El 24 de junio, Noticias Caracol reveló detalles inéditos de las negociaciones entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo en 2022, apenas semanas después del inicio del mandato de Gustavo Petro. Según una grabación difundida, el entonces comisionado de paz, Danilo Rueda, se reunió con alias Jerónimo, comandante del Clan del Golfo, y acordó pausar todas las operaciones de la fuerza pública contra la organización, incluyendo bombardeos, y la salida de oficiales de inteligencia de las zonas de injerencia del grupo.

El comisionado también se comprometió a no extraditar a integrantes del clan en el marco de una eventual concentración para avanzar en el proceso de negociación.

Durante la conversación, Rueda admitió que el Gobierno había iniciado una depuración en la Policía y las Fuerzas Militares, lo que incluyó la salida de más de 35 generales y la remoción de oficiales clave en inteligencia y antinarcóticos.

El informe destacó que, pese a la postura pública del Ministerio de Defensa sobre los bombardeos, en la práctica se suspendieron estos ataques durante los dos primeros años del Gobierno. Como resultado, cifras oficiales muestran que el Clan del Golfo duplicó su presencia territorial y su número de integrantes pasó a ser de más de 9.000 hombres en 2025.

Gustavo Petro reaccionó al informe sobre la negociación con el Clan del Golfo en 2022

En su cuenta de X, citando el pronunciamiento que hizo el exministro de Defensa Iván Velásquez, el presidente Gustavo Petro se refirió al informe acerca de negociaciones entre el Gobierno y el Clan del Golfo, y aunque se trataba de un tema diferente, volvió a hablar sobre los resultados de las elecciones presidenciales del 21 de junio.

Petro cuestionó la salida de oficiales de la fuerza pública, afirmando que “a nadie en la fuerza pública de Colombia se le ha retirado sino por solicitud propia o violación de derechos humanos, por participación en política o por indicios de corrupción”.

Sostuvo que el triunfo de Abelardo de la Espriella implica “un regreso a las líneas de Zapateiro y Vargas a la fuerza pública”, lo que en su concepto representaría “una actividad de asociación para delinquir con graves afectaciones al derecho humano”.

El mandatario señaló que el país “retrocedió lo avanzado, cuando teníamos el más alto nivel de valoración de las fuerzas armadas y policiales por la sociedad en algo tan importante para la vida colombiana”. Entre sus advertencias, mencionó que la soberanía nacional está en riesgo porque será compartida entre Colombia y Estados Unidos.

Petro indicó que la mayor amenaza será el fortalecimiento de las relaciones de complicidad entre oficiales de la fuerza pública y las organizaciones armadas ilegales del narcotráfico, lo que describió como “el mayor peligro para la nación”. También se refirió a la ciudadanía estadounidense del presidente electo, afirmando que “nos lleva dos siglos y medio atrás: al virreinato”.

Petro se refirió a la situación electoral indicando que “nunca tuvimos un sistema electoral tan vulnerable como el que tenemos hoy. Un sistema al servicio de uno de los candidatos”.

Cuestionó la transparencia de los resultados al indicar que ciudadanos que fueron al mundial votaron siete veces en las urnas y que los jurados en el exterior fueron llevados desde Colombia, por lo que debería anularse la votación de las mesas.

Por último, Petro afirmó que “estamos ante un enorme problema de la nación”, que se dividirá entre entregar más clientelismo o consolidar un “acuerdo nacional fundamental en el que tiene que participar el presidente Donald Trump”, al que acusó de participar directamente en los comicios presidenciales de Colombia de diferentes formas.

El 20 de junio, el Ministerio de Defensa confirmó que en un operativo que se llevó a cabo en Buenaventura, Valle del Cauca, fue dado de baja Iván Jacobo Idrobo Arredondo, conocido en las disidencias de las Farc al mando de “Iván Mordisco” como “Marlon”.

Este criminal fue señalado como responsable de varios atentados terroristas registrados durante 2026 en Colombia, y era el principal cabecilla del Estado Mayor Central en el Cauca, por lo que su muerte representa un golpe de alto impacto para la estructura criminal.

Debido a la importancia del operativo ejecutado por las Fuerzas Militares, el medio especializado Insight Crime publicó un informe en el que destacó la relevancia que tenía “Marlon” en las disidencias y cómo quedó el grupo guerrillero tras su muerte.

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’

Para el medio citado, la muerte de Idrobo Arredondo genera un vacío en la jefatura del frente Jaime Martínez, uno de los principales brazos armados del Estado Mayor Central en el sur de Colombia.

El hombre que tomaría el poder de la estructura sería Jaime Aguilar Ramírez, alias Dionisio Rayo, que tendría el reto de continuar la expansión armada en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca. “Dionisio Rayo” es señalado como responsable de innovaciones tecnológicas dentro del grupo, en especial el uso de drones.

Sobre el Estado Mayor Central, recordaron que sus integrantes optaron por no acogerse al acuerdo de paz firmado en 2016 y que desde entonces la estructura ha experimentado fracturas internas debido a disputas y ambiciones entre sus comandantes.

Cabe recordar que “Calarcá” e “Iván Mordisco” compartían la comandancia de las disidencias y tenían un enfrentamiento directo con la Segunda Marquetalia, liderada por “Iván Márquez”, pero las diferencias, principalmente por los acercamientos a diálogos con el Gobierno Petro, hicieron que el Estado Mayor Central se dividiera en dos facciones.

El medio citado realizó un perfil de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”, que dirigió el frente primero de las extintas Farc-EP y actualmente es el criminal más buscado de Colombia.

Resaltó que bajo el mando de “Iván Mordisco” operan estructuras como el bloque Amazonas, el bloque central Isaías Pardo, el comando conjunto del oriente y el bloque occidental Jacobo Arenas, integrando en total 21 frentes o subestructuras.

El segundo en la línea de mando en el Estado Mayor Central es Ebimelec Eregua Torres, alias Alonso 45, que lidera el frente Carolina Ramírez del bloque Amazonas, activo en Putumayo y Caquetá. El tercero al mando era “Marlon Vásquez”, que comandó el frente Jaime Martínez, con influencia en Nariño, Cauca y Valle del Cauca, pero este disidente fue dado de baja en un operativo.

Insight Crime destacó que las facciones del EMC mantienen presencia en el sur, oriente y occidente de Colombia, principalmente en Guaviare, Meta, Caquetá, Vaupés y Guainía, y han extendido operaciones a zonas fronterizas con Brasil, Perú, Ecuador y Venezuela.

Uno de los retos de las disidencias de “Iván Mordisco” será seguir combatiendo en las rivalidades que tienen con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Segunda Marquetalia, los Comandos de la Frontera y el Clan del Golfo, mientras que, a la par, el Gobierno nacional sigue teniendo como uno de sus principales objetivos la caída de Vera Fernández (“Iván Mordisco”).

Para el medio especializado, a pesar de las divisiones internas, el EMC mantiene el mayor alcance territorial y capacidad de combate entre las disidencias de las extintas Farc, y concluye que las fragmentaciones han generado un proceso de atomización criminal, con elevados niveles de violencia y disputa por el control de economías ilegales en varias regiones del país.

El 24 de junio, la directora de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Amelia Pérez, entregó tres inmuebles que estaban siendo administrados por la entidad al Gaula Militar en Cúcuta, Cali y Medellín.

En el comunicado oficial, la SAE informó que, como parte de una estrategia conjunta con el Ministerio de Defensa para fortalecer la lucha contra delitos que afectan la libertad y la seguridad de los colombianos, como el secuestro y la extorsión, los activos recuperados y entregados tienen un valor simbólico, ya que todos estuvieron vinculados a estructuras criminales que durante décadas acumularon riqueza mediante economías ilícitas.

“Hoy, gracias a la acción del Estado, esos bienes pasan a convertirse en herramientas para la seguridad y la protección de la ciudadanía”.

Detalles de los inmuebles entregados

En Cúcuta, Norte de Santander, la SAE recuperó un inmueble de más de 3.500 metros cuadrados que formó parte de la estructura financiera y logística controlada por Henry Carrillo Ramírez, alias “Barriga”, identificado por las autoridades como líder de una organización transnacional dedicada al narcotráfico.

A pesar de que la propiedad fue intervenida por el Estado, durante años fue ocupada de manera irregular para arrendar parte del predio a comerciantes de la zona.

En Cali, Valle del Cauca, la entidad entregó una vivienda de tres niveles con 661 metros cuadrados construidos, ubicada en el barrio Cuarto de Legua. El inmueble hizo parte de bienes sometidos a procesos de extinción de dominio relacionados con Helmer Herrera Buitrago, alias “Pacho” Herrera, uno de los máximos cabecillas del cartel de Cali y el primer narco abiertamente homosexual.

“Tras años de actuaciones judiciales, la propiedad ingresó definitivamente al patrimonio del Estado y hoy será utilizada para fortalecer las capacidades operativas del Gaula Militar en la región”, informó la SAE.

En la capital de Antioquia, la SAE recuperó una lujosa propiedad ubicada en El Poblado de 1.798 metros cuadrados construidos, asociada a bienes investigados dentro de procesos de extinción de dominio relacionados con las estructuras de los hermanos Galeano y Moncada, socios de Pablo Escobar en el cartel de Medellín.

La SAE recordó que Galeano y Moncada fueron piezas fundamentales del poder financiero del cartel de Medellín y destacó la recuperación del inmueble como la representación de un nuevo paso en la transformación de bienes ligados al narcotráfico.

“La entrega de estos inmuebles al Gaula Militar responde a una visión clara del Gobierno nacional que viene reforzando su capacidad para enfrentar fenómenos como el secuestro y la extorsión, la SAE cumple un papel fundamental al garantizar que los activos recuperados del narcotráfico y otras actividades ilícitas sean destinados a fortalecer la institucionalidad, ampliar la capacidad operativa de la fuerza pública y generar beneficios concretos para las comunidades”.

Tras la entrega, el comandante del Gaula Militar, el coronel Stick Amaral Reyes Monsalve, indicó que los inmuebles ayudarán a que la unidad siga sirviendo a la ciudadanía. “Todos estos bienes que se ponen a disposición de nuestros soldados en tierra, mar y aire serán optimizados para el buen uso y servicio de todos los colombianos”.

Por su parte, la directora de la SAE, Amelia Pérez, confirmó que el Gaula Militar tendrá libertad para decidir sobre el futuro de los predios y habló frente a un grupo de uniformados a los que les agradeció por su trabajo para defender la soberanía nacional de la delincuencia organizada y común.

“Estos predios, que pertenecieron principalmente a las mafias de Cali y Medellín, hoy estarán al servicio del país a través de ustedes, que los sabrán utilizar para prevenir y enfrentar los crímenes que afectan a las comunidades”.

Entre la última semana de junio y las primeras de julio se desarrollarán las vacaciones de mitad de año en la mayoría de colegios del país, que coinciden con la recta final de la Copa del Mundo 2026. Por ello, municipios de Cundinamarca han comenzado a impulsar sus proyectos turísticos para recibir una gran cantidad de visitantes en las próximas semanas.

Algunos municipios de Cundinamarca preparan una variada agenda de eventos gastronómicos y culturales para atraer turistas durante los dos puentes festivos de julio de 2026. Fómeque y Zipaquirá concentran parte de esta oferta con festivales que buscan resaltar la identidad local y fortalecer el turismo regional.

En Fómeque, la Administración municipal organiza el tercer Festival Gastronómico del Amasijo, la Cultura y el Deporte, programado del 16 al 19 de julio.

El evento tendrá lugar en el Parque Principal Jesús Maestro, con la participación de productores, emprendedores y cocineros tradicionales de los diez municipios de la provincia de Oriente. El uso de diez hornos de leña reunirá a representantes de cada municipio para destacar el amasijo, uno de los patrimonios culinarios de la región.

El programa contempla el Concurso del Mejor Amasijo de la Región de Oriente, donde el pan de sagú, el pan de maíz, el pan de maíz pelado y la mantecada serán evaluados por su sabor y tradición. Se contará con muestras artísticas, actividades deportivas, exhibiciones de emprendimientos y una agenda para toda la familia.

El festival de Fómeque busca consolidarse como un escenario para la promoción del turismo y el emprendimiento local, con la presencia de artesanos, artistas y exponentes de la cocina regional. El evento representa una plataforma para dinamizar la economía del municipio y proyectar el Oriente de Cundinamarca como un destino de interés para visitantes de diferentes regiones del país.

Por su parte, Zipaquirá llevará a cabo una nueva edición del Festival Gastronómico Villa de la Sal entre el 27 y el 29 de junio en el Parque de la Esperanza. La edición de este año contará con la participación de 45 restaurantes, cafés y emprendimientos, ampliando la oferta gastronómica en comparación con la edición anterior, que reunió a más de 40.000 asistentes.

El evento incluirá espectáculos artísticos, muestras culturales, talleres y conversatorios, así como la transmisión del partido entre Colombia y Portugal en pantalla gigante, una de las novedades pensadas para coincidir con el calendario del mundial de fútbol.

La programación del festival de Zipaquirá ofrecerá a los visitantes la posibilidad de recorrer el centro histórico, apreciar la arquitectura patrimonial, disfrutar de la oferta hotelera y visitar la Catedral de Sal. El evento busca consolidar la ciudad como un referente gastronómico, cultural y turístico, conectando la oferta de la Sabana de Bogotá con el calendario de actividades deportivas internacionales.

“Villa de la Sal se ha convertido en una vitrina para mostrar al país y al mundo la evolución gastronómica, cultural y turística de Zipaquirá. Cada año crece el número de participantes, visitantes y experiencias, consolidando este festival como uno de los eventos más importantes del departamento”, afirmó Fabián Rojas, alcalde de Zipaquirá.

Ambos festivales combinan la promoción de la gastronomía local con actividades culturales, musicales y deportivas, integrando la tradición con el impulso a nuevos emprendimientos. Las administraciones municipales invitan a residentes y visitantes a participar en las celebraciones, que destacan las raíces, la hospitalidad y la diversidad productiva de la región.

Las agendas de Fómeque y Zipaquirá se suman a la estrategia de promoción turística que distintos municipios han adoptado en Cundinamarca, aprovechando la coincidencia de los puentes festivos de julio y los eventos deportivos internacionales para fortalecer la economía local y posicionar sus territorios como destinos de interés para el turismo interno.

El 24 de junio se reveló un informe periodístico en el que se afirmó que la paz urbana en Antioquia se terminaría tras los resultados de los comicios presidenciales del 21 de junio.

Al respecto, la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) emitió un comunicado en el que solicitó al Gobierno nacional un pronunciamiento sobre el futuro de la mesa de diálogos en el Valle de Aburrá tras conocerse versiones sobre la posible terminación de este espacio de diálogo con bandas del área metropolitana de Medellín.

Corpades insistió en la necesidad de información oficial y clara para Medellín, Antioquia y el país sobre lo que ocurrirá con los distintos espacios sociojurídicos y mesas de diálogo instalados durante la política de paz.

Paz Urbana podría ser parte del empalme

En medio de la polémica, la senadora Isabel Zuleta, coordinadora del espacio sociojurídico, en diálogo con Caracol Radio, negó que se haya tomado la decisión de cerrar la mesa de paz urbana. Zuleta explicó que la reunión realizada el 23 de junio en la cárcel La Paz de Itagüí fue para hablar del proceso de empalme entre gobiernos y no sobre el cierre de los diálogos.

La delegada del gobierno saliente indicó que, como parte del empalme establecido por ley, se están elaborando informes de gestión para entregar al nuevo gobierno. Además, anunció que se elevará una solicitud para que el nuevo presidente continúe con el proceso de diálogo.

Zuleta mencionó que con el objetivo de preservar los avances obtenidos en el territorio, junto con Corpades mantienen la petición de que las autoridades aclaren el futuro de estos espacios y de las negociaciones en curso en el Valle de Aburrá, reiterando la importancia de información transparente en el contexto del cambio de administración.

Este es el comunicado oficial de la mesa de diálogos

En medio de la polémica, la delegación de paz urbana, conformada por estructuras armadas y delincuenciales del Valle de Aburrá, emitió un comunicado en el que piden a Abelardo de la Espriella seguir con los espacios de conversación para construir paz en la región.

“El día de ayer, 23 de junio de 2026, la delegación de paz urbana hizo presencia en el Centro Penitenciario La Paz (Itagüí), con el propósito de definir la ruta para la construcción de un informe sobre los avances del espacio de conversación sociojurídico de Medellín y el Valle de Aburrá. A partir de esto, tomamos la decisión de estructurar el documento a tres voces: Delegación del Gobierno, voceros de las estructuras armadas organizadas del crimen de alto impacto y el Movimiento Social por la Paz Urbana”.

Desde Antioquia, las estructuras afirmaron estar preparadas para el proceso de empalme con el nuevo gobierno para definir las condiciones y procedimientos con los que seguirá la negociación.

“Solicitamos que este esfuerzo de construcción de paz urbana continúe, considerándolo un escenario crucial para la estabilidad de Medellín y el Valle de Aburrá, esto demostrado con logros concretos en el desescalamiento de las violencias”, se lee en el comunicado.

Por último, desde la delegación descartaron que vayan a desistir de su objetivo de construir paz en la región y pidieron que el presidente electo acepte seguir trabajando por el bienestar de los residentes en el Valle de Aburrá.

“Continuaremos actividades, no cerraremos ningún proceso porque tanto la delegación del Gobierno nacional como los voceros de las estructuras armadas organizadas del crimen de alto impacto coincidimos en que este debe continuar. Hemos recibido innumerables solicitudes y manifestaciones de apoyo de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones comunitarias y el Movimiento Social de Paz Urbana de no claudicar en el propósito de la paz para Medellín y el Valle de Aburrá”.

Además de la victoria colombiana y la presentación del arquero de RD Congo, algo que llamó la atención en Colombia fue la presencia de Michel Nkuka Mboladinga, conocido como Lumumba Vea, en las tribunas del estadio de Guadalajara.

Entre la tendencia por la pose de estatua que mantuvo el africano durante los 90 minutos, se generó una polémica porque varias figuras públicas colombianas, desde el desconocimiento, afirmaron que Nkuka estaba haciendo brujería para evitar que la defensa de su nación fuera superada por los atacantes cafeteros.

Cristina Hurtado fue blanco de críticas por su afirmación

“Este tipo hincha del Congo está muy raro. Dicen que está estático en la misma posición desde que empezó el juego y que no se ha retirado de ahí durante todo el partido. Nos hace pensar muy mal. No me gusta. ¿Tendrá algo que ver con el arquero? ¿Será que por eso no entra el balón de Colombia?“, escribió la presentadora Cristina Hurtado en su cuenta de X durante el compromiso de la Selección Colombia.

Minutos más tarde, cuando se concretó el triunfo de la Tricolor, Hurtado publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que afirmó que “contra Dios nadie puede”, al referirse nuevamente al fanático de RD Congo.

Debido a que Lumumba Vea es un homenaje a uno de los héroes de la independencia de la República Democrática del Congo, la presentadora recibió críticas en redes sociales por inferir que el hincha estaba haciendo brujería.

En medio de la polémica, Hurtado reaccionó para asumir su error y asegurar que no tenía conocimiento sobre la historia detrás del popular fanático congoleño.

“Ahora resulta que yo tenía que saber sobre la historia de independencia de la República Democrática del Congo, y que tenía que tener clarísimo quién era el personaje que ayer estaba en el estadio de fútbol como una estatua con la mano arriba. Ya sé, ya me contaron con el bombardeo de comentarios, ya busqué en internet, porque gracias a Dios tenemos esta herramienta para conocer cosas del mundo”.

Hurtado agradeció a quienes le explicaron la historia del fanático africano y lamentó los mensajes con insultos que recibió tras el partido de Colombia.

“Estoy segura de que la mayoría de colombianos, que éramos los directamente involucrados en el partido de anoche, no teníamos ni idea de quién era. Nos llama la atención una persona vestida de esa manera, quieto durante todo el partido, llama la atención de cualquiera. Qué bueno que nos lleve a investigar, pero no es necesario tratar mal a la gente porque no sepa esa historia”, fueron las palabras de la presentadora.

La historia de Lumumba Vea

Lumumba Vea, cuyo nombre real es Michel Nkuka Mboladinga, es un aficionado de la República Democrática del Congo que alcanzó notoriedad por su peculiar manera de apoyar a la selección nacional. Su historia destaca por su presencia en torneos como la Copa Africana de Naciones y la Copa del Mundo 2026, donde asiste a los partidos vestido con trajes vistosos y permanece completamente inmóvil, de pie y con el brazo derecho levantado, en una postura que replica la estatua de Patrice Lumumba, líder histórico congoleño.

Este gesto busca rendir homenaje a Lumumba y simboliza el orgullo y la memoria nacional. Mboladinga, que antes fue panadero, se convirtió en un personaje viral y referente para los hinchas del país. Su figura se transformó en un símbolo de perseverancia y respeto hacia la historia de la República Democrática del Congo, logrando reconocimiento tanto entre los aficionados como en los medios internacionales.

El 21 de junio, luego de una jornada electoral en la que participaron más de 23 millones de ciudadanos, Abelardo de la Espriella se convirtió en presidente electo de Colombia y tomará posesión del cargo el 7 de agosto de 2026.

Debido a que la diferencia del resultado final fue de menos de 300.000 votos, se han planteado las posibles razones por las que el “outsider” superó a su contendiente político, en una de las elecciones más cerradas en la historia de Colombia.

En diálogo con Infobae Colombia, el consultor político Nicolás Rojas Holguín planteó que, desde su postura, el voto cristiano fue determinante en la elección de Abelardo de la Espriella.

Experto afirmó que el voto religioso fue subestimado

En primer lugar, Rojas Holguín afirmó que la movilización de millones de creyentes alrededor de principios como la defensa de la vida, la familia y la libertad religiosa se convirtió en uno de los factores más influyentes de la reciente elección presidencial.

“La comunidad cristiana se consolidó como una de las fuerzas electorales más relevantes de las recientes elecciones presidenciales y su respaldo fue determinante para la victoria de Abelardo de la Espriella”.

Para el experto, no es algo nuevo que se subestime a la comunidad religiosa en campañas electorales, lo que ha sido, de cierta forma, consecuencia de los fracasos que han protagonizado colectivos políticos conformados por religiosos durante el siglo XXI.

“Durante años, la política colombiana subestimó el peso electoral de las comunidades de fe, pese a que millones de ciudadanos se identifican con valores y principios asociados al cristianismo; sin embargo, la reciente contienda presidencial evidenció que este sector posee una capacidad de movilización mucho mayor de la que tradicionalmente se reconocía”.

Entre los nombres clave que acompañaron la campaña de Abelardo de la Espriella, el analista mencionó a Marco Acosta, pastor y concejal de Bogotá, que lideró la denominada “Gerencia Nacional de la Fe”, una estrategia que estuvo orientada a fortalecer la articulación entre iglesias, líderes religiosos y comunidades cristianas alrededor de temas como la defensa de la vida, la familia, la libertad religiosa y otros ideales que movilizaron a una parte importante del electorado de la capital colombiana.

“El voto de la fe dejó de ser una variable secundaria para convertirse en un actor determinante dentro del escenario político nacional. Lo ocurrido en esta elección demuestra que millones de colombianos encontraron espacios de representación alrededor de principios que consideran fundamentales”, señaló el analista.

Según el consultor, uno de los aspectos más relevantes de la campaña fue la capacidad de organización alcanzada por congregaciones, haciendo que líderes religiosos y comunidades de fe en diferentes regiones del país trabajaran en conjunto por un candidato específico, algo que habitualmente no se registra.

En su análisis, el experto mencionó que, en una elección definida por un margen estrecho de votos, la capacidad de convocatoria de las comunidades cristianas adquirió una relevancia especial para el futuro. “La articulación territorial promovida por diversos liderazgos permitió consolidar una red de participación ciudadana con presencia en múltiples regiones del país”.

Para Rojas Holguín, más allá de los resultados electorales, el principal mensaje que deja esta elección es que las comunidades de fe se han consolidado como un actor social y político con capacidad de incidencia nacional (principalmente en escenarios parejos), y que esto puede hacer que se transforme en un fenómeno que deberá ser tenido en cuenta por quienes aspiren a gobernar Colombia y las ciudades principales en los próximos años.

“Durante décadas se reconoció la influencia social de las iglesias, pero esta elección demostró que también pueden convertirse en actores con capacidad de movilización política cuando logran organizarse alrededor de objetivos comunes”, concluyó el experto.

El 21 de junio, luego del cierre de las urnas y finalizado el preconteo, desde Santiago de Cali el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, entregó un balance de lo registrado durante los comicios presidenciales en Colombia.

Además de las manifestaciones registradas en Bogotá, Cali y Buga, el ministro entregó un parte de tranquilidad e informó que la mayoría de las concentraciones se mantuvieron dentro de lo esperado y que en algunos puntos se presentaron alteraciones que requirieron la intervención de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo). Además, se realizaron dos intervenciones en Bogotá y otras dos en el Valle del Cauca, en Cali y Buga, para controlar incidentes en sectores específicos.

El ministro también abordó el inicio del proceso de transición entre el gobierno saliente y el entrante, asegurando que la fuerza pública se encuentra preparada para colaborar en el empalme institucional, entregando toda la información requerida sobre seguridad y defensa al nuevo gobierno. Se resaltó el compromiso de las Fuerzas Militares y de la Policía con la Constitución y la obediencia al presidente elegido democráticamente. El proceso de transición incluirá la entrega de información sobre capacidades operacionales, avances alcanzados y los retos pendientes frente a las economías criminales.

Ministerio de Defensa entregó balance sobre denuncias por constreñimiento

Había más de 99 municipios que debían ser protegidos de manera especial por el riesgo de que se registraran casos de constreñimiento del sufragio, que consiste en amenazar, presionar o coaccionar a un ciudadano para influir en su voto o impedirle votar libremente. Frente a ello, el 24 de junio, el Ministerio de Defensa entregó un balance sobre los más de 270 registros de denuncias que se registraron durante el 21 de junio.

La cartera informó que durante la jornada electoral del 21 de junio, en la que la ciudadanía eligió al próximo presidente de Colombia, se recibieron 274 denuncias por presunto constreñimiento al sufragante en distintas regiones del país. De ese total, 261 reportes llegaron por medio de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel) y 13 a través de la Línea Anticorrupción 157. Los hechos señalados corresponden a situaciones registradas en 98 municipios, distribuidos en 28 departamentos del territorio nacional.

El análisis de la distribución geográfica de las denuncias reveló que la mayor concentración de casos fue en las principales ciudades. Bogotá registró 97 casos, Barranquilla 16, Medellín 10, Cali siete y Bucaramanga siete, sumando el 53% del total de reportes.

Mediante un mapa de georreferenciación, la cartera identificó focos adicionales en regiones como Antioquia, el Caribe, el suroccidente del país y la Orinoquía.

Según los registros, los presuntos responsables de estos hechos incluyen partidarios de campañas políticas (27%), empleados públicos (24%) y representantes de empresas privadas (23%). Por otra parte, un 9% de las denuncias, correspondiente a 23 casos, vinculan a grupos armados organizados ilegales con situaciones de constreñimiento al elector.

Las denuncias se concentraron principalmente en áreas urbanas, donde se observa la mayor presión sobre el voto. La estadística también permitió identificar que los casos detectados afectan el 9% de los municipios colombianos, con un patrón de mayor incidencia en zonas metropolitanas y capitales departamentales.

Desde el Ministerio de Defensa informaron que las autoridades han iniciado los procesos de investigación para verificar la veracidad de los reportes y determinar la responsabilidad de los presuntos responsables que hayan participado en prácticas que afectaron la transparencia de los comicios. “El llamado oficial sigue vigente para que la ciudadanía denuncie cualquier acto de coacción o corrupción electoral a través de las líneas de atención dispuestas por el Estado”, puntualizó la cartera en el comunicado oficial.

Tras el triunfo de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia, el mandatario electo tendrá poco más de un mes para llevar a cabo un empalme con el Gobierno Petro.

Se ha anunciado que este proceso será encabezado por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, al que se sumarán varios expertos que ayudarán a conocer cómo está el país antes de la posesión del 7 de agosto de 2026.

Entre los nombres que han sido mencionados sorprende que esté Carlos Alonso Lucio, que, aunque es un crítico del presidente Gustavo Petro, fue parte del M-19, algo que De la Espriella ha mencionado como un aspecto negativo de lo que representa el actual mandatario.

¿Quién es Carlos Alonso Lucio?

Carlos Alonso Lucio López nació el 2 de septiembre de 1964 en Cali, inició su actividad política como integrante de la guerrilla del Movimiento 19 de Abril (M-19), participando en procesos claves durante la década de los 80.

Tras la desmovilización del M-19 fue elegido como representante a la Cámara y luego pasó al Senado. Hizo parte del Congreso de la República entre 1994 y 2002. Fue condenado por los delitos de estafa y falsa denuncia. La Corte Suprema de Justicia lo sentenció luego de determinar que había incurrido en estos delitos durante su actividad política y empresarial tras la desmovilización del M-19. Lucio cumplió una pena de prisión por estos cargos en la cárcel La Picota de Bogotá.

Volvió a la vida pública asumiendo roles de asesoría política y participando en negociaciones de paz, fue pieza clave, como asesor, durante el proceso con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Fue noticia nacional en varias ocasiones por aspectos de su matrimonio con la exsenadora Viviane Morales. La relación entre ambos fue tema de atención mediática por la combinación de sus trayectorias políticas y religiosas.

Recientemente, Lucio se ha dedicado a la predicación cristiana, liderando una congregación, y a actividades empresariales en los sectores agrícola y ganadero. Durante el Gobierno Petro ha tenido presencia mediática como columnista y analista político, puesto que ha sido uno de los críticos más reacios del mandatario nacional.

De compañeros de militancia a enemigo acérrimo de Gustavo Petro

A pesar de que compartieron durante el tiempo que militaron en el M-19, con el paso de los años Lucio se alejó por completo de Gustavo Petro, al que ha criticado por autodenominarse como el “cambio”, a pesar de que ha estado vinculado a la política desde hace más de tres décadas.

La disputa más recordada entre Lucio y Petro se registró en agosto de 2023, cuando protagonizaron una discusión pública que involucró a Ingrid Betancourt, que en una entrevista reveló detalles de un problema con el licor que tuvo Gustavo Petro cuando fue secretario de la Embajada de Colombia en Bélgica, lo que provocó que el mandatario revelara cosas privadas de la vida de Lucio y Betancur.

“Incluso a mí no me gustó porque llegaba con Lucio (Carlos Alonso Lucio), eran novios en ese momento, me rompieron una cama (risas). Entonces Íngrid está completamente equivocada. No sé por qué hizo eso. Y quedó como un chisme. Yo he tenido momentos en los que uno siente que se va a quebrar, siempre los problemas llegan todos juntos”, fueron las palabras del mandatario que rechazó Lucio, que llamó “poco hombre” al presidente.

“Es baja la respuesta, allá no se lleva el debate público, es una bajeza, eso no lo hace una persona decente, no lo hace un hombre decente. La hombría es el profundo respeto por las mujeres. Es impresentable lo que hizo“, declaró Lucio en el pódcast Nación Sabrosa.

En la tarde del 23 de junio, la Fiscalía General de la Nación informó que Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, pieza clave en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, fue acusado por los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio (por un caso diferente al del asesinato del candidato presidencial).

El ente acusador acusó a “Chipi” como posible responsable de ordenar el crimen de un hombre en la localidad de Engativá, registrado el 15 de junio de 2024.

Este hecho se habría perpetrado como parte de una disputa violenta por el control de las actividades de “narcomenudeo” en el occidente de la capital. De acuerdo con la investigación, “Chipi” habría contactado a una mujer a la que le ofreció cuatro millones de pesos para que asesinara a la víctima.

“Posteriormente, se reunió con ella en un billar para ultimar detalles, mostrarle una fotografía y pagarle dos millones de pesos como anticipo”, informó la Fiscalía.

En el comunicado oficial, el ente acusador reveló que el día que se registró el crimen, “Chipi” se encargó de ubicar a la víctima en un establecimiento comercial y contactó a la persona que cometió el asesinato.

“Horas más tarde, durante la madrugada, el homicidio fue perpetrado en vía pública del barrio El Muelle, en la localidad de Engativá. Por lo anterior, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá acusó a Arteaga Hernández por los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio”.

‘Chipi’ fue condenado por asesinato de extranjero en Medellín

Cabe recordar que, en mayo de 2026, se confirmó que Arteaga Hernández fue condenado a 21 años de prisión por el asesinato de un comerciante mexicano en Medellín. En ese proceso, un juez penal avaló el preacuerdo suscrito ante la Fiscalía General de la Nación con “Chipi”, que fue acusado de articular una estructura delincuencial dedicada a cometer homicidios selectivos en distintas ciudades del país.

La negociación incluyó que Arteaga, que también es conocido como “El Costeño”, aceptó su responsabilidad en la planeación y ejecución del asesinato que se registró el 30 de junio de 2024 en El Poblado.

El ente acusador reveló que una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Vida comprobó que Arteaga viajó hasta Medellín para coordinar los detalles del crimen y definir el momento en el que debía ser cometido.

Sobre la víctima, se trataba de un comerciante de 54 años que vendía productos tecnológicos en un establecimiento de El Poblado, mismo lugar en el que fue asesinado tras recibir ocho disparos.

Arteaga sigue sin ser condenado por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

A pesar de que la Fiscalía ha revelado que “Chipi” fue el coordinador del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, aún no ha condenado a Arteaga por este crimen; además, confirmó que ha llegado a un preacuerdo para que este colabore con la justicia en la identificación de los autores intelectuales, lo que ha sido rechazado por la familia de Uribe Turbay.

En este caso fue acusado de cinco delitos por el asesinato del precandidato presidencial, que se registró el 7 de junio de 2026 en el parque El Golfito, en Bogotá. Según la investigación liderada por la fiscal Elsa Reyes, “Chipi” habría coordinado la logística del crimen desde el 4 de julio de 2025, realizando reuniones en localidades como Bosa y articulando los roles de los demás implicados.

La Fiscalía sostiene que “Chipi” entregó el arma de fuego al adolescente que disparó contra Uribe Turbay, tras recibirla de Katerine Martínez, alias Gabriela. El proceso penal atribuye a “Chipi” los delitos de homicidio, concierto para delinquir, porte ilegal de armas, uso de menores para la comisión de delitos y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.

En diálogo con La FM, Mauricio Gómez Amín declaró que el objetivo del cambio sería “devolver la dignidad a la fuerza pública” y enviar un mensaje de respaldo directo a policías y militares.

En diálogo con Infobae Colombia, Sergio Morales, profesor de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, se refirió a los requisitos constitucionales y legales que rigen el acto de posesión presidencial en Colombia para recordar que “la Constitución establece en su artículo 192 que el presidente de la República debe tomar posesión ante el Congreso. Esa regla es central”.

¿Puede posesionarse el presidente fuera del Congreso?

El profesor explicó que el Congreso tiene su sede en la capital de la República y que existen solo dos excepciones para que pueda reunirse en otro lugar: primero, que el Senado y la Cámara de Representantes acuerden conjuntamente trasladar la sede, o segundo, que una perturbación del orden público impida sesionar normalmente y el presidente del Senado deba designar un sitio alternativo.

“No se trata de que el presidente electo pueda escoger libremente el lugar de su posesión. El acto constitucional de posesión depende de la presencia institucional del Congreso, y el Congreso solo puede apartarse de su sede bajo las condiciones expresamente previstas por la Constitución y la ley. El acto de posesión no es una ceremonia personal del presidente electo, es un acto de transmisión del poder dentro del orden constitucional. Por eso la Constitución exige que el juramento se preste ante el Congreso".

Morales sostuvo que la legitimidad del poder presidencial proviene del pueblo y de las instituciones democráticas, por ende, si la ceremonia se realiza en una instalación militar, el riesgo es desplazar simbólicamente ese centro de legitimidad, y aclaró que, aunque el presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Militares, no recibe el poder de ellas, lo recibe de los ciudadanos.

El profesor se refirió a la función de las Fuerzas Militares como una parte esencial para la defensa del Estado y del orden constitucional, pero recordó que en una democracia constitucional están subordinadas al poder civil. Por eso el acto de posesión presidencial tradicionalmente se desarrolla ante el Congreso, para reafirmar que el origen de la autoridad política es democrático y civil, no militar.

“El 20 de julio se instala el Congreso para un nuevo periodo constitucional y, posteriormente, el 7 de agosto, el presidente toma posesión ante ese Congreso. La secuencia refleja una idea fundamental dentro del constitucionalismo”.

Sobre el mensaje institucional que podría registrarse en caso de que la ceremonia se lleve a cabo en instalaciones militares, el docente señaló que el presidente electo estaría olvidando la legitimidad del poder presidencial, que proviene del pueblo y de las instituciones democráticas que lo representan.

“Cuando un presidente privilegia escenarios alternativos para un acto de esta naturaleza, corre el riesgo de transmitir la idea de que las instituciones son secundarias frente a la voluntad personal del gobernante. Y cuando el escenario escogido es una instalación militar, esa señal puede ser aún más intensa, porque altera el equilibrio simbólico entre poder civil y fuerza armada que caracteriza las democracias constitucionales”.

Finalmente, Morales advirtió sobre las implicaciones logísticas de trasladar la ceremonia, lo que incluye aspectos de seguridad, transporte, adecuación y coordinación interinstitucional.

Por último, el experto habló sobre los mensajes de unión que debería emitir el mandatario electo, resaltando que “el presidente se posesiona ante el Congreso porque el Congreso representa al pueblo colombiano y porque en una democracia republicana el poder civil está por encima de cualquier manifestación de autoridad estatal”.

A pesar de los cambios que se han confirmado para que la labor de los militares, principalmente de los soldados regulares, sea digna y respetada, se han conocido denuncias en las que se habla de tratos indebidos por parte de mandos superiores.

En su cuenta de X, el sargento (r) Alexander Chala denunció que en el Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento 13 de la unidad táctica del Ejército Nacional, adscrita a la Décima Tercera Brigada, ubicada en la localidad de Usme, al sur de Bogotá, un grupo de soldados habría sufrido tratos indebidos por parte de sus superiores.

De acuerdo con el exuniformado, los hechos se registraron sobre las 3:00 a. m. del 22 de junio, cuando a un grupo de aproximadamente doce soldados se les habría ordenado quitarse la ropa y permanecer completamente desnudos en una zona abierta. Posteriormente, habrían sido obligados a bañarse a la intemperie, mientras recibían insultos y expresiones despectivas.

El militar retirado afirmó que la orden habría sido emitida por el capitán Frank Miller González Téllez y la supervisión estuvo a cargo del sargento primero Leiva Martínez Henry Yesid; además, añadió que no es la primera vez que los soldados son víctimas de este tipo de maltratos en el lugar mencionado.

La denuncia señala que este tipo de prácticas, que incluyen maltratos, insultos y humillaciones, serían frecuentes dentro de las instalaciones y se atribuyen también a otros suboficiales. Entre ellos se menciona al sargento viceprimero Jhon Motoa Carvajal, a quien los uniformados adscritos a ese batallón acusan por el uso reiterado de expresiones ofensivas dirigidas al personal bajo su mando.

Chala aseguró que, tras lo ocurrido, los soldados afectados habrían presentado un informe al comandante de la unidad, el coronel Jesús Darío Dávila Villareal, pero hasta el momento no se habría tomado ninguna medida al respecto.

Adicionalmente, Chala mencionó que el nombre del coronel Dávila ha aparecido previamente en denuncias relacionadas con presuntos abusos, malos tratos y presuntas irregularidades administrativas en otras unidades bajo su mando en los años 2024 y 2025.

“En 2024, cuando se desempeñaba como comandante del Batallón Especial Energético Vial 18 en Samore (Norte de Santander), el coronel Dávila Villareal fue denunciado por un soldado por abusos y malos tratos. En 2025 también se recibió otra denuncia relacionada con presuntas irregularidades y presuntos sobrecostos en productos para el abastecimiento de varios pelotones en el área de operaciones, con precios calificados como absurdos, en la misma unidad al mando del coronel”, es parte de la denuncia que hizo el sargento (r) Chala.

El sargento (r) Chala incluyó una fotografía del presunto hecho, en la que se observa a un grupo de soldados con poca ropa en un espacio al aire libre. Chala mencionó que la intención de divulgar el material gráfico es para que el Ejército Nacional se pronuncie.

En diálogo con Infobae Colombia, el sargento (r) Alexander Chala pidió algún tipo de pronunciamiento por parte del Ejército Nacional y las Fuerzas Militares, puesto que, hasta el momento, las solicitudes de las víctimas han sido ignoradas por parte de la institución.

“Solicitarle muy respetuosamente al señor comandante del Ejército Nacional que, por medio de la inspección, se verifique esta situación, en donde claramente se puede evidenciar una violación de derechos humanos en contra de un grupo de soldados. Que se investigue, se verifique y se puedan abrir los diferentes procesos, tanto disciplinarios como penales, en contra de este grupo de mandos que estuvieron en cabeza de controlar y ordenar que se realizaran estos hechos arbitrarios”, declaró el sargento retirado.

El 23 de junio, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) informó sobre la intervención en un predio en la localidad de Suba que perteneció a Juan Camilo Zapata Vásquez, cabecilla del cartel de Bogotá y aliado de Pablo Escobar en los 80.

La entidad recuperó el predio de 1.8 hectáreas que tiene un valor comercial superior a los 32.000 millones de pesos y que durante más de 25 años fue ocupado de manera irregular. Actualmente contaba con hasta 21 unidades comerciales que operaban sin pagar arriendo al Estado.

De acuerdo con la SAE, tras un proceso investigativo, se confirmó que había una ocupación irregular de familiares del capo mencionado en hasta 58 propiedades, entre ellas el castillo Marroquín, que fue comprado recientemente por la Universidad Pedagógica.

“Recuperar este predio es demostrar que los bienes administrados por el Estado deben estar al servicio de los colombianos y no de intereses particulares. Con esta acción, la Sociedad de Activos Especiales le cumple al país, recuperando activos que durante años fueron ocupados irregularmente e incorporándolos a procesos transparentes de administración, comercialización y aprovechamiento legal”, afirmo, Amelia Pérez Parra, directora de la SAE.

Sobre el lote ubicado en la localidad de Suba, se comprobó que durante 25 años fue ocupado de manera irregular y que durante ese tiempo 21 comercios funcionaron pagando arriendo a los irregulares.

En el momento de la intervención estaba funcionando una cancha de fútbol sintética, locales de comidas rápidas, un fruver, un lavadero de carros y la mayor parte del predio estaba siendo utilizado como parqueadero.

“Tras su recuperación, el activo fue incorporado a la estrategia comercial de la entidad y actualmente se encuentra en proceso de subasta pública, como parte del modelo de administración que busca promover el uso productivo de los bienes y maximizar su aprovechamiento en beneficio del país”, informó la entidad.

La ficha técnica del inmueble intervenido en Suba

El predio intervenido por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en la localidad de Suba es un lote con disposición esquinera ubicado en la carrera 62 #165A-60, en el barrio Portales del Norte. Se trata de una propiedad con una superficie total de 1.8 hectáreas, en la que se destaca el local #08, que era utilizado como parqueadero.

“El inmueble cuenta con una topografía plana, con pendiente menor al 3% y una forma geométrica regular, lo que facilita su aprovechamiento comercial y residencial”, destacó la SAE.

La construcción, con aproximadamente 39 años de antigüedad, incluye una vivienda de dos pisos, un cobertizo utilizado como serviteca, una cancha sintética de 1.211 metros cuadrados y una edificación comercial destinada a locales. El área construida total es de más de 1.300 metros cuadrados, distribuidos entre casa, depósito y zona comercial.

Antes de la subasta, que será entre el 25 y 26 de junio, la SAE destacó que el predio tiene fácil acceso a vías principales como la avenida Boyacá y la avenida San José, y que el predio está ocupado y en funcionamiento con diversos comercios, incluyendo una cancha sintética, locales de comidas rápidas, un fruver, un lavadero de carros y un amplio parqueadero, que podrían seguir funcionando si esa es la decisión que tome el nuevo propietario.

Sobre la subasta, el proceso de comercialización se realizará a través de subasta electrónica, donde los interesados deben cumplir requisitos de registro y garantías, y la adjudicación está sujeta a verificación por ambas entidades. El comprador podrá solicitar la entrega del inmueble según el contrato de promesa de compraventa o gestionar la cesión de contratos vigentes, y la SAE garantiza el saneamiento jurídico conforme a la ley vigente.

Durante el tiempo que hizo campaña, el electo presidente Abelardo de la Espriella afirmó que durante su mandato buscaría terminar con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el mecanismo de justicia transicional encargado de investigar, juzgar y sancionar los delitos más graves registrados durante el conflicto armado interno.

Desde 2016, tras la firma del Acuerdo de Paz con las Farc-EP, la JEP ha juzgado a excombatientes, agentes del Estado, militares y diferentes individuos que tuvieron algún tipo de injerencia en crímenes de lesa humanidad y similares, ofreciendo beneficios jurídicos a quienes reconozcan su responsabilidad y contribuyan al esclarecimiento de los hechos.

“La JEP no es un tribunal judicial. Es un directorio político disfrazado de tribunal. No ha producido absolutamente nada. La JEP, además, no ha producido absolutamente nada, porque no ha habido ni justicia, ni verdad, ni reparación”, respondió Abelardo de la Espriella a la pregunta sobre por qué no está de acuerdo con la continuidad de la justicia transicional. Tiene un altísimo costo para Colombia. A mí me parece que no se justifica que un organismo como ese gaste tanto dinero sin producir resultado alguno. Ya yo no le estoy pidiendo justicia a la JEP, es imposible que puedan darle justicia a las víctimas. Lo que me preocupa hoy es la cantidad de plata que cuesta ese bodrio y qué le podemos devolver al bolsillo de los colombianos. Haré todo lo que esté en mis manos, en el marco de la Constitución y la ley, para evitar que esa plata del bolsillo de los colombianos se despilfarre de esa manera”, declaró De la Espriella sobre la JEP en diálogo con Caracol Radio.

Abelardo de la Espriella no podrá terminar con la JEP sin respaldo del Congreso

En diálogo con Infobae Colombia, el docente de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, Nicolás Mayorga, recordó la postura que ha tenido Abelardo de la Espriella sobre la JEP.

“La posición ha sido clara. En su propuesta de justicia sostiene que los responsables de crímenes de lesa humanidad deben enfrentar ‘penas reales’ y cuestiona que exintegrantes de las Farc responsables de graves crímenes no hayan recibido sanciones acordes con la dimensión del daño causado. Asimismo, afirma que hará todo lo que esté dentro de la Constitución y la ley para desmontar una institución que considera fallida”, recordó el docente.

Mayorga aclaró que, a diferencia de los diálogos de paz y todo tipo de conversación que no sea concluida por el Gobierno Petro con grupos armados y delincuenciales antes del 7 de agosto, la continuidad de la JEP no dependerá de la voluntad del nuevo presidente.

“La situación jurídica de la JEP es distinta a la de las mesas de negociación. La Jurisdicción Especial para la Paz no fue creada por una ley ordinaria ni depende de una decisión administrativa del Gobierno. Su fundamento se encuentra en el artículo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2017, que dispone que ‘La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estará sujeta a un régimen legal propio, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica’ y que ‘administrará justicia de manera transitoria y autónoma’”.

El experto aclaró que terminar con la Jurisdicción Especial para la Paz dependería de que en Colombia se concrete una reforma constitucional, algo con lo que Abelardo de la Espriella ha indicado que está en contra.

“Una eventual eliminación de la JEP no podría producirse únicamente por el Ejecutivo. Al tener fundamento constitucional, cualquier intento de desmontarla requeriría una reforma constitucional aprobada por el Congreso mediante un nuevo acto legislativo”.

¿Hasta cuándo se mantendrá la JEP en Colombia?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cuenta con un presupuesto anual que ronda los 739.000 millones de pesos y es una de las entidades del sector justicia con mayor nivel de ejecución en el Presupuesto General de la Nación.

En teoría, la JEP tendrá un funcionamiento de 15 años a partir de la entrada en vigor de su régimen procesal, con la posibilidad de una prórroga de hasta cinco años adicionales solo para finalizar procesos en curso. Se prevé que la JEP opere hasta 2032; sin embargo, expertos han indicado que podría extenderse hasta 2037, argumentando que un conflicto de más de 70 años no puede ser reconocido por completo en tan poco tiempo.

El 21 de junio, en una jornada electoral histórica, en la que participaron más de 23 millones de colombianos, el candidato Abelardo de la Espriella se quedó con el triunfo y será el próximo mandatario nacional a partir del 7 de agosto de 2026.

Además del ingreso de un “outsider” a la Casa de Nariño, hay varios temas sobre los que se ha hablado antes de que De la Espriella ocupe la presidencia, siendo la paz uno de los más sonados.

En campaña, el nacido en Bogotá afirmó que no negociará con grupos armados y delincuenciales, lo que deja en vilo los procesos que ha comenzado el Gobierno Petro.

Para entender un poco con la Colombia que se encontrará el nuevo presidente en este ámbito, en diálogo con Infobae Colombia, Nicolás Mayorga, profesor de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, indicó que seguir hablando de paz dependerá de la voluntad del mandatario electo.

El futuro de los diálogos de paz con la llegada de Abelardo de la Espriella al poder

En primer lugar, citando fragmentos de discursos del jurista, el experto mencionó que la idea inicial del nuevo presidente será que los criminales se sometan a la justicia, sin ningún tipo de negociación de por medio.

“Abelardo de la Espriella ha sostenido que en su gobierno no habrá negociación política con grupos armados ilegales y que la estrategia del Estado estará orientada al sometimiento a la justicia. Su propuesta de seguridad y justicia establece que ‘no habrá negociación política con criminales, sino sometimiento a la ley’ y ha cuestionado que los procesos de paz hayan terminado ‘empoderando a estructuras ilegales y debilitando la autoridad del Estado’“.

Mayorga explicó que, aunque es poco probable, algo que podría salvar lo negociado con grupos armados y delincuenciales hasta el momento es que antes del 7 de agosto se firme algún tipo de acuerdo.

“Desde el punto de vista jurídico, las actuales negociaciones se encuentran reguladas por la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 2272 de 2022. El artículo 8 de la Ley 418 establece que los representantes autorizados por el Gobierno nacional ‘podrán realizar todos los actos tendientes a entablar conversaciones y diálogos’ y ‘podrán adelantar diálogos, negociaciones y firmar acuerdos’ con grupos armados organizados al margen de la ley”.

Al profundizar en ese tema, el docente aclaró que el nuevo mandatario no estaría obligado a seguir con las negociaciones, puesto que tendrá libertad de calificar el alcance de las mismas.

“La relevancia de esta disposición radica en que utiliza el verbo ‘podrán’, lo que configura que es una facultad y no una obligación para el Ejecutivo. La misma norma dispone que ‘los acuerdos y su contenido serán los que a juicio del Gobierno sean necesarios para adelantar el proceso de paz’, dejando en cabeza del Gobierno la decisión sobre la conveniencia y alcance de las negociaciones”, aclaró el experto.

En conclusión, para el docente, que en Colombia se siga hablando de negociaciones o diálogos de paz dependerá exclusivamente de la voluntad que tenga el abogado penalista cuando asuma el poder.

“En consecuencia, una eventual decisión de un gobierno de Abelardo de la Espriella de terminar las actuales mesas de diálogo con el ELN, las disidencias de las Farc u otros grupos armados no requeriría una reforma legal. Desde el punto de vista jurídico, bastaría con que el Ejecutivo decidiera no ejercer las facultades que le confiere el artículo 8 de la Ley 418 de 1997 para adelantar negociaciones de paz”, puntualizó Nicolás Mayorga.

El término “hijo de la guerra” podría ser utilizado especialmente para hablar de Jorge Suárez, hijo de Víctor Julio Suárez Rojas, más conocido por el alias del Mono Jojoy, excabecilla de las Farc-EP, dado de baja por las autoridades en 2010.

En diferentes espacios, Suárez ha revelado que fue adoptado por una familia bogotana cuando tenía siete meses; sin embargo, los enemigos de su padre se enteraron de su ubicación y siendo un adolescente, se unió a las Farc-EP para evitar ser asesinado.

Jorge Suárez detalló que la muerte de su padre, en septiembre de 2010, lo marcó profundamente, ya que estuvo presente durante el operativo militar en el que fue abatido el comandante guerrillero. Tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, Suárez se desmovilizó y desde ese momento ha participado activamente en distintos espacios de memoria y reconciliación.

En diálogo con Infobae Colombia, Jorge Suárez habló de lo que representa la paz para el país y la importancia de que el nuevo gobierno, liderado por Abelardo de la Espriella, no deje de lado seguir apostándole a cumplir con lo pactado en 2016.

- Siendo testigo de lo que ha pasado desde la firma del Acuerdo, ¿cómo califica la implementación hasta la fecha de lo pactado?

La implementación del Acuerdo de Paz de 2016 ha sido uno de los mayores desafíos que ha enfrentado Colombia como sociedad. No se trataba únicamente de dejar las armas atrás; se trataba de construir oportunidades donde durante décadas existieron el abandono, la violencia y la exclusión. Hay asuntos pendientes y desafíos evidentes, pero también avances que no pueden desconocerse. Miles de personas han seguido apostándole a la legalidad, mientras la sociedad colombiana ha demostrado que es posible tramitar las diferencias políticas por caminos democráticos que conduzcan a la reconciliación y a la reconstrucción del tejido social.

Para mí, el mayor logro del acuerdo no se limita al silenciamiento de los fusiles. También abrió espacios de participación, permitió que antiguas confrontaciones se trasladaran al debate público y reafirmó que ninguna diferencia política justifica la guerra. Su legado más profundo es la posibilidad de construir un país donde las ideas se defiendan con argumentos y los conflictos se resuelvan mediante el diálogo, las instituciones y el respeto por la vida. La paz sigue siendo una obra en construcción, pero también sigue siendo la decisión más valiente que ha tomado Colombia en décadas.

- ¿Qué opina de la gestión de Gustavo Petro en cuanto a la implementación del acuerdo?

Considero que este Gobierno ha tenido la voluntad política de ubicar nuevamente la implementación del acuerdo en el centro de la agenda nacional. La paz no puede entenderse únicamente como la ausencia de armas. La paz también se construye con educación, oportunidades, inclusión social, desarrollo territorial y dignidad para millones de colombianos. Creo que existe una decisión clara de avanzar en compromisos que el Estado asumió con los territorios y la sociedad colombiana.

- ¿Cómo califica a la JEP y las herramientas para cumplir con el acuerdo?

La JEP es una de las instituciones más importantes que ha construido Colombia para cerrar un ciclo de violencia sin renunciar a la verdad y a la justicia. No existe reconciliación sin verdad, no existe verdad sin justicia y no existe paz duradera sin ambas".

- ¿Qué opina de las propuestas y promesas que hizo el presidente electo sobre este tema?

Espero que la nueva presidencia de Colombia asuma con decisión la implementación integral del Acuerdo de Paz de 2016. Aún hay demasiados compromisos pendientes con los territorios y quienes le apostamos a dejar atrás la guerra. La paz no puede seguir esperando. Es momento de cumplir lo acordado y que cualquier gobierno comprenda que la paz debe ser una política de Estado y no una bandera de un sector político. La verdadera madurez democrática consiste en construir sobre los avances alcanzados, corregir lo que sea necesario y proteger aquello que le sirve al país. La paz requiere continuidad, responsabilidad y una visión de largo plazo".

- ¿Qué debe pasar en Colombia para que sigamos hablando de paz?

Debemos comprender que la paz no depende exclusivamente de una mesa de negociación. Escucharnos no significa convencernos. Escucharnos significa reconocernos como ciudadanos con la misma dignidad y el mismo derecho a construir país. Quisiera que ninguna nueva generación de colombianos tuviera que cargar con las consecuencias de la guerra. Por eso vale la pena dar todas las conversaciones difíciles que sean necesarias: dialogar, escucharnos y avanzar.

Un mejor país exige más madurez democrática, más capacidad para encontrarnos y menos intolerancia frente a la diferencia. La paz también se construye aprendiendo a convivir con quienes piensan distinto.

- ¿Cuál es la importancia de la JEP para que lo que usted está hablando se convierta en una realidad?

La importancia de la JEP radica en que permite transformar la verdad en una herramienta de reconciliación. La JEP protege la memoria de las víctimas, fortalece la democracia y ayuda a garantizar que las futuras generaciones no tengan que vivir lo que vivieron millones de colombianos durante décadas de conflicto. Por eso su valor va mucho más allá de lo jurídico: es una apuesta ética por la paz y por la dignidad humana.

Soy de los que creen que Colombia es mucho mejor que sus momentos más difíciles. La paz no significa pensar igual. La paz significa reconocer la humanidad y la dignidad de quien piensa diferente. No aspiro a que todos los colombianos compartan las mismas ideas. Aspiro a que ningún colombiano tenga que sufrir, desplazarse o morir por pensar diferente. Porque al final, la paz no es solamente el silencio de los fusiles. La paz es la capacidad de una sociedad para resolver sus diferencias sin destruirse a sí misma.

Para los comicios del 21 de junio en Colombia, hay más de 40 millones de colombianos habilitados para votar en las elecciones presidenciales; sin embargo, se deben cumplir lineamientos para poder ejercer el derecho, lo que incluye asistir a la mesa de votación en la que está inscrita la cédula del ciudadano.

En medio de este panorama, persiste la creencia de que cualquier ciudadano puede votar en Corferias, el puesto de votación más grande del país; sin embargo, esta idea no corresponde a la realidad. El recinto, que agrupa el mayor número de mesas de votación en Colombia, solo habilita el sufragio para cerca de 271.000 personas, quienes tienen cédula inscrita allí o expedida en Bogotá entre 1988 y 2003 y que nunca la hayan inscrito en otro lugar.

De acuerdo con las reglas del censo electoral, únicamente las personas cuya cédula figure inscrita en un puesto de votación pueden ejercer su derecho al voto en esa mesa específica. Por tanto, quienes no hayan registrado su cédula en Corferias no podrán votar en ese recinto ni en ninguna otra mesa del país. La inclusión en el censo electoral es un requisito indispensable.

Es verdad que Corferias es el puesto de votación más grande del país, motivo por el que es catalogado históricamente como el principal “puesto censo” del país, y se destaca por las siguientes cifras registradas en las elecciones presidenciales de 2026.

• Potencial electoral: Más de 271.000 ciudadanos habilitados para votar.
• Mesas de votación: Un total de 228 mesas instaladas en sus pabellones.

Las claves de los “puesto censo”: en algunos casos, las cédulas expedidas recientemente han sido asignadas a mesas cercanas al lugar de expedición del documento. Este mecanismo busca facilitar la participación, ya que permite que los votantes acudan a sitios próximos a su residencia. Según el profesor Juan Nicolás Garzón, de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de la Sabana, esta medida favorece la participación, pues reduce la necesidad de desplazamientos largos y puede motivar a quienes de otro modo no acudirían a las urnas.

Conocer el puesto de votación asignado se convierte en un paso fundamental para garantizar la participación ciudadana en la jornada electoral. Según cifras de la Registraduría, en las elecciones presidenciales suele incrementarse el número de votantes.

Para este año, se espera que la participación supere la registrada en 2022, cuando en la segunda vuelta votó el 58% del censo electoral, equivalente a 22.687.910 personas. Para la segunda vuelta de 2026, las proyecciones indican que la cifra de votos podría superar los 24 millones alcanzados en la primera vuelta.

Entre los factores que explican el aumento de la participación, Garzón señaló el avance en la cultura política y el mayor compromiso de algunos sectores, además de la polarización y la movilización de quienes rechazan posturas ideológicas específicas, pero también aumenta los casos de ciudadanos que están desinformados sobre su puesto de votación.

Para la jornada electoral, las autoridades recomiendan consultar con anticipación el puesto de votación asignado y acudir temprano al lugar registrado en la base de datos oficial, con el objetivo de evitar inconvenientes durante el proceso de votación.

Los que pueden y no pueden votar en Colombia

En Colombia, el derecho al voto está reservado para ciudadanos mayores de 18 años con cédula vigente; sin embargo, existen restricciones claras: los miembros activos de la fuerza pública (militares y policías) no pueden votar, con el fin de preservar la neutralidad institucional.

Tampoco pueden participar quienes han sido condenados por un juez y tengan suspendidos sus derechos políticos, ni quienes hayan renunciado formalmente a la nacionalidad colombiana. Las personas privadas de la libertad bajo medida preventiva sí conservan su derecho al voto, a menos que exista una sentencia en firme.

Las personas con discapacidad no tienen actualmente ninguna restricción para votar, y el sistema ofrece mecanismos de apoyo como voto asistido y plantillas braille. Los menores de edad no votan en elecciones nacionales, aunque los jóvenes entre 14 y 17 años pueden participar en los Consejos de Juventud. Extranjeros residentes solo pueden votar en elecciones regionales.

Es sabido que el certificado electoral, documento que acredita la participación en las elecciones, no solo sirve para demostrar que un ciudadano participó en la jornada de comicios.

Este documento también se ha convertido en una herramienta que ofrece beneficios adicionales a los ciudadanos colombianos. Más de 150 marcas y comercios han anunciado descuentos, regalos y promociones exclusivas para quienes presenten este comprobante el día de las elecciones y en los días posteriores.

Diversas empresas del sector comercial, gastronómico, de entretenimiento, servicios y turismo han decidido sumarse a esta iniciativa, entregando incentivos a los votantes como parte de campañas para fomentar la participación democrática y aprovechar el flujo de personas en los días electorales. Estos beneficios están disponibles en cadenas de restaurantes, cafeterías, tiendas de ropa y calzado, supermercados, gimnasios, cines, librerías, empresas de transporte y agencias de viajes, entre otros.

Algunas de las promociones de la jornada

En el sector gastronómico, reconocidas cadenas de comida rápida, restaurantes y cafeterías ofrecen desde productos gratis hasta descuentos entre el 10% y el 30% en menús seleccionados. Algunos establecimientos regalan postres, bebidas o entradas por la compra de platos principales, mientras que otros aplican promociones 2x1 o bonificaciones en combos especiales presentando el certificado electoral en caja.

El sector de entretenimiento también ha implementado incentivos. Varias cadenas de cine permiten comprar entradas con descuento o acceder a combos de crispetas y bebidas a precios promocionales. Centros de entretenimiento familiar, boleras y parques de diversiones otorgan entradas gratis a niños acompañados de adultos que muestren su certificado, o aplican descuentos sobre el valor total de las boletas.

Las tiendas de moda y calzado se han adherido a la campaña con ofertas en productos seleccionados, rebajas adicionales sobre precios de liquidación y bonificaciones por compras mínimas. Supermercados y grandes superficies, por su parte, ofrecen desde paquetes de productos gratuitos, cupones de descuento para compras futuras y sorteos exclusivos entre quienes presenten el certificado electoral al momento de pagar.

Algunos ejemplos de promociones y beneficios:

• Starbucks y Juan Valdez obsequiarán un café a los ciudadanos que tengan su certificado de votación.
• Comodísimos ofrecerá una promoción de 2x1 en almohadas de la misma referencia.
• Uber, DiDi y Cabify ofrecen códigos de descuento y herramientas especiales para facilitar el traslado de los ciudadanos.
• Yamaha Musical anunció 10% de descuento en instrumentos musicales, equipos de audio y accesorios.
• Imusa ofrecerá descuentos de hasta el 30 % en referencias seleccionadas.
• Puntos Colombia ofrecerá descuentos en su plataforma de compras y en su portal de viajes.
• En Bogotá, centros comerciales como Parque Arboleda y Santa Fe se han adherido a la iniciativa a través de sus redes sociales, anunciando descuentos en varias tiendas de sus instalaciones.
• Panpa ya’ regala una milhoja por la compra de un café
• Mattelsa ofrece hasta un 30% de descuento

En el área de servicios, los gimnasios brindan días de acceso gratuito, matrículas sin costo o descuentos en planes semestrales y anuales. Librerías ofrecen rebajas especiales en libros de ciertos géneros o autores, así como en material educativo y de oficina.

El sector de transporte y turismo también participa en la estrategia. Varias compañías de transporte intermunicipal y urbano otorgan descuentos en el valor de los pasajes a quienes presenten el certificado. Agencias de viajes, hoteles y operadores turísticos ofrecen tarifas preferenciales, noches adicionales sin costo o paquetes con beneficios extra.

Para acceder a estos incentivos, los ciudadanos deben presentar el certificado electoral físico, entregado en los puntos de votación tras sufragar, o mostrar la constancia digital generada desde plataformas oficiales, según lo aceptado por cada comercio. En la mayoría de los casos, los beneficios aplican únicamente el día de las elecciones y hasta una semana después, aunque algunos comercios han extendido sus promociones por periodos mayores.

Cada marca define las condiciones específicas para acceder a los descuentos o regalos, como el monto mínimo de compra, productos participantes, horarios y fechas de vigencia. Algunos comercios solicitan el registro en plataformas digitales, la descarga de una aplicación o la suscripción a boletines promocionales para redimir los beneficios.

Además de los incentivos comerciales, el certificado electoral sigue habilitando los beneficios tradicionales establecidos por la legislación colombiana. Entre estos se encuentran: prioridad en el caso de desempate en concursos para empleo público, descuentos en el valor de la libreta militar, exoneración parcial de tarifas para trámites de pasaporte, becas educativas y rebajas en matrículas de instituciones oficiales, reducción de hasta el 10% en el costo de expedición de duplicados de cédula y pasaporte, y medio día de descanso compensatorio en el trabajo.

La lista completa de marcas y promociones incluye a: Americanino, Nespresso, Haceb, Pergamino, Offcorss, Ragged, Astor, Estra, Campo Azul, Fruta Fresca, L’Occitane, Flamingo, Starbucks, Puntos Colombia y Chevignon.

En un avance en la lucha contra el narcotráfico para terminar con la conexión entre criminales colombianos con capos invisibles extranjeros, la Policía Nacional informó sobre la captura de “El Sueco”.

Kevin Lönn Andersson, ciudadano europeo que estaba radicado en Colombia, fue capturado en un operativo en el que participaron la Dirección de Inteligencia Policial y Europol por ser uno de los principales articuladores del narcotráfico entre Colombia, Europa y los Emiratos Árabes Unidos.

De acuerdo con las investigaciones, este ciudadano era requerido mediante notificación roja de la Interpol, emitida por las autoridades judiciales de Suecia por el delito de contrabando agravado de narcóticos, y era buscado en más de 196 países.

Este era el rol de ‘El Sueco’ en el narcotráfico de Europa y Medio Oriente

Las autoridades afirman que Lönn Andersson era coordinador de recursos ilícitos, facilitador de operaciones logísticas y aseguramiento de rutas para el tráfico internacional de estupefacientes desde Colombia hacia Europa y Medio Oriente. Así mismo, alias El Sueco utilizaba sofisticados métodos de ocultamiento para el envío de cocaína, entre ellos la contaminación de productos cosméticos, aprovechando rutas aéreas y marítimas para evadir los controles de las autoridades internacionales.

La Policía Nacional informó que estaban tras los pasos del criminal extranjero, que se consolidó en Colombia como un capo invisible que controlaba varias rutas de cocaína.

“Su capacidad de conexión con redes criminales de alcance internacional lo posicionaba como objetivo de alto valor para la Policía Nacional de Suecia y como un actor clave dentro de las dinámicas del narcotráfico transnacional”.

Las autoridades informaron que “El Sueco” mantenía vínculos directos con organizaciones de multicrimen de alto poder criminal, entre ellas la Mocro Maffia y el cartel de los Balcanes, que son criminales responsables de importantes flujos de droga principalmente en Europa.

“La Policía Nacional continuará desarrollando operaciones de inteligencia e investigación criminal dirigidas a identificar, ubicar y capturar a los principales dinamizadores del narcotráfico y las estructuras criminales que afectan la seguridad y la estabilidad internacional”.

Cabe destacar que países nórdicos como Suecia han sido utilizados recientemente por las estructuras criminales como una plataforma para que los cargamentos de droga lleguen a Medio Oriente y Asia, rutas que en el pasado tenían a España como una de las paradas de los capos.

La importancia del narcotráfico colombiano en los países nórdicos

El narcotráfico colombiano ha tenido un impacto creciente en los países nórdicos, con especial relevancia en Suecia, donde las autoridades han identificado rutas y redes que conectan Sudamérica con Europa del Norte. El tráfico de cocaína desde Colombia hacia Suecia se ha intensificado en los últimos años, posicionando a este país como uno de los principales puntos de llegada, distribución y consumo en la región nórdica.

Las organizaciones criminales colombianas han establecido vínculos con grupos locales y redes internacionales para facilitar el ingreso de cargamentos a través de puertos europeos, principalmente en países como Bélgica, Países Bajos y Alemania, desde donde la droga se transporta hacia Escandinavia. Suecia se ha convertido en un mercado estratégico, tanto por su alto poder adquisitivo como por el crecimiento del consumo de cocaína y otras sustancias ilícitas.

Las autoridades suecas han reportado incautaciones de cargamentos de origen colombiano y han detectado la presencia de intermediarios y facilitadores vinculados a carteles sudamericanos. El mercado sueco también ha sido afectado por la violencia asociada al narcotráfico, incluyendo disputas entre bandas locales conectadas a redes de tráfico internacional.

Este fenómeno ha llevado a un refuerzo de la cooperación internacional en materia policial y judicial, con intercambios de información y operativos conjuntos entre agencias europeas y latinoamericanas para combatir las rutas y desarticular las redes que operan entre Colombia y los países nórdicos.

Activar el puerto de Tumaco ha sido un reto para las autoridades regionales, puesto que se han tenido que dejar a un lado los estigmas que existían sobre la región y buscar que diferentes sectores le apuesten a la infraestructura costera en Nariño.

Es por ello que la Alcaldía de Tumaco y la administración del puerto han destacado lo registrado durante una visita técnica que realizó el Ministerio de Minas y Energía, que, liderados por el jefe de la cartera, Edwin Palma, reafirmó que la capital nariñense está transformando las realidades territoriales de la zona. Ante la historia de un puerto que fue dejado en el abandono, el jefe de la cartera energética subrayó que hoy se demuestra que Tumaco se ha convertido en “un nodo logístico con un potencial inmenso para la importación y exportación”.

El milagro del puerto de Tumaco

Palma destacó que en el pasado era impensable que el puerto de Tumaco fuera utilizado para la llegada de combustible y otro tipo de productos, mientras que en la actualidad se ha convertido en pilar para evitar la falta de suministro de gasolina en la región.

“Todo el mundo decía que por aquí, por el puerto de Tumaco, era imposible el transporte marítimo. Hoy lo estamos demostrando con hechos”, afirmó el ministro Palma, que durante el recorrido por las instalaciones indicó que está asegurado el transporte de combustibles líquidos para el suroccidente del país.

La operación del puerto ya está generando beneficios directos para la población de Nariño, entre ellos la reducción en el costo del galón de gasolina y diésel, gracias a una logística más eficiente para el ingreso de combustibles.

“Hoy estamos demostrando que este puerto tiene un enorme potencial. Ya no solo recibe buques con combustibles, sino que también está llamado a convertirse en una plataforma para importar y exportar productos que reactiven la economía de la región y del país”, declaró el ministro.

Este impacto es corroborado por sectores como el mototaxismo. Kevin Rojas, representante de los transportadores, destacó que gracias a la gestión municipal, los precios del combustible han pasado de ser impagables a valores accesibles de 13.000 a 14.000 pesos por galón. “Antes nos costaba hasta 50.000 pesos; ahora es más cómodo adquirirlo y nos queda más tiempo para compartir con nuestras familias”, manifestó el trabajador.

Además del combustible, el puerto se ha consolidado como una plataforma clave para la exportación de productos agrícolas como el cacao y, recientemente, la caña de azúcar, lo que dinamizará aún más la economía local.

Desde la administración del puerto han hablado sobre el compromiso con las comunidades apartadas, demostrando que Tumaco no solo es el puerto, sino que se trata de un territorio llamado a ser un “polo de desarrollo industrial y turístico de clase mundial”.

Los resultados del uso del puerto

La Sociedad Portuaria de Tumaco (Pacific Port) ha reportado un salto en sus operaciones. De acuerdo con Arley Silva, gerente de la entidad, el puerto ha incrementado su capacidad de almacenamiento a más de 130.000 barriles, permitiendo el atraque de buques que transportan más de 100.000 barriles, superando las cifras de 60.000 o 70.000 que se manejaban inicialmente.

Silva resaltó el despliegue de esta operación logística que va en aumento, lo que incluye la consolidación de la operación marítima. De acuerdo con el directivo, el puerto de Tumaco se proyecta como un nodo estratégico para la seguridad energética, la competitividad logística y el comercio exterior del Pacífico colombiano, demostrando que su potencial ya no es una promesa, sino una realidad que comienza a transformar la economía regional y provoca cambios en las poblaciones que se alejan de la violencia.

Uno de los fundadores del cartel de Cali fue Helmer “Pacho” Herrera, que en el negocio ilícito del narcotráfico, marcado por comportamientos machistas, se consolidó como el primer gran capo que era abiertamente homosexual.

Herrera fue asesinado dentro de la prisión en Palmira, y aunque han pasado más de 25 años desde este crimen, su fortuna sigue sin ser identificada por completo por las autoridades.

Muestra de ello es que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) tomó el poder administrativo de cinco predios que pertenecieron al capo y los entregó a víctimas del conflicto interno en el Valle del Cauca.

Así fue la entrega de los predios

La SAE entregó en Cali cinco inmuebles que estuvieron vinculados a estructuras de narcotráfico y lavado de activos, y que ahora serán destinados a proyectos comunitarios y sociales. Uno de los inmuebles, relacionado con la red de testaferros de Francisco Hélmer Herrera Buitrago, alias “Pacho” Herrera, exjefe del cartel de Cali, fue asignado a la Asociación Constructora de Paz y Reconciliación (Aspaz).

Esta organización, conformada por firmantes del acuerdo de paz, desarrolla iniciativas productivas y de reconciliación en distintas regiones. Con esta entrega, Aspaz suma tres inmuebles asignados por la SAE, tras haber recibido previamente propiedades en Bogotá y Medellín.

Como parte de la iniciativa “Bienes que Transforman”, otros cuatro inmuebles fueron entregados a entidades sin ánimo de lucro para su uso en proyectos sociales y comunitarios. Uno de los bienes, en el que también fue vinculado Juan Carlos Modesto Betancourt, alias “Cucho”, fue entregado a la Fundación Red Integradora para la Vida (Funvid), donde funcionará la “Casa del Cuidado y la Autonomía: Mujeres Tejiendo Futuro”, orientada al fortalecimiento comunitario y la equidad de género.

La SAE también destinó un inmueble a la fundación Empodérame, que brindará atención a mujeres víctimas de violencia, trata de personas, explotación sexual, así como a mujeres migrantes y desplazadas. Otro predio fue entregado a la fundación San Clemente, que ofrecerá alojamiento transitorio y formación técnica, tecnológica y profesional a jóvenes.

El último predio, de carácter rural y ubicado en el municipio de El Dovio, fue asignado a la Asociación de Campesinos Emprendedores del Cañón del Río Garrapatas. Esta organización desarrolla procesos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y promueve modelos productivos sostenibles como el cultivo de cúrcuma, café, cacao y plátano.

Estas entregas se suman a lo expuesto recientemente por las autoridades, que confirmaron que fueron recuperadas 1.751 propiedades de Herrera, que en su mayoría estaban a nombre de su sobrino, William Herrera, alias W, que habían sido incautadas y estaban siendo negociadas con el Clan del Golfo para que fueran recuperadas de manera violenta a cambio del 30% de los 10 billones en los que fueron avaluadas.

Así fue el final de ‘Pacho’ Herrera

Además de ser uno de los pocos narcos que confesó abiertamente ser homosexual, Herrera también ordenó varios atentados en contra de la familia de Escobar luego de que por poco fuera asesinado por miembros del cartel de Medellín.

Era tanto el desprecio que tenía Herrera por Pablo Escobar, que el 2 de diciembre de 1993, luego de que fue dado de baja el líder del cartel de Medellín, “Pacho” contactó a Darío Gómez y obligó al artista a cantar diez veces seguidas, Nadie es eterno.

Tras el final de la guerra entre carteles, Herrera se entregó a la justicia en 1996, pero fue asesinado dos años después en la cárcel de Palmira, cuando se encontraba en la cancha de fútbol de la prisión observando un partido.

Su muerte fue vengada siete días después, cuando su medio hermano, José Manuel Herrera Buitrago, conocido en el mundo criminal como “El inválido”, asesinó a Henao Montoya en la cárcel La Modelo de Bogotá.

Debido a que Colombia sigue viviendo un conflicto interno protagonizado por grupos armados y estructuras criminales, resulta fundamental el funcionamiento de entidades como la Unidad para las Víctimas, que coordina la atención, asistencia y reparación integral de las personas afectadas por la guerra.

La labor central de la entidad incluye el manejo del Registro Único de Víctimas (RUV), la entrega de ayuda humanitaria y la indemnización económica; además de entregar balances sobre el trabajo que realizan.

Infobae Colombia tuvo acceso al balance entregado por la Unidad para las Víctimas a más de 220.000 afectados por el conflicto interno, que incluyó la rendición de cuentas tras reportar una inversión total de 2,5 billones de pesos para la indemnización individual a nivel nacional.

De acuerdo con lo expuesto, un billón se ejecutó en municipios priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet). El objetivo principal de esta estrategia fue fortalecer la presencia institucional en las regiones más afectadas por la violencia y aportar al cumplimiento de los acuerdos de paz.

El Registro Único de Víctimas (RUV) incorporó a 586.899 personas, de las cuales 221.030 pertenecen a municipios priorizados; además, las subregiones de Catatumbo, Chocó, Alto Patía y Norte del Cauca, y Pacífico Medio concentraron una parte importante de las afectaciones, especialmente por hechos como desplazamiento forzado, confinamiento y amenazas.

La entidad financió 49 proyectos de prevención urgente en zonas Pdet, con una inversión cercana a los 7.000 millones, y entregó medidas de ayuda y atención humanitaria inmediata a 45.473 hogares en condición de vulnerabilidad.

En cuanto a reparación económica, 220.533 víctimas fueron indemnizadas, lo que representa más del 31% de las indemnizaciones entregadas durante la actual administración. De ese total, un billón benefició a 105.062 personas residentes en municipios Pdet.

El Fondo para la Reparación a las Víctimas desembolsó 267.708 millones mediante 13.336 pagos parciales, en cumplimiento de sentencias emitidas en el marco de Justicia y Paz. En el componente de acceso a la justicia, la entidad alcanzó un 100% de efectividad en los recursos presentados ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en territorios como Norte de Santander, Huila, Costa Caribe, Ariari, Guayabero y el Cementerio Las Mercedes de Dabeiba.

Otro aspecto destacado del balance es que se consolidó la Ruta Especial para la inclusión en el Registro Único de Víctimas de personas acreditadas ante la JEP y reconocidas por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd). Desde 2023, 1.598 víctimas han sido incorporadas al registro, de las cuales 938 ingresaron durante 2025.

En la implementación del enfoque étnico, la unidad acompañó a 522 sujetos de reparación colectiva, incluyendo 262 comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y 260 comunidades indígenas. Se protocolizaron los decretos ley étnicos 4633, 4634 y 4635 de 2011 y se formalizaron 71 Planes Integrales de Reparación Colectiva (Pirc).

Por otra parte, se indemnizó a 36 sujetos del programa Reparación Colectiva Étnicos en zonas Pdet y se cerró el proceso de reparación colectiva del pueblo Emberá Chamí del resguardo Honduras con la implementación de 482 acciones concertadas.

Otra parte del balance fue sobre la atención psicosocial y una estrategia de recuperación emocional que benefició a 24.794 víctimas en todo el país. De ese total, 10.172 personas recibieron acompañamiento especializado en 147 municipios Pdet, por medio de espacios de escucha, orientación y fortalecimiento comunitario.

Como conclusión, para la Unidad para las Víctimas, las acciones reportadas reflejan el avance en la atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto armado, con especial énfasis en el cierre de brechas históricas en los territorios más vulnerables y en la consolidación de mecanismos de acceso a derechos para las víctimas acreditadas ante la JEP.

Antes de los comicios presidenciales del 21 de junio, en el que los colombianos elegirán entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda al próximo presidente de Colombia, uno de los temas de discusión ha sido el impacto que pueden tener los grupos armados en la jornada electoral.

Esto se debe a que han sido denunciados presuntos hostigamientos contra poblaciones civiles por parte de estructuras criminales que estarían pidiendo que civiles apoyen a un candidato.

Para profundizar sobre el tema, el experto en geopolítica Juan Camilo Ubaque habló con Infobae Colombia sobre lo que está pasando en la región de las Sabanas del Yarí, que abarca zonas de Meta, Guaviare y Caquetá, en donde hay una presión directa del Estado Mayor de los Bloques y Frentes, la principal facción de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá.

Esta misma situación ha sido denunciada en corredores estratégicos que conectan el centro del país con el suroriente y el Pacífico, interviniendo en departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Caquetá, Guaviare y el sur de Meta.

“La organización dirigida por alias Calarcá no persigue actualmente la confrontación militar abierta con la fuerza pública, sino el dominio total sobre el comportamiento político en los territorios bajo su influencia”, indicó Juan Camilo Ubaque, que sostiene que la facción ha utilizado su capacidad de intimidación para condicionar el sufragio, lo que representa el principal factor de inestabilidad en el proceso electoral en varias regiones apartadas del país.

Según registros oficiales, se han implementado censos y carnetizaciones forzosas con el objetivo de coaccionar el voto, una práctica denunciada en su momento por el responsable operacional del Plan Democracia, el entonces general Erick Rodríguez.

La presión ejercida sobre las comunidades incluye la convocatoria obligatoria de presidentes de Juntas de Acción Comunal, líderes comunitarios y pastores religiosos, que reciben instrucciones precisas respecto al sentido del voto. Bajo amenaza de represalias armadas, se prohíbe cualquier manifestación o apoyo hacia candidaturas de oposición o sectores de derecha, dinámica que se extiende a otras regiones más allá de las Sabanas del Yarí, como el norte de Antioquia, demostrando el alcance coordinado de la estrategia de control.

Para el experto, la vigencia de la política de Paz Total ha sido aprovechada por los grupos armados, que han aumentado su capacidad logística y su pie de fuerza criminal, lo que se demuestra al recordar los constantes enfrentamientos entre facciones armadas ilegales.

Para Ubaque, el control del voto no se limita a la jornada electoral del 21 de junio. Ha conocido denuncias por situaciones en las que los integrantes de grupos armados han impuesto la presentación obligatoria del certificado de votación como requisito para circular o permanecer en las zonas rurales. Quienes no presenten este documento se exponen a sanciones económicas y expulsiones.

Además, los mandos locales realizan verificaciones cruzadas entre los censos comunitarios y los resultados oficiales de las mesas de votación, con el fin de detectar y sancionar a los caseríos o sectores en los que el conteo de votos no corresponda a las directrices políticas impuestas desde la estructura armada.

“El trasfondo de la ofensiva electoral lanzada por la facción de alias Calarcá se vincula con la defensa de la continuidad de la política de Paz Total y la garantía de espacios de negociación con el Estado”, valoró el experto, que afirmó que los ceses al fuego funcionan como herramientas que les permiten a las disidencias frenar las operaciones militares, obtener legitimidad institucional ante el Gobierno y consolidar su dominio territorial.

“Los espacios de diálogo no representan una voluntad de transición a la legalidad, sino una táctica de protección política y militar frente a otras facciones rivales, mientras se fortalece la economía derivada de la extorsión”.

En este contexto, el tejido social de las regiones bajo influencia de las disidencias de las Farc experimenta un deterioro marcado por la coacción y la sustitución de los mecanismos legítimos de participación comunitaria. Los transportadores locales reciben órdenes de movilizar votantes a las urnas con sus propios recursos y la población se ve forzada a inscribir sus cédulas en puestos de votación controlados por la organización armada.

“El uso de la intimidación y la apropiación de recursos logísticos por parte de estos actores ilegales afecta la organización y el respaldo genuino de los programas sociales impulsados en los territorios rurales”.

Todo lo relacionado con Zulma Guzmán Castro, capturada en Inglaterra y vinculada en Colombia con el envenenamiento con talio de dos niñas que consumieron frambuesas con chocolate en Bogotá, genera interés de la opinión pública por los hallazgos que se han registrado en el caso.

Lo último que se había informado sobre el caso es que en la primera semana de junio se reveló que un informe de la Sijín mencionó que en el casillero 314 de Zulma Guzmán Castro en el Club El Nogal de Bogotá había frascos etiquetados como “azufre”, bolsas, guantes de látex usados y logotipos de una empresa de domicilios, señalada como el canal utilizado para el envío de las frambuesas.

Estos elementos serían sumados al proceso judicial contra Guzmán, actualmente detenida en el Reino Unido a la espera de ser extraditada a Colombia, en el que la Fiscalía busca establecer si el contenido del casillero sirvió para ocultar la manipulación de sustancias tóxicas.

El 18 de junio, Medicina Legal informó que sería entregado un reporte oficial a la Fiscalía General de la Nación sobre el contenido de los frascos encontrados en el casillero de Zulma Guzmán.

Dos días después, El Tiempo reveló detalles del documento que recibió el ente acusador, incluyendo la prueba que terminaría de involucrar a Guzmán con el envenenamiento de los dos menores.

De acuerdo con el medio citado, se encontró talio en el frasco que contenía polvo blanco, mismo contenido que tenía otro recipiente encontrado en el casillero del Club El Nogal, sustancia que fue vertida en las frambuesas con chocolate que consumieron los niños.

Esta prueba se sumará a la evidencia técnica y testimonial que tenía la Fiscalía para inculpar a Zulma Guzmán con la entrega de la fruta envenenada a la vivienda de Juan De Bedout, con quien, según el ente acusador, tuvo una relación extramatrimonial. El análisis forense expuesto por El Tiempo confirma la presencia de talio en un par de guantes de látex azul hallados en el casillero de Zulma Guzmán en el Club El Nogal.

Cabe recordar que las autoridades hicieron inspecciones en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá como parte del proceso de extradición de Zulma Guzmán. La revisión, realizada en conjunto por funcionarios colombianos y británicos, se centró en verificar las condiciones de reclusión y atención médica del penal, con el fin de cumplir estándares internacionales de derechos humanos exigidos por el Reino Unido. La defensa de Guzmán solicitó garantías sobre su seguridad y bienestar antes de su eventual traslado desde Londres, donde permanece detenida a la espera de la decisión sobre su extradición.

Lo que sigue en el proceso

Además del traslado de Guzmán a Colombia, el informe de Medicina Legal ayudará a que la Fiscalía presente más material probatorio contra la mujer de 54 años, que tendrá la oportunidad de defenderse durante las audiencias.

Cabe recordar que, tras abandonar Colombia, Guzmán viajó por varios países y fue ubicada en Londres, donde fue rescatada del río Támesis por la policía británica en diciembre de 2025. Sobre ella había orden de captura con circular roja de Interpol y actualmente permanece detenida bajo la ley de salud mental del Reino Unido, en espera de la decisión sobre su deportación o extradición.

En Colombia enfrentará cargos de homicidio agravado, con penas de hasta 40 años de prisión, que podrían ascender a 60 años. Aunque se suma la presunta tentativa de homicidio contra otros dos niños afectados por intoxicación, cabe recordar que la pena máxima en Colombia es de 50 años y que se pueden añadir hasta 10 más en situaciones en las que el condenado cometió más de un crimen.

A un día de la segunda vuelta presidencial, prevista para el 21 de junio, la ciudadanía se prepara para definir al presidente y vicepresidente que ejercerán funciones entre 2026 y 2030. Esta jornada marcará el cierre del proceso electoral iniciado en la primera vuelta y determinará al sucesor del actual jefe de Estado.

La segunda ronda se realiza porque ninguno de los candidatos alcanzó la mayoría absoluta de votos (50% más uno). Según la normativa, solo participan las dos fórmulas más votadas, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, y resultará electa la que obtenga más sufragios. El binomio ganador asumirá el cargo el 7 de agosto y tendrá un mandato de cuatro años.

Desde el 15 de junio, personas habilitadas para votar en el exterior ya participan en la jornada, con consulados y puestos especiales operando en distintos países. Al cierre de las urnas, la Registraduría Nacional del Estado Civil divulgará los resultados preliminares, mientras se desarrolla el escrutinio oficial para certificar el resultado definitivo.

Siga la transmisión en vivo aquí:

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Polémica por llegada de veedores para los comicios del 21 de junio

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El mensaje de Karol G antes de las presidenciales en Colombia

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Iván Cepeda anunció que respetará los resultados del 21 de junio

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Instalan Misión de Observación Electoral para la segunda vuelta presidencial

Se instaló oficialmente la Misión de Observación Electoral del Consejo Nacional Electoral en el proceso de la segunda vuelta presidencial, con el objetivo de reforzar el seguimiento institucional y garantizar un proceso transparente, seguro y con plenas garantías para los votantes.

Durante la sesión de apertura participaron el presidente del CNE, Cristian Quiroz; el registrador nacional, Hernán Penagos; la defensora del Pueblo, Iris Marín; y la viceministra de Relaciones Exteriores, Juana Castro, junto a otras autoridades.

El encuentro busca coordinar acciones de acompañamiento y vigilancia electoral en la recta final de los comicios del próximo 21 de junio.

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Bogotá prepara cierres viales por elecciones del 21 de junio.

Con el objetivo de facilitar la movilidad y garantizar el acceso de los ciudadanos a los puestos de votación durante la jornada electoral del próximo 21 de junio, la Secretaría Distrital de Movilidad anunció un amplio plan de cierres viales y desvíos en distintos puntos de Bogotá.

Las restricciones se aplicarán en zonas de alta afluencia como Corferias, la Plaza de Bolívar y otros sectores estratégicos de la ciudad, donde se espera la mayor concentración de mesas y votantes.

Las medidas incluirán cierres temporales, control de accesos para residentes y rutas alternas para el transporte público y vehículos particulares.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía planificar sus desplazamientos con anticipación y atender las indicaciones de los organismos de tránsito, en una jornada que contará con un dispositivo especial de control y acompañamiento operativo en toda la capital.

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Seguridad electoral en Cundinamarca

Más de 5.000 uniformados de la Policía Nacional y el Ejército serán desplegados en Cundinamarca para garantizar la seguridad durante la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.

El operativo cubrirá los 684 puestos de votación y las 6.916 mesas habilitadas en los 116 municipios del departamento, donde están llamados a las urnas cerca de 2,3 millones de ciudadanos.

Las autoridades también anunciaron la implementación de sistemas biométricos en 150 puestos de votación de 17 municipios estratégicos para reforzar los controles de identidad y prevenir posibles fraudes.

Además, 500 policías de tránsito estarán distribuidos en los principales corredores viales para acompañar la movilidad y el transporte del material electoral.

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Estados Unidos alerta por protestas en Colombia

El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta dirigida a sus ciudadanos en Colombia ante el riesgo de protestas y posibles actos de violencia relacionados con las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Según el Departamento de Estado, aunque las autoridades colombianas aplicarán restricciones y medidas de seguridad, persiste la posibilidad de manifestaciones tras la jornada electoral.

Las autoridades estadounidenses advirtieron que las protestas y el despliegue policial podrían generar interrupciones significativas en el transporte, incluyendo el cierre de carreteras y otras vías de comunicación. “Si planea viajar a Colombia este fin de semana, asegúrese de prever tiempo adicional o reconsidere sus planes”, recomendó el Departamento de Estado.

Las restricciones implementadas por el gobierno colombiano incluyen el cierre de fronteras terrestres y marítimas desde las 6:00 a. m. del sábado 20 de junio hasta las 6:00 a. m. del lunes 22 de junio, así como la prohibición de venta de alcohol desde las 6:00 p. m. del sábado hasta el mediodía del lunes. También se desplegará personal de seguridad en todo el país para procurar un proceso electoral pacífico.

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El Gobierno ofrece recompensas de hasta $50 millones por denuncias sobre delitos electorales

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se reunió con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para analizar la infraestructura crítica y física en el país y en la capital, con miras a los comicios del domingo 21 de junio.

Sánchez afirmó que todos los organismos del Estado están activos para proteger la jornada electoral e instó a la ciudadanía a denunciar actos de desinformación, amenazas o incidentes que busquen alterar el proceso. Además, anunció recompensas de hasta $50 millones por denuncias relacionadas con delitos electorales.

Galán informó que la estrategia implementada en la primera vuelta presidencial se replicará el domingo en Bogotá, con la reactivación de la mesa de servicios para atender cualquier eventualidad y garantizar la seguridad electoral.

El despliegue en la ciudad incluirá 12.500 policías y 2.500 gestores del distrito, encargados de acompañar a la ciudadanía y asegurar el correcto ejercicio del derecho al voto.

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Lo último que se supo sobre la detención de Humberto Coral, más conocido como Beto Coral, en Estados Unidos, es que el Gobierno Trump informó que el activista colombiano fue capturado el 16 de junio en Arizona.

Las autoridades señalaron que Coral ingresó al país en diciembre de 2015 con una visa B1/B2, válida por seis meses, pero permaneció en territorio estadounidense durante aproximadamente diez años después de que expirara su permiso. El caso quedó a cargo del Departamento de Seguridad Nacional, que inició un procedimiento migratorio que podría resultar en la deportación del colombiano a su país de origen.

Coral fue arrestado como inmigrante indocumentado y permanecerá bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) hasta que concluyan los trámites de expulsión.

El Departamento de Seguridad Nacional reiteró la existencia de un programa que permite la salida voluntaria del país a quienes se encuentren en situación migratoria irregular, ofreciendo incentivos económicos y la posibilidad de regresar legalmente en el futuro, y advirtieron que quienes no opten por esta vía podrían ser arrestados y deportados sin oportunidad de retornar a Estados Unidos.

Familia de Coral emitió nuevo comunicado

El 19 de junio, desde la cuenta de X de Beto Coral, su familia publicó un comunicado de dos páginas en el que denunció una nueva situación sobre el colombiano y pidió acompañamiento urgente de la comunidad internacional.

“Beto Coral fue nuevamente trasladado, esta vez por las autoridades migratorias estadounidenses. Su familia asegura que desconoce su ubicación actual y advierte que su nombre ya no aparece en el sistema oficial ICE Locator, situación que ha incrementado la preocupación y la incertidumbre sobre su estado y sus condiciones de detención”.

Debido a que no han podido comunicarse con el activista, su familia pidió la ayuda del Gobierno nacional para que se garanticen los derechos del cafetero.

“Ante la falta de información y la imposibilidad de tener contacto con él, la familia hace un llamado urgente al Gobierno de Colombia, a las Naciones Unidas, a los organismos de derechos humanos y a la comunidad internacional para que acompañen el caso y velen por el respeto de sus derechos fundamentales”.

En el comunicado, se insiste que los seres queridos de Coral están preocupados por la situación del “influencer”, malestar que ha aumentado con el paso de las horas sin que tengan ningún tipo de actualización sobre la detención del colombiano.

“Beto no es un criminal. Es una persona que ingresó legalmente a Estados Unidos, solicitó asilo a través de los mecanismos establecidos por la ley y que durante más de diez años esperó una decisión de las autoridades migratorias. Al momento de su detención contaba con un permiso de trabajo vigente expedido por las propias autoridades estadounidenses”, es parte del comunicado.

Por último, la familia de Coral reafirmó que busca que el procedimiento se haga cumpliendo con la ley, puesto que, en su concepto, el ciudadano colombiano no ha cometido ningún crimen por el que deba ser trasladado constantemente y sea alejado de su familia.

“Pedimos al Gobierno Nacional de Colombia que continúe acompañando este caso y que no nos olvide en este momento tan difícil. Pedimos que se proteja su dignidad humana, su derecho al debido proceso, su libertad de expresión y su integridad. Y pedimos, una vez más, que Beto Coral pueda enfrentar cualquier actuación relacionada con su caso en libertad”.

Cabe recordar que la detención de Coral provocó un enfrentamiento en redes sociales entre el senador estadounidense Bernie Moreno y el presidente Gustavo Petro, que ha afirmado en varias publicaciones en X que lo registrado con el activista es injusto y arbitrario.

En un hecho histórico, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) impuso la primera sanción alternativa a un compareciente de la fuerza pública que inicialmente no aceptó la imputación, pero que durante el juicio decidió reconocer su responsabilidad en 31 casos de ejecuciones extrajudiciales “falsos positivos”.

Se trata del teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán, que fue declarado como responsable de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate durante su comandancia en el Batallón de Infantería 44 Ramón Nonato Pérez.

Durante la rueda de prensa en la que se anunció la condena, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli Arteaga, explicó que esta es la cuarta sentencia emitida por la jurisdicción como parte del “reconocimiento tardío”, un mecanismo que permite a los comparecientes acceder a una sanción alternativa de 5 a 8 años de prisión si reconocen su responsabilidad antes de ser condenados.

Por su parte, el magistrado Gustavo Salazar anunció la condena de 69 meses y un día de prisión efectiva (cinco años, nueve meses y un día) para León Durán como autor de los delitos mencionados.

En estos casos, si los comparecientes no aceptan su responsabilidad y son condenados en juicio, la pena debe superar los 20 años de prisión. Ramelli aclaró que, a diferencia de la justicia ordinaria, en este sistema el reconocimiento de responsabilidad exige aportes efectivos a la verdad y diálogo con las víctimas, que ocupan el centro del proceso judicial y restaurativo.

La sentencia, leída en audiencia pública, abordó la responsabilidad de León Durán en 31 asesinatos y desapariciones forzadas, además de una tentativa de homicidio, todos calificados como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Según la JEP, las víctimas de los hechos eran en su mayoría hombres jóvenes, campesinos y personas en situación de vulnerabilidad provenientes de Casanare, Boyacá, Arauca, Meta, Quindío y Santander. Muchas de ellas fueron trasladadas mediante engaños y falsas ofertas de trabajo para luego ser asesinadas. Otras fueron estigmatizadas a través de reportes falsos y antecedentes fabricados, ejecutadas y posteriormente desaparecidas para impedir que sus familias las encontraran.

Durante la lectura de la sentencia, el magistrado Gustavo Salazar señaló que estos hechos no corresponden a excesos individuales ni a situaciones aisladas, sino a un patrón criminal deliberado. Bajo el mando de León Durán, el 94% de los resultados operacionales reportados por su batallón fueron considerados ilegítimos.

El macrocaso 03, en el que se investigan los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate, permitió establecer la responsabilidad de León Durán como máximo responsable y autor inmediato. La JEP concluyó que ejerció control sobre la estructura criminal que operó en el batallón que comandó.

El militar retirado decidió aceptar los hechos en marzo de 2025, motivo por el cual su caso fue remitido a la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, donde se tramitó bajo la figura de reconocimiento tardío.

Ante las víctimas, León Durán reconoció que su responsabilidad no se limitó a una falta de control, sino que respondió a decisiones conscientes que facilitaron la comisión de los crímenes. Admitió haber omitido la verificación de la legalidad de las operaciones reportadas y priorizar su carrera militar sobre la protección de la vida de civiles.

También reconoció la fabricación de antecedentes falsos, la estigmatización de las víctimas y la utilización de engaños para atraer a personas a lugares donde luego eran asesinadas.

Durante la audiencia, León Durán pidió perdón a los familiares de las víctimas, se comprometió a buscar a las personas desaparecidas, a participar en actos públicos de dignificación, entregar documentación operacional y promover procesos de formación en ética y derechos humanos en el Ejército Nacional.

Al abordar el tema de la afinidad personal hacia los candidatos, Reyes respondió a una usuaria que sugirió dejar de hablar sobre la simpatía por los aspirantes y enfocarse en la elección presidencial.

“Daniela, tienes toda la razón. Y en todo caso, aquí esto es como que porque estás enojada con tu ex tóxico, entonces te vas a cuadrar con el que te quiere matar al gato. Nada que ver”, fueron las palabras de Reyes.

En otra intervención, Reyes se refirió a la posibilidad de disminuir los impuestos, como lo han planteado Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo. Señaló que esta iniciativa no resulta creíble, teniendo en cuenta la trayectoria de Restrepo en el manejo fiscal.

“Lo que dicen Abelardo de la Espriella y su candidato vicepresidencial, José Manuel Restrepo, es poco creíble porque el mismo José Manuel fue quien, después de que el Gobierno de Iván Duque intentó subir el IVA y no pudo hacerlo a causa del paro nacional, José Manuel procedió a subir el impuesto de renta a las empresas del 30 al 35%”.

El exdirector de la Dian también recordó que Restrepo tiene un historial relacionado con el incremento de impuestos y no con su reducción. “Él tiene una trayectoria de subir impuestos, no de bajarlos. Por otro lado, él dice que eso se logra reduciendo la corrupción, pero la verdad, la corrupción es un fenómeno que surge principalmente de la interacción entre el Congreso de la República y el Ministerio de Hacienda”, advirtió.

Reyes mencionó acciones específicas durante la gestión de Restrepo como ministro de Hacienda. Destacó la suspensión de la ley de garantías, una norma diseñada para impedir el uso de recursos públicos en campañas políticas durante años electorales. “José Manuel la suspendió de manera inconstitucional. La Corte Constitucional tumbó esa suspensión, pero, pues, buena parte del daño ya estaba hecho”, señaló Reyes.

Además, el exfuncionario hizo referencia a la gestión de relaciones políticas de Restrepo. “José Manuel manejó sus relaciones con el Congreso a través de la señora Andrea Ramírez, que tristemente también trabajó en el actual gobierno y que actualmente es investigada por haber sido una de las que colaboró en la repartición de contratos a dedo a congresistas a cambio de votos en el Congreso”.

Reyes concluyó que la trayectoria de Restrepo no corresponde a la de alguien identificado con la reducción de impuestos ni con la lucha contra la corrupción. “La trayectoria de José Manuel no es precisamente de lucha contra la corrupción, es una trayectoria de subir impuestos. Así que no, no creo que sea una propuesta muy creíble”, puntualizó.

Cabe recordar que Luis Carlos Reyes ha cuestionado públicamente las propuestas de Abelardo de la Espriella, especialmente la idea de legalizar el 10% de los capitales ilegales provenientes de actividades como el narcotráfico y la minería ilegal, a cambio de cárcel y no extradición para sus poseedores.

Reyes expresó que a los criminales debe aplicarse la ley y no brindarles tranquilidad a los criminales. También se refirió a la postura del candidato sobre seguridad, señalando que De la Espriella ha defendido a líderes paramilitares.

“¿Sabe por qué no es una buena idea, Abelardo? Porque con los narcos y los criminales hay que hacer justicia, no darles tranquilidad. Jugarle limpio al país es que para los criminales no haya tranquilidad a ningún precio”.

El 19 de junio, la Fiscalía General de la Nación informó de la condena contra dos exmiembros de la Policía Nacional que fueron declarados como responsables de la muerte del ciudadano venezolano Anthony Gabriel Estrada Espinoza durante las protestas del 9 de septiembre de 2020 en el municipio de Soacha, Cundinamarca.

El juez del caso declaró culpables a los patrulleros Óscar Alexander Márquez Rojas y Wilmer Andrés Ricaurte Pinilla por su actuación durante las manifestaciones en la localidad de Ciudad Verde.

Los agentes hicieron uso de sus armas de dotación contra manifestantes que se concentraban cerca de la estación de policía. Uno de los proyectiles disparados por Márquez Rojas impactó a Estrada Espinoza, que murió en el lugar.

El fallo judicial determinó que Márquez Rojas fue hallado responsable del delito de homicidio en concurso heterogéneo con ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, y le negó la suspensión condicional de la pena y la posibilidad de prisión domiciliaria. Por su parte, Ricaurte Pinilla fue condenado a cuatro años y dos meses de prisión por el delito de ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio, con la posibilidad de cumplir su condena en prisión domiciliaria.

Durante el proceso, la Fiscalía mostró en juicio oral pruebas técnicas y testigos que apuntaron a la alteración de evidencia por parte de los agentes, también demostró que ambos patrulleros reportaron la devolución completa de la munición asignada al momento de entregar sus armas, buscando desviar la investigación y aparentar que no habían disparado.

El proceso judicial incluyó análisis balísticos y técnicos que permitieron asociar el proyectil recuperado del cuerpo de Estrada Espinoza con la pistola SIG Sauer asignada a Márquez Rojas. La necropsia practicada documentó que el proyectil ingresó por el tórax izquierdo de la víctima, atravesó la cavidad torácica y causó lesiones graves en pulmones y estructuras cardíacas, provocando su muerte.

El Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), representante de las víctimas, informó que los análisis técnicos también establecieron el uso de armas de fuego contra áreas residenciales y documentaron disparos dirigidos hacia viviendas civiles.

El colectivo recordó que durante las protestas del 9 y 10 de septiembre de 2020 en Soacha y Bogotá, 13 personas murieron, entre ellas Estrada Espinoza. El fallo judicial señala que su caso no corresponde a un hecho aislado, sino a una respuesta sistemática de agentes estatales durante las jornadas de protesta. El proceso penal documentó que 87 agentes utilizaron munición en esas noches, aunque solo tres han sido imputados hasta el momento.

La firma destacó que la sentencia constituye un reconocimiento judicial del uso ilegal y sistemático de la fuerza letal y del encubrimiento posterior por parte de los agentes condenados. Las víctimas y sus representantes han insistido en la urgencia de acelerar las investigaciones, identificar a los responsables de mando y adoptar reformas estructurales en la Policía Nacional para garantizar el respeto por la vida y la integridad personal.

En un comunicado, el colectivo habló de víctimas como Cristhian Andrés Hurtado, Julieth Ramírez Mesa, Angie Paola Baquero Rojas, Lorwan Stiwen Mendoza, Freddy Alexander Mahecha, Cristian Camilo Hernández Yara, Julián Mauricio González, Germán Smith Puentes Valero, Jaider Alexander Fonseca Castillo, Andrés Felipe Rodríguez Ávila, Cristian Alberto Rodríguez Cano, Eider Arias y María del Carmen Vihuche, y la necesidad de garantizar verdad, justicia y reparación integral en todos los casos.

Cabe recordar que la sentencia dictada por el juzgado en Soacha es de primera instancia y admite recursos de ley; además, la Fiscalía General de la Nación mantiene activas las investigaciones relacionadas con otros homicidios registrados durante esas jornadas de protesta.

Desde Cajar recordaron las solicitudes de las familias de las víctimas, que incluyen la adopción de reformas estructurales para la Policía Nacional, la prohibición del uso de armas de fuego en contextos de manifestación social y el desarrollo de garantías de no repetición.

El 19 de junio, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una acción de tutela interpuesta contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consorcio de los Hermanos Bautista, responsable del software de preconteo y DIVIPOL. La acción fue presentada por un ciudadano que alegó presuntas irregularidades en el proceso electoral presidencial de 2026 y solicitó la protección de sus derechos fundamentales.

En su decisión, el tribunal negó la solicitud de medidas provisionales, señalando que en esta etapa procesal no se acreditaron los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional para su procedencia. Con la admisión de la tutela, el despacho judicial ordenó notificar a las entidades demandadas y vinculó al proceso, en calidad de terceros interesados, al presidente de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. El trámite continuará mientras se resuelve el fondo del asunto.

En este momento, el tribunal no ha ordenado a la Registraduría ni al CNE realizar un escrutinio especial ni reconteo físico de votos en las mesas atípicas, ni la apertura de una auditoría forense digital al software de preconteo. Estas solicitudes forman parte de las pretensiones del demandante, pero aún no han sido acogidas por el tribunal.

Así puede entender la decisión del despacho

El Tribunal Administrativo admitió una acción de tutela presentada por Ericsson Ernesto Mena Garzón contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consorcio de los Hermanos Bautista, contratista del software de preconteo y Divipol.

En la tutela, Mena Garzón formuló varias pretensiones. Solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y pidió que se ordenara a la Registraduría y al CNE la realización de un escrutinio especial, técnico y exhaustivo sobre 5.300 mesas atípicas identificadas. Este escrutinio exigía el reconteo físico voto a voto y el cotejo de los formularios E-11 (lista de sufragantes con firmas y huellas) contra el censo electoral oficial expedido previamente, descontando cualquier voto que exceda la capacidad física de las mesas o que corresponda a cédulas presuntamente introducidas de manera irregular.

Además, pidió que el procedimiento se realizara bajo la vigilancia permanente de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y representantes de los partidos políticos, garantizando el acceso técnico de los delegados acreditados por las campañas involucradas.

Mena Garzón pidió que se suspendieran el calendario y los plazos para realizar la segunda vuelta electoral hasta que el juez de tutela se pronunciara sobre las pruebas presentadas, lo que fue rechazado por el tribunal.

Tras analizar la solicitud, el despacho concluyó que la medida provisional no cumplía con los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional: apariencia de buen derecho, peligro en la demora y proporcionalidad, y consideró que no se allegaron pruebas suficientes que demostraran la existencia de un perjuicio o riesgo inminente.

De acuerdo con el tribunal, se observó que las pruebas aportadas por el accionante consisten en publicaciones y enlaces técnicos derivados de denuncias públicas, así como archivos digitales con listados de mesas atípicas, elementos que el tribunal consideró insuficientes para fundamentar la urgencia de la medida, argumento por el que se negó la solicitud de medidas provisionales.

El tribunal ordenó vincular al proceso, en calidad de terceros interesados, al presidente Gustavo Petro, que ha señalado aspectos similares a los denunciados por el ciudadano en sus redes sociales. El tribunal también ordenó que las autoridades involucradas presenten un informe sobre los hechos y aporten pruebas en un plazo de tres días, advirtiendo que la falta de respuesta dará lugar a la presunción de veracidad sobre los hechos alegados en la demanda.

El 18 de junio, la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe por presuntos vínculos con crímenes de lesa humanidad.

El ente investigador sostuvo que existen pruebas sobre la relación de Uribe, cuando era gobernador de Antioquia, con un grupo paramilitar que operaba en la hacienda Guacharacas, en donde se consolidó el bloque Metro de las AUC.

La Fiscalía señaló a Uribe como responsable por omisión en la masacre de La Granja y como presunto determinador de la masacre de El Aro; además, también deberá hablar sobre el asesinato del abogado Jesús María Valle, que era defensor de las víctimas de estos crímenes cuando fue asesinado.

Salvatore Mancuso podría ser clave en el caso

En diálogo con Blu Radio, Miguel Ángel del Río, abogado de las víctimas en este caso, afirmó que la justicia tiene una deuda con los familiares de quienes murieron en las masacres mencionadas.

El jurista mencionó las pruebas que hacen parte del expediente y anticipó que Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar que en la actualidad es gestor de paz, será llamado para hablar sobre dudas que tenga el ente acusador.

“Hoy tenemos una Fiscalía con independencia que ha optado precisamente por hacer un trabajo riguroso y, en ese sentido, la decisión va en el camino correcto. No puede ser posible que un llamado a indagatoria esté construido sobre la ausencia de piezas procesales. Todo lo contrario: existen declaraciones, videos, documentos y próximos testimonios también, porque la Fiscalía incluso ha decidido llamar nuevamente a Salvatore Mancuso para precisar circunstancias de tiempo, modo y lugar”, afirmó.

Sobre la importancia de Mancuso en el proceso, el abogado de las víctimas aseguró que es una pieza clave por el conocimiento que tiene sobre lo registrado en las masacres de El Aro y La Granja.

“Esa es una de las declaraciones más importantes de un jefe paramilitar, que relaciona precisamente los hechos ocurridos en esos años con el despliegue de las fuerzas paramilitares. Se tiene prevista a futuro para el proceso también, y seguramente existirá la construcción de nuevos elementos materiales probatorios para fortalecer precisamente ese llamado a indagatoria”.

Esto es lo que ha dicho Mancuso sobre las masacres

En una audiencia de la JEP, registrada en 2023, Salvatore Mancuso indicó que la masacre de El Aro, en la que fueron asesinados 17 campesinos, fue calificada como un éxito para las Autodefensas Unidas de Colombia.

“La masacre fue vista como un logro para los paramilitares. Se cumplió la orden y, días después, en la región de La Caucana, nos reunimos varios comandantes para condecorar a quienes participaron en esa operación”.

En esa ocasión, el exjefe paramilitar aseguró que Álvaro Uribe Vélez, que era gobernador de Antioquia, tenía conocimiento de lo que pasaría el 22 de octubre de 1997.

“Fue Iván Ramírez quien me manda para que organice y coordine la operación que me pide Pedro Juan Moreno, y Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe. Uribe se ha reunido conmigo, y yo me reuní con el coronel Raúl Suárez, comandante de la Policía de Córdoba. Me llevó a reunirme a la finca de Uribe, por el gobernador Uribe para aquel momento, y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación del Aro”.

En una entrevista con Daniel Coronell, Salvatore Mancuso reafirmó su testimonio y añadió nuevos detalles sobre la participación que tuvo el exmandatario en el crimen de lesa humanidad que provocó el desplazamiento forzado de más de 1.000 personas en la región.

“Yo estuve en la zona en helicóptero, fui a llevar provisiones, municiones, a sacar heridos, muertos nuestros. Fue una operación bastante dura y estuve en el área, ingresé en helicóptero. Uribe sabía de la operación”.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro escribió en su cuenta de X que, si Bernie Moreno, que será veedor en las elecciones presidenciales del 21 de junio, seguía hablando sobre Colombia, se vería obligado a “tomar decisiones”, lo que se entendió como una amenaza del presidente al ingreso del congresista norteamericano al país.

“Eso no es de gente que piense en democracia, sino de simples odiadores de las y los colombianos por racismo, que usted no debería sentir porque proviene de Colombia, así haya jurado lealtad por encima de todo a los EEUU, como hizo también su candidato en Colombia que quieren imponer”, escribió el mandatario.

En medio de la polémica, la canciller Rosa Villavicencio habló ante los medios para asegurar que la potestad sobre el ingreso de Bernie Moreno o cualquier veedor al país es del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La canciller mencionó que el CNE definirá todo sobre el ingreso de Moreno y que la entidad deberá estar al tanto de que ninguno de los veedores busque interferir en los comicios.

“Quien puede tomar esa decisión de que entre o no entre, o de autorizarlo, o acreditarlo como observador, es el Consejo Nacional Electoral. Pero indudablemente nosotros queremos unas elecciones libres de cualquier interferencia”.

De la misma forma, Villavicencio envió un mensaje a los demás veedores que participarán en la jornada y anticipó que no considera que Bernie Moreno venga a hacer algo indebido a Colombia.

“Sea Bernie Moreno o cualquier otro que sesgue y que no cumpla con su trabajo imparcial y objetivo de acompañamiento y de observación, se debe llamar la atención. Les pedimos a todos los observadores que se rijan por ese procedimiento, que respeten y que no haya ninguna interferencia en nuestras elecciones. Somos un pueblo libre y soberano y así queremos decidir esta contienda electoral: en paz, en tranquilidad y con mucho civismo. Cualquier interferencia generaría mayores tensiones. No creo que vengan a eso, sino que vienen a acompañarnos en un proceso en el que se va a decidir con la mayor transparencia”, puntualizó Villavicencio.

María Fernanda Cabal se sumó a la polémica

La congresista María Fernanda Cabal alertó al Consejo Nacional Electoral de Colombia (CNE) sobre la presencia de observadores internacionales a quienes vincula con el chavismo y acusa de intentar influir en el proceso electoral. Cabal señaló que algunos de estos observadores pertenecen al Frente Francisco de Miranda y solicitó al CNE investigar y expulsar a estos individuos.

“Alerto al @CNE_COLOMBIA sobre estos personajes, que vale la pena investigar y expulsar”, escribió Cabal en su cuenta de X.

Entre los mencionados se encuentran Victoria Donda, ex observadora electoral en la primera vuelta y participante en la campaña “Cepeda Presidente”, que también estuvo en las elecciones de Honduras en 2025 junto a Aida Quilcué; Gabriel Fuks, exembajador de Argentina en Ecuador, señalado por su expulsión tras facilitar la huida de la exministra María de los Ángeles Duarte; Lizbeth Guerrero, militante del Partido Libre de Honduras, que participó en la primera vuelta electoral en Colombia y es identificada como activista de la campaña de Cepeda.

Cabal también mencionó a Elsy Damaris Hoyos Olivan, coordinadora de Morena, que habría participado en protestas en Bogotá, y a Yosef El Bakali Mateos, vinculado a partidos de izquierda en España y a protestas recientes. Finalmente, mencionó a Erika del Valle Farías Peña, Ana Maldonado, Marifred Susana Rodríguez Mendoza e Ysis Elianny Cordero Jiménez, señaladas por su apoyo público a la dictadura de Maduro en Venezuela.

En los últimos meses, el creador de contenido Luis Fernando Villa, conocido como Westcol, uno de los streamers que más tiene seguidores en la plataforma Kick, ha realizado transmisiones junto con varios políticos destacados del país.

Después de hacer un recorrido por la Casa de Nariño y conversar durante poco más de una hora con el presidente Gustavo Petro, Westcol comenzó a hablar sobre la política del país antes de los comicios presidenciales.

A esto se sumó una transmisión con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y un día antes de la primera vuelta con el candidato Abelardo de la Espriella, a los que entrevistó en transmisiones que tuvieron a miles de espectadores.

Alejado de hacer una entrevista convencional, el creador de contenido hizo preguntas como: ¿Qué hago si un ladrón ingresa a mi casa? A los tres políticos. En el caso del abogado Abelardo de la Espriella, lo interrogó sobre cómo sería una hipotética defensa a Pablo Escobar si estuviera vivo.

The Economist destacó el papel de Westcol en las presidenciales de Colombia

Aunque Westcol aseguró que solo hizo contenido, el medio británico The Economist analizó lo que pasó en la previa de la primera vuelta presidencial de Colombia y la importancia que tuvo el streamer en la sociedad.

El medio citado recordó que candidatos de diversas tendencias ideológicas han buscado acercarse a la audiencia de Westcol en los últimos meses, incluyendo al presidente Gustavo Petro y al exmandatario Álvaro Uribe Vélez.

Para el medio especializado, esta estrategia marca un cambio respecto a los métodos tradicionales de comunicación política, pues los líderes buscan conectar con el electorado joven a través de canales alternativos.

El análisis destaca que Westcol se caracteriza por su estilo directo y creativo, haciendo preguntas que podrían considerarse sensacionalistas para el periodismo convencional. A pesar de ello, se mantiene alejado de cualquier preferencia partidista, lo que permite que la audiencia forme su propia opinión; además de que llama la atención de los jóvenes y los sectores tradicionales.

Debido a que las cifras de audiencia de Westcol superan la media de la mayoría de creadores de contenido en Colombia, el medio citado considera que las redes del antioqueño son canal alternativo para la difusión de propuestas y el perfilamiento de liderazgos políticos, especialmente ante una población joven que suele mostrar desinterés por los medios tradicionales.

Por otra parte, mencionaron la desconfianza política que existe sobre el sistema político en Colombia, lo que ha sido aprovechado por figuras de internet que trabajan fuera de las estructuras convencionales.

Para The Economist, la primera vuelta presidencial de Colombia expuso que hay una diferencia entre los métodos tradicionales y las plataformas que frecuentan las nuevas generaciones, lo que quedó en evidencia con la diferencia de los resultados con lo que proponían las encuestas de intención de voto.

La campaña presidencial hacia la segunda vuelta del 21 de junio se ha caracterizado por la integración de nuevas tecnologías y formatos digitales. The Economist señala que, mientras algunos sectores políticos han recurrido intensivamente a herramientas digitales y contenidos adaptados a redes sociales, otros mantienen métodos convencionales basados en discursos públicos y movilización territorial.

Aunque estudios de opinión previos identificaban una base amplia de electores moderados o de centro, la polarización de las campañas ha inclinado la balanza hacia discursos radicales, que, adaptados al ecosistema digital, pueden convertir a las nuevas plataformas de difusión masiva en un nuevo escenario frente a las dinámicas partidistas clásicas en Colombia. Por todo lo argumentado, el informe termina mencionando que la participación de Westcol y otros creadores de contenido podría ser clave en el resultado final de los comicios del 21 de junio.

Para los comicios del 21 de junio, en los que los colombianos definirán entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda quién será el nuevo presidente de la República, la fuerza pública (cuyos integrantes no pueden votar) tendrá la misión de velar por la seguridad de la ciudadanía.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU) para supervisar la seguridad durante el Plan Democracia, que incluirá el despliegue de más de 400.000 efectivos: 248.000 miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en tareas directas, más 160.000 en funciones de apoyo.

Hasta el momento, se han registrado 21 amenazas contra candidatos presidenciales, lo que llevó a la apertura de 10 investigaciones penales y a la judicialización de diez administradores de cuentas en redes sociales por difundir amenazas y mensajes de odio. La Policía Nacional y las Fuerzas Militares han identificado 99 municipios con riesgos electorales: 50 por posibles irregularidades en la transparencia y 49 por vulnerabilidad ante alteraciones del orden público, especialmente en regiones como Valle del Cauca, Bolívar, Cundinamarca, Cauca, Tolima y Antioquia.

Además, se han reforzado los esquemas de seguridad de los candidatos y se mantienen operativos en 535 puntos críticos del país para prevenir incidentes durante la jornada electoral.

Gerente del Plan Democracia habló con Infobae Colombia

En diálogo con Infobae Colombia, el coronel José Luis Bastidas Moreno, gerente del Plan Democracia, indicó que los uniformados que protegerán a la ciudadanía llevan más de un año entrenando para los tres comicios del año.

“Hace más de un año los más de 298.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Militares se han venido preparando y recibiendo las capacitaciones necesarias para poder afrontar este reto tan importante en 2026 de cubrimiento de las elecciones de Congreso, primera y segunda vuelta presidencial”.

El coronel Bastidas afirmó que se considerará una jornada positiva cuando “todos los colombianos habilitados para poder votar ejerzan su derecho” y mencionó tres puntos claves para el domingo 21 de junio.

“Los objetivos del Plan Democracia para las Fuerzas Militares son primero que todo, pues el cubrimiento de los más de 5.000 puestos asignados a lo largo y ancho del país. Segundo, generar las condiciones de seguridad y de movilidad para que todos los colombianos puedan ejercer el libre derecho al voto. Y el tercero es que el colombiano que está habilitado para votar lo haga de manera libre, tranquila y por la persona que lo represente”.

El gerente del Plan Democracia reconoció que hay zonas vulnerables en las que hay riesgo de que se registren afectaciones durante la jornada, y que el personal desplegado ya está adelantando misiones en estas regiones.

“Tenemos unas áreas estratégicas de interés y unos puntos georreferenciados microfocalizados que definitivamente demandan de nosotros un especial interés por parte de la inteligencia y donde estamos adelantando operaciones militares que mitigarán cualquier situación que pueda alterar el normal desarrollo de la segunda vuelta presidencial”.

El uniformado destacó el compromiso que tienen los integrantes de la fuerza pública para que la democracia sea una prioridad en todo momento.

“Nosotros juramos defender la bandera y cumplir el artículo 217 de la Constitución Nacional, en donde nuestro compromiso es la defensa de la ley, por ende, de la democracia en nuestro país”.

El coronel Bastidas finalizó recordando que más de 400.000 uniformados tendrán la misión de proteger las 122.000 mesas de votación y que los colombianos pueden confiar en que será una jornada sin contratiempos.

“En nombre del señor general Hugo Alejandro López Barreto, comandante general de las Fuerzas Militares, invitamos a los más de 40 millones de colombianos habilitados para poder votar el domingo a que ejerzan ese libre derecho al voto, que escojan a la persona que los represente y que estén seguros de que los soldados de tierra, mar y aire, las Fuerzas Militares y los policías de Colombia generaremos las condiciones de seguridad para que ustedes puedan ejercer el voto de manera libre y tranquila”.

La senadora Martha Peralta enfrenta una investigación liderada por la magistrada Cristina Lombana por supuestas irregularidades en la contratación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y el escándalo de corrupción registrado durante el mandato de Gustavo Petro.

Como parte del proceso, la magistrada decidió restringir la libertad de Peralta mientras se desarrolla la diligencia de indagatoria, medida que permanece vigente hasta que se resuelva su situación jurídica.

Ante esta restricción, la defensa de Peralta presentó un recurso de hábeas corpus ante un juez de Bogotá, solicitando la revisión inmediata de la medida, argumentando posibles vulneraciones a sus garantías fundamentales, pero este fue rechazado.

Una de las claves de este proceso era el testimonio de Sneyder Pinilla, ex subdirector de Manejo de Desastres en la Ungrd y la persona que prendió el ventilador del caso; sin embargo, Pinilla se negó a declarar contra Peralta.

En la tarde del 19 de junio, la firma de abogados Gustavo Moreno, que defiende a Pinilla, emitió un comunicado en el que confirmó que, protegido por el derecho a guardar silencio, el santandereano, que tiene un preacuerdo con la Fiscalía, no declarará en el proceso contra Martha Peralta.

“La defensa insiste: el señor Pinilla ha colaborado con la justicia dentro de los marcos legales correspondientes. Pero esa colaboración no lo despoja de su condición de sujeto de derechos, ni habilita a que sea interrogado ilimitadamente sobre hechos funcionales, institucionales o privados que puedan comprometer su responsabilidad penal y que no estén cobijados por el objeto específico de su principio de oportunidad”.

Defensa de Pinilla hizo cinco solicitudes

En el comunicado, los abogados de Sneyder Pinilla solicitaron que el rechazo al interrogatorio sea una constancia procesal a favor del santandereano, al que piden que se le reconozca su derecho fundamental a guardar silencio frente a toda pregunta relacionada con hechos derivados de su actuación como exfuncionario de la Ungrd que no hagan parte de lo estipulado como cooperación y que se le respete su derecho a no autoincriminarse.

La defensa argumenta que un posible interrogatorio llevará a “preguntas derivadas de conversaciones privadas presuntamente extraídas del teléfono celular entregado voluntariamente por el señor Pinilla en el marco de su cooperación judicial”.

Además, la defensa de Pinilla afirmó que la decisión no demuestra que exista una falta de colaboración o evasión procesal de su cliente: “Que se deje constancia expresa en el acta de la diligencia de cada oportunidad en la cual la defensa invoque el artículo 33 de la Constitución Política y el artículo 8 de la Ley”, es como termina el comunicado.

¿Por qué es tan importante el testimonio de Pinilla?

Sneyder Pinilla desempeñó un papel central en el entramado de corrupción que involucró a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd). Como ex subdirector de Manejo de Desastres, su firma figura en la mayoría de los documentos relacionados con el polémico contrato de carrotanques en La Guajira, lo que lo ubica como uno de los principales operadores del esquema.

A partir de su colaboración con la justicia y la aprobación del principio de oportunidad, Pinilla se convirtió en un testigo clave para exponer cómo funcionó la estructura y el funcionamiento de la red de corrupción, así como para señalar a altos funcionarios y congresistas.

Sus declaraciones han vinculado directamente a figuras del Congreso en la recepción de millonarias sumas de dinero y permitieron documentar el pago de sobornos, lo que ha dado paso a investigaciones y procesos contra otros responsables. Su testimonio ha tenido repercusiones políticas, provocando salidas de figuras relevantes de partidos afectados por los señalamientos. Su importancia radica en haber roto el silencio, facilitando la judicialización de quienes integraron la red de corrupción.

En la tarde del 18 de junio, el expresidente Álvaro Uribe Vélez informó que fue citado por la Fiscalía General de la Nación a una indagatoria en la que tendrá que hablar sobre tres casos registrados entre 1996 y 1998.

“De mis abogados: Fiscalía Tercera nos acaba de notificar hace un rato que lo llama a indagatoria por el tema del aro, la granja, José María Valle y Guacharacas. A enfrentar este suplicio a pocas horas de elecciones”, escribió el exmandatario en su cuenta de X.

Además de la importancia de la diligencia a la que tendrá que asistir Uribe, el anuncio hizo que se recuerde lo registrado en las masacres de El Aro, La Granja y lo relacionado con el asesinato del abogado Jesús María Valle.

Masacre de La Granja

El primero de los hechos se registró el 11 de junio de 1996 en el corregimiento de La Granja, del municipio de Ituango, en donde paramilitares asesinaron a cinco campesinos que fueron acusados de ayudar a las Farc.

Este hecho sigue siendo recordado porque los integrantes de las AUC ingresaron a las viviendas del corregimiento para identificar a los presuntos colaboradores de la guerrilla, a los que ejecutaron en espacios públicos para advertir a los demás pobladores sobre las consecuencias de tener algún tipo de vínculo con el grupo armado enemigo.

En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por su responsabilidad en la masacre de La Granja, señalando que las autoridades no protegieron adecuadamente a la población civil ni investigaron de manera efectiva los hechos.

La masacre de El Aro

El segundo caso sobre el que hablará el exmandatario se registró entre el 22 y el 31 de octubre de 1997 en el corregimiento de El Aro, del municipio de Ituango, Antioquia, en donde integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia asesinaron a 17 campesinos a los que acusaron de ser militantes de las Farc.

Antes de asesinar a las víctimas, los paramilitares torturaron a los campesinos para enviar un mensaje al resto de la población. Antes de dejar el corregimiento, incendiaron 60 viviendas y se robaron la producción de varios cultivos.

Las AUC reconocieron haber perpetrado la masacre para castigar a la población por ayudar a la guerrilla, lo que provocó el desplazamiento forzado de al menos 1.200 personas. En las investigaciones se mencionaron posibles omisiones por parte de la fuerza pública durante los hechos, motivo por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por no haber protegido a las víctimas.

Asesinato de José María Valle

Este crimen se registró el 27 de febrero de 1998 en Medellín, la víctima era un abogado y defensor de derechos humanos que se encargó de denunciar lo registrado en las masacres de El Aro y La Granja.

El jurista afirmó que había una alianza entre la fuerza pública y las AUC que permitía que el grupo paramilitar ejerciera varios tipos de violencia contra la población civil de la región, mientras la gobernación y las alcaldías municipales se mantenían en silencio.

A la par, el abogado denunció haber recibido amenazas, pero no recibió ningún tipo de protección. El 27 de febrero de 1998, dos sicarios ingresaron a su oficina en el centro de Medellín y le dispararon en varias ocasiones.

Las investigaciones posteriores identificaron vínculos entre el asesinato de Valle y estructuras paramilitares que operaban en Antioquia. En 2012, la Corte Suprema de Justicia condenó a un exparamilitar y a un exfuncionario por su participación en el homicidio.

El poder de las AUC en la hacienda Guacharacas

El expresidente también rendirá indagatoria sobre lo que sabe de la consolidación del bloque Metro de las AUC en la hacienda Guacharacas, una propiedad de 2.000 hectáreas ubicada en Antioquia.

Este inmueble fue propiedad de la familia Uribe Vélez entre 1978 y 1996, hasta que fue comprado por los hermanos Gallón Henao, responsables del asesinato del futbolista Andrés Escobar, que reconocieron haber financiado a las AUC.

El 18 de junio, las autoridades en Costa Rica anunciaron la captura de Wilder Eusse Osorio, colombiano nacionalizado costarricense que en los últimos años se desempeñó como presidente del club Municipal Liberia.

De acuerdo con la Policía OIJ, la detención se registró en San José tras una solicitud de extradición presentada por autoridades de Estados Unidos, donde es acusado por cargos por presunta conspiración para el tráfico de drogas.

La solicitud de extradición proviene de una corte federal del estado de Texas, que investiga una red supuestamente dedicada al transporte de sustancias ilícitas desde Centroamérica hacia Estados Unidos. El dirigente capturado es señalado como presunto intermediario logístico y financiero dentro de la organización, con la supuesta responsabilidad de facilitar recursos y coordinar movimientos de mercancía ilegal.

La investigación contra el colombiano incluye registros de comunicaciones, movimientos bancarios y transferencias internacionales que habrían sido utilizadas para legitimar fondos provenientes del narcotráfico.

El operativo de captura se llevó a cabo en una zona residencial de la capital costarricense, donde agentes de la Policía Nacional, en coordinación con Interpol y la DEA, localizaron al directivo deportivo, que fue trasladado a dependencias judiciales para ser notificado formalmente sobre la solicitud internacional de extradición y los cargos que enfrentará.

Las autoridades de Costa Rica han indicado que el procedimiento se ajustará a los tratados internacionales y a la legislación nacional, permitiendo al acusado ejercer su derecho a la defensa.

Tras la captura, la Federación Costarricense de Fútbol emitió un comunicado informando que seguirá de cerca el desarrollo del proceso y que actuará conforme a la normativa vigente para garantizar la integridad del torneo nacional. Directivos de otros clubes manifestaron preocupación por el impacto del caso en la reputación del fútbol costarricense y solicitaron a la federación reforzar los mecanismos de control y vigilancia sobre las personas relacionadas con el deporte.

Se ha anticipado que, en caso de que el colombiano sea culpable, el club afectado podría enfrentar sanciones administrativas y deportivas dependiendo del resultado de las investigaciones y de las decisiones que adopten las autoridades.

Antes de ser extraditado, el presidente del club tendrá la oportunidad de presentar argumentos y pruebas ante el tribunal penal costarricense. El juez encargado valorará los elementos presentados por la defensa y definirá el futuro del colombiano.

La defensa del dirigente sostiene que no existen antecedentes judiciales en su contra en el país centroamericano y alega que las pruebas presentadas por Estados Unidos no acreditan su participación en los hechos imputados. El abogado del acusado ha anunciado que recurrirá a todas las instancias legales para evitar la extradición.

El País reveló que el expediente remitido desde Estados Unidos contiene registros documentales sobre transferencias de dinero, viajes y operaciones comerciales presuntamente vinculadas al tráfico de drogas. Las autoridades estadounidenses sostienen que el investigado habría empleado su posición en el club de fútbol para facilitar actividades ilícitas y para encubrir movimientos de recursos vinculados al narcotráfico.

Al respecto, la Federación Costarricense de Fútbol reiteró su compromiso con la transparencia y la legalidad en la administración del deporte, por lo que colaborará con las autoridades durante la investigación.

Por su parte, Municipal Liberia anunció que el nuevo presidente del equipo será Luis Felipe Eusse, sobrino del capturado. “La operación del club seguirá desarrollándose con normalidad, manteniendo el compromiso, la responsabilidad y el cumplimiento de las funciones correspondientes”.

El dirigente permanece bajo custodia a la espera de una audiencia judicial que determinará los próximos pasos en el proceso de extradición. Las autoridades de Costa Rica y Estados Unidos han emitido comunicados en los que se habla de la colaboración para el intercambio de información y la ejecución de diligencias adicionales.

Además, Sánchez cuestionó la veracidad de lo informado y reveló algunas de las cifras sobre el crecimiento y los avances de la fuerza pública durante el primer semestre de 2026.

“Vimos específicamente en Noticias Caracol, donde decía que se habían incrementado los Gaos y que se había reducido la fuerza pública. Ahí queremos hacer una aclaración, publicaron una información equivocada que no corresponde a la realidad, que no está actualizada. Ha crecido en un 8% la fuerza pública, hay 30.000 efectivos más y hay un plan de fortalecimiento mayor para 20.000 policías y 16.000 militares. Mientras algunos difunden información de años anteriores, la realidad muestra que la fuerza pública ha crecido", declaró durante una atención a medios el ministro de Defensa.

El balance del Ministerio de Defensa en lo que va de 2026

Infobae Colombia tuvo acceso a información sobre los resultados del Ministerio de Defensa en 2026, que incluye el contexto de la ofensiva criminal que ha padecido la fuerza pública y las poblaciones civiles en varias zonas del país.

Actualmente, existe una acción operacional permanente que se suma a los más de 1.500 combates que se han registrado durante la actual administración, es decir, una confrontación contra estructuras criminales cada 20 horas. Antes de que termine el primer semestre, se terminará de consolidar el ingreso de 16.000 soldados y 20.000 policías, para un total de 36.000 nuevos integrantes de la fuerza pública.

En el suroccidente del país hay cerca de 46.918 efectivos desplegados entre Ejército, Armada y Policía; además, se ha fortalecido la inversión en seguridad y defensa. En el último año, la cartera ha destinado inversiones por más de 31 billones de pesos, incluyendo la compra de nuevos aviones de superioridad aérea, la renovación de armamento, el fortalecimiento de capacidades estratégicas y la puesta en marcha de herramientas como el escudo antidrones.

En la lucha contra el narcotráfico, el Ministerio de Defensa confirmó la destrucción de un laboratorio cada 50 minutos, mientras que las incautaciones han aumentado un 59%.

“La experiencia demuestra que la erradicación forzada, cuando no está acompañada de sustitución, presencia integral del Estado, vías, crédito, comercialización, seguridad y alternativas productivas, genera resiembra y reproduce el ciclo de violencia. Por eso la pregunta no es solo cuántas hectáreas se erradican, sino cuánto poder económico se le quita al narcotráfico, cuántos laboratorios se destruyen, cuánta droga se incauta, cuántas redes se desmantelan y cuántas comunidades logran salir de la dependencia de las economías ilegales”, es parte del documento al que tuvo acceso Infobae Colombia.

Sobre los retos de la cartera, se menciona la violencia letal como una de las problemáticas que sigue vigente en el territorio nacional, principalmente en zonas en las que hay presencia de estructuras ligadas al narcotráfico, la minería ilegal, extorsión y disputa entre grupos armados y bandas delincuenciales. A pesar de ello, en 2026, 457 municipios no registran homicidios.

El documento que no ha sido emitido concluye con una invitación del Ministerio de Defensa a los medios nacionales para no replicar información que no ha sido contrastada o que expone datos de años atrás.

“Invitamos a los medios de comunicación a presentar las cifras con contexto, fuentes claras y análisis integral. Colombia necesita un debate serio sobre seguridad, no titulares que alimenten el miedo sin explicar las causas, las tendencias y las respuestas del Estado”.

El macrocaso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz, que investiga casos de asesinatos y desapariciones forzadas durante el conflicto interno, es uno de los que más se habla en Colombia por las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas “falsos positivos”.

Durante varios años, se habló de 6.402 casos; sin embargo, la JEP anunció el 28 de abril de 2026 que se han comprobado al menos 7.837 y que el número podría aumentar.

“El informe destacó las estadísticas de homicidios y desapariciones forzadas presuntamente atribuibles a la fuerza pública, entre los años 1990 a 2016, a nivel nacional, clasificados como muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate, que corresponden a 7.837 víctimas. Cifra que es dinámica, conforme avanzan los casos que se abordaron en el macrocaso 03”, declaró en ese momento el magistrado Pedro Elías Díaz.

Desde ese momento, la JEP anunció que incorporó más datos a la investigación y por ese motivo amplió el periodo investigado, puesto que se podía confirmar que el método empleado en los “falsos positivos” no comenzó en 2002.

Cifra podría superar los 21.000 casos

Debido a que la JEP sigue llevando a cabo audiencias en las que exmilitares reconocen haber participado de manera directa e indirecta en ejecuciones extrajudiciales, Cambio reveló un informe en el que afirmó que el ente transicional ya confirmó 1.435 “falsos positivos” más, registrados entre 1990 y 2016.

De la misma forma, mientras avanzan las investigaciones, en la JEP se cree que los casos confirmados podrían llegar a ser más de 21.000, puesto que ese es el número de registros de víctimas que están siendo analizados.

Para hablar sobre el tema, el medio citado entrevistó a Juan Felipe García, líder del grupo de Análisis de la Información de la JEP, que mencionó que se siguen conociendo más casos de víctimas que siguen sin ser identificadas.

“Es muy importante para la ciudadanía que se haga explícito que en estas cifras que nosotros hemos determinado y que se han documentado, allí está excluido un universo que es muy relevante y es el de aquellas personas que no han sido identificadas, es decir, que no se puede identificar el nombre propio de esa víctima, pero aparece registrada con otros elementos como una víctima”.

Para entender la importancia de la investigación, García mencionó que el registro total no sería el punto final para el macrocaso, puesto que, en su concepto, no es posible definir la totalidad de ejecuciones extrajudiciales que se registraron en Colombia.

“Esos elementos de personas no identificadas, el número de registros, porque nosotros no podemos decir precisamente que son personas únicas, asciende a 21.000 registros. Y eso es muy importante para el país, porque lo que eso nos indica a nosotros es que estamos haciendo un trabajo de cálculo de un subregistro, porque no podemos saber cuál es, en total, de manera definitiva, las personas identificadas que fueron víctimas de este delito”.

Mientras sigue la polémica entre familias de víctimas de los “falsos positivos” y la JEP, que radica en que las víctimas afirman que en las audiencias se han priorizado los testimonios de exmilitares sin contrastar la información que entregan, el tribunal ha aclarado varios factores sobre las cifras de casos que se han mencionado en las diligencias.

Uno de los más importantes es que la JEP ha explicado que se investigan hasta 21.000 registros, que no representan la misma cifra de casos individuales, puesto que en un registro se pueden encontrar hechos confirmados en los que la cifra de víctimas fue superior a lo que se afirmó inicialmente. “Es posible que en esos 21.000 haya duplicados”.

El domingo 21 de junio se realizará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, en la que los ciudadanos definirán entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda quién ocupará la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años. Este proceso electoral genera interrogantes sobre quiénes pueden ejercer el derecho al voto y cuáles son las restricciones vigentes en el país.

Es por ello que, en un informe realizado por la Universidad de La Sabana y suministrado a Infobae Colombia, Salomé Castro Muñoz explicó que el derecho al voto en Colombia está reservado para ciudadanos colombianos mayores de 18 años que cuenten con cédula de ciudadanía vigente. Así lo establece el artículo 258 de la Constitución Política, que reconoce el sufragio como un derecho fundamental de la ciudadanía; sin embargo, existen excepciones precisas que limitan la participación electoral de determinados sectores de la población.

En primer lugar, los miembros de la fuerza pública en servicio activo, tanto militares como policías, no pueden votar. Esta restricción, contemplada en el artículo 219 de la Constitución, busca garantizar la neutralidad política de las instituciones armadas del Estado y evitar cualquier interferencia de las Fuerzas Militares y de policía en el proceso democrático. La prohibición se mantiene durante todo el tiempo de servicio activo y aplica tanto para la participación en elecciones como en actividades de deliberación política.

Otra restricción relevante recae sobre las personas cuyos derechos políticos han sido suspendidos mediante decisión judicial. El artículo 98 de la Constitución señala que la suspensión de la ciudadanía puede decretarse como consecuencia de una condena penal. Esta medida solo puede imponerse por orden de un juez y se mantiene mientras dure la sanción establecida en la sentencia.

De esta forma, una persona privada de la libertad que se encuentra en calidad de sindicada (medida de aseguramiento preventivo) conserva sus derechos políticos, incluyendo el sufragio, mientras no exista una sentencia condenatoria. Por el contrario, quienes han sido condenados y cuya sentencia está en firme no podrán ser parte de los comicios.

También quedan excluidos del ejercicio del voto quienes hayan renunciado voluntariamente a la nacionalidad colombiana. De acuerdo con la normatividad vigente, la ciudadanía se pierde al extinguirse el vínculo jurídico de nacionalidad con el Estado colombiano. Este procedimiento requiere un acto expreso y formal ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y debe documentarse con el “Acta de Renuncia”. Solo a partir de la formalización de este trámite, la persona deja de ser considerada ciudadana colombiana y pierde los derechos políticos, incluido el derecho al voto.

Cabe recordar que en Colombia se han registrado varias restricciones al voto, que fueron modificándose a lo largo del tiempo. En el siglo XIX y las primeras décadas del XX, el sufragio estuvo limitado por requisitos de género, edad, ocupación e ingresos. La Constitución de 1886 reconocía la ciudadanía únicamente a los varones mayores de 21 años que demostraran oficio o ingresos estables.

Las reformas de 1936 y 1954 ampliaron el derecho primero a todos los hombres y luego a las mujeres, que participaron por primera vez en el plebiscito de 1957. Con la Constitución de 1991, el sufragio adquirió carácter universal y se fortalecieron los principios de igualdad y no discriminación.

En cuanto a la suspensión y pérdida del derecho al voto, la legislación distingue entre ambas situaciones. La pérdida implica la extinción de la ciudadanía, mientras que la suspensión, que solo puede ser decretada por un juez, restringe temporalmente los derechos políticos.

Para responder dudas que existen en la sociedad, la experta recordó que una discapacidad no constituye actualmente una causal para perder o suspender el derecho al voto en Colombia. Las normas que imponían restricciones por discapacidad mental fueron eliminadas y el sistema electoral ha incorporado herramientas como el voto asistido, plantillas braille y atención prioritaria para facilitar la participación de personas con discapacidad.

Los menores de edad no pueden votar en elecciones nacionales, pero los jóvenes entre 14 y 17 años pueden participar en los Consejos de Juventud, instancias que canalizan sus propuestas ante las autoridades públicas. Por su parte, extranjeros con residencia legal en Colombia tienen derecho a votar en elecciones municipales y distritales, siempre que cumplan los requisitos legales.

Durante el Gobierno Petro se comenzó a utilizar la figura o rol temporal de gestor de paz para los individuos que faciliten acercamientos, promuevan la reconciliación y ayuden a desescalar la violencia como parte de la política de Paz Total.

Debido a ello, individuos que tuvieron un papel clave en el conflicto interno durante los 90 e inicios del 2000 han pedido ser designados gestores de paz, entre ellos el exlíder del cartel de Cali Miguel Rodríguez Orejuela, que permanece en una prisión de Estados Unidos.

Entre los casos aceptados, que han generado opiniones divididas en el país, se encuentra Salvatore Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia que, desde que volvió a Colombia, ha reiterado su compromiso de aportar verdad a las víctimas de la estructura paramilitar.

Los compromisos de Mancuso y otros exparamilitares con Colombia

Teniendo en cuenta la promesa que hizo Mancuso y otros gestores de paz designados por el Gobierno Petro, Caracol Radio publicó un informe en el que criticó el porcentaje de ejecución del acuerdo de Ralito.

El medio citado reveló 16 planes de trabajo y las actas de compromiso que suscribieron los exparamilitares designados como gestores de paz. Entre los firmantes se encuentran Salvatore Mancuso, “Macaco”, “Jorge 40″, “Cuco Vanoy” y “Don Berna”, todos excabecillas de las AUC.

Estos documentos detallan la hoja de ruta y el propósito de la figura de los gestores de paz, que no modifica la situación jurídica de los nombrados ni afecta las medidas de aseguramiento vigentes. Algunos de ellos debían cumplir estas funciones desde cárceles en el extranjero y la designación no implica beneficios judiciales.

El plan de trabajo inicial contemplaba cuatro ejes temáticos: búsqueda de personas desaparecidas, contribución a la verdad, reparación a las víctimas y entrega o recuperación de bienes. Una de las acciones más relevantes era la realización de diálogos confidenciales con diferentes actores del conflicto, acompañados por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd), con el objetivo de localizar víctimas. A pesar de la importancia de estos objetivos, el comité encargado de impulsar las acciones, liderado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, solo se reunió una vez en Valledupar para el acto de instalación. Desde entonces, el proceso permanece paralizado.

Cada exparamilitar designado como gestor de paz debía liderar compromisos individuales. Estos iban desde actos públicos de reconocimiento y perdón, hasta iniciativas de memoria histórica, búsqueda de desaparecidos y espacios de reparación simbólica en diferentes regiones. No obstante, ninguna de estas iniciativas se materializó y permanecen solo en los documentos.

Uno de los ejemplos de los resultados negativos es lo que ha pasado con “Martín Llanos”, cuyo plan de trabajo contemplaba la creación de un museo interactivo en Casanare, con fotografías, testimonios y objetos del conflicto armado, además de actividades educativas y culturales sobre memoria y paz, algo que sigue sin ser consolidado.

Por su parte, “Diego Vecino” propuso la realización de un encuentro comunitario y acto público de perdón en El Salado, Carmen de Bolívar, zona marcada por el conflicto y hechos delictivos que afectaron a las comunidades campesinas.

Salvatore Mancuso planteó acciones orientadas a la búsqueda prioritaria de personas desaparecidas (en la frontera con Venezuela), iniciativas de memoria y homenajes a las víctimas, reconocimiento de responsabilidad y solicitud de perdón por hechos de violencia en Montes de María, participación en rutas restaurativas con universidades públicas del Caribe colombiano, actos de reconocimiento en los hornos de Juan Frío y en la Universidad Francisco de Paula Santander, así como un acto dirigido a víctimas en el exterior.

A pocos meses de cumplirse un año de la resolución que designó a estos gestores de paz, el balance se limita a un único evento de instalación realizado en octubre de 2025 en Valledupar y al estancamiento del proceso. Cifras de la Fiscalía indican que la ejecución de las sentencias alcanza el 10%.

El 13 de agosto de 1999 se registró el asesinato de Jaime Garzón, crimen que hasta la fecha sigue sin ser esclarecido por la justicia colombiana, lo que genera indignación, principalmente en los familiares del bogotano.

Aunque se afirma que la orden fue dada por Carlos Castaño, líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), investigaciones adelantadas sobre el caso afirman que el paramilitar fue condicionado por terceros; además, no se tiene claridad sobre cómo se ejecutó el plan para terminar con la vida del comunicador y comediante.

Una de las condenas en el caso fue contra José Miguel Narváez, exsubdirector del DAS y al que la justicia acusó de convencer al exjefe paramilitar Carlos Castaño de cometer el crimen, argumentando falsamente que Garzón era un objetivo militar. La familia de Garzón ha solicitado en varias ocasiones que sean desclasificados archivos del DAS en los que sea mencionado el comediante, que era una de las figuras públicas más relevantes a finales de los 90.

Gobierno nacional entregará archivos del DAS sobre Jaime Garzón y un líder social

El 18 de junio, El Tiempo informó que el Gobierno nacional entregará archivos desclasificados del DAS a la familia de Jaime Garzón y del defensor de derechos humanos Pedro Julio Movilla.

La ceremonia estaba programada para el 19 de junio y se iba a realizar frente a la Casa de Nariño, pero por la agenda del presidente Gustavo Petro fue aplazada y la próxima semana se confirmará la nueva fecha.

Cabe recordar que, en octubre de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por las violaciones cometidas contra varios colectivos, lo que incluyó espionaje arbitrario contra varias personas entre 1990 y 2005, y la desclasificación de los archivos del DAS fue una de las sanciones ordenadas.

El objetivo de la entrega es que se pueda garantizar el acceso efectivo de quienes soliciten información o datos sobre las violaciones registradas y de esa forma se puedan rectificar, cancelar o eliminar los datos incongruentes o que fueron difundidos.

La sentencia afirma que las entidades del Estado violaron los derechos de varios vinculados al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, a los que siguieron, interceptaron y les recopilaron información personal cuando ejercían labores de representación de víctimas de violaciones de derechos humanos en el país.

Varios funcionarios ayudaron a estigmatizar la imagen de los integrantes del colectivo, a los que señalaron como integrantes de grupos guerrilleros, lo que aumentó el riesgo de que pudieran ser violentados, como ocurrió en el caso de Jaime Garzón y del líder social Pedro Julio Movilla.

La condena contra el Estado colombiano es porque durante varios años se registraron denuncias por hechos de violencia, intimidación y hostigamientos protagonizados por funcionarios del DAS, pero la justicia ordinaria y los gobiernos de turno no priorizaron a las víctimas y permitieron con su omisión que se mantuviera la impunidad en la mayoría de casos.

Por ejemplo, la familia de Jaime Garzón lleva 26 años exigiendo saber más información sobre el crimen del humorista y cómo el DAS, además de José Miguel Narváez, pudo haber influido en su asesinato.

En el caso de Pedro Julio Movilla, dirigente sindical y militante del Partido Comunista de Colombia, fue víctima de seguimientos y hostigamientos por organismos de seguridad antes de su desaparición. El 13 de mayo de 1993, salió de su casa en Bogotá y testigos reportaron la presencia de hombres encapuchados y vehículos sospechosos. Desde entonces, no se volvió a saber de él. Tras más de 30 años, su paradero sigue desconocido.

Habitualmente, se habla de que la violencia en Colombia que se registra en zonas rurales y alejadas de las ciudades principales es únicamente la ejercida por los grupos armados; sin embargo, el Ministerio de Justicia recordó que otro fenómeno que se debe abordar es la violencia intrafamiliar.

El Ministerio de Salud, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría de la Nación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) presentaron el estudio “Análisis del fenómeno de la violencia intrafamiliar con ocasión del conflicto armado en Colombia: hacia la construcción de una política pública”, una investigación que evidencia cómo las dinámicas del conflicto armado han profundizado y transformado las violencias dentro de los hogares colombianos.

Una de las conclusiones de la investigación es que la violencia intrafamiliar en territorios afectados por el conflicto interno va ligada, en la mayoría de los casos, a lógicas de control territorial y violencia ejercida por actores armados.

De acuerdo con el informe, hay hogares en los que la violencia es una extensión de lo que pasa en los territorios y que en estas zonas se registran más casos en los que la violencia contra las mujeres opera como mecanismo de dominación y sometimiento.

Para entender este panorama, se mencionan factores como el uso de armas, el entrenamiento militar, la imposición de discursos y las “órdenes de género” bajo el mando de grupos armados, como aspectos que provocan miedo a represalias, y ante la ausencia del Estado, terminan con la normalización o aceptación de estos comportamientos.

“El Estado colombiano reconoce que existe un continuum de violencias en territorios afectados por el conflicto armado o con presencia de actores armados, y plantea que la violencia en el ámbito doméstico puede constituir un hecho victimizante dentro del conflicto".

Una de las acciones que se anunciaron tras la exposición del informe es que las Comisarías de Familia deberán implementar un enfoque de género e interseccional en el análisis de los casos de violencia intrafamiliar en territorios afectados por el conflicto armado, incorporando criterios de flexibilidad probatoria y garantizando la aplicación oportuna de medidas de protección en articulación con las entidades competentes.

Se recomienda que se fortalezcan los criterios técnicos para el reconocimiento de víctimas en el Registro Único de Víctimas (RUV), diseñar protocolos unificados de atención integral y avanzar en la consolidación de una política pública orientada a abordar las afectaciones del conflicto armado que impactan el funcionamiento y la atención brindada por las Comisarías de Familia.

La violencia intrafamiliar dentro de las dinámicas de guerra en Colombia

En el informe se hace referencia a la Sentencia T-434 de 2024 de la Corte Constitucional, que aborda el caso de “Carmenza”, una mujer campesina víctima de tentativa de feminicidio por parte de un actor armado y pareja sentimental, como un ejemplo de cómo el conflicto armado y la violencia intrafamiliar se conectan en algunas zonas.

Este hecho llevó al desplazamiento forzado de la familia de la víctima y mostró cómo la violencia del conflicto armado puede trasladarse al ámbito doméstico. El estudio que analiza este caso identificó patrones de “masculinidad guerrera”, donde el poder de las armas refuerza jerarquías de género y legitima la violencia como forma de control.

En estos casos, el desplazamiento y la ruptura familiar generan dependencia económica y pérdida de autonomía para las mujeres. El estudio también revela subregistro e invisibilidad institucional, lo que dificulta el acceso de las víctimas a reconocimiento y reparación. El 69% de los profesionales del Icbf encuestados no asocia la violencia intrafamiliar con el conflicto armado, a pesar de que en casos en el Cauca, Nariño, Chocó y Valle del Cauca se repiten los patrones mencionados en la mayoría de los casos.

En la mafia colombiana hubo dos criminales que compartieron el sobrenombre de “El hombre del overol”: José Orlando Sánchez Cristancho y José Orlando Henao Montoya. El segundo fue líder del cartel del Norte del Valle y fue asesinado en 1998, mientras que el primero terminó de pagar una condena en Estados Unidos y volvió a Colombia en 2023.

Henao Montoya llegó a ser considerado el capo más sanguinario de Colombia; además, es recordado por liderar la estructura criminal que tomó el poder de las rutas del narcotráfico tras la caída de los hermanos Rodríguez Orejuela, y aunque han pasado más de 25 años desde su muerte, las autoridades siguen recuperando predios que le pertenecieron.

Por ejemplo, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) informó que más de 400 hectáreas que pertenecieron a este criminal en Tuluá, Valle del Cauca, fueron entregadas a campesinos de la región.

Sobre la recuperación del predio, la ANT reveló que se realizaron verificaciones sobre cuatro inmuebles que estaban siendo administrados por la Sociedad de Activos Especiales, pero habían sido invadidos por terceros.

Tras la intervención, el terreno será utilizado por locales para proyectos productivos de desarrollo rural, principalmente para fortalecer la economía de comunidades afrodescendientes e indígenas.

Los predios recuperados son El Gorrón, con más de 84 hectáreas; El Pital, con 80.6; la hacienda La Mona, que tiene más de 144; y La Peva, que juntas suman 408 hectáreas que durante varios años estuvieron sin ser aprovechadas por investigaciones contra sus antiguos dueños.

Las investigaciones concluyeron luego de que se confirmó que las propiedades estuvieron vinculadas con familiares de Henao Montoya que también fueron parte del cartel del Norte del Valle, que aparecen en procesos por lavado de activos y ocultamiento de bienes. Desde la Agencia Nacional de Tierras explicaron que el terreno recuperado es una muestra de cómo las estructuras criminales utilizaron propiedades para ocultar el dinero que generaron producto del narcotráfico.

Las investigaciones realizadas por las autoridades permitieron que los activos pasaran a control del Estado, lo que actualmente facilita la incorporación de estos predios a la reforma agraria. El objetivo es devolver a la tierra una función social y productiva para el beneficio de las comunidades rurales.

Entre los predios destacados está la hacienda La Milena, donde la Agencia Nacional de Tierras (ANT) identificó la presencia de cerca de 30 familias. En esta zona predominan los cultivos de caña de azúcar y, según los testimonios recogidos durante visitas técnicas, existe una relación de convivencia con el Ingenio San Carlos, que ha apoyado el suministro de agua potable en algunos sectores.

La entidad también mencionó el interés de varias organizaciones afrodescendientes, como el Consejo Comunitario de Buga y sus veredas, el Consejo Comunitario de Guavitas y el Consejo Comunitario de Guacarí. Estas comunidades mantienen vínculos históricos con estas tierras y podrán participar en procesos de adjudicación y desarrollo productivo.

“Para los líderes afrodescendientes, la recuperación de estos terrenos representa el fruto de años de resistencia y organización”, indicó Marco Antonio Mosquera Sánchez, coordinador zonal del Frente Nacional Afrocolombiano, que destacó que la entrega es resultado de sacrificios, amenazas y esfuerzos colectivos que nunca abandonaron los locales.

¿Qué pasó con Henao Montoya?

Sobre “El hombre del overol”, cabe recordar que fue señalado como el perpetrador del asesinato de Hélmer “Pacho” Herrera, uno de los fundadores del cartel de Cali, que fue ultimado en la prisión de Palmira. Ocho días después de la muerte de Herrera, José Manuel Herrera Buitrago, conocido en el mundo criminal como “El inválido”, asesinó a Henao Montoya en la cárcel La Modelo de Bogotá.

Este hecho fue una de las primeras traiciones entre capos del Valle del Cauca, lo que se repitió en varios casos que terminaron con el desmantelamiento de las estructuras organizadas y generó una guerra por las rutas de narcotráfico.

Infobae Colombia recibió una denuncia en la que se afirma que el alcalde de Tumaco, Félix Antonio Henao Casanova, nombró como funcionario a su antiguo escolta Juan Camilo Salazar Rodríguez, que presentó documentación falsa para ocupar el cargo de profesional universitario en la administración municipal.

El caso involucra a Juan Camilo Salazar Rodríguez, que figura como contratista de la Alcaldía Distrital de Tumaco desde 2026. Según documentos oficiales, su ingreso se dio bajo el cargo de profesional universitario en la Secretaría General. El vínculo se formalizó con la presentación de un diploma de Ingeniería de Sistemas supuestamente expedido por la Pontificia Universidad Javeriana y una tarjeta profesional emitida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia).

La información fue compartida por un denunciante que optó por no exponer su identidad, argumentando tener miedo de posibles represalias. En los mensajes aportados, se advierte que el funcionario habría adquirido de forma irregular tanto el título universitario como la tarjeta profesional. El denunciante sostiene que la documentación presentada ante la administración sería falsa y que el proceso para obtener la matrícula profesional no corresponde con los tiempos y requisitos reales de la carrera.

“Resulta que el escolta en mención compró título universitario y tarjeta profesional como ingeniero. Documentos que presentó ante la alcaldía para acceder a un contrato estatal como egresado de la Javeriana”, señaló el denunciante.

Al revisar el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia), se indica que no existen matrículas profesionales asociadas al número de identificación de Salazar Rodríguez. El sistema responde textualmente: “No se encontraron matrículas asociadas al número de identificación o al número de matrícula ingresado”.

Este hecho contrasta con la copia física de la tarjeta profesional entregada por el funcionario y con un certificado de vigencia que aparece firmado por el director general de Copnia.

El denunciante también expuso dudas sobre el cumplimiento de los requisitos académicos, ya que Salazar habría trabajado como escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) durante el periodo en que supuestamente cursó estudios presenciales en la universidad. “Para esa fecha él era funcionario de la UNP, y que yo sepa, uno estudia presencial en esa universidad y más en esa carrera”, se lee en uno de los mensajes.

En los chats también se describe un contexto de supuesta protección y vínculos con figuras influyentes. El denunciante insiste en la confidencialidad y en el riesgo personal al exponer la situación: “Yo no puedo hacer mucho por mi seguridad, pues para nadie es un secreto que él anda con ciertos personajes influyentes”.

Sobre el contrato de prestación de servicios presentado por la Alcaldía de Tumaco, detalla que las funciones asignadas a Salazar Rodríguez como parte de la Secretaría General incluyen coordinación de trámites, supervisión de pagos y participación en comités internos de la administración.

En los mensajes aportados por el denunciante, se mencionan comportamientos irregulares de Salazar Rodríguez en el ejercicio de sus funciones, como ausencias frecuentes y presencia en lugares de ocio durante horarios laborales. También se señala que el funcionario contaría con la protección de una nueva coordinadora, lo que le permitiría mantener su posición sin cumplir con las obligaciones asignadas.

Adicionalmente, el denunciante sugiere que la documentación falsa habría permitido no solo el ingreso a la administración municipal, sino también la posibilidad de acceder a contratos estatales en el futuro. El remitente recalca que, por motivos de seguridad, la información debe ser manejada con absoluta reserva, puesto que es sabido en la administración municipal que Salazar es una “cuota” del alcalde y las personas que han tenido inconvenientes con él han sido retiradas de sus cargos en el pasado.

Cabe recordar que Salazar Rodríguez fue judicializado en agosto de 2024 por presuntos delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, luego de ser capturado en un retén del Ejército en la vereda El Gualtal, Tumaco, cuando transportaban 1.400 cartuchos calibre 9 milímetros y 12 bultos de detergente. En ese momento, Salazar se identificó como conductor del alcalde de Tumaco.

El 12 de junio se confirmó la muerte de Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua, organización transnacional venezolana que en los últimos años se ha expandido en varios países de la región, incluyendo Colombia.

Debido al poder territorial que tiene la estructura criminal en el país, en diálogo con Infobae Colombia, Juan Nicolás Garzón, profesor de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, afirmó que el golpe al Tren de Aragua representa un hecho relevante en el mapa delictivo transnacional.

“Es un golpe estratégico importante. Finalmente, estas organizaciones tienen liderazgos y esos liderazgos, pues una vez sufren este tipo de golpes, pues también sufre la estructura de estas organizaciones”, explicó el académico, que mencionó que la dinámica interna del Tren de Aragua, caracterizada por su estructura transnacional y su capacidad de adaptación, permite que nuevos liderazgos ocupen rápidamente los espacios de poder.

El experto advirtió: “En un caso como el Tren de Aragua y como ocurre en otras organizaciones criminales o estructuras criminales, como estas, que además tienen un carácter transnacional, una vez cae una de estas figuras importantes de las organizaciones, surgen otras, porque detrás de toda la estructura de negocios que hay de este tipo de organizaciones, hay mucha gente y hay muchos mandos altos e intermedios que buscan reacomodarse una vez las organizaciones sufren estos golpes y quedan golpeadas por este tipo de operaciones”.

En el caso de Colombia, Garzón indicó que está por determinarse cómo las estructuras locales de esta organización se van a reacomodar al asesinato de “Niño Guerrero”, al que le restó importancia al hablar de cómo opera la estructura criminal fuera de Venezuela.

Garzón explicó que el Tren de Aragua cuenta con una estructura flexible, lo cual facilita la recomposición interna tras la pérdida de sus máximos cabecillas. Además, mencionó que los mandos intermedios y altos que permanecen en libertad buscan ocupar rápidamente las posiciones vacantes y que esto podría generar disputas territoriales en algunos países.

“Puede haber disputas por el poder en diferentes niveles, incluyendo en aquellos lugares donde las operaciones del Tren de Aragua se han desconcentrado. Eso incluye Colombia, eso incluye Perú, eso incluye Chile, en diferentes lugares e incluso en Estados Unidos”.

Sobre la relevancia que tiene la lucha contra este tipo de organizaciones para Estados Unidos, Garzón analizó que funciona por lo que representa el golpe a una organización que ha clasificado como terrorista y eso permite legitimar este tipo de operaciones fuera del territorio norteamericano.

“Eso le permite (a Donald Trump) en cierta medida validar el hecho de que este tipo de operaciones pueden llevarse a cabo porque se está combatiendo una organización que amenaza la existencia del Estado o amenaza la existencia misma de los Estados Unidos”.

El académico mencionó que la naturaleza transnacional de la organización implica que los efectos de la muerte de “Niño Guerrero” no serán homogéneos en todos los territorios.

Garzón recordó que “Niño Guerrero” asumió el liderazgo del Tren de Aragua en prisión, por lo que nunca tuvo una influencia total de jefe, era más la cara visible de la estructura criminal.

El especialista concluyó al indicar que la rentabilidad de las actividades ilícitas del Tren de Aragua mantiene vigentes sus operaciones. “Porque los negocios ilícitos que estas organizaciones lideran siguen siendo rentables”, y añadió que la consecuencia más grave se registrará si nadie asume el liderazgo rápidamente.

“Esas disputas, cuando las organizaciones quedan acéfalas, esa falta de esa cabeza, trata de ser rápidamente cubierta por los demás miembros, pero eso genera disputas muchas veces en el interior de las organizaciones y creo que en este caso, seguramente no será la excepción”.

En la tarde del 17 de junio, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, publicó un mensaje en su cuenta de X para disculparse con el ciudadano estadounidense que fue capturado en Bogotá luego de que se viralizara un video en el que era acusado de abusar de un menor de edad.

En la grabación, que fue realizada por una mujer, el extranjero estaba en el balcón de un apartamento en una zona residencial de la capital colombiana, y aunque no se tenía contexto de la situación, usuarios pidieron intervención de las autoridades ante lo que calificaron como un presunto caso de abuso.

La Policía Nacional detuvo al extranjero en la zona residencial, en donde residentes y vecinos del sector intentaron linchar al estadounidense, que fue dejado en libertad luego de que se confirmó que los tres menores que estaban en la residencia no habían sido abusados ni violentados y que el individuo estaba, junto a su pareja, gestionando la adopción de los niños.

“Como ministro de Justicia quiero ofrecer mis más sentidas excusas a los padres de los niños en proceso de adopción que fueron víctimas de un matoneo injusto en redes sociales a raíz de una confusión desafortunada”, escribió Cuervo en su cuenta de X.

El ministro indicó que este caso debe servir para que la ciudadanía comprenda la importancia del debido proceso y de que se debe respetar la presunción de inocencia de todas las personas.

“Que esto nos sirva a todos de lección en no apresurarnos a juzgar situaciones sin suficiente información verificada, y en insistir en que siempre debe prevalecer el debido proceso y la presunción de inocencia”.

Además, Cuervo pidió que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) ayude al ciudadano norteamericano y su pareja para completar el proceso de adopción que estaba adelantando antes de ser detenido.

“Desde el Ministerio estamos listos para apoyar lo que sea necesario para remediar esta situación, e insto al @ICBFColombia para que el proceso de adopción llegue a buen término y esa familia pueda recuperar su tranquilidad”.

Extranjero denunciará a la persona que lo grabó

La defensa del ciudadano extranjero señalado falsamente de abuso en Bogotá ha anunciado acciones legales tras la difusión del video que generó acusaciones en redes sociales.

El abogado del ciudadano extranjero le afirmó a Semana que las acusaciones carecen de fundamento y que los tres menores involucrados dieron negativo en las pruebas forenses de abuso, lo que fue confirmado por Medicina Legal.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar resaltó la importancia de aclarar los hechos y evitar la difusión de información falsa que pueda afectar la integridad de personas inocentes. El extranjero fue liberado luego de comprobarse que no existió delito. Los abogados insisten en que llevarán el caso hasta las últimas consecuencias para restituir el buen nombre de su defendido y sentar un precedente sobre la responsabilidad en la divulgación de información.

La comunidad del conjunto residencial Chico Navarra, en Bogotá, anunció que ofrecerá disculpas públicas al ciudadano extranjero que fue señalado falsamente de abuso tras la difusión de un video.

Luego de que las autoridades confirmaran que no existió ningún delito y que las pruebas practicadas a los menores resultaron negativas, los residentes reconocieron que el señalamiento se registró por una reacción precipitada ante la viralización del video en redes sociales, lo que ocasionó la detención y estigmatización del extranjero. Además, la administración del conjunto manifestó su disposición a colaborar con la investigación y reiteró la importancia de actuar con responsabilidad en situaciones similares.

El acto de disculpa se llevará a cabo el 17 de junio y tendrá como objetivo reparar el daño causado y restaurar la convivencia dentro del conjunto. La familia afectada insiste en que tomarán acciones legales.

La llegada de 103.000 barriles de combustibles al puerto de Tumaco marca una etapa relevante en la estrategia del Gobierno nacional para asegurar el suministro energético en el suroccidente colombiano.

El cargamento, compuesto en un 55% por gasolina y un 45% por diésel, partió desde la Refinería de Cartagena y se consolida como la mayor carga transportada hasta ahora por el buque Willard. Esta operación, coordinada entre el Ministerio de Minas y Energía, Ecopetrol y los principales agentes mayoristas del sector, busca fortalecer la disponibilidad de combustibles y ampliar las alternativas logísticas para abastecer al departamento de Nariño.

El traslado de este volumen responde a la necesidad de garantizar el suministro en una zona caracterizada por su alta demanda y su ubicación estratégica. Con una proyección mensual cercana a los 150.000 barriles, la iniciativa integra a empresas como Primax, Petrodecol y Kamca, actores que participan en la consolidación de una cadena de abastecimiento permanente y eficiente hacia Nariño.

“Una operación histórica fortalece el suministro de combustible en Nariño. Desde el @MinEnergiaCo realizamos seguimiento riguroso al transporte de 103.000 barriles de combustible a bordo del buque Willard, que partió desde la Refinería de Cartagena con destino a Tumaco", se lee en la publicación del Ministerio de Energía.

La operación representa un desafío logístico y técnico para la infraestructura del Pacífico colombiano. El puerto de Tumaco demostró, según la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, la capacidad necesaria para recibir embarcaciones de gran tamaño, ampliando las posibilidades de recepción, almacenamiento y distribución de combustibles. Esta ampliación de capacidades fortalece el papel del puerto como punto estratégico para la región, al permitir la atención de operaciones a gran escala.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, destacó que la llegada de la carga a Tumaco evidencia la capacidad de respuesta del país ante las necesidades energéticas regionales. “Con esta operación seguimos fortaleciendo el abastecimiento de combustibles en Nariño y consolidando nuevas alternativas logísticas para llevar energía a los territorios”, afirmó Palma. El funcionario remarcó la importancia de avanzar hacia un sistema de suministro confiable, eficiente y seguro.

La coordinación entre el Gobierno nacional y los agentes del sector hidrocarburos se traduce en acciones concretas para atender las exigencias de la región. El cargamento contribuirá a reforzar la oferta de gasolina y diésel, insumos fundamentales para el transporte y los sectores productivos del departamento. Según los datos de la operación, el 55% de la carga corresponde a gasolina, mientras que el 45% es diésel, lo que permitirá responder a la demanda de distintos segmentos económicos y sociales.

La Refinería de Cartagena, punto de partida de la operación, ha sido clave en la articulación de esta estrategia logística. El traslado de los barriles por vía marítima hasta el puerto de Tumaco optimiza los tiempos de entrega y reduce los riesgos asociados al transporte terrestre en una zona con desafíos geográficos y de seguridad. El Ministerio de Minas y Energía confirmó que el puerto cuenta con las capacidades técnicas y operativas necesarias para recibir y gestionar cargas de gran volumen.

La movilización de los 103.000 barriles constituye, según el ministerio, un hito para la infraestructura energética de la región. El Gobierno nacional, a través de la Dirección de Hidrocarburos, supervisó el cumplimiento de los estándares de seguridad y eficiencia durante todas las etapas de la operación. “La llegada de esta carga a Tumaco demuestra la capacidad del país para responder a las necesidades de las regiones y avanzar hacia un sistema de suministro más confiable, eficiente y seguro”, señaló Palma.

La estrategia implementada contempla la consolidación de una cadena de suministro estable, con una proyección de 150.000 barriles mensuales destinados a Nariño. Este enfoque busca garantizar la disponibilidad de combustibles, fortalecer la infraestructura energética y asegurar el abastecimiento en todo el territorio nacional.

El Ministerio de Minas y Energía reiteró su compromiso con la implementación de soluciones logísticas que permitan responder a las necesidades energéticas de la población, en coordinación con Ecopetrol y los agentes mayoristas. El refuerzo del abastecimiento en Nariño se suma a las acciones del Gobierno para consolidar la seguridad energética en el suroccidente, optimizando la distribución y minimizando posibles interrupciones en el suministro.

La operación posiciona al puerto de Tumaco como nodo central en la red de abastecimiento de combustibles, ampliando su relevancia en la logística nacional y asegurando la cobertura de una de las regiones con mayores retos en materia de energía.

Antes del partido entre Colombia y Uzbekistán, que se disputará a las 9:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Azteca, uno de los más importantes de la historia (ha albergado dos finales del mundo), hinchas con la camiseta de la Tricolor han llenado las calles aledañas al escenario deportivo.

Infobae captó cómo se vive la previa del primer partido de Colombia en la fase de grupos, en la que comparte cuadrangular con República Democrática del Congo y Portugal, que igualaron en el primer compromiso de la jornada.

En los alrededores del estadio y las zonas para fanáticos que ha organizado la FIFA para aquellos que no tienen entradas para el partido, los colombianos han protagonizado bailes y cánticos que han llamado la atención de mexicanos y extranjeros.

Turistas europeos se han dejado contagiar de la alegría de los colombianos y han sido vistos con la indumentaria de la Tricolor, que tiene en Luis Díaz, James Rodríguez y compañía la esperanza de más de 50 millones de ciudadanos.

Algunos seguidores de Colombia han sorprendido por tener disfraces o diferentes prendas que han llamado la atención de hinchas de otros equipos que se han acercado al estadio Azteca para vivir la previa del que será el último partido de la primera fecha del mundial.

Se estima que más de 100.000 colombianos viajaron a Norteamérica para acompañar a la Selección, que para la segunda fecha se trasladará hasta Guadalajara, en donde enfrentará a República Democrática del Congo en el estadio Akron. A los que viajaron desde Colombia se suman más de 20.000 cafeteros que hay radicados en México, de los cuales el 35% se concentra en Ciudad de México, en donde la Tricolor debutará ante Uzbekistán.

Cabe mencionar que esta es la primera vez que Colombia disputará un partido del Mundial en territorio mexicano, puesto que la nación cafetera no clasificó a la cita orbital en 1970 y 1986, ocasiones en las que el torneo se desarrolló en este país.

Los jugadores de la selección han sentido el cariño de los hinchas que han llegado a Ciudad de México, esto fue confirmado por el entrenador argentino Néstor Lorenzo, que en la rueda de prensa previa al partido afirmó que el equipo tiene un compromiso con los colombianos.

“El mensaje es el de siempre, que disfruten, que agradezcan y que se maten por la camiseta de Colombia. Volvemos a esta cita mundialista después de ocho años, tenemos ilusión y ganas de hacer las cosas bien. Se da de manera natural, los muchachos han dado todo en la cancha, juegan con el corazón, eso le llega a la gente. La prensa tiene que estar acompañando siempre, a veces se da poca información, pero no es a propósito. Hay que estar unidos, Colombia va a afrontar un reto muy importante“, declaró Lorenzo.

Lorenzo también habló de lo que representa jugar el debut en el estadio Azteca y recordó lo que hizo su compatriota, Diego Armando Maradona, en el Mundial de 1986 en ese escenario.

“Es un estadio mítico. Te emociona con pisar el césped y saber que ahí vimos al mejor Pelé y al mejor Maradona. En ese momento yo estaba en las selecciones juveniles de Argentina. Lo viví muy de cerca porque entrenaba con el equipo mayor en el 86. Lo tengo en el corazón ese mundial. Recordar lo que hizo Diego y todos los muchachos es maravilloso”.

El 17 de junio, la Policía Nacional informó que, en coordinación con la Policía de Ecuador, capturó en Bogotá a Ronald Javier Macías Villamar, alias Javi, considerado el máximo cabecilla de la organización criminal Los Choneros y el delincuente más buscado del vecino país.

La operación Vestigio se desarrolló con apoyo en labores de inteligencia y cooperación internacional. Alias Javi había ingresado a Colombia en octubre de 2025 para fortalecer rutas de narcotráfico y buscar alianzas con el Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo) y las disidencias de las Farc.

“Javi” es hermano del extraditado alias Fito, tenía una notificación roja de Interpol y una condena vigente en Ecuador por homicidio, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. Se le atribuye la expansión de Los Choneros, organización dedicada al narcotráfico, extorsión, homicidios y lavado de activos con influencia en varios países. Además de Colombia, este grupo criminal tiene injerencia en Centroamérica, México y Estados Unidos.

Las autoridades en Ecuador celebraron la captura e indicaron que representa un golpe significativo contra el crimen organizado transnacional, afectando la capacidad de mando y financiación de Los Choneros.

Ministro de Defensa de Colombia destacó la captura de Javi como un triunfo para el país

Vistiendo la camiseta de la Selección Colombia, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, entregó un balance sobre la captura de “Javi”, lo que calificó como un triunfo para las autoridades del país.

“No hay refugio para los criminales. Gracias a un trabajo conjunto, coordinado, a todos los mecanismos de cooperación que tenemos a través de nuestras Fuerzas Militares y en este caso nuestra Policía Nacional, se logró un resultado contundente el día de ayer aquí en Bogotá. Trabajo que une a muchos más contra Los Choneros”.

Pedro Sánchez recordó que en Colombia se ha registrado la captura de otros integrantes de Los Choneros y elogió el trabajo que han realizado las autoridades junto con el apoyo de Ecuador en los últimos meses.

“Quiero recordar que el año pasado en octubre capturamos a alias Fede, que se había volado de una cárcel ecuatoriana, por quien había una recompensa de hasta un millón de dólares y se capturó aquí en Medellín. Anoche capturamos a alias Javi, un peligroso criminal, sucesor, hermano de alias Fito, que ya fue extraditado el año pasado a los Estados Unidos y que pretendía ocultarse acá para seguir delinquiendo. Aquí el mensaje es claro: cuando nos unimos las naciones pierden los criminales. Por ello es que de alguna manera se ha reducido el homicidio en los departamentos y provincias fronterizas de ambas naciones”.

Los secretos de la caída de ‘Javi’

El ministro de Defensa reveló que “Javi” ingresó a Colombia a mediados de marzo y que desde entonces estaban siguiéndole los pasos.

“Nuestra policía vino coordinando desde el día 15 de marzo del 2026 un control a todo el núcleo familiar de este sujeto, alias Javi. Además de eso, desde el aeropuerto, desde el primer día que él ingresa, empezamos a mirar nosotros no solamente un seguimiento en diferentes partes del país, sino también desde lugares donde él transitaba”.

Sánchez destacó que el trabajo investigativo llevó a las autoridades hasta Quinta Paredes, en Bogotá, en donde se registró la detención del criminal ecuatoriano.

“El 16 de junio, es decir, anoche, a medianoche, luego de varias actividades especializadas, por más de dos meses de seguimiento, lo encontramos en un sector exclusivo en la ciudad de Bogotá. Estoy hablando del barrio Quinta Paredes. Allí se ejecutó la captura y posteriormente se notificó a este mismo sujeto la circular roja por parte de Interpol”.

Por último, el ministro de Defensa de Colombia confirmó que ya están tramitando todo lo correspondiente para que se pueda ejecutar la extradición de “Javi” a Ecuador. Se presume que podría tener el mismo final que su hermano y terminar siendo juzgado en Ecuador.

“Hoy estamos llevando a cabo ya las coordinaciones con la Policía de Ecuador con un avión que les vamos a facilitar para el ingreso y, obviamente, el traslado de este sujeto para que sea entregado a las autoridades de este país”.

En el primer partido de Costa de Marfil en la Copa del Mundo 2026, los Elefantes lograron superar a Ecuador con tanto de Amad Diallo, extremo del Manchester United que marcó el único gol del encuentro.

A pesar de que la nómina titular incluyó a la mayoría de figuras del equipo africano, sorprendió el poco nivel ofensivo que mostró el equipo vestido de naranja durante la primera parte.

Entre los jugadores con peor calificación estuvo Elye Wahi, delantero del Niza de Francia que protagoniza un escándalo revelado por The Athletic. El medio estadounidense reveló que dos semanas antes del inicio del torneo de naciones, Wahi fue arrestado por sospechas de amaño en partidos.

El africano es acusado de forzar una tarjeta amarilla

El medio citado informó que Elye Wahi, futbolista de Costa de Marfil y participante en el Mundial 2026, fue arrestado bajo sospecha de amaño de partidos menos de dos semanas antes del inicio del torneo. Las autoridades francesas investigan si Wahi, mientras jugaba con Niza, buscó deliberadamente recibir una tarjeta amarilla en el partido contra Metz el 17 de mayo de 2026.

La investigación se centra en la existencia de patrones sospechosos de apuestas relacionadas con la amonestación de Wahi, lo que llevó a la Ligue de Football Professionnel (LFP) a notificar a las autoridades.

En el partido bajo sospecha, Wahi recibió una tarjeta amarilla en el minuto 35 tras una entrada a Sadibou Sane. Dicha sanción le impidió jugar la ida del repechaje por el descenso.

El arresto se registró el 29 de mayo, justo después de que Wahi anotó dos goles en un partido clave ante Saint-Étienne, resultado que permitió a Niza mantenerse en la Ligue 1. Tras su detención y posterior interrogatorio, Wahi fue liberado y viajó a Estados Unidos para disputar el mundial, donde fue titular en la victoria de Costa de Marfil por 1-0 ante Ecuador en Filadelfia. El próximo partido del equipo africano será contra Alemania en Toronto.

La Fiscalía de Marsella confirmó la apertura de una investigación por fraude organizado, corrupción deportiva, manejo de ganancias ilícitas y lavado de dinero, pero hasta el momento Wahi no ha sido imputado y el proceso continúa sin avances.

La LFP informó que no ha iniciado ningún procedimiento disciplinario contra el africano, pero se reserva el derecho a hacerlo dependiendo de la evolución de la investigación. La organización reiteró su compromiso con la integridad de las competiciones y advirtió que actuará firmemente contra cualquier conducta que la comprometa.

La investigación, iniciada tras la alerta de la LFP sobre el inusual volumen de apuestas en torno a la posible amonestación de Wahi, es uno de los casos más mencionados sobre el fenómeno del spot-fixing, manipulación de eventos específicos dentro de un partido. The Athletic había informado que dos jugadores convocados a la Copa del Mundo estaban bajo sospecha de amaño. Hasta el momento no se ha revelado la identidad del otro deportista.

Hasta el momento, la FIFA no se ha pronunciado al respecto. Se desconoce si la máxima entidad del fútbol tenía conocimiento sobre el arresto antes del debut de Wahi ni sobre posibles implicaciones para ser convocado por Costa de Marfil.

La Federación de Costa de Marfil se ha mantenido alejada de la polémica y Wahi ha seguido entrenando junto a sus compañeros. Se espera que el atacante sea titular en el compromiso de la segunda fecha ante Alemania.

La posible nómina de los africanos para el partido contra los europeos sería con Yahia Fofana en el arco; Guela Doué, Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou y Ghislain Konan en defensa; Seko Fofana y Franck Kessié en el mediocampo; Amad Diallo, Yan Diomande y Nicolás Pépé en el armado, mientras que Elye Wahi sería el único delantero.

El 17 de junio, el Ejército Nacional informó sobre un operativo en el que neutralizó a cinco integrantes de las disidencias de las Farc, más específicamente el frente residual Jaime Martínez, que tiene injerencia en el Cauca.

En el informe oficial, las autoridades revelaron que los sujetos integraban una comisión armada que tendría la labor de instalar artefactos explosivos en el sector de El Túnel, en Cajibío, en donde 20 ciudadanos fueron asesinados y alrededor de 45 terminaron con heridas de gravedad.

Estos individuos también habían protagonizado hurtos de vehículos en la vía Panamericana y frecuentemente utilizaban drones con explosivos para intimidar a la población civil.

Así fue el operativo

Soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido realizaron la operación tras enfrentamientos registrados en el sector de La Gallera, zona rural del municipio de El Tambo.

La ubicación de este grupo fue posible tras labores de inteligencia y el seguimiento continuo de su accionar, así como por información suministrada por algunos cabecillas capturados. Según reportes militares, la comisión neutralizada tenía responsabilidad directa en la instalación de dispositivos explosivos, adicionalmente, se atribuye a este grupo una serie de delitos que afectan a la población civil, entre ellos el desplazamiento forzado de habitantes de la zona rural, con el propósito de despojarlos de sus tierras para destinarlas al abastecimiento logístico del grupo armado.

También se le relaciona con el reclutamiento de menores de edad, el hurto de vehículos y maquinaria pesada empleados en obras de infraestructura vial, los cuales eran utilizados en ataques contra las fuerzas de seguridad y la población civil.

La operación permitió la incautación de ocho fusiles, una ametralladora, municiones y otros elementos de guerra, que formaban parte del armamento utilizado por la comisión armada. Todo el material incautado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para los procedimientos correspondientes.

Otros hechos que se atribuyen a la estructura Jaime Martínez incluyen ataques con drones en zonas rurales de municipios como Jamundí, en el Valle del Cauca, y Morales, Buenos Aires y Suárez, en el Cauca. En uno de estos ataques, registrado en Suárez, ocho personas, incluidos siete menores de edad, sufrieron heridas a causa de explosivos lanzados desde aeronaves no tripuladas.

El Ejército Nacional informó que las operaciones militares continúan en el Cauca, donde las tropas mantienen acciones orientadas a garantizar la seguridad de las comunidades y contrarrestar las actividades de los grupos armados ilegales presentes en la región.

Segundo operativo en menos de 24 horas

El 16 de junio, el Ejército Nacional informó sobre un operativo en el que las autoridades incautaron un arsenal perteneciente a la estructura armada Jaime Martínez. El material decomisado incluye drones, explosivos, equipos de comunicación, munición, prendas de uso militar, brazaletes, banderas y propaganda vinculada al grupo armado. Entre los elementos hallados se encuentran artefactos explosivos improvisados y cilindros de diversos tamaños, alineados junto a los drones, lo que revela la capacidad del grupo para ejecutar ataques combinando explosivos y aeronaves no tripuladas.

Las autoridades señalaron que esta operación se desarrolló en una zona del Pacífico caucano donde la estructura mantiene corredores de movilidad y áreas de influencia para acciones armadas contra la fuerza pública y la población civil.

El Ejército Nacional informó que en este operativo tuvieron ayuda de la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial, y que tenía como objetivo debilitar las capacidades logísticas y criminales de los grupos armados organizados en el Pacífico colombiano. Entre los equipos incautados también hay dispositivos utilizados para comunicación y coordinación, así como para ataques con drones, una táctica que estas estructuras han implementado en distintas regiones del país.

En la tarde del 16 de junio, la Sociedad de Activos Especiales llevó a cabo un procedimiento de extinción de dominio en Cúcuta en el que los objetos que estaban al interior del inmueble fueron retirados en un vehículo de carga que tenía publicidad electoral de Abelardo de la Espriella, lo que generó interés de la ciudadanía.

Debido a ello, la entidad emitió un comunicado en el que aclaró que en el procedimiento no está vinculado el candidato presidencial, sino que se trató de una coincidencia. Sobre la diligencia, confirmó que se trató de la recuperación de un predio de 3.500 metros cuadrados que perteneció a alias “Barriga”.

El predio, que será utilizado por el Gaula Militar para fortalecer sus capacidades operativas en la lucha contra delitos como el secuestro y la extorsión en la región fronteriza, cuenta con una sentencia definitiva de extinción de dominio luego de que se confirmó que fue adquirido por la estructura financiera y logística de Henry Carrillo Ramírez, conocido como alias Barriga, mencionado en informes de las autoridades como líder de una organización transnacional dedicada al narcotráfico.

Carrillo Ramírez fue capturado en 2017 y extraditado a Estados Unidos en 2019, donde reconoció su responsabilidad por delitos relacionados con el envío de estupefacientes. Pese a la sentencia judicial de extinción de dominio, el inmueble fue ocupado nuevamente por Carrillo, que regresó a Colombia y lo utilizó para cobrar arriendo a terceros que desarrollaban actividades comerciales. En el inmueble funcionaba una fábrica de jeans, talleres, locales de agroinsumos y un lavadero de vehículos.

La SAE formalizó la entrega del predio al Gaula Militar con el objetivo de convertirlo en una herramienta para combatir delitos de alto impacto en Norte de Santander y la zona de frontera.

“Esta acción forma parte de una estrategia conjunta entre la SAE y el Ministerio de Defensa para consolidar las Casas Gaula a nivel nacional, mediante la destinación de activos previamente vinculados a economías ilícitas”.

El vicepresidente de Activos Muebles e Inmuebles de la SAE, Andrés Salazar, destacó que cada bien recuperado representa una oportunidad para que el Estado utilice estos recursos en beneficio de la seguridad y la protección ciudadana. Por su parte, el comandante del Gaula Militar en Norte de Santander, el capitán Miguel Vargas Velázquez, agradeció la entrega y señaló la importancia de contar con infraestructura adecuada para el desarrollo de operativos contra la extorsión y el secuestro en la zona.

“Esta entrega representa un importante fortalecimiento para las capacidades del Gaula. Agradecemos a la SAE por convertir un bien que estuvo vinculado al crimen en una herramienta para proteger a la ciudadanía y seguir enfrentando delitos que afectan la tranquilidad de las familias colombianas”, declaró el uniformado.

La SAE informó que la recuperación de este inmueble marca el inicio de la estrategia para convertir predios de “Barriga” y el crimen organizado en herramientas para la seguridad, principalmente en zonas impactadas por actividades ilícitas.

¿Quién es alias Barriga?

El 15 de agosto de 2017, la Policía Nacional informó sobre la captura de Henry Carrillo, alias Barriga, un empresario colombiano vinculado a investigaciones por narcotráfico y nexos con estructuras criminales. Las autoridades destacaron que Carrillo logró crear una red de contactos tanto en el sector privado como en entidades públicas, facilitando contratos con el Estado mientras mantenía relaciones con figuras del crimen organizado.

Su historial incluye señalamientos de asociación con conocidos narcotraficantes, entre ellos alias Megateo, líder del cartel de Norte de Santander y uno de los principales capos del tráfico de drogas en la región.

La relación entre Carrillo y estos grupos se habría consolidado a través de actividades empresariales que servían como fachada para operaciones ilícitas, permitiendo el movimiento de capital y recursos.

Alias Barriga también figura en expedientes judiciales por presunta participación en lavado de activos, enriquecimiento ilícito y colaboración con redes dedicadas a la producción y comercialización de estupefacientes. La Policía destacó que utilizó su influencia para obtener beneficios y protección dentro de instituciones estatales, mientras mantenía vínculos directos con criminales.

En Colombia fue tendencia la detención de un ciudadano extranjero que fue grabado junto a un menor en un balcón y que fue acusado de abusar del niño.

Las autoridades realizaron una investigación rápida y sometieron a los menores involucrados a exámenes médicos y psicológicos, cuyos resultados descartaron cualquier indicio de abuso sexual. La Fiscalía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar confirmaron que no existió ningún tipo de agresión contra los niños.

Durante la detención, residentes de la zona residencial intentaron golpear al ciudadano extranjero, motivo por el que las autoridades han vuelto a resaltar la importancia de no ejercer justicia por mano propia, más aún cuando no se tiene certeza de la culpabilidad del señalado.

La defensa del extranjero anunció que iniciará acciones legales por la falsa acusación, alegando daños a la imagen y a la integridad de su representado. El extranjero fue liberado tras comprobar su inocencia y se informó que los menores continúan bajo seguimiento de las autoridades para garantizar su bienestar.

Abogado explicó el alcance de la denuncia del extranjero

En diálogo con Infobae Colombia, el docente jurídico de la Universidad Politécnico Grancolombiano Milton Perdomo explicó que, luego de confirmarse que no cometió ningún delito, el extranjero puede iniciar acciones legales en Colombia para reivindicar sus derechos, luego de que la Fiscalía General de la Nación no encontrara pruebas en su contra.

Según el abogado, la principal alternativa jurídica para el ciudadano estadounidense es presentar una denuncia por falsa denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. El defensor explicó que la falsa imputación de cargos, en este caso delitos sexuales tipificados en el Código Penal, permite que la persona afectada acuda a las autoridades para que se investigue a quienes lo señalaron sin fundamentos.

“Las acciones puntuales que puede tener el ciudadano estadounidense serían presentar una denuncia ante la Fiscalía por falsa denuncia, en la medida en que se le atribuyeron acciones que no cometió”, precisó Perdomo.

Teniendo en cuenta que la Fiscalía confirmó que no hay nada para sostener la acusación de abuso sexual contra el extranjero, según el docente, este elemento central abre la puerta para que la persona señalada de manera errónea recurra a vías legales buscando que se esclarezca la situación y se determinen posibles responsabilidades penales de quienes hicieron la denuncia inicial.

Otra de las opciones expuestas por el abogado tiene relación con el contexto de la captura y los hechos que rodearon la detención del ciudadano estadounidense. Perdomo mencionó la posibilidad de que el extranjero evalúe si existieron omisiones o negligencias por parte de los agentes del Estado, en especial de la Policía Nacional, durante el procedimiento en el que estuvo a punto de ser golpeado.

Si se evidencia que hubo fallas preventivas o que el ciudadano fue expuesto a un linchamiento o a riesgos para su integridad, podría interponerse una acción de reparación directa ante la jurisdicción contenciosa administrativa.

“Si dentro del contexto de la captura hubo un posible linchamiento que pudo haber sufrido o que casi sufre, allí es importante verificar las actuaciones de los agentes del Estado, Policía Nacional en específico, su forma preventiva y si no pudieron evitar o hubo algún tipo de omisión o negligencia”, señaló el abogado.

Perdomo afirmó que en ese escenario, el ciudadano podría solicitar la reparación de los daños materiales o inmateriales que pueda demostrar la violencia que sufrió. Para ello, se requiere fundamentar la acción y aportar pruebas del daño sufrido durante el proceso. El trámite se realizaría a través de la jurisdicción contenciosa administrativa, la cual analiza los reclamos relacionados con presuntas fallas del Estado en el cumplimiento de sus deberes de protección.

El 12 de junio se confirmó que Thomas Partey, figura y capitán de Ghana, no podía viajar a Canadá para el debut de su nación contra Panamá en la Copa del Mundo por sus antecedentes judiciales que siguen sin ser resueltos en Inglaterra.

La restricción migratoria responde a una acusación en Londres registrada en julio de 2025, que incluye cinco cargos de violación y uno de agresión sexual. Partey se declaró inocente de estos cargos, así como de dos adicionales presentados en febrero de 2026. Aunque el futbolista dejó el Arsenal para incorporarse al Villarreal, sigue vinculado al proceso judicial, cuyo juicio está previsto para noviembre de 2026.

La FIFA confirmó que la organización no intervendrá en cuestiones migratorias y que la decisión corresponde al Gobierno anfitrión, mientras que la federación ghanesa anunció que intentaría apelar la decisión. Las reglas en Canadá indican que “si ha cometido un delito o ha sido condenado por él, es posible que no se le permita la entrada a Canadá” a cualquier individuo, sin importar su procedencia.

Confirmado: Partey no podrá ingresar a Canadá

El 16 de junio, The Athletic informó que Thomas Partey quedó fuera del grupo de viajeros de la delegación de Ghana para el debut en Toronto, Canadá, frente a Panamá.

El medio citado informó que la federación africana argumentó que en la solicitud de visa presentada a nombre de Partey se afirmaba que no enfrentaba cargos criminales en ningún país.

Por su parte, las autoridades canadienses revelaron que, tras recibir la solicitud el 21 de mayo y detectar la omisión, consideraron que Partey incurrió en “falsa representación” bajo la Ley de Protección de Inmigración y Refugiados. El 25 de mayo, el departamento de inmigración advirtió sobre la posible inadmisibilidad y solicitó aclaraciones. Partey y sus representantes presentaron documentos legales desde el Reino Unido, incluyendo su declaración de inocencia, pero finalmente el 10 de junio la visa fue formalmente denegada, puesto que los cargos en su contra impiden su ingreso.

Partey y su equipo legal recurrieron la decisión ante la Corte Federal de Canadá, alegando que la negativa le ocasiona un perjuicio profesional irreparable y que no se le otorgó el debido proceso, ya que la decisión se tomó antes de la fecha límite original. Argumentaron que el futbolista perdería una oportunidad única de representar a su país en el mundial y que su ausencia impactaría negativamente en el desempeño de Ghana; sin embargo, el tribunal determinó que el hecho de que Partey no haya sido condenado no era relevante para la aplicación de las normas migratorias.

Debido a la postura de la FIFA, en caso de que Ghana avance de ronda y deba jugar nuevamente en territorio canadiense, Thomas Partey quedaría desafectado para esos compromisos. Cabe recordar que Canadá será sede de tres partidos de las rondas de eliminación directa en la Copa del Mundo.

Queiroz tendrá que cambiar su esquema para reemplazar a Partey

Para el debut ante Panamá, que será el 17 de junio en el estadio BMO Field de Toronto, el estratega de Ghana deberá cambiar su esquema para reemplazar al mediocampista, que solo tiene restricción para ingresar a Canadá. Para los otros dos compromisos de la fase de grupos, que serán el 23 de junio en Boston ante Inglaterra y el 27 de junio en Filadelfia contra Croacia, Partey podrá participar al contar con la visa americana.

“El Gobierno anfitrión es quien, en última instancia, decide quién recibe un visado y es admitido en el país”, fue la respuesta de la FIFA sobre cualquier tipo de inconveniente migratorio que pueda tener algún miembro de las 48 delegaciones.

El 16 de junio, la directora de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Amelia Pérez, en compañía del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, oficializó la entrega de dos bienes del narcotráfico que ahora servirán para impulsar proyectos lecheros en la región.

Se trata de una finca de 15 hectáreas ubicada en Tuta, que en su momento perteneció a Miguel Ricardo Quintero Martínez, un narco invisible de la zona que logró engañar a las autoridades con inmuebles que tenían fachada de hoteles o sitios turísticos.

El predio que sirvió para lavar los activos de Quintero Martínez ahora será utilizado para un proyecto industrial de leche. La SAE recordó que el capo fue identificado en 2007 como el líder de una organización criminal que fue desmantelada en Costa Rica.

Durante las investigaciones se comprobó que Quintero Martínez logró consolidar varias rutas de narcotráfico que incluían paradas en naciones de Centroamérica y que los cargamentos terminaban en Europa. Se cree que el capo invisible lograba enviar hasta 15 toneladas de cocaína al mes.

Además del arresto, en el operativo en el que se registró la caída de Quintero fueron encontradas tres toneladas de cocaína, lo que para las autoridades confirmó la magnitud de la estructura criminal y la capacidad logística que tenían. “Las investigaciones establecieron que el colombiano tenía un rol clave como articulador, coordinando rutas, almacenamiento y distribución internacional”.

De acuerdo con la SAE, la finca fue adquirida como parte de una estrategia de lavado de activos, utilizando esquemas de ocultamiento, incluido el uso de terceros, para dar apariencia de legalidad a recursos provenientes del narcotráfico.

“Casi 18 años después, el predio cambiará radicalmente de función gracias a la gestión de la SAE que hoy lo entregó a la Gobernación de Boyacá”, anunció la entidad, que informó que el objetivo de la transferencia es consolidar un modelo que articule la producción, aprovechando la vocación lechera del departamento.

En otra diligencia registrada en Boyacá, la SAE realizó la entrega de lo que funcionó como un hotel en Tunja, también vinculado al capo Quintero Martínez.

“En paralelo, la entidad también entregó un segundo predio en Tunja, que en el pasado funcionó como infraestructura tipo hotel o motel, y que igualmente estuvo asociado a operaciones de lavado de activos del mismo entramado. Este inmueble, ubicado en una zona estratégica de la capital boyacense, será transformado en un centro de detención transitorio para personas condenadas por delitos relacionados con violencia de género”, informó la SAE.

La SAE informó que la medida se realizó bajo acta de custodia y cumpliendo con el decreto 888 de 2025, garantizando el proceso de transferencia definitiva a la Gobernación de Boyacá, a pesar de que terceros intentaron recuperar la propiedad.

¿Quién es Miguel Ricardo Quintero Martínez?

Sobre Miguel Ricardo Quintero Martínez, de 44 años, fue señalado de ser el jefe de una organización de crimen organizado dedicada al narcotráfico. Junto a su pareja, Claudia Rabelo Dueñas, Quintero fue identificado por las autoridades como responsable de coordinar el transporte de armas en Costa Rica hacia Colombia, en donde eran intercambiadas por cocaína.

Los mencionados huyeron a Panamá tras una operación policial en la que se decomisaron tres toneladas de cocaína y se detuvo a otros miembros del grupo. Semanas después volvieron a Costa Rica y fueron capturados en un apartamento en la urbanización Trejos Montealegre, San Rafael de Escazú, durante un operativo que se llevó a cabo cuando la pareja estaba durmiendo al interior de la residencia.

Desde entonces comenzó a ser divulgado cómo Quintero se convirtió en una figura clave en el narcotráfico que pasa por Costa Rica proveniente de Colombia.

En uno de los casos más mediáticos en estos momentos en Colombia, una jueza de control de garantías negó la solicitud de la Fiscalía de imponer medida de aseguramiento en centro carcelario al cantante de música urbana Stiven Mesa Londoño, conocido como Blessd; a su manager Santiago Jaramillo, “Dímelo Jara”; a la abogada Laura Moreno y a Julián Giraldo.

Los mencionados se encuentran vinculados a una investigación por una denuncia de presunto secuestro en Medellín, interpuesta por Andrés Felipe Sánchez, conocido como “Yo me llamo Ozuna”, que representaba al imitador del reguetonero cuando se registraron los hechos.

Como argumento principal, la jueza consideró que no existía una inferencia razonable para sostener la configuración del delito de secuestro extorsivo y que, por ende, los acusados podrán seguir vinculados al proceso en libertad.

Durante las audiencias que se han realizado hasta el momento, se confirmó que la investigación comenzó tras la denuncia de Sánchez, que afirmó haber sido retenido contra su voluntad, amenazado y presionado durante una reunión en la disquera del Blessd en Medellín. Según la Fiscalía, el manager del artista y otros miembros del equipo le habrían exigido firmar un contrato para impedir que organizara presentaciones del imitador del reguetonero colombiano.

Sánchez denunció que le quitaron el teléfono celular cuando intentó registrar lo sucedido, que fue agredido físicamente y amenazado con armas. También aseguró que recibió una llamada del cantante en la que lo amedrentó verbalmente.

La jueza, al analizar el caso, sostuvo que la Fiscalía no aportó suficientes elementos para demostrar que hubo una privación de la libertad que permitiera configurar el delito de secuestro extorsivo. Señaló que el ánimo de la reunión no era tender una trampa ni privar de la libertad a los asistentes, sino discutir el uso del nombre y la marca de Blessd. Además, resaltó que otro participante, identificado como Jefferson, el imitador del reguetonero, permaneció en el lugar bajo las mismas circunstancias y no denunció secuestro, lo que debilitó la hipótesis del ente acusador.

¿Qué seguirá en el caso contra Blessd?

En diálogo con Infobe Colombia, el docente jurídico de la Universidad Politécnico Grancolombiano Milton Perdomo explicó el alcance de la reciente decisión judicial en el proceso penal contra Blessd. El jurista recordó que el proceso penal en Colombia consta de varias fases, entre ellas la formulación de imputación y la solicitud de medida de aseguramiento, que es lo que se ha registrado en este caso.

Perdomo aclaró que esta decisión no representa una resolución definitiva sobre la imputación de los hechos en investigación. La jueza únicamente estableció que no resulta necesario privar de la libertad a los investigados mientras avanza el proceso penal.

De la misma forma, el abogado resaltó que la decisión de fondo sobre la existencia del delito y la posible responsabilidad de los imputados quedará en manos del juez de conocimiento, que asumirá el caso en las siguientes etapas del proceso. Es decir, que los argumentos de la jueza no serán tenidos en cuenta en las próximas diligencias.

Perdomo explicó que el procedimiento que sigue es la fase de acusación, en la que la Fiscalía presentará formalmente los cargos y las partes podrán solicitar la práctica de pruebas. Posteriormente, se realizará la audiencia preparatoria, en la que se definirán los elementos probatorios que serán admitidos en el juicio oral.

El juez tendrá la labor de recibir y valorar los testimonios, documentos y demás pruebas presentadas por las partes, con el fin de establecer si existió una conducta delictiva, si esta conducta corresponde a la categoría penal de secuestro y si los hechos pueden atribuirse a los imputados en calidad de coautores.

El abogado subrayó que solo después del análisis de la prueba en juicio, el juez podrá determinar la existencia del delito y la responsabilidad penal de los investigados, conforme a la estructura y garantías del proceso penal colombiano. En caso de que los imputados sean declarados culpables, se exponen a una condena de entre 25 y 40 años de prisión.

El ministro indicó que el propósito principal del PMU es que las autoridades puedan estar alertas ante cualquier novedad que pueda poner en peligro las elecciones.

En la diligencia, que contó con la presencia del registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos Giraldo, se confirmó que más de 400.000 uniformados tendrán la tarea de proteger a los colombianos.

“Toda la fuerza pública en su máxima capacidad estará desplegada. De manera directa habrá 248.000 hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Militares y la Policía Nacional, 160.000 más estarán en actividades de apoyo, para un total de 408.000 uniformados. Reconocemos los riesgos y por ello desplegamos desde hace más de un año el Plan Democracia. El Estado tiene la capacidad para mitigarlos”

El registrador Penagos agradeció por el trabajo del Ministerio de Defensa, alabó que se active con varios días de antelación el PMU e informó que ya comenzó a ser distribuido el material electoral en todas las ciudades, municipios y veredas con acompañamiento permanente de la fuerza pública.

Se confirmó que los uniformados desplegados para los comicios tienen la misión de neutralizar el posible riesgo de constreñimiento al electorado, por lo que invitaron a denunciar a la Línea 157 la comisión de cualquier delito electoral.

Hay 21 amenazas en contra de los candidatos antes de las elecciones

El director de la Policía, general William Rincón, advirtió que se han recibido 21 amenazas en contra de los candidatos, por lo que, en compañía del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General, se han abierto 10 noticias criminales con el objetivo de realizar las investigaciones sobre estos casos.

De manera paralela, fueron judicializados los administradores de diez cuentas de redes sociales que se han dedicado a difundir mensajes de odio y de amenazas contra los aspirantes a llegar a la Casa de Nariño, a los que el director de la Policía los llamó “dinamizadores de amenazas”.

“Invitamos a todos los colombianos a que muestren un comportamiento ejemplar. Que ganen las ideas y no los insultos. Que se respeten los resultados. Que gane la democracia, y que gane Colombia”, declaró el general Rincón, que advirtió sobre el riesgo de la desinformación en esta época electoral y su “capacidad para promover el odio y la paranoia”.

Otro factor que genera preocupación es que las autoridades identificaron 99 municipios en Colombia con riesgos electorales para la segunda vuelta presidencial. De estos, 50 presentan riesgos relacionados con la transparencia del proceso, principalmente en regiones como Valle del Cauca, Bolívar y Cundinamarca, mientras que 49 municipios se consideran vulnerables por posibles alteraciones al orden público, especialmente en Cauca, Tolima y Antioquia.

La Policía Nacional y las Fuerzas Militares desplegaron operativos en 535 puntos críticos, distribuidos en 94 municipios y 13 ciudades capitales, para anticipar eventualidades durante la jornada electoral. Además, los candidatos presidenciales y sus fórmulas vicepresidenciales cuentan con esquemas de seguridad reforzados, integrados por 112 hombres de la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección.

Hasta el momento, se han reportado 21 amenazas relacionadas con el proceso electoral, de las cuales diez han dado origen a investigaciones penales. Las autoridades también han realizado más de 300 acompañamientos a actividades de campaña, con la participación de 9.700 uniformados. Se han activado planes de contingencia y monitoreo especial ante riesgos de desinformación y posibles hechos de violencia o sabotaje, incluyendo la vigilancia de redes sociales y la identificación de casos de extorsión asociados a la carnetización realizada por grupos armados ilegales.

En 2026, la Copa del Mundo de la FIFA se disputará por primera vez con 48 naciones, haciendo que más selecciones tengan la oportunidad de disputar el torneo más importante en el fútbol profesional.

Esta modificación amplió el número de cupos por confederación, que en el caso de la africana, pasó de cinco a nueve cupos directos, permitiendo que naciones como Argelia, que no participaron de Qatar 2022, vuelvan a estar presentes en la Copa del Mundo. Las bolillas dictaminaron que integre en Grupo J, con Argentina, Austria y Jordania.

El país está ubicado en el norte de África, tiene una población de poco más de 49 millones de habitantes, la religión principal es el islam sunita (además del cristianismo y el judaísmo) y su idioma oficial es el árabe clásico, aunque también se utiliza el tamazigh y el francés.

El camino de Argelia para llegar a la Copa del Mundo de 2026

Tras quedar fuera del Torneo de Naciones de 2022, el proyecto de Argelia tuvo como objetivo principal volver a un torneo de naciones en 2026,

En las Eliminatorias africanas compartió el Grupo G junto con Uganda, Mozambique, Guinea, Botsuana y Somalia, teniendo que disputar diez partidos para poder sellar su cupo para la cita ecuménica.

En el ciclo eliminatorio sumó 25 puntos, producto de ocho victorias, un empate y una derrota. En total anotó 28 goles y solo recibió ocho. Concretó su clasificación como líder de la zona, tras derrotar 3-0 a Somalia, a falta de una fecha para que terminara la fase previa.

El goleador de los argelinos en las eliminatorias fue Mohamed Amoura, quien milita actualmente en el Wolfsburgo de la Bundesliga y anotó diez tantos en los partidos que disputó con su nación.

Petković encabezó la hazaña de los argelinos

El director técnico de la nación africana es Vladimir Petković, de 62 años, quien comenzó su carrera como técnico en Suiza; además, tuvo pasos por el fútbol de Turquía e Italia. La curiosidad: fue orientador de Scaloni en la Lazio. “Es un gran entrenador”, lo elogió el Gringo.

Antes de Argelia, fue el estratega que llevó a Suiza hasta los octavos de final de la Copa del Mundo de Rusia 2018 y los cuartos de final de la Eurocopa de 2020. Con “Los Zorros del Desierto” ha disputado la Copa Africana de Naciones de 2025 y su esquema táctico ha ilusionado a los locales de cara a la participación del país en el Mundial 2026.

En su esquema táctico, Petković rota entre los modelos 4-2-3-1 y 4-3-3, en el que Alexis Guendouz es su arquero titular. A nivel defensivo, el valuarte del seleccionado es Aïssa Mandi, actualmente en Lille de la Ligue 1.

En el medio campo, Ismaël Bennacer suele ser el eje del equipo, acompañado regularmente con Aniss Moussa y Ramiz Zerrouki; por último, en el ataque prioriza el juego por las bandas con Mohamed Amoura y Riyad Mahrez, quien es el capitán y figura principal del combinado africano.

Además de Mahrez, jugador del Al-Ahli de la liga árabe, las otras figuras de Argelia son el mencionado Amoura, el ofensivo Houssem Aouar y el lateral del Manchester City Rayan Aït-Nouri.

Así le ha ido a Argelia en los Mundiales que disputó

La primera vez que Argelia jugó una Copa del Mundo fue en España 1982, en donde compartió grupo con Alemania Federal, Chile y Austria. En esa ocasión fue eliminada tras terminar en la tercera posición del cuadrangular tras sumar cuatro puntos, y tener peor diferencia de gol que los dos equipos europeos.

Los africanos volvieron al torneo de naciones cuatro años después. En México 1986 fueron parte del Grupo D junto con Brasil, España e Irlanda del Norte. En esa ocasión solo sumó un punto y terminó en el cuarto lugar de la zona.

Tras 24 años de ausencia, Argelia volvió a jugar un Mundial en Sudáfrica 2010, en ese campeonato también fue eliminado en la fase de grupos, en la que compartió cuadrangular con Inglaterra, Estados Unidos y Eslovenia.

Finalmente, la última vez que jugó un Mundial fue en Brasil 2014. En Sudamérica logró su mejor participación en el certamen tras avanzar junto con Bélgica en el Grupo H, en el que superó a Corea del Sur y Rusia. En octavos de final cayó 2-1 ante Alemania.

Actualmente, Argelia está en el puesto 35 del ranking de la FIFA.

El juicio en el proceso judicial por el asesinato de Jovenel Moïse, presidente de Haití, volvió a comenzar tras declararse la nulidad de todo lo actuado en el caso anteriormente.

Después de cuatro años del magnicidio, aún no se ha esclarecido la responsabilidad de los más de 20 colombianos implicados. Originalmente, las autoridades haitianas señalaron que el comando responsable estaba mayoritariamente compuesto por exmilitares sudamericanos, que habrían sido contratados por una empresa de seguridad con sede en Florida. Según las investigaciones, estos individuos aseguraron que su misión era detener a Moïse bajo una orden de captura supuestamente firmada por un juez haitiano.

El último avance relevante se registró cuando el juez Jean Roger Noelcius, que había firmado la orden de arresto, declaró ante un tribunal en Miami que el documento era ilegal y que él no tenía la autoridad para ordenar la detención de un presidente en funciones.

Noelcius reconoció que solo la Policía Nacional puede ejecutar órdenes de arresto en Haití y admitió que firmó la orden con la que fueron engañados los colombianos en 2021, justificando su actuación al indicar que fue bajo presión y fuera de sus competencias legales.

Ante esta situación, el proceso en Haití fue anulado y deberá reiniciarse, incluyendo el testimonio de Jorverneil Moïse, hijo del presidente asesinado. Mientras tanto, los colombianos acusados permanecen recluidos y sus defensores insisten en que actuaron bajo una orden legítima, desconociendo su supuesta falsedad.

La defensa también cuestionó que durante años el juez sostuvo que su firma había sido falsificada, hecho que impidió avances en la causa. Actualmente, se ejecuta un juicio en Estados Unidos que podría ser clave para la nueva etapa judicial en Haití.

Colombianos detenidos en Haití aseguran que firmaron documentos que no fueron revisados por sus abogados

En diálogo con Caracol Radio, Juan Carlos Yepes, uno de los 17 colombianos que siguen recluidos en una prisión de Haití, denunció que, tras ser detenidos por el magnicidio de Moïse, se registraron varias irregularidades procesales.

Yepes, que se retiró del Ejército colombiano, aseguró que no han tenido garantías y que los han mantenido alejados de sus abogados durante decisiones judiciales en las que se abordaron pruebas en su contra, a pesar de que estas no los vinculan con el crimen.

“Nunca tuvimos abogados”, afirmó el colombiano sobre los días posteriores al arresto y el inicio del proceso en Haití, en el que los habrían obligado a firmar documentos en francés a pesar de que ninguno de los mercenarios maneja este idioma.

“Nosotros no tuvimos representación jurídica, por eso nos hicieron firmar documentos sin saber ni siquiera qué decían los documentos. Ellos aprovecharon eso para autoincriminarnos a nosotros”, declaró Yepes.

De acuerdo con el colombiano, fueron reclutados para un tema de seguridad diplomática” y que la promesa incluyó que después de cumplir con esa misión serían vinculados a un trabajo de seguridad privada en el exterior.

“La información que me da el señor Duberney es prestarle seguridad a un personal diplomático. Cuando llego a República Dominicana es que me dicen que voy para el país de Haití, que vamos a prestarle seguridad a un personal diplomático que no confía en la policía de ese país”, narró Yepes.

El mercenario colombiano puntualizó al indicar que en Haití les hablaron sobre la captura “legal” que iban a concretar, para la cual les mostraron documentos con los que garantizaban que su accionar era legal y no tendrían ningún tipo de consecuencia jurídica. La defensa de los colombianos ha señalado que inicialmente, cuando los capturaron, fueron investigados como autores materiales del crimen, pero en noviembre de 2024 cambió la acusación a complicidad.

El 16 de junio se confirmó que el Gobierno de Gustavo Petro ordenó la suspensión de operaciones militares entre el 14 y el 19 de junio contra Comandos de Frontera, disidencias de las Farc que son lideradas por Giovanny Andrés Rojas, alias Araña.

La instrucción se hizo pública cinco días antes de las elecciones presidenciales del 21 de junio, lo que ha generado opiniones divididas sobre la seguridad de la ciudadanía durante los comicios.

Al respecto, el Ministerio de Defensa informó que la orden es para las unidades militares que operan en zonas fronterizas del país, donde se concentran grupos armados ilegales y se presentan situaciones de orden público complejas.

La medida implica que las operaciones ofensivas de carácter militar en estas zonas quedaron detenidas durante el periodo señalado para evitar incidentes que puedan impactar el desarrollo del proceso electoral o influir en la percepción de seguridad de la población durante los comicios.

A pesar de la suspensión temporal, el Gobierno mantendrá el despliegue de fuerzas para labores de control y vigilancia, con el objetivo de preservar la seguridad de los habitantes en las zonas fronterizas durante el periodo electoral.

Además, se confirmó que el objetivo principal del cese al fuego es permitir que los disidentes de Comandos de Frontera puedan movilizarse hasta los puntos de la Zona de Ubicación Temporal para seguir avanzando en el proceso de paz que se mantiene vigente con el Estado.

Las claves del decreto

Infobae Colombia tuvo acceso al decreto 0603 de 2026, que fue firmado el 13 de junio y en el que se lee que es con el que se “establece un mecanismo de monitoreo y verificación y se suspenden, de manera temporal y focalizada, operaciones militares ofensivas y especiales de policía, en el marco de la Mesa de Diálogos de Paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano para facilitar el desplazamiento de sus integrantes hacia la Zona de Ubicación Temporal. Establecida mediante Resolución 053 del 25 de febrero de 2026″.

Estos son los puntos claves del decreto de siete páginas con el que se confirmó el cese al fuego que se mantendrá hasta el 19 de junio con Comandos de Frontera:

• El decreto establece como objetivo facilitar el desplazamiento de los integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb) hacia una Zona de Ubicación Temporal ubicada en el departamento de Putumayo.
• Se ordena la suspensión temporal y focalizada de las operaciones militares ofensivas y de las acciones especiales de policía dirigidas contra la estructura denominada Comandos de Frontera.
• La suspensión de las operaciones armadas tiene un periodo definido: inicia a las 00:00 horas del 14 de junio y culmina a las 23:59 horas del 19 de junio de 2026.
• La medida tiene una aplicación territorial restringida exclusivamente a las rutas y lugares previamente acordados para el desplazamiento, información que se mantendrá reservada.

• Se conformará un Mecanismo de Monitoreo y Verificación de carácter tripartito, integrado por el Gobierno nacional, la Cneb y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA.
• La Cneb tiene prohibido realizar acciones ofensivas contra la fuerza pública o incumplir los protocolos establecidos durante el traslado hacia la zona definida.
• El decreto excluye de responsabilidad penal y disciplinaria a los funcionarios y miembros de la fuerza pública que intervengan en el proceso bajo las condiciones fijadas.
• La protección del personal del mecanismo de monitoreo está a cargo de la Unidad Nacional de Protección (UNP), mientras que la custodia de las instalaciones recae en la Policía Nacional.
• Los recursos necesarios para la implementación del mecanismo y el cumplimiento de los compromisos asumidos serán financiados por el Fondo de Programas Especiales para la Paz (Fondopaz).
• Se establece un Puesto de Mando Unificado, liderado por la Gobernación del Putumayo, encargado de coordinar y hacer seguimiento a todas las fases del desplazamiento autorizado.

Además de representar el evento deportivo más importante del mundo, la Copa del Mundo también es una oportunidad para que marcas y empresas lleven a cabo proyectos publicitarios que incluyan a futbolistas reconocidos.

En el ámbito nacional, tras la clasificación de Colombia a la cita orbital, James Rodríguez, Richard Ríos, Juan Fernando Quintero y otras figuras del combinado nacional han sido protagonistas de campañas publicitarias. A esta tendencia se han sumado leyendas del deporte cafetero que representaron al país en los 90.

Sin embargo, estos no solo figuraron por aparecer en las pantallas de los colombianos, sino que protagonizaron un proceso legal en el que reclamaron por el uso indebido de su imagen.

El Colombiano publicó un informe en el que habló sobre el litigio legal en el que Bancolombia derrotó a 13 leyendas del fútbol colombiano. Entre los demandantes figuran: Carlos “El Pibe” Valderrama, Faustino “El Tino” Asprilla, Óscar Córdoba, Faryd Mondragón, Juan Pablo Ángel, Francisco “Pacho” Maturana, Willington Ortiz, Arnoldo Iguarán, Iván René Valenciano y Víctor Hugo Aristizábal.

El problema legal comenzó con la emisión de comerciales publicitarios para la Copa América 2019, para la que la entidad bancaria incluyó la entrega de figuras coleccionables que representaban a futbolistas históricos de la Selección Colombia.

Los clientes del banco podían obtener estas figuras al utilizar productos financieros específicos. Esta iniciativa generó una controversia legal sobre el uso de la imagen individual de los exjugadores, ya que ellos argumentaron que la empresa, como patrocinador del equipo nacional, solo contaba con autorización para emplear la imagen colectiva de la selección, no la de cada jugador de manera individual.

El grupo de exfutbolistas presentó una demanda reclamando una indemnización cercana a los 5.000 millones de pesos. Los exdeportistas argumentaron que la campaña comercial utilizó su imagen sin el consentimiento necesario y solicitaron una compensación económica por el presunto perjuicio sufrido.

De acuerdo con el medio citado, luego de que el caso fue revisado por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, que examinó el alcance de las autorizaciones y los fundamentos de la reclamación, este determinó que, aunque existían dudas sobre las autorizaciones de la campaña, los exjugadores no acreditaron de manera suficiente el daño económico derivado del uso de su imagen individual.

Como resultado, la demanda fue desestimada y el tribunal impuso a los demandantes el pago de alrededor de 252 millones de pesos en costes procesales. Entre los futbolistas que demandaron a la entidad bancaria, tuvieron que reunir la cifra indicada para reparar a la compañía.

El impacto mediático y publicitario del mundial

En un estudio que realizó Areandina antes del inicio de la Copa del Mundo, se destacó cómo el marketing deportivo desempeña un papel central durante el torneo de naciones, al ofrecer a las marcas una plataforma única para conectar con audiencias globales.

Para el centro educativo, las empresas buscan mucho más que visibilidad; diseñan estrategias integrales que combinan patrocinios oficiales, campañas digitales en tiempo real y experiencias que sitúan al aficionado en el centro de la acción. El evento de 2026, organizado en Estados Unidos, México y Canadá, amplió el número de selecciones participantes, lo que generó nuevas oportunidades comerciales e inversiones históricas en patrocinio, superando los 1.800 millones de dólares.

Las principales marcas no solo aparecen en vallas o camisetas, sino que implementan activaciones con valor agregado, como servicios exclusivos en estadios o experiencias digitales interactivas. Empresas nacionales e internacionales han evolucionado sus campañas hacia el vínculo emocional y la narración cultural, lanzando ediciones limitadas, colaboraciones y contenidos enfocados en la identidad y la memoria colectiva.

El entorno digital modifica el consumo: plataformas como TikTok, Instagram y YouTube son clave para llegar a las nuevas generaciones y requieren campañas creativas y respuestas en tiempo real.

De acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV) de Colombia, más de 2,5 millones de niños, niñas y adolescentes han sido afectados de manera directa por el conflicto armado interno. El informe incluye que la población joven (entre 12 y 28 años) representa el 35% del total histórico de víctimas del país.

Es por ello que uno de los propósitos de la JEP y otras entidades que trabajan por regular el cumplimiento del acuerdo de paz que firmó el Estado con las Farc-EP es que las nuevas generaciones se alejen del camino de las armas.

Bajo ese propósito, más de 2.000 jóvenes que en el pasado estuvieron vinculados a contextos de violencia participaron en Sincelejo en una jornada denominada “Abrazo de Reconciliación por la Paz y la No Violencia”. Esta actividad, liderada por integrantes del programa Jóvenes de Paz, reunió a participantes de distintas regiones de Colombia y se realizó el 12 de junio.

El evento propuso un mensaje de unión, respeto y convivencia en un momento caracterizado por la polarización política y social por las elecciones presidenciales.

El movimiento Jóvenes de Paz está integrado por adolescentes y adultos menores de 24 años que dejaron atrás conductas asociadas a la violencia y la delincuencia. Muchos de sus miembros ahora se identifican como estudiantes, artistas, emprendedores o líderes comunitarios.

A través de su participación en estos eventos, buscan demostrar que existen alternativas para quienes desean transformar su vida y contribuir a la reconstrucción del tejido social.

Con el apoyo de la Alcaldía de Sincelejo, el colectivo busca posicionarse como referente nacional en programas de seguridad y convivencia. La jornada tuvo el respaldo de la Iglesia Católica y de representantes de iglesias evangélicas, que coincidieron en que el perdón, el diálogo y la reconciliación deben ser considerados pilares para mejorar la sociedad.

Durante el evento, los organizadores enfatizaron la importancia de defender las ideas a través del diálogo y la argumentación, no mediante la confrontación física o verbal. Uno de los mensajes centrales fue que la democracia se fortalece cuando las diferencias se tramitan con respeto y serenidad.

Según los testimonios recogidos durante la jornada, la iniciativa buscó invitar a los colombianos a enfrentar la coyuntura nacional con tolerancia y sin caer en provocaciones que puedan desencadenar nuevos episodios de violencia, lo que esperan que se priorice durante los comicios del 21 de junio.

La convocatoria también abordó el ámbito deportivo, aprovechando el contexto del debut de la Selección Colombia en la Copa del Mundo. Los organizadores hicieron un llamado especial para erradicar la violencia vinculada al barrismo, alentando a vivir el fútbol como un espacio de encuentro y alegría entre familias y amigos. Este mensaje fue reiterado por diferentes asistentes, que subrayaron que el deporte puede funcionar como un canal para la integración y la construcción colectiva de paz.

A lo largo de la noche, los asistentes a la velatón encendieron velas como símbolo de esperanza y reconciliación, y se sumaron a diversas actividades culturales y artísticas para promover el respeto y la convivencia.

Las autoridades locales y representantes de organizaciones sociales destacaron que la seguridad no solo se construye mediante la represión del delito, sino también ofreciendo oportunidades reales a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. El programa Jóvenes de Paz ha impulsado iniciativas orientadas a la formación académica, el acceso al arte y el emprendimiento, con el objetivo de evitar que los jóvenes retornen a escenarios de violencia.

La jornada “Abrazo de Reconciliación por la Paz” fue difundida por diferentes canales regionales para hacer que el mensaje se replicara en otras ciudades del país. Varios participantes relataron su experiencia de cambio y subrayaron la importancia de recibir apoyo institucional para dejar atrás situaciones de exclusión. El evento concluyó con la invitación a que la sociedad colombiana mantenga el compromiso con la paz y la convivencia.

Cuando se habla de la violencia interna en Colombia, uno de los casos que más ha llamado la atención de la prensa internacional es el de las ejecuciones extrajudiciales “falsos positivos”, de los que se han confirmado más de 7.000 hechos de esta índole hasta la fecha.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha anunciado que la cifra podría ser superior y el caso en el que se investigan estos hechos sigue generando resultados; sin embargo, estos no son del gusto de todas las víctimas.

Muestra de ello es Distorsiones y justicia transicional, libro en el que Luz Marina Bernal, madre de uno de los jóvenes soachunos que fue convencido de dejar su vivienda para trabajar en el campo y meses más tarde fue presentado como un guerrillero dado de baja en combate, expuso sus críticas contra la JEP.

En diálogo con Cambio, Bernal habló sobre el proceso de lucha y resiliencia que protagonizó para impedir que su hijo, Leonardo Porras, siguiera siendo mencionado como un guerrillero abatido en combate.

En el libro, la vinculada a Mafapo habló sobre el trabajo que hizo junto a las demás familias de las víctimas para evitar que los casos registrados en el municipio de Cundinamarca quedaran impunes, además de que estos provocaron que miles de familias reclamaran por la desaparición de jóvenes en otras regiones bajo circunstancias similares.

Bernal destacó que su obra es una mezcla entre un cartel tipográfico y un glosario con el que buscó detectar los desequilibrios que existen en la justicia transicional y los procesos de amnistía y perdón.

“Desde la entrada de los acuerdos de paz, el Estado comenzó a hacer suyas nuestras consignas de lucha: se apropiaron de nuestras legítimas demandas, nos dijeron que nos iban a cumplir con nuestros derechos como víctimas, pero lo que hemos visto es que son solo palabras. Por eso necesitamos volver a definir, pararnos a tratar de comprender qué es lo que se esconde detrás de cada una de esas palabras que utilizan. ¿Qué es para la JEP la justicia y la verdad? Porque no pensamos lo mismo”, declaró la madre de uno de los “falsos positivos” de Soacha.

Al argumentar su postura, Bernal indicó que la JEP tiene un propósito doble y que las familias no han podido comprender los términos legales durante la resolución del caso 03 (asesinatos y desaparición forzada).

“Se hace muy difícil poder desmantelar este sistema de impunidad si primero no trabajamos para volver a nombrar las cosas como son. De ahí la importancia de pararnos a definir qué es lo que entendemos por reparación, verdad, impunidad o amnistía”.

Para la vocera de Mafapo, no es congruente que la JEP se quede con la versión que han entregado los exmilitares que participaron en las ejecuciones extrajudiciales, que en su concepto no es completa ni expone toda la verdad sobre los asesinatos.

“Pienso que cada día que pasa la JEP nos está vulnerando más nuestros derechos como víctimas y se está silenciando a quienes opinamos diferente: no hay debate ni pensamiento crítico sobre lo que está sucediendo. Tuve la suerte de lograr una sentencia en justicia ordinaria. Mi expediente judicial son miles de páginas y hoy a todo eso se le ha dado la espalda: quieren borrar nuestros años de lucha para hacernos creer que el único camino es sustituir justicia por el monólogo de los militares, quienes deciden qué nos quieren contar y qué no".

Bernal concluyó mencionando que le parece injusto que en Colombia se categorice a las víctimas y que en casos como los “falsos positivos” las familias se deban conformar con un testimonio en el que no confían.

“Por culpa de estas decisiones, muchas familias a las que el Ejército les mató a sus hijos, hermanos, padres, madres, no van a poder tener acceso a un juicio justo como yo lo tuve. Además, hay que reconocer que la JEP no va a tener la capacidad ni siquiera de buscar eso que dicen que es la verdad en los casos que están asumiendo. Insisto en que la JEP pone en el centro exclusivamente la opinión subjetiva de los militares que ahora dicen que, a cambio de libertad, nos van a contar lo que recuerdan y que, por supuesto, no es todo”.

Luego de que terminó la primera vuelta electoral en Colombia, se generó una polémica luego de que Iván Cepeda pidió que la Federación Colombiana de Fútbol se pronunciara para impedir que Abelardo de la Espriella siguiera haciendo campaña con la camiseta de la selección Colombia.

Para el candidato del Pacto Histórico, el jurista estaba aprovechando que la Tricolor jugará la Copa del Mundo 2026 para convencer a los ciudadanos de apoyar su campaña de manera populista.

Un juez prohibió que la campaña de Abelardo de la Espriella siguiera usando la prenda oficial de la Tricolor, y aunque la decisión fue revocada, el tema fue uno de los más discutidos desde el 31 de mayo.

Equipo de Cepeda regaló camisetas de la selección en el cierre de campaña en Bogotá

El 13 de junio, en Bogotá, el equipo de Iván Cepeda realizó uno de los cierres de campaña del aspirante a llegar a la Casa de Nariño, evento en el que sorprendieron a los presentes al llegar con indumentaria de la Selección Colombia, a pesar de que habían criticado a Abelardo de la Espriella por lo mismo.

Además de vestir la prenda oficial de la FCF, llamó la atención que regalaron camisetas de Colombia a los ciudadanos que llegaron para escuchar las propuestas del candidato del Pacto Histórico.

En las publicaciones que han hecho los políticos que participaron del evento, usuarios llamaron “hipócritas” a los presentes por hacer campaña con los mismos elementos por los que fue juzgado recientemente el líder del movimiento Firmes por la Patria.

“Se copiaron de lo mismo por lo que pelearon, esos son los gestos que hacen que la campaña vaya mal”, “La hipocresía de los petristas, hoy todos llegaron con la camiseta de la selección, ¿no que no se podía?” o “Ahora sí se ponen la camiseta de Colombia, hace unos días era lo peor del mundo”, son algunos de los comentarios que se han registrado.

¿Abelardo de la Espriella podrá seguir usando la camiseta de la Selección Colombia?

El 11 de junio, la juez 62 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá revocó la prohibición que impedía a Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, y a su equipo electoral usar la camiseta de la Selección Colombia en actividades proselitistas.

Esta restricción había surgido por una acción de tutela presentada por un ciudadano, quien sostenía que el uso de la prenda en actos políticos producía confusión y afectaba la igualdad y la libre decisión de los electores. El Juzgado 120 Penal Municipal había aceptado esa petición y dictó una medida provisional que impedía al candidato y a su grupo portar la camiseta hasta una decisión definitiva.

La jueza María Isabel Ferrer Rodríguez determinó que la restricción era desproporcionada y no justificaba limitar derechos como la libertad de expresión y la participación política. En la resolución se indicó que la medida previa no precisaba a qué personas aplicaba la prohibición, lo que generó incertidumbre jurídica y afectó derechos fundamentales.

El fallo resaltó que la camiseta de la selección Colombia tiene múltiples significados culturales y sociales, y limitar su uso únicamente al ámbito deportivo implica una interpretación restrictiva. La jueza sostuvo que la prenda representa una manifestación de identidad nacional y su utilización en un contexto político no constituye una acción ilícita ni vulnera derechos fundamentales.

La resolución subrayó que la prohibición impactaba negativamente el derecho a la participación democrática, tanto del candidato como de sus simpatizantes, y no contaba con fundamentos suficientes. Tras la decisión, De la Espriella y su movimiento pueden emplear la camiseta en actos públicos, redes sociales y material publicitario durante la campaña presidencial.

El 21 de junio de 2026, los colombianos saldrán a las calles para asistir a sus puestos de votación y elegir entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda quién será el sucesor de Gustavo Petro en la presidencia de la República.

En esa misma jornada, se disputará la segunda fecha de los grupos G y H de la Copa del Mundo 2026, por lo que, mientras la Registraduría y las autoridades garantizan la seguridad en los comicios y se lleva a cabo el preconteo, se jugarán tres compromisos de la cita orbital. Los partidos que se llevarán a cabo el 21 de junio son: España vs. Arabia Saudí, Bélgica vs. Irán, Uruguay vs. Cabo Verde y Nueva Zelanda vs. Egipto.

Aunque parece que se trata de algo inédito, en realidad no es la primera vez que se disputarán partidos de la Copa del Mundo en la misma jornada en que se llevará a cabo una segunda vuelta electoral en Colombia.

Las veces que el mundial y las elecciones coincidieron en el siglo XXI

Debido a que en 2002 y 2006 hubo ganador en los comicios tras la primera vuelta electoral, los aficionados colombianos pudieron ver sin tener que asistir a las urnas durante los mundiales de esas ediciones.

En 2010, el 20 de junio, Juan Manuel Santos ganó en los comicios de la segunda vuelta y se convirtió en el nuevo presidente de Colombia; en esa jornada se disputaron tres partidos del mundial de Sudáfrica.

En primer turno, Italia igualó 1-1 con Nueva Zelanda; por otra parte, Paraguay derrotó 2-0 a Eslovaquia, y en el partido más entretenido de la fecha, Brasil superó 3-1 a Costa de Marfil.

En 2014, un día después de que Colombia derrotó 3-0 a Grecia en el debut mundialista de James Rodríguez y compañía, Juan Manuel Santos fue reelegido como mandatario nacional el 15 de junio. Durante los comicios presidenciales, Suiza derrotó 2-1 a Ecuador, Francia le ganó 3-0 a Honduras y Argentina debutó con triunfo 2-1 sobre Bosnia y Herzegovina. Debido a que el mundial se disputó en Brasil, los compromisos terminaron antes de que comenzara el preconteo.

En 2018, durante la Copa del Mundo que se jugó en Rusia, en Colombia fue elegido como nuevo mandatario Iván Duque, que derrotó a Gustavo Petro en la segunda vuelta que se desarrolló el 17 de junio. En Europa, Serbia superó 1-0 a Costa Rica, Brasil igualó 1-1 con Suiza y México derrotó de manera sorpresiva a Alemania 1-0.

¿El mundial afectará la segunda vuelta en Colombia?

En diálogo con Infobae Colombia, el analista político y docente de la Universidad Politécnico Grancolombiano Jaime Wilches indicó que, en su concepto, la fiebre mundialista no afectará los comicios del 21 de junio en Colombia.

“No va a tener ninguna repercusión en el Mundial porque los partidos del 21 de junio son extremadamente aburridos. No hay nada en la agenda que pueda poner en peligro la contienda electoral. Ese día no juega Colombia y dado que está esa situación, pues no va a haber grandes afectaciones”.

El analista mencionó que el número de colombianos que viajarán a Norteamérica no impactará los comicios, principalmente porque el margen de diferencia entre los candidatos es ampliamente superior a la cifra de 100.000 connacionales que estarán en la Copa del Mundo.

“De los colombianos que salen para ir al Mundial, frente a un potencial electoral de 23 millones, no va a haber una gran afectación. No son muchos los colombianos que pueden ir de viaje al Mundial. No se va a generar una gran afectación. La distancia entre los dos candidatos en estos momentos es de 700.000 votos, entonces, si estuviéramos hablando de un margen de 15.000 o 20.000 votos, estaríamos diciendo que hay una afectación y una influencia que podría marcar este asunto, pero no es un tema determinante y, al final, lo que vamos a presenciar es que va a aumentar la participación electoral el 21 de junio”.

Uno de los objetivos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es resolver los casos de personas que han sido declaradas como desaparecidas en lugares afectados por el conflicto interno, que en algunos procesos coinciden con episodios investigados en el macrocaso 03 (asesinatos y desapariciones forzadas).

Gracias al trabajo de la justicia transicional, se ha consolidado el hallazgo de cientos de víctimas del conflicto armado que fueron desaparecidas o presentadas como guerrilleros dados de baja durante combates que no se registraron con las Farc-EP.

En uno de los casos que más ha dado que hablar en Antioquia de esta índole, la JEP informó sobre la entrega de los restos de Orlando de Jesús Oquendo Úsuga, un joven de 19 años del que no se volvió a tener información desde el 14 de julio de 2004, cuando sus seres queridos lo vieron por última vez en el corregimiento de Quiparadó, en Dabeiba.

El joven fue presentado como un guerrillero abatido en combate

En el informe del caso, la justicia transicional informó que se confirmó que el joven fue asesinado por uniformados del Ejército Nacional que presentaron su cuerpo con vestimenta e insignias de la guerrilla para afirmar que se trataba de un integrante de las Farc que murió durante combates con las Fuerzas Militares.

Como pasa en la mayoría de estos casos, los cuerpos presentados por los uniformados terminaron en fosas comunes sin ser identificados, mientras que la familia de Oquendo lo buscó por toda la región sin conocer información sobre su ubicación.

“Comparecientes de la fuerza pública que reconocieron su responsabilidad como máximos responsables por estos crímenes; aportaron información que contribuyó a la ubicación e identificación de Orlando de Jesús, cuyo cuerpo había sido inhumado sin identificar en el cementerio de Carepa”, informó la JEP.

Tras años de incertidumbre, el hallazgo del cuerpo del joven de 19 años se registró durante la intervención en el cementerio mencionado como parte del “Caso Conjunto Cementerio Las Mercedes de Dabeiba”, en el que la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a diez máximos responsables, ocho de los cuales ya reconocieron públicamente su responsabilidad.

Tras inspeccionar las fosas comunes en las que durante años fueron dejados los restos de jóvenes que fueron engañados para dejar sus lugares de origen bajo promesas de empleos y terminaron siendo presentados como bajas en combate, y luego de los exámenes forenses, los familiares de Oquendo conocieron la verdad, el cuerpo del hombre de 19 años estuvo más de dos décadas en el cementerio como un “falso positivo”.

“Las medidas cautelares decretadas por la JEP en 2023 para proteger los cementerios de Carepa y Mutatá permitieron recuperar, identificar y entregar dignamente el cuerpo de Orlando de Jesús a su familia”.

Desde la JEP resaltaron que este tipo de procesos permiten que se esclarezcan desapariciones que durante años quedaron en el olvido, y que en la región han concluido, hasta el momento, con la imputación de varios exmilitares que en su momento recibieron reconocimientos y permisos por los resultados presentados de manera ilícita.

“A la fecha, 18 víctimas han sido entregadas dignamente a sus familiares en los departamentos de Antioquia y Chocó, en el marco de la investigación y el juicio del Caso Conjunto Cementerio Las Mercedes de Dabeiba. En total, en la región de Urabá, 25 víctimas han sido identificadas y entregadas a sus seres queridos”.

Cabe recordar que, de acuerdo con la JEP, hasta el momento se habla de 7.837 casos de “falsos positivos”; sin embargo, la cifra podría ser superior por los hechos que no han sido denunciados o que están en procesos de investigación.

A una semana de que se lleven a cabo los comicios del 21 de junio, Petro Alcocer fue tendencia por publicar un reel en el que cuestionó a los seguidores de Bad Bunny en Colombia que piensan votar por Abelardo de la Espriella.

“Te gusta Bad Bunny, pero apoyas quitarles los derechos a las mujeres, desplazar comunidades, discriminar a los migrantes, a las personas diversas. La verdad, no me cuadra. ¿Ustedes se han detenido a escuchar con atención la letra de la canción Lo que le pasó a Hawái?“, son las palabras de la joven en el inicio del video.

Al citar uno de los sencillos del último álbum del reguetonero puertorriqueño, la hija del mandatario nacional recordó que el boricua ha manifestado en contra del capitalismo en su nación.

“En esa canción, Bad Bunny denuncia de frente lo que le pasó a su pueblo en Puerto Rico, con la gentrificación y con el desplazamiento. Es una protesta real contra la gente que pretende adueñarse de nuestros recursos naturales, de nuestros barrios, nuestra gente que ha vivido allí toda su vida”.

Tras reconocerse como seguidora de Bad Bunny, Petro Alcocer reflexionó sobre las letras de las canciones del reguetonero y cómo sus seguidores deberían priorizar al candidato, que en su concepto, busca lo mejor para el territorio nacional.

“A mí me parece impresionante que uno de los artistas más grandes del mundo use su música para recordarnos que nadie quiso irse y el que se fue, sueña con volver. Además, estos temas como la gentrificación no son temas ajenos a nosotros. Se viven en lugares como Medellín o Cartagena y muchas más ciudades de Colombia. Aparte de todo eso, Bad Bunny ha sido activo públicamente en la defensa de los derechos de los latinos y se ha pronunciado en contra de la xenofobia. Y siento que así nos pasa en Colombia. Y así como amamos a Benito, tenemos que amar nuestra tierra”.

En la descripción de la publicación que cuenta con más de 100.000 reacciones, Antonella Petro cuestionó nuevamente a los seguidores de Abelardo de la Espriella por apoyar las ideas que promueve el abogado.

“Apoyan la discriminación contra migrantes, personas diversas y mujeres. No me cuadra… Benito y sus letras nos recuerdan que el arte también es resistencia y que el amor siempre será más fuerte que el odio", escribió la hija de Gustavo Petro.

En los comentarios de la publicación, usuarios se manifestaron a favor y en contra de la postura de la joven, que recientemente ha hablado en sus redes sociales sobre el poder de las nuevas generaciones y la necesidad de que opinen sobre política.

Bad Bunny no es el único artista que Petro Alcocer ha utilizado para hablar sobre la segunda vuelta electoral de Colombia, en otros reels ha mencionado a la comunidad de seguidores de Morat (banda colombiana) y respaldó el apoyo que ha recibido Iván Cepeda por parte de las Army (fans de BTS y el K-pop).

Cabe recordar que Antonella Petro fue tendencia en Colombia tras la despedida de la Selección Colombia, en la que protagonizó un hecho que fue viral con James Rodríguez, capitán de la Tricolor, que afirmó no haber escuchado a la joven cuando le pidió una foto durante la entrega de la bandera del país por parte del presidente Gustavo Petro.

En medio de la campaña de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda para convencer a los colombianos de que voten por ellos en los comicios presidenciales del 21 de junio en Colombia, el candidato del Pacto Histórico fue tendencia por una propuesta que parte de la ciudadanía consideró populista.

En sus redes sociales, y mientras se disputa la Copa del Mundo en México, Canadá y Estados Unidos, Cepeda afirmó que el próximo gobierno debe apostar por organizar el torneo de selecciones en el futuro. “Pero, por supuesto, que hagamos un Mundial en Colombia. Ese debe ser un propósito de un gobierno, hacer que Colombia sea la sede de una Copa del Mundo”, escribió el aspirante a llegar a la Casa de Nariño.

El planteamiento reactivó el recuerdo de que Colombia fue elegida para organizar el Mundial de 1986, pero renunció a la sede y se convirtió en el único país que declinó esa oportunidad.

Colombia 1986, el mundial que no fue

En 1970, la FIFA abrió el proceso de selección para la Copa del Mundo de 1986. Colombia se presentó como candidata y en 1974 se confirmó que el país sudamericano tendría 12 años para adecuar su infraestructura con miras a recibir a las 24 delegaciones.

Para Misael Pastrana Borrero, presidente de Colombia en ese momento, el torneo era una oportunidad de modernización e inversión en infraestructura, pero también un reto: el país debía mejorar el sistema de transporte, ampliar la capacidad hotelera y garantizar la seguridad de los deportistas.

En la década de los 80, el avance de las obras fue limitado. La devaluación de la moneda y el aumento de la deuda externa se convirtieron en prioridades para el gobierno de turno, y la organización del Mundial pasó a un segundo plano. En paralelo, el auge del narcotráfico proyectó una imagen negativa del país, en medio de señalamientos por los cultivos de coca y la violencia registrada en el territorio nacional.

La FIFA exigía condiciones mínimas de infraestructura para la organización del torneo. Entre los requisitos figuraban estadios con capacidades superiores a 40.000 espectadores, hoteles de máxima categoría, vías de acceso modernas y servicios de comunicación adecuados. El costo estimado para cumplir con estas exigencias resultaba elevado para las finanzas públicas colombianas.

En el Congreso se llevó a cabo un debate sobre la conveniencia de destinar grandes sumas de dinero a la infraestructura deportiva y turística; a la par, sindicatos, gremios empresariales y líderes políticos pidieron revisar el compromiso adquirido, argumentando que la situación económica no permitía asumir gastos de tal magnitud.

En 1982, la FIFA visitó Colombia para evaluar el avance de las obras y las garantías ofrecidas. El informe reflejó un atraso considerable respecto a los cronogramas previstos y, ante la presión de la entidad, el presidente Belisario Betancur anunció el retiro oficial de Colombia como sede del Mundial de 1986.

Betancur comunicó que el país no podía asumir los compromisos económicos y logísticos necesarios y que iba a priorizar la inversión en otras áreas consideradas más urgentes para la población.

México se quedó con la organización de la Copa del Mundo, que es recordada como una de las más positivas de la historia y que dejó hechos históricos como la consagración de Diego Armando Maradona.

Mientras tanto, en 1986 Colombia vivió uno de los puntos más negativos de su historia, Pablo Escobar le declaró la guerra al Estado, el país vivió la muerte de miles de inocentes y la inversión en infraestructura anunciada no se registró.

Para impedir que se registre algún tipo de confrontación política por algo relacionado con la Copa del Mundo, la FIFA prohíbe que las indumentarias de competencia y entrenamiento de las 48 naciones que disputan el torneo de naciones tengan un mensaje de esa índole.

Por ello, la máxima entidad del fútbol solicitó a la Federación de Haití, que es vestida por la marca colombiana Saeta, que modifique las tres combinaciones de uniformes que presentaron para el mundial, puesto que incluyen una referencia de una de las batallas claves en la liberación de la nación del Caribe.

Para la FIFA, el dibujo de un ejército con una bandera de Polonia es un elemento visual que podía interpretarse como un mensaje político en contra de Francia, que tenía en el territorio haitiano una colonia hasta 1804.

Saeta explicó en un comunicado que el diseño pretendía rendir homenaje al pueblo haitiano y no tenía intención política, también confirmó que modificó la indumentaria que utilizará el equipo de Concacaf en el debut ante Escocia del 13 de junio.

En defensa del uniforme original de Haití se pronunció el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que compartió una publicación en la red social X en la que explicaban el homenaje que había hecho la marca bogotana en la prenda deportiva.

La publicación estuvo acompañada por la descripción: “La camiseta de Haití conmemora la libertad de los esclavos”, que fue tomada como un apoyo al mensaje original que tiene más de 340.000 visualizaciones.

“En la camiseta, Haití conmemora la liberación de su país del colonialismo, el establecimiento de la primera nación negra del mundo y la abolición de la esclavitud. El imperio occidental nunca perdonará a Haití por ser la primera nación en liberarse del colonialismo y dar ejemplo revolucionario a todas sus demás colonias”, dice en la publicación compartida por el mandatario colombiano.

La historia de la batalla censurada por la FIFA

La Batalla de Vertières se registró el 18 de noviembre de 1803 cerca de la ciudad de Cap-Haïtien, en el norte de Haití. Fue el último gran enfrentamiento militar de la revolución haitiana, en el contexto de la lucha de los esclavos y habitantes locales contra el dominio colonial francés. El ejército revolucionario haitiano, dirigido por Jean-Jacques Dessalines, se enfrentó a las tropas francesas comandadas por el general Rochambeau.

Las fuerzas haitianas, compuestas por antiguos esclavos y soldados liberados, presentaron una resistencia organizada y estratégica. Utilizaron su conocimiento del terreno para establecer posiciones defensivas en la colina de Vertières.

El enfrentamiento se caracterizó por ataques directos, asaltos a las fortificaciones francesas y una intensa lucha cuerpo a cuerpo. Los haitianos, en inferioridad numérica y de recursos, lograron mantener la presión sobre las posiciones francesas durante varias horas.

Los combates se mantuvieron con intercambios de artillería y cargas de infantería. El clima lluvioso dificultó los movimientos de ambos bandos, pero los haitianos aprovecharon la situación para avanzar gradualmente y cercar a las tropas francesas. Durante la batalla, el general haitiano François Capois, conocido como Capois-La-Mort, se destacó por su valentía al liderar un asalto bajo fuego constante.

Al caer la tarde, las fuerzas francesas sufrieron importantes bajas y perdieron el control de sus posiciones clave. Finalmente, el general Rochambeau solicitó negociar la rendición, lo que marcó el fin de la presencia militar francesa en la colonia de Saint-Domingue.

En la camiseta, la inclusión de la bandera de Polonia es porque, durante el combate, soldados polacos enviados por Napoleón desertaron del ejército francés y se unieron a los haitianos en su lucha por la independencia. Su apoyo fue fundamental y, por ello, Haití reconoce la solidaridad polaca cuando se habla de su independencia.

Tras la inauguración de la Copa del Mundo 2026, en la que México derrotó 2-0 a Sudáfrica, se han jugado dos partidos más en el torneo de naciones que se disputará hasta el 19 de julio.

En el grupo A, Corea del Sur venció 2-1 a República Checa, mientras que en el inicio del cuadrangular B, Canadá igualó 1-1 con Bosnia y Herzegovina, y aunque quedan 101 partidos por disputarse, los tres compromisos que se han registrado fueron suficientes para que el ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, asegurara que se trata del peor mundial de la historia.

“Infantino, acabaste con el fútbol”, es como comienza la publicación que Benedetti hizo en su cuenta de X luego del compromiso entre Canadá y Bosnia.

Para el ministro colombiano, que la Copa del Mundo se juegue por primera vez con 48 naciones (antes eran 32) es un error. Benedetti añadió los problemas de visado que han tenido algunas selecciones y el árbitro Omar Artan como otros aspectos que han generado insatisfacción con la organización del torneo.

De acuerdo con Benedetti, lo anterior es responsabilidad del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al que acusó de acabar con el evento deportivo más popular del mundo.

“Qué Mundial tan chimbo, sin sabor, sin alegría, sin pasión, sin fervor y todo porque tú lo organizaste siendo sapo. Acabaste con el fútbol. El mundial más aburrido, eso de ampliar las selecciones, las desventajas entre una y otra, las inauguraciones, las represalias contra el árbitro y lo más preciado: los fanáticos. ¡Este Mundial es una porquería! Y tú, callado", escribió Armando Benedetti.

Minutos más tarde, Carlos Antonio Vélez hizo una publicación en la misma red social que fue tomada por sus seguidores como una respuesta para el ministro del Interior, ya que aseguró que realizar un torneo como el Mundial no es tan sencillo como entregar objetos para convencer a la gente de que vote por un candidato en época electoral.

“Hay quienes creen que hacer un Mundial de fútbol es como repartir lechona y tamales en las manifestaciones o en las elecciones… Pucha, no saben lo que eso, en serio, la ignorancia es atrevida (seguro que no diferencian una pelota de un ladrillo). ¡No me joda!“, escribió el analista deportivo.

Debido a que Benedetti y Vélez restringieron quién puede hacer comentarios en su publicación, no es posible conocer la postura que tienen los internautas sobre la polémica.

Las críticas contra la FIFA en el inicio de la Copa del Mundo

Los señalamientos que ha recibido la organización del torneo de naciones están enfocados principalmente en los controles de seguridad que se han llevado a cabo en Estados Unidos, en donde algunas delegaciones han tenido problemas para ingresar al país.

Uno de los casos más sonados fue protagonizado por el árbitro somalí Omar Artan, que no pudo ingresar a territorio norteamericano a pesar de ser considerado uno de los mejores en su disciplina. La última polémica se debe a que el mediocampista ghanés Thomas Partey no podrá viajar a Toronto, Canadá, para el debut contra Panamá. El Gobierno canadiense confirmó que no permitirá el ingreso del futbolista porque tiene un proceso legal abierto en Londres, Inglaterra, en el que se le acusa de abuso sexual.

Al respecto, la FIFA emitió un comunicado en el que confirmó que Partey no estará en el primer partido de su selección y anunció que no harán nada al respecto, puesto que respetan los procesos migratorios de las tres naciones anfitrionas de la Copa del Mundo.

En las últimas semanas, Gabriel Meluk, periodista deportivo y exeditor de la sección de deportes de El Tiempo, fue noticia por anunciar su salida del diario y porque jornadas más tarde se confirmó que fue denunciado por acoso sexual.

En su defensa, el comunicador aseguró que la única razón para su salida del diario fue una reestructuración por motivos económicos, descartando que existiera un proceso disciplinario o penal en su contra, y reveló que la decisión respondía a dificultades financieras y a la fusión de Futbolred con la redacción.

Meluk manifestó su disposición a colaborar con la justicia si es requerido y agradeció el respaldo recibido por colegas y familiares. La periodista Jineth Bedoya presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación contra Meluk, en representación de mujeres que habrían sufrido acoso laboral en El Tiempo. Bedoya fundamentó su acción en la Ley 1257 de 2008, que promueve la denuncia de violencia de género.

Gabriel Meluk publicó una columna defendiéndose de las acusaciones

“¡Se los dije!“, es como comienza la columna que el periodista publicó en su cuenta de X luego del nombramiento de Jenny Gámez como la nueva editora del equipo periodístico deportivo de El Tiempo.

“Durante las últimas semanas he atravesado días profundamente complejos. Vi cómo una reputación construida a pulso durante más de 30 años podía desaparecer en apenas unas horas, en medio de un tsunami de rumores. Muchos me aconsejaron hasta el último momento que mantuviera silencio, pues tenían miedo de que quedara expuesto”.

Meluk lamentó las críticas que ha recibido últimamente y afirmó que sus detractores no han esperado que la justicia defina el caso para arremeter contra su profesionalismo.

“Fui condenado a la hoguera digital en un mundo mediático en el que no existe el debido proceso y en el que la inmediatez del día pesa más que la verdad”.

El comunicador recordó que anticipó la alianza entre medios que fue confirmada y se refirió a Gámez, que lo reemplazará en el cargo que ocupó durante más de 20 años.

“Asumió el cargo Jenny Gámez, una mujer talentosa con la que compartí más de 20 años de carrera periodística, en los que, además, fuimos equipo de trabajo, ella y yo, 24 horas al día, siete días a la semana, en cubrimientos de varios mundiales y Copas América.

En el escrito, Meluk indicó que ha vivido una prueba en la que ha estado en juego su honor y buen nombre, reafirmando que está dispuesto a afrontar el proceso legal que hay en su contra. “Aquello por lo que he sido señalado en las redes sociales es la ética, la responsabilidad y el respeto que exige la situación. Lo único que hoy se concluye es algo que ninguna de las personas que realmente me conocen ha puesto en duda jamás: mi inocencia”.

Gabriel Meluk anunció que seguirá ejerciendo su profesión a través de sus redes sociales y aprovechando el número de seguidores que tiene en estas plataformas.

“Tras el inmenso daño a mi reputación, trabajaré para ganarme la vida de la única manera que sé hacerlo: hablando con ustedes, como lo he hecho durante más de tres décadas. Seguiré analizando, comentando y debatiendo con el mismo conocimiento, la misma imparcialidad y la misma pasión de siempre. A quienes me acompañan, gracias por permanecer. De aquí en adelante espero que podamos seguir debatiendo con el mismo ímpetu”.

Por último, le envió un mensaje a las personas que lo han cuestionado desde que anunció su salida del medio citado: “A quienes me condenaron antes de permitir mi defensa, se los digo que la vida siempre pone todo en su lugar”.

Teniendo en cuenta que en Colombia se celebra el Mes del Padre en junio (14 de junio), el Ejército Nacional ha expuesto historias sobre uniformados que, además de defender al país, han buscado ser un ejemplo para sus hijos.

Una de las destacadas es protagonizada por el capitán Carlos Andrés Ortiz Rosero, que está próximo a convertirse en mayor tras superar la amputación de una pierna durante el conflicto armado en San Vicente del Caguán, en 2010.

Lejos de abandonar la carrera, el oficial se mantuvo activo y se transformó en un ejemplo para su familia y la institución. La continuidad de este legado se refleja en su hijo, el ahora teniente Carlos Miguel Ortiz López, que eligió la vida militar a pesar de haber vivido de cerca las consecuencias del conflicto.

La trayectoria de Ortiz Rosero comenzó mucho antes del incidente que cambió su vida. Proveniente de una familia con varios miembros retirados de las fuerzas armadas y la policía, creció en un ambiente marcado por la disciplina y el sentido del deber. Durante una operación militar en 2010, el capitán sufrió la pérdida de una extremidad a causa de un artefacto explosivo improvisado, un episodio que definió su carrera y su perspectiva sobre el servicio a la patria.

Según relató en una entrevista a la que tuvo acceso Infobae Colombia, Ortiz Rosero encontró en el apoyo institucional y familiar la base para su recuperación y continuidad profesional. “La fuerza para seguir adelante vino de la familia y de mis compañeros de armas”, indicó el uniformado, que recibió una prótesis y se integró a programas de readaptación del Ejército Nacional.

El impacto de este proceso no solo marcó a Ortiz Rosero, sino también a su hijo, que desde pequeño convivió con las cicatrices y los desafíos propios de una familia militar. Carlos Miguel Ortiz López decidió unirse al Ejército, graduándose como subteniente hace un año, a pesar de las preocupaciones de su madre por los riesgos asociados a la profesión. La decisión del joven fue impulsada por el ejemplo y la motivación transmitida por su padre. “Crecí viendo la fortaleza de mi papá, entendí que servir es un honor”.

Según el testimonio de los entrevistados, el orgullo, la resiliencia y la fortaleza interna son esenciales para cualquier soldado; ambos hablaron de la importancia de la vocación y la formación en valores.

En la entrevista hablaron de cómo el deporte adaptado en la recuperación del capitán fue clave, incluido el levantamiento de pesas, lo que se transformó en una herramienta de rehabilitación física y mental, así como en una vía para inspirar a otros militares en proceso de recuperación. “El deporte me permitió demostrar que se puede seguir dejando huella en la institución, incluso después de una lesión”, sostuvo Ortiz Rosero.

La relación entre padre e hijo aparece en el relato como un vínculo de apoyo y admiración mutua, donde el ejemplo personal se traduce en motivación para la nueva generación de oficiales. “Ver a mi hijo portar el uniforme me llena de orgullo, es la confirmación de que el sacrificio no fue en vano”, manifestó el capitán, mientras que desde la perspectiva del joven oficial, la decisión de ingresar al Ejército representa la continuidad de una tradición familiar, pero también el compromiso personal de asumir los riesgos y desafíos del servicio activo.

Ambos uniformados insistieron en la importancia del acompañamiento institucional y familiar, así como en la necesidad de honrar y recordar a quienes han sido afectados por el conflicto armado.

Indicaron que con su testimonio buscan transmitir un mensaje de esperanza y superación para otros soldados y sus familias. “La familia es el motor que impulsa a seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles”, concluyó el capitán Ortiz.

Una investigación publicada por Women’s Health Reports sobre el conocimiento sobre la ventana fértil en mujeres y hombres en Colombia hizo que la Universidad de La Sabana hiciera una investigación para entender el nivel de desinformación que existe sobre este tema en el país.

El informe inicial contó con una muestra de 1.456 participantes, de los cuales solo el 16,4% de la población en edad reproductiva conoce su ventana fértil. Uno de los datos que más generó preocupación es que las personas con menor nivel socioeconómico y en el grupo de edad entre los 18 y 24 años son los grupos sociales más desinformados.

El centro educativo recordó que entre 2023 y 2024 se han ejecutado programas que exponen un panorama preocupante sobre el conocimiento de la ventana fértil en Colombia.

“A pesar de vivir en un mundo hiperconectado, seguimos teniendo grandes vacíos en temas tan básicos como la conciencia de la fertilidad”, afirmó Amanda Rodríguez López, autora del estudio y profesora de Ilfarus.

Las claves de la problemática

En el informe final se habla de cómo comprender la ventana fértil. El periodo del ciclo menstrual en el que una mujer tiene mayor probabilidad de concebir se ha convertido en un tema de interés para la salud pública y la educación sexual, y el estudio reveló que el conocimiento preciso sobre esta fase no solo facilita la planificación de un embarazo, sino que también contribuye a prevenir aquellos no planeados y favorece el autocuidado reproductivo a largo plazo.

Según la investigación, las personas con mayores ingresos, intención de tener hijos y conocimiento de métodos basados en el reconocimiento de la fertilidad presentan mejores niveles de comprensión sobre la ventana fértil. Además, quienes han recibido información especializada en métodos de planificación familiar natural tienen más probabilidades de identificar correctamente este periodo.

Rodríguez López advirtió que, aunque muchas personas desean ser madres o padres, diversas circunstancias llevan a postergar ese rol, lo que hace fundamental el acceso a información confiable sobre la salud fértil desde la adolescencia.

Sobre la brecha de conocimiento de la ventana fértil, se menciona que tiene raíces en la estructura de los programas de educación sexual, especialmente en países como Colombia, donde la enseñanza está regulada por la Resolución 3353 de 1993.

Adriana Mari Espejo, coautora del estudio, indicó que estos programas suelen centrarse en la prevención de embarazos no deseados y en evitar infecciones de transmisión sexual, dejando de lado el cuidado integral de la salud reproductiva y el reconocimiento de la fertilidad. Además, la educación suele excluir a los hombres, bajo la premisa equivocada de que el conocimiento sobre fertilidad solo compete a las mujeres.

El problema no se limita a Colombia. Según María Isabel Griffin, coinvestigadora, no existen diferencias significativas entre la población colombiana y la de países vecinos, como Ecuador, en cuanto al patrón de conocimiento sobre la ventana fértil. Ambas muestran niveles bajos de comprensión, lo que revela una carencia extendida en la región latinoamericana.

Al hablar de las consecuencias del desconocimiento, se menciona que trascienden la ocurrencia de embarazos no planeados. La falta de información limita la capacidad de las personas en edad fértil para tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva. Por esto, las autoras del estudio insisten en la necesidad de reducir la brecha educativa mediante la actualización de los programas escolares y universitarios, en especial en las carreras relacionadas con la salud, para que los profesionales puedan orientar correctamente a sus pacientes.

Las investigadoras destacan que fortalecer la educación sobre la ventana fértil puede mejorar indicadores de salud pública, como la reducción de embarazos no planificados y el cuidado integral de la salud femenina. Llaman a desarrollar políticas públicas que aborden los vacíos educativos sobre el ciclo menstrual y la fertilidad, y sostienen que el acceso a esta información debe ser un derecho y no un privilegio, pues constituye un elemento fundamental para la autonomía y la salud de la población.

Un día después del inicio de la Copa del Mundo, se han registrado nuevos problemas en el ingreso de deportistas y otros participantes en el torneo de naciones. Antes de la inauguración, fue tendencia el rechazo que recibió el árbitro somalí Omar Artan cuando intentó arribar a Estados Unidos.

En un nuevo caso que ha sido noticia mundial, el protagonista es el mediocampista ghanés Thomas Partey, una de las figuras de la nación africana que comparte grupo con Inglaterra, Croacia y Panamá, quien no podrá ingresar a Canadá para el debut de su equipo contra el combinado centroamericano.

El motivo de la decisión, que fue revelada por The Athletic, es una acusación registrada en Londres en julio de 2025 que incluye cinco cargos de violación y uno de agresión sexual, de los cuales se declaró inocente en septiembre del mismo año.

En febrero de 2026 Partey fue acusado nuevamente por dos cargos de violación, de los que también se declaró inocente, sin embargo el africano siguió vinculado al caso aunque cambió de club (dejó Arsenal tras ser fichado por Villarreal de España).

Para el debut ante Panamá, que será el 17 de junio en el estadio BMO Field de Toronto, el estratega de Ghana deberá cambiar su esquema para reemplazar al mediocampista, que solo tiene restricción para ingresar a Canadá.

Para los otros dos compromisos de la fase de grupos, que serán el 23 de junio en Boston ante Inglaterra y el 27 de junio en Filadelfia contra Croacia, Partey podrá participar al contar con la visa americana.

El medio citado se contactó con la FIFA, que confirmó la exclusión del futbolista y anunció que, como en otros casos de esa índole, la organización del torneo no intervendrá en procesos de inmigración.

“El gobierno anfitrión es quien, en última instancia, decide quién recibe un visado y es admitido en el país”, fue la respuesta de la FIFA.

Sobre los argumentos de las autoridades canadienses para impedir el ingreso de Partey, las reglas de este país indican que “si ha cometido un delito o ha sido condenado por él, es posible que no se le permita la entrada a Canadá” a cualquier individuo, sin importar su procedencia.

Partey no enfrentará a la justicia sino hasta 2027

Thomas Partey enfrenta siete cargos de violación y uno de agresión sexual, que serán juzgados en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres. El juicio estaba programado para noviembre de 2026, pero podría aplazarse hasta 2027 debido a varios factores. Como condición de su libertad bajo fianza, el deportista debe informar a las autoridades sobre cualquier viaje internacional que planee realizar.

Los seis primeros cargos, que involucran a tres mujeres, se habrían registrado entre 2021 y 2022. La investigación de la Policía de Londres comenzó en febrero de 2022 luego de recibir una denuncia por presunta violación. Los otros dos cargos, relacionados con una cuarta mujer, se originan en hechos supuestamente ocurridos en 2020 y fueron denunciados por primera vez en agosto de 2025. Estos nuevos señalamientos surgieron tras una investigación complementaria de la policía de Inglaterra.

A pesar de las investigaciones, Partey continuó su carrera deportiva sin interrupciones inmediatas. Completó su contrato con el Arsenal, jugando 35 partidos de la Premier League en la temporada 2024-2025. Posteriormente, se incorporó al Villarreal, donde disputó 32 encuentros en la campaña 2025-2026 de la liga española. El contrato de Partey con el club español finaliza a finales de junio, y aunque se contempla una posible extensión por un año más, la decisión del club Submarino dependerá de cómo avance el proceso legal contra el mediocampista.

El 19 de mayo de 2026, en el pódcast A Fondo de María Jimena Duzán, fue revelado que las autoridades de Estados Unidos investigan la relación de Jorge Luis Hernández Villazón, alias Boliche, con Alex Saab, señalado como operador de redes de lavado vinculadas al régimen de Nicolás Maduro. De acuerdo con el informe, “Boliche”, exnarcotraficante y paramilitar colombiano, se convirtió en informante de la DEA y participó en operaciones de blanqueo y asesoría jurídica a Saab.

Se informó que parte de las transferencias de dinero involucraron a la firma del abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella, que niega conocer movimientos irregulares de “Boliche”, pese a haber mantenido una relación cercana y recibir contratos lucrativos.

El académico Bruce Bagley también figura como intermediario en el manejo de fondos, cuyo destino final permanece bajo reserva judicial. Las investigaciones buscan esclarecer si De la Espriella y su equipo recibieron beneficios directos o indirectos. El proceso judicial contra “Boliche” continuará en una audiencia cuya fecha se definirá para mediados de agosto.

Fiscalía deberá entregar el historial del caso ‘Boliche’

El 12 de junio, Univisión informó que el juez que lleva el caso de alias Boliche ordenó que la Fiscalía entregue a la defensa toda la documentación disponible sobre la relación del colombiano con agencias federales.

El medio citado recordó que “Boliche” trabajó durante varios años como asistente legal de Abelardo de la Espriella en Miami, y que los informes podrían exponer todos los detalles de la relación laboral que se mantuvo durante ese tiempo, ya que la acusación incluye una presunta colaboración entre las partes cuando se cometieron los crímenes.

De acuerdo con el medio citado, la información que será entregada incluye reportes de recibos de pagos y desembolsos en los que queda en evidencia la relación que tuvo “Boliche” con la DEA, el FBI y la oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional. Cabe recordar que todos los documentos los tendrá la abogada de la defensa, Silvia Piñera Vásquez, y que estos se mantendrán bajo reserva si así lo quiere la jurista mientras avanza el caso.

Durante las audiencias se podrá conocer la información de los documentos, puesto que podrían ser claves para convencer al jurado; mientras que la defensa de “Boliche” insiste en que el acusado no firmará un acuerdo de culpabilidad.

Durante la acusación, la Fiscalía indicó que el colombiano trabajó durante 25 años como informante de Estados Unidos, mientras al unísono conspiró para lavar dinero y cometió un fraude electrónico al estafar a los capos que aceptaban someterse a la justicia.

“Él no entregaba los resultados prometidos a los traficantes y ellos frecuentemente recibían sentencias mucho más altas de lo que les fue prometido”, asegura la Fiscalía, que confirmó que hay al menos seis excapos que podrían testificar contra “Boliche”.

Así comenzó el proceso contra el excapo colombiano

La denuncia judicial contra Jorge Luis Hernández Villazón, alias Boliche, tiene origen en septiembre de 2020, cuando trabajaba como asistente legal para varias firmas, incluyendo De la Espriella Lawyers Enterprise, establecida en Miami en 2018. La acusación señala que, junto a un cómplice identificado como “Coconspirador 1”, presuntamente el abogado colombiano Daniel Peñarredonda, cercano colaborador y socio de Abelardo de la Espriella, ofrecían falsas promesas a narcotraficantes. Prometían conformar el “mejor equipo legal” de Estados Unidos y sentencias leves, aun en casos con penas mínimas de 10 años y máximas de cadena perpetua.

Hernández actuaba como enlace entre abogados y acusados, con clientes en Colombia, República Dominicana y Puerto Rico. El hoy candidato presidencial en Colombia ha negado que tuvo cercanía con “Boliche”, aunque fuentes del caso aseguran lo contrario y afirman que “Boliche” llegó a desempeñar funciones personales para el abogado. Hernández habría presentado a De la Espriella en el entorno de abogados dedicados a casos de narcotráfico y le facilitó contactos de clientes, recibiendo comisiones por estas gestiones.

El 11 de junio se registró la imputación por el delito de secuestro extorsivo contra Stiven Mesa Londoño, más conocido como Blessd, artista colombiano al que la Fiscalía vincula con una denuncia sobre la privación de la libertad de una persona con el objetivo de obtener un beneficio económico.

De acuerdo con el denunciante, dos trabajadores de Blessd lo retuvieron tras asistir a un encuentro en el que le reclamaron por representar al imitador del reguetonero. En entrevistas a diferentes medios, la presunta víctima aseguró que el artista le envió un mensaje durante la retención en la que aseguraba que, de estar en el sitio, lo habría torturado. Esta situación se suma a las acusaciones de secuestro extorsivo, pues la víctima asegura que durante la retención le hicieron exigencias económicas y fue hostigado.

Durante la audiencia, que fue aplazada y continuará el 12 de junio, el fiscal indicó que el caso fue priorizado por la gravedad de los hechos y la notoriedad pública del implicado.

En la audiencia de imputación se expusieron los elementos que vinculan al artista con el caso, así como las circunstancias en las que se habría registrado el secuestro. Blessd, Sebastián Jaramillo Moran (su representante), Laura Moreno Restrepo (exabogada del artista) y Julián David Giraldo se declararon inocentes. En la siguiente diligencia, la Fiscalía evaluará si solicitará medidas de aseguramiento mientras avanza la investigación judicial.

¿De cuánto tiempo sería la condena si el artista es declarado culpable?

Aunque el proceso está comenzando, en Colombia genera interés el alcance del caso que protagoniza el reguetonero de 26 años, principalmente por el tiempo que podría pasar en prisión si es declarado culpable.

Para entender las posibilidades del caso, en diálogo con Infobae Colombia el abogado penalista Johan Montenegro habló sobre las características de la acusación contra Londoño y la posible condena.

“El delito de secuestro extorsivo está tipificado en el artículo 169 del Código Penal. Esta conducta implica privar de la libertad a una persona con el propósito de obtener un provecho económico o de cualquier otra índole, ya sea para sí mismo o para un tercero. La pena prevista para este delito es de 25 a 40 años de prisión. Si el secuestro termina con la muerte o lesiones graves de la víctima, la condena sería mayor”.

El jurista explicó que existen variables legales que pueden incidir en la reducción de la pena; una de ellas es la aceptación de cargos, lo que provocaría una rebaja de entre el 33% y el 50% de la pena final, lo que se define dependiendo del momento procesal y la colaboración brindada por el imputado.

Aunque es algo que ya no se puede registrar en este caso porque los procesados no aceptaron cargos, el abogado afirmó que al hablar de colaboración eficaz se hace referencia a entregar información para esclarecer los hechos o identificar a más responsables, además del poder adquisitivo para reparar de alguna forma a la víctima.

En el caso de Blessd y su representante, que aseguran no ser responsables de los cargos que les fueron imputados, además de definir si son culpables o no, si se comprueba la existencia de agravantes, como la participación de varias personas, violencia excesiva, uso de armas o afectación a menores, la pena puede ser incrementada. Esto será definido tras la valoración de los elementos probatorios y las circunstancias particulares del caso, por lo que el experto cree que pasarán varios meses antes de que esto se registre.

Cabe recordar que los abogados Santiago Trespalacios y Andrés Arango, defensores de Blessd, emitieron un comunicado señalando que existe desinformación sobre el caso. Aclararon que Stiven Mesa Londoño no estuvo presente ni participó en la reunión registrada en junio de 2022.

Los juristas explicaron que los hechos investigados fueron por el uso no autorizado de la imagen del artista y que el caso fue reportado ante las autoridades en 2022, cuando la Fiscalía había planteado archivarlo. Añadieron que las partes acordaron justicia restaurativa, que el denunciante incumplió con ello y que la defensa ejercerá acciones tras la nueva imputación.

Un informe de The Athletic y The New York Times ubicó la camiseta de la selección de Haití como una de las más feas de la Copa del Mundo 2026 y entre los puntos que mencionó el periodista Nick Miller para dar su calificación estuvo la referencia de un hecho histórico como algo innecesario para el diseño.

“A primera vista, un diseño donde el logo del fabricante es más prominente que el del equipo o país resulta sospechoso. Al observarlo con más detenimiento, se aprecia un diseño inusual en la zona del abdomen/cadera, que parece representar a un grupo de hombres sosteniendo una bandera en una montaña. Aparentemente, hace referencia a la Batalla de Vertières de 1803, el enfrentamiento final de la Revolución Haitiana contra las fuerzas de Napoleón, pero sin ánimo de ofender a ninguna nación, desde un punto de vista puramente estético… resulta un tanto extraño”, escribió Miller en el informe citado sobre la camiseta de Haití.

Sorpresivamente, tras la publicación del ranking, la FIFA le pidió a la Federación de Haití cambiar la camiseta de local por incluir un mensaje político en su diseño. Saeta, marca colombiana que viste a esta selección, tendrá tres días para hacer esta modificación, ya que el debut del combinado del Caribe será el 13 de junio ante Escocia.

Los argumentos de la FIFA

La FIFA ordenó a la selección de Haití modificar su camiseta porque el diseño realizado por la empresa Saeta incluye en la parte inferior una ilustración de la Batalla de Vertières, un episodio clave para la independencia del país caribeño, que se registró el 18 de noviembre de 1803.

Según la FIFA, este elemento visual podía interpretarse como un mensaje político, algo prohibido por los reglamentos de equipamiento del organismo internacional. Aunque la FIFA no detalló públicamente qué parte específica originó la decisión, la referencia histórica fue la señalada por la prensa y analistas.

Saeta explicó en un comunicado que el diseño pretendía rendir homenaje al pueblo haitiano y no tenía intención política. Aclaró que la FIFA consideró que ciertos elementos podían interpretarse de manera diferente y por ello solicitó los cambios, que fueron acatados.

La camiseta original también presentaba la silueta de una palmera caribeña en la espalda y una gama de colores inspirada en el Mar Caribe. El detalle de la Batalla de Vértières fue uno de los más celebrados por aficionados y diseñadores en redes sociales. En paralelo, la diseñadora ítalo-haitiana Stella Jean presentó la colección L’Haitiana, inspirada en el fútbol haitiano, que se volvió tendencia durante el torneo. La FIFA no emitió una explicación pública detallada sobre los motivos de su decisión; Saeta reiteró su orgullo por participar en este momento histórico para el fútbol haitiano y cumplió con los cambios solicitados; sin embargo, hasta el momento no ha sido publicado el resultado final.

El vínculo entre Saeta y Haití

En Colombia se ha destacado que la participación de Haití hará que una marca cafetera diga presente en la cita orbital, puesto que la nación del Caribe es vestida por la empresa bogotana Saeta, que se fundó en 1982, ocho años después de que Haití jugó por última vez la copa del mundo, en esa ocasión, en Alemania Federal, la selección de Concacaf ocupó el último lugar del grupo cuatro, que compartió con Polonia, Argentina e Italia.

La relación entre Saeta y Haití comenzó tras el terremoto registrado en la nación del Caribe en 2010, después de ello la marca colombiana se ofreció a realizar las prendas deportivas de la selección de fútbol de manera gratuita, lo que fue recompensado con un vínculo contractual de varios años cuando la situación mejoró en el país.

La camiseta oficial de Haití para la Copa Mundo 2026 se encuentra en las tiendas virtuales de Saeta por un precio de 405.900 pesos; además, está disponible la versión anterior con un 50% de descuento, es decir: 202.950 pesos.

Antes del inicio de la Copa del Mundo, el periodista colombiano Gustavo Torres fue tendencia en redes sociales por compartir infografías con información sobre la transmisión del torneo de naciones en el país.

El contenido incluyó las opciones que tendrán los colombianos para ver los 104 partidos que se disputarán entre el 11 de junio y el 19 de julio en Norteamérica, destacando los canales nacionales y las plataformas de streaming que adquirieron los derechos televisivos.

En algunos casos, como se registró con el partido inaugural entre México y Sudáfrica, los colombianos tendrán hasta ocho formas de ver los compromisos deportivos, por lo que es necesario analizar varios factores diferenciales.

Para algunos fanáticos, el narrador y el analista que estén a cargo de la transmisión son fundamentales para quedarse con una de las opciones, mientras que para otros usuarios el término “delay” es clave.

En transmisiones de eventos masivos como la Copa del Mundo, el “delay” es el tiempo que pasa entre lo que ocurre en el estadio y el momento en que la imagen o el audio llega a los espectadores. Esto ocurre por el procesamiento, codificación y distribución de la señal a través de diferentes plataformas.

Tras el compromiso en el que ganó México 2-0 contra Sudáfrica, Gustavo Torres, periodista tecnológico, hizo una publicación en la que explicó cuál es la transmisión que menos tardó en mostrar lo que pasó en el escenario deportivo en Colombia.

“Una información muy importante para muchas personas es el delay que existe entre los diferentes canales/plataformas. Aquí tienen el dato comparando servicios de TV y de streaming, tomando como referencia la señal TDT de los canales nacionales”, escribió el comunicador.

Las transmisiones de televisión nacional o TDT de Caracol y RCN marcan el punto de partida, como las que van más cercanas con el registro de los hechos. En el caso del canal de YouTube de RCN, la diferencia con el canal convencional es de 16 segundos.

En el caso de DirecTV, que comercializa paquetes de televisión satelital en Colombia, la diferencia con la transmisión de origen es de seis segundos, otra opción que tiene esta empresa es DGO, como una variante de plataforma de streaming, que tiene un retardo de 14 segundos.

Caracol cuenta con Ditu como opción para los usuarios que ven su transmisión en aparatos electrónicos, pero allí los espectadores verán 26 segundos después lo que pasó en el partido. En la alternativa de esta índole que habilitó RCN, la diferencia es de 33 segundos.

En cuanto a las otras plataformas de streaming que están disponibles en Colombia, Disney+, que es popular por contar con los derechos de transmisión de la UEFA Champions League, tiene delay de 31 segundos. Mientras que Paramount+, que anunció una alianza con DirecTV para presentar la Copa del Mundo para sus nuevos suscriptores, tiene un retardo de 32 segundos.

Otro factor que ha dado que hablar antes de que Colombia debute en la Copa del Mundo son los analistas que han sido contratados por las cadenas de televisión y las plataformas de streaming para superar a sus rivales.

A nivel local, Caracol apostó por el entrenador argentino Rodolfo de Paoli, popular en su país por la frase “Todos somos Montiel”, que dijo antes del cobro con el que la Albiceleste se quedó con el título en Qatar 2022; RCN tendrá dos analistas, Carlos Antonio Vélez y Juan Felipe Cadavid, mientras que el plus adicional es la narración de Eduardo Luis López.

En el caso de Disney+, anunció que Radamel Falcao García, leyenda del fútbol colombiano, analizará las acciones de juego junto con Carlos Valdez, mundialista con Colombia en Brasil 2014.

El 11 de junio, el candidato presidencial Iván Cepeda presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Penal Internacional contra Abelardo de la Espriella, su rival en la segunda vuelta electoral.

Cepeda acusó al abogado de haber incurrido en delitos relacionados con crímenes de lesa humanidad cometidos por estructuras paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La denuncia es por los delitos de concierto para delinquir, financiación de terrorismo y enriquecimiento ilícito.

Durante una rueda de prensa, Cepeda afirmó que esta acción judicial se diferencia de otras contra De la Espriella porque incorpora nuevos elementos y documentos recabados en procesos judiciales y de esclarecimiento de la verdad. Según Cepeda, siempre se había sospechado la complicidad de De la Espriella con los paramilitares, pero ahora asegura contar con pruebas documentales que demostrarían su pertenencia a las AUC.

El candidato sostuvo que existen elementos probatorios que indicarían que De la Espriella habría colaborado en el reclutamiento de personas para los paramilitares y que habría intentado silenciar a líderes de las AUC para evitar que revelaran su participación en crímenes cometidos. Además, el denunciante mencionó presuntas pruebas de sobornos relacionados con la elección de Mario Iguarán como fiscal general.

La denuncia ha hecho que se recuerde el rol que tuvo el abogado durante el “Acuerdo de Ralito”, como se le conoce al acuerdo de paz que las AUC firmaron con el Estado.

El rol de Abelardo de la Espriella en el Acuerdo de Ralito

Abelardo de la Espriella desempeñó un papel visible en el proceso de paz entre el Estado colombiano y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), principalmente a través de su participación en la Fundación Iniciativas por la Paz (Fipaz). Esta organización tuvo la responsabilidad de organizar la estructura y algunos aspectos logísticos de la negociación, lo que situó al abogado en encuentros y escenarios clave donde voceros de las AUC y representantes del gobierno sostuvieron conversaciones formales.

Su presencia fue documentada en fotografías de esos encuentros y, según declaraciones del propio De la Espriella, su rol se limitó al acompañamiento civil y a la gestión de actividades públicas dentro del marco del proceso.

Durante ese periodo surgieron acusaciones señalando al abogado como “empleado” de los cabecillas paramilitares involucrados en el Acuerdo de Ralito. Esas imputaciones incluyeron testimonios de presuntos testigos que afirmaron que De la Espriella recibió dinero de integrantes de las AUC, específicamente de alias Macaco; sin embargo, el principal testigo que lo implicó terminó retractándose públicamente, reconociendo que su acusación fue un error. De la Espriella aclaró en medios de comunicación que conoció a Salvatore Mancuso desde la infancia, pero nunca tuvo vínculos cercanos con él durante el tiempo que estuvo en las AUC.

Las actividades desarrolladas por la Fipaz, bajo la coordinación de De la Espriella, incluyeron la organización de foros públicos, a los cuales se convocó a la prensa. En una de las investigaciones judiciales que se abrieron sobre estos hechos, se confirmó que los pagos para la realización de estos foros provinieron de los propios paramilitares, pero con la autorización del Gobierno Uribe, lo cual fue consignado en los procesos respectivos.

Las denuncias penales abiertas contra De la Espriella por supuestos vínculos con el paramilitarismo y el manejo de dineros ilícitos fueron archivadas y precluidas en 2009 por la Fiscalía 10 Especializada Antiterrorismo, que determinó que no existían méritos legales para continuar con la acusación. El propio De la Espriella ha señalado que todo su accionar durante el proceso de paz se ajustó a la legalidad, considerándolo una “labor de paz” y ha defendido públicamente su participación en ese contexto, asegurando que, de ser necesario, lo volvería a hacer.

En diálogo con Caracol Radio, Salvatore Mancuso confirmó que conoció a Abelardo de la Espriella en su juventud, y aunque afirmó que la amistad sigue vigente, no vinculó al jurista con las AUC.

“Abelardo es amigo, conocido desde jóvenes, lógico, yo tengo más edad que él. Abelardo es muy amigo, tenía una relación muy profunda, muy grande con el doctor Mario Iguarán para esa época, desde antes de que fuera fiscal. Cuando fue fiscal general eran amigos íntimos, tenían una gran ascendencia el uno sobre el otro y básicamente es lo que conozco al respecto”.

En diálogo con Infobae Colombia, la abogada Sondra Macollins, excandidata presidencial en los comicios del 31 de mayo, habló sobre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, que se disputarán el cargo más importante del país el 21 de junio.

En primer lugar, indicó que en su concepto el candidato del Pacto Histórico perdió la oportunidad de ser presidente en primera vuelta por no hacer campaña y quedarse con la popularidad del Gobierno nacional.

“Opino que es un señor bastante impopular, oscuro, que no habla. Pensaba que estaba ganado y ahora que ya vio que no ganó en primera vuelta y que ni siquiera ganó el primer lugar, está desesperado junto con el Gobierno. Han cometido muchísimos errores y eso creo que le va a costar la presidencia”.

Macollins indicó que no está de acuerdo con las propuestas que tiene Iván Cepeda, motivo por el que no apoyará su candidatura a pesar de los problemas que tiene con Abelardo de la Espriella.

“No comulgo con su forma de gobierno, la que propone, y menos con la Asamblea Nacional Constituyente, porque pienso que quiere proponer un parlamentarismo que en Colombia, pues si todavía no hemos podido pasar a la descentralización, mucho menos podemos aguantar un cambio tan extremo de gobierno. No me parece la mejor opción para Colombia”.

Sobre el abogado, declaró que es una mala persona y que está segura de que será peor si llega a la Casa de Nariño después de los comicios del 21 de junio.

“De Abelardo de la Espriella opino que es un showman que tenía como uno de sus objetivos, de sus varios emprendimientos, llegar a la presidencia de la República, como parece que lo va a lograr y, desafortunadamente, el panorama para mí es bastante oscuro porque tiene más personalidad de tirano que de gobernante. Con plata ha sido un arrogante, prepotente, mala persona, con poder creo que va a ser un absoluto desastre”.

En cuanto a un hipotético Gobierno de Abelardo de la Espriella, la jurista indicó que la derecha política no ha tenido en cuenta que los ciudadanos saldrán a las calles si no les gustan de las decisiones que se tomen durante el mandato.

“Los de la derecha colombiana van a estar muy felices, pero va a tener que enfrentar cuatro años de ira e intenso dolor de la mitad de los votantes. Diez millones de personas no son poca cosa y son 10 millones de personas que están dispuestas a salir a las calles, a bloquear”.

Para Macollins, que cree que Abelardo de la Espriella será el ganador en la segunda vuelta, Colombia se debe preparar para un gobierno negativo. “Va a tener bastante dificultad, no va a tener Congreso, va a tener un Senado y unos representantes en oposición. El panorama realmente está oscuro, no para él, sino para todo el pueblo colombiano”.

“Avizoro cuatro años más de oposición intensa, de violencia, de desorden, y el pueblo colombiano es el que va a perder”, indicó la jurista sobre lo que espera del próximo gobierno, sobre el que afirmó que le enseñará al país que es el momento de dejar de hacer política con odio.

“Tenemos que aprender que hay que bajarle al odio, a la violencia. Hay candidatos que hablan de paz, pero no se puede llegar a ella haciendo política de violencia, eso no es así“, puntualizó Macollins, que anunció que seguirá ligada a la política, que creará un partido y que volverá a ser candidata presidencial en 2030, confiando en que tendrá más presencia en los territorios ayudando a los líderes que no tienen respaldo de los políticos tradicionales.

Durante la primera vuelta electoral presidencial, entre los candidatos independientes se destacó la abogada penalista Sondra Macollins, que llamó la atención de la opinión pública al hablar de la importancia de la tecnología artificial para gobernar y aseguró que es necesario que en Colombia se eliminen las gobernaciones departamentales.

Al final de los comicios, la jurista recibió poco más de 19.000 votos, lo que calificó como algo positivo, al recordar que es su primera participación en política.

En diálogo con Infobae Colombia, Macollins habló sobre el inicio de su carrera política, sus retos a corto plazo y las conclusiones a las que ha llegado luego de las elecciones del 31 de mayo.

En primer lugar, la abogada se mostró triste al hablar del presente político del país, que en su concepto está colapsado por el odio.

“El balance de las elecciones para mí es que el país está totalmente polarizado, llevado del odio que han generado los dirigentes políticos. Un poco culpa de Petro, que ha sido el presidente que ha generado toda esta polarización y un poco culpa de Uribe, que también se ha prestado para seguir generando violencia y polarización”.

Sondra Macollins habló sobre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella para lamentar que el pueblo colombiano deba ser dirigido, sin importar el ganador, por un político que busca el bienestar de un solo sector.

“Quedamos en la mitad de dos candidatos que los dos están a los extremos y que uno va a gobernar para un sector de la población y el otro para el otro. Por lo tanto, pues avizoro cuatro años más de oposición intensa, de violencia, de desorden y el pueblo colombiano es el que va a perder”.

Sobre su futuro, anticipó que no abandonará la idea de conformar un colectivo político en el que los líderes que no cuentan con el poder financiero para hacer campaña, puedan presentarse en las elecciones regionales.

“Lo que sigue para mí es la creación del Partido Digital, el primero en Colombia, como lo dije desde un principio, la meta no eran solo estas elecciones. La meta es crear un liderazgo nuevo, femenino, de la mano de la tecnología, que permita que todos los colombianos estemos en igualdad de condiciones. Cambiar la forma de hacer política, que la política deje de ser un privilegio para unos pocos y para las maquinarias o los ricos del país y se convierta en una herramienta para cualquier ciudadano que quiera hacer algo por su comunidad”.

Además, anunció que no renunciará a su idea de ser presidenta de Colombia, y que está convencida de que en cuatro años tendrá más poder colectivo para poder llegar a la Casa de Nariño.

“Le vamos a apostar toda a la creación del Partido Digital. Estaré en las elecciones regionales apoyando a todos los líderes que han cargado la maleta por años de politiqueros del país, que quieren tener representación y no han tenido la oportunidad porque no tienen plata para pagar avales y porque no han tenido la maquinaria para presentarse. Estaré lista y preparada para las elecciones del 2030, donde voy a ser nuevamente candidata a la presidencia con más fuerza, con más, con más conocimiento y con una estructura fortalecida en las regionales”.

Por último, la jurista bromeó sobre las tendencias que protagonizó en las últimas semanas, y concluyó al indicar que en Colombia se debe dejar de lado el odio para hacer política o los resultados no serán diferentes a los de los últimos mandatarios.

“Me hubiese gustado que fuera antes de las elecciones y no después, pero así es la vida. Seguimos construyendo un nombre. Hay personas que comentan cosas positivas, otras negativas, así es la vida. Desafortunadamente, no todo el mundo conoce mi trayectoria ni saben de qué estoy hecha, pero estoy para presentarme, para que me sigan conociendo, seguir construyendo un nombre, sobre todo seguir construyendo una propuesta diferente, una forma distinta de hacer política, porque tenemos que bajarle al odio, a la polarización y a la violencia. Si queremos tener paz, no podemos seguir haciendo política de violencia, porque la violencia genera más violencia, no paz”.

Por ejemplo, el 11 de junio la Policía Nacional informó sobre un operativo en el que, junto con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), incautaron un cargamento de 22.980 unidades de confecciones de origen extranjero.

Con el objetivo de contrarrestar el transporte, almacenamiento y comercialización de mercancías de contrabando, una de las acciones se llevó a cabo en la localidad de Bosa, en donde uniformados identificaron la mercancía que estaba siendo almacenada en un establecimiento comercial a pesar de que no tenían la documentación que acreditara el ingreso legal de los productos al país.

Además, en la localidad de Engativá fue detenido un vehículo de carga en el que había 1.555 rollos de tela de procedencia extranjera que no cumplía con los requisitos aduaneros exigidos para su legal introducción al país.

La Policía anunció que la mercancía incautada tiene un valor comercial de más de 1.300 millones de pesos y que esta fue dejada a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

“Estas acciones reafirman el compromiso de la Policía Nacional y la Dian en la protección de la economía nacional, la defensa del comercio legal y la lucha frontal contra las diferentes modalidades de contrabando que afectan la competitividad y el desarrollo económico del país”, declaró el teniente coronel, Juan David Páez Jiménez, director de la Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, que invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad relacionada con la comercialización ilegal de medicamentos o elementos de contrabando.

Cabe recordar que, para aumentar los controles para evitar el ingreso de contrabando, el Congreso de Colombia aprobó en segundo debate un nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero, una iniciativa que busca modernizar las facultades de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) para fortalecer la seguridad jurídica en el comercio exterior.

Este proyecto, resultado de meses de discusión entre Gobierno, sector privado y gremios, responde también a un requerimiento de la Corte Constitucional sobre la necesidad de actualizar la legislación aduanera.

La nueva norma permitirá a la Dian mantener y reforzar su capacidad de control en las fronteras, evitando un vacío jurídico que habría puesto en riesgo la continuidad de más de 11.000 procesos fiscales y cerca de 1.840 actuaciones oficiales, cuyo valor total supera los 3.2 billones de pesos. Tras su aprobación en Senado y Cámara, el proyecto deberá recibir la sanción presidencial y ser publicado en el Diario Oficial antes del 20 de junio para entrar en vigencia.

¿Qué pasa con el contrabando incautado?

Una de las preguntas que más se hace la ciudadanía sobre los elementos de contrabando que son incautados por las autoridades es qué pasa con los productos textiles que no podrán ser comercializados de manera legal en el país, por lo que la Dian ha expuesto el destino que tienen gran parte de estos.

Por ejemplo, en los últimos meses, con la ayuda del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron), se entregaron zapatos y ropa a más de 2.000 jóvenes con diferentes condiciones de vulnerabilidad en Bogotá.

“A los jóvenes, niños y adolescentes, entregarle este tipo de motivaciones que hemos gestionado con la Dian. Creo que para ello es muy importante iniciar el año con la mejor actitud y un par de zapatos nuevos para ellos significa mucho”, indicó a CityTV Javier Palacios, director de Idipron, tras el evento.

Se cree que Escobar ordenó el asesinato de Galeano y Moncada tras enterarse de que estaban escondiendo dinero de la entrega de la cocaína al exterior y que ambos rechazaron seguir pagando un “impuesto” que el capo les cobraba por utilizar sus rutas.

Terratenientes del líder del cartel de Medellín afirmaron que los cuerpos fueron quemados para evitar que las autoridades descubrieran que los visitantes no habían salido del centro carcelario, pero las familias de los capos alertaron sobre el desenlace de los criminales, lo que terminó con el escape de Escobar ante el intento del Gobierno de cambiarlo de prisión.

Han pasado 34 años desde la muerte de los socios de Escobar, y hasta la fecha se siguen identificando propiedades que estuvieron en su poder durante el auge del cartel de Medellín.

En un caso de esta índole, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) anunció que en Medellín fue recuperada una lujosa mansión que en su momento perteneció a Fernando Galeano y Gerardo Moncada.

“Aunque su historia terminó hace más de 30 años en La Catedral, los bienes que hicieron parte de su imperio criminal siguen siendo recuperados por el Estado. Con este inmueble, ya son más de 200 activos recuperados en la región. Lo que antes estuvo ligado al narcotráfico, hoy vuelve a manos de los colombianos”.

El predio estaba siendo ocupado por Dolly Victoria Álvarez, que apareció en un informe sobre la recuperación de Los Arenales, una finca en Cartagena, Bolívar, que fue utilizada para tener a secuestrados durante el conflicto interno en los 90. “Contundentemente, se llevó a cabo la recuperación de este bien, adquirido por el cartel de Medellín con dinero que claramente provenía del nefasto delito del narcotráfico y el lavado de activos. Ahora, este inmueble hará parte de un proceso de comercialización, cuyos recursos serán destinados para la inversión social y la lucha contra el crimen organizado”, declaró la directora de la SAE, Amelia Pérez Parra, tras la intervención.

La historia sobre el predio intervenido

Infobae Colombia tuvo acceso al documento con el que la Fiscalía colombiana confirmó la extinción de dominio sobre la propiedad del “clan Galeano”, señalados de servir como testaferros del cartel de Medellín.

Según los reportes, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá envió el 7 de abril de 2010 un oficio en el que solicitó evaluar la procedencia del proceso contra los bienes de la familia Galeano.

Las investigaciones citan una lista de personas naturales y jurídicas presuntamente implicadas, además de sociedades comerciales y bienes inmuebles distribuidos en Medellín y su área de influencia. Entre las sociedades mencionadas aparecen Agropecuaria y Ganadería del Sur (Agroganasur), Comercializadora Asencofit, Importaciones San Diego, Constructora Sara Ltda., Autocamiones Ltda. y Constructora Comercial Mi Rey. De esa forma, las autoridades identificaron como integrantes del clan a Luis Fernando Galeano Berrío, Aura Galeano de Berrío, María Eugenia Galeano Berrío y Rafael José Galeano Berrío, de los cuales, la mayoría murieron en hechos violentos relacionados con disputas internas por fondos del cartel.

La propiedad intervenida es un predio rural de 400 metros cuadrados en la vereda Itagüí, que fue adquirido por Rafael José Galeano Berrío a través de escritura pública en septiembre de 2000, por un valor de 2.5 millones de pesos colombianos. También se incluye un parqueadero urbano en Medellín, comprado por el mismo individuo en 1989, por un monto de 2.7 millones de pesos.

La Unidad Nacional contra el Lavado de Activos y Extinción del Derecho de Dominio asignó la investigación a la Fiscalía Sexta Especializada, que dispuso la apertura de la fase inicial, la práctica de pruebas y la prórroga de comisiones para la obtención de información adicional, con el apoyo de la policía judicial y la dirección de antinarcóticos. Antes de la intervención se habían registrado actuaciones judiciales entre 2010 y 2012, incluyendo la comisión de pruebas y la identificación completa de los implicados.

Antes de la segunda vuelta electoral, en la que los colombianos elegirán entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda quién será el nuevo presidente de la República, figuras públicas y colectivos han anunciado a qué aspirante apoyarán el 21 de junio.

El 11 de junio el turno fue para Analtraseg, gremio sindical de la UNP que emitió un comunicado para anunciar que respaldará al abogado Abelardo de la Espriella en los comicios presidenciales.

“La Asociación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Analtraseg, organización sindical que representa a trabajadores de la vigilancia y seguridad privada, escoltas UNP y demás actores del sector de la protección en Colombia, manifiesta su respaldo a la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella y a las propuestas que ha presentado en materia de seguridad, fortalecimiento institucional y protección de los ciudadanos”, se lee en el documento.

En el comunicado se menciona que la decisión fue tomada tras revisar las propuestas sobre seguridad que han expuesto los aspirantes a ocupar la Casa de Nariño después del 7 de agosto.

“Como organización sindical, hemos escuchado con interés sus planteamientos sobre la necesidad de mejorar las condiciones del sistema de protección en Colombia, fortalecer la seguridad nacional y revisar aspectos relacionados con el funcionamiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP), con el propósito de garantizar un servicio más eficiente, transparente y oportuno para las personas que requieren medidas de protección”.

Por último, el gremio mencionó que es momento de que un gobierno le preste atención a las necesidades que tienen los trabajadores del sector seguridad en el territorio nacional.

“Analtraseg considera que el país necesita abrir espacios de diálogo serios sobre el futuro de la seguridad, la dignificación de los trabajadores del sector y el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado para enfrentar los desafíos actuales. Por estas razones, expresamos nuestro acompañamiento a esta propuesta política y nuestra disposición para aportar desde la experiencia de miles de trabajadores de la seguridad que diariamente contribuyen a la protección de la vida y los derechos de los colombianos”.

Infobae Colombia habló con Giovanni Gallo, director de Analtraseg, que insistió en las falencias que se deben corregir para que la UNP pueda garantizar la protección de las personas que están en riesgo.

“Hemos escuchado con interés sus planteamientos sobre la necesidad de mejorar las condiciones del sistema de protección en Colombia, algo en lo que hemos trabajado, también fortalecer la seguridad nacional y revisar aspectos relacionados con el funcionamiento de la Unidad Nacional de Protección. Todos buscamos garantizar un servicio más eficiente, transparente y oportuno para las personas que requieran medidas de protección”.

Gallo mencionó que durante los últimos cuatro años ha denunciado varias irregularidades al interior de la entidad y que hasta la fecha siguen sin ser resueltas problemáticas básicas.

“El día de ayer estuvimos en las instalaciones de la campaña, donde nos expresaron, comenzando con la fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, que es falso los rumores que van a cerrar la UNP. Es más, hablaron de fortalecer la UNP y terminar con la corrupción, y eso es lo que necesitamos. Nosotros buscamos trabajar en la dignificación, el mejoramiento y el crecimiento de la UNP”.

Cabe recordar que, sindicatos de la UNP han denunciado actos indebidos por parte de escoltas que trabajan para la entidad, incluyendo casos en los que esquemas de seguridad siguen cobrando por la protección de personas que están radicados en el exterior.

En la denuncia se afirma que los funcionarios que tienen la labor de verificar el cumplimiento del trabajo del personal de seguridad no han hecho el seguimiento necesario y que, en cambio, hablaron con el protegido únicamente por videollamada tras la exposición del caso.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) realizó una visita técnica al Puerto de Tumaco, Nariño, con el objetivo de verificar la capacidad logística, técnica y de almacenamiento de la infraestructura destinada al abastecimiento de combustibles líquidos para el departamento y otras regiones del suroccidente colombiano.

Durante el recorrido, la delegación conoció la operación de la barcaza utilizada como punto estratégico de almacenamiento marítimo, que cuenta con una capacidad superior a 80.000 barriles de combustible. Esta infraestructura permite fortalecer la seguridad energética regional y garantizar la continuidad en el suministro de gasolina y diésel.

El experto comisionado de la CREG, Julián Abel Mercado Redondo, subrayó la relevancia de esta infraestructura para el desarrollo económico y social del territorio. Destacó que el Puerto de Tumaco puede asegurar el suministro de combustibles líquidos para Nariño y departamentos vecinos, buscando así mantener una disponibilidad permanente para la población.

Mercado Redondo también resaltó las inversiones privadas en el puerto, considerando que estas reflejan confianza en el potencial de desarrollo de Tumaco. Añadió que esta estrategia contribuye a minimizar la exposición al contrabando de combustibles provenientes de Ecuador.

La visita permitió constatar los avances desde que la Sociedad Portuaria de Tumaco, Pacific Port, fue habilitada para la recepción y distribución de combustibles líquidos, consolidando el puerto como un punto clave para la seguridad energética del Pacífico colombiano.

Según la CREG, la infraestructura de almacenamiento estratégico instalada en Tumaco impulsa el crecimiento industrial y turístico de la región. El puerto se perfila como una infraestructura estratégica para dinamizar la economía del Pacífico, fortalecer el sector turístico y generar nuevas oportunidades comerciales.

En el sector agrícola, la cadena productiva de la palma de aceite ha registrado un aumento en las exportaciones, pasando de despachar un buque cada dos meses en 2025 a movilizar cuatro buques en un solo mes, con unas 10.000 toneladas exportadas en ese periodo. La CREG continuará acompañando la cadena logística para garantizar el cumplimiento de los estándares regulatorios y contribuir a la consolidación de un suroccidente colombiano más conectado y competitivo.

Puerto de Tumaco bate récord con exportación de 10.000 toneladas de aceite

El Puerto de Tumaco, en la costa del Pacífico colombiano, registró la exportación de cerca de 10.000 toneladas de aceite crudo de palma en enero de 2026, un volumen inédito para la terminal marítima en más de seis décadas de operación. La Sociedad Portuaria Regional Tumaco – Pacific Port atendió cuatro buques-barcazas de gran calado durante ese mes, multiplicando por ocho la frecuencia de exportaciones habituales y consolidando al terminal como un actor clave en el comercio exterior de la región.

Tradicionalmente, el puerto gestionaba el despacho de un solo buque cargado de aceite de palma cada dos meses. La atención simultánea de cuatro embarcaciones marca un cambio significativo en la dinámica portuaria local y evidencia las capacidades técnicas y logísticas del terminal. Las exportaciones realizadas en enero tuvieron como destino México, Estados Unidos y África, ampliando la presencia internacional de un producto agrícola cultivado y procesado en la región.

Este avance logístico se apoya en la reciente expansión de áreas cultivadas en el municipio de Tumaco, donde se sumaron unas 25.000 hectáreas de palma aceitera. La producción en estas plantaciones respalda la creciente demanda internacional y promueve el desarrollo agrícola y económico del territorio. La ampliación de la superficie sembrada ha permitido incrementar la capacidad productiva local, mientras se generan nuevas fuentes de empleo en la cadena de valor de la palma.

El impacto de la operación también se refleja en el ámbito laboral. La totalidad de la mano de obra que intervino en las maniobras portuarias corresponde a trabajadores tumaqueños. La administración de la terminal ha priorizado la contratación local, fortaleciendo el perfil técnico de la región y creando oportunidades directas e indirectas para los habitantes.

El 10 de junio Gustavo Petro llegó a Nueva York, Estados Unidos, en donde asumió la Presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y participó en el evento “Explorando Nuevos Caminos para el Diálogo entre Civilizaciones y de Manera Conjunta Escribir Nuevos Capítulos para la Gobernanza Global”.

El mandatario nacional criticó a Estados Unidos, habló de la necesidad de resolver problemas mediante la comunicación, rechazó el odio que se registra en redes sociales y cuestionó, sin nombrarlo, las propuestas que ha hecho el candidato a la presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella.

“La ideología falsa de la raza y de la migración como enemigo fundamental nos lleva a lo que plantearon ayer, muy expandido por la red X y con inteligencia artificial, que es la pena de muerte a todos los migrantes”, fue parte del discurso del presidente.

Entre la suspensión y una reunión cancelada

Gustavo Petro se enteró del auto promovido por la representante a la Cámara Gloria Elena Arizabaleta, en el que se planteó una suspensión provisional en contra del mandatario.

Desde la ONU, Petro afirmó que las acusaciones por presunta participación política no tienen fundamentos, aseguró que se ha defendido de los ataques y le envió un mensaje a su gabinete.

“Le voy a pedir a mis ministros y ministras que han recibido a la congresista con sus peticiones que las hagan evidentes. Creo que posiblemente estamos hablando de una extorsión, ya no está en su derecho de representación, sino como criminal. Quiero que mis ministros confiesen bajo gravedad de juramento ante la Corte Suprema de Justicia qué peticiones exactamente pedían y se desarrolle un proceso para convencer al Congreso de Colombia que estábamos bajo una extorsión que yo no creí y no acepto”, declaró el presidente de Colombia.

La jornada no terminó de esa forma para el mandatario colombiano, que horas más tarde fue el protagonista de un informe en el que The Washington Post reveló que el Gobierno de Donald Trump intervino para impedir una reunión privada y un evento público entre Gustavo Petro y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Fuentes mencionadas por el medio citado afirmaron que el Departamento de Estado advirtió a delegados colombianos que el encuentro era “inaceptable” y que, si Petro seguía adelante con el evento, la administración Trump procedería a su captura de inmediato.

A pesar de que Petro ejerce la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de la ONU, su visa estadounidense fue revocada formalmente en 2025 tras un discurso propalestino y solo puede permanecer en el perímetro de la ONU en Manhattan, pero no circular libremente en el resto del país norteamericano. The Washington Post aseguró que la reunión fue cancelada, mientras que la administración Trump defendió la decisión por las críticas reiteradas de Petro hacia su Gobierno.

“Como le cancelaron la cita con el alcalde @NYCMayor entonces se fue de shopping”, escribió la periodista Darcy Quin en una publicación que realizó en su cuenta de X, en la que aseguró que Petro terminó haciendo compras en Nueva York tras la ajetreada jornada que vivió el 10 de junio.

La comunicadora indicó que Petro estuvo en Columbus Circle, que es una importante rotonda y espacio público ubicado en el suroeste de Central Park, y que ingresó a Nordstrom, una cadena estadounidense de tiendas departamentales de lujo, conocida por su amplia oferta en moda, calzado, accesorios, belleza y artículos para el hogar.

En Nueva York, Nordstrom tiene una de sus tiendas insignia cerca de Columbus Circle, específicamente en Broadway con la calle 57. Es uno de los puntos de compras más relevantes de la ciudad y destaca por su atención al cliente y variedad de marcas de alta gama.

Antes del inicio de la Copa del Mundo 2026, es tendencia el creador de contenido argentino David Quint, más conocido como Davo Xeneize, que en la última transmisión que hizo en su canal de Kick pronosticó los resultados del torneo de naciones.

En Colombia llamó la atención el cariño que afirmó tener el argentino por la Tricolor, a la que llenó de elogios antes de hablar sobre el grupo K, en el que comparte cuadrangular con Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán.

Para la primera fecha del grupo, el streamer afirmó que Portugal derrotaría 5-0 a la República Democrática del Congo y que Colombia superaría 3-0 a Uzbekistán. “Es el típico partido en el que los jugadores bailan en los goles, literal”.

Davo Xeneize indicó que en la segunda jornada Portugal y Colombia ganarán sus partidos y que de esa forma llegarán con los mismos puntos a la última fecha.

“Un jugador colombiano se va a hacer expulsar por tirarle la camisa a la hinchada, por algo así, va a comenzar el ambiente de mundial para los colombianos. No sé qué, pero una pelotudez un colombiano va a hacer”, anticipó el streamer sobre el partido entre la Tricolor y República Democrática del Congo.

El argentino afirmó que Colombia y Portugal igualarán en la última jornada y que el liderato del grupo será para los europeos por diferencia de gol. “Que complicado este partido, para mi van a empatar y va a quedar Portugal primera”.

Davo Xeneize aseguró que Colombia será derrotada en octavos de final

Al hablar de los duelos directos, el argentino pronosticó un triunfo de la Tricolor contra el segundo del grupo L, que según él será Ghana, por un marcador de 2-0.

En la otra llave afirmó que España superaría a Argelia y que de esa forma Colombia tendría que disputar un lugar en los cuartos de final contra la vigente campeona de la Eurocopa.

“Para mí este partido lo va a ganar España. Colombianos, los quiero con todo mi corazón, pero si les toca España están fuera. Si les toca el camino de Portugal es otra cosa, pero con España es muy difícil. Perdón colombianos, ojalá me equivoque porque yo quiero que a Colombia le vaya muy bien”.

El creador de contenido terminó su pronóstico indicando que Argentina, Japón, Francia y España serán los semifinalistas del torneo y que la final será ganada por España 2-1 en una definición contra Francia.

“España es mi campeona del mundo, Francia va a perder dos finales consecutivas. Esa es la predicción de Davo Xeneize para la Copa del Mundo”, puntualizó el streamer que considera que su nación derrotará a Portugal en cuartos de final, pero no podrá avanzar nuevamente a la final.

El creador de contenido no es el único que ha anticipado un hipotético triunfo de España en el torneo de naciones, ya que la mayoría de simulaciones y análisis de datos, incluyendo el supercomputador de Opta y otros modelos y casas de apuestas, como DraftKings, afirman que España tiene una probabilidad del 16.1% de quedarse con el título, seguida de Francia (13%), Inglaterra (11.2%) y Argentina (10.4%).

Los panelistas de SportsLine Jon Eimer y Martin Green coinciden en que Francia y España son apuestas fuertes, destacando la experiencia y la profundidad de la plantilla francesa, además del momento positivo de la selección española tras ganar la Eurocopa 2024. Mientras tanto, equipos como Portugal, Alemania y Países Bajos figuran entre los favoritos secundarios.

En cuanto a sorpresas, algunos analistas mencionan a Turquía y Ecuador como posibles revelaciones, aunque con probabilidades bajas de título. Los equipos anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) son vistos como poco probables para consagrarse campeones según las simulaciones. En la mayoría de pronósticos, Colombia es derrotada por España en octavos de final.

Como detalles del proyecto, se informó que conectaría las comunas dos y tres de Soacha con la autopista Sur, el macroproyecto de vivienda Ciudad Verde, la avenida San Marón y la localidad de Bosa, facilitando una velocidad constante de 50 kilómetros por hora en el corredor que sería de doble calzada.

La ejecución de la obra estuvo a cargo del consorcio CC Intersección avenida Bosa, conformado por Conconcreto S.A. y Conconcreto Proyectos SAS, con una inversión total de 181.740 millones. Para el tramo de Soacha, la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca aportaría 26.000 millones de pesos y la Alcaldía de Soacha 1.959 millones adicionales. El cronograma establecía una duración de 32 meses, por lo que debía ser entregada en enero de 2026.

En la primera fase iban a ser construidas dos calzadas de dos carriles entre la calle 65 sur y la avenida Bosa (calle 59 sur). Estos tramos iban a servir como desvíos durante la intervención en la intersección con la autopista Sur.

El proyecto contemplaba nueve tramos de intervención en Soacha, incluyendo un puente sobre la quebrada del Humedal Tibánica para unir los barrios Olivos, Olivares y La María; además de eliminar el pico y placa los fines de semana, que se extiende durante los puentes festivos.

Vía que iba a descongestionar la autopista Sur se convirtió en un basurero

En sus redes sociales, el concejal de Soacha Danny Caicedo denunció que la alcaldía municipal lleva un año sin intervenir en la avenida Las Torres, que se ha convertido en un depósito de basura desde hace varios meses.

De manera sarcástica, Caicedo se grabó junto a la vía afectada con un pastel de cumpleaños en sus manos, que fue utilizado para “celebrar” el primer año de la vía que iba a solucionar los problemas de movilidad en el municipio.

“Hace 365 días vinimos acá, a denunciar el abandono de la avenida Las Torres. Hoy encontramos exactamente lo mismo, misma vía, mismo abandono y las mismas promesas incumplidas”.

Caicedo pidió que el alcalde de Soacha deje de prometer soluciones en sus discursos y comience a cumplir con los contratos que ya han sido aprobados, puesto que, en teoría, la vía mencionada tendría que haber sido entregada hace seis meses.

“‘Perico’, gobernar no solo es salir en fotos y publicaciones en redes sociales, gobernar es solucionar problemas, la avenida Las Torres lleva dos años y medio de su gobierno esperando. Los soachunos estamos mamados del trancón de la autopista Sur y esta es una vía que nos puede conectar con Bogotá”.

Los reclamos contra el alcalde de Soacha incluyen señalamientos en los que se afirma que no ha gestionado nada sobre la obra porque se trata de un contrato firmado por el anterior mandatario municipal.

En su momento, el exalcalde de Soacha Juan Carlos Saldarriaga afirmó que con este proyecto se fomentaría el comercio, el turismo y el transporte de alimentos para la mitad de los habitantes del país, ya que por medio de la avenida Las Torres las personas podrán desplazarse hasta Bogotá con mayor rapidez, lo cual ayudaría a desembotellar este sector de la ciudad.

“Esta no es una vía solo para carros; esta obra va a transformar nuestra ciudad porque son cuatro carriles más de conexión con Bogotá. Actualmente, es una trocha que sirve para desembotellar la ciudad. No solo va a mejorar la movilidad, sino también la seguridad. Nos sentimos en un territorio distinto en el que hemos avanzado. Gracias, Gobernador por creer y confiar en Soacha”, fueron las palabras de Saldarriaga en mayo de 2023.

El 4 de abril de 2025 se registró el asesinato de Sara Millerey González, una mujer trans que fue víctima de un crimen de odio por parte de presuntos integrantes de la banda delincuencial El Mesa.

Dos individuos, que fueron capturados por las autoridades, fueron acusados de haber agredido a González, provocarle 30 fracturas y posteriormente arrojarla a la quebrada La García, en Bello, Antioquia.

Testigos presenciales, aparentemente amenazados por los agresores, no intervinieron, pero se encargaron de grabar cómo Sara luchó contra la corriente tras el ataque. Esta grabación fue viral en redes sociales y se convirtió en una de las pruebas clave del caso.

Sara fue rescatada con vida y trasladada a un hospital, donde falleció días después debido a un choque hipovolémico causado por las fracturas. El caso provocó protestas y movilizaciones en el país, que hasta la fecha siguen pidiendo que el Estado mejore la protección de las personas trans y de la comunidad Lgtbiq+.

En junio de 2025, la Ley Integral Trans fue rebautizada como Ley Sara Millerey, mientras que el caso no ha terminado, y aunque la Fiscalía ha mencionado que cinco individuos participaron en el ataque, solo dos han sido capturados hasta el momento.

Juan Camilo Muñoz, alias Teta, y Juan David Echavarría, alias Chucky, fueron imputados por homicidio agravado y tortura, pero más de un año después siguen sin ser condenados, generando indignación en la comunidad trans del país.

Además, el Observatorio de Derechos Humanos de la ONG Caribe Afirmativo informó que desde el asesinato de Sara se han registrado 35 homicidios de mujeres trans en Colombia, lo que evidencia la gravedad y persistencia de la violencia contra esta población.

Familia de Sara Millerey pide celeridad en el proceso, capturados podrían quedar libres

En diálogo con La FM, familiares de Sara Millerey denunciaron que por las demoras en el proceso judicial contra los presuntos responsables del asesinato, registrado en abril de 2025, los capturados podrían quedar libres.

Saúl León, abogado de la familia, reveló que el juicio oral contra los acusados no ha podido instalarse por mecanismos que la defensa ha utilizado para dilatar el proceso, lo que incrementa el riesgo de que los procesados queden en libertad por vencimiento de términos si la situación no se resuelve en los próximos días.

León recordó que los vinculados al proceso son Juan David Echavarría Zapata, alias Chucky, y Juan Camilo Muñoz Gaviria, alias Teta, sobre los que se sigue sin confirmar que se trate de integrantes de la banda delincuencial El Mesa por posibles falencias de los fiscales del caso.

Aunque ambos están procesados por homicidio y tortura, la investigación no ha logrado avanzar hacia la etapa de juicio oral debido a aplazamientos y cancelaciones de audiencias. El jurista afirmó que al menos seis audiencias han sido suspendidas o reprogramadas por diversas razones. Aunque algunas de estas cancelaciones han sido justificadas, otras generan inquietud en la familia por el posible impacto en los tiempos procesales.

El abogado advirtió que, si no se instala el juicio oral pronto, los acusados solicitarían su libertad y podría procederse a su excarcelación por vencimiento de términos, mientras los familiares de la víctima reclaman mayor celeridad en las actuaciones judiciales. La familia enfatizó que se cuenta con suficiente material probatorio para llevar el caso a juicio y obtener una decisión de fondo.

“Estamos a las puertas. No podría precisamente arriesgar el proceso judicial dando una fecha establecida, pero si no se instala el juicio oral y público en las próximas semanas, seguramente pueden materializarse las solicitudes y lo peor es que podrían llegar a ser decretadas esas libertades de estas personas involucradas", declaró el jurista al medio citado.

El 30 de abril de 2026, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) anunció que concretó la venta de un palco del estadio del Deportivo Cali, ubicado en el corregimiento de Palmaseca, en Palmira, Valle del Cauca.

Este palco fue vendido tras 31 horas de subasta por 358 millones de pesos; en el procedimiento participaron cinco oferentes y se registraron 92 lances (aumento de la oferta anterior).

“El inmueble incluye vista directa a la cancha y cuatro parqueaderos. Su incorporación al patrimonio estatal se produjo en octubre de 2021, luego de una sentencia de extinción de dominio que lo vinculó a investigaciones relacionadas con narcotráfico internacional, asociadas a una organización criminal liderada por Shirley Herrera Colorado y Jair Sánchez Hernández, alias Mueble Fino”, explicó la SAE en un comunicado oficial.

Así fue como el palco terminó en poder de ‘Mueble fino’

El 10 de junio, El Tiempo informó detalles de cómo “Mueble Fino” terminó siendo el dueño de uno de los palcos del estadio del Deportivo Cali, que cuando se estrenó el escenario deportivo costaba alrededor de 88 millones de pesos.

En el informe se divulgaron detalles de una sentencia de extinción de dominio en la que seis personas aceptaron haber sido testaferros de Jair Sánchez Hernández, conocido en el mundo criminal como “Mueble Fino”.

Sánchez fue parte del cartel del norte del Valle como cobrador de la estructura criminal que tomó el poder en la región tras la caída de los hermanos Rodríguez Orejuela. Recibió su alias debido a que priorizaba estar vestido de gala en todo momento.

La primera vinculación de “Mueble Fino” en un caso judicial se registró en 1991 tras el descubrimiento de un laboratorio de cocaína en una propiedad que estaba a nombre de Sánchez. Desde entonces, y hasta 2012, tribunales en Estados Unidos mencionaron a este individuo en informes sobre actividad criminal, por lo que fue extraditado en 2016 a Norteamérica.

Tras cumplir una condena de tres años en Estados Unidos, “Mueble Fino” volvió a Colombia y fue recapturado por las autoridades en mayo de 2021 en Chía, Cundinamarca.

En ese momento las autoridades afirmaron que era miembro de la organización criminal La Gran Alianza, compuesta por antiguos miembros del cartel de Cali que buscaban recuperar dinero invertido en testaferros.

La intención de recuperar su fortuna fue lo que hizo que las autoridades identificaran el predio ubicado en el escenario deportivo, que estaba a nombre de Marlon Hernández Herrera, además de que se encontraron conductas indebidas por parte de su esposa, Blanca Elena Herrera, que fue accionista del sistema de transporte MIO en la capital vallecaucana. El testaferro de “Mueble Fino” también era propietario de tres parqueaderos aledaños al escenario deportivo ubicado en Palmaseca.

‘Mueble Fino’ cumple con una condena en la actualidad

Jair Sánchez Hernández fue condenado a 19 años de prisión tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía en el que se declaró culpable de homicidio, secuestro simple y cohecho. “Mueble Fino” aceptó haber sido el cobrador de cuentas del cartel del norte del Valle, especialmente encargado de recuperar el dinero del extinto capo Wilber Varela, alias Jabón. También integraba la organización denominada ‘narcofiscales’, una red de fiscales, abogados y policías corruptos que, según procesados, contaba con protección de figuras influyentes desde Bogotá.

La condena emitida en 2022 fue por el secuestro y homicidio de alias Muelas en noviembre de 2019, en el que participaron policías contratados por “Mueble Fino” a través de su hombre de confianza Juan David Rengifo, hoy testigo protegido. Los uniformados retuvieron a la víctima en una panadería de Jamundí y la subieron a una patrulla escoltada por otro vehículo donde iba Sánchez Hernández. Además, se le culpó por el pago de 260 millones de pesos a fiscales en Cali para evitar la captura y fuga de Rengifo.

El 9 de junio se registró el asesinato de Mayra Alejandra Vera, abogada que en el Atlántico era conocida como “La Mona” y había sido vinculada en repetidas ocasiones con Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, líder de la banda delincuencial Los Costeños.

El crimen contra la mujer de 37 años se registró al interior del conjunto residencial Horizonte, en Puerto Colombia, y llamó la atención de la opinión pública por la importancia que había tenido Vera en los acercamientos de “Paz Urbana” entre bandas delincuenciales en el Atlántico.

Un hombre armado se acercó al vehículo que conducía la víctima, y le disparó siete veces, la mayoría de los tiros en el rostro, lo que le causó la muerte inmediata de la jurista. Las autoridades investigan el crimen como una posible retaliación entre estructuras criminales rivales. Testigos afirmaron que el arma utilizada tenía silenciador, lo que dificultó que se identificara el ataque de inmediato.

Las autoridades informaron que Vera Duarte tenía antecedentes judiciales por concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas, hurto y falsedad en documento público y se le menciona en informes como la pareja sentimental de alias Castor.

Asesinato de “La Mona” demuestra la realidad de la guerra entre bandas delincuenciales en Barranquilla

En diálogo con Infobae Colombia, el periodista Jacobo Solano habló sobre lo que implica para las disputas territoriales entre Los Costeños (al mando de “Castor”) y Los Pepes (liderados por Digno Palomino) el asesinato de Mayra Alejandra Vera.

En primer lugar, afirmó que en la región se afirma que este crimen fue planeado por “El negrito del Rubi”, como se le conoce al jefe de sicarios de Digno Palomino en la actualidad.

Para Solano, este hecho demuestra que los acuerdos anunciados meses atrás por el Gobierno nacional fueron incumplidos por las bandas delincuenciales, que siguen delinquiendo bajo el silencio del Estado y las alcaldías locales.

“Esa guerra está que arde y el Gobierno no hace nada. Las alcaldías callan y son muertos sobre muertos”, indicó el comunicador.

Solano compartió el comunicado en el que “Castor”, que está recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá, anticipó que tiene conocimiento de la identidad de los criminales que asesinaron a su pareja, señalando a Naín Andrés Pérez Toncel, alias El Menor, líder de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, como uno de los responsables.

“Dejo en manos de las autoridades toda investigación sobre el caso y los demás casos en donde vienen siendo víctimas mis familiares y amigos, también dejo claro que aunque los sicarios ya están identificados y espero que pronto sean judicializados, quiero recalcar que detrás de estas personas hay un grupo de robadores de tierras que se mueven con impunidad ordenando asesinatos y pagando con dinero producto de robo de tierras, narcotráfico y extorsiones a los sicarios de los barrios”.

“Castor” nombró en el comunicado a “Joel Piraña” y “Rulay” como los criminales que recibieron la orden de terminar con la vida de su pareja sentimental, y aseguró que son figuras conocidas por las autoridades en Barranquilla, ya que los acusó de entregar dinero a policías y funcionarios de la Fiscalía en la región.

“Ellos son quienes manejan la alcaldía; ya está bueno de que en Barranquilla estas personas sigan cometiendo delitos con esa impunidad, yo no soy ejemplo para nadie, pero hoy en día acepto mis errores y estoy pagando una condena y por lo menos yo tuve los pantalones de aceptar lo que hice y confío en que aunque compren a todos los funcionarios de la justicia, de Dios no se van a escapar”.

Jacobo Solano anticipó que en Barranquilla se ha comenzado a hablar de la guerra que se registrará por el asesinato de “La Mona” y de los cuidados que adoptó “Castor” en prisión ante el riesgo de que pueda ser ultimado en el centro carcelario.

Entre el 11 de junio y el 19 de julio se llevará a cabo la Copa del Mundo 2026, que se jugará entre México, Canadá y Estados Unidos con la participación de 48 naciones, siendo el torneo de esta índole más grande de la historia.

Para la cita orbital, se tiene previsto que alrededor de 100.000 colombianos viajen a Norteamérica, a los que se suman los más de dos millones cafeteros que están radicados en esas naciones.

Teniendo en cuenta la normatividad que hay en estos países, en diálogo con Infobae Colombia, el jurista Rogelio Roldán habló sobre el comportamiento que debe tener un visitante en Norteamérica durante la Copa del Mundo para evitar problemas legales o ser deportado. El abogado se enfocó principalmente en Estados Unidos, en donde se jugará el 75% de los compromisos.

“Entender el sistema legal de los Estados Unidos no es solo una cuestión de cortesía, sino una necesidad de supervivencia migratoria. El sistema estadounidense opera bajo un modelo de federalismo, donde el poder se distribuye entre el Gobierno nacional y los estados. Esto implica que un visitante debe cumplir simultáneamente con leyes federales, estatales y ordenanzas locales, las cuales pueden variar drásticamente al cruzar la frontera de un estado a otro”, aclaró Roldán.

El jurista explicó que las leyes federales tienen prioridad sobre las estatales en caso de conflicto y se aplican de manera uniforme en todo el territorio nacional. Para el viajero colombiano, el cumplimiento de la ley federal es algo fundamental, ya que regula aspectos como la inmigración, las aduanas y el control de sustancias. Por ejemplo, aunque el consumo de marihuana sea legal para fines recreativos en varios estados sedes del Mundial, como California o Nueva York, sigue siendo ilegal a nivel federal. Transportar cannabis a través de fronteras estatales es un delito federal, incluso si ambos estados han legalizado su uso.

Roldán recordó que cada uno de los 50 estados posee su propia legislatura y sistema judicial para manejar asuntos que no están bajo jurisdicción federal exclusiva, esto incluye el derecho penal, las leyes de tránsito y las normas de responsabilidad civil; es decir que, un comportamiento que en un estado podría considerarse una falta menor, en otra sede podría acarrear sanciones severas o arresto.

El abogado habló de una tercera capa de complejidad para regular el orden público, que incluye la revisión del historial de cada visitante en la que cualquier infracción grave puede terminar con la cancelación inmediata de la visa y la deportación del individuo responsable.

El comportamiento esperado en eventos masivos en Norteamérica

Rogelio Roldán mencionó puntos claves de la “Cláusula de Supremacía”, en la que las leyes federales tienen prioridad sobre las estatales en caso de conflicto y tienen como diferencia los siguientes puntos:

Leyes Federales: regulan temas críticos como la inmigración, aduanas y seguridad nacional. Cualquier infracción a este nivel suele resultar en la revocación inmediata de la visa y la deportación.

Leyes Estatales y Locales: regulan el derecho penal (homicidio, robo, asalto), el tránsito y el orden público. Lo que en Colombia podría considerarse una contravención menor, en muchos estados de Estados Unidos puede ser procesado como un delito penal que activa alertas en el sistema federal de inmigración.

Roldán aclaró que para un extranjero con visa B1/B2, no existe una separación entre su comportamiento civil y su estatus migratorio. Las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) tienen la facultad de revocar una visa si el titular no cumple con todas las leyes y regulaciones del país, sin importar la infracción.

Debido a la importancia de la Copa del Mundo, las autoridades locales han endurecido las ordenanzas de seguridad y orden público en las ciudades sede. Roldán explicó que los colombianos que asistan a los estadios deben cuidarse de los siguientes actos que acarrean consecuencias legales graves:

• Cero tolerancia a los empujones y peleas: En muchos estadios del mundo, un empujón o un intercambio de insultos físicos con la hinchada rival se resuelve con una expulsión del estadio. En Estados Unidos, terminarás esposado. No necesitas dejar a alguien herido para ir preso. El solo hecho de tocar a otra persona de forma hostil o amenazante se procesa legalmente como Assault (amenaza) o Battery (contacto físico no deseado).
• Gritos, insultos y borracheras (Conducta desordenada): Lo que en otros lugares se ve como “ambiente de estadio”, en Estados Unidos puede ser calificado como una conducta de desorden, incluye usar lenguaje obsceno persistente, gritar insultos discriminatorios, incitar a otros a pelear o estar tan borracho que cause molestias a los demás.
• Saltar a la cancha no es una broma en Estados Unidos: Lo que algunos ven como un reto para redes sociales, el sistema legal estadounidense lo llama Trespassing, que es entrar a cualquier área restringida sin permiso, especialmente al césped del juego. Esto no se queda en una multa económica. El arresto implica que te tomarán fotos y huellas dactilares que quedarán en tu historial biométrico permanente.

El jurista indicó que para asegurar una experiencia sin contratiempos, el viajero colombiano debe actuar bajo un estricto apego a las normas de convivencia y responsabilidad legal, entendiendo que en Estados Unidos la “pasión” o las costumbres normalizadas no eximen del cumplimiento de la ley. Además, entregó tres tips para hacer que la experiencia en el mundial sea positiva:

1. Seguro de Responsabilidad: En Estados Unidos, se recomienda contar con seguros que cubran posibles daños a terceros, ya que las demandas civiles por lesiones personales son comunes y extremadamente costosas.
2. Respeto a la Autoridad: En las entrevistas de ingreso o ante encuentros con la policía local, cualquier acto de resistencia o inconsistencia en las declaraciones puede ser interpretado como una amenaza a la seguridad.
3. Conocimiento Local: Antes de viajar a una ciudad sede, es vital revisar las ordenanzas municipales específicas, ya que temas como el ruido, la disposición de basura y la convivencia vecinal son estrictamente fiscalizados por departamentos locales.

De cara a la segunda vuelta electoral, llama la atención una denuncia en la que contratistas afirman que la viceministra de Defensa estaría ejerciendo presión para despedir a los seguidores de Abelardo de la Espriella de la Hidroeléctrica Urrá.

Uno de los testimonios es el de Alejandro Padrón Pardo, que en diálogo con Semana indicó que se ha registrado una ola de despidos que tendrían como factor en común una supuesta orden de Angélica Verbel, viceministra para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa.

Padrón Pardo indicó que fue despedido el 22 de abril de 2026 y señaló a la viceministra como responsable de su desvinculación. “La viceministra de Defensa, Angélica Verbel, haciendo uso ilegal, arbitrario e indebido de información obtenida de mis redes sociales y con el único propósito de perseguirme políticamente, acudió a un video grabado en el año 2024, cuando yo no era funcionario de Urrá y cuando el doctor Abelardo de la Espriella no ostentaba la condición de candidato presidencial“, declaró al medio citado, en el que indicó que no tiene ningún tipo de cercanía con el aspirante a llegar a la Casa de Nariño.

Viceministra de Defensa se defendió de las acusaciones

En diálogo con Infobae Colombia, luego de que la Hidroeléctrica Urrá emitiera un comunicado en el que desmintió las acusaciones realizadas por Alejandro Padrón Pardo, la viceministra Angélica Verbel negó tener algún tipo de injerencia en la empresa mencionada.

“Desconozco la razón o el objeto de tales aseveraciones. No tengo ninguna injerencia en Urrá tal como lo mencionan. No trabajo y nunca he trabajado en esa empresa. Quisiera dejar claridad de que mi trabajo se limita exclusivamente a las funciones que ejerzo como viceministra de Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa Nacional”.

Verbel afirmó que no conoce a las personas mencionadas en el informe noticioso y rechazó que se le vincule para lo que calificó como una estrategia para desprestigiar su trabajo y el de la cartera.

“No conozco al señor Alejandro Padrón y rechazo cualquier afirmación que pretenda atribuirme decisiones relacionadas con su situación laboral. No sé quién es el señor Eric José Guerra, al que también mencionan”.

Debido a la gravedad de las acusaciones, la viceministra pidió que los contratistas la denuncien formalmente con las pruebas que tengan en su contra, puesto que hasta el momento esto no se ha registrado.

“Desconozco las razones que lo llevan a realizar tales señalamientos. Reitero que no tengo participación ni injerencia alguna en decisiones administrativas o laborales en esa empresa. Si cualquiera de las personas que formula estas acusaciones considera tener pruebas que respalden sus afirmaciones, corresponde que las presenten ante las autoridades competentes. Las acusaciones públicas deben sustentarse en hechos verificables y no en especulaciones”.

Por último, anticipó que está considerando comenzar un proceso legal contra los individuos que han afirmado que fueron despedidos por presión política liderada por ella.

“Rechazo cualquier intento de atribuirme responsabilidades sobre eventuales situaciones que afecten la integridad de cualquier persona. Se trata de afirmaciones graves, temerarias e infundadas que carecen de evidencia alguna, merecen es una denuncia por mi parte”.

En el comunicado publicado por la hidroeléctrica se alejaron de las denuncias contra la empresa y aseguraron que todas las decisiones internas han sido tomadas de manera legal.

“El presidente de la empresa Urrá ejerce sus funciones con plena autonomía administrativa, conforme a las competencias que le otorgan la ley, y los estatutos de la empresa. Asimismo, rechaza de manera categórica falsas afirmaciones sobre intromisiones de terceros en la toma de decisiones o que estas obedezcan a temas de índole político. Todas las decisiones son adoptadas en el ejercicio de la gobernanza administrativa y adoptadas bajo el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico”.

El 20 de mayo de 2026, la Alcaldía de Medellín y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) informaron que había sido confirmada la extinción de dominio sobre un predio en el que durante años funcionó un museo sobre Pablo Escobar Gaviria.

El inmueble perteneció al capo que fundó el cartel de Medellín, pasó a ser propiedad de dos de sus hermanas, pero terminó siendo administrado por Roberto Escobar Gaviria, alias El Osito, hermano mayor del narcotraficante que fue abatido el 2 de diciembre de 1993.

El museo intervenido en Las Palmas exhibía vehículos de Pablo Escobar, muebles caleta, restos de aeronaves, la wetbike de James Bond, el primer carro de competencias del capo, una moto Lambretta utilizada con Gustavo Gaviria, la historia del barrio donado y la emblemática avioneta de la hacienda Nápoles.

La SAE entregó el inmueble a una fundación

El 9 de junio la SAE informó que realizó la primera entrega, como parte de la estrategia Bienes que Transforman, del inmueble que durante años funcionó como el denominado Museo de Pablo Escobar.

La propiedad que está ubicada en Medellín y cuenta con más de 400 metros cuadrados construidos ahora será administrada por la Fundación Luna Valentina, que funciona como un hogar de paso dirigido a poblaciones vulnerables que requieren atención y acompañamiento temporal.

La SAE confirmó que la vivienda fue uno de los escondites que utilizó Pablo Escobar antes de ser abatido en el barrio Los Olivos por las autoridades.

“Según la sentencia de extinción de dominio, la justicia estableció que la propiedad fue adquirida con recursos provenientes del narcotráfico y el lavado de activos. Además, el fallo documentó que la vivienda fue utilizada por Escobar como refugio durante los últimos meses en los que evadió la acción de las autoridades”.

Durante la entrega, la directora de la SAE, Amelia Pérez, reveló que la intervención y el proceso de extinción de dominio del inmueble fue retardado por terceros que intentaban quedarse con el inmueble.

“Aquí no ha sido fácil, y no me refiero solamente a Antioquia. En todo el país hemos tenido que enfrentar intereses de quienes durante años quisieron intervenir en las decisiones de la SAE para mantener estos bienes lejos de la gente y cerca de quienes se beneficiaron de la ilegalidad. Pero nuestra convicción ha sido clara: los activos que pertenecieron a criminales deben ponerse al servicio de las comunidades. Esta entrega es una muestra de ello y apenas es el comienzo de muchas transformaciones que seguiremos impulsando en todo el país”.

Pérez aprovechó el espacio para hablar de la estrategia Bienes que Transforman, creada para agilizar la asignación de activos administrados por la entidad a organizaciones sociales, comunitarias y sin ánimo de lucro que desarrollan proyectos con impacto en los territorios.

Sobre la Fundación Luna Valentina, se trata de una organización que desde 2015 trabaja por la inclusión y el bienestar de personas con discapacidad, población Lgtbiq+, jóvenes campesinos, pacientes con enfermedades de alto costo y sus familias. La entidad ha participado en procesos de incidencia social, construcción de política pública e iniciativas orientadas a la garantía de derechos de poblaciones históricamente excluidas.

Tras la entrega, el inmueble será adecuado para funcionar como un hogar de paso que ofrecerá alojamiento, alimentación y acompañamiento a personas que deben desplazarse para recibir tratamientos médicos, procesos de rehabilitación o atención especializada, así como a sus familiares y cuidadores.

“Con esta entrega, la SAE continúa avanzando en la resignificación de bienes provenientes de economías ilícitas, promoviendo su uso social y evitando que regresen a circuitos asociados a la criminalidad. La entidad reafirma así su compromiso con la transformación de estos activos en oportunidades para las comunidades, la inclusión social y la construcción de territorios más equitativos”.

Uno de los compromisos que adquieren los exmilitares que participaron en algún crimen en el contexto del conflicto interno y buscan redimir sus actos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es entregar la verdad completa de los hechos.

Esta fue la razón por la que el 9 de junio se confirmó que la JEP excluyó al teniente coronel (r) José Pastor Ruiz Mahecha, que ha sido mencionado por otros exmilitares en casos de ejecuciones extrajudiciales, mal llamados “falsos positivos”.

La expulsión se confirmó durante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SAR) del Tribunal para la Paz, que concluyó que el compareciente no realizó aportes efectivos al esclarecimiento de la verdad, desconoció reiteradamente la verdad judicial establecida en sentencias condenatorias ejecutoriadas e incumplió los compromisos asumidos ante la justicia transicional.

El proceso contra el exuniformado pasará a la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, que continuará con la investigación y la imputación de cargos por los presuntos delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada.

Las claves de la expulsión de Ruiz Mahecha

La JEP informó que el incidente de verificación comenzó en marzo de 2026 luego de que apoderados de las víctimas pidieron evaluar el cumplimiento del exuniformado y se comprobó que el compareciente no realizó aportes verídicos, genuinos y efectivos al esclarecimiento de la verdad.

La magistrada del caso calificó como incompatible el comportamiento de Ruiz Mahecha con las obligaciones que asumió, puesto que desconoció su responsabilidad en los hechos y ha asegurado públicamente que fue condenado de manera injusta por falsos testimonios.

El teniente (r) negó haber tenido vínculos con paramilitares y aseguró que, a pesar de que otros militares confesaron que se trataba de jóvenes y campesinos los que fueron presentados como bajas, para él, todas fueron actuaciones legítimas en combate.

La JEP recordó que cuando se sometió a la justicia transicional, Ruiz Mahecha tenía tres sentencias por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de armas, por los hechos registrados entre el 22 de junio y el 26 de octubre de 2002, cuando 20 personas fueron presentadas como guerrilleros dados de baja en combate.

“Estas conductas evidencian una falta de compromiso con los fines del Sistema Integral para la Paz y afectan directamente los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”, es parte del informe presentado por la JEP sobre la expulsión del exmilitar.

El tribunal también mencionó que el militar retirado estaba vinculado a los macrocasos 03 y 08, en los que se abordan asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate y crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública u otros agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares.

Otro aspecto mencionado es que Ruiz Mahecha minimizó en repetidas ocasiones a familiares de las víctimas y señaló que estos estaban vinculados con las Farc-EP sin ningún tipo de pruebas; además de que en los mismos casos se registraron testimonios que acreditan su participación en estos asesinatos, incluyendo subalternos de cuando fue comandante del Batallón de Contraguerrilla 55 de la Brigada Móvil y jefe de inteligencia y de operaciones del Batallón de Artillería dos de La Popa, en Valledupar.

“Con esta decisión, la JEP registra 119 exclusiones por incumplimiento de las obligaciones asumidas ante el Sistema Integral para la Paz. De ellas, 80 corresponden a exintegrantes de las Farc-EP, 19 a miembros de la fuerza pública, ocho a agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública, cuatro a terceros civiles y ocho a comparecientes de otras categorías o en proceso de verificación”.

Antes del compromiso, había confianza por parte de los fanáticos del club Verdolaga de que podrían remontar el 3-0 que se registró en la ida, por lo que una cadena de restaurantes retó a algunos hinchas de Nacional a tatuarse la estrella 19 (actualmente tienen 18) para anticiparse a la remontada.

Antes de ingresar al estadio, tres fanáticos del club antioqueño se realizaron un tatuaje que incluía una estrella, la fecha (8 de junio) y el 19, para celebrar la hipotética coronación del combinado verde. Para uno de los que participó en la temática fue su primer tatuaje.

“Yo creo, con toda la moral, es que donde pierdan (mira su tatuaje nuevo)”, fueron las palabras del joven que permitió que su primer tatuaje fuera sobre una celebración que al final no se registró.

Al final de la jornada, Nacional derrotó 1-0 a Junior y quedó subcampeón del torneo local, perdiendo la oportunidad de sumar una estrella más en su escudo y de clasificar anticipadamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

La cadena de restaurantes publicó el video que se hizo viral en pocos minutos. “Y bueno, tatuamos, tatuamos…. Y no nos la ganamos. Pero hubo risas, eventos, espacio público y mucha tinta… Será para la próxima verde”, fue la descripción con la que fue acompañado el reel que cuenta con más de 13.000 reacciones.

En los comentarios, fanáticos de otros equipos en Colombia hicieron bromas sobre lo que podrían estar pensando los tres hinchas de Nacional que tendrán que tener una estrella que no celebraron en su cuerpo.

“Al final ganaron experiencia que es lo importante”, “Esa fecha les quedó de recuerdo, el día que perdieron nuevamente en el Atanasio” o “Los que se hicieron el tatuaje, con esa fe que tienen pueden montar una iglesia”, son algunos de los comentarios registrados.

Otros motivos por los que fueron tendencia los hinchas de Nacional es que al salir del estadio Atanasio Girardot, varios pidieron la salida de jugadores como Alfredo Morelos y Edwin Cardona, a los que responsabilizaron por la derrota.

Cabe recordar que en el segundo tiempo del partido de vuelta, Morelos cobró un penal que terminó fuera del arco defendido por el guardameta de Junior, lo que habría representado el 2-0 parcial y dejaba a Nacional a un gol de igualar la serie.

“Siento mucha responsabilidad y hay que asumir las cosas. Intentamos, luchamos, pero no se me dio el penalti. Creo que si entraba, la historia habría sido diferente. Pero así es la vida y así es el fútbol, ahora toca dar la cara ante todo”, declaró el atacante en la zona mixta tras la final.

Por su parte, Edwin Cardona estuvo presente en la rueda de prensa junto con el entrenador Diego Arias, el mediocampista elogió el trabajo de sus compañeros y lamentó el resultado de la ida, por el que le pidió disculpas a la hinchada.

“No alcanzó, pero lo intentamos. Esta vez nos tocó perder, aunque pocos equipos han logrado en dos años lo que nosotros hemos hecho. Ahora toca descansar y regresar a la pretemporada más fuerte. Es un golpe durísimo porque teníamos el sueño de ser campeones. A veces se pierde más de lo que se gana y de eso uno aprende. Estoy orgulloso de mi equipo porque hoy competimos como debíamos hacerlo en una final. El partido pasado no lo hicimos de la mejor manera y eso nos pasó factura”, fueron las palabras del capitán del Verdolaga.

Como parte del Acuerdo de Paz que firmó el Estado colombiano con las Farc-EP se creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que es un tribunal transicional que tiene como función investigar, juzgar y sancionar a los involucrados en crímenes registrados durante el conflicto armado.

Desde 2016 la JEP ha juzgado a excombatientes de las Farc, agentes del Estado, militares y diferentes individuos que tuvieron algún tipo de injerencia en crímenes de lesa humanidad y similares, ofreciendo beneficios jurídicos a quienes reconozcan su responsabilidad y contribuyan al esclarecimiento de los hechos.

Antes de la segunda vuelta electoral este ente acusador ha sido mencionado en repetidas ocasiones debido a que Abelardo de la Espriella ha asegurado en varias entrevistas que buscará que la JEP desaparezca si es elegido.

Su propuesta fue ratificada el 9 de junio en diálogo con Caracol Radio, en una entrevista en la que el abogado, que fue pieza clave en las negociaciones de paz con las AUC en lo que se conoce como el “pacto de Ralito”, indicó que no quiere que el país siga invirtiendo dinero en la JEP.

“La JEP no es un tribunal judicial. Es un directorio político disfrazado de tribunal. No ha producido absolutamente nada. La JEP, además, no ha producido absolutamente nada, porque no ha habido ni justicia, ni verdad, ni reparación”, respondió Abelardo de la Espriella a la pregunta sobre por qué no está de acuerdo con la continuidad de la justicia transicional.

El jurista argumentó que la inversión que hace Colombia para mantener la JEP es un precio que no está dispuesto a seguir pagando en su hipotético mandato.

“Tiene un altísimo costo para Colombia. A mí me parece que no se justifica que un organismo como esos gaste tanto dinero sin producir resultado alguno. Ya yo no le estoy pidiendo justicia a la JEP, es imposible que puedan darle justicia a las víctimas. Lo que me preocupa hoy es la cantidad de plata que cuesta ese bodrio y que le podemos devolver al bolsillo de los colombianos. Haré todo lo que esté en mis manos, en el marco de la Constitución y la ley, para evitar que esa plata del bolsillo de los colombianos se despilfarre de esa manera”.

¿Cuánto invierte Colombia en la JEP y hasta cuándo funcionará?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cuenta con un presupuesto anual que ronda los 739.000 millones de pesos. El presupuesto del 2025 se ejecutó en un 99.3%, destinando cerca del 80% a gastos de funcionamiento y el 20% restante a proyectos de inversión.

Sobre su funcionamiento, la Contraloría y el Ministerio de Hacienda han destacado a la JEP como una de las entidades del sector justicia con mayor nivel de ejecución en el Presupuesto General de la Nación.

En teoría, la JEP tendrá un funcionamiento de 15 años a partir de la entrada en vigor de su régimen procesal, con la posibilidad de una prórroga de hasta cinco años adicionales solo para finalizar procesos en curso. Se prevé que la JEP opere hasta 2032; sin embargo, expertos han indicado que podría extenderse hasta 2037, argumentando que un conflicto de más de 70 años no puede ser reconocido por completo en tan poco tiempo.

A nivel de logros, en los informes que se han presentado, la JEP afirma haber logrado avances en la investigación y el juzgamiento de crímenes graves ocurridos durante el conflicto armado en Colombia. Entre sus principales logros destaca la imputación de crímenes de guerra y de lesa humanidad a excomandantes de las Farc y miembros de la fuerza pública, la apertura de macrocasos como los de secuestro, “falsos positivos” y violencia sexual, y la adopción de medidas de protección y reparación para las víctimas. Además, ha promovido la verdad a través de audiencias públicas en las que los responsables han reconocido hechos sobre los que no se tenía claridad y han pedido perdón a las víctimas y a la sociedad por estos mismos.

En la previa de la Copa del Mundo 2026, The New York Times y The Athletic publicaron un informe con la calificación de las camisetas de las 48 naciones que participarán en el torneo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

El ranking fue hecho por el periodista Nick Miller, que calificó la indumentaria de Croacia como la más fea de la competencia y sorprendió al seleccionar el uniforme de Ghana como el mejor.

Para Miller, la clave de estas dos calificaciones fue una idea que quedó a medio camino en el caso del equipo europeo y la combinación entre un tejido tradicional ghanés y una prenda moderna para indicar que el seleccionado africano tiene la mejor camiseta del torneo.

Así le fue a la selección Colombia en el ranking

La Tricolor fue ubicada en el puesto 11 de Miller, que se mostró gratamente sorprendido con el tono de la camiseta y la pantaloneta y con el trasfondo que tiene el diseño elegido por Adidas para Colombia.

“La camiseta de Colombia destaca por sus colores naturales, pero esta tiene un toque especial, creo que por la combinación de amarillo y azul. Esos pantalones cortos se ven desde el espacio, lo cual es un halago. El diseño de fondo muestra mariposas, al parecer porque Colombia tiene la mayor cantidad de especies de mariposas en el mundo. Así que, además de disfrutar de ropa deportiva genial, estás aprendiendo”, escribió el periodista.

Cabe recordar que el uniforme de la selección Colombia para la Copa del Mundo 2026 destaca por la inclusión de patrones de mariposas en la camiseta titular, un guiño a elementos de la cultura nacional y la literatura. El diseño principal utiliza el amarillo tradicional, complementado con detalles en rojo y azul, y se combina con shorts azules y medias rojas.

El conjunto alternativo (que no fue calificado por Miller) emplea distintos tonos de azul, inspirados en los océanos que rodean al país, con líneas verticales y detalles en amarillo neón, además de la inscripción “COLOMBIA” en la parte posterior del cuello. Se utilizan materiales tecnológicos que favorecen la ventilación y el control del sudor.

El único combinado sudamericano que superó a Colombia en el ranking fue Brasil, que ocupó el segundo lugar de la lista, aunque Miller anticipó que tiene un gusto adquirido por las indumentarias de esta selección y mencionó que es “casi imposible arruinar la equipación de Brasil”.

En cuanto a los otros representantes de Conmebol en el mundial, Argentina ocupó el puesto 13, Paraguay el 22, Uruguay el 35 y Ecuador el 45.

“Es simplemente una camiseta amarilla. Lo cual le otorga cierto prestigio, dada la relativa rareza de este color en el fútbol, ​​pero por lo demás no hay mucho que destacar. Tiene un diseño jaspeado azul y rojo en los laterales, que le aporta algo de variedad visual, pero no mucha", fueron los argumentos de Miller para afirmar que Ecuador tiene una de las peores camisetas del torneo

Empresa colombiana no fue bien calificada en el ranking

Saeta, marca colombiana que viste a Haití en el torneo de naciones, fue criticada por el periodista que puso la indumentaria de la nación del Caribe en el puesto 43. Miller cuestionó el tamaño del logo de la empresa y varios aspectos del diseño presentado por la compañía bogotana.

“A primera vista, un diseño donde el logo del fabricante es más prominente que el del equipo o país resulta sospechoso. Al observarlo con más detenimiento, se aprecia un diseño inusual en la zona del abdomen/cadera, que parece representar a un grupo de hombres sosteniendo una bandera en una montaña. Aparentemente, hace referencia a la Batalla de Vertières de 1803, el enfrentamiento final de la Revolución Haitiana contra las fuerzas de Napoleón, pero sin ánimo de ofender a ninguna nación, desde un punto de vista puramente estético… resulta un tanto extraño”.

Restrepo indicó que hay países en los que se ha consolidado un modelo sostenible que cuenta con el aval de expertos en el tema y que podría replicarse en Colombia.

“La respuesta es sí, siempre que se haga con responsabilidad, tecnología y los más altos estándares ambientales. Así lo validamos con la experta ambientalista Sandra Bessudo. El fracking sostenible y responsable puede convertirse en una herramienta para fortalecer la seguridad energética, generar empleo y dinamizar la economía, sin renunciar a la protección de los ecosistemas y las comunidades. Colombia no tiene que elegir entre crecimiento y sostenibilidad. Puede y debe avanzar en ambos caminos al mismo tiempo”.

Expertos descartaron la teoría presentada por el exministro

En diálogo con Infobae Colombia, el doctor y activista ambiental Camilo Prieto Valderrama habló sobre las afirmaciones de José Manuel Restrepo para indicar que es cierto que hay nuevos métodos para hacer fracking, pero Colombia no cuenta con los estándares para cumplir con ninguno de ellos.

“Si bien el fracking ha tenido un proceso de maduración tecnológica desde el año 2000 hasta ahora, hay que aclarar que en Colombia hay varias dificultades para poder implementar este tipo de proyectos. El primero es que no contamos con modelos hidrogeológicos calibrados en la zona de Magdalena Medio, donde se buscaría desarrollar este tipo de pilotos. Lo segundo, esta es una fuente de energía que no cuenta con licencia social en el país y esto también es un asunto determinante”.

Para Prieto, un elemento poco considerado en el debate es que priorizar proyectos de fracking para aumentar las reservas de gas natural no resulta técnicamente ni económicamente conveniente en este momento.

El experto propone, en cambio, acelerar la entrada en operación de Cirrus, lo que eliminaría la necesidad de desarrollar fracking no convencional. Cabe recordar que el término utilizado por Prieto es un desarrollo de gas natural ubicado frente a las costas del Caribe colombiano. Este proyecto es resultado de un consorcio entre Ecopetrol y Petrobras, y representa el mayor descubrimiento de gas en la historia del país.

“Si yo tuviera la capacidad de decir, pensaría que no, no vale la pena priorizar los proyectos de fracking para incrementar las reservas del país de gas natural. Yo lo que haría sería acelerar la entrada en operación de Cirrus. Esto haría completamente innecesario el desarrollo de proyectos de fracking no convencional”.

Además de descartar que en estos momentos Colombia pueda garantizar un fracking con protección del medio ambiente, para el experto, el país debería estar discutiendo sobre la explotación de reservas ya encontradas, no recaer nuevamente en debates engorrosos sobre algo que sigue siendo un riesgo para los ecosistemas.

“Yo creo que la discusión debe darse más en qué nos puede traer mayor cantidad, qué nos puede incrementar las reservas con el menor impacto ambiental posible, con el menor tiempo posible y adicionalmente con la mayor aceptación social. Por eso me iría más bien a pensar en Cirrus, en acelerar esa entrada de operación y a impulsar la exploración de nuevos yacimientos convencionales”.

July García, docente de gestión ambiental de la Universidad Politécnico Grancolombiano, compartió la opinión de Prieto y explicó que no se puede garantizar que los proyectos internacionales vayan a ser exitosos en Colombia.

“No es posible desarrollar este tipo de actividad sin generar algún nivel de afectación inherente a la intervención del territorio. Las experiencias observables en otros países han demostrado que el fracking puede implementarse bajo esquemas de regulación ambiental rigurosos, respaldados por tecnologías avanzadas para el control de emisiones, la integridad de los pozos, la gestión del recurso hídrico y el monitoreo continuo de posibles afectaciones ambientales; sin embargo, los resultados observados en otros países deben analizarse con cautela, ya que las condiciones bajo las cuales se desarrollan estos proyectos difieren significativamente de las condiciones que tiene Colombia”.

Para García, otro punto clave es que Colombia es uno de los países más diversos del mundo, lo que amplía el margen de error de estos métodos en zonas con riqueza natural que estaría en peligro.

“Colombia al considerarse como uno de los países más biodiversos del mundo exige que cualquier iniciativa de esta naturaleza deba ser evaluada con un alto nivel de rigurosidad técnica, considerando no solo los impactos directos del proyecto, sino también los posibles efectos acumulativos y sinérgicos sobre los ecosistemas, los recursos naturales y las comunidades del área de influencia”.