El Instituto Técnico María Inmaculada del municipio de Villa del Rosario, en Norte de Santander, abrió una revisión interna tras la difusión de una tarea en la que estudiantes de primaria debían dibujar las insignias del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

La controversia también derivó en denuncias de padres que afirman haber recibido amenazas después de expresar su desacuerdo. Algunas familias manifestaron temor por la seguridad de sus hijos y aseguraron que hay estudiantes que no quieren volver a clases.

La tarea habría sido asignada a alumnos de quinto grado de la sede Policarpa Salavarrieta, según información conocida por el diario La Opinión. El material que circuló en redes sociales planteaba la pregunta: “¿Cómo recuerdas la insignia de las Farc y el Eln?”.

El caso se originó por una guía académica entregada el martes 22 de septiembre. Los padres cuestionaron que menores de cuarto y quinto de primaria debieran reproducir símbolos de grupos armados y pidieron conocer el objetivo pedagógico de la actividad.

La situación fue llevada inicialmente al Consejo Directivo de la institución educativa. Ese organismo analiza las circunstancias en que la docente impartió la tarea y deberá establecer qué ocurrió antes de definir medidas.

En los contenidos difundidos por redes sociales figura un audio atribuido a la profesora. Allí, la docente señala que buscaría otra forma de asignar las calificaciones, luego de conocer la molestia de varios padres por la guía.

También anticipó que podría incluir preguntas sobre esos contenidos en una evaluación. El mensaje alude a la posibilidad de pedirles a los estudiantes que describieran características vinculadas con los temas tratados.

“(…) en todo caso, en vista que les molesta tanto el tema, pues, voy a ver que me invento para sacarles las notas. Si ya están disgustados los padres por la guía, no quiero ver cuánto se van a disgustar cuando les pregunte y les pida que describan características relevantes según esos temas (sic)”, se oye en el audio.

El rector encargado del plantel, Reinel Robayo, sostuvo que los videos divulgados no presentarían el contexto completo de los hechos. “Muy probablemente, el video esté editado”, dijo a La Opinión.

El directivo afirmó que la institución ya escuchó a la docente y que revisa la información antes de comunicar una posición definitiva a los padres y a la opinión pública.

Robayo rechazó que el ejercicio respondiera a la promoción de una ideología. “No es un caso de adoctrinamiento”, expresó el rector ante el diario, al referirse a los cuestionamientos surgidos por la actividad.

El funcionario añadió que los padres habrían recibido una explicación de la maestra sobre el contenido de la guía. A su juicio, la difusión parcial del audio llevó a que se formularan señalamientos antes de completar la revisión institucional.

La profesora continúa con sus labores habituales en las aulas, de acuerdo con lo indicado por el rector encargado. Robayo pidió que no se emitieran conclusiones antes de que avance el procedimiento interno del colegio.

Las familias pidieron respuestas y plantearon temores de seguridad

La denuncia difundida por algunos padres sostiene que la inconformidad creció tras los reclamos hechos a la institución. Las familias que expresaron preocupación señalaron que recibieron amenazas, aunque el material disponible no detalla su origen ni el contenido de esos mensajes.

Los denunciantes sostienen que el ambiente generado por la controversia afectó a varios estudiantes. Algunos padres afirmaron que sus hijos tienen temor de regresar al establecimiento educativo.

Ante esa preocupación, las autoridades del Instituto Técnico María Inmaculada y representantes municipales de Villa del Rosario preparan una reunión extraordinaria. El encuentro buscará escuchar a las familias y revisar las medidas que correspondan frente a los hechos expuestos.

La Secretaría de Educación de Norte de Santander, consultada por La Opinión, informó que no emitirá una postura hasta que se cumpla el conducto regular. La entidad espera un reporte del colegio con los descargos de la docente y las explicaciones de la institución sobre el caso.

Un ataque con explosivos provocó el descarrilamiento de un tren de la línea férrea del Cerrejón en el municipio de Uribia, La Guajira, durante la noche del martes 22 de septiembre.

El hecho ocurrió en medio del paro armado anunciado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también conocidos como Los Pachenca. Las primeras informaciones hablaban de al menos 20 vagones con pérdida total, debido a que la carga fue activada mientras el vehículo se encontraba en movimiento, lo que provocó el descarrilamiento de más de diez vagones.

Por fortuna, las autoridades señalan que los reportes iniciales no mencionan personas lesionadas o víctimas fatales. Además, se confirmó que el vehículo ferroviario no llevaba carga en ese momento, lo que impidió una mayor gravedad en la detonación.

El ataque contra el tren del Cerrejón se registró en el kilómetro 59+900 de la vía férrea, dentro de la jurisdicción de Uribia. Las autoridades investigan si la acción estuvo relacionada con el paro armado o si fue ejecutada por el frente 6 de Diciembre del Ejército de Liberación Nacional (ELN), hipótesis que figura en un reporte militar preliminar.

Las primeras versiones ubicaron la detonación hacia las 10:40 p. m. del martes 22 de septiembre. El estallido alertó a habitantes de sectores próximos a la línea usada para la operación ferroviaria del Cerrejón.

Las imágenes difundidas desde la zona mostraron varios vagones fuera de la vía y tendidos sobre el terreno. Los operarios fueron evacuados tras la emergencia.

El área quedó acordonada para permitir las verificaciones de seguridad. Los equipos técnicos comenzaron a revisar las condiciones del tramo afectado antes de intervenir los vehículos que descarrilaron.

El Ejército revisa si quedaron más explosivos en el corredor

Tropas de la Décima Brigada llegaron al punto del ataque para asegurar el sector y facilitar el trabajo del personal especializado en explosivos. La prioridad consistía en determinar si había otros artefactos instalados a lo largo de la vía.

La revisión incluye un recorrido antiexplosivos antes de iniciar las labores sobre los vagones y la infraestructura. Esa inspección busca reducir los riesgos para militares y trabajadores que ingresen al lugar.

El Ejército señaló que el Batallón de Defensa Antiaérea de la Décima Brigada mantiene tareas de vigilancia sobre el corredor férreo en Uribia. La institución vinculó ese despliegue con la protección de una infraestructura estratégica y de la actividad económica asociada a la ruta.

Entretanto, el informe operacional conocido por el El Tiempo señala que el ataque estaría atribuido,de forma preliminar, al frente 6 de Diciembre del ELN. Aun así, las autoridades no habían establecido de manera definitiva quién ordenó el ataque ni cómo fue colocado el explosivo.

Las pesquisas también deberán precisar qué material fue utilizado y cuánto daño sufrió la línea. Esas conclusiones serán determinantes para establecer cuándo podrán reanudarse las operaciones en el tramo intervenido.

El atentado coincidió con el paro armado en la región

El ataque ocurrió mientras las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada mantenían un paro armado que llevó a parte de la población a permanecer dentro de sus viviendas, según la información disponible sobre la situación regional.

Ese grupo decretó la medida como represalia por una operación de la Fuerza Pública en la que murió alias Cholo, señalado como segundo al mando de la organización criminal.

La coincidencia temporal entre ambas situaciones forma parte de las líneas que revisan las autoridades. Hasta ahora, no se informó de una reivindicación pública del atentado contra el tren por parte de ese grupo armado.

La presencia militar se mantendrá en el corredor mientras continúan las inspecciones. El resultado de esas labores permitirá establecer las condiciones de seguridad de la vía y avanzar en la investigación sobre los responsables.

Seis presuntos barristas atacaron a un joven dentro de un establecimiento comercial de la localidad de Chapinero, en Bogotá, después de perseguirlo por varias cuadras. La víctima sufrió heridas con arma blanca y recibió atención de urgencia antes de ser trasladada a un centro asistencial.

Según información conocida por Pulzo, el ataque ocurrió sobre la carrera 9 con calle 47, cerca de una zona universitaria de la capital. Datos preliminares conocidos indican que la agresión estaría relacionada con un conflicto personal entre los involucrados.

Los atacantes habrían seguido a los afectados a bordo de un taxi hasta llegar a la entrada de la Universidad Católica. En ese lugar se desarrollaban ceremonias de graduación cuando comenzó la confrontación.

La persecución terminó frente a estudiantes y transeúntes que estaban en la zona. Los sujetos descendieron del vehículo y arremetieron inicialmente contra varias personas, lo que provocó que quienes presenciaron el hecho buscaran refugio.

El joven intentó resguardarse en un comercio cercano, pero varios hombres lo alcanzaron allí. Las grabaciones tomadas por integrantes de la comunidad muestran que los agresores lo rodearon y lo golpearon entre varios.

La víctima también recibió lesiones con arma blanca durante el ataque. Tras la agresión, el local presentó rastros de sangre en el piso, de acuerdo con la información publicada por Pulzo.com.

El episodio dejó escenas de tensión en un punto concurrido de Chapinero, especialmente por la cercanía con universidades y por la realización de los actos de graduación. La comunidad alertó a las autoridades tras la huida de los responsables.

Minutos más tarde, unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá llegaron al lugar para controlar la situación, dispersar a los involucrados y asegurar la zona.

Las autoridades revisan los videos disponibles para identificar a los seis presuntos agresores y determinar qué originó el ataque. La investigación busca establecer si el caso corresponde a una riña por motivos personales y ubicar a los responsables del presunto intento de homicidio.

La Policía halló a dos mujeres asesinadas a tiros en Ciudad Bolívar durante la madrugada

La Policía halló durante la madrugada del miércoles 23 de septiembre los cuerpos de dos mujeres con impactos de bala en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, después de que residentes alertaran sobre detonaciones cerca de la 1:00 a. m.; el caso abrió una investigación para identificar a las víctimas, reconstruir el ataque y localizar a los responsables.

Los disparos fueron escuchados por vecinos de Arborizadora Alta, quienes avisaron a las autoridades. Al llegar al sector de Arborizadora Baja, los uniformados encontraron un cuerpo sobre un andén y otro en la vía pública, según Citytv.

Las primeras informaciones indican que las víctimas tendrían entre 33 y 45 años. Los equipos de criminalística y de la Policía Judicial inspeccionaron la escena y los cadáveres durante la madrugada, mientras la zona permanecía acordonada.

El teniente coronel Ricardo Chávez, oficial de Guarnición de la Policía de Bogotá, describió el procedimiento ante Citytv: “Se presenta un hecho donde desafortunadamente dos personas pierden la vida. Hay un reporte a nuestra zona de atención donde inicialmente se indica que se escuchan algunos disparos. Al llegar al lugar, desafortunadamente se encuentran dos cuerpos de dos femeninas”.

La Policía activó un plan candado en los alrededores para ubicar a quienes participaron en el crimen, aunque hasta el momento no se ha establecido el paradero de los presuntos agresores. Una de las versiones bajo verificación señala que los responsables escaparon en motocicleta.

Los investigadores recolectan grabaciones de las cámaras de seguridad para determinar los últimos movimientos de las mujeres y establecer si estuvieron acompañadas antes del ataque. También buscan precisar cómo llegaron al sector, si tenían vínculos con la zona y cuál fue el motivo de la agresión.

Una versión divulgada por el Ojo de la Noche de Noticias Caracol indicó que una de las mujeres sería enfermera y residiría en el sector, de acuerdo con habitantes del barrio. La Policía tampoco ha precisado si las víctimas se conocían, si fueron atacadas por las mismas personas ni cuál fue el móvil.

Chávez señaló que la identificación plena de las mujeres integra las diligencias: “Estamos haciendo trazabilidad con nuestra policía judicial a ver si estas personas eran tal vez residentes del sector y estamos en todas las indagaciones pertinentes”.

El hecho ocurrió pocos días después de otro homicidio en el sur de Bogotá. El 14 de septiembre, un hombre fue asesinado a tiros en el barrio Brasilia, en Usme, cuando caminaba por el sector; el atacante le disparó en varias oportunidades y huyó en motocicleta.

Más de 500 militares fueron trasladados a la ciudad de Santa Marta y otras zonas del Caribe para reforzar la seguridad tras las amenazas y los ataques atribuidos a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Ascn), también conocidas como Los Pachenca.

El despliegue incluye tropas del Ejército, comandos Jungla de la Policía y un grupo de Fuerzas Especiales Urbanas que llegó al departamento de Magdalena durante la madrugada de este miércoles 23 de septiembre.

La movilización busca restablecer la circulación en las vías afectadas, proteger a la población y anticipar posibles acciones armadas en Santa Marta, otros municipios del Magdalena y sectores de La Guajira. El operativo se activó después del anuncio de un paro armado de 48 horas, difundido tras la muerte de alias Cholo.

Las Fuerzas Militares informaron que los uniformados desplegados pertenecen a distintas especialidades y tendrán presencia permanente en los lugares donde opera la estructura criminal.

La institución afirmó que sus capacidades permitirán una cobertura durante todo el día para responder ante amenazas contra el orden público. El plan combina patrullajes terrestres, vigilancia fluvial y sobrevuelos de la Fuerza Aérea Colombiana.

El dispositivo también contempla la actuación inmediata de pelotones con unidades de fuerzas especiales. La Fuerza Aérea utilizará equipos de visión nocturna para tareas de reconocimiento en tiempo real.

“La llegada a Santa Marta de la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas fortalece nuestras capacidades para anticipar y neutralizar las acciones de los grupos ilegales que pretenden intimidar a los samarios”, señaló el comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, mayor general Erik Rodríguez Aparicio.

Las autoridades ordenaron además la militarización de Santa Marta. Las tropas permanecen en la vía al mar y en la Troncal del Caribe, mientras la Policía refuerza su presencia en los sectores urbanos donde hubo cierres comerciales y restricciones al transporte.

La operación cuenta con cinco aviones Kfir y ocho helicópteros Black Hawk Arpía, destinados a apoyar las labores de seguridad y los operativos sobre la Sierra Nevada.

“En el Magdalena mantenemos un dispositivo conjunto y coordinado, con capacidades terrestres, aéreas, marítimas y fluviales, orientado a proteger a la población, garantizar la movilidad, asegurar la infraestructura estratégica y mantener el control territorial”, continuó el comandante del Ejército.

La muerte de alias Cholo antecedió el paro armado atribuido a Los Pachenca

La escalada comenzó después de una operación de la Fuerza Pública en una zona rural de Santa Marta contra integrantes de Los Pachenca, una denominación utilizada para referirse a los Conquistadores de la Sierra.

Durante el procedimiento murió alias Cholo, señalado como el segundo cabecilla de la organización, por debajo de alias Pinocho. La acción estuvo a cargo de la Policía Antinarcóticos, con participación de comandos Jungla entrenados para operaciones aéreas y terrestres.

El enfrentamiento se prolongó durante varias horas y dejó siete integrantes de la estructura criminal muertos, entre ellos el presunto jefe ilegal.

Las autoridades investigan si alias Pinocho sufrió heridas durante el intercambio de disparos. El hombre era buscado por la Fuerza Pública y, según la información disponible, habría estado en el mismo inmueble donde se encontraba alias Cholo.

Después de la muerte del cabecilla, la organización anunció la suspensión forzada de actividades durante 48 horas. La medida estuvo acompañada de intimidaciones contra comerciantes, conductores y habitantes de la región.

En Santa Marta se reportaron establecimientos cerrados, suspensión del transporte público y presencia de hombres armados que habrían obligado a detener las actividades comerciales y de movilidad.

La Troncal del Caribe también fue escenario de ataques. Allí incendiaron vehículos, entre ellos un taxi y una tractomula, mientras varios negocios de Santa Marta fueron blanco de acciones violentas.

La situación se extendió a Riohacha, donde se registraron intimidaciones y disparos contra la fachada de un establecimiento comercial.

El Gobierno dispuso el aumento de las operaciones de seguridad tras esos hechos. La reacción incluyó el envío de los refuerzos militares por orden del presidente Abelardo De La Espriella.

El Ejército pidió reportar movimientos sospechosos a la línea 107

El ministro de Defensa, Jorge Mora, llegó a Santa Marta para seguir la situación en terreno y anunció la incorporación de las Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas al dispositivo ya instalado en el departamento.

Estas unidades tendrán la tarea de fortalecer la capacidad de protección y reacción ante las acciones que puedan atribuirse a grupos criminales en áreas urbanas.

La Primera División del Ejército señaló que el grupo de Fuerzas Especiales Urbanas realizará operaciones para contrarrestar posibles actos terroristas que pongan en riesgo a los habitantes de Santa Marta y de otros sectores de la región.

El Ejército sostuvo que la presencia de esas unidades apunta a prevenir nuevas amenazas y respaldar a las comunidades afectadas por el paro armado.

La institución también solicitó a los ciudadanos que comuniquen cualquier hecho sospechoso a la línea 107, habilitada para recibir información de apoyo a las labores de seguridad.

Coosalud EPS comprometió pagos hasta diciembre a Martha Elena Zawady Rodríguez mediante un contrato para coordinar la oficina de Comunicaciones de la cooperativa, firmado por el entonces agente especial Bayron Arrieta Jiménez.

Según documentos conocidos por la revista Cambio, la prima de María Masip Zawady, también conocida como ‘La Coco’ y quien haría parte de la polémica red de contratación irregular durante el gobierno de Gustavo Petro conocida como ‘mariposas amarillas’, el millonario contrato quedó vigente aun si cambiaba la administración de la entidad.

El acuerdo se suscribió el 11 de agosto de 2026, es decir cuatro días después de la posesión de Abelardo de la Espriella, y fijó un valor de 50 millones de pesos más IVA. El documento contempló cinco pagos mensuales de 10 millones de pesos entre agosto y diciembre, aunque el primer desembolso mantuvo el mismo monto pese a que la contratación comenzó avanzada la primera quincena de ese mes.

La vinculación de Zawady se produjo en medio de una disputa judicial por la intervención de la Cooperativa Coosalud, que estaba bajo control de agentes especiales designados por la Superintendencia de la Economía Solidaria.

El 17 de diciembre de 2024, esa entidad ordenó la toma de posesión de la cooperativa. La decisión dejó la administración y la representación legal en manos de interventores nombrados por la Superintendencia.

Bayron Arrieta asumió como agente especial el 6 de julio de 2026, tras una designación de la entonces superintendente María José Navarro. Según fuentes consultadas por el medio, Navarro era cercana al entorno de María Masip Zawady.

La exfuncionaria reconoció ante Cambio que conocía a Masip, aunque negó que esa relación hubiera tenido influencia en sus nombramientos o en sus decisiones.

Quince días después de la firma del contrato, el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena ordenó a Arrieta entregar la administración material, contable y financiera de Coosalud a la Asamblea General de Delegados vigente.

La decisión judicial respondió a una tutela presentada por asociados que cuestionaron la prolongación de la intervención. Los demandantes sostuvieron que la medida no había cumplido el objetivo de recuperar la cooperativa y que afectó sus derechos económicos y políticos.

Entre los puntos expuestos ante el juzgado figuró la exclusión de 3.149 de los 5.199 asociados en un proceso para elegir delegados. Esa cifra correspondía al 60,4% del total y, de acuerdo con la acción judicial, afectó principalmente a personas que estaban en mora.

El fallo estableció un plazo de cinco días hábiles para que la administración intervenida hiciera la entrega. Como el contrato con Zawady tenía causales de terminación limitadas, la gestión que retomara el control debía asumir ese compromiso hasta su vencimiento o negociar una salida distinta.

Las funciones incluyeron prensa, campañas y eventos de Coosalud

El documento conocido por Cambio reveló que Coosalud asignó a Zawady la coordinación de la oficina de Comunicaciones de la cooperativa. Sus tareas incluían la elaboración de comunicados de prensa y la supervisión de las respuestas a los medios.

La periodista también debía aprobar campañas y contenidos, organizar y presentar eventos, además de vigilar los protocolos de comunicación internos y externos.

El contrato fue celebrado directamente con la Cooperativa Coosalud bajo reglas de derecho privado. Esa modalidad explica que no apareciera en los registros públicos de contratación estatal que habían permitido identificar otros vínculos de la comunicadora.

La vigencia del acuerdo tampoco dependía de la continuidad de Arrieta en el cargo. El texto solo contemplaba su finalización por vencimiento del plazo, mutuo acuerdo o incumplimiento.

Zawady ya había integrado una junta de una empresa del grupo

La contratación para comunicaciones fue la segunda vinculación documentada de Zawady con una compañía de la estructura empresarial de Coosalud. La primera se registró el 4 de agosto de 2025, cuando una asamblea extraordinaria removió a la junta directiva de Coosalud Inversa y escogió a nuevos integrantes.

Andrés Felipe Arango, quien entonces era agente especial de la Cooperativa Coosalud, presentó una lista única que incluyó a Zawady como suplente personal de Jhonathan Mauricio Ortiz Arnedo, ubicado en el tercer renglón principal.

La asamblea aprobó la propuesta por unanimidad. El acta, de acuerdo con la información publicada, no precisó quién postuló a la periodista ni cuáles fueron los criterios utilizados para seleccionarla.

Coosalud Inversa era una sociedad de inversiones vinculada con la cooperativa. La empresa había suscrito una operación por 172.690 millones de pesos para adquirir hasta el 40% de Coosalud EPS.

Zawady afirmó después que su participación en esa junta no tuvo remuneración, que nunca asistió a una sesión y que presentó una renuncia irrevocable a finales de agosto de 2025.

La periodista no informó el nuevo vínculo en su comunicado público

Martha Zawady es prima de María Masip Zawady, conocida como “la Coco”. Distintas fuentes han señalado a Masip como integrante de las llamadas “mariposas amarillas”, un grupo cercano al expresidente Gustavo Petro al que se le atribuye influencia en nombramientos y contratos estatales.

El 20 de agosto, Cambio había publicado información sobre contratos otorgados a familiares de Masip durante el Gobierno Petro. Según las bases públicas consultadas, Zawady recibió seis contratos por 232 millones de pesos.

El nuevo contrato no había sido incluido en esa revisión porque se celebró bajo normas de derecho privado. Tampoco fue mencionado por la periodista cuando se le consultó por sus relaciones con el grupo empresarial.

El primer contacto del medio con Zawady ocurrió el 14 de agosto, tres días después de que firmó el acuerdo de comunicaciones. La periodista no respondió entonces a la solicitud de información.

Trece días más tarde, difundió un comunicado para explicar su trayectoria profesional, sus contratos estatales, sus fuentes de ingresos y sus vínculos con Coosalud.

En ese pronunciamiento, Zawady negó tener relación con Coosalud EPS y sostuvo que ya no pertenecía a la junta de Coosalud Inversa. La nueva contratación no contradice literalmente esa afirmación, pues fue suscrita con la Cooperativa Coosalud, una persona jurídica distinta dentro del mismo grupo.

“En estos momentos no pertenezco a ninguna junta directiva de alguna entidad relacionada con Coosalud, tal como lo evidencia el certificado de existencia y representación legal de Coosalud Inversa S.A. Ejerzo mi profesión como periodista de manera independiente hace más de 25 años”, señaló en su momento la comunicadora.

Un jugador de la ciudad de Cartagena ganó 120 millones de pesos tras acertar los cinco números de MiLoto en el sorteo 0611, celebrado en la noche del martes 22 de septiembre.

El tiquete ganador fue comprado de forma manual en un punto de la red SuperGiros, según la información divulgada por el Operador Nacional de Juegos, encargado de la dinámica.

La combinación ganadora fue 01, 03, 08, 18 y 20. Con ese resultado, la ciudad registró su tercer premio mayor de MiLoto durante 2026. Asimismo, el sorteo dejó 9.493 ganadores en las distintas categorías.

El operador también informó que el premio principal había caído en dos ciudades diferentes durante dos días consecutivos.

Ahora, el ganador deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente para adelantar el trámite de reclamación. Las condiciones de pago pueden consultarse en el sitio oficial de Baloto.

MiLoto informó que, desde su lanzamiento el 20 de octubre de 2023 hasta el 20 de septiembre de 2026, acumuló ventas por 174.322 millones de pesos a partir de 37.653.238 tiquetes vendidos.

Durante ese periodo, el juego también aportó 25.210 millones de pesos al sistema de salud y entregó 61.225 millones de pesos en premios a 3.662.605 personas.

Los tiquetes de MiLoto se pueden adquirir en la página de Baloto, en más de 43.000 puntos de Su Red y SuperGIROS y en grandes superficies.

El ganador no recibirá la totalidad del premio: por qué

El apostador de Cartagena que acertó los cinco números de MiLoto en el sorteo 0611, realizado el martes 22 de septiembre, deberá asumir una retención de $ 24 millones sobre el premio mayor de $ 120 millones. Tras ese descuento, el pago neto sería de $ 96 millones.

La legislación colombiana clasifica los premios de loterías, rifas, apuestas y juegos similares como ganancias ocasionales. El artículo 317 del Estatuto Tributario fija una tarifa del 20% para este tipo de ingresos.

En este caso, el cálculo se aplica sobre el valor total anunciado, sin descontar previamente el precio del tiquete ni otros gastos que haya tenido el jugador. Por tanto, la operación sería la siguiente:

• Premio bruto: $ 120 millones
• Retención por ganancia ocasional, 20%: $ 24 millones
• Valor neto estimado para el ganador: $ 96 millones

La Fiduciaria de Occidente descontará el impuesto antes de entregar el dinero

El pago no se realizará en el punto de venta donde se compró el tiquete. Debido a que el valor supera el límite establecido para los premios de mayor cuantía, el ganador deberá iniciar el trámite ante la Fiduciaria de Occidente, como informó Baloto para los premios que exceden 182 Unidades de Valor Tributario (UVT).

La entidad encargada del desembolso deberá practicar la retención antes de transferir los recursos. El impuesto se genera sobre el premio bruto y la deducción se aplica al momento del pago o del abono en cuenta.

El ganador deberá presentar el tiquete original en buen estado y debidamente diligenciado, junto con su documento de identidad. Baloto indica que los premios mayores tienen un plazo de 365 días calendario desde la fecha del sorteo para ser reclamados.

El 4x1000 no se descuenta directamente del premio, pero puede aplicarse después

El ganador no tendría un descuento automático adicional por el Gravamen a los Movimientos Financieros, conocido como 4x1000, al recibir el pago del premio. Ese tributo grava movimientos posteriores, como retiros, transferencias o pagos efectuados desde la cuenta bancaria a la que lleguen los recursos.

La aplicación del 4x1000 dependerá de la cuenta utilizada para recibir y movilizar el dinero, así como de las exenciones que tenga registradas el beneficiario ante su entidad financiera.

El premio también deberá incluirse en la declaración de renta, si el ganador está obligado a presentarla. La retención del 20% que practique la fiduciaria podrá acreditarse dentro de la declaración correspondiente al año gravable en el que reciba los recursos.

Autoridades del deparatento de Cesar adelantan labores de búsqueda y rescate cerca al municipio de Aguachica, después de que un bus de la empresa Copetran cayera desde un puente en el sector conocido como El Marqués durante la madrugada de este miércoles 23 de septiembre.

Según el balance preliminar entregado hasta el momento, el sinientro deja un balance parcial de dos personas fallecidas, al menos 10 heridos y otras tres víctimas atrapadas entre las latas.

Medios locales aseguraron que el vehículo cubría una ruta desde la Costa Caribe hacia el interior del país y transportaba al menos 15 pasajeros. Por causas que todavía investigan las autoridades, el automotor salió de la carretera y terminó en una zona de difícil acceso junto a una quebrada.

El accidente involucró al bus interno 12450 de Copetran, un Marcopolo Paradiso 1200 G7. La caída desde el puente obligó a desplegar un operativo de rescate debido a la ubicación del vehículo y las condiciones del terreno.

El reporte inicial indica que murieron dos personas. Una de ellas fue identificada como el conductor del automotor, Oscar Eduardo Mejía, oriundo de Bucaramanga; la otra víctima sería una mujer adulta mayor cuya identidad aún no había sido establecida.

Las cifras sobre los afectados permanecen en verificación. Los primeros informes señalaron que más de 10 personas resultaron heridas, mientras que tres permanecían atrapadas durante las labores de socorro.

Los habitantes del sector llegaron inicialmente para auxiliar a los pasajeros. Después, ambulancias, unidades del Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y la Policía acudieron al lugar para atender la emergencia.

El acceso al sitio donde quedó el bus dificultó el trabajo de los organismos de rescate. Los equipos concentraron sus esfuerzos en llegar a las personas atrapadas y trasladar a los heridos a centros asistenciales.

También solicitaron la colaboración de propietarios de grúas. Ese apoyo busca facilitar el ingreso al área del accidente y las tareas relacionadas con la recuperación del vehículo.

Las autoridades todavía no han establecido qué provocó la salida del bus de la vía. La investigación deberá determinar si influyeron el estado de la carretera, una falla mecánica, factores humanos u otra circunstancia.

Apenas un día atrás, el servicio de urgencias del Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia llegó al 100% de su capacidad tras el accidente de un bus intermunicipal de Sotraurabá que dejó 18 personas lesionadas en la vía al Mar.

La emergencia ocurrió en el sector La Chorquina, en el kilómetro 110+200 del corredor que comunica a Medellín con el Urabá antioqueño. El vehículo se dirigía hacia la capital departamental cuando su conductor perdió el control y el bus terminó en un abismo.

El siniestro dejó cuatro pacientes en condición crítica, entre ellos una persona con muerte cerebral. Otro de los lesionados requirió una intervención quirúrgica urgente por las fracturas que sufrió durante el accidente.

El bus de Sotraurabá se accidentó después de salir de Turbo en la madrugada del martes 22 de septiembre. Las autoridades todavía investigan si la pérdida de control obedeció a una falla mecánica o a la posible intervención de otro vehículo en la carretera.

Los organismos de socorro trasladaron a todos los heridos al centro asistencial de Santa Fe de Antioquia. Allí, el personal médico evaluó inicialmente a los pacientes para definir las remisiones y los tratamientos que requería cada caso.

De los lesionados, 13 recibieron el alta médica. La valoración estableció que presentaban traumatismos y contusiones que no comprometían sus vidas.

La secretaria de Salud de Antioquia, Alma Johana Solano, informó que uno de los pacientes necesitó traslado a una institución de mayor complejidad. Los demás continuaban bajo atención médica en el municipio.

“Tuvimos la necesidad de remitir a un paciente a un centro asistencial de mayor complejidad, mientras que los restantes los están atendiendo en Santa Fe de Antioquia”, explicó la funcionaria.

Hay consternación en el sur de Bogotá, después de que la Policía encontrara los cuerpos de dos mujeres con varios impactos de bala en una calle del barrio Arborizadora Baja, en la localidad de Ciudad Bolívar.

Según la información disponible hasta el momento, los cuerpos fueron encontrados en horas de la madrugada del miércoles 23 de septiembre, lo que obligó a los investigadores a acordonar la zona e iniciar la investigación recolectando los videos de las cámaras de seguridad del sector.

Todo parece indicar que los vecinos del barrio Arborizadora Alta escucharon varios disparos en la vía pública. Fue en ese momento que alertaron a las autoridades y, tras las verificaciones, fueron halladas las víctimas que tendrían entre 33 y 45 años.

De acuerdo con datos conocidos por Citytv, una de las víctimas quedó sobre un andén, mientras que el otro cuerpo quedó abandonado en plena vía pública. Ahora, La Policía Judicial busca determinar cómo llegaron las dos mujeres a Arborizadora Baja, si tenían vínculos con el sector y cuál fue el motivo del ataque que terminó con sus vidas.

El aviso a las autoridades llegó cerca de la 1:00 a. m., luego de que habitantes de la zona reportaran detonaciones. Al acudir al punto señalado, los uniformados encontraron a las víctimas sin vida.

“Se presenta un hecho donde desafortunadamente dos personas pierden la vida. Hay un reporte a nuestra zona de atención donde inicialmente se indica que se escuchan algunos disparos. Al llegar al lugar, desafortunadamente se encuentran dos cuerpos de dos femeninas”, señaló el teniente coronel Ricardo Chávez, oficial de Guarnición de la Policía de Bogotá, a Citytv.

Tras el hallazgo, la institución activó un plan candado en los alrededores con el propósito de ubicar a quienes participaron en el crimen. Hasta el momento, esa búsqueda no ha permitido establecer el paradero de los presuntos agresores.

Los investigadores también hicieron una inspección técnica de la escena y de los cuerpos durante la madrugada. Esa labor quedó a cargo de los equipos de criminalística y de la Policía Judicial.

Las cámaras de seguridad son una de las principales líneas de investigación

La revisión de los registros audiovisuales busca reconstruir los últimos movimientos de las mujeres y establecer si hubo personas que las acompañaron antes del ataque.

La información inicial indica que los responsables habrían escapado en una motocicleta. Esa versión forma parte de las verificaciones que adelantan las autoridades mediante las grabaciones disponibles en el sector.

Otra de las preguntas que intentan responder los investigadores se relaciona con el origen de las víctimas. Los reportes conocidos señalan que ambas podrían haber llegado desde la localidad de Usme.

Esa hipótesis todavía requiere confirmación. La Policía no ha establecido por qué las mujeres estaban en Ciudad Bolívar ni si habían acudido al lugar para reunirse con alguna persona.

Sin embargo, una versión divulgada por el Ojo de la Noche de Noticias Caracol plantearía que una de las mujeres asesinadas sería enfermera y residía en el sector, según el relato de algunos habitantes.

En todo caso las autoridades no han precisado si las víctimas se conocían, si fueron atacadas por las mismas personas ni cuál pudo ser el móvil. La investigación permanece en una etapa inicial.

“Estamos haciendo trazabilidad con nuestra policía judicial a ver si estas personas eran tal vez residentes del sector y estamos en todas las indagaciones pertinentes”, señaló el teniente Chávez a Citytv.

El oficial indicó que las autoridades mantienen abiertas las indagaciones sobre las circunstancias previas al doble homicidio. La identificación plena de las mujeres también hace parte de esas tareas.

El crimen se conoce pocos días después de otro homicidio registrado durante la noche en el sur de Bogotá. El 14 de septiembre, un hombre fue asesinado a tiros en el barrio Brasilia, en Usme.

En ese caso, la víctima caminaba por el sector cuando un hombre se le acercó y le disparó en varias oportunidades. El reporte policial indicó que los responsables huyeron en motocicleta.

La nueva investigación en Ciudad Bolívar se concentra ahora en los testimonios de los vecinos, los registros de las cámaras y la trazabilidad de las víctimas. Con esos elementos, la Policía busca establecer la secuencia del ataque y ubicar a los implicados.

Hay zozobra en la ciudad de Magdalena tras la operación de la Policía Nacional que dejó siete muertos, entre ellos a José Pérez Villanueva, alias Cholo, señalado como segundo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también conocidos como Los Pachenca.

Y es que, a pesar de las advertencias del presidente Abelardo de la Espriella sobre una respuesta violenta a un posible paro armado del grupo, en la mañana del martes 22 de septiembre aparecieron imágenes de hombres armados que, presuntamente, estarían recorriendo varias zonas de la capital del Magdalena para atemorizar a comerciantes y habitantes.

A través de redes sociales, se observan las imágenes de los desconocidos que, en motos y con armamento, estarían haciendo patrullajes, además de intimidar a los residentes de la comuna 3, según denunció el representante a la Cámara Felipe Hernández.

“Hay reportes de presuntos atentados a establecimientos en la Localidad 3, hombres armados intimidando en las calles, el comercio cerrado, colegios sin clases. La ciudad está sumida en el temor y la zozobra. Y vemos denuncias que preocupan en estos momentos de caos: policías escoltando las grúas”, señaló el legislador.

El legislador compartió varios videos de los momentos de pánico que estarían viviendo los habitantes de las zonas. Incluso, en una de las imágenes se observaría el momento en el que uno de los hombres acciona su arma en un local comercial.

“La prioridad es recuperar la normalidad y garantizar la seguridad y tranquilidad de los habitantes de Santa Marta, de las comunidades de la Troncal del Caribe y de los pueblos indígenas. Por favor, no se sumen al show político y terminen dejando al pueblo en segundo o tercer lugar. Santa Marta no puede terminar convertida en una ciudad fantasma”, concluyó el representante.

Horas antes, la quema de dos buses y el bloqueo de la Troncal del Caribe redujeron la movilidad en Santa Marta y elevaron la preocupación por posibles represalias tras el operativo contra las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn).

La restricción del transporte público, la menor disponibilidad de taxis y las afectaciones en la venta de pasajes hacia Riohacha y Maicao se sumaron al cierre de comercios en la capital del Magdalena y en sectores de La Guajira.

La tensión surgió después de una operación de la Policía Nacional que dejó siete muertos, entre ellos José Pérez Villanueva, alias Cholo. Las versiones conocidas también indican que alias Pinocho resultó herido y huyó.

En Santa Marta, el temor ante la amenaza de un posible paro armado llevó a propietarios de negocios a suspender sus actividades. Los cierres alcanzaron zonas del centro, el Mercado y la Troncal del Caribe, mientras las autoridades desplegaron unidades de la Policía y el Ejército.

El recorrido por varios sectores de la ciudad mostró establecimientos cerrados y escasa actividad comercial. Los comerciantes decidieron no abrir por miedo a nuevos episodios de violencia.

El corredor de El Tayrona volvió a habilitarse tras los bloqueos

Los bloqueos también afectaron el corredor de El Tayrona, donde fueron atravesados buses, árboles y camiones para impedir el tránsito. La interrupción de la vía se extendió desde la noche anterior hasta poco antes del mediodía.

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra Zúñiga, informó que las autoridades retiraron los obstáculos y restablecieron la circulación en ese tramo. La mandataria aseguró que el tránsito quedó habilitado en su totalidad.

La interrupción obligó a algunos viajeros a buscar rutas alternas para movilizarse entre Santa Marta y Riohacha. La situación incidió además en el funcionamiento del transporte intermunicipal y en la actividad de la terminal.

La principal inquietud en Magdalena se concentró en la posibilidad de que las Acsn ordenaran un paro armado como respuesta a la muerte de alias Cholo. Guerra Zúñiga afirmó que las instituciones activaron medidas preventivas y que no permitirán que la amenaza se concrete.

La gobernadora explicó que, tras el procedimiento policial, se desarrolló un consejo de seguridad con el presidente de la República y se mantuvo un Puesto de Mando Unificado (PMU) hasta las 7:00 a. m. para seguir la evolución de los acontecimientos.

“Todo está tranquilo”, señaló la mandataria al describir el panorama posterior a las intervenciones de la fuerza pública. Sus declaraciones contrastaron con los cierres comerciales y las restricciones de movilidad registradas durante la jornada.

El presidente Abelardo De La Espriella lideró un Consejo de Seguridad y advirtió que no permitiría un paro armado. Como parte de la respuesta, la Policía y el Ejército mantuvieron personal en distintos puntos del departamento. La gobernadora confirmó que llegaron refuerzos desde La Guajira, Atlántico y Cesar.

El cantante vallenato Beto Zabaleta abandonó el escenario después de que una bengala lanzada desde el público pasara cerca de su cabeza durante las fiestas patronales de 2026 en El Difícil, Magdalena.

El hecho ocurrió mientras Zabaleta interpretaba su tema Lluvia de mujeres, una de las canciones más reconocidas de su repertorio. Habría sido en ese momento que un asistente disparó desde corta distancia un artefacto pirotécnico de gran tamaño, descrito como una bengala tipo bazuca, que obligó al músico a apartarse para evitar el impacto.

El incidente coincidió con una estrofa de la canción en la que Zabaleta cantaba: “Vienen avalanchas, vienen huracanes...”. El fuego pirotécnico apareció en ese momento y alteró de inmediato el desarrollo del espectáculo.

El cantante reaccionó de forma instintiva ante la proximidad del objeto. Los registros del hecho muestran la interrupción de la actuación y la salida del escenario, en medio de la protección que los miembros de la organización le brindaron al artista vallenato.

La situación tomó por sorpresa a quienes asistían a las celebraciones patronales. Minutos antes, el propio intérprete había destacado el ambiente festivo y el comportamiento de los asistentes.

Entretanto, se desconoce si el artista retomó su actuación minutos después del incidente, aunque en su página de Instagram publicó una fotografía en la que agradeció a la cabecera municipal por su asistencia masiva.

El responsable habría estado bajo los efectos del alcohol

De acuerdo con la información entregada por el medio regional El Pilón, la persona que lanzó la bengala habría consumido alcohol. Sin embargo, se desconoce si las autoridades presentes en el lugar lograron la individualización y captura del sujeto posterior tras el incidente.

Hasta donde se conoce, el artista no sufrió lesiones ni si el espectáculo continuó más tarde. La falta de una confirmación sobre esos puntos limita el alcance de lo que se conoce hasta ahora sobre el desenlace de la noche.

Beto Zabaleta llegó con un repertorio de clásicos vallenatos

Con 69 años, Beto Zabaleta se presentó en El Difícil como una de las voces asociadas al folclore vallenato. Su actuación contemplaba canciones que han acompañado distintas etapas de su carrera musical.

Entre los temas vinculados con su repertorio figuran Benditos versos, La mitad de mi vida, Un collar de versos, Gitana y Bendito diciembre. Lluvia de mujeres era la canción que interpretaba cuando ocurrió la interrupción.

La presencia del cantante formaba parte de las actividades de las fiestas patronales de la localidad magdalenense. El concierto se desarrollaba en un ambiente de celebración hasta el lanzamiento de la bengala.

Abelardo de la Espriella se le midió a cantar vallenato en La Guajira

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, interpretó “Luna Sanjuanera” junto al compositor Roberto Calderón el jueves 17 de septiembre de 2026 en San Juan del Cesar, La Guajira, después de una agenda oficial de anuncios de inversión para el departamento. El mandatario dejó el atril y subió al escenario para cantar una obra ligada a la identidad cultural del municipio.

La jornada incluyó recursos cercanos a 7.500 millones de pesos para agua potable, 22.000 millones de pesos destinados al drenaje pluvial y la reactivación de 180 viviendas en Fonseca. El Gobierno también comprometió 1,5 billones de pesos para garantizar la continuidad del servicio de energía en La Guajira.

La presentación se realizó con acordeón, caja y guacharaca, los instrumentos tradicionales del vallenato. Ante los asistentes, De la Espriella interpretó parte de la letra: “Costumbre sanjuanera es entregar el corazón, que la hembra sea sincera y tenga buena voluntad, que tenga cualidades como tienen las de allá, que sienta la pasión pura como las aguas que lleva el río Cesar”.

El momento fue recibido con aplausos y quedó entre los episodios más comentados de la visita presidencial. La canción forma parte del repertorio vallenato tradicional y está vinculada con el paisaje, las costumbres y el río Cesar, referencias centrales de San Juan del Cesar.

Durante la mañana del martes 22 de septiembre, el Ejército Nacional confirmó la captura de alias Bladimir o “Morcilla”, uno de los hombres más buscados del departamento del Cauca, acusado de ser uno de los presuntos financiadores de la estructura Jaime Martínez del Estado Mayor Central.

Según informaron las autoridades, este hombre estaría a cargo de las actividades de explotación minera ilícita, con el propósito de fortalecer el poderío económico de alias Iván Mordisco.

“Según las investigaciones, alias Bladimir o Morcilla habría ejercido un papel de liderazgo en actividades de explotación ilícita desarrolladas entre 2019 y 2023, en el sector de Minas del Socorro, dentro del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, donde estas prácticas habrían generado afectaciones a fuentes hídricas y otros recursos naturales”, comentó el Ejército Nacional en un comunicado.

De hecho, “Bladimir” estaba incluido en el cartel de los ocho más buscados por delitos ambientales en el departamento. Las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permitiera ubicarlo.

Las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 5 realizaron el procedimiento en el municipio de Suárez. La intervención estuvo a cargo del Batallón de Despliegue Rápido N.° 15.

“Su captura representa una afectación a las finanzas y a la capacidad de articulación de la Estructura Jaime Martínez, al reducir su margen para coordinar economías ilícitas, sostener redes locales y mantener actividades criminales en zonas estratégicas del norte del Cauca”, indicó la institución castrense.

La operación contó con el apoyo de la Fuerza Aérea y la coordinación de la Seccional de Investigación Criminal. Esta unidad está adscrita a la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional.

El operativo se enfocó en un presunto integrante de una estructura que, según las investigaciones, combinaba el control territorial con economías ilegales. La captura apunta a limitar su capacidad para articular apoyos locales y sostener actividades criminales en zonas consideradas estratégicas del norte caucano.

Las investigaciones lo relacionan con minería ilegal entre 2019 y 2023

La información de inteligencia militar señala que alias Bladimir o Morcilla habría desempeñado funciones de liderazgo en actividades de explotación ilícita. Esas acciones se habrían desarrollado durante un período de cuatro años.

Las pesquisas ubicaron esas prácticas en el sector de Minas del Socorro, dentro del Parque Nacional Natural Farallones de Cali. La investigación vinculó esas actividades con afectaciones a fuentes hídricas y otros recursos naturales.

El hombre era requerido por delitos relacionados con daños graves al ambiente y por acciones ilícitas asociadas con la obtención de recursos para la organización. El Ejército sostuvo que su presunto papel iba más allá de una participación aislada en la extracción ilegal.

“El Ejército Nacional continuará desarrollando operaciones militares sostenidas, coordinadas e interinstitucionales, para afectar las fuentes de financiación de las estructuras armadas ilegales, proteger los recursos naturales y desarticular las redes criminales que buscan ejercer control sobre las comunidades y las economías del norte del Cauca”, comentó el coronel Francisco Agudelo, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido n.º 5.

El detenido quedó a disposición de las autoridades judiciales

Tras finalizar los procedimientos operativos, las tropas entregaron al capturado a las autoridades judiciales competentes. A partir de ahora, el proceso continuará bajo las actuaciones que correspondan en su caso.

El Ejército indicó que la detención reduce el margen de maniobra de la estructura Jaime Martínez para coordinar economías ilícitas. La institución también la relacionó con la intención de debilitar las redes que respaldan la actividad criminal del grupo.

Las autoridades militares afirmaron que mantendrán operaciones coordinadas e interinstitucionales en la región. El objetivo anunciado es golpear las fuentes de financiación de los grupos armados organizados residuales.

La institución señaló que esas acciones también buscan proteger los recursos naturales y evitar que las organizaciones criminales impongan control sobre las comunidades y las economías locales del norte del Cauca.

El gran acumulado de Miloto de 550 millones de pesos quedó en manos de un habitante del municipio de Bello, Antioquia, tras el sorteo 0610, realizado en la noche del lunes 21 de septiembre.

El resultado convirtió a Bello en la ciudad que recibió por segunda vez durante 2026 el premio mayor del juego. El tiquete se vendió en un punto del aliado comercial Gana bajo la modalidad automática.

El ganador de MiLoto deberá conservar el tiquete original y comunicarse con la Fiduciaria de Occidente para conocer el procedimiento de cobro. El premio solo podrá hacerse efectivo si la persona cumple los requisitos y las condiciones definidos por el operador para validar la jugada.

La combinación que entregó el premio mayor estuvo integrada por los números 13, 17, 33, 34 y 35. El boleto acertó la totalidad de la selección y obtuvo los $550 millones anunciados para esa jornada.

El balance del sorteo indicó que hubo 15.804 ganadores en las distintas categorías de premios. La cifra incluye a quienes obtuvieron pagos inferiores al acumulado principal.

El Operador Nacional de Juegos señaló que el premio mayor de MiLoto ha sido entregado 25 veces en lo corrido de 2026. El dato refleja la cantidad de sorteos en los que una persona acertó la combinación requerida para obtener el acumulado.

El juego entregó más de 3,6 millones de premios desde 2023

MiLoto comenzó a operar el 20 de octubre de 2023. Desde esa fecha y hasta el 20 de septiembre de 2026, el juego otorgó 3.662.605 premios.

El valor acumulado de esos pagos superó los $61.000 millones, según el balance difundido por el operador. La información incluye los premios entregados en todas las categorías habilitadas desde el lanzamiento.

Durante ese mismo período, el juego transfirió más de $25.000 millones al sistema de salud. Esos recursos forman parte de las transferencias asociadas a la operación de las apuestas autorizadas.

Los interesados pueden adquirir MiLoto por medio de la página oficial de Baloto. El juego también está disponible en puntos de venta de Su Red, SuperGIROS y algunas grandes superficies.

Mientras se completa el procedimiento de validación, el tiquete vendido en Bello conserva el derecho sobre el acumulado del sorteo 0610. El próximo paso depende de que su propietario se presente ante la entidad encargada del pago.

El ganador de MiLoto en Bello no recibirá la totalidad del premio: esta es la razón

El habitante de Bello, Antioquia, que acertó los cinco números del sorteo 0610 de MiLoto y obtuvo un premio de $550 millones, recibiría en realidad $440 millones después del descuento de $110 millones por impuesto de ganancias ocasionales.

En Colombia, los premios obtenidos en loterías, rifas, apuestas y juegos similares están sujetos a una tarifa del 20% por ganancias ocasionales. La norma establece que esa retención se aplica a los pagos que superen las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT), un límite ampliamente superado por el acumulado entregado en el sorteo del lunes 21 de septiembre.

Además, el gravamen a los movimientos financieros, conocido como 4x1000, no corresponde a un descuento directo sobre el premio por haberlo ganado. Este impuesto se causa cuando el titular dispone del dinero en el sistema financiero, por ejemplo, mediante una transferencia, retiro o pago desde una cuenta bancaria.

Por ese motivo, si la Fiduciaria de Occidente entrega los $440 millones mediante un abono bancario, el ganador recibiría inicialmente esa suma, antes de los costos o gravámenes asociados al uso posterior de los recursos.

Si luego decidiera mover la totalidad del dinero y la operación no estuviera cubierta por una exención, el 4x1000 equivaldría a $1,76 millones. En ese escenario, el monto disponible después de ambos descuentos sería de $438,24 millones.

La cifra puede variar si el apostador utiliza una cuenta exenta del gravamen o si realiza movimientos parciales, dado que el 4x1000 depende de la forma en que se retire, transfiera o use el dinero.

La Policía Nacional abrió una indagación disciplinaria por la muerte de Donovan Balanta Paz, un farmacéutico y padre de dos hijos que falleció en extrañas circunstancias tras haber sido detenido durante un procedimiento en el sector de Caracolí, en el límite entre Ciudad Bolívar y Soacha.

El caso ocurrió el domingo 20 de septiembre. La institución, a través de un comunicado emitido por la Metropolitana de Soacha, confirmó que sus uniformados utilizaron un dispositivo de inmovilización electrónica tipo taser, aunque aclaró que la causa de la muerte todavía no ha sido establecida por las autoridades médico-legales.

“La Inspección General, a través de los mecanismos institucionales correspondientes, dispuso la apertura de una indagación disciplinaria con el fin de verificar el procedimiento adelantado por los uniformados que participaron en la actuación policial y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos”, señaló la institición.

Mientras tanto, la familia de Balanta Paz, conocido como “Piri”, denuncia que el hombre fue golpeado y recibió varias descargas mientras estaba reducido y esposado. Los allegados solicitan que se determine si los policías que participaron incurrieron en un uso excesivo de la fuerza.

Durante el operativo, varios de los testigos del operativo realizaron grabaciones en las que se muestra la llegada de agentes y la posterior intervención contra Balanta Paz y que serían usados en la investigación contra los uniformados.

Los allegados afirman que el hombre permanecía en el suelo cuando uno de los uniformados le habría dado un golpe en el rostro. También sostienen que el dispositivo eléctrico fue accionado en repetidas oportunidades.

Elisair Vivero, familiar de la víctima, explicó a Citytv que todo comenzó por un episodio ocurrido minutos antes dentro del sector. Según su relato, Balanta Paz presenció una agresión en una vivienda, tomó una botella, la lanzó y huyó del lugar.

“Mi cuñado llegó, vio la agresión que había acá en la casa. Él cogió una botella, la lanzó ahí y salió corriendo”, señaló la familiar al medio televisivo. Vivero añadió que, poco después, llegaron numerosos policías a la cuadra.

Habría sido en ese momento que se inició un forcejeo entre Balanta y los oficiales que, en medio de sus labores, redujeron al farmacéutico que se encontraba alterado, según se ve en varios videos.

“Llegaron los policías, como más de 15, más de 20 policías ahí a la cuadra y lo atacaron, lo esposaron y le pusieron el taser y le dieron para atrás”, señaló la cuñada de Balanta a Citytv.

La familiar también denunció que policías de Soacha intervinieron en un punto que, según su versión, correspondería a Bogotá. Además, aseguró haber sufrido comentarios racistas durante un operativo posterior frente a su vivienda.

“En el transcurso de una a dos de la tarde llegó la Policía de Soacha, que no tienen jurisdicción aquí en Bogotá, y me atacó con racismo a mí, como afro que soy, en mi casa. Llegaron más de 50 policías a atacarme a mi casa”, concluyó Vivero.

La Policía confirmó el uso del taser durante el procedimiento

La Policía Metropolitana de Soacha informó que sus uniformados atendieron una riña el 20 de septiembre en el barrio Caracolí, sobre la calle 77 Sur, en inmediaciones del límite entre Bogotá y Soacha.

Según el comunicado institucional, los agentes de la zona de atención Alfa Cazucá acudieron al sitio para controlar la situación y restablecer la convivencia y la seguridad en el sector.

La institución reconoció que durante el procedimiento se utilizó un dispositivo de inmovilización electrónica. También señaló que varias personas fueron trasladadas a la estación de Policía Cazucá para adelantar las actuaciones correspondientes.

“De acuerdo con la información preliminar recopilada, el ciudadano Donovan Balanta Paz presentó una afectación repentina en su estado de salud luego de ingresar a las instalaciones policiales, llegando a perder el conocimiento. Ante esta situación, los uniformados activaron de manera inmediata los protocolos de atención y dispusieron su traslado al hospital Luis Carlos Galán de Soacha (cardio vascular), donde recibió valoración y atención médica por parte del personal de salud”, señaló la Policía.

La versión oficial no estableció una relación entre la intervención policial y el deceso. La institución señaló que la causa será definida mediante los procedimientos médico-legales a cargo de las autoridades competentes.

La familia asegura que Balanta Paz manifestó dolor en el pecho

Mientras tanto, los familiares sostienen que el deterioro de Balanta Paz comenzó después de que los policías lo subieron a una patrulla. Uno de sus allegados afirmó que el hombre tenía una marca en el pecho y expresó dolor antes de ser llevado a la estación.

“Cuando lo montaron en la patrulla, él llegó a la estación con dolor en el pecho; los policías dijeron que no lo iban a soltar porque era pura marulla”, aseguró otro familiar a Citytv.

La Policía Metropolitana de Soacha afirmó que colaborará con las entidades encargadas de aclarar lo sucedido. A la vez, sostuvo que el procedimiento deberá ser revisado bajo criterios de respeto por los derechos humanos y las garantías constitucionales.

La familia describió a Balanta Paz como un hombre trabajador, sin conflictos conocidos con otras personas. Era padre de una niña de 12 años y de un adolescente de 15.

Uno de sus allegados explicó que trabajaba como farmacéutico y que se desempeñaba en la elaboración y venta de medicamentos. El día del procedimiento tenía previsto ingresar a su turno laboral para participar en la preparación de nuevos productos.

La mandataria tica fue recibida con honores en la pista del Comando Aéreo de Combate No. 3 de la Fuerza Aérea Colombiana, ubicada en el municipio de Malambo, en un acto protocolario organizado con la presencia del viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional de Colombia, Pedro Agustín Roa Arboleda, además del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa.

A su llegada, la presidenta agradeció la hospitalidad de Colombia desde su arribo al país en la noche del lunes, además de mostrar su positivismo frente al encuentro que mantendrá con su homólogo Abelardo de la Espriella.

“Como presidente de la República de Costa Rica, saludo a todo el pueblo colombiano. Estamos muy agradecidos con la hospitalidad por este recibimiento de honores. Muy agradecidos también con el señor presidente Abelardo de la Espriella, por coordinar con tanta inmediatez este encuentro bilateral, que sin lugar a dudas será de gran provecho para ambas naciones”, señaló Fernández.

La presidenta también señaló que el principal motivo del encuentro se basará en el fortalecimiento de estrategias binacionales para erradicar el narcotráfico y el terrorismo, además de incentivar las alianzas entre Colombia y Costa Rica.

“El Gobierno colombiano y el Gobierno costarricense somos aliados en un objetivo común, que es erradicar el narcoterrorismo de nuestros pueblos. Tanto el pueblo costarricense como el pueblo colombiano somos pueblos hermanos y por eso, ante un desafío de este tamaño, la unión es el camino para la prosperidad compartida. Muchísimas gracias y espero pronto compartir excelentes resultados de este encuentro bilateral”, concluyó Fernández.

Por su parte, desde la Presidencia de Colombia señalaron que la reunión de seguridad regional incluirá conversaciones sobre la Operación Zeus, la estrategia multinacional Orión y el Escudo de las Américas.

Según el Ejecutivo, el encuentro busca consolidar la cooperación entre Colombia y Costa Rica frente al narcotráfico, las organizaciones criminales transnacionales y las economías ilícitas. Los mandatarios revisarán mecanismos de intercambio de información, inteligencia estratégica y coordinación operativa para responder a amenazas que atraviesan las fronteras de la región.

“El encuentro presidencial refleja la estrecha relación de amistad, confianza y cooperación que une a Colombia y Costa Rica, así como la voluntad compartida de profundizar los mecanismos de coordinación política e institucional frente a las amenazas derivadas del narcotráfico, las organizaciones criminales transnacionales y las economías ilícitas”, indicó la Presidencia de Colombia.

La cita también incluirá las oportunidades de trabajo conjunto vinculadas al Escudo de las Américas, una iniciativa hemisférica orientada a reforzar la coordinación regional frente al narcotráfico y otras economías ilícitas.

Ambos gobiernos coinciden en la necesidad de establecer mecanismos efectivos para intercambiar información y fortalecer la inteligencia estratégica.

El objetivo es que la cooperación operativa permita identificar y enfrentar de manera conjunta las amenazas que afectan a los Estados de la región

Laura Fernández es la primera presidenta que visita el Atlántico

En medio de los honores hacia la mandataria costarricense, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, agredició a Fernández por convertirse en la primera jefa de Estado que pisa el departamento.

Según indicó el mandatario regional, la visita diplomática también servirá como precedente para fortalecer las estrategias que permitan conservar la biodiversidad de ambas nacionales, especialmente por la riqueza en fauna flora que poseen Colombia y Costa Rica.

“No solamente valoramos el hecho de que usted es la primera presidente que llega a nuestro territorio, no solamente en calidad de mujer, sino también en calidad de primera autoridad de un país centroamericano, hermano, amigo, sino también queremos decirle que compartimos con usted toda su lucha por el bienestar de los pueblos, pero en especial todo lo que Costa Rica representa en la biodiversidad y en la preservación de la biodiversidad de nuestro país. Yo fui ministro del Medio Ambiente y sé la lucha enorme que se ha hecho en Centroamérica para lograr un desarrollo de una actividad en pro del medio ambiente. Mil gracias, señora presidente, por su presencia en nuestro territorio”, comentó el gobernador.

La mandataria costarricense llegó desde la noche del 21 de septiembre a la ciudad de Bogotá acompañada por cuatro funcionarios de su gobierno, que incluye al ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos Valverde; al ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas; al director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, Pablo Martínez Bertozzi, y al ministro de Comunicación, Arnold Zamora Miranda.

“Nuestra mandataria tuvo una cálida bienvenida por parte del Vicecanciller de Relaciones Exteriores, Juan José Álvarez, y el Director de América del Ministerio de Relaciones Exteriores, Daniel Moreno. La acompañan parte de los jerarcas que integran el Equipo de Fuerza Élite, así como la Embajadora de Costa Rica en Colombia”, señaló en un comunicado la Presidencia de Costa Rica.

La reunión prevista para este martes busca reforzar el trabajo conjunto entre Colombia y Costa Rica contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Los dos gobiernos prevén ampliar el intercambio de datos de inteligencia, mejorar la comunicación entre sus fuerzas de seguridad y acordar formas de coordinación ante estructuras que actúan en varios países de la región.

El encuentro se extenderá hasta el miércoles 23 de septiembre, según la programación oficial de la visita. Además de los asuntos de seguridad, las delegaciones revisarán otros componentes de la relación bilateral y posibles áreas de trabajo compartido.

La cooperación policial ocupará un lugar central en las conversaciones. El objetivo es identificar organizaciones, rutas usadas para el tráfico de estupefacientes y operaciones vinculadas con actividades ilícitas que cruzan las fronteras nacionales.

Costa Rica tiene una ubicación estratégica en los corredores que conectan a Suramérica con Centroamérica y Norteamérica. Colombia, a su vez, mantiene contactos de cooperación con distintos gobiernos para enfrentar a las redes dedicadas al tráfico de drogas.

El ministro costarricense Gerald Campos explicó que su país pretende afianzar los vínculos operativos con las autoridades colombianas.“Lo que estamos buscando es una alianza de cooperación, de análisis de inteligencia, de compartimentar la información de los cuerpos policiales”, señaló campos a medios de su país.

El funcionario sostuvo que la coordinación resulta necesaria porque las organizaciones criminales no limitan sus operaciones a un solo territorio. Por su parte, la mandataria costarricense llevará además una agenda propia y comunicará posteriormente los resultados alcanzados con el Gobierno colombiano.

Uno de los puntos relacionados con el narcotráfico será la situación de los cultivos de cocaína en Colombia y la preocupación de Costa Rica por evitar que los efectos de las actividades criminales se trasladen a su territorio.

Fernández calificó la cita como urgente y planteó la necesidad de fortalecer la colaboración regional. La presidenta declaró que buscará impedir que los hechos asociados al crimen organizado tengan repercusiones en Costa Rica.

Los dos países integran el Escudo de las Américas

La reunión se desarrollará bajo el marco del Escudo de las Américas, también conocido como Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C), del que forman parte Colombia y Costa Rica. La iniciativa reúne a gobiernos de la región alrededor de la lucha contra las estructuras delictivas vinculadas al narcotráfico.

El contacto entre Fernández y De la Espriella tuvo un antecedente tras las elecciones presidenciales colombianas. La presidenta costarricense llamó al mandatario tres días después de su victoria en los comicios del 21 de junio para felicitarlo y conversar sobre los retos compartidos.

Durante esa comunicación, ambos coincidieron en que la cooperación sería una prioridad frente a las organizaciones criminales. Fernández aseguró que su principal objetivo sería combatir el narcotráfico y el crimen organizado en Costa Rica.

“Somos los nuevos del vecindario y tenemos, sin duda alguna, presidente Abelardo, desafíos comunes que si los enfrentamos en alianza, como el narcotráfico… Yo estoy comprometida a limpiar a Costa Rica del narcotráfico y del crimen organizado; es mi prioridad número uno", señaló la mandataria.

De la Espriella respondió que el tema tendría un lugar prioritario en su administración. El presidente colombiano propuso construir una alianza con Costa Rica para enfrentar esos desafíos y sostuvo que ambos países comparten principios y valores.

Barranquilla vuelve a recibir una visita internacional de alto nivel

La llegada de Fernández será el segundo encuentro de alto nivel que Abelardo de la Espriella mantendrá en Barranquilla en menos de un mes. La ciudad ganó visibilidad como sede de diálogos del Gobierno nacional con representantes de otros países.

El antecedente inmediato ocurrió el 8 de septiembre, cuando el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió con el presidente colombiano en la misma sede. Aquel encuentro derivó en los llamados Acuerdos de Barranquilla, vinculados con seguridad, economía y cooperación entre ambos gobiernos.

La seguridad y la lucha contra el narcotráfico también ocuparon un lugar destacado en esa cita. Los asuntos relacionados con las organizaciones transnacionales volverán a concentrar la atención durante la visita de la delegación costarricense.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) mantiene la alerta sobre todo el departamento del Tolima tras la activación de una falla geológica que ha desatado una seguidilla de movimientos telúricos durante los últimos días.

Aunque la mayoría de los reportes suelen ser de baja magnitud, entre 2 y 3 de magnitud, las autoridades continúan haciendo seguimiento al comportamiento de la tierra, pues solo en las primeras horas del martes 22 de septiembre; es decir, desde la media noche y hasta las 7:00 a. m. el SGC reportó 62 temblores con especial atención en dos que superaron la magnitud 4, aunque con baja profundidad.

Ante la inusual actividad, la Gobernación del Tolima dispuso clases en casa para 16.759 estudiantes de los municipios de Chaparral, San Antonio, Rioblanco y Roncesvalles como medida de contingencia.

La medida se aplicará este martes 22 y el miércoles 23 de septiembre. Las autoridades educativas evaluarán durante ese período la evolución de los movimientos telúricos y las condiciones de seguridad en los cuatro municipios.

El secretario de Educación Departamental, Andrés Bedoya, confirmó que los alumnos continuarán con sus procesos académicos bajo la modalidad de Escuela en Casa. La decisión incluye a estudiantes, docentes y los demás integrantes de la comunidad educativa.

La disposición no implica la cancelación del calendario escolar. Los estudiantes de Chaparral, San Antonio, Rioblanco y Roncesvalles realizarán actividades desde sus hogares durante dos días, mediante estrategias que definirá cada institución educativa según sus recursos y condiciones.

“Esto no significa que se suspendan las clases; tenemos una modalidad que se llama Escuela en Casa, propia de la flexibilidad curricular”, explicó Bedoya.

Algunas instituciones podrán desarrollar jornadas virtuales para mantener el contacto entre docentes y alumnos. Cada establecimiento aplicará las alternativas pedagógicas que considere viables para dar continuidad a las actividades previstas.

Por su parte, La gobernadora Adriana Magali Matiz hizo el llamado a todos los municipios a reforzar los protocolos de prevención luego de un Consejo Departamental de Gestión del Riesgo. La mandataria solicitó a alcaldes y alcaldesas poner a sus territorios en “modo prevención”.

La instrucción incluyó convocar a los equipos de Gobierno y a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, revisar los protocolos vigentes e identificar zonas que puedan funcionar como puntos de encuentro.

La Gobernación del Tolima pidió a las autoridades de los municipios afectados activar sus mecanismos de información y comunicación, mantener informadas a las comunidades y preparar medidas preventivas ante la continuidad de la actividad sísmica. La orden busca coordinar la respuesta local y reducir los riesgos para la población.

“Solicito a los alcaldes y alcaldesas que pongamos nuestros municipios en modo prevención”, afirmó Matiz. La gobernadora también pidió que las administraciones locales actualicen sus mecanismos de respuesta ante una eventual emergencia.

La administración departamental también enviará comisiones técnicas a Chaparral. El grupo incluirá expertos del Servicio Geológico Colombiano, funcionarios de Cortolima y representantes de la Gobernación del Tolima.

La visita tendrá como objetivo determinar la respuesta del suelo en el sitio donde se ubicó el epicentro de los movimientos telúricos. Las autoridades analizarán esa información para definir las acciones posteriores.

“Se conformó, igualmente, una comisión integrada por funcionarios del Servicio Geológico Colombiano, de Cortolima y de la Gobernación del Tolima”, señaló Matiz al anunciar el desplazamiento técnico al municipio.

La gobernadora pidió a las familias permanecer atentas únicamente a la información que emitan las autoridades. También recomendó preparar un kit básico de emergencia con un silbato, una linterna, agua, tapabocas y otros elementos necesarios.

“Prevenir también es cuidar”, concluyó la mandataria al dirigirse a los habitantes del departamento.

La Gobernación del Tolima suspendió, además, la atención presencial en su edificio durante este martes 22 de septiembre. La medida apunta a proteger a funcionarios y ciudadanos que acuden a la sede.

Dos semanas después de que el cabecilla del temido grupo Los Pepes, alias Digno Palomino, presentara su voluntad expresa de someterse a la justicia y atender el llamado del presidente Abelardo de la Espriella, la Presidencia remitió a la Fiscalía la solicitud.

Según el documento, que está fechado el 17 de septiembre, busca que se analicen los alcances y parámetros bajo los cuales podría colaborar el temido líder del grupo criminal.

La respuesta fue suscrita por Ketlin Andrés Magdaniel Rodríguez, asesor del grupo Democracia y Participación Ciudadana. El documento, que lleva el logo de la Presidencia de Colombia, indica que la Fiscalía General de la Nación, además del Ministerio de Justicia, son las entidades facultadas para estudiar el caso y adoptar las decisiones correspondientes.

La Casa de Nariño no aprobó ni rechazó el pedido de Palomino. La Presidencia trasladó la petición a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio de Justicia para que evalúen, dentro de sus competencias, la viabilidad de un eventual sometimiento bajo las reglas de la justicia ordinaria.

“De manera atenta, le remito la comunicación radicada en esta entidad, suscrita por el señor DIGNO JOSÉ PALOMINO RODRÍGUEZ, en la que, por hechos expuestos en el escrito, manifiesta: “(...) Ratificación de voluntad de sometimiento a la justicia, contribución a la verdad, reparación a las víctimas y compromiso de paz y resocialización (...)”. Lo anterior con el fin de que, en el ámbito de sus funciones y competencias, se evalúe la solicitud presentada y se sirva ordenar a quien corresponda, evaluar el caso expuesto en el documento anexo, y tomar las acciones a que haya lugar", señala la carta enviada desde Presidencia.

Además, según documentos obtenidos por la revista Semana, desde el Ejecutivo también enviaron respuesta a alias Digno palomino, en la que el asesor explicó que el Estado cuenta con ministerios, departamentos administrativos, entidades descentralizadas y otras instituciones encargadas de responder las peticiones ciudadanas según sus funciones legales.

El funcionario señaló en la carta que recibió la manifestación de voluntad de sometimiento, contribución a la verdad, reparación a las víctimas y compromiso de paz y resocialización planteada por Palomino.

“Una vez leída y evaluada la solicitud presentada por usted, y con el fin de brindar una respuesta de fondo a la solicitud presentada, se ha dado traslado de su comunicación a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio de Justicia y del Derecho, entidades legalmente facultadas, para conocer del tema objeto de la petición, y tomar las acciones a que haya lugar, para brindar una adecuada respuesta”, señala el documento.

El procedimiento abre la posibilidad de que el eventual proceso se adelante por la vía ordinaria. La decisión sobre cualquier mecanismo, sus condiciones y sus eventuales beneficios no depende de la Casa de Nariño.

Palomino aseguró que comparecerá ante las autoridades competentes

La solicitud inicial fue enviada el 1 de septiembre desde Ibagué, Tolima. Digno Palomino y Aldair Enrique Montenegro Mejía se presentaron en el documento como facilitadores e interlocutores de Los Pepes.

Los remitentes manifestaron que actuaban de manera libre, consciente y voluntaria. También expresaron su intención de someterse a la justicia colombiana bajo los parámetros de la Constitución y la ley.

En la carta, Palomino y Montenegro afirmaron que estaban dispuestos a presentarse ante las autoridades, responder por los hechos que les sean atribuidos legalmente y acogerse a los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico.

La petición plantea además compromisos relacionados con la verdad, la reparación de las víctimas y la resocialización. Esos puntos deberán ser examinados por las instituciones a las que llegó el documento desde la Presidencia.

Palomino permanece privado de la libertad. Las autoridades lo señalan como máximo jefe de Los Pepes en Barranquilla y otros municipios del Atlántico.

El señalado cabecilla figura entre los criminales más buscados por las autoridades colombianas. De acuerdo con la información conocida, acumula más de 15 años de trayectoria delictiva y enfrenta órdenes de captura por delitos como homicidio y extorsión.

Las autoridades de Santander reforzaron la seguridad de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) tras una serie de hechos que incluyen un ataque armado, mensajes intimidatorios, videos con amenazas y el hallazgo de un cilindro cerca de la cárcel de Palogordo, en Girón.

La respuesta oficial contempla una recompensa de hasta $100 millones para obtener información sobre los responsables. Una parte de ese monto, $20 millones, se destinará a identificar al hombre que aparece en grabaciones en las que advierte sobre un supuesto “plan pistola” contra el personal penitenciario.

La situación se agravó luego de que el dragoneante Derlin Fabián Chacón Páez fuera atacado el 18 de septiembre con arma de fuego en el barrio Alfonso López de Bucaramanga. El funcionario sufrió una herida en una pierna y las autoridades investigan las circunstancias del hecho.

Los investigadores también analizan panfletos atribuidos a una organización que se identifica como La Estructura. Los mensajes están dirigidos contra trabajadores del sistema penitenciario.

Las amenazas se difundieron además en redes sociales mediante videos en los que aparece un hombre encapuchado y armado. En esas piezas audiovisuales, el individuo menciona a funcionarios del Inpec y al denominado Plan Dominó.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga busca establecer quién aparece en las grabaciones, cuándo fueron realizadas y desde dónde se difundieron. La veracidad y el alcance de las intimidaciones hacen parte de las líneas de investigación.

Las autoridades de Santander adoptaron medidas de protección porque los ataques, los mensajes intimidatorios y las amenazas divulgadas en videos podrían estar relacionados con retaliaciones de estructuras criminales tras el traslado de internos de alta peligrosidad a Palogordo. El objetivo es impedir que conflictos surgidos en otras regiones afecten a funcionarios penitenciarios y a la población del área metropolitana.

Un cilindro hallado cerca de Palogordo activó un operativo de seguridad

El viernes 18 de septiembre, las autoridades encontraron un cilindro en inmediaciones de la prisión de Palogordo. El elemento estaba acompañado de mensajes de carácter intimidatorio dirigidos al personal del Inpec.

El hallazgo provocó un operativo de seguridad con participación de personal especializado. Tras la inspección, las autoridades descartaron que el cilindro contuviera explosivos.

La aparición de ese objeto se sumó a los panfletos y los videos que circulan contra los trabajadores penitenciarios. Los organismos de seguridad revisan si todos los episodios obedecen a una misma estructura o si se trata de hechos distintos.

El gobernador Juvenal Díaz Mateus participó en una reunión celebrada en el establecimiento penitenciario junto con representantes del Ejército Nacional, la Policía Metropolitana y el Inpec. Allí evaluaron las medidas para proteger a los funcionarios.

El mandatario advirtió que Santander no puede recibir las consecuencias de disputas criminales que se originaron en otras zonas del país. También pidió reforzar los esquemas de seguridad en torno de los establecimientos carcelarios y de su personal.

“Estamos hablando de una recompensa de 100 millones de pesos; una parte la pone Santander y otra los municipios del área metropolitana, con el fin de dar con los responsables que han venido cometiendo estos hechos violentos”, señaló el gobernador.

La recompensa apunta a esclarecer los videos, los panfletos y el ataque armado

La recompensa anunciada será financiada por la Gobernación de Santander y los municipios del área metropolitana de Bucaramanga. El secretario de Seguridad de Girón, Juan José Gómez, explicó que los recursos tendrán ese origen conjunto.

La oferta económica busca datos que permitan identificar y capturar a los responsables de los hechos violentos contra el Inpec. Incluye información sobre la instalación del cilindro, la distribución de los mensajes y las amenazas difundidas en redes.

Las autoridades separaron $20 millones del total para obtener datos sobre la identidad del hombre que aparece en las grabaciones. Los videos son una de las piezas que examinan los investigadores ante la advertencia de un posible ataque contra trabajadores penitenciarios.

Los funcionarios recibieron recomendaciones de autoprotección y cuentan con acompañamiento de la Fuerza Pública durante sus desplazamientos. Las medidas abarcan rutas que conectan a Piedecuesta, Floridablanca y Girón.

La cárcel de Palogordo recibió durante las últimas semanas a internos considerados de alta peligrosidad, trasladados desde otras regiones. Entre ellos figuran Digno Palomino, señalado como integrante de Los Pepes, y alias Firu, relacionado con las disidencias de Calarcá en Antioquia.

Las autoridades temen que las confrontaciones entre organizaciones criminales, o las retaliaciones contra sus integrantes, puedan trasladarse al departamento. Por esa razón, revisan el impacto de los movimientos penitenciarios en la seguridad local.

Fuentes oficiales también estudian una posible participación de integrantes de Los Costeños en parte de las intimidaciones contra directivos y trabajadores del Inpec. En ese contexto, mencionaron a los internos conocidos como alias Negro Over y “Jerry”.

El racionamiento nocturno de agua volverá a Medellín ante la reducción de las reservas que abastecen a sectores del centro-oriente y nororiente de la ciudad. La medida afectará a usuarios conectados al embalse Piedras Blancas, cuya disponibilidad descendió durante las últimas dos semanas.

Empresas Públicas de Medellín (EPM) reanudará desde el martes 22 de septiembre cortes sectorizados y alternos de agua en barrios de seis comunas, entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m. La decisión responde al descenso del embalse Piedras Blancas y al menor ahorro y las menores lluvias observadas durante la última semana.

La empresa informó que el embalse pasó del 91% al 76% de su capacidad en apenas 15 días. Esta fuente abastece a hogares de las comunas Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria.

El gerente general de EPM, Humberto Iglesias, sostuvo que la ciudad atraviesa un momento de presión sobre el abastecimiento. Según explicó, durante la semana anterior el consumo no disminuyó en la medida esperada y las lluvias tampoco alcanzaron los niveles previstos.

“Ahorramos menos de lo que era necesario y llovió menos de lo esperado”, afirmó Iglesias. El directivo indicó que esas dos condiciones impidieron la recuperación de las fuentes y los caudales utilizados para el suministro.

El gerente también reconoció una reducción en el consumo por parte de algunos usuarios. “Hay que hacer un llamado muy claro a la ciudadanía, pero también un reconocimiento”, señaló, aunque advirtió que el esfuerzo todavía no alcanza frente a la situación causada por el fenómeno de El Niño.

Los cortes se alternarán entre los esquemas 1 y 2

El suministro se interrumpirá día por medio en los sectores incluidos en dos esquemas. EPM mantendrá una revisión semanal sobre el consumo, el ahorro de los usuarios, las lluvias, los caudales y la disponibilidad de las reservas.

Iglesias afirmó que la medida no tiene carácter definitivo. La empresa definirá su continuidad de acuerdo con la evolución de las condiciones que afectan al sistema de abastecimiento.

El esquema 1 tendrá cortes los días martes 22, jueves 24 y sábado 26 de septiembre. En la comuna Popular estarán incluidos Carpinelo, El Compromiso, La Avanzada y La Esperanza N.° 2.

En Manrique, el primer grupo abarcará La Cruz, María Cano-Carambolas, San José de La Cima N.° 1 y Versalles N.° 2. Para Aranjuez, las interrupciones alcanzarán Campo Valdés N.° 1, La Piñuela, Las Esmeraldas y Manrique Central N.° 1.

Los barrios Las Estancias, San Antonio y Villa Lilliam, en Villa Hermosa, integran el mismo esquema. En Buenos Aires, la medida se aplicará en Barrios de Jesús.

El segundo grupo tendrá interrupciones los días 23, 25 y 27 de septiembre

El esquema 2 comenzará el miércoles 23 de septiembre y continuará el viernes 25 y el domingo 27. Los usuarios de este grupo tendrán la suspensión en el mismo horario nocturno previsto por la empresa.

En la comuna Manrique estarán incluidos Manrique Oriental y Santa Inés. En Aranjuez, el corte alcanzará a Manrique Central N.° 2.

Villa Hermosa, Batallón Girardot, San Miguel, La Mansión y Llanaditas conforman el grupo programado en la comuna Villa Hermosa. En Buenos Aires, la interrupción afectará a Alejandro Echavarría y Caicedo.

El listado del esquema 2 se completa con Los Ángeles y Boston, ubicados en La Candelaria. La empresa pidió a los residentes verificar el grupo asignado a su sector para organizar el almacenamiento y el consumo durante las horas previas a cada suspensión.

Los hogares y locales comerciales abastecidos por Piedras Blancas deberán reducir su uso en promedio 92 litros de agua diarios. Para el resto de Medellín y los municipios del Valle de Aburrá, la meta establecida es de 70 litros por vivienda al día.

La empresa espera que las lluvias previstas para octubre y noviembre ayuden a recuperar los embalses. Aun así, Iglesias remarcó que las precipitaciones aisladas no resuelven por sí solas el déficit si el consumo supera el volumen que ingresa a las fuentes.

“El Niño va a continuar, esto apenas está arrancando”, advirtió el gerente de EPM. El directivo señaló que diciembre, enero y febrero podrían concentrar la etapa de mayor exigencia para el sistema de agua de Medellín.

Las recientes decisiones tomadas por el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella, hacia el Ministerio de Cultura tomó un nuevo rumbo después de que artistas y trabajadores del sector convocaran a un plantón frente a las instalaciones de la cartera en el centro de Bogotá.

Desde las 11:00 a. m. decenas de actores, actrices y gestores culturales se acercaron a la sede ministerial para exigir a la ministra Paola Holguín proteger el sector cultura de recortes presupuestales y cancelación de estímulos para el desarrollo de proyectos artísticos.

En especial, el sector cuestiona al Gobierno nacional por cuenta de la decisión de cancelar la definición de los Premios y Reconocimientos del Programa Nacional de Estímulos de 2026. La medida deja sin desenlace una convocatoria que, por primera vez en 27 años, no entregará esos apoyos económicos.

La decisión impide que 1.308 propuestas habilitadas accedan a la evaluación de jurados y a los estímulos previstos en las modalidades de Premios Nacionales y Reconocimientos. El Ministerio atribuyó el freno a la falta de personal, dificultades administrativas y restricciones de caja, por lo que no habrá ganadores durante 2026.

Entretanto, el plantón fue apoyado por la senadora Jennifer Pedraza que, a través de su cuenta de X, explicó las posibles faltas que estaría cometiendo el Ministerio de Cultura contra los artistas y gestores del sector.

“Lo que Abelardo de la Espriella y Paola Holguín están haciendo con el Ministerio de Cultura parece una obra de terror para el sector cultural. Y quienes van a pagar los platos rotos no solo son los artistas sino la sociedad en general”, señaló la congresista.

Pedraza aseguró que el Gobierno nacional habría cometido un ‘error’ al nombrar a Holguín como cabeza del ministerio, especialmente por su supuesta poca experiencia en el tema.

“Primera escena: nombran en el ministerio una persona alejada y desconectada del sector cultural, que tiene mínima experiencia en asuntos relacionados y lo primero que hace es liberar los puestos de libre remoción dejando procesos administrativos a la deriva”, señaló.

Asimismo, criticó que el Ministerio de Cultura, tras la decisión de suspender el programa de estímulos, optara por citar al sector para ofrecer una explicación que, entre otras, solo implicaría una serie de enunciados sin posibilidad de abrir espacios de diálogo y negociación.

“Llaman a gestores del sector a un “diálogo” que en realidad es un monólogo porque hasta en la carta de invitación dejan claro que van es a escuchar lo que dice la Ministra. ¡Qué farsa!“, comentó la senadora.

Qué pasó con los reconocimientos del Programa Nacional de Estímulos

La decisión quedó formalizada en la Resolución 1887 del 14 de septiembre de 2026. El documento se expidió un día antes de que venciera el plazo establecido para publicar los actos administrativos con los resultados.

De las iniciativas afectadas, 351 pertenecían a los Premios Nacionales y 957 a los Reconocimientos. La cartera descartó tanto la selección de beneficiarios como la entrega de los recursos asociados.

La convocatoria abrió en febrero y luego amplió su plazo de inscripción. Tras la revisión de requisitos, las propuestas que superaron esa fase debían pasar al análisis de jurados.

Pero esa evaluación no comenzó. El Ministerio tampoco alcanzó a emitir las resoluciones necesarias para nombrar a quienes debían calificar los proyectos.

El cronograma había tenido modificaciones en marzo y junio. A pesar de esos ajustes, el 15 de septiembre continuaba como fecha límite para comunicar a los ganadores de ambas modalidades.

La resolución sostuvo que el Grupo Interno de Trabajo de Convocatorias y Estímulos “no cuenta con el personal técnico especializado ni con la capacidad institucional” para asumir la revisión de las postulaciones.

Según el documento, el equipo concentró sus labores en cierres administrativos y financieros, reclamaciones, acciones de tutela, derechos de petición y acompañamiento a beneficiarios de otras convocatorias.

Paola Holguín respondió a las protestas de artistas

De forma simultánea al plantón programada en el centro de Bogotá, la ministra de Cultura, Paola Holguín, emitió un pronunciamiento oficial en que entregó detalles de la decisión de suspender los premios programados para el 2026.

Según explicó, todo se debe presuntos manejos irregulares del gobierno anterior que, entre otras cosas, habría dejado una fuerte deuda a la cartera, lo que imposibilita la ejecución de los programas de estímulos.

La funcionaria sostuvo que encontró retrasos administrativos cuando asumió el cargo, el 7 de agosto. También responsabilizó a la administración anterior por compromisos financieros que, según afirmó, impedían continuar el proceso.

La ministra dijo que la convocatoria fue abierta en febrero de 2026 y que la designación de jurados debió quedar lista el 15 de julio. Esa instancia era necesaria para revisar las postulaciones y definir quiénes recibirían los reconocimientos.

“No teníamos 900 millones que valen los jurados”, afirmó Holguín. La funcionaria agregó que esa falta de recursos impedía cumplir con la publicación de los ganadores prevista para el 15 de septiembre.

Según su versión, al llegar a la cartera encontró obligaciones superiores a 185.000 millones de pesos. De ese monto, señaló que más de 75.000 millones correspondían a premios de convocatorias anteriores que aún no habían sido pagados.

Holguín indicó que la entrega de los estímulos requería cerca de 9.000 millones de pesos. De esa suma, 7.200 millones debían desembolsarse entre el cierre de septiembre y los primeros días de octubre.

“No teníamos 9.000 millones, que era lo que costaban los premios. Es mejor decir la verdad que no continuar engañando a un sector tan importante como los artistas, los gestores culturales y los creadores. Por eso tomamos la decisión que tomamos”, concluyó Holguín.

El congresista republicano Mario Díaz-Balart vinculó al expresidente Gustavo Petro con la posibilidad de que su nombre surja en las pesquisas que adelanta el gobierno de los Estados Unidos contra Nicolás Maduro.

En medio de una entrevista concedida a Blu Radio, el legislador norteamericano sostuvo que los procesos contra el entorno del régimen venezolano podrían aportar datos sobre sus presuntas relaciones políticas y financieras fuera de Venezuela.

La advertencia de Díaz-Balart se centró en la eventual información que podrían aportar Maduro u otras personas vinculadas a su gobierno ante los tribunales de Estados Unidos. El representante afirmó que las pesquisas son profundas y que podrían revelar conexiones que aún no se conocen públicamente.

“No me sorprendería si el nombre de Petro surge en esa investigación. Esto son investigaciones muy serias, bajo el estado de derecho. Si sale, yo creo que eso sería bueno y no serían días positivos para el señor Petro en el futuro”, señaló el republicano al medio radial.

El legislador indicó que, según su conocimiento, los investigadores estadounidenses habrían hallado elementos que podrían resultar de interés, aunque no detalló cuáles serían esos hallazgos ni explicó si se relacionan de forma directa con el expresidente colombiano.

“Sabemos que el expresidente Petro tiene muchos problemas. Sabemos que está en la lista de Ofac. Uno no está en esa lista porque no le caes bien. Eso tiene que haber suficiente evidencia. Ha habido muchos reportes en la prensa a través de los años de la ayuda, la asistencia, la corrupción, o del narcotráfico o de grupos narcoterroristas, o hasta viniendo de los fondos de Venezuela hacia a ese individuo”, comentó Díaz-Balart.

El republicano habló de una investigación “muy seria” y “muy profunda” en torno a Maduro. También consideró que el avance del expediente podría dejar al descubierto información sobre presuntas redes de apoyo, corrupción, narcotráfico o financiamiento político vinculadas al antiguo gobierno venezolano.

El congresista abordó el tema después de una consulta sobre el empresario colombiano Alex Saab y la posibilidad de que personas detenidas o procesadas en Estados Unidos declaren sobre operaciones del régimen de Maduro en otros países.

En ese contexto, Díaz-Balart aseguró que Petro tendría “muchos problemas” y mencionó reportes de prensa acerca de supuestos contactos con organizaciones ilegales.

Sin embargo, el representante se abstuvo de dar información sobre una posible apertura oficial de una investgación contra el expresidente colombiano, aunque no cerró la puerta a la posibilidad.

“Por eso yo creo que el señor Petro tiene muchos contactos con grupos ilícitos, pero eso es algo que la justicia de los Estados Unidos tendrá que buscar y mirar en el futuro. Mientras tanto, obviamente yo seguiré luchando para mantener el proceso hacia elecciones en Venezuela. Y repito también otra cosa que he dicho en múltiples ocasiones: el pueblo de Colombia se salvó, salvó a la patria, a su país en esas últimas elecciones”, señaló.

El congresista añadió que cualquier eventual responsabilidad debe ser establecida por las autoridades judiciales. “Eso solamente el futuro lo podremos determinar”, manifestó al ser consultado por las consecuencias que podrían tener las investigaciones estadounidenses.

Díaz-Balart también afirmó que Petro figura en la lista Ofac. El legislador sostuvo que una inclusión de ese tipo exigiría elementos suficientes, aunque no presentó información adicional durante la conversación.

El representante republicano mencionó, además, versiones de prensa sobre presuntos vínculos de Petro con grupos guerrilleros, narcotraficantes y otros actores ilícitos. También aludió a supuestos problemas de adicción.

“Pero que es un individuo con muchos problemas, eso todos lo sabemos, pero yo felicito al noble pueblo de Colombia por salvar su patria. Y por cierto, Colombia es la estrella de este hemisferio y vemos el impacto que ya ha tenido a través de todo el hemisferio en este poco tiempo, con el nuevo presidente, el Tigre, que ha demostrado ser una persona de una capacidad realmente impresionante”, concluyó el republicano en Blu Radio.

En medio de las investigaciones que adelantan las autoridades judiciales y de seguridad del país contra las economías ilícitas, en la mañana del lunes 21 de septiembre el Ejército Nacional entregó detalles del operativo adelantado de forma simultánea en Bogotá y Cundinamarca que dejó decenas de bienes intervenidos y bajo proceso de extinción de dominio.

Según las autoridades, las propiedades estarían al servicio de una presunta organización criminal transnacional que, entre otras, se habría apoderado de varios establecimientos de las marcas Koaj y Lili Pink que fueron alcanzadas por las medidas cautelares.

La operación incluyó inmuebles urbanos y rurales que, según las autoridades, podrían tener relación con recursos obtenidos mediante lavado de activos, enriquecimiento ilícito y contrabando. La decisión no define aún la propiedad definitiva de los bienes: los afectados podrán controvertirla dentro del proceso judicial.

La Décima Tercera Brigada del Ejército informó que el operativo se realizó con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Las autoridades impusieron embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 38 propiedades avaluadas en más de 379.000 millones de pesos. La medida impide que los predios sean vendidos, transferidos o dispuestos mientras la investigación sigue su curso.

El conjunto de bienes incluye fincas, apartamentos, bodegas, parqueaderos y locales comerciales. Los investigadores buscan establecer si fueron adquiridos con recursos ilícitos o si guardan vínculo con las actividades bajo indagación.

El brigadier general William Fernando Caicedo Benavidez, comandante de la Décimo Tercera Brigada del Ejército Nacional, indicó que 21 de los inmuebles intervenidos se encuentran en Bogotá.

La mayoría de esas propiedades está situada en los sectores de Unicentro y Toberín. En esa zona quedaron cobijados locales comerciales vinculados a Koaj y Lili Pink. Los otros 17 predios están ubicados en Tabio, Tenjo, Funza y La Calera. Se trata de inmuebles rurales sobre los que también recayeron restricciones cautelares.

La Fiscalía ya investigaba a Lili Pink por presunto contrabando y lavado

La nueva intervención se relaciona con una investigación previa de la Fiscalía General de la Nación contra la cadena de ropa femenina Lili Pink por presunto contrabando y lavado de activos.

El 16 de septiembre, el ente acusador anunció medidas cautelares sobre 45 bienes valorados en más de 184.615 millones de pesos. Esas propiedades estaban repartidas entre Bogotá y seis departamentos.

El paquete incluyó 17 inmuebles rurales y 28 urbanos. Los bienes se ubicaban en Bogotá, Funza, La Calera, Tenjo, Cartagena, Pereira, Ibagué y Cali.

La Fiscalía hizo pública la investigación el 27 de abril, cuando las autoridades intervinieron más de 400 tiendas que comercializaban la marca. Durante ese operativo también capturaron a varias personas.

Entre los procesados figura el abogado Walter Martínez Martínez, a quien imputaron los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y contrabando. El acusado no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

Según el ente investigador, la presunta estructura habría empleado importadoras, comercializadoras y sociedades de papel. El objetivo habría sido ingresar al país prendas de vestir, juguetes y cosméticos para luego distribuirlos con apariencia de legalidad.

La investigación examina operaciones por más de 730.000 millones de pesos

La Fiscalía calcula que el entramado investigado estaría vinculado con operaciones de lavado de activos por más de 730.000 millones de pesos. El expediente también contempla un presunto enriquecimiento ilícito superior a 430.000 millones y operaciones de contrabando por más de 75.000 millones.

Esas cifras forman parte de la hipótesis de investigación de la Fiscalía. La justicia deberá determinar las responsabilidades individuales y empresariales que correspondan.

La SAE asumirá la administración de los inmuebles ocupados durante el trámite judicial. Al final del proceso, las propiedades podrían regresar a sus titulares o pasar de forma definitiva a manos del Estado.

Los propietarios, poseedores y demás personas afectadas podrán presentar argumentos y controvertir las medidas cautelares. La Fiscalía deberá demostrar el origen ilícito de los recursos o el nexo de los bienes con las actividades investigadas.

Osma fue encontrada al interior de un apartamento de renta corta justo. La joven de 29 años se hospedaba con otra mujer colombiana en un inmueble ubicado en la colonia Tabacalera, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc. Ambas habían alquilado el lugar días antes por medio de una plataforma digital

Sin embargo, el caso tomó un nuevo rumbo después de que fuentes de seguridad consultadas por Azteca Noticias señalaran que la autopsia apuntaría a una intoxicación por monóxido de carbono y no a alimentos contaminados. Las autoridades mexicanas aún investigan y revisan el edificio donde estaba el alojamiento.

El 15 de septiembre, las dos jóvenes salieron a recorrer una zona turística de la capital mexicana. Esa noche regresaron al departamento que compartían. Según las indagaciones preliminares, después de volver al inmueble ambas comenzaron a sentir malestar y tuvieron vómitos. Al día siguiente, la amiga de Osma ingresó a la habitación y la encontró sobre una cama, sin signos vitales.

Los equipos de emergencia acudieron tras recibir el aviso e iniciaron las diligencias en el lugar. Los investigadores verificaron que las pertenencias de la joven permanecían dentro del departamento, por lo que descartaron la hipótesis de un robo.

La hipótesis inicial apuntaba a comida contaminada

Durante las primeras horas de la investigación circuló la posibilidad de que las dos colombianas hubieran consumido comida japonesa contaminada en un centro comercial.

Esa teoría planteaba que una intoxicación alimentaria había provocado el fallecimiento de Osma. El malestar físico y los vómitos que presentaron las mujeres alimentaron inicialmente esa versión.

No obstante, la información conocida después modificó el foco de la pesquisa. Las fuentes de seguridad citadas por Azteca Noticias indicaron que la muerte no estaría vinculada con los alimentos consumidos antes de regresar al apartamento.

La línea que ahora concentra la atención de los investigadores es una posible intoxicación por monóxido de carbono. Esa hipótesis habría surgido a partir del resultado de la autopsia, de acuerdo con el medio mexicano.

La exposición a ese gas puede causar dolor de cabeza, mareos, debilidad, dolor en el pecho, náuseas, vómitos, confusión y dificultades para pensar.

Las autoridades mexicanas mantienen abierta la indagación. La revisión del edificio busca establecer si existieron condiciones que pudieran haber expuesto a las jóvenes al monóxido de carbono dentro del apartamento.

Los efectos de inhalar monóxido de carbono

La inhalación de monóxido de carbono puede privar de oxígeno al cerebro, al corazón y a otros órganos, con efectos que van desde dolor de cabeza y náuseas hasta pérdida de conocimiento, arritmias, lesiones neurológicas y muerte.

El gas no tiene color ni olor y suele liberarse por una combustión incompleta en estufas, calefones, hornos, braseros, generadores eléctricos y vehículos encendidos en espacios cerrados. Al ingresar por los pulmones, se une a la hemoglobina de la sangre y reduce el transporte de oxígeno hacia los tejidos.

Los primeros síntomas de una intoxicación por monóxido de carbono suelen ser dolor de cabeza, mareos, debilidad, somnolencia, náuseas, vómitos y confusión. Como esas señales pueden confundirse con una gripe, un cuadro digestivo o cansancio, la exposición puede pasar inadvertida.

Cuando la concentración inhalada es alta o el contacto se prolonga, la persona puede sufrir falta de aire, dolor en el pecho, alteraciones de la memoria, desorientación, desmayos, convulsiones, coma y paro cardiorrespiratorio. La lesión cardíaca y la falta de oxígeno en el cerebro pueden dejar secuelas, incluso después de que la víctima abandone el ambiente contaminado.

Algunas personas desarrollan problemas neurológicos tardíos, como dificultades de concentración, pérdida de memoria, cambios de conducta, trastornos del equilibrio o alteraciones del habla. El riesgo aumenta en niños, adultos mayores, embarazadas y pacientes con enfermedades cardíacas o respiratorias.

Ante la sospecha de intoxicación, se debe salir de inmediato al aire libre, no reingresar al lugar y pedir asistencia médica de urgencia. El tratamiento incluye la administración de oxígeno y, en cuadros graves, puede requerir oxigenoterapia hiperbárica. No se debe esperar a que los síntomas empeoren, porque el daño orgánico puede progresar con rapidez.

El expresidente Gustavo Petro emprenderá un nuevo viaje internacional apenas semanas después de su salida a México, pero esta vez llegará hasta el viejo continente con el beneplácito del Congreso de la República.

Y es que el Legislativo aprobó en agosto de 2026 que el exmandatario pueda desplazarse a otros Estados siempre y cuando informe las fechas y los motivos de sus viajes.

Según señaló el expresidente, su viaje iniciará el martes 22 de septiembre hacia la ciudad de Cannes, en la rivera francesa, para hacer parte de la ceremonia de premiacion de los Cannes Corporate Media & TV Awards 2026, que se adelantarán entre el 23 y 24 de septiembre.

“Hoy reuniones fundamentales en el Pacto Histórico. Mañana partimos a Cannes a recibir el premio mundial por el mejor audiovisual de un país para turismo”, comentó el exjefe de Estado en su cuenta de X.

El expresidente sacó pecho por su campaña publicitaria Descubre la diversidad de Colombia, el país de la belleza que, según imágenes publicadas por él mismo, obtuvo el primer lugar de los premios internacionales.

“Sobrepasamos a Suecia y Suiza y quedamos en el primer lugar con la campaña “Colombia el país de la belleza”, la frase es creación mía, y la empresa de audivisuales que hizo la campaña se llama Tornus", comentó Petro.

El exmandatario aseguró que su estrategia para atraer el turismo internacional logró cifras no antes vistas en el país, lo que habría generado varios millones de dólares en ganancias.

“Me acompaña la exministra de industria y turismo, Daniela Morales. Logramos traer 25 millones de turistas que dejaron USD $ 37.000 millones, más que el carbón y el café, en camino a la descarbonización de la economía y el reemplazo de hidrocarburos en nuestra estructura económica”, concluyó el exmandatario.

La campaña turística promovida por el gobierno anterio ya suma varios reconocimientos internacionales, entre ellos el galardón otorgado por el Festival de Cine y Televisión de Nueva York en mayo de 2026.

El premio distinguió a la iniciativa como una pieza de storytelling de clase mundial. La estrategia busca mostrar la diversidad del país y sus riquezas naturales y culturales ante viajeros nacionales e internacionales.

La campaña obtuvo el premio en Nueva York mientras Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado de origen de visitantes no residentes hacia Colombia durante el primer trimestre de 2026. México, Perú, Ecuador y Chile completaron el grupo de los cinco mercados emisores con mayor presencia.

La estrategia también recibió el Premio India Catalina en la categoría de Mejor edición de no ficción. También logró el Gran Prix y el Oro a Mejor Producción Turística del Mundo en el Japan World’s Tourism Film Festival.

Es el tercer viaje internacional de Gustavo Petro desde que dejó la Presidencia

Con su salida hacia Francia, Gustavo Petro completaría su tercer viaje internacional en mes y medio tras su salida del Gobierno nacional. Apenas el sábado 12 de septiembre, el expresidente llegó a Ostende, Bélgica, para participar de ManiFiesta 2026, un festival anual del Partido del Trabajo de Bélgica (PTB/Pvda), donde habló sobre el fascismo y la posición de Estados Unidos frente a ese fenómeno.

La localidad portuaria está situada en la costa de Flandes Occidental y fue elegida como primera escala europea de una gira que también contempló Madrid, en España, y Estrasburgo, en Francia.

El viaje a Bélgica sucede a su visita a la Ciudad de México, realizada entre el 30 de agosto y el 2 de septiembre. Durante esa estadía presentó un libro sobre economía política de la crisis climática y participó en una conferencia académica en la Universidad Nacional Autónoma de México.

En México se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum y entrevistó a Correa. Ambos abordaron la necesidad de ampliar la comunicación entre sectores progresistas de América Latina y de impulsar una alianza contra el narcotráfico, mientras el exmandatario ecuatoriano continúa fuera de su país por sus procesos judiciales.

Pacientes de turismo odontológico de varios países denuncian que el odontólogo Andrés Felipe Libreros presuntamente los atrajo a Cali con diseños de sonrisa a menor precio y luego, según sus testimonios, habría elevado los cobros tras advertirles supuestas infecciones, pérdida ósea o riesgo de cáncer, además de ofrecer procedimientos como “hueso líquido”.

En una investigación adelantada por la revista Cambio y Univisión Investiga, los denunciantes aseguran que Libreros habría captado clientes con paquetes odontológicos para extranjeros y luego los sometió, según sus relatos, a diagnósticos alarmantes, tratamientos adicionales y promesas de devolución que no se cumplieron.

Entre los reclamos figuran cobros mucho mayores a los pactados, procedimientos cuestionados dentro y fuera del consultorio y procesos ante la Fiscalía, el Tribunal de Ética Odontológica del Valle del Cauca y un juzgado civil de Cali.

Varios testimonios describen un mismo patrón. Los pacientes dicen que llegaron por ofertas de diseño de sonrisa por unos 4.500 dólares, con alojamiento y transporte incluidos, frente a tratamientos que en Florida podían costar hasta 35.000 dólares.

Después de llegar a Cali, varios aseguran que recibieron advertencias sobre enfermedades que desconocían. Según sus relatos, esas alertas desembocaron en nuevos procedimientos, pagos adicionales y supuestas promesas de seguros, ayudas o reembolsos que nunca se concretaron.

Uno de los testimonios fue el de Gabriel Terra, electricista residente en Charlotte, Carolina del Norte, que llegó a Cali el 27 de enero con 4.500 dólares para un diseño de sonrisa.

El extranjero contó a los medios citados que, tras una radiografía, Libreros le dijo que tenía una infección que destruía hueso del paladar y la mandíbula y que, si no se trataba de urgencia, podía desarrollar cáncer.

Terra asegura que el tratamiento pasó a incluir 23 dientes, la supuesta eliminación de la infección y una inyección de “hueso líquido”. Dice que el costo subió otros 7.600 dólares y que, cuando respondió “No, doctor, es que no tengo dinero”, el odontólogo le habría ofrecido usar la tarjeta de crédito con la promesa de devolverle el cargo.

El paciente afirma que ese reembolso nunca llegó y que terminó pagando 20.200 dólares. “Yo no tenía forma de agradecerle”, recordó sobre el momento en que creyó que recibiría ayuda para cubrir el procedimiento.

Jacqueline Patoka, una uruguaya vinculada al mundo del espectáculo, también dice que llegó por redes sociales. Según su relato, pagó 11.500 dólares por “hueso líquido” después de que le aseguraran que un seguro cubriría el procedimiento y que luego recibiría el dinero de vuelta.

Patoka afirma que dejó el tratamiento y que la devolución nunca se hizo. También asegura que le ofrecieron un aparato de 30.000 dólares para tratar un supuesto cáncer y que le explicaron que el procedimiento requería tubos por vía vaginal o anal. “Supuestamente, era para algo de ozonoterapia, que me iba a curar”, señaló la Mujer a Cambio y Univisión.

Por su parte, Lina Guerrero, otra de las presuntas afectadas, sostiene que acudió por una muela rota y terminó recibiendo un supuesto resultado de biopsia en papel membretado de la Fundación Valle del Lili. Según su testimonio, después le hablaron de la posibilidad de perder todos los dientes, de un riesgo de cáncer y de nuevos tratamientos inyectados.

Guerrero dice que pagó cerca de 70 millones de pesos y que, tras una extracción, quedó con otra pieza dañada. “No puedo comer por el lado izquierdo”, contó, y agregó que más tarde le reclamó al odontólogo: “Andrés, dime de dónde me salieron tantas enfermedades”, señaló la mujer.

Procedimientos cuestionados dentro y fuera del consultorio

Las denuncias no se limitan a los tratamientos dentales. Terra relata que, después de las inyecciones de “hueso líquido”, Libreros le habría informado que necesitaba vitaminas por vía intravenosa y que durante ese procedimiento sintió que iba a desmayarse.

Según su versión, más tarde encontró información que presuntamente vinculaba a una de las mujeres que lo atendieron con un establecimiento de atención a mascotas. Asegura que pidió explicaciones y no obtuvo respuesta.

Daniela Petit describe otra atención fuera del consultorio odontológico. Dice que Libreros la habría llevado a un espacio del mismo pasillo donde una mujer a la que identificó como “doctora holística” le aplicó plasma en las encías y un cóctel intravenoso de vitaminas.

Los reclamos también alcanzan a proveedores y colaboradores. Diana Falla, ceramista dental, asegura que trabajó un fin de semana para terminar dos restauraciones destinadas a una pareja de pacientes y que quedó esperando alrededor de 10 millones de pesos.

Falla dice que, tras la entrega, recibió excusas sobre problemas personales y del edificio donde funcionaba el consultorio. Añade que en la recepción le dijeron que el lugar seguía operando y que otras personas también habían ido a cobrar.

Por su parte, el implantólogo Jefferson Carrero sostiene que hizo trabajos para varios pacientes y que en un caso colocó seis implantes, pero solo le pagaron cuatro. “Sabe más de marketing que de odontología”, afirmó el profesional a los dos medios al describir a Libreros.

En el frente judicial, varios pacientes denunciaron a Libreros ante la Fiscalía, mientras otros presentaron reclamos civiles y quejas éticas. El 26 de mayo de 2026 la Fiscalía recibió una denuncia colectiva de ocho pacientes, y Hiomary Alzate radicó otra denuncia penal por su caso.

Entretanto, Andrés Felipe Libreros no ha entregado su versión de los hechos, mientras que los afectados demandan graves afectaciones emocionales y físicas tras las presuntas intervenciones odontológicas.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, respaldó en la mañana del domingo 20 de septiembre la decisión del Gobierno nacional de revisar la permanencia de personas privadas de la libertad en casas fiscales, guarniciones militares y estaciones de Policía. La funcionaria sostuvo que la medida refuerza la igualdad ante la ley y el cumplimiento de las reglas de reclusión.

A través de su cuenta de X, la defensora del Pueblo afirmó que los traslados dispuestos por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella deben servir para eliminar tratos diferenciados y sostener el respeto por la justicia dentro del sistema penitenciario.

“En los últimos días, el Gobierno Nacional, por instrucción del Presidente de la República, dispuso el traslado de personas privadas de la libertad que permanecían en casas fiscales y guarniciones militares”, señaló Marín.

Esta medida administrativa reafirma que nadie está por encima de la ley, garantiza el cumplimiento de los reglamentos de reclusión y fortalece los principios de transparencia e igualdad en el sistema penitenciario.

La posición de Iris Marín respalda la revisión ordenada por el Gobierno sobre presos que permanecen en instalaciones de la fuerza pública. La medida prevé trasladar a quienes no tengan fundamento legal para estar allí, aunque la Defensoría del Pueblo mantendrá su deber de vigilar que se respeten integralmente los derechos humanos de todos los reclusos.

Marín agregó que la entidad seguirá acompañando a las personas privadas de la libertad desde sus funciones constitucionales. Ese seguimiento, explicó, deberá desarrollarse bajo un “estricto respeto por la acción de la justicia”.

“Seguiremos acompañando, desde nuestras funciones constitucionales de velar por los derechos humanos, a todas las personas privadas de la libertad para que sus derechos sean respetados integralmente en un marco de estricto respeto por la acción de la justicia”, concluyó la defensora.

La instrucción presidencial se conoció durante el séptimo punto de una alocución del 13 de septiembre dedicada al fin de los privilegios para personas condenadas por corrupción. De la Espriella dijo que los traslados deberán ejecutarse conforme a la ley.

“He ordenado revisar y proceder conforme a la ley y sin privilegios ni contemplaciones al traslado de quienes se encuentran privados de la libertad en guarniciones militares o estaciones de Policía, sin cumplir las condiciones legales para permanecer allí”, afirmó el mandatario.

La revisión contempla dos decisiones: verificar bajo qué condiciones están recluidos quienes permanecen en esas instalaciones y ordenar el cambio de lugar cuando no exista respaldo jurídico para que continúen allí.

El mandatario centró su mensaje en personas que, según expresó, aprovecharon cargos estatales para apropiarse de dineros públicos. Afirmó que esas conductas afectan a ciudadanos que dependen de servicios financiados con recursos oficiales.

El jefe de Estado también cuestionó la categoría de los llamados delincuentes de cuello blanco. “Los llamados delincuentes de cuello blanco no son delincuentes de una categoría superior”, manifestó.

De hecho, en un operativo realizado el miércoles 9 de septiembre se trasladó desde el Cespo de la Policía hacia La Picota a cuatro procesados y condenados. En la lista figuraban el exrepresentante Andrés Calle, el alcalde de Villa de Leyva Víctor Gamboa, el abogado Álex Vernot y el exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Emiro Rojas.

Calle es investigado por su presunta participación en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La Fiscalía busca establecer si recibió cerca de 1.000 millones de pesos o beneficios a cambio de favorecer al Gobierno en decisiones del Congreso.

Gamboa enfrenta una investigación por posibles irregularidades en trámites urbanísticos de Villa de Leyva. Las autoridades examinan una eventual intervención indebida en procesos administrativos relacionados con construcciones, proyectos o permisos.

Vernot cumple una condena de seis años por soborno en actuación penal dentro del caso Hyundai. La justicia concluyó que participó en una maniobra para ofrecer dinero a un testigo y lograr que dejara de colaborar con la Fiscalía.

Rojas fue condenado por torturas psicológicas contra la periodista Claudia Julieta Duque. El expediente se relaciona con actos de intimidación y hostigamiento atribuidos al antiguo organismo de inteligencia por las investigaciones de la comunicadora.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a dos mujeres por la presunta tortura y las lesiones contra un niño de siete años en Barranquilla y Soledad, Atlántico. Las procesadas son la madre del menor, Mileidys Nohemí Viloria Sanjuanelo, y su pareja, Sindy Patricia Santiago Echeverría.

El ente acusador solicitó que ambas permanezcan en un centro carcelario mientras avanza el proceso. El juez de control de garantías aplazó la decisión tras una petición de la defensa.

La investigación señala que el niño habría sido víctima de agresiones físicas y psicológicas durante un periodo comprendido entre 2024 y 2026. Los hechos habrían ocurrido en viviendas de los barrios Simón Bolívar, en Barranquilla, y Costa Hermosa, en Soledad.

La Fiscalía imputó a las dos mujeres los delitos de tortura agravada y lesiones personales agravadas. Ninguna aceptó los cargos durante las audiencias preliminares.

El caso se centra en la presunta violencia que sufrió el menor mientras permanecía al cuidado de las procesadas. La Fiscalía sostiene que los actos habrían causado lesiones corporales y afectaciones emocionales.

De acuerdo con la información conocida en la audiencia, las autoridades incorporaron un dictamen de Medicina Legal que otorgó al niño una incapacidad médico-legal de 25 días por las heridas en el rostro.

El informe también registró secuelas que, según la Fiscalía, incluyen una deformidad física permanente. Ese elemento hace parte de la evidencia que el ente acusador presentó ante el juez.

La investigación recoge declaraciones atribuidas al niño sobre episodios en los que habría recibido golpes con diferentes objetos. La Fiscalía indicó que esas agresiones le provocaron heridas en varias zonas del cuerpo.

Un familiar del menor también habló de lesiones que incluyen la pérdida de parte del labio superior y de varias uñas de las manos. Esos hechos continúan bajo verificación dentro de la investigación penal.

Las dos mujeres fueron detenidas mediante órdenes judiciales en el municipio de Soledad. El procedimiento estuvo a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía y el Ejército.

La Fiscalía vinculó las capturas con la hipótesis de que las agresiones ocurrieron durante el periodo en que el niño estuvo bajo el cuidado de la madre y de su pareja sentimental.

El expediente también incluye información sobre el traslado del menor desde Cartagena. Según el relato de un familiar, el niño vivía con su padre antes de que su madre lo llevara a Atlántico en 2024.

Tras ese cambio de residencia, los allegados habrían perdido el contacto con él durante un tiempo. La Fiscalía deberá establecer qué ocurrió durante ese periodo y cuál fue la eventual participación individual de cada procesada.

Actualmente, el niño está bajo el cuidado de su progenitor, según la información expuesta alrededor de las diligencias judiciales. La investigación busca determinar las circunstancias en que se produjeron las lesiones.

La decisión sobre la cárcel quedó aplazada para octubre

El representante de la Fiscalía pidió una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. El argumento principal fue la protección del niño y la necesidad de impedir nuevos acercamientos que puedan ponerlo en riesgo.

El ente acusador sostuvo que una restricción de la libertad permitiría reducir el peligro para la víctima mientras continúa el proceso. La solicitud aún no ha sido resuelta por el juez.

La defensa pidió suspender la audiencia para revisar todos los elementos materiales probatorios. Entre la información que busca conocer figura la historia clínica del menor.

El juez aceptó el aplazamiento para que las procesadas preparen su estrategia jurídica. La continuación de la diligencia fue fijada para el 5 de octubre de 2026 a las 4:00 p. m.

En esa audiencia, el juez analizará de nuevo la petición de la Fiscalía y decidirá si impone una medida de aseguramiento en prisión. Hasta que exista una sentencia, las dos mujeres mantienen su derecho a la defensa y la presunción de inocencia.

Las autoridades de Colombia y Estados unidos dieron un duro golpe a los falsificadores de modena después de que confirmaran el retiro de 517.730 dólares falsos y más de 350 millones de pesos colombianos adulterados que una red criminal producía y distribuía desde el Valle del Cauca hacia Bogotá.

La ofensiva, denominada Operación Victoria, reunió a la Dijín de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Servicio Secreto de Estados Unidos. Las autoridades identificaron una fábrica clandestina instalada en una vivienda de La Unión y un punto de acopio y comercialización en la capital.

El operativo se concentró en una casa de dos pisos del barrio El Amparo, donde aparentemente funcionaba una empresa de litografía. La intervención reveló que el lugar alojaba una estructura dedicada a fabricar divisas estadounidenses falsificadas.

La organización contaba con una línea de producción dividida por tareas: diseño de los billetes, impresión, acabados, almacenamiento de insumos y preparación del dinero para su distribución. La casa no operaba como un taller improvisado, sino como un centro destinado a sostener una producción continua de moneda falsa.

Durante el allanamiento, los investigadores encontraron una máquina litográfica industrial que, según las autoridades, permitía imprimir grandes volúmenes de billetes con detalles preparados para evadir controles visuales y detectores.

En el área de diseño, la Policía encontró un computador portátil con insumos digitales de diagramación. Ese material se utilizaba para reproducir elementos como las marcas de agua y los hilos de seguridad presentes en los dólares auténticos.

La red también disponía de dos impresoras láser para los acabados y la definición de los diseños. Los uniformados incautaron tintas especiales, productos químicos y matrices destinadas a mantener la apariencia del papel moneda.

En el inmueble de La Unión quedaron bajo custodia 251.720 dólares falsificados que estaban listos para ser empacados y enviados al mercado ilegal.

Las autoridades señalaron que la disponibilidad de esos materiales indicaba que la organización tenía acceso a proveedores especializados. El funcionamiento de la fábrica exigía una cadena estable de suministro, además de personal técnico y responsables de transporte.

Durante el procedimiento fueron detenidos cuatro presuntos integrantes de la estructura. Las autoridades identificaron a Hugo Chávez, alias Majinbu, como el supuesto cabecilla y articulador de la operación instalada en La Unión.

William Ibáñez habría cumplido funciones como operario técnico e impresor, con responsabilidades en la elaboración gráfica de las divisas fraudulentas. Jorge Ríos y Eduar Posso, de acuerdo con la investigación, estaban encargados de la logística, el acopio de los insumos y el traslado de los productos de la fábrica.

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en el centro carcelario de Tuluá contra alias Majinbu, Ríos y Posso. Ibáñez recibió detención domiciliaria en Cali.

Los procesados deberán responder por falsificación de moneda nacional o extranjera; tráfico, elaboración y tenencia de elementos para falsificar moneda; y concierto para delinquir.

El dinero producido en el Valle tenía un enlace de distribución en Bogotá

La investigación estableció que la estructura tenía una conexión en Bogotá para recibir el dinero producido en la fábrica y comercializarlo al por mayor.

En una operación simultánea, los agentes capturaron en el barrio El Rincón, en la localidad de Suba, a Omar Montes, alias Damián. Las autoridades lo señalaron como el principal enlace de acopio y venta de la moneda falsificada.

En poder del detenido fueron encontrados 266.010 dólares falsos y 350.950.000 pesos colombianos adulterados. También llevaba 500 dólares y 16,8 millones de pesos genuinos que, según la investigación, utilizaba como señuelo para engañar a sus víctimas.

Durante la diligencia, los uniformados incautaron además un uniforme de uso privativo del Ejército Nacional.

“Montes Deavila fue imputado por tráfico de moneda falsificada, tenencia de elementos para la falsificación de moneda y uso de uniformes e insignias de uso privativo de las Fuerzas Militares”, confirmó el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol.

El oficial añadió que contra alias Damián se dispuso una medida de aseguramiento en su lugar de residencia.

La reforma tributaria del alcalde Carlos Fernando Galán podría perder un bloque determinante en el Concejo de Bogotá si la administración no elimina varios artículos cuestionados por el Centro Democrático.

A través de una petición enviada al mandatario distrital, la bancada advirtió que su continuidad en el respaldo al proyecto depende de cambios durante el segundo debate en plenaria.

La eventual salida de los siete concejales de ese partido pondría en riesgo las mayorías de la coalición de gobierno, que requiere 23 votos. Según el planteamiento de la colectividad, la falta de respaldo también profundizaría los problemas de quórum decisorio que ya afectaron sesiones anteriores.

La posición del Centro Democrático implica que la iniciativa tributaria podría archivarse si el Distrito mantiene los aumentos del Impuesto de Industria y Comercio, conocido como ICA, y la sobretasa al predial para financiar el alumbrado público. El partido también pidió detener las vigencias futuras excepcionales que acompañan el proyecto.

Los concejales enviaron una carta formal al alcalde Carlos Fernando Galán para solicitar la supresión parcial o total de las disposiciones que, a su juicio, elevan las cargas para hogares, comerciantes y empresas de la capital.

“El bolsillo de los contribuyentes” y la actividad económica de Bogotá podrían verse afectados por varias de las medidas, sostuvieron por escrito los siete firmantes de la bancada, encabezados por el concejal Julián Uscátegui.

Uno de los principales reclamos se centra en la tarifa del ICA para el sector financiero. Aunque el texto aprobado en primer debate redujo la propuesta de 21 a una escala de 20x1.000 y 18x1.000, los cabildantes señalaron que el aumento seguiría por encima del 89% frente a la tarifa vigente de 11x1.000.

La bancada afirmó que ese cambio puede trasladarse a los costos de intermediación financiera y al acceso a créditos hipotecarios. En su lectura, el efecto alcanzaría a los hogares que buscan vivienda, a la construcción, a los emprendedores y al sector productivo.

Los concejales también alertaron sobre una posible pérdida de competitividad para Bogotá frente a municipios con menores cargas tributarias. Según su argumento, algunas entidades podrían descentralizar o trasladar operaciones hacia otras jurisdicciones.

Automotores, seguros y bares, entre los afectados

El documento incluyó reparos frente al incremento del ICA para la actividad automotriz. La propuesta mantuvo una diferenciación para los vehículos híbridos, con una tarifa de 10x1.000, y para los eléctricos, con una de 8x1.000.

La preocupación de la bancada se concentra en la comercialización de vehículos convencionales, repuestos y servicios de mantenimiento, que quedarían gravados con una tarifa de 11x1.000.

El comercio y la reparación de vehículos representaron el 34% del ICA calculado en 2025, generaron 18.758 empleos y registraron 26,4 billones en ventas en Bogotá, de acuerdo con las cifras citadas por los concejales.

La carta añadió que los vehículos aportaron cerca de 1,5 billones al recaudo distrital durante 2025. Para los firmantes, un aumento de tarifas en ese rubro podría terminar en mayores costos para los consumidores y afectar la competencia del sector.

El Centro Democrático también cuestionó el eventual impacto sobre seguros de salud, vida y patrimonio. La bancada consideró que el mayor costo tributario para el sector financiero puede encarecer las pólizas y desestimular su contratación.

En cuanto a los bares, gastrobares y establecimientos que venden bebidas alcohólicas, la tarifa planteada bajó de 21 a 19x1.000 durante el primer debate. Aun así, los concejales sostuvieron que una parte de los ingresos de esos negocios podría quedar sujeta a una carga superior a la actual.

“De mantenerse esta posibilidad, el incremento de la carga tributaria podría alcanzar aproximadamente el 37,7 % frente a la tarifa vigente de 13,8 por mil, afectando los costos de operación, la competitividad, la formalidad y la sostenibilidad de un sector que genera actividad económica y empleo en la ciudad”, señalaron los cabildantes del Centro Democrático.

La bancada cuestionó el uso de recursos para el alumbrado público

La carta también objetó la sobretasa al impuesto predial que financiaría intervenciones de alumbrado público. Los concejales señalaron que la infraestructura del Distrito representa menos del 4% de las luminarias, mientras el plan contempla intervenir cerca del 13% de las que pertenecen a Enel Colombia.

Los firmantes pidieron precisiones sobre la destinación de los recursos y sobre la propiedad futura de los activos que se financien. A su juicio, el proyecto no incorpora una cláusula de reversión que garantice que las luminarias adquiridas con dinero público queden en manos del Distrito.

La bancada sostuvo que los predios comerciales aportarían alrededor del 60% del recaudo de la sobretasa, una cifra equivalente a 241.000 millones. Los predios dotacionales asumirían el 7%, los industriales el 5%, los lotes el 2% y el sector financiero cerca del 1,2%.

El documento calcula que 338.766 de los 342.316 predios comerciales, industriales, financieros y dotacionales pagarían el gravamen. Para el Centro Democrático, esa distribución concentra el efecto de la medida sobre el sector productivo.

Los concejales también plantearon que la sobretasa se calcularía sobre el avalúo catastral y no sobre los ingresos de los propietarios. La carta menciona el caso de hogares de estratos 4, 5 y 6 que pueden tener inmuebles valorizados sin contar con una capacidad económica proporcional.

Las vigencias futuras hasta 2036 son otro punto de conflicto

Otro de los asuntos que la bancada pidió excluir del proyecto son las vigencias futuras excepcionales por 5,08 billones de pesos. Los concejales advirtieron que esa decisión comprometería el presupuesto distrital hasta 2036.

Para los firmantes, esa fórmula limitaría el margen de decisión de las próximas administraciones sin una justificación clara sobre la ejecución actual de los recursos.

La carta fue suscrita por Julián Uscátegui, Andrés Barrios, Sandra Forero, Óscar Jaime Ramírez, Humberto Amín, Diana Diago y Andrea Hernández. Los siete solicitaron que la Administración elimine los artículos cuestionados antes de la votación en plenaria.

Si no hay modificaciones, el partido podría retirar su apoyo a la iniciativa. De acuerdo con el planteamiento de la bancada, el archivo del proyecto dejaría a la Alcaldía Mayor sin el recaudo adicional de 1,2 billones de pesos anuales que proyectaba obtener desde 2027.

Momentos de pánico se vivieron en las inmediaciones del Departamento de Policía de Antioquia, en la ciudad de Medellín, después de que escuchara una fuerte detonación al interior de la sede castrense.

Según las primeras versiones, a primera hora del domingo 20 de septiembre de 2026, los habitantes del barrio El Volador escucharon una seguidilla de explosiones que provenían del comando policial, lo que obligó a organismos de emergencia y tránsito a activar los protocolos de contingencia.

El incidente ocurrió en una de las bodegas destinadas para las actividades propias del Grupo Antiexplosivos de la institución y, pese a la fuerza de la explosión que desató un incendio en las instalaciones, la emergencia no dejó uniformados ni civiles afectados, según la información oficial difundida por el Departamento de Policía de Antioquia.

Sin embargo, el paso peatonal y vehicular fue restringido para facilitar las labores de control de incendios y adelantar las investigaciones pertinentes.

En un comunicado oficial, la Policía activó sus protocolos de seguridad apenas se conoció la situación. El Cuerpo Oficial de Bomberos también se trasladó hasta las instalaciones para atender la emergencia.

“Se adelantan las labores de inspección y verificación correspondientes con el fin de establecer las circunstancias que dieron origen a la situación”, señaló la institución.

Asimismo, el coronel Luis Muñoz, comandante de la policía en ese departamento, señaló en diálogo con Blu Radio que, de momento, todo apuntaría a una falla en el sistema eléctrico de las instalaciones y quedaría descartada la hipótesis de un atentado contra la fuerza pública.

“Tienen los protocolos de evacuación y demás para evitar alguna novedad con el personal. Al momento están acordonando con Bomberos. Pero es un tema de de cortocircuito interno, descartado un atentado”, señaló el oficial al medio radial.

Hay alerta por atentados a estaciones de policía: una explosión dejó un policía herido en Guapi, Cauca

Y es que la detonación en Medellín ocurrió horas después del ataque con explosivos contra la estación de Policía de Guapi, Cauca, lo que obligó a la suspensión inmediata las actividades sociales y culturales previstas para el domingo 20 de septiembre.

El hecho dejó herido al patrullero Camilo de Jesús Mendoza Vuelvas, quien recibió atención inicial de sus compañeros dentro de la estación. La agresión aumentó la preocupación de los habitantes de esta localidad de la costa Pacífica.

De acuerdo con la información entregada por líderes sociales de Guapi, el artefacto explosivo habría sido lanzado contra los uniformados que permanecían en la estación hacia las 4:00 p. m. del sábado 19 de septiembre.

Los policías reaccionaron ante la agresión y adoptaron medidas de seguridad ante la posibilidad de un nuevo ataque. Mientras tanto, el patrullero herido permaneció bajo atención dentro de las instalaciones.

“Los mismos compañeros le brindaron los primeros auxilios al uniformado”, señalaron los líderes sociales en diálogo con El País. También indicaron que esa atención ocurrió en el interior de la estación, mientras los agentes respondían a la situación.

Las autoridades y los representantes de la comunidad recomendaron detener varias actividades programadas en diferentes puntos de Guapi. La decisión afectó eventos sociales y culturales que estaban previstos para esta jornada.

Asimismo, iniciaron labores para determinar las circunstancias del atentado, identificar a los responsables y establecer qué tipo de explosivo fue utilizado contra la estación de Policía.

Guapi está ubicado en un territorio donde las autoridades han advertido sobre la presencia y actividad de estructuras armadas ilegales. En la zona tienen injerencia el Frente 30 Rafael Aguilera y la estructura Jaime Martínez, ambos relacionados con las disidencias de las Farc.

La investigación deberá esclarecer si alguna de esas estructuras tuvo relación con el ataque o si detrás del hecho actuaron otros responsables. Por ahora, las autoridades concentran sus acciones en reunir información sobre lo ocurrido.

En medio de la polémica generada por el presidente Abelardo de la Espriella al anunciar un protocolo para que la fuerza pública ingrese a las universidades a la fuerza, en caso de presentarse desmanes o actos violentos, en la mañana del domingo 20 de septiembre la Defensoría del Pueblo hizo un duro llamado al Gobierno nacional.

El ente de control pidió límites estrictos para cualquier ingreso de las autoridades a los centros de educación superior públicos que impidan posibles excesos de fuerza o retenciones irregulares.

En un comunicado, el organismo sostuvo que la protección del orden público debe coexistir con la autonomía universitaria, el derecho a la protesta pacífica y las garantías fundamentales de estudiantes, docentes, trabajadores y demás integrantes de la comunidad académica.

“Por tanto, existen circunstancias excepcionales en las cuales la Fuerza Pública puede intervenir al interior de una universidad. La flagrancia es una de ellas y, en estos casos, no se requiere como regla general autorización previa de las autoridades universitarias. Sin embargo, ninguna circunstancia habilita actuaciones ilimitadas: toda intervención debe tener un fundamento jurídico concreto y respetar estrictamente los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y diferenciación”, señaló la Defensoría.

Además, la entidad explicó que la autonomía universitaria está reconocida por el artículo 69 de la Constitución Política. Esta garantía permite que las instituciones de educación superior se autodirijan, se autorregulen y preserven la libertad académica sin interferencias indebidas.

La Defensoría también advirtió que la protesta pacífica no justifica el ingreso policial a los campus. Las asambleas estudiantiles, la deliberación académica y las expresiones de disenso político forman parte de los derechos de reunión, manifestación y libertad de expresión de la comunidad universitaria.

El organismo pidió evitar interpretaciones amplias que asocien la inconformidad social con delitos o violencia. Si algunas personas cometen actos violentos, la respuesta estatal debe concentrarse en esas conductas y no extenderse a quienes ejercen de manera pacífica sus derechos.

“La historia de nuestro país exige especial cuidado frente a las intervenciones de la Fuerza Pública en escenarios universitarios. Proteger la autonomía universitaria no significa tolerar delitos; garantizar el orden público tampoco puede significar restringir indebidamente la protesta, la libertad de expresión, la libertad académica o los demás derechos fundamentales”, concluyó la entidad.

El presidente Abelardo de la Espriella había anunciado el domingo 13 de septiembre la creación de un protocolo nacional para definir cuándo las autoridades pueden actuar en las universidades.

Durante su alocución, el mandatario afirmó que el Estado respetará y garantizará las movilizaciones pacíficas que se desarrollen dentro de la ley. También señaló que enfrentará los hechos de vandalismo y los ataques contra la fuerza pública o la población civil.

“He dado instrucciones claras para establecer un protocolo nacional de actuación que permita distinguir cuándo estamos frente al ejercicio legítimo de la protesta y cuándo existen hechos de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público que exigen, sin lugar a dudas, la intervención de las autoridades”, dijo De la Espriella.

El presidente sostuvo que la autonomía universitaria no está en discusión. Afirmó, de todos modos, que las instituciones educativas no pueden ser territorios sustraídos de la Constitución, la ley o la autoridad legítima del Estado.

La propuesta gubernamental contempla que la Policía Nacional sea la primera autoridad operativa ante este tipo de situaciones. De la Espriella señaló que podrá actuar cuando desde los campus se preparen hechos vandálicos o terroristas.

El jefe de Estado afirmó que las universidades deben garantizar espacios para estudiar, debatir y protestar pacíficamente. Su advertencia estuvo dirigida a quienes, según dijo, busquen utilizar las instalaciones académicas para organizar ataques, almacenar elementos destinados a la violencia o agredir a ciudadanos y miembros de la fuerza pública.

“A quienes pretendan utilizar una universidad para preparar ataques terroristas, almacenar elementos destinados a la violencia, agredir ciudadanos o a miembros de la fuerza pública, les digo con absoluta claridad, la autonomía universitaria no es una patente de impunidad”, afirmó De la Espriella.

Como suele ocurrir en cada segundo semestre de cada año, los legisladores del país deben presentar el documento de la declaración de sus patrimonios, además del conflicto de interés que pueda tener según sus actividades independientes.

De hecho, las fortunas de los senadores del periodo 2026-2030 muestran patrimonios de miles de millones de pesos, ingresos que superan el salario legislativo y un bajo nivel de cumplimiento en la publicación de declaraciones oficiales.

Sin embargo, para 2026, de los 103 integrantes del Senado de Colombia, solo cinco habían completado ese requisito en el portal de Función Pública, según un reciente análisis adelantado por la revista Cambio.

Las declaraciones patrimoniales de los senadores del periodo 2026-2030 muestran bienes rurales y urbanos, sociedades, inversiones, ingresos por fuera del Congreso y reportes sobre posibles conflictos de interés familiares. La revisión se basó en la declaración disponible más reciente de cada senador, ya que solo cinco habían cumplido con la obligación de publicar esa información en el portal oficial.

La Ley 2013 de 2019 obliga a los servidores públicos elegidos por voto popular a declarar bienes, rentas y posibles conflictos de interés. Ante la falta de registros completos, el análisis tomó como base la declaración más reciente disponible de cada senador.

El salario bruto de un senador ronda los 55 millones de pesos mensuales, cerca de 660 millones al año. Aun así, algunos de los hoy congresistas invirtieron más de 1.200 millones de pesos en sus campañas legislativas de marzo pasado.

Los senadores con mayor patrimonio declarado

John Moisés Besaile, senador del Partido de la U, encabeza el listado con un patrimonio líquido de 7.182 millones de pesos. Su declaración incluye cinco terrenos en Sahagún, Córdoba, por 1.255 millones y semovientes con valor comercial de 1.458 millones.

Besaile también fue el senador que más recursos destinó a su campaña, con 1.289 millones reportados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). En 2024 declaró ingresos por 4.000 millones, de los cuales apenas el 15% correspondió a su labor como legislador.

Enrique Gómez, director de Salvación Nacional, aparece después con un patrimonio líquido de 5.184 millones de pesos. En su declaración registró 11 bienes muebles y seis inmuebles por $8.282 millones, además de nueve cuentas de ahorro: una en Estados Unidos con $15,2 millones y ocho en Colombia que suman cerca de $35 millones.

Gómez reportó además siete deudas vigentes por cerca de $1.188 millones. En el último año declaró ingresos por $620,7 millones y solo $19 millones correspondieron a salarios.

Juan Carlos Garcés, del Partido de la U, declaró un patrimonio líquido de 4.159 millones de pesos. Su reporte incluye cuatro inmuebles: uno en Bogotá por $898 millones y tres en Cali por más de $1.562 millones en conjunto.

Garcés informó además $1.210 millones en gastos de campaña. Esa cifra superó en casi un 40% los ingresos que declaró en 2025, de $768,6 millones, respectivamente.

Marcos Daniel Pineda, del Partido Conservador, figura como el de mayor patrimonio en su colectividad con un patrimonio líquido de $3.059 millones. En 2024 reportó ingresos por $1.187 millones, de los cuales $401 millones fueron salarios, $248 millones en gastos de representación y $488 millones en otros ingresos y rentas.

Su declaración registra seis bienes muebles y dos inmuebles, todos en Montería (norte de Colombia). El valor conjunto de esos ocho bienes supera los 2.880 millones de pesos, según el análisis de Cambio.

Josué Alirio Barrera, senador del Centro Democrático, ocupa el quinto lugar entre los mayores patrimonios declarados. Registró bienes por más de 4.000 millones de pesos, con seis bienes muebles por $2.722 millones, tres inmuebles por cerca de $793 millones y una inversión en Bogotá por $531 millones.

En 2024 declaró un patrimonio bruto de $3.743 millones y deudas ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) por $867 millones. Para ese mismo año informó ingresos por $903,9 millones y señaló actividades económicas ligadas a la ganadería.

De dónde provienen los ingresos fuera del Senado

Muchos congresistas reportan actividades económicas y rentas privadas por fuera de su cargo. El contraste se aprecia al tomar como referencia el ingreso anual aproximado de 660 millones de pesos que recibe un senador por salario.

John Moisés Besaile declaró ingresos superiores a 4.000 millones de pesos. La mayor parte aparece en el rubro de “otras rentas”, sin detallar el origen de esos recursos.

María Eugenia Lopera, del Partido Liberal, reportó como actividad económica privada la cría de cerdos de engorde y bovinos. Por esa actividad declaró más de 3.000 millones de pesos.

Luis Eduardo Díaz Mateus, senador conservador, informó 1.879 millones de pesos como “otros ingresos y rentas”. También declaró actividades privadas en transporte y ganadería, además de participación en cuatro empresas, mientras que ante la Dian reportó ingresos no laborales por $1.952 millones.

Ahora, la comparación entre bancadas parte de una limitación central: una gran parte de los congresistas del nuevo periodo no ha presentado declaración de renta ante la Dian.

Entre quienes sí cargaron su registro, los ocho senadores de La U suman 20.905 millones de pesos en patrimonio líquido, seguidos por los 12 del Centro Democrático con $5.895 millones y los ocho del Partido Liberal con $13.586 millones.

El tamaño de las bancadas altera la lectura de esos totales. Por eso, al dividir el patrimonio líquido acumulado entre el número de senadores de cada partido que sí presentaron declaración, Salvación Nacional queda primero con un promedio de $2.691 millones por senador, seguido por La U con $2.613 millones y el Partido Conservador con $2.122 millones.

En la parte baja de ese cálculo aparecen Alianza Verde con $428 millones por senador, la Alianza Social Independiente (ASI) con $501 millones y el Pacto Histórico con $559 millones. En este último caso, el promedio se construyó con las declaraciones de 11 de sus 25 integrantes en el Senado.

La disparidad también aparece al revisar casos individuales dentro de los partidos. Los dos senadores de Salvación Nacional que presentaron su declaración, Enrique Gómez y Jhon Alejandro Bermeo, suman un patrimonio líquido equivalente al doble del total reportado por los 12 senadores del Centro Democrático que completaron el proceso.

Los vínculos familiares que pueden derivar en conflictos de interés

Las declaraciones también incluyen familiares con posibles conflictos de interés. Según esos reportes, el 45% de los senadores tiene parientes en actividades privadas, y Andrés Forero, del Centro Democrático, es el que más registra en ese apartado, con seis familiares dedicados a la producción y comercialización de griferías y tuberías de PVC.

Otro 31% reporta familiares en cargos públicos y un 12% tiene parientes pensionados o beneficiarios de programas sociales. Entre los casos con más familiares en el sector público aparece Fabio Raúl Amín, senador liberal, con cinco.

Entre esos familiares figuran su primo Humberto Rafael Amín Martelo, concejal de Bogotá y presidente de esa corporación durante 2026; su prima Diana Franco Saleme y su cuñado Juan Carlos Gari Baloco, concejales de Lorica; y su primo materno Juan Camilo Corrales Saleme, diputado en la Asamblea de Córdoba.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez Pinedo, reportó tres familiares vinculados al sector público: su primo Carlos Alberto Pinedo Cuello, alcalde de Santa Marta; su suegro Jaime Guzmán Ponson, procurador judicial en esa ciudad; y su hermano Hernando Antonio Henríquez Pinedo, funcionario en la Corporación Autónoma Regional del Magdalena.

En su declaración también aparece su tío Miguel Pinedo Vidal, condenado por parapolítica. Luis Eduardo Díaz Mateus declaró tres familiares con vínculos estatales: su hermano Juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander; su hija María Alejandra Díaz Chacón, trabajadora de Colpensiones; y su hijo Carlos Alberto Díaz Chacón, miembro del Ejército Nacional.

El liberal Óscar Hernán Sánchez reportó a su esposa, a su hermano y a su hermana en cargos o contratos públicos en Cundinamarca. En el caso de Enrique Gómez, la declaración incluye a dos familiares en altos cargos del Gobierno de De la Espriella.

Se trata de su hermano Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, y de su hijo Nicolás Gómez Arenas, jefe de Despacho Presidencial y secretario de Transparencia encargado al inicio de la actual administración.

Hay revuelo en el gremio de las droguerías después de que tres mujeres denunciaran ante la Fiscalía General de la Nación a Greison Camargo Quintero, exdirector jurídico de Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas (Asocoldro), por presunto acoso sexual laboral, con relatos sobre preguntas explícitas sobre su vida íntima, insinuaciones y una invitación a una habitación de hotel.

Las denunciantes, identificadas como Luisa, Lizet y Sara, afirmaron que Camargo les hizo preguntas sexuales, comentarios insinuantes y, en uno de los casos, una propuesta en un hotel de Bogotá.

Según sus versiones conocidas por la revista Cambio, tardaron meses en hablar por temor a perder el empleo, a que no les creyeran o a enfrentar la autoridad que, a su juicio, él concentraba dentro de la organización.

Camargo ocupó hasta enero de 2026 el cargo de director jurídico de Asocoldro. En un momento en que la dirección ejecutiva estaba vacante, ejercía además una amplia autoridad dentro de la asociación.

La denuncia penal se presentó el 19 de junio de 2026 por el delito de acoso sexual. Las mujeres sostienen que sus experiencias muestran un presunto patrón de conducta con subalternas.

El primer caso fue el de Luisa*, que tenía 22 años cuando sitúa el hecho que denunció. La joven asegura que Camargo la citó en su oficina durante 2024 cuando el entonces directivo era superior de su jefe inmediato y ella dijo que casi no tenía contacto laboral con él.

Según contó a Cambio, la reunión comenzó con preguntas sobre su domicilio, su pareja y la duración de su relación. Después, de acuerdo con su versión, la conversación derivó hacia interrogantes sobre experiencias sexuales.

“Yo no le decía nada. En un momento él se levantó de la silla, se fue al baño, se lavó las manos, y me dijo: ‘¿Por qué no me dices nada? Ves que te dejé pensando con todo lo que te dije?’“, señaló la mujer al medio.

La joven afirmó que permaneció en silencio ante varias preguntas y que el exdirectivo insistió. También señaló que él le sugirió que una relación con un hombre mayor podía ofrecerle experiencias distintas.

“Me seguía preguntando cosas de relaciones sexuales, que cómo me gustaba que me lo hicieran, hasta cómo me gustaban los penes. Incluso me preguntó cuál era la frecuencia con la que yo tenía relaciones con mi pareja, fue como con un morbo para esculcar de mi vida íntima”, señaló la mujer.

El encuentro se habría extendido durante unos 40 minutos, según su testimonio. Al salir de la oficina, contó que lloró en su puesto de trabajo y que poco después escribió a su madre para contarle lo sucedido.

Ese mensaje, según Luisa, quedó como uno de los pocos registros contemporáneos del episodio. La denunciante sostuvo que en la oficina no había cámaras.

Por su parte, Lizet*, de 25 años, ubicó su denuncia en julio de 2025. Ella trabajaba en atención al cliente y aseguró que tampoco tenía una relación laboral directa con Camargo.

La joven relató que, tras el almuerzo, él le habría propuesto caminar por un parque cercano porque quería conocerla. Cuando ella advirtió que debía permanecer en su puesto, él habría respondido que era quien mandaba en la asociación.

Durante la caminata, Lizet dijo que las preguntas sobre su pareja y sus relaciones anteriores dieron paso a comentarios sexuales. Según su relato, Camargo le habrái hablado de la necesidad de que las mujeres tuvieran más experiencias antes de establecer una relación definitiva.

“Después me preguntó que sí yo sabía dónde quedaba el clítoris, que si había sentido un orgasmo, que cuántos penes yo había visto. Que si yo había visto más penes además del de mi pareja, o sea, empezó con una vulgaridad terrible”, señaló la mujer a la revista Cambio.

La trabajadora aseguró que también recibió una propuesta para salir al teatro y asistir después a una función de cine para adultos. Ella rechazó la invitación porque no acostumbraba relacionarse fuera del trabajo con personas de la empresa.

Una tarjeta de hotel figura en el tercer testimonio

Sara*, de 27 años, denunció un episodio durante una Asamblea Nacional de Delegados que se realizó en mayo de 2025 en un hotel de Bogotá. Por las tareas que cumplía, mantenía contactos ocasionales con Camargo, quien era uno de los voceros de la asociación.

La trabajadora afirmó que el exdirector jurídico la llamó a su teléfono corporativo la primera noche del evento. Según su versión, él le pidió que lo contactara cuando terminara la jornada, pero ella continuó trabajando hasta cerca de la medianoche y luego se retiró a descansar.

Al día siguiente, Camargo le habría reclamado que no lo llamara. La mujer sostuvo que, durante la segunda jornada, él le propuso tomar algo y le manifestó que necesitaba personas de confianza si lograba convertirse en director ejecutivo.

Horas después, cuando la actividad ya había concluido, la joven afirmó que el exdirectivo se sentó a su lado en el lobby y le entregó la tarjeta de una habitación individual. “Te espero arriba en 15 minutos”, le dijo Camargo, según el testimonio entregado a la revista.

La denunciante interpretó esa frase como una invitación sexual. También aseguró que otro empleado apareció en ese momento, observó la situación y que Camargo se retiró molesto.

La mujer dijo que dejó la tarjeta en la recepción y abandonó el lugar. Después recibió una llamada del entonces directivo, quien le preguntó por qué no había acudido a la habitación, de acuerdo con su testimonio.

La joven sostuvo que le pidió que no repitiera una situación de ese tipo. Tras ese episodio, afirmó que comenzó a percibir comportamientos que consideró hostigamiento laboral.

Camargo Quintero ejerció como director jurídico de Asocoldro hasta enero de 2026. Antes de su salida, tenía una amplia autoridad dentro de la entidad debido a que el cargo de director ejecutivo estaba vacante.

La asociación confirmó públicamente en febrero la salida del abogado, aunque en ese momento no detalló los motivos. El exdirectivo tiene más de diez años de trayectoria en el sector farmacéutico.

En una llamada con Cambio realizada el 15 de septiembre, Camargo negó las tres acusaciones. El abogado sostuvo que no mantuvo conversaciones de contenido sexual con las trabajadoras.

Sobre el relato de Luisa, negó que hubiese tenido reuniones privadas con empleados porque compartía oficina con otros funcionarios. Frente a la versión de Lizet, afirmó que el testimonio no corresponde con lo ocurrido.

El exdirectivo también cuestionó el relato sobre el hotel. Argumentó que no consideraba creíble haber tenido ese comportamiento mientras participaba en un evento donde ejercía un rol de liderazgo.

Camargo vinculó las denuncias con un proceso laboral que sostiene contra Asocoldro. Según su versión, la asociación lo despidió sin justa causa en enero y le pagó una indemnización.

El abogado aseguró que había denunciado acoso laboral ante el comité interno de la organización y que consideraba contar con fuero laboral. La asociación rechazó esa interpretación.

Asocoldro confirmó al medio nacional que el vínculo laboral terminó en enero. La entidad sostuvo que ningún juez determinó la existencia de acoso laboral contra Camargo.

La asociación añadió que la desvinculación estuvo relacionada con un presunto cobro irregular que el abogado habría exigido a la propietaria de una droguería afiliada. Por ese asunto existe una investigación en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.

Lucía Monsalve, directora ejecutiva de Asocoldro, afirmó al medio que conoció las denuncias de presunto acoso sexual semanas después de la salida de Camargo. También rechazó que el caso penal se relacione con el litigio laboral.

La Fiscalía todavía no ha tomado los testimonios dentro del proceso

Las denunciantes afirmaron que tardaron en hablar sobre lo ocurrido por temor a perder sus empleos, a no ser escuchadas o a enfrentar la influencia que atribuían al entonces directivo dentro de la organización.

El conocimiento de los relatos de las otras trabajadoras las llevó a presentar una denuncia conjunta. Las tres consideran que las coincidencias entre sus versiones deben ser evaluadas por la justicia.

Camargo presentó su demanda laboral contra Asocoldro el 15 de julio, casi un mes después de la denuncia penal. El exdirectivo sostiene que existe una conexión entre ambos asuntos, una versión que la asociación rechaza.

Hasta ahora, la Fiscalía no ha citado formalmente a las denunciantes ni a Camargo para incorporar sus declaraciones al expediente. La investigación deberá determinar si los hechos relatados configuran el delito denunciado.

Los organismos de emergencia de Bucaramanga fueron alertados en la noche del miércoles 16 de septiembre, después de que la ciudadanía alertara que una vaca de unos 500 kilos y en estado de gestación cayó de forma accidental a una piscina de una finca ubicada en la vereda Angelinos, al norte de la ciudad.

El operativo fue adelantado por cinco integrantes del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga que trabajaron durante cerca de tres horas para sacar al animal, que resbaló mientras recorría el predio.

El rescate permitió poner a salvo a la vaca después de que permaneciera durante un tiempo dentro del agua. El bajo nivel de la piscina evitó consecuencias mayores, aunque el semoviente sufrió estrés y se maltrató durante el episodio, por lo que las autoridades recomendaron que reciba atención médica.

El Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga empleó un trípode especializado, un diferencial con capacidad para tres toneladas y varios aparejos para retirar el animal de la piscina.

La operación exigió adaptar los equipos disponibles ante las dimensiones y el peso del animal. Los bomberos tuvieron que asegurarla antes de iniciar el levantamiento, con el fin de retirarla sin exponer al personal ni agravar su estado.

El teniente Jorge Peña explicó a El Tiempo que la falta de elementos especializados obligó a modificar el montaje del trípode utilizado durante la emergencia. La reacción del bovino añadió una dificultad al tramo final del procedimiento. Según relató el teniente, el animal comenzó a correr tras ser extraído y las unidades tuvieron que sujetarlo con fuerza debido al nivel de estrés que presentaba.

“El rescate no fue fácil. El animal estuvo mucho tiempo en el agua. No había elementos suficientes, por lo que fue necesario adecuar el trípode. Al sacarlo, salió asustado y comenzó a correr. Fue necesario sujetarlo con fuerza porque estaba muy estresado”, dijo Peña al diario nacional.

Los bomberos usaron un sistema de elevación para salvar al semoviente

El dispositivo de rescate incluyó un diferencial de tres toneladas, una herramienta que permitió aplicar la fuerza necesaria para elevar al animal. Los aparejos completaron el sistema empleado para sostenerlo y sacarlo del agua.

La extracción terminó con el animal fuera de la piscina y en un lugar seguro dentro de la propiedad. El resultado cerró una intervención que se extendió durante varias horas y requirió herramientas destinadas a rescates de gran porte.

Las autoridades señalaron que el bajo nivel de agua fue un factor que redujo el riesgo inicial. Pese a ello, el tiempo que la vaca pasó dentro de la piscina dejó señales de afectación física y nerviosa.

El llamado posterior se centró en la revisión médica del semoviente. La recomendación busca establecer el alcance de los golpes que sufrió y vigilar su condición después del estrés provocado por la caída y el rescate.

“Nuestro equipo de Bomberos Bucaramanga atendió el llamado de la comunidad para realizar el rescate de una vaca que había caído accidentalmente en una piscina, en la vereda Angelinos.Con maniobras especializadas y el trabajo coordinado de nuestros bomberos, logramos poner a salvo al animal y culminar la emergencia de manera satisfactoria”, concluyó la institución.

Entretanto, la maniobra no pasó desapercibida por los internautas que, a través de las redes sociales, agradecieron a los oficiales de Bomberos que adelantaron el rescate del animal.

“Muchas gracias por tan grandiosa labor, que vocación tan impresionante, excelente”; “Woow que genial !! Los bomberos siempre dándola toda 👏👏 excelente", y “Dios los bendiga por cuidarnos a todos”, fueron algunos de los mensajes.

El momento también dio espacio a los chistes, asegurando que el animal optó por lanzarse a la piscina debido a las fuertes temperaturas que se viven en la capital de Santander.

Dos días después de que el presidente Abelardo de la Espriella decidiera enviar al viceministro José Manuel Restrepo como vocero oficial del Gobierno nacional ante la Asamblea General de la ONU, desde la oposición no se han hecho esperar las críticas.

De hecho, la ausencia del mandatario nacional en Nueva York abrió cuestionamientos sobre el papel que asumirá el vicepresidente ante los principales líderes y organismos multilaterales.

La exsenadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, sostuvo que la designación expondría la supuesta relación de poder que ejerce el viceministro sobre el presidente de la República. “El verdadero presidente de Colombia es el Duquismo con José Manuel Restrepo como su vocero”, escribió en su cuenta de X.

La dirigente también afirmó que el mandatario fue apartado de la campaña de segunda vuelta y ahora quedará fuera de la principal cita diplomática de Colombia ante Naciones Unidas. Para Pizarro, será Restrepo quien dialogue con los altos dignatarios reunidos en la Asamblea General.

“A Abelardo lo escondieron en segunda vuelta y ahora lo esconden a nivel internacional, será el vicepresidente quien dialogue con los altos dignatarios del mundo en la Asamblea General de las Naciones Unidas . ¡Impresentable!“, concluyó Pizarro.

En esa misma línea, el senador Alejandro Ocampo, también del Pacto Histórico, se sumó a los cuestionamientos. El congresista definió a Restrepo como “el verdadero Presidente de Colombia a la sombra” y señaló que tendría funciones de “Superministro” dentro de la administración.

Ocampo cuestionó que el vicepresidente pronuncie el discurso colombiano ante la ONU. Según escribió, sería el primer vicepresidente que asiste y habla ante ese organismo desde 1946, una decisión que vinculó con la influencia de Restrepo sobre el rumbo político del país.

“El verdadero Presidente de Colombia a la sombra. Restrepo tiene funciones de ‘Superministro’ y será el primer Vicepresidente que históricamente desde 1946, asista y de su discurso ante la ONU. No se trata únicamente de que Abelardo sea un impresentable a nivel internaional, se trata de quien maquina el rumbo y el destino de Colombia”, comentó el congresista.

La delegación colombiana viajará sin Abelardo de la Espriella

El vicepresidente encabezará la representación colombiana durante la Semana de Alto Nivel, que se celebrará la próxima semana en Nueva York. La participación sustituirá la presencia del jefe de Estado en un escenario que reúne a delegaciones de numerosos países para discutir asuntos de política internacional.

La delegación incluirá al canciller Ómar Bula, a la embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, y al embajador permanente ante Naciones Unidas, Mauricio Gaona.

La agenda de José Manuel Restrepo abarcará reuniones con gobiernos, organismos multilaterales, fondos de inversión, empresarios e inversionistas. El objetivo del Gobierno será presentar proyectos nacionales, buscar cooperación internacional y exponer las condiciones que propone para atraer capital extranjero hacia Colombia.

Uno de los asuntos centrales será la estrategia “Misión Crecer”, con la que el Gobierno pretende promover la llegada de recursos privados al país. Restrepo preparó parte de esa agenda en encuentros previos con ProColombia.

La iniciativa plantea incentivos para captar capital y cambios en procesos estatales. La administración considera que existen “trabas y trámites” que dificultan la llegada de inversión y busca modificar esos mecanismos.

El plan también contempla un mayor uso del ahorro nacional. La delegación presentará proyectos que puedan desarrollarse en Colombia ante potenciales socios internacionales.

La propuesta económica estará acompañada por “Colombia Week”, una estrategia de promoción que mostrará un portafolio de oportunidades de inversión. La actividad formará parte de los encuentros con representantes del sector privado durante la estadía en Nueva York.

El Gobierno pretende que esos espacios permitan explicar las condiciones de sus proyectos y ampliar el contacto con empresarios. La búsqueda de capital externo coincide con los lineamientos recientes de la Cancillería sobre cooperación económica y coordinación internacional.

La agenda también incluirá asuntos de seguridad, crimen transnacional organizado y narcotráfico. Estos temas forman parte de las prioridades que la administración ha planteado para su vínculo con otros países y con los organismos multilaterales.

El canciller Ómar Bula ha señalado que la política exterior buscará fortalecer la cooperación frente a las estructuras criminales que operan entre distintos países. La Cancillería también propone utilizar los acuerdos internacionales para objetivos de seguridad y desarrollo.

La presencia colombiana coincidirá con el inicio de la gestión de Mauricio Gaona como embajador permanente ante Naciones Unidas. El diplomático presentó sus credenciales ante el secretario general, António Guterres, el 9 de septiembre.

Gaona tendrá tareas vinculadas con la preparación de la Semana de Alto Nivel y con la representación de Colombia en el Consejo de Seguridad. Su llegada hace parte de la reorganización diplomática que el Gobierno adelantó con nuevos nombramientos en Washington y Nueva York.

El Juzgado Séptimo Laboral de Medellín falló en primera instancia a favor de Yesenia Marín, trabajadora de Teleperformance e integrante de la junta directiva de la Unión de Trabajadores de las Tecnologías y de la Información de las Comunicaciones, Call Center y Servicios (Ultratics), una disputa por un intento de despido.

Su abogado, Manuel Sarmiento, indicó que la compañía había ordenado el retiro inmediato de la trabajadora luego de enterarse de que la mujer había organizado una recolecta fuera de sus instalaciones.

La defensa aseguró que el proceso comenzó luego de que Marín reuniera dinero entre compañeros para asistir a un trabajador migrante venezolano que había sufrido un accidente cerebrovascular.

Según Sarmiento, la trabajadora organizó la ayuda fuera de las instalaciones de Teleperformance, ante la situación económica del compañero y de su familia, que se encontraba en Venezuela.

El abogado afirmó que la empresa pretendió desvincular a Marín al considerar que había cometido una falta grave. La defensa rechazó esa interpretación y sostuvo que la iniciativa respondió a un acto de solidaridad.

El abogado explicó que Marín integraba la directiva de Ultratics, un sindicato del sector de las telecomunicaciones. Por esa condición, señaló, la trabajadora contaba con fuero sindical.

“Estoy muy contento porque hoy el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín falló a favor de una directiva de Ultratics. Ultratics es un sindicato del sector de las telecomunicaciones. Una empresa, un call center, el call center más grande de Colombia, que se llama Teleperformance, pretendía despedir a una directiva de Ultratics, a la compañera Yesenia Marín, porque Yesenia, siendo directiva, organizó una colecta por fuera de las instalaciones de la empresa para ayudarle a un compañero de trabajo”, señaló Sarmiento.

La defensa sostuvo que el intento de desvinculación se produjo sin las garantías del debido proceso que, a su juicio, correspondían por la representación sindical de Marín.

El fallo conocido corresponde a la primera instancia. Sarmiento precisó que el caso continuará en una segunda instancia, aunque consideró que la decisión constituye un respaldo a la posición planteada durante el litigio.

“Es increíble, pero esta empresa, esta multinacional francesa, Teleperformance, la quería despedir diciendo que había cometido una falta grave, cuando actuó fue con un sentido de solidaridad. No la pudo despedir, ganamos ese proceso, esa es la primera instancia, vendrá ya la segunda instancia, pero esto demuestra que luchar sí sirve y que se puede defender los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras, la libertad sindical y algo mínimo como el deber de solidaridad, que tanto nos falta aquí en Colombia”, comentó el abogado.

La controversia también había pasado por una acción de tutela. De acuerdo con el Sarmiento, esa medida permitió que Marín volviera a ingresar a las instalaciones de la empresa.

La trabajadora estuvo casi dos años sin realizar sus funciones, según su abogado

Sarmiento afirmó que, pese a la tutela, Marín permaneció cerca de dos años sin poder desempeñar sus tareas habituales. La defensa atribuyó esa situación a medidas adoptadas durante el conflicto laboral.

El abogado indicó que esa imposibilidad de trabajar afectó los ingresos de la empleada. También remarcó que Marín es madre cabeza de familia. “Le quitó sus funciones, impidió que trabajara durante casi dos años”, afirmó Sarmiento sobre lo ocurrido durante la disputa.

La defensa consideró que la restricción para ejercer sus labores vulneró la dignidad de la trabajadora. Esa apreciación forma parte de los argumentos expuestos por el abogado en el caso.

“Eso es inaudito. Encerrada en la casa, violando su dignidad. Se le disminuyeron sus ingresos, una madre cabeza de familia. Así actúa esta multinacional, que se ha caracterizado por todo lo que yo he conocido, por ser una empresa que viola gravemente los derechos de los trabajadores. A todos los trabajadores y trabajadoras de Teleperformance, mi llamado a luchar, a levantarse, a luchar por sus derechos y a no permitir que esta empresa siga atropellándolos de esa manera”, concluyó el abogado.

Cerca de 600 personas atendidas fue el saldo de la última misión de salud que realizaron Perla Constanza Álvarez, Sandy García, María Victoria Guzmán y Julissa Figueredo en Condoto, Chocó. Las cuatro profesionales murieron junto al piloto Mehmet Cankaya cuando regresaban a Bogotá.

La brigada había llevado consultas y servicios especializados a una población con acceso limitado a atención médica. El trabajo quedó concluido antes de que la avioneta en la que viajaban desapareciera en una zona montañosa cercana al cerro Tatamá.

La aeronave Cessna T206, matrícula HK-4985, cubría la ruta entre Condoto y el aeropuerto Guaymaral. El domingo 13 de septiembre, hacia las 9.23, perdió comunicación con tierra.

Una radiobaliza de emergencia permitió activar la búsqueda. Las condiciones del terreno dificultaron durante tres días el acceso de las autoridades, los organismos de socorro y los equipos especializados.

El miércoles 16 de septiembre, los rescatistas localizaron la avioneta en un sector de difícil acceso. La confirmación posterior estableció que los cinco ocupantes no sobrevivieron.

La misión en Condoto llevó atención médica a cientos de habitantes

Perla, Sandy, María Victoria y Julissa formaban parte de una jornada de la Patrulla Aérea Civil Colombiana, una organización privada sin ánimo de lucro que transporta gratuitamente servicios médicos y quirúrgicos hacia comunidades vulnerables.

La entidad moviliza especialistas mediante aeronaves privadas e instala espacios temporales de consulta y cirugía. Sus misiones incluyen áreas como pediatría, nutrición y optometría en territorios que no cuentan con hospitales con capacidad suficiente.

Durante el primer día de la brigada en Condoto, las profesionales atendieron a más de 120 adultos y niños. Al cierre de la jornada, la cifra de pacientes asistidos llegó a cerca de 600 personas.

La misión contó con el respaldo de Colmédica y de la Clínica del Country. Perla, Sandy y María Victoria eran colaboradoras de Colmédica, mientras que Julissa participaba desde hacía años en las actividades de la Patrulla Aérea.

Las cuatro conocían el trabajo en zonas rurales y apartadas. Su presencia en el municipio chocoano no respondía a una actividad aislada, sino a un compromiso sostenido con las brigadas médicas.

La Patrulla Aérea también interviene en emergencias con el traslado de rescatistas, medicamentos y pacientes en estado crítico. Cada vuelo requiere que profesionales y voluntarios dejen temporalmente sus actividades para llegar a regiones alejadas de los principales centros asistenciales.

El vuelo de regreso terminó cerca del cerro Tatamá

Mehmet Cankaya era miembro asociado de la Patrulla Aérea Civil Colombiana y había intervenido en decenas de misiones médicas. Su labor permitía trasladar a los equipos y acercar la atención especializada a comunidades separadas por grandes distancias.

El piloto puso sus habilidades, competencias y recursos al servicio de esas jornadas, según destacó la organización. El regreso desde Condoto incluía a las cuatro integrantes de la misión y a Cankaya como responsable de la aeronave.

La pérdida de contacto ocurrió cuando el avión se encontraba cerca del cerro Tatamá. La zona obligó a prolongar las labores de localización y mantuvo durante varios días la espera de familiares, amigos, colegas y compañeros de las víctimas.

La búsqueda concluyó cuando los equipos lograron llegar al sitio del accidente. La tragedia transformó en duelo una misión que había tenido como objetivo ampliar el acceso a la salud en una población apartada.

Las condolencias de la Patrulla Aérea y Colmédica alcanzaron a las familias de las cinco personas fallecidas. Ambas entidades también agradecieron el trabajo de las autoridades, los socorristas y los grupos que participaron en el operativo.

La Patrulla Aérea destacó la vocación de las cuatro profesionales

“Dejaron un impacto real en la salud de la población”, expresó la Patrulla Aérea Civil Colombiana al despedir a Perla, Sandy, María Victoria y Julissa. La organización subrayó su generosidad, su conciencia social y la empatía con la que atendían a las comunidades.

La entidad sostuvo que las profesionales hacían de sus conocimientos una forma de servicio. Su tarea consistía en llegar hasta lugares donde una consulta médica puede resultar difícil de obtener.

El reconocimiento también incluyó a Mehmet Cankaya. La Patrulla Aérea señaló que el piloto ejerció su papel con generosidad y responsabilidad en las misiones que integró.

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional se sumó al duelo. Su decano, José Fernando Galván Villamarín, afirmó que la entrega, la vocación de servicio y el sentido humanitario de quienes viajaban en el avión serán un ejemplo para los futuros profesionales de la salud.

Para los habitantes de Condoto, quedó el recuerdo de las personas que viajaron para escucharlos, examinarlos y ofrecerles asistencia. Para sus compañeros de brigada, quedó la ausencia de cuatro profesionales y un piloto que ya no volverán a preparar un nuevo viaje.

Un día después del ataque con drones contra un radar de la Aeronáutica Civil en el municipio de Candelaria, Velle, la gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro, anunció una recompensa de 50 millones de pesos por información sobre los responsables.

El hecho ocurrió en la zona rural del corregimiento El Carmelo y tuvo como objetivo la infraestructura de vigilancia y control del tránsito aéreo. Aunque los drones impactaron el sistema, el aeropuerto y el radar continuaron en funcionamiento, según afirmó Toro durante una entrevista con Caracol Radio.

La Gobernación del Valle y la Alcaldía de Candelaria tomaron la decisión tras un consejo extraordinario de seguridad. Las autoridades pidieron a los habitantes que entreguen datos de forma segura y oportuna para ubicar a quienes organizaron y ejecutaron la acción.

“Se está dando una recompensa de 50 millones de pesos para quien nos dé información. Es muy importante la información que nos puedan dar y ahí es donde necesitamos la colaboración de la comunidad. La hipótesis es que es el Ejército Mayor Central, que puede ser o la Jaime Martínez o la Adán Izquierdo. La Adán Izquierdo está localizada allí en la cordillera Central y pues están en las investigaciones a ver qué pasó”, dijo la gobernadora del Valle del Cauca al medio radial.

Por su parte, la alcaldesa de Candelaria, Gessica Vallejo, también confirmó el incentivo económico. La funcionaria indicó que la medida surgió de una decisión conjunta con la Gobernación para identificar a los responsables.

El municipio reforzará la presencia de la Policía y el Ejército con patrullajes, puestos de control y acompañamiento del Grupo de Operaciones Especiales. Las medidas buscan proteger tanto la infraestructura aérea como a la población de la zona.

Las autoridades investigan una posible participación de disidencias de las Farc

Toro señaló que la principal hipótesis apunta al Estado Mayor Central, una estructura disidente de las Farc. La gobernadora mencionó como posibles responsables a los frentes Jaime Martínez y Adán Izquierdo, que tienen presencia en áreas de la cordillera Central.

La mandataria remarcó que esa línea aún está bajo verificación. La investigación busca establecer quiénes prepararon el ataque y si existieron apoyos logísticos en el sector cercano al radar.

Según la versión entregada por Toro, los atacantes usaron tres drones kamikaze que lograron impactar la instalación. Otros tres aparatos quedaron sin ser desplegados y fueron encontrados cerca de un automóvil.

La gobernadora calificó el hecho como “muy grave” por tratarse de una agresión contra una instalación que entrega información a la operación aeroportuaria. “Fueron tres drones kamikaze que lograron impactar”, explicó ante la emisora.

La Gobernación anunció la compra de tres sistemas antidrones

La mandataria departamental confirmó que el Valle del Cauca avanza en la compra de tres equipos antidrones para la Fuerza Aérea. La adquisición responde a la necesidad de ampliar las capacidades de detección y respuesta ante ataques con aeronaves no tripuladas.

Toro afirmó ante la emisora que el departamento ya había comprado sistemas de este tipo para otras instituciones de la fuerza pública. La nueva compra estará dirigida a la Base Aérea y a la Fuerza Aérea, según explicó.

La gobernadora reconoció que la evolución de esta tecnología plantea dificultades para las autoridades. Algunos sistemas pueden detectar y repeler drones, aunque su eficacia depende de las características del aparato que se aproxime a una instalación protegida.

“Estamos comprando unos diferentes con más tecnología”, afirmó Toro ante el medio. La funcionaria sostuvo que los equipos deberán permitir una detección más temprana de posibles ataques.

La Fuerza Aérea mantiene sobrevuelos sobre Candelaria desde el día posterior al atentado. El operativo conjunto con el Ejército y la Policía busca reforzar la vigilancia del radar y prevenir nuevas acciones en el municipio.

Por su parte, la Aeronáutica Civil rechazó el atentado contra el sistema de radar de vigilancia y control del tránsito aéreo. La entidad activó sus protocolos de contingencia para sostener los servicios de navegación aérea y reducir cualquier afectación sobre el flujo operacional del suroccidente colombiano.

Los reportes oficiales señalaron que el ataque ocurrió a las 7:00 a. m. del miércoles 16 de septiembre y no dejó personas heridas ni víctimas mortales. La Policía Nacional y el Ejército Nacional acordonaron el área para adelantar una inspección técnica y evaluar los daños materiales.

Los equipos antiexplosivos revisaron el lugar para determinar las circunstancias del ataque. La Fuerza Aérea también desplegó una aeronave para efectuar reconocimiento armado y reforzar la seguridad operacional en el sector.

La Aerocivil advirtió que este tipo de acciones vulnera las normas nacionales e internacionales de aviación civil. La institución alertó que los ataques contra esta infraestructura pueden comprometer la seguridad de aeronaves, tripulaciones y pasajeros.

En medio de las reacciones por cuenta de la decisión del gobierno de los Estados Unidos de mantener la descertificación de Colombia por narcotráfico, en la mañana del jueves 17 de septiembre se conocieron nuevos detalles de las investigaciones que mantiene ese país.

De hecho, en una entrevista otorgada a Caracol Radio, el congresista republicano Mario Díaz-Balart respaldó que continúen las medidas contra el expresidente colombiano Gustavo Petro, incluidas las sanciones administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.

Díaz-Balart afirmó que existen motivos para mantener las medidas contra Petro. Su postura se conoció un día después de que Estados Unidos confirmara que Colombia seguirá descertificada por su desempeño en la lucha contra las drogas, aunque con una exención que preserva mecanismos de cooperación bilateral.

“El daño que hizo el presidente Petro a la relación entre Colombia, los Estados Unidos y también al propio pueblo de Colombia, es difícil de explicar, pero gracias a Dios, el pueblo de Colombia se ha salvado”, dijo Díaz-Balart a Caracol Radio.

El congresista añadió que, a su juicio, el resultado de la última elección presidencial permitirá recomponer los vínculos entre ambos países. “Ha salvado el país con esta última elección y eso se va a reflejar”, ratificó ante la emisora.

El representante republicano integró la delegación oficial de la Casa Blanca que asistió a la posesión de De La Espriella. Desde esa experiencia, señaló que la nueva etapa política colombiana ya tuvo efectos en las conversaciones con el Gobierno estadounidense.

Díaz-Balart celebró la elección del presidente colombiano y anticipó que aumentarán las operaciones conjuntas contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico y otras estructuras criminales.

El legislador describió la transición institucional como un cambio favorable para la seguridad y para la relación bilateral. También aludió a acciones recientes contra grupos que identificó como narcoterroristas y pandillas.

“El Cambio, no pudiese ser más dramático con el presidente de la FDA y positivo para la relación entre Colombia y los Estados Unidos, pero también para Colombia”, manifestó Díaz-Balart a Caracol Radio.

El congresista sostuvo que la mayor actividad contra esas organizaciones se refleja en el vínculo con Washington. Sus dichos asociaron la estrategia de seguridad con el respaldo político y financiero de Estados Unidos.

Colombia seguirá descertificada en la evaluación antidrogas de Estados Unidos

La posición de Díaz-Balart coincidió con una decisión adoptada por Estados Unidos sobre la política antinarcóticos colombiana. Washington resolvió mantener a Colombia en la lista de países descertificados en la lucha contra las drogas.

La medida incluyó una exención que garantiza la continuidad de la cooperación entre los dos países. De ese modo, la descertificación no interrumpió todos los mecanismos bilaterales de asistencia.

El programa de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) fue actualizado el 16 de septiembre de 2026. Esa dependencia pertenece al Departamento del Tesoro estadounidense y administra las restricciones financieras señaladas por el congresista.

La continuidad de Colombia en la lista contrasta con la decisión sobre Venezuela, que fue excluida de ese dictamen. El presidente Donald Trump condicionó una eventual salida de Colombia a resultados en la erradicación de cultivos ilícitos y la neutralización de cárteles de narcotráfico.

La presión contra las estructuras criminales marcará la relación bilateral

Las declaraciones del congresista republicano unieron dos discusiones que seguirán presentes en el vínculo entre Bogotá y Washington: las sanciones individuales contra Petro y la evaluación de la estrategia colombiana frente a las drogas.

Para Díaz-Balart, la nueva administración ofrece una oportunidad para profundizar la cooperación en materia de seguridad. El legislador anticipó que la ofensiva contra las organizaciones criminales tendrá un lugar central en esa agenda.

La permanencia de la descertificación deja a Colombia bajo seguimiento estadounidense. A la vez, la exención conserva instrumentos de colaboración mientras el Gobierno colombiano busca mostrar resultados ante Washington.

Un juzgado de Bogotá legalizó un allanamiento en una clínica de Barranquilla a la habitación 335 donde permanecía hospitalizado Gustavo Bolaño Pastrana, procesado como presunto cabecilla del caso de corrupción en la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), y avaló la incautación de un celular y una libreta con anotaciones sobre un supuesto plan contra el fiscal del expediente.

Según información revelada por Caracol Radio, en la diligencia, el Juzgado Tercero Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá validó el hallazgo de un teléfono celular y una libreta que, según la Fiscalía, contenía apuntes sobre una estrategia para desacreditar y atacar al fiscal del caso.

Durante la audiencia también se expusieron alertas sobre el presunto uso de ese aparato para seguir en redes sociales a una mujer vinculada al proceso que negocia un principio de oportunidad, lo que aumentó las dudas sobre las condiciones de reclusión del procesado en la clínica.

Durante la audiencia, la Fiscalía General de la Nación señaló que recibió información sobre el supuesto uso de un teléfono desde la clínica para consultar y vigilar en redes sociales a esa mujer. La fuente entregó capturas de pantalla en las que, según el ente acusador, aparecía Bolaño Pastrana siguiendo la cuenta de la procesada.

Para los investigadores, esa situación implicaba un posible riesgo por la colaboración que la mujer presta a la justicia. El juzgado ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) reforzar de inmediato la vigilancia y evitar que el procesado acceda a celulares u otros medios de comunicación desde el centro hospitalario.

Las dudas sobre su permanencia en la clínica

Bolaño Pastrana tiene vigente una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario desde el 15 de abril. Primero permaneció en el Búnker de la Fiscalía y luego estaba previsto su traslado a la cárcel La Picota, en Bogotá.

Después reportó un dolor en el pecho y terminó hospitalizado en Clínica La Asunción, en Barranquilla. La Fiscalía cuestionó esa permanencia porque la información recopilada por las autoridades apunta a que no existirían, hasta ahora, condiciones clínicas que la justifiquen.

Dentro del proceso también quedó consignado que Bolaño Pastrana habría entregado por anticipado $10 millones para cubrir un mes en el centro asistencial. Su estadía, según la información conocida por las autoridades, superó ese plazo.

La Fiscalía pidió explicaciones al Inpec sobre el cambio del sitio de reclusión y el 6 de agosto solicitó dejar sin efecto la decisión que había autorizado su traslado. Después, una resolución del 14 de agosto dispuso el envío de Bolaño Pastrana y de los demás detenidos de este expediente a La Picota, aunque él continuó en Barranquilla.

El 22 de septiembre está prevista una audiencia para estudiar una solicitud de sustitución de la medida de aseguramiento intramural por detención domiciliaria. En esa diligencia se definirá si Bolaño Pastrana sigue privado de la libertad en un establecimiento carcelario o si pasa a su residencia.

El alcance del presunto desfalco de Aremca

El caso investiga la presunta apropiación irregular de recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por parte de la Asociación Regional de Municipios del Caribe. Según la Fiscalía, la estructura habría intervenido en 101 contratos por más de 496.000 millones de pesos.

Una línea del expediente señala una posible apropiación de más de 80.000 millones de pesos. Otra menciona 3.200 millones de pesos en recursos de regalías de iniciativas que debían ejecutarse en Arauca.

La investigación también sostiene que Aremca presuntamente dejó de retener 14.000 millones de pesos por contribución especial de obra pública. En diligencias del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en Arauca, Barranquilla y Cantagallo, Bolívar, fueron capturadas nueve personas.

La Fiscalía imputó delitos como concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito de particulares. En audiencias, el fiscal del caso describió la estructura como un “cartel de direccionamiento de contratos”.

El expediente también menciona a Alfredo Ballestas, señalado como asesor jurídico de la estructura, quien permanece prófugo. Según información del proceso, habría manifestado interés en negociar con la Fiscalía y entregar datos sobre personas con fuero constitucional y alcaldes, a cambio de una eventual detención domiciliaria.

La pesquisa también alcanza a la representante Karen Manrique, sobre quien la Fiscalía compulsará copias para establecer si tuvo relación con movimientos de dinero asociados a contratos de La Playita y Tame, en Arauca. Una interceptación del 24 de febrero también menciona al senador Wadith Manzur en una conversación entre el contratista Soto Caraballo y su pareja.

Un día después de que las autoridades confirmaran la aparición del cuerpo de una menor dentro de un conducto hídrico del barrio Juan José Rondón, en el sur de Bogotá, se conocen nuevas hipótesis del caso.

Las autoridades adelantan los procedimientos en Medicina Legal y la investigación para establecer la causa de la muerte, mientras descartan por ahora una relación oficial con casos abiertos de menores desaparecidos.

Hasta ahora, las autoridades han informado que la víctima tenía entre ocho y 10 años y que fue encontrada sin vida en la tarde del martes 15 de septiembre dentro de una estructura para el paso de agua en la localidad de Ciudad Bolívar.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses adelanta la identificación y la Fiscalía General de la Nación y el CTI investigan las circunstancias del caso, incluida la verificación de si hubo una muerte violenta y de si existe alguna coincidencia con reportes de desaparición.

El hallazgo ocurrió después de que varios menores entraran al canal y advirtieran la presencia del cuerpo a habitantes del sector. Un vecino relató que los niños caminaron unos 70 metros por el tubo antes de encontrarlo y regresar asustados.

“Fuimos hasta allá con el policía y primero vinimos. Miraron ahí entre el hueco y con la luz del celular ahí enfocó y sí, ahí estaba. Entonces fue cuando trajimos la barra y la palanca y destapamos”, comentó uno de los vecinos a Citytv.

Después llegaron policías y organismos de emergencia para verificar la situación y extraer el cuerpo. Unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos retiraron la tapa de la estructura para ingresar, ya que la menor estaba dentro de una alcantarilla a varios metros de profundidad.

“Habría que mirar en las cámaras si fue que la trajeron a pie o en moto o en carro y en las cámaras se sabrá si porque la niña no es de por acá y no es conocida y aquí la policía dijo que no habían reportes de desaparecidos”, señaló el vecino al medio local.

La investigación quedó a cargo del CTI y de la Fiscalía. El cuerpo ingresó a Medicina Legal en la madrugada del miércoles 16 de septiembre.

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Andrés Restrepo, dijo que la menor “puede estar entre 8 y 10 años y tiene unos hematomas”. También señaló que el proceso de identificación seguía en curso.

Qué dicen las autoridades sobre una posible conexión con desapariciones

Tras la circulación de versiones en redes sociales sobre una supuesta relación con una niña desaparecida en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, Restrepo rechazó esa conexión.

“No hay que hacer esas conexiones me parece que es irresponsable hacer conexiones entre casos. De hecho, en la información preliminar que nos da el CTI y la policía, no tiene que ver con ningún caso de desaparición”, señaló el secretario en diálogo con Blu Radio.

El funcionario también recalcó que la identificación de la víctima seguía pendiente y que las pruebas forenses debían establecer si se trató de una muerte violenta o bajo qué circunstancias terminó en la alcantarilla.

Sobre las versiones de una posible agresión sexual, Restrepo pidió esperar los resultados de la necropsia. Otra hipótesis en circulación, sobre una eventual pertenencia de la víctima a una comunidad indígena, tampoco tiene confirmación oficial.

La Fiscalía, además, indicó a El Tiempo que por el momento no había recibido oficialmente un reporte de una familia que hubiera llegado a Bogotá para consultar por una posible relación entre el hallazgo y el caso de una niña desaparecida en Cundinamarca. La identificación en Medicina Legal será determinante para establecer cualquier coincidencia.

Guillermo Alfonso Jaramillo descartó conciliar ante la Fiscalía en las actuaciones relacionadas con la muerte de Kevin Arley Acosta, un niño con hemofilia que falleció en febrero de 2026, presuntamente, por falta de medicamentos.

Sin embargo, el exministro de Salud fue llamado a conciliar por cuenta de la denuncia que interpuso la familia del menor alegando una presunta vulneración de la información clínica reservada, una diligencia que estaba programada para este miércoles 16 de septiembre.

Sin embargo, Jaramillo no se conectó al encuentro virtual y, en su lugar, remitió una carta al ente acusador informando su decisión de no conversar con la parte demandante.

La audiencia buscaba abordar una actuación por revelación de secretos, vinculada con la filtración de la historia clínica del menor. La familia de Kevin pide que las autoridades avancen además en el esclarecimiento de las circunstancias de su muerte y evalúen eventuales responsabilidades penales.

La comunicación fue leída durante la diligencia por la fiscal Diana Yolima Niño. En el documento, Jaramillo expresó: “No es mi intención conciliar respecto de los hechos que dieron origen a la citación”.

La familia pidió investigar a Jaramillo por homicidio culposo

Los abogados Manuel Villanueva y Wilson Ruiz, quienes representan a las víctimas, solicitaron que se abra una investigación contra el exfuncionario por la posible comisión del delito de homicidio culposo.

La petición se fundamenta en los hechos que rodearon la muerte de Kevin Arley Acosta, quien requería un medicamento para tratar su hemofilia. La representación de la familia sostiene que existieron deficiencias en la atención y en la entrega del tratamiento que necesitaba el menor.

Los abogados afirmaron que el objetivo del proceso no es obtener un acuerdo económico. “Se trata de la vida de un niño y del derecho de su familia a conocer la verdad y obtener justicia”, manifestaron.

La representación de las víctimas anticipó que mantendrá las actuaciones judiciales y de investigación disponibles. Para los abogados, las autoridades deben establecer cómo ocurrieron los hechos y definir si hay responsabilidades.

La audiencia se realizó por una actuación de revelación de secretos

La Fiscalía citó la diligencia de conciliación antes de definir el curso formal de la actuación por revelación de secretos. El expediente está relacionado con la divulgación de información contenida en la historia clínica de Kevin.

Según lo expuesto durante la audiencia, Jaramillo decidió no asistir y remitió su posición por escrito. La fiscal del caso dio lectura a esa comunicación ante las partes. El exministro señaló en la carta que su decisión era expresa, libre y voluntaria.

La representación de la familia cuestionó que el exfuncionario no compareciera de manera presencial. Los abogados consideraron que el mecanismo empleado para comunicar su decisión debe revisarse dentro del trámite.

“Este mecanismo resulta cuestionable”, señalaron los representantes de las víctimas al referirse al oficio enviado por Jaramillo. Su planteamiento es que la fórmula usada no estaría prevista como una forma de comparecer personalmente a una conciliación.

Los representantes de Kevin Acosta rechazaron cualquier negociación

La postura de los abogados de la familia coincidió con la negativa del exministro a llegar a un acuerdo, aunque por razones distintas. Los representantes de Kevin insistieron en que nunca contemplaron negociar los hechos vinculados con la muerte del niño.

“El propósito es que los hechos sean esclarecidos por las autoridades competentes, que se establezca la verdad y que se determinen las responsabilidades a que haya lugar”, afirmó Manuel Villanueva.

La defensa de las víctimas también expresó que la vida del menor no puede reducirse a una discusión entre partes. La familia busca que el proceso permita establecer si la atención médica y el suministro de medicamentos influyeron en el desenlace.

Los abogados plantearon que las diligencias no deben limitarse a la revelación de datos reservados. Su solicitud incluye que la Fiscalía tenga presente otras actuaciones que, según indicaron, guardan relación con los mismos hechos.

Durante la audiencia, la representación de las víctimas pidió que el despacho conozca una investigación en la Unidad de Vida de la Fiscalía Local de Bogotá. Esa actuación aborda las circunstancias que precedieron a la muerte de Kevin Arley Acosta.

Los abogados también mencionaron la existencia de una compulsa de copias relacionada con Gustavo Petro. En una de las actuaciones referidas, la Fiscalía remitió información a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por la divulgación de detalles de la historia clínica del menor.

La defensa de la familia sostuvo que también se habrían pedido verificaciones sobre una posible responsabilidad por homicidio culposo, vinculada con la posición de garante frente a la intervención de Nueva EPS y la ejecución de la política de salud.

Esa referencia forma parte de la solicitud de conexidad procesal presentada ante la Fiscalía. Los representantes de las víctimas pretenden que se examine si el expediente contra Jaramillo y las demás actuaciones comparten elementos que deban analizarse de forma articulada.

El Juzgado Octavo Administrativo de Cúcuta ordenó de forma provisional que el Gobierno nacional y los mandos de las Fuerzas Militares se abstengan de realizar operaciones aéreas ofensivas si existen datos objetivos sobre la presencia de menores de edad o población civil en la zona que podría ser afectada.

La determinación surgió tras la admisión de una acción de tutela presentada por Natalia Bernal Cano. La demandante actúa como agente oficiosa de personas con especial protección constitucional y de habitantes civiles de áreas donde ya hubo, o podrían producirse, bombardeos y otras operaciones militares.

La orden judicial establece que las autoridades deben frenar un ataque aéreo cuando, después de aplicar las verificaciones y precauciones disponibles, tengan información objetiva sobre la presencia de niños, niñas, adolescentes o civiles. La restricción también opera si persiste una duda razonable que no haya podido resolverse antes de la operación.

El despacho concedió parcialmente la solicitud de medida provisional. La decisión no implica una suspensión general de los bombardeos ni de las acciones militares que desarrollan las Fuerzas Militares.

El juzgado precisó que tampoco anticipa una conclusión sobre la legalidad de esas operaciones. El análisis de fondo de la tutela continuará bajo el trámite correspondiente.

La finalidad de la orden es que las autoridades adopten y comprueben las medidas de precaución necesarias antes de ejecutar una operación que pueda exponer a población protegida.

La providencia pone el foco en la evaluación previa de los riesgos para civiles y menores de edad. Si la información disponible indica su presencia en el área, o no permite descartar ese escenario, los mandos deberán abstenerse de lanzar una ofensiva aérea.

El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cúcuta solicitó información al Estado sobre una eventual participación, apoyo o asesoría de personal y medios extranjeros en las operaciones citadas en la tutela.

El requerimiento busca establecer si hubo intervención externa vinculada con los procedimientos militares señalados por la accionante. La decisión también pidió información sobre una posible divulgación oficial de fotografías o videos de personas fallecidas durante operaciones militares.

Ese punto quedó incluido entre las solicitudes de información dirigidas a las entidades accionadas. El juzgado pretende conocer si las autoridades difundieron ese tipo de registros y bajo qué circunstancias ocurrió.

Juez en Bogotá mantiene la suspensión temporal de bombardeos

Apenas una semana atrás, el Juzgado 34 de Familia de Bogotá decidió mantener la suspensión temporal de los bombardeos aéreos militares sobre objetivos donde exista información verificable sobre menores reclutados por grupos armados ilegales. La restricción seguirá vigente mientras se resuelve la acción de tutela que busca proteger a niños, niñas y adolescentes en zonas de combate.

La jueza Marggy Viviana Arciniegas rechazó las impugnaciones presentadas por la Presidencia de Colombia y la cúpula de las Fuerzas Militares. La decisión, adoptada el 7 de septiembre de 2026, no define aún la legalidad de las operaciones aéreas ni establece que el Estado haya vulnerado derechos, pero conserva las limitaciones operativas hasta una sentencia de fondo.

El alcance de la medida comprende las decisiones del presidente Abelardo de la Espriella, el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, y los mandos del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Armada Nacional. La tutela fue promovida por Ower Jimmy Borda Parra como agente oficioso de los menores que permanecen en campamentos guerrilleros o áreas bajo control de estructuras armadas.

La orden no suspende de forma general las tareas de combate ni la ofensiva militar contra las organizaciones criminales. Impide únicamente las operaciones aéreas ofensivas contra objetivos sobre los que haya información cierta, objetiva o razonablemente verificable acerca de la presencia de niños, niñas o adolescentes.

El juzgado consideró que se mantienen las condiciones para preservar la medida preventiva: apariencia de buen derecho, peligro en la demora, necesidad, proporcionalidad y la naturaleza de los derechos involucrados.

“Esta determinación no implica declarar que las autoridades hayan vulnerado los derechos invocados ni anticipar un juicio sobre la legitimidad de las operaciones militares, asuntos que serán definidos en la sentencia”, señaló la resolución divulgada por La FM.

La jueza también descartó el argumento de que la orden fuera imposible de cumplir. El despacho sostuvo que no exige certeza absoluta ni traslada a la justicia funciones de inteligencia militar, sino que fija como parámetro la existencia de información que pueda comprobarse de manera razonable.

Dos días después de que se hicieran virales las imágenes de una aeronave de la compañía colombiana Avianca abortando su aterrizaje en Aeropuerto Internacional Mundo Maya de la ciudad de Flores, Guatemala, la aerolínea entregó explicaciones de lo ocurrido durante la tarde noche del lunes 14 de septiembre.

A través de un comunicado, la compañía señaló que el vuelo AV700 de Avianca aterrizó sin inconvenientes en su segundo intento de llegada a la terminal aérea, después de que los pilotos suspendieran la primera aproximación por fuegos artificiales encendidos cerca de la ruta de descenso.

El hecho ocurrió durante la noche del 14 de septiembre de 2026, en medio de las celebraciones patrias por el Día de la Independencia en la región guatemalteca. La aeronave cubría el trayecto entre Ciudad de Guatemala y Flores.

La situación obligó a la tripulación a efectuar un sobrepaso de aterrizaje, una medida prevista en los protocolos de seguridad cuando existen obstáculos o condiciones que comprometen una aproximación estable a la pista.

La aeronave de Avianca abortó su primera aproximación al aeropuerto de Flores porque la pirotecnia apareció en la trayectoria prevista para el descenso. Los pilotos ascendieron para alejarse del área y luego volvieron a incorporarse al circuito de tránsito aéreo.

La pirotecnia apareció durante la aproximación final a Flores

La cuenta especializada FL360aero, dedicada a temas de aviación en X, difundió el material audiovisual que mostró los fuegos artificiales en las cercanías de la ruta de llegada del avión.

De acuerdo con esa publicación, los artefactos pirotécnicos se activaron a lo largo de la trayectoria final que debía seguir la aeronave antes del aterrizaje. La presencia de luces y explosiones en ese sector llevó a los pilotos a interrumpir el descenso. La decisión se tomó antes de que el avión tocara tierra.

Avianca confirmó el episodio y explicó que la medida respondió a sus procedimientos operacionales. La empresa indicó que los pasajeros y los tripulantes llegaron a destino de forma segura tras la nueva aproximación. También precisó que el avión no se declaró en emergencia en ningún momento.

“Posteriormente, tras una segunda aproximación del avión a la pista, los pasajeros y la tripulación aterrizaron de manera segura. Vale la pena aclarar que en ningún momento el avión se declaró en emergencia”, señaló la compañía colombiana.

Asimismo, Avianca sostuvo que el lanzamiento de pirotecnia cerca de las rutas de aproximación y despegue constituye “un riesgo grave para la seguridad aérea”. La aerolínea vinculó esa advertencia con la posición de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala.

La compañía remarcó que esos elementos pueden reducir la visibilidad de los pilotos, afectar el avión o exigir maniobras evasivas. En este caso, el protocolo aplicado fue el sobrepaso de aterrizaje.

“Avianca reitera que, tal como lo ha señalado la Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala (DGAC), el lanzamiento de fuegos pirotécnicos en cercanías de las rutas de aproximación y despegue de los aeropuertos representa un riesgo grave para la seguridad aérea, ya que puede reducir la visibilidad de los pilotos, afectar la aeronave o generar maniobras evasivas o de emergencia”, señaló la empresa en su comunicado.

Los fuegos artificiales pueden alterar la visión nocturna de los pilotos

La pirotecnia encendida cerca de un aeropuerto plantea riesgos durante una de las etapas más sensibles del vuelo: la aproximación final. En ese momento, los pilotos deben mantener referencias visuales y seguir una trayectoria precisa hacia la pista.

Los destellos pueden alterar temporalmente la visión nocturna de la tripulación o distraer su atención durante una maniobra que exige concentración. El problema aumenta cuando los artefactos aparecen dentro o cerca del corredor utilizado para el descenso.

También existe la posibilidad de que los elementos pirotécnicos golpeen la estructura de la aeronave. Un impacto podría afectar componentes externos necesarios para la navegación o la operación del avión.

27 años después del asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón Forero, las diligencias judiciales continuan, esta vez por cuenta de una acción legal radicada por la Policía Nacional contra uno de los implicados en el crimen.

De hecho, la institución presentó una demanda de repetición contra el exdirector del extinto DAS José Miguel Narváez, señalado como uno de los principales ideólogos del paramilitarismo y quien habría instigado el asesinato del periodista el 13 de agosto de 1999.

Según la diligencia conocida por la revista Cambio, la Policía Nacional busca que se le regresen los recursos que tuvo que depositarle a familiares del humorista como parte de la reparación ordenada por el Consejo de Estado, pese a haberse declarado inocente. La institución sostiene que la conducta dolosa de Narváez causó los perjuicios por los que el Estado debió compensar a los hermanos del comunicador

Y es que el secretario general del Ministerio de Defensa dispuso a mediados de 2025 el pago de 564 millones de pesos para María Soledad y Manuel Alfredo Garzón, hermanos de la víctima.

La indemnización respondió a una condena contra la Nación que recayó de forma concreta sobre la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Las dos instituciones debían reparar los daños derivados del asesinato.

La decisión se originó en un fallo del Consejo de Estado de septiembre de 2016. La alta corte concluyó que la muerte de Garzón obedeció a una “alianza criminal” entre integrantes de la inteligencia militar y grupos paramilitares.

La sentencia descartó la posición que habían sostenido durante años la Presidencia de la República, el DAS y el Ministerio de Defensa. Las entidades habían afirmado que terceros cometieron el homicidio y que no conocían amenazas contra el periodista.

Garzón trabajó en Radionet, CM& y ¡Quac! El Noticiero, entre otros espacios. Su asesinato derivó en un largo proceso judicial y administrativo que culminó con la orden de reparación para su familia.

La Policía reclama que Narváez devuelva los recursos públicos

La Dirección General de la Policía Nacional presentó la demanda el 12 de agosto de 2026. El objetivo es que un juez declare que José Miguel Narváez debe reembolsar el dinero que la institución pagó por la muerte de Jaime Hernando Garzón Forero.

“El señor José Miguel Narváez Martínez se encuentra en el deber legal de rembolsar la totalidad del patrimonio que la Policía Nacional pagó por los daños y perjuicios que su conducta causó”, expuso la demanda de la entidad.

La reclamación no busca modificar la reparación ya reconocida a los familiares. El proceso pretende trasladar a Narváez la responsabilidad económica que, según la Policía, surgió de las acciones por las cuales fue condenado.

El expediente también contempla que existan recursos disponibles para otros integrantes de la familia. Esas personas deberán aportar los documentos necesarios para acreditar su derecho dentro de la sucesión.

Narváez recibió en 2018 una condena de 30 años de prisión como determinador del asesinato. Un año después, la pena quedó reducida a 26 años de cárcel.

El exfuncionario también fue condenado por el secuestro de la exsenadora Piedad Córdoba y por las interceptaciones ilegales del DAS contra defensores de derechos humanos.

Los fallos sobre el asesinato de Garzón establecieron que dos hombres de la banda La Terraza ejecutaron el ataque. Esa estructura estaba dirigida por alias Don Berna.

Las decisiones judiciales señalaron que la determinación del crimen surgió desde el DAS por orden de Narváez. La demanda policial retoma esa conclusión para sustentar la repetición patrimonial.

El excomandante paramilitar Salvatore Mancuso declaró en varias ocasiones que las Autodefensas recibían instrucciones de Narváez. También afirmó que el entonces funcionario impartió una supuesta cátedra titulada “¿Por qué es lícito matar comunistas?”.

El proceso requiere la vinculación formal de Narváez

La Policía espera que un juez de Bogotá vincule oficialmente a Narváez a la demanda. La entidad señaló que él no fue notificado del proceso administrativo en el que se discutió la indemnización.

El reclamo administrativo se dirigió contra otras entidades del sector defensa. Ese antecedente explica la necesidad de que un juez le permita intervenir de forma formal en la nueva actuación.

“Su conducta fue consciente y premeditada”, sostuvo la Policía en la demanda. La institución afirmó que Narváez indujo al jefe paramilitar Carlos Castaño a ordenar el homicidio.

Según el escrito, el exdirector del DAS presionó de manera constante al jefe de las Autodefensas para que se cometiera el crimen. También le entregó información que, de acuerdo con la demanda, buscaba relacionar a Garzón con la guerrilla.

Narváez afronta además la etapa final de otro proceso judicial en el que lo señalan como supuesto ideólogo de las Autodefensas. La demanda de repetición podría abrir un nuevo frente de responsabilidad económica por el asesinato del humorista.

Luego de que el Congreso de la República aprobara el Presupuesto General de la Nación para el 2027, desde el Consejo Nacional Eledtoral (CNE) alertaron que estaría en riesgo la logística para los comicios locales y regionales previstos para el próximo año.

En medio de una entrevista otorgada a El Colombiano, Juan Felipe Lemos, presidente del órgano electoral, advirtió que la falta de presupuesto podría obligarlos a recortar programas relacionados con la oposición política y el financiamiento de los partidos.

“Nos tocaría reducirle a temas que también son muy importantes, que son garantizar el Estatuto de Oposición, que es permitir que los partidos de oposición, no solamente a nivel nacional, sino en los departamentos y en los municipios, puedan tener acceso a medios radiales y a medios televisivos para ejercer el derecho a la oposición consagrado en la ley”, comentó Lemos al diario nacional.

La entidad también arrastra obligaciones por reposición de votos que, según datos aún en revisión, rondarían los $439.000 millones, por lo que buscará que el Congreso incorpore recursos adicionales para evitar que el ajuste afecte sus tareas distintas al control directo de las elecciones.

El CNE tiene asignados $1,3 billones para la vigencia electoral, pese a que había solicitado $2,2 billones. El Gobierno nacional redujo la petición original en $900.000 millones, según explicó Lemos.

La entidad considera que no necesita recuperar la totalidad del monto recortado. Su propuesta apunta a sumar $300.000 millones, con los que el presupuesto ascendería a $1,6 billones.

Con esos recursos, el organismo estima que puede garantizar la vigilancia electoral, el funcionamiento de los partidos, la reposición de votos y medidas para proteger los derechos de la oposición durante 2027. Si el presupuesto queda en $1,3 billones, la prioridad será el control de la jornada y otros rubros quedarían expuestos a restricciones.

“Esto, de cara a las elecciones territoriales, que son las elecciones más importantes por la magnitud, por el volumen y por la complejidad logística de las mismas. Por ejemplo, mientras que en las elecciones de Congreso participan unos 2.500 candidatos, en las elecciones territoriales participan cerca de 125.000″, comentó el presidente del CNE a El Colombiano.

La falta de fondos afectaría el Estatuto de Oposición y la reposición de votos

El presidente del CNE explicó que, si no se amplía la asignación, la entidad no reducirá el dinero destinado al control electoral. El ajuste recaería sobre el derecho a la oposición y sobre obligaciones relacionadas con las organizaciones políticas.

El Estatuto de Oposición se aplica frente al Gobierno nacional, pero su implementación plena en departamentos y municipios todavía enfrenta limitaciones presupuestales. Para la siguiente vigencia, ese componente estaba calculado en cerca de $656.000 millones.

Lemos planteó que el CNE podría asegurar esa labor territorial con unos $150.000 millones, o una suma algo mayor. El objetivo es que los partidos de oposición accedan a espacios en radio y televisión también fuera del ámbito nacional.

El funcionario señaló que el organismo deberá elegir prioridades si no recibe los recursos adicionales para garantizar a todos los actores recursos suficientes para el año entrante.

“¿Qué alternativa tendríamos? Reducir los recursos que estén destinados para garantizar el derecho a la oposición y reducir los recursos destinados al tema de financiamiento de partidos y pago de reposición de votos”, señaló Lemos.

Por su parte, los partidos políticos y candidatos de elecciones pasadas también sufrirían las consecuencias de la drástica reducción al CNE, pues la reposición de votos quedaría en suspenso hasta obtener nuevos recursos.

“Eso ya ha sucedido. Hay un atraso desde el 2018 en el pago de reposición de votos, porque cuando vienen años electorales, esos temas se hacen a un lado para darle prioridad a la elección. Entonces, nos va a tocar seguramente hacer eso, aunque yo debo advertir que hay un buen ambiente en el Congreso de la República”, comentó Lemos a El Colombiano.

Ante la crisis, el CNE presentará el miércoles 16 de septiembre una solicitud de ampliación presupuestal mediante una proposición ajustada ante el Congreso de la República.

La iniciativa se concentrará en los recursos que el CNE calcula como necesarios para cumplir sus funciones durante 2027. El dirigente afirmó que percibe una disposición favorable en el Congreso de la República frente a esa petición.

El organismo también prepara un proyecto de ley orgánica para desarrollar su autonomía financiera y presupuestal. Lemos recordó que el artículo 265 de la Constitución reconoce esa autonomía, aunque la norma no ha tenido un desarrollo legislativo.

Según el presidente del CNE, esa ausencia mantuvo a la entidad en una relación de dependencia con la Registraduría. La propuesta buscará modificar ese esquema institucional.

Mientras el Ejército de Liberación Nacional (ELN) intentaba sobreponerse en todo el territorio nacional, el expresidente Gustavo Petro y su equipo de gobierno insistía en acudir a las salidas pacíficas del conflicto, pese a los fuertes ataques y secuestros perpetrados por el grupo guerrillero.

De hecho, en la mañana del miércoles 16 de septiembre se conocieron las pruebas de los intentos del entonces mandatario para recuperar a los dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, secuestrados por el ELN desde mayo de 2025.

Según la información revelada por El Tiempo, los intentos se dieron a través de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) que evaluó un eventual acuerdo para conseguir un intercambio humanitario.

Dicha entidad alcanzó a responder a varias comunicaciones internas emitidas por esa guerrilla, en la que le solicitaron al entonces presidente entregar a cuatro de sus más fuertes alfiles, señalados por ataques terroristas y la muerte de miembros de la fuerza pública, a cambio de los dos agentes del CTI.

“En los anteriores gobiernos como en el actual han habido guerrilleros, y muchos civiles inocentes presos, nosotros tenemos 2 del CTI y 2 de la DIJIN oficiales calificados en inteligencia, los nuestros son combatientes ustedes saben cuáles y quiénes son (sic)”, señaló el ELN en una primera comunicación fechada el 11 de junio de 2025 y revelada por El Tiempo.

Sin embargo, en comunicaciones posteriores, el grupo guerrillero cambió las condiciones del intercambio, además de exigir la salida de cuatro de los más sangrientos cabecillas capturados por las autoridades.

De hecho, en una segunda carta, el ELN ya no mencionó a los agentes de la Dijín, sino que se centró en la liberación de los dos funcionarios de la Fiscalía. A cambio, el grupo armado pidió la liberación de José Rosely Cruz Laverde, Ramiro Pulgarín Hernández, Joel Quintero Uribe y Fredy Buitrago Parada.

“El Frente de Guerra Oriental, Comandante en Jefe Manuel Vásquez Castaño, del Ejército de Liberación Nacional, ELN y bajo la orientación del Comando Central, agradece al gobierno Colombiano en cabeza del presidente Gustavo Petro Urrego, a la Fiscalía General de la Nación, a la Organización de Naciones Unidas y su Misión de Verificación, a la Iglesia Católica-Conferencia Episcopal Colombiana, las gestiones humanitarias adelantadas a la fecha con el fin de dar salida a la retención de Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. A la vez damos a conocer los nombres de cuatro (4) de nuestros compañeros presos, que se intercambiarían, dentro del acuerdo y del Marco de Derecho Internacional Humanitario (DIH) para dar libertad a los Funcionarios del CTI antes mencionados”, escribió el ELN.

Uno de los nombres planteados por el ELN fue Ramiro Pulgarín Hernández, conocido como alias El Burro. Se trata de un cabecilla del frente de guerra oriental, capturado en mayo de 2021 en Saravena, Arauca, cuando ingresaba desde Venezuela.

La Fiscalía lo vinculó con asesinatos de más de 30 integrantes de la fuerza pública y de líderes sociales en Arauca, Boyacá y Casanare.

El segundo detenido mencionado fue Joel Quintero Uribe, alias Manteco, capturado en mayo de 2020 en Arauquita durante una operación militar contra una estructura del ELN. Las autoridades lo señalaron como cabecilla del frente Domingo Laín Sáenz. Según los datos recopilados por el medio, integraba esa estructura armada desde hacía más de una década.

José Rosely Cruz Laverde cumplía una condena de 17 años por homicidio agravado en la cárcel de El Barne, en Boyacá.

El cuarto hombre de la lista, Fredy Buitrago Parada, permanecía recluido en la cárcel de La Dorada, en Caldas, por rebelión agravada.

De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, todos fueron capturados durante la administración de Iván Duque. Algunas de esas operaciones contaron con apoyo de inteligencia extranjera.

La propuesta trascendió mientras el entonces presidente Gustavo Petro hablaba públicamente de abrir la posibilidad de un intercambio humanitario con el ELN para buscar la liberación de los funcionarios. En esas intervenciones no detalló los términos de las conversaciones.

La DNI aceptó discutir mecanismos para el eventual intercambio

El asunto avanzó durante 2025. En una carta de septiembre de 2025 dirigida a Jorge Arturo Lemus, entonces director de la DNI, el ELN aceptó la propuesta de nombrar comisiones negociadoras. La organización afirmó que tenía disposición para reunirse y “cuadrar los mecanismos de intercambio”.

Según información conocida por El Tiempo, también hubo una reunión en Arauca, con acompañamiento de organizaciones internacionales. Para entonces, el posible acuerdo ya era revisado por organismos de control.

Sin embargo, la respuesta de la DNI fijó límites a la propuesta. Lemus indicó en su carta que el acuerdo solo podría analizarse si implicaba un alivio humanitario para personas que no participaran directamente en las hostilidades.

El entonces director planteó que el Gobierno podía evaluar la libertad de cuatro excombatientes del ELN privados de la libertad, siempre que tuvieran enfermedades graves y enfrentaran barreras para acceder a tratamientos médicos en prisión.

La otra condición contemplada era que los detenidos fueran mayores de 70 años. La comunicación no señaló que los cuatro hombres pedidos por el ELN cumplieran esos requisitos.

El Gobierno exigió la liberación sin condiciones de los secuestrados

La DNI exigió que cualquier acuerdo incluyera la libertad irrestricta de los dos funcionarios de la Fiscalía y de los integrantes de la Fuerza Pública que estuvieran retenidos.

Lemus también solicitó pruebas de supervivencia para comprobar que los secuestrados no hubieran sufrido torturas ni tratos degradantes.

La carta propuso delegar una comisión para una negociación presencial en un lugar neutral. El encuentro debía contar con el acompañamiento de las Naciones Unidas y garantías de seguridad para los participantes.

Las conversaciones quedaron suspendidas después de que se verificó la identidad y el perfil de los integrantes del ELN cuya libertad pretendía incluirse en el canje, de acuerdo con la publicación.

La Fiscalía General de la Nación imputó 16 homicidios a Geovany Andrés Rojas, alias Araña, a quien señala como máximo cabecilla de los autodenominados Comandos de Frontera, una estructura armada vinculada a las disidencias de las Farc.

Aunque el procesado no aceptó los cargos, recibió una medida de aseguramiento en un centro carcelario por cuenta de varios hechos que habrían ocurrido entre el departamento de Caquetá entre 2020 y 2024.

La Fiscalía estableció que las acciones armadas atribuidas a alias Araña dejaron 16 víctimas mortales en los municipios de Florencia, La Montañita, El Paujil, Belén de los Andaquíes, Solita, Curillo, San José del Fragua y Albania.

Según el ente acusador, la organización habría seleccionado como objetivos a personas señaladas de colaborar con otros grupos ilegales o con las autoridades. La investigación también incluyó ataques contra firmantes del Acuerdo de Paz y líderes sociales.

Las víctimas fueron cuatro líderes sociales, cinco firmantes de paz y otras siete personas. La imputación sostiene que el cabecilla habría dado las órdenes para ejecutar los ataques.

La acusación indica que los líderes sociales representaban un obstáculo para los intereses ilícitos del grupo. La Fiscalía relacionó esa situación con la disputa por el control de la pasta base de coca, las rutas del narcotráfico y otras economías ilegales.

“Entre las víctimas hay cuatro líderes sociales, quienes habrían sido considerados un obstáculo para los intereses ilícitos de la organización porque se oponían al control ejercido por los Comandos de Frontera en la comercialización de pasta base de coca, las rutas del narcotráfico y otras economías ilícitas”, comentó la Fiscalía.

Uno de los casos ocurrió el 2 de diciembre de 2023 en la vereda Aguas Negras, ubicada en la zona rural de Solita. La lideresa social María Isabel Ramos Álzate fue abordada por varios hombres armados cerca del río Caquetá. Los atacantes la llevaron hasta su vivienda y allí le dispararon en repetidas ocasiones.

La Fiscalía incluyó este homicidio dentro de los hechos que atribuye al señalado cabecilla de los Comandos de Frontera. El expediente vincula el asesinato con la persecución contra dirigentes sociales que se oponían al dominio del grupo armado.

“Uno de los hechos investigados ocurrió el 2 de diciembre de 2023, en la vereda Aguas Negras de Solita. Varios hombres armados abordaron a la lideresa social María Isabel Ramos Álzate en inmediaciones del río Caquetá y la trasladaron hasta su lugar de residencia. Posteriormente, le dispararon en repetidas ocasiones”, señaló el ente acusador.

Otro de los hechos investigados corresponde al homicidio del firmante de paz Jorge Riaño Ramos. El ataque ocurrió el 15 de noviembre de 2020 en la vereda Santander, en el área rural de Florencia.

Riaño Ramos estaba en su vivienda cuando fue atacado con ráfagas de fusil. La Fiscalía también atribuyó ese crimen a la estructura dirigida presuntamente por alias Araña.

Los cargos incluyen homicidio y delitos relacionados con armas

Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación imputó a Geovany Andrés Rojas por concierto para delinquir y homicidio, bajo circunstancias de agravación.

La lista de delitos también contempla fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. La acusación sumó el presunto manejo de armas y municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas.

La diligencia judicial se realizó después de que la Fiscalía reuniera información sobre los ataques armados. El procesado rechazó su responsabilidad frente a los cargos.

El material aportado también señala que alias Araña participó en los diálogos de la llamada Paz Total promovida por el gobierno de Gustavo Petro. Los crímenes atribuidos habrían ocurrido mientras la estructura mantenía conversaciones con delegados oficiales.

El cabecilla fue capturado con fines de extradición a Estados Unidos por un proceso relacionado con narcotráfico. Tras la detención, quedó a disposición de las autoridades y fue trasladado al pabellón de extraditables de la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá.

Una semana después de que se viralizaran las imágenes de una conductora en la ciudad de Ibagué que, para impedir un procedimiento de decomiso de su vehículo, agredió brutalmente a una agente de tránsito, se conocen nuevos detalles del caso.

De hecho, en la mañana del martes 15 de septiembre se conoció que Wilson Ruiz asumirá la defensa de María Camila Martínez, la agente que denunció la agresión durante el procedimiento en la Clínica Avidanti. El exministro de Justicia anunció que su firma representará a la funcionaria en el proceso judicial.

La representación directa estará a cargo del abogado Manuel Villanueva, integrante del bufete encabezado por Ruiz. El equipo jurídico afirmó que buscará esclarecer lo ocurrido y que la persona señalada responda ante la justicia si las autoridades establecen una responsabilidad penal.

“Lo ocurrido con María Camila Martínez en Ibagué no puede ser una escena más que vemos, lamentamos y luego olvidamos. Una agente de tránsito fue agredida mientras cumplía con su trabajo. Como ministro de Justicia impulsamos la Ley 2197 de 2022, Ley de Seguridad Ciudadana, que fortaleció la respuesta frente a los delitos cometidos contra servidores públicos en razón de sus funciones. Las decisiones de una autoridad pueden discutirse y controvertirse por las vías legales. La violencia nunca puede ser una de ellas”, señaló el exministro.

El caso se originó el 4 de septiembre de 2026, cuando Martínez acudió a la Clínica Avidanti tras recibir una alerta de la central de radio. La intervención estaba relacionada con varios vehículos estacionados de una forma que, según relató la agente, dificultaba el tránsito de automotores de emergencia.

La funcionaria explicó que, tras la llegada de una grúa, inició comparendos educativos dirigidos a algunos conductores. Durante ese procedimiento requirió a una mujer que luego habría protagonizado la agresión que denunció.

Según la versión de Martínez, la ciudadana reaccionó con violencia cuando la agente le pidió sus documentos y le explicó la actuación que adelantaba. La funcionaria sostuvo que recibió golpes en el rostro y sufrió una lesión en la boca.

La agente indicó además que intentó tomar distancia para controlar la situación, aunque los ataques habrían continuado. También denunció que recibió amenazas, un elemento que incrementó su preocupación por posibles hechos posteriores.

Ruiz comunicó la decisión de su firma mediante un video. El exministro señaló que el acompañamiento jurídico parte de la consideración de que el episodio involucra violencia contra una servidora pública durante el ejercicio de sus funciones.

La incorporación de la defensa abre una nueva fase en el trámite. Los abogados anunciaron que impulsarán las actuaciones necesarias para que se determinen las circunstancias del hecho y se definan las eventuales responsabilidades.

“He decidido asumir, junto con mi equipo jurídico, la defensa de María Camila Martínez, agente de tránsito que denunció haber sido agredida mientras cumplía con su deber en Ibagué. La violencia contra nuestros servidores públicos no puede normalizarse. Acompañaremos este caso para que se esclarezcan los hechos, se determinen responsabilidades y haya justicia”, escribió en otro mensaje el exministro Ruiz.

La investigación deberá establecer la versión de cada involucrada

La denuncia presentada por Martínez constituye el punto de partida del proceso, pero serán las autoridades judiciales las que deberán contrastar los testimonios, los registros disponibles y los demás elementos que sean incorporados al expediente.

La eventual responsabilidad de la mujer señalada no está definida. El caso deberá avanzar bajo las garantías procesales correspondientes antes de que exista una decisión sobre los hechos denunciados.

El episodio puso de nuevo en discusión la seguridad de los agentes de tránsito durante los controles en las calles de Ibagué. La funcionaria realizaba una actuación vinculada con la movilidad en el acceso a un centro asistencial cuando, según su denuncia, fue atacada y amenazada por una conductora requerida.

La representación de Ruiz y Villanueva se concentrará en acompañar a la agente dentro de ese trámite. La firma sostuvo que llevará el caso hasta las últimas consecuencias legales que permitan los resultados de la investigación.

El colombiano Luis Enrique Linero Pinto, alias El Calvo, se declaró culpable en un tribunal federal de El Paso, Texas, por su participación en una red de tráfico de migrantes que operaba desde la isla de San Andrés hacia Nicaragua y Estados Unidos.

El ciudadano de 41 años admitió haber integrado una conspiración que puso en peligro la vida de decenas de personas. Una embarcación vinculada al caso desapareció el 21 de octubre de 2023 con cerca de 40 extranjeros y dos capitanes a bordo.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Linero Pinto fue extraditado desde Colombia tras su captura y quedó acusado de coordinar parte de la ruta marítima usada por la organización.

El caso se incorporó a la Operación Recuperar Estados Unidos, una iniciativa nacional del Departamento de Justicia orientada a perseguir redes de tráfico de personas, cárteles y organizaciones criminales transnacionales.

La declaración de culpabilidad de Luis Enrique Linero Pinto se relaciona con una estructura que trasladaba migrantes desde Colombia hacia Nicaragua por mar, antes de conducirlos a través de Centroamérica y México rumbo a Estados Unidos. Según las autoridades estadounidenses, el acusado facilitaba alojamiento, coordinaba embarcaciones y obtenía información sobre patrullajes navales.

De acuerdo con la acusación judicial difundida por el Departamento de Justicia, Linero Pinto asesoraba a los migrantes para que llegaran a San Andrés, donde los recibía y les conseguía hospedaje antes de trasladarlos hasta las embarcaciones.

Las autoridades sostuvieron que el colombiano sobornó a integrantes de la Armada colombiana para conocer en tiempo real la ubicación de patrulleras navales desplegadas entre San Andrés y Nicaragua. Esa información, según la acusación, permitía que las lanchas evitaran los controles durante el trayecto marítimo.

La investigación vinculó al acusado con una embarcación que salió de San Andrés el 21 de octubre de 2023. La lancha llevaba aproximadamente 40 migrantes y dos capitanes, pero desapareció durante la navegación hacia Nicaragua.

El Departamento de Justicia indicó que Linero Pinto reconoció su participación en el tráfico de personas que viajaban en esa embarcación. “Linero Pinto desempeñó un papel fundamental en una extensa red de tráfico de personas”, afirmó el fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia.

La extradición se produjo después de una operación conjunta en Colombia

La Armada Nacional de Colombia había informado que Linero Pinto y Hernando Manuel de la Cruz Rivera Orjuela, conocido como Hernando, fueron extraditados en diciembre de 2025 en una acción coordinada con Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) e Interpol Colombia.

Ambos habían sido detenidos el 30 de noviembre de 2023, durante una operación en la que participaron la Armada, el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Fiscalía General de la Nación y Migración Colombia.

Según la institución naval colombiana, la pesquisa fue liderada por Inteligencia Naval y permitió establecer la presunta participación de los dos hombres en actividades que afectaban la seguridad marítima y la integridad de los migrantes.

La Armada señaló que Linero Pinto buscaba acercarse a integrantes de la institución para obtener información sensible que facilitara el desplazamiento clandestino de las embarcaciones.

En ese esquema, alias Hernando habría sido el principal cabecilla de la red, según la información oficial colombiana. La Armada sostuvo que De la Cruz Rivera Orjuela cumplía funciones de coordinador y guía. Su tarea incluía captar migrantes y ofrecer rutas clandestinas a través de San Andrés y de la selva del Darién, con destino a Nicaragua.

La institución colombiana afirmó que ambos se convirtieron en los primeros ciudadanos del país extraditados a Estados Unidos por delitos vinculados con el tráfico de migrantes.

Ahora, el acusado puede recibir hasta 20 años de prisión. Un juez federal definirá la pena tras evaluar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y los demás elementos previstos por la ley.

“Las organizaciones de tráfico de personas anteponen las ganancias a la vida humana”, declaró Ryan G. McRae, agente especial interino a cargo de HSI El Paso, al Departamento de Justicia.

McRae afirmó que estas redes explotan a personas vulnerables y las exponen a condiciones que pueden resultar mortales.

Momentos de pánico y de fuerte congestión vehicular se vivieron en la mañana del martes 15 de septiembre en la avenida regional entre los municipios de Sabaneta y Medellín.

Según la información conocida hasta el momento, la principal conexión del Área Metropolitana del Valle de Aburrá quedó parcialmente cerrada tras un procedimiento policial frente al Centro Comercial Viva Envigado, en Envigado.

La Policía perseguía a una persona que escapaba en motocicleta cuando se produjo el enfrentamiento armado. Las circunstancias iniciales que llevaron a la persecución permanecen bajo investigación.

El intercambio de disparos se extendió por ese corredor vial. Según información revelada por las autoridades, el presunto delincuente resultó herido y quedó tendido en el centro de la calzada luego del procedimiento.

El operativo también dejó a un joven de 18 años y, según las pesquisas preliminales, el presunto delincuente lesionado tiene 17 años. La intervención ocurrió durante la madrugada, luego de que la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá activara un Plan Candado para localizar a los dos sospechosos por hurto.

Según la Alcaldía de Envigado, los hechos tuvieron origen la noche anterior. Dos hombres habrían robado motocicletas en episodios distintos: uno en Sabaneta y otro en el corregimiento San Antonio de Prado.

La cercanía entre ambos casos llevó a las autoridades a considerar que podían estar relacionados. Con esa hipótesis, la Policía organizó el despliegue para impedir que los sospechosos abandonaran la zona.

La persecución terminó en la avenida Regional, a la altura de Envigado, porque los uniformados ubicaron a los dos señalados responsables durante la madrugada. De acuerdo con la información oficial, ambos ocupaban las motocicletas que habían sido denunciadas como robadas.

El procedimiento derivó en un intercambio de disparos cuando los sospechosos habrían atacado a las patrullas que los seguían. Uno de ellos, de 17 años, quedó gravemente lesionado y el otro, de 18, fue detenido.

La versión suministrada por las autoridades indica que el adolescente comenzó a disparar contra los policías en jurisdicción de Sabaneta. La fuga continuó en dirección a Envigado.

Al ingresar a ese municipio, los dos sospechosos volvieron a accionar armas de fuego contra la patrulla policial, según el reporte oficial. Los uniformados respondieron al ataque en plena vía.

El enfrentamiento provocó temor entre los conductores y peatones que se encontraban en el sector durante las primeras horas de la mañana. La situación también derivó en restricciones a la movilidad mientras avanzaba el procedimiento judicial.

El adolescente lesionado recibió traslado urgente a un centro asistencial. Allí permanece bajo custodia de la Policía de Infancia y Adolescencia, según el reporte conocido tras el operativo.

El joven capturado quedó a disposición de las autoridades competentes. La Policía deberá definir su situación judicial junto con la del menor, una vez que este se recupere.

La Policía incautó un arma y recuperó las motocicletas

Tras la captura, los uniformados incautaron un arma de fuego que, de acuerdo con la información oficial, estaba relacionada con el hecho. También recuperaron los dos vehículos robados en Sabaneta y San Antonio de Prado.

Los elementos quedaron bajo custodia para incorporarlos al proceso judicial. Las autoridades los usarán como pruebas dentro de las actuaciones que se adelanten por el caso.

La Policía señaló que los involucrados enfrentarían acusaciones por hurto calificado y agravado. También serían vinculados por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El adolescente será entregado a las autoridades correspondientes cuando su condición médica lo permita. El tratamiento del caso seguirá los procedimientos aplicables para menores de edad.

La verificación de antecedentes reveló que el hombre de 18 años tenía una orden de captura vigente. El requerimiento estaba relacionado con un hecho ocurrido en 2019.

“Presentaba un requerimiento de autoridad judicial”, precisó la Policía en un comunicado. La entidad indicó que ese antecedente correspondía a una agresión contra un agente de tránsito.

“Durante las verificaciones de antecedentes se estableció, además, que el hombre de 18 años presentaba un requerimiento de autoridad judicial por un hecho ocurrido en 2019, relacionado con una agresión contra un agente de tránsito”, señaló la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

El Gobierno tiene mayorías para evitar que el Senado aparte al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, mediante la primera moción de censura contra un integrante del gabinete del presidente Abelardo de la Espriella. La votación está prevista para este martes en la plenaria, citada a las 3:00 p. m.

La iniciativa fue promovida por el Pacto Histórico tras el viaje de Beltrán a Santa Marta, realizado después del terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto. Los respaldos anunciados por varias bancadas permiten anticipar que la propuesta no reunirá los votos necesarios para sacar al funcionario del cargo.

La oposición concentra sus votos en los 26 senadores del Pacto Histórico. A ese grupo se sumarían la representante de la circunscripción indígena Martha Peralta y algunos integrantes de la Alianza Verde.

Las cuentas previas ubican el respaldo a la salida del ministro en alrededor de 30 votos o algo más. Esa cifra no alcanzaría para imponerse frente al bloque que respalda la continuidad del jefe de la cartera de Vivienda.

El oficialismo y varios partidos que no hacen parte del Pacto Histórico mostraron su posición durante el debate realizado la semana anterior. La previsión es que cerca de 70 congresistas voten contra la moción.

El ministro Beltrán compareció ante el Senado el 8 de septiembre para explicar su gestión frente a la emergencia. Durante esa sesión, la oposición cuestionó su ausencia en los días posteriores al sismo y el estado de los planes de reconstrucción.

Siete partidos anunciaron que respaldarán al ministro de Vivienda

La Alianza Social Independiente, el Centro Democrático, el Partido Liberal, Cambio Radical, el Partido Conservador, el Partido de la U y Salvación Nacional expresaron su respaldo a Beltrán.

A ese sector se sumaron Mira y otras colectividades que consideraron insuficientes los argumentos para separar al ministro. El bloque oficialista destacó que el funcionario ofreció disculpas por haber viajado a Santa Marta.

El congresista Gustavo Moreno sostuvo que Beltrán se equivocó al elegir ese momento para compartir con su familia, aunque descartó que ese hecho justificara una moción de censura. Para ese sector, la controversia no demuestra que el ministro hubiera abandonado sus funciones.

Por su parte, la Alianza Verde no tendrá una postura uniforme. El senador Duvalier Sánchez, oriundo de Cali, fue uno de los dirigentes que cuestionó con mayor dureza la actuación de Beltrán.

Sánchez había citado al ministro a un debate de control político en la Comisión Séptima del Senado. En la discusión de la semana pasada, sostuvo que el funcionario contaba con información privilegiada sobre la magnitud de la tragedia antes de emprender su viaje.

El legislador también señaló que, hasta ese momento, había cero contratos para la reconstrucción. Esa crítica se sumó a los reparos de la oposición sobre el diseño de las medidas posteriores al sismo.

Sin embargo, la posición de Jonathan Ferney Pulido, conocido como Jota Pe Hernández, fue distinta. El senador pasó de cuestionar inicialmente al ministro a defenderlo durante la sesión plenaria.

“¿Dónde estaban ustedes cuando cité al corrupto de Ricardo Bonilla? Guardando silencio. Cínicos, cobardes”, manifestó Pulido Hernández al dirigirse a la bancada del Pacto Histórico.

Entretanto, el ministro de Vivienda apareció en la mañana del martes para mostrarse confiado del resultado que saldrá del Capitolio Nacional, pese a las fuertes críticas de la oposición al Gobierno.

“Creemos plenamente del trabajo que se ha venido realizando durante casi 40 días. Tenemos la plena convicción que son los resultados lo que nos mantendrá firmes en el trabajo por la recuperación del país. Creemos que Dios fue el que nos puso en este lugar y en la confianza que nos ha dado el presidente será ratificada hoy por el Senado de la República”, señaló Jaime Andrés Beltrán.

La herramienta de la moción de censura fue incorporada en la Constitución de 1991, pero el Senado y la Cámara de Representantes no han aprobado hasta ahora una iniciativa de este tipo contra un ministro.

Uno de los antecedentes más cercanos ocurrió en mayo de 2000. El entonces ministro del Interior, Néstor Humberto Martínez, renunció antes de la votación, cuando las cuentas indicaban que podía perder el respaldo legislativo.

Otro caso se presentó en 2019, durante el gobierno de Iván Duque. El ministro de Defensa Guillermo Botero dejó el cargo luego de que, en medio del debate, se conociera la muerte de menores de edad en bombardeos de las Fuerzas Militares.

La renuncia de Botero frenó una votación que parecía favorable para la oposición. Tras su salida, el Congreso negó el pedido, aunque el funcionario ya había abandonado el Ejecutivo.

La agenda legislativa continuará el miércoles con la citación al ministro de Defensa, Jorge Mora. El jefe de esa cartera deberá responder por bombardeos contra grupos criminales en los que murieron menores de edad.

Un repartidor fue atacado con dos disparos durante una entrega en el barrio Ciudadela 20 de Julio, en el sur de Barranquilla, luego de una discusión con el cliente que habría exigido que el pedido fuera llevado hasta el segundo piso de una vivienda.

El episodio ocurrió durante la noche del domingo 13 de septiembre y alteró la tranquilidad del sector. Las autoridades investigan las circunstancias de la confrontación y la posible responsabilidad del hombre señalado de usar el arma.

Según información conocida hasta el momento, el domiciliario llegó al inmueble para completar la entrega, pero el cliente le habría pedido que subiera hasta el segundo nivel para dejar el pedido en la puerta.

El trabajador no habría aceptado esa exigencia y se produjo una discusión frente a la vivienda. Información conocida por el diario local Entérate en Línea señaló que la disputa escaló hasta que el hombre habría accionado un arma de fuego en dos oportunidades.

Tras las detonaciones, miembros de la Policía Metropolitana de Barranquilla acudieron al barrio Ciudadela 20 de Julio, donde el presunto agresor habría sido capturado y quedó a disposición de las autoridades competentes.

Entretanto, las autoridades intentan localizar al repartidor afectado, pues se desconoce si alguno de los dos disparos logró impactarlo y si su estado de salud es favorable.

Las autoridades deberán esclarecer la secuencia de los hechos, determinar qué ocurrió durante la discusión y establecer si el uso del arma respondió a las circunstancias descritas por los involucrados.

Intento de atraco en barranquilla dejó a un subintendente de la Policía herido

Un subintendente de la Policía resultó herido de bala durante un intento de atraco en el barrio Betania, en el norte de Barranquilla. El hecho ocurrió en la carrera 41 con calle 74B, cuando el uniformado regresaba a su vivienda.

El policía, de 33 años y adscrito a la Policía Metropolitana de Barranquilla, había salido de un gimnasio ubicado dentro del centro comercial Único. Un hombre que caminaba por el sector lo interceptó, sacó un revólver y le exigió sus pertenencias.

El subintendente intentó evitar el robo y escapar del lugar. Para ello, le lanzó un termo de agua al atacante. La reacción del delincuente derivó en un disparo que alcanzó al integrante de la institución. El agresor no logró apoderarse de los objetos de la víctima.

Los transeúntes y residentes de la zona auxiliaron al policía después del ataque. Luego, lo trasladaron a la Clínica La Asunción, donde recibió atención médica.

El uniformado tiene 13 años de servicio en la Policía Nacional. El caso quedó bajo investigación para establecer la identidad y la ubicación del responsable.

Los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía revisan las cámaras de seguridad instaladas en el sector. El material busca aportar elementos que permitan identificar al hombre que cometió el ataque y avanzar hacia su captura.

En otro hecho, dos policías de civil frustraron un atraco en una tienda D1 del barrio El Por Fin, en el suroccidente de Barranquilla, y detuvieron a dos hombres señalados de intentar robar el establecimiento durante el fin de semana.

El caso ocurrió cuando los uniformados, que realizaban compras en el lugar, reaccionaron ante la entrada de los presuntos delincuentes. Ambos fueron reducidos dentro del almacén antes de que pudieran concretar el robo.

Las cámaras de seguridad registraron la secuencia. Los dos hombres ingresaron como aparentes clientes y, pocos segundos después, se cubrieron el rostro con tapabocas. También llevaban gorras, un elemento que dificultaba su identificación.

Uno de ellos se acercó a los clientes que estaban dentro del local, mientras el otro se dirigió a la zona de cajas, donde una trabajadora atendía al público.

Los policías se encontraban al fondo del establecimiento. Al advertir la situación, sacaron sus armas y apuntaron a los sospechosos, quienes fueron obligados a tirarse al suelo.

Los clientes se alejaron del lugar mientras los uniformados controlaban a los dos hombres. Después, los agentes solicitaron apoyo al cuadrante de la zona.

Más policías llegaron al almacén y trasladaron a los capturados a la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación. Los detenidos serían un hombre de 49 años y otro de 19.

De manera extraoficial, los dos aprehendidos en flagrancia estarían relacionados con otros atracos cometidos contra tiendas Ara y D1, además de robos a clientes en Barranquilla y en el municipio de Soledad.

La Fiscalía General de la Nación investigará el audio revelado sobre una reunión en la que se habló de la hoja de vida de Juan Carlos Hurtado Parra, entonces presidente encargado de Ecopetrol, y de asuntos relacionados con contratos y negocios de la compañía.

Según información conocida por El Tiempo, la petición ante el ente acusador busca establecer el contenido y la autenticidad de la grabación de 43 minutos. El material será sometido a un análisis forense y a un cotejo de voces para determinar si fue editado o manipulado.

La solicitud de investigación surgió después de que el audio situara a Hurtado en una conversación donde un asistente identificado como “Víctor” sostuvo que su hoja de vida, usada para su regreso a Ecopetrol, fue entregada por una persona conocida como “el Bachiller” y gestionada junto con Manel Grau, según fuentes internas consultadas por el diario nacional.

La información conocida por El Tiempo indica que la Fiscalía recibirá una solicitud para indagar el episodio. La grabación ya está en poder de las autoridades, de acuerdo con un investigador consultado por el diario.

“En el audio se escucha una voz, atribuida a Hurtado, en la que admite cómo se movió su currículum”, dijo el investigador. El funcionario habló luego de confirmar que el archivo había sido entregado a las autoridades.

Todo parece indicar que un informante aseguró que uno de los asistentes al desayuno donde se registró la conversación ya admitió la realización de ese encuentro. El examen técnico deberá determinar la integridad del audio y la identidad de las voces.

La investigación penal se sumaría a una auditoría forense que Ecopetrol prepara sobre distintos episodios ocurridos durante el cuatrienio de Gustavo Petro. Aún no estaba definido si la reunión vinculada con Grau sería incluida en esa revisión interna.

Hurtado sostuvo que su comportamiento siempre se ajustó a la ley y a los reglamentos de la estatal. Según la publicación, pidió al presidente de la junta directiva, Luis Felipe Henao, y al responsable de la auditoría forense, Ricardo Rodríguez Yee, que el asunto también fuera examinado dentro de la compañía.

La junta pidió la salida inmediata de Juan Carlos Hurtado

La divulgación del audio tuvo efectos inmediatos en la dirección de Ecopetrol. Veinticuatro horas después de la publicación del diario nacional, Henao le solicitó a Hurtado que renunciara de forma inmediata a la presidencia encargada.

El asunto no figuraba inicialmente en la agenda de la junta directiva extraordinaria, programada antes de la asamblea general de accionistas. Fuentes de la petrolera dijeron al medio que la discusión fue incorporada durante la sesión.

La junta se reunió en el Metropolitan Club. En ese encuentro también presentó su renuncia Hildebrando Vélez, integrante del órgano directivo y una ficha del petrismo. Asimismo, se sabe que la salida de Herrera fue verbal y estuvo acompañada por unas palabras breves.

El audio alude a altos cargos, contratos y negocios en Venezuela

La conversación incluye una voz atribuida a Manel Grau, el ciudadano catalán cercano al expresidente Gustavo Petro y a Verónica Alcocer. En el audio revelado por El Tiempo se habla de la asignación de altos cargos en la compañía.

También se mencionan contratos millonarios de taladros y posibles oportunidades de negocios en Venezuela. La grabación recoge, además, intervenciones sobre presuntas actividades comerciales de un joven llamado Julián, que podría ser la pareja de Ricardo Roa.

El segmento que generó mayor preocupación se relaciona con el trámite de la hoja de vida de Hurtado. Allí, el hombre identificado como “Víctor”, descrito como un contratista influyente de la estatal, afirmó que el documento fue entregado por “el Bachiller”.

La difusión del archivo abrió interrogantes sobre la eventual intervención de personas ajenas a la estructura formal de Ecopetrol en decisiones relacionadas con sus directivos. Ese punto será uno de los asuntos que podría aclarar la Fiscalía.

Concluida la jornada de imputación de cargos contra la exmano derecha del expresidente Gustavo Petro, la Fiscalía General de la Nación dejó claro que insistirá en comprobar que Laura Sarabia cometió los presuntos delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso por el caso del polígrafo practicado a su exniñera Marelbys Meza en 2023.

La exjefa del Despacho Presidencial compareció el lunes 14 de septiembre ante el Juzgado Primero de Control de Garantías de Bogotá y, pese a los argumentos del ente acusador, rechazó los cargos.

La Fiscalía imputó a Laura Sarabia porque sostiene que ordenó someter a Meza a una prueba de polígrafo para resolver un asunto personal y que, para hacerlo, desbordó sus funciones, presionó a su empleada e impulsó el uso de recursos estatales. Según la acusación, los tres delitos se habrían cometido con conocimiento y voluntad.

La acusación ubica el origen del caso en un presunto hurto ocurrido en el apartamento de Sarabia en enero de 2023. Según la Fiscalía, el 28 de enero de 2023 Meza habría una bolsa negra con dinero y documentos que la entonces funcionaria había enviado antes de viajar a Cali.

La bolsa debía recibirla Andrés Parra, esposo de Sarabia, pero como no estaba en el apartamento habría quedado en manos de la empleada. Al día siguiente, Sarabia le pidió a Parra que la buscara y, al no encontrarla, contactó al coronel Carlos Alberto Feria Coldrago entonces jefe de la Casa Militar de la Presidencia.

La Fiscalía afirmó que en esa llamada Sarabia ordenó practicarle el polígrafo a Meza. “Se comunicó vía telefónica con el coronel Carlos Alberto Feria Coldrago y le ordenó que le practicara una prueba de polígrafo a Marelbys Meza Hueves”, señaló el ente acusador.

En ese mismo tramo de la imputación, la fiscal añadió que Sarabia, aún sabiendo de que estaba abusando de su posición en el Ejecutivo, habría ordenado al oficial usar los recursos del Estado para indagar sobre el robo.

“En calidad de jefa del despacho presidencial, al emitir esta orden al coronel Feria, desbordó su competencia funcional, abrogándose una atribución que legalmente le correspondía a otro funcionario, con el propósito exclusivo de resolver un asunto personal”, comentó la fiscal.

Para el ente acusador, Sarabia no tenía facultades para activar aparatos de inteligencia del Estado ni para ordenar una prueba de ese tipo a una persona que trabajaba para ella. La Fiscalía añadió que su formación, su experiencia en el sector público y su conocimiento de la administración estatal le permitían comprender el alcance ilegal de esa actuación.

El segundo cargo, constreñimiento ilegal agravado, se apoya en la relación laboral entre Sarabia y Meza. La Fiscalía sostuvo que la empleada dependía económicamente de ese trabajo y que esa situación la colocaba en una posición de vulnerabilidad frente a su empleadora.

“La simetría de poder que tenía con Marelbys, por ser su empleadora directa, lo que entraña una dependencia económica que ubicaba a la empleada en una posición de vulnerabilidad”, comentó el ente acusador. La fiscal añadió que Meza temía perder su único sustento si no aceptaba la exigencia.

Según el expediente, Meza creyó que acceder al polígrafo era la única forma de proteger su trabajo, su libertad y demostrar su inocencia ante su empleadora. La acusación también menciona el aumento del esquema de seguridad, el despliegue de oficiales en su residencia y los actos de investigación a los que fue sometida el 29 de enero de 2023.

“Usted, doctora Sarabia, se valió de medios derivados del poder que tenía como jefa de Despacho Presidencial. Estos eran medios coactivos que tuvieron la idoneidad suficiente para doblegar la voluntad de Marelbys”, afirmó la fiscal del caso.

El tercer cargo, peculado por uso, apunta al empleo presuntamente indebido de bienes y equipos del Estado. La Fiscalía señaló que Sarabia conocía la Resolución 0047 de 2023 y el Decreto 2647 de 2022, normas que delimitaban sus funciones a la asesoría política, la coordinación de agenda y la seguridad nacional.

La imputación sostiene que esas atribuciones no incluían la potestad de activar aparatos de inteligencia ni ordenar pruebas de uso específico. También afirma que Sarabia sabía que los equipos técnicos de la Policía tenían fines determinados y que su utilización para atender un asunto personal era irregular.

Qué viene en el proceso y quiénes más aparecen en el expediente

La Fiscalía señaló a Sarabia como autora en los cargos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado, y como determinadora en el de peculado por uso. Durante la diligencia, un abogado de la Secretaría Jurídica de la Presidencia sostuvo que esa entidad se considera víctima y destacó que el polígrafo se hizo en los sótanos ubicados frente a la Casa de Nariño.

La siguiente etapa será una audiencia de medida de aseguramiento. Allí la justicia definirá si Sarabia afronta el proceso en la cárcel, con detención domiciliaria o en libertad.

El expediente también alcanza a otros funcionarios y policías por las interceptaciones telefónicas ilegales contra Meza y otra empleada, Fabiola Perea, bajo el falso argumento de que eran integrantes del Clan del Golfo. Por esos hechos, dos agentes de la Dijín recibieron condenas de 11 y 12 años de cárcel en primera instancia y dos miembros de la Sijín de Bogotá fueron sentenciados a 10 años de prisión.

Además, el subintendente Fredy Gómez Bustamante firmó un preacuerdo con la Fiscalía y pagará cuatro años. Lo mismo ocurrió con el civil Rafael Ricardo Santos Puente, señalado como falso informante.

En el expediente también figura el capitán Óscar Mojica Cordón, exjefe del grupo de Hurtos a Residencias de la Sijín de Bogotá. Suscribió un principio de oportunidad a cambio de aportar información.

El coronel Carlos Alberto Feria Coldrago, exjefe de la Casa Militar de la Presidencia, está acusado por estos hechos y en proceso de ser llamado a juicio oral. Al igual que Sarabia, se declaró inocente.

El caso también aparece vinculado a la muerte del coronel Óscar Dávila, coordinador del Grupo de Protección Anticipativa de la Presidencia y subordinado de Feria en ese momento.

La Fiscalía certificó inicialmente que su muerte, ocurrida el 9 de junio de 2023 dentro de una camioneta de la Policía en Bogotá, fue un suicidio, aunque el expediente menciona versiones extraoficiales que no descartan un asesinato.

Luego de su salida del Congreso de la República el 20 de julio, el exrepresentante a la Cámara Miguel Polo Polo volvió a reactivar sus cuentas, pero esta vez, mostrando su día día por el viejo continente, tras revelar que tomó unas vacaciones en Italia, lejos de los debates políticos y de la actividad legislativa que marcó buena parte de su exposición pública.

Las publicaciones que compartió en redes sociales lo muestran entre paisajes europeos, comidas, paseos junto al mar y encuentros con distintas personas.

De hecho, entre los internautas no pasó desapercibido que el excongresista apareció acompañado por varios grupos durante su recorrido, entre ellos algunas mujeres. Las imágenes y los videos difundidos retratan una faceta distendida, alejada de las controversias que suele protagonizar en el ámbito político y digital.

De hecho, el excongresista dio oportunidad a sus seguidores de hacerle preguntas de distintos ámbitos, algo que no fue desaprovechado por quienes se cuestionaron sobre su relación con el presidente Abelardo de la Espriella y su exclusión del Gobierno nacional pese a la fuerte campaña que le hizo para primera y segunda vuelta.

Sin embargo, el exrepresentante aseguró que, tras su salida del Congreso, optó por no continuar con su labor en política por unos meses, mientras dedica su tiempo a conocer el Viejo Continente.

“No es que no me hayan dado trabajo, lo que pasa es que duré cuatro años en el Congreso de la República dándome unas peleas tenaces y pues tengo derecho también descansar, a vacacionar. Entonces decidí tomarme unos meses de descanso y disfrutar la vida, ser una persona libre, un civil más, que tenía rato sin saber qué era eso. Entonces por eso me vine al exterior, a descansar y a disfrutar y pues después volver a Colombia, a seguir dando la batalla, a seguir trabajando duro”, comentó Polo Polo.

Asimismo, los internautas no dudaron en preguntar por su situación sentimental actual, a lo que el exrepresentante respondió en una historia que no hacía falta una pareja cuando podía contar con la compañía de amigos y, por qué no, “aminovios”, un término coloquial para referirse a vínculos sentimentales no formales.

“- Te falta llevar a la novia

-?Para qué novias si hay amigos? ?Aminovios?“, respondió Polo Polo.

El congresista también se dejó ver a bordo de una embarcación en alta mar en compañía de una mujer, mientras interactuaban de manera afectuosa frente a la cámara.

En el clip, la acompañante le ofrece un bocado de comida mientras el representante le dice «mi amor», le da un beso en la mejilla y posteriormente prueba el alimento entre risas.

El video fue compartido en respuesta a una inquietud planteada por uno de sus seguidores en Instagram, quien le preguntó sobre las joyas que lucía: “¿El dije y el anillo son con esmeraldas?.. Si es así lo felicito por tener sentido de pertenencia". Haciendo guiño al comentario, Polo Polo aparece vistiendo una cadena y un anillo con piedras verdes que hacen alusión a las gemas colombianas, acompañado por el texto “Siempre Colombia ❤️“ fijado en la parte inferior de la pantalla.

En otra publicación compartida en sus redes sociales, el congresista generó revuelo al aparecer junto a un hombre y una mujer en un lujoso yate. El video se publicó en respuesta a la pregunta de un seguidor que indagaba de manera directa: “¿No ha pensado en abrir Onlyfans?“.

Para responder al interrogante con humor e ironía, el representante sobrepuso un texto de tamaño prominente con la palabra “Nooooo” en la parte inferior de la pantalla, pero en el video se observa dando besos afectuosos en la mejilla a un hombre y una mujer de nacionalidad italiana.

Tras conocerse el cartel oficial de los creadores de contenido que participarán de quinta edición Stream Fighters, una de las principales dudas que surgen es el valor que recibirá cada uno de los famosos que se someterá a la arriesgada presentación de boxeo.

De hecho, cada año, los participantes suelen negociar pagos distintos según su popularidad, el número de seguidores y el interés que genere cada combate, aunque la cifra oficial será confidencial después de que el organizador del popular evento, el streamer Westcol, prohibiera a los famosos revelar el precio final a través de cláusulas de confidencialidad.

Sin embargo, a la fecha ya se conoce el único monto divulgado a uno de los creadores que rechazó la propuesta de participar, lo que permite dimensionar el nivel económico de algunas conversaciones.

El streamer Naim afirmó que rechazó una propuesta para participar porque consideró insuficiente la suma ofrecida. Su caso no confirma los contratos del resto de la cartelera, pero sí muestra que las negociaciones pueden moverse en decenas de miles de dólares.

Naim reveló que Westcol le habría ofrecido 30.000 dólares para formar parte de Stream Fighters 5; es decir, un poco más de 92 millones de pesos colombianos. El creador de contenido no aceptó esa propuesta.

El streamer explicó que esperaba recibir unos 100.000 dólares, una cifra superior a 300 millones de pesos colombianos, debido a su alcance en las redes sociales y a su condición de influencer viral.

WestCol habría establecido acuerdos de confidencialidad para impedir que los convocados revelen sus ingresos. La medida apunta a evitar conflictos entre los talentos por las diferencias que puedan existir en sus remuneraciones.

Entre los usuarios de redes sociales circuló la versión de que Andrea Valdiri, también participante de la versión anterior, estaría entre las competidoras con mejor retribución. La participante volverá al evento por segundo año consecutivo, aunque no se conocieron pruebas ni confirmaciones sobre su pago.

La popularidad y las rivalidades pueden elevar el valor de cada pelea

La remuneración de los creadores no sería uniforme. El nivel de reconocimiento y la cantidad de seguidores aparecen como los factores que pueden influir en el acuerdo económico de cada participante.

Los enfrentamientos con conflictos previos también podrían tener un valor superior. Una pelea que concentre atención en las redes sociales o reúna a figuras con una rivalidad conocida tendría mayor capacidad de atraer interés.

El anuncio de los combates incluyó varios cruces asociados a disputas surgidas en programas de televisión y entre personalidades del entretenimiento digital.

WestCol anunció que esta será la última edición del evento

El creador de contenido Westcol presentó esta versión como la quinta y última de Stream Fighters. El espectáculo nació como una propuesta de boxeo entre celebridades de internet que aceptaban enfrentarse por retos o diferencias públicas.

Con el paso de las ediciones, el evento ganó presencia entre las audiencias digitales. Para la despedida, el organizador anticipó una novedad que no había formado parte de las jornadas anteriores: dos robots subirán al ring.

La programación está anunciada para el 14 de noviembre en el Coliseo Medplus, en Bogotá. La convocatoria reunirá a streamers, influenciadores, cantantes y participantes de realities.

Uno de los duelos de mayor repercusión será el de Westcol contra Blessd. El organizador peleará por primera vez dentro de su propio evento.

Algunos usuarios celebraron ese cruce, mientras que otros plantearon que Westcol debía enfrentar al cantante Pirlo debido a las diferencias que se les atribuyen.

La cartelera reúne enfrentamientos de figuras digitales y realities

La lista presentada contempla combates entre el Rey de la City y We got Kicks, además de Agropecuario contra Daren. Samantha Correa se medirá con Cami Pulgarín y Herrera enfrentará a Jh de la Cruz.

También fueron anunciados los cruces entre Alexa y Beba, Karola y Yaya, además de Valentino Lázaro frente a Emiro Navarro. Sebastucho peleará contra Leandro y Lonche se enfrentará a Chanty.

La Divaza tendrá como rival a Andrea Valdiri. Willito también fue incluido en la programación, aunque la identidad de su oponente todavía no fue comunicada.

El anuncio habló de 10 batallas en una misma noche, pero la relación de enfrentamientos difundida contiene más cruces. La información disponible no aclara esa diferencia ni precisa si habrá cambios antes de la velada.

El pesaje reactivó disputas entre varios de los convocados

El pesaje reunió a los participantes antes de los combates y dejó discusiones entre algunas de las figuras anunciadas. Beba y Alexa Torres expusieron las diferencias que mantienen desde su salida de un reality del Canal RCN.

Ese antecedente convirtió su pelea en una de las que concentra atención previa. El enfrentamiento trasladará al ring un conflicto que ya había tenido expresiones públicas.

Emiro Navarro y Valentino Lázaro también intercambiaron palabras durante el encuentro. El barranquillero manifestó su desacuerdo con los argumentos que se utilizaban en su contra.

Navarro señaló además que quería cobrar más al enterarse de que su rival sería un excompañero de reality. La discusión reforzó la expectativa sobre el combate, mientras las cifras definitivas de los contratos continúan sin conocerse.

Hay confusión en la localidad de San Cristobal, en el sur de Bogotá, después de que los habitantes reportaran un fuerte choque de una ambulancia contra una panadería en el barrio Libertadores.

Según información conocida por Citynoticias, las autoridades se encuentran en la recolección de material fílmico del incidente, después de que se observara en un video la posible maniobra del copiloto del vehículo de emergencia para, presuntamente, alterar la escena y ocultar al responsable del siniestro.

El hecho ocurrió cerca de las 9:21 a. m. del domingo 13 de septiembre, cuando la ambulancia de placas RAX921 circulaba con aparente normalidad. Sin embargo, en un brusco giro, el vehículo terminó contra un inmueble comercial y causó daños materiales en los establecimientos de la zona.

La investigación busca establecer si el hombre que atendió a las autoridades como conductor realmente manejaba la ambulancia antes del choque. Los videos conocidos por el noticiero local muestran movimientos de los ocupantes posteriores al impacto que no coincidirían con la versión entregada inicialmente a la Policía.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el sector, el vehículo subía por la vía y giró para evitar un automóvil que estaba estacionado. La maniobra habría terminado con la ambulancia fuera de control y contra la fachada de la panadería.

Luis, un testigo consultado por Citynoticias, relató que el conductor intentó corregir el trayecto, aunque no logró evitar el impacto. “Pues para no parar el carro, dio la dirección toda hacia allá y se agarró la dirección el chofer y se fue contra la panadería”, afirmó.

El estruendo alertó a los habitantes y comerciantes de la zona. Mónica Sánchez, residente del sector, contó que se enteró del accidente mientras salía a comprar productos para el desayuno. La mujer explicó que su compañero y su madre le avisaron sobre el choque. Tras conocer lo ocurrido, subió hasta el local para observar las consecuencias del impacto.

La ambulancia quedó incrustada en la estructura del establecimiento. El incidente no dejó personas lesionadas reportadas en el lugar, aunque sí afectó los locales comerciales alcanzados por el vehículo.

Las cámaras registraron cambios de lugar dentro del vehículo tras el choque

El material audiovisual mostró que, luego de la colisión, el copiloto habría pasado al lugar del conductor. Esa acción ocurrió ante vecinos que se acercaron al sitio después de escuchar el golpe.

Según la reconstrucción divulgada por el medio, ese movimiento permitió que el hombre que presuntamente manejaba se dirigiera hacia el costado derecho de la ambulancia. Desde allí abrió la puerta de la zona medicalizada.

Una primera persona vestida de civil descendió del vehículo. Minutos más tarde bajó una mujer que cayó al suelo porque no podía sostenerse y recibió ayuda de quien sería el conductor original.

Después salió una segunda mujer. La secuencia plantea que había más ocupantes dentro de la ambulancia de los que luego fueron informados a las autoridades que atendieron el caso.

Tras permanecer unos minutos en el lugar, cuatro personas se habrían retirado. En la escena habrían quedado el supuesto conductor y un ayudante.

Gladys Bolaños, habitante del barrio, explicó que llegó junto a su hermana hacia las 9.30. Para entonces, ya no estaban los demás ocupantes del vehículo.

“Nosotros subimos con mi hermana, pero ya no estaban los ocupantes de la ambulancia”, señaló Bolaños. La vecina dijo que no pudo establecer cuántas personas viajaban inicialmente en el interior.

Bomberos y Policía atendieron el caso bajo la hipótesis de un microsueño

El Cuerpo de Bomberos llegó cerca de las 9:35 a. m. como primer respondiente de la emergencia. Los efectivos acordonaron el área para atender el riesgo derivado del choque y proteger la zona afectada.

También acudieron agentes de la Policía. En ese momento, los supuestos responsables indicaron que en la ambulancia solo viajaban dos personas.

La explicación entregada a las autoridades apuntó a un microsueño como causa del accidente. Esa fue la hipótesis inicial que quedó consignada durante la atención del hecho.

Los agentes verificaron que los documentos del vehículo estuvieran en regla. Además, el hombre presentado como conductor tuvo un resultado negativo en una prueba de alcoholemia.

El caso quedó en manos de las autoridades competentes, que deberán contrastar los testimonios, la grabación de seguridad y la información entregada tras el choque. La indagación busca determinar quién conducía la ambulancia al momento del impacto y si hubo un intento de alterar la reconstrucción de los hechos.

La estructura estaba en Isla Nayita, corregimiento de Puerto Merizalde, a 1.200 metros de la costa del Pacífico colombiano. Esa ubicación facilitaba el arribo y la salida de aeronaves, con menores riesgos de detección, de acuerdo con la información de inteligencia divulgada por la Policía Nacional.

Sin embargo, esta sería una de las ocho que las autoridades tiene en la mira. Según información conocida por la revista Semana, la operación Soberanía Uno busca destruir las pistas clandestinas utilizadas por organizaciones narcotraficantes para el despegue de aviones livianos cargados con cocaína. Las autoridades ya identificaron otros corredores ilegales que servirían para enviar el alcaloide desde Colombia hacia Estados Unidos y Europa.

El primer procedimiento se concentró en el litoral de Buenaventura. La Policía Antinarcóticos señaló que el lugar funcionaba como parte de una cadena logística que conectaba la producción de droga con las rutas de salida por el Pacífico.

La intervención incluyó la destrucción de la pista y la inhabilitación de una infraestructura destinada al procesamiento de pasta base de coca. La operación también afectó una hectárea de cultivos de hoja de coca situada cerca de la estructura.

La Policía indicó que la cercanía entre los cultivos, el punto de procesamiento y la pista favorecía el funcionamiento del corredor. El esquema permitía concentrar en un mismo sector distintas etapas de la actividad ilegal antes del traslado de la droga.

Las cargas explosivas inutilizaron cuatro tramos de la pista

Las unidades operativas instalaron cargas explosivas en cuatro puntos distribuidos a lo largo de los 1.280 metros de la pista. Con esa maniobra, las autoridades buscaron impedir que la superficie volviera a ser usada como plataforma para aeronaves vinculadas con el tráfico de estupefacientes.

El operativo surgió de una investigación de la Seccional de Investigación Criminal, que trabajó junto a la Fiscalía General de la Nación para establecer la ubicación y las características de las estructuras ilegales.

Luego de esa etapa, participaron unidades especializadas de la Policía Nacional y de la Fuerza Aérea Colombiana. La operación formó parte de la Estrategia Esmeralda Plus y contó con coordinación de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

La Policía informó que durante la intervención incautó cerca de 454 litros de gasolina (120 galones) y 198 bultos de cemento. Los agentes también inhabilitaron la instalación que se empleaba para procesar pasta base de coca.

El despliegue representa el primer resultado conocido de Soberanía Uno. El objetivo de las autoridades es localizar y destruir las demás pistas detectadas en áreas empleadas por las redes de narcotráfico.

De acuerdo con la inteligencia oficial, la operación afectó las economías ilegales del Bloque Occidental Jacobo Arenas, frente Jaime Martínez, del Estado Mayor Central (EMC), grupo al que las autoridades vinculan con alias Iván Mordisco.

La organización tiene presencia en el suroccidente de Colombia, según la Policía. La institución sostuvo que el procedimiento redujo sus capacidades de movilidad y de producción dentro de la cadena del tráfico transnacional de drogas.

Para entrar en la zona participaron tres helicópteros UH-60 Black Hawk de la Policía Nacional. El dispositivo recibió apoyo de un helicóptero Arpía y del avión Fantasma de la Fuerza Aérea Colombiana.

También intervinieron los Comandos Jungla de la Policía y el equipo Gruli de la Fuerza Aérea. La presencia de esas unidades permitió ejecutar la maniobra en un área apartada de la costa de Buenaventura.

“El operativo demuestra nuestra capacidad para llegar a zonas estratégicas utilizadas por las organizaciones criminales”, manifestó el director de Antinarcóticos, el brigadier general William Castaño Ramos, en la declaración difundida por la Policía Nacional.

La Policía Nacional señaló que mantendrá las operaciones conjuntas con la fuerza pública, la Fiscalía General de la Nación y organismos internacionales. El propósito declarado es intervenir infraestructuras, corredores y capacidades logísticas de las organizaciones criminales.

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) convocó a una nueva movilización nacional para el 14 de octubre junto con la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), el Pacto Histórico y otras 12 organizaciones sociales.

Según indicó el sindicato de docentes, la jornada se planteó como antesala de un paro nacional contra el gobierno de Abelardo de la Espriella que las agrupaciones buscan iniciar en noviembre.

La convocatoria surgió de un encuentro realizado en Bogotá el 11 y 12 de septiembre, al que asistieron más de 1.500 delegados de sindicatos, colectivos sociales, organizaciones campesinas, comunidades étnicas y fuerzas políticas de distintas regiones del país.

El comunicado del encuentro nacional fijó para el miércoles 14 de octubre una jornada de manifestaciones en Colombia. Las organizaciones aún no informaron los lugares de concentración ni los recorridos previstos en ciudades como Bogotá y Medellín.

Según indicaron los sindicalistas, la movilización busca respaldar una agenda de defensa de la soberanía, la democracia, la paz, los servicios públicos y las reformas sociales. También anticipa afectaciones a la circulación en las principales capitales, aunque no se conocen los detalles operativos de las protestas.

La declaración plantea que la actividad de octubre será parte de la preparación de una huelga de alcance nacional. El documento propuso organizar una campaña para que la medida comience el 11 o el 20 de noviembre, sin precisar cuál de las dos fechas quedará finalmente definida.

Fecode difundió la decisión a través de su cuenta de X. “El Encuentro llama a construir la más amplia unidad popular, fortalecer la organización desde los territorios y preparar la movilización nacional”, indicó la federación docente.

La organización añadió que la convocatoria apunta a defender “la soberanía, la democracia, la paz, los derechos conquistados y los servicios públicos, incluida la educación pública”.

Los delegados reunidos en Bogotá declararon su oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella. Los líderes del magisterio lo acusan de orientar al país hacia una mayor subordinación a los intereses de Estados Unidos y de promover decisiones contrarias a los derechos laborales, sociales y políticos.

La declaración sostiene que las organizaciones defenderán las reformas impulsadas durante el gobierno de Gustavo Petro. Entre ellas, menciona la reforma laboral, la entrega de tierras a campesinos, la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado y medidas en materia educativa y pensional.

El comunicado también atribuye al actual gobierno la intención de permitir bases militares estadounidenses y desarrollar operaciones conjuntas con tropas de ese país. Los colectivos cuestionaron, además, lo que describieron como una política de privatización de entidades estatales y servicios públicos. En ese apartado mencionaron a Ecopetrol, Cenit, el Grupo Bicentenario y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

La declaración también rechaza una eventual ampliación del porte de armas, el fortalecimiento de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), la reanudación de la aspersión aérea con glifosato y la aplicación de técnicas de fracturación hidráulica.

La defensa de la educación y de los territorios aparece entre los ejes

La Federación Colombiana de Educadores incluyó la defensa de la educación pública entre los argumentos de la jornada. El documento rechaza la precarización del sistema educativo y denuncia una presunta persecución contra dirigentes sindicales del magisterio.

El texto también plantea la protección de la salud, el agua y los servicios básicos como derechos fundamentales. Las organizaciones incluyeron ese punto en una plataforma que reúne reclamos laborales, ambientales y territoriales.

Otro de los ejes consiste en impedir lo que los convocantes definieron como un intento de eliminar la referencia al campesinado en el lenguaje oficial. Para los firmantes, esa medida afectaría la identidad, la cultura y las luchas de las comunidades rurales.

El plan de acción contempla una jornada mundial de solidaridad con el pueblo palestino para el 10 de octubre. Cuatro días después tendrá lugar la movilización preparatoria del paro nacional.

La CUT celebrará sus 40 años el 16 de noviembre. El cronograma también prevé actividades por el décimo aniversario de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, programadas para el 24 de noviembre.

La agenda incluye una conmemoración por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre. Hacia el final de ese mes, las organizaciones anunciaron un Foro Nacional por la Defensa de los Derechos Humanos.

El documento plantea mantener las campañas de solidaridad con las víctimas del terremoto del 10 de agosto, las inundaciones y los incendios. Los convocantes propusieron impulsar una organización independiente de las personas damnificadas.

Tras la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, en la ciudad de Riohacha, Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, aseguró que las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn) no contemplaban represalias y que el criminal ya actuaba por fuera de las decisiones de la estructura.

El jefe armado sostuvo en una entrevista con la revista Semana que la relación con el abatido cabecilla se había deteriorado porque tomaba decisiones sin consultar a los mandos y difundía en redes sociales amenazas contra la fuerza pública y el Estado.

En medio de su intervención, el comandante de las Acsn entregó detalles de la última conversación entre ambos, que habría ocurrió cuando un delegado gubernamental identificado como el doctor Silva buscaba abrir un acercamiento con “Bendito Menor”. El objetivo era evaluar su eventual incorporación a una mesa de negociación y la posible cancelación de su orden de captura.

Castillo afirmó que creía que Bendito Menor estaba en Venezuela. Solo después de su muerte supo que, de acuerdo con la información que conoció, llevaba varios meses en una vivienda de Riohacha, La Guajira.

“La última vez fue una vez que me llamó el doctor Silva que quería un acercamiento con él, que se estaba hablando porque él estaba en Venezuela, según, porque yo pensé que él estaba en Venezuela, la verdad. No sabía que él estaba ahí, que llevaba varios meses”, señaló alias Pinocho.

El comandante dijo que no seguía las publicaciones del hombre abatido porque ya no usa redes sociales. Aun así, admitió que las imágenes y videos que difundía el criminal evidenciaban que permanecía en territorio colombiano.

“Él quería arreglar su problema”, contó Castillo sobre aquel último contacto con Bendito Menor. Según su versión, Pérez Toncel quería solucionar sus asuntos ante la justicia y buscaba también una salida para la situación de su pareja, Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita.

El jefe de las Acsn señaló que Bendito Menor expresó preocupación por lo que pudiera ocurrir con ella. En ese momento, se habló de la posibilidad de lograr un acuerdo, aunque el acercamiento nunca avanzó.

“Él me dijo a mí que él quería arreglar su problema y consecuentemente dijo que también quería arreglar el problema de la mujer, a la ”bebecita", que porque él no sabía qué podía pasar, que él quiere arreglar su problema, pero también el estaba pensaba que posiblemente se podía llegar a un acuerdo, a lo cual nunca se dio. Pero sabíamos en el fondo que era difícil de que ahora se entrara nuevamente en un proceso de paz sabiendo que ya había cometido cagadas”, señaló el comandante de las Ascn en diálogo con Semana.

Castillo sostuvo que esa fue la última vez que habló con él. Después, la fuerza pública abatió a Bendito Menor y a La Bebecita durante una operación en Riohacha.

Para “Pinocho”, la posibilidad de que Bendito Menor regresara a una negociación era limitada por los crímenes que se le atribuían. Entre ellos, mencionó la masacre en Dibulla.

El comandante afirmó que comenzó a tomar distancia porque consideraba que un hombre sin control interno se convertía en un problema para toda la organización. Según su relato, los mandos de las Acsn le enviaron varios mensajes para que asistiera a reuniones. “Bendito Menor”, afirmó, no acudió a esos encuentros por temor y mantuvo una conducta autónoma.

Castillo explicó que la organización buscaba que el criminal se sentara a dialogar para reducir los homicidios en La Guajira. La intención, según dijo, no era apartarlo de inmediato, sino llevarlo a la mesa de conversaciones.

Las amenazas públicas elevaron la tensión en La Guajira

El comandante aseguró que las publicaciones de Bendito Menor no contaban con autorización de la estructura. Dijo que el hombre aparecía armado, hacía amenazas y desafiaba de forma abierta al Estado.

Para Castillo, esas actuaciones ponían en riesgo cualquier intento de negociación. También sostuvo que el Gobierno conocía que Bendito Menor actuaba por iniciativa propia.

El jefe de las Acsn afirmó que Pérez Toncel controlaba un corredor entre Riohacha y Maicao. Esa presencia territorial, según explicó, convirtió su muerte en un asunto relevante para la disputa armada en La Guajira.

Entretnato, alias Pinoño negó que la organización criminal hubiera colaborado con las autoridades para ubicar a “Bendito Menor”. Castillo respondió que no participaron en esa operación ni suministraron información sobre su paradero.

El comandante sostuvo que, de haber conocido su ubicación, para ellos habría sido fácil ir por él. Aun así, aseguró que no actuaron de esa manera por principios internos. Tras el operativo en Riohacha, las Acsn difundieron un comunicado en el que descartaron represalias. Castillo afirmó que esa directriz, atribuida al Estado Mayor de la organización, se mantendría.

El jefe armado insistió en que “Bendito Menor” no era un héroe ni un integrante legítimo de la estructura al momento de morir. Según su descripción, ya realizaba actividades “por su cuenta” y sin control de los mandos.

La renovación del templo de El Santuario dejó fracturas y hundimientos en un piso de cerámica instalado hace más de un siglo en la iglesia Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. El Centro de Historia del municipio advirtió que el desplazamiento de un andamio usado durante las obras dañó baldosas fabricadas en la antigua Fábrica El Salto.

Según denuncias recogidas por El Colombiano, la preocupación excede la conservación de un elemento decorativo. El suelo afectado integra la memoria industrial y religiosa de El Santuario, ya que fue elaborado en una fábrica local que abasteció a varios templos de Antioquia antes de desaparecer del mercado.

La iglesia del parque principal de El Santuario conserva un reloj procedente de París, vitrales de Barcelona y campanas fundidas en Medellín. Su piso, en cambio, constituye un testimonio de la producción del propio municipio y de la relación entre la comunidad, el comercio y el templo.

De acuerdo con El Colombiano, el Centro de Historia de El Santuario denunció que un andamio tubular con ruedas, instalado para intervenir el techo de la iglesia, pasó directamente sobre las piezas históricas del suelo.

En los sectores por donde ya circuló la estructura, las baldosas presentan daños visibles. Las fracturas se repiten a lo largo del recorrido y algunas zonas quedaron hundidas.

La entidad cultural pidió que se adopte una alternativa para trasladar el andamio. La propuesta incluye el uso de tablas, rieles u otros sistemas que impidan el roce y el peso directo de la estructura sobre la cerámica.

El riesgo reside en que las piezas no son de fabricación reciente ni pueden reemplazarse con facilidad. La experiencia de restauraciones anteriores mostró que resulta difícil reproducir sus materiales, diseño y resistencia.

El templo fue levantado tras una solicitud presentada en 1765 por el capitán Antonio Gómez de Castro, a quien se considera fundador de El Santuario. La capilla buscaba evitar que los habitantes debieran trasladarse a Marinilla para asistir a misa, pues la localidad permaneció bajo esa jurisdicción hasta 1838.

El piso fue instalado en 1909 con cerámica de la fábrica El Salto

En la entrada principal aún subsisten rastros de una inscripción que marcaba el año de colocación del piso: 1909. Las baldosas también formaban, en color azul, la frase latina Haec est domus Dei, cuya traducción es “Esta es la casa de Dios”.

La desaparición parcial de esas marcas preocupa a quienes investigan el patrimonio local. Para el Centro de Historia, cada pieza rota implica la pérdida de una referencia material sobre el origen y la actividad económica del municipio.

La fábrica de cerámicas El Salto fue fundada en la vereda del mismo nombre por el general Eusebio María Gómez y el comerciante Lisandro Zuluaga. Gómez había aprendido el oficio de fabricar cerámica en Mompox antes de asociarse con el empresario granadino.

La compañía comenzó con la elaboración de vajillas de loza y luego incorporó la fabricación de baldosas. Su primera venta de gran escala fue destinada precisamente al templo de El Santuario.

Las piezas producidas allí también llegaron a iglesias de Abejorral, Concepción y Rionegro, cuyos pisos todavía las conservan. Con la llegada de la electrificación, la fábrica amplió su producción hacia los aisladores.

La apertura a la importación de materiales terminó por desplazar a la empresa del mercado en 1980. Sus antiguas chimeneas permanecen como parte del paisaje local, aunque hoy crecen árboles sobre algunas de esas estructuras.

Los intentos de reemplazar la cerámica no lograron replicar el material original

El presbítero Luis Javier Otálvaro Álvarez, párroco de la iglesia, manifestó que reparará las roturas, según informó El Colombiano. El medio intentó conocer el plan para restaurar el techo y la respuesta del sacerdote a la denuncia, pero no obtuvo contestación antes del cierre de la publicación.

El desafío radica en que las baldosas originales ya no se producen con las mismas características. La opción que se evalúa para cubrir los espacios perdidos consiste en adquirir losas de otro tamaño y cortarlas con una sierra eléctrica para ajustarlas al área afectada.

“Eso no va a ser lo mismo”, dijo Orlando Vázquez, socio fundador del Centro de Historia de El Santuario, a El Colombiano. El investigador sostuvo que esa alternativa permitiría conservar al menos una parte del piso.

Vázquez también vinculó la historia de la fábrica con su propia familia. Su abuelo, José Dolores Vázquez, transportó a lomo de mula baldosas de El Salto hacia otros municipios antioqueños.

El antecedente más cercano está en la fuente del parque principal. Ese espacio conserva piezas blancas originarias de la misma fábrica, aunque exhibe zonas de cemento expuesto, vallas metálicas y residuos acumulados.

Ligia Mayira Duque Gómez, presidenta del Centro de Historia, relató al diario que se contrató a un ceramista de El Carmen de Viboral para sustituir las baldosas deterioradas de la fuente, pero la intervención no resistió el paso del tiempo.

“Esa baldosa, por mucho que lograra acercarse, no logró compararse. Al poco tiempo de su instalación, se rompieron y se tuvieron que desinstalar”, afirmó Duque Gómez ante el diario nacional.

La presidenta del Centro de Historia recordó que vio funcionar la fuente por última vez hace una década. En el lugar permanecen retratos de figuras históricas de El Santuario, pintados a mano por el artista marinillo Francisco Moreno.

El daño en el piso de la iglesia reactivó ese debate patrimonial. Para la entidad, el traslado del andamio debe modificarse antes de que las obras de techo provoquen nuevas pérdidas en una cerámica que ya forma parte de la historia material del municipio.

Casas, carros y lujos harían parte del patrimonio que Fabián Varicachá, alias Pluma, habría obtenido tras crear un red de extorsión con sede en el pabellón 6 se la cárcel La Picota de Bogotá.

Según información entregada por la Fiscalía General de la Nación, el hoy acusado habría obtenido más de 4.900 millones de pesos a través de un ‘call center’ clandestino en el centro carcelario.

El ente acusador sostuvo que el recluso, también conocido como “El Don”, habría ejercido el control criminal y financiero de una estructura que también tenía integrantes fuera del establecimiento penitenciario.

La investigación determinó que las víctimas eran contactadas a través de perfiles falsos de mujeres en WhatsApp. Los delincuentes ofrecían supuestos servicios sexuales, obtenían material privado o hacían montajes, y luego exigían transferencias para no divulgarlo.

Según la Fiscalía General de la Nación, las comunicaciones iniciaban con llamadas hechas desde La Picota. Para concretarlas, los integrantes de la red habrían burlado los controles del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

El expediente señala que la organización accedía de forma ilegal a teléfonos móviles, servicios de datos y aplicaciones financieras. El mecanismo no se habría limitado a esa prisión, pues el entramado tendría vínculos con otros centros penitenciarios del país.

El dinero exigido a las víctimas llegaba a billeteras digitales y cuentas bancarias de terceros. Después, los recursos se distribuían entre los presuntos miembros de la organización dentro y fuera de las cárceles.

Una parte de los fondos era retirada en efectivo. La Fiscalía indicó que esos recursos habrían financiado la compra de inmuebles, vehículos y otros activos.

Las labores de policía judicial comenzaron a partir de un Reporte de Operación Sospechosa. A partir de ese aviso, los investigadores siguieron el origen, el recorrido y el destino de los fondos.

El organismo examinó más de 631.000 operaciones financieras y documentó 43 noticias criminales, entre denuncias y reportes presentados por víctimas.

Las amenazas aumentaban después del primer pago

La modalidad identificada por los investigadores incluía la creación de perfiles falsos de mujeres para entablar conversaciones con potenciales víctimas por WhatsApp. Los responsables ofrecían encuentros sexuales inexistentes y luego utilizaban fotografías extraídas de redes sociales y material alterado para hacer señalamientos relacionados con delitos sexuales.

Con esa información, los presuntos extorsionistas exigían dinero a cambio de no difundir las imágenes o acusaciones. Tras recibir una primera transferencia, las amenazas aumentaban para forzar nuevos pagos.

La Fiscalía atribuyó a la red la realización de extorsiones y estafas telefónicas desde el pabellón 6 de La Picota. La pesquisa estableció que parte de los recursos retornaba al penal a través de consignaciones de bajo monto.

Esas transferencias tendrían como destinatario a Fabián Viracachá Ballén. Pese a permanecer privado de la libertad, el recluso habría conservado dominio sobre las finanzas y las operaciones de la estructura.

El ente acusador indicó que, en distintos patios del penal, presuntamente reclutaban y entrenaban a internos para realizar llamadas masivas a personas ubicadas en varias regiones de Colombia.

El seguimiento patrimonial permitió detectar un esquema de ocultamiento de, por lo menos, 2.000 millones de pesos en menos de cuatro años. La Fiscalía señaló que parte de las ganancias ilícitas habría servido para mantener el control en el establecimiento penitenciario. El dinero también habría facilitado el ingreso y la venta de bebidas alcohólicas, estupefacientes y otros elementos prohibidos.

Viracachá Ballén está postulado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como exintegrante de las extintas Farc. Cumple una pena de 38 años de prisión por el homicidio de un integrante de la Policía Nacional y por otros delitos.

A este recluso también le atribuyen extorsiones y lesiones personales contra otras personas privadas de la libertad. De acuerdo con la investigación, esos hechos formaban parte del control que presuntamente mantenía sobre la actividad ilegal dentro de la cárcel.

La Fiscalía identificó seis inmuebles y cuatro vehículos que habrían sido adquiridos con recursos procedentes de las actividades investigadas. Los bienes están ubicados en Bogotá, Soacha, Facatativá, Fusagasugá y Viotá, en Cundinamarca, además de Restrepo, Meta. El ente acusador promoverá medidas cautelares sobre esos activos con fines de comiso.

La esposa, el hijo y la hijastra fueron enviados a prisión

La estructura estaría integrada, entre otras personas, por Bibiana Paola Montañez Rozo, esposa de Viracachá Ballén; Helim Yareyth Clavijo Montañez, su hijastra; y Michael Stiven Viracachá Pérez, su hijo.

Los tres familiares habrían facilitado el traslado de dinero y participado en la adquisición de bienes. La Fiscalía los capturó mediante un operativo de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional (Dijín).

Mientras tanto, Viracachá Ballén fue notificado del nuevo proceso en el centro de reclusión donde cumple su condena. Un fiscal de la Delegada para las Finanzas Criminales presentó a los familiares ante un juez de control de garantías de Bogotá. La imputación incluyó los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, amenazas, concierto para delinquir y suplantación de identidad.

Los tres procesados recibieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. La investigación continúa con el propósito de avanzar sobre los bienes detectados y establecer el alcance de la red que habría operado desde prisión.

Más de dos años después de que Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, huyera del país para evadir su presunta responsabilidad en una red de contrabando que se habría apoderado de los puertos del país, además de infiltrar las esferas de la Policía aduanera, el también considerado “zar del contrabando” sorprendió con una nueva jugada.

Y es que según información revelada en la mañana del lunes 14 de septiembre, el contrabandista demandó al Estado por la extrafalaria suma de 400 salarios mínimos, unos $700 millones, por los daños que, según sostiene, le causó la orden de captura con fines de extradición dictada en 2024.

Diego Marín Buitrago, investigado en Colombia como presunto líder de una red de contrabandistas, extendió esa reclamación a su esposa, Liset Samboní, y a sus tres hijos, según documentos revelados por la revista Cambio.

Marín Buitrago reclama esa indemnización porque afirma que la orden de captura usada para detenerlo en España y luego en Portugal le causó perjuicios emocionales y psicológicos, además de una supuesta vulneración del debido proceso. En su acción judicial sostiene que esa decisión no podía seguir vigente en las condiciones en que fue aplicada y pide reparación para él y su núcleo familiar.

La demanda apunta contra la Fiscalía General de la Nación, la Cancillería, la Rama Judicial y el Ministerio de Justicia. Según el expediente revelado por Cambio, esas entidades le habrían causado afectaciones continuadas por la orden con la que fue solicitado en extradición en un proceso por el que se expone a una pena de hasta 27 años de cárcel por concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer.

El reclamo distribuye los 400 salarios mínimos así: 100 para Marín por perjuicios morales, otros 100 para él por la presunta violación de su derecho al debido proceso y 50 para cada uno de sus familiares cercanos. La acción sostiene que todos han sufrido “angustia, zozobra, dolor, sufrimiento” y otras afectaciones emocionales y psicológicas.

Los argumentos con los que busca tumbar la validez de la captura

El eje de la demanda cuestiona que una misma orden judicial sirviera para capturarlo dos veces: la primera, el 5 de abril de 2024 en España, y la segunda, el 3 de diciembre de ese mismo año en Portugal. La defensa sostiene que la libertad provisional que recibió en España al día siguiente bastaba para dejar sin efecto la orden librada en Colombia.

Su abogado, William Mejía, alega que, como Marín estaba en España y también tiene ciudadanía de ese país, la captura solo podía ordenarse cuando existiera una resolución sobre su situación jurídica. Esa tesis se apoyaría en el artículo 512 del Código de Procedimiento Penal.

La demanda añade que hubo un “error judicial” porque en enero de 2024 se pidió una orden de captura con fines de imputación y medida de aseguramiento al mismo tiempo que se tramitó una notificación roja de la Interpol.

“Esa actuación judicial produjo efectos dañosos reales y verificables, pues la orden de captura No. 002 del 11 de marzo de 2024 no permaneció como una simple decisión interna del proceso penal, sino que fue proyectada internacionalmente y sirvió de fundamento para la captura del señor Diego Marín Buitrago en España y, posteriormente, para su nueva privación de la libertad en Portugal”, señala el escrito de la demanda revelada por Cambio.

Antes de presentar la demanda, Marín intentó una conciliación ante la Procuraduría General de la Nación con las entidades señaladas. Esa diligencia fracasó el 20 de mayo de 2026.

En esa audiencia, la Rama Judicial rechazó el sustento central de la reclamación. “La tesis de la parte convocante descansa en una premisa que no se ajusta al marco normativo aplicable: asumir que la libertad provisional decretada por las autoridades españolas el 6 de abril de 2024 produjo, por sí sola, la pérdida de vigencia de la orden de captura librada en Colombia”, señaló el apoderado.

La entidad añadió que la legislación española permite que sus ciudadanos requeridos en extradición accedan a libertad provisional sin que eso detenga el trámite de entrega. Tras el fracaso de la conciliación, ahora un juzgado administrativo de Bogotá deberá decidir si admite o no la demanda.

El patrimonio reportado y la disputa paralela por su pensión

En paralelo a esa reclamación, los reportes entregados por Marín ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) conocidos por la revista Cambio indican que su patrimonio en 2025 fue de $3.869 millones. Esos documentos también muestran ingresos anuales cercanos a $600 millones en los últimos cuatro años.

Según esos reportes, Marín justifica sus recursos como pensionado y rentista de capital. También promovió otras acciones judiciales para poder recibir en Europa las mesadas de vejez que tiene retenidas en Colombia.

El 12 de agosto, una jueza de Bogotá ordenó al Banco BBVA adelantar las gestiones para que pueda abrir una cuenta y recibir en Portugal los pagos reconocidos por Colpensiones, incluidos los retroactivos. Marín está pensionado desde agosto de 2024 y recibe una asignación mensual de aproximadamente $13,9 millones.

Mientras se resuelve si la justicia administrativa estudia su reclamación, Marín sigue en Portugal a la espera de dos decisiones sobre su situación. Una es la definición sobre la admisión de su demanda contra el Estado y la otra es el resultado del pedido de extradición a Colombia para que enfrente el proceso penal abierto en su contra.

El taxista Henry Acevedo quedó recluido en un centro carcelario por orden de un juez de control de garantías, luego de que la Fiscalía General de la Nación le imputara el delito de hurto agravado.

El proceso se originó después de el hombre optara por robar el celular de una turista mexicana mientras la mujer paseaba por el Centro Histórico de Cartagena en horas de la madrugada.

La decisión judicial se tomó el sábado 12 de septiembre tras una audiencia en la que el ente acusador pidió una medida de aseguramiento privativa de la libertad. El juez aceptó la solicitud mientras avanza la investigación contra el conductor.

El caso se resolvió después de que las autoridades identificaran al conductor a partir de videos de seguridad, recuperaran el equipo denunciado y ubicaran a la víctima para que formalizara la denuncia.

Según la Policía, el hombre cambió dos veces de residencia para evitar que los investigadores lo encontraran, pero fue localizado en el barrio Los Jardines de la capital de Bolívar.

El robo a la turista mexicana ocurrió durante la madrugada del 5 de septiembre

La víctima visitaba Cartagena cuando ocurrió el hecho, cerca de las 3:30 a. m. Las cámaras registraron el momento en que un hombre descendió de un taxi en una calle del Centro Histórico, tomó el celular y volvió al vehículo antes de retirarse.

La grabación se difundió en redes sociales y medios de comunicación, lo que instaló el caso en la discusión pública de la ciudad. La situación también generó preocupación por sus posibles efectos sobre la percepción de seguridad entre quienes viajan a Cartagena.

La Policía Metropolitana de Cartagena identificó a Acevedo como el presunto responsable del hurto y confirmó que existía una orden judicial en su contra. La investigación apuntó al conductor que aparecía en las imágenes difundidas.

La denuncia inicial no fue presentada por la turista, dado que las autoridades todavía no habían logrado ubicarla. El secretario del Interior de Cartagena, Daniel Vargas Díaz, llevó el caso ante las autoridades para activar las actuaciones judiciales.

Los investigadores de la Seccional de Investigación Judicial (Sijín) reunieron información mediante contactos con empresas de transporte de taxi, redes de apoyo y fuentes humanas. Ese trabajo permitió establecer la identidad del hombre que conducía el vehículo registrado por las cámaras.

El teléfono robado regresó a manos de las autoridades el lunes 7 de septiembre. Una tercera persona entregó voluntariamente el dispositivo, un iPhone 17 Pro Max, a la Policía.

Las autoridades consideraron que la presión derivada de la pesquisa incidió en la devolución del equipo. Con el teléfono recuperado, la Secretaría del Interior pudo localizar a la ciudadana mexicana.

La mujer fue trasladada a la sede de la Policía Metropolitana de Cartagena, donde presentó la denuncia formal y recibió nuevamente el celular. La víctima expresó públicamente su agradecimiento por las gestiones que permitieron recuperar el aparato y sostener el proceso judicial.

El conductor fue localizado en el barrio Los Jardines

Luego de ser identificado, el taxista presuntamente intentó dificultar su localización mediante dos cambios de residencia. La Policía sostuvo que esa maniobra buscaba evadir la orden de captura.

La información recogida por fuentes humanas y las labores de inteligencia llevaron a los agentes hasta el barrio Los Jardines, en Cartagena. Allí, investigadores de la Sijín que vestían de civil lo interceptaron en la vía pública.

Después de la captura, Acevedo quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El ente acusador lo llevó ante un juez para las audiencias concentradas correspondientes.

Durante esa instancia, la Fiscalía presentó los elementos con los que sustentó la imputación por hurto agravado. La medida dispuesta por el juez implica que el conductor permanecerá privado de la libertad mientras sigue el trámite del expediente.

El comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cartagena, Alejandro Salgado, vinculó el resultado del caso con la necesidad de que la ciudadanía informe los delitos a las autoridades.

“A nuestros turistas y ciudadanos, tengan confianza. Denuncien. Su Policía Nacional está para protegerlos, investigar y llevar ante la justicia a quienes pretendan afectar la tranquilidad de nuestra ciudad”, afirmó Salgado.

La suspensión de las ruedas de prensa del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) sigue generando malestar entre los exfuncionarios que estuvieron a cargo de la entidad en gobiernos pasados.

De hecho, aunque el exdirector Juan Daniel Oviedo ya se había referido sobre el tema, en la mañana del domingo 13 de septiembre reapareció para pedir explicaciones sobre quién ordenó cerrar ese espacio tras la divulgación del dato de inflación de agosto y qué mecanismo habrá para que periodistas y ciudadanos puedan formular preguntas sobre las estadísticas oficiales.

En medio de una entrevista concedida a Blu Radio, Oviedo cuestionó esa suspensión porque sostiene que las cifras públicas no deberían difundirse sin un canal de interlocución que permita pedir explicaciones, aclarar dudas y ejercer control social.

También pidió que el Dane precise si la decisión provino de la Presidencia de la República o del propio organismo y cómo se garantizarán las preguntas a partir de ahora.

“¿Fue Presidencia o fue una decisión autónoma del director del Dane de decir: ‘Vamos a suspender las ruedas de prensa’? Y si es así, si es una decisión autónoma del Dane, que por favor nos indique rápidamente cuál va a ser el mecanismo para que ciudadanos y periodistas podamos preguntar frente a las dudas o la contextualización de las estadísticas”, comentó Oviedo al medio radial.

El exdirector del Dane vuelve a ser figura en el ámbito público después de que se conociera su primera columna, “Preguntar no es pedir permiso”, para El Tiempo. Allí puso el foco en la publicación cerrada del dato de inflación de agosto

“Las ruedas de prensa no son obligatorias. No hay en ninguna parte, en ninguna parte se dice que sea obligatorio. Incluso en la mayoría de los países de la Ocde se utilizan discrecionalmente. Pero lo que hay que entender aquí es que necesitamos saber claramente, y en eso es la petición específica que le hacemos al Dane, que nos diga quién dio la orden”, señaló el exdirector.

La explicación pública de las estadísticas

Oviedo vinculó esa crítica con la Ley 2335 y con el papel técnico que, a su juicio, debe acompañar la difusión de los datos. Su planteamiento apuntó a la necesidad de que las cifras oficiales puedan someterse a preguntas sin que eso se interprete como una solicitud de permiso.

“Creo que pasó algo que inspiró esa primera columna. Y es el lamentable desconocimiento por parte de la Presidencia de la República de la existencia de la Ley 2335, que establece en su artículo cuatro, numeral cinco, que la difusión de las estadísticas oficiales es una discreción de la autoridad que las produce”, señaló Oviedo al medio radial.

El economista llevó la discusión al efecto práctico de esos datos en la vida diaria. Mencionó desde el precio del “corrientazo” hasta el impacto de la inflación en los presupuestos de inversión y en escenarios asociados al fenómeno de El Niño.

“La pregunta hoy es: ¿tenemos un sistema de indicadores de seguimiento alrededor de cómo va la reconstrucción del terremoto? El Departamento Nacional de Planeación ya se ha pronunciado sobre el impacto de la inflación sobre el presupuesto de inversión del próximo año, porque la inflación va para arriba”, comentó.

Oviedo también enlazó ese debate con las advertencias de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) sobre la Directiva Presidencial 01. Su reparo se concentró en que la coordinación previa de entrevistas no termine por volver más lenta la información ni por limitar el escrutinio sobre la gestión pública.

“No, no lo digo yo, sino la Flip, que ha estado haciendo un llamado. Y de pronto al Gobierno le incomodará la Flip, pero es una institución que tenemos que escuchar”, precisó a Blu Radio.

Cuatro días después del tiroteo protagonizado por un estudiante en la Institución Educativa Gabriel García Márquez, en el centro-oriente de Medellín, finalmente los estudiantes podrán regresar a las aulas académicas.

Según se conoció en la mañana del domingo, el regreso gradual a clases en la comenzará el martes 15 de septiembre, con un esquema por grados para los más de 1.000 estudiantes que permanecían fuera de las aulas tras el grave hecho de seguridad.

La reapertura avanzará durante tres días y cerrará con una jornada lúdica y deportiva. Las autoridades definieron acompañamiento institucional y acciones preventivas para que los alumnos, docentes y familias retomen las actividades presenciales.

Según el cronograma, el martes 15 asistirán los estudiantes de sexto y séptimo. El miércoles será el turno de los cursos de octavo y noveno.

Finalmente, los alumnos de décimo y undécimo regresarán el jueves. La programación prevé que el viernes se realicen actividades deportivas y recreativas con apoyo del Inder y de distintas dependencias del Distrito.

El retorno presencial de la comunidad educativa del barrio Villa Lilliam, en el centro oriente de Medellín, será escalonado y estará acompañado por entidades distritales. El objetivo de las medidas es recuperar la confianza dentro del colegio después de que un adolescente ingresó armado a la sede e hizo varios disparos.

Las autoridades reforzarán los controles en los colegios

La Secretaría de Educación acordó el plan de retorno después de un encuentro con el Ministerio de Educación Nacional. La estrategia contempla acciones para apoyar a estudiantes, directivos, profesores y familias.

Entre las disposiciones figura la continuidad de las denominadas “requisas pedagógicas”. Estos controles buscan evitar que objetos peligrosos ingresen a las instituciones educativas de la ciudad.

Las autoridades sostendrán estas intervenciones más allá de la reapertura del Gabriel García Márquez. La decisión responde a la preocupación generada por el hecho registrado en ese plantel.

El alcalde Federico Gutiérrez lamentó la situación y planteó la necesidad de acompañar a los jóvenes en los entornos educativos. El mandatario señaló que el estudiante involucrado se encontraba desescolarizado.

“Yo les quiero decir que para mí es una situación muy triste, que un menor de edad que estaba desescolarizado, que era esa institución educativa, haya entrado con un arma para buscar agredir 1 de de los profesores, es una situación muy delicada. Acá hay un tema de fondo, miren, el tema de los problemas de salud mental, el tema de las adicciones a las drogas”, afirmó Gutiérrez al referirse al ingreso del menor con un arma.

El estudiante permanece en recuperación bajo custodia institucional

Entretanto, el adolescente de 17 años recibió atención en la Clínica Sagrado Corazón y luego fue trasladado al Hospital San Vicente Fundación. Allí continúa su recuperación aunque su estado de salud es crítico, según el más reciente reporte.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, indicó que la Policía de Infancia y Adolescencia acompaña al estudiante. Esa entidad también adelanta actuaciones ante una eventual judicialización.

“Independientemente del resultado, lastimosamente, que genera esta lesión para el joven, pues, este joven, mientras que está en el proceso de salud, pues, también está siendo acompañado por la policía de infancia y adolescencia, quien lleva el proceso también de una eventual judicialización, por lo que al interior del colegio estaba haciendo este joven con un arma de fuego”, señaló Villa.

La Policía Metropolitana acompañará a la profesora de artística del colegio. La medida se adoptó luego de versiones según las cuales la docente habría sido objeto de intimidaciones.

La educadora solicitó que su situación sea evaluada por el Comité de Amenazados. La instancia deberá definir si corresponde un traslado.

El caso que llevó a suspender la presencialidad ocurrió cuando el joven armado entró al establecimiento con la intención de agredir a uno de los profesores. Los disparos causaron temor entre quienes integran la comunidad educativa.

Con el regreso por etapas, las autoridades esperan que las actividades escolares recuperen su ritmo habitual. El plan combina la asistencia gradual, el acompañamiento institucional y los controles preventivos dentro de los planteles.

Un día después de que las autoridades colombianas y estadounidenses informaran sobre la incautación de al menos 44 bienes pertenecientes a la red de narcotráfico denominada Los del Dorado, pese a la presunta intromisión de una abogada y un expolicía, en la mañana del domingo 13 de septiembre se conocieron nuevos detalles de la mujer que hoy es buscada por la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés).

Según información revelada por El Tiempo, la mujer podría enfrentar extradición a Estados Unidos por una presunta filtración de información reservada a narcotraficantes investigados junto con agentes del FBI. La posibilidad se analiza por una eventual obstrucción a la justicia.

La profesional del derecho, identificada en documentos del caso como A. G., está señalada de alertar a integrantes de Los de El Dorado sobre investigaciones en curso y medidas dirigidas a afectar sus bienes. La pesquisa también busca establecer si actuó como la principal responsable de las filtraciones o como intermediaria.

La información conocida indica que los presuntos capos recibieron avisos anticipados sobre el avance de las actuaciones judiciales y que, después de esas alertas, realizaron traspasos de propiedades para impedir su incautación. La investigación revisa si esos movimientos buscaron proteger activos obtenidos con actividades de narcotráfico.

Según documentos conocidos por El Tiempo, la primera señal de la filtración surgió hace más de un año, cuando los integrantes de la organización supieron que eran objeto de una investigación. Uno de ellos les habría comunicado que les pedían 700 millones de pesos para conseguir que el expediente quedara anulado en la Fiscalía.

El grupo mencionado fue relacionado con el caso que citó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, durante la semana anterior. La estructura pagaba a miembros del Clan del Golfo para custodiar laboratorios de cocaína en Puerto Boyacá.

La droga salía en camiones que transportaban ganado rumbo a la costa colombiana, desde donde la organización planeaba enviarla a Estados Unidos y Centroamérica. Uno de los capos detenidos, que busca beneficios judiciales, aportó datos sobre la supuesta participación de la abogada y de un expolicía.

La reunión habría ocurrido en un centro comercial de Envigado

Un documento interno de la Fiscalía General, fechado el 10 de agosto, recoge el testimonio de un integrante de la banda. Según ese relato, uno de los investigados se reunió con A. G. en 2025 en la plazoleta de comidas del centro comercial Viva Envigado.

“Edilson (uno de los capos) manifiesta que, posteriormente, Olfer (otro de los señalados mafiosos) averiguó y que efectivamente había una investigación en contra de ellos, que se reunión con la abogada A. G. para el año 2025, que no recuerda si antes o después de semana santa, en el comercial Viva Envigado, exactamente en la plazoleta de comidas”, señala el expediente.

El testigo sostuvo que la abogada les transmitió que el proceso ya estaba demasiado avanzado y que no había margen para retirarlos de la investigación. También les habría recomendado ocultarse ante el avance de las autoridades.

“Ella les dijo que tenía sus contactos en el búnker de la Fiscalía, luego ya después Olfer le manifestó que iba a conseguir la información por otro lado, creo que era a través de un funcionario retirado de la Sijín o Dijín de la Policía”, señala el documento obtenido por El Tiempo.

El mismo informante atribuyó a la profesional del derecho contactos dentro del búnker de la Fiscalía. Más tarde, uno de los capos habría optado por buscar datos mediante otra persona, presuntamente un funcionario retirado de la Sijín o la Dijín.

Esa vía alternativa habría requerido el pago de 12 millones de pesos para conseguir una copia de una carpeta individual. El testimonio también aludió a la posibilidad de entregar dinero a un investigador para demorar el curso de la actuación judicial.

El detenido afirmó que otro integrante de la estructura conservaba audios de la abogada. Entre los materiales mencionados figurarían un documento con el logo de la Fiscalía y una lista de personas bajo investigación.

“La doctora A. decía que había que dar una plata o incentivo a un investigador para dilatar esa situación, Yulian tenía varios audios de la abogada, entre esos muestra donde estaba el nombre Olfer en un documento junto con más o menos 10 personas, alcance a leer que estaba ”Ober", “Yulian”, “Mono Chucho”, “el Calvo”, “Calero” y otros que no recuerdo, ese documento tenía el logo de la Fiscalía”, señala el testimonio de uno de los integrante de Los del Dorado.

La Fiscalía revisa otros expedientes vinculados con la abogada

Fuentes conocedoras de la investigación indicaron al diario nacional que los procesados mencionaron de forma reiterada a A. G. durante las diligencias realizadas en Colombia con participación de agentes estadounidenses.

La intervención de la Oficina Federal de Investigación abre la posibilidad de que Estados Unidos solicite la extradición de la abogada por una presunta obstrucción a la justicia. Una persona cercana al expediente señaló que en Colombia existen antecedentes de abogados extraditados por esa conducta.

“La participación de la agencia estadounidense abre la puerta para que la abogada pueda ser extraditada a Estados Unidos por el delito de obstrucción a la justicia. En Colombia ya hay antecedentes de profesionales del derecho han sido extraditados por esa conducta”, señaló una de las fuentes a El Tiempo.

Las autoridades también revisan otros procesos que estuvieron en manos de la profesional del derecho. El objetivo es determinar si hubo filtraciones en expedientes distintos y establecer quién habría sido su supuesto enlace dentro de la Fiscalía.

Lo que inició como una de las noches más violentas en la historia de Colombia, como lo fue la Toma y Retoma del Palacio de Justicia en 1985, todavía genera posiciones divididas en el país por cuenta del juicio que se adelanta en Estados Unidos contra uno de los militares implicados: el coronel del Ejército Luis Alfonso Plazas Vega.

De hecho, el calificativo de “héroe” que le dio el jefe de Estado al oficial en retiro abre un nuevo capítulo en una disputa que no es solo política, sino moral y judicial. El presidente Abelardo de la Espriella defendió a Plazas Vega mientras avanzaba en Florida (EE. UU.) el juicio civil impulsado por la familia del fallecido magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán.

Las declaraciones presidenciales coincidieron con las audiencias contra el coronel retirado, que enfrenta una demanda civil en Estados Unidos. La familia Urán busca que un jurado determine si el exoficial tiene responsabilidad civil por la muerte del magistrado tras la retoma del Palacio de Justicia.

El presidente De la Espriella afirmó que Plazas Vega debe recibir respaldo institucional si enfrenta procesos por actuaciones que, según su posición, ocurrieron durante el ejercicio de sus funciones. También describió las acciones judiciales contra miembros de la fuerza pública como una “persecución judicial”.

La demanda sostiene que Carlos Horacio Urán salió herido y con vida del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985. Sus familiares aseguran que, después de abandonar el edificio, quedó bajo control de militares y fue asesinado.

De la Espriella respaldó a Plazas Vega durante el proceso civil

El jefe de Estado insistió en que el excomandante de la Escuela de Caballería ya fue sometido a la justicia colombiana. La Corte Suprema de Justicia lo absolvió en el expediente por las desapariciones de Irma Franco y Carlos Rodríguez Vera.

Pero ese fallo no abordó el caso de Urán. La acción que cursa en Florida tiene un objeto distinto y busca establecer una eventual responsabilidad civil, sin revisar la decisión penal emitida en Colombia.

De la Espriella planteó que el Estado debería acompañar a Plazas Vega en su defensa. La posición presidencial fue respaldada por el Centro Democrático, que pidió evaluar gestiones políticas, diplomáticas y económicas a favor del militar retirado, su familia y sus abogados, según una reciente publicación de la revista Cambio.

Mientras tanto, la demanda de los Urán se apoya en la Ley de Protección a Víctimas de Tortura de 1991 de Estados Unidos. Esa normativa permite reclamar ante tribunales estadounidenses por determinados actos de tortura o ejecuciones extrajudiciales atribuidos a autoridades de otros países.

El presidente también cuestionó el litigio estratégico utilizado por la familia. La parte demandante presentó su caso ante el Tribunal del Distrito Sur de la Florida, donde reside Plazas Vega.

El jurado escuchó testimonios sobre la salida del magistrado

Ana María Bidegain, viuda de Urán, declaró que comenzó a buscar a su esposo después de recibir versiones de amigos y periodistas que lo vieron salir del Palacio. Durante la audiencia recordó parte de la última conversación que sostuvo con él.

“Por favor cuida a las niñas. Te mando un beso”, dijo Bidegain al relatar ante el tribunal norteamericano el mensaje de Urán, de acuerdo con información conocida por Cambio. El magistrado auxiliar del Consejo de Estado fue hallado después dentro del edificio.

La familia presentó imágenes difundidas en una investigación periodística de 2007. El material muestra al jurista mientras salía del Palacio de Justicia y forma parte de las pruebas exhibidas en el juicio.

Las pertenencias de Urán fueron encontradas en la Brigada 13 del Ejército ese mismo año. La demanda sostiene que el cuerpo del magistrado tenía señales de tortura y una herida de bala a corta distancia.

El presidente De la Espriella defendió públicamente la actuación de Plazas Vega durante la retoma. Su postura parte de que el oficial cumplía labores militares en una operación desencadenada tras la toma del M-19.

Los demandantes, en cambio, sostienen que Plazas Vega conocía el trato que recibían los sobrevivientes catalogados como “especiales”. La acción judicial menciona el segundo piso de la Casa del Florero como uno de los lugares centrales de su argumento.

Orlando Arrechea, exfuncionario de la Corte Suprema de Justicia, declaró en Estados Unidos que fue llevado a la Casa del Florero tras salir del Palacio. Según su testimonio, allí recibió golpes, patadas y presiones para que admitiera una supuesta colaboración con el M-19.

Arrechea afirmó que Plazas Vega impartía instrucciones en ese lugar y que tuvo contacto directo con él. El testigo también relató que luego fue trasladado a la Escuela de Caballería, donde denunció haber sido torturado.

Asimismo, Ricardo Gámez Mazuera, exinformante del Ejército, sostuvo ante el jurado extranjero que vio a Plazas Vega en la Casa del Florero. Afirmó que escuchó una orden atribuida al entonces coronel: “Llévenselo, trabájenlo y repórtenme cada dos horas”.

La defensa política de De la Espriella se centra en la absolución dictada por la Corte Suprema. La sentencia concluyó que no existían elementos suficientes para responsabilizar a Plazas Vega por los casos examinados en ese expediente.

La parte demandante expuso ante el tribunal una lectura diferente sobre la cadena de mando y el traslado de personas rescatadas. El recurso atribuye al exoficial conocimiento sobre interrogatorios y operaciones realizadas después de la salida de sobrevivientes del Palacio.

La decisión dependerá de las pruebas presentadas en Florida

El proceso no está a cargo de jueces colombianos ni busca imponer una pena de prisión. Un jurado civil analizará documentos, declaraciones y los argumentos de las dos partes para establecer si procede una condena económica.

Xiomara Urán, hija del magistrado, habló ante los integrantes del jurado sobre la pérdida de su padre. También relató las amenazas e intimidaciones que, según dijo, afectaron a la familia después de los hechos.

El presidente De la Espriella y los congresistas que respaldan a Plazas Vega han planteado que el exoficial merece apoyo por su papel durante la operación militar. La familia Urán sostiene que el proceso debe concentrarse en los testimonios y las pruebas judiciales.

La decisión final establecerá si el jurado considera probada una responsabilidad civil del coronel retirado o si rechaza las pretensiones de los demandantes. El juicio continuará con la presentación de nuevos testigos y elementos documentales.

Los resultados de Baloto Revancha dejaron un nuevo millonario en la ciudad de Bucaramanga, Santander, durante el sorteo 2.708 del sábado 12 de septiembre de 2026. La combinación ganadora fue 04, 08, 17, 21 y 27, junto con la Súper Balota 01.

El tiquete que obtuvo el acumulado de $3.200 millones fue comprado bajo la modalidad manual a través de Baloto.com. El jugador acertó los cinco números principales y la balota adicional.

Baloto informó que la jornada entregó premios a 25.058 personas en todas las categorías de Revancha. La premiación total del sorteo alcanzó $3.329.200.100.

Los participantes que jugaron Revancha el sábado 12 de septiembre de 2026 debían tener los números 04, 08, 17, 21 y 27, además de la Súper Balota 01, para obtener el acumulado. El único ganador de la categoría principal realizó una apuesta manual por el canal digital y recibirá más de $3.200 millones.

Bucaramanga recibió el acumulado de Revancha por primera vez en 2026

La entrega del premio principal representó la primera vez en el año que el acumulado de Revancha llegó a Bucaramanga. El resultado también constituyó la tercera ocasión de 2026 en la que esta modalidad entregó su bolsa mayor, según la información oficial de Baloto.

El nuevo ganador deberá ponerse en contacto con la Fiduciaria de Occidente, entidad que le indicará los requisitos, los plazos y las condiciones del cobro. La compañía señaló que los apostadores pueden consultar los pasos para reclamar los premios a través de Baloto.com.

Tras la caída del acumulado, Revancha reinició su bolsa principal en $2.000 millones. El próximo sorteo quedó programado para el lunes 14 de septiembre.

En la categoría inmediatamente inferior al acumulado hubo dos ganadores. Ambos acertaron los cinco números principales, aunque no obtuvieron la Súper Balota. Cada uno de esos jugadores recibió $13.658.800, de acuerdo con la tabla de pagos divulgada por Baloto.

El sorteo también dejó siete personas con cuatro números más la Súper Balota. El premio individual para esos apostadores fue de $782.150. Otros 158 jugadores lograron cuatro aciertos en los números principales. Cada uno recibió $37.900.

La categoría de tres números más la Súper Balota reunió a 191 ganadores. El pago asignado a cada participante fue de $27.150.

Un total de 4.497 personas acertaron tres de los números sorteados. El premio de esa modalidad fue de $3.750 por apostador. También hubo 1.917 ganadores con dos números y la Súper Balota. Cada uno obtuvo $7.050.

La mayor cantidad de beneficiarios se concentró en la categoría de la Súper Balota sin coincidencias en los números principales. En ese grupo figuraron 18.285 apostadores, con un pago de $3.000 para cada uno.

Baloto mantuvo disponible su acumulado de $58.000 millones

El sorteo 2.708 también definió los resultados del juego principal de Baloto. Ningún participante obtuvo el acumulado anunciado en $58.000 millones.

Los números ganadores fueron 07, 29, 31, 32 y 38. La Súper Balota del juego principal fue la 13. La jornada de Baloto dejó 35.450 ganadores en sus distintas categorías. La premiación total llegó a $279.616.750.

Los resultados del juego principal y de Revancha corresponden al mismo sorteo, aunque cada modalidad cuenta con combinaciones, categorías y acumulados propios.

Baloto indicó que Revancha repartió más de $420.122 millones en premios desde su lanzamiento, el 25 de mayo de 2022, hasta el 6 de septiembre de 2026. Durante ese período, el juego acumuló 12.042.712 ganadores, según las cifras suministradas por la compañía.

La operación transfirió más de $262.643 millones al sistema de salud durante el mismo lapso, de acuerdo con la información oficial difundida por el operador.

Los interesados pueden jugar Revancha en Baloto.com, así como en más de 43.000 puntos de Su Red y SuperGiros en el país.

Las principales cadenas de grandes superficies también cuentan con puntos habilitados para adquirir los tiquetes de esta modalidad.

Mientras la justicia colombiana continúa investigando uno de los capítulos de corrupción más graves del país en el tiempo reciente, el del saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgos de Desastres (Ungrd), en la mañana del domingo 13 de septiembre de 2026 se conocieron detalles de una presunta omisión de la Fiscalía General de la Nación.

Según información conocida por la revista Cambio, existen pruebas sobre unos chats que se dieron el 9 de enero de 2024 y que involucrarían otros nombres cercanos al partido Pacto Histórico.

En el contenido del chat se reconstruirían seis horas de llamadas y mensajes que conectan a Sneyder Pinilla, Olmedo López y al magistrado Vladimir Fernández con una presunta entrega de dinero a la abogada Irma Solangel Torres, un episodio que el ente acusatorio no investigó dentro del caso.

Los mensajes muestran que Pinilla escribió antes de viajar a Bogotá que tenía que “entregar $”, habló seis veces con López entre las 4:00 p. m. y las 5:30 p. m., y recibió por esa cadena la dirección del apartamento 112 de la torre 2 donde vive Torres. Esos datos los habría enviado Fernández a López, y la secuencia ubicaría la presunta entrega entre las 5:49 p. m, y las 5:59 p. m., aunque los chats no permiten establecer si el dinero se entregó ni con qué propósito.

El episodio se concentra en la tarde del 9 de enero, cuando Pinilla avisó a su pareja que debía ir a “entregar $”. Antes de despegar, escribió a Miguel, conductor de la Ungrd: “ya a volar”, señalan los chats revelados por Cambio.

Ante el mensaje del exsubdirector de la entidad, el conductor respondió: “listo, pendiente, gracias”. Después de aterrizar en Bogotá, Pinilla y López hablaron seis veces por teléfono entre las 4:00 p. m. y las 5:30 p. m.

A las 5:35 p. m. apareció Vladimir Fernández en los chats, cuando López le escribió: “Recuérdeme el apartamento”. Para entonces, Pinilla y Miguel, presuntamente, ya habían llegado al barrio Pablo VI en el occidente de Bogotá.

Los mensajes señalarían que ni López ni Pinilla tenían claro quién recibiría el presunto dinero ni el número exacto del apartamento. Por eso cruzaron consultas para precisar el destino.

A las 5:47 p. m., el chat identificado con el nombre de Fernández le envió a López por WhatsApp los datos: “Primer piso. La señora Sol. 112. torre 2”. Dos minutos después, López reenvió a Pinilla “Torre 2” y, 20 segundos más tarde, “112”.

Sin embargo, según el expediente revelado por la revista Cambio, ese último mensaje salió desde otra línea telefónica distinta a la del magistrado Fernández. A las 5:50 p. m., Fernández habría pedido una respuesta con un signo de interrogación y, tras una llamada con Pinilla, López contestó que el subdirector ya estaba “en sitio”.

La reconstrucción ubica la presunta entrega en una ventana de 10 minutos, entre el momento en que Pinilla recibió el número del apartamento y el mensaje “hola” que, a las 5:59 p. m., le llegó desde el contacto de Solangel. Pinilla guardó ese número y respondió “listo”.

Más tarde, entre las 6:47 p. m. y las 8:14 p. m., López y Pinilla cerraron esa jornada con otras cinco llamadas. Mientras tanto, según información conocida por la revista, un certificado de tradición y libertad confirma que Torres es propietaria del apartamento 112 de la torre 2 del conjunto Balcones de Pablo VI, donde llegó el exsubdirector de la Ungrd.

La explicación de la Fiscalía y las objeciones jurídicas

Ante la polémica, la fiscal María Cristina Patiño, titular del caso Ungrd, explicó a Cambio que en la negociación con Pinilla se pactó una “extracción controlada” de sus teléfonos, ajustada a una matriz de colaboración con 27 nombres, entre ellos el de López. Según esa versión, la ley le impedía usar contenido que no hubiera quedado incluido de forma expresa en el acuerdo.

Esa explicación chocó con la opinión de cuatro exfiscales generales consultados por esa revista. Los exjefes del ente acusador coincidieron en que la Fiscalía fija las condiciones de una negociación de ese tipo y que no era justificable omitir copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes cuando el involucrado era un aforado como Fernández.

Uno de ellos sostuvo que esas conversaciones no podían pasarse por alto. Añadió que, ante un posible hallazgo casual, la Fiscalía debía preservar la prueba, compulsar copias y abrir una investigación independiente si los indicios surgieron de forma lícita en otro expediente.

El episodio ocurrió mientras la Corte Suprema de Justicia se preparaba para elegir fiscal general a partir de una terna presentada por el presidente Gustavo Petro. Fernández participó en la conformación de esa lista cuando era secretario jurídico de la Casa de Nariño y tuvo un papel determinante a favor de Luz Adriana Camargo.

Ante las pruebas, Fernández dijo primero que no recordaba el episodio y, al día siguiente, entregó una explicación a Cambio. Señaló que en diciembre de 2023 habló con López en la Casa de Nariño, cuando este le manifestó su preocupación por una posible suspensión de la Contraloría, y que por eso le recomendó a Torres como abogada y le envió la dirección de su apartamento.

Gustavo Moreno, abogado de Pinilla, afirmó que ni él ni su cliente tienen que explicar, dentro de un principio de oportunidad, una supuesta omisión construida con información que no verificaron. José Moreno, defensor de López, respondió que la Fiscalía definió cuáles hechos debían incluirse en ese mismo trámite.

El episodio ocurrió en el bajo puente de la calle 53 con avenida NQS, después de que el ciudadano interviniera ante una mujer que, según su relato, iba acompañada de un grupo de hinchas de un equipo de fútbol y se disponía a orinar en el espacio público.

Habría sido en ese momento que uno de los acompañantes de la joven, alterado, se lanza sobre Gerardo Rueda con el propósito de agredirlo en el pecho, una situación que desató momentos de pánico entre la comunidad, según se observa en videos de cámaras de seguridad.

“Estaba un grupo de seis muchachos de este equipo ahí en el puente y se me viene con un cuchillo así de frente a pegármelo aquí en el pecho. Pues lo que yo hice fue defenderme a pata. No sé, mis habilidades histriónicas. Y me defendí y él me alcanzó a cortar aquí las piernas, aquí los brazos”, comentó el adulto mayor en diálogo con Citytv.

El hombre encabeza una iniciativa comunitaria para recuperar ese sector de la localidad de Teusaquillo. Su intervención buscaba impedir que el lugar fuera usado como baño.

El ataque le dejó dos heridas en la espalda y otros cortes en los brazos y las piernas al hombre de 61 años, por lo que tuvo que ser remitido de urgencia a un centro asistencial cercano. Luego de recibir atención médica, el hombre fue dado de alta y continúa su recuperación en su residencia.

Entretanto, la teniente coronel Gerly Yamile Mesa Gallo, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que las autoridades atendieron el caso y detuvieron al presunto responsable. La oficial señaló que el enfrentamiento se habría producido por un episodio de intolerancia.

“La Policía Nacional en Bogotá capturó a una persona de 31 años de edad en la localidad de Teusaquillo, en Galerías, quien momentos antes habría lesionado con arma corto punzante a un ciudadano de 61 años de edad. El hecho se habría originado por intolerancia. El victimario, al parecer hincha de un equipo de fútbol, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de lesiones personales”, indicó Mesa Gallo.

El caso se registró en un punto donde el ciudadano y otros residentes desarrollan tareas de recuperación del espacio público. El hombre sostuvo que esa labor apunta a modificar las condiciones del bajo puente.

Pese a las lesiones, Germán Rueda aseguró que continuará con el proyecto barrial. Su objetivo, según expresó, es evitar que el sitio vuelva a convertirse en un lugar usado para necesidades fisiológicas.

“Este espacio lo estamos recuperando. Esto no es un baño público, esto no es un baño a cielo abierto. Eso es lo que queremos, que la gente coja conciencia. Voy a seguir luchando por este espacio. Miren, lo hemos recuperado”, señaló Rueda a Citytv.

El hombre vinculó la discusión previa al ataque con las dificultades que afrontan para conservar el sector, especialmente, por su cercanía con el principal escenario deportivo de la ciudad lo que atrae a miles de hinchas cada fin de semana.

El vecino también destacó la seguridad que, a su juicio, se ha alcanzado durante el desarrollo de la iniciativa. “Es un espacio demasiado lindo y seguro; el único problema que tenemos son los hinchas. Aquí hemos tenido cero atraco”, sostuvo.

Finalmente, la víctima pidió una mayor presencia policial en la zona. Su solicitud concreta fue la instalación de un CAI móvil para reforzar la vigilancia en el bajo puente durante los encuentros deportivos.

Un fuerte agarrón se vivió en redes tras la publicación del expresidente Gustavo Petro en la que reveló el encuentro con la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, pese a los fuertes encontrones que protagonizaron ambos políticos durante los meses pasados.

De hecho, el polémico encuentro fue centro de críticas desde distintos sectores del país, pues la exmandataria distrital se había desligado del proyecto político desde antes de iniciar su campaña hacia la Presidencia de la República 2026.

Uno de los mensajes provino de la entonces precandidata Vicky Dávila que, a través de su cuenta de X, se despachó en reparos contra López por el encuentro, además de advertir sobre una supuesta traición a su electorado.

“Claudia, “Camaleona”, López, regresó a donde Petro. ¡Les advertí! Tanto que habló, y véanla. Y Petro, abrazando la “traición”… el Diablo los crea y ellos se juntan", señaló Vicky Dávila.

Sin embargo, la exalcaldesa no tardó en responder a las críticas de la también periodista, haciendo alusión a todas las imágenes caricaturescas que han hecho en referencia a Dávila y sus posturas políticas.

“¿Reapareció meme Dávila?”, escribió Claudia López en su cuenta de X.

Entretanto, el encuentro entre Gustavo Petro y Claudia López abrió una etapa de diálogo entre dos dirigentes que acumularon años de disputas públicas. La reunión privada se celebró en Bogotá el 10 de septiembre y dejó sobre la mesa una posible coordinación electoral de sus sectores para las elecciones regionales de 2027.

La cita tuvo lugar en la casa del exsenador Gustavo Bolívar. El exmandatario difundió una fotografía junto a la exalcaldesa de Bogotá y presentó el acercamiento como un llamado a la unidad frente al Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Petro y López hablaron de sus diferencias, de la necesidad de reconstruir la confianza y de una eventual alianza política para los comicios regionales. El diálogo todavía está en una fase inicial, pero ambos plantearon la continuidad de los contactos entre sus movimientos y otros sectores de la izquierda y del Partido Verde.

El expresidente definió el encuentro como un primer paso para articular a los sectores que se oponen al actual Gobierno. En su publicación, escribió: “Hora de la máxima unidad ante la antidemocracia y la antipatria”.

Su mensaje incluyó una convocatoria a sectores verdes que respaldaron la campaña presidencial de Iván Cepeda. El exjefe de Estado planteó que esas fuerzas deben prepararse para reemplazar a un Gobierno que calificó de extranjero e incapaz.

La propuesta se produce mientras el Pacto Histórico se ubica en la oposición. A la vez, el espacio político de López, vinculado al Partido Verde, buscó una posición de independencia.

Claudia López pidió terminar con los señalamientos

La exalcaldesa afirmó que el acercamiento no implica dejar atrás de inmediato los desacuerdos. “No es doblar la página simplemente. Es reconstruir puentes, confianza y propósitos”, señaló.

López reclamó el fin de los ataques que, según dijo, se dirigieron durante años contra ella y contra Angélica. Afirmó que ese ambiente de sectarismo y señalamientos infundados solo benefició a sectores de derecha, a los que calificó de mafiosos y fascistas.

La dirigente admitió que el acercamiento despierta reacciones distintas entre sus seguidores y críticos. “Tomará tiempo. Va el primer café. Ni más ni menos”, expresó al describir el estado de las conversaciones.

El encuentro también tuvo como coincidencia la crítica de ambos al rumbo político del presidente De la Espriella. Esa oposición común aparece como el punto de partida para una alianza que todavía no tiene acuerdos públicos sobre candidaturas o estructuras territoriales.

La disputa entre Petro y López tuvo uno de sus principales episodios en la Primera Línea del Metro de Bogotá. La entonces alcaldesa decidió conservar el trazado elevado contratado durante la administración de Enrique Peñalosa.

Petro, que entonces era senador, buscó detener la obra para promover una alternativa subterránea. López rechazó esa posibilidad con el argumento de que la ciudad no podía aplazar otra vez el proyecto.

La diferencia también afectó los intentos de acuerdo político antes de las elecciones locales de 2019. El conflicto se profundizó cuando Petro llegó a la Presidencia en 2022 y volvió a cuestionar el contrato ya firmado.

Desde la Casa de Nariño, el mandatario presionó al consorcio chino y a la Alcaldía para soterrar el tramo de la avenida Caracas. Consideraba que la estructura elevada afectaría el entorno urbano del centro de Bogotá.

En sus cuestionamientos, Petro llamó “chambonada” al diseño elevado. También sostuvo que las tres generaciones siguientes maldecirían la decisión si el proyecto avanzaba con ese formato y definió la obra como un “esperpento”.

López defendió la vigencia jurídica del contrato y pidió que el presidente no insistiera con modificaciones. La exalcaldesa sostuvo que el metro “no tiene reversa” y que a Bogotá “se le respeta”.

El colombiano Freddy Parrado vivió el 11 de septiembre de 2001 desde una celda, mientras las Torres Gemelas eran atacadas en Nueva York. Estaba recluido en la unidad K83 del Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn, una prisión contigua a los rascacielos cuando una transmisión televisiva pasó de informar sobre un presunto accidente a anunciar que la ciudad estaba bajo ataque.

El exprisionero sudamericano aseguró que la experiencia todavía le provoca desvelo más de dos décadas después. “Es muy difícil borrar eso”, dijo Parrado a Caracol Radio, al recordar la mañana en que recibió una llamada de la emisora desde la prisión.

Parrado contó que había desayunado cerca de las 6:00 a. m. y compartía celda con un detenido que tenía una lesión renal. En un primer momento, los internos escucharon versiones que hablaban de una avioneta o de un helicóptero.

Poco después, la señal de noticias cambió y mostró el mensaje “Nueva York bajo ataque”. A partir de entonces, relató, los guardias encerraron a los detenidos y la tensión se extendió por el pabellón.

Freddy Parrado afirmó que los presos temían que las autoridades los mataran durante la emergencia desatada tras el atentado. El colombiano relató que vio humo procedente de las Torres Gemelas desde una de las pocas celdas con visibilidad hacia el exterior y que, ante los gritos de otros internos, se quedó en la cama y comenzó a rezar por su hija y su familia.

El colombiano recordó que un grupo de agentes, al que comparó con el Swat, ingresó en el sector con el rostro cubierto y armamento que, según su descripción, parecía de uso militar.

En su testimonio ante la emisora, Parrado sostuvo que algunos presos con apariencia árabe o judía fueron retirados por la fuerza. Dijo que a varios los arrastraron, los golpearon y luego los sacaron encapuchados.

“Nos van a matar”, recordó que gritaban algunos detenidos mientras avanzaba la evacuación dentro de la cárcel. Parrado afirmó que nunca volvió a saber qué ocurrió con las personas que fueron trasladadas desde ese piso.

“Cerraron las celdas y empezó a llegar un grupo, lo asemejo al Swat aquí en Colombia, no se les veían sino los ojos, con unas armas que disparaban una munición de guerra. Y en ese momento empezaron a llevarse algunas personas, digamos así, como árabes, como judíos. Se los empezaron a llevar, los sacaban a rastras, les rompían la boca. O sea, terrible. Algunos, después de unas horas, los encapuchaban y los sacaban a rastras. Nunca volvimos a saber de ellos”, comentó Parrado al medio radial.

La experiencia durante los atentados forma parte del relato que Parrado volcó en su libro Justicia Made in USA. La publicación reconstruye su paso por el sistema judicial estadounidense y la acusación que, según su versión, enfrentó por una presunta conspiración para importar narcóticos.

El autor dijo que permaneció detenido entre 16 y 17 meses. También aseguró que afrontó un juicio federal sin abogado y que obtuvo un fallo favorable.

Parrado sostuvo que inicialmente le atribuyeron 17 cargos. Según su relato, las autoridades le propusieron colaborar con información sobre una organización criminal, aunque él negó haber pertenecido a una banda o tener personas a quienes denunciar.

“Yo no estaba con nadie”, afirmó al explicar que no podía ofrecer una delación porque, según su versión, no participaba de actividades de narcotráfico. Añadió que le advirtieron sobre una posible condena de entre 40 años y cadena perpetua si no aceptaba un acuerdo.

El colombiano también relató que, después de ganar el primer proceso, volvió a ser detenido. La nueva causa, según contó, se relacionó con su estatus migratorio y con la acusación de haber permanecido de forma irregular en Estados Unidos.

Parrado atribuyó su detención a una confusión durante un operativo

Al ser consultado sobre el origen de la causa, Parrado dijo que nunca recibió una explicación oficial completa. Su interpretación fue que quedó involucrado luego de que una persona identificara el vehículo en el que viajaba cerca de un lugar donde las autoridades esperaban un contacto ligado a una entrega de dinero y drogas.

El entrevistado planteó que aquella identificación derivó en su arresto. Esa es la hipótesis que expuso sobre el inicio de un caso que, de acuerdo con su testimonio, alteró su vida personal y familiar.

Durante su reclusión, contó, otros presos lo llamaban “Colombia”. El apodo surgió porque no quería que lo nombraran únicamente por su primer nombre dentro de un entorno en el que compartía espacio con detenidos acusados de homicidios, delitos de drogas y otros cargos.

También recordó que utilizaba el sobrenombre Simpson cuando se comunicaba con periodistas. Explicó que ese apodo le permitió volver a contactar a la emisora y que una productora identificada como María Angélica Forero facilitó el vínculo con el programa.

Aunque el exministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo ya había publicado un extenso comunicado en el que defendió su gestión en la cartera, pese a las denuncias de Ana María Vesga sobre presuntas irregularidades en contrataciones y manejo de recursos, en la mañana del jueves 10 de agosto el exfuncionario volvió a insistir en su inocencia.

Sin embargo, en esta ocasión se refirió al audio que la actual ministra denunció ante la Fiscalía General de la Nación y en la que se le menciona en el supuesto cobro de coimas por hasta el 8% del valor de la contratación.

De hecho, Vesga solicitó al ente acusador el pasado 5 de septiembre que se extendiera la investigación a dos fichas de Jaramillo que habrían sido nombrados en las grabaciones.

“Los dos últimos funcionarios que ostentaron el cargo de director de Infraestructura son los señores Nelson David Hernández Pinto y César Augusto Quintero Casallas, quienes permanecieron en él en los dos periodos inmediatamente anteriores, el primero por un periodo más o menos de año y medio, y el segundo en encargo durante lo corrido del mes de agosto”, señala la denuncia.

Ante las críticas por los presuntos actos de corrupción, Guillermo Alfonso Jaramillo publicó el audio al que hacía referencia la ministra, asegurando que, una vez analizado, los mensajes corresponderían a un episodio ocurrido después de su salida de la cartera de salud el 7 de agosto de 2026.

“Mi único capital y el que le dejaré a mis hijos es una hoja de vida sin tacha. Por esa razón, no puedo permitir que a partir de las declaraciones de la actual ministra de Salud y Protección Social, los medios de comunicación puedan deducir que permití actos reprochables en el ministerio que con eficiencia y transparencia conduje por más de tres años”, comentó Jaramillo.

Según el exministro, su actuar siempre estuvo acompañado de transparencia y atribuyó las supuestas coimas al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella y la designada en la cartera, Ana María Vesga.

“Les comparto el audio al final de mi intervención. Escúchenlo completo. Allí queda claro que lo que se negocia ocurrió después de mi salida del Ministerio, no durante mi gestión.Mis manos de cirujano siempre han estado limpias, y así seguirán hasta mi último respiro”, continuó el exministro.

En el cuerpo de la grabación se logra identicar las voces de dos interlocutores que, presuntamente, estarían negociando con un alcalde municipal el destrabe de los recursos para la red hospitalaria teniendo en cuenta el supuesto soborno a Vega y otros miembros de su equipo.

“-Al único que pude contactar fue al mismo gerente de la empresa.

- Ah, bueno, doctora, lo que pasa es que ese tema de los compromisos yo no lo tengo claro porque yo no he cuadrado compromiso pues de ese tema.

- No, no, lo va a poder cubrir.

- Tocaría, tocaría pues subir a Bogotá y allá sí hablar personalmente", se oye en el material difundido por el exministro.

En la grabación, la supuesta emisaria del Ministerio de Salud habló de la urgencia de aceptar los términos de la coima, para que el dinero fuera desembolsado en la mayor brevedad.

“- Usted entenderá que esto es un equipo que ya se había venido adelantando. No se sacó antes de elecciones porque habían otros compromisos y pues ahorita se dejó listo y pues yo soy la que lidero eso, Y yo dije: no, a mí me toca hablar con el alcalde y decirle, porque el equipo, prácticamente a la doctora Vesga, pues se le reconoce y dijo: no, el porcentaje es el cinco, el del equipo es el tres, entonces en total sí es el 8%, señor alcalde. Entonces, eso es lo que queríamos acordar. ¿Para qué? Para que mañana mismo o esta misma noche se le montara su pago", señala la mujer.

Ante la presión el mandatario municipal solicitó un encuentro presencial para discutir los términos de la negociación y recibir los dineros para la red hospitalaria, una pretención que, en el fragmento, fue aceptada aunque con algunas condiciones.

“- Doctora, pues yo preferiría que yo llegara a Bogotá y sentarnos personalmente.

- Sí. Sí, sí, no hay problema, pero ya usted tiene conocimiento del rango, ¿ya? ¿Por qué? Porque si usted llega mañana, pasado mañana, se pierde el paquete del pago de esta noche. Por eso era mi urgencia de contactarlo", concluye el fragmento divulgado por Guillermo Alfonso Jaramillo.

Entretanto, el Ministerio de Salud y Ana María Vesga insisten a la Fiscalía adelantar las investigaciones para determinar los responsables de los presuntos cobros corruptos al interior de la cartera, además de determinar si se solicitaron pagos a otros mandatarios municipales.

Cinco días despues de que el país conociera sobre la captura de dos personas que, durante años, se hicieron pasar como falsos cirujanos estéticos y realizaron decenas de procedimientos invasivos, se conoció el relato de una de las víctimas de la pareja radicada en Bogotá.

En medio del proceso que mantiene la Fiscalía General de la Nación contra Esteban Felipe Henao López y Ruth Verónica Lengua Carrillo salió a la luz de Daniela, una mujer que fue engañada con documentos falsos para certificar su experiencia profesional.

Según el testimonio de la víctima, durante la cirugía estética, Daniela recuperó la conciencia y comenzó a sentir el recorrido de una cánula por su cuerpo. El dolor, según declaró ante la Fiscalía, se volvió insoportable cuando el procedimiento alcanzó la zona del coxis.

La mujer había acudido a una intervención de lipólisis láser gold. Buscaba modificar varias zonas de su cuerpo en una sola jornada, sin saber que quienes la operarían no tenían formación médica.

Daniela relató que, al despertar en medio de la anestesia, empezó a gritar. Aseguró que el equipo que estaba en la sala no detuvo la intervención pese a que ella manifestaba dolor.

“Ingresé para realizarme el procedimiento; durante la cirugía, en medio de ella, recuperé la conciencia. Empecé a sentir absolutamente todo lo que me estaban haciendo, sentía el paso de la cánula por mi cuerpo, era un dolor insoportable, sentí como si me hubieran quemado, y cuando estaba en la zona del coxis, como si me tocaran los huesos, comencé a gritar del dolor”, contó la paciente al ente acusador.

La víctima afirmó que las personas que la intervenían le sujetaron las manos y los pies. Después, según su versión, le introdujeron un trapo blanco en la boca para impedir que siguiera gritando.

“En lugar de detenerse, ellos me sujetaron por la fuerza las manos y los pies, me introdujeron por la fuerza un trapo blanco en la boca, para que no pudiera seguir gritando. Me decían que si seguía gritando, la gente iba a llamar a la Policía”, continuó Daniela.

La mujer dijo que escuchó risas mientras atravesaba ese momento. Cuando terminó el procedimiento, añadió, intentaron despertarla con cachetadas en el rostro. El resultado, de acuerdo con su testimonio, fue una asimetría corporal y un dolor crónico que aún persiste.

“Mientras estaba sufriendo, escuchaba que se reían; cuando terminaron el procedimiento, me despertaban con cachetadas en la cara, terminé con asimetría en el cuerpo y continúo presentando dolor crónico”, comentó la víctima.

La cirugía a la que asistió Daniela estaba prevista para retirar grasa del abdomen alto, medio y bajo, el monte de Venus, los laterales, la espalda, la zona axilar, la cintura, el coxis, las llamadas alas de gaviota y la papada.

La fiscal que presentó el caso advirtió que ese volumen de procedimientos concentrado en una sola operación podía derivar en complicaciones. La paciente fue citada para la intervención el 26 de enero de 2026.

“Todo eso en una sola cirugía, desconociendo que a una mujer, dependiendo de su peso, no se le puede extraer más de cierta cantidad de grasa en un día, y que esto llevaba a complicaciones”, sostiene la Fiscalía

De acuerdo con lo planteado durante la audiencia, Daniela fue operada por los dos acusados y por un anestesiólogo. La declaración de la mujer permitió reconstruir lo que, según la Fiscalía, ocurría dentro de las oficinas donde se realizaban las cirugías.

La investigación no se limita a ese testimonio. El ente acusador documentó 254 casos de mujeres que habrían pasado por procedimientos efectuados por la pareja.

Las pacientes pagaban entre nueve y 15 millones de pesos. Las autoridades sostienen que los acusados se presentaban como médicos expertos en cirugía estética, aunque solo habían cursado el bachillerato.

Un trámite ante el Colegio Médico expuso los documentos falsos

La estructura comenzó a desmoronarse cuando Henao presentó, el 11 de abril de 2025, una solicitud ante el Colegio Médico Colombiano. El hombre buscaba obtener una tarjeta profesional y figurar en el Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud.

La inscripción podía facilitar que las pacientes verificaran sus datos en internet. Para respaldar la solicitud, presentó un diploma, un acta de grado y un certificado sobre un supuesto año rural.

El documento fechado el 26 de diciembre de 2017 afirmaba que Henao había cumplido el servicio social obligatorio en el Hospital San Francisco de Asís, de Guapi, en el Cauca. Esa constancia contenía un dato que permitió detectar la falsedad.

En el período consignado, el centro asistencial no llevaba ese nombre. A partir de esa inconsistencia, se cuestionó la documentación usada para sostener la identidad profesional que la pareja mostraba a sus pacientes.

El hospital de Guapi, el Colegio Médico y una facultad de Medicina de Bogotá denunciaron a Henao y a Lengua. Las pruebas reunidas llevaron a que ambos aceptaran cargos por concierto para delinquir, estafa masiva, falsedad en documento público y fraude procesal.

La Fiscalía informó que la mayoría de las mujeres llegó a los acusados a través de TikTok, Instagram y Facebook. Las intervenciones se realizaban en oficinas del norte de Bogotá, acondicionadas con asistentes, seguridad y elementos para operar.

Cuando la pareja supo que enfrentaba una investigación penal, cerró sus cuentas en redes sociales en junio de 2026. Después intentó salir de Colombia. Los acusados ya tenían pasajes y preparativos para establecerse en Madrid, España. Las autoridades los detuvieron en Bogotá antes de que concretaran el viaje.

Dos días después de que se conociera sobre el polémico intento de ingresar al menos 120 combos de hamburguesa a la cárcel El Buen Pastor de Bogotá pese a la prohibición decretada por el director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), se conocen nuevos detalles del caso.

De hecho, la institución emitió un comunicado en el que explicó bajo qué argumentos se intentó ingresar el domicilio, además de aclarar ciertas denuncias hechas por la guardia del establecimiento sobre el ingreso de supuestos regalos lujosos y personas sin cumplir con los requisitos de control.

Según explicó el Inpec, la inauguración de un espacio destinado a los hijos de mujeres privadas de la libertad en la cárcel del Buen Pastor fue el escenario en el que se presentaron los confusos hechos.

La institución sostuvo que los alimentos no estaban dirigidos a una celebración para las internas ni constituían un beneficio excepcional. Además, aseguró que formaban parte de una actividad prevista con anticipación para los niños y sus familiares.

“La actividad fue programada y realizada por la fundación “Dios tras las rejas” con hijos y familiares de las personas privadas de la libertad-PPL. y fue autorizada por la Directora del Establecimiento", señaló el Inpec.

La controversia surgió después de que sindicatos de la institución cuestionaran el ingreso de las hamburguesas. La denuncia se difundió en medio de antecedentes sobre presuntos privilegios para personas privadas de la libertad en otros establecimientos carcelarios.

El Inpec explicó que, en este caso, la información omitió el propósito y la programación del encuentro. La actividad buscaba inaugurar un lugar mejorado por la entidad para los niños que permanecen junto a sus madres en el centro penitenciario.

“Estas actividades contribuyen al fortalecimiento de los vínculos familiares, y se realizan con el apoyo de las redes sociales de voluntariado, quienes organizan y adelantan este tipo de programas en diferentes Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios”, continuó la institución.

El instituto precisó que el programa se desarrolló durante los días 7, 8 y 9 de septiembre. La organización había solicitado autorización para ingresar recursos destinados al encuentro familiar y espiritual.

El Inpec aclaró que entre los elementos autorizados figuraban material pedagógico, biblias, juguetes para los niños y alimentos. Las hamburguesas fueron parte de ese pedido, aunque se transformaron en el centro de los cuestionamientos sindicales.

“Desde la Dirección General del INPEC se ha ordenado reforzar los controles y las medidas de seguridad en el marco de las nuevas políticas del Presidente de la República Abelardo de la Espriella y la instrucción es clara, no se autoriza bajo ningún contexto cualquier exceso, irregularidad y actividad que no esté amparada por las normas”, concluyó la institución.

El pronunciamiento se da dos días después de que Noticias RCN publicara una serie de fotografías en las que se observaba el domicilo de 120 combos de hamburgesa, además de otros elementos pese a las restricciones vigentes en septiembre.

La denuncia fue elaborada por una funcionaria de custodia y vigilancia. El documento atribuyó en ese momento a la dirección del establecimiento autorizaciones que, según la versión expuesta, habrían flexibilizado controles sobre alimentos, obsequios, dispositivos y el acceso de personas al penal.

La Dirección General del Inpec emitió una orden que prohibía el ingreso de comidas preparadas, refrigerios, dulces, bebidas y otros artículos provenientes del exterior de la prisión.

De acuerdo con lo informado por Noticias RCN, el reporte interno advirtió que, pese a esa regulación, se habría intentado facilitar la entrada de personas, dispositivos tecnológicos y los combos de comida rápida durante la semana.

La funcionaria que elaboró la denuncia dejó constancia en su momento de un presunto ingreso repetido de regalos considerados de lujo para personas privadas de la libertad. El informe mencionó termos de lujo y sostuvo que el hecho no constituiría una situación aislada. Según esa versión, las órdenes habrían permitido relajar los controles sobre objetos prohibidos para personas específicas.

El volcán Puracé permanece en alerta naranja en Colombia y concentra la atención de las autoridades ante la continuidad de su actividad. El sistema volcánico, ubicado en el departamento de Cauca, está bajo monitoreo para identificar a tiempo cualquier anomalía que pueda modificar su comportamiento.

La situación del Puracé se produce en un período marcado por sismos y erupciones en varios países. De hecho, el meteorólogo Max Henríquez advirtió en la mañana del jueves 10 de septiembre sobre la coincidencia de eventos sísmicos y volcánicos en territorios situados a ambos lados del océano Pacífico, una zona con alta actividad geológica.

Colombia mantiene la vigilancia sobre el volcán Puracé porque se encuentra bajo alerta naranja, mientras que otros países del cinturón de fuego del Pacífico registraron movimientos sísmicos o erupciones volcánicas. La sucesión de fenómenos llevó a Max Henríquez a señalar una reactivación de volcanes y sismos en distintos puntos de esa extensa franja geográfica.

El mensaje del meteorólogo se conoció tras una nueva erupción del volcán Sakurajima, en Japón. Henríquez se refirió a ese episodio desde su cuenta de X y lo vinculó con el aumento de la actividad en países ubicados dentro del cinturón de fuego del Pacífico.

“Otro volcán del cinturón de fuego del Pacífico que hace erupción”, escribió Max Henríquez. El experto sostuvo que resulta “impresionante” la reactivación de volcanes y sismos a ambos lados del Pacífico.

La advertencia apuntó a la acumulación de fenómenos que involucraron a Colombia, Japón, Indonesia, México y otros territorios. España también registró sismos en los últimos días, aunque no integra el cinturón de fuego que rodea al Pacífico.

El cinturón de fuego, también llamado anillo de fuego, es la región con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. Rodea gran parte del océano Pacífico y conecta zonas de Sudamérica, Norteamérica, Asia y Oceanía.

En esa franja se ubican Colombia, Chile, México, Estados Unidos, Japón, Filipinas e Indonesia. La presencia de volcanes activos y terremotos está relacionada con el movimiento constante de varias placas tectónicas.

“Otro volcán del cinturón de fuego del Pacífico que hace erupción. Es impresionante esta reactivación de volcanes y sismos a ambos lados del pacífico”, comentó Max Henríquez.

La subducción explica los terremotos y la actividad de numerosos volcanes

En muchas áreas del cinturón de fuego, las placas tectónicas chocan entre sí. Una de ellas se hunde bajo otra mediante un proceso conocido como subducción. Ese desplazamiento acumula energía en el subsuelo. Cuando la tensión se libera, puede provocar terremotos y aportar condiciones para la actividad de numerosos volcanes.

La existencia de varios fenómenos en un lapso cercano no implica que todos respondan a una causa inmediata común. Aun así, los eventos observados en países del entorno del Pacífico se desarrollan en una de las zonas con mayor dinamismo geológico del planeta.

La atención sobre Colombia se mantiene por la condición actual del Puracé. La alerta naranja y la observación de las autoridades buscan anticipar cualquier cambio en un volcán que continúa activo.

Japón e Indonesia sumaron episodios volcánicos recientes

El caso que motivó el mensaje de Henríquez fue el del Sakurajima, una montaña japonesa de 1.117 metros de altura. Se trata de uno de los volcanes más activos de Japón y es visible desde gran parte de la ciudad de Kagoshima.

El origen de la caldera de esa zona se remonta a una gran erupción ocurrida hace unos 30.000 años. El edificio volcánico que hoy se identifica como Sakurajima empezó a formarse hace aproximadamente 4.000 años.

Indonesia también atravesó un episodio reciente con el volcán Krakatoa. La erupción dispersó ceniza y obligó a suspender vuelos en el aeropuerto internacional Soekarno-Hatta, en Yakarta.

La secuencia de hechos mantuvo la atención sobre los sistemas volcánicos del Pacífico. Mientras Colombia vigila al Puracé, Japón e Indonesia enfrentaron erupciones que volvieron a poner en foco la actividad del cinturón de fuego.

Un día después de que Juliana Guerrero aceptara responsabilidad por el fraude relacionado con títulos académicos de la Fundación Universitaria San José y recibiera una condena de 36 meses de prisión, el abogado de la polémica allegada al expresidente Gustavo Petro, Felipe Alzate, entregó detalles de cómo funcionó la colaboración con el ente acusador.

En una entrevista con Noticias Caracol, el defensor aseguró que no representaba a Guerrero un año atrás. Explicó que, tras tomar el caso, revisó el expediente y el material reunido por el ente acusador antes de definir la estrategia judicial.

Además, el togado aseguró que la decisión de acercarse a la Fiscalía General de la Nación y acordar una cooperación a cambio de algunas exigencias fue de Juliana Guerrero.

“Eso es una decisión unilateral de Juliana. Hace un año yo no la representaba, yo vengo representándola hace tres, cuatro meses. Nosotros, o yo, desde que asumí la representación judicial, le dije: acá hay que hacer un trabajo serio, hay que hacer un trabajo objetivo, hay que revisar muy bien qué tiene el ente acusador y a partir de ahí tomar las decisiones que en derecho correspondan y sobre todo mirar las posibilidades que puede tener ella y que puede tener cualquier otro ciudadano”, señaló el abogado al medio nacional.

Además, Alzate negó que el ente acusador haya tenido privilegios adicionales a los fijados por la ley y que su clienta deberá asumir las consecuencias que van más allá de la pena de prisión.

“No es que la Fiscalía la esté beneficiando, no es que la Fiscalía y la administración de justicia sean condescendientes con ella, para nada. Ella tomó una decisión, dio la cara, aceptó su responsabilidad y eso tiene unas consecuencias que independiente del monto de la pena, evidentemente hay un debate que se presentó en el marco de la audiencia, pues es una persona que hoy en día se encuentra condenada frente a la administración de justicia y frente al país, incluso para lo que ella significa”, comentó Alzate a Noticias Caracol.

El abogado sostuvo que la suspensión condicional de la pena responde a una garantía prevista para cualquier procesado que reúna las condiciones fijadas por la ley. Entre ellas, citó la ausencia de antecedentes penales y una condena inferior a cuatro años.

La defensa insistió en que el beneficio no depende de la visibilidad pública de Guerrero ni de su vínculo con el gobierno anterior. El letrado afirmó que las reglas deben aplicarse de la misma forma a cualquier ciudadano en una situación similar.

Asimismo, en una segunda entrevista con Blu Radio, Alzate indicó que las conversaciones con la Fiscalía se extendieron durante cerca de tres meses. El acuerdo se mantuvo en reserva hasta su presentación ante el juez competente.

El defensor afirmó que Guerrero podía avanzar hacia una terminación anticipada del proceso mediante el allanamiento a cargos o a través de una negociación. Finalmente, eligieron la segunda alternativa.

En esa entrevista, Alzate precisó que el único beneficio negociado fue la reducción aplicable al monto de la pena. Rechazó la interpretación de que Guerrero hubiera quedado condenada como cómplice.

“No queda condenada como cómplice”, señaló Alzate a Blu Radio. Explicó que la rebaja se aplicó para calcular la pena, pero sostuvo que la condena se mantiene como autora del delito de fraude procesal.

El abogado argumentó que la Fiscalía llevó el caso bajo esa figura penal porque el uso de los documentos buscaba inducir en error a la autoridad encargada del nombramiento. Para él, las falsedades hacen parte del mismo hecho que derivó en la condena.

“A ella, ¿por qué la juzgan? A ella la juzgan por usar ese documento, por utilizar ese documento en el marco del trámite que se estaba desarrollando para acceder a un cargo público. Es un solo hecho. ¿Cuál es? ¿De qué estamos hablando acá? De usar el documento, un documento que es falso y efectivamente la inducción en error ante la autoridad nominadora. Entonces, es un solo hecho, no se le pueden imputar dos delitos, eso sería una transgresión al non bis in idem", comentó Alzate al medio radial.

El preacuerdo con la Fiscalía incluyó una multa de 100 salarios mínimos y una inhabilitación de dos años y medio para ejercer derechos y funciones públicas. El Juzgado 46 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá suspendió condicionalmente la ejecución de la pena.

La sentencia incluyó una compulsa de copias para que la Fiscalía investigue a Guerrero por la posible comisión de falsedad ideológica en documento público, en calidad de determinadora. La decisión se relaciona con los diplomas entregados ante el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep II).

La medida abre una actuación distinta a la que concluyó con la condena por fraude procesal. El juez consideró necesario que la Fiscalía examine si existen elementos para avanzar por esa posible conducta.

Alzate cuestionó ese punto de la decisión. El abogado afirmó que la falsedad ya había sido discutida en el proceso y que figuraba en la imputación, el escrito de acusación y la sentencia.

Durante la entrevista radial, Alzate dijo que Guerrero no ha contemplado colaborar con la justicia mediante la entrega de información sobre eventuales delitos de terceros. Añadió que tampoco existe una negociación proyectada sobre asuntos distintos del caso ya resuelto.

Vincent Ramos, creador de contenido y defensor en redes del presidente Abelardo de la Espriella, volvió a protagonizar un episodio de enfrentamiento con la cantante Adriana Lucía, después de que respondiera a las pretensiones de la artista tras vincularla con Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor.

La disputa surgió por un mensaje en el que Ramos aseguró que Adriana Lucía y Mario Muñoz, vocalista de Doctor Krápula, eran amigos de Pérez Toncel. La cantante rechazó esa versión y afirmó que nunca tuvo relación con el hombre ni con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn).

Ramos compartió entonces una fotografía en la que aparecían la cantante y Muñoz, y los relacionó con el fallecido. Adriana Lucía cuestionó que se empleara una imagen tomada durante un concierto de 2019 para sostener esa asociación. La artista indicó que ese señalamiento podía afectar su honra, su buen nombre y su seguridad, así como la de su familia.

Ante las críticas y las advertencias de llegar a instancias legales, el creador de contenido se adelantó a las pretensiones de la cantante y publicó un nuevo mensaje en el que se retractó de vincularla con el entonces líder de Los Pachenca.

“Hizo la tarea señora Adriana Lucía, como se dio cuenta de que yo no cometí ningún delito en el trino por injuria o calumnia entonces ahora pretende cumplir con un requisito de procedibilidad para intentar una acción de tutela”, señaló Ramos.

Sin embargo, el influenciador mantuvo un tono desafiante y, entre otras, aseguró que solo se retractará por haberla tildado de ‘amiga’ del líder criminal, mas no por las críticas hacia su labor durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

“Pero no se preocupe que no pienso desgastar el aparato judicial con su drama en un país donde necesitamos a la justicia operando en lo que realmente importa. Como para usted resulta necesario que lo aclare entonces rectifico que usted no era amiga de bendito menor. Jamás he dicho que usted pertenecía algún grupo armado, esas son palabras suyas no mías”, continuó el creador de contenido.

El mensaje inicial de Ramos se difundió después de que se conociera la muerte de Pérez Toncel. El influencer escribió que Adriana Lucía y Muñoz habían pasado de decir “nos están matando” a “nos los están matando”, tras la muerte de quien describió como uno de sus amigos.

La cantante respondió que no conocía al creador de contenido y calificó el señalamiento como una acusación que podía tener consecuencias legales. También sostuvo que la publicación comprometía su vida, su honra y la tranquilidad de su familia.

“Mi vida y mi honra y mi familia la respetas”, escribió Adriana Lucía. La intérprete aseguró que no frenaría su reclamo hasta que Ramos se retractara por el contenido difundido.

La artista cuestionó, además, el uso de una fotografía tomada durante un concierto de 2019. Según sostuvo, esa imagen fue empleada para construir una relación inexistente entre ella y una persona asociada con un grupo armado ilegal.

Adriana Lucía negó que hubiera tenido relación con alias ‘Bendito Menor’ y con las Acsn. También mencionó a la Fiscalía General de la Nación y afirmó que consultaría con sus abogados para definir los pasos que seguiría.

Por su parte, aunque corrigió la referencia a la amistad, Ramos no retiró sus reproches contra Adriana Lucía. El eje de sus cuestionamientos pasó a ser la posición política que, según él, la artista adoptó durante el gobierno de Gustavo Petro.

El influencer sostuvo que la cantante antes había denunciado la violencia con la expresión “nos están matando”, pero que luego guardó silencio ante hechos ocurridos durante esa administración.

“Lo que quiero decir en mi derecho a la libre expresión y que todo Colombia sabe es que usted duró años llorando y diciendo “nos están matando” pero durante el gobierno Petro guardó silencio porque claramente usted no defiende la vida de todos los colombianos sino los de unos pocos y cuando les conviene; solo hasta ahora la logramos “descongelar”“, señaló el influenciador.

Ramos escribió que el silencio de la cantante contribuyó a una paz total que consideró fallida. Además, le envió una nueva pulla a Adriana Lucía al advertir que, en caso de insistir en una demanda en su contra, mantendrá su defensa.

“Sea sensata y reconozca que su silencio en el gobierno pasado contribuyó a una fracasada paz total cuyas consecuencias las sufrió todo el país. Espero la denuncia en la Fiscalía como había dicho, a mí no me intimida con eso porque yo no he cometido ningún delito y me defenderé como en derecho corresponde”, concluyó Ramos.

En la ciudad de Bogotá se dio inicio a la campaña “¿Y si fuera ella?”, una estrategia que busca que los hombres dejen de considerar normales los piropos sexuales, los silbidos, las miradas insistentes y los comentarios no solicitados hacia las mujeres en la calle.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia presentó la iniciativa como una herramienta para prevenir y desnaturalizar el acoso sexual callejero. El mensaje propone pensar cómo se percibirían esas conductas si estuvieran dirigidas a una esposa, hija, hermana, madre u otra persona cercana.

La campaña “¿Y si fuera ella?” plantea que el acoso sexual callejero constituye una forma de violencia contra las mujeres, aunque algunas de sus expresiones todavía se presenten como actos inofensivos. Su objetivo es modificar comportamientos en el espacio público y fortalecer el conocimiento de las rutas de atención disponibles en Bogotá.

El enfoque está puesto en la responsabilidad de quienes ejercen esas acciones. La estrategia busca que las personas identifiquen el daño que pueden causar prácticas como los gestos obscenos, el exhibicionismo y las persecuciones.

“Las mujeres tenemos el derecho a caminar sin miedo en Bogotá”, afirmó Carolina Bucheli, referente de Mujer y Género de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.

La funcionaria sostuvo que varias entidades distritales trabajan para fomentar espacios seguros para niñas y mujeres. También advirtió que mirar de forma insistente o hacer comentarios no pedidos representa un acto de violencia.

El acoso sexual callejero puede expresarse mediante acciones verbales, físicas o visuales. Entre ellas figuran las miradas intensas, los comentarios y piropos de contenido sexual, los gestos obscenos, el exhibicionismo y las persecuciones.

La iniciativa distrital intenta romper con la aceptación social de estas prácticas. El propósito es que dejen de interpretarse como parte habitual de la interacción en calles, estaciones, parques o zonas comerciales.

El Distrito también busca que las personas que presencian un episodio de acoso sepan cómo reaccionar. Para ello, difundió la regla de las 3A: acompañar, alertar y activar.

La Línea 123 recibió 811 reportes desde 2024

La Secretaría de Seguridad informó que la Línea 123 recibió 811 llamadas relacionadas con acoso sexual entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de agosto de 2026. La localidad de Suba concentró el 15,9% de los reportes. Kennedy registró el 13% y Engativá, el 12,1%.

Las mujeres que enfrenten una situación de riesgo inminente pueden comunicarse con la Línea 123. Los operadores remiten el caso a la entidad que corresponda según el lugar y las características de la emergencia.

Cuando el hecho ocurre en la vía pública, la alerta llega al cuadrante de Policía más cercano para que asista a la persona en riesgo. La respuesta también se articula con los servicios de orientación y acompañamiento de la Secretaría Distrital de la Mujer.

Si el acoso se presenta en el transporte público, la usuaria puede informar el caso al conductor o a los Gestores de Convivencia. Esa comunicación permite activar el protocolo dispuesto por el Sistema TransMilenio.

El Programa de Asistencia Integral a la Denuncia, conocido como Aide, ofrece acompañamiento a víctimas que quieran denunciar por injuria por vía de hecho, figura aplicable a los casos de acoso callejero.

El servicio atiende en el número (601) 377 9595, extensión 1137. El programa orienta a las víctimas sobre los pasos necesarios para formalizar el caso. La Secretaría Distrital de la Mujer ofrece atención gratuita por medio de la Línea Púrpura Distrital 018000 112137. También dispone del WhatsApp Púrpura 300 755 1846.

Ambos canales brindan orientación y asesoría a mujeres que enfrentan situaciones de violencia. La difusión de estas rutas forma parte de la campaña y de las acciones preventivas del Distrito.

Las medidas contra el acoso callejero se integran al Modelo Integral de Prevención y Atención de Violencias contra las Mujeres en el Transporte y Espacio Público.

Como parte de ese trabajo, el Distrito capacitó a 12.801 servidoras y servidores públicos. Las jornadas buscaron fortalecer la identificación, prevención y atención de hechos de violencia contra las mujeres.

La estrategia también formó a 20.900 conductores del Sistema Integrado de Transporte Público, con participación de TransMilenio y la Secretaría Distrital de la Mujer.

Las actividades llegaron a las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá. Allí, más de 600 trabajadores recibieron capacitación sobre prevención del acoso callejero, junto con campañas de sensibilización, señalética y seguimiento de resultados.

La Secretaría Distrital de la Mujer instaló 20 puntos seguros en festivales, fiestas y otros eventos con alta afluencia. En esos espacios, las asistentes recibieron información preventiva y conocieron las rutas de atención.

Estas acciones alcanzaron a más de 17.000 mujeres. El Distrito busca que la orientación esté disponible en lugares donde se concentra una gran cantidad de personas.

El traslado a La Picota de cuatro procesados y condenados implicaría la pérdida de los beneficios que tenían en el Cespo de la Policía, una guarnición distinta de una cárcel de máxima seguridad.

Según información revelada por Caracol Radio, durante la mañana de este miércoles 9 de septiembre, un operativo llevó desde el Cespo a Andrés Calle, el alcalde de Villa de Leyva Víctor Gamboa, el abogado Álex Vernot y el exdirector del DAS Emiro Rojas.

Fuentes consultadas por el medio radial confirmaron que el cambio de reclusión incluyó a estas cuatro personas, vinculadas a procesos por corrupción, actuaciones urbanísticas, soborno y torturas psicológicas contra una periodista.

Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, permanece investigado por su presunta participación en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La Fiscalía busca determinar si el excongresista recibió dinero, alrededor de 1.000 millones de pesos, o beneficios para favorecer al Gobierno en la aprobación de proyectos y decisiones políticas dentro del Congreso.

Por su parte, el alcalde Gamboa enfrenta una investigación por posibles irregularidades en trámites urbanísticos de Villa de Leyva. Las autoridades examinan si intervino de forma indebida en procedimientos administrativos relacionados con proyectos o permisos de construcción.

Vernot, abogado de Carlos Mattos, cumple una condena de seis años de prisión por soborno en actuación penal dentro del caso Hyundai. La justicia concluyó que participó en una maniobra para ofrecer dinero a un testigo con el fin de que dejara de colaborar con la Fiscalía durante la investigación.

Finalmente, el exdirector del DAS Emiro Rojas fue condenado por las torturas psicológicas contra la periodista Claudia Julieta Duque. El expediente se relaciona con actos de intimidación y hostigamiento atribuidos al antiguo organismo de inteligencia por el trabajo investigativo de la comunicadora.

La nueva decisión, aunque no es confirmada por el Gobierno nacional, se estaría dando en medio de la nueva estrategia del presidente Abelardo de la Espriella de despojar de privilegios y desarticular posibles grupos criminales formados al interior de las prisiones del país.

De hecho, el gobierno de Abelardo de la Espriella ordenó el traslado de 403 presos en sus dos primeros días, una cifra muy superior a la que se conocía en público y que, según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, respondió a alertas de seguridad, pedidos de familias, clasificaciones de peligrosidad y medidas para proteger a internos y guardianes.

El detalle oficial indica que el 7 de agosto, día de la posesión presidencial, hubo 39 traslados, y que al día siguiente cambiaron de centro de reclusión 364 internos. La respuesta del Inpec a un derecho de petición, citada por El Tiempo, mostró así la dimensión de un operativo que hasta ahora se asociaba con un grupo mucho menor de reclusos de alto perfil.

La opinión pública tenía registro de al menos 117 movimientos, entre ellos varios de los designados por el gobierno de Gustavo Petro como negociadores de paz. La información oficial elevó ese total a más de 400 personas privadas de la libertad en apenas dos jornadas.

El propio Inpec explicó que las decisiones se adoptaron mediante actos administrativos y que no obedecieron a una única causa. De acuerdo con la entidad, el objetivo fue preservar la seguridad nacional, descongestionar cárceles y proteger la integridad tanto de los internos como del personal penitenciario.

La autoridad penitenciaria precisó que entre los motivos hubo solicitudes de los propios reclusos o de sus familias, alertas elevadas por directores de establecimientos y clasificaciones de riesgo para personas consideradas de alta peligrosidad. En los 167 traslados registrados bajo la Resolución 006052, según la información publicada, se combinó ese conjunto de razones.

Apenas horas después de que se hicieran virales las imágenes del estudiante que ingresó armado a una institución educativa de Medellín y desató un tiroteo antes de autolesionarse, desde la secretaría de Seguridad de la ciudad entregaron nuevos detalles del joven.

Según señaló el secretario Manuel Villa Mejía, el menor fue identificado como Jhoan Sebastián Ovalle, de 17 años. Las autoridades revelaron que el joven ya había recibido acompañamiento psicosocial desde el2025 por conductas agresivas, episodios de violencia y crisis emocionales.

Ovalle cursa décimo grado y, de acuerdo con la Alcaldía de Medellín, había manifestado recientemente que no quería continuar con el apoyo psicológico que le ofrecían las autoridades educativas y sanitarias.

“Se activó el código dorado en su momento y se hicieron derivaciones al sistema de salud. También por parte de la Secretaría de Educación se le venía prestando atención en el marco del proyecto y de la ruta de escuela de entorno protector. El estudiante recientemente había manifestado que no quería seguir teniendo este acompañamiento, pero de parte de la administración se mantenía la oferta y la recomendación a su acudiente de la necesidad de seguir contando con este acompañamiento psicosocial”, señaló el secretario de Seguridad.

La situación ocurrió durante la mañana del 9 de septiembre, cerca de las 8:00 a. m. Villa Mejía indicó que el estudiante entró al colegio con un arma que, de manera preliminar, sería de menor letalidad, y efectuó disparos en el patio de la institución.

Los docentes y alumnos buscaron refugio en las aulas y cerraron las puertas tras advertir lo que ocurría. Después, el adolescente habría intentado entrar por la fuerza a las oficinas de la rectoría.

Durante las semanas previas al hecho, el alumno habría protagonizado situaciones que afectaron la convivencia escolar y estuvieron relacionadas con comportamientos violentos. Esos antecedentes llevaron al colegio a revisar su continuidad presencial.

De hecho, la semana pasada, el Comité Escolar de Convivencia resolvió que el adolescente dejara las instalaciones físicas del plante y desarrollara temporalmente sus actividades académicas desde casa. La medida buscaba mantener la valoración psicológica y el acompañamiento mientras se definía su situación.

“Durante las últimas semanas, ya más concretamente, habría tenido comportamientos que venían generando problemas de convivencia y de violencia al interior de la escuela. Y ante esta situación, entonces, la semana pasada, el Comité Escolar de Convivencia toma la decisión para que este estudiante continuara por un tiempo sus actividades escolares de manera remota y desde casa”, señaló el secretario de seguridad de Medellín.

Manuel Villa Mejía sostuvo que la investigación no se limitará a la actuación del estudiante. Las autoridades indagan si hubo adultos que facilitaron el acceso al arma y si existe una estructura criminal vinculada con el caso.

“La solicitud y la instrucción de nuestra parte como administración es averiguar realmente quiénes son estos dos sujetos, a qué estructura pertenecen, porque muy seguramente pertenecen a una estructura criminal que tiene injerencia en la zona, cuál es su relación con actividades ilícitas en ese sector y si estarían involucrados en el delito de instrumentalización de menores para la comisión de delitos”, afirmó Manuel Villa Mejía durante la rueda de prensa..

Las autoridades prevén judicializarlos por el presunto uso de menores para la comisión de delitos y por porte ilegal de armas de fuego. El funcionario remarcó que la investigación debe determinar qué relación tenían con el adolescente.

La Secretaría de Seguridad busca establecer a qué organización pertenecerían los detenidos, qué actividades ilícitas desarrollarían en el sector y si participaron en una eventual instrumentalización del menor.

La Alcaldía anunció apoyo para la comunidad educativa y la familia

La respuesta institucional involucra a las secretarías de Seguridad, Educación, Salud y Paz y Derechos Humanos, además de la Policía Nacional. El objetivo inmediato es acompañar a la institución educativa tras la emergencia.

El secretario indicó que las entidades trabajan para recuperar la tranquilidad entre los estudiantes, docentes y familias. También anunciaron apoyo para los allegados del adolescente herido.

La actuación de la Policía de Infancia y Adolescencia incluye la evaluación de la posible aprehensión del menor y de su eventual puesta a disposición de la justicia. Esa determinación dependerá de las circunstancias que establezca la investigación.

El caso mantiene abiertas dos líneas principales: la atención médica y psicosocial del estudiante, y la indagación sobre el origen del arma y la posible participación de adultos. Las autoridades esperan definir si existió una red criminal que aprovechó la vulnerabilidad del joven.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá cobró de más a familias de estrato 2 del barrio Hacienda Los Molinos, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, a raíz de una presunta falla en la asignación de subsidios, según una reciente denuncia del Concejo de Bogotá.

Según indicó el cabildo, el monto acumulado que la empresa deberá ajustar o devolver a al menos un centenar de hogares supera los $30 millones.

La irregularidad alcanzó a más de 125 cuentas de contrato y, en algunos casos, los cobros indebidos superaron los $900.000 por hogar. El caso adquirió mayor gravedad porque el sector no cuenta con un servicio formal de alcantarillado.

El error fue reconocido por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) luego de que la comunidad presentara un derecho de petición para cuestionar inconsistencias en sus facturas.

De acuerdo con el portal web del Concejo de Bogotá, la empresa confirmó que el número de viviendas registrado en los predios era correcto. El problema surgió en la plataforma tecnológica encargada de aplicar los beneficios tarifarios correspondientes al estrato 2.

La falla hizo que algunas facturas recibieran el subsidio, mientras otras quedaron excluidas del descuento. Esa aplicación desigual generó los saldos cobrados en exceso que ahora deberán ser revisados por la entidad.

Las familias afectadas podrían obtener devoluciones o ajustes superiores a $900.000, según el cálculo divulgado por el Concejo. El alcance final dependerá de la revisión de cada contrato incluido en el reporte.

Desde el cabildo indicaron que el barrio Hacienda Los Molinos es un asentamiento informal al que la administración distrital no ha prestado de forma regular los servicios de acueducto y alcantarillado.

Ante esa ausencia, los habitantes construyeron redes comunitarias para abastecerse de agua. La entidad describió esas instalaciones como conexiones hechas con mangueras y mecanismos artesanales, diferentes de las redes presentes en las zonas legalizadas de la capital.

La comunidad recibió las facturas cuestionadas pese a las condiciones precarias de acceso al servicio. “Queremos que nos devuelvan hasta el último peso”, afirmó el habitante ante el Concejo de Bogotá.

“Es indignante, en un barrio que el Distrito ni siquiera ha legalizado, donde la gente construye sus propias conexiones para tener agua, el Acueducto encima les cobra mal por culpa de su propio sistema. Devolver lo cobrado de más no puede depender de que el ciudadano descubra el error; la Empresa tiene que decirle a Bogotá cuántas familias fueron afectadas, cuánto dinero les debe y cuándo y cómo lo va a devolver”, afirmó la concejala Rocío Dussán

La reclamación se sustentó en el derecho de petición, un mecanismo contemplado en el artículo 23 de la Constitución colombiana. La herramienta permite a los ciudadanos solicitar respuestas de entidades públicas o privadas.

Según Función Pública, ese recurso exige respuestas claras y oportunas frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía. La explicación recibida por los vecinos permitió identificar la falla tecnológica en la asignación del subsidio.

Rocío Dussán anunció control político y pidió identificar a cada familia

La concejala Rocío Dussán cuestionó lo ocurrido y anunció que promoverá un control político sobre la actuación de la empresa distrital. La cabildante solicitará un informe con el listado completo de las familias afectadas.

El documento deberá permitir establecer cuántos usuarios recibieron facturas sin el subsidio correspondiente y qué valor deberá corregirse en cada caso. “La plata de los usuarios no se puede quedar en las cuentas del Distrito”, sostuvo Dussán al referirse a la obligación de reparar los cobros indebidos.

La revisión que reclame el Concejo deberá determinar si la Eaab realizará devoluciones directas, descuentos en facturas posteriores u otro mecanismo de compensación. El material divulgado hasta ahora señala que las familias esperan la restitución completa de los valores cobrados por error.

Las autoridades del departamento del Cesar investigan dos presuntos secuestros ocurridos en menos de 24 horas: el del ganadero Julio Morón Pérez, esposo de la exalcaldesa de La Paz Andrea Ovalle, y el del comerciante Adalberto Rodríguez, quien habría sido retenido por tercera vez.

Los casos fueron reportados en zonas rurales de Manaure y Tamalameque. Hasta el momento, las autoridades no han informado pistas sobre los responsables ni una posible exigencia económica a las familias para liberar a las dos víctimas.

La desaparición de Morón Pérez se conoció después de que su camioneta apareció abandonada en la finca Veracruz, en el sector Casa Blanca de Manaure. Rodríguez, oriundo de Tamalameque, habría sido sacado por la fuerza de su vivienda por hombres armados en el corregimiento Pasa Corriendo.

El ganadero habría sido retenido durante la tarde del martes 8 de septiembre en el predio rural donde fue encontrado su vehículo. La camioneta estaba cerca del portón de la finca Veracruz y tenía las ventanas abajo. En su interior permanecían las pertenencias de Morón Pérez.

“El vehículo se encontró prácticamente en la puerta del portón de la finca”, explicó el secretario de Gobierno de Manaure, Adalberto Ramírez. El funcionario indicó que, tras el hallazgo, las autoridades ingresaron al lugar con apoyo de la fuerza pública para verificar las condiciones en las que había quedado el vehículo.

Ramírez añadió que el Ejército y la Policía activaron los protocolos de búsqueda y realizaron recorridos por el sector rural donde habría ocurrido la retención.

La desaparición del ganadero genera preocupación por su vínculo con una figura política local. Su esposa, Andrea Ovalle, fue alcaldesa del municipio de La Paz.

Adalberto Rodríguez habría sido sacado de su vivienda en Tamalameque

El segundo caso ocurrió en el corregimiento Pasa Corriendo, área rural de Tamalameque, municipio donde Rodríguez desarrolla actividades comerciales.

Según la información conocida por las autoridades, un grupo de hombres armados interceptó al comerciante cuando estaba en su residencia. Los hombres lo obligaron a salir de la vivienda y se lo llevaron por la fuerza. El caso adquiere una dimensión particular porque Rodríguez ya habría sido retenido en otras dos oportunidades.

Las circunstancias de ambos hechos están bajo investigación. Las autoridades no han establecido si los casos tienen relación entre sí ni han divulgado elementos que permitan identificar a los captores.

El secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, afirmó que la investigación está a cargo del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), la Policía del Cesar y el Ejército Nacional.

“La investigación está siendo liderada por el Gaula, la Policía del Cesar y el Ejército Nacional”, detalló Esquivel.

El funcionario señaló que los casos son revisados en el Puesto de Mando Unificado (PMU), que opera de manera permanente en el departamento para analizar asuntos de seguridad.

Las instituciones también establecieron contacto con los familiares de las personas retenidas. La prioridad de las acciones oficiales es ubicar a Morón Pérez y Rodríguez.

Durante la mañana del miércoles se realizó un consejo de seguridad en Manaure. La reunión fue convocada para revisar la situación de orden público y los episodios de violencia que han afectado a esa zona del Cesar.

El secuestro mantiene bajo presión a los ganaderos del Cesar

El departamento cuenta con cerca de 22.000 ganaderos, un sector que ha señalado al secuestro como uno de los delitos que más afecta sus actividades y su seguridad.

Un informe de la Comisión de la Verdad documentó que unas 3.293 personas de la región, entre hombres y mujeres de diferentes sectores, declararon haber sido víctimas de secuestro. Los registros del informe ubican buena parte de los casos en La Jagua de Ibirico, Chimichagua, Curumaní, Pailitas, Codazzi, El Copey, Pueblo Bello, Chiriguaná, Becerril, Aguachica y Valledupar.

El documento relacionó esa práctica con la búsqueda de recursos por parte de grupos armados al margen de la ley, que procuran sostener y fortalecer sus estructuras criminales.

El presidente del Comité Agropecuario del Cesar, Joaquín Tomás Ovalle, advirtió que la mayor preocupación se concentra en el sur del departamento. “La situación más difícil está en el sur del Cesar”, sostuvo Ovalle, quien agregó que en la zona norte el panorama es más tranquilo, aunque los nuevos casos provocaron alarma entre los productores.

Los chats de Kevin Santiago Ángel quedaron en el centro de la investigación por el homicidio del profesor en Bogotá. La Fiscalía analiza las conversaciones que sostuvo con una mujer identificada como alias Alondra y los mensajes que salieron de su celular cuando, según la hipótesis del caso, el aparato ya estaba bajo control de los responsables.

Según información conocida por El Tiempo, los investigadores recuperaron diálogos desde el computador de Ángel. Ese material ubica el comienzo del contacto con la mujer cerca de 11 días antes del crimen y permite seguir el mecanismo con el que habría sido conducido mediante engaños.

La Fiscalía sostiene que Gacelis Nairobid Sojo Lira, alias Alondra, usó las redes sociales para acercarse al docente y obtener su confianza. Los intercambios incluían mensajes de carácter personal antes de que se pactara un encuentro.

Los chats muestran una primera invitación al barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá. Kevin Santiago Ángel no aceptó esa propuesta.

El profesor mantenía entonces un programa dirigido a alejar a jóvenes del reclutamiento de grupos criminales y del consumo de drogas. La investigación plantea que esa tarea lo convirtió en objetivo de personas dedicadas a la venta de estupefacientes vinculadas al ‘Tren de Aragua’.

La conversación continuó después de aquella negativa. Finalmente, el docente aceptó verse con la mujer en el barrio Galán.

La Fiscalía busca probar que alias Alondra no actuó por iniciativa propia, sino que cumplió una función definida dentro del plan criminal: captar a Kevin Santiago Ángel, pactar una cita y llevarlo hacia el lugar donde fue asesinado. Los mensajes previos, la ubicación enviada y las comunicaciones posteriores son parte de los elementos que sostienen esa hipótesis.

Una ubicación enviada antes de que el profesor desapareciera

El relato de un allegado al profesor fue considerado relevante para reconstruir los últimos intercambios. El testigo aseguró que revisó el dispositivo de Santiago y encontró una conversación con la mujer.

“Ella le decía que se le iba a apagar el celular y le envió una ubicación para que él llegara a ese punto”, relató el allegado a la Fiscalía, según el expediente obtenido por El Tiempo.

Esa ubicación es uno de los datos que los investigadores relacionan con el traslado de la víctima hacia una vivienda. La pesquisa indica que, después de ingresar al inmueble, el profesor habría quedado bajo el control de los atacantes.

La acusación presentada en la audiencia de legalización de capturas sostiene que Kevin Santiago Ángel fue llevado hasta el apartamento del suroccidente de Bogotá mediante una maniobra de engaño. Allí, según el expediente, fue torturado y asesinado.

Los investigadores no solo revisan los mensajes enviados antes de la cita. También examinan las conversaciones que se produjeron luego, cuando familiares, allegados y personas que conocían al docente aún podían creer que él respondía desde su teléfono.

El teléfono habría sido usado para suplantar a la víctima

Uno de los últimos mensajes fue dirigido a la madre del profesor, Marta Garzón. A las 6:20 p. m., desde el celular de Kevin Santiago Ángel salió una respuesta: “Estoy en el gimnasio”.

La Fiscalía considera que esa comunicación pudo haber sido enviada por quienes tomaron el aparato. La hipótesis apunta a que los responsables suplantaron al docente para desviar la atención y evitar que su ausencia generara una alerta inmediata.

Otro mensaje bajo análisis salió desde el perfil de redes sociales del profesor. El remitente afirmó: “Ahí le mando a dos amigos míos para recoger una moto”. La destinataria fue Vilmary Reyes, encargada de un establecimiento comercial llamado Vilbar. El mensaje llegó a las 8:53 p. m. del día en que ocurrió el crimen.

La mujer declaró que recibió otras tres comunicaciones desde ese perfil, que conservaba la foto de Santiago. Luego, esos mensajes fueron eliminados. La investigación presume que el celular ya estaba en manos de los criminales en ese momento. El dispositivo también habría sido usado para hacer transferencias bancarias posteriores.

Horas más tarde, el cuerpo de Kevin Santiago Ángel fue encontrado quemado y desmembrado. El análisis de las comunicaciones busca precisar en qué momento se interrumpió el contacto genuino del profesor y comenzó la suplantación.

La Fiscalía atribuye la orden a un cabecilla recluido en Caldas

La orden para ejecutar el homicidio, de acuerdo con la investigación, habría sido dada desde la cárcel de La Dorada, en Caldas. El señalado es Ósmer Josué Castillo Urbaneja, uno de los cabecillas de la estructura.

El hombre es indagado por 19 homicidios, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. La Fiscalía lo ubica entre los responsables que habrían intervenido en la decisión de atacar al docente.

Los investigadores también mencionan a alias Giovanny como otro jefe del Tren de Aragua en el sector conocido como ‘la 38’. Según la información reunida, Alondra recibía instrucciones de ambos.

La mujer era trabajadora sexual y distribuía estupefacientes en esa zona, de acuerdo con las declaraciones citadas dentro del proceso. Un testigo afirmó ante la Fiscalía que los cabecillas debían saber del homicidio.

Las primeras pesquisas señalan que el adolescente habría llegado al plantel, situado en el sector La Sierra de la comuna 8, con la intención de buscar a una profesora que, por fortuna, no se encontraba en la sede.

Según el reporte de la Policía, el joven escaló uno de los muros para entrar a la institución. Ya dentro del colegio, se habría causado una lesión en la cabeza con el arma que portaba.

“Queremos informar que en la Comuna 8, el día de hoy, más exactamente en el sector La Sierra, Institución Educativa Gabriel García Márquez, un joven de 17 años ingresa a la institución con un arma de compresión”, señaló el teniente coronel John Gómez, comandante de la Estación de Policía Villa Hermosa.

Según las versiones preliminares, el joven ingresó por la parte trasera de la institución para evitar ser detectado. Fue en ese momento que el estudiante habría accionado el arma en repetidas ocasiones para intimidar a estudiantes y docentes.

“Lamentablemente, se presentó una situación muy grave en una institución educativa de Medellín.Un joven de 17 años ingresó al colegio con un arma de menor letalidad, realizó varios disparos para intimidar a las personas y posteriormente se autolesionó”, señaló el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Según el mandatario distrital, los equipos de emergencia trasladaron de emergencia al joven ante la gravedad de las heridas. Además, la Policía Metropolitana del Valle de Aburra confirmó que en el hecho resultaron involucradas otras dos personas.

Las pesquisas preliminares señalan que los dos sujetos habrían ingresado al plantel educativo y alterado la escena, pues se apoderaron del arma traumática y huyeron del lugar.

Sin embargo, el sistema de videovigilancia de la capital de Antioquia permitió a las autoridades individualizar a los dos hombres y adelantar su captura mientras que aclaran cuál sería la relación con el menor lesionado.

“Entretanto, dos hombres habrían ingresado posteriormente a la institución, tomado el arma y abandonado el lugar. Gracias al sistema de cámaras de biovigilancia, las autoridades lograron identificar a estos dos hombres, quienes fueron trasladados a la estación de Policía Villa Hermosa para adelantar las investigaciones y esclarecer su participación en los hechos”, señaló el teniente coronel John Gómez, comandante de la Estación de Policía Villa Hermosa.

Mientras las autoridades investigan, en redes sociales se empezaron a conocer imágenes del momento en que el joven irrumpe las clases escolares en búsqueda de la docente con la que, según información preliminar, habría presentado problemas en días anteriores.

En el material audiovisual se observa al menor golpeando varias puertas de salones con el propósito de derribarlas y encontrar a la maestra. Sin embargo, ante la infructuosa búsqueda, el joven accionó el arma contra sí mismo.

Gobierno nacional puso en vigencia el fin de la suspensión general al porte legal de armas

Con la publicación del Decreto 1368 en el Diario Oficial, el presidente Abelardo de la Espriella puso en vigencia en Colombia el fin de la suspensión general al porte legal de armas, una medida que el Ejecutivo justifica en las 15.700 armas ilegales incautadas en 2026 y en la idea de que la restricción había limitado a ciudadanos que cumplen la ley sin impedir el rearme de las estructuras criminales.

De ese total, más de 14.100 armas habrían estado vinculadas de forma directa con delitos, según la defensa oficial de la norma. Con ese balance, el Gobierno sostuvo que la prohibición había terminado por “restringir al ciudadano que cumple la ley”.

La decisión deja atrás una suspensión que se había extendido por cerca de 11 años. Esa política había sido promovida en 2015 por el entonces presidente Juan Manuel Santos mediante el Decreto 2515 y luego prorrogada por sus sucesores.

La norma apareció en la edición 53.619 del diario oficial, publicada en línea por la Imprenta Nacional en la mañana del 9 de septiembre y fechada el 8 de septiembre. Desde esa divulgación, el decreto quedó incorporado formalmente al ordenamiento y empezó a regir.

El cambio central no consiste en una autorización indiscriminada para portar armas de fuego. Lo que hace el decreto es suprimir la suspensión general que operaba como regla para casi toda la población y que dejaba el porte sujeto a permisos especiales de carácter excepcional.

El texto mantiene el monopolio estatal sobre las armas en cabeza de las Fuerzas Militares. También conserva los requisitos previstos en el Decreto 2535 de 1993 para cualquier ciudadano que aspire a portar un arma de defensa personal.

Eso significa que el porte legal sigue sometido a autorización militar y a exigencias previas. La diferencia es de criterio normativo: la prohibición general deja de ser la regla, pero el sistema de control estatal permanece intacto.

Un tribunal federal de Miami abrió el martes 8 de septiembre el juicio civil en Miami contra el teniente coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, acusado por la muerte del juez Carlos Horacio Urán Rojas durante los hechos ocurridos durante la toma del Palacio de Justicia de Bogotá en 1985.

La primera jornada de la audiencia comenzó con la presentación de la acusación, a cargo del Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas y del bufete Wilson Sonsini Goodrich & Rosati.

El proceso fue promovido por las dos hijas de Urán Rojas. La demanda atribuye a Plazas Vega responsabilidad por presuntas ejecuciones extrajudiciales y torturas contra el magistrado, en el contexto de la toma del Palacio de Justicia por la guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19) y la posterior recuperación militar del edificio.

La causa busca establecer si el entonces teniente coronel tuvo responsabilidad civil en los hechos que rodearon la muerte del juez. Las demandantes sostienen que, durante la operación militar de 1985, existió un mecanismo clandestino para identificar y separar a personas consideradas sospechosas de vínculos con la guerrilla.

De hecho, durante la diligencia del martes, una de las hijas del magistrado fue de las primeras en testificar contra el alto oficial retirado, asegurando que dicho episodio violento marcó su vida y la de su familia cuando apenas era una niña.

“Xiomara Urán subió al estrado como primera testigo de los demandantes. Es una de las hijas del magistrado Urán y demandante en el caso; testificó sobre el impacto que tuvo el la muerte de su padre en su infancia. Su testimonio continuará mañana”, señaló en un comunicado el Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas.

El expediente fue presentado bajo la Ley de Protección de Víctimas de Tortura, una norma federal de Estados Unidos que habilita demandas civiles por denuncias de tortura y ejecuciones extrajudiciales cometidas bajo apariencia de autoridad estatal.

Según la acción judicial, Urán Rojas habría quedado atrapado en un sistema ilegal dirigido contra rehenes que las autoridades militares clasificaban como posibles guerrilleros o simpatizantes de esos grupos.

La demanda sostiene que ese esquema contemplaba la identificación de las personas, interrogatorios, desapariciones forzadas, torturas y, en varios casos, asesinatos extrajudiciales.

“Las partes presentaron sus alegatos iniciales. Los demandantes argumentaron que Plazas Vega dirigió y controló unidades militares responsables de la tortura y el asesinato del magistrado Carlos Horacio Urán Rojas. La defensa argumentó que Plazas Vega no era responsable de la muerte de Urán”, resumió la organización de derechos humanos.

Las hijas del juez alegan que el Ejército colombiano aplicó un plan encubierto contra quienes fueron definidos como “especiales”, una categoría que, según su presentación, alcanzaba a personas bajo sospecha de afinidad con la insurgencia.

El documento judicial señala que esa clasificación aparece en bitácoras militares y policiales, además de comunicaciones internas por radio que forman parte de los elementos citados en la causa.

De acuerdo con la acusación, quienes recibían esa denominación eran apartados del resto de los rehenes y sometidos a interrogatorios violentos. Después, esas personas eran trasladadas a instalaciones militares. La demanda menciona que una de ellas estaba bajo el mando de Plazas Vega.

El Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas afirmó que el litigio se apoya en esos registros para reconstruir la presunta estructura que operó durante la recuperación del Palacio de Justicia.

El juicio civil comenzó más de dos años después de que el tribunal federal de Miami aceptara la demanda contra el militar retirado.

Hasta donde se sabe, la primera etapa del juicio continuará este miércoles 9 de septiembre y se extenderá hasta el viernes 11. Después, el juicio reanudará del 14 al 18 de septiembre y podría prolongarse si así lo determina el juez.

La apertura de las audiencias habilita ahora la discusión judicial sobre las pruebas y los argumentos de las partes en torno a la actuación de Plazas Vega durante uno de los episodios más graves de la historia reciente de Colombia.

Después del revuelo ocasionado en una institución educativa del municipio de Sincelejo por comentarios hacia Álvaro Uribe Vélez, el exmandatario apareció en sus redes sociales para dar una salida a la controversia.

A través de su cuenta de X, el expresidente planteó asistir al colegio para conversar con estudiantes, padres y profesores, en medio de la controversia por una actividad escolar.

“Espero que yo pueda ir al colegio hablar con estudiantes, padres de familia y también profesores, ¿por qué no?”, escribió Uribe.

El expresidente publicó el mensaje después de que el Centro Democrático pidiera investigar una jornada realizada el 1 de septiembre de 2026 en la Institución Educativa Antonio Lenis, donde, según denuncias difundidas por el partido, fueron instaladas pancartas con mensajes políticos en su contra.

La colectividad sostuvo que en el plantel habrían aparecido mensajes con cuestionamientos al exmandatario, entre ellos uno que lo calificaba como “paramilitar”. También afirmó que un familiar de uno de los estudiantes presentó una acción de tutela por lo sucedido, aunque no precisó el contenido del recurso ni la autoridad ante la que fue radicado.

En una publicación en X y en un comunicado, el partido indicó que la senadora María Angélica Guerra López y el diputado Luis Alfonso Álvarez denunciaron los hechos. La organización pidió que las autoridades educativas y de control verifiquen lo ocurrido y adopten medidas para garantizar el pluralismo y la libertad de conciencia de los estudiantes.

El partido cuestionó la finalidad pedagógica de la jornada en Sincelejo

La Dirección Nacional del Centro Democrático y la Dirección Departamental de Sucre expresaron preocupación por lo ocurrido en la institución educativa de Sincelejo. Según el texto difundido por la colectividad, las pancartas contenían mensajes dirigidos contra Uribe, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010.

Guerra López pidió establecer quién promovió la actividad y bajo qué criterios se desarrolló. La congresista sostuvo, en la comunicación de su partido: “Los colegios deben ser espacios de conocimiento, libertad y pluralismo, nunca escenarios de adoctrinamiento político”.

Ese planteamiento resume la posición central de la colectividad: considera legítimo que en las aulas se aborde la historia de Colombia y las distintas corrientes políticas, pero rechaza que esos contenidos se expongan desde una perspectiva que, a su juicio, afecte la honra o el buen nombre de una persona.

El partido también señaló que los mensajes denunciados podrían constituir una práctica de estigmatización contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Por esa razón, insistió en que se revisen las circunstancias en las que se llevó a cabo la actividad escolar.

Hasta ahora, la información divulgada por la organización no incluye una versión de la institución educativa Antonio Lenis, de la Secretaría de Educación de Sincelejo ni de las autoridades que eventualmente podrían conocer la tutela mencionada.

El pronunciamiento se conoció después de otra respuesta del partido sobre Uribe

En un episodio reciente, la colectividad respondió al abogado Miguel Ángel del Río por calificar al exmandatario como muy “locuaz” y como un “gran actor”. A través de su cuenta oficial en X, el partido afirmó que el jurista “vuelve” a los calificativos porque, según sostuvo, las pruebas “no le alcanzan”.

La publicación añadió: “Miguel Ángel Del Río vuelve a los calificativos porque las pruebas no le alcanzan (sic)”. En ese mismo mensaje, el partido defendió a su líder natural frente a los señalamientos del abogado.

La colectividad recordó que Uribe fue absuelto en primera instancia de los delitos que le imputaron. También sostuvo que Del Río intentó construir el caso con testigos de dudosa reputación.

En esa respuesta, el partido escribió: “El presidente Álvaro Uribe fue absuelto de los montajes que usted intentó construir con testigos de dudosa reputación (sic)”. Luego agregó que le parecía curioso que se llamara “actor” al exmandatario, porque, según su postura, lo único que ha hecho es defender su inocencia.

La muerte de un bebé de tres meses que ingresó de urgencia a una clínica de Pereira en septiembre de 2024 derivó casi dos años después en la captura de su padre biológico, Cristian David Cardona, señalado por las autoridades como presunto responsable de las agresiones que causaron el fallecimiento.

El menor fue atendido en la Clínica Los Rosales con lesiones que llevaron a los médicos a activar alertas por un posible caso de violencia. Las valoraciones identificaron señales compatibles con el síndrome del niño sacudido y posibles agresiones sexuales.

La investigación estableció después que el bebé sufrió un trauma craneoencefálico grave, lesión que causó su muerte. Los peritajes también detectaron heridas cicatrizadas que serían compatibles con agresiones sexuales anteriores al episodio fatal.

Cardona fue detenido el 3 de septiembre de 2026 en el municipio de Dosquebradas, Risaralda. Deberá responder por homicidio y acceso carnal o acto sexual con incapaz de resistir. El hombre no aceptó los cargos y quedó recluido en un establecimiento carcelario.

La emergencia médica ocurrió en Pereira, cuando el niño tenía tres meses. El personal de la Clínica Los Rosales detectó lesiones que no correspondían a un cuadro habitual y notificó la situación a las autoridades.

Entre los indicios identificados figuraban señales del síndrome del niño sacudido. Esta lesión puede producirse cuando una persona agita a un menor con fuerza.

Los médicos también encontraron elementos que apuntaban a una posible agresión sexual. Ese hallazgo amplió el alcance inicial de la investigación sobre las circunstancias en que el bebé llegó al centro asistencial.

Los exámenes posteriores precisaron que el menor padeció un trauma craneoencefálico grave. Esa lesión terminó por causar su muerte.

El coronel Óscar Leonel Ochoa Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, explicó que el bebé presentaba daños en distintas partes del cuerpo. “Este bebé recibió lesiones, tanto daños craneoencefálicos como alteraciones a su cuerpo”, afirmó.

Los peritos encontraron lesiones anteriores al episodio fatal

El Instituto Nacional de Medicina Legal analizó el cuerpo del bebé después de su muerte. Los peritos hallaron lesiones cicatrizadas que serían compatibles con agresiones sexuales ocurridas antes de la emergencia que derivó en el fallecimiento.

Ese elemento llevó a los investigadores a considerar que los hechos podrían no haber sido aislados. Las heridas ya cicatrizadas indicaban, según la información conocida por las autoridades, que habrían existido agresiones previas.

La pesquisa se concentró entonces en el entorno familiar del menor. Los investigadores realizaron entrevistas y verificaciones para reconstruir quiénes tenían contacto constante con el bebé y podían acceder directamente a su cuidado.

El resultado de esas diligencias estableció que solo dos personas mantenían esa cercanía permanente: la madre y el padre biológico del niño. No se identificó la participación de otras personas en las tareas de cuidado.

Con esa información, la Policía para la protección de la niñez solicitó la orden de captura contra el padre, quien quedó vinculado a la investigación como el principal presunto responsable.

La captura ocurrió en Dosquebradas tras una orden judicial

La detención de Cardona se realizó en Dosquebradas el 3 de septiembre. La orden judicial había sido emitida ese mismo día, dentro de la Operación Ángel de la Policía Nacional.

“Capturamos a un hombre que dio muerte a un bebé de tan solo tres meses. Hechos ocurridos en septiembre del 2024. Y hoy la policía, en la Operación Ángel, capturó a su principal perpetrador gracias a una orden de captura emitida el 3 de septiembre de este año”, dijo el coronel Ochoa.

Tras la captura, Cardona no aceptó los cargos por los que deberá responder. Las autoridades ordenaron su traslado a un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.

La actuación judicial busca determinar su responsabilidad por la muerte del bebé y por los hallazgos vinculados con las presuntas agresiones sexuales detectadas durante los exámenes médicos y forenses.

La Policía Metropolitana de Pereira informó que las diligencias no concluyeron con la captura del padre. La institución busca establecer si otras personas pudieron tener algún vínculo con los hechos investigados.

“Un hecho aberrante, vamos con contundencia a seguir el paso para identificar si hay otras personas vinculadas”, concluyó el oficial.

En medio de la visita a Colombia y el encuentro programado entre el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y el presidente Abelardo de la Espriella, en la tarde del martes 8 de septiembre se conoció sobre una ‘megadonación’ que estaría alistando el país norteamericano para Colombia

Según información conocida por El Tiempo, existen altas probabilidades de que al país lleguen tres drones MQ-9A Reaper para apoyar en las tareas de vigilancia y reconocimiento de la fuerza pública antes de operativos contra organizaciones armadas.

Las aeronaves, fabricadas por General Atomics Aeronautical Systems, llegarían inicialmente en calidad de préstamo desde Estados Unidos, aunque el trámite todavía requiere permisos y autorizaciones, por lo que no hay una fecha definida para el traslado de los equipos.

Los tres equipos en trámite son aeronaves no tripuladas MQ-9A Reaper, una plataforma diseñada para misiones prolongadas de inteligencia, vigilancia, reconocimiento y ataque. Colombia buscaría emplearlos como refuerzo para identificar objetivos y monitorear movimientos de grupos armados antes de las acciones de la Fuerza Pública.

La utilidad de este tipo de aeronave radica en su capacidad para permanecer sobre un área durante periodos extensos, con sensores que permiten obtener imágenes e información operativa. Esa tarea ya ha tomado peso en los golpes recientes contra organizaciones que delinquen en distintas regiones del país.

La cooperación de inteligencia estadounidense ya tuvo participación en acciones recientes. Una de ellas ocurrió en Riohacha, La Guajira, donde una operación de la Policía terminó con la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, señalado como cabecilla de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.

En el operativo también murieron otros tres integrantes de esa organización. La ubicación del jefe armado requirió un trabajo previo de seguimiento, dentro del cual intervino la inteligencia de Estados Unidos, de acuerdo con la publicación.

El Reaper combina sensores de observación y capacidad de ataque

El MQ-9A Reaper no se limita a la recopilación de imágenes. La plataforma puede portar armamento y cuenta con coheteras, por lo que tiene la posibilidad de asumir tareas distintas a la observación, aunque el alcance concreto de su eventual uso en Colombia dependerá de las condiciones que se definan en el acuerdo.

La aeronave fue desarrollada como una evolución del Predator y realizó su primer vuelo en 2001. Posteriormente, fue adoptada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos y por la Real Fuerza Aérea Británica.

Según sitios especializados en estas tecnologías, el modelo puede mantenerse en vuelo durante más de 27 horas. También puede llegar a una altitud de 15.240 metros (50.000 pies) y alcanzar velocidades de hasta 444 kilómetros por hora (240 nudos).

Esa autonomía permite sostener la vigilancia sobre una zona sin necesidad de cambios frecuentes de aeronaves. Para las operaciones de inteligencia, esa permanencia sirve para seguir rutas, detectar patrones y verificar la ubicación de personas o estructuras antes de movilizar a las unidades encargadas de intervenir.

El Reaper admite hasta 1.746 kilogramos de carga útil. De ese total, cerca de 1.361 kilogramos corresponden a armamento externo, según la información técnica disponible.

La configuración del equipo puede incorporar sensores electroópticos e infrarrojos, radares, sistemas de apoyo electrónico y designadores láser. Esa combinación reúne instrumentos para observar objetivos durante el día o la noche y en diferentes condiciones operativas.

La aeronave también dispone de una arquitectura de aviónica con triple redundancia y de un sistema de control de vuelo tolerante a fallos. Esas características apuntan a reducir el riesgo de interrupciones durante misiones de larga duración.

La eventual llegada de los drones se inscribe en ese esquema de cooperación. La información reunida desde el aire puede complementar el trabajo de las autoridades colombianas antes de ejecutar acciones contra objetivos identificados.

Los Reaper ya han sido incorporados por fuerzas aéreas y agencias de Estados Unidos y de varios países europeos. Su utilización se ha extendido en tareas persistentes de inteligencia, vigilancia, reconocimiento y ataque.

En medio de la ofensiva militar ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella contra los grupos criminales del país, el Gobierno nacional firmó la extradición de alias Pinocho hacia Estados Unidos el 26 de agosto. La decisión también alcanzó a su hermano, Carmen Evelio Castillo Carrillo, conocido como “Muñeca”.

“Pinocho” es el sobrenombre con el que se identifica a Fredy Castillo Carrillo, un hombre señalado como jefe y financiador de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN). Las investigaciones lo vinculan con delitos como narcotráfico, tráfico de armas, homicidios y extorsiones, mientras el Gobierno ordenó ubicarlo tras la muerte de alias Bendito Menor.

El operativo contra “Bendito Menor”, considerado el principal cabecilla urbano de las ACS, ocurrió durante la madrugada del 4 de septiembre en La Guajira. La organización mantiene presencia criminal en Magdalena y La Guajira.

Castillo Carrillo también es conocido con los alias de ‘Mentiroso’ y ‘Ganadero’. Las pesquisas lo relacionan con Los Pachencas, denominación que también ha sido utilizada para referirse a las ACS.

Según información obtenida por El Tiempo, “Bendito Menor” había sido uno de los escoltas de confianza de ‘Pinocho’. Esa relación lo ubicó como una pieza cercana al hombre que ahora es buscado por las autoridades.

Las acusaciones contra Castillo Carrillo indican que impartía órdenes y coordinaba actividades de la organización criminal. Entre las conductas atribuidas figuran el tráfico de estupefacientes, el comercio ilegal de armas, los asesinatos y las extorsiones.

También se le atribuye el papel de determinador en el homicidio del líder social y ambientalista Alejandro Llinás Suárez. El crimen ocurrió el 23 de abril de 2020 en la finca Pura Natura, en la vereda Calabazo Alto del corregimiento de Guachaca, en Santa Marta, Magdalena.

El historial de “Pinocho” incluye vínculos con el entorno paramilitar de Hernán Giraldo y con el narcotráfico que, en el pasado, le costó una extradición a Estados Unidos.

Tras regresar a Colombia en 2011, Castillo Carrillo se acogió al proceso de Justicia y Paz. Más tarde se trasladó a España, cuando comenzaron las investigaciones que lo situaban como presunto cabecilla de Los Pachencas.

En su momento, El Tiempo lo entrevistó durante su estadía en ese país. Ante ese medio, Castillo Carrillo sostuvo que era líder social, víctima del conflicto y una persona cobijada por medidas de protección.

Según esa versión, se había instalado en España junto con su esposa para desarrollar una empresa de exportación de mármol y cerámica españoles hacia Colombia y México. Esa explicación contrastó con las indagaciones judiciales que avanzaban en su contra.

El Juzgado Primero Penal Municipal Ambulante de Control de Garantías de Cúcuta expidió una orden de captura contra Castillo Carrillo el 24 de mayo de 2021. El expediente estaba relacionado con concierto para delinquir agravado y homicidio agravado por el caso de Llinás Suárez.

Alias Pinocho fue detenido el 19 de enero de 2022 en Brunete, un barrio de Madrid, España. Después fue enviado a Colombia para enfrentar el proceso judicial.

Un juez de garantías revocó la medida de aseguramiento el 29 de junio de 2023 y le concedió la libertad. Pese a esa decisión, posteriormente quedó en condición de prófugo.

La situación judicial de Castillo Carrillo adquirió otra dimensión por la solicitud de extradición emitida por una corte de Texas. El expediente se sumó a los procesos que lo relacionan con la estructura armada que opera en la región Caribe.

Desde la clandestinidad, ‘Pinocho’ presentó tutelas contra la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección (UNP). En esas acciones afirmó que era sujeto de medidas de protección e informante de las autoridades.

La Unidad Investigativa de El Tiempo informó que una de esas tutelas buscaba una certificación sobre supuestos pagos de recompensa. El pedido aludía a desembolsos que habrían sido ordenados el 10 de diciembre de 2020 y el 8 de agosto de 2025.

Castillo Carrillo solicitó que la Policía respondiera su petición y acreditara los pagos sin revelar fuentes, metodologías ni operaciones. El documento invocaba los derechos al debido proceso administrativo, de petición y de acceso a la justicia.

La tutela fue rechazada a finales de 2025. La negativa no impidió que el señalado cabecilla mantuviera esa versión como parte de su defensa en los procesos que enfrenta.

Petro lo había designado vocero de las ACS en una mesa de diálogo

El caso de ‘Pinocho’ también estuvo ligado al proceso de diálogo que impulsó el expresidente Gustavo Petro con las ACS. La Resolución 335 de 2025 lo designó representante de esa organización en la mesa de conversaciones.

La medida lo reconoció como vocero de la estructura pese a los antecedentes judiciales y a las investigaciones que lo relacionaban con actividades criminales. Más tarde, su condición de fugitivo volvió a ubicarlo en el radar de las autoridades.

Las operaciones anunciadas por el Gobierno De La Espriella también apuntan a otros cabecillas de grupos armados y organizaciones criminales. Entre los integrantes de las disidencias de las Farc aparecen ‘Iván Mordisco’, ‘Jhon Mechas’, ‘Calarcá’ y ‘Allende’.

La lista incluye a integrantes del ELN como ‘Gabino’, ‘Antonio García’, ‘Pablo Beltrán’, ‘Pablito’, ‘Pirri’, ‘Martha’ o ‘la Abuela’, ‘Carlos el Puerco’ y ‘el Rolo’ o ‘Julián’. También figura ‘Chiquito Malo’, señalado como máximo jefe del Clan del Golfo.

La colombiana Yelitza Cacua sobrevivió a un accidente de tránsito en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, que derivó en la amputación de su pierna izquierda.

La modelo y presentadora, que vive en en ese país desde hace varios años, relató que el episodio transformó su vida y que ahora se prepara para recuperar movilidad con una prótesis.

La comunicadora sufrió el choque en julio de 2026, cuando se encontraba cerca de la acera en el Malecón de Santo Domingo. Según su versión, un automóvil perdió el control sobre el pavimento mojado, golpeó el separador y terminó por alcanzarla. La gravedad de las lesiones, la pérdida de sangre y una posterior infección llevaron a los médicos a amputarle la extremidad.

Cacua contó su experiencia en el programa radial Juego de damas, de la emisora La Bakana 105.7 FM. Allí aseguró que el vehículo circulaba a una velocidad que consideró peligrosa en una zona concurrida por familias y niños.

“Él venía muy rápido, había llovido, perdió el control; ya yo estaba casi en la acera y él, por no chocar los carros, pues chocó el separador del malecón y eso lo disparó hacia dentro de mí”, señaló la comunicadora al medio radial.

También afirmó que el conductor habría actuado bajo los efectos del alcohol, lo que le habría imposibilitado maniobrar de una forma más efectiva.

“Él parece que estaba alcoholizado. Dejó el carro tirado y se dio a la fuga. Eso fue lo que él hizo. Pero yo lo que recuerdo es que yo estaba en el piso. Me partió el fémur, la rodilla, este pie colgaba aquí, la pierna por detrás me la abrió toda. O sea, mi pierna no tenía solución”, comentó la colombiana en diálogo con El Show del Mediodía.

La llegada de una ambulancia poco después del episodio permitió su traslado urgente. Cacua describió ese auxilio como una circunstancia decisiva en medio de la emergencia.

La presentadora fue llevada al Hospital Docente Universitario Traumatológico Dr. Darío Contreras, en Santo Domingo. Allí comenzó una atención médica que incluyó evaluaciones para determinar si era posible conservar la extremidad.

Las lesiones afectaron el fémur, la rodilla, el peroné y los tejidos de la pierna, según contó la colombiana. La situación se agravó por la hemorragia: aseguró que ingresó al hospital con tres gramos por decilitro de hemoglobina y necesitó varias transfusiones.

La familia buscó alternativas durante cuatro días, mientras la pierna permanecía en una condición crítica. El hermano de Cacua se opuso en un primer momento a la amputación porque esperaba que existiera una posibilidad de salvarla.

La presentadora afirmó que la herida evolucionó de forma negativa y que desarrolló una infección bacteriana. Según explicó, un especialista cardiovascular advirtió que la complicación podía extenderse y poner en riesgo su vida.

“Mi pierna no tenía forma de salvarse”, sostuvo Cacua ante la emisora. La intervención médica terminó con la amputación de su pierna izquierda, una decisión que la comunicadora considera como la fórmula para garantizar su sobrevivencia. que sobreviviera. “Realmente fue un milagro, yo soy un milagro ahora mismo”, expresó al recordar la atención que recibió después del accidente.

La presentadora prepara una demanda contra el conductor que huyó

Cacua aseguró que el conductor abandonó el lugar tras el choque, aunque dejó el vehículo. La colombiana indicó que las personas que la acompañaban registraron las placas y que espera reunir los documentos y registros médicos para que su abogado avance con una demanda.

“Con este accidente yo no estoy trabajando, tengo hijos, tengo compromisos. Entonces, para mí todo esto es complicado. Aparte, la demanda no se ha podido ejecutar porque estoy esperando que en el hospital me pasen el récord para ellos poder actuar”, señaló Cacua a El Show del Mediodía.

La presentadora, de 33 años, es conocida en República Dominicana por su trabajo como modelo y por su participación en Pégate y Gana con El Pachá. La colombiana es madre de tres hijos y señaló que ellos se convirtieron en su principal impulso durante la recuperación.

Cacua afirmó que busca mantenerse activa frente a las consecuencias físicas y emocionales del accidente. “Llorando o deprimiéndome no voy a hacer que crezca una pierna”, manifestó al explicar su decisión de concentrarse en la rehabilitación.

La modelo todavía no comenzó las terapias psicológicas que le recomendaron, ya que continúa bajo atención médica. Su expectativa es iniciar ese acompañamiento cuando su estado físico le permita avanzar hacia una recuperación más amplia.

También reconoció que desconoce cómo será su retorno al trabajo en los medios. Hasta ahora, dijo, no recibió nuevas propuestas laborales, aunque planea usar sus redes sociales para acompañar a quienes enfrenten situaciones similares.

“Yo quiero ayudar a muchas personas que están en mi situación”, señaló. La colombiana busca transmitir que una discapacidad adquirida tras un accidente no supone el final de los proyectos personales.

Cacua relató, además, que su entonces pareja la acompañó durante las primeras dos semanas posteriores al choque. Según su versión, el hombre la recogió del suelo tras el impacto, pero luego se alejó durante su hospitalización y la relación terminó.

Pese a esa ruptura y a la amputación, la presentadora mantiene su intención de reconstruir su vida. Su prioridad es completar la recuperación, adaptarse a la prótesis y convertir su experiencia en apoyo para otras personas.

La Fiscalía General de la Nación citó al exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo a una audiencia de conciliación por la presunta divulgación de información reservada sobre Kevin Acosta, el niño de siete años con diagnóstico de hemofilia que habría fallecido después de que inconsistencias en la entrega de sus medicamentos.

Según se conoció en la mañana del martes 8 de septiembre, el diligencia quedó programada para el lunes 14 de septiembre desde las 9:30 a. m., y hace parte de una indagación por el delito de revelación de secreto contra el exministro del gobierno Petro.

Hasta donde se conoce, el ente acusador programó el encuentro para que Jaramillo comparezca ante los representantes de las víctimas en una etapa previa a una eventual acción penal.

La citación se relaciona con las declaraciones públicas que Jaramillo hizo cuatro días después de la muerte de Kevin Acosta. El entonces ministro habló sobre la condición médica del menor y sobre aspectos de su fallecimiento.

La familia consideró que esa información pertenecía a la historia clínica del niño y que no debía difundirse. A partir de esa postura, los representantes de Kevin presentaron una denuncia por una posible vulneración de datos reservados.

Por su parte, la representación de la familia ya anunció que no pretendía conciliar con Jaramillo. Manuel Villanueva, abogado de los familiares de Kevin, sostuvo ante Noticias RCN que la diligencia será la primera ocasión en la que el exministro deberá comparecer ante la justicia por este caso y frente a los representantes de las víctimas.

“Es la primera vez que Guillermo Alfonso Jaramillo le da la cara a la justicia y especialmente a las víctimas dentro del proceso de la muerte de Kevin Arley”, dijo Villanueva al medio. El abogado vinculó esa comparecencia con el proceso que rodea la muerte de Kevin Arley.

La posición de la familia es que el caso no puede resolverse mediante una conciliación, en medio de las fuertes críticas al sistema de salud que, entre otras, no dio atención oportuna al diagnóstico del menor. “La vida de un niño no se puede conciliar”, concluyó el representante.

Si no se produce un acuerdo, la Fiscalía podrá continuar con las etapas previstas en la indagación. El organismo deberá establecer si existen elementos suficientes para determinar responsabilidades por la conducta investigada.

La citación no implica que Jaramillo haya sido declarado responsable. La diligencia tiene carácter preliminar y se limita a la investigación sobre la presunta revelación de secreto.

La muerte de Kevin Acosta mantiene abiertas las preguntas por su tratamiento

La denuncia por la información médica se desarrolla mientras la familia reclama respuestas sobre las circunstancias que rodearon la muerte del niño. El caso generó repercusión nacional por las dificultades que, según sus allegados, enfrentó para acceder al tratamiento que requería.

Kevin padecía hemofilia, una enfermedad que afecta la capacidad de coagulación de la sangre. Su condición exigía un manejo médico permanente y la aplicación periódica de un medicamento.

La madre del menor denunció que su hijo tuvo problemas para recibir ese tratamiento a tiempo. Según su relato, el 9 de febrero Kevin sufrió una caída mientras montaba bicicleta. Para entonces, el niño acumulaba 57 días sin recibir el medicamento, pese a que el tratamiento debía aplicarse cada 28 días.

El estado de salud del menor se agravó después de ese episodio y Kevin murió a los siete años. La familia sostiene que las dificultades para obtener el fármaco de manera oportuna fueron determinantes en el desenlace.

El Intituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) investiga presuntas irregularidades en la cárcel de mujeres El Buen Pastor de Bogotá, después de que un reporte interno advirtiera sobre el intento de ingreso de 120 combos de hamburguesa, equipos tecnológicos y visitantes bajo una autorización atribuida a la dirección del establecimiento.

Según información conocida por Noticias RCN, el documento interno mostró las fotografías de, al menos, dos cajas repletas de comida de una reconocida cadena, pese a que una circular vigente había restringido el ingreso de productos externos durante el mes de septiembre.

El presunto ingreso de alimentos a la cárcel El Buen Pastor quedó cuestionado porque la Dirección General del Inpec había prohibido seis días antes la entrada de comidas preparadas, refrigerios, dulces, bebidas y otros productos enviados desde el exterior. La investigación busca establecer si hubo autorizaciones y si estas respetaron esa orden.

La medida del Inpec regulaba las actividades por la conmemoración de Nuestra Señora de las Mercedes, una celebración tradicional dentro del sistema penitenciario. La directriz dispuso que los eventos tuvieran un carácter exclusivamente religioso. También vetó el ingreso de artistas, cantantes, agrupaciones musicales, DJ y espectáculos externos.

El documento incluyó restricciones sobre donaciones y equipos destinados a realizar grabaciones. La orden impedía además el ingreso de alimentos provenientes de fuera de la prisión.

Pese a esas disposiciones, el informe interno revelado por Noticias RCN señaló que durante esta semana se habría intentado permitir la entrada de varias personas, dispositivos tecnológicos y los combos de comida rápida.

“Ingreso de regalos de lujo y carácter reiterativo. Se advierte como novedad que bajo estas mismas autorizaciones se ha permitido de forma irregular el ingreso de regalos consistentes en termos de lujo destinados a los Ppls (Personas Privadas de la Libertad). Cabe dejar constancia categórica de que esta situación no es un hecho aislado, sino que se ha venido presentando de manera reiterada en múltiples ocasiones, donde se imponen órdenes que flexibilizan los controles de elementos prohibidos para personas específicas”, comenta la denuncia interna.

Además, el reporte interno atribuyó la presunta autorización a la dirección de El Buen Pastor. Ese señalamiento forma parte de los elementos que deberá revisar la institución penitenciaria.

La denuncia fue elaborada por una funcionaria de la guardia, quien también dejó constancia de un presunto ingreso reiterado de obsequios considerados de lujo para algunas personas privadas de la libertad.

La guardiana sostuvo que la situación “no es un hecho aislado”. Según su versión, las autorizaciones se habrían repetido en distintas ocasiones y habrían flexibilizado los controles sobre elementos prohibidos para personas determinadas.

El informe también planteó dudas sobre los procedimientos para admitir visitantes. La guardia advirtió una posible vulneración de los protocolos de seguridad, incluidos los mecanismos de identificación y reseña.

El documento citó una explicación atribuida a la directora del establecimiento. Según la guardia, la funcionaria afirmó que las actividades, cámaras y alimentos no formaban parte de la conmemoración de Nuestra Señora de las Mercedes.

“La señora directora se excusó manifestando capciosamente que estas actividades, cámaras y alimentos no hacen parte de la conmemoración de la Virgen de las Mercedes para eludir la norma, justificando además de manera informal que parte de los combos de comida rápida, combos McDonald’s, eran para el personal del cuerpo de custodia de vigilancia”, se lee en el documento.

Esa justificación, de acuerdo con el reporte, buscaba diferenciar la actividad de las limitaciones establecidas en la circular. La funcionaria de guardia cuestionó ese argumento al considerar que podía eludir la restricción vigente.

Entretanto, la institución penitenciaria ordenó operativos en El Buen Pastor tras conocerse las revelaciones. Las diligencias apuntan a verificar si los permisos mencionados existieron y bajo qué criterios se concedieron.

La revisión deberá determinar quién autorizó el ingreso de las personas, los equipos tecnológicos y los demás elementos citados en el informe interno.

También deberá definir si las decisiones se ajustaron a las normas que regían la celebración religiosa de septiembre. El resultado de esa investigación establecerá si hubo incumplimientos administrativos o fallas en los controles de seguridad.

Los refugios de Bendito Menor quedaron bajo la lupa de la Fiscalía después del abatimiento de Naín Andrés Pérez Toncel, jefe de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, y de su pareja Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita.

Según información conocida por El Tiempo, las autoridades buscan ahora a lugartenientes de la estructura que mantenían operaciones en La Guajira y Santa Marta. Los investigadores revisan documentos obtenidos durante allanamientos que describen inmuebles, rutas y mecanismos de vigilancia.

El esquema de protección de alias Bendito Menor combinaba viviendas usadas como escondites, vigilancia electrónica en Santa Marta y una red de personas que, de acuerdo con documentos obtenidos por el diario nacional, observaba los alrededores del aeropuerto de Riohacha. Los allanamientos permitieron inutilizar equipos y recoger armas y papeles que orientaron la investigación.

Un acta de la Fiscalía fechada el 12 de junio contenía datos sobre los refugios del cabecilla y sobre sus desplazamientos. Esa información permitió avanzar sobre lugares que, según el expediente, funcionaban como puntos de resguardo.

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron cinco allanamientos en el barrio 11 de Noviembre de Santa Marta. En las diligencias participaron el Gaula Militar y unidades de la Segunda Brigada del Ejército Nacional.

Los procedimientos apuntaban al componente logístico y armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. La Fiscalía buscaba identificar inmuebles desde los cuales la organización habría coordinado extorsiones, secuestros, homicidios y tráfico local de estupefacientes.

Las autoridades identificaron e inutilizaron un circuito cerrado de videovigilancia instalado en el sector. El sistema incluía cámaras, drones y otros dispositivos electrónicos destinados a advertir la llegada de las fuerzas de seguridad.

Durante las diligencias fueron incautados cuatro fusiles y un rifle, además de un arma traumática, cuatro miras telescópicas, libretas y documentación. Los papeles contenían datos sobre presuntos negocios de narcotráfico y direcciones de predios vinculados al círculo de Pérez Toncel.

Un escolta conocía el sector cercano al aeropuerto de Riohacha

La investigación también se concentró en los dos hombres que acompañaban al jefe criminal. Ambos eran objeto de seguimiento por parte de agentes de inteligencia, de acuerdo con la información conocida por el diario.

Uno de ellos era Keiner José Moscote Martiz, alias Casi Loco. Los investigadores establecieron que su padre era oriundo del corregimiento de Galán, en la zona rural de Riohacha, y que su madre procedía de Villanueva, en La Guajira.

El hombre vivía en el barrio Los Olivos, cerca del aeropuerto Almirante Padilla. Un investigador consultado por El Tiempo sostuvo que la ubicación podía ayudarle a controlar los movimientos en la zona y a detectar quién ingresaba o salía del área.

Según esa fuente, “Casi Loco” contaba con informantes en esquinas y calles próximas a la vivienda donde fueron abatidos Pérez Toncel, Tarazona y sus escoltas. Los agentes analizan si su conocimiento del barrio fue determinante para que el cabecilla llegara a ese lugar.

El expediente revisado por el medio también lo vincula con un proceso anterior por tráfico y porte de armas. En ese caso recibió una condena de cuatro años de prisión domiciliaria y, para justificar el armamento que llevaba, afirmó que era cazador.

La cacharrería y los negocios que figuraban a nombre de los escoltas

Los documentos consultados señalan que Moscote Martiz aparecía como comerciante en Riohacha. Para oficiales de la Policía, su capacidad económica procedía de actividades ilegales y de pagos de la organización dirigida por “Bendito Menor”.

En enero de 2022 abrió la Cacharrería KJMM, dedicada a la venta minorista de artículos y utensilios domésticos. El negocio estaba a tres cuadras del aeropuerto, dentro del barrio Los Olivos.

Para 2025, el establecimiento registraba 41 millones de pesos en activos. La cercanía con el sitio donde se produjo el operativo reforzó el interés de los investigadores sobre las actividades de Moscote Martiz.

El segundo escolta abatido era Orlando Javier Paternina Ricardo. En registros consultados por las autoridades figuraba como comercializador de vehículos usados, ganadero y vinculado a obras de ingeniería civil y transporte de pasajeros en Riohacha.

Paternina Ricardo tenía una oficina en el barrio Buenos Aires. Los documentos indicaban que para 2025 registraba 14 millones de pesos en ingresos.

Las autoridades siguen la pista de bienes que habrían sido utilizados por el jefe criminal y sus hombres. Parte de los inmuebles habría sido alquilada mediante aplicaciones de rentas cortas, entre ellas Airbnb.

La Fiscalía podría iniciar procesos de extinción de dominio si establece una relación entre esas propiedades y las actividades de la estructura criminal.

La medida se concentrará en zonas abastecidas por el embalse de Piedras Blancas, cuya reserva enfrenta la situación más delicada del sistema. El alcalde Federico Gutiérrez alertó que ese suministro podría agotarse en alrededor de 15 días si el consumo no baja.

Medellín aplicará suspensiones temporales del servicio entre el 8 y el 14 de septiembre, de forma alternada y durante ocho horas cada noche. Los cortes afectarán a sectores de seis comunas atendidas por Piedras Blancas y alcanzarán cerca de 109.000 hogares, equivalentes al 7% de las viviendas de la ciudad.

“Estamos ante el fenómeno de El Niño más complejo de los últimos años. Hago un llamado a la acción: es necesario ahorrar agua. En los cinco primeros días del llamado al ahorro, la situación más crítica la tiene Piedras Blancas, porque tiene un volumen pequeño. Si no se toman medidas, en 15 días podría estar seca”, señaló el alcalde en rueda de prensa.

El esquema anunciado prevé interrupciones del agua desde las 8:00 p. m. hasta las 4:00 a. m. del día siguiente. Además la suspensión será día por medio y se definirá por zonas.

Las comunas incluidas en la programación son Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria. Todas reciben agua desde el embalse que presenta la mayor presión sobre sus reservas.

“Yo siempre lo he dicho, mire, yo confío en nuestra gente. Yo les pido de verdad como alcalde, esto no es un capricho. No hay nada más fastidioso y más jarto que decirle a alguien que se le va a imponer una restricción. Pero esto no es un capricho, esto es una decisión seria y coherente con lo que significa Empresas Públicas de Medellín, EPM, como empresa que quiere prestar un buen servicio y cuidar justamente que tengamos esas fuentes hídricas y que entendamos que esto es un tema excepcional. Esto nunca lo habíamos vivido”, señaló Gutiérrez.

A través de un comunicador oficial, la Alcaldía de Medellín precisó que la decisión responde a condiciones técnicas de abastecimiento. La administración remarcó que no guarda relación con los estratos socioeconómicos de los hogares afectados.

La Alcaldía y EPM evaluarán cada semana la evolución del consumo y el estado de las fuentes hídricas. Ese seguimiento definirá si mantienen, modifican o suspenden las restricciones previstas.

“Logramos un esfuerzo de la comunidad, pero no es suficiente. El domingo pasado fue el de más ahorro, sabiendo que es un día de alto consumo. Ya logramos generar consciencia alrededor del tema, pero por la sequía, no es suficiente el ahorro. El ahorro voluntario debe continuar”, comentó Gutiérrez.

Piedras Blancas no alcanzó la meta diaria de ahorro

El embalse Piedras Blancas abastece al nororiente y al centro-oriente de Medellín. Para esos sectores, las autoridades fijaron una reducción de 92 litros diarios por vivienda o establecimiento.

Durante los cinco días del llamado al ahorro, el sistema acumuló una disminución de 110 litros. La meta, en cambio, exigía alcanzar esa reducción cada día por hogar o comercio.

Las mediciones diarias mostraron que la reducción no fue constante. En la primera jornada no se registró ahorro, mientras que en los cuatro días posteriores las disminuciones fueron de 22, 27, 18 y 43 litros por vivienda.

El resultado promedio representó cerca del 20% de la meta planteada para el piloto. Ese desempeño llevó a las autoridades a retomar el racionamiento sectorizado como acción preventiva.

La meta continúa para toda Medellín y municipios cercanos

Las zonas atendidas por los embalses de Riogrande y La Fe deberán ahorrar 70 litros diarios por hogar o establecimiento. En ambos casos, los resultados del piloto también quedaron lejos del objetivo.

En La Fe, el ahorro acumulado durante los cinco días fue de 56 litros. Ese embalse abastece a Envigado, La Estrella, Itagüí, Sabaneta, Caldas y el sur de Medellín.

Riogrande registró una reducción total de 20 litros durante el período evaluado. Su red atiende a Bello, Copacabana, Girardota y sectores del occidente y noroccidente de Medellín.

Gutiérrez advirtió que La Fe también podría entrar en una etapa crítica si no se toman decisiones. Según dijo, la crisis prevista para marzo o abril podría adelantarse a diciembre si se mantiene el ritmo actual de consumo.

La Alcaldía prohibió el lavado de fachadas y reforzará los controles

Entre las medidas complementarias, la administración distrital prohibió temporalmente el lavado de fachadas de edificios. También anunció controles sobre lavaderos ilegales y establecimientos que utilicen el recurso de forma inadecuada.

El riego de jardines públicos se hará exclusivamente con agua subterránea. La decisión busca evitar el uso de caudales almacenados en los embalses.

Las autoridades recomendaron reducir el tiempo de las duchas, reparar fugas, reutilizar agua y evitar el uso de mangueras. También sugirieron regar las plantas por la noche y suspender actividades no esenciales que demanden grandes volúmenes.

La ciudadanía podrá informar casos de mal uso del agua a través de las líneas 300 627 1585 y 123. Las fugas en la red de acueducto podrán comunicarse a EPM mediante el número (604) 44 44 115.

El Gobierno nacional, en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella y sus ministros, anunció un plan de acción ante el fenómeno de El Niño y el refuerzo de los cuerpos de bomberos tras la posesión de Germán Andrés Miranda Montenegro como director general de Bomberos de Colombia.

El nuevo funcionario asumió el cargo este lunes 7 de septiembre en Bogotá en un acto oficial presidido por el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo. Durante la ceremonia, el jefe de cartera planteó que la nueva conducción deberá fortalecer la reacción frente a emergencias en los territorios.

Miranda Montenegro asume la Dirección General de Bomberos de Colombia con la responsabilidad de liderar el Sistema Nacional de Bomberos, reforzar la prevención y mejorar la atención ante emergencias y fenómenos naturales. Su gestión estará orientada a consolidar la coordinación entre las instituciones y los cuerpos de bomberos que operan en el país.

El nuevo director es oficial general de Bomberos y capitán en Jefe. Acumula más de dos décadas de trayectoria dentro del Sistema Nacional de Bomberos de Colombia.

En ese recorrido, ejerció previamente como director general de Bomberos y coordinador general del Sistema Nacional de Bomberos. También trabajó como asesor, consultor, instructor y docente en iniciativas destinadas a formar y fortalecer capacidades para responder a emergencias e incidentes críticos.

Su preparación incluye una especialización en Agentes Nucleares, Biológicos, Químicos y Radiactivos, conocidos como NBQR. Además, recibió capacitación técnica sobre materiales peligrosos, con énfasis en armas de destrucción masiva.

El Ministerio del Interior indicó que Miranda Montenegro también cuenta con formación avanzada en gestión de crisis, antiterrorismo y mecanismos de respuesta frente a emergencias NBQR. Esa experiencia se vincula con escenarios que requieren coordinación operativa y decisiones rápidas.

A lo largo de su carrera, el capitán en jefe encabezó procesos de gestión y atención de emergencias. Su trabajo abarcó el comando de incidentes, la seguridad industrial, el manejo de sustancias peligrosas y la reacción ante amenazas NBQR y terroristas.

La designación busca trasladar ese conocimiento a los organismos de bomberos de todo el país. La Dirección General deberá acompañar el fortalecimiento de las capacidades disponibles para prevenir riesgos y actuar cuando las comunidades enfrenten situaciones críticas.

El Gobierno anunció medidas ante el fenómeno de El Niño

Uno de los desafíos planteados para la nueva administración será mejorar las capacidades operativas de los cuerpos de bomberos. También deberá afianzar la articulación del Sistema Nacional de Bomberos y ampliar la preparación ante emergencias que afecten a la población.

Durante la posesión, Lara Restrepo ratificó el respaldo del Ejecutivo a los bomberos colombianos. El ministro adelantó que habrá un plan de acción dirigido a la respuesta frente al fenómeno de El Niño.

El titular de Interior sostuvo que los bomberos cuentan con el compromiso del Gobierno Nacional para elevar su capacidad de reacción. En su intervención, destacó la responsabilidad de quienes intervienen ante amenazas para las personas y el ambiente.

“Los bomberos de Colombia cuentan con el compromiso del Gobierno Nacional y del Ministerio del Interior para fortalecer su capacidad de reacción. Vamos a trabajar en un plan de acción frente al fenómeno de El Niño y en el fortalecimiento de la Dirección Nacional de Bomberos y de los cuerpos de bomberos del país. Ustedes tienen un trabajo responsable con Colombia y lo que hacen es digno de héroes”, señaló Lara.

Por su parte, Miranda Montenegro afirmó que comenzará sus funciones sin demoras. El funcionario vinculó el nuevo encargo con la protección de la población y del ambiente en lugares expuestos a distintos tipos de riesgos.

“Emprenderemos esta tarea de manera inmediata”, afirmó Germán Andrés Miranda Montenegro durante el acto de posesión. El director sostuvo que la respuesta deberá llegar a playas, montañas, carreteras y cualquier otro sitio donde sea necesaria.

El nuevo responsable de Bomberos de Colombia remarcó que su objetivo será impedir que las vidas humanas y el ambiente queden expuestos al peligro. Su mensaje situó la prevención y la intervención ante incidentes como ejes de la tarea que inicia.

“Emprenderemos esta tarea de manera inmediata. Vamos a defender a Colombia en las playas, en las montañas, en las carreteras, donde sea necesario, porque no vamos a permitir que ni el ambiente ni las vidas humanas estén en peligro. Tenemos que hacer lo que debemos por Colombia”, comentó el nuevo director de Bomberos de Colombia.

Las 112.000 reclamaciones por el RUI llevaron al Gobierno colombiano a preparar una ampliación de la transición desde el Sisbén hasta el 31 de julio de 2027. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) mantendría vigente el sistema anterior para definir el acceso a subsidios y programas sociales mientras corrige fallas del nuevo registro.

El Sisbén seguirá siendo la base para focalizar la oferta social del Estado durante un año adicional, de acuerdo con el proyecto de decreto del DNP. La prórroga busca evitar que errores en la estimación de ingresos dejen a hogares fuera de ayudas estatales o incorporen a personas que no cumplen las condiciones.

El detonante de la decisión fue el volumen de inconformidades que surgió tras la entrada en funcionamiento del Registro Universal de Ingresos. Durante agosto, los ciudadanos presentaron más de 112.000 peticiones por la clasificación socioeconómica que les asignó el sistema.

Según publicó Cambio, esa cantidad expuso la necesidad de revisar el funcionamiento del modelo antes de que asuma por completo la identificación de beneficiarios de la política social.

La cifra contrasta con los registros que tuvo el Sisbén en los últimos años. En 2024, el mecanismo recibió 42.407 solicitudes, mientras que en 2025 acumuló 11.213.

Hasta julio de 2026, el Sisbén había contabilizado 11.756 peticiones. El salto ocurrido en agosto mostró una diferencia marcada frente a las reclamaciones que generaba el modelo anterior.

El proyecto elaborado por Planeación interpreta ese aumento como una señal de preocupación entre quienes ya reciben beneficios estatales y quienes podrían solicitarlos. La discusión alcanza tanto a hogares incluidos en programas como a personas que temen perder la posibilidad de acceder a ellos.

El documento también dejó constancia de errores en la clasificación socioeconómica del presidente Abelardo de la Espriella. El caso figura como una muestra de los problemas que enfrenta el nuevo mecanismo en su etapa inicial.

“Transitoriedad: El plazo para financiar el proceso de transición de la focalización de los beneficiarios y potenciales beneficiarios de programas, políticas, planes, proyectos y servicios de la oferta social que al 31 de julio de 2026 hayan sido identificados o focalizados mediante la información del sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales del (Sisbén) y al Registro Universal de Ingresos (RUI),será hasta el 31 de julio de 2027”, señala el proyecto de decreto.

El DNP admite que debe revisar los modelos de estimación de ingresos

El DNP reconoció en el proyecto normativo que el RUI requiere más tiempo de ajuste técnico. La entidad plantea la necesidad de “fortalecer, validar, optimizar y calibrar los algoritmos” que alimentan el sistema.

La meta consiste en detectar posibles problemas metodológicos y reducir las inconsistencias en la clasificación de los hogares. El modelo pretende establecer cuáles son las condiciones económicas de cada núcleo familiar para definir el acceso a la oferta social estatal.

La información difundida por Cambio señala que el Gobierno considera insuficiente el plazo previsto inicialmente para completar ese proceso. El periodo adicional permitiría revisar los resultados arrojados por los algoritmos antes de reemplazar la información del Sisbén.

La preocupación del DNP se concentra en los efectos de una clasificación equivocada. Una falla de ese tipo puede incluir sin justificación a un hogar en un programa o excluirlo de una ayuda a la que podría tener derecho.

La extensión del calendario no supone que el Registro Universal de Ingresos quede suspendido. El sistema continuará en desarrollo mientras la entidad ajusta las herramientas que usa para calcular y validar la situación económica de los potenciales beneficiarios.

El Sisbén y el RUI coexistirían hasta el 31 de julio de 2027

El proyecto de decreto fija la nueva fecha límite para financiar la transición de los programas, políticas, planes, proyectos y servicios de la oferta social. El plazo abarca a las personas que ya estaban identificadas o focalizadas mediante el Sisbén al 31 de julio de 2026.

Durante ese lapso, el sistema anterior conservará un papel en la focalización de subsidios. El RUI avanzará de forma paralela, con el objetivo de consolidar su método de estimación de ingresos.

El DNP tendrá hasta la nueva fecha para comprobar la consistencia de los datos y corregir las dificultades detectadas. La entidad deberá demostrar que el RUI puede asignar clasificaciones estables antes de que sustituya al Sisbén como referencia para la oferta social del Estado.

La Línea 2 del metro de Bogotá podría quedar adjudicada al final del primer trimestre de 2027, con la expectativa de que las obras comiencen durante el segundo semestre de ese año.

De hecho, la empresa Metro de Bogotá empezó a recibir desde el lunes 7 de septiembre las solicitudes de precalificación de los consorcios que aspiran a ejecutar el proyecto, según información conocida por El Tiempo.

El proceso busca reactivar una licitación que quedó desierta en enero de este año, después de que los dos grupos que permanecían habilitados optaran por no presentar una propuesta económica.

La nueva carrera para construir la segunda línea comienza con la entrega de documentos por parte de los grupos empresariales interesados. Un equipo especializado de la Empresa Metro de Bogotá (EMB) revisará si cumplen las condiciones jurídicas, financieras y de experiencia exigidas.

Los consorcios que superen esa revisión pasarán a la siguiente etapa. Allí deberán presentar sus propuestas económicas, los cronogramas de ejecución, los programas de construcción y los plazos previstos para desarrollar la obra.

La Empresa Metro de Bogotá espera que el procedimiento atraiga a varias firmas internacionales tras una estrategia de promoción que incluyó contactos mediante embajadas y visitas a Norteamérica y Europa. La entidad sostuvo 44 diálogos competitivos con compañías de distintos países, aunque solo al cierre de la recepción se conocerá cuántas oficializaron su participación.

La Línea 2 es un proyecto subterráneo de 15,5 kilómetros, con 11 estaciones, de las cuales 10 estarán bajo tierra y una será elevada. Su presupuesto asciende a 34,9 billones de pesos, calculados a precios constantes de 2021, y cuenta con un convenio de cofinanciación entre el Distrito y la Nación desde 2023.

“Ha habido mucho interés. Esperamos que haya solicitudes calificadas”, dijo el gerente de la EMB, Leonidas Narváez, en diálogo con El Tiempo. El directivo aclaró que el número de grupos aspirantes dependerá de los documentos que lleguen este lunes.

Narváez sostuvo que la expectativa institucional es recibir una participación amplia. El gerente planteó la posibilidad de contar con otros cinco grupos interesados, aunque reconoció que el resultado no puede anticiparse e incluso podría ocurrir que no se formalice ninguna solicitud.

La primera licitación se cayó pese a tener dos grupos habilitados

La convocatoria anterior comenzó con cuatro grupos proponentes, pero dos fueron descalificados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La decisión respondió a un cuestionamiento sobre un posible conflicto de intereses entre compañías vinculadas a dos grupos chinos.

Uno de los consorcios excluidos estaba integrado por Mota Engil Colombia SAS y Crrc (Hong Kong) Co Limited Sucursal Colombia. El otro reunía a China Harbour Engineering Company Limited (Chec) y Xi’an Rail Transportation Group Company Limited.

El BID participa en la estructuración del proyecto junto con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Birf) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Tras esas decisiones, quedaron habilitados dos grupos. El primero incluía a China Railway Construction Corporation International Investment Co. Ltd. y China Railway Construction Electrification Bureau Group Co. Ltda.

El segundo estaba conformado por Sacyr Concesiones Colombia Participadas II SAS, CAF Investment Projects S.A. y Acciona Concesiones S.L. Ninguno de los dos presentó una oferta, por lo que la EMB declaró desierta la licitación.

Después de ese desenlace, la entidad revisó el proyecto con los organismos multilaterales que acompañan su financiación y estructuración. La evaluación concluyó que no había dificultades ni deficiencias en el diseño que explicaran la falta de propuestas.

La nueva convocatoria no restringe la participación a quienes estuvieron en el intento anterior. Narváez explicó ante el diario que podrán competir empresas nuevas, grupos que ya habían mostrado interés y compañías que no participaron en la primera licitación.

Esa apertura también permitirá el regreso de las firmas chinas que fueron descalificadas en el proceso previo. Su eventual participación deberá ajustarse a las condiciones establecidas para la nueva fase de precalificación.

La EMB estima que la presentación de propuestas económicas ocurra entre noviembre y diciembre de 2026. La fecha dependerá de que la evaluación de los documentos de precalificación quede en firme.

La decisión sobre el contrato llegaría hacia el cierre del primer trimestre siguiente. Luego se firmaría el acuerdo con el grupo ganador y se activaría la etapa que permitirá iniciar la construcción.

El gerente de la Empresa Metro indicó que el acta de inicio se suscribiría durante la administración del alcalde Carlos Fernando Galán. Ese paso pondría en marcha la ejecución de una obra que busca ampliar la red ferroviaria urbana de la capital colombiana.

El trazado conectará la calle 72 con Fontanar del Río

La Línea 2 conectará el corredor que llega desde el suroccidente hasta la avenida Caracas con calle 72. Desde ese punto seguirá por la calle 72 en dirección a la avenida Ciudad de Cali.

El recorrido continuará por el corredor de la ALO Norte y terminará en el sector del Centro de Felicidad Fontanar del Río, ubicado en el borde noroccidental de Bogotá.

Para la Empresa Metro, esa conexión permitirá articular las dos primeras líneas como una red de transporte. “La Línea 2 cierra esa herradura”, afirmó Narváez al explicar la función que tendrá el nuevo trayecto dentro del sistema.

El directivo señaló que la integración permitiría consolidar al metro como una “columna vertebral de la movilidad” y reforzar la presencia de transporte público pesado en la ciudad.

La EMB terminó en mayo la prefactibilidad de esta obra. Esa etapa incorporó un estudio de demanda y proyecciones sobre distintos escenarios de crecimiento y desarrollo de Bogotá hasta 2052.