Han transcurrido dos meses desde que el Consejo de Estado ordenó suspender una directriz emitida por la Superintendencia de Notariado y Registro, lo que dejó en “jaque” a la Sociedad de Activos Especiales, pues tendría que regresar miles de predios a narcos colombianos.

La decisión del alto tribunal ha generado incertidumbre ante la posible devolución de casi 20.000 bienes incautados al narcotráfico y otras actividades ilícitas, por un valor aproximado de seis billones de pesos.

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Esta controversia, promovida por el abogado Édgar Javier Navia Estrada, de quien no se tenía registro sino hasta ahora, puso a tambalear los mecanismos de extinción de dominio que sustentan la lucha estatal contra el crimen organizado.

Según información revelada por El Tiempo, cerca de 19.860 inmuebles bajo medidas cautelares podrían ser restituidos si prospera la demanda que cuestiona la legalidad de una excepción administrativa al plazo legal de embargo sobre bienes incautados.

La polémica gira en torno a una demanda presentada contra la directriz de la Superintendencia de Notariado y Registro, emitida en 2022, que exceptuaba del plazo legal de diez años —tras el cual debían levantarse embargos e incautaciones si no existía sentencia judicial— a los bienes involucrados en procesos de extinción de dominio por narcotráfico.

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente esa directriz, afectando 19.860 inmuebles controlados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), lo que representa casi el 56% del inventario administrado por la entidad, informó El Tiempo.

Perfil del abogado y origen de la demanda

El litigio es encabezado por Édgar Javier Navia Estrada, penalista con una condena previa por enriquecimiento ilícito, que niega cualquier vínculo con el narcotráfico.

En declaraciones entregadas a El Tiempo, Navia Estrada insistió en que su motivación para adelantar acciones contra la superintendencia no responde a contrataciones de capos del narcotráfico, sino a una lucha por defender la legalidad de los procesos.

“Primero quiero aclarar que no defiendo a narcotraficantes, ni a fichas del Clan del Golfo ni de ningún cartel de Cali. Yo no llevo negocios de delincuentes”, señaló el litigante al diario nacional.

El abogado expuso que la acción deriva de tres casos ocurridos en Armenia, Cali y San Andrés, donde los inmuebles permanecen restringidos pese a la ausencia de fallo judicial definitivo.

Navia afirmó que la legislación colombiana, vigente desde 2012, autoriza cancelar embargos sobre bienes si tras diez años no hay sentencia, incluso en casos de extinción de dominio. Además, criticó la directriz de la superintendencia por impedir a los registradores declarar la caducidad, advirtiendo sanciones contra quienes lo hagan.

“Se inventaron un proceso que no existe y sacaron una circular. Pero no aplicaba para extinción de dominio. El registrador no puede interpretar la ley. Por eso es que estamos dando una batalla desde el derecho. Esto no es un tema de delincuentes queriendo evadir la justicia. Es un tema de ciudadanos pidiendo al Estado que cumpla las normas legales, que juegue limpio y que obre correctamente en derecho o que modifique las leyes”, señaló.

Consultado sobre su antecedente judicial, Navia Estrada aclaró que en 2009 aceptó cargos por incremento patrimonial injustificado relacionado con la administración de activos de un exnarcotraficante. Según sostuvo, lo hizo por razones fiscales y ambas situaciones carecen de relación entre sí.

“En esa época, la Fiscalía me investigó por enriquecimiento de 10.483.000 y que yo era el abogado de un señor que supuestamente era delincuente y por haber administrado unos bienes; el señor fue absuelto de ese proceso. Pero tuvo que quedarse 3 años en la cárcel. Yo por un tema fiscal, me dijeron que la única forma de salir de eso era aceptando cargos, y lo solucioné. Nada tiene que ver una cosa con la otra“, señaló.

Entretanto, el eje jurídico del conflicto está en la Ley 1579 de 2012, que limita a diez años la vigencia de medidas cautelares en ausencia de una decisión judicial, frente a la excepción dictada en 2022 por la Superintendencia de Notariado y Registro.

Frente a esta coyuntura, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Notariado y Registro respondieron de manera coordinada, reiterando que la extinción de dominio es un instrumento constitucional fundamental, de carácter imprescriptible. Estas entidades preparan una estrategia judicial para defender la normativa y resguardar los activos ya asegurados al crimen organizado.

La decisión de fondo sigue pendiente en el despacho del magistrado Pablo Andrés Córdoba. Mientras tanto, una circular emitida el 4 de febrero de 2026 notificó la suspensión provisional de la directriz en todo el país.

Con la decisión del Consejo de Estado, el país se arriesga, si prospera la demanda, a restituir bienes que financian programas sociales y refuerzan la batalla contra las redes criminales.

Voceros oficiales han alertado sobre el posible retroceso en la persecución patrimonial del crimen organizado, y consideran prioritario fortalecer la legislación o los procesos administrativos para impedir la devolución de los bienes ya confiscados.

Las presiones y amenazas en Ecopetrol denunciadas por Luis Enrique Rojas, expresidente de Hocol, lo han ubicado como testigo central en la investigación por presunto tráfico de influencias que involucra al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

Según una entrevista concedida a la revista Cambio, Rojas afirmó haber sufrido presiones para manipular procesos de contratación, además de haber sido víctima de presuntas campañas de intimidación y amenazas directas tras resistirse a participar en estos hechos.

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Luis Enrique Rojas, que presidió Hocol y actualmente actúa como testigo clave en el proceso contra Ricardo Roa, declaró que recibió presiones reiteradas para favorecer a la empresa Gaxi en la adjudicación del proyecto estratégico Chuchupa-Ballena, en La Guajira.

El exdirectivo sostuvo que, tras oponerse a estas solicitudes y advertir de los riesgos institucionales, enfrentó una serie de amenazas personales, hostigamiento y persecución, hechos que han sido denunciados ante la Fiscalía de Colombia.

La trayectoria de Rojas en la industria petrolera y el camino a la presidencia de Hocol evidenciaron la complejidad de las relaciones y dinámicas de poder en el sector energético colombiano.

“Gana Petro en 2022 y desde septiembre de ese año empiezan los rumores sobre quién podría ser el presidente de Ecopetrol. Se hablaba de seis personas, entre ellas Ricardo Roa. En la última semana de febrero de 2023, Juan Guillermo Mancera contacta a Diego Orozco, un ingeniero muy reconocido, y le pregunta si conocía a Luis Enrique Rojas”, relató el exdirectivo.

Rojas recuerda que, tras una reunión con Mancera, Julián Caicedo (pareja de Roa) y Johny Giraldo, le comunicaron que era la persona que necesitaban para un cargo ejecutivo, aunque su nombramiento se concretó por un proceso formal con consultores externos un año y tres meses más tarde, en mayo de 2024.

“Se hizo un proceso formal con headhunter en Ecopetrol, me fue muy bien y la junta de Hocol hizo el nombramiento”, explicó el expresidente de Hocol a la revista.

Rojas remarcó la influencia de quienes participaban en los procesos de selección. “Julián era la pareja de Roa y el poder era inmenso. Incluso, en una reunión en diciembre de 2024, Julián me mencionó que había entrevistado a 500 personas para Ecopetrol. Yo creo que mi caso no avanzó porque soy una persona técnica, con carácter y criterio, y vieron que no iba a ser fácil de manipular”, añadió.

Presiones y pedidos de favores en el grupo Ecopetrol

Al asumir la presidencia de Hocol, Rojas comenzó a recibir solicitudes de favores relacionados con el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena y la compañía Gaxi.

“Después de una junta del 20 de agosto de 2024, almorzamos en el restaurante Flora. Allí me pidió varios favores, entre ellos lo de Gaxi. En ese momento no fue una exigencia contundente; me dijo que en la regasificación de La Guajira les gustaría que el proyecto se lo ganara Gaxi”, señaló.

Aunque Rojas señaló que no sintió una presión inmediata por parte de Ricardo Roa, los favores empezaron a convertirse en órdenes explícitas por parte del presidente de Ecopetrol.

“Luego, saliendo de otra junta directiva, me pidió que me quedara. Me preguntó cómo iba el tema con Gaxi. Le dije que estábamos evaluando diferentes propuestas. Después me citaron a un apartamento donde nos vimos con Caicedo, Mancera y Roa. Ahí ya hubo más presión. Me preguntaron qué pasaba con Gaxi y yo les dije que el capital no era suficiente. Me respondieron que no me fijara en eso, que el capital lo iban a manejar con aliados con suficiente dinero”, afirmó a Cambio.

Según relató Rojas, en total sostuvieron alrededor de 15 encuentros con Ricardo Roa, su pareja, y con Juan Guillermo Mancera en diferentes puntos de la ciudad, en los que se le hicieron pedidos explícitos de favorecer a la empresa de gas.

“Les dije que, si lo hacía, cualquier persona podría denunciarme en el canal ético o en la Fiscalía. Con eso empezaron a ver que no me podían controlar y desde noviembre de 2024 comenzaron a decirme que yo no era del equipo de ellos y que, si no colaboraba, debía renunciar. Yo les respondía que no había llegado por ellos sino por un proceso riguroso y que no iba a renunciar por no hacer favores”, señaló Rojas en su intervención.

Según indicó el exdirectivo, el punto de inflexión se produjo cuando alertó sobre riesgos de multas que podían alcanzar los 180 millones de dólares por contratos pasados, una información que resultó filtrada en medios de comunicación y terminó por desgastar la relación entre Rojas y Ricardo Roa.

“Señalábamos inconsistencias en las reservas y en los precios de venta del gas. Ese correo se filtró a un medio y se generó un escándalo. Eso no le gustó a Roa y ahí empezó la persecución”, indicó el exdirectivo a la revista Cambio.

La presión institucional derivó rápidamente en amenazas personales y situaciones de riesgo para Rojas y su entorno, según denunció el exdirectivo en su intervención.

“La persecución y la guerra sucia empiezan el 6 de diciembre de 2024. Ese día, mi esquema de seguridad me recogía a las 4 de la mañana. La camioneta fue interceptada por un vehículo pequeño que la cerró. Se bajaron dos hombres armados —hay video de eso—, pero al ver que yo no iba dentro del vehículo, se subieron nuevamente y huyeron”, relató.

Asimismo, Rojas señaló que desde entonces los hostigamientos no se detuvieron y su vida se mantuvo en riesgo constante, al parecer, por no acceder a las peticiones de Ricardo Roa y Juan Guillermo Mancera.

“A partir de ese día comienza una campaña de persecución e intimidación en mi contra. Luego, el 27 de diciembre, recibo una llamada de una persona que se identifica como comandante del frente suroriental de guerra y me dice que lo habían contratado para hacer un sicariato en mi contra”, aseguró al medio.

Como resultado de la presión sufrida, presentó su renuncia en tres ocasiones, hasta concretar su salida el 30 de abril de 2025. Asimismo, Rojas interpuso la denuncia ante la Fiscalía por los reiterativos ataques.

“Yo interpongo la primera denuncia estando todavía en Hocol, en agosto de 2024, por una llamada amenazante. Una mujer me llamó y me dijo que no podía sacar a más gente y que si lo hacía, no iba a responder por mi vida ni por la de mi familia”, detalló.

Posteriormente, indicó que ocurrieron amenazas adicionales, incluidas campañas mediáticas y atentados a su reputación profesional. Su denuncia más reciente, del 22 de julio de 2025, se debió a una llamada desde España en la que, afirma, se habló de asesinarlo durante una reunión de allegados a Roa.

“Tengo todas las pruebas para soportar lo que digo y ya están en manos de la Fiscalía. Cada dato, la trazabilidad de las cosas, está en chats, fotos, conversaciones, videos”, señaló a Cambio.

Consultado sobre su situación actual, Rojas indicó: “Voy a estar un tiempo por fuera del país. Si la Fiscalía o la UNP me asignan un esquema de protección, volveré. Me siento preocupado, no me siento seguro, pero tengo que seguir produciendo”.

Explicó que, con más de 30 años de carrera en la industria petrolera, nunca ha afrontado cuestionamientos por malos manejos y que depende de su trabajo y asesorías.

Tras 24 horas del accidente del avión Hércules C-130, que transportaba a 128 militares y se precipitó a tierra el lunes 23 de marzo de 2026, el comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, divulgó las primeras imágenes de los uniformados que llegaron a Bogotá para recibir atención médica.

A través de su cuenta de X, el alto oficial envió un sentido mensaje a los militares que se salvaron tras la colisión, al tiempo que reveló que ya tiene en su poder los relatos de los momentos previos y posteriores al accidente.

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“Anoche estuve en el Batallón de Sanidad Militar y en el Hospital Militar Central visitando a nuestros soldados heridos. Compartí con sus familias y escuché los difíciles momentos que vivieron durante esta tragedia”, señaló el oficial.

En su mensaje, López indicó que la institución ya desplegó un equipo técnico para la atención integral de las víctimas sobrevivientes y sus familias, mientras que otro frente intenta indagar sobre las causas que llevaron a la aeronave militar a no conseguir la velocidad necesaria para completar su carrera de ascenso.

“En cada uno de ellos reconozco su valentía, su entereza y su fortaleza. Su honor de ser soldados sigue ahí, intacto, más fuerte que nunca. Seguimos acompañándolos, apoyándolos y poniendo todas nuestras capacidades para su recuperación. Sus Fuerzas Militares y Colombia entera están con ustedes”, concluyó el general López.

Entretanto, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa, ha anunciado la apertura de una investigación rigurosa para determinar las causas del accidente aéreo que el 23 de marzo provocó la caída de un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en Puerto Leguízamo, Putumayo, con el saldo preliminar de 66 muertos y decenas de heridos.

La indagación institucional fue confirmada por el ministro de Defensa Pedro Sánchez, quien aseguró que la prioridad será ofrecer respuestas transparentes, rápidas y con pleno respeto por las víctimas

En la mañana del siniestro, 128 militares —entre soldados, policías y miembros de la tripulación— viajaban a bordo de la aeronave, de acuerdo con el reporte oficial. Además de las víctimas fatales, al menos 48 heridos fueron trasladados a Bogotá, 12 a Florencia y otros permanecen en el dispensario militar.

El accidente de Puerto Leguízamo y la reacción oficial

El accidente ocurrió instantes después del despegue desde la pista del municipio de Puerto Leguízamo, cuando el avión Hércules colapsó por causas que aún no han sido esclarecidas.

El ministro Sánchez puntualizó que la indagatoria incluirá un análisis técnico de la aeronave y una evaluación de los factores operativos y de las condiciones de la pista. Las primeras hipótesis manejan la posibilidad de una falla al inicio del vuelo, sin que por ahora se hayan descartado otras alternativas.

Sánchez destacó el impacto humano de la tragedia, al sostener que los fallecidos “no son cifras, son vidas, son padres, madres, hijos, hijas, hermanos, hermanas, héroes y heroínas que hoy dejan un vacío irreparable en sus familias y en todo el país”.

En reconocimiento, el funcionario anunció la decisión de izar la bandera nacional a media asta. “Hoy Colombia está de luto”, agregó el ministro, en referencia directa al dolor colectivo generado por la pérdida de los integrantes de la Fuerza Pública.

El proceso, en palabras de Sánchez, se distinguirá por su celeridad y transparencia: “La investigación será rigurosa, transparente y con la máxima celeridad posible. El país conocerá la verdad”, aseguró en el comunicado.

La investigación buscará establecer si existieron fallas técnicas, problemas en la pista o errores operativos que expliquen la emergencia, y no descarta ninguna hipótesis mientras se realiza el análisis completo de la aeronave y las condiciones del vuelo.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó en la mañana del martes 24 de marzo de 2026 que asumirá el proceso integral de identificación de las víctimas del accidente aéreo ocurrido en el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo, el 23 de marzo.

Según indicó el director de la institución, Ariel Emilio Cortés Martínez, los cuerpos serán trasladados hasta la ciudad de Bogotá tras establecer un acuerdo con las Fuerzas Militares de Colombia.

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Según indicó el directivo, la decisión del traslado responde a la complejidad en el análisis de los cuerpos, por lo que la capital cuenta con más y mejores recursos técnicos para el abordaje integral de los cuerpos.

“El día de hoy lamentamos el accidente aéreo ocurrido el 23 de marzo de 2026 en zona rural cercana al municipio de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, e informamos a la opinión pública que, en coordinación con las autoridades competentes, se acordó que los cuerpos de las víctimas fueran trasladados a la sede de la Dirección Regional Bogotá, donde se adelantará el abordaje forense integral para su identificación”, señaló el director.

Según indicó la institución forense, se dispondrán de equipos técnicos y humanos suficientes para adelantar las necropsias con la mayor celeridad y rigurosidad, con el propósito de entregar los cuerpos a familiares en la mayor brevedad posible.

Además del trabajo científico forense, Medicina Legal confirmó que centrará sus labores en el acompañamiento integral a las familias, para lo cual también dispondrá de especialistas capacitados que incluye un equipo de trabajadores y sociales y psicología, entre otros.

“El Instituto dispondrá de los equipos forenses necesarios para realizar el análisis técnico científico de los cuerpos conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos y se contará con apoyo de personal especializado en psicología para brindar acompañamiento a las familias de las víctimas”, señaló Cortés.

La institución hizo énfasis en que el objetivo de este apoyo es contener las consecuencias emocionales generadas tras el accidente, marcando una respuesta institucional que trasciende la mera fase técnica.

Finalmente, Emilio Cortés aseguró que la información obtenida en los análisis forenses no será comunicada de forma pública para mantener la integridad de la información, además de contribuir a la investigación que adelantan las Fuerzas Militares tras la caída de la aeronave en el departamento de Putumayo.

“La información técnica y procedimental derivada de estas actuaciones será puesta, de manera oportuna, exclusivamente en conocimiento de las autoridades competentes, dentro del marco de la investigación”, señaló Medicina Legal.

Entretanto, el director de la institución envió un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas y garantizó el mayor respeto durante las labores forenses que se adelantarán en la capital del país.

“Desde Medicina Legal enviamos un saludo de condolencias a las familias y conforme a los avances de los procedimientos realizados seguiremos informando”, concluyó Ariel Emilio Cortés Martínez.

Asimismo, información conocida por Infobae Colombia de fuentes enteradas de Medicina Legal, se sabe que los cadáveres de los 66 militares fallecidos confirmados empezarán a llegar a Bogotá sobre la tarde noche de este martes 24 de marzo.

De acuerdo con el informe más reciente de las Fuerzas Militares, 66 personas fallecieron y otras cuatro continúan desaparecidas tras el siniestro. La lista de víctimas mortales incluye al teniente coronel Juan Pablo Amador Pinilla, los mayores Jaime Alexander Fernández Camargo y Natalia Rojas Velandia, el subteniente Julián David González Herrera, los tenientes Javier Fernando Méndez Torres y Jhontan Stid Pinzón Réyes de la Fuerza Aérea Colombiana, así como el subintendente Ariel Leonardo Villota Guevara y el patrullero Carlos Elías de la Cruz Gutiérrez del Gaula de la Policía, según datos de la institución.

Estado de salud de los militares heridos que llegaron a Bogotá

El Hospital Militar Central reportó que 21 militares permanecen hospitalizados, de los cuales uno está en cuidados intensivos y dos en observación en urgencias, tras el accidente del avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana en Puerto Leguizamo, Putumayo, en el que viajaban 11 tripulantes, 115 soldados y dos policías, según el primer parte médico divulgado en la mañana del martes.

El centro médico detalló que 24 pacientes han sido ingresados a la sede de Bogotá —uno de ellos un rescatista presente en la zona del accidente—, mientras que los heridos restantes fueron inicialmente atendidos en el hospital local y el dispensario militar antes de ser derivados a centros de salud en Mocoa (Nariño), Florencia (Caquetá), Puerto Asís (Putumayo) y la capital.

En el comunicado, la entidad destacó que ha ofrecido atención especializada y recursos médicos completos para los afectados y sus familias. También se anunció que se emitirá un nuevo parte oficial sobre la evolución de los pacientes en las próximas horas.

El anuncio de un inminente traslado de 25 billones de pesos del ahorro pensional privado a Colpensiones ha desatado un enfrentamiento abierto entre los fondos privados de pensiones y el Gobierno nacional.

La propuesta, impulsada mediante decreto del que ya existe un borrador, puso bajo tensión la relación entre ambos sectores y ya se analiza la posibilidad de llegar al plano legal para impedir el billonario traslado.

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Asofondos, encabezado por Andrés Mauricio Velasco, rechazó categóricamente el proyecto gubernamental y anunció que acudirá de inmediato a la justicia para frenar la medida.

Según explicó Velasco a El Tiempo, demandarán el decreto y solicitarán medidas cautelares urgentes, advirtiendo que la disposición vulneraría el ahorro individual de más de 100.000 trabajadores y contravendría el requisito legal de mantener esos recursos en cuentas personales hasta consolidar la pensión.

“Nos toca demandar el decreto y pedir medidas cautelares urgentes”, señaló el representante del gremio al diario nacional, tras la negativa del Ejecutivo de acatar las advertencias de distintas entidades.

Según indicó el portavoz de las AFP, una vez se expida el decreto oficial, interpondrán recursos judiciales ante el Consejo de Estado. Paralelamente, la Corte Constitucional examina la legalidad de la reforma pensional, y su decisión será fundamental para definir el modelo futuro del sistema.

Y es que, desde el jueves 19 de marzo, el Ministerio de Hacienda comunicó que mantiene el trámite del decreto, a pesar de las advertencias de la Procuraduría General de la Nación y el Banco de la República. De aprobarse, la orden obligaría a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a transferir los fondos a Colpensiones en un lapso máximo de 15 días.

Desde el Gobierno, se explicó que la medida busca responder a la presión financiera que supone el pago inmediato de nuevas pensiones, tras el alto número de traslados recientes de afiliados.

Sin embargo, el gremio de las AFP sostiene que, conforme a la Ley 2381 de 2024 y al decreto 1225, esos ahorros privados deben permanecer bajo su administración hasta que los beneficiarios consigan su pensión, ya que el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, a cargo del Banco de la República, aún no está activo.

“Estos recursos tienen vocación de ahorro y la ley es clara en que deben permanecer en las cuentas individuales hasta que se consolide la pensión”, señaló el presidente de Asofondos al diario nacional.

El marco normativo es, según las AFP, inequívoco: la legislación exige que los fondos se gestionen de forma individualizada, protegiendo el ahorro pensional hasta el acceso a la jubilación.

El anuncio oficial ha generado serias dudas y advertencias de inconstitucionalidad. El Banco de la República, en comunicación al Ministerio de Trabajo, señaló que el traslado anticipado “no se encuentra autorizado por la ley” y excede las atribuciones establecidas para el Ejecutivo.

Por su parte, Velasco aseguró que la decisión gubernamental ignora de forma deliberada el marco legal y que los fondos afectados “tienen vocación de ahorro” y, por disposición de la ley, deben permanecer intactos hasta consolidar el derecho a la pensión.

La advertencia es compartida por la Procuraduría General de la Nación y otros analistas, quienes advierten sobre riesgos para la seguridad jurídica del sistema y la confianza de los trabajadores.

Impacto económico y futuro del sistema pensional

El efecto económico del traslado del fondo no pasa inadvertido entre actores del sector financiero y centros de análisis, como Anif. Según sus cálculos, los 25 billones de pesos en cuestión están invertidos en títulos de deuda pública y una liquidación apresurada podría generar distorsiones en los mercados, como subrayó el Banco de la República.

De ejecutarse el plan, Anif estima que el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo arrancaría en 2026 con 5 billones de pesos menos y, para 2030, la brecha acumulada podría ascender a los 15,2 billones. El centro sostiene que esto restaría fuerza a la capacidad de ahorro pensional en los primeros años del nuevo sistema, debilitando su sostenibilidad a largo plazo.

Entretanto, desde Asofondos indicaron a El Tiempo que no existe un desbalance financiero en Colpensiones, argumentando que la entidad recibe mensualmente 686.000 millones de pesos en cotizaciones y paga 443.000 millones en mesadas.

Por ello, insisten en que la medida persigue aliviar temporalmente la carga fiscal del Estado, pero a costa de disminuir reservas y desplazar el impacto financiero a administraciones futuras.

El accidente aéreo ocurrido la mañana del lunes 23 de marzo en Puerto Leguízamo, Putumayo, continúa causando conmoción en todo el país. La aeronave de la Fuerza Aérea transportaba principalmente militares cuando se produjo el siniestro, lo que provocó alarma y preocupación por la situación de los ocupantes.

De hecho, horas después del incidente, el comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el general Carlos Fernando Silva Rueda, confirmó que el balance oficial reporta a 77 heridos –que requieren atención médica, pero su vida no se encuentra en peligro– y 43 en situación de atención, antes del mediodía.

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En su mensaje, el alto mando aseguró que en la aeronave Hércules con matrícula FAC1016 se movilizaban 114 militares y 11 tripulantes que iniciaban su ruta de ascenso con destino hacia el municipio de Puerto Asís, en su ruta que finalizaba en Bogotá.

Acceda al informe más reciente publicado por Infobae Colombia a través del siguiente enlace, donde se detallan los nombres de seis tripulantes de la FAC que perdieron la vida en la tragedia.

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que aún se encuentran en las labores para establecer el estado de salud de 43 militares mientras avanza el rescate.

“Hasta el momento hubo 77 heridos en el hospital, un muerto, 43 personas por establecer su estado. Aún no se conocen las causas del accidente del avión Hércules. Fuerza a las familias de los soldados jóvenes de la Patria”, señaló el presidente en su cuenta en la red social X.

Entretanto, el general Silva señaló que la intervención inmediata de la Armada Nacional, que cuenta con una base en la zona, permitió que los heridos fueran trasladados rápidamente a centros asistenciales en Puerto Leguízamo.

Las autoridades confirmaron que el comandante del Comando Aéreo de Combate No. 6 y el almirante Córdoba ya coordinan las labores en el lugar del accidente.

Para reforzar la atención médica, la Fuerza Aeroespacial envió un avión ambulancia que está por aterrizar en la zona. Además, un C-130 con capacidad para 50 camillas partió desde Bogotá para el traslado masivo de lesionados, seguido por un avión Casa 295 con espacio para 24 camillas adicionales.

Nuevo reporte del estado de los militares por parte del presidente Petro

El presidente Gustavo Petro informó cerca de las 3:00 p. m. sobre el estado de los militares tras el accidente del avión Hércules en Putumayo, por lo que en la red social X señaló: “83 militares jóvenes vivos hasta ahora, es el pueblo del Putumayo quienes los salvaron de la muerte, pasaron hasta la pista del aeropuerto y llevaron agua y amor a los muchachos. Así es como se construye una patria, agradezco a los padres y a las madres que cruzaron corriendo las distancia hasta el avión Hércules accidentado para salvar los hijos de otras madres y padres (sic)”.

El mandatario también destacó la labor de los soldados en la emergencia y la prioridad de la vida: “Agradezco a los y las soldadas que estando en el lugar fueron corriendo a salvar la vida de sus compañeros, prueba de amor y solidaridad hermosa, me arrodillo ante ustedes, vamos al máximo, al menor número de vidas perdidas… es la vida la prioridad de la sociedad y del Estado (sic)”.

“Espero que la médica gerente del hospital militar responda al máximo de capacidad. Para quienes no se puedan transportar deben llegar los hospitales de guerra que compré, transportables y médicos y médicas deben llegar al lugar, incluido el hospital de guerra movible que le entregué a Bogotá y no sé dónde está (sic)”, concluyó en su mensaje.

Accidente de avión en Putumayo: heridos trasladados a Neiva, Florencia y Bogotá

El general Carlos Silva, comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, informó que un helicóptero medicalizado UH60 y un equipo de médicos también se movilizan para clasificar a los heridos y facilitar su traslado a hospitales en Neiva, Florencia y Bogotá.

Actualmente, se desconoce la causa exacta del accidente. Las investigaciones comenzaron con el envío de un equipo especializado al sitio del siniestro.

“Tan pronto despegó la aeronave sufrió algún problema y se precipitó a tierra, a más o menos un par de kilómetros desde el aeropuerto”, explicó el general Silva.

El incidente ocurrió a las 9:50 a. m. y, de acuerdo con el reporte oficial, las operaciones de rescate y atención médica continúan mientras se espera información adicional sobre la situación de los ocupantes y el avance de las pesquisas.

Según la información disponible, el accidente del Hércules C-130 ocurrió poco después de despegar, cuando la aeronave cayó a tierra cerca de la zona aeroportuaria.

Los heridos, en su mayoría militares, reciben atención en centros médicos locales y se preparan traslados a ciudades con mayor capacidad hospitalaria.

Las autoridades insisten en que los datos actuales son preliminares y que la cifra de lesionados podría modificarse a medida que avancen las labores de rescate y verificación.

Luego de conocerse el accidente aéreo registrado en la mañana del lunes 23 de marzo en el sur de Colombia, específicamente en el municipio de Puerto Leguízamo, la seguridad en los cielos del país volvió a ser un tema de interés nacional.

Y es que Colombia se ubica como el tercer país de Sudamérica con más accidentes aéreos en la última década, solo superado por Brasil y Argentina, según registros oficiales recopilados por El Tiempo.

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El país presenta un promedio de un siniestro mensual con participación de aeronaves civiles, militares y privadas, y evidenció incrementos puntuales en años recientes, atribuibles a diversos factores técnicos, humanos y operacionales.

De hecho, en el primer trimestre de 2026 se han presentado tres accidentes aéreos que han sumado fatalidades, entre ellos, el representante a Cámara Diógenes Quiñones, el cantante de música popular Yeison Jiménez y las fatalidades que están por confirmarse tras la caída del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial.

Las principales causas de los accidentes aéreos en Colombia están relacionadas con fallas del sistema de propulsión, pérdidas de control provocadas por errores de pilotaje y problemas en sistemas secundarios. También figuran entre los motivos más riesgosos el contacto anormal con las pistas y los eventos catalogados como “vuelo controlado contra el terreno”.

Los municipios más afectados son Bogotá, Mitú, Villavicencio y Medellín, y destacan modelos como Piper PA-31 Navajo y Cessna A188B entre las aeronaves con mayor siniestralidad, según los registros oficiales.

En los últimos 20 años, Colombia ha registrado 604 siniestros aéreos, de los cuales 396 fueron accidentes con consecuencias fatales, desapariciones o daños estructurales graves y 208 se clasificaron como incidentes graves, es decir, situaciones con alto riesgo de terminar en accidente.

El año con mayor cantidad de accidentes fue 2011, con 38 casos, mientras que 2010 y 2018, además de 2008, figuran entre los periodos con menos sucesos. La mitad de los siniestros se concentra en los meses de noviembre, julio, agosto, octubre y junio, lo que sugiere una distribución estacional en la ocurrencia de estos eventos.

Principales causas de accidentes aéreos en Colombia

La falla o mal funcionamiento del motor es la causa más común de accidentes, sumando 138 casos y representando el 22,8% del total de sucesos graves, según estadísticas oficiales.

Otras circunstancias frecuentes incluyen problemas en otros sistemas (75 siniestros), pérdida de control debido a errores de piloto (63 casos) y contactos anormales con la pista durante las maniobras (44 incidentes).

El “vuelo controlado contra el terreno”, definido como el impacto de la aeronave sobre una superficie por pérdida de referencias u otros errores, sumó 40 registros en el periodo evaluado. La mayoría de los incidentes se explican por una combinación de factores mecánicos y humanos, y raramente existe una causa aislada. Estos riesgos suelen manifestarse de manera concurrente, particularmente en operaciones con aeronaves ligeras y bajo condiciones geográficas complejas.

Modelos de aeronave y municipios con más siniestros

Los aviones agrícolas y ligeros presentan la mayor tasa de accidentalidad en Colombia. Según el análisis realizado por El Tiempo, el modelo Cessna A188B registra 52 siniestros (41 accidentes y 11 incidentes), mientras que el Piper PA-25-260 suma 24 sucesos.

Entre los helicópteros, el Bell 206L-3 contabiliza 18 incidentes, y el Air Tractor AT-301, empleado en la agricultura, figura con 16 casos. El Piper PA 34-200T, con capacidad para seis ocupantes, suma 14 registros relevantes.

La familia Piper PA-31 Navajo cuenta con un historial importante: desde 1972, se han producido 12 accidentes en Colombia con este modelo, incluyendo hechos mortales que involucran tanto a operadores civiles como a vuelos oficiales y privados. Entre los casos más notorios están los ocurridos en Medellín (1972 y 2022), Chía (2015), Santander (2014) y Popayán (2019).

Bogotá encabeza la lista de municipios con 60 siniestros durante el periodo 2005-2025. Mitú y Villavicencio anotan 22 casos cada uno, seguidos por Medellín con 21 registros. Otros focos de accidentes aéreos son Chía, Ciénaga, Rionegro, Zona Bananera, Apartadó y Cali, todos ellos con entre 12 y 15 sucesos documentados en las dos últimas décadas.

El análisis de la siniestralidad aérea en Colombia revela que el mal funcionamiento del motor es la causa reiteradamente más asociada a accidentes fatales y de gravedad, mostrando la persistencia de problemas técnicos y humanos en la seguridad operacional del sector.

Hay revuelo en Colombia luego del accidente aéreo que involucró una aeronave de la Fuerza Aeroespacial en el municipio de Puerto Leguízamo, en Putumayo, que se precipitó a tierra cuando iniciaba su carrera de ascenso.

Ante la calamidad nacional, desde distintos sectores políticos expresaron su solidaridad con las familias y los militares involucrados en el siniestro aéreo, entre ellos, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal.

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A través de su cuenta de X, la congresista pidió al Gobierno nacional adelantar las labores investigativas con la mayor celeridad y así determinar por qué el avión no logró tomar altura.

“Con profundo dolor, los colombianos recibimos la noticia de la caída de un avión Hércules en la que perdieron la vida más de 120 hombres de nuestra Fuerza Pública en Puerto Leguízamo, Putumayo. A las familias de cada uno de ellos les expresamos toda nuestra solidaridad, respeto y acompañamiento en este momento de duelo. Exigimos de manera contundente a Gustavo Petro y al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que se esclarezcan los hechos que rodearon este accidente”, señaló la senadora.

Asimismo, la congresista pidió a todas las autoridades que se esclarezca si detrás del siniestro pudieron haber manos criminales o, si por el contrario, se trató de una falla mecánica por falta de mantenimiento.

“Es fundamental que se adelante una investigación seria, transparente e independiente, incluso con el apoyo de organismos internacionales como la FAA o la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de los Estados Unidos.¿Fue una falla de mantenimiento? ¿Qué está ocurriendo al interior de la Fuerza Aérea Colombiana? Los colombianos debemos exigir que si aparecen indicios de acto intencional, por ejemplo sabotaje, terrorismo, explosivos, interferencia criminal o cualquier delito deliberado, la investigación criminal debe adelantarla un organismo interna como el FBI, tal y como ocurre en los Estados Unidos", señaló la senadora.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, envió un mensaje de solidaridad a la Fuerza Aeroespacial Colombiana y a las familias que puedan verse afectadas por el siniestro aéreo.

“El Gobierno de Antioquia lamenta el accidente del Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ocurrido en Puerto Leguízamo, Putumayo, en el que viajaban cerca de 100 pasajeros. Nuestras oraciones con las familias y con las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Dios les de sosiego (sic)”, indicó el mandatario departamental.

En esa misma línea, la excandidata presidencial Vicky Dávila se despachó contra el Gobierno nacional tras el accidente del avión Hércules, cuestionando las repetitivas colisiones de aeronaves militares en Colombia.

“No sé cuál es la causa de esta tragedia, las investigaciones apenas empiezan, pero tengo la impresión que este es el Gobierno en el que más ha habido accidentes aéreos en nuestras fuerzas Armadas. Ahora, en Puerto Leguízamo cae un avión Hércules que es tan fuerte. Muy inquietante. ¿Mantenimiento?“, señaló la también periodista.

Asimismo, el exgobernador de Nariño Camilo Romero agradeció las acciones urgentes que tomaron las autoridades y la comunidad de Puerto Leguízamo para socorrer a los militares implicados en el accidente.

“Día muy triste para nuestra fuerza pública y el país por el accidente del avión Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo. Urgente cada acción en la zona que permita ayudar a los sobrevivientes y salvar vidas. Abrazo de solidaridad y fortaleza a todas las familias ante esta lamentable tragedia que llena de dolor a Colombia”, indicó.

Por su parte, el exministro del Interior Juan Fernando Cristo hizo un llamado a las autoridades para adelantar las pesquisas necesarias, además de fortalecer el acompañamiento a la Fuerza Aérea en estos difíciles momentos.

“Lamentable accidente. Nuestra solidaridad con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y las familias de las víctimas. Con nuestros soldados del ejército. Hay que establecer las causas de esta nueva tragedia”, comentó Cristo.

Desde la capital del país, el alcalde Carlos Fernando Galán ofreció todas las capacidades en salud e investigación de Bogotá para colaborar en la atención y traslado de las víctimas del siniestro.

"Toda nuestra solidaridad con la Fuerza Aereoespacial Colombiana, el Ejército Nacional y con las familias de las víctimas del accidente de un avión Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo. Desde la Alcaldía de Bogotá estamos listos para apoyar a los heridos y a las Fuerzas Militares en lo que sea necesario. Es momento de rodear a nuestras Fuerzas Militares. Cuando las hemos necesitado, siempre han estado para protegernos, hoy nos corresponde a todos en el país apoyarlas. Cuenten con Bogotá“, escribió el alcalde.

La imputación de cuatro personas por tortura, alteración de pruebas, soborno a testigos y ocultamiento de información en el caso de Juan Felipe Rincón dio un giro en la investigación de uno de los crímenes más sonados en el sur de Bogotá durante 2024.

Desde la perspectiva de Juan Felipe Criollo, abogado de la familia Rincón, el proceso que adelanta la Fiscalía General de la Nación reveló la existencia de un plan criminal orientado a perjudicar a la víctima, con el testimonio de una menor como clave para desentrañar los hechos.

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En medio de una entrevista entregada a Caracol Radio, los principales argumentos del ente acusador se encuentran la existencia de un presunto delito de tortura y la alteración de pruebas en torno al asesinato de Juan Felipe Rincón, de 21 años, en el barrio Quiroga, sur de Bogotá, el 24 de noviembre de 2024.

Criollo detalló que la narrativa oficial inicialmente señaló erróneamente a la víctima como responsable, pero la declaración de testigos menores permitió reorientar la investigación y fundamentar la imputación de delitos graves a los implicados.

“Para el 24 de noviembre del 2024, el titular era que se había acabado con la vida de un violador. Hoy en día vemos que eso no es cierto, que era todo lo contrario, que aquí existió un plan, inclusive, de dañar la dignidad de Juan Felipe después de su deceso. Y esa era la forma de la defensa que querían ejercer estas personas para generar el distractor”, señaló el abogado en diálogo con el medio radial.

Según Criollo, la Fiscalía imputó a las cuatro personas que, además del homicidio, fueron señaladas por tortura, alteración de pruebas, soborno a testigos y ocultamiento de información.

De acuerdo con el relato del abogado, estos presuntos responsables habrían planeado un esquema criminal para atraer a Rincón bajo engaños y manipular la percepción sobre los hechos.

“Lo tildaron de violador, de pedófilo y de cualquier tipo de calificativo negativo que no merecía este joven. No lo digo yo, ya lo han dicho un fiscal y un juez de la República, que las conversaciones no tenían ese contenido, pero ellos crearon esa narrativa para poder justificar las situaciones de los golpes, de generar un engaño, utilizar menores para ejecutar ese plan y seducir a Juan Felipe para llevarlo a ese barrio Quiroga. Inclusive, se hablaba de repartición de utilidades”, comentó Criollo.

El abogado explicó que la línea de investigación se amplió al solicitarse, en enero de 2025, el análisis de los hechos previos y concomitantes al homicidio. Criollo enfatizó que la Fiscalía consideró que los cuatro imputados representan un riesgo por la posible obstrucción a la justicia, respaldando la solicitud de medidas restrictivas.

El papel determinante de los testigos menores en la investigación

La participación de una menor identificada como S.B.B. fue descrita por Criollo como fundamental para esclarecer el caso y sustentar la imputación. La testigo aseguró que en la vivienda donde se llevó a Juan Felipe Rincón existía tráfico de estupefacientes y que se ofrecieron pagos para modificar declaraciones.

Además de S.B.B., otra menor ratificó la versión inicial, reforzando la hipótesis de un plan estructurado con la participación directa de los procesados.

El abogado afirmó que estos testigos menores habrían recibido presiones económicas para ocultar detalles relevantes sobre la implicación de Katherine Sotelo y Camilo Sotelo.

“Ella manifestó que no solamente querían llevar a Juan Felipe bajo engaño, sino que, cuando ya se ejecutó esta situación, le ofrecieron dineros para que ella cambiara sus versiones y ocultara datos relevantes, como la participación de Katherine Sotelo y Camilo Sotelo, que al parecer tenían un expendio de drogas. Que esta menor inclusive había sido víctima de vejámenes sexuales por parte de uno de los implicados”, comentó el abogado.

Cómo se construyó el plan para inculpar a Juan Felipe Rincón

De acuerdo con el abogado, los implicados intentaron justificar sus acciones propagando versiones infundadas, tildando a Rincón de delitos graves que nunca fueron demostrados.

La estrategia, según Criollo, consistió en crear una narrativa para justificar los golpes, montar un engaño y usar a menores para ejecutar el plan, con el objetivo de atraer a Juan Felipe Rincón al lugar de los hechos.

Una vez sucedido el crimen, los acusados buscaron apropiarse de los bienes de la víctima y entorpecieron la recolección de evidencia, desviando así la atención de la investigación.

Criollo indica que, con la incorporación de nuevos testimonios y pruebas, se puso en evidencia la naturaleza planificada del crimen y se corrigió el curso judicial.

Señaló que incluso se llegó a abrir una investigación formal contra Juan Felipe Rincón, a pesar de su fallecimiento, lo que consideró un hecho sin precedentes y contrario a la lógica procesal.

Entretanto, el abogado sostiene que la labor inicial de las autoridades presentó fallas graves. Al principio, la Fiscalía solo examinó el hecho del disparo sin investigar las motivaciones ni el contexto previo al crimen.

Criollo lamentó que la narrativa creada por los procesados lograra desviar la atención de la opinión pública y de las autoridades, logrando que por un periodo la víctima fuese considerada responsable. “El distractor cumplió su propósito”, aseguró, al recalcar cómo el enfoque de la investigación se centró equivocadamente en la víctima.

Según las primeras versiones, se trata de un avión Hércules y, hasta el momento, se desconoce el número consolidado de pasajeros heridos o, en el peor de los casos, fallecidos.

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El hecho se habría producido pasadas las 10 a. m. en el sur de Colombia cuando la aeronave pretendía transportar a tropas militares, al parecer, a la ciudad de Bogotá. Sin embargo, la aeronave cayó de forma intempestiva sobre zona rural apenas segundos después del despegue, lo que alertó de inmediato a la comunidad.

Según informó la Fuerza Aeroespacial Colombiana en un comunicado oficial, en la aeronave se movilizaban 114 militares y 11 tripulantes con destino al municipio de Puerto Asís, antes de su parada final a Bogotá.

“La Fuerza Aeroespacial se permite informar que una aeronave C-130 Hércules se accidentó hoy 23 de marzo en Puerto Leguízamo, las Fuerzas Militares se encuentran desplegadas en el lugar atendiendo la emergencia. Información en desarrollo”, escribió la institución en su cuenta de X.

Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, hasta el momento no se tiene un dato exacto de los uniformados que se transportaban en el avión, aunque se habla de al menos dos pelotones, lo que dejaría un rango de 60 y 110 militares afectados.

“Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra Aérea sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de nuestra Fuerza Pública. Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin embargo, aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro”, señaló el ministro.

De momento, las autoridades activaron todos los protocolos de contingencia y, con la ayuda de la comunidad, ya se han trasladado al menos 20 uniformados al centro asistencial más cercano.

“Estamos por un sector de fincas donde cayó el avión y estamos recogiendo a todos los heridos (…) Hemos montado en el carro de la Policía y la gente del pueblo está ayudando a llevar gente en la moto”, señaló uno de los habitantes de Puerto Leguízamo en diálogo con La FM.

Entretanto, el ministro Sánchez solicitó a la población mantener reserva sobre las hipótesis alrededor del accidente, especialmente porque en la zona se han presentado combates y fuerte presencia de grupos militares.

“Se han activado todos los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente. Expreso mis más sinceras condolencias a los familiares de quienes resultaron afectados y, en respeto a su dolor, hago un llamado a evitar especulaciones hasta contar con información oficial. Es un evento profundamente doloroso para el país. Que nuestras oraciones acompañen y alivien en alguna medida el dolor”, concluyó el ministro.

Hasta el momento, las autoridades aeronáuticas trabajan para apagar la conflagración generada tras el impacto y, según versiones no confirmadas, la aeronave emprendía vuelo hacia la ciudad de Bogotá, al parecer, para hacer relevo de tropas.

“Iban dos pelotones del Ejército, que son más o menos entre 80 y 100 tripulantes. El hecho sucedió en Tagua, Putumayo; iban saliendo hacia Bogotá, al parecer, por relevo de tropas”, señaló una fuente enterada al diario El Tiempo.

Entretanto, la Aeronáutica Civil emitió un breve comunicado en el que dispuso de todas sus capacidades técnicas para iniciar con las investigaciones preliminares que permitan esclarecer los motivos del accidente.

“Desde la Aeronáutica Civil expresamos nuestra profunda solidaridad con la Fuerza Aérea Colombiana en este difícil momento. Ponemos a su disposición nuestras capacidades institucionales, especialmente el apoyo técnico de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes DIACC, para colaborar en lo que sea necesario”, señaló la entidad.

Sin embargo, el mensaje duró publicado en su cuenta de X apenas unos minutos antes de que fuera eliminado por la Aeronáutica Civil.

En todo caso, desde el Ministerio de Defensa se advirtió la apertura de una investigación interna para determinar las causas, al tiempo que intentan recuperar fragmentos relevantes de la aeronave para encontrar pistas preliminares del trágico suceso.

La minería ilegal de oro en Colombia ha devastado más de 94.000 hectáreas y contaminado al menos 1.120 ríos, con graves consecuencias ambientales y sociales.

Según un informe de inteligencia revelado por El Tiempo, este fenómeno, dominado por grupos armados ilegales, genera ingresos que podrían alcanzar los 8.414 millones de dólares en 2025, superando los obtenidos por el narcotráfico.

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La minería ilegal de oro ocasiona la destrucción de vastas zonas de selva y ríos esenciales, impulsa economías criminales más rentables que el narcotráfico y fortalece el control armado sobre extensos territorios. Esto dificulta la presencia estatal y amenaza la seguridad, el entorno y la economía de numerosos municipios colombianos.

Según el documento, el avance sostenido de la extracción ilícita se mantiene vigente en 20 departamentos, especialmente donde la institucionalidad es débil y el mercado internacional genera fuertes incentivos para las redes de contrabando, pues el precio por gramo de oro podría oscilar los 162 dólares.

El informe señala que existen tres modalidades principales: la extracción a cielo abierto, que deja grandes superficies degradadas; la minería de socavón, caracterizada por excavaciones subterráneas peligrosas; y el dragado de lechos de ríos, realizado con maquinaria pesada y escasa supervisión.

Contaminación de ríos y devastación ambiental

Uno de los aspectos más preocupantes para las autoridades colombianas es el uso de mercurio que afecta ríos como el Amazonas, Mira, Atrato, Cauca y Putumayo, todos entre los más impactados por las descargas de este metal en la actividad minera.

El informe revelado por el diario nacional indica que estos vertimientos comprometen ecosistemas de escala regional, extendiéndose por quebradas y cuencas, en particular en zonas de difícil acceso como Chocó, Amazonas y Putumayo.

Asimismo, las aguas contaminadas ponen en riesgo la biodiversidad, la salud de las poblaciones ribereñas y sus medios de subsistencia. La investigación de inteligencia destaca que el 85% de la producción nacional de oro tendría origen ilegal, profundizando el daño ambiental y social.

En cuanto a los ‘dueños’ del negocio, el control y las ganancias de la minería ilegal se estarían repartiendo entre distintos grupos armados ilegales. De acuerdo con el informe, organizaciones como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias encabezadas por “Iván Mordisco”, el Clan del Golfo y grupos vinculados a la Segunda Marquetalia obtienen importantes rentas en varias regiones.

Por ejemplo, en el corredor conformado por Antioquia, sur de Bolívar y Córdoba, las ilícitas ganancias mensuales rozan 47 millones de dólares, de los cuales el Clan del Golfo concentraría alrededor de 33 millones de dólares, mientras que el ELN y el Estado Mayor Central recibirían una ‘tajada’ de siete millones aproximadamente.

Otras zonas clave —Chocó, Caldas, Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Amazonas, Putumayo, Guainía, Boyacá, Santander y Norte de Santander— presentan esquemas similares, con beneficios para estructuras delictivas de la zona y redes criminales internacionales.

El atractivo precio internacional del oro, sumado a la limitada presencia estatal y al apoyo de redes de contrabando, permite que estas organizaciones consoliden y amplíen su influencia criminal en el país.

Por su parte, el documento de inteligencia revelado por El Tiempo reconoce que las medidas oficiales han tenido resultados desiguales. Según datos oficiales, en el primer trimestre de 2026 las capturas relacionadas con minería ilegal cayeron un 20% respecto al mismo periodo de 2025, al pasar de 290 a 231 casos. Muchos detenidos reciben solo cargos ambientales, lo que dificulta el combate judicial.

La incautación de combustible, fundamental para las operaciones ilegales, disminuyó un 28% (de 74.966 a 54.320 galones). Por el contrario, la confiscación de dragas se incrementó en un 87%, de 110 a 206 unidades, mostrando cierta eficacia contra la maquinaria clave de extracción aluvial.

Crecieron también los decomisos de maquinaria amarilla (de 47 a 111 unidades) y de motores, bombas y plantas eléctricas (de 542 a 820), así como el hallazgo de drones usados para la minería (11 unidades, frente a ninguna el año anterior). Las unidades de producción minera tipo socavón intervenidas aumentaron notablemente, de 151 a 707.

Sin embargo, disminuyeron la incautación de coltán y el número de bocaminas intervenidas (de 45 a 14), al parecer, por la gran complejidad que implica atacar a estos grupos armados que han logrado estructurar una economía ilícita altamente organizada, tecnificada y con amplia movilidad territorial.

Hay preocupación en la ciudad de Medellín, después de que se conocieran varias denuncias sobre una posible megaestafa en la que estarían involucrados algunos concesionarios de vehículos de alta gama.

La situación, que ya está en conocimiento de la Policía Nacional y de la Alcaldía de Medellín, involucraría a al menos 450 compradores que, con esperanza de obtener un vehículo de alta o media gama, depositaron millonarios abonos.

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Las víctimas relatan que entregaron sus automóviles y sumas de dinero a concesionarios que ahora permanecen cerrados, sin rastro de los bienes ni de los responsables.

La preocupación creció cuando los clientes de dos concesionarios –AutoSur y Autos MG– notaron retrasos en la entrega y canje de vehículos tras realizar pagos considerables, según información revelada por El Tiempo.

Al regresar, hallaron que ambos locales estaban cerrados y que los vehículos en exhibición habían desaparecido. Solo encontraron un letrero informando el fallecimiento del propietario y dos números de WhatsApp para consultas.

“Nos dijeron que había sucedido una tragedia, que el dueño había muerto. Pero nuestros carros no aparecen“, comentó uno de los afectados al diario nacional.

Según información revelada por El Tiempo, el empresario mencionado respondería al nombre de Yovany Quintero Saldarriaga, que falleció el 14 de marzo en su domicilio de Envigado. Las autoridades judiciales ordenaron una necropsia para esclarecer las causas del deceso y no descartan ninguna hipótesis, incluyendo un posible suicidio.

Empresas fachada y conexiones bajo sospecha

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, detalló el sábado 21 de marzo que ya existe comunicación directa con varias de las víctimas y que al menos tres empresas fachada estarían involucradas en la estafa.

Según el mandatario, la administración municipal trabaja en conjunto con la Fiscalía, la policía judicial y equipos de análisis para agrupar las denuncias y dar seguimiento a los movimientos captados en cámaras de seguridad.

“Frente al caso de estafas en algunos concesionarios de vehículos, ya hemos hablado desde la alcaldía con algunas de las víctimas. Son muchas y se trata de un caso que involucra al menos tres empresas fachada. Ya se tienen las denuncias, se están agrupando todas y trabajando en una mesa priorizada con Fiscalía y policía judicial, con ayuda de nuestros equipos de analistas que están contribuyendo, desde el seguimiento en cámaras y el contacto que hemos tenido con las víctimas”, señaló el alcalde.

Una fuente judicial indicó a El Tiempo que se investiga la relación de Quintero Saldarriaga con la empresa Sky Services Group SAS, en la que se identificaron contactos vinculados con uno de los concesionarios bajo sospecha. Además, el empresario tenía procesos legales previos por cobros de dinero y la cancelación de una matrícula comercial.

“Se indaga el nexo del empresario con la firma Sky Services Group SAS., en donde aparecerían allegados suyos y como correo de contacto el de uno de los concesionarios involucrados: contabilidadautosur@hotmail.com”, comentó la fuente.

El escándalo surgió cuando decenas de personas acudieron a reclamar cumplimiento de contratos firmados para compra, venta o consignación de sus vehículos. Al intentar contactarse con los responsables, solo recibieron como respuesta el anuncio de la muerte y la promesa de una futura respuesta por mensajería.

El resultado fue la pérdida de automóviles y dinero ya entregado; mientras que algunos propietarios lograron evitar el fraude al no dejar las llaves de sus vehículos. El grupo de damnificados crece cada día, y la cifra de afectados ya supera los 450, según los registros del colectivo formado para exigir justicia.

Desde la alcaldía se solicitó el acompañamiento de la Fiscalía y se estableció una mesa priorizada para articular acciones con la policía judicial. El seguimiento de cámaras, la recopilación de contratos y la atención directa a las víctimas forman parte de la estrategia oficial.

El barrio San Cristóbal de Chinácota, en el departamento de Norte de Santander, se despertó en la madrugada del domingo 22 de marzo con la detonación de un artefacto explosivo.

El incidente, confirmado por la Policía de Norte de Santander, no dejó víctimas ni heridos, pero sí generó inquietud entre los residentes y las autoridades.

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De acuerdo con las versiones preliminares, la explosión ocurrió cuando una patrulla de la Policía realizaba labores de vigilancia en la zona, sin que se presentaran heridas de gravedad para los uniformados. El dispositivo había sido dejado en un lote dentro de un sector residencial, exponiendo a las familias que habitan el área a un peligro considerable.

La detonación del artefacto se produjo justo al paso de los uniformados, quienes cumplían funciones de patrullaje nocturno para proteger a la comunidad. La investigación apunta a que la colocación del explosivo fue intencional, dirigida tanto a los agentes como a los habitantes del sector.

Por el momento, las autoridades adelantan las indagaciones para determinar quién estaría detrás del atentado. La principal línea de investigación sugiere que el ataque podría ser una represalia contra la Policía, tras los recientes operativos en contra del microtráfico en Chinácota.

Fuentes no oficiales han señalado a La FM que, durante la última semana, se llevaron a cabo acciones contundentes para combatir el expendio de estupefacientes en el municipio, lo que habría motivado la instalación del artefacto.

Hasta ahora la Policía de Norte de Santander no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los responsables, pero se mantiene la tesis de que el hecho responde a las presiones que ejercen los operativos sobre las economías ilícitas.

Chinácota es conocido como uno de los municipios más tranquilos de Norte de Santander, lo que hace que el suceso haya generado preocupación tanto en los habitantes como en quienes visitan la zona por turismo.

A raíz de lo ocurrido, el alcalde Ramiro Luna reiteró el pedido a la fuerza pública para fortalecer las acciones contra las actividades ilícitas que amenazan la seguridad local.

Tras el atentado, se anunciaron operativos más estrictos tanto en la zona urbana como en el área rural, con el objetivo de devolver la tranquilidad a la comunidad.

Nuevos detalles sobre muerte de mujer en tobogán de Chinácota

La muerte de Yuris Cristel Camila García Manrique, una joven de 28 años, mientras descendía en neumático por una de las atracciones principales del parque Entre Flores, en Chinácota, Norte de Santander, ha puesto en entredicho la seguridad de los complejos turísticos de la región y provocado una investigación penal para determinar la legalidad de las operaciones del establecimiento.

Un aspecto clave que salió a la luz tras el cierre del complejo, y que diferencia este caso de otros incidentes en parques de Colombia, es la revelación de que el parque carecía de las autorizaciones exigidas para este tipo de atracciones.

Inspecciones posteriores al accidente, citadas por el medio El Tiempo, confirmaron que Entre Flores no contaba con permisos válidos, lo que hizo que las autoridades sellaran la totalidad de las instalaciones.

La secuencia del accidente quedó registrada en un video grabado por visitantes, donde puede verse el momento en que García Manrique es expulsada del tobogán y golpea una parte de la estructura antes de terminar el recorrido.

El impacto, de acuerdo con los fragmentos audiovisuales y relatos recogidos, generó una reacción inmediata de empleados y asistentes, quienes acudieron a prestar auxilio. La víctima fue trasladada de urgencia al centro asistencial más cercano en Cúcuta, pero perdió la vida en el trayecto debido a la gravedad de las lesiones.

La Fiscalía General de la Nación asumió la investigación para esclarecer las circunstancias precisas del hecho. Una fuente consultada por El Tiempo agregó que algunos operarios del parque habrían solicitado a la acompañante de García Manrique que “afirmara que el incidente no se produjo en el tobogán, sino en la zona de cuatrimotos”, con la posible intención de modificar la versión oficial de los hechos.

Dos días después de que el Consejo de Estado confirmara la anulación del nombramiento de Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio, la saliente funcionaria apareció desde el departamento de La Guajira para cuestionar la decisión.

A través de su cuenta de X, Rusinque calificó el fallo como injusto, además de atribuirlo a una supuesta violencia institucional que estaría en contra de las garantías que ofrece la constitución.

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En su mensaje, la saliente superintendente también se refirió a la decisión de la Procuraduría de sancionar a funcionarios que ingresaron a la Registraduría Nacional y a la Cancillería en medio de las averiguaciones por la contratación para la fabricación de pasaportes.

“Esta semana, mediante dos decisiones abiertamente injustas y una forma de violencia institucional difícilmente conciliable con las garantías constitucionales, se quiso debilitar la estrategia de lucha anti corrupción que hemos desplegado desde la Superintendencia de Industria y Comercio (sic)”, señaló Rusinque.

La funcionaria también aseguró que se mantendrá del lado del proyecto político del presidente Gustavo Petro aunque ya no pertenezca al Ejecutivo por decisión del alto tribunal.

“Confiamos en la fuerza de la razón —y, si se quiere, en la vocación de verdad del derecho—, y no cederemos en el empeño de contribuir, siempre y desde donde sea, a la construcción de un orden en el que el Estado se oriente a la realización de la dignidad humana, conforme al horizonte del constitucionalismo transformador que inspira nuestro pacto polítco (sic)“, señaló.

Asimismo, Rusinque aseguró que la reciente decisión que la deja por fuera de la SIC no será impedimento para desaparecer de la escena política, entre otras, tras el respaldo del presidente Gustavo Petro.

“En lo personal, no suelo amilanarme frente a la adversidad; mi voluntad permanece intacta y ahora incluso siento mi energía reforzada. Como si con cada ataque fortalecieran más mis ganas de trabajar por este país que amo”, continuó.

Entretanto, la saliente superintendente también se mostró en una fotografía desde el departamento de La Guajira, según ella, adelantando un curso ofrecido por el Ejército Nacional.

“Me encontraba en La Guajira, en el Curso Integral de Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra del Ejército, profundizando en geopolítica, ciberguerra, inteligencia estratégica, oceanopolítica y derecho internacional de los conflictos armados, que estoy realizando este año. Lo menciono solo para reiterar lo esencial: seguimos en pie, con determinación serena y con más alegría y buena disposición que nunca!”, concluyó la funcionaria.

El 19 de marzo, el Consejo de Estado anuló el nombramiento de Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio, una decisión que impacta la estructura de liderazgo en la entidad.

La resolución deja sin efecto el decreto 0098 del 2 de febrero de 2024, firmado por el presidente Gustavo Petro, tras una demanda que cuestionaba tanto el proceso de selección como el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos para el cargo.

La salida de Rusinque ocurre mientras persistían controversias por las actuaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) frente a la Registraduría, acciones que derivaron en una sanción a 16 funcionarios por parte de la Procuraduría.

Según determinó el órgano de control, estos empleados habrían excedido sus funciones al inspeccionar equipos institucionales y dispositivos personales de la Registraduría, durante el proceso de prórroga de contratos para la expedición de documentos de identidad.

La demanda que originó la revisión del nombramiento señalaba que la resolución fue publicada el 25 de enero de 2024 en la página oficial de la entidad, sin que antes se hubiera hecho efectiva la terminación formal del encargo de María Paula Belén Arenas. Además, se cuestionó la falta de atención a las observaciones ciudadanas durante el proceso.

Los demandantes también pusieron en duda el cumplimiento de las recomendaciones del Consejo de la Ocde sobre Política y Gobernanza Regulatoria, que sugieren que las entidades de vigilancia y control deben operar sin influencia política directa, una condición que consideraban vulnerada por la designación de Rusinque. Argumentaron que su cercanía al presidente y su militancia política convertían a la SIC en una “policía presidencial”.

El Consejo de Estado rechazó los argumentos sobre la supuesta politización del cargo y la publicación anticipada de la hoja de vida de la funcionaria. En la sentencia se precisa: “La causal de nulidad por desviación de poder de los actos administrativos exige que se demuestre que los motivos de su expedición son ajenos a los fines estatales y al interés general y exceden la facultad de la autoridad nominadora para efectuar el correspondiente nombramiento”.

Sin embargo, el alto tribunal sí encontró fundamentos para anular el nombramiento por incumplimiento de los requisitos técnicos. El fallo establece que el cargo requería un posgrado en un área afín a las funciones de la entidad y que el título presentado por Rusinque —un diploma en Derecho Constitucional de la Universidad Panthéon–Assas (París II)— no se homologa de manera directa como maestría, especialización, doctorado ni postdoctorado reconocidos en Colombia.

La Sala también identificó inconsistencias en la experiencia laboral acreditada por la exfuncionaria. Las certificaciones presentadas no detallaban las funciones desempeñadas, sino que solo mencionaban cargos genéricos como docente investigadora en Derecho Público, sin explicar las labores específicas realizadas en el área de investigación.

Casi una semana después de que se conociera sobre las reuniones que están estableciendo directivos de la empresa brasileña Odebrecht con la Fiscalía General de la Nación para llegar a un posible principio de oportunidad por el caso de presuntos sobornos en la adjudicación de la Ruta del Sol II, el presidente Gustavo Petro se refirió a la posible colaboración.

A través de su cuenta de X, el mandatario nacional le pidió a toda la rama judicial centrar sus esfuerzos en destrabar la investigación y determinar responsables del posible entramado de corrupción.

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“Yo creo que todo el poder judicial de Colombia debería permitir que la investigación sobre Odebrecht llegue a fondo. Ese debería ser un compromiso nacional para desmantelar los mecanismos de corrupción de Colombia”, señaló el presidente.

En su mensaje, el jefe de Estado aseguró que el país debe conocer la verdad sobre los sobornos que se habrían repartido desde la empresa de origen brasileño.

Sin embargo, el mandatario acusó al exfiscal Néstor Humberto Martínez de encubrir el entramado corrupto, además de señalarlo de intentar trabar su proyecto político para las elecciones de mayo de 2026.

“Son 50 millones de dólares pagados en sobornos a la más alta clase política del país y con la astuta colaboración jurídica de Néstor Humberto Martinez, el mismo que dicen que se mueve por las calles de Nueva York buscando golpes y noticias para impedir que mi proyecto político de reelija (sic)”, señaló Petro.

El presidente también criticó a las instituciones por la falta de investigaciones sobre posibles donaciones irregulares a campañas políticas con dineros de Odebrecht, mientras que su campaña mantiene una fuerte indagación por violación de topes de campaña.

“Los cincuenta millones de dólares de sobornos fueron en buen aparte a las elecciones. Pero qllí si no hubo no investigación de sobre topes ni noticias de procesos en el New York Times (sic)”, concluyó el mandatario.

El 17 de marzo se conoció que los exdirectivos brasileños de Odebrecht establecieron negociaciones con la Fiscalía para fijar una posible colaboración de Luiz Bueno Junior, Eleuberto Martorelli, Milton Hideaki Sendai y Manuel Ricardo Cabral Ximenes en la extensa investigación sobre los sobornos que rodearon el megaproyecto Ruta del Sol II.

El principio de oportunidad permitiría a los investigados evitar la acción penal si entregan información sustancial para la justicia. Desde agosto de 2025, los abogados de los exdirectivos han solicitado esta alternativa, mientras la Fiscalía evalúa la viabilidad de la colaboración y recopila datos sobre los hechos que podrían ser incluidos en una matriz de cooperación.

Durante los últimos dos años, bajo la dirección de Luz Adriana Camargo, la Fiscalía ha conseguido información bancaria y financiera que conectaría los pagos corruptos con personas y empresas vinculadas a Odebrecht.

El coordinador de fiscales del caso destacó la obtención de estos registros como un avance crucial, ya que permiten por primera vez rastrear el flujo de recursos y atribuir responsabilidades con mayor precisión.

El ente investigador enfatizó que estos hallazgos han sido posibles gracias al apoyo de la cooperación internacional, lo que ha facilitado el acceso a documentos y testimonios de otros países involucrados en la red de sobornos.

El expediente contra los exdirectivos de Odebrecht en Colombia ha sido un asunto pendiente desde 2017, cuando se reveló que la empresa brasileña había montado un departamento interno para distribuir sobornos a gran escala.

A pesar de que en agosto de 2023 la Fiscalía anunció la imputación de cargos, esa audiencia no llegó a celebrarse, lo que prolongó la incertidumbre sobre el futuro legal de los implicados.

La investigación ha identificado que, a través de Kleinfeld, se transfirieron fondos ilícitos a funcionarios en distintos países. En Colombia, la atención está puesta en los pagos que permitieron la adjudicación del contrato de la Ruta del Sol 2; especialmente el soborno de 6,5 millones de dólares que se habría entregado al exviceministro de transporte Gabriel Ignacio García Morales.

Aunque el país mantiene las expectativas en quién será el siguiente presidente de Colombia, con Iván Cepeda y Paloma Valencia a la cabeza de intención de voto, la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) también midió las fuerzas con las que cuentan las fórmulas vicepresidenciales de los 14 candidatos confirmados.

Según el sondeo realizado para la revista Cambio, Aída Quilcué lidera el ranking de vicepresidencia para las elecciones de mayo de 2026, con un 26,8% de preferencia ciudadana, seguida por Juan Daniel Oviedo (25,8%) y José Manuel Restrepo (15,4%).

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De acuerdo con la última medición del CNC, Quilcué destaca como la candidata con mayor preferencia y también con mayor rechazo, atributos que reflejan la polarización en la contienda vicepresidencial.

Por su parte, Edna Bonilla se posiciona en cuarto lugar con un 2,9%, mientras que otros aspirantes, como Luisa Fernanda Villegas, Leonardo Huerta y Leonardo Karam Helo, presentan porcentajes inferiores al 2% tanto en aceptación como en desaprobación.

El fenómeno central del sondeo es la simultánea concentración de favorabilidad y rechazo en las candidaturas más visibles. Según el CNC, Quilcué registra una favorabilidad del 26,8% y un rechazo del 24,8%, encabezando ambas categorías.

Oviedo, compañero de fórmula de Paloma Valencia, obtiene un 25,8% de preferencia y 15,4% de rechazo, situándose en el segundo puesto de cada indicador.

José Manuel Restrepo, que acompaña a Abelardo de la Espriella, figura en tercer lugar con un 15,4% de aceptación y un 11,2% de rechazo. En contraste, el resto de los candidatos concentra niveles considerablemente más bajos en ambas categorías, mientras que el porcentaje de encuestados que no sabe o no responde llega al 20,2% en preferencia y al 28,8% en rechazo, de acuerdo con los resultados del CNC publicados por Cambio.

Influencia de los vicepresidenciables en la intención de voto

El impacto de la fórmula vicepresidencial en la decisión de voto presidencial es uno de los datos clave de la encuesta CNC. Un 52,1% de los entrevistados aseguró que la elección del vicepresidente o vicepresidenta influyó en su decisión, mientras que el 45,4% indicó que este factor no tuvo peso determinante.

En la simulación de primera vuelta presidencial, la dupla Cepeda-Quilcué obtiene un 34,5% de apoyo, seguida por Valencia-Oviedo con un 22,2% y De la Espriella-Restrepo con un 15,4%.

En Colombia, el vicepresidente reemplaza al presidente ante ausencia temporal o definitiva, y puede recibir tareas específicas que delegue el mandatario. Tradicionalmente, la figura vicepresidencial busca fortalecer y expandir la campaña, incorporando perfiles con proyección territorial y social diversa.

Iván Cepeda, candidato presidencial y compañero de fórmula de Quilcué, afirmó a Cambio que la designación busca representar una lucha de resistencia y defensa de comunidades históricamente marginadas.

“Esta selección no solo hace justicia a un pueblo, sino que nos honra como sociedad”, declaró el también senador.

Sobre la fórmula con Paloma Valencia, Oviedo fue elegido tras su desempeño en la Gran Consulta por Colombia; Valencia explicó que las diferencias entre ambos son “heridas reconocidas”, pero no irresolubles, y que su alianza descansa en el respeto mutuo.

Restrepo, exministro de Hacienda y académico, explicó que aceptó la invitación de Abelardo de la Espriella por el acuerdo en torno a la economía social de mercado y la necesidad de ejercer autoridad para enfrentar desafíos nacionales.

Otras fórmulas vicepresidenciales y panorama de dispersión

Por debajo de los tres primeros lugares, la encuesta revela una dispersión de apoyos. Bonilla, fórmula de Sergio Fajardo, alcanza apenas 2,9% en preferencia. Otros candidatos, como Luisa Fernanda Villegas y Leonardo Huerta, se sitúan con 1,7%, y varios más no superan el 1,5%.

En rechazo, solo Leonardo Huerta destaca ligeramente con 3,0%; la mayoría de los aspirantes periféricos obtiene porcentajes inferiores al 3%. El 28,8% de “no sabe/no responde” en rechazo también destacó el bajo reconocimiento de muchas candidaturas.

Aunque han transcurrido tres meses desde que las autoridades encontraron dos cuerpos sin vida en una exclusiva vivienda de Chía, al norte de Bogotá, solo hasta ahora se conoce el caso que involucra a la comunidad mormona de Colombia, después de que se supiera que su muerte pudo estar ligada al expediente judicial de uno de los occisos.

Las víctimas, Jaime Eduardo Rey Albornoz y su esposa, María Claudia Quintero de Rey, fueron encontrados el 3 de enero de 2026 por agentes del CTI de la Fiscalía, que realizaron el levantamiento de los cadáveres en el conjunto residencial Andalucía.

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El caso cobró notoriedad porque Rey Albornoz fue un exobispo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y estuvo vinculado a una presunta red de lavado de activos que, según las autoridades, superó los 35 millones de dólares.

La Fiscalía mantiene abierta una investigación bajo la hipótesis de doble homicidio, aunque la familia rechaza esa versión y pide cautela con las especulaciones, según una reciente investigación adelantada por El Tiempo.

Actualmente, la Fiscalía investiga si ambos fallecimientos corresponden a un doble asesinato, pues el expediente de Medicina Legal obtenido por el medio señala que la indagación se orienta en ese sentido.

Mientras tanto, la familia sostiene que el hecho no fue violento y solicita que se verifique la información antes de asociar el caso a causas criminales. No obstante, la investigación oficial no se ha cerrado y el hermetismo reina entre los miembros de la comunidad religiosa, que solo han expresado condolencias a través de redes sociales.

El nombre de Rey Albornoz ya figuraba en expedientes judiciales desde noviembre de 2003, cuando se informó sobre su captura durante una operación internacional contra el blanqueo de capitales.

En ese operativo, agentes del desaparecido DAS y fiscales trabajaron en coordinación con agencias de Estados Unidos y un grupo de inteligencia europeo, logrando además otros 24 allanamientos y el decomiso de computadoras, libros contables y una casa de cambio utilizada para mover sumas millonarias.

La investigación reveló que Rey Albornoz, junto con otro miembro de su comunidad, habría fundado una agencia que funcionaba como intermediaria de seguros e inversiones en el extranjero.

Las autoridades apuntan que, bajo la fachada de seguros de vida para pacientes terminales, la organización habría facilitado el lavado de dinero proveniente del narcotráfico mediante empresas como Caja S. A., Ynals y Mutual B, radicadas en el norte de Bogotá.

Las pesquisas mencionan supuestas pólizas por hasta 5 millones de dólares y, como resultado, la Fiscalía inició un proceso de extinción de dominio sobre diversos bienes asociados a Rey Albornoz y su esposa. Entre estos figuran apartamentos en Chapinero Alto y Niza, y una residencia de lujo en la calle 86 con carrera 14, en el barrio Chicó.

Bienes y proceso de extinción de dominio

El inventario de activos bajo medida cautelar no solo incluye inmuebles. También aparecen acciones en cinco empresas, vehículos de alta gama —Toyota, Mitsubishi, Peugeot y Mazda—, más de 130.000 dólares en efectivo, 4.800 euros y un arsenal compuesto por una pistola Walther y un revólver calibre 38, ambos con municiones.

La Fiscalía 40 de la Dirección Especializada de Extinción de Dominio emitió en febrero de 2026 un edicto citando a terceros interesados en el proceso.

La investigación sobre el origen de estos bienes sostiene que habrían sido adquiridos con recursos de actividades ilícitas, aunque la familia niega cualquier vínculo entre los antecedentes judiciales de Rey Albornoz y el fallecimiento reciente de la pareja.

Un allegado consultado expresó que la muerte de Rey Albornoz y su esposa no fue consecuencia de un acto violento.

“No fue por un homicidio, por favor, averigüen bien. Nos han hecho mucho daño los medios con sus publicaciones”, afirmó el familiar al diario nacional. También insistió en que el proceso judicial por lavado de activos no guarda relación con el hecho.

Por su parte, una fuente judicial reconoció al diario nacional que las primeras hipótesis contemplaron posibilidades de homicidio seguido de suicidio, pero actualmente la línea investigativa principal es la de doble asesinato.

Hasta el momento, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no ha emitido un pronunciamiento público sobre el caso, y dentro de la comunidad persiste un marcado silencio.

Tres días después de que la minga indígena se retirara de La Alpujarra, donde se apoderaron de la plaza por un lapso de 48 horas, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, no descartó que dicha movilización se hubiera dado con el beneplácito del Gobierno nacional.

En una entrevista concedida a El Colombiano, el mandatario departamental aseguró que, aunque no existen pruebas sobre posible financiación del Ejecutivo para movilizar a los indígenas, podría tratarse de una retaliación del Gobierno Petro en plena época electoral.

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De hecho, Rendón aseguró que durante los dos días de toma de la plaza de La Alpujarra, se habría utilizado a la población infantil para generar presiones hacia la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín.

“No nos van a doblegar con bloqueos ni con la instrumentalización de niños y jóvenes. Aquí lo que importa es el trabajo y el esfuerzo de todos los antioqueños”, sostuvo el gobernador de Antioquia al diario nacional.

Asimismo, el mandatario aseguró que las autoridades de Antioquia y Medellín respondieron a las protestas indígenas defendiendo los derechos de todas las personas y aceptando la diversidad étnica. Además, indicó que se mantuvo una postura firme con apertura al diálogo, pero sin aceptar bloqueos de vías, y resaltó su preocupación por la presencia de menores expuestos a situaciones adversas.

“Tenemos un respeto profundo por la diversidad del departamento y por las comunidades étnicas, pero aquí no nos van a doblegar con bloqueos ni con la instrumentalización de niños y jóvenes. Siempre habrá apertura al diálogo, pero sin bloqueos”, señaló Rendón.

Incluso, el gobernador de Antioquia insistió en que los reclamos de la minga no eran justificables para bloquear la capital del departamento, especialmente porque la mayoría de las exigencias corresponderían al Gobierno nacional.

“Se pudo resolver con una sola llamada o, en el peor de los casos, con un viaje de servidores de la Gobernación a los resguardos”, comentó Rendón a El Colombiano.

Entretanto, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, coincidió en rechazar lo que calificó como chantaje y destacó que, aunque se respeta el derecho a la movilización, la administración no permitirá que se afecte la normalidad de la ciudad.

“Por más intenciones que tengan algunos de generar desorden en Medellín y Antioquia, aquí hay autoridad y orden”, comentó el alcalde al diario nacional.

Durante las jornadas de protesta, más de 14.000 personas resultaron afectadas por la interrupción de servicios administrativos y restricciones en la movilidad.

“El mensaje fue claro: no vamos a dejarnos someter al chantaje. El gobernador y su equipo llevaron muy bien las negociaciones y se logró una solución en tiempo récord”, manifestó Gutiérrez.

Rendón insistió en que la mayoría de las peticiones de los manifestantes ya se venían atendiendo desde la gobernación y consideró que el problema de fondo era burocrático, relacionado con cambios en el personal docente.

“Había una exigencia imposible para nosotros y era trasladar o hacer renunciar a unos profesores que habían sido nombrados legalmente. Pero los grandes incumplimientos, que es lo que ellos nunca dijeron, son del Gobierno: en vivienda, en educación, en salud y en acceso a vías”, recalcó el gobernador a El Colombiano.

Acusaciones de instrumentalización política en las protestas indígenas

En medio de sus críticas por las movilizaciones, el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín no dudaron en mostrar sus sospechas sobre una posible instrumentalización de la minga por el Gobierno nacional.

Gutiérrez aseguró que, aunque respeta los movimientos sociales e indígenas, su traslado hasta la capital de Antioquia se habría dado por razones políticas, en una época en la que se mantienen las tensiones por cuenta de las fuertes diferencias entre el Gobierno nacional, su candidato presidencial y la oposición.

“¿Que si hay algo detrás? sin lugar a dudas. Vimos ataques contra Antioquia y, tan solo horas después, llegaba la minga indígena en 16 buses a Medellín. ¿Usted cree que eso se paga solo? A una de las personas que venía en la minga le preguntaron por qué protestaba y dijo que no sabía, que obedecía órdenes y esperaba instrucciones (sic)”, señaló el alcalde.

El alcalde también señaló la presencia de personas de regiones ajenas al conflicto departamental. “A una de las personas que venía en la minga le preguntaron por qué protestaba y dijo que no sabía, que obedecía órdenes y esperaba instrucciones. Y venía de Tierralta, Córdoba. ¿Qué tiene que ver con la Gobernación de Antioquia?“, mencionó Gutiérrez a El Colombiano.

Por su parte, el gobernador de Antioquia insistió en que las demandas de los indígenas van más allá de una problemática departamental, e insistió en la presunta instrumentalización de las comunidades con fines políticos en plena época electoral.

“Aquí hay dos asuntos: primero, una instrumentalización subrepticia de las comunidades indígenas para propósitos electorales; y segundo, temas de mucho fondo que el país debe revisar con esta población”, concluyó el mandatario departamental a El Colombiano.

A menos de cinco pesos para que el presidente Gustavo Petro abandone la Casa de Nariño, su imagen como gobernante siguió creciendo según la más reciente encuesta elaborada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) para la revista Cambio.

De hecho, el sondeo revelado el domingo 22 de marzo dejó ver que el 50,9% de la población mantiene una opinión favorable sobre el mandatario, mientras que el 50,4% de los consultados aprueban su gestión.

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La encuesta nacional revela que ligeramente más de la mitad de los colombianos aprueba la gestión de Petro y su figura, pero dejó sobre la mesa una preocupación extendida por la corrupción, la crisis del sistema de salud y las amenazas a la seguridad.

Para los consultados, estos temas dominan la agenda pública y condicionan las expectativas hacia el próximo gobierno, en un ambiente político fragmentado.

El mandatario termina con cinco de cada diez ciudadanos valorando positivamente su desempeño. Según el sondeo publicado por Cambio, el 43,9% tiene una imagen negativa sobre Petro, mientras que el 44,2% desaprueba su gestión.

En esa misma línea, el Pacto Histórico, el movimiento del presidente, encabeza las preferencias partidistas con 28,7%, seguido por el Centro Democrático (15,4%), el Partido Liberal (5,9%), el Conservador (2,4%) y Alianza Verde (2,2%).

Sin embargo, casi una cuarta parte de la población consultada no se identifica con ningún partido o no responde, lo que anticipa un escenario electoral abierto con más de un 36% de electores sin afinidad declarada.

Lo que no le perdonan al presidente

Aunque el mandatario nacional llega al ocaso de su periodo en números verdes de aprobación, persisten los problemas que la ciudadanía todavía no le perdona.

Según la encuesta realizada por el CNC, la corrupción se convirtió en el principal problema para el país, con el 39,4% de los encuestados señalándola en primer lugar. Le siguen el sistema de salud (32%) y el avance de las organizaciones criminales (13,8%).

Empleo y la inequidad comparten un 3,8%, la debilidad de la fuerza pública alcanza el 3,7%, la educación el 1,7% y el deterioro del medioambiente el 0,9%.

Sin embargo, al preguntar en qué debe centrarse el próximo presidente, el foco cambia: el sistema de salud lidera con el 45%, seguido por la corrupción (22,1%) y el crimen organizado (9,8%). Educación suma un 6,1%, empleo un 4,8%, inequidad un 4,6%, fuerza pública un 4,4% y medioambiente un 1,9%.

Esta inversión de prioridades señalaría que la ciudadanía percibe la salud como un terreno donde es posible lograr mejoras inmediatas, mientras que la corrupción continúa vista como el mayor reto arraigado en la vida nacional, según el sondeo realizado para Cambio.

Y es que la corrupción ha minado la confianza en las instituciones durante años. El gobierno de Gustavo Petro, a pesar de las promesas sobre la transparencia y la legalidad, fue protagonista por escándalos como el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), donde altos funcionarios, incluidos congresistas de la República, fueron vinculados a una red de sobornos y desvío de fondos públicos.

En este caso, los entonces ministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco fueron enviados a prisión preventiva, además de los representantes a la Cámara Wadith Manzur y Karen Manrique.

El Gobierno nacional también atravesó por el escándalo del presunto cartel de diplomas falsos en entidades estatales, revelado por las congresistas Jennifer Pedraza y Catherine Juvinao, con contrataciones basadas en títulos irregulares y un costo superior a 1.100 millones de pesos entre 2023 y 2025. Por este caso, Juliana Guerrero mantiene una investigación abierta ante la Fiscalía General de la Nación.

Salud y seguridad: ciudadanía pide soluciones inmediatas

Aunque la salud ha permanecido entre los temas de solución urgente durante varios gobiernos, las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro generaron un fuerte impacto en la población consultada.

El jefe de Estado anunció el 16 de marzo la liquidación de EPS que la Superintendencia de Salud declara en quibra, entre las que se incluiría a Famisanar, Coosalud, Asmet Salud, Emssanar, Savia Salud, Servicio Occidental de Salud y Capresoca.

La medida ocasionaría que más de 12 millones de afiliados deban ser trasladados a otras entidades, generando la alerta de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (Achc) sobre la capacidad de respuesta del sistema.

Las demoras recurrentes en la entrega de medicamentos siguen siendo una de las principales problemáticas, especialmente tras conocerse casos de muertes de pacientes por ausencia de tratamientos, entre los que se incluyen a Jeisson Javier Pinzón Sandoval, un joven con leucemia, y Kevin Acosta, un menor con hemofilia, que fallecieron tras meses de luchar por obtener su medicamento.

Mientras tanto, la seguridad nacional también preocupa: el 13,8% identifica a las organizaciones criminales como principal fuente de inquietud. La política de paz total no resolvió el avance de los grupos armados, que aprovecharon los periodos de negociación para consolidar su poder, lo que obligaría a la próxima administración a reconsiderar la estrategia de seguridad.

Educación y medioambiente se mantienen en la agenda, aunque en un segundo plano. Factores como la alta deserción escolar, la repitencia y los repuntes en deforestación exponen desafíos sostenidos para el desarrollo social y la sostenibilidad.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la conclusión del escrutinio y la adjudicación de las 16 curules de paz en la Cámara de Representantes que llegarán al Congreso de la República este 20 de de julio de 2026.

El proceso, que corresponde a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), permite esclarecer la futura integración de la Cámara para el próximo periodo legislativo.

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En un comunicado oficial, el CNE informó que las y los delegados culminaron el conteo general en cada una de las Citrep y declararon la elección en todos estos territorios.

Este avance ocurre tan solo diez días después de las elecciones legislativas, lo que permitió entregar la totalidad de los resultados sobre estas curules temporales, pensadas para que sean ocupadas por víctimas del conflicto armado durante dos periodos.

“En la jornada del miércoles 18 de marzo, las y los delegados del Consejo Nacional Electoral (CNE) culminaron el escrutinio general en las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) y procedieron a declarar la elección en la totalidad de estos territorios”, señaló la entidad.

Actualmente, 29 de los 32 departamentos del país ya tienen completado el escrutinio. Con este avance, el país está cerca de conocer la composición definitiva de la Cámara de Representantes. Solo resta por definirse la curul internacional, que permanece pendiente.

“Con este resultado, se consolida la representación política de las víctimas del conflicto armado en la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030, materializando uno de los pilares fundamentales de participación contemplados en el proceso democrático”, señaló la entidad.

El proceso de asignación de estas curules se realizó en cada una de las 16 circunscripciones. Entre los resultados, Esneyder Gómez Salamanca fue seleccionado para la Citrep I, mientras que la curul de la circunscripción II fue reclamada por el esposo de Karen Manrique debido a que ella se encuentra detenida tras un escándalo de la Ungrd; sin embargo, no podrá asumir oficialmente el cargo salvo que obtenga su libertad.

En la Citrep III la credencial fue para Javier Eduardo López; la IV para Tatia Judith Gaona; la V para Nixon Perdomo Juragaro; la VI para Hermenegildo Mosquera; la VII para Alejandro Castillo; la VIII para Luis Ramiro Ricardo; la IX para Edinson Rodríguez Canchimbo; la X fue adjudicada a Arnulfo Mina Garcés.

Las siguientes posiciones quedaron así: la XI para Jhon Fredi Valencia; la XII para Jorge Rodrigo Tovar; la XIII para Juan Carlos Vargas; la XIV para Laura Vanessa Díaz; la XV para María Janeth Sabogal y la XVI para Karen Julian López.

Las curules de paz resultan de un mecanismo excepcional creado para dar representación a quienes han sufrido el conflicto armado. Su función es garantizar que las voces de las víctimas tengan espacio y voto en el Congreso, aunque la temporalidad de estos es limitada a dos periodos legislativos.

“La finalización de los escrutinios por parte de las comisiones escrutadoras marca un nuevo hito en el calendario electoral, al garantizar condiciones de transparencia, legitimidad y participación efectiva en estas circunscripciones especiales”, señaló la entidad.

Con la finalización del escrutinio en la mayoría de los departamentos, el país aguarda la definición de los últimos escaños para conocer en detalle la conformación de la próxima legislatura.

Entretanto, el Consejo Nacional Electoral resaltó la agilidad del proceso, logrando entregar los resultados de las curules de paz en un periodo breve tras la jornada electoral.

“El compromiso institucional de la Corporación con el fortalecimiento del principio democrático fue determinante para asegurar un proceso ordenado, confiable y representativo para todas y todos los colombianos, con el acompañamiento y la vigilancia activa de los actores electorales debidamente acreditados”, concluyó el CNE.

Más de 230 personas han presentado su candidatura para ocupar el cargo de contralor General de la República. La cifra fue confirmada en forma preliminar tras el cierre de inscripciones ante las Secretarías del Senado y la Cámara, que tuvo lugar el miércoles 18 de marzo.

Entre los aspirantes destacan figuras como Carlos Mario Zuluaga, actual vicecontralor General, y Andrés Castro Franco, personero de Bogotá. Ambos nombres, según fuentes conocedoras del proceso consultadas por La FM, cuentan con respaldo dentro del Congreso y podrían convertirse en protagonistas durante la revisión de hojas de vida.

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El procedimiento para seleccionar al nuevo contralor contempla varias etapas. Ahora corresponde a la Comisión de Acreditación analizar los perfiles de quienes se inscribieron. El próximo 7 de abril se publicará la lista de candidatos admitidos, tras el cumplimiento de los requisitos formales.

La siguiente fase será la prueba de conocimiento, programada para el 18 de abril y coordinada por la Universidad de Cartagena. Los resultados definitivos se darán a conocer el 30 de abril, lo que permitirá identificar a los postulantes habilitados para avanzar en el proceso.

El listado definitivo de 10 elegibles será elaborado por el Congreso el 20 de mayo. La elección final del contralor general está marcada en el calendario para el 12 de agosto, jornada en la que los legisladores que asumirán funciones el 20 de julio tendrán la responsabilidad de decidir quién ocupará el cargo.

En el grupo de inscritos también figuran otros nombres vinculados a la función pública y la política. Entre ellos se encuentran Jorge Eliecer Laverde, secretario de la Comisión Sexta del Senado; Rodolfo Enrique Zea, exministro; Gustavo García Figueroa, excandidato al Senado; Orlando Guerra De la Ossa, excongresista; y Germán Medina Franco, además de Camilo Rincón y Diego Fernando Uribe.

El proceso de elección del contralor general de la República implica una revisión exhaustiva de los perfiles y una evaluación de competencias, en busca de garantizar la idoneidad y transparencia en la selección de quien liderará el órgano de control fiscal en Colombia.

Contraloría advierte sobre riesgo de desabastecimiento de gas y gasolina en Colombia

La Contraloría General ha alertado que Colombia enfrenta un riesgo creciente de desabastecimiento de gas y gasolina debido al aumento de las importaciones y a la falta de adjudicación de proyectos clave para la seguridad energética.

De acuerdo con un informe reciente de la entidad, la capacidad de autosuficiencia del país está comprometida, ya que las reservas probadas disminuyen y las soluciones estructurales continúan postergadas.

El documento de la Contraloría General de la República ofreció datos inéditos sobre la reducción del horizonte energético nacional: las reservas probadas apenas permiten, bajo el ritmo de explotación actual, 5,9 años de autosuficiencia en gas y 7,2 años en petróleo.

En el último año, solo el 67 % del gas extraído en Colombia fue finalmente comercializado. Por primera vez, fue necesario importar gas natural licuado para satisfacer la demanda interna, según el informe citado por la Contraloría.

El texto oficial resalta también otro dato: cerca de 40% de la gasolina motor que se consume actualmente es importada de mercados internacionales. La combinación de este dato con el incremento sostenido de las importaciones, según el informe, pone en evidencia la urgencia de eliminar los subsidios a los combustibles, ya que la producción local no cubre la totalidad del consumo nacional.

A partir de estos indicadores, el informe remarca que Colombia afronta una menor seguridad energética. Se proyecta que si no se adjudican los proyectos de regasificación pendientes, especialmente en la zona del Pacífico, ni se incorporan redundancias en la infraestructura de transporte, el riesgo de desatención de la demanda aumentará desde 2026, afectando con mayor gravedad a las regiones lejos de los principales centros urbanos.

A pocas horas de que se adelante la audiencia de imputación de cargos contra cinco involucrados en el asesinato de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía Nacional, el general William Rincón, se conocieron los cinco ejes fundamentales que la Fiscalía General de la Nación usará en la investigación por tortura y homicidio del joven el 24 de noviembre de 2024.

Según la información conocida por Caracol Radio, las pesquisas han involucrado a cinco personas que, según los elementos probatorios, habrían sido determinantes en la planeación y ejecución del presunto entramado que culminó en el crimen.

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Entre los investigados figura Andrés Camilo Sotelo Torres, quien hasta el momento es el único procesado formalmente por el homicidio. El 14 de julio de 2025, un juez de Bogotá rechazó la solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía, manteniendo la imputación por el hecho.

Junto a él, figuran Katherine Sotelo Torres, su hermana, señalada por la Fiscalía de haber participado en la logística para que la víctima llegara a la escena del crimen, y Tatiana Vega López, pareja sentimental de Andrés Camilo, quien habría estado presente durante el suceso.

Líneas de investigación y delitos imputados

Según reveló el medio radial, la Fiscalía imputará delitos de tortura, uso de menores en la comisión de delitos, ocultamiento y alteración de pruebas, y soborno a testigos en actuación penal a los cinco señalados.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos habrían involucrado la utilización de una menor identificada como SVB, que jugó un papel clave al acompañar y trasladar a la víctima al barrio Quiroga, cumpliendo presuntamente un acuerdo previo.

Las diligencias judiciales revelaron que la menor habría recibido ofertas de dinero en dos ocasiones para que no entregara detalles sobre el entramado detrás del homicidio. Esta situación llevó a los fiscales a considerar el soborno a testigos dentro de los delitos imputados.

Uno de los ejes más delicados de la investigación apuntaría al entorno vulnerable de SVB. Los investigadores sostienen que la menor, quien buscaba apoyo y refugio en el círculo familiar de los Sotelo Torres, habría sido víctima de abuso sexual.

Por este motivo, las autoridades han anunciado la apertura de una nueva línea de indagación enfocada en los presuntos hechos de violencia sexual contra la menor.

En paralelo, la Fiscalía ha reunido indicios sobre el presunto suministro de sustancias alucinógenas a la menor por parte de algunos de los procesados, lo cual habría agravado su situación de vulnerabilidad y facilitado los presuntos abusos.

Manipulación de pruebas y hallazgo tecnológico

El avance de la investigación permitió descubrir que el teléfono móvil de Juan Felipe Rincón fue ocultado en un barrio de la localidad de Ciudad Bolívar. Los implicados habrían empleado papel aluminio para dificultar el rastreo del dispositivo. El primer abogado defensor de Sotelo Torres fue quien finalmente entregó el celular a la Fiscalía, permitiendo a los peritos extraer información clave.

El análisis forense del móvil aportó datos decisivos para reconstruir el entramado criminal y detectar campañas de difamación contra la víctima en redes sociales, con el objetivo de dañar su reputación y honra.

Uso de menores en delitos financieros

Otro hallazgo relevante es que la Fiscalía identificó prácticas en las que, presuntamente, la familia Sotelo Torres habría instruido a la menor SVB en el robo de cuentas digitales mediante el método conocido como ‘nequitazo’. Este descubrimiento amplió el espectro de la investigación, sumando la utilización de menores en la comisión de delitos financieros.

La investigación se encuentra en una fase avanzada y ha permitido esclarecer el papel de cada implicado, así como establecer el contexto de vulnerabilidad en el que se desenvolvía la menor.

Entretanto, todo está programado para que la audiencia de imputación se lleve a cabo el viernes 20 de marzo, casi año y medio después del ataque en el sur de Bogotá.

Una semana después de que saliera a la luz una teoría que estaría manejando la Fiscalía General de la Nación sobre el asesinato del empresario Gustavo Andrés Aponte y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez, en la zona de La Cabrera, en Bogotá, que involucraba a un presunto esmeraldero y la posible confusión de objetivo de los sicarios, se conocen nuevos detalles del caso.

De hecho, en la tarde del jueves 18 de marzo se conoció que Fiscalía habría desestimado esa línea de investigación, tras comprobarse que el hombre de las esmeraldas al que hacían referencia no concurría en el exclusivo gimnasio en el que fue interceptado Aponte, según información revelada por El Tiempo.

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Hasta hoy, las autoridades no han realizado capturas de los responsables, aunque se ha identificado al sicario y a uno de sus colaboradores, quien también fue asesinado posteriormente.

Durante los primeros días tras el crimen, circuló la versión de que el pistolero había confundido a su objetivo, ya que en el mismo gimnasio solía entrenar un esmeraldero con rasgos similares a los de Aponte. Sin embargo, allegados al caso confirmaron que esta hipótesis habría sido descartada con base en las pruebas recolectadas por la Fiscalía.

En respuesta a los rumores, el esmeraldero mencionado fue contactado y afirmó que no ha recibido requerimientos de la Fiscalía sobre el caso. Señaló que frecuentó ese gimnasio hace más de diez años y que en la actualidad prefiere otra sede.

Incluso, el empresario aseguró que la entrada al establecimiento requiere registro de huella dactilar, lo que permitió a los investigadores verificar la distancia temporal de sus visitas.

“Hace más de 10 años no voy a ese lugar. Cuando frecuentaba el gimnasio, prefería ir a otra sede”, comentó el hombre a El Tiempo, mientras que su identidad sigue protegida por razones de seguridad.

Según la información conocida por el diario nacional, la Fiscalía, tras confirmar la fecha de su último ingreso y analizar las imágenes de cámaras de seguridad, habría concluido que no existía semejanza física entre el esmeraldero y Aponte, ni en peso ni en morfología.

Mientras el empresario asesinado tenía una estatura de 1,70 metros y calvicie frontal, el esmeraldero mide 1,80, posee cabello abundante y una contextura más robusta.

Entretanto, la Fiscalía logró determinar que el conductor de un vehículo negro fue el encargado de llevar al sicario hasta la calle 85 con carrera séptima, donde ocurrió el crimen.

Las cámaras de seguridad muestran al asesino en una barbería cercana, donde se cambió a ropa formal antes del ataque. Las sospechas apuntan a que el mismo conductor entregó la pistola calibre 9 milímetros utilizada para ejecutar el doble homicidio.

Las razones por las que se habría hablado del esmeraldero

El esmeraldero, cuya identidad fue suministrada por fuentes del caso, figura en los registros societarios junto a Jesús Hernando Sánchez y Juan Sebastián Aguilar, conocido como ‘Pedro Pechuga’.

Ambos fueron víctimas de asesinatos previos en el norte de la ciudad: Aguilar fue atacado el 7 de agosto de 2024 y Sánchez el 6 de abril de 2025, ambos en el mismo conjunto residencial.

Respecto a la pregunta sobre si el crimen de Aponte fue resultado de una confusión, la información indicaría que la Fiscalía descartó esa hipótesis tras analizar la evidencia.

Asimismo, las fuentes consultadas por El Tiempo señalaron que uno de los involucrados en el asesinato de Aponte y su escolta, identificado como el conductor del automóvil negro, murió días después del ataque. La evidencia indica que este hombre habría facilitado el arma al sicario y colaborado directamente en la ejecución del crimen.

Un día después de que el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, revelara que las exploraciones en Colombia para encontrar nuevos yacimientos de petróleo y gas fracasaron, lo que abrió la puerta a conversaciones sobre la práctica del fracking, el presidente Gustavo Petro sentó su postura sobre el método de extracción.

Según indicó el mandatario en su cuenta de X, el fracking requeriría de grandes cantidades de agua, lo que pondría en jaque uno de los principales recursos del país.

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“El fracking es el uso del agua en grandes cantidades para sacar petróleo. El agua es la gran riqueza nacional”, señaló el mandatario.

En su mensaje, Petro reafirmó que el fracaso en la extracción de hidrocarburos es una señal para que el país empiece una transición a las energías limpias, especialmente, por la reducción en la demanda de productos minerales como el carbón.

“No sé ha encontrado mayor cantidad de petróleo en los numerosos contratos de exploración firmados en la última década. Y la demanda internacional ha disminuido sustancialmente para el carbón. Desde el 2015, Colombia disminuye sus exportaciones de hidrocarburos (sic)”, señaló el presidente.

La declaración ocurre mientras el ministro de Minas y Energía reconoce que la creciente atención al fracking responde a la dificultad de encontrar nuevos energéticos en el territorio nacional.

Palma explicó que el debate se relaciona con la falta de hallazgos recientes de gas y petróleo, y defendió la necesidad de que la política energética se convierta en una política de Estado, más allá de ciclos electorales.

El presidente también cuestionó el desempeño de Ecopetrol en el exterior, al mencionar la “pérdida de mil millones de dólares en proyectos fallidos en el golfo de México y Perú en la pasada administración”. Propuso que la empresa concentre inversiones en tecnología e infraestructura nacional, como el mega data center en Santa Marta, la expansión de la fibra óptica y la ampliación de energías limpias.

Asimismo, el mandatario aseguró que el país tiene todo el potencial para reforzar su negocio de energías renovables, en medio de críticas a Ecopetrol por posibles malos manejos.

“ISA ha logrado la implementación de la renovación de subestaciones eléctricas de la costa Atlántica para volver eficientes y aptas para energía limpia solar en grandes cantidades, con una inversión de más mil millones de dólares (sic)”, señaló Petro.

Añadió que Colombia podría exportar energías limpias otros países como Panamá y Venezuela. El ministro Palma, por su parte, destacó que el Gobierno busca reglamentar el programa Colombia Solar y avanzar en acuerdos regionales para restablecer el servicio eléctrico y desarrollar la industria en la frontera.

En cuanto a tarifas, el presidente aseguró que “las tarifas de energía han logrado bajar” y anticipó un modelo similar para la reducción de tarifas de agua potable.

“No es un fracaso un país que transite con éxito hacia las energías limpias, al contrario estamos en la vanguardia del desarrollo energético. La matriz energética de Colombia es hoy casi 100,% limpia y hay que lograrlo en épocas de sequía (sic)”, señaló el presidente.

En el mismo mensaje, el presidente alertó sobre supuestos intereses de particulares que buscarían perpetuar el negocio de la extracción de hidrocarburos, lo que pondría en riesgo los recursos naturales del país.

“Las tarifas de energía han logrado bajar, nos acercamos a un modelo similar de reducción de tarifas en agua potable. El futuro energético de Colombia es brillante y sostenible. ISA, Internexa y Ecopetrol se encuentran bajo presión de intereses particulares que quieren volver anacrónicamente al viejo modelo fósil. Sería un desastre para el agua y la sostenibilidad vital de la nación (sic)”, comentó Petro.

El mandatario defendió la diversificación de la economía con el crecimiento de las exportaciones agrarias, industriales y turísticas, que han compensado la caída de divisas por menores ventas de hidrocarburos. “La economía colombiana hoy es la segunda, después de Uruguay, en diversificación productiva en América Latina (sic)”, afirmó.

El mandatario concluyó que el reto inmediato es bajar la tasa real de interés para impulsar la producción y fortalecer el equilibrio fiscal, al tiempo que reiteró la meta de consolidar a Colombia como referente de desarrollo energético sostenible.

“Solo queda bajar la tasa real de interés real para acelerar más la producción y la riqueza y lograr un mejor equilibrio fiscal al bajar el costo del endeudamiento externo (sic)”, concluyó el mandatario

Colombia ha regresado a la lista de los 10 países más afectados por el terrorismo en el mundo, tras registrar en 2025 sus cifras más altas de muertes y ataques en más de una década, según el Global Terrorism Index 2026.

El país alcanzó el noveno lugar en el ranking mundial luego de un repunte significativo en la violencia por parte de grupos armados, de acuerdo con el informe del Instituto de la Economía y la Paz.

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Los resultados del informe señalan que los ataques terroristas y las muertes asociadas en Colombia aumentaron 70% y 47% respectivamente, en comparación con el año anterior, debido principalmente a la intensificación de las acciones armadas de disidencias de las Farc y del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este ascenso interrumpe la tendencia global de disminución del terrorismo y marca el nivel más grave para Colombia desde 2013.

Colombia volvió a figurar entre los países más impactados por el terrorismo tras un incremento inédito desde la firma del acuerdo de paz en 2016. El auge de los atentados se atribuye principalmente al accionar de disidencias de las Farc y el ELN, que han aprovechado la fragilidad de los diálogos de paz y la débil presencia estatal para expandirse en áreas estratégicas.

Según el Global Terrorism Index 2026, la introducción de nuevas tácticas violentas ha agravado la situación en zonas fronterizas y regiones históricamente vulnerables del país.

Ascenso de Colombia en el ranking mundial de terrorismo

En 2025, Colombia experimentó el mayor incremento de impacto terrorista en Sudamérica. Según el Global Terrorism Index 2026, el país se colocó en la novena posición global con una puntuación de 7,116, superado solo por países como Pakistán, Burkina Faso y Nigeria.

Es la primera vez desde 2013 que Colombia se ubica nuevamente en el ‘top 10’, tras registrar 213 muertes causadas por terrorismo y 442 ataques durante el año, cifras que representan máximos históricos desde la creación del índice.

A diferencia de lo que ocurre globalmente, donde las muertes por terrorismo bajaron un 28% en el mundo en 2025 hasta 5.582 y los ataques cayeron un 22%, Colombia vio crecer los asesinatos y los incidentes terroristas, escalando cinco lugares en el ranking en solo un año, de acuerdo con los datos del informe internacional.

Causas y responsables del incremento del terrorismo en Colombia

El informe del Instituto de la Economía y la Paz atribuye el aumento de la violencia a las disidencias de las Farc y el ELN, responsables de más del 60% de los ataques y víctimas en el país.

Según el análisis, ambas organizaciones expandieron su capacidad tras el debilitamiento del proceso de paz y el aprovechamiento de vacíos de poder en zonas remotas.

El ranking señaló que, en 2025, las disidencias de las Farc ejecutaron 283 ataques que provocaron 125 muertes, mientras que el ELN realizó 150 ataques con 88 víctimas fatales.

Aunque los objetivos principales fueron las fuerzas armadas y la policía, los civiles representaron más del 50% de los fallecidos, una tendencia que destaca el informe como preocupante.

El deterioro responde, según el Global Terrorism Index 2026, a la fragmentación de los acuerdos de paz y la ausencia de una respuesta estatal efectiva para frenar la expansión de estos grupos en regiones críticas.

Regiones más impactadas y dinámica de frontera

La mayoría de los ataques y víctimas de terrorismo en Colombia se concentraron en departamentos del suroccidente. El informe destaca que Cauca y Valle del Cauca sumaron el 84% de los incidentes registrados en el país en 2025. Cauca reportó 181 ataques y 66 fallecidos, mientras que Valle del Cauca acumuló 59 ataques y 31 muertes.

El Global Terrorism Index 2026 enfatizó el papel de las zonas de frontera: regiones como el Catatumbo (Norte de Santander) y los límites con Venezuela (Arauca, Guaviare, Nariño) han visto consolidarse a los grupos armados gracias a la debilidad estatal y a la permeabilidad geográfica, situación que facilita el reclutamiento, abastecimiento y refugio de los actores armados. Más del 41% de los ataques terroristas en el mundo ocurrieron a menos de 50 km de una frontera internacional.

La adopción de drones comerciales para perpetrar atentados sobresale como tendencia emergente. Entre 2024 y 2025, Colombia registró 77 ataques con drones armados, fenómeno inédito en América Latina y atribuido a la influencia del conflicto en Ucrania, según el Global Terrorism Index 2026. El uso de estos dispositivos ha permitido a las disidencias de las Farc y al ELN atacar sorpresivamente instalaciones militares y policiales.

Uno de los ataques más letales del año ocurrió en Antioquia, donde un dron con explosivos dirigido a un helicóptero policial provocó la muerte de 13 agentes y dejó varios heridos.

El informe advierte que esta rápida adopción de la “guerra con drones” incrementa el riesgo para la población civil y plantea retos de seguridad inéditos para el Estado colombiano.

Repercusiones políticas y contexto reciente

La situación política interna ha sido determinante en esta escalada. El Global Terrorism Index 2026 señala que la política de ‘Paz Total’ del gobierno de Gustavo Petro no ha conseguido contener la expansión ni el poder de los grupos armados.

Aunque se han anunciado acuerdos de cese al fuego, el informe observa que “los grupos han aprovechado los periodos de diálogo para expandir operaciones, disputar territorios y mantener ataques contra Estado y civiles”.

Organizaciones de derechos humanos citadas en el documento también critican la persistencia de la violencia durante las negociaciones, señalando un aumento del número de desplazados internos y un deterioro general en la seguridad pública motivado por el terrorismo.

Un día después de que la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación informaran sobre el desmantelamiento de una red clandestina de pelea de perros, el ente acusador entregó nuevos detalles de la operación delictiva.

Las autoridades descubrieron que para ingresar al evento clandestino denominado como “Mundial de perros” en una finca del municipio de La Calera, los asistentes debían pagar entre 200.000 y 300.000 pesos colombianos.

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La cifra, confirmada por la Policía Judicial, no solo cubría el acceso, sino que alimentaba un sistema de apuestas ilegales en el que participaron personas de Colombia, República Dominicana, Ecuador y Venezuela.

El evento se organizaba de forma privada y selecta. La convocatoria ocurría lejos de la vista pública, mediante grupos cerrados y redes sociales, según informó la Fiscalía.

Los investigadores detallaron que el lugar estaba acondicionado como un pequeño coliseo: había un cuadrilátero de madera, sillas de plástico y zonas para bebidas y alimentos, mientras que las apuestas circulaban entre los asistentes, quienes presenciaban los enfrentamientos entre perros nacionales y animales traídos del extranjero.

La intervención de las autoridades ocurrió en pleno desarrollo de las peleas. El Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), junto con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Dirección de Carabineros, irrumpió en la finca de la vereda Aurora Alta, encontrando a los animales en condiciones críticas.

Cómo funcionaba el sistema de apuestas y acceso

El requisito para presenciar la convención era el pago previo de una suma que variaba entre 200.000 y 300.000 pesos colombianos. Este monto permitía a los asistentes no solo entrar al recinto, sino también participar en las apuestas ilegales que se generaban durante los combates.

Las autoridades constataron que la organización tenía un sistema definido para recibir los pagos, proteger la identidad de los participantes y seleccionar a los asistentes mediante invitaciones privadas.

Además, durante los eventos clandestinos, los asistentes también participaban de apuestas que podían alcanzar hasta los 2.000 dólares, es decir, un aproximado de ocho millones de pesos.

En este operativo, las autoridades hallaron un escenario preparado para el espectáculo: un kiosco con rastros de sangre evidenciaba la violencia de las peleas. La Fiscalía indicó que el ambiente estaba diseñado para facilitar las apuestas y la interacción entre apostadores, quienes apostaban sumas adicionales según el desarrollo de cada combate.

La irrupción policial permitió rescatar a 12 perros vivos, muchos en estado de salud crítico. Además, los agentes encontraron a cuatro caninos usados como “carnada” para estimular la agresividad de los demás animales antes de cada pelea, y a dos más sin vida.

Identidad de los implicados y proceso judicial

El ente investigador identificó a Juan Esteban León Ramírez como principal organizador del evento y a Carlos Cifuentes Hernández como el veterinario responsable del cuidado de los animales.

Según la Fiscalía, León Ramírez gestionaba las invitaciones y las apuestas a través de plataformas digitales cerradas, mientras que Cifuentes Hernández se encargaba de la atención sanitaria, aunque sin evitar el daño a los animales.

El proceso judicial avanzó rápidamente. Las autoridades imputaron a trece personas los delitos de muerte y lesiones graves contra animales, bajo agravantes por la modalidad clandestina y la crueldad documentada. La Fiscalía informó que “todos los cargos fueron aceptados” por los procesados.

León Ramírez y Cifuentes Hernández permanecen bajo medida de aseguramiento en un centro carcelario. Los otros once implicados seguirán vinculados al proceso a la espera de sentencia, mientras los perros sobrevivientes inician un proceso de recuperación y protección bajo custodia de las autoridades ambientales.

La investigación reveló que la magnitud de las apuestas y la participación internacional hacían de este evento uno de los más organizados detectados en el país, con un sistema de acceso y apuestas que buscaba eludir la acción de las autoridades.

Más de 14.000 millones de pesos se invirtieron en las campañas de las consultas interpartidistas del 8 de marzo de 2026, dejando a la vista notorias diferencias en las fuentes de financiación y el manejo de estos fondos entre los candidatos.

Los 16 candidatos que se le midieron a los comicios previos a la primera vuelta presidencial se caracterizaron, algunos más que otros, por costosas actividades y desplazamientos para ganar votos en todo el territorio nacional.

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Este dinero provino principalmente de partidos políticos, créditos bancarios y donaciones de particulares. Las cifras revelan grandes disparidades en la procedencia de los fondos y la manera en que se invirtieron en propaganda electoral, gastos administrativos y créditos, conforme a un reciente análisis publicado por la revista Cambio.

Los montos gastados variaron desde valores millonarios hasta campañas sostenidas con medios propios. La dependencia de créditos bancarios y recursos partidistas resultó clave, así como el papel de la reposición de votos para cubrir deudas de campaña.

Entretanto, aunque buena parte de los candidatos podrán contar con la certeza de que recibirán lo invertido para cancelar los créditos pendiente, la baja votación para algunos de los aspirantes los dejará fuera de la opción.

Quiénes fueron los que más gastaron en la Gran Consulta por Colombia

La Gran Consulta por Colombia, integrada por nueve candidatos, movilizó un total de 9.834 millones de pesos. Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, fue la que más invirtió, con un gasto de 2.000 millones, cubiertos completamente con fondos de su partido.

El mayor desembolso —1.485 millones— se dirigió a “propaganda electoral”, en buena parte a la agencia Óptima S.A.S. Su campaña no recurrió a créditos bancarios ni a donaciones particulares.

En contraste, Juan Carlos Pinzón destinó 1.989 millones de pesos a su campaña y obtuvo solo 297.000 votos. Según lo verificado por Cambio, 1.000 millones provinieron de créditos de Bancolombia. También recibió 623 millones de la coalición Oxígeno Verde y Alianza Democrática, además de donaciones en especie por 190 millones aportadas por voluntarios y 57 millones de donaciones en efectivo.

Por su parte, Juan Manuel Galán, líder del Nuevo Liberalismo, gastó 1.272 millones, de los cuales 800 millones correspondieron a un crédito de su partido. El mayor gasto —602 millones para propaganda electoral— se destinó a pautas en diversos medios. Galán no declaró donaciones particulares ni créditos bancarios, según detalló Cambio.

Completan la lista Vicky Dávila (1.174 millones), Juan Daniel Oviedo (1.131 millones), David Luna (995 millones), Enrique Peñalosa (627 millones), Aníbal Gaviria (429 millones) y Mauricio Cárdenas (217 millones).

En el caso de Oviedo, su campaña se financió en esencia con aportes de familiares: su madre colaboró con 40 millones y Marco Antonio Arango con 30 millones. Según sus declaraciones, una parte adicional provino de una hipoteca sobre su apartamento.

Financiación y gastos en la Consulta de las Soluciones

En la Consulta de las Soluciones participaron Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, y Leonardo Huerta, su compañero a la Vicepresidencia. Aunque su victoria era previsible, el reporte de López ante el CNE muestra gastos por 2.448 millones de pesos.

Toda la financiación provino de un crédito por 4.659 millones de pesos otorgado por Bancolombia. López destinó 1.956 millones a propaganda electoral y 329 millones a gastos administrativos.

Por su parte, Huerta informó ingresos por 448 millones, de los cuales 23,5 millones salieron directamente de su bolsillo y el resto provino de donaciones particulares.

Sin embargo, hasta el corte del 18 de marzo no ha reportado egresos en la plataforma del CNE; por ahora, estos figuran en cero, según los datos reseñados por Cambio.

Inversión y endeudamiento en el Frente por la Vida

En la consulta menos votada, Roy Barreras declaró gastos por 1.528 millones de pesos. De esa suma, 1.363 millones corresponden a un crédito con el Banco de Bogotá. Barreras aportó 200 millones de su propio dinero y recibió donaciones de tres particulares por un total de 30 millones.

El mayor gasto de esta campaña fue de 1.190 millones, dirigidos a propaganda electoral; los gastos administrativos alcanzaron los 235 millones, incluyendo el pago de 101 millones al asesor Ángel Becassino.

Adicionalmente, Daniel Quintero, el segundo candidato más votado de la consulta, no ha presentado reportes oficiales de ingresos y gastos, al igual que Edison Lucio Torres Moreno y Héctor Elías Pineda.

Por su parte, Martha Bernal, única mujer en la consulta, informó un gasto de 578 millones de pesos, con solo 48 millones en ingresos. Su campaña se sostuvo con un crédito del abogado Tomás Rengifo Arias y prevé cubrir el saldo con la reposición por votos.

Quién responde por la plata invertida

Según la Ley 1475 de 2011, el Estado, a través del Consejo Nacional Electoral, será el encargado de devolver el dinero invertido por los candidatos, siempre y cuando cumpla con las condiciones estipuladas.

Y es que las normas electorales estipulan que los candidatos que se midan en las urnas para las consultas deberán conseguir un número de sufragios mayor al 4% de los votos totales obtenidos en la contienda.

Según expresó Ivonne Adriana Raballaty, politóloga de la Universidad Nacional y magíster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Salamanca, los candidatos deberán demostrar el origen de sus fondos, además de soportar los gastos en una única cuenta destinada a la campaña.

“El Consejo Nacional Electoral es el ente encargado de la reposición de votos. Los requisitos que se deben cumplir por cada candidato incluyen unas finanzas organizadas y que se hayan hecho unos gastos de campaña con contador, revisor fiscal, además de utilizar una única cuenta de campaña en la que se especifiquen todos los gastos”, señaló la analista en diálogo con Infobae Colombia.

Sin embargo, Raballaty señaló que, pese al elevado número de votantes que participaron en las consultas, más de 7.072.000 sufragios, solo una pequeña parte logrará acceder a la reposición de votos.

“En este caso, el umbral para las consultas presidenciales del 8 de marzo del 2026 estuvo en un promedio de 282.000 votos. A todos los candidatos que superaron ese mínimo se les empieza a hacer la reposición de votos”, señaló la politóloga.

En ese orden de ideas, solamente cinco de los 16 candidatos que participaron de las consultas tendrían derecho a recibir el dinero de reposición, estipulado en 8287 pesos.

Ni siquiera el candidato ganador del Frente por la Vida, Roy Barreras, lograría cubrir sus cuentas, pues los datos preliminales arrojan solamente 257.000 votos.

“¿Qué pasa con esos candidatos que no cumplieron el umbral? Ellos pueden solicitar préstamos bancarios de forma particular o recibir donaciones para cubrir los gastos. También pueden hacer que el mismo partido dé dinero para la campaña, pero si no le alcanzó el umbral, no hay ninguna opción por parte del Estado para esa reposición de dinero”, señaló Raballaty a Infobae Colombia.

El Gobierno nacional sigue insistiendo en que se le permita acceder a la totalidad del código fuente que controla el software de preconteo y escrutinio de votos, tras los reiterados llamados del presidente Gustavo Petro sobre posibles irregularidades en el sistema electal.

De hecho, en la mañana del miércoles 18 de marzo, durante el encuentro de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, el ministro del Interior, Armando Benedetti, radicó una solicitud a la Registraduría Nacional para que se le entregue al Ejecutivo los datos necesarios.

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Según indicó el jefe de cartera, aunque las elecciones al Congreso se desarrollaron sin contratiempos, con resultados positivos tanto en el preconteo como en el escrutinio, todavía existe la necesidad de fortalecer la transparencia del sistema electoral mediante una auditoría técnica exhaustiva del software utilizado en los comicios.

Benedetti explicó que el Gobierno nacional ha formalizado la petición ante la Registraduría Nacional para permitir la revisión y auditoría del código fuente y del software electoral.

El objetivo es que los partidos políticos puedan acceder a estos elementos tanto el día de las elecciones como durante el escrutinio. Según el ministro, “lo que estamos pidiendo es que se pueda hacer una verdadera auditoría del software para que se quiten las dudas. Que los partidos tengan acceso al código fuente el día de las elecciones y durante el escrutinio, porque ahí es donde empiezan a verse inconsistencias entre el número de votantes y el número de votos”.

La solicitud contempla la participación de peritos expertos y el tiempo suficiente para realizar un análisis riguroso, asegurando que los partidos dispongan de la información necesaria durante toda la jornada electoral y la semana siguiente.

“Junto a la ministra TIC hemos pedido a la Registraduría que no solo nos muestre, sino que nos permita auditar, con el tiempo y los peritos necesarios, el código fuente y el software utilizado en el preconteo y escrutinio. Estamos a tiempo de definir una agenda para este proceso y garantizar que los partidos tengan acceso a esta información durante la jornada electoral y la semana de escrutinios”, señaló Benedetti.

En respuesta al pedido, la ministra de las TIC, Carina Murcia Yela, confirmó que existen actualmente 22 análisis de vulnerabilidad y servicios web desarrollados por los partidos políticos.

“Nosotros hacemos el acompañamiento técnico, pero también se requiere de un ente que certifique esta auditoría y de los peritos informáticos para que llevemos a cabo este proceso”, señaló la ministra.

Entretanto, luego del encuentro, los representantes del Ejecutivo aseguraron que el Gobierno nacional ha avanzado en la implementación del Plan Nacional de Garantías Electorales 2026, que incluye 96 acciones dirigidas a reforzar la transparencia, la seguridad y la confianza en el proceso electoral.

Entre las medidas adoptadas, la Policía Nacional identificó 208 municipios en nivel de atención dentro del mapa de riesgo electoral, permitiendo así focalizar labores de prevención y seguridad en las zonas más sensibles.

Con relación a la transparencia electoral, la estrategia Uirel ha recibido hasta el momento 2.111 quejas asociadas a las elecciones de Congreso y 15 sobre el proceso presidencial. Todas han sido remitidas a las autoridades competentes para su análisis y resolución.

La revisión y auditoría del software electoral para las elecciones de 2026 ha sido solicitada por el Gobierno colombiano con el fin de garantizar la transparencia y la confianza en el proceso.

Las autoridades buscan que los partidos políticos puedan acceder al código fuente y al software usado en el preconteo y el escrutinio, permitiendo así una verificación independiente y técnica durante y después de la jornada.

La garantía de acceso y auditoría al software electoral será un elemento central para los comicios presidenciales, y su implementación dependerá de la coordinación entre la Registraduría, el Ministerio del Interior, las TIC y los partidos políticos.

El proceso incluye la definición de una agenda para la verificación y la integración de peritos informáticos y entes certificadores, con miras a despejar cualquier duda sobre la integridad de los resultados.

Un año y un mes después de que la Alcaldía de Bogotá anunciara la apertura del deprimido de la calle 72, en la mañana del miércoles 18 de marzo las autoridades reportaron un cierre temporal de la estructura por posibles daños.

Según comunicó la Secretaría de Movilidad de la capital, el deprimido sufrió un desprendimiento de material desde el techo sobre las 10:42 a. m., lo que llevó a tomar la medida de cierre preventivo para resguardar la seguridad de quienes transitan por este punto.

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El hecho, que ocurrió en el sentido occidente-oriente, se presentó durante la operación habitual de este corredor vial, el cual está vinculado a las obras de la primera línea del metro de Bogotá.

Las autoridades dispusieron que un “Grupo Guía” asumiera la gestión del tránsito en el área afectada, con el fin de evitar mayores complicaciones.

Según la información oficial, mientras se revisan las condiciones dentro del paso subterráneo y se atiende la situación, la recomendación para los conductores es utilizar vías alternas como la calle 80, la calle 68 o la calle 53.

Entretanto, en el lugar permanecen gestores en vía para garantizar el flujo vehicular mientras se adelantan las labores de investigación y posible reparación de la estructura.

Empresa Metro respondió sobre el incidente

Tras el incidente, la empresa Metro de Bogotá emitió un comunicado en el que dio detalles de lo ocurrido en el deprimido de la calle 72.

Según indicó la empresa, la situación fue ocasionada por una máquina operada por el consorcio responsable, que dañó la placa superior del viaducto.

“Esto es producto de una deficiente gerencia y control del desarrollo de las actividades de las obras. Queremos reiterar a la ciudadanía que este hecho no representa ningún problema de estabilidad estructural del viaducto. Las reparaciones correspondientes serán realizadas de manera inmediata para garantizar la seguridad y el buen desarrollo del proyecto”, señaló la entidad.

Entretanto, la Empresa Metro de Bogotá reiteró que tomará medidas para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir, exigiendo al consorcio responsable que adopte acciones más estrictas de control y prevención.

“La Empresa Metro de Bogotá solicita al consorcio ML1 tomar todas las acciones necesarias para fortalecer el control sobre las actividades de cada uno de los actores del proyecto, evitando que se repitan situaciones que puedan generar daños o accidentes”, informó la empresa en un comunicado.

El deprimido de la 72 fue estrenado hace apenas un año

La obra del deprimido de la calle 72 cumple un año y un mes en operación, después de que la Alcaldía de Bogotá anunciara su apertura el 17 de febrero de 2025 tras dos años de retrasos.

Sin embargo, esta estructura no ha estado exenta de polémicas por posibles fallas en su construcción. Incluso, en abril de 2025 se conocieron denuncias por inundaciones, daños estructurales y problemas de drenaje en las zonas aledañas a la obra.

Tras la puesta en funcionamiento de la estructura —que forma parte del trazado de la primera línea del metro—, al menos 50 viviendas reportaron en su momento afectaciones.

Aunque el tráfico vehicular empezó a circular desde esa madrugada, la entrega oficial se realizó de manera parcial y aún restaban adecuaciones, especialmente en el costado suroccidental.

Vecinos y comerciantes aseguraron en su momento que, aunque las obras peatonales fueron terminadas, el proceso de interventoría no había dado el visto bueno final.

Además, los residentes denunciaron que todavía había residuos de construcción, separadores viales y polisombras en las inmediaciones, lo que daba la impresión de que los trabajos continuaban.

Asimismo, la obra pasó por varias críticas luego de que el contratista demorara la obra por más de 24 meses, lo que derivó en una fuerte sanción económica a mediados del 2025.

Una operación binacional entre Colombia y Perú resultó en la incautación de 884 kilogramos de marihuana en el río Amazonas, en un golpe directo contra las redes de narcotráfico que operan en la región limítrofe.

El hallazgo se produjo en el sector conocido como Brazo Yahuma, donde las autoridades interceptaron una embarcación equipada con motor fuera de borda.

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La droga incautada, según información oficial entregada por la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), estaría vinculada al GAO E-48 Comandos de Frontera, una organización delictiva que utiliza los corredores fluviales amazónicos para movilizar cargamentos ilícitos. La acción conjunta permitió frenar el avance de este cargamento, que tenía como destino la distribución en mercados regionales.

En el marco de la cooperación binacional, tanto la Fuerza Aeroespacial Colombiana, a través del Grupo Aéreo del Amazonas, como la Armada de Colombia, la Regional de Inteligencia Naval de la Amazonía (Rinam), la Brigada de Selva No. 26 del Ejército Nacional, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional (Diran) y unidades del Ejército del Perú participaron en la operación, articulando esfuerzos de inteligencia y vigilancia.

El procedimiento se activó tras recibir información estratégica suministrada por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, lo que permitió desplegar vuelos de reconocimiento y monitoreo en la zona, reforzando el seguimiento a las rutas utilizadas por el narcotráfico. La cooperación entre ambos países fue decisiva para ubicar la embarcación, que transportaba la marihuana en el estratégico eje fluvial.

La incautación de los 884 kilogramos de marihuana obedece al Objetivo No. 2 del Plan Ayacucho Plus, un programa enfocado en debilitar la logística y las finanzas de organizaciones criminales en la triple frontera amazónica. Esta acción representa un golpe significativo para las estructuras armadas y económicas que sostienen el tráfico transnacional de drogas en la región.

El operativo conjunto demuestra que los mecanismos de coordinación internacional pueden tener un impacto tangible en la seguridad regional. La incautación en el Brazo Yahuma es considerada una de las más relevantes en la zona durante el año, afectando la operatividad de grupos dedicados al narcotráfico y reforzando el control estatal en un área de permanente conflicto por economías ilícitas.

La colaboración entre Colombia y Perú en esta operación no solo permitió la interdicción de la embarcación y la droga, sino que puso en evidencia la importancia de los corredores fluviales del Amazonas en el tráfico de estupefacientes. Estos corredores han sido identificados como rutas clave para el traslado de grandes volúmenes de sustancias ilícitas hacia otros destinos.

Con este resultado, las autoridades buscan enviar un mensaje claro sobre la vigilancia activa y la capacidad de respuesta frente a las amenazas transnacionales en la Amazonía. La operación reafirma el compromiso de ambos países con la lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento de la seguridad en las fronteras compartidas.

Apenas tres días atrás la Policía Nacional realizó en el sur de Colombia una serie de operativos que permitieron incautar 1,6 toneladas de marihuana en la vía Garzón-Neiva e interrumpir el flujo de recursos de bandas de narcotráfico, con impactos directos en las finanzas criminales por un monto cercano a 593 millones de pesos.

Estas acciones impidieron la circulación de aproximadamente un millón de dosis en distintas regiones del país, conforme informó el general William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional.

En la última etapa de estos procedimientos, la Policía concentró parte de sus operaciones en la vía entre Pereira y Manizales, donde fue detenida una persona que transportaba 240 kilos de marihuana en una camioneta.

En paralelo, un allanamiento en Villavicencio derivó en la captura de un menor de edad y la incautación de 720 kilos adicionales. Según detalló el reporte oficial, estas intervenciones simultáneas elevaron la suma total de marihuana decomisada a 1,1 toneladas solo en Meta, Tolima y Caldas.

Continúa el rifirrafe entre el presidente Gustavo Petro y el Centro Democrático, después de que se despachara contra su líder natural, Álvaro Uribe Vélez, al que acusó de intentar “desaparecerlo” e intentar acabar con su proyecto político.

Tras las polémicas declaraciones, en las que incluso acusó al exmandatario de haber establecido supuestas alianzas con el paramilitarismo, el partido Centro Democrático dedicó una publicación para desmentir las versiones del presidente Gustavo Petro, entre otras, porque aseguró haber obtenido mayores resultados que en los dos mandatos de Uribe.

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En su mensaje, la colectividad aseguró que el entonces presidente Uribe logró afiliar a casi la totalidad de la población vulnerable al régimen de salud, además duplicar las listas de aseguramiento en salud de la población colombiana.

“Presidente Petro, más bien trabaje y deje de echar tanta carreta. Le recordamos algunas cifras del Gobierno Uribe: 21 millones de colombianos pobres llegaron al régimen subsidiado de salud. En materia de cobertura Colombia pasó de 25 millones de asegurados por el sistema de salud en 2002 a 41 millones de afiliados en 2010, con cupos adicionales para otras 2.6 millones de personas”, señaló el Centro Democrático.

Asimismo, el partido le entregó un balance completo de los resultados del expresidente en materia de educación, población adulto mayor y finanzas del Estado.

“990.000 adultos mayores se convirtieron en beneficiarios del programa del adulto mayor de la Ley 100. 2.800.000 familias en Acción. El SENA se multiplicó por 8. Se crearon 900.000 cupos de educación superior. Imperó la austeridad; la reducción del Estado innecesario acumuló un ahorro de 6% del PIB”, continuó el Centro Democrático.

Entretanto, la colectividad le ‘sacó en cara’ al presidente Petro los alarmantes niveles de inseguridad en zonas de conflicto, mientras que resaltó los logros del gobierno Uribe entre 2002 y 2010 especialmente en materia de asesinatos a líderes sociales y dirigentes sindicales.

“Y hablemos de seguridad, de la que hoy carece Colombia debido a su complacencia con los violentos: Cuando comenzó el Gobierno Uribe, en el país se asesinaban casi 200 ciudadanos al año, entre dirigentes sindicales e integrantes del magisterio oficial. El esfuerzo de esa administración redujo la cifra a 14 en el último año. El propósito era llegar a cero. La política de seguridad logró una reducción histórica en la violencia sistemática, pasando de más de 160 masacres por año al comienzo del periodo presidencial a menos de 10 en su cierre. Dato mata relato, presidente Petro”, concluyó el Centro Democrático.

Las críticas del partido de derecha se dan después de que el presidente Gustavo Petro denunciara que el expresidente Álvaro Uribe busca “desaparecerlo” políticamente mediante una alianza entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, una estrategia destinada a supuestamente bloquear las políticas implementadas durante su mandato y marginar a su sector en las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026.

Petro afirmó que esta movida intentaba erosionar el proyecto que, según su visión, ha conducido a Colombia a logros como la reducción histórica de la violencia, el aumento de la producción y la mejora en las condiciones laborales.

“Usted pide unidad para desaparecer a quien más ha incautado cocaína en la historia de Colombia y más capos ha extraditado a Estados Unidos. Usted pide unidad contra el presidente en cuyo gobierno se ha logrado una tasa de homicidio que es la mitad que en el suyo”, señaló el presidente en su cuenta de X.

El presidente también alertó que las declaraciones de Uribe agravaban el clima político y personal de inseguridad para él y su entorno. “Usted convoca a la unidad para desaparecerme y sé qué significa eso en su boca. He sufrido su persecución y me he salvado de milagro”, señaló.

Mientras el país empieza a conocer los programas de gobierno de los candidatos presidenciales que ‘se medirán el aceite’ el 31 de mayo de 2026 en las urnas, además de revelarse las fórmulas vicepresidenciales de los aspirantes más fuertes, la idea de posibles alianzas empieza a tomar fuerza.

De hecho, en la mañana del miércoles 18 de marzo, el expresidente y líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, puso sobre la mesa la posibilidad de una posible alianza entre la candidata de su partido, Paloma Valencia, y el aspirante independiente de derecha Abelardo de la Espriella.

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Según indicó el exmandatario, desde varios sectores les han solicitado consolidar una alianza entre candidatos con el fin de sumar apoyos en las elecciones del 31 de mayo.

Sin embargo, el expresidente Uribe aseguró que dicho trámite debe ser analizado con cautela y definirse las bases de una posible unión, aunque no descartó que dicho diálogo pueda darse.

“Piden unidad Paloma-Abelardo. Nuestro deber es total respeto para construir condiciones. Piden unidad muchos ciudadanos que temen la continuidad de Petro y Cepeda que significa consolidación del poder narco terrorista, asfixia del emprendimiento privado para anular la creación de empleo y la inversión, destrucción de la salud e imposición del estatismo ineficiente y corrupto, saqueo de los fondos de pensiones de propiedad de los trabajadores, inseguridad energética sin energías alternativas, ni petróleo, ni gas, ni carbón, ni hidroeléctricas, etc“, escribió Uribe en su cuenta de X.

En su mensaje, el exmandatario aseguró que, independientemente de que prospere la unión, la misión desde la derecha consistirá en impedir que el proyecto político del presidente Gustavo Petro y el candidato de su partido, Iván Cepeda, quede como victorioso en las urnas.

“Continuidad perversa de Petro y Cepeda que significa remplazar la alianza público privada de la Constitución de 1991 por la imposición del estatismo. Petro y Cepeda significan reducir el empleo al “Rebusque callejero” o a la esclavitud burocrática. Petro y Cepeda significan anulación de la creatividad del individuo. Que Colombia gane con Libertad y Bienestar Colectivo“, concluyó el exmandatario.

La idea de una posible alianza entre los dos aspirantes se dio después de que la senadora expresara de forma explícita su disposición a integrar a De la Espriella en su campaña, bajo el entendido de que las coincidencias programáticas y el contexto político así lo recomiendan.

Durante su intervención en el programa La Luciérnaga de Caracol Radio, Valencia aseguró: “Ah, bueno, si se quiere unir, que le haga”, frase que remarcó su apertura a sumar apoyos estratégicos en su proyecto.

“Si se quiere subir aquí, bienvenido”, señaló Valencia mostrando pragmatismo ante la posibilidad de afianzar la unidad de su bloque. Estas declaraciones llegan en un contexto donde la elección de la fórmula vicepresidencial comienza a perfilarse como un elemento clave para el éxito de la coalición.

Por su parte, el lunes 9 de marzo de 2026, Abelardo de la Espriella confirmó en Blu Radio que si no logra pasar a la segunda vuelta presidencial, brindará “sin reservas” su respaldo a Paloma Valencia.

El abogado justificó esta decisión como parte de una estrategia para impedir el eventual triunfo de Iván Cepeda, quien, según sus palabras, “aparece con opciones de alcanzar la mayoría en primera vuelta” y cuya victoria sería, de acuerdo con de la Espriella, inaceptable para el sector que representan.

“Entre Paloma y yo tenemos los votos suficientes para derrotar a Cepeda”, comentó el candidato presidencial al medio radial.

La coincidencia en los ejes económicos y sociales es otro factor central en el diálogo entre ambos candidatos. De la Espriella subrayó que existe una afinidad sustancial en las prioridades programáticas, lo que facilitaría la conformación de un frente unido.

Minutos después de que el expresidente Álvaro Uribe planteara una posible alianza entre los candidatos presidenciales Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella para fortalecer su posición en la primera vuelta del 31 de mayo de 2026, el presidente Gustavo Petro expresó su desacuerdo.

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado aseguró que la posibilidad planteada por el líder natural del Centro Democrático buscaría “desaparecerlo” por su labor durante los cuatro años que ha permanecido en la Presidencia.

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Incluso, el mandatario aseguró que Uribe supuestamente buscaría calumniarlo al vincular a su gobierno con presuntas alianzas con el narcotráfico y el terrorismo, además de acusarlo por el “saqueo” a las pensiones.

“Usted pide unidad para desaparecer una posición política que ha traído crecimiento económico, más justicia, mejor nivel de vida, pensiones a los viejos, más comida para el hogar que en todo el siglo, incluído su gobierno. La unidad que pide es contra mi y me calumnia (sic)”, escribió el Presidente.

Los reparos de Gustavo Petro se dan después de que Álvaro Uribe abriera la puerta a una alianza entre la candidata del Centro Democrático y el aspirante independiente de extrema derecha.

“Piden unidad Paloma-Abelardo. Nuestro deber es total respeto para construir condiciones. Piden unidad muchos ciudadanos que temen la continuidad de Petro y Cepeda que significa consolidación del poder narco terrorista, asfixia del emprendimiento privado para anular la creación de empleo y la inversión, destrucción de la salud e imposición del estatismo ineficiente y corrupto, saqueo de los fondos de pensiones de propiedad de los trabajadores, inseguridad energética sin energías alternativas, ni petróleo, ni gas, ni carbón, ni hidroeléctricas, etc”, escribió Uribe.

Por su parte, el mandatario nacional señaló las estrategias del líder del Centro Democrático estarían motivadas por el odio hacia su proyecto político y hacia él, además de acusarlo de supuestas alianzas con líderes del narcotráfico para ganar las elecciones, incluyendo su posible desaparición.

“Reducir el hambre del pueblo no es ser terrorista señor Uribe. Convocar al pueblo a la unidad por la vida y el progreso no me hace narco señor Uribe. Yo no he sido defensor del narcoparamilitarismo, no he usado sus dineros, no tengo hermanos presos por alianzas asesinas con los narcos Usted pide unidad para desaparecer a quien ha pagado un salario justo a cada soldado y policía”, escribió Petro.

En su mensaje, el presidente hizo un largo listado de razones por las que, según Petro, el Centro Democrático buscaría acabar con su proyecto político que ahora quedaría en manos de Iván Cepeda en caso de que llegue a la Presidencia.

“Usted pide unidad para desaparecer a quien más ha incautado cocaína en la historia de Colombia y más capos ha extraditado a EEUU. Usted pide unidad contra el presidente en cuyo gobierno ha logrado una tasa de homicidio que es la mitad que en el suyo. Usted pide unidad para desaparecer al presidente que ha logrado reducir la pobreza al nivel más bajo del siglo incluído su gobierno, la tasa de desocupación laboral más baja del siglo, incluído su gobierno, la más alta producción industrial y agraria del siglo, incluído su gobierno (sic)”, señaló Petro.

Incluso, el mandatario nacional aseguró que en su gobierno ha logrado restablecer algunos beneficios que, según indicó en su cuenta de X, el expresidente Uribe habría retirado a los trabajadores del país.

“Usted llama a la unidad para desaparecer al presidente que ha logrado el salario vital para el trabajador y trabajadora colombiana y más estabilidad laboral que usted quitó. Usted quiere desaparecer al presidente que lleva médicos y enfermeras a las casas del pobre y que ha vuelto a la madre comunitaria una empleada digna del estado”, indicó Petro.

En su mensaje, el jefe de Estado llegó a asegurar que se ha sentido amenazado por las expresiones del expresidente Uribe, insinuando que ha sido víctima de ataques contra su vida de los que se ha salvado “de milagro”.

“Usted convoca a la unidad para desaparecerme y sé que significa eso en su boca. He sufrido su persecución y me he salvado de milagro. Usted convoca a la unidad para una nueva época de terror sobre el pueblo y su juventud como ya lo hicieron usted y Duque.en el pasado. Terror que mueran 6.402 jóvenes inocentes por una directriz de su gobierno a su fuerza pública, terror que encarcelen 3.000 jóvenes solo por protestar contra la injusticia en el gobierno de Duque. Por eso no me dejo engañar del disfraz, sé lo que busca, solo existe para usted el odio y la venganza política. Yo no odio, no daño mi corazón en eso”, señaló.

Las ganancias ilegales derivadas de la minería de oro en Colombia ya superan cuatro veces el costo de la última emergencia económica nacional, decretada por el presidente Gustavo Petro, consolidándose como la principal fuente de financiación para grupos armados ilegales.

En el foro organizado junto a Fedepartamentos y el Tiempo, gobernadores y analistas destacaron que la minería ilegal ha desplazado al narcotráfico en términos de rentabilidad criminal, con serios efectos en el entramado económico y social del país.

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El auge de la minería ilegal de oro estaría moviendo alrededor de 8.400 millones de dólares anuales, es decir, más de 30 billones de pesos colombianos, con el 85% del oro nacional originado en actividades ilícitas.

Este lucrativo negocio facilitaría el fortalecimiento de organizaciones criminales, incrementa la violencia y provoca graves daños ambientales, mientras reduce las oportunidades para la minería formal y afecta la economía en regiones clave, donde las regalías y la inversión extranjera son fundamentales para el desarrollo.

Cifras oficiales divulgadas por El Tiempo señalan que las ganancias ilícitas superan los 33 billones de pesos cada año. El uso de maquinaria pesada y ‘dragas’ destruye miles de hectáreas y contamina con mercurio centenares de ríos, perjudicando a comunidades rurales y generando conflictos sociales y afectaciones ambientales.

La gobernadora de Tolima, Adriana Magaly Matiz, advirtió en dicho foro que en municipios como Ataco la minería ilícita ha devastado amplias zonas del río, generando entre los habitantes la ilusión de una bonanza económica. Explicó que existe una “relación de beneficio mutuo” entre estructuras criminales y quienes realizan la extracción ilegal.

“Aquí los violentos no solo se lucran de los porcentajes por la cantidad de oro, sino que además cobran renta por cada maquinaria pesada que ingresa al territorio: entre cinco y ocho millones de pesos”, señaló la mandataria departamental en el foro.

Por su parte, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, sostuvo que la disminución de regalías afecta a departamentos como Chocó, Cauca y Nariño, que pierden recursos esenciales para el desarrollo regional. Señaló además la existencia de una “parainstitucionalidad” en la comercialización, que favorece la legalización encubierta del oro extraído de manera ilegal y fortalece el control de actores criminales sobre estas riquezas.

“Al país hay que ponerle la realidad de frente: aquí hay una parainstitucionalidad ligada a la comercialización minera que termina favoreciendo a los grupos criminales. Se sabe que el oro sale tipo B y se convierte en tipo A, y todo el mundo está tranquilo”, señaló Escobar.

La Defensoría del Pueblo, por medio de su representante Érika Castro, recalcó la sobrecarga para atender problemáticas graves como reclutamiento forzado y prostitución, además de otros delitos derivados. Destacó, asimismo, el profundo perjuicio ocasionado a la biodiversidad colombiana.

El coronel José Luis Bastidas, jefe de Operaciones de las Fuerzas Militares, afirmó que destruir la maquinaria utilizada en minería ilegal es una prioridad. Indicó que solo en enero de 2026 se decomisaron 90 vehículos, 18 más que en el mismo mes del año anterior, en acciones orientadas a disminuir la capacidad de extracción de los grupos criminales.

Bastidas explicó a El Tiempo que enfrentar este fenómeno es complejo, ya que muchas de las ganancias se blanquearían mediante empresas fachada o se envían a paraísos fiscales, lo que dificulta su seguimiento y enjuiciamiento bajo la legislación vigente.

El director de Fedepartamentos, Didier Tavera, insistió en que la explotación ilícita de recursos naturales debe considerarse una amenaza para la seguridad del Estado, más allá de una simple infracción ambiental.

Tavera reclamó la intervención conjunta de las tres ramas del poder público para combatir la impunidad y evitar que los responsables sean penalizados únicamente por delitos menores.

“La legislación tiene que empezar a hablar de un crimen contra la seguridad del Estado, por el problema que conllevan las rentas y el control territorial”, señaló Tavera en el foro organizado por El Tiempo.

Representantes del sector minero solicitaron mayor presencia estatal en las regiones e impulsar normas claras que protejan la minería formal frente al avance de redes criminales.

El presidente de Fedesmeraldas, Óscar Baquero, advirtió que la incursión de la minería ilegal en el ámbito de las esmeraldas ha frenado la inversión extranjera, muy especialmente en San Pablo de Borbur.

La inseguridad ha llevado a la cesión de concesiones y ha restringido las exportaciones, lo que representa un golpe para la economía local. “Ellos estaban aportando 17 millones de dólares a nuestras exportaciones”, declaró Baquero en información recogida por El Tiempo, agregando que esta cifra desapareció el año pasado.

Momentos de pánico y heridas de consideración dejó un nuevo hecho de inseguridad en el sur de Bogotá, después de que la joven identificada como Luz Ángela Peña, bailarina y estudiante universitaria, fuera interceptada por hombres armados.

Según la versión inicial revelada por Noticias Caracol, el hecho ocurrió cuando la joven regresaba a su vivienda en la localidad de Usme. En ese momento fue interceptada por motoladrones en el barrio Israelitas que la amenazaron con arma cortopunzante.

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La agresión no solo provocó lesiones físicas graves, sino que también representó un duro golpe económico y emocional para la víctima. Los delincuentes se llevaron su celular, la cédula, y una suma de dinero destinada a una gira internacional de baile en El Salvador, además de ahorros familiares obtenidos mediante la venta de obleas y un préstamo personal.

Durante el atraco, la joven recibió cuatro heridas profundas por arma blanca, especialmente en sus piernas, para obligarla a entregar la totalidad de sus pertenencias.

Tras ser atacada, una persona que transitaba por el sector brindó auxilio inmediato y trasladó a la joven al Hospital de Bosa, donde recibió atención médica de urgencia. El parte médico confirmó que las lesiones requirieron cerca de 40 puntos de sutura, distribuidos en sus extremidades inferiores y una mano.

“En total tengo más o menos 40 puntos, cuatro heridas: dos en la pierna derecha, una en la rodilla izquierda y otra en la mano izquierda”, señaló la joven al medio nacional.

La secuencia del ataque y el impacto en la víctima

La estudiante relató que fue abordada con extrema violencia cuando estaba a punto de llegar a su casa. Las imágenes de las cámaras muestran el momento en que los asaltantes la derribaron, la golpearon y la agredieron con un arma cortopunzante durante un forcejeo.

“Me robaron el celular, la cédula, y en medio del forcejeo… en las cámaras se ve como yo me aferraba más que todo a mi maleta”, narró la joven a Noticias Caracol.

El objetivo de los atacantes era claro: apoderarse de los recursos que la bailarina transportaba, necesarios para su proyecto artístico y para la economía de su familia. La afectada explicó que, producto de las heridas, tuvo que recibir atención médica de urgencia y que el dinero robado era clave para sostener su carrera y la manutención familiar.

La joven continúa recuperándose en su domicilio, aunque el impacto emocional y la incertidumbre sobre la continuidad de su proyecto artístico persisten.

La estudiante ha hecho un llamado urgente para que las autoridades utilicen los videos de seguridad con el fin de ubicar a los responsables y recuperar el dinero sustraído.

“Me aferraba a mi maleta; ahí tenía la parte de un dinero que me habían prestado para ir a la gira”, comentó la bailarina al medio televisivo.

Los motoladrones y la inseguridad en Bogotá

El hecho ocurrido en Usme se suma a una serie de robos cometidos por delincuentes en motocicleta, modalidad que ha generado preocupación en diferentes sectores de la capital colombiana.

De acuerdo con denuncias recientes ante el Concejo de Bogotá, se han identificado siete localidades críticas por la frecuencia de este tipo de asaltos.

La localidad de Suba encabeza el listado con 124 casos denunciados, seguida por Engativá (99) y Kennedy (74). Otras zonas con cifras significativas son Usaquén (70) y Chapinero (49). Bosa y Fontibón cierran la lista con 45 y 42 casos, respectivamente.

Entretanto, el 63,7% de las mujeres en Bogotá manifestó sentirse insegura, superando ligeramente el porcentaje registrado entre los hombres, según los resultados de la encuesta realizada por Bogotá Cómo Vamos.

Este estudio también señala que el 63% de la población total percibe inseguridad en la ciudad, aunque la proporción disminuye al 42% cuando se consulta sobre la percepción en los barrios.

Entre enero y julio de 2025, el Boletín Mensual de Indicadores de Seguridad reportó incrementos del 5,3% en homicidios, 4,9% en lesiones personales y 20,7% en denuncias por violencia intrafamiliar, en comparación con el mismo lapso de 2024.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se despachó en la mañana del martes 17 de marzo contra el Gobierno chileno, después de que el presidente electo de ese país, José Antonio Kast, propusiera la creación de un corredor humanitario para sacar a migrantes de diferentes nacionalidades.

En su mensaje, el mandatario colombiano advirtió que dicha iniciativa provocaría graves consecuencias para los nacionales que residen en Chile en condiciones legales o irregulares.

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“El corredor humanitario que se propone en Chile para migrantes, tendrá a los colombianos en Chile como víctimas. Cuando se instauran los regímenes de extrema derecha serán los colombianos siempre víctimas”, señaló el presidente.

La controversia surge tras el anuncio de Kast de coordinar con otros países la creación de un corredor humanitario para facilitar el retorno de migrantes irregulares a sus lugares de origen.

El presidente electo chileno planteó que, de los cerca de dos millones de migrantes en Chile, unos 300.000 están en situación irregular. La propuesta prevé que estas personas salgan voluntariamente y, si lo desean, puedan postular más adelante para reingresar con documentación legal.

“Hemos planteado a diferentes presidentes en ejercicio que tenemos que tener coordinación para abrir un corredor humanitario de devolución de estas personas a sus respectivos países”, señaló el mandatario chileno.

En caso contrario, quienes permanezcan sin regularizar su situación enfrentarían sanciones que les impedirían volver a entrar al país en los próximos años.

“Nunca dijimos que en el primer día íbamos a poder expulsar a 300.000 personas o más, porque es evidente que no hay capacidad para hacer eso”, continuó Kast.

Petro, en su mensaje en la red social X, afirmó que estas medidas afectan especialmente a los colombianos y relacionó la política migratoria de Kast con una tendencia más amplia en gobiernos de derecha a marginar a personas extranjeras, especialmente aquellas provenientes de Colombia.

En su publicación, Petro también criticó la gestión migratoria durante el gobierno de Iván Duque en Colombia. Señaló que un censo durante esa administración “desapareció a 1,600.000 personas descendientes afro de las estadísticas” y pidió al Dane que se pronunciara al respecto. El presidente colombiano sostuvo que existe un patrón de exclusión que se repite tanto en el exterior como dentro de Colombia.

Petro añadió que ha pedido a los colombianos sin papeles residentes en Chile y Estados Unidos que regresen voluntariamente a Colombia, asegurando que en su país “las neveras se llenan de comida y crece el cuidado del Estado”, en contraste con la hostilidad que, según él, enfrentan en los países que buscan restringir la migración.

“Yo le he pedido a la Colombianidad sin papeles pero con derechos como seres humanos que regresan voluntariamente a su país donde las neveras se llenan de comida y crece el cuidado del estado. En EEUU y Chile no los quieren (sic)”, concluyó el presidente.

Durante su campaña electoral, Kast defendió una política migratoria de línea dura, con iniciativas como la construcción de muros y vallas en los límites internacionales, el despliegue de tecnología de vigilancia avanzada y un aumento en la capacidad de expulsión de extranjeros sin papeles.

El plan, denominado Escudo Fronterizo, contempla medidas como la instalación de zanjas, drones con reconocimiento facial, radares térmicos y el uso ampliado de la fuerza estatal en las fronteras.

El presidente chileno electo también ha propuesto sancionar a los empleadores y arrendadores que contraten o alquilen viviendas a personas sin estatus migratorio regular, endureciendo así el control sobre la permanencia de migrantes en el territorio chileno.

Kast ha señalado que el diálogo con líderes de la región es clave para lograr una respuesta coordinada que, según sus palabras, permita “abrir un corredor humanitario de devolución de estas personas a sus respectivos países”.

Las tensiones entre los gobiernos de Colombia y Ecuador siguen profundizándose, después de que el ministro de Defensa colombiano asegurara que ya se encuentra en camino un equipo técnico para verificar el supuesto artefacto explosivo de origen ecuatoriano que habría caído cerca de la frontera.

A través de un pronunciamiento oficial, el general (r) Pedro Arnulfo Sánchez señaló que a la zona de frontera arribarán militares y expertos antiexplosivos para iniciar con las indagaciones preliminares sobre la denuncia del presidente Gustavo Petro.

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Sin embargo, el ministro no descartó que pueda tratarse de una ‘mentira’ del Presidente, aunque el presunto artefacto será neutralizado independientemente de si se trata de un explosivo o una falsa alarma.

“Frente a las indicaciones del señor Presidente de la República de confirmar o desvirtuar la probable presencia de una bomba empleada generalmente por aviones militares, ubicada en zona fronteriza con Ecuador, hemos desplegado inmediatamente la Fuerza Pública, pero también con expertos para verificar las condiciones de este artefacto explosivo, con el fin de confirmar de dónde proviene dicho artefacto y de proceder a su destrucción”, señaló el ministro Sánchez.

Asimismo, el jefe de Cartera pidió total discreción a la población aledaña para que se mantengan alejados del artefacto, además de proporcionar líneas de atención a toda la comunidad en caso de encontrar nuevos elementos explosivos en otras zonas del departamento.

“Invitamos a la comunidad a que se alejen por lo menos 500 metros de donde se encuentra dicho artefacto explosivo. E igualmente, que llamen al 157 o al 107 cualquier elemento explosivo que lleguen a encontrar, con el único fin de proceder a su destrucción y proteger la vida de cada uno de los pobladores”, indicó el ministro.

Finalmente, Pedro Sánchez aseguró que una vez el equipo técnico pueda corroborar la veracidad de la información proporcionada por el presidente Gustavo Petro, será informado a todo el país.

“Cuando tengamos información precisa de lo que encontremos, lo comunicaremos a la opinión pública”, concluyó el jefe de cartera en su pronunciamiento oficial.

La crisis fronteriza entre Colombia y Ecuador alcanzó un nuevo nivel de tensión el martes 17 de marzo de 2026, cuando Gustavo Petro acusó públicamente a Ecuador de un presunto bombardeo que, según él, dejó “27 cuerpos calcinados”, insistiendo en la gravedad de la situación y la necesidad de una investigación internacional sobre el incidente.

Las declaraciones del presidente colombiano profundizaron la disputa iniciada tras la aparición de un presunto artefacto explosivo en la zona limítrofe y la negativa de su homólogo Daniel Noboa de que fuerzas ecuatorianas hayan violado la soberanía fronteriza.

En medio de la controversia, Petro advirtió que ni los grupos armados ilegales, que “no tienen aviones”, ni la fuerza pública colombiana, fueron responsables de las explosiones. A través de la red X, el mandatario enfatizó: “Yo no he dado esa orden”.

Durante el Consejo de Ministros celebrado la noche del lunes anterior, el presidente colombiano sostuvo contar con una grabación que daría cuenta, en sus palabras, de la procedencia ecuatoriana de los bombardeos, al tiempo que advertía sobre la necesidad de esclarecer “de qué lado de la frontera” se originó la orden.

“Han aparecido bombas, una bomba tirada desde avión. Se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador”, declaró Petro durante el encuentro, y reiteró que existe material que debería “hacerse público”.

La polémica incluyó como evidencia la presunta presencia de bombas en zonas donde operan familias dedicadas a la sustitución de cultivos de hoja de coca, respaldadas por proyectos productivos liderados por Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.

“Las bombas están en el piso cerca a familias, muchas de ellas han decidido pacíficamente reemplazar sus cultivos de hoja de coca por cultivos legales”, declaró el mandatario colombiano.

Entretanto, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, rechazó de plano esas acusaciones y sostuvo que las acciones recientes son “operativos fuertes” desarrollados “íntegramente en suelo ecuatoriano”.

Según Noboa, los bombardeos han tenido como objetivo campamentos e infraestructura guerrillera que “Petro deja andar libre y cruzar la frontera”, negando la comisión de ataques fuera del territorio de Ecuador.

Tras las explosivas declaraciones del presidente Gustavo Petro durante el Consejo de Ministro del 16 de marzo de 2026, en el que anunció la liquidación de EPS en quiebra, el mandatario nacional explicó en la mañana del martes 17 de marzo qué pasará con los pacientes de las entidades promotoras.

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado aseguró que los pacientes que resulten afectados con la medida del Ministerio de Salud serán transferidos a otras EPS que no se encuentren bajo intervención estatal.

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Además, insistió en que los pacientes serán cubiertos por el modelo de prevención implementado por el Gobierno nacional, pese a las críticas por los fallos en el sistema.

“La orden de liquidar las EPS quebradas, tal como ordena la ley, no deja a las personas desamparadas en Colombia por: 1. El sistema de prevención ya en acción cubrirá al 100% de la población. 2. Los afiliados de EPS liquidadas serán atendidos por las EPS que queden, como hasta ahora ha sido”, señaló el mandatario.

Petro instruyó a los ministros de Hacienda y Salud en la noche del lunes a proceder con la liquidación de todas las EPS insolventes, luego de que el Congreso rechazó el proyecto de reforma que contemplaba un salvavidas financiero para el sector.

Sobre la posible transferencia de más de 12 millones de pacientes de EPS como Famisanar, Coosalud, Asmet Salud y Emssanar EPS, el mandatario indicó en su cuenta de X, que las promotoras de salud que sigan en pie deberán adoptar nuevas estrategias para garantizar la atención, especialmente, tras la directriz del Gobierno nacional de redistribuir a los pacientes del país en EPS según el territorio.

“Las EPS que queden desarrollarán los sistemas preventivos territorializados, para que sean eficaces, la prevención la pagará el gobierno, el sistema que ya desarrollamos y que ya cubre un 50% de la población se trasladará a las EPS por territorios”, señaló el mandatario.

El jefe de Estado precisó que la Nueva EPS pública será la única que logrará mantenerse en pie, pese a su deuda que asciende a más de 21 billones de pesos, es decir, y será adscrita a los ministerios de Salud y Hacienda, y que el Gobierno nacional pagará la deuda que le pertenece directamente a sus acreedores a través de Adress.

En cuanto a EPS como Savia Salud y Salud Capital, podrán sobrevivir si sus propietarios públicos asumen sus propias deudas.

“La Nueva EPS pública será adscrita al ministerio de salud y hacienda y el gobierno nacional pagará la deuda que le pertenece directamente a sus acreedores a través de Adress. La EPS Savia Salud y Salud Capital sobrevivirán si sus propietarios públicos pagan sus deudas que les corresponden (sic)”, señaló Petro.

Asimismo, el presidente aseguró que el Gobierno implementará una fórmula matemática y automática para girar los recursos directamente a la red pública de hospitales desde Adress, y financiará la especialización y el desarrollo de los hospitales de alta complejidad en todo el país.

“Las EPS avanzarán en sus sistemas de referencia y contra referencia y se girarán los recursos a las redes de hospitales y clínicas directamente desde ADRESS que ha probado en este gobierno funcionar muy bien. La red pública por su ubicación en todo el país desarrollará la salud preventiva y primaria, Los hospitales públicos de atención secundaria y de alta complejidad como la red primaria y de puestos de salud será financiada por los gobiernos locales con las transferencias crecientes que logró mi gobierno aprobar en el Congreso”, escribió el mandatario.

Reforma de salud y próximos pasos legislativos

Petro anunció que el proyecto de reforma a la salud será presentado nuevamente en la próxima legislatura, cuando inicien las sesiones ordinarias el 20 de julio de 2026. También adelantó que la reforma tributaria, rechazada por el Congreso, será radicada en la misma fecha.

El presidente remarcó que, a diferencia de lo afirmado por la congresista Marlene Castillo, la población no quedará desamparada, asegurando que “Se deja desamparada la población si queda afiliada a EPS quebradas”. Añadió que la justicia debe garantizar que el derecho fundamental es que el paciente pueda elegir al médico y acceder a otro diagnóstico.

Según el anuncio, los medicamentos serán adquiridos por el Gobierno mediante subasta inversa y abierta a cualquier vendedor con suficiente capacidad financiera, y serán pagados a través de la Adres. Petro agregó que el Estado continuará produciendo e importando medicinas para garantizar el suministro.

“Mantuve las EPS esperando una salida tranquila y negociada a través de la ley, pero la realidad fue el sabotaje permanente de senadores pagados por las EPS”, concluyó el mandatario.

Un solo apostador logró llevarse el premio mayor de MiLoto en Colombia, tras acertar la combinación de cinco números y obtener 250 millones de pesos en el sorteo más reciente.

El monto total repartido entre los distintos ganadores alcanzó los 340.467.850 pesos, según la información entrega por el Operador Nacional de Juegos.

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La dinámica del sorteo número 502, realizado en la noche del lunes 16 de marzo de 2026, dejó a miles de jugadores con premios de distintas categorías, aunque solo un participante consiguió atinar la secuencia completa: 02, 03, 05, 07 y 31. Este resultado consolidó la preferencia de los colombianos por la modalidad, que ofrece premios elevados a partir de una apuesta accesible.

En el reciente sorteo de MiLoto, la combinación ganadora estuvo conformada por los cinco números mencionados. Solo una persona logró acertar todos, mientras que 13.277 jugadores obtuvieron premios menores al coincidir parcialmente con los resultados.

El juego, que mantiene un alto nivel de participación, entregó así una suma global superior a los 340 millones de pesos entre todas las categorías.

El acumulado para la próxima edición de MiLoto quedó en 120 millones de pesos, lo que anticipa una renovada expectativa entre quienes buscan convertirse en el siguiente ganador.

Los organizadores destacaron que el juego mantiene su atractivo por la posibilidad de obtener sumas considerables con una inversión baja.

Cómo funciona MiLoto y qué lo diferencia de otros sorteos

MiLoto es un sorteo administrado por Baloto que nació como una alternativa más económica frente al formato clásico. Permite a los participantes seleccionar cinco números del 1 al 39, ya sea de manera manual o a través de la opción automática de “azar”. El costo de la apuesta ronda los 4.000 pesos, lo que facilita la participación de un amplio público.

Los sorteos de MiLoto tienen lugar cuatro veces por semana, los lunes, martes, jueves y viernes en la noche, y los boletos pueden adquirirse tanto en puntos físicos autorizados como en plataformas digitales.

Los premios menores se reclaman en los mismos puntos de venta, mientras que los ganadores de las categorías principales deben presentar el tiquete original junto con su documento de identidad en las sedes designadas.

Con cada nueva edición, el acumulado del premio mayor crece hasta que alguien acierta los cinco números, lo que ha convertido al juego en una opción recurrente para quienes buscan un golpe de suerte sin realizar una inversión elevada.

El ganador en envigado no recibirá todo el premió: esta es la razón

Aunque de primerazo el sorteo anunció el premio de 250 millones de pesos para el apostador en Envigado, lo cierto es que quienes obtienen acumulados de este tipo deben cumplir con obligaciones tributarias específicas antes de recibir el monto total anunciado.

De acuerdo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), el monto obtenido en sorteos, rifas o loterías se clasifica como ganancia ocasional.

Este concepto se refiere a ingresos extraordinarios que no constituyen la actividad habitual de una persona, como herencias, donaciones o premios. Para el caso de sorteos como MiLoto, la legislación vigente establece que sobre el valor bruto del premio se aplica una tarifa del 20% por concepto de impuesto a las ganancias ocasionales.

Esto significa que, si un apostador obtiene 250 millones de pesos, la Dian retiene automáticamente 50 millones de pesos correspondientes al impuesto, de modo que el ganador recibe un valor neto de 200 millones de pesos.

Esta deducción se realiza antes de la entrega del dinero y la entidad organizadora del sorteo es la responsable de reportar y transferir el impuesto a la autoridad tributaria.

Adicionalmente, al momento de consignar el premio en una cuenta bancaria, se aplica el denominado impuesto del 4 x 1.000. Este tributo, oficialmente llamado Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), consiste en una deducción de cuatro pesos por cada mil que se depositan o transfieren.

Por ejemplo, sobre los 200 millones de pesos netos, se descuentan 800.000 pesos adicionales por concepto de GMF. Esta retención se aplica a todas las transferencias o consignaciones, independientemente del origen de los fondos, lo que reduce aún más el monto final que percibe el ganador.

El anuncio del presidente Gustavo Petro durante el Consejo de Ministros del 16 de marzo generó un gran revuelo. En la sesión, ordenó a los ministros de Hacienda, Germán Ávila, y de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, proceder con la liquidación inmediata de las EPS que han sido declaradas en quiebra.

Sin embargo, el mandatario nacional no entregó detalles de cuáles serían las promotoras que entrarían en etapa de liquidación, lo que generó una fuerte incertidumbre para unos 23 millones de pacientes que se mantienen afiliados a ocho EPS actualmente intervenidas.

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“Entonces -ministro de Hacienda y ministro de Salud- todas las EPS que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera; ya no tenemos alternativas. El Congreso no aprobó la reforma (a la salud), ya no queda sino este último trato”, comentó el mandatario en la noche del lunes.

En ese orden de ideas, la decisión deja sobre la mesa la posibilidad de que EPS de gran cobertura nacional como Famisanar o Coosalud, que suman más de seis millones de usuarios, puedan decir adiós al sistema de salud.

Además, se suma la incertidumbre de usuarios afiliados a Asmet Salud (1,8 millones de usuarios), Emssanar (1,7 millones de afiliados), Savia Salud (1,6 millones de afiliados), Servicio Occidental de Salud (750.000 afiliados) y Capresoca (170.000 afiliados)

Entre las promotoras con mayor riesgo se encontraría la Nueva EPS que, además de sumar unos 11 millones de usuarios, ya acumula una deuda superior a los 21 billones de pesos entre 2022 y 2025.

Sin embargo, el presidente aseguró que al ser propiedad del Estado en un 50%, tendría que responsabilizarse de la deuda al menos 10 billones de pesos con recursos públicos.

“El Jefe del Estado debe recibir el pago que el Estado Nacional debe por ser propietario de la mitad de la Nueva EPS desde su fundación; es propietario de la mitad de la empresa y, por tanto, de la deuda”, comentó Petro.

Por su parte, la EPS Famisanar se ha mantenido intervenida desde 2023 y, apenas en septiembre de 2025, el presidente Gustavo Petro autorizó la prórroga de la toma forzosa por parte de la Superintendencia de Salud hasta 2026.

Hasta finales de 2025, la EPS con unos 2,9 millones de afiliados acumulaba deudas por 2,3 billones de pesos, además del crecimiento de un 40% en el número de quejas solo en el régimen contributivo.

Asimismo, el informe del Observatorio Así Vamos en Salud de 2025 señaló que Famisanar fue la aseguradora con mayor deterioro patrimonial en el periodo analizado, pasando de un patrimonio negativo de 1,1 billones de pesos en 2023 a 1,5 billones en 2024, y profundizándose hasta los 2,3 billones en el primer trimestre de 2025.

Además, la revisión de cuentas mostró que las EPS bajo intervención estatal, como Savia Salud, Asmet Salud, Capresoca, Coosalud, Emssanar, EPS S.O.S y la propia Famisanar, presentan un deterioro progresivo en sus balances. Entre el primer trimestre de 2022 y el mismo periodo de 2025, el patrimonio negativo conjunto pasó de 1,3 billones a 10 billones de pesos, lo que supuso un incremento del 74,5% respecto al año anterior.

Por su parte, el deterioro financiero y el aumento de reclamos en Coosalud EPS encendieron las alarmas de la Procuraduría, que inició una investigación disciplinaria sobre la gestión de sus interventores más recientes en marzo de 2026.

La entidad de control detectó que la intervención forzosa no solo no resolvió los problemas de acceso a servicios de salud, sino que estos se agravaron.

En 2025, Coosalud EPS acumuló 107.252 peticiones, quejas y reclamos (PQR), un incremento del 32 % frente al año anterior. Ese mismo año, las tutelas interpuestas por usuarios llegaron a 20.216, creciendo un 21 % respecto a 2024. Este aumento, según la Procuraduría, es un claro reflejo de las mayores barreras que enfrentan los afiliados para acceder a diagnósticos, tratamientos y medicamentos.

La Procuraduría evidenció que, pese a la intervención administrativa, los rezagos en la atención siguieron multiplicándose. El organismo señaló que la cantidad de incidentes de desacato por incumplimiento de fallos judiciales también subió: de 3.456 en 2024 a 3.943 en 2025, un alza del 14 %.

Asimismo, Asmet Salud EPS mantiene una intervención forzosa administrativa hasta mayo de 2026, una medida que mantiene bajo estricta vigilancia a una entidad que cubre a más de 1,5 millones de afiliados en nueve departamentos y en Bogotá.

En el momento de la intervención original, el número de usuarios superaba los dos millones, pero hoy la cifra se sitúa en 1.566.099, con predominio del régimen subsidiado.

La operación de Asmet Salud EPS se concentra en zonas rurales y apartadas de departamentos como Caquetá, Cauca, Cesar, Huila, Nariño, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca, además de Bogotá.

En muchas de estas áreas, la entidad es el único asegurador disponible, lo que la convierte en el pilar que sostiene el acceso a la salud para comunidades vulnerables y de difícil acceso.

Las llamas arrasaron una vivienda en el barrio San Jorge del municipio de Yumbo, en el Valle del Cauca, y el siniestro dejó como saldo la muerte de Pilar González, quien habría provocado el fuego tras publicar un video de despedida.

El incendio, que ocurrió en la noche del domingo 15 de marzo, no solo destruyó por completo la casa de la víctima, sino que causó daños significativos en otras dos propiedades del sector.

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La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yumbo, que logró controlar la situación tras varios minutos de pánico entre los vecinos.

Según la información preliminar proporcionada por las autoridades, el fuego se originó en el interior de la vivienda donde se encontraba sola la mujer. El comandante del Cuerpo de Bomberos, capitán Alberto Valencia, detalló que una de las viviendas afectadas resultó con daños cercanos al 70%, mientras que la otra presentó afectaciones en el techo, próximas al 20 %.

“El inmueble fue consumido en su totalidad y en su interior se encontró el cuerpo calcinado de una mujer. Además, dos viviendas aledañas resultaron afectadas, una con daños cercanos al 70% y otra con afectaciones del 20%, principalmente en el techo”, explicó el capitán.

El video de despedida y la hipótesis de suicidio

Momentos antes de la tragedia, la mujer divulgó un video en sus estados de WhatsApp donde expresaba frases de despedida y manifestaba su intención de prender fuego a la casa.

En el material audiovisual, González se encontraba dentro de la vivienda, acompañada de frases como: “Quiero quemar esta casa, no quiero saber nada de nadie. No valgo nada para nadie”.

Mientras la mujer grababa el video, se escuchaban gritos provenientes de los vecinos que le pedían abandonar el lugar. Ella reiteró su negativa a salir con vida y se despidió con palabras contundentes: “No quiero vivir más. Adiós para todos. Hasta luego y muchas gracias”.

Este testimonio audiovisual, que ahora circula ampliamente en redes sociales, constituye una de las principales pistas para esclarecer el origen del incendio. Las autoridades han confirmado que el video forma parte de la investigación en curso.

“Hola para todos. Muchas gracias por todo. Hasta nunca. Adiós. Esta gran puta casa. No quiero vivir un minuto más. Adiós para todos. Yo misma incendié mi casa. Quiero quemar esta hijueputa casa. No quiero saber de nada de nadie. No, no valgo nada pa’ nadie”, señaló la mujer minutos antes.

El hecho conmocionó a los habitantes del San Jorge, quienes compartieron mensajes de tristeza e indignación frente a la situación. Frases como “pobre mujer” y llamados a la empatía, como “siempre sé amable con las personas, no sabemos qué batallas están luchando”, se multiplicaron en las plataformas digitales.

“Pobre señora pero igual en su momento de locura afecto a sus vecinos afortunadamente sin mas vidas perdidas que lamentar pero afectados igual”, “Esas son las personas que valen la pena , las que dicen que se van a matar y lo hacen, no como esos otros hijueputas que viven amenazando y nunca son capaces de hacer nada. Bien por los huevos de la Señora”, y “si necesita ayuda hable con alguien cercano, llame a la líneas de emergencia”, fueron algunos de los mensajes de los internautas.

Al respecto, las autoridades reiteraron la importancia de buscar orientación en casos de crisis emocional. Recomendaron comunicarse a la línea de atención de salud mental 106, que ofrece apoyo profesional las 24 horas, todos los días de la semana.

Por el momento, la investigación sigue en marcha para esclarecer completamente las circunstancias detrás de la tragedia. El video de despedida y los testimonios de la comunidad serán piezas clave en este proceso.

Duro revés para el frente 18 de las disidencias de las Farc, después de que las autoridades confirmaran la captura de alias Román Trescodos, que se había convertido en el principal cabecilla de esa estructura tras la muerte de su antecesor, alias Ramiro, en el norte de Antioquia.

En la acción también fueron detenidos otros miembros relevantes, entre ellos alias Manteco y una mujer identificada como “Liney”, quienes desempeñaban roles clave en la organización.

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La operación, liderada por tropas del Batallón de Infantería Nº 10 y el CTI de la Fiscalía, permitió recuperar a dos menores de edad y decomisar un considerable arsenal: cuatro fusiles, cinco pistolas, 26 proveedores, más de 2.000 cartuchos, así como radios, celulares y explosivos.

Las autoridades detallaron que el material incautado estaba destinado a acciones armadas contra civiles y la fuerza pública en el departamento de Antioquia.

Según informó el Ejército, alias Román Trescodos sumaba más de 15 años en actividades criminales. La institución lo señala como responsable de desplazamientos forzados, secuestros, extorsiones y atentados, entre ellos el ataque con explosivos que ocasionó la muerte de tres uniformados en Ituango en abril de 2022.

Esta captura responde a la estrategia de debilitar el aparato logístico y militar de la estructura Residual 18, vinculada a la disidencia bajo el mando de ‘Iván Mordisco’.

Roles e implicaciones de los capturados

Dentro del grupo de detenidos destaca alias Manteco, por quien las autoridades ofrecían hasta 300 millones de pesos de recompensa. Fuentes oficiales señalaron que este individuo habría sido enviado con cerca de 800 millones de pesos desde el departamento del Cauca, con el objetivo de fortalecer la estructura en Antioquia. Su historial incluye la coordinación de entrenamientos y la dirección de ataques armados, además del uso de redes sociales para atraer jóvenes al grupo.

Por su parte, alias Liney desempeñaba funciones de enfermería para la organización, brindando atención médica a los integrantes y siendo considerada la persona de confianza del cabecilla anterior, alias Ramiro, quien murió en un bombardeo reciente en Ituango.

Las autoridades indicaron que el material de guerra incautado, sumado a la captura de estos miembros clave, representa un golpe significativo para la logística y capacidad operativa del grupo. Todo el armamento y equipos recuperados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para los respectivos procesos judiciales.

Las fuerzas militares sostienen que esta acción se suma a una serie de operativos efectuados en días recientes, que han permitido reducir la incidencia y el poder de la Residual Estructura 18 en el norte de Antioquia. Según el Ejército, la ofensiva continuará hasta neutralizar las amenazas que persisten en la zona y garantizar la seguridad de la población civil.

El ministro de Defensa Pedro Sánchez anunció el 10 de marzo la muerte de alias Ramiro, líder del frente 18 de las disidencias del Estado Mayor Central de “Iván Mordisco”, durante una ofensiva militar en Ituango, Antioquia.

El operativo, autorizado por el presidente Gustavo Petro, buscaba debilitar el control del grupo armado sobre actividades como el narcotráfico, la minería ilegal y el reclutamiento de menores, con el objetivo de avanzar en la pacificación de territorios históricamente afectados por la violencia.

Las operaciones de las Fuerzas Militares y la Fuerza Aérea en la zona rural de Ituango se saldaron con siete muertos y una mujer herida, según el balance preliminar presentado por Sánchez en una publicación en su cuenta de X. Entre los fallecidos figuraba “Ramiro”, considerado una ficha clave en la estructura criminal que, de acuerdo con la misma fuente, llevaba más de 20 años vinculado a grupos armados ilegales. Participó inicialmente en el proceso de paz de 2016, pero se apartó de la negociación un año después para integrarse a las disidencias.

El operativo incluyó un asalto aéreo y la interdicción sobre el campamento donde se ocultaba Ramiro, quien se encontraba junto a su círculo de protección y su hermana.

Las fuerzas estatales grabaron varias fases de la operación, entre ellas el sobrevuelo previo del helicóptero del Ejército Nacional, el registro del “cambuche” donde dormía el cabecilla abatido y el traslado de la disidente herida, cuyo estado de salud es, hasta el momento, desconocido.

Luego del reciente informe del Panel de Precios de la Canasta Familiar, elaborado por la firma Emporia Consultores y Asociados, que determinó una reducción de los precios de los alimentos de consumo básico, el presidente Gustavo Petro salió a celebrar la nueva medición

A través de su cuenta de X, el mandatario aseguro que la caída de los precios respondería a la política del Gobierno nacional para fortalecer el campesinado y la producción agrícola.

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Incluso, Petro aseguró que la reformas que han logrado ser aprobadas durante su mandato habrían fortalecido el empleo en zona rural, lo que estaría favoreciendo el precio de la canasta familiar. “Si se abaratará la canasta familiar como está sucediendo, es porque hay más alimentos en la nevera de las familias de Colombia. Más producción agraria y más empleo en el campo, más riqueza nacional (sic)”, señaló el mandatario.

El más reciente informe del Panel de Precios de la Canasta Familiar reportó que entre febrero de 2025 y febrero de 2026 el costo promedio de la canasta básica cayó 1,8 %. El valor promedio pasó de $151.188 a $148.567, según el estudio que monitorea 23 productos esenciales en siete ciudades principales del país.

“La caída de precios de varios alimentos trae como consecuencia grandes poblaciones que salen de la pobreza y la elevación del nivel de vida de todos los colombianos y colombianas”, escribió el presidente en su cuenta de X.

El informe identificó que productos como el detergente en polvo (-12 %), el arroz (-2,9 %) y la papa pastusa (-3,1 %) contribuyeron a la baja del costo promedio.

Variaciones regionales y comportamiento desigual de los precios

Los datos del Panel de Precios muestran diferencias notables entre ciudades. Bogotá registró el mayor valor de la canasta con $152.479, mientras que Villavicencio se posicionó como la ciudad más económica con $145.679. También destacan Barranquilla ($146.090), Cali ($146.393) y Medellín ($147.771), evidenciando un comportamiento territorial heterogéneo.

El informe señala que, a pesar del descenso en algunos productos, ciertos alimentos frescos continúan encareciendo el gasto de los hogares. Se reportaron aumentos en la pechuga de pollo, la cebolla cabezona, el plátano verde y el tomate chonto, resaltando la volatilidad de precios de los productos agrícolas y la influencia de factores climáticos y logísticos.

Petro atribuyó la tendencia a la baja en los precios a la política de estímulo a la producción y a las reformas agrarias. “Vamos bien gracias a nuestra política de estimular la producción y hacer la reformas agraria”, indicó el presidente. El mandatario agregó que la caída del precio de los alimentos puede contribuir a una reducción sostenida de la inflación nacional.

“Con la caída del precio de los alimentos la inflación tenderá a bajar mucho más”, concluyó el jefe de Estado en su cuenta de X.

El Panel de Precios de Emporia, avalado por la Resolución del Consejo Nacional Electoral No. 05332 de 2024, realiza un monitoreo semanal en cadenas como Grupo Éxito, Jumbo, Tiendas Ara y D1, consolidando la información mensualmente para identificar tendencias y diferencias regionales en el costo de la canasta familiar.

Entretanto, el estudio concluye que, aunque hay una leve reducción anual, la estructura de precios sigue siendo desigual y los alimentos frescos mantienen un peso importante en el gasto de los hogares colombianos.

Ciudades ordenadas por el valor de la canasta familiar (de la más cara a la más barata):

1. Bogotá: $152.479
2. Bucaramanga: $151.984
3. Pasto: $149.578
4. Medellín: $147.771
5. Cali: $146.393
6. Barranquilla: $146.090
7. Villavicencio: $145.679

Productos que bajaron de precio

• Detergente en polvo: -12 %
• Queso campesino: -5,8 %
• Papa pastusa: -3,1 %
• Arroz: -2,9 %

Productos que subieron de precio

• Pechuga de pollo
• Cebolla cabezona
• Plátano verde
• Tomate chonto

Las cifras históricas de homicidio en Medellín se volvieron en un nuevo punto de discusión entre el alcalde Federico Gutiérrez y el presidente Gustavo Petro, después de que el mandatario distrital acusara al Gobierno nacional de desatar un “sicariato moral” en su contra.

Y es que el alcalde de Medellín aseguró en entrevista con La FM que, mientras el presidente ha optado por atacar a la ciudad y el departamento, su administración logró una reducción en el índice de homicidios, que alcanzó la cifra más baja en 40 años.

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“Pues nosotros no tenemos duda de que los ataques van a seguir y además conmigo no es que hayan parado. Conmigo siguieron todo el tiempo y nosotros aguantamos y yo me dediqué fue a gobernar Darc. Pero mire, mientras el gobierno se dedica al odio, yo aquí le presento a la ciudad que tenemos las tasas de homicidio más bajas de los últimos cuarenta años. Tuvimos el mes de febrero como el mes con menos homicidio, el mes menos violento de los últimos cincuenta años”, comentó el alcalde de Medellín.

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro le salió al paso a las declaraciones de Gutiérrez y, en su cuenta de X, aseguró que la histórica disminución estaría directamente relacionada con su política de paz total.

“La ciudad de Medellín tiene un exito en la reducción de la tasa de homicidios en los últimos meses gracias a la política de paz total del gobierno nacional al lograr el diálogo y la desmovilización de bandas en las comunas populares”, señaló el mandatario.

Asimismo, el mandatario también se refirió al panorama en el departamento de Antioquia que, según Petro, se distancia abismalmente de los indicadores de Medellín.

Incluso, el mandatario aseguró que municipios como San Andrés cuentan con las cifras de homicidio más altas del mundo, al parecer, por cuenta de las acciones del Ejército Nacional y la Policía para erradicar las economías ilícitas.

“Sin embargo hay zonas de Antioquia como el municipio de San Andrés que tiene un tasa de homicidios de las más altas del mundo.La política de incremento en la incautación de cocaína tiene como consecuencia que se desaten más las luchas entre narcotraficantes tratando de controlar más cultivos de hoja de coca y minería ilegal del oro (sic)”, concluyó el presidente.

El alcalde Federico Gutiérrez denuncia abandono de Antioquia por el Gobierno nacional

La jornada de este lunes estuvo marcada en Medellín por la llegada de más de 800 indígenas al centro administrativo La Alpujarra, provenientes en su mayoría de la subregión de Urabá, lo que derivó en el bloqueo de accesos principales y la paralización del funcionamiento de instituciones clave como la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.

El alcalde Federico Gutiérrez denunció ante La FM una sistemática exclusión de Antioquia por parte del Gobierno nacional, en medio de una coyuntura política y de seguridad que, según el mandatario, se ha visto acompañada de ataques recurrentes a la región y su población.

Más de 500 manifestantes participaron directamente en las acciones que afectaron el normal funcionamiento de la administración este lunes, lo que obligó a los funcionarios a posponer o replantear su asistencia presencial. El despliegue, que requirió el traslado de cientos de personas con mercados y equipos, implicó un importante esfuerzo logístico según las autoridades.

Gutiérrez sostuvo en diálogo con La FM que estas manifestaciones y bloqueos adquieren un cariz político debido al contexto nacional: “Llevamos casi cuatro años resistiendo expresiones contra el pueblo antioqueño”. Añadió que con el inicio de la campaña electoral, “aunque yo no puedo participar en política, duele que personas que deberían mantener un lenguaje acorde a la situación del país se dediquen a ofender”.

El mandatario fue enfático al expresar su percepción de abandono institucional: “Es como si nos hubieran querido borrar del mapa desde el gobierno nacional”, afirmó en diálogo con La FM. Para Gutiérrez, esta situación coincide con decisiones políticas recientes y una presunta desatención de los problemas estructurales del departamento.

Durante la entrevista, resaltó que su figura ha sido blanco de críticas reiteradas, aclarando: “Se han dedicado a realizar campañas de desprestigio”.

A la Corte Suprema de Justicia habrían llegado nuevas pruebas contra el representante a la Cámara David Racero, recientemente elegido como senador por el Pacto Histórico para el periodo 2026-2030, que lo señalan por supuestas irregularidades en el manejo de recursos públicos y posibles declaraciones falsas en procesos judiciales.

Documentos y mensajes aportarían indicios de que personal de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) habría realizado tareas fuera de sus funciones legales para beneficio privado y familiar del congresista, además de existir comunicaciones que pondrían en entredicho testimonios previos.

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Según una carta que llegó al despacho del magistrado César Augusto Reyes y revelada en la mañana del lunes 16 de marzo por El Reporte Coronell, una persona allegada al político solicitó una manifestación voluntaria para contar su versión de los hechos ante el alto tribunal.

En su comunicación, el declarante habría asegurado tener un conjunto de comunicaciones de WhatsApp, notas de voz y testimonios, incluidos 17 mensajes entre Racero y John Leonardo García, miembro de su UTL.

“Señor Magistrado CÉSAR AUGUSTO REYES. Sala Especial de Instrucción. Corte Suprema de Justicia. Investigado: David Ricardo Racero Mayorca David Ricar. Asunto: Manifestación Voluntaria”, se lee en el documento revelado por El Reporte Coronell.

Según los documentos que ya reposan en la Corte Suprema, García no solo habría fungido como conductor habitual del congresista y de su familia, sino que habría trabajado en el supermercado Fruver, propiedad del entorno familiar de Racero, mientras recibía su salario con fondos públicos.

Según el documento revelado por El Reporte Coronell, los intercambios mostrarían instrucciones directas sobre la administración del negocio y tareas relacionadas con la entrega de víveres al domicilio de Racero.

Las pruebas presentadas también incluirían evidencias de pagos de supuestas obligaciones privadas con dineros públicos. Entre ellas se señala que asesores legislativos habrían adquirido productos en comercios y coordinaron su entrega a la vivienda del senador electo.

Además, se documentaron presuntos pagos de tarjetas de crédito, cuentas domésticas y transferencias de dinero a miembros de la familia de Racero, incluidos su padre y otros allegados.

Entretanto, Racero compareció ante la Corte Suprema de Justicia la semana posterior a su elección como senador. El proceso, liderado por el magistrado César Augusto Reyes, evalúa actualmente la gravedad de las evidencias, las cuales podrían derivar en una acusación formal por concusión —exigencia o cobro indebido de dineros públicos por parte de un servidor.

Estado de las investigaciones judiciales contra David Racero

En el ámbito judicial, hay procesos paralelos en marcha. Por un lado, la Corte Suprema de Justicia estudia el caso penal por posible delito de concusión. Por otro lado, en el Consejo de Estado, Racero enfrenta una acción por “pérdida de investidura”, distinta de los procedimientos penales.

El 11 de febrero de 2026, el Consejo de Estado desestimó en primera instancia la solicitud de pérdida de investidura. No obstante, los demandantes apelaron al sostener que no se acreditó —más allá de toda duda— el uso indebido de recursos públicos, y solicitaron la comparecencia de la persona que entregó las pruebas ante la Corte Suprema y un cotejo entre las voces de Racero y John Leonardo García con las grabaciones aportadas.

La disputa jurídica se concentra en la autenticidad de los mensajes y audios. Los abogados defensores y demandantes insisten en que los nuevos elementos refuerzan las sospechas sobre el uso ilícito de la UTL y de pagos irregulares con dinero público.

Las investigaciones avanzan tanto en determinar la comisión de faltas penales como en evaluar si existen méritos para la pérdida de investidura del senador electo.

Paralelamente a la apelación, los abogados accionantes interpusieron denuncias adicionales —esta vez por presunto falso testimonio— contra John Leonardo García. Se argumenta que tanto él como Racero habrían mentido bajo juramento sobre la relación laboral y las actividades desempeñadas en los negocios familiares.

La Junta Directiva de Ecopetrol habría enviado un extenso cuestionario a la Fiscalía General de la Nación sobre el estado judicial de Ricardo Roa, presidente de la principal petrolera estatal de Colombia.

El envío del documento se habría dado previo a la nueva imputación prevista para el 8 de abril e incluye dudas sobre el impacto de los procesos penales en la gobernanza de la empresa, según información conocida por El Tiempo.

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La junta directiva solicitó a la Fiscalía claridad sobre las investigaciones que involucran a Ricardo Roa y los riesgos que estas podrían representar para la estabilidad y reputación de Ecopetrol.

Entre los puntos tratados en el cuestionario, destacarían la petición de detalles sobre los delitos imputados, posibles restricciones legales que puedan afectar la operación internacional de la compañía y los eventuales riesgos para sus inversiones y contratos con filiales, según informaron fuentes de la Fiscalía al diario nacional.

Entre las preguntas formuladas se encontraría el número de procesos abiertos contra el directivo, los tipos de delitos ya imputados o pendientes de imputación, el estado procesal de cada caso y si Roa figura como indagado, imputado o acusado.

Sin embargo, fuentes del ente acusador indicaron a El Tiempo que parte de la información solicitada por la junta directiva no será respondida debido a la confidencialidad de las investigaciones.

“Parte de esta información goza de reserva”, señalaron desde la Fiscalía, entre otras, porque la junta también habría pedido conocer si hay riesgo de medidas de aseguramiento, embargos, restricciones para viajar fuera del país o cualquier situación que pueda limitar la gestión de Roa como presidente de la empresa.

Investigación penal contra Ricardo Roa y proceso de imputación

La imputación por tráfico de influencias se relaciona con el presunto direccionamiento de contratos en Ecopetrol y la compra del apartamento 901, realizada cuatro meses antes de que Roa asumiera la presidencia de la estatal. Este inmueble pertenecía a una empresa vinculada al inversionista Serafino Iacono.

El expolicía Juan Guillermo Mancera habría actudo como intermediario y habría pagado el inmueble a través de otra de sus compañías. Además, se investiga la relación entre empresas ligadas a Mancera y procesos de contratación en filiales como Hocol.

La Fiscalía ha programado para el 8 de abril una nueva imputación contra Roa por violación de límites de gasto electoral durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, cuando Roa ejerció como gerente.

Las inquietudes de la junta directiva incluyen posibles efectos sobre filiales clave como Hocol y proyectos como Sinú-9. El cuestionario enviado a la Fiscalía buscaría precisar si existen investigaciones sobre contratos específicos del Grupo Ecopetrol y su relación con compañías vinculadas a Mancera y Iacono.

La junta plantea la necesidad de evaluar si Roa debería tener restricciones en el acceso a la información corporativa, si es preciso resguardar documentación interna y si se requieren medidas para evitar la posible destrucción de pruebas.

Además, existe preocupación por eventuales sanciones internacionales —especialmente en Estados Unidos— para los integrantes de la junta en caso de omitir los deberes de vigilancia sobre la gestión de Roa.

Respuesta de Ricardo Roa e impacto entre inversionistas

La defensa de Ricardo Roa, encabezada por el penalista Juan David León, insiste públicamente en que demostrará la legalidad de las actuaciones del presidente de Ecopetrol y rechaza cualquier irregularidad.

Tras la última imputación, Roa anunció en una sesión extraordinaria de la junta que buscará responsabilidades penales contra Luis Enrique Rojas, expresidente de Hocol y denunciante de presiones para favorecer a empresas ligadas a Mancera.

Tanto Mancera como Iacono han rechazado los señalamientos y defendido la transparencia de sus actividades empresariales. Roa ha reiterado que no interfirió en los contratos de Ecopetrol ni de sus filiales y que la adquisición del apartamiento 901 se realizó de manera regular.

La imposición del impuesto al patrimonio a universidades privadas en Colombia sigue generando inconformidades y ahora disputas legales que quedarán en manos de la Corte Constitucional.

La Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) presentó desde el viernes 13 de marzo una demanda para que se declare inconstitucional el Decreto Legislativo 0173 de 2026 emitido por el Ministerio de Hacienda, al advertir que este impuesto puede poner en riesgo los recursos destinados a la educación superior y afectar a los estudiantes.

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Según la demanda, las universidades privadas alegan ante la Corte Constitucional que esta carga fiscal afecta su sostenibilidad financiera y obliga a redirigir fondos educativos al pago de impuestos.

Según Ascún, la medida podría incrementar los costos de las matrículas, reducir la oferta de becas y dificultar el acceso a la educación superior para más de 1,2 millones de estudiantes.

El recurso interpuesto por Ascún detalla que el decreto, expedido el 24 de febrero de 2026, impone el impuesto a todas aquellas instituciones privadas cuyo patrimonio líquido supere los 10.474 millones de pesos.

En su intervención ciudadana, citada por el mencionado medio, Ascún advirtió que destinar estos recursos al pago tributario “constituye una interferencia directa en su autonomía financiera”, pues la mayor parte del patrimonio se invierte en infraestructura y servicios educativos.

En sus argumentos jurídicos, Ascún afirmó que el Decreto Legislativo 0173 vulnera principios constitucionales como la equidad tributaria y la capacidad contributiva. La organización señaló que el Gobierno no justificó adecuadamente por qué incluyó a las universidades privadas entre los obligados al pago del impuesto al patrimonio.

Ascún insistió en que estas instituciones, por ser entidades sin ánimo de lucro, destinan sus recursos a la misión educativa y científica, no a la acumulación de riqueza.

Entre las pretenciones de la asociación solicitaron al alto tribunal que dicte medida de suspensión provisional del impuesto mientras la Corte evalúa su constitucionalidad.

Afectaciones económicas a las universidades privadas

El impacto financiero calculado por Ascún alcanza los 135.000 millones de pesos para el grupo de aproximadamente 80 universidades privadas obligadas al pago.

Este sector concentra a más de 1,2 millones de estudiantes, y la aplicación del tributo podría agravar su situación financiera actual, ya presionada por la disminución en matrículas y el aumento del salario mínimo, según explicó el vicepresidente de Ascún y rector de Uniminuto, padre Harold Castilla, a El Tiempo.

“Nosotros tenemos un promedio de dos mil millones de pesos que tenemos que pagar ahora en la primera cuota, el primero de abril, y la otra en mayo. El impacto del salario mínimo, del 23 por ciento; la caída de la matrícula, y ahora este impuesto. Vamos a tener que hacer un esfuerzo grande”, señaló Castilla al diario nacional.

Aunque el monto a recaudar representa solo una fracción del patrimonio total del sector educativo privado, que Ascún estima en 27 billones de pesos, su desembolso reduciría los fondos dirigidos a becas y cupos educativos.

El exrector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, destacó en declaraciones recogidas por El Tiempo que gravar a las universidades privadas podría afectar los recursos destinados a investigación y funcionamiento académico.

“Esto es una barbaridad. Las universidades privadas en Colombia por ley son sin ánimo de lucro. Cobrarles impuesto de patrimonio afectará a sus estudiantes”, comentó el académico al diario nacional.

Posible incremento de matrículas y efectos sobre los estudiantes

La nueva carga tributaria ha generado preocupación acerca de un posible traslado del impuesto al costo de las matrículas. El vicepresidente de Ascún advirtió que, debido a la tensión financiera que atraviesan las universidades, existe el riesgo de que se incrementen los valores que deben pagar los estudiantes.

Ascún alertó que destinar recursos al pago del impuesto disminuiría la oferta de cupos y limitaría la concesión de becas para quienes más lo necesitan. Las instituciones privadas temen que estos ajustes mermen la calidad y la accesibilidad de la educación superior que ofrecen.

“Puede ser que algunas —no estoy hablando de todas— sientan la tentación de decir: vamos a tener que subir la matrícula”, comentó Harold Castilla a El Tiempo.

Entretanto, el Decreto 0173 no exige el pago del impuesto al patrimonio a las universidades públicas, ya que estas no son contribuyentes del impuesto sobre la renta, por ser entidades estatales.

En su intervención, Ascún planteó que, de no prosperar la inconstitucionalidad total, se excluya del impuesto a las universidades privadas clasificadas como entidades sin ánimo de lucro bajo el régimen tributario especial.

El inicio del proceso judicial contra Wadith Manzur y varios congresistas de la República ha revelado un presunto esquema de presión política y pactos ilícitos relacionados con contratos financiados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Chats, testimonios y documentos institucionales constituyen el núcleo de las pruebas, suscitando un amplio debate político a pocas semanas de la nueva legislatura.

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Wadith Manzur y varios legisladores enfrentarán juicio tras ser señalados de condicionar su voto en algunos debates del Congreso de la República a cambio de contratos gestionados a través de la Ungrd. Entre las pruebas figuran mensajes directos, declaraciones de testigos y registros de reuniones, que mostrarían cómo operaba la red de influencias y el nivel de implicación de los funcionarios.

Según la acusación que hoy tiene la Corte Suprema en contra de Manzur y otros legisladores, el modus operandi incluía mensajes reiterados, presión sostenida antes de sesiones clave y el uso de la aplicación de mensajería cifrada Signal para negociar contratos.

Manzur habría enviado mensajes a María Alejandra Benavides, la entonces asesora del Ministerio de Hacienda, solicitando reuniones urgentes y advirtiendo de consecuencias si no se cumplían los acuerdos propuestos.

“De verdad, si no, no va a funcionar nada Mariale. Solo te dejo la constancia por acá (...). Te lo tengo que decir porque el miércoles hay sesión y cuando las cosas no salgan no digan después que uno es problemático (...)”, señala uno de los chats del congresista Manzur a Benavides, según la acusación de la corte obtenida por El Tiempo.

Benavides declaró que otros congresistas, como Liliana Bitar, recurrieron a tácticas similares para obtener respuestas rápidas sobre proyectos de interés.

“Mariale, porfa déjame hablar con el ministro. De verdad estoy muy inconforme. Estoy pendiente Mariale”, quedó consignado en otra comunicación de Manzur a la exasesora del Ministerio de Hacienda.

El 17 de octubre de 2023, el congresista conservador volvió insistir en conversar con Ricardo Bonilla, por entonces ministro de Hacienda, dirigiéndose a él en momentos distintos durante una sesión parlamentaria.

Las grabaciones oficiales documentan cómo Manzur buscó diálogo privado con el ministro, manifestando su inconformidad ante la ausencia de resultados. El 31 de octubre, tuvo lugar una reunión decisiva a la que asistieron Bitar, Manzur y Julián Peinado Ramírez, junto al ministro Bonilla.

“Manzur indagó por la fecha de regreso del ministro y subraya la necesidad de hablar con él ‘antes de que haya ponencia’, en alusión al trámite presupuestal de esos días del proyecto de ley de presupuesto general. Sin embargo, de manera inmediata enlaza esa urgencia con la inminencia de la sesión del miércoles, al señalar: ‘yo necesito hablar con él’; ‘si no, no va a funcionar nada’; y al dejar constancia preventiva: ‘cuando las cosas no salgan no digan después que uno es problemático’; ‘es más feo que yo no te diga nada y que solo te notifique en la sesión’”, señala la acusación de la Corte Suprema.

De acuerdo con la testigo, en ese encuentro se otorgó una autorización explícita para gestionar y entregar proyectos ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, estableciéndose el reparto de quince cupos entre los implicados.

Asimismo, la Corte Suprema resaltó dos aspectos esenciales: la opacidad de las comunicaciones, debido al uso de aplicaciones cifradas y sobres sellados, y la falta de memoria de los funcionarios interrogados sobre detalles de las interacciones. Para el alto tribunal, estos factores reflejan una relación de mutuo beneficio entre ciertos miembros del Legislativo y el Ejecutivo.

Involucrados y vínculos políticos revelados por la investigación

Los principales encausados incluyen a Karen Manrique, actualmente detenida, así como Julián Peinado, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo y el excongresista Juan Diego Muñoz. Todos enfrentarán juicio por su participación en el esquema.

Las presiones y maniobras detectadas evidenciarían cómo los debates y votos en el Congreso de Colombia se condicionaban a la entrega de contratos públicos, en especial en regiones como Saravena, Cotorra y El Carmen de Bolívar. Los mensajes obtenidos muestran la insistencia en conseguir resultados previos a sesiones presupuestarias clave.

La estrategia pasaba por canalizar proyectos de interés hacia la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres a través de intermediarios políticos, eludiendo los canales formales. Declaraciones de la testigo estrella, María Alejandra Benavides, indican que en las reuniones se pactaron repartos explícitos de cupos para financiar proyectos en territorios donde los implicados tenían influencia política.

La Corte Suprema identificó una secuencia de negociaciones en las que la intervención de ministros resultó determinante para habilitar recursos solicitados por los legisladores investigados.

El caso ha producido consecuencias inmediatas: tanto Manzur como Manrique permanecen privados de libertad y el futuro político de varios involucrados está en duda. Si estos legisladores siguen detenidos al iniciar la nueva legislatura el 20 de julio, se aplicará la figura de “silla vacía”, dejando sin remplazo sus escaños como sanción establecida en la normativa vigente.

El escándalo también afecta la imagen de funcionarios del Gobierno, especialmente por las imprecisiones en los testimonios de los exministros indagados.

Manzur, hijo del político condenado Julio Manzur, incrementó su respaldo electoral al lograr 134.000 votos en los últimos comicios, un aumento de 24.000 sufragios respecto a la elección anterior. Manrique, por su parte, recibió unos 5.640 votos al postularse de nuevo por la curul de paz de Arauca.

Los servicios de salud se mantienen centrados en un pequeño de apenas 21 meses después de que sufriera graves quemaduras durante una fiesta en La Unión, Valle del Cauca.

Según las primeras versiones, el menor fue alcanzado por una explosión de globos inflados con hidrógeno, mientras se encontraba en brazos de su tía, que también resultó lesionada.

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La tragedia ocurrió cuando los globos hicieron contacto con el volcán del pastel, lo que provocó una combustión inmediata. El accidente dejó al niño con quemaduras de segundo grado en gran parte del rostro, labios, mucosa y antebrazo izquierdo, según informó la doctora Cristina Colonia, coordinadora de Servicios Hospitalarios del Hospital Gonzalo Contreras.

Según el reporte médico, el estado del menor es el más delicado. La tía también presenta quemaduras en distintas zonas del cuerpo, aunque su situación es menos grave. Ambos recibieron atención inicial en el centro asistencial de La Unión.

“El más comprometido esel menor de 21 meses, con quemaduras de segundo grado, en la mayoría del rostro del niño, comprometiendo labios, mucosa, antebrazo izquierdo y gran parte de su cuerpo. Realizamos protocolos de estabilización y manejo integral de las quemaduras”, señaló la doctora Colonia.

Tras una primera valoración, los médicos consideraron necesario remitir al menor al Hospital Universitario del Valle, en Cali, donde permanece bajo observación y tratamiento especializado en la Unidad de Quemados. En ese centro, el personal médico monitorea su evolución y aplica los procedimientos requeridos para este tipo de lesiones.

El incidente ha generado preocupación entre las autoridades locales, que ya han anunciado la implementación de controles en los establecimientos que comercializan globos. El objetivo es evitar que se sigan llenando con hidrógeno, un gas altamente inflamable, en lugar del habitual helio.

Controles y advertencias tras la explosión

Luego de recibir el reporte de la explosión, el secretario de Gobierno de La Unión, John Robert Manzano, informó que se pondrá en marcha un plan de inspección junto a Bomberos y Policía. La medida busca verificar si los comercios cumplen con las normas y no ponen en riesgo la vida de quienes adquieren estos productos.

La decisión incluye la expedición de un decreto para fortalecer la vigilancia y el control en los puntos de venta. Las autoridades recalcaron que el hidrógeno puede generar combustiones peligrosas al contacto con fuego o fuentes de calor, por lo que no debe usarse en artículos decorativos para celebraciones.

Familiares del menor afectado, así como otros asistentes a la fiesta, creyeron inicialmente que los globos estaban inflados con helio, sin sospechar el riesgo que suponía la presencia de hidrógeno. La confusión sobre el gas utilizado fue uno de los factores que contribuyó al accidente.

“Iniciaremos visitas en conjunto con Bomberos y Policía, para poder hacer vigilancia y control a los establecimientos que tienen el expendio de este tipo de elementos. El llamado es al comercio, que de pronto, por ahorrarse unos cuantos centavos y aumentar sus utilidades, no puede poner en riesgo la vida y la seguridad e integridad de nuestro territorio”, comentó el secretario de Gobierno.

Qué ocurrió en la fiesta infantil y cuál es el riesgo

El incidente en La Unión dejó en evidencia los peligros asociados al uso de materiales inflamables en eventos infantiles. La explosión de los globos ocurrió durante la celebración, cuando el fuego del pastel los alcanzó y desencadenó la tragedia.

El caso motivó a las autoridades a recordar a la población que los globos para fiestas deben ser inflados únicamente con gases inertes como el helio. El hidrógeno, pese a su bajo costo y facilidad de acceso, representa un riesgo elevado en contextos donde hay fuentes de calor o chispas.

En respuesta a lo sucedido, la administración municipal reiteró su compromiso con la seguridad de la comunidad.

Se intensificarán operativos para prevenir situaciones similares y se realizarán campañas de sensibilización sobre el manejo seguro de materiales para celebraciones infantiles.

La reciente publicación del programa de gobierno del candidato presidencial Iván Cepeda, que hace parte del partido del presidente Gustavo Petro, el Pacto Histórico, sigue desatando reacciones tras referirse al departamento de Antioquia como “cuna del paramilitarismo”.

De hecho, la fundación Proantiquia, conocida por su labor en el desarrollo regional, cuestionó abiertamente el lenguaje empleado en el plan de gobierno de Cepeda Castro.

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La institución expresó su inconformidad tras la publicación del capítulo que califica a Antioquia como “cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”.

La controversia surgió luego de que el documento de campaña de Cepeda incluyera pasajes que, a juicio de numerosas voces del departamento, perpetúan visiones negativas sobre su historia reciente.

En respuesta, Proantioquia difundió un comunicado en el que insistió en que “el futuro se construye con respeto”. A través de este mensaje, la organización destacó la importancia de un debate político basado en argumentos y propuestas, en lugar de discursos que, según la fundación, fomentan el odio o la estigmatización de regiones enteras.

En el texto oficial, Proantioquia señaló que la recuperación de Antioquia ha sido posible gracias al esfuerzo de la población, el dinamismo empresarial y la colaboración entre los sectores público, privado y social.

“Antioquia ha salido adelante por el trabajo de su gente, el empuje de sus empresas y una colaboración público-privada-social que hoy es referente para el país”, detalla el comunicado.

La institución se mostró particularmente crítica frente a lo que considera un camino equivocado para la contienda democrática. “Desde Proantioquia rechazamos con firmeza la estigmatización de nuestro departamento como propuesta de gobierno. Ese camino no honra el espíritu del debate democrático”, afirmó la organización en su declaración.

Proantioquia pidió que las discusiones de campaña se enfoquen en propuestas y soluciones que construyan, y no en narrativas que, a su juicio, pueden alimentar divisiones y resentimientos históricos.

Este es el polémico contenido del plan de gobierno de Iván Cepeda

El capítulo titulado ‘Medellín y Antioquia no regresarán al pasado’ dentro del plan de Iván Cepeda ha sido el detonante de la polémica. El documento, en una primera parte, reconoce virtudes de la región como la identidad, el empeño laboral y el tejido social.

“Antioquia y su gente se han caracterizado por tener una fuerte identidad regional, por valorar el esfuerzo, el trabajo, el empeño, por la iniciativa y el empuje empresarial, por la densidad del tejido social, la unidad familiar, por compartir arraigadas creencias religiosas”, señala el texto.

Sin embargo, el tono cambia en los siguientes párrafos, donde se afirma que ese departamento habría estado vinculado a los hechos delictivos que marcaron la memoria colectiva.

“En palabras sintéticas, Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”, se lee en el plan de gobierno del candidato.

Según el plan, en el departamento surgió “una alianza perversa entre sectores económicos, políticos y armados que utilizaron la represión, el miedo y el exterminio para proteger sus intereses y acumular riqueza a costa de la vida de poblaciones en territorios rurales y urbanos”.

El documento también menciona explícitamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez, señalando que él, su familia y su círculo social supuestamente estuvieron “estrechamente ligados al narcotráfico, al naciente paramilitarismo y a los sectores terratenientes”.

El episodio ha reabierto la discusión sobre cómo debe abordarse la memoria histórica en los discursos políticos y cuál es el impacto de las palabras en la percepción de los territorios.

Mientras el plan de Cepeda reconoce también los avances y aportes de Antioquia en los últimos años, el énfasis en los aspectos más oscuros de su historia reciente ha tensado la relación con sectores regionales que exigen un trato más equilibrado y menos estigmatizante.

El Fondo Nacional del Ahorro iniciará la jornada “Trasnochón”, una estrategia que ofrecerá créditos de vivienda con hasta el 100% de financiación y atención nocturna del 17 al 19 de marzo en las ciudades de Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín.

La atención se brindará entre las 7:00 p. m. y las 11:00 p. m. en sedes las sedes de la entidad, facilitando el acceso a soluciones habitacionales fuera del horario tradicional.

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El “Trasnochón” del FNA permitirá a los ciudadanos gestionar créditos de vivienda con financiación total, asesoría personalizada y opciones para adquirir casa nueva o usada, mejorar inmuebles, acceder a leasing habitacional y a programas dirigidos a jóvenes.

Para acceder, es necesario cumplir requisitos según el perfil del solicitante, presentar la documentación exigida y dirigirse a los puntos de atención definidos para la jornada.

Durante la jornada nocturna, las sedes estarán ubicadas en Bogotá (calle 12 #65-11, Zona Industrial, y calle 44 #52-06), Bucaramanga (carrera 19 #36-03, sector Centro), Cali (carrera 56 #5-80, avenida Guadalupe) y Medellín (carrera 55 #42-90, Plaza de la Libertad, locales 203 y 204). Los usuarios podrán recibir asesoría y tramitar solicitudes en los horarios extendidos.

Beneficios y modalidades de los créditos de vivienda

Una de las ventajas principales del programa es la financiación de hasta el 100% para la compra de vivienda única de interés social o de interés prioritario, tanto nueva como usada, eliminando la necesidad de cuota inicial. Esta alternativa amplía el acceso para familias que habitualmente enfrentan barreras para adquirir vivienda.

Además de la adquisición, están disponibles créditos para mejoramiento de vivienda, con financiación hasta el 70% del valor de la obra requerida, ya sea para renovación, adecuación o ampliación de la propiedad. También se ofrece leasing habitacional, que incluye una reducción de 50 puntos básicos en la tasa de interés y plazos de financiamiento de hasta treinta años.

El programa Generación FNA está dirigido a jóvenes entre 18 y 28 años, con créditos de vivienda nueva o usada y financiamiento de hasta el 90%. Las solicitudes pueden ser individuales, conjuntas con miembros del núcleo familiar o apoyadas por un deudor solidario.

Requisitos y documentación para solicitar el crédito

El Fondo Nacional del Ahorro solicita documentos diferentes dependiendo del perfil: empleados, independientes, pensionados, residentes en Colombia o en el extranjero.

Para la compra de vivienda nueva o leasing habitacional, son imprescindibles el formulario de solicitud diligenciado en español, copia del documento de identidad, los últimos tres comprobantes de ingreso, certificación laboral emitida en los últimos sesenta días y la cotización de la constructora o documento de separación del inmueble.

Para quienes cuentan con contrato a término indefinido, se requieren al menos seis meses de ingresos en el último año. Los vinculados con otros tipos de contratos deben acreditar al menos ocho meses de ingresos en el mismo periodo.

Los independientes deben anexar soporte de la actividad, registro único tributario o certificaciones de la Cámara de Comercio si corresponde, y en caso de recibir ingresos por arrendamientos, el respectivo contrato. Los pensionados deben incluir certificaciones de ingresos, declaración de renta o carta de no declarante del último año, según aplique.

En solicitudes de crédito para mejoramiento, renovación o ampliación de vivienda, es necesario adjuntar el presupuesto de obra y los extractos bancarios recientes.

Para operaciones como compra de cartera, se debe entregar el último estado de cuenta actualizado y comprobar que la entidad de origen esté vigilada por la autoridad financiera colombiana.

Para residentes en el exterior, se exige prueba de ingresos y certificados bancarios del país de residencia, declaración de impuestos o documento de no declarante, historial crediticio actualizado y, si corresponde, certificación laboral y contrato vigente. El deudor solidario debe presentar requisitos similares, ser residente en Colombia y, si es extranjero, contar con cédula de extranjería.

Servicios y programas especiales durante el ‘Trasnochón’

Durante el “Trasnochón”, los usuarios podrán recibir asesoría personalizada para definir la modalidad de crédito adecuada. El trámite puede realizarse de manera individual o conjunta, permitiendo combinar ingresos familiares y ampliar el análisis crediticio.

Las herramientas digitales habilitadas dan acceso a preaprobación rápida del crédito. También hay descuentos exclusivos a través del programa Juntos y ofertas diseñadas por constructoras e inmobiliarias vinculadas a la jornada.

El programa Generación FNA destaca por atender las necesidades de jóvenes adultos con condiciones especiales y facilidades para el acceso a la vivienda. Además, los productos financieros asociados incluyen pólizas de seguro para vida, incendio y desempleo.

Las autoridades del departamento de Tolima han elevado a 35 millones de pesos la recompensa dirigida a quienes aporten información que permita avanzar en la búsqueda de los seis jóvenes desaparecidos en los municipios de Mariquita y Freno.

Esta decisión fue adoptada tras más de dos meses sin pistas concretas sobre el paradero de los afectados, según lo anunció la gobernadora Adriana Magali Matiz.

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El incremento de la recompensa forma parte de una estrategia más amplia para recabar datos que ayuden a esclarecer el caso. Inicialmente, la suma ofrecida era de 15 millones de pesos. Posteriormente, la cifra llegó a 20 millones, hasta alcanzar el monto actual, equivalente a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Desde el Gobierno departamental, la mandataria reiteró que la prioridad es conocer el destino de los jóvenes, que desaparecieron de forma escalonada durante todo el mes de enero.

“Por ellos aprobamos, en el Comité de Orden Público, una recompensa de hasta 35 millones para quienes nos den información acerca de estos jóvenes que desaparecieron ya hace más de dos meses allí en el norte del Tolima”, explicó la gobernadora.

Investigación y acciones conjuntas en Tolima

La administración departamental ha articulado esfuerzos con la fuerza pública y la Fiscalía General de la Nación para potenciar las labores de búsqueda y garantizar la seguridad en la región.

La gobernadora Matiz indicó que el caso se mantiene como asunto prioritario en la agenda institucional y que se han reforzado las acciones interinstitucionales en colaboración con las autoridades judiciales y policiales.

“Trabajamos desde el gobierno departamental por su seguridad, y este tema es prioritario para nosotros dentro de todas las acciones articuladas que debemos llevar a cabo, no solamente con la Fuerza Pública, sino también de la mano de la Fiscalía General de la Nación”, indicó Matiz.

Durante este periodo, las familias de las víctimas han insistido en la urgencia de obtener respuestas, mientras las autoridades intensifican los operativos de búsqueda y verificación de información.

“Seguimos trabajando de la mano de todas las autoridades para esclarecer los hechos ocurridos en el municipio de Mariquita. Seis jóvenes desaparecidos en el municipio de Mariquita”, señaló la gobernadora.

Identidad de los jóvenes desaparecidos

Los seis jóvenes cuyos casos motivan la recompensa han sido identificados como David Santiago Toro Arévalo, Freddy Hernando Galindo, Santiago Izquierdo Cuervo, Zait Stevan Ángel Delgado, Sergio Andrey Vanegas Moncada y Luisa Fernanda Chavarro Díaz.

Además, se investiga la desaparición de un séptimo joven, originario de Fresno, que habría desaparecido en circunstancias similares en el municipio vecino de Mariquita.

Ante rumores sobre la existencia de una fosa común en el sector de Medina, en Mariquita, donde podrían encontrarse los cuerpos de los jóvenes, el comandante de la Policía del Tolima, coronel John Vargas, manifestó que no se tiene información oficial.

“Nosotros no hemos recibido esa información aún. Quisiéramos que, si alguna persona que da este tipo de versiones nos la pudiera corroborar, podamos dar con el paradero. Estamos prestos a recibirla”, indicó el oficial.

Por ahora, las autoridades mantienen abiertos todos los canales para recibir datos relevantes que conduzcan a esclarecer el hecho. La recompensa de 35 millones de pesos busca incentivar cualquier aporte que permita determinar el paradero o la suerte de los jóvenes desaparecidos.

Entretanto, la Gobernación del Tolima ha mantenido el apoyo a las familias de los jóvenes, ofreciendo servicios de ayuda emocional, además de facilitar la información necesaria a los investigadores para esclarecer los hechos.

“Queremos también informar a toda la gente de Mariquita que estos hechos no solamente les han dolido a ustedes, sino a todos los tolimenses (...) Estamos articulando todas las acciones necesarias para dar con la ubicación de estos jóvenes, a quienes extrañamos y nos duele profundamente que estén desaparecidos”, señaló en su momento la gobernadora del departamento.

La adquisición de medallas por 100 millones de pesos por parte de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia ha encendido las alarmas en el Concejo de Bogotá, después de que cuestionaran posibles sobrecostos.

La polémica surge luego de que el concejal Julián Espinosa denunciara que el precio por unidad podría implicar un sobrecosto superior al 240% en comparación con los valores de mercado de productos similares.

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El contrato, actualmente publicado en el sistema de contratación estatal, contempla la compra de 330 medallas de la Orden al Mérito “Ciudad de Bogotá” en la categoría cívica.

Espinosa sostiene que, según las cifras oficiales del proceso, cada medalla costaría aproximadamente 300.000 pesos, mientras que cotizaciones de proveedores independientes muestran precios cercanos a 75.000 pesos por unidad.

Ante la noticia, el concejal cuestionó la pertinencia de la inversión en medio de una percepción de inseguridad alta, además del reporte frecuente de robos en diferentes zonas de la ciudad.

“Gastar 100 millones de pesos en medallas cuando lo que se necesita es tecnología, cámaras y fortalecimiento policial demuestra una desconexión con las necesidades urgentes de la ciudadanía”, comentó el cabildante.

Sobrecosto y prioridades del gasto en seguridad

La denuncia se fundamenta en la comparación entre el valor propuesto en el contrato y las tarifas ofrecidas por potenciales proveedores. Según Espinosa, uno de los oferentes publicó precios de medallas similares a 75.000 pesos, lo que generaría una diferencia del 240% respecto al valor adjudicado en el proceso público.

El cabildante enfatizó que la decisión administrativa ocurre mientras persisten hechos violentos y hurtos en la capital. En sus palabras, “mientras robaban una motocicleta en la calle 89 y atracaban una familia en la carrera 30 con 63D, encontramos este contrato para comprar medallas”.

La controversia pone en el centro del debate la gestión presupuestal de uno de los despachos más sensibles de la administración local. Espinosa considera que los recursos asignados a la compra de medallas podrían destinarse a tecnología, cámaras de videovigilancia o al refuerzo de las unidades operativas de la Policía en Bogotá.

“En vez de hacer inversiones en seguridad, la alcaldía de Carlos Fernando Galán, a través de la Secretaría de la Seguridad, tiene publicado un contrato de 100 millones de pesos para comprar medallas. ¿Pero un contrato de 100 millones para pagar 300.000 pesos por medalla? Pues los proponentes, ¿cuál era el precio que proponían para esto? Y encontramos que uno de estos proponentes tiene publicadas sus medallas a 75.000 pesos. Es decir, un 240% de sobrecosto en la oferta que terminan haciendo cuando acá no hay cámaras, cuando no hay tecnología para la policía", señaló el cabildante.

Según Espinosa, la prioridad debería ser garantizar la seguridad de los ciudadanos antes que destinar sumas considerables a reconocimientos simbólicos. El cabildante citó casos recientes de inseguridad para ilustrar la urgencia de invertir en medidas efectivas de prevención y protección, en vez de en condecoraciones.

La Alcaldía de Bogotá modificó en el 2019 el Decreto Distrital 555 de 2016 y creó la Orden Civil al Mérito “Ciudad de Bogotá” en el grado de Medalla Policarpa Salavarrieta.

Esta nueva distinción, entregada por primera vez el 11 de marzo de ese año al Comité Distrital de Mujeres Indígenas, busca reconocer el papel fundamental de las mujeres en los procesos políticos, culturales y organizativos de los cabildos indígenas, consolidando el compromiso oficial con la equidad de género y la promoción de una ciudadanía plena para las mujeres.

La orden se concede específicamente a organizaciones o mujeres nacionales y extranjeras que hayan impulsado la participación y representación con igualdad, respaldando la creación de una cultura libre de sexismo.

El Decreto Distrital 555 de 2016 contemplaba previamente varios grados de la Orden Civil al Mérito “Ciudad de Bogotá”, como la Gran Cruz Extraordinaria, la Gran Cruz, Gran Oficial, Comendador y Cruz de Caballero. Todos estaban dirigidos a destacar el servicio a la ciudad, favoreciendo la convivencia, la paz y el civismo.

La ciudad de Medellín impulsa una transformación urbana con la creación de parques inundables y nuevas áreas verdes como respuesta a las frecuentes inundaciones que afectan zonas pobladas.

El plan abarca 40.000 metros cuadrados de espacio público multifuncional, siguiendo referentes europeos, y busca mitigar el impacto de lluvias extremas mediante intervenciones sostenibles.

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Según la información difundida por la administración distrital, la capital de Antioquia desarrolla una estrategia de adaptación climática que incluye la construcción de parques inundables, recuperación de áreas naturales y mejoras en la infraestructura hidráulica.

Las autoridades aspiran a reducir el riesgo en barrios vulnerables, aumentar la capacidad de absorción del suelo y ofrecer soluciones innovadoras inspiradas en modelos de Europa.

La problemática de las inundaciones en Medellín se origina por la confluencia de factores naturales y urbanísticos. La ciudad está atravesada por más de 4.000 quebradas, y su localización en el Valle de Aburrá, de alta pluviometría, la expone a lluvias intensas y de corta duración.

El crecimiento acelerado, la urbanización de zonas inundables y el uso generalizado de concreto redujeron drásticamente la capacidad de absorción del suelo. Las canalizaciones y obras hidráulicas, algunas con décadas de antigüedad, han envejecido, mientras continúan los asentamientos en áreas de riesgo.

Además, el cambio climático intensifica los episodios de lluvia y eleva el peligro de desbordamientos en sectores críticos. Apenas en enero de 2026, por ejemplo, en solo 44 minutos cayó el equivalente a un mes de precipitación sobre El Poblado, provocando bloqueos y daños en arterias clave y zonas residenciales.

El plan de adaptación climática y parques inundables en Medellín

Como respuesta, las autoridades elaboraron un plan de adaptación y mitigación que contempla diversos frentes de acción. El programa prevé una inversión de $663.000 millones e incluye la intervención de 350 puntos críticos en 91 quebradas.

El objetivo es habilitar 40.000 metros cuadrados de espacio público sostenible y construir 21 nuevas obras hidráulicas para reforzar la seguridad, especialmente en zonas vulnerables.

Las acciones abarcan la reconducción de cauces, restauración de canales y mitigación del riesgo con soluciones basadas en la naturaleza. Otra prioridad es ampliar las áreas de retirada en quebradas y evitar nuevas ocupaciones en regiones peligrosas, al tiempo que se incrementan los espacios públicos de calidad.

Cómo funcionarán los parques inundables

La innovación central del programa es la creación de “parques inundables”, también conocidos como “jardines hidráulicos” o “barreras absorbentes naturales”.

Según información difundida por El Colombiano, estos espacios incorporan suelos vegetales, taludes con especies de alta absorción y pavimentos filtrantes, que permiten retener el exceso de agua y reducir su impacto en áreas habitadas.

El modelo prevé varias capas de contención: primero, muros o taludes laterales que absorben parte del caudal; luego, materiales naturales y vegetación baja actúan como barrera; finalmente, una corona de pavimento filtrante complementa la retención. Así, los parques funcionarán como una esponja urbana, disminuyendo el flujo de agua de lluvia y favoreciendo el equilibrio ecológico.

Una obra ya avanzada es el tanque de retención hidráulica bajo la cancha de fútbol de Parques del Río Norte, con capacidad para más de 1.100 metros cúbicos de agua. El Gran Parque Medellín (futuro nombre del reformado aeroparque Juan Pablo Segundo en Belén) suma 220.000 metros cuadrados de áreas verdes diseñadas para captar el agua de lluvias extremas y prevenir inundaciones.

Otras intervenciones se desarrollan en quebradas como Altavista, La Honda y La Rafita, con el doble propósito de crear zonas de recreo y proteger las áreas de retiro ante futuras emergencias. Estos espacios buscan impedir que se edifiquen viviendas informales en franjas de seguridad ya afectadas por eventos climáticos.

La adaptación del modelo se basa en experiencias exitosas de ciudades europeas que han implementado parques inundables, adecuando la tecnología y el diseño a las condiciones naturales y sociales de Medellín.

Áreas beneficiadas y cronograma de ejecución

El programa comienza con intervenciones en sectores críticos de Medellín y su área metropolitana. Durante 2026, se intervendrán quebradas como La Honda, Altavista, El Pelón, La Chorrera, La Cabuyala y La Aguadita.

Asimismo, la administración prevé que durante este año también se adelanten las obras en La Máquina (Manrique), La Llorona (Aranjuez), El Indio y La Presidenta (ambas en El Poblado).

Para el periodo 2027-2028, el cronograma contempla la recuperación de quebradas adicionales, como Iguaná, La Picacha, La Rosa, Cauces, La Milagrosa y La Rafita, hasta alcanzar la meta de 350 puntos críticos intervenidos y disminuir el riesgo hídrico en la región.

Las medidas avanzan en paralelo a la recuperación de espacio público, el saneamiento de afluentes y la mitigación de riesgos, siempre con la meta de restablecer la función ecológica y social de los cuerpos de agua.

Han pasado tres días desde que la candidata presidencial Paloma Valencia anunció quién sería su coequipero para la primera vuelta que se avecina el 31 de mayo y, aunque desde el principio han expresado las diferencias que existe con su fórmula vicepresidencial, una nueva entrevista del nuevo equipo aspirante a la Presidencia profundizó sus diferentes sensibles como la familia.

En una entrevista conjunta concedida a la revista Cambio, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo protagonizaron un intercambio abierto sobre la visión de su fórmula presidencial apoyada por el Centro Democrático, revelando diferencias notorias sobre la JEP, los acuerdos de paz, derechos de la comunidad Lgbt+, legalización de la droga, reformas sociales y el futuro del país.

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Las diferencias se evidenciaron con énfasis sobre la llamada “ideología de género”, la protección de la familia y la educación. En su intervención, la candidata presidencial aseguró que el Estado intentó interferir en la población infantil cuando se firmó el acuerdo de paz de 2016.

“Creo que en el acuerdo (de paz) sí había un tema inconveniente de ideología de género. Pero esa sí fue una de las cosas que el gobierno Santos accedió a modificar”, señaló Valencia.

Sin embargo, su ahora fórmula vicepresidencial sentenció que, aunque concuerda con que el Estado no puede interferir en las opiniones de familia, tampoco puede hacerse ‘el de la vista gorda’ ante los inminentes cambios de la población.

“Yo parto del principio de que la ideología de género no existe. Es un concepto de radicalización. Los estudios científicos y genéticos han avanzado en comprender la identidad como una concepción social distinta al sexo”, señaló Oviedo a la revista.

El precandidato presidencial abogó porque el Estado prepare a los entornos más cercanos a los niños y jóvenes, con el propósito de asistir a la familia en caso de que el menor o su círculo requieran orientación para tocar temas sensibles.

“Debemos preparar a los docentes y a los directores para que cuando vean ese tipo de excepciones las puedan gestionar, hablarlas con los padres e invitarlos a una conversación. No se debe adoctrinar o ideologizar. Pero hay que hacer un acto de conciencia para buscar cómo el Estado les muestra a los padres que, si no saben, al menos tienen con quién hablar ese tema”, señaló Oviedo.

Sin embargo, el momento de tensión entre la nueva fórmula presidencial se evidenció frente a la adopción para parejas del mismo sexo, especialmente, cuando el partido Centro Democrático ha defendido la figura de familia tradicional desde el Congreso.

“Yo no estoy de acuerdo con la adopción gay. Me cuesta, pero lo digo claramente. No estoy de acuerdo porque creo que ahí prevalece el niño”, señaló Paloma Valencia.

Incluso, la senadora fue enfática en que su posible gobierno se enfocaría en dar condiciones propicias a las madres para evitar que sus hijos sean abandonados en centros transitorios, lo que implícitamente reduciría las posibilidades de adopción a parejas del mismo sexo.

¿Ese niño estaría mejor en manos del Estado o de quien? - preguntó el medio nacional. “Está mejor no estando abandonado”, respondió Valencia con firmeza

“En eso es en lo que tenemos que trabajar. Las mujeres dan a los niños en adopción por pura pobreza, por pura falta de oportunidades. Y ahí es donde tenemos que trabajar. El niño está mejor no estando abandonado”, añadió la candidata presidencial a Cambio.

Por parte, Juan Daniel Oviedo aseguró que, aunque no concuerda con la posición de Valencia, mantiene la certeza de los avances que el Estado ha presentado en materia de derechos paa parejas Lgbt+, incluida la adopción que está habilitada en el país.

“Estar juntos en esta diferencia no implica que yo haya renunciado a mis principios de defender la adopción de parejas del mismo sexo como un derecho en la sociedad colombiana”, expresó Oviedo a Cambio.

Sin embargo, advirtió que, en un hipotético caso en el que Valencia promoviera un proyecto de ley para ‘retroceder’ en derechos a la población Lgbt+ sería tomado como una traición a la alianza entre ambos.

“Yo creo que sentiría una puñalada. Porque ella sabe que tenemos una diferencia sobre eso y que hay una apreciación alrededor de los derechos que tenemos las personas con orientación sexual diversa de poder hacer nuestra vida plena. Y creo que va a ser muy difícil que ese tipo de proyectos sucedan”, señaló Oviedo.

Entretanto, Valencia insiste en que, aunque no está de acuerdo con la adopción homosexual, su trabajo se enfocará en limitar las capacidades del Estado para entrometerse en la formación de los menores frente a temas que considera netamente familiares.

“No de la familia tradicional. Lo que digo es que a mí no me gusta que el Estado se meta con tus niños, que les enseñe política ni ningún tipo de ideología. Esos asuntos son de tu patria potestad, de tu ejercicio como papá. El Estado no tiene por qué decidir ni la filiación política, ni la sexualidad, ni tiene por qué meterse en temas que a mí me parece que son internos de la familia”, indicó Valencia a Cambio.

“Estos son temas muy difíciles. He estado en el Congreso en esas discusiones. Soy una defensora de la familia”, añadió.

La fórmula a la Presidencia que está llena de diferencias

En su encuentro, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, aspirantes a la presidencia y vicepresidencia de Colombia, expusieron acuerdos y desacuerdos en temas como justicia transicional, derechos de familias diversas, políticas sobre el narcotráfico y reformas sociales.

Aunque son conscientes de sus diferencias, ambos se comprometieron a gobernar bajo la pluralidad y el diálogo, mostrando sus contrastes como ejemplo de concertación en la política nacional.

“Es un arroz con mango, como lo es Colombia. Si uno quiere gobernar un país como este, tiene que aprender a comer arroz con mango”, expresó Paloma Valencia al inicio del diálogo con Cambio.

“En la política debe existir el ejemplo de que es posible sumar entre distintos. Yo, en esta dupla con la derecha, represento al centro político”, añadió Oviedo.

JEP, acuerdos de paz y garantías para la fuerza pública

El debate sobre la Justicia Especial para la Paz (JEP) y los acuerdos de La Habana fue uno de los puntos centrales, con posiciones opuestas. Mientras Valencia se mantiene en su crítica frente a la justicia especial, su fórmula vicepresidencial considera un buen avance en materia de justicia restaurativa.

“Mi proyecto no es de eliminación. Es un proyecto que defiende los derechos humanos de la fuerza pública dentro de la JEP. Yo introduje el elemento de presunción de inocencia de la fuerza pública. Pero ese elemento nunca tuvo desarrollo”, señaló Valencia al diario nacional.

Oviedo, por su parte, defendió la función de la justicia transicional y aseguró que el Estado debe garantizarle los recursos para que se mantenga hasta que haya cumplido lo estipulado en los acuerdos de paz.

“El objetivo de este sistema de justicia transicional, si bien es temporal y no puede ser permanente, no debe estar sujeto a una opinión política que diga que no se va a renovar sin saber qué ha pasado. Necesitamos que todos los recursos económicos e institucionales que requiere la JEP estén disponibles para que sea efectiva y dé evidencia de rendición de cuentas”, comentó Oviedo.

Ambos coincidieron en que “los debates deben darse en el momento adecuado” y que las soluciones requieren escucha y gradualidad, comprometiéndose con víctimas y fuerza pública en su gestión.

Posturas sobre legalización de la droga y la industria del cannabis

Consultados sobre la legalización de la droga y la industria del cannabis, Oviedo defendió la iniciativa, que ya se ha hundido un par de veces en el Congreso de la República.

“El uso recreativo de la marihuana para adultos ha dado evidencia concreta de que permite que la prevención en menores de edad sea más efectiva. Debemos garantizar que la niñez y la juventud estén completamente aislados del consumo de drogas”, señaló Oviedo.

Mientras tanto, la candidata presidencial insistió en que la solución no está en la legalización del cannabis, por lo que insistirá en una legislación prohibicionista y menos permisiva.

“Soy ponente de todas las ponencias para hundir la legalización. Yo no creo que la libertad sea consumir drogas. Me parece que está bien la exportación para uso medicinal. Nos genera una dificultad para distinguir la legal de la ilegal. En eso nos pasaría como con el oro: 60% es ilegal, y 40% es legal y está financiando a grupos armados que generan violencia”, señaló Valencia.

La reciente elección legislativa dejó al Congreso de la República fracturado, sin una mayoría clara para ninguna fuerza política, aunque sí dejó una clara victoria a dos de los partidos más radicales en la actualidad: el Pacto Histórico y Centro Democrático.

De cara al periodo presidencial 2026-2030, la gobernabilidad estará condicionada por la necesidad de pactos y por el rol clave de los partidos tradicionales. Esto exigirá al próximo presidente negociar alianzas constantes para aprobar cualquier reforma.

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La nueva distribución en el Congreso obliga a que el futuro jefe del Estado dialogue con múltiples fuerzas. Sin un bloque de 52 senadores, cualquier iniciativa relevante dependerá del respaldo de agrupaciones históricas, como el Partido Liberal y el Conservador, que han recuperado su peso como árbitros parlamentarios aunque no tengan candidatos propios, según un análisis adelantado por la revista Cambio.

El rediseño del parlamento tras las elecciones del 8 de marzo reafirmó a Pacto Histórico y al Centro Democrático como los bloques más musculosos, pero ninguno logró mayoría absoluta. Actuarán como polos opuestos, condicionando la agenda del Ejecutivo o ejerciendo la oposición.

La presencia de grupos como La U, Cambio Radical, Alianza por Colombia y la coalición ¡Ahora Colombia! reforzaría la fragmentación, lo que otorgaría a los partidos tradicionales y al clientelismo político un papel decisivo en la resolución de las leyes.

Históricamente, el Congreso ha oscilado entre la hegemonía bipartidista y la dispersión, pero nunca afrontó tal polarización entre bloques fuertes y minorías estratégicas.

“Hay dos fuerzas políticas claramente definidas y robustas: el Pacto Histórico y el Centro Democrático”. Por su parte, Luis Ernesto Gómez destaca que “a pesar de un claro fortalecimiento del Pacto Histórico y del Centro Democrático en el Congreso de la República, sigue habiendo un número muy importante de partidos tradicionales cuya lógica se parece más a la de organizaciones clientelares que a la de partidos ideológicos”, señaló el analista Gabriel Cifuentes en diálogo con Cambio.

Gobernabilidad y retos para el próximo presidente

El modelo colombiano obliga al Ejecutivo a construir coaliciones amplias, con concesiones sustanciales en el reparto de cargos públicos. El arranque del presidente Gustavo Petro refleja este esquema: formó una alianza amplia que facilitó reformas clave como la tributaria y el Plan Nacional de Desarrollo.

Esa estabilidad duró poco y la coalición se quebró. Tras la ruptura, las negociaciones pasaron a ser individuales con parlamentarios, intensificándose la distribución discrecional de recursos públicos, popularmente conocida como ‘mermelada’.

“Hemos consolidado en Colombia un modelo conocido como presidencialismo de coaliciones con alta fragmentación política”, señaló el politólogo Gonzalo Araujo a la revista.

Analistas coinciden en que los pactos responden más a intereses burocráticos que ideológicos, restringiendo la capacidad del presidente para imponer su agenda y posicionando de nuevo a los partidos tradicionales como árbitros de la gobernabilidad.

Escenarios para los aspirantes presidenciales

La composición final del Congreso determinará la viabilidad de alianzas y de mayorías eficaces. El candidato que logre la Presidencia afrontará el doble reto de unir su bancada y persuadir a los partidos históricos para respaldar su proyecto.

“El próximo presidente, cualquiera que sea, no tendrá la posibilidad de sacar adelante fácilmente una agenda reformista”, advierte María Jimena Escandón García al medio nacional.

Si Iván Cepeda triunfa, el Pacto Histórico liderará el Senado, pero necesitará negociar voto a voto con partidos opuestos. Una presidencia de Paloma Valencia supondría que la izquierda y el centro-izquierda podrían optar por la independencia o la oposición, debilitando al oficialismo y forzando acuerdos circunstanciales. En caso de Abelardo de la Espriella, su partido se perfilaría como una oposición radical si no alcanzara la jefatura del Estado.

En escenarios en los que Claudia López o Sergio Fajardo lleguen a la presidencia, el bloque oficialista será menos cohesionado y tendrán que pactar tanto a la derecha como a la izquierda para sumar los 52 votos clave.

Si Roy Barreras es elegido, su experiencia podría facilitar una mayoría amplia inicialmente, aunque los expertos advierten que esta estabilidad sería frágil por la tendencia a rupturas rápidas en las alianzas.

Escándalos y riesgos para la estabilidad institucional

Los desafíos no solo provienen de la fragmentación política. El Congreso ha sido centro de atención por escándalos de corrupción, ejemplificados en el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que involucró a funcionarios del Ejecutivo y legisladores en el uso indebido de fondos.

Las detenciones de expresidentes del Senado y la Cámara, así como de otros congresistas que habrían aceptado dinero para votar proyectos, han socavado la confianza pública y la capacidad de acción legislativa.

Este ambiente impulsa negociaciones individualizadas y facilita el fortalecimiento de clanes regionales dentro del Legislativo. Aunque los principales candidatos presidenciales rechazan la corrupción, la labor cotidiana en el Congreso sigue liderada por el intercambio de favores y la expectativa de cargos, lo que compromete la transparencia y hace más incierto el margen de maniobra del próximo presidente.

Las consecuencias de la fragmentación y los recientes escándalos anticipan una gobernabilidad restringida. Todo avance dependerá de acuerdos complejos y de la capacidad de rearmar coaliciones de forma constante. No se vislumbran mayorías duraderas ni mucho menos certeza de aprobar reformas profundas.

La reciente elección de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia ha reavivado la curiosidad sobre el entorno personal del economista. Mientras avanzan en su campaña conjunta, la vida privada de Oviedo y los vínculos que mantiene fuera de la política cobran un nuevo interés público.

En el centro de esta atención se sitúa Sebastián Reyes, pareja de Oviedo desde hace más de una década. Reyes es diseñador de modas y figura reconocida en proyectos sociales vinculados con la moda alternativa.

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Su relación comenzó en 2011, en los alrededores de la Universidad del Rosario, donde Oviedo enseñaba econometría tras regresar de sus estudios en Francia.

A lo largo de estos más de 12 años, Oviedo y Reyes han construido una relación marcada por el apoyo mutuo y la complicidad. El propio Oviedo ha sido transparente sobre la importancia de la diversidad de intereses en la pareja: “Qué aburrido sería llegar a la casa y hablar de lo mismo que uno oye en el trabajo”, comentó en diálogo con El Tiempo.

De acuerdo con Oviedo, Reyes ha sido un pilar en momentos de tensión y desafíos. Ambos han reconocido que su relación ha enfrentado dificultades, pero destacan el valor de la cercanía y la colaboración constante como la base de su vínculo.

Trayectoria de Sebastián Reyes y su trabajo social en Bogotá

Sebastián Reyes se formó como diseñador en la escuela Arturo Tejada y cursó estudios en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. A diferencia de muchos de sus colegas, eligió distanciarse de la industria tradicional para enfocarse en proyectos comunitarios de moda que buscan generar oportunidades para sectores marginados.

Actualmente, Reyes lidera Olimpo Lab, un laboratorio creativo ubicado en el barrio Santa Fe, y es fundador de Crema Slow Fashion. En este espacio se impulsa la confección y diseño de prendas a través del trabajo colaborativo de mujeres trans y otras personas vulnerables que encuentran en la moda una vía de inclusión laboral.

El taller se ha convertido en un punto de encuentro y desarrollo donde el diseño de ropa alternativa se fusiona con la acción social. Reyes dirige procesos de confección y bordado, brindando capacitación y empleo a quienes suelen tener menos acceso a oportunidades dentro del sector.

La vida en pareja y el equilibrio entre lo profesional y lo personal

Para quienes se preguntan por la vida sentimental de Juan Daniel Oviedo, la respuesta es clara: desde hace más de diez años comparte su vida y proyectos con Sebastián Reyes, diseñador y activista social.

Su historia comenzó con una conversación casual que se transformó en amistad y, poco después, en una relación estable. Dos años después de conocerse, decidieron vivir juntos en el centro de Bogotá, donde aún residen.

Ambos comparten la gestión de sus responsabilidades profesionales y los proyectos sociales que lidera Reyes. Oviedo ha expresado en varias entrevistas que la diversidad de intereses es uno de los principales motores de su relación, alejando la rutina y fomentando la complementariedad.

Visibilidad pública y nuevas responsabilidades

El anuncio de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia incrementó la atención sobre su vida privada y las causas que apoya su pareja. Reyes, por su parte, continúa trabajando en iniciativas que buscan transformar la industria de la moda desde una perspectiva social, centrándose en la inclusión de poblaciones que históricamente han enfrentado barreras laborales.

La pareja se ha mantenido cercana a la comunidad del centro de Bogotá y ha apostado por proyectos que impactan directamente en la vida de personas vulnerables.

Su historia es un ejemplo de cómo la vida profesional y personal pueden entrelazarse en la búsqueda de cambios reales, tanto en el ámbito público como en el privado.

La periodista y presentadora María Andrea Nieto protagonizó una acalorada discusión en redes sociales, depsués de que cuestionara públicamente a Amaranta Hank, ahora senadora por el Pacto Histórico, tras un mensaje en el que Hank criticó a sectores de derecha por apropiarse de banderas progresistas para ganar elecciones.

Según indicó Nieto, los reparos de la exactriz porno resultan incoherentes ante las múltiples denuncias contra el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, por abusos y discriminación a sectores vulnerables.

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“¿Usted cree que para ser feminista y trabajar por las causas de las mujeres hay que ser puta? Ridícula. Mire el desastre de este gobierno, el machismo, el maltrato hacia la mujer, hacia la comunidad LGTBIQ+, hacia las comunidades indígenas y negras. ¿Qué hizo Petro? o ¿Francia? NADA. COMO NADA HARÁ USTED!”, señaló la presentadora.

La polémica comenzó cuando Amaranta Hank, recientemente elegida senadora, publicó en X una serie de mensajes que deslegitimarían la estrategia de los partidos tradicionales para mantenerse en la contienda electoral.

Según indicó la exactriz porno, las colectividades habrían usado a poblaciones históricamente vulneradas para atraer el voto de esas personas y así fortalecer sus movimientos.

“La derecha usa banderas del progresismo para intentar hacerse elegir, una mujer de candidata a la que quieren vender como primera Presidenta mujer y un hombre de la población LGBTIQ+ como fórmula vice presidencial, pero detrás de la estrategia de lavarle la cara a un partido antiderechos, está el hombre que más daño le ha hecho a Colombia”, señaló.

Con este mensaje, Hank hacía referencia a la estrategia política de partidos conservadores que, según su argumento, buscan captar el voto progresista presentando candidatas mujeres y figuras Lgbt+ en fórmulas presidenciales, pero manteniendo una agenda contraria a la defensa de derechos.

La respuesta de María Andrea Nieto escaló el tono del debate, al acusar a Hank de reducir el feminismo a la sexualidad y de no aportar soluciones reales contra el machismo y la discriminación.

Nieto cuestionó la gestión del gobierno de Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez, señalando: “Mire el desastre de este gobierno, el machismo, el maltrato hacia la mujer, hacia la comunidad LGTBIQ+, hacia las comunidades indígenas y negras. ¿Qué hizo Petro? o ¿Francia? NADA. COMO NADA HARÁ USTED!”.

Quién es Amaranta Hank, elegida senadora de la República

La llegada de Amaranta Hank, exactriz de cine para adultos, al Senado de Colombia por el Pacto Histórico marcó un precedente en la política nacional, en un proceso electoral que consolida la representatividad de sectores tradicionalmente marginados.

La colectividad alcanzó el 22,84% de los votos, es decir, 4.295.842 sufragios con el 89% de las mesas escrutadas, garantizando la obtención de 25 curules en la cámara alta y estableciendo un nuevo escenario institucional tras las elecciones del 8 de marzo de 2026.

El preconteo oficial, que comenzó una vez cerradas las urnas a las 4:00 p. m., confirmó el liderazgo del Pacto Histórico en el Senado, acompañado por la continuidad del Centro Democrático en la Cámara de Representantes.

Amaranta Hank, cuyo nombre es Deyci Alejandra Omaña, es una de las figuras más comentadas de la jornada electoral por su militancia en el activismo y su trayectoria en la industria para adultos, un pasado que reivindicó abiertamente como fundamento de su lucha política.

Tras conocerse los resultados, Hank celebró públicamente su triunfo en redes sociales y afirmó: “Lo logramos”.

Hank destacó que las mujeres con experiencias en el ámbito sexual “aportan al PIB del país, sostienen economías populares, generan empleo y, sobre todo, mantienen a sus familias”.

Defendió la legitimidad de su camino, indicando que lejos de ser un obstáculo, su pasado le permitió vivir en carne propia la desigualdad y desarrollar resiliencia y sentido de libertad.

En un video publicado en TikTok, cuestionó los prejuicios sobre la inclusión política de mujeres provenientes del trabajo sexual: “¿Por qué una mujer que estuvo en la industria para adultos no puede aspirar a un cargo de elección popular? ¿Quién decidió que nuestra voz no vale?”, preguntó Hank.

La ahora senadora electa hizo referencia a figuras como Cicciolina en Italia y Yvette Luhrs en Países Bajos, quienes transitaron de la industria para adultos a cargos públicos.

Consideró que tales trayectorias otorgan herramientas singulares para comprender la “violencia estructural, desigualdad y capacidad de recuperación”, como señaló en sus intervenciones públicas. “La industria fue el punto de inicio de mi activismo y el punto de partida de mi lucha”, destacó.

El Partido de La U anunció que procederá con acciones legales a nivel nacional e internacional tras sentirse atacado por declaraciones recientes del presidente de la República, Gustavo Petro.

El comunicado, emitido en Bogotá el 12 de marzo de 2026, denunció que el mandatario utilizó en redes sociales la imagen de los candidatos del partido y sugirió que estarían involucrados en una supuesta “compra de jurados”.

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“Desde el Partido de La U rechazamos de manera contundente las afirmaciones realizadas por el señor presidente de la República a través de sus redes sociales, en las cuales utiliza la imagen de nuestros candidatos y sugiere la existencia de una supuesta “compra de jurados”“, señaló la colectividad.

La organización política expresó que desconoce la procedencia de la información difundida por el presidente y rechazó cualquier intento de asociar a sus candidatos con prácticas ilegales.

Según el comunicado, la reiterada mención del nombre del partido y el uso de su logo y la imagen de sus líderes constituye un acto que califican de temerario y sin fundamento.

“Frente a estas acusaciones, manifestamos que desconocemos el origen de la información difundida y rechazamos cualquier insinuación que pretenda vincular a nuestros candidatos o a nuestra colectividad con prácticas irregulares o ilegales“, indicó la organización política.

El Partido de La U sostiene que este tipo de señalamientos pone en riesgo la integridad física y moral de sus miembros, especialmente cuando provienen de la máxima autoridad del país.

Además, la colectividad consideró que la campaña de hostigamiento político busca desprestigiar al partido y a quienes participan bajo su bandera en el ejercicio democrático.

“Manifestamos que la reiterada utilización del nombre de nuestro partido, el logo e imagen de nuestros líderes y candidatos en afirmaciones públicas carentes de sustento constituyen un señalamiento temerario que afecta la honra y reputación de nuestra colectividad”, se lee en el documento.

La colectividad anunció que acudirá a las instancias legales y constitucionales pertinentes, tanto en el ámbito nacional como internacional, para proteger sus derechos políticos y las garantías democráticas que considera vulneradas.

“Ante esta campaña de hostigamiento político dirigida a desacreditar a nuestra colectividad y a quienes participan en el ejercicio democrático bajo nuestras banderas anunciamos que tomaremos las acciones legales y constitucionales correspondientes, ante las autoridades nacionales y los organismos internacionales competentes, con el fin de salvaguardar nuestros derechos políticos y garantías democráticas”, indicó el el Partido de la U.

El mensaje concluye reiterando el respeto del partido por la democracia y el debate político transparente, e invita a todos los actores institucionales a actuar con responsabilidad, rigor y apego a la verdad.

La molestia del partido se da después de que el presidente de Colombia Gustavo Petro solicitara a los partidos políticos que se consideran víctimas de un presunto fraude electoral identificar a los jurados de votación implicados en supuestas irregularidades y anunció que remitirá sus nombres a la Fiscalía General de la Nación.

En su mensaje, Gustavo Petro manifestó que algunos jurados de votación habrían solicitado pagos a candidatos durante la jornada electoral, hecho que calificó de alarmante.

A través de X, el presidente expresó: “Solicitaré a los partidos víctimas de fraude de jurados que se elabore la lista de quienes estuvieron en mesa y firmaron formularios con fraude para que se traslade a la Fiscalía”.

Los videos compartidos por Petro muestran a personas reclamando pagos supuestamente en la sede del Partido de la U, con afirmaciones sobre la compra de votos y la falta de remuneración a jurados.

El llamado del presidente ocurre en un contexto de especial sensibilidad institucional. Petro demandó que los partidos colaboren en la elaboración de listados con los nombres de quienes, a su juicio, participaron en las presuntas irregularidades.

Hasta el momento, no se han divulgado cifras concretas respecto al posible alcance de la operación ni sobre cuántos jurados podrían estar involucrados. Sin embargo, el Partido de la U exigió la rectificación de las afirmaciones presidenciales y sostuvo que se trata de información sin sustento.

Horas después de que la candidata presidencial Paloma Valencia revelara cuál sería su fórmula vicepresidencial para llegar a las urnas el 31 de mayo, la nueva dupla arribó al centro de Bogotá para hacer su presentación oficial.

En medio de una rueda de prensa adelantada en el sector comercial conocido como el Gran San, la candidata aseguró que su decisión de escoger a Juan Daniel Oviedo se dio después de una reunión interna con el partido Centro Democrático.

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En sus declaraciones, la aspirante señaló que su motivación para escoger al exdirector del Dane, más allá del apoyo que obtuvo en las urnas el pasado 8 de marzo, fue su tecnicismo para entregar soluciones al país sin que medie la politización.

“Tenemos muchas diferencias como país, que sí pensamos hacia atrás, solo vamos a encontrar heridas difíciles de sanar. Pero tenemos una opción distinta, que es mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro que todos los colombianos nos merecemos y hoy estamos aquí para decirles que todas las heridas, esas discrepancias que se van a mantener, no tienen que óbice para que trabajamos juntos por el futuro que los colombianos nos merecemos”, indicó Valencia.

La candidata aseguró que la elección de Oviedo será un avance en la reivindación de derechos de poblaciones vulnerables, además de una muestra de respeto por la política al ser dos personalidades que no enfrentan investigaciones de ningún tipo por hechos de corrupción.

“El mejor coequipero para este trabajo que lanzamos por Colombia es Juan Daniel Oviedo. Él sacó un respaldo popular que a todos nos emociona porque está conectando con muchos colombianos que no se sentían representados y que han encontrado en Juan Daniel la oportunidad de sentirse incluidos, de ser visto de ser oídos, eso no se enorgullece”, comentó Valencia.

Respecto a las diferencias que mostraron en días anterior por temas de coyuntura como el acuerdo de paz con las Farc y la permanencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, la candidata presidencial aseguró que, aunque sus posturas seguirán chocando, mantendrán el diálogo para construr sobre la diferencia.

“Yo quiero reafirmar lo siguiente: Los acuerdos entre diferentes significa que seguimos siendo diferentes. Yo voy a seguir defendiendo los militares de Colombia que merecen una justicia justa”, señaló Valencia.

Entratando el ahora candidato a la Vicepresidencia de Colombia también se refirió a su decisión de conformar equipo con la senadora del Centro Democrático, pese a las críticas que ha recibido por, supuestamente, alinearse con un sector político de derecha.

En su pronunciamiento, el exdirector del Dane señaló la dificultad de construir consensos en el país, señalando que muchas veces el debate se reduce a “imponer o subyugar”. “Regalada, me dicen. Este es el país en el que es muy difícil sumar en la diferencia, porque no es posible hablar”, señaló.

Sin embargo, afirmó que en esta coalición se logró “reconocer nuestras diferencias, pero unirnos alrededor de un propósito que es indispensable en este momento de Colombia”.

La propuesta de la fórmula Valencia-Oviedo gira en torno a la inclusión de sectores históricamente marginados. Durante su intervención, Oviedo subrayó la importancia de que en el futuro de Colombia “los campesinos, los informales, los indígenas, la población negra, la población con discapacidad, las mujeres, la población con orientación sexual e identidad de género” tengan un espacio en la toma de decisiones.

En palabras de Oviedo, este esfuerzo “se está construyendo a partir de un propósito de futuro, dejando de lado los odios del pasado”. Su enfoque apunta a que la política deje de ser una disputa de intereses y se convierta en un ejercicio de responsabilidad colectiva.

Oviedo advirtió sobre el riesgo de ignorar las realidades que enfrenta Colombia. Según su análisis, cuando un país no reconoce sus problemas ni los afronta de manera colectiva, queda “condenado a los populismos de izquierda y de derecha”. Por ello, la alianza busca posicionarse como una opción que privilegia el trabajo en equipo y la seriedad en la resolución de los desafíos nacionales.

De acuerdo con su discurso, el objetivo es que “todas las voces cuenten” y que las propuestas sean claras, cercanas a la ciudadanía y, sobre todo, resolutivas.

La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de enviar a prisión a dos congresistas vinculados en el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) sigue generando opiniones divididas en el país.

De hecho, en la mañana del jueves 12 de marzo, el recién electo representante a la Cámara por Bogotá Daniel Briceño utilizó su cuenta de X para asegurar que la reforma pensional, de la que el el Gobierno Petro ha sacado pecho, habría sido consecuencia directa de la presunta red de sobornos a congresistas con dineros de la entidad del riesgo.

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“unca olvidar que con la plata de la UNGRD el gobierno Petro compró la aprobación de la reforma pensional en el Congreso“, señaló Briceño en sus redes.

Sin embargo, el mensaje no fue bien recibido por el embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, que respondió rápidamente a las críticas con un tono particular.

A través de la misma red social, el diplomático tildó a Briceño de mentiroso, aunque no sustentó su afirmación en argumentos demostrables. De hecho, el embajador le dedicó una curiosa clase de ‘religión’, asegurando que sus afirmaciones podrían ser mal recibidas por un ser superior.

“Nunca olvidar que todo lo que dices es mentira. Recuerda que los mentirosos son hijos del diablo y lo dice tu biblia y la mía“, escribió Saade.

Incluso, Saade habló de posibles consecuencias ‘espirituales’ por sus afirmaciones, haciendo referencia a posibles castigos divinos tras acusar al Gobierno nacional de participal en el presunto entramado corrupto.

“Tendrás que entregar cuentas a Dios de tus perversos actos porque nuestro tesoro no es terrenal vivimos para la conquista después que lo temporal pase.Deberías arrepentirte de tu lavadora antes de que Dios te obligue a hacerlo“, concluyó el embajador en Brasil.

Daniel Briceño aseguró que le ahorró una millonada al Estado con la reposición de votos

Daniel Briceño, quien será representante del Centro Democrático en la Cámara de Representantes tras las elecciones del 8 de marzo de 2026, anunció públicamente que solo solicitará el reembolso de los gastos utilizados durante su campaña, estableciendo una diferencia de más de 1.800 millones de pesos con respecto al monto máximo que podría reclamar, según las cifras oficiales reconocidas por el sistema colombiano de reposición electoral.

Esta decisión, expuesta detalladamente por el propio Briceño en su cuenta oficial de X, marca un punto de debate sobre la manera en que se aplican las normas de recuperación de gastos de campaña en Colombia y los límites efectivos que impone la ley vigente, según recogió el medio Infobae.

De acuerdo con el cálculo presentado por Briceño, el Estado paga $8.433 por cada voto obtenido. En su caso, el total reconocido por reposición ascendería a $2.210.323.032. Sin embargo, el futuro congresista explicó que sus gastos reales fueron aproximadamente $410 millones, y ese será el valor que solicitará como reposición de gastos, generando —según su afirmación— un ahorro de $1.800.323.032 para las finanzas públicas.

“Sobre mi reposición de votos: Obtuve 262.104 votos a la Cámara de Representantes. Se reconocen $8.433 por cada voto. La reposición sería de: $2.210.323.032. En realidad, me gasté $410.000.000 aproximadamente. Le ahorramos a Colombia: $1.800.323.032. Solo se pedirá lo realmente gastado”, señaló.

Este anuncio detonó una serie de respuestas entre dirigentes políticos y expertos en financiación electoral. María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara, cuestionó el mensaje y argumentó que, según la legislación vigente, Briceño no podría solicitar más allá del monto gastado, por lo que no existe un ahorro al Estado como él plantea.

“Daniel, si bien sabes que no podemos pedir en reposición más que lo que nos gastamos, así que no nos estás ahorrando nada. No mientas y para ya de llamar la atención con pantomimas”, replicó Carrascal.

El anuncio anticipado de la candidata presidencial Paloma Valencia, quien la mañana del jueves 12 de marzo confirmó la inclusión de Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial, comenzó a generar reacciones divididas en redes sociales.

Por un lado, desde los sectores más afines a la derecha, y al uribismo, acogieron con alegría la noticia, al señalar que la nueva combinación podría traer grandes beneficios a la aspiración presidencial de Valencia.

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Tal fue el caso de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt que, a través de su cuenta de X, felicitó a los dos candidatos y auguró una posible fórmula en la que se priorizarán los consensos en medio de la diferencia.

“Paloma le abre las puertas a Oviedo con un saludo ganador:“Bienvenido señor vicepresidente!“. Ella firme en sus principios y Oviedo feliz, con gratitud. Dos dirigentes generosos, dispuestos a construir sin condiciones ni imposiciones. Colombia ganó“, señaló Betancourt.

Asimismo, algunos de los candidatos que estuvieron junto a Valencia y Oviedo en la Gran Consulta por Colombia enviaron sus felicitaciones a la nueva dupla, que durante dos días mantuvo bajo especulaciones a todo el país por sus fuertes posiciones.

“Felicitaciones a Paloma y a Juan Daniel. Esa es la fórmula, no solo para ganar las elecciones, sino para construir un mejor país, unidos. Seguimos mostrándole el camino a Colombia. Este gran equipo de la gran consulta. Seguiremos apoyando a Paloma y aJuan Daniel cada vez con más fuerza”, indicó Aníbal Gaviria.

“De todas las fórmulas posibles, la que encabezan Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, es sin duda,las más explosiva y complementaria. Ahora si empezó esto !!!”, escribió David Luna.

Finalmente, el exalcalde Enrique Peñalosa fue de los últimos en mostrar su concepto de la nueva alianza de centro derecha, que aspira quedar en los dos primeros lugares de las elecciones programadas para 31 de mayo de 2026.

“La escogencia de Juan Daniel Oviedo como su vicepresidente ilustra la visión de país de Paloma Valencia. Ella quiere un país para todos los colombianos, en el que todos quepan, respetando las diferencias de opinión, protegiendo la democracia y construyendo progreso e igualdad de verdad”, escribió Peñalosa.

Sin embargo, desde el sector más cercano al oficialismo no tardaron las críticas contra la candidata presidencial y su fórmula vicepresidencial, al que tildaron, incluso, de ser la la supuesta ‘ficha’ oculta del uribismo.

Tal fue el caso de María José Pizarro, jefa de debate del candidato presidencial Iván Cepeda, que acusó a la nueva dupla de buscar un presunto centralismo en el poder, excluyendo a los territorios.

“Ella quiere un pais de elites, de tecnócratas y neoliberales que gobiernan desde el centralismo Bogotano. En ese pais los pueblos y las regiones no tienen cabida, como no la han tenido en 200 años”, señaló la exsenadora en su cuenta de X.

En esa misma línea, el exgobernador de Nariño Camilo Romero asguró que la fórmula vicepresidencial ya estaría pactada desde antes con el Centro Democrático, pese a que el exdirector del Dane aseguró que se mantenía independiente.

“Votar por Oviedo era votar por Uribe. Lo advertí antes de elecciones y hoy se cumple: fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. El uribismo engañó al electorado vendiendo un falso “centro”. Vamos a impedir el segundo engaño en mayo. Este país no irá al pasado, va ¡Pa’lante!“, señaló.

Por su parte, el expresidente Ernesto Samper entregó un balance de lo significaría la unión entre Juan Daniel Oviedo, que ha defendido la creación de la JEP y el acuerdo de paz, con un sector más radical como el Centro Democrático.

“La aceptación por parte de la candidata Paloma Valencia de Juan Daniel Oviedo como su vicepresidente es una excelente noticia porque demuestra que el Centro Democrático valida el Acuerdo de Paz de La Habana y la continuación de la JEP para seguir abordando casos sensibles”, Señaló el exmandatario.

Incluso, Samper aseguró que la decisión de la candidata presidencial podría abrir la puerta a un nuevo diálogo entre orillas políticas para contrarrestar la polarización que se ha formado en Colombia durante los últimos años.

“Se trata de dos excelentes noticias para empezar a trabajar en el diálogo nacional que ha propuesto el candidato Iván Cepeda, para identificar puntos de común interés para el país que nos alejen de la polarización ideológica en que estamos”, concluyó el expresidente.

La detención inmediata de dos congresistas reelectos por presunta venta de votos y solicitud de beneficios ilegales en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público ha generado un impacto significativo en la política colombiana.

La Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de Wadith Manzur y Karen Manrique, señalando el peligro que representarían para el proceso judicial sobre el desvío de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y su posible influencia en la investigación.

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Las pruebas que vinculan a Manzur y Manrique con el escándalo del desvío de recursos de la Ungrd incluyen registros de reuniones con el Gobierno, testimonios de testigos principales y evidencia sobre la supuesta coordinación de favores y beneficios a cambio de votos.

Entre septiembre y diciembre de 2023, ambos habrían participado en un esquema de solicitud de cupos indicativos y respaldo a proyectos gestionados ilegalmente mediante la Ungrd, lo que motivó la decisión judicial de su detención.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema explicó que su fallo que la decisión de ordenar la detención responde al riesgo de que los congresistas, desde sus cargos, continúen interviniendo en el caso o dificulten la investigación del desvío de fondos públicos gestionados a través de la Ungrd.

Tanto Manzur como Manrique serían parte de un grupo de congresistas que negociaron “dádivas” con el entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla para favorecer operaciones de crédito público.

La ponencia inicial de la Corte sostiene que la negociación, que comenzó en septiembre y culminó el 5 de diciembre de 2023, implicó un mecanismo en el que cupos indicativos millonarios pasaron a convertirse en proyectos financiados por la Ungrd. Este proceso habría desviado la función legislativa hacia la obtención de beneficios personales y habría involucrado a otras entidades estatales.

Una investigación de Noticias Caracol detalló que los encuentros decisivos para concretar estos acuerdos se desarrollaron entre el 27 de noviembre y el 15 de diciembre de 2023. Durante ese periodo, los congresistas implicados sostuvieron diversas reuniones, presenciales y virtuales, con funcionarios del Ministerio de Hacienda y asesores clave. Las pruebas recopiladas muestran el presunto compromiso de avalar iniciativas económicas a cambio de recursos y contratos dirigidos a sus regiones.

Pruebas y testimonios clave en el caso Ungrd

Las investigaciones, de acuerdo con Cambio, se fortalecieron gracias a los testimonios de María Alejandra Benavides (asesora ministerial), Sneyder Pinilla y Olmedo López (exdirectivos de la Ungrd), quienes colaboraron como testigos tras negociar beneficios judiciales.

Sus declaraciones ante la Corte Suprema describen la supuesta coordinación directa de Manzur y Manrique en la entrega de contactos y la gestión de proyectos canalizados a través de la Ungrd, con objetivos técnicos y operativos para asegurar apoyo en la comisión parlamentaria.

Según la corte, Manzur habría asumido el papel de vocero del grupo, sugiriendo procesar los cupos indicativos mediante la entidad y encabezando reuniones esenciales. De igual manera, la Corte identificó una participación activa de Manrique, quien se encargaría de vigilar el cumplimiento de los acuerdos y mantener la comunicación con entidades estatales y representantes regionales.

Un episodio clave para la corte fue la reunión en el Centro Comercial Santa Ana de Bogotá, entre Manzur y Benavides, cuando el caso ya era de conocimiento público.

Durante ese encuentro, Manzur habría afirmado: “ahí no hay nada… Los contratos nunca se dieron. Lo que yo estaba gestionando nunca pasó”, lo que la Sala interpretó como un indicio para incidir en testigos relevantes del expediente.

Bitácora de reuniones y modus operandi en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público

La bitácora, según una investigación de Noticias Caracol, indica que la primera de las reuniones centrales tuvo lugar el 28 de noviembre de 2023, vía Teams, contando con la presencia de Benavides, Manzur, Bitar, Gallo, Peinado y Manrique.

Estos parlamentarios estarían señalados de recibir beneficios contractuales en Saravena, Cotorra y Carmen de Bolívar, sumando recursos por $92.000 millones.

El 4 de diciembre se produjo una sesión presencial de 48 minutos en el Ministerio de Hacienda, en la que Manrique fue recibida por Benavides antes de ir al despacho del ministro Bonilla.

El 5 de diciembre se efectuaron dos pre-sesiones de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público; la primera, de 39 minutos, con participación de Bitar, Manzur y Peinado. En la segunda, se sumaron Gallo, Manrique, Muñoz y otro parlamentario.

El 15 de diciembre, Manzur retornó al ministerio en calidad de vocero, después de que la última sesión de la comisión fuera reprogramada. Durante esa época, se presentó el aumento inusual en la aprobación de conceptos favorables: 13 conceptos positivos en poco más de un mes, comparados con cinco en los cinco meses anteriores.

La reiterada presencia de Manzur y Manrique en estas reuniones, así como su participación activa en las gestiones sobre créditos estatales, reforzó la hipótesis de una operación coordinada para intercambiar respaldo político por recursos públicos.

Defensa de los congresistas y próximos pasos judiciales

Ambos congresistas rechazan las acusaciones de haber aceptado dádivas. Según declaraciones recogidas por Cambio, sostienen que únicamente defendieron necesidades regionales legítimas. La defensa de Manrique alega la inexistencia de pruebas documentales que sustenten un pacto ilegal y resalta el carácter humanitario de su gestión, especialmente ante emergencias en Arauca durante 2023.

La Sala de Instrucción desestimó la exigencia de pruebas escritas, al señalar que las delegaciones de vocería y los acuerdos ilícitos raramente quedan documentados formalmente. El tribunal sostiene que la influencia de los implicados se consolidó mediante relaciones clientelares y prácticas fuera de la legalidad.

Manzur y Manrique podrán interponer recursos legales ante la decisión judicial. Manrique, quien se entregó a la Sijín en Tame, Arauca, solicitó ser recluida en una guarnición militar tras denunciar amenazas relacionadas con el caso.

Luego de conocerse los resultados de la consulta interpartidista, que dejó a Roy como el vencedor por el progresismo con apenas 257.000 votos de los casi seis millones precontados, el candidato presidencial ahora intenta fortalecerse con una fórmula presidencial atrayente.

Y es que su derrota en Senado y Cámara de Representante, donde no logró obtener ni una curul, ni superar el umbral, lo dejó en una posición reducida frente a otros aspirantes a la Casa de Nariño.

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La lista de su partido alcanzó apenas el 2,03% de los sufragios, quedando fuera del Congreso y dejando a varias figuras políticas sin representación.

En medio de este contexto, Roy Barreras ahora busca fortalecer su fórmula presidencial ofreciendo la vicepresidencia a figuras de alto perfil. Una de las propuestas más llamativas fue a Carolina Sanín, escritora reconocida y simpatizante de causas de izquierda.

Sanín confirmó que recibió la invitación el 9 de marzo, pero la rechazó con una respuesta inusual: “En esas campañas se come maluco y hay que hablar con demasiada gente”, explicó a Cambio.

Respuesta de Carolina Sanín a la propuesta de Roy Barreras

La escritora manifestó públicamente su intención de votar por Barreras, destacando su apoyo a la “búsqueda de la paz” y al espectro de izquierda, aunque dejó claro que no respalda a las Farc ni es ambigua frente a la violencia.

Su reacción a la invitación de Barreras fue directa y personal, priorizando sus reservas sobre la vida en campaña y el contacto constante con distintos sectores.

Roy Barreras agradeció la postura de Sanín y, a través de redes sociales, afirmó que “en su campaña serían millones”, pese a que los resultados de la consulta solo le dieron 257 mil votos. El candidato buscó así mostrar optimismo y sumar respaldos tras el bajo caudal electoral del Frente por la Vida.

En días recientes, el nombre de Carolina Sanín había sonado entre aquellos que podrían acompañar a Barreras en la fórmula presidencial, junto con otras mujeres destacadas en el periodismo y la política.

Otras candidatas sugeridas por Roy Barreras para la vicepresidencia

Antes de acercarse a Sanín, Roy Barreras había mencionado a la periodista María Jimena Duzán, a la también periodista Patricia Lara y a la senadora Gloria Flórez del Pacto Histórico como posibles compañeras de fórmula. Estos nombres reflejan el interés de Barreras en rodearse de figuras femeninas con trayectoria en el ámbito público y el periodismo crítico.

Además, se mencionó a Adelina Covo, suegra del ministro del Interior Armando Benedetti y cercana al círculo de Barreras. Covo manifestó públicamente su apoyo al candidato semanas antes de la consulta, reforzando la idea de que el equipo de Barreras buscaba alianzas diversas dentro de la izquierda colombiana.

Resultados de la consulta y reacción de Barreras ante el bajo apoyo

Roy Barreras superó al exalcalde de Medellín Daniel Quintero por cerca de 30.000 votos, pero los resultados generales fueron bajos para el Frente por la Vida. En la consulta participaron cerca de 500.000 ciudadanos, pese a la directriz del presidente Gustavo Petro de no acudir a las urnas.

La baja votación llevó a Barreras a criticar públicamente a Petro, señalando que “abandonar las urnas era dejar las canchas libres a la derecha”. El candidato insistió en que fue un error estratégico boicotear la participación en la consulta, defendiendo la importancia de movilizar a los votantes progresistas.

La derrota fue doble para Barreras, ya que su partido no alcanzó el umbral del 3% necesario para obtener representación en el Senado. Entre los aspirantes de su lista figuraban el dirigente sindical Fabio Arias, la esposa del exsenador Musa Besaile Fayad y el exsecretario de la alcaldía de Medellín Juan David Duque, quien solo obtuvo 1.500 votos.

La campaña de Barreras queda ahora en un escenario complicado, con el reto de sumar apoyos y redefinir su estrategia tras el rechazo de figuras como Sanín y los magros resultados electorales tanto en la consulta presidencial como en el Senado.

Hay preocupación en el departamento del Atlántico, después de que empezara a circular un panfleto que amenaza a varios creadores de contenido de la ciudad de Barranquilla, al parecer, por apoyar negocios que estarían al servicio de la banda Los Pepes.

Mientras la autenticidad del documento sigue sin confirmarse, la alarma crece en una comunidad acostumbrada a la presencia constante de grupos criminales y a la incertidumbre sobre la seguridad cotidiana.

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La aparición del panfleto, que menciona a los creadores de contenido Omi Camacho, Danny Amaretto, Juan Pablo Puente, Linda Yepes, Andrés de la Rosa y Juancho, ha provocado una ola de preocupación entre seguidores y vecinos de Barranquilla.

“Comunicado a la opinión publica y creadores de contenido de Barranquilla y el Atlántico a partir del momento esos creadores de contenido que se la pasan incitando peleas y apoyando a los negocios de los pepes son declarados objetivo militar de nuestra organización las siguientes personas serán atacadas sin importar quien caiga”, se lee en la amenaza.

El documento, atribuido al grupo delincuencial Los Costeños bajo la facción Bloque Resistencia Caribe, declara a los creadores como “objetivos militares” y les prohíbe seguir trabajando en la ciudad.

El mensaje, que circula desde hace horas por redes sociales y cadenas de mensajería, advierte con frases como “si se creen muy machos, que se compren una pijama de palo”, haciendo referencia a una amenaza de muerte.

La mayoría de los influencers señalados produce contenido en Barranquilla, aunque figuras como “El Mundo de Juancho” son originarias de Cartagena.

Hasta el momento, solo Linda Yepes ha respondido públicamente a través de su cuenta oficial. En su publicación, desmintió las amenazas y pidió tranquilidad a sus seguidores. Las autoridades, por su parte, no han confirmado la procedencia del panfleto ni su vínculo real con estructuras criminales.

“No los queremos ver grabando videos ni en la ciudad ya lo saben y si se creen tan machos compren una piyama de palo (sic)”, culmina la amenaza.

Durante los últimos meses, Barranquilla ha visto cómo la criminalidad utiliza panfletos para amedrentar a sectores sociales, comerciantes e incluso profesionales de la salud.

Uso de panfletos como herramienta de intimidación

La circulación de estos mensajes intimidatorios ha dejado una huella psicológica en barrios del sur y suroccidente, donde muchas veces resulta imposible distinguir entre amenazas reales y actos de desinformación.

Según se ha informado, la estrategia de los panfletos se ha intensificado desde que terminó un cese de hostilidades temporal entre Los Costeños y Los Pepes, dos de las principales organizaciones criminales en disputa por el control de la ciudad.

En enero de 2026, tras el fin de esa tregua, se han reportado múltiples panfletos de ambos bandos. Algunos van dirigidos a presuntos colaboradores, otros buscan intimidar a comunidades enteras.

Las autoridades han identificado a alias Castor como líder de Los Costeños/Bloque Resistencia Caribe, grupo señalado en recientes ataques armados y explosivos.

Este escenario ha profundizado el clima de inseguridad. Residentes y comerciantes viven bajo el temor de que cualquier señalamiento público o vínculo comercial pueda convertirlos en objetivo de alguna estructura criminal.

La respuesta de las autoridades ante estos episodios ha sido pedir a la población no difundir información sin verificar y reportar cualquier intimidación a las líneas oficiales del Gaula y la Policía. Insisten en que algunos panfletos anteriores terminaron siendo apócrifos, aunque la sensación de amenaza permanece.

Actualmente, no existe una certeza sobre si se trata de una amenaza real, una maniobra de desinformación para sembrar miedo o parte de la guerra propagandística entre los grupos rivales.

El episodio se produce en un contexto de deterioro de la seguridad en Barranquilla. Los ataques armados, explosiones y tiroteos han sido recurrentes, con hechos recientes como el ataque explosivo cerca de la cárcel Distrital El Bosque.

A menos de 10 días para que Bogotá reciba a representantes de 33 países que conforman la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, entregó detalles de su posible visita al país.

Según indicó el mandatario brasileño en su cuenta de X, sostuvo una reunión con el presidente Gustavo Petro en la mañana del miércoles 11 de marzo para celebrar el último encuentro a cargo de Colombia antes de entregar la Presidencia Pro Témpore a Uruguay.

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“Recibí una llamada telefónica del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la mañana de este miércoles (11). Hablamos sobre la integración latinoamericana y caribeña en el contexto de los preparativos para la Cumbre de la CELAC, que se celebrará el 21 de marzo en Bogotá”, señalo el mandatario brasileño.

En su mensaje también mencionó que en Bogotá se adelantarán reuniones de alto nivel, además de confirmar un encuentro bilateral con el mandatario colombiano en los próximos días.

“El presidente Petro también nos informó sobre la reunión CELAC-África programada para la mañana del 21. Confirmamos nuestra asistencia a la 4ª edición del evento “En Defensa de la Democracia”, que organizará el gobierno español en Barcelona el próximo 18 de abril", comentó Lula da Silva.

El Foro Celac-África es un espacio de alto nivel que busca fortalecer el diálogo político y la cooperación birregional entre los países de América Latina, el Caribe y África.

Este foro surge como una apuesta estratégica para consolidar una relación duradera basada en el intercambio entre iguales y la articulación de posiciones comunes en el escenario internacional.

El objetivo principal consiste en crear mecanismos permanentes para el diálogo y la colaboración en temas como el desarrollo sostenible, la justicia histórica, el comercio, la inversión y el fortalecimiento institucional. También pretende institucionalizar la cooperación Sur–Sur, permitiendo que ambas regiones trabajen juntas para enfrentar desafíos globales como el cambio climático, la seguridad alimentaria, la superación de la pobreza y la construcción de paz.

El evento, que se realizará en el Centro de Convenciones Ágora Bogotá entre el 18 y el 21 de marzo de 2026, reunirá a jefas y jefes de Estado y de Gobierno para definir una agenda común de desarrollo sostenible y justicia étnico-racial.

En el marco del foro, Colombia cederá la Presidencia Pro Témpore de la CELAC a Uruguay, marcando un momento simbólico al coincidir con el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Este gesto refuerza el compromiso birregional por la igualdad y la dignidad de los pueblos.

Dimensión y alcance del foro CELAC-África

Las cifras reflejan la magnitud de esta iniciativa: África reúne a 55 países y más de 1.390 millones de habitantes, mientras que América Latina y el Caribe integran 33 países.

En conjunto, ambas regiones representan a más de 2.000 millones de personas, lo que equivale a cerca de un tercio de la población mundial. Este peso demográfico otorga a la plataforma un carácter geoestratégico, pues suma 87 de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas.

El Foro Celac-África no es un espacio meramente declarativo. Su principal objetivo es institucionalizar la cooperación política, económica y académica entre las dos regiones, generando mecanismos formales de diálogo, seguimiento y acción conjunta frente a desafíos globales.

El documento que orienta el foro estructura la agenda en torno a cuatro grandes áreas de trabajo: cooperación Sur–Sur para el desarrollo birregional, reparación histórica y justicia étnico-racial, comercio e inversión, y política exterior con articulación multilateral. Cada uno de estos ejes busca convertir el diálogo en oportunidades concretas para el desarrollo económico, la diversificación productiva y la equidad.

Durante las sesiones se abordarán temas prioritarios como la soberanía alimentaria, la equidad digital, la transición energética, la integración en salud y la memoria histórica. También se prevé el intercambio de modelos de gobernanza y experiencias exitosas frente a problemáticas globales compartidas, como el cambio climático y la paz.

Una cadena de presuntas vulneraciones de derechos humanos estaría poniendo en riesgo la integridad de Andrea Esperanza Valdés, una mujer privada de la libertad que denunció ser víctima de violencia sexual mientras estaba bajo custodia en la Cárcel El Pedregal en Medellín.

El caso fue conocido en 2024 cuando la recluso denunció haber sido agredida sexualmente por dos guardias del Inpec que, en agosto de 2025, fueron enviados a prisión. Como consecuencia directa de esta agresión, quedó embarazada y, posteriormente, trasladada a la Cárcel de Mujeres El Buen Pastor de Bogotá tras señalar amenazas e intiminadciones.

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Sin embargo, la mujer ahora enfrenta otro pleito legal, después de que fuera informada sobre la apertura de un proceso de restablecimiento de derechos hacia su hijo de nueve meses, según denunció la ONG Temblores.

Según la información difundida por la ONG, uno de los motivos esgrimidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y el Inpec para justificar la medida sería el supuesto “mal comportamiento” de Valdés en prisión.

La organización advierte que no existe documentación clara ni pruebas suficientes que respalden esta acusación, lo que genera dudas sobre la validez del proceso y sobre las verdaderas razones para separar a la madre de su hijo.

Valdés también denunció haber sido objeto de estigmatización dentro del penal. Funcionarios se habrían referido a su hijo como con apodos que estarían perpetuando discriminaciones en su contra tras el escándalo desatado en la capital de Antioquia.

“En particular, ha señalado que funcionarios del establecimiento se han referido a su hijo como el “niño INPEC”, una expresión que traslada el peso de la violencia sufrida por la madre hacia el niño y refuerza dinámicas de discriminación dentro del entorno carcelario“, señaló Temblores en un comunicado.

Según la ONG, el caso de Andrea pone en evidencia una cadena de omisiones estatales. En primer lugar, el Estado no habría garantizado condiciones seguras de reclusión. En segundo lugar, la mujer fue víctima de hechos que atentaron contra su autonomía reproductiva y su integridad física. Finalmente, se evalúa una medida que podría separar a madre e hijo, en vez de priorizar mecanismos de apoyo para el ejercicio pleno de la maternidad.

Según resaltó Temblores, las mujeres privadas de libertad tienen derecho a condiciones dignas de reclusión, a una vida libre de violencias y a ejercer la maternidad sin discriminación ni represalias.

La Cidh, en la Opinión Consultiva OC-31/25, reconoce la especial vulnerabilidad de estas mujeres y exige a los Estados implementar medidas progresivas que garanticen el derecho al cuidado.

Las Reglas Bangkok de Naciones Unidas también establecen que cualquier separación entre madre e hijo en prisión debe ser excepcional y que el Estado tiene la responsabilidad de proteger el vínculo familiar.

De acuerdo con la normativa vigente, los niños pueden permanecer con sus madres hasta los tres años en prisión bajo el acompañamiento del Icbf. El hijo de Valdés apenas tiene nueve meses, lo que hace aún más polémica la posibilidad de una separación anticipada.

Llamado de atención sobre violencia institucional

Para la ONG Temblores, la situación de Andrea representa una forma de revictimización institucional. Señalan que, tras denunciar graves hechos de violencia bajo custodia estatal, ahora enfrenta una posible decisión que profundizaría su vulnerabilidad al apartarla de su hijo.

“No basta con evaluar el comportamiento de la madre. El Estado debe garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio de la maternidad. Si esas condiciones no existen, la falla es institucional”, señaló Temblores.

La ONG solicitó que cualquier medida se tome considerando el contexto de violencia institucional que ha marcado la vida de Valdés y su hijo. “Este caso evidencia cómo, en contextos de privación de la libertad, las mujeres pueden enfrentar múltiples formas de violencia institucional, incluso después de haber denunciado hechos graves ocurridos bajo custodia del propio Estado”, advierte la ONG.

Luego de seis meses de que el hijo del reconocido contrabandista Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, fuera capturado por la fuerte agresión cometida hacia su excompañera sentimental, en la mañana del miércoles 11 de marzo se conocieron nuevos detalles de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación en su contra.

De hecho, fueron revelados los argumentos que el ente acusador usó durante la imputación de cargo contra Juan Diego Marín Franco, en los que se responsabilizó por presunta tentativa de feminicidio.

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Según indicó la Fiscalía, el caso expone una agresión con arma blanca ocurrida el 23 de septiembre del 2025, cuando Marín Franco presuntamente atacó a su exesposa durante una discusión vinculada al fin de su relación.

Según las autoridades, la víctima sufrió múltiples cortes en diversas partes del cuerpo y requirió reanimación debido a un shock hipovolémico. Actualmente, Marín Franco se encuentra bajo libertad vigilada y tiene prohibido salir de Cartagena mientras avanza el proceso penal.

“Ella tuvo que recibir reanimación al llegar al centro médico, pues padeció shock hipovolémico por la excesiva pérdida de sangre”, señaló la Fiscalía en la audiencia a la que tuvo acceso la revista Cambio.

La denuncia formal incluye detalles sobre los daños sufridos por la mujer: cortes en el cráneo, hombro, ceja, manos, costilla, espalda y abdomen. De acuerdo con la Fiscalía, la víctima necesitó atención médica urgente a causa de la pérdida excesiva de sangre.

Marín Franco fue detenido el mismo día del ataque y permaneció tres meses bajo custodia. En diciembre, recuperó la libertad bajo una medida de aseguramiento no privativa, con la obligación de permanecer en la ciudad.

“Él preparó una cena, flores, rumba y celebración en una ciudad como Cartagena y una propuesta de querer estar en una relación de pareja. Pero discutieron, y cuando escuchó de ella que no quería estar más con él, y que, por el contrario, iba a empacar las maletas para irse, este prefirió agredirla físicamente al punto de casi causar su muerte”, comentó la Fiscalía.

Violencia de género y contexto de la relación

Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía describió un presunto patrón de violencia de género durante la relación. Señaló episodios de abuso físico, psicológico y verbal, discriminación y dependencia económica que, según la fiscal Diana Isabel Lara, culminaron en el ataque.

Durante la audiencia revelada por Cambio, la funcionaria relató que Marín Franco dominaba y descalificaba a la víctima, empleando insultos y amenazas, incluso con armas de fuego. Además, destacó el control económico y los constantes conflictos respecto al divorcio y la custodia de la hija de ambos.

“La relación estuvo enmarcada por actos de discriminación y de violencia de género, había ejercicio violencia psicológica, física y verbal en contra de la víctima. Le decía ‘perra’, ‘mantenida’.La acusaba de ser infiel, la acusaba de muerte, incluso con armas de fuego. La manipulaba económicamente y tenía problemas por incumplimientos del acuerdo de divorcio y por temas de la custodia de su hija”, señaló la fiscal el 3 de marzo en la diligencia.

La fiscal sostuvo que el acusado actuaba movido por una percepción de legitimidad para imponer normas y restringir la autonomía de la mujer. Afirmó que existía un contexto de relaciones desiguales y estereotipos de género que influyeron en el incidente.

“Marín Franco creyó estar legitimado para reprender, dominar, imponer normas de conductas y de respeto.Utilizó la violencia física y psicológica para disponer de la vida, integridad y dignidad de una mujer, para garantizar así su sometimiento, cosificación e instrumentalización, despojándola de su humanidad y valor intrínseco, pensando que ella era de su propiedady que podría usurpar su autonomía si ella no se comportaba como él creía que debía hacerlo o continuaba una relación afectiva”, comentó Lara al juez.

Estrategias de defensa y proceso judicial

El abogado defensor Ricardo Carriazo calificó la agresión de su cliente como una “situación circunstancial”. Sostuvo que ambas partes se encuentran en conversaciones para una eventual reconciliación, mientras conviven temporalmente en Cartagena, aunque la mujer viaja también a Bogotá y Medellín.

La defensa argumenta que la relación entre ambos es positiva y que la convivencia en viviendas separadas responde al deseo voluntario de la víctima.

Esta versión fue corroborada por el abogado Julián Molina, representante de la mujer, quien indicó que ella ha decidido, de manera libre y consciente, mantener el acercamiento bajo condiciones autónomas.

Pese a las versiones de acercamiento, la Fiscalía continúa el proceso penal. En Colombia, los delitos por tentativa de feminicidio se investigan de oficio, aun si la víctima retira la denuncia o busca un acuerdo extrajudicial. Se ha establecido que la siguiente audiencia preparatoria de juicio será el 17 de abril.

En fechas recientes, Marín Franco pidió autorización para residir parcialmente en el municipio de La Estrella, Antioquia, alegando afectaciones a sus derechos fundamentales al tener que permanecer en Cartagena. La solicitud fue rechazada y el proceso sigue bajo la misma medida de aseguramiento.

El triunfo de Óscar Benavides sobre Miguel Polo Polo en la elección de la curul afro en la Cámara de Representantes sigue generando reacciones en el país tras los comicios del 8 de marzo.

Y es que Benavides registró una cifra récord de votos para ese escaño especial, entre otras, con una fuerte campaña basada en el uso de redes sociales para solititar una renovación del liderazgo afrodescendiente.

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Abogado nacido en Tumaco, Benavides logró la mayor votación histórica para esa curul, desplazando a Miguel Polo Polo tras una campaña financiada con un préstamo bancario personal y sostenida principalmente en redes sociales.

El representante electo afirmó en una entrevista para la revista Cambio que su principal objetivo fue reemplazar a Polo Polo, a quien responsabilizó de “revictimizar a las madres de Soacha” y de “abrir heridas” en la sociedad, y expuso su compromiso de legislar para la inclusión y la dignidad de los territorios afrocolombianos.

“No me movía la ambición de un cargo. Este señor había generado tanto daño a la sociedad, que una apuesta es sacarlo del Congreso. Él revictimizó a las madres de Soacha. El pueblo colombiano es más que eso y el pueblo castiga cuando alguien intenta aplastar la dignidad humana”, señaló el nuevo representante.

El abogado sostuvo también se refirió a los motivos que habrían llevado a Polo Polo a salir del Legislativo, pese a contar con fuertes apoyos de varios políticos, incluido el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

“Si me lo encontrara, lo primero que le diría es que tiene que aceptar su derrota. Que reflexione sobre el daño que le hizo al país, que se reivindique con las madres de Soacha y que le pida perdón a la sociedad. Porque lo que hizo fue abrir heridas y el país se lo cobró en las urnas”, expresó al medio.

Benavides insistió en que la campaña no se motivó por intereses individuales, sino por la voluntad de dignificar la política afrocolombiana.

“Él se creía ganador porque tenía detrás a un candidato presidencial y una estructura fuerte como Abelardo de la Espriella. Pero yo confié en que la voluntad del pueblo iba a prevalecer por encima de las maquinarias y del dinero de los padrinos políticos. Y ahí está el resultado: más de 150.000 colombianos se levantaron y me dieron la oportunidad de representarlos con dignidad, sin importar el color de piel”, indicó a Cambio.

La campaña de Benavides y el efecto de las redes sociales

La ruta hacia el Congreso de Óscar Benavides se caracterizó por la ausencia de recursos y de apoyos logísticos tradicionales. “En noviembre, revisando la aplicación de Bancolombia, me di cuenta de que tenía un préstamo bancario preaprobado. Tomé la decisión de acceder a ese préstamo para financiar mi campaña”, relató.

“Me prestaron alrededor de 79 u 80 millones de pesos, y además tenía unos 10 millones ahorrados. En total, mi campaña no pasó de 85 o 90 millones de pesos. Fue una campaña principalmente digital, muy apoyada en redes sociales. No tenía maquinarias tradicionales ni grandes estructuras detrás. Fue una campaña desde cero, con la gente que creyó en el proyecto”, agregó el propio Benavides.

El hashtag #SaquemosAPoloPolo fue el eje central del mensaje, dirigido a sacar a Polo Polo del Congreso “por el daño que causó a la sociedad”. Benavides consideró que “el país nos iba a respaldar” y enfatizó la decisión de los votantes de priorizar la dignidad y la representación legítima por encima del dinero de los “padrinos políticos”.

Destacó el papel de la organización ciudadana ante las estructuras de poder habituales: “Las maquinarias se van a estrellar, porque las redes sociales sí ponen votos. Ellos dicen que no. Así que seguí concentrado en mi trabajo y ahí está el resultado”, manifestó.

Propuestas legislativas y visión para el Congreso

De cara a su trabajo en la Cámara de Representantes, Benavides anunció la presentación de la Ley de la Dignidad y la Justicia Territorial como proyecto fundamental. Su propuesta busca que el 5% del presupuesto nacional, durante 20 años, se destine a la construcción y fortalecimiento de acueductos y alcantarillados en regiones apartadas del país.

“He dicho que en Colombia no podemos hablar de Estado social de derecho si a la gente no se le garantiza el acceso al agua potable. Hoy tenemos territorios donde la gente se está muriendo por enfermedades intestinales porque el agua que consume no es apta”, subrayó ante Cambio.

Benavides adelantó la creación del Partido Libre, respaldado por la personería jurídica que le corresponde. Señaló que ese nuevo espacio permitirá a jóvenes y a poblaciones históricamente excluidas participar en la vida política en igualdad de condiciones.

En el ámbito nacional, manifestó su respaldo al gobierno de Gustavo Petro y subrayó avances en vivienda y obras públicas en Tumaco, asegurando que la continuidad de ese modelo estaría representada por Iván Cepeda.

En medio de la conmoción que vive la capital del país por cuenta del escabroso asesinato de Karen Cecilia López, al parecer, en manos de su compañero sentimental, la Fiscalía General de la Nación sigue adelantando las pesquisas para determinar los móviles del crimen.

De hecho, en medio de una diligencia privada, el ente acusador ya imputó los cargos de homicidio agravado, feminicidio agravado y ocultamiento de pruebas a Hugo Fernando Silva Soto tras la muerte de su pareja y su hijo de diez meses en Bogotá.

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Aunque el acusado no aceptó los cargos, un juez de control de garantías determinó que representa un riesgo para la sociedad y ordenó su traslado inmediato a un centro penitenciario mientras avanza su proceso judicial.

Según la investigación revelada en la audiencia, la Fiscalía sostiene que Silva Soto asesinó a Karen Cecilia López con un arma cortopunzante mientras ambos permanecían dentro de un vehículo, en presencia del hijo menor de la pareja.

Las pruebas forenses determinaron que la mujer falleció por una herida en el cuello. El menor, por su parte, murió a causa de un trauma raquimedular cervical, descrito por las autoridades como una “muerte violenta”.

El caso cobró notoriedad pública luego de que inicialmente se reportara como un accidente de tránsito en el barrio Bosque Popular, en la localidad de Engativá. Sin embargo, la cronología de los hechos y los hallazgos en la escena desmontaron esa versión.

Estrategia para encubrir el crimen

La Fiscalía relató en la audiencia a la que tuvo acceso el canal Citytv que, tras el doble homicidio, Silva Soto manipuló la escena para simular un accidente.

Habría colocado el cuerpo de su pareja en el asiento del copiloto y condujo el vehículo hasta el lugar donde el barrio residencial, donde lo estrelló contra un árbol. El fiscal explicó que el acusado no utilizó silla de seguridad para el menor, lo que aumentó el riesgo mortal en el supuesto accidente.

“Después de ocurrido el hecho, el señor colocó el cuerpo de Karen Cecilia López en el puesto del copiloto y se desplazó en el vehículo MSR348 hacia la carrera 80-63B-48” indicó el fiscal en la diligencia conocida por el medio televisivo.

Para reforzar la apariencia de siniestro vial, el acusado habría limpiado el interior del automóvil. Sin embargo, los peritos hallaron rastros de sangre con luz especial, lo que permitió desmontar la coartada.

Las autoridades confirmaron que Hugo Fernando Silva permaneció más de dos horas en el vehículo antes de perpetrar los hechos. La combinación de pruebas materiales y testimonios llevó a la imputación de los cargos más graves por parte del Ministerio Público.

“Porque usted, señor Hugo, sin una silla de seguridad, queriendo dar apariencia de accidente a lo que había ocurrido previamente, se inmoló directamente contra un árbol. Era absolutamente previsible que su hijo podía morir allí o no”, indicó el delegado.

Intento de fuga y detención

La captura de Silva Soto se produjo cuando intentaba huir del lugar. Las autoridades informaron que intentó utilizar el automóvil para embestir a un agente policial. Ante la maniobra, un investigador disparó contra los neumáticos para evitar la fuga.

“Hugo Fernando Silva intentó utilizar su vehículo como un arma para intentar golpear de manera decisiva al servidor de policía”, señaló el ente acusador. Esta conducta agravó su situación judicial y reafirmó la peligrosidad atribuida por los investigadores.

Actualmente, el acusado permanece privado de la libertad mientras la Fiscalía continúa el proceso. El caso sigue bajo vigilancia pública debido a la gravedad de los hechos y a la presunta premeditación para encubrir lo ocurrido.

A Hugo Fernando Silva Soto se le imputaron los delitos de homicidio agravado, feminicidio agravado y ocultamiento o alteración de pruebas materiales. La Fiscalía sostiene que existen pruebas suficientes para vincularlo con la muerte violenta de su pareja y su hijo, así como con la manipulación de la escena para simular un accidente de tránsito.

El proceso judicial avanza mientras la comunidad y las autoridades exigen justicia para las víctimas. Las pruebas y testimonios presentados hasta el momento han sido determinantes para mantener la medida de aseguramiento en centro carcelario contra el sospechoso.

La renuncia de José Manuel Restrepo a la rectoría de la Universidad EIA quedó formalizada tras su decisión de asumir la candidatura a la Vicepresidencia junto a Abelardo de la Espriella, en medio de la fuerte contienda electoral para las próximas elecciones en Colombia. La salida será efectiva el 11 de marzo de 2026, marcando el cierre de su periodo como rector tras haber liderado la institución desde 2022.

José Manuel Restrepo Abondano dimitió a la rectoría de la Universidad EIA para integrarse como candidato a la Vicepresidencia en la fórmula encabezada por Abelardo de la Espriella.

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El exministro justificó la decisión en la invitación recibida y en su convicción de que el país atraviesa un momento clave que requiere compromiso desde nuevos espacios públicos. El reemplazo en la rectoría fue oficializado por la universidad, que ratificó la continuidad plena de sus procesos académicos y administrativos.

Motivaciones de José Manuel Restrepo para su salida de la Universidad EIA

En una emotiva carta dirigida a las directivas, comunidad académica y egresados, Restrepo señaló que la coyuntura nacional es, a su juicio, “trascendental” y advirtió que Colombia enfrenta riesgos para la democracia y las instituciones.

“El país está en riesgo de afectar su democracia y sus instituciones, de saltar al vacío a un modelo económico y productivo que va en contravía de la forma como el mundo ha logrado prosperidad”, señaló.

El académico expresó que asume el reto junto a Abelardo de la Espriella con el ánimo de aportar conocimientos en áreas como economía, hacienda pública y desarrollo productivo, así como en relaciones internacionales, cultura y educación.

Restrepo afirmó en su misiva el objetivo de contribuir a la construcción de puentes y a sumar ideas en un país que busca recuperar la esperanza, destacando la importancia de trabajar por los sectores más marginados y fortalecer la unidad nacional.

El exrector indicó que interpretar este paso a la vida política es entregarse al servicio, confiado en que invertir su liderazgo en Colombia responde al agradecimiento por lo recibido y a una visión de transformación colectiva.

Sin embargo, el ahora exdirector no evitó mostrar su pesar por abandonar la institución de la que se hizo cargo durante casi cuatro años, asegurando que su salida no estaba planeada hasta hace unos días.

“La Universidad EIA ha sido mi primera experiencia laboral fuera de mi tierra natal, pero sobre todo ha sido una casa que me conquistó con un modelo de “ser” como esencia, de “saber” como compromiso y de “servir” como propósito superior“, señaló Restrepo.

Asimismo, el ahora candidato a la Vicepresidencia aseguró que mantendrá los valores aprendidos durante su etapa de rector, además de no descartar un posible regreso a la institución en un futuro.

“Llevaré siempre en mi alma, mi corazón y mis recuerdos esos lindos momentos en la academia, tanto en Bogotá como en Antioquia, y de Antioquia me llevo ese sabor de empresarialidad, de empuje, de hacer que las cosas pasen, de austeridad, de institucionalidad, de horizontalidad en las relaciones humanas, de pasión por el trabajo, de mérito del que se esfuerza, de visiones y apuestas de largo plazo“, señaló.

Respuesta institucional y continuidad de la Universidad EIA

Tras la renuncia, la Universidad EIA, con sede en Envigado (Antioquia), destacó el papel de Restrepo durante el periodo rectoral 2022–2026, enfatizando avances en la articulación con el sector productivo y el fortalecimiento institucional.

La institución informó que la transición administrativa no afectará las actividades educativas ni de gestión, y que la gobernanza académica seguirá bajo la responsabilidad del Consejo Superior y del Comité Rectoral.

En el comunicado oficial se reiteró que el proyecto académico y los procesos internos continuarán según la hoja de ruta establecida, resguardando los principios de excelencia y rigor en la formación universitaria. La comunidad académica y administrativa mantendrá la normalidad hasta concluir el actual periodo rectoral.

“Su paso por la rectoría deja una huella coherente con el propósito institucional de formar profesionales y personas capaces de transformar su entorno con conocimiento, ética y vocación de servicio”, resaltó la universidad al sintetizar el legado de Restrepo.

Legado de Restrepo en la Universidad EIA

Durante su mandato, Restrepo impulsó la innovación en los procesos académicos y consolidó las relaciones entre la universidad, la empresa y el Estado. Bajo su dirección, la institución incrementó su notoriedad, fortaleció la vinculación con sectores externos y diversificó sus fuentes de ingreso.

La universidad agradeció la “visión, el liderazgo y el legado” del directivo, deseándole éxito en sus nuevos retos. La administración subrayó que el modelo de trabajo y la estrategia en áreas como innovación y proyección internacional seguirán guiando el rumbo de la universidad.

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza no tardó en mostrar su descontento tras la breve audiencia contra Juliana Guerrera, acusada de haber comprado su título en la Fundación Universitaria San José.

A través de su cuenta de X, la congresista aseguró que la delegada del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar (UPC), habría jugado con la justicia al no aparecerse en la diligencia, pero sí estar presente en la elección de rector en la misma institución.

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“Juliana Guerrero, la protegida de Gustavo Petro, no tiene tiempo para asistir a la audiencia de imputación pero sí para ir a votar en la elección de rector de la Universidad del César”, señaló.

Juliana Guerrero no compareció a la audiencia de imputación de cargos por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público relacionados con la obtención de su título de contadora pública.

La diligencia, programada por el escándalo del diploma que presentó para posesionarse como viceministra de Juventudes ante el Ministerio de Igualdad, fue aplazada luego de que Guerrero enviara una carta de último minuto solicitando reprogramar el encuentro por no contar aún con abogado de confianza.

Por segunda ocasión, Guerrero dejó esperando tanto a la Fiscalía como al juzgado. Durante la jornada, la fiscalía delegada también sorprendió al anunciar que ya no pedirá la medida de aseguramiento de detención domiciliaria contra la exfuncionaria, decisión que había solicitado inicialmente.

El Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao deberá fijar una nueva fecha para la imputación, donde también será procesado Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario de la Fundación Universitaria San José.

Denuncias sobre compra de títulos y participación en la UPC

En el hilo publicado en X, Jennifer Pedraza cuestionó la legitimidad de la participación de Guerrero en la elección interna de rector de la UPC y su cercanía con el presidente Petro.

“Si esta señora presuntamente compra títulos, ¿será que vendió su voto a favor del próximo rector de la UPC? Ya tiene abogado que se paga con nuestros impuestos, pero por segunda vez pide reprogramar. Y la perla: la fiscalía desistió de la medida de aseguramiento en el proceso", señaló Pedraza.

“El poder de Juliana Guerrero en la Universidad Popular del Cesar proviene directamente del Presidente Gustavo Petro, quien la definió como su delegada en el Consejo Superior de esta U. Pública y, entre más corrupción le demostramos, él más poder le entrega”, añadió.

El caso ha generado polémica por la presunta compra de diplomas. La fiscal delegada para la seguridad territorial, Deicy Jaramillo, explicó que los documentos publicados en el Sigep y expedidos el 1 de julio de 2025 no cumplen con los requisitos legales: no habría asistido a clases ni presentado pruebas Saber, según la investigación. Además, la Fiscalía aseguró contar con pruebas documentales que acreditan la expedición irregular del título.

Pruebas y consecuencias jurídicas

Desde hace un tiempo, la representante Pedraza presentó como prueba principal dos facturas de la Dian por cerca de ocho millones de pesos, supuestamente consignados por Guerrero para acceder a “dos títulos falsos”, pagos que se habrían realizado después de la fecha de graduación reportada.

Los registros muestran que el 28 y 29 de julio de 2025 se efectuaron tres pagos a la Fundación San José por derechos de grado y matrículas, pese a que el diploma fue expedido el 1 de julio de ese año.

La Fiscalía indicó que, de comprobarse los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica, Guerrero y Gutiérrez podrían enfrentar condenas de 6 a 12 años de prisión. Además, se investiga si existen otros títulos expedidos de manera irregular en la misma universidad.

El proceso continuará en la fecha que defina el Centro de Servicios Judiciales, mientras la controversia por la implicación política y académica de Guerrero sigue creciendo.

Daniel Rojas Medellín, ministro de Educación, rechazó públicamente el uso del término “niñas de colegio” por parte de la congresista Cathy Juvinao para referirse a su colega Mafe Carrascal, calificando la expresión como un insulto hacia las mujeres jóvenes.

“El uso del término ‘niñas de colegio’ sugiere que ser una mujer joven implica inmadurez, ignorancia o frivolidad”, publicó Rojas Medellín en su cuenta de X, en el contexto del debate político que escaló tras las recientes elecciones legislativas en Colombia.

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El pronunciamiento del ministro de Educación se dio luego de un cruce de mensajes entre las representantes a la Cámara Cathy Juvinao y Mafe Carrascal que evidenció la tensión dentro del Congreso de la República tras los resultados electorales del domingo 8 de marzo.

La confrontación comenzó cuando Juvinao, militante de Alianza Verde, celebró en X su reelección y defendió la independencia de su caudal electoral del sector petrista.

“Mis votos no son petristas, ni antes ni ahora. Y ni con sus ataques a gran escala y calumnias sostenidas lograron borrarme. A mí me sostiene mi trabajo”, señaló la representante.

La respuesta de Carrascal, representante del Pacto Histórico, apuntó a que Juvinao habría sustituido parte de su base electoral por apoyos de centro-derecha y del antipetrismo. “Reemplazaste nuestros votos por unos de centro-derecha, por el antipetrismo, Cathy, pero no creciste, pasaste de 46.281 votos a 46.900 votos”, escribió Carrascal, quien calificó la votación como “pobre” y sugirió que existía una expectativa mucho mayor.

El intercambio subió de tono cuando Juvinao calificó a Carrascal de “una niña de colegio, siempre promoviendo riñas inmaduras e insignificantes”, lo que fue interpretado como una descalificación basada en la edad y el género.

“Es que Mafe Carrascal es como una niña de colegio, siempre promoviendo riñas inmaduras e insignificantes. Y lastimosamente no está dando muchas muestras de querer madurar. Lo de ella es pelear con cualquier mujer que considere rival, y en eso es obsesiva. Ojalá se cure”, fueron las palabras de Juvinao.

Rechazo del ministro y defensa de las estudiantes

En respuesta a este comentario, Daniel Rojas Medellín cuestionó el sentido de la expresión utilizada por Juvinao, asegurando que estaría vulnerando a una importante población del pais.

“En su acostumbrado estilo la congresista convierte la juventud femenina en sinónimo de incapacidad, mezclando todo lo que está mal (machismo y adultocentrismo), en lugar de discutir las ideas”, señaló Rojas Medellín.

El ministro adviritió que, como titular de la cartera de Educación, debe rechazar cualquier intento de desvalorizar la voz de las mujeres jóvenes del país.

“Debo rechazar este insulto a cientos de mujeres estudiantes y la intención de la congresista de desvalorizar la voz de las mujeres jóvenes”, comentó.

Rojas Medellín también defendió el papel de las estudiantes en el país e incluso comentó que muchas de las estudiantes podrían enfrentarse en un debate con Juvinao.

“Conozco muchas estudiantes que podrían darle clases intensivas de dignidad. Le hacen mucha falta”, concluyó el ministro de Educación refiriéndose a la congresista implicada.

Cathy Juvinao agradeció por su reelección en la Cámara de Representantes

Catherine Juvinao, congresista de la Alianza Verde, consolidó su curul en la Cámara de Representantes tras las elecciones legislativas del 8 de marzo, al recibir 46.958 votos en Bogotá.

Durante una entrevista con Caracol Radio, la parlamentaria expresó su gratitud por el respaldo de la capital: “Me siento muy honrada por la votación que logramos obtener aún en un escenario durísimo para el centro político”, señaló, y subrayó la tendencia polarizada de la jornada, donde Bogotá se inclinó por propuestas de izquierda y derecha.

Entre sus declaraciones, la congresista destacó el desempeño de Oviedo como un hecho inesperado para el centro político y anticipó que podría disputar la Alcaldía de Bogotá o integrar una fórmula vicepresidencial con Paloma Valencia: “Vamos a ver cuál es la opción que él está contemplando”, declaró.

Al abordar el panorama político actual, Juvinao enfatizó la fragmentación: “El país está dividido, literalmente polarizado, hiperpolarizado”. Explicó que, en Bogotá, Centro Democrático y Pacto Histórico acapararon aproximadamente el 60% de los votos, dejando al resto de partidos y candidatos el 40% restante para competir.

Casi 7 años después de que la congresista Aida Merlano Rebolledo se fugara de un consultorio médio en medio de un permiso otorgado por los directivos de la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, la Procuraduría dejó en firme la sanción contra varios funcionarios del centro de detención.

El Ministerio Público ratificó en la tarde del martes 10 de marzo en segunda instancia la destitución e inhabilidad por 10 años para tres exfuncionarios de la cárcel, tras constatar que incurrieron en graves irregularidades durante el traslado y custodia de la excongresista.

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La decisión afecta directamente a Diana Cecilia Muñoz Miguez, quien era directora del penal durante el escape. El ente de control comprobó que fue ella quien entregó las boletas hospitalarias y la orden judicial que permitió la salida de Merlano hacia el Centro Médico de La Sabana para un procedimiento dental.

Todo habría ocurrido sin autorización formal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y sin prever las medidas de seguridad necesarias.

En la misma resolución, la Procuraduría impuso idéntica sanción de destitución e inhabilidad por 10 años al excomandante de custodia David Alexander Álvarez Cárdenas.

De acuerdo con la investigación, Álvarez Cárdenas avaló la remisión médica de la interna sin garantizar el mínimo de seguridad que se exige en estos casos.

Katherine Lozano Forero, exsubdirectora del penal, también resultó destituida e inhabilitada por una década. Su responsabilidad, según la Procuraduría, radica en haber aprobado los traslados médicos de Merlano el 26 de septiembre y el 1 de octubre de 2019, fechas clave en la planificación de la fuga.

En cuanto al exdragoneante Luis Alejandro Ballesteros Rincón, la entidad determinó una sanción de suspensión por tres meses. El motivo fue permitir un encuentro familiar entre Merlano y sus hijos durante una cita médica, lo que representó otra violación a los protocolos de seguridad.

Razones detrás de las sanciones y gravedad de las faltas

En su pronunciamiento, el Ministerio Público señaló que los servidores públicos involucrados vulneraron los principios de moralidad, responsabilidad, transparencia y eficacia que exige la ley. Estas faltas, según la autoridad, afectaron la confianza en la administración penitenciaria y permitieron la evasión de la excongresista.

La Procuraduría calificó las conductas de la exdirectora y el excomandante de custodia como “gravísimas cometidas con dolo”. Sobre la exsubdirectora, la falta fue tipificada como gravísima, atribuida a culpa gravísima. En el caso del exdragoneante, el comportamiento fue considerado grave con culpa grave.

La resolución de la Procuraduría confirma que la fuga de Merlano no solo fue posible por la acción directa de la excongresista, sino también por una cadena de omisiones y decisiones irregulares de quienes debían custodiarla. El fallo es de segunda instancia y, por tanto, queda en firme.

De esta forma, la Procuraduría busca sentar un precedente frente a la obligación de los servidores públicos de cumplir con los protocolos y velar por la seguridad en el manejo de las personas privadas de la libertad.

Lo nuevo del caso Aída Merlano

El caso contra el empresario barranquillero Julio Gerlein entró en la fase de juicio por el presunto soborno de Aida Merlano, exsenadora y figura clave en la investigación sobre corrupción electoral en la Costa Caribe.

El proceso penal, radicado en Bogotá el 2 de febrero de 2026, gira en torno a la acusación de que Merlano habría recibido ofrecimientos de hasta 500 millones de pesos durante su reclusión, con el objetivo de influir en sus declaraciones ante la justicia y evitar que implicara a influyentes clanes políticos del Caribe colombiano.

En la acusación formal, la Fiscalía General de la Nación describe una supuesta estrategia coordinada para comprar el silencio de Merlano mientras permanecía privada de la libertad en la cárcel El Buen Pastor en Bogotá.

Entre las pruebas presentadas, el ente acusador sostiene que el 28 de septiembre de 2018, el abogado Diego Luis Muñetón visitó a Merlano y le ofreció “la suma de 500 millones de pesos” para cubrir tanto gastos médicos de su hijo menor como los honorarios de sus abogados.

Ese dinero, según la fiscalía, sería la primera entrega documentada y se pactó a cambio de que Merlano guardara silencio o modificara sus declaraciones ante las autoridades, evitando así mencionar a los hermanos Arturo y Alejandro Char.

El escrito judicial detalla que las visitas de Muñetón al penal se repitieron al menos en tres ocasiones —28 de septiembre de 2018, 9 de agosto de 2019 y 3 de septiembre de 2019— y que los ofrecimientos económicos resurgían cada vez que se acercaban declaraciones claves ante la Corte Suprema de Justicia.

El abogado Teodoro Antonio Deyongh habría realizado dos visitas adicionales para insistir en las condiciones del soborno. En el expediente consta que las directrices transmitidas a Merlano incluirían mensajes presuntamente enviados por Alejandro Char, donde este solicitaba que la exsenadora “no dijera nada en contra de Alejandro Char y de Arturo Char en la diligencia y declaración juradas ante la Honorable Corte Suprema de Justicia”.

La captura de Freddy Gómez Castro, conocido como “El Intocable”, durante las elecciones al Senado del 8 de marzo, conmocionó al entorno político colombiano.

Acusado de ser el presunto operador clave de una red de contrabando y corrupción vinculada a alias Papá Pitufo, Gómez Castro participaba en los comicios con el respaldo del Partido de la U cuando fue arrestado en Bogotá.

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Freddy Camilo Gómez Castro es considerado uno de los articuladores principales de estructuras ilícitas que facilitaron el ingreso y la comercialización de mercancía de contrabando en Colombia, según la Fiscalía.

Señalado por sus presuntos vínculos con entidades estatales, representantes legislativos y funcionarios de servicios de inteligencia, se le atribuye un papel central en el funcionamiento logístico y político de una red que habría evadido ocho billones de pesos en impuestos, y que también es investigada por vinculaciones con el narcotráfico.

La trayectoria de Gómez Castro se inició en 2013, cuando firmó dos contratos con la Secretaría de Gobierno de Bogotá, bajo la administración de Gustavo Petro y la dirección de Guillermo Alfonso Jaramillo, hoy ministro de Salud. Estos acuerdos pretendían fortalecer la gobernabilidad local y ejecutar programas de apoyo en comunidades populares.

En febrero de 2015, Petro lo nombró director general del Instituto para la Economía Social (Ipes), entidad orientada al impulso de la economía popular en la capital.

Gómez Castro es profesional en Administración Pública, especialista en Proyectos de Desarrollo y máster en Dirección del Desarrollo Local. Entre 2015 y su salto al escenario nacional con aspiraciones al Senado, su actividad pública dejó de ser visible.

La presunta red de contrabando y el papel de ‘El Intocable’

Desde el año 2025, investigaciones judiciales ubican a Gómez Castro como presunto articulador de las operaciones de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, considerado el mayor contrabandista de Colombia.

La Fiscalía sostiene que Gómez mantenía relaciones con altos representantes de entidades nacionales, funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y miembros de la Rama Judicial para facilitar el tránsito y la distribución de productos de contrabando.

Documentos recogidos por las autoridades evidenciarían la confianza entre Gómez y Marín Buitrago, así como reuniones en hoteles, restaurantes y oficinas de diferentes ciudades.

Grabaciones de llamadas interceptadas durante 2023 expueron la cercanía entre ambos, y otras pruebas lo vinculan con tareas de expansión logística, además de mencionar conversaciones relacionadas con presuntas actividades de narcotráfico, según información revelada por Noticias Caracol.

Según los informes oficiales, esta estructura ilícita operaba desde puertos clave como Cartagena, Santa Marta y Buenaventura, desplegando redes capaces de evadir impuestos multimillonarios e infiltrarse en entidades estatales.

Conexiones políticas y acceso a las instituciones

La influencia de ‘El Intocable’ no se limitaba al terreno criminal. Registros oficiales mostrarían que Gómez Castro habría ingresado al Congreso de la República en al menos 20 ocasiones entre agosto y septiembre de 2022, usualmente autorizado por figuras como Piedad Córdoba (Pacto Histórico), Ape Cuello (Partido Conservador) y Julia Miranda (Nuevo Liberalismo). Estas visitas coincidirían con debates trascendentes sobre la reforma tributaria y asuntos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), según reportó en su momento la revista Vorágine.

En octubre de 2022, Gómez habría acudido al despacho del entonces director de la Dian, Luis Carlos Reyes, acompañado por William Castellanos, oficial retirado de Policía con experiencia en la seguridad presidencial.

Reyes relató en su momento a La W que ambos intentaron concertar una reunión privada con Córdoba fuera del despacho oficial, invitación que fue rechazada.

“Una vez llegó Camilo Gómez a mi oficina con William Castellanos que había trabajado en cosas de seguridad con el presidente. En algún momento ambos trataron de que yo me reuniera con Piedad Córdoba fuera de mi despacho, insistían que tenía que ser fuera de mi despacho y yo les dije que no”, señaló el exdirector de la Dian al medio radial.

El expediente incluye videos, organigramas atribuidos a Gómez y testimonios que demostrarían su capacidad para mediar ante órganos de control, influir en debates legislativos y acceder a áreas reservadas de inteligencia.

Imputación y futuro judicial de Freddy Gómez Castro

Tras su detención el 8 de marzo de 2026, la Fiscalía ordenó detención preventiva e imputó cargos por soborno y concierto para delinquir. Gómez Castro fue capturado cuando acudía a votar en calidad de candidato al Senado por el Partido de la U; obtuvo 16.698 votos, insuficientes para acceder a una curul.

El proceso judicial sigue en fase de imputación y el acceso a la información permanece restringido. Junto a Gómez Castro han sido procesados exintegrantes de la Policía, presuntamente implicados en la red. Hasta el momento, el acusado se ha declarado inocente y permanece recluido a la espera de las siguientes etapas del expediente penal.

El Aeropuerto Internacional José María Córdova, ubicado en Rionegro y principal puerta de entrada aérea a Medellín, sumó un nuevo episodio en su lista de inadmisiones de viajeros internacionales.

Las autoridades migratorias impidieron el ingreso a un ciudadano estadounidense tras encontrar en su equipaje una considerable cantidad de juguetes sexuales, lo que activó los protocolos de alerta por posibles casos de turismo con fines de explotación sexual.

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Durante la inspección secundaria, los funcionarios detectaron irregularidades en las respuestas del viajero durante la entrevista migratoria. Este comportamiento motivó una revisión exhaustiva de sus pertenencias, donde se halló una variedad de objetos relacionados con la industria del entretenimiento para adultos.

Al extranjero le fue encontrado al menos una decena de juguetes sexuales que, según las respuestas del visitante inadmitido, serían usados en la capital de Antioquia con propósitos lucrativos.

Según el propio extranjero, su viaje tenía como meta grabar contenido para adultos en Colombia. Al analizar sus declaraciones y la evidencia hallada, los agentes concluyeron que la verdadera razón de su visita no se ajustaba a las condiciones autorizadas para el ingreso de turistas en el país.

La inadmisión de este ciudadano estadounidense eleva a 15 el número de extranjeros a quienes se les ha negado la entrada en 2026 en esa terminal aérea, todos bajo sospecha de intentar realizar actividades vinculadas al turismo sexual o explotación. La mayoría de estos casos involucran a viajeros provenientes de Estados Unidos, de acuerdo con los datos oficiales.

En respuesta al incremento de alertas, las autoridades migratorias han reforzado los controles en los accesos internacionales de Medellín. Los filtros incluyen entrevistas detalladas y revisiones de equipaje orientadas a identificar posibles riesgos de explotación o actividades no permitidas por la normativa local.

Este tipo de procedimientos busca limitar la llegada de personas que, bajo la apariencia de turismo convencional, buscan desarrollar actividades que atenten contra la integridad de la población y el marco legal colombiano. La vigilancia se mantiene especialmente activa en terminales aéreas que reciben altos flujos de visitantes extranjeros.

Las autoridades reiteraron su postura de tolerancia cero ante cualquier sospecha de explotación o turismo sexual. Enfatizaron que los controles seguirán siendo estrictos, con el objetivo de proteger a quienes residen o visitan las ciudades colombianas, y de garantizar que el ingreso de viajeros internacionales se ajuste a los fines permitidos por la ley.

El otro estadounidense inadmitido en Medellín

Las autoridades migratorias en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro adoptaron medidas reforzadas luego de inadmitir a otro ciudadano estadounidense, tras hallarse que presentaba antecedentes relacionados con delitos sexuales contra menores.

La decisión responde al aumento de intentos de ingreso de personas vinculadas al turismo sexual en la región y a la determinación de prevenir la exposición de la población infantil y adolescente a estas conductas criminales.

En 2025, Migración Colombia registró 110 inadmisiones por motivos asociados al turismo sexual, de las cuales 45 correspondieron a ofensores sexuales identificados y 65 a personas con antecedentes por delitos contra menores de edad, según la plataforma Angel Watch y acuerdos de cooperación internacional.

El 25 de febrero de 2026, se inadmitió a un ciudadano estadounidense proveniente de Miami luego de que expresara abiertamente que su único propósito en Colombia era “tener sexo con colombianas porque son las mejores”, según el reporte oficial de Migración Colombia.

En su equipaje llevaba numerosos preservativos, potenciadores y juguetes sexuales, y mostró una actitud hostil ante el personal, que ordenó su retorno inmediato en el mismo vuelo. Durante el procedimiento, afirmó: “Eso es lo único que lo trae a Colombia” y realizó un gesto de “v de victoria” ante las cámaras de las autoridades.

De acuerdo con la directora de Migración, Medellín y su área metropolitana se han consolidado como escenario central de acciones para combatir el turismo sexual y proteger a los colectivos vulnerables.

La ciudad se mantiene bajo la observación de autoridades y opinión internacional, en un entorno donde la prevención y el control migratorio constituyen herramientas fundamentales para proteger los derechos de la niñez y adolescencia.

La suerte volvió a llegar a la ciudad de Cali, después de que el Operador Nacional de Juegos informara que el sorteo 498, celebrado el lunes 9 de marzo, dejó un nuevo millonario en la capital del Valle del Cauca.

El más reciente sorteo otorgó su premio mayor de $600 millones a un apostador que jugó de forma manual en baloto.com. Este golpe de suerte convierte al juego en protagonista de la escena de azar nacional por sexta ocasión en el año, una cifra que ningún otro sorteo ha alcanzado en 2026.

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Durante la jornada, la capital del Valle del Cauca volvió a destacarse en el universo de las loterías. Es la tercera vez en la historia de MiLoto que el máximo premio cae en Cali, pero la primera en este año.

Según la información del sorteo, los números ganadores fueron 03, 13, 19, 21 y 23. El sitio oficial comunicó que más de 13.600 jugadores resultaron premiados en los diferentes rangos, superando los 703 millones de pesos en premios repartidos en la última edición.

El ganador, ya convertido en millonario, debe contactar a la Fiduciaria de Occidente o consultar los procedimientos específicos de cobro a través del mismo portal web de la marca. La empresa insiste en que el proceso, tanto de verificación como de desembolso, es claro y se encuentra detallado en su página principal.

Entre octubre de 2023 y marzo de 2026, el juego ha entregado más de $45.225 millones en premios, lo que representa un total acumulado de 2.597.765 boletos ganadores. La cifra implica una frecuencia de premiación que lo consolida como “el juego más fácil de ganar” según los portavoces de la compañía.

En ese mismo periodo, MiLoto realizó transferencias que superan los $19.461 millones al sistema de salud nacional, reforzando el discurso de responsabilidad social y aporte al bienestar colectivo que ha caracterizado a este tipo de sorteos en Colombia. El mecanismo de transferencia aporta una doble narrativa: la posibilidad de un cambio de vida para los ganadores individuales y el apoyo directo a las políticas de salud pública.

Entretanto, la empresa destacó la facilidad de acceso a sus servicios. El público tiene la opción de adquirir MiLoto desde cualquier celular o computador, ingresando al sitio web oficial. Además, la disponibilidad abarca más de 43 mil puntos físicos de las redes Su Red y SuperGiros, así como cadenas de grandes superficies en todo el país.

El ganador no recibirá los 600 millones de pesos: esta es la razón

En Colombia, los premios mayores de juegos de azar como MiLoto están sujetos a descuentos fiscales que afectan el monto final recibido por los ganadores. Según la legislación vigente, el ganador del sorteo 498, celebrado el 9 de marzo y reportado por la Operador Nacional de Juegos, deberá afrontar retenciones estipuladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

El principal descuento corresponde al impuesto sobre las ganancias ocasionales, que aplica una tasa del 20% sobre el valor del premio. De acuerdo con información del Ministerio de Hacienda, este porcentaje se descuenta automáticamente antes de la entrega del monto total. Adicionalmente, la normativa exige la deducción de un impuesto de timbre, fijado en $4.800 para premios superiores a $48 millones.

En el caso del reciente ganador, quien obtuvo $600 millones, la retención por ganancias ocasionales equivale a $120 millones. Tras este descuento y el impuesto de timbre, el monto neto a recibir se reduce a aproximadamente $479.995.200.

A este conjunto de deducciones se suma el impuesto del 4x1000, que grava con el 0,4% todas las transacciones financieras realizadas en el país, incluyendo el desembolso de premios de lotería. Esto significa que, al momento de transferir los fondos al ganador, se descuenta también este porcentaje sobre el monto neto tras la retención de ganancias ocasionales y el impuesto de timbre.

En el sorteo 498, el premio mayor fue de $600 millones. Tras aplicar la retención de $120 millones por ganancias ocasionales y descontar el impuesto de timbre, el ganador recibe aproximadamente $479.995.200. Sobre este valor, el 4x1000 implica un descuento adicional de $1.919.980, por lo que el monto final que ingresará a la cuenta del ganador será cercano a $478.075.220.

El temor que vivieron los artistas y trabajadores del Circo Hermanos Gasca en Neiva quedó registrado en un video que generó repercusión en las redes sociales.

La tarde del domingo 8 de marzo, una intensa borrasca sorprendió a los habitantes de la capital del Huila y a varios municipios cercanos, que no exceptuó a los reconocidos artistas.

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La grabación difundida por Juan Cebolla Gasca mostró la magnitud del evento meteorológico, con ráfagas de viento y lluvias que pusieron en riesgo la seguridad de quienes se encontraban en el circo.

Mientras filmaba, el trapecista relató el impacto emocional que vivió mientras las estructuras del circo eran fuertemente sacudidas por la tormenta que atravesó la ciudad de Neiva. “Nunca en mi vida había sentido tanto miedo por una tormenta. Nunca en mi vida, yo creo que había vivido una tormenta en el circo. Nunca, nunca”, señaló uno de los hermanos Gasca.

A pesar del caos, no se reportaron personas heridas, aunque sí hubo daños materiales. Vehículos afectados y algunas partes de la estructura resultaron dañados, pero Juan Cebolla resaltó en su mensaje que “eso es lo material; gracias a Dios todos estamos bien”.

“Nunca en mi vida había sentido tanto miedo por mi casa, por mi circo; se jodieron los carros. Pero bueno, eso es lo material; gracias a Dios todos estamos bien”, señaló Juan Cebolla.

Impacto de la borrasca en el circo y el Huila

El fenómeno climático ocurrió cuando faltaba media hora para que comenzara una función. El personal del circo y los asistentes buscaron resguardarse con rapidez, mientras el viento sacudía la carpa y los alrededores.

Según el relato de Juan Cebolla en el video, la fuerza del viento superó cualquier experiencia previa en sus años de trabajo circense.

“Para la magnitud de lo que llovió y de lo que hizo de viento, gracias a Dios no pasó nada. De verdad fue una cosa absurda, absurda, absurda. En mi vida yo había visto esto en el circo. Y el peor enemigo, más que la lluvia, es el viento. No se alcanzan a imaginar lo peligroso que es… por eso muchos circos se caen, porque no están bien preparados para eso”, señaló el trapecista.

En el resto del Huila, municipios como Aipe, Baraya, Colombia, Tello y Villavieja también resultaron afectados. Las autoridades reportaron daños en viviendas, caída de árboles, afectaciones en la infraestructura eléctrica y bloqueos en algunas vías. Las imágenes difundidas reflejan la gravedad de la jornada para la región.

Reacciones y balance tras la emergencia

La rápida viralización del video permitió que muchos usuarios expresaran su apoyo y solidaridad con el equipo del circo. El mensaje compartido por Cebolla, “Dios está con nosotros”, resumió el sentimiento de alivio por la ausencia de heridos pese a la magnitud del susto.

En respuesta a la pregunta sobre el balance de lo ocurrido en el Circo Hermanos Gasca durante la borrasca, todos los integrantes resultaron ilesos a pesar de los daños materiales y el temor generalizado. Los organizadores agradecieron que la situación no pasara a mayores y evaluaron los destrozos para retomar la actividad apenas fuese seguro.

“Estuvimos ahí Gracias a Dios no nos pasó nada y nos Refugiaron en las taquilleras”; “Lo bueno es que después de la tormenta llega la calma, y la pasamos bien bueno anoche con mi familia”, y “Siempre de la mano de Dios hermanito, en lo que podamos ayudar aquí estamos!”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Las autoridades recomendaron a la población mantener la alerta ante la posibilidad de nuevas lluvias o vientos fuertes en la zona. Mientras tanto, los equipos de emergencia trabajaron para restablecer el servicio eléctrico y despejar los caminos bloqueados.

Lo vivido en el Circo Hermanos Gasca evidenció la vulnerabilidad de las instalaciones temporales ante fenómenos meteorológicos extremos y la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad para futuras temporadas en la región.

La jornada electoral del domingo 8 de marzo dejó una sorpresa en las urnas al revelarse que Edwin Brito García, conocido como “Pechy Player”, obtuvo más de 24.000 votos en todo el país y 5.628 en el departamento del César, pese a no lograr una curul en el Senado.

La cifra, aunque insuficiente para alcanzar el escaño, fue celebrada por el creador de contenido, quien se dirigió a sus seguidores en la mañana del lunes 9 de marzo con un mensaje de agradecimiento y orgullo por los resultados obtenidos a través de una campaña no tradicional.

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El caso de “Pechy Player” ha generado conversación tanto en redes sociales como en los círculos políticos. Aunque su candidatura por el Partido Conservador no alcanzó la meta de los aproximadamente 140.000 a 180.000 votos necesarios, su desempeño fue notable considerando que su estrategia se basó casi exclusivamente en el uso de plataformas digitales como TikTok e Instagram, donde reúne más de un millón de seguidores.

Un fenómeno electoral fuera de la maquinaria tradicional

La campaña de Brito García se desarrolló sin el respaldo de grandes recursos ni estructuras políticas convencionales. Desde su vehículo convertido en “sede política”, el zootecnista relató: “Conseguí esos votos solamente hablando mondá desde mi celular; un simple zootecnista que un día decidió lanzarse al Congreso, demostrándole al país que sin maquinaria política y sin ‘plata’, sí se puede”.

En respuesta a quienes atribuyen el éxito electoral a la influencia de las maquinarias políticas, el propio Brito García enfatizó que su resultado es un ejemplo de participación ciudadana directa.

El influenciador destacó el apoyo recibido de sus seguidores, agradeciendo tanto a quienes lo acompañaron desde el inicio como a los que se sumaron durante la campaña.

“Bueno, reportándome desde mi sede política que fue el carro. Dándole gracias a Dios, gracias a todos ustedes, a los amigos, a todos los que se sumaron y creyeron en este proyecto. Somos la recontradedoblemondá. 24.700 y pico de votos. ¡Nojoda! Solamente hablando mondá con un celularcito", señaló el influenciador.

Resultados, reacciones y perspectivas

El boletín 26 del preconteo electoral, con el 86% de las mesas escrutadas, situó a “Pechy Player” con cerca de 16.000 votos. Sin embargo, el conteo final elevó la cifra a 24.713 sufragios a nivel nacional, consolidándolo como el tercer candidato del Partido Conservador con más votos en el César.

“Eso es lo que quería demostrar. Somos ganadores, gracias a Dios y a ustedes; somos la mondá”, expresó Brito García en su cuenta de Instagram. El influencer insistió en que piensa continuar trabajando en favor del campo y de quienes depositaron su confianza en su propuesta.

El otro influenciador que se quemó en las elecciones

Felipe Saruma no logró convertir su notable presencia en redes sociales en el respaldo decisivo de los votantes durante las elecciones legislativas de Colombia realizadas en marzo de 2026, a pesar de que los partidos políticos apostaron fuertemente por incorporar a influenciadores para ampliar su alcance y atraer a nuevos electores.

Esta estrategia, que pretendía capitalizar el seguimiento digital de personalidades populares, no evitó que los partidos tradicionales como el Pacto Histórico y el Centro Democrático dominaran la jornada.

En el caso de Felipe Saruma, quien se presentó por el departamento del Atlántico bajo el aval de Cambio Radical, los resultados oficiales indican que obtuvo 43.320 votos, equivalentes al 4,09 % de la votación del departamento, quedando en la cuarta posición y sin acceder a la Cámara de Representantes.

Saruma, conocido por su actividad en redes y por su vínculo mediático con Andrea Valdiri, había justificado su aspiración parlamentaria manifestando en su campaña digital: “Por eso en todos mis proyectos intento enviar un mensaje inspirando y conectando con millones de personas, porque hace parte de mi propósito de vida. Lo hago por vocación y por el profundo agradecimiento que tengo con esta región que me lo ha dado todo”.

La candidatura de Saruma generó comentarios entre sus seguidores y reacciones críticas de su expareja, la también creadora de contenido Andrea Valdiri.

Valdiri expresó en entrevista su desacuerdo con la incursión de influenciadores en política que, según ella, desconocen la dinámica del espectro político en Colombia.

Luego de que la Registraduría Nacional del Estado Civil entregara el balance oficial del preconteo de las consultas interpardistas del domingo 8 de marzo, la discusión sobre la capacidad de las encuestas para anticipar los resultados en Colombia volvió a ser objeto de debate.

Aunque los sondeos acertaron al identificar a las candidatas ganadoras en dos de las tres contiendas, cometieron un error relevante en la consulta más disputada.

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Las encuestas lograron predecir de manera correcta a las ganadoras en dos de las tres consultas celebradas en Colombia el 8 de marzo. Sin embargo, fallaron en la disputa entre los integrantes del progresismo, que sufrió un revés tras el rechazo del presidente Gustavo Petro a la consulta por el Frente por la Vida.

La proyección daba vencedor a Daniel Quintero, pero finalmente fue Roy Barreras quien obtuvo el triunfo. Este contraste puso en evidencia tanto la utilidad como las limitaciones de los estudios de opinión en procesos electorales nacionales.

Según un análisis adelantado por el portal KienyKe, antes de evaluar el rendimiento de las firmas encuestadoras, conviene describir el marco de comparación.

No todas las empresas aplicaron filtros metodológicos idénticos ni publicaron resultados equivalentes para las tres consultas. Adicionalmente, los resultados utilizados corresponden al preconteo informativo publicado por la Registraduría, sin valor jurídico, ya que el escrutinio legal podría arrojar diferencias.

Con 5.857.395 votos válidos en La Gran Consulta por Colombia, 618.705 en la Consulta de las Soluciones y 595.978 en Frente por la Vida, los datos de participación aportan un contexto clave para dimensionar la precisión de los sondeos.

Precisión de las encuestas en las consultas de centroderecha y centro

En la consulta de centroderecha, las principales encuestas ubicaron a Paloma Valencia como favorita, de acuerdo con mediciones de GAD3, Guarumo, Invamer y AtlasIntel. Valencia lideró el resultado final con 55,25 % de los votos válidos, mientras Juan Daniel Oviedo obtuvo 21,43 %.

Los sondeos acertaron en la tendencia general: Invamer proyectó 41,6 % para Valencia y AtlasIntel 44,4 %. No obstante, subestimaron la ventaja de Valencia y el respaldo a Oviedo, que superó 1,25 millones de votos, más de lo anticipado por las mediciones.

En la Consulta de las Soluciones, la predicción resultó especialmente certera. Claudia López fue favorecida con 92,88 % de los votos, y Leonardo Huerta obtuvo 7,12 %. El sondeo de Invamer ofreció prácticamente idénticas proporciones, con 92,9 % frente a 7,1 %.

AtlasIntel no difundió datos comparables por candidatos en este caso, pues solo recolectó 118 respuestas y la muestra no cumplía el margen de error exigido por ley.

Sin embargo, la firma sí anticipó la baja participación: calculó que el total de votos sería inferior a 720.000, una estimación que se cumplió al registrarse menos votos en el resultado final.

El error clave en Frente por la Vida

El mayor desacierto de las encuestas apareció en la consulta de centroizquierda. Los sondeos relevantes posicionaron a Daniel Quintero por encima de Roy Barreras. Invamer asignó a Quintero 68,1 % y a Barreras 23 %; AtlasIntel proyectó 48,5 % para Quintero y 37,3 % para Barreras.

El resultado oficial fue opuesto: Barreras ganó con 43,13 % y Quintero quedó en segundo lugar con 38,15 %. El error no estuvo solo en el margen de diferencia, sino en el orden de llegada. Las mediciones anteriores al evento no previeron correctamente la victoria de Barreras en la consulta más competida.

Aciertos y límites de los sondeos previos

El análisis comparativo entre consultas realizado por KienyKe evidenció que la confiabilidad de las encuestas depende de factores como la transparencia metodológica y la conformación de los cuestionarios.

La publicación de resultados no comparables en ciertos casos y la diferencia entre el preconteo informativo y el escrutinio con validez legal limitan el alcance inmediato de los estudios de opinión.

Pese a estos factores, las encuestas demostraron capacidad para identificar correctamente a las candidatas vencedoras en dos consultas, aunque no anticiparon el desenlace en la contienda más disputada.

Esto confirmaría que, aunque constituyen una herramienta relevante, los sondeos electorales presentan limitaciones notables en escenarios de alta volatilidad y competencia cerrada.

En la mañana del lunes 9 marzo, el director de la Policía Nacional informó que en las últimas horas fue capturado un poderoso capo colombiano que, según las investigaciones, habría establecido un poderoso mecanismo para traficar drogas hacia Estados Unidos y otros países.

Según señaló el general William Rincón en su cuenta de X, la detención de alias Patuleco en la ciudad de Cartagena representa un nuevo avance en la cooperación internacional contra el tráfico de drogas.

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La Policía Nacional anunció que el ciudadano colombiano, vinculado a delitos de narcotráfico, se enfrenta a un proceso de extradición a solicitado por el gobierno de los Estados Unidos.

Según el general Rincón Zambrano, la captura ocurrió en la madrugada del lunes 9 de marzo en una operación conjunta con la Fiscalía General de la Nación y la DEA.

Las autoridades informaron que la detención responde a una solicitud por “concierto para distribuir cocaína y conspiración para el tráfico de drogas ilícitas”.

“En Cartagena (Bolívar), fue retenido con fines de extradición el ciudadano colombiano alias ‘Patuleco’, requerido por Estados Unidos por los delitos de concierto para distribuir cocaína y conspiración para el tráfico de drogas ilícitas. Esta acción fue posible gracias a una operación conjunta entre la Policía de Colombia, la Fiscalía General de la Nación y la DEA”, señaló el general.

El general Rincón Zambrano detalló que “Patuleco” desempeñaba un papel central como facilitador logístico y financiero para el envío de estupefacientes hacia las Bahamas, República Dominicana y Estados Unidos.

Según la información oficial, utilizaba métodos como la contaminación de contenedores y lanchas rápidas, lo que permitía el transporte mensual de más de una tonelada de cocaína desde Colombia.

La Policía Nacional considera a ‘Patuleco’ un enlace fundamental entre la estructura criminal Clan del Golfo y organizaciones internacionales de tráfico de drogas.

Su aprehensión se produjo tras labores de inteligencia y coordinación entre agencias locales y extranjeras, lo que refuerza el intercambio de información como herramienta clave contra el crimen transnacional.

Operativo coordinado y cooperación internacional

La acción que culminó con la captura de ‘Patuleco’ es el resultado de una estrategia conjunta entre autoridades colombianas y organismos estadounidenses. El proceso de extradición, ya en marcha, destaca la decisión de ambos países por desmantelar redes que afectan la seguridad regional.

El general Rincón Zambrano expresó que la lucha contra el narcotráfico se mantiene como prioridad institucional en todo el territorio nacional. “Seguimos golpeando con contundencia las redes del narcotráfico y fortaleciendo la Cooperación Internacional para llevar ante la justicia a quienes pretenden lucrarse del delito”, expuso el director de la Policía Nacional.

Perfil del capturado y rutas del narcotráfico

Las investigaciones señalan que ‘Patuleco’ manejaba conexiones con redes criminales que extienden sus operaciones a través del Caribe y Centroamérica. El uso de lanchas rápidas y la manipulación de cargamentos en contenedores formaban parte de sus métodos para eludir controles en puertos y costas.

“Alias ‘Patuleco’ sería el responsable de dinamizar y financiar el envío de estupefacientes hacia las Bahamas, República Dominicana y Estados Unidos, utilizando la contaminación de contenedores y lanchas rápidas para transportar más de una tonelada de cocaína mensual. Este individuo también sería el enlace entre la estructura criminal ‘Clan del Golfo’ y organizaciones del crimen transnacional”, indicó William Rincón.

El detenido habría coordinado envíos regulares que superaban la tonelada de cocaína cada mes, lo que lo convierte en una pieza relevante dentro de la logística criminal.

La solicitud de extradición por parte de Estados Unidos responde a su implicación directa en la exportación de estupefacientes hacia ese país y naciones del Caribe y deberá dar explicacione ante una corte norteamericana por tráfico de estupefacientes.

Mientras la Registraduría Nacional del Estado Civil culmina con el preconteo de votos, los nuevos congresistas confirmados para el periodo 2026-2030 empiezan a relucir sus curules en redes sociales.

En la mañana del lunes 9 de marzo, la senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta, quien consiguió su reelección gracias a los votos obtenidos por ese partido, reprochó públicamente su continuidad en el Legislativo a dos candidatas que no lograron curul en los comicios.

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A través de su cuenta de X, Zuleta le envió un mensaje directo a la representante a la Cámara Lina Garrido, que no logró el salto al Senado, y a la senadora Angélica Lozano, que perdió su curul para el próximo periodo.

Según indicó la congresista del Pacto, los resultados serían producto de su posición contra el presidente Gustavo Petro, entre otras, tras una supuesta traición al jefe de Estado. “Angélica Lozano y Lina Garrido representan dos expresiones del mismo oportunismo político. Ambas quisieron montarse al bus del cambio cuando pensaron que les convenía por su intereses, no los del pueblo. Hoy el pueblo les pasa factura”, señaló la senadora.

Más adelante, Zuleta se refirió específicamente a Angélica Lozano, a quien acusó de hacer ‘politiquería’ con el proyecto del presidente para, según ella, darle prioridad a los intereses personales de la senadora de Alianza Verde.

“Angélica Lozano, además, me difamó durante el debate de la reforma laboral cuando la expuse y dejé en evidencia sus triquiñuelas. Lo que vimos fue oportunismo, la instrumentalización de sus trabajadores y cálculo político por encima de las convicciones”, comentó Zuleta.

Frente a la representante de Cambio Radical, la congresista aseguró que sus insistentes ataques a Gustavo Petro le habrían pasado factura en las recientes elecciones, tras la fuerza del partido Pacto Histórico en las urnas.

“Y Lina Garrido, un personaje violento que no solo ha atacado al presidente, sino que lo ha difamado de todas las maneras posibles, también ha hecho política de forma desleal, con cercanía a clanes políticos corruptos en Arauca. En Colombia la gente sabe reconocer quién actúa con convicción y quién lo hace por cálculo. Aquí la palabra todavía vale”, concluyó Isabel Zuleta.

Angélica Lozano y Lina Garrido aparecieron tras derrota en las urnas

La senadora Angélica Lozano reconoció su derrota en las elecciones al Senado del 8 de marzo de 2026 y, tras varias horas de silencio, anunció que se enfocará en culminar su periodo legislativo con la aprobación de proyectos clave antes de dejar el cargo el 20 de julio.

En su mensaje público, la política expresó gratitud, admitió sorpresa ante los resultados y afirmó: “Cerraré con broche de oro mi trabajo en el Congreso, logrando que los proyectos de ley de cuota alimentaria y protección a contratistas de servicios sean realidad en junio”, según publicó en su cuenta de X.

El resultado marca el cierre de una etapa influida por cambios de postura política y polémicas recientes, factores que, según opiniones recogidas en redes sociales, pudieron incidir en el descenso de su caudal electoral.

Angélica Lozano, del Partido Verde, obtuvo 37.033 votos, equivalentes al 0,29% de los sufragios. Este caudal resultó insuficiente para asegurar su reelección, lo que la dejó fuera del Congreso para el próximo periodo legislativo. En contraste, su compañero Jota Pe Hernández se consolidó como el candidato más votado de su partido en la misma contienda.

Asimismo, la representante Lina Garrido, que intentaba hacer el salto a la cámara alta del Congreso, tampoco logró ocupar una de las siete curules asignadas a Cambio Radical, lo que la despide del Legislativo en el siguiente periodo.

Ante su derrota, la congresta agradeció a su electorado y se comprometió a seguir haciendo oposición al proyecto político del presidente Gustavo Petro desde otro espectro político.

“Gracias, seguiremos defendiendo a Colombia con Alma, Vida y Sombrero”, indicó la congresista.

Tras los comicios adelantados el domingo 8 de marzo, una de las colectividades que en forma inminente perdería su personería jurídica sería el partido Comunes, creado luego del acuerdo de paz firmado en el 2016 entre el Gobierno nacional (en cabeza de Juan Manuel Santos) y las extintas Farc para lograr su desmovilización.

De hecho, tras conocerse la derrota en las urnas de la coalición Frente Amplio, que no consiguió ni un solo escaño en el Senado, Comunes se pronunció en la mañana del lunes 9 de enero reconociendo los resultados que, entre otras, dejó por fuera a la senadora Sandra Ramírez.

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A través de un comunicado oficial, la colectividad reiteró su compromiso con la defensa de su proyecto político y agradeció el respaldo de diversos sectores. La organización expresó su reconocimiento a personas, organizaciones sociales y líderes territoriales que han apoyado su labor.

En este contexto, la agrupación destacó los avances alcanzados por las fuerzas que impulsaron el llamado cambio en Colombia, que canalizaron las demandas históricas de millones de ciudadanos en favor de la justicia social y la democracia.

La colectividad consideró que estos logros refuerzan la urgencia de ampliar la unidad entre los sectores populares y democráticos, con el objetivo de implementar acciones que generen impacto real en los territorios. “Desde nuestro partido político, nacido del Acuerdo Final de Paz, expresamos nuestro profundo agradecimiento a todas las personas, organizaciones sociales, liderazgos territoriales y sectores democráticos que acompañan y respaldan la defensa de nuestra apuesta política”, señaló Comunes.

Prioridad en la unidad y la transformación territorial

El partido destacó la importancia de tejer acciones colectivas y fortalecer la construcción de propuestas desde las comunidades. Para la organización, la unidad popular es clave para consolidar “caminos de dignidad, derechos y oportunidades” que beneficien a la población en todo el país.

En el texto, la colectividad reafirmó la centralidad de la paz con justicia social como motor de su trabajo y ratificó su empeño en reconstruir el tejido social y comunitario. Según la declaración, la reconciliación y la tramitación de diferencias a través de la política y la democracia son ejes fundamentales de su apuesta.

“Saludamos y felicitamos el importante logro de las fuerzas que hoy movilizan el cambio y que han sabido recoger el clamor de millones de colombianos y colombianas que, durante décadas, han levantado su voz en favor de la justicia social, la democracia y las transformaciones profundas que necesita el país”, señaló el partido.

Compromiso con la paz y la implementación del Acuerdo Final

De manera explícita, el Partido Comunes reiteró su respaldo a la implementación integral del Acuerdo Final de Paz, manifestando su “compromiso indeclinable” con ese proceso.

La organización puso a disposición su voluntad política, su capacidad organizativa y su presencia territorial para contribuir a la construcción de un país “más justo, incluyente y en paz”.

“Este momento reafirma la necesidad de seguir avanzando en la construcción de la más amplia unidad de los sectores populares y democráticos, tejiendo acciones colectivas que tengan un verdadero impacto en los territorios y que permitan consolidar caminos de dignidad, derechos y oportunidades para el pueblo colombiano”, señaló el comunicado.

El comunicado enfatizó que la agrupación “seguirá caminando la palabra y trabajando día a día” por una paz real en cada rincón de Colombia. Los integrantes del partido sostienen que la acción colectiva y el diálogo democrático son esenciales para que la paz se convierta en una realidad tangible para todos los habitantes del país.

“La Paz con Justicia Social seguirá siendo nuestra bandera movilizadora. Continuaremos trabajando por la reconstrucción del tejido social y comunitario, por la construcción colectiva desde y con los territorios, por la generación de un auténtico proceso de reconciliación permanente donde las diferencias se tramiten por la vía de la política, la participación y la democracia.Refrendamos nuestro compromiso indeclinable con la implementación integral del Acuerdo Final de Paz, y ponemos a disposición nuestra voluntad política, nuestro trabajo organizativo y nuestro compromiso territorial para seguir aportando a la construcción de un país más justo, incluyente y en paz”, concluyó el partido.

La organización insistió en la necesidad de mantener la movilización y la construcción colectiva para responder a las demandas históricas de la sociedad colombiana.

El Congreso de la República recibirá para el periodo 2026-2030 a nuevas figuras, pero también confirmó la continuidad de varios congresistas que lograron la reelección.

Entre las colectividades con más legisladores que repiten curul se encuentran el Pacto Histórico, el Centro Democrático, el Partido Liberal, el Partido Conservador, Cambio Radical, el Partido Verde y el Partido de la U.

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Algunos dirigentes no solo conservaron su escaño, sino que pasaron de una cámara a otra, consolidando su presencia en el escenario político nacional. Las listas cerradas de algunos partidos facilitaron la permanencia de nombres conocidos, mientras que otras agrupaciones apostaron por listas abiertas, lo que influyó en la configuración final del Congreso.

Congresistas que lograron la reelección en el Senado

La lista de senadores que conservaron su puesto en el Senado refleja el respaldo regional y político que han construido. Entre los reelegidos por el Partido Conservador figuran Nadya Blel Scaff y David Barguil. Por el Pacto Histórico, mantienen su curul Pedro Hernando Florez Porras, Wilson Arias, Yuli Esmeralda Hernández y Agmeth Escaf.

El Partido Liberal, que alcanzó el tercer lugar en número de votos para Senado, cuenta nuevamente con Lidio García y Yessid Enrique Pulgar. Por el Partido Verde, seguirán Ariel Ávila Martínez y Jonathan Ferney Pulido Hernández.

En el Centro Democrático, el periodo legislativo suma otra presencia de Andrés Eduardo Forero Molina y Honorio Miguel Henríquez Pinedo. Mientras que por el Partido de la U repiten Norma Hurtado, Juan Carlos Garcés Rojas y Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza. Didier Lobo Chinchilla, de Cambio Radical, también continuará en el Senado.

Estos resultados muestran cómo la experiencia y el reconocimiento en las regiones han sido factores clave para la continuidad de algunos líderes en el Capitolio. El apoyo de las bases políticas se tradujo en votos suficientes para superar el umbral necesario y conservar su escaño.

Un dato relevante es que, pese a las expectativas generadas en torno a figuras como el expresidente Álvaro Uribe, Lina Garrido, Angélica Lozano o Lucho Garzón, estos nombres no estarán en el Senado durante el nuevo periodo.

Reelección en la Cámara de Representantes

La Cámara de Representantes también será escenario de continuidad para varios políticos. Por el Pacto Histórico repetirán María Fernanda Carrascal, Heráclito Landinez Suárez y María del Mar Pizarro.

En el Centro Democrático se mantienen Andrés Guerra y Oscar Darío Pérez. El partido Alianza Verde conservará a Catherine Juvinao en la corporación, en contraste con su representación en el Senado, Angélica Lozano.

De este modo, las elecciones legislativas de 2026 dejaron como resultado un Congreso con una mezcla de renovación y permanencia. El hecho de que varios congresistas hayan logrado ser reelegidos evidencia que el respaldo de sus regiones y la gestión realizada durante el periodo anterior fueron decisivos.

Los influenciadores que llegarán al Congreso

Varias figuras provenientes del mundo digital aseguraron un lugar en el Congreso de Colombia desde 2026, consolidando la llegada de influencers y creadores de contenido a las esferas parlamentarias.

El fortalecimiento de liderazgos digitales quedó evidenciado con el respaldo que recibió Hernán Muriel Pérez en Antioquia. Al encabezar la lista cerrada del Pacto Histórico, obtuvo un apoyo superior al de políticos tradicionales como Alejandro Toro, demostrando el papel creciente de plataformas en línea también en las regiones. A nivel nacional, la tendencia impactó de igual manera a la Cámara de Representantes y al Senado.

Uno de los casos más notorios fue el de Luis Carlos Rúa Sánchez, conocido como ‘Elefante Blanco’, que se destacó en el Senado por la Alianza Verde al alcanzar la segunda votación más alta, solo superado por ‘JP Hernández’. Reconocido por denunciar retrasos y fallas en obras públicas a través de redes sociales, Rúa Sánchez trasladó su reputación digital al escenario legislativo.

Por el Movimiento Salvación Nacional, la suma de nombres como Alejandro Bermeo (abogado y referente en redes sociales) y Germán Rodríguez (mayor retirado de la Infantería de Marina) reflejó el influjo del activismo digital en las candidaturas legislativas.

En las listas del Pacto Histórico, la presencia de Walter Rodríguez (‘Wally’) sobresalió tras fijarse en el sexto puesto de la lista cerrada al Senado, alcanzando 137.821 votos, equivalentes al 5,89 % del total en la consulta interna.

En Bogotá, Laura Daniela Beltrán (‘Lalis’) logró una curul en la Cámara de Representantes en la segunda posición, mientras Daniel Mauricio Monroy —desde la cuarta casilla— también ingresó, consolidando su recorrido como activista en apoyo al gobierno de Gustavo Petro.

Un día después de que el país adelantara las elecciones a la Cámara de Representantes y el Senado de la República, las redes sociales siguen implacables contra los candidatos que no llegarán a ocupar un escaño en el Legislativo.

Aunque el país empezó a conocer el resultado de los ‘quemados’ desde la tarde-noche del domingo 8 de marzo, los internautas madrugaron para seguir publicando memes de los candidatos.

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Una de las principales burlas fue dirigida a la actual representante a la Cámara y hasta ayer aspirante al Senado por Cambio Radical, Lina Garrido, quien, pese a ser reconocido por su fuerte postura contra el presidente Gustavo Petro, esto no le alcanzó para llegar a la Cámara alta.

Usando tecnología IA, los internautas modificaron varias de sus imágenes públicas, además de usar el famoso sombrero que la identificó desde aquella réplica de 2025 durante la última instalación del Congreso de la República de este periodo legislativo, para referirse a su derrota.

“Fuentes confirman que la quemada estuvo tan brava que tuvieron que trasladarlos de inmediato al pabellón de quemados. Por eso… no han podido volver a entrar a X. Seguiremos informando", fue uno de los comentarios.

En otros mensajes ampliamente difundidos, a la representante de Cambio Radical también le sacaron a relucir su icónico sombrero acompañado de cenizas, haciendo referencia a la ‘quemada’ en la urnas.

Pero la representante Garrido no fue la única que se convirtió en centro de burlas. Los también congresistas Miguel Polo Polo, que llegó al Congreso por la curul afro, y Katherine Miranda, de la Alianza Verde, también fueron blanco de memes en redes sociales.

En las imágenes, los internautas aprovecharon la IA para modificar el vestuario de Polo Polo y hacer referencia al supuesto nuevo empleo que tendrá el congresista, una vez termine su periodo legislativo el 20 de julio de 2026.

En la imagen se observa al representante con un uniforme de vendedor ambulante, mientras que a la congresista Miranda se le ve con el rostro cubierto por ceniza, ambas fotografías creadas con IA.

Asimismo, la representante de la Alianza Verde, que no continuará en el Congreso durante el próximo cuatrenio, también fue imitada en sus fuertes discursos, que le dieron un importante lugar en las redes sociales.

Palabras como vándalo, que fueron utilizadas en varias ocasiones por Miranda, salieron a relucir en los memes para ‘justificar’ su salida del Congreso después del 20 de julio.

Otro grupo de internautas prefirió hacer referencia a imágenes de reconocidas series animadas para burlarse de la amplia lista de candidatos que quedaron por fuera del nuevo Congreso, especialmente contra los principales detractores del presidente Gustavo Petro.

Las elecciones legislativas celebradas el 8 de marzo de 2026 en Colombia no solo definieron la nueva composición del Congreso, sino que propiciaron una ola de humor digital que desbordó las redes sociales.

Imágenes y mensajes satíricos, adaptados al pulso de la jornada y a sus protagonistas, sirvieron como termómetro inmediato del sentir ciudadano frente a los ganadores y, en particular, los candidatos que no lograron el apoyo esperado.

Una de las imágenes más compartidas durante esa noche fue la de una persona acostada en el suelo y visiblemente angustiada, acompañada por la frase: “Mi plata hpta, mi plata”.

Este meme hacía alusión directa a Juan Carlos Pinzón, cuya inversión en publicidad electoral fue interpretada por los usuarios como un gasto infructuoso, dados los resultados adversos. La pieza gráfica replicó, en clave humorística, la decepción de quienes no obtuvieron un escaño y señalaron el alto costo económico de la contienda.

Otra pieza que alcanzó alta circulación mostró a Gustavo Petro dialogando con Paloma Valencia, con el mensaje: “-Paloma, venga y me consulta éste”. La imagen jugó con la rivalidad política entre ambos, contextualizando la victoria de Valencia y el nuevo balance de fuerzas en el Congreso, tras las consultas interpartidistas celebradas ese mismo día.

La aparente derrota de Miguel Polo Polo en las urnas que, tras un avance del 99,44% de las mesas informadas, lo dejó en cuarto lugar para la curul afrodescendiente, ya es fuente de burlas por parte de políticos con los que ha protagonizado encuentros en el pasado.

De hecho, una de las primeras en pronunciarse fue la recién reelecta representante a la Cámara por Bogotá María Fernanda Carrascal que, a través de su cuenta de X, aprovechó la pérdida del congresista para burlarse de él.

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Según escribió la representante, en tono de burla, Polo ha preferido mantener silencio frente a los resultados, mientras que otros candidatos ya aceptaron públicamente su derrota en las urnas.

“¿Se le fue el internet a Miguel Polo Polo?”, fue el escueto mensaje de María Fernanda Carrascal en la red social.

Tras la publicación de la representante, los internautas tampoco se guardaron los comentarios contra Polo Polo, a quien responsabilizaron por comentarios hacia madres de jóvenes víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

“La quemada de Miguel Polo Polo es también una victoria para la memoria de las madres de los mal llamados “falsos positivos”, es una victoria para el movimiento social y las familias de las víctimas que han luchado para que los crímenes de Estado no queden impunes”, y “Pero sí fue un rechazo al abierto oportunismo de Miguel Polo Polo con la representatividad afro. También es un mensaje”, fueron algunos de los comentarios.

Entretanto, las consecuencias de la derrota electoral de Miguel Polo Polo en la circunscripción afrodescendiente ya se sienten en el Congreso. El representante, conocido por su tono polémico y sus posturas directas, quedó fuera de la Cámara tras obtener 18.012 votos, cifra que lo ubicó en el cuarto lugar y marcó el final de su periodo legislativo iniciado en 2022.

La jornada del domingo evidenció que la candidatura de Polo Polo no logró mantener el respaldo necesario. Con el 99% de las mesas escrutadas, la lista que encabezó el Consejo Comunitario El Naranjo se impuso, seguida por el Partido Ecologista Colombiano y el Partido Demócrata Colombiano.

Esta caída electoral se tradujo en la pérdida de casi 15.000 votos, es decir, una reducción del 44,7% respecto a los resultados que le permitieron su llegada al Congreso hace cuatro años.

Miguel Polo Polo, que había accedido al Legislativo en 2022 con el aval del consejo comunitario Fernando Ríos Hidalgo, intentó en esta ocasión repetir la fórmula mediante el respaldo del consejo comunitario La Gran Vía de los Remedios. Su candidatura fue confirmada por el Consejo Nacional Electoral apenas semanas antes de las elecciones, luego de enfrentar múltiples impugnaciones.

Reacciones y análisis sobre la derrota de Polo Polo

Las redes sociales se convirtieron rápidamente en el escenario de celebración y comentario tras la derrota. Frases como “Ganó Colombia con la derrota de Polo Polo” y “se quemó Miguel Polo Polo” circularon entre los usuarios, quienes aprovecharon para recordar episodios polémicos y cuestionar su desempeño en el Congreso.

El resultado electoral de Miguel Polo Polo en 2026 responde a una pérdida sustancial de apoyo dentro de la circunscripción afro, reflejada en una caída de más del 44% en su caudal de votos respecto a 2022. El representante no logró revalidar su curul y terminó en cuarto lugar, superado por tres listas distintas.

Entre las causas de este revés electoral, se menciona su apoyo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, asociado a la extrema derecha, así como su comportamiento polarizante en redes sociales y el Congreso. Su estilo confrontativo, sumado al respaldo a figuras políticas controvertidas, habría generado desilusión entre antiguos simpatizantes.

Polémicas y controversias durante su gestión

Durante su periodo como congresista, Polo Polo fue protagonista de varias controversias. En noviembre de 2024, arrojó a la basura unas botas de una instalación artística en la plaza de Bolívar, obra que simbolizaba a las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”. Ese acto derivó en una condena judicial y fuertes críticas por su falta de sensibilidad hacia las víctimas.

Su curul, obtenida en la circunscripción afrodescendiente, fue objeto de constantes cuestionamientos desde 2022. Sectores de la comunidad negra le reprocharon la falta de representación efectiva y señalaron posibles irregularidades en su proceso de auto-reconocimiento étnico. Aunque superó varias demandas, las críticas nunca cesaron.

A esto se sumó su bajo nivel de asistencia al Congreso. Entre 2024 y 2025, Polo Polo acumuló más del 60% de inasistencias en votaciones clave, lo que llevó a que opositores lo llamaran el “Rey de los vagos”. Estos sectores lo acusaban de priorizar su actividad en redes sociales sobre el trabajo legislativo.

La jornada electoral en Colombia dejó un escenario complejo en la composición del Congreso, protagonizado por el avance del escrutinio al 98% y el surgimiento de figuras sin experiencia política junto al predominio de fuerzas tradicionales.

Los resultados preliminares abren interrogantes sobre el alcance real de la renovación en el Senado de la República y la Cámara de Representantes que iniciarán su periodo en 2026, según indicó el analista internacional y politólogo de la universidad EAN Jorge Munevar.

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Según el experto, los primeros datos muestran que el Pacto Histórico y el Centro Democrático se beneficiaron del sistema de listas cerradas y las dinámicas de coalición, posicionándose como las fuerzas principales en el Senado.

El Senado contaría con cerca de 25 curules para el Pacto Histórico y 17 para el Centro Democrático. Por su parte, el Partido Liberal alcanzaría alrededor de 13 curules, el Partido Conservador 11 y la Alianza Verde también 11, consolidando la influencia de las estructuras tradicionales, mientras partidos como el de la U y Cambio Radical experimentan retrocesos, de acuerdo con estimaciones iniciales.

Resultados del Senado de la República en las elecciones al Congreso 2026

Según detalló Munevar, la composición de la lista al Senado favoreció al partido del presidente Gustavo Petro y a su principal opositor, el Centro Democrático, mientras que otros partidos de vieja data habrían confundido a los votantes con listas preferentes.

“Con un avance de más de 19 millones de votos contabilizados y el 90% del escrutinio, era previsible que se creara confusión en muchas de las mesas y muchos de los electores por la forma en que estaba planteado el tarjetón, la variedad de partidos y movimientos y, sobre todo, por el tema de las coaliciones”, señaló el analista.

El experto enfatizó que “esto favoreció de manera evidente a los partidos Pacto Histórico y al Centro Democrático, que participaron con listas cerradas, que facilitan muy fácil la marcación y elección de esos candidatos”.

Sobre el papel de las fuerzas tradicionales, Munevar afirmó que lograron escaños en el Legislativo gracias a la fuerza que mantienen en el territorio, además de las estrategias electorales con las que han logrado consolidar a militantes y obtener votos extra.

“Los partidos tradicionales, Liberales y Conservadores, trabajan y consolidan su posición a través de las estructuras electorales, las maquinarias, las casas electorales, los barones electorales, la tradición política colombiana”, señaló el experto.

Asimismo, Munevar aseguró que la contienda legislativa dejó cambios interesantes para la política nacional, al dejar a varias colectividades con menor número de curules, mientras otros partidos lograron remontar para el periodo 2026-2030.

“En el Partido Liberal se calcula que obtienen alrededor de trece curules; el Partido Conservador, once curules. En la Alianza Verde tenemos una participación interesante que mantiene su posición con once curules. El Partido de la U desciende con nueve, Cambio Radical con seis, tal vez por la falta de su líder natural. La Alianza Mira Nuevo Liberalismo obtiene en promedio cinco; Salvación Nacional, tres; y hasta ahí se tiene más o menos el tema de la posibilidad de elegir candidatos por el umbral”, señaló Munevar.

Renovación y controversias en la nueva composición del Congreso

En cuanto a la nueva composición del Legislativo, Jorge Munevar aseguró que los nuevos “políticos” que ocuparán el Congreso podrían no contar con la experiencia suficiente para asumir ese cargo, pues la nueva lista la conforman influenciadores y personajes públicos sin carreras en política.

“La renovación en el Congreso es evidente. Van a aparecer muchos influenciadores, personas que no han tenido experiencia, otros en los partidos tradicionales que regresan de la política a participar en este nuevo Congreso, que va a tener una situación muy importante, especialmente en el Senado”, señaló.

Sin embargo, el experto mostró su escepticismo por el nuevo Congreso, asegurando que seguirán predominando los intereses políticos sobre las necesidades de los colombiano.

“Creo que hay que esperar mejores cosas de este Senado de la República, pero lamentablemente creo que vamos a mantener la misma tendencia de politiquería, de personas que no corresponden a la ética y a la moral y al trabajo que deben corresponder a altas dignidades de la República, como son los senadores, porque entran muchas personas cuestionadas y de familiares cuestionados en este nuevo Congreso”, indicó Munevar.

Panorama regional de la Cámara de Representantes

Con relación a la Cámara de Representantes, el experto señaló: “Para la Cámara, con más de un 90% de las mesas escrutadas, pues tenemos un panorama bastante variado”.

Destacó la diversidad regional en los resultados preliminares. “Podríamos comentar que el Centro Democrático obtiene victorias en Antioquia, Santander, Boyacá y Meta”. Añadió: “Como era previsible, el partido Pacto Histórico toma posesión de buena parte en Cundinamarca, Bogotá, Caldas, Valle, Cauca, Nariño”.

Respecto a otros partidos, afirmó: “El Partido Liberal en el Chocó, en el Huila, en Arauca, en el Magdalena, en Sucre. En Córdoba tenemos Cambio Radical. Bueno, está variado el tema de los partidos y forma parte de lo que hemos hablado ahora”.

El funcionamiento de las estructuras tradicionales sigue vigente, según el analista: “Ahí funcionan las estructuras electorales en cada una de las regiones. Unos ganan, otros pierden”.

Aunque la Registraduría Nacional aún no ha emitido los resultados oficiales de las elecciones adelantadas durante el domingo 8 de marzo, desde ya varias personalidades políticas empezaron a hacer sus análisis.

De hecho, a través de su cuenta de X, el exdirector del Departamento para la Prosperidad Social Gustavo Bolívar publicó la primera lista de los candidatos que no habrían alcanzado un escaño en el Legislativo.

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Según indicó el escritor, son al menos 13 los políticos que, pese a su amplia aparición en la esfera pública, no alcanzaron una curul durante las más recientes elecciones.

Entre ellos figuran candidatos de Alianza Verde, Partido Liberal, Partido Conservador, Dignidad y Compromiso, y por la curul afro, entre otros.

Según comentó Bolívar, por el partido Alianza Verde serían cuatro los aspirantes que quedarían por fuera de la cámara alta, incluidas Angélica Lozano, Katherine Miranda, Lucho Garzón e Inti Asprilla, al que le expresó su descontento por los resultados.

Asimismo, por el Partido Liberal, Bolívar mencionó a Alejandro Carlos Chacón Camargo, Laura Fortich, Horacio José Serpa, Maria Paz Gaviria y, por último, a Juan Carlos Lozada, al que también le expresó su dolor tras ser derrotado en las urnas.

Entre los otros ‘quemados’ que mencionó Gustavo Bolívar se encuentra Miguel Polo Polo, candidato a la Cámara por la curul afro; Álvaro Uribe Vélez, por el Centro Democrático; Jorge Robledo de Dignidad y Compromiso, y Juan Diego Gómez, del Partido Conservador.

Entretanto, varios de los ‘quemados’ ya reconocieron su derrota en las urnas, como el caso de la representante a la Cámara Katherine Miranda que, a través de su cuenta de X, expresó su gratitud a los más de 27.000 seguidores que depositaron su voto a favor.

“Hicimos lo correcto. En mí hay tranquilidad por haberme mantenido responsable con mi país. Nada vale más que la conciencia tranquila. Dios tendrá sus planes. Gracias de corazón a tantos por acompañarnos”, señaló Miranda.

Por esa misma línea, el candidato del Partido Liberal Alejandro Carlos Chacón Camargo expresó su descontento por los resultados, aunque admitió que seguirá vigente en la política colombiana.

“Los que piensan que frenan un senador valiente que defiende causas, están equivocados abren caminos grandes”, señaló el liberal en su cuenta de Instagram.

Gustavo Bolívar elogió el trabajo de Juan Daniel Oviedo en las consultas interpartidistas

La participación de Juan Daniel Oviedo en la Consulta Interpartidista de la Gran Consulta por Colombia —y su capacidad para captar apoyos provenientes de sectores de la izquierda— generó cuestionamientos internos sobre la estrategia de los partidos identificados con el oficialismo, en un contexto donde alcanzar la mayoría parlamentaria aparece como condición para la continuidad de las reformas impulsadas por el presidente Gustavo Petro.

Los resultados parciales indicaron que Oviedo obtuvo 17,78% de los votos, equivalentes a 1.251.477 sufragios. Este desempeño ubicó al candidato muy lejos de la ganadora, Paloma Valencia, quien, con el respaldo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, reunió el 45,95 % de las voluntades.

Sin embargo, la votación acumulada por Oviedo superó a la lograda por figuras históricamente asociadas a la izquierda como Roy Barreras y Daniel Quintero, reconfigurando así el mapa de preferencias electorales analizado por líderes y comentaristas políticos.

La reacción inicial corrió por cuenta de Gustavo Bolívar, exsenador y excandidato presidencial. El dirigente señaló en su cuenta de X el efecto que tuvo el reconocimiento de Oviedo hacia algunos logros del Gobierno Petro durante la campaña.

“Según las proyecciones, sedujo más votos de la izquierda Oviedo, con su estrategia de reconocer logros del gobierno, que Roy y Quintero desmarcándose. La votación de Roy rondará los 220 mil votos y la de Quintero los 190 mil votos”, señaló.

Bolívar comparó además la votación de Oviedo con los resultados de Barreras y Quintero, quienes participaron en la Consulta del Gran Frente Por la Vida y obtuvieron 255.955 votos (3,63%) y 226.602 votos (3,21%), respectivamente.

Estas cifras quedaron muy por debajo de lo alcanzada por Iván Cepeda en octubre de 2025, cuando ganó la Consulta del Pacto Histórico con 1.522.347 votos y es considerado por Bolívar como la opción más sólida para garantizar la continuidad de la línea progresista en el país.

Mientras la Registraduría Nacional inicia la recta final del preconteo de votos para el Senado y la Cámara de Representantes, desde ya se empiezan a conocer las figuras políticas que no llegarían al Congreso en el periodo 2026-2030.

De hecho, por el partido Alianza Verde, Katherine Miranda, que pretendía hacer su salto de la cámara baja al Senado de la República, habría quedado por fuera de los 108 senadores que llegarán este 7 de agosto al Salón Elíptico del Capitolio Nacional.

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Según los balances preliminares, la Alianza por Colombia, de la que hace parte la Alianza Verde, obtuvo un aproximado de 1.636.000 votos, lo que le daría posibilidades para que once de sus aspirantes lleguen al Senado.

Sin embargo, la representante a la cámara solo obtuvo un poco más de 27.000 votos, resultado que la ubicó en el puesto número 22 de la coalición, muy por debajo de los escaños que serían asignados para agosto de 2026.

La aspirante, con el paso de los años, se convirtió en una dura opositora al Gobierno nacional, especialmente por las iniciativas de Gustavo Petro y su presidente por aplicar en el país reformas como la tributaria y de la salud.

De hecho, apenas días atrás, la congresista endureció su postura crítica frente al gobierno de Gustavo Petro, señalando que la “obediencia ciega” de un sector del Congreso ha debilitado el ejercicio de control político y advertido sobre el crecimiento de la sumisión parlamentaria.

Incluso, Miranda denunció que existían “Therians” focas que le aplaudían todo a Petro, a la vez que reafirmó su independencia, citando ataques y presiones como resultado de su distancia frente al Ejecutivo, según una entrevista entregada a El Colombiano.

Según indicó, en el periodo comprendido entre 2023 y enero de 2026, Katherine Miranda detectó un incremento abrupto del 946% en la cantidad de exámenes PET-CT remitidos a la clínica Clinaltec de Ibagué, pasando de 176 casos en 2023 a 1.846 en 2025 y sumando un total de 3.374 remisiones en el lapso registrado.

Según la parlamentaria, el impacto económico de este crecimiento se manifestó en la facturación, que se elevó desde cerca de $970 millones a más de $17.600 millones en el mismo periodo.

Miranda cuestionó la falta de independencia en el Congreso y la concentración de servicios médicos en Ibagué

Katherine Miranda, al dialogar con el medio El Colombiano, advirtió lo que consideraba una “autoridad moral enorme para hacerle control político a Petro”.

Sostuvo que su ruptura con la administración nacional se produjo tras el intento fallido de establecer una reforma política en 2022, la cual calificó como “una barbaridad, un abuso de poder”. Además, mencionó los intentos del Ejecutivo por imponer expropiaciones exprés en el Plan de Desarrollo.

La congresista relató que durante la discusión del Plan de Desarrollo, se produjo otra situación delicada tras la salida de Cecilia López del Ministerio de Agricultura.

Según Miranda, previo a su renuncia, López le advirtió: “No dejes meter la expropiación”. Posteriormente, la ministra Jennifer Mojica le solicitó firmar una propuesta que, de acuerdo con Miranda, contemplaba una expropiación “en 15 días con Policía y Ejército, sin respeto al debido proceso”.

Ante esta solicitud, Miranda afirmó que rechazó la medida y la denunció públicamente. Tras este episodio, la entonces ministra López decidió abandonar el país por motivos de seguridad, declarando que ambas se habían convertido en “objetivo militar”.

La labor de Miranda no se ha limitado al control de la agenda legislativa. La representante también denunció una presunta concentración irregular en los diagnósticos oncológicos realizados a afiliados de Nueva EPS en la clínica Clinaltec de Ibagué.

A través de documentos obtenidos mediante derechos de petición, evidenció el crecimiento sostenido de remisiones desde distintas regiones, llegando a 222 derivaciones solo en enero de 2026. Además, indicó que pacientes provenientes de Norte de Santander, Arauca o Risaralda han debido viajar cientos de kilómetros, pese a que esos exámenes también pueden practicarse en centros de Bogotá, Medellín o Cali.

La clínica Clinaltec rechazó los señalamientos de Miranda y argumentó en un comunicado que es un centro de alta complejidad, con múltiples servicios habilitados y ubicado estratégicamente para atender pacientes de diferentes regiones.

Por su parte, el Ministerio de Salud de Colombia negó la existencia de pruebas que respalden las denuncias de la representante y descartó vínculos entre la institución médica y el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.

Miranda denunció acoso y vandalización tras sus críticas

Junto a su trabajo parlamentario, Katherine Miranda declaró haber sido blanco de campañas de desinformación, irregularidades en entidades estatales como Rtvc y el Ministerio de Salud, y acoso digital.

Días después de haber hecho públicas sus denuncias sobre la clínica de Ibagué, su sede de campaña en Chapinero fue objeto de vandalización por parte de encapuchados que arrojaron pintura negra a la fachada. La congresista condenó el ataque y afirmó: “Las intimidaciones no pueden reemplazar el debate público”, mientras las autoridades investigan los hechos mediante material de cámaras de seguridad.

Pese a los roces protagonizados entre los candidatos presidenciales Daniel Quintero y Roy Barreras, en medio de su disputa por quedarse con la consulta del Frente por la Vida, los dos políticos bajaron la guardia tras los resultados alcanzados el domingo 8 de marzo.

De hecho, el primero en aparecer tras conocerse la victoria de Barreras fue el exalcalde de Medellín que, a través de su cuenta de X, reconoció la victoria del exembajador de Colombia ante el Reino Unido.

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Quintero aseguró que apoyará la campaña presidencial de su adversario “como ordena la ley”, destacando la necesidad de forjar unidad en el movimiento y señalando como ganadores al presidente Gustavo Petro y al Pacto Histórico.

“Quiero felicitar a Roy por su triunfo. Lo acompañaré como ordena la ley. Espero que nos lleve a un proceso de unidad. El ganador de esta consulta es el Presidente Petro y el Pacto Histórico. Pueden contar conmigo. Mi objetivo será siempre el mismo”, escribió en su cuenta de X.

Ante el reconocimiento, el ahora candidato oficial del Frente por la Vida también apareció en su cuenta de X para agradecer a Quintero por sus palabras, además de advertir que aún falta conseguir suficientes votos para disputarse la primera vuelta con los favoritos de las encuestas, entre los que se encuentran Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

“Gracias Daniel. 500.000 progresistas son definitivos y no se encuentran debajo de la mesa . Tenemos tarea”, escribio Roy Barreras.

Por su parte, Quintero resaltó el valor del respaldo obtenido considerando la ausencia de recursos y estructuras partidistas. “Desde Medellín quiero agradecer a nuestra gente, a la gente que votó por nosotros, sin plata, sin partidos, sin maquinarias, por convicción y que creen como yo que la ciencia y la tecnología son fundamentales para transformar a nuestro país”, aseguró el exalcalde.

Estrategia y proyección de Roy Barreras hacia la primera vuelta

Desde el centro de Bogotá, Roy Barreras recibió los resultados con cautela. El exsenador y exembajador en Reino Unido manifestó que su victoria es reflejo del respaldo a la inclusión social y el progresismo en Colombia.

“El pueblo colombiano ha sentido que hay un llamado legítimo hacia la inclusión social, pero se trata de ganar las elecciones. Se trata de que Colombia no retroceda, se trata de no cometer errores estratégicos, de no abandonar la cancha. Fue un error evidente haber abandonado la cancha. Pero en la primera vuelta nadie podrá abandonar la cancha. Y tenemos tres meses de aquí a ella para que los colombianos decidan si es cierto que es posible un progresismo con las instituciones, un progresismo sin miedos, un progresismo que no genere temor y un progresismo que garantice que las reformas se hagan y se aprueben”, aseguró Barreras.

El candidato señaló que su objetivo en los próximos tres meses será ampliar la base electoral, apelando a sectores que participaron en otras consultas. “Dos millones de personas que engordaron la consulta uribista no son uribistas, son centro, pero no tenían otro camino que votar allí, porque la orden del presidente Petro o su sugerencia, y además el trabajo de muchos militantes de los sectores más radicales del Pacto, era impedir no solo que votaran por los otros, sino incluso votar contra nosotros”, indicó.

Barreras calificó como inesperada su victoria, considerando las encuestas previas y expresó: “No se gana una consulta presidencial contra viento y marea, contra las encuestas, contra el saboteo, contra el boicot, contra una campaña de infamia y no se celebra”.

Tres meses clave para consolidar la propuesta progresista

El festejo de Barreras se limitará a la noche del 8 de marzo de 2026. A partir del 9 de marzo, el candidato aseguró que enfocará sus esfuerzos en la definición de su fórmula vicepresidencial y el fortalecimiento del proyecto destinado a suceder a Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

En sus declaraciones, Barreras también identificó al abogado Abelardo de la Espriella como el principal derrotado de la jornada y destacó la responsabilidad del progresismo de no permitir el retroceso en derechos ni libertades ante la posibilidad de una “derecha regresiva”.

El candidato del Frente por la Vida anticipó su participación decisiva en la campaña de primera vuelta y concluyó: “Tenemos tres meses para que el gran ganador sea el progresismo colombiano y no esa especie de derecha light, que ya la padecimos una vez, pero que sigue siendo derecha regresiva y sigue siendo derecha que niega derechos y libertades y sigue siendo derecha que echa a perder los avances sociales. No lo vamos a permitir, vamos a avanzar y vamos a llegar con mucha fuerza a la primera vuelta. Esperen los debates, los quiero ver”.

Luego de que la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia recibiera el apoyo de casi tres millones de votantes en la Gran Consulta por Colombia, los siete aspirantes a la Presidencia que se medían el aceite a su lado reconocieron públicamente la victoria de la ahora candidata oficial por la centro derecha.

Uno de los primeros en aparecer fue el exsenador y cocreador de la consulta David Luna que, a través de sus redes sociales, aceptó la victoria de Valencia y aseguró apoyarla para el próximo reto electoral en mayo de 2026.

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“Yo desde ya, y sin ningún tipo de cuestionamiento, ayudaré en este proceso para que sea ella, Paloma, la que se convierta en la primera mujer presidente. Creo que llegó ese momento y no tengo sino cosas buenas que resaltar de Paloma. Su capacidad de diálogo, su franqueza, su inteligencia”, señaló Luna

En esa misma línea, el exdirector del Dane Daniel Oviedo, que quedó en el segundo lugar de la consulta, agradeció a todo el electorado por su apoyo después de alcanzar más de un millón de votos.

“Muy contentos de estar siguiendo segundo tras segundo los resultados del conteo de votos de la Gran Consulta por Colombia. Gracias porque esa votación va a dar una luz para que Colombia pueda escoger una alternativa sensata que construya un futuro y que nos permita aprender a sumar entre distintos, porque recuerden, se requiere más carácter para sumar que para dividir. Muchas gracias”, señaló el ahora excandidato presidencial.

Entretanto, la periodista Vicky Dávila visitó personalmente la sede de campaña de Paloma Valencia para extender sus felicitaciones, además de desearle todo el éxito para enfrentar a los siguientes contrincantes en la primera vuelta presidencial.

“Paloma Valencia, que Dios te bendiga. Tienes una responsabilidad muy grande, defender a Colombia y cuidar nuestra democracia y nuestra libertad. Hay que derrotar a Iván Cepeda, “El Heredero”, la peor amenaza para el futuro de los colombianos. Ahora a ganar en primera vuelta", escribió Dávila en su cuenta de X.

Por su parte, el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón pidió el apoyo a la candidata presidencial para ganar las elecciones, mientras que confirmó su participación en la campaña de Valencia para la primera vuelta.

“Mi primer mensaje a la senadora, mi cariño, mi afecto, que Dios la ilumine, la cuide, que la tenga para cosas grandes y que le permita contribuir y hacer de este país un país bueno, que salga adelante, que progrese, que adquiera seguridad y que esté bien. Yo soy un hombre de palabra. Me comprometí en esta Gran consulta a apoyar a la senadora Paloma Valencia si era la que ganaba. Pido a todo el que haya votado por mí, si está en su consciencia, que vote por Paloma”, comentó el exministro.

Asimismo, Mauricio Cárdenas aprovechó los resultados para establecer comunicación directa con Paloma Valencia y enviar sus felicitaciones por el contundente triunfo en la consulta.

En su llamada, el excandidato presidencial aseguró que Valencia ahora debe continuar con la responsabilidad de mantener el país unido de cara a las elecciones de mayo, y reafirmó su apoyo para los próximos comicios.

“Lo primero que quiero hacer es felicitarte por un gran triunfo.Tienes ahora las banderas de un país sensato, de un país que quiere acertar y de un país que quiere unirse. Desde ya te digo que todo lo que esté a mi alcance para ayudarte a que seas la próxima presidenta de Colombia, lo haré”, comentó Cárdenas desde su sede de campaña.

Ante el mensaje, la senadora del Centro Democrático no dudó en entregar sus agradecimientos a los integrantes de la Gran Consuta por Colombia y se comprometió a trabajar durante los dos meses siguientes para consolidar votos en la primera vuelta presidencial.

“En esta tarea que emprendemos para ganar la presidencia de la República, elegir la primera mujer presidente de Colombia y escribir con letra de mujer el destino distinto para los millones de compatriotas que están cansados del odio de clases, que están cansados de la violencia, que están cansados de la pobreza”, reafirmó Valencia.

Mientras la Registraduría General del Estado Civil continúa con su trabajo de preconteo de votos para las consultas y el congreso, desde ya se empiezan a conocer a los grandes ganadores de las tres contiendas interpartidistas para llegar a la primera vuelta de la Presidencia en mayo de 2026.

De hecho, la Consulta de las Soluciones, iniciativa radicada por la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, ya la arrojó como la ganadora por el centro, con un número superior a los 400.000 votos en todo el país.

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Hasta las 6:30 p. m., la Registraduría reportaba un total de 385.000 votos a favor de la exmandataria distrital, mientras que el único candidato que aceptó su propuesta de consulta no superó la barrera de 40.000 votos.

Con esos resultados parciales, López se convierte en la elegida por el centro para llegar a la primera vuelta de las elecciones a la Presidencia de la República, en la que se medirá el aceite con los ganadores de la Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia, y el vendedor de la consulta del Frente por la Vida, que aún continúa en disputa entre Roy Barreras y Daniel Quintero.

Con el respaldo del movimiento Imparables, López se postula como “la candidata alternativa que supera la pelea entre el uribismo y el petrismo”, una frase que ha reiterado en sus intervenciones públicas. Aunque sus adversarios le reprochan haber respaldado en el pasado a Gustavo Petro, ella sostiene que su lugar está en el centro político y que su campaña se enfoca en “dar soluciones” a los problemas más urgentes de Colombia.

Trayectoria política y académica de Claudia López

La vida de Claudia López comenzó en Bogotá el 9 de marzo de 1970, en el seno de una familia de clase media encabezada por su madre, maestra de profesión, una referencia constante en sus discursos. Crecer como la mayor de seis hermanos, según ha contado, la llevó a asumir responsabilidades y ejercer el liderazgo desde joven.

Su primera aproximación a la política se remonta a finales de los años 80, cuando fue parte del movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta. Esta iniciativa ciudadana impulsó la convocatoria de la Asamblea Constituyente de 1991, evento que dio paso a su vocación por lo público.

En el ámbito académico, López se formó en Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia. Más adelante, obtuvo una maestría en Administración Pública y Política Urbana en la Universidad de Columbia, fue investigadora visitante en Yale y alcanzó el doctorado en Ciencia Política en Northwestern University. Tras su paso por la Alcaldía de Bogotá, fue seleccionada como becaria del programa Advanced Leadership Initiative de Harvard.

Antes de ocupar cargos de elección popular, López se consolidó como investigadora y columnista. Sus estudios sobre la llamada “parapolítica” la posicionaron como voz relevante en el debate sobre corrupción y transparencia.

El salto al Congreso llegó en 2014, cuando fue elegida senadora por el partido Alianza Verde. Desde esa posición impulsó debates de control político y fue una de las principales promotoras de la Consulta Anticorrupción de 2018, que movilizó millones de votos aunque no alcanzó el umbral requerido para su aprobación.

El año 2019 ganó la Alcaldía de Bogotá con más de 1,1 millones de votos, convirtiéndose así en la primera mujer en ser elegida por voto popular para dirigir la capital y en la primera mandataria abiertamente homosexual de una gran ciudad latinoamericana.

Su gestión en Bogotá, entre 2020 y 2023, estuvo atravesada por la crisis sanitaria del covid-19. Durante ese periodo, impulsó el Sistema Distrital de Cuidado, programas de acceso para la educación superior para jóvenes y proyectos de infraestructura como la primera línea del metro y nuevas ciclorrutas.

Polémicas y rupturas políticas

Pese a los avances en materia social e infraestructura, la administración de López enfrentó críticas por su manejo de la seguridad, la movilidad y la gestión de las protestas. En particular, se le cuestionó por sus cambios de postura respecto al uso de la fuerza pública y por las tensiones con el presidente Gustavo Petro, que hasta entonces había sido un aliado ocasional en el espectro progresista.

Tras dejar la Alcaldía de Bogotá, la ahora candidata presidencial emprendió un recorrido nacional para presentar su proyecto político y aumentar su visibilidad. Su propuesta se centra en la creación de una alternativa de centro y en la defensa de la institucionalidad democrática, lo que le ha permitido crecer en las mediciones recientes de intención de voto.

En medio de la polémica protagonizada por el exrepresentante a la Cámara del departamento de Amazonas por el Centro Democrático Víctor Hugo Moreno Bandeira, la colectividad se pronunció en la tarde del domingo 8 de marzo.

Según indicó el Centro Democrático en dos comunicados oficiales, el también aspirante al Congreso fue apartado del partido mientras las autoridades judiciales culminan las investigaciones en su contra, después de que le fueran encontrados 20 millones de pesos en efectivo en inmediaciones del aeropuerto de Leticia.

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“Frente a la situación del candidato a la Cámara por el departamento del Amazonas, Victor Hugo Moreno Bandeira, el Centro Democrático informa: La Veeduria y la Dirección Nacional del Partido han decidido suspender temporalmente la militancia del candidato Víctor Hugo Moreno Bandeira”, señaló la colectividad.

Aunque no significa una salida definitiva del partido, el Centro Democrático aclaró que se mantendrá la medida mientras el candidato y las autoridades esclarezcan el origen y destino del dinero incautado en un vehículo partícular durante la tarde del sábado 7 de marzo.

“Esta medida se mantendrá mientras las autoridades competentes adelantan las investigaciones correspondientes y se pronuncian sobre los hechos, y en tanto el candidato entrega las explicaciones del caso ante dichas autoridades. De acuerdo con versiones iniciales el candidato se encontraba ayer, 7 de marzo, en las zonas aledañas al aeropuerto para coordinar la logistica del día de las elecciones”, continuó el partido.

El Centro Democrático también aprovechó la oportunidad para pronunciarse sobre otras irregularidades presuntamente encontradas a militantes del partido del presidente Gustavo Petro, el Pacto Histórico, así como el presunto constreñimiento que estarían ejerciendo grupos armados contra la población civil para votar por ese movimiento.

“El Centro Democrático reitera su preocupación por los “ríos de dinero” que manejan los parlamentarios y candidatos al Congreso afines al Gobierno nacional. Rechazamos la presión de grupos terroristas a la población civil en diferentes regiones del país que constriñen el libre ejercicio del voto en favor de los candidatos cercanos al gobierno”, indicó el partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En otra comunicación, el Centro Democrático exigió prontitud de parte de las autoridades para esclarecer las circunstancias en las que le fueron encontrados los millones al exrepresentante Víctor Hugo Moreno Bandeira, al tiempo que ratificó su compromiso con la democracia del país.

“Solicitamos a las autoridades competentes adelantar las investigaciones con la mayor celeridad y diligencia, con el fin de esclarecer lo sucedido ante el país de manera inmediata. El Centro Democrático reitera su compromiso inquebrantable con la transparencia electoral y la legalidad. Bajo ninguna circunstancia toleramos actos que vayan en contra de las instituciones democráticas y el libre ejercicio del derecho electoral”, concluyó el partido.

El pronunciamiento de la colectividad se da después de que Moreno fue sorprendido cerca del aeropuerto de Leticia con 20 millones de pesos en efectivo.

De acuerdo con el reporte policial, el candidato se desplazaba en un vehículo Kia Picanto y, al notar la presencia de una patrulla, habría lanzado una bolsa a una zona boscosa. Los uniformados verificaron el contenido y hallaron el dinero en efectivo.

Según información conocida por El Tiempo, el candidato habría intentado evitar la captura ofreciendo parte del efectivo a los policías presentes, lo que derivó en su detención por el presunto delito de cohecho por dar u ofrecer.

El director de la Policía Nacional, el general William Rincón, explicó que, tras el procedimiento, el candidato quedó a disposición de la Fiscalía para que se avance en las investigaciones judiciales.

“Quedó a órdenes y a disposición de la Fiscalía. Nosotros lo que hacemos es capturar y poner a disposición de las autoridades judiciales para adelantar los procedimientos correspondientes”, indicó Rincón.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado que los 20 millones de pesos incautados estén vinculados a delitos electorales. Sin embargo, la principal hipótesis apunta a la posible compra de votos, considerando la proximidad con la jornada electoral y la cantidad de dinero en efectivo.

La captura de Moreno ocurrió el 7 de marzo a las 4:20 p. m., según el reporte oficial. El hecho se produjo durante un operativo rutinario del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. La patrulla abordó el vehículo en el que se encontraba el candidato, lo que desencadenó una serie de acontecimientos que culminaron con su detención y posterior liberación.

Tras la admisión de responsabilidad por el reclutamiento de menores durante el conflicto armado, el antiguo secretariado de las Farc enfrenta una inminente audiencia de reconocimiento en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La magistrada Lily Rueda, relatora del Caso 07, señaló en entrevista con El Tiempo que este proceso implica la apertura de sanciones restaurativas y plantea un diálogo directo con las víctimas.

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Tras la aceptación de los crímenes, la JEP contempla trabajos, obras y actividades reparadoras (Toar) como sanciones restaurativas en este caso. Estos mecanismos, que deben ser concertados con las víctimas y aprobados por el Tribunal para la Paz, están dirigidos a reparar los daños ocasionados por el reclutamiento de más de 11.000 menores.

La ley establece que estas sanciones no admiten amnistía y que el tiempo máximo de cumplimiento es de ocho años, sin posibilidad de acumulación incluso para quienes han sido condenados en varios macrocasos.

“Acabamos de entregar al país una solicitud de perdón dirigida a las víctimas y a la sociedad. En el plano procesal, después de seis años de investigación de este Caso 07, que hoy agrupa más de 11.000 víctimas individuales y colectivas, se abre la posibilidad de lo que llamamos en la JEP un diálogo restaurativo. Es decir, un escenario de encuentro directo entre víctimas y comparecientes”, señalo Rueda en diálogo con el diario nacional.

El reconocimiento de responsabilidad, la admisión del daño infligido a las víctimas y la gravedad de los hechos perpetrados contra niños y niñas —quienes no pueden ser objeto de amnistías— constituyeron, según la magistrada, el punto de partida que hasta ahora había impedido abrir este diálogo

“En el diseño de este sistema de justicia especial, este diálogo es fundamental, porque permite a las víctimas expresar directamente a los comparecientes todas sus consideraciones sobre el proceso, sus expectativas de justicia, sus emociones, sus perspectivas sobre el futuro y las tareas que los máximos responsables podrían hacer para contribuir en el proceso de restauración y construcción de verdad”, señaló Rueda.

Según la magistrada, si las conversaciones avanzan favorablemente, la Sala de Reconocimiento tendrá la posibilidad de convocar a una audiencia de reconocimiento. En ese contexto, los comparecientes deberán reconocer públicamente su responsabilidad, lo cual permitirá posteriormente considerar la aplicación de una sanción restaurativa.

La ruta hacia las sanciones restaurativas de la JEP

Rueda explicó que los comparecientes pueden proponer trabajos, obras y actividades reparadoras (Toar), pero estas iniciativas requieren tanto la consulta con las víctimas como el visto bueno de la Sala y del Tribunal de Paz.

De acuerdo con la magistrada, este procedimiento garantiza que las acciones de reparación respondan a las propuestas de las víctimas y no queden sujetas exclusivamente a la voluntad de los procesados.

“Esta fase que sigue permitirá escuchar a los comparecientes sobre estas iniciativas y ponerlas a dialogar con aquellas que provienen de las víctimas, -las que ellas ya han presentado y las que presenten en lo que sigue-. Hasta este momento, algunas víctimas han compartido con la Sala ideas de proyectos restaurativos que son valiosos y profundos”, precisó la magistrada a El Tiempo.

Entre los proyectos presentados por las víctimas figuran iniciativas de memoria, prevención y fortalecimiento comunitario. Según indicó la magistrada, víctimas de Cali propusieron la creación de la “Casa Xingu: Juventud de Luz”, un espacio participativo para prevenir el reclutamiento, fomentar la resiliencia social y promover la paz.

En el Guaviare, madres y familiares de menores desaparecidos solicitaron la creación de una “Casa de la memoria paz y reconciliación”, orientada a la sanación mediante el arte, la escucha y el apoyo psicosocial.

Por su parte, las comunidades indígenas han presentado propuestas propias. “Desde los pueblos étnicos que participan en el caso también hemos recibido propuestas que podrían transformar realidades y ser restaurativas, especialmente desde la prevención del reclutamiento de niños y niñas”, detalló Rueda.

En Arauca, se ha planteado la creación de centros de educación media, la formación de liderazgos familiares y femeninos, y la transmisión de saberes ancestrales, permitiendo que los niños continúen su educación dentro de sus territorios y bajo su cosmovisión.

En el Caquetá, se han realizado solicitudes para garantizar el acceso a agua potable y chalupas escolares, así como mejoras en las escuelas y espacios educativos con enfoque étnico.

“Todo esto, por supuesto, son semillas que se gestan y crecen en el proceso restaurativo, en donde la mayoría de víctimas han dicho que sería bienvenida la participación de comparecientes”, señaló la magistrada.

Rueda también identificó la posibilidad de articular estos trabajos con programas estatales para lograr cambios estructurales en la protección de la niñez colombiana.

Los retos jurídicos y el alcance de las sanciones propias

Frente a quienes consideran que las sanciones restaurativas establecidas —un máximo de ocho años— resultan insuficientes por la magnitud del daño, la magistrada aclaró a El Tiempo: “Aunque los comparecientes estén condenados en múltiples macrocasos, la ley establece que el máximo término de las sanciones propias para cada persona condenada es de ocho años y estas no son acumulables como si fuese una suma aritmética”.

La JEP remarca que la sanción propia no agota el compromiso institucional con la verdad ni la garantía de no repetición, sino que también constituye un principio de seguridad jurídica para los comparecientes.

“El Tribunal para la Paz, particularmente la Sección con Reconocimiento, es la instancia que continúa este proceso dialógico”, afirmó la magistrada.

El proceso de reconocimiento y sanción abre una oportunidad para que la sociedad colombiana reflexione y se involucre en la protección integral de la niñez, con el fin de evitar que las generaciones futuras sean víctimas de la violencia armada.

La captura de uno de los escoltas del secretario de la Cámara de Representantes de Colombia con $145 millones en efectivo y propaganda electoral ha intensificado el debate sobre presuntas irregularidades en el financiamiento de campañas en el país.

El hecho tuvo lugar el 2 de marzo en un retén de Hatonuevo, La Guajira, y terminó dejando sobre la mesa los nombres de importantes figuras de la política como Jaime Luis Lacouture, Daniel Restrepo y el senador Carlos Trujillo.

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Jaime Lacouture es un abogado guajiro que ocupa la secretaría de la Cámara desde 2022 y fue reelegido en 2024. Mantiene una relación política y personal cercana con el senador Carlos Trujillo, prominente miembro del Partido Conservador.

La reciente detención de su escolta, Luis Alfredo Acuña, con una elevada suma en efectivo y material electoral de Daniel Restrepo —candidato al Senado y cercano aliado de Trujillo— ha puesto en la mira los vínculos y la supuesta estrategia de poder dentro de este sector del Congreso colombiano.

De hecho, desde 2022 su nombre generó polémica en el Legislativo, pues llegó a uno de los cargos mejor pagados del Congreso, unos 70 millones mensuales, apenas un día después de dejar su trabajo como magistrado en el Consejo Nacional Electoral (CNE), cargo desde el cual entregó credenciales a varios congresistas. La rapidez del cambio generó reclamos de falta de transparencia entre los legisladores.

En 2018, Lacouture intentó llegar al Senado por el Partido Conservador, pero no obtuvo el respaldo suficiente, por lo que fue postulado como magistrado del CNE.

Además, ha sido vinculado en diversas ocasiones a figuras políticas cuestionadas, aunque él ha negado cercanía con el exsenador Bernardo ‘el Ñoño’ Elías, de quien se dice intentó heredar su caudal electoral, según información revelada por El Tiempo.

Vínculos con Carlos Trujillo y Daniel Restrepo

Una relación mucho más evidente une a Lacouture con Carlos Trujillo, senador conservador involucrado en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y quien no buscará la reelección al Congreso, pues ahora aspira a la Alcaldía de Itagüí.

Trujillo obtuvo cerca de 20.000 votos en La Guajira en 2022, un territorio clave para sus intereses políticos, y espera replicar la estrategia con su candidato al Senado, Daniel Restrepo.

Restrepo, Trujillo y Lacouture han sido vistos juntos en eventos públicos y privados. Incluso, hay registros de una fiesta vallenata celebrada en 2024 en la finca de la familia Lacouture, en Villanueva, que habría servido de escenario para el encuentro de dirigentes guajiros y antioqueños, buscando fortalecer alianzas políticas, según reveló el diario nacional.

En el evento participaron también autoridades locales, como la madre de Jaime Lacouture, Cielo Peñaloza de Lacouture, actual alcaldesa de Villanueva, cuya elección también fue objeto de cuestionamientos por supuestas irregularidades.

Investigaciones y antecedentes

No es la primera vez que el nombre de Lacouture aparece en el radar de la justicia. En 2018, el exsenador Otto Bula lo señaló como intermediario en una reunión entre Odebrecht y “el Ñoño” Elías, relacionada con la adjudicación de un tramo vial.

En 2024, la Fiscalía anunció una imputación en su contra por presunto interés indebido en la celebración de contratos y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.

En el caso reciente del dinero incautado, la UNP, dirigida por Augusto Rodríguez, ya se comunicó con Lacouture para recoger su versión de los hechos. El secretario indicó que autorizó a su escolta a realizar una diligencia personal y que el efectivo era para la compra de un vehículo, un argumento que está bajo revisión según información conocida por El Tiempo.

En resumen, Jaime Lacouture es un funcionario con una amplia trayectoria en la política conservadora y vínculos estrechos con figuras como Carlos Trujillo y Daniel Restrepo.

Su nombre ha estado asociado a varios episodios de supuestas irregularidades, y el escándalo actual refuerza la atención sobre los métodos de financiación y captación de votos en La Guajira, un departamento que juega un papel central en las estrategias electorales de 2026.

La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de mantener la sanción por más de 5.000 millones de pesos contra los directivos de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 marca un nuevo episodio en la vigilancia del financiamiento electoral colombiano.

Este miércoles 4 de marzo, los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada formalizaron su postura al radicar una ponencia que rechaza los argumentos de la defensa y ratifica la resolución original.

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El 27 de noviembre de 2025, la sala plena del CNE decidió, con una votación de seis a tres, sancionar a los responsables de la campaña por violar los topes de gasto permitidos. La defensa, encabezada por representantes legales de Ricardo Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol y gerente de la campaña política, intentó revertir la sanción mediante recursos judiciales.

Sin embargo, la nueva ponencia presentada por los magistrados Ortiz y Prada no aceptó los planteamientos de nulidad ni las solicitudes de corrección por supuestas irregularidades administrativas.

La resolución del CNE establece que no se accederá a las peticiones de la defensa, y solicita que se remitan copias del caso a la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes.

Sanciones y consecuencias para la campaña de Gustavo Petro

La sanción afecta directamente a tres figuras clave: Ricardo Roa Barragán, en su calidad de gerente de campaña; Lucy Aydee Mogollón, quien ofició como tesorera; y María Lucy Soto Caro, auditora interna durante la primera vuelta presidencial. Para esta etapa, la multa asciende a 2.252 millones de pesos.

El CNE también impuso una sanción solidaria a los mismos funcionarios por otros 2.447 millones de pesos por violaciones detectadas en la primera vuelta. Además, para la segunda vuelta presidencial, la multa sumó otros 627 millones de pesos por financiación prohibida y 596 millones de pesos adicionales por exceso en los topes.

En síntesis, la campaña del presidente Gustavo Petro en 2022 enfrenta sanciones administrativas por más de 5.000 millones de pesos tras comprobarse el incumplimiento de los límites legales de financiación, tanto en la primera como en la segunda vuelta.

Las autoridades confirmaron que los recursos judiciales presentados para anular o modificar la sanción no prosperaron, por lo que la medida queda en firme y debe ser acatada por los responsables.

Situación legal de Ricardo Roa y respuesta de los sancionados

Para Ricardo Roa, actual presidente de la petrolera estatal, el panorama judicial se complica. El directivo enfrenta dos llamados de la Fiscalía a imputación de cargos: uno, asociado al manejo financiero de la campaña de Gustavo Petro, y otro, relacionado con presunto tráfico de influencias y la adquisición de un lujoso apartamento en el norte de Bogotá.

La defensa de Roa, junto con la de los otros directivos de la campaña, continuó argumentando que no existió violación de topes electorales. Sin embargo, el CNE desestimó dichas justificaciones, y la sanción administrativa fue ratificada.

Por su parte, el movimiento político Colombia Humana, fundado por Gustavo Petro y también sancionado en noviembre de 2025, optó por una vía distinta. La secretaria general y representante legal, Andrea Camila Vargas de la Hoz, comunicó formalmente al CNE el desistimiento del recurso de reposición y la aceptación del acto administrativo sancionatorio. Así, Colombia Humana renunció a los términos procesales, allanándose a la sanción y facilitando el pago correspondiente.

Implicaciones políticas y futuro de Colombia Humana

La aceptación de la sanción por parte de Colombia Humana allana el camino para su fusión con la coalición Pacto Histórico. Según confirmó la representante legal, el cumplimiento de la sanción administrativa permite que los candidatos inscritos a la Cámara por ese movimiento no enfrenten riesgos de doble militancia, despejando posibles obstáculos legales para su participación electoral.

El caso también implica consecuencias para el Partido Político Unión Patriótica, sancionado junto con los directivos y el movimiento Colombia Humana. Todos los mencionados quedaron notificados y sujetos a las resoluciones adoptadas por el CNE.

La grabación de una millonaria película con recursos públicos sigue desatando controversia en el país, después de que se conociera que el Gobierno nacional destinó unos cuatro millones de dólares para producirla en medio de los fuertes problemas financieros que viven las arcas del Estado.

De hecho, en la tarde del miércoles 4 de marzo, la senadora María Fernanda Cabal usó su cuenta de X para reprochar la decisión del Ejecutivo, que incluyó la contratación del reconocido actor de Hollywood Cuba Gooding Jr que ya se encuentra en el país grabando.

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En su mensaje, la congresista aseguró que es inaceptable que el presidente Gustavo Petro ordene dicha financiación, mientras recibe miles de quejas por los huecos financieros que mantiene el sistema de salud y que dejó en las últimas semanas a un menor fallecido, al parecer, por la fata de entrega de medicamentos.

“Esto es indignante. Mientras la gente se muere por falta de medicamentos, Petro ordena hacer películas para reescribir la historia del país”, comentó la senadora del Centro Democrático.

Asimismo, la congresista aseguró que los más de 15.000 millones pudieron ser invertidos en la salud de los colombianos y no en una producción audiovisual.

“4 millones de dólares son más de $14 mil millones de pesos con los que se podría ayudar a los colombianos hoy desesperados por falta de un sistema de salud que los atienda”, concluyó la legisladora en su cuenta de X.

El mensaje de Cabal se da justo después de que el presidente Gustavo Petro defendiera la reciente inversión proveniente de fondos públicos para la realización de la película dedicada al almirante José Prudencio Padilla, destacando la relevancia de rescatar la memoria nacional y posicionar la producción en los circuitos internacionales del cine.

Esta decisión, que se materializa mientras el Congreso ha rechazado dos propuestas de leyes de financiamiento y tras la suspensión del decreto de emergencia económica a inicios de 2026, busca fortalecer la cultura y la industria audiovisual colombiana.

Para Petro, este largometraje representa más que una apuesta cultural, ya que “esperamos que sea una de las mejores producciones del cine colombiano y realizada además por un canal público”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

La película contará con la participación del actor Cuba Gooding Jr., ganador del premio Óscar en 1997, en el papel principal, lo que le otorga un perfil internacional sin precedentes para el cine nacional.

Una inversión sin precedentes con proyección internacional

La asignación de $15.891 millones, aportados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), sitúa a este proyecto como una de las producciones más ambiciosas del país, tanto por su presupuesto como por el talento internacional involucrado. La ministra de la cartera tecnológica, Carina Murcia, señaló ante medios de comunicación que la iniciativa constituye “la materialización de un sueño colectivo y un mandato presidencial cumplido”.

La producción está liderada por el Sistema de Medios Públicos RTVC y se encuentra bajo la responsabilidad de Yesenia Valencia, directora de SmartFilms. Valencia anunció en diciembre desde Cartagena: “Es una película con un presupuesto sin precedentes, vamos a tener como protagonista a un ganador del Óscar y será una película realmente internacional”. El rodaje, iniciado en los departamentos de Cundinamarca, Bolívar y Boyacá, aprovecha escenarios históricos como el claustro de San Agustín en Villa de Leyva, donde se ubica el monumento a Antonio Ricaurte. Fotografías difundidas muestran la presencia de Gooding Jr. interactuando con el equipo de producción y residentes locales durante las jornadas de grabación.

Murcia remarcó que parte fundamental del objetivo es lograr que el filme “trascienda fronteras y logre una amplia proyección internacional, contribuyendo a que la historia del Almirante José Prudencio Padilla sea conocida en todo el mundo”, un mensaje que busca posicionar la historia nacional en el imaginario global.

El legado del almirante Padilla y la narrativa histórica

La película se centra en la figura de José Prudencio Padilla López, el primer almirante de Colombia. Padilla, hijo de un constructor de canoas de Riohacha, sobresalió desde joven al ocupar puestos inusuales para criollos en la armada española, llegando a alcanzar el cargo de contramaestre de navío, una distinción reservada casi exclusivamente a europeos en esa época.

Entre los episodios más decisivos de su trayectoria figuran el sitio de Cartagena, dirigido por Padilla desde el 4 de mayo de 1821 durante 159 días hasta la ocupación de la ciudad el 1 de octubre, y el combate de San Juan de Ciénaga, en el que dirigió la toma de Santa Marta el 10 de noviembre de 1821 por las fuerzas patriotas.

Por estos logros, Padilla fue ascendido a general de brigada y designado comandante del Tercer Departamento de Marina, con autoridad sobre los litorales de Riohacha, Santa Marta, Cartagena y hasta el Escudo de Veraguas.

Durante la presentación del proyecto en Cartagena, las autoridades enfatizaron que la iniciativa persigue “rescatar y resignificar personajes clave” a través de relatos capaces de conectar con nuevas generaciones y preservar la memoria colectiva del país.

No cesa la controversia por el polémico comentario que el candidato presidencial Abelardo de la Espriella hizo en medio de una entrevista para un canal de YouTube y que terminó en serias críticas por presunta homofobia contra el también candidato Juan Daniel Oviedo.

De hecho, en la mañana del miércoles 4 de marzo, el representante a la Cámara Miguel Polo Polo salió en defensa de ‘El Tigre’, asegurando que sus palabras contra Oviedo no hacían referencia a su orientación sexual.

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El congresista aprovechó la crítica del también candidato Mauricio Cárdenas, que hace parte de la Gran Consulta por Colombia en la que también participa el exdirector del Dane, quien no dudó en cuestionar a De la Espriella por su mensaje aparentemente sesgado.

“Colombia no se puede equivocar. La homofobia no tiene espacio en nuestra sociedad y un candidato homofóbico no puede ser presidente. Siempre del lado de Juan Daniel Oviedo”, señaló Cárdenas.

Ante el mensaje, Polo Polo reprochó al candidato presidencial y aseguró que, contrario a Abelardo de la Espriella, él sí afectó a la población Lgbt+ con decisiones tomadas cuando estuvo en el Gobierno nacional durante el mandato de Juan Manuel Santos.

“Colombia NO se puede equivocar. El chiste de Abelardo NO tiene NADA que ver ni afecta a los homosexuales. La reforma tributaria de Cárdenas, cuando subió el IVA del 16 % al 19 %, sí afectó a gays, también a negros, mujeres, niños, clase baja y a TODO el país. ¡Las cosas como son!”, escribió Miguel Polo Polo en su cuenta de X.

La polémica se destató después de que el país conociera un comentario realizado por Abelardo de la Espriella durante una entrevista en YouTube encendió el debate sobre la diversidad y la homofobia en el contexto de las elecciones presidenciales de Colombia de 2026

La polémica, difundida masivamente en redes sociales y replicada por figuras políticas, se produce cuando las encuestas ubican a De la Espriella como uno de los favoritos, junto con Iván Cepeda, para una segunda vuelta presidencial prevista para junio.

La controversia fue desencadenada en el canal de YouTube RichyTv, cuando el entrevistador le relató a De la Espriella haberse encontrado con Juan Daniel Oviedo y le mencionó lo particular que le parecía que nunca usara medias.

En respuesta, De la Espriella imitó brevemente el acento “gomelo” de Oviedo y, en tono irónico, declaró: “No, pues, a mí hay vainas de Juan Daniel que tampoco me gustan y no las digo. Digo, lo mío se resuelve poniéndose las medias. Lo que no me gusta de Juan Daniel, loco, jodido que lo arregle”.

La circulación de estas declaraciones en redes sociales provocó una fuerte reacción. Numerosos usuarios y analistas consideraron que el comentario tenía un trasfondo discriminatorio, remitiendo al hecho de que Oviedo ha sido abierto sobre su orientación sexual.

Frente a la viralización del video, Oviedo publicó en su cuenta oficial en la red social X una respuesta que rápidamente se convirtió en referencia: “Si no respetas una voz distinta, no estás listo para representar a todas”.

Las manifestaciones de respaldo y crítica no se limitaron a los equipos de los candidatos. Por su parte, la activista Jerome Sanabria defendió a De la Espriella y cuestionó a Cárdenas: “Cárdenas, ¿la ‘homofobia’ en las declaraciones de Abelardo está exactamente en dónde? ¿Cuándo mencionó la sexualidad de Oviedo?... Siendo así, el homófobo es usted”.

Oviedo ha aclarado previamente que su forma de hablar, frecuentemente asociada a una clase social específica, responde en realidad a una lesión en las cuerdas vocales sufrida en la infancia. Ha indicado que ese trastorno le acompañó a lo largo de su vida y fue motivo de burlas reiteradas, un elemento que se reavivó tras el comentario de De la Espriella.

Momentos de tensión se vivieron en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz en Barranquilla después de que la pista de aterrizaje fuera invadida sin autorización por un menor de edad.

Según la información conocida hasta el momento y los videos grabados por residentes aledaños a la terminal aérea, el pequeño permaneció varios minutos antes de ser asegurado por las autoridades aeroportuarias.

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El incidente fue detectado rápidamente, se activaron los protocolos de emergencia y no se produjeron lesiones ni afectaciones operativas, de acuerdo con un comunicado emitido por la Aeronáutica Civil.

Aunque el video empezó a circular hace unas horas en redes sociales, desde la autoridad aeroportuaria aseguraron que los hechos ocurrieron el 23 de enero de 2026, cuando el niño accedió a la zona occidental de la pista sobre las 6:30 p. m.

Según indicó la Aerocivil, el personal de seguridad y bomberos identificaron la presencia del menor y aplicaron el procedimiento que incluyó la alerta al Centro de Control y Operaciones, aseguraron al niño y coordinaron su traslado con la Policía Nacional, que localizó a la madre del menor.

El niño fue entregado en forma segura y no resultó herido. Sin embargo, el incidente evidenció una vulnerabilidad en el cerramiento perimetral, lo que motivó una revisión y ajuste inmediato de los controles, aseguraron las autoridades.

“El menor fue detectado de manera oportuna por el personal de bomberos que realiza labores permanentes de vigilancia en la zona. De inmediato, se activó el protocolo correspondiente: se dio aviso al Centro de Control y Operaciones (CCO), se aseguró al menor en condiciones adecuadas y se coordinó su traslado a la Policía Nacional, que inició el procedimiento establecido para estos casos

Según la Aeronáutica Civil, el menor declaró que su intención era “acercarse a los aviones”. En videos difundidos en redes sociales el 4 de marzo de 2026, se observa al niño en la pista mientras el personal responde a la emergencia.

“Según lo manifestado por el propio menor, su ingreso se habría producido por el sector contiguo a la base aérea, con la intención de acercarse a los aviones. Desde el momento del incidente, el área de Seguridad, en articulación con la base aérea y la empresa de vigilancia, adelantó una revisión exhaustiva para determinar el punto de acceso y fortalecer los controles existentes”, señaló la Aerocivil.

Tras el suceso, equipos técnicos evaluaron el área próxima a la base aérea desde donde ocurrió el ingreso para identificar y corregir puntos críticos.

Nuevas medidas de seguridad en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz

Como respuesta directa al incidente, la Aeronáutica Civil reforzó el cerramiento perimetral del aeropuerto y aumentó la vigilancia en los puntos de control clave. También se agregó personal motorizado para rondas frecuentes, se agilizó la instalación de luminarias adicionales en zonas vulnerables y se optimizó el sistema de videovigilancia con cámaras y sensores de movimiento.

La autoridad aeroportuaria coordinó estas acciones con la base aérea y la empresa de vigilancia para restringir todavía más el acceso a áreas críticas y prevenir ingresos no autorizados. Asimismo, continúan las revisiones técnicas para fortalecer la seguridad y evitar situaciones similares.

Las entidades responsables mantienen un trabajo conjunto para asegurar el monitoreo constante de todas las zonas consideradas de riesgo, garantizando que el refuerzo en infraestructura y vigilancia sea sostenido.

Llamado de la Aeronáutica Civil y coordinación institucional

Además de los refuerzos físicos, la Aeronáutica Civil intensificó las campañas de sensibilización para padres y cuidadores de menores que residen cerca del aeropuerto, resaltando los riesgos de accesos no autorizados y la necesidad de una vigilancia permanente. Equipos del área social recorren los barrios vecinos para difundir estos mensajes y promover la seguridad comunitaria.

En su comunicado, la Aeronáutica Civil reiteró el compromiso con la seguridad operacional y destacó el trabajo articulado con la Policía Nacional, la base aérea y la comunidad.

“La entidad reitera su compromiso con la seguridad operacional y el trabajo articulado con las autoridades”, informó el organismo en sus redes sociales.

En medio de la investigación contra el escolta Luis Acuña, capturado en la tarde del 2 de marzo mientras transportaba 145 millones de pesos y una cantidad importante de material pedagógico electoral, el abogado del señalado, Iván Cancino, entregó nuevos detalles de su detención.

Aunque el hombre quedó en libertad en las últimas horas, su nombre seguirá vinculado a la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación por presunto lavado de activos, además de supuestos delitos electorales.

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Sin embargo, el abogado de Acosta señaló en diálogo con Caracol Radio que la Fiscalía habría cometido una irregularidad a la hora de vincular su defendido, pues habría intentado cambiar los delitos originales, que aducían a una supuesta compra de votos, para justificar la captura.

“Era imposible hablar de captura en flagrancia, porque ni tener publicidad política pedagógica, ni tener plata en efectivo es delito en Colombia. La Fiscalía le cambió el delito. También cosa muy rara, porque lo capturan por uno. Después, cuando se dan cuenta de muchas fallas, se lo modifican, pero no son capaces, porque no pueden, no tienen cómo demostrar el supuesto origen ilícito de la suma”, señaló Cancino.

Según el abogado, la Fiscalía intentó demostrar que Acosta no tenía soportes para transportar la cuantiosa suma. Sin embargo, el togado sostuvo que, debido a la superficialidad del delito que, según sus palabras, no justificaba una privación de la libertad, el ente acusador le dio un giro a la investigación y trató de vincularlo con economías ilícitas.

“Lo capturan en flagrancia, supuestamente, por un delito de omisión de declaración de bienes. Primero, que requiere un sujeto activo calificado que no reúne los requisitos, ni el señor Acuña Vega, ni el conductor de la grúa. Ese delito, como tiene pena menor a cuatro años, no ameritaba ni siquiera que lo mantuvieran privado de la libertad. Pero, de una manera que tendrán que explicar, lo mantienen 32 horas sin presentarle a un juez y en la audiencia ya se lo cambian a lavado y le meten los verbos de custodia y transporte”, señaló Cancino al medio radial.

En su declaración, el reconocido abogado cuestionó el actuar de la Fiscalía, a la que acusó de haber manejado con cierta ligereza el caso del escolta del secretario de la Cámara de Representantes.

“No presentaron en la audiencia ninguna relación de ese dinero con ninguna actividad ilícita. No existe, ni va a existir. De tal manera que, y yo creo que es bien complicado, que todavía a estas alturas, el simple hecho de llevar dinero en efectivo, per se, sea considerado delito. Yo entiendo las suspicacias, el momento del país, pero afortunadamente para eso existe también el derecho y las garantías procesales”, señaló el abogado.

En otro momento de su intervención, Iván Cancino hizo referencia a la hipótesis que circula en medios de comunicación sobre un supuesto montaje por parte de la Policía.

Según indicó, no ha tenido oportunidad de dialogar con su cliente para conocer los detalles de esa denuncia, aunque no descartó que pueda tratarse de una estrategia irregular por parte de las autoridades.

“En el traslado del recurso de apelación que interpuso la Fiscalía dejé la constancia de algo que sí me parece irregular, que es lo que narra el señor director de la UNP: que hacen una supuesta incautación, entran a una garita y después, no sé con qué fin, vuelven y, entre comillas, reconstruyen una escena para que así salgan los videos y todas las cosas en los medios de comunicación. Eso se tendrá que aclarar”, indicó el abogado a Caracol Radio.

Finalmente, Iván Cancino reconoció que aceptó la defensa del escolta, pese a los elevados honorarios del reconocido defensor, por solicitud de Jaime Luis Acosta, aunque señaló que su trabajo se hizo pro bono.

“Pero por supuesto que Jaime Luis. Pero no me contrató, porque no cobré. Me pidió el favor de defender a su escolta, a quien aprecia, e inmediatamente dije que sí. Ninguna remuneración, porque muchas veces hago esos favores, no solo en este caso, sino en muchos”, concluyo Diego Cancino en Caracol Radio.