El caso de violencia física que conmocionó a Bogotá ha puesto en el centro del debate la respuesta judicial frente a agresiones contra mujeres. La empresaria María Quevedo fue brutalmente atacada dentro de su pastelería en el norte de la ciudad por Jesús Acosta Lizardo, quien había comenzado a trabajar en el lugar pocas semanas antes.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que la víctima fue agredida repetidas veces y, a pesar de sus lesiones, logró salir del establecimiento y dejar encerrado al atacante. El diagnóstico médico confirmó una fractura de nariz, desprendimiento parcial de cuero cabelludo y cerca de ochenta lesiones distribuidas en todo el cuerpo.

Tras la detención inicial del agresor por parte de la Policía, la Fiscalía procesó el caso bajo los cargos de lesiones personales y daño en bien ajeno. Como tales delitos no contemplan reclusión preventiva, Jesús Acosta Lizardo recuperó la libertad poco después del hecho, lo que desencadenó un fuerte rechazo de autoridades y de la opinión pública.

Sin embargo, en respuesta al impacto social y la gravedad de la agresión, la Fiscalía habría iniciado nuevas diligencias para evaluar un posible cambio en el delito imputado, según información revelada por El Tiempo.

Según se conoció, un grupo especial con enfoque de género apoya la investigación y revisa minuciosamente las valoraciones de Medicina Legal, así como testimonios de vecinos y personas cercanas. El objetivo es reunir elementos que permitan endurecer las medidas judiciales y solicitar la reclusión del investigado.

Actualmente, la Fiscalía estudia la posibilidad de reclasificar el hecho como tentativa de feminicidio. Si prospera esta modificación, el juez podría ordenar la detención intramural del agresor. Las autoridades también han proporcionado medidas de protección a la víctima, reforzando los mecanismos de seguridad a su alrededor.

La agresión sufrida por María Quevedo, dueña de la pastelería Rü Patisserie en Usaquén, sigue generando conmoción en el norte de Bogotá. El ataque, ocurrido el jueves 23 de julio, dejó a la empresaria con lesiones severas, según confirmaron fuentes cercanas a la investigación.

Un testigo, cuya identidad permanece protegida, fue clave al aportar detalles sobre la violencia del episodio y el comportamiento del agresor durante y después del hecho. El testigo relató al canal CityTV que, tras la agresión, encontró a la empresaria con el rostro notablemente afectado.

“La vimos a ella inflamada, el ojo morado, la nariz como con una fractura, la nariz inflamada”, describió la fuente. Añadió que, según la propia víctima, la situación pudo haber sido peor si no hubiera protegido su rostro con las manos: “Ella todo el tiempo se cubrió la cara”.

Durante el ataque, el presunto agresor no solo golpeó a la víctima, sino que la amenazó de muerte. El testigo aseguró que las cámaras de seguridad grabaron los gritos y amenazas explícitas: “Te voy a matar, maldita”, insistió el agresor en varias ocasiones, según pudo constatar la persona que presenció los hechos.

En el instante posterior a la agresión, quienes se encontraban cerca de la panadería actuaron para proteger a la víctima. El testigo explicó que resguardaron a la empresaria y mantuvieron al presunto agresor dentro del local, evitando así que escapara antes de la llegada de la Policía.

“Nosotros le dijimos que se quedara adentro y a ella la sacamos y cerramos el establecimiento, lo dejamos adentro y cerrado mientras que llegaba la Policía”, detalló al canal local.

Reacciones de las autoridades

El alcalde Carlos Fernando Galán manifestó su inconformidad ante la decisión judicial. A través de sus redes sociales, calificó como inexplicable la liberación del agresor y exigió que se priorice la protección de la víctima.

Galán pidió explícitamente que el caso se reconfigure como tentativa de feminicidio, señalando que “el agresor debe estar en la cárcel y todas las decisiones deben priorizar la protección de la víctima”.

El mandatario local también solicitó que se revisen posibles antecedentes penales del agresor. No obstante, fuentes de la Fiscalía informaron que, según los registros internos, Jesús Acosta Lizardo no presenta anotaciones previas en el sistema.

Todo parece indicar que el presidente electo Abelardo de la Espriella, pese al revuelo nacional que generó por su iniciativa de posesionarse fuera de Bogotá y en una guarnición militar del departamento de Cauca, ya no recibiría su banda oficial en la ciudad de Popayán.

Según se conoció en la tarde del domingo 26 de julio, se abre una posibilidad de que el acto protocolario se lleve a cabo en la ciudad de Cali, pese a los trámites que ya se adelantaron en el Congreso de la República, incluida la aprobación parcial de la proposición del traslado y la solicitud a las Fuerzas Militares de informes de seguridad que se solicitó desde la Secretaría del Senado.

Según información revelada por La FM, altas fuentes informaron que la decisión final se tomaría en las próximas horas, respondiendo a preocupaciones logísticas y de protección para los asistentes.

El cambio de sede surgiría ante las dificultades para organizar el evento en Popayán, capital del Cauca, donde el Senado había aprobado inicialmente la ceremonia. La magnitud del acto, que requiere el traslado de congresistas y de delegaciones nacionales e internacionales, motivó nuevas consultas a las autoridades militares y policiales para evaluar las condiciones de seguridad.

Ante el rumor del traslado, una de las primeras en mostrar su apoyo a la medida fue la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, que expresó públicamente su respaldo a la posibilidad de recibir el acto en Cali.

En su mensaje a través de la red social X, destacó el simbolismo de que De la Espriella haya inscrito su candidatura en esa ciudad y consideró que sería positivo que también jurara el cargo allí.

“El presidente Abelardo ha tenido con el Valle gestos simbólicos como ser el primer candidato en la historia que nos escogió para inscribir su candidatura; qué bueno sería que también fuese el primer presidente que tomase posesión en Cali”, señaló la Gobernadora.

Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial del equipo de De la Espriella, pero voceros cercanos aseguran que el gobierno electo impulsa una nueva proposición para trasladar la sede de la sesión solemne del Congreso prevista para el 7 de agosto. El trámite requeriría aprobación en plenaria tanto del Senado como de la Cámara de Representantes.

“Sabemos que su firme intención es ponerse al frente de la recuperación de la seguridad; cuente conmigo para que entre todos, usted como presidente y nosotros, los mandatarios regionales, ejecutemos una estrategia de recuperación territorial del suroccidente del País: usted tiene la voluntad, nosotros también, hagámoslo realidad en esa Patria Milagro que usted lidera y en el trabajo incansable que nosotros tanto valoramos”, concluyó la gobernadora del Valle del Cauca.

El debate se originó tras una carta enviada por el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional, solicitando un informe sobre las garantías para el desplazamiento de los parlamentarios al Cauca. La respuesta a esta petición será clave para la decisión, pues el Congreso debe asegurar condiciones idóneas para la ceremonia de investidura de quien asumirá como nuevo jefe de Estado.

La propuesta de trasladar la posesión presidencial a Cali se fundamentaría en razones de seguridad y logística, según fuentes legislativas y del equipo de gobierno entrante. De concretarse el cambio, sería la primera vez que un presidente colombiano asume el cargo en la capital del Valle del Cauca y no en Bogotá o el Cauca, que, igualmente, se convertiría en un hecho inédito en la historia reciente del país.

De confirmarse el cambio, la decisión dependerá de la aprobación del Congreso y del informe de las autoridades de seguridad, pero cuenta con el respaldo de sectores regionales y del equipo del mandatario electo.

El Consejo de Estado inició el análisis de una demanda que podría poner en entredicho la elección presidencial de Abelardo De la Espriella. El proceso se abrió tras recibir la solicitud de Luis Guillermo Pérez, exsuperintendente y exmagistrado, quien impugnó la legalidad de la elección.

La demanda apunta a la supuesta reducción de los mecanismos de autenticidad, integridad e identificación en los formularios E-14 utilizados durante el conteo de votos. Según el documento presentado, este punto habría afectado la trazabilidad y verificabilidad del proceso electoral, aunque no se afirma la existencia de fraude ni se adjuntan pruebas de alteración de votos.

El escrito plantea que los errores técnicos habrían dificultado cualquier descarte de irregularidades, motivo por el cual se pide declarar nula la resolución que oficializó la victoria de De la Espriella.

La demanda fue admitida luego de que el Consejo de Estado verificara que reunía los requisitos legales, tras una primera inadmisión por deficiencias formales corregidas por el demandante.

El expediente quedó bajo la responsabilidad del magistrado Omar Joaquín Barreto, que ya ha notificado formalmente a De la Espriella. El presidente electo dispone de 15 días para responder, al igual que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría, que también fueron vinculados al proceso.

El Consejo de Estado aclaró que admitir la demanda no implica un pronunciamiento sobre el fondo del asunto ni suspende la elección presidencial. De la Espriella, declarado presidente electo por el CNE el 24 de junio, mantiene su condición mientras el alto tribunal estudia el caso. La posesión está prevista para el 7 de agosto, fecha en que asumiría el cargo a menos que una decisión judicial indique lo contrario.

De acuerdo con el fallo del tribunal, el CNE deberá remitir copia de todos los actos administrativos relacionados con la elección presidencial al despacho del magistrado Barreto. Además, el Ministerio Público fue notificado para intervenir en el proceso y las partes pueden aportar pruebas que consideren pertinentes durante el plazo concedido.

El exsuperintendente Pérez, quien ha sido objeto de una denuncia por parte de Thomas Greg & Sons por presunta perturbación del proceso democrático, sostiene que su acción busca mayor transparencia.

En caso de que el Consejo de Estado estime que existen dudas suficientes sobre la transparencia electoral, el demandante solicita subsidiariamente que se ordene un nuevo escrutinio, acompañado de auditorías e inspecciones técnicas sobre los sistemas empleados en los comicios.

Por el momento, la elección de De la Espriella sigue vigente y su posesión no se ve afectada por la apertura de este proceso. El trámite judicial apenas comienza y, según lo previsto, el Consejo de Estado se limitará inicialmente a analizar los aspectos formales y la pertinencia de las pruebas antes de emitir una decisión de fondo sobre la validez o nulidad de la elección presidencial.

Apenas el 22 de julio, el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro aseguró que ya fueron judicializadas “todas las pruebas” del presunto fraude en las elecciones presidenciales del 21 de junio de 2026, en las que resultó elegido Abelardo de la Espriella, y difundió un enlace a un portal que reúne una cronología de supuestas irregularidades, cifras sobre la documentación electoral y las acciones legales presentadas ante el Consejo de Estado.

En ese sitio, llamado Testigos Electorales, se afirma que fueron identificados 700.000 documentos y que el 97,4% de ese total “no tiene metadatos y ninguno cuenta con firma criptográfica”, lo que, según sus autores, habría dejado la consolidación del preconteo en manos de un software imposible de auditar.

“Aquí todas las pruebas del fraude electoral en Colombia, ya judicializadas”, escribió Petro en su cuenta oficial de X al presentar el material. El portal también incluye herramientas de auditoría ciudadana para revisar metadatos de archivos cargados y código disponible para replicar las pruebas.

La cronología publicada en la página comienza en 2022. Allí se sostiene que ese año los comicios tenían un mecanismo de seguridad digital que permitía seguir y modificar los documentos generados durante la jornada electoral.

“Los comicios cuentan con todos los elementos de seguridad digital activos. Cada documento generado deja un rastro claro de su origen y manipulación, garantizando auditorías transparentes”, señala el material difundido por el mandatario.

La defensa pública de Gustavo Petro hacia Juliana Guerrero ha sido constante y notoria en distintos escenarios de su gobierno. A pesar de las controversias que rodean a la joven activista, el presidente ha intervenido en varias ocasiones para respaldar su permanencia y desempeño en la administración, como lo hizo en la mañana del domingo 21 de julio, al pedir a la joven entablar denuncias a supuestos empresarios que intentaron “corromperla”.

Uno de los primeros episodios de apoyo ocurrió en televisión nacional en 2025, cuando Petro presentó a Guerrero en medio del Consejo de Ministros como parte esencial de su equipo.

“Juliana es un poco joven, digamos, pero muy activa, rebelde, como las juventudes que nos hicieron ganar las elecciones”, señaló en su momento el mandatario. Con estas palabras, legitimó la presencia de Guerrero en la gestión pública, destacando el valor de incorporar en ese momento nuevas generaciones a la política nacional.

Sin embargo, ante las denuncias por uso de aeronaves oficiales para desplazamientos de Guerrero y su hermana, el presidente justificó los hechos explicando que se trataban de misiones confidenciales relacionadas con la estrategia de paz.

En esa ocasión, Petro también respondió a los cuestionamientos sobre la experiencia académica de las jóvenes, ironizando: “Por jóvenes deberían tener menos estudios que un viejo, pero hay viejos que no leen”. Así, minimizó las críticas y descartó que ambas tuvieran funciones administrativas de control en el Ministerio de la Igualdad.

En el contexto de la imputación judicial por presunta falsificación de documentos y fraude procesal, derivada de la anulación del título profesional de Guerrero, el presidente volvió a defenderla de forma directa.

En una entrevista con Caracol Radio, Petro enfatizó la presunción de inocencia de la joven e, incluso, restó importancia a las pruebas de la Fiscalía sobre la presunta falsificación de su título universitario.

“No se le ha comprobado que no estudió en esa universidad. Se lo dejaremos a la justicia, porque hay un proceso judicial, pero ella no es servidora pública, no es funcionaria. (...) ¿Estudió o no en la universidad? ¿Y presentó o no el Ecaes? Si ella estudió y presentó el Ecaes, ¿judicialmente qué pasa?”, comentó el presidente al medio radial.

Además, recalcó que Guerrero no es funcionaria pública en sentido estricto, sino delegada del Ejecutivo.

Finalmente, en la tarde del sábado 25 de julio el mandatario volvió a ‘sacar la cara’ por la joven, después que se conociera una serie de audios y pruebas que comprometerían a Guerrero con un supuesto esquema irregular para asignar contratos en los ministerios de Vivienda y del Interior a cambio de coimas.

“Las pruebas que aquí se indican, reflejan, que los llamados ”empresarios* se pusieron furiosos y a lo mejor entregaron los chats, porque no les cumplieron. Si es verdad, dieron dineros como pendejos, pensando que los ministros o yo mismo, actuamos por presiones de mujeres o por codicia. Hasta abelardistas serán si se investiga un poquito más. La revista haría un gran favor entregando esos chats a la fiscalía (sic)“, escribió Petro en su cuenta de X.

Investigaciones judiciales y cuestionamientos internos

Pese al respaldo presidencial, las investigaciones contra Juliana Guerrero han continuado. La Fiscalía sostiene que la joven no habría cumplido con los requisitos académicos para obtener su título profesional, ya que presuntamente no asistió a clases ni presentó los exámenes correspondientes en la Fundación Universitaria San José.

Sectores de la administración y exdirectivos del Fondo de Adaptación han denunciado la supuesta influencia de Guerrero en decisiones clave del Departamento Administrativo de la Presidencia y del Fondo Colombia en Paz. Estas acusaciones han incrementado la presión política sobre su figura y la del Gobierno.

A pesar de las restricciones legales y las críticas desde dentro y fuera del oficialismo, Guerrero continúa como representante del Ejecutivo en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar. No pudo asumir el Viceministerio de la Juventud por su edad, pero mantiene su rol institucional mientras la justicia resuelve su situación.

Las polémicas internacionales de Gustavo Petro fueron las protagonistas a lo largo de los cuatro años del saliente presidente y que, entre otras, generaron incomodidad en el escenario global.

De hecho, los momentos incómodos de Petro acumularon polémicas por su manejo del protocolo, sus relaciones con otros gobiernos y varias situaciones tensas en actos oficiales fuera de Colombia. Aunque buscó proyectarse como un referente global, ese propósito quedó opacado por episodios que se catalogaron como impropios de la investidura, según el sector opositor.

Uno de los hechos más recordados ocurrió el 26 de enero de 2025, cuando, a las 3:41 a. m., Petro desautorizó el ingreso de un vuelo con deportados procedentes de Estados Unidos. La reacción del entonces presidente Donald Trump fue inmediata y contundente: amenazó con imponer aranceles de hasta el 50% y revocar las visas de funcionarios del gobierno colombiano.

De acuerdo con una reconstrucción de El Colombiano, la situación llevó la relación bilateral a uno de sus puntos más críticos, todo originado por un mensaje publicado en la red social X.

En otro episodio, Petro incitó a los militares estadounidenses a desobedecer a Trump durante una manifestación en Nueva York. Según el informe, la consecuencia fue la suspensión de la visa estadounidense de Petro y su inclusión en la lista Clinton, donde permanece hasta hoy.

El presidente también fue protagonista de situaciones incómodas con aliados estratégicos. Una de las cartas del excanciller Álvaro Leyva, citadas por El Colombiano, relató que durante una visita oficial a China en octubre de 2023, Petro habría ignorado al presidente Xi Jinping durante una cena.

El mandatario colombiano habría insistido en hablar sobre el metro de Bogotá, a pesar de que la embajada china había advertido que ese no era un tema apropiado para tratar con el jefe de Estado.

Petro negó esa versión en un discurso público, asegurando: “Yo hablé con Xi Jinping, no sea mentiroso”. Además, atribuyó el fracaso del acuerdo de la “Ruta de la Seda” a supuestos sabotajes internos en la Cancillería, que redujeron el pacto a una simple “alianza estratégica”.

En América Latina, el mandatario acumuló desplantes. Durante una visita a Chile en enero de 2023, modificó su agenda sin avisar y “desapareció” de una cena oficial, lo que generó rumores entre los asistentes.

Petro alegó que su ausencia se debió a una visita privada a la tumba de Pablo Neruda. Además, canceló un desayuno con la familia de Salvador Allende y confundió a la escritora Isabel Allende con María Isabel Allende, hija del exmandatario chileno.

Situaciones similares se presentaron en Brasil, donde Petro no apareció en la foto oficial de la Cumbre de la Amazonía, y en Turquía, donde dejó esperando al presidente Recep Erdogan en una llamada programada.

Gafes, símbolos y posturas ambiguas

En diciembre de 2024, el presidente visitó a José “Pepe” Mujica en Uruguay, con la intención de entregarle la Cruz de Boyacá. El momento quedó empañado cuando Petro mostró una bandera que supuestamente representaba al M-19, pero que en realidad no correspondía ni a ese grupo ni a los Tupamaros, movimiento al que perteneció Mujica.

Según fuentes citadas por El Colombiano, la confusión generó incomodidad en el expresidente uruguayo, y el gesto fue criticado por la falta de sensibilidad hacia las víctimas del conflicto armado colombiano.

En materia de política regional, Petro asistió a la posesión de Daniel Noboa en Ecuador, pero evitó felicitarlo abiertamente y cuestionó la legitimidad del proceso electoral, incluso comparándolo con los comicios en Venezuela. Sin embargo, nunca llegó a denunciar el fraude en las elecciones venezolanas de 2024; en cambio, responsabilizó a las sanciones internacionales de las irregularidades, sin mencionar directamente a la administración de Nicolás Maduro.

Las intervenciones del mandatario en foros multilaterales también fueron objeto de controversia. En Alemania, un discurso sobre la caída del Muro de Berlín fue calificado de “gran vergüenza” por el excanciller Leyva, quien relató que un ministro alemán expresó preocupación por el comportamiento de Petro.

En la ONU y otras cumbres, el presidente abordó temas diversos en un solo discurso, mezclando referencias a Gaza, el cambio climático y Adolf Hitler, y llegó a pronunciar frases como la de “esparcir el virus de la vida por las estrellas del universo”, que se convirtió en blanco de burlas.

Durante el funeral del líder estadounidense Jesse Jackson en Chicago, Petro se extendió más de 17 minutos en su discurso, superando el tiempo asignado y siendo interrumpido en varias ocasiones por los organizadores, quienes le pidieron que concluyera su intervención, según asistentes y registros del acto.

Polémicas privadas y cifras desproporcionadas

Los viajes de Petro en Europa también estuvieron rodeados de polémica. Una de las cartas de Leyva, citada por El Colombiano, refiere que el presidente se ausentó en París alegando estar con su familia y canceló una reunión en Londres con Tony Blair.

En Lisboa, la Unidad de Información y Análisis Financiero reportó un gasto de 209.000 pesos en el club de striptease Ménage, hecho que Petro justificó diciendo: “algún día contaré por qué me gasté 40 euros en ese sitio”, promesa que aún no ha cumplido.

En la Expo Universal Osaka 2025, el presidente divulgó en redes sociales que se habían vendido “10 millones de toneladas” de lechona en el pabellón colombiano. La cifra fue desmentida por la representante Katherine Miranda, quien calculó que ese volumen equivaldría a 333 mil camiones, cuando en realidad, según Procolombia, apenas se vendieron diez toneladas.

En Italia, Petro acudió a una audiencia con el Papa León XIV acompañado de su presunta pareja, Vanessa Cortés, lo que despertó cuestionamientos sobre el rol de Cortés en la comitiva oficial, dado que Verónica Alcocer aún ejercía como primera dama. El patrimonio de Cortés también fue motivo de debate, pues durante el Gobierno pasó de salarios menores a tres millones de pesos a ingresos y bienes superiores a 1.200 millones.

En medio de la fuerte polémica por la decisión del nuevo gobierno de celebrar la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella en la ciudad de Popayán, el Congreso de la República ya inició con los planes logísticos para entregar la banda al nuevo mandatario nacional.

De hecho, después de que el Senado de la República le diera el primer empujón al ‘deseo’ de De la Espriella al aprobar trasladar la sesión solemne al departamento del Cauca, desde la secretaría de esa cámara se envió una serie de peticiones a las Fuerzas Militares de Colombia, pese a que la decisión no está en firme debido al debate que le espera a la iniciativa en la Cámara de Representantes.

Sin embargo, desde ya, el traslado de la ceremonia presidencial al sur del país ha generado inquietud en el Legislativo. El secretario general del Senado, Diego González, envió oficios formales al director de la Policía, al comandante del Ejército y al comandante de las Fuerzas Militares.

En estos documentos, la cámara alta del Congreso solicitó a las instituciones militares y policiales información detallada sobre las condiciones de seguridad existentes en el Cauca para la fecha prevista: el 7 de agosto.

En los escritos, González enfatizó la necesidad de contar con “las condiciones y medidas de seguridad suficientes, idóneas y necesarias” para proteger tanto a los congresistas como a los servidores públicos e invitados nacionales e internacionales que asistirían al evento. La preocupación se justifica por la reconocida presencia de grupos armados ilegales en la región.

El Congreso colombiano solicitó formalmente a las Fuerzas Militares un informe sobre la viabilidad de realizar la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Popayán. La petición exige que se precise si existen las capacidades logísticas y operacionales para garantizar la seguridad de todos los participantes en la ceremonia, dada la compleja situación de orden público en el Cauca.

“Me permito solicitar muy respetuosamente se sirvan informar a esta Secretaría General si, con ocasión del traslado aprobado de la sede del Congreso de la República al departamento del Cauca, en la cual se llevará a cabo la posesión del Presidente electo de la República, doctor Abelardo de a Espriella, existen las condiciones y medidas de seguridad suficientes, idóneas y necesarias para garantizar plenamente la vida, la integridad personal y la seguridad de los honorables Senadores y Representantes a la Cámara, así como de los servidores públicos y demás funcionarios que participarían en dicha sesión”, señala el documento

Mientras la proposición de traslado fue aprobada en el Senado, la Cámara de Representantes aún debe someter a votación una moción similar. Solo entonces se confirmará si el acto podrá concretarse en Popayán.

El secretario González advirtió que la respuesta de las Fuerzas Militares será determinante para que la Mesa Directiva del Congreso tome una decisión definitiva. Argumentó que la presidencia requiere condiciones excepcionales de seguridad, dada la magnitud y la exposición pública de la ceremonia.

“Lo anterior, teniendo en cuenta la trascendencia constitucional e institucional de este acto, así como el deber de las autoridades del Estado de adoptar todas las medidas necesarias para preservar la seguridad de quienes concurren al ejercicio de las funciones públicas y asegurar el normal desarrollo de las actuaciones propias del Congreso de la República”, indicó el secretario.

En la solicitud se indica que, de existir factores que comprometan la realización de la sesión, las autoridades deberán informar detalladamente sobre tales circunstancias. De este modo, el Congreso podrá evaluar el riesgo y definir los pasos a seguir.

“En ese sentido, agradeceré que el pronunciamiento de esa Institución precise si, de acuerdo con la evaluación de riesgo realizada por las autoridades competentes, se cuenta con las capacidades operacionales, logísticas y de seguridad requeridas para garantizar el desarrollo de la sesión en condiciones plenas de seguridad, o, en caso contrario, se informen las circunstancias o factores que pudieran comprometer la realización de la misma”, culmina el documento.

La elección del próximo contralor entró en una fase de negociación política en el Congreso de la República de Colombia, pero el proceso sigue abierto porque dos demandas en el Consejo de Estado podrían dejar sin efecto la convocatoria actual y obligar a empezar de nuevo antes de la votación del 12 de agosto.

Hoy hay cuatro aspirantes que concentran la puja política, aunque ninguno tiene aseguradas las mayorías. Al mismo tiempo, dos demandas ante el Consejo de Estado cuestionan la convocatoria que produjo la lista de diez finalistas y una decisión judicial antes de esa fecha puede mantener la carrera o suspenderla.

A menos de un mes de la elección, la competencia dejó de depender solo de hojas de vida y puntajes. Ahora pesa la capacidad de cada aspirante para reunir apoyos alrededor de uno de los cargos que vigilará la ejecución de más de 2.000 billones de pesos en recursos públicos durante los próximos cuatro años.

La elección coincide con la instalación de un nuevo Congreso y con la llegada del gobierno de Abelardo de la Espriella. Ese arranque político ya dejó una señal con la elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado, cuando partidos de orillas distintas actuaron juntos para cerrarle el paso al candidato del nuevo Ejecutivo.

Los cuatro nombres que concentran la puja

De los diez elegibles, cuatro nombres aparecen al frente de las conversaciones: Carlos Mario Zuluaga, Andrés Castro, Jorge Eliécer Laverde y Ana Elena Monsalvo. Todos empezaron a sumar respaldos políticos que hoy los ponen por delante del resto, según un reciente informe de la revista Cambio.

Zuluaga, exvicecontralor general de la República, figura en casi todas las cuentas por su cercanía con Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador. También recibe valoraciones favorables en sectores del Pacto Histórico por su papel durante la administración de Carlos Hernán Rodríguez, etapa en la que incluso ocupó la Contraloría de forma encargada.

Ese mismo cruce de apoyos también le genera resistencias. Según fuentes consultadas por la revista citada, algunos dirigentes todavía lo identifican como candidato del actual contralor, aunque personas cercanas a ambos sostienen que esa relación se fracturó hace meses, y un eventual respaldo del petrismo podría jugarle en contra frente al gobierno entrante.

Por su parte, Andrés Castro, actual personero de Bogotá, excontralor de Bogotá, excontralor delegado para el sector Justicia y exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema, llega con una amplia trayectoria en organismos de control. Su cercanía con Gregorio Eljach, procurador general, le abrió puertas en casi todas las bancadas y lo convirtió en uno de los aspirantes con menos rechazo entre los partidos tradicionales.

Sin embargo, ese respaldo también se volvió su principal flanco de ataque, pues varios legisladores concuerdan en que nombrarlo en la jefatura de la Contraloría significaría aumentar el poder de Eljach en los organismos de control. “Sería entregarle también la Contraloría”, advirtió un parlamentario anónimo a la revista Cambio.

Jorge Eliécer Laverde, secretario de la Comisión Sexta del Senado, gana espacio por su conocimiento del Congreso y por apoyos que le atribuyen al expresidente del Senado Lidio García y al expresidente del Partido Liberal Simón Gaviria. Si logra unir a buena parte del liberalismo con sectores del Pacto Histórico y congresistas del Centro Democrático, podría acercarse a los 165 votos que exige la elección.

Finalmente, Ana Elena Monsalvo, excontralora delegada para Economía y Finanzas Públicas, aparece como la única del grupo que tendría guiño del gobierno entrante. Detrás de su aspiración ubican a un sector político del Cesar encabezado por el exministro Sergio Araújo, además de su paso por la comisión de empalme del sector Hacienda del nuevo Gobierno, según información conocida por Cambio.

Pero su nombre tampoco está libre de reparos. Su paso por la administración de Carlos Hernán Rodríguez genera reservas entre algunos integrantes del Gobierno de De la Espriella, que ven inconveniente en que la entidad siga bajo influencia de personas cercanas a la dirección saliente.

Detrás de ese grupo siguen otros aspirantes que también aparecen en las conversaciones: Julián Mauricio Ruiz, Diana Carolina Torres, Luis Enrique Abadía García, Amanda Madrid Panesso, Karol González Mora y Rosalba Jazmín Cabrales Herrera. Abadía, además, ocupó el primer lugar en el ranking consolidado del proceso.

El Consejo de Estado puede cambiar toda la contienda

Mientras el Congreso hace cuentas, la otra batalla se libra en el Consejo de Estado. Allí cursan dos demandas que buscan dejar sin efecto la convocatoria que produjo la lista de diez finalistas.

La primera la presentó Julio César Castañeda Acosta. Su reclamo cuestiona varios criterios con los que el Congreso calificó las hojas de vida y sostiene que la Mesa Directiva modificó aspectos ya definidos por la Ley 1904 de 2018, además de crear condiciones de evaluación no autorizadas por el legislador.

La segunda demanda, presentada por Lina Sofía Restrepo Noriega, va más allá. No cuestiona únicamente las reglas de la convocatoria, sino que pide dejar sin efecto varias decisiones que permitieron llegar a la lista final sobre la que hoy debe votar el Congreso.

El expediente tuvo un cambio la semana pasada. El magistrado ponente Omar Joaquín Barreto Suárez presentó un proyecto para negar la medida cautelar solicitada en la primera demanda, pero la Sala lo rechazó por tres votos contra uno.

Tras ese revés, el caso pasó al despacho de la magistrada Gloria Gómez. Ella deberá presentar una nueva propuesta, que puede volver a negar la cautelar con otra argumentación o plantear la suspensión del proceso mientras se resuelve el fondo del litigio.

Dentro del alto tribunal existe acuerdo en un punto. La decisión sobre la medida cautelar debe conocerse antes del 12 de agosto, fecha fijada para la elección del nuevo contralor.

Si la Sala vuelve a negar la suspensión, el pulso seguirá en el terreno político. Si decide frenar el proceso, el Congreso tendría que detener la elección y abrir otra etapa con una lista potencialmente distinta.

La apuesta del nuevo Gobierno si el proceso se reinicia

Buena parte del gobierno entrante apuesta a que las demandas prosperen y obliguen a rehacer la elección. Esa salida le permitiría reabrir la baraja y promover nombres con mayores afinidades con el Ejecutivo.

Según información de la revista Cambio, en ese escenario aparecen Rodolfo Zea, exministro de Agricultura del gobierno de Iván Duque y hasta hace unos meses contralor delegado para el sector Comercio, y Pablo Márquez, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres durante esa misma administración. Ambos hacen parte de las conversaciones para un eventual reinicio.

Esa expectativa convive con la posición pública de Rodrigo Lara, ministro del Interior designado. Lara ha dicho que no buscan intervenir en el proceso, que solo quieren que llegue alguien bueno y que no necesitan “órganos de control de bolsillo”.

Las mayorías en el Congreso de Abelardo de la Espriella dependerán de 16 curules clave y de la capacidad de su gobierno para sumar apoyos fuera de su coalición. El presidente electo llegará al Congreso de Colombia con un bloque amplio, pero sin mayorías aseguradas ni en el Senado ni en la Cámara.

En el Senado, la coalición de gobierno partiría de 37 senadores y podría llegar a 54 votos si suma a los ocho de La U y a nueve del Partido Conservador, sin contar a Wadith Manzur.

En la Cámara, el oficialismo tiene 53 curules confirmadas, frente a 42 de oposición y 88 sin posición definida, por lo que la gobernabilidad quedará sujeta a negociaciones con liberales, sectores de centro e independientes.

La primera señal de esa fragilidad apareció el 20 de julio, cuando Honorio Henríquez del Centro Democrático ganó la presidencia del Senado frente a Alfredo Deluque de La U, impulsado por el gobierno entrante. La votación mostró que las lealtades partidistas no son fijas.

Después, el Senado aprobó con 55 votos a favor y 32 en contra la proposición de Enrique Gómez para que la posesión presidencial se realice en el Cauca. El resultado reforzó la idea de que las alianzas se reordenan proyecto por proyecto.

Un análisis de la firma Orza recogido por El Colombiano describió el escenario como el de un Congreso fragmentado, competitivo y sensible a la representación política. También planteó que las mayorías dependen de acuerdos sucesivos, de la priorización del gobierno y de la administración de expectativas partidistas y regionales.

El nuevo Senado quedó integrado por 103 congresistas. El bloque declarado de gobierno reuniría en principio 37 senadores entre Centro Democrático, Cambio Radical, Salvación Nacional y los tres de Mira.

A ese grupo podrían sumarse cinco congresistas dispersos de partidos tradicionales que mantendrían el respaldo dado al hoy presidente electo durante la campaña, entre ellos Deluque. En la otra orilla, la oposición declarada suma 26 curules entre el Pacto Histórico y la curul que ocupa Iván Cepeda por el Estatuto de la Oposición.

Los partidos bisagra que pueden inclinar la mayoría

Según un reciente informe publicado por El Colombiano, quedan 37 curules en partidos que todavía no formalizan su posición o que podrían optar por la independencia. El peso de ese bloque recae sobre La U, el Partido Conservador, los liberales y Alianza por Colombia, integrada por Verdes, ASI y En Marcha.

Si los ocho senadores de La U y los nueve conservadores, sin contar a Wadith Manzur, se incorporan al bloque oficialista, la coalición alcanzaría 54 votos. Sería una ventaja estrecha y, aun así, sin garantía de disciplina en cada votación.

El exsenador Carlos Fernando Motoa advirtió que los partidos bisagra y sus integrantes, incluso si se declaran de gobierno, pueden darle la espalda al presidente electo. Su planteamiento coincide con la idea de que la decisión formal de los partidos pesa cada vez menos que la conducta individual de los congresistas.

“Partidos bisagra e integrantes de los mismos, así se declaren de gobierno, son los que pueden darle la espalda al presidente electo. Vienen acostumbrados a un clientelismo, una mermelada, una burocracia. Y eso lo integran liberales y La U. Ellos van a pretender tener los espacios de poder, toda esa representación que les dio el gobierno actual. Aunque esos partidos han dicho manifestar cercanía, son los primeros que pueden tratar de generar algunos reveses”, señaló el excongresista al diario nacional.

En la Cámara el panorama sigue una lógica parecida. Hay 53 curules confirmadas a favor del gobierno, 42 de oposición y 88 sin posición definida, aunque ese recinto se ha mostrado históricamente más cercano a quien ocupa la Casa de Nariño.

Los congresistas que muestran la fragilidad de las lealtades

En el liberalismo aparecen nombres como María Eugenia Lopera, Fabio Raúl Amín y Yessid Pulgar. En esa colectividad, el rasgo que más se repite es la inclinación a declararse en independencia y a moverse según cada coyuntura.

Lopera apoyó de forma consistente las reformas del gobierno saliente durante el cuatrienio pasado. Tras votar a favor de la reforma de la salud, su partido la habría sancionado por romper la disciplina de bancada, aunque ella defendió con fuerza su postura. “Lo hice con total convicción, no tengo nada de que arrepentirme”, señaló en su momento en Caracol Radio.

Amín mostró un patrón más variable. Respaldó la reforma política, la laboral, la pensional y la agraria del gobierno Petro en el Congreso, pese a que en las presidenciales de 2022 había apoyado a Federico Gutiérrez en Córdoba.

En 2023, la Corte Suprema abrió una indagación previa contra él y otros 18 congresistas liberales por presuntas cuotas burocráticas en el Fondo Nacional del Ahorro a cambio de apoyar apuestas legislativas del gobierno. En la elección reciente de mesas directivas, además, respaldó la candidatura de Deluque a la presidencia del Senado.

Pulgar apenas comienza su carrera en el Congreso, pero ya mostró disposición a cambiar de alianzas. Confirmó su respaldo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia, aunque días antes Roy Barreras había pedido votar por él durante su campaña al Senado.

En el Partido Conservador, el nombre que más controversia genera es el de Wadith Manzur, hoy preso mientras avanza su caso por su presunta participación en el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd). De hecho, una de las principales hipótesis que se maneja frente a su caso es que pudo haber condicionado su voto en la Comisión Tercera a cambio de la asignación de recursos y contratos a personas específicas.

La colectividad conservadora dejó de ser partido de gobierno en mayo de 2023, cuando pasó a la independencia tras haber entrado a la coalición oficialista en 2022. Esa ruptura llegó después de la salida de sus cuotas del gabinete.

La Veeduría Nacional del Conservador sancionó en noviembre de 2024 a siete congresistas por la aprobación de la reforma pensional. Entre ellos figura Daniel Restrepo, hoy senador tras pasar por la Cámara y considerado heredero político de Carlos Trujillo en Antioquia.

También aparecen Miguel Ángel Barreto y Diela Liliana Benavides Solarte, que se abstuvieron de votar en la consulta popular impulsada por Petro. Óscar Barreto cuestionó al senador por apartarse de la línea partidista y sostuvo que esa conducta no era coherente con la ideología que dicen representar.

La U y los sectores independientes en la negociación permanente

En La U, varios nombres ilustran cambios repetidos de posición. Wilmer Carrillo, condenado en primera instancia por un caso de cuando era secretario de infraestructura de Norte de Santander, evitó votar en contra de varias propuestas de Petro, apoyó la reforma pensional y después habría colaborado con la logística de un acto de Paloma Valencia en Cúcuta.

Deluque también encarna esa elasticidad. Se definió hace poco como un “opositor racional” del gobierno Petro, respaldó proyectos como la ley de paz total y dejó ver que su intención era apoyar a De la Espriella.

En esa misma colectividad está John Besaile, condenado en primera instancia por un caso de cuando era secretario del Interior de la Gobernación de Córdoba. Hizo campaña por Paloma Valencia, votó a favor de la reforma pensional y, hacia el final de la legislatura, tomó distancia del oficialismo.

Otro caso es el de Antonio Correa, cuya conducta suele apartarse de la línea de su partido. Respaldó la mayoría de las iniciativas del gobierno Petro y alegó objeción de conciencia para expresar abiertamente su apoyo a Cepeda durante la campaña.

La Alianza Verde se perfila como una rueda aparte. Aunque respaldó en bloque la candidatura de Cepeda y buena parte de los proyectos de Petro, algunas de sus figuras podrían coincidir con posturas del nuevo gobierno, igual que otros liderazgos de coaliciones que actuarán desde la independencia.

Aunque existan dudas sobre el día y la hora exactos en que el presidente Gustavo Petro perderá su fuero como primer mandatario del país, lo cierto es que la Constitución es clara: su mandato finaliza el 7 de agosto de 2026 y ese día entregará el poder a Abelardo de la Espriella, quien resultó ganador en la segunda vuelta electoral del 21 de junio del presente año.

La Constitución colombiana fija ese día cada cuatro años para la transmisión de mando presidencial, en conmemoración de la batalla de Boyacá.

El traspaso de mando ocurrirá después de una de las transiciones políticas más tensas de las últimas décadas. El proceso estuvo marcado por la polarización, denuncias de intento de golpe de Estado y movilizaciones convocadas tanto por el gobierno saliente como por la oposición.

Petro, aunque reconoció que entregará el poder como exige la ley, llamó a la ciudadanía a movilizarse ese mismo día para defender las reformas sociales impulsadas durante su gestión.

Aun así, el mandatario tendrá funciones de presidente hasta el mismo momento en que De la Espriella reciba la banda que lo identificará como el nuevo jefe de Estado. Es decir, durante la ceremonia de transferencia de mando que, este año, podría no cruzar a los políticos en un mismo escenario.

Abelardo de la Espriella asumirá el cargo luego de haber sido acreditado como presidente electo tras una reñida contienda en la que superó por un margen mínimo del 0,96% de los votos a Iván Cepeda. El periodo de gobierno que se inaugura ese 7 de agosto se extenderá hasta 2030, de acuerdo con el ciclo constitucional.

Debate por el lugar de la investidura presidencial

La ley colombiana establece que el presidente debe tomar posesión ante el Congreso, prestando juramento frente a la asamblea legislativa. Solo en casos excepcionales está permitido hacerlo ante la Corte Suprema de Justicia o, en última instancia, frente a dos testigos. La tradición dicta que la ceremonia se realice en el Capitolio de Bogotá, sede del Congreso.

No obstante, De la Espriella ha expresado su deseo de celebrar el acto en una guarnición militar fuera de la capital. Esta propuesta ha generado un intenso debate institucional, pues requiere una aprobación formal del Legislativo. Para avanzar en esa dirección, sería necesario que ambas cámaras voten una proposición específica, trámite que podrá iniciar el 20 de julio, cuando el nuevo Congreso se instale.

El presidente saliente, Gustavo Petro, tomó una postura firme al prohibir a las Fuerzas Armadas ceder cualquier recinto militar o policial para la ceremonia. De la Espriella, por su parte, ha insistido en la propuesta y explora alternativas, como una sesión virtual del Congreso o la posibilidad de que los legisladores se desplacen a una instalación militar.

La controversia pone en juego no solo la forma sino el mensaje político de la toma de posesión: el presidente electo busca reforzar sus vínculos con las Fuerzas Armadas y su discurso de mano dura, mientras Petro defiende la separación entre el poder civil y el militar.

Contexto político y desafíos inmediatos

El clima previo a la investidura ha estado cargado de tensión. Las acusaciones de De la Espriella sobre un supuesto intento de desconocer su triunfo y la decisión de suspender temporalmente la transición reflejan la profundidad de la confrontación política.

A esto se suma el papel de Iván Cepeda, quien advirtió que promoverá una “desobediencia civil pacífica” si el presidente electo no responde a cuatro exigencias clave relacionadas con su doble nacionalidad, eventuales vínculos con agencias de seguridad extranjeras, la protección judicial de Petro y la garantía de derechos para la oposición política. De la Espriella calificó de “loquitos” a quienes impulsan estas acciones y aseguró que cualquier hecho violento será enfrentado con toda la fuerza del Estado.

Las movilizaciones anunciadas para el 7 de agosto, tanto por sectores afines a Petro como por la oposición, anticipan una jornada de alta tensión política y social. El día marcará el cierre de un ciclo y la apertura de una nueva etapa bajo un gobierno identificado con posiciones de ultraderecha y con promesas de endurecer la seguridad y el orden público.

El mercado cambiario colombiano vivió una jornada marcada por la consolidación del peso frente al dólar, al registrar el tipo de cambio un cierre en $3.197,01, un nivel que no se presenciaba desde julio de 2019.

La sesión estuvo atravesada por el aumento de flujos offshore y el fuerte encarecimiento de los combustibles a escala global, elementos que influyeron de manera directa en el movimiento de la divisa.

La cotización del dólar inició la jornada en $3.224 y llegó a marcar un máximo de $3.240. Sin embargo, la constante demanda de pesos colombianos por parte de inversionistas extranjeros provocó que la moneda estadounidense descendiera hasta su mínimo diario, coincidente con el valor de cierre. El descenso de $10,39 respecto a la sesión anterior refleja la presión vendedora que predominó hasta el final, según lo indicó JP Tactical Trading.

El peso colombiano alcanza su nivel más fuerte en años

Durante los últimos meses, el peso colombiano se ha destacado entre las monedas emergentes por su apreciación acumulada, que oscila entre $600 y $650, de acuerdo con información entregada por Andrés Sánchez, asociado de divisas en Credicorp Capital, a Valora Analitik. Esta tendencia contrasta con el comportamiento global del dólar, cuyo índice DXY experimentó un aumento del 0,30 % en la misma jornada.

La caída del dólar en Colombia responde a una combinación de factores: la firmeza de los precios internacionales del petróleo, que siguen aportando divisas a la balanza comercial, y la percepción positiva que generan las expectativas de recortes presupuestales promovidas por el nuevo gobierno, según el análisis de Felipe Campos, gerente de inversión y estrategia en Alianza Valores y Fiduciaria para Valora Analitik.

De manera puntual, el fenómeno observado en la tasa de cambio recuerda la etapa de estabilización económica vivida cuatro años atrás, cuando la confianza en las políticas macroeconómicas permitió reducir la volatilidad y consolidar la tranquilidad en los mercados financieros locales.

El dólar perforó la barrera de los $3.200 por la presión vendedora de la última rueda y la acumulación de flujos de inversión extranjera. El peso colombiano se ubicó entre las monedas de mejor desempeño global en lo que va del año, impulsado por el atractivo de los activos locales y las expectativas de reformas fiscales.

Repunte internacional del petróleo y contexto externo

En los mercados internacionales de materias primas, el precio del barril de Brent subió un 7,38 % y alcanzó los USD 101,01. El WTI, por su parte, aumentó un 6,78 % hasta ubicarse en USD 92,72. Estos movimientos fueron consecuencia de nuevos ataques de grupos hutíes a buques petroleros saudíes en el Mar Rojo y de las advertencias del expresidente Donald Trump sobre posibles acciones militares en infraestructuras energéticas en Irán.

Mientras tanto, en Estados Unidos, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo descendieron inesperadamente en 22.000, llegando a 187.000, su nivel más bajo desde septiembre de 1969. Este dato fue interpretado como una señal de fortaleza en el mercado laboral estadounidense, lo que contribuyó al fortalecimiento del índice DXY.

Ejecución presupuestal y deuda pública en Colombia

En el ámbito local, los datos del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana pusieron el foco sobre la baja ejecución presupuestal del sector transporte, que encabeza el presupuesto nacional de inversión con $15,6 billones asignados, pero solo ha ejecutado el 11,5 % al cierre del segundo trimestre de 2026. Este desempeño resulta llamativo cuando se lo compara con sectores como educación (55,9 %) y minas y energía (46,5 %), en un escenario donde la infraestructura es clave para la economía.

En el cierre de los mercados, la deuda pública nacional sufrió una desvalorización promedio del 0,79 % en los títulos de tesorería que componen el ETF de Global X, negociado en la Bolsa de Valores de Colombia. El comportamiento de los bonos acompañó la tendencia de fortalecimiento del peso y la preferencia de los inversores por activos locales.

La jornada dejó en claro que la moneda colombiana atraviesa una etapa de fortaleza impulsada por factores externos e internos, con efectos directos sobre la balanza comercial, la inversión y las dinámicas presupuestales del país.

Ya está en el Congreso el proyecto de ley que propone educación financiera obligatoria desde preescolar en Colombia, con el objetivo de transformar la relación de niños y adolescentes con el dinero y con la toma de decisiones económicas.

Según se conoció en la tarde del jueves 23 de julio, la iniciativa ya fue radicada en la Cámara de Representantes y ahora deberá aguandar para que sea enviada a la comisión correspondiente y se agende su discusión.

Actualmente, la mayoría de los estudiantes colombianos concluye sus estudios sin entender a fondo el funcionamiento de un crédito, la dinámica del endeudamiento ni los aspectos clave de un contrato financiero. El proyecto pretende que estos aprendizajes dejen de depender exclusivamente de la experiencia familiar o de los errores cometidos en la adultez.

De acuerdo con la propuesta presentada por el representante Santiago Castro, la educación financiera se impartiría desde preescolar hasta grado once en todos los colegios del país, tanto públicos como privados. Los contenidos estarían adaptados a la edad de los estudiantes, comenzando con nociones básicas y avanzando hacia conceptos más complejos a medida que crecen.

“Acabamos de radicar el proyecto número 067 de 2026 Cámara, mediante el cual se establece el Programa Nacional de Educación Económica y Financiera para brindarle a nuestros niños en etapa escolar, preescolar y media, las nociones y las habilidades para poder tener conocimientos en educación económica financiera que les permitan enfrentar los problemas del día a día”, señaló el congresista.

Según la iniciativa, en los primeros años, los niños conocerían la diferencia entre una necesidad y un deseo, la importancia del ahorro y el cuidado de los recursos. Con el paso del tiempo, abordarían temas como la elaboración de presupuestos, el uso adecuado del crédito, el cálculo de intereses y la identificación de riesgos en préstamos informales.

“También planear hacia futuro etapas trascendentales donde tenemos que afrontar gastos que nos pueden significar crisis o ruinas: los matrimonios, los hijos, la educación de los hijos, nuestra primera vivienda, mirar en nuestra edad de pensión y cómo va a ser nuestro sostenimiento”, señaló Castro.

El objetivo es que los estudiantes sean capaces de ahorrar, organizar gastos, comprender tasas de interés y conocer sus derechos como consumidores antes de enfrentar decisiones económicas de mayor impacto en la adultez.

“Conocer temas como cómo afecta el interés frente a la inflación y el poder constante de nuestro ingreso. Si las personas conocen y saben de estas nociones, les aseguro que no van a acudir al gota a gota. Vamos a poder apoyar a las familias colombianas para que alcancen una mejor prosperidad y seguridad económica durante toda su vida”, concluyó el congresista.

Por qué surge la propuesta de educación financiera en Colombia

Colombia enfrenta un rezago significativo en competencias financieras. El país obtuvo 379 puntos en la prueba internacional Pisa, lejos del promedio de la Ocde, que ronda los 500 puntos. Además, los resultados de estudios recientes muestran que el 40,5% de los adultos no sabe calcular una tasa de interés compuesto, y el 60,3% no comprende el efecto de la inflación sobre su poder adquisitivo.

Esta realidad adquiere mayor gravedad al considerar que el 71% de los colombianos participa activamente en las decisiones financieras de sus hogares. Por eso, los impulsores del proyecto consideran urgente fortalecer la formación desde la infancia para evitar que los errores se repitan en la vida adulta.

La implementación de la cátedra de educación financiera podría tener efectos más allá del ámbito escolar. Los promotores sostienen que un niño que aprende a comparar tasas de interés o a identificar una deuda riesgosa puede transmitir estos conocimientos a su familia, multiplicando el efecto positivo en la sociedad.

Además, la enseñanza temprana permitiría que los hábitos financieros responsables se formen antes de los siete años, cuando según los expertos comienzan a consolidarse las conductas relacionadas con el dinero.

La propuesta aún debe superar los debates en el Congreso antes de convertirse en ley. De aprobarse, la formación financiera dejaría de ser un privilegio limitado a ciertos hogares y pasaría a ser una herramienta obligatoria para millones de estudiantes colombianos desde sus primeros años de vida escolar.

Un duro golpe contra las redes delincuenciales propinaron las autoridades de Bucaramanga al decomisar más de 1,4 toneladas de carne de caballo en avanzado estado de descomposición, que, según las investigaciones, pretendían ser comercializadas en forma fraudulenta en plazas y locales comerciales.

Según la investigación adelantada por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, los delincuentes tenían como centro de operaciones y distribución al menos seis puntos de la ciudad, los cuales fueron detectados y allanados encontrando la carne lista para su comercialización final.

La acción policial condujo a la captura de diez personas, nueve de ellas mediante órdenes judiciales y una más en flagrancia. Los detenidos enfrentan acusaciones por maltrato animal, concierto para delinquir, corrupción de alimentos y contaminación ambiental, según informó la Policía Nacional.

Según las autoridades, entre los elementos incautados se cuentan un revólver calibre 38, munición y varios teléfonos celulares, además del producto cárnico almacenado en condiciones insalubres.

De acuerdo con el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental de Bucaramanga, la estructura criminal adquiría caballos en los departamentos de Cesar y Bolívar, utilizando en ocasiones guías falsas para el transporte de los animales.

“Este grupo delincuencial adquiría los equinos en el Cesar y Bolivar utilizando en algunos casos guías falsas para el transporte de los mismos, posteriormente sacrificarlos y comercializarlos en plazas de mercado y barrios de Bucaramanga”, señaló el brigadier general Oviedo Lamprea.

Tras el traslado, los equinos eran sacrificados en mataderos clandestinos, como el que fue descubierto durante los allanamientos, donde se halló evidencia biológica que confirmaba la magnitud de la operación.

La carne obtenida era distribuida en plazas de mercado y barrios populares de Bucaramanga, sin control sanitario alguno. La operación, denominada Horse, se enmarca dentro de la ofensiva de la Policía Nacional para proteger tanto el bienestar animal como la salud pública y el patrimonio ambiental, en colaboración con la Fiscalía y la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental.

“En el marco de la operación transnacional Green Shield, la Policía Nacional continúa fortaleciendo sus capacidades para combatir las economías ilícitas y proteger los recursos naturales, la legalidad y la seguridad de todos los colombianos”, comentó la institución.

Consecuencias para la salud pública y próximos pasos

La investigación reveló que la carne de caballo se encontraba almacenada en condiciones que representaban un grave riesgo para la salud de los consumidores. La comercialización ilegal de este tipo de carne, sin ningún control sanitario, expone a la población a enfermedades y pone en entredicho la seguridad alimentaria en la región.

La Policía Nacional, mediante la operación Green Shield, logró desarticular la organización, capturar a sus integrantes y decomisar la carne en mal estado, cerrando así un ciclo de comercio ilegal que afectaba tanto a los animales como a la comunidad.

La operación Horse también refuerza la cooperación internacional en delitos ambientales, según señalaron las autoridades. La Fiscalía continúa con las investigaciones para identificar posibles cómplices y garantizar que hechos similares no vuelvan a poner en riesgo el bienestar de los ciudadanos ni el equilibrio ambiental del país.

Apenas dos meses atrás, un operativo de la Policía Nacional en la vereda Miraflores del municipio de Donmatías, en el norte de Antioquia, culminó con la captura en flagrancia de una persona y la incautación de 9 toneladas de productos cárnicos presuntamente procesados en condiciones irregulares, según informó la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de Antioquia.

Entre los hallazgos, las autoridades encontraron carne de caballo, res y cerdoen el sector El Totumo, ubicado en la vereda Miraflores. En la misma acción, fueron asegurados 95 cerdos y una res que permanecían en el lugar, junto con ocho cuchillos, cuatro pipetas de gas de 33 libras, dos sopletes y una bomba

La concejala de Medellín Claudia Carrasquilla lanzó una advertencia pública tras conocer la posible transferencia de Sebastián Murillo Echeverri, alias Lindolfo, desde la cárcel de Itagüí hacia el penal de La Tramacúa en Valledupar.

Carrasquilla solicitó a las autoridades del Inpec y otras entidades competentes que expliquen las razones detrás de este trámite y exigió máxima transparencia en cada etapa del proceso.

Para la cabildante, el traslado solicitado por el propio Murillo Echeverri resulta sospechoso, sobre todo después de que la justicia negara en repetidas ocasiones su petición de libertad condicional en Medellín.

“Se nos va alias Lindolfo de viaje para Valledupar. Y no es propiamente a conocer el río Guatapurí. Resulta que me llegó una información por las fuentes que tengo en el INPEC, y ustedes lo van a poder ver en el pantallazo, donde se dispuso el traslado a la cárcel de La Tramacúa”, señaló la concejal.

Carrasquilla recordó que hay antecedentes de maniobras irregulares en traslados penitenciarios, como ocurrió con una jueza condenada por favorecer la salida de alias Carlos Pesebre.

Por ello, pidió que la vigilancia sobre este caso se mantenga de manera rigurosa y que se evite cualquier intento de sortear las decisiones negativas que la justicia ha emitido en la capital antioqueña.

Además del silecioso traslado, Carrasquilla también denunció que el expediente de alias Lindolfo también cuenta con otra novedad: el 17 de julio, presentó una nueva solicitud de libertad, argumentando el cumplimiento de las tres quintas partes de su condena.

Sin embargo, el juez encargado rechazó la petición, lo que incrementó las dudas sobre los motivos de su traslado a un nuevo centro penitenciario.

“Y aquí dejo la pregunta: ¿será que tiene algún negocio, como hicimos la denuncia con una juez que ya fue condenada por otorgarle la libertad a alias Carlos Pesebre? ¿Será que está pasando lo mismo en Valledupar?”, cuestionó la concejala, quien insistió en que hechos recientes justifican una vigilancia especial.

La polémica por la fiesta en la cárcel de Itagüí

El escándalo que rodea a ‘Lindolfo’ no se limita al traslado. El pasado 8 de abril, la cárcel de Itagüí fue escenario de una fiesta vallenata sin precedentes. Más de 100 personas, entre internos y visitantes, participaron en una parranda encabezada por el cantante Nelson Velásquez.

La celebración, presuntamente costeada por los propios reclusos y valorada en más de 500 millones de pesos, carecía de autorización oficial y culminó con la suspensión de funcionarios del Inpec, incluyendo a los directores del penal.

Según información recogida por Carrasquilla y otros concejales, la fiesta tenía dos motivos principales: el cumpleaños de Paulo Andrés Torres Flórez (‘Pocho’), líder de ‘La Agonía’, y la expectativa de que un juez concediera la libertad condicional a ‘Lindolfo’. Sin embargo, la celebración terminó trayendo consecuencias negativas para ambos. ‘Pocho’ fue trasladado a Girón, Santander, y la solicitud de libertad de ‘Lindolfo’ fue denegada por el juez el 21 de abril, pese a que la defensa había reiterado la petición días antes.

La defensa de Murillo Echeverri apeló la decisión, y el trámite sigue pendiente de resolución. Ante la imposibilidad de lograr su excarcelación por la vía judicial en Medellín, se activó la alternativa de solicitar el traslado a otro penal.

Trayectoria criminal y situación judicial de alias Lindolfo

Sebastián Murillo Echeverri enfrenta una condena por su relación con estructuras delictivas en el Valle de Aburrá. Fue capturado en febrero de 2018 durante una operación que desmanteló parte de La Oficina, organización vinculada al narcotráfico y la extorsión. De acuerdo con las investigaciones, comenzó su carrera delictiva como reclutador de mujeres y ascendió hasta convertirse en uno de los cabecillas de confianza.

Además, las autoridades lo señalan como líder de la banda Caicedo, responsable de homicidios, tráfico de droga, secuestros y desplazamientos forzados en Medellín. En septiembre de 2018, ‘Lindolfo’ suscribió un preacuerdo con la Fiscalía, aceptó los cargos y obtuvo así una reducción en su pena.

Mientros el presidente electo Abelardo de la Espriella sigue en su recorrido nacional para completar el empalme con gobernaciones y alcaldías del país, desde el Congreso de la República le hicieron un fuerte llamado en medio de las designaciones de su equipo de gabinete.

De hecho, aunque el nuevo mandatario ya ha hecho buena parte de los nombramientos de quienes liderarán las carteras, aún le faltan por designar los jefes de los ministerios de Salud, Trabajo y Ciencias, de los cuales dos se han visto fuertemente cuestionados por cuenta de las reformas instauradas por el presidente saliente Gustavo Petro.

Ante el silencio por esas designaciones, en la mañana del jueves 23 de julio el senador del Centro Democrático Andrés Forero hizo un fuerte llamado al mandatario electo, asegurando que las demoras en la designación de un ministro de Salud podría generar fuertes retrasos en su plan de gobierno que, en cuentas cortas, empezaría a regir desde el 7 de agosto.

A través de su cuenta de X, el congresista aseguró que la cartera ya debería tener una cabeza nombrada para iniciar con los trabajos de empalme, además de adelantar un profundo análisis del sector que le permita al nuevo mandatario tomar decisiones sobre la salud de los colombianos.

“Estamos a 2 semanas del cambio de gobierno y todavía no se sabe quién ocupará el Ministerio de Salud. Respetuosamente pido al presidente Abelardo de la Espriella acelerar esa designación porque Gustavo Petro deja una crisis sin precedentes y no hay tiempo que perder para empezar a resolverla”, señaló el congresista.

Pese a las solicitudes y críticas, los primeros días de julio marcaron la presentación de los altos funcionarios que acompañarán a Abelardo de la Espriella en su llegada a la Presidencia de Colombia. Entre los anuncios más recientes destaca la conformación de su equipo ministerial, que aún no está completo, pero ya muestra perfiles provenientes de distintos ámbitos de la vida pública y privada del país.

Las áreas de Salud, Trabajo y Ciencia permanecen sin nombramiento, lo que genera expectativa sobre la composición final del gabinete y el cumplimiento de la Ley de Cuotas, que exige equidad de género en los altos cargos estatales.

Ministros designados y sus perfiles

Rodrigo Lara Restrepo asumirá el Ministerio del Interior. El presidente electo lo calificó como un “zar anticorrupción”, remarcando su experiencia legislativa y su historia familiar ligada a la lucha contra el crimen.

La cartera de Hacienda estará a cargo de Miguel Gómez Martínez, economista de amplio recorrido tanto en el sector público como en el privado, quien se identifica con posiciones cercanas al conservatismo.

En Educación, Viviane Morales aportará más de treinta años en la función pública y la experiencia diplomática adquirida como embajadora en Francia.

El Ministerio de Justicia será responsabilidad de Iván Cancino, jurista con carrera académica y mediática, especializado en derecho penal y nuevas tecnologías.

Para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona fue designado tras dos décadas de liderazgo en gestión ambiental, respaldado por su formación como biólogo marino.

El sector Defensa estará encabezado por Jorge Eduardo Mora López, mayor general en retiro, quien lidera actualmente el proceso de empalme en ese sector y ha tenido bajo su mando divisiones estratégicas del Ejército Nacional.

Áreas sociales, económicas y estratégicas

Elsa Noguera, exalcaldesa y exgobernadora, llevará la cartera de Transporte, mientras que Jaime Andrés Beltrán, reconocido por su reciente paso por la alcaldía de Bucaramanga, estará al frente de Vivienda.

En el área deportiva, Juliana Gutiérrez asumirá el Ministerio de Deporte, con formación en administración de empresas y experiencia en gestión de riesgos.

El Ministerio de Comercio recaerá en Mauricio Gómez Amín, quien ha desarrollado su carrera en la política local y nacional, comenzando como edil y posteriormente como representante a la Cámara.

La Cancillería estará dirigida por Omar Bula Escobar, profesor universitario y escritor, con reconocimiento internacional en temas de geopolítica, quien ya anticipó que no habrá embajadas colombianas en Cuba ni en Nicaragua.

En Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond aportará su experiencia como administrador de empresas y columnista especializado en financiamiento y desarrollo rural.

El sector de Minas y Energía tendrá como titular a María Nohemí Arboleda, ingeniera con trayectoria en el sector eléctrico y posiciones directivas en empresas del área.

En Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla Zerrate, especialista en propiedad intelectual y nuevas tecnologías, encabezará la transformación digital del gobierno.

Finalmente, en Cultura, la responsabilidad recaerá en Paola Holguín, exsenadora con estudios de posgrado en economía y desarrollo, quien ha tenido un papel activo en el Congreso durante la última década.

Indignación y cientos de criticas dejó una particular escena en la ciudad de Bogotá, después de que un hombre protagonizara una inusual escena a bordo de su vehículo particular.

Según se conoció en imágenes difundidas por redes sociales, la escena ocurrió el lunes 20 de julio de 2026 cuando un conductor intentó subir su vehículo marca Chevrolet Spark color azul por una rampa de un puente peatonal, mientras varios transeúntes y conductores se detuvieron a observar incrédulos el suceso.

La grabación, que rápidamente se volvió viral, generó una oleada de comentarios acerca de la insólita acción del conductor y de la aparente falta de reacción de las autoridades presentes.

De acuerdo con testigos, el hecho sorprendió a quienes transitaban por el sector. Entre los detalles que más llamaron la atención figura la presencia de una motocicleta de la Policía con dos uniformados, quienes pasaron por el lugar en el instante en que el carro estaba sobre el andén, sin intervenir ni percatarse del incidente.

Entretanto, internautas y testigos del hecho señalaron que la grabación pudo haber sido premeditada. Argumentaron que las placas del vehículo estaban cubiertas y que el video fue captado desde distintos ángulos, lo cual alimentó la sospecha de una acción planeada para viralizar el contenido y generar controversia.

Ante las sorprendentes imágenes, el presidente del Concejo de Bogotá, Humberto Amín, fue uno de los primeros funcionarios en pronunciarse sobre el episodio. A través de sus redes sociales, compartió el video del automóvil y expresó su rechazo por el irrespeto a las normas de tránsito y la exposición de transeúntes.

“¿A quién se le pasa por la cabeza meter un carro por un puente peatonal? A estos salvajes hay que sancionarlos sin ninguna contemplación. De Bogotá no se burlan”, escribió el cabildante en su cuenta de X.

La presencia de peatones y uniformados de la Policía en las cercanías, registrada también en los videos difundidos, generó críticas por la aparente indiferencia ante el hecho. Tanto ciudadanos como autoridades locales advirtieron la necesidad de reforzar la vigilancia en espacios públicos y de actuar con mayor diligencia ante conductas que ponen en riesgo la seguridad.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad de Bogotá anunció que realiza las gestiones para rastrear el vehículo involucrado. Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de la persona que iba al volante ni los motivos detrás de la acción.

La entidad reiteró su compromiso con la aplicación de sanciones y el seguimiento al caso para evitar que situaciones similares se repitan en la ciudad.

“Rechazamos este tipo de conductas, que no solo incumplen la normatividad, sino que además ponen en riesgo la vida y la seguridad de todas las personas en la vía.Estamos adelantando las acciones necesarias para identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes. Para lograrlo, necesitamos de tu ayuda”, señaló la entidad.

Queda pendiente esclarecer si el acto fue resultado de una imprudencia aislada, una acción premeditada o un intento deliberado de llamar la atención en redes sociales. Mientras tanto, las autoridades insisten en la necesidad de recordar que el uso indebido de la infraestructura urbana puede acarrear consecuencias legales y administrativas para los responsables.

“Si fuiste testigo de este hecho o cuentas con información como las placas del vehículo, la fecha, la hora o cualquier otro dato que ayude a identificar a los responsables, tu reporte será clave para avanzar con mayor rapidez en el proceso”, concluyó la Secretaría de Movilidad.

Entretanto, en redes sociales no tardaron en criticar la actuación del conductor, mientras que hicieron un fuerte reclamo a las autoridades para agilizar la búsqueda y aplicar las respectivas sanciones.

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A pocos días de que el gobierno de Gustavo Petro termine, una de las instituciones con mayores recursos asignados vuelve a estar en el ojo del huracán, luego de los señalamientos sobre posibles irregularidades en el contrato de ciberseguridad más grande de Colombia Compra Eficiente.

De hecho, las quejas sobre las formas en las que se adjudicó dicha licitación han desencadenado una investigación preventiva por parte de la Procuraduría General de la Nación, a raíz de denuncias de presuntas manipulaciones en el proceso de selección de proveedores.

La polémica gira en torno a un acuerdo marco valorado en 300.000 millones de pesos, que ha sido objeto de críticas por supuestas restricciones a la competencia y posible favorecimiento a un fabricante específico.

El viernes 17 de julio, el colectivo Defensores de la Patria informó que el equipo anticorrupción del gobierno entrante de Abelardo De La Espriella radicó cuatro denuncias ante la Procuraduría y la Contraloría. Entre ellas, una apunta directamente a la licitación de servicios de ciberseguridad en la agencia estatal.

El cuestionamiento principal es que los pliegos de condiciones contendrían requisitos que limitan la participación de empresas locales, lo que podría reducir la pluralidad de oferentes y restringir la competencia a menos de cinco participantes en un mercado donde operan más de 300 compañías habilitadas.

De hecho, ante las denuncias la Procuraduría solicitó a la entidad información detallada sobre la supuesta dependencia de autorizaciones de fabricantes, la existencia de canales únicos y la selección de marcas, así como datos que prueben la real apertura a varios oferentes. Este requerimiento busca esclarecer si el proceso restringe la competencia y beneficia a un solo actor del sector tecnológico.

De acuerdo con información conocida por El Tiempo, el contrato en disputa será adjudicado el 26 de octubre y tendrá una vigencia de dos años. Se trata de una licitación pública para la suscripción de un acuerdo marco de precios, bajo el cual se contratarán servicios de ciberseguridad estructurados en segmentos funcionales para cobertura nacional.

En la audiencia pública realizada el 15 de julio, representantes de empresas tecnológicas advirtieron sobre un posible sesgo tecnológico en la estructuración del acuerdo marco. Según el documento enviado a la dirección de Colombia Compra Eficiente y conocido por el diario nacional, todos los intervinientes coincidieron en que la configuración técnica del proceso podría materializar riesgos de colusión desde la fase inicial de presentación de ofertas. Además, se denunció que los criterios técnicos reducen artificialmente la competencia, sin una justificación técnica objetiva.

La carta dirigida a Cristóbal Padilla, director de la agencia, solicita la revocatoria inmediata de la licitación. El documento, firmado por el abogado Nicolás Contreras Bonilla, argumenta que el diseño de los requisitos fue elaborado a puerta cerrada y con intervención de actores externos cuya identidad no ha sido revelada.

Incluso se señala una anotación en la ficha técnica que evidenciaría la participación de un tercero al indicar: “Mauricio te envío ficha con condiciones…”. Este detalle reforzaría la sospecha de que las especificaciones beneficiarían a un único fabricante.

“(...) Hay una anotación que revela el origen externo del documento, en la que un tercero remite el archivo a un funcionario de la entidad con la expresión: «Mauricio te envío ficha con condiciones…». Dicha anotación evidencia que las especificaciones técnicas no fueron construidas de manera autónoma por la entidad estructuradora, sino suministradas por un actor externo cuyo interés no ha sido revelado, y cuyas fichas se encuentran orientadas a un único fabricante de tecnología”, señala la carta revelada por El Tiempo.

Respuesta de Colombia Compra Eficiente y posición oficial

Ante las denuncias, la dirección de Colombia Compra Eficiente rechazó de manera enfática las acusaciones. A través de un comunicado, la entidad calificó de falsos los señalamientos de direccionamiento y aclaró que la adjudicación está prevista para el 14 de octubre, no para el 28 de julio como se había afirmado. Además, la agencia defendió la legalidad del proceso: “No es cierto que haya irregularidades en procesos de contratación adelantados por esta Agencia”, señalaron.

La respuesta oficial sostiene que el acuerdo marco no constituye un contrato convencional, sino una herramienta de negociación inicial de precios con proveedores, donde la modalidad garantiza la pluralidad de oferentes. La entidad también afirmó que el proceso de estructuración fue abierto, con invitaciones enviadas desde hace un año, y que se solicitó el acompañamiento de la Procuraduría desde el 16 de julio para asegurar transparencia.

Colombia Compra Eficiente reiteró su disposición a permitir el empalme con el nuevo gobierno para disipar cualquier inquietud, aunque lamentó que el equipo del presidente electo no haya asistido a las reuniones propuestas.

Acciones de la Procuraduría y próximos pasos

Entretanto, la Procuraduría General de la Nación adoptó una postura preventiva, demandando a la agencia información sobre la pluralidad de oferentes, condiciones técnicas y posibles inconsistencias entre los pliegos y sus anexos. El organismo recordó que la competencia no puede ser meramente formal y que las reglas del proceso deben evitar que la selección de una marca limite la participación a uno o pocos proveedores.

La Procuraduría aclaró que su intervención busca anticipar riesgos, fortalecer la transparencia y asegurar condiciones objetivas de participación, sin suspender el proceso ni sustituir las funciones de la entidad estatal. Como medida adicional, exhortó a Colombia Compra Eficiente a organizar mesas técnicas con fabricantes, proveedores, integradores y expertos antes de avanzar en las etapas finales de la licitación.

La propuesta de trasladar la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella a una guarnición militar en el departamento del Cauca ha fracturado el ambiente político en el Congreso de la República.

Mientras algunos legisladores respaldan la iniciativa como un acto simbólico de integración territorial, otros consideran que podría vulnerar fundamentos constitucionales y el papel apolítico de las Fuerzas Militares.

De hecho, durante la tarde de este miércoles se vive el debate de varias proposiciones contrapuestas en las dos cámaras legislativas. Por un lado, representantes de Salvación Nacional y el Partido Liberal sumaron apoyos a un documento que solicita el traslado temporal de la sede del Congreso el 7 de agosto, para recibir allí el juramento presidencial.

Según el senador Enrique Gómez, ya existen 44 compañeros en el Senado y 63 firmas en la Cámara de Representantes a favor de la medida, lo que sería suficiente para avalar la iniciativa del nuevo mandatario nacional sobre su posesión.

“El mandato de Eduardo de la Espriella tiene todo que ver con el retorno de la seguridad a los colombianos que han sufrido cuatro años del desastre de la paz total. Pero nuestra Fuerza Pública toda ha sufrido la persecución, la estigmatización, las órdenes contradictorias, la reducción de sus capacidades, la persecución jurídica, y hoy necesitan del respaldo unívoco de todos los poderes públicos del Estado y del respaldo político contundente de toda la nación. Es por eso que ha propuesto respetuosamente al Congreso que la ceremonia de posesión del presidente se realice fuera de la ciudad de Bogotá y fuera de este valioso recinto, en respaldo a una de las comunidades más afectadas por la violencia”, señaló Gómez en plenaria de este miércoles.

Simultáneamente, el Pacto Histórico presentó dos proposiciones alternativas: una exige que la ceremonia se realice en Bogotá, y otra plantea postergar la posesión hasta que se resuelvan las demandas de nulidad contra el presidente electo.

Debate sobre el cambio de sede para la posesión presidencial

La discusión sobre el lugar de la posesión se ha convertido en un foco de tensión en la mesa directiva del Senado. El presidente de la corporación se mostró abierto a considerar la idea del traslado, pero el vicepresidente Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, ha sido enfático en su rechazo.

Según Ocampo, “legalmente la posesión no se puede adelantar en una guarnición militar”. Sostiene que la asunción presidencial debe concebirse como “un acto de unión entre los colombianos, no una demostración de fuerza”.

Ocampo advirtió sobre la compleja situación en la que quedarían las Fuerzas Militares en caso de realizar la ceremonia en un recinto castrense. Además, señaló que el Legislativo no ha recibido ninguna solicitud de Abelardo de la Espriella para adelantar su posesión fuera de Bogotá.

“Yo le pido a esta honorable plenaria que esperemos que el señor Abelardo Lespriella radique, si es que se quiere posesionar en un lugar diferente al Congreso de la República, el día, la hora, el lugar y luego lo aprobamos, porque estamos haciendo un debate generando que el Congreso se pueda posesionar como que, en otra parte, ¿en otra parte es dónde? Acá hay que decir dónde vamos a sesionar, acá hay que decir a qué hora debemos sesionar", señaló Ocampo en plenaria.

La controversia gira en torno al simbolismo y la legalidad de modificar la tradición del acto de posesión. Mientras un sector del Congreso asocia el cambio con la integración del territorio y la voluntad democrática, sus detractores enfatizan que podría abrir un precedente sobre el uso político de las Fuerzas Armadas y el respeto al marco constitucional.

Actualmente, el Congreso colombiano debate varias proposiciones sobre el lugar y la modalidad en que Abelardo de la Espriella debe asumir la presidencia. Algunos partidos impulsan la idea de juramentarlo en una guarnición militar en el Cauca para destacar la unidad territorial, mientras otros insisten en mantener la ceremonia en Bogotá y resolver antes las demandas legales pendientes. El resultado de esta discusión determinará el escenario y las condiciones del traspaso de mando presidencial en 2026.

La Fiscalía General ya puso fecha para la acusación formal contra Juliana Guerrero y su presunta obtención de títulos académicos falsos de la Fundación Universitaria San José, en Bogotá.

El 5 de agosto a las 4:00 p. m., en el Juzgado 46 de Conocimiento de Bogotá, se celebrará la audiencia en la que Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general del centro académico, deberán responder ante la justicia.

A la exaspirante al cargo de viceministra de Juventudes se le señala por, supuestamente, incluir dos títulos —uno de pregrado y otro de tecnóloga— en su hoja de vida cuando buscaba un puesto en el gobierno de Gustavo Petro.

Según la fiscal Jessica Montealegre, los documentos no cumplirían con los requisitos legales para ser válidos, aunque Guerrero se declaró inocente en la audiencia de imputación celebrada el 26 de marzo.

La investigación comenzó cuando se detectó que ambos diplomas, atribuidos a la Fundación San José, no reflejaban estudios realmente realizados ni requisitos académicos cumplidos por parte de la funcionaria.

La Fiscalía sostiene que Guerrero conocía la falsedad de los títulos y, aun así, los presentó para intentar acceder al cargo. La acusación formal la señala por el delito de fraude procesal.

“Juliana Guerrero sabía de lo fraudulento de los medios que utilizaba para la consecución del fin. Tenía pleno conocimiento de la falsedad condensada en tales títulos académicos pues, tal y como se anotó, nunca cumplió con los requisitos que se exigen para la expedición de los mismos. Ella lo sabía y aun así decidió, de manera libre y voluntaria, anexarlos en su hoja de vida con el propósito de engañar al servidor público nominador del Ministerio de Igualdad”, señaló la delegada de la Fiscalía.

“Con pleno conocimiento de que jamás cumplió con los requisitos de ley para la obtención de sus títulos académicos como contadora pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria, desplegó una conducta orientada a engañar a la administración pública”, complementó el ente acusador.

En el proceso también está vinculado Luis Carlos Gutiérrez, quien ocupó la secretaría general de la Fundación entre el 1 de septiembre de 2017 y el 12 de septiembre de 2025.

El Ministerio Público lo acusa de haber facilitado la expedición y firma de los diplomas y actas de grado, fechados el 1 de julio de 2025, en los que se consignaba falsamente que Guerrero cumplió los requisitos para los títulos de contadora pública y tecnóloga en gestión contable.

“Consignó hechos falsos en documentos auténticos al certificar que Juliana Guerrero había satisfecho las exigencias normativas y reglamentarias para optar por dichos grados, pese a que no había presentado las pruebas saber Pro requeridas por el Icfes para el grado profesional”, sostiene la Fiscalía en su escrito de acusación.

El caso ha generado controversia dentro del Ejecutivo por el nivel del cargo al que aspiraba Guerrero. El proceso judicial avanza, y la audiencia de agosto será clave para definir si ambos serán llamados a juicio oral, lo que podría derivar en penas de varios años de cárcel si se comprueba la responsabilidad penal.

“El delito de fraude procesal se perfeccionó en el momento en que la indiciada cargó los documentos en la plataforma, pues dicha acción tuvo la potencialidad inmediata de inducir en error a los servidores encargados del nombramiento, independientemente de que el acto administrativo de nombramiento no se hubiera materializado”, señala la Fiscalía.

La audiencia de acusación permitirá a la Fiscalía exponer todos los detalles de la investigación ante el juez y las partes involucradas. El llamado a juicio oral marcará el inicio de la etapa procesal decisiva sobre los supuestos títulos falsos presentados ante el Estado.

La posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella sigue siendo el tema de discusión en el Congreso de la República, después de que el próximo mandatario solicitara el traslado del acto hasta una guarnición militar en el departamento del Cauca.

Aunque De la Espriella ya recibió el apoyo de varios congresistas que, incluso, radicaron proposiciones para autorizar la posesión, desde el Pacto Histórico insistieron en que ese traslado significaría un sobrecosto innecesario para la nación.

Por esa razón, aunque ya se había radicado una proposición en la Cámara de Representantes para bloquear la propuesta, desde el Senado de la República la congresista Sandra Chindoy radicó una nueva solicitud para impedir el “deseo” del nuevo mandatario, con el argumento de mantener la ceremonia en la sede legislativa de Bogotá, en línea con la tradición constitucional del país.

La solicitud destacó que el Congreso de la República es el espacio natural para la posesión del presidente electo, por tratarse de la sede de la representación popular y contar con la infraestructura adecuada. De acuerdo con la exposición de motivos de Chindoy, celebrar el acto en este lugar evita gastos adicionales y respeta la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

“¿Cuanta plata nos va a valer mover la posesión presidencial a una guarnición militar? Exijo que la posesión presidencial se realice en el Congreso como dicta la Constitución“, señaló la recién posesionada senadora.

En la proposición, la congresista enfatizó tres argumentos centrales: la defensa de la institucionalidad democrática, la preservación del carácter civil de la ceremonia y la eficiencia en el uso de recursos públicos. Según su planteamiento, trasladar el evento a un escenario militar alteraría el sentido republicano de la toma de posesión y generaría costos logísticos no justificados.

“Cúmplase lo establecido en el articulo 141 de la Constitución Politica y en el numeral 1 del articulo 18 de la Ley 5 de 1992 posesionando al Presidente de la República electo el 7 de agosto de 2026 en la ciudad de Bogotá, sede natural del Congreso de la República según lo estipulado por el articulo 140 de la Constitucion”, señala la proposición.

La congresista sostiene que el acto presidencial simboliza la culminación de un proceso democrático y debe mantenerse alejado de connotaciones castrenses. Además, advierte sobre la falta de justificación para invertir en logística y operativos adicionales si se optara por cambiar la ubicación tradicional del evento.

De aprobarse, la ceremonia de posesión continuaría realizándose en el Congreso, garantizando el respeto por la tradición constitucional y evitando gastos innecesarios para el Estado. La iniciativa busca así blindar el carácter civil y democrático del traspaso de mando presidencial, en sintonía con el espíritu de las instituciones republicanas.

La senadora Chindoy concluye su llamado invitando al Congreso a proteger la tradición y fortalecer la institucionalidad, reiterando que la ceremonia debe ser un reconocimiento institucional de la voluntad popular y no un acto de exhibición militar. Con este gesto, promueve una gestión responsable de los recursos públicos y la continuidad de los valores democráticos en la vida política nacional.

Entretanto, en el Congreso de la República ya reposa otra proposición del Pacto Histórico en que, contrario a Chindoy, solicita que el mandatario electo no se posesione el 7 de agosto.

El documento, fechado el 20 de julio de 2026 y radicado por Isabel Zuleta, fundamentó la solicitud en las demandas de nulidad electoral y en denuncias ciudadanas acerca de presuntas irregularidades cometidas durante el proceso que declaró presidente a De la Espriella, contradiciendo decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) quien afirmó que no hubo fraude y confirmó la victoria del abogado tras un extenso escrutinio.

“Se abstenga de posesionar al señor Abelardo de la Espriella como Presidente de la República hasta que la justicia colombiana haya examinado las pruebas presentadas y verificado la legalidad, transparencia y legitimidad de su elección”, señala la proposición.

La reciente crisis que sacude a la comercialización de vehículos Ferrari en Bogotá ha dejado a numerosos clientes a la espera de respuestas, tras la clausura repentina de la lujosa vitrina ubicada en la calle 103 con carrera 19.

De hecho, las autoridades han puesto la lupa sobre Autos Italianos de Colombia S.A., concesionario que enfrenta denuncias por presunta estafa y que, según la Fiscalía, ya tendría antecedentes por hechos similares.

Según información revelada por Caracol Radio, en el ente acusador existirían varias noticias criminales abiertas en 2016 y 2020, que siguen en proceso investigativo, que involucra al concesionario ubicado en el norte de la capital, mientras clientes ahora anuncian nuevas acciones legales contra el concesionario

Decenas de compradores han revelado que entregaron anticipos millonarios —en algunos casos, hasta el 25 % del valor total del auto— para separar modelos exclusivos como el Ferrari Roma Spider o el Ferrari 296 GTS, con precios que superan los 3.400 millones de pesos, según una investigación de El Tiempo.

Los afectados aseguran que, a pesar de haber cumplido con los pagos, los vehículos nunca fueron entregados en las fechas pactadas y el concesionario no ofrece claridad sobre la devolución del dinero.

Algunos clientes relataron que el proceso de compra se inició con la atención de una gerente de ventas, quien presentaba el catálogo y ofrecía personalizaciones como vidrios polarizados y acabados exclusivos. Sin embargo, tras firmar contratos y realizar los desembolsos, la entrega de los automóviles quedó en el limbo y el concesionario cerró sus puertas sin previo aviso.

Las autoridades están verificando si existen nuevos hechos que puedan constituir delitos y determinar la responsabilidad de los involucrados. Paralelamente, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) envió un requerimiento oficial a la empresa, mientras la Fiscalía contacta a compradores que invirtieron hasta 2.000 millones de pesos en modelos de lujo, según reveló El Tiempo.

Empresas y nombres detrás del escándalo

Según documentos obtenidos por medios de comunicación, la empresa responsable de la operación es Autos Italianos de Colombia S.A., cuyo representante legal suplente era Henry Ávila. Sin embargo, los accionistas identificados son los empresarios mexicanos Sergio de la Vega y Erik Stolberg Fernández, junto al colombiano Jorge Enrique Carvajales Orozco —expresidente de Reficar—, quien ya había sido llamado a declarar por otro caso de presunto sobrecosto en una refinería.

El contrato de compraventa estipulaba que los vehículos serían entregados en mayo de 2026, pero, según la documentación firmada, ni el dinero ni los autos han sido restituidos a los clientes. La propia titular de la SIC, Cielo Rusinque, confirmó a El Tiempo el envío de un requerimiento formal a la empresa aludida.

La situación se agravó cuando Ferrari Norteamérica notificó por carta que había retirado la representación oficial a Autos Italianos de Colombia, alegando que la empresa había vendido la concesión sin autorización. Por su parte, los nuevos dueños —Autos de Alta Gama Holdings S.A.— aseguraron en otro documento que solo se trató de un préstamo con acciones como garantía.

Entre los testimonios de los afectados destaca el del empresario Antonio Mendivil, quien reveló en entrevista con Blu Radio que entregó 30.000 dólares como abono para la fabricación de un Ferrari 849 Testarossa Assetto Fiorano. Pocos días después, se enteró de que la representación oficial había sido retirada, quedando su dinero “enlatado” y sin respuesta sobre su destino.

“Trabajan con el dinero de uno. No sabíamos. Yo no sabía”, declaró Mendivil, al comparar el esquema colombiano con el estadounidense, donde el anticipo únicamente reserva el auto y el saldo se paga con la llegada del vehículo.

Dudas sobre el servicio posventa y garantías

El problema trasciende la compra de nuevos vehículos: la comunidad de propietarios de Ferrari en Colombia teme por la continuidad del servicio técnico, la garantía y las reparaciones especializadas. Mendivil advirtió que la ausencia de un concesionario autorizado deja a los clientes sin respaldo para el mantenimiento de sus autos.

Los denunciantes han manifestado que, ante la falta de respuesta de los nuevos representantes, urge que las autoridades revisen las condiciones de este tipo de operaciones para proteger a los consumidores que confiaron sumas millonarias.

La investigación sigue abierta. Las autoridades evalúan si los hechos podrían configurarse como concierto para delinquir, lavado de activos o enriquecimiento ilícito, mientras los clientes esperan certezas sobre sus inversiones y vehículos.

Una nueva crisis laboral golpea a Asmet Salud EPS luego de que la organización sindical de trabajadores anunciaran el inicio de una jornada de movilización escalonada en todo el país.

Según indicó el sindicato, la medida responde a la ausencia de soluciones concretas frente a los repetidos retrasos en el pago de salarios, primas y aportes a la seguridad social, situación que ha dejado en vilo a cientos de trabajadores y a sus familias.

La asamblea de delegados, reunida el 21 de junio, aprobó un plan de protestas que dará inicio este miércoles 22 de julio con una rueda de prensa y actos de visibilización frente a todas las sedes de la entidad.

Asimismo, para el jueves 23 de julio está previsto un plantón pacífico en los mismos puntos, de 8:00 a. m. a 10:00 a. m.

“La organización sindical informa a la opinión pública que, ante los reiterados atrasos en el pago de salarios, aportes al Sistema de Seguridad Social, prima y demás acreencias laborales, situación que viene afectando gravemente a los trabajadores y sus familias, se han agotado los canales institucionales de diálogo y gestión ante la administración de Asmet Salud EPS y se han elevado las correspondientes solicitudes ante las autoridades competentes, sin que a la fecha existan soluciones concretas que garanticen la normalización de las obligaciones laborales”, señalaron los trabajadores.

Según indicaron, las solicitudes elevadas ante el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Superintendencia Nacional de Salud y otras autoridades no han producido acciones que garanticen la normalización de las obligaciones laborales de la empresa.

La organización sindical advirtió que la persistencia de los atrasos compromete derechos fundamentales como el trabajo en condiciones dignas, el mínimo vital y la seguridad social.

“Los trabajadores han actuado con responsabilidad, privilegiando el diálogo y el respeto por la institucionalidad”, señala el comunicado, pero enfatiza que la situación “no admite más dilaciones”.

El colectivo sindical solicitó al nuevo Gobierno nacional que priorice la protección de los derechos de los empleados del sector salud. Reclaman la intervención inmediata de las autoridades para asegurar el pago oportuno de salarios, prestaciones y la continuidad en la prestación de los servicios de salud.

A través de su declaración, los trabajadores hacen un llamado al presidente de la República y a todos los organismos encargados de la vigilancia del sector para que intervengan de manera efectiva y urgente. Insisten en el respeto de los derechos laborales y la dignidad de quienes mantienen en funcionamiento el sistema de salud.

Entretanto, los actos de protesta fueron anunciados como jornadas ordenadas y respetuosas del marco jurídico. El sindicato recordó que estas acciones se amparan en los derechos constitucionales de reunión, manifestación y libertad sindical, consagrados en la Carta Política de Colombia.

“Solicitamos al señor presidente de la República, al Ministerio del Trabajo, al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Superintendencia Nacional de Salud, a la Defensoría del Pueblo y a las demás autoridades competentes que, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, intervengan de manera efectiva para garantizar el pago oportuno de los salarios, la seguridad social y las demás acreencias laborales, así como la continuidad en la prestación de los servicios de salud”, señaló la organización.

La declaración finaliza reiterando la disposición al diálogo y la búsqueda de soluciones reales, pero subraya que la dignidad de los trabajadores y el cumplimiento de sus derechos no pueden seguir postergándose.

El caso de Gabriel Esteban González, víctima de un homicidio a manos de su propio padre en un hotel de Melgar en 2022, aún resuena con fuerza en la memoria colectiva. Cuatro años después, Consuelo Rodríguez, madre del menor, compartió detalles inéditos sobre las angustiosas horas previas y posteriores al crimen, revelando el contenido de una memoria USB que habría sido clave para entender la magnitud del plan perpetrado por su expareja.

Según el relato de Consuelo Rodríguez en el pódcast Conducta Delictiva, la noche en que su expareja recogió a Gabriel Esteban para cumplir con el régimen de visitas, le dejó una instrucción precisa: debía buscar una memoria USB oculta en el baño de su vivienda.

“Él dejó el mensaje, dijo, ‘Encima del muro del baño te dejé una USB’. Yo fui al baño, la busqué, cogí la USB y puse en el computador y ahí fue donde yo me enteré”, señaló la mujer.

Al revisar el contenido, encontró dos videos. El primero mostraba imágenes de ambos; el segundo, en cambio, contenía una declaración en la que el hombre responsabilizaba a Consuelo Rodríguez por las decisiones que afirmaba haber tomado y anticipaba su intención de atentar contra la vida del niño antes de quitarse la suya.

La madre aseguró desconocer la existencia de estas grabaciones y expresó que habrían sido realizadas sin su consentimiento, días antes del crimen.

Luego de ver los videos, la familia de Consuelo acudió de inmediato ante las autoridades con la esperanza de localizar al menor. La madre recordó el momento en que la Policía intentó ingresar a la vivienda del padre.

“Esa noche que él me envió eso, nosotros le mandamos policía y el señor decía, ‘Señora, estamos que tumbamos la puerta y no, nadie abre, nadie abre’”, comentó la madre al pódcast.

En el proceso de búsqueda, las autoridades revisaron las cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido que el padre realizó con Gabriel Esteban desde el barrio Castilla, en Bogotá, hasta Melgar, Tolima. El seguimiento al teléfono móvil permitió ubicar el dispositivo en la ciudad donde finalmente se halló el cuerpo del menor.

Mensaje a las cuatro de la madrugada y hallazgo del menor

La madrugada siguiente trajo consigo un mensaje escalofriante. Consuelo Rodríguez relató que a las cuatro de la mañana su celular recibió la foto de Gabriel Esteban, acompañada de un texto en el que el padre aseguraba que el niño no había sufrido.

Sin embargo, la madre rechazó esa afirmación, señalando que la evidencia forense contradecía el mensaje del asesino del menor de cuatro años.

“Y también decía pues que no sufrió, pero mentira... la mandíbula y todavía dice que no sufrió”, señaló la mujer.

El menor fue encontrado sin vida en un hotel de Melgar. La investigación determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica. El padre, Gabriel Enrique González Cubillos, fue capturado poco después, inicialmente por intentar sobornar a un policía y posteriormente procesado por el homicidio agravado de su propio hijo.

El proceso penal culminó con una condena de 45 años de prisión para el responsable. Mientras cumplía su pena en la cárcel de Picaleña, en Ibagué, el hombre falleció tras permanecer hospitalizado por una intoxicación, de acuerdo con la información proporcionada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

La tragedia de Gabriel Esteban generó un intenso debate social y derivó en la creación de la Ley Gabriel Esteban, orientada a fortalecer la protección de los menores en situaciones de violencia intrafamiliar y custodias conflictivas.

El caso de Gabriel Esteban González expuso la urgencia de reforzar los mecanismos de prevención y respuesta ante alertas tempranas de riesgo para la niñez, así como la importancia de la coordinación entre autoridades y familias para evitar desenlaces fatales.

La noche del 20 de julio en el Congreso de Colombia dejó a Alfredo Deluque sin los votos que esperaba para asegurar la presidencia del Senado. Nueve senadores, cuyos nombres se han filtrado en pasillos pero no han sido confirmados oficialmente, decidieron ignorar la línea partidista y votaron en contra de su propio compromiso. El resultado: la victoria inesperada para Honorio Henríquez, del Centro Democrático.

El carácter reservado de la votación impide identificar con certeza a todos los responsables del giro. Sin embargo, voces dentro del Legislativo apuntan principalmente a congresistas de partidos tradicionales.

Información obtenida por el diario El Colombiana señala que, entre los más mencionados, se encontrarían María Eugenia Lopera y Fabio Raúl Amín, del Partido Liberal, ambos conocidos por sus posturas cercanas a algunas reformas sociales impulsadas por el anterior gobierno.

Del lado conservador, los nombres de Liliana Benavides, Daniel Restrepo (quien ya había enfrentado sanciones internas por su apoyo a la reforma pensional) y Miguel Ángel Barreto figurarían en las conversaciones. Desde el Partido de La U, fuentes del diario señalan a Antonio Correa, mientras que en la Alianza Verde se habla de al menos tres integrantes que habrían cambiado su voto, aunque sus identidades no han trascendido.

La elección de Henríquez respondió a una serie de votos inesperados. Aunque la suma del Centro Democrático y el Pacto Histórico —una alianza que hasta hace poco parecía improbable— alcanzaba solo 43 votos, el apoyo de senadores indecisos fue determinante. Estos legisladores, a pesar de pertenecer a partidos que públicamente habían prometido su respaldo a Deluque, optaron por apoyar a la oposición en la urna secreta.

Antes de la votación, Deluque tenía el respaldo público de 51 congresistas, cifra que creció a 54 tras la adhesión de los tres senadores del partido Mira. La diferencia entre esta suma y los 45 votos que finalmente obtuvo evidenció la fractura interna en varias bancadas. La jornada demostró que el resultante de la disciplina partidista es desigual y que muchos legisladores priorizan su autonomía sobre los acuerdos formales de partido.

El desenlace de la elección fue claro: los votos “volteados” permitieron que Henríquez alcanzara la presidencia del Senado, desmintiendo la idea de que en la política colombiana las decisiones colectivas se imponen siempre sobre las individuales.

Implicaciones de la ruptura partidista en el Senado

La votación secreta y la fuga de votos pusieron de manifiesto un fenómeno recurrente en el Congreso colombiano: la fragmentación política y la debilidad de la disciplina de partido.

Analistas como Alejandro Chalá atribuyen el resultado a la estructura interna de las colectividades. Según comentó Chalá a El Colombiano, mientras el Centro Democrático y el Pacto Histórico votaron en bloque, los partidos tradicionales anunciaron su respaldo a Deluque pero no lograron mantener la coherencia en la urna.

Para el académico Andrés Sampayo, la jornada confirmó que el Congreso colombiano mantiene márgenes de autonomía relevantes frente al Ejecutivo, algo que ya había quedado en evidencia durante el gobierno anterior cuando el Senado demostró su independencia ante varias iniciativas clave.

La fuga de votos no solo alteró el rumbo de la Presidencia del Senado, sino que envió señales sobre la necesidad de que el nuevo ministro del Interior Rodrigo Lara negocie proyecto por proyecto, construyendo mayorías a partir de conversaciones con distintos sectores y no solo con coaliciones formales.

El rol del Centro Democrático y la reacción de los protagonistas

El Centro Democrático, liderado por Álvaro Uribe, fue protagonista central de la jornada. Desde esta colectividad insisten en que la victoria de Henríquez no implica un cambio en su posición dentro de la coalición de gobierno.

“Aquí hay dos caminos: uno, que el nuevo gobierno comprenda que somos sus aliados (...) o dos, que gane la tesis de unos odiadores del Centro Democrático que están alrededor, cuyo objetivo no es vernos como aliados sino destruirnos”, señaló el senador Hernán Cadavid en diálogo con El Colombiano.

El resultado también reavivó la disputa sobre el liderazgo de la derecha colombiana. La elección de Henríquez reafirmó la autonomía política del Centro Democrático frente al movimiento Defensores de la Patria de Abelardo de la Espriella, quien busca consolidarlo como nuevo partido. El exsenador José Obdulio Gaviria incluso pidió a los allegados de De la Espriella que mostraran mayor respeto hacia Uribe tras la votación.

El presidente electo saludó la elección con un mensaje institucional, felicitando a Henríquez y augurando una gestión marcada por el diálogo y el respeto por la institucionalidad.

Por su parte, el próximo ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, optó primero por la conciliación, aunque después matizó que su administración no dependería del Congreso ni sería “reformista”, pese a que varias de sus propuestas requerirán trámite legislativo.

La Corte Suprema de Justicia confirmó que ell político Arturo Char deberá enfrentar un juicio por su presunta participación en una red criminal de compra de votos, conocida como la ‘Casa Blanca’, en Barranquilla. Los magistrados desestimaron los argumentos de la defensa y ratificaron que existen evidencias sólidas que vinculan al exsenador con delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante.

La decisión judicial se apoyó en un extenso expediente que analiza no solo los testimonios de la excongresista Aida Merlano, ya condenada por estos hechos, sino declaraciones de testigos adicionales y material probatorio incautado en la sede política donde, según la investigación, se coordinaban las operaciones ilícitas.

Según el escrito de acusación revelado por la revista Cambio, la sala explicó que la estructura en cuestión no era una simple alianza electoral, sino una organización con metodología de crimen organizado y mecanismos específicos para manipular los resultados de las elecciones al Congreso de 2018.

La Corte advirtió que el plan criminal habría sido acordado en octubre de 2017, con la participación de varios actores políticos y empresariales. Entre ellos figurarían el propio Arturo Char, su hermano Alejandro Char —actual alcalde de Barranquilla—, el empresario Julio Gerlein y la dirigente política Lilibeth Llinás. El objetivo sería asegurar los escaños de Merlano y Llinás, y la reelección de Char en el Senado.

En el documento, la Corte precisó que el financiamiento de la operación provenía de recursos aportados por Faisal Jacobo Cure, contratista de la alcaldía, por Julio Gerlein y por fondos atribuidos a Alejandro Char.

“El referido pacto fue financiado fundamentalmente con dineros entregados por Faisal Jacobo Cure, contratista de la alcaldía de Barranquilla (durante el gobierno de Alejandro Char), y con aportes de Julio Gerlein Echeverria, también contratista de la aludida administración, y compañero sentimental de Aida Merlano, al igual que con dineros provenientes del entonces alcalde del referido Distrito Especial, Alejandro Char Chaljub”, cuenta el expediente judicial.

El centro de operaciones sería la llamada ‘Casa Blanca’, desde donde se habría gestionado la captación de votantes, la administración de los dineros y el control del cumplimiento de los acuerdos con quienes aceptaban vender su voto.

De acuerdo con el fallo, la investigación reveló que el precio de cada voto oscilaba entre 50.000 y 90.000 pesos colombianos, pagados tras comprobarse la participación electoral pactada. Este sistema estructurado permitiría que la compra de votos no fuera un hecho aislado, sino parte de un esquema complejo y coordinado diseñado para alterar los resultados de los comicios.

Detalles de la decisión judicial sobre Arturo Char

La Sala de Instrucción detalló que, ante los recursos interpuestos por la defensa, no se hallaron argumentos suficientes para revocar la acusación. La defensa cuestionó especialmente la credibilidad de Aida Merlano, alegando contradicciones en sus declaraciones y supuestos intereses personales en afectar la imagen de los Char.

No obstante, los magistrados consideraron que las declaraciones de Merlano estaban respaldadas por otros testigos y por pruebas adicionales, como videos y documentación incautada durante los operativos. La Corte enfatizó que la investigación no dependía exclusivamente del testimonio de Merlano; la decisión se apoyó en un análisis integral de múltiples fuentes probatorias.

La Corte concluyó que existía un colectivo criminal de gran entidad, en el que Arturo Char —por su posición social y política— habría mantenido contacto y coordinación directa solo con los integrantes de su entorno de confianza, como su hermano Alejandro y el empresario Julio Gerlein. La decisión también consideró relevante la presencia de Char en la sede de campaña en diciembre de 2017, sin que existiera otra explicación plausible para su visita, lo que reforzaba la hipótesis de su implicación.

“El sentido común indica que, con dos desconocidos para él, como Rafael Antonio Rocha Salcedo o Francisco Rafael Palencia Borrero, Arturo Char no se iba a reunir para concretar un pacto relativo al establecimiento de una especie de fondo económico destinado a la compra de votos, o con el fin de definir aspectos relativos a la financiación de la referida empresa delictiva. Las mismas reglas de la lógica y la experiencia indican ese tipo de asuntos, un personaje como el acá procesado, los desarrolla, como en efecto lo hizo, con personas conocidas, por pertenecer a su mismo entorno social y político, como Julio Gerlein y Faisal Cure, personajes relevantes de la sociedad barranquillera, y con personas de confianza, como su hermano, el alcalde Alejandro Char Chaljub, y en presencia de la amante de este, y beneficiada con el pacto, como lo era Aida Merlano”, señala el fallo revelado por Cambio.

La sala concluyó que, según el estándar probatorio requerido para la acusación, Arturo Char habría hecho parte del grupo investigado y ahora deberá defenderse ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema.

Funcionamiento del entramado y antecedentes del caso

Según la acusación, el esquema operaba desde la sede conocida como ‘Casa Blanca’, donde se dirigían las campañas de Aida Merlano y Lilibeth Llinás. Allí, coordinadores internos se encargaban de organizar la compra de votos, manejar los recursos y verificar el cumplimiento de los acuerdos con los votantes reclutados.

El operativo del 11 de marzo de 2018, en el que las autoridades allanaron la sede, permitió recolectar abundante material probatorio que dio inicio a la investigación formal. Ese hallazgo condujo a la condena de Aida Merlano y Evelyn Díaz, así como a la apertura de procesos contra otros presuntos miembros de la organización, entre ellos Arturo Char.

Testigos clave, como Rafael Rocha Salcedo, aseguraron ante la justicia que la familia Char habría financiado una parte considerable de la campaña. Otros participantes, como Evelyn Díaz, recordaron presuntos encuentros nocturnos entre Alejandro Char y Merlano en la sede política, y la presencia de Arturo Char en momentos cruciales de la organización.

“No existe una explicación posible en el expediente para una visita de Arturo Char Chaljub en el mes de diciembre de 2017, a la sede política de Aida Merlano, diferente a que este hacia parte del entramado delictivo que desde alii se configuraba, mucho más aún si se repara en que tal como se ha puesto de presente en la acusación, su paso por dicha sede no fue para garantizar o dilucidar con Aida Merlano algún tópico relacionado con la nueva mesa directiva de la Asamblea del Departamento del Atlántico, porque nada había que resolver respecto a dicho tema puntual”, señaló la corte.

A pesar de que la defensa de Arturo Char sostiene su inocencia y ha cuestionado la imparcialidad de los testimonios presentados, la justicia consideró que los elementos probatorios reunidos justifican el llamado a juicio. El proceso ahora pasa a la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, donde se determinará la responsabilidad penal del exsenador.

“Arturo Char sí hizo parte de la sociedad investigada, al menos en el estándar probatorio que se requiere para proferir en su contra resolución acusatoria”, concluyó el alto tribunal en su acusación.

La Universidad del Catatumbo en el municipio de El Tarra, Norte de Santander, fue epicentro de confusiones luego de que que un grupo de denunciantes, identificados como obreros del proyecto, se declara en huelga permanente por presuntas irregularidades.

Aunque la institución fue inaugurada en diciembre de 2025, la sede académica aún se encuentra en proceso de construcción con un avance del 89%.

La falta de agua potable y el supuesto incumplimiento en los pagos a los trabajadores habrían paralizado tanto las obras como el funcionamiento del recinto, dejando en suspenso la promesa de acceso a la educación superior para cientos de jóvenes de la región.

Según el video difundido en redes sociales, desde el 16 de julio, los obreros suspendieron las labores de construcción debido a retrasos reiterados en el pago de salarios y prestaciones sociales.

El vocero de los trabajadores explicó que la decisión fue inevitable ante la afectación directa a su sustento, e hizo un llamado a los organismos de control y entidades competentes para que intervengan y garanticen sus derechos.

El grupo de operarios destacó que su protesta es pacífica y aclaró que no están vinculados a ningún grupo armado ni buscan sabotear el proyecto. El reclamo central es la regularización de pagos y condiciones laborales para poder reanudar las obras.

“Los obreros de la universidad del Catatumbo decidimos detener las labores de construcción, ya que nos hemos visto afectados por varios factores, entre ellos, el incumplimiento de pago de las prestaciones sociales que nos corresponden”, expresó el presunto representante.

El complejo educativo, que demandó una inversión total de 8.380 millones de pesos, fue presentado como proyecto bandera del Gobierno nacional. Sin embargo, tras su inauguración formal, el recinto permanece inoperativo debido a la ausencia de servicios públicos básicos, especialmente agua potable.

A pesar de las advertencias técnicas sobre la inviabilidad del suministro, la construcción avanzó luego de que, inicialmente, la empresa de servicios públicos del municipio certificara la disponibilidad de acueducto y alcantarillado en marzo de 2025. Dos meses después, esa misma entidad cambió su postura y negó la cobertura para el sector, dejando el proyecto sin la certificación técnica necesaria.

La Secretaría de Vías e Infraestructura municipal otorgó la licencia de construcción en julio, y el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa optó por continuar los trabajos para evitar una indemnización de 384 millones de pesos al contratista. De este modo, las obras prosiguieron bajo la promesa de solucionar el suministro de agua sobre la marcha.

Inauguración presidencial sin garantías para los estudiantes

El presidente Gustavo Petro encabezó la inauguración de la infraestructura el 3 de diciembre de 2025. El Ministerio de Educación resaltó el objetivo de integrar la educación básica, media y superior en un mismo espacio, con 11 aulas modulares y capacidad para 391 alumnos de colegio y 220 de universidad.

Sin embargo, la ausencia total de agua potable impide que las puertas de la universidad se abran para los estudiantes. Desde entonces, la comunidad permanece a la espera de una solución definitiva.

Ante las denuncias, desde el Fondo Colombia en Paz (FCP), encargado del proyecto educativo, emitió un comunicado en la tarde del martes 21 de julio en el que desmintieron cualquier retraso en los pagos a sus trabajadores.

De hecho, la entidad aseguró que la denuncia no corresponde al contrato suscrito por el Gobierno nacional y que se trata de construcciones aledañas que corresponden a otros sectores.

“Los contratiempos y eventuales suspensiones laborales informados por los medios de comunicación no corresponden a la obra de la Universidad del Catatumbo ni a la gestión presupuestal del Fondo Colombia en Paz. Dichas afectaciones obedecen de manera exclusiva a proyectos a cargo de otras entidades, los cuales se desarrollan en predios o infraestructuras vecinas dentro del mismo complejo”, señaló el FCP

Asimismo, la entidad aseguró que, pese a que los trabajadores aseguraron ser parte de la Universidad del Catatumbo, en realidad serían empleados de las construcciones simultáneas que se levantan sobre el complejo universitario.

“Para claridad de la comunidad y la opinión pública, en el Complejo Educativo de El Tarra confluyen diferentes iniciativas ejecutadas por diversas instituciones. Las problemáticas operativas y de pagos señaladas en las noticias corresponden a la infraestructura del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) y del Centro Administrativo Municipal (CAM), proyectos que cuentan con esquemas de contratación y ejecución independientes y ajenos al contrato de la Universidad del Catatumbo a cargo del FCP”, concluyó el fondo.

La razón de las demoras y nuevos sobrecostos de la Universidad del Catatumbo

La Alcaldía de El Tarra abrió licitación para la construcción de una red de acueducto el 26 de septiembre de 2025. El contrato fue adjudicado seis días después de la inauguración presidencial, a la firma Proexi Ingeniería, por cerca de 766 millones de pesos.

Los trabajos para dotar de agua al complejo comenzaron el 23 de diciembre, con un plazo inicial de entrega para el 22 de marzo. No obstante, el proyecto ya acumula retrasos por una prórroga de mes y medio y una adición presupuestal de 240 millones de pesos, requerida para extender la red 600 metros adicionales.

Otras alternativas, como una planta de tratamiento propia o un pozo artesiano comunitario, fueron descartadas por inviabilidad técnica o falta de autorizaciones ambientales.

Entretanto, la paralización de la Universidad del Catatumbo ha generado incertidumbre entre los habitantes del municipio y la región. El megaproyecto que prometía ser motor de desarrollo educativo permanece en un limbo, a la espera de que se resuelvan los problemas de infraestructura y laborales que impiden su funcionamiento.

La llegada de decenas de pasajeros a Cali se vio drásticamente retrasada tras una serie de incidentes que transformaron un vuelo nocturno desde Bogotá en una experiencia de más de 12 horas de espera en el aeropuerto El Dorado.

La situación derivó en la reprogramación y posterior cancelación del vuelo, dejando a los viajeros sin respuestas oficiales y con escasos recursos para sobrellevar la noche en la capital del país.

Según información divulgada por El Tiempo, el vuelo, que inicialmente debía partir a las 9:40 p. m. del lunes festivo, fue primero reprogramado para las 2:45 de la madrugada. Sin embargo, hacia la medianoche, los pasajeros recibieron la noticia de su cancelación.

Muchos afectados, entre ellos personas en condición de vulnerabilidad, tuvieron que buscar alternativas de transporte por su cuenta para cumplir con compromisos laborales y familiares.

La cadena de demoras se habría originado, según explicaciones brindadas por empleados de la aerolínea a los pasajeros, en una alteración operacional vinculada a las condiciones meteorológicas.

La aeronave que cubría la ruta Cali–Santa Marta no pudo aterrizar en la capital del Magdalena y debió desviarse. Esto impactó la programación posterior del trayecto Santa Marta–Bogotá, lo cual terminó afectando también el vuelo a Cali.

Largas horas de espera y malestar entre los pasajeros

Durante la madrugada, quienes aguardaban su vuelo denunciaron una atención limitada por parte del personal de la aerolínea: solo recibieron refrigerios ligeros mientras permanecían en la terminal, pese a la presencia de mujeres embarazadas, niños y adultos mayores.

“Pretendían que estuviéramos más de cinco horas esperando con papitas y una Coca-Cola”, señaló uno de los afectados a El Tiempo, cuestionando la ausencia de un plan de contingencia efectivo.

La reprogramación estableció un nuevo horario de salida para las 10:55 de la mañana del martes 21 de julio, lo que elevó la espera total a más de 12 horas. Hasta el momento, la aerolínea no ha emitido ningún pronunciamiento sobre las causas precisas de la cancelación ni sobre las medidas adoptadas para mitigar el impacto en los viajeros.

La demora, sumada a la falta de información oficial, generó gran inconformidad entre los usuarios, quienes reclamaron mayor atención y soluciones integrales para quienes se ven afectados por incidentes similares.

Qué derechos tienen los pasajeros ante cancelaciones y retrasos

Cuando se presentan cancelaciones o retrasos significativos —como sucedió en el vuelo Bogotá-Cali tras el puente del 20 de julio— los pasajeros en Colombia disponen de mecanismos y derechos específicos.

Si el retraso supera las cinco horas, la aerolínea debe ofrecer una compensación adicional no menor al 30% del valor del trayecto, que puede entregarse en efectivo, bonos o millas, según la preferencia del usuario.

En caso de cancelaciones, las personas afectadas pueden desistir del viaje y solicitar el reembolso total del tiquete, o bien exigir el cubrimiento de gastos de hospedaje y traslado, además de la compensación mencionada. Cuando los retrasos se producen después de las 10:00 p. m., corresponde brindar alojamiento y traslados, salvo que el pasajero se encuentre en su ciudad de residencia.

Para formalizar reclamaciones, los viajeros pueden acceder a la página de la Aeronáutica Civil y presentar una Pqrs a través de la plataforma indicada por la Superintendencia de Transporte. El proceso requiere completar un formulario con los datos personales y, al finalizar, se recibe una notificación de radicación en el correo electrónico.

Estos procedimientos permiten que los usuarios afectados documenten sus casos y exijan el cumplimiento de sus derechos ante las autoridades y las aerolíneas.

El episodio ocurrió al cierre del puente festivo del 20 de julio, cuando se realizaron cierres temporales en los principales aeropuertos del país debido a la revista aérea de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. No obstante, el personal de la aerolínea aclaró que los retrasos del vuelo Bogotá-Cali respondieron principalmente a condiciones meteorológicas adversas, y no a las restricciones operacionales asociadas al evento conmemorativo.

Aunque Colombia vivió una seguidilla de fines de semana con puente que, para muchos, representó una gran temporada de descanso, lo cierto es que el país ya se alista para el nuevo festivo que está anunciado en el calendario oficial.

De hecho, la próxima jornada de descanso oficial en Colombia será el viernes 7 de agosto, una fecha de gran significado en todo el territorio nacional. Este feriado recuerda la Batalla de Boyacá, un hecho central para la consolidación de la independencia, que transformó el rumbo del país hace más de dos siglos.

El 7 de agosto se conmemora el momento en que el ejército liderado por Simón Bolívar logró la victoria en el Puente de Boyacá, en 1819. Este enfrentamiento decisivo permitió debilitar el dominio español y marcó el inicio de la autonomía de la Nueva Granada, antecedente de la actual Colombia.

Este feriado tiene un carácter patriótico e histórico: durante la jornada se rinde homenaje a figuras como Simón Bolívar, Antonio Nariño y Francisco de Paula Santander, quienes jugaron un papel esencial en la lucha por el control y la libertad del territorio nacional. El resultado del combate permitió capturar a los líderes del bando contrario, acelerando la caída del régimen español.

El viernes 7 de agosto de 2026, además de las celebraciones tradicionales y actos conmemorativos, será la fecha prevista para la posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia, después de haber triunfado en la segunda vuelta electoral. El evento marcará el cambio de gobierno y el inicio de una nueva administración, con la salida de Gustavo Petro del poder.

Para quienes buscan planear una escapada, aprovechar el tiempo en familia o simplemente descansar, el próximo puente festivo representa una oportunidad para disfrutar de un fin de semana largo, ya que el feriado cae en viernes. Así, tanto trabajadores como estudiantes podrán organizar actividades de esparcimiento tras la reciente conmemoración del Día de la Independencia.

Colombia, con sus 19 feriados distribuidos entre fechas religiosas y cívicas, mantiene una de las agendas festivas más amplias de América Latina. El Día de la Batalla de Boyacá es uno de los hitos que refuerzan la memoria histórica y el sentido de identidad nacional.

Cuántos festivos quedan en 2026 en Colombia

Aunque habitualmente en Colombia se celebraban y/o conmemoraban 18 fechas, a partir de este año el Congreso de la República y el Gobierno nacional, en cabeza del saliente presidente Gustavo Petro, expidieron la Ley 2578 de 2026, que fijó el nueve de julio como la fecha oficial para conmemorar el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia.

Dicho esto, el número de feriados se incrementó a 19, por lo que, a partir de este momento, todavía restan siete fechas que los colombianos podrán usar para descansar o pasear por el territorio nacional.

• Agosto 7: se conmemora la Batalla de Boyacá, hecho decisivo para la independencia de Colombia. En 1819, las tropas lideradas por Simón Bolívar vencieron al ejército realista, marcando el inicio del fin del dominio español en el territorio
• Agosto 17: se celebra la Asunción de la Virgen. Esta fecha, de tradición católica, honra la creencia de que la Virgen María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. El día suele estar marcado por misas y celebraciones religiosas en distintas regiones del país
• Octubre 12: corresponde al Día de la Raza. Esta jornada recuerda el encuentro de dos mundos tras la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. En Colombia y otros países latinoamericanos, la fecha invita a reflexionar sobre la diversidad cultural y el mestizaje
• Noviembre 2: es el día de Todos los Santos. En la tradición cristiana, se recuerda a los fieles difuntos y se realizan visitas a cementerios y celebraciones litúrgicas para honrar a quienes han partido.
• Noviembre 16: se festeja la Independencia de Cartagena. En 1811, la ciudad declaró su independencia del dominio español, convirtiéndose en una de las primeras en América en hacerlo. En Cartagena y el resto del país, el día se asocia con desfiles cívicos y actividades culturales.
• Diciembre 8: es la Inmaculada Concepción, fecha en la que la Iglesia Católica celebra que la Virgen María fue concebida sin pecado original. En Colombia, muchas familias encienden velas la noche anterior, iniciando así la temporada navideña.
• Diciembre 25: conocido como Navidad, recuerda el nacimiento de Jesucristo. Las familias se reúnen, intercambian regalos y participan en actos religiosos o actividades sociales propias de la temporada.

El nuevo reparto de la Comisión de Investigación y Acusaciones, organismo encargado de analizar las denuncias contra el Presidente de la República y otros altos funcionarios, ya está definido tras la instalación del reciente Congreso en Colombia.

Este órgano, cuya relevancia política se incrementó desde la presidencia de Gustavo Petro, ha sido objeto de intensos acuerdos entre las bancadas parlamentarias. De acuerdo con la Secretaría del Senado, la Comisión es responsable de estudiar denuncias o quejas y recopilar pruebas para determinar si existen fundamentos que permitan abrir un juicio político.

La distribución de los escaños refleja el peso de cada partido en la Cámara de Representantes, siguiendo el método de cifra repartidora. En la nueva conformación, el Pacto Histórico obtuvo cinco puestos, colocándose como la bancada con mayor presencia, seguido por el Centro Democrático y el Partido Liberal, con tres representantes cada uno.

Los nombres que integran el grupo del Pacto Histórico son David Alejandro Toro, Heráclito Landinez, María del Mar Pizarro, Gabriel Becerra y Jorge Hernán Bastidas. Del Centro Democrático figuran Jesús Salim Lorduy, Daniel Felipe Briceño y Jonathan Eduardo Pineda. Por el Partido Liberal, forman parte José Fredy Arias, Kelyn Johana González y María José Carvajal.

En representación del Partido Conservador estarán Juan Loreto Gómez y José Luis Duarte. Cambio Radical contará con Carlos Alberto Cuenca, mientras que Diana Carolina Riveros, del Partido de la U, también tendrá un asiento. Finalmente, las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) suman dos integrantes a la Comisión.

Funciones y competencias de la Comisión de Investigación y Acusación

La Comisión de Investigación y Acusación, según la Cámara de Representantes, tiene la función exclusiva de adelantar investigaciones penales y disciplinarias contra altos dignatarios del Estado que cuentan con fuero constitucional. Entre ellos se encuentran el presidente de la República, el fiscal general de la Nación y los magistrados de las altas cortes.

El proceso inicia con la recepción de una denuncia o queja. La Comisión analiza el caso y recopila pruebas para determinar la existencia de méritos suficientes. Si así lo considera, redacta un proyecto de acusación que debe ser avalado por la plenaria de la Cámara de Representantes. En caso de aprobación, el expediente pasa al Senado, instancia encargada de realizar el juicio político y decidir el desenlace del proceso.

La importancia de la Comisión se acentuó con el cambio presidencial. El Pacto Histórico busca fortalecer su presencia para incidir en la tramitación de eventuales denuncias contra el nuevo mandatario, Abelardo De La Espriella, y frenar posibles procesos contra el expresidente Gustavo Petro.

La representatividad de cada partido en la Comisión responde al resultado electoral del 8 de marzo. Las colectividades con mayor votación logran más escaños, mientras que las de menor respaldo obtienen solo uno, garantizando la pluralidad en la toma de decisiones dentro de este organismo clave del control político.

Entretanto, el nuevo periodo legislativo en el Congreso de la República inicia con un Senado de 103 curules, una cifra reducida frente al pasado cuatrienio. El reacomodo político deja al Pacto Histórico como la bancada más numerosa, aunque sin el control de la agenda parlamentaria ni de la presidencia de la cámara alta.

El bloque oficialista, liderado por el presidente electo Abelardo De La Espriella, logró consolidar el respaldo de varias fuerzas. Tras sumar a Salvación Nacional, el Partido Conservador, la U y Cambio Radical, la coalición alcanza un piso de 49 votos, cifra que podría incrementarse a 62 en caso de que el Partido Liberal se unifique a favor del gobierno. Este número resultaría suficiente para aprobar proyectos clave durante los próximos cuatro años.

El reparto de curules expone la fragmentación: tras el Pacto Histórico, que cuenta con 26 escaños, se ubican el Centro Democrático con 17, el Partido Liberal con 13, y el Partido Conservador con 10. La U suma 8, mientras una coalición de partidos minoritarios concentra 11.

Cambio Radical y ALMA comparten 7, y el bloque Ahora Colombia obtuvo 5 curules. El Movimiento Salvación Nacional —aliado de De La Espriella— ingresa con 4 senadores. Las dos curules de la circunscripción indígena completan el mapa.

En cuanto a la oposición, solo una curul, en manos de Iván Cepeda del Pacto Histórico, ha sido declarada explícitamente como tal dentro de esa colectividad.

No es un momento fácil para la reconocida marca de autos de lujo Ferrari en Colombia, después de que se conociera sobre su cese de ventas en el país, al parecer, por problemas logísticos.

Sin embargo, son varias las quejas que se han presentado de clientes que, pese a las dificultades de la marca para operar, recibieron anticipos millonarios con la promesa de entregar los vehículos de alta gama.

Según información conocida por El Tiempo, mientras la marca italiana busca un nuevo importador para el país, los afectados ya han iniciado acciones legales para intentar recuperar sumas que, en algunos casos, representan hasta el 25 % del valor de cada vehículo.

La situación se agravó cuando se confirmó que la vitrina de Ferrari en el norte de Bogotá permanece cerrada y que la empresa encargada de la representación local, Autos Italianos de Colombia S.A., fue retirada de la red oficial de concesionarios el 4 de junio de 2026.

El propio representante de la marca en Estados Unidos, Luca Zanetti, firmó el comunicado que oficializó la suspensión. La marca aseguró que, aunque las ventas de autos nuevos están en pausa, los servicios de mantenimiento y soporte técnico continúan disponibles para los clientes actuales.

Denuncias y reclamos de los compradores

Quienes desembolsaron anticipos para reservar un Ferrari denuncian que no han recibido solución ni por parte de la antigua concesionaria ni de la empresa italiana. Según fuentes consultadas por El Tiempo, el problema radica en la gestión de los anticipos: si el dinero llegó a Ferrari en Italia, la marca tendría que responder; si no fue transferido, la reclamación corresponde contra la agencia local.

Los afectados sostienen que entregaron poderes a abogados para iniciar procesos penales ante la Fiscalía, alegando posibles delitos como estafa agravada, concierto para delinquir y lavado de activos. Además, han presentado requerimientos ante la Superintendencia de Industria y Comercio para buscar protección del consumidor.

El conflicto surgió tras un millonario préstamo otorgado en octubre de 2024 por el grupo Autos de Alta Gama Holdings Inc. a favor de Italian Motors Holdings S.A., matriz de Autos Italianos de Colombia y la distribuidora en Panamá.

La imposibilidad de pagar la deuda derivó en que, en mayo de 2026, las acciones de la concesionaria en Colombia y Panamá pasaran a manos del acreedor, sin el aval de la casa matriz italiana. Este traspaso no autorizado fue la razón principal por la que la marca retiró la representación.

En una carta dirigida a clientes por la nueva administración, se advirtió que no pueden asumir compromisos concretos sobre fechas o devoluciones hasta concluir una revisión detallada de la situación financiera y documental. Se reportaron inconsistencias dejadas por la gestión anterior, lo que impide garantizar soluciones inmediatas.

Aunque la marca anunció que no abandonará el país, informó que busca un nuevo concesionario y que los compradores afectados deben gestionar sus reclamaciones ante la antigua agencia.

El impacto en los clientes y la marca en Colombia

Los precios de los modelos básicos de Ferrari inician desde los 300.000 dólares antes de impuestos, llegando a superar los 2.000 millones de pesos con personalizaciones solicitadas por los compradores. Un dato relevante es que cerca del 40 % del valor final de estos autos corresponde a impuestos locales, según explicó el empresario José Klopatovski.

En Colombia circulan actualmente entre 70 y 90 vehículos de la marca, pero la producción mundial es limitada: Ferrari fabrica solo unos 13.700 autos al año para clientes en todo el mundo, lo que dificulta la disponibilidad inmediata.

El caso ha generado debate sobre la responsabilidad en la gestión de anticipos y la necesidad de un nuevo concesionario que garantice la continuidad de la marca. Mientras tanto, los afectados esperan que la intervención de las autoridades ayude a esclarecer el destino de los fondos y a definir quién deberá responder por la falta de entrega de los vehículos.

El gesto del presidente Gustavo Petro durante el discurso del 20 de julio de 2026, al entregar el sombrero de Carlos Pizarro ―exguerrillero del M-19 y político colombiano asesinado en 1990― a su hija María José Pizarro, sigue provocando múltiples interpretaciones públicas, después de que algunos sectores señalaran el acto público como un símbolo de la guerra.

Sin embargo, un día después del gesto, la ahora exsenadora Pizarro aclaró qué significa realmente la antigua prenda de su padre y, entre otras, lo que hará con el viejo pero conservado sombrero.

Durante una entrevista concedida a Blu Radio, Pizarro explicó que el sombrero, comprado por su padre para firmar la paz en 1990 se ha convertido en un símbolo que trasciende a la familia.

“Yo lo guardaré, lo protegeré y lo resguardaré como un símbolo, no solamente de la familia de Carlos Pizarro, sino un símbolo de la paz y un símbolo del pueblo de Colombia”, señaló la exsenadora.

La excongresista también detalló que guardará el sombrero hasta el año 2030, fecha en la que espera que el movimiento vuelva a ser gobierno. Para Pizarro, la prenda constituye un testimonio tangible del compromiso de su padre con la paz, y rechaza que se asocie con el pasado violento del M-19.

“Aquí vale también la pena responder a varias de las tergiversaciones y del mancillamiento a la memoria de mi padre. Mi padre firmó la paz en 1990. Ese sombrero fue un símbolo de la paz. Ese no fue un símbolo de la guerra en la que estuvo el M-19. Todo lo contrario, fue en el momento en el que tomó la decisión de hacer la paz, que ese sombrero empezó a ser un símbolo de mi padre”, señaló Pizarro.

El presidente Gustavo Petro, al entregar el sombrero, enfatizó que la prenda “nunca fue usada en una acción violenta” y que fue adquirida por Carlos Pizarro específicamente para la firma del acuerdo de paz entre el M-19 y el Estado colombiano.

Petro destacó que se trata de un objeto lleno de significado para las nuevas generaciones, ya que la paz sellada en 1990 condujo a la Constitución de 1991 y al reconocimiento democrático de fuerzas políticas que antes actuaban al margen de la ley.

“Este sombrero perteneció al comandante, primero, y luego candidato presidencial, Carlos Pizarro. Nunca fue usado en una acción violenta. Este sombrero lo compró él exclusivamente para firmar la paz definitiva entre el Movimiento 19 de Abril y el Estado de Colombia. Por tanto, es un símbolo de paz. Paz que nos trajo como cosas concretas la Constitución de 1991. Fue el pueblo el por elección popular, libre y democrática eligió a las fuerzas que había dirigido el candidato presidencial Carlos Pizarro, asesinado en abril de 1990″, comentó el mandatario.

La ceremonia de entrega del sombrero coincidió con el fin de la legislatura y cambios en la dirección del Pacto Histórico. Pizarro aclaró que, aunque su ciclo en el Congreso concluyó, seguirá vinculada a la política como copresidenta del movimiento y se enfocará en fortalecer la organización de la fuerza política.

Respondiendo a las preguntas sobre el futuro del Pacto Histórico, la exsenadora adelantó que el movimiento está preparando su primer congreso fundacional, con la expectativa de que Gustavo Petro asuma la presidencia del partido tras un periodo de descanso.

En cuanto a posibles alianzas, Pizarro negó cualquier acercamiento con el Centro Democrático más allá de los acuerdos formales para la rotación de la Presidencia del Congreso, y reiteró la postura de oposición del Pacto Histórico frente al nuevo gobierno.

De este modo, el sombrero de Carlos Pizarro se convierte en un objeto de memoria, preservado por su hija como “un símbolo hasta que regresemos nuevamente al Gobierno en el año 2030”. La prenda, que fue testigo de la firma de la paz, adquiere ahora una dimensión política y colectiva en el relato contemporáneo del país.

La Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá puso en marcha una plataforma digital que permitirá a los dueños de perros de manejo especial cumplir con el registro obligatorio exigido por la Ley 1801 de 2016. Esta herramienta digital busca garantizar la tenencia responsable y fortalecer la convivencia y el bienestar animal en la ciudad.

Los ciudadanos que tengan perros de razas como pitbull, rottweiler, dóberman, bullmastiff, dogo argentino, mastín napolitano, presa canario, entre otras incluidas en la normativa, están obligados a registrar a sus animales. Además, la medida se extiende a caninos con antecedentes de agresión o que han sido entrenados para tareas de ataque o defensa.

Cualquier persona responsable de un perro incluido en esta categoría debe ingresar al sitio oficial https://tramite.gobiernobogota.gov.co/registro-caninos/, crear una cuenta y llenar el formulario con sus datos y los del animal.

Entre los requisitos, se solicita adjuntar documentos en formato PDF como el carné de vacunación vigente, certificado sanitario expedido por la Secretaría Distrital de Salud, póliza de responsabilidad civil extracontractual, documento de identidad y una foto reciente del perro.

El proceso de revisión de la documentación queda en manos de la alcaldía local correspondiente, la cual tiene hasta 15 días hábiles para aprobar o pedir correcciones. Si el solicitante no responde a los ajustes solicitados en el plazo establecido, la solicitud se archivará automáticamente.

El carné digital que se obtiene tras completar el trámite tiene una vigencia de un año y debe renovarse anualmente. Además, el propietario debe portar siempre el carné con código QR cuando transite con el animal en espacios públicos. También es obligatorio actualizar la información ante la alcaldía si el perro cambia de residencia.

Quienes no cumplan con la inscripción o la renovación afrontarán las medidas correctivas contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. La plataforma está disponible de manera gratuita y no requiere trámites presenciales, facilitando así el cumplimiento de la ley para todos los habitantes de Bogotá con perros de manejo especial.

Las saciones por no registrar a su mascota de cuidado especial

Las personas menores de edad tienen prohibido conducir perros de manejo especial en espacios públicos de Bogotá. La restricción también aplica para personas mayores y para quienes padecen una discapacidad que les impida ejercer control adecuado sobre el animal. Además, la normativa prohíbe que estos animales sean conducidos por personas que estén bajo los efectos del alcohol o de sustancias psicoactivas.

La Ley 1801 de 2016 establece que solo quienes puedan garantizar el control físico y la seguridad del animal pueden llevarlo en zonas comunes o vías públicas. Así se busca prevenir accidentes y garantizar la seguridad tanto de los ciudadanos como de otros animales.

En caso de incidentes, el sistema de registro digital permite dar seguimiento a los episodios de agresión. Si el animal ataca a otro animal, el propietario se expone a una multa general tipo 3 y al pago por los daños ocasionados. Además, si se repite el comportamiento, las autoridades pueden decomisar el ejemplar para una evaluación etológica.

Cuando el ataque es contra una persona, la sanción se eleva a una multa general tipo 4 y al pago de indemnizaciones. Una reincidencia conduce al decomiso inmediato del animal, conforme dicta la normativa vigente.

La Secretaría Distrital de Gobierno ofrece orientación presencial en las alcaldías locales y soporte técnico por correo electrónico a través de registro.caninos@gobiernobogota.gov.co. Estas vías están disponibles para resolver dudas sobre el registro y las obligaciones que implica la tenencia de perros de manejo especial.

El cumplimiento de estas disposiciones permite a las personas propietarias de perros de manejo especial contribuir activamente a la convivencia responsable y al bienestar animal en Bogotá. Registrar y controlar adecuadamente a los animales ayuda a evitar incidentes y garantiza la aplicación efectiva de la ley.

La trascendencia de su obra se refleja en la permanencia de canciones que han acompañado a varias generaciones y que hoy forman parte esencial del repertorio nacional.

Reconocido como el autor de El camino de la vida, Ochoa consolidó su lugar en la historia musical del país. Esta composición, dedicada a la familia y al paso del tiempo, fue elegida por consulta pública como la canción colombiana más representativa del siglo XX, según la promoción de Sonolux y una cadena radial en 1999. El tema se convirtió en un himno y referencia obligada en celebraciones y actos culturales a lo largo del país.

La noticia fue entregada por el expresidente Álvaro Uribe, con quien compartió en varios espacios a lo largo de su carrera profesional. En su cuenta de X, el líder natural del Centro Democrático envió un mensaje de solidaridad y destacó el legado del maestro para la historia musical del país.

“Duele el fallecimiento del Maestro Héctor Ochoa, las letras de sus canciones y las cuerdas de su guitarra contribuyeron a infundir Patria y Región en el alma de varias generaciones. El Maestro Héctor estará siempre presente con el “Camino de la Vida”. Solidaridad querida familia", señaló el expresidente.

La vida de Ochoa estuvo protagonizada por una inmersión temprana en la música. Nacido en Medellín el 24 de julio de 1934, formó parte de un entorno familiar musical gracias a su padre, el compositor Eusebio Ochoa Isaza. Desde joven, se dedicó al estudio de cuerdas pulsadas, lo que lo llevó a fundar el Trío de Oro a los 15 años. Con esta agrupación, inició su camino en los escenarios y emisoras de una ciudad que experimentaba un momento de auge musical.

La primera grabación de Ochoa, titulada Bendito amor e interpretada por el tenor Víctor Hugo Ayala en 1962, marcó el inicio de una carrera prolífica. A pesar de explorar otros géneros, como el jazz y la música romántica, el compositor hizo una pausa en su labor artística para enfocarse en su trabajo como banquero. No obstante, su regreso a la música años después definiría el rumbo de la canción andina en Colombia.

En 1983, El camino de la vida vio la luz en el Recinto Quirama, Antioquia, estrenada por el dueto Arboleda y Valencia. La letra de la canción, que reflexiona sobre la familia y el transcurrir de los años, logró conectar con públicos de todas las edades y regiones, consolidando a Ochoa como una de las voces más influyentes del género.

El legado de Ochoa no solo se refleja en sus canciones, sino en el reconocimiento institucional y cultural que recibió a lo largo de su vida. Entre las distinciones más relevantes figuran la Orden de la Democracia del Congreso de la República, el Escudo de Oro de Antioquia y la Medalla Alcaldía de Medellín. En 2023, el Festival Mono Núñez le rindió homenaje en vida y, en 2015, fue incluido en el Salón de la Fama de Compositores Latinoamericanos con sede en Miami.

Además de El camino de la vida, Ochoa dejó un repertorio que incluye piezas como Muy antioqueño, Muy colombiano’, La nostalgia, Ella es mi reina, Orgullosamente mujer, Aprendiendo a vivir, Volvé maestro y Canta tiple. Estas canciones continúan presentes en los escenarios y celebraciones de la música tradicional colombiana.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también rindió un homenaje al compositor a través de sus redes sociales. El mandatario departamental recordó que apenas el 20 de julio, durante la conmemoración del Día de la Independencia, sus letras se hicieron presentes en un acto adelantado en el túnel El Toyo.

“En la celebración del Día de la Independencia, Paola Jara nos emocionó interpretando Muy antioqueño, una de las obras más bellas del maestro Héctor Ochoa Cárdenas. Hoy recibimos con profundo pesar la noticia de su partida. Esta gran maestro supo interpretar con sensibilidad la esencia y el carácter de los Antioqueños. Un abrazo sincero a los suyos. Dios recibe su música en el cielo“, comentó Rendón.

Asimismo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, extendió un mensaje de condolencias para su familia, asegurando que el país pierde a un grande la música andina y antioqueña.

"Lamento profundamente la muerte de Héctor Ochoa. Varias generaciones crecimos escuchando su música, en particular la bellísima canción de El Camino de la Vida, que exalta el valor de la familia. Paz en su tumba y solidaridad con sus seres queridos", señaló el mandatario.

La pelea por la Presidencia del Senado terminó con la elección de Honorio Henríquez, del Centro Democrático, y con la derrota de Alfredo Deluque, el candidato del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, en una votación marcada por la ruptura temporal entre el expresidente Álvaro Uribe y el entorno del mandatario electo.

La derrota de Deluque se produjo porque el uribismo rechazó una candidatura que veía como una imposición personal de De la Espriella y de su estratega Carlos Suárez, y porque el Pacto Histórico decidió votar por Henríquez. Esa combinación dejó al aspirante del oficialismo con 45 votos y le dio al Centro Democrático la presidencia del Senado en la instalación del Congreso del 20 de julio.

En la plenaria, la atención se concentró en el voto del Pacto Histórico. La bancada de Gustavo Petro confirmó públicamente su respaldo a Henríquez y algunos de sus senadores usaron un bolígrafo rojo para que el sentido del voto quedara visible ante las cámaras.

Según información conocida por la revista Cambio, la disciplina interna se apretó hasta el último momento. “Mi voto será por Honorio Henríquez como lo acordamos. Y voy a publicar mi voto por decisión libre para honrar el acuerdo de bancada”, escribió Carolina Corcho en el chat “Senadores 2026” conocido por ese medio; Agmeth Escaf respondió “Ídem” y Esmeralda Hernández se sumó con otro respaldo.

El resultado dejó a Deluque con 45 votos, 11 menos de los que él mismo proyectaba. Además del apoyo del Pacto Histórico a Henríquez, hubo fugas de votos de partidos que ya se habían comprometido con el candidato del gobierno entrante.

Cómo empezó la ruptura entre Uribe y el entorno de De la Espriella

El origen del choque se remonta a la campaña presidencial y a la relación entre Uribe y Carlos Suárez, estratega de De la Espriella. En la recta final de la primera vuelta, el expresidente llamó a Suárez “bandido” y “solapado”, y el consultor le respondió con ataques propios.

Cinco semanas después de esa confrontación, la desconfianza seguía intacta. El representante Daniel Briceño dijo a Cambio en ese momento que “el presidente Uribe ha dejado su tema con Suárez en el terreno personal”.

Esa tensión no se quedó en el plano privado. En sectores del uribismo, buena parte de lo que ocurrió después en el Congreso se explicó más por esa pelea que por un cálculo de mayorías.

El malestar creció con el avance del movimiento por firmas Defensores de la Patria. Uribe temería que ese proyecto desplace al Centro Democrático como referencia principal de la derecha, una inquietud que ya había expresado en público.

Deluque, el candidato que agravó el choque

Entretanto, la decisión de De la Espriella de impulsar a Deluque empeoró el conflicto. La U tenía ocho senadores, mientras el Centro Democrático contaba con 17 senadores y consideraba que, por ese peso, le correspondía reclamar la Presidencia del Senado.

En el uribismo interpretaron esa escogencia como una apuesta personal de De la Espriella. Deluque era cercano al presidente electo desde la universidad y mantenía también una amistad con Suárez, con quien tenía vínculos previos por asesorías políticas según reveló la revista Cambio.

Uribe contó en una gira de medios que habló con De la Espriella y que este le mencionó un “compromiso personal” con Deluque. En el uribismo, esa explicación reforzó la idea de que la relación entre amigos se impuso sobre la aritmética política.

“¿Cómo no te vas a mosquear si te ponen de presidente del Congreso a un amigo de tu enemigo pasando por encima de la realidad política?”, dijo a Cambio un senador electo del uribismo. Otro congresista del mismo partido resumió así la molestia: “Los teníamos que aterrizar. Es que no puedes imponer a tu amigo de parranda por encima de la política pura y dura”.

El giro que acercó al uribismo y al Pacto Histórico

En los días previos al 20 de julio, Uribe endureció sus mensajes. En entrevistas con Blu Radio y Caracol Radio, dijo que si De la Espriella buscaba acabar con el Centro Democrático, su partido tendría que defenderse, y también reveló que personas cercanas a Petro le habían hecho saber que el mandatario saliente quería reunirse con él.

Ese tono abrió la puerta a especulaciones sobre un acercamiento coyuntural entre petrismo y uribismo. “Lo único que queremos es darles garantías y si hay puntos de encuentro a futuro en proyectos, no vamos a ser obstinados. Eso no implica actuar en bloque siempre”, señaló uno de los miembros de la bancada del Centro Democrático a la revista.

Por su parte, el Pacto Histórico, con 26 senadores, quedó como el actor decisivo de una pelea ajena. Dentro de esa bancada hubo debate sobre tres caminos: votar por Deluque, apoyar a Henríquez o impulsar un tercer nombre para evitar el costo político de respaldar a uno de los dos bloques de la derecha.

Al final, la bancada cerró filas y, según el medio, desde Petro hacia abajo se insistió en hacer público el voto para evitar indisciplinas.

A la vez, Petro emitió guiños que varios leyeron en clave parlamentaria. También pesaban las negociaciones por las mesas directivas de las comisiones constitucionales, un reparto que llevaba a los partidos a moverse con cautela.

La derrota del oficialismo y el mensaje de fuerza de Uribe

La votación dejó una derrota política temprana para el gobierno entrante y para el ministro del Interior designado Rodrigo Lara. Ningún jefe de Estado había perdido la Presidencia del Senado en su primer año en las últimas tres décadas.

El revés también mostró la fragilidad de una mayoría que en el papel parecía holgada. La coalición con la que De la Espriella esperaba maniobrar reunía más de 60 parlamentarios en el Senado, pero ese número no resistió la indisciplina ni la decisión del Centro Democrático de jugar su propia carta.

La jornada también alimentó suspicacias sobre un eventual entendimiento entre petrismo y uribismo alrededor de la Comisión de Acusaciones. Para Uribe, el desenlace fue además una señal interna de vigencia dentro de la derecha. La tarea protocolaria de imponer la banda presidencial quedó en manos de un aliado suyo, no de uno de los hombres más cercanos al presidente electo.

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, participó este lunes 20 de julio en los actos conmemorativos por los 216 años del Grito de Independencia, en una jornada que incluyó su presencia en la ciudad de Medellín durante el desfile militar y, posteriormente, un evento en el Túnel del Toyo, acompañado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

El Túnel del Toyo se ha convertido en uno de los principales símbolos de la discusión sobre la ejecución de proyectos de infraestructura en Antioquia, luego de que el departamento y la administración de Medellín asumieran la culminación de las obras civiles pendientes. Para el gobernador Rendón, la presencia del presidente electo representa un respaldo a las iniciativas regionales relacionadas con este proyecto.

Abelardo de la Espriella ordenó a Elsa Noguera dar prioridad a Antioquia

El electo presidente ordenó a su designada ministra de Transporte, Elsa Noguera, dar total prioridad al departamento de Antioquia en materia de infraestructura vial. En su discurso, el mandatario entrante pidió Noguera ordenar a todos los contratistas hacer “todo lo que tengan que hacer” para que las vías del departamento muestren progreso.

De la Espriella elogió al gobernador de Antioquia y al alcalde de Medellín por la ‘vaca’ para el túnel de El Toyo

En medio de las conmemoraciones por el Día de la Independencia, el presidente electo Abelardo de la Espriella agradeció a Andrés Julián Rendón y a Federico Gutiérrez por la labor adelantada para construir el túnel de El Toyo.

En su discurso, el mandatario electo también se refirió al talante de los antioqueños y su amor por el departamento, especialmente tras la gran ‘vaca’ que logró recaudar millonarios recursos para reanudar la obra, pese a las obstrucciones que puso en su momento el presidente Gustavo Petro.

“Esto es un pueblo decidido a que su destino dependa de la voluntad de nadie. Eso es Antioquia, un departamento libre y autóno”, señaló el nuevo mandatario.

Abelardo de la Espriella entrega discurso en el túnel de El Toyo

El presidente electo Abelardo de la Espriella inicia su discurso en medio de la conmemoración a los militares organizada por la Gobernación de Antioquia.

En sus primeras palabras, De la Espriella agradeció a los mandatarios del departamento y extendió un cordial saludo a quienes harán parte de su nuevo gabinete de Gobierno a partir del 7 de agosto.

Federico Gutiérrez anunció el inicio del empalme con el gobierno de Abelardo de la Espriella

El alcalde de Medellín aseguró el empalme con Antioquia y Medellín se dará a primera hora del martes 21 de julio para identificar las presuntas irregularidades cometidas por el Gobierno nacional con el departamento durante los últimos cuatro años.

Abelardo de la Espriella, desde el Toyo, envió un mensaje a los militares por el Día de la Independencia

A través de sus redes sociales, el presidente electo volvió a referirse a la labor de los militares y policías del país que, durante la mañana del lunes 20 julio, desfilaron en varias ciudades para conmemorar el Día de la Independencia de Colombia.

Según indicó, es un día para agradecer la ardua labor de los uniformados que logran mantener día a día la soberanía del país, además de asegurar que mejorará las condiciones una vez tome posesión de su cargo.

Incluso, el mandatario electo aseguró que, como gratitud por su trabajo, mantendrá su decisión de llevar su acto de posesión el 7 de agosto en una guarnición militar y no en la Casa de Nariño.

“Hace 216 años, Colombia decidió ser una nación libre. Hoy, esa libertad solo puede preservarse cuando se honra a quienes la defienden cada día. En este 20 de Julio rindo homenaje a nuestros soldados y policías, los verdaderos héroes de la Patria. Y por eso he decidido que mi posesión se realizará en una guarnición militar: un acto de gratitud, respeto y reconocimiento a quienes han entregado su vida por proteger a los colombianos. También será un mensaje claro para quienes amenazan la tranquilidad de nuestra gente: el Estado recuperará la autoridad y hará respetar la ley en cada rincón del país. Nunca más los héroes de la Patria relegados. Nunca más los ciudadanos de bien viviendo con miedo. La Patria Milagro comienza honrando a quienes hicieron posible nuestra libertad y respaldando a quienes hoy la defienden. ¡Feliz Día de la Independencia!¡Firme por la Patria!“, señaló el nuevo presidente.

Abelardo llegó al túnel El Toyo para conmemorar la independencia de Colombia

Acompañado de varios miembros de su nuevo gabinete, además del alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia, el presidente electo Abelardo de la Espriella hace presencia en el túnel El Toyo para continuar con los actos conmemorativos preparados en el departamentos para el 20 de julio.

Estos fueron los mejores momentos del desfile militar en la capital de Antioquia:

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Termina el desfile militar del 20 de julio

Tras presenciar todo el desfile militar en la capital de Antioquia, el presidente electo Abelardo de la Espriella, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón, se dirigirán hacia el túnel de El Toyo para continuar con los actos conmemorativos por la independencia de Colombia.

Abelardo de la Espriella rinde homenaje a las Fuerzas Militares de Colombia

En medio del desfile que se adelanta en la ciudad de Medellín, el presidente electo Abelardo de la Espriella ha rendido homenaje a todos los miembros del Ejército, Policía y Armada Nacional, entre otros, manteniéndose de pie y posando con el saludo militar que lo ha caracterizado desde el inicio de su campaña a la Casa de Nariño.

Vea aquí el discurso completo de Abelardo de la Espriella:

Abelardo de la Espriella entregó extenso discurso presidencial, pese a no estar posesionado

El presidente electo tuvo su espacio en medio de la ceremonia inaugural del desfile del 20 de Julio que se conmemora en la ciudad de Medellín. Durante su presentación, el electo jefe de Estado aseguró que mantendrá todas las instituciones nacionales activas para asegurar el progreso de Antioquia.

“Antioquia representa, como ningún otro departamento, la colombianidad. Es la fuerza, es la esperanza, es el motor que genera la combustión para sacar adelante este país. Gracias Antioquia por inspirar al tigre”, señaló De la Espriella.

Las cinco frases de “Fico” Gutiérrez contra Gustavo Petro

En medio del discurso del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, durante la apertura del desfile conmemorativo del 20 de Julio, el mandatario local no dudó en larzarle duros dardos al presidente saliente Gustavo Petro, además de lanzar elogios a quien será su sucesor, Abelardo de la Espriella:

1. “El próximo Congreso de la República, a partir hoy, tiene que volver a poner orden en términos legislativos y tiene que desaparecer la paz total que nos presentó el Gobierno, o más el desgobierno Petro.
2. “Acá no hubo paz total. Acá lo que hubo fue una entrega total del territorio a las estructuras criminales”
3. “Los únicos que se vieron beneficiados durante estos cuatro años fueron el ELN, el Clan del Golfo y disidencias Farc, mientras aporreaban y asesinaban a nuestros soldados y a nuestros policías. Eso cambiará seguramente a partir del 7 de agosto con el presidente Abelardo de la Espriella”
4. “Mientras algunos utilizan esta fecha para abrir nuevas heridas, nosotros escogimos cerrar las que todavía duelen”.
5. “La democracia tiene la fuerza suficiente para corregir su propio rumbo. La última palabra siempre la tiene el pueblo”, señaló el alcalde.

Federico Gutiérrez da inicio oficial al desfile del 20 de Julio

El alcalde de Medellín, en medio de su discurso inaugural, pidió al público asistente un cálido saludo para el nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, augurando una buena relación entre la capital de Antioquia y el Ejecutivo.

“Quiero dar la bienvenida a Medellín al presidente electo de los colombiano Abelardo de la Espriella, y a su señora esposa Ana Lucía Pineda. Medellín y Antioquia no tuvieron presidente durante cuatro años. A partir del próximo 7 de agosto lo volveremos a tener. Bienvenido presidente de la Espriella”, señaló Gutiérrez.

Abelardo de la Espriella llegó al desfile del 20 de julio

Acompañado del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el nuevo mandatario electo apareció sobre las 7:20 a. m. para presenciar el desfile militar en la capital del departamento.

El nuevo presidente hizo presencia con un fuerte esquema de seguridad y la primera dama, Ana Lucía Pineda.

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Indígenas convocan marchas en Popayán y Cali este 20 de julio en rechazo al gobierno de Abelardo de la Espriella

Las movilizaciones partirán desde la Glorieta de la Chirimía, en Popayán, y reunirán a organizaciones indígenas, campesinas, estudiantiles y sociales que expresarán su respaldo a las reformas del gobierno Petro y su rechazo a la administración entrante.

La convocatoria incluye un recorrido por la carrera 11, Cadillal, Lotería y la Arcada de la Herrería, mientras las autoridades acompañarán las jornadas para garantizar el orden público.

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El municipio de Polonuevo, en Atlántico, atraviesa una crisis de seguridad tras el asesinato de una niña de apenas dos años durante un ataque armado contra una panadería de lazona.

Según se conoció en la mañana del lunes 20 de julio, la pequeña Celeste Osorio Duque resultó herida de gravedad cuando un hombre disparó desde la ventana del establecimiento, propiedad de su madre, y falleció horas después en una clínica de Barranquilla.

La violencia golpea con fuerza a Polonuevo, donde nueve personas han perdido la vida en lo que va del año, una cifra que triplica la registrada en el mismo periodo de 2025. La comunidad, conmocionada, exige respuestas ante el incremento de crímenes asociados a la extorsión y la presencia de bandas que han ganado terreno en la zona.

El ataque ocurrió la noche del domingo 19 de julio, cerca de las 9:40 p. m., cuando un sujeto en motocicleta llegó hasta la “Panadería Santander”, ubicada en el barrio Centro, y disparó varias veces hacia el interior, según información conocida por El Heraldo.

De acuerdo con la Policía del Atlántico, el individuo introdujo el arma por una ventana y abrió fuego indiscriminadamente contra quienes se encontraban allí, impactando directamente contra la menor.

Una vez ocurrido el ataque, la pequeña de dos años fue trasladada de urgencia primero al hospital municipal y luego a la Clínica Reina Catalina de Baranoa, donde un médico confirmó que ya no presentaba signos vitales. El hecho ha generado un profundo dolor entre los habitantes de Polonuevo, que lamentan que los niños se conviertan en víctimas de la inseguridad.

Las autoridades manejan la hipótesis de que el crimen estaría relacionado con violencia extorsiva. La madre de la víctima, propietaria de la panadería, habría sido blanco de amenazas previas, aunque hasta el momento no se ha confirmado un móvil exacto.

Reacciones oficiales y medidas inmediatas

Tras la dura situación de violencia, el alcalde del municipio de Polonuevo, Óscar Avilés, expresó su indignación ante la situación y reiteró que ya había advertido a las autoridades departamentales y nacionales sobre el crecimiento de la criminalidad, en particular los delitos cometidos por bandas y extorsionistas.

“No es justo que los niños sean víctimas”, lamentó el mandatario, quien destacó la falta de recursos en materia de seguridad: actualmente el municipio dispone de solo una moto y dos uniformados para patrullar una población de 21.000 habitantes.

Avilés solicitó la intervención del presidente electo, Abelardo De La Espriella, pidiendo que se priorice la seguridad en Polonuevo y se refuercen las acciones de la Policía y la Fiscalía para capturar a los responsables del hecho.

“Le hago un llamado al presidente para que se ponga al frente de esta situación en su departamento, porque estas bandas criminales, estos extorsionistas han ganado mucho espacio y necesitamos el apoyo de la Policía, de la Fiscalía”, señaló el mandatario local.

En respuesta al crimen, el alcalde ha convocado un consejo de seguridad extraordinario con la participación de diversas autoridades, donde se evalúan medidas como la posible implementación de un toque de queda.

La Policía del Atlántico, por su parte, activó un plan candado en el municipio y desplegó equipos de investigación criminal e inteligencia para recolectar pruebas y avanzar en la identificación del agresor.

Tras el ataque, la Policía Nacional rechazó categóricamente cualquier acto de violencia contra menores y reafirmó su compromiso de esclarecer el caso en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades han instado a la población a proporcionar información que pueda contribuir a la investigación, garantizando absoluta reserva para quienes colaboren.

Asimismo, adelantan la recolección de material audiovisual que pudiera sugerir quiénes fueron los responsables del ataque que cobró la vida de la pequeña.

El acto de apertura de la Galería de los Presidentes del Senado fue escenario de una advertencia institucional: Gregorio Eljach, procurador general, advirtió que el nuevo gobierno debe priorizar el respeto a la autonomía de los poderes y procurar un diálogo efectivo con el Congreso.

El pronunciamiento se produjo en un momento en el que la democracia colombiana acaba de superar una etapa electoral exigente, según palabras del propio funcionario, especialmente por el desconocimiento de los resultados de Gustavo Petro y el Pacto Histórico.

La solicitud se dirigió expresamente al presidente electo, Abelardo de la Espriella, a quien Eljach deseó éxitos al iniciar su mandato. El procurador enfatizó que espera que sea respetuoso de las instituciones y de los poderes, además de velar por la primacía de la Constitución Política de Colombia.

“Confiamos en que su administración discurra siempre por el cauce del respeto a la independencia de poderes, el diálogo franco con el Legislativo y la primacía de la Carta Magna”, señaló Eljach

Asimismo, el funcionario resaltó el papel del Congreso como núcleo de la representación popular y recordó que su fortaleza es esencial para el funcionamiento del Estado de Derecho.

Eljach argumentó que el equilibrio entre las ramas públicas constituye la base de la arquitectura democrática en Colombia. “La fortaleza institucional del Congreso constituye una premisa indispensable para la pervivencia del Estado de Derecho. En la arquitectura constitucional moderna, el poder solo se frena con el poder“, señaló.

El Congreso como pilar y espacio de pluralidad

Durante su intervención, el jefe del Ministerio Público defendió la función del Legislativo, describiéndolo como espacio donde convergen voces de mayorías y minorías, así como perspectivas regionales y nacionales. Para Eljach, la solidez de este órgano resulta clave para la pervivencia del sistema democrático.

Al recordar su paso por el Capitolio, Eljach confesó: “Por casi cuatro décadas esta fue mi casa. Aquí viví, aquí aprendí de leyes y de política. ¡Soy un hijo del Congreso de la República! Es mi orgullo”. Su trayectoria en la institución aportó un tono personal a su discurso, reforzando la legitimidad de su mensaje.

Llamado a fortalecer el diálogo institucional

El pronunciamiento del procurador general tuvo como eje la necesidad de que el Ejecutivo mantenga canales claros de comunicación con el Legislativo. Eljach instó a que la futura administración respete los contrapesos constitucionales, asegurando que solo así se garantiza la estabilidad institucional.

El mensaje de Eljach no solo estuvo dirigido al Ejecutivo. También enfatizó el deber de todas las ramas públicas de actuar dentro del respeto y colaboración previstos por la Carta Magna. De este modo, reiteró la importancia de que cada poder mantenga su autonomía y su función de contrapeso para evitar desequilibrios.

El procurador celebró que el sistema democrático colombiano haya salido fortalecido tras los recientes comicios. Según sus palabras, “la democracia colombiana superó con éxito una de sus pruebas más difíciles”, lo que refuerza la necesidad de seguir construyendo sobre las bases del respeto institucional y el diálogo entre poderes.

En el mismo espacio, Lidio García respaldó que el Congreso autorice la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en una guarnición militar, una opción que, según explicó el presidente del Senado, está permitida por la ley siempre que ambas cámaras aprueben una proposición formal.

García anticipó además que la solicitud podría salir adelante con respaldo suficiente. “Yo creo que tendrá amplia mayoría”, dijo, y al ser consultado sobre si existe apoyo para permitir la ceremonia en una instalación militar respondió: “Sí, señor”.

El jefe del Senado sostuvo que la decisión no depende de la actual mesa directiva, ya que él dejará el cargo y será el nuevo Congreso el que deberá resolver la propuesta. Su posición fue directa: “Si la ley lo permite, ¿por qué no?”.

El senador precisó que el procedimiento exige la aprobación tanto del Senado de la República como de la Cámara de Representantes. Si esa proposición prospera, añadió, el presidente entrante “no tendría ningún problema para posesionarse en una guarnición militar”.

Los arroyos de Barranquilla ya no dictan el pulso diario de la ciudad. Tras más de cien años de tragedias y al menos 117 muertes registradas, las intervenciones urbanas y las millonarias inversiones han cambiado radicalmente la relación de la ciudad con sus históricas escorrentías.

Durante décadas, la llegada de la lluvia implicaba la paralización total de la vida cotidiana en la capital del Atlántico. Barrios enteros quedaban aislados, los buses no se movían y cientos de personas esperaban a que el agua bajara para regresar a casa. El fenómeno de los arroyos, que atravesaban las calles con caudales de hasta 150 metros cúbicos por segundo y velocidades que superaban los seis metros por segundo, sembró miedo e incertidumbre en la población.

Según una reciente investigación adelantda por El Tiempo, la ciudad dejó de estar dominada por los arroyos, aunque estos no han desaparecido por completo. Las obras de canalización y drenaje han permitido recuperar sectores antes considerados zonas de riesgo, y la movilidad urbana ya no se detiene cada vez que llueve. Sin embargo, las lluvias intensas todavía generan flujos superficiales en algunos puntos críticos, y la tarea de gestionar el agua no ha terminado.

El desarrollo urbano de Barranquilla sobre una llanura aluvial en conexión directa con el río Magdalena fue el punto de partida de la problemática. El crecimiento acelerado de la ciudad, sumado a la pérdida de áreas permeables y la ausencia de un alcantarillado pluvial eficiente, agravó la situación.

Según el geólogo Humberto Ávila, cerca del 80 % del agua lluvia terminaba escurriendo superficialmente, lo que provocaba la formación de arroyos peligrosos como Rebolo, Felicidad, Country y el de la calle 84, publicó El Tiempo.

Estos arroyos no solo arrastraban vehículos y partían la ciudad en dos, sino que cobraban vidas. El observatorio ciudadano Proyecto Arroyos de Barranquilla documentó al menos 117 muertes hasta octubre de 2025, siendo la mayoría hombres menores de 40 años y peatones.

Un dato relevante es que más de la mitad de los fallecimientos se produjeron por contacto directo con las corrientes, en muchas ocasiones durante actividades recreativas o intentos de rescate.

El impacto cultural y social de los arroyos

A lo largo de los años, los arroyos se convirtieron en parte de la identidad barranquillera. Frases populares y relatos locales daban cuenta de una ciudad resignada a la fuerza del agua. “Llovía y la gente se quedaba en la casa. El que salía cuando estaba lloviendo era el que no era de aquí”, recuerda Ignacio de la Hoz, ingeniero hidráulico de la CRA, consultado por El Tiempo. Para muchos, la lluvia no solo significaba riesgo, sino la interrupción total de la vida económica, académica y social.

Casos como la muerte de un estudiante arrastrado por el arroyo de la calle 84, relatados por funcionarios de la CRA, muestran que la tragedia era una experiencia compartida por varias generaciones de barranquilleros. La ciudad se adaptó culturalmente a la presencia de los arroyos, integrando el riesgo a su cotidianidad.

El verdadero punto de inflexión llegó entre 2015 y 2016, cuando la administración local, con respaldo de la CRA, puso en marcha un ambicioso plan de obras de canalización. Más de 710.000 millones de pesos fueron invertidos en la intervención de corredores críticos como La Felicidad, Carrera 21, Calle 76, Carrera 65, Hospital y Calle 92.

Estas infraestructuras permitieron canalizar varios de los arroyos más peligrosos y transformar sectores que durante décadas estuvieron asociados al peligro. Por ejemplo, la canalización de La Felicidad requirió una inversión superior a los 198.000 millones, la de Carrera 21 superó los 163.000 millones y el arroyo Hospital cerca de 130.000 millones. Las obras terminaron beneficiando a cientos de miles de habitantes, modificando la geografía urbana y desplazando el foco de riesgo hacia otros puntos aún en intervención.

¿Desaparecieron los arroyos?

La transformación es indiscutible, pero el fenómeno no ha sido erradicado. Según el geólogo Nelson Rangel-Buitrago, Barranquilla, aunque ya no está dominada por el fenómeno natual, aún tiene desafíos vigentes.

“Barranquilla dejó de ser la ciudad dominada por los grandes arroyos, pero no dejó de tener arroyos. Lo que cambió fue nuestra capacidad para manejarlos“, señaló el experto a El Tiempo.

Según indicó, las lluvias intensas todavía generan corrientes superficiales en sectores como Don Juan, Salao y la red de arroyos del occidente, donde se desarrollan nuevas obras de drenaje.

Las autoridades y expertos reconocen que el cambio climático y el crecimiento urbano seguirán planteando desafíos. Aunque los grandes arroyos históricos han sido canalizados y dejaron de cobrar vidas, la ciudad mantiene una vigilancia constante y continúa interviniendo otras zonas vulnerables.

Balance tras más de un siglo de tragedias

El saldo de la transformación urbana es contundente. Barranquilla superó el estigma de la “ciudad de los arroyos” tras canalizar sus principales corrientes y reducir drásticamente el número de tragedias asociadas. Las generaciones actuales crecen sin el temor que marcó la vida de sus padres y abuelos.

Sin embargo, los arroyos persisten como fenómeno natural, ocultos bajo canales y sistemas de drenaje. Siguen recordando que la ciudad está construida sobre una llanura aluvial y que la gestión del agua será siempre una tarea en evolución. La victoria de Barranquilla no fue eliminar los arroyos, sino aprender a enfrentarlos con herramientas modernas, reduciendo su impacto en la vida urbana.

Las altas temperaturas registradas en la región Caribe ya están generando fuertes estragos en la estabilidad energética de la región, según advirtió Afinia en las últimas horas.

Según señaló la filial del grupo EPM, la compañía se enfrenta enfrenta a un desafío inédito, pues la demanda de energía creció más de un 11%, por encima del promedio nacional del 8,75%. Este aumento, impulsado por el uso intensivo de aires acondicionados y equipos eléctricos, ha exigido una respuesta rápida para preservar la estabilidad del sistema.

La situación actual responde a la consolidación del fenómeno de El Niño, que afecta al país con una ola de calor persistente. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), las condiciones de El Niño continúan fortaleciéndose en el océano Pacífico tropical, lo que ha provocado temperaturas elevadas y, en consecuencia, un consumo eléctrico que supera los registros habituales.

Frente a este panorama, Afinia anunció en las últimas horas que implementó maniobras operativas, incluyendo interrupciones programadas en algunos sectores, para distribuir de manera segura la carga y proteger la infraestructura.

Según la entidad, estas medidas buscan reducir riesgos mayores y asegurar la prestación del servicio, aunque en ciertas zonas la continuidad puede verse afectada de forma intermitente.

“Hoy la infraestructura eléctrica del Caribe está respondiendo a una demanda sin precedentes. Nuestro compromiso es seguir invirtiendo para fortalecerla, pero también necesitamos el apoyo de todos para hacer un uso eficiente de la energía y facilitar las obras que permitirán que el sistema sea cada vez más robusto y confiable”, advirtió Ricardo Arango, gerente general de Afinia.

La filial reveló que el aumento en la demanda se concentra en los departamentos de Córdoba, Bolívar, Cesar, Sucre y once municipios del Magdalena, donde la compañía opera desde que asumió la gestión eléctrica regional. El fenómeno climático ha intensificado el uso de aparatos de refrigeración, lo que ha presionado la red y elevado los retos técnicos y operativos.

Afinia informó que, a pesar de los desafíos estructurales —como el bajo recaudo, las pérdidas de energía y las dificultades para ejecutar proyectos debido a bloqueos o resistencia social—, mantiene la modernización de la infraestructura como prioridad. En los últimos años, la empresa ha invertido 3,4 billones de pesos en la modernización de la red, aunque reconoce que avanzar al ritmo que exige la coyuntura requiere la colaboración de diversos actores.

La empresa sostiene que, para enfrentar la ola de calor y sus efectos sobre la red eléctrica, se han puesto en marcha planes de corto, mediano y largo plazo enfocados en aumentar la capacidad operativa, reducir los impactos del fenómeno y garantizar la calidad del servicio mientras avanzan los proyectos del Sistema de Transmisión Nacional.

Afinia insiste en que superar la actual coyuntura exige un esfuerzo conjunto. La compañía considera esencial contar con el respaldo de autoridades, líderes comunitarios y ciudadanos para facilitar la ejecución de las obras, promover el uso racional de la energía y reducir el consumo durante los periodos más críticos.

En este contexto, la compañía concluyó que solo mediante el trabajo conjunto será posible mitigar los efectos del fenómeno de El Niño, asegurar la confiabilidad del sistema y construir una infraestructura preparada para las exigencias actuales y futuras de la región Caribe.

Apenas unos días atrás, la compañía tuvo que sortear un daño masivo después de una serie de fuertes lluvias y vientos huracanados que cayeron sobre los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar en la tarde y noche del domingo 12 de julio.

En su momento, la empresa Afinia informó que los fenómenos meteorológicos ocasionaron daños en la infraestructura eléctrica, afectando la operación de 21 circuitos y la Subestación Pradera, ubicada en Montería.

Las urnas cinerarias halladas en el departamento de Antioquia revelaron que sociedades prehispánicas de la región alcanzaron un manejo del fuego más avanzado de lo que se creía, tanto para fabricar cerámica como para realizar cremaciones, según un estudio de la Universidad de Antioquia (UdeA) revelado por El Colombiano.

Investigadoras de la UdeA analizaron urnas cinerarias del estilo Marrón Inciso halladas en el oriente y nordeste antioqueño y concluyeron que esas comunidades, asentadas entre el 500 a. C. y el 700 d. C., controlaban temperaturas distintas para cocer vasijas y cremar restos humanos. El estudio identificó cerámicas cocidas entre 600℃ y 700℃ y restos expuestos a cerca de 900℃ o incluso 1.000℃.

La investigación, realizada por la antropóloga Valentina Toro Buitrago y la física Elizabeth Jiménez Gómez, concluyó que ese dominio del fuego se perfeccionó con el tiempo. Las piezas estudiadas conservan señales de procesos técnicos más complejos de lo que sugería la observación convencional.

“Lo que buscábamos era encontrar evidencias de los desarrollos tecnológicos que tuvieron estas comunidades, de las cuales conocemos muy poco. El manejo del fuego, alcanzar determinadas temperaturas y construir estructuras capaces de controlar esos procesos demuestra un conocimiento técnico muy avanzado”, señaló Jiménez al diario nacional.

El contraste apareció tanto en las urnas como en los restos depositados en su interior. En la comparación de dos piezas, una de El Santuario y otra de Segovia, separadas por más de 300 años, la más antigua registró cremaciones cercanas a 350℃.

La más reciente alcanzó temperaturas que permitieron la calcinación completa de algunos restos humanos. Para Toro, esa diferencia indica que estas comunidades perfeccionaron con el tiempo sus técnicas para controlar el fuego.

Jiménez precisó que el estudio no permite reconstruir con exactitud los dispositivos empleados, pero sí su perfeccionamiento en la técnica.

“No sabemos exactamente cómo lo hacían porque no existen registros escritos. Lo que tenemos son hipótesis construidas a partir de la evidencia científica, pero sí es claro que había un manejo especializado del fuego y de las materias primas”, señaló la experta.

Cómo se comprobó el dominio técnico del fuego

El estudio combinó arqueología, física y química para examinar urnas del estilo cerámico Marrón Inciso, una de las tradiciones arqueológicas más representativas del occidente colombiano. Las investigadoras aplicaron rayos X, fluorescencia de rayos X, análisis mineralógicos, estudios de composición elemental y datación por carbono 14.

Ese conjunto de herramientas permitió detectar rasgos que no se aprecian a simple vista. “Los arqueólogos han hecho durante décadas un excelente trabajo describiendo estas piezas, pero estas técnicas nos permiten ver lo que el ojo humano no alcanza a identificar. Podemos conocer qué minerales contienen, en qué proporciones están presentes y relacionarlos con las temperaturas de cocción”, señalaron las investigadoras, según El Colombiano.

Los análisis también identificaron patrones comunes en materiales hallados en cerca de diez municipios antioqueños. Aunque las comunidades estaban separadas geográficamente, compartían formas muy similares de seleccionar materias primas y controlar los procesos de fabricación.

La presencia de carbón vegetal dentro de las urnas permitió fijar con mayor precisión la antigüedad de las piezas. Ese material hizo posible aplicar la datación por carbono 14 y ordenar mejor la comparación entre contextos funerarios.

Qué dicen las urnas sobre los rituales y el patrimonio por investigar

Las urnas no solo conservaron restos humanos. El estudio también identificó carbón vegetal, restos de fauna y un elemento carbonizado que podría corresponder a un tejido trenzado, una hipótesis que todavía está en estudio.

Para Toro, esos hallazgos indican que la cremación iba más allá de un procedimiento práctico. El tratamiento de los muertos ocupaba un lugar importante en estas sociedades y el fuego parece haber tenido una dimensión técnica y simbólica.

La investigación también sugiere que el conocimiento pudo transmitirse entre generaciones o compartirse entre distintos grupos humanos. Ese punto se apoya en las similitudes detectadas en piezas recuperadas en varias zonas del departamento.

Colombia aún tiene pocos estudios de este tipo. Buena parte del patrimonio arqueológico permanece enterrado o ha sido recuperado en programas de arqueología preventiva ligados a grandes obras civiles.

El Congreso de la República en Colombia inicia un nuevo ciclo este lunes 20 de julio, fecha en la que se instala el periodo legislativo 2026-2030 con los representantes a la Cámara y senadores que fueron elegidos en las urnas el 8 de marzo.

La ceremonia, programada para las 3:00 p. m. en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, será el arranque formal de las sesiones ordinarias y sella el inicio de funciones para los legisladores electos en marzo.

La instalación del Congreso representa un momento clave para la vida política de Colombia, ya que define la composición y el liderazgo de las cámaras, alta y baja, que tendrán a su cargo el debate y la aprobación de leyes, así como la supervisión del Ejecutivo que se renovará el 7 de agosto con la posesión de Abelardo de la Espriella.

El proceso incluye la entrada en funciones de los nuevos integrantes de la Cámara de Representantes y del Senado, que deberán velar por la creación, modificación y/o derogación de leyes en favor de las regiones, en el caso de la cámara baja, y de la nación, para los senadores, además de ejercer control político y dar forma a la agenda legislativa que impactará directamente la gobernabilidad del próximo gobierno.

El acto de instalación contempla intervenciones musicales, la entonación del himno nacional y los discursos de las principales figuras legislativas, entre ellas el presidente saliente del Congreso, Lidio García Turbay.

La jornada comienza con el llamado a lista de los congresistas y la conformación de las comisiones protocolarias. Posteriormente, se realiza la instalación formal y la apertura del periodo de sesiones, a cargo del presidente saliente del Congreso y del mandatario en ejercicio, Gustavo Petro.

Durante la jornada, se escuchan también los planteamientos de los partidos de oposición y se aprueba el acta de instalación. Únicamente interviene el presidente saliente del Senado, dado que su par en la Cámara de Representantes, Julián López, ya culminó su periodo legislativo.

El 20 de julio, además de la formalidad institucional, adquiere un carácter político relevante, pues coincide con la despedida de Gustavo Petro como jefe de Estado y con la antesala de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella.

Por qué es determinante el 20 de julio para el próximo gobierno

La instalación del Congreso no solo inaugura la actividad parlamentaria. Ese día, la composición de las cámaras y la elección de sus mesas directivas anticipan la capacidad de negociación y el margen de maniobra del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

La Cámara de Representantes y el Senado deben elegir a sus presidentes y conformar las comisiones permanentes, legales y accidentales, órganos responsables de dirigir las sesiones y coordinar el trabajo legislativo. El proceso resulta especialmente relevante porque de estos acuerdos internos dependerá la gobernabilidad y la viabilidad de las propuestas del Ejecutivo.

De hecho, el presidente electo ya enfrenta su primer pulso por el poder con la bancada del Centro Democrático, el segundo partido con más curules en el Cámara y Senado, pese a que el equipo liderado por el expresidente Álvaro Uribe se declaró de gobierno.

La definición sobre quién liderará el Senado se ha convertido en el termómetro de la nueva correlación de fuerzas. Honorio Henríquez, respaldado por el Centro Democrático, y Alfredo Deluque, apoyado por el presidente electo y proveniente de La U, representan dos modelos para recomponer la hegemonía en la derecha.

El cambio de escenario tras la victoria de De la Espriella no solo debilitó la influencia del Centro Democrático, sino que reavivó viejas heridas de la campaña y aceleró la creación de un nuevo partido: Defensores de la Patria.

El mandatario electo reclama la personería jurídica de este movimiento, tras la contundencia de sus resultados en las urnas. Este avance produjo inquietud en el uribismo, donde advierten que la irrupción de la “nueva derecha” podría desplazar su histórica supremacía legislativa.

Aunque el Centro Democrático se declaró oficialmente partido de gobierno, la reciprocidad por parte del equipo del presidente electo no ha llegado, y las distancias se mantienen. El propio De la Espriella y su círculo han priorizado alianzas con sectores alternativos, como el Partido de La U y figuras claves en el nuevo mapa parlamentario.

Entretanto, el politólogo Gabriel Clavijo señaló a Infobae que, pese a haber obtenido mayorías en las urnas el 21 de junio, el nuevo presidente electo tendrá que apoyarse en sus votantes para presionar el Congreso a cumplir su agenda política, debido a que su campaña se basó en una férrea lucha contra los partidos tradicionales, lo que lo rejaría alejado de posibles alianzas.

“Abelardo de la Espriella es un outsider que se basa más en el golpe de opinión, en el dominio de la imagen personal y en la opinión pública y los votantes de opinión. En ese sentido, Abelardo de la Espriella tendría que apoyarse muchísimo más dentro de la población”, señaló Clavijo.

Entretanto, durante la jornada del 20 de julio, se presentan además movilizaciones sociales encabezadas por Gustavo Petro, que convocó a la ciudadanía a manifestarse en respaldo a las reformas sociales impulsadas por su gobierno y a expresar su posición frente a la inminente transición. Petro, en sus palabras, ha llamado a este acto “un segundo grito de independencia nacional”.

Con la oficialización de resultados del reparto de curules 2026-2030 y la entrega de credenciales que adelanta el Consejo Nacional Electoral, Colombia ya tiene definida la composición del Senado para el próximo cuatrienio y casi cerrada la de la Cámara de Representantes.

El único punto pendiente está en Cundinamarca, donde una disputa puede alterar la última curul de esa circunscripción y afecta al partido Mira.

Para el periodo 2026-2030, el Senado quedó repartido entre 10 partidos y movimientos, más la circunscripción especial indígena y una curul adicional del Estatuto de la Oposición para Iván Cepeda.

En la Cámara habrá 181 curules, más una que se definirá con la segunda fórmula más votada en las presidenciales; salvo Cundinamarca, ya están claros los nombres de los nuevos integrantes, mientras Mira denuncia que podría perder un escaño en ese departamento.

Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral dejó en firme la composición del Senado y autorizó la entrega de credenciales a quienes obtuvieron curul en esa corporación.

Así se reparten las curules en el Senado

El nuevo Senado reunirá representantes de 10 partidos y movimientos, además de la circunscripción especial indígena. El bloque más numeroso será el Pacto Histórico, con 25 curules.

Detrás aparecen el Centro Democrático con 17 escaños y el Partido Liberal con 13. La Alianza por Colombia tendrá 11 y el Partido Conservador, 10.

El Partido de la U ocupará ocho curules, mientras Cambio Radical y Alma tendrán siete. Ahora Colombia alcanzó cinco y el Movimiento Salvación Nacional, cuatro. La circunscripción especial indígena contará con dos asientos.

A ese reparto se suma una curul adicional para Iván Cepeda por el Estatuto de la Oposición. En total, fueron elegidos 103 senadores por voto popular.

Lo que está definido en la Cámara de Representantes

La nueva conformación de la Cámara de Representantes de Colombia para el periodo 2026-2030 revela un panorama político fragmentado, con varias fuerzas tradicionales y coaliciones emergentes compartiendo el escenario legislativo.

El Centro Democrático, Partido Liberal Colombiano, Partido Conservador Colombiano y el Movimiento Político Pacto Histórico concentran la mayoría de los escaños, mientras que alianzas regionales y partidos más pequeños mantienen presencia en departamentos estratégicos.

El Centro Democrático aparece como uno de los partidos con mayor representación, con curules en departamentos como Antioquia, Bogotá, Meta, Magdalena, Santander, Tolima, Valle del Cauca y otros territorios. Le siguen el Partido Liberal Colombiano y el Partido Conservador Colombiano, ambos con una importante presencia nacional.

El Movimiento Político Pacto Histórico destaca por su avance, logrando ocupar curules en zonas clave como Bogotá, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cauca, Cesar, Córdoba, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca, consolidando su posición en la Cámara.

Las coaliciones, como Centro Democrático – Mira, Pacto Histórico – Alianza Verde, Pr1Mero Córdoba, Pacto Verde Por El Tolima y otras, suman escaños en regiones donde la competencia fue cerrada. El Partido Cambio Radical y el Partido De La Unión Por La Gente - Partido De La U también aseguran representación significativa en distintos departamentos.

El recuento de curules por partido, según el listado oficial, es el siguiente:

• Centro Democrático (y coaliciones directas): 21 curules
• Partido Liberal Colombiano: 21 curules
• Partido Conservador Colombiano: 18 curules
• Movimiento Político Pacto Histórico (incluye coaliciones): 21 curules
• Partido Cambio Radical: 8 curules
• Partido De La Unión Por La Gente - Partido De La U (incluye coaliciones): 12 curules
• Partido Alianza Verde: 4 curules
• Coaliciones regionales y partidos minoritarios (incluye Movimiento Salvación Nacional, Avancemos Nariño, Coalición Ahora Colombia, entre otros): 14 curules

Este balance muestra que ninguna fuerza tiene mayoría absoluta, lo que anticipa negociaciones intensas para la aprobación de reformas y proyectos clave en el Congreso.

El caso Mira y la disputa por una curul en Cundinamarca

El partido político Mira enfrenta una batalla legal ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) por la asignación de la última curul de la Cámara en Cundinamarca. Maritza Álvarez, candidata de Mira en fórmula con el Centro Democrático, podría perder su escaño si prospera la ponencia que cuestiona la legalidad de los resultados.

Según Mira, el formulario E-26 —el acta oficial de resultados— confirmaría la curul, pero el partido denunció seis presuntas irregularidades en la ponencia del CNE: desde registros de mesas duplicadas hasta la inclusión de mesas sin solicitud formal y referencias a mesas inexistentes en la División Política Electoral. Además, señalaron la falta de una respuesta de fondo a sus solicitudes de saneamiento.

El presidente de Mira, Manuel Virgüez Piraquive, expresó que “nos quieren quitar la curul que los ciudadanos nos entregaron en las urnas”. Insistió en que “lo que está en juego no es solo una curul, es la confianza de los colombianos en la democracia”.

En caso de que la decisión del CNE le retire el escaño a Mira, la colectividad anticipa la interposición de acciones legales para intentar recuperarlo. Este episodio pone de relieve la complejidad y las disputas que suelen rodear la asignación final de los escaños en el Congreso, a diferencia de las elecciones presidenciales, donde la coincidencia entre preconteo y escrutinio es casi total y rara vez cambian los resultados.

Horas después de que el nuevo presidente electo Abelardo de la Espriella publicara la primera fotografía con la mayor parte del equipo de trabajo, incluidos los ministros ya designados, que harán parte del arranque de su gobierno, las críticas no se han esperar.

De hecho, en el mañana del domingo 19 de julio, la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta fue una de las primeras en rechazar la imagen en la que, al menos un veintenar de personas, replicaron el popular movimiento de la mano sobre la frente que ha usado De la Espriella desde su campaña.

Según comentó la congresista en su cuenta de X, la publicación de la imagen haría parte de un supuesto “espectáculo” del nuevo gobierno y de no una estrategia para dirigir el país.

Además, la legisladora no dudó en recordar el pasado del nuevo presidente y sus supuestos vínculos labores con antiguos líderes paramilitares, a quienes habría defendido a través de su firma.

“¿Qué sienten ustedes al ver esta foto? Yo: Degradación...- El espectáculo bochornoso al que estaremos sometidos, cada vez más peor, más bajo, más asqueante. Antes fuimos dominados por los paramilitares ahora por uno de sus abogados (sic)“, señaló Zuleta en su cuenta de X.

En su publicación, la senadora del Pacto también acusó al nuevo presidente de, supuestamente, burlarse de las Fuerzas Militares del país, al usar símbolos exclusivos de los uniformados e, incluso, irrespetarlos con su proyecto político, según señaló.

“La falta de respeto a las fuerzas militares y de policía, civiles que no conocen el significado de los símbolos y los usan sin escrúpulo alguno, pero sobre todo irrespetan la carrera militar y su simbolismo (sic)”, continuó.

Finalmente, Isabel Zuleta lanzó una serie de cuestionamientos sobre las razones detrás de una supuesta “militarización” del poder Ejecutivo, insinuando que podría tratarse de una estrategia para dar beneficios a grupos al margen de la ley, además de supuestamente favorecer acuerdos con líderes paramilitares aún no concluidos.

“La militarización del poder ejecutivo y de la vida civil quizás para ¿lavar la imagen del origen paramilitar de muchos de los que vemos ahí? o para ¿desconocer las responsabilidades del conductor político que dirigió graves crimenes en contra de la población ejecutados con las armas del Estado como una estrategia para borrar al que pensara difetente? O ¿Para superar la traición que propinaron durante el pésimo acuerdo de paz con las AUC aún pendiente de cerrar, un Acuerdo de Ralito que el país aún no conoce? (sic)“, concluyó Zuleta.

Las críticas se dieron las el segundo consejo de ministros convocado por Abelardo de la Espriella en la ciudad de Barranquilla, con el propósito de ratificar las labores de sus ministros designados para revisar el empalme y definir la agenda legislativa de los próximos meses, a menos de tres semanas del inicio de su Gobierno el 7 de agosto de 2026.

El encuentro se concentró en dos frentes: el estado de la transición entre administraciones y los proyectos prioritarios que el nuevo Ejecutivo espera tramitar. La reunión buscó preparar al gabinete para la puesta en marcha del Gobierno entrante.

A la salida no hubo declaraciones de los ministros y ministras designados sobre lo discutido en el recinto. La única comunicación pública posterior provino del propio mandatario electo, que difundió una fotografía con su equipo y escribió en X: “Ya falta poco para la Patria Milagro. ¡El gabinete del Tigre está Firme por la Patria! (A.D.L.E)”.

El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, explicó ante la prensa que la sesión incluyó una revisión del proceso de transición en curso y de la agenda del Congreso que prepara el nuevo Gobierno. También anticipó que en esa jornada se conocerían las iniciativas consideradas prioritarias.

“Vamos a hacer una revisión de todo el proceso de empalme que se está llevando a cabo esencialmente, y vamos a revisar también la agenda legislativa para los próximos meses. Los proyectos prioritarios los vamos a conocer hoy”, señaló el designado ministro.

Tras varias semanas de investigación conjunta, en la mañana del domingo 19 de julio se conoció sobre la liberación de dos personas que permanecían secuestradas en la ciudad Medellín por una presunta red que, mediante engaños sobre supuestas ofertas laborales, captaba víctimas para obligarlas a generar contenido sexual digital.

Según se conoció, las autoridades lograron la extracción de las personas retenidas tras un operativo en el corregimiento de San Antonio de Prado, en el barrio Las Camelias de la capital de Antioquia.

El caso salió a la luz luego de que la madre de una de las víctimas alertara a las autoridades sobre la privación de la libertad de su hijo. Tras la denuncia, el Gaula Militar, el CTI Gaula Medellín y la Unidad Nacional de Inteligencia Especializada coordinaron acciones para localizar el inmueble y realizar el rescate. El procedimiento concluyó sin reportar lesiones, después de varios días de vigilancia y análisis de inteligencia.

Las víctimas relataron que, tras responder a una oferta laboral falsa, terminaron retenidas desde el 4 de junio en la vivienda señalada. Durante más de un mes, los captores les impidieron salir y los obligaron a producir material sexual para plataformas digitales, bajo amenaza y coacción constante. Según declaraciones posteriores, la falsa promesa de empleo fue el punto de partida del engaño.

Las autoridades confirmaron que la modalidad de captación utilizada se basa en ofertas laborales engañosas que resultan en la privación de libertad y la explotación digital, combinando delitos como el secuestro y la trata de personas.

La investigación identificó a los presuntos responsables como miembros del grupo de delincuencia común organizada La Oculta, estructura que, de acuerdo con la información oficial, estaría vinculada al grupo delincuencial organizado El Limonar.

Los investigadores sostienen que la red emplea el engaño para captar víctimas y luego las obliga a generar contenido sexual, obteniendo así beneficios económicos mediante la explotación en plataformas digitales.

La hipótesis principal es que estos grupos utilizan la restricción de la libertad y la explotación sexual de manera sistemática, aprovechando la vulnerabilidad de quienes buscan empleo.

Entretanto, la recolección de pruebas quedó en manos del CTI Gaula Medellín, que continuará indagando para establecer las responsabilidades penales de los presuntos responsables y verificar si existen otras personas afectadas por el mismo mecanismo de captación.

Asimismo, las autoridades recomiendan extremar las precauciones ante ofertas laborales no verificadas y reportar cualquier situación sospechosa, ya que la modalidad de engaño detectada en este caso podría estar operando en otras zonas de la ciudad y del país.

La Policía deja a disposición de la Fiscalía a una mujer por maltrato animal en Medellín

Un perro llamado Rossy murió en el corregimiento San Antonio de Prado de Medellín después de que una mujer de 39 años lo arrojara desde un cuarto piso durante una discusión familiar. La señalada responsable quedó bajo custodia policial por maltrato animal.

Tras el llamado de vecinos a la línea 123, acudió la Policía Ambiental y, al constatar lo ocurrido, realizó la captura y dejó el caso en manos de las autoridades, según el coronel Jorge Puentes, comandante del Distrito 5 de la Policía Metropolitana.

Puentes indicó que la agresión se produjo en medio de un episodio que habría escalado desde una situación de violencia intrafamiliar. De acuerdo con su versión, la mujer tomó al canino y lo lanzó por el balcón, lo que le causó la muerte de forma instantánea por los golpes.

“La mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de maltrato animal. El Grupo de Carabineros y Protección Ambiental coordinó las actuaciones correspondientes para la inspección técnica y la recolección de los elementos materiales probatorios que hacen parte del proceso investigativo”, señaló el coronel Puentes.

A la procesada se le aplicarían sanciones bajo la Ley Ángel (ley 2455 de 2025), que contempla una pena superior a tres años de cárcel y multas de hasta 60 salarios mínimos mensuales, equivalentes a 105 millones de pesos, además de restricciones para tener animales y medidas para que las condenas no sean excarcelables.

Según la Policía Nacional, en 2026 se han denunciado 77 casos de maltrato animal en Antioquia. Del total, 30 ocurrieron en Medellín, mientras que en 2025, a la fecha, se reportaban 68 casos.

En medio de las fuertes críticas del gobierno entrante del presidente electo Abelardo de la Espriella, el exjefe de Estado Juan Manuel Santos, uno de los principales propulsores del Acuerdo de Paz de la Habana, dejó claro su respaldo a la firma y su disposición a dialogar con el presidente electo Abelardo de la Espriella.

Y es que las recientes declaraciones del nuevo mandatario han dejado sobre la mesa la posibilidad de revertir lo pactado en La Habana en el 2016, por lo que el expresidente Santos sostuvo que cualquier intento de modificar el acuerdo es inviable.

“Cambiar o echar para atrás el acuerdo implica una reforma constitucional que en este momento es prácticamente imposible. Además, Colombia está comprometida con el mundo a cumplir con este acuerdo que la comunidad internacional ha venido siguiendo y apoyando. No hacerlo sería totalmente contraproducente desde el punto de vista de la política internacional.Como si fuera poco, se cometería el delito de perfidia que se configura cuando los estados no cumplen con sus promesas y tratados”, señaló Santos en una entrevista concedida a la revista Cambio.

Además, el exmandatario señaló que deshacer el acuerdo requeriría una reforma constitucional de alta complejidad, prácticamente imposible de lograr en el actual escenario político.

Santos consideró que la estrategia más prudente para el gobierno entrante no es embarcarse en una confrontación sobre el acuerdo, sino concentrarse en su implementación.

“Le saldría muy caro embarcarse en una pelea perdida en el Congreso para acabar el acuerdo, cuando el país necesita que su presidente y su gobierno se concentren en resolver unos problemas muy serios que encontrarán”, afirmó.

Para el expresidente, el acuerdo representa una oportunidad de encuentro nacional y su correcta aplicación podría resolver muchos de los problemas actuales de Colombia, pese a la fuerte crisis de orden público que se vive en buena parte del territorio.

Santos también respondió a las críticas sobre la legitimidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la supuesta traición a la voluntad popular tras el plebiscito. Santos detalló el proceso de renegociación que siguió a la derrota del “Sí” en el referendo, asegurando que la mayoría de las exigencias del sector contrario fueron incluidas en el nuevo texto.

“Ese nuevo acuerdo tenía el apoyo de todo el mundo, porque los del No participaron en la renegociación”, explicó a Cambio, rechazando la idea de que se hubiese desconocido el resultado del plebiscito.

Según Santos, una eventual reforma constitucional para eliminar la JEP y otros componentes del acuerdo no tiene viabilidad en el Congreso, donde no existen las mayorías requeridas. Incluso, el exmandatario aseguró que si se intentara asfixiar presupuestalmente a la JEP, el gobierno enfrentaría obstáculos legales y políticos.

“No vale la pena comprar esa pelea por un capricho político. Ojala que el presidente electo escuche y reciba al presidente de la JEP para que le explique por qué la jurisdicción sí está funcionando. Aquí no hay impunidad para las Farc. Todo lo contrario”, señaló Santos a Cambio.

Perspectivas sobre la seguridad y el legado de la paz

En su análisis sobre los problemas de seguridad, Juan Manuel Santos criticó la falta de políticas efectivas en los gobiernos que lo sucedieron y resaltó la importancia de combinar la implementación del acuerdo con una política de seguridad sólida.

El expresidente recordó que los años posteriores a la firma de la paz fueron los más tranquilos en décadas y que una recuperación de la inteligencia estatal, junto a la presencia activa del Estado en los territorios, es clave para enfrentar a los grupos armados ilegales.

Al referirse a la situación actual, Santos identificó la expansión de bandas criminales y el control territorial de organizaciones como el ELN, y abogó por recuperar la confianza de las comunidades y fortalecer los mecanismos de inteligencia.

Relató que durante su gobierno se logró desarmar a las Farc y que la doctrina militar priorizó la desmovilización y captura sobre el conteo de bajas, lo que trajo resultados positivos en derechos humanos y operativos.

Entretanto, Juan Manuel Santos reiteró su disposición a conversar con De la Espriella, como ya lo hizo en el pasado con otros líderes políticos, Entre otras, por la obligación que, dice, tienen los expresidentes de contribuir con experiencia y búsqueda de consensos.

De hecho, el exmandatario aseguró que ha intentado mantener diálogos con el líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe, pero solo ha recibido negativas de su antecesor.

“Como he estado dispuesto a sentarme con Uribe durante estos últimos 15 años. Se lo he propuesto muchísimas veces pero él no ha querido. Yo creo en el diálogo y estoy convencido de que los expresidentes tenemos la obligación de sentarnos a tratar de ayudar al país, a usar nuestra experiencia y contactos para resolver los problemas. Antes de ser petrista, uribista o abelardista, soy expresidente de Colombia. Si me convoca a la Comisión de Relaciones Exteriores para que opine, con mucho gusto asistiré”, seañaló el exmandatario en diálogo con Cambio.

El expresidente también abordó temas como la legitimidad de la JEP, la política antidrogas y los riesgos de priorizar la confrontación política sobre la construcción de consensos. Insistió en que la experiencia demuestra que una política de mano dura contra las drogas no ha dado resultados y que se requiere una estrategia integral y coordinada con la comunidad internacional.

En la entrevista con Cambio, Santos defendió el papel de las Fuerzas Armadas, resaltó la importancia de mantenerlas fuera del debate político y advirtió sobre los riesgos de repetir políticas que prioricen resultados numéricos en operaciones militares.

En su visión, el futuro del país depende de la capacidad de sus líderes para dialogar, implementar lo acordado y evitar que el pasado siga siendo un obstáculo para la reconciliación nacional.

Momentos de tensión se vivieron en el occidente de Bogotá, después de que un hombre desatara un intercambio de disparos cerca de la Terminal de Transporte Salitre tras un operativo de la Policía Nacional que terminó con la captura del sujeto que fingía ser agente.

Según información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, la acción se produjo en la tarde del viernes 17 de julio luego de que varios ciudadanos alertaran sobre la presencia de individuos armados que intimidaban a los ocupantes de un vehículo en inmediaciones del terminal.

Tras las denuncias, la patrulla asignada llegó al sitio y detectó a cuatro hombres en dos motocicletas, todos con gorras que simulaban los distintivos oficiales de la institución policial. Al percatarse de la llegada de los uniformados, los sospechosos intentaron escapar, lo que desencadenó una persecución armada por la zona.

“Gracias a la oportuna reacción de nuestros uniformados, atendimos un llamado en inmediaciones del terminal de transporte Salitre, donde varias personas armadas intimidaron a los ocupantes de un vehículo. Al llegar al lugar, los sospechosos, quienes se movilizaban en dos motocicletas y portaban prendas con distintivos de la Policía Nacional, emprendieron la huida”, señaló la teniente coronel Adriana Ruiz, comandante de la Estación de Policía Terminal.

Durante la huida, una de las motocicletas impactó contra un vehículo, hecho que facilitó la detención de uno de los implicados. Los agentes incautaron en el lugar un revólver calibre 22 con munición y constataron que la motocicleta en la que se movilizaba el capturado tenía un reporte vigente por hurto.

Las autoridades establecieron que los implicados usaron prendas alusivas a la Sijín (Seccional de Investigación Judicial) para engañar y atemorizar a sus víctimas, según informó la Policía Nacional.

El ciudadano aprehendido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto, porte ilegal de armas de fuego y receptación. Además, se confirmó que cuenta con antecedentes por hurto y otros delitos.

La Policía Nacional reiteró que mantiene acciones de registro y control para prevenir delitos que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana en Bogotá. La institución invitó a la comunidad a reportar cualquier situación sospechosa a través de la línea 123, recordando la importancia de la denuncia oportuna para combatir la delincuencia en la capital.

“El capturado y los elementos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto, porte ilegal de armas de fuego y receptación. Continuaremos adelantando acciones contundentes contra la delincuencia e invitamos a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad a través de la línea uno dos tres”, concluyó la comandante.

Bogotá aumentará pie de fuerza por desfile del 20 de julio

El sur de Bogotá se prepara para recibir a miles de asistentes en el tradicional desfile militar y policial del 20 de julio, una jornada que estará presidida por un amplio operativo de seguridad. Este despliegue responde a la conmemoración de los 216 años del Grito de Independencia, que este año tendrá como epicentro la avenida Villavicencio.

Más de 3.000 policías custodiarán el evento, según anunció la Policía Nacional. El recorrido contemplado abarca 2,3 kilómetros, desde la transversal 70C hasta la carrera 23C, atravesando sectores de Tunjuelito y Ciudad Bolívar. Las autoridades esperan una alta concurrencia y han dispuesto vigilancia reforzada a lo largo de toda la ruta.

Un total de 800 uniformados estarán apostados estratégicamente en el recorrido principal. Su labor será responder ante cualquier eventualidad y acompañar el desarrollo del evento, garantizando la seguridad de los asistentes.

Alrededor del desfile, 1.640 policías de distintas especialidades conformarán 21 cuadrantes de seguridad. Estas unidades reforzarán la vigilancia sobre los barrios aledaños, controlarán los accesos y mantendrán presencia constante antes, durante y después del acto.

Uno de los puntos considerados más sensibles es el entorno del río Tunjuelo. Allí, comandos Jungla y otras capacidades especializadas desplegarán cerca de 536 uniformados para labores de control y vigilancia, cubriendo desde el inicio hasta el final del trayecto.

A un día de que se instale el nuevo Congreso de la República, el ministro de Trabajo saliente, Antonio Sanguino, anunció la radicación masiva de proyectos de ley que, según indicó, buscan continuar con el legado del presidente Gustavo Petro.

Según señaló el jefe de cartera, el lunes 20 de julio serán radicados en total seis iniciativas que buscarían transformar el panorama laboral en el país.

“¡Hasta el último minuto Con Dignidad Cumplimos! Por instrucción del Presidente Gustavo Petro este 20 de julio en la instalación del nuevo Congreso de la República y en los días siguientes, dejaremos radicados desde Ministerio de Trabajo los siguientes proyectos de ley que seguirán garantizando trabajo digno para el pueblo trabajador de Colombia“, señaló Sanguino en su cuenta de X.

Entre las prioridades, el Ministerio presentará un Estatuto del Trabajo y Salario Vital. Según indicó el ministro, el proyecto pretende otorgar rango de ley al método de cálculo del salario mínimo, de modo que garantice la cobertura de necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud, educación y transporte para los trabajadores y sus familias.

La cartera laboral también impulsará una reforma en la composición de las juntas de calificación de invalidez, con el objetivo de mejorar los procesos de certificación y derechos de los empleados afectados por incapacidades.

Otra iniciativa contempla la actualización del sistema sancionatorio de la Superintendencia de Subsidio Familiar. El ajuste buscaría fortalecer los mecanismos de vigilancia y control sobre el cumplimiento de los subsidios, según lo planteó el ministro.

En cuanto a compromisos internacionales, se radicará la ratificación de convenios de la OIT. Entre ellos destacan el MLC, que protege los derechos de quienes trabajan en actividades marítimas, y el convenio 187, enfocado en la seguridad y salud en el trabajo.

El ministro Sanguino explicó que una de las propuestas más actuales será la adopción del Convenio 193, el cual regula el trabajo digno en plataformas digitales, una modalidad que ha crecido en Colombia en los últimos años.

El paquete legislativo incluye un proyecto sobre jornal y contrato agrario. La intención sería formalizar el trabajo en el campo y garantizar condiciones laborales decentes para los trabajadores rurales, en línea con las metas del Gobierno en materia de equidad y desarrollo rural.

Al detallar estos anuncios, el ministro reafirmó la decisión presidencial de avanzar hasta el último día del actual periodo de Gobierno con iniciativas centradas en la dignidad laboral.

La cartera de Trabajo aseguró que acompañará a los miembros de la Alianza Por La Vida y a los sectores laborales en el trámite de estas propuestas, buscando ampliar los derechos y la protección para los trabajadores colombianos.

“Estaremos acompañando a nuestros Congresistas de la Alianza Por La Vida y al pueblo trabajador en el trámite de estas iniciativas que prometen más derechos y más dignidad”, comentó el ministro.

Antonio Sanguino celebró fallo del Consejo de Estado sobre el salario mínimo

Apenas el 17 de julio, el ministro de Trabajo Antonio Sanguino celebró el fallo del Consejo de Estado que ratificó la legalidad del aumento del salario mínimo para 2026 y sostuvo que la decisión respalda la apuesta del Gobierno de Gustavo Petro por consolidar un salario vital, al tiempo que advirtió al próximo Ejecutivo que no revierta una medida que, según dijo, ya constituye una conquista de los trabajadores.

Durante su visita a Barranquilla, el funcionario afirmó que el salario mínimo se mantiene en dos millones de pesos y señaló el incremento del 23% como un paso para convertir el ingreso básico en un salario vital y móvil, en cumplimiento del artículo 53 de la Constitución Nacional.

Sanguino sostuvo que la suspensión previa del decreto expedido en diciembre de 2025 para la vigencia 2026 había provocado una controversia innecesaria y que el fallo la corrigió. También envió un mensaje directo a la clase trabajadora: el aumento no será alterado.

“Los trabajadores de Colombia deben saber que no se altera su incremento salarial vital es uno de los grandes legados del presidente Gustavo Petro”, afirmó el ministro.

Según la información conocida hasta el momento, la intervención militar se centró en el corregimiento de La Mata, donde los uniformados localizaron un vehículo adaptado para lanzar artefactos explosivos.

La inspección preliminar arrojó que el automotor tipo furgón contenía un total de 14 mecanismos de lanzamiento o cañones, presuntamente preparado por miembros de la Estructura Camilo Torres del Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo que motivó la activación inmediata de los protocolos de seguridad.

Según la información oficial, los presuntos responsables abandonaron el vehículo tras advertir la presencia de militares en la zona.

Sin embargo, la rápida reacción de las fuerzas desplegadas evitó que los dispositivos fueran lanzados e incluyó la movilización de especialistas del Equipo de Explosivos y Demoliciones (Exde) y del Grupo Marte, que inspeccionaron el área y realizaron una detonación controlada. El resultado fue la neutralización total de la amenaza, sin que se reportaran daños materiales ni víctimas.

Esta operación permitió frustrar un intento de atentado que, de haberse concretado, habría puesto en riesgo la vida de soldados y residentes cercanos a la unidad militar. La acción, según la Décima Brigada, constituyó una respuesta efectiva ante una infracción grave al derecho internacional humanitario.

La institución militar enfatizó que este tipo de ataques representa una amenaza continua para la seguridad de las comunidades locales. “Estas acciones constituyen una grave infracción al derecho internacional humanitario y representan una amenaza para la seguridad de las comunidades del departamento”, manifestó la brigada en un comunicado.

El Ejército Nacional reiteró su compromiso de mantener operaciones constantes para debilitar la capacidad organizativa de los grupos armados ilegales y garantizar la protección de los habitantes del Cesar.

Apenas un día atrás, las autoridades también denunciaron la presencia de otro vehículo de carga modificado para lanzar artefactos explosivos en el municipio de Tame, Arauca. Según informaron las autoridades, la volqueta fue abandonada frente a la Institución Educativa Indígena Guahíbo Betoy en el centro poblado Betoyes.

Sin embargo, el hecho causó indignación después de que Caracol Radio revelara imágenes en las que se observaban a varios niños jugando alrededor del automotor. Según las revelaciones, serían al menos nueve niños los que se vieron corriendo y pasando a pocos metros del vehículo.

Según el Ejército Nacional, el automotor estaba cargado con cilindros bomba y fue intervenido por soldados del Grupo Marte de la Décima Octava Brigada, especialistas en explosivos. Las autoridades acordonaron el área y el procedimiento de neutralización terminó con los artefactos desactivados, sin personas heridas.

La institución castrense atribuyó el hecho a integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y reportó que la misma volqueta habría sido usada poco antes en un atentado contra la estación de Policía del municipio, ataque que dejó dos uniformados y un civil muertos.

El atentado ocurrió en la tarde del martes 14 de julio, cuando desconocidos lanzaron artefactos explosivos contra la subestación de Policía de Betoyes, en zona rural del municipio de Tame.

En su momento, los heridos fueron trasladados a centros asistenciales cercanos, mientras las autoridades intentaban confirmar la identidad de los responsables y evaluar el alcance del ataque.

Solo unas horas antes del ataque en Betoyes, personal de la Fuerza de Despliegue Rápido N°8 ubicó en un área boscosa de Puerto Rondón 16 rampas de lanzamiento artesanales y 120 kilos de explosivos. El operativo se desarrolló mientras seguían la pista de un arsenal atribuido al Frente Domingo Laín del ELN.

Voceros de la Octava División del Ejército Nacional confirmaron que los medios de lanzamiento estaban “acondicionados y listos” para su uso. Según esa unidad militar, esas rampas suelen instalarse en vehículos o en zonas elevadas para impulsar cilindros bomba y morteros contra bases militares y estaciones de policía.

El Ejército también investiga si el material incautado estaba destinado a nuevos ataques contra unidades de la fuerza pública en Arauca. Ese método ya había sido usado en septiembre de 2024, cuando un ataque impactó el Batallón de Artillería de Campaña N.° 18 en Puerto Jordán y golpeó el proceso de paz con el ELN.

En medio de la fuerte disputa que se ha desatado en el nuevo Congreso de la República para llegar a la Presidencia del Senado, el favorito del electo presidente Abelardo de la Espriella estaría al frente de la contienda por ser el primero en ocupar la dirección durante el nuevo mandato.

Y es que dicho favoritismo del nuevo mandatario se podría explicar por su relación de vieja data con el senador, pues ambos se conocieron cuando estudiaban Derecho y ese vínculo hoy pesa en una disputa clave en el Capitolio.

Deluque y De la Espriella mantienen una relación de casi tres décadas que, según el entorno del presidente electo consultado por la revista Cambio, influiría en la aspiración del senador del Partido de la U a la presidencia del Senado.

Ese respaldo también se conectaría con el apoyo temprano de Deluque a la candidatura de De la Espriella, pese a que la mayoría de su colectividad se inclinaba por Paloma Valencia, del Centro Democrático.

Alfredo Deluque nació en Bogotá y creció en Riohacha. Su ascenso nacional se relaciona con esa cercanía con De la Espriella y con el peso de su apellido en La Guajira.

Periodistas y dirigentes políticos de La Guajira consultados por la revista coinciden en que la relación entre ambos no nació con la campaña presidencial. La amistad, según esa versión, se habría forjado entre estudios de Derecho, política y parrandas vallenatas.

Cuando la mayoría del Partido de la U se inclinaba por Paloma Valencia, Deluque apoyó desde el comienzo a De la Espriella. En el entorno del presidente electo consideran que esa lealtad hoy cuenta a su favor y le atribuyen parte de los más de 126.000 votos que recibió en la segunda vuelta.

La estructura política que sostiene a Deluque en La Guajira

El senador llegó a la vida pública con el impulso de una maquinaria conocida primero como Nueva Guajira. Ese entramado lo encabezaron su padre, Hernando Deluque exgobernador del departamento entre 1992 y 1994, y el exgobernador Jorge Eduardo Pérez Bernier.

La trayectoria de Hernando Deluque quedó grabada por decisiones judiciales. El Consejo de Estado anuló su llegada a la Gobernación por fraude electoral y la Corte Suprema lo condenó por irregularidades en contratación pública.

Con los años, Deluque dejó de depender solo de ese legado y construyó un liderazgo propio. La estructura que hoy encabeza, conocida en el departamento como Nueva Fuerza Guajira, mantuvo el control de la Gobernación con la elección de su primo Jairo Alfonso Aguilar Deluque.

Antes, ese mismo grupo había llevado al poder a Nemesio Roys, aunque el Consejo de Estado también anuló esa elección por doble militancia.

Como otros dirigentes con carrera en La Guajira, Deluque también afrontó cuestionamientos por su presunta cercanía con contratistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) investigados por irregularidades en el departamento. El congresista ha rechazado esas acusaciones desde su curul.

La red política alrededor del senador también conecta con Carlos Suárez, una figura influyente del círculo de De la Espriella. La firma Estrategia y Poder, de la que Suárez es sociofundador, recibió 83,3 millones de la campaña del hoy senador por publicidad y asesoría política.

La trayectoria legislativa de Deluque y su ascenso en el Congreso

Antes de competir en elecciones, Deluque trabajó como presidente del Gremio de Televisión por Suscripción y Satelital. Ese paso le permitió conocer el funcionamiento interno del Congreso antes de lanzarse a la Cámara de Representantes por La Guajira.

En 2010 consiguió una curul con el Partido de la U y obtuvo la votación más alta de su departamento. Desde entonces completa cuatro periodos consecutivos en el Congreso y figura entre los cuatro congresistas activos con mayor permanencia en el Legislativo.

Su caudal electoral también creció con el tiempo. Pasó de 24.453 votos en 2010 a más de 113.000 en su elección más reciente.

Durante sus 16 años de actividad legislativa presentó como autor o coautor cerca de 150 proyectos de ley. Además, presidió la Cámara de Representantes en la legislatura 2015-2016 y la Comisión Primera entre 2020 y 2021.

En sus primeros años impulsó iniciativas sobre cabildeo, telecomunicaciones, pesca y la edad de retiro forzoso de los magistrados de las altas cortes. También promovió proyectos ligados a su departamento, como el reconocimiento de Riohacha como Distrito Especial Turístico y Cultural y otro para honrar a Rafael Escalona.

Según un informe de la revista Cambio, entre 2014 y 2018 promovió cerca de 40 iniciativas. Entre ellas figuró una propuesta para instaurar el voto obligatorio y castigar a los abstencionistas con servicios comunitarios o con la imposibilidad de tramitar documentos estatales durante un año.

En esa etapa también firmó proyectos sobre eutanasia y suicidio asistido. Ya en su último periodo en la Cámara respaldó debates sobre cannabis para uso recreativo, voto virtual y un banco nacional de datos genéticos para rastrear delitos violentos.

Tras llegar al Senado firmó o acompañó más de 35 proyectos desde la bancada del Partido de la U. Una de sus apuestas del último cuatrienio fue la llamada ley anti-clanes políticos, que buscaba impedir que familiares de alcaldes y gobernadores en ejercicio aspiraran de forma simultánea al Congreso.

Un análisis de la firma Orza lo ubicó como el congresista que más proyectos de autoría propia logró aprobar entre 2018 y 2022, con 11 iniciativas. Entre ellas aparecen normas sobre las Salinas Marítimas de Manaure, la estampilla prohospitales públicos de La Guajira, los 500 años de Dibulla y el Servicio Social Pdet.

Las críticas por sus votos a favor de reformas del gobierno Petro

La aspiración de Deluque a la presidencia del Senado reactivó los cuestionamientos del Centro Democrático sobre su conducta legislativa durante el gobierno de Gustavo Petro. Desde esa colectividad cuestionan que el principal candidato de De la Espriella respaldara varias de las reformas más importantes del anterior Ejecutivo.

Durante ese periodo acompañó la primera reforma tributaria, el Plan Nacional de Desarrollo y las reformas política, agraria y a la educación. Ese historial sirve hoy de base para la candidatura de Honorio Henríquez a la presidencia del Senado.

“Ese sí fue un opositor de pura cepa”, sostienen desde las filas del Centro Democrático sobre Henríquez. Los reproches a Deluque también incluyen su voto favorable a la regulación del cannabis para uso adulto y a la creación de la jurisdicción agraria.

El episodio que más le cuestionan sus críticos fue su respaldo a la ley de Paz Total en los cuatro debates que surtió en el Congreso. “Yo soy un opositor racional. Voté para que el Gobierno pudiera iniciar trámites de paz porque soy un hombre de paz, pero también de firmeza. Cuando la paz no funciona, hay que combatir la delincuencia”, señaló el senador a Cambio.

La decisión del Juzgado 22 Penal del Circuito de Conocimiento de Antioquia de anular la imputación de cargos que la Fiscalía formuló contra el exalcalde de Medellín y hoy superintendente de Salud, Daniel Quintero, por el caso Aguas Vivas, sigue dejando fuertes cruces de mensajes con la actual administración de la ciudad.

Y es que la acusación por peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción quedó sin efecto y, ahora, obliga al ente acusador a corregir fallas que, según la jueza, afectaron el derecho a la defensa y el debido proceso.

Sin embargo, pese a la celebración que ha hecho el hoy superintendente, desde la alcaldía de Federico Gutiérrez insisten en que la decisión temporal de la jueza no significa una victoria para Quintero.

De hecho, en medio de una entrevista concedida a El Colombiano, Sebastián Gómez, secretario general de la Alcaldía de Medellín, señaló que el caso Aguas Vivas sigue abierto y la nulidad procesal parcial decretada no equivale a una absolución ni al cierre del expediente contra Daniel Quintero.

Incluso, el funcionario aseguró que la apelación de la Alcaldía y la Fiscalía se resolverá el 6 de agosto en el Tribunal Superior de Medellín y podría terminar en un nuevo llamado al estrado para el exalcalde de Medellín.

“Es imposible, como dicen ellos, que exista una sentencia absolutoria hoy, porque, en derecho, solo hay una sentencia cuando ya se practican pruebas. Y como no lo han permitido, no la hay. Para nosotros, aquí se está creando una cortina de humo por lo que viene el 3 de agosto”, señaló Gómez al diario nacional.

La fecha a la que se refiere el actual funcionario es en la que el Consejo Superior de la Judicatura fijó para imputar cargos al hermano de Daniel Quintero, Miguel Quintero Calle, por la presunta adjudicación irregular de contratos entre la Alcaldía y Bomberos de Medellín.

“Como víctima, y conociendo muchos otros casos en los que el exalcalde Quintero y otras personas de su administración están relacionadas –donde ya hay 55 imputados y hasta principios de oportunidad, porque ya confesaron todo sobre la estructura que se creó en Medellín– y lo que viene frente a su hermano (Miguel Quintero), su socio y otras dos personas; la lectura es que aquí se está creando una cortina de humo para distraer la atención de ese proceso del carrusel de contratos del Área Metropolitana durante la administración de él", señaló Gómez.

Entretanto, el Distrito de Medellín prepara una matriz argumentativa para la apelación ante el Tribunal Superior, con el objetivo de demostrar que la imputación fue legal y suficientemente clara.

“Estamos preparando toda una matriz para apelar y explicarles al Tribunal y a los tres magistrados que les corresponde este caso, por qué razón consideramos que la imputación fue completamente legal, clara y contundente. Y que lo que se debe hacer es permitir que continúe el proceso y vayan a juicio. Que respondan y no dilaten más el proceso. Esa es nuestra estrategia”, señaló Gómez a El Colombiano.

Gómez aseguró que, si el fallo confirma la necesidad de corregir detalles formales, la Fiscalía podrá subsanar esos aspectos y el caso seguirá su curso. “Que la Fiscalía subsane y seguimos el proceso. Eso por una razón: las pruebas siguen vigentes, las 4.000 pruebas documentales están ahí”, indicó.

Ante las acusaciones de persecución política atribuidas por Quintero a la administración actual, Gómez fue enfático en señalar que el decreto con el que se modificó el uso de suelos del predio provino de la gestión de Quintero.

Además, el secretario general señaló que este fue el único lote, entre muchos recibidos, por el que se intentó realizar un millonario pago y cuya devolución se frenó judicialmente antes de revertirse la decisión y cambiar el uso del suelo mediante decreto.

“De ninguna manera. El decreto que Daniel Quintero firmó y con el que modificó el uso de suelos del Ecoparque de Las Palmas, existe. En qué administración del país, un alcalde llega e inmediatamente –de muchos lotes que ha recibido– este es el único por el que se le ocurrió pagar $43.000 millones. Y la justicia se lo frenó y luego lo devolvió“, comentó al diario nacional.

La reciente exposición pública que ha adoptado el represante electo Daniel Briceño sigue generando malestar al interior de su propio partido, especialmente, después de que revelara el presunto ‘descuido’ de su partido para agilizar la elección del presidente de la Cámara de Representantes a la pensaba postularse, según dijo, por preferencia del nuevo presidente Abelardo de la Espriella.

Dichos comentarios despertaron el malestar del concejal de Medellín Andrés ‘Gury’ Rodríguez que, a través de su cuenta de X, tildó al nuevo congresista de caprichoso y de ser el responsable de las malas percepciones del país sobre el Centro Democrático.

“Bueno, yo ya me harté de que nos sigan tirando mierda por seguirle los caprichos a un culicagado que se cree dueño del partido. Si quieren pelea, pues peliamos. ¿Cómo fue?“, señaló el cabildante.

Y es que el nuevo congresista electo desató revuelo después de que advirtiera que la presidencia de la Cámara de Representantes podría quedar bajo control político de Gustavo Petro, un escenario que, a su juicio, abriría la puerta a una corporación “de bloqueo” para el gobierno entrante desde su primer año.

En una entrevista concedida a la revista Semana, el congresista sostuvo que la disputa interna de su partido por la presidencia del Senado dejó sin impulso su aspiración a la Cámara y permitió que el petrismo avanzara en esa negociación.

Briceño vinculó esa alerta con la conformación de la mesa directiva. Según explicó al medio, la presidencia quedaría en manos de sectores conservadores alineados con el petrismo, mientras se busca ubicar una curul de paz en la primera vicepresidencia y la segunda vicepresidencia, dijo, le corresponde por ley al Pacto Histórico.

El congresista señaló de forma directa a los “conservadores petristas” liderados por Ape Cuello. Su tesis es que esa combinación terminaría por dejarle a Petro el control de la Cámara, aun si la presidencia formal recae en otro partido.

La puja por el Senado congeló la candidatura de Briceño a la Cámara

Briceño explicó que el Centro Democrático decidió concentrar su esfuerzo en la presidencia del Senado y que esa determinación hizo inviable activar su campaña para la Cámara. En su relato, el partido partió de un cálculo político: no podía disputar al mismo tiempo las dos presidencias del Congreso.

Citado por Semana, afirmó que esa fue la razón por la que su candidatura quedó congelada. Añadió que la colectividad defendió su aspiración al Senado con el argumento de que tiene 17 integrantes, frente a los nueve del partido de Alfredo Deluque, y que además ha ejercido la oposición, a diferencia de La U.

Briceño sostuvo que Deluque es cercano al presidente entrante, aunque aclaró que no extiende esa valoración a todo el partido. Bajo esa lógica, dijo, el Centro Democrático optó por privilegiar la batalla por el Senado y renunció a competir por la presidencia de la Cámara.

Consultado sobre si esa estrategia fue un error, respondió que no puede afirmarlo todavía porque la puja sigue abierta. Aun así, dejó planteada una condición concreta: si su partido termina perdiendo ambas presidencias, entonces sí habría que replantear la estrategia y considerar que la decisión fue equivocada.

Briceño dice que una Cámara dirigida por el petrismo sería un problema para el nuevo gobierno

Aunque manifestó que respeta la decisión de su partido, Briceño insistió en que el riesgo político en la Cámara es real. Dijo que no esperaba que una aspiración personal obligara a toda la colectividad a reorganizarse detrás de su nombre, pero remarcó que el avance del petrismo en esa corporación debe ser denunciado.

El representante electo también se refirió al respaldo del expresidente Álvaro Uribe a esa lectura. Ante la pregunta de por qué, si Uribe comparte la advertencia, el partido actuó de otra manera, respondió que mientras la colectividad apostaba por el Senado, sus rivales “se acomodaron” en la Cámara.

En esa misma entrevista, el congresista resumió su preocupación con una advertencia política sobre la gobernabilidad. “Pilas, que se nos va a quedar el petrismo dirigiendo en la Cámara, y eso va a ser un problema para el Gobierno entrante, porque vamos a tener una Cámara de bloqueo y no creo que en el primer año alguien quiera tener una corporación tan importante como la Cámara, bloqueada”.

La advertencia del presidente saliente Gustavo Petro sacudió al bloque del Pacto Histórico en un momento clave para la coalición. A solo días de dejar la Presidencia, el jefe de Estado saliente utilizó su cuenta de X para alertar sobre una inminente “agresión” a la estabilidad jurídica de la alianza, asegurando que convocará a reuniones e impartirá instrucciones a la bancada para enfrentar los desafíos legales que se avecinan.

Petro expresó que la bancada será objeto de nuevos ataques a su base legal y anticipó medidas inmediatas por parte para proteger el que ahora sería el partido de oposición al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella.

“Le.indico a la bancada del.Pacto que va ser agredidos en su estabilidad jurídica de nuevo, que tendré reunión con sus compromisos e impartiré instrucciones que espero sean catadas sobre los días por venir (sic)”, declaró el mandatario saliente en su cuenta de X.

El origen de la alerta presidencial radica en dos demandas aceptadas por el Consejo de Estado. Los recursos, presentados por el estudiante de Derecho Samuel Ortiz y revelados por la revista Semana, apuntan directamente al proceso que permitió la incorporación del movimiento Colombia Humana dentro de la coalición Pacto Histórico.

El primer recurso, admitido el 6 de julio por el magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil, busca anular la Resolución 11232 del 4 de diciembre de 2025. Esta resolución, emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), autorizó la reforma estatutaria que formalizó la adhesión de Colombia Humana al Pacto Histórico.

El demandante alega que la asamblea extraordinaria que aprobó la modificación fue convocada por un órgano carente de legitimidad y atribuciones dentro de la estructura partidaria.

“Admitir la demanda presentada por Samuel Alejandro Ortiz Mancipe con la cual pide anularla Resolución 11232 de 4 de diciembre de 2025 «por medio de la cual esta Corporación ordena el REGISTRO de la modificación estatutaria contenida en el acta de asamblea extraordinaria del Movimiento Político Colombia Humana llevada a cabo el día veintiuno (21) de septiembre de dos mil veinticinco (2025), bajo radicado CNE-E-DG-2025-027756», proferida por el Consejo Nacional Electoral”, señala el fallo.

El segundo recurso, admitido al día siguiente, solicita la nulidad de las resoluciones 1299 y 1629, también del CNE, que avalaron la fusión por absorción del Movimiento Colombia Humana al Pacto Histórico.

Según Ortiz, estos actos administrativos fueron expedidos con infracción de normas superiores y sin una motivación adecuada, ya que primero se aprobó la absorción y luego se rechazaron los recursos de reposición presentados ante el primer acto.

“La Asamblea Nacional Extraordinaria que aprobó la reforma del artículo 72 de los estatutos y, luego, ratificó la fusión fue convocada por la denominada Dirección Nacional del Poder Popular Constituyente, instancia que no estaba prevista en la estructura orgánica de Colombia Humana ni tenía competencia para citar al máximo órgano de dirección”, señaló el joven en su demanda.

En síntesis, las demandas aceptadas ponen bajo revisión la legalidad de los actos que consolidaron la unión entre Colombia Humana y el Pacto Histórico. El Consejo de Estado deberá determinar si se incumplieron los estatutos internos y si la coalición conserva su personería jurídica.

Mientras tanto, la bancada queda a la expectativa de las instrucciones de su máximo líder, en un escenario cargado de incertidumbre política y jurídica.

Entretanto, las críticas siguen centradas en el senador de la República Iván Cepeda y su anterior fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, que aceptaron sus credenciales como congresistas de oposición pese a haber declarado públicamente no reconocen el resultado de los comicios del 21 de junio.

De hecho, el reelecto senador ha insistido en manejar la desobediencia civil ante el nuevo mandatario, al que ha acusado públicamente de intentar violar la Constitución Política de Colombia y los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Momentos de pánico se vivieron en un reconocido centro comercial después de que parte de su fachada interior se desplomara en la tarde del miércoles 15 de julio de 2026, mientras varios visitantes hacían sus compras.

Según se conoció por videos difundidos en redes sociales, el hecho ocurrió en Plaza Central, cuando parte del techo del tercer piso de la edificación cayó cerca de uno de sus colaboradores.

Aunque en las imágenes se observó el momento en que el material se desprendió y, en medio, quedó uno de los guardas de seguridad del centro comercial, la administración descartó que hubiera personas lesionadas tras el incidente.

El video difundido en redes sociales registró el instante en el que una sección de drywall cayó frente a la Unidad Médica y de Diagnóstico - IPS del centro comercial. Las imágenes muestran a los visitantes sorprendidos mientras se observa una grieta considerable antes del desprendimiento del cielo raso, situación que obligó a evacuar el área afectada.

Causas preliminares y respuesta del centro comercial

Según la administración de Plaza Central, la emergencia se habría originadi por una fuga de agua en la parte interna de la estructura, que ocasionó el debilitamiento del material exterior.

“Plaza Central informa que el dia de ayer, 15 de julio, hacia las 4:45 p.m., se presentó el desprendimiento de un panel de cielo raso (drywall) en la zona común norte del tercer nivel, ocasionado por una filtración de agua proveniente de un espacio en zona privada del cuarto nivel, cuyas causas se encuentran en proceso de verificación técnica”, señaló Plaza central en un comunicado.

La dirección del centro comercial detalló que el accidente, a pesar de la angustia que generó entre visitantes y empleados del lugar, comprometió únicamente un panel liviano, sin comprometer la integridad del edificio.

Asimismo, señalaron que la persona que se vio en el video mientras caía el panel no sufrió heridas de ningún tipo, después de someterla a un proceso de verificación médico por parte de equipos médicos.

“Lamentamos los momentos de preocupación que este hecho generó entre quienes se encontraban en el lugar. Nuestros protocolos de emergencia se activaron de inmediato: verificamos el estado de las personas presentes en el área, y la atención realizada confirmó que ninguna presentó lesión”, señaló el centro comercial.

Asimismo, Plaza Central aseguró que mantiene programas de mantenimiento preventivo e inspecciones técnicas periódicas en todas sus instalaciones, acciones que serán reforzadas a raíz de este episodio. La administración señaló que el desprendimiento solo afectó el acabado superficial y no representó un riesgo para la estructura principal del inmueble.

“Es importante precisar que el elemento desprendido corresponde a un acabado liviano y no compromete la estructura del edificio. El área fue acordonada de manera inmediata, y nuestros equipos técnicos y de operaciones realizaron la revisión del lugar y han continuado las verificaciones desde entonces, adoptando las medidas. preventivas necesarias. El centro comercial opera con total normalidad”, señalaron.

El hecho generó preocupación entre quienes se encontraban en la zona, pero el rápido accionar de los equipos de emergencia y la ausencia de lesionados permitieron que la situación se controlara sin consecuencias mayores. El centro comercial reiteró su compromiso de priorizar la seguridad de visitantes, trabajadores y comerciantes en todo momento.

“Plaza Central cuenta con programas permanentes de mantenimiento preventivo e inspecciones técnicas periódicas en todas sus instalaciones, los cuales serán reforzados a partir de lo ocurrido. La seguridad de nuestros visitantes, colaboradores y comerciantes es y seguirá siendo la prioridad de nuestra operación”, concluyó el centro comercial en su comunicado.

Entretanto, las labores de reparación se efectúan de manera inmediata, mientras que las directivas del centro comercial advirtieron que seguirán funcionando con total normalidad y sin afectar la seguridad de los visitantes.

El presidente Gustavo Petro no tomó bien la decisión del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella sobre afianzar las relaciones con el Estado de Israel, entre otras, anunciando la creación de una embajada en la ciudad de Jerusalén, en reemplazo de la que estuvo ubicada en la ciudad de Tel Aviv.

A través de su cuenta de X, el mandatario saliente dijo que sería un irrespeto máximo a las comunidades religiosas de esas ciudad, especialmente por el conflicto que se adelanta entre Israel y Palestina.

“Mover la embajada de Colombia en Israel a Jerusalén es de una grosería máxima a todos los pueblos islámicos del mundo, cuya religión, como la del judaísmo, debe respetarse”, señaló el presidente saliente.

El mandatario se apoyó en los duros reparos de la comunidad islámica a la decisión anunciada por el presidente electo, en la que también confirmó su retiro del apoyo a la demanda internacional contra Israel.

“El tratado de paz que firmaron Israel y Palestina con ayuda de los EEUU y Egipto debe respetarse. La Jerusalén oriental no es terreno de ocupación militar.Nuestra constitución ordena la libertad de cultos y creencias y un política exterior centrada en la paz”, concluyó Petro.

Por su parte, la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) condenó este jueves 16 de julio la intención de Colombia de trasladar su embajada, según el organismo, porque implicaría un quiebre con la posición histórica colombiana de respaldo a los derechos del pueblo palestino.

La secretaría general de la OCI, que reúne a 57 países miembros musulmanes, advirtió en un comunicado publicado en X que, si el traslado se concreta, se verán afectados “las relaciones e intereses comunes entre Colombia y los Estados miembros” de la organización. El pronunciamiento llegó el mismo día en que De la Espriella confirmó que restablecerá “la alianza histórica con Israel”.

La organización calificó la eventual medida como ilegal y sostuvo que constituiría una violación de las resoluciones 476 y 478 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esas normas, citadas por el organismo, establecen que cualquier acción israelí orientada a modificar el carácter de Jerusalén o su estatus jurídico y demográfico es nula y carece de efecto.

La OCI sostuvo además que el cambio de sede diplomática representaría “un lamentable alejamiento de las posiciones históricas” de Colombia. En esa misma línea, pidió al Gobierno colombiano que revierta la decisión, respalde los esfuerzos internacionales para una paz basada en la solución de dos Estados y cumpla con las obligaciones derivadas de la Carta de las Naciones Unidas y de las resoluciones de la ONU.

El apoyo de Abelardo de la Espriella a Israel también despertó malestar en Gustavo Petro

Otra de las decisiones que no sentó muy bien al presidente saliente fue el anuncio del designado ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, de retirar el apoyo a Sudáfrica en su demanda internacional contra el Estado de Israel por el presunto delito de genocidio.

Según indicó el equipo de De la Espriella el jueves 19 de julio, la posición de Colombia frente a ese pleito cambiará drásticamente y volcará su apoyo pleno a Israel a partir del 7 de agosto.

“Colombia también retomará una posición seria y responsable en el escenario internacional, incluido el sistema de Naciones Unidas, y retirará su intervención en el caso promovido por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia” anunció el equipo de De la Espriella.

Ante la noticia, el presidente Gustavo Petro se despachó contra el nuevo mandatario y aseguró que su apoyo a ese país estaría basado en una supuesta deuda a Israel. Incluso, aseguró que De la Espriella sería “cómplice” del supuesto genocidio del que se le acusa al Estado de Medio Oriente.

“El que apoye un genocidio es cómplice de él y traerá genocidios a su propio país.Señor Abelardo, ¿le pareció digno apoyar a Netanyahu que asesinó a 22.000 bebés en Gaza con misiles? Usted, Abelardo, se convierte, entonces, en cómplice de genocidio y sus colaboradores se untan de sangre se inocentes.Lo hace porque este es el pago que le debe a Netanyahu, sin el cual no sería presidente de Colombia", escribió Petro.

Un grupo de congresistas de oposición entregó al comité de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella un nutrido informe de más de 40 páginas sobre más de 30 presuntas irregularidades en la gestión del gobierno de Gustavo Petro en sectores como salud, defensa, agricultura, relaciones exteriores y minas.

El documento reúne denuncias, hallazgos, inconsistencias y riesgos administrativos, presupuestales, contractuales, financieros e institucionales recopilados entre el 7 de agosto de 2022 y el 6 de agosto de 2026. Los congresistas pidieron que esos casos sean incorporados al proceso de empalme para evaluar el estado real de programas, contratos y proyectos estratégicos, así como las contingencias que asumiría el nuevo Gobierno desde el 7 de agosto.

Los autores del informe son los representantes Carolina Arbeláez, Julio César Triana y Jorge Méndez, de Cambio Radical, junto con Andrés Forero, Hernán Darío Cadavid, Juan Fernando Espinal y Christian Garcés, de Centro Democrático.

“El país merece conocer en qué condiciones recibe el nuevo Gobierno la administración pública. Este informe reúne hechos documentados, respuestas oficiales y actuaciones de control político que constituyen un insumo para que el proceso de empalme se adelante con total transparencia y rigor técnico”, señaló la representante a la Cámara Carolina Arbeláez.

El informe presentado al comité afirma que su contenido proviene de debates de control político, derechos de petición, audiencias, mesas técnicas, revisión documental y respuestas oficiales. Según la carta de remisión, el objetivo es facilitar labores de verificación y auditoría e identificar riesgos que puedan afectar la continuidad institucional y la gestión de los recursos públicos.

Los casos que los congresistas ponen como ejemplo de las irregularidades

En el sector Interior, el informe advierte que entre agosto de 2022 y marzo de 2026 se habrían comprometido $1,9 billones en 1.065 contratos, convenios, transferencias y otros negocios jurídicos con organizaciones indígenas. El documento añade que cinco entidades concentraron cerca del 83% de esos recursos, con el Ministerio del Interior al frente.

En Relaciones Exteriores, el informe señala una expansión de la red consular entre 2025 y 2026 que, según los congresistas, careció de soporte técnico suficiente y elevó cargas fiscales. Entre los ejemplos citados figuran gastos de 419.498 dólares en 2025 para el consulado en Monterrey antes de su apertura oficial en febrero de 2026 y una inversión superior a 223.000 dólares en Estambul para una sede con 293 potenciales votantes.

En Salud, el informe sostiene que el ministerio mostró baja ejecución de la inversión y diferencias entre recursos asignados, comprometidos y ejecutados. Según ese documento, en 2024 la cartera contó con $1,87 billones de presupuesto de inversión, comprometió $1,76 billones y obligó $761.899 millones, por lo que dejó sin ejecutar $996.738 millones; a junio de 2025, de un presupuesto de $1,93 billones, solo había obligado $64.208 millones.

El informe agrega que la EPS Sanitas acumulaba, al 31 de mayo de 2026, obligaciones por $1,9 billones con instituciones prestadoras de salud y que 28 prestadores suspendieron servicios durante 2025 y 2026 por incumplimientos de pago por aproximadamente $17.000 millones. También menciona el programa Equipos Básicos de Salud, sobre el que señala giros por $1,6 billones en 2024, con información de ejecución por solo $317.000 millones.

En Minas y Energía, los congresistas pidieron revisar dos contratos de soluciones solares fotovoltaicas ligados a la estrategia de Comunidades Energéticas. El informe sitúa la operación en un monto cercano a $400.000 millones y sostiene que la ejecución a través de la Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P. (Dispac) amerita examen por la contratación directa, la escasa concurrencia de oferentes y los tiempos del proceso.

En Defensa, el informe relaciona inconsistencias en el pago de condenas judiciales, auxilios funerarios y mantenimiento de aeronaves, además del caso de los helicópteros MI-17. Según ese documento, entre 2019 y mayo de 2025 el Estado pagó 844 condenas por $1,269 billones, incluidos $639.526 millones en intereses moratorios, y en 2024 se denunció que 10 helicópteros MI-17 estaban fuera de servicio en Tolemaida por falta de mantenimiento y repuestos.

Sobre los auxilios funerarios, el informe afirma que entre 2019 y 2025 hubo 1.219 solicitudes y 8.452 beneficiarios, diferencia que, según los congresistas, el Ministerio de Defensa no explicó. El mismo texto recoge una declaración del actual ministro de Defensa del 18 de septiembre de 2025: “Habla de auxilios de defunción y dice que son mayores a la cifra de militares y policías que han muerto. Sí, porque también son los auxilios que se dan a los pensionados, por ejemplo, le faltó tener en cuenta eso”.

Los sectores donde el informe reporta más rezagos y riesgos

En Agricultura, el informe centra parte de sus señalamientos en la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y en la reforma agraria. Allí sostiene que la meta anunciada de tres millones de hectáreas se redujo primero a 1,5 millones y luego a 560.239 hectáreas en la programación interna, mientras apenas 88.346,34 hectáreas de las reportadas como entregadas contaban con registro definitivo ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos (Orip).

El documento también señala compras y adjudicaciones de predios que se traslapan con áreas protegidas en Huila y cita un informe preventivo de la Procuraduría de 2024 sobre procesos de compra para la reforma rural. Además, menciona decisiones de política pública sobre el arroz, la financiación de una asamblea cafetera en 2024 y denuncias sobre metas del sector agropecuario con 0% de ejecución, según respuestas oficiales del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

En Educación, el informe ubica uno de los focos en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). Con base en información de la Fiduprevisora, sostiene que hasta octubre de 2025 cursaban 14.561 procesos judiciales por sanción moratoria en cesantías, con pretensiones por $199.188 millones, y que los pagos verificados por ese concepto ascendían a $217.433 millones.

El informe también menciona atrasos en pagos de Matrícula Cero a universidades de Antioquia y cuestiona el anuncio del Ministerio de Educación sobre la Universidad Raizal del Caribe. Según el documento, entidades como el DNP, el Ministerio de Hacienda, la Gobernación de San Andrés y el propio ministerio reportaron que el proyecto carecía entonces de registro, viabilidad técnica y financiera, autorización presupuestal y avance precontractual suficiente.

En Vivienda y TIC, el informe habla de rezagos en acceso a agua potable, mejoramientos habitacionales y conectividad regional. Entre sus datos, señala que 5.427.793 personas no contaban con acceso a agua potable en 2024, que varios programas de vivienda rural iban por debajo de sus metas y que departamentos como Chocó, Norte de Santander, Nariño y Cauca perdieron accesos fijos a internet entre 2023 y 2024.

Otro de los apartados con mayor peso presupuestal se refiere al Sistema General de Regalías para ciencia, tecnología e innovación. El informe afirma que en las convocatorias 33 a 43 quedaron sin ejecutar $1.966.124.337.597, cerca de $2 billones, pese a que ya existían procesos de selección adelantados y proyectos elegibles, y atribuye ese resultado a retrasos administrativos y a un cambio de interpretación jurídica del DNP al cierre de 2025.

Los congresistas pidieron que cada asunto documentado sea incorporado a las actividades de análisis y verificación del Comité de Empalme. La carta de remisión reclama que los equipos técnicos evalúen el estado administrativo, financiero, presupuestal, contractual y operativo de los casos, así como el cumplimiento de metas institucionales y las contingencias existentes.

Aida Quilcué, ahora representante a la Cámara electa y exfórmula vicepresidencial del entonces candidato Iván Cepeda, ratificó en la mañana del jueves 16 de julio de 2026 que adelantará una campaña de oposición contra el recién elegido presidente Abelardo de la Espriella, además de anunciar desobediencia en caso de detectar órdenes que puedan contrariar la Constitución Política de Colombia.

Quilcué reafirmó esa postura porque, según dijo, ve amenazas contra la Constitución, las reformas alcanzadas, los derechos de los pueblos indígenas, la paz y los derechos humanos. También sostuvo que, si esas vulneraciones se concretan, acudirán a la desobediencia civil.

“De verdad, no entendemos en qué país es que piensa gobernar él, porque si él va a gobernar solamente en un sector de los que apoyaron o va a gobernar para Colombia. Entonces, nosotros estamos listos para hacer la oposición, porque es una oposición con argumentos frente a la defensa de los derechos, a la defensa y la vida”, señaló en diálogo con Caracol Radio.

Según Quilcué, su trabajo en el Legislativo se basará en la defensa de los derechos de los colombianos y el cumplimiento estricto de la constitución. Incluso, aseguró que aceptará su curul curul pese a no reconocer al nuevo mandatario, según ella, mientras avanzan los trámites legales que impusieron ante el Consejo de Estado.

“No ha llegado a la Casa de Nariño, pero seguramente lo van a hacer, porque lo que miramos es que el Consejo de Estado aún no reconoce el reclamo que se ha hecho en el marco jurídico. Entonces, mientras se da todo eso, pues nosotros tenemos que avanzar en la oposición. Pero, pero eso no quiere decir que lo reconozcamos como tal”, señaló Quilcué al medio radial.

Quilcué advirtió que la decisión de no reconocer el triunfo de De la Espriella responde a lo que considera intentos de desconocer la Constitución y los avances en derechos, especialmente para los pueblos indígenas.

La representante electa sostuvo que la oposición tiene el respaldo de trece millones de personas y que su labor será presentar propuestas y debatir iniciativas desde su curul, pese a las previsiones de un ambiente adverso en el Congreso.

“Nosotros, sobre todo yo como proceso del movimiento indígena y social, hemos venido de la desobediencia civil. Yo quería decirle al país: nosotros no somos simplemente una presencia caprichosa de unas movilizaciones. Nosotros no vamos a obedecer órdenes que violen la Constitución Política y sobre todo que vayan en unos derechos y que vulneren a un sector del país importante también”, comentó.

La representante insistió en que la defensa de las reformas políticas y de la paz será prioritaria. Expresó preocupación por el discurso del presidente electo, a quien acusa de sembrar exclusión y desconocimiento de sectores sociales, y advirtió que la oposición no renunciará a buscar el diálogo ni a proponer acuerdos nacionales

En su respuesta incluyó la paz y los derechos humanos como parte de ese marco. “Decir también que va a acabar con la paz, que va a acabar con los derechos humanos, cuando la paz es un derecho de todos los ciudadanos y también la paz es, es, es un derecho constitucional”, señaló.

El papel de la oposición en el Congreso y las tensiones internas

Sobre las mesas directivas del Congreso, Quilcué recordó que durante el tiempo en que su sector estuvo en el gobierno hubo acuerdos entre partidos que, según dijo, se cumplieron. Para el próximo periodo prevé un escenario difícil, aunque aseguró que intentarán presentar propuestas.

En otro tramo de la entrevista le preguntaron por la discusión dentro del Pacto Histórico tras la derrota electoral. Quilcué respondió que la votación obtenida muestra que su candidatura hizo parte de una fuerza política amplia y rechazó los ataques racistas y clasistas que, según sostuvo, ha recibido.

El cierre de su posición fue consistente con el resto de la conversación: la oposición, según planteó, no será simbólica ni quedará solo en el discurso. Si el próximo gobierno, a su juicio, traspasa los límites constitucionales o afecta derechos de sectores del país, su respuesta será política y de resistencia.

El municipio de Mercaderes, en el departamento del Cauca, amaneció desolado tras el recrudecimiento de los combates entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otro grupo armado ilegal aún no identificado por las autoridades.

Según se conoció en la mañana del jueves 16 de julio de 2026, el municipio amaneció sin transporte público, los colegios no abrieron sus aulas y el comercio mantiene paralizado por temor a quedar en medio del fuego cruzado.

De momento, el Ejército Nacional ya se encuentra en la zona para retomar el control territorial, además de identificar al grupo armado que se enfrenta con el ELN y determinar si se trata de alguna facción de las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo o alguna banda delincuencial regional.

“Con el desarrollo de maniobras ofensivas, tropas del Batallón de Alta Montaña N.°4, de la Brigada 29, junto con @FuerzaAereaCol, redoblan el despliegue militar para neutralizar los enfrentamientos que sostienen grupos ilegales en zona rural de Mercaderes, Cauca", señaló la institución en un comunicado.

Aunque los enfrentamientos se presentan desde el lunes 13 de julio, en la tarde y noche del míercoles se intensificaron los combates que llegaron hasta las zona urbana en el sector de La Y.

Según el balance preliminar, las fuertes ráfagas de fusil dejan hasta el momento un saldo de una persona muerta y dos más heridas aún sin identificar por parte de las autoridades.

La situación ha provocado que la población permanezca alerta, ya que los choques se atribuyen a una disputa por el control de rutas del narcotráfico, según explicó Maribel Perafán, secretaria de Gobierno departamental.

En respuesta a estos hechos, la Policía Nacional activó un plan de defensa y reforzó la seguridad en la subestación de San Joaquín. Según la funcionaria, estas acciones buscan anticipar cualquier nueva emergencia y proteger a los residentes ante eventuales recrudecimientos del conflicto.

Operativos militares y coordinación institucional

Las Fuerzas Militares informaron que desplegaron al Batallón de Alta Montaña Número Cuatro y a la Fuerza Aérea, que realizaron sobrevuelos de disuasión y maniobras ofensivas en el área afectada. Estas medidas pretenden restablecer el orden y contener la escalada de los enfrentamientos entre los grupos armados.

“Las disputas por las rutas del narcotráfico y el control territorial ejercido por la Fuerza Pública han generado estos enfrentamientos. Las tropas avanzan en el restablecimiento de la seguridad y el orden público en el sector para salvaguardar a sus habitantes”, señaló el Ejército.

Para abordar la emergencia, las autoridades municipales de Mercaderes llevaron a cabo un consejo de seguridad junto a representantes departamentales, la Fuerza Pública y el Ejército Nacional. El objetivo principal es coordinar acciones que permitan salvaguardar la integridad de la población civil, dada la persistencia de los choques armados no estatales.

Por su parte, el gobernador del departamento de Cauca, Octavio Guzmán, rechazó los hechos violentos y pidió a los grupos armados dejar a la población civil fuera de los combates.

“La población civil no puede seguir siendo rehén de la violencia. Rechazamos los hechos ocurridos recientemente en el municipio de Mercaderes, sur de nuestro departamento. Exigimos a los grupos armados ilegales cesar sus acciones criminales, respetar el Derecho Internacional Humanitario y excluir a la población civil de cualquier confrontación armada”, señaló.

Asimismo, aseguró que mantienen un monitoreo constante con las autoridades para salvaguardar a la población, además de contrarrestar los combates y retomar la seguridad del municipio y el departamento.

“Desde Gobernación del Cauca hacemos seguimiento permanente y articulamos acciones con las autoridades competentes, la Administración Municipal y la Fuerza Pública para proteger a nuestras comunidades y atender oportunamente la situación”, señaló el gobernador a través de su cuenta de X.

El reciente nombramiento ‘exprés’ de la exsecretaria general de la Cancillería Elvira de las Mercedes Sanabria Salazar en el Consulado de Colombia en Nueva Loja, Ecuador, ha generado inquietud entre funcionarios de la Cancillería, quienes han solicitado verificar la afiliación sindical tanto de Sanabria como de la hoy canciller, Rosa Yolanda Villavicencio.

Según documetos obtenidos por El Tiempo, ambas figuran en el listado de afiliados del Sindicato de Empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores (Semrex), lo que ha encendido el debate sobre posibles beneficios asociados al fuero sindical en el contexto de transición de gobierno.

Sin embargo, el sindicato Semrex, según su presidente Francisco Burchardt Melo, descarta que la afiliación de Villavicencio y Sanabria les otorgue protección especial alguna.

“Ninguna persona con cargos directivos o que sean operadores u ordenadores del gasto pueden tener fuero sindical, tampoco si tienen subordinados. Eso es así tanto en las empresas como en las entidades. Ninguna de las dos tiene fuero sindical”, señaló el el presidente del sindicato al mencionado medio.

Las dudas surgieron tras la circulación de una denuncia enviada al comité de empalme, en la que se advertía sobre una supuesta coadministración entre la Cancillería y el sindicato, así como el otorgamiento de permisos sindicales remunerados.

Un ejemplo citado es la resolución 03802 del 19 de marzo pasado, que autorizó a varios afiliados, incluidas Villavicencio y Sanabria, a ausentarse con goce de salario para participar en una asamblea sindical.

Permisos sindicales y contexto de transición

El contexto en el que surgieron estas inquietudes incluye la reciente ola de nombramientos en misiones diplomáticas, acompañada de denuncias sobre las elevadas primas de traslado que dificultarían revertir tales decisiones.

Funcionarios han advertido que, si el nuevo gobierno decide devolver a quienes han sido designados recientemente antes de un año, el Estado incurriría en un cuantioso gasto público debido a la obligación de reembolsar estas primas.

Entretanto, el presidente de Semrex aseguró que la canciller Villavicencio se afilió cuando era coordinadora de un grupo interno llamado Colombia Nos Une, y que Sanabria hizo lo propio en diciembre pasado. Según Burchardt, el hecho de que ambas estén afiliadas no constituye irregularidad ni les permite conservar sus cargos ante el cambio de administración.

“La canciller Villavicencio se afilió desde hace año y medio, antes de que ocupara el cargo de ministra. Para ese momento era coordinadora de Colombia Nos Une. (...) Cuando la ministra se afilió yo le pregunté si era consciente de que nuestro sindicato tiene una postura crítica frente al gobierno”, señaló Burchardt Melo al diario nacional.

Cualquier decisión sobre la continuidad de los nombramientos dependerá del gobierno entrante, liderado por Abelardo De La Espriella. Hasta el momento, no existe un anuncio oficial sobre la revocatoria de los últimos nombramientos, aunque desde la Cancillería reconocen que el sindicato debe pronunciarse sobre estos temas.

Debate sobre blindaje y legalidad de los nombramientos

Frente a las acusaciones de buscar blindaje ante la transición política, el sindicato rechaza que la afiliación tenga ese propósito. “No somos ni oposición ni comité de aplausos”, subrayó Burchardt al referirse a los señalamientos de presunta coadministración y a las sospechas de que el sindicato funcione como mecanismo protector de funcionarios salientes.

El mismo dirigente sindical precisó que, aun si el nombramiento de Sanabria fuera objeto de demanda y un juez determinara que no cumple los requisitos, la afiliación sindical no tendría efecto alguno sobre esa decisión. Enfatizó que la presencia de funcionarios en cargos de responsabilidad dentro del sindicato es habitual y no representa una irregularidad.

En suma, la sindicalización de Rosa Villavicencio y su exsecretaria general no impide su salida tras el cambio de gobierno, ni supone un blindaje legal frente a eventuales demandas o remociones.

Las denuncias recientes parecen responder, según el sindicato, a tensiones propias de la coyuntura de relevo gubernamental y a un ambiente de sospecha sobre la gestión de recursos y beneficios en la Cancillería.

Durante el Consejo de Seguridad de la ONU del miércoles 15 de julio, Estados Unidos felicitó a De la Espriella por su victoria y anunció que trabajará con su gobierno. También advirtió que cualquier amenaza contra el traspaso pacífico del poder es inaceptable.

Jeff Bartos, embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, afirmó que su país felicita al pueblo colombiano y a sus autoridades por la celebración de elecciones pacíficas y democráticas.

Añadió que en la segunda vuelta del 29 de junio, “el 60%, 41 millones de votantes emitieron su voto” y señaló que el día de la elección fue pacífico, aunque expresó preocupación por la violencia política durante todo el ciclo, incluido el asesinato del senador Uribe.

Bartos agregó que Washington mantiene su preocupación por la inestabilidad, la violencia y el cultivo y la producción ilegales de drogas en Colombia. También señaló que las acciones de organizaciones terroristas y grupos armados ilegales amenazan la seguridad de los colombianos, de la región y de los estadounidenses.

“Estados Unidos reitera su postura de que no hay lugar para la violencia política ni para inmiscuirse en la voluntad que ha expresado libremente el pueblo colombiano. Cualquier amenaza para impedir el proceso democrático y un traspaso de poder pacífico y sin sobresaltos son inaceptables”, señaló Bartos.

La presión internacional sobre el relevo presidencial coincide así con las alertas sobre seguridad, violencia política y rezagos en la implementación del acuerdo. El llamado apunta a evitar que la confrontación política abra nuevos obstáculos para la continuidad del proceso de paz.

Secretario general de la ONU pidió al nuevo gobierno mantener continuidad del acuerdo de paz

La preservación del Acuerdo de Paz de la Habana quedó en el centro de la transición presidencial en Colombia después de que António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, pidiera sostener los avances logrados antes del relevo del 7 de agosto.

La ONU pidió mantener y proteger los avances del Acuerdo de Paz durante el cambio de gobierno en Colombia, al advertir que la transición coincide con una etapa determinante para su implementación.

En su informe sobre la Misión de Verificación correspondiente al periodo entre el 27 de marzo y el 26 de junio de 2026 y presentado en la mañana del , reclamó continuidad en las políticas de reincorporación, seguridad y desarrollo rural.

El documento también destacó las elecciones presidenciales y la participación registrada en la jornada que concluyó con la elección de Abelardo de la Espriella como próximo presidente de Colombia.

Guterres afirmó que el relevo entre administraciones debe desarrollarse de manera coordinada para evitar retrocesos. “Una transición fluida y cooperativa entre los gobiernos contribuiría a preservar los avances que Colombia ha logrado en el marco del Acuerdo de Paz y a sentar las bases para hacer frente a los desafíos actuales”, dijo.

Además, reiteró la disposición de la organización para continuar el acompañamiento a las autoridades colombianas.

También anunció que Miroslav Jenča, representante especial para Colombia, sostendrá contactos con el nuevo gobierno para conocer sus prioridades y ofrecer apoyo técnico y la experiencia acumulada por la misión durante casi una década de trabajo en el país.

La ONU vincula la violencia con los retrasos en la implementación

EN el informe presentado por el secretario de la ONU, Antonio Guterres señaló que los asuntos de seguridad recuperaron protagonismo durante la reciente campaña presidencial.

También sostuvo que la aplicación pendiente de varios puntos del acuerdo mantiene una relación directa con la persistencia de la violencia en algunos territorios.

Según el documento, las regiones más afectadas por la presencia de grupos armados coinciden en buena medida con aquellas donde las medidas pactadas avanzaron con mayor lentitud.

“Las zonas donde la violencia es más aguda son precisamente aquellas en las que la implementación ha sido insuficiente. Las políticas de seguridad y las iniciativas de paz pueden reforzarse mutuamente de forma armoniosa”, indicó la ONU.

Naciones Unidas reconoció avances graduales en la ejecución del acuerdo, aunque advirtió que no han sido homogéneos. El informe añadió que persisten desafíos para fortalecer la presencia institucional y mejorar la coordinación entre entidades del Estado.

Más de 11.000 exintegrantes de las Farc continúan en proceso de reincorporación y completan cerca de diez años en su tránsito hacia la vida civil.

La ONU insistió en que las garantías de seguridad y las oportunidades económicas siguen siendo determinantes para consolidar ese proceso y evitar nuevos ciclos de violencia.

Persisten las amenazas contra excombatientes y líderes sociales

El documento recordó que desde la firma del acuerdo han sido asesinados 493 excombatientes. Entre las víctimas hay mujeres, integrantes de comunidades indígenas y población afrocolombiana.

Aunque la ONU reportó una reducción de los homicidios registrados durante 2026, advirtió que continúan las amenazas, la extorsión, las presiones de grupos armados y los desplazamientos forzados.

El organismo también advirtió que varios mecanismos de protección previstos en el Acuerdo de Paz siguen pendientes de aprobación e implementación.

Entre finales de marzo y comienzos de junio, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU registró más de 5.200 personas desplazadas y cerca de 9.600 confinadas por emergencias humanitarias en siete departamentos del país.

Más de la mitad de los afectados pertenecían a comunidades étnicas. A esa situación se sumaron restricciones de movilidad y acceso que afectaron al menos a 316.000 personas en Cauca y en zonas de la Amazonia bajo influencia de estructuras armadas ilegales.

En el mismo periodo, la Oficina de Derechos Humanos recibió denuncias relacionadas con 33 asesinatos de líderes sociales, incluidos casos de mujeres, indígenas, afrodescendientes y campesinos.

A menos de 30 días para que el presidente Gustavo Petro deje su cargo como presidente de la República, el Gobierno nacional aceleró desproporcionadamente la adjudicación de contratos desde más de 100 entidades estatales.

De hecho, según un reciente análisis de la Unidad de Datos de El Tiempo, las dos semanas posteriores a las elecciones presidenciales en Colombia dejaron 149 entidades del Estado de alcance nacional con 1.533 contratos por 2,42 billones de pesos, con el el Instituto Nacional de Vías (Invías) como el gran protagonista.

El levantamiento de la veda impuesta por la Ley de Garantías Electorales permitió que casi la mitad de esos contratos —el 49,1 %— se celebraran bajo la modalidad de contratación directa. Este cambio normativo, vigente entre el 31 de enero y el 21 de junio, había restringido ese tipo de acuerdos para evitar irregularidades durante el proceso electoral.

Una vez terminó esa veda, se firmaron 733 contratos por contratación directa, 15 por contratación directa con ofertas y cuatro por contratación directa de la Ley 1150 de 2007.

La revisión se centró en los registros del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) disponibles en la plataforma de Datos Abiertos. El análisis solo incluyó contratos firmados por entidades nacionales y excluyó dependencias territoriales, regionales, seccionales y locales.

La base de datos del Secop permitió identificar 149 entidades del orden nacional con adjudicaciones en ese lapso. Entre las 10 que más recursos comprometieron se concentró el 90,6% del monto total contratado.

Cómo se concentró el gasto en Invías

El Instituto Nacional de Vías (Invías) adjudicó 19 contratos por 1,82 billones de pesos, equivalentes al 75,2% del total del periodo. De ese conjunto, 13 correspondieron a obras de infraestructura vial por 1,74 billones de pesos.

Las obras se distribuyeron en corredores regionales de Nariño, Norte de Santander, Cauca, Córdoba y Sucre. El mayor contrato fue para Consorcio Variante Oriental 057, por 650.399 millones de pesos, para la construcción y la gestión social, ambiental y predial de la Variante Oriental de Chachagüí, en Nariño.

Después figuró un contrato por 291.569 millones de pesos con UT Chachagüí CAZ para el mejoramiento y la rehabilitación de vías en ese departamento. Otro ascendió a 281.348 millones de pesos con UT Catatumbo 055 IZ para la Transversal del Catatumbo, en el tramo El Tarra en Tibú, en Norte de Santander.

Las otras entidades que movieron más recursos

El Ministerio del Interior ocupó el segundo lugar con tres contratos por 79.658 millones de pesos, equivalentes al 3,29% del total. La mayor parte de ese monto quedó en dos contratos con NewSat S.A.S. por 79.580 millones de pesos para adquisición, instalación y modernización de infraestructura tecnológica.

La Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial sumó nueve contratos por 64.042 millones de pesos, el 2,64% del total. Sus mayores adjudicaciones fueron para la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) con 30.522 millones de pesos por la mesa de servicios tecnológicos y para Unión Temporal por el CSJ 2026 con 25.502 millones de pesos como operador logístico.

La Unidad Nacional de Protección (UNP) firmó 19 contratos por 41.298 millones de pesos. El negocio de mayor valor fue con GMW Security Rent a Car, por 32.570 millones de pesos para seguridad y vigilancia.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) cerró 10 contratos por 36.201 millones de pesos. El principal recayó en una unión temporal encabezada por La Previsora, con 25.759 millones de pesos por una póliza de seguros de bienes.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana hizo 23 adjudicaciones por 36.145 millones de pesos. La Dirección de Logística Naval (Dilof) suscribió 22 por 34.687 millones de pesos.

En el caso de Dilof, el mayor contrato fue con Consorcio Ikuna 2026, por 19.454 millones de pesos, para la adquisición de botas de servicio. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) pactó tres contratos por 34.054 millones de pesos y el mayor fue por 33.685 millones de pesos con Consorcio Vial Girardot CC para la interventoría integral del contrato de concesión del corredor Bogotá-Girardot.

La Fiscalía General de la Nación en su nivel central firmó 15 contratos por 28.630 millones de pesos. El mayor fue por 19.647 millones con Mantenimiento FGN para obras de mantenimiento, adecuación, remodelación y mejoramiento de la infraestructura física de sus sedes centrales.

Quiénes firmaron más contratos en el periodo

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) fue la entidad con más contratos por cantidad: 328, equivalentes al 21,4% del total, por 17.678 millones de pesos. Todos se tramitaron por modalidad directa para prestación de servicios.

Detrás quedaron el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), con 168 contratos por 9.024 millones de pesos, e Inravisión, con 99 por 11.307 millones de pesos. En Icetex, solo uno correspondió a compraventa y los demás fueron por prestación de servicios bajo régimen especial.

En Inravisión, 95 fueron por prestación de servicios, tres quedaron clasificados como “otro” y uno como interventoría. El Hospital Central de la Policía firmó 85 contratos por 3.879 millones de pesos, casi todos directos para servicios de médicos especialistas.

El Hospital Militar Central suscribió 38 contratos por 6.269 millones de pesos. Esas adjudicaciones se repartieron entre suministros, prestación de servicios, una obra y una contratación clasificada como “otro”.

El reciente descubrimiento de un audio entre altos mandos militares y menciones directas al Ministerio de Defensa reconfigura el caso que rodea la salida del general en retiro Jhon Jairo Rojas del Ejército Nacional.

La grabación, conocida por Caracol Radio, apunta a que la desvinculación del oficial no fue resultado exclusivo de una disputa interna, sino consecuencia de instrucciones emitidas desde niveles superiores del Gobierno.

El registro sonoro, en el que participa el general en retiro Luis Mauricio Ospina, revela que la decisión de retirar a Rojas habría sido dictada por el entonces ministro de Defensa Iván Velásquez.

La frase “la orden fue del ministro” resuena como el eje de la grabación, pues sugiere que tras el hecho hubo una directriz política y no solo una diferencia al interior de la institución castrense.

La defensa del general Rojas, encabezada por el abogado Víctor Mosquera, sostiene que el audio constituye una prueba crucial para fundamentar la tesis de que su cliente fue víctima de un montaje y persecución institucional.

Según Mosquera, las pruebas aportadas ya han sido puestas en conocimiento de la Fiscalía y forman parte de una denuncia penal interpuesta desde mayo de 2024 contra los oficiales involucrados.

“En defensa de sus derechos, esta Firma ha promovido diversas acciones legales; entre ellas, desde el mes de mayo de 2024, se interpuso denuncia penal contra los oficiales del Ejército Nacional que participaron en las actuaciones relacionadas con la persecución física y legal del general, poniendo las pruebas disponibles a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, señaló el abogado en diálogo con la revista Semana.

La conversación entre Ospina y Rojas expuso no solo la existencia de presuntas presiones internas, sino la intervención directa de figuras civiles en la toma de decisiones militares.

El general Ospina reconoció en dicho audio la presencia de personas con intereses en el poder que, según sus palabras, no estarían dispuestos a permitir la continuidad del general Rojas en la institución castrense.

“Y como le digo, en ningún momento, y sí dejo claridad, hermano. De que si hubiera sido, yo siempre le hablé a usted de frente hasta donde pude. Ya después, cuando dijeron ‘no’, depende de ponerlo a disposición, ya era la orden del Ministro”, señala el audio del general Ospina.

El caso ganó notoriedad luego de que Rojas denunciara públicamente haber sido blanco de un montaje, presuntamente orquestado por oficiales de inteligencia y contrainteligencia. De acuerdo con el audio, el contexto institucional habría favorecido la construcción de acusaciones destinadas a forzar su salida y bloquear su ascenso en la línea de mando.

Acciones legales y repercusiones institucionales

La defensa de Rojas advirtió que los elementos revelados fortalecen la hipótesis de una persecución basada en hechos infundados.

“Habría obedecido a directrices impartidas desde el Ministerio de Defensa, constituyen un elemento de especial relevancia que fortalece la tesis sostenida por esta defensa desde el inicio de su representación jurídica: el General Rojas fue víctima de una persecución institucional que derivó en su injusta desvinculación del Ejército Nacional”, señaló el abogado Mosquera en diálogo con Semana.

Documentos, fiscales y discusiones internas

Durante la conversación revelada por Caracol Radio, Ospina menciona la existencia de supuestos documentos y el involucramiento de fiscales, así como la participación del inspector Reyes y la entrega de un “paquete” informativo. Estos detalles abren interrogantes sobre la manera en que el Ministerio de Defensa gestionó el caso y sobre la legalidad y transparencia de las decisiones adoptadas.

Otro aspecto destacado es la coincidencia en la fecha de elaboración de tres informes por parte de generales de la institución, todos redactados el 22 de septiembre de 2023 y radicados tres días después ante la Fiscalía. Los documentos vinculan a Rojas con grupos armados, pero hasta la fecha no han sido acompañados de pruebas concluyentes ni se ha confirmado la veracidad de los señalamientos.

Las repercusiones del caso no se limitan al ámbito institucional. En el audio, Ospina expresa el daño personal y familiar sufrido a raíz de los ataques internos y los señalamientos desproporcionados. La defensa del general Rojas sostiene que la afectación reputacional y profesional es resultado directo de acusaciones que no han sido sustentadas con pruebas ante las autoridades.

El proceso judicial y las investigaciones en curso buscarán determinar si existió persecución sistemática y si la salida de Rojas respondió realmente a intereses políticos o personales dentro del sector Defensa. Mientras tanto, la controversia sigue generando debate sobre la independencia y legalidad de las decisiones en la cúpula militar colombiana.

La decisión del presidente electo Abelardo De La Espriella de eliminar varias consejerías presidenciales, incluida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, sigue generando fuertes inquietudes sobre el futuro de la política de víctimas en Colombia.

Desde la Unidad para las Víctimas, su directora Alix Dunieka Aguilar señaló que la articulación interinstitucional es clave para avanzar en la reconciliación, por lo que cualquier cambio en la estructura estatal podría afectar la implementación de los acuerdos de paz y la reparación a quienes han sufrido el conflicto armado.

En una entrevista concedida a El Tiempo, Aguilar expresó respeto por las determinaciones del nuevo gobierno, aunque advirtió que la continuidad de los espacios de diálogo y reconciliación debe estar en manos de la ciudadanía y de las entidades que trabajan con las víctimas.

“Soy respetuosa de las decisiones del nuevo gobierno. Tengo la plena confianza de que van a poder tener estos espacios de diálogo, y que será la misma ciudadanía la que manifieste la necesidad de continuar en esos caminos de reconciliación, fundamentales para el país, que hoy nos permiten, por ejemplo, tener firmantes labrando la tierra y espacios de perdón y reconciliación entre víctimas y victimarios”, sostuvo la funcionaria al diario nacional.

En el cierre del cuatrienio, la Unidad para las Víctimas presentó su balance y advirtió que, aunque el presupuesto de la entidad se duplicó, millones de personas siguen a la espera de ser indemnizadas.

La entidad enfrenta un desafío persistente: cada día, unas 800 personas se declaran víctimas del conflicto armado, lo que refleja la vigencia de la violencia y la dificultad de hablar de posconflicto.

En respuesta directa al estado actual de la reparación, la directora explicó que la persistencia de hechos violentos hace casi imposible cerrar el ciclo de atención, ya que se sigue viviendo un conflicto armado en el país, pese a la firma de los acuerdos de paz en 2016.

“Es un reto gigante, porque nosotros no hablamos de un escenario de posconflicto, estamos hablando de un escenario en el marco del conflicto armado todavía. ¿Cómo reparas lo que todavía se está dañando, lo que se está deteriorando? Es difícil. Tenemos grandes retos. Sin embargo, la resiliencia y la resistencia de las víctimas es el poder más grande que tenemos en esta institución", señaló la directora a El Tiempo.

El rezago en la indemnización y la necesidad de recursos

Entretanto, las proyecciones de la Contraloría indican que, con el ritmo y los fondos actuales, serían necesarios por lo menos 62 años para indemnizar a todas las víctimas. Aguilar identificó la falta de recursos como el mayor obstáculo e insistió en que la cooperación internacional debe transformar su papel y enfocarse en financiar acciones concretas, no solo estudios.

“Eso nos ayudaría mucho a disminuir este gran rezago que tenemos”, afirmó la directora, quien explicó que la cooperación debe priorizar la reparación colectiva, los retornos, las reubicaciones y las indemnizaciones.

Asimismo, durante los últimos cuatro años, la Unidad destacó su llegada a regiones históricamente marginadas como Chocó y el Pacífico colombiano, adecuando la atención a las particularidades de las comunidades locales. Para Aguilar, la cercanía con las víctimas y la llegada a territorios apartados constituyen uno de los mayores logros de la administración saliente.

Aun así, la funcionaria reconoció que la tarea está lejos de concluirse. La legislación vigente requiere una política pública respaldada por presupuestos multiplicados, pues los recursos actuales no alcanzan para cubrir el universo de necesidades de las víctimas.

“El reto es de recursos. Definitivamente, en la Ley 1448 y en la Ley 2421 el reto gigante es la asignación de recursos. Todo lo que llega del Ministerio de Hacienda lo entregamos, pero es insuficiente. Es una ley que necesita una política pública, que necesita recursos triplicados y cuadriplicados para poder atender más rápidamente las necesidades de las víctimas”, señaló Aguilar a El Tiempo.

La gestión que termina deja un avance en la cobertura y en la asignación de recursos, pero enfrenta el reto estructural de un conflicto sin resolver y de una reparación integral que, por ahora, sigue siendo una meta distante para el Estado colombiano y sus instituciones.

La educación sexual integral quedó como una obligación vigente para el próximo Ministerio de Educación en Colombia, después de que el gobierno saliente dejara en firme una política que ordena fortalecer esa formación con enfoques de género y diversidad.

La ministra designada Viviane Morales deberá ejecutar desde esa cartera la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, adoptada por el gobierno saliente. La resolución le exige impulsar esa formación, incorporar esos enfoques y definir, dentro de los seis meses posteriores a su expedición, un plan de acción para ponerla en marcha.

En uno de sus últimos movimientos antes del relevo presidencial, el gobierno de Gustavo Petro expidió una resolución conjunta para adoptar esa política. El texto fija su vigencia hasta 2035 y convierte a Educación en uno de sus principales ejecutores.

La norma distribuye responsabilidades entre varias entidades del Estado, entre ellas los ministerios de Salud, Trabajo y Cultura. Aun así, al Ministerio de Educación le asigna un papel central para llevar los lineamientos al sistema educativo y sostener su aplicación durante la próxima década.

Las tareas que la resolución le asigna a Educación

La resolución ordena a la cartera diseñar lineamientos, coordinar acciones con las entidades territoriales y hacer seguimiento a la incorporación progresiva de la educación sexual integral. También le exige convertir esa formación en una política transversal del sistema educativo.

Según un informe de la revista Cambio, entre las tareas concretas figuran la elaboración de planes territoriales y la capacitación de docentes en derechos sexuales y reproductivos. El ministerio también deberá promover la inclusión paulatina de esos contenidos pedagógicos en las instituciones educativas del país.

La resolución 1350 de 2026 añade funciones de coordinación para el Ministerio de Educación. La cartera tendrá que expedir lineamientos de política educativa, ofrecer asistencia técnica a las secretarías de Educación certificadas y acompañarlas para que orienten a las instituciones educativas en la aplicación gradual de la estrategia.

El documento también fijó un plazo. En los seis meses siguientes a su expedición deberá quedar definido el plan de acción que pondrá en marcha la política, con coordinación entre varias entidades y con un papel central del ministerio para concretar las medidas.

El gobierno saliente sostuvo en la resolución que la iniciativa busca aplicar mandatos pendientes desde la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Para ello citó normas vigentes, sentencias de la Corte Constitucional y compromisos internacionales sobre derechos sexuales y reproductivos.

El choque entre la hoja de ruta y las posturas de Morales

Antes de llegar al ministerio, Viviane Morales ya era una voz del sector conservador en debates sobre familia, educación y diversidad sexual. Durante su último periodo como senadora, entre 2014 y 2018, promovió un referendo para restringir la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo, una iniciativa que terminó archivada en la Cámara de Representantes.

En los últimos años también cuestionó la llamada “ideología de género”. Ese antecedente cobra peso porque la política que ahora deberá aplicar ordena fortalecer la educación sexual integral con enfoques de género, diversidad, derechos humanos e interseccionalidad.

La tensión también pasa por el contexto político de su designación. Abelardo de la Espriella prometió en campaña “acabar con la ideología de género para que Dios entre a las aulas” y la escogió para liderar esa apuesta, con la misión de “sacar a Marx de las aulas para meter a Dios”.

Morales ha defendido públicamente que sus convicciones cristianas orientan su actuación política. A la vez, sectores de oposición y organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido tensiones por su llegada a un ministerio que debe ejecutar una política basada en derechos, diversidad y no discriminación.

La ministra designada respondió a esas críticas al sostener que su paso por cargos como el de fiscal general muestra que ha actuado con apego a la Constitución y por encima de sus convicciones personales. Esa defensa quedará a prueba con una política pública que el gobierno saliente dejó trazada antes del cambio de mando.

El margen de maniobra del gobierno entrante

La política fue concebida para extenderse más allá del actual gobierno. La resolución no solo fijó objetivos, sino un cronograma de implementación y obligaciones concretas para carteras como Ministerio de Educación.

Mientras esa norma siga vigente, el ministerio deberá cumplir las funciones que le fueron asignadas. Eso significa que la cartera a cargo de Morales tendrá que avanzar en la ejecución de la política, salvo que el acto administrativo sea modificado.

Aun con esa obligación, el nuevo gobierno conserva espacio para decidir cómo llevar la política al terreno. Desde el ministerio, Morales podrá fijar prioridades internas, definir el ritmo de aplicación, repartir recursos y escoger la forma concreta en que se pondrán en práctica varias de las acciones previstas.

La financiación de las universidades públicas centra un proyecto de decreto que el gobierno de Gustavo Petro tramita con celeridad para dejar reglamentada antes del 7 de agosto de 2026 la nueva fórmula de recursos para las universidades públicas en Colombia.

Según el documento revelado por la revista Cambio, el borrador fija índices, metas y una ruta de gasto que empezaría a operar el 1 de enero de 2027, es decir, cuatro meses después de la entrada de Abelardo de la Espriella al Gobierno nacional.

El decreto busca dejar definida, antes del cambio de gobierno, la aplicación de la Ley 2568 de 2026 sobre la financiación de las universidades públicas. El proyecto no modifica el presupuesto de 2026, pero sí establece la fórmula, los criterios y parte de las condiciones con las que el próximo gobierno calcularía y distribuiría recursos desde 2027.

La discusión tomó fuerza después de que Viviane Morales, ministra de Educación designada por Abelardo de la Espriella, dijera en una entrevista con Noticias Caracol que existe “asfixia financiera” en las universidades públicas y que al próximo gobierno le corresponderá “reglamentar un nuevo método” de financiación.

Tras las declaraciones, Petro respondió en X y la acusó de querer apagar “la luz del conocimiento” y de preparar un recorte disfrazado de reglamentación. Morales replicó que el propio Ministerio de Educación ya había acelerado el proyecto de decreto que debe desarrollar la reforma.

La ley reformó en marzo de 2026 los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que durante más de tres décadas rigieron la base presupuestal de las universidades públicas. El decreto pendiente debe precisar cómo se aplicará esa reforma, con qué índices, en qué plazos y bajo qué controles.

El borrador también aclara que sus disposiciones solo entrarían en vigor desde el 1 de enero de 2027. Eso deja intactas las cuentas de este año, pero traza la fórmula que heredaría el primer año fiscal completo del nuevo gobierno.

Cómo cambiaría la fórmula de financiación

La base de funcionamiento de las universidades estatales dejaría de crecer solo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El proyecto ordena que se ajuste con el Índice de Costos de la Educación Superior, que calculará el Dane, con un piso igual al IPC si el nuevo indicador resulta menor.

El cambio responde a un rezago que el propio texto cuantifica. Entre 2000 y 2023, la matrícula de las instituciones públicas aumentó 176%, mientras las transferencias de la Nación crecieron 62% en términos reales.

Para las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias oficiales, el borrador crea una senda de cinco años para elevar su presupuesto de funcionamiento. La meta es llegar al 0,05% del PIB en el tercer año, unos $927.000 millones, y al 0,07% del PIB en el quinto, cerca de $1,3 billones.

Metas de gasto y condiciones para recibir recursos

El proyecto que pretende ingresar el Gobierno Petro, revelado por Cambio, exige incrementos anuales de al menos 20% sobre lo asignado el año anterior. Esa ruta deja planteada una expansión del gasto para un frente que hasta ahora dependía de decisiones más discrecionales.

Además de la base presupuestal, el decreto regula recursos adicionales para infraestructura, ampliación de cobertura y cierre de brechas territoriales. El Ministerio de Educación deberá construir una metodología específica, aunque la memoria justificativa ya adelanta diez componentes para repartir esos fondos.

Entre esos criterios figuran acceso y cobertura, permanencia, calidad, investigación, infraestructura, internacionalización, pertinencia, desarrollo docente, costos estructurales y gestión estratégica. El borrador fija esa arquitectura general, pero deja para una etapa posterior el peso exacto de cada componente.

El texto revelado por Cambio también ordena a cada universidad y a cada institución técnica o tecnológica pública elaborar un Plan Indicativo. Ese documento deberá incluir metas sobre cobertura, calidad académica, fortalecimiento institucional, bienestar y permanencia estudiantil e infraestructura física.

La entrega de recursos adicionales no sería automática. El decreto la supedita al cumplimiento de esos planes, al seguimiento periódico del Ministerio de Educación, a la rendición pública de cuentas, al control social de las comunidades educativas y a una evaluación de impacto cada cinco años.

El costo fiscal y la carrera del Gobierno para dejarlo firmado

La justificación oficial calcula un impacto de $22,1 billones entre 2027 y 2040. Ese horizonte fiscal apunta a elevar la cobertura del 55,4% al 80% en 2040, con 830.000 estudiantes adicionales.

El mismo documento incorpora otro dato sobre la demanda educativa. Según esa proyección, la caída de la natalidad ya provocó el cierre de cerca de 769 colegios entre 2023 y 2024 y afectaría con más fuerza a las universidades privadas que a las públicas en la próxima década.

El borrador añade una meta de largo plazo: que la inversión total de la Nación y las entidades territoriales en universidades públicas alcance el 1% del PIB en 2040. También enumera principios como progresividad, equidad, eficiencia, transparencia, autonomía universitaria, participación, control social y sostenibilidad fiscal.

La aceleración del trámite quedó registrada el 8 de julio, cuando Ricardo Moreno Patiño, viceministro de Educación Superior, y William Felipe Hurtado Quintero, jefe de la Oficina Asesora Jurídica, pidieron al ministro Daniel Rojas Medellín reducir a siete días el plazo de comentarios ciudadanos. La regla general prevé 15 días calendario para este tipo de proyectos.

El argumento formal fue el vencimiento del plazo legal para reglamentar la ley, fijado para el 19 de agosto. Esa fecha cae después de la posesión del nuevo gobierno, de modo que la administración saliente todavía tenía margen para expedir la norma más adelante.

El Ministerio de Educación defendió el trámite abreviado con una razón de planeación institucional. “La expedición oportuna del presente decreto resulta indispensable para que las instituciones de educación superior estatales u oficiales inicien el alistamiento institucional requerido para la implementación del nuevo modelo de financiamiento”, sostuvo la cartera al medio nacional.

Si el decreto queda firmado antes del relevo presidencial, la próxima ministra recibirá una reglamentación ya trazada y no solo una ley pendiente de desarrollo. Eso reduciría el margen inicial del nuevo gobierno para redefinir la aplicación de la reforma.

Mientras el país empezaba a alistarse para una de las transiciones de gobierno más polémicas de los últimos años ―por el evidente desacuerdo entre el presidente saliente, Gustavo Petro, y el nuevo mandatario, Abelardo de la Espriella―, buena parte de la sociedad se preguntaba si la sede del Gobierno seguiría estando en la capital del país.

Y es que la idea del despacho presidencial en la ciudad de Barranquilla empieza a tomar forma en el gobierno de De la Espriella, que ha dicho que quiere gobernar desde las regiones y evalúa a la capital del Atlántico como sede alterna. Incluso, el alcalde Alejandro Char afirmó recientemente que el edificio de la Aduana está bajo estudio para albergar ese esquema, mientras algunas entidades seguirían en la Casa de Nariño.

Aunque la idea resulta polémica para muchos, lo cierto es que el nuevo de presidente de la República sí podría instalar un despacho alterno en Barranquilla sin trasladar en forma oficial la sede del Ejecutivo fuera de Bogotá.

Sin embargo, en la práctica, eso implicaría combinar una base regional con operaciones que seguirían en la Casa de Nariño, además de ajustes de seguridad, logística y comunicaciones para mantener el funcionamiento del gobierno.

De la Espriella ha insistido en que quiere despachar desde las regiones. Durante la campaña y después de ganar las elecciones, trabajó desde sus oficinas en Barranquilla. Allí hizo su primer consejo de ministros. También recibió a mandatarios locales de todo el país y grabó transmisiones para redes.

Los retos operativos de despachar fuera de Bogotá

La principal limitación es práctica: la mayor parte de la máquina estatal está en Bogotá. En el centro de la capital, el presidente tiene cerca a la mayoría de los ministerios y puede reunirse con funcionarios en persona en cuestión de minutos.

El texto también plantea que la tecnología puede cubrir parte de esa distancia. Además, menciona la posibilidad de un sistema blindado de comunicaciones para sostener contactos seguros desde otra ciudad.

De la Espriella no estaría solo en Barranquilla. Su plan contempla pasar varios días en algunas regiones y encabezar puestos de mando unificados, conocidos como PMU. La primera semana de gobierno sería en La Guajira.

Para Felipe Murillo, politólogo, doctorando en ciencia política y profesor de la Universidad Eafit, instalar el despacho en Barranquilla no equivale a una descentralización ni a una desconcentración del poder. Según explicó, no se transfieren competencias a la alcaldía ni se crean dependencias subordinadas del Ejecutivo en las regiones.

“Se trata de una decisión logística y simbólica que trata de que el poder ejecutivo debe mirar más allá de Bogotá y fijar la mirada en las regiones; un mensaje al bogocentrismo administrativo”, señaló el experto en diálogo con El Colombiano.

Murillo situó la propuesta en el terreno logístico y simbólico. A su juicio, “suena deseable, pero no necesariamente lo es por los retos que implica”.

El académico también advirtió sobre el tamaño del desafío institucional. Intentar mover una estructura asentada físicamente en Bogotá, dijo, es “como buscar mover una ballena encallada”.

Entre los puntos que deja abiertos mencionó la relación con ministerios y direcciones clave. También planteó la duda sobre qué fórmula permitiría una mejor articulación, comunicación y acción de gobierno.

Por su parte, Diógenes Rosero, profesor de la Universidad del Atlántico y experto en las dinámicas políticas de la región Caribe, identificó tres retos. El primero es si la apuesta se concentrará en Barranquilla o en las regiones en general.

El segundo pasa por el papel de la casa Char en ese esquema. El tercero es si el nuevo gobierno abrirá discusiones con fuerzas políticas distintas de sus aliados directos.

“Vale la pena preguntarse si el gobierno entrante le apostará a diferentes actores de la política regional en el Caribe o pondrá el foco en sus aliados”, señaló el docente a El Colombiano.

Rosero añadió que despachar desde Barranquilla implicaría trasladar algún tipo de infraestructura estatal a la ciudad. A eso sumó dos asuntos sensibles: la seguridad presidencial y la definición de una sede alterna.

También puso la lupa sobre el peso político regional que tendría la familia Char al contar con un presidente aliado en su ciudad. En esa ecuación incluyó a otros actores cercanos, como Alfredo Deluque, senador de La U por La Guajira, en medio de la disputa por la presidencia del Senado con Honorio Enríquez, del Centro Democrático.

Para Rosero, el gobierno necesitará interlocución con sociedad civil, empresarios y gremios. También dejó abierta la duda sobre si el presidente podrá concertar políticas públicas regionales y nacionales con otros sectores, dado que hasta ahora observa “un gabinete identitario”.

El antecedente histórico y la agenda regional del presidente electo

La idea de gobernar fuera de Bogotá tiene un antecedente en Rafael Núñez, quien a finales del siglo XIX ejerció el poder desde Cartagena. La comparación aparece en un contexto distinto, con herramientas de comunicación que hoy permiten una operación remota que entonces no existía.

A pocas semanas de la posesión del 7 de agosto, De la Espriella seguía trabajando desde su sede principal. Este martes, además, hizo un nombramiento, mientras avanzan las definiciones sobre cómo funcionará su esquema de gobierno entre Bogotá y las regiones.

La propuesta no cambia por sí sola el mapa institucional del país. Sí anticipa, en cambio, un Ejecutivo que busca ejercer parte de su actividad política y administrativa fuera de Bogotá, con las regiones como eje de esa dinámica.

El exdirector del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar apareció en la mañana del martes 14 de julio de 2026 para despacharse contra la reciente decisión del partido Nuevas Ideas, de El Salvador, de otorgar la candidatura al hoy presidente Nayib Bukele para lanzarse a la reelección tras vencer en las consultas internas.

A través de su cuenta de X, el también exsenador colombiano cuestionó fuertemente el modelo de gobierno que ha implementado el salvadoreño, especialmente por las reformas a la Constitución de ese país que le habrían dado la ventaja de presentarse por tercera vez a las elecciones.

Incluso, Bolívar comparó al mandatario extranjero con el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que logró lanzarse a un segundo periodo tras varios cambios en las leyes colombianas.

“Uribe 2.Bukele modificó la Constitución para ampliar el periodo de su mandato, para acabar con la segunda vuelta y para perpetuarse en el poder. Ya va por su 3er mandato”, señaló el exdirector del DPS.

En su mensaje, Bolívar también cuestionó las estrategias de la derecha latinoamericana para, según él, perpetuarse en el poder y seguir al frente de las naciones.

Además, defendió al presidente saliente Gustavo Petro de las críticas tras su posición frente a las elecciones en Colombia que dejaron a Abelardo de la Espriella como sucesor. Incluso, desde distintos sectores políticos se habla de una posible plan para “boicotear” al nuevo mandatario nacional liderado por Petro.

“La derecha le llama a eso democracia.En cambio a Petro que entrega el cargo en los 4 años que dicta la Constitución le dicen dictador. Dan asco”, concluyó Bolívar en su cuenta de X.

El Gustavo Bolívar pide no discriminar a los artistas y deportistas señalados como “abelardistas”

Gustavo Bolívar pidió no discriminar a quienes apoyan a Abelardo de la Espriella después de que una cuenta afín al petrismo difundiera en X una lista de artistas, deportistas y celebridades identificados como “Abelardistas”, y planteó que la salida de Gustavo Petro en 2026 puede abrir un escenario de disputa sobre derechos sociales, programas públicos y políticas ambientales.

La publicación que detonó la discusión superó las 690.000 visualizaciones y ubicó en el centro del debate el peso político de las figuras públicas. El mensaje fue compartido por la usuaria @PaulaOro3107 e incluyó nombres como Nicky Jam, Maluma, Carlos Vives, Sofía Vergara, Egan Bernal, Nairo Quintana, Tino Asprilla, Silvestre Dangond, Juanes, Pipe Bueno, James Rodríguez y Lucho Díaz.

El listado también mencionó a Catalina Aristizábal, Andrea Serna, Greicy Rendón, Cristina Hurtado y Mabel Cartagena. En el post, la usuaria escribió: “Acá están los Abelardistas!”, junto con una enumeración de celebridades que, según la publicación, simpatizan o se han mostrado cercanas al presidente electo.

Bolívar intervino después con un mensaje de tono conciliador. “Estamos actuando igual a ellos. No se puede discriminar a la gente por pensar diferente”, dijo el exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social.

Añadió que, en lugar de desconocer el libre albedrío de quienes piensan distinto, hay que mostrarles “el avance social que han tenido sus pueblos de origen en estos 4 años”. También propuso abrir conversaciones directas entre sectores enfrentados: “Invitémoslos a escuchar nuestros argumentos. Tomemos café con los que piensan distinto. Escuchemos sus puntos de vista también”.

Bolívar propuso persuadir en lugar de excluir a quienes respaldan otras posturas

El exfuncionario diferenció entre personas manipuladas y ciudadanos que sostienen sus posiciones por convicción. “Quitémosles la venda a los que están manipulados pero respetemos a los que creen firmemente en esas posturas”, afirmó.

Su cierre condensó la idea central de su intervención: “Mejor seducir que cancelar”. La respuesta de Bolívar apareció en medio de una conversación pública sobre si la exposición de afinidades políticas de artistas y deportistas deriva en estigmatización.

Bolívar también anticipó incertidumbre ante la salida de Gustavo Petro el 7 de agosto de 2026. En otro mensaje en X, sostuvo que la actual administración será recordada por la defensa de derechos y beneficios sociales, y que su ausencia puede dejar vacíos en la protección de sectores vulnerables.

“¿Quién va a defender los páramos? ¿Quién va a defender estos árboles? ¿Quién va a defender a la gente más pobre?”, preguntó. En esa misma línea, mencionó a adultos mayores, campesinos, madres comunitarias y estudiantes del Sena entre los grupos que, a su juicio, podrían verse afectados por un cambio de orientación en las políticas públicas.

Hay consternación en una familia bogotana después de que uno de sus miembros sufriera un accidente de tránsito en la noche del 10 de julio de 2026 en el occidente de la capital.

Sin embargo, familiares denuncian que el hombre, a bordo de una motocicleta, habría sido embestido por un vehículo de emergencia cerca de la carrera 68 con calle 13, al parecer, al saltase la señalización vial sin una emergencia evidente.

Desde ese momento, el joven permanece en una unidad de cuidados intensivos, mientras su familia denuncia serias irregularidades tanto en la conducción de la ambulancia como en la atención que recibió tras el hecho.

Según el relato entregado al concejal David Saavedra, la familia sostiene que existen imágenes que mostrarían cómo la ambulancia habría ingresado a la intersección sin reducir la velocidad y, aparentemente, sin activar luces ni sirenas.

Los allegados sostienen que el semáforo estaba en rojo para el vehículo en cuestión. Sin embargo, el video no forma parte oficial del expediente, ya que los familiares continúan buscando a quien lo grabó para entregarlo a las autoridades, según información divulgada por El Tiempo.

De acuerdo con la denuncia publicada por el diario, el joven atropellado quedó tendido varios minutos sin recibir asistencia por parte de la ambulancia involucrada. La familia asegura que fue una ambulancia privada la que finalmente realizó la inmovilización y los primeros auxilios, antes de trasladarlo a la Clínica de Occidente.

Durante ese proceso, señalan que se produjo una discusión entre los equipos de atención de dos ambulancias, lo que habría demorado aún más el traslado del paciente.

Las autoridades recibieron la denuncia, que ahora requiere verificación. El concejal Saavedra explicó al diario que la ley colombiana otorga ciertas prerrogativas a los vehículos de emergencia, pero esto no los exime de responsabilidad si ocasionan un accidente. Destacó que la reglamentación prohíbe aumentar la velocidad para cruzar un semáforo en rojo o amarillo, dada la peligrosidad de esos cruces.

“Las ambulancias existen para salvar vidas, no para ponerlas en riesgo. Este caso debe esclarecerse con total transparencia y establecer si hubo incumplimiento de los protocolos. Bogotá merece respuestas y acciones para que una tragedia como esta no vuelva a repetirse”, señaló el cabildante bogotano.

Las autoridades deberán analizar los videos, recoger testimonios y revisar los procedimientos aplicados para determinar si existieron fallas disciplinarias, administrativas o penales.

El joven continúa hospitalizado, mientras su familia demanda que la reconstrucción de los hechos permita esclarecer las responsabilidades y evitar que situaciones similares se repitan en la ciudad.

Entretanto, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente emitió un comunicado en la mañana del martes 14 de julio tras el accidente que involucró a una de sus ambulancias y dejó al joven de 25 años en cuidados intensivos. La entidad aseguró que, según su registro, el personal de la ambulancia sí prestó los primeros auxilios en el sitio.

“La tripulación de la ambulancia brindó los primeros auxilios a las personas afectadas y permaneció a disposición de las autoridades de tránsito para contribuir al esclarecimiento de los hechos”, afirmó la entidad en el documento.

Con esto, busca contradecir la versión de la familia, que había señalado una posible omisión en la atención inicial.

La Subred informó también que, como medida inmediata, se suspendió preventivamente al conductor de la ambulancia implicada y se abrió una investigación interna para determinar las circunstancias del incidente y tomar las decisiones que correspondan.

El comunicado dejó claro que el cumplimiento de las normas de tránsito es una responsabilidad individual, y cualquier fallo será evaluado por las autoridades competentes bajo el debido proceso.

El texto institucional remarcó que la entidad está colaborando con las autoridades y mantendrá su disposición para cualquier requerimiento adicional que surja durante el proceso.

“Lamentamos profundamente estos hechos y expresamos nuestra solidaridad con las personas afectadas y sus familias”, concluyó la Subred, reiterando su compromiso con la calidad y seguridad en la atención de emergencias.

En medio del revuelo generado en la mañana del martes 14 de julio de 2026 por Rodrigo Londoño, alias Timochenko, por su arribo a la sede la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tras un permiso otorgado para viajar a España, el antiguo miembro del secretariado de las extintas Farc envió un fuerte mensaje al presidente electo Abelardo de la Espriella.

A través de su cuenta de X, el exguerrillero y miembro del partido Comunes aseguró que seguirá velando por mantener los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno y ese grupo armado en 2016, pese a los anuncios del mandatario electo sobre acabar, a partir del 7 de agosto, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, además de la eliminación de unos 229 cargos públicos.

“Hoy, 14 de julio del 2026, siendo casi las diez de la mañana, estamos aquí cumpliéndole a Colombia y al mundo, contribuyendo con la verdad, contribuyendo con la reparación y contribuyendo con la reconciliación”, señaló “Timochenko”.

El exmiembro de las Farc recordó que trabajará en honor a los cientos de firmantes de paz que han sido asesinados desde 2016, según él, por las estigmatizaciones que han sufrido desde su rendición y sometimiento a la justicia especial.

Incluso, Londoño advirtió que su vida podría estar en riesgo por defender los acuerdos, en medio de fuertes tensiones políticas en el país por la continuidad de la JEP y de los beneficios a exintegrantes del grupo armado disuelto hace una década.

“A pesar de las inmensas campañas de estigmatización, a pesar de los discursos de odio que desde tribunas privilegiadas se responden a los hechos de paz, a pesar de los casi 500 firmantes asesinados. Y si nos toca ser el firmante 501 asesinado, bienvenida sea la muerte, porque estamos convencidos que más de 12 millones de colombianos recogerán esta bandera que hemos mantenido en alto con orgullo y sin arrepentimiento”, señaló.

En el mensaje difundido en su cuenta de X, alias Timochenko lanzó pullas al presidente electo al usar su popular saludo “firmes por la patria” acompañado de un gesto de su mano sobre la frente, pero cambiando la frase por “Firmes por la paz con justicia social”.

Entre Rodrigo Londoño y Abelardo de la Espriella ya existe una fuerte tensión, luego de que el recién elegido presidente declarara que alias Timochenko “merece estar preso de por vida” y se comprometiera a impulsar acciones para lograrlo.

El cruce de palabras se originó tras el regreso del exjefe guerrillero al país, luego de una visita a Madrid, España, donde participó en actividades con la organización Izquierda Unida.

“Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida, voy a trabajar en ello. Ningún formalismo aparente puede esconder que los crímenes de guerra y contra la humanidad de los jefes de las Farc siguen impunes”, afirmó el presidente electo.

En su intervención a través de redes sociales, De la Espriella cuestionó que los antiguos miembros de las Farc tengran privilegios como viajes al exterior, mientras las víctimas esperan una reparación.

“Mientras Petro y Cepeda promueven una rebelión en contra de lo que dictaron las urnas, los criminales que asesinaron, violaron y llenaron de cocaína el mundo se mueven tranquilamente en giras internacionales (...) Eso es a todas luces intolerable”, expresó.

El reciente viaje de Londoño fue objeto de críticas no solo por parte del presidente electo, sino desde sectores políticos que cuestionan los movimientos de los sancionados por la JEP. La sentencia vigente establece que quienes enfrentan sanciones pueden desplazarse dentro de Colombia para cumplir con las medidas impuestas, pero si desean salir del país, deben contar con autorización previa de la jurisdicción especial.

Este requerimiento cobró relevancia debido a la reciente condena de la JEP contra miembros del antiguo secretariado de las Farc por crímenes relacionados con el Caso 01, que investiga secuestros y privaciones graves de la libertad.

Un nuevo hecho de orden público se presentó en el departamento de Chocó, después de que las autoridades confirmaran el secuestro masivo de 39 civiles en una de las vías más concurridas de la región.

Según informó el Ejército Nacional en la mañana del martes 14 de julio de 2026, hombres armados e integrantes del Ejército Liberación Nacional (ELN) los interceptaron en la vía Quibdó-Carmen de Atrato y, mediante intimidaciones, los apartaron de la carretera y fueron movilizados con rumbo desconocido.

“Rechazamos y condenamos el secuestro de 39 personas, entre ellas, un menor de edad, quienes fueron secuestrados por presuntos integrantes del grupo armado organizado ELN en el sector de Toldas, sobre la vía Quibdó–Carmen de Atrato, Chocó“, señaló la institución en un comunicado.

Según la información concida hasta el momento, las víctimas se movilizaban en un autobús cuando fueron plagiadas. Entre los secuestrados se encuentran dos conductores de bus, dos auxiliares y 35 pasajeros que se movilizaban en dos vehículos de servicio público.

Ante la gravedad de los hechos, el Ejército Nacional informó que desplegó todas sus capacidades operativas y de inteligencia para recobrar la libertad de las víctimas, además de dar con los responsables de los hechos.

“Nuestras tropas, en coordinación con la Policía Nacional de Colombia y las autoridades competentes, adelantan operaciones militares para ubicar a los responsables y lograr la pronta liberación de las víctimas”, señaló la institución.

Asimismo, las autoridades solicitaron al grupo armado respetar la integridad física y mental de los 39 secuestrados en vías del Chocó. “Exigimos al ELN respetar la vida e integridad de las personas secuetradas y proceder a su liberación inmediata e incondicional”, concluyó el Ejército.

Operación de rescate dejó un soldado muerto y otros seis heridos: lo que se sabe

Un intenso operativo militar se desplegó en el departamento del Chocó luego de que tropas del Ejército respondieran a la retención de las 39 personas —incluido un menor de edad— atribuida al ELN. En el curso de esta reacción, un soldado profesional perdió la vida y otros seis resultaron heridos durante un enfrentamiento en la carretera Quibdó–Medellín.

Las autoridades informaron que el ataque se produjo alrededor de las 6:30 de la mañana de este martes, cuando uniformados del Batallón de Infantería N.º 12 de la Brigada 15 del Ejército Nacional fue emboscado en el sector La Guachoza.

Los uniformados intentaban responder de forma inmediata al secuestro masivo ocurrido en el tramo conocido como Toldas, sobre la vía Quibdó–Carmen de Atrato.

Entre los militares heridos se encuentran Jean Carlos Vallejo Vargas, quien permanece en estado grave a causa de lesiones en la cabeza y la nuca. Junto a él, también resultaron afectados Edwin Loaiza Rodríguez, Juan David Gutiérrez Rojas, Feider David Martínez Álvarez, Diego Armando Suárez Álvarez y Duban Snyder Foronda Acevedo.

Por su parte, las autoridades confirmaron que el soldado fallecido fue identificado como Elibert Ducuara Mosquera.

Según información preliminar, los responsables serían miembros del Frente Manuel Hernández “El Boche” del ELN, quienes habrían tendido una emboscada mecánica que desencadenó combates en la zona.

El secuestro colectivo y el posterior ataque a los uniformados han elevado la tensión en la región. El Ejército ha confirmado la continuidad de operaciones para dar con el paradero de los secuestradores y restablecer el control en la vía afectada.

La situación en Chocó presenta un fuerte desafío para las autoridades, que intentan recuperar la seguridad tras este hecho. Las víctimas del ataque reciben atención médica, mientras que las acciones para localizar a los secuestrados y a los agresores se mantienen activas.

Por su parte, la gobernadora del departamento, Nubia Córdoba, entregó un balance de cómo se mantiene la situación de orden público tras la arremetida del ELN en las carreteras de la región.

“El ELN mantiene su arremetida contra las vías del Chocó. Desde esta mañana ha generado varios ataques contra las tropas del ejército en el corredor vial Quibdó-Medellín. En este momento están generando el bloqueo de la vía atravesando dos buses de transporte público de la empresa Rápido Ochoa a la altura del sector de las Toldas”, señaló la gobernadora.

Han pasado siete meses desde que la gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, protagonizó un escándalo en el Gobierno nacional al denunciar una serie de irregularidades en la entidad que heredó del hasta hace poco director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd) Carlos Carrillo.

En aquel momento, el enfrentamiento entre funcionarios fue catalogado como ‘fuego amigo’ en el Ejecutivo y, entre otras, como una venganza personal de Rodríguez hacia Carrillo. Sin embargo, tras medio año de denuncias e investigaciones, finalmente se conoció el veredicto que dio la Contraloría General de la República sobre las presuntas irregularidades en la gestión de Carrillo.

Según el documento revelado por la revista Cambio, el ente de control confirmó baja ejecución en proyectos de La Mojana y hallazgos administrativos y disciplinarios, pero descartó que se hubiera concretado el riesgo de devolver $378.000 millones al Ministerio de Hacienda.

La Contraloría General de la República concluyó que las denuncias de Rodríguez tenían sustento en puntos centrales, en especial por la ejecución de 0,82% del presupuesto de 2025 en La Mojana y por deficiencias en la supervisión de la ruta del arroz. También estableció que el riesgo de reintegro de $378.000 millones no se materializó y confirmó una indagación preliminar por el cambio de sede del Fondo Adaptación.

Rodríguez denunció en diciembre varias presuntas irregularidades después de asumir como gerente encargada el 4 de noviembre de 2025. Luego fue designada en propiedad el 14 de enero de 2026.

Carrillo dirigió el Fondo Adaptación entre julio de 2024 y septiembre de 2025. La revisión del organismo de control se concentró en los señalamientos sobre esa administración.

Lo que halló la Contraloría en La Mojana

El principal hallazgo se concentró en La Mojana, donde el Fondo Adaptación tenía destinados $1,1 billones para el proyecto Reducción de la Vulnerabilidad Fiscal ante Desastres y Riesgos Climáticos entre 2024 y 2026. El mayor rubro correspondía a 2025, con $568.453 millones.

De ese monto, durante 2025 solo se ejecutó el 0,82%, equivalente a $4.650.017.713. La Contraloría concluyó que esa cifra reflejó una baja ejecución física y financiera del proyecto, según el documento revelado por Cambio.

El organismo también relacionó ese resultado con la licitación desierta de diciembre de 2024 para contratar los estudios y diseños. Según su evaluación, esa decisión afectó de forma directa la meta de intervención integral en La Mojana.

La Contraloría señaló además que, tras analizar ese proceso fallido, en julio de 2025 recalculó los recursos requeridos para el proyecto de dinámicas hídricas. El valor pasó de $104.365 millones a $808.168 millones, según reveló Cambio.

Además, determinó que el 99% de los recursos del presupuesto de 2025 quedó en reserva. Ese punto fue catalogado como hallazgo administrativo.

Las fallas detectadas en la ruta del arroz

Otro frente revisado fue la ruta del arroz, un contrato firmado en diciembre de 2024 para impulsar una estrategia de desarrollo socioeconómico en La Mojana por medio de ese cultivo. Rodríguez había advertido que el proyecto, iniciado en marzo de 2025, cerró el año con 0% de ejecución.

Carrillo sostuvo que ordenó frenar pagos al contratista tras recibir una denuncia de presunta corrupción sobre el proceso. También se desmarcó de la estructuración del contrato y atribuyó esa decisión a otros funcionarios de su administración.

La Contraloría examinó ese expediente y reprochó que la disputa alrededor del contrato desplazó los tiempos de ejecución, las metas y el propósito previsto. El contrato se suscribió por $36.211 millones, con una interventoría de $4.280 millones.

La primera etapa debía terminar en julio de 2025, pero concluyó en noviembre. La segunda, prevista entre julio y octubre, tampoco avanzó como estaba programada.

Sobre ese caso, la Contraloría determinó que hubo deficiencias y falta de eficacia en la supervisión, porque no se destrabó el proyecto ni se tramitaron a tiempo las actuaciones administrativas necesarias. También advirtió que al 31 de diciembre de 2025 persistían obstáculos para el pago, pese a que la primera etapa ya había terminado, porque faltaban aprobaciones de productos y avales.

Ese episodio configuró un hallazgo con posibles connotaciones disciplinarias. La revisión oficial también abarcó la gestión administrativa y de control del contrato.

Qué no se confirmó y qué sigue bajo indagación

Uno de los señalamientos que no prosperó fue el riesgo de reintegro de recursos al Ministerio de Hacienda. Rodríguez había advertido en diciembre que podían devolverse $378.000 millones por la baja ejecución de las metas de 2025, que ubicó en 47%.

La Contraloría concluyó que ese riesgo no se concretó. Según estableció, el Fondo Adaptación pidió al Ministerio de Hacienda mantener esos recursos en el rubro de Acreedores Varios Sujetos a Devolución.

En cuanto al traslado de sede, el organismo confirmó una indagación preliminar por los hechos denunciados por la gerente. El cambio se hizo del Centro Administrativo Nacional al complejo Connecta el 30 de diciembre de 2024, y luego Rodríguez revirtió esa decisión en diciembre de 2025 con el arriendo de otra sede en el Centro Internacional de Bogotá.

Rodríguez aseguró que la mudanza autorizada por Carrillo elevó el canon mensual de $94 millones a $214 millones, un alza de 195%. La Contraloría coincidió en que la decisión afectó el plan de austeridad, pero fijó un aumento distinto: los pagos por arriendo pasaron de $1.241 millones en 2024 a $2.351 millones en 2025, lo que equivale a 89,4%.

La gerente explicó al organismo que la entidad detectó subutilización del espacio en Connecta, interrupciones por protestas sociales y dificultades de transporte. Con ese argumento justificó el traslado definitivo en diciembre de 2025 a la sede del Centro Internacional, donde, según su versión, se logró un canon menor y un esquema unificado de costos.

La auditoría también detectó otros hallazgos por $8.111 millones en contratos de vivienda ajenos a la disputa entre Rodríguez y Carrillo. En el caso de La Mojana, la evaluación oficial advirtió además un deterioro de la credibilidad del Fondo en la región por los retrasos y las decisiones pendientes.

Tras una larga pausa en la racha de ganadores, en la noche del lunes del 13 de julio, el juego MiLoto volvió a darle la alegría a dos colombianos que se convirtieron en millonarios tras acertar las cinco balotas en el sorteo 570 de la popular mecánica.

Según se conoció, el jugoso acumulado de 750 millones será dividido entre dos apostadores, lo que significa que el monto individual para cada uno alcanzó los 375 millones de pesos, sujeto a las deducciones legales.

La combinación ganadora, compuesta por los números 13, 18, 25, 32 y 33, permitió que ambos apostadores acertaran los cinco números requeridos para llevarse el máximo galardón.

Según información del Operador Nacional de Juegos, los dos nuevos millonarios compraron sus boletos ganadores desde las ciudades de Bogotá y Puerto Salgar, en Cundinamarca, convirtiéndose en la primera vez que un habitante de este municipio recibe el premio mayor, mientras que la capital del país acoge a su vigésimo ganador.

Entretanto, el resultado de la jornada no solo benefició a los ganadores principales. En total, más de 11.000 personas obtuvieron algún tipo de premio gracias a sus apuestas, con una suma total entregada en premios de 839.810.100 pesos, consolidando la jornada como una de las más generosas del año para los participantes de MiLoto.

El desglose oficial de premios evidenció una amplia distribución entre distintas categorías. Para quienes acertaron los cinco números, el total de 750 millones de pesos se repartió entre dos ganadores.

En el segundo nivel, 24 personas lograron acertar cuatro números y recibieron 761.700 pesos cada una. Los acertantes de tres números sumaron 1.002 ganadores, con un premio individual de 29.650 pesos. Finalmente, quienes coincidieron en dos números fueron 10.455 jugadores, premiados con 4.000 pesos cada uno.

El sistema de MiLoto, operado por Baloto, se basa en que los participantes seleccionan cinco números en cada jugada. La cantidad de aciertos determina el nivel de premio. Cuando no hay ganadores del mayor, la bolsa acumulada crece para el sorteo siguiente, pero al ser adjudicado el premio principal, el pozo retorna a su valor de base.

Tras la caída del premio mayor, el acumulado de MiLoto se reinició y quedó fijado en 120 millones de pesos para el siguiente sorteo. Los organizadores confirmaron que este será el monto inicial disponible para los jugadores que participen en la próxima jornada, manteniendo así la expectativa entre quienes buscan convertirse en los próximos ganadores.

Los ganadores no recibirán la totalidad del premio: por qué

Aunque la emoción por el acierto fue inmediata, ambos ganadores deberán considerar los descuentos impositivos que aplica la legislación nacional sobre las ganancias en juegos de azar.

Y es que los premios de loterías y apuestas están sujetos en Colombia al impuesto por ganancias ocasionales, que establece una tarifa del 20% sobre el monto ganado. Este tributo se aplica antes de cualquier entrega al beneficiario, lo que reduce significativamente el valor efectivo recibido por los ganadores.

En el caso del sorteo 570, cada uno de los dos ganadores recibirá la mitad del pozo principal, es decir, 375 millones de pesos. Sobre esta suma, la retención por ganancias ocasionales representa un descuento de 75 millones de pesos por persona.

Asimismo, el sistema financiero colombiano también exige la deducción del gravamen a los movimientos financieros, conocido como 4x1000. Este impuesto corresponde al 0,4% de cada retiro o movimiento de fondos desde una cuenta bancaria. Así, al momento de consignar el dinero del premio, los ganadores observarán un descuento adicional de 1,5 millones de pesos sobre el valor neto después de aplicar el impuesto por ganancias ocasionales.

La normatividad local establece que estos descuentos se efectúan de manera automática, de modo que el ganador solo recibe la cifra final después de todos los tributos. Baloto detalla que los premios superiores a 48 UVT (Unidad de Valor Tributario) quedan sujetos a estas obligaciones, de acuerdo con las reglas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

La gira en Estados Unidos del equipo liderado por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, ya mostró sus primeros avances, después de que el nuevo coequipero de Abelardo de la Espriella y varios de los ministros designados de Hacienda y Comercio adelantaran un encuentro de alto nivel con las directivas del Grupo Banco Mundial.

El evento, adelantado en la mañana del lunes 13 de julio en la ciudad de Washington D.C. tuvo como objetivo establecer una hoja de ruta conjunta para el período 2026-2030 en cabeza del nuevo presidente electo.

Según información compartida por el equipo de prensa de De la Espriella, durante el encuentro, la delegación colombiana definió las prioridades económicas que guiarán la administración entrante.

El Banco Mundial, junto con la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), respondieron con propuestas concretas de apoyo técnico y financiero, enfocadas en impulsar el crecimiento y asegurar la estabilidad fiscal del país.

La agenda de la reunión incluyó la presentación de un plan de consolidación fiscal y una estrategia de reactivación económica. Según se informó, las partes analizaron distintas alternativas de financiamiento para Colombia, considerando tanto el corto como el largo plazo. Al final de la jornada, se prevé la definición de una serie de acuerdos formales y la coordinación de próximos pasos.

El principal objetivo fue fortalecer la relación estratégica con el Banco Mundial y asegurar el respaldo internacional para la nueva hoja de ruta económica. La delegación buscó garantizar el acompañamiento de organismos multilaterales en los desafíos fiscales y de crecimiento que enfrentará Colombia desde el inicio del nuevo mandato.

Entretanto, el cierre de la misión contempla una reunión directa con el presidente del Grupo Banco Mundial. Esta cita busca consolidar los acuerdos alcanzados y refrendar la alianza entre el próximo gobierno colombiano y los entes multilaterales, en un contexto de responsabilidad fiscal y transparencia.

Según señaló el equipo del nuevo presidente, la presencia de los representantes del gobierno electo, antes del 7 de agosto, envía una señal al mercado y a la comunidad internacional sobre la seriedad del compromiso con la consolidación fiscal y la búsqueda de alianzas que permitan la reactivación económica.

“Este encuentro en Washington es una señal clara del compromiso del Gobierno de la Patria Milagro con la responsabilidad fiscal, la transparencia y la búsqueda de alianzas internacionales que respalden la reactivación económica que Colombia necesita desde el primer día del nuevo gobierno”, señaló el equipo en un comunicado.

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo agradece el apoyo de 13 países al resultado electoral

El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo agradeció el respaldo de 13 países del Escudo de las Américas al resultado de las elecciones del 21 de junio de 2026, en un momento en que el presidente saliente Gustavo Petro y dirigentes de izquierda desconocen la legitimidad del mandatario electo, Abelardo de la Espriella, y ponen en tensión la transición de gobierno.

El pronunciamiento conjunto de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago rechazó las declaraciones orientadas a deslegitimar el mandato surgido de las urnas y a obstaculizar el proceso de empalme institucional.

En ese comunicado, los países afirmaron: “Rechazamos toda acción, declaración o decisión que pretenda deslegitimar el mandato conferido por la ciudadanía, desacreditar sin fundamento a las autoridades electorales competentes u obstaculizar la transición institucional, conocida en Colombia como proceso de empalme”.

Restrepo respondió a ese respaldo con una publicación en X en la que agradeció al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y a los gobiernos firmantes. También sostuvo que el resultado electoral debe respetarse para honrar la democracia y que la transición debe ajustarse plenamente a la Constitución y a las instituciones.

“Agradecemos al Secretario de Estado Marco Rubio y a los gobiernos que suscriben esta declaración por su firme respaldo a la democracia colombiana, al Estado de Derecho y al respeto por la voluntad soberana expresada por millones de ciudadanos que eligieron a Abelardo de la Espriella como nuestro presidente 2026 - 2030”, escribió el vicepresidente electo.

El Centro Nacional de Entrenamiento (Cenae) en Tolemaida inicia una nueva etapa bajo la dirección del brigadier general Juan Oduber Rendón Pérez, quien recibió el mando durante una ceremonia militar encabezada por el Inspector del Ejército Nacional.

El acto, realizado en el Fuerte Militar de Tolemaida, marca el comienzo de una gestión orientada a consolidar las capacidades operacionales de los soldados en Colombia, según indicó la institución.

El alto mando institucional elogió la labor de Federico Alberto Mejía Torres al frente del CenaeE durante casi un año. Su liderazgo impulsó el entrenamiento operacional, el bienestar del personal y la promoción del deporte entre los militares, además de introducir la plataforma Sigap, una herramienta tecnológica que optimizó la seguridad y el control de acceso en la guarnición militar.

“Impulsó importantes iniciativas orientadas al fortalecimiento del entrenamiento operacional, el bienestar del personal militar y sus familias, así como la promoción del deporte como eje fundamental para la preparación física de los hombres y mujeres de la institución”, señaló el inspector.

Durante la ceremonia, el inspector del Ejército resaltó la importancia de la Sigap como mecanismo de identificación y trazabilidad para personas y vehículos en el fuerte, consolidando a Tolemaida como referente en seguridad militar.

El alto mando también anunció que Mejía Torres continuará como comandante del Comando de Educación y Doctrina (Cedoc), desde donde seguirá fortaleciendo la formación y capacitación dentro de la institución.

El brigadier general Oduber Rendón, nacido el 3 de mayo de 1974 en la ciudad de Yolombó, Antioquia, cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en el Ejército Nacional.

Ingresó a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova en 1993 y se graduó como subteniente en 1994. Es oficial del Arma de Infantería y posee formación en combate, paracaidismo y procedimientos de policía militar.

El nuevo comandante del Cenae ostenta títulos en Ciencias Militares, Seguridad y Defensa Nacionales, Administración de Empresas, además de un Master of Science y una Maestría en Estrategia y Geopolítica.

A lo largo de su carrera ha recibido condecoraciones como la Orden de Boyacá, la Orden del Mérito Militar José María Córdova y la Medalla Batalla de Ayacucho, reflejando un historial caracterizado por la excelencia y el compromiso.

La reciente transmisión de mando responde a la necesidad de mantener altos estándares en la formación y entrenamiento de las unidades militares. El brigadier general Oduber Rendón asume el reto de impulsar la innovación y la seguridad en el proceso de preparación operacional, asegurando la continuidad del fortalecimiento institucional para cumplir con la misión constitucional del Ejército Nacional.

El nuevo director del Cenae es el mismo con el que el presidente Gustavo Petro chocó en abril de 2026 en la ciudad de Cali, donde interrumpió un acto público para ordenar al general Juan Oduber Rendón Pérez que lo escuchara y, al mismo tiempo, denunció presuntos vínculos de mandos castrenses con mafias del oro, un señalamiento que profundiza la tensión con la cúpula militar.

Durante el Encuentro Nacional de Formalización Minera y Comercialización del Oro, en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, el mandatario detuvo su intervención para corregir en público al entonces comandante de la Tercera Brigada.

“Usted me tiene que escuchar, ¿me entiende?, porque yo soy su comandante”, dijo Petro al general Rendón Pérez, en momentos en que el oficial seguía novedades de sus tropas por celular. Luego añadió: “No le estoy hablando directamente a usted, sino que tome nota de lo que digo, porque hay que hacer un plan”.

El episodio ocurrió en un discurso centrado en la minería ilegal y en lo que el presidente describió como obstáculos para enfrentar a esas estructuras. De acuerdo con el mandatario, decisiones de la Corte Constitucional que restringen la comercialización de oro extraído con mercurio o cianuro operan como una traba en la lucha contra esas mafias.

El lanzamiento de la Operación Cazador Antioquia (OCA) marca un nuevo intento de las autoridades por frenar la violencia en el departamento. La estrategia, impulsada por el gobernador Andrés Julián, busca neutralizar a 19 cabecillas de alto perfil ligados a organizaciones armadas y criminales, entre ellas el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc, el ELN y la estructura delincuencial El Mesa.

La conformación de este grupo élite responde a la necesidad de articular esfuerzos entre el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. El secretario de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, Luis Eduardo Martínez Guzmán, afirmó que la iniciativa permitirá realizar operaciones coordinadas para localizar, capturar y judicializar a los principales responsables de la criminalidad en la región.

En palabras del funcionario, estos equipos contarán con unidades entrenadas para instalar puestos de control, inspeccionar establecimientos y ejercer control de área, combinando labores de inteligencia y policía judicial bajo la dirección de fiscales especializados.

“Son grupos especiales con capacidades de prevención, disuasión y control, es decir, hombres preparados para instalar puestos de control, realizar inspecciones a establecimientos, ejercer presencia territorial y control de área. Al mismo tiempo, cuentan con un componente de Policía Judicial e inteligencia, que trabaja de manera articulada con un fiscal para ejecutar acciones dirigidas y contundentes contra los diferentes actores que alteran el orden público”, señaló el secretario.

Objetivos de la Operación Cazador Antioquia

El listado de criminales priorizados incluye nombres como Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, cabecilla de las disidencias de las Farc, capturado en 2024 por el Ejército y liberado posteriormente en el marco de la política de paz total. “Calarcá” está acusado de orquestar el derribo de un helicóptero estadounidense y el asesinato de 13 policías durante un operativo en el municipio de Amalfi.

La operación también busca recapturar a Óscar Javier Cuadros Zea, alias Chejo, y Néider Yesid López Urrego, alias Primo Gay, ambos señalados por delitos como extorsión y homicidio. Por estos dos últimos, la Gobernación de Antioquia ofrece recompensas de hasta 200 millones de pesos para quien brinde información que facilite su detención.

Entre los más buscados figura Luis Antonio Montoya Muriel, alias Jhon Fiera, a quien se le atribuye la masacre de cuatro personas en Remedios. Su captura podría generar una recompensa de hasta 300 millones de pesos.

Además, la estructura de las disidencias de las Farc incluye a Camila Andrea Palacios Berrío, alias Samantha, responsable de apariciones en videos y acciones de desplazamiento forzado, secuestros y narcotráfico.

La lista se completa con varios cabecillas de frentes y bloques de las Farc, entre ellos Dubian Alirio Berrío (“Diomer”) y Luis Daniel Terán Baldovino (“Chuzo”).

Objetivos del Clan del Golfo y el ELN

El cartel de la OCA también incluye a Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, líder máximo del Clan del Golfo, sobre quien pesa una orden de extradición a Estados Unidos y una recompensa de hasta cinco millones de dólares ofrecida por ese país.

Otro objetivo prioritario es Nelson Enrique Guzmán Ruiz, alias Soldado, vinculado al atentado que causó la muerte de dos soldados en 2025. La administración departamental ofrece hasta 200 millones de pesos por datos que permitan su captura. Entre los cabecillas de esta organización también figuran Ramiro de Jesús Henao (“Simón” o “Fantasma”), encargado de las finanzas criminales en la región, y otros mandos intermedios.

Por parte del ELN, el operativo busca a Duván Chavarría Yarce, alias Matías o “Pantera”, señalado por ataques contra la fuerza pública y la población civil en el norte de Antioquia.

En la misma organización figuran Luisa Fernanda Roldán Agudelo (“Verónica”), Ofelia de Jesús Angulo Cabezas (“La Negra”) y Carlos Alfonso Agudelo Gómez (“Nelson” o “Calvo”).

Estructura criminal El Mesa y alcance territorial

Dentro de los objetivos priorizados se encuentra Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero, líder del grupo El Mesa, con influencia en el norte del Valle de Aburrá, el oriente antioqueño y la ciudad de Bogotá. Este cabecilla participó en la Mesa de Paz Urbana impulsada desde la cárcel de Itagüí.

La nueva estrategia pretende debilitar las capacidades operativas y económicas de estas organizaciones, responsables de hechos de violencia, desplazamientos, extorsiones y homicidios que han afectado a la población antioqueña en los últimos años.

Según las autoridades, la articulación de recursos y competencias permitirá atacar de forma directa a quienes generan zozobra en el departamento y otras regiones del país.

La investigación por archivos irregulares contra la fiscal Margarita María Rueda avanzó a juicio en Bogotá por el presunto cierre indebido de expedientes de violencia, acceso y acoso sexual, muchos de ellos con menores de edad como víctimas.

Según información revelada por la revista Semana, la acusación sostiene que la delegada habría repetido argumentos falsos o sin sustento, culpado a denunciantes y evitado actos básicos de indagación en al menos dos docenas de casos.

Hasta donde se conoce, a Rueda la procesan y juzgan porque, según el expediente, entre 2018 y 2020 habría archivado denuncias de violencia sexual contra menores con tres causales reiteradas: atipicidad de la conducta, imposibilidad de encontrar a la víctima e inexistencia del hecho.

El proceso señala que esas decisiones habrían servido para cerrar expedientes sin investigar y que harían parte de una práctica para descongestionar despachos, reducir la carga laboral y dar falsos resultados.

El expediente revelado por la revista Semana describe una presunta “estrategia criminal” para reducir la carga laboral en la Unidad de Delitos Sexuales de la seccional de Bogotá. Una denuncia habló de medio centenar de investigaciones archivadas con ese propósito, mientras el caso atribuido a Rueda menciona dos docenas de expedientes.

La propia Fiscalía revisó las denuncias sobre archivos irregulares y concluyó que sí hubo decisiones cuestionadas. Rueda fue procesada y ahora enfrenta juicio por actuaciones que, según la acusación, retardaron su deber funcional y dejaron sin respuesta a víctimas de delitos sexuales.

Los argumentos usados para archivar las denuncias

La acusación sostiene que la fiscal repitió entre 2018 y 2020 tres fórmulas para cerrar casos. La primera fue la atipicidad de la conducta, es decir, que lo denunciado no encajaba en el delito señalado por la víctima.

La segunda causal fue la supuesta imposibilidad de encontrar al sujeto pasivo, esto es, a la víctima. La tercera fue la inexistencia del hecho, con la que descartó que los hechos denunciados hubieran ocurrido como fueron relatados.

El proceso cuestiona esas justificaciones porque, según la Fiscalía, en varios expedientes no hubo una verificación mínima. En uno de los señalamientos más directos, el ente acusador afirmó que la funcionaria “nunca emitió una sola orden a Policía Judicial tendiente a la localización de la víctima o de su madre”.

Entre los casos citados, la acusación dice que Margarita María Rueda habría presentado tocamientos en partes íntimas como actos de “protección y bienestar del indiciado”. En un expediente, la Fiscalía sostuvo que había elementos de prueba para inferir posibles tocamientos libidinosos contra un menor de 14 años agravados por el parentesco con el padre biológico.

En otra línea de archivo, la acusación indica que la fiscal habría cerrado diligencias por no ubicar a la víctima sin ordenar actuaciones para encontrarla. “Tan solo se limitó a ordenar el archivo de las diligencias”, señaló la Fiscalía al sustentar los cargos.

También aparecen decisiones apoyadas en contradicciones atribuidas a menores o en descalificaciones hechas por familiares. En uno de los apartes citados, la acusación recoge que la decisión se basó en que “la víctima se contradijo y su padre la tildó de mentirosa”, pese a que el expediente contenía elementos probatorios sobre un acto sexual.

Otro ejemplo mencionado en el juicio se refiere a una denuncia desestimada por la causal de inexistencia del hecho. Allí, según la acusación, Rueda sostuvo que el examen toxicológico no concluyó que la víctima estuviera ebria y agregó que ella misma “se puso en esa condición” al beber alcohol.

Otras denuncias sobre expedientes archivados en la Fiscalía

El caso se conecta con otras denuncias recientes sobre expedientes de violencia sexual tramitados por la entidad. Un colectivo de mujeres encabezado por Blanca Inés Durán exdirectora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) entregó una medalla simbólica a la fiscal Luz Adriana Camargo y la señaló como “campeona de la injusticia”.

Durán denunció que más de 40 procesos por acoso y abuso sexual desaparecieron en la Fiscalía. Según su reporte, de 41 casos remitidos por ella y su fundación, la entidad solo tenía noticia de 27 y apenas 8 seguían activos.

Esos expedientes correspondían a denuncias de menores de edad, niñas integrantes de ligas deportivas de Bogotá, por hechos ocurridos entre 2021 y 2023. El resto, según la exdirectora del Idrd, había sido archivado o considerado no conducente.

La Diócesis de Jericó inicia un nuevo ciclo pastoral tras la designación de Diego Luis Rendón Urrea como su octavo obispo. El anuncio lo hizo el papa León XIV, marcando un cambio de liderazgo en una de las jurisdicciones eclesiásticas más tradicionales del suroeste de Antioquia.

El nombramiento responde a la renuncia de monseñor Noel Antonio Londoño Buitrago, quien presentó su dimisión en agosto de 2024 al cumplir 75 años, edad límite establecida en el Código de Derecho Canónico.

“El padre Rendón Urrea sucede en esta misión episcopal a monseñor Noel Antonio Londoño Buitrago, quien acompañó pastoralmente la diócesis desde 2013″, señaló la Conferencia Episcopal de Colombia en un comunicado.

El relevo garantiza la continuidad de la vida pastoral en una región conocida por su profunda vocación misionera y por ser la cuna de figuras como Santa Laura Montoya, la primera santa reconocida de Colombia.

Trayectoria académica y pastoral

Diego Luis Rendón Urrea nació el 3 de junio de 1967 en Rionegro, Antioquia. Su formación en Filosofía y Teología la realizó en el Seminario Mayor de Santa Rosa de Osos y en la Universidad Santo Tomás de Medellín. Fue ordenado sacerdote el 21 de noviembre de 2000 para la Diócesis de Santa Rosa de Osos.

El nuevo obispo cuenta con una especialización en Gerencia Educativa por la Universidad de San Buenaventura de Medellín y otra en Pedagogía de la Virtualidad de la Fundación Universitaria Católica del Norte. Además, realizó estudios doctorales en Educación en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina.

Gran parte de su ministerio se ha caracterizado por unir el trabajo pastoral con la promoción de la educación católica. Desde 2015, Rendón Urrea se desempeñaba como rector general y representante legal de la Fundación Universitaria Católica del Norte y del Cibercolegio UCN, donde impulsó proyectos de educación superior y formación virtual con un enfoque confesional.

Antes de asumir la dirección académica, Rendón Urrea ocupó varias responsabilidades dentro de la Diócesis de Santa Rosa de Osos. Ejerció como vicario parroquial en Amalfi, promotor vocacional, delegado de Pastoral Misionera y de Pastoral Social, vicario de Pastoral y capellán del Sena en Bogotá. También fue párroco de Nuestra Señora del Carmen, en Gómez Plata, e integró tanto el Colegio de Consultores como el Consejo Presbiteral de la diócesis.

Quienes se preguntan qué significa este nombramiento para la región deben saber que la llegada de Rendón Urrea representa la continuación de una línea pastoral enfocada en la formación y la evangelización.

La Diócesis de Jericó, fundada en 1915, abarca actualmente 15 municipios, entre ellos Andes, Jardín, Támesis, Salgar, Ciudad Bolívar y Jericó. Su sede episcopal se encuentra en la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes y cuenta con 30 parroquias, un seminario diocesano y diversas comunidades religiosas.

Legado histórico y etapa renovada

La diócesis no solo es reconocida por su labor espiritual, sino también por su aporte a la historia de la Iglesia en Colombia. Además de Santa Laura Montoya, de esta tierra son originarios los beatos Juan Bautista Velásquez Peláez y Jesús Aníbal Gómez Gómez.

“Esta Iglesia particular ocupa un lugar especial en la historia de la Iglesia en Colombia por ser cuna de Santa Laura Montoya Upegui, primera santa nacida en el país y fundadora de las Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena. También son hijos de este territorio el beato Juan Bautista Velásquez Peláez y el beato Jesús Aníbal Gómez Gómez, cuyos testimonios de fe continúan inspirando la vida cristiana y misionera de esta región”, señaló la Conferencia Episcopal.

Con la designación de Rendón Urrea, se abre una nueva etapa para la comunidad católica del suroeste antioqueño. La experiencia del nuevo obispo en áreas pastorales y educativas sugiere que su gestión buscará fortalecer tanto la acción evangelizadora como la formación de los fieles en este territorio emblemático para la Iglesia colombiana.

La promesa de créditos hipotecarios al 2% volvió al centro del debate sobre la vivienda en Colombia: el presidente electo Abelardo de la Espriella planteó un programa para comprar casa a 30 años con esa tasa, pero luego el vicepresidente electo José Manuel Restrepo aclaró que se trata de una tasa real, mientras expertos advierten que su viabilidad exige subsidios, estabilidad macroeconómica y margen fiscal.

El Gobierno solo podría acercarse a créditos hipotecarios con tasa real del 2% si combina subsidios públicos, una baja de la inflación y mejores condiciones fiscales. Expertos del sector financiero y del mercado inmobiliario coinciden en que esa promesa no equivale a una tasa nominal del 2% y que, con tasas actuales de deuda y crédito, no resulta factible sin apoyo estatal, según un reciente informe de la revista Cambio.

La propuesta quedó consignada en campaña como la creación del programa “País de propietarios” para que los colombianos compren vivienda propia con intereses del 2% a 30 años. Sin embargo, la aclaración posterior cambió el sentido de la oferta: no sería una tasa nominal del 2%, sino una tasa real.

Restrepo ha explicado que la tasa real equivale a dos puntos porcentuales por encima de la inflación. Ante la aclaración, David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente, sostuvo en diálogo con Cambio que “esa tasa en términos nominales no tiene ningún sentido”.

Cubides añadió que hoy las tasas rondan el 12% y que una reducción de 10 puntos no tiene sentido en las condiciones actuales. A su juicio, la nueva administración tendría que revivir programas con subsidios a la tasa para intentar acercarse a ese nivel.

“Se necesita contar con recursos destinados a revivir este tipo de subsidios y programas, y enviar señales mucho más favorables en materia de inflación, en temas como ajustes salariales o mensajes que generan incertidumbre, para que el Banco de la República pueda bajar las tasas de interés en un futuro no tan lejano”, señaló el experto a la revista.

El deterioro del mercado de vivienda complica la promesa

El punto de partida no favorece al nuevo plan. En Colombia, el mercado de vivienda arrastra cerca de tres años de deterioro, con ventas, lanzamientos e inicios de obra en descenso y con menos hogares dispuestos a comprar.

De hecho, en el último año, 43.659 hogares desistieron de comprar vivienda. Con corte a mayo, las ventas acumuladas a 12 meses cayeron 33,6% frente al mismo periodo de 2022, mientras los inicios de obra retrocedieron 42,9%.

La crisis también coincide con el cierre de Mi Casa Ya en diciembre de 2024 por falta de recursos estatales. Ese programa, creado en 2015, permitió que 380.000 familias accedieran a una vivienda.

A la falta de subsidios se suman los costos del crédito. Según la Superintendencia Financiera, la tasa promedio de los hipotecarios estaba en 15,18% a junio de este año, aunque algunas entidades aún se ubicaban cerca del 12%.

La dificultad para comprar vivienda ya había quedado reflejada incluso en el discurso oficial. En un consejo de ministros del 25 de marzo de este año, el presidente Gustavo Petro dijo: “Pendejo el que compre una casa hoy con una tasa de interés como la que está”.

Sin embargo, el mayor obstáculo está en cómo bajar el costo del crédito de largo plazo. Aunque la tasa del Banco de la República llegó recientemente a 12%, las hipotecas también dependen de la deuda pública, porque se referencian a plazos extensos.

Los TES de Colombia se han movido entre 12% y 13% por la percepción de riesgo fiscal. Ese nivel reduce el incentivo de los bancos para prestar a tasas mucho más bajas en vivienda.

Alejandro Quintero, director de Vivienda y Leasing de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), planteó que la propuesta podría abordarse con una cobertura a la tasa de interés. Ese mecanismo implicaría que el Estado asuma una parte del costo financiero durante un periodo determinado.

Quintero advirtió que esa opción exige una fuente clara y sostenible de financiación pública, reglas de focalización bien definidas y un mecanismo transparente de compensación para las entidades financieras.

“La propuesta podría abordarse con el diseño de un esquema de cobertura a la tasa de interés. Es decir, un mecanismo mediante el cual el Estado cubre una parte del costo financiero durante un periodo determinado, de manera similar a instrumentos que ya han sido utilizados en la política de vivienda en Colombia”, señaló Quintero.

Por su parte, Daniel Velandia, director de Investigaciones Económicas de Credicorp Capital, resumió el reto con una frase breve: “Es muy difícil y desafiante llegar a eso”.

Su explicación apunta a que los bancos comparan el rendimiento de prestar con el de invertir en deuda del Gobierno. Velandia advirtió que, con tasas de deuda pública alrededor del 12%, una hipoteca a tasa real del 2% implicaría algo cercano al 8% o 9% con la inflación actual.

El economista añadió que la tarea pasa por corregir la situación fiscal para que bajen las tasas del mercado. “Las dos cosas deben trabajarse de manera simultánea. De otra forma parece poco probable que podamos ver tasas de crédito tan bajitas en un contexto de tasas tan elevadas como el actual, explicadas por la alta inflación y el deterioro fiscal”, señaló a Cambio.

También sostuvo que se necesitan subsidios o garantías para impulsar las ventas, lo que a su vez demanda recursos públicos.

Qué necesita la vivienda para reactivarse

Más allá de la discusión sobre la tasa, el sector ve otros frentes urgentes para reactivar la vivienda. Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2025 del Dane, el 40,8% de los hogares, cerca de 7,8 millones, vive en arriendo.

Mario Andrés Ramírez, presidente de la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas), pidió asegurar primero la suficiencia de subsidios. Señaló que el regreso sólido de un programa equivalente estimularía nuevos lanzamientos, ampliaría la oferta y movería el empleo.

Ramírez también propuso dar mayor peso de política pública al arrendamiento y a la vivienda usada. A su juicio, la estrategia oficial sigue concentrada casi por completo en la vivienda nueva y no refleja cómo acceden hoy los hogares a una solución habitacional.

El dirigente gremial añadió que el país necesita simplificar y modernizar trámites para agilizar compra, venta y arriendo de inmuebles.

El control letal de los hipopótamos volvió al centro del debate ambiental después de que Fabio Arjona, próximo ministro de Ambiente designado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, descartara esa opción y augurara el fin del plan de eutanasia anunciado en mayo de 2026 por el Gobierno Petro.

De hecho, tras las polémicas declaraciones, científicos y autoridades técnicas advirtieron que retirar esa herramienta puede agravar la expansión de una población que hoy se calcula entre 280 y 300 animales.

Y es que descartar la cacería o el control letal implicaría suspender una de las medidas previstas para contener el crecimiento de una especie invasora que ya se extiende por varios departamentos. El plan anunciado en mayo de 2026 contemplaba sacrificar 80 ejemplares al año mientras se intentaba la traslocación, ante proyecciones que llevan la población a 1.000 individuos en 2035.

Sin embargo, Arjona fue categórico en sus primeras declaraciones tras su designación en el gobierno de Abelardo de la Espriella. “Para mí el control letal no va a ser una solución, hay que buscar otra solución más inteligente”, señaló.

La decisión llegó apenas tres meses después de que la entonces ministra Irene Vélez formalizara un plan de eutanasia con protocolos específicos y una inversión anunciada de más de 7.000 millones de pesos. La medida se presentó como recurso de última instancia para contener la reproducción.

En una reciente publicación de El Colombiano, el biólogo Germán Jiménez de la Universidad Javeriana cuestionó que se descarte una pieza del plan de manejo. “Me parece un desacierto pretender sacar una de las acciones sin considerar que esto es un plan donde se complementan entre sí”, señaló.

Jiménez advirtió que el tiempo encarece cualquier intervención y reduce las opciones, lo que significaría un retroceso en el plan de control de especies, pues dejaría como únicas alternativas la esterilización, que es costosa, y la traslocación.

“Vamos a recurrir otra vez a esterilizaciones, a intentar traslocaciones, a buscar quién se lleva los animales, y el tiempo sigue corriendo y los animales se siguen reproduciendo”, comentó al diario nacional.

Por su parte, Rafael Moreno, demógrafo animal, que participó en el último censo sostuvo que la postura del futuro ministro desconoce el trabajo acumulado.

“Desde el punto de vista científico me parece que él está obviando el problema. No solo niega el conocimiento científico, niega los instrumentos administrativos y legales que construyeron los dos últimos gobiernos”, señaló a El Colombiano.

Asimismo, David Echeverri, biólogo y jefe de la oficina de gestión de la biodiversidad de Cornare, mantuvo un tono más prudente, pero planteó el mismo límite. “Lo que habrá que ver es qué otras alternativas se pueden contemplar, pero no se puede dejar que esos animales se continúen reproduciendo porque la problemática no va a tener fin”, comentó al diario El Colombiano.

Cómo se agravó el problema de los hipopótamos en Colombia

La historia empezó en 1981, cuando Pablo Escobar introdujo ilegalmente cuatro hipopótamos en la Hacienda Nápoles, en Puerto Triunfo. Tras su muerte en 1993, los animales quedaron sin vigilancia y encontraron en el Magdalena Medio alimento abundante, clima estable y ausencia de depredadores.

El primer aviso serio llegó en 2007, cuando habitantes de la vereda Bodegas, en Puerto Berrío, alertaron sobre un ejemplar joven y agresivo que atacaba pescadores e invadía fincas. Entonces se calculaban unos 20 animales y la población crecía entre 8% y 14% al año.

En 2009, el Ministerio de Ambiente autorizó la caza de control de un ejemplar adulto apodado Pepe. El rechazo que provocó las imágenes del animal muerto llevó a una jueza a prohibir nuevas acciones de ese tipo y desde entonces ese camino quedó bloqueado.

Desde 2011 se han ensayado confinamiento, esterilizaciones quirúrgicas, traslados a zoológicos colombianos, gestiones de traslocación internacional e inmunocastración. El balance sigue siendo limitado: 35 animales esterilizados, 40 inmunocastrados y ninguno trasladado fuera del país.

Un censo de 2022 registró 169 hipopótamos en siete núcleos poblacionales repartidos en 43.342 kilómetros cuadrados. Hoy la estimación subió a entre 280 y 300 ejemplares.

Por qué las alternativas no letales no han resuelto la expansión

Arjona planteó buscar una solución distinta, pero las opciones no letales acumulan obstáculos técnicos, jurídicos y financieros. La captura ya es compleja por el tamaño del animal, su piel gruesa y su comportamiento semiacuático.

La traslocación internacional ha tropezado con permisos y rechazos. Los contactos con organizaciones de México, Ecuador, Filipinas y la India no prosperaron por burocracia, falta de permisos de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) o inestabilidad institucional del Ministerio.

La primera solicitud hacia Ecuador para enviar dos ejemplares sigue sin resolverse y México rechazó una petición por el riesgo para su biodiversidad. La propuesta del empresario indio Anant Ambani para llevarlos a su santuario Vantara tampoco muestra avances.

Jiménez calculó que un traslado a gran escala costaría al menos cinco millones de dólares solo en captura. Añadió que un vuelo de 26 a 28 horas hacia la India puede causar la muerte de hasta el 50% de los animales por estrés y complicaciones con la anestesia.

El confinamiento también supone una carga prolongada para el Estado. Un hipopótamo adulto puede consumir hasta 60 kilos de hierba al día y eso abre un debate sobre destinar recursos públicos a una especie invasora mientras especies nativas amenazadas carecen de financiación.

Echeverri resumió ese límite. “Si no funciona ninguna de las alternativas, no se puede descartar de plano el control letal”.

Los efectos ambientales y sociales de una población fuera de control

La expansión ya supera a Antioquia y se proyecta hacia Boyacá, Santander, Bolívar y Cesar. Moreno advirtió que el problema dejó de ser exclusivo de Puerto Triunfo y puede ganar espacio en nuevos departamentos en los próximos años.

También se han registrado ejemplares que bajan por el río Magdalena hasta la depresión momposina, una llanura aluvial de más de 24.600 kilómetros cuadrados con condiciones favorables para su reproducción. Esa llegada eleva el riesgo en ecosistemas donde intervenir resultaría aún más difícil.

Los científicos alertan sobre efectos sobre la calidad del agua, competencia por alimento y desplazamiento de especies nativas. Entre las especies bajo amenaza mencionan al manatí antillano y la tortuga morrocoy.

En Puerto Triunfo que concentra el 65% de la población de hipopótamos, el problema también afecta la vida diaria. Hubo ataques a personas en 2020, 2021, 2023 y 2024, además de daños en cultivos, cierres de escuelas, choques con vehículos y desplazamiento de pescadores.

El alcalde Franklin Portillo defendió una postura basada en responsabilidades públicas. “Tengo que pensar en una responsabilidad y hablar desde la razón, más no desde el sentimiento”.

El municipio vive además una tensión económica porque más de 300 emprendimientos locales dependen del avistamiento de hipopótamos y del turismo asociado. A la vez, enfrenta demandas por responsabilidad civil y carece de recursos suficientes para manejar un problema que sigue creciendo mientras el nuevo gobierno define su ruta.

El episodio que enfrentó Luis Felipe Yagüé Cotazo, un vendedor ambulante de 74 años en Florencia, Caquetá, tuvo un giro inesperado tras la viralización de un video donde un profesor universitario lo increpó por su voto en las recientes elecciones.

Sin embargo, lejos de perjudicarlo, el suceso terminó multiplicando el respaldo a su emprendimiento y agotó su mercancía en cuestión de horas, aunque pocos han conocido su historia de vida .

La vida de Don Luis Felipe, como se le conoció en redes, se ha forjado en el trabajo constante y la cercanía con el campo. Desde niño se crio en una familia campesina, aprendiendo el valor del esfuerzo diario y el respeto por la tierra.

Esa experiencia marcó su camino: hoy dedica sus jornadas a comercializar productos como panela, huevos, miel de abeja, plátano campesino, cuajada, quesillo, tajadas, aguacates y envueltos de choclo, que adquiere directamente a campesinos y familiares con parcela propia.

Así lo dio a conocer el propio vendedor de la tercera en una entrevista entregada a la revista Semana en la que, además, confirmó que tiene su negocio ambulante de venta de panela y otros productos de la canasta básica desde hace dos años.

Don Luis Felipe decidió recorrer las calles de Florencia a bordo de una carreta. Cada sábado inicia su ruta a las ocho de la mañana y la concluye cerca de las cuatro de la tarde.

“Tengo un carrito donde llevo todos mis productos. La mora, la cuajada y el quesillo los transporto en termos para conservarlos fríos. Comienzo la ruta, por ejemplo, a las ocho de la mañana y termino entre las tres y media y las cuatro de la tarde. Recorro los barrios de Florencia visitando a la gente que apoya mi emprendimiento, que para mí es muy sagrado. Yo no ando quitándole nada a nadie; simplemente promociono mis ventas. En eso he estado. Llevo más de dos años haciendo este trabajo”, señaló el vendedor a la revista.

Según el hombre de la tercera edad, siempre ha mantenido un trato cordial con sus clientes, con quienes ha logrado forjar una relación de comercio e incluso de afecto, tras tantos días recorriendo los mismos lugares.

“Yo hago mi trabajo en Florencia, Caquetá. Vendo a domicilio; voy hasta las puertas de las casas de mis clientes, los saludo con un “buenos días” o “buenas tardes” y les pregunto qué les voy a dejar ese día. Ellos me dicen si quieren una panela, un panelón, huevos o lo que necesiten”, señaló.

Además de su labor como vendedor ambulante, realiza oficios varios en el sector de la carpintería y la pintura, con la que ha logrado mantener sus ingresos pese a su avanzada edad.

“Siempre me he dedicado a hacer oficios varios. Tengo un compresor, pinto puertas y ventanas y hago diferentes trabajos. Toda la vida me la he rebuscado y todavía me la sigo rebuscando”, comentó don Luis Felipe a Semana.

Su historia cobró notoriedad nacional tras la viralización de un video en el que un profesor universitario lo increpó por sus ideas políticas y anunció públicamente que no volvería a comprarle.

Lejos de generar rechazo en la comunidad, el episodio provocó una ola de solidaridad: en pocos días, don Felipe agotó su inventario y recibió el respaldo de los habitantes de Florencia y del sector campesino, que lo reconocen como un digno representante de sus esfuerzos.

Luis Felipe prefiere mantenerse al margen de los debates políticos y defiende la idea de que “no hay razón para discriminar a nadie por sus creencias”. Para él, el respeto y la honestidad son valores esenciales, y así lo transmite en cada encuentro con sus clientes y colegas.

Hoy, don Felipe expresa gratitud por el apoyo recibido y sostiene que su mayor satisfacción reside en la confianza de quienes compran sus productos y en la oportunidad de seguir activo a pesar de la edad.

“Ese personaje quiso hacerme daño, pero, para gloria del Señor, se me abrieron las puertas”, concluye. Su historia es testimonio de resiliencia, dignidad y la fuerza de una comunidad que reconoce el valor del trabajo honesto.

En medio del revuelo generado en Estados Unidos por el presunto encuentro que tendría una alta funcionaria de la Alcaldía de Nueva York con el gobierno iraní, pese a las fuertes enfrentas con el presidente Donald Trump, la administración local emitió su posición oficial.

Según se conoció el domingo 12 de julio, la Alcaldía de Nueva York admitió que fue un “error” la tramitación de una reunión entre la colombiana Ana María Archila, comisionada de Asuntos Internacionales, y el embajador iraní ante la ONU. La situación provocó críticas del Departamento de Estado y llevó a la administración local a revisar sus protocolos para encuentros con diplomáticos extranjeros.

El hecho generó repercusión inmediata en Estados Unidos, dado el contexto de tensión creciente con Irán. En las últimas horas, ambos países protagonizaron una nueva escalada militar, con ataques y represalias que elevaron la sensibilidad política ante cualquier contacto entre funcionarios estadounidenses y representantes iraníes.

La preocupación surgió cuando trascendió que la oficina de Archila había gestionado un encuentro con Amir Saeid Iravani, embajador de Irán ante Naciones Unidas. El alcalde Zohran Mamdani aseguró que no tenía conocimiento de la cita y explicó que la solicitud llegó como una petición externa, no impulsada por la propia oficina municipal.

Según Mamdani, “fue una solicitud que llegó a la Oficina de Asuntos Internacionales, no una que se originó allí”, y calificó el episodio como un error administrativo.

Las autoridades federales respondieron sin demora. Desde el Departamento de Estado se calificó de “inconcebible” que un funcionario municipal considerara reunirse con el embajador iraní, al tiempo que se reconoció positivamente que la cita hubiera sido cancelada antes de concretarse.

Entretanto, la oficina de la colombiana Ana María Archila recibió un llamado de atención interno, de acuerdo con The New York Times, aunque la funcionaria no ha hecho declaraciones públicas sobre el incidente. La misión iraní ante Naciones Unidas tampoco ha emitido comentarios oficiales.

Ana María Archila, originaria de Bogotá, es comisionada de Asuntos Internacionales de Nueva York desde febrero de este año. Su papel consiste en actuar como enlace entre la ciudad, Naciones Unidas y el Departamento de Estado.

Antes de este cargo, desarrolló una carrera en organizaciones de defensa de inmigrantes y derechos laborales, como Make the Road New York y el Center for Popular Democracy, además de codirigir el Working Families Party.

El alcalde Mamdani fue enfático al decir que el encuentro nunca se realizó y que el error se debió a una falla administrativa en el proceso de recepción de solicitudes. La administración se comprometió a revisar y reforzar los controles internos para autorizar futuros encuentros internacionales.

La proyección nacional de Archila se consolidó en septiembre de 2018. Entonces increpó al senador Jeff Flake en un ascensor del Senado de Estados Unidos, poco antes de una votación decisiva sobre la nominación de Brett Kavanaugh a la Corte Suprema.

Archila compitió en 2022 por la vicegobernación junto a Jumaane Williams. Recibió el respaldo público de Alexandria Ocasio-Cortez y terminó en segundo lugar en una primaria demócrata ganada por Antonio Delgado.

Esa candidatura amplió su visibilidad dentro de las bases progresistas de la ciudad. En 2023 fue nombrada codirectora del Partido de las Familias Trabajadoras de Nueva York junto a la activista Jasmine Gripper, con lo que formalizó su peso dentro de ese espacio político.

Archila también promovió campañas para visibilizar la situación de Puerto Rico tras el huracán María. Denunció la insuficiencia de la infraestructura estatal local, la inacción del Congreso de Estados Unidos y la presión de la deuda económica sobre la isla.

Sobre ese escenario, sostuvo: “Puerto Rico no está recibiendo asistencia receptiva del gobierno federal de Estados Unidos porque el Congreso no considera que la localidad esté dentro de sus deberes de representación”.

La radicación de una denuncia penal ante la Fiscalía por parte del equipo jurídico de Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, ha puesto en la mira la polémica contratación de asesorías en el sector petrolero nacional.

El caso, que involucra a la filial Cenit de Ecopetrol, gira en torno a un contrato adjudicado a la firma Gesycobro SAS, el cual superó los 21.108 millones de pesos y resultó favorecido frente a reconocidas firmas del sector.

La denuncia sostiene que existen presuntas irregularidades en la adjudicación de este contrato de asesoría jurídica. Según el abogado Germán Calderón España, quien lidera el equipo dorado anticorrupción del proceso de empalme, se habrían detectado posibles delitos relacionados con la celebración del contrato.

El señalamiento apunta a supuestas relaciones políticas entre miembros de la firma beneficiada y el entonces vicepresidente jurídico de Cenit, Jorge Edilson Murcia, quien previamente se desempeñó como representante a la Cámara por el Huila.

La controversia se centra en la presunta ausencia de idoneidad de la firma adjudicataria y en la sospecha de vínculos políticos que, de acuerdo con los denunciantes, influyeron en el proceso de selección.

Calderón España comunicó que la denuncia va respaldada por los respectivos contratos, informes de auditoría forense, reportes de prensa y advertencias emitidas por la Contraloría General de la República.

“Cada denuncia penal va acompañada de los convenios o contratos, de los informes de auditoría forense que dan cuenta de las irregularidades, de las noticias y demás información de medios de comunicación y de los controles de advertencia de la Contraloría acatados por el gobierno saliente”, señaló el abogado.

El documento presentado destaca que Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. es una sociedad de economía mixta, regulada bajo un régimen especial como entidad adscrita a Ecopetrol. Esta característica implicaría consecuencias específicas en materia penal, disciplinaria y fiscal para los responsables de la gestión contractual.

La denuncia está ahora en manos de la Fiscalía General de la Nación, que deberá decidir si abre una investigación formal sobre el caso. Mientras tanto, el equipo jurídico de Abelardo de la Espriella insiste en que los hallazgos presentados constituyen una muestra concreta de la labor de auditoría forense impulsada durante el proceso de empalme.

“El 11 de julio de 2004, la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR) emitió una advertencia ordinaria al gestor fiscal consistente en un estudio sectorial para lo minero-energético. En ella, se identificaron cuatro (4) riesgos: (i) el de una baja significativa en los ingresos de la Nación; (ii) el impacto fiscal que la mitigación de costos a través de subsidios tendria; (iii) el de la disminución de la inversión extranjera directa (IED) en el pais y (IV) incrementando el déficit del PTEC”, señala la denuncia.

La otra denuncia en marcha por contrato de tierras: 500.000 millones y ejecución nula

El primer expediente presentado se refiere a un convenio entre la ANT y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), orientado a la adquisición y entrega de predios dentro del programa de Reforma Agraria.

El equipo de empalme sostiene que el valor del acuerdo asciende a 500.000 millones de pesos, de los cuales el 80% ya habría sido desembolsado. No obstante, el informe revela que la ejecución material sería inexistente, ya que la obligación principal era entregar los bienes debidamente escriturados y, hasta el momento, según el análisis, “no existe escritura alguna”.

Esta denuncia plantearía un riesgo inmediato: los beneficiarios del programa podrían recibir terrenos sin títulos idóneos, lo que compromete la seguridad jurídica y la efectividad de la Reforma Agraria. El Equipo Dorado Anticorrupción considera que este tipo de irregularidades debe ser investigado en profundidad por la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.

En medio del empalme, el grupo anticorrupción del presidente electo ha interpuesto denuncias penales, disciplinarias y fiscales sobre la gestión de fondos públicos, señalando posibles delitos y omisiones en la ejecución de programas clave. Las pruebas incluyen documentos contractuales, análisis forense y reportes oficiales, con el objetivo de que las autoridades determinen responsabilidades y tomen medidas.

Según la información conocida hasta el momento, las familias de la zona reportaron afectaciones directas, mientras la fuerza pública mantiene una presencia activa para intentar recuperar el control del municipio.

Las protestas comenzaron después de que, según testimonios de habitantes y trabajadores mineros, cerca de 150 uniformados irrumpieron sin previo aviso en la zona minera entre las 2:30 a. m. y las 3:00 a. m. del domingo. Los mineros artesanales, respaldados por líderes locales, denunciaron que los agentes emplearon gases lacrimógenos y armas de fuego, sin mostrar la orden de allanamiento correspondiente.

Durante los disturbios, testigos relataron a El Colombiano que una persona murió tras el rebote de un disparo realizado al suelo por un uniformado. Otras tres personas resultaron heridas en medio de la confrontación, lo que incrementó la indignación de la población y motivó que las movilizaciones alcanzaran puntos estratégicos del municipio, como las instalaciones de la electrificadora.

”Nosotros estamos haciendo una manifestación pacífica y empezaron otra vez de nuevo los ataques del Ejército. Toda la noche estuvieron hostigándonos el Ejército, la Policía y el Esmad (hoy Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, Undmo) con gases”, señaló el testigo al diario nacional.

El operativo tenía como objetivo un allanamiento contra minería ilegal en la mina Frontera Gold, donde operan mineros informales que consideran el yacimiento su fuente principal de sustento.

Testimonios recogidos por medios regionales señalan que la intervención contó con la participación del Grupo de Operaciones Especiales (Goes), el Ejército y agentes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo).

Habitantes denunciaron que los gases lacrimógenos no solo se utilizaron en las inmediaciones de la mina, sino en barrios residenciales. Varias familias, incluyendo niños, tuvieron que abandonar sus viviendas por la presencia de humo y gas en el interior de sus casas.

Un ciudadano consultado por El Colombiano relató que existió una supuesta coordinación entre las autoridades y la multinacional Aris Mining para ejecutar la intervención, aunque la empresa respondió que el operativo fue un asunto de orden público, remitiendo a la versión oficial.

Entretanto, la muerte del joven involucrado en los disturbios habría ocurrido en medio de un intercambio de disparos durante las protestas. De acuerdo con fuentes militares consultadas por el medio nacional, un soldado respondió a un ataque armado por parte de un manifestante y, tras el enfrentamiento, un hombre herido fue trasladado a un centro de salud, donde falleció. Hasta el momento, no se ha determinado oficialmente la identidad de la víctima ni su posible vinculación con grupos armados ilegales.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, atribuyó los hechos a una posible retaliación del Clan del Golfo ante los operativos de las autoridades contra la minería ilegal. A través de su cuenta de X, el mandatario expresó respaldo a la fuerza pública e informó sobre la realización de un consejo de seguridad para coordinar la respuesta.

Rendón aseguró que persistían bloqueos viales, incineración de vehículos y ataques a patrullas del Ejército en diferentes puntos de acceso a Segovia. Además, señaló la presunta instrumentalización de algunos habitantes por parte de estructuras criminales, lo que añade complejidad a la situación.

“Avanzamos en un Consejo de Seguridad para coordinar la respuesta institucional y contener esta situación. Hay instrumentalización de algunos pobladores por parte de esa estructura criminal. A esta hora persisten cuatro bloqueos en los accesos al municipio, con quema de llantas, vehículos atravesados e incineración de motocicletas, camionetas y una volqueta. Además, durante estos hechos fue atacada una patrulla del Ejército Nacional”, señaló el gobernador.

En paralelo, organizaciones defensoras de derechos humanos han solicitado esclarecimiento de los hechos y garantías para la población civil, especialmente para las familias afectadas por los gases lacrimógenos y los disturbios. Hasta el cierre de esta edición, la Policía Departamental no había emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.

El fallecimiento de Lindsey Graham, senador republicano y figura clave de la política exterior de Estados Unidos, provocó una serie de reacciones entre representantes y exmandatarios colombianos.

De hecho, en la mañana del domingo 12 de julio, la Embajada de Colombia en Washington comunicó su pesar, destacando la contribución del senador a la cooperación bilateral en seguridad y estabilidad regional.

La noticia de la muerte de Graham, de 71 años y representante de Carolina del Sur, fue confirmada por su oficina. La causa del deceso fue una “enfermedad breve y repentina”. Durante su extensa carrera, el político estadounidense mantuvo una relación activa con Colombia, primero como impulsor del diálogo y, más adelante, como promotor de medidas más estrictas frente al narcotráfico.

Por su parte, la Embajada colombiana resaltó que Graham fue clave para fortalecer el vínculo entre ambos países, especialmente en temas de seguridad compartida y lucha contra el crimen organizado.

“La Embajada de Colombia expresa sus sinceras condolencias por el fallecimiento del senador Lindsey Graham. A lo largo de su carrera, contribuyó a los diálogos que ayudaron a forjar la relación duradera entre Estados Unidos y Colombia, particularmente en temas de seguridad compartida, estabilidad regional y la alianza de larga data entre nuestras dos naciones”, señaló la sede diplomática.

Asimismo, la embajada extendió su solidaridad a la familia del repúblicano y a la ciudadanía de Carolina del Sur. “En este momento difícil, expresamos nuestro más sentido pésame a su familia, seres queridos, personal y al pueblo de Carolina del Sur”, concluyó.

El vínculo de Lindsey Graham con Colombia estuvo protagonizado por pronunciamientos directos en momentos de crisis. Una de sus intervenciones más recordadas ocurrió el 19 de mayo de 2021, durante el estallido social en Colombia.

En aquella ocasión, el senador informó que había conversado con el entonces presidente Iván Duque y manifestó su respaldo al gobierno, describiendo a Colombia como un socio “invaluable” para Washington.

El propio Graham reflexionó sobre los desafíos de apoyar las protestas pacíficas sin dejar de enfrentar a quienes buscan desestabilizar. “Siempre es difícil encontrar un equilibrio entre apoyar a los manifestantes pacíficos y enfrentar a los agitadores que buscan desestabilizar”, señaló el republicano.

Cambios en el discurso y tensiones recientes

El retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos significó un giro en la postura de Graham hacia Colombia. Su discurso se endureció, enfocándose en la lucha contra el narcotráfico y adoptando un tono de mayor presión.

En junio de 2025, tras el atentado contra el entonces candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, Graham calificó el hecho como “profundamente preocupante”. Solicitó garantías para los capturados y advirtió que “Estados Unidos está observando”.

La tensión aumentó meses después cuando, en octubre de 2025, respaldó la imposición de aranceles a Colombia. El senador afirmó que la medida golpearía al país “donde más le duele: en el bolsillo” y advirtió que quienes participaran en actividades de narcoterrorismo “pagarían un precio muy alto”.

Graham acuñó el término “califato del narcotráfico” para referirse a la presunta alianza de Venezuela, Cuba y Colombia como focos de redes ilícitas en la región. En noviembre de 2025, sostuvo que la administración Trump enfrentaría lo que él calificó como un “Estado narcoterrorista” en Venezuela y reiteró la existencia de dicho califato en el entorno de Estados Unidos.

Entretanto, exmandatarios del país también expresaron sus condolencias por la muerte del senador nortemericano. Por un lado, el expresidente Álvaro Uribe señaló que Graham fue un gran aliado de su gobierno y envió un mensaje a sus familiares. “Siempre gratitud, ayudó mucho a los Gobiernos que presidí. Mi solidaridad con toda su familia”, señaló.

Por su parte, Iván Duque lo catalogó como un “gran amigo de Colombia” y defensor de la cooperación en seguridad, comercio y democracia.

“Lamento profundamente el fallecimiento del senador Lindsey Graham. Fue un gran amigo de Colombia y un firme defensor de la histórica relación entre nuestros países, contribuyendo al fortalecimiento de la cooperación en seguridad, comercio y defensa de la democracia. Siempre recordaremos su compromiso con la libertad y con las alianzas democráticas. Expreso mis más sentidas condolencias a su familia, a sus colaboradores y al pueblo de Estados Unidos. Descanse en paz”, comentó el expresidente.

La compra de cuatro haciendas por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en Puerto Gaitán quedó bajo revisión después de que la entidad comprometiera más de 36.000 millones de pesos y girara anticipos por 14.339 millones para predios que, según estudios técnicos del propio proceso, no cumplían las condiciones para la reforma agraria campesina.

Según documentos obtenidos por la revista Cambio, la Procuraduría y la Contraloría General ahora tienen bajo la lupa a la ANT por autorizar anticipos y avanzar en negocios jurídicos pese a advertencias técnicas sobre restricciones ambientales, agronómicas, territoriales y de destinación. Esas observaciones impedían desarrollar allí la reforma agraria para comunidades campesinas y dejaron en duda el destino de los recursos ya desembolsados.

Entre noviembre y diciembre de 2023, la ANT firmó promesas de compraventa sobre Visalia, El Paraíso, La Porfía y La Juliana. En enero de 2024 autorizó anticipos por 14.339 millones de pesos: más de 8.139 millones para Visalia, 2.906 millones para El Paraíso, 1.759 millones para La Porfía y 1.534 millones para La Juliana.

Los cuatro expedientes compartían un mismo problema desde la etapa previa. Los estudios advertían restricciones que impedían destinar esos predios a familias campesinas, aunque la entidad siguió con las negociaciones y modificó algunas condiciones contractuales.

Fuentes cercanas al proceso, citadas por Cambio, señalaron que durante los estudios previos aparecieron superposiciones con resguardos indígenas, afectaciones relacionadas con el humedal Alto Vichada, límites derivados de la Unidad Agrícola Familiar, restricciones agronómicas y otras condiciones territoriales. Los informes advertían que esas limitaciones comprometían la destinación de los predios para la reforma agraria campesina.

El problema no se reducía a adquirir tierra. Esos terrenos debían servir para el fin con el que el Estado invertía recursos públicos.

“Ellos no han pagado el ciento por ciento del valor del predio y por eso, los vendedores han entregado los predios y no tienen por qué hacerlo. Y hay unos perjuicios para los vendedores porque no es culpa de ellos que la Agencia Nacional de Tierras haya hecho una visita técnica que salió que no era viable y que aun así continuaran con la compra de los predios. Los vendedores también fueron engañados”, señaló la fuente al diario nacional.

Qué pasó con las compras y los anticipos

La evolución jurídica de las operaciones no fue igual en los cuatro casos. En La Porfía y La Juliana aparecen inscritas escrituras de compraventa a favor de la ANT desde mayo de 2024, mientras que en Visalia y El Paraíso el segundo pago quedó condicionado al recibo definitivo de los predios.

Esa diferencia no resolvió el problema de fondo. Según fuentes consultadas por Cambio, ninguno de los cuatro predios ha podido incorporarse al Fondo de Tierras porque las observaciones técnicas surgidas durante el proceso siguen impidiendo que cumplan la finalidad para la cual fueron adquiridos.

Un memorando del 6 de febrero de 2025, firmado por Deisy Lizeth Gómez entonces directora de Acceso a Tierras, dejó constancia de que la Mesa Técnica de Seguimiento a Casos Críticos revisó si esos predios podían pasar a la Dirección de Asuntos Étnicos. El documento contempló una eventual destinación a sujetos étnicos o una entrega compartida con campesinos, “de acuerdo con las fracciones viables agronómicamente”.

Ese mismo memorando ordenó trasladar los expedientes para que esa dependencia definiera si asumía los predios. Gómez advirtió además la necesidad de resolver “la suerte de los recursos ya invertidos por parte de la entidad”.

En La Porfía y La Juliana, otro memorando fechado el 29 de enero de 2025 mostró un escenario adicional. La ANT informó que esos negocios fueron convocados a conciliación extrajudicial y que debía definir el futuro de las operaciones para comunicarlo a la Oficina Jurídica.

La versión de Felipe Harman

Consultado por la revista Cambio, Felipe Harman, director de la ANT, dijo que los negocios jurídicos sobre Visalia, El Paraíso, La Porfía y La Juliana se suscribieron entre el 19 y el 20 de diciembre de 2023, antes de su llegada a la entidad. Añadió que entonces se pactaron pagos parciales de entre el 30% y el 50% del valor de los inmuebles y las condiciones para otorgar después las escrituras.

Harman sostuvo que esas operaciones no se perfeccionaron ni se pagaron los saldos pendientes tras el cambio de políticas de su administración. También afirmó que, una vez que asumió la dirección, ordenó una revisión integral de los procesos de adquisición de predios.

A partir de esa revisión, la entidad creó el Comité de Casos Críticos para analizar adquisiciones con novedades relevantes y definir la ruta jurídica y administrativa de cada expediente. El directivo agregó que su administración exigió estudios de viabilidad agronómica mediante visitas técnicas directas.

Según Harman, fue en esa etapa cuando la ANT concluyó que los cuatro predios tenían “graves limitaciones para el desarrollo de actividades agrícolas sostenibles”, entre ellas alta acidez de los suelos, baja fertilidad natural y restricciones físicas. Dijo que por esa razón suspendieron los trámites y remitieron los casos al comité.

El director añadió que durante su administración la ANT ha presentado unas 15 denuncias ante las autoridades para que investiguen posibles hechos con impacto en el patrimonio público. A su juicio, las advertencias sobre estos predios surgieron con las visitas técnicas que ordenó después de llegar a la entidad.

La Procuraduría cuestionó la falta de una metodología uniforme para conciliar los sistemas de información de la ANT. La Contraloría también advirtió riesgos en compras en las que se comprometieron recursos sin asegurar la consolidación de los negocios jurídicos.

Hay preocupación en el sector público, después de que la Contraloría General de la Nación encontrara un nuevo caso de posible corrupción, esta vez en un fondo mixto creado en el departamento de La Guajira.

Según la auditoría adelantada por el ente de control y revelada por la revista Cambio de la supervisión irregular de regalías, se halló que 20 particulares sin vínculo laboral con el Fondo Mixto Sierra Nevada habrían ejercido de hecho la vigilancia de 45 proyectos financiados con esos recursos y habrían quedado a cargo de al menos 343.117 millones de pesos.

La revisión de la Contraloría concluyó que esos 20 contratistas de apoyo a la supervisión firmaron informes, autorizaron anticipos y aprobaron pagos en 45 proyectos de infraestructura, educación y saneamiento básico en 11 departamentos, pese a que esa función está reservada por ley a servidores públicos. También estableció que no existía contrato de supervisión ni acto que los facultara para desempeñar ese papel.

Según reveló Cambio, el equipo auditor revisó 49 contratos de prestación de servicios suscritos con esas 20 personas. A corte del año pasado, esos contratos habían generado honorarios por 1.254 millones de pesos.

Aunque en teoría debían asistir a un supervisor de planta, en la práctica habrían asumido la supervisión directa e integral de los contratos de obra. El director ejecutivo Andrés Felipe Cleves Daza firmó oficios que los designaban como supervisores, sin que existiera un acto que les diera esa facultad.

Los proyectos revisados estaban repartidos en Sucre, La Guajira, Vaupés, Cesar, Meta, Putumayo, Cundinamarca, Huila, Amazonas, Vichada y Guaviare. El hallazgo señala que la Dirección Técnica del Fondo no ejerció control sobre esos encargos.

Cómo operó la la presunta red de supervisores irregulares

Según el documento oficial revelado por Cambio, seis contratistas habrían concentrado la mayor parte de esas funciones. La Contraloría halló que el ingeniero civil Luis Alejandro Martín Merchán habría quedado a cargo de 16 contratos de obra y autorizado pagos por 85.252 millones de pesos a constructoras e interventorías.

A corte del año pasado, Martín Merchán habría recibido 460 millones de pesos en honorarios. Mientras tanto, el ente de control indicó que el contratista Camilo Andrés Piñeros Gómez habría asumido otros diez convenios y aprobado 121.624 millones de pesos.

La auditoría también indicó que a Piñeros Gómez le abrieron una investigación en la Procuraduría en noviembre de 2025 por un proyecto ejecutado en Barrancas, La Guajira. En ese mismo caso también son investigados el exalcalde Vicente Berardinelli y Andrés Felipe Cleves.

El resto de los contratos de obra y sus interventorías habría quedado en manos de José Alejandro Funeme Gamero, Xilena Bonnet Mojica Rojano, Karen Juliana Trujillo Caicedo, Iván Ricardo Rodríguez y Érika Cotes Guerra. Sobre Cotes Guerra, existen investigaciones pasadas que la vincularían a irregularidades por su múltiple participación en proyectos simultados.

De hecho, según información conocida por la revista Cambio, entre junio de 2023 y marzo de 2024, Cotes Guerra habría supervisado casi al mismo tiempo 45 proyectos en municipios de cinco departamentos. También cobró casi 1.000 millones de pesos en honorarios, según el documento.

Pagos cruzados y fallas en los controles internos

La auditoría señaló que los 49 contratos de prestación de servicios asignados a los 20 particulares tendrían funciones idénticas, aunque las obras presentaban características distintas. También registró una desconexión entre los perfiles contratados y los proyectos asignados.

Incluso, el hallazgo cita el caso de una ingeniera civil que habría sido vinculada a un proyecto ganadero. Según la revisión, esa asignación mostraría la falta de criterios de idoneidad en la contratación.

En conjunto, esos particulares habrían autorizado pagos por 281.298 millones de pesos a contratistas de obra e interventoría. El informe advierte que no existía un solo contrato de supervisión que les permitiera aprobar esos desembolsos.

El documento también señala que entre los 20 contratistas se habrían firmado documentos para “autopagarse” sus honorarios. Por ejemplo, la Contraloría advitió que Martín Merchán habría autorizado 207 millones de pesos a favor de Piñeros Gómez, y este, a su vez, habría aprobado 376 millones para Martín Merchán en otro de sus encargos.

Asimismo, el ente de control advirtió que los informes que debían certificar el cumplimiento de las obligaciones de esos contratistas debían llevar el aval del director ejecutivo del Fondo como supervisor simultáneo de los 49 contratos. La revisión encontró que varios de esos informes quedaron aprobados entre los mismos particulares designados de forma irregular.

Además, de las 49 actas de inicio revisadas, 27 se se habrían firmado antes de que existiera el respectivo registro presupuestal. Otras 22 se habrían suscrito sin la aprobación de las pólizas de garantía exigidas para la ejecución contractual.

La auditoría también estableció que en 48 de los 49 contratos se habría pagado un anticipo del 50% sin justificación técnica o financiera. Tampoco aparecieron los planes de inversión del anticipo exigidos por el manual de contratación del propio Fondo.

A eso se sumó la revisión de los aportes a seguridad social y parafiscales. El hallazgo indicó que esa verificación no se hizo de forma consistente antes de autorizar pagos, pese a que el manual del Fondo y la Ley 1150 de 2007 exigían comprobar esos soportes.

Hay preocupación en la ciudad de Medellín ante los constantes hechos de hurto que, en las últimas horas, dejó a una fundación sin ánimo de lucro sin implementos para continuar con su labor altruista.

Según informó la misma Fundación Sueños y Huellas, ladrones ingresaron por el techo de la sede ubicada en el barrio Prado y se llevaron equipos clave para la atención comunitaria, produciendo además graves daños en la infraestructura.

La organización confirmó que el hecho ocurrió durante la noche del viernes 3 de julio, cuando los delincuentes forzaron las rejas de la cubierta para acceder a las instalaciones.

El saldo fue la pérdida de dispositivos tecnológicos esenciales y un deterioro que compromete la seguridad del inmueble. “El hurto afecta nuestro equipo de comunicaciones y el servicio que prestamos”, alertaron desde la entidad.

Óscar Linares Acevedo, vocero de la organización, explicó que los responsables saquearon la bodega tras violentar la seguridad del techo. Entre los objetos sustraídos figuran una cámara profesional y varios computadores portátiles, herramientas básicas para documentar y desarrollar las actividades de formación y acompañamiento a la comunidad.

“En horas de la noche sufrimos un hurto; fue violentada la reja del techo de la fundación y entraron a saquear la bodega. (...) cámara profesional que teníamos acá para las fotos y videos; algunos computadores portátiles que eran parte del equipo”, señaló el vocero en diálogo con Telemedellín.

La fundadora, Lorena Vásquez López, relató en las redes oficiales de la organización sin ánimo de lucro que el ataque no solo implicó la pérdida de tecnología, sino el daño físico al inmueble.

“Hicieron daños en el techo, en nuestra cubierta, reventaron las rejas del techo de nuestro patio”, puntualizó Vásquez tras hacer un balance de los daños.

La Fundación Sueños y Huellas, que lleva más de diez años trabajando con poblaciones vulnerables del centro de Medellín, enfrenta ahora el desafío de continuar su labor con recursos limitados. La organización depende de donaciones y bazares solidarios para sostener su operación, ya que no cuenta con contratos estatales ni ingresos fijos.

“No solo por lo que significa económicamente para nuestra fundación, sino porque la labor social que hacemos es completamente desinteresada. Somos una fundación que no contrata con el Gobierno, que no somos grandes y que todo lo que hacemos para nuestros niños y familia es con un gran esfuerzo”, señaló su fundadora.

El incidente ha generado preocupación entre quienes participan en los procesos comunitarios que impulsa la fundación. Durante el último año, la entidad atendió a cerca de 5.000 personas, entre niños, adolescentes y familias que recurren a sus programas de formación y apoyo.

La fundadora también advirtió que la situación se ha tornado insostenible debido a los altos índices de delincuencia en la zona en la que mantienen su sede, por lo que pidieron mayor acompañamiento de las autoridades.

“Hoy queremos poner en conocimiento de toda la comunidad esta situación y que sepan que el tema de inseguridad es muy grande en el barrio Prado”, alertó Vásquez López.

Entretanto, la fundación inició con una campaña social apelando a la buena voluntad de los antioqueños, con el propósito de recuperar los elementos de valor sustraídos, además de las reparaciones a la infraestructura.

“Debemos reparar todo esto y solamente acudiendo al favor de las personas que nos conocen y que saben el trabajo y la labor que hacemos, podemos hacer un cambio”, expresó la líder social.

Actualmente, el equipo de Sueños y Huellas continúa trabajando con las herramientas restantes y evalúa opciones para reconstruir el espacio y reponer los materiales perdidos.

“Esto nos pone tristes porque nuestra razón de ser siempre ha sido ayudar a quienes más lo necesitan sin ánimo alguno de lucro. Sin embargo, sabemos que saldremos juntos de esto y por eso si quieres ayudarnos para comprar las cosas que se llevaron en el robo, puedes hacer tu aporte”, concluyó la fundadora.

Desde la mañana del jueves 9 de julio de 2026 la movilidad en el centro de Bogotá se ha visto afectada por una protesta que interrumpió la operación de Transmilenio en la troncal Caracas.

La manifestación, ubicada en la intersección de la avenida Caracas con la calle 22, obligó a suspender el servicio en dos estaciones fundamentales para los usuarios del transporte público.

La decisión de cerrar temporalmente las estaciones Calle 22 y Temporal Av. Jiménez fue tomada por la administración de TransMilenio, que implementó desvíos para los buses articulados. Miles de pasajeros tuvieron que modificar sus rutas habituales, generando retrasos e incomodidad en pleno centro de la capital.

Bloqueo y desvíos en la troncal Caracas

Transmilenio comunicó que los servicios en dirección norte-sur fueron desviados por el interconector de la calle 26. Estos buses continuaron su recorrido por la troncal de la carrera Décima y retomaron la avenida Caracas a la altura de la calle 6.

“Al momento se mantiene el bloqueo en el paso de la intersección de la Av. Caracas con Av. Jiménez. ❌Estás son las estaciones que no prestan servicio temporalmente: * Calle 22 * ⁠Temporal Av. Jiménez * ⁠Ricaurte (Calle 13) * ⁠De La Sábana * ⁠San Façon. 🔀Servicio CF19 desvía por la troncal NQS en los dos sentidos", señalo Transmilenio sobre la 1:17 p.m. del jueves.

En sentido contrario, los vehículos que iban de sur a norte utilizaron la calle 6 y la carrera Décima antes de regresar a la troncal principal por el interconector de la calle 26.

Este operativo modificó la dinámica habitual del sistema, dificultando los desplazamientos de quienes dependían de las estaciones cerradas. Las autoridades recomendaron a los ciudadanos programar sus trayectos con mayor anticipación y considerar rutas alternativas para evitar contratiempos.

Las autoridades de movilidad y el personal de TransMilenio permanecen atentos a la evolución de la manifestación. Se informó que la operación habitual sobre la troncal Caracas se reanudará gradualmente una vez que finalicen los bloqueos y se restablezcan las condiciones de seguridad necesarias.

Quienes tenían previsto movilizarse por el corredor de la avenida Caracas, especialmente en el centro, recibieron la recomendación de verificar el estado de las rutas antes de salir y consultar los canales oficiales de TransMilenio para obtener información actualizada sobre la reactivación del servicio.

El volcamiento de un camión cerró por horas la vía Bogotá-La Calera

El volcamiento de un camión en la vía Bogotá-La Calera obligó al cierre total del corredor en la mañana del jueves 9 de julio de 2026 y alteró la conexión entre la capital y el municipio hasta el mediodía, cuando la Secretaría de Movilidad informó que la circulación fue restablecida tras retirar el vehículo y levantar los cierres preventivos.

La emergencia ocurrió en el kilómetro 4, cerca del restaurante Casa Brava, donde el vehículo de carga quedó atravesado sobre la carretera y bloqueó los dos carriles en ambos sentidos. La Secretaría de Movilidad confirmó horas después que concluyeron las maniobras y que agentes civiles, el Grupo Guía y unidades de Tránsito quedaron a cargo de agilizar el paso en todo el corredor.

Durante la atención del siniestro, las autoridades recomendaron evitar ese tramo y tomar como rutas alternas la autopista Norte y la carrera Séptima, dos corredores que comenzaron a recibir un mayor flujo vehicular por el cierre.

También se implementaron desvíos y cierres preventivos en el ascenso por la avenida Circunvalar con calle 88 para reducir la congestión y orientar a quienes se dirigían hacia el oriente de la ciudad.

De acuerdo con el reporte oficial, organismos de emergencia y unidades de movilidad fueron desplegados en el lugar para coordinar la remoción del automotor y atender la contingencia. Hasta ese momento, las autoridades no habían informado sobre personas lesionadas ni habían precisado las causas del volcamiento.

En un video difundido por los canales de Tránsito, las autoridades explicaron que se estaba devolviendo a los vehículos a la altura del kilómetro 4,5. También señalaron que en sentido de descenso, a la altura del peaje, se aplicaba la misma medida para contener el represamiento.

La captura de un hombre señalado de asesinar a su hermano y ocultar el cuerpo en un contenedor de basura en Fusagasugá, Cundinamarca, ha generado conmoción en la comunidad local.

Las autoridades lograron identificar al presunto responsable en un lapso de apenas 16 horas tras el crimen, gracias a una investigación conjunta de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

“En una contundente reacción investigativa, la Policía Nacional, a través de la Unidad Básica de Investigación Criminal, en coordinación con la Seccional de Inteligencia Policial y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Cundinamarca de la Fiscalía General de la Nación, capturó mediante orden judicial a un hombre de 45 años, señalado como presunto responsable del homicidio de su propio hermano”, señaló el ente acusador.

El caso se remonta al martes 7 de julio, cuando los dos hermanos compartían vivienda en la comuna Norte de Fusagasugá. Según los investigadores, el homicidio ocurrió dentro del inmueble y, posteriormente, el presunto agresor habría intentado deshacerse del cuerpo. La víctima fue introducida en bolsas plásticas azules y abandonada en un contenedor de residuos, en un aparente intento por ocultar el delito y dificultar las pesquisas.

En respuesta a la alerta, los agentes analizaron grabaciones de cámaras de seguridad, recolectaron testimonios y reunieron pruebas materiales que permitieron solicitar una orden de captura y realizar un allanamiento en la residencia de los hermanos.

“De acuerdo con la investigación, el hoy capturado habría cometido el homicidio al interior de su vivienda y, posteriormente, ocultó el cuerpo en bolsas plásticas de color azul para luego abandonarlo en un contenedor de residuos. Gracias al análisis de cámaras de seguridad y al trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, fue posible establecer su identidad y obtener la orden de captura”, señaló la Fiscalía.

Avances judiciales y hallazgos en la escena

Durante la inspección, los peritos judiciales emplearon reactivos especializados para detectar rastros de fluidos biológicos que, aparentemente, habían sido limpiados con la intención de eliminar evidencias. Además, encontraron una varilla y un arma cortopunzante, objetos que la investigación vincula con el homicidio.

Las autoridades determinaron que el capturado habría intentado alterar la escena del crimen y destruir pruebas clave, lo que puso a prueba la capacidad de los investigadores para reconstruir los hechos y fortalecer el proceso penal.

En un procedimiento expedito, la Fiscalía General de la Nación presentó al sospechoso ante un juez de control de garantías, imputándole los delitos de homicidio agravado en concurso con alteración de evidencia física.

Luego de analizar los elementos aportados, el juez dispuso la medida de aseguramiento intramural, por lo que el procesado permanecerá privado de la libertad durante la investigación.

“Las labores de policía judicial permitieron establecer que el capturado habría intentado destruir y alterar los elementos materiales probatorios que lo vinculaban con los hechos; sin embargo, el trabajo técnico y científico permitió recolectar evidencia fundamental para fortalecer el proceso investigativo”, señaló el ente acusador.

Rol de la comunidad y llamado de las autoridades

La Policía Nacional destacó que la colaboración ciudadana resultó fundamental para esclarecer el caso. Las denuncias y la información suministrada por residentes de la zona permitieron a los investigadores avanzar con rapidez y precisión en la identificación del responsable y la recolección de pruebas.

Las autoridades reiteraron su llamado a la población para que continúe denunciando hechos que afecten la seguridad y la convivencia, recordando que la participación activa de la comunidad es esencial para prevenir y resolver delitos de esta naturaleza.

“La Policía Nacional agradece a la comunidad de Fusagasugá por la oportuna información suministrada, la cual fue fundamental para el esclarecimiento de este hecho. De igual manera, invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia ciudadana a través de la línea de emergencia 123″, señaló la Policía Nacional.

El expresidente Álvaro Uribe apareció en la tarde del miércoles 8 de julio en el programa No copio, del medio independiente Tercer Canal, pese a ser uno de los espacios con mayor crítica hacia su gobierno, además de las investigaciones vigentes por sus supuestos nexos con el paramilitarismo.

Sin embargo, el exmandatario colombiano se sentó frente a entrevistadores tradicionalmente críticos, a quienes muchos en el país identifican como de tendencia progresista, para responder a cuestionamientos sobre su pasado político, sus vínculos y las investigaciones judiciales que pesan sobre su entorno familiar y personal.

Durante la conversación, Uribe defendió la transparencia de su trayectoria y la coherencia de sus posiciones, insistiendo en que nunca ha actuado fuera de la ley ni ha ordenado acciones criminales.

Uno de los ejes de la entrevista giró en torno a la relación de Uribe con Abelardo de la Espriella, actual presidente electo de Colombia. El exmandatario relató que, a pesar de su amistad de años con la familia De la Espriella y el apoyo ideológico que el ahora presidente ha manifestado en el pasado, el proceso interno del partido Centro Democrático impidió que Abelardo fuese considerado como candidato presidencial de esa colectividad.

“Yo siempre dije que era amigo del doctor Abelardo, que lo he apreciado, que si él pasaba a segunda vuelta lo apoyábamos. En enero me dijo la doctora Paloma: “Mire, Uribe, lo que está pasando, como usted habla y habla bien de Abelardo, entonces ya dicen que usted tiene dos candidatos.” Y la verdad es que yo no he sabido hacer trampa en mi vida, entonces ya no volví a hablar del doctor Abelardo nunca mal, pero ya no volví a mencionar su nombre", señaló Uribe al medio.

Uribe recalcó que, tras la victoria de De la Espriella, el partido se declaró fuerza de gobierno, aunque sin haber sostenido negociaciones burocráticas ni personales recientes con el nuevo jefe de Estado.

El expresidente también abordó la posición de su partido en el Congreso y la falta de participación en el gabinete actual, advirtiendo que su respaldo al presidente electo se basa en la defensa de principios como la libertad, la Constitución de 1991, el emprendimiento privado y la política social sostenible.

Juicio, reconciliación y las acusaciones históricas

A lo largo de la entrevista, Uribe se refirió al proceso judicial por presunta manipulación de testigos, asegurando que enfrentó el juicio “de principio a fin” y defendió su inocencia, descartando cualquier intento de compra o soborno. El exmandatario expresó que nunca ha recurrido a la mentira y que siempre ha dado la cara ante las autoridades.

Consultado sobre la posibilidad de reconciliación con figuras como Iván Cepeda, uno de sus más férreos contradictores, Uribe consideró difícil llegar a un acuerdo si ello implicara admitir hechos que, según él, no corresponden a la verdad. Reiteró que jamás ha ofrecido prebendas a testigos ni ha incurrido en actos ilegales para defenderse de acusaciones sobre vínculos con el paramilitarismo.

“Yo creo que fue muy injusto lo que pasó en esa primera instancia y el salvamento de voto, la segunda, pero he sido respetuoso. He sido respetuoso y la verdad es que si lo que pretendía el doctor Cepeda con lo que le dijo a usted es que yo dijera que yo había ido a sobornar testigos, cuando fui a verificar lo que esos testigos decían, que él les había ofrecido prebendas para que me acusaran de paramilitar, no fui a hacer una verificación, nunca a comprar ni a sobornar testigos”, indicó el exmandatario.

En el caso de su hermano Santiago Uribe, condenado recientemente, el expresidente sostuvo que se trata de una persona “de buena moral, totalmente ajena a hechos de criminalidad”, y atribuyó la condena a fallos en el sistema judicial. De igual modo, negó haber tenido relación alguna con el asesinato de Jesús María Valle o haber promovido masacres durante su gestión como gobernador de Antioquia.

Seguridad, economía y el debate sobre los falsos positivos

El exmandatario defendió su legado en materia de seguridad y política social, argumentando que su gobierno logró mejoras significativas en la reducción de la violencia y la pobreza. Rememoró la multiplicación del Sena, la creación del Fondo Emprender y la inclusión de millones de familias en programas sociales.

Sobre el tema de los “falsos positivos”, Uribe advirtió que actuó con contundencia al separar del Ejército a altos mandos señalados de irregularidades y que nunca buscó ocultar denuncias.

“Yo hice todos los esfuerzos para que Colombia superara eso y le di la cara”, y sostuvo que la cifra de casos ha sido manipulada por la Jurisdicción Especial para la Paz, donde —según su interpretación— algunos militares se ven forzados a aceptar delitos que no cometieron para evitar condenas más largas.

La entrevista también abordó las tensiones internas del Centro Democrático tras las últimas elecciones, las diferencias entre sus líderes y los desafíos electorales recientes, como la selección de la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. Uribe defendió la transparencia del proceso y el respeto a quienes participaron, destacando la necesidad de apoyar al liderazgo surgido de la consulta interna.

Uribe aprovechó el espacio para rebatir críticas sobre su supuesta responsabilidad en hechos de violencia y corrupción, y para reivindicar su derecho a la defensa pública. En relación con el mural pintado cerca de su residencia y los cuestionamientos por parte de sectores juveniles, el exmandatario calificó las manifestaciones como ofensivas hacia su familia y reivindicó su disposición a enfrentar a la opinión pública en cualquier escenario.

Mientras sigue la disputa entre el gobierno de Gustavo Petro y el del entrante presidente Abelardo de la Espriella ―por cuenta del no reconocimiento del mandatario saliente de los resultados electorales del 21 de junio de 2026 que dieron como ganador al abogado y empresario―, en la mañana del jueves 9 de julio se conoció que el equipo designado por Petro sigue adelante con el empalme, pero sin la presencia de sus sucesores.

De hecho, según información divulgada por Caracol Radio, el equipo designado por Petro optó por una estrategia inédita que consistiría en grabar una serie de videos en los que cada ministerio expondría su balance y cifras en medio de un gran salón con las sillas vacías donde debía estar el equipo de Abelardo de la Espriella.

La producción audiovisual, que se estaría realizando en el Salón Azul, busca ofrecer al país una rendición de cuentas detallada, a pesar de la ausencia de los representantes del gobierno entrante.

Según se conoció este jueves, los videos, con una duración aproximada de dos horas cada uno, serán transmitidos por Rtvc y estarían disponibles en las redes sociales oficiales.

Hasta donde se conoce, el proceso de grabación ya incluyó los ministerios de Ambiente, Trabajo y TIC. Este 9 de julio, el turno fue para el sector Salud, con la participación del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo y el superintendente Daniel Quintero como voceros principales. Ambos lideraron la exposición de informes y resultados del sector para la próxima administración.

La decisión del equipo de Abelardo de la Espriella de no reanudar las reuniones formales de empalme ha marcado un precedente poco común en los traspasos de gobierno recientes en Colombia.

A raíz de esta ausencia, el Gobierno Petro recurrió a las grabaciones para dejar constancia pública de su gestión, presentando los datos y logros sectoriales directamente a la ciudadanía.

Está previsto que las sesiones de grabación concluyan el sábado 11 de julio, tras una agenda que contempló el miércoles la filmación de las primeras tres entregas y, para este jueves, la cobertura de las áreas de Salud, Hacienda y el Departamento de Prosperidad Social.

Equipo de empalme de Abelardo de la Espriella continuará con la Contraloría

Las mesas técnicas entre la Contraloría y el equipo de empalme del Gobierno electo se instalaron este miércoles 8 de julio, con el objetivo de intercambiar información sectorial para el proceso de transición, según informó el vicepresidente electo José Manuel Restrepo.

“Hoy Colombia puede estar absolutamente tranquila de que aquí hay un proceso de empalme en marcha, sólido, transparente, veraz, responsable, profundo, macizo, que le permite a Colombia tener la mejor información posible para construir la patria milagro”, afirmó el vicepresidente Restrepo, al tiempo que afirmó que el empalme también avanza en las regiones.

De acuerdo con Restrepo, se abrieron 22 mesas de trabajo con contralores, delegados y sectoriales, y participan 18 contralores delegados junto con coordinadores de empalme y 2 integrantes de sus equipos.

“Hoy, 18 contralores delegados se reúnen con los coordinadores de empalme y 2 personas de su equipo de trabajo, y juntos están conociendo más información, más detalle, más análisis, más estudios sobre cada una de los sectores que permitan fortalecer nuestras alertas, nuestro trabajo de empalme anticorrupción y nuestro propósito de tener mejor información para gobernar el país en la patria milagro”, indicó.

El vicepresidente electo dijo que los encuentros buscan conocer estudios y análisis por sector para fortalecer “nuestro trabajo de empalme anticorrupción” y contar con mejor información para gobernar el país.

“En un hecho histórico único en Colombia, hoy arrancamos unas mesas de trabajo con la Contraloría General de la República. 22 mesas de trabajo con los contralores, delegados y sectoriales. Una oportunidad para que nuestros equipos de empalme puedan tener más información, más detalle, más análisis en profundidad sobre los temas del Estado”, señaló el vicepresidente.

Hay revuelo en el futbol profesional colombiano después de que se conociera que el Ministerio de Trabajo ya tiene listo un borrador de decreto que obligaría a clubes, ligas y federaciones a formalizar por escrito la relación con deportistas profesionales y cuerpos técnicos, con afiliación a seguridad social, jornada máxima de 42 horas e igualdad salarial entre hombres y mujeres.

Según el documento revelado por la revista Cambio, el nuevo decreto laboral ordena que los clubes contraten por escrito a futbolistas y cuerpos técnicos, registrarlos ante Trabajo y Deporte, pagar su remuneración como salario ordinario, respetar 42 horas semanales y mínimo 72 horas de descanso entre competencias oficiales, además de aplicar igualdad de trato y remuneración a las jugadoras y al cuerpo técnico femenino.

El borrador plantea que ningún deportista ni integrante del cuerpo técnico, sea nacional o extranjero, podrá competir, entrenar o dirigir sin contrato de trabajo escrito ni afiliación al sistema de seguridad social.

“Las organizaciones deportivas deberán garantizar a las mujeres deportistas profesionales y al cuerpo técnico femenino igualdad de trato y oportunidades en el acceso, permanencia, promoción y remuneración, en condiciones equivalentes a las de sus pares masculinos”, señala el documento conocido por Cambio.

En cuanto a sus especificaciones, el registro de todo el personal ante el Ministerio de Trabajo y el Ministerio del Deporte tendría que hacerse dentro de los 15 días hábiles posteriores a la firma.

Además, el borrador de decreto señala que los contratos laborales deberán incluir cláusulas mínimas sobre duración, forma de pago, exclusividad, derechos deportivos y de imagen, además de mecanismos de prevención del acoso laboral y sexual.

En el caso de menores de edad, la vinculación solo podrá hacerse con autorización previa de la cartera de Trabajo.La propuesta también somete al deporte profesional a la jornada máxima de 42 horas semanales.

Además, el decreto en marcha considera tiempo de trabajo las concentraciones y los desplazamientos previos a los partidos, no solo el tiempo efectivo en la cancha. El texto fija por primera vez un descanso mínimo de 72 horas entre competencias oficiales.

La memoria del decreto asocia ese estándar con directrices de bienestar del jugador reafirmadas por la Fifa en julio de 2025 y con recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Cómo cambiarían los contratos, los salarios y los traspasos

El borrador ordena que la remuneración de los deportistas se trate como salario ordinario y permanente, sometido a las reglas del Código Sustantivo del Trabajo. Con esa fórmula, busca limitar el uso de pagos por cesión de derechos de imagen cuando no exista una explotación comercial real.

El texto retoma fallos de la Corte Suprema de Justicia de 2017 y 2018, que advirtieron que esos pagos podían encubrir salario. También se apoya en una sentencia de 2024 de la Corte Constitucional sobre estabilidad laboral reforzada de futbolistas lesionados.

En cesiones y transferencias, el proyecto exige consentimiento expreso del jugador para cualquier préstamo temporal. Esa cesión no podrá durar más que el tiempo restante del contrato con el club de origen. Tampoco podrá haber transferencia definitiva sin aceptación del futbolista.

El club vendedor, además, deberá saldar primero lo que adeude antes de que nazca el nuevo vínculo con el comprador. El borrador también prohíbe las cláusulas que impidan a un deportista fichar libremente una vez termine su contrato.

La sentencia constitucional citada en el proyecto recogió datos de 2017 sobre la vulnerabilidad educativa del gremio. Según ese fallo, el 58% de los futbolistas colombianos apenas había terminado la primaria, el 40% el bachillerato y solo el 2% había llegado a la universidad.

El foco del decreto en la igualdad salarial y las garantías para las futbolistas

Uno de los puntos del proyecto es la obligación de igualdad salarial entre hombres y mujeres en el deporte profesional.

El documento invoca el convenio 100 de la OIT, ratificado por Colombia desde 1964, y prohíbe cláusulas, reglamentos o prácticas que impliquen discriminación salarial por razones de género.

En marzo de 2025, Acolfutpro documentó equipos en los que 24 jugadoras compartían tres habitaciones, clubes con hasta dos meses de salario atrasado en plena fase final y futbolistas lesionadas que quedaron desafiliadas del régimen contributivo de salud.

En abril de 2025, la misma asociación denunció que el reglamento de la Liga Femenina 2026 permitía que más de 100 jugadoras compitieran sin contrato ni seguridad social.

Esa denuncia derivó en un cruce público entre la congresista Cathy Juvinao y Antonio Sanguino ministro del Trabajo.

El borrador dedica además un artículo al cuidado menstrual en la actividad deportiva. Allí obliga a los clubes a incorporar enfoque de género en sus sistemas de seguridad y salud en el trabajo.

El proyecto ordena ajustar las cargas de entrenamiento cuando una deportista presente cuadros diagnosticados de endometriosis, síndrome de ovario poliquístico, miomas uterinos o dismenorrea grave, siempre bajo criterio del médico tratante. También reconoce incapacidades médicas por esas causas y protege la estabilidad laboral de jugadoras embarazadas o en licencia de maternidad.

El texto sí contempla un programa de formalización que subsidiará la cotización a riesgos laborales de deportistas de bajos ingresos, pero la obligación de pagar salarios iguales, sostener coberturas médicas para lesiones prolongadas y garantizar licencias de maternidad recaerá sobre los clubes sin subsidio estatal.

Ese costo llega a entidades que ya han mostrado problemas para cumplir obligaciones vigentes. El Deportivo Pereira, campeón del Fútbol Profesional Colombiano en 2022, está sancionado por la Fifa por incumplimientos prestacionales con sus jugadores.

El reciente aumento de la inflación hasta 6,14% anual en Colombia ha encendido las alarmas en la agenda económica del país, justo cuando el Gobierno entrante se prepara para un encuentro clave con el Banco de la República.

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, acompañarán al ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, en una reunión a puerta cerrada este jueves 9 de julio de 2026.

El encuentro, previsto entre las 2:00 p. m. y las 6:00 p. m., marcará el primer acercamiento formal entre la nueva administración y el banco central. En la agenda destacarían tres grandes preocupaciones: la inflación persistente, las tasas de interés que se mantienen en 12% y el manejo de las reservas internacionales.

La inflación en Colombia superó recientemente el umbral del 6%, un nivel que no se registraba desde agosto de 2024. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el incremento anual del costo de vida fue de 1,32 puntos porcentuales respecto al año anterior. Este dato refuerza la presión sobre la política monetaria y genera expectativas de ajustes adicionales en los próximos meses.

Asimismo, el Banco de la República endureció su postura hace poco, al aprobar un aumento de 75 puntos básicos en la tasa de política monetaria. La medida llevó el indicador de 11,25 % a 12 %, con la intención de frenar el avance de los precios y acercar la inflación a la meta permanente del 3 %.

Según las proyecciones de la junta directiva, el año podría cerrar con una inflación del 6,5 %, lo que supondría siete años seguidos sin lograr el rango objetivo de entre 2 % y 4 %.

Tensión y recomposición entre Gobierno y Banco Central

El nuevo ministro de Hacienda, Miguel Gómez, ha señalado la necesidad de recomponer la relación institucional con el Banco de la República, tras varios meses de tensiones entre esta entidad y la actual cartera económica.

“El Banco es autónomo en sus decisiones. Claro que nos preocupa que las tasas sean altas. Pero somos conscientes que la inflación no cede”, señaló el recién nombrado ministro.

La estrategia del equipo económico que asumirá el poder apunta a una política de austeridad y reducción del gasto público como vía para contribuir a la baja de la inflación.

El encuentro de este jueves será determinante para definir si hay espacio para un diálogo constructivo que permita coordinar acciones frente al reto de estabilizar los precios sin afectar la recuperación económica.

La reunión de este jueves se suma a una serie de encuentros que Miguel Gómez ya inició con otros actores clave del sector. En días recientes, se reunió con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) y con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco de la transición de gobierno.

El Banco de la República, mientras tanto, mantiene su meta de anclar las expectativas de inflación al 3 %. Las minutas más recientes de su junta directiva revelan la preocupación por el desvío persistente de la inflación respecto al rango objetivo y el impacto que esto tiene sobre la confianza de los mercados y el costo del crédito.

El Gobierno entrante llega a este encuentro en un momento en que la economía enfrenta presiones internas y externas. El dato de inflación, las tasas elevadas y la necesidad de proteger las reservas internacionales configuran el escenario para una negociación compleja, donde la autonomía del banco central y la coordinación con la política fiscal serán puestos a prueba.

En resumen, la cita de este jueves entre los máximos representantes del nuevo gobierno y la junta directiva del Banco de la República será un termómetro para medir la posibilidad real de consenso en torno al manejo económico de Colombia en el corto y mediano plazo.

Las excusas públicas del Estado colombiano marcaron un nuevo paso en el caso de María G. (nombre ficticio por efectos de seguridad), sobreviviente de violaciones, torturas, amenazas y desplazamiento forzado en Medellín en 2002. La ceremonia se realizó en San José en el marco de un acuerdo de solución amistosa alcanzado tras el trámite del expediente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Estado colombiano ofreció excusas públicas a María G. porque su caso, relacionado con violencia sexual y otras agresiones cometidas en noviembre de 2002, llegó al sistema interamericano tras años sin avances en la justicia interna. El expediente incluyó denuncias por violación sexual, tortura, amenazas, desplazamiento y falta de diligencia estatal en la investigación.

Según información divulgada por El Tiempo, la ceremonia tuvo lugar en el Auditorio de Audiovisuales de la Universidad de Costa Rica y la encabezó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En el acto, la víctima estuvo presente, pero resguardó su rostro detrás de un telón.

La escenificación mostró primero su silueta y luego la de otras personas que la tomaron de la mano y la abrazaron. También intervinieron Iris Marín defensora del Pueblo y Óscar Parra magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El ataque y el desplazamiento de María G

El expediente señala que María G. tenía 18 años cuando, en noviembre de 2002, seis hombres encapuchados y armados la interceptaron mientras iba al colegio. Según la denuncia, llevaban prendas militares y brazaletes de las entonces Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Los agresores la vendaron y la obligaron a caminar hacia un lugar desconocido mientras hablaban por radioteléfonos. Allí la interrogaron sobre sus hermanos y sobre su actividad como líder juvenil, y la señalaron como guerrillera.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dejó consignado que María G. sufrió “cortes con cuchillo, una quemadura de cigarro y golpes”. También indicó que “fue violada por tres sujetos mientras el resto del grupo se reía y alegaba su turno para tener acceso carnal con ella”.

El organismo añadió que la víctima recibió amenazas de muerte y que los atacantes la marcaron en un antebrazo con las letras AUC. Después la obligaron a regresar con un papel que contenía una amenaza para la comunidad de Carpinelo, en la Comuna 1 de Medellín.

Tras esa agresión, María G. se desplazó de Medellín a Bogotá. Tuvo que dejar sus trabajos y sus estudios.

La impunidad y el contexto del caso

Antes de salir de la ciudad, la víctima denunció los hechos ante la Fiscalía. Desde entonces, el único avance procesal mencionado en el expediente fue el reconocimiento médico legal.

El caso también incorporó el contexto descrito por la denunciante sobre Carpinelo. El expediente recoge que los hechos ocurrieron en medio de la disputa por el control territorial entre los bloques Metro y Cacique Nutibara de las AUC.

Según ese mismo documento, la peticionaria sostuvo que esos grupos mantenían alianzas con miembros de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. El señalamiento aparece como parte de los alegatos reunidos en el expediente.

La denunciante también expuso que, durante los enfrentamientos en la Comuna 1, la violencia sexual contra mujeres se usó como mecanismo de amedrentamiento y control territorial. Atribuyó esa práctica principalmente a agentes de la Fuerza Pública y a paramilitares.

El trámite ante la Comisión y el acuerdo con el Estado

Ante la falta de respuesta judicial, María G. y su familia acudieron al sistema interamericano. Presentaron sus pruebas en febrero de 2009 y la Comisión aceptó el expediente para estudio en mayo de 2018.

La Comisión concluyó que, si se probaban los alegatos, el caso podría encuadrar en posibles violaciones de los artículos 5, 7, 8, 11, 22, 24 y 25 de la Convención Americana. El análisis incluyó la presunta falta de diligencia en la investigación, el desplazamiento interno y una posible participación o aquiescencia de agentes estatales.

El expediente seguía bajo estudio y podía llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Antes de ese paso, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado alcanzó un acuerdo de solución amistosa con María G.

Ese entendimiento abrió la puerta al acto público de memoria y al compromiso de reparación para la víctima. Aunque no se conocen los términos completos del acuerdo, el reconocimiento oficial quedó ligado a las fallas que permitieron que el caso pasara años sin una respuesta judicial efectiva.

Ultimátum de un mes: el presidente electo Abelardo de la Espriella dio ese plazo a cabecillas de las disidencias de las Farc y del ELN para que se sometan a la justicia, y reiteró que los declara objetivos militares. El miércoles 8 de julio de 2026, en Norte de Santander, mencionó en forma expresa a alias Alfred y alias Andrey durante el primer empalme territorial.

El mandatario electo, que asumirá el cargo el 7 de agosto de 2026, les dio un mes a alias Alfred, del Frente de Guerra Nororiental del ELN, y a alias Andrey, del frente 33 de las disidencias de las Farc, para entregarse. La advertencia también alcanza a alias Calarcá y alias Iván Mordisco, jefes de otras estructuras armadas que, según ha dicho, serán prioridad de su administración.

“Aprovecho los micrófonos de los medios que nos acompañan para declarar a alias Alfred, del Frente de Guerra Nororiental del ELN, y alias Andrey, del Frente 33 de las disidencias de las Farc, objetivos militares del Gobierno del Tigre; tienen un mes para entregarse, de lo contrario, vamos a ir por ustedes y les va a caer todo el peso de la ley y del Estado de derecho”, aseguró.

Quiénes son los mandos de las disidencias señalados

Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, es uno de los principales comandantes del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (Embf), facción de las disidencias de las antiguas Farc que mantiene diálogos con el Gobierno colombiano. Tras la muerte de alias Gentil Duarte y la división de las disidencias, asumió el liderazgo de la estructura enfrentada al Estado Mayor Central.

Las autoridades le atribuyen influencia en Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Huila y otras zonas del suroriente del país. Además, actúa como jefe negociador de su organización y las Fuerzas Militares calculan que el EMBF tiene 3.000 personas en armas.

Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, figura como máximo comandante del Estado Mayor Central (EMC), la principal estructura de las disidencias que rechazó el Acuerdo de Paz de 2016. Sobre él pesan múltiples órdenes de captura e investigaciones por homicidio, secuestro, terrorismo, narcotráfico, reclutamiento de menores y concierto para delinquir.

El Gobierno ofrece hasta $4.450 millones por información que permita ubicarlo y capturarlo. Su estructura tiene presencia en Cauca, Meta, Guaviare, Caquetá, Amazonas, Guainía y Vaupés, y ha combatido tanto a la Fuerza Pública como a la facción de Calarcá.

Eduardo García Téllez, alias Andrey, también conocido como Andrey Avendaño, es uno de los principales comandantes del Frente 33 del Embf. Su nombre ganó visibilidad nacional al ser designado delegado de esa organización en la mesa de diálogos con el Gobierno.

Las autoridades le atribuyen influencia sobre todo en el Catatumbo. En distintos pronunciamientos públicos ha actuado como vocero de esa estructura, en especial durante las negociaciones y en comunicaciones sobre la confrontación con el EMC de Iván Mordisco.

El perfil de alias Alfred en el ELN

Robinson Navarro Flórez, alias Alfred, corresponde, según informes de inteligencia, a un señalado integrante del Ejército de Liberación Nacional (ELN) con cerca de 56 años y más de tres décadas dentro de esa organización. Los organismos de seguridad lo ubican entre los principales mandos del Frente de Guerra Nororiental, con presencia en Norte de Santander y otras zonas del nororiente colombiano.

Los reportes oficiales le atribuyen participación en varios ataques ejecutados por esa estructura en las últimas dos décadas. Entre ellos figuran la acción contra la cárcel Modelo de Cúcuta del 1 de abril de 2000, que terminó con la fuga de 71 internos, y el asesinato de dos sacerdotes y dos civiles en Convención en 2005.

También lo señalan por la incineración de cinco tractocamiones en Ábrego en 2014 y por varias acciones contra la Fuerza Pública en 2015. Ese año le atribuyen un campo minado en Sardinata que dejó tres militares muertos, una emboscada contra la Policía en Ocaña con dos uniformados muertos y tres heridos, y un hostigamiento contra una base militar en Hacarí con seis civiles lesionados.

Los informes de inteligencia lo vinculan además con un campo minado en Tibú en 2019, un ataque de francotirador contra una base militar en Convención en 2021, el lanzamiento de explosivos contra el Cantón Militar El Trapiche en Ocaña en 2022 y el ataque de marzo de 2023 en la vereda Villa Nueva, en El Carmen. En ese último hecho murieron 10 militares y otros nueve resultaron heridos.

Los antecedentes que rodean a Calarcá e Iván Mordisco

La situación de alias Calarcá contrasta con la de Iván Mordisco por su papel en la mesa de diálogos. Sus órdenes de captura están suspendidas y hoy no existe una recompensa estatal por su abatimiento o detención.

Esa condición quedó en el centro de la controversia el 23 de julio de 2024, cuando el Ejército detuvo en Antioquia una caravana de siete vehículos blindados de la Unidad Nacional de Protección (UNP). En esos automotores viajaban 18 disidentes de las Farc, entre ellos alias Calarcá, alias Erika y otros jefes de frente.

Las autoridades hallaron armas de fuego, municiones, cerca de $60 millones en efectivo y un menor reclutado. Pese a eso, la Fiscalía ordenó la liberación de Calarcá, su pareja y otros cabecillas con el argumento de que el Gobierno había solicitado suspender sus órdenes de captura por su reconocimiento como gestores de paz.

El general Jorge Hernández, que comandaba las tropas que interceptaron la caravana, denunció después que el Gobierno lo retiró del Ejército como represalia por ese operativo. Más tarde, archivos y dispositivos atribuidos a la estructura de Calarcá dieron paso a otra polémica por presuntos nexos y alianzas con funcionarios del Estado y oficiales del Ejército.

Entre los mencionados en esos documentos figura el brigadier general Juan Miguel Huertas Herrera, quien ha negado cualquier relación con esa estructura ilegal. Esa filtración impulsó un debate de control político y llevó a compulsar copias ante la Corte Suprema de Justicia para investigar la conducta de los oficiales implicados.

En el caso de Iván Mordisco, la presión militar ha seguido otra ruta. En marzo pasado, las Fuerzas Militares ejecutaron una operación conjunta con bombardeo en Vaupés, una de las zonas de retaguardia de su disidencia, donde murió alias Lorena, identificada por las autoridades como su compañera sentimental, junto con otros cinco integrantes de su anillo de seguridad.

Las autoridades atribuyen a alias Alfred un papel de mando en la ofensiva del ELN contra el Frente 33 en el Catatumbo durante 2025. Ese choque entre estructuras armadas dejó a la región ante una de las crisis humanitarias más graves de los últimos años.

En medio de los anuncios del nuevo gobierno electo encabezado por Abelardo de la Espriella, la designación de Omar Bula Escobar como nuevo ministro de Relaciones Exteriores no sentó muy bien en el sector más afín al saliente oficialismo encabezado por Gustavo Petro.

De hecho, tras el nombramiento de De la Espriella, uno de los primeros en alertarse fue el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Carlos Carrillo que, a través de su cuenta de X, lanzó una polémica advertencia.

Según indicó el exfuncionario, el nuevo canciller buscaría, una vez tome posesión de su cargo, emprender una persecución contra Gustavo Petro, especialmente, por sus mensajes en X en los que hizo referencia al saliente mandatario.

“Estamos notificados, el nuevo canciller tendrá como primer objetivo encarcelar al presidente Gustavo Petro”, señaló Carrillo.

El exdirector compartió en su cuenta una serie de publicaciones de Bula en las que se refirió al entonces conflicto entre Colombia y Estados Unidos por cuenta de las diferencias entre el presidente de izquierda y su homólogo Donald Trump que terminó con fuertes sanciones en su momento.

“Trump NO amenazó a Colombia, amenazó a Gustavo Petro ad personam - y ya. NO se dejen engatusar por los Medios...”; “Quienes dicen que si Trump amenaza a Petro, amenaza a Colombia, se equivocan. Petro solo representa a los petristas, y se nota...”, “No, lo siento. Dijo que “Petro” sería el siguiente objetivo, no Colombia...gran diferencia...“, y ”Cayó el chofer mafioso, falta Petro!!!" fueron algunos de los mensajes de Omar Bula compartidos por Carlos Carrillo.

Quién es Omar Bula, el nuevo canciller de Abelardo de la Espriella

El presidente electo de Colombia, Abelardo, De la Espriella anunció este miércoles 8 de julio de 2026 en la ciudad de Cúcuta el nombramiento de Omar Bula Escobar como ministro de Relaciones Exteriores, una designación con la que, según dijo, busca que el país recupere “autoridad, respeto y liderazgo” en el escenario internacional y reorganice la Cancillería con un perfil centrado en la profesionalización del servicio exterior.

El anuncio se produjo en medio de la oficialización de seis nombres para ministerios del nuevo gobierno, una señal de cómo quedará conformado el gabinete en áreas como Educación, Transporte, Comercio, Vivienda, Deporte y Justicia.

De la Espriella presentó a Bula Escobar como un diplomático con experiencia en escenarios de conflicto, misiones humanitarias y tareas de representación en varios continentes. El presidente electo sostuvo que ese recorrido será determinante para una etapa que definió como inédita para la diplomacia nacional.

Al explicar la elección, afirmó que el futuro canciller es “un verdadero NUNCA”, una fórmula con la que buscó remarcar la singularidad del funcionario escogido para dirigir el Ministerio de Relaciones Exteriores. También señaló que su gestión se apoyará en conocimiento, disciplina y visión estratégica para “reconstruir y administrar una Cancillería como nunca antes se había visto”.

La instrucción política que acompañó el nombramiento fue concreta: profesionalizar el servicio exterior y defender los intereses de Colombia con “firmeza y pragmatismo”. En el mensaje citado por el medio, De la Espriella vinculó esa tarea con el objetivo más amplio de reposicionar al país en el concierto global.

“Es momento de que Colombia recupere el lugar que le corresponde entre las naciones y vuelva a liderar con dignidad, seriedad y resultados”, expresó. El anuncio cerró con otra consigna: “¡Firme con la diplomacia! ¡Firme por la Patria!”.

La designación de Bula Escobar fue presentada como una de las piezas centrales del arranque administrativo del nuevo gobierno. Según el diario, el mandatario electo subrayó que la Cancillería tendrá un papel clave en la redefinición de la presencia internacional del país.

La Defensoría del Pueblo se pronunció tras la interrupción del proceso de empalme presidencial en Colombia y el desconocimiento público de los resultados electorales por parte del presidente Gustavo Petro y el senador y excandidato Iván Cepeda.

En medio de una creciente tensión institucional, la defensora Iris Marín dirigió un llamado urgente a todas las fuerzas políticas para asegurar una transición ordenada y respetuosa.

Las declaraciones recientes del mandatario saliente y del excandidato Cepeda han generado inquietud, según la funcionaria. Ambos dirigentes, al poner en duda la legitimidad de los comicios que dieron la victoria a Abelardo de la Espriella, instaron a la desobediencia civil, mientras que el equipo de empalme del presidente electo suspendió el proceso de transición.

“El desconocimiento público de los resultados oficiales y la interrupción del proceso de empalme generan una tensión institucional que debe superarse en favor de una transición que ponga en el centro las necesidades del país y de todas las personas que lo habitan”, afirmó iris Marín.

El organismo que dirige hizo un llamado explícito a restablecer las condiciones para una transición responsable, recordando que la continuidad del funcionamiento estatal depende de este proceso.

La Defensoría explicó que la crisis institucional se originó cuando el sector oficialista, liderado por el presidente Gustavo Petro, desconoció la legitimidad del presidente electo y detuvieron el empalme.

La Defensoría insiste en que la transición presidencial debe realizarse conforme a la Constitución y la ley, y advierte que cualquier controversia debe tramitarse a través de los mecanismos judiciales e institucionales previstos, y no mediante llamados a la confrontación.

La postura de la Defensoría sobre el proceso electoral y los desafíos del país

Asimismo, la Defensoría advirtió que las autoridades electorales ya declararon oficialmente a Abelardo de la Espriella como presidente electo. Por ello, instó tanto al Gobierno saliente como a los sectores políticos que lo apoyan a aceptar los resultados y canalizar cualquier inconformidad por las vías legales. “La estabilidad institucional es una garantía para los derechos de toda la ciudadanía”, enfatizó Marín.

El organismo pidió a quienes ejercen liderazgos políticos que restablezcan el proceso de empalme, indispensable para la continuidad de los servicios públicos que reciben millones de personas.

Insistió en que la transición no es una potestad política sino una obligación legal, y que debe estar orientada al interés general, dejando de lado auditorías o confrontaciones ajenas a los órganos de control.

La Defensoría también advirtió que las diferencias entre quienes ocupan cargos de responsabilidad pública no deben desplazar los problemas estructurales del país de la agenda central. Entre ellos figuran la violencia persistente, la pobreza, las dificultades de acceso a salud y educación, y las violencias basadas en género.

Los desafíos de derechos humanos, protección ambiental y oportunidades para la juventud requieren, según la entidad, de un Estado enfocado y de dirigentes con altura institucional.

Reunión solicitada y prioridades para el nuevo Gobierno

Además del pronunciamiento público, Iris Marín envió una carta al presidente electo y al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, solicitando una reunión formal. Según indicó el organismo, el objetivo es entregar en persona el documento “Decisiones Impostergables en materia de Derechos Humanos”, elaborado por la Defensoría con recomendaciones para enfrentar los principales desafíos del país.

El texto detalla cuatro ejes temáticos: desigualdad estructural y exclusión, violencia armada y garantías democráticas, degradación ambiental y derechos de la naturaleza, y reforma rural integral.

La defensora expresó su expectativa de que este diálogo institucional permita fortalecer la protección de los derechos humanos y sentar bases para un futuro mejor en Colombia.

La Defensoría ratificó su disposición a mantener relaciones respetuosas, armónicas e independientes con el nuevo Gobierno, siempre en defensa de los derechos humanos y la institucionalidad.

En el cierre de la misiva, Marín reiteró: “Ningún interés político puede estar por encima de la Constitución, de las instituciones democráticas ni de los derechos humanos de más de cincuenta millones de personas que habitan Colombia”.

La institución ve en este momento de tensión una oportunidad para fortalecer la democracia, siempre que se prioricen los derechos de la ciudadanía y el interés general en la transición presidencial.

Un nuevo rifirrafe protagonizaron la representante a la Cámara Cathy Juvinao y el senador Jota Pe Hernándes, ambos del partido Alianza Verde, por cuenta de su solicitud de escición de la colectividad.

La disputa comenzó después de que la congresista asegurara que tuvo que fijar una postura oficial contraria a sus ideales políticos, favoreciendo al entonces candidato oficialista Iván Cepeda, pues era la única forma de mantener viva su posibilidad de salir del partido Alianza Verde y comenzar la estructuración de una nueva colectividad.

Sin embargo, la representante aseguró que fue clara en no promover el voto a Cepeda, aunque sabía que tampoco podía entorpecer la campaña que adelantaba su partido para lograr votos hacia el hoy senador.

“Yo no presenté NUNCA a Iván Cepeda como una opción democrática: en primera vuelta me quedó claro que no lo es. Hice un video explicando que fue la condición que me puso mi partido para poder irme. Una decisión para mí muy dura porque tuve que sopesar votar en blanco o tener la posibilidad —por fin— de construir un partido de centro. Opté por lo segundo. Me puedes criticar y estoy para rendir cuentas. Pero a mí nadie me puede decir ni que invité a votar por Cepeda, ni que lo presenté como una opción democrática jamás", señaló Juvinao.

Sin embargo, el rifirraje se dio luego de que Jota Pe Hernández, que se ha convertido en uno de los críticos más fuertes de Gustavo Petro y su proyecto político, apareció en la escena digital para comparar el caso de la congresista con el suyo, pues no ha obtenido el aval de la Alianza Verde para desligarse.

En su mensaje, el reelecto senador lanzó pullas a Juvinao acusándola de “negociar” los intereses de los colombianos para obtener beneficios a título propio, como la posible creación de otro partido.

“Yo decidí NO VOTAR POR CEPEDA y mostrarle al país lo peligroso que era entregarle nuestra nación al heredero.La consecuencia fue que se hundiera mi escisión, a pesar que yo si tenía razones de peso para escindirme.Nunca negociaría el bienestar de mi país por beneficio propio”, señaló Hernández.

Ante las críticas, la representante a la Cámara no tardo en responder despachándose contra el senador, al que señaló de ser uno de los primeros en usar las banderas de la izquierda para lanzarse a la política.

Sin embargo, la congresista recordó que su perspectiva hacia el gobierno cambió radicalmente tras su elección, además aclarar que su motivación para aceptar las condiciones de la Alianza Verde estuvo basada en el posible beneficio de los colombianos al fomar una nueva colectividad.

“Jotica, recordemos que te fuiste a Puerto Resistencia a posar de zurdo, entonces, con el mayor respeto, no le das clases de principios a nadie. Con respecto a la escisión que logré, mi lógica es contraria a la tuya: tomé una decisión que no me convenía a mí, para poder ofrecerle al país un necesario partido de centro que a futuro pueda ser un espacio para millones de personas cansadas de extremos como el que tú representas”, señaló Juvinao.

Finalmente, la representante a la Cámara lanzó pullas sobre su afinidad con el gobierno elegido en los recientes comicios, además de insistir en que su iniciativa de partido podría ser una buena opción para futuras eleciones.

“Y me imagino que no lo entiendes pero igual te lo preciso: existen políticos que tomamos decisiones pensando en muchas más cosas que los likes del momento. Si logro sacar adelante un partido de centro para Colombia, que hoy no existe, mi paso por el Congreso habrá valido la pena. Tú en cambio puedes ahora disfrazarte de tigre sin problema”, concluyó la congresista.

Mientras el país sigue conociendo el listado completo de quienes acompañarán al nuevo presidente de la República, Abelardo de la Espriella, en su arranque de gobierno el próximo 7 de agosto, los ya designados empezaron a mostrar cuáles serían sus posibles ajustes en las respectivas carteras.

De hecho, en la mañana del miércoles 8 de julio, el recien nombrado ministro de Justicia, Iván Cancino, no descartó que se pueda modificar el actual sistema procesal penal de Colombia, eliminando uno de sus pasos para avanzar en las investigaciones contra presuntos responsables de delitos

Según indicó el próximo funcionario, su propuesta consiste en omitir las audiencia de imputación de cargos contra presuntos responsables. En una entrevista concedida a Caracol Radio, el funcionario aseguró que este ajuste permitiría optimizar recursos y reducir la carga procesal del sistema judicial.

El objetivo central es agilizar los trámites y evitar procedimientos que, según Cancino, han perdido relevancia. El ministro argumentó que la audiencia de imputación resulta innecesaria cuando el juez de control de garantías no tiene la facultad de realizar un análisis material y profundo sobre la imputación que presenta la Fiscalía.

“Si el juez de control de garantías no puede hacer un control material siempre y profundo a la imputación que hace la Fiscalía, pues es una audiencia que realmente no tendría mucho sentido y que podría ahorrar mucho tiempo”, expresó Cancino durante la entrevista radial.

En la práctica, la propuesta contempla que, si no se solicita una medida de aseguramiento, informar sobre la existencia de una investigación podría convertirse en un trámite breve. Cuando la Fiscalía pida una medida restrictiva, la audiencia que se convoque para analizarla serviría también para comunicar los cargos correspondientes.

La iniciativa responde a la búsqueda de un sistema más eficiente, según lo señaló Cancino: “Es uno de los puntos en los que creemos que podemos ahorrar muchísimo esfuerzo”.

El ministro insistió en que la medida no es definitiva y que su discusión incluirá a la fiscal general, el presidente de la República, los magistrados de las salas de instrucción, juzgamiento y casación, la Fiscalía y los jueces de control de garantías.

El debate sobre la pertinencia de la audiencia de imputación será colectivo y, según anunció Cancino, tendrá en cuenta las opiniones de quienes ejercen como jueces de control de garantías para identificar mecanismos que permitan una justicia “mucho más efectiva y tranquila”.

Entretanto, el designado ministro de Justicia afirmó que el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella impulsará desde el 7 de agosto de 2026 la construcción de 10 megacárceles en Colombia como eje de una reforma penitenciaria que, según dijo, buscará reducir el hacinamiento, contener la corrupción y reemplazar prisiones que hoy no garantizan los derechos de las personas privadas de la libertad.

El plan contempla nuevas cárceles para internos de alta peligrosidad, aunque con un esquema que, de acuerdo con el futuro funcionario, incluirá programas de resocialización y reinserción. También prevé que esas edificaciones entren a sustituir centros penitenciarios que, a su juicio, carecen de capacidad para ofrecer condiciones dignas.

Cancino sostuvo que la iniciativa forma parte de las tareas que asumirá al frente de la cartera de Justicia tras su designación por parte de De la Espriella. La propuesta de las 10 megacárceles ya había sido mencionada por el presidente electo durante la campaña presidencial.

“El programa de megacárceles del presidente será o tratará de ser una realidad lo más pronto posible, no para meter a todo el mundo a la cárcel, sino para tratar de alivianar también esas claras circunstancias”, dijo al medio Caracol Radio.

Cancino explicó que el uso de estas prisiones no será indiscriminado y que se hará una evaluación detenida de cada caso. Añadió que, en principio, estarían dirigidas a los delincuentes más peligrosos del país, en especial a quienes continúan delinquiendo.

“Esos delincuentes más peligrosos tienen que tener un tratamiento diferenciado, sobre todo los que siguen delinquiendo. Pero eso no implica imponerles una violación a derechos humanos (...) las megacárceles van a solucionar un problema también de hacinamiento, a dar más dignidad, más espacio, más productivo para ciertos presos, pero obviamente que los de máxima seguridad tendrán un tratamiento que pida que delincan sin violarle ningún derecho fundamental o garantía”, señaló

En medio del revuelo causado por la reciente salida de diez altos oficiales del Ejército Nacional tras una resolución expedida por el Ministerio de Defensa justo un mes antes de que termine el periodo de Gustavo Petro, la institución castrense emitió un comunicado en el que aclaró los motivos del retiro forzoso de los uniformados.

Según indicó el Ejército nacional, la salida de los militares responde a una “renovación natural y planificada”, contradiciendo versiones en redes sociales y algunos medios que hablaban de una “barrida” o “salida masiva” de altos mandos, a menos de un mes del cambio de gobierno.

La institución precisó que los retiros de oficiales, suboficiales y soldados profesionales no ocurren en forma arbitraria ni repentina. La institución destacó que estos procesos están regulados por los Decretos Ley 1790 y 1793 de 2000 junto con otras normas vigentes, y se realizan bajo evaluaciones periódicas y comités rigurosos.

Según el comunicado, el sistema militar contempla factores como el tiempo de servicio, desempeño y necesidades institucionales, todo enmarcado en un plan de carrera y bajo estrictas etapas que aseguran transparencia y equidad.

La estructura piramidal del Ejército implica que los ascensos son limitados y competitivos. La institución argumentó que esto hace que los ajustes en la planta de personal sean inevitables y naturales, no producto de decisiones excepcionales.

“Estos procesos también contemplan factores como el tiempo de servicio, el desempeño y las necesidades institucionales, en coherencia con el plan de carrera militar. El Ejército Nacional es una institución de estructura piramidal, con cupos limitados en cada grado, lo que implica un sistema progresivo y competitivo en el que no todos pueden ascender a los grados inmediatamente superiores, siendo esto una característica natural de una institución castrense”, señó la institución.

El personal recientemente retirado, según la nota oficial, ya había cumplido el tiempo de servicio requerido y tenía derecho a su asignación de retiro, conforme a la ley. Además, el comunicado enfatizó que la entrada constante de nuevas generaciones de oficiales y soldados asegura la continuidad de la defensa nacional.

“Los ajustes en la planta de personal responden a una renovación natural y planificada. Es importante precisar que el personal incluido en recientes resoluciones de retiro ya cumplía con el tiempo de servicio requerido y contaba con el derecho a su asignación de retiro, facultad discrecional que otorga la Ley”, señaló el Ejército.

Desde la institución se hizo un llamado “a la mesura y a la responsabilidad en la difusión de información sin sustento”, advirtiendo que los rumores pueden generar incertidumbre tanto en las familias militares como en la ciudadanía general.

Decisión administrativa y perfiles de los oficiales retirados

La resolución 008016 del 6 de julio de 2026 fue la que formalizó el retiro de los oficiales, quienes acumulan más de 25 años de experiencia en áreas clave como aviación, ingeniería, inteligencia, logística y planeación.

Entre los nombres figuran Hugo Harvey Castro Aponte, jefe del Departamento de Combustibles de Aviación; Carlos Andrés Colmenares Vélez, piloto de helicópteros Mi-17; y Miguel Ángel Malagón Páez, piloto de Black Hawk con antecedentes en misiones de rescate.

La decisión fue adoptada por la Junta Asesora del Ministerio de Defensa tras solicitud del comandante del Ejército Nacional. El documento oficial cita el artículo 99 del Decreto Ley 1790 de 2000, que establece el marco legal para el retiro de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares. Los oficiales, trasladados a la reserva por “llamamiento a calificar servicios”, mantienen su grado militar y acceden a los derechos de retiro correspondientes.

El retiro también incluye a oficiales de unidades especializadas como la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) y la Brigada 30, así como a comandantes reconocidos por su capacidad operacional y de liderazgo. Malagón Páez, por ejemplo, es recordado dentro de la institución por una misión de evacuación en 2014 en Caquetá, donde resultó gravemente herido y tras una larga rehabilitación volvió al servicio activo como piloto e investigador de accidentes aéreos.

El nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella enfrenta una revisión exhaustiva de más de 100 actos administrativos firmados en la Cancillería durante la administración de Gustavo Petro.

El foco está puesto en decisiones recientes que han generado polémica, como el aumento de primas para funcionarios consulares y los convenios para la fabricación de pasaportes.

Según información conocida por el diario El Tiempo, entre los puntos más sensibles que recibirá el equipo de empalme, liderado por la exembajadora de Colombia en China Mariana Pacheco, se encuentra el decreto 0819, firmado por la actual ministra Rosa Villavicencio y el ministro de Hacienda Germán Ávila. Esta norma modificó el cálculo de la prima de costo de vida para los funcionarios consulares, permitiendo que en ciudades donde la ONU no emite multiplicador se use el de la capital del país de traslado, lo que puede traducirse en pagos de hasta 670 millones de pesos por persona.

Según reveló el diario nacional, el comité de empalme ya cuenta con un paquete de 141 resoluciones y 43 decretos que serán sometidos a control. Estos documentos abarcan desde la apertura de consulados honorarios hasta modificaciones en la planta de personal y ajustes en los porcentajes de primas técnicas.

Las nuevas autoridades evaluarán si estos movimientos se justifican por necesidades del servicio o si podrían representar desvíos de poder, lo que abriría la puerta a posibles procesos disciplinarios, fiscales y judiciales.

La revisión incluye también el proceso de fabricación de pasaportes, un convenio con Portugal y la Imprenta Nacional que está actualmente demandado por la Procuraduría. La acción popular interpuesta busca revocar el acuerdo tras detectar vicios de fondo y forma. Además, el Consejo de Estado acaba de declarar improcedente una tutela presentada por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, manteniendo en curso la demanda principal.

Nombramientos recientes y el reto de revertirlos

El nuevo gobierno deberá analizar si los recientes traslados y nombramientos en misiones diplomáticas responden a verdaderas necesidades institucionales o si fueron motivados por intereses distintos.

Entre las personas designadas figuran Elvira Sanabria, quien pasó de la Secretaría General a cónsul en Nueva Loja (Ecuador), y otros funcionarios que asumieron cargos en Venezuela, Panamá, Barquisimeto y otros destinos internacionales.

La normativa vigente podría dificultar la reversión inmediata de estos nombramientos, ya que el pago de primas tan elevadas implica que los funcionarios no pueden ser trasladados nuevamente durante el año siguiente sin generar un detrimento patrimonial.

“Eso implica que esa persona no podría ser trasladada en el año siguiente porque se causaría un detrimento patrimonial, atornillando a los designados por 365 días”, explicó una fuente interna a El Tiempo.

La nueva administración revisará cada resolución y decreto expedidos en la recta final del gobierno anterior, con especial atención a los movimientos en la carrera diplomática y los contratos asociados a la expedición de pasaportes. Las justificaciones de cada decisión serán analizadas para determinar si existió un uso legítimo de la potestad administrativa o si se configuró algún tipo de irregularidad.

Abelardo de la Espriella ya designó a canciller para su gobierno

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella designó este miércoles 8 de julio de 2026 a Omar Bula Escobar como ministro de Relaciones Exteriores y vinculó esa decisión con su promesa de reposicionar al país en la escena internacional, profesionalizar el servicio exterior y devolverle, según dijo, autoridad, respeto y liderazgo a la diplomacia colombiana.

El anuncio se hizo en Cúcuta, Norte de Santander, en medio de la oficialización de seis nuevas figuras para ministerios clave al inicio del próximo gobierno. Junto con la Cancillería, la oficina del mandatario electo confirmó nombramientos en Educación, Transporte, Comercio, Vivienda, Deporte y Justicia.

De la Espriella presentó a Bula Escobar como “un colombiano con una trayectoria excepcional al servicio de la diplomacia internacional” y remarcó su experiencia en contextos de conflicto, misiones humanitarias y representación en numerosos continentes. El presidente electo sostuvo que ese recorrido será determinante en una etapa que definió como inédita para la diplomacia nacional.

En su mensaje, el futuro jefe de Estado afirmó que Colombia “volverá a hablar con autoridad, respeto y liderazgo ante el mundo” bajo la conducción del nuevo canciller. También le encargó la tarea de “profesionalizar el servicio exterior y defender, con firmeza y pragmatismo, los intereses de Colombia en el escenario internacional”.

El excandidato presidencial y ahora líder de la oposición Iván Cepeda advirtió en la mañana del miércoles 8 de julio que el nuevo presidente electo, Abelardo de la Espriella, tendría planeado fortalecer un gobierno con el apoyo paramilitar.

En medio de una rueda de prensa, Cepeda aseguró que su iniciativa de crear los “bloques de defensa para la seguridad ciudadana” daría paso a revivir a grupos no regulados, pero que tendrían el supuesto apoyo del Estado para cometer delitos disfrazados de seguridad.

El ahora líder de la oposición entregó detalles de las políticas que, a su juicio, configurarían un escenario de reincidencia en prácticas de violencia estatal y criminalidad organizada en Colombia.

Cepeda detalló que la iniciativa implicaría el regreso de estructuras armadas ajenas al control estatal. Estas agrupaciones, formadas por veteranos y reservistas, estarían encargadas de tareas de seguridad y orden, lo que supone —en palabras del senador— una “ruptura del Estado de derecho” y la renuncia estatal al monopolio legítimo de la fuerza.

“Tras conocer anuncios sobre los primeros decretos que él expedirá, hemos llegado a una conclusión grave: en Colombia comienza a configurarse un gobierno paramilitar. No se trata de un calificativo apresurado o alarmista, sino el análisis sereno de las siguientes tres políticas concretas que han sido expuestas en documentos y declaraciones públicas”, señaló Cepeda.

En su declaración, Cepeda advirtió que las primeras medidas anunciadas por De la Espriella, que incluyen la creación de bloques de búsqueda urbanos y primeras líneas de seguridad, son un precedente peligroso.

Según su análisis, el resultado histórico del paramilitarismo ha sido “más violencia, más arbitrariedad y más impunidad”. El senador recordó que la entrega de funciones de seguridad a civiles armados ha traído consecuencias graves en el país en el pasado.

El excandidato presidencial también alertó sobre la intención de criminalizar la protesta social. Aseguró que el nuevo gobierno estaría preparando la disolución de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) y el regreso del Esmad, organismo señalado en el pasado por graves violaciones de derechos humanos y represión contra la juventud y movimientos sociales.

“desde el pasado 21 de junio, no pasa un día sin que De la Espriella y su entorno, con la complicidad de alcaldes autoritarios como Fico Gutiérrez, en Medellín, o Alejandro Eder, en Cali, alentados por el despotismo beligerante de su nuevo jefe, amenacen con desatar una brutal represión contra quienes osen salir a las calles a protestar”, señaló Cepeda.

Otro punto crítico de la denuncia fue el anuncio de la construcción de “megacárceles privadas”, financiadas con aporte de capital nacional e internacional. Cepeda explicó que la administración y operación de estos centros penitenciarios quedaría en manos de privados y veteranos de fuerzas armadas, reemplazando al actual Inpec.

Esta medida, según el senador, significaría una “paramilitarización” de la gestión penitenciaria y una vulneración de garantías elementales de los reclusos. “Estos anuncios y proyectos provienen de alguien cuya vida personal y profesional fue puesta al servicio de estructuras paramilitares y narcotraficantes. De la Espriella ha sido reiterativo en afirmar que una de sus aspiraciones, en la época del mayor apogeo de las Autodefensas Unidas de Colombia, era “ser ‘paraco’ con uniforme y con fusil”, señaló.

En su intervención, Cepeda recordó que De la Espriella ha manifestado abiertamente su afinidad con las autodefensas y que enfrenta denuncias penales por supuestos vínculos con estructuras paramilitares y narcotraficantes. El senador insistió en que el proyecto político del presidente electo representa una amenaza para la democracia, la oposición y la libertad política.

Llamado a la desobediencia civil y vigilancia internacional

Frente al panorama descrito, Cepeda reiteró su llamado a la desobediencia civil pacífica y pidió la acción de organismos nacionales e internacionales. Solicitó a la Defensoría del Pueblo y a entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos que mantengan una observación estrecha sobre la evolución política en Colombia y el respeto a los principios constitucionales.

El senador concluyó que la defensa de la vida, la dignidad y la integridad humanas no puede ceder ante proyectos que, según su perspectiva, revitalizan prácticas de terror y criminalidad estatal. La oposición, aseguró, se mantendrá vigilante y activa para defender los principios democráticos y los derechos fundamentales en el país.