidos por dirigir una empresa criminal, tráfico de cocaína y uso de armas de fuego en su calidad de jefe del Clan del Golfo. Cabe recordar que el Clan del Golfo fue calificado en Norteamérica como un grupo terrorista en octubre de 2021 y se le responsabiliza de operaciones de narcotráfico, violencia armada y actividades que afectan la seguridad en Colombia y la región.

Las autoridades estadounidenses sostienen que Ávila Villadiego habría mantenido bajo su control las operaciones del Clan del Golfo desde octubre de 2021. Entre los nuevos delitos imputados figura la conspiración para cometer actos de narcoterrorismo, que implica la coordinación de actividades criminales vinculadas tanto al tráfico de drogas como a la ejecución de actos terroristas, así como la provisión de recursos, apoyo logístico y otros medios a una organización considerada terrorista.

Con estos nuevos cargos, el Departamento de Justicia refuerza la presión judicial internacional sobre el líder del Clan del Golfo, cuya captura continúa siendo prioritaria para las autoridades de Estados Unidos. El proceso judicial busca desarticular las redes delictivas asociadas con la organización y llevar ante la justicia a sus máximos responsables.

Por los cargos mencionados, entendiendo que el terrorismo es uno de los más graves para la justicia en Estados Unidos, “Chiquito Malo” podría afrontar una condena de hasta cadena perpetua.

Cabe recordar que “Chiquito Malo” es el cabecilla del Clan del Golfo desde que se registró la captura de alias Otoniel, que hizo parte del inicio del grupo armado cuando se conocía como el Clan Úsuga.

Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, fue capturado en octubre de 2021 por fuerzas de seguridad colombianas tras varios años de operativos y seguimientos en la región de Urabá.

Considerado el máximo líder del Clan del Golfo, su detención representó uno de los mayores golpes contra el narcotráfico en Colombia. En mayo de 2022, Otoniel fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico y delitos relacionados con el tráfico de drogas hacia ese país.

En agosto de 2023 fue condenado a 45 años de prisión luego de que se declaró culpable de tres cargos relacionados con el tráfico de drogas, incluyendo el envío de al menos 96 toneladas de cocaína a Estados Unidos.

El cambio de cargos contra “Chiquito Malo” en Estados Unidos ha hecho que se cuestione la decisión que tomó el Gobierno Petro de suspender las órdenes de captura de varios cabecillas del Clan del Golfo para continuar con los diálogos con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, con la mediación de Qatar, España, Noruega y Suiza.

El Gobierno Petro ha justificado esta decisión al indicar que este proceso busca la desmovilización y reintegración de los miembros de este grupo armado ilegal, estableciendo Zonas de Ubicación Temporal como paso verificable.

El 24 de diciembre de 2025, varios cabecillas comenzaron tareas para coordinar la ubicación de más integrantes en esas zonas. La suspensión de las órdenes está respaldada por la Resolución 274 de la Presidencia y fue informada a la Fiscalía y al Ministerio de Defensa.

Desde Baranoa, Atlántico, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a presuntos planes criminales para atentar contra la vida de varios candidatos presidenciales.

El funcionario anunció que la noche del 17 de abril de 2026 se realizará una junta de inteligencia extraordinaria para abordar el posible atentado contra el candidato Iván Cepeda, sobre el cual solicitó información a Estados Unidos.

El ministro señaló que su gestión estará enfocada en la protección de los aspirantes presidenciales, ya que Cepeda no es el único mencionado en este tipo de amenazas.

“Con la cúpula militar y policial, y también con el DNI, con la Dirección Nacional de Inteligencia, activamos una junta de inteligencia conjunta extraordinaria que vamos a desarrollar esta noche, enfocada específicamente a lo que hemos conocido a través de las redes sociales. También he interactuado directamente con personal de los Estados Unidos para recibir información que se tenga al respecto de dichas amenazas”, declaró Sánchez.

Las declaraciones del ministro de Defensa se registraron luego de un consejo de seguridad extraordinario en el municipio mencionado, en el que se anunciaron acciones contundentes, junto a las autoridades locales, como respuesta a la reciente escalada de violencia.

“Durante la jornada, se abordó de manera prioritaria el fenómeno de la extorsión, cuyo aumento ha impactado directamente los índices de homicidio en la región, afectando la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía”, es parte del comunicado oficial.

El Ministerio de Defensa anunció que, junto con la fuerza pública, trabajarán para devolverle la tranquilidad a los habitantes de esta zona del departamento y llevar ante la justicia a quienes atenten contra la seguridad y la legalidad en la región.

¿Qué se sabe de los planes para atentar contra candidatos presidenciales en Colombia?

El presidente Gustavo Petro fue el primero en alertar sobre presuntos planes para atentar contra la vida de Iván Cepeda. Ante esta situación, el candidato del Pacto Histórico solicitó públicamente a las autoridades información detallada sobre un posible atentado en su contra.

El mandatario nacional mencionó que la Central de Inteligencia Americana (CIA) habría recibido información sobre un plan dirigido a Cepeda. El propio aspirante aseguró haber recibido otras amenazas durante la campaña, aunque no las había hecho públicas por prudencia.

“He decidido afrontar todos los riesgos y circunstancias que implican la responsabilidad asumida con el pueblo colombiano en este proceso electoral”, declaró Cepeda.

En el caso de Abelardo de la Espriella, la congresista estadounidense María Elvira Salazar advirtió a las autoridades colombianas sobre los riesgos que enfrenta el aspirante. Salazar destacó que De la Espriella, de nacionalidad estadounidense, ha expresado temores por su seguridad y la de su familia, señalando que Washington está atento a cualquier eventualidad.

La representante subrayó: “Si algo le ocurre a él o a su familia, el mundo entero sabrá quiénes son los responsables y no habrá ni perdón ni silencio por parte de Washington”. Paralelamente, la campaña de De la Espriella denunció presuntas interceptaciones ilegales y exigió a las autoridades investigar posibles accesos no autorizados a comunicaciones privadas.

Por su parte, la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, fue mencionada en una denuncia del expresidente Álvaro Uribe, que afirmó que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) estaría planeando un atentado contra ella. Uribe atribuyó la información a interlocutores de la propia organización armada. Valencia había manifestado días antes haber recibido amenazas y, como respuesta, su equipo de seguridad se reunió con representantes del Gobierno para valorar la situación.

Los tres casos permanecen bajo revisión de las autoridades judiciales y han motivado llamados a reforzar las medidas de seguridad de los candidatos, mientras la campaña electoral sigue su curso y persisten las inquietudes sobre la protección de los aspirantes presidenciales.

En diálogo con Infobae Colombia, Manuel Camacho Montoya habló sobre su obra Cartagena 1600: Cuando el tirano mandó, en la que busca que el lector se acerque a uno de los periodos más decisivos y menos explorados de la historia temprana de Cartagena de Indias.

Lejos de limitarse a la cronología de hechos, el autor reconstruyó el clima político, social y emocional de una ciudad en la que la burocracia imperial, los intereses comerciales y la violencia cotidiana moldearon un orden que aún repercute en la memoria urbana.

Uno de los principales aportes de la obra es la recuperación y articulación de fuentes primarias poco difundidas. Una investigación profunda en la que estuvieron más de dos años Manuel y su padre, Manuel Camacho Diago.

El libro incluye la exposición de cartas, informes administrativos, testimonios judiciales y crónicas que permiten reconstruir la estructura del gobierno y cómo era la vida diaria en la ciudad, incluyendo el peso del comercio de esclavos, la vulnerabilidad ante ataques extranjeros, las pugnas entre élites locales y los conflictos con la Iglesia.

—¿Qué fue lo más sorprendente que descubrió sobre la vida cotidiana en la ciudad?

El gran hallazgo para mí fue lo mezclada que es Cartagena hoy y hace 400 años cuando empezó la esclavitud. Los esclavos llegaban amarrados en muy malas condiciones, pero progresivamente se fueron mezclando con las familias. De hecho, muchos vivían desamarrados, daban permiso para ir a bailar los sábados y posteriormente ya hacían parte de las casas del día a día. Ya en 1700 muchos esclavos de Cartagena habían logrado comprar su libertad o ya tenían hijos libres, y Getsemaní se volvió un lugar de Cartagena, mulata, libre, lleno de artesanos y trabajadores rebuscadores del día a día. Me sorprendió entender esa evolución racial y de la libertad.

—¿Cómo aborda usted en la obra temas complejos como la esclavitud y el contrabando?

Para mí fue impresionante descubrir que desde el origen Cartagena estuvo mezclada con el comercio legal y con el comercio ilegal. Llegaron 120.000 esclavos legales por el puerto de Cartagena y se calcula que llegaron otros 120.000 que no pasaron por el puerto oficialmente. Los holandeses, los ingleses y los franceses empezaron a generar un comercio que se mezclaba entre piratería y comercio; eran los mismos barcos los que venían y vendían los productos de manera ilegal por Riohacha, Santa Marta o inclusive por puertos cercanos a Cartagena. Esa convivencia entre comercio y piratería promovida por los otros imperios fue una gran sorpresa.

—¿Cómo logró equilibrar el rigor histórico con una narrativa atractiva para el lector contemporáneo?

Competir con las redes sociales y los medios de comunicación es prácticamente imposible para hacer un libro de historia y lograr una lectura masiva. Es bastante difícil. Con humildad, la herramienta que yo empleé fue tratar de colocar emociones, sensaciones, el amor y construir una novela en donde hay mucho del olfato del gusto, pero también de las pasiones humanas. Ir contando la historia de la ciudad fue la herramienta y la estrategia que utilicé y que, pues, espero sea de gusto de los lectores.

—¿Encontró algún personaje o episodio poco conocido que merecería una obra propia?

Benkos Bióho. Colombia le debe mucho a este primer negro, que se emancipó, que creó su comunidad, que defendió su cultura, fundador de Palenque, y que creó en la pobreza y en el abandono de Palenque... Este es un símbolo de la falta de reconocimiento e información que tenemos de este líder temprano de la libertad. Probablemente, él tuvo y construyó el primer territorio libre de las Américas y no le hemos dado ese reconocimiento.

—¿Qué lecciones cree que la Cartagena de 1600 puede ofrecer a la ciudad y al país hoy?

Lo primero es el tema de que somos una cultura mezclada; partimos de muchas diferentes razas: india, negra y blanca, pero dentro de la blanca, de todas las culturas posibles, la importancia que tuvieron los judíos en nuestra común colonización temprana. Muchos de los pilotos de los barcos fueron judíos que, huyendo de la Inquisición en Europa, vinieron; inclusive hay historias de una primera sinagoga de las Américas en Cartagena. La página del libro ya cuenta con más de 13.000 lectores. Ha sido interesante esa mezcla, cómo el gusto de la lectura y el interés por la ciudad se vuelcan a que la gente lo busque a uno en las redes para esos temas.

Uno de los compromisos con los que deben cumplir los comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es entregar una versión completa y detallada de sus actos para que de esa forma las víctimas puedan tener claridad de lo que pasó con sus familiares y seres queridos.

Es por ello que se ha destacado todo lo registrado durante las audiencias del caso 10, en el que las víctimas presentaron sus observaciones frente a las versiones entregadas por los comparecientes del Bloque Caribe de las extintas Farc-EP.

El 17 de abril se llevó a cabo la última diligencia de esta índole en el caso, recordando que el proceso mencionado es en el que se investigan crímenes no amnistiables como masacres, homicidios, desplazamientos forzados y atentados registrados en Atlántico, Bolívar, Cesar, La Guajira, Magdalena y Sucre.

En el inicio de la jornada, la magistrada Marcela Giraldo Muñoz mencionó que en todo momento habrá disposición para escuchar nuevas versiones de los comparecientes para poder lograr llegar a una verdad absoluta de los hechos.

“Hoy cerramos este ciclo de audiencias de observaciones manteniendo viva la disposición para escuchar y seguir construyendo juntos una verdad que dignifique a las víctimas y contribuya a la construcción de paz”.

La primera víctima en hablar fue Nancy Vargas Ávila, que no mostró su rostro por seguridad y pidió que los comparecientes hablen en futuras audiencias sobre qué pasó con sus hermanas Martha y Alexandra, reportadas como desaparecidas desde octubre de 1988.

“Mi hermana (Alexandra) era una niña llena de vida y sueños. Mi hermana Martha no solo era una mujer de sueños, una mujer docente que enseñaba a construirlos y a creer en la vida. Hoy las nombro no solo para recordarlas, sino también para exigir que este país no olvide a las víctimas. Sin verdad no hay justicia ni reparación”, expresó Nancy Vargas Ávila.

Por su parte, María Eugenia Lago Muegues habló sobre lo registrado el 2 de marzo de 1989 en San Diego, César, en donde el grupo guerrillero asesinó a dos de sus hermanos y uno de sus cuñados.

“Quiero pedir que aclaren, que me digan por qué lo hicieron, si mis hermanos eran trabajadores, si vivíamos en la finca trabajando”, fue la exigencia de la víctima durante la audiencia.

Édgar Elihut Moreno Guerrero, hijo de Marta Sofía Guerrero, que fue asesinada el 12 de mayo de 1993 en el caserío El Mango, Cesar, narró cómo fueron los hechos y les pidió a los comparecientes aclarar las razones que los llevaron a cometer este crimen.

“Yo sé que fueron ellos. Yo lo único que quiero saber es por qué lo hicieron, cuál fue el motivo”, fueron las palabras de Moreno Guerrero durante la diligencia.

Por último, una víctima que fue presentada por la magistrada como “Memo” por solicitud de reserva de su nombre y rostro para evitar posibles ataques, pidió a los desmovilizados de las extintas Farc-EP reconocer de manera integral los daños ocasionados a su familia, tras poner un explosivo el 9 de abril de 1999 en Ovejas, Sucre.

“Lo que les pido es que reconozcan en su totalidad el daño grande que nos han hecho”, fueron parte de las palabras de la víctima, que aseguró que las consecuencias por este hecho no solo fueron físicas, sino también emocionales y que persisten hasta la fecha.

Cabe recordar que hasta el momento las Farc-EP han sido responsabilizadas por más de 90.000 homicidios entre 1985 y 2018, representando el 21% de los asesinatos registrados durante el conflicto interno, principalmente en el Caribe y el Magdalena Medio.

El 17 de abril, las autoridades en Cartagena, Bolívar, informaron que en un puesto de control en la ruta 2515 se registró la incautación de 450 cajas de cerveza Costeñita avaluadas en más de 30 millones de pesos.

Este operativo fue ejecutado por la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar en el kilómetro 133 de la ruta mencionada. Al respecto, las autoridades confirmaron que todo se registró durante el desarrollo de un plan de registro y control.

Precisamente, con la intención de confirmar que la documentación de un vehículo de carga estaba en orden, un uniformado detuvo el camión marca Chevrolet en el que transportaban las cervezas sin la documentación tornaguía para la movilización legal de la mercancía.

Sin que el conductor pudiera evitarlo, los uniformados incautaron el licor, que fue dejado a disposición de las autoridades competentes para cumplir con el protocolo de normatividad vigente en la región.

En el informe oficial, las autoridades hicieron un llamado de atención a los transportadores y comerciantes en la zona, para que cumplan con los requisitos legales y eviten sanciones por casos como el mencionado.

“Estos resultados hacen parte de los controles que venimos intensificando en las vías del departamento para combatir el contrabando y garantizar la legalidad en el transporte de mercancías”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía de Bolívar.

Las autoridades han indicado que uno de los objetivos a corto plazo es identificar los lugares en los que se produce el licor ilegal en la región, recordando que en estos lugares producen bebidas alcohólicas sin los permisos ni controles sanitarios requeridos.

Las estructuras criminales suelen utilizar espacios clandestinos donde mezclan alcohol etílico de dudosa procedencia con agua y esencias artificiales para imitar marcas reconocidas. La distribución se realiza mediante redes informales, vendiendo el licor a bares, tiendas o directamente a consumidores, evadiendo impuestos y normativas, y generando ganancias ilícitas para los responsables.

Riesgos de consumir licor adulterado o sin conocimiento sobre su procedencia

El consumo de licor adulterado o de origen desconocido representa riesgos graves para la salud humana. Uno de los peligros principales radica en la presencia de sustancias tóxicas, como el metanol, que pueden utilizarse en la producción ilegal de bebidas alcohólicas. El metanol es un alcohol industrial altamente venenoso para el organismo. Incluso en pequeñas cantidades, puede provocar efectos adversos en el sistema nervioso central, ocasionando síntomas como dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, visión borrosa y, en casos severos, ceguera irreversible.

Otra consecuencia posible es la intoxicación severa, que puede derivar en daño hepático, insuficiencia renal y alteraciones cardiovasculares. El consumo de licor sin control sanitario incrementa la probabilidad de ingerir contaminantes adicionales, como metales pesados, bacterias o sustancias químicas no aptas para el consumo humano. Estos componentes pueden causar intoxicaciones agudas, reacciones alérgicas graves, alteraciones neurológicas y, en situaciones extremas, la muerte.

Las bebidas adulteradas suelen carecer de controles de calidad y no cumplen con los procesos de destilación adecuados. Esto puede originar concentraciones de alcohol etílico superiores a las toleradas por el organismo, lo que favorece el desarrollo de cuadros de intoxicación etílica aguda. El consumo de estas sustancias también puede generar cuadros clínicos de difícil diagnóstico, ya que los síntomas pueden confundirse con los de una intoxicación alcohólica convencional.

El envasado y almacenamiento en condiciones precarias facilita la proliferación de microorganismos patógenos, lo que aumenta el riesgo de infecciones gastrointestinales. Además, la falta de etiquetado confiable impide conocer la composición real del producto, lo que dificulta la identificación y el tratamiento en caso de intoxicación. Estos factores convierten al licor adulterado o de origen incierto en una amenaza significativa para la salud pública.

A diario, las autoridades colombianas reportan casos en los que connacionales y extranjeros son capturados en terminales aéreas por llevar elementos prohibidos o intentar salir del país con narcóticos.

Sin embargo, el 17 de abril se registró una captura que llamó la atención de la opinión pública y fue tendencia en redes sociales, puesto que un ciudadano británico de 25 años, identificado como Fahad Uddin Ahmed, fue capturado por la Policía Antinarcóticos en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en jurisdicción de Palmira, Valle del Cauca, cuando intentó salir de Colombia con bolsas de leche en polvo repletas de cocaína.

El arresto se registró durante los controles rutinarios realizados por las autoridades en la zona de embarque internacional de la terminal aérea.

El procedimiento inició cuando los agentes revisaron el equipaje de mano del pasajero extranjero y, durante la inspección, los uniformados hallaron varios paquetes cuyo empaque y apariencia simulaban contener leche en polvo. Al observar irregularidades en los envoltorios, los agentes realizaron una prueba técnica sobre el contenido de los paquetes.

El resultado de esta verificación confirmó que se trataba de cocaína y no de leche en polvo como sugería la presentación inicial.

El ciudadano británico intentaba transportar la sustancia ilícita hacia el exterior, utilizando el método de ocultamiento para evadir los controles de seguridad aeroportuaria. Tras la detección y confirmación del contenido de los paquetes, las autoridades procedieron con la incautación de la droga y la captura inmediata del implicado en el lugar de los hechos.

Después de la detención, Fahad Uddin Ahmed fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar el proceso judicial correspondiente. El joven deberá enfrentar cargos por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Las autoridades en el Valle del Cauca informaron que continuarán con los operativos de vigilancia y control en la terminal aérea, con el propósito de detectar y frenar intentos de tráfico de sustancias ilícitas mediante diferentes modalidades de ocultamiento en equipajes de mano y otros métodos utilizados por personas que intentan transportar droga al exterior.

¿Cuánto tiempo podría estar en prisión el británico capturado?

En diálogo con Infobae Colombia, el jurista Rogelio Roldán explicó que la legislación colombiana establece que el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes puede ser sancionado con penas de prisión que varían según la cantidad y el tipo de sustancia incautada.

Cuando la cantidad incautada de cocaína excede los 100 gramos, la pena de prisión va de 128 a 360 meses (poco más de 10 años y hasta 30 años), junto con una multa de 1.334 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la cantidad encontrada es menor o igual a 100 gramos de cocaína, la pena de prisión oscila entre 64 y 108 meses (de cinco a nueve años), además de una multa de 2 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En el caso de cantidades superiores a los límites del inciso anterior, pero que no superan los 2.000 gramos de cocaína, la sanción puede ser de 96 a 144 meses de prisión (de ocho a doce años), con una multa de 124 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El jurista explicó que las penas pueden aumentar si existen circunstancias agravantes, como la utilización de menores de edad, la pertenencia a una organización criminal o la comisión del delito en zonas escolares o lugares de concurrencia masiva. Además, las sanciones incluyen multas económicas que varían en función de la cantidad de droga incautada.

Sumado a ello, afirmó que las penas mencionadas podrían variar dependiendo del desarrollo del proceso legal y la cooperación que tenga el extranjero para revelar el origen del estupefaciente.

Sigue la polémica por el operativo militar peruano en territorio fronterizo con Colombia en el que falleció un pescador de 82 años en el río Putumayo.

Al respecto, las autoridades peruanas informaron que la intervención se realizó durante un patrullaje de seguridad electoral, con el objetivo de prevenir incidentes violentos cerca de los puestos de votación. Según el reporte oficial, dos lanchas de la Marina interceptaron la embarcación colombiana y le solicitaron detenerse para un control de identificación; sin embargo, la embarcación se habría negado y abrió fuego, lo que generó la respuesta armada de Perú.

La víctima fue identificada como José Miguel Gutiérrez Baquero, propietario de la embarcación y padre de uno de los individuos trasladados a un centro médico tras la confrontación, en la que resultó herido un marino peruano.

El incidente generó una reacción inmediata del Gobierno colombiano, que exigió esclarecer los hechos y cuestionó el uso de la fuerza durante el operativo, lo que intensificó las tensiones diplomáticas entre ambos países, que desde 2025 mantienen disputas territoriales en la región amazónica, a pesar de acuerdos previos para garantizar la navegabilidad en la zona.

Desde Bogotá, en donde sigue en un centro médico, Miguel Gutiérrez, hijo de José Miguel Gutiérrez Baquero, habló con Noticias Caracol para entregar su versión de los hechos.

El colombiano afirmó que la embarcación de su padre salió de Puerto Asís el 5 de abril con el objetivo de llegar a Leticia, en donde entregarían 250 toneladas de carga con la documentación requerida para hacerlo.

En Puerto Leguízamo pararon por un puesto de control en el que las autoridades colombianas comprobaron que no llevaban nada ilegal, pero cuando faltaba aproximadamente la mitad del recorrido, fueron interceptados por la Armada de Perú.

Al llegar a Puerto Leguízamo, realizaron el control correspondiente con las autoridades. Posteriormente, al aproximarse al sector conocido como El Estrecho, que representa el 60% del trayecto, fueron interceptados por una embarcación tipo piraña, utilizada como lancha de guerra por la Armada del Perú.

“Nos que detuviéramos la embarcación y que apagáramos motores porque eran la Armada de Guerra del Perú. En el momento, nosotros estamos en plena maniobra; nosotros no podemos apagar la embarcación”, indicó Gutiérrez al medio citado.

Para el colombiano, la intención de los uniformados peruanos no era dialogar, sino comenzar un ataque contra los tripulantes de su embarcación.

“La embarcación tiene una bandera colombiana y está señalizada en tres puntos más en los bongs, que están identificados sus nombres con sus números de patentes. Ellos en ningún momento vinieron con buenas intenciones. Ellos iban a atacarnos”.

Gutiérrez narró los momentos que vivió junto a su padre y los demás tripulantes durante el ataque de las autoridades peruanas y negó la versión en la que se afirma que ellos dispararon primero.

“Yo les gritaba: ‘Déjennos, déjennos que ya vamos maniobrando, no podemos detener la embarcación’. Ellos decían que apagáramos motores de la embarcación, que iba a quedar a la deriva. Yo les decía: ‘Somos comerciantes’, les grité varias veces, ‘somos gente de bien, no somos bandidos; por favor, bajen las armas, no nos vayan a disparar’. Estábamos ya en territorio colombiano. Ellos invadieron territorio colombiano”.

Por último, Gutiérrez indicó que no tiene, junto a su familia, la intención de conciliar en este caso, por lo que anticipó que buscará que se haga justicia tras la muerte de su padre.

“Estaba sentado en la banca del remolcador. En el remador tenemos una banquita donde se sienta todo el mundo. Yo lo único que escuché fue la ráfaga. Yo lo único que alcancé fue a correr. Mi esposa estaba en el camarote conmigo, con mi bebé de un año. Gracias a Dios, no hubo más muertes, ni mi hijo ni mi mujer. Yo me tiré al lado de la cama y le supliqué a mi mujer”, expresó.

Y añadió: "Mi padre fue una persona muy conocida, muy conocida en el río, muy querido, fue una persona muy transparente, que toda la vida había trabajado para conseguir lo suyo, una persona íntegra y un buen transportador. Nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que los responsables que hicieron este hecho respondan ante la ley y que el asesinato de mi padre no quede impune”.

Además de la inseguridad y los problemas de movilidad que han sido denunciados en el Concejo de Bogotá, evitar que las nuevas generaciones sean permeadas por la delincuencia es uno de los retos que tienen las autoridades en Bogotá.

Es por ello que el 17 de abril el cabildante Andrés Barrios, del Centro Democrático, expuso con preocupación unas cifras de la Secretaría de Salud que dejarían en evidencia que los menores en la capital están cada vez más cerca de las drogas.

El concejal indicó que el consumo de sustancias psicoactivas entre menores de edad ha adquirido dimensiones preocupantes. El informe reveló que más del 45% de los 10.094 casos reportados de consumo de sustancias en colegios corresponde a vapeadores, un fenómeno que afecta a estudiantes desde edades tempranas.

En el análisis presentado por Barrios, se destacó que la edad promedio en la que los escolares se inician en el consumo de vapeadores es de trece años. Entre los menores de doce a catorce años se concentra el 53% de los casos, con un total de 2.450 registros. Además, el informe documenta 493 casos de consumo en niños de entre nueve y once años y 32 en menores de nueve años, lo que evidencia la presencia de este comportamiento en diferentes etapas del sistema educativo.

La distribución de los casos por niveles educativos expone que el 68% de los registros se encuentra en bachillerato, mientras que el 12.9% corresponde a primaria. En cuanto a la frecuencia, 438 estudiantes presentan un consumo diario y 1.044 un consumo recurrente.

Barrios mencionó que, en el grupo de niños de entre cinco y once años en colegios oficiales, siete de cada diez son casos reportados en los que usan vapeador.

En ese sentido, indicó que el entorno escolar resulta un punto de concentración importante. El 67% de los casos identificados tiene lugar durante actividades lúdicas dentro del colegio y el 79% ocurre en interacción con compañeros. Además, tres de cada cinco casos se registran dentro de las instalaciones educativas.

El informe también abordó la distribución por género. El 60.6% de los registros corresponde a hombres y el 39.4% a mujeres. En el segmento de doce a catorce años, la relación es de 1.354 casos masculinos frente a 1.096 femeninos.

Al detallar el tipo de consumo, el 86.5% de los estudiantes identificados consume exclusivamente vapeadores. No obstante, 622 casos presentan policonsumo, asociado principalmente con marihuana (292 casos), alcohol (202) y sustancias como cocaína o tusi (121).

En cuanto a los lugares que le generan preocupación. Barrios señaló que hay una mayor incidencia en localidades como Kennedy (596 casos), Bosa (558), Ciudad Bolívar (543) y Suba (454), en donde las zonas donde el consumo se concentra coinciden con otros indicadores de alerta social sobre el acercamiento de los jóvenes con pandillas.

Barriós mencionó que el 75.9% de los casos se registra en instituciones oficiales, por lo que advirtió sobre la necesidad de reforzar los controles y estrategias de protección en los espacios bajo supervisión estatal, ya que la mayoría de los episodios de consumo no terminan en ningún tipo de intervención por parte del distrito.

Para el cabildante, las cifras reveladas por la Secretaría de Educación y recopiladas por él son una radiografía detallada sobre la prevalencia del uso de vapeadores y otras sustancias psicoactivas en colegios de Bogotá, e hizo énfasis en el cuidado de los menores como una prioridad.

“Aquí no hay matices; cuando como sociedad no logramos proteger a los niños en los espacios que sí controlamos como la casa, el colegio y los parques, entonces está claro que el problema no es el niño, sino todo lo demás”, puntualizó.

A falta de dos meses para que comience la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México, las expectativas por lo que podrá hacer la selección Colombia en el torneo internacional generan interés en el país.

Es por ello que, en diálogo con BluRadio, el atacante Radamel Falcao García, que fue mundialista con Colombia en Rusia 2018, habló sobre el presente de la Tricolor y cómo cree que resolverá el campeonato mundial.

Cabe recordar que Colombia fue ubicada en el grupo K junto con Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo, y jugará la primera fase entre México y Estados Unidos.

Precisamente, “El Tigre” comenzó hablando sobre las naciones que considera llegarán en su mejor momento y podrán quedarse con el título en Norteamérica.

“Yo creo que España cuenta con un plantel de jugadores muy jóvenes que se han consolidado en equipos de la élite mundial. Están haciendo cosas muy importantes y son determinantes, algunos como el caso de Lamine. Yo veo a España como una de las favoritas”

En segundo lugar, el actual delantero de Millonarios afirmó que ve potencial en la nación dirigida por Didier Deschamps. “Después está Francia, que tiene jugadores espectaculares, tiene dos planteles para poder seguir siendo competitiva”.

Por último, Falcao indicó que Portugal, Argentina y Brasil son otras naciones que deben ser tenidas en cuenta antes del inicio del torneo de naciones.

“Portugal ha crecido muchísimo. También están las de siempre: Argentina, que es la actual campeona y tiene que defender su título; Brasil no deja de ser Brasil y cuenta con jugadores maravillosos”, declaró el samario.

Al hablar de la selección Colombia, Falcao habló de la importancia de que los jugadores lleguen en un buen momento al torneo.

“Colombia viene creciendo, evolucionando; la última fecha no fue lo que esperábamos, pero lo importante es que los jugadores lleguen de la mejor manera. En estos campeonatos te tienes que levantar con el pie derecho, porque si es lo contrario, te quedas fuera de la Copa del Mundo. Esperemos que los chicos de acá al final de sus ligas y cuando sea el momento de estar juntos lleguen bien. Seguramente, la selección, como lo mostró en la Copa América, va a estar ilusionada por hacer una excelente presentación”

En ese sentido, Falcao habló de la importancia de Luis Díaz, que fue una de las figuras del Bayern Múnich en la clasificación del equipo alemán a las semifinales de la UEFA Champions League.

“Ha tenido una temporada, no solo por el partido de ayer; viene manteniendo un nivel importante. En este tipo de competiciones en las que se enfrenta con élites, necesitas jugadores influyentes en equipos importantes”

Por último, desde su experiencia como mundialista, “El Tigre” indicó que un factor que puede ser crucial en el mundial es la unión del grupo de convocados, lo que resaltó como lo más importante para llegar a instancias finales del torneo de naciones.

“La experiencia en este tipo de competiciones que más me marcó es cuando un equipo está fuerte y unido, cuando todos los jugadores van hacia un mismo objetivo. Eso termina haciendo la diferencia. Si el colectivo está fuerte, eso va a potenciar las individualidades y la selección será un equipo muy difícil de vencer. Tenemos jugadores muy buenos y me parece que tenemos que fortalecernos, creer que como grupo se puede lograr”.

En el mundial de 2018, Colombia fue eliminada en octavos de final por Inglaterra; en ese torneo, Falcao anotó un tanto ante Polonia, lo que representó una revancha para el samario, que se perdió el torneo de 2014 por una lesión que sufrió en Francia cuando era jugador de Mónaco.

El hecho se registró el 26 de diciembre de 2008, cuando el sargento retirado del Ejército Nacional ingresó armado al lugar para exigir el pago de su pensión; horas después liberó a los rehenes y fue sometido por las autoridades.

El exmilitar manifestó que su acción respondía a un estado de desesperación tras múltiples gestiones administrativas fallidas. El episodio no dejó víctimas mortales ni heridos graves, pero desencadenó un proceso judicial que marcaría la vida del protagonista y de su familia.

La justicia ordinaria dictó una condena de más de 16 años de prisión para Santander Paz. El fallo se sustentó en cargos de secuestro y porte ilegal de armas. Durante el juicio, la defensa argumentó que el exmilitar actuó bajo presión psicológica, derivada de la negativa estatal a reconocer su pensión y a responder a sus reclamos por lesiones sufridas en combate. Los testimonios de compañeros y familiares expusieron la situación de desamparo que enfrentaban muchos soldados retirados en Colombia, pero esto no provocó que el fallo fuera cambiado.

Hasta la fecha, diversas organizaciones sociales y de derechos humanos exponen el caso como ejemplo de las dificultades de los veteranos para acceder a prestaciones sociales. Las manifestaciones a favor y en contra del exsargento se multiplicaron en redes sociales y foros públicos, mientras Santander sigue en prisión.

Lo último registrado en el caso es que la Corte Suprema de Justicia revisó el caso y solicitó la absolución del exsargento. El alto tribunal consideró que existen elementos suficientes para cuestionar tanto la tipificación del delito como la proporcionalidad de la condena. Entre los argumentos, la Corte destacó la situación de abandono institucional que vivió Paz y la ausencia de un daño letal durante la toma del edificio.

Por un lado, familiares y allegados del exmilitar celebraron la petición de absolución como un acto de justicia largamente esperado. Por otro lado, algunos sectores advirtieron sobre el mensaje que podría enviar a la sociedad respecto al uso de la fuerza para reclamar derechos.

Se estrenará película sobre este hecho

Este caso ha vuelto a ser noticia por el estreno de la película Sargento Paz, dirigida por el cineasta Jorge Caballero, que explora los acontecimientos que llevaron al exmilitar al límite, así como el entorno familiar y social que rodeó la toma del edificio.

El largometraje será estrenado en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias 2026 y ha generado expectativa en el circuito cinematográfico colombiano. La producción ha resaltado que se llevó a cabo una investigación en la que consultaron archivos judiciales, informes oficiales y entrevistas con protagonistas y testigos.

El elenco de la película es encabezado por el cartagenero Ramsés Ramos, Marcela Benjumea, Danharry Colorado y Bárbara Perea Arce. Después de la presentación en el festival se revelarán detalles de la distribución en cines del largometraje.

Entre los hechos recordados del caso está la entrevista que entregó Alejandro Paz, hermano del exmilitar, que reconoció el desespero de su familiar, pero se mostró sorprendido al observar en lo que terminó esa tristeza.

“Yo había hablado con él dos meses atrás y lo noté triste y desesperado por la situación que atravesaba. No tenía plata ni para comer, entonces yo le mandaba lo que podía, porque tampoco gano mucho. Pero nunca me imaginé que Édgar iba a hacer lo que hizo”, declaró Paz a El Espectador en ese momento.

En febrero de 2026 fue noticia en Colombia el hallazgo en Noxford, Estados Unidos, del cuerpo sin vida de Lina María Guerra, de 39 años, que había sido reportada como desaparecida por sus familiares después de que dejó de responder los mensajes en redes sociales.

El 16 de abril, este hecho volvió a ser noticia debido a que se confirmó la captura de David Varela, ciudadano estadounidense que es el principal sospechoso por la muerte de Guerra, que fue hallada en un congelador en el estado de Virginia.

Las autoridades confirmaron que el arresto se registró en Hong Kong tras una investigación internacional que contó con la cooperación de fuerzas policiales estadounidenses y autoridades de la región administrativa especial en China.

La búsqueda de David Varela se activó después de que familiares y allegados de la colombiana afirmaron que él había entregado versiones cruzadas sobre su paradero. La policía de Virginia acudió al domicilio de la pareja tras recibir una solicitud de bienestar y encontró un congelador industrial que contenía el cuerpo de la mujer en avanzado estado de descomposición. La inspección forense inicial indicó que los restos llevaban varios días en el lugar y presentaban signos de violencia.

La investigación reveló que Varela abandonó Estados Unidos poco después de que se denunciara la desaparición de Guerra. De acuerdo con reportes oficiales, tomó un vuelo rumbo a Hong Kong, donde fue localizado y puesto bajo custodia por la policía local. Las autoridades estadounidenses solicitaron su extradición para enfrentar cargos de asesinato y otros delitos relacionados.

El entorno de la pareja describió una relación marcada por conflictos recientes. Testimonios recogidos por los investigadores señalan que el clima en la vivienda se había vuelto tenso y que la víctima dejó de ser vista en el vecindario en los días previos al hallazgo.

Un vecino, que prefirió mantener el anonimato, relató: “Observamos movimientos poco habituales en la casa antes de la llegada de la policía”. La vivienda fue asegurada por las fuerzas policiales como parte del proceso de recolección de pruebas.

El caso adquirió relevancia internacional debido a la forma en que se ejecutó la huida y la posterior detención. Hong Kong cumplió con la solicitud de localización y arresto emitida por Estados Unidos, lo que permitió la captura de Varela sin incidentes reportados. El Departamento de Estado norteamericano expresó su disposición a colaborar en todo el proceso y reiteró el compromiso de trabajar junto a las autoridades asiáticas durante las etapas de extradición.

Por su parte, la policía de Virginia continúa analizando evidencia recolectada en la vivienda, incluidas huellas, registros digitales y objetos personales. Los peritos forenses trabajan para determinar la causa precisa de la muerte y el tiempo exacto que el cuerpo de la latina permaneció en el congelador.

“El hallazgo fue posible gracias a la alerta de la comunidad y la rápida intervención policial”, indicó una fuente vinculada al caso al medio local WTKR.

El consulado de Colombia en Virginia fue notificado y mantiene comunicación directa con la familia de la víctima. Además, las autoridades estadounidenses han ofrecido apoyo logístico y psicológico a los allegados de la colombiana. El proceso de extradición de Varela podría extenderse debido a la complejidad legal entre ambas jurisdicciones.

Registros migratorios confirmaron que David Varela había salido del país poco después de la denuncia, lo que activó los protocolos de alerta internacional. El seguimiento de sus movimientos en Hong Kong se realizó mediante la revisión de cámaras de seguridad, registros hoteleros y análisis de comunicaciones electrónicas.

El caso sigue bajo investigación activa tanto en Estados Unidos como en Hong Kong. Las autoridades trabajan en la integración de los elementos probatorios que permitan esclarecer las circunstancias del crimen y avanzar en el proceso judicial contra David Varela. La policía mantiene la reserva sobre algunos aspectos de la investigación para preservar la confidencialidad de los procedimientos.

Cabe recordar que Díez es conocido principalmente por su canal de YouTube, donde explora destinos exóticos y documenta su experiencia enfrentando situaciones extremas, como consumir alimentos inusuales o visitar lugares peligrosos. Su contenido destaca por su enfoque documental y la autenticidad con la que muestra culturas poco conocidas. Lethal Crysis ha viajado por más de 80 países y ha acumulado millones de seguidores, consolidándose como uno de los referentes en el ámbito de la aventura y el turismo alternativo en redes sociales.

Sin embargo, el contenido difundido en esta ocasión no fue a través de YouTube, sino de su cuenta de Instagram, puesto que reveló que el video fue rechazado por las políticas de la plataforma inicialmente mencionada.

“Entré en laboratorios de cocaína en las montañas de Colombia. Una de las zonas más calientes del país, inundada de plantaciones de coca. El reportaje fue restringido y quedó enterrado en YouTube debido a su delicada temática. Como sé que la mayoría de vosotros no lo pudo ver, también por su antigüedad, dejo por aquí este reel y los invito a buscar en YouTube: “Campesinos colombianos cambian plantaciones de coca por café”.

“Os voy a contar cómo conseguí entrar en laboratorios de la cocaína en las montañas de Colombia”, es parte del relato del español, que explicó cómo debió permanecer en una zona con poca presencia de las autoridades en el municipio de Argelia, en el Cauca.

“Por todas las laderas de la montaña son plantaciones de coca; fueron varias horas desde Popayán. Estas zonas están disputadas entre el Ejército, los paramilitares y las guerrillas”.

Díez recordó que varios locales le afirmaron que era habitual que ellos quedaran en medio de los combates en la región, siendo muy probable que pudieran morir en el fuego cruzado.

El español reveló que en esa ocasión pudo ingresar a una zona roja por un proyecto nacional que intentaba convencer a familias de cambiar sus cultivos de coca por nuevas economías agrícolas.

El youtuber español narró que fue testigo de cómo la violencia interna de Colombia provocaba que los campesinos intentaran cambiar sus vidas y alejarse de la coca, pero también observó las dificultades que tienen para que esto sea concretado.

“Tras ver la muerte que esto traía a sus familias, ellos volverían a lo de antes”, indicó Díez, que en medio de la visita fue notificado de que sería aceptado en un laboratorio de cocaína para registrar todo en este lugar.

Más allá de revelar detalles de cómo es procesada la coca hasta convertirse en cocaína, el español indicó que su relato sería centrado en hablar de las familias de la zona, que, en su mayoría, reconocieron tener un familiar muerto por haber ingresado al mundo criminal.

“El 80 o 90% tienen algún miembro muerto. Nos encontramos en un verdadero punto de riesgo, en un punto rojo. En el municipio estuve apenas unas horas porque en el municipio la guerrilla había puesto un toque de queda. Cualquier coche que fuera visto sería tiroteado y nos tocó salir rápido hacia Popayán”, puntualizó el español.

En sus redes sociales, el español afirmó que su experiencia en Colombia le permitió confirmar la teoría de que el problema no es de la hoja de coca, puesto que esta es utilizada para aspectos positivos en algunas comunidades, sino que la responsabilidad de la violencia que gira en torno a ella es de los humanos y su comportamiento ilegal.

El 16 de abril se llevó a cabo el segundo día de la audiencia de consolidación de aportes de verdad por parte de 38 exmilitares que participaron de los “falsos positivos” registrados en Boyacá y Santander.

Los comparecientes que pertenecieron al Grupo de Caballería Mecanizado General José Miguel Silva Plazas participaron de siete ejecuciones extrajudiciales que presentaron como bajas en combate entre 2006 y 2008 en Belén, Paipa, Duitama y La Uvita, en Boyacá; y en dos hechos registrados en Onzaga, Santander.

La diligencia fue presidida por el magistrado Mauricio García, que resaltó que en estos procesos se busca resolver la situación jurídica de aquellos comparecientes no considerados como máximos responsables en crímenes.

Sumado a ello, mencionó que los comparecientes deben cumplir con requisitos estrictos como aportar verdad detallada, reconocer su responsabilidad y comprometerse a llevar a cabo acciones de reparación para las víctimas y las comunidades de los municipios mencionados.

Uno de los hechos abordados fue el asesinato de Martín Rodríguez Núñez, registrado el 31 de marzo de 2008 en Paipa, Boyacá, en donde la víctima habría sido llevada a un lugar bajo engaños para ser presentada falsamente como un resultado operacional.

Durante la lectura se afirmó que el teniente Marcos Andrés Cristancho Acosta ordenó contactar a un intermediario para ubicar a una persona que pudiera ser presentada falsamente como baja en combate, bajo la presión por mostrar resultados operacionales, llegando al punto de que ofreció dos millones de pesos por la víctima.

Precisamente, Cristancho afirmó que su labor era “recolectar información, reunirme con fuentes, apoyar los procesos de judicialización y lograr la desmovilización de integrantes de la estructura del ELN que operaba, para ese momento, en el departamento de Casanare y en Boyacá”.

El exmilitar reconoció que los altos mandos en la región sabían de las irregularidades que se registraban. “Desde 2006, ya era costumbre que hicieran montajes. Lo puse en conocimiento y me dijeron que si no servía para inteligencia, me iban a dar de baja del Ejército y empecé a recibir presiones. Y terminé involucrándome en esta actividad ilegal”.

Otro caso destacado fue el narrado por el compareciente Omar Ricardo González, que confirmó la versión de Cristancho en otros casos de ejecuciones extrajudiciales, y señaló a un coronel de ordenar el traslado de las víctimas.

“El coronel Rivera estaba enterado de todo y todo se hacía porque él lo ordenaba. Sí había muchas presiones, tal como lo narró Cristancho”.

En la diligencia, el exmilitar José Antonio Pinzón Jaime confirmó la versión de los otros comparecientes y le pidió perdón a Esther Núñez Cruz, madre de Martín Rodríguez, presentado como un guerrillero abatido en combate.

“Agradezco a Dios la oportunidad de tenerla en frente de mí para decirle que yo le terminé la vida a usted y no sabe cuánto me arrepiento y me avergüenzo de todo lo que hice. Pero nada repara el daño y acepto mi responsabilidad, y no estoy en condiciones de pedirle perdón. No me excuso en las órdenes que me dieron mis comandantes”, dijo Pinzón, que recibió un abrazo por parte de la madre de uno de los jóvenes que asesinó.

“Esté tranquilo, mijo. Realmente, arrepiéntase de corazón. Por mí no sufra, no hay odio en mi corazón”, respondió Esther Núñez, lo que provocó que el magistrado se pronunciara para destacar la importancia de este tipo de procesos de reparación

“Nos están enseñando a vivir, a ser mejores seres humanos, a aprender y a recapacitar. Es un llamado a cambiar a Colombia”, indicó el magistrado García, que el 17 de abril presidirá la tercera y última audiencia por los nueve hechos de “falsos positivos” de este proceso.

El 16 de abril la Corte Suprema de Justicia confirmó la absolución de Laura Moreno y la prescripción penal a favor de Jessi Quintero por la muerte de Luis Andrés Colmenares, registrada el 31 de octubre de 2010.

Durante la diligencia, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano, identificó inconsistencias en la acusación contra Laura Milena Moreno en el caso Colmenares. Según Solórzano, la Fiscalía no logró definir si Moreno debía ser juzgada como coautora impropia del homicidio de Luis Colmenares o solo como testigo, y optó por imputarle el delito de homicidio sin fundamentar adecuadamente su responsabilidad como coautora.

Señaló que esta decisión parecía buscar que Moreno delatara a los presuntos autores materiales. Además, el magistrado advirtió que estos errores no fueron corregidos entre la imputación y la acusación, lo que generó constantes cambios en los cargos, tanto en los hechos imputados como en la calificación jurídica. Finalmente, indicó que la acusación fluctuó entre insinuar dolo eventual y concluir con una responsabilidad por comisión, reflejando una valoración errática de las pruebas y una falta de claridad en la construcción del caso.

Debido a que se trata de uno de los casos más seguidos en el siglo XXI en Colombia, en diálogo con Infobae Colombia, Alejandra Rubio y Julio César Rivera, líderes del Consultorio Jurídico de la Universidad Politécnico Grancolombiano, explicaron cómo entender la decisión de la corte y lo que sigue para la familia de Andrés Colmenares.

En primer lugar, explicó que, para que se pueda estructurar un caso, la Fiscalía debe delimitar claramente cuáles son los hechos frente a los cuales se va a defender el imputado, lo que incluye cuál fue el rol que asumió esta persona en el actuar delictivo.

Es por ello que, en este caso, cuando se habla de la participación de Laura Moreno, el ente acusador no tuvo claridad para ejecutar la conducta de homicidio, dividiendo la responsabilidad o asumiendo que había un papel determinado para cada uno de los procesados, pero sin explicar cuál fue.

“Cuando se habla de coautor impropio, es cuando se determina que una persona asume un rol determinado en un delito; por ejemplo, uno es quien lo entretiene y otro es el encargado de empujarlo al caño”.

Rubio también explicó el alcance jurídico de la decisión de la Corte Suprema de Justicia en el caso Colmenares. Frente a la posibilidad de que la familia de la víctima quiera impugnar esta decisión, enfatizó que no existe una tercera instancia ordinaria y que el mecanismo disponible es la tutela contra providencias judiciales, que procede de manera excepcional y bajo circunstancias estrictamente definidas.

La acción de tutela busca la protección de derechos fundamentales, como el debido proceso, el acceso a la justicia y a la verdad, cuando estos resultan vulnerados por decisiones judiciales. No tiene como fin reabrir debates probatorios ni controvertir la valoración de pruebas realizada por un juez, sino analizar si en el trámite judicial se presentaron afectaciones a derechos protegidos constitucionalmente.

Para que una tutela de este tipo sea admitida, es indispensable que el caso tenga relevancia constitucional, es decir, que no baste con una inconformidad jurídica, sino que se evidencie la ausencia de otros recursos ordinarios o extraordinarios y que se cumpla con el principio de subsidiariedad.

La solicitud debe respetar el principio de inmediatez, lo que implica que debe presentarse en un tiempo razonable tras conocer la decisión, preferiblemente no más allá de seis meses.

Rubio advirtió que la mayoría de tutelas contra providencias judiciales suelen ser rechazadas por no cumplir con los requisitos de procedencia. Si una tutela es aceptada y concedida, puede dejar sin efectos la decisión judicial impugnada y ordenar que se rehaga el trámite correspondiente.

Una vez agotado este mecanismo, el único recurso restante es acudir a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Allí, la discusión no se centra en el fallo penal, sino en posibles vulneraciones de derechos por parte del Estado colombiano, a través de sus autoridades judiciales.

El 16 de abril se conoció que la defensa de Miguel Rodríguez Orejuela, uno de los fundadores del cartel de Cali, ha vuelto a solicitar ayuda del Gobierno colombiano para el retorno del capo que está recluido en una cárcel de Estados Unidos.

Los abogados y familiares del tolimense afirman que padece de una enfermedad terminal y que uno de los últimos deseos de Rodríguez Orejuela, que actualmente tiene 82 años, es pasar sus últimos días de vida en Colombia.

Sin que exista ningún tipo de respuesta por parte del Gobierno nacional, en el país ha generado interés lo que pueda pasar con este caso, en el que uno de los mayores capos de la historia de Sudamérica está implorando por volver a su país de origen.

La historia del ‘Señor’, el menor de los Rodríguez Orejuela

Miguel Rodríguez Orejuela nació el 15 de agosto de 1943 en Mariquita, Tolima, en donde ingresó junto a su hermano, Gilberto Rodríguez Orejuela, al mundo del crimen con el contrabando de electrodomésticos y bienes de consumo a través de empresas legales como fachada.

Precisamente, la experiencia que tuvieron con el manejo de negocios legales fue lo que les permitió consolidar varias empresas comerciales en el Valle del Cauca, que luego utilizaron para blanquear los activos que generaban con el tráfico de estupefacientes.

Junto con Hélmer “Pacho” Herrera Buitrago y José “Chepe” Santacruz Londoño, conformaron el cartel de Cali, que, a diferencia del de Medellín, operaba desde las sombras, haciendo que ellos conservaran sus fachadas de empresarios exitosos.

Entre las compañías que lideraron está Drogas La Rebaja, que generaba ganancias por sí sola y, tras la intervención del Estado, se logró que continuara funcionando, lo que sigue pasando en la actualidad.

Durante el auge del narcotráfico en Colombia, los hermanos Rodríguez Orejuela se convirtieron en figuras de respeto en Cali, llegando al punto de que invirtieron parte de su capital en América, uno de los clubes de la región.

Miguel, conocido en ese momento como “El Señor”, era el que mandaba al interior del club de fútbol que llegó a tener en sus filas a figuras como Falcioni y Gareca, y jugó en tres oportunidades la final de la Copa Libertadores.

Mientras Pablo Escobar tenía una guerra contra el Estado, el cartel de Cali logró permear a las instituciones gubernamentales hasta que un conflicto entre “Pacho” Herrera y Escobar provocó que se cayera la fachada que manejaban.

Para acabar con Escobar, los Rodríguez Orejuela conformaron, junto a otros enemigos del capo antioqueño, a Los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar), y hasta la fecha hay versiones de la historia en las que se afirma que fueron ellos los que terminaron con la vida del fundador del cartel de Medellín en 1993.

La caída de Pablo Escobar hizo que las autoridades norteamericanas pusieran sus ojos en la organización liderada por los Rodríguez Orejuela, que tuvieron tanto poder que llegaron a intervenir económicamente en las elecciones presidenciales de Colombia en 1994.

El primero en caer fue Gilberto Rodríguez Orejuela, el 9 de junio de 1995; dos meses después se registró la captura de Miguel, que fue entregado por su jefe de seguridad.

Durante 10 años los hermanos estuvieron recluidos en prisiones de Colombia, hasta que en 2005 fueron extraditados a Estados Unidos, en donde aceptaron cargos por conspiración para importar cocaína.

La vida de los capos ha sido contada en diferentes series; sin embargo, desde que fueron enviados a Norteamérica, optaron por no hacer pronunciamientos públicos, lo que cambió después del 31 de mayo de 2022, cuando se registró la muerte de Gilberto Rodríguez Orejuela. Desde ese momento, “El Señor” ha buscado de diferentes formas, incluyendo el envío de cartas al presidente Gustavo Petro, poder volver a Colombia.

Luego de más de 30 años desde que Pablo Escobar ingresó a cuatro hipopótamos africanos de manera ilegal a Colombia, esta especie se ha convertido en un problema en el Magdalena Medio, en donde habría más de 200 de estos animales.

Además de ser la especie que más provoca muertes humanas al año, los hipopótamos generan otras consecuencias en el ecosistema colombiano, lo que incluye poner en riesgo de extinción a los bocachicos, los manatíes y las nutrias.

Es por ello que el Gobierno colombiano tomó la decisión de comenzar un proceso que consiste en matar a 80 hipopótamos; con los restantes se buscará que sean ubicados en otras naciones y, a la par, se llevarán a cabo intervenciones de esterilización para controlar la población de este animal.

Esto ha comenzado una polémica en la que defensores de animales han rechazado la decisión del Ministerio de Ambiente, siendo el mexicano Ernesto Zazueta una de las figuras que más se ha pronunciado al respecto.

Cabe recordar que Zazueta es el representante de varios refugios de animales que se han ofrecido a recibir algunos de los hipopótamos y, en diálogo con El Colombiano, afirmó que los Gobiernos de Colombia y México han impedido que esto se registre.

“Sí, desde hace dos años o tres años tratamos de rescatar los hipopótamos que están en Doradal. Sabemos que los gobiernos de todas las partes son iguales: si no tienen los reflectores, no te permiten hacer las cosas. Ofrecimos trasladar unos al santuario de México y otros a la India, un santuario al que he donado muchos animales. Conseguimos los recursos para que al gobierno colombiano no le costara nada el traslado. Pero hubo un contubernio entre ambos gobiernos, entre los ministerios de ambiente, y el asunto se tornó feo. No perdemos la esperanza de ayudar a los hipopótamos”, declaró Zazueta.

Al respecto, la ministra de Ambiente de Colombia, Irene Vélez, reconoció que hay acercamientos para enviar algunos hipopótamos al exterior, pero esto no ha sido concretado porque no están las garantías para que los refugios puedan recibir a los animales, puesto que se trata de individuos nacidos en Colombia que podrían tener enfermedades diferentes a los de los nativos de África.

En medio de la polémica, también se ha recordado que Azcarm, refugio del que es vocero Zazueta, ha estado involucrado en investigaciones por presunto tráfico ilegal de especies.

¿Qué se sabe de las investigaciones?

Las investigaciones son directamente contra María de los Ángeles Palma Irizarry, exfuncionaria de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en México, y están centradas en presuntas conductas irregulares vinculadas al tráfico ilegal de especies.

En este caso, Palma Irizarry ocupó la dirección general de Vida Silvestre en Semarnat hasta 2022, cuando renunció y pasó a dirigir la unidad de Bienestar Animal del santuario Ostok Sanctuary, en Sinaloa, propiedad de Ernesto Zazueta, presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (Azcarm).

Una investigación de la Semarnat y la Secretaría de la Función Pública detectó que al menos 13 funcionarios, incluida Palma Irizarry, habrían incurrido en prácticas que podrían considerarse tráfico ilegal de especies. Entre las irregularidades detectadas figuran autorizaciones falsas para la captura y comercialización de especies protegidas, como pepino de mar, rana pinta, borrego cimarrón, tampicirán y aves acuáticas.

Los expedientes señalan que estas prácticas se realizaron de manera sistemática dentro de la Dirección General de Vida Silvestre. La investigación adquiere relevancia en el contexto del interés de Ostok Sanctuary en trasladar al menos 10 hipopótamos del Magdalena Medio, en Colombia, a México.

El traslado requeriría movilizar más de 5.000 millones de pesos y superar trámites internacionales. El vínculo de Palma Irizarry con ambas instituciones ha generado cuestionamientos sobre los procedimientos y la legalidad de las autorizaciones para movilizar fauna silvestre entre países.

El caso, expuesto por el medio Contralínea, sugiere que la red de permisos irregulares no se limita a una sola especie, sino que involucra un patrón de anomalías administrativas y legales en la gestión de vida silvestre en México. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la responsabilidad de los involucrados y el alcance de las prácticas irregulares dentro de la Semarnat y su posible relación con el santuario Ostok.

Como uno de los jugadores más recordados de los 90 en el fútbol colombiano, Carlos Alberto Valderrama, más conocido por los fanáticos como el “Pibe”, sobrenombre que adoptó por un colega argentino de su padre, reveló detalles de su vida en una entrevista con Andrés Cantor.

Durante la conversación, el samario habló de los equipos que representó en Colombia, siendo Deportivo Cali y Junior de Barranquilla los que más cariño demostró tener el exmediocampista.

Al hablar de cómo era jugar un clásico vallecaucano en los 80 y 90, Valderrama reconoció que en un momento de su carrera fue tentado por los hermanos Rodríguez Orejuela, líderes del cartel de Cali que invirtieron parte de su capital en el América.

“Rodríguez Orejuela te dijo: Póngale la plata que usted quiera a su contrato, firme acá. ¿Fue verdad?”, preguntó Cantor, lo que fue seguido por una corta respuesta por parte del “Pibe”: “Le dije que no, porque yo soy del Deportivo Cali”.

El periodista cuestionó a Valderrama al preguntarle si tenía conocimiento de quiénes eran los hermanos Rodríguez Orejuela, enemigos acérrimos de Pablo Escobar.

“No, es que yo soy del Deportivo Cali. Yo le dije: Mi sangre es verde”, respondió el samario, que reconoció que la charla fue con un emisario del cartel de Cali que había sido enviado por Miguel Rodríguez Orejuela.

“Fue con un intermediario, a quien le dije sin temor, le dije que le enviara un mensaje: ‘Dígale que mi sangre es verde’”, reafirmó nuevamente el mundialista con Colombia en 1990, 1994 y 1998.

Al reconocer el poder económico que tenía América en esa época, Valderrama afirmó haber sufrido arbitrajes parciales durante enfrentamientos con el rival de patio del Cali en el Valle del Cauca.

Por otro lado, indicó Valderrama que jugar en la época del narcotráfico en Colombia fue complicado, por lo que los clásicos vallecaucanos eran difíciles

“El árbitro sí pitó en contra, dos veces, en los años 85 y 86. Toda Colombia sabe que fue así”, puntualizó Valderrama, que aseguró no haber tenido miedo de ser víctima de un atentado por parte de los narcos tras negarse a ser refuerzo del América de Cali.

En la misma conversación, Valderrama confesó que recibió una oferta de dos millones de dólares por cortarse el cabello en 1994, pero la rechazó debido a que en ese momento no tenía necesidades económicas.

“Mi vida la decido yo. Siempre jugué así. Yo respondo por mi historia. Mi historia es la mía. El pelo creció porque yo me lo dejé crecer, contra viento y marea. Tiene otro color, tiene otra pinta, pero ahí está“.

Valderrama también vivió una de las páginas más oscuras en la historia del fútbol colombiano tras la Copa del Mundo de 1994, en la que Colombia era favorita al título y terminó siendo eliminada en la fase de grupos.

Como capitán de esa selección, Valderrama conoció las amenazas que recibió Francisco Maturana para que no pusiera en la nómina titular a Gabriel “Barrabás” Gómez, hermano del “Bolillo” Gómez.

De la misma forma, ha reconocido que antes de viajar a Colombia les pidieron permanecer algunas jornadas más en Estados Unidos para evitar ser víctimas de algún tipo de atentado, recomendación que no fue seguida por Andrés Escobar, que fue asesinado al salir de un establecimiento nocturno en Antioquia el 2 de julio de 1994.

Al recordar ese momento, Valderrama afirmó que fue notificado por la auxiliar del vuelo en el que volvió a Colombia y que en un principio pensó que la víctima era Faustino “Tino” Asprilla y no el zaguero central.

La operación dejó nueve integrantes muertos y, según las autoridades, generó una afectación del 75% en la capacidad operativa, financiera y criminal de la organización en la región.

Cinco días después, en redes sociales se conocieron videos en los que se observa lo registrado durante el operativo desde la percepción de uno de los criminales. “Pásenme un fusil bueno vale”, son las palabras de la persona que grabó el video en el que se observa parte del enfrentamiento entre miembros de Los Pachenca y el Ejército Nacional.

En la grabación quedó en evidencia el historial criminal que tenía el individuo, puesto que, a pesar de que estaba en medio del fuego cruzado, se mostró tranquilo y hasta les pidió a los demás delincuentes que no desperdiciaran las municiones.

En otro video que se hizo viral en redes sociales, se observa cómo quedó el lugar en el que se registró la operación por parte del Ejército Nacional; se desconoce si la grabación fue hecha por el mismo sujeto.

En el segundo video fueron mostradas las instalaciones donde estaban refugiados los criminales en el momento en que fueron sorprendidos por los uniformados. Las imágenes son de habitaciones en las que había camas y hamacas en las que dormían los integrantes de Los Pachencas, además de arsenal de guerra que fue dejado en el sitio.

‘El Menor’ amenazó al Estado desde el lugar de los hechos

El 14 de abril fue noticia que “El Menor”, jefe del Frente Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, anunció un paro armado de tres días en La Guajira luego de un operativo militar en el que murieron nueve integrantes de su organización.

La acción de la fuerza pública ocurrió en la vereda Kamuishisain, municipio de Uribia, y se trató de una ofensiva dirigida a debilitar la estructura del grupo, que perdió tanto a miembros de confianza del cabecilla como a personas en proceso de incorporación.

En un video difundido en redes sociales, “El Menor” reconoció la muerte de su círculo de seguridad y responsabilizó a las autoridades de atacar a su grupo, asegurando que las personas abatidas estaban desarmadas. Afirmó que la organización no está en contra del Estado y que mantiene un compromiso con la paz, aunque justificó su presencia armada en la región alegando protección a comerciantes y habitantes que, según él, solicitaron apoyo ante el aumento de delitos comunes.

El grupo bajo el mando de “El Menor” tiene incidencia en La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, involucrándose en actividades como tráfico de drogas, extorsión y control de rutas ilegales. Tras el operativo militar, el líder criminal declaró el inicio del paro armado, advirtiendo que durante tres días se limitará la movilidad y se buscará a dos personas señaladas como colaboradoras de las autoridades.

El criminal arremetió contra quienes, según él, facilitan información a los organismos estatales, y afirmó que su organización continuará en la zona pese a las recientes bajas.

“Muerte a todos los colaboradores de los JJ, alias Kevin Moscote, alias Kenneth el Malo y todos esos secuaces en La Punta. Ya se darán cuenta de que los visitaremos y no tendremos compasión alguna. A partir de hoy queda declarada una guerra en toda La Guajira para todo el que ande con la delincuencia. Si nos quieren ver muertos, ya somos muertos vivientes”, fueron parte de las palabras del criminal.

La Fiscalía General de la Nación informó que acusó al exalcalde de Tunja Mikhail Krasnov y otras tres personas por irregularidades en contratos de servicios durante la administración del ruso en la capital de Boyacá.

El ente acusador indicó que los hechos indebidos se registraron con el objetivo de que la persona contratada retirara una demanda de nulidad que había presentado en contra de Krasnov.

“La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exalcalde de Tunja (Boyacá), Mikhail Krasnov; a la exdirectora de contratación del municipio, Luz Mila Acevedo Galán; a la exgestora social, Sara Catalina Pedraza Canaria; y al particular Miguel Ángel Ruiz Suárez, por su presunta participación en las irregularidades detectadas en un contrato de prestación de servicios”.

En el comunicado oficial se indica que los funcionarios son señalados de coordinarse para vincular a la Administración municipal al abogado Juan Sebastián Ramírez García, ya judicializado por estos hechos, con el propósito de que retirara la denuncia mencionada en noviembre de 2023.

En la audiencia, en la que Krasnov, nacionalizado colombiano, estuvo de manera virtual, la Fiscalía reveló que Ruiz firmó un primer contrato en febrero de 2024, por más de 19 millones de pesos, que no se ejecutó.

Meses más tarde fue suscrito un segundo contrato de prestación de servicios a favor del abogado, a través de la empresa pública Ecovivienda; en esa ocasión fue por más de 50 millones de pesos y se afirmaba que el objetivo era brindar apoyo jurídico y servir de enlace con la Alcaldía de Tunja.

El fiscal mencionó que los elementos materiales probatorios indican que los trámites contractuales comenzaron después de haber sido instaurada la demanda de nulidad y culminaron con el retiro de la acción legal.

“Dan cuenta de que el mandatario habría amenazado al entonces gerente de Ecovivienda para presionarlo a celebrar el contrato y a expedir un documento que supuestamente lo eximía de responsabilidad”, mencionó el fiscal.

La Fiscalía confirmó que Krasnov, que fue destituido de la Alcaldía de Tunja, fue acusado por su posible responsabilidad en la acción indebida, puesto que hasta el momento no se tiene claridad de que tuviera conocimiento de la celebración de los contratos mencionados.

“En ese sentido, un fiscal de la Seccional Boyacá acusó al exalcalde, a los dos exdirectivos de su administración y al particular, de acuerdo con su posible responsabilidad en los hechos investigados, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos”, es parte del comunicado oficial.

En Colombia, el delito de interés indebido en la celebración de contratos puede acarrear penas de cuatro a doce años de prisión. Las amenazas a testigos pueden sumar entre cuatro y ocho años adicionales. La condena definitiva depende de agravantes y de la decisión judicial en cada caso

¿Por qué un ruso fue alcalde de Tunja?

Mikhail Krasnov nació el 6 de agosto de 1978 en Sarátov, ciudad de la antigua Unión Soviética, hijo de padre ruso y madre ucraniana. Se formó como economista en Rusia y más tarde realizó estudios en Alemania, en la Universidad Humboldt de Berlín.

Krasnov llegó a Colombia en 2008 gracias a un convenio de intercambio académico entre la Universidad Humboldt y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc). Su intención inicial era permanecer solo un semestre, pero decidió establecerse en Tunja, donde se vinculó como profesor universitario.

A lo largo de los años, Krasnov se naturalizó colombiano y se integró en la vida académica y social de Boyacá. Habla seis idiomas, posee cuatro maestrías y un doctorado en sociología económica y demografía.

Su perfil académico lo llevó a postularse a la alcaldía de Tunja en 2023, logrando ser elegido para el periodo 2024-2027 con el aval del partido La Fuerza. Krasnov es conocido en la ciudad como “el profe” y se desconoce si continuará en Boyacá luego de ser destituido del cargo, además de que afronta varios escándalos por favorecer a terceros en licitaciones públicas en el municipio.

Sigue la polémica en Colombia por la decisión del Gobierno nacional de comenzar un proceso de eutanasia a 80 hipopótamos en el Magdalena Medio para tratar de controlar su población.

Cabe recordar que esta especie no es nativa de Colombia y fue traída en los 80 por el capo Pablo Escobar, pero tras la intervención del Estado en la Hacienda Nápoles, los cuatro animales que tenía el narcotraficante se salieron de control y se multiplicaron hasta ser alrededor de 200 en la actualidad.

Ante la falta de decisiones del Estado, estos animales han comenzado a ser un peligro para el ecosistema del Magdalena Medio y han sido vistos en otras regiones, lo que pone en riesgo a las poblaciones civiles.

¿Hay otra solución para el problema?

Después de que el Ministerio de Ambiente confirmó la decisión, diferentes figuras políticas y ambientalistas han pedido que no se realice el proceso de eutanasia y la población sea controlada con esterilización y translocación, es decir, impedir que los hipopótamos se sigan reproduciendo mientras se van ubicando en otros países.

Es por ello que, en diálogo con Infobae Colombia, el doctor y activista ambiental Camilo Prieto Valderrama habló sobre el tema para desmentir a aquellos que piensan que la solución de esta problemática podría registrarse sin la eutanasia.

“Esta es una decisión dolorosa e impopular, pero necesaria para proteger el ecosistema del Magdalena Medio, ahora, es claro que la estrategia que se plantea no es una sola, sino la combinación de varias con un control letal, la esterilización quirúrgica en la que su costo mínimo es de unos 40 millones de pesos, pero por si sola no logrará controlar la población, no se logrará un control efectivo con una sola estrategia y así la población superaría los mil animales, en eso hay que ser enfáticos”.

Prieto desmintió que los hipopótamos que hay en Colombia sean similares a los nacidos en África, puesto que han crecido en un ecosistema diferente y podrían contagiar de diferentes enfermedades a individuos que ya están en zoológicos o espacios preservados.

“Hay que combinar estrategias, porque los ocho países no han aceptado, porque tienen un problema en el que se han reproducido con una parte inicial de cuatro individuos que ahora son más de 200, pero eso hace que la posibilidad de que sean contagiados de enfermedades sea más alta, en comparación con otros lugares en los que son nativos. Por eso los países no pueden recibir y liberarlos, porque tienen que proteger a los hipopótamos que ya tienen. Eso de que son hipopótamos sanos no es verdad, tienen restricciones. Además de que el movimiento tiene un costo de 50.000 dólares”.

El activista también refutó la posibilidad de que la totalidad de los hipopótamos sean ubicados en otros países por factores económicos que no ha querido asumir el Estado colombiano ni las naciones que han asegurado aceptar a los animales.

“Sacar a todos los hipopótamos no sería viable y menos pensando en que son 50.000 dólares multiplicado por todos. Habrá algunos que se podrán llevar a zoológicos, pero es una estrategia que por sí sola no va a funcionar. Es importante que la combinación empiece a fluir y no se quede en un anuncio, que se concrete en terreno porque es evidente que ellos no escogieron estar en Colombia, pero tampoco son culpables los demás animales”.

Por último, Prieto habló de las especies que están siendo afectadas por los hipopótamos y comparó la situación que se registra en Colombia con la problemática que fue resuelta en la isla Galápagos.

“En estos momentos están experimentando el declive de sus ecosistemas. Es una decisión complicada, pero necesaria; para tener un control real, se deben tener acciones y con ello evitar lo que pasó en los Galápagos cuando en los 70 su biodiversidad estuvo en jaque por el aumento de la población de cabras y se tuvieron que sacrificar o matar a miles de individuos”.

Entre los mejores jugadores del club bávaro estuvo Luis Díaz, que anotó en el final del partido el 3-3 y minutos más tarde inició la jugada que terminó en el gol de Michael Olise que culminó la serie.

Debido al momento del partido en el que anotó Díaz, en el que la serie estaba igualada y faltaban pocos minutos para que fuera necesario un tiempo suplementario, las reacciones del gol del colombiano han sido tendencia en redes sociales.

Entre las reacciones más destacadas están las de los panelistas del programa El Chiringuito, popular por tener a figuras que reconocen su afinidad por el Real Madrid o el FC Barcelona.

Precisamente, el gol de Díaz provocó un grito por parte de Cristóbal Soría, periodista español que es seguidor de Sevilla y Barcelona, además de uno de los principales críticos del Real Madrid.

Mientras sus compañeros, seguidores del Madrid, lamentaban el tanto del extremo guajiro, Soría celebró en repetidas ocasiones el gol del “14″ del Bayern Múnich, llegando a afirmar en repetidas ocasiones: “Viva Barranquilla”, debido al pasado de Díaz en el club Tiburón.

Otra reacción que ha llamado la atención fue la del streamer argentino Lautaro del Campo, conocido en redes sociales como La Cobra, que afirmó que Díaz era infravalorado por su nacionalidad.

“Hoy Luis Díaz está en la mesa de los grandes extremos del mundo del fútbol, pero como no es francés o brasileño, la gente no dice nada. Hoy opacó a Mbappé y a Vinicius, apareció cuando nadie quería agarrar la pelota”, indicó el argentino.

Luis Díaz afirmó que ante Real Madrid marcó el mejor gol de su carrera

En la entrevista que Luis Díaz protagonizó ante la UEFA luego del partido, el extremo colombiano aseguró que consideraba que acababa de marcar el gol más importante de su carrera.

“Está en el top tres, y si no en el número uno; recordando mis goles importantes, este ha sido uno de los que más me ha gustado y el que más significado tiene por el tramo y porque era un partido que en ese momento estaba complicado. Gracias a Dios pude sacar ese bonito tanto y ayudar al equipo para avanzar a la siguiente ronda”.

El guajiro reconoció que la expulsión de Eduardo Camavinga, dos minutos antes de su gol, fue clave para que la serie se definiera a favor del Bayern Múnich.

“Antes de eso veníamos agarrando un poco la pelota y generábamos más ocasiones. Real Madrid es un equipo grande y con experiencia en ese tipo de partidos; nosotros intentamos buscar una mejor opción con la movilidad y los jugadores que tenemos. La expulsión de ellos nos levantó anímicamente”.

Por último, el extremo indicó que eliminando al Real Madrid no se termina la temporada, sino que el siguiente objetivo será avanzar a la final del torneo de clubes más importante de Europa.

“Estamos muy enfocados en lo que queremos, con los objetivos claros, que es llegar hasta el último partido, ratificar esta temporada que estamos haciendo. Trabajaremos pensando en el siguiente partido, en el PSG que se viene”, puntualizó el colombiano.

En la próxima fase, Bayern Múnich recibirá a PSG, actual campeón de la competencia, en una serie que comenzará el 28 de abril en París y culminará el 6 de mayo en Alemania. La otra semifinal será disputada por Arsenal y Atlético de Madrid.

La decisión de Alianza Verde de respaldar la candidatura de Iván Cepeda a la Presidencia de la República generó desacuerdos entre integrantes del partido y reavivó el debate sobre la doble militancia y la disciplina interna en las colectividades políticas del país.

Mientras la dirección nacional confirmó oficialmente su apoyo a Cepeda, figuras como Katherine Miranda y Jota Pe Hernández anunciaron públicamente que no seguirán esa línea y, en el caso de Miranda, reveló su respaldo a Paloma Valencia, lo que puso en evidencia las divisiones internas y abrió discusiones sobre la solidez de la estructura partidista.

En medio de la polémica, se han generado debates sobre si el accionar de Miranda y Hernández podría considerarse como doble militancia, por lo que, en diálogo con Infobae Colombia, Alejandro Toca, coordinador de la Maestría en Gestión Pública de la Universidad Politécnico Grancolombiano, analizó el caso e indicó que esto expone dinámicas complejas dentro de la Alianza Verde.

El académico identificó cuatro fenómenos que, en su opinión, ayudan a comprender el escenario actual más allá de la doble militancia o el transfuguismo. En primer lugar, mencionó el faccionalismo en el que partidos como Alianza Verde “funcionan en buena medida como federaciones de liderazgos. No son bloques homogéneos, sino espacios donde conviven alas con orientaciones distintas e incluso incompatibles”.

La segunda categoría aludida por el experto es la desalineación ideológica. Toca explicó que las etiquetas como “centro”, “verde” o “alternativo” han perdido densidad programática, lo que dificulta una organización clara de las posiciones políticas y facilita los desplazamientos internos.

“Ya no organizan de manera clara las posiciones políticas y eso hace que los desplazamientos sean más fáciles y menos costosos”, mencionó el docente, que como tercer elemento habló del pragmatismo de coalición, queadquiere relevancia en el contexto colombiano cuando la política se organiza en bloques amplios, a favor o en contra de un gobierno, haciendo que las fronteras ideológicas se vuelvan más flexibles y aparezcan alianzas que en otro contexto serían casi impensables.

El cuarto fenómeno destacado fue la personalización de la política. Para Toca, el sistema colombiano, que promueve el voto preferente y otorga alta visibilidad mediática, permite que muchos liderazgos adquieran autonomía respecto a la línea del partido.

“Muchos liderazgos tienen una autonomía considerable frente a su partido. Eso tensiona la disciplina interna y facilita decisiones individuales como esta”.

Frente a la controversia sobre la doble militancia, afirmó que para que se configure este fenómeno, no basta con apoyar a otro candidato. “Hay que ver si el partido ya tenía una decisión formal, si existía una coalición definida, si había una obligación clara de respaldar a un candidato específico, porque sin esos elementos la conclusión no sería automática sobre la doble militancia”.

En cuanto al transfuguismo, señaló que en este caso no se observa un cambio formal de partido, sino un alineamiento puntual. “Aquí no estamos viendo un cambio formal de partido, sino más bien un alineamiento político puntual. Es más un problema de disciplina partidaria que un caso clásico de transfuguismo”, aclaró el experto.

Desde la visión del experto, esta situación pone de manifiesto la fragilidad del sistema de partidos colombiano, en el que las identidades políticas aún no se encuentran plenamente consolidadas y los liderazgos tienden a moverse con flexibilidad según la coyuntura.

“Muestra un sistema de partidos todavía frágil, con identidades poco consolidadas y con liderazgos que, en función de la coyuntura, pueden moverse con bastante facilidad”.

Para el docente, una muestra de ello es el caso protagonizado por Katherine Miranda, que sería un reflejo de la porosidad e inestabilidad del sector de centro en Colombia. El académico señaló que este espacio político reúne sectores anticorrupción, liberales, socialdemócratas, agendas verdes y hasta posiciones cercanas a la derecha, lo que facilita reubicaciones y alineamientos diversos.

Por último, indicó que la situación interna de la Alianza Verde, marcada por estas tensiones y redefiniciones, representa un desafío para la consolidación de las colectividades en el panorama político colombiano.

Casos como el registrado en Bogotá el 14 de abril durante el intento de robo a los escoltas de un carro de valores y el incremento de las muertes violentas en Colombia, han encendido las alarmas dentro del sector de la seguridad privada.

Es por ello que la Confederación Nacional del Gremio de la Seguridad Privada (Confevip) reportó que las muertes violentas en el país aumentaron en más del 9% entre 2024 y 2025, según las cifras más recientes de Medicina Legal.

El gremio advirtió que este fenómeno refleja un deterioro progresivo del entorno de seguridad, en un contexto marcado por la proximidad de procesos electorales y la preocupación ciudadana por la tranquilidad en los espacios cotidianos.

En el documento, Confevip expuso que en 2024 se registraron 29.290 muertes violentas, mientras que en 2025 la cifra subió a 30.787 casos, lo que coincide con el aumento de delitos como el homicidio, que pasó de 13.917 casos en 2024 a 14.780 en 2025, lo que equivale a un crecimiento del 10%.

El gremio mencionó que entre enero y febrero de 2026, la tendencia al alza se mantiene, con 4.940 muertes violentas frente a las 4.469 del mismo lapso en 2025, lo que representa un incremento del 10%.

Miguel Ángel Díaz, presidente de Confevip, señaló que estas cifras reflejan un deterioro sostenido de las condiciones de seguridad en el país. Según Díaz, el aumento de los índices de violencia se produce en un momento especialmente delicado, ya que coincide con el periodo electoral, lo que incrementa la sensibilidad social frente a la percepción de inseguridad.

El dirigente gremial aseguró que la seguridad privada está respondiendo de manera activa a estos desafíos y que el sector ha comenzado a incorporar nuevas tecnologías para anticipar riesgos y proteger a la ciudadanía.

“Desde la seguridad privada no nos estamos quedando quietos: estamos incorporando tecnología como drones, robótica, inteligencia artificial y sistemas de videovigilancia inteligente para anticiparnos a los riesgos y proteger mejor a los ciudadanos en sus entornos cotidianos”, afirmó Díaz.

En el comunicado se afirma que el uso de herramientas como la inteligencia artificial y la robótica busca incrementar la eficacia de las labores de prevención y vigilancia. El gremio sostiene que la integración de estos recursos permite una mejor capacidad de reacción ante incidentes de violencia y contribuye a fortalecer la protección de las personas en espacios públicos y privados.

Díaz también hizo un llamado a las autoridades nacionales y locales para que fortalezcan el trabajo conjunto con la seguridad privada. “Es clave que el Gobierno Nacional y los alcaldes cuenten con la seguridad privada como aliada. Si articulamos esfuerzos, podemos mejorar no solo la seguridad ciudadana, sino también la percepción de tranquilidad que hoy tanto necesitan los colombianos”.

El gremio plantea que la colaboración entre el sector público y privado es fundamental para enfrentar el fenómeno del aumento de muertes violentas. Según los datos entregados por Medicina Legal y sistematizados por Confevip, la tendencia de homicidios y otras formas de violencia letal se mantiene en los primeros meses de 2026, lo que genera inquietud entre los responsables de la seguridad y la convivencia en las ciudades.

Para el gremio, la situación refleja un escenario en el que los actores de la seguridad privada consideran indispensable la implementación de tecnologías avanzadas y la consolidación de alianzas estratégicas para contribuir a la reducción de los índices de violencia.

Desde Confevip resaltaron la importancia de que la seguridad privada sea reconocida como un actor complementario en el sistema de seguridad del país, e insistieron en la necesidad de una coordinación más estrecha entre el sector privado y el Estado para responder con mayor eficacia a la problemática de la violencia y ofrecer alternativas que ayuden a restablecer la confianza de la ciudadanía.