El escenario político colombiano se reconfigura tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, en la que Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda resultaron como los dos candidatos con mayor respaldo en las urnas.

Los votos obtenidos por De la Espriella, quien representa al movimiento Defensores de La Patria, superaron los 10 millones, mientras que Cepeda, del Pacto Histórico, quedó a menos de 700 mil sufragios de su rival. De cara al balotaje del 21 de junio, las fuerzas políticas definen apoyos, alianzas y rupturas internas.

Los apoyos de Abelardo de la Espriella

El partido Cambio Radical fue uno de los primeros en confirmar su respaldo a De la Espriella tras los resultados. En un comunicado oficial, la colectividad fundada por Germán Vargas Lleras expresó que su objetivo es impedir la continuidad del proyecto político liderado por Gustavo Petro.

“Con el objetivo de evitar la reelección del fracasado proyecto político de Gustavo Petro, este partido respaldará y apoyará a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial”, comentó la colectividad.

A este respaldo se sumó el partido Creemos, la fuerza política liderada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que oficializó su alianza en un acto público celebrado el 28 de enero en la capital de Antioquia. En el evento estuvieron presentes candidatos de ambas listas, como la empresaria Juliana Gutiérrez.

El movimiento Salvación Nacional, relanzado por decisión de la Corte Constitucional y actualmente liderado por Enrique Gómez, también apoya a De la Espriella. La agrupación, fundada por Álvaro Gómez Hurtado, ha impulsado candidaturas al Congreso bajo el liderazgo del abogado.

Finalmente, el Centro Democrático confirmó su adhesión por medio de una declaración en redes sociales de su jefe natural, el expresidente Álvaro Uribe, quien afirmó que la derecha colombiana buscará una unión para apoyar al apodado ‘Tigre’.

“Ganó el doctor Abelardo De La Espriella. Cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades, de la creatividad individual, de la cohesión social, de la economía fraterna, del Estado pequeño y austero”, comentó el expresidente.

Entre los apoyos individuales a la candidatura de De la Espriella figuran nombres como el excongresista Rodrigo Lara Restrepo, integrante del clan Char, Alfredo Deluque, Miguel Polo Polo, Jhon Milton Rodríguez, Mauricio Gómez Amín y Lina Garrido. El excandidato Miguel Uribe Londoño se sumó oficialmente a la campaña el primero de junio.

Estos apoyos buscan consolidar una alternativa opuesta al progresismo representado por Iván Cepeda.

Las alianzas de Iván Cepeda

El partido Alianza Verde hizo pública su decisión de respaldar a Iván Cepeda el 29 de abril. La medida generó divisiones internas; algunos miembros, como Catherine Juvinao, Julián Sastoque y Pedro Moreno, apelaron a la objeción de conciencia para desmarcarse del apoyo colectivo.

El respaldo de la fuerza Comunes llegó a finales de marzo. Esta colectividad, surgida tras el Acuerdo de Paz de La Habana y que pronto dejará de tener representación parlamentaria, definió su postura mediante una circular interna que enfatiza la sintonía con la agenda progresista de Cepeda.

Los representantes de las 16 curules de la Circunscripción Especial para la Paz también declararon su adhesión a la candidatura del Pacto Histórico en la misma fecha que los Verdes. El Partido Comunista Colombiano se alineó con la propuesta de Cepeda, reforzando la base de apoyos de izquierda.

En el sector liberal, un grupo encabezado por el representante Carlos Ardila, el exfiscal Eduardo Montealegre y el hermano del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció su respaldo a Cepeda.

En el plano individual, el progresismo cuenta con el apoyo de Roy Barreras, Clara López, el expresidente Ernesto Samper, Luis Gilberto Murillo, Carlos Caicedo y Juan Fernando Cristo, entre otros.

Un total de 77 personas que figuraban como desaparecidas en registros oficiales fueron identificadas este domingo 31 de mayo en diferentes puestos de votación del país mientras ejercían su derecho al voto, según confirmó la Fiscalía General de la Nación.

El hallazgo se produjo durante el desarrollo de la primera vuelta presidencial y las autoridades gestionaron de inmediato las actas de supervivencia y excluyeron a estas personas del listado de desaparecidos.

La Fiscalía entregó este balance al cierre de la jornada electoral del 31 de mayo, en el que también se reportaron ocho capturas por delitos electorales y la apertura de 10 investigaciones por posibles irregularidades que habrían ocurrido en Bogotá, Caquetá, Chocó, Nariño, Risaralda y Sucre. Entre las investigaciones en curso, una involucra a la alcaldesa de El Paujil, Latia Sindy Castillo Muñoz, quien es señalada por el presunto delito de constreñimiento al sufragante.

Las personas que reaparecieron votando fueron ubicadas en departamentos como Cesar, Atlántico, Bolívar, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Antioquia, Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Cundinamarca, Caquetá, Putumayo, Huila y Guaviare.

Tras comprobar su identidad, la Fiscalía y otras autoridades tramitaron la documentación necesaria para actualizar la información oficial sobre su paradero.

“77 personas reportadas como desaparecidas acudieron a puestos de votación ubicados en Cesar, Atlántico, Bolívar, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Antioquia, Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Cundinamarca, Caquetá, Putumayo, Huila y Guaviare. En ese sentido, se les emitieron las actas de supervivencia y sus nombre fueron descargados de los registros oficiales”, señaló la entidad.

Delitos electorales y capturas durante la jornada

La Fiscalía también reportó que, durante el proceso electoral, ocho personas fueron capturadas por presuntos delitos electorales. Cinco de ellas fueron detenidas en flagrancia en la ciudad de Popayán, Cauca, donde se investiga un posible caso de corrupción al sufragante.

Según las autoridades, los capturados —cuatro mujeres y un hombre— habrían estado revisando certificados electorales de ciudadanos que sufragaron por un candidato específico y anotando sus datos en un listado.

En el municipio de Cumaral, Meta, otra persona fue apresada al intentar suplantar a un testigo electoral. Además, en Valledupar, Cesar, una mujer fue detenida por el presunto delito de voto fraudulento, ya que, de acuerdo con la Fiscalía, habría intentado votar en dos mesas distintas.

Acciones de la Fiscalía para garantizar la transparencia electoral

Como parte de las acciones orientadas a asegurar la transparencia de los comicios, se abrieron 10 investigaciones relacionadas con delitos electorales en varios departamentos.

Una de estas investigaciones la asumió un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción y está dirigida a una mandataria local, mientras que la Procuraduría también inició un proceso disciplinario por hechos similares.

En paralelo, unidades del CTI y la Policía Nacional hicieron efectivas 85 órdenes de captura por delitos no vinculados con las elecciones. Las detenciones ocurrieron en diferentes regiones y corresponden a casos de homicidio, concierto para delinquir, extorsión, tráfico de estupefacientes, hurto, violencia intrafamiliar y acceso abusivo a sistemas informáticos.

Entre las personas detenidas figura un jurado de votación en Hato Corozal, Casanare, quien era buscado por el delito de acto sexual con menor de 14 años. Este operativo refuerza la estrategia de las autoridades para identificar y capturar a responsables de conductas penales aprovechando la movilización ciudadana durante la jornada electoral.

Así, la Fiscalía General de la Nación concluyó su balance sobre la primera vuelta presidencial, en la que resultaron ganadores Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, subrayando la importancia de las medidas adoptadas para la protección de la transparencia y la legalidad del proceso.

Entretanto, las autoridades ya empezaron a alistar las estrategias de seguridad de cara a la segunda vuelta presidencial que se adelantará el 21 de junio en todo el territorio nacional.

El fallecimiento de Alexander Avendaño en el embalse El Peñol, en Guatapé, sigue generando fuertes reacciones por parte de las autoridades nacionales, especialmente tras comprobarse que se habrían presentado irregularidades por parte de la embarcación que transportaba al joven el día del incidente.

De hecho, en la mañana del lunes 1 de junio, el Ministerio de Transporte advirtió que podrían imponerse sanciones administrativas si se comprueban violaciones a la normativa vigente.

La ministra María Fernanda Rojas advirtió que, aunque la entidad turística cumplía con toda la documentación exigida por el ministerio, la embarcación habría presentado fallas de seguridad durante el recorrido por el embalse en el que estuvo presente Avendaño.

“La seguridad no puede entenderse únicamente como el cumplimiento de requisitos documentales. Cada operador tiene la obligación permanente de garantizar la protección efectiva de los pasajeros durante toda la navegación. Cuando está en juego la vida de las personas, no hay espacio para excepciones”, afirmó la ministra.

Según la cartera, la embarcación involucrada contaba con todos los documentos exigidos: patente de navegación, certificado técnico, elementos de seguridad reportados, plan de mantenimiento y pólizas de responsabilidad civil.

Sin embargo, las autoridades investigan si durante la navegación se infringieron las reglas sobre el uso obligatorio de chalecos salvavidas y otras condiciones operativas. La Ley 1242 de 2008 obliga a que pasajeros y tripulación lleven siempre el chaleco desde el embarque y prohíbe abordar o consumir bebidas alcohólicas o sustancias alucinógenas durante el recorrido.

“El llamado es a todos los operadores, capitanes, tripulantes y usuarios para que cumplan rigurosamente las normas de seguridad. La prevención de este tipo de hechos es una responsabilidad compartida y cada medida de protección puede marcar la diferencia entre la vida y la tragedia”, agregó la ministra

Actualmente, se adelanta un proceso de verificación para determinar si existieron incumplimientos relacionados con el uso de elementos de protección y el estado de los pasajeros o tripulantes. De hallarse responsables, los operadores enfrentarían sanciones administrativas, según lo prevé el régimen de transporte fluvial y bajo la vigilancia de la Superintendencia de Transporte.

El Ministerio de Transporte enfatizó que la prevención de tragedias en la navegación no es una tarea exclusiva de los operadores.

El organismo reiteró su acompañamiento a las familias afectadas y su compromiso con el fortalecimiento de la cultura de seguridad en la navegación. La vigilancia sobre el cumplimiento de las normas continuará como parte del esfuerzo institucional para evitar que hechos similares se repitan en el futuro.

Entretanto, la familia de Alexander Avendaño Varelas despidió al joven de 22 años en un ambiente marcado por el dolor y la exigencia de justicia, mientras las versiones de los implicados en el caso han comenzado a circular en medio de una fuerte presión social. La muerte de Alexander, ocurrida en el embalse El Peñol-Guatapé, sigue bajo investigación y ha movilizado tanto a las autoridades como a la comunidad de Antioquia.

La atención pública se ha volcado hacia las personas señaladas por la opinión pública. Una de ellas, María José Caro, decidió hablar y negó cualquier participación directa en las agresiones que terminaron con la vida del joven.

En su comunicado, Caro aseguró que solo presenció el altercado y que cuando llegó, ya había terceros intentando controlar la situación. “Nunca lo toqué ni incité a otros a agredirlo”, afirmó. Además, denunció haber sido víctima de amenazas y señaló que ya presentó denuncias formales ante la Fiscalía para protegerse junto a su familia.

El caso ha generado un ambiente tenso, donde la difusión de videos y mensajes en redes sociales ha complicado la identificación de responsabilidades reales. Otro de los señalados, conocido como DJ Coco, también manifestó su preocupación por la seguridad de su familia y expresó temor ante el señalamiento mediático. Ambas personas reiteraron su disposición a colaborar con las autoridades y a aportar pruebas con el fin de esclarecer los hechos y limpiar sus nombres.

La muerte de Alexander Avendaño Varelas provocó una reacción inmediata de la comunidad, que acompañó a la familia en las honras fúnebres realizadas la noche del 31 de mayo y la mañana del 1 de junio. Los actos de despedida se llevaron a cabo en la parroquia San Cristóbal, para luego trasladar el cuerpo al cementerio local. El círculo cercano al joven convocó a la comunidad a un momento de reflexión y memoria para exigir justicia y recordar al joven fallecido.

En medio de las fuertes tensiones por cuenta de los resultados preliminares de los comicios de la primera vuelta presidencial, que dejó a Abelardo de la Espriela e Iván Cepeda enlistados para un nuevo enfrentamiento en las urnas el 21 de junio, empezaron a verse nuevas estrategias para apoyar las candidaturas.

De hecho, en la mañana del lunes 1 de junio, el embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, usó su cuenta de X para hacer una solicitud específica al ministro del Interior, Armando Benedetti, para que abandone el Gobierno nacional de inmediato.

Según indicó el autodenominado pastor, la fuerza política del jefe de cartera sería indispensable para apoyar la candidatura de Iván Cepeda luego de confirmarse la superioridad de Abelardo de la Espriella en las urnas el domingo 31 de mayo.

El comentario del embajador llamó la atención de los internautas, sobre todo porque evocó un momento polémico: la divulgación de audios entre Laura Sarabia, entonces jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, y Armando Benedetti, en los que él reconoció haber conseguido miles de millones para la campaña del entonces candidato Petro.

“Le pido a Armando Benedetti que renuncie ya...el sabe para que Gustavo Petro”, fueron las escuetas palabras del diplomático.

En otro mensaje, el también religioso reconoció que, aunque no mantiene cercanía con Benedetti y otros políticos de vieja data como Roy Barreras, su participación activa en esta campaña presidencial podría ser definitiva para garantizar el proyecto político de Gustavo Petro.

“Todos conocen las molestias que he tenido con Roy Barreras y Armando Benedetti pero haberlos alejado es la mayor brutalidad del mundo. Solos los torpes politicos hacen eso y tienen que llamarlos ya para que ayuden a abrir el triunfo. Es hora de radicalismo del discurso, el pueblo quiere a un líder firme”, escribió el embajador de Colombia en Brasil.

En 2023, el expediente judicial contra la campaña presidencial de Gustavo Petro tomó un giro inesperado tras la difusión de audios de Armando Benedetti, quien fuera embajador en Venezuela en ese momento.

El contenido de las grabaciones provocó la apertura de una investigación formal por parte de la Fiscalía General de la Nación, centrada en la posible entrada de 15.000 millones de pesos de procedencia no esclarecida.

En los audios publicados por Semana, Benedetti expresó su inconformidad y afirmó haber gestionado el dinero que permitió diversas actividades clave durante la campaña. “Nadie me deja tirado tres horas ahí, un man que hizo 100 reuniones en una campaña, un man que consiguió 15.000 millones y ahora… que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie”, se escucha decir a Benedetti. Además, el exembajador insinúa conocer detalles sobre el origen de los fondos, afirmando que quienes estaban detrás “no eran emprendedores”.

La respuesta de Colombia Humana no se hizo esperar en ese momento. La agrupación política rechazó las declaraciones de Benedetti y aseguró que toda la financiación de la campaña se ajustó a la ley. En su pronunciamiento, negaron haber recibido recursos provenientes del exembajador o tener registros de aportes gestionados por él. También señalaron que la contabilidad de la campaña fue auditada y nunca se notificaron irregularidades.

El entonces gerente de campaña Ricardo Roa, quien ocupó el cargo de presidente de Ecopetrol tras el ascenso de Gustavo Petro, respaldó la versión oficial. “Jamás se recibió aporte o donación directa del exembajador”, afirmó Roa, al tiempo que lamentó las declaraciones de Benedetti.

Roa detalló en su momento que la campaña realizó todos los controles necesarios sobre los recursos y que las donaciones registradas suman 150 millones de pesos, provenientes tanto en efectivo como en especie.

La Fiscalía General de la Nación comunicó que los fiscales dirigirían sus acciones tanto hacia personas aforadas como no aforadas, en busca de posibles delitos relacionados con la financiación de la campaña presidencial, violación de topes electorales y cualquier otra irregularidad que pueda surgir durante la investigación.

Los 44.810 colombianos que poseen una fortuna igual o superior a un millón de dólares, según el más reciente informe Global Wealth Report de UBS, representan un grupo cuya riqueza supera la de municipios enteros del país.

La cifra, que equivale aproximadamente a 3.700 millones de pesos libres de deudas, ubica a Colombia en el cuarto lugar de América Latina en cantidad de millonarios, detrás de Brasil, México y Chile.

El Global Wealth Report de UBS revela que el número de millonarios a nivel mundial ha alcanzado casi 60 millones en 2024. Dentro de este universo, existen dos categorías: los multimillonarios —2.891 personas con fortunas que superan los 1.000 millones de dólares— y los denominados Emilli, o “millonarios de todos los días”, que agrupan a quienes tienen entre uno y cinco millones de dólares en patrimonio.

Este último segmento, en constante crecimiento, alcanza los 52 millones de individuos, cuando a comienzos del siglo eran poco más de 13 millones, a quienes han denominado como millonarios ‘comunes y corrientes’.

Diversificación y estrategias ante la volatilidad

La gestión de patrimonios, conocida como wealth management, no es para un sector tan reducido como podría suponerse. Muchos colombianos con altos ingresos acceden a estos servicios para proteger y multiplicar su capital.

Según Simon Toros, director del mercado de Centroamérica y el Sur (CAS) en UBS Global Wealth Management, los millonarios de la región suelen diversificar su patrimonio porque la mayoría de sus fortunas provienen de empresas familiares. Este enfoque les permite reducir riesgos asociados a la economía local y les abre la puerta a inversiones internacionales.

A pesar del contexto global marcado por la volatilidad económica y la incertidumbre política y las recientes medidas de imposición de aranceles, las oportunidades de inversión siguen existiendo. Toros identifica sectores como tecnología, inteligencia artificial, crédito privado e infraestructura como los más atractivos actualmente, especialmente en América Latina. La clave, afirma, reside en elegir los proyectos adecuados dentro de una oferta amplia y diversa.

En años recientes, Colombia ha experimentado una baja en su calificación de riesgo, lo que podría desalentar ciertas inversiones. Sin embargo, los representantes de UBS aseguran que el mercado local sigue siendo una opción viable para quienes saben identificar oportunidades, especialmente en sectores estratégicos como el petróleo y la deuda interna.

“No vemos el tema electoral como algo blanco o negro, sino que vemos oportunidades en sectores como petróleo, infraestructura y deuda local”, señaló Toros.

Comportamiento de los millonarios colombianos frente a escenarios electorales

En periodos electorales, como el que atraviesa Colombia, es común que los grandes patrimonios busquen mecanismos para protegerse. Esta tendencia lleva a muchos a mirar hacia el exterior, en busca de resguardo para su capital.

Sin embargo, Alberto Piedrahita, director de la Oficina de Representación de UBS en Colombia, aclara que esto no significa necesariamente abandonar el país. Según su visión, los empresarios que han construido sus compañías en Colombia prefieren buscar aliados en áreas donde ya tienen experiencia, pero expandiendo sus horizontes hacia jurisdicciones como Centroamérica, Estados Unidos o España.

Piedrahita destaca que, aunque la percepción sobre el valor de los negocios locales ha cambiado, los empresarios colombianos continúan apostando por el país. “Ellos le siguen apostando al país. Han entendido que el precio que pensaban que les iban a dar por sus negocios no era verdad; por ende, lo mejor es buscar aliados en lo que saben hacer, pero en otras jurisdicciones. Eso les permite mitigar los riesgos”, afirmó en declaraciones recogidas por la revista Semana.

Cabe mencionar que en este grupo no se incluyen a los colombianos que hacen parte del reducido grupo de los hombres más ricos del país y del mundo, entre los que se incluye a Jaime Gilinski Bacal, con una fortuna de $14.700 millones de dólares; David Vélez (US$14.500 millones) Fundador de Nubank, y Luis Carlos Sarmiento Angulo (US$10.000 millones)

Siga aquí el minuto a minuto de las elecciones presidenciales de Colombia con las últimas noticias, los reportes de seguridad, las decisiones de las autoridades y los acontecimientos más relevantes de la jornada.

Colombia cerró una intensa jornada electoral marcada por una alta participación ciudadana, reportes de irregularidades y los primeros resultados que definieron el panorama político del país. Durante el día, las autoridades recibieron cientos de quejas relacionadas con presuntas presiones a votantes, errores en puestos de votación y posibles delitos electorales. Además, la Procuraduría suspendió provisionalmente a una alcaldesa por presunta participación en política e inició una investigación contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.

Los resultados del preconteo dieron como finalistas a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, quienes disputarán la segunda vuelta presidencial. Mientras continúa el conteo de votos por parte de los jurados y la Registraduría, el país permanece atento a las declaraciones de los aspirantes:

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Procurador general visita los equipos escrutadores en Bogotá

Como parte del proceso electoral, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach visitó el recinto ferial Corferias para verificar el proceso de los escrutinios tras las elecciones presidenciales en primera vuelta.

Según la información conocida hasta el momento, ninguno de los jurados y testigos electorales han presentado quejas sobre el conteo de votos, mientras la Registraduría sostiene que el proceso ya avanza en un 90%, por lo que las credenciales a los dos candidatos elegidos para disputarse la segunda vuelta serían entregadas a lo largo de la primera semana de junio.

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Analistas internacionales plantean el posible panorama entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en una segunda vuelta

El analista político Víctor Muñoz contó detalles a Infobae de cuáles podrían ser los escenarios para una segunda vuelta presidencial en Colombia tras la marcada votación obtenida por los dos candidatos de extremas el domingo 31 de mayo.

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Gregorio Eljach destaca jornada electoral y pide respetar los resultados de las urnas

El procurador general, Gregorio Eljach, destacó que la jornada electoral se desarrolló de manera libre, transparente y segura, aseguró que la democracia colombiana salió fortalecida y llamó a respetar los resultados de las urnas. Además, agradeció el trabajo de las instituciones y sectores que acompañaron el proceso, resaltando que no se presentaron hechos graves de violencia y que se logró garantizar la paz electoral.

El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, advierte que estará vigilante de la conducta de los servidores públicos, incluido el Presidente de la República, para que se impida su indebida participación en política, frente a la segunda vuelta de la elección presidencial.… pic.twitter.com/1ziNWlSr9F

— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) June 1, 2026

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Iván Duque se una a las reacciones frenta a las declaraciones de Petro

En un mensaje publicado en X, Duque afirmó que “Petro quiere desconocer la democracia y a la organización electoral” y pidió un pronunciamiento de las instituciones y vigilancia por parte de la comunidad internacional. Además, sostuvo que “se requiere la unidad de todos los demócratas de Colombia para rechazar este intento de usurpar el triunfo del pueblo” y concluyó que “Colombia no dejará perder su democracia”.

Alejandro Gaviria le responde a Gustavo Petro

Alejandro Gaviria reaccionó a las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el preconteo electoral y cuestionó su postura frente a los resultados conocidos hasta ahora. A través de su cuenta de X, el exministro escribió: “Un demócrata se reconoce por su disponibilidad a perder: a aceptar las reglas de juego y conceder con grandeza. Petro no es un demócrata”.

El mensaje se produjo luego de que el mandatario manifestara que no acepta los resultados del preconteo y que solo reconocerá los que arroje el escrutinio oficial de las comisiones escrutadoras.

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Declaraciones de Iván Cepeda: se dirigió a los jóvenes

Iván Cepeda envió un mensaje a los jóvenes tras conocerse los resultados de la primera vuelta y los llamó a convertirse en protagonistas de la segunda vuelta presidencial.

Durante su intervención, el candidato destacó el papel de las nuevas generaciones en los cambios sociales y aseguró que serán determinantes en la elección del próximo presidente. “Llamo a la juventud, que han sido indispensables en la transformación de la sociedad. De ustedes depende el futuro de nuestra nación, vengan aquí, porque ustedes definirán la elección de segunda vuelta”, afirmó. Al cierre de su discurso, añadió: “Me llamo Iván Cepeda, y voy a ser su presidente en la segunda vuelta”.

Juan Daniel Oviedo sobre el resultado de las elecciones

Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, lanzó duras críticas a los dos candidatos que se perfilan para disputar la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.

“Tenemos que darnos cuenta que el país se debate entre un candidato machista y homofóbico y un candidato que no ha querido dar la cara”, afirmó Oviedo al referirse al panorama electoral tras los resultados de la primera vuelta. Sus declaraciones se suman a las reacciones de distintos sectores políticos mientras comienzan los movimientos y alianzas de cara a la nueva contienda presidencial.

Reacción del presidente Petro a los resultados del preconteo

El presidente Gustavo Petro aseguró que no reconoce los resultados del preconteo electoral y afirmó que los únicos resultados con validez serán los que surjan del escrutinio oficial realizado por las comisiones escrutadoras.

A través de un mensaje publicado en X, el mandatario sostuvo que hubo modificaciones al software de conteo durante la última semana y denunció presuntas inconsistencias entre el censo electoral oficial y la información utilizada en el preconteo. Petro afirmó que “los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República”, por lo que pidió esperar el avance del escrutinio oficial.

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Reacción de Roy Barreras

Roy Barreras se pronunció tras conocerse los resultados preliminares de la primera vuelta y agradeció a los colombianos que respaldaron su candidatura en las urnas.

El exaspirante aseguró que los sectores progresistas mantienen opciones de triunfo en la segunda vuelta, aunque advirtió que será necesario hacer ajustes. “Los errores deben corregirse y es decisión de la campaña de Iván si se abre o sigue cerrada”, afirmó, en referencia al rumbo que deberá tomar la candidatura de Iván Cepeda de cara a la nueva contienda electoral.

Expresidente Iván Duque reaccionó a los resultados de las elecciones

A través de su cuenta de X, Duque felicitó a Abelardo de la Espriella y a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, por el resultado obtenido en la primera vuelta. Además, hizo un llamado a la unidad de los sectores que defienden “la democracia, la libertad, la seguridad y la equidad” de cara a la segunda vuelta presidencial y destacó la labor de la Registraduría durante la jornada electoral.

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Segunda vuelta presidencial confirmada

La Registraduría confirmó que los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la segunda vuelta presidencial, luego de consolidarse como los dos aspirantes más votados en la jornada electoral de este domingo. Ninguno de los candidatos logró obtener más del 50% de los votos válidos.

Décimo boletín de la Registraduría

Con el 48,44% de las mesas informadas (59.113 de 122.020), Abelardo de la Espriella lidera el conteo preliminar con 4.461.691 votos (44,24%), seguido por Iván Cepeda con 4.158.452 votos (41,23%).

Más atrás aparecen Paloma Valencia con 654.483 votos (6,48%), Sergio Fajardo con 396.180 votos (3,92%) y Raúl Santiago Botero con 98.362 votos (0,97%). La diferencia entre los dos primeros candidatos se mantiene estrecha mientras avanza el escrutinio en todo el país.

Balance de la Procuraduría

La Procuraduría entregó un balance de la jornada electoral y reportó más de 500 quejas relacionadas con posibles irregularidades durante las votaciones.

El organismo también confirmó la suspensión provisional de una alcaldesa por presunta participación en política y la apertura de una investigación contra un ministro del Gobierno nacional por hechos ocurridos durante la jornada electoral.

Balance de la Registraduría Nacional

Con el cierre de las urnas en todo el país, comenzó el conteo de votos que definirá el resultado de esta primera vuelta presidencial. Jurados de votación en miles de mesas ya adelantan el escrutinio y el diligenciamiento de las actas electorales.

El registrador nacional, Hernán Penagos, destacó la labor de los jurados durante esta etapa clave del proceso. “Ellos hacen la labor más importante, cuentan los votos y diligencian de manera manual las actas electorales”, señaló.

Sexto boletín de la Registraduría Nacional

La Registraduría actualizó los resultados preliminares de la primera vuelta presidencial. Con el 6,19% de las mesas informadas, Abelardo de la Espriella toma la la ventaja con 43,29% de los sufragios, mientras que Iván Cepeda tiene el segundo lugar con 43,25%.

Primer boletín de la Registraduría Nacional

Con el 0,02% de las mesas informadas, el primer boletín de la Registraduría ubica a Iván Cepeda en el primer lugar con 49,90% de los votos, seguido por Abelardo de la Espriella, que obtiene 38,21%. En tercer lugar aparece Paloma Valencia con 6,33%, mientras que los demás aspirantes registran porcentajes inferiores.

A las 4:00 p. m. cerraron las urnas en todo el territorio nacional y comenzó oficialmente el proceso de escrutinio de los votos de la primera vuelta presidencial. La Registraduría Nacional informó que iniciará la divulgación de los boletines con los resultados preliminares a medida que avance la transmisión de datos desde los puestos de votación.

Balance de las elecciones en EE. UU.

El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, reportó una amplia participación de los connacionales durante la jornada electoral en territorio estadounidense.

El diplomático entregó un balance positivo sobre el desarrollo de las votaciones en los consulados y puestos habilitados en distintas ciudades del país norteamericano, y destacó el comportamiento cívico de los colombianos que acudieron a las urnas en esta primera vuelta presidencial.

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Mensaje del expresidente Juan Manuel Santos

El expresidente Juan Manuel Santos informó en su cuenta de X que ya ejerció su derecho al voto en esta jornada electoral.

“Cumpliendo con mi deber y ejerciendo mi derecho. Gracias a todos los jurados.”, escribió el exmandatario al compartir un mensaje sobre su participación en las elecciones presidenciales.

Iván Duque sobre las elecciones en Colombia

El expresidente Iván Duque hizo un llamado a los colombianos para que participen masivamente en las elecciones y acudan a las urnas durante esta primera vuelta presidencial.

A través de un mensaje a los medios, el exmandatario invitó a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto y destacó la importancia de la participación para fortalecer la democracia y definir el futuro del país.

Balance de elecciones en Venezuela

El embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, entregó un balance de la jornada electoral en Caracas y destacó el desarrollo de las votaciones de los colombianos residentes en el vecino país.

El jefe de la misión diplomática presentó un reporte sobre la logística en los consulados habilitados, la participación de los connacionales y las condiciones de seguridad durante esta primera vuelta presidencial. Además, señaló que la jornada se ha desarrollado con normalidad y seguimiento permanente por parte de las autoridades consulares.

Propaganada irregular en Valledupar

Autoridades detectaron material de propaganda electoral oculto dentro de refrigerios que eran distribuidos durante la jornada de votación en la Universidad Popular del Cesar, en Valledupar.

El hallazgo quedó en manos de los organismos competentes, que adelantan las verificaciones para establecer el origen del material y determinar si hubo alguna irregularidad que pudiera afectar el desarrollo de las elecciones.

Suspendida alcaldesa en Caquetá

La Procuraduría suspendió provisionalmente a la alcaldesa de El Paujil, Caquetá, tras la publicación de una fotografía en sus redes sociales en la que aparece con una prenda alusiva a la campaña presidencial de Iván Cepeda.

El organismo de control considera que la mandataria local habría incurrido en una posible participación en política, por lo que ordenó la medida mientras avanza la investigación disciplinaria correspondiente.

Balance de quejas del PMU del Ministerio del Interior

El Puesto de Mando Unificado (PMU) del Ministerio del Interior informó que, con corte a las 2:00 p. m., se han recibido 660 quejas relacionadas con la jornada electoral en todo el país. Bogotá encabeza la lista de reportes, con 267 casos registrados.

La denuncia más recurrente corresponde a presuntas presiones sobre los votantes para influir en su decisión en las urnas. Según el balance oficial, esta conducta acumula 302 reportes durante el desarrollo de las elecciones.

Petro denunció presunta suplantación de identidad

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció una presunta irregularidad electoral relacionada con la suplantación de identidad en las urnas. A través de sus redes sociales, compartió un video en el que una ciudadana aseguró que, al presentarse a votar, le informaron que su cédula ya registraba un voto.

Tras conocer el caso, el mandatario solicitó a la Registraduría que verifique lo ocurrido y adelante las investigaciones correspondientes para esclarecer si se trató de un error o de una posible anomalía en el proceso electoral.

Aumenta la cifra de capturados por presuntos delitos electorales

Las autoridades reportaron la captura de ocho personas por presuntos delitos electorales y de otras 12 por diferentes conductas relacionadas con la jornada electoral. El caso más relevante se registró en Ricaurte, Cundinamarca, donde fue detenido un hombre que se movilizaba en motocicleta con más de 110 millones de pesos en efectivo dentro de un bolso.

La Personería de Bogotá informó que recibió 27 quejas durante la mañana de las elecciones. La mayoría de los reportes estuvieron relacionados con confusiones sobre los puestos de votación y presuntos errores cometidos por jurados durante el proceso.

MOE denunció que activaron explosivo en Caquetá

La Misión de Observación Electoral (MOE) reportó dos hechos de alteración del orden público durante la jornada de elecciones presidenciales del 31 de mayo. Según el organismo, se registraron enfrentamientos entre grupos ilegales en El Tarra (Norte de Santander) y la activación de un artefacto explosivo en El Paujil (Caquetá).

La directora de la MOE, Alejandra Barrios, pidió reforzar la seguridad en las zonas afectadas. “La MOE hace un llamado a la fuerza pública para reforzar las condiciones de seguridad de estas zonas. Lo anterior con el objetivo de garantizar que el proceso no se altere y no se afecte el normal desarrollo de la jornada de votación, el proceso de escrutinio de mesa y el respectivo traslado del material electoral al cierre de la jornada”, señaló.

El organismo también recordó que los ciudadanos pueden reportar posibles irregularidades electorales y reiteró que “La MOE recuerda que en Colombia los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho al voto libre y secreto. Por lo tanto, nadie puede obligar o coaccionar a otra persona para que revele su sentido del voto”. Según la entidad, el balance preliminar recoge información reportada por el 80% de sus observadores desplegados en el país.

De la Espriella sobre las declaraciones de su esposa

Abelardo de la Espriella defendió a su esposa, Ana Lucía Pineda, tras la entrevista que se volvió viral. “Malinterpretaron a mi mujer”, afirmó sobre las declaraciones en las que ella dijo que seguirían viviendo fuera de Colombia si no ganan las elecciones.

Declaraciones de Lidio García tras ejercer su derecho al voto

“Colombia merece un mejor futuro”. Con ese mensaje, Lidio García, presidene del Senado, llamó a los ciudadanos a participar en las elecciones y votar antes de las 4:00 p. m.

Investigación al ministro de Trabajo

La Procuraduría abrió una investigación contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por una presunta participación en política. El organismo busca establecer si promovió la candidatura de Iván Cepeda durante la instalación de la jornada electoral en Valledupar.

Paloma Valencia votó en compañia de su hija Amapola

La llegada de Paloma Valencia a su puesto de votación estuvo marcada por la presencia de su familia más cercana. La candidata acudió con su hija, Amapola, y su esposo. Tomás Rodríguez, que la acompañaron durante el proceso.

En el recinto electoral, Valencia saludó a los presentes y se mostró cercana a los ciudadanos que aguardaban para votar. La escena reflejó el carácter personal que suele adquirir la jornada electoral para muchos aspirantes.

En ese mismo escenario, Valencia cuestionó este domingo al presidente por exhibir su voto tras sufragar y sostuvo que ese gesto viola las restricciones: “Es que él tiene una prohibición de participar en política. Cuando un candidato muestra su voto, pues nada nuevo está diciendo, está pidiendo el voto. Pero cuando el presidente, que tiene la prohibición de participar en política, muestra su voto, está dándoles una instrucción precisa a todos sus funcionarios, a toda la gente que lo sigue. Es una abierta transgresión a la ley y a la constitución”.

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En Bogotá también votó el candidato Miguel Uribe Londoño

El candidato presidencial Miguel Uribe Londoño votó en las instalaciones de la Universidad EAN, en Bogotá. El padre del fallecido senador Miguel Uribe Turbay estuvo acompañado de su esposa y su equipo de trabajo.

El candidato Roy Barreras ya votó

El candidato presidencial Roy Barreras votó en Cali, en el parque Las Orquídeas, y después anunció que aguardará los resultados de la elección en su casa de Bogotá, donde seguirá el escrutinio lejos de los actos públicos.

Tras depositar su voto, Barreras apeló a un mensaje de cohesión nacional y pidió mantener su propuesta política como un símbolo de acuerdo: “Cada voto hoy por Roy es un voto, porque hay que mantener viva la llama de la unidad de la nación”.

En su declaración, el candidato se refirió al clima electoral y planteó un horizonte de reconciliación: “Hoy la polarización ganará, pero no puede durar cuatro años. Hay que sanar heridas, tender puentes”.

Barreras agradeció el respaldo recibido durante la jornada y lo vinculó a su promesa de gobierno: “Gracias a los miles que, a pesar de la polarización, me han acompañado y me acompañarán hoy para sanar las heridas de este país, que es lo que yo sé hacer”.

Iván Cepeda sufragó en la capital del país

Iván Cepeda, candidato presidencial, se presentó en el sur de la ciudad para depositar su voto en las urnas. Frente a un grupo de seguidores y medios, Cepeda destacó la relevancia de la participación ciudadana, insistiendo en que solo el voto masivo puede consolidar los valores democráticos en el país.

Las palabras de Cepeda se centraron en la necesidad de fortalecer la democracia durante este proceso electoral. Según el candidato, la movilización de los ciudadanos en las urnas es un paso fundamental para garantizar la legitimidad de los resultados y la pluralidad en la toma de decisiones públicas.

/espana/2026/05/31/mas-de-100000-colombianos-acuden-a-las-urnas-en-madrid-en-una-jornada-electoral-masiva-de-ambiente-festivo-la-gente-tiene-muchas-ganas-de-votar/

Sondra Macollins también votó: denunció arbitrariedades en el proceso

La candidata presidencial “anónima“, como se hace llamar Sondra Macollins, también ejerció su derecho al voto en Bogotá. Lo hizo acompañada de su esposo, su fórmula vicepresidencial, Leonardo Karam Helo, y su equipo de campaña.

No obstante, luego de cumplir con su deber ciudadano, la también abogada denunció que no le permitieron registrar el momento en que marcaba el tarjetón, como ocurrió en otros puestos de votación y en otras ciudades con otros candidatos.

“Nos maltrataron, desafortunadamente. La señora María José Mota, una coordinadora, ni siquiera permitió que pudiéramos grabar el momento en que estamos haciendo nuestro ejercicio al voto como candidatos, como hicieron los otros, como grabaron a Abelardo de la Espriella cincuenta cámaras. A mí no se me permitió porque tal vez no soy la conocida (...)”.

De igual manera, lo hizo Karam. El abogado y especialista en seguridad pública ratificó la denuncia: “Desde el día uno, al último día, nos hicieron invisibles los medios, las personas y los mismos funcionarios públicos. Hoy nos han agredido, nos han ofendido. Eso no es democracia. Todos a la casa de Nariño para que este país, de verdad, tenga un cambio, un cambio igualitario”.

La candidata Claudia López votó en Bogotá

La jornada electoral en Bogotá estuvo marcada por la presencia de la exalcaldesa Claudia López, que acudió a votar acompañada de su mascota, Dulce, en medio de una notable afluencia de ciudadanos.

Al mostrar su tarjetón electoral antes de depositarlo, López remarcó la importancia de la participación colectiva. “He votado con felicidad, con ilusión, por la Colombia que va a avanzar, por la nación que va a construir sobre lo construido, por el país que va a garantizar el desarrollo, las escuelas, las manzanas del cuidado y las oportunidades para los jóvenes y las mujeres”, afirmó.

En su mensaje a los asistentes, la exalcaldesa de la capital del país extendió la invitación para que todos los colombianos acudan a las urnas: “Invito a todos los colombianos a salir a votar masivamente. El voto es nuestra mayor herramienta para proteger la democracia y decidir nuestro futuro”.

La vicepresidenta Francia Márquez invitó a todos los colombianos a votar

La vicepresidenta Francia Márquez instó a la ciudadanía a participar activamente en la jornada electoral de este domingo, en la que se realiza la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia.

“Invito a todo el pueblo colombiano para que salga a ejercer su derecho al voto, a cumplir la cita con la democracia. Salgan a votar con alegría, con amor, con compromiso y en paz”, animó Márquez en el mensaje oficial difundido minutos antes de la apertura de urnas a través de su cuenta de la red social X.

Expresidente Álvaro Uribe ejerció su derecho al voto en Antioquia

El expresidente Álvaro Uribe Vélez participó en la elección presidencial de 2026 ejerciendo su derecho al voto en el municipio de Rionegro, departamento de Antioquia. El expresidente se presentó en el Colegio Antonio Donado Camacho, donde depositó su sufragio durante el desarrollo de la primera vuelta electoral.

La presencia del líder del Centro Democrático en el recinto electoral atrajo la atención tanto de los asistentes como de los medios de comunicación, que registraron el momento en que el exmandatario cumplió con su deber ciudadano. El acto de votación se desarrolló sin incidentes y bajo el esquema habitual de seguridad que lo acompaña.

Gobernación del Meta confirmó garantías electorales para más de 850.000 votantes

El departamento del Meta comenzó la jornada electoral presidencial y vicepresidencial con la apertura de 289 puestos de votación, y más de 2.500 mesas distribuidas en áreas urbanas y rurales. En el operativo participan doce mil integrantes de la fuerza pública, entre Ejército y Policía, desplegados para garantizar la seguridad de los más de 854.000 votantes habilitados, de los cuales alrededor de 422.000 son mujeres y 431.000 son hombres.

La gobernadora Rafaela Cortés Zambrano lideró el inicio del proceso, destacando la coordinación entre la Gobernación, las alcaldías, la Registraduría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y las fuerzas de seguridad. La vigilancia y el monitoreo de la jornada se realizan desde el Puesto de Mando Unificado Departamental, en conexión con el nivel nacional, para responder ante cualquier incidente de seguridad, movilidad o afectaciones climáticas.

Se mantiene activa una recompensa de hasta $30 millones para quienes aporten información que ayude a prevenir amenazas contra el desarrollo electoral, como posibles atentados o la presencia de explosivos. Las autoridades realizaron un llamado a la participación ciudadana y al fortalecimiento institucional, resaltando que la democracia se consolida con la participación masiva y el respeto a las diferencias.

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Sergio Fajardo votó y se suma a la lista de líderes políticos que acudieron a las urnas

El candidato presidencial Sergio Fajardo ejerció su derecho al voto durante la jornada electoral de este 31 de mayo, sumándose a las principales figuras políticas que ya participaron en los comicios.

Además de Fajardo, también han votado el presidente Gustavo Petro; el ministro del Interior, Armando Benedetti; el candidato presidencial Abelardo de la Espriella; el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán; el expresidente César Gaviria Trujillo, y el registrador nacional, Gregorio Eljach.

Las distintas personalidades han acudido a los puestos de votación en diferentes regiones del país, en una jornada en la que más de 41 millones de colombianos están habilitados para elegir al próximo presidente y vicepresidente de la República.

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Mauricio Lizcano votó en Manizales acompañado de su familia

El candidato presidencial Mauricio Lizcano ejerció su derecho al voto en Manizales, acompañado de su esposa y sus cinco hijos, en el marco de la jornada electoral de este 31 de mayo.

Tras depositar su voto, Lizcano envió un mensaje a los colombianos para incentivar la participación en las urnas y destacó la importancia de la familia en el ejercicio democrático.

“Vote en familia. Vote por la familia. Vote”, expresó el aspirante presidencial.

Abelardo de la Espriella ya votó en Barranquilla

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella ejerció su derecho al voto durante la mañana de este domingo 31 de mayo en Barranquilla.

El aspirante llegó a su puesto de votación acompañado por su esposa y sus hijos, en medio de la jornada electoral en la que los colombianos eligen al próximo presidente y vicepresidente de la República para el periodo 2026-2030.

Gobierno despliega 408.000 integrantes de la fuerza pública para las elecciones

Durante la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU) Electoral, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, informó que 408.000 integrantes de la fuerza pública fueron desplegados en todo el país para garantizar la seguridad de la jornada electoral.

Según explicó el funcionario, el dispositivo incluye capacidades aéreas, terrestres, marítimas y cibernéticas para custodiar los 13.487 puestos de votación habilitados en Colombia, de los cuales el 42 % se encuentran en zonas rurales y el 58 % en áreas urbanas.

“Gracias a la articulación con las entidades de control y las instituciones del Estado, Colombia cuenta con las capacidades necesarias para garantizar una jornada electoral libre, segura y transparente”, afirmó Sánchez durante la apertura del PMU Electoral.

Petro defendió que nunca buscó perpetuarse en el poder y pidió vigilar el escrutinio

Durante la apertura de las elecciones presidenciales el 31 de mayo, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado a los ciudadanos a proteger el voto y seguir de cerca el proceso de escrutinio una vez cierren las urnas.

Desde la plaza de Bolívar, el mandatario pidió a los colombianos que permanecieran atentos al conteo de sufragios para garantizar que “el voto se refleje con exactitud” en los resultados finales y aseguró que la transparencia del proceso es fundamental para la democracia.

Petro también aprovechó su intervención para rechazar las acusaciones de quienes, durante su mandato, señalaron que intentaría mantenerse en el poder más allá de su periodo constitucional. “No se ha intentado siquiera un gesto que hubiese cambiado normas hacia una reelección”, afirmó.

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Fuerzas Militares refuerzan la seguridad electoral en Tolima con más de 3.500 soldados

Desde el municipio de Chaparral, en el sur del Tolima, el comandante de la Sexta Brigada, coronel Arnold Esneider Pérez Linares, acompañó la apertura de la jornada electoral a las 8:00 a. m., junto a las autoridades locales y destacó el despliegue de seguridad dispuesto para garantizar el normal desarrollo de las votaciones.

Según informó el oficial, más de 3.500 soldados fueron desplegados para custodiar los 307 puestos de votación habilitados en el departamento. “Queremos enviar un mensaje muy importante a toda la comunidad. El Ejército Nacional, en una articulación importante con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía del departamento del Tolima, adelanta todas las actividades y coordinaciones para brindar la seguridad necesaria”, afirmó.

El coronel también reiteró el compromiso de la fuerza pública con la protección del proceso democrático y la tranquilidad de los ciudadanos durante la jornada electoral.

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El presidente Gustavo Petro ya ejerció su derecho al voto en Bogotá

Minutos después de pronunciar su discurso de apertura de la jornada electoral en la plaza de Bolívar, el presidente Gustavo Petro acudió a las urnas para ejercer su derecho al voto pasadas las 8 de la mañana.

El mandatario sufragó en la mesa 1 ubicada en las instalaciones del Congreso de la República, en el centro de Bogotá, desde donde reiteró el llamado a la participación ciudadana durante esta jornada electoral del 31 de mayo.

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Abren las mesas de votación en Colombia para elegir al próximo presidente

Con la apertura de las mesas de votación en todo el territorio nacional, comenzó oficialmente la jornada electoral del 31 de mayo, en la que los colombianos elegirán al presidente y vicepresidente que gobernarán el país entre el 7 de agosto de 2026 y el 7 de agosto de 2030.

De acuerdo con la Registraduría, más de 41,4 millones de ciudadanos están habilitados para participar en estos comicios, tanto en Colombia como en el exterior. Para los colombianos residentes fuera del país, la votación comenzó días atrás y se extenderá hasta el cierre de las urnas este domingo.

En esta elección, los votantes encontrarán en el tarjetón las fórmulas presidenciales completas —presidente y vicepresidente— y también la opción de voto en blanco

Gustavo Petro pidió que la Registraduría sea propietaria del software de escrutinios

Durante su discurso al inicio de la jornada electoral de este 31 de mayo, el presidente Gustavo Petro insistió en la necesidad de avanzar en el proceso para que la Registraduría Nacional sea propietaria del software de escrutinios.

“Es una decisión que debe cumplirse porque no puede haber desacato a una democracia”, afirmó el mandatario.

Petro también hizo un llamado a la participación ciudadana y pidió a los colombianos que acudieran a las urnas y que vigilaran el proceso electoral para garantizar que cada voto quede reflejado con exactitud en los resultados finales de la jornada.

Iván Cepeda votará en la localidad de Kennedy, en Bogotá

El candidato presidencial Iván Cepeda Castro ejercerá su derecho al voto este domingo 31 de mayo en el Colegio San Lucas, ubicado en la localidad de Kennedy, en Bogotá.

Según informó su equipo de campaña, la votación está prevista para las 10:00 a. m. y habrá presencia de medios de comunicación.

La agenda de Paloma y Juan Daniel Oviedo

La candidata presidencial Paloma Valencia acompañará al expresidente Álvaro Uribe a ejercer su derecho al voto a las 8:30 a. m. en la Institución Educativa Antonio Donado Camacho, en la vereda El Tablazo de Rionegro (Antioquia). Posteriormente viajará a Bogotá, donde votará hacia las 11:30 a. m. en el puesto ubicado en la calle 97 #10-45.

Por su parte, su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, inició la jornada con una visita al cerro de Monserrate para asistir a la misa de las 8:00 a. m., en la Basílica Santuario del Señor Caído.

Más tarde, sobre las 10:30 a. m., votará junto a su madre, Myriam Arango, en el sector de Cedro Golf y, al mediodía, acompañará a Valencia durante su votación en la capital. Ambos tienen previsto recibir los resultados de la jornada en la plaza del Jubileo de Compensar.

Bogotá activa operativo electoral con especial atención en la localidad de Kennedy

En las primeras horas del 31 de mayo, en la capital se realizan preparativos para el desarrollo de las elecciones, con un despliegue institucional enfocado en garantizar el normal desarrollo de la jornada.

La Alcaldía de Bogotá entregó un balance sobre lo dispuesto en la localidad de Kennedy, donde fueron habilitados 123 puestos de votación y 2.188 mesas para facilitar el ejercicio del derecho al voto.

En total, 731.615 ciudadanos están habilitados para participar en esta jornada en la localidad.

Como parte del acompañamiento institucional, se desplegaron más de 100 gestores de convivencia y equipos en territorio, encargados de orientar a los votantes y apoyar el desarrollo del proceso en los diferentes puntos de votación.

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Culmina con éxito la jornada de votación en Oceanía y Asia Oriental con el cierre del Consulado en Sídney

El Consulado General de Colombia en Sídney oficializó el cierre definitivo de sus mesas de votación, registrando una jornada electoral que transcurrió en total normalidad.

Con este acto, la sede diplomática en Sídney se sumó a los consulados de Asia Oriental y el resto de Oceanía que ya culminaron la recepción de sufragios debido a la diferencia horaria. Mientras tanto, el proceso electoral de esta primera vuelta presidencial continúa activo en las delegaciones del sur y oeste de Asia, las cuales clausurarán sus urnas de manera progresiva durante la mañana de hoy en el horario continental colombiano.

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Apenas horas después de que se conocieran los resultados del preconteo de las elecciones en primera vuelta para la Presidencia de la República, el presidente Gustavo Petro volvió a desatar una tormenta política al no reconocer los datos y responsabilizar a la Registraduría y el software de escrutinio de permitir un supuesto fraude electoral.

Tanto el mandatario nacional como el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, desconocieron los resultados, lo que motivó un pronunciamiento casi inmediato de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Según el jefe de Estado, se habría presentado una modificación en el censo electoral apenas horas antes de los comicios, lo que habría propiciado un supuesto favorecimiento al candidato de extrema derecha Abelardo de la Espriella.

Ante las denuncias, Hernán Penagos registrador nacional, negó de forma categórica cualquier alteración o manipulación de cédulas en el listado oficial de votantes. Las aclaraciones coincidieron con el inicio del escrutinio y la preparación para la segunda vuelta.

Según indicó el jefe de la entidad, el censo electoral colombiano se cierra legalmente un mes antes de los comicios, lo que impide modificaciones después del 30 de abril. Las autoridades insisten en que, después de esa fecha, no se pueden añadir ni cambiar cédulas, y tanto las actas como las copias del censo se distribuyen a todos los partidos y campañas para un control cruzado.

“El censo electoral, insisto, se cerró hace un mes. De ahí en adelante no se toca y por eso es que en cada mesa de votación tenemos la posibilidad de llevar el listado de votantes a 122.000 mesas”, señaló el registrador en diálogo con Blu Radio.

Según su versión, el listado se imprime y se distribuye físicamente en más de 122.000 mesas de votación en todo el país. El funcionario indicó que cada mesa dispone de listados impresos, copias de las actas y la presencia de jurados y testigos que facilitan la fiscalización.

Además, Hernán Penagos señaló que todas las campañas, incluidas las que apoyan a Gustavo Petro e Iván Cepeda, reciben copias fieles del censo en el momento de su cierre, lo que asegura que el censo de la primera vuelta es el mismo que se utiliza en la segunda.

“No hay ninguna posibilidad de adicionar cédulas de ciudadanía a un censo electoral que se distribuye mesa a mesa en 122.020 mesas de Colombia. (...)Semanalmente se ha tenido reuniones con todos los partidos y las campañas para recibir cualquier inquietud”, señaló el registrador en diálogo con El Espectador.

Según explicó el funcionario, la integridad del proceso se refuerza gracias al carácter manual e híbrido del sistema. Penagos precisó en Caracol Radio que “Colombia tiene un proceso electoral eminentemente manual. Eso significa que los votos se marcan en papel y las actas electorales son físicas”.

Destacó que en las mesas no existen ordenadores que permitan alteraciones digitales de última hora. Incluso, aseguró que el programa informático que computa los formularios E-14 solo consolida los resultados enviados por las mesas y no procesa datos personales de votantes, descartando así la intervención informática sobre el censo.

Respuestas institucionales a las denuncias de fraude electoral

Ante los señalamientos de Petro y Cepeda sobre la adición de cédulas y posibles intervenciones técnicas durante las elecciones, la Registraduría Nacional desestimó tales afirmaciones.

“El software de escrutinio y de preconteo no trabaja con cédulas. Solo consolida la información que llega de las mesas de votación y de las actas electorales”, señaló Penagos a Blu Radio.

Además, el registrador aseguró que las campañas políticas accedieron a las actas (E-14) desde el cierre de los comicios, lo que permite un cotejo inmediato de la información y refuerza la ausencia de alteraciones.

El presidente Gustavo Petro cuestionó públicamente el proceso indicando en su cuenta de X que “el llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante y sus datos no son norma pública”. Afirmó que, en la última semana antes de la elección, “fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más”, cifra rechazada por la Registraduría, que sostiene que los resultados físicos siempre pueden verificarse.

Penagos destacó el papel de jurados y testigos, quienes fotografiaron las actas y dieron fe presencial del desarrollo de la jornada.

El cierre del registro de votantes y la entrega de actas a las campañas constituyen solo una parte de las garantías del sistema. Penagos informó que el escrutinio oficial comenzó la noche del 31 de mayo, bajo la gestión de comisiones escrutadoras integradas por jueces de la República, y que al 1 de junio ya se había completado más del 90 % del proceso.

Las recientes críticas del presidente Gustavo Petro y el candidato Iván Cepeda sobre supuestas irregularidades en los comicios de la primera vuelta presidencial siguen despertando el malestar del ganador de la contienda, Abelardo de la Espriella.

De hecho, tras unas fuertes declaraciones entregadas desde su sede de campaña, en la mañana del lunes 1 de junio el aspirante de derecha envió un contundente mensaje a las Fuerzas Militares de Colombia para que, según sus palabras, defiendan los resultados electorales ante un supuesto fraude orquestado por el sector oficialista.

En su cuenta de X, el abogado dio por ganadas las elecciones del próximo 21 de junio basado en los resultados de los últimos comicios y pidió a los militares del país respaldarlo ante un resultado adverso. Incluso, el candidato presidencial no descartó la opción de usar la fuerza para retomar el control del país en caso de que se presenten alteraciones al orden público o evidentes muestras de un fraude electoral.

“Petro y su marioneta, lo he venido advirtiendo desde antes de la campaña, pretenden robarse la democracia.Le pido a las Fuerzas Armadas que recuerden su juramento a la Constitución: si ustedes lo cumplen, este par de dementes no lograrán sus sucios propósitos”, señaló el abogado.

En su mensaje, el candidato de extrema derecha también pidió apoyo a la ciudadanía y a los observadores internacionales para mantener la democracia en el país, haciendo referencia a que su opositor podría usar estrategias similares a las del régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela.

“Al Pueblo colombiano, le reitero: no nos vamos a dejar robar la democracia; vamos a defender la Patria por la razón o por la fuerza.A la comunidad internacional: ante los ojos del mundo, Maduro se robó las elecciones; ya ocurrió una vez. Posen sus ojos en Colombia y no permitan que Petro y Cepeda hagan lo mismo”, concluyó el aspirante presidencial.

Así celebró Abelardo de la Espriella tras ganar la primera vuelta presidencial

Bajo una lluvia de aplausos, Abelardo de la Espriella se dirigió a miles de seguidores en Barranquilla tras conocerse el resultado de las elecciones presidenciales colombianas. La jornada del 31 de mayo lo consagró como el candidato con mayor respaldo, superando los 10 millones de votos y asegurando su lugar en la segunda vuelta, que se definirá el 21 de junio.

El resultado sorprendió al panorama político, pues De la Espriella, abogado de 48 años, se posicionó como favorito para la recta final de la contienda. En su mensaje, el aspirante resaltó: “Más de 10 millones de colombianos confiaron en el ‘Tigre’”, en referencia al apodo con el que lo identifican sus seguidores. El candidato aseguró que, si llega a la presidencia, su prioridad será la defensa de la Nación y la Constitución.

Desde el Pabellón de Cristal Puerta de Oro, De la Espriella agradeció el respaldo recibido y advirtió que la próxima cita electoral será decisiva para el futuro del país. “La vuelta para coronarse definitivamente como presidente de la República de Colombia”, enfatizó ante la multitud.

El candidato expresó inquietudes sobre la transparencia del proceso, señalando que estará atento a cualquier irregularidad y exigiendo vigilancia por parte de las autoridades y organismos internacionales. “No reconocer los resultados de las elecciones porque el pueblo se va a levantar y los va a castigar”, en un llamado a la defensa de la voluntad popular.

Durante su intervención, De la Espriella arremetió contra el presidente Gustavo Petro y su rival Iván Cepeda, acusándolos de promover la inestabilidad y de intentar perpetuarse en el poder. Llamó a la fuerza pública y al ejército a “activar el mecanismo constitucional” y sostuvo que su adversario “lo único que no esconde es su relación con los criminales”.

Un día después de que se conocieran los resultados de la primera vuelta presidencial y que, según el preconteo de la Registraduría, dejó al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en el segundo lugar con un poco más del 40% de apoyo, desde ya los candidatos empiezan a mover sus fichas para atraer más electores.

De hecho, en la mañana del lunes 1 de junio, el también senador usó su cuenta de X para solicitar a su contrincante, el candidato de derecha Abelardo de la Espriella, para asistir a un debate presidencial antes de la segunda vuelta programada para el 21 de junio.

Sin embargo, el candidato de izquierda exigió que el posible ‘cara a cara’ se dé bajos sus condiciones e, incluso, advirtió que ya tiene un equipo destinado para organizar lo que sería su primer debate desde que anunció su aspiración a la Casa de Nariño.

“Anuncio a la opinión pública que emplazo a debate político y electoral al candidato Abelardo de la Espriella.Las condiciones para efectuarlo serán acordadas por las personas que he designado para ese fin, y cuyo nombre daré a conocer”, escribió el senador Iván Cepeda.

El cambio de parecer se da apenas horas depués de que el candidato del Pacto Histórico anunciara públicamente que no reconocería los resultados del preconteo de la primera vuelta, además de solicitar que se aclaren posibles irregularidades antes de fijar una postura definitiva.

El candidato oficialista cuestionó tanto la transparencia del censo electoral como los reportes de votaciones atípicas en distintas mesas, advirtiendo sobre la necesidad de verificaciones exhaustivas antes de reconocer el resultado.

La noche del 31 de mayo, la Registraduría anunció que Abelardo de la Espriella obtuvo el primer lugar en la votación, seguido de cerca por Cepeda y, más distante, por Paloma Valencia.

Ninguno superó el 50% requerido, por lo que se convocó a una segunda vuelta para el 21 de junio. Cepeda, desde el Hotel Tequendama en Bogotá, enfatizó que su movimiento obtuvo una cifra importante de votos, pero puso en duda la exactitud de los datos preliminares.

“Hoy obtuvimos diez millones de votos mal contados en Colombia. Somos la principal fuerza política, sin duda”, señaló el candidato de izquierda. Cepeda explicó que la principal inquietud de su equipo radica en un desfase de 885.000 cédulas en el censo electoral, lo que, según sus palabras, representa un asunto de gravedad que debe resolverse antes de tomar cualquier posición oficial.

Además del censo, Cepeda señaló que han recibido reportes sobre supuestas irregularidades en un número no determinado de mesas de votación. Afirmó que su grupo de observadores y los mecanismos de seguridad están en proceso de verificar la magnitud y ubicación de estos hechos, pues los primeros informes refieren a votaciones atípicas.

Por qué Cepeda no reconoce todavía los resultados

La razón por la que Iván Cepeda no ha reconocido los resultados oficiales de la primera vuelta presidencial radica en la existencia de dudas sobre el censo electoral y reportes de votaciones atípicas.

El candidato afirmó que esperará a que las comisiones escrutadoras revisen y aclaren rigurosamente todas las inconsistencias antes de hacer cualquier pronunciamiento. “Solo cuando las comisiones escrutadoras dejen totalmente aclarado, nítida y rigurosamente aclarado este asunto, nos vamos a pronunciar sobre los resultados de esta noche”, señaló el también senador.

Tras expresar sus reservas, Cepeda anunció que su movimiento ya trabaja en la estrategia para la segunda vuelta. “Vamos a enrutar desde esta misma noche todos nuestros esfuerzos para reunir y congregar las fuerzas necesarias para derrotar con una clara verificación electoral al señor Abelardo de la Espriella”, indicó.

Durante su intervención, defendió la austeridad de su campaña y resaltó el apoyo ciudadano recibido. “Lo nuestro fue totalmente austero. Nosotros, a las calumnias, a los montajes que se nos hicieron, respondimos simple y llanamente, junto a Aída, con argumentos y con razones”, aseguró Cepeda.

El candidato también cuestionó los gastos de la campaña de su principal contrincante y solicitó una auditoría sobre los recursos utilizados. Sostuvo que existen denuncias de compra de votos y uso intensivo de dinero en redes sociales por parte de la campaña de De la Espriella, lo que, según él, debería ser objeto de investigación.

Con 17.262 mesas instaladas, Bogotá registra más de seis millones de ciudadanos habilitados para ejercer su derecho al voto.

Entérese de todos los detalles de las elecciones aquí:

Así le fue a los candidatos en la capital del país

Con el 99,97% de las mesas informadas en Bogotá, los resultados del preconteo oficial para la Presidencia y Vicepresidencia de la República (Boletín 24) consolidan al candidato Iván Cepeda Castro (Pacto Histórico) en el primer lugar con 1.705.854 votos (41,67%).

En una reñida segunda posición se ubica Abelardo de la Espriella con 1.543.159 votos (37,69%), seguido más de lejos por Paloma Valencia Laserna con el 9,08% y Sergio Fajardo Valderrama con el 6,31%.

La jornada electoral en la capital cierra con una clara polarización entre las dos fuerzas principales, dejando al resto de las coaliciones por debajo del 3% de la votación total.

Candidatos preparan su llegada a las sedes de campaña en Bogotá

Mientas la Registraduría Nacional del Estado Civil adelanta el preconteo que, de manera preliminar, deja a los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en los primeros lugares para disputarse una segunda vuelta, desde la ya las campañas empiezan a alistar la llegada de sus representantes.

Se espera que sobre la 7 u 8 p. m., ambos aspirantes entreguen las declaraciones tras resultar vencedores de la primera jornada electoral.

Bernie Moreno llegó a Corferias para observar resultados de las elecciones

Sobre las 3:30 p. m. del domingo, el senador colombo-estadounidense Bernie Moreno llegó a las instalaciones de Corferias para cumplir con la invitación adelantada por el Consejo Nacional Electoral de hacer parte del equipo de observación durante el preconteo de votos.

El político norteamericano ha criticado fuertemente al presidente Gustavo Petro, especialmente por las fuertes peleas que ha protagonizado con el su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump

Hombre resultó muerto tras riña en Bogotá

En medio de la jornada electoral, las autoridades reportaron la muerte de un hombre luego de resultar involucrado en una riña en el barrio Patio Bonito, en el suroccidente de Bogotá.

Según la información conocida hasta el momento, la víctima fatal habría discutido con otros hombres al interior de un vivienda en la que departían bebidas alcohólicas pese a la restricción de la ley seca en todo el territorio nacional.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar a los responsables y los móviles del hecho. Además, al lugar llegaron unidades de criminalística para recoger el cuerpo y recolectar evidencias.

/colombia/2026/05/31/ivan-cepeda-aseguro-que-tiene-su-propio-equipo-de-conteo-para-divulgar-resultados-electorales-del-31-de-mayo-hoy-en-la-tarde-celebraremos/

Alcalde Carlos Fernando Galán dio un balance de las votaciones en Bogotá

Sobre la 1:15 p. m. del domingo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, usó su cuenta de X para dar un mensaje de tranquilidad sobre los comicios que se adelantan en los 1.083 puestos de votación instalados en la capital.

Según indicó el mandatario distrital, a la hora solo se han presentado denuncias sobre posibles irregularidades en las mesas de votación que no han interferido con el normal desarrollo de la jornada.

Asimismo, Galán indicó que los puntos designados estarían presentando alta afluencia de votantes, por lo que pidió a los capitalinos no dejar para último momento su derecho al voto.

"Hasta ahora, ha sido una jornada tranquila en Bogotá, más allá de algunas denuncias puntuales sobre situaciones que están siendo atendidas por las autoridades competentes en el PMU, pero que en todo caso no afectan el desarrollo normal de las elecciones. Reportes preliminares desde varios puntos de la ciudad indican una asistencia masiva a los puestos de votación. Las mesas cierran a las 4 de la tarde, todavía quedan cerca de 3 horas: salgan a votar", señaló el alcalde.

Iván Cepeda llegó a su puesto de votación

El candidato presidencial del Pacto Histórico ejerció su derecho al voto en medio de un fuerte equipo de seguridad en la capital del país.

Tras depositar el tarjetón en las urnas, el también senador aseguró que su partido cuenta con un equipo especializado que adelantará un conteo rápido de los sufragios según vayan llegando los resultados al puesto de cómputo instalado por las autoridades electorales.

“Además de decenas de miles de testigos electorales, tenemos puestos de mando unificados en distintas partes del país, y que una vez se cierre la votación, vamos a poner en práctica un mecanismo de conteo rápido de los resultados, para que muy pronto sepamos cómo se desarrolló la votación”, señaló el candidato.

/colombia/2026/05/31/ivan-duque-se-despacho-contra-gustavo-petro-y-politicos-que-revelaron-su-voto-por-ivan-cepeda-han-pretendido-violar-la-ley/

En compañía de su mascota, Claudia López llegó al puesto de votación en el nororiente de Bogotá

Sobre las 11:05 a. m. de este domingo, la candidata presidencial Claudia López acudió al puesto de votación habilitado en la universidad Konrad Lorenz, en el nororiente de la capital.

Durante su llegada, la también exalcaldesa aseguró que, pese a las predicciones que la dejarían lejos de una segunda vuelta presidencial, mantiene orgullo por la campaña que adelantó durante los últimos dos meses.

“He votado con felicidad, con ilusión, por la Colombia que va a avanzar, por la nación que va a construir sobre lo construido, por el país que va a garantizar el desarrollo, las escuelas, las manzanas del cuidado y las oportunidades para los jóvenes y las mujeres. Invito a todos los colombianos a salir a votar masivamente. El voto es nuestra mayor herramienta para proteger la democracia y decidir nuestro futuro”, señaló López.

Gustavo Bolívar ya votó: reveló por quién lo hizo

A través de su cuenta de X, el exdirector del Departamento para la Prosperidad Social Gustavo Bolívar informó que ya ejerció su derecho al voto desde la plaza de Bolívar en la capital del país.

Pese a que el voto es secreto, el exfuncionario el Gobierno Petro reveló que su elección fue por el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué.

“Acabo de ejercer mi derecho al voto. Un voto con alegría, con ilusión, con esperanza para que sigamos profundizando el cambio. Es un voto, obviamente, por Iván Cepeda y por Aida Quilcué. Hay tiempo para que vayan a las urnas, convenzan a otra persona de llevarlos a votar, a llenar esas urnas de esperanza, llenar esas urnas de honestidad, que es lo que representa Iván Cepeda, llenar esas urnas de lucha social que representa Aida Quilcué”, aseguró el exdirector.

La Secretaría de Movilidad anuncia cierres viales este domingo por las elecciones en Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá dispuso una serie de cierres y desvíos viales para el domingo 31 de mayo, durante la celebración de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026.

El objetivo principal es facilitar el acceso a los centros de votación y preservar la seguridad vial en puntos de alta concurrencia como Corferias, la plaza de Bolívar, Unicentro y otros recintos. La entidad advirtió que los horarios de los cierres podrían modificarse según lo soliciten las entidades participantes del Centro Operativo de Emergencias.

El operativo cuenta con más de 500 personas entre agentes de tránsito, personal en vía y miembros de la Seccional de Tránsito, junto con 70 grúas y delegados para el COE y el Puesto de Mando Unificado. El Centro de Gestión de Tránsito hará seguimiento al tráfico y difundirá información a través de @BogotáTránsito.

En los alrededores de Corferias hay cierres entre la carrera 33 y la 44, y entre la avenida Américas y la calle 26. El acceso está restringido a residentes, vehículos de emergencia y equipamientos de salud.

Los votantes pueden ingresar por la calle 26, la carrera 33 y la avenida Esperanza, utilizando los accesos habituales por la carrera 40 y el arco de la carrera 33. Los vehículos particulares y rutas de TransMiZonal deben ajustar su recorrido por la calle 26 y conectar con la avenida NQS.

Solo ingresan vehículos acreditados por la avenida Américas hasta la carrera 40, y los de seguridad estatal por la avenida El Dorado con carrera 39.

Por el escrutinio de votos, entre las 5:00 a. m. y las 11:59 p. m. del 31 de mayo, se producirán cierres en la calzada norte de la avenida Esperanza, la calle 25 entre carreras 37 y 40, la carrera 37 entre avenida Esperanza y calle 25, y la calzada oriental de la carrera 40 entre avenida Américas y calle 25. Se garantizará el acceso controlado a residentes, comercios y al Hotel Hilton.

La Plaza de Bolívar tendrá restricciones desde la tarde del sábado 30 de mayo, afectando las inmediaciones de la Alcaldía Mayor y cerrando la carrera 9 entre la calle 12B y la calle 10 desde las 5:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. del domingo.

El acceso al puesto de votación se realizará por la carrera 9, y los desvíos vehiculares orientarán el tránsito por calles y carreras adyacentes. Las unidades móviles de medios acreditados podrán ubicarse sobre la calle 12B.

Habrá cierres temporales en puestos de votación de 11 localidades y en las bodegas electorales de Montevideo, aplicando restricciones por motivos de seguridad y logística.

Algunos de estos cierres se iniciarán el 29 de mayo y se mantendrán hasta la noche del 31, con acceso controlado para residentes y vehículos autorizados.

En Montevideo, el cierre de vías para protección del material electoral comenzará el 30 de mayo a las 2:00 a. m. y finalizará el 31 a las 6:00 p. m., bajo custodia policial.

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, vota en Bogotá

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, vota este domingo 31 de mayo en Bogotá, según la información difundida por la cartera que lidera. El funcionario tiene previsto sufragar en el Colegio Calasanz, en el barrio La Esmeralda, en la mesa 13, en la dirección Cl. 45 #54-51.

El candidato Iván Cepeda vota este domingo en la localidad de Kennedy

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, vota este domingo 31 de mayo a las 10.00 a. m. en el Colegio San Lucas, en la localidad de Kennedy, en Bogotá.

El lugar de votación está ubicado en la calle 35 a sur # 78i-21, según el anuncio difundido sobre su participación en la jornada electoral.

El alcalde Carlos Fernando Galán asegura que Bogotá está lista para las elecciones de 2026

El alcalde Carlos Fernando Galán afirmó el domingo 31 de mayo en Bogotá que la ciudad está lista para garantizar el desarrollo de las elecciones presidenciales de 2026, durante la apertura de la jornada en la plaza de Bolívar.

“En Bogotá estamos listos para garantizar el desarrollo de este proceso electoral”, dijo.

Según el funcionario, el Distrito dispuso cerca de 12.000 miembros de la fuerza pública y 2.500 gestores, además de “todo el aparato distrital”, para que la votación se realice “en sana convivencia”.

El mandatario distrital llamó a la ciudadanía a participar y a hacerlo temprano: “El llamado es que salgan a votar, que voten masivamente, que voten temprano y de esa forma garanticemos el orden en la jornada”.

También pidió respetar a la institucionalidad electoral y a las autoridades que, según sus palabras, son garantes del proceso: “El segundo mensaje es de respeto por la institucionalidad electoral, por la Registraduría, por la Rama Judicial”. Galán agregó: “Que por ningún motivo llamemos a vías de hecho, sino que utilicemos los canales legales e institucionales para dirimir cualquier inconformidad”.

En su intervención, insistió en que todos los servidores públicos deben garantizar condiciones para todos los participantes. “Desde el presidente de la República hasta el último funcionario público estamos obligados por la Constitución que juramos respetar y defender darle las garantías a todos los que participan en este proceso”, señaló.

La Alcaldía de Bogotá mantiene activos 21 PMU para las elecciones presidenciales, con un operativo que busca garantizar la votación de 6.101.409 personas con monitoreo en tiempo real, acompañamiento institucional y logística ya certificada por el Distrito.

La Administración distrital informó que el dispositivo cubrirá 1.083 puestos de votación y 18.156 mesas en la capital. El mismo balance oficial señaló que se cumplió el 100% de los requerimientos técnicos, logísticos y operativos exigidos para la ciudad.

La activación del esquema electoral fue presentada tras la séptima Comisión Distrital para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales. En esa instancia, según la Administración distrital, participaron el secretario de Gobierno, delegados del Ministerio del Interior, la Registraduría Distrital del Estado Civil, la fuerza pública y organismos de control.

La Alcaldía Local de Kennedy informó que, en la jornada electoral del domingo 31 de mayo, hay 123 puestos de votación habilitados, 2.188 mesas instaladas y 731.615 ciudadanos autorizados para votar en la localidad.

Según la Administración local, el equipo está participando “a esta hora: 6:51 a. m.” en el primer Puesto de Mando Unificado (PMU) para hacer seguimiento al desarrollo de las elecciones en articulación con las entidades competentes.

La administración local señaló que desplegó más de 100 gestores de convivencia y personal institucional en el territorio para orientar y acompañar a la ciudadanía durante la jornada electoral.

Este domingo 31 de mayo se realizan las elecciones presidenciales para elegir al próximo presidente de la República. Las autoridades reportaron total normalidad en los momentos previos a la apertura de las urnas, a las 8:00 a. m.

El Ideam informó que a las 6:21 a. m. había tiempo nublado y lluvias sectorizadas en la capital de la República.

Las elecciones presidenciales en Colombia movilizaron el domingo 31 de mayo de 2026 a una población de más de 41 millones de ciudadanos habilitados para votar.

Así fueron las votaciones en Medellín:

Así fueron las votaciones en Antioquia:

Esta es la radiografía de votación entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en Antioquia

El boletín 19 de la Registraduría Nacional reveló un panorama estadístico claro en Antioquia tras procesar 15.721 mesas. Mientras que las fuerzas tradicionales y coaliciones como Defensores de la Patria consolidaron mayorías contundentes en Medellín y el Valle de Aburrá, los movimientos alternativos como el Pacto Histórico lideraron la votación en subregiones clave como el Urabá y el Bajo Cauca, marcando una profunda polarización geográfica en el departamento.

Centro Comercial San Diego respondió por retrasos en elecciones

El Centro Comercial San Diego atribuyó a la Registraduría el traslado del puesto de votación al piso 11 y defendió la medida este 31 de mayo en Medellín, después de las denuncias por congestión, dificultades de acceso y reclamos de ciudadanos durante la jornada electoral.

La administración sostuvo en un comunicado que el tiempo promedio del proceso era de aproximadamente 20 minutos desde el ingreso al lugar. Esa explicación apareció luego de que votantes reportaran demoras y cuestionaran el cambio de las mesas desde su ubicación habitual.

Las quejas se concentraron en los accesos al puesto de votación, en especial entre adultos mayores y personas con movilidad reducida. De acuerdo con los reportes conocidos durante la mañana, los ascensores disponibles no dieron abasto frente a la cantidad de personas que acudieron a votar.

/colombia/2026/05/31/ciudadanos-en-medellin-denunciaron-largas-filas-y-dificultad-para-llegar-a-los-puestos-de-votacion-tras-su-traslado-a-un-piso-11/

En Medellín habrían impedido a ciudadano ingresar el voto a la urna

En la tarde del domingo se conoció un video en el que un ciudadano denunció una presunta vulneración a su derecho al sufragio, después de que se le impidiera ingresar su voto en la urna, al parecer, por el uso del celular en el puesto de votación, ya que el sufragante se grabó a sí mismo durante el proceso, a pesar de la prohibición vigente sobre dispositivos móviles en estos espacios.

El hombre denunció que tanto los jurados de votación como un policía le negaron la posibilidad de depositar su tarjetón, lo que desató reacciones divididas en las redes sociales.

“Marco mi voto públicamente por el señor Abelardo de la Espriella. Estoy firme con el ‘Tigre’, firme por la patria. Y ahora aquí el personal de la mesa uno, donde siempre he votado, municipio de Medellín, el señor agente y el otro señor, que no sé qué autoridad sea, me manifiestan que no puede echar el voto a la urna”, señaló el denunciante.

‘Fico’ Gutiérrez entregó el balance preliminar de la jornada electoral en Medellín

Luego de ejercer su derecho al voto, el alcalde de Medellín entregó un primer reporte de la seguridad de las elecciones en la capital de Antioquia.

Según indicó en rueda de prensa, hasta el momento no se ha reportado ningún incidente que pudiera afectar la jornada democrática, especialmente por el fuerte cordón de seguridad instalado alrededor de los puestos de votación.

“Hemos hecho revisión con Policía, con Ejército, he estado aquí con Manuel Villa, como secretario de seguridad, y reportamos completa normalidad en este momento hasta ahora de Medellín. Lógicamente, sigo atento. Yo estoy segundo a segundo, atento de lo que pueda pasar en la ciudad, pero lo que vemos hoy, hasta este momento, es que tenemos todas las garantías para que la gente salga a votar de manera libre”, señaló el mandatario paisa.

José Manuel Restrepo voló hasta Medellín

Luego de ejercer su derecho al voto en la ciudad de Bogotá, la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo, aterrizó en la capital de Antioquia para adelantar un último recorrido antes de que se cierren las urnas, a las 4:00 p. m.

En su cuenta de X, el también exministro agradeció a la población paisa a la que considera como su segundo hogar.

"Llegando a mi segunda casa con este recibimiento. ¡Gracias, Medellín!Impresionante el cariño en las calles, y la cantidad de defensores en las urnas. Aún quedan unas horas, hagamos realidad la #PatriaMilagro en primera vuelta“, señaló Restrepo.

Hasta el momento, las autoridades en departamento de Antioquia reportan total normalidad en la asistencia de los ciudadanos a las mesas de votación. Las quejas en el puesto ubicado en el centro comercial San Diego de Medellín siguen apareciendo, las personas de la tercera edad fueron los más afectados, pues solamente tienen dos ascensores para subir hasta el piso 11.

Las mesas de votación del Centro Comercial San Diego amanecieron el piso 11 del edificio por decisión de un comité interinstitucional integrado por la Fiscalía, la Procuraduría, la Registraduría Nacional y la Alcaldía de Medellín, sin que ninguna de esas entidades hubiera avisado previamente a los ciudadanos.

El traslado, que rompió con años de votación en los pisos de acceso, generó congestión: los seis ascensores del complejo tienen cupo para ocho personas y solo llegan al piso 9, lo que obliga a completar el recorrido por escaleras.

En redes sociales circularon videos y mensajes de votantes que acusaron a las autoridades de haber “escondido” las mesas para desincentivar la participación. Una de ellas lo resumió así: “Llevo 26 años votando acá, y era súper fácil. ¡Y ahora pusieron la votación en el piso 11! Opción: escaleras. En los ascensores caben de a 8 personas”, de acuerdo con El Colombiano.

Un helicóptero logró transportar el material electoral a Urrao, municipio del suroeste antioqueño, después de superar complicaciones iniciales. Las autoridades informaron que la llegada del material se produjo tras las 10:00 a. m., permitiendo que los ciudadanos pudieran finalmente acercarse a las urnas.

El registrador Nacional Hernán Penagos atribuyó el retraso a las condiciones climáticas adversas que impidieron el acceso temprano al municipio. Hasta entonces, los habitantes de Urrao no habían podido iniciar la jornada electoral como estaba previsto.

Sobre las 10:15 a. m., el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ejerció su derecho al voto en el INEM José Félix de Restrepo, en El Poblado. Él no puede participar abiertamente en política, pero los concejales y diputados de su movimiento político, Creemos, acompañan la candidatura de Abelardo de la Espriella.

“Hay largas filas porque la gente salió a votar. Están garantizadas las elecciones en Medellín para que sean libres y transparentes. Cuidemos a Colombia, las libertades y la democracia”, dijo Gutiérrez a El Colombiano.

El expresidente Álvaro Uribe votó en compañía de la candidata Paloma Valencia

Sobre las 9:00 a. m., el expresidente y líder del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez asistió a su puesto de votación, acompañado de la senadora Paloma Valencia, candidata presidencial de su partido, el Centro Democrático.

Uribe Vélez llegó al Colegio Antonio Donado Camacho, en Rionegro, donde expresó los principales motivos para asistir a las urnas el domingo 31 de mayo e invitó a los colombianos a asistir sin temor a ejercer su derecho.

Paloma Valencia también expresó: “Vinimos a acompañar al presidente Uribe y a darle las gracias. El mayor honor de mi vida ha sido ser candidata de este partido y estar acompañada del presidente Uribe, que representa para mí la certeza de que sí se puede gobernar bien”.

A esta hora, ya se abrieron las urnas para las elecciones presidenciales, en las que un total de 41.421.973 ciudadanos están habilitados para votar en Colombia y el exterior.

Según la Gobernación de Antioquia, hay más de 5.448.000 ciudadanos que pueden ejercer su derecho al voto en el departamento, distribuidos en 15.801 mesas de votación ubicadas en los 125 municipios.

Comenzó el acto de apertura electoral en Antioquia en el Centro Administrativo Departamental, con el gobernador de la región, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Se reporta en la capital antioqueña una sensación térmica de 22 grados centígrados y, según las autoridades ambientales, se esperan buenas condiciones climáticas para que los ciudadanos puedan salir a votar.

La candidata presidencial Paloma Valencia asistirá junto al expresidente Álvaro Uribe al momento de votar, programado para las 8:30 a.m. en la Institución Educativa Antonio Donado Camacho, situada en la vereda El Tablazo de Rionegro, Antioquia.

Posteriormente, Valencia llegará a Bogotá a eso de las 11:00 a.m.

El 31 de mayo en Colombia se llevó a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales para el periodo del 2026-2030. La jornada de votaciones finalizó a las 4:00 p. m. para luego iniciar el conteo de votos:

Así van las votaciones en Barranquilla:

Así van las votaciones en Atlántico:

Capturan a dos personas en Atlántico durante las elecciones

Durante la jornada de votaciones en el departamento se ejecutaron dos capturas con orden judicial, acciones que forman parte de la estrategia policial para garantizar el desarrollo seguro de las elecciones en la región.

Las operaciones, encabezadas por detectives de la Sijín del Departamento de Policía Atlántico, se desplegaron en los municipios de Santa Lucía, Sabanalarga y Suan. Las autoridades concretaron la detención de Walberto Iriarte González, de 59 años, en el Megacolegio Santa Lucía, acusado por el delito de explotación sexual y comercial de persona menor de 18 años.

En el municipio de Sabanalarga, los agentes lograron capturar a Carlos Andrés Jiménez Jiménez, de 39 años, tras activar una orden judicial por homicidio en su contra. La aprehensión se realizó dentro de la Institución Educativa Técnica Comercial, donde el detenido se encontraba al momento de la intervención.

Durante el operativo conocido como ‘Plan Desaparecido’, los investigadores localizaron a una persona cuya ausencia había sido denunciada previamente. El reporte oficial aclara que Efraín Amador Rivera Díaz fue hallado ejerciendo su derecho al voto en la Institución Educativa Adolfo Bolívar Marenco, confirmando que su integridad física no había sido vulnerada y permitiendo actualizar su estatus ante las autoridades.

Las capturas y la localización del ciudadano reportado como desaparecido se produjeron en el marco de los planes de seguridad desplegados para la jornada electoral del domingo 31 de mayo. Los dos detenidos quedaron a disposición de los entes judiciales correspondientes, mientras que la ubicación de Rivera Díaz resolvió la denuncia de desaparición presentada ante la Policía del Atlántico.

Estas acciones reflejan el compromiso de los organismos de seguridad para salvaguardar tanto la legalidad del proceso electoral como la integridad de los ciudadanos durante el desarrollo de los comicios.

Así vigilan los puntos de votación en el Atlántico durante las elecciones presidenciales

Durante la jornada electoral, se realizó un sobrevuelo con la colaboración de la Policía Nacional para supervisar los puestos de votación ubicados en colegios y otros puntos del Atlántico. Se observó que el proceso transcurría con normalidad y las filas estaban bien ordenadas.

Se destacó la importancia de mantener el buen comportamiento y la convivencia pacífica durante esta fiesta electoral. El llamado final fue a continuar con esta buena convivencia y a cumplir con el ejercicio democrático votando con responsabilidad.

En Santa Marta se registró la temperatura más alta en la jornada de elecciones

Tiempo nublado en Cartagena para las elecciones presidenciales, según el Ideam

En Barranquilla, los votantes le huyen a la ola de calor en las elecciones presidenciales

Alejandro Char ejerció su derecho al voto en Barranquilla y pidió un Gobierno que mire a las regiones

“Salgamos a votar, si no lo hacemos, eligen por nosotros. En Barranquilla todo está bien, hay normalidad. No desaprovechemos este momento, son cuatro años más de Gobierno que queremos que mejore. Queremos un Gobierno Nacional que voltee a mirar las regiones, que hable con las alcadías y reconozca las necesidades de las regiones”, dijo el funcionario.

Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico, votó en Barranquilla

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, ejerció su derecho al voto en el puesto instalado en la Escuela Normal Superior del Distrito de Barranquilla.

En diálogo con los medios, invitó a llevar una jornada tranquila y donde se resalte el buen comportamiento: “La democracia es la base fundamental de todo proceso de desarrollo”.

La exgobernadora Elsa Noguera votó en Barranquilla

La exgobernadora del Atlántico Elsa Noguera llegó a su puesto de votación asignado para votar, usando una camiseta amarilla de Colombia, una prenda que identifica a simpatizantes del candidato Abelardo de la Espriella.

Noguera asistió al colegio La Enseñanza, ubicado al norte de Barranquilla, donde el candidato de Salvación Nacional también ejerció su derecho al voto.

El candidato Abelardo de la Espriella ejerció su derecho al voto

En el puesto número 2 del colegio la Enseñanza, ubicado al norte de Barranquilla, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella depositó su voto acompañado de su familia junto a un fuerte dispositivo de seguridad.

Se reportan largas filas en Soledad

Desde las 8:00 a. m. se reportan numerosas filas en los colegios de Soledad para iniciar la jornada electoral. Este domingo, el municipio implementó el día sin motocarro para garantizar tranquilidad y seguridad durante las elecciones, según indicó la alcaldesa Alcira Sandoval Ibáñez.

El decreto oficial también activó la alerta amarilla en toda la red hospitalaria, pública y privada, asegurando capacidad de respuesta ante incidentes. Además, se prohibió portar armas traumáticas, neumáticas y cortopunzantes, así como máscaras o capuchas que dificulten la identificación. Adicional a esto, se restringió abandonar escombros o elementos que bloqueen el acceso a los puestos de votación.

Alejandro Char criticó a Gustavo Petro por su relación con las regiones

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, respondió el sábado 30 de mayo al presidente Gustavo Petro, tras el cuestionamiento que el mandatario le hizo en la plaza de La Paz por el destino de recursos nacionales para educación.

En un mensaje publicado en X, Char afirmó que el Gobierno no trabajó con las regiones y dijo que deja al país con preocupación por la inseguridad, la economía y la incertidumbre.

/colombia/2026/05/31/alejandro-char-critico-a-gustavo-petro-por-su-relacion-con-las-regiones-es-triste-verlo-salir-de-la-casa-de-narino-destilando-odio/

Todo listo para el inicio de las elecciones en la costa Caribe

En la región Caribe, la Registraduría Nacional habilitó 2.903 puestos de votación para las elecciones presidenciales de este domingo, con el objetivo de asegurar el derecho al voto de 8 millones de ciudadanos.

Más de 26.000 mesas estarán distribuidas entre municipios y corregimientos de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre, San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Atlántico y Bolívar reúnen el 45% del potencial electoral caribeño. Solo en Barranquilla y otros municipios de Atlántico, hay 2.129.515 posibles votantes, de los cuales 1.102.680 son mujeres.

El empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo acudió a su puesto de votación en la ciudad de Bogotá durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales, destacando la manera en que el proceso se desarrolló con notable eficiencia.

Al referirse al ambiente que se vivía en los centros electorales, señaló que el sistema “funciona como un relojito”, atribuyendo ese orden a un progreso tangible en la organización nacional.

Millones de ciudadanos participaron este 31 de mayo en la jornada que definió quién llegará a la segunda vuelta presidencial y que, posteriormente, ocupará la Presidencia de Colombia entre 2026 y 2030.

Sarmiento Angulo, figura central en el mundo empresarial y fundador del Grupo Aval, remarcó que la participación ciudadana es indispensable, señalando que “aquí estamos todos cumpliendo con el deber porque es indispensable”.

Tras ejercer su derecho al voto en la sede del Liceo Francés, el multimillonario calificó la elección como “definitiva y crucial para el país”. Enfatizó que el éxito de la jornada no corresponde a un grupo en particular, sino que se trata de un triunfo colectivo de Colombia.

“No es simplemente una ilusión, sino que las cifras analizadas nos conducen a que vamos a tener éxito, pero no es éxito de nosotros, sino éxito de Colombia”, afirmó el empresario en diálogo con la revista Semana.

En cuanto al desarrollo del proceso electoral, Sarmiento recordó las dificultades de años anteriores comparadas con los comicios del 2026.

“Hace 20 años aquí esto era una revolución, tenía uno que andar por ahí preguntando”, comentó el empresario ilustrando el contraste con la organización actual, que considera ejemplar.

El líder del Grupo Aval compartió una valoración positiva sobre la situación económica del país, asegurando que “está mejorando, estamos prosperando, eso está bien”. Atribuyó parte de ese avance a la efectividad de las medidas, órdenes y decretos recientes, aunque evitó profundizar en detalles específicos: “Se comentan solos”.

Respecto al futuro, Sarmiento Angulo expresó optimismo sobre la dirección que tomará el país tras las elecciones. Su mensaje directo responde a la pregunta sobre el significado de esta jornada: la elección presidencial de este 31 de mayo representa para Colombia una oportunidad trascendental de consolidar los logros económicos y organizativos, según el empresario, quien ve en los resultados un reflejo del potencial nacional.

Antes de retirarse, Sarmiento Angulo dirigió un mensaje de aliento a la ciudadanía: “Colombia es Colombia, es un país valioso, lo queremos y tenemos que luchar por él hasta el último minuto”. Así, el empresario reiteró la necesidad de mantener el compromiso colectivo para asegurar un futuro próspero para todos.

Así quedó la primera vuelta presidencial: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se volverán a enfrentar

La noche del 31 de mayo, la noticia sorprendió a la política colombiana: Abelardo de la Espriella superó a Iván Cepeda en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, con una diferencia que mantuvo la tensión hasta el último boletín oficial.

El país se prepara ahora para una segunda vuelta decisiva el 21 de junio, donde los dos candidatos con mayor respaldo deberán conquistar a los votantes que apoyaron otras opciones en la primera ronda.

La contienda electoral arrojó cifras que evidencian la polarización y el dinamismo político. De la Espriella alcanzó 43,72% de los votos, mientras que Cepeda obtuvo 40,92%, según el conteo con el 99,3% de las mesas escrutadas. Ninguno superó el umbral necesario para definir la elección en una sola jornada, lo que obliga a una definición en una segunda vuelta, como establece la Constitución de 1991.

Cuando ningún candidato presidencial en Colombia obtiene la mitad más uno de los votos válidos, el sistema electoral exige una segunda vuelta. Este mecanismo, vigente desde la reforma constitucional de 1991, garantiza que el próximo mandatario cuente con un respaldo amplio y no solo con la mayor votación relativa. Así, los dos aspirantes más votados disputan el cargo en un nuevo proceso, donde el ganador será quien logre la mayoría simple.

En esta oportunidad, Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda liderarán la segunda ronda. Los votantes regresarán a las urnas para elegir entre dos propuestas políticas opuestas, representando a la derecha y a la izquierda, respectivamente. La jornada será clave para definir el rumbo del país y determinar quién sucederá a Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

La jornada electoral que se celebra el domingo 31 de mayo ha dejado varios episodios polémicos que ya surtieron efecto en la Procuraduría General de la Nación, que a través de un documento oficial, decidió abrir una investigación disciplinaria contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por presunta participación en política.

La decisión fue tomada por el ente de control después de que el funcionario hiciera declaraciones públicas durante la apertura de la jornada electoral presidencial en la ciudad de Valledupar.

En su discurso, Antonio Sanguino Páez resaltó una opción política vinculada a un “proyecto de transformación” liderado por el presidente, lo que fue interpretado como posible apoyo a la candidatura del senador Iván Cepeda.

“Solo hay una que respalda un proyecto de transformación y de cambio, que es el que ha liderado el Presidente de la República”, señaló el ministro en la mañana del domingo 31 de mayo.

La Procuraduría inició la acción porque considera que el ministro pudo haber infringido la ley colombiana, la cual prohíbe a los funcionarios públicos participar en política para resguardar la equidad en las elecciones.

La investigación busca determinar si su intervención pública durante el acto electoral constituye “presunta participación indebida en política”, conducta vedada por la Constitución y el Código de Garantías Electorales.

La autoridad disciplinaria consideró que esta declaración puede interpretarse como manifestación de apoyo hacia un aspirante, motivo por el cual se formalizó la apertura del proceso.

“En el caso que ocupa la atención de este despacho, la información aportada hasta el momento permite identificar al presunto autor de los hechos materia de investigación, respecto de los cuales existe una determinación inicial suficientemente precisa. Así las cosas, se ordenará la apertura de investigación disciplinaria a la que será vinculado el ministro del Trabajo, Antonio Eresmid Sanguino Páez”, señala el documento oficial de la Procuraduría.

Las leyes colombianas, en particular el Código General Disciplinario, establecen que los funcionarios judicializados pueden enfrentar sanciones de inhabilidad, suspensión o multa si se les encuentra responsables del hecho investigado.

El procedimiento incluye la notificación al implicado, la garantía de defensa y la práctica de pruebas, señalando que la retractación solo procede en caso de vulneración de derechos fundamentales.

Además, el Código General Disciplinario contempla beneficios para los funcionarios que acepten cargos o confiesen durante la etapa de investigación, permitiendo que las sanciones puedan ser reducidas hasta en un 50%.

Cuando la aceptación toma lugar en la fase de juzgamiento, el posible descuento es de una tercera parte. Las sanciones incluyen inhabilidad, suspensión o multa, excluyendo el beneficio de reducción si la falta es catalogada como “gravísima”.

Antecedentes y contexto electoral en Colombia

El debate acerca de la intervención política de funcionarios públicos se suele intensificar en cada ciclo electoral en Colombia. En las semanas previas, el presidente Gustavo Petro fue objeto de llamados de atención por parte de las autoridades de control tras participar activamente en eventos políticos en la costa Caribe.

La Procuraduría y el Consejo de Estado le exigieron abstenerse de difundir propaganda electoral e instaron a la Comisión de Acusaciones de la Cámara a adelantar investigaciones sobre su actuación.

De igual manera, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, fue objeto de otra investigación formal luego de promover el voto durante un acto oficial, aunque sin mencionar nombres específicos.

Según la Procuraduría, estas medidas buscan evitar que funcionarios utilicen recursos estatales para favorecer intereses particulares en procesos electorales, asegurando así el principio de equidad y transparencia.

Las restricciones legales se aplican a todos los cargos, en un país donde la polémica por la posible influencia de los servidores públicos en las elecciones es recurrente y habitualmente observada en cada ciclo electoral.

La decisión de la Procuraduría de abrir investigación disciplinaria se basa en la identificación clara del presunto responsable y en la existencia de elementos suficientes para dar inicio al trámite correspondiente, garantizando que el proceso siga los cauces establecidos por la ley.

Rodeado de simpatizantes y bajo la mirada de decenas de periodistas, el candidato presidencial Iván Cepeda ejerció su derecho al voto en el sur de Bogotá, en el colegio San Lucas, el mismo barrio donde su familia vivió uno de sus momentos más dolorosos hace 26 años.

El candidato del Pacto Histórico acudió a la urna acompañado de su jefa de debate, María José Pizarro, y mostró ante las cámaras el tarjetón marcado en el recuadro en el que aparece su foto y el de su fórmula vicepresidencial Aida Quilcué.

Apenas unos minutos después de sufragar, Cepeda salió al patio central del colegio para dirigirse a los presentes. Entre cánticos y vítores de sus seguidores, destacó que su principal meta, en caso de llegar a la Presidencia, será profundizar los cambios impulsados por la actual administración de Gustavo Petro.

“A la ciudadanía hemos venido a ejercer nuestro derecho a elegir un futuro y un destino distinto para Colombia, profundizar los cambios que hemos venido logrando en estos años de gobierno y hacerlo en un barrio que para mí es de grata y entrañable recordación, es mi barrio natal”, señaló el también congresista.

En su intervención, Cepeda aseguró que han realizado una campaña “limpia y transparente”, además de invitar a que la jornada electoral se mantenga en paz y fortalezca la democracia, haciendo hincapié en la importancia de la legitimidad del proceso electoral.

“La jornada de hoy esperamos y queremos consolide la democracia en Colombia y nos sirva para expresar de una manera clara nuestra confianza en el pueblo colombiano. Esa confianza emana de nuestra certeza de que en estos años se ha elevado la conciencia política de la ciudadanía y del pueblo. Así que la jornada de hoy queremos que sea una jornada de democracia, del ejercicio pacífico, ojalá cordial, muy respetuoso de los derechos de cada quien a elegir como lo decida de manera libre y con conciencia”, señaló Cepeda.

Según indicó el candidato, el Pacto Histórico ha desplegado decenas de testigos electorales y ha instalado puestos de mando unificados en todo el país, con el objetivo de garantizar la vigilancia y la transparencia durante la jornada.

Una de las novedades anunciadas por el candidato fue la implementación de un mecanismo propio de conteo rápido de resultados. Según indicó Cepeda, este dispositivo permitirá que, una vez cerradas las urnas, se conozcan los primeros datos en el menor tiempo posible.

“Podemos decir que tenemos listo un dispositivo robusto y vigoroso para controlar el resultado o por lo menos la observación electoral. Y desde esa perspectiva anunciar que además de decenas de miles de testigos electorales, tenemos puestos de mando unificado en distintas partes del país y que una vez se cierre la votación, vamos a poner en práctica un mecanismo de conteo rápido de los resultados, para que muy pronto, esta tarde, sepamos cómo se desarrolló de manera prospectiva la votación en todo el país”, indicó el candidato.

Finalmente, Cepeda expresó su confianza en que la jornada concluirá con una celebración para el sector progresista, a pesar de las encuestas que lo ubican en una segunda vuelta frente a dos posibles candidatos de la derecha.

“Así que invitamos hoy a honrar al pueblo colombiano, honrar la democracia, respetarla y estamos convencidos de que hoy en la tarde celebraremos el segundo gobierno progresista en Colombia”, concluyó el también senador.

Por su parte, Aida Quilcué, candidata a la vicepresidencia por el mismo movimiento, emitió un mensaje a la ciudadanía tras votar en el Colegio de San Bartolomé, en el centro de Bogotá. Rodeada de periodistas, Quilcué alentó a los colombianos a ejercer su derecho “de manera tranquila, libre, consciente y democrática”.

Como líder indígena y fórmula de Cepeda, Quilcué reconoció la complejidad del momento político, pero insistió en que “el pueblo se ha levantado, que el pueblo es consciente”. Reafirmó que el proyecto que impulsan se basa en la decisión informada de cada ciudadano.

“El llamado es a que hoy ejerzan el derecho al voto en el marco de la Constitución Política de Colombia, que ese derecho al voto sea tranquilo, que sea libre, consciente y democrático”, señaló Quilcué.

Desde tempranas horas del domingo 31 de mayo, el presidente Gustavo Petro generó controversia al hacer público su voto por el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, pese a las normas nacionales que reglamentan la privacidad del voto de cada ciudadano.

De hecho, tras la aparición pública del mandatario nacional que abrió la jornada electoral, el expresidente Iván Duque también hizo presencia en la mesa 1 para ejercer su derecho al voto.

A su salida, el exjefe de Estado cuestionó públicamente la actuación de Petro, asegurando que podría tratarse de un hecho de proselitismo político, lo que estaría violando la ley colombiana sobre la participación en campañas por por parte de miembros del Gobierno nacional.

Duque cuestionó en forma directa al presidente Gustavo Petro y a su gabinete por el respaldo público al senador oficialista Iván Cepeda, sugiriendo que funcionarios que deben ser garantes del proceso electoral han incurrido en comportamientos inadecuados.

“Para mandar un mensaje también a los que han pretendido violar la Constitución y la ley haciendo proselitismo cuando no les compete, cuando lo que tienen que ser es garantes de la justa electoral. Pero sobre todo, invitando a que hoy sea un día donde podamos decirle “no más” a todo este contubernio que ha existido entre criminalidad organizada y quienes han tratado desde el Estado amedrentar a Colombia", señaló Duque.

Asimismo, el expresidente apeló a la fortaleza democrática y envió un fuerte mensaje a los grupos armados del país, a quienes tildó de apoyar el proyecto político de Petro y del candidato oficialista.

“Yo creo que hay que salir todos a votar hoy con entusiasmo para defender nuestra democracia, para mostrar la grandeza de la democracia de nuestro país, para mandarle un mensaje a los grupos armados ilegales que no nos van a intimidar”, concluyó el exmandatario.

Las alertas de la Defensoría del Pueblo

El inicio de la jornada electoral estuvo protagonizada por el llamado de la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien advirtió que 80 municipios de Colombia enfrentan el nivel máximo de riesgo debido a presiones ejercidas por grupos armados ilegales y organizaciones criminales.

Marín aseguró que alrededor de 276 municipios presentan los dos niveles más altos de alerta, una cifra que ilustraría la magnitud de la amenaza sobre el proceso democrático que se adelanta este domingo 31 de mayo.

En este contexto, la funcionaria instó a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto con libertad y a mantener la confianza en las instituciones electorales, y aunque reconoció que muchas de las presiones se materializaron durante la campaña, informó que hasta el momento no se ha trasladado ninguna mesa de votación por razones de orden público.

“Hay varios municipios del país, 80 en un nivel máximo de alerta. En total, con los dos primeros niveles máximos de riesgo, tenemos alrededor de 276 municipios”, señaló la defensora del Pueblo.

Entretanto, la jornada transcurre bajo estricta vigilancia, según lo relatado por Iris Marín, quien remarcó que no se han registrado alteraciones graves del orden público hasta el momento.

Durante la apertura del proceso electoral, la funcionaria insistió en que la transparencia está garantizada y reiteró que “no se ha trasladado ninguna mesa de votación por razones de orden público”.

En medio de la incertidumbre generada por el accionar de los grupos armados, las autoridades han reforzado el mensaje de que el voto es una herramienta de defensa democrática.

Las declaraciones de Duque y de la defensora del pueblo convergen en la necesidad de enviar una señal clara: los grupos armados no lograrán intimidar a la ciudadanía ni doblegar el curso de la elección.

Las autoridades aclararon que, a menos de que algo extraordinario ocurra, las elecciones de la primera vuelta seguirán su curso hasta las 4:00 p. m. cuando se dará por concluido el proceso y no se permitirá a los colombianos que dejaron para última hora su llegada al puesto de votación ejercer su derecho.

Hasta donde se conoce, la serie de explosiones dejó un saldo preliminar de 12 militares heridos, todos fuera de peligro según información de las autoridades departamentales. El episodio, que ocurrió cerca del corredor vial entre Riohacha y Maicao, provocó daños materiales y sembró temor entre quienes residen en las cercanías del complejo militar.

Las detonaciones, atribuidas a artefactos explosivos artesanales, afectaron no solo a la estructura del batallón, sino a sectores habitados por civiles. Las autoridades comenzaron de inmediato inspecciones de emergencia, priorizando la seguridad de las viviendas próximas y buscando posibles restos de explosivos para evitar nuevas amenazas.

De acuerdo con información preliminar, la acción fue dirigida contra espacios internos del complejo, incluyendo dormitorios y zonas sanitarias frecuentadas por el personal militar.

Los daños estructurales se sumaron a la preocupación por la integridad de los soldados, quienes, pese a las lesiones, no registraron víctimas mortales hasta el momento. La rápida atención médica permitió estabilizar a los afectados y controlar la emergencia en la zona.

Imágenes obtenidas después de los hechos muestran fragmentación y daños visibles en las zonas impactadas, lo que refuerza la preocupación de las autoridades sobre la capacidad destructiva de los artefactos empleados.

En la zona del ataque se observan incluso manchas de sangre de los 12 uniformados que resultados heridos. Además, varios elementos de los explosivos quedaron esparcidos en varias zonas del batallón.

La detonación no solo afectó la infraestructura militar, sino que también causó estragos en viviendas próximas. Una tienda familiar, situada a pocos metros del batallón, sufrió daños considerables. Aurelio Mejía, hijo de la propietaria, describió el temor vivido durante el ataque e hizo un llamado para que las autoridades apoyen la recuperación del negocio.

“Tenemos miedo. Estábamos durmiendo cuando sentimos esos explosivos tan fuertes. Hacemos un llamado a las autoridades para que nos apoyen y nos ayuden a arreglar la tienda de mi mamá, donde también cayeron artefactos”, señaló el afectado en declaraciones recogidas por La FM.

Ministerio de Defensa intensifica seguridad en La Guajira

El reciente atentado con explosivos contra el Batallón Cartagena en Riohacha ha intensificado la preocupación en La Guajira y ha obligado a las autoridades a tomar medidas urgentes.

La explosión, que dejó doce soldados heridos y causó daños a viviendas cercanas, ocurrió en un contexto de máxima tensión, a solo días de las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

Para lograr avances en la investigación y dar con los autores del ataque, el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos colombianos. Esta suma, ofrecida de manera conjunta por la Gobernación y la Alcaldía de Riohacha, está destinada a quienes aporten información clave que permita identificar y capturar a los responsables.

“Desde el Fondo de Recompensas hemos decidido ofrecer 200 millones de pesos, de manera conjunta entre la Alcaldía Distrital de Riohacha y la Administración Departamental, para recibir cualquier tipo de información que nos permita capturar en el menor tiempo posible a estos bandidos”, afirmó el gobernador Jairo Aguilar.

En respuesta a la gravedad del atentado, las autoridades han incrementado la presencia de la Fuerza Pública en la región. Más de 4.000 efectivos del Ejército y la Policía han sido desplegados en puntos estratégicos del departamento, con el objetivo de garantizar la seguridad durante el proceso electoral y prevenir nuevos hechos violentos. El mayor general Royer Gómez Herrera subrayó que este refuerzo busca asegurar el desarrollo tranquilo de las elecciones y proteger a la población.

El reciente restablecimiento de la protección jurídica de la Línea Negra en la Sierra Nevada de Santa Marta por el gobierno de Gustavo Petro ha generado descontento entre autoridades wayúu y comunidades afrodescendientes.

Estos pueblos denuncian exclusión de los procesos de consulta y advierten que el decreto privilegia la visión de otros pueblos indígenas, lo que ha llevado a protestas y bloqueos en La Guajira.

Los indígenas Wayúu y afrodescendientes rechazan el decreto porque consideran que repite errores de la norma anterior y profundiza la influencia de ciertas comunidades indígenas sobre territorios que ellos también habitan. Señalan que la ampliación de los sitios sagrados afecta su autonomía sobre tierras y dificulta procesos como la titulación colectiva y el acceso a recursos, generando tensiones en regiones caracterizadas históricamente por la convivencia, según testimonios obtenidos por la revista Cambio.

El decreto, firmado el 19 de mayo, busca otorgar respaldo legal a la llamada Línea Negra, una delimitación sagrada para los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo. Esta figura representa un circuito de lugares que conectan ríos, costas y montañas del Caribe colombiano, protegidos por su valor cultural y espiritual para los pueblos originarios de la Sierra Nevada de Santa Marta.

La normativa surge después de que el Consejo de Estado anulara la versión anterior —expedida durante el gobierno de Juan Manuel Santos— por la ausencia de cartografía oficial y falta de consulta previa a todos los pueblos étnicos implicados, entre ellos los wayúu y comunidades afrodescendientes.

Sin embargo, líderes sociales y el antropólogo Weildler Guerra sostienen que el nuevo decreto reincide en los mismos problemas, como la utilización de la misma delimitación y una consulta considerada insuficiente.

Uno de los puntos más controvertidos para los wayúu es la ampliación de los sitios protegidos: de 54 lugares establecidos en 1995 a 348 espacios sagrados incluidos en la nueva regulación. Según Guerra, al menos 181 de estos espacios coinciden con territorios wayúu, incluyendo zonas marítimas y costeras esenciales para su comunidad.

“Lo que hizo el presidente Petro fue reproducir todos los vicios que el Consejo de Estado había señalado”, señaló el antropólogo a la revista Cambio.

De acuerdo con líderes wayúu, antes del decreto de 2018 existía un acceso compartido y respetuoso a estos lugares, sin afectar la autonomía territorial de otras comunidades. Ahora, la extensión de la Línea Negra dificulta el desarrollo de actividades tradicionales y el acceso a recursos dentro de sus propios territorios, alimentando la percepción de desplazamiento y pérdida de control sobre áreas fundamentales.

El circuito sagrado abarca desde Valledupar, sigue cursos de ríos emblemáticos, bordea la costa caribeña, atraviesa el Parque Tayrona, recorre la Ciénaga Grande y finaliza en la desembocadura del río Fundación. Muchos de los puntos recién protegidos son identificados por los wayúu como vitales para su cultura, economía y supervivencia.

Reclamos de exclusión y autonomía wayúu frente al decreto

Las principales críticas de autoridades y líderes sociales wayúu se enfocan en lo que consideran una jerarquización y falta de consulta real.

“Creemos que la Línea Negra debe ser protegida y que esos pueblos tienen derecho a acceder a sus lugares sagrados. Pensamos que no hay ningún ánimo entre los dos pueblos de chocar. Lo que sí hay es una acción gubernamental que va a dividir a los pueblos y eso ya genera tensiones entre pueblos hermanos, que han tenido una relación fraternal, por políticas gubernamentales que privilegian una ontología del universo sobre otra. No hay pueblo indígena de segunda”, señaló Guerra al medio nacional.

La controversia también se relaciona con el modelo de gobernanza territorial implementado, que, según los wayúu, otorga a los pueblos de la Sierra Nevada poder de decisión sobre asuntos económicos y ambientales en áreas históricamente ocupadas por ellos.

Este alcance incluye la participación en decisiones sobre puertos, gasoductos y proyectos de explotación de recursos naturales, lo que consideran una imposición de una cosmovisión sobre otra.

Para los wayúu, la falta de reconocimiento estatal de su vínculo con el mar se suma al malestar. “Los wayúu son un pueblo marítimo”, sostiene Guerra, quien remarca su historia de navegación, comercio y presencia en toda la costa de La Guajira, y lamenta que el Estado les haya negado control sobre las áreas marítimas mientras concede ese poder a otros grupos.

Comunidades afrodescendientes y consejos comunitarios también expresaron su malestar, convocando asambleas y protestas pacíficas. Indican dificultades para avanzar en la titulación colectiva y el acceso a tierras desde la expedición de la anterior normativa, atribuyendo estos obstáculos a las restricciones de la Línea Negra.

Respuesta oficial y panorama de protestas en La Guajira

En los últimos días, se han registrado bloqueos en puntos neurálgicos como la vía Riohacha-Santa Marta. Las comunidades exigen la revisión del decreto y una participación real en la definición de los sitios sagrados.

El Ministerio del Interior defendió la normativa, asegurando que no afecta derechos territoriales de terceros ni amplía la identificación espiritual de la Línea Negra, sino que responde a las carencias jurídicas señaladas por el alto tribunal.

Esta cartera destacó que la construcción del texto buscó equilibrio entre la visión de los cuatro pueblos originarios y el respeto a los habitantes de la región, aunque no mencionó específicamente a los wayúu.

Autoridades wayúu y organizaciones afrodescendientes han solicitado la intervención de organismos como el Consejo de Estado y la Procuraduría para garantizar que el decreto cumpla con las disposiciones que llevaron a la anulación de la norma anterior. El Gobierno anunció la continuidad del diálogo y destacó su voluntad de promover “lazos de respeto y hermandad entre todas las comunidades”.

El acto conmemorativo en el Congreso de la República citado para el miércoles 27 de mayo estuvo protagonizado por la ausencia de los dos órganos centrales llamados a esclarecer la verdad judicial sobre el atentado al vuelo 203 de Avianca: la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes realizó una audiencia para honrar a las 107 víctimas de la tragedia ocurrida el 27 de noviembre de 1989, sin la presencia de estas entidades. Durante la sesión, que comenzó a las 9:00 a. m., se esperaba escuchar a distintas instituciones estatales sobre las acciones emprendidas en materia de justicia, memoria y reparación por uno de los episodios más graves del narcoterrorismo colombiano.

Entre las entidades citadas figuraban la Fiscalía, la JEP, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Unidad para las Víctimas y el Ministerio del Interior. Sin embargo, la ausencia de las primeras dos marcó el desarrollo de la jornada, según información verificadda por El Tiempo.

Durante el evento, la intervención de Gonzalo Rojas, hijo de una de las personas fallecidas en el atentado, expuso el sentimiento de frustración que persiste entre los familiares.

Rojas sostuvo que, pese al tiempo transcurrido, “el caso permanece en un estado preliminar” y que la verdad ha debido buscarse fuera de los canales oficiales. Destacó el informe Una mirada del atentado al avión de Avianca. Narcotráfico y narcoterrorismo en el conflicto armado colombiano, elaborado para la Comisión de la Verdad, como uno de los pocos esfuerzos sistemáticos para reconstruir lo sucedido.

Ese documento, según detalló, incluyó entrevistas a exagentes de distintas agencias nacionales e internacionales, así como a exintegrantes de grupos armados y allegados a Pablo Escobar. La investigación independiente reunió testimonios e información que, según Rojas, no ha sido procesada ni utilizada de manera efectiva por las autoridades judiciales.

La audiencia dejó en evidencia preguntas que permanecen sin respuesta oficial: la identidad de todos los responsables, la posible participación de agentes del DAS, la situación de algunos pasajeros señalados en versiones contradictorias y la línea actual de investigación.

“¿Acaso esa es la idea, que todos lleguemos a viejos y fallezcamos, para que con nosotros se entierre el caso?”, cuestionó Rojas por la inacción estatal durante los últimos 36 años.

El caso ante instancias internacionales

El proceso penal por el atentado acumula más de tres décadas sin avances definitivos, lo que llevó a los familiares y a la Comisión Colombiana de Juristas a buscar justicia en el ámbito internacional.

Según el abogado Óscar Giovanni Ramírez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) declaró admisible en 2023 una petición presentada en 2015, lo que abrió un trámite internacional contra el Estado colombiano.

Ramírez explicó que, de acuerdo con el informe de admisibilidad de la Cidh, la investigación penal ha presentado lapsos “injustificados” de inactividad, especialmente entre 1995 y 2009. Recordó que entre 1993 y 1995 la Fiscalía concedió beneficios judiciales a 11 implicados y que en 2010 se recibió la declaración de alias Popeye sobre la posible implicación de agentes del DAS, sin que hasta ahora se haya vinculado formalmente a ninguna persona en esa línea de investigación.

En este contexto, la Cidh decidió examinar posibles violaciones estatales a derechos protegidos por la Convención Americana, como el derecho a la vida, la integridad personal y las garantías judiciales. La Comisión Interamericana reconoció que la prolongación del proceso y la ausencia de decisiones afectan gravemente a las víctimas y sus familiares.

Al cumplirse 37 años del atentado, las víctimas y sus representantes insisten en que la falta de esclarecimiento judicial perpetúa la impunidad. La audiencia en la Cámara de Representantes sirvió para reiterar la demanda de justicia y verdad, así como para poner en evidencia la ausencia de respuestas oficiales sobre aspectos cruciales del caso.

Las zonas migratorias del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, exhibirán una nueva fisonomía tras la reciente entrega de obras destinadas a absorber el aumento de flujo internacional previsto para la mitad de año.

La reconfiguración, que implicó una inversión superior a $22.400 millones, abarca desde ampliaciones físicas hasta la incorporación de módulos biométricos y sistemas de monitoreo avanzados.

Los ajustes responden a la expectativa de movilizar cerca de 2,8 millones de pasajeros internacionales entre el 1 de junio y el 31 de julio, periodo coincidente con la Copa Mundial de la FIFA 2026. El Dorado, considerado la segunda terminal aérea con mayor movimiento en Suramérica, se posiciona así para enfrentar un volumen inédito de viajeros en temporada alta.

A partir de ahora, los viajeros que arriben o salgan del país notarán modificaciones en las áreas dedicadas a inmigración y emigración. El área operativa de ingreso creció un 33%, pasando de 1.624 a 2.162 metros cuadrados, lo que permite a Migración Colombia operar con decenas de módulos simultáneos. El nuevo esquema integra atención presencial y sistemas biométricos Biomig, enfocados en agilizar la verificación y el tránsito en momentos de mayor demanda.

En la práctica, quienes ingresen al territorio nacional accederán a 62 módulos de atención migratoria: 33 mostradores de inmigración y 29 puntos Biomig. La meta es reducir los tiempos de espera y ofrecer un procedimiento más eficiente, especialmente para quienes llegan en vuelos internacionales durante eventos de alta convocatoria.

La reconfiguración también incorpora una oficina de 187 metros cuadrados para el Centro Estratégico Conjunto de Análisis Migratorio (Cecam), equipada con tecnología de vigilancia, climatización y sistemas de seguridad. Este espacio permite monitorear operaciones migratorias y reforzar los mecanismos de prevención y control.

Según informaron las autoridades de la terminal aérea, este espacio fortalecerá la vigilancia en tiempo real de los miles de viajeros que entran y salen del país a diario, facilitando la detección de personas potencialmente sospechosas y mejorando los tiempos de reacción en casos que requieran especial atención.

Mejoras en la zona de salida y sistemas de información para usuarios

El área de emigración fue objeto de una intervención orientada a optimizar la experiencia de los pasajeros que dejan el país. Con una inversión superior a $3.800 millones, se reorganizaron los sistemas de atención, habilitando 20 equipos Biomig, 37 módulos de Migración Colombia, dos módulos automáticos y 15 puntos Veripax, dos de ellos adaptados para personas con movilidad reducida.

Durante la inspección de las obras, la vicepresidenta de Gestión Contractual de la ANI, Milena Jiménez, valoró el impacto de la ampliación y la tecnología instalada. “Esta ampliación de la infraestructura, sumada a la reconfiguración y adquisición tecnológica de nuevos módulos de migración biométrica, permitirá que el ingreso y salida al país sea más ágil”, señaló la funcionaria.

Las nuevas pantallas informativas, integradas con los sistemas de orientación y filas, buscan facilitar la ubicación y el flujo de los usuarios en las áreas de control migratorio. El objetivo es lograr que tanto el ingreso como la salida de pasajeros internacionales se realicen con mayor rapidez y confort, elevando los estándares de calidad y servicio aeroportuario.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Arriero, destacó que los cambios permiten reforzar la seguridad nacional, validar la información de los viajeros y asegurar el cumplimiento normativo. La ampliación de los puntos biométricos y la mejora de las entrevistas migratorias constituyen los pilares del nuevo esquema operativo.

“El plan de mejoramiento permitió reforzar los puntos biométricos para agilizar la eficiencia en los controles de entrada y salida, además del fortalecimiento de las entrevistas migratorias para garantizar la seguridad nacional, controlar el flujo de extranjeros, validar la veracidad de la información del viajero y asegurar el cumplimiento de la normatividad migratoria”, señaló Arriero.

El auxilio funerario de Colpensiones continúa vigente en Colombia y se posiciona entre los apoyos económicos más altos que otorga el sistema pensional. Sin embargo, pocos conocen que la entidad tiene reservado un gran monto para ciertos afiliados que cumplan con condiciones muy específicas.

La compensación económica más alta que entrega Colpensiones por auxilio funerario se otorga exclusivamente a quienes costean el sepelio de un afiliado o pensionado con los ingresos más elevados dentro del sistema. En estos casos, el monto puede alcanzar los $17.509.050, cifra que corresponde a diez salarios mínimos mensuales legales vigentes y representa el límite superior del beneficio.

Esta suma máxima solo se concede si el fallecido tenía un último salario cotizado o una mesada pensional equivalente a ese tope o superior, de acuerdo con la normativa vigente. Quienes reciban menos ingresos verán reflejado un auxilio proporcionalmente menor, pero nunca por debajo de cinco salarios mínimos legales.

Para acceder a la cifra máxima, el solicitante debe demostrar, con documentos originales y sellados, que pagó el costo total del funeral de un afiliado o pensionado que cumplía con los requisitos de cotización o pensión. El proceso de verificación por parte de Colpensiones es estricto y exige que la totalidad de los pagos esté debidamente soportada.

¿Quién puede reclamar el auxilio funerario de Colpensiones?

El subsidio puede ser solicitado tanto por familiares directos —como cónyuge, compañero permanente o hijos— como por personas ajenas o empresas funerarias. Lo único indispensable es presentar la documentación que acredite el pago del sepelio y comprobar la relación con la persona fallecida, si corresponde.

Colpensiones reconoce el pago a cualquier persona natural o jurídica que haya asumido los gastos, siempre que se cumpla la condición de que el fallecido estuviera afiliado activo o pensionado dentro del sistema.

Para iniciar el proceso, el interesado debe descargar y diligenciar los formularios oficiales de solicitud y cuenta de pago. Después, es obligatorio presentar los siguientes documentos:

• Documento de identidad del solicitante
• Registro civil de defunción con expedición menor a tres meses
• Factura original y cancelada de los gastos funerarios
• Certificación del plan exequial, si aplica
• Formularios debidamente diligenciados

En caso de que el servicio haya sido cubierto total o parcialmente por un seguro, se debe adjuntar la certificación con el desglose de valores abonados.

¿En qué situaciones Colpensiones entrega el auxilio funerario?

El pago se autoriza únicamente si el difunto era pensionado de la entidad, se encontraba cotizando activamente o cumplía todas las condiciones exigidas por el sistema pensional. La verificación de estos requisitos es previa a cualquier desembolso.

El trámite es presencial y se realiza en los puntos de atención de Colpensiones, donde el solicitante presenta la documentación y espera la notificación sobre la decisión administrativa. Una vez aprobada, se informa el procedimiento para recibir el dinero.

En resumen, el auxilio funerario de Colpensiones puede ser solicitado por cualquier persona o entidad que haya costeado el funeral de un afiliado o pensionado, con montos que oscilan entre cinco y diez salarios mínimos. El pago máximo, superior a quince millones de pesos, se reserva para quienes asumen los gastos de personas con las pensiones o sueldos más altos, bajo estricta comprobación documental y cumplimiento de los requisitos legales.

El cierre de fronteras terrestres y fluviales en Colombia comenzará a regir a partir de las 6:00 p. m. del sábado 30 de mayo y se extenderá hasta las 6:00 a. m. del lunes 1 de junio.

Esta medida fue adoptada por el Ministerio del Interior a través del Decreto 0188 de 2026 y responde al marco de las elecciones presidenciales de primera vuelta previstas para el domingo 31.

Durante este lapso, la movilidad en las zonas limítrofes del país quedará restringida, con énfasis en los departamentos fronterizos como Norte de Santander, La Guajira, Arauca, Vichada y Guainía.

Este cierre se suma a un paquete de disposiciones especiales ideadas para garantizar la seguridad y la transparencia durante el proceso electoral. El decreto también establece el fortalecimiento de controles migratorios en los pasos habilitados y limita el tránsito únicamente a situaciones de emergencia o fuerza mayor debidamente justificadas.

En ese sentido, solo vehículos de emergencia terrestres o fluviales o que requieran atención inmediata en el país podrán ingresar desde las fronteras con Ecuador, Venezuela, Perú y Brasil, con el propósito de evitar posibles intromisiones en los comicios.

Restricciones adicionales durante la jornada electoral

Junto al cierre de fronteras, el Gobierno implementó la ley seca en todo el territorio nacional. La prohibición para la venta y el consumo de bebidas alcohólicas comenzará en el mismo horario que el cierre de fronteras y se extenderá hasta el mediodía del lunes 1 de junio. Las autoridades locales, como alcaldes y gobernadores, tienen la potestad de ampliar esta restricción en caso de que las condiciones de seguridad lo requieran.

El decreto también prohíbe cualquier forma de propaganda política el día de las elecciones. Queda restringida la difusión de publicidad electoral en todos los medios, incluidos radio, televisión, prensa escrita y digital, así como vehículos, vallas y perifoneo. Además, no se permite la publicación de encuestas, sondeos ni estimaciones mientras las urnas estén abiertas.

Asimismo, entre el 25 de mayo y el 1 de junio, solo se pueden celebrar reuniones o eventos políticos en recintos cerrados. Esta limitación busca evitar aglomeraciones que puedan derivar en disturbios o riesgos para la seguridad ciudadana.

Las autoridades locales pueden limitar la circulación de vehículos, motocicletas y embarcaciones e incluso decretar toques de queda si consideran que existen riesgos para el orden público.

Durante la jornada electoral, el uso de teléfonos celulares y cámaras está prohibido dentro de los puestos de votación entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., salvo para autoridades, organismos de control y medios de comunicación acreditados.

El Gobierno dispuso que los servicios públicos y las entidades encargadas de la seguridad y vigilancia deberán garantizar su funcionamiento habitual para asegurar el desarrollo normal del proceso electoral.

Estas medidas, articuladas por el Ministerio del Interior, buscan preservar la integridad de la elección presidencial, minimizar riesgos y fortalecer la confianza en el proceso democrático.

Las duras multas por incumplir las normas

El Ministerio del Interior de Colombia ordenó la Ley Seca para las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026. El operativo electoral también incluye el despliegue de 408.000 miembros de la Fuerza Pública en todo el país, una medida anunciada por el Ministerio de Defensa para proteger los centros de votación y garantizar que la elección se desarrolle de forma pacífica.

Las autoridades instalarán 120.527 mesas en 13.742 puestos de votación dentro y fuera del país. Del total de habilitados para votar, 21.298.492 son mujeres y 20.123.481 son hombres.

Según el Decreto 0188 de 2026 expedido por el Ministerio del Interior, durante el periodo de restricción los alcaldes deberán prohibir y restringir la venta y el consumo de bebidas embriagantes en sus respectivas jurisdicciones. La aplicación de las medidas correctivas quedará en manos de alcaldes, inspectores de policía y comandantes de estación, conforme a la Ley 1801 de 2016.

La sanción por incumplir la Ley Seca puede ir de cuatro a 32 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que equivale a montos aproximados entre $233.454 y $1.867.632, según la gravedad de la conducta y los criterios de las autoridades locales.

La respuesta central de la medida es esta: en Colombia no se podrá vender ni consumir alcohol durante el lapso fijado por el Ministerio del Interior para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026, y el incumplimiento podrá derivar en multas económicas y otras medidas correctivas previstas por la autoridad local.

El reciente atentado con explosivos contra el Batallón de Infantería Mecanizado No. 6 en Riohacha, atribuido al Frente 6 de Diciembre del ELN, ha vuelto a poner en el centro de atención a un nombre rodeado de misterio: alias Fredy.

Identificado por autoridades nacionales como el actual líder de esa estructura armada, alias Fredy es considerado un objetivo de alto valor, aunque sobre su identidad y trayectoria casi no existen datos públicos verificables.

La información oficial más reciente sobre este jefe guerrillero data de agosto de 2025, cuando el Ministerio de Defensa hizo pública una recompensa de hasta 125.000 dólares, unos 500 millones de pesos, por datos que conduzcan a su captura.

El ministro Pedro Sánchez lo describió en ese momento como “su máximo cabecilla”, aunque no reveló detalles sobre su nombre real ni su historial dentro del grupo armado.

Alias Fredy: el perfil invisible tras el frente 6 de Diciembre

El profesor y antropólogo Lerber Dimas Vásquez, quien ha seguido de cerca la expansión del ELN en la región, sostiene que la opacidad en torno a la figura de alias Fredy responde a una estrategia histórica de la guerrilla.

“El ELN ha preferido ocultar a sus alfiles en las regiones donde tiene fuerte presencia criminal”, explicó el experto en diálogo con El Tiempo.

Según Dimas Vásquez, no hay registros públicos sobre la vida o los movimientos de alias Fredy, pero organismos de seguridad lo vinculan con actividades de extorsión, secuestro y control territorial en zonas estratégicas de la Sierra Nevada y La Guajira.

Los movimientos del Frente 6 de Diciembre tampoco habían sido especialmente notorios en los años recientes. Sin embargo, de acuerdo con el investigador, la organización ha recuperado territorios en su “histórico” ámbito de influencia, articulándose con el Frente de Guerra Norte tras un periodo de repliegue en zonas como el sur de Bolívar y el Perijá.

La ausencia de información verificable sobre la identidad real de alias Fredy dificulta la labor de inteligencia y la acción judicial. Las autoridades consideran que su liderazgo ha sido determinante para el resurgimiento y la capacidad operativa del Frente 6 de Diciembre, especialmente en momentos donde las disputas territoriales y el control del narcotráfico han alimentado la violencia en la región.

Atentado en Riohacha dejó un saldo de 12 militares heridos

El ataque con explosivos perpetrado la madrugada del miércoles 27 de mayo dejó al menos 12 militares heridos y provocó graves daños en varias áreas de la instalación militar.

La Primera División del Ejército explicó que “esta acción criminal que habría sido perpetrada por integrantes del grupo armado ELN, con la activación de dispositivos explosivos, atenta contra la tranquilidad y seguridad del pueblo guajiro y será puesta en conocimiento de las autoridades competentes para adelantar las investigaciones correspondientes”.

Fuentes militares confirmaron que los soldados afectados están fuera de peligro, aunque permanecen bajo observación médica. El hecho elevó la preocupación nacional por la seguridad en La Guajira y recordó la persistencia de disputas entre grupos armados ilegales en varias regiones del país.

En respuesta al atentado, el ministro de Defensa anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables directos del ataque.

Sánchez advirtió que este tipo de acciones buscan desestabilizar el contexto social en periodos electorales. “En épocas de elecciones, algunos grupos en áreas muy focalizadas intentan generar terror físico o mediático para influir en los votantes. No permitiremos que la barbarie altere la democracia”, cuestionó el ministro.

El Gobierno nacional ha reiterado que la mejor herramienta contra el terrorismo es la prevención, por lo que invita a la ciudadanía a aportar información que impida futuros atentados y facilite la captura de sus autores. La línea habilitada para denuncias es el número 157.

Un nuevo fenómeno preocupa a las autoridades de Medellín. En solo una semana, agentes migratorios impidieron la entrada a tres grupos de turistas extranjeros al país, la mayoría procedentes de Estados Unidos. El motivo: sospechas fundadas de que buscaban participar en fiestas privadas con consumo de drogas, licor y explotación sexual, incluso de menores de edad.

En lo que va de 2026, Migración Colombia ha inadmitido a 100 extranjeros vinculados con alertas de delitos sexuales, de los cuales 73 fueron expulsados desde el aeropuerto de Rionegro.

Según la directora regional de la entidad, Paola Salazar Gómez, la tendencia muestra que los inadmitidos ya no llegan solos, sino organizados en grupos que coordinan su estadía a través de redes sociales y “guías” digitales.

Este auge de turistas extranjeros se estaría dando debido a los llamados “passport bros”, un término utilizado para describir redes o ‘hermandades’ de varones de países desarrollados que viajan a destinos como Colombia, Sudeste Asiático o Europa del Este, en busca de relaciones sentimentales o sexuales con mujeres consideradas “tradicionales” y de una vida más económica, según una reciente publicación de El Colombiano.

Durante los recientes operativos, las autoridades detectaron patrones claros: viajeros de Miami, Nueva York y República Dominicana arribaron con el argumento de asistir a despedidas de soltero o actividades recreativas, pero en realidad ya tenían contratados “tours” privados. Estos paquetes ofrecían acceso a fiestas con “licor ilimitado, drogas y mujeres muy jóvenes dispuestas a todo”, lo que activó las alarmas por potencial explotación sexual.

En Medellín, el fenómeno no es nuevo. De acuerdo con la información proporcionada por Paola Salazar Gómez a El Colombiano, desde 2013 comenzaron a proliferar comunidades digitales de extranjeros que promovían la ciudad como destino para el consumo de drogas y, de forma secundaria, para el “turismo sexual”.

Tras la pandemia, la masificación de contenido en redes consolidó el término y disparó la llegada de viajeros que siguen a “influenciadores” especializados en este tipo de servicios.

Cómo funcionan las redes y qué buscan estos grupos

A diferencia de una estructura criminal jerárquica, los “passport bros” operan como “hermandades” informales que intercambian información y recomendaciones en plataformas como TikTok, YouTube e Instagram. Los contenidos suelen promover frases como “cómo conseguir una latina con un gran trasero” o “vivir en el paraíso por una fracción de lo que gastabas”.

El caso más reciente incluyó la inadmisión de Casey Brown, conocido en redes como “Casey Red Beard”. Brown ofrecía un “Programa de Inmersión en Medellín” por 5.000 dólares, que incluía cenas privadas con hasta 20 mujeres, además de asesorías personalizadas para “construir una vida amorosa en Medellín” por 250 dólares la hora.

Incluso, el hombre reconocía en sus conferencias digitales que la capital de Antioquia albergaba a mujeres con muy altos estándares de belleza. Sin embargo, advertía que el nivel de “inteligencia” era menor al de los países desarrollados, lo que haría más fácil la tarea de encontrar una pareja “tradicional” y ligada a las labores del hogar.

“Una de las cosas que encontré en Colombia es que, si bien es fácil cumplir con el requisito de belleza, es un poco más difícil encontrar otras cosas en términos de inteligencia y buenos valores”, señala el creador de contenido que abiertamenta promociona destinos para otros norteamericanos.

La proliferación de estos gurús digitales incentiva la llegada masiva de extranjeros con intenciones que cruzan la línea de la legalidad, como lo evidencian los perfiles detectados por Migración y los datos de capturas.

Como Brown, en redes sociales también han empezado a parecer más passport bros, en los que recomiendan costosos paquetes de viajes para vivir una experiencia ‘premium’ con mujeres paisas.

En videos virales, influencers como Passportpaulie aseguran que las mujeres “tradicionales” de Latinoamérica esperan un comportamiento dominante por parte de los extranjeros y ofrecen asesoría directa para reservar viajes, pagos y contactos locales. Estas publicaciones, según las autoridades, alimentan la llegada continua de turistas con intenciones de explotación sexual, incluso de menores de edad.

“Deja de invitar a salir a las latinas. Las mujeres tradicionales de países como Colombia y Brasil no quieren un chico que diga: ‘¡Oh! Por favor, sal conmigo. Podemos ir donde quieras’. No,quieren un hombre fuerte que lidere y les diga qué hacer.Tengo reserva para mañana a las 8:00”, señala el influenciador.

De las 64 detenciones por delitos sexuales en Medellín en 2026, siete corresponden a turistas. En el caso de explotación sexual infantil, cuatro de los siete hechos implican ciudadanos estadounidenses.

Los “passport bros” aprovechan la diferencia cambiaria para acceder a lujos y servicios que serían inaccesibles en sus países de origen, consolidando así un mercado clandestino que pone en riesgo a mujeres y menores.

Además, al no consolidarse como un presunto grupo criminal, sino como una red de ‘amigos’ que compartirían sus experiencias a través de la web, resulta poco probable que las autoridades pudieran investigar y acusar a sus integrantes por el presunto delito de concierto para delinquir.

No obstante, la inadmisión y la deportación son herramientas efectivas para frenar su avance, y existe cooperación con agencias extranjeras para investigar a quienes sean expulsados del país.

Las autoridades de Medellín han fortalecido los controles en los puntos de ingreso, el perfilamiento de viajeros y las alianzas internacionales. El secretario de Seguridad, Manuel Villa, lo resume así: “No queremos a esos supuestos turistas que vienen a abusar de las mujeres y a consumir drogas”.

La Policía Metropolitana recalca que “los extranjeros deben cumplir nuestras leyes y nuestros estatutos migratorios. Ciudadano extranjero que sea sorprendido en flagrancia o sea responsable de un delito es y será capturado”.

Luego de años de pertener a a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y presuntamente vinculado a varios crímenes y actividades ilegales, finalmente la Fiscalía General entregó formalmente un predio rural en la ciudad de Santa Marta valorado en más de 17.000 millones de pesos para la repación de víctimas del conflicto armado en Colombia.

Según indicó el ente investigador en la mañana del martes 26 de mayo, el predio fue transferido al Fondo para la Reparación de Víctimas tras demostrar que el terreno estuvo bajo control de cabecillas de las AUC, incluidos los hermanos Castaño, durante más de 20 años.

La finca, localizada en la periferia de Santa Marta, figuraba a nombre de Carlos Alberto y Antonio Nel Zúñiga Caballero, empresarios condenados por sus vínculos con líderes paramilitares. Las autoridades comprobaron que ambos mantenían una sociedad que facilitó el uso económico del predio a favor de las AUC. Durante ese periodo, el terreno fue explotado para fines agroindustriales, lo que generó rentabilidad directa para los grupos armados ilegales y sus allegados.

La incautación y posterior entrega a las víctimas responde a una estrategia institucional que busca restituir derechos y saldar deudas históricas con quienes sufrieron desplazamiento forzado y despojo de tierras en la región.

Cómo se produjo la incautación y quiénes se beneficiarán

El proceso se concretó luego de que la Fiscalía, a través del Grupo de Persecución de Bienes, lograra demostrar que la adquisición del lote estaba ligada a actividades ilícitas. Los investigadores establecieron que las estructuras paramilitares con influencia en Chocó intimidaron y desplazaron a comunidades indígenas y afrodescendientes de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, permitiendo que empresarios como los Zúñiga Caballero impulsaran proyectos de palma en terrenos arrebatados.

En respuesta a la solicitud de la Fiscalía, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín dictó medidas cautelares de embargo y secuestro, suspendiendo cualquier disposición sobre el bien. De esta manera, el inmueble quedó bajo administración estatal, destinado a contribuir en los procesos de reparación integral.

La entrega material del predio marca un paso en la restitución de tierras y en la reparación integral de quienes perdieron su patrimonio por la violencia paramilitar. Según la Fiscalía, el hecho permitirá avanzar en el restablecimiento de derechos y en la reconstrucción del tejido social en comunidades golpeadas por el conflicto.

La medida se inserta en una política más amplia de persecución de bienes adquiridos ilícitamente y de devolución a las víctimas, con la expectativa de que otros procesos similares tengan lugar en diferentes regiones del país.

Las autoridades recalcaron que la devolución del lote responde a una demanda histórica de justicia y representa un avance en la lucha contra la impunidad en casos de desplazamiento y despojo de tierras.

Policía Nacional aplicó extinción de dominios a bienes en Bogotá y Norte de Santander: estaban al servicio del narcotráfico

La Policía Nacional ejecutó la operación Nemesis Plus y obtuvo la extinción de dominio sobre bienes por 24.934 millones de pesos, una medida que golpeó las finanzas de una estructura dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico en Bogotá, Cúcuta y el municipio de San Cayetano, en Norte de Santander, y que dejó los activos bajo control estatal para impedir que siguieran alimentando su capacidad económica.

Seis bienes muebles e inmuebles fueron ocupados en el procedimiento: dos lotes, un parqueadero, dos motocicletas y un establecimiento de comercio. Todos quedaron bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), según la información del operativo.

La intervención fue coordinada con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y la SAE. El objetivo fue afectar de forma directa el patrimonio de la red criminal investigada.

La operación cerró una investigación que permitió descubrir y documentar actividades ilícitas que, según las autoridades, ponían en riesgo la seguridad económica local y nacional.

El caso tiene un antecedente: la organización intervenida ya había sido desarticulada en 2012 tras pesquisas de la Agencia Federal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que derivaron en la extradición y condena de dos de sus integrantes.

Un reciente operativo coordinado por la Policía Nacional logró la extinción de dominio sobre bienes que superan los 24.934 millones de pesos colombianos. Esta acción golpeó directamente las finanzas de una estructura criminal dedicada al lavado de activos procedentes del narcotráfico, afectando propiedades en Bogotá, Cúcuta y el municipio de San Cayetano.

La operación, denominada Nemesis Plus, se realizó en colaboración con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Como resultado, seis bienes muebles e inmuebles fueron ocupados: dos lotes, un parqueadero, dos motocicletas y un establecimiento de comercio. Todos quedaron bajo administración de la SAE, consolidando así la afectación patrimonial a este grupo delincuencial.

Este procedimiento representa la culminación de una investigación exhaustiva, que permitió descubrir y documentar actividades ilícitas que ponían en riesgo la seguridad económica local y nacional.

Cabe señalar que la organización intervenida ya había sido desarticulada en 2012, tras pesquisas de la Agencia Federal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, lo que llevó a la extradición y condena de dos de sus miembros.

“Los bienes afectados, ubicados en San Cayetano, norte de Santander, así como en Cúcuta y Bogotá, pertenecían a un grupo delincuencial desarticulado en el año 2012 tras una investigación adelantada por las autoridades de los Estados Unidos, que permitió la extradición de dos de sus integrantes”, señaló el teniente coronel Daniel Giovanni Lozano Rodríguez, director encargado de la Policía Fiscal y Aduanera.

La medida de extinción de dominio busca debilitar la capacidad financiera y logística de las redes criminales, mientras protege el comercio formal y refuerza la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Según el teniente Lozano Rodríguez, el resultado mejora la percepción de confianza de la ciudadanía hacia las instituciones, además de contribuir al desarrollo económico y social del país.

“Con acciones contundentes como la operación Némesis Plus, se envía un mensaje claro: en Colombia no existe espacio para las organizaciones criminales que pretenden enriquecerse mediante actividades ilícitas que afectan la estabilidad económica, la competitividad empresarial y los recursos destinados al bienestar de los ciudadanos”, indicó el director encargado de la Policía Fiscal y Aduanera.

Las autoridades advierten que el impacto de la extinción de dominio no solo debilita las estructuras delictivas, sino que protege la economía legal. Por tanto, la Policía Nacional y la Dian han reiterado su compromiso de continuar con operaciones similares contra el lavado de activos y el contrabando.

“Este resultado operacional representa un contundente golpe contra las finanzas del crimen organizado. La afectación patrimonial a estas estructuras delincuenciales no solo debilita las capacidades financieras y logísticas, sino que también protege el comercio formal, fortalece la confianza ciudadana en las instituciones y contribuye al desarrollo económico-social de Colombia”, comentó el oficial.

La ciudadanía cuenta con canales confidenciales para denunciar irregularidades relacionadas con la comercialización ilegal de mercancías. Entre ellos se encuentran la Línea Anticontrabando 159, el WhatsApp 321 394 2169 y el correo electrónico polfa.anticontrabando@policia.gov.co, garantizando absoluta reserva de la información.

En síntesis, la extinción de dominio a bienes vinculados al lavado de activos en Cúcuta y otras ciudades representa un mensaje claro de las autoridades: las organizaciones criminales no tienen espacio para enriquecerse a costa de la estabilidad económica y el bienestar social del país. El caso refuerza la importancia de la cooperación interinstitucional y el control estatal sobre los recursos obtenidos ilícitamente.

“La Policía Nacional, en articulación con la Dian, continuará adelantando actividades operacionales coordinadas contra el lavado de activos, el contrabando y demás delitos conexos, reafirmando su compromiso con la legalidad, la transparencia y la protección del patrimonio económico de la nación”, concluyó el oficial.

El anuncio de la salida del representante a la Cámara Wilmer Yesid Guerrero Avendaño del Congreso y del Partido Liberal ha generado un nuevo episodio de debate interno en la colectividad, debido a la negativa de otorgarle el aval necesario para presentarse en las elecciones legislativas de 2026.

El congresista, que fue elegido en 2022 a la Cámara de Representantes por el departamento de Norte de Santander, formalizó su renuncia irrevocable con efectos a partir del 15 de junio de 2026, dirigiendo el documento a la mesa directiva de la corporación.

El aval partidario es un requisito indispensable para cualquier candidato que aspire a competir bajo el nombre de una colectividad. Sin este respaldo, la postulación resulta inviable dentro del partido, situación que Guerrero denunció como injustificada.

En la carta, afirmó que la decisión de la dirigencia no solo lo afectó personalmente, sino que sería considerado como un obstáculo para la democracía y la libre elección de los ciudadanos.

“El Partido no me otorgó el aval sin justificación algunapara postularme nuevamente en las elecciones de marzo y que a la fecha no me ha dado respuesta sobre las razones para dicha negativa, negando no a mí, sino a la democracia y a la gente la posibilidad de elegir en las urnas”, señaló el parlamentario en su renuncia.

De cara al futuro inmediato, la renuncia de Guerrero implica que, a partir de la fecha estipulada, quedará vacante su curul en la Cámara, lo que obliga a la corporación a considerar y aceptar su decisión en la próxima plenaria. El procedimiento seguirá los pasos habituales, pero la situación deja en evidencia las tensiones internas que atraviesan diversas colectividades en tiempos preelectorales.

En el documento presentado, el congresista expuso que nunca recibió una explicación formal sobre la negativa del aval. Guerrero enfatizó que su salida no significa un abandono de los principios que dice defender, y reafirmó su intención de seguir representando los “ideales liberales auténticos”, más allá de la conducción de los actuales directivos del partido.

“Agradezco a Dios y a los miles de Nortesantandereanos por esta gran oportunidad que me brindaron de servirles desde el Congreso de la República, contarles que hoy tomo esta decisión pensando en la gente, en mi Región, en nuestro Departamento, con la firme intención de poder seguir representando los ideales liberales auténticos con los que me identifico, esos que deben permanecer más allá de la decisión individual de los directivos de un partido”, señala el congresista.

El representante recordó en su misiva los aportes realizados durante su gestión legislativa: mencionó haber sido autor o coautor de 36 iniciativas, ponente en 23 proyectos de ley y promotor de tres debates de control político.

Además, destacó su participación en cientos de proposiciones que contribuyeron a la aprobación de leyes, con especial atención a las necesidades de los municipios de Norte de Santander.

La renuncia de Guerrero ocurre en un momento en que el Partido Liberal enfrenta cuestionamientos sobre sus procesos internos de selección de candidatos. La falta de explicación sobre la negación del aval ha alimentado suspicacias respecto al manejo de la democracia interna en la colectividad, y acerca del futuro de los representantes que, como Guerrero, han manifestado discrepancias con la dirigencia.

El propio congresista, en la carta, concluyó con una reflexión que vincula su rol público con el compromiso permanente hacia su región: “El cargo es temporal, pero el compromiso no lo es, por eso mantengo la convicción firme de un buen porvenir de trabajo por mi Departamento”.

Su decisión deja abierta la posibilidad de que en el futuro busque caminos alternativos para continuar en la vida política, aunque por ahora el foco está puesto en la respuesta que brinde la Cámara ante su renuncia formal.

El consumo de cigarrillos electrónicos y vapeadores entre jóvenes en Colombia mantiene una tendencia al alza, motivado por la curiosidad, la influencia de los sabores y el peso de las relaciones sociales.

Según una encuesta del programa de Terapia Respiratoria de la Universidad Manuela Beltrán (UMB), el 39,2% de los jóvenes consultados declaró haber probado al menos una vez estos productos, impulsados en gran parte por la percepción errónea de que el vapeo presenta bajo riesgo para la salud, pese a las repetidas advertencias de daños irreparables para la salud por parte de autoridades internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El sondeo reveló que los jóvenes colombianos han probado el cigarrillo electrónico o el vapeador principalmente por curiosidad, experiencias sociales o la normalización en espacios educativos y fiestas. A esto se suma la percepción equivocada de bajo riesgo, que facilita la experimentación a pesar de las advertencias sobre la posibilidad de dependencia y efectos nocivos acumulativos.

La encuesta de la Universidad Manuela Beltrán mostró que el 60,8% de los 275 participantes nunca ha consumido cigarrillos ni vapeadores. Sin embargo, el 39,2% sí tuvo contacto previo con ellos.

Ese primer acercamiento ocurre sobre todo en colegios, universidades o reuniones sociales, donde la presión del entorno desempeña un papel relevante. El 36% de los encuestados señaló que la curiosidad motivó su primera experiencia, un 23,2% probó en fiestas o reuniones, y otro 23,2% lo hizo en el colegio.

Factores que motivan el consumo entre jóvenes

El atractivo de los sabores y la búsqueda de nuevas experiencias sociales destacan entre los motivos más frecuentes. Según el estudio de la UMB, el 41% de los consultados identificó los sabores o la experiencia recreativa como incentivo principal para probar vapeadores.

Un 40,2% citó la curiosidad o la influencia de la moda. Solo un 9% opinó que estos dispositivos son menos dañinos que el cigarrillo tradicional, lo que refuerza la relevancia de la percepción de riesgo.

Luz Adriana Ausique, directora del programa de Terapia Respiratoria de la Universidad Manuela Beltrán, afirmó que la poca investigación sobre los efecto secundarios estaría generando el incremento acelerado del consumo de estos dispositivos electrónicos.

“Aunque se pudo identificar que 9 de cada 10 encuestados no consumen actualmente ninguno de los dos productos, existe un grupo significativo que ya tuvo contacto previo con estas sustancias. La experimentación representa un factor de riesgo importante para consumo futuro y dependencia nicotínica”, señaló la investigadora.

Estas conclusiones coinciden con las advertencias de la Organización Mundial de la Salud, que ha alertado sobre la influencia de las estrategias de marketing dirigidas a jóvenes y la popularidad de los dispositivos saborizados en la aceptación y el inicio de su consumo.

Un desafío principal es la percepción equivocada sobre los efectos nocivos de los cigarrillos electrónicos y vapeadores. El 17% de los encuestados por la UMB indicó que muchas personas continúan consumiéndolos porque creen que “no es tan grave” para la salud. Además, el 9% pensaba que eran menos perjudiciales que los cigarrillos convencionales.

El 25,9% de los consultados considera que fumar o vapear les ayuda a reducir la ansiedad o el estrés. Un 23,7% señaló que sigue consumiéndolos porque no percibe efectos negativos inmediatos, y un 20,7% menciona la dificultad para dejar el hábito. Además, el 48,5% piensa que estos dispositivos no generan dependencia, aunque el 20,1% estima que cigarrillos y vapeadores la producen en igual grado.

Ante los resultados de la encuesta, la Universidad Manuela Beltrán y expertos en salud pública recomiendan fortalecer las campañas informativas enfocadas en ambientes educativos y sociales, donde tienen lugar los primeros contactos con estos productos.

Sugieren que la prevención contemple tanto los riesgos ligados al consumo de nicotina como la dependencia que puede generar el uso de cigarrillos electrónicos. Proponen también que los programas incluyan el componente de salud mental, dada la relación existente entre ansiedad, estrés y consumo detectada en la encuesta. Además, insisten en promover espacios de diálogo familiar y académico sobre la presión social, la curiosidad y la realidad del vapeo.

Los daños irremediables que podría dejar el consumo de vapeadores, según la Liga contra el Cáncer

El uso de vapeadores en Colombia comienza a mostrar consecuencias preocupantes para la salud pública, según advierte la Liga Colombiana Contra el Cáncer. La rápida expansión de estos dispositivos entre adolescentes y jóvenes ha llevado a que más de 1,1 millones de personas en el país hayan probado los cigarrillos electrónicos, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud.

En el contexto del Día Mundial Sin Tabaco, que se celebrará el 31 de mayo, la Liga hizo un llamado urgente sobre los riesgos que implican tanto los cigarrillos convencionales como los electrónicos.

El doctor Daniel Alejandro Cardozo, de la Liga Colombiana Contra el Cáncer, advirtió que existen evidencias científicas que vinculan el uso de estos dispositivos con enfermedades pulmonares graves a edades cada vez más tempranas.

El especialista destacó en una entrevista con El Tiempo que la normalización del vapeo se produce en un entorno donde los jóvenes buscan estímulos inmediatos y alivio para la ansiedad, lo que refuerza su consumo.

“En algunos casos, el daño puede avanzar hacia problemas pulmonares más crónicos, como las bronquiectasias o alteraciones celulares en la estructura del pulmón que afectan su funcionamiento a largo plazo”, comentó el profesional.

El uso habitual de vapeadores puede estar relacionado con cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc), exacerbaciones de asma y bronquitis recurrentes. El daño puede progresar hacia afecciones crónicas como bronquiectasias y alteraciones celulares que afectan la función pulmonar a largo plazo.

Aunque se había mantenido fuera de los reflectores desde su regreso a Colombia en 2025, en la mañana del martes 26 de mayo se conoció que el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons ya concretó su salida de prisión tras cumplir la totalidad de la pena impuesta por corrupcion.

La noticia fue confirmada por fuentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario a El Espectador, cerrando así uno de los capítulos judiciales más notorios de la política regional.

El exmandatario había sido extraditado desde Estados Unidos a Colombia en julio de 2025, tras cumplir parte de la condena en el extranjero. La Corte Suprema de Justicia lo condenó en 2018 por encabezar una red que desvió 9.000 millones de pesos en regalías del departamento mientras ejercía como gobernador entre 2012 y 2015. La sentencia fue resultado de un preacuerdo con la Fiscalía y contemplaba una pena de cinco años y tres meses.

Lyons figuró como testigo protegido de la DEA, colaborando con autoridades estadounidenses y colombianas. Su testimonio fue determinante para que se procesara a más de 20 personas involucradas en el llamado cartel de la toga, una estructura dedicada a manipular fallos judiciales y archivar procesos mediante sobornos a magistrados y funcionarios del alto tribunal.

Tras quedar en libertad en Estados Unidos por orden de un juez, Lyons solicitó su regreso voluntario a Colombia. A su arribo, la solicitud de extradición seguía vigente y fue trasladado directamente a La Picota el 4 de agosto de 2025, donde terminó de cumplir la condena.

El exgobernador enfrentó cargos por concierto para delinquir y fue hallado responsable de apropiarse de 8.900 millones a través de contratos del Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología, en complicidad con los exsenadores Musa Besaile y Edwin Besaile, según la Fiscalía.

El caso Lyons también puso bajo la lupa el Cartel de la Hemofilia, una red que permitió desviar más de 7.000 millones de pesos del sector salud mediante pagos indebidos a una IPS, sin contratos formales, destinados a pacientes hemofílicos.

La excarcelación de Lyons se produjo tras verificar el cumplimiento íntegro de la pena, lo que implica que ya no pesa ninguna restricción judicial sobre su libertad. El hecho marca el cierre judicial de un proceso que combinó cooperación con la justicia internacional y la revelación de redes de corrupción en las altas esferas.

Un capítulo aún sin resolver: el crimen de Jairo Zapa

A pesar de la culminación de la condena contra Lyons, persiste un episodio abierto en la justicia de Córdoba: el asesinato de Jairo Zapa Pérez, exdirector de Regalías del departamento.

El cuerpo de Zapa fue hallado el 4 de agosto de 2014, en una fosa cercana a una finca perteneciente al entonces gobernador. La investigación de la Fiscalía vincula este crimen a las mismas irregularidades en los contratos de regalías por ciencia y tecnología, que han salpicado a varios exfuncionarios.

La Fiscalía citó a Lyons a rendir declaración en el marco de este proceso, mientras que la familia de Zapa mantiene la exigencia de justicia. La muerte permanece sin esclarecer completamente, y representa una de las aristas más críticas del entramado de corrupción que sacudió al departamento.

La declaración de Lyons no solo permitió avanzar en las investigaciones contra el cartel de la toga, sino que facilitó sentencias contra exsenadores y funcionarios implicados en la desviación de recursos públicos en Córdoba.

De acuerdo con la Procuraduría, la estructura corrupta que operó durante su mandato desvió fondos destinados a la innovación y la salud, afectando gravemente la gestión pública regional.

Aunque la justicia dio por concluida la condena contra el exgobernador, quedan pendientes episodios como el asesinato de Zapa, que siguen exigiendo respuestas y esclarecimiento.

La ciudad de Medellín y gran parte del Valle de Aburrá experimentan actualmente un aumento inusual en las temperaturas nocturnas, situación que ha llevado a muchas personas a buscar alternativas para refrescarse y a modificar sus rutinas de sueño.

El reciente registro de 33,8 °C en la estación del aeropuerto Olaya Herrera, que supera la marca histórica anterior, confirma que el fenómeno es tangible y medible.

Especialistas del Siata atribuyen este incremento al llamado “efecto cobija térmica”, un proceso atmosférico que ocurre cuando, tras jornadas de cielos despejados y fuerte radiación solar, se forma una capa de nubes bajas y medias en la tarde y noche.

Esta formación nubosa actúa como una manta que retiene el calor acumulado en la superficie, impidiendo que se disipe durante la madrugada y elevando la sensación térmica aún después de la lluvia.

El fenómeno impacta de manera directa la calidad de vida diaria, ya que la permanencia del calor nocturno dificulta el descanso y aumenta el uso de ventiladores, como lo han notado los habitantes del área metropolitana.

La explicación científica indica que los valores mínimos de temperatura no descienden como sería habitual, sino que se mantienen entre uno y dos grados más altos respecto al promedio histórico, según el equipo de Meteorología del Siata.

Cómo opera el efecto cobija térmica y por qué se intensifica en el Valle de Aburrá

El fenómeno se origina por una combinación de factores atmosféricos y geográficos. Durante el día, la radiación solar permite que el suelo absorba gran cantidad de calor. Al caer la tarde, la presencia de nubosidad impide que ese calor escape, creando una barrera que lo mantiene cerca de la superficie.

En condiciones normales, la superficie terrestre liberaría parte de ese calor al espacio durante la noche, provocando un descenso en la temperatura. Sin embargo, la nubosidad densa actúa como una barrera, lo que produce noches más cálidas y madrugadas bochornosas.

La particular geografía del Valle de Aburrá, con montañas que rodean la ciudad, limita la circulación del aire y facilita la acumulación tanto de calor como de contaminantes. Esta configuración potencia el efecto térmico y acentúa la sensación de calor en comparación con otras ciudades.

Ahora bien, las noches tan calurosas no están vinculadas al fenómeno de El Niño, que aún no se ha establecido en la región. Según el Siata, el océano Pacífico se mantiene en fase neutral del fenómeno Enso, aunque existe más de un 60% de probabilidad de que evolucione hacia una fase cálida en los próximos meses.

Urbanización, lluvias y recomendaciones ante el calor

El incremento de las temperaturas nocturnas se da en medio de una disminución temporal de las lluvias. Aunque mayo suele ser parte de la temporada húmeda en Antioquia, el nivel de precipitaciones ha estado por debajo de lo esperado en los últimos días. Las proyecciones, sin embargo, indican que el mes podría cerrar dentro de los promedios históricos normales.

Expertos del Ideam y del Siata han advertido que otros factores contribuyen a este fenómeno, como la urbanización acelerada, la reducción de áreas verdes y el cambio climático global.

Estos elementos intensifican el calor urbano, haciendo más evidente el efecto térmico en Medellín. La reciente marca de 34,8 °C en la estación de Tulio Ospina, en Bello, superó el récord anterior de 34,2 °C, lo que refuerza la tendencia de temperaturas extremas en el área metropolitana.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 a. m. y las 3:00 p. m., y prestar especial atención a los grupos vulnerables como niños, adultos mayores y animales domésticos durante los episodios de calor intenso.

El barrio San Antonio, en el norte de Bogotá, fue escenario de un robo que dejó a una familia de comerciantes sin más de 80 millones de pesos en efectivo. El asalto, ocurrido en una vivienda de la localidad de Usaquén, quedó registrado en cámaras de seguridad, lo que podría ser determinante para la identificación de los responsables.

Las imágenes captadas muestran cómo al menos tres hombres accedieron al inmueble en ausencia de sus ocupantes. Utilizaron varias llaves para abrir la puerta principal y comenzaron a retirar electrodomésticos y televisores, siguiendo el patrón de los llamados “apartamenteros”.

La situación cambió cuando uno de los delincuentes ingresó a una habitación y halló el dinero. La suma, según relató una de las víctimas, correspondía a las ganancias conseguidas durante la temporada de Semana Santa y estaba destinada al pago de proveedores, empleados e insumos del negocio de venta de pescado.

“Se ingresaron al apartamento, alcanzaron a bajar televisores, pero en el momento se metieron a mi pieza y yo tenía una suma de dinero”, señaló una de las víctimas en diálogo con Noticias Caracol.

A partir de ese hallazgo, los ladrones abandonaron los electrodomésticos y se concentraron en llevarse el efectivo. El comerciante expresó su sospecha de que se trataba de ladrones de apartamentos, aunque reconoce que el descubrimiento del dinero modificó el objetivo inicial de los delincuentes.

“Bajaron la mayoría de todos los televisores. Cuando vieron el monto de dinero no les importó más sino el efectivo”, relató el comerciante.

La familia afectada manifestó su inquietud por la posibilidad de que el caso quede impune. Aunque la policía acudió al lugar tras el hurto, el propio dueño de la vivienda expuso su preocupación.

“Ellos vinieron, pero uno dice que muchas veces esos casos quedan ahí”, indicó al medio nacional. La desconfianza respecto al esclarecimiento de este tipo de delitos es recurrente, sobre todo cuando se trata de montos elevados y bienes de comerciantes.

Las autoridades han centrado parte de la investigación en los videos de seguridad del sector. Las grabaciones reveladas por Noticias Caracol muestran el momento en que los delincuentes llegan y acceden a la vivienda.

Según lo conocido hasta ahora, las imágenes permitirían identificar los rostros de los responsables, algo que podría facilitar la labor de las autoridades.

Joven resultó herida durante asalto armado en bus del Sitp en Bogotá

Una joven resultó herida en la cabeza durante un asalto armado dentro de un bus del Sitp en Bogotá la noche del sábado 23 de mayo, un ataque ocurrido en la intersección de la Avenida Ciudad de Cali con Calle 80 que volvió a poner el foco sobre la seguridad del transporte público en la capital colombiana.

Según testimonios recopilados por la plataforma ciudadana @PasaenBogota en X, el robo ocurrió hacia las 9:10 p. m., cuando tres delincuentes armados con pistola y cuchillo abordaron un vehículo de la ruta G147 con destino a Metrovivienda. Los agresores intimidaron al conductor y a los pasajeros y les exigieron entregar sus pertenencias.

“Se subieron tres personas, uno con arma y otro con cuchillo, amenazaron al conductor. La muchacha entregó el celular y aun así le pegaron dos veces con la cacha del arma”, narró uno de los testigos.

En videos difundidos por la comunidad se observa a la víctima ensangrentada dentro del vehículo, mientras otros usuarios intentaban contener la hemorragia. Tras el ataque, el conductor avanzó unos metros y pidió apoyo a la Policía Metropolitana de Bogotá.

Una patrulla llegó al lugar para coordinar la atención médica de la joven, que fue llevada de urgencia a un hospital cercano. Hasta el momento, las autoridades no han informado la gravedad de las lesiones ni han precisado en qué centro asistencial fue atendida.

Apenas horas después de que las autoridades confirmaran el hallazgo del cuerpo de Kevin Santiago Ángel, docente desaparecido en el sur de Bogotá, ya se empiezan a conocer detalles del presunto crimen.

De hecho, en la mañana del martes 26 de mayo salió a la luz el testimonio de una mujer que, en la tarde del 22 de mayo, se convirtió en pieza clave para el esclarecimiento del caso, al ser quien encontró el cuerpo del docente e informó a las autoridades.

Según indicó la testigo al Citynoticias, el cadáver de Ángel fue encontrado mientras un amigo suyo, reciclador, arrojaba escombros en una zona boscosa del barrio El Tintal, en el sur de Bogotá.

Habría sido en ese momento que la pareja se encontró con el hombre de 31 años. Según el testimonio de la mujer, el reciclador le advirtió que había algo extraño en el lugar y, al acercarse, descubrió una maleta abandonada.

En medio de la confusión, la mujer y su amigo se acercaron al lugar en busca de artículos que pudieran contribuir a su labor, pero fue en ese instante que notó la presencia de una extremidad humana.

“Yo fui y miré y sí, había un muerto y yo llamé a la Policía. Me acerqué por la curiosidad y vi una pierna”, relató la testigo al mencionado medio.

Justo en ese momento, una patrulla de vigilancia de la Policía Metropolitana de Bogotá hacía un recorrido de rutina por la zona, por lo que la mujer y su amigo hicieron el llamado de auxilio y avisaron del cuerpo que se encontraba en el interior de la maleta.

“Pasó una moto de la Policía y yo le dije: ‘Venga, mire que allí hay un muerto’. Ellos se bajaron de la moto y miraron, y sí. Llamaron al CTI para recoger el cuerpo, llegaron como a la media hora”, narró la mujer, que se mantuvo en el lugar hasta que las autoridades confirmaron la gravedad de la situación.

El cuerpo, según pudo constatar la testigo, presentaba señales evidentes de agresión y había sido parcialmente quemado. El hecho de encontrar los restos en una maleta incrementó la impresión de quienes estuvieron presentes y ofreció a los investigadores un dato clave sobre la modalidad del crimen.

Ahora, la Fiscalía General de la Nación está manejando el caso como un homicidio. Las primeras hipótesis descartan vínculos del crimen con un robo o con la labor docente de la víctima.

Reacción de la familia y proceso de identificación

La familia de Kevin Santiago expresó su profundo dolor por la pérdida y agradeció el apoyo recibido durante los días en que el profesor permaneció desaparecido. En un comunicado, los allegados pidieron respeto y tiempo para asimilar la noticia, solicitando empatía ante la tragedia.

“En medio del profundo dolor que atraviesa nuestra familia, queremos expresar un sincero agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron, apoyaron y ayudaron a difundir la información durante estos difíciles días. Cada mensaje, oración, publicación y muestra de solidaridad fueron de gran valor para nosotros”, señaló la familia.

La confirmación de la identidad se logró mediante huellas dactilares, según informó el fiscal encargado del caso a los familiares. El procedimiento judicial permitió cerrar uno de los interrogantes más angustiantes que rodeaban el caso: qué había sucedido con el joven educador desaparecido en Kennedy desde el 20 de mayo.

Entretanto, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lamentó el asesinato y expresó solidaridad con la familia de la víctima. El mandatario distrital destacó en un pronunciamiento público que las autoridades mantuvieron la búsqueda activa desde la denuncia de desaparición hasta el hallazgo e identificación.

Por su parte, la Fiscalía señaló que un fiscal especializado de la Unidad de Vida asumió el caso y que se han realizado todas las diligencias de policía judicial pertinentes desde el primer momento. El objetivo central es identificar y capturar a los autores del crimen, un hecho que descartan esté relacionado con el ejercicio profesional del docente.

La comunidad educativa y los allegados de Kevin Santiago esperan ahora que el proceso judicial avance y se esclarezca el motivo detrás del homicidio, mientras la ciudad permanece atenta a los resultados de la investigación.

La alerta se reactivó en Bucaramanga luego de que la Policía Nacional confirmara la presencia de alias Julito, un joven de 17 años señalado por las autoridades de haber participado en más de 30 hechos de sicariato y actualmente prófugo tras ‘volarse’ de una correccional en Bogotá.

Según declaraciones del general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el joven habría intentado continuar con su historial delictivo y ejecutar dos nuevos homicidios en la capital de Santander.

El oficial detalló a El Tiempo que el menor regresó hace una semana y que su presencia representa una amenaza directa para la seguridad de la ciudad. “Ya está aquí, ya volvió, ya está generando problemas otra vez aquí en la ciudad, tenemos una información de que llegó acá, hace una semana casi me comete una novedad grave en La Cumbre”, señaló Quintero.

Alias Julito, cuya mayoría de edad se alcanzará el 29 de mayo, escapó el 27 de abril durante un traslado médico. Desde entonces, las autoridades sospecharon que podría regresar a la llamada Ciudad de los parques para continuar con su historial delictivo.

“Estamos detrás de ese bandido para volverlo a capturar,las bandas usan a menores, saben que menores de edad salen fácil, lo aprehende la policía y ya”, continuó el oficial en diálogo con El Tiempo.

Las investigaciones indican que Julito estaría protegido por miembros de la banda Los del Sur, considerada una de las organizaciones criminales más peligrosas de Bucaramanga.

La Policía local ha intensificado los operativos y conformó un equipo especial para ubicarlo, ante la preocupación de que continúe generando violencia bajo la protección de figuras delictivas de alto perfil.

“Hace como una semana iba a asesinar a dos personas y hubo información oportuna y logramos reaccionar, tenemos una amenaza grande porque ese muchacho ya está acá, no tiene ningún escrúpulo para quitarle la vida a cualquiera. Se nos mueve mucho, lo cuidan mucho,tenemos un equipo especial a ver si lo ubicamos”, comentó el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Actualmente, el menor permanece prófugo de la justicia y es objeto de búsqueda intensiva. De hecho, la Alcaldía de Bucaramanga ofreció una recompensa de hasta 10 millones de pesos, mientras la Gobernación de Santander incrementó la cifra hasta 30 millones de pesos para quien aporte información que permita su captura.

La notoriedad de alias Julito aumentó meses atrás, cuando fue acusado del asesinato de su exnovia de 16 años, en un caso que conmocionó a la opinión pública. De acuerdo con la Policía, su perfil delictivo es calificado como “incontrolable” por la sevicia y la falta de escrúpulos con la que actúa.

De acuerdo con fuentes policiales, el menor comenzó a delinquir a los 10 años y desde entonces acumuló un prontuario que lo vincula con múltiples escenas del crimen y expedientes judiciales en Santander. Las autoridades lo describen como un “gatillero frío, metódico y letal”.

El asesinato de su expareja aceleró la captura

Cynthia Valeria Espitia Argüello, de 17 años, fue asesinada de varios disparos mientras compartía con amigas en el barrio San Miguel. En el ataque también resultaron heridas Mayra Alejandra Colmenares Amado y Allison Valentina Espitia.

Testigos aseguraron que alias Julito atacó a la adolescente porque ella rechazó reanudar la relación. La madre de la víctima relató a medios regionales en Santander: “Mi hija solo tenía 17 años y porque no quiso volver con su exnovio, y él le arrebató la vida de manera despiadada en frente a su hermana”.

Una pariente de Cynthia dijo que el acusado ejercía presión constante sobre la joven y afirmó: “Tenía que irse con él porque si no le iba a matar a los hermanos”. La misma familiar añadió: “Usted se puede imaginar cómo sería la vida de esos cuatro muchachos que quedaron solos”.

Esa situación familiar se había agravado después de que el padre de Cynthia fue encarcelado en diciembre de 2024 y su madre murió en febrero de 2025. Desde entonces, la adolescente y sus tres hermanos quedaron en condiciones económicas precarias y dependían de rifas y trabajos informales.

Un alza del 32% en el precio del gas natural licuado importado impactaría las tarifas de energía y gas en Colombia a partir de junio de 2026, de acuerdo con expertos del sector.

La creciente dependencia del país de este recurso importado, sumada al riesgo del fenómeno de El Niño, aumentaría la vulnerabilidad ante posibles escenarios de desabastecimiento.

Las tarifas de gas y energía subirían en Colombia desde junio de 2026 porque el precio internacional del gas natural licuado importado, que abastece cerca de una cuarta parte de la demanda nacional, tendrá un incremento del 32%.

Esta situación afectaría directamente a hogares, industrias, comercios y transporte, ya que la menor producción local y la mayor demanda refuerzan el impacto de cualquier variación internacional.

El experto minero-energético Sergio Cabrales explicó que el precio del gas natural licuado negociado para el periodo junio-agosto de 2026 pasará de UDS13,96 a UDS18,39 por millón de BTU, lo que representa el aumento señalado respecto al trimestre previo. Cabrales precisó que este energético ya cubre el 27% de la demanda nacional, por lo que cualquier ajuste internacional repercute de manera considerable en el mercado interno.

“Como resultado, se esperan aumentos considerables en las tarifas finales para los usuarios residenciales, comerciales, vehiculares e industriales”, señaló el experto en su cuenta de X

Cómo afecta el alza del gas importado a las tarifas en Colombia

El ajuste en el precio del gas natural licuado repercutiría en las tarifas de energía de usuarios residenciales, comerciales, industriales y de transporte. Cabrales resaltó que la relevancia del incremento radica en que actualmente las importaciones cubren el 27% de la demanda nacional, por lo que se prevén aumentos importantes en las tarifas finales de todos los sectores.

Colombia ya utiliza volúmenes elevados de gas importado. A principios de mayo de 2026, antes del inicio de El Niño, las importaciones llegaron a cubrir el 25% de la demanda, con un promedio de 227 GBTUD durante abril y picos de 260 GBTUD, alrededor de la mitad de la capacidad total disponible para importación.

La participación del gas importado en Colombia aumentó del 3% en 2015 al 23% en el primer trimestre de 2026, según datos del centro de pensamiento económico Anif. Este crecimiento refleja la reducción de la producción local, que cayó un 17,1% en 2025, y una mayor dependencia de fuentes internacionales.

Anif proyecta que el déficit mensual de gas podría alcanzar un 39% en 2026 y subir hasta un 58% en 2027, un panorama agravado por la amenaza de El Niño. El país dispone actualmente de una capacidad efectiva adicional cercana a 200 GBTUD, equivalente al 43% de la infraestructura de importación, pero el uso intensivo de este recurso disminuiría el margen de maniobra si las condiciones climáticas o del mercado global empeoran.

Desafíos internacionales y alternativas para fortalecer el suministro

Tensiones internacionales, como el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, han incrementado la volatilidad de los precios y generado dificultades logísticas en el Estrecho de Ormuz, por donde pasa hasta el 25% del gas y el petróleo mundial. Aunque Colombia no depende de esa ruta, los aumentos internacionales de precios influyen en las importaciones y, en consecuencia, en las tarifas locales, según Anif.

La entidad ha alertado sobre retrasos en proyectos de generación energética y la necesidad de fortalecer la infraestructura ante potenciales déficits de hasta 2,3% en la oferta eléctrica. Cabrales señaló opciones como nuevos terminales de importación en Puerto Bahía, Buga, Ballena y Amazonica LNG para aumentar la capacidad nacional de abastecimiento.

Frente al incremento global de precios y la limitada producción interna, expertos consideran que avanzar en nuevas instalaciones energéticas es esencial para evitar interrupciones de suministro en los próximos años.

Alfonso Meléndez Ballesteros, conocido como alias Poncho, fue entregado el viernes 8 de mayo de 2026 a las autoridades de Estados Unidos, donde deberá responder por tráfico de cocaína y extorsión, tras investigaciones de la DEA y la Dijín.

La extradición se concretó a solicitud de la Corte del Distrito Este de Texas, que lo acusa de coordinar envíos de droga y extorsiones para el Clan del Golfo desde las regiones de Urabá y Chocó.

El capo ‘invisible’, reconocido en su municipio natal por su faceta como ganadero y benefactor social, resultó ser el hijo de una importante concejala del municipio de Acandí (Chocó).

En la zona, Meléndez se presentaba como próspero empresario agropecuario con una finca que contaba con más de 2.000 cabezas de ganado y caballos de paso fino, según información registrada en sus redes sociales.

Sin embargo, según información obtenida por El Tiempo, alias Poncho participaba activamente en campañas sociales y colaboraba con exfuncionarios municipales, como el entonces presidente del concejo Darwin García Pérez, con quien fue fotografiado durante una jornada de limpieza en enero de 2018.

Su vínculo familiar amplificó el impacto del caso. Meléndez es hijo de María Teresa Ballesteros Guerrero, concejal por el Partido Liberal, quien aseguró al diario nacional que desconoce su situación judicial y rechazó las versiones difundidas por los medios sobre su hijo.

“No conozco nada de su proceso, nada de lo que dicen los medios corresponde a la realidad. Acá nos conocemos todos con todos, era una persona que ayudaba mucho a la gente”, señaló la concejal al diario nacional.

Varios habitantes de Acandí consultados por el periódico coincidieron en señalarlo como una figura dedicada al apoyo comunitario, por lo que la noticia de su extradición resultó inesperada y conmocionó a la población.

Las autoridades determinaron que Meléndez utilizó su posición social para ocultar sus actividades ilícitas. Asistía a la socialización de proyectos y reforzaba lazos con dirigentes locales, lo que le habría permitido operar sin levantar sospechas durante años.

El papel de alias Poncho en el Clan del Golfo y sus alianzas internacionales

La acusación federal revelada por El Tiempo sostiene que la Corte del Distrito Este de Texas identifica a Meléndez como miembro clave de la subestructura Efrén Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo. Se le atribuye el acopio de droga en los departamentos de Norte de Santander y Antioquia, así como el cobro de aranceles a otros grupos por el uso de rutas clandestinas hacia el exterior.

El esquema operativo, descrito por la agente especial de la DEA Jacki R. Cypert, incluía el uso de lanchas rápidas “go-fast” que partían de Turbo (Antioquia) y transportaban grandes cargamentos hasta rutas en Centroamérica.

Desde el año 2008, la organización mantenía lazos con el Clan del Golfo y el Cártel de Sinaloa para movilizar cocaína a través de varios países latinoamericanos, hasta México y Estados Unidos.

La detención de alias Poncho se efectuó en octubre de 2024 en una mansión de Acandí, con la cooperación de la DEA y la Dijín. Las autoridades comprobaron que supervisó la salida de más de dos toneladas de cocaína cuyo destino final era Estados Unidos. La acusación formal en su contra fue expedida el 9 de agosto de 2023.

Además de sus labores en el sector agropecuario, documentos de la Agencia Nacional de Minería citados por El Tiempo registran a Meléndez como productor de oro en pequeña escala, bajo la modalidad de minería de subsistencia.

En el plano judicial, figura una condena dictada el 28 de junio de 2016 a dos años y ocho meses de prisión por lesiones personales, lo que evidencia antecedentes previos a sus implicaciones por narcotráfico y extorsión.

De momento, el proceso en su contra continúa en Estados Unidos y genera consternación tanto en su entorno familiar como en su municipio natal, donde su figura era vista como la de un colaborador social y benefactor local.

Las autoridades confirmaron en la mañana del lunes 25 de mayo de 2026 el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, Alfredo Guzmánmientras regresaba a su vivienda en horas de la madrugada tras compartir con conocidos en el barrio Villa Maestro.

El hecho se presenta apenas una semana antes de que se adelanten los comicios por la primera vuelta presidencial en todo el territorio nacional y pese al comunicado de grupos armados sobre una tregua durante la jornada nacional.

La víctima, de 33 años, fue abordada por varios sujetos armados que la obligaron a ingresar a un vehículo, emprendiendo la huida por el corredor vial que conecta a los municipios de Tame y Rondón.

El hecho generó alarma entre familiares, amigos y habitantes del municipio, quienes temen por la vida de Alfredo Iván Guzmán Valcárcel ante el poder de las estructuras armadas ilegales que operan en la zona.

Presencia armada y reacción de las autoridades

En el área donde se produjo el secuestro ejercen control el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y facciones disidentes de las Farc bajo el mando de ‘Iván Mordisco’. Estas organizaciones mantienen influencia sobre extensas zonas rurales y corredores estratégicos cercanos a la frontera con Venezuela, lo que dificulta la labor de búsqueda y rescate.

Las autoridades respondieron con rapidez: unidades especializadas del Gaula de la Policía y del Ejército activaron operativos en la región para intentar dar con el paradero de la víctima.

Según las primeras hipótesis, los secuestradores habrían abandonado el municipio por la vía que comunica con Rondón, intensificando la incertidumbre sobre el destino de Guzmán Valcárcel.

Asimismo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió al caso durante una rueda de prensa realizada el lunes 25 de mayo, destacando que las investigaciones avanzan y calificando el secuestro como “uno de los crímenes más atroces” y recordó que este delito puede conllevar penas de hasta 40 años de prisión.

La situación expone una problemática persistente en Arauca, donde el secuestro ha sido un flagelo recurrente. Entre 2023 y la actualidad, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos documentó al menos 530 casos de secuestro en el departamento, la mayoría perpetrados en el contexto del conflicto armado por grupos ilegales. La tendencia muestra un crecimiento preocupante: en 2023 se registraron 90 víctimas, en 2024 la cifra aumentó a 163 y en 2025 alcanzó los 277 casos.

En respuesta a la pregunta sobre el alcance del problema, los datos oficiales del Ministerio de Defensa indican que en 2025 se produjeron 701 secuestros, lo que equivale a un promedio de dos personas privadas de la libertad cada día, una cifra que no se registraba desde 2006. Esta realidad ha mantenido en alerta a las comunidades locales y refuerza el temor generalizado.

Entretanto, desde varios sectores políticos se refirieron al reciente plagio del hombre de 33 años. El senador José Vicente Carreño Castro, del Centro Democrático, fue una de las voces que expresó su rechazo al secuestro, solicitando la mediación de la Defensoría del Pueblo y de la Diócesis de Arauca para lograr la liberación de Guzmán Valcárcel.

Asimismo, la candidata presidencial Paloma Valencia responsabilizo al presidente Gustavo Petro y su estrategia de paz total por el aumento exagerado de secuestros en todo el territorio nacional.

“La Paz total nos trajo de vuelta el secuestro, delito más espantoso del que Colombia estaba casi libre.No más secuestros. No más paz total. Nuestra solidaridad con el ex alcalde Guzmán de Tame y con toda la familia”, señaló la candidata.

Organizaciones humanitarias también han manifestado su preocupación, recordando que, según la ONU, de las personas secuestradas en los últimos años, muchas han sido asesinadas, otras liberadas y cerca de 200 continúan desaparecidas.

En medio de operativos adelantados por las autoridades en Cali, Valle, la Policía Nacional confirmó la captura de Giovanna Arroyo Vacca, solicitada por la justicia italiana por, presuntamente, articular una red transnacional dedicada a la explotación sexual y la extorsión en la ciudad de Catania, Italia.

Según informes oficiales del país europeo, la estructura criminal, en particular Arroyo Vacca, empleaba tácticas de intimidación, coerción económica y violencia psicológica para someter a sus víctimas.

Las autoridades italianas sostienen que Arroyo Vacca ocupaba un rol clave dentro del grupo delictivo, cuya operación se centraba en captar mujeres, forzarlas a la prostitución y mantenerlas bajo control mediante deudas fabricadas y amenazas constantes. El esquema configuró un patrón de delitos transnacionales contra los derechos y la seguridad de las mujeres.

La captura de Arroyo Vacca fue posible gracias a la acción coordinada entre la Policía Nacional de Colombia y organismos de cooperación internacional como la OCN Interpol Italia, luego de que le emitieran circular roja a la colombiana.

Las investigaciones revelan que la red criminal no solo operaba en Italia, sino que tenía ramificaciones en Colombia, donde reclutaba a mujeres mediante engaños y falsas promesas de trabajo en Europa, según información conocida por El Tiempo.

Una vez en el extranjero, las víctimas eran sometidas a condiciones degradantes y obligadas a ejercer actividades sexuales para cubrir supuestos gastos de manutención y hospedaje.

Las autoridades judiciales destacaron que la estructura delictiva utilizaba mecanismos de violencia psicológica y deudas económicas inducidas para controlar a las víctimas. El objetivo era impedir cualquier intento de denuncia o escape, perpetuando así el ciclo de explotación.

En enero de 2026, la Fiscalía y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) capturaron en Colombia a Chilari Dayana Hernández Díaz y Johan Alexander Cadena Roa, presuntos integrantes de otra organización transnacional vinculada a la trata de mujeres. Según la Fiscalía General de la Nación, Hernández Díaz se encargaba de captar a jóvenes en situación vulnerable, principalmente en Cali, ofreciéndoles falsas oportunidades laborales para llevarlas a Oslo, Noruega.

En el proceso de reclutamiento, Hernández Díaz solicitaba a las jóvenes estudios fotográficos en ropa interior, gestionaba pasaportes y trámites consulares, y coordinaba la expedición de cartas de invitación para facilitar el viaje a Europa. Además, organizaba el traslado de las víctimas desde Cali hasta el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, desde donde partían hacia su destino final.

Por su parte, Cadena Roa estaría implicado en la logística y en acciones de intimidación con armas de fuego para disuadir a las víctimas de acudir a las autoridades. Así, se reforzaba un ambiente de miedo y silencio que dificultaba la detección y el desmantelamiento de la red.

El éxito de estos operativos se atribuye al intercambio de información y al trabajo articulado entre organismos nacionales e internacionales. Las autoridades también recarcaron la importancia de la denuncia ciudadana y difundieron los canales oficiales para alertar sobre casos de trata, extorsión o reclutamiento.

Entre ellos se encuentran la línea contra el crimen 314 358 7212, las líneas de emergencia 107 y 157, los números del GAULA 147 y 165, y la línea 141 para denuncias de reclutamiento infantil.

El caso de Arroyo Vacca no es aislado, sino que refleja un patrón recurrente en Colombia relacionado con la explotación de mujeres a nivel transnacional. El esquema criminal suele iniciarse con promesas engañosas y se mantiene mediante el control económico y el temor, afectando de manera directa la integridad y la libertad de las víctimas.

La captura de Arroyo Vacca y la desarticulación de redes similares constituyen un avance en la lucha contra la trata de personas. Sin embargo, las autoridades advierten que la vigilancia y la denuncia siguen siendo esenciales para reducir la incidencia de estos delitos y proteger a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

El país seguirá con presencia de lluvias durante la última semana del mes de mayo, según las imágenes meteorológicas que confirmarían la llegada de una onda tropical al territorio nacional.

Así lo dio a conocer el meteorólogo Max Henríquez, quien, a través de su cuenta de X, advirtió que el fenómeno climático golpearía buena parte del país desde el miércoles 27 de mayo. Según informó el especialista, la onda tropical afectará las regiones Pacífica y Caribe, además del centro del país, en especial Bogotá, donde se registrarán lluvias fuertes durante la semana.

Las peores consecuencias de las precipitaciones, catalogadas como peligrosas, se centrarán también en el departamento de Antioquia y en la región cafetera, afectando los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda.

“La onda tropical va a llegar desde el miercoles y causará lluvias en la región Caribe el viernes y sabado. Hoy, entre tanto, seguirá lloviendo con peligrosidad en el norte y centro del Pacífico, Antioquia y la región cafetera. En Bogotá lloverá el miercoles, viernes y sabado”, señaló Max Henríquez.

Según las previsiones, las primeras regiones en presentar lluvias intensas serán la zona cafetera y el departamento de Antioquia, donde se vivirán fuertes precipitaciones desde este lunes 25 de mayo.

A partir del miércoles 27 de mayo, la ciudad de Bogotá viviría fuertes precipitaciones que se extenderían hasta el sábado 30 de mayo. Finalmente, la región Caribe viviría fuertes lluvías durante el último viernes y sábado del mes de mayo.

Ideam también prevé fuertes lluvias en Colombia

Las próximas horas en Colombia estarán marcadas por lluvias intensas y temperaturas elevadas en distintas regiones, según el pronóstico del Ideam. Los contrastes climáticos se evidenciarán en territorios como el Pacífico, la Amazonía y varias ciudades del Caribe, donde se esperan condiciones extremas.

Mientras que departamentos del Pacífico y zonas de la Amazonía registrarán precipitaciones moderadas y fuertes, ciudades como Barranquilla y Cartagena enfrentarán jornadas secas y calurosas. En la región Caribe, el calor se acentuará con máximas que podrían superar los 36 °C, generando sensación térmica elevada y riesgo de incomodidad por la humedad.

Durante este lunes 25 de mayo, el clima en Colombia presentará cielos nublados y lluvias en sectores del Pacífico, la región Andina, la Orinoquía y la Amazonía. Al mismo tiempo, otras zonas tendrán tiempo seco y temperaturas altas, especialmente en la franja norte del país.

Zonas con lluvias y regiones calurosas

En el Caribe, las lluvias más destacadas podrían darse en el sur y oriente de Córdoba, sur de Sucre, suroccidente de Bolívar y áreas del Magdalena y Cesar, principalmente en la tarde y la noche. Sin embargo, en ciudades como Barranquilla y Cartagena se mantendrán condiciones de calor y poca probabilidad de precipitaciones.

Para el Pacífico, se prevé una de las jornadas más lluviosas, con Nariño, Cauca, Valle del Cauca y el sur de Chocó registrando lluvias de intensidad variable, sobre todo en la mañana y tarde. En Cali y Popayán, la nubosidad será alta y existe probabilidad de lluvias intermitentes durante el día.

En la región Andina, el tiempo seco predominará en las primeras horas, pero por la tarde y noche aumentarán las precipitaciones en Antioquia, Santander, Caldas, Risaralda y Quindío. Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Huila tendrán mayor estabilidad y cielos parcialmente cubiertos.

La Orinoquía y la Amazonía estarán bajo la influencia de lluvias fuertes, especialmente en Meta, Casanare, Arauca, Caquetá y Vaupés, con intensificación de las precipitaciones hacia la tarde y noche.

Las ciudades más afectadas por el calor serán Barranquilla y Cartagena, donde se mantendrá el tiempo seco y las máximas rondarán los 34 a 36 °C. Bucaramanga tendrá una mañana estable, con aumento de nubosidad y lluvias ligeras en la tarde y noche, alcanzando los 29 °C.

En Medellín se prevén lloviznas y lluvias ligeras intermitentes durante la tarde y noche, con una máxima de 31 °C. Tunja experimentará condiciones secas y cielos parcialmente nublados, especialmente en la tarde, con una temperatura máxima de 19 °C.

Cali estará bajo alta nubosidad, con probabilidad de lluvias entre ligeras y moderadas, y una máxima de 33 °C. Popayán tendrá cielo mayormente nublado y posibles lluvias intermitentes a lo largo del día, con temperaturas cercanas a los 25 °C.

En Bogotá se espera una jornada mayormente nublada y seca, aunque por la tarde podrían ocurrir lluvias ligeras y lloviznas en sectores del sur, como Ciudad Bolívar y Usme. La máxima será cercana a los 20 °C.

El proyecto de decreto del Ministerio de Defensa que retiraba las medallas y honores militares a los uniformados condenados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, quedó en suspenso, luego de que la Secretaría Jurídica de la Presidencia le pusiera freno a la iniciativa.

El Gobierno detuvo el trámite del decreto porque considera que, según un documento oficial expedido en 2015, antes del Acuerdo de Paz con las Farc, solo las condenas dictadas por la justicia ordinaria o penal militar permiten retirar oficialmente las medallas, según documentos conocidos por la revista Cambio.

Las sentencias de la JEP no están contempladas en dicha normativa, de modo que, hasta que no haya una actualización legal, los militares señalados podrían conservar sus reconocimientos, aun si existen exhortos judiciales para su revocatoria.

El borrador preparado por la cartera de Defensa surgió tras la sentencia de la JEP que, en septiembre de 2025, condenó a 12 militares del Batallón La Popa, incluidos el teniente coronel (r) Heber Hernán Gómez Naranjo, segundo comandante del Batallón de Artillería No. 2 La Popa de Valledupar, y otros, quienes admitieron su responsabilidad en más de 130 asesinatos de civiles presentados como bajas en combate.

Ese documento reclamaba que quien haya cometido ejecuciones no debe conservar distinciones oficiales y citaba la Constitución y el reglamento militar para argumentar la necesidad de sanción simbólica.

Según el texto, revelado por Cambio y firmado por el asesor Rubén Darío Calderón Jaramillo, la Secretaría Jurídica de la Presidencia fundó su negativa en que el Decreto de 2015 solo admite el retiro de medallas con condena de la justicia ordinaria o penal militar.

Insistió en que los exhortos de la JEP no constituyen orden suficiente para quitar condecoraciones, advirtiendo que “el llamamiento o apremio no puede confundirse con una orden judicial”.

“La figura del exhorto debe entenderse como un llamamiento o apremio que se hace a una autoridad determinada y no puede confundirse con una orden judicial, aspecto que no se ha acreditado hasta el momento por el Ministerio de Defensa Nacional allegando la decisión judicial que así lo ordene”, se lee en la respuesta de la secretaría.

Implicaciones legales y políticas del rechazo al decreto de medallas militares

El rechazo evidenció un choque de criterios: mientras la cartera de Defensa planteó que las sentencias de la JEP y la aceptación de crímenes de guerra son causales de indignidad incompatibles con el honor militar, la Presidencia sostiene que la actual regulación no permite una remoción forzosa de condecoraciones. Calderón Jaramillo resaltó que el artículo 122 de la Constitución no es suficiente para ejecutar este tipo de sanción sin una reforma normativa explícita.

Abogados y voces externas, citadas por Cambio, advirtieron que mantener intacto el reglamento limita gravemente la reparación simbólica y desatiende el mandato constitucional de garantizar la “no repetición” de graves violaciones de derechos humanos.

La situación no es nueva: otros procesos, como el del general Henry William Torres Escalante—quien admitió ante la JEP 316 ejecuciones extrajudiciales—quedaron bloqueados por vacíos legales semejantes, lo que impide el retiro automático de condecoraciones cuando no existe condena en la justicia penal ordinaria o militar.

El debate sobre las medallas tiene antecedentes directos en decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz. En 2025, la JEP condenó a integrantes del Batallón La Popa y exhortó expresamente al Gobierno a revocar sus reconocimientos oficiales. Los militares implicados admitieron haber recibido permisos y distinciones como recompensa por resultados operacionales, que en realidad encubrieron crímenes contra civiles.

El caso impulsó acciones simbólicas. La JEP acompañó la exposición ‘Renunciar al silencio y a la negación’ en Granada, Antioquia, donde se exhiben 30 medallas que exintegrantes del Batallón Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez entregaron en un acto de reparación simbólica. En Antioquia, la justicia documentó al menos 589 víctimas de ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2007, reportó la desaparición de 228 personas y registró que 42 máximos responsables aceptaron su culpabilidad.

Abogados como José Hilario López y asociaciones de víctimas sostienen que retirar las medallas debe convertirse en un acto institucional de justicia, no solo en una decisión voluntaria de militares. Señalan que el verdadero significado de estos símbolos se transforma cuando el Estado los resignifica como parte de la memoria histórica y el reconocimiento de las víctimas.

Un ataque armado ocurrido en la madrugada del domingo 24 de mayo en el municipio de Girón, Santander, dejó como saldo la muerte de dos mujeres luego de que fueran interceptadas mientras que se desplazaban hacia el sector de Los Caneyes.

Según la información preliminar conocida hasta el momento, las dos víctimas habrían sido atacadas por hombres que se desplazaban en motocicleta, según informó la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Las jóvenes fueron identificadas como Karen Valentina Vega Peralta y Nicol Cristina Amaya Díaz, ambas de 20 años, y se desplazaban en motocicleta por la carrera 22C con calle 64 cuando dos individuos abrieron fuego. El ataque ocurrió hacia las 2:40 a. m. del domingo, en medio de la quietud nocturna.

El hecho ocurrió poco después de que las mujeres compartieran con un grupo de amigos. En el trayecto hacia el destino, los agresores las abordaron y dispararon sin previo aviso. Una de las víctimas falleció en el lugar, mientras que la otra murió tras recibir atención médica en un centro asistencial, explicó el general William Quintero, comandante policial.

La investigación ha revelado que una de las mujeres mantenía una relación sentimental con un hombre vinculado al tráfico de estupefacientes en locales nocturnos de la zona metropolitana.

“Se logra determinar que había una relación sentimental con un hombre que pertenece a una estructura criminal. Estamos buscando a los responsables de estos hechos, y hay una recompensa que nos ayude a esclarecer el crimen”, indicó el alto oficial.

El general Quintero detalló que la principal hipótesis apunta a un posible ajuste de cuentas vinculado a actividades delictivas en el área metropolitana. Aunque la investigación sigue en curso, no se descarta que el caso esté relacionado con disputas internas entre estructuras dedicadas al microtráfico.

Como reacción inmediata, la Policía y la Alcaldía de Girón han puesto en marcha estrategias para incentivar la colaboración ciudadana. Entre ellas, se encuentra la implementación de una recompensa económica dirigida a quienes puedan proporcionar datos que permitan ubicar a los responsables del ataque armado.

El general Quintero señaló que las autoridades continúan recolectando información y reforzando la presencia policial en los sectores más afectados por el crimen organizado.

Riña en Bucaramanga dejó un hombre muerto: esto es lo que se sabe

Un joven perdió la vida y una mujer resultó herida tras una riña mortal en el barrio Miraflores de Bucaramanga, ocurrida durante la madrugada del domingo 24 de mayo.

Los hechos se desarrollaron hacia las 3:30 a. m., cuando residentes de la carrera 54 con calle 16 alertaron a la Policía por los gritos y el tumulto en plena vía pública. Según los datos oficiales, las autoridades hallaron a un hombre gravemente lesionado y a una mujer herida. El joven fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, pero el personal médico solo pudo confirmar su fallecimiento al ingreso.

La víctima fue identificada como Fabian Alberto Valdivieso, de 27 años, que recibió múltiples heridas con arma cortopunzante. En el mismo episodio, una mujer de 36 años sufrió lesiones superficiales en los brazos, aunque los reportes iniciales descartan que su estado sea de gravedad.

La Policía informó que unidades del cuadrante respondieron rápidamente a la alerta. Al arribar, los uniformados constataron que la atención médica ya estaba en marcha y procedieron a recabar testimonios y evidencias en el área. Testigos aportaron detalles que permitieron identificar a los presuntos responsables del enfrentamiento.

La rápida acción policial derivó en la ubicación de dos jóvenes que, según versiones preliminares, habrían estado compartiendo con la víctima antes del altercado. Uno de ellos, de 18 años, fue capturado; el otro, un menor de 15, quedó bajo custodia en el sitio del suceso.

Ambos detenidos fueron presentados ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el origen del conflicto y precisar las circunstancias que derivaron en el desenlace fatal.

El auge de los candados del amor en el Puente de Occidente estaría redefiniendo el panorama de este monumento patrimonial del municipio de Santa Fe de Antioquia. Ahora, decenas de parejas participan en el ritual de colocar candados en las barandas del puente y arrojar las llaves al río Cauca, buscando simbolizar una unión sentimental irrompible.

Tras el retiro masivo de estos objetos en 2023 por parte de la Gobernación, la costumbre se reactivó rápidamente y hoy abundan los candados, según constató una investigación de El Colombiano tras una visita reciente.

Colocar un candado en el Puente de Occidente expresa para muchas parejas un compromiso visible y duradero. El acto de lanzar la llave al río representa el deseo de una relación “sellada” y sin vuelta atrás, dando forma tangible a un vínculo considerado indisoluble. El ritual, difundido en redes sociales y alimentado por historias personales, ha aumentado su popularidad y transforma al puente en escenario de recuerdos compartidos.

El llamado ritual del candado tiene origen en Europa y se globalizó a finales del siglo XX. Diversas versiones ubican el inicio de la tradición en Serbia, donde una leyenda narra el vínculo entre una maestra y un soldado.

El fenómeno adquirió aún más fuerza en los años 2000 tras la publicación de la novela italiana Ho voglia di te, que relata cómo sus protagonistas aseguran su amor con un candado en el puente Milvio de Roma antes de arrojar la llave al río.

Desde entonces, ciudades en Francia, Italia, Asia y América han sido escenarios de esta costumbre. En Colombia, el fenómeno se estableció especialmente en el Puente de Occidente tras la habilitación de los pasos peatonales en el año 2000.

David Mesa y Jeimy Montoya, operarios de Medellín, participaron del auge de la costumbre. Contaron a El Colombiano que su vínculo comenzó tras conocerse en una página de Facebook y que decidieron sellar su lazo en el puente.

“El hecho de tirar las llaves es como no romper ese lazo; porque si usted tiene las llaves, no queda cerrado”, señaló la mujer en medio de su visita al atractivo turístico antioqueño. Ambos especificaron que arrojaron las tres copias de la llave al río.

Otra pareja, Giancarlos Bran y Rosa Angélica Peña, repitió la ceremonia hace medio año. Su candado, sencillo y sin inscripciones, fue comprado en un local cercano y colocado después de superar un proceso de recuperación de salud en pareja. Con el tiempo, Bran perdió la ubicación precisa del candado, pero sostiene que la experiencia revitalizó su relación.

En el puente conviven desde modelos simples hasta candados grandes y personalizados, algunos incluso recubiertos en plástico para resistir el paso del tiempo. Hay quienes intentan ubicar su candado en los cables estructurales, desafiando la altura y la seguridad, mientras otros extienden la tradición para celebrar amistades y lazos familiares.

“Sabemos que simbólicamente es algo romántico y bonito entre las parejas, pero también tengo el sentido de que puede contaminar. Pero, como quedan ubicados ahí y no se mueven, no le veo tanta problemática”, señaló uno de los visitantes al diario nacional.

El impacto del ritual en el patrimonio y la economía local

El creciente número de candados genera inquietud entre quienes trabajan por la conservación del Puente de Occidente. Durante la restauración de 2023, el ingeniero Juan Fernando Franco de la Secretaría de Infraestructura relató en entrevista con El Colombiano que la cantidad de candados extraídos fue considerable. Actualmente, se estima la presencia de hasta 520 candados en una baranda y 378 en la otra, según el último registro de ese medio.

El debate gira en torno al posible daño estructural por el peso y la corrosión de los candados. Referentes internacionales ilustran los riesgos: en París, fue necesario retirar 700.000 candados en 2015 debido al exceso de carga. Mientras tanto, en Santa Fe de Antioquia, no existe consenso sobre las consecuencias, y la costumbre persiste a pesar de las intervenciones oficiales.

Este fenómeno también ha impulsado el comercio local. Establecimientos cercanos, como el almacén La Mulera, llegan a vender diez candados por fin de semana, con precios entre $8.000 y $20.000 por unidad. El crecimiento del turismo y de la afluencia de parejas beneficia a los negocios aledaños y refuerza la identidad de la zona.

La Fiscalía de Colombia ha recopilado un voluminoso dosier que será remitido a las autoridades de Venezuela para avanzar en el proceso penal por el crimen de Yulixa Toloza, la estilista que falleció tras someterse a una lipólisis láser en una clínica clandestina de Bogotá.

Según el expediente judicial revelado por El Tiempo, las autoridades colombianas remitieron a la justicia del vecino país ocho fotografías inéditas, una bala de oxígeno y declaraciones de testigos, con el objetivo de sustentar la responsabilidad de los detenidos y solicitar la colaboración internacional para judicializar a los que ya fueron localizados y capturar a los implicados que siguen prófugos.

Entre los elementos más contundentes figura la documentación gráfica del levantamiento del cadáver. Las imágenes enviadas a Venezuela muestran el cuerpo de Yulixa en avanzado estado de descomposición, hallado en una zona boscosa en la vía entre Apulo y Tocaima, en Cundinamarca.

Los investigadores sostienen que los responsables intentaron ocultar las pruebas trasladando el cadáver durante varias horas y abandonándolo con el rostro cubierto, lo que habría acelerado su deterioro en esa región del cuerpo, según reveló El Tiempo.

El dosier también detalla que en el lugar del hallazgo se observaron hebras de cabello oscuro dispersas a metros del cuerpo. El informe policial resalta que esto podría indicar una manipulación adicional del cadáver, un aspecto que será analizado con profundidad. El cadáver fue localizado en la tarde del 19 de mayo, seis días después de la intervención a la que fue sometida Yulixa Toloza.

“El cuerpo estaba en posición de cúbito abdominal (bocabajo) y había hebras capilares color oscuro abundantes a unos metros del cadáver“, reza el informe de las autoridades colombianas.

Pruebas clave para la extradición y el procesamiento

La Fiscalía pretende demostrar ante los funcionarios venezolanos que los acusados —María Fernanda Delgado, dueña del local; Eduardo Ramos, médico que practicó el procedimiento; y Edinson Torres, pareja de Delgado y administrador del sitio— actuaron con conocimiento del estado crítico de la víctima.

Las pruebas reveladas por el diario nacional incluyen el testimonio de una trabajadora de Beauty Láser M.L., que relató que, pese a la gravedad de Yulixa, no se solicitó asistencia médica especializada ni ambulancia, aunque inicialmente se anunció lo contrario.

La empleada relató que, antes de ser retirada del local, recibió la orden de trasladar con urgencia una bala de oxígeno desde una de las salas improvisadas. Mientras tanto, otra integrante del personal rezaba.

“La víctima registró episodios de colapso físico, pérdida de control corporal, rigidez de las extremidades, alteraciones oculares y dificultad respiratoria, evidenciando un cuadro de gravedad manifiesta sin que se adoptaran medidas eficaces de intervención médica prolongando su estado de vulnerabilidad“, señala el informe revelado por El Tiempo.

El informe de la policía judicial añade que en el sitio se halló una sustancia rojiza, presumiblemente fluido biológico perteneciente a la paciente, lo que refuerza la hipótesis de una intervención inadecuada y la omisión deliberada de auxilio.

Cuando las autoridades llegaron al establecimiento, encontraron el lugar en completo desorden y constataron que las historias clínicas de las clientas habían sido retiradas. Sin embargo, hallaron otros elementos que vinculan directamente a los acusados con la muerte y ocultamiento del cuerpo de Yulixa Toloza.

Estas pruebas, sumadas a la fuga de tres de los implicados hacia Venezuela, son consideradas suficientes para solicitar la activación de mecanismos judiciales internacionales que permitan procesar a los responsables por la muerte y desaparición de Yulixa Toloza. El informe también indica que aún se busca a Leonardo, el anestesiólogo que participó en el procedimiento y permanece fugitivo.

Las recientes acusaciones del presidente Gustavo Petro sobre presuntas irregularidades en los contratos de de la filial ISA Perú y la posible financiación ilegal de campañas políticas en Colombia han provocado una nueva confrontación con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

El mandatario colombiano ordenó una revisión inmediata de las subcontrataciones de la empresa en territorio peruano, poniendo el foco sobre la legalidad de los fondos que podrían estar circulando hacia actores políticos colombianos.

Petro señaló que si se llegara a comprobar el ingreso de dinero extranjero a campañas políticas que hoy se pelean la Presidencia de la República, se estaría infringiendo la legislación colombiana.

“El dinero que recibe ISA en Perú es dinero extranjero propio del Perú, o divisas extranjeras y si entra a financiadores de campañas de la ultraderecha, simplemente se está rompiendo la ley de Colombia”, señaló el mandatario.

Incluso, el presidente vinculó estos fondos a la financiación de campañas tanto del actual alcalde de Medellín como del candidato Abelardo de la Espriella, e hizo énfasis en la gravedad institucional que implicaría el hecho.

“He pedido al ministro de energía que vaya de inmediato a visitar a ISA Perú y determine el estado en que las subcontrataciones de ISA están beneficiando a financiadores de las campañas de Fico Gutiérrez y Abelardo de la Espriella“, escribió el presidente en su cuenta de X.

El mandatario también mencionó a Jorge Andrés Carrillo, expresidente de ISA durante el gobierno de Iván Duque, acusándolo de intentar obstaculizar un proyecto de inteligencia artificial y alta capacidad computacional en Santa Marta. Según Petro, existiría una estrategia para canalizar recursos extranjeros con el objetivo de respaldar a sectores políticos de derecha en Colombia.

“Si el dinero extranjero financia las campañas de los defensores del narcoparamilitarismo, no solo se rompe la ley de Colombia, la integridad nacional, sino que se involucra al gobierno del Perú en la financiación de campañas electorales de la ultraderecha en Colombia”, indicó.

Las denuncias públicas del presidente generaron una reacción inmediata de Federico Gutiérrez, que rechazó de plano las acusaciones y calificó al mandatario como “el vocero y mayor protector de criminales y corruptos”.

El alcalde sostuvo que el gobierno de Petro solo busca desviar la atención de supuestos negocios frustrados en ISA Perú y afirmó que una eventual auditoría al actual Gobierno revelaría irregularidades.

“Este, el muy próximo expresidente, el amigo de los bandidos y los corruptos, no se cansa de hablar bobadas y muchos menos se cansa de mentir. El dolor que tiene es porque seguramente se le cayeron los negociados que iban a hacer en Isa Perú con los del combo de los que se robaron a Medellín”, señaló el mandatario paisa.

Incluso el alcalde de Medellín aseguró que el actual Gobierno es, según su concepto, el más corrupto de la historia del país, además de ser la administración que mayores beneficios les habría entregado a los grupos armados del país, refiriéndose a su estrategia de paz total.

“Petro pasará a la historia por haber sido el gobierno más CORRUPTO en la historia de Colombia. Y de ser el vocero y mayor protector de criminales y corruptos. Ni me quiero imaginar la auditoría forense que le hará el próximo gobierno. Sabe que le van a encontrar de todo. Ya casi cesa la horrible noche”, concluyó Federico Gutiérrez en su cuenta de X.

El choque entre el presidente Petro y Federico Gutiérrez tiene su origen en la denuncia sobre la posible entrada de fondos extranjeros a campañas políticas colombianas, lo que, de confirmarse, constituiría una violación a la ley electoral y pondría en entredicho la integridad institucional de ambos países.

El asunto ahora queda en manos de las autoridades, quienes deberán investigar el estado de las contrataciones y la ruta de los recursos involucrados, en medio de una creciente disputa política.

La caída de un vehículo desde el segundo piso del parqueadero del Club El Nogal, en el norte de Bogotá, generó preocupación entre quienes se encontraban cerca del lugar.

Cristian Gregorio Rodríguez, de 71 años, resultó herido tras el accidente, que dejó el automóvil volcado sobre una zona peatonal y obligó a los equipos de rescate a movilizar maquinaria pesada.

El incidente ocurrió el sábado 23 de mayo, cuando el automóvil terminó invertido entre áreas verdes y cerca del mobiliario externo del club. De acuerdo con el relato del hijo de Rodríguez, que conversó con varios medios de comunicación, la causa del accidente habría sido un fallo mecánico en el vehículo.

El propio afectado le habría explicado que, al finalizar el parqueo, el automotor habría presentado una falla en su caja de cambios, habilitando la reversa de forma involuntaria y atravesando el muro de la edificación.

“Ya estaba finalizando el parqueo cuando el carro, de alguna forma, según él me indicó, tuvo un problema en la caja o algo así, y se aceleró y se fue hacia atrás”, comentó el familiar a Noticias Caracol.

El Cuerpo de Bomberos de Bogotá intervino rápidamente, rescató al conductor y le brindó atención prehospitalaria antes de trasladarlo en ambulancia a la Clínica Country. El parte médico inicial indica que Rodríguez sufrió un trauma craneoencefálico leve y una herida abierta de cuatro centímetros en la cabeza.

El hijo del conductor relató que logró hablar con su padre tras el accidente y, pese al golpe y el susto del momento, se encontraba sereno y estable en la clínica a la que fue remitido.

“Afortunadamente, él se encuentra en un estado estable. Está en la Clínica Country. Parece quetuvo una herida, según indican, de cuatro centímetros en la cabeza (...). Le están haciendo una valoración. Yo hablé con él; él estaba tranquilo. Me dijo, pues, que viniera, que revisara este procedimiento”, señaló el hijo de Rodríguez en diálogo con Citytv.

Por su parte, el Club El Nogal informó a sus socios, mediante un comunicado, que la emergencia estaba siendo atendida en coordinación con los organismos de apoyo y las autoridades pertinentes.

“Desde el primer momento, el percance fue atendido de manera inmediata por el equipo del Club, en articulación con los organismos de emergencia y las autoridades competentes, siguiendo estrictamente todos los protocolos de seguridad y atención establecidos para estos sucesos”, señaló el centro social.

El Ministerio de Transporte ordena anulación y devolución de multas automáticas en Bogotá

El Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte y las autoridades de tránsito deberán dejar sin efecto 294.000 fotomultas en Bogotá y avanzar en la devolución de pagos ya realizados, después de que una investigación administrativa detectara que varios sistemas automáticos de detección de infracciones operaron sin un requisito legal exigido para sancionar conductores.

La revisión no se limita a la capital. Según la ministra de Transporte María Fernanda Rojas, de los 7,5 millones de comparendos identificados como mal impuestos en el país, 1,5 millones ya fueron pagados por los ciudadanos y ahora entran en el proceso de devolución.

La decisión se originó en una investigación contra 37 organismos de tránsito en todo Colombia. Según la Superintendencia de Transporte, muchas entidades comenzaron a usar los sistemas automáticos de detección de infracciones de tránsito, conocidos como Sast, sin contar con el concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología, una exigencia prevista en la Ley 2251 de 2022 y en la Resolución 718 del Ministerio de Transporte.

En Bogotá, el universo de sanciones bajo revisión corresponde a las impuestas entre el 12 de diciembre de 2018 y el 6 de enero de 2020 por la Secretaría Distrital de Movilidad y la seccional de Tránsito. El alcance de esa medida abarca cerca de 294.000 comparendos, según la información oficial citada en el texto fuente.

La respuesta para los conductores ya fue planteada por el Gobierno nacional: quienes no han pagado deberán ver revocados esos comparendos por parte de los organismos de tránsito, que además tendrán que publicar listas actualizadas para que cada ciudadano verifique que la sanción salió de su historial.

Para quienes sí pagaron, Rojas explicó en conversación con el concejal Julián Forero que las secretarías de movilidad cuentan con ventanillas digitales para pedir la devolución del dinero. La ministra indicó que el trámite exige una solicitud formal y documentos que acrediten el pago realizado.

En el caso de Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad habilitó la plataforma virtual webfenix.movilidadbogota.gov.co para consultar comparendos y revisar información sobre pagos, acuerdos y otros trámites asociados. El sistema permite ingresar el número de documento o la placa del vehículo para verificar el estado de las infracciones, el historial, las obligaciones pendientes, los pagos realizados y los acuerdos vigentes.

Hay tensión máxima en el municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, después de que el puesto instalado por el Ejército Nacional fuera atacado en la mañana del domingo 24 de mayo.

Según la información conocida hasta el momento, el hecho estaría atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN), que usó drones cargados con explosivos contra el pelotón.

La institución militar señaló que la acción dejó como resultado preliminar la muerte de un soldado profesional y siete uniformados más heridos, que tuvieron que ser trasladados de inmediato a la ciudad de Cúcuta.

“Los hechos se registraron en la madrugada de hoy, 24 de mayo, dejando como resultado el asesinato de nuestro soldado profesional Aldair Bermúdez Rodríguez. Así mismo, siete militares más resultaron heridos”, indicó el Ejército Nacional.

Este suceso, confirmado por la Fuerza de Tarea Vulcano, ocurrió cuando tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 10 realizaban una misión de control territorial en la vereda Barco La Silla.

Según el reporte oficial, los atacantes emplearon aeronaves no tripuladas equipadas con explosivos, en medio del creciente uso de tecnología aérea para instaurar terror en la comunidad.

“Los militares heridos fueron evacuados oportunamente en aeronaves de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana hacia la ciudad de Cúcuta, donde actualmente reciben atención médica especializada en un centro asistencial”, señaló la institución.

Las autoridades advirtieron que la agresión podría ser una respuesta directa a los enfrentamientos recientes en la vereda La Llana, donde se había frustrado un retén ilegal y se registraron combates entre el Ejército y miembros del ELN.

“Estos hechos se presentarían como retaliación a las contundentes operaciones militares desarrolladas el día anterior en el sector de La Llana, donde las tropas sostuvieron combates de encuentro contra integrantes de esta estructura armada ilegal, frustrando su accionar criminal en la vía Cúcuta-Tibú, y donde varios integrantes del ELN habrían resultado afectados durante el desarrollo de estas operaciones”, comentó el Ejército.

En respuesta al ataque, el Ejército Nacional activó protocolos de acompañamiento a la familia del uniformado fallecido y reiteró su compromiso de mantener operaciones militares en la región.

Además, las fuerzas militares manifestaron su rechazo al uso de drones como armas , ya que pone en riesgo tanto a los miembros de la fuerza pública como a la población civil de la zona.

“El Ejército Nacional continuará desarrollando operaciones militares contundentes contra el GAO ELN, estructura responsable de múltiples hechos violentos que afectan la seguridad, tranquilidad y bienestar de la población en esta región del país”, finalizó la institución.

Apenas cuatro días atrás, el 20 de mayo, el Ejército Nacional también reportó ataques simultáneos con drones bomba en el sur de Bolívar que dejaron un militar muerto y cinco heridos mientras desarrollaban operaciones de estabilidad previas a las elecciones presidenciales.

Los cinco uniformados heridos fueron trasladados a un centro hospitalario en Bucaramanga, donde su estado fue reportado como estable y sus lesiones no fueron consideradas graves, según la institución castrense.

El soldado profesional Óscar Enrique Palacios Rivas murió en el primero de los ataques, ocurrido en la vereda Santa Helena, en el municipio de Santa Rosa del Sur, según la Primera División del Ejército Nacional. En esa acción, atribuida a la estructura 37 del ELN, también resultó gravemente herido otro uniformado del Batallón de Despliegue Rápido No. 25.

El segundo atentado se registró en el municipio de Arenal y tuvo como blanco a integrantes del Batallón de Infantería de Selva No. 48, según el Ejército Nacional. La institución atribuyó ese hecho al ELN e informó que dos suboficiales y dos soldados sufrieron lesiones por artefactos explosivos activados durante la ofensiva.

La Fiscalía General de la Nación incautó más de 60 bienes asociados al denominado Clan del Golfo en una operación valorada en cerca de 73.000 millones de pesos, cuyo objetivo principal fue la fortuna de Yuliana Andrea Manco David, alias la Contadora, así como la de familiares directos del jefe criminal alias Otoniel.

Según las autoridades, los artículos confiscados evidencian el poder económico con el que cuentan estos grupos, especialmente, por el tráfico de drogas y la extorsión en diferentes regiones del país.

Según el informe judicial obtenido por El Tiempo, la Fiscalía decomisó viviendas, empresas y vehículos de alto valor, ubicados sobre todo en la ciudada de Medellín y municipios de Antioquia, tras una extensa investigación que incluyó el testimonio de un informante y el análisis de un teléfono móvil recuperado durante un allanamiento. Entre los mayores afectados están la “Contadora” —prima de los fundadores del clan—, un hermano de “Otoniel” y la expareja de este narcotraficante.

La investigación que permitió ubicar y confiscar los bienes de la “Contadora”, familiar de capos del Clan del Golfo, partió de la inspección de un teléfono móvil hallado tras un allanamiento en Medellín y de las revelaciones de un informante clave.

Según la resolución a la que accedió El Tiempo, la Fiscalía General de la Nación identificó más de 60 bienes, entre los que se cuentan viviendas, empresas y automóviles, cuya valoración asciende a 73.000 millones de pesos. Los inmuebles se localizan principalmente en Medellín, La Estrella, Bello, Carepa y Santa Fe de Antioquia.

Según la resolución del 24 de marzo de 2026 consultada por El Tiempo, la Fiscalía General de la Nación aseguró viviendas de lujo, empresas y automóviles de alta gama. Entre los principales inmuebles figuran una casa en La Estrella, ubicada en el conjunto residencial Bilbao, otra residencia en Bello, dentro de la urbanización La Cabañita, y lotes en Manantial, Nuevo Carepa y El Oasis, todos en el municipio de Carepa.

También destacan un apartamento en Mirador del Cauca, Santa Fe de Antioquia, y otro en Aviva Affinity, en Medellín. En el ámbito comercial, la Fiscalía incautó Vega Express, una empresa de mensajería; Baby Store Anju, un almacén de ropa infantil; y Terryautos, un local de mantenimiento automotriz en la comuna Belén de Medellín, con activos superiores a 600 millones de pesos, propiedad de uno de los hermanos de la “Contadora”.

Respecto a los vehículos, se incluyen una camioneta Toyota Prado a nombre de la “Contadora”, una Land Cruiser modelo 2025, un Toyota Corolla Cross 2026 y una Fortuner modelo 2021. Las autoridades siguen revisando la titularidad de otros predios probablemente vinculados a testaferros, así como la adquisición de lotes por parte de esta red familiar.

La valoración oficial sitúa el total de los bienes incautados en 73.000 millones de pesos, consolidando una de las mayores operaciones de extinción de dominio en Antioquia en los últimos años.

Quiénes son la ‘Contadora’ y los familiares de Otoniel afectados

Yuliana Andrea Manco David, conocida como la “Contadora”, es prima de los fundadores del Clan del Golfo y mantenía un perfil bajo como vendedora en una compañía de talento humano, con un salario registrado menor a 700.000 pesos. Sin embargo, la investigación reveló que desempeñaba un papel central en la coordinación logística y financiera del grupo criminal, especialmente en la administración de recursos ilícitos.

Carlos Mario Úsuga David, alias Cuarentano, es hermano de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, jefe máximo del Clan del Golfo, extraditado a Estados Unidos en mayo de 2022. Un allanamiento previo en su residencia de El Poblado permitió incautar una motocicleta BMW, una camioneta Toyota Prado y dólares en efectivoademás de documentación empresarial y bancaria relevante. Cuarentano purga una condena de siete años en la cárcel La Tramacúa por concierto para delinquir agravado y narcotráfico.

La Fiscalía General de la Nación también aplicó medidas sobre la expareja de Otoniel, quien figura como titular de varias empresas y propiedades incluidas en la misma resolución. El universo de afectados abarca al menos trece personas, en su mayoría familiares y allegados, sobre quienes se dictó la medida con el objetivo de desarticular el apoyo económico del clan.

El Clan del Golfo, considerado actualmente la organización criminal más poderosa de Colombia, es objeto de sucesivas investigaciones y acercamientos políticos con el gobierno encabezado por Gustavo Petro. La reciente incautación representa un duro golpe, en línea con la estrategia del Estado para atacar las fuentes de financiación del narcotráfico mediante medidas patrimoniales focalizadas en Antioquia y Medellín.

Mientras que en años pasados el centro político del país logró mantenerse con una fuerza importante en diferentes escenarios como el congreso, lo cierto es que las predicciones de las elecciones del 2026 parecen ratificar al polarización que vive el país.

De hecho, ese bloque político enfrenta uno de sus momentos más críticos, con cifras que, lejos de acercarlo a una segunda vuelta presidencial, apenas le permitirían asegurar la reposición de votos.

Según la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para la revista Cambio, los candidatos de este espectro apenas logran sumar una pequeña fracción de la intención de voto frente al empuje de los extremos.

El panorama electoral revela que figuras como Claudia López y Sergio Fajardo escuchan con frecuencia que sus propuestas resultan atractivas, pero que, en palabras de sus propios simpatizantes, “no van a ganar”. Esta percepción ha limitado su potencial de crecimiento, relegando sus campañas a una lucha por no desaparecer de la escena política.

Para que un candidato acceda a la financiación estatal, la legislación exige superar el 4% de los votos válidos en la primera vuelta. Quienes no alcancen ese umbral quedarán sin derecho a reposición de recursos, lo que puede significar la ruina financiera de sus campañas.

Ante ese panorama, el sondeo muestra que Claudia López y Sergio Fajardo apenas concentran el 2,5 % y 2,1 % de la intención de voto, respectivamente. Otros nombres del centro, como Roy Barreras y Mauricio Lizcano, se sitúan en márgenes aún menores. Solo Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia superan ese umbral, mientras los demás se quedan lejos de la meta.

El cálculo es claro: un punto porcentual representa unos 214 mil votos, por lo que la suma de todos los candidatos de centro apenas rondaría los 500 mil votos. Este dato es insuficiente para influir en la contienda, aunque podría adquirir relevancia en una elección ajustada, señala el sondeo.

En la última elección presidencial, la diferencia entre el ganador y el segundo lugar fue de apenas 3,07 puntos porcentuales. Si el resultado de la consulta se repite en las urnas, los votos del centro podrían inclinar la balanza, aunque en este ciclo, sus opciones de protagonismo son mínimas.

La encuesta indica que Iván Cepeda lidera la intención de voto con un 33,4%, apenas 2,5 puntos por encima de Abelardo de la Espriella (30,9%). El margen estrecho refuerza la idea de que cualquier apoyo adicional podría ser decisivo.

A medida que se acerca la cita electoral, las conversaciones y alianzas de última hora cobran fuerza. Una muestra de ello es la invitación de Paloma Valencia a Sergio Fajardo para reunirse en Barranquilla, una señal de que el centro busca no desaparecer y mantener alguna cuota de influencia en el resultado final.

El bloque centrista, según los datos del CNC, está lejos de disputar la presidencia; su principal desafío es no perder la voz ni el respaldo económico que le permitiría sobrevivir a este ciclo. Solo una alianza estratégica o un cambio de tendencia podría revertir la tendencia, pero el margen de maniobra se reduce a medida que se acorta el tiempo hacia el 31 de mayo.

El auge de los extremos y el papel de las redes sociales

El fenómeno no es exclusivo del contexto nacional. El análisis de los encuestadores y expertos consultados por la revista Cambio señala que los extremos acaparan la conversación y dan directriz a la agenda política, alimentados por el impacto de las redes sociales. Los algoritmos premian la polarización y la emocionalidad por encima de los matices o los llamados al consenso.

La tendencia mundial ha llevado al poder a líderes como Javier Milei, Nayib Bukele y Donald Trump, todos exponentes de discursos contundentes y polarizantes. La sociedad actual parece rechazar las posturas intermedias, inclinándose por opciones claras y radicales.

Paradójicamente, quienes han gestionado cargos públicos en grandes ciudades o departamentos, como la gobernación de Antioquia o la alcaldía de Medellín, se ven hoy superados por candidatos sin experiencia administrativa, pero con discursos que capturan la atención del electorado polarizado.

Mientras las autoridades intentan establecer el paradero de Yulixa Toloza, la mujer que desapareció luego de practicarse un procedimiento estético en un centro no autorizado en Bogotá, se conocen nuevos detalles del más reciente hallazgo del vehículo en el que habrían movilizado a la mujer de 52 años.

Las autoridades de Cúcuta informaron el lunes 18 de mayor que localizaron un automóvil relevante para el caso. Según informó el coronel Jimmy Belalcázar, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, se aseguraron pruebas materiales y se identificó a dos sospechosos presuntamente implicados en la desaparición.

Además, el oficial aseguró que los procedimientos judiciales han contado con el apoyo de investigaciones criminalísticas e inteligencia policial. El objetivo principal es identificar y judicializar a todos los responsables, incluyendo la posibilidad de actuar en territorio venezolano si fuera necesario.

“Nuestra Policía Nacional viene realizando una tarea, apoyada en la investigación criminal e inteligencia policial que nos permitió dar con la ubicación de un vehículo y dos personas que presuntamente estarían vinculadas a esta investigación del caso de la señora Julissa Tolosa”, señaló el subcomandante en diálogo con La FM.

Hallazgo y análisis forense del vehículo

Respecto al automóvil hallado, la inspección judicial indicó la presencia de elementos materiales significativos que podrían dar pistas sobre el paradero de la mujer de 52 años desaparecida desde el 13 de mayo.

“Se llevó a cabo una diligencia con nuestra policía criminalística, donde se adelantó una exploración lofoscópica al vehículo hallado, en donde se encontraron algunos elementos, materiales probatorios”, señaló Belalcázar al medio radial.

El subcomandante añadió que los detalles específicos de lo recolectado no pueden ser divulgados en este momento, ya que toda la información “fue puesta ya a disposición de la Fiscalía”, aunque resaltó que estos hallazgos “van a permitir reforzar la investigación y que en este momento se está adelantando por parte de nuestra Fiscalía General de la Nación”.

Durante la revisión, los investigadores detectaron “algunos, cabellos, algunas huellas”, que serán analizados para determinar a quién pertenecen o en qué circunstancias se hallaron.

En cuanto al estado externo del vehículo, Belalcázar enfatizó que no hubo manipulación de placas ni daños diferentes a los ocasionados por el proceso criminalístico: “En la investigación que estamos adelantando, nunca o sabemos que no manipularon las placas. El carro siempre mantuvo sus placas originales o las que encontramos con él. Circuló por, eh, desde Bogotá hasta la ciudad de Cúcuta”, señaló.

También aclaró el motivo del aspecto exterior: “Lo que pasa, o de pronto el tema del, de lo que se utilizó ahí, de los químicos utilizados para la exploración lofoscópica, hace ver como que el carro estuviese revestido de alguna situación particular, pero no, es el tema con que se realizó la actividad judicial para poder extraer las huellas”.

Detenciones y avances en la investigación

Con relación a los sospechosos, el oficial especificó: “Hay dos personas que están siendo señaladas, en donde se están haciendo las coordinaciones correspondientes con la Fiscalía General de la Nación desde la ciudad de Bogotá y se está adelantando ese trabajo y esa parte investigativa para poder dar con la captura de estas dos personas”.

Jesus Hernández Morales y Kelvy Sequera Delgado, identificados por las autoridades, enfrentarán procesos judiciales por “ocultamiento de elemento material probatorio”. Según Belalcázar: “Obviamente, una vez vinculadas o capturadas, se entrará a determinar la responsabilidad de estas personas y, eh, obviamente, inicialmente entrarán para que respondan en la investigación por ocultamiento de elemento material probatorio”.

Sobre la certeza en la vinculación, Belalcázar afirmó: “La certeza de estas dos personas que inicialmente se movilizaban en este vehículo es la que tenemos acá con las dos personas, las cuales ya están vinculadas directamente en la investigación”.

Interrogado sobre la posibilidad de otros implicados, el coronel sostuvo: “De manera prioritaria, se está articulando para obtener la orden de captura, eh, poder, eh, materializar y ya entramos en la parte investigativa, a determinar otras personas que si estuvieron involucradas, las vamos a poder individualizar frente a la captura de estos dos iniciales”.

Cooperación entre autoridades y próximos pasos

La investigación se fortalece gracias a la cooperación entre la Policía Metropolitana de Cúcuta, la Fiscalía General de la Nación y otras autoridades. Existe especial atención ante la posibilidad de vínculos internacionales, en particular con Venezuela.

Sobre la búsqueda de otros posibles involucrados, Belalcázar declaró: “Hay un trabajo articulado con las autoridades, tanto de nuestro país como autoridades municipales también aquí han trabajado de manera prioritaria para colaborar en este tema tan importante”.

Seis años y medio después de que se conociera de la muerte del joven de 18 años Dilan Cruz en medio de los disturbios protagonizados en el centro de Bogotá por cuenta del llamado estallido social, la Procuraduría General de la Nación tomó una drástica decisión.

Según información compartida por la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el ente disciplinario ordenó la anulación del proceso que se adelantaba contra el agente del antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) Manuel Cubillos Rodríguez, para reiniciar nuevamente el trámite, esta vez reconociendo el homicidio de Cruz como una grave violación a los derechos humanos.

“El 26 de marzo de 2026, la Procuraduría General de la Nación anuló la decisión disciplinaria tomada previamente en el caso del homicidio de DILAN CRUZ MEDINA. Esto significa que el proceso contra el agente Manuel Cubillos Rodríguez deberá comenzar nuevamente”, señaló la fundación.

Según la organización, la nueva decisión implica que se le juzgue al agente bajo cargos más graves, lo que podría derivar en fuertes sanciones disciplinarias por presuntamente atentar contra los derechos de los protestantes.

“La Procuraduría reconoció que el homicidio de Dilan constituye una grave violación a los derechos humanos ocurrida en el contexto de protesta social. Por ello, concluyó que estos hechos no pueden considerarse parte de una actuación legítima del servicio policial”, indicó la fundación.

En noviembre de 2024, la Procuraduría confirmó una sanción de 14 millones de pesos contra el uniformado Manuel Cubillos Rodríguez por el disparo que lo hirió durante las protestas del 23 de noviembre de 2019, una decisión cuestionada porque calificó el hecho como falta grave y no gravísima.

La multa fue impuesta en abril de 2024, pero el contenido del fallo aún no se había hecho público. La concejala de Bogotá Heidy Sánchez sostuvo en su cuenta de X, que esa calificación alimentaba la impunidad y la desconfianza ciudadana en las instituciones.

“Al ente de control le parece que disparar un arma y matar a una persona en medio de una protesta no es una falta gravísima, sino una falta “grave”, apenas meritoria de una multa. Este tipo de acciones estatales que llevan a la impunidad son una de las razones más graves de la desconfianza ciudadana hacia la institucionalidad”, afirmó Sánchez en su momento. La reacción de la familia llegó en la fecha exacta del quinto aniversario.

“Y bueno, hoy oficialmente son 5 años de impunidad por el caso de mi hermano Dilan cruz. Que te puedo decir, la justicia de este país cada día duele un poquito más”, escribió Denis Cruz en su perfil personal de X.

Un informe forense cuestionó la versión del uniformado

El caso volvió a tomar fuerza en febrero de 2024, cuando un informe de Forensic Architecture, organización británica especializada en análisis forense, concluyó que el entonces capitán Manuel Cubillos, integrante del antiguo Esmad, habría disparado directamente contra el estudiante durante la manifestación en el centro de la capital, según El Reporte Coronell.

Ese análisis fue elaborado por un equipo de la Universidad de Londres con programas de reconstrucción visual digital. Según El Reporte Coronell, se apoyó en videos de cámaras de vigilancia, teléfonos celulares y medios de comunicación, y aplicó sincronización geotemporal de imágenes para estudiar la relación entre los movimientos de Cruz y los de Cubillos.

Ese hallazgo puso en duda la reconstrucción previa de la Fiscalía General de la Nación, porque el uniformado había sostenido desde el inicio que buscaba dispersar la protesta y que no apuntó directamente al joven de 18 años. El nuevo estudio planteó una hipótesis opuesta y abrió interrogantes sobre la investigación inicial.

La muerte de Dilan Cruz ocurrió tras resultar herido por un proyectil disparado durante las manifestaciones y posteriormente fallecer en el Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá. Desde entonces, su caso quedó asociado a las protestas sociales de 2019 en Colombia y a la discusión sobre el uso de la fuerza por parte de la Policía.

En medio de la crisis de seguridad que se vive en Bogotá, en la mañana del jueves 21 de mayo se conoció la historia de un hombre que sobrevivió a un ataque armado en el sector de Alcalá, luego de que una bala impactara su teléfono móvil y no su cuerpo.

Según información revelada por el noticiero Citynoticias, el hecho, que ocurrió cerca de las 12:30 a. m. del miércoles 20 de mayo, dejó al afectado con lesiones físicas, pero fuera de peligro.

El intento de robo se produjo mientras la víctima organizaba sus pertenencias dentro de su vehículo al llegar a su vivienda. Varios sujetos armados, que se movilizaban en otro automóvil, lo interceptaron y cercaron el automotor.

“Prácticamente, me salvó la vida. Yo venía de trabajar y puse el carro al frente de donde yo estoy viviendo. Fui a bajar mis objetos personales para después guardar el vehículo. Y en ese instante, mientras que estaba arreglando las cosas para bajarme, llegó un vehículo de una gama más alta que el mío, un Mazda 3 más actualizado, en el cual se bajaron cuatro sujetos del vehículo”, señaló la víctima al noticiero local.

Tres de los agresores abrieron la puerta del conductor, mientras uno más hizo lo propio con la del copiloto, dando inicio a un forcejeo violento.

Durante el asalto, uno de los delincuentes disparó con una arma traumática modificada. Uno de los proyectiles fue desviado por el celular del conductor, lo que evitó que la bala ingresara a su cuerpo y causara heridas de mayor gravedad. El impacto fue tan potente que perforó también la chaqueta de la víctima.

“El que abrió la puerta del copiloto tenía una arma traumática modificada, en el cual me dieron dos disparos. Uno que fue en la costilla, que prácticamente ingresó dos centímetros. También otro disparo en lo que fue que cayó el celular, porque iba para mis partes íntimas. Y pues digamos que adicional a eso, me comenzaron a golpear a puños, patadas, me comenzaron a pegar en la cabeza, pues tengo muchas lesiones en la cabeza y en la cara”, señaló la víctima a Citynoticias.

El ataque armado en el sector de Alcalá dejó al conductor con diversas lesiones físicas, pero el celular que llevaba en su ropa absorbió el impacto de una de las balas, salvando su vida. Los delincuentes, al no lograr su cometido, huyeron rápidamente del lugar.

El hombre relató que, además de los disparos, fue agredido con puños, patadas y golpes en la cabeza. Sufrió lesiones en el rostro y el cráneo durante el forcejeo, mientras intentaba evitar que los asaltantes se llevaran su vehículo. El enfrentamiento se prolongó durante varios minutos, con la víctima aferrándose al coche para impedir el robo.

“Mi reacción fue aferrarme al carro. En ese momento duraron casi uno o dos minutos tratando de agredirme y cuando de un momento a otro, no pudieron literalmente quitarme el vehículo, salieron corriendo y aceleraron a toda velocidad en el carro que venía”, comentó la víctima al noticiero.

Tras la fallida tentativa de hurto, los delincuentes desistieron y escaparon en su automóvil, dejando al conductor lesionado, pero con vida. El afectado fue trasladado a un centro médico donde recibió atención por los golpes sufridos; ninguna de las lesiones comprometió su integridad vital.

Sin embargo, residentes del sector pidieron a las autoridades mayor control y vigilancia ante un incremento descontrolado de la criminalidad. Según indicaron los afectados, estos ataques se estarían presentando de forma repetitiva en diferentes calles de Alcalá.

“Estamos en este momento en una inseguridad terrible. Estamos solicitando apoyo del CAI de La Alquería y ellos, pues hemos ido allá, nos han dado números telefónicos, pero nunca contestan, nunca están ellos. Y para que uno lo solicite, ellos se demoran a veces demasiado en llegar”, señaló uno de los residentes.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) negó en la mañana del jueves 21 de mayo la solicitud de revocatoria de candidatura contra Abelardo de la Espriella, avalado por el Grupo Significativo de Ciudadanos Defensores de la Patria, al concluir que no existían pruebas suficientes para impedir su participación en las elecciones presidenciales de Colombia programadas para el 31 de mayo de 2026.

La decisión fue adoptada por unanimidad en audiencia pública, y la resolución oficial del órgano electoral ratificó la validez de la inscripción, despejando los cuestionamientos sobre las firmas de apoyo ciudadano presentadas.

El CNE argumentó su decisión en la ausencia de pruebas materiales que respaldaran las acusaciones sobre falsedad o irregularidades en la recolección de firmas. La denuncia, interpuesta por el ciudadano Marceliano Fonseca, no logró aportar documentación técnica, peritajes o testimonios que permitieran configurar una causal legal de revocatoria o acreditar un incumplimiento de los requisitos formales para la inscripción del candidato presidencial.

La solicitud presentada por el ciudadano alegaba que los formularios de firmas estaban adulterados, que existieron suplantaciones y que se anexaron documentos no originales de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El peticionario también señalaba como causales supuestas falsedades masivas y delitos como fraude procesal y falsedad documental, pidiendo el traslado del expediente a la Fiscalía General de la Nación y al órgano electoral, según la información conocida por El Espectador.

Argumentos de la defensa y sustentos institucionales

La defensa de Abelardo de la Espriella y su comité sostuvo, según la resolución del Consejo Nacional Electoral, que la petición carecía de soporte probatorio y fundamento jurídico. El representante legal del candidato, Carlos Andrés Ríos Puerta, argumentó que las acusaciones se basaban en conjeturas y afirmaciones genéricas que no lograban identificar una causal constitucional o legal de revocatoria.

En respuesta oficial, la Registraduría Nacional del Estado Civil ratificó que el grupo significativo de ciudadanos cumplió el requisito de respaldos estipulado en el artículo 7 de la Ley 996 de 2005, que exige al menos el 3% de los votos válidos de la elección anterior.

Para este proceso, correspondían a 635.216 respaldos válidos sobre 21.173.842 votos depositados en la primera vuelta presidencial de 2022. Según la certificación expedida por la directora de Censo Electoral, Defensores de la Patria presentó un total de cinco millones setenta y nueve mil (5.079.000) firmas, de las cuales solamente se consideraron válidas las que aprobaron los filtros exigidos.

La verificación de las firmas fue realizada por el Grupo de Verificación de Firmas, utilizando los procedimientos técnicos previstos en la Resolución 6064 de 2025. Tanto la Registraduría como el Consejo de Estado certificaron que el candidato reunía los requisitos constitucionales y legales para aspirar a la Presidencia y que el formulario E-6P de inscripción fue formalmente aceptado el 12 de marzo de 2026, conforme a la normativa vigente.

Evaluación y decisión del Consejo Nacional Electoral

Tras analizar la denuncia, los documentos y las pruebas, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral determinó —según la resolución consultada— que la solicitud de revocatoria estaba sustentada en afirmaciones subjetivas y generales sin respaldo en pruebas documentales, peritajes o testimonios.

La magistrada ponente, Alba Lucía Velásquez, concluyó que no se configuró ninguna causal de inhabilidad ni se acreditó incumplimiento de los requisitos legales.

La corporación enfatizó que los actos de la Registraduría Nacional del Estado Civil gozan de presunción de legalidad y que sus certificaciones solo pueden ser desvirtuadas con pruebas contundentes y dentro del debido proceso, circunstancias que no se presentaron.

El Ministerio Público también consideró que no existían pruebas suficientes para conceder la revocatoria, aunque recomendó que, en caso de presentarse nuevos elementos de convicción en el futuro, pudiera reabrirse el examen del caso.

Como medida adicional, el Consejo Nacional Electoral resolvió remitir copia del expediente a la Fiscalía General de la Nación en caso de que se deseen adelantar investigaciones penales, dejando claro que la competencia del órgano electoral se limita a la valoración de causales electorales y no penales.

No se aportaron pruebas técnicas ni documentales que sustentaran las acusaciones presentadas. Por tanto, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral cerró de forma definitiva el trámite, ratificando los derechos políticos y administrativos de Abelardo de la Espriella y la validez del procedimiento de inscripción de su candidatura presidencial.

Mientras que el panorama electoral parece definirse entre tres candidatos presidenciales, entre ellos Paloma Valencia, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, las encuestas arrojan cifras poco alentadoras para Roy Barreras, candidato de La Fuerza.

De hecho, en los últimos tramos de campaña, Barreras optó por enfrentar de manera directa los cuestionamientos sobre su trayectoria política, en particular el mote de “camaleónico” que algunos sectores le atribuyen.

En una entrevista otorgada a Noticias Caracol en la mañana de jueves 21 de mayo, Barreras recurrió a una comparación inesperada: usó la carrera del volante colombiano James Rodríguez como ejemplo para responder a quienes lo critican por haber transitado diversos espacios políticos.

“¿James, en cuántos equipos ha jugado? ¿10, 20? En la política es igual, usted lo que no puede cambiar es de ideas”, afirmó el candidato durante una entrevista televisiva. Para él, la lealtad a sus convicciones ha sido constante, pese a los cambios de escenario.

“Si yo cojo un bus y en el camino el bus se desvía, yo me bajo y cojo otro bus, pero no pierdo mi meta”, añadió el candidato presidencial.

Entretanto, a días de la primera vuelta, Barreras reconoció que no figura entre los favoritos, pero insiste en la necesidad de mantener su candidatura. Considera que el país enfrenta una fractura nacional profunda, donde el debate de propuestas ha sido desplazado por la confrontación entre extremos.

“Es evidente que los dos extremos señalados en las encuestas van a ser aquellos que pasen a la segunda vuelta. Lo demás es engañarse, porque no es época de estadistas, no es época de ideas. Hemos desaparecido en el centro porque es época de agitadores y no de propuestas”, señaló Barreras.

El candidato defiende su permanencia en la contienda electoral alegando que su papel es el de un mediador en tiempos de crisis. “Si yo soy bombero y hay un incendio aquí al lado, mi deber es intentar apagar ese incendio. Yo sé apagar el incendio de este país. Yo sé construir puentes y creo que soy quien más es capaz de hacerlo”, manifestó a Noticias Caracol.

Críticas y propuestas ante la coyuntura nacional

Barreras abordó el tema de la reforma a la salud utilizando una analogía para señalar el estancamiento actual. Según él, la falta de diálogo entre el Gobierno y los actores del sector ha impedido avances reales.

Comparó la situación con un recipiente con agua insuficiente y grietas: “No basta con echarle más agua porque se sigue fugando; las EPS y su construcción sistemática tienen grietas”.

El candidato no ahorró críticas a la gestión de las entidades estatales intervenidas, en especial la Nueva EPS. “El Estado ha fracasado al intervenir hoy. Las cifras son peores después de la intervención en este gobierno que antes. Por lo tanto, la administración ha sido un fracaso”, sentenció Barreras al medio nacional.

Además, cuestionó el destino de los recursos públicos, sugiriendo que deberían priorizarse los pagos a hospitales y proveedores en lugar de la compra de aviones de guerra.

En materia de seguridad, el aspirante fue categórico al calificar como un “error” el diseño de la Paz Total. Sostuvo que la estrategia ha permitido un control territorial abusivo de grupos ilegales, como el Clan del Golfo y las disidencias, llegando incluso a carnetizar a la población.

“Señores grupos ilegales, se acabó la guachafita, no van a hacer lo que les da la gana”, advirtió Barreras, quien también instó a los demás candidatos a rechazar de manera contundente cualquier constreñimiento electoral.

A propósito de la polémica por la posible liberación de delincuentes con órdenes de extradición, el candidato de La Fuerza fue enfático: “Estos señores libres por las calles son delincuentes. El Estado puede facilitarle a los delincuentes el sometimiento a la justicia, que no es justicia transicional”.

En las últimas mediciones, Barreras no ha logrado captar el respaldo esperado, pese a su experiencia en el Legislativo y el Ejecutivo. El propio candidato lo atribuye, en parte, a la falta de apoyos políticos y a decisiones de otros actores.

Relató que el presidente Gustavo Petro habría prohibido el voto por su candidatura, lo que, según él, dificultó la convocatoria del centro político y limitó su margen de maniobra.

Sobre la pregunta de por qué persiste pese a los bajos números en las encuestas, Barreras recurre a la imagen del “mejor jugador de cartas” que, si se queda sin baraja, no puede jugar. “Además de quedar solo, yo podía convocar el centro, pero el presidente Petro prohibió votar por mí”, explicó.

En medio de las disputas por el territorio que se viven en el municipio de Silvia, Cauca, entre las comunidades indígenas misak guambia y nasa pitayo, desde el Gobierno nacional hicieron un llamada a la sensatez.

A través de su cuenta de X, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, aseguró que ya movilizó tropas del Ejército y la Policía Nacional para controlar la situación que, hasta el momento, deja al menos una persona fallecida.

“Tenemos activadas las capacidades de la Fuerza Pública para restablecer la seguridad en la zona rural de Silvia, Cauca debido a los enfrentamientos entre comunidades Misak Guambia y Nasa Pitayó”, señaló el jefe de la cartera.

Asimismo, Sánchez hizo un llamado a las instituciones como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, además de de la iglesia católica para intermediar en el conflicto que mantienen los dos pueblos indígenas.

“El primer y principal curso de acción es que las mismas comunidades apliquen la sensatez y la sabiduría ancestral para solucionar las diferencias con diálogos y de manera pacífica. El segundo es la intervención de una delegación humanitaria de la Gobernación del Cauca, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, e iglesia católica para intermediar”, señaló el ministro.

Asimismo, el jefe de cartera aseguró que, además de los conflictos por el territorio, en esa zona del país también hay una fuerte presencia de las disidencias de las Farc que estarían reclutando de forma masiva.

“Por otra parte y en esa región, delinque una estructura de asesinos y reclutadores de las disidencias cuyo cabecilla alias “David o mi Pez” fue capturado hace pocos días por la Fuerza Pública. Desde hace meses hemos desplegado más capacidades de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, y seguiremos actuando para reeestablecer las seguridad en esta región azotada por la violencia durante décadas", concluyó el ministro Pedro Sánchez.

La muerte de Luis Enrique Tunubalá, autoridad Misak, reactivó en Silvia, Cauca, una disputa territorial de años entre esa comunidad y el resguardo Nasa de Pitayó, y llevó a Aida Quilcué a pedir una intervención urgente del Gobierno colombiano para evitar que la confrontación escale en un territorio donde ya hubo un fallecido y varios heridos.

El saldo confirmado por las autoridades es de un muerto y un número indeterminado de heridos, sin que exista todavía un balance oficial sobre la magnitud total de los daños. La tensión aumentó tras choques directos entre integrantes de ambos pueblos en una zona rural del oriente del departamento.

Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial del candidato presidencial Iván Cepeda, atribuyó el episodio a un conflicto territorial “que viene desde hace años y que no se ha logrado superar”. La dirigente reclamó presencia estatal con capacidad de mediación y decisión, y sostuvo que la respuesta no debía limitarse al control del orden público.

Quilcué pidió una comisión de alto nivel con presencia inmediata en el Cauca

La solicitud de Quilcué fue concreta: reclamó una comisión de alto nivel integrada por el ministro del Interior, la ministra de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras y otras entidades con capacidad institucional para intervenir.

“Pido también de manera urgente al Gobierno colombiano para que desde ya hagan presencia en el Cauca una comisión de alto nivel: ministro del Interior, ministra de Agricultura, Agencia Nacional de Tierras y todos quienes contribuyan a salir de esta situación difícil”, dijo Quilcué.

La exsenadora también advirtió que el riesgo no se agota en el asesinato de Tunubalá. Sostuvo que la falta de mediación puede agravar la confrontación entre comunidades que comparten el mismo territorio.

La secuencia de los hechos, de acuerdo con autoridades guambianas, tuvo su punto de quiebre en la madrugada del jueves 21 de mayo, cuando comuneros y autoridades Misak ingresaron al área en disputa para retomar control y presencia. La comunidad sostiene que esas tierras han sido habitadas, cuidadas y usufructuadas históricamente por su pueblo.

“Pido también de manera urgente para que las autoridades de las dos partes acudan al diálogo. Busquemos todos los mecanismos de diálogo para buscar las soluciones a este conflicto”, señaló Quilcué. La dirigente recordó además que ya había intervenido antes como mediadora y pidió retomar esos mecanismos.

La muerte de Yulixa Toloza en la ciudad de Bogotá luego de practicarse un procedimiento estético en una clínica no autorizada, puso en alerta a todo el país ante las crecientes denuncias de establecimientos clandestinos que estarían ofreciendo cirugías invasivas sin el menor rigo y sin contar con permisos sanitarios.

De hecho, el departamento de Antioquia y en especial Medellín se ha convertido en el epicentro de denuncias sobre este tipo de locales que, hasta el momento, ha dejado un total de 17 personas fallecidas solo en esa zona.

En lo que va de 2026, se ha registrado una muerte en Medellín relacionada con estas intervenciones, una cifra que, aunque representa una reducción respecto a años anteriores, no detiene la alerta de las autoridades.

La víctima más reciente fue Carolina Merchán Jaramillo, una mujer de 30 años nacida en Sabaneta y que perdió la vida a las 5:43 p. m. del 28 de febrero, tras complicaciones sufridas durante una abdominoplastia con liposucción en un centro estético de la comuna 14 (El Poblado).

Según los reportes judiciales, aunque los médicos intentaron reanimarla en el lugar, los esfuerzos fueron infructuosos ante las presuntas malas prácticas en la ejecución de la cirugía.

Durante 2025, cinco personas más fallecieron en Medellín luego de someterse a cirugías estéticas. Sin embargo, el 2024 fue uno de los años más críticos con once muertes reportadas por este tipo de procedimientos.

Estos datos reflejan una tendencia preocupante en la región, donde la demanda de tratamientos estéticos ha ido en aumento y, con ella, los riesgos asociados a prácticas inseguras.

El registro de un solo deceso en 2026 muestra una disminución significativa, resultado de mayores controles y campañas de prevención. Sin embargo, la existencia de 379 casos de complicaciones adversas en los últimos dos años evidencia que los peligros persisten y que la vigilancia debe continuar.

Ante la creciente demanda de procedimientos sin controles sanitarios, las autoridades sanitarias de Antioquia han intensificado los operativos para combatir la proliferación de centros que no cumplen con las normas.

En los últimos dos años, la Seccional de Salud realizó 80 inspecciones en establecimientos dedicados a procedimientos estéticos, lo que derivó en el cierre de 64 de ellos por problemas de higiene, irregularidades en la habilitación y otras infracciones detectadas durante las visitas.

El motivo principal de estas clausuras es la detección de condiciones inadecuadas para garantizar la seguridad de los pacientes. Las inspecciones responden a tres canales: reportes de complicaciones o fallecimientos, denuncias sobre prácticas no autorizadas y visitas rutinarias para verificar el cumplimiento de la normativa.

En palabras de Alma Solano Sánchez, secretaria de Salud de Antioquia, “miramos sus redes sociales a ver qué están ofreciendo y eso también genera una motivación de visita”, según indicó a El Colombiano. Esta estrategia busca identificar centros que promocionan servicios invasivos sin contar con la habilitación necesaria.

La problemática no se limita a Antioquia. En Bogotá, solo en 2026 se realizaron 171 inspecciones y se clausuraron 16 centros por incumplimientos similares, según informó el secretario Gerson Bermont.

Riesgos de los procedimientos clandestinos y exigencias legales

Uno de los mayores riesgos para la salud pública surge de los procedimientos realizados en viviendas particulares, donde la regulación es mínima o inexistente. La falta de controles y condiciones adecuadas en estos espacios pone en peligro la vida de quienes se someten a intervenciones fuera de los establecimientos autorizados.

La abogada Lina Ochoa, representante legal de Blindaje Médico Quirúrgico, enfatizó que solo una IPS habilitada puede ofrecer servicios de cirugía plástica, estética y reconstructiva. Tener un local y equipos no basta: se trata de un servicio de salud que debe cumplir requisitos legales estrictos.

“Para prestar servicios de cirugía plástica, estética y reconstructiva no basta con tener un local, una camilla o equipos estéticos. Se trata de un verdadero servicio de salud y, por tanto, únicamente puede prestarse en una IPS (Institución Prestadora de Servicios de Salud) debidamente habilitada ante la autoridad sanitaria competente”, señaló la representante en diálogo con El Colombiano.

Las autoridades invitan a la población a denunciar irregularidades en establecimientos estéticos a los canales oficiales, como el correo gestiondocumental@antioquia.gov.co y la línea 6044099000.

Dos días después de que el expresidente Álvaro Uribe denunciara un provocación por parte de manifestantes que se ubicaron en las inmediaciones de su propiedad en el corregimiento de Llanogrande, en Rionegro (Antioquia), el Consejo Gremial Nacional respaldó al líder natural del Centro Democrático.

A través de un comunicado, el gremio económico más importante del país catalogó las manifestaciones como un hostigamiento contra el exmandatario que pondría en riesgo su seguridad y la de su familia.

En el pronunciamiento, el Consejo rechazó de manera enfática las arengas y actos de intimidación registrados en las inmediaciones de la residencia de Uribe Vélez. De acuerdo con el texto, en el país no se puede permitir ese tipo de actuaciones contra ningún ciudadano, aunque se trate de figuras públicas.

“El Consejo Gremial Nacional rechaza los hechos de hostigamiento conocidos en las últimas horas en inmediaciones de la residencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, incluyendo arengas e intimidaciones dirigidas contra él y su familia. Este rechazo se extiende, con la misma firmeza, a cualquier acto de violencia, hostigamiento o intimidación contra cualquier líder político, servidor público, dirigente social, empresario, periodista o ciudadanos en general, sin consideración a su ideología, filiación política o posición pública”, señaló el gremio.

Asimismo, el Consejo aseguró que, a pesar de lo ánimos caldeados por cuenta de las elecciones presidenciales que se avecinan el 31 de mayo de 2026, el país debe garantizar la protección a la democracia y sus canales participativos.

Según la entidad, ningún tipo de diferencia política puede justificar amenazas, intimidaciones ni actos que pongan en peligro la tranquilidad y la vida privada de cualquier persona, especialmente en su domicilio.

“En una democracia, las diferencias políticas deben tramitarse siempre por vías institucionales, pacíficas y respetuosas. Ninguna controversia, por profunda que sea, puede justificar amenazas, intimidaciones, actos de presión indebida o acciones que afecten la seguridad, la tranquilidad y la vida privada de cualquier persona, mucho menos en su lugar de residencia”, señaló el gremio.

En respuesta a los incidentes denunciados por Uribe, el gremio económico más relevante del país hizo un llamado a las autoridades para que implementen acciones de prevención, protección e investigación.

Además, pidieron al Estado colombiano y al Gobierno Petro que vele por proteger las instituciones del país de los ataques violentos o muestras públicas que representen una clara intimidación.

“En el marco del proceso electoral, y también fuera de él, Colombia debe ofrecer garantías reales a todos los ciudadanos para expresarse, participar, deliberar y ejercer sus derechos sin temor a agresiones, estigmatizaciones o represalias”, señaló el consejo.

La situación que motivó la reacción del Consejo Gremial ocurrió dos días antes, cuando Uribe Vélez reportó la presencia de manifestantes en las cercanías de su propiedad. El exmandatario consideró el hecho una provocación y alertó sobre posibles consecuencias para la integridad de su núcleo familiar.

El exmandatario aseguró que la protesta realizada el 19 de mayo de 2026 frente a su casa en Rionegro fue coordinada por el candidato presidencial Iván Cepeda y no surgió de forma espontánea, y afirmó que el episodio derivó en agresiones físicas y presencia de armas blancas durante una manifestación que incluyó un mural sobre 7.837 ejecuciones extrajudiciales reconocidas por la JEP.

Uribe sostuvo en un video publicado en sus redes sociales que suspendió su agenda en Medellín para trasladarse al lugar y que la concentración, levantada frente a su residencia en Antioquia, pasó de una acción de protesta a una confrontación. En su versión, la negociación para que los manifestantes se retiraran se frustró por una llamada atribuida al también senador del Pacto Histórico.

“Negociaron que yo no siguiera borrando hasta que se fueran los pintores. Lo cumplimos. Después pidieron que yo no siguiera borrando hasta que se retiraran. Lo incumplieron”, comentó Álvaro Uribe.

Pese a las constantes críticas del presidente Gustavo Petro sobre los supuestos riesgos de fraude con el software contratado por la Registraduría Nacional para los comicios del 31 de mayo y, eventualmente, el 21 de junio, en las últimas horas concluyó el simulacro nacional de escrutinios, enfocado en evaluar el nombrado sistema de consolidación de resultados, con un balance positivo.

Durante dos jornadas, se sometió a prueba la infraestructura tecnológica destinada al conteo y procesamiento de votos en los 1.104 municipios del país. El ensayo incluyó la revisión de todas las mesas de votación que estarán operativas el 31 de mayo, involucrando tanto a jueces como notarios, quienes verificaron el correcto funcionamiento de las herramientas informáticas y de la plataforma web de seguimiento.

En términos concretos, el escrutinio consiste en el conteo, la verificación y la consolidación de los votos registrados en los formularios E-14, tarea que recae en las comisiones escrutadoras durante una audiencia pública.

El simulacro permitió comprobar que la tecnología y los canales de comunicación cumplen con los estándares de eficiencia y transparencia requeridos para la cita electoral.

“Finalizamos con éxito el simulacro nacional de escrutinios, en el que se evaluaron la infraestructura tecnológica, las comunicaciones y los equipos dispuestos para las elecciones presidenciales”, señaló el gerente de Informática de la Registraduría, Hoslander Sáenz Barrera.

El funcionario añadió que la prueba confirma que el sistema adquirido cumple con todos los requisitos para garantizar la transparencia de los escrutinios, a pesar de los constantes reparos del presidente Petro sobre un supuesto plan para manipular el software el próximo 31 de mayo.

“Esta prueba nos permite garantizar que toda la infraestructura cumple con los requisitos exigidos para atender de manera oportuna, eficiente y transparente el proceso electoral del próximo 31 de mayo”, concluyó Sáenz.

En el desarrollo del simulacro participaron representantes de entidades de control, auditores de sistemas de partidos políticos, observadores de la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos, así como el Centro de Asesoría y Promoción Electoral, que actuó como auditor externo internacional.

Evaluación y nuevas pruebas de digitalización

Como parte de las acciones destinadas a reforzar la confianza en el proceso, la Registraduría anunció que el 21 de mayo se realizará un simulacro dedicado a la digitalización del formulario E-14. Esta actividad busca asegurar que la transmisión y almacenamiento digital de los datos se efectúe de manera segura y confiable.

De esta manera, la autoridad electoral verifica el rendimiento de cada componente tecnológico antes de la elección, involucrando a todos los actores responsables del procesamiento y vigilancia de los resultados.

A la par de los ensayos tecnológicos, la Registraduría y el Consejo Superior de la Judicatura dieron a conocer la puesta en marcha de un plan de formación para cerca de 9.000 miembros de las comisiones escrutadoras. Dentro de este conjunto, más de 6.400 corresponden a servidores judiciales.

El registrador nacional, Hernán Penagos, destacó que es fundamental que quienes declaran los resultados en cada municipio posean las competencias técnicas necesarias para realizar su labor con precisión y rigor.

“Es determinante que todos los actores del proceso electoral, especialmente los miembros de las comisiones escrutadoras, quienes declaran los resultados en cada uno de los municipios del país, cuenten con amplias capacidades técnicas para desempeñar con rigurosidad sus funciones. Su labor es clave para garantizar la integridad y transparencia de las elecciones del próximo 31 de mayo. Por esta razón, junto con el Consejo Superior de la Judicatura, estructuramos este completo plan de capacitación”, señaló el registrador.

El objetivo de esta capacitación es asegurar que los encargados del escrutinio estén preparados para operar con las nuevas herramientas, fortaleciendo la integridad y la transparencia del proceso.

El sur del departamento de Bolívar fue escenario de dos ataques coordinados con drones armados con explosivos, dejando como saldo la muerte de Óscar Enrique Palacios Rivas, soldado profesional del Ejército Nacional, y cinco militares heridos, según confirmó la Primera División de la institución castrense.

El primer hecho ocurrió en la vereda Santa Helena, en el municipio de Santa Rosa del Sur. Allí, integrantes del grupo armado residual conocido como GAO-r, Estructura 37, lanzaron explosivos mediante drones contra tropas del Batallón de Despliegue Rápido No. 25. En ese ataque perdió la vida Óscar Palacios Rivas y otro uniformado resultó gravemente herido.

Un segundo ataque, registrado en el municipio de Arenal, tuvo como objetivo a miembros del Batallón de Infantería de Selva No. 48. En este caso, dos suboficiales y dos soldados sufrieron lesiones a causa de artefactos explosivos, cuya activación se atribuyó al grupo armado ELN.

Los militares heridos fueron trasladados a un centro hospitalario en Bucaramanga, donde sus condiciones médicas fueron catalogadas como estables y las lesiones no se consideran graves.

Entretanto, el Ejército Nacional informó que estos hechos ocurrieron cuando las tropas adelantaban operaciones militares de estabilidad y presencia en la región de cara a las próximas elecciones presidenciales.

Los ataques con drones armados son considerados por la institución castrense como una infracción grave al derecho internacional humanitario y una violación de los derechos humanos.

El Ejército rechazó “de manera categórica el empleo de estos medios y métodos ilícitos de guerra”, reafirmando su decisión de continuar las operaciones para neutralizar a los grupos armados y proteger a la población civil.

En un mensaje oficial, la Primera División expresó sus condolencias y solidaridad con los familiares de Óscar Enrique Palacios Rivas, asegurando que recibirán el acompañamiento integral por parte del equipo interdisciplinario de la institución.

“El Comando de la Primera División expresa sus más sentidas condolencias y total solidaridad con los familiares y allegados de nuestro soldado, a quienes se les brindará el acompañamiento integral correspondiente por parte del equipo interdisciplinario de la institución”, señaló el Ejército Nacional.

Ataque con drones en Suárez, Caucó, dejó a un subintendente asesinado

Un ataque con drones explosivos contra tropas del Ejército Nacional dejó muerto al subteniente Ronald Darío Bedoya Rivero y causó seis soldados heridos en zona rural de Suárez, en el norte del Cauca, en una acción que la institución atribuyó a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, según el comunicado del Comando de la Tercera División.

El hecho ocurrió en la tarde del martes 19 de mayo en la vereda Cañutico, donde las unidades adelantaban operaciones militares.

Las autoridades vinculan a esa misma estructura con una secuencia de ataques con artefactos lanzados desde aeronaves no tripuladas en el municipio, entre ellos uno contra la estación de Policía de Suárez en el que fueron arrojados 22 explosivos, según dijo el comandante del Departamento de Policía Cauca, coronel Gerson Bedoya.

El nuevo ataque se registró un día después de la captura de alias “Candamil”, señalado como presunto coordinador de este tipo de acciones en el norte del Cauca, de acuerdo con las autoridades citadas por Infobae.

El Ejército informó que las tropas atacadas pertenecen al Batallón de Despliegue Rápido N.° 14, adscrito a la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 5, y que se encontraban en operaciones en la vereda Cañutico cuando fueron blanco de la ofensiva, según el comunicado de la Tercera División.

La institución agregó que los seis soldados profesionales heridos recibieron atención inicial de enfermeros militares y luego fueron trasladados a un centro asistencial de la región.

“El Ejército Nacional rechaza de manera contundente esta acción terrorista perpetrada mediante el uso indiscriminado de artefactos explosivos lanzados desde drones”, señaló la institución.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la ofensiva habría sido ejecutada mediante un enjambre de drones acondicionados con explosivos contra las unidades militares que permanecían en el sector. Tras el ataque, las Fuerzas Militares continuaron operaciones en la vereda Cañutico y en otros puntos cercanos del municipio de Suárez para ubicar a los responsables.

El Ejército sostuvo además que mantendrá operaciones sostenidas en esta región del suroccidente colombiano para proteger a las comunidades y debilitar las estructuras armadas ilegales que operan en el departamento.

Las consecuencias judiciales para el actual alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, ya son tangibles: fue enviado a un centro penitenciario tras la decisión de un juez de Bogotá, que avaló la solicitud de la Fiscalía 74 especializada de la Unidad de Impacto Nacional.

La medida de aseguramiento se mantendrá mientras avanza la investigación por presuntos delitos de corrupción relacionados con trámites de construcción en el municipio.

El origen del caso se remonta a una disputa con la familia Solarte, empresarios nariñenses conocidos por su participación en grandes proyectos viales. Su llegada a Villa de Leyva en 2022 marcó el inicio de una ambiciosa obra familiar en la vereda El Roble, donde la licencia municipal les permitía edificar 552 metros cuadrados.

Sin embargo, las autoridades detectaron que el desarrollo inmobiliario superaba por amplio margen el permiso, alcanzando más de 5.200 metros cuadrados e incluyendo instalaciones como capilla, teatro, lagos y una piscina.

Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que existen grabaciones de voz y mensajes en los que el alcalde habría solicitado una suma equivalente al 20% del valor del trámite para aprobar la licencia de construcción. Además, habría condicionado el avance de la obra a la contratación de una persona de su confianza con un salario mensual de 13 millones de pesos.

De acuerdo con los fiscales del caso, el 4 de marzo de 2026 se concretó la propuesta ilícita a la representante legal de la constructora. La negativa de la empresaria llegó de inmediato, y días después —tras nuevos contactos, según los registros—, el alcalde expresó su arrepentimiento y pidió que la empresa continuara el proceso conforme a la ley.

“Dos días después, el 6 de marzo, el alcalde expidió una resolución, pese a encontrarse en un posible conflicto de intereses, que sería una retaliación y presión ante la negativa de la empresaria de acceder a sus peticiones económicas. Situación que se configuró en una desviación del poder”, señaló el ente acusador.

La denuncia formal se presentó el 28 de abril. El operativo para detener a Gamboa Chaparro se ejecutó el 7 de mayo, cuando agentes del CTI lo interceptaron frente a la plaza principal, un hecho presenciado por residentes y turistas de Villa de Leyva.

Entretanto, la Fiscalía General de la Nación atribuye al alcalde los delitos de concusión y prevaricato por acción. Según el ente acusador, el funcionario habría abusado de su cargo para exigir pagos indebidos y beneficiar a terceros, mientras que la defensa niega estas acusaciones y solicita cotejo de voces, alegando un montaje orquestado por la parte denunciante.

Sanciones y versiones enfrentadas

A raíz de la investigación, la Inspección Segunda de Policía impuso una multa de 232 millones de pesos y ordenó la demolición de una buena parte de la construcción, decisión que la defensa del alcalde considera la verdadera causa de la denuncia en su contra.

El abogado penalista Ricardo Burgos sostiene que todo obedece a una retaliación por las sanciones impuestas a la obra, que según vecinos supera las dimensiones autorizadas y es comparada con “un palacio disfrazado de cabaña”.

El proceso judicial ha estado marcado por varias postergaciones, permitiendo la exposición de argumentos tanto de la Fiscalía como de la defensa. Finalmente, el Juzgado 52 Penal Municipal con funciones de Control de Garantías dictaminó que el mandatario debe continuar privado de la libertad, pero ahora en un establecimiento carcelario, mientras se resuelven las imputaciones.

El expediente, citado por la Fiscalía, incluye pruebas materiales que sustentan las acusaciones y justifica la medida adoptada. La defensa, por su parte, insiste en la inocencia del alcalde y en la necesidad de verificar la autenticidad de las grabaciones presentadas como evidencia.

Una recusación presentada por Germán Calderón España, abogado del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, interpuso en la mañana del miércoles 20 de mayo un acción que busca apartar al magistrado Álvaro Hernán Prada del Consejo Nacional Electoral (CNE), en medio de un proceso que involucra a la encuestadora Atlas Intel.

El abogado solicitó formalmente que Prada se abstenga de participar en cualquier actuación administrativa relacionada con la firma AtlasIntel. El argumento central es que el magistrado, al ser miembro activo del Centro Democrático, enfrenta un posible conflicto de intereses.

Calderón España fundamentó su petición en la relación entre Prada y la candidata presidencial Paloma Valencia, también militante del partido uribista.

La solicitud de recusación subraya que Prada fue elegido para el CNE por lista del Centro Democrático y mantiene una relación cercana con Valencia, quien compite actualmente por la presidencia de Colombia. De acuerdo con el abogado, la amistad entre ambos y la militancia compartida afectan la imparcialidad necesaria en el proceso.

“En cuanto al interés particular y directo en la decisión del asunto, es un hecho público y notorio que el magistrado Prada Artunduaga es miembro activo del Partido Político Centro Democrático, al punto que fue elegido por lista del mismo“, señala la recusación.

En su petición, Calderón España especificó que la encuestadora Atlas Intel ha publicado estudios estadísticos desfavorables para Valencia, lo que, según él, refuerza la existencia de un interés particular en el caso por parte de Prada.

El abogado sostiene que la relación personal y política del magistrado con la candidata justifica que se aparte del proceso para garantizar la transparencia. “El magistrado Prada Artunduaga goza de una amistad entrañable con la candidata Paloma Valencia, quien se encuentra en la contienda electoral actual a la presidencia de la República de Colombia como se evidencia a través de un hecho público y notorio”, señala el documento.

En medio de la controversia, se recuerda que Atlas Intel enfrenta tres procesos en el CNE. La magistrada Maritza Martínez lidera uno de los expedientes, mientras que Prada anunció otro el viernes 15 de mayo y el tercero está a cargo de la magistrada Fabiola Márquez, quien ordenó medidas cautelares para suspender la publicación del estudio estadístico.

La recusación presentada plantea que el magistrado debería declararse impedido para intervenir en cualquier actuación administrativa dirigida contra la encuestadora, o que, en su defecto, la Sala Plena del CNE resuelva la solicitud conforme lo establece la ley vigente.

“Por todo lo anterior, le solicito en forma respetuosa al magistrado Prada Artunduaga,declararse impedido para adelantar cualquier actuación administrativa en contra de la firma encuestador Atlas Intel S.A.S., o, en su defecto, el solicito a la Sala Plena del CNE tramitar conforme a la ley vigente esta recusación”, comentó el abogado.

Entretanto, Andrei Roman, CEO de Atlas Intel, defendió la solidez técnica de las encuestas de Atlas Intel. “Si nuestras encuestas no fueran buenas encuestas, robustas, con bases científicas, no tendríamos la trayectoria que hemos construido y que nos permitió ser la encuestadora más precisa en dos ciclos electorales consecutivos en Estados Unidos, en tres ciclos en Argentina, en las elecciones de consultas este año en Colombia”, dijo a El Tiempo.

Consultado por la idea de que se trataría de un “sondeo no probabilístico”, Roman respondió al mismo medio: “Nosotros sí buscamos establecer estas probabilidades y ajustarnos en relación con ellas. Lo que la comisión técnica me parece que entiende, en términos de su lectura de la ley, es que solo las encuestas presenciales, que tienen un plan muestral predefinido en términos territoriales, son encuestas probabilísticas”.

Para el director de Atlas Intel, la prueba final está en el desempeño de sus proyecciones frente a los resultados reales. “Si en elecciones consecutivas… logramos llegar muy próximos a los resultados… esto prueba que no se trata de un sondeo, sino que es una encuesta”, afirmó a El Tiempo.

La aparición de un nuevo testimonio familiar ha introducido dudas sobre la responsabilidad de uno de los cinco venezolanos detenidos por el caso de Yulixa Toloza, la mujer hallada sin vida tras someterse a un procedimiento en un centro estético ilegal de Bogotá.

El relato, difundido por la hija de Kelvis Daniel Sequera Delgado, cuestiona la versión oficial y asegura que su padre habría sido engañado por los propietarios de Beauty Láser, el establecimiento donde fue vista por última vez la mujer de 52 años.

Un video publicado en redes sociales dio visibilidad a la versión de la hija de Sequera, quien aseguró que su padre fue arrestado “injustamente”. Según sus palabras, él se desempeñaba como taxista en Guanare, Venezuela, y solo aceptó un encargo para trasladar un automóvil hasta Cúcuta, sin conocer el trasfondo del vehículo ni su vinculación con el caso Toloza.

La hija de Sequera insistió en que su padre “no es culpable, no es un delincuente, su único error fue salir a trabajar”. Asimismo, pidió que quienes realmente participaron en los hechos respondan ante la justicia, al tiempo que solicitó la libertad de su familiar, a quien describió como “una persona honesta, trabajadora por sus hijas y su familia”.

“Él se fue hasta Cúcuta a mover un carro de un parqueadero a otro. Él no sabía de quién era el carro y tampoco sabía si el carro había sido usado para algo. Él nunca transportó a nadie, ni siquiera llegó a manejar el carro. Él solamente llegó hasta donde estaba el auto estacionado y ahí llegó el Gobierno colombiano. Él ni siquiera había tocado el carro cuando llegaron”, señaló la joven.

Las autoridades colombianas capturaron a cinco ciudadanos venezolanos tras la desaparición y asesinato de Toloza, quien había sido reportada como desaparecida el 13 de mayo, luego de ingresar a una clínica estética clandestina en el barrio Venecia de Bogotá. El cuerpo fue hallado seis días después, en una vía del municipio de Apulo, Cundinamarca, a tres horas de la capital.

La reconstrucción de los hechos incluye imágenes de cámaras de seguridad que muestran a Toloza siendo sacada a la fuerza del establecimiento y subida a un vehículo la noche de su desaparición.

El automóvil involucrado fue localizado días más tarde en Los Patios, Norte de Santander, lo que condujo a la detención de Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequera Delgado.

En cuanto a los cargos, la Fiscalía anunció que los detenidos serían presentados ante un juez y enfrentarían delitos de desaparición forzada y ocultamiento, alteración o destrucción de prueba material. El proceso judicial incluye analizar si las pruebas vinculan efectivamente a Sequera con los hechos o si su testimonio familiar podría modificar el rumbo del caso.

El proceso de extradición y los otros implicados

Además de los dos hombres capturados en Cúcuta, las autoridades confirmaron la detención en Venezuela de tres personas más: María Fernanda Delgado Hernández, propietaria de la clínica Beauty Láser; su pareja, Edinson José Torres Sarmiento; y Eduardo David Ramos, señalado como el cirujano.

La Fiscalía colombiana anunció que solicitará la extradición de estos tres detenidos, amparándose en el Tratado Bolivariano de Extradición de 1911. Mientras tanto, los acusados permanecerán bajo custodia venezolana hasta que se resuelva el pedido formal.

Sin embargo, existe preocupación por parte de la familia debido a la dura política del régimen venezolano de no extraditar a nacionales aunque hayan cometido delitos graves en otros países.

En ese orden de ideas, los tres capturados en territorio vecino serían sometidos a la justicia venezolana y no a la colombiana, mientras que familiares y amigos de Yulixa Toloza exigen que se adelanten las labores necesarias para traer a los tres presuntos responsables de la muerte de la mujer de 52 años.

Las cifra de malparqueados en Bogotá sigue generando fuertes discusiones en el Concejo de Bogotá, después de que se conociera que el mal parqueo genera el 54% de los trancones y, solo entre enero y octubre de 2025, las autoridades impusieron cerca de 51.000 comparendos a conductores por estacionar en sitios prohibidos, según cifras de la Secretaría de Movilidad.

Ante la problemática, el Concejo de Bogotá aprobó en primer debate una iniciativa que permitiría a los ciudadanos denunciar infracciones de tránsito desde sus celulares y convertir esas pruebas en multas formales.

El proyecto, liderado por el concejal Juan David Quintero, plantea que la administración implemente una aplicación para que los habitantes puedan cargar videos y fotos de motos o vehículos mal estacionados o circulando por andenes. La medida se centra en facilitar la identificación y sanción de conductores que bloquean la movilidad, afectan la seguridad vial y ocupan el espacio público de forma indebida.

Cómo funcionará la denuncia ciudadana con celulares

La iniciativa propone crear un sistema digital donde cualquier persona pueda registrar y enviar pruebas de infracciones viales a través de su teléfono móvil. El objetivo es que las imágenes y videos, al ser validados por la autoridad, sirvan como soporte para imponer sanciones a quienes estacionen en lugares prohibidos o invadan zonas peatonales.

La propuesta también contempla la integración de cámaras de vigilancia de centros comerciales al sistema de monitoreo de la ciudad, ampliando la cobertura y el control en puntos críticos.

Cualquier ciudadano podría reportar, de manera formal, casos de motos transitando sobre aceras o autos obstaculizando vías. Las autoridades analizarían este material y, en caso de comprobar la falta, procederían con el comparendo correspondiente. Así, el proceso busca agilizar la respuesta frente a los infractores sin depender exclusivamente de operativos presenciales.

De acuerdo con cifras oficiales, el mal parqueo no solo congestiona las vías, sino que provoca accidentes y limita la movilidad peatonal, especialmente en zonas donde los vehículos invaden andenes y corredores de alto flujo.

Las localidades donde más se imponen comparendos por este motivo son Chapinero (8.546 sanciones) y Fontibón (8.114). En cuanto a inmovilizaciones, Teusaquillo lidera con 1.930 casos en 2025.

Entre los puntos más problemáticos se encuentran la calle 26 —entre la avenida Ciudad de Cali y el Aeropuerto El Dorado— y varios corredores de Chapinero, así como las zonas entre las carreras 7 y 11 y las calles 123 y 111. Durante enero de 2026, las autoridades realizaron 1.251 operativos que resultaron en más de 10.000 comparendos y 847 inmovilizaciones.

Apoyo legal y antecedentes de la medida

El proyecto se apoya en precedentes normativos, como la plataforma Record del Ministerio de Transporte, que ya permite a los ciudadanos enviar pruebas gráficas o videográficas de infracciones viales a nivel nacional.

Esta herramienta fue implementada por la Circular Externa 20244000000157 de 2024, y permite canalizar las denuncias ante las autoridades competentes y hacer seguimiento a los procesos sancionatorios.

La integración de cámaras de centros comerciales al sistema distrital refuerza la vigilancia en áreas donde la ocupación indebida del espacio público es recurrente. Según Quintero, esta colaboración permitirá identificar a quienes “se creen por encima de la norma” y hacer que “reciban su comparendo y aprendan a parquear bien”.

Tras la aprobación inicial, el proyecto debe pasar a segundo debate en la plenaria del Concejo de Bogotá antes de ser sancionado por el alcalde Carlos Fernando Galán. La propuesta busca fortalecer “la cultura de legalidad”, en palabras del concejal, en una ciudad donde solo el 17,3% de los viajes se realizan en carro o moto, lo que exige mayor respeto por las normas de tránsito y el espacio común.

El concejal concluyó que la apuesta es “convertir la tecnología y la participación ciudadana en herramientas clave para recuperar el espacio público y mejorar la circulación en la capital”. Si la medida se aprueba definitivamente, Bogotá se convertiría en pionera en el uso de plataformas colaborativas para sancionar el mal parqueo y otras infracciones viales.

El hallazgo del cuerpo de Yulixa Toloza en Apulo, Cundinamarca, puso fin a varios días de especulaciones y activó el cierre de una búsqueda en la que las autoridades, mientras rastreaban a la mujer de 52 años desaparecida tras someterse a un procedimiento estético en un centro ilegal, reportaron el levantamiento de otros tres cuerpos en distintas regiones del país.

Estos casos, que inicialmente fueron vinculados a las investigaciones por la coincidencia temporal y geográfica de la desaparición de Toloza, resultaron ser episodios independientes y con víctimas distintas.

Las investigaciones oficiales confirmaron que, mientras se intentaba ubicar a Toloza, aparecieron cuerpos en Bogotá, Soacha y Cúcuta, además de un falso reporte en Garzón, Huila. En todos los casos, las autoridades debieron realizar verificaciones para descartar cualquier relación con la mujer desaparecida.

Por ejemplo, en el municipio de Garzón, Huila, la alarma surgió cuando se informó sobre una mujer acostada al borde de la vía, vestida de manera similar a la desaparecida. Sin embargo, la policía estableció que no se trataba de Toloza, ni de una persona fallecida.

El reporte indicó que la mujer, conocida en el sector, estaba bajo efectos del alcohol tras un accidente en motocicleta y se encontraba fuera de peligro. “La señora se encuentra en buen estado de salud, sin ninguna afectación física de gravedad y bajo condiciones de normalidad”, declararon las autoridades luego del chequeo médico.

En Bogotá, la situación fue distinta. Un cuerpo masculino en estado de descomposición apareció a la orilla del río Tunjuelito, cerca del frigorífico Guadalupe. Tanto la Policía como los Bomberos participaron en la recuperación del cadáver, cuya identidad y causas de muerte permanecen bajo análisis forense, según información conocida por El Tiempo.

Caso del cuerpo hallado en Soacha y la menor encontrada en Cúcuta

Simultáneamente, en el municipio de Soacha, al sur de Bogotá, se halló otro cuerpo masculino también en el río Tunjuelito. En ese momento, la Policía Metropolitana de Soacha informó que el cadáver, aún sin identificar, mostraba varias lesiones: tres heridas en la espalda, otras en la región escapular y en un brazo.

El estado de descomposición dificultó la identificación, por lo que peritos forenses continúan trabajando en el caso, pero por su sexo se descartó de inmediato que se tratata de Yulixa Toloza

Asimismo, en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, el hallazgo de un cuerpo femenino en el río Algodonar generó especulaciones, ya que los responsables de la muerte de Toloza presuntamente habían huido hacia Venezuela.

Sin embargo, las autoridades descartaron cualquier vínculo con Toloza e identificaron que la víctima era una menor de edad, sin heridas visibles. Su madre, Rosa Elena Páez Carrillo, relató que Arianna, la joven fallecida, salió de casa el viernes con amigos y la última comunicación ocurrió cuando la menor dijo estar “haciendo unas vueltas” con una amiga. Desde ese momento, se perdió contacto con ella, según información conocida por El Tiempo.

Las investigaciones sobre la muerte de esta menor siguen abiertas, mientras su familia busca ayuda para cubrir los gastos funerarios.

Entretanto, el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó en la mañana del miércoles 20 de mayo que el cuerpo encontrado en zona boscosa entre los municipios de Apulo y Tocancipá sí corresponde a Yulixa Toloza.

En un comunicado, la entidad aseguró que ahora centrará sus esfuerzos en determinar la fecha y hora de su deceso, además de verificar las causas que condujeron a su muerte.

“Tras realizar el abordaje forense y las actuaciones técnico – científicas, se ha podido establecer, a través de lofoscopia, que la identidad del cuerpo corresponde a Yulixa Consuelo Toloza Rivas. El equipo forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses continuará el estudio para determinar la manera y causa de muerte, y culminar el informe que entregará al Fiscal encargado de la investigación", señaló la entidad.

Mientras las autoridades colombianas trabajan para esclarecer los móviles detrás de la muerte de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que desapareció desde el 13 de mayo tras practicarse un procedimiento estético en un centro ilegal en el sur de Bogotá, la situación judicial de los presuntos responsables se sigue complicando.

De hecho, el martes 19 de mayo las autoridades de Venezuela capturaron a María Fernanda Delgado Hernández y Edinson José Torres Sarmiento, propietarios de Beauty Láser, el establecimiento ilegal al que acudió Toloza antes de mostrar signos de desorientación y luego ser subida a un vehículo con rumbo desconocido.

Sin embargo, aunque parece ser un avance en la investigación, todo parece indicar que las autoridades colombianas no cuentan con un buen panorama para obtener el aval de extradición de los dos implicados por la contundente legislación venezolana.

Y es que los dos involucrados fueron arrestados en el estado de Portuguesa, específicamente en la parroquia Quebrada de la Virgen, municipio Guanare, donde ambos residían. Al momento de su detención, los acompañaban sus dos hijos menores y la madre de la detenida, según reportó el periodista José Marcano.

El lugar de la detención, sumado a la nacionalidad venezolana de los implicados, pondría en jaque las investigaciones de las autoridades colombianas, pues ese país cobija a sus nacionales bajo el artículo 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece de manera explícita que se prohíbe la extradición de venezolanos. Además, reconoce el derecho de asilo y refugio para quienes lo soliciten en territorio venezolano.

“La República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo y refugio. Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas”, señala el apartado legal.

Además, el Código Penal venezolano también refuerza la prohibición absoluta, al señalar en su artículo 6 que un nacional no podrá responder bajo ninguna circunstancia ante otra autoridad que no sea la de Venezuela, en caso de haber cometido delitos fuera de su país.

“La extradición de un venezolano no podrá concederse por ningún motivo; pero deberá ser enjuiciado en Venezuela, a solicitud de parte agraviada o del Ministerio Público, si el delito que se le imputa mereciera pena por la ley venezolana”, señala el artículo.

Así las cosas y de acuerdo con la ley venezolana, María Fernanda Delgado Hernández y Edinson José Torres Sarmiento no podrían ser enviados a Colombia para enfrentar cargos por el asesinato de Yulixa Toloza. En todo caso, el proceso judicial tendría que desarrollarse en Venezuela, siempre que el delito esté tipificado y penado en ese país.

La pareja afronta acusaciones por desaparición forzada de personas, secuestro simple, omisión de socorro, encubrimiento por favorecimiento y destrucción de material probatorio.

Las autoridades venezolanas los mantienen bajo custodia, mientras que en Colombia persisten las investigaciones para esclarecer plenamente los hechos vinculados a la muerte de la mujer.

Colombia se amparará en tratado internacional para solicitar extradición de implicados

Pese al escenario adverso, la Fiscalía General de la Nación colombiana solicitará formalmente la extradición de los tres individuos detenidos en Venezuela por su presunta vinculación con la desaparición y muerte de Toloza tras someterse a un procedimiento estético ilegal en el sur de Bogotá, en medio de una fuerte presión social para que el crimen no quede impune.

El caso adquirió notoriedad internacional por la intervención de mecanismos como la notificación azul de Interpol, utilizada para localizar y capturar a los sospechosos en las ciudades venezolanas de Maracay, estado de Aragua, y en Portuguesa, de acuerdo con los datos divulgados por Blu Radio.

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía colombiana, el pedido de extradición se fundamentará en el Tratado Bolivariano de Extradición de 1911. El ente acusador insistirá en su petición formal para que los acusados sean juzgados en Colombia, país donde ocurrió el crimen, tal como sostuvieron voceros del ente investigador.

Quedan pocos días para que el país viva la fiebre mundialista con la presentación del seleccionado colombiano en el certamen de fútbol más importante en el planeta. Desde ahora, los comercios del país se alistan para recibir a miles de aficionados que esperan con ansias la presentación del equipo comandado por “Lucho” Diaz y James Rodríguez.

De hecho, el impacto económico de la participación de la selección Colombia en el Mundial FIFA 2026 promete movilizar cifras inéditas en sectores clave. Según un análisis de Solunion Colombia, cada partido del equipo nacional podría generar hasta 60.000 millones de pesos adicionales en consumo de alimentos, bebidas, tecnología y entretenimiento, intensificando la actividad comercial en el país.

Las jornadas en que Colombia dispute encuentros mundialistas suelen generar un aumento inmediato en las ventas, especialmente en los rubros de gastronomía y comercio. Las proyecciones indican que estos sectores podrían registrar incrementos de hasta el 60% en sus ventas durante esos días.

Esta tendencia no solo beneficia a grandes cadenas, sino que impulsa a aproximadamente 450.000 tiendas de barrio, que aprovechan la coyuntura para elevar su facturación cerca de un 30%.

El efecto de la fiebre mundialista se extiende al empleo. Restaurantes, bares, comercios y operadores logísticos refuerzan sus equipos, contratando personal temporal para responder a la mayor afluencia de clientes.

De este modo, el torneo no solo dinamiza el consumo, sino que contribuye de manera directa a la generación de puestos de trabajo y la circulación de dinero en la economía local.

Durante los Mundiales, la economía colombiana experimenta una aceleración del consumo que se refleja en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). El informe de Solunion recuerda que en 2014, cuando la selección alcanzó su mejor desempeño histórico en Brasil, el PIB creció un 4,6% en un entorno caracterizado por el alto consumo y la confianza de los hogares.

El Mundial de 2026 y la proyección económica para Colombia

El reciente análisis de Solunion destaca que la llegada del torneo a Norteamérica podría reactivar el ciclo de crecimiento vinculado a la participación nacional. Para 2026, se estima un avance económico del 2,2%, aunque el país enfrentará una inflación proyectada entre 5% y 6,4%, por encima de los objetivos oficiales. A pesar de estas presiones, el consumo extraordinario durante la Copa del Mundo podría mitigar temporalmente las condiciones financieras restrictivas.

En cada edición mundialista, la presencia de Colombia representa una oportunidad para dinamizar sectores que dependen del consumo masivo y la emoción colectiva. El efecto, aunque pasajero, se traduce en picos de actividad que reconfiguran el comportamiento del mercado local.

Sin embargo, el crecimiento acelerado que generan estos eventos implica desafíos adicionales para las empresas. El informe de Solunion advierte que el aumento de ventas suele ir acompañado de una expansión del crédito comercial, lo que incrementa la exposición financiera en periodos breves y puede derivar en tensiones de liquidez tras el evento.

La experiencia de 2022, cuando Colombia no logró clasificar al Mundial, ilustra el costo de la ausencia: cerca de 3 billones de pesos dejaron de circular en la economía, impactando de forma directa a los sectores que habitualmente capitalizan el auge del consumo futbolístico.

“El aumento de ventas también eleva la exposición al crédito en poco tiempo, lo que exige una gestión más rigurosa para evitar tensiones posteriores en la cartera”, señaló Marco Restrepo, Analista de Información de Solunion Colombia.

La clave, según el experto, reside en analizar los resultados durante el pico y anticipar señales de posibles desequilibrios, para ajustar las condiciones comerciales y proteger la liquidez empresarial.

En definitiva, la participación de la selección en el Mundial no solo motiva a los hinchas: también transforma el ritmo y las prioridades de la economía colombiana, generando beneficios inmediatos y desafíos que requieren una gestión estratégica al finalizar la competencia.

Jorge Luis Hernández Villazón, conocido como alias Boliche, vuelve a emerger como figura clave en el caso judicial que envuelve al ciudadano colombiano Alex Saab, considerado por las autoridades de Estados Unidos como operador central de las redes de lavado de dinero vinculadas al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Las conexiones de “Boliche” también alcanzan a Abelardo de la Espriella, exabogado de Saab y actual aspirante a la presidencia en Colombia, según informó recabada por El Tiempo y el pódcast A Fondo de María Jimena Duzán.

La relación entre “Boliche”, Saab y De la Espriella se construyó a partir del rol de Hernández Villazón como informante de la DEA en Estados Unidos, donde fue intermediario en operaciones que involucran blanqueo de dinero y asesoría jurídica a Saab.

Según las investigaciones citadas, “Boliche” habría facilitado conexiones que beneficiaron a la firma de De la Espriella en Miami y a otros actores involucrados, aunque el destino final de los fondos transferidos sigue siendo una incógnita reservada por las autoridades judiciales.

El pasado criminal de “Boliche” está marcado por su papel en el narcotráfico y el paramilitarismo en Colombia. Según relatos recogidos por El Tiempo y declaraciones de Gerardo Reyes, jefe de investigaciones de Univisión, Hernández Villazón manejaba envíos de droga por el Caribe cuyos beneficios llegaban a las autodefensas de Colombia.

Su transformación en informante se selló cuando, a comienzos de los años 2000, tras verse implicado en un homicidio, acudió a la embajada de Estados Unidos con el fin de colaborar con las autoridades.

“Después de este enredo que tuvo en Colombia, Hernández venía de las entrañas del narcotráfico y del paramilitarismo, porque mandaba droga en lanchas por el Caribe y todo el producto de estas ventas iba a algún frente de las autodefensas de Colombia”, relató Reyes en el pódcast dirigido por Duzán.

De narco a informante: el papel de Boliche en la DEA

Al llegar a Estados Unidos, “Boliche” fue contratado como informante oficial por la DEA e integró operaciones federales de interdicción de narcóticos en el Caribe. “Tan pronto llegó a Estados Unidos, fue contratado como informante oficial por la DEA”, detalló Reyes. Durante su colaboración, ganó 9.000 dólares mensuales.

En 2008, “Boliche” fue apartado de la agencia debido a un incidente relacionado con la identificación indebida de un informante, según documentos judiciales. Forzado a dejar Tampa, en 2010 ingresó ilegalmente a Estados Unidos, donde denunció ser víctima de extorsión y, tras colaborar en la captura de un funcionario corrupto, recuperó su estatus como informante clave en investigaciones federales.

Este giro le permitió mantener un rol activo en operaciones de alto perfil y consolidó su acceso a bufetes estadounidenses dedicados a la defensa de personas acusadas de narcotráfico.

La conexión con Alex Saab y el circuito de lavado

El papel de “Boliche” se tornó central al fungir como vínculo entre Alex Saab y redes financieras utilizadas para canalizar transferencias ilícitas a escala internacional. El académico Bruce Bagley declaró haber transferido dos millones de dólares provenientes de Saab, con “Boliche” como intermediario.

La comisión por estos movimientos sería del 10%. Bagley transfería el dinero a cuentas gestionadas por “Boliche”, quien luego lo distribuía a terceros. Estas transacciones, bajo vigilancia del FBI, desembocaron en la condena del profesor y procesos judiciales para Boliche. Sin embargo, se desconoce el destino final de la mayor parte del dinero, una cuestión que permanece bajo reserva en documentos judiciales.

La relación profesional entre “Boliche” y Abelardo de la Espriella se afianzó en 2018, cuando De la Espriella abrió su bufete en Miami y encontró en Boliche un “guía” para acceder al mercado de asesoría a clientes investigados por narcotráfico y blanqueo de capitales.

“Boliche se convirtió en una persona muy importante para Abelardo y tan importante que le llevó uno de sus más lucrativos contratos como fue el de Alex Saab”, aseguró Reyes.

Consultado sobre estos vínculos, De la Espriella aseveró en una entrevista a la revista Semana que desconoce los movimientos irregulares de Boliche, a pesar de mantener una relación cercana con él durante años.

“Las responsabilidades son individuales. Yo respondo por lo que hago yo”, afirmó en entrevista con Vicky Dávila.

Las pesquisas establecieron que parte del dinero de Saab pagó servicios jurídicos por medio de estructuras en las que Bruce Bagley y Boliche operaron como intermediarios. “Bagley cobraba una comisión, después sacaba el dinero y se lo pasaba a una cuenta de Boliche”, relató Reyes en el pódcast. Estas operaciones se desarrollaron cuando De la Espriella aún actuaba como abogado de Saab.

Preguntas sin respuesta y las sombras jurídicas

El rastro de las multimillonarias transferencias derivó en interrogantes abiertos sobre el verdadero alcance del conocimiento y beneficio de Abelardo de la Espriella en estas operaciones.

“Cuando escribí el libro sobre Álex Saab en 2020, le pregunté quiénes fueron finalmente los beneficiarios de esos 2,8 millones de dólares que se tramitaron a través de las cuentas de Bagley y de Boliche. Él nunca me dio una explicación convincente”, reconoció Reyes.

Los documentos judiciales consultados indican que la identidad de los beneficiarios finales sigue marcada en reserva, con apartados tachados en los archivos oficiales. Reyes subrayó que “el grueso del dinero enviado por Alex Saab no quedó en las cuentas ni de Boliche ni de Bruce Bagley”, por lo que el destino de los recursos permanece oculto.

Las investigaciones descubrieron vínculos societarios entre Daniel Peñaredonda, colaborador cercano de De la Espriella, y las operaciones cuestionadas. Las autoridades buscan esclarecer si Peñaredonda y el bufete recibieron beneficios directos o indirectos de estos servicios.

Según Reyes, “Continuó esperando la respuesta” a las preguntas enviadas tanto a Peñaredonda como a De la Espriella. El juicio pendiente a Boliche en Tampa, previsto para agosto de este año, y la continuación de las pesquisas judiciales podrían revelar nuevos detalles de estas conexiones.

El Gobierno nacional confirmó el precio definitivo de uno de los medicamentos para tratar a pacientes con VIH en Colombia, después de que el Estado ganara una batalla legal internacional contra la multinacional que conservaba hasta entonces la patente del Dolutegravir.

Según indicó la Presidencia, el nuevo costo pasará de los 200 dólares a apenas seis dólares, lo que representa una reducción de más del 95% en su valor comercial, entre otras, porque el país empezaría a producir su propio medicamento.

“Está es la.mayor victoria internacional de Colombia en la salud para su pueblo.Doblegar la multinacional y hacer bajar el precio del medicamento más importante contra el VIH. Ahora los sistemas de salud preventiva deben iniciar el trabajo en el territorio mismo para derrotar al VIH”, señaló el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X.

Asimismo, el Ejecutivo señaló que la producción nacional del medicamento ya se puso en marcha, con la fabricación de al menos un millón de unidades para controlar la malaria y el VIH que serán distribuidos a los operadores farmacéuticos del país.

“El San Juan de Dios de Bogotá ya puede iniciar el sistema preventivo en toda el área central de Bogotá con estos medicamentos.El programa del gobierno nacional y la Universidad de Antioquia ya comenzaron la fabricación de millón y medio de tabletas contra la malaria y debe producir el medicamento contra el VIH“, concluyó el presidente.

El 29 de abril, un fallo judicial permitió a Colombia continuar suministrando dolutegravir a un precio drásticamente reducido: de 200 dólares a solo pocos dólares por unidad. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respaldó la política estatal de licencias obligatorias y garantizó que el país pueda sostener una estrategia que abarate los tratamientos y amplíe el acceso a los pacientes sin infringir las normas regionales sobre propiedad intelectual.

El Ministerio de Salud señaló en su momento que la decisión sienta un precedente al respaldar la utilización de mecanismos legales para equilibrar el acceso a la salud y la regulación de los derechos de propiedad intelectual.

La validación de la licencia obligatoria del dolutegravir permite que Colombia mantenga este instrumento mientras persistan las condiciones sanitarias que justificaron su adopción, sin un límite temporal estricto. De acuerdo con los datos proporcionados por el Gobierno, esta reducción en el precio podría beneficiar directamente a unas 50.000 personas que dependen de tratamientos antirretrovirales en el país.

El fallo surge tras un litigio iniciado por compañías farmacéuticas que argumentaban que la medida de Colombia vulneraba las normas andinas sobre propiedad industrial. El Tribunal, sin embargo, determinó que el interés público relacionado con una crisis de salud justifica la implementación de licencias obligatorias para medicamentos como el dolutegravir.

Según el presidente Gustavo Petro, la sentencia representa “un cambio significativo en términos de sostenibilidad del sistema de salud y posibilidad de ampliar la cobertura para miles de pacientes”.

En los últimos años, el número de diagnósticos de VIH en Colombia ha mostrado un aumento sostenido. Esta tendencia obliga al Estado a encontrar soluciones que aseguren tratamientos asequibles y sin interrupciones, condición indispensable para la salud y calidad de vida de quienes viven con el virus.

El fallo permite, además, que el país adquiera y distribuya versiones genéricas del medicamento, lo que elimina barreras económicas y reduce la dependencia de productos bajo control exclusivo de las farmacéuticas.

En respuesta al pronunciamiento judicial, el Ministerio de Salud reiteró que las acciones estatales estuvieron en línea con el marco normativo andino y que la sentencia fortalece la capacidad de respuesta nacional ante el VIH. El Gobierno considera el desenlace como una “victoria jurídica y sanitaria” por garantizar la continuidad del suministro, ampliar la cobertura y reducir desigualdades en el acceso a tratamientos esenciales.

Tras conocerse de la muerte de la artista colombiana Sonia Bazanta Vides, mejor conocida como Totó la Momposina, desde ya se empiezan a preparar los homenajes para despedir a una de las máximas representantes del folclor colombiano.

Según informó su propia familia a través de un comunicado, el cuerpo de la artista de 85 años llegará a Bogotá el miércoles 27 de mayo de 2026 para recibir una serie de homenajes en el salón Elíptico del Congreso de la República.

Como suele ser habitual, el féretro de la cantautora será exhibido al público para que familiares, amigos y fanáticos de la música folclórica colombiana puedan darle un último adiós antes de ser trasladada a un campo santo.

Entretanto, se sabe que la cámara ardiente habilitada para las personalidades del país generalmente cuentan con una duración de dos días, aunque los detalles protocolarios sobre el homenaje a la artista se mantienen bajo reserva.

“Se hará el traslado desde México a Bogotá el día 27 de Mayo y se realizará un homenaje póstumo en cuerpo presente para celebrar su vida y obra. Lugar en el Capitolio Nacional, hora a confirmar”, señaló su familia.

Entretanto, se espera que las honras fúnebres estén acompañadas de muestras culturales y musicales de algunos de los artistas que tuvieron la oportunidad de formarse junto a la cantautora, además de continuar con su legado.

El fallecimiento de Totó la Momposina a los 85 años en México, confirmado el martes 19 de mayo de 2026, marcó la despedida de una figura central en el desarrollo y la proyección mundial de la música folclórica del Caribe colombiano. Catalogada como “eterna maestra” por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, su legado se convierte, según la cartera, en un capítulo fundamental de la memoria cultural de Colombia, con consecuencias duraderas en el reconocimiento internacional de géneros como la cumbia, el mapalé y el porro.

El impacto de la partida de Totó la Momposina, nacida como Sonia Bazanta Vides en el departamento de Bolívar, fue destacado por la titular de la cartera cultural, Yannai Kadamani.

“Totó fue y será eternamente. Sonia Bazanta Vides Totó la Momposina (1940-2026)”, según publicó. La ministra enfatizó la condición de la artista como símbolo transgeneracional, capaz de conectar la tradición con el presente.

En una de las declaraciones más destacadas, Alejandro Eder, alcalde de Cali, resumió el peso de la pérdida: “Con la partida de Totó la Momposina, Colombia pierde mucho más que una gran cantante. Se va una mujer que convirtió nuestras raíces, nuestros ritmos y la riqueza cultural del Caribe en un símbolo reconocido en el mundo entero”. Para Eder, el legado de la cantante trasciende lo artístico y se convierte en patrimonio colectivo.

Durante las décadas transcurridas desde los años setenta, Totó la Momposina llevó la música tradicional colombiana a escenarios globales. Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, recordó que la artista recorrió el mundo desde entonces y recalcó que “fue maestra de maestras, y siempre dejó el nombre de Colombia en alto”.

El mismo Galán detalló que la capital fue el lugar donde Totó entregó su último concierto, en 2022, y la definió como “la mejor embajadora que Colombia hubiera podido tener”.

En el ámbito político, la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal resaltó el origen popular de la artista: “Totó la Momposina no nació en los grandes centros del poder. Nació en la Colombia profunda. En esa Colombia afro, ribereña, popular y olvidada que durante décadas fue mirada con desprecio por las élites, mientras ella la convertía en patrimonio de la humanidad.” La diputada también valoró su papel como defensora activa de la memoria colectiva, no solo a través del canto sino de la reivindicación cultural.

La reconocida cantante de música folclórica Sonia María Bazanta Vides, mejor conocida como Totó la Momposina, falleció en las últimas horas por causas naturales.

Según información conocida por Infobae Colombia, la artista de 85 años estaba radicada en México, donde vivió los últimos meses lejos de los reflectores de las cámaras y medios de comunicación.

La artista había dejado los escenarios desde 2022 tras una larga carrera musical y reconocimientos nacionales e internacionales. Según informó su propio hijo, Marco Vinicio Oyaga, la reconocida catautora sufrió un infarto al miocardio producto de su condición de salud.

“A ella le dio un infarto al miocardio por su proceso natural de su condición. Murió tranquila, pero se conserva lo mejor que es su legado, su voz, todo su trabajo con la música colombiana del Caribe y del Pacífico, y en general de Colombia entera porque ella cuando estaba en escenario no era ella la artista sino Colombia presente”, señaló el familiar en diálogo con Blu Radio.

Aunque la confirmación de su muerte se dio hasta la mañana del martes 19 de mayo, fuentes enteradas confirmaron a Infobae Colombia que la artista falleció tres días atrás en el país centroamericano.

Asimismo, este medio pudo corroborar que el equipo de trabajo de la cantautora ya adelanta los trámites necesarios para dar el último adiós a Totó la Momposina en el salón Elíptico del Congreso de la República para que fanáticos, amigos y familiares puedan darle el último adiós en su país natal.

Entretanto, la familia de Totó la Momposina compartió un mensaje de despedida marcado por la tristeza y la gratitud a traves de las redes sociales de la artista. En el comunicado, Marco Vinicio, Angélica María y Eurídice Salomé Oyaga Bazanta anunciaron el fallecimiento de su madre, quien partió el domingo 17 de mayo en Celaya, México, debido a un infarto al miocardio.

Los hijos de Totó resaltaron cómo su madre llevó la cultura y la memoria del pueblo colombiano a escenarios internacionales. Destacaron su alegría, luz, sabiduría, talento y generosidad, cualidades que marcaron la vida de quienes la rodearon.

“Totó fue una mujer que con su voz y entrega extraordinaria, llevó la cultura y la memoria del pueblo colombiano a los rincones del mundo”, expresaron en el texto.

El comunicado, los familiares enfatizaron que la artista deja un legado invaluable no solo en el ámbito musical, sino por su calidez, fortaleza y alegría de vivir. Los hijos agradecieron el ejemplo y la entrega de Totó, recordando la manera en que compartió con el mundo los bailes, la música y la esencia de la costa caribeña.

“Su nombre permanecerá para siempre en la memoria de quienes la admiraron, la acompañaron y la quisieron”, señalaron en la despedida.

Con profundo orgullo y gratitud, la familia anunció que el traslado de sus restos desde México a Bogotá se realizará el 27 de mayo y se prevé que haya una despedida pública en honor a su legado musical y cultural.

“Con inmensa tristeza, pero también con profundo orgullo y gratitud, nosotros sus hijos y toda la familia la despedimos con la dignidad y el amor que merece. Gracias, Totico, por todo lo que nos regalaste, por tu ejemplo, tu entrega y tu inmenso legado”, culminó la familia de la artista.

La artista colombiana padecía desde 2024 de afasia, un trastorno neurológico que alteró de manera profunda los últimos años de Totó la Momposina, privando a la célebre artista colombiana de una de sus mayores virtudes: la comunicación. Aunque muchos la asocian solamente con dificultades para hablar, la afasia implica mucho más y afecta diversas dimensiones del lenguaje.

Este síntoma aparece cuando las áreas del cerebro responsables del procesamiento del lenguaje sufren daño. Entre las consecuencias más frecuentes, quienes la padecen pueden experimentar dificultades para expresarse verbalmente, comprender lo que otros dicen, leer o escribir.

En el caso de Totó la Momposina, su familia reveló en el último año que la artista presentaba afasia. Su hijo explicó que, aunque físicamente estaba estable, el trastorno le impedía comunicarse con la fluidez y claridad que siempre la caracterizó. La noticia generó preocupación entre sus seguidores, ya que la cantante era reconocida precisamente por su voz y su capacidad para transmitir la riqueza del folclor colombiano.

A sus 85 murió la cantautora colombiana Sonia Bazanta Vides, reconocida en colombia y el mundo como Totó la Momposina, luego de sufrir un infarto al miocardio producto de una enfermedad degenerativa que la llevó a vivir sus últimos días en México.

La trayectoria de Totó la Momposina se definió por un objetivo claro: asegurar que las raíces musicales de la costa caribeña colombiana siguieran vivas en la memoria colectiva.

La artista, nacida en Talaigua Nuevo, Bolívar, tuvo las raíces artísticas a la mano desde su infancia, en un hogar donde la música era un elemento diario. Totó absorbió saberes transmitidos por cinco generaciones de su familia, incluidos sus padres y abuelos.

Durante su carrera artística, la artista relató en varias ocasiones que la violencia bipartidista obligó a su familia a mudarse a Bogotá durante la década de los cincuenta. En ese nuevo entorno, tanto ella como su madre, Libia Bazanta de Vides, abrieron camino en la televisión nacional con el programa “Acuarelas Costeñas”.

Aquella aparición fue pionera, pues llevó a los hogares colombianos los ritmos y bailes del Caribe, marcando el inicio de la carrera de Totó como difusora de la cultura tradicional.

A los diez años, acompañada por su madre, Totó comenzó a forjar su identidad artística ante el público. Años después, decidió instalarse en París, donde estudió Historia de la música y profundizó en la investigación de los ritmos y danzas de su región. Ese trabajo académico y de campo consolidó su prestigio tanto en Colombia como en escenarios internacionales.

Durante más de cinco décadas, Sonia Bazanta Vides —nombre de nacimiento de Totó— se dedicó a rescatar y engrandecer la música ancestral de los pueblos ribereños. Fusionó los ritmos de cumbia, bullerengue, porro y otros estilos, reivindicando la herencia indígena y africana en cada interpretación. Obras emblemáticas como ‘La Candela Viva’ y ‘El Pescador’ la posicionaron como símbolo y defensora de la identidad sonora del Caribe colombiano.

En una entrevista concedida al periodista Bernardo Hoyos en 1989, la cantante recordó uno de los hitos más destacados de su carrera: su participación en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez en 1982, en Estocolmo.

“Fue como estar levitando”, expresó Totó sobre ese momento, al que había soñado asistir mucho antes de recibir la invitación oficial. Ese episodio simbolizó para ella el reconocimiento definitivo a la cultura del Caribe colombiano.

Totó destacó en su momento que mantener vivo el legado familiar implica también un compromiso con la investigación y difusión de las manifestaciones folclóricas del país. Según la artista, resultaba imprescindible que las nuevas generaciones conozcan “cuáles son nuestras raíces culturales, nuestro folclor”, para preservar la identidad y la riqueza musical de Colombia.

Las enseñanzas de su padre, tamborero, y de su madre, cantadora y bailarina, así como la herencia de su bisabuelo Sixto Vides Choperena —creador de la Danza de los Goleros—, marcaron la senda que Totó ha seguido con rigor.

En abril de 2024, la salud de la artista generó preocupación pública. Su hijo, en diálogo con Jorge Barón para el programa Show de Las Estrellas, reveló que Totó padecía afasia, un trastorno que afecta la capacidad de comunicarse, aunque físicamente se encontraba estable.

En ese momento, residía en México y su familia solicitó apoyo institucional para afrontar la situación. La afasia puede estar asociada a lesiones cerebrales o enfermedades neurodegenerativas, y resulta en dificultades para hablar, comprender, leer o escribir.

El fallecimiento de Totó representa una pérdida profunda para el folclor colombiano. La cantante no solo mantuvo vivas las tradiciones orales de su tierra natal, sino que devolvió al folclor su lugar como arte mayor en la cultura nacional. Su trabajo enseñó a valorar la música de raíz como reflejo de la historia y la diversidad del país.

Reconocimiento internacional y legado imborrable

La influencia de Totó la Momposina superó ampliamente el ámbito local. Su voz y las expresiones del Caribe colombiano se escucharon en escenarios internacionales de primer nivel, como la ceremonia del Premio Nobel de Literatura de Gabriel García Márquez en 1982 en Estocolmo. Además, participó en festivales globales como Womad, bajo el impulso de Peter Gabriel, consolidando su rol de embajadora cultural.

Al llevar tambores, gaitas y cantos tradicionales a públicos diversos, Totó inspiró a nuevas generaciones de músicos colombianos a explorar y dignificar sus propias raíces. Su retiro en 2022 no apagó su influencia: el legado de la cantante sigue presente en cada interpretación folclórica que honra la riqueza del Caribe.

La partida de Totó la Momposina deja una huella imborrable en la memoria musical de Colombia y del mundo. Su vida y obra continúan recordando que la música tradicional es también un puente hacia la identidad, la memoria y la unidad de los pueblos.

La estructura, ubicada en el sector Caneyes, se desplomó tras el impacto de una tractomula que, preliminarmente, habría superado la altura máxima permitida, lo que causó la muerte de un motociclista y lesiones de extrema gravedad a otro, según confirmó la Secretaría de Tránsito del municipio.

El accidente ocurrió en el barrio Rincón de Girón, justo en las inmediaciones de la empresa Transejes. Según el reporte oficial, la tractomula colisionó contra el puente peatonal y provocó su caída. En ese momento, dos motociclistas se encontraban cruzando la estructura y quedaron atrapados bajo los escombros, lo que agravó la emergencia.

Las autoridades locales respondieron de inmediato para atender a las víctimas y comenzaron la investigación sobre las causas exactas del siniestro, según señaló el director operativo de movilidad y control vial de Girón, José Manuel Reinoso.

“Impacta por superar la medida. Tenemos la novedad de un motociclista fallecido y otro gravemente herido. El hecho ocurrió a la una de la madrugada. Estamos realizando los actos urgentes para el levantamiento y generando el desplazamiento necesario con el fin de habilitar la vía en ambos sentidos”, señaló el funcionario en dialogo con El Tiempo.

El incidente provocó el cierre total de la vía entre Girón y Floridablanca, lo que dejó a la carga pesada represada y sin rutas alternativas para el tránsito de vehículos de gran tamaño. Las autoridades movilizaron maquinaria pesada al lugar con el fin de remover los restos del puente y restablecer la circulación.

Actualmente, el tránsito permanece bloqueado en ambos sentidos, mientras los equipos de emergencia trabajan para despejar la zona y asegurar la movilidad. Al mismo tiempo, las autoridades municipales mantienen la prioridad en la atención a las víctimas y en la investigación de los hechos para determinar si hubo fallas en las condiciones de la vía o en las dimensiones de los vehículos involucrados.

Joven murió en Bucaramanga: se le disparó el arma a su amigo

Un hecho violento conmocionó a los habitantes del barrio Rincón de la Paz en Bucaramanga el sábado 16 de mayo, cuando Yohandris Ever Luis Romero Reyes falleció tras recibir un disparo en el rostro dentro de su propia vivienda.

Según las versiones preliminares, el proyectil provenía de un revólver manipulado por un amigo suyo, conocido bajo el alias de Sombi.

El incidente ocurrió cerca de las2:00 p. m. De acuerdo con un testigo presente, todo comenzó como una visita rutinaria. En ese momento, ‘Sombi’ llegó a la residencia portando un revólver y, mientras mostraba el arma a Romero, se disparó accidentalmente, hiriendo a la víctima cerca del ojo izquierdo.

Tras el disparo, Romero empezó a sangrar profusamente. Los presentes intentaron socorrerlo de inmediato y lo trasladaron en motocicleta hasta el Hospital Local de Girón, pero los esfuerzos resultaron infructuosos: el hombre ingresó al centro asistencial sin signos vitales, producto de la gravedad de la herida.

Según el relato del testigo, el presunto responsable regresó después al domicilio para recoger el arma involucrada antes de huir con rumbo desconocido.

Actualmente, las autoridades judiciales han asumido la investigación del caso. La principal línea de trabajo es determinar si la muerte de Romero Reyes fue resultado de un accidente o si existen otros factores detrás del hecho. Identificar y ubicar a ‘Sombi’ se ha convertido en una prioridad para esclarecer las circunstancias exactas del suceso.

La policía continúa recabando testimonios y pruebas para reconstruir los minutos previos y posteriores al disparo. El objetivo es esclarecer si hubo dolo o negligencia y definir las eventuales consecuencias legales para el autor del disparo.

Hay espectativa en Medellín, Antioquia, después de que se conociera el desafiante reto físico que se acaba de imponer un español y que involucra a uno de los edificios más emblemáticos de la capital antioqueña: el edificio Coltejer.

Se trata de la ‘locura’ que se propuso el atleta español Rubén López Escudero, que escogió a la ciudad para batir su propio récord pesonal al tiempo que intentará ayudar a las poblaciones más vulnerables del departamento de Antioquia.

Según un informe divulgado por El Colombiano, la misión de López también consistirá en fomentar una donación que sume más 10 toneladas de alimentos para ayudar a las familias más necesitadas. La acción benéfica acompañará un maratón físico que nadie antes ha intentado en la ciudad.

El reto consiste en subir y bajar los 750 escalones del Coltejer durante 24 horas seguidas, desde el mediodía del viernes 22 de mayo hasta la misma hora del sábado 23. Solo habrá pausas mínimas para necesidades fisiológicas o cambios de ropa. Según el cálculo, la jornada implicará más de 50 ciclos, lo que equivale a unos 75.000 peldaños y un desnivel vertical superior a 20.000 metros.

Durante la jornada, la entrada principal del edificio Coltejer funcionará como un centro de acopio para donaciones. Allí, cualquier persona podrá entregar alimentos no perecederos y seguir en tiempo real el avance de Rubén, gracias a un espacio acondicionado con televisores y zonas de descanso. Las donaciones podrán realizarse tanto antes como durante el evento, facilitando que la meta solidaria esté al alcance de la comunidad.

La hazaña será la número 20 en la trayectoria de este deportista, empresario y artista español, quien ya ha recorrido el Polo Norte, nadado en el Triángulo de las Bermudas y realizado travesías de supervivencia en el Amazonas.

En cada país donde Rubén realiza un desafío, busca dejar una huella social. Medellín recibirá alimentos, pero en otros lugares ha organizado recolección de juguetes, libros, vacunas y otros recursos útiles.

Un reto físico y mental sin precedentes en Medellín

Nadie antes ha intentado subir y bajar los escalones del edificio Coltejer durante un día completo sin detenerse. Rubén estima que el esfuerzo será comparable, en distancia vertical, a escalar el monte Everest y un poco más, todo en solo 24 horas.

El desafío no es solo físico. La altitud de Medellín, ubicada a más de 1.500 metros sobre el nivel del mar, y el desgaste mental harán que la prueba sea especialmente exigente. “No se trata solo de subir y bajar peldaños. Es enfrentar un desnivel acumulado y sostenerlo durante un día entero”, explicó Rubén sobre la singularidad de la experiencia.

La elección de la ciudad no fue casual. Rubén conoció a su esposa, una periodista paisa, durante una entrevista tras uno de sus retos en Estados Unidos. “Yo no lo llamo coincidencia sino ‘diosidencia’, porque fue maravilloso encontrarnos a pesar de que ninguno estaba en su ciudad natal”, relató Rubén sobre esa experiencia que lo conecta emocionalmente con Medellín.

Cada reto de Rubén incluye una causa social. En esta oportunidad, el foco está en la recolección de alimentos. Desde el martes 19 de mayo, las personas interesadas pueden acercarse al pasaje Junín para dejar sus donaciones en un local destinado a la campaña. La participación de asociaciones y fundaciones locales ya ha comenzado a movilizar el apoyo ciudadano.

Preparación y expectativas

Para afrontar el desafío, Rubén entrena todos los días en la ciudad. Sus jornadas comienzan a las 4:00 a. m. con sesiones de subida y bajada de escalones, a lo que suma ejercicios en piscina durante la tarde, donde corre dentro del agua por más de seis horas.

El evento contará con la presencia de público y la posibilidad de seguir minuto a minuto los avances del deportista. La meta personal de Rubén está clara: “Esperamos que con la difusión en los medios y el apoyo de la gente tan bonita que tiene Medellín alcancemos lo logremos para así favorecer a las familias más vulnerables de esta ciudad”.

La iniciativa ha generado expectativa en la capital antioqueña, que verá por primera vez un reto de estas características en uno de sus edificios más representativos. Rubén López Escudero buscará completar su vigésimo desafío extremo, pero el verdadero logro será la solidaridad de quienes decidan sumarse a la causa.

Hay polémica en la ciudad de Barranquilla, después de que se difundieron nuevas imágenes que muestran a alias Negro Ober en el interior de la prisión en la que permanece recluido, al parecer, sin ningún tipo de control.

La circulación de estas fotos ocurre mientras la región atraviesa uno de los fines de semana más violentos del año, con al menos nueve homicidios y varios heridos en episodios de violencia que incluyen sicariatos y riñas.

El cabecilla de Los Rastrojos Costeños apareció en las fotografías compartiendo con otros reclusos y mirando a la cámara, lo que ha intensificado las críticas por los aparentes privilegios y las falencias en los controles carcelarios.

Alias Negro Ober ha sido objeto de múltiples traslados entre centros penitenciarios, acumulando sentencias que suman 80 años por delitos como homicidio, extorsión y tráfico de estupefacientes. Además, en enero de 2026 recibió una condena adicional de 30 años por amenazas a un fiscal.

Reacciones tras la publicación de las imágenes

La difusión de las fotos ha provocado cuestionamientos públicos sobre la eficacia de las medidas de seguridad en las cárceles y el trato a los cabecillas criminales. La indignación se ha visto alimentada por los recientes hechos de violencia en el Atlántico, atribuidos a disputas entre bandas y ajustes de cuentas.

Durante el puente festivo, varios ataques armados sacudieron la tranquilidad de la región. En un billar del barrio Villa San Pedro II, en Barranquilla, un hombre armado disparó contra Julio César Orozco Estrada, de 39 años, dejando siete heridos. Según las autoridades, la víctima contaba con antecedentes judiciales y estaría involucrada en el cobro de préstamos informales.

Las víctimas adicionales fueron identificadas como José Laguna Herrera, de 53 años; Brandon Daniel Arzuza Zacaro, de 24 años; Luis Alfonso Ramos Portillo, de 65 años; Mayra Alejandra Tabares Shobrob, de 38 años; Francisco Polo Barón, de 44 años, y Luis Alberto Mestra Vega, de 62 años

Otro episodio especialmente grave se registró en el restaurante La Mona, ubicado en Ciudadela 20 de Julio. Allí, sicarios armados con fusiles asesinaron al comerciante Juan Camilo López España frente a otros comensales, un hecho que la Policía Metropolitana asoció con el accionar de organizaciones criminales.

Estos hechos se suman a una escalada de violencia que, según las investigaciones, está vinculada con la disputa de territorios y el control de economías ilegales.

Crisis estructural en el sistema penitenciario

El politólogo Luis Trejos, de la Universidad del Norte, explicó que el fenómeno de criminales con privilegios tras las rejas revela un problema profundo en el sistema penitenciario colombiano.

“Las cárceles se han convertido en centros dinamizadores del delito. Lastimosamente no resocializan a los delincuentes, pero tampoco logran limitar su actividad criminal”, comentó Trejos en diálogo con Caracol Radio.

El experto también considera que la ciudadanía ya no se sorprende ante este tipo de imágenes, especialmente por el largo historial de denuncias sobre presuntos beneficios a máximos líderes de bandas delincuenciales a través de sobornos al personal de los centros penitenciarios.

“Por eso, aunque indigna, este tipo de imágenes ya no sorprende a los colombianos”, señaló.

Trejos también enfatizó que la crisis de seguridad y el control criminal desde las cárceles deberían ocupar un lugar central en el debate político de cara a las próximas elecciones presidenciales.

El experto advirtió sobre la necesidad de que las propuestas de los candidatos incluyan políticas claras sobre seguridad ciudadana y estrategias para enfrentar la criminalidad que opera desde los centros de reclusión.

“Esto debe hacer parte de las discusiones sobre las políticas de seguridad ciudadana y también de paz que propongan los candidatos presidenciales”, concluyó el politólogo al medio radial.

Ocho días después de que se conocieran imágenes de presuntos integrantes del ELN patrullando el municipio de El Carmen, en Norte de Santander, en la mañana del lunes 18 de mayo se habría presentado un nuevo hostigamiento contra la estación de Policía del municipio.

Según información difundida por Caracol Radio, la sede policial habría sido atacada con armas de largo alcance, mientras la seguridad en el municipio se ha visto fuertemente alterada por la fuerte presencia de grupos ilegales.

De hecho, el municipio se mantiene bajo un toque de queda que se extenderá hasta el 19 de mayo, en respuesta a los ataques contra miembros de la fuerza pública. La medida, sustentada en el Decreto 048 de 2026, busca salvaguardar el orden público y la seguridad de los habitantes tras los incidentes violentos registrados en la región.

El toque de queda estará vigente todos los días entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m., cubriendo la totalidad del municipio. La decisión fue adoptada como un recurso preventivo luego de que, en las últimas 24 horas, se produjeran dos ataques distintos: uno dirigido contra una unidad militar mediante el uso de drones en la zona rural de Guamalito, que dejó a un soldado herido, y otro que afectó a un vehículo de la Policía en la vía hacia Ocaña, donde solo se reportaron daños materiales.

Ante la escalada de violencia, la administración municipal decidió restringir el tránsito nocturno para evitar nuevos hechos y proteger a la comunidad. Según reportaron las autoridades, los ataques han sido atribuidos al ELN, que actuaría en represalia por los operativos militares recientes en la zona.

El ataque al Ejército Nacional en El Carmen, Norte de Santander

Tropas de la Segunda División del Ejército Nacional neutralizaron en la tarde del 13 de mayo un intento de ataque en la zona rural de El Carmen, Norte de Santander, durante una operación que incluyó enfrentamientos contra miembros de un grupo armado organizado, según información oficial difundida.

A raíz de esta acción, el despliegue militar prosigue en el área con soporte de la Fuerza Aeroespacial Colombiana para garantizar la seguridad de la población y controlar cualquier nueva amenaza, según el reporte de las autoridades.

La ofensiva se desencadenó luego de que habitantes del corregimiento de Guamalito alertaran sobre ráfagas de fusil y ataques con drones en la finca La María. Durante el enfrentamiento, las tropas afirmaron haber recibido ataques desde un dron, en momentos en que realizaban labores de control territorial.

“Tropas de la Segunda División, orgánicas de la Fuerza de Tarea Vulcano, neutralizaron una acción terrorista contra la población civil, lo que generó un combate de encuentro contra integrantes de un grupo armado organizado en zona rural de El Carmen”, señaló la institución en su momento.

Entretanto, el Frente de Guerra Nororiental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha exigido la implementación de mecanismos humanitarios supervisados internacionalmente para proteger a la población del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, tras un nuevo ciclo de violencia y desplazamientos masivos.

El grupo armado sostiene que la supuesta coordinación entre actores estatales y paramilitares ha intensificado el conflicto, lo que, sumado a las recientes muertes de civiles en la zona fronteriza con Venezuela, agrava la crisis humanitaria en una región afectada por 16 meses consecutivos de enfrentamientos.

Esta postura surge luego de que el gobernador, William Villamizar, instara públicamente a una reducción de la confrontación armada para disminuir los daños sobre las comunidades rurales.

El comunicado difundido por el ELN responsabiliza del incremento de la violencia tanto a las Fuerzas Militares como a lo que denominan “grupo narco paramilitar del 33”. Según este frente guerrillero, existe “una clara y evidente coordinación” entre ambos actores, lo que se evidenciaría en bombardeos con aviación y artillería pesada lanzados desde el batallón de Tibú, con el propósito de despejar el paso para incursiones paramilitares.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) recibió una denuncia formal que puso bajo la lupa el manejo financiero y administrativo de la campaña presidencial del general (r) Gustavo Matamoros, candidato en la contienda del 31 de mayo de 2026.

El documento revelado por la revista Semana solicita al organismo electoral una revisión institucional de las operaciones económicas y la estructura contractual empleada durante la precampaña y la actual campaña.

Entre los puntos críticos se encuentra la gestión de la gerencia de campaña, que, según el denunciante, pasó de Óscar Alonso Vélez Rojas a Gustavo Matamoros Galvis, hijo del aspirante presidencial.

“Inicialmente, la gerencia de campaña habría sido ejercida por el ciudadano Óscar Alonso Vélez Rojas y, posteriormente, dicha función habría sido asumida por el ciudadano Gustavo Matamoros Galvis, hijo del candidato presidencial”, señala la denuncia.

La denuncia también advierte la posible tercerización de servicios profesionales y de asesoría a través de una empresa presuntamente vinculada al propio Matamoros Galvis, lo que pondría en duda el uso de los recursos y la independencia entre quienes dirigen la campaña y quienes administran o contratan los recursos.

“Se tiene conocimiento de que diversos servicios profesionales y de asesoría relacionados con actividades de precampaña y campaña presidencial habrían sido tercerizados a través de una empresa o consultora presuntamente vinculada o representada legalmente por el ciudadano Gustavo Matamoros Galvis”, indica el denunciante.

Según el documento que ahora estudia el CNE, existen dudas sobre la trazabilidad de los contratos, la transparencia en el reporte de ingresos y gastos electorales, así como la claridad en la identificación de la sede y la estructura administrativa de la campaña.

El denunciante advierte que la posible coincidencia de roles entre la dirección y la administración de la campaña podría obstaculizar la supervisión de los recursos y la contratación de servicios.

“Los hechos anteriormente descritos ameritan verificación institucional por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), particularmente respecto del adecuado cumplimiento de las normas sobre financiación, reporte, administración y control de campañas electorales”, indica el documento revelado por Semana.

Quienes formularon la denuncia pidieron específicamente que la autoridad electoral verifique la identidad del gerente de campaña, el responsable financiero y los contratistas seleccionados. También solicitaron un examen de los pagos realizados, además de una posible auditoría y la apertura de investigaciones electorales si se confirman irregularidades.

La denuncia fue radicada el pasado 11 de mayo y, según lo conocido, exige que la Dirección de Vigilancia e Inspección Electoral del CNE analice los hechos y defina los siguientes pasos. Esta situación se da en la recta final hacia las elecciones, en la que las campañas intensifican sus actividades en todo el país.

En paralelo, Noticias Uno reveló el testimonio de un extrabajador de la campaña del hoy candidato que, ante la falta de salario durante enero y febrero, se vio forzado a abandonar su labor y buscar empleo como obrero de construcción para afrontar sus deudas.

Francisco Javier Franco, comunicador audiovisual y que habría trabajado con el equipo del general (r), relató que él y otros integrantes generaban contenidos para redes sociales del candidato, bajo la promesa de un sueldo en dólares. Franco explicó que optó por renunciar a otro trabajo remoto, motivado por la oferta económica de la campaña.

“Me ofreció un sueldo en dólares. Yo tenía un trabajo, también era remoto, entonces yo estaba intercalando los dos trabajos, pero en vista de que el sueldo de la campaña era bueno, yo dije: “Voy a renunciar”, señaló el comunicador.

La situación se agravó cuando, pese a continuar publicando materiales para la candidatura, los responsables de la campaña habrían asegurado que los fondos para los pagos llegarían en breve.

Los trabajadores habrían esperado varias fechas anunciadas, pero los recursos no se concretaron. El equipo recibió mensajes reiterados de tranquilidad, con la promesa de que los pagos serían efectuados una vez que se obtuvieran los fondos necesarios.

“Van a pagar tal día, tal fecha. Y uno esperando esa fecha y uno hable y pregunte. No, nada, no pasaba nada. Pero tranquilos que van a pagar, si están consiguiendo los recursos”, señaló Franco al medio televisivo.

La falta de pago habría tenido consecuencias directas en la vida de los denunciantes. En palabras de Franco, debió afrontar deudas acumuladas en servicios de su vivienda y abandonar su profesión para desempeñarse en la construcción, ante la imposibilidad de sostenerse económicamente.

A pesar del incumplimiento, Franco expresó que habría considerado trabajar como voluntario si desde un principio le hubieran planteado esa modalidad de colaboración. “Uno lo piensa y lo hace”, sostuvo, lamentando la forma en que se gestionó la relación laboral.

El 16 de mayo fueron capturados en zona rural de Rovira, Tolima, alias Esteban y alias Cristian Rubio, dos cabecillas del frente Joaquín González y hombres de confianza del jefe de una de las disidencias de las Farc, alias Calarcá.

Ambos, considerados figuras clave en la organización, fueron detenidos tras combates con el Ejército, en los que también se incautaron fusiles de largo alcance y material de guerra.

Según cifras manejadas por las autoridades, al menos 1.000 personas de municipios como Rovira, Roncesvalles, San Antonio, Ortega, Ibagué y Cajamarca serían víctimas de extorsión por parte de este grupo disidente.

Los afectados incluyen comerciantes, ganaderos, caficultores, transportadores y familias campesinas, quienes habrían sido obligados a pagar cuotas para poder trabajar y vivir en la región.

El operativo militar que logró estas detenciones fue ejecutado por tropas del Batallón Jaime Rook de la Sexta Brigada del Ejército Nacional.

El coronel Arnold Esneider Pérez Linares detalló que, además de los capturados, un integrante del grupo murió y su identidad permanece sin confirmar. La acción se desarrolló en la vereda El Paraíso, jurisdicción de Rovira, tras meses de labores de inteligencia y seguimiento.

“El golpe es contundente ya que fueron capturados cuatro integrantes de la comisión Joaquín González, entre los que figura el cabecilla alias ‘Esteban’”, señaló el coronel tras el operativo.

El grupo liderado por “Calarcá” se ha extendido en el Tolima mediante intimidaciones y extorsiones, operando principalmente a través de la comisión armada Joaquín González. Expertos en temas de orden público señalan que, pese a hacer parte del proceso de la Paz Total promovido por el Gobierno de Gustavo Petro, esta facción ha logrado aumentar su número de integrantes y ampliar su presencia territorial.

Los informes de inteligencia indican que alias Esteban ejercía fuertes presiones a quienes no cumplían con las exigencias económicas: la organización otorgaba un plazo para el pago, y en caso de incumplimiento, las familias eran obligadas a abandonar sus tierras.

Las intimidaciones alcanzaron incluso a transportadores locales, a quienes se les prohibía circular con vidrios arriba o vehículos cubiertos, bajo amenaza de ser declarados objetivo militar.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, destacó la importancia de las capturas para debilitar la presencia del grupo de alias Calarcá. En una entrevista concedida a El Tiempo, señaló que los cabecillas arrestados se dedicaban a reforzar las finanzas de la organización mediante extorsiones y lograron establecer cierto control en corredores viales.

“Los alias Esteban y Cristian Rubio habían causado mucho daño en estos municipios donde habían sembrado el terror entre sus habitantes a los que obligaban a pagar extorsiones,pero también es importante decir que habían establecido cierto control en algunos corredores viales por lo que muchos conductores no se atrevían a transitar”, señaló la mandataria.

A alias Esteban se le atribuye, además, el reclutamiento de menores bajo engaños y la coordinación de reuniones con Juntas de Acción Comunal para fijar normas de convivencia forzadas, siempre bajo amenaza.

La influencia de esta estructura criminal no se limita al Tolima. Las autoridades relacionan a la organización de ‘Calarcá’ con hechos delictivos en otras regiones como Guaviare, Putumayo, Caquetá, Magdalena Medio y Antioquia. En este último departamento, se investiga su presunta participación en el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda.

Balance de la operación militar y perspectivas

El general Carlos Ernesto Marmolejo, comandante de la Quinta División del Ejército, informó que durante la operación se incautaron cinco fusiles de largo alcance, una mini UZI, diez proveedores y material de intendencia.

Las fuerzas militares consideran que el resultado representa un “severo golpe” para la facción de alias ‘Calarcá’, debilitando sus capacidades operativas y financieras en la región.

Hay alerta máxima en el departamento del Cauca, después de que el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) denunciara en la mañana del lunes 18 de mayo sobre el robo de un vehículo oficial asignado a la guardia indígena del municipio de Cajibío.

Según informó la organización indígena, los hechos ocurrieron sobre las 10:23 p. m. del domingo 17 de mayo cuando sujetos armados interceptaron la camioneta de placas NQK680 de color blanco.

Una vez detuvieron el automotor, los delincuentes habrían intimidado a sus dos ocupantes que, según el Cric, son un coordinador de la guardia indígena y un wike thegna, también conocido como guardián.

“Hacia las 10:23 de la noche del domingo 17 de mayo de 2026, en el sector el Cofre, municipio de Cajibío, fue interceptada por hombres armados la camioneta asignada a la Guardia Indígena Regional, perteneciente a la Unidad Nacional de Protección, de placas NQK 680, color blanco”, señaló el Cric en un comunicado.

La organización aseguró que ambos líderes fueron retenidos por varios minutos y habrían sido intimidados para abandonar el automotor, por lo que exigieron la Gobierno nacional mayores garantías para ejercer su soberanía en el territorio.

“En el vehículo se transportaban el coordinador de la guardia y un el Kiwe Thegna, quienes fueron amenazados y retenido por varios minutos por hombres armados, posteriormente fueron abandonas en el lugar, mientras los responsables se llevaron el vehículo. Exigimos garantías de seguridad y el respeto por la labor humanitaria y de control territorial que ejerce la Guardia Indígena Regional (sic)”, concluyó el Cric.

Entretanto, desde el Gobierno nacional no se ha emitido pronunciamiento sobre lo ocurrido en la noche anterior, mientras que el departamento del Cauca se mantiene en vilo por los recientes hechos de violencia.

De hecho, en simultáneo al robo de la camioneta de la UNP, las autoridades reportaron un atentado con explosivos en el municipio de El Bordo, cabecera de El Patía, lo que intensificó la alarma por la crisis de seguridad en el sur del departamento.

Según se conoció, una patrulla de la Policía Nacional fue blanco de un ataque directo cuando dos hombres a bordo de una motocicleta lanzaron una granada que cayó en el platón del vehículo oficial, dejando como resultado a un uniformado y un civil heridos.

Las víctimas del atentado —trasladadas de inmediato a centros asistenciales de la región— aún permanecen bajo observación médica. Hasta el momento, las autoridades mantienen la reserva sobre la gravedad puntual de las lesiones sufridas tanto por el policía como por el civil alcanzado por la detonación.

El municipio de El Patía, y en particular su cabecera El Bordo, se ha convertido en escenario frecuente de este tipo de hechos violentos. Las autoridades atribuyen la escalada de ataques a estructuras armadas ilegales como el Frente Carlos Patiño, una disidencia de las antiguas Farc con presencia activa en corredores rurales estratégicos de la región. En ocasiones anteriores, atentados similares han dejado víctimas mortales y decenas de heridos en las inmediaciones de instalaciones policiales.

Tras el atentado ocurrido este fin de semana, las autoridades reforzaron la vigilancia con unidades especiales de la Policía y el Ejército desplegadas en los principales corredores viales del sur de Cauca.

Así mismo, equipos antiexplosivos inspeccionaron minuciosamente el lugar del ataque a fin de descartar la presencia de otros artefactos y recolectar pruebas para esclarecer el modus operandi de los responsables.

En respuesta al ataque, la comunidad de El Bordo hizo un llamado urgente para que el Estado aumente su presencia en la zona y adopte nuevas medidas a fin de restablecer la tranquilidad pública.

De acuerdo con líderes sociales y habitantes, el clima de inseguridad afecta gravemente la movilidad, el comercio y la vida cotidiana, y ha consolidado un ambiente de temor permanente para cientos de familias.

En medio de la polémica por la pelea del Gobierno nacional con la Fiscalía General de la Nación por cuenta de la negativa a suspender las órdenes de captura contra 29 miembros del Clan del Golfo para instalarse en las zonas de ubicación temporal (ZUT), se conoció que el Ejecutivo también prepara estos espacios para otros grupos armados.

En medio de su estrategia de paz total, el Gobierno Petro también busca crear ZUT para organizaciones como el Frente Comuneros del Sur, el Estado Mayor de los Bloques y Frentes o Frente 33 de las disidencias de alias Calarcá, y la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, según información revelada por Noticias RCN.

Estos espacios resultan ser un beneficio para los integrantes que se acogieron a la estrategia de paz del Gobierno, pues las ZUT les permite reunirse sin riesgo de operativos militares en su contra.

Según el medio nacional, ya están listas ZUT para los grupas armados y abarca varias regiones: Mallama, en Nariño se instalaría el Frente Comuneros del Sur; en Tibú, en Norte de Santander, quedaría ubicado el Estado Mayor de los Bloques y Frentes o Frente 33.

Asimismo, la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano tendría dos espacios en los municipios de Roberto Payán en Nariño y Valle del Guamuez en Putumayo, y el Clan del Golfo quedaría ubicado en el municipio de Tierralta en Córdoba y Belén de Bajirá y Unguía en el Pacífico colombiano. Estos espacios, a cielo abierto, se han dispuesto para facilitar el avance de los diálogos de paz.

La implementación de estas zonas tiene un aspecto polémico: algunos de los cabecillas que podrían hacer uso de ellas tienen órdenes de extradición vigentes. Entre los nombres señalados se encuentran Jobanis de Jesús Ávila, conocido como Chiquito Malo y perteneciente al Clan del Golfo; Javier Velosa, alias John Mechas del Frente 33; y Andrés Allende, de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano.

Durante el desarrollo de los diálogos, los líderes de estos grupos podrían permanecer en las ZUT sin temor a ser capturados por las autoridades, pese a los procesos judiciales pendientes.

Esta situación ha generado inquietud, especialmente porque la Corte Suprema ya había autorizado la extradición de figuras como Willington Henao (Mocho Olmedo) y Giovanni Rojas (Araña), pero el presidente ha decidido suspender temporalmente esas entregas en espera de resultados positivos en la negociación con los grupos armados.

La pelea entre la Fiscalía y el Gobierno nacional por cuenta del Clan del Golfo

La Fiscalía ratificó la vigencia de 29 órdenes de captura contra cabecillas del Clan del Golfo tras una reunión entre la fiscal general Luz Adriana Camargo y el consejero Otty Patiño, lo que postergará el traslado de estos integrantes a las Zonas de Ubicación Temporal previstas para avanzar en la negociación de paz con el Gobierno. Esta definición obstaculiza el inicio de una nueva etapa del proceso, que el Ejecutivo planeaba implementar desde el 25 de junio.

La decisión fue formalizada a través de la Resolución No. 0-142 de 2026, documento en el que la Fiscalía General de la Nación enfatizó que solo suspenderá las órdenes de captura cuando reciba información suficiente y verificable sobre el cumplimiento de los requisitos legales y el avance real de los compromisos asumidos en la mesa de diálogo.

Entre los puntos que la fiscal Camargo exigió acreditar figuran la entrega de armas, la liberación de menores reclutados, la cooperación para ubicar a personas desaparecidas, la suspensión de cualquier violación al derecho internacional humanitario y a la población civil, así como el desmonte de las estructuras financieras del grupo armado.

El 14 de mayo se formalizó un encuentro de más de tres horas entre la fiscal y el consejero de Paz tras un debate originado en abril, cuando la Oficina del Consejero Comisionado de Paz aceptó “de buena fe” el listado de los 29 miembros y solicitó suspender las capturas para facilitar su traslado a las Zonas de Ubicación Temporal.

El Gobierno considera que la presencia de estos cabecillas en cinco áreas específicas es esencial para continuar el diálogo. Sin embargo, Camargo reiteró que “la suspensión temporal de órdenes de captura y la puesta en funcionamiento de las Zonas de Ubicación Temporal no interrumpen el ejercicio de la acción penal ni afectan las competencias constitucionales y legales de investigación, acusación y juzgamiento”.

El consejero Otty Patiño expresó mediante un comunicado su desacuerdo con la postura del ente acusador, advirtiendo que la Ley 2272 de 2022, que sustenta la política de paz de Estado, condiciona este tipo de suspensiones a las propias normas y no a la “valoración discrecional” de la fiscal.

“Toda actuación en mi calidad de Comisionado de Paz y de la Consejería que dirijo, se ha desarrollado en estricto cumplimiento a la Constitución y a la ley. En ningún momento se ha pretendido sustituir las competencias constitucionales ni legales de la Fiscalía General de la Nación, siempre se ha actuado en respeto de la autonomía de las ramas del poder público, sin interferir en el ejercicio de la acción penal”, explicó el funcionario.

El embargo judicial de bienes de la exreina de belleza Saray Robayo, ahora congresista del Partido de la U, forma parte de la nueva fase en el caso Centros Poblados, uno de los mayores escándalos de corrupción en Colombia.

Robayo, a través de su defensa, niega vínculos patrimoniales con fondos ilícitos presuntamente generados por Emilio Tapia, contratista condenado, y busca frenar la extinción de dominio que ordenó la Fiscalía General de la Nación, según información conocida por la revista Cambio.

La Fiscalía embargó cinco inmuebles de Saray Robayo por sospechar que estos podrían estar relacionados con recursos irregulares provenientes del contrato de Centros Poblados.

Sin embargo, la congresista presentó pruebas de que adquirió las propiedades antes de conocer a Tapia y argumentó la total independencia de su patrimonio, cuestionando que exista una sociedad patrimonial con el contratista condenado.

Entre los bienes bajo medidas cautelares destaca un terreno rural de 2.100 metros cuadrados en San Bernardo del Viento, Córdoba, adquirido en 2022 por 22 millones de pesos. También figuran una finca de 31 hectáreas en Montería —comprada junto a su medio hermano Raymundo Elías Méndez Bechara—, un penthouse de 338 metros cuadrados en Coveñas, Sucre, y dos inmuebles adicionales en copropiedad.

La extinción de dominio busca evitar que patrimonios originados en actos ilícitos permanezcan en manos de los involucrados. Aunque la Fiscalía admite el origen lícito de los bienes, sostiene que podrían haber sido utilizados para ocultar capitales ilegales, y apela a la “probabilidad jurídica fundada probatoriamente” para aplicar medidas a personas cercanas a Tapia.

La defensa de Saray Robayo ante la extinción de dominio

Entretanto, la defensa jurídica de Saray Robayo, encabezada por Andrés Pastás, sostiene que su relación sentimental con Tapia comenzó en 2024 y que, hasta finales de 2023, la congresista “ni siquiera conocía a Tapia”, por lo que descarta la existencia de convivencia y de una unión marital de hecho.

Pastás recalcó en documentos judiciales que “nunca existió apoyo mutuo económico, moral ni espiritual”, según documentos presentados al caso y citados por Cambio. El defensor argumentó también que Tapia sigue casado desde 2016, lo que impediría la declaración de patrimonios compartidos.

Asimismo, la congresista afirma que adquirió todos los bienes antes de iniciar cualquier vínculo con Tapia. El expediente judicial incluye sus declaraciones de renta: 1.929 millones de pesos en 2020, 1.795 millones en 2021 y 2.061 millones en 2022. La defensa señala que su patrimonio se originó en su trabajo en la Universidad del Sinú y el Ministerio del Interior en 2020.

Un elemento central de la defensa es que Robayo no entró a la cárcel El Bosque, en Barranquilla, donde estaba recluido Tapia, antes del 2 de mayo de 2024, según registros del Inpec. Este hecho respalda, en palabras de su equipo, que no convivió con el contratista durante el periodo relevante para la investigación.

Además, la estrategia de la defensa añadió un giro destacando la anterior relación sentimental de Robayo con Armando Benedetti, actual ministro del Interior, entre 2022 y 2023.

El expediente judicial revelado por la revista Cambio incorporó enlaces de prensa y pruebas de vuelos privados realizados por la congresista y Benedetti entre Barranquilla y Caracas en aeronaves de Helistar, Helijet y Río Sur, utilizados para reforzar que ese período descarta convivencia con Tapia.

Controversias en torno a fechas y vínculos patrimoniales

Uno de los focos principales del proceso es la incertidumbre sobre el momento exacto en que inició la relación Robayo-Tapia. Aunque la defensa alega que el vínculo comenzó en 2024, no suministró una fecha precisa, lo que dificultaría la validación de la unión patrimonial que requiere la Fiscalía como fundamento para su acusación.

De hecho, en una polémica entrevista de junio de 2025 concedida a Eva Rey, que al final nunca salió a la luz de forma completa, Robayo afirmó que su maternidad fue “planeada y concebida” en prisión junto a Tapia. Sin embargo, el expediente judicial no contiene el registro de nacimiento de la hija, aunque sí documentación relacionada con el matrimonio anterior de Tapia y su paternidad previa.

La defensa solicitó que Robayo, Tapia y sus abogados comparezcan ante la jueza para precisar el inicio del vínculo, pues solo una convivencia demostrada de al menos dos años podría crear una sociedad patrimonial de hecho, requisito clave para aplicar la extinción de dominio sobre los bienes de la congresista.

En declaraciones a Caracol Radio el 18 de abril de 2024, Robayo negó cualquier relación sentimental con Tapia. La declaración se produjo después de que el medio informara sobre supuestas salidas del contratista de la cárcel para encontrarse con la congresista, hecho que provocó una investigación interna del Inpec.

Hay consternación en la Defensoría del Pueblo, después de que se confirmara que uno de sus investigadores sufrió muerte cerebral tras protagonizar una riña callejera en el sur de la capital del país.

Según informó la entidad, se trata de Miguel Ángel Ramírez, un joven de 22 de años que se desempeñaba como investigador de la regional Cundinamarca, del que se confirmó su fallecimiento pocas horas después del pleito.

Hasta donde se conoce, el joven sufrió el daño irreparable en su cerebro después de recibir una patada en la cabeza, al parecer, por un acto de intolerancia luego de abandonar un lugar de rumba en la localidad de Kennedy.

Entretanto, la familia y allegados de Ramírez han elevado su voz para que se investigue de manera rigurosa lo sucedido. Según el relato de uno de sus familiares entregado a Citynoticias, el incidente tuvo lugar cuando la víctima y otras personas salían de un bar en el sector de Carvajal, sobre la Primera de Mayo.

Allí, una discusión entre el joven y hombres desconocidos escaló rápidamente al punto de llegar a la agresión física. Incluso, el familiar de Ramírez, que prefirió mantener su identidad oculta, señaló que un policía presenció la confrontación y no intervino a tiempo, permitiendo que la situación escalara hasta el ataque fatal.

“Salían de un bar por el sector del Carvajal en la Primera de Mayo, hubo una discusión con unas personas, un policía estaba presente, dejó que la discusión siguiera, llegaron a los golpes, tampoco intervino al ver que había golpes de por medio”, señaló el familiar al noticiero local.

De acuerdo con el testimonio del allegado, el golpe en la cabeza provocó un derrame cerebral, lo que derivó en el fallecimiento del investigador. “Estuvo en el piso, le pegaron una patada cuando ya tuvo un derrame, después lo llevaron al hospital y dijeron que tuvo muerte cerebral”, comentó el allegado a Citynoticias.

“Lo que se sabe es que el policía detuvo a las personas que estuvieron involucradas en la pelea y luego, en un momento, los dejó libres”, señaló el familiar, que aseguró que esto causa aún más frustración.

Las autoridades confirmaron que el origen de la disputa continúa bajo investigación. Mientras tanto, la familia describió a Miguel Ángel como una persona dedicada a sus estudios y a su carrera, recordándolo como persistente y comprometido.

Por su parte, la defensora del pueblo, Iris Marín, manifestó públicamente su rechazo ante lo ocurrido y expresó solidaridad con familiares y amigos del joven investigador. En un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, la funcionaria lamentó el hecho y sumó su voz al llamado de justicia.

“Duelo en nuestro equipo de Defensoría del Pueblo. MiguelÁngel era un joven investigador de la Defensa Pública. Murió violentamente esta madrugada. Nuestra solidaridad con su familia y amigos”, señaló la funcionaria.

Asimismo, la entidad emitió un pronunciamiento oficial a través de sus redes sociales, en el que rechazó las actuaciones violentas contra el joven al que describieron como entusiasta y con un promisorio ascenso profesional.

“Con profundo dolor lamentamos la muerte de MiguelÁngel Ramírez, investigador de la Regional Cundinamarca, un joven de apenas 22 años que iniciaba su camino profesional con compromiso y vocación de servicio. Acompañamos de corazón a su familia, amistades y compañeros y compañeras de la Regional en este momento tan difícil”, señaló la entidad.

Además, la Defensoría del Pueblo exigió a las autoridades capitalinas iniciar con una investigación que permita determinar los móviles del crímen, además de dar con los responsables del brutal ataque contra Ramírez.

“Nos unimos a su dolor y enviamos un abrazo solidario a quienes hoy sienten su ausencia. Esperamos que las autoridades esclarezcan con prontitud lo ocurrido y que este hecho no quede en la impunidad”, concluyó la Defensoría del Pueblo.

Actualmente, los allegados de la víctima mantienen vigilias y reuniones en oración, mientras insisten en que se identifique a los responsables y se garantice que no haya impunidad.

El fallecimiento de Miguel Ángel Ramírez tras una riña en Kennedy evidencia la demanda social de justicia ante episodios de violencia urbana y el rol de las instituciones en la protección de sus integrantes. Las investigaciones siguen en curso para determinar las circunstancias exactas y la responsabilidad de los involucrados.

La Procuraduría General de la Nación ratificó la destitución e inhabilidad por 12 años al subintendente de la Policía, Guillermo Alexander Chacón López, tras comprobarse que agredió físicamente a una patrullera en la subestación de Policía Zaragoza, en Cartago, Valle del Cauca, durante 2024.

En la decisión de segunda instancia, la Sala Regional de Juzgamiento del Valle del Cauca concluyó que el uniformado utilizó su posición de superioridad para ejercer comportamientos agresivos.

La autoridad disciplinaria consideró que el agresor intentó justificar los hechos al señalar que ocurrieron en un ámbito privado, al parecer por la relación sentimental que existía entre ambos uniformados, pero la Procuraduría determinó que esta circunstancia no eximía la gravedad de la falta ni la ruptura de los deberes de respeto.

El fallo precisó que el análisis probatorio se realizó con perspectiva de género, concluyendo que existieron violencias relacionadas con la condición de mujer de la víctima.

Según el ente de control, el subintendente abusó de su cargo y de las funciones inherentes a su posición, lo que configuró una falta gravísima cometida de forma dolosa.

De acuerdo con la Procuraduría, el caso fue evaluado bajo los principios de legalidad, disciplina, moralidad, proporcionalidad y la protección de los derechos humanos.

La sanción implica que Chacón López no podrá ejercer cargos públicos ni ingresar a la función pública durante el periodo establecido, al haber infringido los estándares de conducta exigidos para los miembros de la Policía Nacional.

La Procuraduría coordina con departamentos estrategias para enfrentar emergencias climáticas previstas en 2026

La inminente llegada del fenómeno climático conocido como el ‘Súper Niño’ ha impulsado a la Procuraduría General de la Nación a solicitar a las gobernaciones de Colombia la activación inmediata de planes de prevención y gestión de riesgos, ante la probabilidad, ahora estimada en 82%, de que se manifieste a partir de junio de 2026 y se intensifique durante el segundo semestre, lo que podría desencadenar emergencias hídricas, incendios forestales e inestabilidad en sistemas regionales.

Esta convocatoria se fundamenta en proyecciones recientes del Ideam y centros internacionales de monitoreo, que advierten sobre un aumento inusitado del riesgo y anticipan consecuencias directas para la disponibilidad de agua, la producción agropecuaria y la seguridad energética del país.

La última actualización científica, publicada el 15 de mayo de 2026, revela que el riesgo de ocurrencia del Súper Niño podría escalar hasta 96% para finales de 2026, conforme a los modelos climáticos internacionales citados por el Ideam. Este incremento representa una aceleración significativa frente al 62% reportado semanas antes por la Noaa (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica) de Estados Unidos, lo que señala un agravamiento del panorama comparado con estimaciones previas.

La reunión nacional, liderada por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Mineroenergéticos y Agrarios y la Federación Nacional de Departamentos, congregó a secretarios de Gobierno y responsables de cambio climático para coordinar una respuesta institucional única.

Allí, el procurador general Gregorio Eljach Pacheco presentó la Directiva 06 de 2026, en la que se delinean las acciones prioritarias para fortalecer la capacidad de reacción y socializar lineamientos de prevención, mitigación y adaptación frente al cambio climático.

“La articulación entre Nación y territorios es indispensable para enfrentar los efectos del cambio climático. Debemos anticiparnos a los riesgos y fortalecer las capacidades institucionales para proteger el agua, los alimentos, la energía y, sobre todo, a las comunidades más vulnerables”, destacó la Procuraduría.

La entidad insistió en la urgencia de actuar con anticipación para mitigar los riesgos asociados a eventos extremos y anunció la implementación de un seguimiento preventivo, tanto sobre la Directiva 06 como sobre la Circular 001 de 2026, con el objeto de supervisar la ejecución de políticas efectivas a nivel territorial.

Cuando presuntamente pretendían engañar a varios comerciantes del municipio de Girardot, La Policía Nacional logró la captura de tres personas acusadas de falsificar billetes y distribuirlos de forma irregular.

Según indicó la institución en la mañana del domingo 17 de mayo, los señalados fueron retenidos en medio de una operación destinada al control de actividades ilícitas en el municipio.

Durante la diligencias, a las dos mujeres y el hombre se les encontró un total de dos millones de pesos en billetes falsificados, además seriales duplicados, evidencia que reforzó las sospechas sobre la actividad ilícita.

La intervención de la Policía Nacional se activó tras la alerta de víctimas y la implementación de un “Plan Candado” en puntos clave del municipio. La rápida coordinación permitió localizar e interceptar el vehículo donde se movilizaban los presuntos responsables, que intentaban burlar los controles de seguridad.

Los detenidos enfrentan cargos por tráfico de moneda falsificada y acumulan 11 anotaciones judiciales, de las cuales seis corresponden al mismo delito.

“Durante el procedimiento, las patrullas hallaron en poder de los capturados más de $2 millones en billetes falsos, varios de ellos con seriales repetidos, evidenciando características ajenas al dinero legítimo expedido por el Banco de la República”, comentó la institución.

Durante la inspección, los uniformados comprobaron que los billetes presentaban características ajenas a los expedidos por el Banco de la República, como seriales repetidos y problemas en la colorización del papel, lo que facilitó la judicialización de los implicados.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la lucha contra las estructuras dedicadas a la falsificación de moneda. La entidad hizo énfasis en la necesidad de que la ciudadanía denuncie cualquier situación sospechosa, recordando que la línea de emergencia 123 está habilitada para recibir información que permita prevenir este tipo de delitos.

La operación en Girardot forma parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer la seguridad y proteger la economía local frente a amenazas como la circulación de dinero falso.

Policía capturó a presunto abusador de su propia hija en Tenjo

La captura de Mauricio Linares Bustos en el municipio de Tenjo, Cundinamarca, generó una rápida reacción institucional tras la denuncia de la madre de una niña de doce años. La intervención policial se concretó después de que la progenitora advirtiera conductas inusuales en su hija y decidiera informar a las autoridades.

El operativo tuvo lugar en la vereda Chince, sector Camellón Pan de Azúcar, donde efectivos de la Policía Nacional y la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) lograron ubicar y detener al señalado. Según la investigación, los hechos ocurrieron durante los periodos de custodia, cuando la menor se encontraba bajo el cuidado de su padre.

Las diligencias iniciales incluyeron el traslado de la niña a un centro médico, con el objetivo de proteger su bienestar y realizar las valoraciones necesarias. La apertura de la noticia criminal por parte de la unidad básica de investigación de Tenjo permitió avanzar en la recolección de pruebas.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, Mauricio Linares Bustos fue judicializado por los delitos de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir agravado y acceso carnal violento agravado.

Un juez de control de garantías determinó la imposición de una medida de aseguramiento privativa de libertad, ordenando que el presunto responsable sea enviado a un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Los investigadores destacaron que la actuación de la madre resultó fundamental para activar los protocolos de protección y alerta temprana sobre posibles hechos que afecten a menores de edad.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, invitando a la comunidad a informar cualquier situación que ponga en riesgo a menores, con la certeza de que cada denuncia activa una respuesta inmediata para salvaguardar su integridad.

Mientras las autoridades intensifican la búsqueda de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años cuyo paradero se desconoce desde el miércoles 13 de mayo tras practicarse un procedimiento estético no autorizado en el sur de Bogotá, los involucrados en dicha cirugía se enfrentan a graves consecuencias.

La última imagen disponible muestra a la víctima siendo cargada casi inconsciente por dos hombres, quienes la subieron a un vehículo tras complicaciones médicas sufridas durante una lipólisis láser realizada en una clínica clandestina.

El caso ha puesto en el centro del debate las consecuencias legales para quienes participaron en su desaparición. Los involucrados —incluida la propietaria del establecimiento, una enfermera venezolana, el falso médico responsable del procedimiento y quienes trasladaron a la paciente— ahora enfrentan posibles sanciones que podrían alcanzar hasta 40 años de prisión.

Quienes participaron en la desaparición de Yulixa Toloza tras un procedimiento estético ilegal podrían ser acusados de desaparición forzada, un delito que en Colombia contempla penas de entre 26 y 45 años de cárcel.

Además, si se comprueba la muerte de la paciente, los responsables podrían enfrentar cargos adicionales, incluyendo homicidio doloso, que agrava la situación penal de los implicados.

Las líneas de investigación y los delitos posibles

El abogado penalista Saúl León señaló a El Tiempo que la investigación principal debería centrarse en la desaparición forzada. Explicó que el simple hecho de mantener a la víctima oculta ya constituye ese delito según la ley colombiana.

“El solo hecho de mantenerla desaparecida ya materializa ese delito”, comentó el jurista al diario nacional.

Además, León advirtió sobre la posible manipulación o desaparición de grabaciones de cámaras de seguridad en la clínica, lo que podría derivar en acusaciones por ocultamiento o destrucción de material probatorio. Esta conducta está penada con entre seis y doce años de prisión.

Asimismo, el penalista Fabio Humar advirtió que los hechos pueden derivar en múltiples delitos, comenzando por lesiones personales, debido a las complicaciones médicas sufridas por Toloza.

Humar también destacó que ofrecer procedimientos médicos sin la debida habilitación profesional constituye una irregularidad grave en la prestación de servicios de salud y también la castiga la justicia colombiana.

En caso de que se confirme el fallecimiento de la mujer tras la intervención, quienes practicaron el procedimiento enfrentarían cargos por homicidio doloso. Según Humar, “cualquier resultado dañino derivado de una intervención ilegal puede ser imputado a título de dolo”.

Una de las claves en la investigación sobre la desaparición de Yulixa Toloza es el vehículo en el que la mujer de 52 años fue vista por última vez al salir de un centro estético que funcionaba sin autorización en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá.

Desde que Toloza abandonó ese lugar el 13 de mayo de 2026, las autoridades han intentado reconstruir la ruta del automóvil con placas UCQ-340, que fue registrado por cámaras de peaje en el municipio de Gachancipá, en Cundinamarca, durante la madrugada del 14 de mayo.

El registro en los peajes marca el último punto confirmado en la investigación sobre el destino de Toloza. Según El Tiempo, el automóvil era empleado de forma regular por María Fernanda Delgado Hernández, señalada como propietaria del centro Beauty Láser, y por su pareja, identificada como Edinson Torres. Sin embargo, el propietario legal del vehículo es George Ramírez Cortázar, un comerciante de 33 años que posee un local de comidas cercano al establecimiento estético.

Ramírez Cortázar acudió de manera espontánea ante la Sijín para aclarar su relación con el vehículo. Explicó ante las autoridades que, aunque el automóvil estaba formalmente registrado a su nombre, fue la pareja de origen venezolano, responsable del centro en el que fue vista Yulixa Toloza, quien le solicitó ayuda para gestionar el traspaso de la propiedad, ya que carecían de la documentación migratoria necesaria para completar el trámite en Colombia.

La Casa del Pueblo, ubicada en la vereda Guanacas del municipio de Inzá(en Cauca), enfrenta un riesgo inminente de colapso tras años de resistir constantes inundaciones y daños estructurales.

Esta biblioteca, reconocida a nivel nacional por su impacto educativo y por su arquitectura de guadua, ha visto cómo el agua y el lodo amenazan no solo su integridad, sino el futuro cultural de la comunidad.

En la actualidad, la biblioteca sufre inundaciones que han deteriorado su estructura y provocado la pérdida de más de 500 libros por humedad y filtraciones. Según habitantes y líderes comunitarios, la situación se agravó por irregularidades en las obras de la Transversal del Libertador, una vía nacional que, al modificar el manejo de aguas lluvias, ha derivado en avalanchas de barro y piedras.

Estos desbordamientos han afectado no solo la biblioteca, sino viviendas, canchas y terrenos de cultivo, dejando a la vereda en alerta cada vez que llueve, según informaron los pobladores en diálogo con la revista Cambio.

“Hemos perdido una gran cantidad de libros, algunos expuestos y otros muchos que estaban en el almacén. La biblioteca se nos está hundiendo: cuando uno entra, parece que el suelo tuviera ondas. Una de las ventajas es la construcción en guadua, que ha permitido que las paredes no se resquebrajan tan fácil, pero ya empezamos a tener partes de la guadua que se están cayendo”, señaló Duván Andrés Morales, el bibliotecólogo de Casa del Pueblo, en diálogo con la revista.

La Casa del Pueblo fue construida hace 22 años con materiales ecológicos y mano de obra campesina, como un refugio frente a la violencia que marcó al Cauca. Su diseño, obra del arquitecto bogotano Simón Hosie, le valió el Premio Nacional de Arquitectura en 2004.

El edificio, con su techo en forma de hoja y columnas de guadua, se integró de manera única al entorno rural, ofreciendo un espacio que se transformó en centro de estudio, salón de ensayos y galería para niños, jóvenes, indígenas y campesinos.

El impacto de la biblioteca es tangible: en cada una de las 50 familias que componen Guanacas, al menos un integrante ha logrado acceder a estudios universitarios, una cifra que supera ampliamente la media nacional.

Este hecho se atribuye al acceso constante de jóvenes y niños a los libros y actividades culturales, en una región que vive con el descuido del Estado frente a los servicios educativos y la profunda violencia que se vive en el departamento.

La crisis actual se evidencia en imágenes donde los pasillos de la biblioteca aparecen empantanados y en los testimonios de quienes la gestionan y utilizan. El bibliotecólogo rural advirtió que parte de la estructura de guadua ya muestra signos de deterioro, a pesar de la resistencia natural del material. Además, relató que una de las principales colecciones literarias de la región, la de Tierradentro, se ha visto seriamente afectada.

“Ya es complejo para algunos niños ir a la biblioteca porque es un peligro. O me ha pasado que me gritan: ¡Córrale Duván, porque se viene la montaña!”, señaló el trabajador a Cambio.

Los líderes comunitarios vinculan directamente los daños a la biblioteca y otras infraestructuras con el deficiente manejo de drenajes en la Transversal del Libertador. Tras un fallo judicial favorable en 2023, que ordenó al Invías realizar estudios y tomar medidas correctivas, la comunidad denuncia que no se han implementado acciones concretas.

La Junta de Acción Comunal y habitantes de Guanacas insisten en la urgencia de soluciones que eviten más daños y protejan tanto el patrimonio bibliográfico como la seguridad de la población.

A pesar de integrar la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, ni la Biblioteca Nacional de Colombia ni el Ministerio de Cultura han intervenido para resguardar el acervo material o reforzar la estructura dañada.

Mientras tanto, las lluvias continúan bajando lodo y escombros desde la montaña, y crece el temor de que una próxima inundación arrase con uno de los pocos espacios que, durante dos décadas, ofreció una alternativa de vida y paz a generaciones en medio del conflicto armado.

Tras un arduo trabajo de los organismos de socorro del departamento de Boyacá, en la mañana del domingo 17 de año pudieron salir con vida los dos trabajadores que quedaron atrapados luego del derrumbe presentado en la mina San Diego, ubicada en la vereda Santa Bárbara, del municipio de Tasco.

Según la información conocida hasta el momentos, los dos hombres se mantienen en aparentes buenas condiciones. Incluso, lograron salir caminaninando del socavón, pese a las condiciones adversas qeu enfrentaron desde la tarde del viernes 15 de mayo cuando ocurrió la emergencia.

Sin embargo, lo dos mineros fueron ingresados a vehículos de emergencia para su valoración primaria y luego trasladados hasta el municipio de Sogamoso, donde serán internados en un centro médico para adelantar los exámenes correspondientes que verifiquen sus condiciones de salud.

“La labor comunitaria, lógicamente, ha estado muy pendientes de que ellos estén bien hidratados y con vida. Estas labores empezaron a desarrollar desde el viernes en horas de la tarde, gracias a Dios, hoy en horas de la mañana ya encontraron a las dos personas que estaban allí atrapadas, ellos están estables, lógicamente entran a revisión por el equipo médico para determinar cualquier afectación de salud”, señaló Germán Camilo Morales Rincón, alcalde de Tasco, en diálogo con Caracol Radio.

Lo que ocurrió en el municipio de Tasco, Boyacá

Desde el viernes 15 de mayo se llevó una operación de rescate avanza bajo máxima tensión en la mina San Diego, ubicada en la vereda Santa Bárbara, sector Bolívar del municipio de Tasco, Boyacá, luego de que un derrumbe que dejó a dos trabajadores atrapados bajo tierra.

Las autoridades, junto a organismos de socorro, confirmaron en la tarde del sábado 16 de mayo que ambos mineros habían sido localizados con vida y permanecían recibiendo asistencia mientras continuaba un operativo contrarreloj, pese a las condiciones adversas por la inestabilidad del terreno que implicaba riesgos adicionales para los rescatistas y para los propios afectados.

Los equipos de rescate iniciaron maniobras inmediatas ante la emergencia, instalando un sistema de sondas a través del cual mantuvieron el suministro de alimentos y líquidos a los trabajadores atrapados.

Tanto los familiares de los mineros como habitantes del sector permanecieron en las inmediaciones de la mina San Diego a la espera de novedades, mientras las autoridades continúan investigando sobre las causas directas del colapso.

La situación en el municipio de Tasco se produce en un escenario nacional ya afectado por una sucesión de incidentes en minas subterráneas durante 2026. Según datos oficiales, en lo transcurrido del año se han registrado al menos siete accidentes graves en actividades de extracción de carbón, oro y esmeraldas en departamentos como Cundinamarca, Boyacá y Antioquia, con decenas de víctimas entre fallecidos y heridos.

Solo en el mes de mayo, ocurrieron dos tragedias más en el departamento de Cundinamarca: la primera en Cucunubá, donde una explosión en una mina de carbón resultó en la muerte de cuatro trabajadores y desencadenó el despliegue de unidades especializadas en rescate minero; la segunda en Sutatausa el 4 de mayo, que dejó un saldo de nueve muertos y seis heridos tras una detonación causada por acumulación de gases.

En enero también se documentaron sucesos de gravedad. En Anorí, Antioquia, el 5 de enero, dos personas murieron tras el derrumbe de un socavón de oro operado de manera ilegal y sin condiciones mínimas de seguridad.

Días más tarde, el 17 de enero, cuatro trabajadores perecieron por falta de oxígeno en una mina de carbón en Socha, Boyacá, debido a la acumulación de gases. El 21 de enero, dos mineros quedaron atrapados tras un alud en una mina de esmeraldas de más de 130 metros de profundidad en Quípama, Boyacá.

Aunque la familia del exsenador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado en el occidente de Bogotá que acabó con su vida el 11 de agosto de 2025, ya había anunciado un rechazo rotundo a los acuerdos establecidos entre la Fiscalía General de la Nación y Elder José Arteaga, alias El Costeño, hasta ahora los detalles habían permanecido ocultos.

Sin embargo, en la mañana del domingo 17 de mayo salieron a la luz los argumentos que ente acusador entregó a la justicia para avalar el acuerdo con el principal responsable del magnicidio de Uribe Turbay, que también lo condenó a una pena de 26 años de prisión.

El documento del acuerdo, que contempla un acto de perdón público, ha sido objeto de controversia no solo por la duración de la condena, sino por los términos que lo acompañan, según información revelada por la revista Semana.

Uno de los elementos que más molestia ha generado es la afirmación incluida en el preacuerdo, en el que la Fiscalía señala que la actitud colaborativa de alias El Costeño constituye una muestra de arrepentimiento real por los hechos, entre ellos el asesinato del senador Uribe Turbay. Según el texto oficial, la aceptación de cargos y el compromiso de pedir perdón públicamente serían señales de este supuesto arrepentimiento.

“La actitud del ciudadano, de aceptar su responsabilidad, se puede considerar colaborativa con la administración de justicia, pues permite visualizar el arrepentimiento frente al daño causado y es por ello que el ciudadano se compromete a pedir perdón de manera pública a las víctimas y a la sociedad ante el honorable juez como muestra de perdón”, argumentó la Fiscalía en el documento revelado por Semana.

La familia de la víctima considera discutible esa interpretación y advierte que la Fiscalía contaba con pruebas suficientes para llevar a juicio al cabecilla de la organización criminal, ya que otros implicados y condenados por el crimen estaban dispuestos a declarar en su contra.

El núcleo de la polémica radica en que, para la Fiscalía, el preacuerdo cumple con los estándares legales y garantiza los derechos de las víctimas, además de preservar la reparación y la verdad procesal.

“La Fiscalía General de la Nación cumplió a cabalidad con la estructuración de los hechos jurídicamente relevantes, en atención a que de la situación fáctica expresada se puede evidenciar la existencia de un debido juicio de imputación que permite al juzgado encuadrar los hechos en las consecuencias jurídicas imputadas”, señaló el ente acusador.

Sin embargo, los familiares del senador asesinado sostienen que el pacto con alias El Costeño representa un riesgo de impunidad. El hecho de que el acusado pida perdón públicamente no compensa, a su juicio, la magnitud del daño ni la posibilidad de una condena mayor.

En la audiencia ante el juez, la fiscal encargada expuso los detalles del arreglo. Allí, los representantes de las víctimas solicitaron un aplazamiento para argumentar con más profundidad las razones de su oposición. Consideran que la negociación con el principal cabecilla del crimen no refleja el rigor que se esperaría en un caso de esta gravedad.

Lo que dice la familia de Miguel Uribe Turbay

La familia de Miguel Uribe Turbay rechazó de forma contundente el posible preacuerdo que la Fiscalía General de la Nación estudia alcanzar con Elder Arteaga, conocido como alias El Costeño, acusado de participar en el crimen del dirigente político en 2025.

El comunicado, suscrito por María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Londoño a través de la firma legal Víctor Mosquera Marín Abogados, denunció que cualquier ventaja procesal a favor de Arteaga iría en contra de las víctimas y obstaculizaría el esclarecimiento de los responsables.

En el documento dirigido a la opinión pública, la familia de la víctima calificó como “inaceptable” que alias El Costeño acceda a rebajas o beneficios penales pese a su papel señalado como determinante en el homicidio de Uribe Turbay. Según el texto, Arteaga habría actuado como “coordinador y enlace jerárquico” de la operación, presenciado el asesinato y ordenado que un menor de edad disparara el arma.

“Otorgar beneficios desproporcionados a alias El Costeño, dado su rol determinante en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay (Q.E.P.D.), resulta inaceptable”. El comunicado también afirma que el posible acuerdo “constituye un premio a la impunidad y un agravio directo al esclarecimiento de los hechos”, sostuvo la familia del exsenador asesinado.

El rechazo al preacuerdo fue enfático: la familia aseguró que cualquier negociación con Elder Arteaga “revictimiza” a los afectados y envía un mensaje negativo ante la criminalidad en el país.

“Este preacuerdo nos revictimiza, falla en el deber de proteger la verdad frente a su nivel de responsabilidad en el magnicidio, y envía al país un mensaje que incentiva la criminalidad y las garantías procesales escudan a quienes atentan contra la democracia”, afirmaron Tarazona y Uribe Londoño en el texto difundido el 15 de mayo.

En la declaración también se anunció la decisión de acudir a todas las instancias legales disponibles para impedir cualquier acuerdo procesal entre la Fiscalía y alias El Costeño. Según el comunicado, recurrirán tanto a mecanismos nacionales como internacionales.

“Hemos transmitido a nuestro abogado la decisión de rechazar cualquier acuerdo que se presente entre la Fiscalía y alias El Costeño, además de acudir y utilizar todos los recursos e instancias legales para que la verdad plena salga a la luz y este atroz crimen no quede sepultado en la impunidad”, se lee en el pronunciamiento.

En 2026, la producción cafetera colombiana enfrenta un retroceso sin precedentes, con una caída del 28% atribuida a la combinación de fenómenos climáticos y un aumento de extorsiones armadas en zonas rurales.

Esta situación amenaza el sustento de más de 540.000 familias productoras, impactando el mercado nacional e internacional del café, según una reciente investigación adelantada por El Colombiano.

La producción de café en Colombia ha bajado drásticamente en 2026 debido a lluvias persistentes, la amenaza del fenómeno de El Niño y la presión ejercida por grupos armados, que estarían exigiendo pagos ilegales por cada árbol sembrado.

Esta combinación habría reducido la cosecha, elevado los costos y puesto en riesgo la seguridad y el futuro de miles de productores, lo que se refleja en una disminución alarmante tanto de los volúmenes de café como de los ingresos del sector.

El sector cerró 2025 con una cosecha récord de 14,8 millones de sacos de 60 kilos y exportaciones por 13,3 millones de sacos, con ingresos de más de 5.400 millones de dólares para el país. Sin embargo, entre mayo de 2025 y abril de 2026 la producción sumó solo 12,4 millones de sacos, lo que equivale a una reducción del 17% respecto al periodo anterior.

En el primer cuatrimestre de 2026, la caída fue del 28%, comparada con el mismo periodo de 2025, con una producción de apenas 3,2 millones de sacos, frente a los 4,5 millones del año pasado.

El precio interno por carga también cayó 26,8% en abril, situándose en $2.229.900 pesos. Las exportaciones disminuyeron un 15% en abril y un 7% en el periodo de 12 meses evaluado, alcanzando 11,9 millones de sacos exportados, según información de El Colombiano.

Impacto climático y económico en la producción cafetera

El fenómeno de El Niño es la principal preocupación del sector, con una probabilidad del 82% de consolidarse entre mayo y julio de 2026. Caficultores reportan floraciones irregulares y una posible extensión de la cosecha principal hasta principios de 2027, según Ana María Bermúdez, directora ejecutiva del Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia. En este departamento, la producción podría caer entre 15% y 20% respecto al ciclo anterior.

La variabilidad climática está generando menor producción y calidad. Las altas temperaturas, la falta de lluvias y el incremento de plagas afectan negativamente. Productores como Esteban Peláez insisten en que, aunque los cafetales bien nutridos resisten mejor, el rendimiento igual disminuye y se prevé un aumento del precio solo si la oferta se reduce.

“El calor aumenta plagas y enfermedades. El Niño representa un reto para el manejo agronómico de los cultivos”, señaló el cafetero al diario nacional.

Asimismo, Álvaro Gaitán, gerente técnico de la Federación Nacional de Cafeteros, señaló que es necesario completar la primera fertilización del año y vigilar la presencia de broca. Además, el costo de los fertilizantes ha aumentado más de un 50% debido a las tensiones en el Golfo de Ormuz y la guerra entre Estados Unidos e Irán.

“Siguen vigentes condiciones de tasa de cambio, precio internacional y costo de insumos por efecto de la situación en el estrecho de Ormuz, que inciden externamente en la rentabilidad de los productores”,señaló el gerente a El Colombiano.

En el contexto internacional, la recuperación de la producción en Brasil, cuya cosecha proyectada es de 71,4 millones de sacos y un crecimiento anual del 11,5%, ha empezado a presionar los precios internacionales a la baja. La apreciación del peso colombiano también reduce la rentabilidad de los exportadores, con pérdidas de hasta $550.000 por carga vendida.

Extorsión y amenazas armadas contra los caficultores

En amplias regiones se ha intensificado la extorsión armada. Grupos disidentes de las Farc, como el frente Iván Díaz en Huila, han implantado esquemas de cobro por cada árbol de café, amenazando a productores y líderes comunales. Los pagos exigidos varían entre $100 y $300 por árbol, según denuncias recogidas en municipios como Algeciras, Campoalegre y El Hobo.

Este mecanismo, alertado por líderes y en debates de seguridad departamentales, desvía las ganancias del sector hacia los grupos armados, afectando de manera directa los ingresos rurales e instaurando el miedo en la vida cotidiana de las comunidades cafeteras.

Estudios académicos reportan que siete de cada diez caficultores colombianos han recibido llamadas extorsivas, aunque solo una minoría denuncia por temor a represalias. En Antioquia y otras regiones, las tasas de extorsión llegan a 65 casos por cada 100.000 habitantes, fenómeno agravado por la ausencia estatal y la histórica presencia de cultivos ilícitos.

La extorsión actual no solo implica amenazas, sino presión económica constante por carga transportada, hectárea o árbol cultivado. Esto afectaría la capacidad de innovación y el acceso de los productores a cooperativas y mercados de mayor valor agregado.

Entre 2014 y 2023, la extorsión en Colombia creció más del 70%, con un máximo de 10.560 denuncias. Ser municipio cafetero y zona priorizada para el posconflicto incrementa el riesgo estructural de estas amenazas.

Para afrontar la crisis, la Federación Nacional de Cafeteros ha activado apoyos económicos a través del Fondo de Estabilización de Precios del Café, asignando $40.000 millones sin comprometer el capital principal. El Ministerio de Agricultura ha dispuesto $10.000 millones mediante el programa FAIA Café, para facilitar la fertilización y proteger la productividad.

El gerente general de la Federación, Germán Bahamón, resaltó que proteger el ingreso del productor es fundamental para mantener la producción y la economía rural. Desde sectores gremiales y empresariales se exige mayor presencia institucional y recursos para seguridad y desarrollo social.

Las autoridades locales y regionales, como el gobernador del Huila, promueven acciones contra la criminalidad, como la compra de equipos de rastreo telefónico y el refuerzo de operativos en zonas clave.

Académicos y empresarios sostienen que la expansión de la extorsión y la inseguridad han reducido la inversión, limitado la movilidad de la mano de obra y frenado el avance hacia cafés especiales, profundizando el ciclo de pobreza y vulnerabilidad rural.

La reciente decisión del Consejo de Estado sobre la rectoría de la Universidad Popular del Cesar provocó un fuerte impacto en las disputas políticas del departamento. El tribunal anuló la elección de Guillermo Echavarría por inconsistencias en los requisitos exigidos para el cargo, lo que representa un revés para el bloque político encabezado por Ape Cuello y Juliana Guerrero.

Según fuentes consultadas por la revista Cambio al interior de la institución, la anulación de la elección de Echavarría debilita el proyecto de Cuello y Guerrero en la Universidad Popular del Cesar y cambia el equilibrio de poder en la región.

Esta medida introduce incertidumbre administrativa y judicial, mientras la universidad, considerada una plataforma electoral clave, se convierte nuevamente en el centro de recomposición de alianzas políticas de cara a los próximos procesos electorales.

Desde hace años, la Universidad Popular del Cesar se posicionó como escenario preferido para las disputas entre clanes y dirigentes regionales. La elección del rector dejó en evidencia los intereses de figuras como Ape Cuello, congresista de influencia creciente, y Juliana Guerrero, delegada presidencial ante el Consejo Superior Universitario.

La decisión judicial no solo puso en cuestión la estabilidad interna, sino la estrategia de quienes buscaban consolidar la universidad como fuente de apoyo electoral de cara a los próximos comicios departamentales en 2027.

“La UPC empezó a verse como un fortín político capaz de mover miles de votos en el Cesar, y eso despertó el interés de sectores que querían mantener ese esquema de control”, sostuvo Álvaro Iglesias, excandidato a la rectoría, en declaraciones recogidas por Cambio.

El dinamismo político también involucra al clan Gnecco, representado por la delegada de la gobernadora Elvia Sanjuán en el consejo universitario. La alternancia entre estos grupos multiplica la competencia más allá de las posiciones administrativas y define los escenarios posibles para las próximas elecciones.

La caída de Echavarría representó un golpe para el modelo sostenido por el bloque de Cuello y Guerrero. Según directivos y miembros del Consejo Superior Universitario citados por Cambio, el proceso dejó a la universidad sumergida en una nueva fase de incertidumbre y las alianzas políticas en proceso de reorganización.

Incertidumbre académica y reacción de la comunidad universitaria

Mientras el clan que apoya a Echeverría se centra en su defensa en el Consejo de Estado para defender su puesto, el ambiente interno se ha visto marchitado por el malestar de estudiantes y docentes ante un conflicto que muchos consideran ajeno a las prioridades académicas.

“Está claro que el tema ha sido eminentemente político. Hay bastante inconformidad con el hecho de que esté Juliana Guerrero en el consejo y que sea ella la que tome decisiones que terminan afectando a la comunidad en general. Hoy hay bastante incertidumbre sobre lo que va a pasar”, manifestó un líder estudiantil al medio nacional.

La inestabilidad, reflejada en la sucesión de 17 rectores en dos décadas, profundizó la desconfianza dentro de la comunidad universitaria. Así, persiste la idea de que la universidad se convirtió en un instrumento de la disputa política y financiera, desplazando su función académica frente a intereses externos.

La presencia de Guerrero, nombrada por el presidente Gustavo Petro y actualmente sometida a investigaciones judiciales por cuenta de la presunta compra de su título profesional, ha generado rechazo en manifestaciones y actos públicos recientes dentro de la institución.

Con la suspensión de Echavarría, la universidad entra en un periodo de transición bajo la dirección de la rectora encargada Ana Milena Maya. El proceso sigue abierto a la espera de un fallo definitivo del Consejo de Estado, mientras los bloques políticos buscan mantener influencia a través de cargos y negociaciones clave en el consejo universitario.

Profesores y exdirectivos destacan que el problema principal es la persistencia de las disputas políticas, que condicionan tanto las iniciativas académicas como las administrativas e impiden avanzar en proyectos de largo plazo.

La relevancia electoral de la universidad, que puede movilizar más de 10.000 votos en elecciones locales, convierte cada elección de rector en un episodio estratégico para los principales actores políticos del Cesar.

Mientras tanto, la comunidad educativa y la sociedad civil observan con atención las repercusiones del dictamen judicial y las transformaciones que pueda acarrear para la universidad y el departamento.

El pueblo indígena U’wa recibirá un reconocimiento público de responsabilidad internacional por parte del Estado colombiano, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Este acto, que se llevará a cabo en el municipio de Cubará, Boyacá, responde a décadas de reclamos por la defensa de sus territorios y la protección del nevado del Cocuy que llegó hasta instancias internacionales.

La ceremonia, programada para el 14 de mayo, representa la primera vez que el Estado colombiano ofrece excusas públicas en el marco de un fallo internacional relacionado con una comunidad indígena nacional.

Según información entregada por el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (Cajar), que actúa junto a Earth Rights, la Onic y Asou’wa como representante de víctimas, el evento será liderado por el presidente Gustavo Petro, así como de funcionarios de la Cancillería y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La Corte condenó a Colombia tras reconocer la violencia histórica sufrida por los U’wa, quienes han enfrentado tanto a grupos armados como a empresas extractivas en regiones de Boyacá, Arauca, Casanare y los Santanderes. El fallo obliga al país a tomar una serie de medidas, entre ellas, la clarificación de los títulos coloniales y el saneamiento integral del resguardo unido U’wa.

La decisión de la Corte también ordena que el Estado involucre a la comunidad U’wa en la administración y conservación del Parque Nacional El Cocuy, respetando su cosmovisión y su relación espiritual con el territorio. Para los U’wa, el petróleo simboliza “la sangre de la tierra” y su extracción constituye una amenaza directa a su cultura y forma de vida.

Medidas de reparación y participación U’wa

Entre las obligaciones impuestas por el fallo figuran la restitución de los territorios del Resguardo Unido U’wa y del Resguardo Kuita, además de la participación activa de la comunidad en la gestión de las áreas protegidas.

Según indicó la instancia internacional, el Estado debe garantizar la clarificación de los títulos coloniales y asegurar que los U’wa coadministren la zona de traslape con el nevado del Cocuy.

Asimismo, la Corte ordenó que se identifiquen y mitiguen los impactos ambientales causados por proyectos extractivos, como el oleoducto Caño Limón-Coveñas y la planta de gas Gibraltar. Las voladuras del oleoducto, a menudo objeto de ataques armados, han afectado fuentes hídricas y han provocado desplazamientos, según las denuncias de la comunidad.

Earth Rights International, organización que acompaña a los U’wa, advirtió que las medidas de reparación tienen como límite el 2026 y, hasta el momento, ninguna se ha llevado a cago, por lo que esperan que el presidente Gustavo Petro se comprometa durante el acto conmemorativo a adelantar las labores necesarias.

“Hasta la fecha ninguna de estas órdenes ha sido cumplida, a pesar de que el plazo máximo fijado por la Corte IDH finaliza el 20 de diciembre de este año”, señalaron desde la organización.

La entidad insistió en que la reparación debe ir más allá de lo simbólico y que solo cambios estructurales podrán garantizar la protección efectiva de los derechos indígenas.

El conflicto entre el Estado colombiano y el pueblo U’wa se remonta a los años noventa, cuando el Gobierno autorizó exploraciones petroleras en el bloque Samoré, ahora conocido como Gibraltar.

Desde entonces, la comunidad indígena se ha opuesto de manera constante a las actividades extractivas, argumentando que amenazan la integridad de su cultura, el ambiente y su cosmovisión espiritual.

La Corte Interamericana concluyó que Colombia vulneró derechos fundamentales del pueblo U’wa, especialmente en lo relativo a la autonomía territorial, la propiedad colectiva y la participación en decisiones sobre proyectos que afectan sus tierras.

La sentencia marcó un precedente, al ser la primera vez que una comunidad indígena de Colombia logra que su caso sea examinado y fallado en esa instancia internacional como la Cidh.

A pesar de la trascendencia del fallo, hasta la fecha, el único avance visible es la organización del acto público de excusas. El resto de las medidas de reparación, como la restitución territorial y la mitigación de daños ambientales, permanecen pendientes, de acuerdo con los representantes de la comunidad y organizaciones de derechos humanos.

El asombro del influencer francés conocido como Engue ante la abundancia de mangos en Colombia ha generado una ola de reacciones en redes sociales. Durante su estadía en Isla Fuerte, una pequeña isla caribeña perteneciente al departamento de Bolívar, el joven compartió con sus seguidores la experiencia de ver mangos desperdigados por el suelo, algo que considera impensable en su país natal.

En sus publicaciones recientes, el creador de contenido relató que, mientras recorría caminos de la isla, observó cómo los frutos caían de los árboles y quedaban sin ser recogidos.

“Amigos, no sé si se pueden imaginar, pero en Francia un mango así de chiquitito puede costar al menos 4.000 pesos, y yo acá estoy viendo en todo el camino los mangos que están en el suelo”, expresó el influenciador.

El extranjero quedó sorprendido con la cantidad de árboles frutales que encontró en su recorrido, además de los frutos caídos en varias partes por cuenta de la temporada de cosecha.

En el Caribe colombiano, es común ver los frutos en la calle, ya que el consumo es gratuito y el acceso a ellos es parte de la vida cotidiana. Los habitantes suelen recogerlos para preparar jugos o comerlos con sal y limón, una costumbre que el influencer calificó como un “botín”.

“Estos mangos son bonitos y lo más increíble es que se van a perder. Esto es una locura, es como un territorio lleno de mango. Es un botín”, comentó el creador de contenido.

Isla Fuerte y la cultura del mango

La visita del joven francés a Isla Fuerte, conocida por sus playas vírgenes y manglares, le permitió adentrarse en la cultura cordobesa y bolivarense. Allí, quedó fascinado no solo por el paisaje, sino por el trato de la gente y la facilidad con la que acceden a productos naturales como el mango.

Al compartir su sorpresa, varios seguidores le sugirieron que llevara siempre una bolsa para recolectar los mangos caídos, ya que nadie le cobraría por llevárselos. “Puedes recoger algunos sin problema. ¡Disfruta el regalo de la tierra!”, le aconsejó uno de los usuarios.

“En Colombia siempre se debe cargar una bolsa, nosotros vivimos en un paraíso y te topas cada tanto con frutas en el suelo y venga para acá“; ”Aquí no es raro ver los mangos en el piso, lo raro es no recogerlos“, y ”por eso es básico tener una bolsa en la maleta o bolso, para estás situaciones, mango para jugo y para comer, viche con sal y limón”, fueron otros de los comentario.

Descubrimientos cotidianos y prácticas locales

Durante su estancia, el creador de contenido también se sorprendió al conocer el concepto de ‘fiar’. En una anécdota, contó que al no tener suficiente efectivo para pagar un producto, el comerciante le permitió llevárselo con la promesa de regresar más tarde a saldar la cuenta.

“Se llama fiar, no es un crédito, es mera confianza en que vas a regresar a pagar el resto”, le explicó un seguidor.

El influencer reconoció que situaciones como esta le resultaron novedosas y destacaron para él la confianza y hospitalidad de la cultura colombiana. “¡Me pasó dos veces en 30 minutos! Doy vibra de confianza”, relató con humor.

Quienes viven en la región explican que la práctica de ‘fiar’ forma parte de una tradición basada en la confianza y el conocimiento entre vecinos y comerciantes. Este sistema informal permite el acceso a productos sin trámites ni intereses, lo que sorprendió al visitante europeo acostumbrado a otras normas comerciales.

El recorrido del francés por la costa colombiana dejó varias reflexiones sobre el valor de la naturaleza y la generosidad de sus habitantes. En palabras del propio influencer: “¡Viva la tierra de Colombia y sus maravillas!”.

Un día después de que se conociera el primer reporte de gastos de campaña de Iván Cepeda —que generó críticas por registrar en ceros el rubro de eventos públicos—, el candidato presidencial actualizó la información ante el Consejo Nacional Electoral, mostrando un aumento financiero significativo.

Según el documento conocido por la revista Cambio, el nuevo reporte de la campaña del aspirante del Pacto Histórico reveló que el total invertido saltó de 1.532 millones a 2.704 millones de pesos.

Esta actualización responde a las dudas sobre la ausencia de cifras relativas a los eventos públicos, un punto clave para el senador del Pacto Histórico, quien ha basado su estrategia en concentraciones masivas en distintos puntos del país, completando más de 100 apariciones a lo largo de su campaña.

A partir del 12 de mayo, la información enviada al Consejo Nacional Electoral (CNE) permitió conocer los montos destinados a la logística de actos públicos. La campaña de Cepeda notificó una inversión de 357 millones de pesos en organización de eventos desde marzo, cifra que hasta entonces no figuraba en los reportes.

Este contrato de logística, que cubre hasta la primera vuelta electoral, se adjudicó a la empresa Carlos Alberto Santamaría, dedicada a la organización de eventos y servicios de catering desde 2012.

El gasto en eventos y publicidad ha sido uno de los focos principales en la rendición de cuentas del senador. Hasta el día previo a la actualización, los registros solo contemplaban el rubro de impresión de periódicos, con una cifra superior a 1.000 millones de pesos a cargo de la Casa Editorial El Tiempo. Sin embargo, los nuevos datos exponen otros desembolsos significativos en propaganda electoral.

El reporte actualizado conocido este miércoles 13 de mayo incluye 307 millones de pesos en avisos publicitarios, gestionados por la empresa You Ticket S.A.S.. A este gasto se suma la producción de la canción oficial de la campaña, una pieza musical encargada a David Kawooq, integrante de Doctor Krápula y reconocido activista, por la que se pagaron 15 millones de pesos.

También se incorporan 300 millones de pesos en vallas publicitarias, servicio prestado por Digital Advertisement Group. Estos gastos, sumados a los ya existentes, elevan el monto total del gasto de campaña registrado hasta la fecha.

Con la actualización de estos datos, la campaña de Cepeda equipara su nivel de transparencia al de sus rivales Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, cuyas cifras de ingresos y gastos se habían divulgado la semana anterior.

Entretanto, la campaña de Iván Cepeda reconoció ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) ingresos por $15.000 millones financiados exclusivamente a través de créditos bancarios.

El martes 12 de mayo, el aspirante generó fuertes reacciones después de que informara que no había gastado absolutamente nada en actos públicos, pese a sus reportes en redes sobre apariciones en plazas públicas.

Este vacío contable, consignado en los informes entregados por la propia campaña y firmado por el gerente Antonio Javier Peñaloza junto al auditor Juan Carlos Lemus, abrió un debate sobre la transparencia en el manejo de los recursos y la veracidad de los datos consignados, en un contexto donde la rendición de cuentas es central para el proceso electoral.

El primer informe financiero presentado por Cepeda enumera sólo ingresos bancarios provenientes de tres créditos por $5.000 millones cada uno, otorgados por la cooperativa financiera Confiar, y detallaba inversiones que sumaban $1.931 millones centradas en propaganda electoral, administración y logística.

Sin embargo, el rubro destinado a “eventos públicos” permaneció reportado en cero pesos, a pesar del anuncio realizado por el senador el 8 de mayo en su cuenta de X, donde afirmó haber organizado 106 actos multitudinarios con una convocatoria total que supera el “medio millón de personas”.

“Hasta hoy, llevo 106 actos multitudinarios en los que han participado más de medio millón de personas”, mensaje difundido abiertamente en su perfil en X. Todos estos encuentros, según el candidato, han sido transmitidos en directo por redes sociales y tienen como propósito la presentación de propuestas ante la ciudadanía.

La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional declarar inválidos algunos apartados del decreto de emergencia económica promulgado por el gobierno de Gustavo Petro tras las intensas lluvias que afectaron a varios departamentos a comienzos de 2026.

Sin embargo, el concepto remitido por la Procuraduría y revelado por Blu Radio respalda la legalidad general de la declaratoria, aunque cuestiona la inclusión de medidas sobre energía y acceso a tierras.

Entre los argumentos principales, la Procuraduría reconoció que la magnitud de las inundaciones y el impacto del fenómeno climático justificaron el uso de herramientas excepcionales para afrontar una crisis calificada como extraordinaria y grave.

Según el informe remitido a la Corte, “los hechos relacionados con las lluvias excepcionales propias del frente frío de principio de año, así como las múltiples inundaciones registradas, causaron efectos graves e inminentes en el orden económico, social y ecológico de los territorios objeto de la declaratoria”.

La Procuraduría consideró, en consecuencia, que el Ejecutivo cumplió con los protocolos legales, incluyendo la notificación oportuna a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Organización de Naciones Unidas (ONU), como exige la jurisprudencia para estos casos.

Objeciones a medidas sobre energía y tierras

En contraste con su aval general, el Ministerio Público advirtió que el decreto incluyó temas que no guardan relación directa con la emergencia invernal, como la polémica medida que reavivó las llamadas expropiaciones exprés, que daba facultades a la Agencia Nacional de Tierras de quitar terrenos a propietarios para reubicar a los damnificados por las lluvias.

“El Ejecutivo no demostró de qué manera las problemáticas históricas relacionadas con la tenencia de la tierra en Colombia requieren una atención inmediata para enfrentar la emergencia derivada de los fenómenos hidrometeorológicos ocurridos entre enero y febrero de 2026”, señala el documento revelado por Blu Radio.

El documento advirtió que, aunque el Gobierno argumentó que la ocupación indebida de bienes de uso público altera los cauces de los cuerpos de agua, no logró identificar ni caracterizar los predios ocupados ilegalmente que incidieron en el desastre natural.

La Procuraduría solicitó específicamente que la Corte declare inválidos los apartados del decreto relativos a las afectaciones al Mercado de Energía Mayorista y las problemáticas estructurales del sistema eléctrico y de acceso a la tierra.

Para el Ministerio Público, estos temas exceden el marco de la crisis invernal y no fueron justificados como urgentes en el contexto de la emergencia.

El concepto del procurador general, Gregorio Eljach, será uno de los insumos clave para que el magistrado Miguel Efraín Polo prepare la ponencia sobre la constitucionalidad del decreto, la cual será debatida en sala plena de la Corte.

En paralelo, la Corte Constitucional ya ha tomado medidas respecto a otros decretos reglamentarios surgidos tras la emergencia, como la suspensión provisional del impuesto al patrimonio para entidades sin ánimo de lucro, incluidas universidades y empresas en liquidación.

De hecho, apenas una semana atrás el alto tribunal anuló el decreto que, en el marco de la segunda emergencia económica, había impuesto nuevos cobros a las empresas generadoras de energía en Colombia, obligando a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) a devolver o compensar en un plazo de seis meses los recursos percibidos bajo ese concepto.

Esta decisión, adoptada de forma unánime, representó un revés para la estrategia fiscal del Gobierno de Gustavo Petro, cuyo propósito era incrementar los ingresos estatales en un contexto de estrechez presupuestaria y alto endeudamiento.

El alcance de la decisión implica que la devolución a las empresas generadoras abarcará tanto la contribución parafiscal del 2,5% sobre las utilidades antes de impuestos de 2025 como la contraprestación temporal en energía impuesta a los generadores hidráulicos que participan en el Mercado de Energía Mayorista.

En el caso de la energía entregada en especie, la Corte Constitucional estableció que ese valor se reconocerá como un descuento tributario del 100% sobre el impuesto de renta del período correspondiente. Adicionalmente, si el valor de dicho beneficio supera los límites legales, el excedente podrá trasladarse a períodos gravables siguientes, generando un esquema de compensación fiscal progresiva para las empresas.

Mientras el Gobierno nacional anunciaba la llegada de expertos veterinarios procedentes del centro de conservación indio Vantara, que hizo la solicitud formal al Ministerio de Ambiente para trasladar a al menos 80 hipopótamos descendientes de la finca del entonces capo del narcotráfico Pablo Escobar, el llamado santuario enfrenta nuevos escándalos por vínculos con presuntos traficantes de especies.

Según un reciente informe recopilado por la revista Cambio, la nueva polémica se centra en la posible conexión del centro de conservación con Tony Silva, un ornitólogo estadounidense con antecedentes penales por tráfico de fauna silvestre en peligro de extinción.

El vínculo entre el tráfico ilegal de especies y Vantara se estableció a través de investigaciones en Brasil y reportes de medios como Mongabay y Armando.info. Los reportes detallan que Tony Silva, condenado en Estados Unidos en los años noventa por contrabando de aves exóticas, es objeto de una pesquisa de la Policía Federal brasileña por posible tráfico ilegal de especies, incluyendo monos tití cabeza de león.

Simultáneamente, Vantara figura como el centro propuesto para recibir a los hipopótamos colombianos, mientras se examinan relaciones directas e indirectas entre Silva y la administración del santuario impulsado por multimillonario Anant Ambani.

La investigación internacional sobre Tony Silva se intensificó tras la incautación de equipos electrónicos a un sospechoso estadounidense en Brasil, en el marco de una pesquisa sobre tráfico ilegal de especies en peligro de extinción, según la Policía Federal brasileña.

Según infomación publicada por el medio brasileño Mongabay, existen varios indicios que ligan a Silva con Vantara, incluyendo su presentación pública como “líder de conservación” del centro durante una conferencia internacional realizada en Tailandia, evento en el que fue identificado como representante del santuario.

Además, especialistas como Beto Polezel y miembros de ONG dedicadas a combatir el tráfico de animales confirmaron la relación profesional entre Silva y el centro indio. Publicaciones en redes sociales del propio Silva y de asistentes al evento refuerzan la hipótesis de colaboración, a pesar de las desmentidas formales del santuario.

En un comunicado recogido por Mongabay, Vantara negó cualquier “conexión directa” con Silva y, aunque confirmó que colaboró con un consultor independiente en tareas específicas de conservación y manejo animal que habría trabajado con Tony Silva.

“Sus viajes y asuntos personales son responsabilidad exclusiva suya. Vantara desconocía su viaje a Brasil, no tuvo comunicación alguna con él al respecto y no ha asignado a ningún contratista, ni mucho menos a un consultor de contratistas, ningún asunto en Brasil”, expresó el centro en respuesta a la investigación.

Cuestionamientos internacionales sobre Vantara

Las dudas sobre la transparencia y la ética de Vantara han aumentado luego de la publicación de varios informes. Un reporte de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) calificó como “preocupante” el proceso de importación de especies al centro, destacando la opacidad en el origen de los animales y la dificultad para verificar cómo se maneja el gran volumen de ejemplares de forma adecuada.

ONG y activistas contra el contrabando de animales respaldan estas inquietudes, señalando la falta de información acerca del enorme zoológico inaugurado el 5 de marzo de 2024.

De acuerdo con estimaciones de la prensa india, en un año Vantara declaró albergar alrededor de 200 elefantes, 300 felinos y 1.200 reptiles en sus más de 1.200 hectáreas de terreno, además de operar lo que describen como “el hospital de elefantes mejor equipado del mundo”.

Sin embargo, conservacionistas como Lorène Jacquet, de la fundación 30 Million Friend, ponen en duda si los animales realmente han sido rescatados o si provienen de ambientes naturales sin documentación suficiente.

En marzo de 2025, el medio Armando.info dio a conocer un acuerdo entre el gobierno venezolano y Vantara para trasladar 1.825 animales vivos a India, lo que ha generado controversia por la magnitud del traslado y la supervisión del bienestar animal en el santuario.

La propuesta de transferir 80 hipopótamos desde Colombia a India se encuentra aún en evaluación. El Ministerio de Ambiente colombiano solicitó por escrito a Vantara la documentación que demuestre sus autorizaciones ambientales y el cumplimiento de los requisitos regulatorios del gobierno indio.

La petición surgió tras recibir una carta de Vivaan Karani, gerente del centro indio, quien manifestó el interés por acoger a los animales, sujeto a la aprobación de los trámites y acuerdos internacionales necesarios.

A menos de 20 días para que se lleve a cabo en todo el territorio nacional las elecciones típicas de primera vuelta presidencial, el líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, denunció posibles irregularidades en el departamento del Cauca.

Según indicó el exmandatario en su cuenta de X, recibió un informe en el que se alerta sobre las reiteradas presiones que estarían ejerciendo distintos grupos armados para constreñir a los votantes a elegir al candidato del Pacto Histórico, el senador Iván Cepeda.

En su mensaje, el mandatario responsabilizó directamente al Ejército de Liberación Nacional (ELN) a varias facciones de las disidencias de las Farc, entre ellas la columna Jaime Patiño y los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, que mantienen fuerte presencia en el territorio.

“Paloma es caucana. El drama de su tierra hoy en el sur y en otras regiones del departamento, hoy acabamos de tener el informe, el ELN y la columna Jaime Patiño de las Farc están exigiéndole a la comunidad votar por Iván Cepeda. En el norte, las columnas Jaime Martínez y Dagoberto Ramos de las Farc están exigiéndole a la comunidad votar por Iván Cepeda”, señaló el expresidente.

Incluso, el exmandatario aseguró que las presiones de los grupos armados irían al punto de exigir los formularios electorales a los jurados de votación para manipular su contenido.

“En muchas veredas como Bilachí, La Chapa, Tres Quebradas, en Santander de Quilichao, estos grupos han llegado al extremo de que les tienen que entregar las actas electorales, las llenan a su amaño y los ciudadanos ni siquiera tienen que ir a votar”, señaló.

Ante las denuncias, el expresidente pidió a las autoridades electorales mantener especial control sobre esa zona del país, además de lanzar un fuerte mensaje a Gustavo Petro sobre su modelo de gobierno que estaría favoreciendo a los grupos armados.

“Necesitamos que la Registraduría, la Procuraduría, la comunidad internacional miren cómo se defiende toda esta corrupción electoral impuesta por las narcoguerrillas, los narcoterroristas en el Cauca. (...) ¡Por Dios! Esta es la manera como el petrismo, sus aliados y Cepeda se roban las elecciones. Y miren esta otra perla. Finalmente, cinco mil familias quebradas por los bloqueos“, concluyó el exmandatario.

La alerta de Álvaro Uribe se da al tiempo del más reciente informe elaborado por el centro de pensamiento Atlantic Council que emitió alerta por el incremento de violencia política, la intensificación de la actividad de grupos armados ilegales y el auge de la desinformación apenas semanas antes de la lprimera vuelta presidencial.

Según el documento, aunque las elecciones legislativas y primarias realizadas en marzo se consideraron mayormente pacíficas por el Ministerio del Interior, la Misión Nacional de Observación Electoral (MOE) y observadores internacionales, la situación de seguridad se ha deteriorado en las semanas previas al 31 de mayo.

Este clima tenso se ha visto agravado por hechos puntuales de violencia, como el asesinato del exsenador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en junio de 2025 y el secuestro de la candidata a la vicepresidencia Aida Quilcué en febrero de 2026.

Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, se documentaron 457 amenazas de muerte en el periodo preelectoral, afectando a líderes y actores sociales especialmente en Santander, Guainía, Nariño, Sucre, Antioquia y Magdalena.

El Ministerio de Educación informó que en 2025 se registraron 415 incidentes violentos contra líderes políticos, sociales y comunitarios. Lo más preocupante es el incremento de los ataques directos a figuras políticas, que pasaron del 39% al 59% del total de casos reportados.

Entre octubre de 2025 y enero de 2026, se contabilizaron más de diez episodios violentos atribuibles a disputas territoriales: estos incluyeron ataques con explosivos, imposición de toques de queda, confinamientos forzados y desplazamientos masivos.

En la región de Catatumbo, los enfrentamientos entre facciones disidentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP) provocaron el desplazamiento de más de cien mil personas, según el informe del Atlantic Council.

Desde el 24 de abril de 2026, una serie de ataques en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño provocó la muerte de 21 civiles y dejó más de 56 heridos, de acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa. Estos incidentes han involucrado el uso de explosivos, enfrentamientos armados contra funcionarios públicos y bloqueos de carreteras, lo que ha incrementado la presión sobre las autoridades estatales para reforzar las medidas de protección electoral.

El reporte detalla que los grupos armados ilegales en Colombia aumentaron un 23,5% en el último año, superando los 27.000 integrantes. Su diversificación en fuentes de ingreso ilícitas ha fortalecido el control territorial en regiones estratégicas y ha dificultado la libre circulación de candidatos y ciudadanos.

Entre los principales actores se encuentran el Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf), la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (Cneb) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo).

Aunque estas organizaciones han hecho compromisos públicos de no interferir en la contienda electoral, su presencia continúa restringiendo tanto la movilidad de los equipos de campaña como la capacidad de los habitantes locales para ejercer su derecho al voto.

La coacción y vigilancia, así como la compra de votos y la alteración del registro electoral debido al desplazamiento forzado, figuran como las amenazas más graves en municipios de alto riesgo. La Defensoría del Pueblo ha advertido sobre deficiencias en la protección de votantes y candidatos, aunque el Ministerio de Defensa desplegó cerca de 246.000 efectivos para resguardar más de trece mil centros de votación en las elecciones de marzo.

Hay alerta máxima en el departamento del Guaviare, después de que las autoridades confirmaran la muerte de cuatro militares en zona rural del municipio de San José del Guaviare.

Según información compartida por el Ejército Nacional, los hechos ocurrieron en la madrugada del miércoles 13 de mayo mientras las tropas del Fuerza de Despliegue Rápido N.° 1 adelantaban acciones ofensivas contra las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá.

“Tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 1, de Fuerza de Tarea Omega tras el desarrollo de una acción ofensiva contra integrantes del grupo armado organizado residual, GAO-r, Bloque Jorge Suárez Briceño, en la vereda Buenos Aires, de San José del Guaviare, fueron atacadas con dispositivos explosivos improvisados instalados en la zona“, señaló la institución.

Sin embargo, los uniformados fueron atacados con explosivos improvisados, lo que obligó al despliegue de unidades aéreas para el rescate de otros tres soldados que resultaron gravemente heridos.

Entretanto, los combates en la zona continúan para recuperar el control del territorio, mientras las autoridades intentan trasladar a los uniformados a centros asistenciales cercanos.

“En esta acción terrorista fueron asesinados cuatro de nuestros soldados y tres más resultaron heridos, quienes a esta hora están siendo evacuados del área. Expresamos nuestras condolencias a las familias, amigos y compañeros de nuestros Héroes Por Siempre. Actualmente, el despliegue de las tropas continúa en el sector”, concluyó el Ejército Nacional.

Los nombres de los militares asesinados

Tras la noticia, el Ejército Nacional informó que los hechos violentos registrados en el departamento de Guaviare dejó a cuatro soldados profesionales asesinados que hacían grupo especializado haría parte de la estrategia de las Fuerzas Militares para garantizar las elecciones del 31 de mayo.

Según detalló la institución, las víctimas mortales respondían a los nombres de Deibinson de Jesús Hurtado Tuberquia; Francisco Javier Bello Arteaga, Anderson Gasca Álvarez y Emerson Danilo Carantón Buitrago.

La tropa afectada hacía parte del dispositivo de seguridad dispuesto en el departamento para preservar el control territorial durante los comicios, especialmente por las amenazas sobre posible constreñimiento de los grupos armados a la ciudadanía en ese departamento.

“Rechazamos categóricamente estas acciones terroristas que hoy enlutan no solo a cuatro familias colombianas, sino a toda una nación. La institución reafirma su compromiso indeclinable de continuar desarrollando operaciones militares para proteger a la población civil, preservar la seguridad del territorio nacional y honrar la memoria de nuestros soldados”, señaló el Ejército Nacional.

Entretanto, los militares que resultaron heridos fueron movilizados hasta el casco urbano del municipio de San José del Guaviare donde serán valorados y estabilizados tras los ataques.

“De manera inmediata, la institución desplegó todas sus capacidades operacionales, aéreas y médicas para adelantar la extracción y evacuación del personal herido hacia centros asistenciales especializados en San José del Guaviare, donde reciben atención integral por parte de profesionales de la salud”, señaló el Ejército.

La institución militar ya había informado dos días atrás de otros hechos que afectaron las labores militares tras la pérdida de comunicaciones con otra otra tropa que se movilizaba por el departamento.

“Desde la noche del pasado viernes tropas del Batallón de Infantería de Selva n.º 24 están incomunicadas por la red interna de comunicaciones en el área general de El Retorno,Guaviare, al parecer por fallas asociadas a malas condiciones meteorológicas en la zona”, dijo en su momento el Ejército Nacional.

Tras tres días de incertidumbre, el Ejército Nacional logró reestablecer contacto con los 64 soldados desaparecidos.

El episodio ocurre en medio de una escalada violenta que, según informes de inteligencia, ha dejado cerca de 30 cuerpos encontrados en las veredas La Paz y Cubay solo en enero de 2026, varios de ellos presentando tiros de gracia y apilados junto a vehículos incendiados.

Las sanciones a los aspirantes implicados en fraudes en los exámenes de especializaciones médicas de la Universidad de Antioquia ya comenzaron a aplicarse. La institución decidió inhabilitar a los responsables para presentar nuevos exámenes de admisión durante un periodo que varía entre dos y diez semestres, según la gravedad del caso.

La universidad detectó el uso de dispositivos tecnológicos como auriculares Bluetooth, cámaras y equipos de comunicación externa durante la prueba realizada el 10 de abril en Medellín.

Tras una revisión exhaustiva en las ocho sedes donde se realizaba el examen, los docentes identificaron el método de fraude cuando sorprendieron a una aspirante en pleno acto, lo que llevó a descubrir la red utilizada para hacer trampa.

“La Universidad de Antioquia, en concordancia con su compromiso inquebrantable con la transparencia, la ética y el mérito académico, y tras culminar las etapas de averiguaciones preliminares y análisis jurídico, ha dado inicio formal a los procedimientos administrativos sancionatorios contra el grupo de aspirantes identificados en conductas irregulares durante la jornada evaluativa del pasado 10 de abril”, señaló la institución en su comunicado.

Un total de 40 médicos fueron sorprendidos en la maniobra, en una convocatoria donde se ofrecían 45 cupos para especialidades médico-quirúrgicas y en la que participaron 3.700 profesionales.

La respuesta institucional fue inmediata: los implicados fueron eliminados automáticamente del proceso y la universidad inició procedimientos administrativos sancionatorios.

Estas medidas se suman a las acciones del Tribunal de Ética Médica, que analizará si corresponde retirar la tarjeta profesional a los involucrados. Las pruebas también fueron remitidas a la justicia ordinaria, que podría establecer sanciones legales o incluso penas de prisión para los responsables y posibles articuladores externos.

De acuerdo con la Universidad, el Departamento de Admisiones y Registro está notificando personalmente a cada implicado la resolución correspondiente, detallando los hechos y las normativas vulneradas.

“Estas resoluciones detallan los hechos individuales y las disposiciones normativas presuntamente vulneradas, garantizando siempre el debido proceso. Este acto administrativo será notificado personalmente a las y los investigados”, señaló la universidad.

La institución señaló que los hechos se rigen bajo el Acuerdo Superior 472 de 2021 y la Resolución 00006 de 2026, normativas que prohíben expresamente el ingreso de dispositivos electrónicos a las aulas y establecen sanciones claras. Además, se reforzarán las medidas de seguridad en futuras pruebas para evitar nuevos intentos de fraude.

“Las sanciones contemplan, además de la anulación definitiva de la prueba, un impedimento para presentarse a futuros exámenes de admisión en la Universidad de Antioquia por un periodo de entre dos (2) y diez (10) semestres, según la gravedad de la falta”, se lee en el comunicado.

El modus operandi con el que pretendían hacer fraude en la UdeA

La detección de un esquema de fraude apoyado en tecnología avanzada durante el examen de admisión a especialidades médicas de la Universidad de Antioquia provocó la anulación de las pruebas y la imposibilidad de volver a participar durante cinco años para 42 médicos involucrados.

El caso no solo plantó dudas sobre los mecanismos de control en los concursos académicos más exigentes del país, sino que llevó a las autoridades a considerar acciones legales y medidas disciplinarias adicionales para sancionar a quienes protagonizaron el intento de engaño.

La decisión fue informada después de que la universidad, junto con el Ministerio de Educación, identificara el nivel de sofisticación tecnológica empleado. Además de gafas inteligentes, los implicados recurrieron a micrófonos inalámbricos, relojes inteligentes y sistemas de transmisión en tiempo real capaces de captar y enviar imágenes de las preguntas del examen a médicos especialistas que permanecían fuera del recinto.

De acuerdo con Pablo Patiño, decano de la Facultad de Medicina de la UdeA, “hay médicos expertos encargados de responder los cuestionarios desde el exterior de las aulas”, una declaración dada a La FM que subraya la complejidad y jerarquía interna de la red.

El fraude salió a la luz por irregularidades evidentes que motivaron a la Universidad de Antioquia a activar protocolos de vigilancia reforzada. Las medidas permitieron descubrir la maniobra casi en tiempo real, en un contexto que involucró a cerca de 3.700 aspirantes médicos.

El procedimiento, conforme a lo reportado por la universidad y el Ministerio, consistía en tomar fotografías de las preguntas desde el aula con gafas equipadas con cámara, enviar las imágenes a colaboradores externos y recibir las respuestas a través de dispositivos en miniatura como microaudífonos conectados por Bluetooth.

En la tarde del martes 12 de mayo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó la expulsión definitiva del general retirado Mauricio Alfonso Santoyo Velasco, exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La decisión, confirmada por la Sección de Apelación, implica la remisión de su caso a la Fiscalía y la pérdida total de los beneficios que otorga la justicia transicional en medio del proceso que se adelanta por desapariciones forzadas y vínculos con el paramilitarismo.

El proceso contra Santoyo se centra en dos investigaciones penales por la desaparición de Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, defensores de derechos humanos desaparecidos en Medellín en octubre del año 2000. Ambos pertenecían a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes) y habían denunciado la intervención de uniformados en desapariciones ocurridas en la región.

La JEP determinó que Santoyo incumplió de manera grave e injustificada el régimen de condicionalidad, al no aportar verdad suficiente ni colaborar plenamente con el esclarecimiento de los hechos.

El tribunal transicional consideró insuficiente la información proporcionada, que se limitó a referencias bibliográficas institucionales y afirmaciones genéricas, y advirtió que admitir tales contenidos equivaldría a defraudar tanto a las víctimas como a la justicia.

“Por el contrario, el acceso y permanencia en el SIP exigen un esfuerzo verificable y significativo de contribución a la verdad de lo ocurrido. Dicho aporte debe permitir la constatación de lo afirmado, la identificación de las acciones propias y de terceros, así como de las redes, motivaciones, patrones y prácticas criminales”, señaló la JEP en su fallo.

El tribunal también descartó la solicitud de Santoyo de enfrentar un juicio adversarial dentro de la JEP, recordando que esta ruta es subsidiaria y excepcional, y que solo puede ser activada por las salas y secciones, no por el compareciente.

De acuerdo con los magistrados, el incumplimiento del exoficial no se limita a la voluntad formal de comparecer, sino a la ausencia de verdad plena y útil sobre su relación con estructuras paramilitares y la eventual desviación de funciones institucionales.

Detalles del caso y antecedentes judiciales

Al momento de la desaparición de Monsalve Pulgarín y Quintero Mesa, la Fiscalía General de la Nación identificó la interceptación ilegal de más de 2.020 líneas telefónicas, incluidas las de los activistas. Para entonces, Santoyo dirigía el Gaula de Medellín, y las interceptaciones se habrían realizado mediante órdenes falsas firmadas por integrantes de esa unidad.

A pesar de los indicios recopilados por la Fiscalía, Santoyo no fue judicializado por estos hechos en ese momento y continuó su carrera militar. En agosto de 2012, fue condenado en Estados Unidos por conspiración para proveer apoyo material y recursos a una organización terrorista extranjera, específicamente las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Tras cumplir una condena de siete años, fue deportado a Colombia en abril de 2019, donde fue capturado para responder por los casos de desaparición forzada.

Consecuencias de la expulsión y traslado del caso

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP ordenó la puesta a disposición inmediata de Santoyo ante la Fiscalía 56 Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de Bogotá, para que continúe el proceso penal, que se encuentra en etapa de acusación y con medida de detención preventiva vigente desde abril de 2019.

Durante su estadía en la JEP, Santoyo había solicitado la libertad, alegando vencimiento de términos y falta de responsabilidad en los hechos imputados. Además, sostuvo que su aceptación de cargos en Estados Unidos formó parte de una estrategia de defensa y no de una confesión real de culpabilidad.

“PONER A DISPOSICIÓN INMEDIATA de la Fiscalía 56 Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de Bogotá D.C. al señor GR (r) Mauricio Alfonso Santoyo Velasco, con el fin de continuar con el trámite del proceso No. 10179, que actualmente se encuentra en etapa de acusación, y de continuar con el cumplimiento de la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta por dicho despacho el 26 de abril de 2019, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 522 del 16 de febrero de 2026”, confimó la resolución.

Apenas horas después de que el candidato presidencial Iván Cepeda se despachara contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, al que acusó de tener una presunta relación con los denominados falsos positivos en Colombia, desde el Centro Democrático salieron en defensa de su líder natural.

El también senador cuestionó a Uribe sobre la evasión de una supuesta responsabilidad en las desapariciones forzadas en su gobierno, después de que el exmandatario criticara públicamente el apoyo de Cepeda a los miembros de la Primera Línea y el llamado al poder constituyente.

“La pregunta que se le debe hacer a usted, Álvaro Uribe, es cuándo asumirá ante el país su responsabilidad personal por crímenes contra la humanidad, sus vínculos con el narcotráfico de la época de Pablo Escobar, el paramilitarismo, los ‘falsos positivos’, y una larga lista de hechos y acontecimientos macabros“, señaló Cepeda.

Ante los ataques, el Centro Democrático aseguró que el aspirante a la Casa de Nariño está basando su campaña en ataques contra Álvaro Uribe, además de recordarle el proceso que se mantiene activo sobre las presuntas visitas a cárceles del país para obtener versiones de líderes paramilitares contra el exmandatario.

“El presidente Álvaro Uribe Vélez ha enfrentado al terrorismo y defendido a Colombia durante toda su vida pública. Iván Cepeda convirtió la persecución política y la obsesión contra Uribe en el eje de su carrera, señalado incluso por testimonios y versiones conocidas en el proceso de haber recorrido cárceles buscando declaraciones en su contra”, señaló la colectividad.

En su mensaje, el Centro Democrático también envió un mensaje al candidato asegurando que, pese a los constantes ataques contra su líder natural, el país tendría claro cuál fue el rol de expresidente para garantizar la seguridad del país.

“Los colombianos saben quién le sirvió al país y quién ha vivido de atacarlo”, concluyó el partido en su cuenta de X.

La pelea entre Iván Cepeda y Álvaro Uribe

La pugna pública entre Iván Cepeda y Álvaro Uribe alcanzó un nuevo clímax tras las acusaciones directas de Cepeda contra el exmandatario, a quien responsabilizó por crímenes contra la humanidad, vínculos históricos con el narcotráfico y alianzas con grupos paramilitares.

El intercambio, que eleva la crispación política en Colombia, tiene como telón de fondo la defensa de Cepeda al movimiento de la Primera Línea y la reciente presión social por la liberación de detenidos vinculados al estallido social.

La confrontación interpela de forma inédita la legitimidad del liderazgo político de Uribe y reanima un debate sobre la responsabilidad de figuras de alto perfil en episodios de violencia y criminalidad ocurridos entre 2019 y 2026.

En este escenario de creciente polarización, destaca la decisión judicial adoptada por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta instancia, tras analizar interceptaciones y testimonios, determinó que detrás de algunos de los episodios violentos ocurridos durante las protestas sociales existieron estructuras organizadas con nexos comprobados con el crimen urbano.

La sentencia, divulgada en abril, aseguró que “varios de los procesados mantenían comunicaciones y operaban en alianza con células urbanas vinculadas a disidencias de las Farc, específicamente el Bloque Segundo Manuel Marulanda Vélez”, según recogió la Sala Penal.

La resolución implicó condenas de hasta 19 años de prisión, así como multas millonarias para algunos de los responsables, y precisó que, aunque el derecho a la manifestación fue reconocido, ciertos hechos violentos derivaron de una planificación delictiva y no de protesta legítima.

En medio de este clima, Cepeda, senador y candidato presidencial, aprovechó su cuenta de X para interpelar a Uribe con una pregunta que disparó la polémica: “La pregunta que se le debe hacer a usted, Álvaro Uribe, es cuándo asumirá ante el país su responsabilidad personal por crímenes contra la humanidad, sus vínculos con el narcotráfico de la época de Pablo Escobar, el paramilitarismo, los ‘falsos positivos’, y una larga lista de hechos y acontecimientos macabros”, escribió, en referencia explícita a hechos que han marcado la historia reciente de Colombia.

La reacción de Uribe, líder del Centro Democrático, no tardó en llegar. El exmandatario utilizó el respaldo de Cepeda a la Primera Línea como argumento para poner en duda la legitimidad de su adversario político.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dictó una medida cautelar de carácter restaurativo sobre el antiguo Batallón Charry Solano, actualmente Escuela de Logística del Ejército, en Bogotá.

Este lugar está relacionado con graves violaciones de derechos humanos, incluidas torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, especialmente durante el Holocausto del Palacio de Justicia.

Según indicó la justicia especial, el objetivo principal es proteger la memoria histórica y los derechos de las víctimas y evitar la destrucción de posibles pruebas vinculadas a esos hechos.

“La SAR advierte que las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en la precitada unidad militar no se agotan en los hechos relacionados con la toma y retoma del Palacio de Justicia del 6 y 7 de noviembre de 1985, sino que parecen indicar la existencia de un patrón sistemático de comportamiento que involucra diferentes periodos de la existencia de la mencionada institución”, señala el documento definitivo.

La JEP adoptó la medida tras solicitudes de familiares y organizaciones de víctimas. Establece que el sitio deberá preservarse durante al menos un año, cubriendo tanto los sucesos del asalto al Palacio de Justicia de 1985 como otros episodios de violencia atribuida a personal militar y de inteligencia en distintos periodos.

El decreto señaló que el antiguo batallón funcionó como centro de detención y tortura y que existen indicios de inhumaciones clandestinas, lo que refuerza su importancia judicial y social.

“Además de los hechos de violencia política ya relacionados en la presente decisión y en los que, presuntamente, intervino el personal de inteligencia adscrito al Batallón Charry Solano, en el informe presentado a la JEP se indica que se encontrarían también los atentados con artefactos explosivos a la revista Alternativa y a los periódicos El Bogotano y Voz Proletaria”, señaló la decisión.

Varios testimonios han vinculado al antiguo Batallón Charry Solano con prácticas sistemáticas de tortura y desaparición. El exagente de inteligencia militar José Leonairo Dorado Gaviria declaró que el recinto sirvió para instruir a fuerzas militares en métodos de interrogatorio y tortura contra personas relacionadas con organizaciones como la Unión Patriótica, el M-19, el ELN, el EPL y las extintas Farc.

Dorado describió el caso de Irma Franco Pineda, exintegrante del M-19. Franco salió con vida del Palacio de Justicia y fue vista detenida e interrogada en el batallón; según el testimonio, fue enterrada allí clandestinamente.

En el expediente figuran más testimonios, como los de Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo, estudiantes de derecho en la Universidad Externado. Ambos denunciaron torturas en ese lugar, al haber sido considerados falsamente sospechosos. Relataron a la Fiscalía que sobrevivieron al identificar relación con un familiar de un alto oficial.

La JEP determinó que las violaciones perpetradas en el batallón no se restringen a los hechos del Palacio de Justicia, sino que forman parte de un patrón prolongado de conductas. Esta perspectiva dio fundamento a la medida restaurativa y a la necesidad de preservar el sitio.

Otros crímenes y desapariciones relacionadas con el Batallón Charry Solano

La protección judicial también abarca otros casos emblemáticos, como la desaparición de Pedro Movilla Galarcio el 13 de mayo de 1993. La familia presume que su cuerpo permanece oculto en los predios de la actual Escuela de Logística, lo que refuerza la importancia de preservar el lugar física y documentalmente para avanzar en tareas de búsqueda y esclarecimiento.

Las investigaciones de la JEP asocian estos crímenes con macrocasos: el 06, sobre el genocidio contra la Unión Patriótica, y el 08, referente a hechos en los que la fuerza pública actuó en coordinación con grupos paramilitares.

La decisión judicial también menciona atentados explosivos contra medios de comunicación, lo que amplía el espectro de víctimas y fortalece la obligación institucional de memoria, verdad y justicia.

La puesta en marcha de la medida exige colaboración con entidades estatales como la Procuraduría, el Centro Nacional de Memoria Histórica, los Ministerios de Defensa y Educación, así como con colectivos de víctimas y derechos humanos.

Entre los grupos involucrados están el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Movimiento de Víctimas del Estado, la Fundación Nydia Erika Bautista y la Fundación Carlos Horacio Urán.

Este conjunto de acciones procura evitar la fragmentación de las iniciativas de memoria histórica, frenar el negacionismo y articular la inclusión de los sectores perjudicados en la resignificación del sitio.

Según Helena Urán Bidegain, hija de un sobreviviente del Palacio de Justicia que fue ejecutado posteriormente, la medida permitirá “establecer patrones de violencia, esclarecer el destino de las víctimas y asegurar la correcta preservación y análisis de la documentación”, lo que representa una garantía para los derechos a la verdad y la justicia.

La decisión de la Fiscalía General de la Nación de no suspender las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo ha generado un freno inmediato en la logística vinculada al proceso de paz.

Los miembros de este grupo armado no podrán trasladarse hacia las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), ya que enfrentan el riesgo de ser arrestados durante cualquier movimiento.

Ante la negativa del ente acusador, pese a las peticiones del presidente Gustavo Petro, la delegación del Gobierno encargada de los diálogos con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia activó una reunión de emergencia durante la mañana del martes 12 de mayo, según información revelada por Caracol Radio.

El propósito del encuentro se centraría en buscar alternativas que permitan destrabar la situación creada por la decisión judicial y garantizar que los compromisos acordados en la mesa de negociación puedan cumplirse.

El proceso de paz se apoya en las ZUT, espacios delimitados donde los excombatientes inician su tránsito hacia la vida civil con acompañamiento estatal. Estas zonas, definidas en la Ley de Paz Total, buscan reducir la violencia armada y consolidar la presencia institucional. A diferencia de las antiguas zonas de despeje, en las ZUT el Estado mantiene su presencia y control.

La Fiscalía consideró que no existe un avance suficiente en los diálogos que justifique la suspensión de las capturas. La solicitud había sido elevada por la oficina del Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, en un intento por facilitar el traslado seguro de los integrantes del Clan del Golfo hacia los puntos de concentración establecidos.

En este contexto, la imposibilidad de suspender las capturas no solo retrasa los desplazamientos planeados hacia Tierraalta, Córdoba, y Belén de Bajirá, Chocó, sino que también introduce incertidumbre en el proceso de paz.

El Gobierno evalúa salidas jurídicas y operativas para evitar una ruptura en las negociaciones y sostiene reuniones con carácter urgente para preservar la continuidad del diálogo.

Las Zonas de Ubicación Temporal fueron diseñadas para que los miembros de grupos armados puedan concentrarse bajo vigilancia estatal, avanzar en su desmovilización y, finalmente, reincorporarse a la vida civil. Para el caso del Clan del Golfo, la expectativa era que 400 integrantes comenzaran a llegar a estos espacios a partir del 25 de junio.

La decisión de la Fiscalía sobre órdenes de captura de ‘Chiquito Malo’ y otros criminales del Clan del Golfo

La Fiscalía General de la Nación dejó en claro en la mañana del martes 12 de mayo que las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo se mantendrán vigentes hasta que se demuestre un cumplimiento verificable de los requisitos legales vinculados al proceso de paz.

Aunque la fiscal general, Luz Adriana Camargo, firmó una resolución para colaborar con el traslado de los señalados a Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), el ente acusador condicionó cualquier suspensión de órdenes judiciales a la constatación de hechos concretos.

Según la Fiscalía, la inmunidad de tránsito y permanencia en las ZUT, así como la suspensión de capturas, solo tendrá efecto a partir del 25 de junio de 2026, fecha indicada por la Resolución OCCP No. 120.

En términos prácticos, la medida significa que los integrantes del Clan del Golfo no serán beneficiados con suspensión de órdenes de captura mientras no exista una verificación estatal de los acuerdos alcanzados y del avance en el proceso.

La Fiscalía advirtió que la información remitida por el Gobierno nacional revela únicamente la intención de algunos individuos de ingresar a las ZUT, pero no acredita la validez ni el efectivo cumplimiento de compromisos de paz, ni permite identificar con precisión a la totalidad de los integrantes bajo control institucional.

El ente investigador detalló que, para considerar la suspensión de las capturas, es imprescindible verificar la identidad y situación jurídica de cada persona incluida en la lista, la existencia de órdenes nacionales o con fines de extradición, y la información sobre su pertenencia al grupo criminal.

La presencia en el listado de Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, fue resaltada por la Fiscalía, quien recordó que ya existe un concepto favorable de la Corte Suprema para su extradición a Estados Unidos.

La postura institucional también advierte que la verificación del cumplimiento no puede basarse únicamente en lo declarado por los propios miembros del Clan del Golfo, sino que debe ser ejecutada por autoridades estatales, a través de un mecanismo trazable y verificable de identificación, movilidad y permanencia de las personas.

Entre los criterios que la Fiscalía espera corroborar figuran la desarticulación real de la estructura armada del grupo, la suspensión de violaciones al Derecho Internacional Humanitario, la entrega de menores víctimas de reclutamiento forzado, la ubicación de personas desaparecidas y la entrega de armamento.

La justicia de Colombia avaló la presunta responsabilidad solidaria de Karen Abudinen en el escándalo del contrato de Centros Poblados, tras confirmar una medida cautelar que prohíbe disponer de su apartamento en Barranquilla.

La decisión tomada por el Juzgado Segundo del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá y revelada por la revista Cambio se fundamenta en que la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) era responsable de controlar y vigilar el contrato de conectividad rural adjudicado a una unión temporal liderada por Emilio Tapia, lo que ocasionó un serio daño al patrimonio público.

El juez de Bogotá concluyó que Abudinen, como ordenadora del gasto, no quedó exonerada de supervisar el contrato, a pesar de haber delegado funciones en la exsecretaria general.

Entre las medidas tomadas por el juzgado se incluye la imposibilidad de que Abudinen venda o transfiera el inmueble, adquirido antes de su llegada al Ministerio TIC. La justicia estableció que la conectividad rural era una función esencial del ministerio y que la ausencia de control facilitó el fraude que perjudicó fondos dedicados a la educación en zonas rurales.

“A juicio del despacho, sí se imponía responsabilidad a dicha cartera ministerial, representada por la exministra, en la medida en que el contrato tenía por objeto la ejecución de una política pública orientada a promover centros digitales en instituciones educativas de zonas rurales, bajo la dirección de ese ministerio a cargo de la afectada Abudinen Abuchaibe”, se lee en el fallo judicial revelado por Cambio.

La validación judicial de esta medida responde a que la exministra tenía la obligación, como titular del Ministerio TIC, de ejercer vigilancia sobre el contrato por más de $1,07 billones, incluso si las gestiones contractuales directas las ejecutaba una subalterna.

De acuerdo con el juzgado, la falta de control constituyó un incumplimiento grave de sus deberes, lo cual justifica la vinculación de su patrimonio a la investigación por extinción de dominio.

“La afectada –Abudinen–, en ejercicio de esa labor, en el entender de este funcionario judicial y bajo el criterio de autonomía, en grado de probabilidad se le imponía el cumplimiento de las funciones propias y normales de la Nación, en el marco de la política pública implementada, de modo que, si bien la delegación para contratar era factible, dicha delegación no exoneraba el cumplimiento de los deberes de control y vigilancia sobre la actividad contractual,pese a la decisión de archivo del 23 de septiembre de 2024, proferida por la Procuraduría General de la Nación“, señala el fallo.

Por su parte, la defensa de Abudinen, encabezada por el abogado Luis Antonio Hernández, describió la medida como “arbitraria” e “ilegal”, advirtiendo que se equipara una “responsabilidad solidaria” a la aplicada a estructuras criminales.

Hernández sostuvo ante el juzgado que no existen pruebas de enriquecimiento ilícito por parte de su clienta; remarcó además que la compra del apartamento se realizó legalmente en 2019, antes de la firma del contrato bajo investigación.

“No se refirió la fiscal, efectivamente, a ningún enriquecimiento ilícito previo de la doctora Karen Abudinen, limitándose a fundamentar la medida cautelar en su supuesta negligencia en el trámite del contrato suscrito el 9 de diciembre de 2020 con la Unión Temporal Centros Poblados,respecto del cual fue exonerada fiscalmente por la Contraloría General de la República y no ha sido procesada penalmente por la Fiscalía General de la Nación, según se admitió”, señaló el abogado en sus argumentos.

El juez, sin embargo, rechazó el argumento de la defensa y mantuvo el embargo sobre el inmueble pese a que la Procuraduría General de la Nación exoneró a Abudinen de responsabilidad disciplinaria en septiembre de 2024, archivando el proceso por no haber participado en la aprobación de garantías falsas ni en la supervisión directa del contrato con Centros Poblados.

Entretanto, la fiscal 21 de Extinción de Dominio, Ana América Pereira, Advirtió que la omisión de Abudinen como ordenadora del gasto justificaba la responsabilidad solidaria en el detrimento estatal de más de 84.000 millones de pesos.

“No puede pasar por alto la falta de diligencia y cuidado como ordenador del gasto en su calidad de ministra de las Tecnología de la Información y Comunicaciones de Colombia, asistiéndole responsabilidad solidaria en el detrimento al Estado de más de 84.000 millones de pesos”, señaló la Fiscalía.

El abogado Andrés Fabián Castrillón, del Ministerio de Justicia, apoyó la posición de la Fiscalía, alegando que existen elementos para relacionar el inmueble con la causal 11 del Código de Extinción de Dominio, incluso sin sentencia penal firme.

El caso nació a raíz de la adjudicación del contrato para la conectividad de escuelas rurales a la Unión Temporal Centros Poblados el 9 de diciembre de 2020, por un monto de $1,07 billones. La ejecución deficiente de ese contrato desencadenó un escándalo de corrupción y dejó un déficit comprobado de 87.027 millones de pesos en el patrimonio público, según la Contraloría y el principal implicado, Emilio Tapia, fue condenado a más de seis años de prisión por estos hechos.

Los alegatos de la defensa de Karen Abudinen

Tras la determinación del Juzgado Segundo del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá, la defensa de la exministra advirtió que dicha medida sería un grave presente sobre la aplicación de la “responsabilidad solidaria” a ministros y altos funcionarios designados como ordenadores del gasto.

El abogado Luis Antonio Hernández advirtió que que la interpretación adoptada puede poner en riesgo los bienes de cualquier funcionario que administre recursos estatales, aunque no exista beneficio personal o condena penal previa.

“Cualquier ordenador del gasto, cuyo actuar sea calificado de negligente, podría ver su patrimonio personal, lícitamente adquirido, sujeto a extinción de dominio por los delitos cometidos por contratistas o subalternos, sin haber obtenido un solo peso de provecho ilícito”, señaló el abogado al juzgado, según reveló la revista Cambio.

El caso está actualmente en apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá, responsable de decidir sobre la legalidad de la medida cautelar impuesta al patrimonio de la exministra.

Entretanto, la decisión no conlleva efectos penales ni disciplinarios para Abudinen, dado que se trata de un proceso patrimonial. Sin embargo, su resultado podría convertir la vigilancia y el control en requisitos reforzados para los responsables de contratación pública en Colombia.