A pocos días para que se lleve a cabo la tradicional noche de Halloween, todavía hay colombianos que no tienen claro de qué se disfrazarán en este 2026, por lo que la Inteligencia Artificial generó una serie de recomendaciones que podrán aplicarse durante el fin de semana.

De hecho, ChatGPT seleccionó disfraces a partir de personajes virales, artistas y figuras reconocidas. Las propuestas están pensadas para la celebración del 31 de octubre y combinan referencias recientes con opciones fáciles de recrear.

La inteligencia artificial también recomienda disfraces convencionales como vampiro glamuroso, vaquera, hada oscura, pirata moderno, estrella disco de los años 70, bruja moderna, ángel y demonio, bailarina, diosa griega, caballero con armadura y fantasma de sábana blanca con lentes oscuros.

Entre las ideas vinculadas con figuras públicas aparece Bad Bunny durante su presentación en el Super Bowl LX. El atuendo requiere ropa completamente blanca, hombreras y un micrófono de hebilla. Otra opción es Hannah Montana, cuyo aniversario número 20 años aporta un componente nostálgico al disfraz, con peluca rubia, chaqueta con brillantes y micrófono.

La lista incluye también al mono Punch junto con su peluche: la propuesta consiste en usar un disfraz de mono y maquillaje. Para recordar al cantante Oliver Tree, ChatGPT sugiere una peluca o un corte de cabello en forma de tazón y una chaqueta vintage colorida.

Kylie Jenner durante su participación en la pasarela de Victoria’s Secret es otra de las alternativas mencionadas. El atuendo se compone de alas blancas, un top brillante y una falda del mismo color.

Las mejores tendencias, según Claude

El cine de superhéroes y los clásicos animados vuelven a imponerse en los centros comerciales colombianos este octubre. Según datos de la tienda especializada Disfraces Americanos, con más de 18 años en el mercado, Spider-Man, Shrek, los personajes de Toy Story, las referencias a videojuegos y los trajes de formato inflable encabezan el volumen de búsquedas y ventas para la celebración del 31 de octubre.

El estreno de Spider-Man: Brand New Day reactivó la demanda del traje rojo y azul del superhéroe de Marvel, una opción que se mantiene vigente entre distintas generaciones y que admite variantes económicas con solo una máscara y algunos accesorios. El regreso de la franquicia de Mario Bros, impulsado por el lanzamiento de Super Mario Galaxy, la película, también se ubica entre las alternativas con mayor crecimiento, con posibilidades de armar grupos familiares que incluyan a Luigi, Peach y Yoshi.

El anime y el K-pop ganan terreno entre los jóvenes universitarios

La cultura asiática digital dejó su marca en la temporada. Los personajes de KPop Demon Hunters, la producción animada de Netflix protagonizada por el grupo ficticio Huntr/x, figuran entre las referencias más buscadas. Rumi, Mira y Zoey se repiten en las listas de tiendas especializadas junto con otras producciones de anime como Demon Slayer y Dragon Ball Z.

El análisis de Google Trends sobre el comportamiento regional en Colombia identificó patrones diferenciados según el departamento. El disfraz de Bambi se ubica entre los más buscados por mujeres en Antioquia, gracias a su combinación de ternura y sencillez, lograda con maquillaje básico y un atuendo en tonos café.

El personaje de terror Chucky, junto con su pareja Tiffany, mantiene vigencia en zonas como Magdalena, Cundinamarca y Valle del Cauca. El payaso Pennywise, de la saga It, concentra búsquedas en Norte de Santander, Santander, Caldas, Tolima y Huila. A esta lista de clásicos de terror se suma Coraline, la protagonista de la película de animación stop-motion, recreable con una chaqueta amarilla, botas y una peluca azul.

Datos de Google Trends muestran que departamentos como Caquetá, Chocó y Boyacá priorizan los disfraces de preso, con variantes en rayas blancas y negras o trajes naranjas, mientras que Nariño y Casanare registran mayor interés por el traje de Hombres de Negro, asociado al ambiente corporativo.

La concejal de Bogotá Diana Diago denunció que la Alcaldía Local de Kennedy suscribió un contrato por $184 millones para dictar seis clases de creole a 70 personas. La cabildante pidió explicaciones al alcalde Carlos Fernando Galán por los costos de la formación y por presuntas irregularidades en los archivos usados para comparar cotizaciones.

Según las pruebas de Diago, las dos cotizaciones de comparación aparecen creadas por el mismo autor a la medianoche del 23 y 24 de diciembre de 2025, aunque están fechadas el 3 de octubre.

La concejal también señaló que la propuesta económica de la Organización de la Comunidad Raizal con Residencia Fuera del Archipiélago, Orfa, sería exactamente el mismo archivo que la estructura de costos de la Alcaldía.

El contrato 1238 de 2025 fue firmado con Orfa para impartir 24 horas de formación: seis clases de cuatro horas destinadas a dos grupos de 35 personas. El creole es la lengua de San Andrés y Providencia.

La concejal calculó que el valor del acuerdo equivale a un promedio de $7,7 millones por cada hora de clase. “Alcalde Galán, ¿por qué se gastaron 184 millones en Kennedy para dar 6 clases de creole, la lengua de San Andrés, en un contrato firmado el 31 de diciembre?”, cuestionó.

Alimentación y cierre con la mayor parte de los gastos

El acuerdo contempla almuerzos de 70.000 pesos por persona y refrigerios de hasta 30.000 pesos, compuestos por una empanada, una bebida y un postre. También destinó 39,9 millones de pesos a una ceremonia de cierre de dos horas.

“Esto es el colmo: seis clases de cuatro horas para dos grupos de 35 personas, y el resto del dinero lo derrochan en almuerzos de 70 mil, onces de 30 mil, una ceremonia de dos horas de 40 millones de pesos”, señaló Diago.

La alimentación figura entre los rubros cuestionados porque el mismo contratista cotizó un almuerzo raizal por 41.667 pesos en otro contrato con la Alcaldía Local de Teusaquillo. La diferencia frente a los $70.000 contratados en Kennedy es de 28.333 pesos por almuerzo, lo que representa un presunto sobrecosto del 68%.

Más de $ 102 millones fueron destinados al personal vinculado al proyecto. De ese monto, el coordinador recibe $ 24 millones, una cifra superior a la suma asignada a los dos profesores de creole.

Diago cuestionó que esos recursos no fueran destinados a oportunidades educativas para la población raizal. “¿Por qué no invertir los 184 millones en becas universitarias?”, planteó la concejal.

Los archivos de las cotizaciones bajo cuestionamiento

La cabildante preguntó por qué los archivos de la propuesta de Orfa y de las cotizaciones de los demás oferentes tienen el mismo autor y registros de creación a medianoche en dos fechas consecutivas de diciembre.

“Una última pregunta: ¿por qué el archivo de la propuesta de la empresa que ganó (ORFA), y los archivos de las cotizaciones de los demás oferentes, aparecen hechos por el mismo autor a la medianoche del 23 y 24 de diciembre?”, dijo la cabildante.

La concejal sostuvo que el dinero pudo destinarse a becas universitarias o a ayudas para estudiantes sanandresanos que viajan a Bogotá. “Con tantas necesidades y corrupción que han padecido los sanandresanos, y ustedes, en vez de pensar en invertir los recursos en darle oportunidades reales a la población raizal, lo único que hacen es derrochar”, afirmó la concejal del Centro Democrático.

También cuestionó el aumento de la carga tributaria para los habitantes de Bogotá mientras se ejecutan estos gastos. “No es justo que, mientras ustedes derrochan, les aumenten los impuestos a los bogotanos con su nefasta reforma tributaria. ¡Bogotá necesita una explicación!”, concluyó.

En la tarde del martes 27 de octubre, la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal cuestionó al alcalde de Medellín Federico Gutiérrez después de que el concejal Santiago Perdomo, del partido Creemos, presentara una queja disciplinaria ante la Comisión de Ética del Congreso.

El caso se remonta a su aparición durante las manifestaciones del 14 de octubre en el que Carrascal apareció en compañía de una menor que, con micrófono en mano, lanzó varios insultos al presidente Abelardo de la Espriella.

El documento radicado en el Congreso también solicita la intervención de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para proteger los derechos de una niña.

La queja señala que el 14 de octubre de 2026 Carrascal participó en movilizaciones contra políticas del Gobierno nacional y que desde ese día circula un video en el que aparece en una tarima junto a una menor, frente a un micrófono.

Tras las quejas, la representante aseguró que, pese a los supuestos ataques del alcalde de Medellín y su equipo, continuará con las labores investigativas en su contra con referencia a presuntas irregularidades de la administración distrital, además de supuestos abusos contra la población vulnerable de la ciudad.

“Hola, Fico Gutiérrez. Puede seguirme mandando a sus perros rabiosos para perseguirme, pero lo notifico: no me va a callar. Ya van 2 de sus concejales y el Vicepresidente de la Cámara. Entre más me ataca Creemos de Federico, más ganas me dan de seguir investigando y evidenciando los abusos que está cometiendo contra la gente más empobrecida de Medellín”, señaló la congresista.

Tras los señalamientos, el concejal de Medellín Santiago Perdomo respondió con cuestionamientos sobre su proceder en las marchas, además de exigir que responda ante la Procuraduría por el video en el que fue grabada junto a la menor.

“Representante por qué no en lugar de pelear en X, mejor le responde a la procuraduría que ya le abrió investigación disciplinaria por presuntamente instrumentalizar a una menor? No arme cortinas de humo, responda por lo que hizo. Mi deber es defender la niñez”, señaló el cabildante paisa.

El Pacto Histórico denunció hostigamiento político contra Carrascal

La Dirección Nacional del Pacto Histórico manifestó su respaldo a María Fernanda Carrascal mediante un comunicado publicado el 20 de octubre, en el que atribuyó a la congresista presuntos hechos de hostigamiento político, ataques digitales y violencia política de género. La colectividad pidió que las actuaciones de los organismos de control se desarrollen con imparcialidad y garantías de debido proceso.

El movimiento sostuvo que la protección de los derechos de los menores debe ser una obligación, aunque rechazó que la controversia sea utilizada para desacreditar a la representante. Además, convocó a sus militantes y sectores afines a expresar solidaridad con la legisladora.

Por su parte, el padre de la niña afirmó que la intervención de su hija durante la movilización en la plaza de Bolívar de Bogotá no fue planeada ni sugerida por Carrascal o su equipo. De acuerdo con su relato, él pidió a la congresista permitir que la menor subiera a la tarima después de que ella manifestó su intención de hablar y aseguró que nadie le indicó qué debía decir.

El padre agregó que llegó a la concentración junto con la niña y la madre de ella, sin una coordinación previa con la representante o su oficina. Explicó que la menor había llevado una bandera de Palestina y que deseaba intervenir ante los asistentes porque le gusta hablar en público.

Según su versión, Carrascal accedió a que subiera a la tarima tras recibir la autorización de él. También indicó que la congresista le mencionó la consigna “Palestina libre” por la bandera que portaba la niña, pero negó que le hubiera dado instrucciones sobre el discurso o las expresiones que utilizó contra De la Espriella. El padre sostuvo que las críticas al episodio buscan afectar políticamente a la legisladora.

Ante las denuncias publicadas contra el expresidente Gustavo Petro por presuntamente entregar contratos estatales a mujeres a cambio de supuestos favores sexuales, en las últimas horas han aparecido voces que salieron en defensa del exmandatario

De hecho, la trabajadora sexual Anna Von Kass, activista de Juntanza Puteril y excolaboradora del Ministerio de Igualdad negó haber recibido propuestas o solicitudes indebidas durante su vinculación con el Gobierno.

En una carta, Von Kass señaló que las denuncias sobre la supuesta instrumentalización de 48 mujeres todavía no cuentan con pruebas públicas, documentos ni testimonios contrastados. También recordó que Petro ha exigido evidencias y anunció acciones judiciales por injuria y calumnia.

La trabajadora sexual afirmó que en 2025 le ofrecieron y lideró la Dirección de Mujeres en Actividades Sexuales Pagadas del Viceministerio de Mujeres del Ministerio de Igualdad y Equidad. Según su relato, el cargo se le asignó por su experiencia y por cumplir los requisitos técnicos establecidos.

“En 2025 me fue ofrecida -y lideré- la Dirección de Mujeres en Actividades Sexuales Pagadas del Viceministerio de Mujeres del Ministerio de Igualdad y Equidad. Mi designación se fundamentó en mi experiencia situada como trabajadora sexual y en el cumplimiento de los requerimientos técnicos exigidos para el cargo”, señala el documento.

Von Kass sostuvo que nunca recibió una propuesta sexual, una prebenda ni un favor a cambio del nombramiento o del ejercicio de sus funciones, ni de Petro, ni de su entorno, ni de otras personas vinculadas al proceso. “Eso no ocurrió”, afirmó en el documento.

“De haber existido el patrón de conducta que se afirma desde ciertos sectores exigencias sexuales, prebendas o contraprestaciones a cambio de nombramientos o contratos-, lo esperable habría sido que, en el marco de ese ofrecimiento y de mi vinculación a un cargo directamente relacionado con el trabajo sexual, se me hubiera formulado alguna propuesta, insinuación o solicitud de esa naturaleza. Eso no ocurrió”, señaló la mujer

La carta respondió a los señalamientos del director del Dapre, Carlos Andrés Ríos, sobre la supuesta instrumentalización de mujeres, y a las declaraciones de la exdirectora Angie Rodríguez. Von Kass consideró que su experiencia contradice la existencia de un patrón sistemático de exigencias sexuales a cambio de contratos o nombramientos.

“No recibí ninguna propuesta de carácter sexual, ninguna solicitud indebida, ninguna prebenda ni ningún favor a cambio de mi nombramiento o del ejercicio del cargo. Ni de Gustavo Petro, ni de su entorno, ni de ninguna persona involucrada en el proceso”, señaló.

La activista expresó su respaldo a Petro por impulsar, según indicó, el reconocimiento institucional de las trabajadoras sexuales y espacios de política pública orientados a garantizar sus derechos. También pidió que las acusaciones se sustenten en pruebas y llamó a las trabajadoras sexuales, las organizaciones y la ciudadanía a exigir rigor en el debate público.

“Las acusaciones actuales entre ellas el anuncio del director del DAPRE, Carlos Andrés Ríos, sobre la supuesta instrumentalización de 48 mujeres, y las declaraciones de la exdirectora Angie Rodriguez- constituyen, hasta el momento, anuncios y afirmaciones sin pruebas públicas, documentos o testimonios contrastados presentados ante la opinión pública. El expresidente Petro ha respondido exigiendo pruebas y ha anunciado acciones judiciales por injuria y calumnia. Mi experiencia personal, situada y verificable, como quien lideró la Dirección de Mujeres en Actividades Sexuales Pagadas, contradice la narrativa de un patrón sistemático de exigencias sexuales a cambio de contratos o nombramientos”, concluyó la trabajadora sexual.

Entretanto, ante la Fiscalía General de la Nación ya corre una noticia criminal en la que se incluyeron las versiones de Deicy Jiménez que, en una entrevista con la revista Semana, indicó que el expresidente Gustavo Petro le entregó varios contratos a dedo a cambio de favores sexuales.

Incluso, sostuvo que mantuvo una relación con el exmandatario durante varios años y relató episodios en los que el expresidente habría cometido excesos con sustancias psicoactivas, además de actitudes machistas y violentas.

El concejal Andrés Barrios pidió un megaoperativo en el barrio San Bernardo, en el centro de Bogotá, ante denuncias sobre la presunta operación de organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes, el lavado de activos y otros delitos.

El cabildante reclamó una acción coordinada entre el Gobierno nacional y la Administración distrital. Según sostuvo, la respuesta oficial no ha sido suficiente frente a los reportes recogidos por su equipo durante las últimas semanas.

La solicitud busca una intervención sostenida que combine inteligencia, presencia de la fuerza pública, investigaciones judiciales y medidas contra los recursos de las estructuras ilegales. Barrios afirmó que los patrullajes esporádicos y las acciones aisladas no resuelven la situación que denunció en esta zona de la localidad de Santa Fe.

Barrios denunció una presunta casa de torturas y una oficina de sicariato

Uno de los señalamientos expuestos por el concejal se refiere a una vivienda que, presuntamente, sería utilizada para torturar y desmembrar personas. El edil también alertó sobre la posible existencia de una oficina de sicariato relacionada con las dinámicas delictivas que, según sus denuncias, afectan al sector.

Barrios advirtió que la situación en San Bernardo podría convertir al barrio en un segundo Bronx. La comparación alude al antiguo sector del centro de Bogotá que estuvo asociado con el microtráfico y otras actividades ilegales.

El concejal indicó que las denuncias apuntan a la presencia de estructuras criminales que ejercerían control en el área. La comprobación de los hechos y la identificación de los responsables dependerán de las investigaciones de las autoridades competentes.

“San Bernardo necesita una intervención integral y sostenida, no acciones aisladas. Sus habitantes no pueden seguir esperando mientras el miedo les arrebata su barrio. ¿Cuánto más tiene que pasar para que las autoridades intervengan? Llevamos semanas pidiendo una respuesta. Las familias de este sector exigen protección y acciones concretas”, aseguró el cabildante.

Las denuncias mencionan dos estructuras que operarían en el sector

La información recopilada por el equipo de Barrios señala que las actividades ilegales estarían repartidas entre dos grupos. El primero correspondería a un clan de carácter familiar, de acuerdo con lo planteado por el cabildante.

La segunda estructura sería una red de establecimientos comerciales que presuntamente serviría para lavar activos de alias Leo, a quien Barrios señaló como supuesto cabecilla de la banda conocida como Los Cuervos.

El calbildante también expresó preocupación por reportes sobre consumo y comercialización de estupefacientes, circulación de armas, extorsiones y presuntos ajustes de cuentas. Según el concejal, estas situaciones estarían alterando la tranquilidad de las familias que viven en el barrio del centro de la capital.

La propuesta incluye inteligencia, allanamientos y extinción de dominio

El primer componente de la estrategia planteada por Barrios consiste en coordinar a la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, a través de su Cuerpo Técnico de Investigación, y el Ejército Nacional. La intención es fortalecer las labores de inteligencia y las operaciones contra las estructuras denunciadas.

El segundo punto plantea realizar allanamientos estratégicos e investigaciones para identificar y capturar a los cabecillas de las bandas que, presuntamente, controlan las actividades ilegales en San Bernardo.

La tercera medida se enfoca en las fuentes de financiación de esas organizaciones. El concejal propuso investigaciones patrimoniales para rastrear recursos de origen ilícito.

En los casos que correspondan, Barrios pidió avanzar con embargos y procesos de extinción de dominio sobre bienes muebles e inmuebles que estarían vinculados con las operaciones de los grupos.

El concejal pidió protección para los habitantes que entregan información

La cuarta medida está dirigida a los líderes comunitarios y residentes que entregan datos sobre las actividades criminales. Barrios consideró necesario establecer mecanismos de protección para evitar que quienes denuncian sean víctimas de amenazas o represalias.

“San Bernardo necesita una intervención integral y sostenida”, aseguró el concejal Andrés Barrios. El cabildante sostuvo que los habitantes no pueden seguir esperando respuestas mientras persiste el temor en el barrio.

El edil agregó que las familias del sector reclaman protección y acciones concretas. Su llamado apunta a que las autoridades mantengan una presencia institucional permanente, en lugar de limitarse a operativos temporales.

Un día después del crimen contra el exsecretario de Gobierno de Cúcuta Miguel Castellanos, empiezan a conocerse las hipótesis que rodearían el crimen ocurrido el lunes 26 de octubre sobre las 5:50 p. m. en el occidente de la capital de Norte de Santander.

De hecho, según el expediente del caso obtenido por El Tiempo, los investigadores centraron sus pesquesas en las razones por las que el exfuncionario salió de una camioneta blindada antes de ser asesinado.

La Fiscalía busca establecer si el acercamiento a dos hombres en motocicleta obedeció a un incidente vial, a un encuentro voluntario o a otra circunstancia aún no determinada.

El homicidio ocurrió en el anillo vial occidental de la capital de Norte de Santander, cerca de la estación de servicio Tasajero, en el sector de El Pórtico. Castellanos viajaba en una Toyota TXL blindada con uno de sus hijos, de 12 años, cuando detuvo el vehículo y descendió.

Los investigadores intentan reconstruir qué ocurrió durante los segundos que antecedieron al ataque. El punto de partida es la decisión de abandonar la protección del automóvil para aproximarse a dos personas que permanecían a corta distancia, al parecer sobre una motocicleta. La trayectoria del exfuncionario y su experiencia en temas de seguridad hacen que ese movimiento sea uno de los elementos centrales del caso.

Un supuesto choque es una de las líneas que analizan las autoridades

Una de las posibilidades examinadas por los investigadores y conocida por El Tiempo es que Castellanos hubiera bajado de la camioneta tras un incidente de tránsito con los ocupantes de la motocicleta. Bajo esa hipótesis, el encuentro se habría producido después de un roce o una discusión originada en la vía.

Hasta el momento, esa versión enfrenta un elemento que la Fiscalía deberá aclarar. La información preliminar indica que el vehículo no presentaba golpes que permitieran confirmar una colisión. La ausencia de daños visibles no descarta por sí sola un altercado, pero deja sin respaldo material la idea de un choque como detonante del descenso.

La decisión de salir del vehículo también es relevante porque se trataba de una camioneta blindada. Los investigadores analizan por qué un exoficial de la Policía, familiarizado con medidas de autoprotección, se expuso en una vía pública frente a personas cuya identidad no había sido establecida.

La Fiscalía revisa si el encuentro fue voluntario o si los hombres lo abordaron

La segunda línea de investigación busca establecer si Miguel Castellanos detuvo la marcha de manera voluntaria para conversar con los dos hombres que estaban detrás de la camioneta. De acuerdo con los datos conocidos por El Tiempo, ambos se encontraban aproximadamente a dos metros del vehículo.

Esa posibilidad abre varias preguntas: si Castellanos conocía a alguno de ellos, si fue abordado mientras transitaba por el sector o si hubo una circunstancia previa que lo llevó a detenerse. Por ahora, ninguna de esas alternativas ha sido confirmada por las autoridades.

La posición del vehículo forma parte de la reconstrucción. La Toyota TXL permaneció estacionada con las luces encendidas en el lugar del crimen. Los peritos buscan determinar si esa ubicación corresponde a una detención repentina, a una maniobra previa o a un contacto que el exfuncionario aceptó sostener.

Según la información preliminar, Castellanos habló brevemente con los hombres antes de que uno de ellos disparara. La secuencia posterior también está bajo revisión, pues el exsecretario habría intentado reaccionar ante el ataque.

El arma que tenía la víctima y la huida de los atacantes son elementos de la reconstrucción

Tras los disparos, Castellanos quedó tendido sobre la vía, a cerca de dos metros de la camioneta, con una pistola en la mano. Los investigadores deberán establecer si alcanzó a desenfundarla antes de recibir los impactos, si buscó usarla en defensa propia y en qué momento se produjo su reacción.

El reporte inicial señala que uno de los agresores le disparó en dos oportunidades. Después, los responsables escaparon en una motocicleta de características similares a las de una Suzuki GN. La identificación de ese vehículo, el recorrido de huida y la eventual ubicación de sus ocupantes son parte de las tareas pendientes en la investigación.

La Unidad Especial de Investigaciones (UEI) de la Fiscalía General de la Nación asumió el caso por el asesinato de un líder político. Sus agentes iniciaron los actos urgentes con la inspección del cadáver, el registro fotográfico de la escena, el análisis del terreno y entrevistas a testigos y familiares.

En el sitio fue incautada una pistola Jericho calibre 9 milímetros, identificada en los reportes preliminares como el arma con la que le dispararon a Castellanos. Junto a ella se encontró un proveedor con nueve cartuchos. El examen balístico deberá aportar datos sobre el arma y su relación con la secuencia del ataque.

Las lesiones y las denuncias previas integran el expediente del caso

El informe preliminar registró heridas por arma de fuego en la región axilar derecha, el hombro izquierdo y la región nasal. La valoración médico-legal y los demás análisis de la escena permitirán precisar la trayectoria de los disparos y la dinámica del homicidio.

Castellanos había denunciado amenazas de muerte durante los últimos tres años. También afirmó haber sido víctima de calumnia e injuria. En sus antecedentes figura como denunciante en procesos relacionados con trata de personas, supuesto desplazamiento forzado y fraude procesal.

Estos antecedentes hacen parte del contexto que será revisado por la investigación, sin que hasta ahora exista una relación confirmada entre esas denuncias y el crimen. La Fiscalía deberá determinar el motivo del homicidio y esclarecer qué llevó a Castellanos a descender de su camioneta antes del encuentro con los atacantes.

En medio de las polémicas que ha generado la nueva secretaria general de la Cancillería, Gina Paola González Grau, por presuntamente autocertificarse laboralmente para acceder al cargo, en la mañana del martes 27 de octubre se conoció que la funcionaria emitió una particular circular a todo el equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores en la que da instrucciones sobre cómo referirse a ella.

“En ejercicio de la función asignada a la Secretaría General en el numeral 21 del artículo 18 del Decreto 869 de 2016, y con fundamento en los artículos 14 y 15 de la Constitución Política y en el artículo 3 del Decreto Ley 1260 de 1970-que reconocen el derecho de toda persona a su individualidad, a su nombre y a su buen nombre-, así como en las pautas sobre administración de comunicaciones oficiales previstas en la Ley 594 de 2000 y en el Acuerdo 060 de 2001 del Archivo General de la Nación, me permito impartir las siguientes instrucciones”, señala la circular.

En el documento interno conocido por Caracol Radio, la secretaria general ordenó que su identificación oficial utilice únicamente su primer nombre y apellidos y elimine “Gina Paola” de los registros y comunicaciones del Ministerio.

La instrucción establece que la funcionaria deberá aparecer como Gina González Grau en memorandos, oficios, informes, presentaciones, actas, directorios, tarjetas de presentación, firmas de correo electrónico y demás documentos oficiales.

Según la circular, la medida también se aplicará a cualquier documento que haga referencia a ella, sin importar qué dependencia lo elabore.

“PRIMERO. A partir de la fecha de expedición de la presente circular, en las comunicaciones oficiales, memorandos, oficios, informes, presentaciones, actas, directorios, listados, señalización, tarjetas de presentación, firmas de correo electrónico y demás documentos que expidan o suscriban las dependencias del Ministerio, la Secretaria General se identificará como Gina González Grau”, dice la circular.

Sin embargo, la directriz no modifica el nombre inscrito en el registro civil. Los actos administrativos, contratos, convenios, poderes y documentos que exijan la identificación plena deberán incluir el nombre completo registrado y el número de cédula de ciudadanía.

“La misma forma de identificación deberá emplearse en todo documento que la referencie, con independencia de la dependencia que lo elabore. Se exceptúan los actos administrativos, contratos, convenios, poderes, actos de delegación y demás documentos en los que la normativa exija la identificación plena del servidor público; en ellos se empleará el nombre completo que consta en el registro civil, con el número de cédula de ciudadanía”, ordenó la nueva secretaria.

Las dependencias de la Cancillería tendrán 15 días hábiles para actualizar plantillas, formatos, bases de datos, directorios y publicaciones. Los documentos emitidos antes de la circular conservarán su validez y no deberán ser corregidos.

La orden se fundamenta en las normas que reconocen el derecho a la individualidad, al nombre y al buen nombre, además de las disposiciones sobre comunicaciones oficiales y gestión documental.

“Las dependencias ajustarán las plantillas, formatos, bases de datos, directorios y publicaciones a su cargo dentro de los quince (15) días hábiles siguientes. Los documentos ya expedidos conservan plena validez y no requieren corrección. QUINTO. La presente circular rige a partir de su publicación en los canales internos de comunicación del Ministerio”, concluye la circular.

La experiencia acreditada para el cargo genera interrogantes

La circular se conoce después de que Caracol Radio divulgara documentos que plantean dudas sobre la experiencia presentada por Gina González Grau para acceder a la Secretaría General de la Cancillería de Colombia.

Según la emisora, la funcionaria certificó que fue directora general de Gina González Grau Consultores desde el 1 de febrero de 2021 hasta el 9 de agosto de 2026.

El período supera los cinco años de experiencia exigidos por el manual de funciones del cargo. Sin embargo, el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Barranquilla, citado por el medio, indica que la empresa fue registrada en 2023. La diferencia entre ambas fechas abrió interrogantes sobre los dos primeros años incluidos en la constancia.

El documento habría sido expedido por la misma firma en la que González Grau figura como directora general. Hasta el momento, no se conocía un pronunciamiento público de la funcionaria sobre las dudas expuestas por la emisora.

Cuatro días después de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella anunciara a Viviane Morales, la primera ministra de Educación de su mandato, como nueva consejera comisionada de paz, la Presidencia de la República finalmente publicó su hoja de vida en la página de aspirantes.

En la plataforma oficial, a la nueva consejera se le cargó la hoja de vida con su más reciente experiencia como ministra, pese a haber durado apenas 30 días al frente de la cartera nacional y salido por cuestiones personales.

El 23 de octubre, la Presidencia había publicado un comunicado en el que oficializaba el nombramiento, con la misión de impulsar una revisión de los compromisos alcanzados en La Habana (Cuba) y desmontar lo que el Ejecutivo denomina la “falsa paz”.

Tras surtir los trámites necesarios y ser posesionada por el presidente Abelardo de la Espriella, la ahora funcionaria deberá asumir tareas vinculadas con más de 10 millones de víctimas, la reincorporación de unos 13.000 excombatientes y sus familias, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial en 170 municipios y la ejecución de 16 planes nacionales sectoriales.

Su nuevo puesto la ubicará en una dependencia con comunicación directa con el presidente, mientras el Gobierno examina los resultados de la implementación y cuestiona varias de sus estructuras.

Las dificultades presupuestales de organismos como la Agencia para la Reincorporación y la Normalización también podrían limitar el desarrollo de sus labores. La entidad atiende procesos vinculados con quienes dejaron las armas y sus familias.

La revisión de compromisos, recursos y estructuras estatales

El mandato de Morales incluirá una evaluación exhaustiva de la implementación, el cumplimiento de los compromisos y la destinación de recursos públicos. También deberá identificar las fallas institucionales que, según el Gobierno nacional, han impedido avances en justicia, reparación a las víctimas y seguridad.

“Esta decisión responde a la determinación del Gobierno nacional de examinar los resultados de la denominada falsa paz, desmontar estructuras burocráticas innecesarias y acabar con la utilización del discurso de paz como instrumento de impunidad y privilegios políticos”, señaló el Ejecutivo.

Morales también promoverá la revisión de las políticas vigentes, las reformas que el Gobierno considere necesarias y el desmonte de las estructuras que, a su juicio, se hayan apartado de sus propósitos institucionales.

El comunicado presidencial sostuvo que la política estatal no mantendrá ese enfoque: “La falsa paz no será una política permanente de Estado. La verdadera paz exige justicia, autoridad institucional, cumplimiento de la ley, seguridad y reparación efectiva a las víctimas”.

Entretanto, la designación abre interrogantes sobre el futuro de los acuerdos de La Habana. El Gobierno de De la Espriella ratificó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas su compromiso con el proceso, pero ha expresado críticas sobre los resultados de su implementación.

El canciller Omar Bula afirmó el 12 de octubre que el reconocimiento de los avances y el respeto al derecho internacional no liberan al Estado de examinar los resultados.

“Tenemos la responsabilidad moral, constitucional e histórica que el Estado colombiano ha adquirido con los colombianos para evaluar los resultados del Acuerdo de Paz, revisar con rigor y objetividad su verdadero alcance y reconocer, sin excusas, las fallas estructurales y los desafíos que aún persisten y que han impedido alcanzar una paz real y duradera”, dijo.

El cambio frente a los anuncios del presidente electo

Antes de asumir, De la Espriella había anticipado una transformación de la política de paz, con una Alta Consejería concentrada en la seguridad. También anunció que desaparecerían varias consejerías, entre ellas la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.

Esa unidad fue creada durante el gobierno de Gustavo Petro, después de que se eliminara la Consejería para la Estabilización de Iván Duque. El entonces presidente electo planteó trasladar sus funciones a la Alta Consejería para la Paz.

“El comisionado para la Paz se acaba porque no habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno. Y a partir del 7 de agosto, el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento y que se va a acabar desde que asuma el cargo en propiedad”, había dicho De La Espriella días antes de su posesión.

Sin embargo, el comunicado oficial confirmó que la Consejería Comisionada de Paz y la Unidad de Implementación continuarán operando. Ambas quedaron bajo la conducción de Morales, con el objetivo de revisar el cumplimiento de los compromisos y las estructuras creadas para ejecutarlos.

En medio de los preparativos de las autoridades para preservar el control durante el fin de semana de Halloween, en la mañana del martes 27 de octubre la Secretaría de Movilidad de Bogotá implementó un plan de choque para prevenir las muertes por accidentes de tránsito que involucra motociclista.

Según la medida especial, el Distrito restringirá la circulación de motos del jueves 29 de octubre al martes 3 de noviembre, para prevenir siniestros viales y alteraciones del orden público.

Entre las disposiciones, el parrillero estará prohibido entre las 6:00 p. m. y las 06:00 a. m. durante los días señalados. Además, los conductores de motocicletas no podrán circular en 19 corredores viales de la capital entre las 8:00 p. m. y las 04:00 a. m. del día siguiente.

Según indicó la Secretaría de Movilidad, también quedaron prohibidas las llamadas “rodadas del terror”, recorridos temáticos en los que los motociclistas salen disfrazados por las calles de la capital.

Las autoridades adoptaron las medidas por los antecedentes de caravanas no autorizadas, problemas de convivencia, congestión vehicular e incidentes asociados al exceso de velocidad y al consumo de bebidas embriagantes y sustancias psicoactivas.

“Ambas medidas aplican las noches del 29, 30 y 31 de octubre y del 1 y 2 de noviembre. La restricción de parrillero finaliza el martes 3 de noviembre a las 6:00 a. m. y la de circulación de motos, a las 4:00 a. m.”, señaló la secretaría.

Los 19 corredores con restricción total para motocicletas

La prohibición de circulación entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m. cobija la Autopista Norte, la Autopista Sur, la avenida NQS o carrera 30, las avenidas Boyacá, Ciudad de Cali, Las Américas, Suba, Guayacanes, La Esperanza, Ciudad de Villavicencio y Circunvalar. También incluye la calle 26 o avenida El Dorado, las calles 80, 13, 53 y 63, la carrera Séptima y las carreras 60 y 80.

Fuera de esas franjas horarias, las motocicletas podrán transitar con normalidad. La secretaria distrital de Movilidad, María Fernanda Ortiz, señaló que las decisiones se concentran en la noche, cuando se registra la mayor proporción de siniestros mortales que involucran a estos vehículos.

“Es un fin de semana que históricamente ha presentado unas cifras preocupantes, 15 muertes en promedio durante este fin de semana. En el 80% de los casos, estos siniestros fatales involucraron una motocicleta, y 73% de estas muertes ocurrieron durante el horario nocturno en las vías principales de la ciudad”, aseguró la funcionaria en rueda de prensa.

Excepciones y sanciones por incumplir la restricción

Las restricciones no aplican a mensajeros y domiciliarios identificados por sus empresas; integrantes de la Fuerza Pública, la Fiscalía y el Ejército; personal de vigilancia privada; personas con discapacidad y quienes las transporten; integrantes de aseguradoras; conductores elegidos; la caravana presidencial; el servicio diplomático y consular, y motocicletas vinculadas al Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp), incluidos TransMilenio y los concesionarios de rutas TransMiZonales.

Entretanto, desde el Distrito advirtieron que quienes incumplan la restricción podrán recibir una infracción C14 del Código Nacional de Tránsito, que contempla multa e inmovilización de la motocicleta.

Además, para vigilar el cumplimiento de la medida, la Alcaldía de Bogotá anunció 21 puestos de control móviles y el despliegue de cerca de 1.000 uniformados de la Policía de Tránsito y agentes civiles.

Las autoridades recomendaron planear los desplazamientos y usar las rutas troncales de TransMilenio y los servicios TransMiZonales durante los horarios de restricción.

Las medidas similares aplicadas en Halloween de 2025 dejaron 1.711 comparendos y 963 motocicletas inmovilizadas por incumplir las prohibiciones. La Secretaría de Movilidad informó una reducción del 75% en las muertes por siniestros viales durante las noches y madrugadas, además de una disminución del 51% en los lesionados frente al mismo periodo de 2024.

El operativo anterior contó con 2.000 uniformados, 15 puestos de control y 180 unidades entre agentes civiles, guías y policías de tránsito.

Se acerca una de las fechas con mayor consumo de licor en toda la capital del país y, desde ya, las autoridades emitieron alertas para evitar caer en engaños y posibles daños a la salud durante la noche de Halloween.

De hecho, la Secretaría de Seguridad de Bogotá anunció el aumento de controles a establecimientos de entretenimiento nocturno y de expendio de bebidas embriagantes para evitar la comercialización de licor adulterado.

Sin embargo, la entidad también entregó una lista de recomendaciones a los bogotanos que planean celebrar la famosa noche de brujas en bares, discotecas y establecimientos nocturnos de la capital del país.

La secretaría recomendó revisar el licor antes de consumirlo para evitar intoxicaciones por bebidas adulteradas que pueden contener metanol y causar daños graves, incluso cuando el líquido parece normal.

Junto a advertencia, el Distrito recordó que los envases de esas bebidas contienen características especiales que deberán verificarse antes de ingerirlo, como en el caso de la tapa.

La revisión debe comenzar antes de destapar la botella. Una tapa floja, un sello roto o una estampilla deteriorada pueden advertir una posible manipulación del envase. La tapa debe ajustarse correctamente y el sistema de seguridad tiene que estar completo, sin roturas, perforaciones o piezas que parezcan haber sido retiradas y puestas de nuevo. La estampilla, cuando el producto la incluya, debe conservar sus elementos de identificación y no presentar cortes, desprendimientos ni cambios visibles.

El estado del líquido es otro aspecto que conviene observar con atención. Antes de servir o beber, se recomienda mirar el contenido contra una fuente de luz y comprobar que mantenga una apariencia acorde con el tipo de bebida. La presencia de partículas, residuos, sedimentos o cambios inusuales en el aspecto del licor es una señal para no consumirlo. Aunque una botella tenga una presentación aparentemente normal, cualquier anomalía en el contenido justifica suspender su uso.

Las etiquetas también ofrecen información útil para identificar irregularidades. Deben estar bien adheridas al envase, sin arrugas que oculten datos ni indicios de haber sido despegadas. Los textos, colores, imágenes y logotipos deben ser nítidos y legibles. Letras borrosas, errores de impresión, información incompleta o etiquetas ubicadas de forma irregular pueden ser indicios de una posible falsificación.

Además de la presentación externa, es necesario revisar los datos que identifican el producto. El lote, los códigos de seguridad y la información del fabricante o distribuidor deben poder leerse con claridad y guardar coherencia entre sí. Si hay datos contradictorios, tachones, adhesivos sobrepuestos o señales de alteración, la recomendación es no ingerir la bebida. En caso de dudas, los consumidores pueden acudir a los canales oficiales de la autoridad sanitaria para verificar la información disponible sobre el producto.

En bares, discotecas y restaurantes, la medida de prevención empieza al momento de hacer el pedido. La botella debe llegar cerrada a la mesa y abrirse en presencia del cliente. Si el establecimiento entrega un envase que ya está abierto, tiene el sello intervenido o despierta sospechas de haber sido rellenado, no debe aceptarse ni consumirse. Esta verificación es relevante cuando se piden botellas completas, pues permite comprobar el estado del sistema de seguridad antes de servir la bebida.

El metanol puede causar daños en la visión y el sistema nervioso

El riesgo asociado con el licor adulterado se relaciona, entre otros factores, con la posible presencia de metanol, una sustancia tóxica. Su consumo puede provocar una intoxicación de gravedad y afectar órganos vitales, con especial impacto en la visión y el sistema nervioso. La apariencia habitual del líquido no descarta el peligro, por lo que las medidas de revisión deben aplicarse antes del consumo.

Entre los síntomas que pueden presentarse están la visión borrosa y otras alteraciones visuales que pueden avanzar hasta la ceguera. También pueden aparecer dolor de cabeza, náuseas, vómito, dolor abdominal y dificultad para respirar. La intoxicación por metanol puede ocasionar alteraciones del estado de conciencia, daño neurológico permanente, coma e incluso la muerte.

Las molestias no siempre se manifiestan de inmediato. Los síntomas pueden tardar varias horas en aparecer, de modo que sentirse bien poco después de beber no elimina la posibilidad de una intoxicación. Ante la sospecha de que una persona haya consumido una bebida adulterada, se debe buscar atención médica de urgencia. No es recomendable esperar a que se presenten síntomas ni intentar tratar el cuadro en casa.

Ante los riesgos, la invitación de las autoridades a la ciudadanía es comprar bebidas alcohólicas en establecimientos confiables, revisar sus condiciones antes de consumirlas y poner en conocimiento de las entidades competentes cualquier irregularidad que pueda comprometer la salud de los consumidores.

25 días después de que Bruce Mac Master renunciara a la presidencia de la Andi, el comité de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ya definió una lista de cinco candidatos para reemplazarlo, tras semanas de enfrentamientos con el Gobierno nacional por la autonomía empresarial, la relación institucional y la agenda económica del país.

La salida de Mac Master ocurrió en un escenario de diferencias entre la administración nacional y el gremio. El dirigente sostuvo que las circunstancias recientes habían complejizado el entorno de la asociación y advirtió sobre presiones que, según afirmó, afectaban su capacidad de actuar con autonomía.

Con la decisión de la Andi, los aspirantes seleccionados por el comité son Luz Stella Murgas, Carlos Andrés De Hart Pinto, Juan Camilo Nariño Alcocer, Nicolás Uribe Rueda y Jaime Bermúdez Merizalde. La lista reúne perfiles con experiencia en los sectores energético, agroindustrial, minero, diplomático, político, gremial y corporativo.

Perfiles vinculados con los sectores energético, agroindustrial y minero

Luz Stella Murgas es abogada de la Universidad del Rosario y tiene una especialización en Derecho Tributario de la misma institución. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector minero-energético colombiano, tanto en el ámbito público como en el privado, con trabajo en regulación, tributación y estrategia energética.

Desde 2021, Murgas es presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Gas Natural, Naturgas. Desde ese cargo representa a las principales empresas de producción, transporte, distribución y comercialización de gas natural, y participa en las discusiones sobre soberanía energética, abastecimiento nacional y transición hacia energías más limpias.

Carlos Andrés De Hart Pinto es administrador de empresas de la Universidad de los Andes. En el sector público fue viceministro de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo durante la administración del expresidente Juan Manuel Santos.

En la actividad privada dirigió la firma palmicultora Promipalma y la promotora Promisión S.A., ambas en Santander. También integró las juntas directivas de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y de ProSantander.

Juan Camilo Nariño Alcocer es economista de la Pontificia Universidad Javeriana y tiene una maestría en Asuntos Públicos y Participación Ciudadana. Fue zar anticorrupción de Colombia entre 2002 y 2004, colaboró con la Organización de los Estados Americanos en negociaciones de paz y participó en la creación y negociación del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico.

Nariño preside desde 2019 la Asociación Colombiana de Minería, ACM, que representa a compañías dedicadas a la exploración y producción de carbón, oro, níquel, esmeraldas y otros minerales. En 2023 asumió la presidencia del Organismo Latinoamericano de Minería y también integra el Consejo Gremial Nacional, el Instituto de Ciencia Política y juntas directivas de los sectores financiero, educativo y de salud.

Trayectorias en política, diplomacia y dirección empresarial

Nicolás Uribe Rueda es abogado de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en Acción Política y Participación Ciudadana y estudios en Política Internacional. Fue representante a la Cámara por Bogotá entre 2006 y 2010 y dirigió el programa Colombia Joven como consejero presidencial para la Juventud durante la administración de Álvaro Uribe Vélez.

Uribe fue presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá entre diciembre de 2019 y junio de 2023. También presidió la Federación Mundial de Cámaras de Comercio, WCF, como el primer latinoamericano al frente de la organización, e integró el Consejo Directivo del CESA.

Su trayectoria incluye participaciones como panelista en Blu Radio y columnista de El Espectador. Actualmente trabaja como conferencista internacional y consultor empresarial en estrategia, transformación digital e inteligencia artificial.

Jaime Bermúdez Merizalde es abogado de la Universidad de los Andes, político, diplomático y consultor empresarial. Tiene un doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Oxford.

Bermúdez fue consejero de Comunicaciones de la Presidencia entre 2002 y 2006, embajador de Colombia en Argentina entre 2006 y 2008 y ministro de Relaciones Exteriores entre 2008 y 2010, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En el sector corporativo presidió Lazard Colombia y actualmente encabeza la firma de consultoría Kelhill Group, además de haber integrado las juntas directivas de Carvajal S.A. y Grupo Sura.

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa por las denuncias de Deicy Jiménez sobre una presunta entrega irregular de contratos estatales a mujeres a cambio de relaciones sexuales, hechos que podrían involucrar a funcionarios del Congreso, el Ministerio del Interior, el Departamento Administrativo de la Presidencia y dos superintendencias.

La entidad requirió información sobre cualquier contrato, orden de prestación de servicios u otra vinculación que Jiménez haya tenido desde 2019 con las instituciones bajo revisión. También solicitó copias de los documentos, sus valores, las funciones realizadas, la hoja de vida, el estado de cada vínculo y la identificación de quienes suscribieron o supervisaron esos contratos.

“PRIMERO: ORDENAR LA APERTURA DE INDAGACIÓN PREVIA en contra de funcionarios por determinar del Congreso de la República Dirección General Administrativa; Departamento Administrativo de la Función Pública DAPRE; Ministerio del Interior, Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y Superintendencia Nacional de Salud; por hechos relacionados con una presunta extralimitación en el ejercicio de funciones, acoso y violencia de género, irregularidades administrativas en la suscripción de contratos, de órdenes de prestación de servicios y conexos”, señala la Procuraduría.

Las diligencias alcanzan al Congreso de la República, el Ministerio del Interior, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y la Superintendencia Nacional de Salud. Las entidades deberán responder en un plazo máximo de tres días desde que reciban la comunicación.

Los contratos y las denuncias de violencia de género

Jiménez, líder y defensora de la población Lgbti, aseguró en declaraciones a la revista Semana que recibió contratos en distintas entidades estatales a cambio de sostener relaciones sexuales. La Procuraduría consideró que esos hechos podrían corresponder a una extralimitación de funciones de servidores públicos aún no identificados.

La resolución plantea que varias mujeres habrían sido vinculadas mediante contratos de prestación de servicios por motivos ajenos a las necesidades del servicio público. De confirmarse, las conductas podrían constituir irregularidades administrativas, acoso y violencia de género.

El organismo disciplinario señaló que busca establecer si existió “acoso y violencia de género en contra de un número plural de mujeres que habrían sido vinculadas a través de contratos de prestación de servicios al Estado, siendo la verdadera razón de su contratación otra distinta a la atención de las necesidades propias del servicio público”.

La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción ordenó la práctica de pruebas para individualizar a los posibles responsables y precisar las conductas que serán objeto de examen. Sin embargo, aclaró que la apertura no formula cargos contra personas determinadas, ya que la autoridad considera necesario verificar la identidad de los servidores públicos que podrían estar involucrados.

Jiménez fue reconocida como sujeto procesal dentro de las actuaciones. La entidad también pidió a la revista Semana una copia completa de la entrevista difundida el 25 de octubre de 2026, junto con los datos de contacto e identificación de la denunciante.

Las entidades bajo requerimiento disciplinario

La investigación preliminar incluye a funcionarios por determinar de la Dirección General Administrativa del Congreso, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el Ministerio del Interior y las dos superintendencias. La solicitud de información contempla además las posibles vinculaciones de Jiménez por modalidades distintas de las órdenes de prestación de servicios.

Si las entidades confirman que existieron contratos, deberán entregar una certificación laboral completa y las copias íntegras de los acuerdos. También tendrán que informar las labores, funciones o trabajos desarrollados por Jiménez, así como los nombres de quienes firmaron los documentos y de los supervisores asignados.

La resolución fue asumida por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Segunda para la Vigilancia Administrativa, competente para adelantar procesos contra servidores públicos nacionales de determinado rango. Las actuaciones se tramitarán bajo lineamientos de enfoque de género establecidos en una circular del 10 de septiembre de 2025.

El expediente podrá avanzar hacia una investigación disciplinaria una vez que se recopilen los documentos y se determine qué funcionarios participaron, si hubo contratos vinculados a las denuncias y cuáles fueron las condiciones en que se suscribieron.

Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción y exsecretario de Transparencia de Colombia, confirmó en la mañana del lunes 26 de octubre que Deicy Jiménez tuvo un contrato con el Dapre y anunció una denuncia penal contra el expresidente Gustavo Petro, después de que la mujer lo acusara de haber facilitado contratos estatales a cambio de favores sexuales en una entrevista publicada el 25 de octubre de 2026 por la revista Semana.

Jiménez sostuvo que existiría una red de entre 30 y 40 mujeres que habrían recibido contrataciones públicas bajo ese mismo mecanismo, lo que despertó polémica en todo el país por presunto uso de recursos del estado para asuntos personales del exmandatario.

Los cinco contratos atribuidos a Jiménez durante el anterior cuatrienio sumaron $ 100.151.338. Enciso, en diálogo con Blu Radio, señaló que detectó vinculaciones de la mujer con el Senado, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, el Ministerio del Interior y la Presidencia.

El contrato en la Presidencia y la denuncia en curso

La contratación que concentró la atención del director del Instituto Anticorrupción fue publicada el 25 de julio de 2026 y ya finalizó. Jiménez figura allí como auxiliar administrativa del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

“Estamos hablando de la entidad que rige directamente el presidente de la República”, afirmó Enciso durante una entrevista con el medio radial. El exfuncionario sostuvo que debe establecerse si el contrato respondía a una necesidad efectiva de la entidad, si estaba incluido en el plan de gasto y si hubo una convocatoria para cubrir el servicio.

La acción judicial contra Petro fue presentada ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia. Enciso explicó que la presentación ante ambos organismos responde a que los hechos denunciados abarcarían el período en que Petro fue senador y su posterior mandato presidencial.

“La denuncia no es que la vamos a presentar, ya la presentamos desde el día de ayer”, señaló. Añadió que la discusión no se centra en la vida privada del exmandatario, sino en un posible uso de la función pública para obtener un beneficio personal.

Enciso planteó que las acusaciones podrían derivar en una investigación por peculado, tráfico de influencias de servidor público y concusión, siempre que se comprueben las afirmaciones de Jiménez y las pruebas aportadas por ella. También remarcó que la autenticidad de fotografías y conversaciones deberá ser determinada por la justicia y que Petro conserva la presunción de inocencia.

Las conductas penales señaladas por el Instituto Anticorrupción

El posible peculado estaría relacionado con una contratación pública sin una justificación legítima para la entidad. Enciso explicó que esa conducta podría configurarse si una persona recibió honorarios o salario mediante un contrato que no respondía a una necesidad misional o administrativa.

El tráfico de influencias de servidor público está contemplado en el artículo 411 del Código Penal y puede implicar penas de prisión de 64 a 144 meses. Según el análisis del abogado, ese delito podría investigarse si se demuestra que Petro recomendó o facilitó la contratación de Jiménez, primero como senador y luego como presidente.

La concusión, por su parte, contempla penas de 96 a 180 meses de prisión para el servidor público que, mediante el abuso de su cargo, induzca a alguien a entregar o prometer dinero u otra utilidad indebida. Enciso vinculó esta figura con la hipótesis de un intercambio entre contrataciones estatales y favores sexuales.

Sobre la respuesta pública de Petro a las acusaciones, el director del Instituto Anticorrupción sostuvo que no respondió a los cuestionamientos sobre la existencia de contratos. “Todo lo que está quedando en evidencia es que los contratos sí existieron”, dijo.

El director del Dapre, Carlos Ríos, había mencionado a 48 mujeres que habrían sido instrumentalizadas mediante órdenes de prestación de servicios. Enciso consideró que ese grupo no necesariamente coincide con las mujeres mencionadas por Jiménez.

“Yo tengo la impresión de que son grupos de mujeres diferentes”, afirmó. Si ambas versiones fueran comprobadas, agregó, podría tratarse de “una especie de comportamiento generalizado, sistemático”.

Enciso indicó que la denuncia no incluyó el artículo 175 de la Constitución, referido a la indignidad en el ejercicio del cargo, porque la prioridad fue actuar con rapidez frente a los posibles delitos. Señaló que la Sala de Instrucción Penal y la Cámara de Representantes podrán considerar esa disposición posteriormente.

Momentos de horror vivieron los integrantes de la agrupación del joven vallenatero Kbeto Zuleta, después de que el autobús en el que viajaban sufriera un fuerte accidente de tránsito que, premilimarlmente, deja un saldo de dos personas fallecidas.

Según la información conocida hasta el momento, el automotor transitaba por la vía entre El Difícil, Magdalena, y Bosconia, en Cesar, cuando sufrió el aparatoso siniestro que dejó el vehículo sumergido en el río Ariguaní.

El fuerte impacto ocasionó el fallecimiento de dos personas, entre ellas el corista Giovanni Lobo y el guitarrista de la agrupación Harold Santana. Sin embargo, las autoridades deberrán corroborar la información para determinar la plena identificación de las víctimas mortales.

Entretanto, desde la Alcaldía de Bosconia confirmaron que el vocalista Kbeto Zuleta, hijo del reconocido vallenatero Poncho Zuleta, se encontraba a bordo del bus y resultó herido y habría sido sometido a una cirugía de amputación de una de sus extremidades inferiores, según información revelada por El Pilón de Valledupar.

Vecinos del sector se acercaron al lugar para ayudar con la evacuación de los sobrevivientes, mientras que los organismos de socorro iniciaron con las respectivas labores para determinar las circunstancias del siniestro.

No se tiene claridad sobre lo que pudo provocar el accidente. Sin embargo, se sabe que el automotor se salió de la carretera justo cuando atravesaba el puente que atraviesa el cuerpo hídrico.

La agrupación regresaba de un toque privado realizado la noche anterior en la ciudad de Sincelejo, Sucre, donde también estuvo el cantante vallenato Elder Dayán Díaz.

Hasta donde se conoce, ambulancias y personal paramédico trasladaron a algunos ocupantes a la Clínica Sinaí de Bosconia, pero aún no se ha establecido cuántas personas viajaban en el bus ni cuál es el estado de salud de todos los pasajeros.

Entretanto, el alcalde Bosconia, Jorge Patiño, señaló que el balance preliminar es de al menos 20 personas heridas, entre ellas varias con amputaciones de extremidades y otros cuantos con un pronóstico reservado de salud.

“Confirmado, hay dos personas fallecidas y hay 20 heridos, los tenemos aquí entre la clínica y el hospital. Entre los heridos hay tres o cuatro que están bastante graves y, según me comentan los enfermeros, hay como dos o tres muchachos amputados desafortunadamente”, señaló el mandatario local en diálogo con Blu Radio.

Entre las hipótesis del siniestro se habla de una posible pérdida de control por parte del conductor, además de una falla mecánica. Además, versiones de testigos señalan que el automotor chocó abruptamente contra una de las barandas de contención del puente antes de terminar en el río.

Por su parte, la Gobernación del Cesar envió un mensaje de condolencias a los familiares de las dos personas fallecidas, además de pedir prudencia a los equipos y conductores de los artistas que se movilizan diariamente por las vías nacionales.

“Desde el Gobierno del Cesar expresamos nuestra más sentida solidaridad a Kbeto, a los miembros de su agrupación, a sus familias y a todo el folclor vallenato en este difícil momento. Estamos prestos a brindar toda la colaboración institucional que corresponda. A todos nuestros artistas que cada fin de semana recorren el país llevando alegría con su talento, nuestro llamado es a la prudencia en las vías. Cuidemos la vida, que es lo más valioso. Preservar la integridad debe ser siempre la prioridad”, señaló la administración departamental a través de su cuenta de X.

La noche anterior, el artista vallenatero publicó videos en sus redes sociales de su presentación privada, en la que se observa también parte del equipo que lo acompañó y que se desplazaba en el vehículo accidentado.

Hasta el momento, ni el artista, ni su familia, ha emitido un comunicado oficial para corroborar el estado de salud del cantante tras el siniestro vial.

Tras las declaraciones de Delcy Jiménez, que acusó al expresidente Gustavo Petro de contratar irregularmente a al menos 30 mujeres en entidades del Estado a cambio de supuestos favores sexuales, en la mañana del lunes 26 de octubre se conoció que ya reposa una demanda contra el exmandatario ante la Corte Suprema de Justicia.

La denuncia por un presunto carrusel de contratos fue presentada ante el alto tribunal contra Gustavo Petro y la excongresista María José Pizarro, del Pacto Histórico, ante la Sala de Casación Penal.

De acuerdo con el documento presentado por Colombia Transparente, la Deicy Jiménez habría recibido contratos en el Congreso, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia por una suma superior a $ 113 millones.

La denuncia señala una red de intermediarios y presuntas irregularidades desde 2019

El escrito sostiene que la asignación de los contratos públicos se habría hecho mediante una red de intermediarios. También menciona un supuesto consumo y suministro de drogas.

Según la denuncia, los hechos habrían empezado cuando Petro era senador, antes de llegar a la Presidencia de la República. En ese mismo periodo, María José Pizarro ejercía como representante a la Cámara.

“Los hechos atribuidos al señor Petro como senador consisten en el uso de su posición para obtener contratos en entidades públicas, incluidas entidades del Congreso, desde 2019 según el relato y desde 2021 según los registros contractuales”, indica el documento.

El denunciante relaciona a Pizarro con un contrato de una Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). A su vez, las presuntas actuaciones atribuidas a Petro durante su mandato presidencial serían llevadas ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

Deicy Jiménez afirma que recibió contratos tras conocer a Petro en 2019

En una entrevista divulgada por la revista Semana, Deicy Jiménez, exfuncionaria del gobierno Petro, aseguró que el entonces mandatario le habría otorgado contratos públicos a cambio de mantener relaciones sexuales con él.

“No estoy de acuerdo con el abuso de poder que hubo durante el gobierno de Gustavo Petro; usaba a mujeres jóvenes para sus beneficios propios, personales, a cambio de contratos. No estoy de acuerdo con eso, con el abuso de poder”, señaló ante la revista.

Sus declaraciones coinciden con acusaciones difundidas recientemente por Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), sobre una presunta red de mujeres jóvenes del anterior gobierno que habrían recibido beneficios contractuales.

Jiménez relató que conoció a Petro en 2019, cuando aún era senador, a través de una plataforma para adultos. Después de ese encuentro, habría obtenido contratos con el Estado durante cerca de cinco años.

“Apareció como un cliente más y al mes nos conocimos personalmente y seguimos una relación (...). Empezamos un romance, una conexión muy íntima. Y decidí venirme para Bogotá y empecé a trabajar en el Senado. Y seguí trabajando con él”, señaló la mujer a Semana.

La mujer afirmó que Petro la recomendó para distintos cargos a cambio de relaciones sexuales y que el vínculo terminó un día antes de que finalizara el periodo presidencial, el pasado 6 de agosto de 2026.

“Fue en Cali, en un hotel. Llegué como a las nueve de la noche y amanecimos juntos. Al otro día me fui y ya. Como al mes me vine para Bogotá. Eso fue en 2019″, señaló Jiménez a la revista Semana.

Según los datos incluidos en la denuncia, Jiménez tuvo contratos o cargos en el Congreso, la Superintendencia de Vigilancia y el Ministerio del Interior.

““Obviamente, él tiene derecho a hacer lo que quiera, pero tratándose del Gobierno y más de un presidente, es delicado. Él, después de esas fiestas y todo eso, salía a hablar y por eso lo veíamos en esa actitud, de esa forma y, pues, no. No estaba bien”, comentó la mujer

Luego de las denuncias de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Angie Rodríguez, además del relato de la joven Deicy Jiménez conocido el domingo 25 de octubre sobre presuntos contratos estatales a cambio de favores sexuales al expresidente Gustavo Petro, la Fiscalía General de la Nación asumió la investigación.

Según se conoció en la mañana del lunes 26 de octubre, el ente acusador abrió una noticia criminal para investigar la totalidad de las presuntas irregularidades presentadas en el Dapre y otras dos dependencias del Gobierno del exmandatario.

La indagación busca establecer si se entregaron contratos estatales a mujeres a cambio de beneficios, a partir de las denuncias de Deicy Jiménez y las declaraciones de Angie Rodríguez. Según la información preliminar, el proceso fue aperturado desde el pasado 23 de octubre.

Según información conocida por Infobae Colombia, Jiménez estuvo vinculada al Estado mediante al menos 5 contratos: con el Congreso de la República, el Ministerio del Interior y con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, entidad adscrita al Ministerio de Defensa.

La investigación parte, inicialmente, del presunto delito de abuso de función pública. La Fiscalía podrá formular nuevas hipótesis si encuentra elementos que las sustenten o cerrar el caso si determina que no hubo irregularidades.

Jiménez dijo en una entrevista con la revista Semana que conoció a Petro en 2019, cuando él era senador, a través de una página para adultos en la que trabajaba. Según su versión, después de un primer encuentro comenzó a recibir contratos estatales que el entonces senador le ayudaba a conseguir.

El caso será asumido por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, con el apoyo de un equipo especializado. Las primeras citaciones estaban previstas para el 26 de octubre.

Los cinco contratos sumaron cerca de $ 100 millones

La revisión de los registros de contratación, divulgada por Infobae Colombia, detalla que los cinco contratos atribuidos a Jiménez sumaron $ 100.151.338 durante el anterior cuatrienio. Los vínculos se celebraron por contratación directa con el Senado de la República, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior, para labores de archivo, digitación, organización documental y apoyo a la gestión.

En el Senado, Jiménez suscribió un contrato en marzo de 2023 por $ 7 millones para apoyar el archivo institucional. En septiembre del mismo año obtuvo otro, identificado con el radicado CDPS-SEN-695-2023, por $ 34 millones y con ejecución hasta julio de 2024. Durante ese periodo prestó servicios de apoyo en la Primera Vicepresidencia de la corporación, entonces encabezada por María José Pizarro.

Posteriormente, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada celebró en junio de 2025 un contrato por $ 18 millones para tareas de archivo y organización de documentos. Ese año también fue contratada por el Ministerio del Interior: una orden de prestación de servicios por $11.151.338, firmada para apoyar informes de proyectos financiados o cofinanciados por el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon).

El Ministerio renovó esa orden el 21 de enero de 2026 por $30 millones, con vigencia prevista hasta el 31 de diciembre, para funciones similares. De acuerdo con los documentos revisados por este medio, la contratista acreditó formación como bachiller académica y experiencia en el sector audiovisual independiente. La Fiscalía y los organismos de control deberán establecer si hubo irregularidades en esos procesos contractuales y si guardan relación con las denuncias conocidas públicamente.

La información contractual, por sí sola, no determina que los procesos hayan sido irregulares. El análisis de la Fiscalía deberá contrastar las fechas, los objetos pactados, los informes de ejecución y los soportes de pago con los testimonios que se incorporen al expediente. También podrá solicitar documentación a las entidades que suscribieron las órdenes de prestación de servicios y establecer si existieron intermediarios o instrucciones ajenas a los procedimientos ordinarios.

Jiménez sostuvo que habría entre 30 y 40 mujeres vinculadas bajo esquemas semejantes en distintas dependencias oficiales. Esa afirmación hace parte de las denuncias que deberán ser corroboradas durante la indagación. Hasta el momento, la apertura de la noticia criminal no supone una imputación de cargos ni define responsabilidades penales o disciplinarias.

En medio de la creciente actividad de amantes por el Running en la ciudad de Bogotá, en las últimas semanas siguen incrementando las quejas contra los numerosos grupos y eventos que, cada domingo, se han tomado las calles de la capital para desarrollar sus actividades.

De hecho, una semana después de que habitantes del sector de Pablo Sexto se quejaran por los constantes cierres de vías para adelantar carreras aprobadas por el Distrito, en la mañana del domingo 25 de octubre la concejal de Bogotá del Centro Democrático Sandra Forero denunció los posibles abusos que estarían cometiendo los deportistas en zonas residenciales.

Según indicó la cabildante ante el Consejo de Bogotá, corredores se estarían reuniendo desde tempranas horas en días de descanso, además de utilizar sistemas de sonido que alterarían la tranquilidad de los ciudadanos que descansan en la mañana.

La denuncia se centró en un espacio público ubicado en el sector de la 134 con Novena, donde, según Forero, el sonido comenzó a las 6:30 a. m. y el himno nacional fue reproducido a las 7:00 a. m. a un volumen elevado. Frente al lugar estaría ubicada la clínica Los Cobos, que cuenta con hospitalización y servicio de urgencias.

“Hoy es domingo y es un video que está grabado en el espacio público, que se genera gracias a la construcción del éxito de la 134 con Novena. Es un sector totalmente residencial, totalmente residencial. Eso que ustedes están oyendo arrancó a las seis y media de la mañana. El himno nacional, cosa que es muy importante, lo ponen a todo volumen a las siete de la mañana, un domingo”, señaló la concejal.

La cabildante solicitó, mediante un derecho de petición, información sobre el permiso otorgado para usar el espacio público como punto de salida de la carrera y sobre si los niveles de ruido estaban contemplados en la autorización. También anunció que llevaría el asunto a una mesa de concejales creada para mitigar el impacto de estas actividades.

“Al frente queda la clínica Los Cobos, una institución que, pues tiene hospitalización, tiene servicio de urgencias. Todo esto para decirles que es muy importante que revisemos nuevamente el tema de las carreras. Le pido, por derecho de petición, que me informen cómo está otorgado ese permiso para la utilización de ese espacio público para la salida de la carrera, pero sobre todo, si los niveles de ruido que se generan ahí están permitidos en el permiso de autorización que se está dando para el aprovechamiento de ese espacio público para que ahí arranque la maratón”, comentó la cabildante.

La concejal Forero señaló que, aunque respeta y apoya los espacios de esparcimiento y desarrollo deportivo, no permitirá que esas actividades interrumpan la tranquilidad del resto de habitantes o que, incluso, altere la normal recuperación de pacientes en casos donde los encuentros se adelanten cerca a zonas hospitalarias.

“Una cosa que es muy importante y quiero dejarla clara. Muy valiosos que se den estos episodios o estos, eh, momentos de las maratones y de las carreras atléticas, pero tengamos en cuenta también a la comunidad”, concluyó Sandra Forero.

El reclamo se sumó al de habitantes de Pablo Sexto, quienes una semana antes habían cuestionado los cierres de vías para carreras aprobadas por el Distrito. Forero consideró valiosas las maratones y carreras atléticas, pero pidió que también se tenga en cuenta a la comunidad.

La inconformidad también se había manifestado el 18 de octubre en Teusaquillo, donde residentes próximos al Centro Administrativo Nacional (CAN) bloquearon durante la mañana la conexión entre la calle 53 y la carrera 50. La protesta buscaba llamar la atención sobre las restricciones de movilidad que, según los vecinos, se repiten con las competencias atléticas dominicales.

De acuerdo con imágenes divulgadas por la cuenta Pasa en Bogotá, los asistentes portaron banderas y carteles con mensajes como “No más runners” y “Deporte sí, bloqueos no”. Los reclamos también incluyeron a habitantes de Nicolás de Federmán, Pablo VI, Alfonso López y Galerías, quienes reportaron dificultades para desplazarse en vehículo y acceder a la ciclovía durante los cierres.

En medio de la veeduría interna que adelanta el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) a los procesos y contrataciones que se adelantaron durante la administración de Gustavo Petro, en la tarde del domingo 25 de octubre se conoció que dos exfuncionarias de la entidad serán investigadas por la Procuraduría General de la Nación.

Según indicó el Ministerio Público en un comunicado oficial, se abrió un proceso disciplinario contra Adriana Velásquez Lasprilla y María Mónica Martínez, exdirectivas de la institución, por posibles anomalías en un proceso contractual adelantado en el año 2024 para prestar servicios de educación inicial a la primera infancia.

“La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra dos exdirectivas de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por posibles anomalías en un proceso contractual adelantado en el 2024 para prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención Integral a la primera infancia”, señaló el Ministerio Público.

La actuación busca establecer si hubo irregularidades en las etapas de planeación, estructuración y ejecución del contrato. La entidad también verificará si el desarrollo del proceso afectó el cumplimiento de las obligaciones contractuales o la supervisión adecuada.

Velásquez Lasprilla fue subdirectora general del Icbf durante la administración de Gustavo Petro, mientras que Martínez se desempeñó como directora de primera infancia de la entidad.

“Se hace necesario verificar si durante su ejecución se presentaron situaciones que pudieron comprometer el cumplimiento de las obligaciones contractuales o la adecuada supervisión del contrato”, concluyó la Procuraduría.

Un edificio del Icbf en el sur de Bogotá permanece inconcluso desde 2014

Apenas un día atrás, el Icbf denunció que un edificio de cinco pisos destinado al instituto en el barrio Centenario de Bogotá permanece sin entrar en servicio, aunque su construcción comenzó en 2014 y recibió una inversión superior a $4.600 millones. La sede está ubicada en la localidad de Rafael Uribe Uribe y, al corte de 2026, su ejecución física llegaba al 76%.

El caso forma parte de las alertas sobre la ejecución de recursos y contratos de la entidad. La edificación fue concebida para ampliar la capacidad operativa del Icbf en esa zona de la capital y concentrar allí la atención administrativa de decenas de trabajadores. Sin embargo, doce años después del inicio del proyecto, la construcción no ha sido entregada ni está habilitada para prestar servicios.

De acuerdo con un informe de la Oficina de Control Interno Disciplinario del Icbf, el contrato inicial no cumplió con las obligaciones previstas. En 2024, la entidad firmó un nuevo acuerdo para adecuar y finalizar la obra, pero ese proceso también registra incumplimientos. El reporte deberá servir para establecer el estado de las obligaciones pendientes y las decisiones contractuales que correspondan.

La sede fue proyectada para más de 70 funcionarios

El inmueble estaba previsto para albergar a más de 70 funcionarios. Wilfredo Pulido, habitante del sector desde hace más de tres décadas, señaló que los trabajadores que iban a ocupar el edificio siguen en otra sede cercana, donde, según afirmó, disponen de un espacio reducido.

El residente cuestionó que la comunidad no haya recibido una definición clara sobre el destino de la obra. Pulido aseguró que los vecinos han solicitado explicaciones a distintas autoridades y que han escuchado versiones contradictorias sobre una eventual demolición, la terminación de los trabajos o la continuidad del proyecto.

“Lleva más de tres años en obra, iba a ser entregada hace tiempo, pero está inconclusa, sigue ahí perjudicando a toda la comunidad. Supuestamente era para 75 funcionarios, pero ellos están hacinados en otra sede cercana. No sabemos qué van a hacer de esta obra porque hemos tocado varias puertas y nadie nos da respuesta, dicen que lo van a demoler, que lo van a dejar, pero al final no hacen nada con ese elefante blanco”, señaló el habitante en diálogo con Caracol Radio.

Para los habitantes del barrio Centenario, la falta de uso del edificio ha tenido consecuencias en el entorno. Pulido sostuvo que el predio abandonado facilita situaciones de inseguridad y deteriora la imagen del sector. También pidió que, si la sede no entra en operación administrativa, se evalúe una alternativa que permita destinarla a programas para niños, madres y población vulnerable.

Siete meses después de que el país conociera el trágico asesinato de dos adultos mayores al interior de su vivienda en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación entregó nuevos detalles del caso.

Y es que en las últimas horas el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) confirmó la captura del presunto responsable del doble homicidio. Guillermo Alberto Anzola, de 72 años, y Gloria Isabel Guerrero, de 66, fue la pareja hallada sin vida el 13 de marzo de 2026 en su vivienda del barrio Aures.

Según la información disponible hasta el momento, el detenido es señalado como exyerno de las víctimas y residía en la misma casa, donde las autoridades investigan si el desorden al interior del inmueble fue una puesta en escena para aparentar un robo.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce el nombre de la persona capturada. Sin embargo, se sabe que el ente acusador logró acumular información suficiente que podría vincularlo como autor material e intelectual del crimen.

Los cuerpos fueron encontrados en habitaciones separadas después de que la hija de la pareja acudiera al inmueble, alertada por una situación inusual. La mujer ingresó con patrulleros de la Policía y encontró a sus padres sin vida.

Las pesquisas del Cuerpo Técnico de Investigación determinaron que ambos tenían heridas provocadas con un arma cortopunzante. Los investigadores recogieron testimonios y otros elementos para reconstruir lo ocurrido dentro de la vivienda.

Una escena de desorden sin faltantes de valor

Varias áreas de la casa estaban revueltas, con ropa y objetos dispersos, pero los celulares, el dinero y otras pertenencias de valor permanecían en el lugar. Ese hallazgo llevó a las autoridades a considerar que el desorden pudo haber sido provocado para simular un hurto.

La pareja había vivido durante tres décadas en ese sector de Suba. La declaración de su hija permitió establecer que en el inmueble también residían una nieta de las víctimas, menor de edad, y la expareja sentimental de la mujer, padre de sus dos hijos.

La familiar explicó ante las autoridades que había mantenido una relación de convivencia durante 20 años con el hombre, aunque esta terminó en 2024 tras episodios de violencia intrafamiliar. Según su testimonio, había denunciado presuntas agresiones físicas y psicológicas.

Pese a la ruptura, el hombre continuó en la vivienda de los adultos mayores desde noviembre del año anterior. Ocupaba una habitación por la que pagaba 250.000 pesos mensuales de arriendo.

“Vivían ellos dos, mi papá y mi mamá, con una hija mía, menor de edad de 7 años. También vivía mi expareja sentimental y padre de mis dos hijos. Yo tuve una relación marital y de convivencia por 20 años seguidos, pero esa relación se acabó en el año 2024”, declaró la hija de las víctimas. También indicó que el hombre trabajaba como pintor de apartamentos y viviendas, aunque en ese momento no tenía empleo estable.

La cámara de seguridad como una de las pistas

El excompañero de la hija rindió una declaración juramentada y sostuvo que no se encontraba en la casa cuando ocurrieron los hechos. Su versión forma parte de los elementos revisados durante la investigación.

La vivienda contaba con una cámara de seguridad instalada en la entrada, cuyas imágenes podían observarse en tiempo real desde un teléfono celular. Un cuñado de la hija revisó el sistema y advirtió una escena que consideró sospechosa.

“Me llamó mi cuñado y me dijo que él estaba viendo desde su celular una cámara que estaba instalada en la entrada de la casa (…) Que era un hombre y llevaba una cachucha puesta que era de mi papá y que con un trapo o algo se estaba tapando la cara y que todo eso se le hacía muy raro”, relató la mujer.

Los investigadores examinan ese registro para determinar quién aparece en las imágenes y establecer si tuvo relación con el asesinato de Anzola y Guerrero.

La Fiscalía General de la Nación investiga a siete personas por su presunta participación en “La Constru”, una organización que habría lavado dinero proveniente del narcotráfico mediante supuestas empresas de transporte asistencial y ambulancias desde 2015 en las ciudades de Mocoa, Cartago, Neiva, Pasto, Popayán y un municipio de Caldas.

El proceso, revelado en la mañana del domingo por el medio La Patria, incluye los delitos de lavado de activos, testaferrato y concierto para delinquir.

La investigación sostiene que la red habría simulado servicios de salud, también adquirido vehículos y alterado la facturación y la contabilidad para ocultar y legalizar presuntos recursos provenientes del tráfico de estupefacientes. Una de las sociedades fue constituida en la ciudad de Mocoa el 21 de diciembre de 2015 y otra, con sede en Caldas, el 24 de agosto de 2019.

Según el ente acusador, alias Chamón habría liderado la organización y coordinado sus finanzas. El señalado constituyó ambas empresas con dinero ilícito y habría ordenado que terceros aparecieran como accionistas o propietarios de bienes comprados con esos recursos.

El expediente revelado por La Patria también menciona a “Paola”, que habría actuado como accionista y representante legal de la empresa de Mocoa, además de prestar su nombre para adquirir vehículos y otros bienes. “Nata” habría sido accionista de la sociedad con sede en Caldas y habría intervenido en la compra de ambulancias y activos para aparentar un origen legal.

Así mismo, la Fiscalía sostiene que la compañera sentimental de Chamón habría ejercido como representante legal de la empresa de Mocoa y participado en la administración de las sociedades. Un contador y una coordinadora de facturación presuntamente manipularon registros contables, facturas y finanzas para encubrir el origen de los fondos.

El ente acusador también señala a un pensionado del Ejército Nacional, quien habría prestado su nombre para adquirir vehículos y bienes muebles con dinero ilícito. Las siete personas están acusadas, con distintos niveles de responsabilidad, por concierto para delinquir agravado, lavado de activos agravado, testaferrato y enriquecimiento ilícito de particulares.

Las audiencias preliminares se realizaron en el año 2025 ante el Juzgado 101 Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Buga. Sin embargo, durante la diligencia ninguno aceptó los cargos y el juzgado impuso detención preventiva en cárcel, salvo a dos mujeres, a quienes les concedió prisión domiciliaria.

En abril de 2026, la defensa cuestionó la competencia de ese despacho y sostuvo que el caso debía ser asumido por un Juzgado Penal del Circuito Especializado de Mocoa. La Fiscalía se opuso al argumento y afirmó que la organización tenía presencia en varios departamentos y ciudades.

Entretanto, la Corte Suprema de Justicia resolvió recientemente que el proceso permanecerá en Buga, por lo que se mantendrán en firme las decisiones del juez.

Ocho detenidos enfrentan solicitudes de extradición de Estados Unidos

La Fiscalía General de la Nación capturó a ocho personas requeridas en extradición por autoridades de Estados Unidos, dentro de investigaciones por presunto narcotráfico, lavado de activos y concierto para delinquir. Los operativos se llevaron a cabo el 21 de octubre en Bogotá, Barranquilla, Cajicá y Maicao.

Siete de los detenidos son requeridos por una corte federal de Puerto Rico. Entre ellos está Guillermo Carpio Cárdenas, conocido como “Guillo” o “Gallo”, a quien las autoridades señalan como posible jefe de la estructura. También fueron capturados Alex Alberto Castillo Gómez, Jhon Jairo Torres Peláez, Nizar Hachem Sawan, Andrés Mauricio Guarnizo Vaca, Danilo Andrés Hernández Junco y Juan Daniel Arenas Uribe, alias Juan Arenas.

La hipótesis incluida en la solicitud estadounidense indica que la red habría empleado transferencias a terceros, depósitos divididos en montos menores y tokens para mover y ocultar recursos de origen ilícito. Parte de esas operaciones habría tenido lugar en Bogotá y Barranquilla.

El procedimiento fue coordinado por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía, con participación del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el Ejército Nacional y la Armada de Colombia.

José Luis Ramírez Hinestroza, director del CTI, indicó que la operación contó con apoyo de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de ese país (IRS-CI).

La artista colombiana Doris Salcedo calificó de perverso el uso de la expresión “batalla cultural” que ha incorporado el Gobierno nacional en su narrativa oficial y vinculó esa retórica con la presunta censura reciente en el Museo Nacional, donde fueron retiradas cerca de 50 piezas de las salas permanentes.

La escultora sostuvo en medio de una entrevista con la revista Cambio que la cultura crea diálogo, memoria y afectos dentro de una sociedad, mientras que la guerra supone desprecio por el saber del otro.

Salcedo definió la cultura como el ámbito que pone en relación los recursos simbólicos y materiales de una nación para producir sentido, inteligibilidad y afecto entre los integrantes de una sociedad. También aseguró que permite acercar asuntos difíciles de nombrar y crear un espacio de hospitalidad.

“La cultura no entra en guerra, no odia. Por eso, hablar de batalla cultural es un oxímoron y una perversidad”, afirmó. Para la artista, un poema de un autor palestino no puede atacar a Israel, así como los textos de Paul Celan o Nelly Sachs no pueden cometer un genocidio en Gaza.

La confrontación, planteó, comienza cuando se desprecia la cultura ajena y se considera que el otro no posee un conocimiento o una tradición valiosos. “No podemos normalizar un término que es un engendro de la extrema derecha y otorgarle sentidos positivos”, dijo Salcedo, quien distinguió las disputas ideológicas o políticas de una noción cultural de la guerra.

Para referirse al caso de Colombia, usó como ejemplo la exposición Los desastres de la guerra, con 80 grabados del artista Francisco de Goya realizados entre 1810 y 1820, que retratan la degradación provocada por la guerra de independencia española

La vigencia de Goya, a su juicio, reside en su claridad moral, imaginación y valentía frente a una época atravesada por conflictos entre valores opuestos. El pintor fue atacado por la Inquisición, debió defenderse del absolutismo de Fernando VII y admiró los principios de la Revolución Francesa antes de que la invasión napoleónica expusiera la contradicción entre esos ideales y el militarismo.

Los grabados critican la censura, los abusos del poder y el retorno del absolutismo, además de defender la Constitución española que Fernando VII destruyó. Salcedo relacionó ese pasado con las alianzas actuales entre religión y poder, y mencionó a Abelardo de la Espriella y Alejandro Ordóñez como exponentes de una alianza que, según su lectura, se opone al bienestar de la nación.

La artista atribuyó el ascenso de discursos radicales a factores como el capitalismo, la globalización y la tecnología, pero también a las consecuencias de la crisis económica de 2008 y de la pandemia. Según dijo, cuando las sociedades se empobrecen y los gobiernos de izquierda no responden a las expectativas de la población, sostuvo, aparecen figuras que se presentan como salvadores.

“No hay mesías, esa posibilidad ya no existe, y tenemos que trabajar unidos para sacar adelante un país”, expresó a Cambio. Para Salcedo, la reacción del sector cultural ante el retiro de las obras muestra la capacidad del arte de proponer otras maneras de vivir y de cuestionar hábitos que considera agotados.

La censura y la persistencia de la memoria artística

La experiencia de los regímenes totalitarios demuestra que el poder puede intentar condicionar la creación artística, señaló Salcedo al recordar el caso de la Unión Soviética. Mencionó que Lenin destruyó el suprematismo y el constructivismo ruso, y que Kazimir Malévich fue censurado y obligado a trabajar bajo determinadas condiciones durante los periodos de Lenin y Stalin.

Colombia, sin embargo, tiene un Estado débil, según su diagnóstico, y esa condición impediría que un gobierno logre someter a un sector cultural que definió como profesional, sofisticado y educado. Los procesos de duelo colectivo, añadió, llevan mucho tiempo en elaboración a través de obras de artistas como Beatriz González, Miguel Ángel Rojas y Antonio Caro, quienes fueron censurados durante la semana del retiro de piezas, según aseguró la escultora.

Salcedo recordó que en 1995 el director de Colcultura le impidió realizar una sala permanente en el Museo Nacional con objetos recuperados del Palacio de Justicia. La instalación proyectada no pudo concretarse con los elementos originales, pero la artista continuó su trabajo y en 2002 realizó una obra sobre la fachada del edificio.

Esa intervención la llevó a crear un monumento performativo, una forma que no había desarrollado antes. “Creo que lo que la censura le otorga al arte es una fecundidad enorme. Trabajamos más, trabajamos mejor”, afirmó la artista, quien recibe invitaciones de universidades de distintos países para hablar de aquella obra.

La escultora también evocó el retrato que Débora Arango hizo de Gustavo Rojas Pinilla y sostuvo que, si los colombianos hubieran observado con atención ese cuadro censurado, no habrían elegido al nieto del dictador como alcalde. Relacionó además una pintura de Arango sobre la salida de Laureano Gómez con la persistencia del laureanismo en el poder.

“Que estén atentos todos, porque les llegará su Débora Arango”, advirtió. Salcedo señaló que la imagen de Julio César Turbay Ayala creada por González se encuentra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, una institución que, según afirmó, garantizará su preservación.

El dolor como materia para imaginar otra comunidad

La artista cuestionó la idea de que Colombia debía imitar modelos externos para alcanzar el progreso. Durante su juventud, explicó, el país era presentado como subdesarrollado y se transmitía la expectativa de que, si seguía las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, podría convertirse primero en “segundo mundo” y luego en “primer mundo”.

Ese proceso no ocurrió como se esperaba, señaló, mientras que otras regiones comenzaron a parecerse más a los países marcados por dictaduras y violencia. “Antes era impensable un payaso como Trump, pero un dictador tropical era normal en nuestro medio”, dijo Salcedo a Cambio.

La formación de artistas colombianos en torno a los horrores de la violencia de los años 50 y al trabajo de historiadores del país permitió producir obras sobre esos conflictos, afirmó. Esa experiencia, añadió, puede resultar útil para sociedades del norte global que no atravesaron procesos similares de aprendizaje artístico y político.

Salcedo vinculó esa tarea con el dolor, el duelo y la memoria, temas que atraviesan su producción y que también aparecen en el poema de Piedad Bonnett incorporado a la muestra de Goya. Para la artista, los creadores deben enfrentar el sufrimiento y llevarlo desde “la parte más baja y más patética de la miseria humana” hacia un punto donde los seres humanos puedan reconocerse como iguales.

Ese proceso debe incluir dignidad, belleza, reconocimiento del otro, respeto y diálogo, sin apartar la mirada del horror. Salcedo retomó la idea de “pesimismo activo” de Walter Benjamin y sostuvo que el pesimismo radical corresponde a la extrema derecha, mientras que el arte puede devolver a la esfera de lo humano a quienes fueron expulsados de ella.

La muerte de Yasmín Rodríguez, madre de 22 años, durante un operativo militar en el municipio de Puerto Rico, Meta, derivó en denuncias de una posible ejecución extrajudicial y en reclamos para que se retire la acusación que la vinculó con las disidencias de las Farc.

El presidente Abelardo de la Espriella la presentó hace unos días como una persona fallecida en combate, mientras su familia y habitantes de la vereda La Cooperativa sostienen que era trabajadora, madre soltera y ajena a actividades ilegales.

El despliegue militar comenzó hacia las 6:00 a. m. del 17 de octubre en la finca Rancho Grande, ubicada en la vereda Bajo Guaimaral, de acuerdo con un comunicado de la junta de acción comunal. La organización afirmó que dos helicópteros sobrevolaron el lugar, los militares rodearon la vivienda y luego dispararon sin tomar precauciones para proteger a civiles que pudieran estar dentro.

Luz Adriana Calzada, madre de Yasmín, y Arnulfo Rodríguez, hermano de la joven, exigieron que se aclare lo ocurrido durante el velorio y el entierro. Ambos hablaron con el medio independiente Vorágine para rechazar la versión oficial y pedirle al presidente que limpie el nombre de la víctima.

El operativo en Rancho Grande y las versiones enfrentadas

Abelardo de la Espriella celebró el resultado de la operación en una publicación en X el mismo 17 de octubre. Allí informó que la Fuerza de Tarea Omega había actuado contra la estructura Marco Aurelio Buendía, de las disidencias de las Farc que atribuyó a la facción de Alexánder Díaz, conocido como “Calarcá”.

El mandatario señaló que había “un bandido muerto” y tres capturados, entre ellos alias “Junior Rojas”, a quien identificó como segundo cabecilla y responsable financiero del frente. También le atribuyó extorsiones contra comerciantes y empresarios, así como el control de la producción de narcóticos en Vistahermosa y Puerto Rico.

La operación dejó incautadas dos armas cortas, dos armas largas, 274 cartuchos, cuatro proveedores, una mira telescópica y tres granadas de mano. El presidente difundió además una imagen de una bolsa blanca que contenía el cuerpo de Yasmín.

El Ejército emitió su propia grabación sobre el procedimiento. El coronel William Chinome Rojas, acompañado por soldados y miembros encapuchados de la Fuerza Aérea, afirmó que las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido número 11 habían realizado las tres capturas y que una mujer murió durante las operaciones militares.

El oficial sostuvo que Yasmín “sería la compañera sentimental de ‘Junior Rojas’”. Su madre y su hermano rechazaron esa afirmación: dijeron que la joven nunca les habló de una relación y que era madre soltera; el padre de su hija sería un campesino de Puerto Rico.

Una fuente del Ejército que pidió no ser identificada porque no es vocera de la institución afirmó a Vorágine que el operativo se llevó a cabo con inteligencia de la Policía y que el punto donde ocurrió pertenece a Puerto Rico. Esa persona dijo que en el sitio fueron hallados dos fusiles y dos pistolas, y aseguró que la joven habría estado con los detenidos.

La misma fuente habría indicado que la Fiscalía abrió una investigación y que el administrador de la finca habría declarado que el grupo de personas que se encontraba en la vivienda ingresó sin autorización. Esa versión no pudo ser confirmada ante el ente investigador.

La persona consultada por el Ejército y Luz Adriana Calzada señalaron que el expediente está a cargo del despacho 176 de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales, con sede en Bogotá.

La madre también recibió otra explicación cuando reclamaba el cuerpo de su hija. Le dijeron que el operativo estaría relacionado con una investigación abierta por la Fiscalía en 2018 por extorsión, concierto para delinquir y porte de armas. Según la versión de la familiar, para entonces, Yasmín tenía 14 años y vivía en Yumbo, Valle del Cauca.

Los trabajos de Yasmín y la última noche con su familia

En La Cooperativa, vereda de Vistahermosa, sus vecinos recuerdan a Yasmín por los trabajos ocasionales que realizaba. A comienzos de la semana en que murió había pintado un aula de la escuela Gabriela Mistral, contratada por la junta de acción comunal a la que estaba afiliada.

También cocinaba y hacía aseo en casas y fincas de la zona, según la versión familiar. Su madre dijo que tenía fama de ser buena cocinera y que solía preparar lechona, tamales y empanadas con sus hermanos para vender entre los vecinos.

El miércoles 14 de octubre, la joven envió al grupo de WhatsApp de la junta una imagen para anunciar que vendería lechona durante el fin de semana. Buscaba un empleo de tiempo completo, pero Luz Adriana y Arnulfo le aconsejaban que continuara con trabajos por días porque tenía a su cargo a su hija de 16 meses y a una hermana de 15 años.

El viernes 16 de octubre, Yasmín viajó a Vistahermosa para acompañar a una tía en unas diligencias, pese a que su familia debía comenzar a preparar la comida. Su madre, que vive en Europa, le pidió por WhatsApp que volviera temprano para ayudar.

“Yo hablé mucho rato con ella por WhatsApp, le dije que no tenía por qué ir a Vistahermosa sabiendo que el hermano tenía que hacer la lechona. Ella me dijo ‘no, mami, yo llego temprano y ayudo’”, relató Luz Adriana.

Arnulfo vivía con su hermana y quedó a cargo de sacrificar el cerdo, prepararlo y cocinarlo. Aprovechó que ella estaba en el pueblo para pedirle platos y papel aluminio; Yasmín regresó con los platos, pero olvidó el otro encargo.

El último intercambio entre ambos fue sobre los insumos de la lechona. “Lo último que me dijo fue: ‘¿sí le alcanzó el aluminio?’ y yo le respondí que sí”, recordó Arnulfo.

La hermana menor de Yasmín contó después a sus familiares que la joven llegó a la casa, acostó a su bebé y anunció que iría a una finca donde la habían contratado para preparar una comida al día siguiente. Una persona pasó por ella en motocicleta.

A la mañana siguiente, Luz Adriana escribió para preguntar cómo había salido la venta de lechona, pero no obtuvo respuesta. Otra de sus hijas la llamó para decirle que Yasmín había muerto.

“Mi hija no tiene enemigos, es mamá de una bebé de 16 meses, la encargada de su hermana, entonces yo decía ‘Eso no puede ser. Es mentira, mentira’”, recordó la madre. Poco después debió comprar pasajes a Colombia para iniciar los trámites de entrega del cuerpo.

El reclamo de la comunidad por el nombre de la joven

La noticia comenzó a circular por grupos locales de WhatsApp a través de un video grabado por un trabajador de la finca que llegó tras escuchar disparos. Las imágenes mostraban una habitación con dos camarotes de madera, sábanas blancas manchadas de sangre y una pequeña maleta negra que la familia reconoció como pertenencia de Yasmín.

Luz Adriana permaneció desde el lunes en Medicina Legal y solo pudo sepultar a su hija el viernes. La velación se realizó el jueves 22 de octubre y el entierro fue al día siguiente.

La joven también era reconocida en La Cooperativa por jugar fútbol de salón y tener su propio equipo. Arnulfo contó que dejó guardado un uniforme que todavía no había estrenado.

En la cancha donde jugaba, sus compañeras se reunieron con pancartas y leyeron un comunicado. “Exigimos limpiar su buen nombre de versiones que la señalan como guerrillera. Damos testimonio de que era una persona de bien que compartió con nosotros como habitantes de La Cooperativa. Nunca la vimos en ninguna actividad ilícita o insurgente”, expresaron.

Una de las carteleras llevaba la frase: “No más falsos positivos”. La Fuerza de Despliegue Rápido número 11 es la segunda unidad militar involucrada en presuntas violaciones de derechos humanos en Meta desde la llegada de De la Espriella a la presidencia.

“Antes de juzgar a las personas tiene que investigar, no puede ir ordenándole al Ejército que entre a una casa y mate a las personas sin investigar quiénes son”, concluyó la madre de Yasmín Rodríguez en diálogo con Vorágine.

El gobierno de Gustavo Petro intervino Coosalud EPS en noviembre de 2024, después de que el entonces presidente planteara sospechas sobre un posible desvío de recursos públicos hacia paraísos fiscales. Un año más tarde, la entidad pasó de reportar un patrimonio positivo de $290.183 millones a un déficit de $3,7 billones.

Las dificultades financieras coincidieron con un aumento de los reclamos de los afiliados. Las quejas por procedimientos quirúrgicos subieron de 2.896 antes de la medida a 7.647 durante la intervención, un incremento del 164%, mientras que las tutelas para exigir atención médica pasaron de 16.845 en 2024 a 20.194 en 2025.

La Cooperativa Coosalud, accionista mayoritaria de la EPS y cabeza de un grupo de nueve sociedades, también quedó bajo control estatal un mes después de la intervención sanitaria. Documentos conocidos por la revista Cambio registraron pagos con tarjetas corporativas en un casino y un establecimiento para adultos de Cartagena, retiros millonarios en efectivo y contratos de obra sin soportes completos.

Coosalud nació el 20 de junio de 1994, cuando 800 habitantes del barrio El Pozón, en Cartagena, firmaron su acta de constitución frente a la Terminal de Transportes. El propósito era conseguir atención médica para familias en situación de pobreza, y su primer presidente fue Aniano Cantillo, un profesor de matemáticas y física que daba clases particulares.

Durante los años noventa, Jaime González Montaño asumió la dirección e impulsó alianzas con cooperativas del Valle del Cauca, Antioquia y Santander. La organización llegó a tener 5.000 asociados.

En 2017, la cooperativa separó el negocio de aseguramiento en salud y lo trasladó a Coosalud EPS, una sociedad por acciones de la que mantuvo la mayoría accionaria. Para 2024 poseía el 94,49% de la EPS, que atendía a más de tres millones de afiliados en distintas regiones del país, mientras la cooperativa reportaba activos por $236.319 millones.

El World Cooperative Monitor de 2025 ubicó a Coosalud S. A. en el puesto 92 entre las 300 mayores organizaciones cooperativas del mundo. La clasificación compara los ingresos de esas entidades con el producto interno bruto por habitante de cada país.

Según un artículo publicado por la revista Cambio, el conglomerado incluía a Inversa, dedicada a inversiones; Soluinnova, que administraba y adecuaba inmuebles; Portichelly, fabricante de uniformes; Alma Servicios, encargada de tareas administrativas, y Eventravels, vinculada al turismo. También tenía participaciones en Serenity Company IPS, la Clínica Hemato-Oncológica Bonadonna de Barranquilla y el Hospital Bocagrande de Cartagena.

El 6 de noviembre de 2024, durante la posesión de Giovanny Rubiano como superintendente de Salud, Petro se refirió a una denuncia sobre una red de EPS que presuntamente desviaba recursos públicos hacia paraísos fiscales. Al mencionar a Coosalud, le dijo al funcionario: “En mi opinión debe ser intervenida, ya usted lo examinará”.

La Superintendencia Nacional de Salud tomó posesión de Coosalud EPS el 22 de noviembre. Un mes después, la Superintendencia de la Economía Solidaria intervino la cooperativa, por lo que los agentes designados asumieron su representación y los derechos de propiedad sobre las sociedades del grupo, incluidas Portichelly y Soluinnova.

Pagos en Cartagena y retiros de más de $56 millones

Según documentos conocidos por la revista Cambio, una tarjeta corporativa de Portichelly fue utilizada el 23 de septiembre de 2025 para realizar cuatro pagos por cinco millones de pesos en Texas Luxury Casino, ubicado en el barrio El Bosque de Cartagena. Los extractos bancarios registraron dos operaciones por un millón cada una, una por dos millones y otra por otro millón.

La cuenta de la empresa habría registrado otros dos pagos de $400.000 cada uno el 28 de noviembre en El Paraíso del Marino, identificado en el reporte de hallazgos como un prostíbulo del barrio Vista Hermosa de Cartagena. Los movimientos habrían ocurrido mientras la cooperativa permanecía intervenida.

Entre agosto y diciembre de 2025, de la misma cuenta habrían salido más de $56 millones en efectivo mediante cajeros automáticos. El 25 de septiembre, dos días después de las transacciones en el casino, se habrían retirado $14,6 millones en una sola operación.

Durante ese período, Andrés Felipe Arango Romero administró la Cooperativa Coosalud como interventor, tras ser designado por la superintendente de Economía Solidaria, María José Navarro Muñoz. Arango nombró a Jhonathan Mauricio Ortiz como representante legal de Portichelly.

El 20 de agosto, la revista Cambio publicó otro artículo en el que se vinculó a María Masip Zawady, conocida como ‘la Coco’, con la EPS. En ese momento se conoció de la la presunta cercanía entre Navarro y Zawady, señalada como integrante de las llamadas “mariposas amarillas”, un grupo de mujeres cercanas al expresidente Petro.

La investigación también indicó que Arango Romero presentó una lista única para elegir la junta directiva de Coosalud Inversa. En ella aparecían Ortiz y la periodista Martha Elena Zawady, prima de María Masip Zawady.

Contratos sin respaldos y cuentas bajo embargo

Soluinnova suscribió dos contratos de obra por $972 millones con Transsem entre abril y mayo de 2025, cuando Solange del Socorro Ariza Guerrero ejercía como interventora de la cooperativa. Sixto Andrés Fernández Casas era el representante legal de Soluinnova y Alejandro González Pérez figuraba como su suplente.

González Pérez era, al mismo tiempo, representante legal de Transsem, la empresa contratista. Además, tenía un contrato con Soluinnova como auxiliar jurídico, con honorarios mensuales de tres millones de pesos.

La compañía registró anticipos por $399 millones para las dos obras: $299 millones fueron transferidos por operaciones bancarias y otros $100 millones se retiraron en efectivo el 7 de mayo de 2025. Durante el empalme no habrían sido encontrados documentos que acreditaran la entrega de ese dinero a Transsem, ni actas sobre avances o terminación de los trabajos.

La cooperativa también contrató durante la intervención a Alianza Gesa, WISS Consultoría Jurídica y Undejur por un total de $3.629 millones. Las tres firmas fueron vinculadas para cumplir funciones similares de asesoría jurídica.

El Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena ordenó el 26 de agosto devolver la administración de la Cooperativa Coosalud a sus asociados. El despacho concluyó que la Superintendencia de la Economía Solidaria no justificó suficientemente la prolongación de la intervención.

La Asamblea General de Delegados asumió el control transitorio el 31 de agosto y nombró a Jorge Luis Torrecilla Benavides para recibir la entidad. En el proceso identificó 26 embargos judiciales sobre cuentas de la cooperativa por $16.272 millones y diferencias por $7.479 millones entre saldos bancarios y registros contables que continuaban pendientes de aclaración.

Los reportes de la Dian de septiembre de 2026 mostraron que la cooperativa y cinco empresas vinculadas acumulaban deudas tributarias por $5.041 millones. Parte de las obligaciones correspondía a años previos a la intervención, aunque también había impuestos pendientes de 2025 y 2026, cuando las sociedades estaban bajo administración de funcionarios designados por el Gobierno.

Durante el empalme fueron detectados pagos por $1.450 millones realizados en agosto de 2026 a empresas cuyos contratos no aparecieron. Los gastos vigentes por honorarios y asesorías externas ascendían, para entonces, a por lo menos $ 594 millones mensuales.

En medio de las tensiones políticas en Colombia por cuenta del decreto emitido por el Gobierno nacional que regula la protesta, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó recientemente siete recomendaciones al Congreso de la República para dar trámite a la ley estatutaria sobre el derecho a la reunión y manifestación pública pacífica.

En me dio de su visita al Legislativo, el organismo pidió que la norma amplíe las garantías para ejercer la protesta, limite el uso de la fuerza y establezca controles sobre las intervenciones policiales.

Las propuestas fueron expuestas el 23 de octubre durante una audiencia pública de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde se analizan varios proyectos acumulados sobre la materia. Para la representación de Naciones Unidas, el debate legislativo debe permitir el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado colombiano.

Según un recuento de las peticiones obtenido por El Tiempo, el organismo tomó como referencias el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Observación General 37 de 2020 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y los estándares del Sistema Interamericano. Esos marcos normativos reconocen la reunión pacífica como un derecho fundamental para la democracia.

La oficina sostuvo que la protesta social es una vía legítima de participación democrática y un mecanismo para reclamar derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Por eso, el Estado debe evitar interferencias injustificadas y adoptar medidas que faciliten las manifestaciones.

“La función principal de las autoridades no es controlar o impedir la protesta, sino generar las condiciones para que pueda desarrollarse de manera segura”, explicó la representación al Congreso. Las interrupciones temporales de la movilidad y las molestias derivadas de una movilización son inherentes a ese derecho y no justifican, por sí solas, su restricción señalaron desde el organismo internacional.

La propuesta incluye una presunción favorable al ejercicio de la reunión y la manifestación pública pacífica. También plantea que las autoridades tengan la obligación concreta de distinguir entre quienes protestan de forma pacífica y las personas que eventualmente cometen actos violentos.

Desde la ONU señalaron que una manifestación no pierde su protección jurídica por conductas aisladas de algunos participantes, por lo que no puede compararse con los disturbios y los daños en bienes públicos.

Según el organismo internacional, las restricciones, cuando sean necesarias, deben ajustarse a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Las autoridades tendrían que demostrar que una medida es indispensable y que no existe una alternativa menos lesiva para los derechos de quienes se manifiestan.

La protección de los derechos de terceros constituye una finalidad legítima, pero no puede convertirse en una razón general para limitar las movilizaciones. El organismo propuso que ese criterio quede expresamente delimitado en la ley estatutaria.

El diálogo y el uso excepcional de la fuerza

Para la ONU, el diálogo debe operar de forma permanente para prevenir tensiones durante las protestas y no como un trámite previo a una intervención policial. Tampoco puede darse por terminado de manera automática si las partes no alcanzan un acuerdo.

La responsabilidad de facilitar una movilización correspondería al Estado incluso cuando no haya organizadores identificables. Esa obligación incluye crear condiciones de seguridad sin trasladar a los participantes la carga de garantizar el desarrollo de la protesta.

Asimismo, la ONU señaló que el uso de la fuerza debe ser excepcional y respetar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y rendición de cuentas. La dispersión de una manifestación solo podría aplicarse en circunstancias excepcionales y como último recurso.

Sobre las armas de fuego, la oficina recordó los principios básicos de la ONU sobre el empleo de la fuerza: el uso intencionalmente letal “únicamente puede realizarse para proteger una vida”. En consecuencia, “las armas de fuego no pueden utilizarse para dispersar manifestaciones o proteger bienes materiales”.

Para el control de movilizaciones existen armas menos letales, reguladas en una guía de Naciones Unidas publicada en 2020. La entidad solicitó que la futura ley incorpore límites claros para su utilización y mecanismos que permitan determinar responsabilidades por abusos.

La norma también debería proteger el trabajo de periodistas y defensores de derechos humanos frente a amenazas, intimidaciones, represalias e interferencias arbitrarias. Su actividad, indicó el organismo, contribuye a la transparencia y a prevenir violaciones durante las intervenciones.

Las recomendaciones incluyen medidas específicas para mujeres y comunidades étnicas, junto con salvaguardas frente al uso indebido de datos personales y de tecnologías de vigilancia o identificación. La propuesta busca que esos riesgos sean considerados antes de cualquier actuación estatal.

Finalmente, las violaciones de derechos humanos vinculadas con protestas deben investigarse de forma “pronta, exhaustiva, independiente e imparcial”, con establecimiento de responsabilidades. La ley debería prever mecanismos de documentación, investigación, supervisión y rendición de cuentas, además de garantías de acceso a la justicia, reparación y no repetición, con participación central de los organismos de control en la vigilancia de las intervenciones policiales.

Apenas horas después de que la exfiscal y excandidata al Congreso Angélica Monsalve anunciara la aceptación por parte del Consejo de Estado de una demanda contra la investidura del representante a la Cámara Daniel Briceño, el legislador respondió públicamente sobre el proceso.

El representante del Centro Democrático, calificó la acción legal como un nuevo ataque político, después de que el alto tribunal considerara viable para estudio las denuncias que señalan una presunta violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades o un eventual conflicto de intereses.

Briceño sostuvo que la acción judicial es una “retaliación” ligada a la derrota electoral de Monsalve en los comicios legislativos de marzo de 2026. También afirmó que su abogado, Juan José Castro, asumió su defensa dentro del proceso.

“Hay personas como la Dr. Angélica Monsalve que ante los fracasos electorales y el rechazo de los ciudadanos buscan hacerse visibles con este tipo de demandas. Mi abogado Juan José Castro ya está al frente de este nuevo ataque del petrismo”, señaló el representante en su publicación.

Asimismo, el legislador señaló que no detendrá su agenda política hasta que un juez decida lo contrario, restando importancia a lo denunciado por la exfiscal. “Nuestra agenda en el Congreso seguirá y no le vamos a aflojar ni un minuto, pues es eso lo que buscan”, concluyó el representante.

La demanda fue admitida por la Sala Especial de Decisión 24

Monsalve anunció el jueves 22 de octubre que el Consejo de Estado admitió su solicitud de pérdida de investidura contra Daniel Felipe Briceño Montes. En X, aseguró que al congresista le corresponde responder ante la justicia dentro de esta actuación.

La abogada cuestionó que Briceño ejerza funciones legislativas mientras, según su interpretación, habría incumplido reglas constitucionales. En el mismo mensaje empleó expresiones descalificadoras contra el representante.

Los documentos divulgados por Monsalve corresponden a un auto de la Sala Especial de Decisión 24, fechado el 17 de septiembre de 2026. La providencia, suscrita electrónicamente por el consejero de Estado Jorge Edison Portocarrero Banguera, señala de forma expresa que admite la demanda.

En la carátula del expediente figura Monsalve como demandante y Briceño como demandado. El proceso se tramita bajo el medio de control de pérdida de investidura por la presunta “violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses”.

Briceño tendrá cinco días para pronunciarse sobre los argumentos

La Sala ordenó notificar personalmente la providencia al representante y al agente del Ministerio Público, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley 1881 de 2018. Asimismo, dispuso notificar por estado a la parte demandante.

El despacho deberá trasladar a Briceño la demanda, su subsanación y los anexos aportados al expediente. El congresista contará con cinco días desde la notificación para responder por escrito, presentar documentos y pedir las pruebas que considere necesarias para su defensa, conforme al artículo 10 de esa ley.

La pérdida de investidura es un mecanismo judicial que puede afectar la condición de un integrante de una corporación pública si se comprueba alguna de las causales previstas en la Constitución y la ley. La admisión de la demanda no anticipa una decisión sobre el fondo del caso.

La providencia fue firmada mediante la plataforma Samai del Consejo de Estado, sistema que, según el documento, garantiza la autenticidad, integridad, conservación y consulta posterior de las actuaciones judiciales.

En 2024, un tribunal negó otra demanda contra Briceño

Briceño ya enfrentó en 2024 otra demanda de pérdida de investidura, relacionada con una decisión que tomó cuando era concejal de Bogotá. En ese caso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones y le permitió conservar su curul.

La acción, radicada el 29 de mayo de ese año por José Romilio Correa Muñoz, incluyó a otros siete integrantes del Concejo de Bogotá. El demandante alegó una presunta indebida destinación de recursos públicos por la aprobación de la inclusión de la ALO Norte en el Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura 2024-2027”.

Durante una audiencia celebrada el 22 de julio, la defensa de Briceño sostuvo que votar ese artículo formaba parte de sus funciones como concejal y que la pérdida de investidura no era el mecanismo para discutir la legalidad de la medida. El tribunal concluyó que no se configuró una destinación indebida de recursos públicos.

Las Fuerzas Militares ejecutaron en la madrugada de este jueves el quinto bombardeo del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella contra organizaciones armadas ilegales, una operación dirigida al Ejército de Liberación Nacional (Eln) en un municipio de Nariño limítrofe con Cauca.

El ataque dejó un balance preliminar de ocho muertos y tenía entre sus objetivos a Neftalí Riascos Alegría, alias Marcos Pacífico, señalado como uno de los mandos de la guerrilla en la región.

La ofensiva fue la segunda acción aérea de esta administración contra el ELN y la primera desarrollada en el suroccidente colombiano. Su preparación tomó cuatro semanas y contó con apoyo de inteligencia de Estados Unidos.

Alias Marcos Pacífico era identificado como el principal cabecilla del ELN en Cauca y sostenía una disputa territorial con las disidencias de las Farc comandadas por alias Iván Mordisco. El conflicto se concentraba en el cañón del Micay, donde los grupos armados buscan controlar rutas del narcotráfico y actividades de minería ilegal.

También fue identificado como posible objetivo Oliverio Orfilio Pai Rodríguez, conocido como alias Rubén, Chuqui o Elder. El comando central del ELN lo había designado segundo cabecilla del Frente de Guerra Suroccidental, con influencia en Cauca y liderazgo sobre la estructura José María Becerra y la compañía Guerreros de Sindagua.

La muerte de “Marcos Pacífico” no había sido confirmada oficialmente al conocerse el resultado preliminar del ataque. El Instituto Nacional de Medicina Legal deberá establecer la identidad de los cuerpos recuperados.

Las tropas ingresaron posteriormente al área para asegurar el territorio, verificar los efectos del bombardeo y recuperar el material de guerra que hubiera quedado en el lugar. Las autoridades aún deben consolidar el balance final y determinar la cantidad de armas incautadas durante la operación.

Una estructura de 477 integrantes en el suroccidente

El Frente de Guerra Suroccidental del ELN cuenta con 477 integrantes, distribuidos en una dirección regional, tres frentes y dos compañías, de acuerdo con información de inteligencia. La dirección regional está compuesta por cinco miembros.

La estructura José María Becerra reúne a 230 hombres, seguida por el frente Manuel Vásquez Castaño, con 160, y el frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez, con 31. La compañía Juan Carlos Chilhueso Pazzú tiene 34 integrantes, mientras que no se precisó la cifra de miembros de la compañía Milton Hernández Ortiz.

Inteligencia militar también atribuía a alias Marcos Pacífico la instalación de minas antipersonales y el reclutamiento de menores en Cauca. Un comando especial del Ejército lo identificó como responsable de operaciones en El Tambo, Guapi y Argelia.

Entre los hechos atribuidos al jefe guerrillero figura el lanzamiento de una granada contra una patrulla del entonces Esmad de la Policía en Cali, en 2022, que dejó 15 uniformados heridos. También se le vinculaba con la instalación de banderas del ELN en Argelia y el secuestro de cuatro civiles en Guapi.

Por su captura se ofrecía una recompensa de $130 millones, según un informe de inteligencia militar. El mismo perfil le atribuyó la explotación de niñas menores de 15 años y el uso de cadenas y anillos de oro.

La disputa con las disidencias en Patía

La confrontación entre el ELN y las disidencias de las Farc se intensificó en noviembre de 2024, cuando “Marcos Pacífico” habría ordenado acciones contra alias El Mocho, máximo cabecilla del Bloque Occidental Jacobo Arenas. El objetivo era recuperar control territorial en Cauca, de acuerdo con fuentes de inteligencia militar citadas por El País.

El jefe del ELN se habría desplazado con algunos hombres hacia La Mesa y Brisas, en la zona rural de Patía, con armamento automático, francotiradores y explosivos. Esas localidades eran consideradas la base de alias El Mocho en el departamento.

El plan incluía vigilar los movimientos y rutinas del líder de la estructura Carlos Patiño, instalar explosivos en las vías utilizadas por sus hombres e infiltrar sus campamentos para atacarlos. También habría ordenado ofrecer entre 10 y 20 millones de pesos a integrantes de las disidencias a cambio de información, armas, municiones, explosivos o ubicaciones de depósitos ilegales.

La guerrilla buscaba aumentar el reclutamiento forzado de menores que conocieran la región, especialmente aquellos con familiares o amigos dentro de las disidencias. La instalación de explosivos y los enfrentamientos exponían a las poblaciones rurales de El Tambo, Guapi, Timbiquí, López de Micay y Argelia.

“Marcos Pacífico”, de aproximadamente 47 años, tenía un historial criminal de 25 años y presencia en Iscuandé, El Charco y La Tola, en Nariño, además de sectores de Jamundí, Valle del Cauca. Sus objetivos incluían los cultivos ilícitos, laboratorios para procesar droga, rutas para sacar pasta base de coca hacia el Pacífico y trasladarla en embarcaciones a Centro y Norteamérica, además de la extorsión a comerciantes, ganaderos, contratistas estatales y transportadores.

Abelardo de la Espriella lleva desde su posesión, celebrada en una base militar de la ciudad de Cali, un radioteléfono digital Motorola APX 8000 conectado con la cúpula militar para recibir información operativa en tiempo real, incluso en zonas sin señal celular.

El dispositivo, entregado por el ministro de Defensa, el general retirado Jorge Eduardo Mora, se convirtió en una presencia constante en las actividades públicas y privadas del presidente, además de ser protagonista en los videos del mandatario ordenando bombardeos contra grupos armados del país.

El equipo estuvo sujeto a su cinturón durante el terremoto del 10 de agosto, los recorridos de seguridad en Santa Marta durante un paro armado, el anuncio de la baja de alias Bendito Menor en Riohacha y el cumpleaños de la primera dama, Ana Lucía Pineda. También lo ha llevado junto a una pistola Glock 19 Gen5 durante sus primeros meses de gobierno.

Según una reciente investigación de la revista Cambio, el APX 8000 mide poco más de 15 centímetros, pesa algo más de 400 gramos y fue diseñado para comunicaciones en misiones críticas. Su formato multibanda permite fijarlo al cinturón sin dificultar el movimiento del mandatario.

El radioteléfono conecta al presidente con la red móvil digital de campaña de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, destinada a comunicaciones operacionales y de seguridad. La infraestructura permite mantener contacto con los altos mandos sin marcar un número ni esperar que alguien responda.

Según la investigación de la revista Cambio, las conversaciones están protegidas con sistemas de cifrado y los códigos se modifican con regularidad. La red reúne al presidente como comandante en jefe, al ministro de Defensa, a los comandantes de las Fuerzas Militares y la Policía, además de los jefes de División y Brigada.

De la Espriella está identificado en esa frecuencia cerrada con el código “Colombia 6”. La tecnología satelital mantiene la conexión en la selva, en áreas sin cobertura de telefonía móvil y durante los vuelos oficiales.

El mandatario puede alternar los canales según la operación en curso: en uno escucha las comunicaciones generales y en otro establece contacto con un comandante específico. Esa conexión le permite conocer los resultados de operaciones antes de que la información atraviese los canales oficiales y llegue a la prensa.

En su despacho presidencial hay baterías recargables y sistemas de carga para evitar que el equipo quede fuera de servicio. La tecnología también permite habilitar o cerrar canales para limitar determinados intercambios a interlocutores autorizados.

$1.500 millones para renovar los equipos de protección

El Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, proyectó una inversión de $1.500 millones para comprar radios y repuestos para la Jefatura para la Protección Presidencial. La partida figura en el Plan Anual de Adquisiciones y está prevista para el último trimestre del año.

Los dispositivos serán utilizados por el personal encargado de proteger al presidente, al vicepresidente y a sus familiares dentro y fuera de Colombia. El grupo coordina desplazamientos, evalúa amenazas y articula operaciones con la Policía, las Fuerzas Militares y los organismos de inteligencia.

El 25 de agosto, el Dapre emitió una invitación a cotizar para comprar 46 radios multibanda Motorola APX 8000, además de baterías, antenas, cargadores y repuestos. La Presidencia espera recibir los elementos en Bogotá antes del 18 de diciembre.

La compra también incluye 40 baterías compatibles con las referencias APX 1000 y APX 8000, 15 antenas multibanda con GPS, diez cargadores y dos repuestos técnicos para intervenir componentes internos de los radios. Los equipos deberán resistir polvo, inmersión en agua y temperaturas extremas durante misiones de campo.

Entre los elementos solicitados figura un cargador de llaves de encriptación KVL 5000, encargado de incorporar y renovar las claves criptográficas de las comunicaciones. La garantía exigida será de tres años para los radios, dos años para las baterías de última tecnología y un año para los accesorios.

Todos los aparatos deberán ser fabricados en 2026. Si un radio o repuesto falla tres veces durante la garantía, el contratista deberá sustituirlo por uno nuevo; además, tendrá 48 horas para recoger el equipo averiado en la sede del Dapre y hasta 30 días para repararlo o reemplazarlo.

La empresa seleccionada tendrá que habilitar una línea corporativa de soporte para emergencias y garantizar repuestos, accesorios y mantenimiento durante al menos cinco años adicionales. El objetivo es sostener las comunicaciones del primer anillo de seguridad durante las operaciones.

Los contratos previos para radios Motorola

La compra proyectada tiene antecedentes en contratos firmados por administraciones anteriores. En mayo de 2025, durante el gobierno de Gustavo Petro, el Dapre desembolsó $997,5 millones a Rayco S.A. para adquirir radios Motorola APX5000 destinados a la Casa Militar.

Ese proceso se realizó mediante contratación directa, con el argumento de que no existía pluralidad de oferentes. En octubre de 2025, la administración anterior pagó otros $752 millones a la misma compañía por 22 radios de la referencia que ahora cotiza el gobierno de De la Espriella.

La adquisición se justificó entonces por el desgaste de equipos comprados entre 2000 y 2019, que ya habían superado su vida útil y podían generar riesgos. Cambio señaló que los registros contractuales también incluyen operaciones durante los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque.

En 2013, el Dapre compró radios portátiles Motorola y accesorios por $49,8 millones mediante una subasta. Ese mismo año contrató diez radioteléfonos para el Fondo Paz por $ 74,8 millones, suministrados por Rayco, mientras que el gobierno de Duque desembolsó $96,1 millones al proveedor por equipos multibanda.

El contrato más reciente fijó un valor unitario de $34,2 millones por cada terminal Motorola APX 8000. Con ese antecedente, los 46 equipos que busca adquirir la Presidencia superarían los $1.500 millones, y los accesorios y repuestos podrían añadir otros $ 300 millones, aunque el costo final dependerá de las cotizaciones de los proveedores habilitados en Secop II.

Un día después de que el presidente Abelardo de la Espriella nombrara Alejandro Ordoñez como nuevo ministro del Interior, desde el Partido Conservador no tardaron en respaldar la designación sorpresiva, que dejó por fuera del Gobierno nacional a Rodrigo Lara apenas 75 días después de ser elegido por el mandatario.

Ordóñez llega al gabinete después de desempeñarse como embajador representante permanente de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), cargo que dejó el miércoles 21 de octubre.

Su trayectoria también incluye dos periodos como procurador general de la Nación, entre 2009 y 2016, además de cargos en el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Santander.

Durante la gestión de Lara, el Ministerio del Interior coordinó las discusiones del Presupuesto de 2027 y los avances de la Ley de Sometimiento. Mientras se concretaba el relevo, el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumió temporalmente las funciones de esa cartera.

En un pronunciamiento publicado en redes sociales, la colectividad destacó la experiencia jurídica y el recorrido de Ordóñez en el servicio público. Los conservadores afirmaron que “hará un gran papel en esta cartera” y señalaron que su llegada plantea desafíos relacionados con la defensa del Estado de derecho.

“Damos la bienvenida al nuevo ministro del Interior Alejandro Ordóñez Maldonado, su trayectoria jurídica, la firmeza de sus convicciones y experiencia en el servicio público marcan el inicio de una nueva etapa, que tiene importantes desafíos para el país y defensa del Estado de derecho. Estamos seguros de que hará un gran papel en esta cartera ministerial”, comentó la colectividad conservadora.

El partido también reconoció la vocación democrática y el trabajo técnico de Lara, además de desearle éxitos en sus nuevos proyectos tras la salida repentina y récord del Gobierno nacional.

“A Rodrigo Lara le expresamos nuestro reconocimiento por su vocación democrática y compromiso con el servicio público. Le deseamos éxitos en los nuevos retos que emprenda”, concluyó el Partido Conservador.

Las reacciones a la salida de Lara dividieron a dirigentes y activistas

La salida de Rodrigo Lara Restrepo también generó pronunciamientos de congresistas y activistas. El presidente del Senado, Honorio Henríquez, señaló que respeta la facultad del mandatario para conformar el gabinete y aseguró que mantendrá una relación de diálogo institucional con el Ejecutivo. Agradeció el trabajo del exministro y le deseó éxitos a Ordóñez en su nueva responsabilidad.

El congresista Daniel Briceño lamentó el relevo y destacó que Lara había mantenido interlocución con diversos sectores del Legislativo. También enumeró los asuntos que deberá enfrentar el nuevo jefe de la cartera, entre ellos la ley de sometimiento, el estatuto antiterrorista, la descentralización y la denominada ley antimermelada.

En contraste, la activista política Jerome Sanabria consideró previsible el cambio por la falta de resultados legislativos durante la gestión de Lara, aunque expresó dudas sobre la capacidad de Ordóñez para alcanzar acuerdos con bancadas de distintas posiciones. Gabriela Muñoz cuestionó el rumbo político del exfuncionario y afirmó que su salida era esperable, mientras que el activista Beto Coral sostuvo que el presidente lo habría utilizado para sus propios intereses.

El cambio se conoció el 21 de octubre, después de una permanencia de cerca de dos meses y medio de Lara al frente del ministerio. El exministro había sido anunciado como integrante del gabinete el 26 de junio y asumió formalmente el cargo el 7 de agosto.

Con la designación de Alejandro Ordóñez Maldonado, el Gobierno deberá definir la fecha de posesión y el mecanismo con el que buscará respaldos en el Congreso para sus iniciativas. Hasta que se cumpla ese trámite, Iván Cancino seguirá al frente de las funciones del Ministerio del Interior de forma provisional.

El relevo ocurre mientras permanecen en la agenda proyectos que requieren diálogo con las bancadas. Entre ellos figuran la ley de sometimiento y las propuestas sobre descentralización, asuntos que Briceño identificó como retos para la nueva etapa de la cartera política.

Con la decisión del Ejecutivo, el operativo adelantado en las últimas se convierte en el primer ataque de este tipo registrado en esa zona del suroccidente colombiano, según información conocida por El Tiempo.

El Comando Conjunto de Operaciones Especiales de Colombia, Ccoes, ejecutó el ataque de alta precisión contra un campamento de la guerrilla y aguardaba la finalización de las acciones para entregar el balance definitivo.

“Este video fue grabado a la 1:00 de la madrugada, momento en el que autoricé una operación de bombardeo contra las estructuras narcoterroristas del ELN en el departamento del Cauca.¡En mi gobierno no hay tregua contra el terrorismo! Nuestra Fuerza Pública tiene instrucciones claras de actuar con toda la contundencia y dentro del marco de la ley.Más tarde daré a conocer los resultados de esta operación militar", Escribió el mandatario en su cuenta de X.

Nariño atraviesa una crisis de orden público protagonizada por la actividad de grupos armados ilegales. Aunque las disidencias de las Farc bajo las órdenes de Iván Mordisco concentran la mayor parte de las acciones delictivas, el Frente de Guerra Suroccidental del ELN ha ampliado su presencia en los últimos años.

La disputa territorial y las economías ilegales en Nariño

El control ilegal del territorio enfrenta a las estructuras armadas y ha derivado en confrontaciones que también profundizaron la crisis social en el departamento. El narcotráfico, la minería ilegal, las extorsiones y el hurto de hidrocarburos figuran entre las economías que alimentan esa disputa.

Los informes de inteligencia conocidos por La FM señalan que integrantes del Frente de Guerra Suroccidental han cometido atentados, masacres y otros ataques en la región, lo que convirtió al grupo en priodidad para las Fuerzas Militares.

El bombardeo anterior se produjo el 11 de octubre en la región del Catatumbo, Norte de Santander, y estuvo dirigido contra cabecillas del Frente 33 de las disidencias de las Farc. Esa fue la cuarta operación aérea ordenada por De la Espriella desde su llegada a la Casa de Nariño.

El jefe de Estado confirmó entonces la decisión a través de su cuenta de X. “Anoche, mientras muchos colombianos descansaban, impartí directamente la orden de ejecutar una operación de bombardeo en Norte de Santander contra un objetivo militar conocido como Frente 33, de las disidencias de alias ‘Calarcá’”, señaló el mandatario.

De la Espriella añadió que, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, mantuvo comunicación directa con el ministro de Defensa y la cúpula militar para autorizar el ataque y seguir su desarrollo. El resultado de esa acción fue de cuatro disidentes abatidos, entre ellos una menor de 16 años.

La Operación Azarías y los ataques anteriores

El tercer bombardeo del Gobierno fue confirmado el 31 de agosto y tuvo como objetivo un campamento atribuido a alias Iván Mordisco en Guaviare. Las tropas ubicaron el lugar tras labores de inteligencia.

La Operación Azarías estuvo a cargo de unidades del Ejército Nacional y de la Fuerza Aérea Colombiana. Se desarrolló en la vereda Lagos del Dorado, en el municipio de Miraflores, contra el Frente Carolina Ramírez y su principal cabecilla, alias El Tigre o Pintado.

El Presidente informó que el balance final fue de 23 guerrilleros neutralizados, seis capturados y dos personas recuperadas que serían menores de edad. Las tropas también incautaron material de guerra e intendencia.

Antes de esa operación, las Fuerzas Militares bombardearon a las disidencias de Calarcá en Guaviare. El primer ataque aéreo del actual Gobierno se realizó en Catatumbo contra el ELN.

La inesperada salida del ahora exministro Rodrigo Lara de la cartera del Interior y el sorpresivo nombramiento de Alejandro Ordoñez como nuevo encargado sigue dejando en redes fuertes reacciones.

De hecho, en la mañana del jueves 22 de octubre, un día después de que el presidente Abelardo de la Espriella le notificara a Lara a través de X que no seguiría en su gobierno, en redes no tardaron en revivir la tensa relación que habría exististido entre el exministro y Ordoñez desde que estuvo a cargo de la Procuraduría General de la Nación en 2009.

Incluso, internautas empezaron a comentar sobre una vieja publicación de Lara en la que pidió la renuncia del entonces jefe del Ministerio Público, señalando que estaría usando su escaño para fines políticos.

“Qué inmenso favor le haría el Procurador al gobierno renunciando. Ordóñez es peligroso en la procuraduría, no en la política”, fue uno de los mensajes de Lara en su cuenta de X publicados en 2013.

Incluso, el ahora exfuncionario se refirió en varias ocasiones a la presunta extralimitación de poder que se habría atribuido ordoñez, especialmente durante las elecciones que concluyeron con la reelección del expresidente Juan Manuel Santos.

“Sergio Fajardo no podrá moverse ni un milímetro, pq de lo contrario el Procurador Ordóñez, lo sanciona por participación o cualquier otra”, comentó en 2013 el exministro del Interior.

Asimismo, Lara re refirió en varias ocasiones a los posibles puestos que entregó Ordoñez ‘a dedo’ mientras estuvo a cargo de la Procuraduría, cuestionando además los exagerados salarios que se les habría asignado.

Entre los reparos del exministro, también se sumó una denuncia sobre el presunto encuentro entre el exprocurador y algunos involucrados en el caso de corrupción Odebrecht, mientras se adelantaba una guerra política entre Ordoñez y Juan Manuel Santos.

“Ordóñez, el Procurador que no vio ni controló nada. Tiempo si tuvo, no obstante, para recibir a resposables de Odebrecht en su despacho”, comentó en su momento el hoy exministro del Interior.

El fracaso de presupuesto de 2027 habría acelerado salida de Rodrigo Lara

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó el 21 de octubre de 2026 la salida de Rodrigo Lara del Ministerio Interior y designó al exprocurador Alejandro Ordóñez Maldonado para reemplazarlo.

El relevo ocurrió tras presuntos cuestionamientos internos por la conducción de la agenda legislativa y varias decisiones administrativas. No se comunicó una razón oficial única para la salida, aunque distintos episodios habían debilitado la relación entre Lara y el Gobierno, según Semana.

La elección de la presidencia del Congreso, celebrada el 20 de julio de 2026, fue uno de los hechos que expuso las dificultades del Ejecutivo para reunir apoyos parlamentarios. El Gobierno respaldaba al senador Alfredo Deluque, del Partido de la U, pero Honorio Henríquez, del Centro Democrático, obtuvo la presidencia con respaldo del Pacto Histórico.

Las diferencias también alcanzaron decisiones dentro del Ejecutivo. El nombramiento de Germán Miranda en la Dirección Nacional de Bomberos generó cuestionamientos por denuncias sobre presuntos actos de corrupción para influir en un proceso de la Fiscalía General de la Nación.

Miranda dejó el cargo por orden del líder del movimiento Defensores de la Patria. Otro foco de tensión fue la contratación del exmagistrado del Consejo Nacional Electoral Altus Baquero como asesor del Ministerio del Interior.

De la Espriella ordenó cancelar ese contrato después de cuestionar que Baquero hubiera respaldado decisiones del Consejo Nacional Electoral favorables al entonces presidente Gustavo Petro. Estas diferencias se sumaron a las críticas sobre el manejo político de la cartera.

El Presupuesto de 2027, el último conflicto legislativo

El episodio más reciente fue el fracaso del trámite del Presupuesto General de la Nación para 2027. Una diferencia entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes impidió que la iniciativa avanzara en las plenarias.

La responsabilidad principal por las inconsistencias recaería en el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, pero dentro del Gobierno consideraban que Lara también debía responder por el trámite legislativo. La coordinación de esa agenda era una función del Ministerio del Interior, indicaron fuentes cercanas a la Casa de Nariño a La FM.

La relación entre Lara y Carlos Suárez, presidente de la junta directiva de Ecopetrol y cercano a De la Espriella, también habría sido un punto de quiebre. Las solicitudes para nombrar funcionarios en la cartera habrían deteriorado el vínculo entre ambos.

La salida del excongresista provocó reacciones en el Congreso. El representante del Centro Democrático Daniel Briceño la calificó como “un cambio de paradigma difícil, pero necesario y acertado para fortalecer la democracia del país” y añadió: “De corazón, le deseo lo mejor a Rodrigo Lara y le doy la bienvenida al doctor Alejandro Ordóñez, quien asume enormes retos en una agenda legislativa exigente”.

El congresista de la Alianza Verde Duvalier Sanchéz expresó una visión opuesta sobre el cambio. “La salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior y la llegada de Alejandro Ordóñez son una señal preocupante del rumbo que está tomando el Gobierno de Abelardo de la Espriella”, escribió en X.

En medio del escándalo desatado por la exasesora presidencial Eva Ferrer contra Verónica Alcocer, en la mañana del jueves 22 de octubre se conoció el dosier de pruebas que habría llevado la la exprimera dama de la República a la Fiscalía General de la Nación para argumentar su defensa.

Alcocer fue señalada hace unos días por Ferrer por el presunto traslado entre Colombia y Venezuela de estupefacientes y al menos 2,5 millones de dólares en efectivo. El material, presentado el 20 de octubre, reuniría imágenes, registros audiovisuales, cálculos sobre el volumen de una eventual carga y la respuesta de uno de los integrantes de la delegación, según documentos revelados por la revista Cambio.

La defensa sostuvo que trasladar 2,5 millones de dólares en billetes de cien dólares habría requerido 25.000 unidades, con un peso neto de 25 kilogramos, sin incluir el embalaje. Si ese dinero hubiera correspondido al pago de cocaína, el análisis plantea un escenario hipotético de cerca de 500 kilogramos de droga, distribuidos en entre 15 y 25 maletas.

Ricardo Gaviria Ramírez, abogado de Alcocer, entregó el informe preliminar de investigación de campo a la Fiscalía 76 de la Dirección Especializada contra la Corrupción. La documentación busca responder a las declaraciones de Eva Ferrer, quien atribuyó a la entonces primera dama el presunto traslado de droga hacia Venezuela y el ingreso de dinero en efectivo a Colombia.

Según la versión de la exprimera dama conocida por Cambio, el viaje se realizó el 31 de enero de 2023, luego de que el Gobierno colombiano recibiera una invitación venezolana para conocer el sistema de formación musical creado por el maestro José Antonio Abreu. La visita buscaba estudiar ese modelo y evaluar una posible adaptación en Colombia.

El entonces presidente, Gustavo Petro, autorizó el desplazamiento y designó a Alcocer para encabezar la delegación. La defensa afirmó que ella no intervino en la organización del transporte ni en la selección de la aeronave asignada por la Fuerza Aérea Colombiana.

Según la bitácora presentada por el equipo de la exprimera dama, la comitiva estuvo integrada por Jorge Ignacio Zorro Sánchez, entonces viceministro de la Creatividad del Ministerio de Cultura; las pianistas y pedagogas Clara Inés y Pilar Leyva Durán; el empresario español Manel Grau Pujadas; y la capitán Daniela Lozano, encargada de la seguridad de Alcocer. Para la defensa, la composición del grupo respalda el carácter cultural del viaje.

Los registros examinados por la revista Cambio ubican a Alcocer en el aeropuerto internacional de Maiquetía, en Caracas, a las 11:24 a. m. del 31 de enero de 2023. Allí fue recibida por Diva Guzmán León, entonces ministra venezolana para la Mujer y la Igualdad de Género, y por Tatiana Pugh, viceministra para Asia y Oceanía.

Las fotografías incorporadas al expediente muestran a Alcocer descendiendo de la aeronave sin las dos maletas que Ferrer mencionó en sus declaraciones públicas. Esa secuencia, según el informe, contradice a simple vista la versión de que habría bajado del avión con equipajes que contenían estupefacientes.

La defensa también incluyó una imagen de la cartera naranja que Alcocer llevaba durante su llegada a Caracas. El investigador contratado por Alcocer examinó el bolso, cuyas dimensiones aproximadas son de 30 centímetros de largo, 15 de ancho y 25 de alto, y concluyó que su capacidad no corresponde con las cantidades de dinero o droga mencionadas en la acusación.

Según las pruebas presentadas a la Fiscalía y conocidas por la revista Cambio, a las 11:58 a. m., la delegación llegó al Palacio de Miraflores, donde fue recibida por Cilia Flores y Delcy Rodríguez. Después se trasladó al Centro Nacional de Acción Social por la Música, situado a unos 3,5 kilómetros de la sede presidencial.

Hacia la 1:20 de la tarde, Alcocer y sus acompañantes habrían permanecido en el centro cultural, donde asistieron a presentaciones musicales. Durante esa actividad, Cilia Flores entregó una condecoración a la entonces primera dama colombiana.

La agenda también contempló un encuentro con Nicolás Maduro en el salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores. Los videos entregados por la defensa muestran a los miembros de la comitiva reunidos durante actividades oficiales y acompañados por autoridades venezolanas.

El peso del dinero y los controles de una aeronave estatal

Entre el dosier de la defensa, se incluyó el cálculo sobre el peso que habría tomado llevar el dinero en efectivo, tomando como referencia datos del Bureau of Engraving and Printing, organismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargado de imprimir billetes. Bajo esa estimación, cada billete de cien dólares pesa cerca de un gramo.

El análisis sobre los estupefacientes usó estimaciones históricas atribuidas a InSight Crime, según las cuales un kilogramo de cocaína podía comercializarse en países vecinos de Colombia por entre 4.000 y 6.000 dólares. El informe señala que una carga de ese tamaño habría requerido una cantidad de equipaje incompatible con las imágenes públicas del desembarque.

Otro apartado de las pruebas revisó el Reglamento Aeronáutico Colombiano de la Aviación de Estado, incluido el Racae 160. La norma contempla inspecciones a pasajeros, equipaje de mano, carga y equipaje de bodega, además de restricciones de acceso a áreas operativas y sistemas de vigilancia y detección.

La defensa planteó que una operación clandestina de la magnitud descrita habría debido superar esos controles. Sin embargo, el propio documento reconoce que deben obtenerse los registros técnicos y operacionales del vuelo para establecer qué procedimientos se aplicaron realmente durante el desplazamiento.

El expediente también incorporó un cuestionario enviado por correo electrónico a Manel Grau Pujadas, a quien Ferrer identificó como fuente de sus afirmaciones sobre el presunto ingreso de dinero a Colombia. Grau confirmó que fue invitado a conocer el sistema musical de Abreu y a explorar una eventual adaptación con participación del Ministerio de Cultura y la Fundación Batuta.

El empresario explicó que fue incluido en la visita por su cercanía con la música clásica y la ópera, especialmente en Barcelona. También indicó que no tenía contrato ni cargo administrativo dentro del Gobierno colombiano.

Luego de la declaración virtual entregada por Eva Ferrer ante la Fiscalía General de la Nación, la exasesora de Presidencia viajará el miércoles 28 de octubre a Washington, Estados Unidos, para entregar pruebas de sus denuncias contra la exprimera dama Verónica Alcocer ante autoridades de Estados Unidos.

El miércoles 21 de octubre, la exfuncionaria declaró ante el ente acusador sobre los presuntos hechos ocurridos durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, aunque la audiencia fijó una nueva fecha para el 23 de octubre con el fin de que Ferrer profundice en su versión y entregue la totalidad de las pruebas que inculparían a Alcocer en un presunto tráfico de influencias, supuestos envíos de drogas en aviones del Estado y el traslado de dinero ilícito en viajes oficiales.

Frente a su desplazamiento hacia los Estados Unidos, el anuncio fue realizado por su abogado, Jhony Batalla Mena, en una entrevista con NTN24. El itinerario contempla reuniones con el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Administración para el Control de Drogas, conocida como DEA.

“Estarían viajando a los Estados Unidos porque, como ya va avanzando el proceso en Colombia, es necesario que esta declaración que Eva Ferrer dio y la evidencia que manifestó en plena audiencia, los audios que mostró, las fotografías que efectivamente corroboran a nivel de suficiencia que su dicho no es un dicho mentiroso, sino que es cierto y muy relevante, sea también entregado a los Estados Unidos”, comentó Batalla al medio internacional.

Ferrer partirá desde España, país al que se trasladó después de la entrevista que concedió a Semana para formular sus acusaciones.

Por su parte, Verónica Alcocer reconoció haber viajado dos veces a Venezuela, el 31 de enero y el 18 de noviembre de 2023, pero sostuvo que ambos desplazamientos tuvieron registros oficiales. También afirmó que en uno de ellos estuvo acompañada por el entonces presidente Petro y que sus agendas y material audiovisual son de acceso público.

Audios, fotografías y testimonios ante la Fiscalía

Ferrer compareció el miércoles 21 de octubre ante la Fiscalía General de Colombia como testigo jurada, en una audiencia virtual que superó las tres horas y que se extendió cerca de cuatro horas. Durante la diligencia compartió algunas grabaciones y aseguró contar con audios, fotografías y otros soportes para respaldar sus señalamientos.

Batalla Mena aseguró en NTN24 que cada relato de la exasesora estaría acompañado por elementos de respaldo. El penalista indicó que la Fiscalía interrogó a Ferrer sobre la manera en que conoció a Alcocer y a Petro, pero evitó dar detalles sobre las preguntas por la reserva de la investigación.

La declaración en Colombia continuará el viernes a las 8:00 a. m., ante la delegada fiscal 76 especializada en corrupción. El abogado explicó que no tiene acceso a las pruebas para evitar que sean contaminadas durante el proceso.

Las acusaciones de Ferrer incluyen un presunto traslado de dinero y drogas en aviones oficiales durante viajes a Venezuela. La exasesora afirmó que le informaron que de uno de esos viajes se habrían traído 2,5 millones de dólares vinculados al narcotráfico.

“Lo primero que conozco, y que me hacen saber, es que se van a Venezuela. Hablando luego con Manel, me dice que de ese viaje se traen 2,5 millones de dólares (...) Parece que hay fotos de Verónica descendiendo del avión con maletas grises en las que dentro había droga y había movimiento de capital de allá a aquí y de aquí a allá”, señaló la exasesora en diálogo con Semana.

También acusó a Alcocer de presunto tráfico de influencias para incidir en nombramientos dentro del Estado. Según Ferrer, personas cercanas a la exprimera dama habrían tenido presencia en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Ecopetrol y el Banco Agrario.

El testimonio también involucra al excongresista Agmeth Escaf y a Mario Fernández Alcocer, primo de la exprimera dama. La Fiscalía mantiene abiertas líneas de investigación por posibles actos de corrupción en entidades como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), el canal público Rtvc, el Banco Agrario y Ecopetrol.

La negativa de Verónica Alcocer y el viaje a Estados Unidos

Alcocer rechazó las acusaciones y presentó ante la Fiscalía un derecho de petición para conocer las actuaciones judiciales en su contra. En diálogo con Noticias RCN, negó cualquier relación con el transporte de drogas y sostuvo que existen “relatos mentirosos” sobre su papel como primera dama.

La exprimera dama también negó haber tenido la suma atribuida por Ferrer y definió su vínculo con la exasesora como estrictamente profesional. Sobre el viaje cuestionado, afirmó: “No hubo maletas en ese viaje. Yo llegué con mi cartera de mano, que es como siempre viajo, ligera, porque, como te vuelvo a repetir, está documentado, registrado con bitácora de vuelo”.

Batalla Mena sostuvo que el desplazamiento a Estados Unidos busca ampliar la información entregada en Colombia. En La Noche afirmó: “La próxima semana, el día miércoles, la doctora Sol Morales, junto con Eva, estarán en los Estados Unidos”.

En medio de la polémica desatada por la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Angie Rodríguez sobre presuntos chantajes por parte de la exembajadora en Reino Unido Laura Sarabia contra Gustavo Petro, en la mañana del miércoles 21 de octubre, el exmandatario negó nuevamente cualquier actuar indebido de su otrora mano derecha.

A través de su cuenta de X, el expresidente negó que Laura Sarabia lo hubiera sometido a chantaje durante su paso por el Gobierno y afirmó que entre ambos nunca existió una conducta relacionada con delitos.

El exmandatario respondió así a las acusaciones de Angie Rodríguez, quien sostuvo que la exfuncionaria poseía fotografías y videos de su vida privada para ejercer presión y hacer que se le otorgaran puestos relevantes en el Ejecutivo.

“Nunca sucedió que Laura Sarabia me chantajeara por ninguna razón en su paso por el gobierno. Mi relación profesional y política que nacen en mi campaña donde la conocí siempre se han mantenido hasta el presente. Jamás ha mediado entre Laura y yo alguna acción que tuviera que ver con delito alguno”, escribió Petro en su cuenta de X.

Las declaraciones del expresidente llegaron después de que Angie Rodríguez, también exgerente del Fondo Adaptación, afirmara en una entrevista con Daniel Samper Ospina que vio imágenes y videos almacenados en un computador y que Sarabia “tiene todo”.

Las acusaciones sin pruebas públicas

Rodríguez aseguró que parte de ese supuesto material habría sido utilizado para presionar a Petro, aunque no presentó fotografías, videos, documentos ni otros elementos que permitieran comprobar sus señalamientos.

La exdirectora del Dapre también hizo afirmaciones sobre la vida personal del exjefe de Estado y mencionó una supuesta red de mujeres cercana a él. “El presidente, desafortunadamente, tenía una vida de excesos, una vida loca, lo que ustedes cubrían en los medios como ‘agenda privada’”, manifestó.

Además, vinculó sus denuncias con un presunto tráfico de influencias durante la administración anterior. Según su versión, Petro tenía un “interés particular” en el nombramiento de Juliana Guerrero, pese a que ella no cumpliría las condiciones requeridas para ocupar el cargo.

Rodríguez también denunció un supuesto constreñimiento ilegal y afirmó que el entonces mandatario la obligó a tolerar “acciones ilegales” después de que se negara a seguir determinadas directrices.

La respuesta de Laura Sarabia y el pedido de investigación

Sarabia, exembajadora de Colombia ante el Reino Unido, rechazó las acusaciones en un mensaje publicado el miércoles 21 de octubre de 2026. La exfuncionaria afirmó que nunca tuvo, vio ni utilizó imágenes o videos privados de Petro para presionarlo.

“Nunca he tenido, nunca he visto y nunca he usado ningún material de este tipo. Nunca he extorsionado a nadie”, escribió Sarabia en X.

La exembajadora puso el foco en las afirmaciones que podrían involucrar a menores de edad. Como madre de un niño de cuatro años y hermana de una niña de 11 años, dijo que no permanecerá en silencio frente a acusaciones que puedan afectar la dignidad de un menor.

“Pero hay algo más importante que mi nombre. Cuando se habla de niños, no hay espacio para el silencio ni para el cálculo. Si alguien vio algo que afecte la dignidad de un menor, la obligación es denunciarlo de inmediato ante la Fiscalía y entregar las pruebas. No esperar meses, no convertirlo en una entrevista”, señaló.

“Si alguien vio algo que afecte la dignidad de un menor, la obligación es denunciarlo de inmediato ante la Fiscalía y entregar las pruebas”, continuó. También pidió que ese tipo de denuncias no se transforme en contenido de entrevistas públicas.

Sarabia instó a Rodríguez a presentar ante las autoridades los elementos que respalden sus afirmaciones y solicitó una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. “Ya estaré a disposición de la justicia para lo que necesiten”, concluyó.

La Fiscalía General de la Nación investiga la venta de 33 bienes de la Alcaldía de Valledupar por 31 millones de pesos, una operación que incluyó una Toyota Land Cruiser Prado TXL modelo 2013 adjudicada por $2.500.000 y que abrió sospechas sobre posibles irregularidades en la disposición de activos públicos.

La pesquisa está a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación de la seccional Cesar y busca establecer las circunstancias de la enajenación de maquinaria pesada, camionetas y 15 motocicletas. La autoridad judicial deberá determinar si hubo responsabilidades por el proceso.

La camioneta Toyota Prado TXL, de placas OXV 288, fue declarada inservible tras una inspección visual y recibió un “valor operativo cero” en el procedimiento de baja y enajenación aprobado por el Concejo municipal. El precio de venta equivalió a una depreciación cercana al 98% en 13 años, según los cuestionamientos expuestos alrededor del remate.

El exconcejal Jhon Díaz Carpio denunció que la guía de precios de Fasecolda ubicaba el valor comercial del vehículo entre 126 y 184 millones de pesos. La diferencia entre esa referencia y los $2.500.000 pagados por el comprador impulsó los reclamos sobre los criterios técnicos aplicados.

El secretario general de la Alcaldía de Valledupar, Eudes José Orozco, sostuvo que los vehículos ya no podían ser asegurados y, por esa razón, debían ingresar a un proceso de baja definitiva o de chatarrización.

Daniel Daza, uno de los dirigentes que cuestionó el remate, afirmó que la vida útil del bloque del motor, la transmisión automática y el chasis de un vehículo todoterreno puede superar el deterioro exterior.

“La vida útil, mantenimiento y expectativa de duración de componentes fundamentales como el bloque del motor, la transmisión automática y el chasis de un vehículo todoterreno supera con creces el desgaste superficial, siendo recuperables o funcionales mediante mantenimientos correctivos”, planteó.

Daza envió una comunicación a la ensambladora de Toyota en Japón para pedir explicaciones sobre la calidad y duración de los vehículos de la marca. También objetó que el avalúo se basara en una revisión visual: “Basarse únicamente en una apreciación visual, sin recurrir a pruebas de compresión, análisis de fluidos y otros diagnósticos, no puede ser un mecanismo responsable para este avalúo”.

Los críticos sostienen que un dictamen técnico debe diferenciar entre un vehículo que necesita repuestos, otro cuya reparación resulta antieconómica y uno que agotó su vida útil. La ausencia de pruebas mecánicas profundas es uno de los puntos centrales de las denuncias.

Maquinaria pesada y vehículos vendidos por montos mínimos

El lote incluyó una excavadora hidráulica John Deere por $ 5.155.000, una motoniveladora de la misma marca por $ 5.022.000 y una retroexcavadora por $ 3.850.000. También se adjudicaron un vibrocompactador JCB por $ 2.185.000 y un minicargador John Deere por $ 840.000.

Los vehículos livianos de marcas como Toyota, Nissan, Chevrolet y Mazda se vendieron por montos de entre $ 240.000 y $ 3.000.000. Entre los bienes cuestionados también hubo motocicletas adjudicadas por $ 215.000.

Documentos revisados por el medio regional El Pilón indican que el Acta 001 registró interés en agilizar la transacción y que el Concejo municipal autorizó la venta después de que el negocio ya había sido adjudicado. Ocho días después de que el alcalde solicitara un informe técnico sobre la operación, ese documento no había sido divulgado públicamente.

Veedores de Valledupar afirmaron a El Tiempo que una camioneta vendida por $500.000 fue revendida horas más tarde por 40 millones de pesos. Esa versión forma parte de los señalamientos que ahora deberán ser contrastados en la investigación judicial.

El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, aseguró que pidió un informe detallado sobre el desarrollo del proceso y que su resultado sería entregado a las autoridades competentes. “Mi compromiso es con Valledupar, con la protección del patrimonio público”, afirmó.

Keyner Sanmartín, apoderado del alcalde, explicó que el informe no se divulgará porque integrará una investigación penal. Señaló que la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría definirán si existen responsabilidades penales, disciplinarias o fiscales.

La primera declaración juramentada de Eva Ferrer ante la Fiscalía General de la Nación concluyó este miércoles 21 de octubre sin que la exconsejera presidencial hubiera entregado pruebas durante la sesión.

Según se conoció, la diligencia, realizada de forma virtual, continuará en los próximos días dentro de la indagación por los señalamientos contra la ex primera dama Verónica Alcocer y su presunta relación con el narcotráfico y grupos criminales.

Durante la jornada, Ferrer relató información que, según su versión, le habría sido transmitida sobre Alcocer, con quien antes mantenía una relación cercana. Hasta el cierre de esta primera sesión no aportó documentos ni otros elementos materiales que respaldaran sus afirmaciones, pese a que su defensa había anunciado que los presentaría ante las autoridades.

La comparecencia hace parte de una indagación previa abierta a partir de audios filtrados y declaraciones públicas de la exfuncionaria. En ellos, Ferrer formuló acusaciones sobre un supuesto tráfico de influencias y presuntas irregularidades en entidades estatales, además de mencionar un eventual traslado de dinero y drogas entre Colombia y Venezuela.

La Fiscalía continuará la declaración de Ferrer

La diligencia se llevó a cabo bajo juramento y de manera remota, dado que Ferrer se encuentra fuera de Colombia. La Fiscalía deberá fijar la fecha de continuación para que la exconsejera amplíe su versión y, si así lo decide, incorpore los elementos que asegura tener.

Antes de la citación, su abogado, Jhony Batalla, había afirmado que Ferrer aportaría documentos, fotografías, fechas de reuniones y otros materiales para sustentar sus denuncias. La exconsejera ya había declarado ante la Procuraduría General de la Nación el 15 de octubre, también de forma virtual desde España.

Esa sesión se prolongó durante más de cuatro horas y quedó pendiente de reanudación por la diferencia horaria. De acuerdo con información publicada por Semana, entonces ratificó sus acusaciones y anunció que entregaría soportes.

Los audios dieron origen a la indagación contra el entorno de Alcocer

El caso se hizo público por audios divulgados por la revista Semana y por una entrevista posterior de Ferrer con la periodista Vicky Dávila. La exconsejera describió como una “mafia” al entorno de Alcocer y señaló a varias personas cercanas a la ex primera dama, entre ellas ciudadanos catalanes e italianos, Mario Fernández Alcocer, el senador Agmeth Escaf y Carolina Plata.

Ferrer también sostuvo que Alcocer habría regresado de Venezuela en enero de 2023 con cerca de 2,5 millones de dólares en efectivo, que, según su versión, se habrían destinado a campañas políticas del entorno gubernamental. Asimismo, hizo referencias a un supuesto transporte de drogas y armas en aeronaves oficiales.

Las afirmaciones de Ferrer deberán ser contrastadas por la Fiscalía mediante testimonios, documentos, registros de vuelo y los demás elementos que lleguen al expediente. La indagación previa busca establecer si existen hechos que ameriten una investigación formal y no implica, por sí misma, una determinación de responsabilidades.

Alcocer negó las acusaciones y su defensa presentó un informe

Alcocer ha rechazado los señalamientos. En una entrevista con Noticias RCN, aseguró que su vínculo con Ferrer fue profesional y negó haber llevado 2,5 millones de dólares durante el viaje a Venezuela. También descartó haber intervenido en nombramientos o contratos en entidades como Ecopetrol, ProColombia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

“La relación de Eva y mía era profesional”, afirmó Alcocer en declaraciones recogidas por el noticiero. La ex primera dama sostuvo que no trasladó maletas durante la visita a Venezuela y que los registros oficiales, las agendas y los itinerarios de seguridad pueden contrastar las versiones divulgadas.

Un día antes de la declaración de Ferrer, el abogado Ricardo Gaviria Ramírez, defensor de Alcocer, remitió un informe preliminar a la Fiscalía 76 de la Dirección Especializada contra la Corrupción. El documento se concentra en el viaje oficial del 31 de enero de 2023 y pretende controvertir las acusaciones sobre el supuesto traslado de efectivo, estupefacientes y armas.

Según la defensa, el informe incluye una reconstrucción del viaje, una revisión de registros audiovisuales y del equipaje visible, además de solicitudes para que sean escuchados integrantes de la comisión que viajó a Venezuela. Gaviria también indicó que contactó al empresario catalán Manel Grau Pujadas, a quien Ferrer mencionó como fuente de información sobre el presunto ingreso del dinero.

El Juzgado 61 Penal del Circuito de Bogotá condenó al economista alemán Isaac Mildenberg por estafa agravada, tras determinar que obtuvo 5,2 millones de dólares al ofrecer participaciones en un supuesto proyecto inmobiliario sobre terrenos que no le pertenecían.

Según el fallo revelado por el diario El Tiempo en la mañana del miércoles 21 de octubre, la pena es de 60 meses de prisión y una multa de 305 salarios mínimos mensuales, equivalentes a unos 534 millones de pesos.

El predio involucrado, conocido como la casa del excapo del cartel de Medellín Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, está hoy en manos de la embajada de China, que lo compró por 49.000 millones de pesos.

El inmueble tiene 5.425 metros cuadrados de terreno y 544,9 metros cuadrados de área construida en el exclusivo barrio La Cabrera, en el nororiente de la capital colombiana y sirvió como centro de operaciones del entonces narcotraficante.

La operación que originó el proceso se realizó entre 2013 y 2014 mediante la sociedad People First National Bancshares Inc., que presentó a Mildenberg como propietario o adquirente de los terrenos.

Sin embargo, el penalista Jaime Lombana interpuso en su momento una denuncia al sostener que la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes nunca había ofrecido esos predios en venta.

La investigación de El Tiempo señaló que Mildenberg pretendía levantar allí un complejo hotelero de dos torres y un centro comercial. El proyecto también estuvo relacionado con un intento suyo de adquirir el inmueble por 13.800 millones de pesos, suma que, según el proceso, no le fue devuelta.

Además de la condena de cinco años de prisión, el juzgado 61 del Circuito de Bogotá le negó la posibilidad de cumplir su tiempo en prisión domiciliaria porque no acreditó arraigo familiar y social.

Según el juez del caso, durante el proceso el sindicado informó distintas direcciones de residencia y su defensa no logró identificar un inmueble específico para cumplir la medida. Tampoco obtuvo la suspensión condicional de la pena, debido a que la condena supera los 48 meses.

Entre las disposiciones de la justicia, al empresario aleman también se le prohibió salir del país y el despacho ordenó librar una orden de captura cuando la sentencia quede en firme.

De quién es ahora la casa del excapo Gonzalo Rodríguez Gacha

La adquisición por parte del gobierno de China fue el desenlace de varios procesos de venta que no prosperaron. Según información conocida por Las2orillas, en junio de 2016 el predio salió a remate por $ 40.000 millones, sin ofertas, y un año después tampoco encontró comprador durante una puja pública de diez días.

El interés chino se concretó el 17 de noviembre de 2017, cuando el entonces presidente Juan Manuel Santos estaba en el cargo. El proyecto presentado para el lote de La Cabrera permitió destinarlo a la sede diplomática, después de que la propiedad, que había pertenecido a Gonzalo Rodríguez Gacha, permaneciera bajo administración estatal tras su extinción de dominio.

El valor informado de la operación fue de $49.839 millones, equivalentes entonces a cerca de 16,6 millones de dólares. Según datos divulgados por el Ministerio de Hacienda y citados por El País, ese monto se ubicó por encima del avalúo del predio y convirtió la venta en una de las mayores realizadas con bienes que habían sido decomisados al narcotráfico.

Tras obtener el visto bueno, los chinos depositaron 9.967 millones de pesos, equivalentes al 20%, el 7 de febrero de 2018, que los hizo acreedores del predio vinculado al narcotráfico. Menos de 20 días después, el gobierno asiático depositó otros 39.871 millones de pesos para quedarse con la totalidad del terreno.

Tras la trasacción, $19.935,6 millones, el 40%, correspondieron al Gobierno nacional; la Fiscalía General de la Nación recibió otros $ 12.459,75 millones, el 25%; la rama judicial obtuvo la misma suma, y la Policía Nacional recibió $ 4.983,9 millones, equivalente al 10% restante. Los recursos se destinaron a fortalecer la lucha contra el crimen, de acuerdo con el entonces ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.

La falta de conciliación del artículo 65 puso en duda la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2027, luego de que Senado de la República y Cámara de Representantes avalaran versiones distintas antes del vencimiento del plazo constitucional.

Tras la polémica que obligó al Gobierno nacional a expedir el presupuesto por decreto, el senador del Centro Democrático Juan Fernando Caicedo, creador de la proposición que habría dado paso a un vicio de trámite, sostuvo que el origen del problema estuvo en el manejo de la propuesta que él retiró durante la plenaria.

El Congreso debía terminar el trámite del proyecto antes de la medianoche del 20 de octubre. Aunque las dos corporaciones realizaron sus votaciones, la diferencia entre los textos del artículo 65 exigía una comisión de conciliación. Esa instancia no se instaló ni alcanzó a someter un informe a votación dentro del término previsto.

El artículo regula operaciones de cobertura fiscal frente a variaciones en los precios del petróleo, los combustibles líquidos y la tasa de cambio. El Senado lo aprobó en los términos de la ponencia, mientras que la Cámara avaló una redacción que incluía dos parágrafos propuestos por Caicedo.

Caicedo dijo que retiró la proposición para destrabar el debate

Según Caicedo, el Senado ya había aprobado el artículo tal como figuraba en la ponencia cuando se planteó incorporar los parágrafos. Para que esa modificación pudiera votarse, explicó, era necesario reabrir la discusión y someter nuevamente el artículo a consideración de la plenaria.

El senador afirmó que la discusión se prolongó y atribuyó la situación a una estrategia del Pacto Histórico para impedir adiciones de recursos. Entre ellas mencionó tres billones de pesos para salud y $ 6,2 billones para la reconstrucción de zonas afectadas por el terremoto, entre las que citó municipios del Eje Cafetero y Valle del Cauca.

“Yo lo que hago es retirar mi proposición y la dejo como constancia”, señaló Caicedo al explicar que tomó esa decisión para cerrar el debate y permitir que continuara el trámite del Presupuesto General de la Nación. El congresista aseguró que, pese al retiro, la Cámara incorporó la proposición en su propia votación, lo que generó la diferencia frente al texto aprobado por el Senado.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, había dado su aval formal a la modificación, de acuerdo con la información conocida durante la discusión legislativa.

“Y en el marco de ese debate, el Pacto Histórico, claramente en una actitud de saboteo para no permitir que nosotros le adicionáramos tres billones de pesos a la salud, para no permitir que nosotros le adicionáramos 6.2 billones a la reconstrucción del eje cafetero, del Valle del Cauca y de todas las zonas afectadas por el terremoto, empezó a dilatar la discusión. Y yo, en aras de cumplirle al país en los temas de salud, de reconstrucción del terremoto, qué dije: “No, yo lo que hago es retirar mi proposición y la dejo como constancia, y ahí queda zanjado el debate y nosotros podemos destrabar esa situación y continuar con el trámite y la aprobación del presupuesto general de la nación”. Eso fue lo que ocurrió puntualmente”, señaló el congresista.

La diferencia entre las dos cámaras requería una conciliación

El secretario general del Senado, Diego González, dejó constancia en una comunicación divulgada en la madrugada del 21 de octubre de que se publicaría el enlace con las proposiciones aprobadas. En esa revisión quedó consignado que el Senado mantuvo el texto original del artículo 65 y la Cámara aprobó una versión modificada.

Cuando Cámara y Senado aprueban textos distintos de una misma disposición, la Ley 5 de 1992 contempla la conformación de una comisión accidental de conciliación. Su tarea consiste en acordar una redacción única, que luego debe ser aprobada por ambas plenarias.

La falta de ese paso abre una discusión sobre los efectos del vicio de trámite. Una interpretación sostiene que la ausencia de conciliación impide que el proyecto se convierta en ley. Otra postura, apoyada en decisiones previas de la Corte Constitucional, plantea que la invalidez podría concentrarse en las normas sobre las que no hubo coincidencia, sin afectar necesariamente la totalidad del articulado.

El Gobierno prevé expedir el presupuesto por decreto

Ante la imposibilidad de cerrar el procedimiento legislativo, el Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció que expedirá por decreto el Presupuesto General de la Nación de 2027. El vicepresidente José Manuel Restrepo indicó que el Ejecutivo aplicará el mecanismo previsto para los casos en los que el Congreso no concluye el trámite dentro del plazo.

Restrepo afirmó que el presupuesto no fue “hundido ni tumbado” y sostuvo que el decreto recogerá las modificaciones aprobadas en el primer debate de las comisiones económicas conjuntas.

Según su explicación, el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto establece que, en esta circunstancia, rige el proyecto presentado por el Gobierno con los cambios aprobados en esa etapa.

El monto proyectado asciende a $634,9 billones. Bajo esta vía, se conservarían las distribuciones y adiciones avaladas en el primer debate, pero quedarían por fuera los ajustes que solo avanzaron en las plenarias y no lograron completar el trámite legislativo.

Restrepo lleva diez años dedicada a la cocina y define su trabajo como una expresión de lo ancestral, el mestizaje y sus raíces árabes. Nació en San Andrés Islas y creció en Montería, de acuerdo con el portal Soy Colombiano en Europa.

La chef viajó con la expectativa de realizar una presentación de cocina en vivo, pero se encontró con una competencia que reunió a otros cuatro participantes de otras latitudes del mundo.

“Quiero contarles que cuando yo me gané la convocatoria para venir a este lugar, lo que yo pensé era que yo iba a hacer una presentación en vivo y luego me aclararon que no tenía que traer mis maíces porque no era una presentación, sino un concurso de cocina. Y yo dije: “Miércoles, yo no quiero un concurso de cocina”. Pero ya yo estaba embaucada en esta vaina, ya tenía casi medio tiquete recolectado”, señaló la colombiana.

Entre sus rivales hubo representantes de Líbano, España y Grecia, además de un ganador de MasterChef Turquía, a quien Restrepo describió como un cocinero reconocido en ese país. Frente a ese grupo, decidió presentar platos que conectaran la cocina del Caribe colombiano con ingredientes y preparaciones de tradición árabe.

“Estoy haciendo este video para decirles que el concurso fuimos cinco concursantes, cuatro hombres, yo era la única mujer. Concursó un chef del Líbano, un chef de España, un chef de Grecia y el master chef de Turquía, el que ganó master chef en Turquía, que es un chef muy famoso de aquí. Todos hicieron sus platos y yo hice un homenaje a las mesas de frito del Caribe colombiano”, comentó “Ajá Chechi”.

Maíz negro, kibbeh y homenaje a las fritangueras

La propuesta incluyó arepas de huevo elaboradas con maíz negro, kibbeh preparado con un trigo que, según explicó, no se consigue en Colombia, y babaganoush con yogur. La combinación buscó reivindicar el trabajo de las mujeres que mantienen las mesas de fritos en la región Caribe.

La arepa de huevo concentró buena parte de la reacción del público. “Todo el mundo quedó loco con las arepas”, afirmó la cocinera, quien también destacó la recepción que tuvo el babaganoush.

El jurado eligió su propuesta como ganadora y la chef celebró el resultado con una dedicatoria a las cocineras que inspiraron su presentación.

“Hice arepas de huevo de maíz negrito, hice unos kibbes con un trigo especial que no se consigue en Colombia y les quiero contar que me lo gané. Me gané el concurso y estoy muy feliz. Demasiado feliz. He pasado llorando porque la verdad es que ni me lo esperaba. Aquí hay gente muy tesa e hice unos kibbes, que aquí comen kibbes por todos lados, pero definitivamente nada como los kibbes que hacemos nosotros allá, que tienen mucho sabor”, señaló la reconocida chef.

Entre lágrimas, la colombiana señaló que los comensales y jurados probaron sus productos y quedaron fascinados con el sabor del Caribe colombiano, además de recibir halagos por la propuesta de una arepa de huevo típica del país.

“Y las arepas, todo el mundo quedó loco con las arepas e hice un baba ganoush, que ustedes saben que yo lo preparo allá con yogur y fue superbonito, a la gente le encantó. Mucha gente comió de lo que hice, a todo el mundo le encantó y al jurado también le encantó. Pero nada, solamente quería hacer esto para contarles que los representé muy bien y que me gané el concurso y que viva Colombia y que vivan las fritangueras de Colombia”, concluyó la chef.

Una cocina independiente en el Centro Histórico de Cartagena

La cocinera trabaja como chef independiente en una cocina oculta de su propiedad, situada en el Callejón de los Estribos, cerca de la Plaza Santo Domingo, en el Centro Histórico de Cartagena. Allí comparte su actividad cotidiana con Geo, Marciana y Omer.

“Mi cocina es la representación de lo ancestral en la actualidad y también del mestizaje. Y además es maximalista”, sostuvo Restrepo sobre una propuesta que reúne fritos, memoria familiar, colores y herencia árabe.

Miles de conductores vivieron en carne propia uno de los incrementos que ha sufrido el gas natural vehicular en Bogotá y el resto del país, después de que se confirmara que las estaciones de combustible realizaron un alza de al menos el 19% de un día para otro.

De hecho, en redes sociales varios internautas dejaron ver que en estaciones de la compañía Vanti, en Bogotá, el presio pasó de 4.200 pesos a 5.000 pesos por metro cúbico, que afecta a taxistas, transportadores y conductores particulares que dependen de este combustible.

Según información conocida por el diario El Tiempo, la subida estaría vinculada con la menor disponibilidad de gas natural importado a través de la terminal de regasificación de Cartagena, que ha presentado varios inconvenientes en las últimas semanas.

Las importaciones ya cubren 41% del consumo nacional de gas natural, mientras que Cartagena concentra la totalidad de las compras externas por ser la única terminal de regasificación operativa en Colombia. Desde finales de 2024, esa infraestructura dejó de abastecer exclusivamente a las centrales térmicas del Caribe y comenzó a atender hogares, industrias, comercios y vehículos.

Sin embargo, el caso se habría repetido en otras redes de estaciones de GNV, como en el caso de la red Gazel, propiedad de la Organización Terpel, que aumentó su precio hasta los 4.749 por metro cúbico.

La escasez de gas importado detrás de las nuevas tarifas

El precio final del GNV no está regulado en Colombia y funciona bajo un régimen de libertad de precios. Por esa razón, distribuidoras como Vanti y Gazel pueden determinar de forma autónoma el valor al que venden el combustible al público.

La restricción en la oferta de gas importado fue identificada como la causa del aumento por fuentes consultadas por El Tiempo. Si la situación en la terminal de Cartagena se normaliza durante los próximos días, las tarifas podrían bajar.

El Consejo Nacional de Operación (CNO) pidió a la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, una “auditoría a Spec por el aumento de las indisponibilidades forzadas en las últimas semanas” en la terminal de regasificación.

La dependencia de las importaciones coincide con una caída de la producción interna. Sergio Cabrales, experto en temas energéticos, señaló que el abastecimiento nacional disminuyó cerca de 30% en los últimos tres años, mientras que la producción de Ecopetrol retrocedió 37%.

Reservas para 5,9 años y el riesgo de déficit en 2027

Las reservas probadas de gas natural se ubicaron al cierre de 2025 en 1.717 gigapiés cúbicos, un volumen equivalente a 5,9 años de autosuficiencia. La cifra expone la presión sobre el sistema energético ante el descenso de la producción local y el mayor peso de las importaciones.

La ampliación de Spec añadirá 58 millones de pies cúbicos diarios para alcanzar una capacidad de 533 millones de pies cúbicos diarios en octubre de 2026. Cabrales sostuvo que esa expansión no reemplaza la necesidad de diversificar los puntos de entrada de gas al país.

Las plantas del Pacífico deberían aportar 60 millones de pies cúbicos diarios desde noviembre de 2026, mientras que Puerto Bahía sumaría 126 millones de pies cúbicos diarios a principios de 2027. Sin esas nuevas instalaciones, Colombia podría registrar un déficit de 124 millones de pies cúbicos diarios en marzo de 2027, cuando se espera un pico de demanda de las centrales térmicas por los efectos del fenómeno de El Niño.

Gobierno alerta por el gas y pide $ 1,2 billones para enfrentar El Niño

Entretanto, el Gobierno nacional advirtió ante el Congreso que la menor disponibilidad de agua durante el fenómeno de El Niño 2026-2027 elevaría la demanda de generación térmica, mientras la producción nacional de gas natural no alcanzaría para cubrir todas las necesidades del sistema.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, solicitó aprobar con urgencia un traslado de $1,2 billones del presupuesto de 2026 para atender la emergencia energética y reducir el riesgo de apagones. El Ejecutivo también prevé medidas para garantizar combustibles, proteger los embalses y agilizar proyectos de infraestructura.

La CUT plantea solicitar un aumento del 38,5 % para el salario mínimo de Colombia en 2027, una pretensión que, si fuera acordada por sindicatos, empresarios y el Gobierno nacional, elevaría el ingreso básico mensual de $1.750.905 a $2.424.003, sin auxilio de transporte.

La decisión deberá definirse en una mesa tripartita, donde las organizaciones sindicales presentarán su propuesta y negociarán la cifra final con los representantes empresariales y el Gobierno. La eventual aplicación del porcentaje el 31 de diciembre de 2026 es, por ahora, un ejercicio hipotético.

El cálculo parte del salario mínimo vigente y representa un alza mensual de $673.098. El valor proyectado excluye el auxilio de transporte y no implica que el incremento haya sido aprobado.

El planteamiento inicial fue expuesto por Fabio Arias, expresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, durante el comienzo de la discusión sobre la remuneración mínima para 2027. El dirigente sostuvo que las organizaciones de trabajadores contemplan llevar el porcentaje a la mesa de concertación laboral para avanzar hacia el llamado salario mínimo vital.

Arias indicó que la solicitud responde a la brecha que, desde la perspectiva sindical, existe entre los ingresos actuales y el monto necesario para cubrir las necesidades de los trabajadores. La cifra deberá ser revisada por el Comando Nacional Unitario antes de que los representantes sindicales definan su posición ante la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

La propuesta del 38,5% corresponde a una posición inicial para la negociación. Su traslado directo sobre el salario vigente permite estimar el monto resultante, pero no anticipa el acuerdo que alcancen las partes.

Los escenarios entre 6,29 % y 10 %

El salario mínimo de 2027 podría ubicarse entre $1.861.037 y $1.925.996, sin auxilio de transporte, de acuerdo con un informe de Moore Colombia que evaluó tres posibles ajustes: 6,29%, 8% y 10%. Esas alternativas añadirían entre $110.132 y $175.091 mensuales antes de los descuentos de ley.

Con un incremento de 6,29%, el sueldo básico alcanzaría $1.861.037. Un ajuste de 8% lo llevaría a $1.890.977, mientras que un aumento de 10% situaría la remuneración en $1.925.996.

Las simulaciones toman como base el salario mínimo de 2026, fijado en $1.750.905, más un auxilio de transporte de $249.095. El documento aclara que no son propuestas oficiales, ya que la negociación dependerá de la inflación al cierre de 2026 y de los indicadores de productividad.

La inflación anual fue de 6,29% en septiembre, según el Dane. El Banco de la República mantuvo su tasa de interés en 12,25% tras la decisión adoptada el 30 de septiembre.

El Gobierno definiría el ajuste antes del 30 de diciembre si no hay consenso

La proyección sindical se fundamenta en un cálculo sobre la distancia entre el salario mínimo y el salario mínimo vital. Fabio Arias, exdirigente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), afirmó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó esa brecha en 48 puntos porcentuales para Colombia.

Según explicó Arias en declaraciones recogidas por Caracol Radio, el aumento decretado durante el Gobierno de Gustavo Petro fue de 23,7%. Al descontar la inflación, el alza real habría sido de 18%, con lo que, bajo esa metodología, quedarían 32 puntos por recuperar. A ese diferencial se sumaría una inflación estimada cercana a 6,5 %, de donde surge la pretensión de un incremento de 38,5%.

La Comisión tiene como fecha límite el 15 de diciembre de 2026 para alcanzar un consenso. Si las partes no logran un acuerdo, deberán presentar por escrito sus argumentos en las 48 horas posteriores y el Gobierno nacional podrá fijar el nuevo salario hasta el 30 de diciembre. La cifra que se determine comenzará a regir el 1 de enero de 2027.

Para el sector empresarial, la discusión coincidirá con la aplicación de cambios de la Ley 2466 de 2025. Entre ellos figura el aumento gradual del recargo por trabajo en días de descanso obligatorio y festivos, que llegará a 100% en julio de 2027, además de la jornada máxima de 42 horas semanales vigente desde julio de 2026. Estos factores deberán considerarse junto al incremento salarial en los presupuestos y las nóminas del próximo año.

La Corte Suprema de Justicia exigió al gobierno de Abelardo de la Espriella ajustar el Estatuto antiterrorista antes de su trámite legislativo, al advertir que varias de sus disposiciones podrían afectar el debido proceso y los derechos fundamentales si permiten imponer consecuencias penales o patrimoniales a partir de decisiones administrativas sin control judicial suficiente.

La revisión abarca diez aspectos de la iniciativa, aunque cuatro concentran las principales objeciones: el registro nacional de organizaciones y actores terroristas, la aprehensión de bienes, las facultades extraordinarias solicitadas para el presidente y la proporcionalidad de los nuevos delitos.

Sin embargo, aunque pidió al ejecutivo realizar las correcciones correspondientes, el tribunal no declaró inconstitucional el proyecto ni ordenó archivarlo, por lo que podrá seguir su trámite, con cambios, en el Legislativo.

La inclusión provisional de una persona u organización en el registro podría durar hasta 90 días, mientras que el congelamiento de bienes se ordenaría dentro de las primeras 24 horas. Esa inscripción también podría impedir la contratación con el Estado o el acceso a recursos públicos.

Un registro con efectos sobre bienes, contratos y asociaciones

El proyecto busca crear un marco jurídico especial contra organizaciones criminales y sus redes de apoyo, con especial atención a sus fuentes de financiación. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, ha señalado que la propuesta tendría más de 130 artículos y estaría orientada a golpear las finanzas de esas estructuras.

Uno de sus mecanismos centrales sería el Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas, una lista pública inspirada en sistemas estadounidenses de sanciones financieras administrados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocida como Ofac y asociada en Colombia con la llamada Lista Clinton.

La Corte Suprema cuestionó que la incorporación en ese registro pueda generar bloqueos de cuentas, inhabilidades contractuales, restricciones para recibir recursos públicos o la suspensión de la personería jurídica de compañías y organizaciones acusadas de financiar o servir de fachada a grupos terroristas.

El punto central es determinar qué pruebas serán necesarias para imponer esas medidas, cómo se notificará a los afectados y qué autoridad tendrá la decisión definitiva. El alto tribunal pidió que existan elementos verificables, que se informen las razones principales de la inclusión sin revelar datos reservados y que haya controles judiciales previos cuando estén comprometidos el patrimonio o el derecho de asociación.

“La principal debilidad jurídica es hacer depender consecuencias penales y patrimoniales severas de un registro administrativo y diseñar tipos penales amplios o incompletos, en tensión con los principios de última ratio, lesividad y proporcionalidad”, sostiene el concepto de la Corte Suprema revelado por El Tiempo.

Los magistrados consideran que combatir el terrorismo es un propósito constitucionalmente legítimo, pero advirtieron que el Estado no puede tratar la inscripción en una lista administrativa como una prueba automática de responsabilidad penal. La discusión también alcanza a quienes sean señalados como colaboradores de guerrillas, redes narcotraficantes u otras estructuras armadas.

El presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Roberto Solórzano, elaboró el concepto que concentra las observaciones sobre las consecuencias del registro, los bienes afectados, las competencias institucionales y las sanciones previstas.

Bienes, facultades presidenciales y restricciones penitenciarias

La Corte Suprema también pidió precisar el mecanismo de aprehensión de bienes, mediante el cual la Fiscalía podría exigir al afectado que demuestre el origen lícito de su patrimonio. El tribunal solicitó definir qué debe probar previamente el ente investigador, cómo se aplicaría la figura del testaferro y qué protección tendrán los terceros de buena fe.

El proceso podría terminar con la entrega definitiva de los bienes al Estado o con su devolución. Por eso, los magistrados reclamaron reglas claras sobre las medidas cautelares y los requisitos para afectar propiedades, empresas o cuentas bancarias.

El proyecto concede al presidente facultades extraordinarias por seis meses para regular la aprehensión preventiva de bienes, el funcionamiento de la oficina del Alto Comisionado y las licencias de proveedores de activos virtuales. Aunque el plazo se ajusta a la Constitución, la Corte pidió establecer si esas competencias podrían vulnerar la prohibición de expedir o modificar códigos y leyes estatutarias.

Otro de los reparos se refiere al régimen penitenciario de máxima restricción. La propuesta permitiría suspender las comunicaciones externas, limitar las visitas familiares y bloquear señales durante hasta 12 meses, con una revisión judicial dentro de los 10 días siguientes.

La Corte Suprema pidió definir a quiénes se aplicaría ese régimen y diferenciar entre personas condenadas y detenidas preventivamente. También solicitó que cada caso sea evaluado de manera individual y que se privilegie el control de las comunicaciones sobre su suspensión total.

Los beneficios por colaboración con la justicia también deberán ser revisados. El estatuto contempla reducciones de hasta 60% de la pena, pero excluye del principio de oportunidad a cualquier persona incluida en el registro.

El alto tribunal pidió distinguir entre máximos responsables y miembros de menor nivel dentro de las organizaciones, además de graduar los beneficios según la oportunidad, veracidad y relevancia de la información aportada, conforme a las normas vigentes.

Las medidas de control judicial antiterrorista fueron otro foco de preocupación porque permitirían restringir la libertad de circulación, residencia y asociación por la presunta pertenencia o colaboración con organizaciones terroristas. La Corte solicitó exigir pruebas suficientes sobre el riesgo y cuestionó que el Alto Comisionado, designado por el presidente, supervise esas decisiones judiciales.

El incumplimiento de esas restricciones podría castigarse con penas de dos a seis años de prisión, incluso sin imputación formal.

La Policía la incautó tras recibir una denuncia ciudadana y la trasladó al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre, donde los profesionales determinaron que las lesiones y el deterioro físico acumulados no podían revertirse, informó el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

El caso volvió a poner en evidencia las consecuencias que puede tener la tenencia ilegal de fauna silvestre. Entre 2024 y octubre de 2026, el centro recibió 460 loras frentiamarillas por entregas voluntarias e incautaciones relacionadas con el tráfico ilegal.

La lora rescatada permanecía en una residencia del corregimiento de San Antonio de Prado. Después de su incautación, fue llevada al centro de rehabilitación para recibir atención clínica y una valoración de su estado. El examen permitió identificar lesiones que comprometían su movilidad, su condición nutricional y la salud de sus huesos.

Andrés Gómez, supervisor del Cavr de fauna silvestre, indicó que el ave presentaba “alas cortadas, una condición nutricional deficiente, fracturas que habían consolidado de manera inadecuada y alteraciones compatibles con enfermedad metabólica ósea, una condición que compromete la salud de los huesos”.

La enfermedad metabólica ósea afecta la condición de los huesos. En este caso, se sumó a las fracturas y a otras alteraciones físicas que los profesionales encontraron durante la valoración.

Las lesiones restringían de forma considerable los movimientos de la lora. Sus patas no lograban extenderse por completo y las articulaciones de las rodillas tenían movilidad reducida. Además, los dedos estaban desviados y una de las tibias presentaba una fractura.

Estas condiciones afectaban funciones necesarias para la vida en libertad. El ave no podía sujetarse a las ramas ni desplazarse de forma natural. Aunque el equipo del centro atendió sus necesidades clínicas tras la llegada del animal, su deterioro físico y de salud no pudo ser revertido.

El cautiverio impidió conductas necesarias para la especie

Las loras frentiamarillas necesitan condiciones que les permitan desplazarse, alimentarse y relacionarse con otros individuos de su especie. La permanencia en cautiverio limita esas actividades y puede impedir que desarrollen conductas propias de la fauna silvestre.

En el caso atendido en Medellín, la imposibilidad de extender las patas, la movilidad limitada en las rodillas y las alteraciones en los dedos dificultaban que el ejemplar se afirmara sobre las ramas. La afectación de las alas también incidía en sus posibilidades de movimiento. La valoración estableció que las lesiones eran incompatibles con una recuperación de su estado de salud.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá señaló que la demanda de animales silvestres como mascotas incentiva su extracción de los ecosistemas y sostiene las cadenas de comercialización ilegal. De acuerdo con la entidad, la protección de la fauna depende también de las decisiones de quienes compran, venden o conservan especies silvestres de manera ilegal.

Los 460 ingresos de loras frentiamarillas registrados entre 2024 y octubre de 2026 incluyen animales recibidos por entregas voluntarias e incautaciones vinculadas con el tráfico ilegal. El dato muestra la continuidad de casos que requieren la atención del centro de fauna silvestre.

“La cifra evidencia la persistencia de una problemática que afecta a una especie cuyas necesidades biológicas y comportamentales no pueden satisfacerse en condiciones de cautiverio”, señaló el especialista.

La autoridad ambiental pidió a la ciudadanía no comprar, vender ni mantener fauna silvestre de forma ilegal. También recordó que los ejemplares retirados de su entorno natural requieren condiciones específicas para alimentarse, desplazarse y relacionarse con su especie, condiciones que no se garantizan con su tenencia como mascotas.

“El Área Metropolitana del Valle de Aburrá hace un llamado a la ciudadanía para que no compre, comercialice ni mantenga fauna silvestre de manera ilegal. Las loras frentiamarillas, como otras especies silvestres, necesitan condiciones que les permitan desarrollar sus comportamientos naturales, desplazarse, alimentarse y relacionarse con otros individuos de su especie”, concluyó la entidad.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció desde la isla de San Andrés que impulsará un procedimiento especial para que las embarcaciones de recreo se registren bajo bandera colombiana en la isla, con el objetivo de atraer naves que hoy operan en el Caribe con registros extranjeros, ampliar la actividad portuaria y fortalecer la soberanía nacional.

La iniciativa contempla acelerar la reglamentación del Registro Único Colombiano de Naves y Artefactos Navales. El trámite será electrónico, expedito y seguro, y podrá iniciarse en cualquier capitanía de puerto del país.

San Andrés conservarría la condición de puerto de registro cuando las embarcaciones cumplan los requisitos legales. El Gobierno busca reducir la burocracia, ofrecer mayor seguridad jurídica y aplicar controles eficaces sobre las naves incorporadas al pabellón colombiano.

El mandatario sostuvo que la medida tendrá efectos sobre la economía marítima del archipiélago: “Atraeremos actividad naviera, mejoraremos la conexión regional y generaremos inversión y empleo”.

El aumento de embarcaciones inscritas en la isla también supondría más servicios de mantenimiento, más tripulaciones, mayor movimiento portuario y turismo náutico. La propuesta apunta a que las naves que navegan por el Caribe puedan registrarse “como corresponde” bajo la bandera de Colombia.

“Queremos que lleven la bandera colombiana y por eso vamos a ofrecer un sistema moderno, competitivo y seguro para atraer más naves a nuestro pabellón y para registrarlas como corresponde”, señaló el presidente.

Las naves alcanzadas por el registro marítimo colombiano

Según la Dirección General Marítima de Colombia (Dimar), una nave marítima es toda construcción flotante con medios de propulsión propios destinada a la navegación acuática. Un artefacto naval, en cambio, es una construcción flotante sin propulsión propia que opera en el medio marino o fluvial.

Entre las embarcaciones que deben registrarse se encuentra la nave artesanal: aquella que no se construye en serie y está fabricada en madera, plástico reforzado con fibra de vidrio u otros materiales. No posee cubierta principal ni cabinas habitables y puede desplazarse a remo, vela o con motor fuera de borda.

La nave de pasaje está diseñada y equipada para transportar personas con fines comerciales, incluidos los turísticos y deportivos. La nave de recreo o deportiva se utiliza exclusivamente para deportes náuticos, pesca deportiva o actividades recreativas privadas sin fines comerciales.

También existe la nave de servicios especiales, una categoría para construcciones que, por sus características o funciones, no encajan en los demás grupos. La nave de transporte mixto debe tener un arqueo superior a 25 UAB, sigla de Unidades de Arqueo Bruto, y ser apta para el intercambio comercial de pasajeros y carga.

Las naves pesqueras se emplean comercialmente para capturar recursos vivos del mar. Las tanqueras son embarcaciones de carga construidas o adaptadas para trasladar a granel líquidos o gases inflamables.

Las atribuciones de Dimar sobre naves y artefactos navales

La Dirección General Marítima (Dimar) ejerce las funciones vinculadas con naves y artefactos navales establecidas en el Decreto Ley 2324 de 1984. Entre sus responsabilidades se encuentra la inscripción, el registro, la inspección, la clasificación y la expedición de matrículas, patentes y certificados estatutarios.

La entidad mantiene un registro de buques y artefactos navales, y determina sus condiciones de navegabilidad para garantizar la seguridad de la vida humana en el mar. También autoriza la operación de estas construcciones en aguas jurisdiccionales colombianas.

Dimar puede aprobar la permanencia y operación de embarcaciones de bandera extranjera dentro de las aguas bajo jurisdicción de Colombia. La misma facultad se extiende a los pesqueros extranjeros que soliciten operar o permanecer en esas zonas.

El organismo expide permisos de operación para remolcadores. Además, atiende, autoriza y controla las solicitudes relacionadas con la adquisición, construcción, reparación, alteración, mantenimiento, utilización, desguace, cancelación de registro, compra y venta de naves y artefactos navales.

El capitán Óscar Daniel Bastidas Delgado fue capturado tras un año de investigación por sus presuntos nexos con el frente 57 Yair Bermúdez, una estructura armada ilegal que opera en el suroccidente de Colombia.

El oficial del Ejército Nacional, que estaba en servicio activo en el momento de la captura, quedó a disposición de las autoridades judiciales, que deberán determinar su responsabilidad en el presunto entramado criminal.

La investigación fue adelantada por unidades de contrainteligencia militar en coordinación con la Policía Nacional. El Comando del Ejército informó que Bastidas Delgado es investigado por presunto cohecho propio, concierto para delinquir agravado y falsedad ideológica en documento público.

“Se capturó en Bogotá a un oficial de Inteligencia Militar quien estuvo adscrito al Batallón de Alta Montaña No. 5 en Quindío, quien suministraba información privilegiada a la estructura y cooperaba en actividades delictivas como el secuestro de una médico junto a sus hijos el 14/08/25 en Sevilla, Valle del Cauca”, señaló la institución.

Las indagaciones establecieron posibles vínculos del capitán con el Grupo Armado Organizado Residual (Gaor) y, de forma específica, con el frente 57 Yair Bermúdez. La eventual entrega de información a grupos armados ilegales, incluido el ELN, deberá ser esclarecida durante el proceso judicial, ya que el comunicado oficial de la institución solo mencionó las presuntas conexiones con esa estructura.

Nueve capturados en una operación rural en Valle del Cauca

El caso se conoció mientras la Policía Nacional capturó a nueve presuntos integrantes del frente 57 Yair Bermúdez en una zona rural de Bugalagrande, en Valle del Cauca. Entre los detenidos figura alias Majiño, identificado como Michael Taicus y señalado como segundo cabecilla y explosivista de la organización.

Según la Policía, Taicus habría pertenecido previamente a la estructura Urías Rondón, en Nariño, y también habría comandado una comisión del frente Carlos Patiño, en Cauca. Las autoridades le atribuyen una trayectoria criminal de 15 años y sostienen que se habría incorporado al frente 57 hace cerca de dos meses.

En la misma operación fueron detenidos alias Médico, considerado hombre de confianza del cabecilla de la estructura, y las personas conocidas como Bombero, Juanda, Marcos, Elizabeth, Tatiana y Bastidas. Durante cinco procedimientos de allanamiento y registro, las autoridades incautaron 12 equipos móviles, un computador, nueve contenedores con pólvora negra y una granada de mortero artesanal adaptada para un posible lanzamiento mediante drones.

“De acuerdo con la información de inteligencia, tendría una trayectoria criminal aproximada de 15 años y habría ingresado a esta estructura hace cerca de dos meses, luego de integrar otras organizaciones armadas ilegales”, señaló la Policía Nacional.

La Policía investiga si algunos de los capturados tienen relación con el homicidio del soldado profesional Andrés Hoyos Urbano, ocurrido el 26 de septiembre de 2026 en el corregimiento de Ceilán. También analiza posibles conexiones con el ataque del 11 de octubre en La Marina, área rural de Tuluá, donde fue asesinado el patrullero Diego Andrés Sanabria y otro uniformado resultó herido.

Capturan en Meta al presunto responsable financiero de la estructura Marco Aurelio Buendía

El Ejército Nacional informó la captura de alias Junior Rojas, señalado como segundo cabecilla y responsable de las finanzas de la estructura Marco Aurelio Buendía, vinculada al Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc. El operativo dejó otros dos detenidos y una mujer muerta durante los combates.

La operación decisiva se realizó el 17 de octubre en la vereda Guaimaral, zona rural de Puerto Rico, en el departamento del Meta. Participaron tropas del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.° 11, adscrito a la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 11.

Los militares incautaron dos fusiles, dos pistolas, tres granadas de mano y 274 cartuchos de distintos calibres. También hallaron proveedores, una mira telescópica, equipos de comunicación y panfletos que, de acuerdo con el Ejército, estarían destinados a actividades extorsivas.

Las autoridades sostienen que Junior Rojas llevaba cerca de seis años en grupos armados ilegales. Le atribuyen el cobro de extorsiones, la obtención de recursos para comprar armamento y el constreñimiento de habitantes de la zona. Asimismo, investigan una posible relación con el ataque con explosivos del 21 de septiembre en Puerto Chorizo, jurisdicción de Vistahermosa, donde dos soldados resultaron heridos.

Los tres capturados y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales. Las acusaciones contra el señalado cabecilla deberán definirse en el proceso correspondiente.

En medio de las recientes revelaciones hechas por Maria Claudia Tarazona, viuda del exsenador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, en la mañana del lunes 19 de octubre se conoció una nueva versión que maneja las autoridades y que incluiría el presunto atentado contra otro político.

Según información revelada por la revista Semana, la Fiscalía General de la Nación investiga si el grupo criminal vinculado al asesinato de Miguel Uribe Turbay también habría planeado un atentado contra el expresidente César Gaviria Trujillo, dentro de una trama que habría involucrado a antiguos mandos de las Farc y recursos obtenidos en actividades ilícitas.

La pesquisa incorporó el testimonio de Simeón Pérez Marroquín, alias el Viejo, quien señaló a Kendry Téllez Álvarez, alias Yaco, como la persona que le informó que la Segunda Marquetalia había ordenado la operación contra el entonces senador Uribe Turbay.

Yaco fue históricamente jefe del comando urbano de las Farc con mayor presencia en Bogotá. Formó parte del Acuerdo de Paz y es compareciente ante la JEP, aunque su paradero se desconoce desde el asesinato de Uribe Turbay.

La Fiscalía también revisa el supuesto interés de esa estructura en atacar a Gaviria Trujillo. El posible atentado habría sido mencionado por la misma fuente que vinculó a Yaco con los preparativos contra el dirigente del Centro Democrático.

“Respecto a este otro posible atentado, la fuente hace referencia a la participación que tendría Kendry Téllez, alias Yaco, quien ha sido históricamente el jefe del comando urbano más fuerte de las Farc que operaba principalmente en Bogotá. Yaco fue parte del Acuerdo de Paz y es compareciente ante la JEP, pero desde el magnicidio no se conoce su paradero”, señalan fuentes enteradas del caso a Semana.

La ejecución del crimen tendría como una de sus figuras centrales a Géner García Molina, alias John 40, también identificado como Francisco Javier Builes. De acuerdo con la revista nacional, este hombre afirmó que se reunieron 5.000 millones de pesos mediante una serie de operaciones ilegales.

Los recursos procederían de actividades de la Segunda Marquetalia en la frontera con Venezuela, antes de la extradición de Nicolás Maduro. Parte de la planificación del asesinato habría ocurrido en una reunión realizada en ese país.

En ese encuentro habrían participado de manera virtual Geovany Andrés Rojas, alias Araña, y su lugarteniente, conocido como Jairo o Popeye. También fueron mencionados Walter Mendoza, jefe de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar; Alberto Cruz Lobo, alias Enrique Marulanda e hijo de Manuel Marulanda, alias Tirofijo; el Zarco Aldinever y John 40.

El dinero habría llegado a los campamentos a través de Pérez Marroquín, quien, según la denuncia, recogió los fondos destinados al crimen. Alias el Viejo fue capturado el 27 de octubre de 2025 en la vereda Brisas del Güéjar, en el municipio de Puerto Lleras, Meta, y su situación procesal deberá ser contrastada con el expediente de la investigación.

María Claudia Tarazona señaló al hijo de alias Tirofijo como presunto coordinador material del asesinato de Miguel Uribe

María Claudia Tarazona afirmó que Enrique Marulanda, a quien identificó como hijo biológico de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, habría dado y coordinado la orden material para asesinar a Miguel Uribe Turbay.

La viuda del entonces aspirante presidencial sostuvo en diálogo con El Tiempo que esa información fue entregada a la Fiscalía General de la Nación al cierre de la semana pasada.

“Ayer llegó una información muy importante a la Fiscalía que próximamente será revelada. Le adelanto: resulta que en Vaupés o en Guainía, no estoy segura, pero en uno de estos dos lugares, hay una mina ilegal que está a cargo de un personaje que se llama Enrique Marulanda. Enrique Marulanda es el hijo de crianza de Sandra Ramírez, la excongresista, y es hijo biológico de alias Tirofijo. Él es el encargado de custodiar y gerenciar esa mina ilegal. Que le pertenece a ‘John 40’, que hace parte de la ‘Segunda Marquetalia’”, señaló la viuda de Uribe Turbay a El Tiempo.

Tarazona dijo que Marulanda sería hijo de crianza de la excongresista Sandra Ramírez y que estaría a cargo de una mina ilegal situada en Vaupés o Guainía, ubicación que dijo no tener confirmada. Según su versión, el yacimiento pertenecería a Géner García Molina, alias John 40, integrante de la Segunda Marquetalia.

“Enrique Marulanda dio la orden, no la intelectual, sino la material. El hijo de ‘Tirofijo’, hijo de crianza de Sandra Ramírez, dio la orden y la coordinó”, afirmó Tarazona en una entrevista con El Tiempo.

La viuda de Uribe Turbay señaló que la Segunda Marquetalia habría intervenido en la ejecución del crimen, aunque diferenció esa presunta participación de la autoría intelectual. También aseguró que la estructura obtuvo recursos en Venezuela, contrató a los ejecutores y se comunicó con Simeón Pérez Marroquín, alias el Viejo, a quien ubicó como coordinador de la red en Bogotá.

El presidente Abelardo de la Espriella y el expresidente Álvaro Uribe habrían acordado bajar la tensión entre el Gobierno y el uribismo a cambio de respaldo legislativo recíproco, una tregua que busca asegurar mayorías para las iniciativas de ambos sectores antes de que la disputa electoral vuelva a tomar fuerza en 2027.

Según información conocida por El Colombiano, el acercamiento habría incluido una conversación telefónica entre los dos dirigentes, luego de semanas de fricciones que se arrastraban desde la campaña.

Además, la relación habría comenzado a distenderse tras una reunión en la Casa de Nariño con los senadores de Salvación Nacional Enrique Gómez y Sara Castellanos, realizada durante una jornada legislativa.

La bancada del Centro Democrático tendría lista una contrarreforma pensional para presentar entre el martes 20 y miércoles 21 de octubre. La iniciativa buscaría garantizar la sostenibilidad del sistema, devolverles a los ciudadanos la posibilidad de elegir el régimen en el que ahorran y ofrecer alternativas a quienes no reúnen todas las condiciones para jubilarse.

El respaldo del Ejecutivo a ese proyecto y a una propuesta para limitar los incrementos del avalúo catastral y del impuesto predial habría sido parte del entendimiento. Los detalles fueron conocidos por El Colombiano, que informó que ambas partes buscan concentrarse en la agenda del Congreso.

Las iniciativas legislativas en el centro del acuerdo

El proyecto sobre el predial fue presentado a finales de julio por el representante uribista Óscar Darío Pérez. La senadora Claudia Margarita Zuleta, coautora de la iniciativa, sostuvo que el objetivo es proteger a los contribuyentes frente a aumentos en esas cargas.

Zuleta afirmó que el Centro Democrático acompaña las propuestas que puedan beneficiar al país. Sobre la disminución de los choques políticos, expresó: “Para pelear se necesitan dos, y no estamos para eso. Sí creo que el Gobierno tiene hoy un amplio apoyo en el Congreso y debe mantener una buena relación con las bancadas para que su agenda prospere”.

El uribismo, a su vez, habría expresado disposición a acompañar iniciativas del Gobierno, entre ellas la ley de sometimiento. Los coordinadores ponentes para el primer debate de esa propuesta son Daniel Briceño, del Centro Democrático, y Eimy Suárez, de Cambio Radical.

También figura la ley contra la “mermelada”, radicada recientemente por el Ejecutivo. A esas apuestas se sumarían un estatuto antiterrorista, que ya recibió el visto bueno del comité de política criminal, y un proyecto para convertir a Barranquilla en capital alterna de Colombia.

La Casa de Nariño también debe tramitar el presupuesto de 2027, que tiene plazo hasta el 20 de octubre para ser discutido en el Congreso. De no ocurrir, el Gobierno podría expedirlo por decreto, mientras ya presentó con mensaje de urgencia una adición presupuestal para 2026.

La agenda oficial incluye además una reforma tributaria, denominada “ley de rescate fiscal”, y el Plan Nacional de Desarrollo. La necesidad de aprobar ese paquete llevaría al Ejecutivo a preservar el respaldo de toda su coalición, incluido el uribismo.

Reclamos por el trato a los congresistas y el tono político

Las diferencias no se limitaban a los proyectos de ley. Dentro del partido había malestar por el trato recibido por algunos congresistas en gestiones regionales, luego de que dos parlamentarios, uno liberal y otro del Centro Democrático, presuntamente no pudieran ingresar a una reunión con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

La cita había sido solicitada por la gobernadora del Meta para discutir el fenómeno de El Niño. En sectores del uribismo interpretaron el episodio como una señal negativa y cuestionaron que los acercamientos de legisladores al Gobierno sean entendidos como intentos de obtener beneficios burocráticos.

Un mejor vínculo con el Congreso habría sido uno de los pedidos de Uribe. Del lado del Gobierno, en cambio, se habría solicitado moderar los mensajes públicos de algunos integrantes del Centro Democrático.

Fuentes cercanas al proceso señalaron a El Colombiano que dentro de la colectividad existe consenso sobre la necesidad de actuar con mayor responsabilidad en sus comunicaciones. La condición de partido de gobierno, según esa visión, no implica otorgar un “cheque en blanco”, pero sí brindar un apoyo más directo a las iniciativas oficiales.

Durante la llamada, cada dirigente habría mencionado a un senador de la bancada contraria. De la Espriella le habría pedido a Uribe que moderara a Rafael Nieto, señalado como uno de los congresistas que más cuestiona al presidente.

El expresidente, por su parte, habría solicitado que Enrique Gómez redujera sus críticas contra el uribismo. El senador ha llegado a afirmar que “Uribe es socialista”, aunque esos comentarios se habrían detenido, al menos temporalmente, después del contacto entre ambos dirigentes.

Miller Soto, vocero del Gobierno, aparece como uno de los interlocutores para reducir las tensiones. Según personas cercanas a las conversaciones, transmitió al presidente el malestar de Uribe por videos elaborados con inteligencia artificial que circularon durante la campaña.

Las piezas mostraban a integrantes del Centro Democrático, entre ellos Paloma Valencia y el propio expresidente, en supuestas reuniones con “los de siempre” e incluso con el expresidente Santos. Ese contenido provocó incomodidad en el uribismo.

La cercanía de Soto con Uribe quedó expuesta durante la posesión presidencial en Cali, cuando el exmandatario señaló al vocero y dijo en tono jocoso: “Ese es cuota mía”. Más recientemente, Soto le habría transmitido mensajes según los cuales De la Espriella busca mantener una buena relación con el expresidente.

Según información conocida por La FM, tres policías de la intitución, entre ellos un mayor, fueron capturados por su presunta vinculación con la muerte de Donovan Balanta Paz, el joven afrodescendiente que falleció tras el procedimiento en la localidad de Ciudad Bolívar.

Los hechos se remontan al 20 de septiembre en el barrio Caracolí cuando en video quedó registrado el operativo en el que Balanta resultó arrastrado hacia una patrulla de la Policía después de haber recibido golpes y un disparo con taser.

La institución había separado del cargo a siete uniformados como parte del proceso disciplinario y de acuerdo con la Ley 1952 de 2019. La medida se tomó después de la intervención registrada en la calle 77 Sur, en el límite entre Bogotá y Soacha.

Las autoridades informaron en su momento que el joven sufrió una afectación repentina y perdió el conocimiento. Los uniformados activaron los protocolos de emergencia y lo trasladaron al Hospital Luis Carlos Galán Sarmiento, en Soacha, donde el personal médico confirmó su muerte a las 7:30 de la noche.

La familia sostiene que hubo un uso desproporcionado de la fuerza. Videos grabados por personas que estaban en el lugar muestran la llegada de varios policías y la intervención durante la detención.

Marlenys Paz, madre de Balanta, dijo a La FM que su hijo no participaba en una riña y que regresaba de recoger a su esposa cuando vio que los agentes intervenían a un amigo y decidió intermediar.

“Él no estaba en ninguna riña como estaban diciendo, él venía llegando de recoger a su esposa cuando vio que estaban interviniendo a un amigo y poniéndole el aparato ese que usa la policía”, señaló la familiar.

Asimismo, Paz señaló que la reacción del hombre de 32 años, al verse rodeado de uniformados, fue lanzar un objeto de vidrio que tenía en la mano, lo que habría desatado la acción desproporcionada de la Policía.

“Cuando él vio que lo iban a subir a la patrulla llegó y tiró una botella... los policías se fueron encima de él y lo que hizo fue correr y de ahí lo encerraron en la patrulla y ahí fue todo el suceso... me lo asesinaron, me destrozaron a mí y mi familia”, concluyó la madre.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió esclarecer las circunstancias de la muerte y ofreció el respaldo del Distrito a las investigaciones. También expresó su solidaridad con Marlenys Paz y los demás familiares del joven.

La Defensoría acompaña a la familia de Donovan Balanta mientras avanza el esclarecimiento

Entretanto, la defensora del Pueblo, Iris Marín, se reunió el 15 de octubre con los familiares de Donovan Balanta Paz para escuchar sus solicitudes de verdad y justicia. La entidad anunció que mantendrá el acompañamiento hasta que se determinen las circunstancias de la muerte y se adopten medidas de protección, reparación y prevención.

El organismo también solicitó a la Fiscalía General de la Nación que examine si durante el procedimiento hubo conductas de discriminación racial, incluido un posible perfilamiento. La Defensoría sostuvo que las denuncias de la familia podrían reflejar patrones de racismo estructural y reclamó que las actuaciones policiales se ajusten a los estándares de derechos humanos, trato digno y uso de la fuerza.

“Reflejarían patrones de discriminación racial estructural frente a los cuales la Policía Nacional debe tomar medidas inequívocas para modificar cualquier rasgo de la cultura institucional que pudiera llegar a ser complaciente o indiferente frente a hechos de inusitada gravedad, como los denunciados”, señalaron desde la entidad.

Después de que la contundente reacción del presidente Abelardo de la Espriella contra la representante a la Cámara por San Andrés Elizabeth Jay-Pang Díaz y la gobernadora del departamento, Girley Ordoñez Bowi, durante su visita a la isla, desde el partido de las dos mujeres salieron en su defensa.

A través de un comunicado emitido en la mañana del lunes 19 de octubre, el Partido Liberal, declarado afín al Gobierno nacional, rechazó las acusaciones sobre presuntas irregularidades en la contratación en la isla.

El cruce entre De la Espriella y Jay-Pang se difundió ampliamente durante el fin de semana. El mandatario le dijo a la congresista: “Tengo toda la información y tengo todo claro. No confundan la cortesía institucional con la complicidad, porque no es mi caso”.

El Presidente añadió que no permitiría que continuara “lo que se ha venido haciendo siempre” en la isla y afirmó que el esposo de la gobernadora estaría detrás de la contratación de la Gobernación. El Partido Liberal consideró que esas expresiones comprometieron públicamente el buen nombre y la honorabilidad de ambas dirigentes.

“Expresa su respaldo y solidaridad con la representante a la Cámara por el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Elizabeth Jay-Pang Diaz, y con la gobernadora del departamento Girley Ordoñez Bowie, frente a los recientes señalamientos realizados por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, que comprometen públicamente el buen nombre y la honorabilidad de las dos dirigentes Liberales”, señaló el partido.

Asimismo, la colectividad liberal respaldó la creación de una comisión interinstitucional para investigar el manejo de presupuestos e inversiones estatales en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero rescató la labor de las dos mujeres en campo político e la isla.

El partido sostuvo que la investigación debe esclarecer lo ocurrido con los recursos públicos en las islas. También pidió que las diferencias políticas e institucionales se tramiten mediante el diálogo, la argumentación y los mecanismos previstos por el Estado de derecho.

La defensa a la trayectoria legislativa de Jay-Pang

La organización política destacó que Jay-Pang ha dedicado gran parte de su vida al servicio público y le atribuyó una trayectoria marcada por la honestidad, la transparencia, la disciplina y la responsabilidad con las comunidades del archipiélago.

Según indicó en el comunicado, durante sus ocho años como congresista, la representante impulsó una labor centrada en los derechos humanos y de las mujeres, la identidad cultural y los intereses de los habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

“Nuestra colectividad reconoce en la representante Elizabeth Jay-Pang Diaz, a una mujer que ha dedicado gran parte de su vida al servicio público, caracterizándose por su honestidad, transparencia, disciplina, responsabilidad y profundo compromiso con el bienestar de las comunidades del Archipiélago”, señaló el partido.

Su actividad parlamentaria se tradujo en siete leyes de la República, orientadas a fortalecer la identidad del pueblo isleño, promover el desarrollo económico y social del territorio y mejorar las condiciones de vida de la población, según indicó la dirección de la colectividad.

El Partido Liberal también defendió la gestión de Girley Ordoñez bajo los principios de autonomía territorial, respeto institucional y protección de los intereses de la población insular.

Ordoñez asumió la Gobernación el 11 de julio, luego de las elecciones atípicas realizadas en las islas. El Partido Liberal sostuvo que no había razones para formular señalamientos sobre una administración que acababa de comenzar.

“De igual manera, el Partido Liberal reconoce la responsabilidad institucional de la gobernadora del departamento y respalda el ejercicio de su gestión administrativa, enmarcada en los principios de autonomía territorial, respeto institucional y defensa de los intereses de la población insular, con la connotación además que la Gobernadora Ordoñez tomó posesión del cargo el pasado 11 de julio tras las elecciones atípicas que se desarrollaron en las islas, razón por la cual consideramos que no hay razón para hacer los señalamientos a los que fueron expuestas públicamente por el presidente y menos frente a una gestión que acaba de iniciar”, señalaron.

Finalmente, el partido pidió al presidente conocer la realidad política del archipiélago mediante el diálogo. En su pronunciamiento, insistió en que el debate público debe desarrollarse con respeto, responsabilidad y garantías constitucionales.

“Como colectividad política, reiteramos que el debate público debe desarrollarse dentro de los principios del respeto, la responsabilidad y las garantías constitucionales, hacemos un llamado formal al Presidente de la República para que a través del diálogo conozca la realidad política de las islas”, concluyó el Partido Liberal.

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, sigue revelando detalles sobre las hipótesis que maneja la Fiscalía General de la Nación por el magnicidio del senador del Centro democrático en junio de 2025.

De hecho, en medio de una entrevista concedida a El Tiempo, Tarazona afirmó que Enrique Marulanda, a quien identificó como hijo biológico de alias Tirofijo y de crianza de la excongresista Sandra Ramírez, habría dado y coordinado la orden material para asesinar al entonces candidato presidencial.

La información, según aseguró, llegó al ente acusador a finales de la semana pasada y abrió una nueva línea de investigación sobre la cadena de ejecución del crimen. Tarazona sostuvo que Marulanda administraría una mina ilegal perteneciente a alias John 40, integrante de la Segunda Marquetalia.

“Ayer llegó una información muy importante a la Fiscalía que próximamente será revelada. Le adelanto: resulta que en Vaupés o en Guainía, no estoy segura, pero en uno de estos dos lugares, hay una mina ilegal que está a cargo de un personaje que se llama Enrique Marulanda. Enrique Marulanda es el hijo de crianza de Sandra Ramírez, la excongresista, y es hijo biológico de alias Tirofijo. Él es el encargado de custodiar y gerenciar esa mina ilegal. Que le pertenece a ‘John 40’, que hace parte de la ‘Segunda Marquetalia’”, señaló la viuda de Uribe Turbay a El Tiempo.

Tarazona aseguró que la Segunda Marquetalia participó en la autoría material del asesinato, pero no en la intelectual. Según su relato, la estructura habría sido el vehículo para cometer el crimen mediante alias Zarco Aldinever, Iván Márquez y otros cabecillas del grupo.

“Que este señor Enrique Marulanda dio la orden, no la intelectual, sino la material. El hijo de ‘Tirofijo’, hijo de crianza de Sandra Ramírez, dio la orden y la coordinó”, comentó Tarazona al diario nacional.

La viuda del dirigente político afirmó que la organización consiguió recursos en Venezuela, contrató a los ejecutores y se comunicó con alias el Viejo, a quien señaló como coordinador de la estructura criminal en Bogotá. Dijo que este hombre, actualmente privado de la libertad, habría declarado que fue contratado y pagado por Zarco Aldinever e Iván Márquez.

Parte de ese dinero, según Tarazona, fue recuperado por la Fiscalía. Explicó que la trazabilidad resulta más difícil porque los recursos estaban en pesos y no en dólares, y agregó que alias el Viejo habría dicho que el dinero provenía de Venezuela.

La mujer también mencionó a alias Araña, vinculado a los Comandos de la Frontera, y a alias Águila, a quien describió como mano derecha de Zarco Aldinever. Aseguró que ambos fueron extraditados a Estados Unidos y sostuvo que, junto con los abogados de la familia, pedirá que sean interrogados para establecer si tienen información sobre la financiación y la coordinación del asesinato.

Tarazona dijo que Araña estuvo en Vaupés y Guainía y que habría participado en movimientos relacionados con los recursos destinados al crimen. Sobre “Águila”, sostuvo que podría conocer detalles de la estructura que operaba bajo las órdenes de Zarco Aldinever.

Las acusaciones de Tarazona sobre el Congreso y el Gobierno colombiano

La viuda de Uribe Turbay rechazó la hipótesis planteada por el excomisionado de Paz Otty Patiño, quien había atribuido el atentado al Ejército de Liberación Nacional. Tarazona afirmó que las líneas investigativas de la Fiscalía no han vinculado a ese grupo ni registran una reivindicación del ataque por parte de esa organización.

También formuló señalamientos contra el expresidente Gustavo Petro, el senador Iván Cepeda y otros dirigentes, aunque aclaró que no puede atribuirles responsabilidad intelectual porque esa determinación corresponde a la Fiscalía. Sostuvo que espera que la cooperación de los capturados y eventuales hallazgos en Estados Unidos permitan establecer responsabilidades.

Tarazona señaló que, a su juicio, existen vínculos entre la Segunda Marquetalia, el régimen de Nicolás Maduro y actores políticos colombianos. Aseguró que Cepeda mantuvo cercanía con Iván Márquez y Jesús Santrich, y afirmó que el senador intervino para impedir la extradición de este último cuando, según dijo, había incumplido el acuerdo de paz y continuado con actividades de narcotráfico.

La nueva información sobre Enrique Marulanda reforzó, según su versión, la hipótesis de que la orden pudo haber surgido desde el Congreso. “Cuando a mí me dicen que la orden salió del Congreso y me están diciendo que el hijo de Tirofijo es hijo de crianza de Sandra Ramírez, quien hizo parte del Congreso, pues me parece que este rompecabezas empieza a tomar una forma distinta”, expresó a El Tiempo.

Tarazona sostuvo que un grupo especializado de la Fiscalía realiza desplazamientos a distintas zonas del país para tomar declaraciones, efectuar capturas y avanzar en otras diligencias. Dijo que recibió información sobre pruebas e indicios que, en su opinión, son “graves, serios y contundentes”, aunque no precisó su contenido.

La viuda recordó que Uribe Turbay y la senadora Paloma Valencia fueron objeto de hostigamientos durante 2025, en medio de marchas que, según afirmó, fueron promovidas por Petro. Además, aseguró que algunos testimonios incorporados al expediente plantean que el asesinato buscaba sacar a Uribe Turbay de la contienda electoral para favorecer la candidatura presidencial de Iván Cepeda.

También mencionó a Calarcá, a quien vinculó con chats que, dijo, entregó a la Fiscalía. Afirmó que esa persona habría tenido relación con una estructura de inteligencia militar del Gobierno, aunque no presentó detalles sobre las pruebas que respaldarían esa acusación.

Y es que en las últimas horas se difundió un video en el que la congresista se enfrentó a agentes de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) que hacían presencia en la zona aledaña al museo.

Sin embargo, la representante causó revuelo al “regañar” a uno de los oficiales que pasó su herramienta de contención, una macana, cerca de su cuerpo, lo que Carrascal tomó como una agresión directa en su contra.

En ese momento, Carrascal acudió a su cargo en el Congreso de la República para exigir al agente que no empuñara su elemento de defensa y desató críticas por un presunto nuevo caso de “usted no sabe quién soy yo”.

“Agente, cuidado, cuidado. Oiga, oiga, no me pase ese bolillo que yo soy representante a la Cámara. Cuidado que yo sé cómo mueven esos bolillos. Yo sé cómo mueven esos bolillos y cómo están intimidando a la gente. No se le ocurra volver a hacer lo que acaba de hacer, agente. No se le ocurra”, comentó la congresista.

El material audiovisual fue rápidamente compartido en las redes sociales, lo que desató críticas desde varios sectores políticos, como en el caso del representante a la Cámara Daniel Briceño que definió el momento como otro caso para imponer su cargo o estatus sobre las autoridades del país.

“Usted no sabe quien soy yo”, escribió el congresista del Centro Democrático.

Asimismo, en redes sociales varios internautas se despacharon contra la representante, asegurando que su fuero político no le da facultades para impedir procedimientos policiales como los adelantados en el Museo Nacional. Sin embargo, otro tanto salió en defensa de Carrascal y su permanencia en las protestas pacíficas del fin de semana.

“Esa tipa cree que por ser de oposición tiene la facultad moral y legitima de pasar por encima de la autoridad, carrascal usted también es ciudadana y no le da el derecho de tratar a la fuerza publica como se le da la gana. Mano dura contra usted que es lo que le hace falta”; “Está hablando de las mejores representantes que ha tenido este país en los últimos años. Que chimba ver que mi voto valió la pena”, y “En que parte de la constitución política de Colombia dice que un congresista puede pasar por encima de la autoridad o entorpecer un procedimiento judicial? Como siempre Mafe Carrascal meando fuera del tiesto”, fueron algunos de los comentarios.

Tras la viralización del video, la congresista del Pacto Histórico salió en defensa de su actuación y aseguró que, contrario a las afirmaciones sobre un presunto caso de “usted no sabe quién soy yo”, sus palabras estaban destinadas a hacer uso de su fuero político para defender a una comunidad que se sentía atacada por agentes de la Undmo.

““Usted no sabe quién soy yo” es usado para proteger intereses y privilegios particulares. En estas circunstancias no opera, identificarse en una situación como esta para proteger la vida de manifestantes pacíficos es un imperativo. No olvide, Daniel Briceño, también que una agresión física a un servidor público es un delito con consecuencias penales, por eso puse el cuerpo y la credencial. Porque sí, pesa. Daniel está muy desubicado sobre Ley 5ta en el Congreso y sobre todo”, escribió Carrascal.

Asimismo, la congresista del Pacto Histórico aseguró que seguirá usando sus credenciales legislativos para impedir presuntos ataques de la fuerza pública a los manifestantes, en medio de fuertes tensiones por las decisiones adoptadas por el Gobierno nacional.

“Sí, claro que voy a mostrar mi credencial y a estar en las calles defendiendo los derechos del pueblo. Para eso me eligieron: para representarlo, no para quedarme encerrada en una oficina. Sí, siempre voy a privilegiar el diálogo. Lo he hecho y lo seguiré haciendo. Pero dialogar no significa guardar silencio frente a los abusos ni renunciar a mi deber de exigir explicaciones cuando hay denuncias de actuaciones desproporcionadas de la Fuerza Pública contra quienes se manifiestan”, señaló la representante a la Cámara.

El streamer Luis Fernando Villa Álvarez, conocido como Westcol, volvió a generar soprensa durante una de sus transmisiones diarias a través de la plataforma Kick al compararse con uno de los narcotraficantes más peligrosos de la historia colombiana

Y es que en la difusión en vivo adelantada en la noche del viernes 16 de octubre, el antioqueño aseguró que, a los 24 años, logró superar la fortuna que el capo colombiano acumuló a través de la criminalidad cuando tenía 25 años. Durante la transmisión, el influenciador confirmó que logró reunir al menos cinco millones de dólares (más de 15.898 millones en pesos colombianos) a través de sus plataformas y negocios.

Westcol comparó su situación con la de Escobar y señaló que, según su relato, obtuvo el dinero de forma legal. “Cinco millones de dólares a los 25 años...Yo a los 24 lo hice legal. ¿Cómo la ven? ¿Quién es más gangsta viniendo de abajo? Pablo Escobar está muerto y me da hasta miedo decir estas cosas”, comentó el streamer.

Las declaraciones del influenciador se dieron en medio de un análisis que hizo Westcol de uno de los documentales sobre el capo colombiano. El documental que veía señalaba que Escobar había ganado esa cantidad de dólares a los 25 años.

Westcol tiene actualmente 25 años; nació el 2 de febrero de 2001 en Ciudad Bolívar, Antioquia, y se hizo conocido por sus transmisiones en línea y por su participación contra TheGrefg en La Velada del Año 5 de Ibai.

El robot de Westcol lo derribó durante una prueba para Stream Fighters 5

El creador de contenido colombiano Luis Fernando Villa Álvarez, conocido como Westcol, cayó al suelo durante una transmisión en vivo después de que el robot humanoide que adquirió para Stream Fighters 5 lo golpeara por la espalda.

La situación ocurrió mientras el dispositivo realizaba una demostración de baile frente a las cámaras del canal de Kick del streamer, en una jornada de pruebas previa al evento que tendrá lugar el 14 de noviembre en Bogotá.

El incidente quedó registrado en video y se difundió en redes sociales a partir de la emisión. Westcol se encontraba de espaldas a la máquina cuando esta reaccionó a la música que sonaba en el lugar. Uno de sus movimientos alcanzó al creador de contenido, quien perdió el equilibrio y terminó en el piso. La caída no le provocó lesiones y la transmisión siguió sin interrupciones relevantes.

La escena se produjo mientras Westcol y el cantante Blessd mostraban algunas de las capacidades del robot. La intención era exhibir la forma en que el humanoide responde a secuencias preparadas con anterioridad, entre ellas pasos de baile y movimientos vinculados con el boxeo.

Pero el golpe a Westcol no fue el único episodio que llamó la atención durante la transmisión. Minutos más tarde, otro movimiento de la máquina causó la rotura de un vidrio en el espacio donde se desarrollaba el directo.

Ninguno de los dos hechos derivó en daños personales, aunque ambos dejaron expuesto el margen de riesgo de utilizar el dispositivo en un entorno cerrado y con personas a pocos centímetros de distancia.

Westcol explicó a su público que el robot no tomó decisiones por cuenta propia ni reaccionó con una intención determinada contra él. Según detalló, el sistema depende de órdenes de programación y de un entrenamiento previo para reproducir las acciones que se le asignan. El creador de contenido sostuvo que cada paso, puño o patada debe incorporarse antes de que el humanoide pueda ejecutarlo.

En una prueba anterior que también mostró en sus emisiones, el streamer se apartó del radio de acción del aparato mientras este practicaba una serie de golpes. “Aprende todo lo que yo le enseñe”, afirmó Westcol al describir el proceso con el que su equipo carga nuevas secuencias de movimiento en el robot.

En medio de la gira que adelanta por Europa, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se reunió en España con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, para explorar iniciativas de apoyo destinadas a las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto.

El encuentro, realizado dos meses después del sismo, incluyó a otros directivos del club y puso el foco en programas para apoyar a niños, niñas y jóvenes afectados por el fenómeno natural.

El desastre alcanzó a 16 departamentos, dejó cerca de 490.000 damnificados y provocó daños en miles de viviendas. La reunión fue divulgada por la Fundación Revel, una organización sin ánimo de lucro que desarrolla programas educativos y deportivos en Iberoamérica y cuyos representantes también participaron de las conversaciones.

El balance de la emergencia registró 335 personas muertas, 4.516 heridos, 103 desaparecidos y 364 rescates. También fueron reportados 3.282 animales afectados, de los cuales 3.003 fueron rescatados.

Academias deportivas y formación para las comunidades afectadas

Una de las alternativas analizadas entre el exmandatario y el equipo de fútbol europeo fue la creación de academias vinculadas al Educational Football Program, un programa de la Fundación Real Madrid que combina la práctica del fútbol con actividades educativas y formación en valores.

La propuesta busca utilizar el deporte como parte de los procesos de acompañamiento y desarrollo personal para menores de edad y jóvenes de las zonas golpeadas por el terremoto. Las conversaciones estuvieron orientadas a identificar mecanismos de cooperación para las poblaciones que aún afrontan las consecuencias de la emergencia.

La Fundación Revel explicó que el programa tiene “el objetivo de ofrecer a niños, niñas y jóvenes oportunidades de formación, educación en valores y desarrollo personal a través del deporte”.

Centro Democrático pidió indagar denuncias sobre presuntas acciones contra Uribe

El partido Centro Democrático solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a los organismos de control que examinen las denuncias sobre un eventual uso de recursos o entidades estatales para promover señalamientos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y otros dirigentes políticos.

La colectividad presentó la petición el 13 de octubre, después de las declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

Según la versión de Rodríguez, durante una reunión en la ciudad de Valledupar con antiguos jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se habría buscado que los asistentes se pronunciaran sobre Uribe, el hoy presidente Abelardo de la Espriella y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. La exfuncionaria identificó el espacio como una jornada de Diálogo Social Paz Total.

La organización política pidió establecer si hubo una intervención de instituciones públicas en una estrategia que, según sostuvo, pretendía afectar la reputación del exmandatario e incidir en asuntos judiciales. En su comunicado, el partido no adjuntó pruebas documentales sobre esa posible utilización de recursos estatales, por lo que reclamó una verificación de las autoridades competentes.

Rodríguez afirmó que recibió instrucciones para orientar las intervenciones hacia tres personas: “Ustedes tienen que hablar de tres personas: Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe y Vargas Lleras”.

También señaló que le solicitaron coordinar el cierre del Comité Ralito, creado en octubre de 2025 entre el Gobierno y exjefes paramilitares reconocidos como gestores de paz, para que hicieran declaraciones en época electoral.

El Centro Democrático resaltó la cercanía temporal entre el encuentro y la absolución de Uribe por el Tribunal Superior de Bogotá. Sin embargo, existe una diferencia en la fecha del episodio: mientras el comunicado partidista lo sitúa en octubre de 2025, Rodríguez se refirió a noviembre de ese año. La eventual indagación deberá precisar ese punto y determinar si existen elementos que respalden las acusaciones.

Hasta la publicación de la información, la Fiscalía no había anunciado una investigación formal y tampoco se conocían respuestas públicas de las personas mencionadas en las denuncias.

Hay una nueva polémica alrededor de la elección de Jorge Eliécer Laverde como contralor general, después de que apareciera una nueva denuncia sobre un presunto intento del jefe de la entidad por ofrecer un cargo a cambio de retirar la demanda contra su designación.

El contralor enfrenta cuatro procesos activos en la Sección Quinta del Consejo de Estado. Entre ellos está la demanda de Luna Ojeda, que cuestiona la contratación de la Universidad de Cartagena para apoyar la selección.

Sin embargo, según información revelada por la revista Cambio, nueve días después de presentar esa acción, Ojeda habría recibido un ofrecimiento de trabajo en la Contraloría a cambio de retirar el proceso.

La denuncia fue radicada el 6 de octubre, cuando ya se habían presentado cinco acciones contra la designación de Laverde y dos de los demandantes habían pedido retirarlas. Dos expedientes también solicitan suspender provisionalmente los efectos de la elección, una medida que podría incidir en la permanencia del contralor mientras se decide el fondo de los casos.

Ojeda presentó su demanda el 24 de septiembre. Su cuestionamiento se dirige al proceso de selección que terminó con la elección de Laverde y, en particular, a la contratación de la Universidad de Cartagena por parte del Congreso para apoyar ese procedimiento.

El contrato interadministrativo tuvo un valor de $250 millones y fue firmado el 14 de marzo. Según la demandante, para ese momento estaban vigentes las restricciones a la contratación directa previstas en el artículo 33 de la Ley de Garantías Electorales.

La acción sostiene que el Congreso desconoció esa prohibición y que esa eventual irregularidad comprometió la transparencia del procedimiento. Ojeda pidió que se anule la elección y que el proceso se rehaga desde la selección de la universidad. El alto tribunal deberá definir si el contrato estaba sujeto a las restricciones electorales y si una posible infracción afecta la validez de la designación.

La demanda de Ojeda es una de las cinco acciones presentadas entre el 18 de agosto y el 24 de septiembre de 2026. La primera fue instaurada por Juan Carlos Calderón España, quien pidió retirarla el 23 de agosto después de que el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez le ordenó corregirla.

El magistrado aceptó el retiro cuatro días más tarde, sin que el auto detallara los motivos de Calderón España. Semanas después, su hermano, Gustavo Calderón España, fue nombrado en la Unidad de Apoyo Técnico de la Contraloría.

Calderón España dijo a la revista Cambio que no consideraba casual ese nombramiento, aunque afirmó que nadie le ofreció algo para abandonar el proceso. Sostuvo que retiró la demanda porque la ley se lo permitía.

Otra demanda atribuye a Laverde una posible inhabilidad

El abogado Marcos Estiven Valencia presentó una segunda acción el 14 de septiembre y solicitó tanto la nulidad de la elección como la suspensión provisional de sus efectos. El expediente fue asignado a la magistrada Gloria María Gómez Montoya.

Ingrith Tatiana Rodríguez también promovió una demanda, repartida al despacho del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil. A estas acciones se sumó la de Yorley Disardo Laica Oropeza, presentada el 21 de septiembre, que plantea una posible inhabilidad constitucional de Laverde.

Laica sostuvo que el hoy contralor ejerció gestión fiscal durante el año anterior a su elección, cuando se desempeñaba como secretario de la Comisión Sexta del Senado hasta agosto de 2026. La Constitución prohíbe elegir como contralor a quien haya desempeñado funciones de gestión fiscal del orden nacional durante el año inmediatamente anterior.

El demandante citó dos manuales oficiales que asignaban a esa secretaría funciones de supervisión de contratistas y de expedición de certificaciones de cumplimiento. Además, identificó diez contratos por $ 298 millones y 39 pagos por $ 240 millones en los que Laverde habría intervenido como supervisor o habría aparecido en trámites de pago.

Aunque otra funcionaria figuraba como ordenadora del gasto, la acción sostiene que esa circunstancia no descarta que Laverde hubiera ejercido gestión fiscal. Fuentes conocedoras del derecho consultadas por Cambio, que solicitaron reserva de su identidad, consideraron que este era el argumento jurídico con mayor peso entre las demandas conocidas.

El 6 de octubre, 15 días después de presentar la acción, Laica pidió retirarla. Invocó el artículo 174 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que permite retirar una demanda antes de la notificación a los demandados o al Ministerio Público.

El abogado precisó que su solicitud no correspondía a un desistimiento, figura que no procede en procesos electorales, y pidió terminar el trámite y archivar el expediente. La petición permanece en manos de Gómez Montoya. Laica no explicó públicamente las razones y dijo al medio que no recordaba haber recibido una llamada como la denunciada por Ojeda.

La llamada llegó nueve días después de la demanda

La noche del 3 de octubre, entre las 6:50 p. m. y las 7:05 p. m., una persona desconocida habría llamado al teléfono del padre de Ojeda desde una línea terminada en 9109. De acuerdo con el memorial que la demandante presentó ante el Consejo de Estado, el interlocutor pidió hablar con ella y preguntó dónde vivía, cuál era su dirección y cuáles eran sus números telefónicos.

En la demanda, Ojeda solo había registrado una dirección de correo electrónico. Tras referirse al proceso judicial, el desconocido le habría ofrecido un cargo en la Contraloría General de la República si retiraba la acción contra la elección de Laverde.

También le indicó que debía consultar con su jefe y le preguntó si podía viajar a Bogotá para avanzar con una posible vinculación. La propuesta suponía trabajar en la entidad dirigida por el funcionario cuya elección cuestionó, con la condición de abandonar el proceso.

Ojeda entregó el número telefónico desde el que se produjo el contacto y pidió identificar a quien hizo el ofrecimiento, así como establecer de qué forma obtuvo información de su familia. También solicitó verificar si se emplearon capacidades de la Dirección Información, análisis y Reacción Inmediata (Diari) para recopilar datos personales, realizar seguimientos o interceptar comunicaciones.

La demandante pidió que los hechos fueran remitidos a la Fiscalía y a la Procuraduría. En su escrito aclaró que desconoce la identidad de la persona que la contactó y que no cuenta con pruebas para atribuir responsabilidad a Laverde ni a funcionarios de la Contraloría.

Al escribir al número referido, la revista Cambio recibió una respuesta de un contacto que se identificó como integrante del bufete EBG Asociados S.A.S. La firma no respondió quién administraba la línea, quién podía pronunciarse sobre los hechos denunciados ni quiénes eran sus abogados.

“No tenemos conocimiento alguno respecto de la situación que nos manifiesta. No obstante, si tiene alguna inquietud de carácter jurídico o requiere asesoría legal, con mucho gusto estaremos dispuestos a brindarle el acompañamiento correspondiente”, respondió el contacto a la revista.

De momento no existen pruebas que vinculen la llamada denunciada por Ojeda con los retiros de las demandas o con el nombramiento de Gustavo Calderón España. Tampoco hay elementos que indiquen que Laica recibió una propuesta similar, conocía la denuncia de Ojeda o retiró su acción por ese motivo.

La coincidencia quedó registrada el 6 de octubre, cuando Ojeda denunció el supuesto ofrecimiento laboral y Laica solicitó retirar la demanda por la presunta inhabilidad. La Sección Quinta deberá decidir sobre las solicitudes de suspensión provisional y, después, resolver si Laverde cumplía los requisitos para ser elegido y si el Congreso respetó las reglas del proceso de selección.

El cruce ocurrió después del saludo protocolario a integrantes de la Armada Nacional. Un video difundido en la mañana del domingo 18 de octubre por El Tiempo muestra al jefe de Estado reclamando a las dos dirigentes locales por protestas y bloqueos contra la intervención hospitalaria.

El Hospital Departamental de San Andrés atraviesa faltantes presupuestales, desabastecimiento de insumos y retrasos en el pago de la nómina médica. Ordóñez y Jay-Pang Díaz intentaron explicar que habían pedido el acompañamiento del Ministerio de Salud para atender la emergencia.

De La Espriella cuestionó que las dirigentes hubieran expresado tranquilidad ante la intervención y luego se opusieran a ella en el hospital. En ese contexto, lanzó acusaciones contra el esposo de la representante por una presunta participación en contratos de la Gobernación.

“Ayer me dijeron que estaban tranquilas con la intervención del hospital y se fueron allá a atravesarse. (...) Quiero que sepan que estoy enterado de lo que está pasando en la isla y no lo voy a seguir tolerando. Estoy enterado de los negocios de su marido, estoy enterado de Coralina, estoy enterado de todo lo que se está haciendo y no lo voy a permitir”, afirmó el presidente.

Según información conocida por El Tiempo, el mandatario se refería al esposo de Jay-Pang Díaz al mencionar presuntas irregularidades en la contratación. También reprochó lo que consideró una posición ambivalente frente a la intervención sobre el sistema de salud insular.

La gobernadora de San Andrés, Girley Natacha Ordóñez Bowie, insistió en que había solicitado apoyo del Ministerio de Salud. Sin embargo, De La Espriella interrumpió las explicaciones y sostuvo que la administración nacional vigilará el destino de los fondos enviados al departamento.

“Los recursos que voy a mandar son recursos que nadie va a tocar. Pero no crean que conmigo se puede hacer lo que se ha hecho con otros gobiernos, doctora. No, no, no. Tengo toda la información y tengo todo claro. No confundan la cortesía institucional con la complicidad, porque no es mi caso”, sentenció.

La advertencia sobre las finanzas del archipiélago

Durante el intercambio en las instalaciones navales, el jefe de Estado aseguró que empleará sus atribuciones para evitar pérdidas de recursos públicos. También afirmó que tiene información sobre la contratación departamental y volvió a señalar al esposo de la congresista.

“No voy a seguir permitiendo que se siga haciendo con la isla lo que se ha venido haciendo siempre. Y voy como jefe de Estado y jefe de Gobierno a utilizar toda mi autoridad para que no se pierda un peso. Y quiero que queden advertidas de eso porque estoy informado. (...) Toda la isla sabe que su marido está detrás de la contratación de la Gobernación, doctora. Bueno, ¿quiere que le demuestre que es cierto? Lo vamos a hacer entonces”, reiteró.

De La Espriella sostuvo que la intervención estatal sobre la salud llegará “hasta sus últimas consecuencias”. Acusó a sectores locales de haber enviado personas a obstaculizar la medida y afirmó que su Gobierno combatirá la corrupción mediante “todas las armas de la democracia”.

Al retirarse hacia la caravana presidencial, anunció que la fuerza pública y los organismos de control inspeccionarán las finanzas departamentales. “A este archipiélago no se lo van a volver a robar en mi administración. En mi presidencia no se va a tocar un peso más de la gente del archipiélago que está sumida en la pobreza, en el abandono. Aquí no ha faltado plata, aquí lo que ha faltado es honestidad, porque aquí ha llegado mucho dinero y se lo ha robado la clase política del archipiélago. Voy a llegar al fondo de todo”, concluyó.

Días después de que el Gobierno nacional diera la orden de retirar todas las piezas de exposición que tuvieran relación con las luchas Lgbt+, el conflicto armado y algunas campañas presidenciales, el exfiscal general Francisco Barbosa mostró su acuerdo con la medida adoptada el 15 de octubre.

A través de su cuenta de X, el exdirigente de la Fiscalía señaló que la decisión ‘corrige’ la historia que, según su versión, habría sido transformada durante el gobierno de Gustavo Petro. Además, señaló que el Museo Nacional se había convertido en un lugar para hacer un supuesto heroismo sobre los criminales.

“Hace un año publiqué este trino. Dije y lo repito que era una vergüenza lo que hizo el gobierno petrista en el museo Nacional. Mutilaron la historia y quisieron establecer un relato heroico sobre los criminales. En buena hora el gobierno actual le mete la mano a ese museo para dejar atrás los relatos criminales con los que le han querido lavar la cabeza a tantos incautos sin lectura crítica en Colombia”, comentó el exfiscal.

La declaración de Barbosa se produjo en medio de la controversia por el desmonte de al menos 30 obras y objetos de salas abiertas al público en uno de los principales museos de la capital del país.

El Gobierno nacional presentó la medida como parte de una revisión de los contenidos de los espacios culturales estatales, mientras sectores políticos, artistas y manifestantes han cuestionado el alcance de la intervención.

Barbosa retomó críticas que había formulado en 2025

El exfiscal ya había expresado reparos contra el Museo Nacional el 14 de agosto de 2025, tras una visita a la sede cultural. En esa ocasión afirmó que el recorrido había dejado de lado referencias a la Conquista, la Colonia y la República de los siglos XIX y XX. “No hay historia, ni relato histórico de nada”, declaró entonces.

“Visité el Museo Nacional de Colombia y es una vergüenza. No hay historia, ni relato histórico de nada. Borraron el nuestra República del siglo XIX y XX , la etapa de la Colonia fue abolida y no hay explicación de la conquista”, comentó un año atrás.

En su pronunciamiento, Barbosa vinculó esos cambios con lo que consideró una interpretación favorable a grupos armados y delincuentes. También mencionó la presencia de referencias a figuras como Jaime Bateman, fundador del M-19, y calificó de “vergüenza” las decisiones museográficas atribuidas al anterior Gobierno.

“Lo que hay, entre algunas cosas sin sentido, es una evocación a guerrilleros y hampones como Jaime Batemán, entre otros. Es una tristeza como han venido pisoteando el país. Recuperaremos Colombia y en ese museo tendrá lugar de nuevo nuestra historia y habrá una gran exposición permanente sobre cómo una organización criminal llamada M-19 mataba colombianos de bien”, concluyó Barbosa en agosto de 2025.

El Gobierno ordenó desmontar al menos 30 piezas de salas abiertas al público

La polémica se intensificó después de que el presidente De La Espriella anunciara una “contrarrevolución cultural” y ordenara retirar de lugares públicos representaciones que, según su criterio, constituyen apología del terrorismo. La ministra de Cultura, Paola Holguín, defendió la revisión y afirmó que el museo debe conservar, proteger y divulgar el patrimonio, sin convertirse en un instrumento de adoctrinamiento político.

Entre los materiales desmontados figuran afiches vinculados a las campañas presidenciales de Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo Ossa, ambos asesinados en 1990. Las modificaciones también incluyen el retiro de piezas relacionadas con las víctimas de la violencia política, el acuerdo de paz de 2016, movimientos feministas y reivindicaciones de personas Lgbt+.

La remoción de las obras motivó un plantón frente al Museo Nacional el 17 de octubre. Participantes y dirigentes de oposición cuestionaron que se retiraran piezas ligadas a distintos episodios de la historia contemporánea de Colombia y advirtieron que la decisión podría excluir memorias políticas y sociales del relato institucional.

La senadora Aída Avella, del Pacto Histórico, sostuvo que figuras como Jaramillo, Pizarro y Luis Carlos Galán hacen parte de la historia nacional. Durante la movilización también se reprodujeron en el espacio público imágenes de algunas obras que habían sido retiradas de las salas.

Mientras el presidente Abelardo de la Espriella mantiene sus advertencias a mandatarios locales que, presuntamente, hayan incurrido en irregularidades con recursos públicos o que se haya comprobado supuestas alianzas con grupos criminales, en la mañana del domingo 18 de octubre se conoció un nuevo proceso contra el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña.

Según información revelada por la revista Cambio, el mandatario sucreño iría a juicio por la acusación de haber financiado con $1.500 millones a Los Rastrojos Costeños, una estructura armada surgida tras la desmovilización paramilitar.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema concluyó que el respaldo económico habría buscado fortalecer su liderazgo político y garantizar apoyo electoral en municipios de Sucre.

La decisión, aún en proceso de notificación, habría sido adoptada con ponencia conjunta de los magistrados César Reyes y Misael Rodríguez. La entonces magistrada Cristina Lombana salvó su voto antes de asumir la Secretaría de Transparencia, según reveló el medio nacional.

El expediente incorporaría interceptaciones judiciales de 2024 que, para la Corte, mostrarían presuntas maniobras para acomodar testimonios favorables al mandatario. Las comunicaciones involucran al abogado Roger Díaz Morales y a Samir Otero de la Ossa, alias Computador, exintegrante del Bloque Héroes de los Montes de María.

La acusación se apoya en declaraciones entregadas desde 2012 por los hermanos Juan Manuel y Brayan Eduardo Borré Barreto. Ambos señalaron que Acuña habría entregado recursos a Los Rastrojos Costeños por medio del abogado Gian Carlo Paredes y mediante contratos de obra.

“A nosotros nos aportó para la organización, nos mandó por todo el tiempo que estuvimos allá, nos dio casi 1.500 millones de pesos”, afirmó Juan Manuel Borré, conocido como “Pistón”, en una declaración de 2012 que se hizo pública cuatro años después.

Borré sostuvo que Acuña ordenó homicidios de líderes de restitución de tierras en 2009 y 2010, y señaló a los abogados Nelson Stand y Gian Carlo Paredes como contactos con la estructura armada. También lo describió como “la pluma política” de Los Rastrojos en Sucre.

El exparamilitar, condenado a 34 años de prisión y expulsado de Justicia y Paz tras fugarse en 2011, afirmó que el grupo intervenía en campañas políticas, orientaba votaciones y cometía extorsiones, tráfico de droga y homicidios selectivos. La organización mantenía una confrontación con Los Urabeños, grupo conocido actualmente como Clan del Golfo.

“Yahir Acuña era muy reconocido, un cacique político en la Costa, en Sucre y en Bolívar y en Córdoba”, declaró Borré. Según su versión, los homicidios de reclamantes de tierras en San Onofre respondían a intereses para obtener el control político de esos departamentos.

El testimonio fue reiterado ante la Fiscalía y la Corte Suprema al menos en dos oportunidades. A él se añadieron los señalamientos de Brayan Borré y de Edwin Zambrano Pinto, otro exparamilitar que trabajó con Jorge Luis Romero, hijo de Enilse López, “La Gata”, que cumplió casi 20 años de prisión.

Zambrano dijo que Acuña era una de las personas que les dieron “guía y formas de ingreso a Sucre”. También sostuvo que Juan Manuel Borré trabajó desde prisión para preservar esos vínculos entre estructuras armadas y dirigentes políticos.

“Él colaboró con la organización grande que era la AUC”, afirmó Zambrano sobre Acuña. “Esa misma conexión, con Juan Manuel Borré, volvió y la conectó, o volvió a tener nexos con ella, con Los Rastrojos Costeños”, continuó.

La Corte examinó el ascenso político de Acuña como parte del contexto de la acusación. Integró el Consejo Académico de la Universidad de Sucre en 2002, pero renunció para aspirar al Concejo en 2003, cargo al que llegó para el período 2004-2007 con el Movimiento Nacional Progresista.

Luego fue diputado de la Asamblea Departamental de Sucre entre 2007 y 2009. Renunció para buscar una curul en la Cámara de Representantes, inicialmente con Apertura Liberal y después con el Partido de Integración Nacional.

Acuña fue elegido representante a la Cámara para el período 2010-2014 por comunidades afrodescendientes con el aval de Afrovides. Renovó su escaño entre 2014 y 2018 con el movimiento Cien por Ciento Colombia, antes de dejar la curul para aspirar a la Gobernación de Sucre, candidatura que finalmente no presentó.

Su esposa, Milene Jarava, se postuló entonces sin éxito. Para la Corte, esa trayectoria reflejaría un “ascenso rápido pero errático” en la política regional, en el que el financiamiento y el respaldo de estructuras ilegales habrían permitido asegurar votos y dominio territorial.

El alto tribunal, según reveló Cambio, sostuvo que Acuña habría potencializado la acción de un grupo integrado por desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia que retomaron las armas. La finalidad, según la decisión, habría sido recibir respaldo político en varios municipios de Sucre y garantizar su liderazgo durante su período en la Cámara.

Interceptaciones, pagos y un testimonio bajo sospecha

El caso de Gian Carlo Paredes ocupa un lugar central en las interceptaciones. Aunque inicialmente dijo que nunca conoció a Acuña y aseguró que solo le adeudaban $30 millones como abogado de Juan Manuel Borré en Justicia y Paz, la Corte afirmó que su comportamiento posterior contradijo esa versión.

El 25 de julio de 2024, luego de que le abrieran un desacato, Paredes dijo en una conversación intervenida que había recibido un “cariñito” del alcalde. “Yahir me mandó una plática ahí, con eso pagué los dos semestres”, expresó.

La otra secuencia corresponde a Samir Otero de la Ossa. El exparamilitar declaró en 2010 que no conocía a Acuña, pero en 2011 y 2018 sostuvo que sí y señaló que alias “Cadena” le había entregado $40 millones en Santa Fe de Ralito.

Otero también afirmó que Oswaldo Ochoa lo amenazó para que no declarara contra Acuña. En una declaración posterior reconoció que había testificado a favor del político, pero que cerca de 15 días después remitió un correo a la Corte para explicar lo ocurrido.

El testigo dijo que modificó su versión por dinero y amenazas. En 2024 pidió nuevamente ser escuchado para declarar en favor del alcalde, pero la Sala de Instrucción consideró que su importancia no estaba en sus testimonios previos sino en las comunicaciones intervenidas junto a Díaz.

La secuencia comenzó después de que Salvatore Mancuso afirmara en una entrevista radial, el 12 de junio de 2024, que Acuña había tenido “ciertas” relaciones con las AUC y que alias “Cadena” conocía detalles de esos vínculos. La Corte sostuvo que Díaz aprovechó esa declaración para impulsar un escrito de Otero.

El 18 de junio, Díaz dijo a un tercero que usaría lo dicho por Mancuso para pedirle a “Computador” una declaración. Al día siguiente, Otero informó que el documento ya estaba listo y con sello, mientras Díaz pidió una captura de pantalla para enviársela a Acuña.

Díaz visitó a Otero en prisión el 20 de junio, fecha consignada en el escrito, y le pidió corregir la primera página. El 25 de junio le transmitió lo que, según dijo, había hablado con Acuña: si el documento era útil y prudente para presentarlo ante la Corte, el alcalde ayudaría al testigo “con alguna vainita” la semana siguiente.

Cuatro días después, Díaz explicó que el escrito debía enviarlo directamente Otero porque resultaría sospechoso que él lo hiciera. Ese mismo 29 de junio, la solicitud llegó desde el correo electrónico del recluso.

“Ya él me entregó los dos millones de pesos, ya yo tengo lo mío aparte, entonces me mandas el destinatario para mandarte lo tuyo”, le dijo Díaz a Otero, según reveló Cambio. La Corte determinó que Acuña habría entregado al testigo $5,5 millones por medio del abogado.

Las llamadas también registraron un repaso del testimonio antes de la declaración de Otero. El 6 de agosto de 2024, Díaz le indicó cómo responder si le preguntaban por los Borré y le sugirió negar cualquier trabajo de Acuña con “Cadena”.

Díaz propuso que Otero mencionara al exsenador Álvaro García como responsable de indisponerlo con las autodefensas. Cuando el testigo sugirió decir que Nelson Stand llevó a Acuña a hablar con “Cadena” en 2003, el abogado lo rechazó: “No, marica. No, no, no puedes decir eso. Ese man nunca pudo haber estado por allá”.

El 13 de agosto, Otero declaró en Bogotá luego de que la Corte negara su solicitud de hacerlo de forma virtual. Durante esa diligencia pidió disculpas a Acuña por haberlo mencionado anteriormente.

Para la Sala de Instrucción, el plan incluía negar amenazas previas, descartar vínculos entre Acuña y las AUC, sostener que “Cadena” lo había declarado objetivo militar y omitir cualquier relación con Nelson Stand. También contemplaba negar que Juan Manuel Borré hubiera sido paramilitar.

Tras la diligencia, Otero llamó a Díaz y le dijo: “Todo salió de maravilla, no te digo que ni el abogado, todos se quedaron callados, cero preguntas. Le dices a Yahir que todo salió bien”, señala el fallo conocido por Cambio.

Después de ser trasladado desde la cárcel de Valledupar a La Picota, en Bogotá, el testigo habría reclamado el pago. En septiembre habría amenazado con retractarse ante la Corte y acudir a los medios si no recibía el dinero acordado.

Díaz le habría indicado que fuera a un lugar donde le entregarían “cuatro millones”. Según la Corte, las conversaciones permitieron establecer que expresiones como “el Negro”, “el Negrito”, “el jefe”, “el paciente” y “el color” se usaban para referirse a Acuña.

La defensa del alcalde y los procesos pendientes

Investigado desde 2019 por este expediente, Acuña sostuvo ante la Corte que es víctima de una persecución política. Afirmó que ha denunciado a grupos armados ilegales y negó conocer a los hermanos Borré.

“En el año 2010 los denuncié en el Congreso de la República. En el año 2013 los vuelvo a denunciar. En el año 2014 los vuelvo a denunciar”, declaró. “No tengo ningún tipo de relación directa ni indirecta con esa gente. Cero”.

El alcalde cuestionó la credibilidad de sus acusadores y dijo desconocer quién estaría detrás de los señalamientos. “Seguramente habrá algún móvil político, alguna cosa”, añadió.

La Corte desestimó esos argumentos y sostuvo que existen pruebas de la presunta financiación ilegal, cargo del que Acuña deberá defenderse durante el juicio. El proceso se suma a otra investigación abierta por presunto enriquecimiento ilícito y a cuatro expedientes por presunta corrupción que la Fiscalía trasladó de Sincelejo a Bogotá por razones de seguridad.

Mientras el país continúa a la espera de conocer el Presupuesto General de la Nación para el 2027, en medio de los repetidos anuncios del Gobierno nacional por mantener una austeridad en casi la totalidad de las carteras, en la mañana del domingo 18 de octubre se conocieron las finanzas que, hasta el momento, tendría en números rojos a la Nación.

Y es que, según cifras oficiales reveladas por El Tiempo, el gobierno de Gustavo Petro elevó la deuda bruta nacional a $ 1.068 billones de pesos al cierre de agosto de 2026, un nivel que presionaría las tasas de interés, el crédito, el empleo y el poder de compra de las familias colombianas. El déficit fiscal podría llegar al 9,4% en 2027, por encima del 7,8% registrado durante la pandemia en 2020.

La deuda interna concentraba $ 818,81 billones, el 76,6% del total, mientras que los compromisos externos sumaban $ 249,52 billones, equivalentes al 23,4%. La Contraloría General de la República entregó las cifras en respuesta a una petición del diario nacional.

Frente al cierre de 2025, los pasivos internos crecieron $78 billones y los externos bajaron $69 billones. La reducción de estos últimos obedeció a la caída del dólar, que disminuyó su valor expresado en pesos sin alterar el monto adeudado: por cada $100 que baja la divisa estadounidense, la deuda se reduce en promedio $7 billones.

El profesor de Economía de la Universidad de los Andes, David Pérez-Reyna, sostuvo a El Tiempo que Colombia no enfrentaba una situación comparable desde la Guerra de los Mil Días, entre 1899 y 1902. El endeudamiento actual supera incluso la presión fiscal originada por la paralización económica durante la emergencia por covid-19.

Cuando el Estado gasta más de lo que recauda, necesita financiar esa diferencia con préstamos y pagar intereses más altos. Esa dinámica puede encarecer los créditos de vivienda y consumo, sostener la presión sobre los precios y limitar la contratación de trabajadores.

“Que haya más deuda del Gobierno tiene un efecto directo sobre las tasas de interés: para que más personas quieran prestarle al Estado, la tasa de interés de esa deuda es mayor. Esto tiene efectos negativos sobre la inversión, pues hay menos recursos disponibles para invertir y los que hay van también a demandar un mayor retorno”, señaló el experto.

Las proyecciones indican que, durante los próximos años, los hogares podrían comprar menos con el mismo salario, pagar más por sus préstamos y encontrar mayores dificultades para acceder a un empleo. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal anticipó el aumento del déficit previsto para 2027.

Los títulos internos y el límite de endeudamiento disponible

La mayor parte de los compromisos internos está formada por TES clase B, títulos de deuda pública emitidos por el Gobierno nacional para obtener recursos de inversionistas. Los papeles de largo plazo, con vencimientos superiores a un año que llegan hasta 2062, suman $748,01 billones: representan el 70% de la deuda nacional y el 91,4% de la interna.

Los TES B de corto plazo, negociados a un año o menos, alcanzan $52,63 billones. Los restantes pasivos internos suman $ 18,17 billones.

La deuda externa se divide entre bonos por $126,96 billones, equivalentes al 11,9% de la obligación total; créditos de banca multilateral por $99,46 billones, el 9,3%; y otros compromisos por $23,09 billones, el 2,2%.

Según cifras de la Contraloría General de la República entregados a El Tiempo, el país redujo el uso del endeudamiento para financiar proyectos de inversión como carreteras, hospitales y universidades, mientras concentra estos recursos en el funcionamiento mínimo del Estado. El gobierno de Petro dejó al nuevo presidente Abelardo De La Espriella un cupo anual de endeudamiento utilizado en 97%, cuando aún faltaba la mitad de 2026.

Los inversionistas que compraron bonos poseen $126,96 billones, el 50,9% de la deuda externa. Les siguen el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, con $52,14 billones, el Banco Interamericano de Desarrollo, con $32,65 billones, y el Banco de Desarrollo de América Latina, con $11,84 billones.

El resto de los acreedores externos incluye al Fondo de Ahorro y Estabilización, con $8,74 billones; al banco alemán KfW, con $21 billones; y a la Agencia Francesa de Desarrollo, con $5,41 billones.

Los fondos de pensiones y cesantías nacionales encabezan los tenedores de TES B internos, con $252,98 billones de un total de $800,63 billones distribuidos entre diez grupos. Porvenir concentra $117,72 billones; Protección, $88,31 billones; Colfondos, $27,69 billones; y Skandia, $11,53 billones.

Los fondos de capital extranjero poseen $150,57 billones en títulos internos. Pimco Funds Global Investors Series registra $13,48 billones y Pimco Income Fund, $12,73 billones; los 20 principales tenedores reúnen $63,20 billones, el 42% de ese grupo, mientras más de 800 inversores restantes acumulan $87,37 billones.

Los vencimientos y las advertencias fiscales

El Ministerio de Hacienda pagó el 25 y 26 de agosto TES B que vencían en esas fechas por $6,08 billones. Entre septiembre y diciembre de 2026 vencen $16,25 billones en títulos de corto plazo.

Durante 2027 vencerán $78,46 billones: $36,38 billones en instrumentos de corto plazo y $42,08 billones en obligaciones de largo plazo. Los mayores pagos internos de largo plazo se concentran en 2031, con $65,11 billones; 2033, con $65,26 billones; y 2035, con $78,65 billones.

En deuda externa, los vencimientos pendientes de 2026 alcanzan 497 millones de dólares y los de 2027, 3.664 millones de dólares. Los picos se ubican en 2030, con 7.262 millones de dólares, y 2036, con 7.060 millones de dólares.

La delegada para la Economía de la Contraloría emitió siete alertas entre enero y agosto por el nivel de endeudamiento. En abril dirigió una Función de Advertencia al Ministerio de Hacienda, entonces encabezado por Germán Ávila, por el aumento acelerado de los pasivos y las condiciones financieras que comprometían el equilibrio fiscal.

La entidad calculó que $23 de cada $100 del gasto público se destinaban al pago de deuda. También advirtió que las estrategias aplicadas para cubrir los TES B de 2026 permitieron cumplir los vencimientos, pero elevaron los intereses de los años siguientes.

En julio, la Contraloría confirmó un hallazgo con presunta incidencia disciplinaria contra Ávila por el manejo de la deuda nacional y lo remitió a la Procuraduría. Aunque consideró legales las decisiones del Ejecutivo, señaló que implicaban un riesgo para la orientación fiscal del Estado.

Las lluvias del miércoles 14 de octubre dejaron inundaciones, granizo y bloqueos viales en Bogotá y varios municipios de Cundinamarca, incluidos Soacha y Funza, tras un episodio de alta intensidad que acumuló entre 40 y 45 milímetros de precipitación en sectores de la capital.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) explicó que las lluvias forman parte de la segunda temporada del año, que se extenderá hasta noviembre pese a la presencia del fenómeno de El Niño.

La precipitación se concentró en el sur y el occidente de Bogotá, donde también se registraron fuertes vientos y descargas eléctricas. En el centro de la ciudad cayó granizo mientras se desarrollaban protestas contra el gobierno de Abelardo de la Espriella.

En Soacha, la inundación de la vía de ingreso por el sur paralizó el tránsito durante varias horas. Una persona murió y otras dos resultaron heridas como consecuencia de las lluvias, mientras las autoridades continuaban el jueves 15 de octubre con la atención de la emergencia.

Las inundaciones bloquearon temporalmente sectores entre Terreros y La Despensa. El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, informó que la emergencia fue controlada durante la noche y que se restableció la movilidad en la Autopista Sur.

Las labores de limpieza y evaluación siguieron con maquinaria amarilla, camiones succionadores y equipos operativos encargados de retirar lodo, revisar daños y determinar el número de familias afectadas. El Puesto de Mando Unificado permanecía activo.

Lluvias hasta noviembre y reducción de precipitaciones desde diciembre

El Ideam calificó lo ocurrido como “un evento de alta intensidad y corta duración” que afectó a Bogotá, la Sabana y otros sectores de Cundinamarca. La entidad pronosticó nuevas lluvias para la tarde del jueves en la región Andina central, especialmente en Cundinamarca, Huila y Tolima, con intensidades entre ligeras y fuertes.

El fin de semana también tendría precipitaciones intermitentes en el Eje Cafetero, el norte de Antioquia y el golfo de Urabá, asociadas al paso de sistemas meteorológicos. Entre el final de la noche del viernes y las primeras horas del sábado se esperan lluvias en las regiones de Santander, Norte de Santander, el piedemonte llanero de la Orinoquia, la sabana de Sucre y sectores de Bolívar.

Según explicó la entidad, Colombia atraviesa su segunda temporada de lluvias, con afectaciones previstas en el Eje Cafetero, Antioquia, el golfo de Urabá, el litoral Caribe y los piedemontes llanero y amazónico. Esa etapa climática se mantendría hasta el mes de noviembre.

Carolina Valencia Monroy, coordinadora de alertas ambientales del Ideam, explicó a Red+ Noticias que octubre y noviembre suelen registrar ondas tropicales relevantes y precipitaciones en las regiones Andina y Caribe.

“Lo que es octubre y noviembre, vamos a tener algunas condiciones de precipitaciones que pueden generar algunos extremos como los que vimos el día de ayer”, afirmó la funcionaria.

El pico de El Niño entre diciembre y febrero

El máximo impacto de El Niño se prevé para diciembre, cuando comenzaría un periodo con menos lluvias, temperaturas más altas, mayor amenaza de incendios forestales, reducción de los caudales de los ríos y un posible aumento de enfermedades transmitidas por vectores. El fenómeno no elimina las temporadas regulares de precipitación, pero puede reducir el volumen acumulado frente a los valores habituales.

Valencia Monroy sostuvo que la presencia de El Niño no impide lluvias como las registradas en los últimos días, aunque sí reduce su cantidad respecto de los niveles normales. “Aunque nos encontramos en el fenómeno de El Niño, no quiere decir que no se vayan a presentar precipitaciones”, señaló.

La funcionaria anticipó una reducción significativa de las precipitaciones entre diciembre, enero y febrero. “Habrá intermitencia en esta temporada (...) y en enero y febrero vamos a tener una reducción significativa”, concluyó.

El Ideam prevé que el fenómeno pueda mantenerse, al menos, hasta el primer semestre de 2027.

Colombia solicitó formalmente su retiro como Estado miembro y copresidente del Grupo de La Haya, después de que el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, definiera al bloque como una iniciativa creada para “aislar y atacar a Israel”, un enfoque que el Gobierno rechazó.

El anuncio fue realizado en la ciudad de Jerusalén, durante la visita de Bula a Israel y tras la inauguración de la embajada colombiana en esa ciudad. La sede, trasladada desde Tel Aviv, se convirtió en la décima embajada extranjera instalada en la capital israelí.

La ceremonia reunió al canciller israelí, Gideon Sa’ar; al alcalde de Jerusalén, Moshé Lion; a la embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen, y a la embajadora de Colombia en Israel, Tania Gilinski.

Los funcionarios descubrieron una placa, cortaron una cinta blanca y Sa’ar colocó una mezuzá en la entrada, una tradición judía acompañada por una oración que simboliza la protección del hogar.

El Grupo de La Haya fue establecido el 31 de enero de 2025 por Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica. Con la decisión colombiana, Bolivia y Honduras también habían abandonado el bloque.

Hasta la solicitud de retiro, Colombia y Sudáfrica copresidían la organización, cuyo objetivo era defender y hacer cumplir los fallos, las opiniones consultivas y las medidas cautelares de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional vinculadas con el conflicto palestino-israelí, la ocupación en Gaza y Cisjordania y el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino.

Durante un acto nocturno en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, con la presencia del primer ministro Benjamín Netanyahu, Bula sostuvo: “El gobierno anterior no solo no condenó claramente el terrorismo, sino que también abrió la puerta a lo que podría ser la ola de antisemitismo más violenta en la historia reciente de Colombia, siguiendo una despreciable tendencia global. No lo permitiremos”.

Colombia reafirmó que mantendrá su compromiso con el multilateralismo, el derecho internacional y la solución pacífica de controversias. El Gobierno también expresó su disposición a seguir contribuyendo a la promoción de la paz, la justicia y la seguridad internacionales dentro del sistema de las Naciones Unidas.

Una embajada en Jerusalén y nuevas críticas diplomáticas

La sede colombiana está ubicada cerca de la calle Jaffa y de la peatonal Ben Yehuda, en una zona céntrica de Jerusalén. El inmueble, construido a comienzos de la década de 1920, combina un patio de acceso con distintos ambientes y está levantado en piedra, un material característico de la ciudad.

Gilinski afirmó que el edificio “será la casa de los colombianos en Israel”. Lion bromeó durante la inauguración: “Se han llevado uno de los mejores inmuebles de Jerusalén”.

Sa’ar pidió acelerar la construcción de instalaciones diplomáticas en Jerusalén porque pretende redoblar los esfuerzos para que más países se establezcan allí. El canciller israelí señaló que otras dos embajadas estaban en camino y precisó que la próxima sería la de la República Democrática del Congo, aunque no reveló cuál sería la duodécima.

El ministro israelí definió a Colombia como “una nación hermana y un socio estratégico de Israel”. También afirmó que ambos países comparten valores de libertad, democracia y la búsqueda de paz y seguridad, y prometió que Israel acompañará al pueblo colombiano ante los desafíos que enfrente.

Sa’ar y Netanyahu destacaron la rapidez con la que el presidente Abelardo de la Espriella cumplió su promesa de instalar la embajada en Jerusalén tras la reanudación de las relaciones diplomáticas que habían sido suspendidas por Gustavo Petro.

Egipto, Kuwait y el Parlamento Árabe condenaron la apertura de la embajada por considerar que vulnera el derecho internacional y reiteraron su apoyo a los derechos del pueblo palestino. Turquía también pidió a Bogotá revertir la medida y advirtió sobre sus posibles consecuencias jurídicas y diplomáticas.

El pronunciamiento turco sostuvo que el traslado contradice las resoluciones 476 y 478 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprobadas en 1980, y los principios jurídicos expuestos en una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia. Gilinski destacó desde Jerusalén el potencial de cooperación entre Colombia e Israel en distintos ámbitos, en beneficio de los ciudadanos de ambos países.

Un año y dos meses después de la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el presentador e investigador paranormal Rafa Taibo acudió a la tumba del excongresista de la República.

En una transmisión especial del medio radial La Kalle, el también actor mostró cómo uno de sus aparatos de investigación se activaron justo al lado del lugar, mientras emitió un sentido mensaje sobre Uribe Turbay.

Taibo utilizó un medidor conocido como K-II, un equipo que registra variaciones de campos electromagnéticos mediante una escala de cinco luces. En el momento mostrado en la transmisión se encendieron los indicadores verde, amarillo y naranja, mientras que los dos indicadores rojos permanecieron apagados.

“Este tipo de acontecimientos nos sumergen constantemente en la oscuridad. Esperemos que el pueblo colombiano reciba lo que merece y camine con paso firme hacia un futuro esplendoroso, porque yo estoy convencido de que Colombia está destinada a ser líder de todo un continente cuando por fin creemos la unión latinoamericana y nos unamos como lo que somos, hermanos de sangre, hermanos de lengua, hermanos de creencias”, comentó el investigador.

En cuanto a las mediciones, Rafa Taibo explicó que las mediciones podrían deberse a la concurrencia de tantas personas en el cementerio que, según sus palabras, dejan su energía en el lugar, descartando que pudiera tratarse de una presencia paranormal del político.

“Sin lugar a dudas, este es un ejemplo de cómo la energía de las personas que vienen aquí a rendir ese tributo, pues queda almacenada y queda arraigada en los espacios. Miguel Uribe seguramente esté sentado al lado de Dios Padre porque lo merece. Y una vez más, pues las energías de las personas que visitan los cementerios, ya sea desde el dolor, sea desde la petición o sea incluso desde la oscuridad, pues queda arraigada y va dejando su huella”, concluyó Taibo durante la transmisión de La Kalle.

Entretanto, los K-II pueden reaccionar a emisiones de teléfonos móviles, cámaras, micrófonos, cableado eléctrico y otros dispositivos electrónicos cercanos. Por esa razón, la activación por sí sola no permite establecer qué produjo la variación detectada.

Viuda de Miguel Uribe Turbay revela un chat que vincula al Congreso con el atentado

María Claudia Tarazona reveló en una entrevista con Blu Radio el contenido de un chat en el que le advirtieron que el atentado contra Miguel Uribe Turbay se estaría organizando desde dos meses antes del asesinato y que la orden habría salido del Congreso de la República. El mensaje está en poder de la Fiscalía desde hace varios meses, según afirmó la viuda del político.

Tarazona también aseguró que la información entregada por alias el Viejo permitió establecer que el dinero para ejecutar el crimen salió de Venezuela y que la Segunda Marquetalia está involucrada. “Es un hecho probado porque se encontró la plata”, dijo.

El chat, que según Tarazona provino de una fuente perteneciente a la organización criminal que habría participado en el asesinato, advertía sobre un atentado contra Uribe Turbay o Paloma Valencia. La mujer afirmó que recibió fotografías, nombres y datos sobre una persona ubicada en Caquetá, por lo que rechazó que se tratara de un rumor.

“Ese malparido de Marcos Calarcá está organizando a ocho bandidos para ir a cometer el atentado. Me lo dijo una fuente muy fiel, muy cercana a él, y yo le creo 100%; por eso he intentado comunicarme con usted, pero ha sido imposible”, señala el mensaje leído por Tarazona.

El texto agrega: “Me dice que la orden salió del Senado. La fuente está metida allá adentro, la cual se comunica conmigo cuando él me dice que está y qué va a pasar. Por eso le digo a usted para que tengan cuidado y extremen sus medidas de seguridad”.

Tarazona indicó que la alerta había sido emitida desde abril del año anterior, dos meses antes del magnicidio. El nombre de Marcos Calarcá correspondería a Luis Alberto Albán, quien hasta el 20 de julio de 2026 fue representante a la Cámara por el partido Comunes, integrado por excombatientes de las Farc, en representación del Valle del Cauca.

El senador del Centro Democrático Óscar Villamizar presentó una denuncia ante la Administración de Control de Drogas (DEA) contra la exprimera dama Verónica Alcocer tras las acusaciones de Eva Ferrer sobre presuntos traslados de narcóticos y dinero entre Colombia y Venezuela, posibles operaciones de tráfico de armas y movimientos financieros que el congresista pidió investigar por su eventual alcance transnacional.

La actuación se sumó a una denuncia que Villamizar radicó el 3 de agosto ante la Fiscalía General de la Nación por presuntos hechos de corrupción. El senador consideró que las nuevas acusaciones requerían la intervención de autoridades estadounidenses para determinar si existieron delitos vinculados con el narcotráfico y el tráfico de armas.

Las declaraciones de Ferrer fueron difundidas el 10 de octubre de 2026 en una entrevista publicada por la revista Semana. Según el relato citado por Villamizar, Manel Grau Pujadas le habría dicho que en viajes entre Colombia y Venezuela se trasladaron drogas en aviones públicos asignados para el transporte de Alcocer.

Ferrer también aludió a fotografías que mostrarían a Alcocer bajando de una aeronave con maletas grises que, según su versión, contenían narcóticos. La información remitida a la DEA aclaró que esas afirmaciones eran acusaciones y que la entrevista no las acreditaba de manera independiente.

Los presuntos movimientos de dinero entre Venezuela y Colombia

Uno de los señalamientos se refiere a un viaje realizado a Venezuela en enero de 2023, tras el cual habrían ingresado a Colombia 2,5 millones de dólares de origen desconocido. Ferrer sostuvo que Grau le habría atribuido el traslado de ese dinero a Alcocer.

“Según el relato de Ferrer sobre esa conversación, Alcocer presuntamente transportó el dinero y una parte de este estaba destinada a apoyar la campaña electoral de Mario Fernández Alcocer, su primo, quien estaba interesado en postularse a la gobernación de Sucre en 2023”, señala carta enviada a la DEA.

La comunicación enviada a la agencia estadounidense señaló que la entrevista no establecía el origen de los fondos, el mecanismo con el que habrían sido trasladados, la existencia de declaraciones obligatorias ante las autoridades ni el destino final de los recursos. Tampoco aportaba elementos independientes para confirmar esas operaciones.

Ferrer mencionó además a Enrico Romagnoli con relación a una posible red de tráfico de armas. Describió encuentros con él en Barcelona y Colombia, así como supuestos vínculos con personas cercanas a Alcocer.

Después de la difusión de ciertos audios, Ferrer afirmó que recibió una advertencia sobre un presunto tráfico de armas y el riesgo que podría correr. Sin embargo, el material remitido por Villamizar indicó que no se identificaron armas concretas, cantidades, compradores, vendedores, fechas, rutas ni una transacción específica que permitiera establecer la existencia de ese delito o la participación de personas determinadas.

La solicitud para reunir las investigaciones en Colombia

Las acusaciones también abarcaron una posible operación de lavado de activos y ocultamiento patrimonial en España. Ferrer se refirió a una transacción inmobiliaria valuada en cerca de tres millones de euros y mencionó al exembajador colombiano Eduardo Ávila en ese contexto.

La presentación ante la DEA precisó que no se exhibieron registros bancarios, escrituras de propiedad, documentos societarios ni detalles de transacciones que permitieran determinar el origen de los fondos o los beneficiarios reales de los activos.

Ferrer planteó, además, la posibilidad de que terceros o intermediarios hubieran recibido recursos o mantenido bienes en nombre de otras personas, aunque sin identificar titulares, sociedades, activos ni operaciones concretas.

Villamizar pidió a la DEA y al Departamento de Justicia de Estados Unidos una investigación amplia sobre los hechos expuestos por Ferrer, ante la eventual relación de las acusaciones con narcotráfico y tráfico de armas. El congresista solicitó que se determine si hubo delitos cometidos por altos funcionarios de Colombia.

“Debido a la gravedad de la información suministrada por la señora Ferrer, y entendiendo que muchas de las alegaciones podrían implicar la comisión de delitos que pueden y deben ser investigados por la DEA y el Departamento de Justicia, dado que presuntamente están involucrados el tráfico de drogas y de armas, solicito respetuosamente una investigación completa y exhaustiva de los hechos expuestos en la entrevista, para que se haga justicia si dichos delitos fueron cometidos por altos dirigentes de mi país”, señala la carta.

El 14 de octubre de 2026, Villamizar remitió también una petición a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, para que se acumulen las denuncias que recaigan sobre Alcocer si se refieren a hechos iguales o relacionados. El proceso iniciado por el senador se encuentra en la unidad de la Fiscalía contra la Corrupción y ya cuenta con una ampliación de denuncia.

En esa solicitud, el congresista indicó que Ferrer habría revelado información adicional sobre posibles delitos, incluso de carácter transnacional, y que existirían otras denuncias en curso ante la Fiscalía General de la Nación. Añadió que, según reportes de medios de comunicación, Ferrer fue citada ese mismo día para ampliar su declaración.

Villamizar sostuvo que reunir los expedientes permitiría a los interesados conocer el avance integral de las pesquisas y evitar una fragmentación de las pruebas que complique el desarrollo del proceso.

El vehículo, avaluado en cerca de 130 millones de pesos, estaba en el parqueadero de un hospital del barrio Usatama, donde los uniformados encontraron al sospechoso dentro del automotor.

De acuerdo con la Policía Nacional, en el registro al detenido fueron incautados una pistola traumática con munición y un celular de alta gama. El procedimiento fue asumido por agentes de la Estación de Policía Los Mártires, que desplegaron un operativo tras conocer el hurto.

La central de radio informó sobre el robo de la camioneta y las patrullas iniciaron la búsqueda del vehículo. La respuesta incluyó la activación del Plan Candado, una estrategia policial que busca cerrar posibles rutas de salida y ubicar a los responsables de un delito reciente.

Según informó el teniente coronel Nilson Figueroa, comandante de la estación de Policía Los Mártires, la reacción permitió dar con el automotor en el parqueadero de un hospital del barrio Usatama.

“La Policía Nacional, a través de uniformados de la estación de policía Los Mártires, logró la captura en flagrancia de un hombre de veintiocho años por los presuntos delitos de fabricación, tráfico o porte de tenencia de armas de fuego y hurto”, señaló el oficial.

Al llegar al lugar, los uniformados interceptaron al hombre que permanecía en la camioneta. La Policía indicó que el procedimiento se produjo en flagrancia, una condición que se aplica cuando una persona es sorprendida durante la comisión de un delito o inmediatamente después de este.

“Este procedimiento se llevó a cabo luego de que los uniformados fueran alertados por la central de radio sobre el hurto de un vehículo mediante la modalidad de atraco en la localidad de Puente Aranda. De manera inmediata, se activó el Plan Candado, que permitió ubicar el automotor en un parqueadero de un hospital en el barrio Usatama”, comentó el comandante.

La Fiscalía recibió al detenido y los elementos incautados

El hombre quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, junto con la camioneta recuperada, el celular y el arma traumática hallada durante el registro. La institución lo señaló por los presuntos delitos de hurto y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

“En el lugar, los policías interceptaron el vehículo y encontraron en su interior a un ciudadano a quien durante el procedimiento de registro a persona le hallaron una pistola traumática con munición y un celular de alta gama. Gracias a la oportuna reacción policial, se logró la recuperación del vehículo, avaluado en ciento treinta millones de pesos”, comentó el teniente.

La definición de su situación judicial corresponde a las autoridades competentes dentro del proceso de judicialización. Por ahora, la Policía no divulgó información adicional sobre las circunstancias previas al atraco ni sobre la posible participación de otras personas.

Aunque el robo fue reportado en Puente Aranda, el operativo estuvo a cargo de la Estación de Policía Los Mártires. En ese contexto, la Policía divulgó cifras de esta última localidad, que registró una reducción del 11 % en el hurto de automotores y un incremento del 10 % en la recuperación de vehículos.

“El capturado junto a los elementos incautados y el automotor recuperado fue dejado a disposición de la Fiscalía de la Nación. Es importante destacar que en la localidad de Los Mártires se ha registrado una reducción del 11 % en el hurto de automotores y un incremento del 10 % en la recuperación de estos, resultados que reflejan el trabajo permanente de nuestras patrullas para fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana”, señaló la policía.

Entretanto, desde la institución pidieron a la comunidad denunciar cualquier hecho irregular que se presente en la ciudad, además de evitar actuar por cuenta propia en casos de hurto en Bogotá.

“La Policía Nacional reitera su compromiso con la seguridad de todos los ciudadanos e invita a denunciar oportunamente cualquier hecho delictivo o situación sospechosa a través de la línea 123 o el CAI más cercano”, concluyó la Policía Metropolitana de Bogotá.

La Jurisdicción Especial para la Paz elegirá el próximo 20 de octubre a un nuevo presidente para reemplazar al magistrado Alejandro Ramelli, en medio de recortes presupuestarios propuestos y reformas que podrían alterar el alcance de sus decisiones sobre crímenes cometidos durante el conflicto armado.

La elección enfrenta además el reclamo de 50 organizaciones sociales, que advirtieron sobre posibles presiones políticas sobre la futura presidencia. La carta, revelada por la revista Cambio, pide que la Sala Plena privilegie a quien defienda “sin ambigüedades” la independencia de la jurisdicción y los derechos de las víctimas.

La JEP solicitó 947.642 millones de pesos para operar en 2027, pero el presupuesto calculado por el Gobierno le asignaría 721.803 millones de pesos. Ramelli calificó esa diferencia como el ataque más grave que ha sufrido el tribunal.

El Centro Democrático también radicó una reforma para que cada sentencia de la JEP contra un integrante de la fuerza pública pase automáticamente al Tribunal Superior Militar y Policial. Ese órgano podría confirmar, modificar o revocar las decisiones.

La iniciativa devolvería a la jurisdicción penal militar la última palabra sobre casos como los “falsos positivos”, pese a que la Corte Constitucional ha señalado en repetidas ocasiones que esa justicia no debe conocer ese tipo de crímenes. El senador Enrique Gómez, del Movimiento de Salvación Nacional, presentó además otra reforma para terminar la Jurisdicción en marzo de 2028.

Las organizaciones firmantes sostuvieron que eliminar o modificar la JEP exigiría una reforma constitucional tramitada durante dos períodos ordinarios y consecutivos del Congreso, con mayoría absoluta en el segundo debate y posterior control de la Corte Constitucional. A su juicio, el Gobierno conoce esas exigencias y por ello buscaría debilitar a la institución mediante la reducción de recursos y condicionar desde adentro a su próxima presidencia.

La misiva fue suscrita por la Asociación Minga, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Comisión Colombiana de Juristas, la Corporación Jurídica Libertad y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, entre otras entidades.

Tres candidatos para conducir la JEP

Los aspirantes son los magistrados Camilo Suárez Aldana, Reinere Jaramillo y Danilo Rojas Betancourth. La decisión definirá quién encabeza la jurisdicción en un momento en el que las víctimas reclaman garantías para acceder a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición.

Jaramillo es vicepresidenta de la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad del Tribunal para la Paz. Es abogada especializada en derecho público y experta en Derecho Internacional Humanitario, Derechos Humanos y Derecho Operacional.

La magistrada dirigió el primer juicio transicional de la JEP, aplicado cuando una persona sometida a la jurisdicción no acepta responsabilidad ni los hechos que se le atribuyen. En ese proceso lideró la elaboración del fallo condenatorio contra el coronel retirado Publio Hernán Mejía por ejecuciones extrajudiciales cometidas mientras comandaba el Batallón La Popa del Ejército en 2002.

También encabezó la Comisión de Género de la JEP y la presentación de medidas cautelares para proteger cementerios. Fuentes consultadas por CAMBIO la ubicaron como la candidata más cercana a la línea de Ramelli, quien alertó desde la campaña presidencial sobre los riesgos para la jurisdicción de una postura de derecha crítica del Acuerdo de Paz.

En una entrevista con el general retirado Óscar Naranjo, Jaramillo recordó que su padre tuvo que salir de San Roque, Antioquia, por la violencia. Sobre su contacto con las víctimas, afirmó: “Me impresionó la capacidad de las víctimas de recomponerse, para perdonar, para mirar a los ojos al victimario y perdonar. Eso es tan potente que no queda reflejado en ninguna decisión judicial”.

Rojas integra la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz y antes de llegar a la JEP fue magistrado y presidente del Consejo de Estado. Algunas fuentes señalaron que su candidatura podría buscar puentes institucionales con el Gobierno.

En una columna publicada en el medio, Rojas defendió el trabajo de la jurisdicción cuando se aproximan diez años de la firma del Acuerdo de Paz. Allí destacó la necesidad de escuchar a las víctimas y las verdades conocidas sobre hechos como el secuestro a partir del proceso de diálogo aplicado por la JEP.

Suárez, vicepresidente de la Sección de Primera Instancia para casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, concentra los principales cuestionamientos de organizaciones sociales. Fue funcionario de la Jurisdicción Penal Militar durante 24 años y magistrado del Tribunal Superior Militar.

Las víctimas que cuestionan su presencia en la JEP recuerdan que en la justicia militar no fueron escuchadas y que responsables de graves crímenes, que hoy han admitido responsabilidad, fueron exonerados. Sin embargo, Suárez se opuso ante el Congreso a la reforma que pretende que las sentencias contra militares sean revisadas por la justicia militar.

El magistrado argumentó que el Tribunal Superior Militar tiene menor jerarquía, pues corresponde a un Tribunal de Distrito Judicial, y que el órgano de cierre de esa jurisdicción es la Corte Suprema de Justicia. En una audiencia ante el Senado sostuvo: “No podría un tribunal de esta entidad desconocer inclusive la propia Corte Suprema de Justicia”.

Las organizaciones advirtieron que una presidencia dispuesta a ceder ante el nuevo Gobierno transmitiría que la independencia de la JEP admite negociación. En su petición a la Sala Plena, señalaron que la próxima conducción deberá impedir que las presiones políticas deriven en retrocesos para los derechos de las víctimas o debiliten la capacidad de la jurisdicción para cumplir su mandato.

En medio de las condiciones climáticas adversas que se viven en la zona centro del país, en la noche del miércoles 14 de octubre se conoció sobre la muerte de una persona en el municipio de Soacha, Cundinamarca, luego del torrencial aguacero que inundó buena parte del territorio.

Según informó el alcalde del municipio, Julián Sánchez Perico, el sujeto tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital Cardiovascular en medio del aguacero. Sin embargo, las autoridades confirmaron que la víctima llegó al centro médico sin signos vitales pese a los esfuerzos de reanimación durante el traslado.

“Con profunda tristeza lamentamos el fallecimiento de un hombre a causa de la emergencia ocasionada por las fuertes lluvias registradas hoy en nuestra ciudad. A través de la Secretaría de Salud, articulamos con ambulancias privadas su traslado al Hospital Cardiovascular, donde infortunadamente llegó sin signos vitales”, señaló el alcalde municipal.

Desde la administración enviaron las condolencias a los familiares del hombre. Además, señalaron que otras dos personas resultaron afectadas por las lluvias y tuvieron que ser remitidos de urgencia a centros hospitalarios donde reciben atención prioritaria.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos. Dos ciudadanos más fueron trasladados y reciben atención médica bajo los protocolos hospitalarios establecidos.Los organismos de emergencia continúan trabajando en territorio, verificando posibles afectaciones en las viviendas de los barrios afectados por las lluvias”, concluyó el mandatario municipal..

Las lluvias cayeron con fuerza sobre Soacha y generaron inundaciones de gran magnitud en varios puntos del municipio. Las redes sociales se llenaron de videos que mostraron la dificultad de los vecinos para desplazarse en medio del agua.

La autopista Sur, a la altura de Terreros, fue uno de los tramos más golpeados. La vía quedó completamente cubierta y dejó varios vehículos atrapados, mientras motociclistas y ciclistas también enfrentaron serios obstáculos para circular.

La emergencia derivó en congestión vehicular y lentitud en ambos sentidos de esa vía. Las autoridades en su momento recomendaron a los conductores desviarse hacia la Avenida Centenario mientras los equipos de atención trabajaban en el lugar.

TransMilenio cerró una estación y suspendió una ruta

El sistema de transporte masivo tomó medidas preventivas ante la gravedad de las inundaciones. La estación San Mateo cerró en sentido occidente-oriente y la ruta circular San Mateo quedó suspendida de forma temporal, ambas decisiones se mantuvieron mientras persistieron las afectaciones.

Soacha activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la respuesta a la emergencia. Los equipos operativos se desplegaron en los sectores de Quintanares, La Esperanza y la autopista Sur.

La Alcaldía también movilizó maquinaria para intervenir los desarenadores de La Novena, La Capilla y El Barreno, puntos considerados clave para el manejo de los materiales que arrastró el agua durante la tormenta.

Hacia las 10 p. m. del miércoles, Sánchez entregó un parte de tranquilidad y compartió un video donde se observaba la vía ya despejada. “Gracias al trabajo articulado de la maquinaria, el Sistema Municipal de Gestión del Riesgo, la movilidad Soacha, la Secretaría de Infraestructura y todo nuestro equipo de Gobierno, logramos controlar las inundaciones en este corredor y recuperar la movilidad de la ciudad”, señaló el alcalde.

El funcionario añadió que los organismos de emergencia continuaban en territorio para verificar posibles afectaciones en viviendas de los barrios golpeados por las lluvias.

Las lluvias también golpearon a Bogotá

La tormenta no se limitó a Soacha. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) reportó precipitaciones entre moderadas y fuertes en las localidades de Engativá, Fontibón, Barrios Unidos y Kennedy, en Bogotá.

El organismo advirtió que existía la posibilidad de que las lluvias se extendieran hacia la localidad de Suba. Sectores del norte, occidente y sur de la capital también registraron precipitaciones esa tarde.

El Idiger señaló además una mayor probabilidad de actividad eléctrica durante la jornada del miércoles en la ciudad. La combinación de lluvias intensas y descargas eléctricas mantuvo en alerta a las autoridades de gestión del riesgo tanto en Bogotá como en el municipio vecino de Soacha.

En la tarde del miércoles 14 de octubre, el presidente Abelardo de la Espriella actualizó el balance de extradiciones autorizadas desde el inicio de su gobierno, ascendiendo a 131 procesos durante los primeros 67 días de mandato.

El mandatario aseguró que la cifra hace parte de la estrategia de su administración frente a las redes criminales nacionales y extranjeras. El mandatario anunció además que se sumaron 11 decisiones adicionales dentro de los trámites dirigidos a entregar solicitados a la justicia de otros países.

En un video divulgado en sus redes sociales, el jefe de Estado sostuvo que los expedientes permanecían sin avance antes de que su gobierno asumiera el trámite. “Todas estaban congeladas, todas estaban paradas, no pasaba nada”, afirmó al referirse a las solicitudes de extradición que, según su versión, estaban pendientes de definición.

La declaración estuvo centrada en el uso de la extradición como herramienta de cooperación judicial. De la Espriella señaló que el mecanismo permite responder a requerimientos de autoridades extranjeras y evitar que personas investigadas o condenadas por delitos en otros territorios encuentren en Colombia un lugar para eludir los procesos que enfrentan.

El presidente afirmó que los expedientes estaban paralizados

Durante su intervención, De la Espriella describió un escenario de inactividad en el que, dijo, algunas estructuras delictivas interpretaban la falta de decisiones como una posibilidad de permanecer en el país sin consecuencias judiciales. “Esto era tierra de nadie no solamente para los bandidos de aquí en Colombia, sino para los bandidos de otras latitudes”, expresó.

El mandatario agregó que, a su juicio, esa situación permitía que personas vinculadas a delitos cometidos fuera del país buscaran refugio en territorio colombiano. También sostuvo que algunos de quienes operaban desde Colombia consideraban que no serían llevados ante las autoridades que los reclamaban.

“Terminaban refugiados en Colombia o que delinquían afuera y pensaban que iban a quedar impunes”, declaró el presidente en el video. La frase formó parte de su argumentación sobre la necesidad de reactivar los procedimientos y dar curso a las decisiones que correspondan en cada solicitud.

El Gobierno anunció 11 firmas adicionales en la jornada

El secretario jurídico de Presidencia, Andrés Barreto, acompañó el anuncio y confirmó que el balance presentado por el Ejecutivo correspondía a 131 procesos de extradición en los 67 días iniciales de la administración. Según lo informado, durante la jornada se firmarían otros 11 expedientes, con lo que el Gobierno buscaba avanzar en solicitudes que ya estaban bajo revisión.

La firma de una extradición constituye una etapa dentro de un procedimiento que involucra la cooperación entre Colombia y el Estado requirente. El anuncio presidencial no detalló en el video la identidad de las personas incluidas en los nuevos casos, los países que formularon los requerimientos ni los delitos asociados a cada expediente.

De la Espriella presentó las decisiones como una señal de que su administración dará prioridad a los trámites pendientes. El mensaje fue dirigido tanto a las personas requeridas por autoridades de otros países como a las organizaciones a las que el Gobierno atribuye actividades de delincuencia organizada.

De la Espriella dijo que mantendrá la presión contra organizaciones criminales

El presidente afirmó que no cederá ante las organizaciones criminales y aseguró que la ley se aplicará contra quienes cometan delitos. En ese sentido, definió la cooperación internacional como una vía para impedir que los investigados utilicen las fronteras nacionales como una barrera frente a la acción judicial.

“La extradición es un mecanismo de cooperación internacional”, sostuvo el mandatario al explicar el enfoque de su gobierno. La declaración vinculó el aumento de las firmas con la política de seguridad y con la respuesta estatal frente a estructuras que actúan dentro y fuera del país.

El Gobierno indicó que continuará utilizando las herramientas previstas por la ley para tramitar las solicitudes de entrega que lleguen desde otras jurisdicciones.

La congresista Jennifer Pedraza denunció que militares con fusiles fueron enviados a los puntos de las manifestaciones por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y pidió la intervención de organismos públicos para garantizar el derecho a la protesta.

La dirigente cuestionó la presencia de integrantes de las Fuerzas Militares con armamento de alto calibre cerca de los lugares de concentración, antes del inicio de la movilización convocada por sindicatos, centrales obreras y sectores de la oposición.

Pedraza etiquetó a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Secretaría de Gobierno de Bogotá en un mensaje difundido en redes sociales. “El gobierno de Abelardo de la Espriella mandó militares con fusiles a los puntos de las marchas. Esto es inaceptable y desproporcionado”, escribió.

El material audiovisual compartido por la congresista muestra a los uniformados transitando cerca de los manifestantes. La secuencia abrió un debate entre quienes respaldan el despliegue para prevenir alteraciones del orden público y quienes sostienen que la militarización compromete las libertades democráticas y la seguridad de las movilizaciones pacíficas.

El cuestionamiento al decreto sobre el uso de la fuerza pública

La congresista vinculó el despliegue militar con el decreto que regula el uso de la fuerza pública durante las protestas. En una entrevista con El Tiempo, afirmó que esa norma fue demandada por considerarla regresiva e inconstitucional.

“¿Cómo puede ser posible que no han iniciado las jornadas de protesta y el presidente Abelardo de la Espriella ya mandó militares con fusiles a las zonas de convocatoria de la jornada de movilización a la que han llamado los sindicatos y las centrales obreras y algunos sectores de la oposición?”, señaló

La congresista insistió en que mantendrá su demanda al decreto expedido apenas un día antes de las movilizaciones nacionales motivadas por el expresidente Gustavo Petro y la cúpula del Pacto Histórico.

“Es por esta narrativa y por este tipo de decisiones que hemos demandado el decreto que regula el uso de la fuerza pública sobre la protesta. Porque además de ser un decreto regresivo, es un decreto inconstitucional, que al reglamentar el ejercicio de un derecho fundamental, como lo es el derecho a la protesta, sí o sí tiene que pasar por el Congreso de la República”, continuó.

Pedraza señaló que el decreto modificado había sido expedido durante el gobierno del expresidente Iván Duque y construido a partir de mesas de concertación con organizaciones defensoras de derechos humanos, luego de una tutela presentada ante la Corte Suprema de Justicia.

“Es decir, este no es solamente un decreto ilegal, sino que es un decreto regresivo que deja claro que al Gobierno Nacional del presidente Abelardo de la Espriella le estorba una herramienta básica de la democracia, como lo es la protesta pacífica”, indicó Pedraza a El Tiempo.

La senadora aseguró que, aunque los manifestantes deben comprometerse a mantener la protesta de forma pacífica, no se puede limitar el uso de la vía pública y de espacios comunes aunque irrumpan con la normalidad de las actividades.

“Claro que debe ser pacífica, sin duda alguna, pero la protesta también es en sí mismo un derecho disruptivo. Es decir, que el ministro del Interior no puede salir a decir, como lo ha hecho en cuanto medio de comunicación ha podido, que si alguien pone un pie sobre un carril de Transmilenio le va a mandar a la policía”, señaló.

La congresista citó los llamados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de entidades internacionales para que Colombia garantice el ejercicio ciudadano de la protesta. También afirmó que las políticas del actual Gobierno impulsarán nuevas movilizaciones para defender derechos reconocidos por la Constitución del 91.

“El derecho a la protesta es tan importante porque a partir de él defendemos nuestros derechos a un salario digno, a nuestros derechos sexuales y reproductivos. Y al final, retroceder un centímetro en todas las garantías de la protesta sería retroceder kilómetros en nuestros derechos sociales, económicos y culturales”.

La creadora de contenido “Sari la italiana” volvió a ser tendencia luego de que comparó una calle de Montreal con un barrio de Valledupar, en el departamento del Cesar. La arboleda y la disposición de las viviendas del lugar le recordaron una visita que hizo a la ciudad colombiana.

En el video que compartió en sus redes sociales, la italiana recorrió con la cámara el sector canadiense y se detuvo en los árboles, el espacio entre las casas y la apariencia de la vía. A partir de esas imágenes, invitó a sus seguidores, en particular a quienes viven en Valledupar, a decir qué barrio les evocaba la escena.

“Esta calle me recuerda mucho a una de Valledupar, es como si estuviera allá”, expresó mientras mostraba las viviendas y la vegetación. Más adelante insistió en la semejanza que percibió: “Miren, literal, me parece que estoy ahí, en esta calle específica. Igual, este pedazo, con las casas aquí, este espacio y otras casas”.

Seguidores asociaron el video con varios sectores de Valledupar

La publicación abrió una conversación entre usuarios que intentaron ubicar la referencia. En los comentarios aparecieron nombres como Nando Marín, El Cañahuate y Arizona, entre otros sectores de la capital del Cesar.

Las respuestas no señalaron un único barrio, sino que reunieron distintas asociaciones a partir de los elementos que se ven en el video. La comparación se centró en la presencia de árboles a lo largo de la calle y en la cercanía entre las viviendas.

Sari la italiana ha manifestado en otras publicaciones el afecto que siente por Colombia y su cultura. En el caso de Valledupar, la creadora ha destacado la naturaleza que acompaña sus vías y la amabilidad de sus habitantes, aspectos que volvieron a aparecer en la reacción a su reciente video desde Montreal.

Un creador francés se sorprendió por los mangos que caían al suelo en Isla Fuerte

La reacción de Sari la italiana se suma a otras experiencias de creadores extranjeros que encuentran referencias de Colombia aun cuando están fuera del país. El francés Engue, radicado en Colombia, relató en sus redes sociales su sorpresa al caminar por Isla Fuerte, en el Caribe colombiano, y encontrar mangos caídos que no habían sido recogidos durante la cosecha.

El influenciador comparó esa escena con los precios de la fruta en Francia. Según contó, un mango pequeño puede costar allí al menos $4.000, por lo que la abundancia de frutos en el suelo le pareció inusual. “Esto es una locura, es como un territorio lleno de mango. Es un botín”, expresó en un video.

El registro abrió comentarios de usuarios que explicaron que, en distintas zonas del Caribe, recoger fruta de los árboles forma parte de las costumbres cotidianas. Algunos señalaron que los mangos suelen consumirse frescos, en jugos o con sal y limón, y le recomendaron al visitante llevar una bolsa durante sus recorridos para aprovechar los frutos que encuentra.

Durante su estadía, Engue también compartió otra situación que le resultó novedosa: un comerciante le permitió llevarse un producto pese a que no tenía el dinero completo para pagarlo, con el acuerdo de que volvería después a cancelar el saldo. Varios seguidores identificaron esa práctica como “fiar”, una forma de confianza que todavía se conserva entre vecinos y pequeños comercios en algunas comunidades.

Las publicaciones del creador francés y de la italiana muestran cómo escenas habituales para muchos colombianos —la fruta disponible en los caminos, los árboles en las calles o la cercanía entre los barrios— adquieren otro significado para quienes las observan por primera vez. En ambos casos, los videos motivaron a los seguidores a compartir referencias locales y experiencias relacionadas con la vida cotidiana en el país.

El municipio de Gualmatán, en Nariño, despidió a Leyenda, un perrito abandonado que acompañó durante años la vida pública y religiosa del municipio de Nariño, con una misa, un desfile y un entierro tras su muerte por un infarto el viernes 9 de octubre.

La comunidad reunió a sus habitantes, bomberos, músicos, niños y mascotas para rendir homenaje al animal que se convirtió en una presencia habitual en las calles, la parroquia y hasta en las emergencias del municipio.

Gualmatán, situado en el suroccidente del departamento y con más de 7.000 habitantes, volcó su duelo en una despedida que, según vecinos, tuvo una convocatoria mayor que la de funerales de exalcaldes o exconcejales. El cortejo partió del barrio El Arrayán hacia el templo, acompañado por una banda musical, una papayera, globos blancos, aplausos y lágrimas.

La muerte de Leyenda estuvo rodeada inicialmente por versiones sobre un posible envenenamiento. Sin embargo, una necropsia determinó que el perro murió por un infarto, según información conocida por El Tiempo.

Leyenda había llegado solo a las calles de Gualmatán y fue acogido por la familia Mafla Zapata, que lo vio deambular por el municipio. Se estimaba que tenía 7 años cuando murió y, de acuerdo con el periodista José Luis Calvache, había sido rescatado tras una situación de abandono.

Su presencia se volvió habitual en ensayos de la banda, actividades de danza, reinados de belleza, actos comunitarios y funerales. El sargento Martín Mueses Arteaga, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Gualmatán, recordó que el perro “se ganó el cariño de todas las personas, no de uno, de dos, de tres, no, de un pueblo”, en declaraciones a Telepacífico Noticias 360.

Las celebraciones religiosas también formaban parte de su rutina. El animal se ubicaba a los pies del sacerdote, recostado sobre la alfombra, y permanecía en silencio durante las misas diarias.

Incluso, los bomberos lo consideraban su mascota. Cada vez que sonaban las sirenas, Leyenda acudía a la estación y viajaba dentro de la cabina del vehículo, porque no aceptaba ir en la parte trasera. Informativo del Guaico señaló que esa costumbre lo convirtió en un compañero cercano para el personal de la institución.

Mueses contó que recibió la noticia de la muerte durante la madrugada, cuando un familiar le avisó que Leyenda había fallecido. Entonces propuso coordinar el entierro con los bomberos y la banda de músicos.

“El yerno a las 2 de la mañana me llamó: ‘¡Leyenda se murió!’. ‘¡No, no puede ser!’, le dije. Entonces le dije: ‘Coordinemos con los bomberos y con la banda de músicos su entierro’“, comentó el oficial a El Tiempo.

La misa, el entierro y un posible monumento

Durante la ceremonia religiosa, el cuerpo del perro fue ubicado al frente del templo antes de su sepultura junto a un pequeño parque. Los asistentes llevaron a sus propias mascotas como señal de duelo por un animal al que describían como cariñoso, juguetón y tranquilo.

La familia Mafla Zapata permaneció afectada por la pérdida. Sus integrantes lo alimentaban con concentrado y carne, lo llevaban a peluquear y solían buscarlo cuando no regresaba a casa.

Leyenda ya aparecía en un mural realizado años antes en una calle de Gualmatán, donde fue retratado durante una carrera atlética a la que también había asistido. Tras su muerte, la comunidad evaluó construir un monumento en su memoria.

El grupo Luna Defensores de Animales de Gualmatán definió la despedida como “el acto de amor más grande y legítimo” y pidió respeto por la familia que lo adoptó. La organización sostuvo que el municipio trabaja en protección animal y desarrolla una estrategia para salvar la vida de los animales.

Meses antes, Samaniego, otro municipio de Nariño, había despedido de forma similar a Tobi, un perro criollo que asistió durante 15 años a misas, entierros y actividades comunitarias. Cientos de personas participaron entonces de su sepelio colectivo, con intervención de la parroquia local y posterior sepultura.

En medio de la polémica generada por el Gobierno nacional luego de expedir el Decreto 1525 de 2026 que regula las condiciones en las que la fuerza pública podrá intervernir durante las protestas, en la mañana del miércoles 14 de octubre la Defensoría del Pueblo alertó sobre las posibles consecuencias de la orden presidencial.

A través de un comunicado, la entidad señaló que la nueva directriz podría reducir drásticamente las opciones de diálogo entre manifestantes y los gestores de paz, además de las autoridades locales.

Según la Defensoría, el Decreto 1525 de 2026 contiene orientaciones que podrían dificultar la conducción de las protestas. Una de ellas, indicó, es la tendencia a calificar como violentas acciones que limitan derechos de terceros, pero que forman parte de la naturaleza misma de las manifestaciones.

“Si bien esto resulta poco deseable, no es violencia, como por ejemplo la obstrucción de vías o la interrupción de ciertos servicios o infraestructura”, señaló la entidad.

La obstrucción de vías, la interrupción del tránsito o la afectación de ciertos servicios e infraestructuras pueden ser situaciones indeseables, pero no constituyen por sí mismas actos violentos, señaló la Defensoría.

“El derecho de reunión pacífica, por definición, no se puede ejercer mediante la violencia. [...] la ‘violencia’ suele implicar el uso por los participantes de una fuerza física contra otros que pueda provocar lesiones, la muerte o daños graves a los bienes. Los empujones o la interrupción del tráfico de vehículos o peatones o de las actividades diarias no constituye ‘violencia’”, señala el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Además, la entidad aseguró que el despliegue de gestores de convivencia y equipos de diálogo es necesario, aunque reconoció que no basta para considerar agotada la mediación, porque esa interpretación puede elevar la tensión social y escalar los conflictos hacia hechos violentos.

“El Decreto tiende a reducir la fase de diálogo y mediación a su mínima expresión, dando paso al uso de la fuerza igeramente”, comentó.

Garantías para manifestantes y deberes de las autoridades

La Policía Nacional y las autoridades nacionales y territoriales tienen como primera responsabilidad garantizar derechos y evitar confrontaciones. Las restricciones a una manifestación deben sustentarse en circunstancias concretas, afectaciones suficientemente graves y una evaluación estricta de necesidad y proporcionalidad, con prioridad para las alternativas menos lesivas, señaló la Defensoría.

La actuación policial dentro de los límites constitucionales fortalece su legitimidad y protege a los integrantes de la institución frente a eventuales responsabilidades individuales. Ninguna persona puede ser tratada como culpable únicamente por haber sido capturada, añadió la entidad.

Las personas extranjeras conservan sus garantías constitucionales durante una detención. La expulsión debe ser excepcional, individualizada, motivada y respetuosa del debido proceso y de las obligaciones internacionales del Estado.

Defensoría del Pueblo acompañará protestas del 14 de octubre

Además de las alertas sobre la regulación de las protestas, la Defensoría del Pueblo pidió que las marchas convocadas este 14 de octubre en 62 puntos de 31 departamentos de Colombia sean atendidas mediante el diálogo y la mediación, no como un problema de orden público o terrorismo.

Las movilizaciones, promovidas por sectores sociales y de oposición política, buscan expresar malestares, diferencias con el Gobierno nacional y reclamos de las comunidades representadas, señaló la entidad.

La entidad recordó que el derecho a protestar debe estar garantizado sin importar quién gobierne, quién convoque las manifestaciones o cuáles sean las demandas ciudadanas. También señaló que el ejercicio de ese derecho debe mantenerse dentro del marco constitucional de la protesta pacífica.

La Defensoría aseguró que los organizadores y participantes tienen la responsabilidad de prevenir confrontaciones, conservar canales de interlocución con las autoridades y permitir el paso de ambulancias, transporte escolar, organismos de socorro y personas que requieran servicios esenciales. La entidad advirtió que los actos violentos deben ser investigados conforme a la ley, con responsabilidades individualizadas.

Las afectaciones a terceros o los actos de vandalismo pueden desplazar la discusión sobre las demandas que motivan una movilización. La entidad sostuvo que las diferencias políticas no deben derivar en estigmatizaciones, amenazas ni descalificaciones contra quienes piensan distinto.

Un día después de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella presentara ante el Congreso de la República un proyecto de sometimiento para organizaciones armadas ilegales o terroristas, que incluye rebajas de pena y opciones de reclusión en colonias agrícolas a cambio de desarme, entrega de bienes, aportes a la verdad y desmantelamiento de economías ilícitas, se conocen nuevos detalles de la nueva estrategia del Ejecutivo.

De primerazo, la iniciativa descarta diálogos de paz: quienes no acepten las condiciones serán perseguidos por las fuerzas del Estado.

El texto contiene 22 artículos, prorroga disposiciones de la Ley 418 de 1997 —conocida como ley de orden público— y propone una política estatal para garantizar el orden público mediante una intervención territorial integral. Los ministros de Justicia, Iván Cancino, y del Interior, Rodrigo Lara, lo radicaron ante el Congreso.

La propuesta ofrece una rebaja de 50% sobre la pena acumulada para quienes aporten verdad, reparación a las víctimas o contribuyan al desmantelamiento de las estructuras. Para integrantes con roles de liderazgo, la reducción será de 30%.

Una categoría única para estructuras ilegales y terroristas

El proyecto abandona las categorías empleadas por la Ley de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro, que distinguía entre grupos armados organizados al margen de la ley y estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. La nueva iniciativa reúne a esas organizaciones bajo la definición de “actores armados ilegales o terroristas”.

La categoría incluiría a toda organización, grupo o estructura que, sin importar su tamaño, capacidad militar, capacidad operativa o incidencia frente a la fuerza pública, cumpla funciones relevantes en economías ilícitas.

También abarcaría a quienes cometan, o puedan cometer, actos terroristas, afecten gravemente el orden público, comprometan la seguridad ciudadana, alteren la convivencia pacífica o vulneren los derechos de la población civil.

El alcance comprende tanto a grupos que intervienen en el conflicto armado, tienen mando y controlan parte del territorio, definidos por los Convenios de Ginebra, como a organizaciones delincuenciales que actúan de manera jerárquica o en red y son perseguidas por la Convención de Palermo. El Consejo de Seguridad Nacional asesorará al presidente en la categorización de las estructuras.

Cancino explicó que la instrucción presidencial apunta a tratar a la mayoría de esas organizaciones como grupos terroristas, sin distinguir el tamaño o poder dentro de los territorios.

“Colombia tiene que entender que la mayoría de personas que están hoy en día generando zozobra y miedo y pánico y delincuencia, pues deben ser tratados casi todos como grupos terroristas. Y esa es la definición a la que también vamos a apuntar”, afirmó durante una rueda de prensa.

El ministro sostuvo que la clasificación respetará los límites del derecho convencional y del Derecho Internacional Humanitario. También señaló que el debate incluirá las diferenciaciones utilizadas hasta ahora para los grupos delincuenciales organizados.

El desarme, la entrega de bienes y el control judicial

El sometimiento será voluntario y podrá ser individual o colectivo. Tendrá una etapa administrativa, a cargo del Gobierno nacional, y otra judicial, bajo responsabilidad de la Rama Judicial.

Las organizaciones solo podrán iniciar el proceso mediante un interlocutor autorizado que sea abogado. En la solicitud deberán informar la cantidad de integrantes, el armamento disponible, los bienes, las economías ilícitas y los datos sobre personas desaparecidas o secuestradas.

Durante la etapa administrativa, el Gobierno definirá una hoja de ruta y un cronograma para cumplir las condiciones. El proceso contempla el desarme, la entrega de armas y bienes, y, cuando sea necesario, la ubicación temporal de miembros de la organización en lugares dispuestos por el Ejecutivo para facilitar su judicialización.

Los sometidos no podrán conservar bienes de origen ilícito. Las actas firmadas con el Gobierno pasarán luego a control judicial, donde los jueces deberán evaluar los aportes colectivos e individuales a la verdad, la reparación de las víctimas, la entrega patrimonial y el desmantelamiento de las economías ilegales.

La evaluación judicial también incluirá información sobre la ubicación de desaparecidos y secuestrados, además de nexos políticos y líneas de corrupción que afecten la administración pública o la impartición de justicia y estén relacionadas con el funcionamiento de la organización. Después, los jueces definirán los beneficios jurídicos y los términos aplicables a cada postulado.

El proyecto habilita a delegados del presidente para establecer contactos con estructuras interesadas en someterse. Esos representantes podrán realizar gestiones ante autoridades vinculadas con aportes a la verdad, colaboraciones con la justicia o reparación a las víctimas.

Las organizaciones nacionales o internacionales encargadas de administrar, registrar, controlar, destruir o disponer finalmente de las armas entregadas podrán recibir beneficios tributarios. La iniciativa prevé además sitios de concentración con delimitación geográfica precisa, donde continuarán los operativos de la fuerza pública y las funciones de las autoridades civiles y judiciales.

En esas zonas no se suspenderán las órdenes de captura ni los procesos de extradición contra los integrantes que acepten someterse a la Constitución y la ley.

Colonias agrícolas y beneficios para quienes se presenten primero

Los integrantes sometidos podrán cumplir la medida de aseguramiento en centros de arraigo transitorios previstos en la Ley 65 de 1993. Las condenas privativas de la libertad podrían cumplirse en colonias agrícolas establecidas por esa misma norma o en cárceles productivas contempladas por la Ley 2446 de 2025, con el propósito de contribuir a la reparación de las víctimas.

La libertad condicional podrá solicitarse después de cumplir cuatro quintas partes de la pena y requerirá un concepto favorable de las víctimas. Quienes no hayan ejercido mando dentro de la estructura podrán acceder a un beneficio especial durante los primeros 180 días de vigencia de la ley.

El proyecto dispone que las personas que se presenten en ese plazo, cumplan todos los requisitos y no tengan roles de mando podrán obtener la suspensión de la ejecución de la pena desde el momento en que se dicte la sentencia.

La Ley 418 introdujo en 1997 mecanismos para la búsqueda de paz y convivencia en Colombia y sus disposiciones han sido prorrogadas al menos siete veces. La última extensión fue incorporada por la Ley de Paz Total impulsada durante la administración de Gustavo Petro.

Cancino sostuvo que la norma ha sido utilizada históricamente para buscar mecanismos de paz, pero diferenció ese objetivo de una negociación con organizaciones criminales. “Durante mucho tiempo y en algunos proyectos, en algunas situaciones, el terrorismo sometía al Estado. Pero en la política criminal del presidente De La Espriella, el Estado va a someter a los delincuentes”, afirmó.

Quienes continúen desafiando la ley serán objeto de persecución armada dentro del marco del Derecho Internacional Humanitario, los convenios aplicables y la Constitución Política, según indicó el ministro de Justicia.

La ciudad de Cali amaneció con un nuevo millonario, después de que uno de los jugadores de Miloto acertara los cinco números del sorteo 0623 que lo hizo acreedor del gran acumulado de 200 millones de pesos.

Según informó el Operador Nacional de Juegos en la mañana del miércoles 14 de octubre, el sorteo dejó un total de 12.799 ganadores en las distintas categorías, con premios que sumaron más de 289 millones de pesos. La organización informó que este fue el cuarto premio mayor de Miloto entregado en la capital del Valle del Cauca y el número 29 durante 2026.

Los números ganadores fueron 07, 11, 27, 28 y 33. El tiquete se adquirió bajo la modalidad manual a través de la página oficial de Baloto, mediante la cual el participante selecciona las cifras al realizar la apuesta.

Para reclamar el premio, el ganador deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente e iniciar el trámite correspondiente. También podrá consultar los requisitos y las condiciones en www.baloto.com.

Entre el 20 de octubre de 2023 y el 12 de octubre de 2026, Miloto entregó más de 63.018 millones de pesos en premios, distribuidos en 3.787.967 premios, según las cifras divulgadas por la organización. Durante ese periodo, el juego transfirió más de 25.898 millones de pesos al sistema de salud colombiano.

Las apuestas están disponibles en Baloto.com, en puntos autorizados de Su Red y SuperGIROS y en establecimientos de grandes superficies. Los premios de hasta 2 millones de pesos de Baloto, Revancha, MiLoto y Colorloto pueden cobrarse mediante la página web, de acuerdo con las condiciones vigentes para cada juego.

El ganador no recibirá los 200 millones de pesos: esta es la razón

El ganador del acumulado de Miloto no recibirá el total anunciado. La legislación colombiana considera los premios de loterías, rifas, apuestas y juegos similares como ganancias ocasionales y fija para ellos una tarifa del 20%, conforme a los artículos 304 y 317 del Decreto Ley 624 de 1989 que contiene el Estatuto Tributario.

Sobre un premio bruto de $ 200 millones, el descuento equivale a $ 40 millones. Por tanto, el valor inicial a entregar al apostador sería de $ 160 millones, antes de cualquier costo que pueda surgir después por el uso de esos recursos.

La norma también establece que quien paga el premio debe practicar la retención en el momento del desembolso. El umbral para aplicar esa retención es de 48 Unidades de Valor Tributario (UVT). En 2026, cada UVT equivale a $ 52.374, según la Resolución 238 de 2025 de la Dian, por lo que el límite se ubica en $ 2.513.952. El premio mayor supera ampliamente esa cifra.

El 4x1000 puede cobrarse cuando el ganador movilice el dinero

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), conocido como 4x1000, no es un descuento automático sobre los $ 200 millones ni sobre los $ 160 millones que reciba inicialmente el ganador. Este impuesto se genera cuando el titular retira, transfiere o utiliza el dinero a través del sistema financiero, como precisa la guía de la Dian sobre el Gravamen a los Movimientos Financieros.

La ley contempla una exención mensual de hasta 350 UVT para los movimientos de personas naturales, monto que en 2026 corresponde a $ 18.330.900. Si el apostador tuviera disponible toda esa exención y trasladara en una sola operación los $ 160 millones netos, el impuesto se calcularía sobre $ 141.669.100 y sería de cerca de $ 566.676. El valor puede cambiar si la exención ya fue usada o según la forma en que se movilicen los fondos.

La retención del 20 % corresponde al impuesto aplicable a la ganancia ocasional y debe quedar registrada en el certificado de pago. El ganador deberá verificar si, con ese ingreso y el resto de su situación económica, cumple las condiciones legales para presentar declaración de renta. En ese caso, tendrá que incluir el premio y la retención practicada en el año gravable en que recibió los recursos.

Casi 33 años después de la muerte de uno de los capos más peligrosos del país, Pablo Escobar, su nombre sigue dando vueltas en la memoria colectiva y en las autoridades colombianas que, en las últimas horas, confirmaron la demolición de uno de los predios vinculados con su historia.

Según informó la Alcaldía de Medellín, ya inició la obra para derrumbar una casa abandonada que tuvo relación con el narcotraficante y que estaría ocasionando problemas de seguridad y orden público en el sector de El Poblado.

Y es que la vivienda permaneció deshabitada poco más de siete años, luego de que el predio de casi 2.000 metros cuadrados quedara bajo control del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), tras un proceso legal cuya decisión fue confirmada en 2020.

Desde entonces, residentes del sector y las propias autoridades denunciaron problemas de seguridad, consumo de drogas y actividades relacionadas con el narcoturismo, por lo que la intervención busca recuperar el espacio y evitar que el inmueble siga asociado con la exaltación del antiguo capo.

La propiedad fue adquirida en 1979 por Victoria Eugenia Henao, esposa de Escobar. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación inició un proceso de extinción de dominio en 2004 que también vinculó otros predios y bienes muebles del capo colombiano.

La vivienda está ubicada en el cruce de la carrera 42 con la calle 16B Sur, en el barrio El Diamante, sobre un terreno de 1.854 metros cuadrados. Según la Secretaría de Seguridad, desde que el lugar quedó bajo control del estado, era utilizado para consumir drogas y licor, realizar encuentros sexuales y, de acuerdo con relatos conocidos por las autoridades, hasta practicar rituales de magia oscura.

“En Medellín no hay lugar para la apología al narcotráfico ni para que inmuebles abandonados se conviertan en escenarios que afectan la seguridad y la convivencia. Hoy comienza la demolición de una propiedad que durante años representó una problemática para la comunidad. Estamos enviando un mensaje claro: en esta ciudad no tiene cabida nada que haga apología al delito”, comentó el alcalde (e) de Medellín, Manuel Villa Mejía.

El inmueble también atraía grupos de visitantes interesados en el narcoturismo y en la figura de Escobar. Las actividades generaron preocupación entre los vecinos por el deterioro de la seguridad y la convivencia en el sector.

“Estábamos detrás de la Alcaldía porque en esta casa venían y hacían ritos satánicos, o venían a consumir y a vender droga. Para nosotros, como vecinos, esto era muy incómodo. Estamos felices con la demolición porque tumbar esta casa era algo que nos habían prometido hace años”, señaló uno de los residentes en diálogo con El Colombiano.

La demolición comenzó después de que el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) emitiera un concepto técnico favorable y la Inspección de Convivencia y Paz autorizara el desmonte. Luego, el Distrito realizó las gestiones ante la SAE para ejecutar la intervención.

“Medellín no puede seguir permitiendo que lugares relacionados con el pasado criminal sean utilizados para promover el narcoturismo o actividades que deterioran la convivencia. La ciudad se construye desde la legalidad, el respeto por los ciudadanos y la recuperación del territorio. Aquí no se glorifica a los delincuentes, se protege a la comunidad”, afirmó el alcalde (e) Manuel Villa Mejía.

Entretanto, queda pendiente conocer el futuro que tendrá el predio de casi 2.000 metros cuadrados que sigue vinculado al narco colombiano. Según se conoció, aunque seguirá en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), no se descarta que el terreno pueda pasar a manos de la Alcaldía de Medellín para adelantar un proyecto de infraestructura.

Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República, advirtió ante el Senado que Colombia podría completar siete años consecutivos sin alcanzar la meta de inflación, fijada en 3%, porque las presiones sobre los precios se intensificaron desde mediados de 2025 y podrían postergar el retorno al objetivo hasta 2028.

“Desafortunadamente no hemos podido cumplir en los últimos cinco años y muy probablemente va a ser el sexto año en que tampoco lo vamos a poder cumplir”, afirmó Villar en la mañana del martes 13 de octubre.

La inflación anual llegó a 6,2% en septiembre, frente al 5,1% registrado al cierre de 2025. La inflación básica, que excluye los alimentos y los precios regulados, también subió hasta 6%, una señal de que las presiones se extendieron a otros componentes de la economía.

El gerente del banco central presentó el diagnóstico durante un debate de control político de la Comisión Tercera del Senado. Allí sostuvo que el país cerrará 2026 con seis años consecutivos por fuera del objetivo y que tampoco lograría cumplirlo en 2027.

El aumento de los precios comenzó a hacerse visible a mediados de 2025 y se aceleró al inicio de 2026, según el Emisor. “La segunda mitad de 2025 y, con mayor fuerza, desde comienzos de 2026, la inflación se aceleró”, dijo Villar.

El gerente vinculó esa evolución con el cambio en el balance fiscal, los mayores costos laborales, el dinamismo del consumo privado y los choques de oferta que afectaron la producción de alimentos y algunos bienes regulados.

El funcionario señaló que el incremento del salario mínimo superó ampliamente la inflación y añadió presión a la economía. “Con una inflación que en ese momento estaba en 5%, el salario mínimo aumentó el 23% y, si se toma por hora, realmente aumentó 28%”, afirmó. Según Villar, esa alza se sumó al incremento del gasto público y se tradujo en presiones inflacionarias, expectativas de mayores precios y un fuerte aumento de la demanda, tanto pública como privada.

Durante el primer semestre de 2026, la demanda interna creció a tasas superiores a 3,5%, mientras que el producto interno bruto avanzó 2,9% en el mismo período. Para el Banco de la República, esa diferencia refleja una brecha positiva del producto que está alimentando las presiones inflacionarias.

La Junta Directiva elevó la tasa de interés de política monetaria en 275 puntos básicos entre enero y junio. En septiembre aplicó otro aumento de 25 puntos básicos y la llevó a 12,25%, con el objetivo de contribuir a que la inflación vuelva gradualmente al nivel establecido por la autoridad monetaria.

Riesgo país elevado frente a economías comparables

El comportamiento del riesgo país fue otro de los asuntos expuestos ante el Congreso. Villar indicó que el indicador cambió desde 2021 por distintos factores y que Colombia pasó de registrar niveles cercanos a los de México a ubicarse por encima de Brasil.

La prima de riesgo colombiana se encuentra por debajo de los niveles observados a comienzos de 2026 y en años anteriores, pero sigue elevada frente a otros países de la región y economías emergentes con características similares, de acuerdo con el Banco de la República.

El endurecimiento de las condiciones externas de financiamiento y el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos podrían generar nuevas presiones sobre esa prima. Esos factores también podrían revertir parte de la apreciación del peso colombiano observada entre mayo y septiembre.

La autoridad monetaria prevé que la inflación siga aumentando en el corto plazo por los efectos de El Niño sobre los alimentos y los bienes regulados. También incluyó entre los riesgos el encarecimiento de la energía, el petróleo y los insumos agrícolas, asociado al conflicto en Medio Oriente.

Aunque el banco central espera que los precios retomen una trayectoria descendente en 2027, considera que el regreso a la meta del 3% podría demorarse hasta 2028. Villar sostuvo que el alcance del programa de ajuste de las finanzas públicas que emprenda el nuevo Gobierno será determinante para el entorno macroeconómico.

En medio de las tensiones que ha generado el anuncio del Gobierno nacional para ingresar nuevamente al Fondo Monetario Internacional para aliviar las cargas fiscales del país, en la mañana del martes 13 de octubre, Alejandro Werner, exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo internacional aplaudió la iniciativa.

En medio de una entrevista concedida a la revista Cambio, el experto aseguró que la nueva alianza, de darse, reduciría los riesgos de corregir los desequilibrios sin respaldo externo. El exdirector del sostuvo que el país está lejos de una crisis como la argentina, pero necesita una estrategia que recupere el orden financiero y refuerce su credibilidad ante los mercados.

La negociación técnica podría durar entre dos y ocho semanas, según el grado de avance de las conversaciones sobre las políticas fiscales y financieras que adoptará el país. Si las partes alcanzan un acuerdo con el equipo técnico del Fondo, el programa y el monto del préstamo pasarán al directorio del organismo para su votación.

Werner, director fundador del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown e investigador senior del Peterson Institute, señaló que Colombia todavía conserva instituciones que la diferencian de los países con crisis prolongadas: un banco central independiente, tipo de cambio flexible, cuenta de capitales abierta y una economía de mercado en funcionamiento. También mantiene acceso a los mercados internacionales de capital.

“El país podría corregir su situación sin el Fondo Monetario Internacional, pero estaría tomando muchos más riesgos de los que necesita”, afirmó Werner a Cambio. A su juicio, un programa respaldado por el organismo haría que el ajuste financiero sea “más creíble y robusto”.

Hasta 18.000 millones de dólares bajo un acuerdo stand-by

Colombia tuvo una Línea de Crédito Flexible desde 2009, un mecanismo reservado para países con fundamentos macroeconómicos sólidos. La pérdida de esos fundamentos fiscales y financieros llevó al país a no solicitar su renovación, dado que ya no cumplía con las condiciones para acceder a ella.

La alternativa que Werner considera probable es un acuerdo stand-by, una modalidad de asistencia financiera condicionada a un programa económico. La cuota colombiana en el Fondo se ubica entre 2.300 millones y 2.400 millones de dólares, por lo que el respaldo podría alcanzar hasta 18.000 millones de dólares, equivalente a seis veces esa participación.

El programa debería partir de una propuesta de las autoridades colombianas sobre la reducción del déficit, que para el próximo año fue anunciado de manera inercial en más de 9%. Esa hoja de ruta definiría qué gastos e impuestos se modificarían, además de las medidas financieras que el Fondo considere necesarias para sostener el ajuste, según indicó el experto.

Las metas pueden ser cualitativas, como la aprobación de una reforma, o cuantitativas, como un objetivo de reducción del déficit. El organismo revisa su cumplimiento de manera trimestral o semestral y puede redefinirlas si las desviaciones responden a factores externos que el país no controla.

Si un gobierno se aparta voluntariamente del programa, el Fondo deja de aprobar los desembolsos. Werner sostuvo que los resultados favorables no dependen únicamente del organismo, sino del compromiso de los países con políticas públicas que corrijan los desequilibrios fiscales y financieros.

El objetivo de un programa exitoso sería que Colombia recupere la capacidad de endeudarse a 10 años a tasas similares a las de siete años atrás, reduzca el riesgo país y mejore su calificación crediticia.

Ese restablecimiento del orden financiero podría favorecer el crecimiento, aunque los problemas estructurales que lo condicionan requieren reformas más complejas y de mediano plazo, según indicó Werner.

“Eso debería ayudar a que el país crezca más, pero ese ya es un paso mucho más ambicioso y un tema de mediano plazo. El objetivo de los programas del FMI es evitar que el país entre en un problema financiero importante y, si entró, sacarlo de él. Uno cree que, si eso se logra, las oportunidades de crecimiento serán mejores para el país. Pero los temas de crecimiento tienen que ver con problemas estructurales, que son aún más complejos de corregir”, comentó el exdirector.

La salida de los abogados Santiago Trespalacios y Astrid Carvajal deja a Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, a la espera de una decisión que puede modificar su medida de aseguramiento: un juez penal del circuito de Medellín deberá establecer si continúa en detención domiciliaria o si pasa a un centro carcelario por el caso de contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

La investigación examina seis contratos celebrados con los Bomberos Voluntarios de Itagüí, en su mayoría para adquirir kits de bioseguridad durante la pandemia. El valor conjunto se acerca a 17.656 millones de pesos, y la Fiscalía General de la Nación calcula que las presuntas comisiones irregulares Miguel Quintero sumaron cerca de 2.481 millones de pesos.

A través de su cuenta oficial de X, Trespalacios informó que la separación fue consensuada con el procesado y que el vínculo contractual finalizó bajo los mejores términos.

“Tras dialogar con Miguel Quintero, decidimos de mutuo acuerdo que tanto Astrid Carvajal como yo no continuaremos participando en su defensa”, escribió. También agradeció a Quintero y a su familia por la confianza, y les deseó éxito en la defensa de su inocencia.

Quintero Calle fue imputado por interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. No ha aceptado los cargos y sostiene que el proceso responde a una persecución política.

Fiscalía y víctimas piden que Quintero vaya a prisión

Un juez de control de garantías ordenó el 2 de octubre que Quintero permaneciera en su residencia. La decisión se basó en una “inferencia razonable” de su posible participación en los hechos investigados; no equivale a una condena.

La Fiscalía, la Procuraduría y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, reconocida como víctima, recurrieron la medida. Las tres partes solicitan una detención intramural.

En la sustentación de la apelación, el 5 de octubre, el ente acusador señaló que el arresto en casa restringe los traslados del imputado, aunque no sus comunicaciones. Según su planteamiento, esos contactos habrían sido esenciales en las conductas investigadas. Añadió que el Código de Procedimiento Penal excluye la detención domiciliaria en casos de peculado por apropiación cuya cuantía exceda 50 salarios mínimos.

La Fiscalía atribuye a Quintero un presunto papel de determinador en el direccionamiento contractual, es decir, de quien habría inducido a otros a ejecutar los hechos. Su hipótesis indica que la comisión pactada bajó del 20% al 15% de cada contrato.

De los recursos que, según la investigación, se habrían obtenido por ese mecanismo, unos 1.653 millones de pesos habrían sido destinados a Quintero. La Fiscalía calcula además 693 millones de pesos para el exsubdirector administrativo y financiero Álvaro Villada y 133 millones para Sebastián Ortega Urán, señalado como enlace entre los bomberos, funcionarios y el imputado.

La segunda instancia también revisará la situación de Sebastián Ortega

Ortega quedó en libertad tras la audiencia inicial, pues el juez concluyó que no estaban demostrados los riesgos de fuga u obstrucción de la justicia necesarios para imponerle una medida intramural. El Área Metropolitana apeló igualmente esa determinación y afirmó que habría ejercido presiones sobre testigos.

El juzgado penal del circuito dispone, en principio, de diez días hábiles para decidir los recursos, aunque los plazos pueden prolongarse. Según información conocida por la revista Semana, la segunda instancia debe resolver el 23 de octubre si Quintero y Ortega ingresan a prisión, como lo piden la Fiscalía, la Procuraduría y las víctimas.

Chats y testimonios integran las pruebas que evalúa la Fiscalía

La formulación de imputación contra Quintero fue avalada el 15 de septiembre de 2026. Dentro del expediente, Misael Cadavid, exjefe de los Bomberos Voluntarios de Itagüí, figura como principal testigo de la Fiscalía. Juan Alberto Cardona, extesorero de esa institución, fue condenado después de suscribir un preacuerdo con la justicia.

Un informe de policía judicial incorporó conversaciones de grupos de WhatsApp en las que, de acuerdo con los investigadores, Quintero era mencionado como “Mr. M” o “nuestro jefe”. En esos chats aparecían Villada y Laura María Mejía, funcionaria del Área Metropolitana que recibió un principio de oportunidad a cambio de colaborar como testigo.

De acuerdo con El Tiempo, mensajes atribuidos a Mejía aluden a una excontratista que habría sugerido modificar información para que las cuentas parecieran correctas. La Fiscalía ha advertido que los elementos reunidos hacen parte de una acusación que todavía se construye y deberán probarse en juicio.

Alejandro De Bedout, presidente del Concejo de Medellín, cuestionó en X la defensa de Quintero. “¡SE QUEDÓ SOLO EL RATÓN MIGUELITO!”, publicó, y añadió que los abogados no habrían compartido su versión de ser víctima de una persecución política.

El expediente forma parte de las investigaciones por presunta corrupción en entidades de Medellín y su área metropolitana durante la administración anterior. Los datos conocidos dan cuenta de más de 55 personas procesadas.

La poeta colombiana Piedad Bonnett obtuvo el XXIII Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada-Federico García Lorca, un reconocimiento a su trayectoria que coincide con la aspiración de la ciudad andaluza de ser Capital Europea de la Cultura en 2031.

El galardón distingue la obra de autores vivos que han contribuido al desarrollo, la renovación y la difusión de la poesía en español.

La colombiana había postulado sus obras durante años sin éxito. De hecho, existen registros de que su trabajo literario ya aparecía en las consideraciones del premio desde el 2007, apenas 4 años después de que el país europeo lanzara el premio internacional.

Nacida en el municipio de Amalfi, Antioquia, en 1951, Bonnett ha desarrollado una carrera como poeta, novelista, dramaturga y crítica literaria. El jurado destacó su exploración de la condición humana y una escritura que aborda la realidad con valentía y precisión.

La decisión fue adoptada por representantes de instituciones culturales, académicas y literarias vinculadas al certamen español, reunidos en el Centro Federico García Lorca. Las bases de la convocatoria habían sido aprobadas por la Junta de Gobierno Local el 22 de mayo de 2026.

Una obra sobre la pérdida, el miedo y la fragilidad

La producción de Bonnett incluye De círculo y ceniza, su primer poemario, además de Lo que no tiene nombre, Tretas del débil y Poesía reunida, que recorre la evolución de su voz poética. A lo largo de su carrera recibió el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y el Casa América de Poesía Americana.

La alcaldesa de la ciudad de Granada, Marifrán Carazo, valoró la elección de la escritora antioqueña y sostuvo que su obra ocupa un lugar propio en la literatura contemporánea en español.

“Tal y como ha destacado el jurado, Piedad Bonnett ha escrito sobre aquello que tantas veces nos cuesta nombrar: la pérdida, el miedo, la fragilidad, las contradicciones del amor y la dificultad de vivir. Y lo ha hecho sin sentimentalismo, sin complacencia y sin renunciar nunca a la exigencia poética”, señaló la mandataria española durante la ceremonia de premiación.

El jurado estuvo integrado por representantes de la Fundación Federico García Lorca, el Departamento de Literatura Española de la Universidad de Granada, la Academia de Buenas Letras de Granada, la Residencia de Estudiantes, el Instituto Cervantes, la Asociación Internacional de Hispanistas y Casa de América. También participaron un crítico literario del diario ABC y Fundación ”la Caixa”.

La secretaría correspondió al concejal delegado de Cultura del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra. Durante la constitución del órgano, sus integrantes recordaron a Juan Ramón Ferreira, quien había presidido el fallo de la edición anterior.

La edición reunió propuestas procedentes de España y de 13 países de América Latina: Argentina, Colombia, Cuba, México, Nicaragua, Bolivia, El Salvador, Venezuela, Perú, Uruguay, Chile, Puerto Rico y Paraguay. La convocatoria congregó tradiciones literarias y generaciones poéticas de territorios unidos por el español.

Instituido en 2004, el premio cuenta con el apoyo de Fundación La Caixa y se ha consolidado como un reconocimiento a la trayectoria poética en el ámbito hispánico. El Ayuntamiento de Granada señaló que la distinción a Bonnett se vincula con la candidatura cultural de la ciudad para 2031 y con su condición de Ciudad de la Literatura de la Unesco.

“El Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada-Federico García Lorca contribuye a fortalecer este legado y a proyectarlo hacia el futuro, conectando la tradición literaria de la ciudad con las voces más relevantes de la poesía contemporánea”, comentaron desde la administración de Granada, España.

Bonnett se suma a una lista de ganadores integrada por Ángel González, José Emilio Pacheco, Blanca Varela, Francisco Brines, José Manuel Caballero Bonald, Rafael Guillén, Rafael Cadenas, Ida Vitale, Pere Gimferrer, Darío Jaramillo, Julia Uceda, Luis Alberto de Cuenca, Raúl Zurita y Circe Maia. En 2025, el reconocimiento fue concedido al poeta, filólogo y ensayista Jaime Siles.

Durante varias semanas algunos propietarios de vehículos en la capital encontraron sobre sus vehículos unos moños gigantes después de que los dejaran mal estacionados en vías públicas sin ningún tipo de supervisión.

Los denominados moños amarillos Bogotá formaron parte de la campaña No se la pongamos fácil a la delincuencia, impulsada por el Distrito y la Policía Metropolitana para advertir sobre el riesgo de hurto que enfrentan carros y motocicletas parqueados en la vía pública.

La estrategia se concentró en lugares donde el mal parqueo es una infracción recurrente. César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, explicó que la iniciativa busca que los conductores identifiquen la relación entre dejar un vehículo en sitios no vigilados y facilitar oportunidades para los delincuentes.

“Durante las últimas dos semanas ustedes han visto cómo algunos carros, algunas motocicletas en lugares de la ciudad donde el mal parqueo es una norma infraccionada recurrentemente. Hemos llamado la atención sobre lo que hoy lanzamos: la campaña ‘No se la pongamos fácil’”, señaló en su momento el secretario.

Según cifras oficiales, siete de cada diez robos de automóviles y motocicletas en la ciudad ocurren mediante la modalidad de halado, según indicó el funcionario. El método consiste en llevarse un vehículo estacionado mientras su propietario se distrae durante unos minutos, sin que advierta de inmediato el hurto.

El hurto de vehículos y los riesgos del parqueo en la calle

La Secretaría de Seguridad reportó una reducción del 9% en el robo de automotores y del 6% en el hurto de motocicletas en Bogotá durante 2026. Pese a esa baja, las autoridades mantienen la alerta sobre prácticas que pueden exponer a los propietarios.

Restrepo señaló que algunas personas que ofrecen cuidar vehículos en la calle pueden recopilar información sobre los movimientos de los conductores y suministrarla a quienes cometen los robos. El secretario describió esa conducta como una forma de inteligencia criminal: observan hacia dónde se dirige el propietario y cuánto tiempo permanece fuera.

El riesgo también incluye el uso de “controles universales”, dispositivos sobre los que la Policía Metropolitana de Bogotá había advertido semanas antes. Las autoridades los identificaron entre las herramientas empleadas para facilitar el acceso a los vehículos.

La campaña apunta a que los ciudadanos eviten estacionar en lugares no verificados y recurran a parqueaderos. “Lo que queremos es que todos los ciudadanos entendamos la importancia de no mal parquear, de buscar un parqueadero, de tener absoluto cuidado de nuestras pertenencias”, dijo Restrepo.

El debate sobre la responsabilidad estatal y ciudadana

La iniciativa abrió cuestionamientos sobre las condiciones urbanas que llevan a muchos residentes a dejar sus vehículos en la calle. En varias urbanizaciones del occidente de Bogotá, la oferta de parqueaderos es insuficiente, por lo que el estacionamiento en vía pública no siempre responde al descuido del conductor.

Según indicó el director del GovLab de la Universidad de La Sabana, Omar Oróstegui, el moño puede advertir sobre un riesgo, pero no crea nuevos espacios de parqueo ni desarticula las organizaciones dedicadas al hurto, la receptación y el comercio ilegal de autopartes. La prevención individual puede reducir la exposición, aunque no reemplaza las labores de inteligencia criminal ni la persecución de quienes cometen los delitos.

“Una campaña de cultura ciudadana exige un modelo de intervención social bien planificado. Poner moños puede atraer miradas, pero no demuestra por sí solo un cambio de conducta ni una reducción del hurto”, señaló el experto en una columna de opinión para El Tiempo.

Por su parte, Restrepo insistió en que combatir el hurto exige participación de las autoridades y de la ciudadanía. También pidió no adquirir repuestos en establecimientos no oficiales, una recomendación dirigida a evitar que la demanda de piezas de procedencia irregular alimente el mercado asociado al robo de vehículos.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella presentó un Presupuesto General de la Nación para 2027 de $ 634,9 billones, que avanza en el Congreso con recortes previstos para al menos 20 sectores y entidades, mientras una parte sustancial del aumento queda concentrada en el servicio de la deuda pública.

El desbalance de las finanzas públicas llegaría a 9,5% del PIB, unos $190 billones, durante 2027. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal estima que los ingresos no crecerían de forma significativa en términos reales, aunque el gasto sí aumentaría.

Las comisiones económicas de Senado y Cámara aprobaron el 14 de septiembre el monto para la próxima vigencia, después de que el Ejecutivo presentara a finales de agosto una propuesta superior en $ 59,9 billones a los $ 575 billones radicados inicialmente por la administración de Gustavo Petro.

Los sectores con menores recursos para 2027

El Ministerio de la Igualdad y Equidad tendría la mayor reducción presupuestal tras entrar en liquidación. Su asignación pasaría de $ 12,1 billones a $ 0,1 billones: una caída de $ 12 billones, equivalente a 98,9%.

La disminución está ligada a la reorganización institucional y al traslado de funciones hacia Inclusión Social y Reconciliación. Por esa razón, el recorte no implica necesariamente la eliminación de las políticas que antes recibían recursos a través de ese ministerio, según un análisis adelantado por El Colombiano.

La Presidencia de la República registraría el segundo mayor ajuste: bajaría de $10,2 billones en 2026 a $2,3 billones en 2027, una reducción de $7,9 billones o 77,2%. Parte de la diferencia responde a que el sector administró durante este año recursos extraordinarios de la Ungrd para atender la emergencia por frentes fríos.

Minas y Energía pasaría de $14,3 billones a $7,5 billones, con una reducción de $6,8 billones, equivalente a 47,4%. Deporte y Recreación bajaría de $ 0,5 billones a $ 0,3 billones, una caída de 43,8%, aunque después del último debate se adicionaron recursos cuyo monto actualizado no estaba disponible.

Planeación tendría $1,2 billones, frente a los $1,9 billones de 2026, una disminución de $0,7 billones o 37,3%. Agricultura y Desarrollo Rural pasaría de $4,4 billones a $2,8 billones, con $1,6 billones menos, equivalente a 36,5%, de acuerdo con cálculos del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.

La Jurisdicción Especial para la Paz solicitó al Congreso mantener los $ 821.803 millones previstos inicialmente por el Gobierno para su operación en 2027. La entidad había advertido que esa cifra ya suponía un faltante de $ 125.839 millones frente a los $ 947.642 millones requeridos.

El proyecto aprobado en primer debate contempla otros $170.000 millones de reducción para la JEP: $140.000 millones menos para inversión y $30.000 millones menos para funcionamiento. Su presupuesto quedaría en $651.803 millones, $129.667 millones por debajo del asignado en 2026.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) tendría alrededor de $148.400 millones menos que este año, una reducción de 56%. Los ajustes todavía pueden cambiar durante el trámite en las plenarias de Cámara y Senado.

La deuda, el mayor aumento dentro del presupuesto

El servicio de la deuda pública concentraría el principal incremento del proyecto: recibiría $48,6 billones más que en 2026, un aumento de 46,9%, según el análisis del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.

Inclusión Social y Reconciliación tendría el segundo mayor aumento. Recibiría $25,2 billones, $11,1 billones adicionales frente a la vigencia anterior, con un crecimiento de 78,2% explicado principalmente por la incorporación de programas y funciones antes asignados a Igualdad y Equidad.

El Ministerio de Hacienda aumentaría su presupuesto en $10,4 billones, equivalentes a 29,7%, hasta llegar a $ 45,5 billones. Trabajo recibiría $ 66,9 billones tras un incremento de $ 6,3 billones, o 10,4%, asociado en gran medida al mayor costo del pago de pensiones.

Defensa y Policía tendría $74,9 billones, $4,2 billones más que en 2026, con un aumento de 6%. Aunque sus incrementos quedan por debajo de los registrados por deuda pública, Hacienda e Inclusión Social en términos absolutos, ambos sectores conservarían algunas de las asignaciones más altas.

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones elevaría sus recursos en $ 0,4 billones, un incremento de 15,6%, hasta alcanzar $ 2,8 billones en 2027. Educación, salud, defensa y trabajo se mantendrían entre los sectores que reúnen una porción amplia de los recursos.

El Ejecutivo diseñó una estrategia en tres etapas: el presupuesto de 2027, una Ley de Rescate Económico y medidas estructurales que quedarían incorporadas en el Plan Nacional de Desarrollo. La ley buscaría reducir el déficit primario en 2,2 puntos porcentuales del PIB durante el próximo año, cerca de $ 42 billones.

El Gobierno también prevé para este año un ajuste equivalente a un punto del PIB, unos $ 21 billones. Si se materializan ambas medidas, la reducción acumulada superaría tres puntos del PIB y todavía haría falta un ajuste cercano a dos puntos para 2028.

Apenas horas después de que se conocieran las fuertes declaraciones de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Angie Rodríguez sobre un presunto caso de chantaje contra el expresidente Gustavo Petro, las reacciones no se hicieron esperar.

De hecho, el exmandatario apareció en la mañana del martes 13 de octubre en su cuenta de X rechanzando la versión de Rodríguez en la que, incluso, comentó que fue agredido físicamente por Verónica Alcocer.

En su pronunciamiento, Petro aseguró que nunca mantuvo una relación de cercanía con la exfuncionaria del Dapre, por lo que no es posible que ella pueda concluir que existió una presunto chantaje por parte de la exembajadora en Reino Unido Laura Sarabia.

Además, insistió en que los constantes ataques en su contra por parte de Rodríguez harían parte de un “resentimiento”, aunque no especificó los motivos que la habrían llevado a tomar esa postura frente a su gobierno.

“Puede creerse que ha encontrado una historia pero solo ha logrado una historia del resentimiento enfermo. Jamás he sentido algún tipo de chantaje de Laura Sarabia, no veo porque tendría que existir”, señaló Petro.

En su mensaje, el expresidente también señaló que ni él, ni la excanciller, tuvieron un contacto previo con Angie Rodríguez que pudieran acercarla a la relación laboral y personal que mantuvieron durante su paso por la Casa de Nariño.

“Y menos que una persona que nunca laboró en mi oficina y que ni me conocía personalmente ni conocía a Laura tenga alguna base real para hacer esas afirmaciones”, concluyó Petro.

Las palabras del exmandatario se dan después de que el domingo 12 de octubre, la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia Angie Rodríguez asegurara que Laura Sarabia habría chantajeado al presidente Gustavo Petro para que la nombrara embajadora de Colombia en el Reino Unido, mediante supuestas fotografías y videos sobre asuntos personales del mandatario.

En una entrevista otorgada a Caracol Radio, Rodríguez sostuvo que, tras la salida de Sarabia de la Cancillería, Petro le consultó qué sedes diplomáticas estaban disponibles porque debía asignarle un cargo fuera del país. Según su relato, el mandatario le expresó: “Acá está Laura otra vez y se descompuso. Toca ubicarla como sea”.

La exfuncionaria afirmó que inició contra su voluntad el proceso para designar a Sarabia en Londres. Al explicar por qué Petro habría aceptado el nombramiento, dijo: “Yo me di cuenta de qué estaba pasando, que ella lo estaba chantajeando en el celular. Y tenía que sí o sí nombrarla”.

Rodríguez aseguró que Sarabia “sí tiene fotos, sí tiene videos” y material sobre lo que hacía Petro, aunque no precisó el contenido de esos archivos. También explicó que decidió hablar después de sentirse subestimada dentro del Gobierno: “Gracias a Dios estoy viva para poder contar y voy a seguir contando más cosas”.

Las acusaciones sobre el poder de Sarabia en la Presidencia

La exdirectora del Dapre describió a Sarabia como una figura con influencia decisiva sobre el funcionamiento de la Presidencia y la relación de Petro con su gabinete. “La presidenta era ella”, afirmó Rodríguez, quien la calificó como “un monstruo”, “fría, calculadora, controladora” y “estratega”.

Según su versión, esa dinámica limitaba el acceso directo de los ministros al presidente. Rodríguez también relató que Petro le reprochó haberlo “esclavizado de la agenda”, debido a que ella buscaba sostener una programación institucional de trabajo distinta de la que, dijo, existía antes de su llegada al cargo.

Consultada por las actividades que podrían explicar las ausencias del mandatario, mencionó a mujeres y “otros excesos”, sin detallar conductas concretas. Ante una pregunta sobre drogas, respondió que se refería a “otras cosas que eran excesos, que no estaban bien”.

Rodríguez además vinculó a Verónica Alcocer, exprimera dama, con Sarabia en supuestas decisiones sobre nombramientos y contratación. Afirmó que ambas habrían promovido el alejamiento de Armando Benedetti del entorno presidencial al considerarlo una amenaza.

La exfuncionaria sostuvo que Benedetti tuvo un papel determinante en la victoria de Petro en la segunda vuelta electoral, pero que luego fue aislado del presidente. “Ellas dos sacan a Benedetti del Gobierno”, declaró.

Tres días después de que la Fiscalía General de la Nación anunciara la captura de cinco presuntos integrantes de la banda Los Chagüendo se conocen nuevos detalles del modus operandi con el que habrían secuestrado y torturados a sus víctimas en la capital del país.

De hecho, durante las diligencias para determinar la medida de aseguramiento contra los capturados, se conoció la historia de Valery, de 19 años, y de un menor de edad que pasaron siete horas retenidos en una vivienda del barrio Altavista, en el sur de Bogotá, después de acudir a una oferta de trabajo que resultó ser falsa.

Según expuso el ente acusador, sus familias recibieron llamadas y audios por WhatsApp con exigencias de dinero para liberar a los jóvenes, presiones con las que la banda logró obtener 1,5 millones de pesos.

El caso ocurrió el 13 de mayo de 2025. El menor había aceptado la propuesta laboral y llegó con Valery a una casa de la localidad de San Cristóbal, a las 2:00 p. m. Sin embargo, lo que se presentó como una cita para trabajar derivó, según la investigación, en una retención y en contactos con sus parientes para reclamar el pago.

Los testimonios de los dos jóvenes, revelados por El Tiempo, describen agresiones físicas y psicológicas durante el cautiverio. La Fiscalía General de la Nación afirmó que al menor le sumergieron la cabeza en un inodoro, lo asfixiaron con una bolsa plástica, le causaron una quemadura en un brazo con un cuchillo caliente y lo golpearon de forma reiterada con la cacha de un arma de fuego.

““Félix y Jerson Chagüendo, Barrios Cristancho, Carlos Parra y Blanco Guacaneme, actuaron de manera conjunta con tareas previamente acordadas para ejecutar un plan criminal y retener ilegalmente a las víctimas con el fin de obtener un provecho económico ilícito”, señaló la Fiscalía durante las diligencias.

Los jóvenes salieron de la vivienda hacia las 9:00 p. m., una vez que sus familiares realizaron el pago. Después de recuperar la libertad, la familia denunció que recibió amenazas para impedir que acudiera a las autoridades.

“Los señalados ejercieron actos de violencia física al menor de edad mediante inmersión forzada de su cabeza en un inodoro, asfixiándolo con una bolsa plástica en la cabeza, con quemaduras en un brazo con un cuchillo caliente y reiterados golpes con la cacha de un arma de fuego”, comentó el ente acusador al juez, según revelaciones de El Tiempo.

Cinco hombres fueron capturados por el secuestro de los jóvenes

El 29 de septiembre, las autoridades capturaron en Bogotá y Pereira a cinco presuntos integrantes de Los Chagüendos, organización señalada de atraer a jóvenes mediante falsas ofertas de empleo difundidas en redes sociales. La Fiscalía les atribuye haber participado en la privación ilegal de la libertad de Valery y el menor con el propósito de obtener un beneficio económico.

Los detenidos son Carlos Andrés Parra, Ómar Barrios Cristancho, Jerson Ricardo Chagüendo, Jonnathan Javier Blanco Guacaneme y Félix Eduardo Chagüendo Sierra, a quien las autoridades identifican como cabecilla de la estructura. Fueron imputados por secuestro extorsivo en concurso heterogéneo sucesivo y hurto calificado y agravado, y permanecen detenidos mientras avanza el proceso judicial.

La investigación, que incluyó un año de seguimientos e interceptaciones telefónicas, apunta a que Los Chagüendos ejercían control territorial sobre la venta de drogas en el barrio Altavista. Además, la estructura contaría con una bodega para guardar armas de fuego que serían usadas en hurtos en Bogotá.

La Fiscalía contempla que otros integrantes del grupo permanezcan en libertad y prevé nuevas capturas dentro de la investigación.

Entretanto, la Policía Nacional logró la captura de la banda luego de un seguimiento de un año que, entre otros métodos, acudió a la interceptación de comunicaciones en las que los responsables habrían exigido millonarias sumas.

El ELN habría ampliado su margen de acción en la Alta Guajira tras la caída de alias Bendito Menor, ocurrida el 4 de septiembre junto a su pareja, alias La Bebecita, y dos escoltas, que debilitó fuertemente la estructura de Los Pachenca.

De hecho, una investigación adelantada por el diario El Colombiano consultó fuentes de las comunidades de Nazareth y Siapana, que señalaron que el debilitamiento de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) abrió espacio para nuevos hombres armados y controles en comunidades del norte de Uribia.

Todo parece indicar que la salida parcial de las Acsn no implicó que el Estado retomara el control del territorio ni que desaparecieran las economías ilegales. El reacomodamiento ocurre en una zona conectada con Venezuela, donde la guerrilla ya mantenía una presencia histórica vinculada al narcotráfico hacia el Caribe y a negocios transfronterizos.

La subestructura Javier Cáceres, a la que pertenecía Bendito Menor, tenía cerca de 170 integrantes entre hombres armados y redes de apoyo. Sus rentas principales provenían de la extorsión, el narcotráfico, el control de corredores y el tráfico de armas.

Sin embargo, la ofensiva contra la organización comenzó antes de la muerte de su jefe. En abril de 2026, nueve integrantes de su anillo de seguridad y de su red de apoyo fueron abatidos en la vereda Kamuishisain, en Uribia, durante una operación que el Ejército presentó como un golpe decisivo contra el frente Javier Cáceres.

Después se produjeron nuevas capturas y, el 21 de septiembre, fue detenido alias Cholo, identificado como segundo cabecilla de las Acsn. Días más tarde, el Gobierno ordenó el traslado de 76 personas recluidas en cárceles del Caribe por sus presuntos vínculos con la estructura, al considerar que podían continuar impartiendo órdenes desde prisión.

Una fuente con conocimiento de Nazareth sostuvo a El Colombiano que las células de las Acsn presentes en la Alta Guajira y en el casco urbano de Uribia comenzaron a retirarse después de esos golpes. Ese repliegue habría dejado disponible un territorio en el que otros grupos armados ya contaban con capacidad de actuación.

El Clan del Golfo también habría intentado aprovechar el escenario, en medio de su disputa con las Acsn, pero encontró al ELN instalado en la zona, según una de las fuentes consultadas.

Paula Tobo, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz, explicó al medio nacional que La Guajira no está dominada por una sola estructura armada. El departamento reúne al menos cuatro actores con algún grado de influencia y la presencia predominante cambia según la subregión.

Las Acsn han tenido una incidencia fuerte en sectores asociados con Dibulla y Riohacha, mientras que el ELN adquiere mayor presencia hacia la frontera con Venezuela. Para la investigadora, la actuación de esa guerrilla en La Guajira es más discreta que en el Catatumbo y no reproduce el modelo de confrontación abierta que mantiene allí contra el Frente 33.

La frontera con Venezuela, área histórica de influencia guerrillera

El ELN no habría llegado a la Alta Guajira después de la muerte de Bendito Menor. La Alerta Temprana de Inminencia 013-26, emitida por la Defensoría del Pueblo en junio de 2026, describió una disputa entre las Acsn, el ELN, la Segunda Marquetalia y estructuras criminales locales.

La Defensoría advirtió que Los Pachenca buscaban consolidarse en Maicao, un movimiento que chocaba con el dominio que se atribuía al ELN. El organismo identificó a La Majayura y Carraipía como áreas de control hegemónico de esa guerrilla.

Tobo ubicó la principal concentración del grupo armado en Maicao y otros municipios cercanos a Venezuela, aunque aclaró que no se trata de un control comparable al ejercido por el ELN en el Catatumbo. El foco de confrontación más importante del departamento continúa alrededor de Magdalena, Dibulla y Riohacha, en la disputa entre las Acsn y el Clan del Golfo.

En las zonas donde coinciden el Clan del Golfo y el ELN se registran hechos violentos y señales de tensión, pero sin la frecuencia ni la magnitud necesarias para clasificarlos como una disputa territorial consolidada. La investigadora caracterizó el escenario como una coexistencia atravesada por el desorden criminal.

Una de las fuentes describió un corredor desde Castilletes, pasando por Puerto López, Flor del Paraíso, Wimpeshi y Siapana, hasta Punta Espada, con conexión hacia la frontera venezolana. En el último mes, agregó otra fuente, se habrían producido retenciones sucesivas de jóvenes: algunos fueron interrogados y regresaron a sus hogares, mientras que otros no habrían vuelto.

Julio César Triana, representante a la Cámara de Cambio Radical por Huila, propuso eliminar la excepción que permite a los candidatos presidenciales conservar los anticipos estatales de campaña aunque no alcancen el umbral electoral.

La iniciativa busca modificar el artículo 22 de la Ley 1475 de 2011, que otorga a estas campañas un trato distinto al de otras elecciones y que el congresista ha considerado como un “mico” a las normas electorales, según información obtenida por la revista Semana.

La discusión volvió al Congreso durante las revisiones de los gastos declarados por aspirantes de la campaña pasada. Varios candidatos recibieron anticipos superiores a 4.000 millones de pesos, pese a que no lograron una opción real de avanzar a la segunda vuelta.

Según datos revisados por el medio nacional, Sondra Macollins obtuvo un anticipo de 4.500 millones de pesos, la misma cifra que recibió Santiago Botero y Mauricio Lizcano. Claudia López recibió 4.000 millones, mientras que Sergio Fajardo obtuvo 4.067 millones de pesos.

Ninguno de los primeros cuatro aspirantes superó el umbral electoral. Fajardo fue el único que lo alcanzó, aunque no consiguió pasar a la segunda vuelta, y sus gastos no han generado cuestionamientos.

El caso de Santiago Botero concentra parte de la polémica por la velocidad con la que se utilizaron los recursos. Su campaña, avalada por el Grupo Significativo de Ciudadanos Romper el Sistema, solicitó al Consejo Nacional Electoral el reconocimiento del anticipo estatal para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026.

La resolución del Consejo Nacional Electoral fue conocida por Semana. Botero había asegurado que era millonario y que contaba con más de 70.000 millones de pesos para financiar su aspiración, pero pidió el anticipo público y lo gastó en nueve días.

El giro se realizó el 22 de mayo de 2026, nueve días antes de la primera vuelta. Durante la última semana previa a la elección, la ley prohíbe hacer campaña abiertamente.

Ante las polémicas, Julio César Triana cuestionó que la norma permita conservar esos fondos incluso cuando las campañas no cumplen las condiciones electorales requeridas. “En las presidenciales de este año, varios candidatos usaron este ‘mico’ para no devolver más de 4.500 millones de pesos del erario. Es absolutamente necesario revisar y eliminar esta excepción”, afirmó.

El congresista sostuvo que existe una diferencia sin justificación frente a los demás procesos electorales que, entre otras, obliga a los candidatos a reintegrar los dineros públicos en caso de no obtener la votación mínima vigente para esos comicios.

“No es razonable que, mientras que el resto de elecciones exista la obligación de reintegrar los anticipos cuando no se cumplen las condiciones legales, las campañas presidenciales cuenten con un tratamiento diferenciado que puede comprometer importantes recursos del erario”, señaló el congresista.

La propuesta de una nueva ley estatutaria

El artículo 22 de la Ley 1475 de 2011 fue declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional. La norma contempla que los aspirantes presidenciales no deben devolver los anticipos otorgados por el Estado, incluso si no alcanzan el umbral.

Triana plantea que el Congreso expida una ley estatutaria para corregir esa excepción y establecer mecanismos de recuperación y control sobre los recursos públicos. “Los recursos de los colombianos no pueden quedar exentos de mecanismos efectivos de recuperación y control. Hay que eliminar este mico con un proyecto de ley estatutaria que atienda los criterios de la Sentencia C-490 de 2011 de la Corte Constitucional. Los recursos sagrados de la ciudadanía no pueden seguir siendo botín de campañas fallidas”, reiteró.

Por su parte, el senador del Centro Democrático Hernán Cadavid respaldó una posición similar y anunció que mantendrá su iniciativa para eliminar los anticipos en las consultas interpartidistas.

“Los recientes casos conocidos sobre la reposición de gastos de campaña confirman que vamos por el camino correcto al proponer eliminarla en las consultas interpartidistas. Este es apenas el comienzo. Tenemos la decisión de acabar con los abusos en la política”, señaló.

Las propuestas serán debatidas en el Congreso y podrían derivar en una ley estatutaria para reglamentar los anticipos en las campañas presidenciales.

Brians David Arnache Moreno, Rosendo Duarte Ureña y Juan Carlos Patiño Ramírez, acusados de dos secuestros ocurridos en Santander en 2019, quedaron libres de forma provisional el 30 de septiembre y el 9 de octubre, después de que sus abogados acreditaran que habían transcurrido más de 500 días desde el inicio de los juicios orales sin sentencia.

Según información divulgada por Caracol Radio, uno de los procesos corresponde al secuestro de Diego Andrés Patiño Rincón, un finquero de 30 años retenido el 2 de abril de 2019 en la vereda Puerto Limón, de Sabana de Torres. Tres días después, los responsables huyeron del lugar ante la presión de las autoridades.

Patiño Ramírez, primo de la víctima, fue detenido en mayo de 2022 durante un operativo del Gaula del Ejército Nacional y del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía. Enfrenta cargos por secuestro extorsivo atenuado, extorsión y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego; además, solicitó por primera vez la libertad por vencimiento de términos en mayo de 2026.

El Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Bucaramanga ordenó la libertad de Arnache Moreno y Duarte Ureña el 30 de septiembre. El Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga tomó la misma decisión respecto de Patiño Ramírez el 9 de octubre.

El otro expediente se relaciona con el secuestro de Mayerly Santos Calderón, empresaria de la palma de aceite, ocurrido el 28 de mayo de 2019 en una estación de servicio de Sabana de Torres. Los captores exigían $ 9.000 millones por su liberación, pero el Gaula de la Policía Nacional la rescató 47 días después en un apartamento del barrio Kennedy, en el norte de Bucaramanga.

Arnache Moreno y Duarte Ureña fueron detenidos por ese caso, en el que se utilizó un vehículo asignado a la Unidad Nacional de Protección (UNP). Andelfo Tarazona Martínez, otro procesado, fue condenado en 2024 a 28 años de prisión por secuestro extorsivo agravado.

En la audiencia del 30 de septiembre, los representantes de las víctimas se opusieron a la libertad y alegaron que estaba pendiente una apelación sobre una solicitud similar presentada por otro procesado.

Ejército y Policía frenan explotación minera en zona ambiental de Girón, Santander: 14 capturados

En una zona de importancia ambiental de Girón, en Santander, fueron capturadas 14 personas señaladas de estar presuntamente vinculadas con actividades de minería ilegal. El procedimiento se adelantó en el sector de la Escarpa Occidental, en inmediaciones del Río de Oro, en un área de propiedad de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (Cdmb).

El operativo fue realizado por tropas del Batallón de Ingenieros de Combate Nº. 5 Coronel Francisco José de Caldas, en coordinación con unidades de Carabineros de la Policía Nacional.

Las 14 personas fueron capturadas en flagrancia y, según el reporte oficial, estarían presuntamente vinculadas al grupo de delincuencia organizada denominado Gold Faver.

Incautaron equipos que serían utilizados para la minería ilegal

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron seis motobombas, cinco palas, seis bateas, dos azadones, una maceta, una barra y 20 metros de manguera de tres pulgadas. Estos elementos, según las investigaciones preliminares, serían utilizados para desarrollar actividades de explotación minera en el sector.

Los capturados quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes y deberán responder por los presuntos delitos de daño en los recursos naturales y explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales.

Las autoridades buscan establecer el alcance de estas actividades en la zona, teniendo en cuenta que el procedimiento se llevó a cabo en inmediaciones de una fuente hídrica y en terrenos de importancia ambiental para el área metropolitana de Bucaramanga.

En medio de los ajustes propuestos por el Gobierno nacional para reforzar la austeridad en lo que queda de 2026 y ajustar el Presupuesto General de la Nación para el 2027, llegan nuevas críticas al Ejecutivo por la posible desfinanciación que sufrirían más de la mitad de las notarías que existen en Colombia.

En una denuncia conocida por Infobae Colombia en la mañana del lunes 12 de octubre, los notarios subsidiados del país alertaron que cerca de 500 notarías podrían suspender la atención al público por dificultades en la transferencia de los recursos que permiten su funcionamiento.

El gremio pidió al Gobierno nacional y a la Superintendencia de Notariado y Registro adoptar medidas para asegurar la continuidad del servicio en municipios rurales y apartados.

La advertencia se concentra en las oficinas que operan en municipios pequeños, territorios donde funcionan Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac) y regiones de difícil acceso.

Según el pronunciamiento conocido por este medio, la afectación recaería sobre comunidades que dependen de esas sedes para realizar trámites notariales sin tener que trasladarse a otros municipios.

Las notarías rurales cumplen una función de acceso a trámites esenciales

Los notarios sostuvieron que, en varios de esos territorios, la notaría constituye una de las principales expresiones de la presencia institucional del Estado. Por esa razón, señalaron que una eventual interrupción del servicio impactaría de forma directa a habitantes de áreas rurales y a poblaciones alejadas de los centros urbanos.

“Los notarios subsidiados de Colombia le hacen un llamado urgente al Gobierno Nacional. Señor presidente Abelardo de la Espriella, ministro de Justicia, ministro de Hacienda, Superintendente de Notariado y Registro, no permitan que cerca de quinientas notarías subsidiadas de este país, por falta de planeación presupuestal, dejen de prestar sus servicios a la comunidad más necesitada de este país, que son las comunidades rurales, que es donde hacemos presencia estos notarios subsidiados”, señaló Amed Velásquez, notario subsidiado del municipio de Marulanda, en el departamento de Caldas.

La preocupación abarca especialmente a las oficinas instaladas en municipios de sexta categoría. En esas localidades, indicaron, la operación de las notarías subsidiadas depende de los giros previstos para cubrir los costos de funcionamiento y mantener abierta la atención a los usuarios.

El grupo pidió que se protegiera la prestación continua de los servicios notariales en las regiones donde la distancia y las condiciones de acceso dificultan que los ciudadanos acudan a otra sede.

De acuerdo con el pronunciamiento, la falta de planeación de gastos durante los últimos cuatro años debilitó el Fondo Cuenta Especial del Notariado. Los notarios precisaron que este fondo tiene recursos propios y que no depende de otros rubros del Presupuesto General de la Nación.

El gremio señaló que existen retrasos en los pagos destinados a sostener las oficinas subsidiadas. Estos recursos, afirmaron, son necesarios para que las notarías continúen prestando el servicio en los municipios donde tienen presencia.

Amed Velásquez hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que intervenga ante la situación. En su declaración, advirtió que la falta de planeación presupuestal podría dejar sin servicio muy pronto a más de la mitad de las notarías del país.

“Señor presidente, en sus manos está la solución. En este momento tenemos todavía en pausa algunos pagos que hacen posible el funcionamiento de las notarías. Confiamos en la patria milagro, confiamos en su gestión y en la promesa de resolver las necesidades de las regiones y de los territorios más apartados de este país”, manifestó Velásquez.

El notario sostuvo que esas oficinas tienen presencia en comunidades rurales y en territorios apartados. También indicó que algunos pagos que hacen posible la operación de las sedes continúan en pausa, una situación que, según dijo, requiere una solución desde el Gobierno nacional.

Velásquez expresó su expectativa de que las autoridades atiendan las necesidades de las regiones y garanticen la continuidad de los servicios en las zonas donde funcionan las notarías subsidiadas.

Un día después de que el caricaturista Julio César González, mejor conocido como “Matador”, se refiriera a la primera dama de la República, Ana Lucía Pineda, usando términos peyorativos como “ratita” y “pati raquítica” en protesta por las demoras en la ejecución de recursos recaudados por el Fondo Milagro para las víctimas del terremoto del 10 de agosto, desde la Presidencia de Colombia exigieron al también excandidato retractarse de sus palabras.

A través de un comunicado oficial, el Gobierno nacional y su gabinete ministerial rechazaron las expresiones contra Pineda y pidieron a la Fiscalía General de la Nación que determine si corresponde activar mecanismos legales por posibles conductas sancionables.

El pronunciamiento cuestionó en particular el uso del término “ratica” y las referencias a la apariencia física de la esposa del presidente. La Presidencia de la República sostuvo que la animalización y las burlas sobre el aspecto de una mujer constituyen formas de descalificación misógina que pueden afectar su dignidad y su liderazgo público.

Las autoridades señalaron que la crítica política, la sátira y el disenso están protegidos por la libertad de expresión. Sin embargo, afirmaron que ese derecho no impide rechazar expresiones degradantes o discriminatorias dirigidas contra las mujeres.

“Históricamente, las mujeres han tenido que enfrentar enormes barreras para conquistar y consolidar espacios de liderazgo en la vida pública. Cada avance ha exigido superar prejuicios, discriminación y distintas formas de violencia que buscan desacreditarlas, silenciarlas o reducir su participación. Ejercer un liderazgo público no puede significar renunciar a la dignidad ni aceptar la humillación como el precio de ser mujer”, señaló la Presidencia.

La posición oficial recordó que la Ley 1257 de 2008 establece medidas para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, incluida la violencia psicológica. También citó la Ley 2453 de 2025, que contempla mecanismos frente a agresiones contra mujeres que ejercen sus derechos políticos.

Esa norma abarca conductas basadas en el género que puedan perjudicar el liderazgo, la participación y la imagen pública de las mujeres. El Gobierno pidió a la Fiscalía que examine las expresiones mencionadas con diligencia, independencia y respeto por el debido proceso.

“La misoginia no puede disfrazarse de humor ni utilizarse como instrumento de confrontación política. La libertad de expresión protege la crítica, la sátira y el debate democrático, pero también existe el derecho de rechazar públicamente las expresiones degradantes y discriminatorias. Resulta inaceptable que las mujeres sigan enfrentando burlas sobre sus cuerpos, descalificaciones personales y expresiones deshumanizantes por ocupar espacios de visibilidad y liderazgo”, señala el pronunciamiento.

El comunicado sostuvo que corresponde exclusivamente a las autoridades competentes establecer si los hechos configuran una conducta sancionable. También planteó que las mujeres no deberían soportar humillaciones, ataques contra sus cuerpos ni expresiones deshumanizantes por ocupar espacios de visibilidad pública.

“Hacemos un llamado firme a la Fiscalía General de la Nación para que examine estas expresiones con la seriedad y diligencia que exige la protección de los derechos de las mujeres. Corresponde a las autoridades competentes determinar, con plena independencia y respeto por el debido proceso, si los hechos configuran alguna conducta sancionable y si procede activar los mecanismos legales correspondientes”, señaló el Ejecutivo.

El reclamo contra las condenas selectivas

El Ejecutivo afirmó que la lucha contra la violencia de género requiere coherencia institucional y rechazó que haya condenas selectivas según la ideología, el origen, el apellido o la posición pública de las afectadas.

Además, el Gobierno manifestó su solidaridad con la primera dama y con las mujeres colombianas que hayan enfrentado discriminación, humillaciones o violencia por ejercer liderazgo y participar en la vida pública.

“Defendemos la libertad de prensa, la caricatura y el disenso político. Pero también defendemos el derecho de toda mujer a que su dignidad sea respetada, sin que su apariencia física o su condición de género sean utilizadas como herramientas de descalificación. Expresamos nuestra solidaridad y respaldo a la primera dama de la Nación y a todas las mujeres colombianas que han enfrentado humillaciones, discriminación o violencia por ejercer su liderazgo y participar en la vida pública”, concluyó la Presidencia de la República.

La Fiscalía General de la Nación abrió un proceso por estafa, hurto, abuso de confianza, administración desleal y concierto para delinquir contra Autos Italianos de Colombia, sus antiguos socios y la firma que adquirió sus acciones, tras denuncias de compradores de la lujosa marca Ferrari que pagaron vehículos que permanecen en una zona franca de Panamá y recursos que no les habrían sido restituidos.

Los clientes aseguran haber transferido hasta 2.200 millones de pesos cada uno antes de que la marca italiana cancelara la representación de la concesionaria en Colombia y Panamá, según documentos obtenidos por El Tiempo.

De momento, la investigación está en la Unidad de Delitos Contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía y alcanza a Autos Italianos de Colombia S.A., a sus socios Jorge Enrique Carvajales Orozco y los mexicanos Sergio de a Vega y Erik Stolberg. También fueron denunciados Alfonso Salume, señalado como nuevo adquirente de la compañía, y Autos de Alta Gama Holdings, que terminó con las acciones de la anterior representante de Ferrari en el país.

La matriz de Ferrari decidió retirar la representación a la concesionaria luego de que esta fuera vendida a terceros sin autorización. La medida suspendió la entrega de varios automóviles que ya habían sido pagados de forma total o parcial por compradores de la vitrina ubicada en la calle 103 con carrera 19, en el norte de Bogotá.

Los responsables del establecimiento, que también ofrecía servicios de mantenimiento y taller, sostienen que vendieron la concesión por una deuda y que responderán por los recursos recibidos. Además, los empresarios involucrados niegan conductas irregulares.

Vehículos retenidos y recursos para la importación

Uno de los casos incluidos en las denuncias conocidas por El Tiempo se remonta a enero de 2025, cuando un cliente adquirió un Ferrari 296 GTS HB modelo 2024 por 560.000 dólares, equivalentes entonces a unos 2.271 millones de pesos. De ese monto, 479.000 dólares correspondían al valor neto facturado del automóvil y 80.000 dólares más se destinaron a impuestos de nacionalización y trámites aduaneros.

La concesionaria habría calculado posteriormente los costos reales de importación y determinó un saldo de 72.000 dólares, unos 285 millones de pesos, que debía permanecer bajo custodia para cubrir los tributos necesarios para traer el vehículo a Colombia.

Otro empresario colombiano vinculado al sector de los restaurantes presentó una denuncia con hechos similares. Ambos compradores coinciden en que Autos Italianos de Colombia recomendó trasladar los vehículos a una zona franca panameña para facilitar gestiones comerciales, pero las ventas no se concretaron y los automóviles quedaron en una bodega del istmo.

“A la fecha, están ‘secuestrados’ en zona franca sin ser posible nacionalización en ninguno de los países”, sostiene la acusación conocida por el diario nacional.

Los denunciantes afirman que entre el 9 de junio y el 19 de julio de 2026 solicitaron la devolución de los recursos retenidos para encargarse por su cuenta de la nacionalización. Aseguran que no obtuvieron respuesta de los anteriores ni de los nuevos administradores.

Henry Ávila Herrera, exgerente general y representante legal suplente de Autos Italianos de Colombia, habría confirmado que existía una orden aprobada para devolver 72.655 dólares. Sin embargo, la denuncia atribuye a Erik Stolberg, entonces director financiero de la compañía, el bloqueo de la operación.

“Dicha transferencia fue bloqueada de manera arbitraria y unilateral por el señor Erik Stolberg, en su calidad de Director Financiero (CFO) de la compañía, impidiendo el retorno de los recursos a su legítimo dueño”, comentaron los denunciantes.

Los clientes planean presentar declaraciones y pruebas para sostener que Carvajales, De La Vega y Stolberg organizaron la retención del dinero con el fin de presionar una demanda civil contra Ferrari Norteamérica. La acusación plantea que los fondos de los compradores habrían sido utilizados dentro de una disputa comercial corporativa.

El pago por un Ferrari Roma Spider sin entrega

Otra denuncia fue presentada contra Ávila y otros responsables por la compra de un Ferrari Roma Spider F169SP. Autos Italianos de Colombia emitió el 25 de julio de 2025 una cotización por 410.000 dólares, cerca de 1.310 millones de pesos, con IVA incluido.

El comprador afirma que transfirió $484 millones a la empresa, pero no recibió el vehículo. Por ello pidió verificar si el automóvil fue solicitado a fábrica, si obtuvo un número de pedido y si entró en producción.

“También deberá establecerse el destino específico de los recursos entregados por la víctima, mediante trazabilidad bancaria y contable, pues precisamente allí podrá determinarse si fueron efectivamente destinados a la adquisición del vehículo o si fueron desviados a finalidades distintas”, solicitó la denuncia presentada ante la Fiscalía, según reveló El Tiempo.

En mayo de 2026, los antiguos administradores transfirieron el control accionario de Autos Italianos de Colombia a Autos de Alta Gama Holdings. Ferrari Norteamérica canceló después la licencia de importación, lo que congeló la operación de la concesionaria en Colombia.

La nueva administración emitió el 2 de julio un comunicado en el que indicó que no asumiría responsabilidad por los recursos captados antes del 25 de mayo de 2026, mientras Ferrari Norteamérica mantiene congelada la concesión de la marca en el país.

Casi un mes después de ese 16 de septiembre de 2026 en el que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) declaró inocente Javier Cadavid, el comerciante antioqueño condenado en 2009 por colaborar con las extintas Farc en un esquema de extorsiones que, según determinó la justicia transicional, operó sin que él conociera el origen ilícito del dinero, se conocen detalles de la vida del hombre que pasó 12 años y cuatro meses en prisión por un delito que nunca cometió.

La Subsección Quinta de la JEP dejó sin efectos la sentencia del Juzgado Penal del Circuito de Manizales, que había condenado a Cadavid el 11 de noviembre de 2009 a 23 años de prisión por extorsión agravada y enriquecimiento ilícito. El Tribunal concluyó que el dinero consignado por víctimas de las Farc fue retirado por emisarios guerrilleros en Puerto Venus, sin que el comerciante supiera que esas transferencias provenían de cobros bajo amenaza.

Las extorsiones investigadas ocurrieron entre 2005 y 2007 y sumaron $64 millones. La mayor parte correspondía a 16 consignaciones hechas por José Humberto López, mientras otros pagos fueron realizados por Bernardo Javier Jiménez, Misael Orozco y Juan de Dios Loaiza.

Según un reportaje publicado por El Colombiano, que tuvo la oportunidad de hablar con el hombre hoy absuelto, Cadavid tenía 52 años cuando recibió la primera condena. Era dueño de tres supermercados, llevaba 26 años casado con Mariela Toro y tenía cuatro hijos, el mayor de 24 años, cuando un sistema de remesas creado para sortear el aislamiento de Puerto Venus terminó vinculado a las finanzas del Frente 47 de las Farc.

El sistema de remesas en un pueblo sin bancos

Javier de Jesús Cadavid Palacio nació en mayo de 1957 en la vereda La Aguadita, en Caramanta, Antioquia. Era el noveno de 12 hermanos y tenía tres años cuando su familia se desplazó por la violencia política entre liberales y conservadores.

Sus padres, Bernarda y Enrique, llegaron a Nariño luego de que un médico les ofreciera administrar la finca El Carmelo, dedicada al café, la caña y el ganado. Cadavid estudió en El Santuario, Sonsón y Medellín, donde se graduó como técnico industrial en mecánica en el Pascual Bravo.

Intentó ingresar a Medicina en la Universidad de Antioquia, pero no fue admitido. Luego trabajó durante dos años como cadenero en Giovanni Pía, una empresa italiana de joyería situada en el Barrio Colombia de Medellín.

El hombre contó a El Colombiano que, en 1980, vendió su Renault 4 para pagar la cuota inicial de un negocio en Puerto Venus, corregimiento de Nariño. La Distribuidora Venus vendía abarrotes, cerveza y licores, además de comprar cacao y café a los campesinos de la región.

El poblado carecía de energía eléctrica y alcantarillado cuando Cadavid llegó. Participó en las gestiones para llevar alumbrado, acueducto y antenas, ayudó a fundar la Copa Reyes de Fútbol entre veredas y aportó a iniciativas como las cruces del Vía Crucis de Semana Santa y la apertura del bachillerato.

Mariela Toro llegó al corregimiento como profesora de primaria y conoció a Cadavid en un grupo de tertulias. Se casaron en septiembre de 1983 y formaron una familia con Juan Felipe, odontólogo; Santiago, ingeniero financiero; Javier Camilo, veterinario; y José David, quien asumió los negocios familiares cuando su padre fue encarcelado.

Puerto Venus está ubicado entre el río Samaná Sur y el río Venus, rodeado por cadenas montañosas. La llegada de las Farc a Nariño comenzó en 1994 con el Bloque Noveno y se consolidó dos años después con el Frente 47.

La guerrilla se tomó por primera vez el municipio en 1996, pero la ofensiva más grave comenzó el 30 de julio de 1999 y terminó el 1 de agosto. El ataque dejó 16 muertos y destruyó la Alcaldía, viviendas, comercios y la estación de Policía con un carrobomba, morteros y cilindros de gas.

Tras el retiro de la fuerza pública, la población quedó sometida a asesinatos selectivos, secuestros, extorsiones y reclutamiento, al punto de que Nariño pasó de 18.000 a 9.000 habitantes.

Cadavid mantuvo abierto su negocio. Hacia el 2000 diseñó una alternativa para que habitantes de Puerto Venus recibieran dinero enviado desde otras ciudades sin trasladar efectivo por carreteras donde eran frecuentes las “pescas milagrosas”.

La operación funcionaba mediante HyR Distribuciones, un negocio de Medellín proveedor de la Distribuidora Imperio, que a su vez abastecía a Cadavid. Quien necesitaba enviar dinero consignaba en la cuenta de HyR, remitía el comprobante por fax a Puerto Venus y el comerciante o sus trabajadores entregaban el equivalente en efectivo o víveres.

El dinero depositado en Medellín servía después para pagar proveedores. El mecanismo permitía compensar cuentas y operar, en la práctica, como un corresponsal bancario en una localidad donde no existían esos servicios.

“Era el único del corregimiento que tenía una cuenta corriente en el Banco Cafetero, porque cada ocho días iba a surtir a la Mayoritaria para el negocio. Era muy común que algún campesino llegara a pedirme que le consignara plata a familiares que tenía en alguna parte del país, yo les prestaba el número de la cuenta porque eran clientes de toda la vida. Cuando la plata estaba ya en el banco le daba la plata completica”, recordó Cadavid a El Colombiano.

Mariela, su esposa, explicó al diario nacional que los maestros también recibían sus sueldos a través de esa cuenta. Los habitantes conocían el número bancario y lo usaban para enviar dinero a familiares o cobrar pagos desde Medellín y otras ciudades, sin que Cadavid cobrara por entregar esos recursos.

La condena por las consignaciones de las Farc

Los fallos de primera y segunda instancia concluyeron que el Frente 47 y otra estructura de las Farc usaron el mecanismo de remesas para cobrar extorsiones en Pácora y Aguadas, Caldas. A las víctimas les ordenaban consignar en la cuenta de HyR, desde donde el dinero era retirado en Puerto Venus.

Ninguna de las víctimas señaló a Cadavid durante las audiencias como colaborador de la guerrilla. Excombatientes que declararon, incluida alias Karina, también negaron que tuviera relación con el llamado “carrusel de extorsiones”.

Cadavid recibió una llamada del Cuerpo Técnico de Investigación un mes antes de ser capturado. El 16 de diciembre de 2008 acudió con su esposa a Medellín: él tenía una cita a las 09:00 a. m. en la Fiscalía 51, cerca del Parque de Bolívar, mientras Mariela iba a comprar regalos de Navidad para sus cuatro hijos.

Los investigadores llegaron al mediodía, luego de informar que estaban varados en La Pintada. “Don Javier, esto no se trata de ampliar la indagatoria, usted está detenido por ser auxiliador de la guerrilla”, le dijeron, según relató el comerciante.

Al día siguiente fue imputado y quedó en libertad mientras avanzaba el proceso. El juicio se realizó en Manizales, por tratarse de víctimas de Caldas, y duró 11 meses.

El 13 de agosto de 2009, después de asistir a dos jornadas de audiencias con su esposa y varios hermanos, quedó detenido. Dos meses más tarde, el juez lo condenó como coautor de extorsión agravada en concurso con enriquecimiento ilícito de particulares.

La pena incluyó una multa de 6.078 salarios mínimos y una inhabilitación de 20 años para ejercer derechos y funciones públicas. La sentencia sostuvo que el dinero extorsionado terminaba por beneficiar a la Distribuidora Venus.

Cadavid cuestionó que la Fiscalía no hubiera hecho una verificación en Puerto Venus sobre los libros contables, los movimientos de su negocio o el funcionamiento de las remesas. “Yo le estaba haciendo el favor al campesino”, sostuvo. “Era inocente que esa plata se la iban a entregar a la guerrilla”.

El Tribunal Superior de Manizales confirmó la condena en enero de 2011. La Corte Suprema no admitió el recurso de casación en octubre de 2012 y rechazó reconsiderar el caso dos meses después.

La familia mantuvo la búsqueda de testimonios. Mariela recorrió cárceles, juzgados y audiencias de Justicia y Paz para ubicar a exintegrantes del Frente 47 que pudieran explicar cómo se movía el dinero.

En 2015, Pedro Pablo Montoya, alias Rojas, exjefe guerrillero recordado por asesinar a Iván Ríos y cortarle una mano para reclamar la recompensa, afirmó a El Colombiano que la cuenta de la distribuidora había sido usada sin conocimiento de Cadavid.

“Usaron esa cuenta de la distribuidora sin que Javier tuviera conocimiento. A mí me tocaba comprar víveres y “Kadafi” (jefe del Frente 47) me decía que la plata llegaba a esa cuenta sin él (Javier) tener conocimiento. Y, por eso, ese señor termina involucrado sin saber nada”, dijo Rojas al diario.

Mariela viajó hasta La Tramacúa, en Valledupar, y se hizo pasar por periodista para entrevistarlo. Rojas le pidió inicialmente camisetas Lacoste y uniformes originales de Atlético Nacional, pero una semana después le avisó que se sometería a Justicia y Paz y que ya no necesitaba esos artículos.

También localizó a alias Karina, recluida entonces en un batallón de Bello. La exguerrillera empezó a hablar a favor de Cadavid en las diligencias judiciales a las que asistía Mariela.

La vida familiar y los años en prisión

Cadavid fue recluido inicialmente en la cárcel de Manizales, en una celda compartida con seis hombres. Los internos nuevos dormían en las planchas inferiores y ascendían a otros lugares a medida que otros presos recuperaban la libertad.

Las puertas se cerraban a las 4:00 p. m. con un tornillo, de modo que no había salida en caso de una emergencia. Cadavid pasaba el tiempo escribiendo recursos judiciales, preparando apelaciones, tejiendo y aprendiendo a pintar.

Después fue trasladado esposado de pies y manos a la cárcel Doña Juana, en La Dorada, donde permaneció siete días en un calabozo y 17 más en el patio 10. Finalmente llegó a La Paz, en Itagüí, aunque antes pasó una noche en Pedregal, donde no pudo dormir por las chinches.

En Itagüí no había celda disponible y debió instalarse en un corredor hasta que su familia reunió dinero para que pudiera ocupar un espacio con ventilador y ventana. Vivió allí ocho de los 12 años que permaneció privado de la libertad.

Pintó más de 50 cuadros, entre ellos 24 rostros de Jesús, paisajes, bodegones, leones y figuras de enanos jugando. También elaboró llaveros, tejidos y cenefas para regalar a quienes lo visitaban.

Cursó programas técnicos del Servicio Nacional de Aprendizaje y obtuvo 18 diplomas en formación ambiental, herrería, cocina, cultivo de hortalizas y recolección de desechos. El trabajo y el estudio le permitían descontar días de reclusión: tres días de actividad equivalían a dos de cárcel.

Durante su encierro murió su madre. Un guardia le comunicó la noticia mientras sus hermanos lo esperaban en el patio de visitas: “Llegaron como a las ocho y media; a eso de las diez me llamó el guardia del rastrillo: “Venga, hombre, ¿su mamá está enfermita?”. “Sí, está enfermita”. “No, es que acaba de fallecer”, me dijo. Eso fue muy duro, porque me tocó darle la noticia a mis hermanos, que me estaban esperando en el patio. Fue muy doloroso, nos pusimos a llorar todos de tanta impotencia. Les dije que se fueran yendo despacio, que ya no había afán”, afirmó Cadavid a El Colombiano.

La condena también le impidió asistir a graduaciones, cumpleaños y celebraciones familiares. Cadavid relató que lo más doloroso era ver llorar a sus hijos cuando terminaban las visitas.

Medicina Legal le diagnosticó depresión, ansiedad y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Solicitó en varias oportunidades prisión domiciliaria por su estado de salud, pero el juez negó el beneficio. “Intenté suicidarme dos veces”, contó.

Mariela sostuvo la casa, la educación de los hijos y los trámites judiciales. En la urbanización donde vivían, según relató, algunos vecinos prohibieron a sus hijos jugar con los niños de “ese guerrillero”, por lo que decidió mudarse a una finca.

La graduación de bachillerato de Santiago fue uno de los episodios que recuerda. La rectora pidió que los estudiantes salieran acompañados por sus padres, y el joven rompió en llanto al saber que solo estaría con su madre.

En la ceremonia de graduación de Juan Felipe como odontólogo, una llamada de Javier provocó otra crisis familiar. El hijo no había contado en la universidad que su padre estaba preso porque temía que lo identificaran como “el hijo de un guerrillero”.

Los testimonios que anularon la sentencia

Ana María Gallego, abogada de Cadavid, presentó en agosto de 2021 una solicitud de libertad condicionada ante la Sala de Amnistía e Indulto de la JEP. El comerciante salió de prisión el 12 de enero de 2022, después de que la decisión le fuera notificada el 6 de enero.

Su primera salida fue a una tienda para tomar una malta y comer golosinas, alimentos que asociaba con Puerto Venus. Luego visitó las tumbas de sus padres y recuperó la licencia de conducción, aunque descubrió que tenía una multa de $219.000 impuesta mientras estaba encarcelado.

El 14 de agosto de 2023, Gallego presentó una acción para revisar la condena. Aportó testimonios de antiguos mandos y excombatientes del Frente 47 que negaron de manera consistente cualquier vínculo entre Cadavid y las extorsiones.

Hernán Gutiérrez Villada, alias Kadafi, excomandante del Frente 47, afirmó que Cadavid “no tuvo ningún vínculo con las Farc, ni en el partido clandestino, ni en milicias, ni en apoyo ni nada de esas cosas”. También indicó que la guerrilla usó al comerciante como un “gancho ciego”.

Rubén Darío Ortiz Giraldo, alias Moncholo, comandante militar de ese frente, declaró que Rojas obtenía entre campesinos el número de cuenta de HyR y ordenaba consignar allí las extorsiones. Después enviaba a terceros ajenos a la organización armada a retirar el dinero en el negocio.

Rojas sostuvo ante la justicia que “Javier era una víctima más de las Farc, le mancharon su buen nombre, Javier es inocente”. Las víctimas José Horacio Loaiza Duque y Misael Antonio Orozco Henao confirmaron que las exigencias provenían directamente de la guerrilla y que nunca trataron con Cadavid.

La JEP determinó que Cadavid no perteneció ni colaboró con las Farc, no ejerció constreñimiento contra las víctimas y no incrementó su patrimonio. El Tribunal estableció que actuó bajo un error de tipo invencible: desconocía el origen del dinero y no tenía cómo saber que participaba, sin advertirlo, en una operación delictiva.

La decisión explicó que por el sistema pasaban numerosas consignaciones legítimas y que el control del Frente 47 sobre la comunidad impedía identificar la procedencia real de los recursos o a quienes los retiraban. También descartó el enriquecimiento ilícito porque no hubo aumento patrimonial y porque resultaba ilógico que una organización armada extorsionara bajo amenaza para luego permitir que un comerciante se quedara con el dinero.

Cadavid vive ahora en su finca y ayuda a sus hijos con un criadero que administran desde hace 18 años. Ya no pinta y dedica el tiempo a su familia, sus dos nietos, José Manuel y María Antonia, la lectura de prensa y la radio. “Con viajar bien lejos, con compartir con la familia y con disfrutar de la libertad que tanto esperé”, respondió cuando le preguntaron por sus sueños.

Un día después de que el Gobierno nacional alertara sobre serias amenazas contra la seguridad del presidente Abelardo de la Espriella, su ministro de Justicia, Iván Cancino, y a los directivos y dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcerario (Inpec), desde la Procuraduría General de la Nación rechazaron las intimidaciones.

A través de un comunicado oficial emitido por la entidad, el procurador Gregorio Eljach señaló que la seguridad del jefe de Estado, sus ministros y todo el personal de la instición penitenciaria es prioritario, especialmente tras su labor en el traslado de personas privadas de la libertad a diferentes cárceles del país por orden del presidente.

La Procuraduría sostuvo que la criminalidad no puede intimidar al Estado ni interferir en decisiones adoptadas dentro de los límites legales del Ejecutivo. Además, Eljach pidió que las entidades responsables de la seguridad actúen de manera articulada para proteger a los funcionarios amenazados, esclarecer los hechos y defender los intereses de la sociedad.

“El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, rechaza con total contundencia las amenazas contra el Presidente de la República, Abelardo de la Espriella, el Ministro de Justicia y del Derecho Iván Cancino, el Director del Inpec y el personal penitenciario. La criminalidad no intimidará al Estado. El jefe del Ministerio Público respalda la adopción de medidas inmediatas y efectivas para garantizar la seguridad de quienes han sido objeto de amenazas”, señaló la Procuraduría.

Además, desde el Ministerio Público expresaron solidaridad con los dragoneantes que se vieron afectados tras la emboscada de criminales en las inmediaciones de la cárcel El Bosque, en Barranquilla, como represalia por los traslados ordenados por el mandatario nacional.

Para la Procuraduría, la protección de los servidores públicos requiere una reacción conjunta de las instituciones con competencias en seguridad e investigación. La entidad respaldó la adopción de medidas inmediatas para resguardar a las personas señaladas en las amenazas y reiteró que las decisiones legítimas del Estado no deben quedar sujetas a presiones criminales.

“Manifiesta su solidaridad con los dragoneantes Shirly Dallana Acosta Marroquín y Daniel Steven Tapiero Alférez, cobardemente atacados en Barranquilla al salir de su turno en la penitenciaría El Bosque. Las agencias del Estado, en particular las responsables de la seguridad y que representan los intereses de la sociedad, deben actuar unidas para enfrentar la criminalidad”, concluyó el Ministerio Público en su comunicado.

El Gobierno mantendrá los traslados ordenados bajo condiciones de seguridad

Entretanto, el Gobierno nacional indicó que los movimientos de personas privadas de la libertad ordenados por el mandatario continuarán conforme a la ley y bajo condiciones de seguridad. De La Espriella afirmó que los traslados no se suspenderán pese a las intimidaciones y señaló que buscará a los responsables de los mensajes, además de proteger a los guardias del Inpec.

Según el Ministerio de Justicia, las amenazas habrían surgido en medio de los traslados recientes y podrían estar relacionadas con una represalia contra quienes toman parte en esas determinaciones. Esa hipótesis es materia de verificación y las autoridades no han establecido aún un vínculo concluyente entre los mensajes intimidatorios y el atentado ocurrido en Barranquilla.

La entidad informó que reforzó medidas preventivas en coordinación con la Policía y otras autoridades, con el propósito de preservar la vida e integridad de los servidores que trabajan en el sistema penitenciario.

El ministerio solicitó a las autoridades competentes investigar los hechos, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia. Hasta ahora, no se ha divulgado el contenido de los mensajes que circularían contra los funcionarios ni se han precisado los móviles de quienes los habrían enviado.

Dos dragoneantes resultaron heridos al salir de la cárcel El Bosque

El ataque que elevó la alerta de las autoridades ocurrió contra Shirly Dallana Acosta Marroquín y Daniel Steven Tapiero Alférez, dos dragoneantes adscritos a la cárcel El Bosque, en Barranquilla. Sujetos armados los agredieron cuando los funcionarios salían de su turno en el establecimiento penitenciario.

Ambos fueron trasladados a un centro médico para recibir atención por las heridas sufridas. El Ministerio de Justicia expresó solidaridad con Acosta Marroquín, Tapiero Alférez, sus familiares y sus compañeros de trabajo, mientras se avanza en el esclarecimiento de la agresión.

Las autoridades aún no han determinado los móviles del ataque armado ni su eventual conexión con los traslados y las amenazas. Esa falta de claridad mantiene abiertas las indagaciones sobre la procedencia de las intimidaciones y sobre la posible participación de estructuras criminales interesadas en presionar a quienes intervienen en la administración penitenciaria.

El colombiano Álvaro Pulido habría sido sacado por la DEA de una prisión de Caracas para ser trasladado a Florida, en Estados Unidos, donde enfrenta dos procesos judiciales por presunto lavado de activos y fraude vinculado con las cajas Clap.

El empresario, amigo y socio del denominado testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab, ya estaba detenido en Venezuela por el desfalco a la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), según fuentes federales consultadas por El Tiempo.

La operación se produjo cinco meses después de la llegada de Saab a Estados Unidos. El empresario colombiano se declaró culpable de cargos por corrupción y colabora con la justicia estadounidense.

Pulido fue detenido en marzo de 2023 dentro del escándalo por el saqueo a Pdvsa. La reactivación de las causas en Florida estuvo ligada al proceso contra Saab, en el que también figura Germán Enrique Rubio Salas, identificado como hijo de Pulido.

El empresario también utiliza el nombre de Germán Enrique Rubio Salas y aparece entre los investigados por una red societaria mediante la cual se habrían movilizado fondos del régimen venezolano. Otros dos implicados de esa estructura podrían ser extraídos de Venezuela en los próximos días, con el beneplácito del gobierno de transición encabezado por Delcy Rodríguez.

Contratos de construcción, alimentos y petróleo bajo investigación

La DEA seguía a Saab y Pulido desde 2013 por contratos con Suvinca por 20 millones e dólares para suministrar materiales destinados a un polideportivo en el estado venezolano de Vargas. Las pesquisas también alcanzaron operaciones de Good Central Hong Kong Limited, una empresa creada en Hong Kong que figura en bases de datos a nombre de Emanuel Enrique Rubio.

Esa firma se benefició de la compra de millones de dólares a precios preferenciales dentro del régimen de Nicolás Maduro. Pulido recibió sanciones por corrupción en Estados Unidos en 2019 y en Reino Unido en 2021, medidas que incluyeron el congelamiento de activos.

La causa abierta en el Distrito Sur de Florida describe una presunta red internacional que habría usado contratos de alimentos y exportaciones petroleras para mover fondos a través del sistema financiero estadounidense. Las autoridades investigan si empresas fantasma, facturación ficticia, registros de envío y documentación adulterada permitieron ocultar el origen de alimentos importados desde Colombia y México para el programa Clap, sigla de Comité Local de Abastecimiento y Producción.

El programa fue concebido para atender la crisis alimentaria de sectores vulnerables en Venezuela. Sin embargo, la DEA y el Departamento de Justicia sostienen que el mecanismo habría permitido desviar “cientos de millones de dólares” destinados a políticas sociales hacia cuentas bancarias estadounidenses.

Los investigadores señalaron que, tras las sanciones económicas impuestas a Venezuela en 2019, la red vinculada con Saab y sus allegados habría ampliado sus operaciones mediante conexiones con funcionarios estatales. Esos vínculos habrían facilitado el acceso a contratos petroleros valuados en miles de millones de dólares pertenecientes a PDVSA.

Parte del crudo habría sido comercializado bajo premisas falsas para mantener el financiamiento de la estructura Clap y canalizar recursos ilícitos mediante bancos de Estados Unidos. La Fiscalía también atribuye a presuntos sobornos a funcionarios venezolanos la adjudicación de contratos millonarios de alimentos y negocios ligados a la exportación de petróleo.

El segundo proceso contra Álex Saab en Estados Unidos

Álex Saab, de 55 años y exministro venezolano, fue señalado como presunto testaferro de Nicolás Maduro. Enfrenta cargos de conspiración para el lavado de dinero que podrían implicar hasta 20 años de prisión federal si fuera declarado culpable, según el Departamento de Justicia estadounidense.

El empresario colombiano fue deportado desde Venezuela hacia Estados Unidos el 16 de mayo de 2026 en una operación de la DEA, pese a que contaba con un perdón presidencial de Joe Biden. La expulsión se realizó en un avión Gulfstream utilizado por la agencia y ocurrió después de que fuera destituido de su cargo ministerial y perdiera la nacionalidad venezolana.

El gobierno transitorio venezolano comunicó que la medida respondió a delitos cometidos en Estados Unidos. Saab negó que estuviera detenido y sostuvo que mantenía el indulto presidencial, aunque fuentes federales afirmaron que esa inmunidad solo cubría el primer proceso y no las nuevas investigaciones sobre movimientos de activos y su presunto papel como operador del régimen venezolano.

La segunda causa contra Saab es independiente del expediente por el que había recibido el perdón y también involucra a Pulido. Para afrontar ese proceso en tribunales federales estadounidenses, Saab designó a Neil Shuster como abogado defensor.

El presidente Abelardo de la Espriella llevó al Congreso el Presupuesto de 2027, una propuesta que reduce la inversión nacional y concentra el ajuste en 21 de los 33 entes territoriales, incluidos varios departamentos donde obtuvo sus mayores apoyos electorales.

La bolsa de inversión prevista asciende a 86,9 billones de pesos, un 2,8% menos que en la vigencia actual. Del Presupuesto General, por cada 100 pesos, 62 se destinarían al funcionamiento del Estado, 24 al servicio de la deuda y 14 a obras, programas y proyectos.

El proyecto total alcanza 634,9 billones de pesos y deberá superar las plenarias del Senado y la Cámara. La discusión pondrá en juego las alianzas entre el Ejecutivo, los congresistas y los mandatarios regionales, a un año de las elecciones territoriales.

La propuesta es el primer presupuesto regionalizado de la administración de De la Espriella. El mecanismo fija los techos de gasto con los que ministerios y otras entidades nacionales distribuirán recursos en los departamentos, pero no equivale a giros directos para gobernadores ni a partidas de libre disposición territorial.

El Gobierno prevé regionalizar 63,8 billones de pesos, equivalentes al 73,4% de la inversión. Esos recursos podrían financiar programas sociales, carreteras, escenarios deportivos e infraestructura educativa, según la comparación elaborada por la revista Cambio entre el presupuesto de 2027 y el último de la administración de Gustavo Petro.

Otros 21,9 billones de pesos, el 25% de la inversión, se dirigirían a iniciativas nacionales sin asignación territorial específica. Los 1,18 billones restantes quedarían pendientes de regionalización y se repartirían durante la ejecución presupuestal, de acuerdo con la demanda de los proyectos y sus necesidades de financiación.

El director del Departamento Nacional de Planeación, Julión Buitrago Arango, y su equipo definieron la programación de la inversión pública como “el esfuerzo de ingeniería financiera y fiscal más exigente de la historia macroeconómica reciente del país”.

Los departamentos con mayores recortes y aumentos

De acuerdo con la información recopilada por el citado medio de comunicación, San Andrés, Providencia y Santa Catalina tendría la mayor reducción porcentual de inversión: pasaría de 463.536 millones de pesos en 2026 a 309.559 millones en 2027. La caída proyectada sería del 33,2%.

Vichada perdería el 30,1% de sus recursos regionalizados, al bajar de 335.319 millones a 234.474 millones de pesos. Casanare afrontaría una reducción del 21%, superior a 200.000 millones de pesos.

Tolima, Bolívar y Huila también registrarían disminuciones. Sus presupuestos caerían 17,4%, 13,5% y 10,8%, respectivamente, con reducciones aproximadas de 300.000 millones de pesos en Tolima, 400.000 millones en Bolívar y 100.000 millones en Huila.

En el extremo opuesto, Putumayo recibiría un aumento del 17,8%, desde 944.444 millones de pesos hasta 1,11 billones. Amazonas tendría un alza del 17,3%, con una asignación que subiría de 309.091 millones a 362.632 millones de pesos.

Risaralda obtendría un incremento del 12,3%; La Guajira, del 9,9%; Cundinamarca, del 9%; y Magdalena, del 8%. Santander, Cesar, Guaviare, Caldas y Sucre también aumentarían sus partidas regionalizadas.

La región Andina concentraría la mayor parte de la inversión, seguida por el Caribe y el Pacífico. Bogotá ocuparía el cuarto lugar en la distribución regional, por encima de la Amazonía, la Orinoquía y la región Insular.

Menos inversión en los bastiones electorales del presidente

De la Espriella ganó la segunda vuelta presidencial en 14 departamentos, donde prometió mejoras en seguridad, salud e infraestructura. La inversión en esos territorios caería un 3,78%, con 987.092 millones de pesos menos que los recursos definidos para 2026.

Iván Cepeda se impuso en 18 departamentos y en Bogotá. En esas jurisdicciones, la reducción sería del 2,18%, equivalente a 864.296 millones de pesos frente a la vigencia actual.

Antioquia, el principal bastión electoral de De la Espriella, perdería 451.252 millones de pesos en inversión, pese a que el mandatario recibió allí más de 2,1 millones de votos. Norte de Santander, donde superó las tres cuartas partes de los sufragios en segunda vuelta, tendría un recorte de 207.376 millones de pesos.

Cundinamarca sería una excepción entre los territorios ganados por el presidente: la inversión crecería cerca de 279.477 millones de pesos. Santander también recibiría más recursos, con un aumento del 7,7%, cercano a 197.607 millones.

Atlántico tendría el mayor recorte absoluto frente al último presupuesto de Petro: perdería 538.181 millones de pesos en 2027. La reducción se plantea pese a que el departamento alberga una sede presidencial alterna y concentra una parte relevante de la agenda del mandatario, incluidas reuniones con figuras internacionales como el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

De la Espriella ordenó adecuar sedes alternas en Barranquilla, Cali y Medellín durante sus primeras semanas de gobierno, con el objetivo de combatir el “bogocentrismo”. La caída de los recursos destinados a Atlántico, Valle del Cauca y Antioquia muestra que el traslado de despachos no se traduce necesariamente en más inversión regional.

La disputa política antes de las elecciones territoriales

El Pacto Histórico anunció demandas contra la reducción de la inversión prevista para 2027. La bancada sostiene que el artículo 350 de la Constitución impide que ese rubro disminuya porcentualmente frente al año anterior.

La aprobación inicial del monto presupuestal se alcanzó tras reuniones reservadas entre congresistas de la coalición de Gobierno que cuestionaban algunos artículos. Sin embargo, legisladores de distintos partidos y departamentos mantienen reparos por la distribución territorial de los recursos, según comentaron a la revista Cambio.

Un senador del Centro Democrático consideró que el reparto no responde a una lógica de castigos electorales: “La lógica de premios y castigos no operó, porque las elecciones de alcaldes y gobernadores están a la vuelta de la esquina. Las cuentas ya empezaron”.

Con partido propio y las elecciones territoriales de 2027 en el horizonte, De la Espriella busca espacio entre estructuras regionales con representación en el Congreso. Durante el lanzamiento del Centro para el Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay, el presidente anticipó su estrategia electoral: “No hay contemplación ni en el campo de guerra ni en el campo electoral. [...] En las urnas se van a llevar otra derrota”.

En medio de la estrategia del presidente Abelardo de la Espriella por retomar el control de territorios considerados de riesgo, las Fuerzas Especiales del Ejército Nacional de Colombia efectuaron un bombardeo en la madrugada del domingo 11 de octubre al Frente 33 de las disidencias de las Farc, vinculado al ala de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, en la región del Catatumbo, Norte de Santander (oriente de Colombia).

La operación fue realizada cerca de la 1:00 a. m., según información divulgada por medios locales, lo que se convierte en el cuarto ataque aéreo ordenado durante el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y el segundo ejecutado en esa región fronteriza con Venezuela.

Tras el operativo, unidades militares ingresaron al área de operaciones para determinar los daños causados a la estructura armada. Aunque no existe un consolidado de los resultados, se habla de varios combatientes dados de baja durante el operativo.

Sin embargo, información conocida por El Tiempo señala que los bombardeos, adelantados con Aviones Kfir y Super Tucano, dejaría un saldo preliminar de tres combatientes muertos y material de guerra decomisado.

La acción militar se produce en medio de la confrontación entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Frente 33, iniciada en enero de 2025 por el control territorial, que ha desplazado a más de 120.000 personas, confinado a miles de habitantes y causado al menos 115 muertes en el Catatumbo. Las estructuras armadas también han recurrido a drones cargados con explosivos, que han afectado a la población civil.

La reanudación de los bombardeos bajo condiciones reforzadas

La acción aérea ocurrió casi un mes después de que el Juzgado 34 de Familia de Bogotá resolviera una tutela que había frenado los bombardeos contra objetivos donde pudiera haber menores reclutados. La decisión levantó la medida cautelar, pero exigió un estándar reforzado de precaución cuando exista información sobre la presencia de niños, niñas o adolescentes.

El ataque contra el Frente 33 fue el segundo bombardeo en el Catatumbo desde el comienzo de la actual administración. El primero se realizó el 10 de agosto contra el ELN, que mantiene presencia en esa zona de Norte de Santander.

Los otros dos ataques aéreos se desarrollaron en en el departamento de Guaviare: uno tuvo como objetivo a las disidencias bajo el mando de alias Calarcá y el otro a las estructuras comandadas por alias Iván Mordisco.

Seis días antes del bombardeo, el Gobierno nacional presentó la Fuerza de Tarea Conjunta Urano, integrada por 1.200 militares para combatir organizaciones armadas, narcotráfico y hurto de hidrocarburos. Durante el acto del 5 de octubre, De la Espriella sostuvo que su administración mantendría las acciones ofensivas contra esas estructuras.

Las autoridades todavía no entregaron un balance oficial de la operación ni confirmaron la identidad de las personas que habrían muerto. El resultado definitivo dependerá de la verificación de las tropas que ingresaron al área atacada.

Capturan en Valdivia, Antioquia, a dos presuntos cabecillas de la estructura 36

Apenas el 5 de agosto, el Gobierno nacional informó sobre la captura de alias Lobo o Emanuel y alias Samanta o La Flaca, dos presuntos integrantes de la estructura 36 de las disidencias vinculadas a alias Calarcá, durante una operación en la vereda La Paulina, en el municipio de Valdivia, Antioquia.

El procedimiento reunió a tropas del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con la información divulgada por el presidente De la Espriella, ambos detenidos fueron trasladados a Medellín, donde quedarían a disposición de las autoridades judiciales.

Alias Lobo era señalado como cabecilla de comisión y figuraba en el cartel de los más buscados de Antioquia. Las autoridades ofrecían una recompensa de hasta $100 millones por información que permitiera ubicarlo y le atribuyen más de cuatro años de permanencia en estructuras armadas ilegales.

Según los reportes oficiales, el hombre es investigado por presuntos hechos de extorsión, secuestro, homicidio, desplazamiento forzado y ataques contra la fuerza pública. Entre los casos que se le atribuyen está el desplazamiento de 2.300 personas de 23 veredas de Briceño, ocurrido en octubre de 2025.

Además, tenía órdenes de captura por concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones, y utilización ilegal de uniformes e insignias de uso privativo de la fuerza pública.

Las autoridades también identificaron a alias Samanta como compañera sentimental de “Lobo” y aseguraron que llevaba cerca de dos años en la organización. La investigan por coordinar, presuntamente, cobros extorsivos a campesinos, transportadores y comerciantes de municipios del norte antioqueño.

Contra ella existía una orden judicial por concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. En julio de 2025, apareció en un video difundido desde una zona rural de Briceño con fusiles y otras armas, un antecedente que las instituciones incluyeron en la investigación.

En medio de los anuncios sobre la convocatoria de centrales obreras y líderes de la oposición a movilizaciones para el 14 de octubre en todo el país, exministros del gobierno de Gustavo petro denunciaron presuntas presiones sobre trabajadores y contratistas de entidades públicas para que firmen la terminación anticipada de sus vínculos laborales.

El exministro de Minas y Energía Edwin Palma fue uno de los primeros en hacer pública la situación. Según denunció en su cuenta de X, contratistas de esa cartera estarían recibiendo comunicaciones en las que se les solicitaría dar por terminados sus contratos bajo la figura del “mutuo acuerdo”, lo que —según advirtió— constituiría una presunta presión indebida.

“Atención contratistas del Ministerio de Minas y Energía. Van más de dos meses de improvisación, el Gobierno sigue sin completar equipos para enfrentar El Niño. El viceministro de Energía sale tras apenas dos meses en el cargo y el director de energía ha sido denunciado por presentarse al Congreso sin estar posesionado. Mientras tanto, la gestión se va en revisar lo avanzado sin proponerle nada nuevo al país. Ahora se van contra la clase trabajadora. Ya circulan cartas del Ministerio de Minas que proponen a contratistas terminar sus contratos “de mutuo acuerdo”, citando la Directiva Presidencial 04. Un mutuo acuerdo exige su consentimiento: nadie está obligado a firmar (sic)”, señaló Palma.

El exministo también publicó un “manual” en el que orientaría a los trabajadores para solicitar razones exactas de las peticiones, además de denunciar ante los organismos de control como la Procuraduría General de la Nación en caso de detectar irregularidades.

Palma recomendó solicitar por escrito la motivación de cualquier decisión, revisar con detenimiento los documentos antes de firmar y, de ser necesario, consultar a un abogado. La denuncia del exministro de Minas y Energía se produce en un momento de alta tensión institucional, en medio de una presunta reorganización de personal en varias carteras del Estado.

“Quien reciba presiones indebidas por seguir ejecutando su contrato puede ponerlo en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación, quienes esperamos actúe conforme a la Constitución y la ley. Les dejo un modelo de respuesta con unas recomendaciones, para que cada quien decida cómo proceder. Es un texto orientador: cada caso puede ser distinto”, concluyó el exjefe de cartera.

Por su parte, el exministro de Trabajo Antonio Sanguino amplió el alcance de las denuncias al señalar que las presuntas presiones no se limitarían al Ministerio de Minas, sino que se extenderían a distintas entidades estatales.

En sus declaraciones en X, el extitular de la cartera laboral calificó el presunto fenómeno como una “persecución de corte fascista” y llamó a los afectados a combinar las acciones legales con la movilización en las calles.

“¡Eso está ocurriendo en todas las entidades públicas! Es una masacre laboral de Abelardo de la Espriella y los trabajadores y contratistas de prestación de servicios deben actuar colectivamente acudiendo a todas las acciones legales y a la movilización popular contra esta persecución de corte fascista”, señaló Sanguino.

Ante las denuncias, los exfuncionarios del gobierno Petro pidieron a trabajadores y contratistas del Estados salir a las calles a marchar el miércoles 14 de octubre, una convocatoria que también suma a los docentes de Fecode y sindicalistas.

En Bogotá, la marcha partirá a las 10:00 a. m. desde el Parque Nacional con destino a la Plaza de Bolívar.

La CGT no participará en las marchas y pide a sus afiliados enfocarse en el Plan Nacional de Desarrollo

Sin embargo, la convocatoria no es unánime dentro del movimiento sindical. La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció el viernes 9 de octubre que no participará ni convocará a sus organizaciones afiliadas a las movilizaciones del 14 de octubre. La decisión quedó consignada en un comunicado firmado por su presidente, Jorge Iván Díez Vélez, y su secretario general, Francisco A. Burchardt Melo, en representación del Comité Ejecutivo Nacional.

En el documento, la organización señaló que sus decisiones deben responder a una evaluación independiente de las actuaciones gubernamentales y sus efectos sobre los trabajadores, los pensionados y las instituciones democráticas, y no a la afinidad o el rechazo ideológico.

“La CGT no se moviliza ni convoca a sus organizaciones afiliadas por convocatoria o llamado de sectores partidistas y políticos que por ideología lo promueven”, establece el comunicado.

La central también precisó que no ha identificado “los suficientes elementos” para respaldar un llamado a marchar contra el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. En contraste, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fecode y otros sectores sindicales sí confirmaron su participación en las jornadas, que vincularon con la defensa de la educación pública, los derechos laborales y la paz.

En lugar de sumarse a las protestas, la CGT invitó a sus afiliados a formular propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, con énfasis en la protección del empleo, la estabilidad laboral, la lucha contra la informalidad y el fortalecimiento de la seguridad social. La confederación indicó que mantendrá su disposición a dialogar con los gremios y con la Presidencia de la República para alcanzar acuerdos sobre la situación del país.

El Consejo de Estado negó la indemnización reclamada por los familiares de las víctimas de la explosión de un carrotanque en el municipio de Tasajera, ocurrida el 6 de julio de 2020 en la vía que comunica con Puebloviejo, Magdalena, porque no encontró probada una omisión de la Policía Nacional que hiciera responsable al Estado por la muerte de 45 personas y las heridas sufridas por otras 27.

La decisión cierra este proceso de reparación directa, iniciado por allegados de los fallecidos, quienes sostenían que los uniformados no aislaron la zona ni impidieron que la población se aproximara al vehículo accidentado para recoger la gasolina derramada.

El alto tribunal concluyó que no se reunían las condiciones para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado. La sentencia se limita a la compensación económica discutida en ese expediente y no juzga a las víctimas ni resuelve otras posibles investigaciones o reclamaciones relacionadas con la tragedia.

Las advertencias policiales y la responsabilidad estatal

Los policías que llegaron al lugar alertaron sobre el peligro, solicitaron refuerzos e intentaron alejar a las personas que rodeaban el carrotanque, según la valoración hecha por el Consejo de Estado. La corporación también determinó que varios de los presentes desatendieron esas advertencias y se expusieron al riesgo al permanecer cerca del combustible.

Con base en esos elementos, el tribunal descartó una falla del servicio atribuible a la Policía por omisión. La conclusión jurídica fue que no se acreditaron los requisitos necesarios para ordenar la reparación económica solicitada por las familias.

El abogado Ariel Quiroga Vides explicó en diálogo con La FM que, en una demanda de reparación directa, debe demostrarse que el daño puede atribuirse jurídicamente a una entidad estatal por una actuación irregular o por el incumplimiento de sus deberes.

“La decisión debe leerse dentro de los límites del proceso que resolvió el Consejo de Estado. No significa que la tragedia deje de ser dolorosa ni que toda discusión sobre la respuesta institucional quede cerrada en términos generales; significa que, para esta demanda, el tribunal consideró que no se demostraron los elementos necesarios para ordenar la reparación económica solicitada”, señaló el experto jurista.

La demanda planteaba que las autoridades debían haber establecido un perímetro de seguridad y evitado que la multitud se acercara al vehículo volcado. El fallo consideró, en cambio, que las acciones de los uniformados y la conducta de quienes permanecieron en el lugar impedían atribuir el daño al Estado dentro de este caso.

El derrame de gasolina y la explosión en Tasajera

El carrotanque transportaba 5.950 galones de gasolina cuando sufrió el accidente en la carretera que comunica a Ciénaga con Barranquilla. En pocos minutos, decenas de personas llegaron con baldes, pimpinas y ollas para recoger el combustible que se derramaba.

El vehículo se incendió y explotó mientras había personas a su alrededor. Varios de los heridos padecieron quemaduras graves y algunos murieron durante los días posteriores en centros asistenciales de las ciudades de Barranquilla y Santa Marta.

Tasajera es un caserío de pescadores ubicado entre la Ciénaga Grande de Santa Marta y el mar Caribe. La explosión convirtió al corregimiento en escenario de duelo para las familias afectadas y abrió discusiones sobre las condiciones sociales de la zona, la prevención de emergencias y la capacidad de respuesta ante accidentes con materiales peligrosos.

“Para nosotros, lo que pasó en Tasajera no se queda en una fecha ni en una sentencia. Cada familia sabe lo que perdió y lo que ha tenido que afrontar desde ese día. Entendemos que la justicia tiene sus procedimientos, pero también esperamos que se escuche lo que vivimos y que la tragedia no quede reducida a una discusión económica”, dijo Manuel Samper, familiar de una de las víctimas", señaló Manuel Samper, familiar de una de las víctimas, en declaraciones recogidas por La FM.

La entronización coincidió con los 98 años de la erección canónica de la parroquia, establecida el 5 de octubre de 1928 con la virgen del Carmen como patrona y el santo cura de Ars como titular. Más de 30 sacerdotes participaron de la ceremonia junto a familias, feligreses y visitantes de distintos lugares.

Según una investigación adelantada por El Colombiano, la historia comenzó durante unas vacaciones que el párroco de Cisneros, Iván Tobón Zapata, realizó en Estados Unidos en 2025. Un conocido salvadoreño que lo trasladaba por Boston le contó que, mientras trabajaba en una mudanza para una familia europea, encontró una pequeña cruz dorada entre los objetos que le habían ordenado desechar.

La pieza había quedado cerca de un desagüe de la calle, en una ciudad afectada por tormentas. El hombre terminó el trabajo y se retiró, pero luego regresó para llevarse la cruz a su casa.

Al revisarla con su esposa, encontró una inscripción en francés: “S. Joan. Vianney, Curé D’Ars”, en referencia a San Juan María Vianney. Junto al texto había un fragmento rodeado por una flor bordada, cuya naturaleza la pareja no pudo identificar.

El vicario parroquial de Nuestra Señora del Carmen, Juan Sebastián Henao García, relató que la familia conservó el objeto en un altar doméstico donde rezaba el rosario. Cuando Tobón Zapata conoció el hallazgo, pidió que se lo regalaran para trasladarlo a Colombia y dejarlo bajo custodia de la Iglesia.

Una cruz de Boston y la titularidad de Cisneros

La posible llegada del objeto volvió a discutirse en marzo de 2026, durante los retiros espirituales del clero de la Diócesis de Girardota. Allí, el sacerdote Gabriel Jaime propuso que la pieza fuera destinada al seminario, debido a que Juan María Vianney es patrono de los sacerdotes, los párrocos y las vocaciones sacerdotales.

Sin embargo, una consulta al sacerdote Víctor Weimar, quien fue párroco de Cisneros durante 11 años, llevó la discusión hacia la historia local. Weimar confirmó que el Santo Cura de Ars era el titular de la parroquia, un dato que después apareció en las actas de construcción del templo.

Las iglesias católicas se consagran a un patrono y también pueden tener un titular. En Cisneros, la patrona es la Virgen del Carmen y el titular es San Juan María Vianney, cuya imagen ya figuraba en un cuadro de la casa cural.

“Se llamó al padre Víctor Weimar, sacerdote que fue por 11 años párroco de Cisneros, y le preguntaron si sabía algo del Cura de Ars y dijo: ‘Sí, claro, es el titular’. En efecto revisamos las actas de construcción de la iglesia y ahí estaba el dato corroborando la titularidad”, señaló el padre Henao a El Colombiano.

Henao describió la coincidencia como una diocidencia, un neologismo que une las palabras Dios y coincidencia para aludir a hechos que parecen casuales, pero que se interpretan como guiados por la divinidad. Para los sacerdotes de la parroquia, el vínculo histórico entre el santo y el templo dio un nuevo sentido a la cruz encontrada en Boston.

Un amigo de Tobón Zapata trasladó el objeto desde Estados Unidos a Colombia en mayo de 2026. A partir de entonces, la Diócesis de Girardota inició el proceso para determinar si la pieza podía ser reconocida como una reliquia.

El obispo Juan Manuel Toro Vallejo advirtió a El Colombiano que no bastaba con recibir la cruz sin conocer su procedencia. Como no existían actas que documentaran su recorrido anterior, se convocó una reunión con el obispo, tres sacerdotes y un abogado civil conocedor de estos asuntos.

La revisión requirió abrir el objeto y verificar los elementos internos que acreditan la autenticidad y la inviolabilidad de una reliquia. En el interior encontraron un relicario y, dentro de él, una teca: un pequeño estuche hermético bordado con hilos de oro que guardaba lo que parecía un fragmento de hueso.

La teca contenía además un sello de cera y unos hilos que, de acuerdo con la verificación eclesiástica, confirmaban que el contenido no había sido alterado. Henao recordó la reacción de quienes participaron del procedimiento: “Era una reliquia auténtica. ¡Qué emoción tan grande!”.

La procedencia previa de la cruz no pudo reconstruirse con certeza y tampoco apareció el acta original. Ante esa ausencia, Toro Vallejo evaluó el caso, cumplió el procedimiento canónico y expidió un decreto que reconoció la autenticidad de la pieza para la veneración pública.

Las reliquias de primer grado corresponden a restos corporales de un santo, como huesos, cabello o sangre. Las de segundo grado son objetos que pertenecieron a esa persona durante su vida, mientras que las de tercer grado incluyen objetos que estuvieron en contacto con el santo, incluso después de su muerte.

La imagen inédita y el relicario de Villanueva

La confirmación eclesiástica desencadenó una preparación acelerada para presentar la reliquia en octubre. La parroquia encargó una imagen de San Juan María Vianney al artista religioso Santiago Ocampo Higuita, de El Carmen de Viboral.

La escultura fue realizada específicamente para la iglesia de Cisneros, sin un molde previo. También se necesitaba un nuevo relicario que pudiera albergar la cruz procedente de Boston y exhibir el fragmento óseo del santo.

Los comercios especializados consultados no aceptaron elaborar la pieza. La Orfebrería Italiana, una casa de orfebres ubicada en Villanueva, Medellín, asumió el encargo y entregó el relicario que hoy contiene la reliquia.

La parroquia comenzó entonces a presentar gradualmente la historia a sus fieles al final de las eucaristías. Los sacerdotes anunciaban que se preparaba una fiesta parroquial y explicaban la relación entre el templo, su titular y el objeto llegado desde Estados Unidos.

La ceremonia se realizó el 5 de octubre, pese a que la fiesta litúrgica de San Juan María Vianney se celebra el 4 de agosto. La fecha fue elegida por el aniversario de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen y por la titularidad del santo desde 1928.

San Juan María Vianney nació el 8 de mayo de 1786 en Dardilly, Francia, en el seno de una familia campesina católica. Ingresó al seminario de Verrières a los 25 años y enfrentó dificultades académicas, especialmente con el latín, antes de ser ordenado sacerdote el 13 de agosto de 1815 en Grenoble.

En 1818 fue enviado a Ars, donde su labor pastoral atrajo a peregrinos que buscaban confesarse con él. Se cuenta que llegó a pasar hasta 18 horas escuchando confesiones y que promovió la educación de niñas necesitadas mediante la institución La Providence.

Murió el 4 de agosto de 1859, a los 73 años, y fue canonizado en 1925. Cuatro años después fue proclamado patrono de todos los párrocos del mundo.

Michel González Gómez, intendente jefe de la Policía Metropolitana de Soacha, fue elegido como mejor policía de Colombia en 2026 por su trabajo de prevención del consumo de drogas entre niños y jóvenes de ese municipio, una estrategia escolar que alcanzó a más de 17.000 niños.

La Fundación Corazón Verde entregó el reconocimiento en una ceremonia con presencia de la cúpula de la Policía Nacional, el ministro de Defensa y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. El premio distinguió su liderazgo comunitario y su labor de enseñanza en instituciones educativas.

El policía bogotano, de 44 años, lleva 21 años en la institución. “No me la creía, entré en shock, pero esta vez me tocó a mí”, expresó el uniformado en diálogo con El Tiempo tras recibir la distinción.

González llegó a Soacha en 2024, después de trabajar en México como instructor de prevención. Allí fortaleció el Programa Escolarizado de Prevención del Consumo de las Drogas y la Violencia, una estrategia nacional de la Policía liderada por la Dirección de Antinarcóticos.

El plan cuenta con apoyo de la administración municipal y de la comunidad educativa. Sus clases se desarrollan en cinco encuentros de 45 minutos sobre toma de decisiones, efectos de las drogas, manejo de emociones, estilos de vida saludables y metas personales.

La meta es que los estudiantes identifiquen los riesgos asociados al consumo de sustancias psicoactivas y cuenten con herramientas para afrontarlos. González coordina a siete instructores de la Policía Metropolitana de Soacha, cuyas actividades de prevención han llegado a todas las instituciones educativas del municipio.

Cuando patrullaba zonas rurales del Magdalena Medio, tras graduarse como patrullero en 2006, llevaba siempre una cartilla Nacho. Si encontraba niños, la utilizaba para enseñarles a leer y escribir mientras participaba en operaciones contra las drogas como integrante del Escuadrón Móvil de Carabineros.

El intendente compara el momento de vestir el uniforme con la imagen de un héroe de historieta que se ajusta “el cinturón de la justicia”. Sobre su vínculo con los alumnos, “Me encanta compartir con ellos, son mi alegría”, comentó al diario nacional.

Los niños que participaron en las clases lo reconocen en la calle y les dicen a sus padres que es el policía que les enseña en el colegio. Los docentes, a su vez, le han comunicado cambios positivos en el comportamiento de los estudiantes.

Óscar Gutiérrez, representante de las instituciones educativas públicas de Soacha ante el Comité de Convivencia Escolar, sostuvo que el programa promueve el autocuidado, la empatía y la toma de decisiones. También destacó el liderazgo del intendente y planteó extender las actividades a barrios y otros espacios comunitarios.

Una vocación nacida durante la infancia

González creció con su madre, hermanos y primos. De niño jugaba a policías y ladrones, desarmaba equipos electrónicos y practicaba baloncesto, pero tenía una aspiración definida: ingresar a la Policía para hacer justicia.

Antes de lograrlo, prestó el servicio militar en el Batallón Guardia Presidencial. Su primer intento de entrar a la institución no prosperó, aunque un capellán que conocía su propósito lo animó a presentarse nuevamente y lo apoyó.

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez, consideró que el premio también representa a los policías que escuchan a los jóvenes y acompañan a sus familias. La administración municipal articula estas acciones con la iniciativa Entornos Seguros – Dueños del Futuro.

Durante este año, el municipio desarrolló talleres con más de 12.000 estudiantes de instituciones públicas y privadas. Esa cifra corresponde al trabajo municipal más amplio y a la coordinación con la Policía.

González busca que las tareas de prevención tengan recursos y continuidad, porque considera que los cambios requieren tiempo y no pueden depender de una sola persona. “Mi propósito es que la prevención llegue a todos los niños del país”, afirmó.

Fuera del uniforme, estudia, apoya emprendimientos, disfruta viajar y ver películas. Los primeros años de su carrera lo mantuvieron durante largos periodos lejos de su familia.

Luis Carlos Gutiérrez, conocido en el país por ser el secretario general de la Fundación de Educación Superior San José —la institución privada de Bogotá en el centro del escándalo por la presunta expedición de títulos irregulares a servidores públicos—, firmó el diploma apócrifo de Juliana Guerrero y recibió por ello una condena de 36 meses de prisión que no cumplirá en la cárcel, gracias a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.

Mientras encabezaba la oficina encargada de certificar diplomas en esa institución, una empresa registrada a su nombre para prestar servicios de educación universitaria declaró ingresos por 6.602 millones de pesos en su primer año de operación.

La sociedad, LC Gutiérrez Asesorías, fue creada el 14 de enero de 2025 y declaró como actividad principal la educación universitaria. Durante los ocho meses siguientes, hasta que la Fundación San José destituyó a Gutiérrez el 22 de septiembre de ese año, el entonces secretario general figuraría vinculado a una firma del mismo sector educativo que él supervisaba, según documentos de Cámara y Comercio reveladas por la revista Cambio.

El caso del diploma de Guerrero —exfuncionaria del gobierno Petro que habría usado el título para acreditar requisitos de formación en su cargo— derivó en cargos aceptados tanto por ella como por Gutiérrez, la vigilancia especial del Ministerio de Educación sobre la Fundación y cuestionamientos sobre los registros de cientos de diplomas.

Además, la entonces representante a la Cámara y ahora senadora Jennifer Pedraza aseguró que 779 servidores públicos tienen diplomas de la institución con irregularidades en sus registros.

Una empresa de educación con ingresos de 6.602 millones mientras Gutiérrez certificaba títulos

LC Gutiérrez Asesorías se constituyó mediante documento privado de un accionista único, cuya identidad no figura en el certificado de existencia y representación legal. La firma fue registrada inicialmente en Soacha y trasladó su domicilio a Bogotá ocho días después.

Gutiérrez, ingeniero de sistemas graduado de la propia Fundación San José, ya ocupaba la secretaría general cuando nació la compañía. Aunque su objeto social permite cualquier actividad lícita, la empresa declaró como actividad principal la educación universitaria y como secundaria la educación de instituciones universitarias.

Al renovar la matrícula mercantil el 1 de abril de 2026, la sociedad reportó 6.602 millones de pesos de ingresos, todos asociados a servicios de educación universitaria. La cifra superó los 5.311 millones declarados por Instituto Triángulo, una sociedad de colegios administrada por Francisco Pareja, fundador de la Fundación San José, y los 4.585 millones informados por Springfield, otra de sus empresas.

La compañía había sido creada con un capital de 50 millones de pesos. Un año después, sus estados financieros registraron una utilidad de 1.492 millones de pesos, luego de gastos e impuestos, activos por 2.497 millones y cerca de 2.000 millones invertidos en propiedades. También declaró 811 millones por concepto de impuestos. Los registros públicos no detallan quiénes contrataron a LC Gutiérrez Asesorías ni el origen de esos ingresos, y tampoco contienen documentos que vinculen a la firma con la Fundación San José, el título de Guerrero u otros diplomas de la institución.

El traspaso de sociedades y propiedades a la esposa del exsecretario

La representación legal de LC Gutiérrez Asesorías cambió el 4 de agosto de 2025, cuando Eloira Margoth Cogollo Caro, esposa del exsecretario, fue designada para el cargo. El nombramiento quedó inscrito el 17 de septiembre, cinco días antes de la destitución de Gutiérrez, según información revelada por Cambio.

El 4 de noviembre de ese año, seis semanas después de su salida de la Fundación, Cogollo Caro inscribió una situación de control sobre la empresa ante la Cámara de Comercio de Bogotá. Ese mismo día se registró una situación equivalente sobre Sociedad de Inversiones Inmobiliarias Martínez & Cía. S.A.S.

Las dos compañías, junto con Inversiones Inmobiliarias Cogollo S.A.S., tienen registrados el mismo correo electrónico vinculado a las presuntas iniciales de Gutiérrez, el mismo número de teléfono y la misma dirección. Cogollo Caro figura como gerente de las tres sociedades y como controlante de Inversiones Inmobiliarias Cogollo desde su constitución, en marzo de 2025. Martínez & Cía. e Inversiones Inmobiliarias Cogollo fueron creadas el 11 y el 12 de ese mismo mes, con un día de diferencia, y sus certificados repiten casi en los mismos términos el objeto social y las facultades de la gerencia.

Hasta 2024, el patrimonio inmobiliario de Gutiérrez estaba compuesto por viviendas adquiridas mediante pagos a plazos en Mosquera, Cundinamarca. Según datos conocidos por Cambio, en junio de ese año, Davivienda le transfirió un apartamento por la finalización de un leasing habitacional valorado en 111 millones de pesos; en septiembre recibió una casa y un parqueadero tras pagar 13 millones como cuota final. En mayo de 2024 también había comprado una casa con parqueadero por 220 millones de pesos.

El 28 de abril de 2025, antes de que el caso de Guerrero se conociera públicamente, Gutiérrez aportó esos cinco inmuebles a Martínez & Cía. con un avalúo conjunto de 601 millones. Una semana más tarde, Cogollo Caro transfirió a su propia sociedad seis inmuebles de Mosquera que había comprado entre 2022 y 2024. Después de esos aportes, las empresas comenzaron a adquirir nuevas propiedades.

Martínez & Cía. pagó 215 millones de pesos por un apartamento con parqueadero en Zipaquirá en mayo de 2025 y desembolsó otros 90 millones por un local sobre la Troncal de Occidente en julio. Ese mes, el 15 de julio, LC Gutiérrez Asesorías compró un apartamento en Bogotá por 1.300 millones de pesos, sin que en el certificado de tradición figure una hipoteca que respaldara la operación.

Al día siguiente de la destitución de Gutiérrez, su esposa compró un lote en Chaguaní, Cundinamarca, por 30 millones de pesos. LC Gutiérrez Asesorías adquirió el 9 de octubre una casa y un parqueadero en Mosquera por 484 millones.

El 20 de mayo de 2026, cuando el Ministerio de Educación ya había puesto a la Fundación San José bajo vigilancia especial, Martínez & Cía. e Inversiones Inmobiliarias Cogollo compraron dos casas y dos parqueaderos adicionales en Mosquera por 565 millones de pesos. Entre 2022 y 2026, Gutiérrez, su esposa y las tres sociedades habrían firmado escrituras de compra por cerca de 4.100 millones de pesos; alrededor de 2.650 millones correspondieron a adquisiciones realizadas por las empresas desde 2025.

El 27 de agosto de 2026, 11 días antes de la condena contra Gutiérrez, LC Gutiérrez Asesorías y Martínez & Cía. constituyeron en una notaría de Pasto una hipoteca sobre el apartamento de Bogotá comprado por 1.300 millones de pesos. El acreedor fue Electronova Ingeniería, una empresa de instalaciones eléctricas creada en Pasto en marzo de 2025, sin contratos estatales ni relación conocida con el exsecretario.

Entretanto, Luis Carlos Gutiérrez no atendió solicitudes del medio para aclarar cualquier duda sobre las tres empresas que estarían vinculadas a su nombre o el registro de personas o entidades a las que prestó servicios su empresa de educación universitaria mientras estaba al frente de la oficina que certificaba los títulos de la Fundación San José.

Un adolescente de 15 años murió en Cartagena tras recibir un disparo mientras manipulaba un arma de fuego con otro menor, de 14 años, en un presunto reto visto en redes sociales. La Policía investiga cómo llegó el arma a la vivienda y las circunstancias exactas en que fue accionada.

El hecho ocurrió hacia las 6:30 p. m. del miércoles 7 de octubre dentro de una residencia del barrio Camilo Torres, en Cartagena. El adolescente herido fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, pero perdió la vida a causa del impacto.

La versión preliminar fue entregada por la capitana Andrea Corrales, jefe del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Cartagena. Las primeras averiguaciones indican que los dos adolescentes manipulaban el arma mientras respondían a un desafío que habían encontrado en Internet.

El menor de 14 años, cercano a la víctima según Noticias RCN, quedó a disposición de la autoridad competente, que deberá definir las circunstancias jurídicas del caso. Por tratarse de adolescentes, el procedimiento se rige por las normas especiales de responsabilidad penal y las garantías previstas para niños, niñas y adolescentes.

La procedencia del arma y el contenido visto en Internet

La investigación busca determinar de dónde provenía el arma, quién la tenía bajo custodia y de qué forma llegó a manos de los menores. La hipótesis comunicada por la Policía apunta, por ahora, a que el disparo habría sido accidental.

Las autoridades también deberán establecer qué contenido observaron los adolescentes y cuál fue su relación con la manipulación del arma. La Policía señaló que el caso estaría vinculado con un reto difundido en redes sociales, aunque esa conexión aún debe ser precisada.

La advertencia está dirigida a padres, familiares y cuidadores para que conozcan los contenidos que consumen los menores en Internet, los desafíos que siguen y las personas con las que interactúan. Ante publicaciones que involucren armas, desafíos físicos, sustancias o conductas peligrosas, la recomendación es alejar a los menores de esa situación y buscar ayuda profesional.

Un especialista pidió acompañamiento de los adultos en el uso de redes

El psiquiatra y psicoterapeuta Guillermo Dager señaló a Noticias RCN que los adolescentes todavía desarrollan habilidades para valorar riesgos y anticipar consecuencias. Por ello, planteó que padres y cuidadores conozcan el entorno digital de los menores, conversen con ellos y establezcan límites sobre los contenidos que consumen.

“Esto es cada vez más común de lo que creemos. Se piensa que los adolescentes, jóvenes de 14 y 15 años, son conscientes de lo que hacen, miden el peligro y las consecuencias de sus actos, pero eso no es cierto. La neurociencia ha demostrado que el lóbulo prefrontal, que es donde está el control, donde el miedo al peligro, se desarrolla sobre los 25 años”, comentó el especialista.

Dager sostuvo que la orientación no pasa por impedir por completo el acceso a las redes sociales, sino por acompañar a los adolescentes y mantener canales de comunicación que permitan identificar conductas de riesgo.

“Las redes llegaron para quedarse y los padres no pueden ser ajenos a esta realidad. Al contrario, lo que debemos hacer es acercarnos, conocer el mundo de nuestros hijos, el mundo de las redes, para poder guiarlos, porque no podemos evitar que ingresen, pero podemos orientarlos y poner límites”, señaló el experto.

La Policía recordó que las situaciones que amenacen a un niño, niña o adolescente pueden reportarse a la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o al 123 de la Policía Nacional.

“La Policía Nacional realiza recomendaciones para la protección y el cuidado de nuestras niñas, niños y adolescentes. Usted, como padre de familia y cuidador, debe tener mucho cuidado con lo que revisan e imitan sus niños en redes sociales”, comentó la capitana.

La Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) denunció en la mañana del jueves 8 de octubre un presunto caso de negligencia de la EPS Sura en el departamento de Antioquia, por la presunta demora en el traslado y la autorización de una cirugía urgente para un joven campesino diagnosticado con apendicitis aguda.

“Un joven campesino requiere trasladado de urgencia a Medellín tras un diagnóstico de apendicitis aguda y requiere cirugía gastrointestinal inmediata. La EPS Sura se niega o dilata el agendamiento del procedimiento, a pesar de que la demora en un cuadro de apendicitis puede derivar en perforación, peritonitis y muerte”, escribió Corpades.

Según comentó la organización en su cuenta de X, el paciente necesita ser trasladado a la ciudad de Medellín para una intervención gastrointestinal inmediata. Según advirtió Corpades, la demora en atender el cuadro puede provocar perforación, peritonitis y muerte, por lo que no se trata de un procedimiento electivo, sino de una emergencia quirúrgica.

La organización señaló que el joven no tiene recursos para pagar la operación de forma particular y depende del aseguramiento en salud. La entidad pidió a la EPS autorizar y programar la cirugía sin que los trámites administrativos retengan la atención, y solicitó la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud, la Personería y la Defensoría del Pueblo.

“No se trata de un trámite electivo. Es una emergencia quirúrgica. El paciente no cuenta con recursos para pagar la cirugía de forma particular y depende del aseguramiento en salud. Exigimos que la EPS autorice y programe la intervención de inmediato y que no retenga el acto médico por trámites administrativos”, concluyó Corpades.

Supersalud había ordenado medidas a EPS Sura por demoras en las citas

El caso denunciado por Corpades ocurre después de que la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) ordenara en julio de 2026 a EPS Sura, Nueva EPS, Salud Total y Sanitas adoptar un plan de choque para reducir los retrasos en la asignación de consultas y atender los casos acumulados.

La medida respondió al aumento de reclamos de usuarios: hasta el 10 de julio, EPS Sura registraba 7.546 peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD), equivalentes al 13,25 % del total analizado.

La entidad de control advirtió entonces que las aseguradoras debían reducir los tiempos de espera y descongestionar la programación de citas. También señaló que abriría acciones de inspección, vigilancia y control, con las sanciones administrativas correspondientes, si las órdenes no se cumplían.

La orden de Supersalud se concentró en esas cuatro entidades porque, en conjunto, reunían el 55,32% de las Pqrd examinadas por el organismo. Además de los casos atribuidos a EPS Sura, Nueva EPS acumulaba 8.328 reclamaciones, equivalentes al 14,62% del total; Salud Total registraba 8.062, el 14,15%, y Sanitas reportaba 7.576, el 13,30%.

Para la autoridad, la asignación de una consulta no debe depender de que el afiliado presente una reclamación ante el organismo de control. El plan exigido a las EPS incluyó la disminución de las esperas, la revisión de las agendas y la solución de los requerimientos pendientes.

Las actuaciones de la entidad hicieron parte del Plan 100, con el que se realizaron más de 1.000 inspecciones a gestores farmacéuticos y puntos de dispensación en distintas regiones de Colombia. En julio, el organismo también anunció visitas a los dispensarios de la EPS Compensar en Bogotá, después de recibir denuncias de usuarios que aseguraron haber esperado entre seis y siete horas para reclamar sus medicamentos.

Entre el 1 y el 5 de julio, Compensar recibió 1.101 reclamos por retrasos en la entrega de fármacos. De ese total, 130 continuaban sin solución en el último reporte citado por la Superintendencia, con un porcentaje de cierre del 88,19 %.

Rafael More Jaramillo, exgerente de Inlaca y apoderado de una sociedad vinculada al entorno de Alex Saab, fue postulado el 30 de septiembre de 2026 para ser subdirector técnico de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), un cargo desde el que se evalúan y vigilan proyectos de hidrocarburos, minería, energía e infraestructura en Colombia.

Su hoja de vida fue publicada por la entidad del Estado, aunque no registra su paso por Venezuela ni la administración de la empresa lechera que tendría relación con el denominado testaferro de Nicolás Maduro.

La postulación corresponde a un puesto directivo de libre nombramiento y remoción dentro de la Anla. Las subdirecciones técnicas emiten conceptos sobre la viabilidad ambiental de obras, recomiendan medidas preventivas y pueden abrir procesos sancionatorios contra compañías que incumplen sus obligaciones.

Según una investigación adelantada por la revista Cambio, More Jaramillo aparece en la documentación corporativa venezolana como representante de Moxem Food FZ-LLC, una compañía registrada en Emiratos Árabes Unidos el 13 de junio de 2019. El 7 de junio de 2024, esa sociedad tomó el control de Inlaca y él asumió la gerencia general de la compañía.

El paso por la empresa del entorno de Saab

Inlaca había pertenecido hasta entonces a Mirona Food FZE, otra sociedad emiratí constituida el 27 de agosto de 2018. La firma poseía las 65.845.900 acciones de la compañía venezolana y era representada mediante carta poder por Carlos Rolando Lizcano Manrique, hombre de confianza de Saab.

La reunión de accionistas se realizó a las 09:00 a. m. del 7 de junio de 2024 en Caracas. El acta consignó la presencia de More Jaramillo como apoderado de Moxem Food y como titular de una cédula de extranjero, documento venezolano destinado a personas con estatus migratorio formal en el país.

La operación mantuvo a Inlaca dentro del mismo entramado empresarial. La investigación del portal venezolano Armando.info, firmada por Roberto Deniz, sostuvo que Saab habría adquirido la compañía en marzo de 2019 a través de Mirona Food, como parte de una cadena de compras realizadas de manera reservada.

Antes del traspaso, Inlaca fue administrada primero por Jorge Arraut y después por Lizcano. Este último presidió Salva Foods, empresa vinculada a las tiendas de los Clap, el programa de alimentos subsidiados del chavismo, y obtuvo una cédula venezolana en 2018.

Lizcano, nacido en Cúcuta en 1971, fue señalado en 2019 por Armando.info como el presunto operador que buscó influir sobre diputados opositores venezolanos para mejorar la imagen de Saab. La justicia federal de Estados Unidos lo acusó en octubre de 2021 de lavado de dinero junto con Álvaro Pulido y el exgobernador del Táchira José Gregorio Vielma Mora; está detenido en Venezuela desde febrero de 2026.

El vínculo de Saab con el sector alimentario venezolano precedió a Inlaca. El mismo portal documentó en 2018 que la leche en polvo mexicana distribuida en cajas de los Clap llegaba mediante empresas relacionadas con Saab y Pulido, y que parte del producto tenía niveles tan bajos de calcio y proteína que difícilmente podía considerarse leche.

More Jaramillo habría administrado la lechera durante el período en que Saab concentró poder en Caracas. Nicolás Maduro lo designó ministro de Industrias en octubre de 2024, mientras que Camilla Fabri, esposa del empresario, fue viceministra para la Comunicación Internacional y presidenta de la Misión Vuelta a la Patria.

La captura de Maduro, ocurrida el 3 de enero de 2026, modificó ese escenario. Saab fue detenido en febrero y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería informó el 16 de mayo que había sido deportado a Estados Unidos.

El 15 de septiembre de 2026, Saab se declaró culpable de conspiración para lavar dinero vinculada a los contratos de los Clap. Aceptó entregar 195 millones de dólares, se comprometió a colaborar con las autoridades estadounidenses y enfrenta una posible pena de hasta 20 años de prisión; la sentencia está prevista para el 20 de enero de 2027.

Tras la salida de Saab, trabajadores de Inlaca dijeron a Armando.info que More Jaramillo “desapareció sin dar explicaciones”. El Ministerio de Industrias de Venezuela intervino la empresa el 26 de agosto de 2026.

Una hoja de vida sin registros de Caracas

La información publicada por la Anla describe a More Jaramillo como ingeniero ambiental graduado en febrero de 2009 y con un MBA terminado en 2013. Allí figuran su trabajo como coordinador académico de la Universidad El Bosque y casi una década de actividad en Interstruc Colombia, donde aseguró haber sido director ambiental hasta diciembre de 2018.

También declaró experiencias profesionales en Hytsa Estudios y Proyectos, Área Limpia y Agromore S.A.S. Su último empleo informado fue como CEO y gerente general de GoMore Group LLC, una compañía de Miami, entre el 1 de junio de 2021 y el 31 de enero de 2024.

No hay referencias en ese recorrido a Inlaca, Moxem Food, Venezuela ni a otra ocupación que cubra los dos años y medio posteriores a enero de 2024. Tampoco figura Gomore SAS, una empresa matriculada en la Cámara de Comercio de Santa Marta el 13 de septiembre de 2023.

Gomore SAS tiene como representante legal a Andrea Alejandra Peñarredonda Gómez, esposa de More Jaramillo. Su objeto social incluye administración empresarial, consultoría de gestión, actividades jurídicas e ingeniería; renovó su matrícula en junio de 2026 y reportó ingresos por $20 millones durante 2025.

La sociedad estadounidense GoMore Group LLC fue constituida el 1 de junio de 2021 con More Jaramillo y Peñarredonda Gómez como miembros administradores. Presentó su último reporte anual en Florida el 16 de febrero de 2024, dos semanas después de la fecha en que él afirmó haber dejado la gerencia, y actualmente consta como inactiva.

Agromore S.A.S., otra compañía mencionada en su hoja de vida, está en liquidación y no renueva su matrícula mercantil desde 2019, de acuerdo con el registro de la Cámara de Comercio de Bogotá. La empresa no declaró ingresos hasta 2018 y, en su último año de renovación, reportó $3.965 millones.

Francisco Borja Chilito Rodríguez figura como representante legal de Agromore. Los nombres de Iván Leandro Chilito y Nicolás Francisco Chilito Lenis aparecen junto al de More Jaramillo como codemandados en procesos judiciales en Bogotá.

Como persona natural, More Jaramillo tuvo matrícula mercantil durante seis meses, entre septiembre de 2016 y marzo de 2017. Sus actividades registradas incluían saneamiento ambiental, educación universitaria y consultoría.

El vínculo familiar con el círculo de De la Espriella

Andrea Peñarredonda trabajó en Caracas junto a Fabri, esposa de Saab. En noviembre de 2025, la entonces precandidata Vicky Dávila la calificó como la “mano derecha” de la esposa de Saab y pidió explicaciones a Abelardo de la Espriella sobre sus conexiones con ese entorno.

Peñarredonda es hermana de Daniel Peñarredonda Gómez, abogado que fue socio de De la Espriella Lawyers hasta 2025. El actual presidente describió al jurista como alguien cercano a su carrera profesional durante una entrevista con José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, el 1 de febrero de 2026: “Daniel Peñarredonda trabajó conmigo desde los 18 años, es como un hijo mío”.

Meses antes, De la Espriella había dicho a Alejandro Villanueva, de Desigual, que descubrió a Peñarredonda cuando tenía 18 años, comenzó como dependiente y terminó como socio de la firma. Durante años, el presidente también fue abogado de Saab, según Armando.info.

De la Espriella Lawyers llevó hasta 2025 asuntos de uno de los hermanos de Saab, quien aceptó cargos por lavado de activos en Estados Unidos.

Según información conocida por Cambio, Daniel Peñarredonda fue fotografiado en abril de 2024 en un acto político encabezado por Saab, dos meses antes de que More Jaramillo representara a Moxem Food en el cambio de control de Inlaca.

Andrea Peñarredonda también visitó recientemente el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería en Bogotá, que De la Espriella había anunciado como despacho presidencial antes de devolver la Presidencia a la Casa de Nariño.

La rama judicial registra dos procesos ejecutivos iniciados por Bancolombia en 2019 contra More Jaramillo y Peñarredonda Gómez, además de otros cobros de entidades financieras contra él. Uno de esos expedientes involucra a Interstruc Colombia y sigue en juzgados de ejecución de sentencias.

Los certificados oficiales indican que More Jaramillo no tiene antecedentes disciplinarios, penales ni contractuales y tampoco aparece como responsable fiscal. No registra contratos estatales en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública ni figura como socio o directivo en los reportes de la Superintendencia de Sociedades.

El Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Santa Marta pidió a la Fiscalía General de la Nación que se adelanten las investigaciones contra los policías judiciales Dikson Charrupí Moncada y Geiner Tarazona Guerrero por un presunto fraude vinculado con pruebas incautadas en 2010 a empresas de Enilse López Romero, conocida como La Gata, cuyos bienes fueron avaluados entonces en 1,7 billones de pesos.

Según información conocida por la revista Cambio, la decisión podría abrir un nuevo frente judicial por el proceso que relacionó a la fallecida empresaria del chance con el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

La orden fue impartida el 17 de septiembre por el juez Helder Said Durán Rodríguez, quien consideró que la Fiscalía debía avanzar en la indagación por presunto fraude procesal y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. El magistrado advirtió que, pese al tiempo transcurrido desde el supuesto daño de las pruebas, los dos investigadores no habrían sido llamados como indiciados.

“En criterio de este funcionario, esos señores debieron al menos ser interrogados por la Fiscalía”, afirmó Durán durante la diligencia. El juez sostuvo que los funcionarios pudieron haber afectado tanto la investigación penal como el derecho a la defensa de la denunciante y de los socios de las empresas de apuestas.

La controversia se originó en un allanamiento realizado el 17 de junio de 2010 en Aposmar, una empresa de chance de propiedad de López. Dos discos duros extraídos durante el procedimiento aparecieron dañados en septiembre de ese mismo año, según la denuncia que presentó “La Gata” cuatro años antes de morir.

López cumplía una condena de 37 años de prisión por sus nexos con grupos paramilitares y por el homicidio del vigilante Amaury Fabián Ochoa cuando denunció que la destrucción del material le impidió controvertir las pruebas empleadas en procesos por lavado de activos y extinción de dominio. Esos expedientes se basaron, según su versión, en informes elaborados por los investigadores judiciales.

“Bajo la custodia de la Fiscalía se han dañado e inutilizado los elementos con los que se ha iniciado un proceso en mi contra y, por tanto, no me he podido defender”, expresó López en la denuncia. La empresaria cuestionó que la información contable de sus compañías no pudiera verificarse contra los discos originales.

El expediente señala que la fiscal Tania Amparo Leal y los investigadores del caso habrían conocido el daño de las pruebas desde septiembre de 2010. La defensa de López, en cambio, aseguró que solo fue informada de esa situación nueve años después, en 2019.

“En la actualidad solo existe un informe de auditoría practicada por policía judicial donde se inserta información falsa, pues manipularon y cambiaron los datos encontrados”, denunció “La Gata” en su momento. Su equipo jurídico sostuvo que la imposibilidad de revisar los soportes contables habría permitido que los informes incluyeran información falsificada o alterada.

Charrupí habría elaborado junto con la investigadora Astrid Adriana Pérez el informe de policía judicial sobre el procedimiento en Aposmar. Uno de los discos dañados habría estado inicialmente bajo su custodia y después pasado a manos de Tarazona, quien figuró posteriormente entre los agentes que certificaron el deterioro de los dispositivos.

La defensa de la familia de López y del empresario Jesús María Villalobos, conocido como “El Perro”, afirmó que ambos investigadores supuestamente destruyeron un disco duro Samsung de 500 GB, serial 9475. Según ese planteamiento, el dispositivo almacenaba imágenes de los computadores del contador, el auxiliar contable, el servidor de la empresa, la gerencia y la gerencia administrativa de Aposmar.

Parte de la familia de La Gata fue reconocida como víctima dentro de la investigación contra los dos policías. La familia de Villalobos, exsocio de López y asesinado en mayo de 2014, también se considera afectada por las actuaciones atribuidas a Charrupí y Tarazona.

La inclusión de Martha Dereix en los informes judiciales

Los abogados de los empresarios del chance sostienen que los informes sobre los discos duros introdujeron un dato falso: la presunta participación de Martha Dereix, exesposa de Salvatore Mancuso, en el esquema empresarial de López. La inclusión habría reforzado la hipótesis de que las compañías de chance lavaban recursos de grupos paramilitares.

Mancuso también cuestionó esa información en un memorial. El exjefe paramilitar habló de “la inclusión maliciosa y fraudulenta” del nombre de su exesposa “en un supuesto informe contable, copiado presuntamente en un disco duro durante un allanamiento”.

“Dicho dispositivo fue formalmente ingresado en cadena de custodia, bajo resguardo exclusivo de la DIJIN, y aun así terminó dañado de manera inexplicable y con claras trazas de manipulación ilícita, siendo absolutamente imposible que la fiscalía extrajera información alguna”, afirmó Mancuso en su momento.

La defensa de López y el excomandante paramilitar aseguran que Charrupí y Tarazona incorporaron a Dereix como supuesta accionista de Aposmar, en Santa Marta, y de Uniapuestas, empresa de chance de Barranquilla. Ambas compañías eran controladas por La Gata.

También sostienen que el proceso por lavado de activos surgió de un supuesto montaje de Deivis y Leonardo Rojas, dos exescoltas de López. Según esa versión, los hermanos denunciaron hechos para obtener una parte de los bienes de la estructura empresarial.

La recompensa sobre los bienes de La Gata

Deivis y Leonardo Rojas figuran como delatores en los procesos de extinción de dominio y lavado de activos contra la estructura de su antigua jefa. Esas investigaciones también incorporaron informes de la DEA, la oficina del Gobierno de Estados Unidos encargada de combatir el narcotráfico.

Mancuso y la defensa de López cuestionaron la autenticidad de esos documentos, fechados entre 2009 y 2011, y los calificaron como “espurios”. El informe de 2009 que sirvió de base para los allanamientos mencionaba a varias de las personas vinculadas al proceso, incluido el empresario momposino Alfonso Hilsaca Eljaude.

Los hermanos Rojas declararon que Mancuso presuntamente entregaba, mediante terceros, tulas con grandes sumas de dinero para ser lavadas a través de las empresas de La Gata. El exjefe paramilitar y los abogados de la empresaria fallecida consideran que esas afirmaciones respondían a una persecución orientada a obtener una recompensa.

En 2014, cuando la justicia impuso medidas cautelares sobre bienes relacionados con el emporio de chance en la costa Caribe, Charrupí envió dos cartas a una fiscal de extinción de dominio a cargo del expediente de López y Mancuso. Allí dejó consignado que los hermanos Rojas Zabala esperaban recibir hasta 5% de los bienes presuntamente ilícitos de su antigua jefa.

El proceso por lavado de activos contra las empresas de chance es la única investigación que actualmente pesa sobre Mancuso en la justicia ordinaria. La causa, radicada en un juzgado especializado de Cartagena, se acerca a la prescripción después de más de una década desde la imputación de cargos, una situación que ha sido advertida por la Procuraduría General de la Nación.